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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 324, de 19/10/1994
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1994 V Legislatura Núm. 324
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA
PRESIDENTE: DON JOSEP PAU I PERNAU
Sesión núm. 21
celebrada el miércoles, 19 de octubre de 1994
ORDEN DEL DIA:
Ratificación de las siguientes Ponencias:
--Proposición de ley de modificación del régimen jurídico de las Cámaras
Agrarias. (Número de expediente 122/000040) (Página 9886)
--Proyecto de ley reguladora de las organizaciones interprofesionales
agroalimentarias. (Número de expediente 121/000046) (Página 9886)
Aprobación por la Comisión, con competencia legislativa plena de:
--Proyecto de ley reguladora de las organizaciones interprofesionales
agroalimentarias. (BOCG, serie A, número 60-1, de 16-5-94. Número de
expediente 121/000046) (Página 9886)
--Proposición de ley de modificación del régimen jurídico de las Cámaras
Agrarias. (BOCG, serie B, número 51-1, de 20-12-93. Número de expediente
122/000040) (Página 9904)
Debate y votación de las siguientes proposiciones no de ley:
--Por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas
para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Directiva
79/409/CEE, relativa a la conservación de las aves silvestres. Presentada
por el Grupo Parlamentario Federal IU-IC. (BOCG, serie D, número 109, de
10-6-94. Número de expediente 161/000230) (Página 9909)
--Relativa a las medidas a tomar en favor de los agricultores productores
y de la industria transformadora de caña de azúcar. Presentada por el
Grupo Parlamentario Popular. (BOCG, serie D, número 133, de 16-9-94.
Número de expediente 161/000275) (Página 9914)
--Relativa a las derogación de la Orden Ministerial de 12 de mayo de
1994, por la que se regulan determinadas condiciones para la asignación
de los derechos al suplemento del pago compensatorio a los productores de
trigo duro. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (BOCG, serie
D, número 137, de 23-9-94. Número de expediente 161/000277) (Página 9917)
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
El señor PRESIDENTE: Se inicia la sesión.
Antes de empezar con la tramitación del orden del día, quiero proponer a
la Comisión una pequeña modificación en el mismo respecto a los proyectos
de ley de competencia legislativa plena. Propongo tramitar en primer
lugar el referido a las organizaciones interprofesionales
agroalimentarias, y en segundo lugar el de la modificación de la Ley de
Cámaras. El motivo de ello es la ausencia del Vicepresidente de la
Comisión, que este Presidente pensaba que le sustituyera por tener que
intervenir como portavoz del Grupo Socialista. Por consiguiente,
tendremos que adecuarnos a esa posibilidad y plantear alguna sustitución
en la intervención del Grupo Socialista.
RATIFICACION DE LAS PONENCIAS SIGUIENTES:
--PROPOSICION DE LEY DE MODIFICACION DEL REGIMEN JURIDICO DE LAS CAMARAS
AGRARIAS. (Número de expediente 122/000040.)
--PROYECTO DE LEY REGULADOR DE LAS ORGANIZACIONES INTERPROFESIONALES
AGROALIMENTARIAS. (Número de expediente 121/000046.)
El señor PRESIDENTE: Si les parece, pasamos ya a la ratificación de las
siguientes Ponencias: Proposición de ley de modificación del régimen
jurídico de Cámaras Agrarias y proyecto de ley regulador de las
organizaciones interprofesionales agroalimentarias. (El señor Presidente
da lectura a los nombres de los miembros que componen dichas Ponencias.)
¿Se ratifican las Ponencias? (Pausa.)
Por asentimiento quedan ratificadas.
APROBACION POR LA COMISION CON COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA DEL:
--PROYECTO DE LEY REGULADOR DE LAS ORGANIZACIONES INTERPROFESIONALES
AGROALIMENTARIAS. (Número de expediente 121/000046.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a debatir el proyecto de ley, con
competencia legislativa plena, regulador de las organizaciones
interprofesionales agroalimentarias.
Si les parece, señorías, continuaríamos con la tramitación de este
proyecto de ley dando la palabra, en primer lugar, a los grupos
parlamentarios. De esta manera podríamos quizá, si los distintos grupos
ya tienen las propuestas de enmiendas transaccionales, tenerlas
estudiadas para fijar su posición sobre las mismas.
A este proyecto de ley han presentado enmiendas todos los grupos
parlamentarios. Empezaremos de menor a mayor y de esta manera el Grupo
Parlamentario Popular tendría ocasión de haber conocido el contenido de
las enmiendas.
Tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría para defender sus enmiendas y
fijar la posición con respecto al contenido del proyecto de ley.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: El Grupo Vasco quiere manifestar que
tenemos un elevado grado de sintonía con el proyecto de ley que en este
momento empezamos a debatir. Nos parece que es adecuado, oportuno y
necesario el que el Gobierno haya presentado a esta Cámara esta
iniciativa legislativa. En definitiva, el nuevo marco en el que nos
encontramos de la reforma de la política agrícola comunitaria y la puesta
en marcha de los acuerdos de la Ronda Uruguay, del GATT, hacen, a nuestro
juicio, todavía más oportuno el que exista un soporte legislativo
fomentando la autoorganización de los diversos sectores productivos y de
las sucesivas cadenas de transformación y comercialización.
Nosotros queremos expresar nuestra felicitación al Gobierno por haber
presentado esta iniciativa legislativa a la Cámara y manifestamos la gran
sintonía que tenemos con el proyecto de ley presentado.
Señor Presidente, nosotros hemos presentado tres enmiendas al proyecto de
ley, a las que me voy a referir brevemente. En primer lugar, la enmienda
al artículo 4.2 a). Con ella pretendemos garantizar de alguna manera que
puedan formar parte de las organizaciones interprofesionales
agroalimentarias aquellos sectores de la producción, transformación o
comercialización de ámbito autonómico que, teniendo una importancia
cualitativa en la producción agraria, forestal o pesquera de ámbito
autonómico, no lleguen a alcanzar el criterio delimitador de
participación que se fija en el artículo 4.2 a), de forma que se podrá
garantizar que estas organizaciones formarán parte de la interprofesional
que, con carácter general, va a existir y es la que regula esta ley. No
podemos olvidar que la ley, en su artículo 2, define como organización
interprofesional agroalimentaria aquella que tiene un ámbito superior al
de una comunidad autónoma o una trascendencia estatal. Por ello, con el
fin de que participen los sectores primarios, en sus diferentes escalas,
del ámbito pesquero, forestal, ganadero y agrícola, es por lo que
presentamos esta enmienda y esperamos obtener un acuerdo razonable con el
Grupo Parlamentario Socialista, que está estudiando las diferentes
enmiendas que se han presentado por otros grupos parlamentarios sobre
esta cuestión.
Quiero referirme también a que nosotros proponemos una disposición
adicional segunda en la que hacemos una salvaguarda para que fueran
reguladas, en su caso, por las comunidades autónomas las organizaciones
interprofesionales agroalimentarias de ámbito autonómico. A nuestro
juicio, no queda lo suficientemente claro, en la medida en la que se
prevé la OIPA, la Organización Interprofesional Agroalimentaria de ámbito
estatal o superior a una comunidad autónoma y, por ello, presentamos esta
disposición adicional segunda.
Hemos presentado una enmienda de adición al artículo 8.4. Nuestro Grupo
Parlamentario, a la hora de modular y determinar el régimen de las normas
de extensión, cree que es correcto el régimen que el artículo 8 contiene,
en la medida en que se va a establecer una obligatoriedad, un régimen
vinculante entre los diversos sectores productivos y las administraciones
públicas cuando se fije una norma de extensión. Pero no queda claro en la
ley que al establecerse por las autoridades españolas un régimen de
extensión de normas --tal y como lo define la ley es de carácter
obligatorio para los sectores productivo, transformador y
comercializadores españoles-- pudiera no ser aplicado en relación a
productos de esta naturaleza que vienen de otros países. Porque si
establecemos en el ámbito español unas normas de calidad para los
productos, unas normas de acondicionamiento, de envasado, además de las
generales que puedan existir, como prevé el artículo 8 (normas
adicionales dirigidas a proteger estos ámbitos como, por ejemplo, el
envasado, la calidad, el acondicionamiento), pueden ocurrir que fueran
aplicables únicamente a los sectores productivos, transformadores y
comercializadores españoles y no a los provenientes de terceros países.
Por ello, ese estándar de calidades, ese mínimo común denominador de
calidad que se establece y que pretende regular el artículo 8 mediante la
determinación de normas de extensión, nosotros pretendemos salvaguardarlo
y que sea aplicable también a aquellos productos que sean comercializados
y que sean objeto del tráfico ordinario comercial español. Por ello
pretendemos reforzar el carácter que la extensión de normas tiene en el
artículo 8, y ésa es la justificación de la presente enmienda.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Vidal para defender sus
enmiendas.
El señor VIDAL I SARDO: A la ley reguladora de organizaciones
interprofesionales agroalimentarias el Grupo Catalán (Convergència i
Unió) ha presentado tan sólo dos enmiendas. La primera es al artículo
15.2, que pretende concretar, citándolos, quiénes serán componentes del
Consejo General de Organizaciones Interprofesionales, enmienda que
retiramos por estar de acuerdo con la presentada por el Grupo Popular,
que, a nuestro juicio, completa el listado que habíamos presentado.
La segunda enmienda es al artículo 4.2.a), de adición de un nuevo párrafo
final que garantice la pertenencia a una determinada organización
interprofesional; además de a las organizaciones representativas del
ámbito nacional, a aquellas otras de ámbito autonómico que representen
por lo menos el 50 por ciento de la rama profesional de su ámbito
territorial. Somos conscientes de que el otro condicionante que establece
nuestra enmienda para tener garantizada la pertenencia de una
organización autonómica a una interprofesional es el referido a que el
sector de referencia suponga una parte importante de la producción total.
Esta afirmación había que cuantificarla y remitir el porcentaje a la
producción total del sector. Hemos consensuado con el Grupo Socialista
que este porcentaje de reducción estatal mínimo sea del 3 por ciento,
esperando que merezca la aprobación de los demás grupos parlamentarios,
pues con ello permitimos la representatividad de organizaciones de nivel
autonómico con un alto porcentaje de representatividad, aun cuando tengan
su participación estatal más reducida, equilibrando de esta manera las
organizaciones estatales fuertes que tienen poca implantación en
determinadas comunidades autónomas.
Cuando se han presentado pocas enmiendas a un proyecto de ley es porque,
básicamente, se está de acuerdo con él, con su contenido, pero ello no
obsta para reconocer que tanto las enmiendas técnicas como las políticas,
especialmente las que han sido objeto de transacción, mejoran
sustancialmente la ley, sobre todo en el delicado aspecto, fundamental en
la ley, de la extensión de las normas
Tengo la seguridad de que entre todos habremos sido capaces de dotarnos
de una buena ley de organizaciones interprofesionales; la ley que los
diversos sectores nos reclamaban para mejorar nuestra política de
calidad, mejorando las estructuras productivas, las de comercialización y
transformación, y abriendo posibilidades, a nuestro juicio
ilimitadas, a la competitividad de nuestros productos agroalimentarios y,
sobre todo, permitiendo una mejor distribución de los beneficios entre
toda la cadena agroalimentaria.
El señor PRESIDENTE: Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra la señora
Rivadulla.
La señor RIVADULLA GRACIA: El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya se complace en participar hoy en esta
discusión sobre este proyecto de ley que presenta el Gobierno en relación
a la regulación de las organizaciones interprofesionales en España.
Pensamos que es una ley que hacía falta. En otros países de la Unión
Europea hace tiempo que se vienen desarrollando este tipo de
organizaciones interprofesionales, que, sin duda, contribuyen a que sean
efectivas las finalidades que se contemplan en el artículo 3 de este
proyecto de ley.
De cualquier manera, a Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya le
preocupan varias cuestiones en relación con esta ley. Pensamos que las
finalidades y objetivos contemplados en el artículo 3 solamente podrán
llevarse a efecto si realmente hay un equilibrio entre las partes que han
de constituir la interprofesional: el sector productor, el de
transformación y el de comercialización. Por eso, la mayor parte de
nuestras enmiendas van encaminadas precisamente a conseguir este
objetivo.
Asimismo, pensamos que es peligroso introducir en las organizaciones
interprofesionales a aquellas organizaciones de carácter sectorial o,
como ha planteado el portavoz del Grupo Parlamentario de Convergència i
Unió y también lo ha hecho el del PNV, a aquellas organizaciones
profesionales que son de ámbito de comunidad autónoma solamente. Creemos
que esas organizaciones de ámbito de comunidad autónoma tienen sentido y
deben realizarse dentro de las interprofesionales, cuyo ámbito de
actuación sólo se limite al de una comunidad autónoma; pero cuando
hablamos de interprofesionales de ámbito estatal, entendemos que las
organizaciones que representen al sector productor han de ser
organizaciones estatales y de carácter general, no impidiendo esto el que
organizaciones de comunidad autónoma o sectoriales se puedan incluir en
alguna de las organizaciones profesionales de carácter estatal y ámbito
general. Creemos que, de lo contrario, se va a producir una atomización
del sector y coincidimos en que las organizaciones profesionales agrarias
en que están haciendo una gran labor de vertebración del sector.
Si no se cumple esta función de vertebración del sector que realizan las
organizaciones de ámbito estatal y de carácter general, podemos ir a
procesos peligrosos en los que las empresas, ya sean de tipo
multinacional, ya sean grandes empresas, pueden estar controlando, a
través de las sectoriales, tanto los sectores de producción como de
transformación o comercialización, con lo cual rondaríamos peligrosamente
el monopolio. Nuestras enmiendas van encaminadas precisamente a evitar
esas situaciones.
Las enmiendas que presenta nuestro Grupo también tienen como objetivo
garantizar que las organizaciones profesionales agrarias estarán en todas
las interprofesionales, puesto que tendrán derecho a hacerlo aquellas que
estén en el Consejo General de la Interprofesión.
Debo expresar a la Comisión que, con posterioridad al cuadernillo de
enmiendas que tienen SS. SS., nosotros enviamos una corrección a la que
presentamos al artículo 2, por la que queda excluido el tema de
cooperativas agrarias, que por error de esta Diputada está en el texto.
El artículo 2 es muy importante porque en él se define qué es la
organización interprofesional y quién la debe componer. Nosotros pensamos
que deben ser las organizaciones representativas de la producción que
formen parte del Consejo General de la Interprofesión, y puesto que en el
artículo 15 ya expresamos que en el Consejo General de la Interprofesión
deben estar aquellas que son de ámbito estatal y de carácter general, se
entiende de qué manera nosotros consideramos que deben configurarse las
organizaciones interprofesionales.
Nos preocupa también mucho la cuestión de la paridad, que existiese
paridad entre las organizaciones que representan a la producción y las
que representan a los sectores de transformación y comercialización; de
ahí nuestra enmienda al artículo 4.1.b), en la que expresamos que esa
composición deberá ser paritaria.
La enmienda número 7 se refiere a las condiciones de adhesión y retirada.
En el sentido que vengo comentando hasta el momento, pensamos que toda
organización profesional representativa que esté en el Consejo General
debe estar dentro de la interprofesión.
En relación con la extensión de normas, nuestra enmienda número 9 tiene
como objetivo que para que se produzca la extensión de norma no sea
necesario que estén de acuerdo las dos terceras partes de los operadores
o productores, como contempla el proyecto de ley, sino que es suficiente
con que se cuente con el respaldo del 50 por ciento de las organizaciones
representativas de la producción de los operadores y de las otras ramas
implicadas.
Doy por defendidas el resto de las enmiendas y me referiré exclusivamente
a la relativa a la disposición adicional única.
Nosotros entendemos que el proyecto de ley debería ser modificado en el
sentido de que no sea la organización interprofesional la que pueda ser
considerada como entidad colaboradora, sino que lo sean las
organizaciones profesionales que la constituyen, y que por vía
reglamentaria se definan los tipos de ayudas o subvenciones públicas que
se canalizan a través de las organizaciones interprofesionales
agroalimentarias, porque nosotros entendemos que no debe ser cualquier
tipo de subvención, sino sólo aquellas que estén relacionadas con las
finalidades que contempla el artículo 3 del proyecto de ley.
Hay una enmienda que por precipitación me he saltado, pero que considero
que es importante. Nosotros pensamos que las cooperativas agrarias no
deben ser una tercera pata de la interprofesional, pero sí deben estar
consideradas dentro de la interprofesional. En ese sentido la enmienda
número 6 del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya dice lo siguiente: «En su caso, y en función de la
representación de intereses en cada una de las producciones, la
representación de las cooperativas agrarias podrán encuadrarse en el
sector de la producción, en el sector de la transformación y/o
comercialización, o en ambos simultáneamente.»
Por último, hay una enmienda de carácter técnico, y otra, la número 17,
que no lo es exactamente, en la que decimos que reglamentariamente se
establecerá el procedimiento de extensión de las normas de las
organizaciones interprofesionales agroalimentarias y, en su caso, de la
aprobación de la aportación económica prevista en el artículo 9, cuyo
plazo total deberá garantizar su ejecución en un período de tiempo
eficaz.
Por último, la enmienda número 18, al artículo 12.2. Es una enmienda
técnica. Nosotros entendemos que no pueden producirse dos infracciones
leves en un mismo año, puesto que solamente la Ley regula el caso de no
enviar la memoria al Ministerio y decimos que será la comisión
consecutiva de dos infracciones leves cuando haya sido declarado por
resolución firme.
Estas son las enmiendas que presenta nuestro Grupo. Pensamos que son de
mucho calado. Por las enmiendas que he visto en los distintos grupos
parlamentarios, veo que estamos en una gloriosa soledad, pero pienso que
en este trámite, todavía en la Comisión, estamos a tiempo de rectificar
algunos de estos aspectos que creo que son muy importantes y que, sin
restar eficacia a lo que son las organizaciones interprofesionales,
permitirían una vertebración de los distintos sectores, sobre todo del
sector de la producción, que será absolutamente necesario para poder
llevar a término las finalidades que se contemplan en el proyecto de ley.
El señor PRESIDENTE: Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra el señor Pascual.
El señor PASCUAL MONZO: En nombre del Grupo parlamentario Popular, vamos
a presentar nuestra posición con respecto al proyecto de ley de
organizaciones interprofesionales agroalimentarias, en debate.
Como introducción general, me gustaría decir, en nombre del Grupo
Popular, que, en principio, estamos a favor de la creación de este marco
legal en el que las organizaciones interprofesionales puedan acogerse y
puedan desarrollar la mejor orientación de los productos. No en balde
desde el Grupo parlamentario Popular hemos presentado muchas iniciativas,
en las que hemos pedido, precisamente, la creación de una ley de
interprofesionales. Es así porque muchos productos hoy en día exigen, lo
están exigiendo imperiosamente; productos como la remolacha, como el
tomate, como los cítricos; hay ya una organización funcionando,
Inter-citrus, o como los mismos forrajes y alfalfas, que también han
creado otra organización interprofesional, pero que todas adolecen de lo
mismo, que es el marco legal.
Desde el Grupo Popular hay que hacer una gran crítica a este proyecto de
ley y es su retraso en traerlo el Gobierno a la Cámara para su
aprobación. Este proyecto de ley se tenía que haber traído a la Cámara
hace muchos años; ante las perspectivas del Tratado de adhesión a la
Comunidad Económica Europea, ya desde entonces, el Gobierno, sabiendo que
estaba en ciernes esta adhesión de España a la Comunidad, debía haber
puesto en marcha las organizaciones interprofesionales. Hemos perdido
unos años importantísimos, tanto por el reto de la entrada en la
Comunidad Económica Europea como por el del Acta Unica y, sobre todo, a
consecuencia de la Ronda de Uruguay del GATT.
Por lo visto, la época Romero ha acabado y desde el Grupo Socialista se
quiere dotar de más organización a nuestro campo español. Pensamos que
estas organizaciones interprofesionales agroalimentarias son totalmente
compatibles y complementarias de las organizaciones profesionales,
principalmente en lo que se refiere a las agricultoras. Tenemos un caso
evidente, como es Francia, donde están las organizaciones
interprofesionales prácticamente más fuertes de Europa y, al mismo
tiempo, las organizaciones agrarias con mayor representatividad de la
Unión Europea.
Repito, es necesario recuperar el tiempo perdido, sobre todo porque, en
cuanto empiece a aplicarse el acuerdo del GATT, la competitividad con la
que se van a encontrar nuestros agricultores y nuestras empresas
agroalimentarias va a ser muy superior a la actual y se necesita tener el
sector unido y fuerte, preparado para esta competitividad.
Desde este plano general, y nos felicitamos, aunque sea con retraso, de
este marco legal, las enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario
Popular tienen un número significativo, porque aunque estamos de acuerdo,
repito, con este marco legal, en principio, creemos que es
manifiestamente mejorable y en ese sentido hemos actuado. Hemos actuado
desde la perspectiva de que precisamente dote a la agricultura y a los
agricultores, junto con los transformadores y distribuidores, de este
marco legal, que es el marco del consenso y del diálogo. Hemos procurado
evitar que haya muchas normas restrictivas, para que la facilidad del
diálogo y del consenso impere sobre otra serie de cortapisas.
No voy a defender una serie de enmiendas, como la que pide mayor
transparencia y control de las organizaciones interprofesionales, y paso
a otras.
En la enmienda número 33, que se refiere al artículo 1, pedimos la
supresión del segundo punto de este artículo. Para nosotros es importante
por dos motivos: primero, por una razón legal, porque esta ley debe
prevalecer sobre otras disposiciones, de igual o inferior rango, que
regulan aspectos ya incluidos, al efecto de simplificar la burocracia
administrativa y, sobre todo, en lo que se refiere a las denominaciones
de origen. El segundo es de carácter práctico, y es porque las
organizaciones interprofesionales deben aglutinar y no disgregar. Debe
haber una organización por producto, excepto en algunos casos concretos
en que puede haber una serie de mercados distintos. Pero para las
denominaciones de origen, sobre todo en lo que afecta al vino, hay un
mismo mercado, por lo que deben estar bajo un mismo paraguas, que sería
una organización
interprofesional. De ahí la creación de la mesa del vino, donde se han
unido todas las comunidades productoras de vino de España, porque hay un
problema común y no podemos hacer muchas organizaciones
interprofesionales para un mismo producto.
Vamos a aceptar la enmienda número 1, de Izquierda Unida, porque tiene el
mismo sentido que la nuestra.
La enmienda número 35 también creemos que es importante. Pensamos que se
debe suprimir «o superior al de una comunidad autónoma», ya que,
señorías, si no vamos a caer en el birregionalismo. Dos comunidades
autónomas se van a poder unir, creando una organización interprofesional,
y boicotear la entrada de otras comunidades autónomas. Nos parece que es
suficiente que diga ámbito estatal.
La enmienda número 39 se refiere a la representatividad de las
organizaciones agrarias, principalmente en las interprofesionales. No
creo que sea necesario entrar en el debate que hay entre las
organizaciones profesionales en la interprofesional, pues pensamos que en
ellas deben estar los interlocutores válidos y los que realmente tengan
algo que decir. Precisamente lo que motivamos con nuestra enmienda es la
estimulación al asociacionismo y no a disgregación.
No podemos estar de acuerdo con la enmienda número 7 que presenta
Izquierda Unida, la número 13, del Grupo Parlamentario Vasco, y la 53 del
Grupo de Convergència i Unió, ya que no podemos regionalizar la
representatividad.
En la enmienda número 42 pedimos una auditoría externa contable para la
mejor transparencia y funcionamiento de las organizaciones.
En la número 44 solicitamos aprobar la extensión de norma por obligación
cuando ésta sea solicitada por la totalidad de los integrantes de la
interprofesional, ya que si pedimos un consenso hay que reconocerlo
cuando se produce éste de manera total.
La número 45 nos parece importantísima, sobre todo para una serie de
productos perecederos. Pedimos que la extensión de normas se pueda crear
antes de iniciarse el período de comercialización. Hay una serie de
productos, sobre todo lo que se refiere a los frutales de hueso, que, por
tener una época de comercialización tan corta, prácticamente un mes o
dos, cuando se detecta un problema, se reúne la interprofesional, se
aprueba la solicitud de extensión de normas, se manda a Madrid y Madrid
lo aprueba y se aplica, se ha terminado la comercialización y no servir
absolutamente para nada. Por tanto, para una serie de productos creemos
que es de vital importancia que se apruebe esta enmienda.
La enmienda número 47, sobre la comisión de infracciones leves, estamos
incluso dispuestos a retirarla y a apoyar la número 18 del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, porque estamos totalmente de
acuerdo con su motivación.
También estaríamos dispuestos a retirar la enmienda número 50, presentada
por mi Grupo, si el Grupo Catalán (Convergència i Unió) nos admitiera una
enmienda «in voce» sobre su enmienda número 54, en la que añadiríamos al
principio, después de: el Consejo General de Organizaciones
Interprofesionales Agroalimentarias..., «actuará en pleno y en comisión
permanente. El pleno...» y ya continúa con el párrafo de la enmienda 54,
«...El pleno estará presidido por el Ministro de Agricultura...»,
etcétera.
Asimismo, añadiríamos, al final, en la penúltima línea, donde habla de
las cooperativas agrarias y pesqueras, antes de «y de los consumidores»,
otra frase que dijera: «...de la distribución alimentaria». Creemos que
se debe más a un fallo técnico que a que se quiera dejar fuera la
distribución, porque entonces no tendrían razón de ser estas
interprofesionales.
Si nos aceptara esta enmienda «in voce» el Grupo Catalán, incluso
retiraríamos, repito, nuestra enmienda 50.
La enmienda número 51, sobre la potestad de que las organizaciones
profesionales puedan ser consideradas entidades colaboradoras para la
entrega y distribución de fondos públicos, nos gustaría que se aceptara,
añadiendo a la enmienda número 30 del PSOE --nos parece muy importante la
precisión que el Grupo Socialista hace en esta enmienda número 30--, que
la potestad de repartir subvenciones sea solamente para aquellas que se
definen como organizaciones profesionales agroalimentarias y que no
pueden entrar otras de otro tipo. Con nuestra enmienda creo que quedaría
el texto bastante correcto. Además, la nuestra es igual a la número 11
del Grupo de Izquierda Unida, con lo cual habría una mayoría de consenso.
En la enmienda número 52 solicitamos, al igual que la 12, de Izquierda
Unida, que las organizaciones interprofesionales no tengan carácter de
representación profesional ante las administraciones públicas, porque su
finalidad es distinta a la de éstas.
Pasando a las transaccionales que nos ha ofrecido, en principio, el Grupo
Parlamentario Socialista, quiero decir que retiraríamos las enmiendas
números 34, 37 y 40, en favor de dichas transaccionales, pero no la
número 36, a la que se refiere la segunda transaccional, al artículo 2,
del Grupo Socialista, porque, en concreto, dice: «... o superior al de
una comunidad autónoma.» Y, de las transaccionales presentadas al inicio
de esta sesión por el Grupo Socialista, también vamos a rechazar la que
se refiere al artículo 4,2,a), la número 53, del Grupo Catalán
(Convergència i Unió), por la misma argumentación expuesta.
Aceptamos la transaccional a la enmienda número 47, del Grupo Popular,
que se refiere a los documentos que se tienen que presentar por parte de
las organizaciones interprofesionales.
El señor PRESIDENTE: Solamente quiero hacer una advertencia. Como saben
SS. SS., lógicamente, para que una enmienda transaccional pueda
aceptarse, el Grupo Parlamentario debe aceptarla a trámite, aunque luego
pueda votarla favorablemente o no.
En el caso de la enmienda transaccional a la suya, con el número 36, ha
indicado S. S que no la votaría favorablemente. Pregunto si la van a
aceptar a tramitación o no.
El señor PASCUAL MONZO: No la aceptamos.
El señor PRESIDENTE: No la acepta ni a tramitación. De acuerdo.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra en primer
lugar el señor Torres.
El señor TORRES SAHUQUILLO: Con su venía, intervendría yo en nombre del
Grupo Parlamentario Socialista en lo que se refiere a las enmiendas de
los artículos 1, 2, 3 y 4; mi compañera la señora Pelayo en las que se
refieren a los artículos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13; y mi compañero
el señor San Martín en las de los artículos 14 y 15, disposición
adicional y exposición de motivos. Por tanto, haríamos tres
intervenciones.
Me ha preocupado en la intervención de la señora Rivadulla que haya dicho
que se sentía en una inmensa soledad. Yo espero que, con la intervención
de nuestro Grupo, esa inmensa soledad quede corregida y no se vea tan
sola.
Primero, quiero destacar el alto nivel de consenso que este proyecto de
ley ha suscitado entre los grupos parlamentarios. La prueba es, como
otros han dicho, las pocas enmiendas que se han presentado. Todos hemos
coincidido en la necesidad de que este proyecto salga adelante.
Como una reflexión general, diré que para nosotros éste no es ni puede
ser un proyecto de ley de representación sindical. Por eso, tanto el
texto como las enmiendas que nosotros hemos presentado han intentado
dejar claro que no es ésa su finalidad, sino que es muy otra. La
representación en este proyecto de ley debe ser económica, puesto que
estamos hablando de producción, de comercialización y de transformación.
Este proyecto de ley descansa, como todas SS. SS. saben, en tres columnas
o patas, que son la producción, la transformación y la comercialización.
Pero nosotros, y yo creo que lo demostraremos a lo largo de nuestras
intervenciones, no hemos querido obviar que existen las cooperativas
agrarias. Nuestro Grupo ha sido siempre, y sigue siéndolo, sensible a
esta forma de organización cooperativista. También en nuestras enmiendas
de transacción dejaremos claro que queremos que las cooperativas puedan
participar, manteniendo, como decía, las tres patas anteriores.
Para terminar esta primera reflexión, espero que con las enmiendas
transaccionales que vamos a proponer y con las enmiendas que aceptamos de
otros Grupos, que les iremos anunciando a continuación, se pueda
comprobar cómo estamos haciendo todos un esfuerzo por que el nivel de
consenso alcanzado ya con el propio proyecto de ley sea mayor en el
debate en esta Comisión.
Pensamos que este proyecto, como han dicho otros grupos, va a posibilitar
el aumento de la competitividad de nuestros productos y eso, a fin de
cuentas, redundará en un mayor nivel de rentas agrarias, lo cual, para
nosotros, es lo fundamental de todo trabajo que realizamos en esta
Cámara.
Sin más, voy a pasar a intervenir sobre las enmiendas de los demás grupos
y las nuestras.
Con la venia del señor Presidente, nosotros preferimos intervenir de una
forma sistemática, artículo por artículo, párrafo por párrafo, aunque eso
implique que primero hablemos de una enmienda que tenga una enumeración
posterior a otra. Lo digo porque quizá así nos aclaremos mejor.
Empezando por el artículo 1.1, párrafo primero, hay una enmienda, la
número 34, del Grupo parlamentario Popular, que ha sido retirada porque
nosotros habíamos presentado una transacción. Yo se lo agradezco al Grupo
Popular. Por tanto, se supone que quedará la transacción. No hago más
comentarios, ya que creo que no vale la pena entrar a debatir lo que no
es objeto de controversia.
Respecto a nuestra enmienda número 19, quiero decir solamente que fue
incluida en ponencia. Y no hago ningún comentario.
Enmiendas números 1, de Izquierda Unida, y 33, del Grupo Popular, que son
idénticas; proponen la supresión del punto 2 del artículo 1. Quiero decir
que no estamos de acuerdo y votaremos en contra, por entender que lo que
el proyecto de ley establece es una excepción para las denominaciones de
origen específicas, etcétera; en todo aquello que no esté establecido
para esas denominaciones de origen esta ley tendrá vigor. Pero
respetaremos siempre lo que esté establecido de antemano en esas
denominaciones de origen. ¿Por qué lo hacemos?
En este momento no existe apenas la interprofesión en España. El único
módulo --digamos-- de interprofesión que existe son las denominaciones de
origen, específicas, territoriales, etcétera. Llevan funcionando mucho
tiempo. Son, por otra parte, y quiero advertirlo, señorías, corporaciones
de derecho público. Nosotros estamos regulando con este proyecto de ley
instituciones de derecho privado. Las denominaciones de origen son
corporaciones de derecho público, están funcionando desde hace mucho
tiempo y pensamos que, en general, bien. Pensamos que sería un error con
esta ley inmiscuirnos en su funcionamiento y, de alguna manera,
obligarles prácticamente a desaparecer. Nos parece que es mejor que estas
denominaciones de origen, corporaciones de derecho público, vayan
adaptando su funcionamiento y sus reglas internas a esta ley. Sin duda,
lo van a hacer. Nos consta la voluntad prácticamente de todas de hacerlo.
Pensamos que no son aceptables las supresiones del punto del artículo 1
que proponen tanto Izquierda Unida como el Partido Popular; eso se va a
producir con el tiempo, con la adaptación necesaria que esas
corporaciones han de tener.
Pasando al artículo 2, tenemos como primera enmienda, a su párrafo
primero, la número 2, de Izquierda Unida, que nosotros votaremos en
contra. No la aceptamos porque, a nuestro juicio, la propuesta de
Izquierda Unida va en contraposición, pensamos, con el espíritu del
proyecto de ley y, desde luego, con nuestra visión del mismo. Me explico.
Con la propuesta de Izquierda Unida se da un peso jurídico tal al Consejo
General que sólo podrán existir como organizaciones interprofesionales
agroalimentarias aquellas que formen parte del consejo general de
organizaciones interprofesionales agroalimentarias. Y nosotros pensamos
que hay que hacerlo al revés, tal como lo dice el proyecto de ley: que
cuando una organización interprofesional agroalimentaria cumpla con los
artículos 2 y 3 del proyecto de ley y sea reconocida por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación como tal, podrá estar, y de
hecho está, representada en el consejo general, pero no al revés. La
consecución, pues, de estar representada en el Consejo General del Poder
Judicial es la misma de su previa existencia y no al revés. Por eso no
estamos de acuerdo con la argumentación de Izquierda Unida y votaremos
que no.
Respecto a la enmienda número 20, del Grupo parlamentario Socialista,
nosotros presentamos una nueva redacción a la vista de otras enmiendas de
otros grupos parlamentarios, en concreto alguna de Izquierda Unida.
Queremos, sin necesidad de decirlo expresamente, que las cooperativas --y
por eso lo decía antes-- tengan cabida en las interprofesiones sin duda
ninguna. De ahí, cuando añadimos el párrafo subrayado --no leo todo el
texto porque los distintos grupos de la Cámara y la propia Mesa lo tienen
y, por tanto, no creo que sea necesario--, cualquiera que sea la
naturaleza jurídica empresarial de sus representados, entendemos que ahí
tienen cabida las cooperativas, etcétera. Sin necesidad de nombrarlas y
crear distorsiones sobre el proyecto de ley, pensamos que las damos
cabida y que tanto Izquierda Unida como otros grupos que lo proponen
pueden darse por satisfechos. Votaremos que no, pero entendiendo que
hemos admitido alguna preocupación de otros grupos parlamentarios.
Sobre la enmienda número 35, del Grupo parlamentario Popular, vamos a
decir que no y la argumentación fundamental la dará mi compañero, señor
San Martín, porque hay una enmienda prácticamente idéntica en la
exposición de motivos, del Grupo Popular. Sólo quiero decir que pensamos
que nuestra transacción a la enmienda número 36, del propio Partido
Popular, es una redacción que debe quedar finalmente, por entender que es
mejor. En el fondo del debate o del argumento entrará mi compañero, señor
San Martín.
La enmienda número 36 del Grupo Popular, tengo que decir al señor Pascual
que nosotros estamos dispuestos a aceptarla --él decía que no la
retiraba--, si es aprobada nuestra enmienda número 20. Si se acepta el
nuevo texto que proponemos en la enmienda número 20, entendemos que
entonces tiene sentido la enmienda 36 del Grupo parlamentario Popular y
la aceptaríamos.
En la enmienda 55, de Coalición Canaria, al artículo 21, párrafo nuevo,
la verdad es que nosotros no acabamos de entender del todo el texto. Nos
parece un poco confuso. El representante de Coalición Canaria no está
presente en la Comisión, no ha defendido su enmienda, pero, no obstante,
por cortesía parlamentaria, queremos decir que votaremos en contra,
añadiendo que pensamos que el espíritu que nosotros entendemos que tiene
su enmienda puede estar perfectamente recogido en nuestra transacción a
la enmienda número 53, del Grupo Catalán. Nosotros entendemos que esa
enmienda de transacción con la 53 del Grupo Catalán, podría dar
satisfacción al Grupo de Coalición Canaria. Por tanto, votaremos que no a
esta enmienda.
Paso al artículo 3.º, letra a), donde la enmienda de mi Grupo
parlamentario pretende acotar mejor las letras a), b) y f) del propio
artículo 3.º, hacer una redacción más acorde y recoger alguna
preocupación que teníamos respecto a la redacción del proyecto de ley. No
entraré a hablar del fondo, porque realmente es más bien de corrección
que otra cosa y, como SS. SS. la conocen, yo creo que no es necesario
hablar más de esta enmienda, de momento.
Respecto a la letra b) del artículo 3.º, tenemos la enmienda número 3 de
Izquierda Unida, a la que nosotros presentamos una transacción, de tal
manera que aceptamos la inclusión de la expresión «efectuando el
seguimiento». Entendemos que, además, esta transacción es válida para la
enmienda número 37 del Grupo Popular al mismo artículo y letra. Lo que no
aceptamos, tanto de un Grupo como de otro, es que se incluya el control,
no porque no estemos de acuerdo en que haya que controlar, sino porque el
control, señorías, es de competencia exclusiva de las autoridades
administrativas. No pueden las organizaciones interprofesionales
agroalimentarias, que son entidades de Derecho privado, ejercer un
control más allá del que voluntariamente quieran darse. Y, por entender
que el control es competencia de las autoridades administrativas, que
deberán controlar o, en su caso, incluso multar, o tomar alguna medida
coercitiva respecto a la calidad de los productos cuando el control sea
negativo, en controles ocasionales, digo, proponemos que el control no
entre en la enmienda. Con nuestra enmienda transaccional pensamos que
queda recogido perfectamente el espíritu de la enmienda número 3 del
Grupo de Izquierda Unida y número 37 del Grupo Popular. Esperamos que
puedan aceptar nuestra transacción y retirar ambas enmiendas, votando
nuestra propuesta. El Grupo Popular ya ha dicho que retiraba su enmienda
37, lo cual le agradezco, porque eso presupone que acepta la transacción
que proponemos.
El Grupo Popular ha presentado también la enmienda 38 a la letra g) del
artículo 3.º, que nosotros aceptamos. Por tanto, votaremos que sí dicha
enmienda. Pensamos que es un nuevo apartado que añade claridad al
proyecto de ley y ya les anticipamos que lo vamos a aceptar.
Paso al artículo 4.º del proyecto de ley, a cuyo apartado 1, letra a)
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya presenta su enmienda número 4.
Nosotros estamos de acuerdo con ella y anunciamos que votaremos a favor,
por entender que, efectivamente, es bueno que quede claro que la
personalidad jurídica de la que hablamos es exclusiva para las
finalidades reconocidas en el propio proyecto de ley de organizaciones
interprofesionales agroalimentarias.
En el mismo artículo, apartado 1, letra b) existe la enmienda número 5 de
Izquierda Unida, que no vamos a aceptar. Entendemos que con la enmienda
número 22 de nuestro Grupo parlamentario queda resuelto el problema que,
a nuestro juicio, plantea la enmienda de Izquierda Unida. No sé si puede
satisfacer o no esta explicación al Grupo parlamentario de Izquierda
Unida, pero es lo que podemos decir al respecto. Votaremos que no a esta
enmienda por entender que en la número 22 de nuestro Grupo queda
satisfecha la pretensión de Izquierda Unida.
Respecto al apartado 1.b) hay una enmienda, la número 40, del Grupo
Popular a la que hemos presentado una transacción. El Partido Popular ya
ha manifestado que retira la suya en favor de la transacción que
presentamos, cosa que agradecemos.
Respecto al párrafo 2, nuevo, que propone el Grupo Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, en la enmienda número 6, anunciamos que
vamos a votar a favor, porque en todo el proyecto de ley nuestro espíritu
como Grupo ha sido que las cooperativas tuvieran cabida. Como esta
enmienda lo que pretende es eso y estamos de acuerdo con ella, votaremos
a favor de la enmienda número 6 de Izquierda Unida, al párrafo segundo,
nuevo, del artículo 4.
Pasando al apartado 1, letra c), hemos presentado una enmienda, la número
22, que es de transacción a la número 8 de Izquierda Unida, que es
idéntica. En realidad ha sido una aceptación de la de Izquierda Unida,
porque nos parece bien que se aclare la expresión «sin perjuicio de lo
establecido en el artículo 5», donde se crea una excepción a lo que se
dice. Con esta enmienda pensamos que queda resuelto el problema.
Al apartado 2.a), también hay una enmienda de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya a la que decimos que no porque entendemos que estamos
regulando las organizaciones interprofesionales agroalimentarias que no
existen todavía en nuestro país, estamos intentando crear algo casi
nuevo. No es nuevo del todo, pero casi. Hemos puesto un listón en el
proyecto de ley del 5 por ciento. Pensamos que es suficiente para
comenzar. Nos parece mal que el listón sea mucho más alto o que no exista
ninguno, porque podríamos distorsionar lo que pretendemos crear, que son
organizaciones fuertes con representación suficiente de producciones y de
representantes de los sectores, que puedan tener algo qe decir en la
difícil tarea de comercializar y de competir. Por eso tenemos que decir
no a la enmienda número 39 del Partido Popular a este mismo apartado, que
lo que pretende es lo contrario de Izquierda Unida: que suba el listón al
10 por ciento. Pensamos que un listón del 10 por ciento para comenzar
quizá sea excesivo. A lo mejor dentro de diez años puede ocurrir que sea
suficiente porque estén implantadas, pero eliminar todo listón, como
pretende Izquierda Unida, tampoco nos parece correcto. Por tanto,
votaremos que no a estas dos enmiendas, la número 7 del Grupo Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y la número 39 del Grupo
Parlamentario Popular.
En el apartado 2, a) párrafo nuevo, hay una enmienda del Grupo
Parlamentario Vasco, la número 13, y otra de Convergència i Unió, número
53. A esta última hemos presentado una transacción que pensamos que puede
satisfacer al Grupo Parlamentario de Convergència i Unió y también al
Grupo Parlamentario Vasco (PNV). Debo añadir después de la conversación
que hemos mantenido con el representante del Grupo Parlamentario Vasco
(PNV), estaríamos dispuestos en este momento a aceptar su propuesta en el
sentido de que a continuación de la transacción ya conocida por los
grupos parlamentarios, donde decimos: «... suponga al menos un tres por
ciento de la producción agraria, forestal, pesquera o alimentaria a nivel
nacional», se añada, como propone el Grupo Parlamentario Vasco: «..., o
el ocho por ciento de dichas producciones a nivel de comunidad autónoma.»
Es decir, es hacer también una salvedad a nivel de comunidad autónoma,
aumentando, eso sí, el listón del porcentaje necesario en cuanto a la
producción.
Quiero decir también que no hay que tener excesiva preocupación, como
algunos grupos han manifestado, por la fraccionalidad de las
organizaciones interprofesionales agroalimentarias si reconocemos alguna
representación en las OIA a nivel de la comunidad autónoma, primero por
entender que, al reconocerlo, en todas las comunidades autónomas, sin
excepción, podrán hacerlo; segundo, por entender --de aquí venía la
preocupación del Grupo Coalición Canaria, comunidad que produce el
plátano en exclusiva-- que con esta enmienda propiciamos que también el
plátano de Canarias pueda tener su propia interprofesión --sin ella
pensamos que tendría difícil encaje dentro del proyecto de ley--; y al
mismo tiempo, porque estamos convencidos que la realidad va a hacer que,
aun cuando se crea alguna organización interprofesionalidad,
agroalimentaria a nivel de una comunidad autónoma, al final tendrá
necesariamente que integrarse en una a nivel estatal, incluso
supraestatal, porque a eso vamos, puesto que las reglas del mercado van a
obligar a todo el mundo a estar lo más unido posible.
Pensado que resolvemos problemas reales de nuestro país, de producciones
concretas que están muy ceñidas a lo que es una comunidad autónoma, y al
mismo tiempo con esto no rompemos la estructura del proyecto de ley, es
por lo que presentamos esta enmienda transaccional a la enmienda 53, de
Convergència i Unió, y añadimos el párrafo que les he leído que propone
el Grupo Parlamentario Vasco. Sólo me queda añadir que, siendo así,
espero que, igual que Convergència i Unió ha anunciado que retira la
enmienda 53, también el Grupo Parlamentario Vasco retire la número 13
suya para que pueda ser votada la transacción que proponemos.
Respecto al artículo 4, número 2, letra c), tenemos la enmienda número 8,
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y proponemos una transacción
que sería a nuestra propia enmienda número 22 y a la número 8 de
Izquierda Unida. Creemos que con ello queda resuelto el problema, que sin
duda es un problema de fondo, donde establecemos que la participación,
dentro de una organización interprofesional agroalimentaria, será
paritaria. Por tanto, al decir paritaria, damos el 50 por ciento de la
representación al sector productor y el 50 por ciento restante a los
sectores transformador y comercializador. Esto para nosotros significa el
equilibrio que reclamaba la portavoz de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya que debe imperar en las organizaciones interprofesionales
agroalimentarias para hacerlas funcionar y no tener demasiados problemas.
En el artículo 4 hay un párrafo nuevo de adición que propone el Grupo
Parlamentario Popular en su enmienda número 41, que nosotros pensamos que
está resuelto con la enmienda número 29 nuestra al artículo 15.4, pero
esto ya la concretará con más amplitud mi compañero señor San Martín.
Señor Presidente, he terminado mi intervención respecto a las enmiendas
que había anunciado. Seguidamente, con su venia, la señora Pelayo podrá
continuar.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Pelayo.
La señora PELAYO DUQUE: Muchas veces en los debates que hemos tenido en
esta Comisión de Agricultura hemos planteado lo que el campo, lo que el
sector agrícola le pedía a la sociedad española, y rara vez hemos hablado
de lo que la sociedad española le estaba pidiendo a la agricultura y a
los sectores que tienen que ver con el mundo rural. Creo que éste es uno
de los proyectos de ley que tienen que ver con esa pregunta o esa
respuesta de que hablaba, porque es verdad que en los últimos tiempos la
sociedad española ha venido demandando a los sectores agrícolas una
modernización, una urgente adaptación a las reglas del mercado y a la
competitividad y, sobre todo, buscar una mayor eficiencia en los
mercados. En esta demanda han participado, en primer lugar, los
consumidores.
Este proyecto de ley es, como hemos tenido ocasión de reconocer aquí
--también lo reconoce el Consejo Económico y Social-- es el primer
intento de ordenar las relaciones entre los distintos sectores
agroalimentarios en el conjunto de los subsectores y de la producción
agrícola, en la comercialización y en la industrialización. Por tanto,
como primer intento, hay que enmarcar los fallos que se hayan detectado y
las críticas que haya recibido el proyecto de ley. Creo que también este
primer intento es lo que enmarca que el proyecto sea así y no de otra
manera, en el sentido de que no puede dar respuesta a todos los
interrogantes que se han planteado a lo largo de su elaboración, por
cuanto que, como es sabido --también lo reconoce el Consejo Económico y
Social--, el diseño de este proyecto de ley no ha sido fácil sino un
diseño con muchas dificultades. Esa realidad en la que se enmarca el
proyecto de ley, de modernización de nuestros sectores agroalimentarios,
con la dificultad de instaurar por primera vez un proyecto que regule las
relaciones entre las distintas ramas de los sectores agroalimentarios, en
nuestro Estado de las autonomías (que también limita), así como nuestra
pertenencia a la Unión Europea son el marco referencial que ha dado lugar
a que, sujetándonos a lo que se ha aprobado en el proyecto de ley,
también tengamos que decir que no a algunas propuestas de modificación,
por cuanto, como digo, se salen de ese marco referencial que ha movido a
los legisladores a redactar los artículos tal y como están.
Nuestro Grupo ha presentado una serie de enmiendas a los artículos 6, 7,
9, 12 y a otros más. Yo me voy a referir a los que me toca a mí defender.
La mayor parte de las enmiendas que ha presentado el Grupo Socialista son
de mejora o aclaración de los términos que está redactado el proyecto. En
la misma línea el Letrado ha hecho un trabajo interesante, que
reconocemos y queremos agradecer desde aquí, para mejorar la redacción
del proyecto de ley. Algunos grupos parlamentarios se han pronunciado en
esa misma línea dado que la redacción del proyecto tal y como venía podía
parecer oscura. Con las enmiendas que ha presentado el Grupo Socialista,
con algunas de las sugerencias que ha hecho el Letrado de la Comisión y
con otras enmiendas que han presentado los distintos grupos podemos dar
por tramitado en esta Comisión, con competencia legislativa plena, este
proyecto de ley por lo que se refiere a estos artículos de una manera, a
mi juicio, satisfactoria, en el sentido de que hemos mejorado y aclarado
algunos de los aspectos que estaban oscuros y, en concreto, algunos
preceptos de la ley.
Muy rápidamente voy a decir, señoría, cuál es la posición de mi Grupo en
relación con las enmiendas que se han presentado. A la enmienda número 16
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida al artículo 5 vamos a
votar que no por cuanto que la consideramos redundante. El decir: «...
cuando sea preciso para el cumplimiento de los fines previstos en el
artículo 3 de esa ley» nos parece que es redundante a la vista de lo que
hemos establecido en el artículo 1 de este proyecto de ley. Por tanto,
por redundante, vamos a rechazar esta enmienda del Grupo Federal de
Izquierda Unida.
De las enmiendas presentadas al artículo 6 hay una del Grupo
Parlamentario Socialista que simplemente trata de mejorar la redacción
del artículo aclarando algunas dudas que se han planteado en la línea de
lo que propugnaba la enmienda número 42 del Grupo Popular. El Grupo
Popular ha aceptado la crítica que formuló a este proyecto de ley el
Consejo Económico y Social sobre el tema del control externo a través de
las auditorías. Nosotros pensamos que si se acepta que la memoria anual
de actividades, la liquidación del último ejercicio debidamente auditado
y el presupuesto anual de ingresos y gastos se deberá remitir en el plazo
de un mes al Ministerio de Agricultura, recogemos la sugerencia no sólo
del Consejo Económico y Social, sino que mejoramos la redacción del
proyecto de ley y recogemos también, en parte la sugerencia del Grupo
Popular contenida en su enmienda número 42.
En el artículo 7 aceptamos la sugerencia del Letrado de que Derecho
comunitario vaya con mayúscula.
Nuestra enmienda es de precisión conceptual en el sentido de que las
organizaciones interprofesionales agroalimentarias no sólo deben tener en
cuenta lo que está en la ley de Defensa de la Competencia, sino que deben
ajustarse en la adopción de acuerdos a las normas y principios recogidos
en dicha ley. Creo que es una precisión que refuerza la voluntad del
legislador de que los acuerdos de las organizaciones interprofesionales
agroalimentarias no vayan en contra de la libre competencia. Ese es el
sentido de nuestra enmienda número 24, para lo que pido el apoyo de todos
los grupos de esta Comisión.
Al artículo 8 se han presentado algunas enmiendas. La número 43 del Grupo
Popular va en la misma línea de propuesta de modificación planteada por
el CES de introducir una redacción mejor, a juicio del CES y del Grupo
Popular, en la letra a) del número 1 del artículo 8. Yo creo que el
artículo 8 es bastante explícito y claro, por lo que sobra la enmienda
propuesta. ¿Por qué? El artículo 8.1.a), que es el que se pretende
modificar, habla de que las propuestas de extensión de normas deben
referirse a la calidad de los productos cuando «se eleven las exigencias
de las mismas». Hay que leerse el último párrafo y eso significa mejora.
Por tanto yo creo que habría que leerse bien la letra a) y ver que la
redacción propuesta por el Grupo Popular sobra, por cuanto que está
contenida ya en la redacción actual de la letra a).
La enmienda número 9 de Izquierda Unida, que en su segunda parte es
parecida a la enmienda número 44 del
Grupo Popular, habla de qué quórum se exige para la adopción de acuerdos
y, además, contiene una segunda parte que es igual a la propuesta que
hace el Grupo Popular en la enmienda número 44: que el Ministerio de
Agricultura a fortiori apruebe la extensión de normas cuando el cien por
cien de las organizaciones interprofesionales agroalimentarias acuerden
esta extensión de normas.
Señorías, yo tengo que exponer aquí mis reticencias a esa propuesta por
cuanto que en esta ley se recogen muchos mimbres, entre ellos los
relativos a las organizaciones interprofesionales, pero no podemos
olvidar los intereses de los consumidores y de la sociedad en general que
están en que el mercado funcione y que los productos lleguen en las
mejores condiciones a los consumidores. Por tanto, yo no dudo de la
bondad de las organizaciones interprofesionales agroalimentarias ni de
las buenas intenciones que puedan tener, pero tampoco dudo de la buena fe
del Ministerio de Agricultura, para que, en aras al interés general,
pueda revisar e incluso en algún supuesto extraordinario rechazar un
acuerdo de extensión de normas, aun adoptado con el cien por cien de los
agrupados en la organización interprofesional agroalimentaria, cuando las
circunstancias de defensa del interés general así lo aconsejen. Por
tanto, no es aceptable esa desconfianza. No es aceptable que se haga
pivotar la extensión de los acuerdos sólo en la responsabilidad de las
organizaciones interprofesionales agroalimentarias. Creo que el
equilibrio que está establecido en la ley es bueno y adecuado a los
intereses generales y, por tanto, mantenemos la fórmula adoptada en el
proyecto de ley.
Nosotros hemos modificado la redacción del artículo 8.2 en el sentido de
clarificar lo que se contiene en dicho artículo. Por ello solicitamos su
aprobación.
Respecto a la enmienda número 44 del Grupo Popular, coincide con la
número 9 del Grupo de Izquierda Unida y no la aceptamos.
Rechazamos las enmiendas 45 y 46 por coherencia con lo que se ha
planteado en la enmienda número 44 y por las mismas razones. En estas
enmiendas se fija un plazo para el pronunciamiento del Ministerio de
Agricultura de siete días y nosotros no estamos de acuerdo. Por ejemplo,
en el reglamento aprobado por la Comunidad Económica Europea para el
tabaco --que tiene establecida la organización interprofesional-- se
establece precisamente un plazo de dos meses para poder responder a la
solicitud de extensión de normas. Sin embargo, aquí parece que queremos
acortar la distancia a una velocidad vertiginosa, saltándonos las más
mínimas normas de prudencia. El Reglamento 2077/92 del Consejo, relativo
a las organizaciones interprofesionales del tabaco contiene un plazo para
presentar observaciones de dos meses y, sin embargo, el Grupo Popular
pide siete días nada más. Nosotros creemos que el plazo de quince días es
relativamente corto y prudente para presentar dichas alegaciones.
Posiblemente en un futuro más o menos próximo no tendremos ningún
inconveniente de modificar esta ley, a la vista de cómo se vaya
desarrollando en la práctica, pero creemos que una mínima prudencia nos
obliga a mantener los mecanismos que están en la ley y a no aceptar el
establecimiento de determinados procedimientos abreviados, de por sí
complicados y arriesgados.
Vamos a rechazar la enmienda número 15 del Grupo Nacionalista Vasco. Su
enmienda dice que las reglas contenidas en régimen de extensión de normas
se aplicarán a la importación de productos agrícolas, ganaderos,
forestales y pesqueros. Creo que no es la materia. Se trata de las
producciones nacionales y, por tanto, esta enmienda no tiene cabida en la
regulación de esta ley.
Aceptamos la enmienda al artículo 9, del Letrado, en el sentido de
sustituir la palabra «indicados» por «establecidos», así como la
supresión de la palabra «todos».
En relación con nuestra enmienda 26, presentamos una transaccional, que
obra en poder de la Mesa y de los grupos, cuya nueva redacción precisa
que no se podrán repercutir gastos de funcionamiento de las
organizaciones interprofesionales agroalimentarias que no se correspondan
con el coste de las acciones. El referido Reglamento 2077 del Consejo
habla de gastos administrativos. A nosotros nos preocupa que en esta
primera ley se pueda interpretar que las organizaciones
interprofesionales agroalimentarias puedan cargar, en los acuerdos de
extensión de normas, gastos de funcionamiento que no sean los
estrictamente referidos a los acuerdos de extensión de normas y puedan
repercutir, en otras organizaciones que no estén dentro de la
interprofesional, gastos de funcionamiento de la propia interprofesional.
Por eso presentamos esta enmienda, que creo que mejora con esta redacción
transaccional, y va en la misma línea de lo sugerido por el Consejo
Económico y Social.
Al artículo 10 se han presentado dos enmiendas, una del Grupo Popular y
otra de Izquierda Unida. La enmienda de Izquierda Unida se refiere a que
se precise en el reglamento algo que el Consejo Económico y Social había
sugerido. Nosotros pensamos que la ley, en el artículo 8, ya se refiere
al reglamento y que, por tanto, esa enmienda al artículo 10 sobraría. La
otra enmienda, la número 46, del Partido Popular, pide la reducción a
siete días del trámite de audiencia y ya he argumentado su no aceptación.
En relación con el artículo 11 hay una nota del Letrado que no vamos a
aceptar. Tampoco vamos a aceptar la redacción que propone al artículo
8.1.
En cuanto al artículo 12.3 sólo vamos a aceptar la supresión de la
expresión «por parte de las organizaciones interprofesionales agrarias».
Por último, también en relación con el artículo 12, que habla de la
tipificación de las infracciones, nosotros hemos presentado una enmienda
transaccional en virtud de la cual mejoramos la redacción en la línea del
informe del letrado, de nuestra enmienda número 27 y de las enmiendas 18
y 47 del Grupo Popular. Hemos hecho el trabajo en virtud del cual hemos
recogido las sugerencias del Letrado, del Grupo Popular y del Grupo de
Izquierda, que se contienen en la enmienda transaccional que nuestro
Grupo ha presentado.
Para terminar, pido la votación de nuestra enmienda número 28 al artículo
13.
Con esto doy por defendida la posición de mi Grupo en relación con los
preceptos a que he hecho referencia.
El señor PRESIDENTE: Señora Pelayo, la enmienda 28 está incorporada en el
informe de la Ponencia.
Tiene la palabra el señor San Martín.
El señor SAN MARTIN SALA: Señor Presidente, señorías, es para mí una
satisfacción haber participado en una ley tan interesante y tan
importante para el desarrollo del sector agrario, y además tan demandada
históricamente por las partes, puesto que en muchas ocasiones se venía
trabajando desde las propias organizaciones agrarias de productores u
organizaciones de transformación en esta línea, pero sin un marco legal
para actuar; unas veces llegaban algunos acuerdos a través de la ley de
contratos, otras veces a través de las ayudas al tomate; en otros
aspectos a través de las denominaciones de origen, más activas, con más
visión de futuro, que actuaban en su marco legal, en su marco como
denominación de origen, y que además hacían actuaciones encaminadas a la
promoción de productos, asesoramiento comercial, etcétera. Quiere ello
decir que estaban haciendo ya de hecho aquello que esta ley pretende
regular. Por eso me congratula que en los distintos artículos se vayan
reflejando claramente las necesidades que los distintos sectores de la
agricultura, de la transformación y comercialización tienen.
Después del debate de esta ley y de los acuerdos a que se está llegando
en cada una de las enmiendas, veo con satisfacción cómo se va ajustando
precisamente aquello de lo que quizás los borradores primeros carecían,
que era ser una ley práctica y pragmática para la realidad actual. Creo
que con las distintas aportaciones del Grupo Socialista y de los demás
grupos vamos a conseguir una ley que va dar cobertura precisamente a las
demandas importantes de los grandes sectores y también de aquellos
pequeños que pueden desarrollar y converger en lo que es la organización
profesional.
Sin más, paso a fijar la posición del Grupo Socialista en cada una de las
enmiendas que restan.
La enmienda número 10 del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya al artículo 15.2 no la vamos a aceptar. Yo pediría que la
retiraran, puesto que vamos a aceptar la enmienda número 50 del Grupo
Popular, que recoge la parte que nosotros introducíamos en la enmienda de
nuestro Grupo pero que además concreta más aspectos de representación.
Por ello pediría a Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya que retirara
la suya, así como también a Convergència i Unió. Nosotros retiramos la
nuestra porque pensamos que la del Grupo Popular está mejor redactada.
La enmienda de adición del Grupo Popular al artículo 15.2 no la vamos a
aceptar. Creemos que la regulación de la comisión permanente, tal y como
está redactada la enmienda, donde se concretan los 10 puestos a cubrir,
puede suponer una contradicción con la representación del consejo.
Creemos que la vía reglamentaria y el acuerdo de las partes, una vez
constituido el citado consejo, puede dar un mejor resultado y eficacia a
la representación auténtica. Me parece que son dos aspectos fundamentales
para el buen funcionamiento del consejo.
A los apartados 3.a) y 3.b), también del artículo 15, hay dos enmiendas
del Grupo Socialista que han sido ya incluidas en la Ponencia; por tanto,
no las argumento.
Al apartado d) del artículo 15 ha sido presentada una enmienda de adición
del Grupo Popular, a la que nos vamos a oponer. Creemos que no tiene
sentido que unas organizaciones de derecho privado tengan que presentar
sus memorias al Ministerio, en un aspecto formal, al CES y al Congreso de
los Diputados, porque además generaría un sistema burocrático que
supondría una pérdida de tiempo en función de otras actividades de
carácter interno de las propias organizaciones interprofesionales que la
componen. Sin embargo, el argumento principal es que actuando el
Ministerio de Agricultura como presidente y con una importante presencia
en este consejo va a tener toda la información, tanto de las
organizaciones agrarias interprofesionales como del propio consejo y
sería a éste al que, en su caso, tendría que presentarla, o bien el
propio Parlamento el que tendría que pedirle información. Creo que no es
el consejo, sino el propio Ministerio en todo caso el que va a tener la
información y se puede acceder a ella. Por ello, vamos a votar en contra.
Al apartado 4, del artículo 15, nuestro Grupo ha presentado una enmienda
que creemos que recoge mejor la redacción, no es repetitivo y es una
mejora técnica de la propia ley.
En cuanto a la disposición adicional primera, hay presentadas tres
enmiendas del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y
del Grupo Popular, las cuales van canalizadas a que las organizaciones
interprofesionales no tengan un carácter de colaboración para todo el
sistema de ayudas. En defensa de las ya constituidas, porque su finalidad
es la de representación y de canalización de las ayudas que puedan venir,
se trata de poner una restricción a estas organizaciones en lo que es de
carácter general y dejarlas exclusivamente para los aspectos relacionados
con su propia actividad. La enmienda que presenta nuestro Grupo
Parlamentario recoge claramente la voluntad y la intencionalidad del
resto de los grupos. Pedimos para la misma el voto favorable porque creo
que es más adecuada y está más ajustada a lo que se pretende.
Respecto a una disposición adicional segunda nueva de Izquierda Unida,
vamos a rechazarla por una razón que ya ha expuesto su portavoz, que es
la representación: no tendrán carácter de interlocución. A través de este
debate estamos viendo una especie de temor ante la representación, ante
la monopolización por parte de las distintas organizaciones. Yo agradezco
a todos los grupos y a la portavoz de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya esa inquietud de no atomizar demasiado el sector para que no
salgan organizaciones agrarias profesionales de ámbito estatal y carácter
general. Con este tipo de medidas de exclusivismo creo que no se va a
lograr. Si algún interés tiene el portavoz del Grupo Socialista y el
Grupo en sí es que las organizaciones profesionales a nivel nacional sean
unas organizaciones importantes, unas organizaciones profesionales, con
gran representación del sector agrario. Tenemos voluntad de
fortalecerlas, pero no es éste el sistema, sino que, dentro de la
libertad, se desarrollen por sí mismas con el apoyo de todos.
Digo esto porque no se le puede poner puertas al campo ni a la legalidad.
Limitar exclusivamente a estas organizaciones, incluso en la
representación, daría lugar a que llegarían a la ventanilla de Registro
de Asociaciones varias de las sectoriales pidiendo el cambio de registro
simplemente en términos de ámbito estatal y carácter general. Por eso
creo que no es una solución. No obstante, nuestro Grupo ha presentado una
enmienda con la que pretendemos dejar en exclusiva la representación a
las organizaciones profesionales.
La enmienda a la disposición adicional segunda, del Grupo Parlamentario
Vasco, se refiere a que en el ámbito de las comunidades autónomas se
pueda constituir una organización interprofesional. Tengo que decirle al
portavoz del Grupo Nacionalista Vasco que no es necesario lo que
proponen. Además se ha manifestado aquí, y creo que es la opinión
existente, el que puedan regularlo, en el marco de las competencias
exclusivas en agricultura, cada una de las comunidades autónomas. Lo que
pasa es que hay un cierto temor a no estar muy convencido del propio
autonomismo. El Grupo Socialista quiere tranquilizar al Grupo
Parlamentario Vasco. Vamos a aceptar la enmienda, si con eso queda más
claro lo que es reconocer organizaciones interprofesionales en el marco
de las comunidades autónomas.
A la exposición de motivos hay una enmienda del Grupo Popular, que es muy
importante (ya lo ha dicho al principio mi compañero portavoz), que se
refiere al ámbito territorial del Estado o de más de una comunidad
autónoma. Todos sabemos que cuando la competencia corresponde a más de
una comunidad la otorga el Estado y cuando se refiere solamente a una, le
corresponde a la misma. No sería necesaria esa enmienda en ese aspecto
concreto, pero hay una parte que habla del ámbito territorial. Se podía
entender que el ámbito territorial lo es, a efectos de productos. Se
podría dar el caso de que un producto podría estar en dos, tres o cuatro
territorios y no en todos, de lo cual podrían surgir conflictos que no
favorecerían la credibilidad de la ley y crearían inestabilidad y
conflictos en las organizaciones interprofesionales agrarias. Señorías,
creemos que es de gran importancia, para que no haya problemas en el
futuro, que se reconozca el ámbito territorial a nivel de Estado y de más
de una comunidad, ya que dice: ámbito territorial en el marco de las
producciones. Se puede entender no en el marco de las competencias del
Estado, sino de las comunidades autónomas. Creemos que la ley puede dar
tranquilidad jurídica a las organizaciones interprofesionales
constituidas. Por consiguiente, vamos a votar en contra.
Tenemos dos sugerencias del asesor jurídico respecto al artículo 15.2.
Parece procedente sustituir la expresión de contenido menor imperativo:
«se concrete reglamentariamente» por la de «se determine
reglamentariamente». Lo vamos a aceptar porque es una mejor redacción.
En cuanto a la disposición adicional, parece más correcto técnicamente
decir: Texto refundido de la Ley General Presupuestaria aprobado por Real
Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre. Es cuanto tiene que
informar el letrado. Nos referimos a este aspecto.
El señor PRESIDENTE: El señor Gatzagaetxebarría tiene la palabra.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Señor Presidente, para decir que nos
congratulamos con la posición que mantiene el Grupo Socialista, en la
medida en que de las tres enmiendas que teníamos presentadas, una queda
aceptada íntegramente y de la otra queda recogido en gran parte el
espíritu que nosotros trasladábamos al artículo 4.2 a). No colma todas
nuestras aspiraciones, pero es un avance muy importante que sí queremos
recalcar.
Unicamente deseamos reiterar la felicitación de nuestro Grupo
Parlamentario porque se acoja este ámbito, porque nos llama la atención
que otros grupos parlamentarios no estuvieran de acuerdo en que la
producción de ámbito autonómico pudieran tener esa interrelación con las
OITAS de ámbito estatal.
Señalar que no acabamos de entender el argumento que ha expuesto la
señora Pelayo en contra de nuestra enmienda de adición de un nuevo
apartado 4 al artículo 8. Pretendemos que el régimen de extensión de
normas que, en su caso, se pueda establecer, con un estándar de calidad
para la producción, para la transformación y para la comercialización
española, no pueda ser aplicable a los productos que vienen de terceros
países. ¿Por qué no? Si es una normativa aprobada para todo el sector
español, ¿por qué ese estándar de calidad no va a ser aplicado a
productos que vienen de fuera? La normativa española puede ser aplicada
perfectamente. Eso es lo que está originando enormes disfunciones en el
sector primario español, tanto en el sector agrícola, como en el
pesquero.
En ese aspecto, creo que sí podríamos haber mejorado la ley. No obstante,
sí creo que se produce, señor Presidente, un avance fundamental.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió),
tiene la palabra el señor Vidal.
El señor VIDAL I SARDO: Señor Presidente, sólo para dejar constancia,
especialmente al portavoz del Partido Popular, de que el hecho de haber
retirado nuestra enmienda número 54 al artículo 15.2 en nuestra primera
intervención, precisamente fue para dar nuestro apoyo a la enmienda
número 50 del Partido Popular. Por tanto, no podemos aceptar sus
sugerencias y modificaciones propuestas a una enmienda ya retirada.
También intervengo para aceptar la transacción ofrecida por el Grupo
Socialista a nuestra enmienda número 53, al artículo 4.2 a), así como el
añadido introducido por el Grupo Vasco (PNV).
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Sólo para decir que aceptamos las enmiendas
transaccionales del Grupo Socialista relativas a nuestras enmiendas
números 18, 8 y 3.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Pascual.
El señor PASCUAL MONZO: El ponente del Grupo Socialista, señor Torres, me
ha pedido que retirara la enmienda número 35 en favor de la número 20 del
Grupo Socialista. Tengo que decirle que no la vamos a retirar, primero,
por los argumentos que he esgrimido en mi anterior intervención del
birregionalismo y, segundo, por otro motivo que en aquella intervención
se me pasó por alto, que es que la redacción de esta enmienda del Grupo
Socialista la veo muy indeterminada, porque aquí habla de organizaciones
representativas de la producción, representantes de algunas de las
distintas actividades económicas de la transformación y la
comercialización, en cuanto a lo que se refiere a los representantes en
una organización interprofesional agroalimentaria concreta.
Por tanto, ¿cuáles son estas «algunas de las distintas actividades
económicas» a las que se refiere? ¿Qué pasa, que no pueden entrar todas,
sino solamente algunas? Creo que es una redacción bastante indeterminada.
Por lo que se refiere a este mismo artículo 2, quería decirle que vamos a
votar en contra --antes se me ha olvidado comentarlo-- de la enmienda
número 2 del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que se
refiere a este mismo artículo, en concreto --y me gustaría
especificarlo--, aparte de porque elimina la frase: «... o superior al de
una comunidad autónoma.», porque incluye que en una organización
interprofesional agroalimentaria de un producto en concreto tengan que
estar representadas porque sí las cooperativas. Las cooperativas ya están
en el consejo general y con ellas se pueden dar dos casos: que en un
producto concreto una organización interprofesional no tenga
representatividad o no exista, según la enmienda del Grupo de Izquierda
Unida tendrían que estar por obligación, que no vemos por qué; o bien que
tengan representatividad. Si tienen representatividad o tienen algo que
decir en ese producto, tienen abierta la vía adecuada --ya lo dicen los
artículos-- como organización representativa de la producción, de la
transformación, incluso en algunos casos, de la comercialización. Con lo
cual, repito, tienen una vía abierta para entrar en cualquier
organización interprofesional agraria sin que se especifique, que es
mejor que esa obligatoriedad. Digo esto para que cuando votemos
negativamente no se piense que estamos en contra de las cooperativas.
La señora Pelayo, respecto a la enmienda del Grupo Popular número 44,
relativa a que la extensión de norma, aprobada por la totalidad de los
integrantes de una organización interprofesional, sea de obligado
acatamiento por parte del Ministerio, ha mostrado una gran preocupación
por los consumidores. Espero que esa preocupación la manifiesten también
en el debate de la ley de comercio.
Por último, respecto a la enmienda del Grupo Catalán (Convergència i
Unió), que dice que había retirado, voy a presentar una transaccional a
la enmienda número 50 del Grupo Popular, con la que parece que están de
acuerdo el Grupo Socialista y el Grupo Catalán (Convergència i Unió). Se
refiere al artículo 15, relativo al Consejo General de las Organizaciones
Interprofesionales. Después de hablar de la representación de los
distintos ministerios, dice: «de las comunidades autónomas». Quedaría a
continuación: Y de las siguientes organizaciones representativas que sean
de ámbito estatal y carácter general. Continuaría nuestra enmienda 50
«Las organizaciones profesionales agrarias, organizaciones de productores
pesqueros, organizaciones de cooperativas agrarias y pesqueras,
organizaciones de la industria y del comercio agroalimentario y de las
organizaciones de consumidores.»
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Torres. Le ruego brevedad.
El señor TORRES SAHUQUILLO: Señor Presidente, como ha habido alusión a
los tres portavoces, pido una breve intervención de los tres. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Brevísimamente.
El señor TORRES SAHUQUILLO: El representante del Grupo Popular no se ha
dado cuenta de que a nuestra enmienda número 20 hemos presentado una
transacción con la enmienda 36 del Grupo Popular, donde la palabra
«algunas», que a él tanto le preocupa, ya no está. Es decir, en nuestra
enmienda transaccional que antes hemos explicado, a la número 20 nuestra
y número 36 del Grupo Popular, la palabra «algunas» --que a él le
preocupa y sobre la cual ha basado toda su argumentación para decir que
no la puede retirar-- ya no figura.
Paso a leerle cómo queda exactamente: Por organización interprofesional
agroalimentaria se entenderá, a los efectos de la presente Ley, aquélla
de ámbito estatal o superior al de una comunidad autónoma que esté
constituida por organizaciones representativas, cualquiera que sea la
naturaleza jurídica empresarial de sus representados, de la producción y,
en su caso, de la transformación y de la comercialización
agroalimentaria. No está la palabra «algunas».
Entiendo que el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) retira su enmienda número
13, por la intervención de su representante.
Me gustaría preguntar al señor Pascual si acepta las transacciones a las
números 34, 37, 40 y 47 de su Grupo, que hemos presentado. Creo que no lo
ha dicho.
El señor PRESIDENTE: Sí lo ha indicado.
Tiene la palabra la señora Pelayo. Brevemente, por favor.
La señora PELAYO DUQUE: Renuncio, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor San Martín.
(Denegaciones.)
Tiene la palabra la señora Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Solamente quiero evitar al señor Pascual, del
Grupo Popular, su recelo en relación con nuestra enmienda número 2. Se lo
quiero
resolver porque nuestro Grupo presentó una enmienda, con fecha 3 de
octubre, que no consta en el documento de enmiendas, en la que suprimimos
la expresión «de las cooperativas agrarias».
En ese sentido, las cooperativas agrarias no son una pata más, aunque sí
son recogidas en la enmienda número 6, del Grupo Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, cuando decimos que las cooperativas se
encuadrarán, en su caso, en el sector de la producción, de la
transformación o de la comercialización. Pero no las incluimos como tales
en el artículo 2.
El señor PRESIDENTE: Si les parece, ahora sí que les rogaría a todas sus
señorías la máxima atención para que en las votaciones no incurramos en
ningún error.
Ya saben SS. SS. que estamos debatiendo y aprobando este proyecto de ley
en competencia legislativa plena y lógicamente está el trámite del
Senado. En este sentido, repito, ruego la máxima atención a todos los
portavoces.
Señor Torres, tiene la palabra.
El señor TORRES SAHUQUILLO: A efectos de la votación, quiero solicitar,
puesto que nuestra votación respecto a la enmienda número 36 del Grupo
Parlamentario Popular está condicionada a que pueda ser aceptada la
número 20 nuestra, si S. S. lo cree oportuno, que se voten primero las
enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista y después el resto.
El señor PRESIDENTE: En este caso no hay ningún problema porque incluso
en el orden así está establecido.
Aunque sea un poco más lenta la votación, yo propondría ir votando
artículo por artículo, con las distintas enmiendas, de tal manera que no
haya complicaciones. Si les parece, dejaríamos para el final, como
siempre, la exposición de motivos y entraríamos en la votación de las
enmiendas presentadas al artículo 1.
En primer lugar, votaríamos la enmienda transaccional que el Grupo
Socialista ha presentado y el Grupo Popular ha aceptado a la enmienda
número 34. ¿De acuerdo? (Asentimiento.)
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Pasamos, a continuación, a votar la enmienda número 1 del Grupo Federal
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en
contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a votar la enmienda número 33 del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en
contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos el texto del artículo 1, tal como figura en el proyecto de ley
con la enmienda incorporada por la enmienda transaccional.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34; en
contra, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Pasamos, a continuación, a votar las enmiendas presentadas al artículo 2.
En primer lugar, votamos la enmienda número 2 del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida, con la modificación que ha indicado la señora Rivadulla
que nos plantearon en su enmienda con la retirada de cooperativas.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en
contra, 20; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación, pasamos a votar la enmienda número 20, del Grupo
Socialista, con la transacción que ha indicado, la modificación de la
palabra «algunas».
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en
contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
A continuación, pasamos a la votación, si les parece, conjuntamente de
las enmiendas números 35 y 36, del Grupo Parlamentario Popular.
El señor TORRES SAHUQUILLO: Solicitamos votación separada.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo.
Votamos la enmienda número 35 del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en
contra, 22; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada esta enmienda.
A continuación, votamos la enmienda número 36, del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 31; en
contra, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
A continuación, pasamos a votar, aunque no se haya defendido ante esta
Comisión, la enmienda número 55, de Coalición Canaria.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada por unanimidad.
Votamos el artículo 2, con la incorporación de la enmienda 36, del Grupo
Popular, y la número 20, del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 31; en
contra, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el artículo 2.
Votamos el artículo 3. En primer lugar, votamos la enmienda número 21,
del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Por unanimidad queda aprobada.
A continuación, votamos la enmienda del Grupo Socialista, que es
transaccional con la número 3 del Grupo Federal de Izquierda Unida y con
las 37 y 38 del Grupo Popular.
El señor TORRES SAHUQUILLO: Entendemos que la transacción que ofrecemos
es a la número 3 del Grupo de Izquierda Unida y a la 37 del Grupo
Popular, que se retiró ya por el propio Grupo, pero no a la 38, que hemos
anunciado que votaremos a favor.
El señor PRESIDENTE: Tiene razón su señoría.
Votamos a favor de la enmienda transaccional del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Por unanimidad, queda aprobada.
Votamos la enmienda 38 del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Votamos el artículo 3, con la incorporación de las enmiendas que hemos
aprobado con anterioridad.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Por unanimidad, queda aprobado.
A continuación, pasamos a votar el artículo 4.º. En primer lugar, la
enmienda número 4, del Grupo Federal de Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22;
abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos la enmienda número 5 del mismo Grupo.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en
contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda número 5.
A continuación, pasamos a la votación de la enmienda transaccional que el
Grupo Socialista ha presentado a la 40 del Grupo Parlamentario Popular, y
que este Grupo ha aceptado.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34; en
contra, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
A continuación, pasamos a la votación de la enmienda número 6, del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23;
abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
A continuación votamos la enmienda número 22, del Grupo Socialista, con
la transaccional que ha presentado también dicho Grupo y que sustituye a
la número 8 del Grupo Parlamentario Federal Izquierda Unida.
Efectuada la votación, fue aprobada por unanimidad.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
A continuación votamos la enmienda número 7, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en
contra, 34.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación pasamos a votar la enmienda del Grupo Parlamentario
Popular que figura con el número 39.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en
contra, 23.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación votamos una enmienda transaccional del Grupo Socialista a
las enmiendas 13 y 53 de los Grupos Parlamentarios del PNV y de
Convergència i Unió, que es la que se refiere al tres por ciento y el
ocho por ciento, con un añadido que verbalmente ha expresado el señor
Torres.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en
contra, dos; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
A continuación votaríamos la enmienda número 41, del Grupo Parlamentario
Popular, a la cual el Grupo Socialista ha indicado que tenía una similar
en el artículo 15, con el número 29. De todos modos, ¿la votamos tal cual
figura en la presentación de sus enmiendas, señor Pascual?
(Asentimiento.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en
contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. Pasamos a continuación a votar el
texto del artículo número 4, con las incorporaciones de las enmiendas
transaccionales y no transaccionales que hemos aprobado.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en
contra, dos; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el texto del artículo 4.
Al artículo número 5 se ha presentado sólo una enmienda del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, que figura con el número 16.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en
contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación pasamos a votar el texto del artículo 5.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21;
abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
El artículo 6 tiene la enmienda técnica del Grupo Parlamentario
Socialista que figura con el número 23, y otra del Grupo Popular, con el
número 42. ¿Son coincidentes estas enmiendas? ¿Se puede votar
conjuntamente, señor Torres, o las votamos por separado?
El señor TORRES SAHUQUILLO: Nosotros pensábamos, y así lo ha dicho mi
compañera señora Pelayo, que con nuestra enmienda número 23 quedaba
resuelto lo que proponía la número 42, pero si el Grupo Popular no la
retira, habrá que hacer votación separada.
El señor PRESIDENTE: En ese caso, como el Grupo Popular no la retira,
vamos a hacer votación separada.
Votamos a continuación la enmienda número 23, del Grupo Parlamentario
Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23;
abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
A continuación votamos la enmienda número 42, del Grupo Parlamentario
Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en
contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos el texto del artículo 6.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23;
abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
En el artículo 7 figura la enmienda número 24, del Grupo Socialista, que
pasamos a votar.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Votamos a continuación el texto del artículo 7, con la incorporación de
esta enmienda.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
En el artículo 8 figura, en primer lugar, la enmienda del Grupo
Parlamentario Popular número 43.
La señora PELAYO DUQUE: Señor Presidente, pido la votación conjunta de
las enmiendas números 43, 44 y 45, porque tienen el mismo hilo conductor.
El señor PRESIDENTE: No hay inconveniente.
Votamos a continuación las enmiendas números 43, 44 y 45, del Grupo
Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en
contra, 20; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación votamos la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista
número 25.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34; en
contra, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos a continuación la enmienda número 15, del Grupo Parlamentario
Vasco.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en
contra, 20; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Por último, votamos la enmienda número 9, del Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en
contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
La señora PELAYO DUQUE: La enmienda número 26, del Grupo Parlamentario
Socialista, propone un nuevo párrafo al artículo 9. Se podría votar
conjuntamente el texto del artículo 9 y la enmienda número 26.
El señor PRESIDENTE: Pero antes tenemos que votar el texto del artículo
8.
Votamos el texto del artículo 8.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en
contra, dos; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el texto del artículo número 8.
Al artículo 9 hay una enmienda técnica del Grupo Parlamentario
Socialista. Se propone la votación conjunta de la enmienda y del
artículo. (Asentimiento.)
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad el texto del artículo
número 9, con la incorporación de la enmienda técnica.
A continuación votamos las enmiendas al artículo 10.
Votamos la número 17, del Grupo Federal de Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en
contra, 20; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda del Grupo Parlamentario Popular número 46.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en
contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
A continuación votamos el texto del artículo 10.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21;
abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el texto del artículo 10.
Votamos el texto del artículo 11, que no tiene presentadas enmiendas.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Por unanimidad queda aprobado el artículo 11.
Votamos las enmiendas al artículo 12. El Grupo Socialista tiene una
enmienda que es transaccional con la 18 del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida.
La señora PELAYO DUQUE: Propondría a los grupos la votación conjunta de
las enmiendas números 27, 18 y 47 tal y como han sido transaccionadas por
la enmienda que hemos presentado a la Mesa. Es decir, enmienda 27, por un
lado, más la transacción a la 18 y 47, por otro.
El señor PRESIDENTE: Si están de acuerdo los grupos no hay inconveniente
por parte de la Presidencia.
¿Están de acuerdo? (Asentimiento.)
Se vota la enmienda del Grupo Socialista número 27 con la transacción,
por tanto, se retirarían las números 18 y 47 de los Grupos Parlamentarios
de Izquierda Unida y Popular.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad esta enmienda.
Votamos a continuación el texto del artículo 12, con la incorporación de
esta enmienda transaccional que hemos aprobado.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Por unanimidad queda aprobado el texto del artículo
12.
La enmienda número 28, del Grupo Socialista, se ha retirado porque se
incorporó ya en el informe de la Ponencia.
Votamos directamente el texto de los artículos 13 y 14 que no tienen
presentadas enmiendas.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Por unanimidad quedan aprobados los artículos 13 y
14 de esta ley.
A continuación pasamos al artículo 15, al cual se han presentado
distintas enmiendas.
Votaríamos, en primer lugar, la del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida que figura con el número 10.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en
contra, 20; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada esta enmienda.
A continuación votamos la enmienda del Grupo Socialista número 29. (El
señor Torres Sahuquillo pide la palabra.)
Tiene la palabra el señor Torres.
El señor TORRES SAHUQUILLO: Señor Presidente, no sé si en nuestra
intervención ha quedado suficientemente claro que nosotros retiramos la
enmienda 29 en favor de la 50 del Grupo Parlamentario Popular. Por tanto,
no se votaría la enmienda 29 del Grupo Socialista.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo.
Retirada esta enmienda, votamos a continuación la número 50 del Grupo
Parlamentario Popular, y entiendo que el Grupo Parlamentario Catalán ha
retirado su enmienda número 54.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 35; en
contra, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos conjuntamente las enmiendas números 48 y 49, del Grupo
Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en
contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación votamos el texto del artículo 15, con la incorporación de
la enmienda del Grupo Popular que ha sido aprobada. (El señor Torres
Sahuquillo pide la palabra.)
Tiene la palabra el señor Torres.
El señor TORRES SAHUQUILLO: La enmienda número 29 del Grupo Parlamentario
Socialista hace referencia a varios apartados y párrafos. Quiero dejar
constancia de que la enmienda que hemos retirado es la que hacía
referencia al artículo 15.2. Las enmiendas que hacen mención a los
apartados 3,a) y 3,b) han sido incluidas en Ponencia, pero queda viva la
enmienda número 29, del Grupo Parlamentario Socialista, que hace
referencia al apartado 4. Como no lo advertimos en su momento,
solicitamos ahora su votación.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo, señor Torres. (El señor Pascual Monzo
pide la palabra.)
Tiene la palabra el señor Pascual.
El señor PASCUAL MONZO: Entonces, votamos, en primer lugar, la enmienda
número 29.
El señor PRESIDENTE: Votamos la parte de la enmienda número 29 que no
había sido retirada.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad. (El señor Pascual
Monzo pide la palabra.)
Tiene la palabra el señor Pascual.
El señor PASCUAL MONZO: Se han aprobado las enmiendas al artículo 15 del
Grupo Popular, pero las enmiendas números 48 y 49 se ha votado que no,
según tengo entendido.
El señor PRESIDENTE: Efectivamente. Por eso, a continuación, votamos el
texto del proyecto con la incorporación de lo que hemos aprobado, que es
la enmienda número 50, del Grupo Popular, y la parte de la enmienda
número 29 del Grupo Parlamentario Socialista. ¿Queda claro el sentido de
la votación? (Asentimiento.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 35; en
contra, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
La señora PELAYO DUQUE: Perdón, señor Presidente. Solicitamos votación
conjunta de las enmiendas números 11 y 12, de Izquierda Unida, y 51 y 52
del Grupo Popular, a las disposiciones adicionales.
El señor PRESIDENTE: Si no hay inconveniente por ninguno de los grupos,
así se hará.
Votamos las enmiendas 11 y 12, del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en
contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación pasaremos a votar las enmiendas números 51 y 52, del Grupo
Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en
contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación votaremos la enmienda número 30, del Grupo Parlamentario
Socialista, con la enmienda transaccional que el mismo Grupo ha indicado.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23;
abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos la enmienda número 14, del Grupo Parlamentario Vasco (PNV).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en
contra, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Finalmente, votamos la enmienda número 31, del Grupo Parlamentario
Socialista.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Votamos conjuntamente la disposición adicional, la nueva y las finales,
es decir, el resto del texto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en
contra, dos; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas el resto de las disposiciones
adicionales y finales.
Votamos la enmienda 32, del Grupo Parlamentario Popular, a la exposición
de motivos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en
contra, 23.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos el texto de la exposición de motivos.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad la exposición de
motivos.
Aprobado por la Comisión el texto del proyecto de ley, se dará cuenta a
la Mesa para su posterior trámite en el Senado.
--PROPOSICION DE LEY DE MODIFICACION DEL REGIMEN JURIDICO DE LAS CAMARAS
AGRARIAS. (Número de expediente 122/000040.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la tramitación de la proposición de ley
del Grupo Parlamentario Popular de modificación de la Ley de Cámaras
Agrarias.
Hay una pequeñísima dificultad técnica y reglamentaria que con el acuerdo
de todos los grupos se puede solucionar. Por ausencia del Vicepresidente
Primero, que por obligaciones familiares no puede asistir, y siendo el
Presidente portavoz del Grupo Socialista, propondría que el
Vicepresidente Segundo, que también tiene que intervenir en nombre de su
Grupo, lo haga en primer lugar, de modo que después podamos sustituirnos
en la Presidencia de la Comisión. ¿Están de acuerdo? (Asentimiento.)
Como saben SS. SS., a este proyecto de ley se han presentado enmiendas
por parte del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y del Grupo Socialista. En primer
lugar, doy la palabra al Grupo Parlamentario Catalán, para que defienda
sus enmiendas.
Tiene la palabra el señor Vidal.
El señor VIDAL I SARDO: El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió) votará favorablemente una enmienda transaccional que presenta el
Grupo Socialista porque, a nuestro juicio, resuelve el fondo de la
proposición de ley del Partido Popular, es decir, quién y cómo se
convocarán las elecciones a Cámaras Agrarias, salvando la competencia
exclusiva de las comunidades autónomas para convocar y precisando a quién
será preceptivo consultar y a quién solamente notificar, entendiendo esta
notificación al Gobierno --y sin especificar el plazo previo de la
misma-- antes de la convocatoria como lo que es, un requisito meramente
formal.
Nuestro Grupo Parlamentario mantiene viva la enmienda de modificación del
artículo 9 de la Ley 23/1986, de 24 de diciembre, de bases de régimen
jurídico de las Cámaras Agrarias, que a nuestro juicio completa la
modificación de la ley que aprobamos hoy. Una vez establecido que son las
comunidades autónomas las competentes para convocar las elecciones,
nuestra enmienda pretende completar quiénes deben ser convocados como
electores y elegibles, añadiendo un colectivo que la Ley de Bases, en
principio, excluye.
Una vez abierta la modificación de esta ley en el sentido de la
proposición de ley del Partido Popular, entendemos que es posible
reglamentariamente modificar otros aspectos, especialmente si están
relacionados con el hecho mismo de la convocatoria, incidiendo
precisamente, desde la propia ley de bases, en la posibilidad de integrar
un colectivo importante en los censos electorales. Nuestro Grupo propone
que, en el censo que confeccionarán las comunidades autónomas, al
colectivo de agricultores y ganaderos que cotizan en los regímenes
agrarios de la Seguridad Social se añadan los titulares de terrenos
forestales que tengan la consideración de unidad mínima forestal.
Estaríamos dispuestos a que, si se prefiere acotarlo todavía mejor, esta
propiedad a que se refiere nuestro artículo tuviera aprobado un plan de
mejora forestal.
La marginación del colectivo por su no pertenencia a las cámaras
agrarias, como organismo consultivo que son, no nos parece consecuente
con las grandes declaraciones hechas en este Congreso sobre el interés
por la conservación del medio natural, por la necesidad de promover la
limpieza de los bosques de propiedad privada, por la lucha más eficaz
contra los incendios o para garantizar el éxito de los programas de
reforestación y desforestación de tierras laborables.
El gran problema de la política forestal de nuestro país, especialmente
del bosque mediterráneo, es su casi nulo rendimiento, al no ser
aprovechables sus leñas bajas y no ser competitivas sus maderas, lo que
obliga a sus propietarios a compatibilizar el cuidado y limpieza de sus
bosques con otras actividades que les permitan una renta suficiente.
Si queremos fomentar el interés por la conservación de las masas
forestales, pensamos que ahora está en nuestras manos hacerlo. El
colectivo de propietarios de unidades mínimas forestales debe tener
reconocidos los mismos derechos que los profesionales de la agricultura y
ganadería y estar integrado en los censos electorales de las cámaras
agrarias. Esto es lo que propone nuestra enmienda, para la que solicito
el voto favorable.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra la señora Rivadulla para
defender sus enmiendas.
La señora RIVADULLA GRACIA: En primer lugar, quisiera decir que este
Grupo Parlamentario no dispone de la enmienda transaccional del Grupo
Socialista, por lo que rogaría a la Mesa que me la leyera para poderme
definir.
El señor PRESIDENTE: La enmienda transaccional del Grupo Socialista dice
así: Las comunidades autónomas determinarán las fechas de celebración de
las elecciones y realizarán las convocatorias electorales, previa
comunicación al Gobierno y tras consultar con las organizaciones
profesionales agrarias de ámbito nacional y las implantadas en su
territorio. Y añade: Las comunidades autónomas comunicarán al Gobierno de
la nación los resultados del proceso electoral de las cámaras agrarias de
su ámbito territorial.
La señora RIVADULLA GRACIA: Gracias, señor Presidente. (El señor
Vicepresidente, Vidal i Sardó, ocupa la Presidencia.)
Nuestro Grupo Parlamentario tiene presentada una enmienda a la exposición
de motivos porque pensamos que ya queda sin ningún significado la
separación que se produce en los apartados 2 y 4, del artículo 8, de la
Ley
23/1986, llevada a cabo por la Ley 23/1991. En ese sentido, nuestra
enmienda número 1 propone sustituir el texto del artículo único por el
siguiente: «Se modifica el apartado 2, del artículo 8, de la Ley 23/1986,
de 24 de diciembre, por la que se establecen las bases del Régimen
Jurídico de las cámaras agrarias, quedando con la siguiente redacción:
Las comunidades autónomas determinarán el procedimiento, organización,
coordinación, vigilancia y elaboración de los censos electorales, régimen
jurídico de las juntas electorales, sistemas de votación y escrutinio,
presentación de documentos y recursos electorales y, previa consulta con
las organizaciones profesionales agrarias de su ámbito territorial, las
fechas de convocatoria electoral.»
El punto 2 de este artículo único diría: «El apartado 4, del artículo 8,
de la Ley de Bases 23/1986 de 24 de diciembre, por la que se establecen
las bases del régimen jurídico de las cámaras agrarias, queda derogado.»
Entendemos que no tiene ningún sentido mantener estos dos puntos, puesto
que pueden ir en uno solo.
En cuanto a la disposición adicional, es una referencia competencial, y
en ese sentido nos remitimos a que la presente ley se dicta en amparo del
artículo 149.1.18ª de la Constitución.
En relación con la enmienda transaccional del Grupo Socialista que la
Mesa ha tenido la amabilidad de leernos, nuestro Grupo no tiene
inconveniente en aceptarla, puesto que parece ser que se trataría
solamente de comunicar previamente la fecha de celebración, pero que
queda dentro del marco competencial de las comunidades autónomas el
delimitar esas fechas, y que después habrá una comunicación posterior por
parte de dichas comunidades autónomas al Gobierno. Estaríamos dispuestos
a aceptar la enmienda transaccional del Partido Socialista.
Respecto a la enmienda formulada por Convergència i Unió, nos
manifestamos en contra, en primer lugar, porque, dejando a salvo lo que
pudiera decir los servicios jurídicos de la Cámara, entendemos que nos
estamos refiriendo a una modificación del artículo 8, y Convergència i
Unió nos remite al artículo 9. Dejando esta cuestión que es puramente
formal, en cuanto al fondo, pensamos que añadir esta modificación
significaría un cambio sustancial en el espíritu y la letra de la ley, ya
que en el artículo 9 se especifica de forma muy clara que serán electores
las personas que reúnan las siguientes condiciones. Va enumerándolas y en
una de ellas se dice que ejerzan actividades agrícolas, ganaderas o
forestales (por tanto, señor Vidal, el término forestales está incluido
ya en la ley), pero que lo ejerzan de forma directa y personal, que es lo
que, de alguna manera, con la modificación que pretende incluir el Grupo
Catalán (Convergència i Unió), nos estaríamos escapando, y entraríamos ya
en el terreno de los meros propietarios.
Nosotros entendemos que hay otras Cámaras que recogen los derechos de los
propietarios de fincas urbanas o rústicas a ser electores y elegidos, por
lo que pensamos que quedan excluidos de lo que es el marco competencial
de la presente Ley. Es por eso que no podemos asumir esta enmienda que
nos presenta el Grupo Catalán.
El señor VICEPRESIDENTE (Vidal i Sardó): Para defender la enmienda del
Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Pau.
El señor PAU I PERNAU: Como SS. SS. conocen, el Grupo Socialista presentó
en su momento una enmienda, y ya en el debate de la Ponencia tuvimos
oportunidad, incluso en el debate de totalidad de la proposición no de
ley del Grupo Parlamentario Popular, de manifestar nuestro acuerdo básico
con el texto que se nos presentaba. En aquel momento ya indicamos la
posibilidad de trabajar para mejorar el texto en el sentido que
demandaban los distintos grupos parlamentarios. Finalmente creo que
estamos en disposición de ofrecer a los distintos grupos de esta Comisión
la enmienda transaccional que anteriormente hemos indicado. En ese
sentido, presentaríamos la siguiente enmienda: «Las comunidades autónomas
determinarán las fechas de celebración de las elecciones y realizarán las
convocatorias electorales, previa comunicación al Gobierno y tras
consultar con las organizaciones profesionales agrarias de ámbito
nacional y las implantadas en su territorio.»
Aquí sí que plantearíamos, no tanto por su contenido sino por su
ubicación concreta, como un apartado 5 del mismo artículo 8, o como un
apartado 4 del artículo 10 (no haríamos cuestión del tema porque la Ley
recoge en el artículo 11 que el resultado de las elecciones se tendrá en
cuenta para determinado reconocimiento del papel de las organizaciones
sindicales), que las comunidades autónomas comunicarán al Gobierno de la
Nación los resultados del proceso electoral de las Cámaras Agrarias de su
ámbito territorial. Me parece que la ubicación más correcta sería en el
mismo artículo 8, un nuevo apartado 5, y así se lo propondría a los
distintos grupos, aunque anteriormente habíamos planteado la posibilidad
de incluirlo en otro artículo.
Respecto a la enmienda del Grupo parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tuvimos ocasión de indicarle en el debate
de Ponencia que nos parecía lógica, pero que en cierta manera entendemos
que nuestra transaccional de hoy ya recoge el espíritu de su propuesta,
con el acuerdo unánime de todos los grupos, y por ello la rechazaríamos,
no tanto por su contenido sino en cuanto a que creemos que el texto que
ofrecemos es mejor.
En cambio, sí que tenemos una opinión distinta respecto a la enmienda del
Grupo parlamentario Catalán. Por razones de forma y de fondo entendemos,
señor Vidal, que no podemos estar de acuerdo con su planteamiento. Por
razones de forma, porque nos parece que no es demasiado ortodoxo, siendo
en este caso una propuesta de un grupo parlamentario que intenta
modificar solamente un apartado muy específico, el 2 del artículo 8,
abrir el melón para una modificación más global de la Ley de Cámaras
Agrarias. En el caso de que este Grupo quiera modificar la Ley, tiene
otras vías reglamentarias para hacerlo, pero no aprovechar este momento
en que, incluso en el debate de totalidad, la única discusión que se
formuló fue respecto al contenido estricto del artículo 8.2.
En cuanto a las razones de fondo, estoy totalmente de acuerdo con lo que
ha planteado la señora Rivadulla. Entendemos que el artículo 9 indica
clarísimamente --ya en su momento tuvimos grandes debates sobre esta
cuestión-- cuáles deben ser los electores y los elegibles en las Cámaras
Agrarias.
Solamente me resta decirles que esperemos que con esta enmienda
transaccional hayamos recogido el espíritu de los distintos grupos para
que pueda ser aprobada por unanimidad por parte de todos los
intervinientes.
El señor VICEPRESIDENTE (Vidal i Sardó): Para turno de fijación de
posiciones, por parte del Partido Nacionalista Vasco tiene la palabra don
Ricardo Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Voy a fijar la posición del Grupo
Parlamentario Vasco respecto a la modificación puntual de la Ley
Reguladora de las Cámaras Agrarias 23/1986, modificada con posterioridad
por la ley 23/1991, de 15 de octubre.
Nuestro grupo parlamentario, como ya hicimos saber en el debate que hubo
en el Pleno con motivo de la discusión de la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Popular, está plenamente de acuerdo con el
espíritu que persigue dicha proposición de ley, en la medida en que
actualmente el marco competencial, en lo que se refiere a la materia
específica, no de agricultura, sino de Cámaras Agrarias, que tiene un
régimen de distribución de competencias diferente a lo que es de
agricultura, establece que corresponde a las comunidades autónomas el
desarrollo legislativo y la ejecución de las bases establecidas en la
normativa legislativa que he citado. Por lo tanto, lo que plantea aquí el
Grupo Parlamentario Popular es la modificación de una cuestión que es
mera ejecución en materia de funcionamiento de las Cámaras Agrarias: la
constitución y la elección de los órganos de funcionamiento y de
dirección de las mismas. Por lo tanto, coincidimos con ese espíritu
político que se plasma en la proposición de ley y vamos a votar
favorablemente la enmienda transaccional de la que hemos tenido
conocimiento hace poco tiempo, en virtud de la cual se realiza una
modificación puntual a la proposición de ley inicial del Grupo Popular,
matizándose la comunicación al Gobierno central.
Con esta consideración general, nuestro grupo parlamentario acepta la
enmienda transaccional a la proposición de ley y también estaríamos
dispuestos a votar favorablemente, porque creemos que complementa, la
enmienda del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, así como
el planteamiento que el Grupo Catalán (Convergència i Unió) hace de
incluir en el ámbito a los titulares de unidades forestales.
Por lo tanto, con estas consideraciones, termino, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Vidal i Sardó): Por parte del Partido Popular,
tiene la palabra don José Madero.
El señor MADERO JARABO: Le deseo éxitos en su fugaz Presidencia, aunque
lamento decirle, al hablar de la enmienda número 6 que presenta su grupo,
y que usted en su nombre nos ha expuesto, que me tengo que adherir a los
criterios aquí expresados por los representantes de otros grupos, en el
sentido de que entendemos que en el artículo 9 a) de la Ley de Régimen
Jurídico de Cámaras Agrarias ya se contempla la posibilidad de que entren
los forestales a formar parte de los censos que en su momento se
establecieron o se establecerán.
Además, entendemos que no es procedente el momento, porque cuando se
pretende la modificación de un artículo, concretamente el 8, tratar de
abrir el debate sobre otros no sería muy oportuno. Mi grupo entiende que
existe una razón de mucho más peso, y es que esta ley, no lo olvidemos,
ya pasó por el Tribunal Constitucional y fue declarada constitucional
precisamente esta parte que ahora se pretende modificar. No volvamos a
las andadas y hagamos que la Ley de Régimen Jurídico de Cámaras Agrarias
tenga que volver al Tribunal Constitucional.
Yo le rogaría, señor Vidal, la retirada de esta enmienda y contaría, como
ha contado otras veces, con el apoyo de nuestro grupo cuando se trata del
sector forestal. En esta Comisión ya ha habido iniciativas, así como en
Pleno, en las que hemos coincidido totalmente en el criterio, en el
fondo, en la forma y, por tanto, en la votación a la hora de apoyar al
sector forestal.
Entendemos el interés de su Grupo, pero el nuestro no es menor. Lo que
pasa es que creemos que no es éste el momento procesal para expresar ese
apoyo. En todo caso, existe una razón, y puesto que precisamente el
artículo que pretendemos modificar, el 8.2, entiende como competencia
exclusiva de las comunidades autónomas la elaboración de censos
electorales, no pongamos cortapisas a las comunidades autónomas a la hora
de elaborar esos censos que la Ley de Bases permite incluir a los
forestales; y ni siquiera les digamos lo de unidad técnica mínima, unidad
forestal mínima de producción, no digamos nada, que cada comunidad
autónoma establezca los criterios que entienda oportunos. Pensamos,
puesto que la mayor parte de las comunidades autónomas así lo han
expresado, que serían generosas en ese sentido y, por tanto, cumpliendo
la Ley de Bases, la Ley de Régimen Jurídico de Cámaras Agrarias, podrían
entrar todos los forestales.
Nuestro voto, por esta razón, será negativo a la enmienda presentada por
el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), al mismo tiempo que
invitamos a la retirada de la misma.
Respecto a los criterios expresados por los portavoces del resto de los
Grupos, quisiera decir que es intención del Grupo Popular aceptar las dos
enmiendas que presenta el Grupo de Izquierda Unida, bien entendido que al
adherirse la señora Rivadulla al texto transaccional que nos ofrece el
Grupo Socialista, entiendo que el primer párrafo de su enmienda número 3
queda desvirtuado o apartado; mientras que el apartado 2 nos parece que
puede ser perfectamente incluido en el texto del Grupo proponente en el
sentido de que el apartado 4 del artículo 8 de la Ley 23/1986, de 24 de
diciembre, por la que se establecen las bases de régimen
jurídico de las Cámaras Agrarias, queda derogado. Nos parece perfecto y
creo que mejora el texto que proponemos.
Respecto a la enmienda número 4, referida a una disposición adicional, el
texto que nos ofrece Izquierda Unida habla de que la presente Ley se
dicta al amparo del artículo 149.1 1.ª y 18.ª de la Constitución, lo cual
nos parece correcto y por nuestra parte también puede ser perfectamente
admitido.
Le diría al señor Pau que aceptamos el texto transaccional, pero el tenor
literal de aquello que ha expresado es la parte que corresponde a lo que
se quiere modificar. El texto del artículo 8.2 --por cierto, no es el
8.1, que es el que figura al menos en el papel que a mí se me ha
entregado-- sería la redacción que tiene, añadiendo: «Asimismo, las
comunidades autónomas determinarán las fechas de celebración de las
elecciones y realizarán las convocatorias electorales, previa
comunicación al Gobierno de la Nación y tras consultar con las
organizaciones profesionales agrarias de ámbito nacional y las
implantadas en su territorio.»
Señor Pau, lo que entiendo en esta transaccional es que este texto se
agrega a lo que ya dice el artículo 8.2 en todo lo referente a que las
comunidades autónomas determinarán el procedimiento, organización,
coordinación, vigilancia, elaboración de los censos electorales, el
régimen jurídico de las juntas electorales, sistemas de votación y
escrutinio, presentación de documentos y recursos electorales. A
continuación se podría decir: «Asimismo, las comunidades autónomas
determinarán la fecha de celebración», etcétera, y sigue el texto que su
señoría nos ha ofrecido.
Finalmente, señor Presidente, atendiendo las indicaciones muy acertadas
del señor Letrado que nos asiste en la Comisión, deberíamos incorporar
una disposición final estableciendo la entrada en vigor. En este sentido,
salvo mejor criterio del propio Letrado, podría decir que esta Ley
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
El señor VICEPRESIDENTE (Vidal i Sardó): Tiene la palabra la señora
Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Señor Presidente, sólo para pedir una
aclaración. ¿Cómo quedaría, en base a las propuestas del Grupo Popular y
del Grupo Socialista, la configuración del artículo 8?
El señor VICEPRESIDENTE (Vidal i Sardó): Tiene la palabra el señor Pau.
El señor PAU I PERNAU: Efectivamente, estamos trabajando con dos
proyectos, con la Ley de 1986 y con la modificación última que hicimos
para adaptarnos a la sentencia del Tribunal Constitucional. De manera que
en el artículo 8.2 del texto refundido figuraba: El Gobierno determinará
las fechas de convocatoria electoral, previa consulta con las
organizaciones profesionales agrarias de ámbito nacional.
En el artículo 8.3 figuraba el mandato de las Cámaras Agrarias.
El artículo 8.4 era el que se refería a las comunidades autónomas que
tengan atribuidas competencias reguladas por ley, el procedimiento,
etcétera.
Lo que hacía el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida era refundirlo y
tenía sentido la segunda parte de su enmienda, en la cual, efectivamente,
derogaba el punto número 4.
Por tanto, nuestro Grupo pretende respetar la misma estructura. De manera
que el artículo 8.1 quedaría así: Las Cámaras estarán constituidas por un
máximo de 25 miembros elegidos por sufragio libre, igual, directo y
secreto, atendiendo a los criterios de representación proporcional.
Artículo 8.2: Las comunidades autónomas determinarán las fechas de
celebración de las elecciones y realizarán las convocatorias electorales,
previa comunicación al Gobierno y tras consultar con las organizaciones,
etcétera.
Artículo 8.3: El mandato de los miembros de las Cámaras Agrarias será
como mínimo de tres años y como máximo de cinco.
Artículo 8.4: Las comunidades autónomas regularán por ley el
procedimiento, organización, etcétera.
Artículo 8.5: Las comunidades autónomas comunicarán al Gobierno de la
nación los resultados del proceso electoral de las Cámaras Agrarias de su
ámbito territorial.
En este sentido, ya no tendría lugar la segunda parte de la enmienda del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Sí estaríamos de acuerdo en
introducir la parte referente a que esta modificación está en base al
artículo 148 de la Constitución.
¿Le parece correcto? (Asentimiento.)
El señor VICEPRESIDENTE (Vidal i Sardó): Señora Rivadulla, le ofrezco un
turno para expresar a esta Presidencia la aceptación o la retirada de
alguna de sus enmiendas, o bien la aceptación de la explicación que le ha
dado el portavoz del Grupo Socialista señor Pau.
La señora RIVADULLA GRACIA: Nuestro Grupo está de acuerdo con la
configuración que ha planteado el representante del Grupo Socialista.
Aceptamos la enmienda y los términos en que queda el artículo 8.
En consecuencia, retiramos la enmienda número 3. La número 1 no puede
estar viva, porque estaría en contradicción con lo que acabo de decir,
que queda sin sentido la separación de los apartados 2 y 4.
La enmienda número 2 también la retiramos. Sólo quedaría viva la enmienda
que se refiere a la disposición adicional.
El señor VICEPRESIDENTE (Vidal i Sardó): El señor Madero tiene la
palabra.
El señor MADERO JARABO: Creo que ha quedado perfectamente claro con la
retirada de las dos enmiendas por parte de la portavoz de Izquierda Unida
y con la aclaración que entre el portavoz del Grupo Socialista y yo mismo
hemos hecho de cómo quedaría el artículo 8. Se trata de modificar
exclusivamente la convocatoria de las elecciones a Cámaras Agrarias, que
hasta la fecha corresponde, por
ley, al Gobierno de la nación, y cuando esta ley entre en vigor serán
competentes las comunidades autónomas.
Debe quedar bien claro, señor Presidente --y lo digo a efectos de
fijación de la posición de mi Grupo--, que la previa comunicación al
Gobierno de la nación, que ahora incorporamos al texto del articulado, no
debe en ningún momento entenderse como condicionamiento a ningún gobierno
regional. Es decir, que esta comunicación previa de la fecha de las
elecciones por parte de las comunidades autónomas la harán --ése es el
espíritu de nuestra proposición-- por operatividad funcional, por
cortesía administrativa o por cualquier otro concepto que haga posible el
mejor funcionamiento de este proceso electoral. Pero debe quedar bien
sentado que estas comunicaciones, la previa y la posterior del resultado,
no significan ni control ni siquiera ningún tipo de cortapisa por parte
del Gobierno de la nación, ni que se ejerce por éste ninguna censura
previa o posterior.
Queda, por tanto, claro que la capacidad de convocatoria de las
elecciones a Cámaras Agrarias en su ámbito territorial corresponde,
incluida la fijación de la fecha electoral, a los gobiernos de las
comunidades autónomas.
Diré, por otra parte, si me permite, señor Presidente, y así termino, que
creo que desde esta Comisión contribuimos de manera esencial al
desbloqueo actual de una situación incómoda tanto para el Gobierno
central como para las comunidades autónomas, y queda así, en nuestra
opinión, la Ley de Régimen Jurídico de las Cámaras Agrarias, con un texto
adecuado a la situación actual.
Nada más. (El señor Pau i Pernau pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Vidal i Sardó): Me está pidiendo un breve turno
el portavoz del Grupo Socialista. Supongo que es para hacer referencia a
lo que acaba de decir el portavoz del Grupo Popular.
El señor Pau tiene la palabra.
El señor PAU I PERNAU: Efectivamente, señor Madero, éste es el espíritu
de la enmienda transaccional que hemos presentado y con la voluntad
expresa de que sea así. Incluso pueden reconocer SS. SS. que la enmienda
del Grupo Socialista avanza clarísimamente en este sentido, porque dice
que las comunidades autónomas determinarán las fechas de las elecciones y
realizarán la convocatoria electoral, por lo tanto, sin ningún tipo de
voluntad ni de control por parte del Gobierno, sino solamente, a los
efectos que S. S. indicaba, de comunicarle esta convocatoria.
Finalmente, un tema que se me ha escapado es que los servicios jurídicos
--en este caso quiero agradecérselo al Letrado-- nos habían indicado
algún tipo de modificaciones en el preámbulo, en el sentido de adaptarlo
quizá mejor al espíritu de la ponencia. Creo que de estas notas disponen
todos los grupos y si hay un acuerdo, como son mejoras puramente técnicas
a la redacción del propio preámbulo de la ley, pediríamos que cuando se
vote el preámbulo se incorporen también por parte de los servicios
jurídicos estas mejoras técnicas. (El señor Madero Jarabo pide la
palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Vidal i Sardó): Un último turno, señor Madero.
El señor MADERO JARABO: Agradezco este turno debido a su magnanimidad.
Intervengo simplemente para decir que la nota del Letrado, en lo que se
refiere al preámbulo y también a la disposición derogatoria, nos parece
de lo más oportuno. En los mismos términos en que se nos ofreció la nota
pensamos que puede transcribirse porque mejora técnicamente el texto de
la ley.
Unicamente quería hacer una breve apostilla a la duda que el señor Pau ha
expresado en su intervención anterior: si debe incorporarse la
comunicación del resultado de las elecciones a cámaras, por parte de las
comunidades autónomas al Gobierno de la nación, en el artículo 8 o en el
10. Entiendo, señor Pau, que, por coherencia, debe ser al artículo 8 para
no modificar el artículo 10, por las mismas razones que le hemos dado al
representante del Grupo Catalán (Convergència i Unió) de que no se tocara
más que el artículo 8, que era el que nos traía aquí la proposición de
ley del Grupo Popular.
El señor VICEPRESIDENTE (Vidal i Sardó): Que conste que el señor Pau ha
asentido. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Si les parece, señorías, pasamos ya a la votación de
las enmiendas que quedan vivas y del texto del articulado.
Ya que se ha formulado una observación por parte de distintos grupos,
preguntaría al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) si está
dispuesto a retirar o no su enmienda. Si no, la someteríamos a votación.
El señor VIDAL I SARDO: Señor Presidente, la verdad es que me faltan
argumentos a añadir a los que he expuesto en mi anterior intervención
para defender mi enmienda, pero yo desearía que se sometiera a votación.
Agradezco, no obstante, lo ponderados que han sido los argumentos
esgrimidos en contra de nuestra enmienda.
El señor PRESIDENTE: Si les parece, en primer lugar votaríamos la
enmienda transaccional que el Grupo Socialista ha presentado a la del
Grupo Popular y después las restantes enmiendas que quedarían vivas, que
serían solamente las del Grupo Catalán (Convergència i Unió), la de
Izquierda Unida, que hace referencia a la disposición adicional nueva, y
luego las correcciones técnicas del señor Letrado, tanto al preámbulo
como a la entrada en vigor de la ley.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
A continuación, votamos la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres;
en contra, 29.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada esta enmienda.
A continuación votamos la disposición adicional nueva que nos propone el
Grupo Federal de Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Por unanimidad queda aprobada esta disposición
adicional.
Si les parece, votamos ya el texto del preámbulo y la disposición final
que nos han propuesto los servicios jurídicos de la comisión.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Por unanimidad quedan aprobados.
Aprobado el texto de este proyecto de ley, se dará cuenta a la
Presidencia de la Cámara para su posterior traslado al Senado.
Se suspende la sesión por espacio de un minuto. (Pausa. El señor
Vicepresidente, Vidal i Sardó, ocupa la Presidencia.)
El señor VICEPRESIDENTE (Vidal i Sardó): Se reanuda la sesión.
DEBATE Y VOTACION DE LAS SIGUIENTES PROPOSICIONES NO DE LEY:
--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCION DE DETERMINADAS MEDIDAS
PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA DIRECTIVA
79/409/CEE, RELATIVA A LA CONSERVACION DE LAS AVES SILVESTRES. PRESENTADA
POR EL G. P. FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número
de expediente 161/000230.)
El señor VICEPRESIDENTE (Vidal i Sardó): Vamos a entrar en el debate del
punto 3.º del orden del día: Debate y votación de las siguientes
proposiciones no de ley.
Por la primera se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas
para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Directiva
79/409/CEE, relativa a la conservación de las aves silvestres, del Grupo
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Para su defensa, tiene la palabra la señora Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: En primera lugar, quiero felicitarle porque
veo que su presidencia no es tan efímera como parecía.
Nuestro grupo parlamentario presenta hoy esta proposición no de ley sobre
un tema que hace tiempo nos viene preocupando. De hecho, el 18 de
noviembre de 1992, nuestro compañero, en aquel tiempo, del Grupo
parlamentario, José Luis Núñez, hizo una pregunta al Gobierno sobre qué
territorios se habían declarado ZEPA en el Estado español y qué figura de
protección se les había otorgado. A esta pregunta tuvo la contestación
por parte del Gobierno en el sentido de que la Directiva 79/409 no
señala, entre las obligaciones de los países miembros, la de otorgar al
espacio figura de protección alguna, ya que supone que la declaración de
ZEPA, o sea, Zona de Especial Protección de Aves, debe bastar para
cumplir el objetivo de conservación de las aves que ha propiciado tal
declaración.
En la presente legislatura yo misma he presentado también preguntas por
escrito para saber si el Gobierno tenía intención de modificar sus
criterios y, consecuentemente, dotar a todos los espacios declarados ZEPA
de planes de protección y de ordenación.
Señorías, en este tema no quiero ser en absoluto sensiblera, ni demagoga,
pero quiero decir lo siguiente: Las aves silvestres, las aves migratorias
no son patrimonio del Estado español, ni de ningún Estado; son un
patrimonio de la humanidad. Son aves que van y vienen, dependiendo de las
estaciones, y, según esta Directiva, los Estados miembros tenemos la
obligación de preservar unos hábitat que sean adecuados para la
preservación de todas estas especies.
Quiero recordarles que en países del norte, en Suecia y en Finlandia, la
llegada de las aves migratorias constituye una fiesta nacional. Los niños
salen a recibir a las aves que vuelven otra vez a su territorio. Yo
quisiera confrontar esa situación con la que van a encontrar ahora los
ánsares que vienen de las zonas del norte al Parque de Doñana. Se van a
encontrar con todas las marismas, que han de ser su alojamiento, secas,
porque los acuíferos de Doñana se han explotado de una manera tan
increíble, que ahora se prevé por parte de miembros del Patronato de
Doñana que habrá miles de aves que no encontrarán cobijo ni hábitat
húmedos suficientes como para poder estacionarse en nuestro territorio.
Nosotros, desde hace tiempo, venimos diciendo que no es suficiente
designar un territorio Zona de Especial Protección para las Aves, sino
que, además, se deben establecer las normas adecuadas de protección para
que esos territorios sean mantenidos en condiciones. Viene a avalar la
posición de nuestro Grupo la sentencia del Tribunal de Luxemburgo, por la
cual se condena al Reino de España por haber incumplido la Directiva
79/409, al no haber adoptado las medidas adecuadas para evitar la
contaminación o el deterioro de los hábitat de la zona de Santoña. Según
esa sentencia, el Gobierno español va a perder algunos miles de millones
de pesetas en concepto de multa y en concepto de costas por este
procedimiento, al cual se sometió al Reino de España por incumplimiento
de la Directiva.
Pero es más, en los fundamentos de la sentencia se dice clarísimamente,
en los artículos 3 y 4, que la Directiva obliga a los Estados miembros a
preservar, mantener y restablecer los hábitat de las especies protegidas
debido a su valor ecológico. Estas obligaciones existen incluso desde
antes de que se haya comprobado una disminución del número de aves o que
se haya concretado un riesgo de extinción de una especie. La obligación
existe antes de que se hayan podido constatar esas dos cuestiones.
Los Estados miembros, dice la Directiva también, no podrán invocar a su
albedrío razones, como pueden ser las económicas o recreativas, por
encima de las exigencias ecológicas que permitan el mantenimiento de los
hábitat. La obligación de los Estados miembros --continúa diciendo la
sentencia-- existe aunque no se haya creado previamente una zona de
protección especial. Y el artículo 4 de la Directiva impone a los Estados
miembros obligaciones específicas en relación a las aves que se enumeran
en el anexo uno y a las especies migratorias que no estén contempladas en
este anexo.
No satisface tampoco las exigencias de la Directiva la mera protección
nominal de un espacio cuando se excluyen partes del mismo, como está
pasando en algunas zonas del territorio español, que se han determinado
como zonas protegidas, pero se excluyen partes o no se adoptan las
medidas de ordenación ni se regula la autorización.
Por otra parte, señorías, la Comisión Europea, al margen de la sentencia,
en el décimo informe anual al Parlamento Europeo sobre el control de la
aplicación del Derecho comunitario, constata la falta de medios eficaces
para la protección de los hábitat. Además, las decisiones del Gobierno
central para designar las zonas de protección especial no constituyen
actos jurídicos vinculantes ni se ponen en conocimiento de la opinión
pública.
En base a estas consideraciones, presentamos la proposición no de ley con
la siguiente redacción: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a
cumplir las obligaciones derivadas de la Directiva 79/409. Y en el punto
1 se especifica que se debe declarar como zonas de especial protección
para las aves, mediante actos jurídicamente vinculantes, a todos los
espacios que la Sociedad Española de Ornitología y el Consejo
Internacional para la Conservación de las Aves, por encargo de la misma
Comisión Europea, han declarado y han incluido en su inventario como
zonas de especial atención. Además, también se deberían incluir aquellas
que, según la UNESCO, se designan como reserva de la biosfera.
El punto número 2 de la proposición no de ley va encaminado a que se dote
a los espacios en que estén presentes aves de las especies enumeradas en
el anexo número I de la Directiva 79/409, aunque no hayan sido
clasificados como zona de especial protección. A esas zonas hay que
dotarlas de instrumentos de gestión y de ordenación orientados a un uso
sostenible de los recursos naturales, compatible con la conservación de
las referidas especies.
Soy consciente, señorías, de que el hecho de incluir en la redacción de
esta proposición no de ley el término «ordenación» servirá de pretexto,
quizá, para que algún grupo parlamentario diga que la Directiva no obliga
a planes de ordenación a los espacios protegidos que no sean parques
nacionales.
Quiero pedir a SS. SS. que entiendan esta proposición no de ley en un
sentido amplio cuando se refiere a ordenación, porque lo que estamos
solicitando es que no se dejen las ZEPA a su libre mantenimiento; han de
tener unas medidas clarísimas de protección y, además, ha de haber un
estudio para que las explotaciones que haya a su alrededor sean
absolutamente compatibles y no nos encontremos con lo que ocurre en el
momento actual, que en las marismas de Doñana, por unas urbanizaciones
que se han hecho a su alrededor, se han explotado sobremanera sus
acuíferos y en este momento están completamente secos.
En ese sentido, pido que se contemple esta proposición no de ley.
Primero, que declaremos ZEPA todas aquellas zonas que la Sociedad
Española de Ornitología y otras organizaciones internacionales han
declarado para aves, de los anexos que contempla la Directiva. Segundo,
que no se deje a las ZEPA en una situación de desprotección sino que haya
una ordenación adecuada y medida de ese territorio.
El señor VICEPRESIDENTE (Vidal y Sardo): Para turno de fijación de
posiciones, por parte del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la
palabra el señor Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Voy a fijar la posición del Grupo
Vasco sobre la proposición no de ley del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, empezando por decir que nos encontramos nuevamente con el
problema de la transposición al Derecho interno del Derecho comunitario,
no del Derecho directamente vinculante, como sería un reglamento. La
Directiva tiene un mandato de carácter general que, en determinados casos
y en base a su nivel de concreción, ha sido admitido por el Tribunal de
Justicia de Luxemburgo que puede tener aplicación directa en cada uno de
los Estados.
Coincido con los planteamientos que ha expuesto la señora Rivadulla, pero
hay una cuestión previa a la que no se ha referido y que es fundamental
en todo este debate, que es el sistema de distribución competencial. El
establecimiento de un mandato de carácter genérico, como puede ser éste,
mediante la Directiva 79/409, vincula a un Estado, pero en el Estado la
transposición, ejecución y puesta en marcha de las medidas de carácter
general que en la Directiva se prevén corresponden a quien es competente
por razón de la materia.
Estamos hablando de una materia que es la conservación de la naturaleza,
la conservación de aves silvestres. Por lo tanto, nos encontramos ante
una cuestión que corresponde a las comunidades autónomas.
Yo creo que ése es un planteamiento que tenemos que tener muy claro «ab
initio», puesto que, si no, estamos distorsionando el debate; estamos de
acuerdo en la exposición general pero toda la competencia en materia de
conservación de la naturaleza, con los parámetros más o menos aceptados,
puesto que todavía no hay un pronunciamiento definitivo del Tribunal
Constitucional sobre la base de la ley 4/1989, de espacios naturales. Por
lo tanto, en todo lo que no exceda en este momento del ámbito territorial
de una comunidad autónoma las medidas de ejecución corresponden a las
comunidades autónomas.
Este es el parámetro general con el que nos encontramos. En primer lugar,
el sistema de distribución de competencias en materia de conservación de
la naturaleza o medio ambiente, materia más general, está la legislación
básica. En todo caso, corresponderá al Estado, y el desarrollo y la
ejecución a las comunidades autonomas.
Aquí ¿ante qué nos encontamos? Ante una medida de mera ejecución. Dice la
proposición no de ley: actos
jurídicamente vinculantes, una resolución administrativa, es decir, la
aprobación de un instrumento normativo, en concreto, y corresponde
realizarlo a quien es titular de la competencia. En el caso del Estado
español la competencia de ejecución corresponde a las comunidades
autónomas. Ese es el parámetro con el que debemos actuar.
A la proposición no de ley habría que añadir: El Congreso de los
Diputados insta al Gobierno --y yo formulo una enmienda «in voce»--, de
conformidad con el sistema de distribución competencial; es importante,
porque podemos estar instando al Gobierno a adoptar actos jurídicamente
vinculantes para los cuales es incompetente porque no tiene competencia,
de conformidad con el bloque de constitucionalidad.
Tenemos que ser rigurosos en esta cuestión pues podemos estar aprobando
cosas que no tienen eficacia jurídica ni política.
Si se acepta esta enmienda «in voce» de nuestro Grupo parlamentario, no
tendría obstáculo en aprobar la proposición no de ley, pero cada uno
tiene que actuar de conformidad con las competencias que tiene
atribuidas.
Vemos en el punto segundo que se hace referencia a medidas de mera
ejecución, como son los instrumentos de gestión o de ordenación del
territorio, dirigidos, en definitiva, a la protección de la naturaleza.
Como bien dice la Ley de espacios naturales, corresponden a las
comunidades autónomas salvo --y establece un nuevo criterio delimitador
de competencias-- que excedan del territorio de una comunidad autónoma.
Este criterio delimitador de competencias en este momento está «sub
iudice» ante el Tribunal Constitucional, pendiente de sentencia y no se
sabe cómo va a quedar esta cuestión.
Finalizo, señor Presidente, admitiendo, y así lo ha reconocido el
Tribunal Constitucional, que el Gobierno central tiene potestad para
transponer el Derecho comunitario, pero, al ser la competencia --en este
caso nos estamos refiriendo a la materia de conservación de la
naturaleza-- de las comunidades autónomas, esa transposición de la
Directiva que fuera, en este caso la de hábitat, sería con carácter
supletorio a las comunidades autónomas. Por una sencilla razón y es que
el Tribunal Constitucional dice que la responsabilidad del Estado, en
definitiva, va a corresponder a un organismo del Estado y queda
centralizado en el Gobierno central. Pero esa responsabilidad no quiere
decir que la normativa de desarrollo de transposición tenga que ser
necesariamente aprobada por el Gobierno central. Puede serlo o no y si lo
es, lo es con carácter supletorio en aquellas materias en que se comparta
la competencia, como en este caso.
Termino, señor Presidente, reiterando esta enmienda «in voce» con la que
nuestro Grupo aceptaría esa declaración genérica, pero con ese marco bien
claramente establecido, que sea de conformidad con el sistema de
distribución de competencias en la materia.
El señor VICEPRESIDENTE (Vidal i Sardó): Por el Grupo parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Baltá.
El señor BALTA I LLOPART: Mi Grupo parlamentario coincide con los
planteamientos globales de la proposición no de ley presentada por el
Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y la necesidad de ir
aplicando, como ya se está haciendo en otros ámbitos de nuestra
legislación, las directivas europeas que vayan surgiendo. Cree que hay
que avanzar en este camino y considera que el Gobierno tiene que empezar
a plantearse la misma cuestión que esta misma proposición no de ley nos
está presentando.
He de decir, sin embargo, que el portavoz del Grupo parlamentario Vasco
(PNV) basa su argumentación en los mismos criterios que nuestro Grupo
parlamentario. Es decir, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, a
través de su portavoz, la señora Rivadulla, nos viene demostrando una
sensibilidad extraordinaria en los temas ecológicos, cosa que
agradecemos, porque los plantea desde la crítica a la gestión y en el
campo de la ecología nunca será suficiente lo que hagamos debido a las
barbaridades que se han venido cometiendo en el pasado.
Nosotros somos defensores del Estado de las autonomías y, como decía el
portavoz del Partido Nacionalista Vasco, las proposiciones de ley o las
leyes que se nos propongan deberían tener esta sensibilidad, sensibilidad
que tiene la portavoz que nos ha expuesto esta proposición no de ley,
sobre todo porque, afectando a un campo tan peculiar y tan concreto como
es el de la ecología, las actuaciones deben hacerse muy cerca de donde
los hechos se producen. Pocas cosas necesitan tanta proximidad como la
creación de zonas de protección especial a nivel ecológico.
Es conveniente que en estas zonas intervenga la administración del lugar
donde se produce. No es posible que un tema de esta importancia no exista
ni se contemple en la proposición no de ley que S. S. nos plantea,
defendida magníficamente por la señora Rivadulla.
Nuestro Grupo no puede darle el apoyo desde esta perspectiva concreta. El
contexto legal ha sido magníficamente planteado por el portavoz del
Partido Nacionalista Vasco.
El señor VICEPRESIDENTE (Vidal i Sardó): Por parte del Grupo
parlamentario Popular tiene la palabra el señor Gortázar.
El señor GORTAZAR ECHEVERRIA: Señorías, quiero señalar nuestro acuerdo en
las motivaciones y los razonamientos expuestos por la señora Rivadulla.
Hay una coincidencia de fondo en sus planteamientos y preocupación sobre
la situación de las aves en nuestro país, situaciones particulamente
dramáticas, como ella misma ha puesto de manifiesto.
En el texto que nos ofrece destacamos algunos elementos. En primer lugar,
la condena por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Es
una llamada de atención de algo a lo que nos tiene acostumbrados el
Gobierno de la nación, que es aceptar compromisos comunitarios de una
manera sistemática e incumplirlos inmediatamente. El nivel de
incumplimiento del Gobierno Socialista en relación al medio ambiente es
mastodóntico y, si bien ha habido hasta este momento una condena
específica para el caso
concreto de las marismas de Santoña, es de prever la posibilidad de
serios incumplimientos en materias marítimas, como pueden ser residuos
industriales, residuos tóxicos y peligrosos, tratamiento de aguas
residuales, etcétera, ámbitos en los que hemos firmado importantes
compromisos de cumplimiento y que hasta el momento no se llevan a efecto.
De tal manera que estamos de nuevo ante la situación de aceptar, por un
lado, el acervo comunitario y asumir compromisos y, por otro lado, no
llevar a cabo su cumplimiento y recibir condenas por parte del Tribunal
de Justicia de las Comunidades.
El punto de partida de esta proposición no de ley es la condena por parte
de dicho Tribunal a un acto concreto, como son las marismas de Santoña.
Deducir de ese planteamiento todo un catálogo entero de zona de
protección, creemos que es exagerado. Por un lado hay un incumplimiento
de los compromisos comunitarios pero, por otro, hay unas consecuencias
exageradas --a nuestro juicio--, derivadas de un acto concreto, como es
la condena por el incumplimiento en un lugar concreto. Creemos que éste
no es el momento y el lugar para hacer una relación detallada de zonas de
protección de aves en la nación española.
Por ello, estando de acuerdo con el fondo de la cuestión, nuestra
posición es de abstención porque creemos que expresa nuestra posición de
estar, por un lado, de acuerdo pero, por otro, considerar que son
exageradas las consecuencias que se quieren derivar de una condena del
Tribunal de Justicia.
Por lo demás, tengo que señalar a la señora Rivadulla una cierta
contradicción en su exposición, que insisto en que ha sido muy clara y
coincidimos básicamente con ella. Señala que, al estar las zonas de
protección limitadas a los parques nacionales, se crean situaciones de
desprotección de otras zonas que no tienen figuras de protección, pero
acto seguido pone como ejemplo una zona que sí es un parque nacional, que
es Doñana. En consecuencia, no parece que sea esencial la figura de
protección de un área para estar o no atendida a los efectos de la
conservación y cuidado de esas especies. Es decir, no es tanto que sea
parque nacional o parque natural como el hecho del cuidado que se tenga
de determinadas áreas o zonas en el conjunto de la geografía española.
De forma que, admitiendo sus argumentos y advirtiendo una pequeña
contradicción en su exposición, he de decir que nuestra posición va a ser
de abstención.
El señor VICEPRESIDENTE (Vidal i Sardó): Por el Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra el señor Pau.
El señor PAU Y PERNAU: De entrada, debo confesarles que tengo una cierta
dificultad para exponer la posición de mi Grupo respecto a esta
proposición no de ley, ya que el portavoz habitual de mi Grupo en estos
temas, el señor Antich, Diputado por Tarragona, que tenía presentada su
intervención, por otras obligaciones parlamentarias no puede participar
hoy en la Comisión y me ha cedido el honor de representarle en este
trámite parlamentario.
Quisiera indicarle, señora Rivadulla, que, efectivamente, como decía el
señor Gortázar, y no siento en absoluto coincidir con él en este tema, S.
S. saca una conclusión exagerada de una sentencia del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea. Es una sentencia en relación con unos
hechos ocurridos en un lugar determinado y yo entiendo y entiende mi
Grupo que no puede ser base para concluir, como se da a entender, que
España incumple globalmente toda esa Directiva. A partir de ahí, creo que
S. S. saca alguna conclusión exagerada y presentan su proposición no de
ley que propone tres tipos de medidas respecto a las cuales me gustaría
explicar brevemente cuál es nuestra posición.
En primer lugar, designar ZEPA todas las áreas importantes para las aves.
La Directiva de aves tiene, por uno de sus principios, la necesidad de
proteger los hábitat para proteger las especies; sin embargo, el texto de
la Directiva no especifica en ningún momento el modo de seleccionar esos
territorios ni cómo establecer cuál es el número y superficie adecuados
para la conservación de las diferentes especies. No es necesario repasar
demasiado la historia para conocer que España, en los últimos años, ha
ido incorporando nuevos espacios a estas zonas: 44, en el año 1987; 70,
en 1989; 21, en 1991, y siete en el año 1993. Actualmente la red consta
de 142 espacios, que suman 2.400.000 hectáreas, casi un 5 por ciento de
la superficie nacional, conformando lo que consideramos que es una de las
redes estatales más coherentes.
En segundo lugar, su proposición plantea dar a las designaciones un
carácter jurídico vinculante y ponerlas en conocimiento de la opinión
pública. La designación de una zona como ZEPA ya le otorga un régimen
jurídico, el que le viene dado por la propia Directiva de aves, y esta
Directiva queda cumplida desde el momento en que estas designaciones se
llevan a cabo; es decir, que ni la falta de otras figuras de protección
en las ZEPA ni la falta de publicidad de las designaciones son causa para
el incumplimiento de esta Directiva. Otra cosa es que sea deseable que
cuente con otras figuras de protección y que la publicidad de estas
designaciones sea lo más formal posible. Actualmente, 117, el 82 por
ciento de la ZEPA, poseen alguna otra figura de protección, que puede
agruparse en alguno de los apartados que, para ahorrarles tiempo, no paso
a relatarles.
A pesar de todo lo dicho, nuestro Grupo considera que la publicación en
el «BOE» solucionaría buena parte de los poblemas que causa el
desconocimiento público de las zonas designadas y de sus límites, sobre
todo en cuanto a actuaciones que se llevan a cabo en ellas, y esto es
suficiente para que dicha publicación sea conveniente, aunque no
obligatoria.
Quizá el aparato más importante sea dotar a los espacios con presencia de
especies del Anejo 1, ZEPA o no, de instrumentos de gestión y de
ordenación. Este es el tema más complicado, señorías. La naturaleza en
España es todavía de una gran riqueza y esto es causa de que una gran
parte de las especies que figuran en la Directiva no sólo tenga presencia
en nuestro país, sino que mantenga aquí sus mejores y más abundantes
poblaciones. El hecho de delimitar todos los espacios que tengan alguna
de las
especies del Anejo 1 de la Directiva de aves es algo que aún está lejos
de poder conseguirse, con lo que ya no se trata de que el enunciado de
este apartado sea correcto o no, sino que es impensable a corto y a medio
plazo.
Voy a poner un ejemplo conocido por todos, la cigüeña blanca, que no
falta en casi ningún pueblo de Castilla y León o de Extremadura y que
está presente en buena parte de Madrid o de Andalucía y en numerosos
lugares de Cantabria, La Rioja o Cataluña, con 14.000 parejas censadas,
que es localmente colonial pero que, en general, se encuentra dispersa en
nidos aislados o en pequeña cantidad, por lo que no sería una exageración
pensar que pueda estar en cerca de 10.000 lugares diferentes de nuestra
geografía. Así ocurre también con otras muchas especies. Eso es lo que
nos obliga a trabajar con índices y porcentajes de población cubiertos,
método que, con lo explicado, da una idea de su complejidad. Esperamos y
deseamos que esa imposibilidad de abarcar todas las áreas con presencia
de estas especies se mantenga para siempre, demostrando la gran riqueza
de hábitat y de población de aves que nuestro territorio posee y
conserva.
En ese sentido, señora Rivadulla, reconociendo que, efectivamente, su
proposición no de ley intenta solucionar un aspecto muy importante, como
es el de la conservación de las aves, nuestro Grupo, atendiendo a las
dificultades prácticas que existen para poder materializarla y también a
las razones competenciales que apuntaba el portavoz del Grupo
Parlamentario Vasco y del Grupo Parlamentario Catalán, no puede aprobar
en estos momentos su proposición. Lo que sí quería decirle es que en
estos temas sería conveniente e importante conseguir el máximo consenso
por parte de todos los grupos, como el que intentamos conseguir en una
proposición similar respecto a la modificación de la ley relativa a la
utilización de determinadas artes de caza tradicionales. En ese sentido,
sí que propondría, tanto a la señora Rivadulla como a los demás grupos,
que en estos temas, que son muy sensibles, sobre los cuales todos los
grupos parlamentarios tenemos la voluntad de que se cumplan esas
directivas, tengan en cuenta también el desarrollo que necesita nuestro
país, desarrollo sostenible en cierta manera, ya que medidas exageradas
de protección pueden producir, como algún compañero me apuntaba, algunas
dificultades de desarrollo para algunas zonas concretas.
Por ello, ofrecemos la colaboración de nuestro Grupo y la posibilidad de
buscar el máximo acuerdo en este sentido, pero yo creo que en estos
momentos, con la proposición no de ley que nos presenta el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, no es posible. (La señora Rivadulla
Gracia pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Vidal i Sardo): Señora Rivadulla, usted sabe
que, reglamentariamente, no es posible un turno de réplica en el debate
de las proposiciones no de ley. No obstante, como no voy a ser más
estricto que el propio Presidente, tiene un breve turno de un par de
minutos para hacer uso de la palabra.
La señora RIVADULLA GRACIA: Solicito este turno para discrepar en
relación con las argumentaciones del portavoz del Grupo Popular y del
portavoz del Grupo Socialista.
No es que haya una sentencia y que en base a ella queramos hacer
extensivo, es que esta sentencia se ha producido porque ha habido un
incumplimiento que se produjo en Santoña y que se produce en otros
sitios. La Directiva, en sus artículos 3 y 4, dice exactamente que hay
que delimitar los hábitat que han de ser objeto de especial protección, y
basándose en ello argumenta continuamente que el Gobierno español ha
omitido tomar medidas de mantenimiento conformes a los imperativos
ecológicos con respecto a las marismas de Santoña. Pero es que es más. El
Gobierno español había argumentado que se debía dar un plazo y la Corte
estima que no podía haber más plazos que los cinco años que tuvo España
desde la adhesión. El Gobierno dice que esas obligaciones deben adoptarse
de forma progresiva y no inmediata y que han de tener en cuenta intereses
económicos, y todo eso punto por punto, la sentencia del Tribunal de
Luxemburgo se lo va cargando.
Si vamos a los artículos 3 y 4 de la directiva, está clarísimo, señoría,
que no es una obligación genérica o que no quede muy clara; es que lo
dice clarísimo: los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para
preservar, mantener o restablecer la diversidad y superficie suficiente
de hábitat. Para ello, ¿qué harán? Primer punto: creación de zonas de
protección. A continuación, el artículo 4 va expresando todas las medidas
así como las aves y especies que tendrán que ser objeto de protección,
que son las del anexo 1 y aquellas que no están en el anexo 1 pero que
sean migratorias. Todo eso está contemplado clarísimamente en la
Directiva y, como el Gobierno español no lo cumplió, hemos tenido la
sentencia del Tribunal de Luxemburgo a que me refiero. ¿Que pueden venir
otras si continuamos en el mismo camino? Pueden venir si no se toman las
medidas adecuadas.
En nuestro Grupo somos conscientes de que, para adaptar esas directivas
se requiere tiempo y se requiere sobre todo ponerse a pensar sobre las
zonas que se deben proteger especialmente y qué recursos se deben
destinar para su protección. Lo que no se puede hacer es ir con
argumentos dilatorios, porque ya he dicho lo que va a pasar en Doñana,
Parque Nacional, donde ahora, señorías, en estos próximos días morirán
miles de aves porque se van a encontrar con los acuíferos secos, y es una
responsabilidad del Gobierno español.
La Directiva se refiere, señorías, a los Estados miembros. Yo no creo que
haya Diputados que tengan una vocación más autonomista que la del Grupo
al que pertenezco, que es Iniciativa per Catalunya, pero la normativa se
refiere a obligaciones de los Estados miembros. Cada Estado miembro,
después, deberá ordenarlo en base a sus competencias, que pueden estar
distribuidas en estados federales o en comunidades autónomas, pero la
responsabilidad es del Estado miembro. En ese sentido, no tengo
inconveniente en aceptar la enmienda in voce del representante del
Partido Nacionalista Vasco, precisamente para intentar conciliar estas
dos cuestiones: por una parte, la obligación del Gobierno español de
trasponer la Directiva en una ley
que sea ley básica, que ya es, la Ley 4/1989, y por otra parte, el ámbito
competencial de las comunidades autónomas en lo que se refiere a gestión,
pero entendamos que la responsabilidad del incumplimiento de las
directivas corresponde al Estado miembro de la Unión Europea, que es el
Gobierno español.
El señor VICEPRESIDENTE (Vidal i Sardó): Parece que las posiciones han
quedado suficientemente claras.
Tiene la palabra el señor Pau.
El señor PAU I PERNAU: Señor Presidente, solamente indicarle a la señora
Rivadulla que en el apartado 2 de su proposición dice: «Dotar a todos los
espacios en que estén presentes especies de aves enumeradas en el anexo
I... aunque no hayan sido... de instrumentos de gestión y ordenación...».
En estos momentos, señora Rivadulla, esto es materialmente imposible. Se
lo he indicado porque por suerte en nuestro país existen hábitats de este
tipo de aves en gran cantidad, y eso no es posible. Quizá en otros países
de la propia Unión Europea, por el hecho de que tienen la suerte, o la
desgracia en este caso, de tener estas aves solamente en determinadas
épocas, en muchos menos hábitats, tienen la posibilidad de declarar estas
zonas con una especial protección. En España es materialmente imposible,
que es lo que yo quería indicarle con esta toma de posición. No estamos
en contra del fondo, como no podríamos estar en contra del fondo de su
proposición, pero lógicamente desde el Congreso de los Diputados y desde
cualquier grupo parlamentario con responsabilidad de Gobierno se debe
tener en cuenta la posibilidad de aplicar aquellas normas que aprueba, y,
de aprobar esta norma, no tendríamos ninguna posibilidad material de
aplicarla, ni en el momento presente ni a medio plazo. En este sentido,
le rogaría que entendiera la posición del Grupo Socialista, que no es un
ataque al fondo de la posición del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida, sino la imposibilidad material de aplicarlo literalmente tal como
lo propone el Grupo de Izquierda Unida.
El señor VICEPRESIDENTE (Vidal i Sardó): Gracias, señor Pau.
Para proceder a la votación, le ruego que recupere la Presidencia. (El
señor Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. (El señor Gatzagaetxebarría Bastida
pide la palabra.)
Señor Gatzagaetxebarría, supongo que quiere intervenir para una cuestión
de orden, sobre la incorporación de la enmienda in voce que ha
presentado. Ya la señora Rivadulla ha dicho que la aceptaba y queda
incorporada.
Pasamos, a continuación, a la votación de la proposición no de ley del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres;
en contra, 17; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada esta proposición no de ley.
--RELATIVA A LAS MEDIDAS A TOMAR EN FAVOR DE LOS AGRICULTORES PRODUCTORES
Y DE LA INDUSTRIA TRANSFORMADORA DE CAÑA DE AZUCAR. PRESENTADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente 161/000275.)
El señor PRESIDENTE: A continuación, pasamos a debatir la proposición no
de ley del Grupo Parlamentario Popular, relativa a medidas a tomar en
favor de los agricultores productores y de la industria transformadora de
caña de azúcar.
Para defenderla, el señor Díaz Berbel tiene la palabra.
El señor DIAZ BERBEL: Podríamos decir al principio de esta intervención
que se trata de la historia de un olvido. Al no haberse tenido en cuenta,
cuando se firmó el Tratado de adhesión a la Comunidad Económica Europea
por parte de España, el cultivo de la caña de azúcar, vienen las
consecuencias después, y nunca es tarde si podemos poner remedio a aquel
lamentable hecho del olvido que decía antes.
Los españoles somos los únicos, dentro de la Unión Económica, que
producimos caña de azúcar y, por tanto, azúcar de caña, valga la
redundancia en sentido inverso. En estos momentos se dedican al cultivo
1.600 hectáreas, que están situadas fundamentalmente en las comarcas de
Motril, Salobreña, Torre del Mar y Málaga. Hay que señalar que este
cultivo es imprescindible, no sólo porque se encuentra ubicado en tierras
con nivel freático muy superficial, sino porque también sirve para
mejorar la calidad de los suelos, ya que debido a las altas temperaturas
que se llegan a alcanzar en esta región se mineralizan los mismos. Se
acumulan infecciones, como hongos, nematodos o gusanos del alambre. Y no
existe otro cultivo alternativo en este tipo de tierras. Sirve, además
--antes hemos tratado el tema de las aves-- como cobijo para los
movimientos migratorios de aves hacia el norte y hacia el sur.
Aparte de esto, este cultivo, cuyas referencias al mismo se encuentran
por el año 961 de nuestra era, en el siglo X, tiene una larguísima
historia en nuestro país, y si no ponemos remedio, podemos asistir al
final de un hecho como éste. Independientemente de estas razones de tipo
histórico, podemos decir que da trabajo a unas mil doscientas familias,
que dependen de una manera directa de este cultivo como principal fuente
de ingresos. Por tanto, en una región como la nuestra --y estoy hablando
como Diputado por Granada--, donde tenemos los récords de desempleo,
estas familias pasarían a engrosar las listas del paro. El número de
jornales que emplea este cultivo es de 320.000 al año y se elevan a unos
130.000 jornales anuales los empleados en el sector industrial de mano de
obra fija y eventual que genera.
La producción de azúcar en la última campaña 1993-94 ha alcanzado 100.000
toneladas y son obtenidas en la
única industria existente --el año pasado ya cerró Azucarera Hispania de
Málaga, la única que quedaba-- y ahora nos queda solamente la de Granada.
Esta se encuentra ahora mismo en los márgenes de la rentabilidad en
cuanto a poder subsistir, porque necesita producción de la caña. Si
continúa esta tendencia (para el próximo año esta reducción puede estar
entre un 15 y un 20 por ciento), esta última industria tendrá que cerrar.
Hay que señalar que desde el año 1990 desaparece la subvención al cultivo
que durante cinco años concedió el Forppa, al objeto de salvaguardarlo de
la competencia originada por la libre importación de melazas procedentes
de otros países, lo mismo que de los asociados. Por ello, hemos
presentado esta proposición no de ley.
Pero quiero añadir más. Es importante la producción de caña de azúcar en
nuestro país, puesto que, entre otras aplicaciones, sirve para la
producción de ácido láctico, vital para la industria farmacéutica. Entre
50.000 y 60.000 toneladas se consumen, la mayoría de ellas, podríamos
decir en un 90 por ciento, en Cataluña y su industria farmacéutica. Que
todos los grupos apoyaran esta proposición no de ley podría ser una
contribución a la solución del problema y una compensación --decía
antes-- a esa sensación que hay de poca solidaridad entre las regiones.
Puedo añadir a SS. SS. que se trata de un cultivo vital para aquella
zona, pues esas tierras no van a poder dedicarse a otros cultivos, van a
ser tierras que probablemente van a caer de plano en la especulación,
puesto que la caña de azúcar se cultiva en las mismas costas. Por tanto,
les pediría que apoyaran esta proposición no de ley, en el sentido que
señala su exposición de motivos.
Se trata de negociar ante los organismos comunitarios que la producción
de caña de azúcar española, como la de los productos derivados de la
misma, el azúcar blanquilla, morena, melazas, ron, miel, etcétera, no
reciban peor tratamiento en el seno de la Unión Europea que el otorgado a
los procedentes de las antiguas colonias francesas, porque ellos
introducen en la Unión Europea 1.300.000 toneladas anuales, mientras que
nosotros, después de haberse dado cuenta el Gobierno del error cometido
con aquel olvido, logramos una cuota de 15.000 toneladas exclusivamente.
Por ello se hace necesario conceder una subvención anual de 2.000 pesetas
por tonelada a la caña de azúcar, a través de los presupuestos del
Forppa, durante los próximos cinco años, para permitir una superviviencia
del sector. Esto ya lo hace Francia, lo que quiere decir que ya hay
precedentes. También se deben establecer las líneas necesarias de
investigación para lograr una mejor técnica del cultivo. No quiero
extenderme más, porque la parte dispositiva está ampliamente recogida en
el texto del que SS. SS. disponen.
Este era el sentido de mi intervención, señor Presidente, además de
agradecer todos los apoyos que se den para salvar este cultivo, porque si
no seremos testigos de su desaparición total.
El señor PRESIDENTE: El Grupo Socialista ha planteado a la Mesa la
posibilidad de intervenir en este momento para ofrecer una enmienda
transaccional a la proposición. En este sentido, si les parece, daré la
palabra al señor Rodríguez y, con posterioridad, los demás grupos podrán
fijar su posición respecto al tema.
El señor Rodríguez tiene la palabra.
El señor RODRIGUEZ RODRIGUEZ (D. Juan Miguel): Señor Presidente,
compartimos con el Grupo proponente la preocupación por un colectivo muy
específico de nuestra agricultura que viene atravesando en los últimos
años una situación ciertamente difícil como consecuencia de la incidencia
en él de diversos factores.
Tal como se expresa en los fundamentos de la iniciativa que debatimos, un
informe muy reciente sobre el particular refleja que en toda la Comunidad
Europea la producción de caña de azúcar queda limitada en la actualidad
al sur de la España peninsular, en las provincias de Málaga y Granada.
Dentro de éstas, se concentra en tres subzonas o comarcas del litoral
mediterráneo, en las que abarca una superficie total algo inferior a las
1.700 hectáreas. Estas subzonas son: Málaga-Churriana, con 900 hectáreas;
Vélez Málaga-Torre del Mar, con 196 hectáreas, y Motril-Salobreña, con
600 hectáreas. El censo actual dedicado a esta actividad es de algo menos
de 1.200 agricultores y presenta una distribución igualmente heterogénea
entre las subzonas indicadas: 214, 147 y 800 agricultores
respectivamente, lo que nos da una relación hectárea-agricultor de 4,21,
1,25 y 0,75 respectivamente.
Estos primeros datos reflejan, pues, que el sector tiene un peso muy
reducido en nuestra agricultura y que su estructura explica por sí misma
las dificultades por las que atraviesa. Conviene, no obstante, reseñar
que la situación actual no es fruto de una transformación repentina, sino
el resultado de un dilatado período de evolución que se inicia mucho
antes de nuestra entrada en la Comunidad Europea, especialmente a partir
de los años 60. En efecto, el impulso definitivo que la modernización de
la agricultura europea experimenta a partir de esa fecha, provoca la
regresión paulatina en la competitividad de sectores como el que nos
ocupa, poco permeables o con escasas posibilidades de innovación
tecnológica y, en consecuencia, muy indefenso ante la elevación de los
costes de producción, especialmente la de aquellos derivados de la mano
de obra que en este caso llegan a incidir hasta en un 40 por ciento.
Las técnicas rudimentarias empleadas en este tipo de explotaciones se han
visto tradicionalmente agravadas por otros factores que han dificultado
aún más la pervivencia de una actividad agrícola de escasa rentabilidad y
que desde hace décadas se encuentra en un proceso de franca reconversión.
La ubicación del cultivo en terreno que por sus características
edafológicas ofrece pocas posibilidades para otros usos agrícolas, aunque
ello no ha impedido la implantación en muchos casos de invernaderos; la
producción hortofrutícola, de flor de corte, etcétera; la disponibilidad
muy limitada de agua de calidad en las zonas donde los cultivos se
localizan, lo que encarece sensiblemente el riego; la presión ejercida
sobre las explotaciones por la expansión urbanística de los grandes
núcleos urbanos que con carácter general se encuentran en sus
inmediaciones, todos ellos y no un solo factor explican que la superficie
cultivada por los productores de caña de azúcar haya pasado
paulatinamente de 5.400 hectáreas en el quinquenio 1965-1969, a las 1.700
hectáreas actuales.
En suma, las dificultades económicas del sector son evidentes, pero no lo
es menos el hecho de que las subvenciones a la producción, como las
75.000 pesetas por hectárea concedidas por la Junta de Andalucía en el
período 1991-1993, o las actuales ayudas de la Unión Europea a través del
Feoga, han contribuido a resolver las deficiencias estructurales que
ponen en peligro la supervivencia del sector. Por otra parte, en una
economía moderna no es deseable basar la competitividad en el permanente
subsidio con cargo a fondos públicos. Parece que es el momento de pensar
en soluciones más eficaces que las arbitradas hasta ahora, al objeto de
resolver definitivamente los males que aún aquejan al sector.
Dicho esto, hay que añadir que la reglamentación de la Unión Europea que
regula actualmente la producción de caña de azúcar y la de azúcar
obtenido de la misma contempla, efectivamente, un conjunto de ayudas para
el producto procedente de los departamentos franceses de ultramar, de
países ACP o de terceros distintos de estos últimos, que en nuestra
opinión no supone ningún tipo de agravio para el azúcar español. Las
ayudas a la puesta en el mercado europeo del azúcar procedente de los
departamentos franceses de ultramar, como la prima al transporte y ayuda
al refinado de azúcar crudo realizado en refinerías europeas, tienen el
objetivo de situar este producto en unas condiciones de competitividad
equiparables a las del azúcar producido en el territorio europeo,
paliando unos costes extras que no tiene el azúcar de caña español. La
exención de la cotización al almacenamiento por parte de los azúcares
procedentes de países ACP está compensada con la no percepción de los
reembolsos correspondientes a los gastos de almacenamiento. Igualmente,
el azúcar de caña importado de países terceros distintos a los ACP está
sometido en el momento de la importación a una exacción reguladora que
impide que pueda ser comercializado en el mercado comunitario en mejores
condiciones que el producido en la Unión Europea. Finalmente, las ayudas
que se conceden al sector en los territorios ultraperiféricos de Francia
y Portugal tienen el carácter de compensación a las dificultades extras
de comercialización en el mercado comunitario como consecuencia de las
condiciones de insularidad y lejanía.
Respecto al punto 2 de la proposición, debe aclararse que no es posible
para el Gobierno acceder a la subvención por tonelada métrica de caña de
azúcar que se pretende al ser incompatible con las normas comunitarias
que regulan el mercado de este producto, al margen de que la medida no
contribuiría a la modernización definitiva del sector. La próxima
revisión de la OCM del azúcar puede ofrecer la oportunidad para
replantear por parte del Gobierno español una modificación de las ayudas
comunitarias más acorde con los requerimientos actuales del sector.
Por último, las líneas de investigación en materia agrícola, y en
concreto las dirigidas a las mejoras técnicas del cultivo de la caña,
tales como las mejoras de mecanización, experimentación de nuevas
variedades, etcétera, al igual que el centro de cultivos subtropicales
ubicado en Churriana, Málaga, al que hace referencia la proposición, se
encuentran transferidos a la Junta de Andalucía, por lo que debe ser a
esta institución a quien hay que dirigir la presentación de propuestas
relacionadas con la mejora del cultivo de la caña.
En función de las competencias asumidas por la Comunidad Autónoma de
Andalucía, sería ésta también la que podría arbitrar un programa
operativo específico para la mejora de las explotaciones de caña de
azúcar, lo que permitiría poner en marcha las medidas de mejora de las
estructuras que están contempladas en programas específicos establecidos
en otros países. Nuestro Grupo reitera, no obstante, su preocupación por
las dificultades que atraviesa el sector y en función de ello planteamos
una enmienda transaccional que detallaremos a continuación y en la que
recogemos los aspectos fundamentales de la proposición que debatimos.
La enmienda transaccional dice lo siguiente: El Congreso de los Diputados
insta al Gobierno para que, en colaboración con la Junta de Andalucía y
en el plazo más breve posible, se lleve a cabo un análisis detallado de
la situación actual del sector que sirva de base para fijar la posición
del Gobierno ante la reforma de la OCM de azúcar.
2. Para que a través del Centro de cultivos subtropicales de Churriana,
de Málaga, se desarrolle con carácter de urgencia un programa de
investigación destinado a la mejora técnica del cultivo y a la
experimentación de nuevas variedades, al objeto de lograr la mejora
definitiva de la competitividad del sector. (El señor Díaz Berbel pide la
palabra.)
El señor PRESIDENTE: Si le parece, señor Díaz Berbel, le daré la palabra
después de la intervención de los demás grupos.
El señor DIEZ BERBEL: Quería saber si se trata de una enmienda de adición
o de sustitución de alguna disposición.
El señor PRESIDENTE: Parece, señor Díaz Berbel, que es de sustitución a
la suya. En todo caso, al final le plantearía la posibilidad de aceptarla
o no.
¿Grupos que quieran intervenir en el debate? (Pausa.)
Señora Rivadulla, en nombre de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra.
La señora RIVADULLA GRACIA: Muy brevemente, intervengo para señalar que
nuestro Grupo votará a favor de la proposición no de ley del Grupo
Popular, a pesar de que en su exposición de motivos hay algunas cosas en
las que discrepamos. No es enteramente cierto que no haya cultivos
alternativos --solamente en la parte de la costa sería más difícil por la
cuestión de la salinización del terreno--, pero, de hecho, vemos que hay
otros cultivos que se están dando en paralelo, como es el de aguacate y
la chirimoya, que se tendrían de alguna manera que explorar para que se
puedan extender y sean también más rentables.
Es cierto que los productores de caña de azúcar están pasando por una
real crisis --si tenemos en cuenta que la producción media neta es de
75.000 pesetas al año, nos daremos cuenta de la situación realmente de
penuria--, pero la verdad es que tampoco vemos muy claro el hecho de la
subvención continuada. Por eso pensamos nosotros en relación con la
proposición no de ley del Grupo Popular que, en realidad, la subvención
debería estar encaminada a mantener el sector durante estos cinco años,
para los cuales se reclama la subvención, para llegar al tercer punto,
que es el establecimiento de líneas de investigación, de mejora técnica
del cultivo y experimentación de nuevas variedades y potenciar el centro
de cultivos subtropicales ubicado en Churriana.
Somos conscientes de que se necesita un estudio en profundidad y serio,
porque también los cultivos intensivos de invernadero están poniendo
realmente en peligro los acuíferos, por sobreexplotación de los mismos, y
se está llegando a situaciones de salinización de acuíferos. Por tanto,
ese estudio de cultivos alternativos tendrá que ser muy minucioso para
ver que sean realmente compatibles con la explotación adecuada de esos
acuíferos.
Sin más, quiero decir que nosotros estamos dispuestos a aprobar la
proposición no de ley del Grupo Popular y también a la espera de si
acepta dicho Grupo la transaccional de sustitución del Grupo Socialista.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Díaz Berbel a los efectos
de comunicar la aceptación o no de la enmienda.
El señor DIAZ BERBEL: A esta hora de la noche yo lamento decir que no
podemos aceptar esa enmienda transaccional.
Señor Rodríguez, de su intervención se sobreentiende que están ustedes
haciendo lo que ya usted propone que se va a hacer, así de claro. Es
decir, se sobreentiende que ustedes están intentando esa gestión acerca
de la OCM del azúcar, al igual que podemos decir también que igual que
hay otros cultivos que gozan de las ayudas de la Administración --como es
el caso del tomate--, yo no sé por qué, en tanto en cuanto que se hacen
todas estas gestiones no puede acordarse una ayuda como está solicitando
el Grupo Popular para el sector de la caña de azúcar.
Le decía --y no lo voy a repetir-- que es muy difícil dedicar esas
tierras, por el bajo nivel freático que tienen y por sus condiciones a
otros cultivos alternativos, incluido el de invernadero, pero lo más
importante, en opinión de mi Grupo, es que en el momento en que
desapareciera nuestra producción de caña de azúcar, el precio que tendría
que pagar la industria farmacéutica, entre otras cuestiones y otras
aplicaciones, por ese 10 por ciento aproximadamente que es absolutamente
necesario para esa industria para obtener el ácido láctico, se dispararía
en cuanto a que nosotros ya no podríamos decirles a nuestros ofertantes
extranjeros que disponemos de una producción propia.
Por tanto, le reitero, señor Presidente, que no podemos aceptar la
transaccional.
El señor PRESIDENTE: Señor Rodríguez, brevemente también, por favor.
El señor RODRIGUEZ RODRIGUEZ (D. Juan Miguel): Intervengo simplemente
para decir que lamento que el Grupo proponente no acepte una enmienda que
creemos que recoge los aspectos fundamentales de la proposición que hacía
y que al mismo tiempo obvia aspectos que creemos que son también básicos,
en función de lo cual no nos es posible aceptar la propuesta que se
hacía.
Lógicamente se ponen ejemplos que no son los mismos. La ayuda al tomate
no es similar a la que se solicita para la caña de azúcar, que es una
ayuda a la producción por tonelada. Entonces, no se trata del mismo tipo
de ayuda. Las ayudas que se solicitan cuentan en este momento con
inconvenientes derivados precisamente de la aplicación de las normas
comunitarias al respecto.
Por otra parte, es muy discutible que terrenos precisamente en los que se
han ubicado plantaciones de caña de azúcar estén en este momento
inutilizados totalmente para otro tipo de actividades agrícolas, cuando
la experiencia demuestra que muchas de esas hectáreas se han venido
ocupando con otro tipo de actividades y de una forma satisfactoria.
El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Popular no ha aceptado la
enmienda y por tanto votamos la proposición en los términos íntegros de
su propuesta.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 11; en
contra, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada esta proposición no de ley.
--RELATIVA A LA DEREOGACION DE LA ORDEN MINISTERIAL DE 12 DE MAYO DE
1994, POR LA QUE SE REGULAN DETERMINADAS CONDICIONES PARA LA ASIGNACION
DE LOS DERECHOS AL SUPLEMENTO DEL PAGO COMPENSATORIO A LOS PRODUCTORES DE
TRIGO DURO. PRESENTADA POR EL GRUPO POPULAR. (Número de expediente
161/000277.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a debatir la última de las proposiciones no
de ley, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a la derogación de la
Orden Ministerial de 12 de mayo de 1994, por la que se regulan
determinadas condiciones para la asignación de los derechos al suplemento
del pago compensatorio a los productos de trigo duro.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Jordano.
El señor JORDANO SALINAS: Procuraré ser lo más breve posible en la
defensa de esta proposición no de ley.
Pretendemos la derogación de la Orden Ministerial de 12 de mayo de 1994,
que estableció la obligación de utilizar
semillas certificadas de trigo duro en una proporción de 130 kilos por
hectárea para esta campaña y 150 kilos en la próxima, para que fuera
posible a esos agricultores cobrar el suplemento del pago compensatorio
de trigo duro.
El 29 de junio planteábamos al Ministro las objeciones a esta Orden, en
una pregunta en Pleno y le advertíamos sobre la escasez de semilla
certificada que se iba a producir, y le advertíamos ya sobre las primeras
irregularidades que se iban detectando en la compra de trigo no sembrado
para semilla. Hay que decir que el trigo duro se siembra en
noviembre-diciembre, se recolecta en junio y julio y que la superficie
con derecho a ayuda en España en esta campaña es de 570.000 hectáreas, lo
que significa una necesidad de 74.100 toneladas de semilla certificada de
trigo duro. Hacemos esta salvedad para corregir el dato que en la
exposición de motivos de la proposición no de ley se contenía respecto a
superficie y cantidad. Hay que plantear también como antecedente que la
Orden no fija características genéticas de las semillas certificadas que
se van a utilizar. Una semilla certificada puede ser buena, puede ser
mala, puede servir para la finalidad que se pretende o puede no servir.
Advertíamos en junio el problema de la escasez de semillas que se iba a
plantear. Pues bien, al día de ayer, 18 de octubre, las distintas casas
acreditadas para producir semillas certificadas han declarado una
producción total de semillas de 65.000 toneladas. A su vez, se han
exportado, fundamentalmente a Argelia, 12.000 toneladas, con lo cual
queda una disponibilidad de producción declarada de semilla de 53.000
toneladas. Ya tenemos un primer déficit de 21.100 toneladas.
Por otra parte, cuando se ven los rendimientos que estas casas
productoras de semillas han declarado y analizamos los rendimientos
declarados respecto a Andalucía, nos encontramos con que la media
declarada es de 1.800 kilos por hectárea. Prácticamente el 40 por ciento
de lo declarado, excluida una de las marcas más comerciales, supone un
rendimiento de 1.333 kilos por hectárea, y esta marca comercial, ella
sola, ha declarado un rendimiento de 2.800 kilos por hectárea, y en
algunas de las partidas de este tipo de semilla se han declarado 3.500
kilos por hectárea. Objetivamente, en un año tan seco como el que hay, y
aunque hubiera sido un año húmedo y de climatología normal, es imposible,
en secano, alcanzar estas producciones por hectárea.
¿Qué es lo que ha pasado? Que se está comprando trigo destinado a usos
industriales y haciéndolo pasar por trigo producido para semilla. Estas
compras se han realizado en los meses de agosto y septiembre, e incluso a
finales de octubre se han producido compras a 27 pesetas, para pura y
simplemente limpiarlo un poco, meterlo en un saco de 50 kilos y venderlo
a cerca de 60 pesetas. Los precios de las semillas están oscilando entre
50 y 60 pesetas, y los datos que nosotros tenemos es que se está
produciendo objetivamente un fraude que se pone de manifiesto por la
producción declarada y por los rendimientos declarados por hectárea,
comunidad autónoma a comunidad autónoma, y totalizados en el conjunto
nacional. He dado los datos de rendimiento medio por hectárea en
Andalucía. Podía dar los datos de otras comunidades autónomas.
Ante la escasez de semilla --a pesar del fraude, hay escasez de
semilla--, se planteará la importación de semilla de otros países de la
Unión Europea. Recordemos que el Reglamento 231/94 de la Comunidad
Económica Europea no impone la obligación de utilizar semilla certificada
de otros países, con lo cual introduciremos la discriminación de que los
agricultores españoles van a pagar un plus que no pagan sus competidores
comunitarios. Además, teniendo España capacidad de producción, se van a
importar semillas de otros países y no está garantizado que semillas
preparadas para otros climas puedan ser productivas en nuestro país en
condiciones tan extremas como las que se producen en Andalucía.
Hace pocos días un periódico de circulación nacional titulaba una
información sobre esta materia diciendo que los lobbies habían impuesto
la semilla de trigo duro certificada. Si no se vota a favor de esta
proposición podremos decir que los lobbies han ganado esta batalla, los
agricultores la han perdido, alguien va a ganar dinero, mucho dinero, sin
que haya concurrido a un mercado abierto y transparente. Hay una pregunta
que se hacen muchos agricultores: ¿ha ganado también dinero alguien de la
Administración en esta materia? Es una pregunta a la que habría que
responder.
Ante esta preocupación por la existencia de un fraude, por no estar
garantizada la producción de una calidad exigida por los fabricantes con
el texto de la Orden Ministerial, presentamos la proposición no de ley a
la que existe una enmienda del Grupo Socialista. Agradezco esta enmienda
aunque esperaba que fuera en la dirección de prorrogar la aplicación de
la orden, de introducir una cadencia en la exigencia, de forma que este
año se exigiera menos semillas por hectárea y que se fueran ampliando en
años sucesivos. Sin embargo, de la enmienda presentada, objetivamente no
se pueden rechazar los puntos uno y dos, aunque no dicen absolutamente
nada, puesto que se supone que es obligación de la Administración y del
Ministerio de Agricultura controlar las semillas, asegurar la calidad y
tener una coordinación con los servicios competentes de las comunidades
autónomas en esta materia. Por tanto, es una obviedad incluir esta
enmienda en la proposición no de ley que presentamos, lo cual nos lleva a
no admitirla. Aunque tenemos que reconocer que el Grupo Socialista ha
hecho un esfuerzo por intentar aproximarse a nuestro Grupo, ha quedado a
una distancia excesiva en función de la realidad de lo que hoy está
pasando en los campos productores de semillas de trigo duro.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el
señor Velasco para defender su enmienda.
El señor VELASCO RODRIGUEZ: Tomo la palabra para defender la enmienda que
el Grupo Socialista ha presentado y lamentamos profundamente que el Grupo
Popular no la acepte. Hay que analizar cuál es la finalidad --así lo
hemos querido entender nosotros-- de la proposición no
de ley y ver cuáles son sus mecanismos.
Quiero hacer un pequeño paréntesis para decir que sembrar dudas en esta
Comisión de algún medio de comunicación o de lo que supuestamente puedan
pensar los agricultores, no es el procedimiento para arreglar los
problemas. Se dice --creo que es el fondo del tema-- que se está
vendiendo semilla certificada que no tiene las garantías necesarias. Eso,
que puede suceder con cualquier producto, no sólo con semillas, le
corresponde a la Administración controlarlo. Sería bueno que la Cámara
instara al Gobierno --y en ese sentido va nuestra enmienda-- a que
intensifique esos controles, si es que hay duda de que lo que se está
poniendo en unas etiquetas de semillas no se cumple. Dejar aquí dudas de
que alguien se puede favorecer, nosotros no lo respaldamos. No queremos
entrar en este momento en ese debate, y somos los primeros en pedir que
si alguien tiene que hacer alguna denuncia formal, que la presente, pero
que lo haga concreta y concisa, no que deje la duda en el aire.
La Orden Ministerial cuya derogación se pide viene perfectamente
establecida en el Reglamento 231/94. Es una medida buena para los
agricultores porque tener unas semillas de garantía lleva como
consecuencia que las producciones sean mejores y, sobre todo, que la
calidad del trigo, que queremos defender, esté garantizada. Para eso, hay
que poner las medidas que marca este Reglamento. No hacerlo supone que
nos pase lo que ha estado sucediendo en los últimos años, que tengamos
declarada una superficie muy importante a nivel de toda la Comunidad
Económica Europea, 570.000 hectáreas; que tengamos unos niveles de ayudas
importantísimos, del orden de 30.000 millones de pesetas para 31.000
agricultores; y que parte de este trigo, que tenía que ser de absoluta
calidad, se tenga que emplear para pienso. Ese no es el objetivo de este
cultivo. El objetivo de este cultivo es garantizar esta superficie,
garantizar esta ayuda para elevar la renta de los agricultores y
garantizar fundamentalmente la calidad. Y uno de los pasos importantes,
en el que creo que estaremos todos de acuerdo, es que se garantice que
las semillas sean de buena calidad. Por eso el Ministerio dicta esa orden
ministerial para ayudar a consolidar esta calidad del trigo. Creo que ése
es el fundamento. Lo que deberíamos discutir es cómo conseguir que el
agricultor que compra un producto, en este caso semillas, está
garantizado.
Se está cuestionando la profesionalidad de las casas comerciales, por las
que no tengo que sacar la cara aquí ni en ningún sitio. Simplemente que
se controle y si, efectivamente, se puede comprobar que alguna de estas
semillas no es de calidad o no es de la calidad que refleja la etiqueta,
levántesele el expediente correspondiente y lo más duro posible. Nosotros
apoyaremos siempre esa cuestión. Pero no queremos dejar ninguna duda.
Entendemos que es fundamental que se trabaje con semillas de calidad, que
los agricultores incorporen a sus siembras estas semillas, porque, al
final, el que va a salir beneficiado de todo este procedimiento es el
agricultor.
Pensemos, además, en otro factor tremendamente importante. Con una
producción media baja, pese a lo que decía el portavoz del Grupo Popular,
de 2.000 kilos por hectárea, contando con el precio medio de venta más la
ayuda que se está dando por la Comunidad de 57.000 pesetas, estamos con
un producto altamente rentable. Si lo tenemos con esas características,
nuestra obligación es garantizar fundamentalmente, repito otra vez, la
calidad de la producción final. De ahí que nos extrañe muchísimo que
siendo ése el objetivo --así lo interpretamos al hablar con el portavoz
del Grupo Popular--, el control de semillas, no se acepte nuestra
enmienda, que en el punto 2 pide que se intensifiquen los controles sobre
las semillas. Eso debe quedar perfectamente claro. Si no, que se utilicen
los mecanismos que tiene la Administración para sancionar a aquellas
empresas --si existen-- que no estén cumpliendo con su obligación y estén
falseando la realidad.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que quieren intervenir en el debate?
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor
Vidal.
El señor VIDAL I SARDO: El Grupo Parlamentario Popular pide en esta
proposición no de ley la derogación de la Orden ministerial de 12 de mayo
de 1994, por la que se regulan esencialmente, mediante dos condiciones,
el derecho a percibir el suplemento de 50.000 pesetas tonelada por parte
de los productores de trigo duro, porque, según el Grupo Popular, tanto
la exigencia de una dosis mínima de siembra de cinco kilogramos hectárea,
como de que las semillas sean necesariamente certificadas, entiende este
Grupo que perjudica a los agricultores cerealistas españoles y que es de
imposible cumplimiento por no existir en el mercado suficientes toneladas
de semillas certificadas con garantía de que lo sean realmente.
Teniendo en cuenta, primero, la respuesta que dio el señor Ministro en su
comparecencia de que justificaba la orden ministerial en la necesidad
española y en la exigencia comunitaria de mejorar con rapidez la calidad
de la producción española de trigo duro, calidad que sólo puede ser
mejorada aumentando la superficie sembrada con semilla certificada,
debiendo pasar del actual 10 por ciento al 80 por ciento de otros países
comunitarios, por ejemplo, Francia, o si se prefiere, al 60 por ciento de
media comunitaria; y en la certeza del propio señor Ministro de que
existía en el mercado suficiente semilla certificada, con lo que el
propio Ministro adquirió un serio compromiso ante esta Comisión; teniendo
en cuenta asimismo que la denuncia del Grupo Popular de insuficiencias en
el control de calidad de las semillas certificadas se soluciona, a
nuestro juicio, incrementándose este control e inspección, tal como
propone la enmienda del Grupo Socialista, nuestro Grupo entiende que se
defienden mejor los intereses del sector cerealista garantizando la
calidad final del trigo duro y de su producto, la pasta italiana,
elaborada aquí, porque así se garantiza la competitividad de ambos
productos y, a la vez, el cobro de la subvención complementaria de 50.000
pesetas por hectárea sembrada que de persistir, a nuestro juicio, los
actuales bajos niveles de siembra con semilla certificada, podrían sernos
discutidas las subvenciones
complementarias que Europa paga a los agricultores cerealistas españoles.
En consecuencia, y en caso de que se reconsidere la aceptación por los
proponentes de la enmienda de sustitución del Grupo Socialista, nuestro
Grupo la votaría favorablemente.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Rivadulla, en nombre del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.
La señora RIVADULLA GRACIA: Nuestro Grupo se va a abstener con relación a
esta proposición no de ley porque entendemos que en este momento la
derogación de la orden ya es prácticamente imposible. No queremos dejar
de denunciar que nos parece un mal procedimiento el utilizado por el
Gobierno español en la aplicación de esta normativa comunitaria. Pensamos
que había más tiempo para poderla llevar a cabo.
Compartiendo, como compartimos, los objetivos del Gobierno en controlar
el fraude que pueda haber en la utilización de semillas no adecuadas para
la producción de trigo duro, pensamos que si con esta orden se ha
pretendido conseguir este objetivo, no queda suficientemente garantizado.
En primer lugar, nuestro Grupo no cree que haya suficiente semilla
certificada para poder cumplir la normativa. En segundo lugar, creemos
que el Gobierno intenta combatir un fraude, intenta llegar a soluciones
de calidad pero, por otra parte, está contribuyendo a un enriquecimiento,
de alguna manera ilícito, especulativo de algunas empresas que en este
momento van a especular con esta insuficiencia de semilla certificada.
Nos parece suficiente garantía la enmienda transaccional que presenta el
Grupo Socialista por cuanto se habla de controles, pero no se especifica
qué tipo de controles o cómo se va a controlar. Tenemos bastantes dudas
como para continuar absteniéndonos aun cuando el Grupo Popular la
aceptase.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Jordano.
El señor JORDANO SALINAS: Muy brevemente.
El 4 de julio de este año solicitamos una serie de datos de producción de
municipios y de todo lo que se había declarado. El plazo reglamentario
para contestar por parte del Gobierno vencía el día 6 de octubre,
contando desde la fecha de entrada en el registro de la Cámara.
El Gobierno tiene elaborada esta información, pero no nos la ha hecho
llegar esperando que se celebrara esta reunión de la Comisión para que no
contáramos con los datos. Los datos que he dado de producción y de
rendimientos declarados son los que me van a llegar cuando el Gobierno
tenga a bien cumplir con el trámite parlamentario que debía haber
cumplido antes del día 6 de octubre. Es mi palabra simplemente de que
éstos son los datos, pero adelanto que ésos son los que me va a hacer
llegar el Ministerio y que debía haberme hecho llegar antes del día 6 de
octubre. Por tanto, ésos son los datos reales.
Sobre la calidad nosotros somos los primeros, y desde el punto de vista
particular de la agricultura de Córdoba y de Andalucía, que es la que
realmente produce la mayoría del trigo duro y la que la puede producir,
en estar encantados con la calidad, porque tenemos tierra adecuada para
producir con calidad. La orden no se refiere a ninguna calidad. Sólo
menciona un concepto, que es etiqueta; es decir, que el producto lleve
una etiqueta puesta por las casas que están autorizadas para ello, pero
no habla de ninguna característica genética que tenga que tener la
semilla. Con esta orden es evidente que no se consigue trigo duro
adecuado para pastas. Pura y simplemente se consigue un trigo con una
semilla que está respaldada por un etiqueta. Ese es otro de los grandes
fallos de la orden ministerial que podía haber incluido unas
características determinadas o haber hecho, como en Italia, un acuerdo
entre los fabricantes, las organizaciones profesionales agrarias y la
Administración para primar la producción de trigo duro con
características específicas para la industria de pasta alimenticia, que
hubiera sido una solución.
El señor PRESIDENTE: No se ha aceptado la enmienda. Si les parece a SS.
SS., pasamos a la votación del texto íntegro presentado por el Grupo
Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, ocho;
en contra, 16; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada esta proposición no de ley.
Antes de levantar la sesión, quiero agradecer a todas SS. SS. su
comprensión durante esta tarde, que ha sido realmente intensa, así como
al señor Vidal su sustitución en determinados momentos.
Se levanta la sesión.
Eran las ocho y quince minutos de la noche.