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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 328, de 20/10/1994
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1994 V Legislatura Núm. 328
REGIMEN DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
PRESIDENTE: DON FRANCISCO GILET GIRART
Sesión núm. 11
celebrada el jueves, 20 de octubre de 1994
ORDEN DEL DIA:
Proposición no de ley sobre elaboración de una norma que cumpla con el
mandato de los artículos 103.3 y 149.1.18 de la Constitución,
garantizando la posibilidad de desarrollar diferentes políticas en
materia de personal en las Administraciones Públicas y derogando la
actual legislación básica en materia de función pública. Presentada por
el Grupo Parlamentario Vasco-PNV. (BOCG, serie D, número 117, de 27-6-94.
Número de expediente 161/000238) (Página 10066)
Proposición de Ley por la que se modifica el artículo 70.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán-Convergència i Unió. (BOCG,
serie B, número 37-1, de 22-10-93. Número de expediente 122/000028)
(Página 10070)
Comparecencia del señor Secretario de Estado para la Administración
Pública (Méndez Martínez), para informar:
--Sobre las líneas generales que va a desarrollar en la Secretaría de
Estado y los principales cambios que va a introducir con respecto a la
actuación de su predecesor. A solicitud del Grupo Parlamentario Federal
IU-IC. (Número de expediente 212/000864) (Página 10074)
--Sobre los datos y cifras en que se apoyan sus declaraciones sobre el
rendimiento y comportamiento de los funcionarios, publicadas en la prensa
el día 4 de agosto de 1994, así como para determinar el alcance de sus
palabras relativas a la bondad de que «tengamos una Administración
ideologizada» y de que «las Administraciones no deben ser neutrales». A
solicitud del Grupo Parlamentario Popular. (Número de expediente
212/000930) (Página 10087)
Se abre la sesión a las cuatro y treinta y cinco minutos de la tarde.
El señor PRESIDENTE: Buenas tardes. Se inicia la sesión de la Comisión de
Régimen de las Administraciones Públicas para tratar el orden del día
señalado en la convocatoria.
--PROPOSICION NO DE LEY SOBRE ELABORACION DE UNA NORMA QUE CUMPLA CON EL
MANDATO DE LOS ARTICULOS 103.3 Y 149.1.18 DE LA CONSTITUCION,
GARANTIZANDO LA POSIBILIDAD DE DESARROLLAR DIFERENTES POLITICAS EN
MATERIA DE PERSONAL EN LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y DEROGANDO LA
ACTUAL LEGISLACION BASICA EN MATERIA DE FUNCION PUBLICA. PRESENTADA POR
EL GRUPO VASCO (PNV). (Número de expediente 161/000238.)
El señor PRESIDENTE: Primer punto: Proposición no de ley sobre
elaboración de una norma que cumpla con el mandato de los artículos 103.3
y 149.1.18 de la Constitución, de la cual es autor el Grupo Vasco (PNV).
A dicha proposición no de ley se ha presentado por el Grupo autor una
enmienda que entendemos puede ser defendida conjuntamente con el texto de
la misma proposición. Consecuentemente, para defender la proposición no
de ley, por parte del Grupo autor, tiene la palabra el señor
Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA I BASTIDA: Hemos presentado la presente
proposición no de ley con una finalidad: que el Gobierno proceda a la
elaboración de un Estatuto general de la Función Pública. Es lo que, en
definitiva, queremos obtener de la iniciativa no de ley que en el día de
hoy defendemos en la Cámara.
Señor Presidente, el artículo 149.1.18 de la Constitución atribuye al
Estado como competencia las bases del régimen jurídico de las
administraciones públicas y del régimen estatutario de los funcionarios.
Asimismo, el Tribunal Constitucional, en diversas sentencias, por
ejemplo, la 24/1983 y la 117/1984, entiende incluidas en esa limitación
de bases estatutarias de la Función Pública a las administraciones
locales, municipios y diputaciones.
En estos momentos, de la lectura del texto constitucional se pueden
sintetizar las siguientes características apoyadas por la doctrina del
Tribunal Constitucional en esta materia:
En primer lugar, la Constitución ha optado a favor de un régimen
estatutario. En segundo lugar, el alcance de este régimen estatutario, en
cuanto título competencial reservado al Estado y conectado con la reserva
de ley del artículo 103.3, ha sido igualmente delimitado por la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Este Alto Tribunal reconoció
también la doble competencia atribuida al Estado por el 149.1.8,
consistente en regular los aspectos básicos de la situación de los
funcionarios y los aspectos esenciales de la organización de la
burocracia administrativa.
En tercer lugar, la interrogante se plantea acerca de lo que hay que
entender comprendido en la expresión «régimen estatutario», ya que la
Constitución reserva al Estado la facultad de editar las bases sobre el
régimen estatutario de estos funcionarios. Las dificultades estriban,
pues, en determinar hasta dónde alcanza la facultad de editar las bases,
pues depende de hasta qué punto se extiendan para que el campo de
actuación de una administración de comunidad autónoma respectiva sea
mayor o menor en función del alcance de las bases aprobadas por esta
Cámara.
Actualmente, el marco normativo básico ya está aprobado. No obstante,
tiene un carácter provisional, pues el marco definitivo se encuentra
pendiente de un desarrollo directo y completo del artículo 103.3 de la
Constitución, esto es, la elaboración de un Estatuto de la Función
Pública.
Mientras tanto, las comunidades autónomas han desarrollado, se presume
que con carácter provisional, las normas básicas que, por medio de sus
respectivas leyes de parlamentos autonómicos, han ido aprobando.
En conclusión, tenemos un marco normativo formado por un conglomerado de
normas que, de forma no exhaustiva, en resumen, son las siguientes. En
primer lugar, los preceptos vigentes de la Ley de Funcionarios Civiles
del Estado de 1964, en la medida en que están vigentes y se infiere de
ellos, según la doctrina del Tribunal Contitucional, el carácter básico
al tratarse de legislación preconstitucional.
En segundo lugar, la Ley 30/1984, de Medidas para la reforma de la
Función Pública; la Ley 23/1988, de Modificación de la Ley de Medidas; la
Ley 22/1993, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales de Reforma de
Régimen Jurídico de la Función Pública y de la Protección por Desempleo
y, a su vez, diferentes modificaciones, parciales o puntuales, efectuadas
por diversas leyes de Presupuestos a lo largo de los últimos años.
En el ámbito local, señor Presidente, habría que añadir, además, la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, así como
el texto refundido que desarrolla la Ley 7/1985 en materia de legislación
de Régimen Local. Por ello, en el ámbito de los sectores docente,
sanitario y de policía, existe además una normativa específica. Por lo
tanto, nos encontramos con una diversidad jurídico-básica muy dispersa.
De todo este laberinto de normas surgen las bases sobre la materia.
Parece lógico, pues, defender una mayor claridad en esta confusión
legislativa en cuanto a lo que se refiere a las bases en materia de
función pública, debido a que toda la dispersión existente dificulta el
conocimiento de la aplicación del marco jurídico correspondiente en cada
momento en los respectivos ámbitos territoriales.
He indicado, señor Presidente, las normas básicas que han ido aprobándose
a lo largo de estos últimos años. Esta regulación de los aspectos básicos
ha sido muy de detalle, lo que ha producido un cierto encorsetamiento en
las políticas de desarrollo autonómico por parte de las comunidades
autónomas, unas veces producido por la configuración de un modelo estatal
y otras veces por la extensión de la modificación que, partiendo de lo
básico, llega a cotas de gran concreción reglamentista, haciendo todo
ello francamente difícil, por no decir imposible, apartarse del modelo
matriz e impidiendo el desarrollo de políticas propias iniciadas en el
resto de las administraciones públicas.
La propia regulación reglamentaria de la Administración del Estado
implica aún más a las comunidades autónomas, ya que su ámbito de
aplicación se extiende a éstas como norma general, en la visión estatal
de que el modelo global, básico y no básico, es uniforme y único.
Este contenido tan detallista de lo básico y de lo no básico condiciona
el desenvolvimiento de las políticas de personal de las administraciones
públicas y no deja lugar a alternativas de gestión, convirtiendo la
ordenación y gestión de los recursos humanos en una mera aplicación
reglamentaria.
La situación actual viene, pues, marcada por una evidente dispersión
normativa, una falta de sistemática en la regulación y un complejo de
normas provisionales que muchas veces aparecen solapadas. Quizá por ello
sea el momento político oportuno para que, a través de una regulación
mínima, clara y no exhaustiva, se apueste por un Estatuto general de la
Función Pública, que en un solo texto ponga un poco de orden a la maraña
normativa existente, de cara a no cercenar las competencias de las
diferentes comunidades autónomas y permitir que éstas puedan desarrollar
políticas propias en materia de personal al servicio de las
administraciones públicas.
El proceso de adaptación de la Administración del Estado a un nuevo
diseño del entramado del mismo viene caracterizado, en gran parte, por su
descentralización. El actual modelo y marco de la función pública es
demasiado rígido para las necesidades de una administración desarrollada,
siendo incompatible con el nuevo tipo de administración que se quiere.
Así, están produciéndose disfunciones y desajustes legales en las
diferentes administraciones públicas, en la central, en la autonómica, en
la local, en materia de aplicación del régimen de atribuciones, relativo
al complemento específico, incluyéndose en este complemento específico
materias retributivas que no tienen posibilidad de incardinarse en lo que
es el contenido, el alcance y la naturaleza del concepto denominado
complemento específico. La convocatoria de la oferta de empleo anual, con
todas las vacantes existentes, que ha sido también incumplida por todas
las administraciones públicas, la Central, las autonómicas y las locales,
ahora ya modificada con la Ley 22/1993, en la medida en que no existe esa
obligatoriedad.
Parece, pues, razonable la necesidad de que la puesta en marcha de un
nuevo modelo de función pública precisa de un cambio de marco jurídico.
El entramado básico para el futuro de la función pública debe partir de
la necesidad de que todo su personal se rija por una estructura básica
uniforme. La concreta determinación o regulación de las materias y de su
alcance básico habrá de establecerse, combinando las necesidades de un
contenido básico igual para todos los sectores, dejando la política
organizativa y de personal a cada administración pública; en concreto,
todo aquello que afecte a la autoorganización no puede ser regulado con
carácter básico.
En aras a posibilitar el desarrollo de la capacidad de cada comunidad
autónoma para definir su propio modelo de función pública, sus
especificidades por sectores, bien sea el docente, el sanatorio, el
policial o el personal de justicia, con mecanismos de coordinación y
cooperación entre las distintas administraciones públicas, señor
Presidente --y voy terminando--, entendemos que este sistema
proporcionaría la suficiente flexibilidad en la organización de cada
administración como para mantener la regulación propia de una
administración en los términos actuales y la misma flexibilidad para
modificar la legislación propia, adaptándola a las necesidades o
criterios propios de actuación, permitiendo que el ritmo de las
modificaciones lo marque cada administración pública en función de las
necesidades que tiene a la hora de gestionar los diferentes servicios
públicos, e incluso permitiendo que el ritmo de la regulación de sectores
olvidados hoy por la Administración del Estado sea adecuado a sus
necesidades normativas, sin trabas.
Nos consta a este Grupo Parlamentario --y así lo hizo saber el señor
Ministro para las Administraciones Públicas la semana pasada-- que el
Ministerio está trabajando en estos momentos con unos documentos que son
el fruto del trabajo realizado entre comunidades autónomas, Ministerio y
catedráticos de universidad. Nos parece que se está haciendo un trabajo
interadministrativo interesante, que se está llegando a principios de
acuerdo en lo que deberían ser las normas básicas en materias de función
pública. Tenemos una información más o menos directa de cómo van
avanzando los trabajos y, por ello, lo que nuestro Grupo Parlamentario
pretende, en definitiva, en la parte resolutiva de la proposición no de
ley, es instar al Gobierno a la elaboración de un Estatuto general de la
Función Pública.
Señor Presidente, debo indicarle en este momento que nosotros teníamos
una enmienda muy puntual a la proposición no de ley, fijando un plazo.
Portavoces de los diferentes grupos parlamentarios, fundamentalmente el
del Grupo Socialista, me han planteado que podíamos llegar a un acuerdo
sobre la proposición no de ley. Tengo aquí el texto sobre el que existe
un principio de acuerdo, que voy a pasar a la Mesa para que usted proceda
a su lectura y, en su caso, la someta a votación, si los demás grupos
parlamentarios están de acuerdo.
El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Gatzagaetxebarría, entiendo que S. S.
presenta una enmienda a la enmienda de su proposición no de ley.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Señor Presidente, si quiere darle esa
articulación reglamentaria, perfectamente. No sé si es el camino acertado
y viable para que pueda instrumentarse el acuerdo entre los grupos
políticos o sería cualquier otro grupo parlamentario el que lo debiera
plantear. Me es indiferente, señor Presidente, con tal de que lleguemos a
un acuerdo sobre el fondo del asunto, que es lo verdaderamente
importante, y no el camino formal para llegar a la solución adecuada.
El señor PRESIDENTE: Esta presidencia rogaría que le hiciesen llegar el
texto de la enmienda que se propone, bien por parte enmandante, bien por
parte del grupo proponente. (El señor Núñez Pérez pide la palabra.)
Sí, señor Núñez.
El señor NUÑEZ PEREZ: Gracias, Presidente. Una cuestión de orden.
Yo rogaría que, como a los grupos nos queda el turno de fijación de
posición, para que la de mi Grupo tenga en cuenta también el contenido de
la enmienda, fuese leída antes de que los grupos fijaran sus posiciones.
El señor PRESIDENTE: Entiendo que debe procederse, por parte de esta
Presidencia, a la lectura del texto aportado en este momento, pero yo
rogaría al señor Gatzagaetxebarría que, si fuese tan amable, combinándolo
con la proposición no de ley y la enmienda, procediese a su lectura él
mismo, porque esta Presidencia no entiende dónde debe incorporar este
texto.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Señor Presidente, la proposición no
de ley diría: «El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en
la prevista elaboración del Estatuto de la Función Pública, se garantice
la posibilidad de desarrollar diferentes políticas en materia de personal
para las administraciones públicas, en cumplimiento de los artículos
103.3. y 149.1.18 de la Constitución.
Así es como quedaría la parte resolutiva de la proposición de ley.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gatzagaetxebarría.
Dando por descontado que los diferentes grupos han tomado nota del
contenido de lo que se va a proceder a votar, ¿grupos que deseen fijar
posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Núñez.
El señor NUÑEZ PEREZ: Señor Presidente, señorías, he oído con mucha
atención al señor Gatzagaetxebarría y tengo que decirle que esta música
me suena. Me suena mucho porque hace mucho tiempo que nuestro Grupo está
solicitando el Estatuto de la Función Pública, y no tengo más remedio que
subrayar que la proposición no de ley supone una severa crítica sobre el
incumplimiento por parte de los gobiernos del Partido Socialista del
mandato del artículo 103.3 de la Constitución. Por tanto, bienvenida sea
esta proposición no de ley, y sobre todo porque es muy optimista y prevé
que --esta vez, sí-- el Gobierno va a enviarnos el Estatuto de la Función
Pública. En fin, todos podemos tener una tarde optimista, y yo comparto
con el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (PNV) este optimismo. Pero
es que son tantas las veces que a lo largo y ancho de estos doce años
hemos solicitado el estatuto, que estamos más que legitimados para decir
ahora que esta proposición no de ley hubiera sido innecesaria si
pudiéramos contar ya con esa legislación básica. Este vacío normativo,
esta laguna conlleva la imposibilidad de enmarcar adecuadamente el ámbito
de actuación de las comunidades autónomas en la legislación en materia de
función pública; en eso estamos completamente de acuerdo, señor Diputado.
A estas alturas, después de quince años de vigencia constitucional
--quince años--, las comunidades autónomas deberían saber a qué atenerse,
partiendo del desarrollo por el Estado de lo previsto en el artículo
149.1.18 de la Constitución, las bases del régimen estatutario de los
funcionarios de las administraciones públicas, que en todo caso
garantizarán a los administrados un tratamiento común entre ellas. Es
evidente --y así lo citaba el portavoz del Grupo Vasco (PNV)-- que la Ley
30/1984 o la Ley 23/1988 o la Ley 22/1993, la famosa Ley de
acompañamiento de los Presupuestos Generales vigentes, y otros tantos
retazos que figuran en otros tantos Presupuestos Generales del Estado, ni
tenían esa pretensión de la proposición no de ley ni dieron solución al
problema. A lo sumo, se hizo de manera parcial, descoordinada y
deficiente, y produjo todavía mayor confusión en la legislación por la
que se rige tanto la Administración General del Estado como las
comunidades autónomas. La falta de un Estatuto de la Función Pública hace
que cada ley relativa a la misma, incompatibilidades, órganos de
representación, participación, negociación, etcétera, hayan de establecer
las normas que tienen carácter básico a tenor del artículo 149.1.18, con
excesivas zonas fronterizas sujetas a polémica. Un debate profundo y un
estatuto fruto del mayor consenso, concretando las normas de carácter
básico a este respecto, terminaría con el conflicto y, en ese sentido,
nuestro apoyo a la proposición no de ley tendría que ser inevitable. De
paso, quedarían despejadas algunas incongruencias actuales, como las que
se producen anualmente
con la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado en lo
relativo a gastos de personal.
No deja de ser llamativo a este respecto el encabezamiento dado por
primera vez al artículo primero del Título tercero de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 1995. El artículo dieciocho del
proyecto se encabeza así: «Bases y coordinación de la planificación
general de la actividad económica en materia de gastos de personal al
servicio del sector público.» Tan extraño enunciado no tiene otro objeto
que someter a la disciplina del esquema del incremento de retribuciones
de la Ley de Presupuestos Generales del Estado a las comunidades
autónomas y corporaciones locales, en base precisamente al artículo
149.1.18 de la Constitución.
Concluir que los incrementos retributivos forman parte de las bases y
coordinación de la planificación general de la actividad económica
parece, cuando menos, exagerado. Pero este tema lo debatiremos al
defender la inevitable enmienda que en este punto el Grupo Parlamentario
Popular presentará a los Presupuestos, así que no voy a adelantar
acontecimientos. (Risas.)
En definitiva, si contáramos con el Estatuto de la Función Pública
tendríamos claramente definidas las bases del régimen jurídico de los
funcionarios de todas las administraciones públicas y, por tanto, el
marco de desarrollo normativo propio de las comunidades autónomas.
En base a todo ello difícilmente nos podíamos oponer a la proposición no
de ley del PNV. Coincide en lo principal con la demanda del Partido
Popular solicitando el Estatuto de la Función Pública. Aquí hay
compañeros a los que les tengo los oídos cansados, y supongo que el alma
también, solicitando este Estatuto. También estamos cansados nosotros de
recibir la callada por respuesta, cuando no descalificaciones que forman
parte de lo más divertido de los «Diarios de Sesiones».
Tiempo habrá en el debate del estatuto, repito, para fijar la posición
del PP en cuanto al contenido de las bases del régimen de funcionarios,
así como el campo normativo a desarrollar por las comunidades autónomas.
Como recordarán SS. SS., y ya termino, señor Presidente, señorías, el
artículo 149 de la Constitución contiene una gran variedad terminológica
cuando se refiere a las competencias compartidas. En unos casos habla de
coordinación, en otros habla de bases de la ordenación, en otros de
normas básicas y en otros, como es el caso que nos ocupa, de legislación
básica. Quede bien claro que para nosotros esta expresión, legislación
básica, se resume en la posibilidad de que el Estado establezca los
principios fundamentales que deberán observar las comunidades autónomas
en la regulación de las materias correspondientes. Dicho en otros
términos, el marco en que éstas podrán desenvolverse.
Por todo lo dicho, votaremos favorablemente la proposición no de ley,
sobre todo después de la matización que a través de la enmienda ha fijado
como texto definitivo el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (PNV).
Teníamos el deseo de que se pudiera matizar en el texto que, en relación
con su objetivo de garantizar la posibilidad de desarrollar diferentes
políticas en materia de personal, debiera hacerse sin detrimento de la
necesaria colaboración y coordinación entre las diferentes
administraciones públicas, del acceso a la función pública de acuerdo con
los principios de mérito y capacidad, lo cual se subraya al citar los
artículos correspondientes de la Constitución en dicha enmienda, y del
derecho a acceder, en condiciones de igualdad, a las funciones y cargos
públicos con los requisitos que señalen las leyes.
Para finalizar, no estaría de más, pero tampoco voy a pedir lo perfecto,
que la proposición incluyera una referencia al artículo 150.3 de la
Constitución Española, aunque este precepto no les gusta demasiado a los
partidos nacionalistas, pero para algo y por algo está en la
Constitución.
Indudablemente, y sin esta referencia, nuestro Grupo cree que en materia
de la función pública la armonización ha de ser necesaria, ha de ser un
elemento de eficacia y, repito, con la redacción actual de la proposición
no de ley no tenemos ningún reparo en votarla favorablemente.
Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor
Varela.
El señor VARELA FLORES: Evidentemente, se produce un cambio sustancial
con respecto a la proposición no de ley planteada, y la enmienda que
introduce el propio Grupo Parlamentario del Partido Nacionalista Vasco.
En su propuesta inicial se pedía nada menos que la derogación de la
actual legislación básica en materia de función pública, sin especificar
qué tipo de norma es la que colisiona con los principios que son
recogidos en los artículos 103.3 y 149.1.18 de la Constitución. Por
tanto, nos parecía excesiva la amplitud que se le quería dar. Había una
descalificación implícita, o podíamos pensar que la había, a toda la
legislación post-constitucional elaborada a través de iniciativas del
Gobierno Socialista y que se recogen en las leyes 30/1984, 23/1988,
22/1993, 53/1984, 9/1987, 17/1993 y 7/1990, algunas de ellas mencionadas
por quienes me precedieron en el uso de la palabra.
No compartimos, por tanto, la valoración que se hace ni la valoración que
acaba de hacer el señor Núñez, valoración a la que ya nos tiene muy
acostumbrados. Muchas veces tenemos debatido, sobre todo con ocasión de
la defensa del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado,
sobre la existencia o no de un Estatuto de Función Pública.
En esa materia también tenemos que discrepar con el Grupo proponente, ya
que si el Tribunal Constitucional recoge que es necesario el desarrollo
de un régimen estatutario de función pública --así lo recogen los
artículos mencionados de la Constitución--, ello no quiere decir que por
la no existencia de un texto legal en donde esté recogida y ubicada toda
la normativa en materia de función pública no exista un régimen
estatutario, que significa, si no me equivoco, lo contrario de régimen
laboral, que es el que se utiliza para otro tipo de empleados públicos.
Por tanto, si tenemos en cuenta el contenido de las disposiciones
vigentes y no el continente, es decir, no la existencia de una norma que
reciba el nombre de Estatuto de la
Función Pública y en donde se recojan los aspectos que conciernen a los
funcionarios, si tenemos en cuenta el contenido de las normas que acabo
de citar, podemos concluir que existe efectivamente hoy un Estatuto de la
Función Pública disperso en distintas leyes, pero que no por ello puedan
dar lugar a un vacío legal.
Yo creo que mantuve por lo menos media docena de debates en este sentido
con algunos de los que me han precedido, concretamente con el señor
Núñez, que siempre ha insistido en la elaboración de ese texto. Me parece
que, desde luego, puede ser muy loable para que quienes se manejan con
este tipo de normativa, bien los funcionarios públicos, los responsables
de las distintas administraciones, o también los abogados, que plantean
recursos y defensas de funcionarios públicos ante el Tribunal
Contencioso-Administrativo, les puede ser muy positivo para su propia
comunidad el manejo de un solo cuerpo legal, pero no quiere decir que
exista, desde luego, ningún tipo de vacío normativo.
Nos parece aceptable la propuesta de enmienda a su propia iniciativa por
parte del Grupo Nacionalista Vasco. Nosotros la vamos a apoyar. En ella
se reconoce ya que se ha acometido un estudio de los diversos aspectos de
la función pública, que dará lugar a un nuevo marco jurídico y que uno de
los temas de estudio precisamente es el análisis de las diferentes
administraciones públicas y la delimitación de las materias que debieran
de ser objeto de regulación básica, su grado de intensidad y desarrollo,
partiendo de la base de posibilitar el desarrollo de la capacidad de cada
administración pública para que definan sus propios modelos de función
pública, dentro de un sistema integrado, global y equilibrado que opere
como normativa básica.
Los trabajos se encuentran en avanzado estado de elaboración y son
compartidos por las comunidades autónomas, algo que se ha olvidado aquí,
a través de la Comisión de Coordinación de la Función Pública. Están a
punto de concluir esos estudios y supongo que parte de las conclusiones
de los mismos serán recogidas en ese ya avanzado Estatuto de la Función
Pública, y también recogida su elaboración en los acuerdos a que llegaron
administración y sindicato, como nos hicieron saber tanto el Secretario
de Estado para las Administraciones Públicas como el señor Ministro, en
su comparecencia de la semana pasada, y seguramente tendremos ocasión de
profundizar en esta misma sesión con la nueva comparecencia del
Secretario de Estado.
Quisiera decir, para acabar, que si por las intervenciones anteriores se
deduce que no se cumplen los mencionados artículos de la Constitución en
el desarrollo de la legislación básica, tengo yo que decir que sí que se
cumplen. Si se pretendía insinuar que se impide desarrollar diferentes
políticas en materia de personal a las distintas administraciones
públicas, tengo que decir que no se impide, y conozco ejemplos muy claros
de que ello es así. Hay comunidades autónomas --yo conozco muy bien la
gallega-- en donde en estos momentos se está debatiendo precisamente una
reforma de su función pública, en la que en 1988 también tuvo lugar un
debate sobre la función pública que dio lugar a la elaboración de sus
propias normas para los funcionarios de la comunidad.
Por lo tanto, no creo que se impida, no creo que haya ningún tipo de
colisión ni de incumplimiento de los mandatos constitucionales y lo que
sí creo que debemos de celebrar todos es que nos hayamos puesto de
acuerdo en que muchos de los elementos a desarrollar puedan hacerse a
través de una normativa básica, que tendrá que definir cuáles son y con
qué intensidad se aplican las capacidades para la posibilidad de
desarrollo, por parte de las comunidades autónomas, de su propia
legislación en materia de función pública.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación.
En primer lugar, solicitaría que me indicaran las sustituciones que
puedan haberse producido o que se produzcan en esta Comisión. (Los
señores portavoces dan cuenta a la Mesa de las sustituciones de distintos
miembros de la Comisión.)
Vamos, pues, a proceder a la votación de la proposición no de ley
señalada en el punto primero del orden del día.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
--PROPOSICION DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA EL ARTICULO 70.2 DE LA LEY
7/1985, DE 2 DE ABRIL, REGULADORA DE LAS BASES DEL REGIMEN LOCAL.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGENCIA I UNIO).
(Número de expediente 122/000028.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto segundo, debate de la proposición
de ley por la que se modifica el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. El grupo proponente es
el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A dicha proposición de ley se han presentado diferentes enmiendas, que
afectan tanto a la exposición de motivos como al artículo único y a la
disposición final. Habiendo comentado con los diferentes portavoces el
régimen de intervenciones, se agruparán en una sola defensa de enmiendas
y fijación de posición ante la proposición de ley. Consecuentemente,
¿grupos que desean intervenir, de menor a mayor? (Pausa.)
Por parte del Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor
Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Comienzo fijando la posición respecto
a la proposición de ley planteada por el Grupo Catalán (Convergència i
Unió), en la medida en que nuestro Grupo manifestaba la sintonía con la
finalidad que pretendía la proposición de ley de modificación
del artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. No obstante, ya
decíamos que podía haber pequeñas disfunciones que se originaban por el
texto presentado. Ello dio lugar a un debate muy acalorado entre el Grupo
Parlamentario Popular, Izquierda Unida y el Grupo Catalán. Yo creo que
todos estamos de acuerdo en que lo que es la parte que constituye el
Derecho urbanístico, «stricto sensu» o propiamente dicho, tiene que ser
objeto de publicación en los diarios oficiales, en la medida en que si
eso no se produce no entra a formar parte del Derecho positivo, puesto
que ninguna norma, bien con rango legal o reglamentario, que no haya sido
publicada en un diario oficial no pasa a formar parte íntegra del
ordenamiento jurídico.
Por lo tanto, dejando clara esa premisa, las pequeñas diferencias que
podía haber de si se tiene que publicar o no la parte técnica de los
instrumentos de ordenación urbanística, en sus diferentes versiones,
también está solucionado en la medida en que el Tribunal Supremo ha
reconocido que no era obligatoria esta publicación.
Por ello, nuestro Grupo Parlamentario tenía una enmienda muy puntual, en
la que lo que se establecía era que lo que no va a ser preceptivo es la
publicación de la parte técnica o documentación gráfica de los planes y
normas urbanísticos citados.
También hemos visto que hay enmiendas de otros grupos parlamentarios que
pretenden dar una redacción íntegra al artículo 70.2. Siempre que quede
garantizado el que la parte normativa de los instrumentos de ordenación
urbanística y de los instrumentos de ordenación territorial va a quedar
publicada en los diarios oficiales, para su integración en el
ordenamiento jurídico positivo, nuestro Grupo Parlamentario está en
disposición de apoyar las mismas, siempre que se garantice de alguna
manera el que las administraciones públicas pondrán a disposición de los
ciudadanos los instrumentos de planeamiento para que puedan ser
consultados y analizados por quien tenga la condición de interesado al
respecto.
Por ello, nuestro Grupo Parlamentario está dispuesto a aceptar una de las
enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, que en este momento no
recuerdo el número, pero que es la que hace referencia a la parte
normativa del artículo 70.2.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: ¿Es la número 8, verdad? (Asentimiento.)
Por parte de Izquierda Unida-Iniciativa Cataluña no hay ningún
representante, por lo que damos la palabra a la representante del Grupo
Parlamentario Popular señora Martínez.
La señora MARTINEZ SAIZ: Señorías, no vamos a repetir aquí nuestra
posición con respecto a la propuesta de Convergència i Unió; lo hicimos
en repetidas ocasiones en el Pleno de la Cámara, y seguimos manteniendo
lo que entonces expresamos con respecto a la propuesta de la no necesidad
de la publicación de los documentos de planeamiento, una vez aprobados de
forma íntegra en los boletines.
Lo que entonces se nos quiso presentar y se nos quiere seguir presentando
como una mera cuestión técnica creemos que vulnera, de forma grave, el
derecho de todos los ciudadanos a que se garantice con la máxima
publicidad la normativa que les es de aplicación. Además, como dijimos en
aquella ocasión, en un asunto tan controvertido como es el urbanismo,
donde se pueden hacer toda clase de manipulaciones sobre la aplicación de
la norma urbanística si no es conocido por todos los ciudadanos por
igual.
Nosotros creemos que los administradores públicos actúan siempre de buena
fe, pero desde esta Cámara debemos de evitar que los que no la tienen o
los que no la vayan a tener no se aprovechen en un futuro de propuestas
como ésta, si saliera de esta Cámara aprobada tal como vino a ella la
propuesta de Convergència.
Las enmiendas presentadas por mi Grupo tratan de que se publiquen, por lo
menos, aquellas partes y documentos de los planes que tienen un contenido
normativo. Si realmente uno de los problemas de los ayuntamientos en los
que se ha basado esta petición es el coste de la publicación de los
documentos de planteamiento, nosotros no queremos que se gasten recursos
económicos, con lo escaso que los tienen los ayuntamientos, en publicar
documentos que sólo tengan carácter informativo.
La verdad, señorías, es que el coste elevado de su publicación nos parece
una excusa, porque de todos es conocido que la mayoría de los
ayuntamientos están despilfarrando dinero en otras cuestiones de menor
importancia con respecto a lo que sería publicar, para el conocimiento de
todos los ciudadanos, normas tan importantes y tan básicas como es el
planeamiento urbanístico.
Con nuestra enmienda número 4 tratamos de limitar la exigencia de
publicación a los documentos de los planes que sean normas jurídicas,
excluyendo de la publicación los estudios económico-financieros, las
memorias y planos puramente informativos, por carecer de contenido
normativo, aunque se otorga a los interesados el derecho de conocer estos
documentos y obtener copia de forma gratuita. Hay muchos ciudadanos que
tienen dificultades económicas de todo tipo y que tienen propiedades
donde les es de aplicación el planeamiento urbanístico y, desde luego, no
es normal que se les trate igual que a otros que tienen todos los
recursos económicos, como pueden ser aquellos grupos económicos y
sociales que ejercen una actividad económica a través del urbanismo y que
estos últimos obtengan unas mejoras económicas con respecto a los
primeros, ya que tienen más recursos económicos y por ello tendrían la
posibilidad de conocer todo el planeamiento en su conjunto, mientras que
un ciudadano que tiene una propiedad vería limitados sus recursos para
comprar y hacer esas fotocopias de los documentos que estuvieran a su
disposición en el ayuntamiento. Por tanto, tratamos de garantizar que la
normativa que se publique sólo obligue a los administrados.
Como las demás enmiendas van en coherencia con esta al artículo único, no
tenemos más que decir. Mantendremos nuestra postura y nos gustaría que
tanto el Grupo proponente como los demás grupos hiciéramos todo lo
posible
en este trámite para que realmente garantizáramos la publicidad del
documento de planeamiento.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Antich.
El señor ANTICH I BALADA: Para defender nuestras enmiendas números 7 y 8
presentadas al texto de la proposición no de ley del Grupo Catalán.
En el debate de totalidad ya anunciamos nuestra posición favorable, en
principio, porque de la experiencia desde la Ley de bases hasta el
momento presente se ha visto que precisamente este artículo concreto
relativo a las normas urbanísticas había sido motivo de controversia e
incluso de sentencias, en algunos casos contradictorias. En consecuencia,
creíamos lógica esta modificación y anunciamos que en principio nos
parecía favorable, aunque posiblemente, a través del trámite
parlamentario correspondiente, presentaríamos nuestras enmiendas, como
así hemos hecho.
Paso a defender la número 7, que es a la exposición de motivos. En este
caso yo diría que la diferencia sustancial respecto al texto base del
Grupo Catalán es que como se trata de un texto que ya viene de la
legislatura pasada, posiblemente desde entonces incluso se han producido
modificaciones. Es una proposición que, aunque volvió a entrar en 1993,
ya venía del año 1992 y entre tanto se han publicado, entre otros, el
Real Decreto por el que se recopilan todas las disposiciones en materia
urbanística.
Por tanto, creemos que nuestro texto mejora el texto base de la
exposición de motivos presentado por el Grupo Catalán. No entramos a
polemizar sobre el mismo, simplemente decimos que es un texto posterior
y, en este caso, mejorado.
En cuanto a la enmienda número 8, que es la que trata de la redacción que
se le daría al artículo 70.2, estando también de acuerdo en lo
sustancial, creemos que nuestro enunciado, en algunos casos un poco
sintético y con algunas modificaciones puntuales, sigue la voluntad del
Grupo Catalán, y también la del Grupo Vasco, tal como se ha anunciado, de
coincidir en un texto en el cual todo estemos de acuerdo --incluso creo
que también era la posición del Grupo Popular y de Izquierda Unida-- para
clarificar las cosas y que sea preceptiva y obligatoria la publicación de
los textos articulados de las normas urbanísticas. En esto estamos todos
de acuerdo y queda claro a través de nuestra enmienda número 8, como
también lo estaba en la proposición del Grupo Catalán.
Por tanto, creemos que con estas dos enmiendas se mejora el texto base y
por ello solicitaríamos el voto favorable de todos los Grupos.
Entrando ya a fijar la posición respecto a las enmiendas, si finalmente
el Grupo Vasco retira la suya, tal como ha anunciado, no tenemos nada más
que decir.
El Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya no está presente,
pero entiendo que posiblemente sus enmiendas se someterán a votación,
señor Presidente. (Asentimiento.)
En todo caso, decir que sus enmiendas ya fueron rechazadas en el debate
de totalidad y en este caso Izquierda Unida no se ha esmerado mucho y su
enmienda de hoy al articulado es la misma que la del debate de totalidad.
Fue rechazada por 17 votos a favor, 172 en contra y 127 abstenciones, por
lo que no me esmeraré mucho en rechazar sus argumentos, máxime no estando
presente el citado Grupo.
En cuanto al Grupo Popular, en el debate de totalidad ya tuvimos algunos
Grupos de la Cámara ciertas controversias respecto a su posición. Parece
que el Grupo Popular --aquí también coincidía con Izquierda Unida-- no
tuviera alcaldes en los pueblos y ciudades de España. Tienen muchos, por
ejemplo, el de la capital, por no decir Valencia y muchos pueblos
pequeños. Parece que por el solo hecho de ser alcalde ya se está en el
punto de mira de un presunto --no diré corrupción-- ocultismo, cuando
creo que la voluntad de los alcaldes y concejales de los ayuntamientos es
precisamente dar toda clase de facilidades.
En este sentido, el Grupo Popular, a través de sus enmiendas, pone en
duda y en cuestión la actuación de muchos de los alcaldes. Yo no sé si
también de los suyos, porque tienen muchos, y algunos se sientan, si no
en esta Comisión, por lo menos en los asientos de la Cámara; seguro. Son
poco municipalistas y yo les rogaría que hicieran caso de sus alcaldes,
porque estoy seguro, por poner un ejemplo, que la enmienda número 4, del
Grupo Popular, si la conocieran el Alcalde de Madrid o la Alcaldesa de
Valencia, les haría poca gracia. Afortunadamente confían en el buen
sentido común de los Diputados de esta Cámara para que estas enmiendas no
lleguen a aprobarse, porque, para que lo sepan SS. SS., la enmienda
pretende que cualquier ciudadano de Madrid que fuera a solicitar
fotocopias de todos los textos de todas las normas urbanísticas del
Ayuntamiento de Madrid tenga derecho a ellas, y el ayuntamiento la
obligación de facilitárselas. ¿Saben ustedes los costes que esto
representaría? Cuando se está hablando de despilfarro, imagínense lo que
esto representaría con cualquier persona que, ésa sí, tuviera interés en
colapsar el funcionamiento normal y legítimo de un Ayuntamiento.
Creo que son enmiendas que no necesitan demasiada oposición, éstas que se
han intentado defender por la portavoz del Grupo Popular, no siendo
necesario esforzarnos mucho para presentar sus contradicciones.
Simplemente votaremos en contra de las mismas, si se mantienen, y
solicitaríamos de todos los Grupos la votación de nuestras enmiendas para
con ello llegar a un texto que, afortunadamente, después de esta
Comisión, pase al Senado.
Lo que creo que sí sería importante es que, a través de su tramitación
rápida, pudiera estar pronto en vigencia para clarificar las cosas, que
es un poco la voluntad de la proposición y la que también ha tenido
nuestro Grupo al presentar estas enmiendas. (La señora Martínez Saiz pide
la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señora Martínez, ¿por qué me pide la palabra?
La señora MARTINEZ SAIZ: Para una cuestión de orden.
El señor PRESIDENTE: ¿En base a qué artículo?
La señora MARTINEZ SAIZ: ¡No me lo haga decir! Es que yo no sabía que el
señor Nadal le había cedido al portavoz del Grupo Socialista la
posibilidad de pronunciarse sobre las enmiendas a una proposición no de
ley que es del Grupo Catalán. En todo caso sería el señor Nadal el que
tendría que contestar, porque yo no he hecho referencia a la posición...
El señor PRESIDENTE: Señora Martínez...
La señora MARTINEZ SAIZ: Se ha pronunciado con respecto al texto.
El señor PRESIDENTE: Diga usted para qué y por qué me pide la palabra,
pero no especifique turnos a favor o turnos en contra, o referidos al
señor Nadal, al que todavía no he concedido la palabra.
La señora MARTINEZ SAIZ: Precisamente porque estamos defendiendo las
enmiendas de cada Grupo y no fijando posición con respecto a las de los
demás, y porque el representante del Grupo Socialista, además de eso, ha
consumido el turno dando su opinión sobre las enmiendas del Grupo
Popular.
El señor PRESIDENTE: ¿Algo más?
La señora MARTINEZ SAIZ: Nada más, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que no hayan presentado enmiendas y deseen
intervenir? (Pausa.)
Por parte del Grupo Catalán tiene la palabra el señor Nadal.
El señor NADAL I MALE: Le he de decir que entre el agua de Mallorca y el
agua de Tarragona estoy absolutamente frío. (Risas.) No entraré en el
debate tan profundo y, sobre todo, no nos dedicaremos a mojar a los demás
y a dedicarles una y otra cosa.
Señor Presidente, con el máximo desconsuelo por mi parte, yo creía que
tenía que haber hablado el primero. (Risas.)
El señor PRESIDENTE: Señor Nadal, puede estar absolutamente convencido de
que si esta Presidencia hubiese considerado que su turno era el primero,
se lo habría concedido. Pero entiende que, en aplicación del Reglamento,
lo que se está debatiendo no es la proposición de ley del Grupo
Convergència i Unió, sino el informe de la Ponencia y las enmiendas que
vienen incorporadas sobre lo que los grupos deben manifestar su opinión
de defensa o rechazo. Y como en este momento S. S., como representante
del Grupo Catalán (Convergència i Unió), no tiene enmienda alguna que
defender, por eso se le concede la palabra, para que fije posiciones
respecto al informe de la Ponencia. Nada más. Tiene la palabra, señor
Nadal.
El señor NADAL I MALE: Sigo estando frío, pero lo que trataba de decir al
final era lo mismo que usted iba a decir, que era que estábamos
debatiendo el informe de la Ponencia y que, efectivamente, los grupos
parlamentarios tenían derecho a manifestar, conforme al informe de la
Ponencia, las respectivas apreciaciones que se habían hecho en su día.
Como habrán podido ver el señor Presidente y el resto de mis compañeros
Diputados también, aquí ya se ha dicho todo respecto a las enmiendas que
se aceptan por una parte y por otra. Por ello, para abreviar este turno
y, consiguientemente, el debate, quiero decir simplemente dos cosas.
Agradezco mucho las consideraciones que la propuesta de Convergència i
Unió ha tenido, las que han sido favorables más, las que han sido
radicalmente opuestas también las consideramos y agradecemos. Aceptamos
la propuesta del Grupo Socialista para incorporarla a nuestro texto y nos
vemos en la obligación de rechazar las enmiendas planteadas por los
Grupos Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y Popular.
En cuanto a las enmiendas del PNV están retiradas --o así lo interpreto--
desde el momento en que su representante ha dado luz verde en este debate
al planteamiento de las propuestas presentadas por el Grupo Parlamentario
Socialista.
El señor PRESIDENTE: Esta Presidencia rogaría al representante del Grupo
Vasco (PNV), señor Gatzagaetxebarría, que manifestase si efectivamente ha
retirado la enmienda número 1.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Sí, señor Presidente, la retiro.
El señor PRESIDENTE: Consecuentemente, vamos a proceder a las votaciones.
En primer término solicitaría, de nuevo, a los portavoces que señalen las
sustituciones al efecto de que figuren en el acta. ¿Se reiteran las
mismas? (Asentimiento.)
Votamos, en primer lugar, la enmienda número 6, del Grupo Parlamentario
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en
contra, 27; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda número 6.
Pasamos a votar la enmienda número 4, al artículo 70.2, del Grupo
Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 11; en
contra, 17; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada dicha enmienda.
Votamos la enmienda número 8, al artículo 70.2, del Grupo Parlamentario
Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en
contra, 11; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
La enmienda número 1, del Grupo Nacionalista Vasco (PNV), ha sido
retirada. Consecuentemente, procedemos a la votación del artículo único,
con la incorporación de la enmienda del Grupo Socialista.
El señor MARCET I MORERA: La enmienda del Grupo Socialista es de
sustitución.
El señor PRESIDENTE: ¿Se sobreentiende que, admitiendo en estos momentos
la enmienda número 8 del Grupo Socialista, queda aprobado el artículo
íntegramente? (Asentimiento.)
Pasamos a votar la enmienda número 5, del Grupo Popular, a la disposición
final, punto 1.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 11; en
contra, 17; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la disposición final, de acuerdo con el informe de la Ponencia.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en
contra, 11; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada dicha disposición.
Pasamos a votar la enmienda número 7, del Grupo Socialista, a la
exposición de motivos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en
contra, 11; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Pregunto a la portavoz del Grupo Parlamentario Popular si se pueden votar
conjuntamente las enmiendas números 2 y 3 a la exposición de motivos.
(Asentimiento.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en
contra, 17; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Entiende esta Presidencia que la aprobación de la enmienda número 7 del
Grupo Socialista representa la sustitución de la exposición de motivos,
no ha lugar a votar la exposición de motivos independientemente.
Agotado el punto segundo del orden del día, se suspende la sesión hasta
las seis de la tarde, hora en que se celebrarán las comparecencias.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACION
PUBLICA (MENDEZ MARTINEZ) PARA INFORMAR:
--DE LAS LINEAS GENERALES QUE VA A DESARROLLAR EN LA SECRETARIA DE ESTADO
Y LOS PRINCIPALES CAMBIOS QUE VA A INTRODUCIR CON RESPECTO A LA ACTUACION
DE SU PREDECESOR. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE
IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente
212/000864.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.
Damos la bienvenida al señor Secretario de Estado para la Administración
Pública, y pasamos al punto tercero del orden del día, relativo a su
comparecencia, a instancias del Grupo Parlamentario Federal Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, para dar cuenta de las líneas generales
que va a desarrollar en la Secretaría de Estado y los principales cambios
que va a introducir con respecto a la actuación de su predecesor.
Tiene la palabra el señor Secretario de Estado para la Administración
Pública.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA (Méndez
Martínez): Buenas tardes, señorías.
El Ministro para las Administraciones Públicas señaló en su última y muy
reciente comparecencia ante esta Comisión, que la Secretaría de Estado
para la Administración Pública venía trabajando en un programa que dijo
era global, sobre la reforma y modernización de la Administración
Pública. Se trata en ese programa de impulsar el proceso de
modernización, profundizar en él y configurar finalmente una
Administración pública eficaz, eficiente y que responda a las demandas de
los ciudadanos.
El programa de trabajo que se incorpora por tanto a la agenda política de
la Secretaría de Estado para la Administración Pública, recoge el
conjunto de compromisos expresados en el programa electoral del Partido
Socialista, así como los compromisos adquiridos en el debate de
investidura y en los debates sobre el estado de la nación en el Congreso
y sobre el estado de las autonomías en el Senado. Asimismo, quiero
decirles que se ha sido receptivo a las consideraciones establecidas en
los debates de esta misma Comisión del Régimen de las Administraciones
Públicas.
Pues bien, a los efectos de una mejor sistematización de esta
comparecencia, me voy a referir a cuatro grandes áreas: un área
institucional, un área organizativa y funcional, un área de gestión y de
servicios, y, finalmente, un área de política de personal. Pero, con
carácter previo, considero conveniente establecer algunas consideraciones
que SS. SS. me van a permitir efectuar y que creo que enmarcan bien el
programa dentro de un proyecto más global, ese proyecto al que se refería
el Ministro para las Administraciones Públicas, de impulso de las
políticas y de la gestión pública.
Debo por tanto comenzar diciendo que en el conjunto de las sociedades
desarrolladas hay hoy unanimidad respecto de la existencia de importantes
desafíos para el sector público y para las políticas públicas. Sin ir más
lejos, la OCDE viene efectuando constantes consideraciones a este
respecto e incluso animando el debate en torno a las distintas
opciones que cabe plantear. Son ya numerosos los países que han aplicado
reformas profundas al sector público, adoptando para ello muy diversas
estrategias. En todo caso, se trata de proporcionar nuevos enfoques en
torno a las políticas públicas y en particular al papel y al
funcionamiento de sus administraciones. En este sentido se comparte la
seguridad de haber ya superado viejos modelos racionalistas, basados en
el diseño de una Administración pública asentada sobre los valores
tradicionales de principios reglamentistas y, singularmente, sobre el
distanciamiento entre la Administración y los ciudadanos, modelos que se
han demostrado profundamente insuficientes para gestionar los intereses
de los ciudadanos en una sociedad que, como la nuestra, cada día está más
abierta, es más exigente y, además, se encuentra sometida a cambios
constantes.
Por otra parte, quiero destacar que la generalización de las políticas en
materia de bienestar, aceptadas por los ciudadanos como políticas
esenciales para garantizarles la equidad, la solidaridad y la
redistribución, ha producido un crecimiento del gasto público y
consiguientemente de las estructuras y funciones que hoy revisten a un
Estado moderno. Ello nos ha planteado la necesidad de poner al servicio
de los ciudadanos un aparato administrativo encargado de la prestación de
esos grandes servicios en todo el territorio.
El desarrollo acelerado de estas demandas sociales ha coincidido también
con profundos cambios políticos, sociales, económicos y también
tecnológicos, que han puesto en cuestión los modelos de gestión pública
que se venían desarrollando hasta el presente y que no siempre han
conseguido adaptarse a las nuevas situaciones, produciendo crisis de
distinta naturaleza y profundidad en todas las sociedades que nos rodean.
A ello hay que unir también en esas sociedades una importante crisis
fiscal que es esencialmente consecuencia de la inadeacuación entre
demanda y oferta sobre los servicios públicos.
Quiero decirles que la mayoría de las propuestas de salida y superación
de esas crisis de los modelos burocráticos u organizativos se han ido
perfilando en todos los países de nuestro entorno como proyectos de
modernización basados esencialmente en ensayar mecanismos de adaptación y
de reducción del tamaño de las políticas públicas para evitar
disfunciones e ineficiencias en los distintos sistemas.
Yo creo que hay que dar respuestas adecuadas al doble desafío de la
innovación y de la competitividad que las sociedades modernas precisan
para su progreso y bienestar. Cabe decir, por otra parte, que los
ciudadanos, al tiempo que manifiestan su insatisfacción por la presión
fiscal, siguen en todo caso considerando que deben de ser los poderes
públicos los que se responsabilicen de los servicios esenciales como la
salud, la educación o las pensiones, por citar algunos entre ellos. Por
tanto, controlar el déficit, deducir el gasto público y al mismo tiempo
dar respuestas a esta mayor exigencia de mejoras y aumentos de los
servicios sobre las prestaciones públicas, como consecuencia de ese
desarrollo social y del aumento de la calidad de vida, supone un cierto
dilema que tenemos que saber resolver. Esa posición aparentemente
contradictoria que estoy citando ha de ser asumida como una necesidad de
reordenación del sector público. Esa reordenación debe de suponer la
voluntad de corregir algunas tendencias e inercias de los Estados
modernos a través de políticas que sepan definir con claridad las
prioridades, los objetivos, de forma comprensible para los ciudadanos,
controlen permanentemente sus ineficiencias, evalúen los resultados y
consigan comprometer a los ciudadanos a través de la participación en la
responsabilidad pública. Debemos concluir que, ante ese debate, el sector
público se encuentra frente al reto de saber demostrar su eficiencia, su
competitividad, así como su capacidad de adaptación a las nuevas
exigencias.
Este debate que digo se está produciendo en todas las sociedades próximas
a la nuestra tiene en España sin embargo algunas características propias.
La exigencia de una modernización de la Administración pública española
debemos de aceptarla como consecuencia de un proceso en el que, entre
otros factores, están presentes los siguientes. En primer lugar, las
secuelas inherentes a nuestro propio proceso político de transformación
desde un régimen autoritario a un régimen democrático, en el que han
pervivido los signos y las actitudes de una Administración pública
configurada en su momento como una superestructura totalmente
desvinculada de la realidad, al margen del control de los ciudadanos y de
sus representantes, es decir también excesivamente jerarquizada y muy
arbitrista o profundamente discrecional. En segundo lugar, los efectos de
un proceso político novedoso en nuestro país de descentralización y
asentamiento de nuevos centros de poder político y social que no sólo han
recibido un importante haz competencial, sino que también a su vez han
tenido que crear nuevas estructuras, se han dotado de nuevos empleados
públicos y han ido mimetizando el modelo estatal y, por ende, también las
disfunciones de ese modelo estatal. Y, en tercer lugar, el rápido
desarrollo de las políticas de bienestar en la democracia y
consiguientemente, el crecimiento acelerado del tamaño del sector público
y de su gasto.
Todo ello, a mi juicio, comporta una triple exigencia a nuestra
Administración pública. Es necesario que responda a las características
de una sociedad que es y se siente profundamente democrática y que desea
alejarse de cualquier vestigio que recuerde una administración del
pasado. Ello supone que ha de ser una administración moderna,
transparente, accesible para los ciudadanos, garantizadora de los
derechos, objetiva y coherente con el modelo constitucional. Podríamos
decirlo de otro modo, una administración pública al servicio de los
ciudadanos.
En segundo lugar, es necesario que tenga capacidad para atender las
nuevas necesidades y demandas sociales producidas como consecuencia del
nuevo papel del Estado en la sociedad española y de la ampliación de sus
responsabilidades. Ello supone que la Administración pública debe estar
por tanto más capacitada, ser más eficiente, proporcionar servicios de
más calidad y debe estar comprometida con los objetivos de la sociedad a
la que sirve. Podríamos decirlo de otro modo, una administración pública
para garantizar el ejercicio de derechos y obligaciones.
En tercer lugar, es necesario que asuma un nuevo contexto en el horizonte
del resto de las sociedades, un horizonte de sociedades abiertas y
altamente sofisticadas en sus tecnologías y en sus nuevos valores, y por
tanto es preciso que se adapte a los nuevos procesos acelerados de toma
de decisiones que afectan inmediatamente a los ciudadanos, creando para
ellos nuevas oportunidades y también riesgos a un ritmo desconocido hasta
ahora. Las llamadas nuevas sociedades de la información, por ejemplo,
exigen que su administración pública sea capaz de anticiparse a las
situaciones e innovar del mismo modo que debe de hacerse en el ámbito
privado. Podríamos decirlo de otro modo, una administración pública
innovadora que consiga abrir caminos al progreso futuro.
Sin duda, señorías, las administraciones públicas en España no han
finalizado su proceso de adaptación y de transformación, pero también es
cierto que el dinamismo en el que en estos años han tenido que moverse
facilita su capacidad para abordar una profundización del actual proyecto
de modernización con buenas perspectivas de éxito y sin duda sin
traumatismos de ningún tipo. Es posible y es necesario aceptar ese
compromiso de reformas en las administraciones públicas con carácter
general convirtiéndolo, creo yo, en una iniciativa política que necesita
ser comprendida por la sociedad como un proyecto de Estado, con visión de
futuro, capaz de introducir para ese Estado, para esa sociedad, cambios
estables y duraderos, capaz de suscitar confianza en torno a ese
proyecto, capaz de ser compartido por sus actores inmediatos --poderes
públicos y empleados--, así como por los propios ciudadanos; un proyecto
que, insisto, debe de ser cooperativo, producir además rápidamente
ventajas comparativas respecto del modelo anterior, fortalecer la vida
pública y privada y fomentar en nuestra sociedad nuevas actitudes, nuevos
valores y nuevos comportamientos. Permítanme SS. SS. que insista en esto
mismo: la Administración del Estado debe de ser una responsabilidad de
todos y a todos nos debe de incumbir la responsabilidad de su
transformación en clave de progreso. Este proyecto creo que puede ser
entendido como una empresa colectiva, lo que yo llamaría la empresa común
de todos los ciudadanos.
Decía al principio de mi comparecencia que establecería y sistematizaría
la comparecencia en cuatro grandes áreas.
Por lo que afecta al área institucional, los expertos en gestión señalan
que las nuevas organizaciones están obligadas a prosperar en unos
entornos en estos momentos muy dinámicos de decisión y de ejecución que
ya no pueden ser atendidas suficientemente desde los modelos
tradicionales de organización que han estado caracterizados por su
rigidez, su complejidad, su jerarquía y su alejamiento, así como por
sistemas obsoletos de dirección, evaluación y ejecución.
Decíamos antes, y lo repito ahora, que el nuevo desafío para las
instituciones ha de ser rediseñar sus modelos, reinventar sus
organizaciones, en suma, innovar, prestando atención muy especial a la
forma en que debe de ser formada la voluntad política, sirviendo para
ella sistemas de información en tiempo real y descentralizando la
ejecución de forma que ésta se encuentre siempre lo más cerca posible de
aquellos a quienes afecte la decisión que se adopte en cada momento.
La aparición, además, en nuestro país de un mayor pluralismo
administrativo y la fragmentación de lo que se dio en llamar la
personalidad jurídica pública han, sin duda, contribuido a difuminar, a
confundir las responsabilidades políticas y ejecutivas en la parte alta,
en el vértice de las instituciones, dificultando a veces la toma de
decisión y entorpeciendo en muchas ocasiones la lógica de la gestión.
Todo ello creemos que aconseja definir más claramente la separación entre
el nivel político y el nivel gestor, aunque deban y tengan que estar
interrelacionados y en permanente comunicación. Al nivel político en esa
separación debe de caberle la responsabilidad de definir los objetivos
estratégicos y la asignación de los recursos, es decir, tener en suma las
capacidades de planificación, control y evaluación de los resultados. Al
nivel profesional de la gestión, al nivel gestor, hay que proporcionarle
la autonomía y responsabilidad en la producción de los servicios y en la
búsqueda del máximo de rendimiento y calidad.
Por tanto, las estructuras políticas deben de poder fijar su preocupación
en la elaboración del plan, en el establecimiento de sus prioridades, y
disponer la asignación de los recursos para la obtención de los
objetivos. Los centros de gestión, por consiguiente, deben de programar
cómo obtener esos resultados y cómo reorientar la ejecución en cada
momento.
La formulación y puesta en práctica de las políticas públicas deben
hacerse cada vez de forma más rigurosa y hay que volcar los mejores
esfuerzos y concentrar en ello la máxima dedicación. En buena medida ello
ha de quedar resuelto en la ley de organización y funcionamiento de la
Administración general del Estado y de sus organismos públicos a la que
me voy a referir a continuación. Pero debo decir también que, entre los
compromisos de este ámbito --del ámbito institucional al que me estoy
refiriendo-- hemos dado prioridad a la elaboración de una nueva ley de
incompatibilidades de altos cargos, nueva ley cuyo proyecto, como SS. SS.
saben, ha sido aprobado esta misma mañana por el Consejo de Ministros.
Esta iniciativa está comprometida en la resolución número 92 adoptada en
el último debate sobre el estado de la nación, y debo decirles que el
nuevo proyecto establece que la actividad de los altos cargos viene a ser
incompatible con cualquier otra actividad pública o privada, sus
intereses privados no pueden colisionar con los intereses públicos y que
su situación patrimonial ha de ser transparente en todo momento. Esta ley
regulará el funcionamiento del registro de actividades y el registro de
bienes y derechos patrimoniales, el acceso a los mismos, la remisión de
informes periódicos al Parlamento, así como el régimen de sanciones por
incumplimiento de lo preceptuado en dicha ley.
Pues bien, más allá del rigor que encierra esta norma, estamos firmemente
convencidos de que la misma debe de contribuir a proporcionar a los
ciudadanos el máximo de confianza respecto de los poderes públicos.
Señorías, esta primera área, la institucional, se relaciona estrechamente
con los contenidos a los que me referiré
a continuación, relativos al área organizativa y funcional. Destaca
--decía hace un instante-- en esta área el compromiso de elaboración de
la ley de organización y funcionamiento de la Administración general del
Estado y de sus organismos públicos. Creo que se trata de la pieza
fundamental en cualquier arquitectura de un modelo de reforma de la
Administración pública en sus ámbitos central, periférico e
institucional. Esta iniciativa se encuentra, por otra parte, recogida en
el programa sectorial socialista, en los compromisos de investidura del
Presidente del Gobierno y entre las resoluciones adoptadas en el último
debate sobre el estado de la nación en el Congreso, así como en el debate
sobre el estado de las autonomías en el Senado.
Sobre sus diversos materiales se viene trabajando muy activamente. Esta
ley debe de contemplar en conjunto la Administración general, los
organismos públicos; deslindar la función de gobierno de la función
administrativa; configurar la administración periférica dentro de la
actual fase de desarrollo autonómico; incorporar los nuevos conceptos de
una administración moderna y al tiempo dotar de contenido los mandatos
constitucionales relativos a la misma. Cabe destacar que la
Administración general del Estado es la única administración pública que
continúa rigiéndose parcialmente por normas preconstitucionales en
aspectos que son esenciales de su organización y de su funcionamiento.
Con carácter general esta ley debe de establecer la responsabilidad por
la gestión y los resultados, debe de incorporar técnicas de gestión
pública acordes con la naturaleza de los servicios que se prestan, debe
responder al reto de la interlocución y cooperación con las Comunidades
Europeas, las restantes administraciones territoriales y los agentes
económicos y sociales.
Por lo que afecta al ámbito periférico, la LOFAGE debe de profundizar la
transformación de la Administración general del Estado en el ámbito
territorial. ¿De qué modo? Fortaleciendo el papel político de los
delegados del Gobierno; potenciando sus capacidades para coordinar y
cooperar con las administraciones autonómicas y locales; racionalizando
las estructuras administrativas de los departamentos ministeriales en el
ámbito provincial y en el ámbito regional y autonómico; simplificando y
reduciendo aquellos niveles administrativos que supongan duplicidad de
funciones o que pueden ser más eficientes si trabajan en común en torno
al responsable máximo en el ámbito provincial; también otorgando una
atención especial a una nueva forma de prestar los servicios y atender a
los ciudadanos a través de proyectos de atención integral o de ventanilla
única que contribuyan a acercar los poderes públicos a los ciudadanos, y,
en todo caso, proporcionando una imagen más homogénea, más coherente de
la Administración general del Estado en la provincia.
Decía el Presidente del Gobierno en el Senado el pasado 26 de septiembre
que «durante muchos años la puesta en práctica del modelo territorial
definido por la Constitución se ha centrado en los elementos
fundamentales para su instauración, pero ha prestado poca atención a
cuestiones que en ese período se veían como menores o cuyo tratamiento
podría añadir tensiones a las que de por sí implicaba la cesión de
competencias, de recursos y de poder político. Entre esas cuestiones
aparentemente menores, hay una que, sin embargo, afecta a la legitimación
del sistema por los ciudadanos: hacer de las administraciones públicas
instrumentos eficaces de prestación de servicios». Seguía diciendo el
Presidente que «siendo el objeto de nuestra actividad administrativa un
mismo territorio y un mismo conjunto de ciudadanos, será necesario seguir
un proceso previo de racionalización, simplificación y reducción de las
unidades administrativas, de modo que la presencia territorial del Estado
sea inequívoca, integral y suponga el menor coste económico».
Para ello el Gobierno se propone la agrupación de la gestión directa de
aquellas actividades que aún no han sido objeto de transferencia o que no
pueden serlo. La agrupación, incluso física, de los servicios
individualmente considerados bajo la gestión directa del representante
del Gobierno en la provincia permitirá en el futuro, y con las
adaptaciones normativas que sean necesarias, hacer desaparecer la
tradicional rigidez de la Administración general, fuertemente vinculada a
una estructura de departamentos que por el juego de las competencias no
tiene ya correspondencia en el ámbito provincial, al tiempo que redefinir
el verdadero papel gestor y político de la Administración general y del
Gobierno, respectivamente, en la provincia.
Como decía el Ministro Jerónimo Saavedra ante esta misma Comisión la
semana pasada: «Se trata de la necesidad de hacer afectivos los
principios de unidad de acción y eficacia en la ejecución y cumplimiento
en el ámbito provincial de las decisiones adoptadas por lo delegados del
Gobierno. Para ello debería colocarse la gestión y ejecución de todas las
directrices impartidas por el Delegado del Gobierno en cada provincia
bajo la responsabilidad de un único gestor o funcionario directivo.»
De lo que se trata, por tanto, señorías, es de asegurar la integración de
la gestión y prestación de todos los servicios provinciales que deba
mantener la Administración general del Estado en una sola unidad, con la
consiguiente economía de recursos materiales y humanos, impulsando
asimismo la colaboración interadministraciones.
En todo caso, con independencia de la ley de organización y
funcionamiento de la Administración general del Estado y de sus
organismos autónomos, señorías, es necesario intensificar el proceso de
racionalización, simplificación y reducción de la Administración general
del Estado, tanto en su ámbito central como en el institucional y el
periférico. Para ello es necesario disponer de una visión integrada,
fuertemente coordinada de los programas de gestión pública, de modo que
se produzcan, a través de esa integración y de esa coordinación, fuertes
sinergias, ahorros por mayor eficiencia en los programas y también la
máxima cohesión de las distintas políticas que a veces solapan servicios
y actividades.
Señorías en el área de gestión y servicios creo que se trata de algo bien
sencillo, pasar de los trámites a los resultados o del tradicional
silencio de la Administración a una política de comunicación muy activa.
Debo decirles que aquello que hemos venido llamando sistemáticamente
modernización administrativa no puede ser otra cosa que un
intento continuo de trasladar a la Administración pública las pautas de
organización científica del trabajo. Se trata, por tanto, de obtener un
marco instrumental para impulsar medidas de simplificación de
procedimientos, de revisión de la metodología del trabajo en la
Administración pública, de reducción de los documentos, de los
formularios, y de determinación de objetivos gestores que se traduzcan
siempre en mayor eficacia, mayor celeridad y mayor calidad de los
servicios.
Se trata, en suma, de obtener un marco instrumental para definir
posiciones y estrategias comunes en materia de servicios en todas las
administraciones, singularmente en la Administración general del Estado,
a la que me estoy refiriendo, pero también de atención e información a
los ciudadanos con el objetivo de poder proporcionar, a través de un
conjunto de oficinas abiertas al público, una red integral que funcione
siempre de forma coordinada, que permita la colaboración entre distintas
unidades pero también entre distintas administraciones públicas. ¿Por
qué? Porque la Administración pública debe de ser más accesible, debe
estar más cerca y más abierta a la ciudadanía.
La agenda de trabajo en esta área se compromete, y no podría ser de otro
modo, con el desarrollo del conjunto de previsiones contenidas en la Ley
30/1992, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del
procedimiento administrativo común. De entre esas líneas a desarrollar y
a gestionar quiero destacar, como compromisos, los siguientes: la
implantación generalizada del proyecto de identificación; la garantía del
derecho a obtener información, asesoramiento y orientación técnica por
parte de los ciudadanos a través de las administraciones; el desarrollo
de una red de centros de información integral; el desarrollo del acceso a
archivos y registros de la Administración pública; la validación de
copias y documentos; la red de teléfonos de consulta permanente; una red
de bases de datos integrada; la operatividad sobre un sistema de control
de calidad, lo que se ha dado en llamar a veces el observatorio de
calidad de los servicios públicos; la ejecución del programa de control
de la reducción de tiempos de trámite, y la realización de un programa de
mejora de la accesibilidad física a los locales administrativos.
En la cuarta área que he denominado de política de personal, de forma
breve SS. SS. me permitirán hablar de los siguientes aspectos.
En diversas ocasiones hemos manifestado, y así figura en el reciente
acuerdo Administración-sindicatos para el período 1995-1997, que los
recursos humanos son el mayor activo de una organización. Estamos
firmemente convencidos de que nuestra sociedad, además, necesita
empleados públicos eficientes, capacitados y también motivados. Por ello
las políticas de personal deben de ser una prioridad en nuestra agenda.
Queremos, por tanto, regular un nuevo marco para los empleados públicos
que contemple, de forma novedosa, el conjunto de aspectos que afectan a
los mismos: acceso, promoción, formación, situaciones administrativas,
incompatibilidades, representación, negociación y régimen disciplinario,
entre los aspectos que más sobresalen de ese nuevo marco para los
empleados públicos. Ese marco debe ser el Estatuto de la Función Pública
y debe ser una pieza esencial para proporcionar capacidades a los
gestores públicos en relación con sus necesidades, pero también
fortalecimiento en torno a un mayor grado de profesionalidad y de
adaptación de los empleados públicos a las políticas de personal que les
afectan y también a los cambios organizativos que hay que llevar a cabo.
Tenemos, señorías, además la convicción de que el esfuerzo de negociación
con los representantes de los empleados públicos viene siendo el
escenario en el que se pueden producir decisivos avances en la mejora de
la eficacia de los empleados y de los servicios públicos. A este respecto
el acuerdo alcanzado el 15 de septiembre es ambicioso en todos sus
términos, sienta las bases, los criterios y los objetivos para desplegar
un gran abanico de medidas que mejoren las condiciones de trabajo de los
empleados públicos y contribuyan a un mayor grado de motivación de los
funcionarios en la realización de su actividad. Quiero, por tanto,
recordar que entre los objetivos suscritos en el acuerdo que he citado se
encuentran y deben enmarcar el escenario futuro de esta área de política
de personal: el impulso y profundización en la modernización de la
Administración pública; el impulso de las políticas de recursos humanos
como factor clave de éxito para la organización de la Administración
general del Estado; hacer de la formación de los empleados una política
estratégica; definir un nuevo modelo de Función Pública; adoptar los
planes de empleo como el instrumento de planificación integral de los
recursos humanos; vincular las retribuciones a la evolución de las
grandes magnitudes y objetivos expresados, tanto en el programa de
convergencia, como recogidos en los Presupuestos Generales del Estado;
relacionar en todo momento las retribuciones con la situación real de
nuestra economía en cada ejercicio, así como con mejoras de productividad
y de resultados para permitir crecimientos adicionales en las
retribuciones, y también crear y estabilizar un modelo de negociación y
de consenso.
Termino ya, señorías, diciéndoles que para la ejecución de las políticas
de modernización hemos ido administrando en estos años un instrumento
específico, los planes de modernización. Debo decir al respecto que la
reforma de las administraciones públicas la entendemos como un proceso
dinámico y de continua adaptación a los cambios sociales, económicos y
tecnológicos de las sociedades a las que sirven. Es por ello por lo que
el plan de modernización fue concebido en su momento como un instrumento
flexible que diera siempre continuidad a los esfuerzos que la
Administración despliega, con el objetivo de mejorar los servicios y
aumentar la eficacia y la eficiencia de los mismos. De este modo, por
tanto, se dio continuidad al primer plan en un segundo plan de
modernización, cuya evaluación y análisis será presentado aquí en su
momento. Y en esa línea de carácter dinámico de la modernización creo que
es el momento de empezar a planificar la caracterización del que haya de
ser siguiente plan, que debe quedar enmarcado, a mi juicio, por dos
grandes líneas. De un lado, una vertiente externa, vinculada al
acercamiento de la Administración general del Estado a los ciudadanos,
enfocada por tanto a facilitar siempre el ejercicio de derechos y
obligaciones y, en general, el acceso a los servicios públicos; y,
de otro lado, una vertiente interna dirigida siempre a optimizar los
recursos de la Administración a través de su simplificación, de su
racionalización y también de su reorganización.
Quiero decirles, señorías, que corresponderá al Ministerio para las
Administraciones Públicas, y en particular a esta Secretaría de Estado,
promover, impulsar, colaborar, incentivar, facilitar aquellas
experiencias para que los demás ministerios y organismos públicos
profundicen en los cambios necesarios en el ámbito gerencial, de modo que
se obtengan las deseadas mejoras de los resultados. Las grandes líneas
que deben de abordarse por el conjunto de organismos en ese plan de
modernización deben, en todo caso, obedecer a las siguientes estrategias.
Simplificación de los documentos administrativos y reducción de aquellos
que se piden en la actualidad a los ciudadanos; simplificación y
agilización de los procedimientos; reducción y simplificación de las
estructuras administrativas; optimación y reasignación de los efectivos y
recursos; control de la calidad de los servicios y de los resultados, y
también impulso de la red de centros de atención e información a los
ciudadanos.
Este es, señorías, en grandes líneas, el programa que hemos desarrollado,
a cuyo impulso deseo invitar a los diferentes grupos políticos, así como
a los diferentes agentes sociales. Creo que es posible obtener consensos
y acuerdos, para lo cual siempre nos van a encontrar con el ánimo bien
dispuesto.
El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo proponente, Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el
señor Martínez Blasco.
El señor MARTINEZ BLASCO: Gracias de nuevo al señor Secretario de Estado.
Nuestra petición se produjo en las fechas del cambio en la Secretaría de
Estado y el objeto era conocer cuáles iban a ser las modificaciones, pues
siempre cabe suponer que la sustitución de las personas obedece en la
práctica a algún tipo de modificación en los objetivos o en los
instrumentos. Por eso, en el enunciado de la petición de comparecencia
figuraban expresamente las modificaciones a introducir con relación a su
antecesor.
Es verdad que no podemos pedir al señor Secretario de Estado que nos
explique por qué se hizo el cambio, pero el señor Ministro habló la
semana pasada de impulsar. La palabra clave era el impulso y, como el
señor Secretario de Estado la ha utilizado, da la impresión de que la
consigna era el impulso. Cada uno puede sacar la conclusión
correspondiente, de si el anterior Secretario de Estado no impulsaba o no
lo hacía suficientemente y el nuevo va a impulsar.
Ocurre que, por lo menos en la primera parte, el señor Secretario de
Estado se ha dedicado a hacer un planteamiento celestial de las nuevas
técnicas de gestión y de planificación estratégica en las
administraciones públicas, lo cual a mí me ha sonado tremendamente
agradable, pero también me sonaba a una especie de canto de sirena,
porque lo dice un Secretario de Estado que está en una administración y
en unas instituciones políticas de un Gobierno que lleva catorce años...
(El señor Marcet i Morera: Cada semana un año más.--El señor Núñez Pérez:
Es que cunde mucho.) Doce años, perdón. En 1982 se decía de otra forma,
pero el eslogan de 1982 era que funcionara el Estado, y ahora, doce años
después, nos viene el señor Secretario de Estado a decir que el gran reto
para el futuro, responsabilidad de todos, empresa común de todos los
españoles, es que funcione la Administración. La verdad es que no sé a
qué viene todo lo que ha dicho en la primera parte. Todos hemos sido
testigos de que en doce años han sido incapaces de hacer funcionar al
Estado, puesto que aquí se dice ahora que se va a hacer funcionar al
Estado y a la Administración, adaptándolos a los nuevos retos de hacer
funcionar al Estado. Todo eso de que hay una crisis en los modelos de
gestión, una crisis fiscal, evidentemente existía hace años y existe
ahora.
La ventaja de esta comparecencia, como la de la semana pasada, era que se
produce cuando se materializa todo eso que se dice en grandes palabras,
tan bonitas y agradables de escuchar, por lo menos desde una perspectiva
de transformación de la sociedad y de progreso, cuando viene contrastado
en números, datos, cifras y ahora estamos en la Cámara absolutamente
absortos en los enfoques numéricos y de cifras. Por eso, me va a permitir
el señor Secretario de Estado que no entre en debate sobre cómo se hace
la planificación en las administraciones públicas, cómo se llega a todas
esas fases de objetivos, evaluaciones, etcétera, porque está muy bonito,
pero es una forma de emplear el tiempo en digresiones, pues no las hemos
visto ni en los presupuestos ni en ninguno de los documentos.
Me va a permitir que dé un alto al último apartado, sobre los planes de
modernización. Cuando uno va a los documentos, no a las palabras --que al
final serán de todas formas documento porque quedarán en el «Diario de
Sesiones»--, se dice en uno: innovaciones más significativas de esta
segunda fase --en la que estamos ahora del plan de modernización--, los
planes de empleo, la reducción del número de empleados, la reducción del
coste y el observatorio de calidad. Punto.
Al final, todo eso obedece a la reducción del Estado evidentemente, la
reducción de los empleados, la reducción del gasto, etcétera. Hay un
elemento de reducción que obedece a unas políticas neoliberales que
funcionan por ahí, a las que todo el mundo se apunta, de que ha crecido
demasiado el Estado, estos ciudadanos han ido demasiado lejos en la
exigencia al Estado de servicios y demás, la vaca no da para tanto, y hay
que reducir las dimensiones de ese Estado de bienestar. En esa polémica,
insisto, no quisiera entrar, pero es al final lo que los números cantan y
los documentos, negro sobre blanco, cantan.
Sí es posible entrar en las medidas concretas de esos cuatro apartados
que el señor Secretario de Estado ha anunciado.
La saparación entre el nivel político y gestor es el primer apartado que
ha enunciado. ¿A qué esperan? Es lo mismo. Resulta que ahora se están
haciendo estudios que
permitirán hacer, en un horizonte próximo --como se descuiden, ya no les
va a dar tiempo--, por fin, lo que todo el mundo está reclamando desde
hace muchísimos años. Efectivamente, para eso está el «Diario de
Sesiones» de los sucesivos compromisos de lograr una separación entre lo
político y la gestión de la Administración pública.
Evidentemente, y es una cosa que me ha parecido muy interesante, además
del contexto internacional sobre el Estado de bienestar, etcétera,
nuestro país tiene unas peculiaridades, además del Estado de las
autonomías, y me ha parecido muy interesante la mención a las secuelas
del régimen anterior. Creo que es ya una cosa constatada en nuestro país
que uno de los defectos, algunos dirán que ventajas, de la transición
política es que no hubo ruptura en los aparatos del Estado. Ahora todavía
se están produciendo rupturas en determinados aparatos del Estado, pero
no hubo ruptura, como correspondía a un cambio sustancial entre una
dictadura y una democracia. Lo que todo el mundo conocía en la
terminología de los años setenta, como los aparatos del Estado se ha
mantenido prácticamente sin tocar. Efectivamente, ésa es una de las
rémoras que teníamos, esa mezcla que había entre lo político y la gestión
o lo administrativo y lo demás. En todo caso, hay que señalar que
bienvenido sea en cuanto que estamos esperando ese proyecto de ley de
organización de la Administración del Estado, aunque, insisto, si todavía
van por estudios, a este paso no les va a dar tiempo en absoluto a
hacerlo.
Yo no sé si el señor Secretario de Estado pensará publicar la primera
intervención que ha tenido en esta Comisión, pero como el Ministerio se
dedica ahora a publicar muchos folletos, a lo mejor aparece publicada
porque el título es verdaderamente de periódico: del silencio a la
comunicación. A mí me ha llamado muchísimo la atención. La innovación que
se va a producir en la Administración española es pasar de una
administración del silencio a la administración de la comunicación. En
esto, todo lo que se haga es realmente poco, pero voy a contar una
anécdota, señor Secretario de Estado, que esta mañana relataba en una
ponencia de esta Comisión.
Unos ciudadanos, hace no más de siete días, fueron a la Administración a
pedirle una copia de unas listas de un concurso. Estaban expuestas en los
tablones y, evidentemente, de acuerdo con la ley, dijeron que querían una
copia. La Administración les dijo que no, pero que podían hacer
fotografías. Habían tenido que hacer fotografías de todos y cada uno de
los folios --a mí me enseñaron--, es la única forma de acceder a la
información, salvo que hubieran pasado a mano, durante horas, todos los
listados de los nombres. «Pueden ustedes verlo y pueden ustedes
fotografiarlo.» Por eso, pese a las buenas intenciones del señor
Secretario de Estado, habrá que hacer muchos esfuerzos para pasar al
cumplimiento por parte de la Administración de todo lo que este
Parlamento ha puesto en la Ley 30/1992, es decir, para que del silencio
se pase a la comunicación.
El último apartado es el de personal. Yo creo que se ha producido un
avance de concertación, y a ello obedece el acuerdo para el período
1995-97 entre los sindicatos y la Administración. Yo creo que es un
avance, puesto que hay que reconocer --ya lo dije el otro día-- que el
primer acuerdo que permitió el primer plan de modernización fue un
fracaso, porque los sindicatos se sintieron engañados. Sólo se les
consultó para el primer año en cuanto a retribuciones, los siguientes
años se las congelaron y no se les consultó nunca jamás para las ofertas
de empleo público, etcétera. Fue un primer fracaso, los sindicatos
estaban con evidente disgusto frente a los gestores y entiendo que es un
buen camino que se haya llegado a esta concertación, aunque me va a
permitir el señor Secretario de Estado que la califique como un pacto de
rentas y poco más. A los funcionarios públicos, castigados durante dos
años con la congelación, un incremento del 3,5 por ciento les ha hecho,
digamos, doblegarse a otra serie de cuestiones, como es el aceptar los
planes de empleo u otras cuestiones que hasta la fecha habían sido
absolutamente inaceptables, aunque también quiero señalar que el señor
Secretario de Estado empieza a manejar un concepto de planes de empleo
diferente, y para nosotros mucho más aceptable, del que está en la propia
Ley de acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado del año
pasado, porque ahora, por lo menos, los planes de empleo tendrán que ser
a nivel de departamento, y de todos los departamentos, etcétera, cosas
que ya estábamos reclamando, por lo menos nuestro Grupo.
En este último apartado, creo que hay algunas cuestiones que el señor
Secretario de Estado debería concretar, porque son importantes y han
quedado como flecos en las conversaciones con los sindicatos, aunque
estemos ahora en la segunda fase --esa que se dice en el documento que
terminará a finales de noviembre--, y entonces supongo que volveremos a
hacer una análisis de cuál ha sido el resultado. En todo caso, creo que
hay algunos aspectos que deberían explicitarse, porque a mí personalmente
me han llamado mucho la atención y a algunos de los miembros de los
sindicatos también. Por ejemplo, lo de la masa salarial. Es la primera
vez que aparece en la Administración pública el concepto de masa
salarial, que es un concepto que en la empresa privada es habitual. Pero
como se dice que todos los cálculos y todos los porcentajes se harán
sobre la masa salarial de la totalidad de empleados públicos, yo le
emplazo, señor Secretario de Estado, a que dé la cifra de la masa
salarial de 1994, para que todo el mundo sepa ya, a partir de este
momento, y no haya discusiones ni dudas, de qué estamos hablando y de
cuántas pesetas estamos hablando.
En síntesis, señor Secretario de Estado, la primera parte de sus
opiniones sobre cómo debe ser la gestión de una Administración pública
moderna nos parece muy bien; han tenido doce años. En cuanto a las
medidas concretas que ha propuesto, nosotros también estamos
absolutamente de acuerdo en que se pongan en marcha. Pero nos va a
permitir, por lo menos, dudar de que vayan a ser capaces de llevarlas a
cabo, porque el estatuto de los empleados públicos, en su terminología
Estatuto de la Función Pública, la ley de organización de la
Administración, es decir, las grandes cosas que este país tiene
pendientes desde hace bastantes años, porque la Ley del 84 era de medidas
urgentes,
todo eso que tiene pendiente desde hace tantos años nos obliga, señor
Secretario de Estado, a dudar.
Ahora sí que termino, señor Presidente, por donde empezaba. No me han
quedado del todo claras las modificaciones que, en relación a su
antecesor, va a producir en ese impulso de la modernización.
Nada más, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: ¿Restantes grupos que deseen intervenir? ¿Señor
Núñez? (Asentimiento.)
Tiene la palabra, señor Núñez. (Risas.)
El señor NUÑEZ PEREZ: Efectivamente, señor Presidente, señorías, no
pensaba intervenir... (Risas.) porque, después de esta intervención del
señor Secretario de Estado tiene que venir otra, motivada por la
solicitud de comparecencia de nuestro Grupo, y, en mi respuesta a lo que
nos diga el señor Secretario de Estado, pensaba concentrar todo lo que
ahora voy a decirle, pero, pensándolo bien, primero, por cortesía
parlamentaria y para agradecer su intervención y, segundo, porque ha
dicho algunas cosas que conviene precisar y me sugieren unas preguntas
que no tienen mucho que ver con los motivos que dieron pie a la solicitud
de comparecencia del siguiente punto del orden del día, por esas razones
voy a intervenir, no sé si brevemente, pero voy a intervenir. (Risas.)
Señor Secretario de Estado, ha repetido casi, casi --y permítame que se
lo diga en tono muy cordial-- el mismo sermón del señor Saavedra la
pasada semana, prácticamente apoyado en los mismos puntos de reflexión;
con más prudencia que el señor Ministro. Es posible que usted no logre
los titulares que él logró al día siguiente, con la historia de los
gobernadores civiles, pero ha transitado por caminos parecidos.
Efectivamente, el objetivo a alcanzar, para usted, con unos
planteamientos distintos, un programa distinto o una visión personalizada
que nos demuestre cuál es el impulso nuevo que respecto a su antecesor
está usted dispuesto a dar, el primer objetivo, repito, sería la
elaboración de un diseño global de las administraciones públicas, diseño
global que no lo han hecho ustedes después de doce años --esta vez no
sumo ninguno, ¿eh?-- (Risas.) y que se apoya en tres circunstancias
fundamentales, que yo me voy a permitir recordarle muy brevemente.
En primer lugar, la crisis del sector público y la necesidad de su
reforma. El sector público ha crecido de manera muy considerable desde
hace unos años a esta parte --pasamos del 55 por ciento del producto
interior bruto--, y para algo que ha crecido tanto, se necesita un modelo
de gestión distinto, y ésta es la primera clave para hacer el diseño
global de las nuevas administraciones públicas que necesitamos. A esto no
aludió usted y es, repito, por lo menos, punto fundamental de reflexión.
La segunda circunstancia es la necesidad de fijar la posición y
competencia de la Administración del Estado respecto a la Unión Europea,
que yo creo que también es un tema a tener en cuenta. Y la tercera, por
supuesto, es la realidad de nuestro Estado autonómico. Sabe usted muy
bien que el Título VIII de la Constitución supuso una distribución
vertical del poder político, que eso ha diseñado un Estado autonómico y
que es necesario adaptar las administraciones de todos los planos del
Estado autonómico, para que se produzca una Administración que no sea
como la que ahora arrastramos, que tiene una estructura --a la que usted
se ha referido-- y unos sistemas de actuación --a los que también usted
se ha referido-- desfasados, anacrónicos y carísimos. Y de sus palabras
deduzco que usted reconoce este diagnóstico y que lo acepta. Mientras
esta situación se mantenga, señor Secretario de Estado, la Administración
entorpecerá la competitividad y el dinamismo social, cultural y
económico.
Habló usted de superar la ineficiencia y de colaborar en la
competitividad. Son palabras suyas de esta tarde. Me quedé con la copla,
porque efectivamente ésa es la clave del modelo, del nuevo modelo. Yo no
sé si recordarle en cuánto colabora el Gobierno y la Administración para
que seamos más competitivos, pero en los informes de todos los orígenes
(le cito, como otras veces he citado, el que se repite casi siempre, el
informe Davos) estamos ocupando un puesto de cola, y lo achacan a la
ineficacia o la ineficiencia de las administraciones públicas.
La estrategia para la regeneración de la Administración pública --no
tengo más remedio que corresponderle con un pequeño sermón también,
perdónemelo-- ha de arrancar de un planteamiento correcto de los
problemas que conciernen a la propia organización administrativa, y el
momento presente --y yo esperaba oírselo de usted esta tarde como algo
nuevo-- parece propicio, está pidiendo a gritos que, partiendo de un
punto cero, configuremos los departamentos ministeriales en su número,
denominación y estructura interna, de acuerdo con una equilibrada
organización de funciones y tareas de las diferentes unidades
administrativas, suprimiendo, refundiendo o reduciendo el rango de
aquellos organismos públicos que resulten inútiles, duplicados e
hipervalorados. Hoy yo esperaba que usted trajera aquí un programa de
actuación en ese sentido, con fechas y con calendario. Así podríamos
debatir y así podríamos colaborar. Sólo pueden considerarse factores
condicionantes de esta operación simplificadora, de una parte, la
realidad administrativa resultante del proceso de transferencia de
competencias y traspasos de servicios y personal a las comunidades
autónomas; y, de otra parte, la homologación necesaria con la ordenación
ministerial de los demás Estados miembros de la Unión Europea con vistas
a la más eficaz participación en sus instituciones.
De aquí nos dice (no sé si de aquí, de los planteamientos que nos dio en
sustitución de éstos, no tan claros o tan contundentes como los que yo le
he expuesto) sencillamente que va a actuar en cuatro áreas --me parece
muy bien--, con palabras gaseosas y sin compromisos concretos, y que al
final va a mandarnos cuatro leyes: el proyecto de ley de
incompatibilidades, que hoy ha aprobado el Gobierno; la Lofage --ya le ha
puesto usted hasta las siglas, aunque no sabemos todavía cómo va a ser ni
cómo se va a llamar; sobre eso le voy a hablar un poquito ahora--; y el
Estatuto de la Función Pública. Son los tres grandes proyectos de ley con
los que usted quiere, digamos, identificar este período.
Permítame que respecto de la primera le haga unas preguntas, muy
sencillitas. Por lo visto, al decir a quién se aplica, se definen los
altos cargos, si mal no estoy enterado --estoy hablando por lo que le he
oído a usted que completa las referencias de prensa de esta mañana--.
Altos cargos son los nombrados por el Consejo de Ministros.
En la Ley de Presupuestos tenemos evidentemente una relación de altos
cargos, que lo sabe usted muy bien: ministros, secretarios de Estado,
subsecretarios, directores generales. Pero luego hay otro personal de la
Administración al que yo no sé si le va a aplicar o no estas
incompatibilidades, pero que nuestro Grupo cree que sí deben aplicársele,
y ésa es mi pregunta. Es decir, hay otros puestos en la Administración,
por ejemplo, presidentes de entes públicos con un estatuto jurídico
especial, subdirectores generales, jefes de gabinete de los altos cargos.
¿Se les aplica a estos señores la ley de incompatibilidades? Porque le
voy a recordar que en el debate sobre el estado de la Nación y en la
resolución de la que trae causa esta ley (porque usted ha dicho que ha
sido por cumplir, efectivamente, uno de los puntos acordados por el
Congreso de los Diputados en el debate sobre el estado de la Nación) algo
se dijo respecto a esto. Yo no conozco, ni mucho menos, el ámbito de
aplicación de la ley, pero me preocupa que quede reducida sólo a los
cargos que usted ha dicho. Bienvenida la ley de incompatibilidades, dicho
sea de paso. La estudiaremos con mucho interés y, por supuesto, pondremos
nuestra colaboración para que sea eficaz y responda a lo que de verdad
motivó su discusión y su planteamiento para reformar la antigua en el
citado debate sobre el estado de la Nación.
Vayamos a la otra ley, la Lofage. ¿Cómo puede usted hablar hoy de la
Lofage? Se lo voy a decir con más cordialidad todavía. ¿Cómo se atreve,
señor Secretario de Estado, a hablar hoy de la Lofage? ¿En qué situación
está la Lofage? Sin ánimo de entrar en polémica, cuando el señor Saavedra
soltó aquí lo de los gobernadores civiles, al día siguiente le contradijo
el señor Ministro de Interior y Justicia, señor Belloch; le desautorizó
el señor Presidente del Gobierno; le desautorizó el señor Pérez
Rubalcaba. Pero, sin entrar, repito, en el tema en cuestión, en lo
sustantivo de cómo tienen que ser los gobernadores civiles --eso ya lo
veremos en otra ocasión--, de lo que se trata es de que nos demostraron
que lo que por lo visto era un proyecto que iba a venir aquí antes de que
terminara el año --coja los Diarios de Sesiones de esta Comisión--, era
un proyecto que no había pasado por discución en el Consejo de Ministros
y que no lo conocían; eran simples estudios del Ministerio para las
Administraciones Públicas, dijo literalmente el señor Presidente del
Gobierno. Entonces la pregunta es: ¿cómo se puede venir a esta Cámara y
decir que hay un proyecto de ley que está a punto de venir y que antes de
que termine este trimestre lo tendremos en este Congreso? Yo le pregunto:
¿Ha pasado siquiera por la discusión de la Comisión de Subsecretarios?
¿De alguna manera tienen ya el dictamen u otras redacciones del Consejo
de Estado? ¿Lo han despachado y han superado las dificultades que tiene
con otros Ministerios? Yo le tengo que hacer ya todas estas preguntas,
repito, no porque dude o porque me den pie y autoridad para preguntar
sobre el tema, los doce años de retrasos e incumplimientos, no sólo ya
respecto al artículo correspondiente de la Constitución, sino respecto a
la ley famosa de 1983, en la que el Gobierno se emplazó a enviarnos esa
ley. Por tanto, señor Secretario de Estado, yo creo que si usted habla
aquí de la Lofage tendría que decirnos por qué tenemos que creerle ahora
cuando su Ministro nos dijo lo que nos dijo y fue desautorizado como fue
desautorizado.
El Estatuto de la Función Pública, es otra herramienta importante, ya lo
creo que lo es, muy importante. También hablamos de manera gaseosa de
unos trabajos que no sabemos dónde están ni quién los tiene. Antes, un
parlamentario que no está aquí, por eso voy a tener la cortesía
parlamentaria de no citarlo, dijo sencillamente que él tenía conocimiento
directo de esos trabajos. No era del Grupo Parlamentario Socialista. ¿Por
qué los demás grupos no vamos a poder tener ese conocimiento directo y
esa información directa de los trabajos y de la marcha de esos trabajos?
Figura en el «Diario de Sesiones», lo puede usted ver. Ha tenido
conocimiento directo de los trabajos que se están llevando a cabo, lo
dijo aquí con motivo del otro punto del orden del día, al hablar del
Estatuto de la Función Pública. El señor Gatzagaetxebarría, que me
perdone que no esté aquí, pero fue él quien lo dijo, que tenía
conocimiento directo y que le gustaba. Si usted está pidiéndonos
colaboración, trabajo compartido, responsabilidades compartidas, o como
usted quiera, para una herramienta tan fundamental como ésta, trátenos a
todos por igual, porque vamos a estar discriminados. Yo se lo digo a
usted que es el responsable de eso. ¿A quién se lo voy a decir? Si me
dice usted: no lo tiene nadie. Pues muy bien, a lo mejor me doy por
satisfecho, pero, en todo caso, permítame que le diga que si esos
trabajos existen y están poniéndose a disposición de determinados grupos,
es lógico que nosotros se los reclamemos. Si usted nos los quiere mandar,
bien, y si no, pues no nos los manda, y punto.
Repito, el Estatuto de la Función Pública llevamos también años
reclamándolo. Por fin, al margen de la discusión sobre el estatuto
material o formal de que hablaba --siempre tenemos esa discusión el señor
Varela y yo, y que la tengamos muchos años, pero al revés, cambiando los
papeles (Risas.)--, al margen de eso, ya se han dado ustedes cuenta de
que ésa es una herramienta necesaria y tienen que mandarla lo más pronto
posible, porque con ella le daremos respuesta a un montón de cuestiones
que se necesitan para lograr ese objetivo fundamental de que hablábamos
al principio: elaborar un diseño global de las administraciones públicas
que sirva a los ciudadanos y que esté muy cerca de la sociedad
democrática a la que usted aludía, de la sociedad plural a la que usted
aludía, de la sociedad que necesita que se le presten unos servicios
públicos y que crea en la Administración y la Administración recupere
delante de ella el prestigio correspondiente. Para eso es necesario,
repito, diseñar y poner en práctica un sistema de carrera administrativa
basada en los principios de mérito, antigüedad y evaluación en el
desempeño de los cometidos, garantizar la neutralidad política de los
funcionarios --y luego le hablaré de eso en la otra comparecencia--,
entablar con los sindicatos unas relaciones sinceras
y cooperativas --y nos parece muy bien el síntoma que demuestra el
acuerdo, aunque usted mismo dijo en unas declaraciones muy sinceras que
había sido muy cómodo para ustedes firmar con ellos el acuerdo; no sé a
qué se refiere esa comodidad ni a quién está valorando con esa
comodidad--, fomentar un proceso de formación y capacitación permanente
del personal, apostar por la competencia, interés y espíritu autocrítico
de los funcionarios, difundir en la opinión pública la idea de que España
dispone de una función pública ciertamente mejorable, pero básicamente
servicial, honrada, profesionalmente competente y escrupulosa en el
manejo de los dineros públicos, etcétera, etcétera. También de esto
hablaré más tarde en la otra comparecencia.
Son preguntas que me sugirió su intervención, se lo agradezco mucho, pero
no tenía que haberse quedado en las generalidades de la Ley, tenía que
haber precisado, tenía que haberse comprometido en datos, cifras y fechas
para que nosotros supiéramos qué quiere decir eso del nuevo impulso.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Varela.
El señor VARELA FLORES: En primer lugar quiero agradecer la intervención
del Secretario de Estado para las Administraciones Públicas, y ya que la
semana pasada, en su primera comparecencia, nuestro grupo no intervino,
aprovecho ahora esta ocasión para darle la bienvenida a esta Comisión de
Administraciones Públicas y desearle éxito en su gestión. Exito que para
mí, evidentemente lo tiene asegurado porque conozco su larga trayectoria
en distintos puestos de dirección dentro de las administraciones
públicas.
Dicho esto, también quiero mostrar mi satisfacción al ver que el grupo
que pide la comparecencia sobre este punto dice que la exposición que ha
hecho el Secretario de Estado para las Administraciones Públicas le
resulta agradable y que está de acuerdo con las medidas que se proponen,
y en materia de personal señala que suponen un importante avance.
Si realmente tenemos que valorar el resultado de la comparecencia,
tenemos que participar de esa sensación que nos producen los planes que
tiene en estos momentos el Ministerio de las Administraciones Públicas y
que expone el Secretario de Estado para la Administración Pública, en
lógica y deseable coincidencia con lo expuesto por el Ministro del
departamento la semana pasada. Esto que tanto extraña a los dos
intervinientes que me precedieron, a nosotros nos congratula. ¡Faltaría
más que el Secretario de Estado viniera a esta Comisión a no coincidir y
a desautorizar lo que ha dicho el jefe de su departamento!
Se ha vertido reiteradamente, se hace siempre, puede que sea uno de los
papeles que la oposición entiende que debe de hacer, una descalificación
sobre lo que se lleva actuado por parte de los gobiernos socialistas
durante los últimos doce años. ¿Y ello por qué? Porque ahora se trata de
dar un nuevo impulso, no un impulso que no había tenido la reforma de la
Administración del Estado en los años anteriores o con los gobiernos
anteriores o a través de los distintos altos cargos que han desempeñado
estas tareas, no; es un impulso nuevo. Y yo aquí quería unir dos ideas
fundamentales que han estado presentes, para mí, aunque las han querido
obviar los dos intervinientes de los grupos del Partido Popular y de
Izquierda Unida. Y es la idea de ese impulso con la idea señalada por el
Secretario de Estado de que la reforma de la Administración --se ha dicho
también en otros muchos debates en esta Comisión y en el Pleno sobre la
reforma de la Administración pública--, la idea de que esa reforma es un
proceso dinámico. Se ha recalcado ahora y se ha señalado, por lo tanto,
que no existe ningún modelo acabado, ningún modelo definitivo. No podemos
decir en ningún momento: ésta es la Administración que queremos, vamos a
diseñarla y ésta tiene que perdurar en el tiempo. Habrá que ir tomando
medidas a lo largo del tiempo. ¿Para qué? Para dar satisfacción a las
nuevas exigencias que plantean los ciudadanos. Y, evidentemente, los
ciudadanos están planteando permanentemente, y ello se viene
construyendo, el Estado del bienestar. El Estado del bienestar que se
configura a través de una posición ideológica por parte de las distintas
fuerzas políticas que concurren a las elecciones.
Cuando hablamos de reforma administrativa, cuando hablamos de la
modernización de las administraciones públicas, cosa que se viene
haciendo desde 1984 por parte de los distintos gobiernos socialistas de
forma sucesiva y acometiendo las nuevas necesidades que las
administraciones públicas tienen en nuestro país, nunca debemos de
olvidar, y parece que se olvida en estos debates, supongo que de forma
intencionada, que en estos doce años se ha procedido a la vertebración
del Estado de las autonomías. Ello ha supuesto no sólo el traspaso de un
enorme volumen de competencias a las distintas administraciones públicas,
no todas ellas de manera uniforme, lo que dificulta mucho el proceso,
sino también el trasvase de miles de funcionarios de la Administración
del Estado a las comunidades autónomas. Esto lógicamente ha sido un
proceso necesario, un proceso exigido por la Constitución, un proceso que
exige el moderno Estado español. Y esto se ha llevado a cabo y
compatibilizado también con la modernización de las estructuras. No
estamos ahora iniciando el proceso de modernización. Se va a llevar a
cabo, el Grupo Socialista lo apoya, el segundo plan de modernización.
Ahora se ha hecho hincapié en los centros de información al ciudadano,
ahora se ha hecho hincapié en que precisamente se pasaba de una situación
de silencio a una situación de comunicación, pero no se pasa de una
situación de silencio existente en estos momentos, una situación de
silencio absoluta, no se pasa ahora, sino que se viene pasando desde hace
mucho tiempo, a través de iniciativas legislativas, iniciativas
legislativas del Gobierno socialista. Y quiero recordar aquí precisamente
la reforma que introduce la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, donde
todos estos principios no sólo se recogen, sino que se les da una
estructura y un contenido normativo. Pero sabíamos cuando debatíamos esa
ley --y se ponía de manifiesto-- las dificultades que implicaba su
completo desarrollo y funcionamiento
por todas las administraciones públicas afectadas. Se iniciaba, por lo
tanto, un proceso de modernización con esta ley, pero lógicamente las
leyes no tienen la virtualidad de producir la transformación inmediata.
Tienen un proceso de desarrollo, una asunción de una nueva cultura
--decíamos también en aquella ocasión-- por parte de los funcionarios
públicos para aceptar ese cambio del papel de la Administración con
respeto a los ciudadanos, que hasta entonces habían sido considerados por
las distintas leyes administrativas no como ciudadanos realmente, sino
como administrados. Rompíamos, por lo tanto, ya hace tiempo, este tipo de
conceptos que quedaban obsoletos y los aproximábamos precisamente a estas
medidas que hoy acaba de señalar el Secretario de Estado y que van a
orientar la política de su departamento.
Ha señalado las cuatro áreas fundamentales de actuación de este
departamento. Yo quiero decir que confiamos plenamente en que en el
próximo ejército estas leyes que ha mencionado aquí, que evidentemente no
constituyen un proyecto, pero supongo --y lo tendrá que contestar él--
que cuando se refiere a proyectos es que a nosotros nos llega como tal,
pero en estos momentos será estudio, después será anteproyecto y a
nosotros nos llegará como proyecto, se harán realidad. Por eso es lógico
que se hable del futuro proyecto de la Lofage y del futuro proyecto del
estatuto de la función pública. No me cansaré de insistir en lo contrario
de lo que usted viene insistiendo, señor Núñez, a lo largo de todos estos
años, y es que sí existe un Estatuto de la Función Pública en
disposiciones dispersas. Yo no le voy a discutir la facilidad y las
virtudes que puede tener un estatuto recogido en una única norma, pero
tampoco creo que eso constituya un instrumento de carácter y definitivo.
Me imagino que después de este estatuto y en ese proceso dinámico de
modernización de las administraciones públicas y que afecta evidentemente
al factor fundamental, que son los funcionarios o los empleados públicos,
en ese proceso dinámico supongo que ese estatuto será modificado a través
de otras leyes que surjan en años sucesivos. Por tanto, yo no creo que
este estatuto sea la panacea que vaya a resolver una dispersión de la
normativa que hoy en día puede considerarse que compone el Estatuto de la
Función Pública, pero yo me alegro de que realmente esto sea una de las
cuestiones que más satisfacción le pueda dar al representante del Grupo
Popular y también al representante de Izquierda Unida, que se ha
manifestado en este mismo sentido.
Tengo que felicitar al Secretario de Estado para las Administraciones
Públicas por haber dejado claramente manifestado, yo creo que ante todos
nosotros y ante la opinión pública, esa capacidad de nuevo impulso de que
ha dotado a la Secretaría de Estado. No es una idea que yo haya elaborado
o reflexionado precisamente para esta comparecencia suya, sino que es
algo que he pensado cuando yo, y los demás miembros de esta Cámara,
disfrutábamos de las vacaciones veraniegas y, leyendo la prensa, veíamos
cómo esta Secretaría de Estado no se iba de vacaciones y estaba avanzando
precisamente en llegar a un acuerdo con los sindicatos. Acuerdo
importantísimo, acuerdo en donde se tocan las retribuciones, el empleo
público, los planes de empleo, sobre lo que hemos debatido en diciembre
de 1993 y que hoy, efectivamente, cobran un enfoque diferente. No es que
se modifique la ley, sino que se le da una aplicación diferente,
precisamente con un acuerdo entre Administración y sindicatos.
Yo recuerdo que en aquel debate, a quienes tenían miedo --me parece que
eran los representantes de Izquierda Unida-- de que estos planes de
empleo fueran utilizados para prescindir de mucho funcionario público, es
decir, para llevarlos a esa situación de excedencia, yo les decía que
había una garantía por medio, que era que estos planes de empleo tendrían
que ponerse en práctica a través del necesario acuerdo con los
sindicatos. Lo estamos viendo ahora, éste es el enfoque correcto y, por
tanto, creo que debemos felicitarnos.
Otro tema importante es el de la carrera administrativa. Cuántas veces
hemos dicho que la carrera administrativa se había roto en nuestro país o
había quedado desdibujada a través de la reforma de 1964, de López Rodó.
Cuando se rompe con el tradicional sistema cerrado de Función Pública y
se empiezan a asumir elementos del sistema abierto de Función Pública,
exportado de los Estados Unidos, y cuando también nos temíamos que la
llamada promoción interna fuera realmente un sucedáneo de la carrera
administrativa que no cumpliera con los fines que nosotros pensábamos que
debería cumplir. Pues bien, parece que la política de este Ministerio
tiende a recuperar esos elementos esenciales de la carrera
administrativa, que es una de las motivaciones fundamentales con las que
puede contar el empleado público, su formación y sus posibilidades de ir
ascendiendo a través de la consolidación de lo que se llama el grado
personal. Yo creo que en esto coincidimos porque hemos detectado muchas
veces sobre estas materias. Destaco también el aumento al doble de las
horas de los planes de formación.
También hay otra cosa que acaba de mencionar el Secretario de Estado y
que yo echaba en falta en el contenido de los acuerdos con los
sindicatos, aunque son elementos que a mí me parece que son esenciales y
que debemos de retomar y plantearnos a la hora de elaborar esa ley
formal, ese estatuto de la Función Pública que debe servirnos para
corregir las cosas que creemos que en estos momentos presentan algún tipo
de disfunción. Me estoy refiriendo al acceso. No se habla de ningún
acuerdo sobre el acceso a la Función Pública. El libre acceso a la
Función Pública garantizado por la Constitución a través del principio de
igualdad, mérito y capacidad. No se habla tampoco de las situaciones
administrativas, y no se dice nada de algo que siempre echamos de menos:
el régimen disciplinario dentro de la Función Pública. Creemos que son
elementos fundamentales, no están dentro de los acuerdos y, sin embargo,
también para mi satisfacción, los acaba de poner de manifiesto como tres
puntos importantes dentro del estatuto de la Función Pública.
Yo escuché en la intervención anterior que esta reforma del sector
público debe hacerse partiendo de un punto cero y yo siempre he
discrepado de esa idea. La Administración pública es un motor en marcha y
el motor en marcha no se puede paralizar para ser sustituido por otro
nuevo. Habrá
que acoplarle nuevas piezas, pero no se puede detener en ningún momento.
Estas son la dificultades que se plantean a cualquier gobierno a la hora
de llevar a cabo una reforma en profundidad: que lo tiene que hacer en
fases sucesivas para ir sustituyendo las piezas que no funcionan. No se
podrá partir, por lo tanto, nunca de cero, que sería siempre lo más
deseable, para construir algo totalmente nuevo, porque en todo momento
hay que contar con lo ya existente para seguir prestando los servicios
que son demandados por las distintas administraciones públicas.
Como va a haber otra intervención en el punto siguiente, quiero reiterar
que nosotros tenemos plena confianza en que la política de impulso y
modernización de las administraciones públicas se va a poner de
manifiesto en un plazo muy breve y, por tanto, lo único que me queda es
animar al Secretario de Estado y decirle que cuenta con el apoyo del
Grupo Socialista para llevar a cabo semejante tarea.
El señor PRESIDENTE: El señor Secretario de Estado tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA (Méndez
Martínez): Quiero agradecer a SS. SS. sus intervenciones y sus
observaciones.
Yo creo que nunca me van a encontrar en una distinción clara entre la
acción y el discurso y lamento que en mis comparecencias ante esta
Comisión tenga la voluntad decidida de hacerlo en esos términos, pero es
que tengo la certeza de que cada vez que hablamos de las cosas debemos,
primero, fijar la posición y los términos en los que las entendemos. Eso
no merma en absoluto la capacidad de control respecto de la actividad que
finalmente se despliega en cada área. Por tanto, le insisto en que yo
creo que aquella parte discursiva que haya encontrado en mi intervención
no es una cortina de humo para disfrazar la carencia de datos,
información y posiciones, sino, antes bien, la voluntad de poner de
manifiesto qué se piensa en relación a los temas sobre los que a
continuación se va a fijar posición.
En ese sentido le decía, y me alegro que lo comparta, que la
modernización es un proceso abierto --yo creo que casi todos los grupos
han repetido ese criterio--, es un proceso permanente y, desde esa
perspectiva, yo no puedo estar de acuerdo con el juicio de valor que
emite en torno a que la Administración pública sea en estos momentos
menos eficiente que la Administración que se encontró el Gobierno
Socialista cuando accedió al poder. No es así, a los hechos me remito,
compare usted los datos. En todo caso es notablemente mejor, está más
organizada, es más sencilla, más efectiva, más eficiente y produce
mejores resultados. A ese debate le invito, no en términos genéricos,
sino en términos de comparación del dato que quiera utilizar.
Observo, porque es el motivo de mi segunda comparecencia y en la anterior
intervino S. S. en los mismos términos, que tiene un miedo cerval a toda
aquella música que suena a la reducción de estructura y tejido
administrativo. No comparto ese miedo, teniendo muchas aproximaciones que
compartir respecto de su discurso, en la medida en que yo creo que no hay
que tener miedo a la eficiencia ni en el ámbito privado ni en el público.
Todas las organizaciones públicas y privadas están abocadas a ser
eficientes y esa eficiencia, en la medida que suponga una reducción del
tejido, comporta el reto de reducir ese tejido para conseguir el mismo
nivel de eficacia pero con el menor coste. Y eso no tiene que ser ni
música neoliberal ni discurso extraño. La Administración pública tiene
que comportarse como una empresa en términos de conseguir su eficiencia y
su competitividad. Y le digo algo más. Si no fuera así, voces habría que
hablarían de la privatización de los distintos sectores en los que la
Administración no fuera eficiente. Por tanto, desde el discurso de
izquierda es necesario que digamos que la Administración pública y que
las políticas públicas tienen que ser profundamente eficientes. Y eso no
es un discurso neoliberal.
En relación con otro tema, la política de personal, lamento tener la
impresión de que el representante de Izquierda Unida no está contento con
que hayamos firmado un acuerdo con las centrales sindicales. Porque --ya
ocurrió en mi anterior comparecencia-- trata el pacto obtenido con las
centrales sindicales desde una perspectiva como si las centrales
sindicales fueran menores de edad y no supieran exactamente qué es lo que
han firmado. Yo no tengo ese concepto de las centrales sindicales y creo
que a S. S. no le gusta demasiado que hayamos firmado un acuerdo con
ellas. Le digo más. Estamos en la segunda fase de negociación con
voluntad de llegar nuevamente a otro acuerdo muy trascendente.
Respecto del concepto de masa salarial me comprometo a remitirle, a
través de la Presidencia de esta Comisión, el dato exacto que, por otra
parte, conocen las centrales sindicales que firmaron el acuerdo en todos
sus términos, pero insisto en que me comprometo en hacérselo llegar. En
todo caso, está publicado en los Presupuestos Generales del Estado. Esa
es la masa salarial, la que figura allí es la de 1994 y en su día
figurará la de 1995. Yo le recordaré por escrito cuál es exactamente el
alcance del concepto y la cuantificación de esa masa salarial.
Sí le tengo que decir en cuanto a la utilización del concepto, que no
tenga ninguna duda de por qué aparece ese concepto. Creemos que aproximar
la negociación colectiva en el ámbito público a la negociación colectiva
en el ámbito privado es una buena metodología. Nos lo parece a nosotros
como Administración y les ha parecido igualmente bueno a los sindicatos.
Consiguientemente, esa aproximación en los términos de la negociación
colectiva nos parece un buen elemento de reflexión que ha quedado
plasmado perfectamente en los contenidos del acuerdo.
Se ha planteado, tanto por S. S. como por el señor Núñez una duda
razonable sobre en qué momento traeremos la Lofage, la Ley de
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.
Está dicho como compromiso que vendrá en este período de sesiones.
Permítanos que mientras tanto, como Gobierno, adoptemos todas aquellas
cuestiones de índole y naturaleza interna que nos permitan terminar
nuestros trabajos, compartir nuestras reflexiones, estudiarlos de consumo
en términos de Consejo
de Ministros y presentar en su momento el proyecto en la Cámara. Mientras
tanto no veo llegado el momento de facilitarle a S. S. la certeza de que
cumpliremos el compromiso, pero a los hechos nos tendremos que remitir en
su momento.
Termino respecto de la intervención del representante de IU diciéndole
que no me he parado a buscar las diferencias entre el programa de trabajo
que hoy yo haya podido explicar ante la Cámara con el de mi predecesor.
Primero, porque no necesito hacerlo; segundo, porque creo que continúo su
labor; tercero, porque pienso que lo ha hecho bien y, cuarto, porque
ambos pertenecemos al mismo Grupo Parlamentario que da soporte a este
Gobierno y, por tanto, hay una línea de continuidad entre el trabajo que
se venía realizando en el Ministerio y el que yo tenga que realizar en
estos momentos.
El señor Núñez me reprocha que haya repetido parte de la intervención del
Ministro o haya mantenido el mismo esquema. Yo creo que usted no podría
esperar que lo hiciera de otro modo. Por tanto, creo que era
absolutamente lógico y estoy seguro que no hemos dicho lo mismo ni con
las mismas palabras. En todo caso, me alegro que me diga S. S. que la
estructura es la misma porque ello significa que el Ministro y esta
Secretaria de Estado trabajamos exactamente en perfecta sintonía.
Que en relación con las características del nuevo impulso usted haya
hecho un acercamiento, no por miedo a las diferencias, sino por la vía de
si estamos comprendiendo que los factores que están presentes y que
tenemos que tener en cuenta son los mismos, me alegraría poderle decir
que, en lo esencial, creo que sí. Usted me pregunta: ¿compartimos el
diagnóstico? Y yo le digo: Creo que compartimos el diagnóstico. Porque
usted me responde con tres factores: la crisis del sector público con
carácter general en todas las sociedades --y en España también--, y de
una forma singular en España, y lo decía yo en mi intervención; la
tensión referida a la integración en las Comunidades Europeas, y la
emergencia de las comunidades autónomas. Coincido con S. S., son factores
que sin duda están incidiendo, y en mi reflexión los he incorporado
sumándolos a los cambios sociales, económicos, políticos y tecnológicos
que han invadido nuestra sociedad en estos años. Consiguientemente, creo
que en el diagnóstico posiblemente no estamos muy alejados. Yo estoy
seguro de que, al final, en las soluciones, tendremos diferencias --como
S. S. no las ha marcado, yo tampoco las voy a señalar--, pero --insisto--
me encantaría que en el diagnóstico fuéramos compartiendo elementos de
reflexión y dijéramos que, de consumo, creemos que coincidimos en
diagnósticos. Es una parte fundamental para poder tratar las soluciones
de una forma suficientemente consensuada.
Decía antes que hay que aceptar la eficiencia y la competitividad. Yo lo
dije, usted lo ha repetido y yo lo vuelvo a repetir desde aquí. Creo que
ese es un reto y hay que aceptarlo.
En relación con la ley de organización, me remito a decirle que considero
que hay que hacerlo no solamente en términos normativos, sino en términos
de la realidad. Creo que en la intervención del Ministro así se
destacaba, creo que en la intervención del Presidente del Senado --que ya
he citado-- así se destacaba y creo que en mi intervención he intentado
dejar presente lo siguiente. Debemos producir aquellos cambios normativos
que transformen las cosas. La Lofage tiene una naturaleza y una voluntad
de reordenar el tejido administrativo, pero tenemos que actuar sobre la
realidad, ordenándolo más allá de la propia ley. Incluso pueden coexistir
ambos esfuerzos: un esfuerzo de ordenación, en términos de racionalizar,
simplificar, reducir, reorganizar --este esfuerzo se viene realizando y
se debe intensificar-- y un esfuerzo a la hora de elaborar una norma y
obtener el refrendo de la Cámara. Yo creo que esos dos esfuerzos deben
coexistir.
En relación con los tres compromisos que destaca de mi intervención
--incompatibilidades, ley de organización y estatuto-- hay dos cuestiones
concretas que usted me pregunta: a quién se aplica en materia de altos
cargos. «In extenso» a todos aquellos altos cargos, cualquiera que sea su
denominación, que hayan sido nombrados por Consejo de Ministros. El
detalle es complejo y aburriría a la audiencia porque están
suficientemente descritos quiénes, y genéricamente remitida la cláusula
cuyo nombramiento se haya efectuado por Consejo de Ministros. Pronto
habrá una aplicación de ese concepto muy «in extenso», tanto en la parte
principal de la ley como en sus normas de disposición adicional.
No comparto que haya habido una refriega de desautorización y, por tanto,
no voy a combatir esa visión que usted proporciona. Creo que en un
Gobierno hay diferentes formas de enfocar la misma cuestión y, por tanto,
no existiendo ese debate de consumo de Consejo de Ministros, es lícito
que existan distintos enfoques e incluso distintas percepciones del ritmo
en el que las cosas se tienen que efectuar.
Me hace una pregunta a la que siento no poder contestarle, y que, en todo
caso me deja un poco perplejo. Creo que es la pregunta relativa a algo
que ha dicho en esta misma Comisión esta misma tarde el señor don Ricardo
Gatzagaetxebarria, por tanto, tendrá usted que preguntarle a él qué es lo
que efectivamente conoce de forma directa, porque yo no se lo puedo
decir. Hágale la pregunta directamente. Sí le puedo decir que nosotros no
estamos proporcionando información directa a ninguna fuerza política en
relación con el proceso de negociación y acuerdo con las centrales
sindicales, que he entendido que era algo que me preguntaba.
Evidentemente de su intervención creo que queda que toda la
Administración Pública es mejorable, y yo comparto y compartiré siempre,
así hayamos obtenido los mejores éxitos en la mejora y en el impulso de
la modernización, que la Administración Pública es mejorable siempre, por
naturaleza, pero especialmente es mejorable si la comparamos con cosas
anteriores.
Usted sabe, porque fue ministro de un gobierno, que las administraciones
son mejorables y usted, que habrá contribuido --supongo-- en su exacta
medida, en la de su esfuerzo, a hacerla mejor que aquella que recibió,
tenga la certeza que nosotros hemos hecho una administración mejor que
aquella que recibimos de los gobiernos en los que
usted participó. Esta certeza también me permite pensar que en el futuro
siempre habrá un gobierno pendiente de hacer las cosas mejor.
Yo quiero agradecer la intervención del representante del Partido
Socialista, agradecer su bienvenida. Ya hemos hablado del proceso
dinámico en las organizaciones y en la Administración Pública. También
debemos de decir --y coincidimos en que la realidad es siempre mucho más
compleja que la forma en que la verbalizábamos o la forma en la que nos
relacionábamos con la realidad-- que ha sido necesario un gran esfuerzo,
efectivamente, por cambiar las cosas, por conseguir mayor cuota de
eficacia y de calidad en los servicios, y seguramente ese esfuerzo en
nuestra sociedad ha sido mucho más intenso que el esfuerzo que ha tenido
que soportar otra sociedad vecina a la nuestra, en la medida en que
nosotros teníamos padecimientos específicos, teníamos problemas
específicos de transición, de estructuración de nuevos centros de poder y
de decisión y de transferencia de servicios al ámbito autonómico. Eso ha
hecho más complejo y más difícil ese gran esfuerzo de modernización que
lleva a cabo la sociedad española.
Es lo cierto que la Ley 30/92 significa un enorme reto de desarrollo, en
algunos casos reglamentario y en otros simplemente de desarrollo por vía
de la ejecución de los compromisos que contiene la Ley 30/92. En este
sentido yo verbalicé un mensaje de compromiso con aquellas cuestiones en
las que la ley 30/92 es innovadora y dice que deben ser las que
caractericen el servicio público. Por tanto, dedicaré buena parte de mi
esfuerzo a conseguir que las unidades administrativas lleven a cabo ese
esfuerzo solicitado por la Ley 30/92.
Quiero destacar --porque a veces no hay buena comprensión al respecto,
señor Núñez-- que todo ello no sólo es para la Administración del Estado
sino también para el resto de las administraciones. El Partido Popular es
gobierno en alguna de esas administraciones y, por tanto, a mí me
alegraría que a veces jugáramos bien con esa distinción y con esos
compromisos. Creo que cuando hablamos de administraciones públicas
debemos hablar en el sentido genérico de las cosas que implican a todas
las administraciones públicas, y cuando hablemos de la Administración
general del Estado debemos hablar específicamente de ella. Yo me
comprometo con la aplicación de los criterios de la Ley 30/92 por lo que
afecta a la Administración general del Estado, aunque no directamente. No
soy el gestor de la Ley 30/92, soy el área que debe estimular su
aplicación, que debe coordinar los instrumentos de aplicación. Los
gestores están en cada una de las unidades de línea y responderán de la
reforma en la que eficazmente cumplan las previsiones contenidas en la
Ley 30/92 y todos debemos ser vigilantes de la necesidad de que eso
también se efectúe en sus propios términos en el resto de las
administraciones públicas de nuestro país.
Coincido, por tanto, con el señor Varela en que en muchos casos ha habido
legislación suficiente. Cuando hablamos de un estatuto de función pública
o de empleo público, no debemos de ignorar que hay un conjunto normativo
suficiente que hace de nuestro país un país que en materia de relaciones
laborales en el sector público tiene su marco reglamentario perfectamente
dibujado. Otra cosa es que no deseemos superar o sí deseemos superar ese
marco reglamentario. Pero existe y es objetivo, obedece a objetivos
generales y, por tanto, ¡claro que ha estado ahí!, pero llega un momento
en el que la racionalidad de las cosas o la madurez de las cosas permite
ir un poco más lejos y, por ende, he ahí nuestra voluntad de hacer, en el
marco de lo que es la política de los empleados públicos, un esfuerzo
adicional de racionalización y, por tanto, creo que debemos de
reivindicar lo bueno del esfuerzo de legislación que ya se ha ido
realizando en materia de empleo público, como me citaba en este caso, o
incluso de ordenación y funcionamiento.
En relación con el acuerdo, señor Varela --y creo que con esto contesto
en parte al señor Núñez sobre algo que me decía que había dicho yo--, yo
he elogiado el proceso de negociación y lo he elogiado por activa y por
pasiva. Lo he elogiado no porque fuera un proceso cómodo, sino que lo he
elogiado por el talante de las personas que negociaron; elogié la
profundidad con la que los que negociaban entraron en el conocimiento de
los temas; elogié además la responsabilidad con la que lo hicieron y la
voluntad de negociar, que no siempre existe. Por tanto, sí que he
elogiado el proceso de negociación, pero además ahora afortunadamente
puedo elogiar el acuerdo en términos de su contenido y puedo elogiar la
forma en la que se está realizando la segunda fase de negociación y, por
tanto, creo sumarme a su reflexión, señor Varela, contestando al señor
Núñez en este sentido.
Y termino con algo que usted decía. Efectivamente no hay nunca un
kilómetro cero para hacer las cosas en los procesos de modernización o en
el tejido administrativo. No hay nunca un kilómetro cero. Es un proceso
constante. Pero siendo un proceso constante, un proceso dinámico,
abierto, en el que cada cual llega con su testigo y trata de hacer lo que
realmente quiere hacer por sus convicciones, por sus opciones, por sus
compromisos, lo que yo intentaba decir esta tarde es que podemos tener
horizontes bastante compartidos entre los grupos. Por tanto, mi
invitación en este sentido, la que queda bien presente, es que no hay
kilómetro cero, que podremos discutir muchas veces la forma en la que
hagamos las cosas, pero que, a lo mejor, podemos tener horizontes
compartidos para mejorar la Administración pública, y me ha venido bien
su frase en este sentido para cerrar mi intervención.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Díaz): Gracias, señor Secretario de Estado.
--SOBRE LOS DATOS Y CIFRAS EN QUE SE APOYAN SUS DECLARACIONES SOBRE EL
RENDIMIENTO Y COMPORTAMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS, PUBLICADAS EN LA PRENSA
EL DIA 4/8/94, ASI COMO PARA DETERMINAR EL ALCANCE DE SUS PALABRAS
RELATIVAS A LA BONDAD DE QUE «TENGAMOS UNA ADMINISTRACION IDEOLOGIZADA» Y
DE QUE «LAS ADMINISTRACIONES
NO DEBEN SER NEUTRALES». A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN
EL CONGRESO (número de expediente 212/000930).
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Díaz): Pasamos al punto cuarto del orden
del día: Comparecencia del mismo Secretario de Estado para informar, a
petición del Grupo Popular, sobre los datos y cifras en que se apoyan sus
declaraciones sobre el rendimiento y el comportamiento de los
funcionarios publicadas en la prensa del pasado 4 de agosto, así como
para determinar el alcance de sus palabras relativas a la bondad de que
«tengamos una Administración ideologizada» y de que «las Administraciones
no deben ser neutrales».
Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA (Méndez
Martínez): Señorías, yo entiendo que la pregunta tiene tres partes y, a
expensas de que el Grupo interpelante me fije los términos exactos en los
que desea que exprese con cifras y datos unas declaraciones extensas, que
creo recordar ocuparon dos páginas en un diario nacional, creo que tendré
que aburrir a SS. SS. con un relatorio por desconocer exactamente dónde
quiere el señor Núñez --que me parece que va a ser quien me pregunte a
este respecto por parte del Grupo Popular-- que cifre y date un contenido
en particular,
A expensas de esa respuesta, en todo caso debo decirle que sí puedo fijar
mi posición de partida en materia de las otras dos partes de la pregunta:
una administración ideologizada y una administración que no debe ser
neutral.
Respecto de lo primero, una administración ideologizada, creo que ya le
he dicho al señor Núñez y se lo repito ahora, en todo caso, que entre los
falsos debates que el PP nos propone en materia de función pública, yo me
encuentro sistemáticamente con uno (lo digo sistemáticamente también en
la prensa, no solamente aquí), que es la acusación, yo entiendo que
demagógica, de la politización de la Administración pública, y suelo
decir también que la única administración politizada que yo he conocido
hasta ahora ha sido la administración franquista.
Lo puedo decir porque en una sociedad democrática los ciudadanos piensan
siempre de una forma plural y libre, participan de forma plural y libre
en las instituciones e igualmente participan de forma plural y libre en
su trabajo. Y le debo decir que las organizaciones, por grandes o
pequeñas que sean, públicas o privadas, además tienen siempre una cultura
propia; (El señor Presidente ocupa la Presidencia.) desarrollan lo que
podríamos llamar un pensamiento colectivo acerca de su trabajo; sus
empleados tienen, y además comparten mayoritariamente como
organizaciones, unos valores, unas reglas de comportamiento, unas
visiones acerca de su futuro, y a ello se le suele llamar, en términos
organizativos, por los expertos, no por este humilde Secretario de
Estado, cultura organizacional, ideología de la organización o incluso
mística de la organización. Por tanto, no es palabra que se invente este
humilde Secretario de Estado.
En las administraciones públicas, por tanto, señor Núñez, existe una
cultura que, como conjunto de ideas o valores más predominantes en la
Administración pública --porque existen, porque están ahí--, caracterizan
de una forma singular los rasgos de esa organización, las actitudes de
los empleados públicos. Además, no es nada difícil encontrar en esos
rasgos y en esas actitudes las tradiciones, las culturas que muchas veces
explican, además muy bien, el grado de comportamiento de esas
organizaciones e incluso su grado de adaptación a las demandas de los
ciudadanos o a la modernidad en la que dicen moverse esas organizaciones.
Pues bien, incluso quienes nos acercamos habitualmente a la
Administración pública, hablamos con frecuencia, y yo creo que usted
también en alguna ocasión lo habrá hecho, de la necesidad de un cambio
cultural en la Administración pública: nuevos valores acerca del trabajo
bien hecho, acerca del esfuerzo, la sensibilidad para con los temas que
se atienden desde la Administración pública, el interés por mejorar, la
importancia de la gestión pública para la vida de los ciudadanos, entre
otras muchas cosas.
Por tanto, señor Núñez, yo creo que no hay que tener miedo de las
palabras, especialmente si las palabras nos revelan miedo a nosotros
mismos. Yo he buscado en el diccionario de la Real Academia de la Lengua
Española la palabra «ideología», para evitar meterme en un trasiego de
disquisiciones semánticas, y he encontrado que dice que es el conjunto de
ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, una
colectividad, una época, un movimiento cultural, religioso, político... y
un gran etcétera. Además yo dije en la prensa: una Administración
ideologizada (coma), con su cultura propia. Por tanto, me remito a la
explicación que estaba dando antes. En este sentido es en el que yo
reivindico una Administración ideologizada, y lo vuelvo a decir, que,
habiendo interiorizado los valores democráticos, asuma progresivamente
los valores más nobles del servicio público, del servicio a la sociedad.
Esa ideología que reclamo, es la toma de conciencia, no es otra cosa, de
sentirnos servidores públicos en todos los sentidos; no otra cosa, pierda
cuidado.
En relación con la tercera parte de la pregunta, qué es una
Administración neutral, yo lamento tener que recordar viejos demonios,
pero es curioso que en el pensamiento franquista se dijera
permanentemente que la Administración pública tenía que ser neutral. Y es
obvio que no se refería a una neutralidad entre opciones políticas, dado
que ese supuesto no existía en aquel entonces, señor Núñez. Se hablaba de
la neutralidad, en ese pensamiento franquista, como de la distancia que
separa a los funcionarios, a los empleados públicos, a los ciudadanos,
del poder.
La sociedad española en su conjunto, le debo recordar, señor Núñez, ha
tenido que realizar un gran esfuerzo de transformación en lo económico,
en lo social y en lo político, y delante de ese esfuerzo por mejorar las
cosas, la Administración pública no puede ser neutral, no puede ser
pasiva; tiene que administrar, de acuerdo con los mandatos legislativos y
políticos que en cada momento se establezcan. Y hacer además una
Administración pública mejor es una responsabilidad que comparten
directivos y empleados
públicos, y la mejora de los servicios, su mayor eficacia, la consecución
de los objetivos, la obtención de los resultados, no permite nunca la
inhibición de los empleados públicos, la neutralidad de los empleados
públicos respecto de esos objetivos y de esos resultados. Y por no hacer
una cita mía, le diré que los expertos en gestión pública, y la propia
OCDE, hablan desde hace muchos años de una administración pública que ha
de ser receptiva, de una administración que dicen ha de ser proactiva; es
decir, una administración que no es en ningún caso neutral frente a los
resultados. Lo dice la propia OCDE. Una administración, por tanto,
prestadora de servicios tiene que poner, en el centro de su interés, a la
colectividad a la que sirve, y eso, señor Núñez, no es neutral.
El señor PRESIDENTE: Señor Núñez, tiene la palabra.
El señor NUÑEZ PEREZ: Señorías, no me ha dejado usted tranquilo, en
absoluto. Como preliminares, yo le rogaria que no estableciera puntos de
partida con determinadas épocas. Por mí, como si se quiere remontar usted
a los romanos o a los griegos. ¡Me da exactamente igual! Nuestro
planteamiento nace de cuando, entre otras cosas, yo también colaboré como
fundador de una partido democrático, de cuando se llenaron las calles de
pluralismo político. Por tanto, déjese usted de ningún tipo de
connotación que le facilita, parece, el debate y la dialéctica, pero yo
creo que la oscurece y deja sin contestación lo que le estoy diciendo.
Por tanto, sin más preliminares ni más preámbulos, voy a entrar a decirle
por qué le he preguntado esas cosas a las que no ha contestado, para que
me conteste en la réplica, y también lo que mi Grupo Parlamentario ha
interpretado de su definición de administración ideologizada y no
neutral.
Decía el señor Varela, con mucha enjundia, que una de las características
del nuevo impulso del Secretario de Estado era que no se había ido de
vacaciones, y que eso quería demostrar alguna diferencia (lo dijo usted
ahora mismo, hace un momento), porque durante el mes de agosto seguía
trabajando. Y yo creo que el día 4 de agosto aunque se hubiera ido de
vacaciones no hubiéramos perdido nada, y a lo mejor él menos, porque,
efectivamente, hizo unas declaraciones sonoras, y a mi modo de ver
lamentables, que merecieron la portada a todo color de un conocido
diario. El Grupo Parlamentario Popular había decidido concederle a usted
los cien días de gracia, que se conceden a todos los altos cargos, para
que tuviera usted tiempo de arribar serenamente en tan difícil e
importante cargo y reflexionar sobre el programa de trabajo y el cambio
de rumbo que iba a dar a la Secretaría de Estado y venir hoy aquí a
concretarnos la política del Ministerio en el área de su Secretaría. Esa
es la crítica de la coincidencia con el discurso del Ministro: que usted
no podía hacer un discurso de Ministro, tenía que hacer un discurso de
Secretario de Estado. Si hubiera tenido tiempo de reflexionar, a lo mejor
lo hubiera concretado en la parcela de su Secretaría con datos y
programas específicos. Esa es la parte de la crítica, no que tenga usted
sintonía con los planteamientos generales. ¡Faltaría más!
Pero, en fin, usted, con un entusiasmo digno de mejor causa, se soltó el
pelo con unas declaraciones que, entre otras cosas, contienen, a nuestro
entender, durísimas descalificaciones para los funcionarios y escasas
ideas sobre las estrategias a seguir para regenerar y modernizar la
Administración pública. «Veo muchos expedientes disciplinarios que
afectan a la pérdida de la condición de funcionario.» Aquí hay un dato
por el que ya le pregunto, pero lejos de ese dato (ya le daré más), la
verdad es que se presentó usted en aquellas declaraciones ante los
funcionarios (se lo digo con la mayor cordialidad, y desde luego es una
imagen personal, sujeta por supuesto a discusión) y ante la opinión
pública como un justiciero que iba a limpiar el poblado de malhechores,
manejando una serie de datos y valoraciones que parecían denotar un
profundo desconocimiento por su parte de la Administración pública.
Pero como resulta difícil creer (desde luego yo no lo creo) que no conoce
usted la Administración, dada su larga experiencia administrativa, habrá
que concluir que estamos ante algo peor: su voluntad de mantener los
errores de sus antecesores e ignorar los datos de la realidad, ésa sobre
la que hay que operar efectivamente.
Pero vayamos por partes. Funcionarios: no se puede usted imaginar, señor
Secretario de Estado (se las puedo enviar a su despacho), la cantidad de
cartas de protesta que he recibido de funcionarios de todos los cuerpos y
niveles. No se extrañará usted de que, con sus declaraciones, se hayan
sentido ofendidos. Hoy nos las ha matizado, pero usted dijo lo que dijo,
y los políticos somos en buena medida esclavos de nuestras
manifestaciones públicas y tenemos que responder de ellas y por ellas, y
usted dijo, repito, cosas graves por el fondo, por la forma y por los
calificativos empleados. ¿Que hay funcionarios mejores y peores? Por
supuesto. ¿Que unos cumplen mejor con sus deberes y son más responsables
en el ejercicio de sus funciones y en la ejecución de sus tareas? Pues
claro. ¿Que hay funcionarios que incumplen sus obligaciones y que no son
ejemplo de dedicación y rendimiento? Pues seguramente, pero sin duda,
como en toda organización pública o privada, eso ocurre, y para eso
existen, señor Secretario de Estado, mecanismos de estímulo y premio y
otros de carácter sancionador, siempre con sujeción a normas
preestablecidas y en base a expedientes contradictorios o, en último
caso, instancia con amparo en los tribunales. Lo que resulta grave y
preocupante es que el responsable de los recursos humanos en la
Administración del Estado utilice expresiones como las siguientes: «tener
la garantía de ponerlos en la calle» --a las personas que no producen--,
«lucha a muerte por detectar aquellas personas que no colaboran o no
rinden», «animo a los gestores públicos a que cuando detecten un mal
empleado no tengan ningún reparo en ejercer su autoridad y en eliminar a
esa escoria de la Administración», y un largo etcétera.
Difundió usted, queriéndolo o no, señor Secretario de Estado, en la
opinión pública la idea de una función pública en la que existe el bajo
rendimiento, la falta de lealtad y los peores tópicos que se achacan a
las burocracias.
¿Qué datos --y aquí le pido otra cosa-- tenía usted para hacer esa
afirmación, esa insinuación o esa sospecha? ¿Puede facilitarlos a esta
Comisión? Dicho de otro modo y desde la perspectiva de sus ya cuatro
meses en el cargo: ¿a cuántos funcionarios que no colaboran o rinden han
puesto ustedes en la calle desde el día 4 de agosto? ¿Puede decir a esta
Comisión cuántos funcionarios o empleados públicos han sido expedientados
en estos meses en todos y cada uno de los Ministerios y Organismos
autónomos? Esa es la pregunta de libro, la que usted me haría si
estuviera en mi lugar y yo hubiera hecho como Secretario de Estado las
declaraciones. Estoy seguro de que la comparecencia no se hubiera hecho
esperar ni cinco minutos. Por tanto, no sé por qué se extraña de que yo
se la haga. ¿Cuánta escoria han eliminado los gestores y directivos de
acuerdo con sus instrucciones?
No se esconda, señor Secretario de Estado, como ha hecho con sus
diccionarios y sus elucubraciones, en el socorrido truco de una
interpretación distinta de la que usted creía respecto a sus
declaraciones. La gravedad de las mismas deriva de sus propios términos,
aquí lo tengo y no he alterado una sola palabra ni un solo adjetivo, no
necesitan de ningún tipo de interpretación. Usted sí que parece querer
interpretarlas, seguramente para quitarles gravedad, y en sus recientes
declaraciones a la revista «Muface», cuando se le recuerdan aquellas
desafortunadas declaraciones, dice que se estaba refiriendo básicamente a
los gestores públicos, lo dice usted. Pues no, en el tema que nos ocupa
usted estaba animando a los gestores públicos a que tomaran medidas
respecto a los funcionarios que no producen.
Pero vayamos con la politización de la Administración. En sus
manifestaciones dice que cuando la oposición habla de Administración
politizada --luego nos achaca no sé qué historias y no sé qué referencias
históricas utiliza--, en una dialéctica falsa --ha utilizado este
adjetivo esta tarde--, en realidad quiere decir clientelar --son sus
palabras--. Es usted el que nos ha puesto en la sospecha de que estaba
usted queriendo decir otras cosas cuando habla de clientelar. Me temo que
ambos calificativos, de todas maneras, señor Secretario de Estado, son
uña y carne, resulta difícil saber cuándo se actúa por razones de
amiguismo, de nepotismo, de simpatía, de partidismo, etcétera. Lo
determinante sería tener la certeza de que ni las relaciones políticas ni
las clientelares, que se terminan confundiendo, tienen cabida a la hora
de ejecutar la política de la Función Pública.
El señor Secretario de Estado está en su derecho de calificar de mentira
la insinuación de la oposición de que en la Administración de los
gobiernos del PSOE se ha tendido, en los procesos de selección, a contar
con los afines. Está usted en su derecho de decirlo, cómo no, y también
de demostrarlo.
Si, como afirmaba en sus declaraciones, conoce la realidad de la Función
pública, le resultará difícil mantener este juicio. Muy mal informado
tendría que estar el Secretario de Estado para que no llegara a sus oídos
lo que es un secreto a voces entre los funcionarios: que los puestos
importantes en cuanto al nivel y las retribuciones se cubren por libre
designación sin ningún criterio objetivo, y con la más absoluta
discrecionalidad y arbitrariedad. Las dosis de discrecionalidad y
arbitrariedad que ustedes han aplicado a la Administración han sido
letales para la moral de los funcionarios.
Pero si usted, como se supone, escucha a los funcionarios si leyeran sus
opiniones, ¿ignora el concepto que les merecen los concursos de méritos y
en especial los calificados concursos específicos? ¿Lo ignora? Haga usted
una encuesta. Es algo tan evidente que no merece la pena darle más
vueltas; merece la pena cambiar la situación y reconducirla a aquélla, lo
ha dicho usted en la anterior comparecencia, en la que, con todas las
limitaciones inherentes al caso, prevalezcan claramente los principios
constitucionales de mérito y capacidad e imparcialidad en el desempeño de
la función.
Está usted iniciando el mandato y tiene usted toda la confianza de
nuestro Grupo todavía, aunque no voy a dejar de confesarle que le ha dado
usted un varapalo tremendo con estas declaraciones, porque si eso no se
corrige, señor Secretario de Estado, es inevitable que entren en juego la
politización y el clientelismo, salvo que ustedes fueran unos santos y,
créame, en esta materia no lo son.
Decía usted en sus declaraciones: es bueno, en cambio, que tengamos una
administración ideologizada. Y ahora habla de la cultura de servicio y de
ideologizada en el sentido de identificarse con una organización, con la
eficacia de esa organización, etcétera. Pero yo le pregunto:
¿Ideologizada en un solo sentido o en un sentido plural?
De la Administración se puede y debe decir y exigir que sea eficaz, ágil,
flexible, eficiente, austera, transparente, etcétera, lo que usted
quiera, todo menos ideologizada en el sentido que el común de los
mortales entiende por este concepto, porque estas declaraciones las
leyeron miles de personas y miles de funcionarios que efectivamente no
han tenido la ocasión, como he tenido yo, de oir toda su hermosa teoría
sobre la ideología y sobre la ideologización de la administración. Con
esas premisas no se puede extrañar que desde algunos ámbitos de opinión
se califique la etapa del Gobierno del señor González como de un régimen.
Nuestra Constitución en su artículo 103.1 es muy clara: «La
Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y
actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía,
descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento
pleno a la ley y al Derecho.» Esto es lo que cuenta, señor Secretario de
Estado, a la hora de configurar y ejercer sus funciones la Administración
pública, algo que, junto al valor superior del pluralismo político,
proclamado en el artículo 1.1 de la Constitución, resulta poco compatible
con el calificativo de ideologizada que usted demanda para la
Administración.
Similares declaraciones o consideraciones merece su reflexión sobre que
las administraciones no deben ser neutrales. Aquí me voy a detener un
poquito. Es importante la obtención de resultados a la que usted hacía
mención, evidentemente. Ya ve que hay unos cuantos engarces importantes
desde los que podemos arbitrar o fabricar plataformas de entendimiento y
de consenso. Pero la vinculación de la Administración lo es, antes que
nada a la ley y al Derecho,
como proclama el artículo 103.1 de la Constitución. Esa vinculación,
junto al mandato de servir con objetividad los intereses generales, es
incompatible con su demanda de no neutralidad.
No le voy a recordar a usted que la existencia (y voy también a hacer una
reflexión doctrinal, porque usted la ha hecho, también por cortesía
parlamentaria y porque el debate lo ha elevado) de una nítida línea de
separación entre el cargo político y el profesional es presupuesto
indispensable para la existencia de una administración independiente.
Aquí está la clave de la doble exigencia que se deriva de la
Constitución: neutralidad política de la Administración y neutralidad
administrativa del Gobierno, de la que se deriva la llamada eficacia
indiferente. Repito, neutralidad política de la Administración y
neutralidad administrativa del Gobierno. No se remonte usted a ninguna
época, está en la Constitución. No utilice usted botes de humo que
oscurezcan todo el debate; eso se dejar para las elecciones, pero aquí
no, aquí estamos hablando en serio. Esta es, naturalmente, como dice
Garrido Falla, una terminología convencional con la que, ante todo, debe
aludirse al talante que la Administración como institución y los
funcionarios como titulares de los órganos administrativos deben tener en
el ejercicio de sus funciones para la consecución de sus fines. Y este
talante debe ser de eficacia indiferente en el siguiente sentido: que se
debe ser eficaz, tanto si se perjudica como si se favorece la política
del Gobierno que está en el poder. Así lo entendemos nosotros, y por eso
no tiene que extrañarle ahora que hayamos hecho esta comparecencia a humo
de pajas y simplemente para protestar.
Despilfarro. Se refirió usted también en sus declaraciones --ya voy
terminando, señor Presidente-- a la lucha contra el despilfarro y
manifiesta que se está produciendo ya un ahorro notable en los capitulos
1 y 2 de los Presupuestos Generales del Estado. Lo tengo subrayado; ya
sabe que yo no suelo alterar ni una sola palabra de las frases sobre las
cuales trato de pedir explicaciones políticas, como lo estoy haciendo
esta tarde. ¿Cuál ha sido, señor Secretario de Estado, la evolución de
esos capítulos en los últimos dos años y las previsiones para 1995? (El
señor Marcet i Morera: El lunes, el lunes.)
Sí, el lunes, pero antes voy a dar unos datos porque aquí se afirmó una
cosa muy seria. En el presupuesto consolidado las dotaciones iniciales
del capitulo 2 han sido de 1 billón 7.000 millones en 1993, 1 billón
91.000 millones en 1994, 1 billón 111.000 millones para 1995. Las
previsiones de liquidación fueron muy superiores siempre, incluso este
año. Este año la previsión de liquidación de los presupuestos
consolidados es de 1 billón 274.000 millones, con una desviación de casi
un 12 por ciento, y así lo reconocen ustedes en los libros que nos han
mandado. ¿A eso le llama el señor Secretario de Estado un ahorro notable?
En el capitulo 1, la evolución ha sido de 3 billones 772.000 millones en
1993 a 3 billones 968.000 millones en 1994 y a 4 billones 125.000
millones en 1995. Partiendo de la base de la congelación de las
retribuciones durante 1993 y 1994, ¿dónde está el ahorro, señor
Secretario de Estado?
En ese objetivo de ahorro y reducción del déficit público, tan vital por
muchas razones para una eficaz recuperación sólida de nuestra economía y
el cumplimiento del plan de convergencia, sobrán ya los buenos
propósitos. Este es un tema que, efectivamente, tendremos ocasión de
debatir el lunes con la mayor cordialidad con el señor Ministro, y en
este terreno no le digo más que lo que le he dicho, es decir, que yo no
veo en qué justifica sus declaraciones de ahorro notable en el
funcionamiento de las administraciones.
Por cierto, señor Secretario de Estado --y también está en relación con
el gasto--, respecto a la supresión de organismos y centros directivos, a
los que también se refirieron sus declaraciones del 4 de agosto --me lo
estudio todo (Risas.) reconozca que le he dado mucha importancia a sus
declaraciones--, el día 13 en su comparecencia en esta Comisión, nos
facilitó una cifra de organismos y centros directivos suprimidos en estos
años. Lo que no nos dijo, señor Secretario de Estado, es cuántos de éstos
se habían compensado con otros. Por eso, hoy le quiero preguntar:
¿cuántos entes públicos con estatuto jurídico especial, creados al amparo
del artículo 6 de la Ley General Presupuestaria, han proliferado en
nuestra Administración desde hace diez años? Dicho con claridad, señor
Secretario de Estado --y si no lo sabe ahora me lo manda por escrito--,
¿cuántas agencias, sociedades, se han creado sustituyendo a organismos
autónomos de los que usted presume que habíamos eliminado? Yo lo sé
también; ya sabe que cuando se hace una pregunta parlamentaria se tiene
que saber la respuesta o, por lo menos, tener una aproximación de la
misma. ¿Quedarían sujetos estos organismos a la ley de contratos en las
administraciones, que está en fase de ponencia en el Congreso de los
Diputados? Porque aquí se hicieron unas declaraciones muy ampulosas en
las que decían que iban a presentar una enmienda, sometiéndolas con toda
claridad a la ley. Me parece muy bien, pero yo no la he visto en la
relación de enmiendas, o no la he visto con la suficiente claridad.
Todas estas cosas son las que no se pueden soltar en unas declaraciones
para que las lean infinidad de lectores y se confunda a la opinión
pública.
No voy a hablar de los acuerdos con los sindicatos, ni de los incrementos
retributivos, ni del pago del complemento de productividad, en el que hay
que hablar, según usted, de colectivos que producen y no de personas.
¡Que curioso! ¿Sabe el Secretario de Estado que el complemento de
productividad se atribuye ad personam, por definición, al margen de toda
valoración de rendimientos?
El señor PRESIDENTE: Señor Núñez, por favor, concluya.
El señor NUÑEZ PEREZ: Concluyo, señor Presidente.
Tengo otra serie de cuestiones pero, efectivamente, yo creo que con lo
que le he dicho y le he preguntado, es más que suficiente para que dé
usted por justificada la comparecencia, por lo menos, ya que aquí no
hemos venido a perder
el tiempo, ni usted ni yo. Yo le agradezco ya la primera respuesta, y le
agradeceré mucho más que la perfile.
Simplemente le voy a hacer otras dos preguntas muy sencillitas que
afectan a temas concretos que tienen que ver con sus declaraciones. Una
de ellas, relativa a los avances de la modernización de la
Administración, etcétera, se refiere a un precepto de la Ley 23/1992 que
aprobó los Presupuestos Generales del Estado, que se repite --por eso se
lo digo-- en la ley de acompañamiento de los Presupuestos Generales del
Estado para 1995. Aquella ley facultaba al Secretario de Estado para las
Administraciones Públicas (en este caso a usted), con el fin de agilizar
y simplificar los trámites necesarios para proceder al reconocimiento y
pago de las pensiones públicas, a modificar los procedimientos de
jubilación del personal civil incluido en el ámbito de cobertura del
régimen de clases pasivas del Estado. Esta facultad, repito, ha sido
prorrogada en el proyecto de ley de presupuestos para 1995. Y yo pregunto
¿por qué ha sido prorrogada? ¿Por qué, a pesar de la promesa contenida en
el plan de modernización, todavía se sigue tardando más de 100 días en
reconocer y abonar las pensiones de clases pasivas?
En relación también con este asunto --y ahora sí termino-- yo quería
preguntarle por un tema al que me gustaría que se hubiera referido usted
en su primera comparecencia, para ver qué diferencia hay entre este
equipo que dirige ahora el Ministerio y el que había antes. Me refiero al
famoso sistema de jubilación de los funcionarios y a la posibilidad que
tienen algunos de prolongar su vida activa hasta los 70 años, siempre
voluntariamente, y otros no.
En el año 1993, el Ministerio de Economía y Hacienda, haciéndose eco de
nuestras iniciativas parlamentarias, propuso que los funcionarios podrían
permanecer en activo hasta los 70 años, e incluso proponía que los
funcionarios jubilados con menos de 70 años pudieran volver al trabajo.
Su antecesor en el cargo y el Ministro Eguiagaray dijeron que nones, y el
Grupo Parlamentario Socialista, por supuesto, rechazó todas nuestras
iniciativas. ¿Ha cambiado usted de criterio y también el señor Saavedra,
sobre todo teniendo en cuenta lo que se ha aprobado en estos dos últimos
años, que produce discriminación entre unos funcionarios y otros, incluso
con la misma titulación, permitiéndoles a algunos permanecer y a otros
no?
Finalmente, le pregunto por la Ley de Régimen Jurídico de la
Administración del Estado y Procedimiento Administrativo Común. ¿Para
cuándo la adecuación de los procedimientos? Eso también es modernización.
Y ya no le pregunto más. Muchas gracias, señor Secretario de Estado por
su atención, y le ruego que disculpe si en algún momento he sido más
vehemente de la cuenta.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Varela.
El señor VARELA FLORES: A la vista de la anterior intervención, pienso
que quizá hubiera sido más conveniente utilizar la fórmula del preguntas
que la de comparecencias, porque se plantean preguntas que supongo que
quedarán sin contestar, y no se le podrá acusar de que no las contesta:
(El señor Núñez Pérez: Eso no lo haré yo.)
De todas formas, yo creo que el Secretario de Estado estará pensando en
aquel programa televisivo que se titulaba «Si lo sé no vengo», referido a
las declaraciones que hizo a algún medio de comunicación. Si lo hubiese
sabido, seguramente no las hubiera hecho, dada la interpretación que se
las quiere dar. Desde luego, nosotros no necesitábamos aclaraciones,
puesto que sabemos que se trata de una terminología técnica de sociología
política. Hemos hablado reiteradamente de cultura en la función pública y
esa cultura entraña unos determinados valores, y esos determinados
valores se pueden entender como ideología, pero nunca lógicamente con ese
aspecto, buscándole los tres pies al gato, de una Administración
politizada en su actuación, de una Administración clientelar. Desde
luego, a mí en estos debates me cuesta mucho trabajo contenerme. Hemos
hablado siempre de que en estos debates no se considera única y
exclusivamente la existencia en el Estado de una única Administración,
dependiente de un determinado Gobierno, sino que en esta Comisión estamos
hablando siempre de las administraciones públicas en plural. A mí, que
soy un ciudadano que en mi ciudad tengo una administración pública
municipal dirigida por un determinado partido político, cuando en la
Diputación provincial también está este mismo partido político, cuando en
la Comunidad autónoma este partido político es decir, un partido político
omnipresente en mi universo, cuando escucho aquí acusaciones de que la
Administración del Estado actúa de forma clientelar, me cuesta mucho
trabajo contenerme, porque yo conozco administraciones públicas,
Diputación provincial de Lugo, en donde no se celebran oposiciones desde
hace un montón de años, y ahí sigue entrando personal. (El señor Núñez
Pérez; Estamos en la Carrera San Jerónimo.) Yo sé que esto no es
imputable directamente al señor Núñez, no es imputable, pero estamos
hablando de administraciones públicas y de comportamientos políticos de
determinadas fuerzas que representamos y que están gobernando la
Administración del Estado, unas, comunidades autónomas, ayuntamientos y
diputaciones, otras. Entonces, no vea usted la viga en el ojo propio y la
paja en el ojo ajeno, y pregunte un poco más a sus compañeros sobre cuál
es su comportamiento en estas administraciones. Como el propio señor
Secretario de Estado ha aclarado en qué contexto se han producido estas
declaraciones, extraer las palabras del mismo lleva a juegos
interpretativos con los que no estamos de acuerdo. Yo le preguntaba
también a mi compañero Marcet si había recibido algún tipo de cartas de
quejas de funcionarios públicos y ninguno de los dos hemos recibido
ninguna. El señor Núñez ha recibido miles, seguramente tiene suerte. No
sé por qué le escriben a él, cuando él no hizo las declaraciones,
mostrándole su queja. (El señor Núñez Pérez: Será porque tienen más
confianza en mí.) Supongo que el señor Núñez, ahora, que obtiene una
satisfactoria aclaración por parte del señor Secretario de Estado, tendrá
que tomarse la molestia de dar cumplida respuesta a esta correspondencia
para que esos funcionarios que le manifiestan su queja y su recelo tengan
la seguridad de que no se
produce ningún tipo de arbitrariedad por parte de los altos cargos de la
Administración del Estado.
Unicamente quiero acabar esta breve intervención, diciendo que
centrémonos en estos debates en algo que se ha manifestado en la primera
intervención del Secretario de Estado, y es que tenemos que construir una
Administración pública basada en el principio de la cooperación. Es desde
luego una tarea de Estado y por lo tanto tratar de distorsionar
continuamente el discurso político para llevar esto a cabo, que por otro
lado es un objetivo que todos deseamos, no parece nada positivo.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA (Méndez
Martínez): Señor Núñez, yo suelo ser bastante consciente de lo que digo,
animoso y a veces incluso con coraje. Por lo tanto, le voy a leer
nuevamente lo que digo porque mi explicación de lo que he dicho no es una
nebulosa para disfrazar la declaración. Por eso, la explicación in
extenso que le he dado tiene el sentido de la declaración hecha. «La
Administración tiene que ser en todo caso una organización ideologizada,
con su cultura propia.» No busque más patas al gato de las que tiene: con
su cultura propia; en el medio hay una coma, después hay un punto. «Por
lo tanto, las administraciones no deben de ser neutrales, sino estar
vinculadas a la obtención de los resultados que la sociedad exige al
poder político en cada momento.» No le dé usted vueltas, no le he dado
una explicación extraña y singular. Es posible que a veces aquellos que
estamos muy duchos en materia organizativa utilicemos una jerga que es de
difícil comprensión, o, más que de difícil comprensión, de difícil
percepción. Pero tenga la certeza de que el uso de las palabras en los
términos de esa jerga organizativa, es el adecuado. Y mal hace usted, ¡y
líbreme Dios de indicarle lo que debe de hacer S. S.! en interpretar mis
palabras escritas. Escritas están, escritas quedan en todo caso, son mis
declaraciones.
De todas formas, lo que sí me alegra es que las haya leído, sinceramente.
(El señor Núñez Pérez: Entra dentro del sueldo.) Son de mi humilde
persona. De todas formas, si ha leído ésas, creo que es lógico que haya
leído otras muchas más, cita las de Muface, pero aparte de ésas hay otros
muchos periódicos a los que he hecho declaraciones. Y si las únicas que
le han contrariado son éstas, yo me felicito inmensamente. (El señor
Núñez Pérez: No me tiente.--Risas.) Me felicito inmensamente de que
solamente le hayan contrariado éstas. De todas maneras, si sólo hubiera
leído éstas que me señala, le hubiera indicado que fuera más plural en la
lectura, que leyera el abecedario completo, etcétera. Pero ya me ha dado
una pista de que lee otras cosas más. Por tanto, me alegra que lo haga,
sinceramente.
Vuelve a tres aspectos y quisiera referirme a ellos, señor Presidente,
por no dejar malentendidos. Por supuesto que yo animaba a los gestores
públicos, porque distingo la responsabilidad de un gestor de la
responsabilidad de un empleado que no tiene esa responsabilidad de
dirigir u organizar un centro y obtener resultados de una forma programa.
Por tanto, mi ánimo era el de aquellos que decimos son los responsables
de que la organización sea eficiente, evidentemente, si en una
organización que está jerarquizada hay responsabilidades, a partir de las
cuales, yo, como Secretario de Estado, debo de animar una actitud, en
relación a hacer esa organización más eficaz, más eficiente, a reducir
costes, por supuesto que sí. Ese era el ánimo de esa indicación, a los
gestores, a los responsables de la gestión.
Me hace cuatro preguntas que intentaré contestarle, pero algunas de ellas
tienen dificultad porque yo no llevo una carreta de datos. Yo sé que el
señor Núñez tampoco pretende que se las conteste aquí mismo, pero tampoco
quisiera dar la sensación de que no tengo voluntad de contestarle.
Me pregunta, quizás en último lugar, aunque yo lo tengo anotado en
primero, si tenemos posición en relación con la prolongación de la
jubilación de los 65 a los 70 años. La respuesta la puede adivinar
perfectamente. Me está anticipando un debate que supongo que usted, como
buen parlamentario que es, me lo pregunta no por conocer mi opinión
personal, sino por anticipar y contradecir ese debate. También le digo
que la respuesta la conoce. El Parlamento, afortunadamente, se mueve en
una buena lógica y los grupos políticos normalmente siempre entran en esa
lógica. Usted participa, como grupo, igual que el nuestro, en una
ponencia de reforma estructural de la Seguridad Social cuyos
pronunciamientos, obviamente, van a ser decisivos para este tema. Lo
lógico sería que esperáramos la respuesta de esa ponencia, los
pronunciamientos de esa ponencia, al objeto de que todo lo que afecta al
régimen de protección, Seguridad Social o clases pasivas de los
ciudadanos de este país sea perfectamente enfocado en esos términos. Por
lo tanto, lamentablemente, tendremos que esperar a que se pronuncie la
ponencia en la Cámara y en esos momentos formularemos el criterio, como
es lógico, en relación con lo que allí se haya dicho.
Me plantea algo que desconozco, porque no tengo los datos de toda la
Administración respecto de los resultados que obtiene, que afecta a
clases pasivas. El señor Núñez no debe ignorar que el MAP no es el
responsable de esa unidad directiva clases pasivas. Consiguientemente, no
debe efectuarme la pregunta porque no puedo contestarla. Y si quiere
preguntarle a clases pasivas, si es que efectivamente tarda por encima de
lo que usted considera lógico, debe citar a la unidad responsable para
que le conteste con toda la información disponible.
Yo, efectivamente, he utilizado un dato, señor Núñez, que llevo aquí a
mano, y a cuya descripción y contenido le emplazaré en su momento, que
era una diferencia, efectivamente, entre el año 1985 y 1994, de
reducción, en términos de organismos autónomos y entidades públicas, de
126 organismos y entidades, es decir, el paso de 290 unidades a 164
exactamente. Esa es la cifra cierta. Algunas de esas unidades habrán sido
reconvertidas en tejido absolutamente mercantil, es lógico; pero la
mayoría han experimentado una transformación en términos de
racionalización, de reducción, de unificación. Mantengo la cifra: se
transitó de 290 organismos y entidades públicas, incluyendo las cinco
entidades gestoras de la Seguridad Social, a 164. Eso arroja un saldo de
reducción de 126 unidades.
En relación con los decretos de adecuación, no he entendido bien su
pregunta, porque han sido aprobados a partir del mes de julio. Estaba
buscando la documentación para decirle con certeza cuáles habían sido
publicados, pero no la tengo. Le haré llegar la relación, me comprometo.
Efectivamente, era un paso difícil, pero necesario, que ha sido cumplido
en su práctica totalidad.
Estamos haciendo en estos momentos un inventario sobre la determinación
de los distintos procedimientos para ver si, efectivamente, todos ellos
mantienen una lógica de reducción de los tiempos en los que ese
procedimiento debe ser ejecutado, bien por la diferenciación del
procedimiento --es decir, subvenciones, sanciones, etcétera-- o bien por
la unidad administrativa que se hace responsable. Esa información, señor
Núñez, se la haré llegar encantado.
Yo planteaba los ahorros producidos en la Administración pública en
términos muy genéricos. Usted puede evaluar el ahorro en los capítulos 1,
2 y 6 comparando presupuesto con presupuesto. En todo caso, tiene una
comparecencia pendiente. Yo le sugiero que modere su ánimo esperando la
respuesta, que la tendrá cumplida, por parte del MAP.
Tampoco he hecho el inventario del número de expedientes desde el 4 de
agosto. No suelo hacerlo, pero si tiene esa curiosidad, pediré que nos
preparen una nota señalando cuántos expedientes se tramitaron desde el 4
de agosto, qué naturaleza tuvieron y si alguno de ellos está resuelto.
Creo que no, porque usted sabe mejor que yo que el procedimiento es muy
largo en el tiempo y aquello que hubiéramos iniciado después del 4 de
agosto tardaría bastantes meses, por no decir, seguramente, más de un
año, en ser resuelto si finalmente supusiera una pérdida de la condición
de funcionario. Yo creo que la pregunta está en términos parlamentarios
muy bien formulada, pero su posible respuesta tendríamos que darla a más
largo plazo.
Dice que debemos hacer la política de personal teniendo en cuenta dos
dimensiones, que son el premio y la sanción. Yo no puedo estar muy lejos
de esa propuesta, evidentemente, cualquier política de personal, por
sensata que sea, debe tener un componente de premio y uno de sanción.
Pero yo creo que usted practica ahí un discurso muy demagógico, señor
Núñez, de verdad. Se lo digo, como usted me ha hablado, con sumo afecto.
Porque, claro, si nosotros en unas declaraciones indicamos nuestro ánimo
de que cualquier conducta de falta de dedicación profunda a la actividad
sea objeto de sanción disciplinaria --en esos términos se dice--, eso es
sanción. Usted no me puede criticar por indicar que esas conductas deben
ser sancionadas. Por ende, claro que estamos de acuerdo en que haya
sanción. Usted lo ha dicho; yo también lo decía en mis declaraciones, que
usted me reprocha. Me dice que debe haber premio, y yo lo digo en las
declaraciones. Digo también que las actividades de mejora del servicio,
los especiales rendimientos de los funcionarios deben ser premiados.
Usted dice lo mismo. Por tanto, ¿por qué me reprocha la declaración? Yo
creo que ahí instrumenta mi presencia parlamentariamente para decir lo
que ya tenía previsto. Nuevamente eso lo llenan con algo que me produce
una gran insatisfacción, porque yo sé que usted defiende la
Administración pública, desde otra trinchera, con otra concepción, pero
defiende la Administración pública. Permanecer en esa imagen de la
ineficiencia general de la Administración pública es un grave error para
todos; es quizá de las cosas que más daño hacen, porque hay mucha gente
en nuestra sociedad que no daría jamás crédito al papel de una
Administración pública, sean los responsables del Gobierno socialista o
sean los responsables de otro Gobierno distinto. Por tanto, no les
hagamos ese flaco favor. Porque se puede decir que nosotros a veces,
cuando hablamos de ahorro, decimos un ahorro notable y debemos de
concretar la notabilidad de ese ahorro en términos capítulo 1, 2 y 6. Yo
podría hacer el esfuerzo de indicar en una futura comparecencia en qué
términos pienso que se está ahorrando. Pero cuando ustedes hablan de
despilfarro no se recatan en absoluto en decir, hace dos meses: «Medio
billón se puede ahorrar porque es lo que ustedes despilfarran.» Después,
sin embargo, pasan erráticamente a que son 250.000. Y cuando hablan de
altos cargos confunden y dicen: «80.000 millones ahorraríamos con los
altos cargos.» Señor Núñez, son declaraciones. Yo no le puedo hacer
comparecer a usted, pero tengo prensa igual que usted. Consiguientemente
también son titulares. No seré yo quien le reproche a usted, señor Núñez,
de verdad, hacer su trabajo, pero sí le digo --y además creo que en el
fondo está de acuerdo conmigo-- que crear esas nebulosas sobre la
ineficiencia de la Administración pública es un flaco favor para aquello
que decimos defender y para aquello en lo que decimos que creemos.
Nuevamente le insisto en que le agradezco que haya leído las
declaraciones de este Secretario de Estado.
Nada más, señor Presidente. (El señor Núñez Pérez pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Breve turno para puntualizaciones. Un minuto.
El señor NUÑEZ PEREZ: Usted también me lee, señor Secretario de Estado, y
me alegro mucho. Ya están hechas las enmiendas y ya verá usted cómo las
cifras publicadas coinciden con la propuesta de reducción de gasto
público.
He pedido la palabra solamente para una cosa que me ha preocupado. En
esta Casa muchas veces se quiere oscurecer el debate con referencias a lo
que hacen otras administraciones que aquí no se están juzgando. Yo podría
traer aquí 50.000 ejemplares negativos del funcionamiento de otras
administraciones. Fíjese usted, tuve la tentación y los taché; mire
usted, está tachado. Pero usted se ha merecido uno, señor Varela, lo
siento mucho.
La selección de personal en el Servicio Vasco de Salud es el mayor
escándalo de selección desde que empezó la democracia. Y yo se lo digo.
¿Cómo cree usted que yo voy a oscurecer un debate serio, centrado, con
temas que no tienen nada que ver con lo que tiene que discutirse y
debatirse en la Carrera de San Jerónimo? Si quiere entramos en
ese proceloso mar. Salen ustedes perdiendo, sin duda. (El señor Varela
Flores pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Varela, tiene la palabra.
El señor VARELA FLORES: Intervengo simplemente para dar cumplida
respuesta con estricta cortesía parlamentaria al señor Núñez.
He de decirle que precisamente en mi intervención dije que me costaba
trabajo contenerme y, de hecho, me vengo conteniendo porque no le pongo
demasiados ejemplos, pero ustedes como partido político no están
autorizados para hacer semejantes críticas; no lo están. (El señor Núñez
Pérez: Legitimados.) Y no hablo de listas negras de la televisión de
Galicia una vez que ustedes asumen el Gobierno... (El señor Núñez Pérez:
Estamos en otra comparecencia.) Me parece bien. Entonces lo dejamos en
tablas en este supuesto concreto. (Risas.)
El señor PRESIDENTE: Agotado el orden del día y agradeciendo la
colaboración de SS. SS., así como la presencia del señor Secretario de
Estado, se levanta la sesión.
Eran las ocho y treinta minutos de la noche.