CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1994 V Legislatura Núm. 331
REGIMEN DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
PRESIDENTE: DON FRANCISCO GILET GIRART
Sesión núm. 12
celebrada el lunes, 24 de octubre de 1994



ORDEN DEL DIA:
Comparecencia del señor Ministro para las Administraciones Públicas
(Saavedra Acevedo), para informar sobre la incidencia que el capítulo de
gastos en bienes corrientes y servicios de las Administraciones Públicas
debe tener en la reducción del déficit público. A solicitud del Grupo
Parlamentario Popular. (Número de expediente 213/000431.)



Se abre la sesión a las cinco de la tarde.




El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, señorías. Se abre la sesión.

Señorías, entramos en el único punto del orden del día: comparecencia del
Ministro para las Administraciones Públicas, ante la Comisión, para
informar sobre la incidencia que el capítulo de gastos en bienes
corrientes y servicios de las Administraciones Públicas debe tener en la
reducción del déficit público. El autor de la solicitud es el Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Dando, una vez más, la bienvenida al señor Ministro, le concedo la
palabra en este momento.




El señor MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Saavedra Acevedo):
Comparezco,

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efectivamente, para contestar al requerimiento del Grupo Popular de
exponer ante esta Comisión la incidencia del capítulo II de los
Presupuestos Generales del Estado en el déficit público.

Aunque está próximo el debate presupuestario en esta Cámara, en el que
sin duda podrán exponer con mayor amplitud las diversas opiniones sobre
el control del crecimiento del gasto público, tanto en el capítulo al que
hoy nos referimos como en el resto del presupuesto, les voy a exponer la
visión que existe desde el Ministerio que dirijo con relación al capítulo
II y los planes de modernización de la Administración Pública, que tienen
su incidencia en el tema.

Como saben SS. SS., la reducción del déficit público es uno de los
principales objetivos de la política presupuestaria del Gobierno. El
crecimiento del déficit ha sido uno de los problemas abordados con mayor
insistencia desde 1993, en que se alcanzó la cota más alta de los últimos
años. Ya a partir de los Presupuestos Generales del Estado para 1994 se
acomete decididamente la corrección del gasto público situándolo por
debajo del índice del crecimiento del producto interior bruto. Esta es
una política que se continúa durante el ejercicio de 1995, pero de la que
realmente no se percibirán sus efectos hasta los años 1996 y 1997 debido
al retraso con el que, lógicamente, se desarrolla el ciclo presupuestario
en relación con el ciclo económico.

En lo que se refiere particularmente al capítulo II, compra de bienes y
servicios, es necesario examinar su evolución a partir del ejercicio
1993, último ejercicio liquidado, hasta el proyecto de Presupuestos
Generales del Estado para 1995, considerando asimismo los proyectos
incluidos en el Plan de modernización y la incidencia que éstos puedan
tener en la reducción de los gastos públicos.

En primer lugar, es necesario aclarar que no puede imputarse al
crecimiento del gasto corriente en bienes y servicios respecto al
presupuesto de 1993 una incidencia negativa en el déficit público, al
resultar porcentualmente inferior al del total de las operaciones
corrientes. Es decir, que mientras el total de los gastos por operaciones
corrientes sufre un incremento, siempre inferior al del porcentaje del
producto interior bruto, el de los gastos en compra de bienes y servicios
resulta más bajo.

Refiriéndonos estrictamente al subsector Administración General del
Estado y considerando los datos de ejecución presupuestaria de los
ejercicios 1993 y 1994, debemos destacar que los créditos definitivos,
según el avance de liquidación de 1994, suponen una reducción de casi el
siete por ciento con respecto a los créditos definitivos de 1993.

Incluso, si comparamos los datos del avance de liquidación de 1994 con
los que existían en el correspondiente avance de 1993 presentado con los
Presupuestos Generales del Estado de 1994, éstos eran un 6,58 por ciento
más elevado que los actuales, por lo que es posible que el gasto real en
este capítulo, durante el ejercicio 1994, sea más bajo que en el
precedente.

En este sentido, voy a leerles los datos facilitados por la Intervención
General del Estado comparando la ejecución presupuestaria de 1993 y 1994,
a fecha 31 de julio. Hay que destacar --dice la Intervención General--
que los datos de ejecución presupuestaria del capítulo II durante 1994 (a
31 de julio del presente año) son un 19,6 inferiores a los del año 1993 a
fecha 31 de julio. Ello podría significar dos cosas: o bien que se
estuviese gastando menos, o bien que la ejecución presupuestaria fuese
retrasada con respecto al ejercicio precedente.

El análisis de los datos nos lleva a inclinarnos por la primera postura,
debido fundamentalmente a dos consideraciones. Primera, los créditos
totales obtenidos como suma de los créditos iniciales más las
modificaciones son inferiores en 1994 a 1993, con lo que, aunque el grado
de ejecución fuese idéntico, el gasto real es inferior. En segundo lugar,
en trece de los dieciséis Ministerios se está produciendo esta
disminución del gasto, lo que viene a demostrar el esfuerzo de
contención.

La disminución del gasto en el capítulo II es muy significativa en el
total, pero lo es aún más en algunos ministerios en que se alcanzan
porcentajes muy considerables. Así, por citar algunos, Ministerio de
Asuntos Exteriores, 35,6 por ciento; Ministerio de Defensa, 31,9;
Ministerio de Economía y Hacienda, 66,1; Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, 9 por ciento; Ministerio de Justicia e Interior, 18 por
ciento; Ministerio de Industria y Energía, 23 por ciento; Ministerio para
las Administraciones Públicas, 11,8 por ciento; Ministerio de Sanidad y
Consumo, 35,6 por ciento, etcétera.

Para 1995, el proyecto de presupuestos del capítulo II asciende a un
billón, 111.410 millones de pesetas. Ello representa una reducción del
0,2 por ciento sobre el presupuesto inicial de 1994, que ascendía a un
billón, 113.567 millones y, lo que es más significativo, del 12,8 por
ciento sobre las previsiones de liquidación que, para 1994, ha realizado
el Ministerio de Economía y Hacienda. Esta reducción manifiesta de nuevo
el esfuerzo de contención del gasto en compra de bienes y servicios y
expresa el efecto desacelerador en el crecimiento del gasto total y, por
consiguiente, en el déficit público. Supone una inflexión importante que,
como hacíamos notar anteriormente, tendrá mayor relevancia en el momento
de poner de manifiesto la ejecución presupuestaria.

En lo que se refiere exclusivamente al subsector Administración del
Estado, el capítulo II sufre un incremento del 4,6 por ciento, de nuevo
inferior al total de operaciones corrientes, que sube un 4,7 por ciento,
e incluso menor que el total de operaciones no financieras, que se
incrementa en un 4,9 por ciento, con lo que su incidencia vuelve a ser
positiva en relación con el déficit.

Si asimismo lo comparamos con el avance de liquidación de 1994 en el
mismo subsector, los datos referentes a 1995 se sitúan un 4,5 por ciento
por debajo, por lo que realmente es previsible que el gasto en 1995 sea
menor en pesetas corrientes. Si hasta aquí la evolución indicada del
gasto corriente es positiva, hay que tener en cuenta además que los datos
se utilizan sin deflactar. Quiere esto decir que si aplicásemos el índice
corrector para obtener los resultados en pesetas constantes, la evolución
resultaría mucho más favorable, poniendo de manifiesto un efecto todavía
más positivo para el déficit público.




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Por otra parte, hay que considerar que la reducción del déficit no
consiste sólo en reducir los gastos, sino en que la relación entre
ingresos y gastos sea favorable a los primeros; por ello, no son
conceptos incompatibles gastar más y ahorrar más, siempre que el
crecimiento del gasto sea inferior al crecimiento de los ingresos.

Tanto los Presupuestos Generales del Estado de 1994, como los de 1995, se
sitúan en este camino. En ambos, el crecimiento del producto interior
bruto se sitúa por encima del crecimiento del gasto. Así, frente a un
crecimiento nominal previsto del PIB del 6,5 por ciento, el gasto no
financiero del Estado, excluida la transferencia a la Seguridad Social
para compensar la reducción de un punto en las cotizaciones sociales,
crecerá en un 3,6 por ciento respecto al presupuesto inicial para 1994, y
en un 2,5 por ciento con respecto al avance de liquidación de este
ejercicio.

El déficit no financiero inicial del Estado para 1995 se sitúa en el 4,6
por ciento del PIB y supone una disminución equivalente al 0,6 por ciento
del PIB con respecto al de 1994. Y, a mayor abundamiento, representa una
disminución equivalente al 1,6 por ciento del PIB con respecto al de
1993. Todo ello debido a las medidas de contención del gasto, al mayor
rigor en la ejecución del presupuesto y a los primeros efectos de la
recuperación económica.

Junto a todo lo anterior, quiero recordarles que está en marcha la
segunda fase del Plan de modernización de la Administración, que
contempla 39 proyectos encaminados específicamente a conseguir una
reducción de costes y un aumento de la productividad. De hecho, uno de
los bloques que integran los proyectos de reducción de gasto de
funcionamiento de los servicios es la planificación y la optimización del
empleo de los recursos materiales, a través de una mayor coordinación en
su utilización compartida, o el empleo de sistemas más adecuados a la
cobertura de la necesidad que se ha de satisfacer.

En todos los casos, se trata de proyectos rigurosos y meditados, que se
centran en las partidas que en cada uno de los servicios muestran un
mejor balance entre el ahorro producido y la necesidad de asegurar el
mantenimiento de la calidad de los mismos. Espero, por tanto, que de su
ejecución se deriven nuevos ahorros en la decidida línea de contención
del gasto.

De todos ellos, les puedo citar algunos ejemplos expresivos. En el
Ministerio para las Administraciones Públicas se ha verificado un ahorro
por vía de la reducción de las comunicaciones telefónicas, en un 25 por
ciento; por la reducción de las plazas de garaje contratadas, en un 60
por ciento; por el redimensionamiento y reducción de costes en
fotocopiadoras, en un 20 por ciento y por la reducción de gasto en
empresas externas de mantenimiento, hasta en un 20 por ciento.

En el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se han producido
ahorros en el consumo de energía que ascienden al 10 por ciento; en
comunicaciones telefónicas, hasta un 30 por ciento y en indemnizaciones
por razón del servicio, hasta un 30 por ciento, así como la reordenación
de sus activos inmobiliarios. Todo ello hace que existan unas previsiones
reales de ahorro de más de 517 millones de pesetas. Se ha registrado,
igualmente, la implantación de un sistema corporativo de mensajería
electrónica en la Administración general, que permitirá sustituir los
sistemas actuales, reduciendo considerablemente los costes. Conviene
tener en cuenta que cada página tiene un coste de cinco pesetas frente a
las 35 del fax o las 76 del télex. Merece subrayarse también la
suscripción de convenios con el Instituto para la Diversificación y
Ahorro de la Energía que permitirán ahorrar en torno al 15 por ciento de
los actuales gastos de explotación.

En el Ministerio de Industria y Energía se ha procedido a la creación de
un fondo público documental de estudios técnicos que ha permitido la
reducción de costes en un 15 por ciento en 156 nuevos estudios, así como
un proyecto de racionalización del gasto corriente que va a permitir
ahorrar 95 millones en el presente ejercicio.

En definitiva, estamos realizando un esfuerzo por minorar y racionalizar
los gastos de funcionamiento en todas aquellas partidas en las que
resulta posible sin que se afecte a la operatividad de los servicios.

Con esta consideración, señorías, quedo a la espera de las observaciones
que puedan y quieran realizar.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

Por parte del Grupo proponente, tiene la palabra el señor Núñez.




El señor NUÑEZ PEREZ: Señor Presidente, señorías, señor Ministro, muchas
gracias por su presencia en esta Comisión y por los datos que nos ha
facilitado; lo que pasa es que, inmediatamente, le tengo que preguntar
quién le dio a usted esas cifras, porque son bastante discutibles, como
le voy a demostrar.

Empieza diciéndonos que los efectos beneficiosos de este propósito de
ahorro del Gobierno empezarán a notarse en los años 1996 y 1997. Una
larga cambiada propia de Jesulín de Ubrique; lo digo porque está de moda
y ha batido un récord ahora de corridas en esta temporada.

Ciñéndome a la cuestión y empezando por los 39 proyectos de su plan de
modernización, recuerde, señor Ministro, que en abril del año pasado,
subrayaba usted como línea de actuación estratégica la del ahorro y la de
la contención del gasto corriente. Era, sin duda --yo lo dije no sé si
entonces con tanta claridad, pero le voy a decir ahora lo que me ha
parecido después del tiempo en vigor de la segunda fase del Plan de
modernización--, una confesión de parte, era un propósito de la enmienda
y era incluso la aplicación de una penitencia de austeridad a los
resultados de la política derrochadora, despilfarradora del Gobierno en
estos últimos doce años. Posteriormente, el señor Ministro y el señor
Secretario de Estado para las Administraciones Públicas hicieron
declaraciones ante los medios de comunicación concretando en miles de
millones ese esfuerzo de austeridad. Para ser precisos, quiero recordar
que el 9 de mayo de 1994, el Gobierno anunció a bombo y platillo que
quería ahorrar en este año 62.000 millones de pesetas en teléfono, prensa
y dietas.

De todo lo que usted nos ha contado y de lo que nos contó hace unos días
el señor Subsecretario de su Departamento, el ahorro en su Ministerio no
asciende a más de 80



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millones, y los ejemplos que nos ha puesto usted hoy aquí no pasan de 517
millones. Hasta 62.000 millones hay una distancia muy considerable.

Pero quien rizó el rizo fue el Ministro de Economía y Hacienda, señor
Solbes, que a la salida de un Consejo de Ministros, en la primera semana
de septiembre de este año, prometió recortar el gasto de los ministerios
en 150.000 millones para reducir el déficit. Le señalo las declaraciones
porque no están desmentidas por nadie; están desmentidas en los
presupuestos, para desgracia de los contribuyentes. Esta cantidad es muy
cercana a los 186.000 millones de pesetas que, según nuestras enmiendas a
los Presupuestos Generales del Estado para 1994 --es decir, las que
hicimos ahora hace un año--, podían y deberían haberse ahorrado en el
capítulo II, gastos corrientes.

No resisto la tentación de poner en evidencia al Grupo Parlamentario
Socialista y al Gobierno, que descalificó nuestras enmiendas con los
adjetivos al uso, los de siempre: demagógicas, insensatas y paralizadoras
de la actividad de los ministerios. Por cierto, como este año vamos a
presentar las mismas enmiendas, les rogaría que cambiaran los adjetivos
calificativos. Para ello les aconsejo que se compren el diccionario de
sinónimos y antónimos de la Real Academia Española de la Lengua, que en
rústica no es muy caro, y es muy útil para la dialéctica parlamentaria,
por lo menos más ameno para nosotros.

Señor Ministro, ¿qué ha quedado de todos estos propósitos de austeridad?
¿Dónde ve usted reflejada la línea de actuación estratégica de la segunda
fase del Plan de modernización en los Presupuestos Generales del Estado
para 1995? ¿Por qué se empeñan, señor Ministro, en dar mensajes a la
opinión pública que no tienen nada que ver con lo que luego aprueban
ustedes en el Congreso de los Diputados o deciden en el Gobierno?
Sus respuestas de esta tarde adolecen (se lo digo con la mayor
cordialidad, ya lo sabe) de los mismos males de todas las respuestas que
hemos recibido estos días, tanto de usted como de los altos cargos a los
que hemos llamado a comparecer para preparar el debate presupuestario. No
aportan datos precisos y siempre se escudan ustedes en los porcentajes.

Datos precisos por los que le voy a preguntar en ésta mi primera
intervención, no se aportan. Tampoco hay compromisos claros que estén
efectivamente, negro sobre blanco, en el proyecto de ley de presupuestos
o en el proyecto de la ley de acompañamiento. Por esto nos estamos
pensando muy mucho si merece la pena llamarles a comparecer, dicho sea
con todos los respetos.

Volviendo a lo primero, y a pesar de lo poco sugestivas que han sido sus
respuestas, la petición de esta comparecencia realizada por mi Grupo se
justifica por sí sola. Nada preocupa en estos momentos tanto a los
analistas de las finanzas públicas del Estado como la carga que para las
mismas supone el déficit presupuestario y la correspondiente deuda
pública. El acelerado crecimiento de ambas magnitudes, hasta situarse en
el 7,2 por ciento del producto interior bruto el déficit total de las
administraciones públicas y en el 60 por ciento, aproximadamente, la
deuda pública, conlleva consecuencias funestas para la política
económica, al ser un factor que frena el descenso de los tipos de interés
y merma el volumen del gasto destinado a la inversión, como así ocurre en
los presupuestos de este año.

Que la situación a que hemos llegado es grave y hasta dramática quedó
suficientemente puesto de manifiesto en la revisión del Plan de
convergencia y las condiciones exigidas para su aceptación en la reciente
reunión de ministros de Economía y Finanzas. El Ministro Solbes tuvo que
comprometerse ante sus colegas con drásticas medidas de reducción del
gasto para el supuesto de que el déficit no se atuviera a los objetivos
marcados en el programa de convergencia. También tengo aquí recortes de
periódicos de distintos países que así lo demuestran.

En el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1995 se
pretende reducir el déficit hasta dejarlo en un 4,6 por ciento del PIB
(utilizo las cifras del libro que ustedes nos dan para la presentación de
los presupuestos), con un descenso de 0,6 puntos sobre la previsión
inicial de los presupuestos para 1994. Esta meta, con las medidas reales
que figuran en los Presupuestos Generales del Estado, tal como las hemos
analizado en nuestro Grupo, es inalcanzable. En este supuesto la amenaza
que pende sobre las finanzas públicas no es baladí, señor Ministro. Si no
se cumple el objetivo marcado en el programa de convergencia peligran
nada menos que las dotaciones para España con cargo al Fondo de Cohesión.

¿Qué es lo que entonces nos preocupa y nos hace ser muy recelosos acerca
de la voluntad del Gobierno para cumplir con ese objetivo? Nos hace ser
tremendamente recelosos la persistente actitud de los Gobiernos de don
Felipe González en el error, tanto por el rechazo de las continuas y
múltiples iniciativas de la oposición y, principalmente, las presentadas
por el Grupo Parlamentario Popular, favorables a la adopción de una serie
de medidas de contención del gasto público y de reducción del déficit,
como por los pésimos resultados de las adoptadas por el Gobierno. Como
sería prolijo enumerar tal cúmulo de propuestas, las doy por reseñadas;
además, los miembros de esta Comisión están hartos de oírmelas.

Por otro lado, en el debate sobre el estado de la nación de 1994 se
adoptaron algunas resoluciones que, si no con la profundidad que el Grupo
Parlamentario Popular hubiera deseado, sí supusieron una amplia
coincidencia sobre la magnitud del problema del gasto público y la
necesidad de adoptar medidas de carácter estructural para su moderación y
control.

La persistente campaña del Grupo Popular sobre la necesidad de mejorar
las técnicas de presupuestación, vía reforma de la Ley General
Presupuestaria; la función asignada a la Intervención General del Estado;
el sistema de contratación pública; la actuación del Tribunal de Cuentas,
etcétera, parecía que iban a dar sus frutos. Sin embargo, cuando hemos
visto el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1995,
y la ley que lo acompaña, ninguna de estas promesas tiene su reflejo, ni
siquiera hay un bosquejo de reforma de la Ley Presupuestaria. Y me dirán:
no es ése el sitio. ¡Claro que lo es! La ley de acompañamiento la
utilizan ustedes para todo lo que querían, como utilizaban antes el texto
de la ley de presupuestos, hasta que el Tribunal Constitucional les puso
coto y les



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dijo que ésa no era la ley. Han utilizado ustedes otro procedimiento,
pero en esa ley ómnibus que acompaña a los presupuestos desde el año
pasado cabe todo, y cabían, por lo menos, algunos datos que nos hicieran
creer que todos aquellos propósitos de la enmienda, aquellas mociones o
contramociones con que replicaban a las que nosotros presentábamos en
tres grandes debates que se celebraron en esta Cámara en el anterior
período de sesiones, hubieran tenido su reflejo. Pero los oídos sordos
con que el Gobierno ha venido recibiendo nuestras propuestas han tenido
su consecuencia en los Presupuestos Generales de los últimos años en
materia de déficit público y de gastos en bienes corrientes y servicios.

Las cifras están en la mente de todos. Usted dijo algunas --algunas
efectivamente coinciden, están aquí, pero otras, no-- y yo quiero saber
por qué no coinciden las suyas y las nuestras. Las nuestras son las de
los presupuestos. De un billón 431.000 millones de déficit de presupuesto
inicial de 1993, se pasó a un avance de liquidación de tres billones
785.000 millones en 1993. En 1994 se partió de un presupuesto inicial de
déficit de tres billones 297.000 millones, y la previsión de liquidación
--que ya no es ésta, por los datos que tenemos en las distintas fases de
ejecución del presupuesto que hemos ido chequeando con las comparecencias
de los distintos subsecretarios--, llega ya a tres billones 101.400
millones. Para 1995, el proyecto de ley de Presupuestos Generales del
Estado cifra el déficit inicial --está aquí en el libro amarillo-- en
tres billones 168.000 millones. Parece obvio que, salvo un exceso
imprevisible en la recaudación --no sé si la economía se estará
recuperando; algún partido parece que no--, las vías para una profunda
reducción del déficit son muy limitadas si se parte de la premisa de
mantener el actual nivel de las prestaciones sociales y no se quiere
provocar un desplome en la inversión pública.

La Ley de Acompañamiento 22/1993, que tenía como uno de sus objetivos
básicos, señor Ministro, la reducción del déficit a través, entre otras
medidas, de la reordenación de efectivos vía planes de empleo, nos
tememos que no ha supuesto la reducción del gasto ni en una sola peseta.

Lo mismo ocurre con la simplificación y la reordenación de las
administraciones públicas. Sus esfuerzos, que no le niego, arrojan en los
Presupuestos Generales del Estado cifras ridículas; pero hoy no quiero
hablar de ese tema.

Quedan, por tanto, como únicas vías para apoyar la reducción del déficit
los ahorros en el Capítulo 2, gastos en bienes corrientes y servicios, y
en el Capítulo 4, transferencias corrientes, en lo que tienen que ver con
subvenciones a instituciones sin fines de lucro y a empresas públicas,
básicamente. Por lo que se refiere al Capítulo 2, que es el motivo de
esta comparecencia, pese a nuestras iniciativas y a las citadas
manifestaciones del Gobierno, el ahorro no se puede calificar de otra
manera que de decepcionante, porque al margen de los buenos propósitos
vamos a ver cómo ha evolucionado el Capítulo 2 en los ministerios y luego
en el presupuesto consolidado. En los presupuestos de 1993, el
presupuesto inicial fue de 323.600 millones y el avance de liquidación
378.700 millones; es decir, ha habido un desvío en contra del ahorro de
esa cantidad. En 1994, el inicial fue de 353.400 millones y el avance de
liquidación 387.100 millones, señor ministro. Aquí no hay ningún ahorro,
al contrario, se ha producido también un desvío importante. Para 1995 se
consignan en el Capítulo 2 de los presupuestos 369.000 millones, ¿dónde
está, señor ministro, el ahorro? ¿Qué ha sido de los buenos propósitos
del Gobierno? ¿Qué ha sido de la línea estratégica de la segunda fase del
plan de modernización?
Pero si nos vamos al presupuesto consolidado, y en esas cifras sí que
estoy de acuerdo con usted, es decir, Estado, organismos autónomos,
Seguridad Social y entes públicos (las voy a repetir porque quiero hacer
un matiz para hacer una lectura completamente distinta de la que usted ha
dado; donde usted pone mérito es demérito, señor ministro), tenemos que
en 1993 el presupuesto inicial del capítulo de gastos fue de un billón
7.000 millones, y la previsión de liquidación de un billón 141.000
millones, etcétera; es decir, desvío en contra del ahorro. El inicial
para 1994 se eleva a un billón 274.000 millones, con un desvío del 12,8;
pero no diga usted ahora que sobre el 12,8 está cifrado el ahorro del
presupuesto inicial para 1995. Mire usted, presupuesto inicial sobre
presupuesto inicial; estoy completamente convencido de que dada la
inercia al exceso de gasto la liquidación de 1995 a lo mejor es como la
de todos estos doce últimos años, que siempre han sido mayores. Ustedes
nos tienen que demostrar lo contrario, porque los hechos, los
antecedentes --hablando en términos de estudio de elementos históricos de
una institución jurídica-- no les favorecen en ningún caso, ni siquiera
en este año 1994, donde ya tenían ustedes la línea estratégica de ahorro
del plan de modernización y han gastado ustedes casi 200.000 millones
más, lo dice el libro amarillo, en la página 177: un desvío del 12,8;
presupuesto inicial un billón 113.000 millones, previsión de liquidación,
un billón 274.000 millones. No lo digo yo, lo dicen ustedes. Por tanto,
presupuesto inicial de 1994 sobre presupuesto inicial de 1995, hay un
ahorro del 0,2 por ciento; también lo dice aquí, en la página 177, el 0,2
por ciento, lo cual, señor ministro, para el problema que tenemos de
déficit, a nuestro grupo le parece sencillamente ridículo, y no sirve
para calificar estos presupuestos de restrictivos; a nosotros no nos
sirve, ni le sirve a usted. Son tan derrochadores o despilfarradores como
los de los últimos años; a su hermosa segunda fase del plan de
modernización, señor Saavedra, no le han hecho ni caso, sin adjetivos.

Da la sensación de que para el Gobierno basta con vagos compromisos y que
si llegado el caso no se cumplen, no pasa nada; las víctimas son los
ciudadanos que, una vez más, pueden ver cómo la bonanza económica que
parece recorrer el mundo no se aprovecha debidamente en España merced a
un Gobierno que no es capaz de mirar más allá de la inmediata fecha
electoral cuando elabora sus presupuestos.

Por curiosidad, señor ministro, y sin ánimo de suspenderle --porque
usted, formando parte del Gobierno de Felipe González, está suspendido en
esta materia--, podría contestarme a las siguientes preguntas. Si no
puede hacerlo ahora, me conformo con que lo haga por escrito a lo largo
de la semana o de estas dos semanas inmediatamente



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anteriores a que nos reunamos la Comisión de Presupuestos a hacer el
correspondiente dictamen. ¿Cuánto dinero --para no hablar del mar y de
los peces, sino de temas concretos-- se han gastado los ministerios, sus
organismos autónomos, Seguridad Social y entes públicos en estudios y
trabajos técnicos en miles de millones? ¿Cuántos estudios y trabajos
técnicos de los encargados a empresas privadas podrían haber sido
realizados perfectamente por los funcionarios? ¿Cuántos? ¿Se ha ocupado
usted, señor ministro, de que alguien haga este interesantísimo chequeo?
Yo creo que es de responsabilidad del señor ministro para las
Administraciones Públicas. ¿Cuánto dinero se han gastado en 1994 los
ministerios, sus organismos autónomos, Seguridad Social y entes públicos
en publicaciones, publicidad y propaganda? ¿Ha encargado usted que
alguien chequee la necesidad y la utilidad de todas y cada una de las
publicaciones, la repetición de títulos y el control de su coste? ¿Cuánto
dinero se gasta anualmente el Estado, sus organismos autónomos y entes
públicos en arrendamientos en miles de millones? ¿Se ha ocupado alguien
en chequear la utilización de todas las viviendas y locales que el Estado
posee en todo el territorio nacional? Le digo la utilización. ¿Cuánto
dinero se ha gastado el Estado, sus organismos autónomos, Seguridad
Social y entes públicos en subvenciones? ¿A cuánto asciende el importe
total de las transferencias corrientes en concepto de subvenciones y
ayudas a empresas públicas y privadas? ¿Se conoce de verdad que todas
ellas actúan sin ánimo de lucro? ¿Se conoce de verdad que todas ellas son
de utilidad pública? Podría seguir chequeando los distintos artículos,
conceptos y partidas de este capítulo 2, pero creo que para muestra...

(El señor ministro para las Administraciones Públicas, Saavedra Acebedo:
Y del 4.) Efectivamente, del 4 también; tiene usted razón de que estas
dos últimas preguntas son del 4. Como decía, pero para muestra basta un
botón, señor ministro.

Estoy completamente convencido que habrá muchas personas de su partido,
incluso su ministerio, que les preocupe este problema, y para atajar lo
que se deriva de un excesivo déficit público y para atajar el grueso
volumen ya de una deuda pública que está hipotecando nuestra economía
para varias generaciones creo que hay que hacer un esfuerzo importante,
espectacular. Usted no puede venir aquí diciéndonos que entre todos los
ministerios y según su plan se han ahorrado 517 millones de pesetas, o
que presupuesto inicial sobre presupuesto inicial, éste --el de 1995--
presenta una baja en este capítulo del 0,2, porque eso no es ningún
esfuerzo, y eso, desde luego, no merece, ni muchísimo menos, ese gran
capítulo o esa línea estratégica de austeridad que usted con tanto
énfasis señaló como una de las virtudes de la segunda fase del plan de
modernización.

Estas son las razones, señor ministro, de que yo le haya hecho perder
esta tarde, que creo es muy útil y desde luego está dentro de nuestras
obligaciones hacerlo así.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, el señor Morlán tiene la
palabra.




El señor MORLAN GRACIA: Muchas gracias, señor ministro, por las
explicaciones que nos ha dado.

Antes de iniciar mi intervención sí quiero decir al señor Núñez que no
nos hacen falta diccionarios porque él bien sabe que nuestra formación
política, jurídica y técnica nos permiten disponer de los calificativos
correspondientes en los momentos oportunos y si no damos otros es porque
las ocasiones que nos brindan no son las más adecuadas para cambiar de
calificativo. Yo sí le diría una cosa y es que se cambie de catedráticos
de economía para que le enseñen mejor, pues creo que las cifras no acaba
de entenderlas tal y como son.

En principio creo que esta comparecencia va destinada a analizar el
capítulo 2, porque desde luego si fuera a analizar todo el conjunto del
presupuesto, como ha indicado el señor Núñez en su exposición (a pesar de
que luego ha dicho que se limitaba sólo al capítulo 2, ha hecho
referencia a todo el presupuesto) a lo mejor quien tendría que estar
sentado aquí tendría que ser el ministro de Economía y Hacienda y no el
ministro para las Administraciones Públicas. (El señor Núñez Pérez: He
hecho referencia al capítulo 2.) Ya sé, señor Núñez, que ha hecho
referencia al capítulo 2 pero en un momento determinado, a lo largo de su
intervención, ha hecho una reflexión general sobre todo el presupuesto,
sobre todo el déficit público y sobre todas las partidas que inciden en
la reducción de ese déficit público.

Creo que todos debemos coincidir en que la reducción del déficit se debe
conseguir mediante una mejor aplicación del sistema tributario y no,
desde luego, sobre un incremento de la presión fiscal. De ahí que esta
reflexión nos lleve a poner de manifiesto que a pesar de todo lo que se
diga sí existe, por parte del Gobierno y se ha demostrado por los datos,
y luego lo veremos, no sólo una auténtica voluntad política de hacerlo,
sino que se ha plasmado en los diversos apartados de los presupuestos.

El otro día el señor Núñez en la comparecencia en la sesión de la tarde
del último jueves, creo recordar, cuando intervino, me parece que fue el
portavoz del Grupo Vasco (PNV), dijo que la música que tocaba en ese
momento no sonaba. A mí me suena mucho la música que ha tocado hoy el
señor Núñez, porque es una música que está reiterada y parece un disco
rayado. Lo lamento porque aprecio muchísimo sus intervenciones, el tono
con que las está llevando a cabo y el esfuerzo que está haciendo en todo
momento para tenerlas preparadas; pero creo que está reiterando en
determinados momentos temas, materias, puntos que lo que hacen es desviar
un poco lo que es el planteamiento de esta comparecencia y de otras que
hemos llevado a cabo.

Efectivamente hay una realidad incuestionable --lo ha dicho el señor
ministro-- y es que esto requiere un esfuerzo que ha traído consigo que
los créditos definitivos, según el avance de liquidación de 1994, son
aproximadamente el 7 por ciento inferiores, a los definitivos de 1993; es
decir, que nos guste o no nos guste, el gasto real de 1994, en el
Capítulo 2, va a ser inferior al de 1993. Este es un dato incuestionable.

Luego hablaré del cómputo global



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de las cifras inmensas que ponemos a veces encima de la mesa y que creo
hay que situarlas en sus justos términos.

Por parte del Gobierno se está siguiendo con ese esfuerzo, de acuerdo con
las cifras dadas por el señor ministro, pues entre el proyecto de
presupuesto de 1995 y el inicial de 1994 hay una diferencia a la baja del
0,2 por ciento. Indudablemente es cierto, viene recogido en los papeles y
no vamos a desmentir lo que está escrito y bien escrito. Esas cifras no
son dos pesetas y media; son más de 2.000 millones de pesetas; cifra que
creo es importante y que, desde luego, lo es si tenemos en cuenta que
tendría que venir apoyada por otro tipo de reducciones, no sólo de otros
capítulos presupuestarios, sino del conjunto de las administraciones
públicas de este país.

Llegado a este punto hay que hacer una pequeña reflexión e introducir en
el debate algo de racionalidad ahora y para el futuro. Creo que todos los
que estamos aquí y, desde luego, el Gobierno que ya ha dado muestras de
ello, está dando y seguirá dando prueba, de que considera necesario que
el déficit público disminuya. ¿Por qué? Porque tenemos una exigencia
comunitaria y una exigencia de gestión de nuestros recursos públicos que
es necesario que se plantee así. Por tanto, no creo que nadie esté
dispuesto en absoluto a que el déficit público suba y cualquier
interpretación de esas características me parece una interpretación
bastante equivocada y errónea. Por consiguiente, lo que es el Capítulo 2,
gastos corrientes y servicios, tiene que disminuir. En esa dirección
desde luego van los datos que ha suministrado el señor ministro.

Esta mención del Capítulo 2, tiene su incidencia en la tipificación de
déficit público. Hay otros apartados, hay otros capítulos dentro del
propio presupuesto --el señor Núñez ha hecho referencia a alguno de
ellos-- que indudablemente hay que considerar y colocar dentro del
presupuesto en el sitio que les corresponde; a ver quién tiene que tener
esa incidencia, porque a lo mejor resulta que la deuda pública o la
amortización de la deuda tiene que ser más importante de lo que es en
estos momentos o tiene mayor repercusión sobre el déficit público de lo
que es Capítulo 2 de gastos corrientes y servicios. Podría ser y eso no
creo que sea para castigar únicamente al Capítulo 2 y dar la impresión de
que es un capítulo maldito porque con una reducción fuerte del mismo lo
que traeríamos consigo sería algo que al señor Núñez no le gusta que
diga, y es que yo pretenda decir que él quiere decir que se va a
paralizar la Administración. Tampoco creo que él pretenda eso. Me imagino
que lo que pretende, como yo, es que la Administración funcione, pero,
independientemente, de las pretensiones que cada cual tengamos, sí es
cierto que la forma de ver cómo tiene que funcionar la Administración
creemos que no es la misma en su caso que en el nuestro. Por ello,
nosotros entendemos que hay que exigir esa reducción, pero hay que
exigirla de manera que se pueda compatibilizar con una prestación
adecuada de servicios a los ciudadanos.

Hay otro elemento sobre el cual sí creo que hay que reflexionar, y es a
qué obedece el déficit público. Aquí tenemos la idea --al menos es ésa la
impresión que yo tengo, a lo mejor estoy equivocado-- de que cuando
hablamos de reducción del déficit público y de los gastos corrientes
estamos hablando del Gobierno de este país, pero es que hay otros sitios
en los que también se producen aumentos considerables del déficit
público, donde existen también unos aumentos importantes del capítulo 2,
y, claro, cuando se llega a esa conclusión, uno tiene la tentación lógica
y normal de preparar una intervención en el sentido de ver de qué manera
podemos, entre todos, establecer de quién es la responsabilidad. Por
supuesto el que más gobierna, más responsabilidades tendrá; pero el que
menos gobierna también tiene que apechugar con sus responsabilidades.

Aquí hay un tema que sí que creo hay que tener presente, y espero que
usted me lo ratifique, señor ministro. El Gobierno central está haciendo
un esfuerzo considerable para que exista esa reducción del Capítulo 2;
sin embargo, en algunas comunidades autónomas no se está produciendo este
fenómeno, y puesto que la duda siempre viene de quien viene, también es
lógico que nosotros animemos a los parlamentarios del Grupo Popular para
que pinchen un poco a los responsables de las comunidades autónomas en
las que ellos gobiernan y les digan que controlen el déficit público y
los gastos corrientes en esos gobiernos autónomos, para que no vengamos
con cosas raras como las que están sucediendo, por ejemplo, en algunas
comunidades autónomas, como en la Comunidad Autónoma de Castilla y León,
en la que, según tengo entendido, en 1994 ha incrementado su Capítulo 2
en un 9,5 por ciento respecto a 1993; o en la gallega, que ese mismo
Capítulo 2 experimenta un incremento del 11,80 por ciento, en 1994. Si
aquí se nos exige a nosotros que nos apretemos el cinturón, y después
resulta que en las comunidades autónomas los cinturones están con todos
los agujeros del mundo, es un poco complicado que podamos conseguir el
objetivo que creo todos deseamos: que la disminución del déficit público
se produzca. Desde luego, tampoco se puede caminar en esa dirección --y
espero que me lo ratifique el señor ministro--, porque ese despilfarro
que tanto se utiliza en esta comisión goza de apoyos importantes que han
dado lugar a que en la Comunidad de Castilla y León se hayan gastado
3.000 millones de pesetas en gastos de publicidad en los dos últimos
años. (Rumores.) Tengo el mismo derecho que el señor Núñez a sacar la
prensa; él nos enseña lo que dice la prensa, y yo también lo enseño. Lo
que dice la prensa es que se han gastado 3.000 millones de pesetas en dos
años en publicidad. No sé si es cierto o no, pero, si eso es así, creo
que todos deberíamos hacer un ejercicio de reflexión para evitar, no digo
este despilfarro, cada cual que lo califique como quiera, sino este tipo
de gastos que no sé si están o no justificados pero, desde mi
perspectiva, haberse gastado 3.000 millones de pesetas en dos años en una
comunidad como la de Castilla y León, y sobre todo si hago caso de la
distribución que se ha llevado a cabo, me produce cierta preocupación,
porque esto también tiene incidencia en lo que ha de ser después el
déficit público general del Estado.

Yendo un poco a las cifras, que el señor Núñez ha puesto encima de la
mesa y que a mí también me gustaría poner, aunque fuera de manera más
sucinta, efectivamente, esa reducción del 0,2 por ciento se produce en el
Capítulo



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2 de los Presupuestos Generales del Estado, cuando se habla del Estado,
organismos autónomos, comerciales, entes públicos y Seguridad Social; esa
reducción se produce a esos niveles. Sin embargo, por ministerios, si
analizamos las secciones, nos encontramos que la sección de la que es
titular el ministro que hoy comparece tiene una reducción del 18,4 por
ciento, es decir, de 111 millones pasa a 90 millones. El presupuesto que
tiene este ministerio tampoco es de suficiente entidad como para pedirle
que tenga una reducción del gasto corriente de 4.000 ó 5.000 millones de
pesetas, porque entonces lo que habría que hacer es cerrar el ministerio.

Si todo el mundo hiciera este esfuerzo en todas partes, estoy convencido
de que las cifras que se han barajado serían bastante correctas.

Si nos vamos a los gastos de bienes corrientes del sector Estado --y son
cifras sacadas de los distintos tomos de los presupuestos--, observo que
existe una reducción importante en materia de suministros y otras
atenciones, que vienen en el presupuesto consolidado de gastos. Existe
también una disminución importante en otros apartados relacionados con
mantenimientos, con arrendamientos, con reparaciones.

Si nos vamos al sector Estado concretamente --y ha hecho referencia antes
el señor Ministro a que en gastos en bienes corrientes y servicios ha
aumentado el 4,6 por ciento), sin embargo eso no hay que dejarlo aislado
en una campana y tratar únicamente de que eso sea el elemento a
considerar, sino que hay que ponerlo en relación, como ha hecho él en su
intervención, con lo que supone tener una cuantía inferior al total de
las operaciones corrientes, que se sitúa en el 4,7 por ciento, o respecto
a las operaciones financieras, que es del 4,9 por ciento en estos
Presupuestos Generales del Estado; es decir, los mismos datos que vienen
recogidos en el famoso libro amarillo.

Creo que en este caso concreto, en el Capítulo 2, tanto en 1994 como en
1995, el producto interior bruto, es una cifra tan macro que todos la
utilizamos cuando tenemos que plantear algunas críticas o algunos apoyos
a lo que entendemos nuestra propia política; siempre lo usamos con la
buena intención de clarificar los hechos y los datos. A mí me parece muy
bien que ese aumento del 4,6 por ciento que se da en gastos corrientes se
pueda comparar con el 6,5 por ciento que crece el PIB o con el 4,6 por
ciento que crecen los gastos. Esa comparación creo bueno que se haga y no
me parece que sea ninguna cifra absolutamente exagerada, pues está dando
muestras de cuál es la tendencia que tiene el Gobierno a la hora de que
se produzca una efectiva reducción de los gastos.

En organismos autónomos administrativos hay una deducción del 15,3 por
ciento, según los datos que constan en presupuestos, entre el proyecto de
presupuestos de 1995 y el presupuesto inicial de 1994; es decir, de
210.000 millones se pasa a 178.000 millones de pesetas. Creo que esto
también hay que tenerlo en cuenta a la hora de evaluar qué tipo de
medidas se están adoptando para que se produzca esa disminución. Y si
leemos el texto para ver dónde se producen las reducciones, el tanto por
ciento de reducción, nos daremos cuenta de que se está llevando a cabo
una política muy concreta para ejecutar con total seriedad lo que son los
planes de modernización que se están llevando a cabo desde su ministerio.

Si vamos a los organismos autónomos comerciales, vemos que la reducción
que experimenta entre el presupuesto inicial y el proyecto de presupuesto
está situada en el 5,1 menos en 1995 respecto a 1994. Repito lo mismo que
antes, por no alargar la intervención; si leyéramos cada uno de estos
apartados nos daríamos cuenta del esfuerzo que se está planteando en la
elaboración de estos presupuestos, en la contención del gasto y, por
supuesto, en cumplir con las exigencias que desde la Unión Europea se nos
están haciendo en esta dirección.

Por no cansarles más y porque creo que el señor Ministro ya ha dado unos
datos significativos en cuanto a lo que ha sido la reducción del gasto en
los distintos ministerios, el hecho de que haya trece ministerios que lo
han reducido en una cuantía importante, en un treinta y tantos por
ciento, es un elemento positivo. Nuestro grupo anima al Gobierno a que
siga en esa dirección y respecto a los cantos de sirena que a veces se
oyen de despilfarro, que se corrija donde lo haya, pero que en absoluto
está generalizando.

A lo que sí le instaría es a que en las reuniones que tenga con las
comunidades autónomas y con otros entes territoriales, les transmita la
necesidad, que me imagino transmitirá a los otros grupos de la Cámara, de
que el déficit público es un problema de todos y no del Gobierno central.

En esa situación todos los grupos políticos y todas las administraciones
públicas tienen que colaborar para conseguir que se gestionen cada vez
mejor los recursos públicos que tiene este país.




El señor PRESIDENTE: El señor Ministro tiene la palabra.




El señor MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Saavedra Acevedo):
Me voy a limitar a lo que era objeto de la comparecencia a pesar de los
excesos efectuados en materias que son propias de una comparecencia del
Ministro de Economía y Hacienda, o bien del debate que mañana se inicia
de los Presupuestos para 1995 en esta Cámara y, subsiguientemente, en la
comisión correspondiente.

Antes de entrar en el tema específico, quisiera contestar a las preguntas
formuladas al final de su intervención por el portavoz del Grupo Popular.

El señor Núñez sabe perfectamente que por parte del ministerio siempre
hemos contestado puntualmente por escrito a las peticiones que nos han
formulado respecto a gastos de alquileres, de arrendamientos, en materia
de publicaciones oficiales, vivienda, etcétera. Nos las formula una vez
más, le actualizaremos los datos porque no ha habido ningún afán de
ocultar ni de escurrir el bulto por parte del Ministerio para las
Administraciones Públicas ante la solicitud de datos que se ha formulado
por distintos grupos a lo largo de esta legislatura relativos a las
responsabilidades del MAP, pero sí quiero apuntarle alguna reflexión en
relación con las mismas, porque me da la sensación de que está
aterrizando en un aeropuerto nuevo y yo creo que por los años, la
experiencia y muchas cosas más el señor Núñez no podrá



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cuestionar, por ejemplo, que dedicar equis miles de millones de pesetas a
estudios y proyectos a lo mejor es más económico que efectuarlos por
servicios propios, o bien recurrir a otras técnicas de contratos
administrativos que yo sé que se realizan en alguna comunidad autónoma, y
que luego permite que entre el precio de adjudicación de una obra y el
precio final de pago haya oscilaciones, desviaciones superiores al 50 por
ciento en la concesión de una obra pública.

En consecuencia, si no se quiere recargar el Capítulo 1, los ministerios
y es una tarea que hemos emprendido respecto al control de la oferta
pública de empleo, que a lo mejor está ocasionando deficiencias, o
lagunas en algunos departamentos o negociados ministeriales, en el Grupo
A especialmente, la única forma de compensar esas carencias de
funcionarios propios es recurrir a la contratación de empresas
especializadas que permita, repito, que el Ministerio, el que sea, a la
hora de contratar una obra pública saque ya el presupuesto de un proyecto
cuyos números se van a corresponder con la cifra que al final se va a
pagar por parte de la administración correspondiente. Otra vía sería
acudir al concurso de proyecto y obra, que conozco y sé las desviaciones
que produce en la hacienda autónoma o local correspondiente.

Ha planteado el tema del parque de viviendas. Hay pocas viviendas
públicas, debido a que el Estado de las autonomías ha supuesto el
traspaso de la totalidad de las viviendas, el parque nacional de
viviendas, a las distintas comunidades autónomas, y en cuanto a las que
quedan propiedad de las distintas mutualidades o ministerios hay un
organismo de liquidación dentro del MAP, como conoce perfectamente, que
está facilitando el acceso a la propiedad de esas viviendas que disfrutan
en régimen de arrendamiento muchos funcionarios de organismos autónomos o
funcionarios de la Administración general del Estado con el fin de
proceder posteriormente a la liquidación de ese organismo liquidador, que
está dentro de la competencia de este ministerio.

Cuando el portavoz del Grupo Popular aborda el tema de los gastos
corrientes y la batalla, que yo comparto, contra el despilfarro, creo
sería mucho más útil no manejar grandes cifras, no tantas como las del
PIB, pero a veces se aproxima por lo que uno ve y lee; 400.000 millones
menos en no sé qué cosa, en gastos corrientes, lo he leído también, pero
yo no cometo el error de creerme todo lo que leo y aparece en los medios
de comunicación. Tampoco me creo esos 60.000 millones que me atribuye he
dicho en mayo, y tampoco me creo los 3.000 millones de la comunidad de
Castilla y León, que hemos leído más recientemente. Es mejor tener otras
fuentes para contrastar que exclusivamente los titulares de un medio de
comunicación.

En consecuencia, existe una vocación y un compromiso claro de control del
gasto corriente por parte del actual Gobierno e incluso, para no poner en
peligro --como decía el portavoz del Grupo Socialista-- el funcionamiento
de los servicios de la Administración, en algunos casos no estamos
reduciendo las cifras tanto como quisiéramos. ¿Por qué? Porque estamos
dando realismo a esas otras. ¿De qué sirve reducir y ocultar deudas,
supongamos, con la Telefónica o con Campsa, que permite el funcionamiento
del Parque Móvil, de la policía o de tantos otros servicios del Estado?
Podríamos quedar estupendamente y luego ya aflorará en su momento.

También creo haber leído recientemente que el portavoz de su Grupo en no
sé qué comisión, ante la comparecencia de la persona correspondiente del
Ministerio de Justicia e Interior, formulaba esta pregunta de qué
garantías había de que en 1995 ó 1996 se fueran a pagar todas las deudas
a Telefónica.

Hay que asumir los costes reales de la Administración, procurar que no
haya despilfarros. Y yo agradecería mucho más que viniera y me dijera que
se ha despilfarrado por tal ministerio cuando llegan las Navidades
enviando tal regalo, que estar aquí hablando de temas de una forma tan
teórica y tan abstracta; luego empezamos a jugar con las cifras y
ocultamos la realidad. Yo prefiero que me diga: Tal libro publicado por
tal ministerio, ¿qué explicación hay? (El señor Núñez Pérez: Se lo diré.)
Haga una pregunta concreta a este Ministerio o al correspondiente que
haya editado eso que efectivamente puede suponer un gasto innecesario.

En relación con las cifras que ha vuelto a sacar al principio de su
intervención acerca de los efectos del plan de modernización en el
capítulo 2, quiero contribuir a ver si de una vez quedan decididamente
aclaradas las cifras que yo manejé en la comparecencia del 25 de abril al
presentarles la segunda fase del plan de modernización, porque fue
precisamente el señor Núñez el que se refirió en aquella comparecencia
--y así consta en el «Diario de Sesiones»-- a las cifras de los 62.000
millones de ahorro en el capítulo 2. Se lo aclaré entonces y vuelvo a
aclarárselo ahora. En la segunda fase del plan de modernización, que como
usted sabe es bianual, se contemplan 39 proyectos encaminados a la
reducción de costes. Entre ellos se encuentran algunas importantes
actuaciones de modernización, que no son capítulo 2, y otros tantos
proyectos que sí podrían tener un reflejo presupuestario, no tanto en las
previsiones iniciales cuanto en la liquidación del capítulo 2.

Tenga usted en cuenta, señor Núñez, que cuando fue aprobado por el
Consejo de Ministros el plan de modernización, la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 1994 ya estaba en vigor. El acuerdo me parece
que fue en el mes de marzo o abril, poco antes de mi comparecencia en
esta Comisión.

Por consiguiente, yo no puedo proporcionar en este momento los datos
relativos al avance de la liquidación correspondiente al ejercicio de
1994, que abarca, como acabo de recordarle, sólo una etapa, precisamente
la más corta, de la segunda fase del plan de modernización, que se
extiende al ejercicio presupuestario de 1995. Es decir, si el plan ha
empezado a aplicarse a partir de abril, son seis meses los transcurridos
y no se puede hablar de fracaso ni de que sean cifras utópicas las
mencionadas en aquella ocasión, porque tendrá que formular esa crítica en
el supuesto de que no se cumplan esos objetivos a lo largo del año 1996,
cuando tengamos la liquidación del presupuesto de 1995, dado que,
insisto, el plan de modernización, en su segunda fase, es de una
aplicación bianual.




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En 1993 las obligaciones reconocidas en el Subsector Estado supusieron
416.000 millones de pesetas, cifra que creo que ya se ha mencionado. Si
efectivamente conseguimos un 10 por ciento de ahorro sobre esa cantidad a
lo largo de dos ejercicios, al final de 1995 la liquidación de las
partidas afectas al plan de modernización debería ser 40.000 millones más
o menos, que es la cifra a la que yo me referí en mi comparecencia del
mes de abril en esta Comisión.

Vuelvo a reiterarles que los ahorros previstos afectan a los servicios y
órganos administrativos concretos que se han incluido, tras un análisis
meditado y riguroso, en el plan de modernización. Por tanto, esos 40.000
millones, equivalentes al 10 por ciento de la liquidación de 1993, son
una estimación referida a los 39 proyectos y no a los servicios que han
quedado fuera del plan.

Como ya he dicho, únicamente ha transcurrido una parte del período a lo
largo del cual se desarrolla el plan, pero es un hecho significativo que
estamos ya consiguiendo reducciones de gasto. Quizá no sean
cuantitativamente tan relevantes como deseáramos, pero le aseguro que han
de ir reflejándose en los datos de ejecución presupuestaria y que a medio
plazo significan un ahorro real. Buena prueba de ello es que el capítulo
2 de los presupuestos generales del Estado para 1995 se reduce en un 12,5
por ciento con respecto a las previsiones de liquidación de 1994. Aunque
a alguno de ustedes le parezca tímida la reducción del 0,2 por ciento en
el capítulo 2 de los presupuestos generales del Estado con relación a
1994, supone un importantísimo cambio con respecto a la tendencia
creciente de los años anteriores. Esta previsión se traducirá en una
reducción significativamente más importante.

Concluyo: tenemos la voluntad firme en este Ministerio de ahondar en la
línea de cumplir rigurosamente los proyectos trazados, contribuyendo con
ello de forma muy importante a reducir el déficit público.




El señor PRESIDENTE: Señor Núñez, tiene la palabra.




El señor NUÑEZ PEREZ: Gracias, señor Presidente.

Señorías, señor Ministro, casi iba a pedir antes la palabra por una
cuestión de orden, porque el señor Morlán no sé qué turno ha consumido.

Estamos en una comparecencia y creo que corresponde al Grupo no
interpelante fijar la posición respecto a lo que ha dicho el Ministro y
preguntar al señor Ministro sobre las dudas que le haya producido su
intervención, o aplaudirle, como es lógico y como me parece natural que
lo haga el señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Pero
contestar como si estuviera defendiendo una enmienda a la totalidad de
una sección, etcétera, eso no tiene sentido en este turno. En todo caso,
como puede usted comprender, me ha agradado mucho oírle, porque,
efectivamente, me ha dado unas pistas fenomenales para tener un debate
mucho más cómodo en los próximos presupuestos, si es que usted es el
encargado del Grupo Parlamentario Socialista para defender este tema.

Hasta esta aclaración, repito, puramente formal, le tengo que decir al
señor Ministro lo siguiente: yo he hecho preguntas concretas en esta
Cámara y preguntas generales, señor Ministro, cuando nos ha parecido
bien, por supuesto. Pero ya verá usted: cuando he hecho las primeras, es
decir, las preguntas concretas, por ejemplo, por qué se había gastado el
Ministerio de Administraciones Públicas 12 millones de pesetas en
tarjetas de altos cargos (he hecho esta pregunta aquí), nadie ha sabido
desmentírmelo. Se lo digo como ejemplo de un tema espectacular. Y en
aquella ocasión me dijeron que qué miras tan estrechas teníamos, en qué
cosas nos parábamos. Me lo dijo su antecesor. Y cuando hago las segundas,
me dice usted que concrete y que diga qué publicación y qué libro. Como
le dije al señor Secretario de Estado el otro día: No me tiente, señor
Ministro, porque le traeré aquí preguntas sobre temas concretos. Y verá
usted cómo me dice que tengo una mente muy cicatera o que me dedico a
pensar en cosas pequeñas y olvido las grandes. Pues ni las grandes ni las
pequeñas: todas son importantes en un edificio, en el edificio que
queremos construir; desde la piedra grande a la piedra pequeña y ligera
de que hablaba León Felipe. Todas ellas.

En todo caso, repito: la pregunta que le he hecho es buena. A nosotros
nos interesa la contestación. Dígame usted cuánto han gastado todos los
Ministerios en publicaciones y propaganda este año. ¡Dígamelo usted!
Sencillamente, usted conteste, y punto. Y ya veremos si sirve o no sirve.

Y dígame usted cuántos informes han encargado todos los Ministerios. Y
luego ya veremos si, efectivamente, era bueno encargarlos o no. Pero
dígame usted cuánto han gastado los Ministerios, porque, hoja por hoja
del «Boletín Oficial del Estado», solamente para cuatro Ministerios, en
los tres primeros trimestres de 1994, llevamos contabilizados 18.000
millones de pesetas.

Es una pregunta muy importante y no tiene nada que ver, o quizá sí, con
el capítulo I; pero ya veremos si tiene que ver: a ver qué informes son
ésos; a ver si, efectivamente, se pueden encargar de ellos determinados
Cuerpos de la Administración o no; a ver si están preparados para eso y,
si no lo están, por qué. En fin, las derivaciones son infinitas, señor
Ministro.

Por consiguiente, usted conteste a las preguntas que le hemos hecho y
déjenos usted luego hacer con ellas lo que nos parezca para el debate y
para controlar al Gobierno, que es una obligación constitucional que
tenemos y que hacemos con mucho gusto, y también, efectivamente, para
hacer nuestras correspondientes propuestas, porque no todo va a quedar en
la crítica y en el control.

Le digo al señor Morlán que la ejecución presupuestaria demuestra que el
Gobierno no ha sido capaz de contener el gasto. ¿Sabe quién lo dice? No
lo dice un recorte de prensa. La prensa lo recoge y está en el «Diario de
Sesiones» también. Lo dice el Gobernador del Banco de España, aquí
sentado, el otro día: No ha sido capaz de contener el gasto. Punto. En la
Administración del Estado. Punto. Usted huye, como el otro día el señor
Varela, mi querido amigo y compañero, a las comunidades autónomas como el
gato huye del agua fría, exactamente igual; siempre huyen



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a las comunidades autónomas. Ya sabe que ese debate no lo rehúyo, porque
tengo las cifras aquí muy calentitas.

Dice usted: el déficit público es un problema de todos. ¡Claro que es un
problema de todos, señor Morlán! Pero con estos porcentajes: el 5,6 es
del Gobierno y el 1,4 del resto de las comunidades autónomas. Supongo que
lo sabe, ¿no? Bueno, pues ese punto es para reflexionar, ¿eh? Porque,
claro, el 7 por ciento sale de algo, y una parte muy importante es del
Gobierno y el resto, de las comunidades autónomas. Pero si usted quiere
saber los porcentajes que dedican en gastos corrientes las comunidades
autónomas, los tengo aquí a su disposición. Las que gobierna el Partido
Popular no están, ni mucho menos, a la cabeza. ¿Quiere que le diga las
que están a la cabecera? ¿Se lo digo? ¿Le digo las que están en
publicaciones también? ¿Comenzamos por abajo, por el sur? ¿Seguimos por
el País Vasco? Pues las tengo todas aquí.

Si usted quiere oscurecer un debate serio, si usted quiere salirse de los
argumentos de análisis que sirven para juzgar lo que estamos haciendo
aquí, el gobierno de la nación... Esto es la Carrera de San Jerónimo; se
lo dije el otro día al señor Varela: no son las Cortes de Castilla y León
ni es el Parlamento gallego ni es el Parlamento andaluz. Tenemos bastante
trabajo con hacer lo que tenemos que hacer aquí. Y si usted quiere
distorsionar el debate, continúe usted largándose a la geografía que
quiera, porque, efectivamente, ése no es un debate en el que usted va a
ganar, porque también en ése pierde, para desgracia de todos los
contribuyentes.

Utiliza usted un recorte de prensa. Pero es que yo... (El señor Morlán
Gracia hace gestos negativos.) Sí. El recorte de prensa de «El País» de
hoy --yo me leo todos los periódicos; entra también dentro de mi
sueldo--. Está negado ese gasto; esta mañana lo ha hecho el Consejero de
Fomento. Léase usted todo. Está negado. Por tanto, ésta es una
información que está negada. Estas, no. Y estos altos datos, estas altas
cifras, no pequeñitas cifras, las han utilizado ustedes; yo, no. Los
62.000 millones figuran en el «Diario de Sesiones» y, luego, figuraron en
unas declaraciones de don Justo Zambrana a Servimedia. Yo se las oí con
estos oídos que se va a comer la tierra. Y al señor Solbes se las oí
aquí, en esta Cámara: 156.000 millones en gastos corrientes. Cuando uno
va a los Presupuestos --dice usted que yo no sé economía. Me da igual. Es
un adjetivo descriptivo. Yo la tomo también para la colección; no se
preocupe. Es igual. (Risas.)--, lo que está claro, señor Morlán, es una
cosa muy seria y muy importante: que sobre esas cifras de recorte de
gasto público, que iban a figurar en los Presupuestos Generales del
Estado, figura un 0,2 de reducción presupuesto inicial sobre presupuesto
inicial; y eso lo entiende todo el mundo. ¿Que algunos ministerios han
hecho unos esfuerzos? Pues los otros ministerios los han compensado con
exceso de gasto, porque, si no, no sale el porcentaje.

Nada más, señor Presidente. Podría decir muchas más cosas.

Le ruego, señor Ministro, que, cuando tenga a bien, me envíe los datos
que le he pedido y ya le diré cómo los hemos utilizado.




El señor PRESIDENTE: Quisiera que constase en el «Diario de Sesiones» la
interpretación laxa que hace esta Presidencia tanto a un lado de la
Cámara como a otro y de los intervinientes.

Señor Morlán.




El señor MORLAN GRACIA: Señor Núñez, como ha empezado refiriéndose a mí,
yo también voy a empezar refiriéndome a usted.

Dice que qué razón me autoriza a mí a hablar tal como lo hago
contestándole a usted en lugar de fijar la posición de mi Grupo. Es que
usted, al final, ha contradicho sus propias palabras y ha venido al
terreno que yo planteaba.

Señor Núñez, le voy a leer el «Diario de Sesiones» y de ahí voy a deducir
la credibilidad que me ofrecen sus palabras y sus datos.

En la última comparecencia del señor Subsecretario, usted dice: ¿Dónde
están, señor Subsecretario, los 62.000 millones de pesetas que, según el
Ministro para las Administraciones Públicas, en julio de este año, se
iban a reducir de este capítulo, cuando el libro amarillo nos dice todo
lo contrario? Usted está achacando al señor Ministro que aquí, en esta
Cámara, dijo 62.000 millones de pesetas. Me voy, como es lógico, porque
hace falta una labor de investigación, al «Diario de Sesiones»
correspondiente y leo, palabras del señor Ministro, que habla de 40.000
millones de pesetas, que representa el 10 por ciento de la deducción de
los gastos, para dos años, 39 proyectos, hasta final de 1995. Usted, en
la contestación, dice: «Pues no es tan simple; tiene un planteamiento muy
razonado y muy fundamental. En primer lugar, supongo que sabe usted que
en el capítulo de gastos corrientes en bienes de servicios, los llamados
gastos de funcionamiento, son exactamente para el año 1994, en el que
estamos, 620.000 millones de pesetas.» Usted, aquí, de una cifra que da,
que no es la que ha dado el señor Ministro, está sacando el 10 por ciento
para achacar al señor Ministro lo que usted piensa que tiene que ser.

En esta comparecencia lo que veo es una cosa, señor Núñez. Usted ha
querido confundir con las cifras y nos ha dicho: A pesar de que el
Ministro diga que son 40.000 millones, yo, por mis reales, digo que son
62.000 millones, que es el 10 por ciento de 620.000 millones de pesetas.

Usted no ha hecho caso para nada en absoluto de las palabras del señor
Ministro. Usted podrá decir todo lo que estime oportuno en defensa de sus
intereses. Yo no huyo del debate, señor Núñez. En absoluto. Además, creo
que este tipo de debates, dentro del respeto que nos tenemos y la
consideración que nos debemos, son buenos y es loable que se planteen
así. No huyo de los datos, y si hemos sacado a colación temas de las
comunidades autónomas es porque ustedes siempre tienen la costumbre de
decir que es el Gobierno el que tiene la culpa de que el déficit público
esté en los niveles que está.

Antes he hecho una petición al señor Ministro, dentro de la reflexión
general que he hecho de mi intervención, que, como es lógico, tiene los
tres o cuatro elementos importantes que considero para ver si el déficit
público tiene un tratamiento dentro de unas coordenadas lógicas, y es



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que puesto que las comunidades autónomas (he hecho referencia a la suya,
usted ha hecho referencia a la mía; aquí cada quien pone sobre la mesa
los datos que tiene en defensa de los intereses que conviene)...




El señor NUÑEZ PEREZ: Los datos que tengo son reales.




El señor MORLAN GRACIA: Yo también los tengo reales. Si los suyos son
buenos, los míos también lo son.

Yo lo que digo al señor Ministro es que, si de verdad el déficit público
es un tema tan preocupante para todos y hay comunidades autónomas que
están dispuestas a controlarlo --a otras parece que no les importa
mucho--, como árbitro de esta situación, como Administración que es,
competente en las relaciones con las comunidades autónomas y con otros
entes territoriales, lleve a cabo una labor de recomendación, en el
sentido de decir a esas comunidades autónomas que disminuyan los gastos
corrientes y que disminuyan el déficit público, porque irá en beneficio
de lo que se plantea por parte de este Gobierno.

Podemos hablar de cifras, podemos hablar de datos --imagino que habrá
tiempo en el debate próximo de estos presupuestos--, pero creo que estos
debates deben ajustarse un poco más a lo que decimos en un momento
determinado. Lo que yo he hecho en esta última intervención ha sido leer
el «Diario de Sesiones», que refleja la posición correcta del Ministro y
la posición incorrecta suya, señor Núñez.




El señor PRESIDENTE: Para concluir, tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Saavedra Acevedo):
Gracias señor Núñez, gracias señor Morlán, por los intercambios y
análisis de cifras que han efectuado, así como por la referencia al
«Diario de Sesiones».

Yo admiro que el señor Núñez tenga una facilidad de palabra que a veces
es un verdadero aluvión, es una gran facilidad, y él ha llegado a
convencerse de que yo he dicho los 62.000 (El señor Núñez Pérez: He dicho
don Justo Zambrana.) Ha logrado que se convenza don Justo Zambrana,
porque él hizo esas declaraciones después de usted sacar a voleo por vez
primera la cifra de 62.000. Está en la página 5592 del «Diario de
Sesiones» de Comisiones, de 25 de abril de 1994: «No es una cifra para la
galería (cito sic) estos 40.000 millones que representan el 10 por ciento
de la reducción de los gastos, sino que se trata de un empeño real de
reducir gastos por parte de la Administración.» Naturalmente, hablo
siempre de la aplicación y de la conclusión en los dos años del plan de
modernización. Y a continuación el señor Núñez, página 5596, dice: «A
pesar de ser unos presupuestos... y estar en austeridad. Si ustedes
aplicaran el 10 por ciento no ahorrarían 40.000 millones; ahorrarían
62.000, para empezar.»
Usted lo que ha logrado es que el señor Zambrana se quede con la cifra de
los 62.000, pero no me lo atribuya a mí. No me lo atribuya a mí. (El
señor Núñez Pérez: No tengo la culpa.)
En cuanto a su insistencia en que le contestemos cuánto en estudio y
publicaciones, de acuerdo, le vamos a contestar, esté tranquilo su
señoría. Es efectivamente importante, no sólo las piedras grandes, sino
también las piedras pequeñas, las chicas, como decimos en mi tierra.

El déficit. La comparecencia estaba solicitada en relación con el gasto
corriente, capítulo 2, y su incidencia sobre el déficit. Hay que ponderar
siempre la referencia de lo que supone el gasto corriente en relación a
lo que supone la cifra del capítulo 2 sobre la totalidad de los
presupuestos generales del Estado. Cualquier reducción que pueda
producirse en otro capítulo tendrá mucha mayor incidencia, en ese
capítulo las cifras globales representan mucho más sobre la totalidad que
lo que representa el capítulo 2.

Las referencias que ha hecho al déficit de las comunidades autónomas,
tratando de exculparlas. Lo interpreta de distinta manera, en mi opinión,
o no quiere dar la verdad en su totalidad. ¿Cómo no va a ser mayor el
déficit del Estado que el de las comunidades autónomas? Si el Estado
representa en torno al 60 por ciento o más del total de gasto público de
todas las administraciones, obviamente, es lógico que el déficit se haya
generado mucho más en torno a quien gasta el 60 por ciento del total del
gasto público que las comunidades autónomas, que están en torno a un 24,
un 25, un 26 por ciento. Y mucho menos será, evidentemente, la aportación
a ese déficit de las corporaciones locales, que están en torno al 13 ó 14
por ciento del total del gasto público. Demos las cifras en su justo
término, no diciendo que el Estado es un desastre porque está en esas
cifras superiores a las de las comunidades autónomas, porque está también
en proporción con lo que supone su protagonismo en el gasto público
total.

En consecuencia, cuando abordamos el déficit, ya saliéndonos del capítulo
2, pero esto es un tema de mañana y siguientes, seamos conscientes de
dónde están lo agujeros que generan el déficit público y dónde están las
dificultades para su control, porque si se producen unos ingresos
inferiores a los que estaban previstos en un proceso de privatizaciones
de empresas públicas, como ha ocurrido a lo largo de este año,
efectivamente ése es un dato, y ahí no sé si son 100.000 millones de
pesetas las desviaciones que hay. Y si hay transferencias a la Seguridad
Social en los años de situación económica de recesión, con un incremento
del número de parados y las prestaciones económicas correspondientes que
han significado el año pasado 400.000 millones de pesetas de
transferencias, ésas son cifras reales. Yo no quiero decir que esto sea
el chocolate del loro, como se suele decir a veces, lo del capítulo 2,
pero situémonos en su justo término no pensando que los problemas del
déficit público se resuelvan a través de dar un giro a la tuerca en el
gasto del capítulo 2, porque ahí hay gastos y conceptos que lo mismo
usted, cuando gobierne, que nosotros que gobernamos sabemos que no se
pueden reducir, que es imposible ir más abajo o ir hacia cifras
inferiores, porque son gastos insustituibles, imprescindibles.

Luego, hay otros, efectivamente, y ahí es donde tenemos que esmerarnos, y
lo estamos haciendo; me parece



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que les he facilitado datos en esta comparecencia sobre el control del
gasto corriente. Evidentemente, no es una tarea acabada; el plan de
modernización está empezando su aplicación en su segunda fase y vamos a
continuar por esa vía; en ese sentido cuento con su colaboración, repito,
realista en el sentido de decirme: ¿De esos estudios y proyectos,
¿cuántos podrían haber sido efectivamente realizados por funcionarios?
Por el contrario, no era posible disminuir esa cifra, porque habría que
contribuir a un crecimiento del capítulo 1 superior a lo que supone hoy
el capítulo 2 de pago de estudios y proyectos a terceros o a personas
extrañas a la Administración.

Además, es algo que, en cualquier caso, debemos agradecer también a la
constancia del pensamiento conservador europeo. Muchas veces el
mantenimiento o el servicio de limpieza de los locales públicos es más
económico realizarlo por empresas especializadas que por personal laboral
fijo a cargo de la Administración. Supongo que no tendrá ninguna duda
respecto a esto. Estas son técnicas que se han ido incorporando, porque
queremos controlar y reducir el gasto corriente.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.

Cumplimentado el orden del día, se levanta la sesión.




Eran las seis y treinta minutos de la tarde.