CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1994 V Legislatura Núm. 327
DE ESTUDIO SOBRE LA INTERVENCION
DEL BANCO ESPAÑOL DE CREDITO
PRESIDENTE: DON JUAN MUÑOZ GARCIA
Sesión núm. 22
celebrada el jueves, 20 de octubre de 1994



ORDEN DEL DIA:
Comparecencia del señor Director General del Banco de España (Pérez
Fernández), para informar de cuestiones relacionadas con su cargo.

(Número de expediente 212/001197.)



Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.




El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.

Punto único del orden del día: Comparecencia de don José Pérez Fernández,
Director General del Banco de España, para informar en relación a la
inspección realizada por el Banco de España al Banco Español de Crédito.

Esta comparecencia ha sido solicitada por la Mesa de la Comisión.

Después de aclarar este extremo, damos la bienvenida a don José Pérez en
la Comisión, le agradecemos su presencia en la misma y a estos efectos le
damos la palabra.




El señor DIRECTOR GENERAL DEL BANCO DE ESPAÑA (Pérez Fernández): Señor
Presidente, señorías,

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permítanme que exprese, en primer lugar, mi satisfacción por estar ante
ustedes, y después mi deseo de colaborar con los trabajos de esta
Comisión, sin más límites que los deberes de secreto que me impone el
artículo 6 del Real Decreto legislativo 1298, en mi condición de Director
General encargado del área de inspección de entidades de crédito en el
Banco de España.

En las últimas sesiones de esta Comisión ha ido surgiendo un conjunto de
grandes cuestiones que me parece aconsejable responder en la primera
parte de mi intervención. En ese sentido, señor Presidente, le agradezco
la oportunidad que me brinda de exponer, en primer lugar, cuáles son los
hechos finales a los que conduce un largo proceso de inspección, de
seguimiento, de examen de la situación financiera y patrimonial de
Banesto. ¿Cuál era el estado de Banesto en diciembre de 1993 y cuáles
eran los hechos establecidos cuando el Consejo Ejecutivo del Banco de
España decidió, en aplicación de la normativa vigente, sustituir a los
administradores de la entidad por un nuevo órgano constituido por
profesionales destacados de la banca?
En las primeras semanas de diciembre había quedado establecido, en primer
lugar, que Banesto se encontraba sumido en una situación de insolvencia
patrimonial. Los propios gestores de Banesto reconocían, por escrito de
21 de diciembre, con ocasión de la presentación al Banco de España de un
plan de saneamiento, que las necesidades de ajustes en la valoración de
su patrimonio neto eran de 372.000 millones de pesetas, cifra que
superaba el montante de su capital y reservas, que ascendía a 359.922
millones de pesetas a septiembre de 1993. Se daba, por tanto, uno de los
supuestos establecidos en el artículo 31 de la Ley 26/1988, de Disciplina
e Intervención de Entidades de Crédito en lo relativo a sustitución
provisional de administradores.

Lo que había quedado patente en este sentido no es que los
administradores pusieran en peligro los recursos propios de la entidad,
es que, sencillamente, los habían consumido. Si se atiende a la cifra de
saneamientos necesarios calculados y documentados, a través de más de
4.000 folios, por la inspección --503.000 millones de pesetas--, o a la
posteriormente ratificada por la Junta General de Accionistas --605.000
millones--, los antiguos administradores de Banesto habían pasado a poner
en peligro los ahorros encomendados por los depositantes. De modo que la
entidad no estaba ya en condiciones de atender una parte importante de
sus obligaciones con estos depositantes y con otros acreedores. Si esta
situación llegaba a ser conocida por los mercados, Banesto se hubiera
visto sumido, de inmediato, en una crisis de liquidez y, dejado a sus
propias fuerzas, hubiera tenido que solicitar la suspensión de pagos, con
las consecuencias dramáticas, que todos ustedes conocen, para el sistema
financiero español. Señorías, esta es una cuestión de cifras que afectaba
a más de cuatro millones de depositantes y, al final, a los
contribuyentes españoles. Esta es una cuestión de cifras que, a través de
sus ramificaciones nacionales e internacionales, habría afectado al
funcionamiento del sistema de pagos y habría causado trastornos muy
graves a nuestra economía.

En segundo lugar, había quedado establecido, a través de un análisis de
las cuentas de resultados de Banesto, que éstas sufrían una fuerte
erosión de su capacidad para generar beneficios. Sus resultados de
explotación --una vez efectuadas las correcciones correspondientes a
apuntes indebidos o gastos activados-- estaban experimentando un descenso
notable, y se habían agotado prácticamente las posibilidades de
realización de beneficios extraordinarios por enajenación de
participaciones e inmuebles. En conjunto, ambos --resultados de
explotación y resultados extraordinarios-- resultaban insuficientes, no
sólo para atender cualquier diferimiento significativo de saneamientos,
sino también para atender el ritmo natural de provisiones para
insolvencias de una cartera de préstamos excepcionalmente dañada, máxime
si se tiene en cuenta que los antiguos gestores se habían mostrado
incapaces de mejorar efectivamente el ritmo de recuperación de créditos
morosos.

En tercer lugar, ante este panorama, los gestores de Banesto habían sido
incapaces de aportar un plan sólido, efectivo y firme, capaz de afrontar
los saneamientos necesarios, de restablecer el equilibrio patrimonial y
de asentar el futuro de la entidad sobre bases de rentabilidad que la
hiciesen viable. El plan finalmente presentado, si es que así se puede
llamar, resultaba imposible de aceptar --y nunca lo fue-- por las razones
siguientes:
a)El saneamiento finalmente propuesto por los gestores no era completo y,
de acuerdo con las cifras calculadas por la inspección, dejaba pendiente
de dotaciones para ejercicios posteriores una cifra cercana a 240.000
millones. Es decir, los administradores proponían sanear 265.000 millones
frente a un mínimo de 503.000 millones requeridos por la inspección en
aplicación de la normativa vigente.

b)Los gestores pretendían que una parte del saneamiento inmediato se
hiciese con cargo a un hipotético crédito fiscal por 85.000 millones. Es
decir, que en la medida en que reconociesen pérdidas por 265.000 millones
en el ejercicio, los gestores de Banesto esperaban dejar de pagar 85.000
millones de impuestos en el conjunto de los cinco ejercicios siguientes,
que querían activar de inmediato con abono a resultados. Ello implicaba
suponer que Banesto tendría unos beneficios antes de impuestos de 245.000
millones en el quinquenio siguiente. Esta cifra esperada de beneficios no
guardaba relación con la proyecciones más prudentes, sobre todo si
quedaba pendiente una cifra de saneamientos tan elevada como la que he
señalado anteriormente. En estas condiciones, el crédito fiscal dejaría
de ser efectivo y se convertiría en un activo ficticio que habría que
sanear en ejercicios posteriores, de modo y manera que, con unas
hipótesis más realistas, lo que proponían sanear en verdad eran sólo
180.000 millones, con lo que quedarían pendientes entre 265.000 y 365.000
millones de pesetas de saneamiento.

c)Para la realización de este plan, Banesto solicitaba al Banco de España
importantes exenciones a la normativa vigente que implicaban, en
definitiva, una falta de transparencia absoluta sobre la verdadera
situación financiera y patrimonial de la entidad. Los gestores pretendían
un cúmulo



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de exoneraciones en el cumplimiento de las disposiciones legales básicas,
sobre recursos propios y riesgos de las entidades de crédito, sobre
régimen de las sociedades anónimas, así como de la normativa contable
uniformemente aplicada a las entidades de crédito españolas. Era un
conjunto de exenciones tan amplio que equivalía a crear una situación en
que Banesto funcionaría con un sistema legal distinto al resto de las
entidades de crédito.

Con estas exenciones, para que se hagan una idea SS. SS., una entidad
quebrada aparecería ante los mercados con un déficit relativamente
moderado de recursos propios e, incluso, cumpliendo los estándares
internacionales del Comité de Supervisores del Banco Internacional de
Pagos de Basilea. Con estas exenciones, una entidad con pérdidas
elevadísimas y continuadas aparecería dando resultados nulos o positivos.

Con estas exenciones, un banco con un coeficiente de créditos dudosos muy
superior al del sistema bancario aparecería mostrando una situación no
muy distante de la media. Con estas exenciones, una entidad con fuertes
saneamientos pendientes pretendía ocultar la realidad mediante
expresiones especiosas en unas cuentas anuales que confundirían a los
accionistas. Con estas exenciones, los gestores pretendían, en fin, que
el Banco de España respaldase la presentación ante los mercados de una
imagen de solvencia y rentabilidad que distaba mucho de la realidad.

Además, y por último, el programa de recapitalización presentado era
insuficiente, desde el momento en que carecía de apoyo efectivo --en
dinero-- de su principal accionista y no aportaba nuevas fuentes ciertas
de capital. En este sentido, se pretendía acudir a los mercados en forma
gradual, primero, reanudando la interrumpida emisión de subordinadas
convertibles, que podía suponer unos 55.000 ó 65.000 millones, después
procediendo a la venta de participaciones del Banco Totta en un 25 por
ciento, ignorando las dificultades que podrían encontrar en las
autoridades portuguesas, y más tarde llevando a cabo una ampliación de
capital en fecha indefinida, por unos 60.000 millones, en la medida que
la entidad mostrase beneficios en el primer trimestre del año, algo
prácticamente imposible. Tan es así, que esta posibilidad contenida en el
plan ni siquiera apareció recogida en la carta que remitiera JP Morgan al
Gobernador del Banco de España con fecha 27 de diciembre de 1993. Es
fácil colegir, por otra parte, la insuficiencia de este programa cuando
comparen ustedes las cifras que acabo de señalar --que se contienen en el
plan que entrego al señor Presidente-- con el programa que finalmente
hubo de poner en marcha el Fondo de Garantía de Depósitos para reflotar
Banesto.

Incidentalmente, en lo que se refiere al calificativo que podía merecer
este plan, cuando el Banco de España emprendió posteriormente consultas
en los foros de supervisores para contrastar algunos aspectos de su
decisión, uno de los máximos responsables del Instituto supervisor más
cualificados del mundo afirmó: Si este plan me hubiera sido presentado
por uno de mis supervisados, tras leerlo, lo hubiera arrojado de
inmediato a la basura. Es una traducción libre y suavizada de sus
palabras.

Pues bien, el Consejo Ejecutivo del Banco de España estudió detenidamente
el programa propuesto por Banesto, en su sesión del día 23 de diciembre
pasado, y consideró que resultaba de imposible aceptación, como lo habían
considerado anteriormente, en todo momento, el Gobernador, el
Subgobernador y los Servicios de Inspección. El Banco de España no podía
respaldar ante los mercados un programa que aceptaba unas necesidades de
saneamiento altamente insuficientes y que era capaz de confundir a los
inversores y depositantes respecto de la situación real de solvencia del
banco; que fiaba los saneamientos futuros y la reconstitución de los
recursos propios a unas previsiones de resultado que estimaban
escasamente verosímiles; y que no preveía importantes entradas de nuevos
recursos en un futuro próximo. El Consejo Ejecutivo estimó, en la
situación de insolvencia de Banesto detectada por la inspección, que tal
programa de saneamiento sólo conduciría a prolongar el gravísimo
deterioro del banco, llevándole en poco tiempo a una crisis de liquidez
impuesta por los mercados, y esta crisis podría tener resultados
definitivamente catastróficos para el banco, efectos muy graves para la
estabilidad del sistema financiero español y un coste muy fuerte para el
país.

El Consejo Ejecutivo acordó, en fin, expresar al entonces Presidente de
Banesto que no era aceptable ninguna variante del plan que no modificase
los extremos señalados, dotándole de los elementos precisos que
asegurasen: una total transparencia --con expresión en las cuentas de la
imagen fiel de la entidad--, un saneamiento completo y una recomposición
firme y cierta del equilibrio patrimonial y de los recursos requeridos
por la normativa vigente.

En definitiva, y éste es un tema en que los cifras son fundamentales y no
secundarias como pretenden algunos antiguos gestores, lo que quedó
establecido fue que la situación de Banesto era tan extrema que resultaba
imposible que pudiera superarla con sus propias fuerzas. Si se quería
salvar a Banesto y evitar las gravísimas consecuencias que su colapso
podría tener para nuestro sistema bancario y de pagos y, en definitiva,
para nuestra economía, era precisa una masiva aportación de recursos
públicos que cubriese el agujero.

Como era precisa, también, la sustitución de administradores, que se
produjo exclusivamente por una adecuada aplicación del derecho positivo,
tan pronto quedaron establecidos los hechos que definen la «situación de
excepcional gravedad» prevista en el artículo 31 de la Ley 26/1988 sobre
Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, que reza:
«Unicamente cuando una entidad se encuentra en una situación de
excepcional gravedad que ponga en peligro la efectividad de sus recursos
propios o su estabilidad, liquidez o solvencia, podrá acordarse la
intervención de la misma o la sustitución provisional de sus órganos de
administración o dirección.»
Pues bien, había quedado establecido que se daba el supuesto de
insolvencia y que el peligro de que se crease una situación de problemas
de liquidez y de estabilidad era tremendamente improbable.

Además, la sustitución de administradores era necesaria como paso para
sanear la entidad, evitar su derrumbe y las graves consecuencias que ello
hubiera supuesto para el sistema financiero y para la economía española.




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Conviene subrayar, por otra parte, que con esta fuerte aportación de
recursos públicos procedentes, en último término, de los contribuyentes
españoles y de los accionistas de otros bancos hubiera resultado un
sarcasmo mantener a los antiguos administradores. Habría sido la primera
vez en la historia de la banca que una aportación de recursos externos de
esta magnitud se hubiera realizado sin sustituir a los gestores que
habían llevado a la entidad a una situación dramática.

Y lo habían hecho con su imprudencia, con su mala administración, con su
falta de diligencia y con sus malas prácticas bancarias. Eran no sólo
unos pésimos gestores capaces de consumir todo el capital y reservas de
sus accionistas y de poner en peligro los ahorros confiados por los
depositantes, sino que también habían ido acumulando un historial de
elusión de la normativa vigente, de ocultación y de falseamiento de los
documentos contables, que impidió adoptar medidas correctoras antes de
poner en juego el ahorro de los depositantes y de los dineros públicos.

Eran gestores que habían hecho caso omiso de los diversos requerimientos
del Banco de España. Eran gestores que habían gozado de diversas
prórrogas en el tema de la concentración de riesgos con el grupo y, desde
luego, con la Corporación Industrial, y de muy distintos apoyos de las
autoridades monetarias --ayudas en momentos de tensión de liquidez y
aceptación de un plan de saneamiento en 1992-- y que habían incumplido,
al final, en distintas ocasiones los compromisos adquiridos con éste.

Estas, y no otras, fueron las razones que condujeron a la sustitución de
los administradores de Banesto. No estaba por medio la nariz de
Cleopatra. La razón fundamental era, como habrán podido apreciar SS. SS.,
el desequilibrio patrimonial de la entidad y la insuficiencia y falta de
firmeza del plan propuesto por los antiguos gestores; es decir, la razón
fundamental era el estado de insolvencia al que habían conducido los
antiguos gestores al cuarto banco del país.

Es por tanto ésta, señorías, una cuestión de cifras y una cuestión,
indudablemente también, de exigencia de responsabilidades a los antiguos
gestores.

Hace pocos días, con motivo de las reuniones del Fondo Monetario
Internacional, un viejo supervisor bancario, que no entendía la
existencia en nuestro país de rumores que apuntaban un motivo político en
las medidas adoptadas en el caso Banesto, afirmaba: lo político en estas
circunstancias hubiera sido no intervenir.

Incidentalmente a una cuestión planteada ayer ¿qué habría ocurrido si
Banesto hubiera comprado Ibercorp? Lo mismo, en estricta aplicación del
artículo 31 de la Ley de Disciplina. De hecho, ahí tienen SS. SS. al
Banco de Santander, que también se negó a comprar Ibercorp.

¿Por qué no se intervino antes? Se preguntarán SS. SS. Desearía iniciar
mi respuesta a esta pregunta con algunas consideraciones que entiendo
necesarias para alcanzar una comprensión más clara del problema y ayudar
a juzgar un caso como el planteado.

La sociedad española ha encomendado al Banco de España, a través de las
leyes emanadas de este Parlamento, la supervisión e inspección de las
entidades de crédito que operan en nuestro país, de modo y manera que
vele por su estabilidad y solvencia.

Ahora bien, el supervisor en el desarrollo de sus funciones no puede
sustituir a los gestores en las decisiones cuya responsabilidad les han
confiado los accionistas de un banco --y de hecho nunca lo hace cuando
tienen que decidir si venden una empresa o la compran, si conceden un
crédito o lo dejan de conceder) ni puede impedir, en una sociedad libre y
con una economía de mercado, que una gestión imprudente y arriesgada
ponga en peligro el capital de la entidad e incluso llegue a agotarlo.

Lo que corresponde al supervisor bancario es la tarea de reducir la
probabilidad de que estas políticas desafortunadas pongan en peligro los
fondos confiados por los depositantes y, sobre todo, le corresponde la
tarea de impedir que, en última instancia, la insolvencia de un banco
contagie al resto del sistema de pagos y afecte al normal funcionamiento
de la economía nacional.

Con este objetivo --y aquí entro en lo de las actuaciones del Banco de
España-- el supervisor desarrolla, como lo ha hecho en el caso de
Banesto, una serie de labores preventivas para tratar de evitar que se
produzcan situaciones de «extrema gravedad». Ello se traduce en una
permanente labor de vigilancia, en requerimientos, e incluso, cómo no, en
una cierta colaboración con los órganos de administración de las
entidades para, aplicando la normativa vigente, evitar las causas de una
crisis.

No obstante, el supervisor no es tutor de menores o incapacitados, razón
por la cual no puede sustituir la voluntad de los órganos societarios,
chocando, por otra parte, con una auténtica barrera cuando no existe una
voluntad firme de colaboración, cuando la información que suministran no
es veraz ni refleja fiel y puntualmente la situación de la entidad, y
más, cuando existe una deliberada obstrucción.

Cuando aprecia el supervisor que la gestión de una entidad adolece de
debilidades que puede conducirle a la crisis, cuando sospecha que los
datos que le suministran los gestores no concuerdan con la situación real
y cuando advierte un cierto obstruccionismo, lo primero que tiene que
hacer el supervisor es intensificar la vigilancia y redoblar sus trabajos
de seguimiento, inspección y su tarea de requerimientos.

¿Cuál es, por tanto, el punto de inflexión en que el supervisor debe
abandonar esa tarea de mera investigación, de inspección intensiva,
acompañada de advertencias y requerimientos para llevar a cabo una
actuación interventora? ¿Es suficiente un determinado grado de sospecha o
es necesario que la crisis esté probada y sea indubitada? Anticiparse a
este punto puede producir perjuicios graves a la entidad y a sus
accionistas, precipitando una crisis pública que quizá no hubiera llegado
nunca. Retrasarse supone producir un quebranto real a terceros y a
intereses públicos, que siempre terminan soportando las consecuencias más
gravosas de la crisis.

En un Estado de Derecho, señorías, no hay más respuesta a este dilema que
la estrictamente legal, la que viene determinada por una adecuada
aplicación del Derecho positivo, como dije anteriormente.




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El Derecho español, en el artículo 31 de la Ley de Disciplina e
Intervención de Entidades de Crédito, opta, en este caso, por la prueba
plena.

He aquí el punto de inflexión: el supervisor no puede evitar que el
banquero (que son los accionistas) se arruinen, pero debe evitar que
arruine a los demás. La situación ideal de intervención es justo aquélla
en que el banquero (los accionistas) han agotado sus recursos propios,
pero no han atentado contra una peseta de los recursos ajenos. Claro que
alcanzar este ideal es algo que depende tanto de la actuación del
supervisor como de la integridad y profesionalidad del gestor. Si éste
actúa de un modo imprudente, no atiende las advertencias del supervisor
sobre los problemas y las probables consecuencias de sus actuaciones, no
reconoce a tiempo la pérdida de valor de sus activos, realiza operaciones
tan complejas como las que han examinado aquí estos días para ocultar la
realidad de esas operaciones, oscurece el sentido último de éstas, no
refleja en cuentas, como han tenido ustedes ocasión de comprobar estos
días, las contingencias y compromisos que le han de afectar en el futuro
y, en fin, obstaculiza por diversas vías la actuación inspectora,
resultará milagroso que el supervisor pueda prevenir la crisis y alcanzar
ese ideal, incluso dedicando a ello muchos recursos, mucho tiempo, mucha
calidad profesional en el trabajo.

Pues bien, el Banco de España ha desplegado frente a Banesto todo el
catálogo disponible de actuaciones preventivas de manera permanente e
incisiva. Ha complementado sus tareas de seguimiento y análisis con
inspecciones regulares referidas a diversas áreas, de las que disponen
ustedes un cumplido resumen. Ha cursado escritos de advertencia y
requerimientos de diverso contenido. Ha reclamado la formulación y
ejecución de planes de actuación orientados a corregir sus debilidades y,
finalmente, ante la ineficacia de éstos, ante la falta real de
colaboración de los gestores, y alcanzada la situación de «extrema
gravedad» prevista en el artículo 31, adoptó las medidas
correspondientes. Esto lo hizo tan pronto quedó establecida una situación
como la señalada. No lo hizo antes porque no concurrían estas
circunstancias, porque no estaba probada una situación de extrema
gravedad que pusiese en peligro la solvencia de Banesto.

¿Por qué no se pudo probar, a pesar de que el Banco de España hizo más
intensa su vigilancia a medida que crecían sus sospechas sobre la falta
de reflejo en cuentas de la realidad financiera y patrimonial de la
entidad? Muy sencillo, por la falta de colaboración de los gestores y la
política de sistemático ocultamiento que impidió, en definitiva, que la
detección de esta situación no fuera más temprana y evitase un mayor
deterioro patrimonial.

Si hago repaso de cuáles son los pasos en la actuación general del Banco
de España y en su aplicación a Banesto, podremos apreciar precisamente
estos hechos. El primer elemento de todo mecanismo de prevención es el
seguimiento y análisis continuado de los estados contables y de la
información que son de remisión obligatoria al Banco de España.

La normativa contable española y el sistema de información prudencial que
le acompaña descansa en unos principios rigurosos y en un desarrollo
prolijo y detallado de estos principios. Conviene subrayar que, a
diferencia de otros países industriales, se establecen para las entidades
de crédito normas de valoración muy estrictas que tratan de reducir el
siempre amplio campo de lo subjetivo. Con ello --y esto lo digo en
relación con comparecencias anteriores-- sí quiero precisar que hay
--precisamente en lo que se refiere a créditos morosos, dudosos o
provisiones-- una serie de criterios objetivos taxativamente establecidos
en la normativa vigente. Con ello lo que se ha buscado es disponer de
criterios uniformes que eviten la discrecionalidad y que, con carácter de
mínimos, estimule una gestión diligente y prudente, al tiempo que
faciliten la actuación preventiva del supervisor. Son elementos de
objetivación que están basados en la experiencia histórica española y son
principios generalmente establecidos y reconocidos como prudentes por
todas las entidades de crédito.

Ahora bien, en ningún sistema de información contable por muy perfecto
que sea, puede impedir que una entidad actúe de modo que sus cifras
contables no reflejen convenientemente la situación patrimonial con grave
daño para el conocimiento de los auditores, accionistas y supervisores.

Este es el caso de Banesto en el que, como SS. SS. han tenido ocasión de
apreciar, sus gestores no reconocían las pérdidas cuando se producían
--como los casos Cobra/Zafiro, Kerino/Kayenta, etc.--, no recogían en
cuentas sus compromisos --recompra de acciones de Banesto-- y sus
consecuencias --calificación como autocartera--, desplazaban activos
dudosos a filiales que no consolidaban, como hicieron con una filial en
Chile cuando las autoridades chilenas requirieron una dotación para
créditos dudosos; desplazaron los créditos en el año 1992 y a finales de
1992 aparecían en otra sociedad no consolidada que sólo bastantes meses
después, y a través de investigaciones muy difíciles, quedó establecido
que aquella sociedad era del grupo y que se habían desviado hacia allí
activos dañados. Simulaba la recuperación de garantías mediante la venta
de los activos adjudicados a una filial y apuntaban indebidamente
resultados, como ocurre con una filial que crearon al efecto y en la que
se acumularon algunos inmuebles procedentes de la venta del Banco de
Madrid. Contabilizaban los beneficios de una operación, como hicieron a
finales de 1992 y 1993. Se concentra en un montón de casos.

Contabilizaban los beneficios de una operación y dejaban de hacerlo con
los costes aparejados, como en el caso de la venta del Banco de Madrid,
que le tuvo que requerir el Banco de España por escrito, señalando que
los beneficios netos no eran los que se habían apuntado.

Hacían revalorizaciones de activos, cuando la cuenta iba ahogada en el
año 1993, en moneda extranjera en alguna de sus sociedades instrumentales
y activaban pérdidas en divisas. Esto es lo que ha ocurrido en relación a
lo que es la primera fase de una actividad de supervisión bancaria, que
es la de seguimiento de los estados contables y la responsabilidad legal
y moral recae sobre los gestores de la entidad que no reflejaron la
imagen veraz de Banesto en sus documentos contables.

El Banco de España advirtió continuadamente a Banesto de aquellas
operaciones que entendía podían contener algunas



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irregularidades y estar dirigidas a burlar la normativa contable. Ustedes
conocen --y salió a la prensa-- los casos de Oasis Gescam, las tasaciones
verdaderamente imprudentes en intercambios de paquetes de acciones y en
la gran mayoría de las ocasiones recibió respuestas reiteradas de que no
existía esa irregularidad. Por ejemplo, sobre la efectividad y firmeza
del intercambio de paquetes Oasis-Banesto --lo han examinado ustedes aquí
estos días--, se pronunciaron sus administradores por escrito --no
firmado-- en julio de 1992, negando que existiera o hubiera existido
contingencia alguna que pusiese en duda aquella efectividad y firmeza,
cuando todavía estaba en vigor el contrato de recompra de las acciones y
habían negociado una prórroga e iban a llegar finalmente a la operación
noviembre de Kerino Kayenta.

El Banco de España, como he señalado, ordenó e intensificó sus visitas de
inspección cuando aumentaron sus sospechas porque veía que realmente el
ritmo de expansión tan rápida de crédito con los sistemas de gestión que
tenía Banesto, tenía que conducir a un aumento de la morosidad; y cuando
se veía que conducía a ese aumento de la morosidad, a finales de los años
1991 y 1992, es cuando se ordena la inspección, especialmente dedicada al
tema y es por lo que se intensifica en el año 1993, que es cuando la
inspección iba a llegar a calibrar cuál era la situación del conjunto de
la cartera. El Banco de España ordenó e intensificó sus visitas de
inspección cuando aumentaron esas sospechas y cuando éstas, en
particular, empezaron a ser importantes respecto al inadecuado reflejo de
la pérdida de valor de los activos, como acabo de señalar, o de la
efectividad de sus recursos propios, porque habían surgido serias dudas
respecto a los estados contables de finales del año 1991.

La eficiencia de estas inspecciones, señorías, descansa de nuevo, en gran
medida, en la colaboración de los gestores de la entidad y en el
mantenimiento por ésta de sistemas adecuados de información y control
interno. Si los expedientes de acreditados no recogen datos suficientes
para evaluar los riesgos contraídos y provisiones necesarias. Tienen
ustedes noticia de que se les reclamó la información en distintas
ocasiones sobre temas como Oasis o algunos otros temas que han surgido
aquí en la Comisión.

Si a las demandas de información se responde con explicaciones dilatorias
y con retrasos, si se responde de manera parcial e incluso con engaño,
si, por ejemplo, sólo la amenaza de informar desfavorablemente una
operación que requiere la aprobación de la Dirección General de
Transacciones Exteriores permite disponer de una información mínima para
conocer el alcance de los riesgos del Grupo Oasis o los riesgos con
accionistas minoritarios del Grupo bancario, si ocurre todo esto, la
evaluación de los inspectores resultará lenta y difícil, pero la
responsabilidad última es de los gestores, ya sea por falta de
diligencia, ya sea por mala fe. Hoy sabemos que el señor Lasarte siguió
alegando ignorancia de temas relacionados con Oasis después de disponer
de un informe completísimo sobre el tema en julio de 1993.

La actitud deliberada de obstrucción llega al extremo de que, tras
demandas reiteradas por escrito en noviembre de 1992 para que se provean
de los oportunos sistemas mecanizados de tratamiento del riesgo de
crédito, clasificación de dudosos y de provisionamiento para
insolvencias, los gestores sólo los aportan a última hora, en el otoño de
1993, ante la amenaza de ir extendiendo el alcance de la inspección a los
créditos inferiores a 250 millones, y se descubre finalmente, después de
la sustitución de administradores, que Banesto disponía de un sistema de
seguimiento informático para decidir la contabilización o no como dudosos
desde comienzos de 1992, y que, lejos de integrarlo en los sistemas de
clasificación y dotación automática, los sistemas de objetivación
previstos en la circular 4/91, lo utilizaron como un sistema «ad hoc»
para ir decidiendo lo que contabilizaban, con el fin de mantener
artificialmente hinchada la cuenta de resultados; es evidente que la
responsabilidad de que el trabajo de los inspectores fuera lento y
costoso es, en última instancia, de los gestores. Esta es la descripción,
conocida posteriormente (la documentación está en el Banco de España), de
los procedimientos informáticos que tenían.

Cuando, por otra parte, los inspectores se encuentran con una amplia gama
de operaciones complejísimas y artificiosas --pocas cosas resultaban
simples y naturales en este banco--, que constituyen, en muchos casos,
frondosos árboles de interrelaciones financieras con frecuentes
ramificaciones internacionales, y sólo obtienen información tras gran
insistencia y con largos retrasos (y de ello hay abundantes muestras en
el informe de Inspección) los inspectores sólo lograrán comprender estas
operaciones y evaluar las pérdidas que, en su caso, impliquen, con mucho
esfuerzo y muy lentamente. Pero la responsabilidad de esta lentitud es de
los gestores de Banesto, máxime cuando éstos tenían toda la información
necesaria. Hoy sabemos que el señor Lasarte asistió a la reunión del
comité de dirección de Banesto de 30 de noviembre de 1992, en la que se
informó del acuerdo alcanzado con el Grupo Oasis para saldar el
compromiso de recompra del 1,5 por ciento del capital social de Banesto,
que ustedes han examinado y que estaban en poder de Inversiones Azulreal
mediante la compra por Kayenta del 50 por ciento de Kerino en 7.812
millones. (Los ruidos de las obras impiden oír con claridad al orador.)



El señor PRESIDENTE: Entendemos que esta sala no ofrece buenas
condiciones de acústica y menos con la situación externa que tenemos. El
Presidente ha hecho varias gestiones a través del Letrado para ver si
podíamos aliviar al menos los ruidos externos. Algo se ha conseguido,
pero, evidentemente, no lo suficiente.

Le ruego al compareciente que se acerque más al micrófono, si fuera tan
amable.




El señor SEÑOR DIRECTOR GENERAL DEL BANCO DE ESPAÑA (Pérez Fernández): Me
acercaré. En fin, si los inspectores encuentran de nuevo dificultades
para obtener información relativa a las relaciones del banco y su grupo
--en el que muchas empresas quedan más allá del ámbito de competencia del
Banco de España--, si los gestores desplazan, como he señalado antes,



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los riesgos o las pérdidas de unas sociedades a otras --y de esto hay
múltiples casos dentro de la estructura del grupo descubierta en la
inspección de los dos últimos años-- se acumularán nuevas demoras en la
valoración de la situación de la entidad. Todo esto ha ocurrido en el
caso de Banesto, ciertamente, y, por consiguiente, si el Banco de España
ha tardado en conocer la verdadera situación de la entidad, ello es
imputable, en gran medida, en última instancia, a los gestores y en ellos
recae tan grave responsabilidad.

El Banco de España hizo demandas de información y advertencias
reiteradas, como muestran distintos escritos, y hoy hay bastantes
evidencias que subrayan el comportamiento poco diligente de los
administradores de Banesto.

A lo largo de la inspección que realizó el Banco de España, ¿hubo cambio
de actitud? ¿Hubo cambio de criterios?
El Banco de España siempre actuó de un modo coherente con los
presupuestos expuestos al comienzo. No hubo cambio de criterios, fueron
las circunstancias las que lo hicieron.

En primer lugar, el Banco de España mantuvo una actitud diligente a lo
largo de 1992 y 1993 dirigida a contrastar datos, verificar informaciones
y practicar visitas de inspección con el fin de establecer la situación
de Banesto. Y lo hizo, aplicando con criterio uniforme la normativa
vigente, de modo y manera que ni hubo trato diferencial respecto a otras
entidades ni modificó su criterio de aplicación en el curso de los años
1992 y 1993, años en los que quisiera subrayar a SS. SS. que la
inspección hizo un gran esfuerzo por ser años delicados de liquidez
financiera e inspeccionó prácticamente más del 90 por ciento del sistema
crediticio y no se presentó otro caso Banesto.

En segundo lugar, el Banco de España fue coherente facilitando
iniciativas de saneamiento de los gestores de Banesto siempre que la
situación alcanzada no fue de excepcional gravedad los planes de
actuación fueron factibles, estuvieron dirigidos a resolver los problemas
de la entidad y no pusieron en peligro su estabilidad y la del sistema de
pagos. Esto fue lo que se hizo en 1992 y no hubo cambio de criterio.

En tercer lugar, darle un plan de saneamiento en 1992 no fue óbice para
ceder en sus advertencias y requerimientos. Los escritos dirigidos por el
Banco de España a Banesto entre noviembre de 1992, en que se acepta ese
plan de saneamiento, y diciembre de 1993, llamaron la atención a la
entidad sobre las dificultades halladas en la inspección por falta de
cooperación e información (escrito de 23 de noviembre de 1992);
insistieron en la necesidad de una adecuada clasificación de los riesgos
(14 y 22 de diciembre de 1992 y 8 de junio de 1993); cancelaron una
facilidad especial de financiación abierta en diciembre de 1992 para
afrontar dificultades de tesorería, porque los gestores de Banesto
incumplieron sus compromisos de reducción de la inversión crediticia en
los términos en los que lo habían establecido (carta de 5 de marzo de
1993); llamaron la atención sobre las graves deficiencias de
funcionamiento del departamento de Tesorería y de cómo no se
correspondían unas inversiones en tecnología y en aparatos y en lo que le
llaman parte delantera de la mesa con lo que es el respaldo
administrativo de la misma (carta de 5 de marzo de 1993); advirtieron a
los gestores sobre las debilidades en la instrumentación jurídica de una
gran inversión realizada por la entidad y le subrayaron la
responsabilidad en que incurría el Consejo de Administración en caso de
producirse por ello un perjuicio a Banesto (carta de 13 de mayo de 1993;
por cierto, hoy se ha podido comprobar que no leyeron en el Consejo);
reiteraron las demandas de información sobre la estructura de empresas
del Grupo Oasis-Kieselstein y sobre su situación económica y financiera
el 23 de noviembre de 1992 y el 8 de junio de 1993; conminaron a
reclasificar adecuadamente a dudosos una serie de créditos (8 de junio de
1993) y no lo atendieron; requirieron ajustes en la cuenta de resultados
y a la declaración de recursos propios consolidados al cierre de 1992 por
un total de 71.508 millones (6 de septiembre de 1993), despidiendo el
escrito con un párrafo expresivo: «Las situaciones e irregularidades
expuestas en el presente escrito revelan un funcionamiento inadecuado de
los órganos de gestión y control interno de Banesto que el Banco de
España no puede dejar de subrayar; mención especial merece la existencia
de sociedades interpuestas no incluidas en los estados consolidados, que
impiden un reflejo fiel de la situación patrimonial y financiera del
Grupo Banesto y dificultan su supervisión». Las llamadas de atención, las
demandas y los requerimientos fueron el motivo continuo de las
conversaciones mantenidas con los gestores de Banesto.

En cuarto lugar, y ya desde mediados de septiembre de 1993, el Banco de
España había ido advirtiendo a los gestores de Banesto sobre los
resultados preocupantes de la Inspección, los primeros resultados
profesionales. Con todo, la primera ocasión significativa en que lo hizo,
en conversaciones, fue, en octubre, con motivo de la presentación por
Banesto de un plan para sanear con cargo a reservas parte de los ajustes
requeridos en el escrito que acabo de referir de 6 de septiembre, así
como de otras contingencias e irregularidades detectadas, facturas
activadas, pérdidas ciertas, algunas operaciones singulares, y, de otro
lado, Banesto o ponía al Banco de España la posibilidad de contabilizar
escalonadamente en 1993 y 1994 los créditos dudosos pendientes de
reclasificación.

En esta ocasión se señaló al Consejero Delegado la improcedencia de la
propuesta y se le subrayó que los ajustes necesarios excederían
claramente los presupuestos por Banesto, ya que los resultados, todavía
provisionales, situaban las necesidades de saneamiento por encima de los
200.000 millones; y se le indicó que, en estas circunstancias, no
resultaban posibles nuevos diferimientos, que en estas circunstancias se
requerían planes más rigurosos de saneamiento inmediato y, desde luego,
una recomposición correlativa del déficit patrimonial.

A finales de octubre, las cifras provisionales de saneamientos necesarios
--cuando todavía quedaban en curso importantes trabajos de inspección--
se situaban en torno a 300.000 millones, y se inician en seguida diversas
reuniones de trabajo con los representantes de Banesto para discutir las
cifras y obtener más información que aún no habían proporcionado. Esto es
habitual en todos los procedimientos



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ordinarios de inspección, porque la inspección avanza, sobre todo, si hay
resultados muy significativos, empieza a cotejar los datos con los
gestores; es un trabajo unas veces rutinario y otras veces adquiere un
carácter extraordinario, y no porque la reunión no sea equivalente a las
otras, sino por la magnitud del problema.

La aportación de información en aquellas reuniones de trabajo debo
señalar que permitió --como ocurre en muchos casos-- reducir la cifra
calculada de algunas provisiones; pero la extensión de las áreas de
trabajo iban aportando como resultado nuevas necesidades de saneamiento.

Así, mientras los servicios de Banesto pasaban a aceptar, en noviembre,
déficit de provisiones para insolvencia y fluctuación de valores por
180.000 millones, que habría que sumar a los 70.188 de ajustes propuestos
por ellos en octubre, los Servicios de Inspección subrayaban a los
representantes de Banesto la insuficiencia de estas cifras. De hecho,
estas cifras que presentaron dejaban de incluir algunos temas, por
ejemplo, el saneamiento de la corporación industrial, de los fondos de
pensiones o de los riesgos con Oasis. Los servicios de inspección habían
llegado, a finales de noviembre, a una cifra cercana a los 450.000
millones, cuando todavía faltaban por analizar los créditos de importe
inferior a 250 millones.

Los servicios de inspección habían insistido en la conveniencia de
evaluar las necesidades de dotación para insolvencias en estos créditos
inferiores a 250 millones y, tras haberlo ocultado, Banesto admitía
disponer de los medios informáticos necesarios para efectuar el plan, con
lo que decidió proporcionar esta información, que fue incorporada por la
inspección a su informe.

Al mismo tiempo, se señalaba por los servicios de inspección al entonces
Consejero Delegado de Banesto lo improcedente de aquellas propuestas que
no incorporasen un saneamiento a fondo de la entidad.

Con fecha 15 de diciembre, los servicios de inspección llegaron a la
cuantificación final de 503.415 millones. La dramática situación del
Banco exigía una actuación inmediata de saneamiento. El Banco había de
reflejar en su cuenta de resultados para 1993 y en su balance de 31 de
diciembre la realidad de sus pérdidas; esta realidad era de tal gravedad
que, si no se actuaba de modo inmediato, los mercados --como he señalado
al principio de mi intervención-- reaccionarían provocando el colapso de
Banesto ante el conocimiento de estas cifras.

El propio Banesto había llegado a aceptar la urgencia de ese programa de
saneamiento una vez examinados con la inspección los resultados obtenidos
por ésta en su análisis de la situación del Banco. Y la expresión de la
conciencia de Banesto de la urgencia del programa de saneamiento fue la
presentación del mismo al Banco de España, en diciembre de 1993, primero,
el día 21, más tarde, en una versión modificada y reducida, el día 22,
con tal pretensión de que el Banco de España aprobase antes de fin de
año, y pudiera anunciar a los mercados nacionales e internacionales, este
programa desde los primeros días del mes de enero. Incidentalmente,
cuando se celebró la reunión del día 21, ya el Gobernador había subrayado
al ex Presidente de Banesto la improcedencia de las revalorizaciones de
inmuebles, y yo mismo había señalado al Consejero Delgado que era
imposible con la normativa vigente.

Se ha afirmado que el Banco de España cambió de actitud respecto del
problema de Banesto en el mes de diciembre y actuó precipitadamente en su
intervención; pero esto no es verdad. El Banco de España estuvo urgiendo
la elaboración de un programa de saneamiento desde mediados de octubre;
el propio Banesto sentía esa urgencia y presionó en diciembre sobre el
Banco de España para que lo aprobase inmediatamente a fin de anunciarlo
en las semanas siguientes. El problema radicó en que, cuando Banesto
presentó su programa de saneamiento, éste --como ya he señalado-- era
absolutamente insuficiente, carecía de respaldo efectivo, es decir, en
dinero, de los inversores internacionales que habían accedido a Banesto
en los meses anteriores y pretendía un respaldo del Banco de España que
éste no podía darle, porque ello hubiera implicado que el Banco de España
colaboraba en confundir a los mercados. Por esto --como he señalado al
comienzo--, se rechazó el programa y, una vez rechazado, la intervención
había de ser inmediata dada la situación de extrema gravedad de
insolvencia del Banco, dada la inevitable publicidad de esta situación a
partir de las cifras de fin de año y dado el alto grado de sensibilidad y
desconfianza que venían mostrando los mercados respecto a Banesto.

Esperar más hubiera supuesto correr riesgos potencialmente muy graves en
relación con los sistemas bancarios y de pagos del país.

Creo que esto resume, a grandes rasgos, la actuación, no ya sólo de los
servicios de inspección, sino del Banco, aun cuando quedan cuestiones
importantes, como la del intenso crecimiento y cómo es posible ese
intenso crecimiento de los saneamientos entre 1992 y 1993.

Agradezco --me he extendido demasiado-- la benevolencia del señor
Presidente.




El señor PRESIDENTE: No ha lugar la disculpa, ya que el agradecimiento es
nuestro hacia su intervención, señor Pérez Fernández.

¿Grupos que deseen intervenir. (Pausa.)
Lo haremos de mayor a menor. Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la
señora Aroz.




La señora AROZ IBAÑEZ: Muchas gracias, señor Pérez, por su comparecencia
en esta Comisión de seguimiento de la crisis de Banesto --creo es su
primera comparecencia parlamentaria-- y también por sus explicaciones y
por su colaboración.

En la primera fase de los trabajos de esta Comisión, que estuvieron
dirigidos al seguimiento de la actuación de las instituciones en relación
con la intervención de Banesto, contamos con la presencia en varias
ocasiones del Gobernador del Banco de España. Sus comparecencias fueron
extraordinariamente relevantes para esa primera fase, que finalizó con
una declaración institucional, aprobada por unanimidad de todos los
Grupos parlamentarios, en la que se señalaba que el proceso seguido para
reflotar Banesto había afianzado la credibilidad y el prestigio del Banco
de España como máximo responsable de dicho proceso.




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Nuestro Grupo tuvo ocasión de felicitar al Gobernador en su última
comparecencia en esta Comisión y hoy quisiera, señor Pérez, felicitarle a
usted, felicitar a la inspección del Banco de España por una labor que
consideramos muy eficaz y que, en el caso Banesto, ha debido ser, además,
extraordinariamente ardua para poder desentrañar una realidad
deliberadamente compleja y opaca como hemos podido comprobar los miembros
de esta Comisión.

Consideramos, por tanto, que es justo y necesario este reconocimiento en
el Parlamento por el papel realizado por la inspección del Banco de
España para clarificar y establecer la realidad de Banesto; una realidad
crítica, de una situación patrimonial crítica del Banco a finales de
1993, con unas necesidades de saneamiento de 503.000 millones de pesetas,
lo que permitió, a partir de esa identificación, adoptar las medidas
necesarias, previstas en la Ley de Disciplina e Intervención de las
Entidades de Crédito, para garantizar la estabilidad del sistema
financiero español y en apoyo de Banesto, de la entidad, de sus
accionistas y depositantes.

Pero procede también este reconocimiento --mi Grupo quiere destacarlo--
porque en esta Cámara se han vertido determinados juicios por parte del
ex Presidente de Banesto señor Conde, que han intentado descalificar las
actuaciones del Banco de España.

Sus explicaciones han sido para nuestro Grupo extraordinariamente
importantes para corroborar lo que son ya conclusiones de este Grupo
parlamentario y, en particular, respecto a determinadas cuestiones, como
son y han sido la ocultación y la falta de cumplimiento de la regulación
prudencial y contable por los anteriores gestores del Banco. Sus
explicaciones han confirmado también los datos y hechos que en la sesión
de ayer mismo fueron planteados por nuestro Grupo al ex Presidente de
Banesto, señor Conde, especialmente en relación a unos datos que
consideramos importantes, los del plan de saneamiento, presentados al
Banco de España el 21 de diciembre de 1993, en donde se reconocían unas
necesidades de saneamiento de 372.000 millones, que era el reconocimiento
por los antiguos gestores de Banesto de una situación de quiebra del
Banco en esa fecha, más allá de la insuficiencia de reconocimiento de los
saneamientos necesarios.

Por tanto, muchas gracias por sus explicaciones, que corroboran las
conclusiones en las que nuestro Grupo está trabajando, que confirman los
hechos a los que nos hemos venido refiriendo en las últimas sesiones
parlamentarias, concretamente las dos en las que ha comparecido el ex
Presidente de Banesto.

Quisiera hacerle una pregunta, no en relación al pasado, sino al futuro,
una pregunta en relación a lo que podíamos considerar lecciones de la
crisis para mejorar la prevención de las mismas, y ello partiendo de la
base de que España tiene un sistema de control por parte del Banco de
España adecuado; un sistema bueno, en palabras del Presidente de la
Asociación Española de Banca, don José Luis Leal, quien estuvo hace pocos
meses en esta misma Comisión, y de una mayor rigurosidad que el de la
media de los países europeos. Quisiéramos conocer su opinión, señor
Pérez, sobre si resulta necesaria o deseable una mayor regulación
bancaria en ese objetivo de prevenir las crisis bancarias.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, el señor Fernández de Troconiz
tiene la palabra.




El señor FERNANDEZ DE TROCONIZ MARCOS: Muchísimas gracias, don José
Pérez, por comparecer ante esta Comisión. Muchísimas gracias porque,
aparte de que estábamos deseando que viniera para contarnos la historia
profunda de la inspección, queremos agradecerle su profesionalidad,
demostrando a lo largo del proceso inspector del Banco Español de Crédito
desde que usted asumió la Dirección General de Inspección de Entidades
Financieras y Crediticias del Banco de España, si no recuerdo mal, en
1992.

Paso a enumerar una serie de preguntas que van a ser realmente concretas
y explicativas de la situación. Además, como conozco la historia por los
dos bandos --no me refiero a bandos extraños, sino al bando de los que
nos sentamos aquí, los Comisionados, y lo que usted acaba de contar--,
quisiera que nos aclarara una serie de circunstancias que usted ha
expresado, para que quede constancia perfecta en el «Diario de Sesiones».

Por una parte, se nos ha dicho por los antiguos gestores de Banesto algo
como que es posible una revalorización sin fusión de acuerdo con la
legislación española, que, como todos sabemos, está constituida por la
Ley de Sociedades Anónimas y por la Ley de Beneficios Fiscales a las
Fusiones y Uniones de Empresas. La primera de ellas, si no recuerdo mal,
es el texto refundido de 29 de diciembre de 1989 y la segunda de 31 de
diciembre de 1991. Quiero, por una parte, que usted nos desmienta
rotundamente que, de acuerdo con la legislación española que antes acabo
de citar, es posible llevar a efecto cualquier tipo de regularización
contable sin que exista una fusión o excisión de empresas.

Por otra parte, desearíamos que nos aclarase más en qué ha consistido el
proceso de obstrucción por parte de los antiguos gestores del Banco
Español de Crédito de la labor inspectora llevada a efecto por el Banco
de España, porque puede llegar a pensarse que la crisis de Banesto se
origina, no como consecuencia de una mala gestión o una absoluta
incapacidad para gestionar una gran empresa y, más aún, un banco, por
parte de los antiguos gestores, sino que es debida pura y simplemente a
una mala o defectuosa organización interna de una entidad. En este
sentido, en cuanto a organización, nos gustaría que nos dijese si los
sistemas informáticos en cuanto a «hardware» y «sofware» incorporados en
el Banco Español de Crédito (y ante esta Comisión se ha presumido de que
eran las más avanzadas por no decir también las mejores del mundo, dignas
del libro «Guinness de los récords», como una macroampliación de 95.000
millones de pesetas, que luego se demostró que hubo otra posterior en el
Banco Español de Crédito) eran adecuados a la situación real de Banesto
en el momento en que se implantan o si eran absolutamente megalománicos
en relación a la situación financiera y organizativa de Banesto en el
momento en que se incorporan e incluso en la actualidad. También nos
gustaría que nos informase acerca de los sistemas informáticos de otros
bancos, su precio aproximativo, la realidad informática de otras
entidades financieras



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comparada con al realidad informática del Banco Español de Crédito.

Asimismo nos gustaría que nos hablase, si es posible --comprendemos que
en esto puede tener dificultad por el secreto profesional que antes
aludió--, acerca del incremento de gastos de personal, fundamentalmente
de alta dirección, en Banesto desde 1988 a 1993. Por otro lado, nos
gustaría que nos dijera, si lo sabe, si no se lo preguntaremos mañana a
don Alfredo Sáenz, que lo debería de saber y no tiene secreto profesional
al respecto, por qué Banesto, a pesar de tener unos servicios jurídicos
propios, contrataba sistemáticamente los servicios de asesoría jurídica
con empresas ajenas a la entidad bancaria, generando un gasto doble en
este sentido que además no se incorporaba a la contabilidad del banco
puesto que, como de todos es sabido, los gastos jurídicos de un banco no
se pagan por él, sino por el deudor.

Asimismo --usted lo dijo antes-- se produjo una ruptura en la inspección.

No ruptura, sino, como usted ha dicho, un seguimiento y una
profundización en la inspección, que comienza en 1992 de una manera
profunda, seria e intensa y, como consecuencia de la labor inspectora
realizada se llega, no por un cambio de criterio, sino por una mayor
profundización y conocimiento de la situación interna del Banco Español
de Crédito, a confirmar la falta de previsiones y provisiones existentes
en el Banco Español de Crédito por los antiguos gestores. Porque una cosa
es pasmosa y palmaria; parece ser, y efectivamente debe ser así, que en
el ejercicio 1988 se lleva a efecto el saneamiento total o casi total de
Banesto después de haber sufrido un largo e intenso proceso de
saneamiento como consecuencia de las fusiones habidas, o de los
quebrantos sufridos por la incorporación del Banco Coca --también por un
insigne administrador, parecido al que ahora deja el Banesto--, como
consecuencia, sin duda, de las pérdidas ocasionadas en el Banco de Madrid
y en el Banco Garriga Nogués, del que también se dice ahora que se nos va
a explicar por qué se produjo aquel quebranto por el que lo produjo. A
ver qué pasa con eso. Quisiera preguntarle si es revelador que existiera
en 1988 un proceso de saneamiento ya realizado y lo que sucede
posteriormente, admitido por los propios gestores del Banco Español de
Crédito, es una incompetencia, una falta de profesionalidad absoluta que
les hubiera inhabilitado para la gestión de una entidad de crédito como
Banesto y que les pudiera incluso inhabilitar para la gestión de
cualquier tipo de empresa en que estén comprometidos dinero o patrimonio
no propio, ajeno.

También quiero preguntarle si consideraría adecuado cara al futuro el que
el Banco de España emitiese informes anuales sobre la situación de los
bancos, comparativos con las de su sector, que se incorporasen a las
cuentas del ejercicio y que fueran conocidos por los accionistas en las
correspondientes juntas generales para que puedan conocer de manera
adecuada y transparente cuál es la evolución del banco en relación con el
sector y los demás. Realmente, de los estados comparativos del Banco
Español de Crédito, de 1988 a 1993, comparativos además con los del resto
de los grandes bancos, la evolución es clara en cuanto a un deterioro
permanente y progresivo del Banco Español de Crédito en relación con el
resto del sector, no solamente en cuanto a la diversidad de las
magnitudes, que tuve ocasión de exponer ayer aquí en esta misma Comisión,
sino en la cantidad de riesgos que se van asumiendo progresivamente y la
falta de previsiones y provisiones para asumir las dificultades que pueda
conllevar el aumento de este riesgo en un futuro.

Ahora me gustaría realizar una serie de aclaraciones a sus palabras.

Inversiones Azul Real, significa el 1,5 por ciento de recompra de
acciones de Oasis, porque Banesto las tenía a nombre de la sociedad
Inversiones Azul Real, que no vende físicamente las acciones de Banesto,
sino que es la que vende las acciones de Azul Real a Kieselstein
Stiftung.

Por otra parte, y en relación a lo que dice usted de Chile, es la
sociedad por la cual se le transmiten todos los activos basura del
Banesto Chile Bank a Inversiones Iberia.

En relación a los inmuebles dudosos, como consecuencia de las
insolvencias del señor Gil y Gil, se corresponde a Inversiones de
Levante.

Usted ha dicho que existían procesos financieros cruzados, entrecruzados,
etcétera. ¿Usted calificaría esto de ingeniería financiera o de mera
chapuza, chapucería, engaño y casi piratería financiera, que no
ingeniería financiera? Pero como estamos en materia de piratas, hablemos
de corsarismo y diremos que los corsarios no eran solamente los fondos,
sino otras personas.

Por otro lado, ¿va a iniciar el Banco de España algún tipo de actuación
en relación a la empresa de valoración American Appraisal, como
consecuencia de las valoraciones realizadas a Dorna Promoción del Deporte
y a Oil-Dor?
También nos gustaría conocer cuál es la situación de la inspección en
relación a los grandes bancos españoles y cuál es, comparativamente o no
con Banesto, la solvencia, la transparencia y la regularidad o no de
estas mismas operaciones en el resto de los grandes bancos españoles.

Por cierto, ¿usted cree que la adjudicación propia de los inmuebles que
un banco se adjudica en las ejecuciones infructuosas por el precio de
adjudicación, que normalmente es menor, mucho menor que el del mercado,
por parte de quien puede disponer libremente de estos bienes en un banco
es un acto lícito o bien es un acto ilícito? ¿Es un acto normal? ¿Se
suele hacer o no? ¿Usted cree que se debería dar cuenta incluso al
Ministerio Fiscal si apareciesen este tipo de conductas por parte de
alguna persona que haya podido realizarlas?
Por otro lado, ¿cree usted que los antiguos órganos rectores de Banesto
engañaron a J. P. Morgan, en cuanto a que no se les facilitó una
información veraz contable que revelase la situación de la entidad Banco
Español de Crédito?
Esto antecede a su gestión como Director General de la Inspección del
Banco de España, pero quisiéramos preguntar ¿por qué el Banco de España
autorizó el reparto de beneficios en el Banco Español de Crédito en 1988
con cargo a los beneficios extraordinarios habidos --si es que los había
y los aprobó-- como consecuencia de la adquisición de inmuebles a Fincas
y Valores, S. A., y como consecuencia



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de la adquisición de acciones de La Unión y El Fénix Español, S. A.?
Por otro lado, cuando usted habla de que se cruzaba permanentemente
información con los gestores del Banco Español de Crédito, ¿quiénes eran
las personas, quiénes eran los gestores con los que ustedes
intercambiaban la información, a los cuales se enviaban los
requerimientos, a los cuales se enviaban las cartas, con los cuales se
hablaba y se discutía de cifras, datos y planes de saneamiento?
Me imagino que usted, por secreto profesional, no podrá ampliarnos
información, incluso si el Banco de España ha tenido más conocimiento con
posterioridad a la intervención, sobre asuntos como pueden ser Dorna,
Oasis, Euman Valyser, Hachuel, etcétera; si no tiene secreto profesional,
nos gustaría que nos ampliase los datos que con posterioridad al pliego
de cargos, que es el último elemento que tenemos de conocimiento por
parte del Banco de España, se han producido.

Por otro lado, aparece una situación un tanto extraña, y es que el Banco
de España, con fecha 23 de noviembre de 1992, cuando concluye la primera
fase de la inspección en profundidad del Banco Español de Crédito, se le
comunica la necesidad de reclasificar como dudosos riesgos incluidos como
corrientes por un importe de 120.000 millones de pesetas, que implica un
defecto de provisión para insolvencias de 52.898 millones de pesetas, a
los que van a añadirse 1.926 millones, derivados de riesgos contraídos
con el grupo Oasis. Esto se le comunica al Banco Español de Crédito el 23
de noviembre de 1992. Sin embargo, en el folleto de ampliación de capital
que Banesto comunica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, se
dice, lógicamente referido a 1992, que en la Inspección del Banco de
España concluida a finales de 1992 se revisaron todas las inversiones
crediticias de clientes superiores a 500 millones de pesetas --se está
refiriendo lógicamente a este requerimiento que le hace el Banco de
España al Banco Español de Crédito--, y que como consecuencia de la misma
la dirección de Banesto decidió que 51.808 millones de pesetas de
créditos deberían ser clasificados como dudosos, aunque el 85 por ciento
de los mismos no se encontraban vencidos. Ciertamente, parece que el
gestor del Banco Español de Crédito que redacta el folleto de ampliación
no ha leído o está tergiversando la realidad de la comunicación que, sin
embargo, realizó el Banco de España al Banco Español de Crédito. Si es
posible, nos gustaría que nos aclarase esta contradicción que aparece.

Por último, ¿comunicó el Banco de España a J. P. Morgan el requerimiento
de 6 de septiembre de 1993, en que se advertían irregularidades en los
estados financieros auditados de Banesto correspondientes a 31 de
diciembre de 1992?



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra el señor Espasa.




El señor ESPASA OLIVER: Nuestro Grupo Parlamentario también quiere
agradecer la presencia del Director General del Banco de España, don José
Pérez, y saludarle en su primera comparecencia, en la que ha realizado un
testimonio muy valioso; esperamos que con las aclaraciones que pueda
hacer a las preguntas de todos los Grupos Parlamentarios, sea aún más
provechoso para esta Comisión.

He de señalarle, señor Pérez, que me encuentro identificado con todas las
preguntas que le han hecho; por tanto, considérelas también preguntas
mías y de mi Grupo, con lo cual, con su contestación me sentiré
respondido en muchas de las cuestiones que quería plantearle.

Quisiera abundar en algunos extremos --unos, repetitivos; otros, espero
que no-- para que su deposición ante la Comisión sea, si cabe, aún más
productiva de lo que ha sido hasta ahora. Quisiera comenzar señalando que
de toda su intervención inicial, para nuestro Grupo al menos, y para este
Diputado que le habla especialmente, han quedado claros dos criterios que
adelanto ya que compartimos. Es decir, el objetivo fundamental de un
sistema de supervisión prudencial de entidades bancarias, en un sistema
de libre mercado y, por tanto, de responsabilidad de los propios
administradores, debe tender fundamentalmente a la protección de los
depositantes, no tanto a impedir la propia ruina de los propios banqueros
o administradores, puesto que son libres de hacer, dentro de unos
límites, lo que crean más conveniente. Este es el límite que se impone al
propio sistema de inspección, que no puede sustituir a los
administradores, que les marca un terreno de juego, que les marca unas
normas que deben acatar, unos límites que no pueden superar, pero que, en
definitiva, la responsabilidad es suya en tanto que banqueros, en tanto
que administradores.

El segundo criterio que viene a sustentar algo que aquí algunos
comparecientes han venido a contradecir de forma vehemente, es que la
necesidad de saneamientos, una vez establecida, la necesidad de
aportación de nuevos recursos dinerarios, una vez producida,
evidentemente, debía comportar una sustitución de administradores; por
decirlo claramente, a nuevo dinero público y privado, nuevos
administradores. Otra cosa es, y no es objeto de esta comparecencia, lo
fue en la discusión de la Comisión de Economía, la opinión de los
distintos grupos políticos de cuál hubiese sido el mejor nuevo
administrador, puesto que había nuevo dinero, público y privado. Para
unos grupos hubiera sido preferible una administración estrictamente
pública. Finalmente la decisión política fue la de gestores
administradores provisionales y adjudicación en pública subasta, pero el
criterio fundamental era el de a nuevos recursos, a plan de saneamiento
realmente eficaz --es decir, con aportación dineraria--, nuevos
administradores. Creo que estos dos principios han quedado bien sentados
en su intervención inicial y serán importantes para esta Comisión.

Dicho esto, quisiera que me confirmase que su trabajo al frente de la
inspección comienza en julio o septiembre de 1992, creo recordar. Quiero
que precise cuándo se hace cargo de la Dirección General de la Inspección
del Banco de España. También quiero preguntarle, como han hecho otros
portavoces, después de constatar la bondad y la efectividad del sistema
de inspección y supervisión del Banco de España, si cree que hay mejoras
susceptibles de introducirse.




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Esta Comisión tiene como objetivo hacer propuestas y recomendaciones en
este sentido. Le pregunto si una, que ya es obvia para todos los
comisionados, usted también la compartiría, y es la obligación de que los
pactos de la inspección, las notificaciones que nos ha ido relatando que
se trasladaban al banco, deban ser trasladadas a todos los consejeros del
banco y no sólo a algunos. Porque tenemos la evidencia, por testimonios
de comparecientes, de que muchas de las advertencias del Banco de España
eran desconocidas por la casi inmensa mayoría del consejo de
administración o de los consejeros del Banco de España. Sería bueno saber
si, aparte de otras medidas, comparte ésta en concreto y si sería bueno
que se introdujese la adecuada modificación legislativa.

De lo que nos ha dicho quisiera que aclarase un poco más, aunque lo ha
hecho bastante en su intervención, sobre aspectos que podríamos englobar
en un pregunta genérica sobre los llamados por algunos, entre muchas
comillas, pactos entre el Banco de España y Banesto. Me estoy refiriendo
a la carta de 23 de noviembre de 1992, me estoy refiriendo a la carta del
6 de septiembre de 1993, me estoy refiriendo al plan o planes.

Incidentalmente añado aquí una subpregunta. ¿Fue un plan o fueron dos los
que se presentan en diciembre de 1993? Es decir, si este intercambio de
opiniones entre la entidad supervisada y el ente supervisor implican,
como algunos han sostenido aquí --ayer concretamente-- pactos, acuerdos
o, no quiero utilizar la palabra, no ya complicidad, sino asentimiento
por parte de la entidad supervisora. Porque esto ha sido repetidamente
utilizado para argumentar, en mi opinión, inexistentes cambios de
criterios por parte del Banco de España, pero me gustaría tener más
despejada esta, no incógnita, pero sí nebulosa que se ha querido tender
sobre esta cuestión. Por lo tanto, plan de saneamiento de 23 de noviembre
de 1992, advertencias de julio y septiembre de 1993, planes de septiembre
de 1993 y planes de Banesto de diciembre de 1993.

También, en la medida que pueda, y en esta línea de pretendido acuerdo
supervisado/supervisador, quisiera conocer las reuniones o cartas entre
el señor Conde, el Gobernador del Banco de España, y si usted también
estaba presente. Concretamente se nos citó una aquiescencia del
Gobernador de 15 de diciembre, no recuerdo si escrita o verbal o fruto de
una reunión. Quisiera que también me aclarase este extremo en la medida
que pueda.

Sobre el bloque de obstrucción o no obstrucción a los servicios y
supervisión del Banco de España, usted lo ha detallado bastante, pero
quisiera que, si puede, fuera más preciso. Lo digo porque varios
comparecientes, el señor Lasarte, el señor Belloso, y el señor Conde,
pero sobre todo el señor Lasarte, manifestaron, una y otra vez, que no
existían tales requerimientos, que no había constancia documental de
tales requerimientos. Este es un extremo que acaba de desmentir, pero
quisiera que, en la medida que se lo permita su cargo y el deber del
secreto profesional --creo que ahí no estaríamos en el marco del secreto
bancario-- lo explicite más a la Comisión. Repito, comparecientes
anteriores a usted han sostenido que no han existido comunicaciones
escritas ni documentadas, por lo tanto, comprobables o verificables por
el Banco de España, por Banesto o por esta Comisión, si pudiese acceder a
ellas, de estas llamadas advertencias, notificaciones, etcétera. Lo han
dicho con mucho énfasis y espero de usted que nos lo aclare con el mismo
énfasis.

Quisiera que aclarase un poco más porque quizá no he estado atento o no
lo he comprendido bien, pero nos ha dicho como ejemplo de que otras
manifestaciones ante esta Comisión no se ajustaban a la verdad, que sí
existía sistema informático para la reclasificación de créditos morosos y
dudosos, pero que no se aplicaba a la contabilidad general o al sistema
informático general. Si es así quisiera que abundase en este ejemplo que
creo de enorme importancia.

Sobre el riesgo crediticio y sobre la existencia de criterios objetivos,
usted ha dicho que en la normativa española, del nivel que sea, sí hay
criterios objetivos para clasificar créditos de morosos y dudosos o
insolventes. Quisiera que me diese algún ejemplo --se lo pregunto por
desconocimiento--, de dónde existe esta normativa. También fue
solemnemente negado que existan criterios objetivos y normativos sobre lo
que sean los recursos propios de una entidad bancaria. Se los ha
calificado de criterios esotéricos para llegar a concluir --no usted,
otros-- que se aplican criterios esotéricos para dilucidar qué son los
recursos propios necesarios de una entidad bancaria. Me gustaría saber su
opinión al respecto.

También me gustaría saber su opinión sobre la aseveración que hemos oído
en esta Comisión de que no es legalmente exigible la consolidación de la
Corporación Industrial y Financiera con las cuentas de Banesto a efectos
del cómputo global de créditos o de dotaciones para insolvencias. Este
Diputado entendió que se acusaba a la entidad supervisora de un abuso de
celo, por decirlo de una forma suave, pero que no era legalmente posible
ni necesaria y que en cambio se le exigía. Esta sería una de las razones
de las diferencias de cifras argumentadas en todo este período.

También quisiera preguntarle su opinión (aunque el señor Fernández de
Troconiz ya ha abundado en el tema y ha hecho una interesante digresión
sobre ingeniería financiera, piratería o corsarios), en tanto que experto
y técnico, sobre lo que usted, muy prudentemente, ha denominado
tasaciones imprudentes --supongo que quería decir imprudentes por
elevadas-- en las sociedades objeto de intercambio accionarial. Quisiera
que fuese un poco más explícito en esto. Nosotros --al menos yo-- hemos
llegado a la conclusión de que muchas de estas operaciones --y me estoy
refiriendo a Oasis, a Dorna o a Hachuel como las más emblemáticas-- se
podrían resumir en el esquema: o socio o fiduciario. Es decir, hacemos
una tasación elevada, me compras acciones y yo te compro acciones del
banco y, por tanto, somos socios. Hacemos un pacto de recompra, si lo
denuncias apareceré como fiduciario tuyo y, por tanto, el que pierde
siempre es el banco. ¿Es exacto este simplificado esquema de razonamiento
sobre estas complicadísimas operaciones financieras?
También en este terreno, ayer, al preguntarle al ex Presidente de Banesto
este Diputado sobre cuál era el nivel



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mínimo o prudente de pedir garantías para créditos, contestó que era
imposible establecer un baremo. Se lo pregunto a usted como experto en
reclasificación de créditos entre morosos, dudosos e insolventes. ¿Usted
cree que es prudente conceder créditos por valor de 5.000 ó 6.000
millones de pesetas sin garantías escritas, hipotecarias, de avales o del
tipo que fuere, que esto es buena práctica bancaria y más aún cuando
estas entidades recipiendarias del crédito son entidades, fundaciones o
instrumentales situadas en paraísos fiscales? ¿Es una buena práctica
bancaria conceder créditos sin garantías de ningún tipo?
Para terminar este bloque de preguntas, usted, prácticamente sin decirlo
--y quizá no pueda hacerlo-- nos ha venido a señalar una serie de
actuaciones de los antiguos gestores de Banesto que podrían estar
incursas en tipos delictivos. ¿Usted cree que se podrían haber producido
delitos en algunos de estos casos --para decirlo piadosamente-- de
ingeniería financiera? No sé si puede o no decirlo pero yo quiero
preguntárselo y, en todo caso, quiero ver si usted me dice si puede o no
decirlo o si puede manifestar una opinión, por genérica que pueda ser.

Desde luego, la Comisión, en su momento, sí tendrá opinión sobre esta
cuestión.

Señor Presidente, para terminar y abundando en la pregunta que ya se le
ha hecho, quisiera saber su opinión sobre el grado de conocimiento que
pudo tener J. P. Morgan de su carta, de 6 de septiembre de 1993, a
Banesto, y si esto podría ser una de las explicaciones por las que J. P.

Morgan, finalmente, abandona la posibilidad de aportar recursos
dinerarios propios (no del Grupo J. P. Morgan o de terceros de los que J.

P. Morgan hacía de conductor de fondos, esto es el Fondo Corsair, sino
propios, del Banco J. P. Morgan) y dice --en expresión gráfica
pronunciada por el Gobernador del Banco de España-- «que no pone ni un
dólar más en Banesto». ¿Pudo ser la causa su advertencia del 6 de
septiembre de 1993?



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán, Convergència i Unió, tiene la
palabra el señor Sánchez i Llibre.




El señor SANCHEZ I LLIBRE: También quiero agradecer, en nombre del Grupo
de Convergència i Unió, la presencia de don José Pérez en la Comisión de
seguimiento de Banesto, pues entendemos que la explicación que nos ha
dado al inicio de su intervención ha sido lo suficientemente
esclarecedora para que nosotros mantengamos nuestros supuestos y nuestras
intervenciones a lo largo de todos estos días, en esta Comisión.

Lógicamente, en su intervención ha venido a corroborar el informe del
Banco de España y también el informe sobre el que nosotros hemos basado
todas nuestras intervenciones. Lógicamente, yo quisiera que también
corroborara, a través de sus contestaciones, las preguntas que nosotros
le vamos a formular.

Básicamente, cuando intervino ayer el ex Presidente de Banesto, don Mario
Conde, empezamos nuestra intervención partiendo de la base que había
habido un quebranto patrimonial de 605.000 millones de pesetas (esto
estaba basado en función del informe de la inspección del Banco de España
y en el posterior plan de saneamiento que presentaron los actuales
gestores del Banco Español de Crédito) y que dicho quebranto patrimonial
había dado como resultado una quiebra técnica de la entidad de 246.000
millones de pesetas. Para nosotros es importante saber que se intervino a
través del Banco de España en el Banco Español de Crédito porque
realmente existía una quiebra técnica, detalle este que en todo momento,
en la respuesta a la intervención de nuestro Grupo ayer, fue obviado y
negado por el ex Presidente del Banco Español de Crédito.

También quisiera que nos corroborara que si no se intervino antes en
dicha entidad financiera (otra de las contestaciones que nos dio el señor
Conde fue que por qué no se había intervenido antes en la entidad
financiera si existían pruebas contundentes de que había un quebranto
patrimonial importante) era porque realmente hubo una obstrucción clara y
contundente por parte de los anteriores gestores de Banesto. Creo que
usted en su exposición también ha dejado claro que si no hubo esta
intervención era porque hubo una total imposibilidad, por parte de los
anteriores gestores, de dar los datos correspondientes para llegar a
estas cifras de este quebranto patrimonial y a una quiebra técnica que es
por la que, básicamente, intervino el Banco de España.

Para nuestro Grupo hay otra pregunta que está subyacente --y que,
curiosamente, no la ha señalado ningún portavoz que me ha precedido en el
uso de la palabra-- y es por qué el Banco de España permitió la
ampliación de capital que presentó y aprobó la Junta General de
accionistas de Banesto, el 22 de mayo de 1993, y que fue colocada en el
mercado en el mes de julio y en los primeros días de agosto. Pensamos que
ésta es una pregunta muy importante que, si puede, nos la tendría que
aclarar, porque en algún momento de su intervención el ex Presidente del
Banco Español de Crédito también sacó a relucir esta cuestión que quedó
flotando en el ambiente.

También es importante --y creo que lo ha dejado perfectamente claro en su
intervención de hoy-- si hubo cambios de actitud importantes en el mes de
diciembre de 1993, primero, en no intervenir y, después, en intervenir.

En la primera intervención del ex Presidente de Banesto ayer por la
mañana se nos dijo que primero no se quería intervenir y que después hubo
un cambio de postura, una orientación política que fue la que determinó
la intervención al Banco Español de Crédito por parte del Banco de
España. Por tanto, es importante para nuestro Grupo saber con exactitud
si hubo cambios de actitud por parte del Banco de España para la
intervención que se produjo en el año 1993.

También quiero preguntarle por el incremento de saneamientos que, por
parte del Banco de España, se produjeron desde el año 1992 hasta el año
1993, y ya ha dado en su exposición una aclaración importante al
respecto.

También planteamos ayer que era importantísimo para nuestro Grupo y para
la Cámara esclarecer al máximo las operaciones entre personas
interpuestas y empresas del mismo Grupo, que en el informe del Banco de
España ascendían a un montante de 133.000 millones de pesetas, pudiendo
originar unos quebrantos financieros de 54.000 millones



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de pesetas, por una parte, y había también la recalificación de activos
dudosos de 75.727 millones de pesetas. Es el informe correspondiente a
las empresas Euman Valyser, Oasis, Hachuel y Grupo Dorna. Pensamos que
dentro de este conglomerado importante, de miles de millones de pesetas
que fueron a parar a este grupo de empresas, puede también haber una
importante mala gestión en dichas compañías, ya que de 133.000 millones
de pesetas quedaría un saldo posible de cobrar de sólo 3.468 millones de
pesetas, con lo cual habría una pérdida de 130.000 millones de pesetas.

Esta pregunta también se la formulamos ayer al ex Presidente del Banco
Español de Crédito y tampoco hubo forma de que nos la contestara
adecuadamente, entendiendo por otra parte que esto era un informe del
Banco de España y que en ningún momento obedecía a la realidad.

Para nuestro Grupo también es importante, y esta pregunta iría orientada
en una doble dirección, saber las inversiones que el Banco Español de
Crédito tenía en los medios de comunicación. Si no recuerdo mal, el Banco
Español de Crédito tenía 70.000 millones de pesetas invertidos en medios
de comunicación y en créditos. El montante global era de 70.000 millones
de pesetas.

Ha habido personas expertas del mundo bancario y financiero que han
pasado por esta Comisión y que han calificado las inversiones de
intolerables en un negocio bancario y de dudosa rentabilidad, pues no es
lógico que una entidad financiera, como Banco Español de Crédito, tenga
más de un tercio de su capital invertido en medios de comunicación de
dudosa rentabilidad. Por lo tanto, también nos gustaría que usted nos
explicara su opinión al respecto y, además, si de cara a futuras
actuaciones de otras entidades financieras sería interesante acotar estas
participaciones.

También preguntamos ayer al ex Presidente de Banesto por la evolución de
los gastos operativos de la entidad, porque nosotros pensamos que el
incremento desmesurado de los gastos operativos del Banco Español de
Crédito en los últimos cuatro años, que ascendía a un 71 por ciento, fue
otra de las causas importantes de que no tuvieran rentabilidad efectiva
de cara a la cuenta de explotación.

Por último, nosotros le comentábamos ayer al ex Presidente de Banesto que
la mala gestión de Banesto se debería a un error o, en caso contrario, si
no fuera un error porque todo el mundo tiene derecho a equivocarse, a una
gestión temeraria, imprudente y peligrosa, como nosotros la
calificaríamos. Nos gustaría saber también su opinión al respecto.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Coalición Canaria, el señor Mardones
tiene la palabra.




El señor MARDONES SEVILLA: Señor Pérez, deseo agradecerle su
comparecencia ante esta Comisión y congratularme de que la Mesa, dado que
no soy miembro de ella, pero me sumo con gran satisfacción, haya tomado
la iniciativa de solicitar su comparecencia ante esta Comisión hoy.

Paso, seguidamente, a las siguientes cuestiones al hilo de su
intervención. Se ha venido diciendo aquí por los comparecientes que
respecto al fondo de pensiones de Banesto hubo unos cambios de criterio
en la valoración fundamental de la deuda o del déficit que había, que se
cifró en 66.000 millones de pesetas. En el acta de intervención que
redacta el Banco de España el 28 de diciembre hay una frase en lo que
respecta al fondo de pensiones que afecta directamente a la inspección, y
dice así: Tampoco tuvieron acceso los inspectores a los datos que
permitieran evaluar los compromisos contraídos con los altos cargos del
Banco que no estaban incluidos en las relaciones de empleados
facilitadas. Le pregunto: ¿Usted mantiene este mismo criterio que dice el
acta de inspección? ¿Tuvo usted alguna dificultad añadida? Quisiera
preguntarle si, efectivamente, la inspección utilizaba en sus criterios
unos baremos distintos para evaluar la cifra, dado que el señor Conde lo
manifestó aquí, sin decir a qué cifra se refería; este Diputado le
preguntó si hablaba de la primera cifra de 32.966 millones de pesetas y
él dijo que el Banco de España le había dado ocho años para la corrección
del déficit.




El señor PRESIDENTE: Señor Mardones, se ha referido a actas de
inspección. Me imagino que será el acta de intervención.




El señor MARDONES SEVILLA: Al acta de intervención del 28 de diciembre.

Le preguntaba a este respecto si los inspectores fueron con distintos
baremos a lo largo del tiempo, cuestión que se plantea también aquí, para
evaluar los compromisos contraídos con los altos cargos del Banco.

Segunda cuestión, señor Pérez, en el análisis de la cuenta de resultados
se dice en el acta de intervención que en 1991 y 1992 el Banco presentó
beneficios superiores a los realmente generados y en 1993 sólo los
beneficios extraordinarios, y la especial coyuntura de caída de los tipos
de interés y de evolución de los tipos había producido importantes
beneficios de carácter no recurrente. En el acta también se dice al
principio que en el balance del Banco, a 30 de junio de 1992, figuran
activos ficticios por importe global de 6.830 millones de pesetas no
autorizados --y recalco esto, señor Pérez-- por la norma trigésima de la
circular 4/1991 y que deberían ser saneados dándolos de baja del balance,
constituyendo los correspondientes fondos específicos. ¿Eso lo dijeron
ustedes en el primer informe de inspección?
Asimismo, le formulo la siguiente cuestión. Me ha parecido entender
--porque en la primera fase, hasta que se ha corregido la megafonía,
oíamos muy mal, por aquí atrás-- que la inspección empieza a detectar las
anomalías con mayor intensidad a partir de octubre de 1992. Corríjame
porque yo lo he escuchado muy mal por cuestiones de megafonía. Pero esta
fecha es importante para mí por la cuestión que le voy a plantear.

Con este análisis del 30 de junio de 1992 y si estos datos estaban en la
inspección, ¿cómo es que no hay ninguna actuación del Banco de España
para impedir la ampliación de capital que hace Banesto en 1993? Esto está
relacionado con la gran pregunta de por qué no se actuó antes por parte
del Banco de España. Tómelo usted como quiera, por



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activa o por pasiva con respecto a la actuación o por qué se deja. Porque
puede haber cuestiones de comisión y de omisión; de omisión porque no se
actuó antes y de comisión porque se deja hacer entonces la ampliación de
1993. Si usted da la fecha de octubre de 1992 para esta, vamos a
llamarla, intensificación de la inspección, le pregunto: ¿Este celo
inspector nace «motu propio» de los servicios de inspección o es ordenada
por la autoridad máxima del Banco de España? Creo que me entiende
perfectamente.

El señor Conde planteó ayer aquí una cuestión, que él llamaba freudiana,
con respecto al anterior Gobernador del Banco de España, don Mariano
Rubio, y está relacionada con el caso Ibercorp, que usted también ha
citado en el informe que usted ha hecho de los trabajos de la inspección;
dato importante porque usted ha puesto el ejemplo de que Banesto no
compró diciendo: no pasaba nada por no comprar Ibercorp porque tampoco el
Santander lo compró. ¿Esto quiere decir que se ofertó por el Gobernador
del Banco de España la compra de Ibercorp a ambas entidades o
presidentes? Pregunto nada más. Déjeme preguntar, señor Presidente,
porque este tema es de laberinto, pero cada uno tiene derecho a
arriesgarse por el laberinto.




El señor PRESIDENTE: Los dos estamos en una parte del laberinto, señor
Mardones.




El señor MARDONES SEVILLA: Usted ha puesto como ejemplo que no se produce
animadversión del Gobernador del Banco de España sobre el Banesto o sobre
don Mario Conde en razón de que se compre o no se compre Ibercorp. Los
que hemos visto en esta Cámara el resultado de la Comisión que ha hecho
el análisis de la gestión de don Mariano Rubio al frente del Banco de
España ya lo tenemos escrito y sancionado por el Pleno de la Cámara.

Sigo con las preguntas, señor Presidente, ¿Ustedes detectan en la
inspección el porcentaje de autocartera que tenía Banesto? Porque sobre
esa cifra también hemos discutido aquí si era del 1,5, si no llegaba al 5
y, por tanto, estaba dentro de márgenes, o era incluso del 34 por ciento.

¿Qué cifras concretas tienen ustedes de la autocartera que tenía Banesto
de resultas de la inspección que ustedes realizaron, incluso con las
dificultades que pudieran tener?
Le pregunto también: ¿conocieron ustedes por la inspección (porque
ustedes tienen un equipo magnífico de profesionales, que usted preside,
para la competencia de los servicios) si los pactos de recompra de las
acciones de autocartera con «parking» que fue colocando el señor Conde en
otras empresas que usted ha citado existían de verdad? ¿Ustedes
detectaron y encontraron las pruebas fehacientes de que existían pactos
de recompra, aunque éstos no se hayan ejecutado? Ahora no le planteo si
se ejecutaron o no se ejecutaron porque es una cuestión ya a usar por el
tenedor de las acciones en «parking» que tuvieran allí. ¿Ustedes
detectaron que existían actos de recompra?
Otra pregunta. Cuando usted se ha referido a la presencia del señor
Lasarte, me ha parecido entender que en el consejo donde se habló del
tema de Oasis, ha dicho que el señor Lasarte conocía, según se había
detectado en la inspección, un informe amplio, profundo y exhaustivo de
la situación con respecto a Oasis, ¿los servicios de inspección tuvieron
ocasión de conectar con el que ocupaba entonces la Dirección General de
Internacional de Banesto, que era don Javier Abad? Dígamos si estuvo
presente o qué tuvo que ver este señor en este tema, dado que en la
comparecencia del señor Lasarte se hicieron unas imputaciones de alta
responsabilidad, al menos por el conocimiento del tema de Oasis, al
Director de Banesto, don Javier Abad.

Señor Presidente, termino exponiendo la última cuestión. En la
comparecencia del señor Belloso se habló, cuando se analizó la situación
de Banesto con los anteriores gestores hasta don Mario Conde, el 31 de
diciembre de 1987, del que en las cuentas de resultados, en los análisis,
etcétera, y en el balance del Banco había condescendencias por parte del
Banco de España. ¿Estas condescendencias estaban supeditadas a informes
de la inspección o no? ¿Desde el 1 de enero de 1988 hasta octubre --o la
fecha que usted haya indicado-- de 1992, en que se incentiva o se activa
el celo de la inspección sobre Banesto, hay --en ese período de bastantes
años-- pruebas de condescendencia?



El señor PRESIDENTE: Para contestar a las cuestiones planteadas, tiene la
palabra el señor Pérez Fernández.




El señor DIRECTOR GENERAL DEL BANCO DE ESPAÑA (Pérez Fernández): Señor
Presidente, paso a contestar a las preguntas, en principio, por el orden
en que me han sido planteadas, tratando de enlazar, si recuerdo, las que
se han planteado en más de una ocasión.

¿Lecciones de la crisis? ¿Mayor regulación? La crisis de Banesto ha sido
una crisis, según el argot de los inspectores, clásica. Lo inquietante es
--si se me permite el término-- que es una crisis de las previstas al
diseñar los esquemas de supervisión bancaria que tenemos ahora mismo los
países industriales, en particular, los esquemas de supervisión bancaria
que tiene la Unión Europea y que, en consecuencia, tenemos en España. En
el caso español, además, la legislación y la normativa de supervisión
bancaria ha sido incluso más cuidadosa frente a estos problemas que la de
otros países de la Unión Europea; ha sido particularmente cuidadosa
porque está extraída de la experiencia de la crisis bancaria de finales
de los 70 y comienzo de los 80, y es una legislación especialmente
desarrollada para prevenir estas crisis y dotar al supervisor de
instrumentos eficaces para que estos problemas no se planteen con la
gravedad con que se plantean.

La supervisión, en nuestra opinión, se ha mostrado eficaz. El incidente
de Banesto es un incidente serio, pero esa normativa ha sido capaz de
prevenir en los últimos años numerosos casos, pero más reducidos en
tamaño que el de Banesto, y esa normativa ha dotado al Banco de España y
a los servicios de supervisión de los elementos necesarios para actuar a
tiempo. Los mecanismos de información, de vigilancia en nuestro país se
ha demostrado que han sido capaces de prevenir bastantes casos. Podría
decir que en los últimos dos o tres años, el número de entidades que han
tenido problemas y que han tenido que resolverlos por vías



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ordinarias, como ampliar sus recursos de capital, ir a fusiones
propiciadas por la autoridad supervisora para reforzar su situación de
recursos propios y prevenir una situación de extrema gravedad, casos en
los que incluso se ha procedido a una liquidación ordenada de las
entidades, han sido probablemente superiores a la docena y, desde luego,
a la decena. En todos estos casos, el sistema de información, el sistema
español de regulación de la normativa contable, con especial insistencia
en la problemática de valoración de activos, se ha mostrado
extraordinariamente eficaz para establecer en cada momento cuál era el
valor patrimonial de la entidad; y, de hecho, en los casos pequeños de
liquidación a los que hemos asistido hemos podido tener liquidaciones en
las que, al final, no se ha producido quebranto alguno para terceros.

Estas son pruebas de que, cuando se respeta la normativa o las
desviaciones respecto a la misma son relativamente comprensibles en un
terreno en el que el elemento subjetivo es importante cuando hay ocasión
para contrastar criterios y rectificar conductas, cuando hay colaboración
del gestor, es posible conocer a tiempo la situación e introducir las
modificaciones y, llegado a un punto, con su colaboración, encontrar
alguna solución: lo que llaman en el argot anglosajón de supervisión una
solución comercial, es decir, lo que se llamaría aquí en el argot, no
traumática, una solución decidida por la propia entidad, con advertencias
y requerimientos y, en su caso, incluso instando a la entidad, con o sin
apertura de expediente disciplinario.

Ya digo que, en nuestro caso, nuestro sistema de regulación, en cuanto a
exigencias de capital frente a riesgo, en cuanto a normas contables que
garanticen un reflejo prudente de la imagen fiel de la entidad en
resultados y en patrimonio, está complementado con algo que tenemos
nosotros: una herramienta fundamental que no se tiene en la mayoría de
los países industriales, unos servicios de inspección propios del
supervisor que inspecciona «in situ» y sirven de auditores, ya digo que
son muy útiles, y yo no veo fallos fundamentales en nuestro sistema de
regulación.

En mi intervención he insistido en que éste es un caso capaz de poner a
prueba cualquier sistema de regulación; uno le vuelve a dar vueltas una y
otra vez y concluye que fuera cual fuera el sistema el problema se podría
haber planteado; porque si la normativa es correcta pero no la asume y
cumple el gestor, de nada sirve. En otros países esto puede ocurrir con
más frecuencia. El auditor externo no es como el inspector de una
institución que dispone del tiempo, el celo y de la dedicación al examen,
expediente tras expediente, para llegar a valorar una entidad; no puede
serlo, en general. Para nosotros es extraordinariamente útil, pero, a
veces, nos preguntamos cómo es posible hacer una buena supervisión sin
tener una inspección propia. Esto es algo que nos planteamos una y otra
vez tanto el supervisor americano, que sí la tiene, como el español. La
inspección es un elemento clave. De la experiencia de esta crisis y de
las anteriores, concluye uno que, una vez que se consigue dotar de un
sistema de regulación correcto --y creo que lo tenemos, habrá aspectos
que hay que retocar con la inspección al lado--, pero el sistema tiene
eficacia suficiente. Volviendo a la inspección --y esto es algo que a uno
le sorprende en este caso también, y en esto he tratado de insistir en mi
intervención anterior-- si el inspector no cuenta con la colaboración de
las entidades, si la entidad no tiene, no sólo buenos sistemas de control
internos sino que, además, los mecanismos de decisión de la entidad son
unos mecanismos una concentración muy fuerte de decisiones, si incluso
hay falta de transparencia dentro de la propia entidad, como ustedes han
tenido ocasión de constatar, entonces no solamente se le resta eficacia a
la regulación, sino que también la inspección cuenta con dificultades.

Esto nos ha llevado a concluir que de la crisis de Banesto hay un par de
lecciones importantes a extraer. Quizá la necesidad de intensificar más
el ritmo de inspección, aun cuando lo hacemos realmente con un ritmo
--como después comentaré-- muy vivo y muy frecuente. Pero, en el caso de
instituciones en las que su grado de mutación, por decirlo de algún modo,
es muy elevado, que tienen una posibilidad de mutar muy grande, hay que
intensificar el ritmo. ¿Aún más de lo que lo hemos hecho? Tenemos que
esforzarnos en hacerlo, porque creemos que es la mejor vía. Siempre hemos
tenido claro que bancos nuevos, bancos con problemas en la cuenta de
resultados, bancos con debilidad de recursos propios deben de ser
inspeccionados por lo menos una vez al año. Bancos más normales en su
solvencia y rentabilidad, pero que a veces no son tan celosos en el
cumplimiento de las normas o no tienen muy buenos sistemas de gestión de
riesgo, hay que inspeccionarlos a un ritmo que no exceda de dos años. Y
sólo en los bancos que tienen sistemas de gestión de riesgo contrastados
en su bondad, una alta rentabilidad y solvencia, dejar el ritmo menor. La
conclusión es que, probablemente, tengamos que intensificarlo, pero, como
les mostraré después, no ha sido éste el problema en este caso.

La conclusión final más importante, aparte de esto, es la necesidad de
introducir elementos en la organización de las entidades que permitan que
los gestores puedan asumir y asuman las responsabilidades que tienen por
regulación general. En el caso de la banca privada, las que tienen como
administradores de sociedades anónimas. Es ahí donde hemos encontrado
grandes debilidades en este caso.

Hemos encontrado, como he dicho antes, que cuando ha habido crisis
importantes en otros países también ha sucedido así (en el país vecino y
al otro lado del Atlántico han tenido también experiencias al respecto).

Cuando hay una concentración muy fuerte de decisiones y escaso control
societario dentro de los órganos rectores, hay mayor probabilidad de que
ocurran estos problemas a los que me he referido antes: de incumplimiento
de la normativa, de ocultación, de no recogida veraz --en ese documento
básico de una empresa, que es la contabilidad-- de la imagen fiel de su
realidad. En ese caso --respondo a una pregunta que me ha hecho el señor
Fernández de Troconiz--, no es sólo un problema de control interno, en el
sentido de que el gestor toma decisiones y controla que se cumplan, sino
que, en una acepción más amplia, del control de los ejecutivos por una
parte del consejo que no es ejecutiva. En nuestro sistema societario no
existe esta concepción, pero sí debiéramos buscar la manera de introducir
con mayor



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fuerza la existencia de comités fiscalizadores de auditoría interna
dentro de los propios consejos.

En este caso, resulta que también se dotaron de comité de auditoría
interna, y fue de los primeros bancos en presumir de ello. Las recetas no
siempre son aplicables con facilidad. El estimular la existencia de esos
comités (y tenemos también experiencias en países vecinos más al norte,
que tienen mucha tradición de comisiones de control en la gestión de
sociedades y que, sin embargo, han fallado estrepitosamente en el último
año, de manera que no hay recetas), el estimular su grado de
independencia, el estimular que las juntas y la propia organización de
las sociedades (porque las sociedades, al final, son instituciones y
órganos vivos) pongan mucho cuidado en que esos elementos existan, es
fundamental. De manera que de haber alguna conclusión en este terreno, la
hay, en principio, en el ámbito general de las sociedades, pero por ser
más delicado el caso de las entidades de crédito, podríamos pensar en
poner una mayor insistencia en ello.

Eso me lleva a la pregunta --pido perdón porque no soy capaz de irlas
localizando, no sé si ha sido del señor Espasa-- de si deben de ser
trasladadas todas las advertencias y los escritos de requerimientos y
observaciones a los consejeros. La tradición es que se mande a los
presidentes o consejeros delegados. La tradición también marca que haya
una cláusula de lectura obligada. En los casos de grandes bancos en los
que hay una relación más estrecha, se entiende, esa lectura existe por lo
que he dicho antes, que no son menores ni incapacitados y que realmente
son conscientes de sus responsabilidades y dan traslado a los escritos.

El hecho es que, sin embargo, hemos comprobado que no se da traslado a
los escritos. Quizá tengamos que buscar la manera de, mediante
instrucción o normas, establecer el procedimiento para que se dé lectura,
o para que se incorpore al propio libro de actas de las sociedades.

Mi conclusión fundamental es: más inspección, pero de una forma retórica,
porque tenemos una intensidad de inspección muy elevada. Más
responsabilidad de los gestores y búsqueda de unos canales estables de
comunicación que garanticen no solamente el traslado de las opiniones del
supervisor, sino también su incorporación eficaz a los mecanismos de
decisión de las entidades.

Hay otras pequeñas lecciones, alguna no tan pequeña, como es el tema de
concentración de riesgos con el propio grupo. La concentración de riesgos
en general es uno de los problemas que con mayor frecuencia conducen a
crisis. Lo que es fundamental en el negocio bancario es diversificar.

Cuando se incurre en concentración, del tipo que sea: geográfica,
sectorial, personal, la probabilidad de que una cartera se deteriore más
rápidamente es más elevada.

Las normas de supervisión han puesto siempre en todos los sitios
muchísimo cuidado en esto. Las que tenemos son adecuadas, pero hay un
problema adicional en el caso de las relaciones con el propio grupo
económico. En el caso de países con banca universal, con grupos mixtos:
financieros, bancarios, seguros más industriales, se crea un entramado
muy estrecho de relaciones. Entramado muy estrecho que algún
compareciente anterior ha llegado a expresar muy gráficamente, y es que
una vez que se pone una peseta en una empresa del grupo, ¿cómo vas a
dejar de dar crédito a la misma? Si el grupo está mal gestionado, si está
gestionado de una manera imprudente, si el grupo tiene problemas, entra
en pérdidas, se hace poco digno de confianza para el resto de las
entidades financieras, acaba estableciéndose casi una relación de
exclusividad --como se llama en el argot-- entre el banco y su grupo. En
el caso de Banesto, la concentración con el grupo fue uno de los
problemas más importantes tradicionalmente. Porque siempre estuvo algo
por encima del límite del 40 por ciento establecido en la normativa, se
le instó continuamente a que redujera el grado de concentración con el
grupo.

Después de 1992 los problemas de Banesto se extienden a su grupo: su
grupo despierta desconfianza en el sistema financiero español. Hay el
caso de una empresa participada por Banesto en la que, sorpresivamente,
se retira Banesto, trata de salvar sus muebles y la empresa queda en
suspensión de pagos y algunas entidades de crédito sufren un quebranto.

Las entidades de crédito pasan a confiar, a partir de ese momento, muy
poco en Banesto. Probablemente por esa razón, sus empresas, que además
están perdiendo --y por tanto necesitan financiación porque no son
capaces de generar recursos internos-- apelan al propio Banesto con una
intensidad meteórica en los primeros meses de 1993. De manera que en
julio, si no recuerdo mal, la concentración con su grupo de riesgos era
del 66,4 por ciento de los recursos propios y el límite legal es del 40
por ciento.

Sobre las concentraciones y las participaciones industriales (aquí se ha
hablado mucho de que el Banco de España obliga a vender y a malvender, me
parece que ayer se insinuaba que obliga también a recomprar a precios muy
altos, para remate), quiero decir que el Banco de España no presiona al
sistema bancario ni, en particular, a Banesto, más allá de lo que cree
prudente, por experiencia en el terreno de las participaciones
industriales, por la razón que acabo de aducir. Tuvimos experiencias
graves en este terreno en los ochenta. El sistema español de regulación
era un sistema de recargos, en el que las participaciones industriales
exigían un consumo de recursos propios cada vez más elevado, conforme
mayor era la participación. Era un sistema bastante disuasorio para el
gestor y Banesto tenía problemas con este sistema, pero siempre se le dio
calendario. Cambió el sistema por adaptación a la normativa comunitaria
que se implantó en el conjunto de la Unión Europea. Este sistema es más
flexible pero le pasa como a la concentración de riesgos, y por eso he
puesto el ejemplo: es muy taxativo. Dice no se pase de tal límite. Pero
es que en la vida de una empresa a veces vienen las cosas de un modo que
no se pueden evitar, lo que conduce al gestor para no transgredir la
norma, a que se encuentre en una situación límite y a que el supervisor
tenga que darle calendarios, comprendiendo el problema, como ocurrió en
este caso. Quizá una de las experiencias que nosotros debemos trasladar a
la Comisión Europea es la conveniencia de revisar ese sistema de límites
en las participaciones industriales.

Quisiera subrayar que precisamente España, con Alemania fue quien
defendió que la normativa actual de participaciones



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fuera menos estricta y consiguió un punto intermedio porque todos los
demás países de la Unión querían una regulación mucho más estricta en
este terreno. Doble reflexión: Una, ¿tienen razón los demás países? Dos,
en caso de que tengamos que reconocer --como debemos de reconocer-- las
realidades histórico-concretas, ¿debemos establecer unos sistemas que
sean más adecuados al consumo y que conduzcan mejor la gestión de las
entidades en este terreno? Probablemente. Esa es una de las cuestiones
que tenemos encima de la mesa para reflexionar. El problema acuciante,
por otra parte, estaba allí. Los demás gestores bancarios han sido todos
absolutamente conscientes de los problemas que se planteaban y han sido
prudentes en lo que es la gestión de su grupo industrial.

En los países que tienen una banca con una relación banca-industria muy
fuerte, una de las cosas que no hacen es revalorizar las participaciones
en los puntos más altos en el ciclo, porque eso le machaca la cartera y
les baja la rentabilidad de una manera tremenda, como le ocurrió a
Banesto.

De manera que cuando se insistía en este caso no se estaba insistiendo en
algo carente de sentido. Se le llamaba la atención diciéndole: El Banco
se va a encontrar un día con problemas con este porcentaje de cartera que
rinde, no recuerdo si menos de un 3 por ciento y, sin embargo, su cartera
de participaciones era superior al 9 por ciento. Además, se van a
encontrar ustedes con el problema de concentración, de manera que
reflexionen sobre ese tema. Al final, resulta que Banesto es un caso
atípico: los demás están funcionando bien. Eso me lleva al último punto:
yo creo que no es necesaria más regulación, excepto en lo que he dicho
antes respecto a la responsabilidad de los gestores. Porque realmente
ningún sistema, ningún Estado de Derecho, puede funcionar desarrollando
su normativa para casos absolutamente anormales, porque crearían una
carga, introducirían unos costes de funcionamiento sobre el sistema que
le restarían competitividad. Seguramente tenemos que buscar un equilibrio
en este caso entre aliviar esa carga, que no debe ser muy fuerte, y el
coste en que podemos incurrir por tener la crisis.

El balance ahora mismo (dirán ustedes que estoy obligado a decirlo así,
pero soy un convencido, esté en el asiento en el que estoy o esté en
otro), el equilibrio que tenemos ahora es anticuado. No me extiendo más
sobre el tema porque verán ustedes que, al final, no estoy diciendo más
que vaguedades al respecto. Pero son vaguedades producto de una
reflexión, sobre este punto, muy continuada y viva, a la luz del
problema. Le hemos dado vueltas por arriba y por abajo. Creemos que el
sistema de regulación es bueno, que los sistemas de regulación deben
estimular la buena gestión, la gestión prudente, la existencia de buenos
sistemas de gestión de riesgo. La inspección es fundamental para ese
proceso de vigilancia, verificación y reconducción de la vida de las
entidades de crédito, que es fundamental lo de la inspección. Por tanto,
lo único que estamos haciendo es insistir en que nuestro sistema es
bueno. Hemos llegado al convencimiento de que hay que poner más énfasis
en la calidad de gestión en lo que he dicho antes de gestión de riesgo,
pero también en la calidad de gestión en cuanto a organización
societaria. Probablemente, en lugar de fijarnos a la hora de ordenar los
ritmos de inspección únicamente en si la institución tiene una
rentabilidad elevada o no, una solvencia elevada o no, debemos poner
mucho énfasis en la calidad de gestión. Voy a entrar después en el tema
porque en este caso la Inspección ha dedicado muchos recursos a la
supervisión de Banesto.

Sus señorías cuentan con un resumen de lo que han sido actuaciones de
inspección del Banco de España desde el año 1987 y creo que ahí hay una
evidencia manifiesta de que Banesto ha estado sujeto a inspección
regular. Desde luego, del período que ustedes han pedido me parece que no
hay ninguna época --me parece recordar que ningún año en el resumen que
tienen ustedes-- en la que no haya habido inspección a Banesto. Se han
ido rotando áreas y se han ido atendiendo las de mayor sensibilidad en
cada momento.

El señor Mardones y me parece que también otros Diputados hacían la
pregunta de si las habíamos intensificado en particular a partir de
octubre de 1992. No, no es a partir de octubre de 1992, que yo recuerde.

En Banesto se empiezan a percibir problemas en el año 1991: de cierre de
cuentas, de deficiencia de recursos propios, como tienen ustedes resumido
en el escrito que les remitimos sobre actuaciones del Banco de España.

A principios del año 1992, si no recuerdo mal, en marzo o abril, se
discute en el Consejo ejecutivo del Banco de España, que es el máximo
órgano --no sé si el señor Mardones se refería al mismo cuando hablaba de
la máxima autoridad, supongo que se refería al Consejo ejecutivo--, la
situación de Banesto. En aquel momento, Banesto ya había planteado
problemas de cierre de la cuenta de resultados; estaba ya por medio la
operación Gescam, si no recuerdo mal; parecía que se estaba deteriorando
la situación de recursos propios y estábamos intranquilos con respecto a
la evolución de la calidad del activo de Banesto.

Además, se habían enfrentado a un problema de liquidez en los mercados
interbancarios en el primer trimestre del año 1992. Se discutió
detenidamente en el Consejo ejecutivo la situación y la conclusión básica
es que había que inspeccionar cuidadosamente la situación de recursos
propios, la cuenta de resultados de finales de 1991 y hacer una primera
prospección de la calidad de la cartera crediticia.

Esta es la inspección que se cierre en el otoño de 1992 y que produce el
escrito de noviembre de 1992. En ese momento, Banesto --hasta donde
conoce el Banco de España, que es en lo que he insistido en mi
intervención-- no estaba en situación de insolvencia, su cuenta de
resultados tenía debilidades y no reflejaba la realidad del Banco, pero
generaba resultados --con la información que teníamos entonces--, tenía
posibilidad de generar resultados extraordinarios, y el plan que se nos
ofrecía parecía factible en la medida en que iba acompañado de un
compromiso que nos parecía que se podía cumplir bien por parte del
Presidente de Banesto, de reforzar su situación de recursos propios.

El programa de saneamiento de 1992 se produce en unas circunstancias
completamente distintas a las que comprobamos en diciembre de 1993. Ahora
bien, un programa



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de esta naturaleza no se da sin establecer unas pautas y condiciones. La
primera condición que se puso es que se dijo: Tienen ustedes dos años,
pero... --decía el escrito-- ... si el Banco a través de la generación,
de beneficios extraordinarios puede acelerar las dotaciones, debe de
hacerlo. Un buen gestor sabe que se le está indicando que las acelere.

Se limitaba el dividendo al 50 por ciento, que es lo que marca la ley de
recursos propios para el primer tramo de deficiencia de recursos propios,
es decir, el que sitúa la deficiencia de recursos propios no superior al
20 por ciento. Se le fijó, además, que tenían que recapitalizarse y que
tenía que haber --y eso no estaba en el escrito-- un seguimiento
trimestral de los resultados, que se hizo regularmente con los gestores
del Banco.

Ese plan tenía que llevar aparejado, y así se les hizo saber a los
gestores, una mejora del conocimiento y un aumento correlativo de las
dosis de prudencia del Banco en el saneamiento de sus cuentas. De ahí
que, sencillamente, en lugar de quedar la inspección en el examen de un
veinte y pico por ciento de la cartera, se llegase a un examen mucho más
profundo, que, si no recuerdo mal, superaba el 45 por ciento de la
cartera y que se tenía que extender --y creo que respondo a otra
pregunta-- a la cartera de valores.

En este tema se le había hecho sólo una llamada de atención sobre las
debilidades que concurrían en la consideración como plusvalías afectas a
elementos individuales del activo de empresas del Grupo, debilidades que
afectaban a 54.771 millones, que significaban, en la consideración del
Banco de España, que aquellas plusvalías eran más bien fondos de comercio
por la manera en que se había llevado a valorar.

Las tasaciones no habían estado dirigidas a valorar las plusvalías en
elementos individuales en inmuebles, sino que habían hecho una valoración
global basada en extrapolaciones o en proyecciones de las sociedades,
reasignándolas después a los grupos.

En el año 1993 el problema de las carteras de valores se hace mucho más
importante precisamente por la caída del resultado de las empresas y por
el deterioro en general. La Inspección le presta en 1993 una atención
específica. Lo hace con los criterios generales del Plan General de
Contabilidad, según les adjunto en una de las carpetas distribuidas, en
las que aparece fotocopia de las dos páginas del informe de Inspección
que precede a la valoración de la Corporación y una fotocopia del Plan
general de contabilidad en esa partida, en la que realmente las
participaciones en las empresas, haya por medio pantalla de una
corporación holding o no la haya, se tienen que valorar al menor entre el
precio de adquisición o el valor teórico contable. En el caso de que
existan fondos de comercio (porque el valor de adquisición sea mayor que
el teórico contable) que se tienen que amortizar con el tiempo, se aplica
también el Plan general de contabilidad, en el sentido de que cuando una
empresa está en pérdidas continuadas varios años, es muy difícil aceptar
la virtualidad de un fondo de comercio.

Lo que ocurre en el año 1993 es que toda la problemática de mala gestión
de la Corporación Industrial se viene encima y la valoración,
sencillamente la misma que se aplica por el Plan general de contabilidad
a cualquier empresa, lleva a que las provisiones en este caso sean
tremendamente importantes. Contesto a la pregunta del señor Mardones,
señalándole que, en este caso, lo único que se hace --y adjunto carpeta--
es valorar la cartera de valores de acuerdo con la normativa contable. Y
se produce ese tremendo deterioro que lleva a exigir 152.000 millones de
saneamiento, de los cuales 82.397 son en la Corporación Industrial, en la
que, para valorarla, puesto que es una tenedora de carteras, lo que se
hace es valorar cada una de las empresas.

En el caso de las instrumentales españolas y extranjeras, que crece a
31.700 millones, es porque esas instrumentales españolas y extranjeras se
habían convertido en un cubo donde se iban arrojando desde operaciones de
activación de pérdidas en cambios, hasta revalorizaciones indebidas de
inversiones permanentes que estaban denominadas en moneda extranjera del
año 1993 para ir aguantando la cuenta de dicho año. Además, algunas de
esas sociedades instrumentales las ha citado el señor Fernández de
Troconiz y ha dicho que es donde se habían ido transfiriendo inmuebles y
se habían ido adquiriendo entre el grupo a un precio revalorizado. El
problema que se había planteado también con alguna instrumental chilena,
como ha dicho el señor Fernández de Troconiz. En definitiva, es en estas
empresas donde aparece también el gran quebranto que sufre Banesto en su
inversión en Italia, que es un quebranto estimado por la Inspección por
valor de 18.000 millones de pesetas; si no recuerdo mal, de los que
13.700 millones son imputables a quebrantos crediticios. Esos 39.706
millones de las sociedades españolas y extranjeras instrumentales de
Banesto se explican por este conjunto de cosas. Hay no sólo ocultación
por desplazamiento de activos, sino una falta de reconocimiento
imprudente. El desastre en Italia había ocurrido ya en el año 1992. En
lugar de aplicar criterios de prudencia cuando se tiene conocimiento del
quebranto que está sufriendo y provisionarlo mínimamente, no se hace. Se
deja y sólo a demandas de que se haga una auditoría interna especial por
parte de Banesto, por una persona de confianza de la Inspección del Banco
de España, finalmente se hace con un quebranto importante.

Ese quebranto está contenido en las cuentas que aparecen al final, cuando
conocemos el resultado de la Inspección, pero avanzado el año 1993, señor
Mardones, no antes. Entonces empezamos a comprobar que hay una serie de
quebrantos que debían haber aparecido en resultados antes. Con la
participación que Banesto tenía en La Unión y El Fénix pasan cosas
parecidas a las de la Corporación: se revalorizó excesivamente en su día,
la gestión de la empresa es conocida --se ha tratado también en esta
Comisión-- y de ahí el fuerte aumento de las necesidades de saneamiento.

No sé si el señor Sánchez i Llibre me preguntaba sobre este tema cuando
hacía referencia a los 132.000 millones.




El señor SANCHEZ I LLIBRE: Quería saber si los 133.000 millones de
pesetas proceden del informe del expediente que el Banco de España incoó
a los anteriores administradores,



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que era relativo a las empresas Dorna y Oasis.




El señor DIRECTOR GENERAL DEL BANCO DE ESPAÑA (Pérez Fernández): Eran las
empresas Dorna, Hachuel y Oasis. El quebranto estimado por la Inspección
en este caso fue de 35.719 millones de pesetas.




El señor SANCHEZ I LLIBRE: También había unos activos de dudosa
recalificación de 75.000 millones de pesetas, que figuraban en el informe
del expediente incoado por el Banco de España.




El señor DIRECTOR GENERAL DEL BANCO DE ESPAÑA (Pérez Fernández): Sí, ése
es el importe que tenía que estar reclasificado, no provisionado. Ahí hay
otra parte del deterioro muy importante. ¿Cómo puede ser así? --decía un
compareciente anterior--, ¿se ha cambiado de criterios en la valoración?
Acabo de subrayarlo --y adjunto carpeta--: No. Se valoraron estrictamente
las circunstancias y cambiaron de una manera dramática, porque cuando hay
imprudencia en la gestión y a ello se suma la mala gestión, cuando los
problemas vienen, vienen todos juntos.

Lo que ocurre en el año 1993, cuando se hace la valoración de la
Corporación Industrial, es que se precipitan en ese año todos los
problemas anteriores que habían quedado encubiertos en el terreno de la
valoración por unas tasaciones que imputaban unas plusvalías y que, en
realidad, eran unos fondos de comercio muy elevados. Pero nos encontramos
con casos como el de Italia o con algunos de los que aquí se han
referido, incluso con lágrimas en los ojos, que perdían continuadamente,
se argumentaba que eran cíclicos. Pero en el informe de la Inspección se
dedican a esa empresa en particular siete folios, aparte de todos los
anexos con los expedientes correspondientes, en los que se va analizando
la empresa; empresa cíclica que a lo largo de doce años había perdido
porque a la empresa se le habían trasladado cargas de otras empresas que
funcionaban mal en el grupo.

Cuando ocurre que esas plusvalías, que en realidad eran fondos de
comercio, tienen que amortizarse porque hay pérdidas continuadas, surge
el problema como problema agravado en la medida en que es un quebranto de
años de beneficios intergrupo, de activos ficticios, de contingencias no
contabilizadas, que habían quedado bajo el manto de ese fondo de
comercio. Cuando lo quitas, en aplicación estricta de la normativa,
surge. Por tanto, no hay cambio de criterio ahí, como no lo hay en la
inversión crediticia.

Se les distribuyó a SS. SS. un documento que me ha llegado por otras
vías, por la prensa, en el que se analizaban una serie de acreditados,
pero en los acreditados analizados que ya se habían analizado en el año
1992 y que se produce un salto, desde 1992 a 1993, de 54.884 millones a
89.890, un salto de casi 35.000 millones, en los que están incluidos los
23.000 millones de Oasis. Se había perdido en el año 1992, como señalaba
el señor Fernández de Troconiz, una previsión de señal. Teníamos que
decir: No conocemos, no tenemos información, por lo tanto, provisione
usted un 10 por ciento. Denos usted información. Cuando realmente la
Inspección consigue acceder a la información y se descubre toda la
problemática del grupo, los déficit de dotaciones por vuelta atrás de
beneficios intergrupos indebidos de activos ficticios que han analizado
SS. SS. en sesiones anteriores, la suma de cuatro partidas conduce a unos
26.000 millones que se redondean en 35.000. Y de ahí sólo salen 25.000,
pero si se le suman los de tres sociedades que estaban en situación
concursal, que las conocía el consejero delegado que lo planteó y que le
habían dicho que no, que estaban en litigio y que era muy difícil que se
resolviese a favor de Banesto, se le había pedido la dotación de una
mínima provisión y después del año 1993 se constata que es así. Entre
esos 23.000 millones, la otra partida que son casi 6.000 millones (no
recuerdo si era la de Inmobiliaria Centro Levante), suman prácticamente
treinta y algo.

Además, había crecido la morosidad una barbaridad y no se había
reconocido. Esta es otra pregunta que me han formulado. No se había
contabilizado la morosidad, a pesar de los requerimientos del Banco de
España, y en mi intervención he hecho referencia a que son varios los que
se hacen al respecto. No se contabilizan y, ¿qué ocurre? Contesto a una
pregunta del señor Espasa. La normativa, en cuanto a clarificación a
dudosos por razones objetivas, establece que se deben clasificar de
dudosos aquellos acreditados que interrumpen el pago de alguna cuota.

Señor Espasa, éstas son las razones objetivas que están recogidas --no
recuerdo ahora de memoria el artículo, pero se lo enviaré-- en la
Circular 4/91, en la que se dice claramente cómo y cuándo se tiene que
clasificar de dudoso --90 días después de interrumpir un pago--, cómo se
tiene que empezar a provisionar el 25 por ciento --seis meses--, cómo 12
meses después tiene que ser un 50 por ciento, cómo 18 meses después tiene
que ser un 75 por ciento y 21 meses después, un 100 por ciento. Es una
cosa muy fácil de informatizar, como comprenderá usted (y contesto
también a una pregunta anterior). Entonces, ¿qué ocurre? Que si el Banco
no reclasificaba, porque, como he dicho, no utilizaba la información
mecanizada que tenía para reclasificar inmediatamente en contabilidad e
ir dotando automáticamente, como hacen los demás bancos (contesto a una
pregunta del señor Fernández de Troconiz: hoy todos los grandes bancos,
los medianos, las Cajas de Ahorros, prácticamente todas las entidades de
crédito, tienen ese programa informatizado. Todos van entrando en la
tubería esa), si no se reclasifica, es fácil entender qué es lo que
ocurre, que cuando en 1993 el inspector llega a examinar una cartera que
no había examinado en el año 1992 y resulta que muchos créditos tenían
que haber estado reclasificados ya en dudosos seis o doce meses antes,
cuando entra pidiendo dotación, entra solicitando un 50 por ciento. Ahí
es donde está el problema. No hay magia en las cifras, como alguien
decía. Aquí no hay magia. Hay un trabajo estricto, laborioso, de
aplicación, en este caso, de una normativa que es muy clara. Hay una
parte que no es tan clara, que es la del no dudoso por razones objetivas
ya que no ha interrumpido sus pagos, pero hay una serie de elementos que
hacen poner en cuestión la capacidad de esa empresa o



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de ese acreditado para pagar, ahí empiezan las discusiones en muchas
ocasiones. Pero la norma española --y espero que mañana no me olvide de
mandarle la fotocopia de la página de la Circular 4/91 al respecto-- en
lugar de, como en otras tradiciones culturales o históricas, dejarlo a
una interpretación libre aunque prudente, en este caso especifica que si
no hay interrupción de pagos, la duda tiene que ser clara y cierta:
cuando la empresa está en pérdidas, en quiebra técnica, etcétera, la
circular da una serie de razones que también son muy fáciles de
interpretar. Esta es la razón del tremendo salto.

Voy a ir repasando las preguntas más rápidamente, porque creo que he
contestado ya a ésta.




El señor PRESIDENTE: Por favor, vaya a las cuestiones fundamentales.




El señor DIRECTOR GENERAL DEL BANCO DE ESPAÑA (Pérez Fernández): En
cuanto a revalorización de inmuebles, no hay otra posibilidad que la que
provea una ley específica o cuando hay fusión. En el caso de fusiones, la
normativa del Banco de España, por circular, establece que hay que tener
en cuenta --aquí nos separamos, por considerar una problemática especial
en el sector bancario estos años, de otros sectores de la economía
española-- la posibilidad de revalorizar en fusiones, de manera que
cuando las dos tienen semejanza de tamaño (y por semejanza de tamaño
decimos algo tan poco semejante como que el tamaño de la menor no sea
menor que 1/5 de la otra), se revalorizan las de los dos; en el caso de
que la menor sea 1/5 menor que la mayor, solamente se revalorizan los
activos de la menor. De ahí que en su día no es que se dijese venda usted
el Banco de Madrid. ¡Qué narices! Simplemente se dijo: ¿Se da cuenta de
que en la fusión nada más le vamos a permitir revalorizar esto que hay en
Madrid? ¿Obtiene usted mejor resultado vendiendo? Y el gestor tomó la
decisión. Otra cosa es que la venta, que aparentemente fue beneficiosa,
después se hizo con una cantidad de cargas que ¡Dios mío...!
En cuanto a obstrucción, creo que en mi intervención he dado una relación
muy amplia. En el propio informe de Inspección --que si no está
incorporado, se lo puedo dar-- hay unas páginas, que también puedo
remitir, de unos cuantos casos que se citan. Me parece que en el pliego
de cargos están incluidas, señor Fernández de Troconiz, algunas
referencias.

Yo he hecho un catálogo bastante largo en mi intervención y, desde luego,
uno de los más patentes es el de la informática. El dossier que hemos
conocido después de la sustitución de administradores es muy grueso. Un
resumen efectuado para ustedes por la Inspección, que puede corroborar
don Alfredo Sáenz, muestra que Banesto venía elaborando con periodicidad
mensual, al menos desde marzo de 1992, unos listados estándares con los
acreditados y operaciones propuestas para su pase a dudosos. Estos
listados contenían la práctica totalidad de los acreditados dudosos por
razones objetivas a las que me he referido antes, señor Espasa:
calendario de morosidad y situaciones concursales, según se deduce de su
proceso de elaboración partiendo de la información proporcionada por
distintos departamentos del Banco y después de un proceso manual de
integración y depuración de errores. A partir de esta información, la
comisión de dudosos determinaba qué acreditados y operaciones debían de
contabilizarse como tales, no produciéndose, por lo tanto, la
contabilización de forma automática. Puede haber quien diga que no eran
cuestiones objetivas porque aplicaba una gran dosis de subjetivismo, pero
la norma es la norma.

Asimismo, se ha conocido la existencia de una aplicación informática --y
esto es más importante todavía para nosotros--, denominada DU-200, cuya
finalidad era proporcionar la información de los préstamos que de forma
automática, de acuerdo con lo estipulado en la Circular 4/91, había que
traspasar a dudosos. Esta aplicación, terminada en enero de 1992, según
la documentación que ha llegado a nosotros después de la sustitución de
administradores, no llegó a implantarse, con lo que su destinatario
previsto, la Intervención General, no aportaba dicha información al
comité encargado del paso de dudosos. Esta actuación se enmarca dentro de
una actitud general de obstrucción pasiva al trabajo de los inspectores.

Yo creo que ésta es la mejor muestra. Esta es la que afecta a las cuentas
del año 1992 y a un montón de cuestiones.

En cuanto a incrementos de gastos de personal, puedo remitir también
información al respecto. Los gastos de Banesto, en comparación con los
grandes bancos, crecen a un ritmo muy superior entre 1987 y 1993, crecen
más en Banesto que en el resto de los grandes bancos, sin que medie
aumento de productividad o distinta naturaleza en las características del
activo. Es decir, estamos comparando entidades de negocios más o menos
parecidos, con productividades parecidas y, sin embargo, crecen mucho
más. ¿Por qué? Evidentemente, sí hay una mayor remuneración y unas
políticas de reclutamiento de personal más caras. El Banco probablemente
lo necesitaba, pero no hay correlativamente una mejor gestión. Los demás
bancos durante ese período --los datos se los remitiré a ustedes y espero
no equivocarme ahora-- reducen el gasto de explotación en proporción al
activo medio, porque realmente es esa asignatura la que se está aplicando
durante todos estos años para aumentar su eficiencia. Y Banesto, no. La
eficiencia de Banesto es una «ratio...» En el argot de este negocio se le
llama «ratio» de eficiencia a la relación entre gastos de explotación y
beneficios ordinarios, es decir, que son los ingresos netos del negocio
en el denominador y en el numerador los gastos de explotación. Los bancos
españoles, durante estos años, han mantenido este «ratio» en torno a un
58. Cae en un primer momento, luego sube al 62 por ciento porque caen los
resultados, y después se recuperan en el año 1993, me parece que a un 58
por ciento. Le ratificaría los datos en cuanto los tenga en mi mano.

En el caso de Banesto, esa «ratio» va creciendo, es decir, que los gastos
de explotación se van comiendo todo el resultado ordinario, de manera que
alcanzan una cifra superior al 70 por ciento en el año 1992, y en el año
1993, en el que se acumulan todos los problemas de activación de años
anteriores y demás, la cifra es distorsionada, pero no deja de ser
llamativa porque llega a un 110 por ciento. Es



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imprudencia, ese no contabilizar los gastos, lleva a esta situación. ¿Es
un 110 por ciento? Evidentemente, no; pero, desde luego, entre el 70 y
pico y el 100 y pico por ciento, está, lo cual es verdaderamente una
muestra de ineficiencia tremenda.

En ello deben estar los problemas de usted plantea, pero yo no soy la
persona indicada para contestarle.

Sobre los contratos de asesoría jurídica con relación a la inspección de
1992, señor Fernández de Troconiz, creo que he contestado en qué consiste
la profundización.

Aquí ha habido una mala interpretación. Nosotros, como hemos tenido que
partir en determinados momentos de una fecha, parece que decidimos... No,
no. Tiene un proceso lógico y una cadencia que responde a la realidad que
vamos apreciando en la vida de Banesto, que es la que he referido
anteriormente. ¿Existe un culpable de mala gestión? Yo creo que el señor
Fernández de Troconiz tiene suficientes datos ya para evitarme una
calificación, pues no soy persona indicada para hacerla.

¿Informe sobre las cuentas anuales públicas de los bancos? Señor
Fernández de Troconiz, es un tema delicadísimo. Desde luego, con la
legislación actual, no es posible. Legalmente está separado y yo defiendo
que lo esté. En el Banco de España las cuentas confidenciales son una
herramienta de supervisión. Sus requerimientos para que corrijan las
cuentas son --quizás tenía razón ayer el señor Conde-- eso,
requerimientos. Efectivamente, el buen gestor los atiende y, el otro,
quizás raya en el expediente sancionador; pero son herramientas de
supervisión. El instituto de supervisión no debe de erigirse en registro
público de cuentas, para ello están los registros mercantiles. No
tratemos de extraer las responsabilidades de los gestores para
transferirlas a los supervisores. Nuestras leyes son muy claras y
correctas: la responsabilidad es de los gestores. Y como órgano que se
introduce prácticamente como un órgano societario --perdóneme, porque de
esto sabe usted más que yo--, están las auditorías externas también
cumpliendo esa función. Creo que haríamos un mal servicio al buen
funcionamiento de todo el sistema si aceptáramos esta idea. Aparte de que
el supervisor --y contesto a una pregunta del señor Mardones, que siento
que no esté en la sala en este momento--, en el tema de cuentas públicas,
no puede pronunciarse. En el caso del folleto de la ampliación de
capital, se ha hecho en julio de 1993, no antes. En los folletos, el
supervisor debe decir si su contenido está en congruencia con los datos
públicos, no con los que figuran en la cuentas confidenciales. Además, es
muy clara la orden ministerial a este respecto: no se pronuncia sobre su
solvencia. Estos temas tienen que ser responsabilidad de los gestores. El
supervisor no se puede meter, no puede cruzar la línea del gestor; sería
un trastorno tremendo para el funcionamiento de una economía de mercado.

Lo tremendo de esta profesión --en mi caso no es profesión, sino que
ahora mismo es ocupación-- es que tú tienes que tener muy claro que no
debes cruzar la línea sino cuando está previsto en la ley para casos
excepcionales. Si tú te pones a decir que el contenido del folleto es
cierto, hay una serie de elementos de subjetividad en una serie de cosas
que responden a criterios que son con los que se está jugando en la
gestión. El supervisor trata de conseguir que reflejen en las cuentas
correctamente una serie de temas y llevarles a que lo hagan. Pero si
trata de invadir más ese terreno crearía un trastorno tremendo ese
servicio público y no se puede usted imaginar, al final, cuál sería el
trastorno; creo que sería peor el remedio que la enfermedad.

Transparencia sobre riesgos. En una serie de temas se está avanzando y
espero que se avance más. Hay Bancos que son muy explícitos en
publicarlos. Se ha puesto de moda la transparencia sólo respecto a los
riesgos que tiene asumidos un Banco en derivados, etcétera, pero creo que
hay que hacer más esfuerzo de transparencia en este terreno. Estoy
totalmente de acuerdo. Soy un partidario ferviente del tema y, cuando me
toca trabajar sobre ello en los foros de supervisión y regulación
internacional, soy un entusiasta que abogo y trato de que todos caminemos
en esa dirección.

Con el 1,5 de inversiones Azul Real no recuerdo bien si la pregunta se
refería a...




El señor FERNANDEZ DE TROCONIZ MARCOS: No es una pregunta; es una
aclaración.




El señor DIRECTOR GENERAL DEL BANCO DE ESPAÑA (Pérez Fernández): Creí que
sí eran esos los únicos derechos políticos que tenía, porque sabemos que
son más. Usted mismo decía que cruzaría la barrera que me viene impuesta
por el artículo 6 en un par de casos.

¿Ingeniería financiera o chapuza? Desde luego. Cuando una cosa se puede
hacer de una manera muy natural y muy simple, complicarla no añade nada
y, probablemente, oculta algo. Si lo que se hace son cosas complejas para
abordar problemas complejos de cobertura de riesgos, el dichoso asunto
del que hablaba anteriormente de derivados y cosas por el estilo,
correcto. Ahora bien, aprovechar lo que son los elementos jurídicos y
mercantiles de temas, como el de derivados, para ocultar, disfrazar y
crear otros..., yo no sé si eso es ingeniería. Yo creo que el señor
Fernández de Troconiz tiene la respuesta y también, aseguro, que me
releva, una vez dicho lo anterior, de contestarle más.

Sobre expediente a tasadores --y creo que ha salido el tema, me parece
que con el señor Espasa-- es un asunto en el que la legislación
encomienda a una institución responsabilidades de registro y, a lo mejor,
incluso de inspección, pero el legislador no desarrolla esa norma y no le
dota de poder sancionador ni de unas normas de referencia, o deja
establecido quién desarrolla esas normas de referencia para inspeccionar,
con lo cual estamos en nada. En el caso de tasadores ha ocurrido que el
Banco de España es el que tiene el registro y la responsabilidad de
inspeccionar, pero no tenía --se está desarrollando, pero sólo se
incorporó a la ley con motivo de la transposición de la segunda
directiva-- el poder sancionador de poco hubiera servido la inspección.

Desde finales del año 1992, hemos estado trabajando con la Dirección
General del Tesoro y Política Financiera y, sobre todo, con las
asociaciones de tasadores para que ellos se diesen un reglamento más
detallado en una serie de temas de autorregulación. Después, ellos han



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llegado a la conclusión de que lo mejor era incorporarlo a una norma, en
este caso, a una orden ministerial, que va a ser aplicada en el caso del
mercado hipotecario, en fondos inmobiliarios y también se podrá hacer
extensiva a otros casos.

¿Dónde se van a especificar mejor los criterios con los que tienen que
actuar las tasadoras? Uno de los problemas fundamentales en la tasadora
es la finalidad de la tasación, porque no es igual una tasación --por
decirlo lisa y llanamente-- para comprar que para vender, depende de
quién lo encargue. No es lo mismo una tasación para conseguir un crédito
hipotecario que para intercambiar un paquete de acciones. No es lo mismo
una tasación pedida por un persona individual que tiene su dinero allí
comprometido que por una sociedad anónima. Y desde luego, no lo es en el
caso de un Banco, en el que si la tasación ha de afectar a su
contabilidad, tiene que aplicar un criterio de prudencia. Si es para algo
que se ha de recoger en contabilidad, el tasador tiene que recoger la
frecuencia, y esto es lo que vamos a hacer en la nueva normativa. Esto
cae de sí. Cuando se encarga la tasación se especifican todos los
criterios.

Uno de los problemas en las tasaciones es que el tasador a veces no pone
cuáles son todas las incertidumbres que rodean su tasación, y esto es
algo en lo que vamos a hacer muchísima insistencia. Si usted valora una
empresa haciendo hipótesis sobre la cotización del dólar y el precio del
estaño en el año 2005, verdaderamente esa tasación... Sería un milagro y
tiene, por tanto, un alto grado de incertidumbre. Si usted valora la idea
de hacer una quiniela en el Santiago Bernabéu para apostar cuál va a ser
el resultado al final del partido en el primer tiempo, y al final del
primer tiempo, lo valora no recuerdo si era en 1.500 ó 3.000 millones de
pesetas, y usted utiliza esa valoración para comprar una empresa, ¿qué
pasa?, ¿qué le vamos a hacer al tasador? Al tasador, nada. Al tasador le
han dicho... ¿Qué le han dicho al tasador? No lo sé.

Ahora tenemos una regulación y ha sido como resultado de esto.

Efectivamente, la legislación siempre va detrás de las experiencias.

Antes me guardé este tema al contestar a la señora Aroz, pero una de las
cosas que sí hemos tenido en cuenta precisamente son las tasaciones y no
es que nos vayamos a poner a ello, es que ya estamos en el desarrollo de
esta tarea.

Comparación de los grandes con Banesto. No hay comparación; Banesto
estaba en quiebra y los grandes bancos españoles son solventes y
rentables, unos más solventes, más rentables, otros menos, pero en
conjunto son solventes, rentables y con criterios uniformes de
inspección. Todos los grandes bancos españoles han sido inspeccionados en
los años 1992 y 1993 y, como al inspeccionar un grupo se van rotando
matriz y distintas partes del grupo, a algunos les ha tocado, digamos,
aunque no es ése el término adecuado, pero han tenido más de una
inspección. Esto es lo que puedo contestarle, señor Fernández de
Troconiz, y no me va a sacar usted nada más.

Adquisición de inmuebles. Esa pregunta no la he entendido bien porque no
sé a qué se refería; antes he hablado de adquisición de inmuebles en
adjudicación de garantía, no sé si se refería a eso o al banco...




El señor FERNANDEZ DE TROCONIZ MARCOS: Si le parece lícito o no lícito
que el administrador...




El señor DIRECTOR GENERAL DEL BANCO DE ESPAÑA (Pérez Fernández): Como
supervisor, lo único que tengo que calibrar es la adecuada valoración y
la actuación prudente en ese terreno. Si realmente un banco considera más
eficiente tener una unidad separada de gestión y lo lleva a cabo --muchos
están concluyendo que es bueno--, si además tienen unas economías de
funcionamiento, incluso economías fiscales, yo, como Director General de
Inspección, lo único que tengo que hacer es pedir una correcta valoración
y que no se utilice como una corruptela para liberar las provisiones que
la norma no permitiría liberar.

¿Engañaron a J.P. Morgan? No lo sé. Esta pregunta no puedo contestársela.

J.P. Morgan llegó a principio de 1993. El Banco de España fue muy
explícito. Banesto pidió que le diésemos nuestra impresión, una petición
bastante anómala, ya que nosotros estamos obligados por el secreto
supervisor. Nos pidieron la última impresión. Dénsela ustedes, dijimos. Y
tuvimos una reunión en la que, al final, lo que les dijimos fue: ésta es
la información, que supongo les da su banco. Decían: queremos saber si
ustedes saben más. Y nosotros sólo les pudimos decir que nosotros
seguíamos una inspección que no estaba completa; que, como figuraba en el
informe, sólo se había inspeccionado tal parte de la cartera crediticia y
no se habían inspeccionado la cartera de valores, inspección que vamos a
hacer este año. Nos preguntaron: ¿Qué esperan ustedes? Miren, nosotros no
nos pronunciamos --les dijimos--; este es un terreno en el que hasta que
no terminemos no sabemos. Ustedes sí tienen que saber que nosotros vamos
a inspeccionar y creemos, simplemente con la cala que hemos hecho, que
hay problemas de calidad de activo en este banco. Nosotros lo conocemos,
dijeron ellos, hemos estudiado al banco muy bien.

¿Después fueron conociendo más del banco? ¿Conocieron el escrito del 6 de
septiembre? La referencia que hacen a las irregularidades detectadas en
Banesto en el otoño de 1993 en la carta dirigida al señor Henry González,
de la Cámara de representantes, parece indicar que habían encontrado
algunas de las cosas que nosotros habíamos hallado. ¿Lo conocían a través
de la carta? No lo sé. ¿Lo conocían a través de los servicios que tenían
aquí? Por aclaraciones posteriores de antiguos administradores y demás
parece que probablemente sí. ¿Se interrumpe la emisión de subordinadas
convertibles? Lo dicen en la carta al señor Henry González. ¿Que esto
puede tener influencia en la decisión, de la que sí soy testigo,
expresada por el señor Mendoza de no poner una peseta más en esta
inversión? No lo sé; lo que sí puedo decir es que fue muy explícito. Fue
muy explícito al decir: podría ampararme en que la normativa
norteamericana me lo impide, pero no me amparo en ella; porque cuando se
insistió a continuación, y él podría ya intuir por dónde venía la
pregunta; si la inversión podría venir a través de un fondo, que era en
realidad accionista de Banesto, Corsair u otro fondo, dijo rotundamente
no. Ellos apoyaban el plan, les parecía muy bueno



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conducir como líderes la continuación de una emisión que habían
suspendido y hablaban de participar en la venta del Banco Totta, pero
ellos eran conscientes, porque me parece que lo han declarado en algún
sitio, al menos yo lo he visto de las dificultades que encontraban en
Portugal porque habían tenido reuniones con las autoridades portuguesas.

Pero es que además, está la carta del día 27 de diciembre... En una
conversación a la que yo asistí se hablaba de las subordinadas, se
hablaba del banco Totta y se hablaba también de la emisión de acciones.

En esta carta no se habla ya de la emisión de acciones, de manera que
esto no aportaba nada. Resulta que al banco, una vez hecho el saneamiento
pasando por la cuenta de resultados y disminuyendo sus reservas, lo que
le pasaba es que tenía deuda subordinada que dejaba de ser computable,
porque la deuda subordinada tiene un límite de cómputo impuesto por ley,
no española, como dijeron en la carta al Congreso americano, sino que es
normativa europea, también del Banco de Pagos de Basilea. Esta fue mi
conversación con la señora Violeta de Harper; la deuda subordinada y
otros recursos propios complementarios incluidos en el primer tramo, y en
el segundo tramo tienen un límite igual al núcleo base de capital y
reserva, el 100 por ciento, y dentro del segundo tramo el límite de las
subordinadas es un 50 por ciento del segundo. Lo que ocurría es que al
hacer toda la emisión del primer tramo, dejaban de tener virtualidad a
efectos de cómputo de recursos propios, de acuerdo con la normativa, pero
no sólo con la normativa española, sino con la europea y con la del Banco
de Pagos de Basilea (BIP), la emisión de subordinadas. Y aquí lo que
ofrecen son más subordinadas; más de lo mismo.

Realmente, en las conversaciones con ellos ese fue el plan; claro que
puede se un supervisor con alguien que está comercializando algo; es que
el supervisor está obligado por secreto y lo sabe muy bien quien trae la
visita. Cuando se atiende por cortesía y educación, luego la cortesía y
la educación se entienden como asentimiento; no entiendo a veces que uno
esté gritando o insultando, si eso hay que entenderlo como
asentimiento... debo de ser de otro mundo.

Estoy contestando a otra pregunta, me parece que del señor Espasa. He
dado también un relato de escritos de inspección, que no es una situación
cómoda; hay uno de 6 de septiembre en el que parece ser que estábamos de
acuerdo en todo y asentíamos, me parece que no es un escrito que
realmente pueda manifestar comodidad y asentimiento respecto a la
situación de Banesto en la segunda parte del año 1993. Y conste que el
escrito se refiere a los estados consolidados de 1992 que costó muchísimo
poder inspeccionar entrando en una serie de temas instrumentales que se
nos escapaban, como algunos que han salido en esta comparecencia.

En el folleto no aparecían los dudosos. Efectivamente, habían dejado de
clasificarlos; pese a que se les había insistido en las tres cartas que
he referido antes. El folleto de la ampliación de capital es
responsabilidad de los gestores, no del Banco de España. Les he remitido
también al respecto lo que dice una nota jurídica sobre la ampliación de
capital; el Banco de España no tiene más competencias; en el caso de una
ampliación de capital de una entidad de crédito, hay un proceso de
comunicación y registro. En la nota lo tienen ustedes muy desarrollado,
esto procede de la Ley de Ordenación Bancaria, pero quedó, digamos,
bastante vacío de contenido a partir del momento en que la autorización
para ampliación de capital de las entidades de crédito es genérica. Lo
que ocurre es que existe un deber de comunicación y el Banco de España
puede oponerse. Si el Banco de España contesta no objetando, en ese
terreno de su competencia, lo que dice es que no objeta en la medida que
no tiene constancia de que la aportación de recursos no sea efectiva. No
hay aprobación. Lo que ocurre es que en la ampliación de capital por
experiencias anteriores había preocupación por parte del Banco de España,
digamos, de que pudiera ser una ampliación carente de eficacia en el
sentido de que un tramo de la ampliación fuera financiado en parte por el
propio Banesto, porque había problemas anteriores de financiación a la
clientela, o hubiera algún tipo de acuerdo que restase estabilidad a la
inversión de Corsair.

En este sentido, en lo que habíamos estado insistiendo era en cuál era la
estabilidad de la inversión, hasta que se nos aportaron las evidencias de
que iban a permanecer de manera estable un período dilatado de tiempo. A
eso se refería el final del párrafo que en este caso decía: En la medida
en que no existan circunstancias que reduzcan la efectividad de los
recursos aportados. Es decir, que con lo que se conocía no había nada,
financiación o compromisos que impidiesen su cómputo como recursos
propios, porque ésa es la competencia del Banco de España en este
terreno.

En el caso del folleto de emisión, la competencia es de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores. Está previsto en la ley que a los
supervisores --ya sea el Banco de España o, en el caso de seguros, la
Dirección General de Seguros-- se les solicitará un informe. Pero esto
que está previsto en el decreto no estaba desarrollado, porque informar
sobre los extremos correspondientes no se desarrolló hasta el 11 de julio
de 1993. En este desarrollo se deja claro, como he dicho antes, que en el
contenido del informe, el extremo correspondiente no es la congruencia de
las cuentas públicas con las confidenciales. Se deja claro que no implica
un pronunciamiento sobre la solvencia de la entidad. Por tanto,
afirmaciones que se han hecho en este sentido, son tendenciosas, surgen
de la ignorancia, o ambas cosas.

En el caso de la ampliación de capital, sentado lo que es el tema
jurídico, el Banco de España, que es supervisor de entidades, que vela
por su estabilidad y solvencia, se enfrenta al caso de una entidad que
tiene un problema de recursos propios y a la que se le ha pedido que
mejore su situación de recursos propios acudiendo a los mercados. Acude a
los mercados y, además, acude, antes de que se realizara la emisión, con
cierta efectividad, en la medida que había unos compromisos precisamente
de suscribir buena parte de la emisión.

De manera que el Banco de España no podía por menos que, no aprobar, sino
considerar la operación como correcta, porque, además, entraba dentro del
plan de 1992, de mejora de la situación de recursos propios de Banesto.




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Además, con el conocimiento que el Banco de España tenía entonces, y que
he expresado en mi intervención anterior, Banesto, según las cuentas,
tenía un patrimonio neto positivo. La operación aspiraba a incrementar
los recursos propios de Banesto en 150.000 millones, con una ampliación
de capital puro de 95.000 millones en dos tramos. Existían, como he dicho
antes, compromisos que permitían presumir que se suscribiría más del 40
por ciento de la ampliación, y todo ello, con información suministrada
por los gestores, que insistían, además, en que ello permitiría cubrir
sus deficiencias de recursos propios. En estas condiciones, la verdad es
que no creo que haya supervisor en el mundo que la objete, ya que con la
información que teníamos de la situación de Banesto, no podíamos
oponernos; si realmente nos hubiéramos opuesto, lo hubiéramos hecho sin
fundamento --porque no teníamos probado que la situación del banco fuera
otra-- y hubiéramos creado un problema tremendo a una de las entidades
más importantes del país. Me parece que ése es el tema prácticamente.

He hablado ya, señor Espasa, de las mejoras susceptibles. Pactos. He
explicado antes en una parte de mi intervención que el supervisor tiene
que colaborar con el gestor para que enderece sus problemas; el
supervisor lo primero que tiene que hacer es corregir conductas y
encauzar la solución de los problemas de la entidad. No montarse en el
caballo y liarse a tiros; realmente tiene que ir reconduciendo los
problemas.

Como he dicho antes, en el año 1992 las circunstancias de Banesto eran
unas que hacían que pareciera razonable aceptar el plan, porque de otro
modo se hubiera creado a Banesto un problema tremendo; y con los datos
que teníamos no se daba una situación de excepcional gravedad. Si
hubiéramos creado ese problema, no le quiero contar a usted, señor
Espasa. No lo creamos, porque realmente el Banco de España es una
institución particularmente responsable en la conducción de las tareas
que le tiene encomendadas precisamente este Parlamento. Que realmente no
había pacto, el escrito del 6 de noviembre de 1993 es bastante
manifiesto.

Plan o planes. Les he entregado la carpeta precedida de un informe sobre
ellos, que es copia del informe de inspección. El informe de inspección
del banco, como digo, tiene más de 4.000 folios que, en este caso,
precisamente tienen un carácter probatorio y están incorporados una serie
de elementos para soportar una serie de decisiones. Como verán, son dos
planes. En la nota se lo explica bien. El primero señala unas necesidades
de saneamiento de 372.000 millones. Yo les he incorporado también a la
carpeta un cuadro donde aparecen las diferencias por grandes renglones
entre las necesidades de saneamiento estimadas en aquel plan de Banesto,
las del Banco de España y las que posteriormente harían los auditores y
se aprobaría en Junta de accionistas. Verá que las diferencias
fundamentales estaban en el fondo de fluctuación de valores por algunas
diferencias en la valoración de algunas participaciones en la
corporación, si no recuerdo mal. No les puedo dar los datos, salvo que
ustedes me los pidan siguiendo las vías previstas en el artículo 6. Le
puedo indicar que, uno a uno, los datos en los que había diferencias
entre las necesidades de saneamiento (372.000 millones), entre el Banco
de España y los auditores, en todos los renglones en los que había
diferencia, sistemáticamente después, excepto en uno o dos, corrigen los
auditores al alza las provisiones en problemas de valoraciones de
empresas. Tenga usted en cuenta que en alguna empresa que se ha tocado
aquí antes, en el año 1993, para que no hubiera salvedad en las cuentas
de 1992, el Consejero delegado de Banesto y el Vicepresidente firman el
compromiso para que sirviera al auditor de la empresa, en el que
garantizaban que Banesto cubriría cualquier diferencia de valoración
respecto a lo que tiene que ser el valor teórico que se produzca en la
empresa y no lo contabilizan hasta diciembre, de manera que el auditor
que tiene responsabilidad de consolidar no conoce la existencia de aquel
compromiso que en el mes de diciembre se contabilizó por una peseta, si
no recuerdo mal.

Respecto a la situación de alguna empresa del grupo que ha sido notorio y
en la que Banesto ha salido, se producen también correcciones al alza. Es
razonable que no quisieran reconocer más allá de determinados puntos,
pero le puedo decir que en todos los renglones, uno por uno, hay
rectificaciones al alza. En las provisiones para insolvencias, casos bien
conocidos como el de Oasis, en el que ellos decían 15.000 millones y
nosotros 25.000, el auditor, si no recuerdo mal, eleva algo. En
provisiones para insolvencias de algunos grupos que han tocado ustedes
aquí los elevan también. En algunas empresas en las que el consejero
delegado, el señor Belloso, ponía en cuestión la valoración como
determinación de insolvencia a determinadas empresas vinculadas al grupo,
los auditores también elevan la cifra.

Hay un primer reconocimiento de necesidades, porque no puede ser otra la
razón por la que decaigan. Como no pueden atenderlo en la medida en que
si no venden inmuebles no podían atenderlos, después lo reducen. Son dos
planes en uno. Pero como verá, en el examen de ellos, incluso la fase
sustantiva del plan que es la de ampliación de capital, también es algo
etéreo. Si usted compara con un plan de saneamiento como el que ha
habido, el que ha exigido el Banco de España --y ahí es donde está el
punto de contraste-- en estos últimos hay aportación hasta que se
reequilibra patrimonialmente el banco y cumpla con los recursos propios.

Por eso en mi exposición he sido prolijo en ese tema para tratar de
desgranar un poco el proceso seguido en el otoño, que en principio ya
digo es un proceso normal. Siempre que hay una inspección en la que se
van a discutir las cifras, te sientas con ellos, discutes y vas depurando
diferencias. En este caso era dramático. Pero no hay asentimiento; hay
aquí una confusión que no sé qué explicación tiene; le confieso que no sé
qué explicación tiene.

Tienen cartas. Yo le he referido a las cartas. Claro que las hay. En la
reunión de 15 de diciembre el Gobernador rotundamente no aprueba el plan
de Banesto. Creo que es en esa reunión. Lo recuerdo por una conversación
telefónica en la que también se les dice que no se puede revalorizar
porque no lo permite la normativa vigente. De manera que no había tal
asentimiento ni acuerdo. Creo que ha sido en la transcripción
taquigráfica de ayer, donde me parece que se dice que se tuvo la
impresión.




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¿Existen criterios objetivos? Ya he contestado al señor Espasa que
existen criterios objetivos en la circular 4/91. ¿Hay criterios
esotéricos para decidir los recursos propios necesarios? No voy a decir
que la ley de recursos propios, el decreto, la orden ministerial y la
circular estén al alcance de cualquiera, pero todos los banqueros la
entienden y la aplican. Está hecha por supervisores de todos los países
industriales que se reunieron en su día para establecer esas normas y
después se ha desarrollado de una manera bastante detallada en toda la
Unión Europea. Aquí están incorporadas recogiendo algunas peculiaridades
nuestras de acuerdo con la secuencia histórica, pero lo que es el armazón
básico, que es donde puede estar el esoterismo, le confieso que a mi
madre que es persona bastante inteligente seguro que la parece esotérico;
pero si consulto a cualquier banquero, no.

He contestado en el tema de la consolidación. El problema estaba en la
valoración de las participaciones industriales.

¿Es procedente conceder créditos sin garantía? Si usted está financiando
a alguien con garantía personal, que tiene una trayectoria intachable en
todas sus relaciones con entidades de crédito, que tiene unos ingresos
estables, que siempre ha hecho frente a sus compromisos, claro que sí.

También si es una empresa que funciona muy bien, que tiene una buena
generación de beneficios y que tiene, además, una solvencia
extraordinaria. Lo primero no son las garantías. Muchas de las
operaciones especiales que se han explicado aquí precisamente adolecen de
este defecto que es muy grave. Lo primero que hay que examinar es la
capacidad de generar ingresos y generar resultados de esas empresas. Eso
es lo primero que hay que mirar. Las garantías es algo que acompaña a la
operación, por si acaso, pero... (palabras ininteligibles).

¿Qué se debe hacer? Primero, conceder muy bien los créditos. Eso de que
los créditos se conceden y el problema es simplemente cobrarlos, no. Lo
primero para poder cobrar un crédito es concederlo bien, concederlo
analizando muy bien al acreditado, reforzando, si es preciso, las
garantías, siguiendo muy de cerca el crédito y a la primera información
que pone de manifiesto un debilitamiento en la calidad del acreditado,
reforzar, introducir garantías, reducir el riesgo, intensificar el
recobro. Por eso nuestra normativa es muy importante, porque llama la
atención al gestor de la manera más clara que es... (palabras
ininteligibles) ... porque esto es lo que le indica que tiene que ponerse
a recuperar ese moroso.

Después, me ha citado otro tema. Si usted le presta a alguien que dice no
saber quién es y tiene unos estatutos que desconoce, es algo que puede
evaporarse en cualquier instante. Ya puede aportar garantías, que el día
que se evapore... Eso es una cuestión distinta, señor Espasa. Me parece
que he contestado a la pregunta.

Calificación delictiva. No está en mi ámbito el calificarlo. Lo que sí
puedo decirle es que el Banco de España trasladó el informe de la
Inspección y que todo el material de prueba que surge en el proceso de
alegación es trasladado en el informe al Fiscal. También irá trasladando
todo lo que vaya incorporándose en el proceso de alegaciones, porque
estas semanas atrás, en concreto, se ha tenido información de bastantes
más cosas (ustedes la conocen, no voy a dar materia nueva). De todo ello
y de lo que vaya conociendo la Inspección en el curso de su labor de
seguimiento de Banesto, se dará traslado en la medida en que los
servicios jurídicos del Banco lo estimen oportuno.

¿Qué conocimiento tuvo J. P. Morgan? Me parece que ya le he contestado,
señor Sánchez i Llibre. La razón fundamental de la intervención era el
quebranto patrimonial, es decir, la situación de insolvencia de Banesto.

Sin ningún género de dudas, ésa es la razón fundamental. ¿Por qué no se
había intervenido antes? Porque no estaba establecido. He dicho que el
Banco aquí actúa en aplicación estricta del Derecho positivo.

¿Por qué se permitió una ampliación de capital? Lo he contestado en mi
primera intervención, y ahora mismo lo acabo de apostillar.

En cuanto a los incrementos de saneamientos de 1992 a 1993, lo contesté
al comienzo. En todo caso, lo puedo aportar por escrito, porque --tengo
aquí la documentación para poder suministrar aclaraciones--. Respecto a
las cifras le pregunté antes y me parece que ya lo hemos aclarado.

Por lo que se refiere a la inversión en medios de comunicación, la
respuesta es muy parecida a otra que le di antes al señor Fernández de
Troconiz. Desde el punto de vista de la supervisión bancaria, el problema
es, sencillamente, el de la correcta valoración de las inversiones, sea
en el sector que sea. El problema de concentración de riesgos he dicho
antes que existe en cualquier sector y que el buen banquero debe
diversificar los riesgos. No está en el ámbito de la regulación
prudencial de los bancos el regular la materia específica de la inversión
de la banca en medios de comunicación, entiendo yo, salvo que el Congreso
lo considere de otro modo, por las razones que sea. En estos momentos,
con la regulación en la mano, no lo hay en sector específico, pero se
pueden dar las circunstancias. No tengo nada que decir en ese tema.

Respecto a los desmesurados gastos operativos, he contestado antes. Al
error de gestión o a la gestión temeraria creo que antes ya contesté --no
sé si esa pregunta la había hecho el señor Fernández de Troconiz--, me
parece que tienen ustedes suficientes elementos de juicio para que no
necesiten la opinión de alguien que no debe tener otra opinión aquí al
respecto que la que he manifestado antes de cumplimiento estricto de una
normativa y la pura sujeción a los hechos y a la norma.

En cuanto a los cambios de criterio en materia de fondos de pensiones,
señor Mardones, figura en otra de las carpetas que le doy. Es un tema
bastante complicado. Lo único que le puedo decir es que lo que contiene
la carpeta es el informe del actuario, hecho en febrero, y en el que
surge mayor necesidad de dotación de la que se había estimado
inicialmente por la Inspección. La Inspección hizo una serie de trabajos
porque no se le suministraba información. Normalmente, el banco
suministra todos los datos al actuario, el actuario hace su informe, lo
único que hace el inspector es incorporar al informe, los datos del
actuario. Por tanto, no me voy yo a meter en diferencias. Le doy



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en la carpeta el informe del actuario en el que las necesidades de
dotación son mayores que las inicialmente establecidas en el informe de
la Inspección, entre otras cosas, porque hubo incrementos de la población
laboral de Banesto, procedente del Banco de Madrid, así como por los
altos cargos, tema al que se refería su señoría.

A los cambios de criterio en la intervención me he referido antes. No le
entendí bien en un determinado momento, porque me ha dado unos datos que
la Inspección conoce en 1993 y usted los localiza en 1992. Probablemente
se está usted refiriendo al informe de septiembre de 1993, en el que se
examinan los estados consolidados de finales de 1992, pero el examen
completo con toda la investigación necesaria, solamente se tiene en esas
fechas, antes no lo teníamos.

Respecto a la ampliación de capital, ya he contestado. En cuanto al celo,
también he contestado cuál fue el proceso de decisión. Está recogido en
las actas del Consejo del Banco de España todo este tema. También ha
surgido el asunto Ibercorp. Lo único que he dicho es que no tenía nada
que ver el tema de eventuales ofertas. Lo único que puedo decir, sin
entrar en una cuestión tratada en otra Comisión y sobre la que hay
pronunciamientos muy claros, es que si nos abstraemos un poco de ese caso
concreto, cuando se buscan soluciones del tipo que aquí he dicho para
bancos, el supervisor, en casos críticos, puede llegar a hacer una labor
de gestión, pero normalmente el supervisor lo que debe hacer es conducir
al banco y que sea él quien haga las tareas de gestión. Algunas veces,
repito, cuando las crisis se precipitan el supervisor busca contactos. No
ha sido la primera ni la última vez en que en las crisis bancarias
españolas se busca a alguien que resuelva el problema de solvencia y le
dé estabilidad a una institución. Lo que sí es absolutamente cierto es
que no es una negativa a comprar una entidad en crisis la que lleva a la
decisión de sustitución de los administradores, que creo que he tratado
de exponer detalladamente en qué estuvo basada.

¿Detectamos autocartera? Este es un problema en el que las palabras nos
han comido. La preocupación del Banco de España siempre fue la
estabilidad de las carteras. Estos paquetes estaban intercambiados de la
manera que lo estaban. ¿Consideración como autocartera o no? No es ése el
problema, desde el punto de vista de la institución encargada de la
supervisión bancaria. La autocartera es un problema de sociedades
anónimas, en general. Para nosotros es muy importante la efectividad de
los recursos propios. Dentro de la efectividad de los recursos propios es
fundamental su estabilidad. Siempre --el Banco de España insistió
continuamente-- hubo preocupación por la estabilidad de la estructura
accionarial de Banesto, particularmente en una cierta época en la que
hubo importantes movimientos en esa estructura.

Pacto de recompra. ¿Existe de verdad? Yo he visto fotocopias, pero no las
he visto hasta bien entrado el año 1994. ¿Conocía? Me he referido a que
sí lo conocía. ¿Colaboración en el sentido de apertura de información?
No. Se dan circunstancias históricas en las que efectivamente se
proporciona una información que antes no se proporcionaba, pero lo que
hay realmente es un trabajo de inspección cuidadoso. Desde luego, hay
varias evidencias de que se nos ocultó información. Esta ocultación es
para nosotros muchísimo más importante a la hora de utilizar
genéricamente, no en el sentido que está en la Ley de Disciplina e
Intervención, el término obstrucción. Para nosotros es más importante
todo ese problema de la ocultación, de poner obstáculos en el camino, que
la obstrucción en el sentido legal: llega un inspector y no le deja usted
entrar, o pide usted información y no se la dan. De eso hay cartas en las
que se retrasa la información o notas de los inspectores al respecto,
pero el problema fundamental es el que he expuesto antes. Pienso que el
detalle nunca es excesivo. Probablemente no lo es en este caso, pero me
parece que he hecho una exposición amplia de todos esos problemas que
dificultaron extraordinariamente el conocimiento de la verdadera
situación de Banesto.

Creo que he contestado a todo.




El señor PRESIDENTE: Señor Pérez Fernández, muchas gracias por su
comparecencia.

Se levanta la sesión hasta mañana a las diez de la mañana.




Eran las siete y cincuenta minutos de la tarde.