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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 330, de 24/10/1994
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1994 V Legislatura Núm. 330
D E F E N S A
PRESIDENTE: DON JUAN MUÑOZ GARCIA
Sesión núm. 19
celebrada el lunes, 24 de octubre de 1994
ORDEN DEL DIA:
Comparecencias:
--Del señor Ministro de Defensa (García Vargas), para informar, previa
remisión de un informe escrito, sobre el desarrollo del programa previsto
en la Ley 9/1990, de 15 de octubre, sobre dotaciones presupuestarias para
inversiones y sostenimiento de las Fuerzas Armadas, en los años 1992 y
1993. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular. (Número de expediente
213/000412) (Página 10116)
--Del señor Secretario de Estado de la Defensa (Flos Bassols), para
informar:
--Sobre la ejecución de los Presupuestos de Defensa para 1994 durante el
primer cuatrimestre, así como la situación de los proyectos del Plan
plurianual de inversiones. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular.
(Número de expediente 212/000833) (Página 10116)
--Sobre la situación y orientación actual del programa de modernización
de las Fuerzas Armadas. A petición propia. (Número de expediente
212/000925) (Página 10116)
Contestación a las siguientes preguntas sobre:
--Del señor Fernández de Mesa Díaz del Río (Grupo Parlamentario Popular),
sobre aplicación de la Orden Ministerial 125/1993, sobre alimentación a
cargo del Estado en las Fuerzas Armadas. (BOCG, serie D, número 133, de
16-9-94. Número de expediente 181/000913) (Página 10134)
--Del señor Alegre Galilea (Grupo Parlamentario Popular), sobre criterios
por los que se ha autorizado la explotación de una finca ubicada dentro
de la base militar de Agoncillo (La Rioja). (BOCG, serie D, número 133,
de 16-9-94. Número de expediente 181/000929) (Página 10135)
--Del señor Gil Lázaro (Grupo Parlamentario Popular), sobre previsiones
del Ministerio de Defensa respecto del edificio del antiguo cuartel de
Caballería, sito en la ciudad de Valencia. (BOCG, serie D, número 137, de
23-9-94. Número de expediente 181/000953) (Página 10137)
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
COMPARECENCIAS:
--DEL SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA (GARCIA VARGAS), PARA QUE INFORME, PREVIA
REMISION DE UN INFORME POR ESCRITO, SOBRE EL DESARROLLO DEL PROGRAMA
PREVISTO EN LA LEY 9/1990, DE 15 DE OCTUBRE, SOBRE DOTACIONES
PRESUPUESTARIAS PARA INVERSIONES Y SOSTENIMIENTO DE LAS FUERZAS ARMADAS,
EN LOS AÑOS 1992 Y 1993. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN
EL CONGRESO. (Número de expediente 213/000412.)
--DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE LA DEFENSA (FLOS BASSOLS), PARA:
--EXPLICAR LA EJECUCION DE LOS PRESUPUESTOS DE DEFENSA PARA 1994 DURANTE
EL PRIMER CUATRIMESTRE, ASI COMO LA SITUACION DE LOS PROYECTOS DEL PLAN
PLURIANUAL DE INVERSIONES. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN
EL CONGRESO. (Número de expediente 212/000833.)
--INFORMAR SOBRE LA SITUACION Y ORIENTACION ACTUAL DEL PROGRAMA DE
MODERNIZACION DE LAS FUERZAS ARMADAS. A PETICION PROPIA. (Número de
expediente 212/000925.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, comienza la sesión.
Los tres primeros puntos del orden del día se tramitarán conjuntamente.
El punto primero es la comparecencia, en este caso del Secretario de
Estado de Defensa, para que informe, previa remisión de un informe
escrito, sobre el desarrollo del programa previsto en la Ley 9/1990, de
15 de octubre, sobre dotaciones presupuestarias para inversiones y
sostenimiento de las Fuerzas Armadas, en los años 1992 y 1993.
El punto segundo es la comparecencia para explicar la ejecución de los
presupuestos de Defensa para 1994 durante el primer cuatrimestre, así
como la situación de los proyectos del plan plurianual de inversiones.
El tercer punto es la comparecencia para informar sobre la situacion y
orientación actual del programa de modernización de las Fuerzas Armadas.
Señorías, por lo que me comunica el Letrado de la Comisión, el informe
escrito llegó creo que el viernes y fue repartido ese mismo día. Por
tanto, creo que ha habido poco tiempo, pero no sé si el suficiente para
que SS. SS. lo hayan podido considerar.
Sobre la base de estas tres peticiones de comparecencia, en primer lugar
tiene la palabra el Secretario de Estado de Defensa para abordar los
contenidos de las mismas.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA DEFENSA (Flos Bassols): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señorías, la Ley 9/1990, que es la última prórroga de la Ley de
Dotaciones, establecía que antes del 1 de enero de 1992 el Gobierno
remitiría a las Cortes un informe sobre su ejecución en los años 1990 y
1991, lo que se hizo. Aquél fue el último informe preceptivo que se
remitía por razón de la ley. El informe actual no tiene su origen en la
ley, sino en la solicitud de comparecencia. Tiene un planteamiento formal
similar al de los anteriores para poder hacer un seguimiento, y porque
después de analizar técnicamente distintas posibilidades nos ha parecido
que quizá era el planteamiento que facilitaba mayormente el análisis.
Por supuesto, no tiene ningún sentido que yo repase ahora la Ley de
Dotaciones, que ustedes conocen incluso mucho mejor que yo, pero sí es el
momento de hacer la evaluación de los doce años de la ley, lo que permite
analizarla por cuatrimestres. Es un análisis que permite sacar
conclusiones de bastante interés.
Quisiera destacar antes que la Ley de Dotaciones es una ley de
planificación y no presupuestaria. Este es un tema
que en las discusiones sobre esta materia suele olvidarse por parte de
todos con bastante frecuencia y conduce a veces a discusiones que no son,
digamos, ortodoxas desde un punto de vista técnico. En otras palabras, lo
que la Ley de Dotaciones hace, a su manera, es establecer un marco
objetivo que luego puede ser, llamémosle, cumplimentado en mayor o menor
medida por las Cortes. Lo importante es que es una ley que marca este
objetivo, y que, sea cual fuere la ley de planificación que tuviéramos,
ésta siempre estaría sometida a lo que estas Cortes decidan consignar
cada año en el presupuesto. Para mí es un tema importante cada discusión.
Otro punto que también es relevante, cara a la discusión, es de tipo
terminológico. Me refiero concretamente a la expresión de si la ley se
cumple o no. Yo soy el primero en haber utilizado en esta Comisión la
expresión de si se cumplía más o menos la ley. Desde un punto de vista
jurídico, es manifiesto que la ley se cumple. Lo que tenemos que
distinguir es que una cosa es que la ley se cumpla, porque además está
hecha para que se pueda cumplir siempre, y otra que se cumplan los
objetivos que se pretendían con la ley. Me refiero específicamente a los
objetivos cuantitativos. Si bien la ley se cumple desde el punto de vista
jurídico, otra cosa es que se hayan cumplido, como todos nosotros
sabemos, los objetivos cuantitativos que nos fijábamos.
La Ley de Dotaciones y sus prórrogas fijan unos parámetros en términos de
máximos y de mínimos. Se dice que el material crecerá un cuatro y pico
por ciento anual, pero esto queda subordinado al crecimiento de los
gastos de personal y a un techo acumulativo máximo del conjunto de
epígrafes sometidos a la ley del 2,5 anual para el conjunto del
presupuesto. Esto se ha incumplido o, dicho de otra forma, esto no se ha
incumplido. Jamás se ha pasado del techo y siempre se han tenido en
cuenta los gastos de personal.
La ley partía del supuesto de que el porcentaje de los gastos de defensa
respecto del PIB en el año 1982, que venía a ser de un dos por ciento,
era el correcto. Efectivamente, este dos por ciento venía a coincidir con
los criterios que daba la OTAN de modo genérico para sus miembros.
También partía de la base, un poco más aventurada, de que el PIB crecería
por lo menos en los años inmediatos a su promulgación en un 2,5 por
ciento anual. En previsión de que esto no se cumpliera, la ley establecía
unos controles que todas SS. SS. conocen. La ley lo que pretendía era
mantener el peso de los gastos de Defensa, haciendo que estos gastos
crecieran en un dos por ciento, es decir el mismo crecimiento que se
suponía del PIB. Por supuesto, aquel cuatro y pico por ciento que se
atribuía a los gastos de material, se obtenía resolviendo un logaritmo
que tenía en cuenta los anteriores aspectos que he dado.
Como SS. SS. saben la pretensión de conseguir este tipo de crecimiento no
se cumplió por dos razones básicas. En primer lugar, porque el volumen
total de los recursos sujetos a la ley no creció en los términos
previstos. Quizás convenga recordar, sólo a efectos técnicos, que el 2,5
por ciento famoso de techo no se aplicaba año a año, sino al conjunto de
los años que afectaban a la ley. En cualquier caso, no se llegó a este
techo, aunque el comportamiento fue distinto, según los distintos
períodos. En los primeros cuatro años, como después se verá, los recursos
totales superan el techo que fijaba la ley, cosa que era posible, porque
podía recuperarse este mayor crecimiento en años posteriores. En los
cuatro años siguientes el crecimiento se mantiene ligeramente por debajo
de este techo. El problema, como se ha dicho reiteradas veces, se
circunscribe básicamente en los años 1991, 1992 y 1993, en los que el
presupuesto se reduce incluso en pesetas corrientes. Esto por lo que
respecta al famoso techo de crecimiento de recursos.
La segunda razón por la que no se consiguen los objetivos es el
crecimiento de los gastos de personal. Es decir, la ley partía de la base
de que los gastos de personal no crecerían en términos reales, y se
produce un crecimiento que se deriva de distintas disposiciones que son
bien conocidas en esta Comisión. Unas vienen de la Ley 20/1984 y del Real
Decreto 359/1989, así como del crecimiento de la tropa profesional.
En el informe que se les ha entregado se les presentan, en el capítulo de
conclusiones, las tasas resultantes de toda la evolución en estos dos
años. Por cierto, son tasas bastante sorprendentes, por lo que luego
diré. El conjunto de créditos sometidos a la ley ni tan sólo se acercan a
2,5 por ciento, se queda en un 0,88 por ciento. Los créditos de personal,
que deberían mantenerse constantes, crecen en algo más de un 1 por ciento
y, como consecuencia de ello, aquella tasa del cuatro y pico por ciento
de los gastos de material no podría superar, de aplicarse estrictamente
la ley, el 3,5 por ciento; y aun así ni mucho menos llega al 3,5 por
ciento de crecimiento anual, sino que se queda en el 0,6 por ciento.
No creo que sea muy importante analizar ese tipo de tasas, aunque
realmente son bajas. Es mucho más fácil, creo, que les diga lo siguiente,
en términos de qué ha pasado en los tres cuatrienios, sumando los
resultados en pesetas reales, por tanto, puedo sumar un año al otro.
Como he dicho, en el primer cuatrienio, 1982-1985, se produce un
incremento muy leve de los gastos de personal, pero también de los
recursos totales, que quedan por encima del objetivo que se pretendía; en
pesetas reales del año 1993 habríamos superado los recursos que
pretendíamos en 14.000 millones, digo del año 1993. En el segundo
cuatrienio, 1986-1989, la suma de recursos globales de los cuatro años es
un 4 por ciento inferior a la prevista. Los gastos de personal crecen en
un 5 por ciento, la suma de los cuatro años, y como consecuencia de ello
los gastos de material son menores a los previstos en un 5,8 por ciento.
Estos porcentajes son muy bajos, y cuando se examina en términos de
magnitudes globales también advertimos que las diferencias son bajas y,
probablemente, de habernos mantenido a estos niveles no estaríamos
discutiendo aquí si se cumple, permítanme la expresión, o no se cumple la
Ley de Dotaciones.
Donde se concentran, clarísimamente, todos los problemas, es durante el
cuatrienio 1990-1993, en el que los recursos totales que se obtienen
están un 21 por ciento por
debajo del techo, en el que la suma de gastos de personal es un 11,5 por
ciento superior a la prevista y, como consecuencia de ello, y ésta es la
base de muchas de nuestras discusiones, los gastos de material, su suma,
es un 34 por ciento inferior a la prevista.
El buen comportamiento de los recursos en los dos primeros cuatrienios y
la concentración de los problemas en el tercer cuatrienio, es lo que
explica que aun con todos estos problemas, teniendo en cuenta la suma de
créditos acumulados a lo largo de estos períodos, se haya obtenido el 91
por ciento de los recursos totales que pretendía la ley y el 85 por
ciento de los recursos que se pretendían respecto de material. Esta
aparente contradicción entre estos niveles de cumplimentación tan altos,
en términos absolutos, o en porcentajes, y las tasas de crecimiento
resultantes de los aumentos por epígrafes, es precisamente una de las
razones por las que este Secretario de Estado es netamente partidario de
hacer leyes no en términos de tasas, sino en términos de valores
absolutos, si puede ser con nombre propio.
En definitiva, y para no alargarme más, diría que la ley alcanza sus
compromisos durante sus ocho primeros años de vigencia; durante los años
1990-1993 yo me atrevería a decir más, que la Ley desaparece, incluso,
como punto de referencia. En estos años, en este último cuatrimestre, ya
no se trata de ver si alcanzamos la tasa, sino que cuando el presupuesto
baja en términos corrientes es que la tasa desaparece, ya no se tiene en
cuenta.
Esto quiere decir que el Gobierno tiene otras prioridades que presenta a
estas Cortes y que éstas las apoyan. No hay que ir a buscar, yo creo,
explicaciones más complejas.
De todos modos, y por la misma razón, entiendo que los crecimientos
habidos fuera de este período que hemos analizado, es decir, en los años
1994 y 1995, significan un cambio de prioridades dentro del Gobierno e
indican, a mi modo de ver, que estos objetivos del Gobierno se han
modificado y la defensa tiene un mayor nivel de prioridad. En principio,
se pretende alcanzar unos niveles de dotación lo más altos posibles
dentro de los objetivos generales de ingresos y de reducción de déficit
del presupuesto del Estado.
Esto es lo básico en relación a la Ley de Dotaciones, aun cuando tengo
más material adicional que quizá después podríamos tratar, pero creo que
no es muy relevante. A pesar de todas estas restricciones, se ha
realizado un esfuerzo de inversión muy grande basado fundamentalmente,
como también he expuesto en esta Comisión, de el endeudamiento, en el
compromiso hacia el futuro.
Tengo un dato revelador de lo que hemos hecho estos dos últimos años, de
octubre de 1992 a octubre de 1994. De todos los compromisos de inversión
habidos en estos años, sólo 14.000 millones de pesetas se han contratado
para el propio año y 235.000 millones de pesetas para los siguientes.
Estas cifras resultan de recoger prácticamente todos los contratos de
inversión plurianuales que han ido a Consejo de Ministros, que, como
ustedes saben, son los mayores de 2.000 millones.
Esto, que podría adornar con más cifras, indica cuál es la salida que
hemos adoptado en estos dos años ante esta limitación de recursos.
Paso ahora a referirme al otro bloque que se ha convenido tratar en esta
comparecencia: el grado de ejecución del presupuesto de este año.
Presenté este grado de ejecución en la Comisión de Presupuestos, haciendo
referencia al primer semestre de este año. En aquel momento, hace unos
días, hice hincapié en los elevados niveles de ejecución del presupuesto
de Defensa, que van más allá del 99 por ciento en los últimos años, lo
cual supone, permítanme decirlo, una buena gestión. Yo insisto, como le
he dicho otras veces, en todos los órganos económicos y de gestión
implicados en el Ministerio, que veo que hacen un tremendo esfuerzo para
lograr una buena gestión y lo están consiguiendo. También estos niveles
de ejecución suponen un listón muy alto para años venideros. Es decir,
mantener un nivel de ejecución superior, por ejemplo, al del año pasado,
que fue del 99,71 por ciento, es verdaderamente difícil y no sé si lo
vamos a conseguir, espero que sí.
Sobre el presupuesto del año 1994, empezaré diciendo algunas cosas
básicas sobre la modificación de los créditos iniciales para pasar luego
a la ejecución.
Respecto del crédito inicial y su modificación en virtud de ampliaciones,
incorporaciones y generaciones de crédito, ha habido un incremento de
45.000 millones de pesetas. Me permito redondear las magnitudes para
facilitar la expresión de estas cifras.
Las ampliaciones han sido de 24.000 millones, de los que en la operación
de Bosnia ha habido ampliación de 15.000 millones y, a efectos de hacer
frente a cambios de paridad que no estaban cubiertos, una ampliación de
8.800 millones. Esto por lo que respecta a ampliaciones.
Por lo que respecta a incorporaciones, las que ha habido en el año 1994
son muy reducidas, algo más de 11.000 millones, cuya distribución no
tiene mucho interés. Afecta por partes iguales, más o menos,
mantenimientos, modernización y algo menos al gasto corriente.
En tercer lugar, ha habido un incremento de 10.000 millones derivado de
las generaciones de crédito, es decir, de los ingresos que se obtienen
por venta de bienes o prestación de servicios u otras operaciones del
mismo tipo. Estas generaciones derivan, como es bien sabido, de servicios
hospitalarios, asistencia sanitaria, convenios con otros organismos --por
ejemplo, la utilización de los radioayudas del Ejército del Aire por
parte de AENA o el mantenimiento de aviones de Icona o la venta de
combustibles a buques y aeronaves extranjeros.
En relación con un comentario que se hizo recientemente, quisiera hacer
una pequeña observación. Cuando se comparan presupuestos de dos años, que
ya contienen este tipo de modificaciones, si lo que se quiere medir es la
capacidad de gasto, conviene no tener en cuenta las incorporaciones del
año anterior. Esto es así porque las incorporaciones corresponden a
créditos ya comprometidos y, por lo tanto, tienen que gastarse en aquello
para lo que fueron destinados. Es decir, en un año puede haber muchas
incorporaciones, simplemente porque muchos contratos han quedado en la
fase de comprometido y no en la fase de obligación reconocida. Esto es lo
que ocurrió en el año 1993 con las incorporaciones de 1992, mientras que
en
1994 conseguimos --que es algo que es positivo-- que el número de
incorporaciones fuera muy reducido. Por lo tanto, si tuviéramos que
comparar los presupuestos del mes de agosto del año 1994 con los de 1993,
y si se hace sin las incorporaciones que, como digo, no aportan mayor
capacidad de gasto, llegaríamos a un crecimiento del 6.5 por ciento
respecto al año anterior, que viene a ser muy parecido al incremento
inicial.
Pasando a la ejecución de gastos, puede decirse que seguimos un ritmo muy
ortodoxo en relación con lo que toca para cada capítulo.
En personal nos movemos exactamente al ritmo que toca. En esto es muy
difícil que se produzcan desviaciones. En el gasto corriente sucede
exactamente lo mismo. No es tan mecánico como los gastos de personal,
pero en el mes de junio estamos casi a la mitad. Quizás, como dije en la
Comisión de Presupuestos, estamos en un 46 y no en un 50 por ciento
porque la contabilización de este tipo de gasto corriente está ligado con
la del anticipo de caja fija, que presupone un cierto retraso en la
contabilización.
Por lo que se refiere a los dos capítulos de transferencias, estábamos en
junio más o menos a lo que corresponde a la mitad del año. Y en las
inversiones, por supuesto, se está mucho más adelantado porque, por su
naturaleza, tienen que comprometerse a principios de año. De lo
contrario, es imposible llegar a niveles adecuados de compromiso a final
de año e incluso de obligación reconocida. En todo caso, más adelante
puedo dar datos concretos.
Comparando 1993 con 1994, estamos en todos los capítulos en niveles
prácticamente equivalentes, si bien, desde un punto de vista de
preocupación que teníamos en aquella comparecencia, aparecía el capítulo
de inversiones con un nivel de comprometido algo inferior a lo de 1993;
nivel que en seguida se corrigió cuando incorporamos la adquisición de
los F-1 y la iniciación del programa de la LPD. Para no fatigarles, les
diré que estamos prácticamente en las mismas cifras que en el año 1993.
Pasando a algo que quizá tenga más interés, que es ver ya cómo estamos a
30 de noviembre de 1994, que es cuando ya las cosas empiezan a definirse
en cuanto a lo que será el final de año, debo decir lo siguiente. A 30 de
noviembre de 1994 el porcentaje que debería estar comprometido,
manteniendo la proporción de tiempo anual, sería obviamente del 75 por
ciento. A este nivel se encuentran los gastos de personal y el total del
presupuesto; es decir, el presupuesto total está comprometido en 76 por
ciento, que es una magnitud bastante ortodoxa. Hay algunos aspectos que
destacan por estar ya prácticamente comprometidos en todo o en niveles
muy elevados, por encima del 80 por ciento, que son el vestuario, la
acción social, el combustible y el I+D, que está muy arriba, así como el
programa de modernización, por las razones que yo ya he expuesto de que
es un programa en el que hay que correr mucho para comprometerse a
principios de año.
Por el contrario, las líneas o los epígrafes en los que andamos algo más
retrasados afortunadamente tienen poca importancia cuantitativa y son:
asistencia sanitaria, con un 64 por ciento; la formación, con un 57; los
gastos funcionales ligados al anticipo de caja fija, que están en un 61
por ciento, y el mantenimiento de la infraestructura, que está en un 68
por ciento aproximadamente. Es decir, son líneas que están por debajo de
aquel 75 por ciento que correspondería al paso mecánico del tiempo.
Creo que con esto les he dado una descripción de cómo está el nivel de
ejecución que, como digo, no tiene ninguna peculiaridad destacable ni por
encima ni por debajo, sino que sigue su marcha de forma muy ortodoxa.
El señor PRESIDENTE: ¿Ha terminado, señor Secretario de Estado?
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA DEFENSA (Flos Bassols): Ahora voy a
hablarles de la comparecencia que solicité sobre algunos aspectos del
programa de modernización de las Fuerzas Armadas. Mi intención, como he
señalado en más de una ocasión y lo he repetido esta misma tarde a los
miembros de la Comisión, sería celebrar comparecencias, cuantas más
mejor, para ir explicando la marcha de los programas fuera de otros
marcos de discusión, es decir, para que sean explicaciones
fundamentalmente de carácter informativo, en razón de que se trate de
programas de gran envergadura o de programas que están en hitos
particularmente sensibles o simplemente porque se trate de programas que
están en la prensa y sobre los que quizá conviene situar las cosas.
De todos modos, en esta primera comparecencia a estos efectos, que yo
tengo intención de repetir cuanto pueda con otros programas, voy a dejar
de lado precisamente algunos de los programas que podríamos calificar de
más llamativos, más brillantes o más apetecibles, como pueda ser hablar
de fragatas, de carros de combate o de cazabombarderos, y voy a dirigirme
más bien a un tipo de programa de carácter logístico, programa que suele
ser más bien aburrido --debo decirlo--, programa que no es brillante,
pero que en cambio es fundamental para las Fuerzas Armadas y al que
destinamos muchos recursos. Por tanto, quizás ésta sería una parte del
mensaje que les daría, ya que al lado de este tipo de inversiones que
aparecen a veces ruidosamente en medios de comunicación y de forma muy
comprensible, hay otros programas que requieren grandes esfuerzos
económicos y técnicos, que suelen quedar siempre en segundo plano y de
alguno de los cuales voy a intentar hablarles. Soy consciente de que no
puedo avasallarles con una multitud de programas. Por tanto, he
seleccionado algunos que me han parecido especialmente significativos.
Como decía, se trata de programas que tienen un carácter básicamente de
apoyo y dentro de ellos destacan, lógicamente, los de comunicaciones y
transportes.
Se advierte en los últimos años, es manifiesto, un mayor peso de este
tipo de programas de comunicaciones electrónica-transportes, se nota por
el peso económico que tienen en el presupuesto, y este mayor peso viene
dado, por un lado, por necesidades globales de los ejércitos que vienen
de lejos, y luego viene puesto como prioridad importante dentro de
nuestras inversiones por razón de las misiones que estamos llevando a
cabo y de las que presumiblemente vamos a tener que llevar a cabo, como
se verá. Ejemplos de ello muy claros son el Secomsat. Como sabrán,
se ha puesto de manifiesto la necesidad de trabajar urgentemente en su
desarrollo; la red básica de área del Ejército de Tierra; los
radioteléfonos, también el Ejército de Tierra; los buques anfibios o la
renovación de vehículos tácticos del Ejército de Tierra.
En el ámbito del EMAD se sigue con los grandes programas básicos de
comunicaciones y de guerra electrónica, como son el SCTM y el Santiago.
Pero este año se introduce un programa nuevo importante, que es el
Secomsat, programa que ya había sido definido en años anteriores y que no
se inició por falta de recursos. Las siglas Secomsat identifican lo que
llamamos el segmento terreno de comunicaciones militares por satélite que
debe permitir el adecuado aprovechamiento de la capacidad de
comunicaciones del satélite Hispasat. En este aspecto se produjo una
cierta incoherencia que SS. SS. conocen muy bien, que es la de que
tenemos afortunadamente un magnífico satélite de comunicaciones
disponible, pero no nos acordamos de tener a punto, cuando estuviera
operativo el satélite, el correspondiente segmento terreno. La operación
de Yugoslavia ha puesto de manifiesto esta laguna y esto hizo que en un
tiempo verdaderamente récord (porque estábamos ya en Yugoslavia, las
cosas apremiaban) el INTA tuviera que desarrollar, en un plazo de unos
dos meses, de forma muy eficaz, lo que llamamos capacidad inicial de
comunicaciones por satélite y le pusimos las siglas Cicsat. El Cicsat que
está operativo en la ex Yugoslavia está funcionando muy bien y ello es lo
que ha reforzado, afortunadamente, que en el presupuesto del próximo año
hayan visto ustedes que iniciamos el programa Secomsat.
El programa Hispasat, como SS. SS. saben, implanta un sistema de
comunicaciones poniendo en órbita dos satélites. Dentro del Hispasat hay
una capacidad destinada al uso militar y para su utilización hace falta
disponer de un segmento terreno, que es el que capta la señal y la
distribuye fundamentalmente a través del sistema de telecomunicaciones
militares, el SCTM. Esta integración de satélite y los puntos finales de
la información se hace a través de estaciones fijas situadas en puntos
que en estos momentos aún están pendientes de determinar por el Estado
Mayor de la Defensa; es decir, en el programa Secomsat que tuvimos que
dejar por falta de recursos había previstas unas instalaciones y unos
medios, y en estos momentos hemos decidido replantearnos si aquellas que
se definieron antes de 1992 siguen siendo las que necesitamos en estos
momentos. Por esta razón no les puedo dar una lista. De todos modos es
evidente que habrá estaciones en los buques, en las grandes unidades, en
los cuarteles generales, habrá estaciones tácticas que se moverán y habrá
estaciones portátiles que tendrán determinados órganos o miembros del
Cesid. El coste estimado del Secomsat es de 4.500 millones de pesetas,
que vamos a distribuir en tres anualidades y, como digo, en estos
momentos está en fase de redefinición que tiene que empezar un día de
éstos a partir de una directiva que ya está firmada por el Ministro. Me
parece importante que en el programa del Estado Mayor de la Defensa se
haya introducido por fin la capacidad de comunicarnos con nuestro
satélite de comunicaciones.
Paralelamente a ello, habrán observado SS. SS. que en el ámbito del EMAD
hemos decidido no participar en el nuevo satélite Helios 2, aunque vamos
a seguir, por supuesto, en el Helios 1. Dado que en esta materia he visto
que había un cierto desconcierto, voy a intentar explicar por qué estamos
en el Helios 1, por qué no vamos a estar en el Helios 2 y qué tipo de
razones hay detrás, intentando, obviamente, simplificar mucho las cosas.
El Helios es un programa fundamentalmente francés, de construcción de un
satélite de observación. El proyecto inicial consiste en desarrollar tres
tipos de satélite. El Helios 1, que es un satélite de observación óptica
--el elemento fundamental es que es óptico-- del que se lanzan dos
ejemplares, el Helios 1A y el Helios 1B. El Helios 1A se lanzará en el
mes de febrero de 1995 y el Helios 1B se lanzará hacia el año 1997, sin
que esté fijada la fecha. En el programa participan: Francia, con el 79
por ciento; Italia, con el 14 por ciento, y España, con un 6 por ciento,
lo que representa para nosotros una inversión entre 1988 y 1993 de
catorce mil y pico millones de pesetas. El coordinador de la
participación española ha sido el INTA y han estado implicadas varias
empresas, entre las que destacaría Inisel, Sener y Crisa, entre otras.
Esto por lo que respecta al Helios 1, en el que estamos hasta el final y
está a punto de terminarse. El Helios 2 es un satélite similar, pero
incorpora también visión infrarroja, lo que le permitiría ver en
situaciones climatológicas adversas. El tercer tipo de satélite del
macroprograma Helios es el llamado post-Helios, que incorporaría visión
radar. Italia, por ejemplo, en el momento en que tomamos esta decisión,
era partidaria de participar en el programa post-Helios, pero no es así
en el Helios 2; cada país tiene sus necesidades estratégicas y el asunto
es complejo.
Mirando hacia atrás, podríamos decir que la decisión de entrar en el
Helios 1 fue una buena decisión, en la medida en que era la única manera
que España tenía de participar en un buen satélite de observación, aunque
fuera con una participación muy pequeña; por estas razones nosotros
seguimos hasta el final en el Helios 1. Pero otra cosa muy distinta es la
participación en el Helios 2, y aquí quisiera señalarles una serie de
puntos que tenemos en cuenta permanentemente, no sólo en decisiones como
la del Helios, sino en otras decisiones que afectan al área aeroespacial.
Uno genérico, que afecta a todo el programa de defensa, es que estamos en
un marco de recursos limitados, lo cual nos obliga a adoptar unas
prioridades y a tomar decisiones que siempre son dolorosas; dejar de
participar en algo siempre es difícil, pero en estos momentos veo muy
claro que más vale dedicar recursos a avanzar en el Secomsat que entrar
en el Helios 2.
El segundo punto es que la UEO va a iniciar un programa de satélites de
observación. Entiendo que España debe reservarse la capacidad económica
para participar en un sistema que sea común a todos los países de la UEO.
Esta es una cuestión importante.
Otro factor que influye de modo muy importante es que la capacidad
española en materia de satélites ha cambiado sustancialmente desde el año
1988. En febrero de 1996 vamos a lanzar el Minisat, que es un satélite
mediano que
permitiría ser utilizado como satélite de observación y como satélite
científico, que ha sido desarrollado por el INTA y que ha sido producido
por empresas españolas en un 77 por ciento. Es decir, que en estos
momentos España es capaz de diseñar, desarrollar y producir un satélite
que tiene múltiples capacidades, de gran interés para el sector civil y
para la defensa.
En cuarto lugar, en un programa como el Helios, la participación
industrial española es escasa y limitada, en razón de nuestra
participación del seis por ciento, que nos conduce a actuar como meros
subcontratistas de componentes. Por el contrario, se ha puesto de
manifiesto, especialmente con experiencias del tipo Minisat, que España
puede aspirar, en muchos caso, a participar para el desarrollo y la
integración de subsistemas, es decir, puede aspirar no ya a aportar los
componentes sino a hacerse cargo de una parte de un sistema complejo como
éste; opción que en un satélite como el Helios o en un satélite europeo
no tendríamos.
Por último, otro tema fundamental y manifiesto es que hay un cambio
importante en lo que sería el mercado de satélites. Se ha producido la
desmilitarización de mucha tecnología; cosas que hace un año eran secreto
militar y eran absolutamente inaccesibles, hoy en día se venden a precios
de mercado muy favorables. Yo he tomado datos ciertos de productos que
están en el mercado y puedo hacer una afirmación del siguiente tipo. En
estos momentos, por un precio equivalente a lo que hemos aportado en el
Helios 1 podríamos tener, siendo cien por cien propiedad de España, un
satélite de observación con resolución de un metro, que es mucho mejor
que el Helios, y con el doble de pasadas diarias por encima de la
península. Además, este satélite podría trabajar con la plataforma
Minisat, con lo cual se reduciría notablemente el coste a que he hecho
referencia, e incluso podríamos aportar otros componentes. Evidentemente,
estoy hablando de datos obtenidos del mercado privado de satélites, pero
es un mercado cierto. Hace muy poco tiempo, obtener resoluciones de metro
era impensable, y hoy en día se compran, como también se pueden comprar
imágenes de observación; es decir, imágenes con resolución de un metro se
compran hoy en día en el mercado. Por tanto, estamos en un momento en el
que el problema no es tanto la capacidad para desarrollar nuevos sistemas
como cuál es la estrategia que nos interesa seguir para no equivocarnos
en el tipo de producto que pretendemos alcanzar y no equivocarnos en el
momento en el que alcanzaríamos ese producto. Por tanto, cuando se toman
decisiones de este tipo hay un abanico muy amplio de temas como estos que
tenemos encima de la mesa. En definitiva, lo que queremos es participar
en las iniciativas de la UEO, creemos que es fundamental, no queremos
estar fuera de este tipo de iniciativas; queremos aprovechar nuestra
tecnología y nuestra capacidad industrial y, en la medida de lo posible,
pensamos que los productos hacia los que vayamos no tienen que ser de
calidad o de prestaciones inferiores a las que el mercado comercial puede
proporcionarnos hoy en día.
Todo este cúmulo de razones fueron las que nos lanzaron a no participar
en el Helios 2, junto con otras ciertas indefiniciones internacionales
como, por ejemplo, la posición de Italia que, en el momento en que se
tomó la decisión, tampoco era partidaria de participar en el Helios 2,
sino que quería ir a un satélite más avanzado.
Voy a intentar acelerar la exposición del tema a que me voy a referir a
continuación: el Ejército de Tierra, referido también a materias del
mismo orden, es decir, comunicaciones y transportes.
En el Ejército de Tierra, el esfuerzo en comunicaciones se centra, en
estos momentos, en las transmisiones tácticas, efectuándose dos
direcciones complementarias. Una es la de dotación de las pequeñas
unidades con el radioteléfono táctico, el PR4G, del que creo que se ha
hablado aquí, y que constituye lo que, en términos operativos, llamamos
la red de combate; por otro lado, la dotación de las grandes unidades con
centros de transmisiones ya más potentes y complejos que constituyen la
llamada red básica de área.
Aunque el radioteléfono táctico es un elemento del que ya se ha hablado,
voy a recordar dos cosas. Es un medio de gran movilidad que está
destinado a la comunicación interna de las unidades, una vez desplegadas;
que adopta distintas configuraciones si va embarcado en un vehículo o en
un helicóptero, por ejemplo, o si es portátil; y también adopta distintas
configuraciones o potencias en virtud del alcance que queramos tener. En
cualquier caso, su alcance es siempre limitado. De este programa de
radioteléfono táctico que está en marcha desde el año 1992, pretendemos
la adquisición de 4.000 unidades con unos recursos previstos de 9.000
millones, a distribuir entre el 92 y el 97, y con este dinero y estas
4.000 unidades pensamos dotar a las FAR, es decir, la Brigada
Paracaidista, la Aerotransportable y la Legión, y la Brigada Mecanizada
21, que es la que debe incorporarse al Euroejército. Posteriormente, con
otros recursos, seguiríamos con el resto de la fuerza de maniobra.
También se ha dicho aquí ya que en el año 92 se convocó el concurso de
necesaria uniformidad y fue adjudicado al radioteléfono a la empresa
Amper.
Pero el tema que realmente nos está ocupando ahora y que es el que tiene
prioridad máxima para el Ejército de Tierra es el de la red básica de
área. Esta red trata de resolver las transmisiones tácticas a nivel de
gran unidad. La información a transmitir es de carácter en gran parte
logístico, adopta ya formas diversas, no solamente la voz sino también
los datos y las imágenes, y se dirige hacia el interior de la gran unidad
y hacia el exterior. Es un sistema que tiene que poder enlazar con otras
unidades y con los grandes sistemas de comunicación que tenemos. Los
métodos de comunicación son todos los habituales de estos casos; van
desde la propia radio, la línea telefónica, fibra óptica, sin fibra
óptica, a través de satélite, etcétera.
El sistema se organiza a través de centros de transmisiones encargados de
enganchar las distintas unidades mediante conmutación y quizá deba
decirles que este concepto de centros de transmisiones del que les estoy
hablando ha existido siempre en nuestro Ejército, es decir, la red básica
de área no es un invento actual, ya existían unos equipos destinados a
estos fines, que era el llamado sistema Olimpo, un sistema que ya está
absolutamente
obsoleto, con tecnología de los años 60, carente de seguridad ante
agresiones electrónicas, comunicación o conmutación de tipo analógico y
muy lentos, puesto que se llevaban a mano. La obsolescencia de estos
equipos ha hecho necesario buscar otros equipos más modernos de los
cuales les voy a decir las características básicas.
En cuanto a especificaciones técnicas son las que debe tener un sistema
actualmente, que es que sea digital, que permita el cifrado y que sea
automático, es decir, que no requiera operación manual; y, por lo que se
refiere a requerimientos operativos, que permita transmitir voz, datos e
imágenes, que sea compatible con los radioteléfonos PR4G, que ya están en
marcha, y que tenga capacidad y compatibilidad para enlazarse con
sistemas de transmisiones de orden superior, que pueden ser sistemas
europeos de la OTAN o con nuestro propio SCTM; integración que se hará
por todas las vías que he dicho, entre ellas el propio satélite. Para la
definición de esta red básica de área, por supuesto se ha utilizado todo
lo que se había hecho para el programa Radite, que, como SS. SS. saben,
tuvo que ser abandonado, una vez más por razones presupuestarias.
El programa está en sus fases iniciales --por lo tanto sería muy
aventurado que les dijera cuántos equipos vamos a adquirir--, pero puedo
decirles lo siguiente: para el año 95, el Ejército tiene previsto
destinar 800 millones que irán a dotar a la Brigada Paracaidista. Las
previsiones totales, antes de llegar a una negociación con las empresas,
es del orden de 16.000 millones hasta el año 2000, y lo que se pretende
es dotar prioritariamente a la Fuerza de Acción Rápida, a la Brigada
Mecanizada, Brigada de Caballería y al Regimiento de Transmisiones. No
creo que sea necesario incidir más en algunos ejemplos de cómo
funcionaría. Digamos que este programa, en estos momentos, tiene la
máxima prioridad dentro del mundo de las comunicaciones del Ejército de
Tierra.
Otro aspecto también de apoyo del Ejército de Tierra que igualmente tiene
en estos momentos prioridad máxima es la renovación de vehículos
tácticos.
El Ejército de Tierra dispone de unos 22.000 vehículos de menos de 20
años; de ellos, la mitad tiene más de diez años. Lógicamente, el Plan
Norte prevé la renovación de todo este parque, aunque lo hace a lo largo
de bastantes años. Como anunció el JEME en la comparecencia con motivo de
los Presupuestos, la renovación debe efectuarse de modo que no se generen
obsolescencias masivas en el futuro. Ello obliga a planteamientos
técnicamente bastante complicados. Es decir, que sería un gran error
comprar de pronto todos los vehículos de un tipo. Hay que ir
acompasándolo con el tiempo en función básicamente de temas de
mantenimiento y de reposición. Sin embargo, ello no impide que hagamos
una operación de choque, porque realmente la antigüedad del parque es
importante y porque pensamos que ello coincide con una situación delicada
de la industria del automóvil en nuestro país.
El tema está siendo objeto de estudio muy acelerado, pero puedo
adelantarles en estos momentos cuál sería nuestra hipótesis de trabajo,
que consiste en concentrar en los próximos dos años todas las
adquisiciones que el Ejército de Tierra pensaba efectuar, según el Plan
Norte, hasta el año 1998. Como digo, no existe cifra concreta ni de
vehículos ni de coste, puesto que esto depende de la distribución interna
por tipo de vehículos que tenga este paquete de adquisición inicial. Debe
tenerse en cuenta que no sólo estamos pensando en vehículos para
transporte, sino también en ambulancias, cisternas, aljibes, grúas,
volquetes, shelters, talleres, vehículos para transporte de carros, es
decir, una panoplia importante. Sobre ello, lo que sí puedo hacer es
adelantarles los datos básicos sobre los que estamos trabajando.
En primer lugar, pensamos que la adquisición inicial, de cierta
importancia, se distribuirá entre los dos primeros años, 1995 y 1996. En
segundo lugar, aunque supone un cierto riesgo el decirlo, pensamos que el
volumen a adquirir será de unos 3.500 vehículos, que, como digo, variará
en función de su distribución por tipos. No es difícil imaginar que los
vehículos de transporte que tendrán mayor peso en el paquete serán los de
una y los de cuatro toneladas, que son los más habituales del Ejército de
Tierra, obviamente.
En cuanto a su coste, hemos contado el coste de las alternativas
extremas, es decir, cogiendo en su mayor parte vehículos de bajo coste o
tomando los vehículos especializados, muy sofisticados, y nos vamos a un
volumen de financiación para esta operación que oscilaría entre los
20.000 y los 30.000 millones. Estas serían las dos hipótesis extremas. Y,
por último, por supuesto, he de decirles que esta actuación está abierta
a toda la industria del automóvil en España. Estos serían los dos
programas de apoyo que están sobre la mesa en estos momentos
correspondientes al Ejército de Tierra y que tienen máxima prioridad.
Los temas de este tipo que conciernen a la Armada son más conocidos. Son
el del buque de asalto LPD y las dos LST de clase Newport, que nos vienen
de Estados Unidos. Estos buques están destinados a sustituir a los dos
transportes de ataque y los dos buques de desembarco que tenemos
actualmente, que ya tienen más de cuarenta años. Yo no recuerdo si en
esta Comisión se han explicado las características de estos buques, por
lo que voy a hacerlo muy someramente. Voy a ser muy breve. El LDP es un
buque de porte medio, de unas 12.500 toneladas, con una autonomía
importante de 6.000 millas a doce nudos. Transporta 600 personas, posee
una cubierta con dos puntos para toma de helicópteros y en su
configuración se incluye un foso, o dique inundable, desde el que pueden
operar pequeñas embarcaciones de desembarco. Gracias a los helicópteros y
a estas embarcaciones, el LPD puede prescindir de instalaciones
portuarias y ello lo hace especialmente idóneo para operaciones en
situaciones de crisis, misiones de mantenimiento de paz, misiones de
ayuda humanitaria, evacuaciones, etcétera. En misiones convencionales de
asalto anfibio puede transportar una unidad, de entidad de batallón, con
su material.
Desde un punto de vista económico-industrial, destaca lo siguiente:
importe total, 22.000 millones, a realizar entre los años 1994 y 1998, en
colaboración con Holanda. El casco y la plataforma se adquieren bajo el
criterio de reparto equitativo de trabajo, de forma que la obtención de
equipos holandeses se vea compensada por la de equipos
españoles, y el grado de nacionalización del conjunto es del 86 por
ciento. Tengo muchas más detalles, de los que les hago gracia, porque
creo que ya se han explicado.
Por lo que respecta a los buques de desembarco LST, quiero decirles que
en estos momentos sólo contamos --como acabo de decir-- con dos muy
antiguos que hay que renovar y que los buques que los Estados Unidos nos
han ofrecido tienen capacidades bastante mejores. Por ejemplo, su
capacidad en volumen y hombres es un 50 por ciento superior a la que
tienen los actuales, son mas jóvenes --20 años menos--, tienen mayor
velocidad, mejoras en los pontones y a popa son buques que llevan una
porta que permite la descarga de vehículos anfibios directamente o de
otro tipo de vehículos mediante pequeñas embarcaciones de desembarco; es
decir, son buques que suponen ventajas cuantitativas y cualitativas
importantes respecto de los que tenemos. Estos buques se obtienen por
arriendo, en unas condiciones económicas extraordinariamente favorables,
puesto que el arriendo de uno de estos buques, por un período de cinco
años, supone una cantidad de unos 350 millones de pesetas, a lo que hay
que sumar una serie de gastos que son de apoyo, reparación y
adiestramiento, lo que nos llevaría en total, para los dos buques, a unos
1.400 millones de pesetas. Finalmente quiero decirles que uno de estos
buques está ya atracado en Rota, desde hace bastante tiempo, y que el
otro llegará a España en el primer semestre del año 1995.
Paso al Ejército del Aire, para terminar, y voy también a intentar ser
muy breve. Los dos programas dentro de este mundo de apoyo de
comunicaciones y transportes que tienen mayor relevancia en estos
momentos son, por un lado, la modernización de los C130, y por lo que se
refiere a las comunicaciones, el sistema de mando y control aéreo, que
está en pleno desarrollo.
Por lo que respecta a los Hércules, quiero recordarles que fueron
adquiridos entre los años 1974 y 1988, lo cual significa que tienen
configuraciones algo distintas y que son anticuados en varios de sus
sistemas. Por tanto, hay que hacer un esfuerzo de homogeneización y
modernización y hacerlos capaces, y con el nivel de protección
suficiente, para que puedan actuar de forma eficaz en el tipo de misiones
en que ahora estarían siendo utilizados; por ejemplo, en operaciones como
la de la ex Yugoslavia. Las modificaciones que se van a hacer, por un
importe de 6.000 millones, hasta el año 1998, son modificaciones en
aviónica, comunicaciones, navegación y autoprotección.
Los requisitos del Estado Mayor están definidos ya y actualmente se está
finalizando el pliego de prescripciones técnicas para proceder a la
contratación.
Finalmente, por lo que se refiere al sistema de mando y control aéreo --y
con esto voy a terminar--, se trata de un sistema de considerable
complejidad, del que, sí, en este caso, me parece que, en su conjunto, no
se ha hablado mucho. El llamado Simca es un sistema de mando y control
aéreo capaz de apoyar el planeamiento, dirección y ejecución de todo tipo
de misiones aéreas, respondiendo a requisitos y prescripciones de la CCS
de la OTAN. El plan director del sistema fue elaborado hace muchos años,
en 1988, y fue aprobado por el Ministro en el año 1989. El coste total
del programa es de 85.000 millones, de los que están comprometidos unos
49.000 millones. El Simca comprende cuatro subsistemas fundamentales: el
de los centros de mando, el sistema de vigilancia, el de comunicaciones y
el de proceso de datos.
En cuanto a los centros de mando, el único que tenemos en estos momentos
es el de la base aérea de Torrejón, que utiliza medios técnicos del
sistema SADA (Sistema Automático de Defensa Aérea), que entró en servicio
en el año 1977. Ni que decir tiene que el centro en cuestión tiene
deficiencias sobre protección física, electrónica, seguridad en
comunicaciones y obsolescencia en muchos de sus elementos y, lo que es
más grave, su destrucción, avería o fallo en comunicaciones impedirían
las operaciones de defensa aérea en España en estos momentos, pues
tenemos un solo centro capaz de dirigir el asunto. Por esto tenemos en
trámite --ya está hecho todo el expediente-- la construcción de un nuevo
centro de mando y control que duplica a éste, más moderno, potente y
seguro que éste, que se hace en Morón. Con ello tendríamos dos centros de
mando y control.
Por lo que respecta a la red de vigilancia, que es el otro aspecto, los
sensores que tenemos, los radares, tres en banda ES y nueve en banda D,
son muy anticuados y difíciles de mantener; proporcionan solamente
información en azimut y distancia y necesitan que otro radar por separado
le dé la altura, operación que se hace manualmente. Además, teníamos
grandes huecos de cobertura, especialmente en el golfo de Cádiz y en el
Cantábrico. Los requisitos para una red de vigilancia exigen que los
radares sean transportables, que operen en diversidad de frecuencias y
tengan integrada la información en altura, azimut y distancia, de donde
hablamos de radares tres D.
La adquisición de estos radares se ha hecho en varias fases. En 1992 se
hizo la contratación de dos radares tres D a la empresa italiana Alenia,
con el fin de cubrir los huecos que teníamos en aquellos momentos,
concretamente en Santander y Cádiz. Participó en el tema la empresa
Ceselsa --quizás no merezca la pena que entre en detalles-- y en el año
1993 se contrata a Indra Ceselsa doce radares tres D de otras
características, ya para cubrir el conjunto del sistema. El plazo de
ejecución de este proyecto es muy largo, nos vamos al año 2000, pero
finalmente llegaremos a tener un sistema de sensores que es el que un
país como España tiene que tener.
Por último, en cuanto a las comunicaciones que están dentro del sistema
Simca, son de tres tipos: las típicas tierra-tierra, tierra-mar y
tierra-aire, y se apoyan fundamentalmente en el SCTM. Existen otros
proyectos contratados aparte de éste, como los del enlace tierra-mar para
recibir los datos de los aviones Awaks y luego un prototipo de
comunicaciones tierra-aire-tierra, que está en estudio.
Finalmente, el área de proceso de datos de todo el conjunto de la
información y lo que llamaríamos el centro de fusión y dirección se
hallaría instalado en Morón.
Termino aquí mi exposición, no sin una cierta mala conciencia de haberles
atiborrado a información, quizás a veces repetida, pero con la que quería
poner de relieve que, aparte de estos programas de los que a veces es más
fácil y
agradable hablar y más brillantes, como decía al principio, hay otros muy
importantes, que a veces son los más complicados, que son importantes en
recursos económicos dentro del programa de modernización de defensa.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, el señor López Valdivielso
tiene la palabra.
El señor LOPEZ VALDIVIELSO: Señor Presidente, antes de nada quiero
señalar que, dadas las características del asunto que hemos tratado en
primer lugar, el cumplimiento de la Ley de Dotaciones, su complejidad y
la dificultad de analizar y valorar sobre la marcha cifras, números y
porcentajes, solicitamos en su día, como se ha dicho, y como además
figura en el orden del día, que esta comparecencia se produjese con
posterioridad al envío por parte del Ministerio, de un informe por
escrito para que, tras su análisis, estuviéramos en mejores condiciones
de debatir sobre el tema. Lo ha dicho el señor Presidente, pero también
quiero que conste nuestra protesta por el hecho de que el susodicho
informe llegase a nuestro Grupo Parlamentario en la tarde-noche, más bien
noche, porque fue a las nueve y pico, del viernes día 21, habiendo tenido
este portavoz muy poco tiempo para su estudio. Bien es verdad que,
teniendo en cuenta el contenido del informe, tampoco había hecho falta
mucho más tiempo, dado que tal informe no dice gran cosa. (El señor
Fernández de Mesa Díaz del Río ocupa la Presidencia.) Pero, en fin, no
quiero dejar de señalar por eso que nuestra solicitud de comparecencia
fue hecha hace meses.
Vemos que el informe, aunque la primera página está fechada con 24 de
octubre, en el resto de las páginas pone 9/9/94. Supongo que debe estar
hecho desde el 9 de septiembre de 1994. Por tanto, sólo caben dos
posibilidades: o ha habido una voluntad deliberada de que esto fuese así,
con objeto de que no nos diese tiempo a estudiarlo, aunque, insisto, dado
su contenido, tampoco lo llegamos a conocer, o esto es fruto de la
ineficacia manifiesta por parte de los responsables del Departamento.
Ruego al señor Flos Bassols que nos saque de esta duda de por qué este
informe, estando elaborado desde septiembre y habiéndolo solicitado
nosotros desde hace meses, ha llegado a la Comisión el día 21 de octubre,
a las nueve y pico de la noche, el pasado viernes.
Quiero, además, señalar otra cuestión previa, y es que nuestra solicitud
era para que se nos explicase el desarrollo de la Ley en los años 1992 y
1993. El informe y la comparecencia del señor Secretario de Estado ha
sido sobre el período 1982-93 ¿Y por qué esto es así? Pues está muy
claro. A nuestro juicio --y, además, creo que él lo ha reconocido--
porque el balance es más positivo hablando del período 1982-93 que de los
años 1992 y 1993, en los que el incumplimiento de la Ley, se mire por
donde se mire, es absolutamente bochornoso.
El informe, por otra parte, es idéntico al que nos enviaron en 1992 o
casi idéntico. Hay páginas y páginas fotocopiadas; es más reducido, pero,
con respecto a los antecedentes, es fotocopiado, insisto. Se remontan al
año 1985, que me parece muy bien, pero eso ya lo teníamos, y no nos
hablan de milagro de la guerra de Cuba, vuelven a hablar de la caída del
muro de Berlín, del fin de la Guerra Fría. Todo está muy bien, pero
insisto en que nosotros pedíamos un informe sobre la ejecución del
presupuesto de 1992 y de 1993.
¿Por qué pedíamos precisamente estos años? En la página 12 del informe
incluyen un cuadro que contesta a esta pregunta. Cuando vemos la
evolución de los créditos de la Ley de Dotaciones de los años 1992 y 1993
comprobamos que los créditos teóricos acumulados suman 2.184 millones y
los asignados 1.536, es decir, hay una diferencia de 648.000 millones de
pesetas, que, por cierto, es un cuadro con los signos cambiados; es
decir, ponen las diferencias con signo negativo cuando son positivas y
con signo positivo cuando las diferencias son negativas, o sea que si uno
lo ve de pasada podría llegar a pensar que en el año 1993 los 379.000
millones de diferencia no son negativos, sino positivos, mientras que
cuando han sido por exceso les ponen con signo negativo. Pero, en fin,
esto es una anécdota.
En definitiva, por eso es por lo que queríamos que nos hablase de 1992 y
de 1993, precisamente por las cifras que reflejan en este cuadro.
Pero es que, además, nos sorprende también que en la página 2, y no soy
el único diputado que se ha dado cuenta de ello, dicen: Se termina el
informe con un apartado dedicado a las inversiones más significativas que
han sido dotadas presupuestariamente en los ejercicios 1992 y 1993, que
es lo que nos interesaba. Pues no viene. Precisamente ese anuncio sobre
el 92 y el 93 luego se incumple, porque al final del informe no viene
absolutamente nada referido a los años 92 y 93. Si ha sido un error y no
se ha fotocopiado todo el informe, le ruego al señor Secretario de Estado
que nos haga llegar ese informe, que es el que nos interesa y es
justamente lo que no ha llegado, sobre el 92 y el 93.
Como el señor Secretario de Estado ha hablado de cumplimiento a medias
--aquí estamos en lo de la botella medio llena, medio vacía--, de
cumplimiento en parte, nosotros empezamos por decir que cuando se
prorrogó por última vez la Ley de Dotaciones, en el año 1990, nos
opusimos, porque sabíamos que era una Ley que no se iba a cumplir. Podría
recordar las intervenciones del portavoz del Grupo Socialista que en
aquel momento defendió la renovación de la Ley, pero creo que no es
necesario. Lo que nosotros decíamos, ciertamente, no se ha cumplido. A
cambio proponíamos una ley distinta, una ley nueva, más moderna --algo
que seguimos pidiendo--, una ley-programa, en la que se especifiquen no
solamente las cantidades globales, sino que se diga en qué se va a gastar
el dinero y que eso se debata. Ya sé que eso entra en estos momentos en
los proyectos del Ministerio, pero ya llevan mucho tiempo hablándonos de
que tienen preparada la ley-programa, pero la ley-programa, al final,
sigue sin llegar.
Entrando ya en lo que es realmente la ejecución de la Ley de Dotaciones,
la primera reflexión que se nos ocurre es que son ustedes unos ilegales,
porque ilegal es el que no cumple la legalidad y las leyes se hacen para
ser cumplidas, sobre todo una ley que ustedes se empeñaron en prorrogar y
que fue aprobada con sus votos.
Y vamos a hablar de cifras. Algunas ha dado usted, pero yo quiero
ratificarlas, porque usted ha hablado de porcentajes, las ha dado en una
forma algo confusa y yo creo que hay que decir las cosas muy claras para
que se sepa cuál es el nivel de cumplimiento de esta Ley. En los doce
años de vigencia, hay una diferencia aproximada entre las dotaciones
recibidas por el Ministerio de Defensa y las teóricamente fijadas por las
sucesivas leyes de Dotaciones, de 1982 a 1993, de más de un billón y
medio de pesetas, lo que representa un grado de incumplimiento de la Ley
por encima del 25 por ciento. Es verdad que hay desviaciones distintas
según los períodos de los que hablemos. Mientras que entre el 83 y el 89
los créditos asignados alcanzaron el 90 por ciento de los previstos por
la Ley, entre el 90 y el 94 --y hablo del 94 incluso--, el incumplimiento
está por debajo del 50 por ciento. En el período concreto que nos ocupa,
1991-93, fueron 647.000 millones menos y en el 93-94, 726.000 millones
menos, un 51,3 por ciento. Está claro que en el período al que nos
referimos el incumplimiento ha sido muy bajo, pero incluso, si hablamos
del conjunto, también hay que hablar de un billón y medio de pesetas
menos de lo que estaba previsto.
La cláusula de más obligado cumplimiento de todas las que establecía esta
Ley 44/1982 era, sin duda, el techo máximo fijado para el conjunto de los
créditos de material y personal, que regula el artículo 3.º, al que se ha
hecho mención, pero que leo textualmente. Dice: El importe total de la
suma de los créditos presupuestarios correspondientes a los apartados 1 y
2.1 del artículo anterior, excluidos los créditos correspondientes a la
reserva activa, acumulado en los años de vigencia del programa, no será
superior en términos reales al resultado de aplicar un crecimiento del
2,5 por ciento anual a las cifras consignadas para los mismos créditos en
el 82, permitiéndose a tal fin, y en caso necesario, reducir el
porcentaje establecido en el citado apartado 1 del artículo 2.º Y releo
este artículo porque nos parece el más importante de la Ley y porque hay
que tener en cuenta que el carácter de este techo de garantía queda
claramente puesto de manifiesto por la autorización expresa que se hace
en este artículo para reducir el porcentaje de crecimiento de la partida
de material, si el incremento total de la suma de los créditos aprobados
por la Ley sobrepasa el 2,5 por ciento establecido. Digo esto porque en
su intervención ha reconocido que no se ha llegado a ese 2,5 por ciento,
pero de la lectura del informe parece deducirse que se escudan en que no
han crecido las inversiones como tenían que haber crecido porque los
gastos de personal se han desorbitado. Tampoco, desde el punto de vista
del artículo tercero, se ha cumplido la Ley de Dotaciones, pese a ser
reiteradamente sometida a la aprobación del Parlamento en sucesivas
prórrogas. El techo máximo de crecimiento de los gastos de Defensa para
ese período no sólo nos ha sobrepasado, sino que queda también a un
billón y medio de distancia de lo realmente gastado.
Se refiere a las conclusiones del informe, que usted mismo ha calificado
de sorprendentes, creo recordar. Ciertamente, son sorprendentes. La
primera conclusión dice: los créditos que globalmente están sometidos por
la Ley al límite de crecimiento del 2,5 interanual en términos reales han
evolucionado con una tasa promedio ligeramente superior al 0,8. ¡Vaya una
distancia, del 2,5 al 0,8! Insisto en que de la lectura del informe
parece que no se ha llegado a los objetivos fijados por la Ley porque los
gastos de personal han crecido.
Hay otro aspecto de las conclusiones que dice: en consecuencia, el
incremento previsto para las dotaciones de material, el 4,432 por ciento
previsto en el artículo segundo de la Ley, no ha sido posible. Y sigue
diciendo al final: el incremento previsto para los créditos de material,
como máximo, se reduce al 3,54. Es decir que no ha sido posible crecer al
4,432, pero el aumento de la suma total de las dos masas sí hubiese
podido crecer al 3,5, y ustedes mismos en su informe acaban diciendo que
el balance del período para los créditos de inversión y su seguimiento
arroja que el incremento interanual observado ha sido del 0,6 por ciento.
Es decir que, aun admitiendo --porque no queda más remedio, porque es una
pura matemática-- que no se ha crecido al 4,432, ustedes admiten que se
podría haber crecido al 3,5, y sin embargo la realidad es que se ha
crecido al 0,6. Esto es una prueba palpable de que la Ley no se ha
cumplido ni por asomo, digan lo que digan; es decir, que en los años 1993
y 1994 el incumplimiento es del 38,7 por ciento, con una desviación sobre
los créditos previstos de 905.000 millones de pesetas, con lo que una vez
más el grado de incumplimiento en los últimos años ha sido muy superior
al del resto. Es decir, esto hablando en términos generales, pero,
hablando en términos de los dos últimos años, estamos en un 38,7 por
ciento.
No hay que olvidar que ésta es una ley de mínimos, se dice en varios
momentos del texto de la ley. El incumplimiento del artículo tercero hace
que las desviaciones a las que nos hemos referido carezcan de toda
justificación. No se podría en ningún caso afirmar que el incumplimiento
de lo previsto para inversiones sea culpa del incremento de los gastos de
personal, como, insisto, dice el informe, dado que existe un techo máximo
para el crecimiento dentro de las masas y la realidad es que la evolución
de los créditos totales está muy lejos de este techo máximo marcado por
la Ley. En definitiva, no encontramos ninguna justificación jurídica,
política o económica, ni en el texto ni en el espíritu de la Ley, que
ampare este abultado incumplimiento, que ha producido además un freno
para todo el proceso de modernización de las Fuerzas Armadas.
Quiero hacer un breve comentario con respecto a algo de lo que también se
ha tratado en su comparecencia. Las previsiones de crecimiento del PIB
manejadas en su día situaban a éste en una banda de máxima probabilidad
entre el 2,5 --ha dicho usted-- y el 4,5, al que no se ha referido. La
memoria de la ley decía: con criterio muy cauteloso, el proyecto de ley
ha cifrado las consignaciones presupuestarias de forma que el esfuerzo en
defensa se mantenga en el 2,04 por ciento actual, en el supuesto más
pesimista de la banda. Esta cautela era con respecto al crecimiento del
PIB, bien es verdad que éste ha sido irregular en el transcurso del
período de vigencia de la ley, pero no hay duda de que ha habido unos
años en la década de los 80 en los que los crecimientos del PIB hubiesen
permitido, sin ninguna duda, afrontar con más decisión, con más voluntad
política en definitiva, las inversiones que hubiesen sido precisas para
las Fuerzas Armadas, porque el escenario económico lo permitía. A partir
de 1991/92, posiblemente no, pero no hay duda de que ha habido unos años
en los que el crecimiento económico hubiese permitido, sin ningún
problema, hacer algo que no era nada extraordinario, sino simplemente
cumplir una ley que se ha estado incumpliendo sistemáticamente. No hay
que olvidar que la ley no se ha prorrogado, que sigue en vigor, dado que
se habla hasta el año 2000, aunque cada dos años haya que prorrogarla, y
que los artículos 2 y 3 de la misma siguen vigentes, por eso nos gustaría
saber, aunque supongo que no tiene los datos ahí, qué cumplimiento de
esta ley prevén los presupuestos del año 1995 que estamos debatiendo, que
son todavía mucho peor que los de 1994, a pesar que reconocemos que,
sobre el papel, en los presupuestos de 1995 hay un mayor esfuerzo
inversor. En todo caso, estudiaremos en profundidad el informe que,
insisto, no dice nada nuevo, y lo contrastaremos con nuestras propias
cifras.
A pesar de tener un objetivo tan importante desde 1982, que ni siquiera
fue algo que se planteó este Gobierno de modernizar las Fuerzas Armadas,
al final había que concluir diciendo que la Ley de Dotaciones (han
crecido más los créditos no sujetos a la Ley de Dotaciones que los
sujetos a la misma), más que un impulso y un sostén económico al proceso
de negociación, ha supuesto un freno al proceso de modernización de las
Fuerzas Armadas, y han conseguido ustedes la cuadratura del círculo. Es
decir que una ley pensada, aprobada y prorrogada teniendo por objeto
impulsar y sustentar económicamente ese proceso de modernización resulta
que ha sido un freno. Repito, esto es la cuadratura del círculo. Son
ustedes, con el señor Ministro a la cabeza, unos verdaderos genios,
porque, vuelvo a decir, con la situación económica del país, sobre la que
en este momento podríamos hacer otro tipo de planteamiento, hubiese
permitido durante la década anterior cumplir lo que establecía la Ley de
Dotaciones, y si en ese momento eso se hubiese cumplido, a lo mejor hoy
nuestras Fuerzas Armadas no estarían en la situación en la que se
encuentran.
Quiero pasar, señor Presidente, muy brevemente, a la comparecencia
relativa a las inversiones, a la situación y orientación del programa de
modernización de las Fuerzas Armadas, para luego dar la palabra al señor
Elorriaga para que hable de ejecución presupuestaria.
El señor Secretario de Estado ha hecho, una vez más, una declaración de
principios de que sería su deseo informar a esta Comisión sobre los
planes de inversión, de dotación para nuestras Fuerzas Armadas, pero, una
vez más, siguen siendo buenas intenciones, ya que, al final, la realidad
no se cumple.
Con respecto a esta comparecencia, en estos momentos hay sobre el papel
dos asuntos de extraordinaria importancia, que son la adquisición de
aviones de combate y de carros de combate. Y de esto, que es lo que en
estos momentos podría interesar, porque, además, va a suponer unas
inversiones importantes, precisamente de eso no nos habla absolutamente
nada y dice que, en contra de lo que es su deseo, estos asuntos salen en
los medios de comunicación. Efectivamente, lo poco que sabemos sobre los
Mirage F-1, los F-18 o de los Leopard lo sabemos a través de los medios
de comunicación y yo también me lamento, como usted, de que esto se
filtre, pero la culpa no es nuestra; la culpa es de ustedes que no
informan cuando se debería de informar. Esta misma tarde, el orden del
día dice: «situación y orientación actual del programa de modernización
de las Fuerzas Armadas», y aquí no se dice ni media palabra ni de los
carros de combate ni de los aviones de combate, siendo muy interesante el
resto de los aspectos a los que se ha referido.
El último día que compareció el Ministro de Defensa le pregunté una serie
de cuestiones sobre los carros de combate y yo tenía previsto reiterarlo
a usted hoy aquí porque estaba convencido de que de esto sabría mucho más
que el señor Ministro, pero me arriesgo a que el señor Presidente me
llame al orden porque usted no ha hablado en absoluto de carros de
combate.
Yo reconozco su sinceridad. Cuando hablaba del programa Secomsat dice que
aquí podría haber una cierta incoherencia; tenemos el satélite, pero
luego no tenemos en tierra los medios para utilizar la información que
ese satélite nos da. Pues bien, hablando de carros de combate, también a
mí me hubiese gustado plantear esta tarde la incoherencia que nosotros
vemos en seguir gastando miles de millones en la remodelación de un carro
que, diga lo que diga el señor Ministro de Defensa, a medio plazo va a
ser dado de baja. Nos dice que los AMX-30 los llevarán a las unidades de
caballería. Eso ya lo dijo el año pasado el Jefe de Estado Mayor del
Ejército de Tierra y entonces no teníamos pensado, ni por asomo, que
nuestras unidades se fuesen a dotar de Leopard. Me gustaría hacerle
algunas preguntas con respecto a los carros de combate. Por ejemplo,
cuántos vamos a tener al final, de cuántos tipos, pues en su momento se
renunció a ciento diez M60-A1 porque se consideró que con los M60-A3 y
los M-40 íbamos a tener suficientes porque ahora iban a venir Leopard. Se
dice que necesitamos todos los aviones de combate. ¿Cuántas veces hemos
planteado desde nuestro Grupo Parlamentario que el Ejército de Tierra
necesitaría mayor capacidad de aviación de combate y se nos ha dicho que
hasta que no llegase el EFA aquí no se compraba un solo avión? Ahora
resulta que sustituimos los Mirage que se han caído, y voy a decir por
qué, no porque se hayan atendido las demandas del Cuartel General del
Ejército, sino simplemente porque hay motivaciones políticas para
adquirir esos aviones y hacer un favor a un determinado país. (El señor
Presidente ocupa la presidencia.). El otro día, cuando compareció el Jefe
de Estado Mayor del Ejército de Tierra, le hablamos de la posibilidad de
la compra de los F-16 y de los F-18, y nos dijo, como quien no quiere la
cosa, que habían recibido unas ofertas.
En definitiva, señor Secretario de Estado, y para volver a los asuntos de
los que nos ha hablado, al margen de que no pidamos una comparecencia
para que nos hable de qué pasa con los Leopard, qué pasa con los F-18 y
qué pasa con los Mirage, aunque ya están aquí, seguimos sin estar
informados a tiempo sobre las grandes decisiones de inversiones
del Ministerio de Defensa, sin que quiera quitar importancia a las
informaciones que sobre otros asuntos nos ha dado, que ojalá se cumplan,
que todos estos programas sigan adelante, que no se vuelvan a producir
mayores retrasos, y que seamos capaces de dotar adecuadamente a nuestras
Fuerzas Armadas, tanto de buques en el caso de la Armada como de sistemas
de comunicación, que es a lo que se ha referido, de aviones y radares en
el caso del Ejército del Aire, y de todo lo que nos ha contado respecto
al Ejército de Tierra y al Estado Mayor de la Defensa. Espero que a
partir de ahora sea cierta esa buena intención que nos ha manifestado de
informar a esta Cámara de cuáles son los proyectos, la marcha y la
orientación de los programas de modernización, de todos los asuntos y de
los que en un momento determinado puedan tener mayor importancia, porque,
vuelvo a decir lo mismo, lo que está hoy en los medios de comunicación,
lo que tenemos sobre el papel es lo de los Leopard, que es muy
importante, y lo de los F-18 o F-16 --parece ser que no hay nada
decidido--, asuntos sobre los que el señor Secretario de Estado no nos ha
dicho ni media palabra.
El señor PRESIDENTE: El señor Elorriaga tiene la palabra.
El señor ELORRIAGA FERNANDEZ: Señor Presidente, voy a limitarme a hacer
unas reflexiones al señor Secretario de Estado sobre la ejecución de los
presupuestos de Defensa durante el primer cuatrimestre de 1994. Pero
antes de entrar en ello, y porque tiene relación con el conjunto de los
temas que se están tratando aquí, quiero sumarme a las quejas de nuestro
portavoz en lo que se refiere a la información escrita, tantas veces
prometida y tardíamente recibida, y al deseo manifestado por nuestro
Grupo en la proposición de ley de que el Secretario de Estado comparezca
trimestralmente para informar de la ejecución del presupuesto, lo cual
evitaría en este momento esta aglomeración de temas y esta gran
confusión, y el control de la ejecución del presupuesto sería mucho más
sistemático, más gradual y más razonable.
En relación a la intervención del Secretario de Estado ha dicho que no
tenía demasiado interés la distribución de las ampliaciones e
incorporaciones de crédito al presupuesto. Yo creo que sí tiene mucho
interés, y precisamente en esto voy a basar mi intervención. Se ha
referido sobre todo a unos comentarios --me figuro que serían leídos en
los medios informativos-- como consecuencia de manifestaciones de mi
colega y portavoz. Es evidente que, en contra de lo que dice el señor
Secretario de Estado, hay que tener en cuenta las incorporaciones, porque
el conjunto del presupuesto inicial con las incorporaciones es el gasto
real. Es evidente que en 1994 el gasto es menor que en 1993, aunque
inicialmente el presupuesto parezca un poco mayor, porque ha habido
mayores incorporaciones que las que parece que va a haber este año. Yo
creo que hay que hablar en términos reales, sin disfrazar el declive del
gasto y de la inversión en Defensa, porque hasta el momento nos da la
impresión de que los incrementos son meramente ficticios en los años en
que se ha intentado corregir esta decadencia del gasto. Son inversiones
sustancialmente menores que las realizadas anteriormente por una serie de
factores --la no existencia de esas corporaciones, el menor valor de la
moneda, etcétera--, lo que implica que se esté produciendo la crisis de
operatividad en que se encuentran nuestros ejércitos, que no sólo no se
está corrigiendo, sino que se está agravando y que da una credibilidad
muy relativa al crecimiento anunciado para 1995, que en todo caso es
mínimo.
Pero volviendo al cuatrimestre que estamos analizando, en la primavera de
1993, por acuerdo del Consejo de Ministros, se comunicó a los cuarteles
generales que en 1994 tan sólo habría incorporaciones en los presupuestos
por un máximo del 10 por ciento de los remanentes de 1993, diferencias
entre obligaciones reconocidas y pagos realizados. No sé la fecha exacta
del acuerdo, ya que no se publicó, pero su existencia fue confirmada a
esta Cámara por autoridades del Ministerio de Defensa. Como consecuencia
de este acuerdo, los cuarteles generales aceleraron su ritmo de gastos y
pagos al terminar aquel año, lo que originó en algunos casos un mal
empleo de los créditos presupuestados y en otros ciertos arreglos con
determinadas empresas, realizándose pagos sin existir las debidas
recepciones, es decir, adelantando los pagos. De esta forma se llegó al
finalizar el año 1993, según el avance de liquidación, a un porcentaje de
realización en los presupuestos de Defensa del 99 por ciento, que usted
ha indicado, alcanzando el 99,2 por ciento en el capítulo 6, de
inversiones. Esto originó que el Grupo Popular se decidiera a llevar a
cabo el mayor control posible en la ejecución de los presupuestos,
llegándose a conclusiones sobre los de 1991 y 1992, expuestas en esta
Cámara, que realmente no pudieron ser explicadas por el Secretario de
Estado, tales como las deudas negativas, deudas al Banco de España,
etcétera, en las que no insistiré hoy, pues la comparecencia tiene por
objeto el primer cuatrimestre de 1994, aunque, dado el tiempo
transcurrido entre la petición de comparecencia y el día de hoy, el
cuatrimestre ya parece un poco lejano y ya disponemos de la evolución del
presupuesto, publicada en el Boletín Oficial del Estado, hasta el 31 de
agosto, y del avance de liquidación de 1994, que se acompaña en la
documentación del presupuesto de 1995.
A varias preguntas escritas de distintos Diputados del Grupo Popular, se
nos contestó enviándonos los proyectos de inversión modificados en el
primer cuatrimestre, cuyo estudio demuestra una variación muchas veces
inaceptable de todo el plan plurianual de inversiones que sirvió de base
para el análisis y posterior aprobación de los presupuestos de 1994. Por
mucho que se expliquen y razonen las variaciones de los proyectos de
inversión, no se consigue más que demostrar una falta grave en el estudio
inicial de dichas inversiones, cuyas modificaciones es cierto que son
legales, ya que no se trata de inversiones vinculantes. Por cierto, usan
ustedes la expresión proyectos vinculantes, que creemos que no existe en
la ley de presupuestos, que utiliza la de inversiones vinculantes. Estas
inversiones vinculantes se desglosan, en el Ejército de Tierra, en el
mantenimiento de armamento y material. Posteriormente se razona que en
1994, y ante la exigencia de mantener en estado
operativo todo el material, han surgido necesidades no específicas
imprevistas que precisamente se atienden con los proyectos de
mantenimiento de armamento y material y mantenimiento logístico. Es
decir, cambia el objetivo de esos fondos. Se ha modificado la
financiación de proyectos importantes, disminuyendo los créditos, por
ejemplo, para misiles a muy baja cota, los sistemas informáticos,
municiones y explosivos y con ello se han financiado otros proyectos, por
ejemplo de cartuchería, morteros, etcétera.
Parece que la Armada ha tenido un mayor rigor en el cumplimiento de este
cuatrimestre y que ha recurrido menos a estos cambios de objetivo en los
créditos, aunque también hay modificaciones importantes como pasar cerca
de doscientos millones de la orden de ejecución de fragatas a otro
proyecto de equipos para las mismas y cambiar todos los proyectos de
infraestructura en zonas marítimas.
En el Ejército del Aire es donde las modificaciones han sido más
espectaculares, con apaños complicadísimos. Por ejemplo, se comprometen
créditos con Construcciones Aeronáuticas para la compra de un avión de
transporte en 1993 y en 1994 se retiran esos créditos de más de 3.300
millones para emplearlos en otros proyectos tales como la modernización
de los aviones F-5B, munición, bases, etcétera, contrataciones para
misiles antiaéreos, centros de inteligencia o el importante proyecto
Simca de Comunicaciones. Tienen otros proyectos también importantes, pero
que por una falta de precisión en estudio no habían sido tenidos en
cuenta.
El origen de esta distorsión del plan de inversiones, todos estos
movimientos de medios a objetivos distintos a los previstos nos crean
dudas y confusiones sobre el rigor con que se está aplicando el
presupuesto. El famoso acuerdo ministerial cercenando las incorporaciones
que pasaron de 112.413 millones, en 1993, a 12.525 en 1994, es decir, un
10 por ciento, como habían acordado, pero, eso sí, haciendo todas estas
chapuzas es como se llega en 1993 a un porcentaje de realización de
inversiones del 99,2 por ciento.
Esto es lo que quisiéramos que de alguna forma nos explicase para que
podamos comprender en qué consiste todo este baile de cifras, este
traslado de inversiones de unos objetivos a otros y cuál es el
cumplimiento del presupuesto respecto al cuatrimestre por el que le
estamos preguntando ahora.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.) Por el Grupo
Socialista tiene la palabra el señor Marsal.
El señor MARSAL I MUNTALA: Quiero agradecer la extensa exposición que el
Secretario de Estado de Defensa ha realizado y que nos permite celebrar
en este momento un debate de cierta importancia. Debate que por
circunstancias no casuales, sino porque nos hallamos estos días en el
debate de los presupuestos para el año 1995, ha coincidido con dos
comparecencias, la del Secretario de Estado para exponer la ejecución de
los presupuestos ante la Comisión de Presupuestos y la de los dos
Secretarios de Estado y los cuatro Jefes de Estado Mayor para informar
también sobre el proyecto de presupuestos para 1995. Por tanto, estamos
en una quincena dedicada al debate global desde un punto de vista
presupuestario y económico, aunque lo importante no son los números sino
lo que éstos expresan, es decir, su contenido, los programas,
especialmente el programa de modernización de las Fuerzas Armadas, eje
central de toda la política del Ministerio de Defensa en estos años.
Creo que ha sido un buen acierto juntar el debate de las tres peticiones
de comparecencia ante esta Comisión, ya que nos presentan tres niveles
distintos de adecuación de este debate. En primer lugar, un aspecto
únicamente anual, como es el estado de ejecución del presupuesto de 1994;
en segundo lugar, un aspecto que es plurianual y que se refiere al
cumplimiento de la Ley de Dotaciones; y en tercer lugar, un aspecto más
general que podríamos llamar de cumplimiento de objetivos, incluso de
filosofía de modernización de las Fuerzas Armadas, que corresponde a la
petición de comparecencia que realizó en su momento el Secretario de
Estado de Defensa.
Veamos las reflexiones a que nos dan pie cada una de estas
comparecencias. Respecto a la ejecución del presupuesto, no queremos ser
muy extensos ya que realizamos un debate más largo en la Comisión de
Presupuestos. Para nuestro Grupo hay datos significativos y positivos. El
nivel de cumplimiento de los presupuestos es elevado. Como ya se ha dicho
en otras intervenciones, en 1990 superó el 97 por ciento; en 1991 superó
el 99 por ciento; en 1992 superó el 98 por ciento y en 1993 se acercó al
100 por ciento. Las previsiones para 1994, según los datos que nos han
aportado hoy y los que nos aportaron en la Comisión de Presupuestos, es
que se situará alrededor del 99 por ciento. Si observamos su
cumplimiento, vemos que tanto desde el punto de vista de tipos de gastos
--de personal, de mantenimiento, de inversiones, etcétera-- como de
grandes centros de costo el cumplimiento es muy homogéneo, lo cual es un
dato importante, significativo y positivo.
Querríamos señalar algunos aspectos, no sólo de la comparecencia de hoy
sino también de la del otro día, que tienen que ponerse de relieve. En
cuanto a personal, la gestión del gasto ha sido correcta; ha habido, tal
vez, una cierta desviación en el cálculo de algunos gastos, como el de la
Seguridad Social, pero para los presupuestos de 1995 hemos observado que
ya se ha hecho un cálculo adecuado de los costes de la Seguridad Social.
En asuntos de mantenimiento se puso de relieve --y yo creo que es
importante porque es un tema que afecta muy directamente no sólo a las
Fuerzas Armadas en su aspecto profesional, sino a todos aquellos
ciudadanos que deben realizar el servicio militar-- la ejecución y la
eficacia en la gestión de la alimentación. Se ha puesto de relieve que
por tercer año se mantiene un mismo nivel de costes unitarios y esto no
es porque haya descendido el nivel de calidad y cantidad de la
alimentación, sino que corresponde a una mejor gestión. Este es el camino
que nosotros creemos, y pensamos que el Ministerio lo comparte, se debe
llevar adelante: mejorar la gestión de los recursos que hay. Como puso de
manifiesto un jefe de Estado Mayor en su comparecencia, los pocos
recursos agudizan el ingenio para mejorar la gestión.
De algunos aspectos que también se han destacado en estos días es difícil
hacer una valoración estrictamente anual; por ejemplo, en los gastos de
combustible, ya que la planificación plurianual que se realiza de ellos
hace que no podamos centrarnos en el aspecto de cumplimiento de un año,
sino que tengamos que tomar como referencia varios años, y en este
sentido, si bien la visión de año por año puede dar lugar a desviaciones,
del conjunto plurianual vemos que se cumplen los objetivos previstos. En
cuanto a inversiones, sucede algo que es normal, que tiene su aspecto
positivo y su aspecto negativo. Es evidente que las inversiones no pueden
hacerse únicamente desde una planificación anual, sino que tienen que
corresponder a una planificación plurianual, lo cual tiene un aspecto, si
no negativo, digamos no muy positivo, ya que el margen de maniobra que
queda año por año es mínimo, pero esto es lógico ya que los grados de
compromiso que deben adquirirse son importantes, pero esto tiene un
aspecto positivo, evidentemente, en cuanto que da una mayor seguridad a
las empresas suministradoras, a las empresas que fabrican para satisfacer
las necesidades de nuestras Fuerzas Armadas.
Respecto al cumplimiento de la ley de dotaciones, nosotros queremos
remarcar su carácter plurianual y acomodaticio, lo cual hace que
compartamos la exposición del Secretario de Estado de que no puede darse
una visión completa año por año, ni incluso por períodos de dos años,
sino que debe darse en su conjunto y por períodos más amplios. En
cualquier caso, para situar también en sus justas dimensiones el grado de
cumplimiento o no del conjunto desde el 82 hasta el 93, creo que los
datos más significativos son qué grado de cumplimiento han tenido los
créditos, tanto los créditos totales en su conjunto como los de personal
y los de inversión y sostenimiento, y comparar qué desviación han tenido
respecto al último informe, el que se realizó en el año 91 y que fue
tramitado a esta Cámara en el año 92. Si en el año 91 el grado de
cumplimiento de los créditos totales era del 95,8 por ciento, en este año
el grado total, el de personal y el de inversiones y sostenimiento está
en un 91 por ciento. Ha bajado porque estos dos últimos años han sido los
dos años presupuestarios más difíciles. Sin embargo, un 91 por ciento
sigue siendo una cifra significativa, y, desde el punto de vista que hay
que tomarlo, es decir, desde el punto de vista acumulativo y en términos
reales, en pesetas constantes, únicamente si hacemos una operación desde
esta perspectiva podremos tener una visión correcta de cuál es el grado
de cumplimiento. Si lo tomamos desglosado, en gastos de personal se ha
producido una desviación al alza que en el 91 su grado de cumplimiento
era del 105 por ciento y en el 93, en el último informe, del 106 por
ciento. Los elementos que han llevado a esta situación han sido señalados
ya por el Secretario de Estado y no merece la pena extenderse más en
ellos. En inversión y sostenimiento es donde el grado de cumplimiento a
todos --el propio Secretario de Estado así lo ha manifestado-- produce
cierta preocupación. En el año 91 el grado de cumplimiento era de un 89
por ciento; en el año 93, un 85 por ciento.
Sin embargo, hay que tener en cuenta las características especiales que
tienen todas las leyes que no son presupuestarias, sino de programación,
y que especialmente cuando son leyes de programación para bastantes años,
para seis, ocho o diez años, se ven sometidas a una serie de incidencias
que son muy difíciles a la hora de controlar. El hecho se nota ya en la
propia Ley 44/82, ley que no realizó este Gobierno pero que fue votada,
creo, por todos los grupos de la Cámara y que en el preámbulo, respecto
al objetivo de fuerzas conjunto que se había realizado en 1980, cuando se
llega a la Ley de dotaciones en 1982 señala textualmente: A pesar de su
gran trascendencia, las circunstancias económicas de la nación obligaron
a limitar la consecución del citado objetivo de fuerza conjunto. Lo mismo
observaríamos si diésemos marcha atrás en la Ley 32/71 y la prórroga que
se realizó en el Real Decreto-ley 5/77, que en sus consideraciones,
también en ambas, hacen referencia a la incidencia de factores externos
que han impedido el cumplimiento exacto de lo fijado en las leyes. ¿Por
qué? No es nada extraño ni misterioso. Este tipo de leyes se ven sujetas,
por un lado, a la evolución de la situación económica, que incide en las
posibilidades del país y por tanto también en los recursos de los que se
puede disponer a través de los Presupuestos Generales del Estado. Pero
hay otra situación, que especialmente en esta década y en los últimos
cuatro años ha tenido una importancia aún mayor, y es la evolución de la
situación internacional, y si la evolución de la situación económica
incide en las posibilidades, la evolución de la situación internacional
incide en las necesidades que hay respecto a los cambios internacionales
que se van produciendo.
En este conjunto de incidencias hay que remarcar que, a principios de los
90, como muchas veces se ha repetido y se tiene que repetir porque es un
dato objetivo del cual no podemos escaparnos, por mucho que queramos,
hemos pasado de una de las peores crisis económicas y ha tenido
incidencia en todos los presupuestos, ha tenido incidencia en las
prioridades del Gobierno en los presupuestos y, por tanto, ha tenido
también incidencia en los presupuestos de Defensa. En este sentido, no es
significativo comparar los presupuestos del año 1990 con los presupuestos
del año 1994, ya que el año 1990 fue en términos constantes, en pesetas
constantes, el mejor año de los presupuestos, inicialmente, aunque
después, a lo largo del año --como incidió también en ello el señor
Secretario de Estado de Defensa-- sufrieron una reducción importantísima
y, por tanto, el resultado final del presupuesto de Defensa fue muy
distinto que el previsto inicialmente. Pero lo más importante es que a
partir del año 1989 (y se ha repetido muchas veces porque es un hecho
ineludible, porque es una situación que hay que tener en cuenta, porque
no se puede seguir planificando de la misma manera antes del año 1989 que
a partir del año 1989), no se puede seguir planificando de la misma
manera en una situación de guerra fría que de postguerra fría. En primer
lugar porque las amenazas --y amenazas eran en la guerra fría-- eran de
un cierto tipo y requerían unos recursos determinados. Pero a partir del
año 1989 las amenazas, como tales, desaparecen y aparecen riesgos;
riesgos que inciden, tanto desde un punto de
vista cuantitativo como desde un punto de vista cualitativo, en lo que
debe ser la planificación, en lo que deben ser los programas de inversión
del Ministerio de Defensa.
Todos estamos de acuerdo --y creo que esto es un hecho importante-- en
que es necesaria una nueva ley-programa, pero no únicamente porque la
última prórroga de la Ley 9/90 ya fijara que se tenía que presentar una
nueva ley con vigencia hasta el año 2000, es decir, no únicamente por un
imperativo legal sino porque, además, estamos convencidos de que el
sistema de funcionamiento y de elaboración de la Ley de Dotaciones de
1982, prorrogada por dos veces, en este momento ya no es válida. La nueva
ley debe tener unas características distintas, porque las situaciones son
distintas y porque son, sobre todo, muy imprevisibles y muy variables.
Por tanto, esta nueva ley-programa, que no puede ser únicamente una
simple continuación o prórroga de la Ley de Dotaciones actualmente
vigente, debe tener unas características distintas; características que
para nosotros deben pasar por que tiene que ser una ley-programa realista
y flexible, adecuada a las nuevas situaciones y a sus incertidumbres.
Ello también lleva a que tiene que ser una ley más centrada no tanto en
unas cantidades globales, sino en unos programas determinados, en unos
objetivos determinados, en unas prioridades determinadas y en unas
estrategias determinadas, lo que nos lleva ya al último aspecto, a la
tercera comparecencia, la comparecencia sobre el futuro programa de
modernización de las Fuerzas Armadas.
En este punto nosotros querríamos agradecer la amplia información que nos
ha dado el señor Secretario de Estado, que evidentemente no podía ser
total, ya que los programas son muchos y esta sesión podría alargarse
horas y horas. Nos parecen correctos los ejemplos que ha escogido, porque
otros que podrían haberse escogido y que evidentemente son importantes,
como el de los carros de combate o el de los aviones, corresponden a
temas sobre los que se ha discutido y sobre los que ha habido información
en la Cámara en las comparecencias tanto en la Comisión de Presupuestos
como en las comparecencias de los Jefes de Estado Mayor. Por tanto, la
opción del Secretario de Estado de fijarse en otros programas nos ha
parecido que era interesante por su importancia y porque nos daba
informaciones que hasta este momento, al menos con esta extensión, no se
habían dado en la Comisión.
En cualquier caso, lo que nosotros querríamos destacar es que éste es el
debate fundamental de futuro. Partimos de un punto de consenso entre la
mayoría de las fuerzas políticas de la Cámara, consenso que se articuló a
partir de un modelo determinado de Fuerzas Armadas, en un documento que
fue aprobado por más del 90 por ciento de los Diputados de esta Cámara. Y
a partir de este consenso, fundamental en el modelo de Fuerzas Armadas,
nosotros creemos que es bueno y positivo que se prorrogue no en este caso
la ley, sino que se prorrogue este consenso en la ejecución concreta del
modelo de Fuerzas Armadas que pasa, básica y fundamentalmente, por su
modernización y por los programas y subprogramas que se contienen en los
presupuestos y que, evidentemente, deberán contemplarse también en la
nueva ley-programa de inversiones. En este sentido, creemos que hay
cuatro aspectos importantes sobre los que debería girar el debate
político, y voy a acabar ya, señor Presidente. Son, en primer lugar, la
fijación de prioridades; en segundo lugar, la definición de estrategias;
en tercer lugar, la optimización de la gestión y, en cuarto lugar, un
aspecto que tal vez no señalamos muchas veces, pero que a nosotros nos
parece también importante, que es mantener una coherencia parlamentaria
en el debate y en las propuestas.
La fijación de prioridades es un elemento importante, aunque seguramente
no es el fundamental en este momento. En este sentido, elementos como los
que ha introducido el Secretario de Estado sobre el tema de las
inversiones en transmisiones, fijar unas prioridades y el ejemplo que ha
dado en comunicaciones dentro del Ejército de Tierra, son importantes.
Fijar prioridades para aquellas unidades que deben ser más operativas,
sean las FAR o sean las fuerzas directamente operativas, nos parece un
criterio de prioridad importante sobre el cual es posible un consenso por
parte de los grupos de la Cámara.
Seguramente, el elemento fundamental para nosotros en este momento es la
definición de estrategias. Si es difícil, por lo que decíamos antes, en
una situación variable fijar con exactitud cuáles son las prioridades, el
acierto o el error en las estrategias que en este momento escojamos sí
que van a determinar el futuro y sí que van a limitarnos en lo positivo y
en lo negativo. En este sentido, creo que lo que nos ha sido expuesto por
el Secretario de Estado respecto a una estrategia sobre el tema de
satélites, que lleva a una opción de no entrar en el Helios II y en
cambio hacer una opción por los microsatélites a través del Inta, es un
ejemplo que conjuga los diferentes elementos que debemos tener presentes
a la hora de fijar las estrategias, las necesidades de nuestras Fuerzas
Armadas, pero también las relaciones con nuestros aliados y también la
situación y el futuro de nuestras empresas.
Por lo tanto, hacer una opción estratégica respecto a los microsatélites,
como bien señalaba el Secretario de Estado, incide en estos tres
elementos. Las relaciones con nuestros aliados, en el tema UEO, también
la incidencia en nuestras empresas; el Helios II habría tenido una
incidencia casi nula para nuestras empresas, en cambio, la opción de
microsatélites, siendo tanto más buena que continuar en el Plan Helios,
nos parece que es el tipo de estrategia fundamental para el futuro de
nuestra política de Fuerzas Armadas, pero también para el futuro de
nuestra política de industria de defensa. La optimización de la gestión
--antes hemos citado algunos ejemplos que estos días han salido-- nos
parece también un elemento importante.
Finalmente, y acabo, señor Presidente, el aspecto de mantener una mínima
coherencia parlamentaria dentro de estos objetivos y puntos comunes. A
nosotros nos preocupa que desde el Parlamento podamos lanzar mensajes
contradictorios. Es difícil que se ponga en cuestión la modernización de
unos carros de combate, los M-60, y, al mismo tiempo, se esté pidiendo
como prioridad el mantenimiento de Santa Bárbara o de las empresas afines
a Santa Bárbara. Son decisiones contradictorias. Evidentemente, si no
optamos por la modernización del M-60, que puede tener
algunos aspectos positivos desde el punto de vista del armamento, desde
el punto de vista de la variable de industria nacional tiene unas
consecuencias negativas. Por lo tanto, no podemos mantener el mismo
mensaje. Tenemos que optar por un tipo de estrategia. Tenemos que optar
por una estrategia que tenga en cuenta las necesidades de defensa y las
necesidades de nuestra industria de defensa o tenemos que optar por una
estrategia que prime en un sentido o en otro. Lo que no podemos es lanzar
un mensaje contradictorio, cuestionar la viabilidad o lanzar mensajes de
cierta confusión respecto al futuro del avión EFA y, al mismo tiempo,
señalar la importancia que CASA tiene para nuestra industria. Es un tema
de estrategia. No podemos lanzar mensajes confusos porque de ellos se
sacarían aspectos negativos.
Por lo tanto, el mantener una coherencia parlamentaria no quiere decir no
discutir todos los aspectos, no discutir las prioridades, no discutir las
estrategias. Pero discutamos prioridades y estrategias; no lancemos
mensajes de tipo confuso porque esto también tiene incidencia en la
política de defensa. Este es un debate importante, éste es un debate
sobre el que el Secretario de Estado ha demostrado su interés en seguir
informando, en seguir debatiendo y nos parece que ése es el núcleo
central a partir del cual es posible ir concretando este consenso que
conseguimos en el modelo de Fuerzas Armadas y que es importante que siga
en el futuro. (El señor López Valdivielso pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor López Valdivielso.
El señor LOPEZ VALDIVIELSO: Señor Presidente, al amparo del artículo 73,
me siento contradicho, pero no por valoraciones políticas, sino por...
El señor PRESIDENTE: Vamos a ver. El señor Marsal ha hecho
consideraciones...
El señor LOPEZ VALDIVIELSO: Hablo de números, de matemáticas.
El señor PRESIDENTE: Bueno, con las matemáticas no habrá problemas en
aclarar las cosas. Las reflexiones creo que han sido genéricas; yo creo
que han sido reflexiones para todos, incluidos nosotros mismos. Diría que
son, sobre todo, para grupos que no están presentes.
El señor LOPEZ VALDIVIELSO: No voy a hacer reflexiones. Solamente...
El señor PRESIDENTE: Pues si no va a hacer reflexiones, y antes de dar la
palabra al señor Secretario de Estado, haga las puntualizaciones.
El señor LOPEZ VALDIVIELSO: Gracias, señor Presidente.
Simplemente menciono los datos que figuran en el informe que se nos ha
remitido. La diferencia entre los créditos teóricos y los asignados en
los años 1992 y 1993 es de 985.000 millones de pesetas. Es decir, que
sólo ha sido un 70 por ciento, no las cifras que usted ha dado. Por lo
que se refiere al período 1982-93, la diferencia entre las dotaciones
recibidas por el Ministerio de Defensa y las teóricamente fijadas por la
Ley de Dotaciones ha sido de un billón y medio de pesetas. Entre 1983 y
1989 los créditos asignados alcanzaron el 90 por ciento; entre 1990 y
1994 están por debajo del 50 por ciento y en 1993 y 1994 la desviación es
de 726.000 millones, lo que supone el 51,3 por ciento. Esto resulta
simplemente de sumar, restar, multiplicar y dividir.
Nada más. (El señor Marsal i Muntalá pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: No sé si aparece la división, pero, en todo caso,
será por número de años.
Tiene la palabra el señor Marsal.
El señor MARSAL I MUNTALA: Muy brevemente, señor Presidente.
Los datos que he utilizado se contienen en el informe que nos ha sido
enviado en las páginas 14 y 15, no son números que yo me invente; son
números que constan en el informe.
El señor PRESIDENTE: Cada uno tiene su lectura. Muchas gracias a ambos
portavoces.
El señor Secretario de Estado tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA DEFENSA (Flos Bassols): También
entraré en los datos para aclarar un poco, pero más adelante.
De las intervenciones, el aspecto que coincide, quizás, con mi mayor
preocupación a la hora de plantear según que temas he explicado, es el
que ha señalado el señor Marsal en su último punto cuando ha hablado del
mensaje que sale de esta Comisión y ha mencionado una preocupación sobre
posibles contradicciones. Es decir, doy por supuesto que siempre se
conoce que las decisiones que se toman en el Ministerio de Defensa tienen
en cuenta la necesidad operativa, la capacidad presupuestaria y la
situación industrial del país. Siempre he defendido que la industria
militar forma parte de lo que es el complejo de Defensa, y es inútil
pensar que es algo que está aparte y que tiene que adaptarse. No, no;
todo es lo mismo y, por lo tanto, acerca de las decisiones tenemos en
cuenta todo tipo de factores, a veces de forma complicada.
Si me permiten, empezaré con algún comentario acerca de la intervención
del señor Marsal. Ha citado el tema de alguna desviación como el cálculo
de la Seguridad Social. Efectivamente, lo hemos arreglado. Ha señalado
algo que yo considero muy importante, y es que hemos conseguido mantener
el mismo nivel de coste unitario de la alimentación en cuanto a módulo.
Quiero aclarar exactamente qué significa esto, que no quiere decir
congelar y, por lo tanto, bajar el nivel. No, no es esto. La directiva
84/1992 de este Secretario de Estado de Defensa hizo básicamente lo
siguiente. Congeló el módulo que servía para la distribución de los
recursos para alimentación en 475 pesetas hombre/día; lo congeló sabiendo
que había habido unas mejoras
de gestión que permitían hacerlo. Después de aplicar esta directiva, el
coste real por persona/día es de 650 pesetas. ¿Cómo se consigue este
cambio? Hay una contratación --que también sale en la directiva en
cuestión-- de forma centralizada, que ha conseguido ventajas económicas
muy sustanciales, y ha habido otro hecho que es fundamental, que el gasto
en alimentación, como SS. SS. saben, antes de esta directiva se
justificaba por la lista de presentes y ahora se justifica por el coste
real incurrido, lo que también ha supuesto una reducción importante del
coste global que destinamos a la alimentación. He hecho esta aclaración
porque a veces se producen confusiones al respecto.
El señor Marsal también ha señalado la voluntad que yo manifiesto a
menudo --yo creo que quizá demasiadas veces-- de ir al mayor nivel
posible de compromiso. Lo he señalado antes, creo que es una política
fundamental y creo que es una política que, por lo menos en los dos
últimos años, en los que he sido muy consciente de las decisiones que
hemos tomado, ha paliado en algún modo los efectos de los bajos
presupuestos iniciales de cada año. Es decir, a falta de la seguridad de
unos recursos futuros, el mejor y casi el único medio consiste en
comprometer al límite de lo que técnica y presupuestariamente seamos
capaces de hacer. Y digo técnicamente porque a menudo hay programas que
no se pueden llevar adelante porque su período de definición y maduración
en el seno de los ejércitos es bastante largo.
Debo decir que coincido en muchísimas cosas con el señor Marsal, como
pondré de manifiesto en las respuestas que voy a dar a continuación.
En relación con las observaciones que ha hecho el Diputado señor López
Valdivielso, hay algunas de carácter formal, que tienen su explicación y
se la voy a dar; es muy fácil. El señor López Valdivielso señala que el
informe tiene la fecha de 9 de septiembre de 1994 y que esto es debido a
la ineficacia. Podría ser. La pura verdad es que es atribuible a la
voluntad que yo tenía de hacer un informe más amplio, hasta que los
especialistas en la materia, que habían participado en informes de años
anteriores, me convencieron de que era bueno, para la continuidad,
mantener el informe inicial, porque un informe más complejo no aportaba
mucha más información, por muchas páginas que escribiéramos. Usted señala
que en el informe hemos hablado de todos los años porque nos beneficia.
Es posible que en la imagen nos beneficie, sin duda alguna, pero no
estaba ahí tampoco el sentido de hacerlo sino que está un poco ligado a
lo anterior. Visto un informe que sólo se refiriera a los años 1992 y 93,
casi le diría que huelgan palabras; es decir, basta hacer un par de
operaciones muy sencillas y ver lo ocurrido. Yo insisto en lo que he
dicho anteriormente. El problema de la Ley de Dotaciones no viene --luego
lo matizaré-- de los ocho primeros años, sino de tres años concretos
donde se producen cambios importantes que ahora demás voy a ampliar en
cuanto a información.
Usted habla de una diferencia de 1,5 billones de pesetas. Yo lo he
calculado, actualizadas las dotaciones en pesetas del año 1993,
exactamente, para que las cifras queden un poco centradas. Lo que ocurre
por cuatrimestres es lo siguiente: en el primer cuatrimestre de la Ley,
en pesetas siempre de 1993, se produce un exceso de 14.487 millones --la
suma--; en el segundo cuatrimestre se produce una reducción de 150.248
millones, en pesetas de 1993. Es una reducción, pero, en mi opinión,
hasta aquí sería soportable, no tendría gran importancia y, como he
dicho, de ser por esto, no estaríamos discutiendo en estos momentos el
cumplimiento de la Ley de Dotaciones, y donde, coincidiendo con lo que
todos sabemos, efectivamente se produce un descalabro es en el tercer
cuatrimestre, o si quiere en los años 1991, 1992 y 1993, donde la
reducción respecto de lo que se habría podido alcanzar (no de lo que se
debía alcanzar, sino de lo que se podía alcanzar) es de 913.026 millones
de pesetas, en pesetas de 1993. Pero aquí, si leemos la Ley, que he
tenido que leerla muchas veces, hay que tener en cuenta que es una Ley de
mínimos, como dice ella misma, cierto es, y cuando hablamos del 2,5 por
ciento de crecimiento global, la Ley --lo dice-- fija un techo, y en
ningún punto de la Ley --y conste que le he dado muchas vueltas-- se dice
que el crecimiento tiene que ser de este 2,5 por ciento. Otra cosa es que
el espíritu de los que dieron su voto positivo a la Ley estuviera que así
sería el crecimiento, pero en ningún punto lo dice.
El señor López Valdivielso señala también, y no es exacto --o por lo
menos no es mi intención--, que nosotros atribuimos la falta de
cumplimiento de la Ley --expresión que no me gusta-- al incremento de
personal. No es así, no llegamos a los recursos que pretendíamos en aquel
momento porque no se llega al techo. Es decir, el incremento de recursos
de personal, como máximo, habría marcado un tope al crecimiento de gastos
de material, situándolo en el 3,5 --algo más--, que no está mal como
crecimiento en material. Es decir, no es éste el punto relevante; el
punto relevante es que --yo insisto-- ha habido cuatro años concretos en
los que, como he dicho antes, la Ley no se ha utilizado ni tan sólo como
punto de referencia.
En este sentido, aunque la Ley, establecida en términos de tasas de
crecimiento, no me convence mucho, y probablemente no convence en otros
países por la cifra en términos de valores absolutos --es decir, que
quizás aquí nos equivocamos en aquel momento, pero éste es un problema
técnico--, yo no soy crítico respecto al conjunto de la Ley, sino
especialmente respecto a la cumplimentación de los objetivos de estos
años a los que he hecho referencia.
Pasando a la segunda parte de mi comparecencia, el señor López
Valdivielso me critica que no haya hablado de aviones de combate o de
carros de combate. Efectivamente, yo lo he hecho adrede, he creído que
había que poner el acento en temas que suelen quedar olvidados, que
cuantitativa y operativamente son fundamentales y que no suelen ser
objeto de atención en muchos ámbitos, y además puedo decirle al señor
López Valdivielso que es más cómodo y más agradecido hablar de estos
temas.
De todos modos, para que se vea que no es que no quiera hablar, sino que
no me parecía oportuno, voy a darle exactamente la situación actual de
los dos programas a los que ha hecho referencia en el nivel de
conocimiento y de
elaboración que se tiene de ellos. El primero que ha tocado es el de los
aviones de combate. Recuerdo que en estos momentos tenemos 69 F-18 y 68
F-1. Dentro de los 68 F-1 están incluidos los 18 que se han adquirido a
Qatar y a Francia, en este último caso en una operación en la que
nosotros compensábamos este esfuerzo con la venta al país vecino de dos
CN-235 por un importe algo mayor. Efectivamente, nuestro objetivo es
ampliar los F-18, y en este sentido hemos estado abiertos a la recepción
de ofertas. Es cierto y conocido que el Ministerio de Defensa ha recibido
una oferta de la U.S. Navy, oferta compleja, con una serie de
posibilidades. También debo decir que el Ministerio de Defensa
lógicamente está abierto a otras posibles ofertas que pueden darse.
Sobre este tema conviene no perder de vista que nosotros establecemos,
plasmamos y exponemos la importancia que damos a los distintos temas,
según las dotaciones presupuestarias que les asignemos. En este caso, a
efectos de adquirir aviones adicionales de este tipo, tenemos en el
presupuesto de este año una cantidad global de 2.500 millones de pesetas
ampliables. Ampliación que puede ser difícil que se produzca, según cómo
vaya la otra ampliación que nosotros consideramos, quizá, prioritaria,
que es la ampliación del crédito destinado al Plan Norte. En cualquier
caso, tanto porque partimos de esta cifra tan baja, como porque hablamos
de cifras totales que pueden pasar de los 50.000 millones de pesetas,
esta operación se hará en varios años. También tiene que hacerse en
varios años porque la adecuación de los aviones que se nos ofrecen
requiere tiempo.
Se ha hablado también de cómo serán los aviones que se nos ofrecen y de
los precios. Es muy delicado que yo aquí les hable de precios porque
están siendo objeto de negociación. De todos modos hay cifras que no se
alejan de la realidad, que es la de un avión F-18 a 13 millones de
dólares, «flyaway», de los cuales ocho corresponden al avión con motor
nuevo, tal como saldría de Estados Unidos y cinco millones a operaciones
que se harían en España para poner el avión al mismo nivel de los demás.
A ello, y aquí está el peligro, a veces, de hablar de cifras, hay que
añadir los costes del ILS, que es el sistema logístico integrado, que
serían fijos. Estos costes van destinados principalmente a la
documentación, a la formación y a algún tipo de repuestos, y entre estos
costes y los costes de carácter administrativo de una operación así,
habría que sumar, sea cual fuere la cantidad de aviones, algo que puede
ser del orden de entre 125-150 millones de dólares. Insisto en que todo
esto que les estoy diciendo está siendo objeto de negociación. Más de
esto no hay, porque, si hubiera algo más concreto, podría decírselo.
Por lo que respecta a la idea de que la voluntad de mejorar nuestros
carros deba suponer el paro de lo que estamos haciendo ahora dentro del
programa TLE es algo que no comparto por razones técnicas y operativas,
que oigo y aprendo del Ejército de Tierra, y por razones obviamente
industriales.
En principio y tal como dijo el JEME en la comparecencia de presupuestos
vamos a seguir con la modernización de los M-60, que es un excelente
carro y que no está obsoleto. Este carro puede seguir funcionando a plena
satisfacción tanto desde el punto de vista técnico de mantenimiento
tecnológico como operativo hasta el año 2010 aproximadamente. Esto es lo
que dicen los estudios del Ejército de Tierra. Por lo tanto, no estamos
haciendo una inversión que se pague pasado mañana, sino que estamos
hablando del año 2010.
También como dijo el JEME, en su caso, lo que se sustituiría, para
mantenernos dentro de las cotas del programa FACE, serían los M 48 y los
AMX 30 sin modernizar. Recuerdo también que entre los carros que tenemos
y los que nos permite el tratado FACE hay una distancia de cien carros,
que también podemos llenar.
Ahora veamos cómo está la situación en relación con el Leopard. El tema
está en sus primeras conversaciones. También aquí nos encontramos, no lo
olvidemos, con que en el presupuesto no hay dinero para poder atender
ningún tipo de pago en el presente año para el Leopard, a menos que el
crédito ampliable destinado al Plan Norte destine una parte a esta
cuestión. Pero este crédito está pensado para otro tipo de prioridades
que no sólo son muy importantes dentro del Ejército de Tierra, sino que
en algún caso específico casi les diría que son angustiosas.
En principio es conocida la voluntad alemana de ceder 54 carros. Pero
esto requiere la autorización del Parlamento alemán, puesto que es un
patrimonio alemán que no puede cederse sin la preceptiva autorización, y
ésta no podría obtenerse hasta la primavera del año 1995. Sin embargo,
estamos estudiando la posibilidad de dar los primeros pasos en estos
contactos mediante algún tipo de acuerdo de intenciones a nivel de
Gobierno. No es algo cerrado, pero nos permitirá empezar a avanzar y a
discutir cuestiones industriales.
El volumen total de carros que comprendería la operación por supuesto no
está definido, pero sí es claro que pretendemos ir a la renovación total
de la flota, teniendo siempre en cuenta lo que he dicho antes de que un M
60 modernizado, al nivel que lo estamos haciendo, tiene un funcionamiento
satisfactorio hasta el año 2010. En 1996 nos gustaría poder llegar a la
firma de un acuerdo industrial entre la empresa alemana que hace los
carros Kraus Maffëi y las industrias españolas. Digo las industrias
españolas porque es sabido que un carro de este tipo no sólo es un
problema de hierro, sino un problema de electrónica y de óptica. Y por
fin, hacia 1996-1997 se empezaría la fabricación de componentes, y en
1998, si todo va bien, podríamos empezar el ensamblaje en España de los
primeros carros. El ritmo de producción, por supuesto, a estas alturas no
está fijado. Lo que parece cierto es que la empresa alemana tendría una
participación limitada. Está por discutir cuál sería este tipo de
participación, que sin duda iría ligada a su conocimiento profundo del
carro y a su capacidad para dirigir un proyecto de esta envergadura.
He hablado de esto para que vea que no es que no quiera hablar, sino que
me sabe francamente mal poner en primer plano cuestiones que son sin duda
importantes pero que tapan a otras que son igualmente importantes dentro
de los ejércitos.
En cuanto a las observaciones que ha efectuado el señor Elorriaga al
reclamar que en temas de ejecución haya una comparecencia trimestral, no
tengo ningún inconveniente. De todos modos, la situación de la ejecución
de un presupuesto como el de Defensa es bastante regular,
afortunadamente, en estos momentos. Por lo tanto, sorpresas no puede
haber. Otra cosa es el otro tema que el señor Elorriaga ha tocado, y es
lógico que le preocupe, que es el cambio de destino de determinados
recursos. Visto desde fuera, el presupuesto se presenta en cortes
estáticos en el tiempo. Visto desde dentro, el presupuesto es una cosa
viva absolutamente. Estamos pensando ya en el presupuesto para 1996, al
mismo tiempo que negociamos ampliaciones el del año que viene y
solucionamos problemas del de 1994. Esto lo hacemos con ingresos y con
gastos.
Mi posición particular es, lógicamente, la que debe tener un Secretario
de Estado, que es exigir la máxima seriedad y rigidez en la asignación de
recursos. Por tanto, desde el punto de vista del Secretario de Estado, lo
que uno encuentra no es un impulsador del cambio, sino todo lo contrario.
A lo largo de la ejecución del presupuesto aparecen problemas no
previstos. Por un lado, hay aspectos en los que es difícil discutir,
desde el punto de vista económico, industrial o del Secretario de Estado;
qué son las prioridades operativas de los ejércitos. Efectivamente, hay
prioridades que cambian por razones justificables desde un punto de vista
estrictamente operativo.
En segundo lugar, nos encontramos a veces con la dificultad de definir
adecuadamente determinados proyectos o de conseguir terminar las fases de
definición y desarrollo en el momento oportuno. Este no es un problema de
eficacia, sino que normalmente suele deberse a que, mientras se está
haciendo, en el mercado, llamémoslo así, aparecen alternativas que hay
que tener en cuenta.
Insisto, uno de los problemas más importantes en este mundo de
inversiones tecnológicamente avanzadas es no equivocarse en ningún paso.
A veces más vale frenar un aspecto sobre el que aparecen nuevas variables
y dar entrada a otro.
También nos encontramos --no lo dejemos atrás-- con las empresas que a
veces se ven incapaces de abordar los programas al nivel que nosotros
desearíamos y entonces hay que replantear las cuestiones.
En cualquier caso, sepa el señor Elorriaga que no soy un acérrimo
partidario de que haya un control y una estabilidad importantes en la
asignación de recursos. Precisamente creo que muy pronto traeremos el
programa, que espero que dé estabilidad y que haga más difícil las
modificaciones. De todos modos, modificaciones tiene que haber siempre y
hay que dar un cierto grado de flexibilidad.
Por último, en cuanto a si hay que incorporar o no, no tengo el menor
ánimo de entrar en una discusión técnica sobre esta materia. Tenga en
cuenta que las incorporaciones del año anterior son algo que ya tenemos,
es un recurso que ya nos dieron para un fin concreto, porque ya fue
comprometido para este fin y nosotros nos limitamos a arrastrar para este
año. Lo que cuenta en cuanto a capacidad de gasto, lo que cuenta cuando
hablamos de qué presupuesto nos han dado no es aquello que aún nos dejan
gastar del año pasado, sino lo que nos dan de más. Y las incorporaciones
no nos las dan de más. Esta es la cuestión.
El señor PRESIDENTE: Señor López Valdivielso, ya sabe que tiene que
desarrollar un turno brevísimo y excepcional, según lo preceptuado en
este tipo de comparecencias. Para estos efectos, tiene la palabra.
El señor LOPEZ VALDIVIELSO: Una mínima precisión.
Ciertamente, señor Secretario de Estado, la ley no dice que se tenga que
llegar al 2,5 por ciento de incremento. Pero es que no lo tiene que
decir, porque al ser una ley de mínimos lo que hace es establecer un
máximo, máximo que no se ha alcanzado nunca.
La conclusión tercera de la famosa página 14 dice: La poca elasticidad
que tienen los gastos de personal ha hecho que la desviación por exceso
producida en estos gastos hayan minorado los créditos de material, ya que
la suma de ambos componentes tiene limitado su crecimiento por el
artículo 3.º de la Ley en el 2,5 por ciento real interanual. Usted está
aquí diciendo que se han minorado los créditos de inversiones porque los
de personal han crecido mucho y no podíamos superar el 2,5 por ciento.
Eso no es verdad. Al no haberse superado el 2,5 por ciento, que se
establece como máximo, el que hayan crecido los gastos de personal no es
argumento para no haber cumplido lo que dice la ley con respecto a las
inversiones.
Nada más, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Señor Secretario de Estado, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA DEFENSA (Flos Bassols):
Efectivamente, el movimiento de los créditos de personal nos obligaría,
como máximo, a reducir en un punto la tasa de crecimiento del material.
Si el crecimiento del material ha sido mucho más bajo ello se debe a que
no se ha llegado a este techo. Y yo digo que no es obligatorio, aunque
está en el espíritu de la ley, por supuesto, y ésta es la razón. No digo
que sea por culpa..., aunque quizás parezca que se diga, pero --lo he
dicho varias veces-- es por el tema del techo.
CONTESTACION A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SOBRE:
--APLICACION DE LA ORDEN MINISTERIAL 125/1993, SOBRE ALIMENTACION A CARGO
DEL ESTADO EN LAS FUERZAS ARMADAS. FORMULADA POR EL SEÑOR FERNANDEZ DE
MESA DIAZ DEL RIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente
181/000913.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto siguiente, preguntas.
La que figura con el número 4 ha sido retirada.
-- CRITERIOS POR LOS QUE SE HA AUTORIZADO LA EXPLOTACION DE UNA FINCA
UBICADA DENTRO DE LA BASE MILITAR DE AGONCILLO (LA RIOJA). FORMULADA POR
EL SEÑOR ALEGRE GALILEA, DEL GRUPO POPULAR. (Número de expediente
181/000929.)
El señor PRESIDENTE: Por tanto, pasamos a la pregunta del señor Alegre
Galilea, que tiene la palabra.
El señor ALEGRE GALILEA: Señor Secretario de Estado, decía mi compañero
portavoz en su primera intervención que en algunos aspectos ustedes eran
unos ilegales porque no cumplían la ley, permítame la broma. Quiero
decirle...
El señor PRESIDENTE: Las preguntas son muy taxativas. En este caso, la
Presidencia admite pocas bromas. Así que se las puede permitir el señor
Secretario de Estado, pero la Presidencia no las suele admitir. Le ruego
que se centre en la pregunta.
El señor ALEGRE GALILEA: Señor Presidente, en cualquiera de los casos
quiero decir que lo que ustedes han hecho en La Rioja con la concesión a
dedo y posterior anulación de la autorización dada en su día para la
explotación de una finca ubicada dentro de la base aérea militar de
Agoncillo, en concreto al Secretario General de la Unión de Pequeños
Agricultores-UGT, sería digno --si no fuera tan serio-- de figurar en las
tiras cómicas de «La Codorniz» de los mejores tiempos, pero qué duda cabe
que este hecho viene a incardinarse --y es otro más-- en esa cadena de
gestos o de hechos de corrupción o del pelotazo, a pesar de que el
Presidente del Gobierno decía el otro día que esa cultura había terminado
y que yo, desde luego, no me lo creo.
Permítame, señor Secretario de Estado, que, aunque sea de manera sucinta,
le ponga al corriente de las fechorías cometidas con esta finca.
El señor PRESIDENTE: Señor Alegre, creo que está utilizando unas
terminologías extremas. Le ruego que se atenga a lo que es el contenido
de la pregunta. Son presunciones que normalmente se hacen y parece que
son certezas. Le ruego que se atenga a los contenidos estrictos de la
pregunta y no se extralimite en estos juicios de valor, que son
exagerados a juicio de esta Presidencia.
El señor ALEGRE GALILEA: Si es porque lo dice el señor Presidente, tendré
que remitirme a hacer las preguntas, pero esto no es una opinión, son
unos hechos que están constatados y que en su momento han quedado
consumados. Por tanto, no es ningún tipo de valoración.
Aquí ha habido una persona que a dedo se le ha adjudicado la explotación
de una finca de 150 hectáreas dentro de la base aérea de Agoncillo, lo
que supone 700 fanegas de tierra, esto se ha hecho a dedo. Ese señor se
ha presentado cada mañana en la entrada del recinto de la base. Alguien
se ha puesto firme, le ha abierto los accesos y ha labrado, ha sembrado,
ha abonado y ha recolectado --al menos era su intención, pero la primera
la ha conseguido-- esa finca. Permítame, señor Secretario de Estado, que
aquí se estén manifestando unos hechos --repito-- y no unas valoraciones
de ningún tipo. Esas son las consecuencias de ese despropósito de tanta
gravedad. Cuando salta a los medios de comunicación, a las pocas horas se
revoca la autorización dada en su día. Por eso yo vengo a preguntar;
¿quién dio esa orden, en qué se basó?
Me dice el señor Presidente que mis manifestaciones no son correctas.
¿Cómo califica usted estas consideraciones y estos comportamientos? ¿Por
qué luego se revocó la autorización? ¿Ha tenido algo que ver en todo este
procedimiento y en este proceso la figura del ex presidente de la
Comisión de Defensa en el Senado, el Senador socialista Ignacio Díez? ¿Se
ha pagado algún canon al Ministerio por la explotación, por la siembra de
esta finca?
Son preguntas que espero me sean contestadas porque, de lo contrario,
coincidirá conmigo, señor Presidente, que mis quejas y de fondo son para
que las ponga de manifiesto esta tarde.
El señor PRESIDENTE: Los hechos se pueden exponer con toda libertad y en
esta cuestión no vamos a discutir.
A estos efectos, y para contestar la pregunta planteada, tiene la palabra
el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA DEFENSA (Flos Bassols): Es una
lástima, señoría, que usted se haya referido todo el rato a que son
hechos y no opiniones. Voy a contarle lo que está en el expediente del
asunto a que se refiere y verá cómo los hechos no tienen este dramatismo
que les confiere y en lo que usted dice hay mucho de opinión.
En el mes de abril de este año S. S. preguntó por escrito al Ministro si
era cierto que el Ministerio de Defensa había arrendado o alquilado a
alguien tierras pertenecientes al aeródromo de Agoncillo. El señor
Ministro le contestó muy escuetamente con dos frases, y cito: «Por parte
de este Departamento no se ha llegado a formalizar ningún contrato de
alquiler, arrendamiento o cesión de terrenos pertenecientes a la base de
Agoncillo. Sin embargo, próximamente se convocará un concurso de
concesión de dominio público para la explotación agraria de una parte de
los mismos.» Cierro la cita. Esta fue la respuesta que S. S. recibió.
Efectivamente, no hay ningún tipo de contrato de aprovechamiento agrario,
ni ningún tipo de explotación.
En cuanto al concurso que anunciaba el señor Ministro, éste ha sido
dejado en suspenso por las razones que voy a exponer. El expediente
empieza en julio de 1993 cuando un agricultor de la zona se dirige al
Director General de Infraestructuras solicitando el arriendo de unas
parcelas de regadío en Agoncillo. El Director General de Infraestructuras
es la autoridad competente en todo este tipo de contratos de
aprovechamiento, como reza el Real Decreto 764/1992. A partir de aquel
momento se inician una serie de consultas, unas dirigidas al Ejército de
Tierra y otras dirigidas al propio interesado, ya que la información que
éste
proporciona al principio es prácticamente nula, se limita a hacer una
petición en genérico.
Más tarde, mientras se están haciendo estas consultas se reciben, en el
mes de febrero de 1992, dos solicitudes más del mismo tipo. En abril, es
decir, dos meses más tarde, el citado Director General de
Infraestructuras decide convocar un concurso público al respecto y así se
lo comunica al Ejército de Tierra. Por esta razón el señor Ministro
anunciaba en la respuesta por escrito que le dio a usted que próximamente
se convocaría un concurso. Sin embargo, posteriormente, y antes de que se
hubiera convocado el concurso, el 22 de julio, el Estado Mayor del
Ejército, después de un segundo análisis de la cuestión y de examinar
aspectos operativos y aspectos de propiedad anterior del aeródromo de
Agoncillo, señala lo siguiente. Dice: Se considera improcedente la
realización de cualquier tipo de concesión de aprovechamiento agrícola. Y
pide al Director General en cuestión la anulación del concurso.
En consecuencia, el Director General anula el concurso y aquí terminan,
por un lado, las cuestiones. De ser así, no tenía que haber habido ningún
problema, ni malentendido.
Examinando a fondo el expediente, cosa que he efectuado --me imaginaba
que usted no estaba interesado en nada de lo que le he contado--,
advierto un hecho que creo que es el que explica los asuntos a los que
usted se refiere y que quedan resumidos en un informe que hace el
Ejército de Tierra precisamente como consecuencia de la pregunta escrita
que usted hizo y que dice lo siguiente: Con fecha 15 de febrero de 1994,
en previsión de que dicha concesión fuese aprobada (hago un paréntesis,
se refiere a la concesión inicial), la Región Pirenaica Occidental
autorizó a ese agricultor para que pudiera entrar en la finca y analizar
las posibilidades de las tierras en cuestión. Sin embargo, entre los días
22 al 28 de febrero dicho agricultor procedió a roturar la finca. El
mando regional de la Región Pirenaica Occidental, al tener conocimiento
de que dicha persona se había excedido en lo acordado, procedió a retirar
la autorización con fecha 28 de febrero de 1994. En el momento actual no
se está explotando la finca ni existe autorización alguna para ello. Y
cierro la cita.
Es decir, el problema al que usted se refiere --espero que no haya datos
nuevos, entonces sí me preocuparía-- es que durante trece días la Región
Militar esperó a que un señor que entró en una finca viera sus
posibilidades y este señor por desconocimiento legal, entiendo yo, se
consideró autorizado sin ningún contrato a roturar la finca. Esto es lo
que yo entiendo pero, por supuesto, este señor, según consta, no vuelve a
entrar después de estos trece días y no hay explotación alguna de la
finca.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Alegre Galilea.
El señor ALEGRE GALILEA: Señor Secretario de Estado, a mí, cómo no me va
a gustar la verdad y la realidad. De eso se trata y con esa intención
está formulada la pregunta, pero usted después de muchos circunloquios
viene a decirme dos cosas: primero, que no ha habido ningún concurso y,
segundo, que se ha labrado la finca y, ni más ni menos, que 600 fanegas,
como si eso se hiciera en 15 minutos.
Aquí están las fotografías de la finca de la base. Aquí está lo que dice
Defensa en los distintos días del escándalo: Defensa investigará las
irregularidades en la cesión de la finca en Agoncillo. El portavoz: No
autorizado el uso de la finca y no cuenta con el beneplácito del
Ministerio. Pero esa investigación en el periódico de unos días después
dice: Defensa da carpetazo a la investigación sobre la cesión de la finca
de Agoncillo. El Ministerio reconoce la irregularidad, pero rechaza
depurar responsabilidades. Y después anula la cesión de uso de la finca
de la base de Agoncillo.
En unos términos parecidos le han contestado ustedes al Senador Ignacio
Díez, que también se ha interesado, aunque por otros motivos, sobre el
tema. En la contestación que a él le dan, además de no aclarar los puntos
concretos que hay que dilucidar --que no ha habido un concurso, que se ha
dado a dedo-- apuntan una serie de aspectos que no dejan de ser curiosos.
Dice que es una política que en algunos casos sigue el Ministerio de
ceder esos aprovechamientos agrícolas, siempre que no interfieran en las
actividades militares a que están destinadas.
¿A usted le parece poca interferencia que cada mañana haya que abrirle
las puertas de acceso, yo no sé si hacer un chequeo al labrador que va
allí a labrar medio campo de la base aérea?
Dicen en su respuesta que también hacen las cesiones para evitar riesgos
de incendio. ¿Sabe usted qué circunda la base aérea de Agoncillo? El
Ebro; qué cosa mejor para que no haya incendios que tener el río al lado.
También dicen que autorizan el cultivo para favorecer la economía de la
zona. Resulta que el permiso para entrar a labrar la finca se lo dan a un
señor que vive a 40 kilómetros del lugar de los hechos. No se lo dan a
los habitantes del pueblo vecino, que en su día se les expropió los
terrenos para hacer la base; no. Se lo dan al Secretario de la Unión de
Pequeños Agricultores-UGT que vive a 50 kilómetros de Agoncillo.
Todas estas irregularidades no quedan, en absoluto, contestadas. Con
posterioridad hice una petición de información sobre la remisión de las
órdenes emanadas del Ministerio de Defensa, de Capitanía General, de la
base aérea y del Gobierno Militar de Logroño porque en todas estas
escalas, en todos estos sitios es donde se ha gestado el permiso, donde
se ha procedido a la anulación posterior y donde se han cometido, señor
Presidente, y lamento decírselo otra vez, una serie de auténticos
desaguisados. Esto, a mi juicio, es un desmán y ¡cómo no! una fechoría.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA DEFENSA (Flos Bassols): Insisto en
que es una lástima, señoría, que toque esta cuestión en estos términos.
En primer lugar, ahí no ha habido ningún permiso para labrar; por lo
tanto, no se ha dado nada a dedo. No se anula
la cesión porque no la hubo. Y, por último, no hay concurso porque el
Ejército de Tierra no lo considera procedente. No hay que darle más
vueltas, señoría; las cosas son así. No compliquemos lo que no es
complicado.
--PREVISIONES DEL MINISTERIO DE DEFENSA RESPECTO DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO
CUARTEL DE CABALLERIA, SITO EN LA CIUDAD DE VALENCIA. FORMULADA POR EL
SEÑOR GIL LAZARO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente
181/000953.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 6, del señor Gil Lázaro, que tiene
la palabra.
El señor GIL LAZARO: Los viejos acuartelamientos situados en el Paseo de
la Alameda de la ciudad de Valencia forman parte de la fisonomía
tradicional de nuestra ciudad y, por tanto, constituyen de alguna manera
un referencia importante de la identidad arquitectónica de la misma, lo
que implica, desde el punto de vista ciudadano, la necesidad de
reivindicar la permanencia de estas edificaciones, debidamente
acondicionadas y restauradas, una vez que el uso militar de las mismas
queda totalmente cerrado en virtud de los planes de reubicación de
acuartelamientos del ejército fuera de los cascos urbanos. Eso supone,
como es natural, la necesidad de instar un principio de negociación, de
diálogo, entre las administraciones implicadas a fin de poder alcanzar
ese objetivo deseable. Sin embargo, la indefinición sobre lo que el
Ministerio piensa hacer con el vejo Cuartel de Caballería comporta para
algunos sectores ciudadanos la duda acerca de si no se pretendería
realizar con ello una operación legítima, sin lugar a dudas, pero de
estricta finalidad inmobiliaria, que supondría privar a la ciudad de
poder continuar manteniendo el conjunto integral que estos cuarteles
forman con el entorno en el que tradicionalmente han estado ubicados y
que privaría a su vez a la ciudad de poder destinar estos edificios a
solventar la carencia de sedes de servicios públicos que tiene la
sociedad valenciana: por ejemplo, y sin ir más lejos, en lo que afecta al
gravísimo problema de la insuficiencia y dispersión de los locales
destinados al ejercicio de la Administración de Justicia.
Nosotros pensamos que este asunto tiene que comenzar a desbloquearse por
una pura razón práctica; entre otras cuestiones, porque mientras pasa el
tiempo sin abordarse un camino de solución satisfactoria, resulta que el
inmueble en cuestión está soportando un deterioro acelerado, producto de
su carácter centenario y del escaso volumen de inversión en obras de
mantenimiento allí destinados durante los últimos años.
En definitiva, al plantear hoy aquí esta cuestión queremos de alguna
forma continuar el hilo argumental, ya establecido en su momento y desde
hace años por las autoridades valencianas, en lo que se refería a la
necesidad de abordar una visión de conjunto, un acuerdo global acerca del
usos de los solares y de las instalaciones de los antiguos
acuartelamientos sitos en el interior de la ciudad. Hasta la fecha,
solamente se ha podido llegar a un acuerdo con el Ministerio de Defensa
en lo concerniente al antiguo cuartel de Aviación, situado en la Avenida
del Cid.
Por entender que en este caso debe primar sobre cualquier otra
consideración --insisto, legítima en cuanto a captación de ingresos por
parte del Ministerio-- el principio de colaboración entre las
administraciones a los efectos de poder mantener esos inmuebles, esas
edificaciones como parte del patrimonio de la ciudad, queremos saber
cuáles son las previsiones del Ministerio de Defensa respecto del
edificio del antiguo Cuartel de Caballería, sito en la ciudad de
Valencia, entendiendo, por lo que hemos podido leer en algún periódico
nacional del día de hoy, que ese proceso de diálogo, que parece ser que
se va a abrir con carácter inminente con el Ayuntamiento de Madrid,
precisamente en relación con cuestiones de índole semejante a las que
estamos planteando, también piensa el Ministerio instarlo con carácter
urgente en relación con otros municipios, y en concreto con el caso que
nos ocupa.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA DEFENSA (Flos Bassols): Le voy a
contestar a su pregunta, pero quizá también le interese conocer lo que ha
habido hasta ahora, así como un poco de historia.
El antiguo Cuartel de Caballería denominado también, por lo menos en el
ámbito militar, el Cuartel de San Juan de la Ribera Sur --porque también
hay un San Juan de la Ribera Norte que está separado de éste por una
simple calle-- es una infraestructura de dimensión importante (37.000
metros cuadrados), situado en una zona muy céntrica de Valencia,
concretamente en el Paseo de la Alameda, es un edificio de valor
histórico y está catalogado. Tanto el Cuartel de San Juan de la Ribera
Norte, como el de San Juan de la Ribera Sur, fueron desafectados en el
año 1989, aunque posteriormente el Cuartel Norte volvió a afectarse a
Defensa y actualmente está ocupado por varias unidades. La desafectación
encaja de lleno con la política de abandonar las instalaciones del centro
de las ciudades y obtener recursos para construir instalaciones nuevas en
su periferia.
La desafectación, en aquellos momentos (año 1989) fue consecuencia de los
planes del Ejército, aunque, al parecer, también existieron unos
contactos con el Ayuntamiento de Valencia para estudiar un amplio
convenio que afectaría a otras infraestructuras, a un número bastante
importante y con un número de metros también bastante importante, por lo
que sé. Sin embargo, esos contactos se desvanecieron y no hay constancia
escrita; al parecer hubo conversaciones, pero no relación escrita entre
ambas instituciones.
El Cuartel de San Juan de la Ribera Sur, con esos 37.000 metros cuadrados
de superficie a que aludía anteriormente, procede de la compra de 30.000
metros , más la expropiación de otros 7.000 metros; en estos momentos
está ocupado por varias unidades, cuya lectura omito. Al hacerse pública,
en aquellos momentos, la desafectación
de San Juan de la Ribera Sur, los antiguos propietarios expropiados
iniciaron la tramitación del expediente de reversión y se llegó a un
acuerdo satisfactorio para ambas partes (Gerencia de Infraestructura de
la Defensa y propietarios afectados). Sin embargo, cuando las
negociaciones con los reversionistas ya prácticamente estaban acabadas,
el Ayuntamiento y el propio Ministerio de Justicia señalaron su interés
en que los juzgados se trasladaran a esas instalaciones; en ese momento
se paró el tema y se empezó a estudiar un salida que satisfaciera a todas
las partes. En principio, se llegó a una conclusión, y era que podrían
cursarse tres parcelas, a efectos de aprovechamiento, que serían: una, la
de los reversionistas, que como digo, tenía 7.000 metros cuadrados de
suelo con un determinado aprovechamiento; otra parcela para los juzgados,
que vendría a tener, en términos de suelo, 20.000 metros cuadrados y
24.000 metros cuadrados de edificabilidad; y una tercera de 10.000 metros
cuadrados de suelo y 17.500 metros cuadrados edificables para Defensa.
Con esta edificabilidad, o con su equivalente económico, el Ministerio de
Defensa quedaría compensado de la cesión de todo el terreno de los
Juzgados, que era muy importante, y al mismo tiempo podría hacer frente
al coste del traslado de las unidades, que en pesetas del año 1990 se
estimaba en 375 millones.
Hubo acuerdo en este punto entre el Ayuntamiento, el Ministerio de
Defensa y los propietarios reversionistas, pero cuando se fue a la
Consejería de Ordenación Territorial de la Generalidad Valenciana ésta
rebajó el aprovechamiento de Defensa muy por debajo de lo que se había
previsto; le daba sólo 7.500 metros edificables, con lo que Defensa no
sólo no cubría la compensación por la cesión de los terrenos y la
edificabilidad de los Juzgados, sino que tampoco cubría el coste del
traslado. Por esta razón, el proyecto decayó, fue abandonado y lo que
siguió adelante fue el proceso de reversión de aquellos 7.000 metros que
fueron expropiados en su día. En el momento actual no hay ningún proyecto
concreto de firma de ningún convenio con el Ayuntamiento; al parecer, la
relación de este aspecto está muy parada. Lo que sí debo decirle es que
en estos momentos la puesta en marcha del Plan Norte aconseja tener una
cierta prudencia en las decisiones, porque el Plan Norte contempla la
creación o el traslado de nuevas unidades a Valencia, una de las cuales
sería la del Cuartel General de la fuerza de maniobra que probablemente
tendría una buena ubicación en estas instalaciones; este Cuartel general,
más algunas unidades del mismo tipo, nada de unidades que comparten la
presencia de vehículos pesados ni nada que se parezca.
Por lo tanto, ésta es la situación actual, unas conversaciones que están
paradas, unos reversionistas que han obtenido aquellas parcelas, un Plan
Norte que nos dice: atención, porque es posible que necesitemos ubicar
ahí el Cuartel general de la fuerza de maniobra, y lo que sí es muy
importante desde el punto de vista urbanístico valenciano es que la
infraestructura está, por lo que veo, totalmente protegida como
patrimonio, puesto que está catalogada al nivel más alto.
Esto es todo lo que sé sobre el tema.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LAZARO: Yo quiero agradecer al señor Secretario de Estado la
claridad con la que ha planteado la información que le veníamos
requiriendo, porque de la misma, y eso desde luego es condición notable,
podemos extraer algunas conclusiones. En primer lugar, que una
negociación difícil en su momento, por ser una negociación a tres bandas
y que tenía necesariamente que conjugar los legítimos derechos e
intereses de todas las partes, pudo dar un resultado feliz satisfactorio
para los particulares implicados, satisfactorio para la ciudad, a través
de las pretensiones de la Administración local, y satisfactorio, como es
natural también, para el propio Ministerio de Defensa, y, sin embargo,
por lo que se deduce de las palabras del señor Secretario de Estado, la
posibilidad de ser efectiva quedó bloqueada en virtud de un acuerdo o de
una resolución de la Consellería de Obras Públicas en este caso,
rebajando quizás un poco caprichosamente los volúmenes de edificabilidad
que se había establecido en el acuerdo inicial entre las partes.
En segundo lugar, nos permite reafirmarnos en el tono --siempre
absolutamente constructivo de nuestra intervención-- de las cuestiones
que planteábamos en nuestra introducción, es decir, en la situación un
tanto de indefinición que en este momento afecta a lo que puede ser la
resolución final de este problema. A mí esa expresión «contactos
desvanecidos», que yo agradezco, me preocupa porque creo que en este
momento, precisamente la importancia de estos inmuebles --probablemente
para todas las partes implicadas, sin lugar a dudas por el interés para
el Ministerio de Defensa y por el interés para la ciudad--, repito, la
importancia de esos inmuebles, desde un punto de vista práctico en cuanto
a usos concretos que se le pueden dar y también en razón de una identidad
patrimonial como he señalado en la introducción, aconsejaría que lo más
rápidamente posible se pudiera establecer un criterio final sobre lo que
se va a hacer con esos inmuebles, bien para un uso militar exclusivo, si
es que ésas son las necesidades operativas correspondientes, o bien para
la reapertura de aquel proceso de conversaciones que, insistimos, por lo
que podemos saber estuvieron a punto de dar un resultado satisfactorio, y
que sólo, si se me permite el tono coloquial, la intervención, necesaria
pero en este caso un tanto espontánea final, de la Consellería de Obras
Públicas impidió que pudiera concluirse.
En todo caso, nosotros queremos insistir, señor Secretario de Estado,
agradeciéndole la claridad con la que se ha expresado, en la urgencia de
poder sentarse a dialogar todas las partes para saber exactamente qué es
lo que se va a hacer con esos inmuebles, cuándo y cómo se va a hacer, y
desde luego también reafirmamos la consideración que ya hemos planteado y
que es el origen de esta cuestión, esto es, que esos cuarteles,
conjugando desde luego el uso necesario que de ellos tenga que hacer, si
es que es el caso, el propio Ministerio de Defensa, esos cuarteles forman
parte de la identidad de la ciudad, forman parte de su patrimonio
histórico y de su patrimonio arquitectónico. En todo caso, lo que no
tendría ningún sentido es que esos cuarteles, esos
inmuebles pasaran simplemente a ser producto de una operación de
naturaleza inmobiliaria que terminara haciendo recaer sobre ellos la
piqueta y, por tanto, que se perdieran para el patrimonio de la ciudad.
Seguiremos hablando de este asunto. Agradezco nuevamente la claridad con
la que se ha pronunciado el señor Secretario de Estado y simplemente
deseo urgirle para que estos contactos desvanecidos o para que esta
indefinición sobre lo que va a ser el sentido de la solución final puedan
cuanto antes entrar en otros derroteros.
El señor PRESIDENTE: El señor Secretario de Estado tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA DEFENSA (Flos Bassols): Solamente me
resta decirle, señoría, que aunque tenemos una cierta incógnita debido a
lo que es el Plan Norte, estamos muy dispuestos a iniciar cualquier tipo
de conversación sobre este asunto. Por lo tanto, cualquier ayuda en este
sentido es buena.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Secretario de Estado.
Se levanta la sesión.
Eran las siete y diez minutos de la tarde.