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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 321, de 18/10/1994
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1994 V Legislatura Núm. 321
POLITICA SOCIAL Y DE EMPLEO
PRESIDENTE: DON LUIS MARTINEZ NOVAL
Sesión núm. 19
celebrada el martes, 18 de octubre de 1994
ORDEN DEL DIA:
Comparecencia de personalidades y funcionarios de la Administración del
Estado, al objeto de informar sobre temas relativos al proyecto de ley de
Presupuestos Generales del Estado para 1995. (BOCG, serie A, número 80-1,
de 1-10-94. Número de expediente 121/000067):
--Del señor Subsecretario de Trabajo y Seguridad Social (Navarro López).
A solicitud de los Grupos Parlamentarios Mixto-UV (número de expediente
212/000991), Popular (número de expediente 212/001076) y Federal IU-IC
(número de expediente 212/001132) (Página 9746)
--Del señor Secretario General del Fondo de Garantía Salarial (Serrano
Arroyo). A solicitud del Grupo Parlamentario Federal IU-IC (número de
expediente 212/001126) (Página 9751)
--Del señor Secretario General de Empleo y Relaciones Laborales (Peña
Pinto). A solicitud de los Grupos Parlamentarios Mixto-UV (número de
expediente 212/000992), Popular (número de expediente 212/001077),
Federal IU-IC (número de expediente 212/001131) y Vasco-PNV (número de
expediente 212/000957) (Página 9755)
--Del señor Director General del INEM (Elordi Dentici). A solicitud de
los Grupos Parlamentarios Vasco-PNV (número de expediente 212/000955),
Coalición Canaria (número de expediente 212/001004), Popular (número de
expediente 212/001078) y Federal IU-IC (número de expediente 212/001130)
(Página 9761)
--Del señor Director General del Instituto de Fomento de la Economía
Social (Barrera Cerezal). A solicitud del Grupo Parlamentario Federal
IU-IC (número de expediente 212/001128) (Página 9767)
--Del señor Subsecretario de Asuntos Sociales (Valero Iglesias). A
solicitud de los Grupos Parlamentarios Mixto-UV (número de expediente
212/000978), Popular (número de expediente 212/001107) y Federal IU-IC
(número de expediente 212/001133) (Página 9769)
--Del señor Director General de Migraciones (Aragón Bombín). A solicitud
del Grupo Parlamentario Federal IU-IC (número de expediente 212/001127)
(Página 9781)
--De la señora Directora General del Instituto de la Juventud (Escapa
Garrachón). A solicitud del Grupo Parlamentario Popular (número de
expediente 212/001108) (Página 9783)
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
COMPARECENCIA DE PERSONALIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION DEL
ESTADO, AL OBJETO DE INFORMAR SOBRE TEMAS RELATIVOS AL PROYECTO DE LEY DE
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 1995. (Número de expediente
121/000067.)
--DEL SEÑOR SUBSECRETARIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (NAVARRO LOPEZ).
A SOLICITUD DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS MIXTO-UNION VALENCIANA (número
de expediente 212/000991), POPULAR (número de expediente 212/001076) E
IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA (número de expediente
212/001132).
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Díaz): Comparecencias a celebrar en la
Comisión de Política Social y Empleo en relación con la tramitación del
proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1995.
La primera comparecencia solicitada es la del Subsecretario de Trabajo y
Seguridad Social, por el Grupo Popular, el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y Unión Valenciana, del Grupo
Mixto.
Damos la bienvenida a la Comisión al Subsecretario de Trabajo, don Carlos
Navarro López. Para formular las correspondientes preguntas, en orden al
motivo de la comparecencia, y de acuerdo con el Reglamento, de mayor a
menor, tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Popular, el
señor Aparicio.
El señor APARICIO PEREZ: Gracias al Subsecretario de Trabajo por su
presencia hoy en esta Comisión.
Me permito anunciar que en los últimos minutos del tiempo de que dispone
este grupo será mi compañero, el señor Camps, quien formule una serie de
iniciativas que nos han sido comunicadas por parte de un Diputado
ausente, en concreto del Grupo Mixto, pero que entendemos de interés y
gustosamente cumplimos con esta amable encomienda que nos ha sido
formulada.
Centrándonos ya, y voy a tratar de ser lo más breve posible, puesto que
entiendo que buena parte de las cuestiones que podría suscitar esta tarde
fueron planteadas en la muy reciente comparecencia del señor
Subsecretario, también en relación a aspectos de ejecución del anterior
presupuesto, creo oportuno iniciarla llamando la atención, que supongo es
casi obvio, del Subsecretario de Trabajo sobre la importante cuantía que
alcanzan ya los préstamos sin intereses, con amplio plazo de
amortización, pero préstamos al fin y al cabo, que viene realizando su
departamento a la Seguridad Social. Para el año 1995 se han presupuestado
401.500 millones de pesetas como tal préstamo; en este ejercicio fueron
345.000 millones.
Las estimaciones del informe económico y financiero nos llevan a pensar
en un posible déficit de la Seguridad Social, también para este año, de
unos 365.000 millones de pesetas, siempre en base a la documentación que
nos ha sido remitida por parte de los distintos departamentos. La
pregunta sería bastante concreta, dos en este primer punto. A la vista de
la evolución del ejercicio, ¿da por bueno ese déficit previsto de 365.453
millones? Segunda pregunta. ¿Ha articulado ya su departamento o piensa
articular alguna fórmula para la devolución de estos préstamos que, si
añadimos esa previsión de déficit, podrían situarse ya en un billón
300.000 millones de pesetas? ¿Cómo está previsto? ¿Qué mecanismos
contempla su departamento para la devolución de ese préstamo o de esos
préstamos ya acumulados de los últimos ejercicios y al que tal vez haya
que sumar el déficit previsto para este ejercicio?
En otro apartado, en concreto en el programa de pensiones no
contributivas y prestaciones asistenciales, nos
gustaría conocer las razones de la disminución, respecto a 1994, de
18.000 millones de pesetas en el capítulo de pensiones asistenciales.
Entendemos que en buena medida puede estar justificada por la conversión
de pensiones de carácter asistencial a pensiones de tipo no contributivo;
pero nos gustaría conocer cuál es el avance de liquidación para este año
según el propio departamento.
A pesar de que conocemos la petición de comparecencia del Secretario
General del Fogasa, formulada por otro grupo parlamentario, sí me permito
rogar del señor Subsecretario, máximo responsable en esta materia, que
nos informe sobre una partida bien concreta en el presupuesto de gastos
del Fogasa. En el concepto 226 figuran 1.231 millones de pesetas para
gastos de gestión de bienes y de depositaría. Nos gustaría conocer por
qué esta elevada cuantía.
En relación a este instituto también nos gustaría conocer qué razones
justifican además que la modificación de créditos en el presupuesto de
1994 sea ya, según la documentación remitida, de más de 4.000 millones,
4.121, que han elevado el presupuesto inicial de 82.400 millones, a
86.500.
Nos gustaría también plantear dos cuestiones. La primera, y dada la
variedad de opiniones que estamos recibiendo de responsables del actual
Gobierno sobre la creación o no de empleo neto para el año 1994, cuál es
el criterio del señor Subsecretario. Ayer mismo en esta Cámara el
Secretario de Estado de Hacienda, Martínez Robles, consideraba
improbable, fuera de lo que son los cálculos de su propio departamento la
creación neta de empleo. Hemos recibido manifestaciones de personas del
Gobierno en dirección opuesta a la ya citada, y nos gustaría conocer cuál
es el criterio que mantiene en este caso el Subsecretario de Trabajo.
Finalmente en el Programa 315.A, Administración de las relaciones
laborales, figura como concepto 483 la cantidad de 4.100 millones de
pesetas para asistencia económica extraordinaria a trabajadores. Nos
gustaría conocer qué situaciones son las que está previsto atender
mediante este capítulo, y si es tan amable el porqué de esta cantidad; si
es en función de una evolución realmente cambiante respecto a lo que
fueron ejercicios presupuestarios anteriores.
Por nuestra parte nada más. Ceder la palabra a mi compañero, señor Camps,
para el fin ya anunciado.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Díaz): Entiendo que es para formular
las preguntas del Grupo Mixto. Tiene la palabra, señor Camps.
El señor CAMPS DEVESA: Intervengo con la máxima brevedad a efectos de
formular una serie de preguntas en nombre del Grupo Mixto, en este caso
de Unión Valenciana, con un criterio, evidentemente, de solidaridad
territorial.
En primer lugar, el coste global del programa de fomento y gestión de
empleo, 322.A, para 1995 asciende a 166.472 millones de pesetas. ¿Qué
cantidad y qué programas concretos se prevé destinar y realizar en la
Comunidad Valenciana?
En segundo lugar, el programa de formación profesional ocupacional,
324.A, tiene para 1995 un coste total de 141.950 millones. ¿Qué cantidad
está previsto destinar a la Comunidad Valenciana?
Por último, el programa de escuelas taller y casas de oficio, 324.B,
tiene un presupuesto para el ejercicio próximo de 45.284 millones de
pesetas. ¿Qué actuaciones se prevé realizar en la Comunidad Valenciana
derivadas de la ejecución del citado programa?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Díaz): Tiene la palabra el señor
Peralta, en nombre del Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
Perdone, señor Peralta, ciertamente las intervenciones deberían haber
sido de mayor a menor, pero el señor Camps ha trasladado las preguntas
del Grupo Mixto. Como lo ha hecho dentro del turno del Grupo Popular,
formalmente podría considerarse incluso una división del tiempo de su
propio grupo.
El señor PERALTA ORTEGA: Señor Presidente, no hay ningún motivo de queja
por mi parte en relación con la actuación seguida por el compañero del
Grupo Popular. Por tanto, son excusas innecesarias, señor Presidente.
Gracias en todo caso.
Señor Subsecretario, quisiera hacerle varias preguntas muy concretas,
algunas de ellas tradicionales en estas comparecencias y otras guardan
relación con circunstancias específicas del año 1995.
Comenzaré por estas últimas, señor Subsecretario. Habida cuenta de que
estamos ya en un proceso de elecciones sindicales que se van a
desarrollar fundamentalmente a lo largo del año 1995, me gustaría saber
qué previsiones tiene el Ministerio en orden a campañas institucionales
de promoción de la participación de los trabajadores en esas elecciones
sindicales. Es un tema de la máxima importancia desde el punto de vista
de las relaciones laborales. Creo que conseguir una participación masiva
de los trabajadores en las elecciones sindicales es un objetivo deseado
por todos los participantes en esas elecciones, así como por los
restantes agentes sociales o institucionales que guardan relación con el
mundo laboral. Por tanto, me gustaría saber qué previsiones concretas
tiene el Ministerio en orden a promover la participación de trabajadores
en las elecciones sindicales.
También en la línea de circunstancias específicas del año 1995, llama la
atención que habiéndose llevado a cabo recientemente una reforma
importantísima del mercado laboral que el Ministro de Trabajo en una
comparecencia en la Comisión de Política Social citando a un catedrático,
decía que era la reforma más importante en el terreno laboral en los
últimos --creo que decía-- 50 años, llama la atención --repito--, que en
orden al estudio, a la promoción del conocimiento de esa reforma laboral,
que es un aspecto importante, el presupuesto de publicaciones que tiene
el Ministerio sufra un recorte, cuando ya es más bien escaso. Me gustaría
saber qué planteamientos existen en relación con este tema por parte del
Ministerio.
Entrando ya en cuestiones tradicionales de otros presupuestos, comenzaría
por el Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo. El año pasado este Instituto ya sufrió un
recorte notable. Tengo declaraciones en comparecencias del año 1993 del
señor Subsecretario en las que ponía de manifiesto que el Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo había experimentado en los
presupuestos de 1994 un recorte del 37 por ciento; recorte importante en
un elemento tan fundamental como es el Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo. Para el año 1995 observo que se vuelve a producir
un nuevo recorte, particularmente en la política de inversiones. Me
gustaría, señor Subsecretario, que explicara cuáles son los
planteamientos que se llevan a cabo en relación con el Instituto Nacional
de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Todo esto nos hace cuestionar si efectivamente cuenta con los medios
idóneos para poder atender una problemática tan importante. Le quiero
recordar un dato muy actual; desgraciadamente sigue siendo actual. En el
famoso síndrome Ardystil, ayer el Consejo de Gobierno de la Generalidad
valenciana prorrogaba seis meses más la suspensión de la actividad de
aerografía porque todavía se sigue sin tener claro cuál es el agente
causante de ese síndrome, que dio lugar a la muerte de varios
trabajadores en la comunidad valenciana y graves lesiones y secuelas para
decenas de ellos.
Han pasado muchos meses y al día de hoy seguimos en la situación de tener
que prorrogar la suspensión de esa actividad porque carecemos de los
medios adecuados para responder a esos interrogantes. Insisto que en el
presupuesto para 1995 el capítulo de inversiones del Instituto Nacional
de Seguridad e Higiene en el Trabajo sufre un recorte importante.
En la Inspección de Trabajo llama la atención también que las previsiones
respecto a plantilla suponen una reducción al pasar de 8.890 a 8.867
millones. Es verdad que el conjunto de la inspección de trabajo sube como
consecuencia de las indemnizaciones por razón de servicio, pero la
retribución de plantilla experimenta una reducción que no guarda relación
con lo que podría ser incremento retributivo previsto del 3,5 por ciento
y con lo que pudiera ser el deseable incremento de plantilla para atender
esas necesidades estándar establecidas desde hace muchos años y que
siguen sin cubrirse. En relación con la plantilla no ya de inspección,
entendiendo por tal inspectores y controladores, sino también la muy
importante de personal auxiliar, creemos que cabe realizar el mismo tipo
de consideraciones.
Finalmente, nos gustaría saber exactamente de qué planes se dispone en
relación con la renovación y adecuación de locales y de medios
informáticos para el funcionamiento de los distintos cuerpos que prestan
servicios en el Ministerio de Trabajo.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Díaz): Tiene la palabra el señor
Subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Navarro López):
Como el señor Aparicio recordaba, hace unos días comparecí en la Comisión
de Presupuestos para informar sobre la ejecución del presupuesto a 30 de
junio. Se me hicieron entonces algunas preguntas que hoy se repiten en
relación con el posible déficit de la Seguridad Social y cuantía de los
préstamos. Naturalmente, voy a responder lo mismo que hace unos días:
estoy aquí para informar estrictamente del presupuesto consolidado del
Ministerio para 1995, que ni siquiera incluiría organismos autónomos.
Respecto al Instituto Nacional para Seguridad e Higiene, Fogasa y demás,
con todos los respetos a S. S., lo que no voy a hacer es entrar aquí en
ese debate que se quiere activar sobre déficit de la Seguridad Social. Lo
que dije hace unos días es que el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social en relación con el presupuesto de la Seguridad Social lo único que
hace, a través del Capítulo 8 y por doceavas partes, es entregar a la
Seguridad Social la parte que le corresponde de esas cantidades que
aparecen como préstamos sin interés. Ustedes habrán visto en el proyecto
de ley de presupuestos que se configuran como préstamos sin interés a
devolver en un plazo de diez años a partir de 1996; fuera de ahí entiendo
que no debo dar ninguna otra información. En todo caso, en la
comparecencia que pueda hacer el Secretario General de la Seguridad
Social --no sé si será en esta Comisión o en la Comisión de
Presupuestos-- oportunidad habrá de plantearle lo que se quiera al
respecto. Los mecanismos de devolución de esos préstamos, ya he dicho en
qué términos el proyecto de ley de presupuestos contempla su devolución,
que es en diez años, a partir de 1996.
En materia del Plan de pensiones asistenciales, yo creo que podemos
utilizar algunos datos significativos. También me refería el otro día en
mi comparecencia en la Comisión de Presupuestos a ese particular, a por
qué, en términos comparativos, el presupuesto tanto de pensiones de la
Lismi --Ley de Integración Social de Minusválidos-- como del FAS
--antiguo Fondo de Asistencia Social-- disminuyen de forma importante
concretamente el de la Lismi en el 17,10 por ciento respecto a 1994 y el
FAS, en el 21,60 por ciento porque al mismo tiempo las pensiones no
contributivas incrementan su presupuesto el 23,71 por ciento.
Creo que la explicación está ahí. Es decir, como no podía ser de otra
manera, se está produciendo un trasvase querido --querido también por
esta Cámara-- de pensiones asistenciales de la Lismi a lo que es el
ámbito de aplicación de la Ley de Pensiones no Contributivas de 1990,
hasta el punto de que si analizamos la evolución ya en términos de
perceptores de las prestaciones económicas de la Lismi --tengo aquí un
cuadro que lo indica--, nos encontramos con que, a partir de 1991, en que
digamos se alcanza el punto álgido con un total de 381.421 perceptores
--hablo de Lismi--, a partir de 1992/93 disminuye considerablemente el
número de perceptores. Eso mismo nos ocurre en relación con las pensiones
asistenciales del antiguo Fondo de Asistencia Social. También a partir de
1991, en que se alcanza el punto álgido con 342.547 perceptores, sumando
beneficiarios por vejez y beneficiarios por enfermedad, en los años
sucesivos se baja considerablemente, 307.613, en 1992; 254.587, en 1993.
Naturalmente eso justifica también, como habrán visto SS. SS., que la
cuantía de la pensión asistencial social del Fondo de Asistencia Social o
de la Lismi se mantenga congelada la cantidad que aparece el proyecto de
ley de presupuestos --no quiero hablar de memoria-- de aproximadamente
veintinueve mil y algo pesetas, hablo de memoria, señorías, pero la
realidad es que la cuantía está congelada mientras que la cuantía mensual
--tengo el dato aquí-- en lo que se refiere a la pensión no contributiva
ha pasado de 30.000, en 1992, a 33.780. Evidentemente de lo que se trata,
por la razón política que he expuesto anteriormente, es de lograr que la
vía asistencial de pensiones no contributivas se reconduzca, se lleva al
ámbito que le es propio. Esta sería la explicación que justifica la
disminución de las transferencias corrientes del capítulo 4 en materia de
pensiones asistenciales. No me atrevo a hacer aquí un avance de la
liquidación. Tampoco estoy para ello hoy; pero sí quiero indicar que con
esta tendencia lo normal es que las previsiones se puedan cumplir.
En relación con Fogasa, después tendrá oportunidad el Secretario General
de Fogasa de contestar más ampliamente a una de estas cuestiones en
relación con el concepto 226, si su señoría no tiene inconveniente, para
no entretenernos demasiado, me remito a la respuesta que le dé el
Secretario General de Fogasa sobre el concepto 226 y yo haría una
valoración más global sobre las razones (a las que no sé si usted se
refería) para el incremento del presupuesto o razones por las que no
crecía como debiera el presupuesto. En cualquier caso, lo que sí tengo
aquí son unos datos muy expresivos de cuál es la evolución de pagos de
Fogasa durante este año.
Durante este año los pagos de Fogasa están creciendo considerablemente;
simplemente en lo que se refiere a órdenes de pago, hasta el 30 de
septiembre podemos hablar de un incremento de más del 40 por ciento. El
número de expedientes está creciendo también de forma importante y
nosotros creemos que, a partir del año que viene, la propuesta de
presupuestos que se ha presentado responde razonablemente a las
previsiones en relación con las prestaciones que viene abonando Fogasa.
Lo creemos así --también lo decía el otro día-- porque confiamos teniendo
en cuenta que Fogasa está en el vagón de cola se encuentra a finales de
1994 y para el año que viene los pagos que haya de afrontar Fogasa serán
menores.
El señor Aparicio me pregunta por el criterio sobre creación de empleo
neto. En materia de criterios, al respecto yo no voy a hacer ningún
pronunciamiento. Insisto en que tampoco es éste el objetivo de mi
comparecencia. En todo caso, el dato está ahí, la evolución del empleo y
del paro registrado es la que ustedes conocen. Son los datos que se van
publicando periódicamente y en este sentido no voy a hacer ninguna
previsión al respecto.
Programa 315.A, concepto 483, ayudas extraordinarias a trabajadores. Este
programa tiene ya una tradición antigua. En la época que yo fui Director
General de Trabajo el programa existía con menores dotaciones y
progresivamente lo fuimos incrementando, aunque a veces ha sido un
programa yo diría hasta cierto punto denostado, no bien comprendido
porque se ha pensado que era algo así como un fondo del que
arbitrariamente se tiraba para atender situaciones diversas. Ello no
solamente nunca fue así, sino que incluso, como SS. SS. sabrán, todos los
años se publica, por imperativo de la propia Ley General Presupuestaria,
la oportuna orden --la de este año me parece que es de marzo-- donde se
establecen con carácter absolutamente definido --yo diría que hasta
reglado-- las ayudas procedentes. En líneas generales --no tengo aquí la
orden, sería más prolijo entrar en el detalle de la misma-- de lo que se
trata es de atender aquellas situaciones de trabajadores pertenecientes a
empresas en crisis que por encontrarse en una fase a veces terminal o de
ajuste necesario puede haber atravesado un período largo de crisis.
Dolorosamente hay que atender a la situación de protección social de
algunos colectivos, de algunos trabajadores que han de abandonar su
empleo y en esas circunstancias lo que se hace, si la prestación
reglamentaria de desempleo se encuentra agotada, es atender a esas
situaciones de desprotección a través de este programa de ayudas. Puedo
asegurar a SS. SS. que está muy bien gestionado, aunque el otro día,
señor Aparicio, en el informe que repartí al respecto, explicáramos que a
30 de junio el grado de ejecución era bajo porque normalmente el gestor
lo que hace es esperar de alguna manera haber recibido en el segundo
semestre del año las peticiones, en orden a establecer las oportunas
prioridades que le permita decidir en torno a veces a una situación
variopinta en una situación amplia de supuestos de desprotección que hay
que atender. Aseguro a SS. SS. que el programa de ayudas extraordinarias
se gestiona bien.
En relación con las preguntas que el señor Camps me hace, en nombre de
Unión Valenciana, tengo que indicar lo que ya dije el año pasado en
relación con las mismas preguntas que me planteaba quien representaba en
aquel momento a Unión Valenciana y es que todo lo relativo a medidas de
fomento del empleo y formación profesional son programas que gestiona el
Inem como organismo autónomo y que el ministerio, a través del Programa
322.A, en relación con el fomento del empleo, lo único que hace es de
vehículo respecto a aquellas ayudas que llegan del Fondo Social Europeo,
programas cofinanciados por otros departamentos que recibe el Ministerio
de Trabajo, mediante la oportuna generación de crédito, a través de la
correspondiente comunicación del Tesoro y una vez que ha recibido esas
aportaciones del Fondo Social Europeo lo que hace es transferirlas a los
distintos departamentos de la Administración central del Estado para que
puedan atender aquellos programas de fomento que cada ministerio en
concreto gestiona. Hacemos de vehículo a esos efectos.
El resto de los programas de fomento del empleo, convenios con
administraciones locales, con comunidades autónomas, bonificaciones y
demás, son gestionados directamente por el Inem, por lo que me remito a
esos efectos a la intervención del Director General del Inem.
En materia de formación profesional la gestión corresponde totalmente al
Instituto Nacional de Empleo. Lo mismo digo en relación con el programa
de escuelas-taller.
En relación con las campañas institucionales previstas en materia de
elecciones sindicales, por las que me ha
preguntado el señor Peralta, tengo que decirle que en este momento no me
consta que el gestor correspondiente de la Dirección General de Trabajo
haya previsto alguna campaña. De todas maneras si hubiera incurrido en
algún error rectificaríamos por escrito. En todo caso, avanzo mi opinión
de que aunque haya prevista alguna cantidad para esas campañas --creo que
no-- eso no se justificaría porque en materia de elecciones sindicales
hemos avanzado con la reforma que se ha introducido en el propio sistema
con la sustitución del período de cómputo cerrado por un período abierto,
estamos asistiendo a una evidente madurez de las propias organizaciones
sindicales promotoras del proceso y no parece que sea necesario, en este
sentido, destinar muchos créditos a esos fines, teniendo en cuenta que
los créditos, sobre todo en el capítulo 2 que serían los de este caso,
los tenemos bastante restringidos a pesar de opiniones en contrario.
Recorte del programa de publicaciones y necesidad de divulgación que
necesita la reforma laboral. Yo creo que la reforma laboral está teniendo
una divulgación a todos los niveles; hay participación de los
responsables del ministerio a todos los niveles en distintos foros, mesas
redondas, etcétera. Tienen una participación muy importante y muy activa
desde mucho antes de aprobar las leyes en el mes de mayo.
No recuerdo el programa de publicaciones para el próximo año, porque lo
tendríamos incluso que aprobar; todavía no lo hemos aprobado, pero creo
que en el programa de publicaciones de este año hemos hecho alguna
previsión al respecto. Lo que quiero indicarle es que aunque aparezca el
recorte en el programa de publicaciones ello no necesariamente tiene que
afectar a la divulgación de la reforma laboral; antes al contrario, se
trata de reconducir a sus justos términos el programa de publicaciones no
solamente del Ministerio de Trabajo, sino de todos los ministerios. A
veces ha habido un gasto excesivo en publicaciones. No se ha medido bien
--creo yo-- por los propios gestores la prioridad de unas publicaciones
sobre otras y en este sentido el recorte que como digo afecta no
solamente a Trabajo, sino a todos los departamentos de la Administración,
parece que está justificado. Además le puedo asegurar que hay decisiones,
como el decreto de publicaciones y acuerdos del propio Consejo de
Ministros en el sentido de reconducir a sus justos límites, como digo, el
gasto en publicaciones. Tenga S. S. la tranquilidad de que a pesar de
ello la necesaria divulgación de la reforma laboral no va a sufrir ningún
riesgo.
En el caso del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo lo
siento, señoría, pero a mí me parece que no es exacto lo que ha dicho. El
Capítulo 6 del Instituto de Seguridad e Higiene crece de forma
importante. Me van a permitir que consulte los documentos y si bien es
verdad que la aportación vía Capítulo 7, aportación de capital, del
ministerio al instituto se mantiene congelada, sin embargo, sobre la base
de su propio presupuesto de ingresos el instituto va a destinar una
cantidad importante, sensiblemente superior que paso a indicarles. Las
inversiones totales del instituto, Capítulo 6, crecen el 46,7 por ciento;
es decir, que las inversiones pasan de 149.931.000 pesetas, en 1994, a
219.961.000 pesetas. Esa es la garantía de que el instituto va a poder
seguir realizando las funciones que tiene encomendadas.
En relación con las referencias que ha hecho a la situación en que se
encuentra toda la investigación sobre el síndrome Ardystil, no estoy en
condiciones de entrar en debate sobre esta cuestión. Recuerdo que a lo
largo de este año, en los primeros meses, la propia Directora General de
Trabajo compareció para explicar estas cuestiones y en este sentido no
tengo ningún comentario que hacer a lo que ya se dijo al respecto. Nos
gustaría que la investigación avanzara todo lo que debiera.
Inspección de Trabajo. En relación con la Inspección de Trabajo los datos
que yo manejo sobre plantillas me permiten afirmar que en el total del
sistema de inspección, entre inspectores y controladores hemos pasado de
1992 a 1994, al 15 de octubre, de 1.282 efectivos a 1.452, con un
crecimiento del 13,26 por ciento. El detalle sería el siguiente: en 1992
había 510 inspectores actuantes; a veces los inspectores les llaman
inspectores de cartera. En inspectores de cartera era pasar de 510 a 616
y en controladores de 772 a 836, con ese total al que me he referido
anteriormente. A principios de 1995 se van a incorporar a la inspección
activa los nuevos 15 inspectores que corresponden a la oferta pública de
empleo de 1993, con lo cual alcanzaremos la cifra de 631 inspectores en
las inspecciones provinciales y a lo largo del ejercicio 1995 es
previsible que se mantenga la misma cifra de inspectores que en 1994.
Para 1994, la oferta pública de empleo, como creo que conocen SS. SS., ha
previsto 20 plazas de inspectores, y ya dentro de este mismo mes está
prevista la publicación de la convocatoria de dicha oposición cuya
finalización hemos previsto para finales del primer semestre de 1995.
En lo que se refiere a la plantilla de auxiliares, que es un mal casi
endémico porque tenemos bastante movilidad; en lo que se refiere a
personal de apoyo hay bastante movilidad dentro del propio departamento
del Ministerio y en la Administración periférica, entonces a pesar de
algunas operaciones que hacemos de vez en cuando de contratar efectivos,
incluso con contrato laboral, o aprovechar las nuevas oposiciones y más
para destinar efectivos, somos conscientes de la necesidad de medios de
apoyo que necesita la inspección; sin embargo, no siempre alcanzamos el
objetivo que desearíamos.
Respecto a locales y medios, efectivamente para medios informáticos y
para locales, la idea inicial de este subsecretario y del ministerio era
haber dotado mejor el Capítulo 2, para arrendamiento de locales
destinados a la inspección, pero, al final, por las propias limitaciones
a que antes me he referido en el Capítulo 2, eso no va a ser posible.
En medios informáticos, yo recordaría aquí que, dentro del programa de
inversiones del propio ministerio para el próximo año, lo que crece de
verdad son las inversiones informáticas, concretamente las inversiones en
medios informáticos que van a crecer el 14,2 por ciento, de tal manera
que sacrificando incluso las inversiones en otras cuestiones relacionadas
con el Capítulo 6, como es el caso de actuaciones en edificios
administrativos, que baja el 12 por ciento, vamos a centrarnos, una vez
más, en la dotación de
equipos informáticos suficientes. Piensen ustedes, además, que los
equipos informáticos rápidamente se quedan obsoletos, y aquí hay que
estar en una atención continua sobre esos medios.
Creo haber contestado a todo lo que se me preguntaba.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Díaz): Se abre un breve turno para
preguntas adicionales, aclaraciones o precisiones.
Señor Aparicio.
El señor APARICIO PEREZ: Con brevedad sumaria. De verdad que uno se llena
de perplejidad.
He hablado de los préstamos que su departamento efectúa a la Seguridad
Social. Plantear que estos préstamos son exclusivamente un problema de
Seguridad Social y que no se sabe cómo se van a afrontar, me causa
absoluta perplejidad porque aunque para los préstamos del año 1995 se
prevea la devolución en diez años, y a partir del 1996 --le recuerdo que
ya le he dado las cifras--, existen cantidades muy importantes que
constan ya como préstamos y cuyos plazos deberían estar vivos o activos.
Si ustedes los quieren poner en marcha, pónganlos; si no los quieren
poner en marcha, también díganlo, no hay ningún problema; pero yo creo
que el monto y la corresponsabilidad son evidentes por su tamaño, y es
una corresponsabilidad clara entre su departamento y la Seguridad Social,
que no es ajena; por otro lado, la propia cuantía creo que ya
justificaría alguna explicación un poco más amplia de la que usted nos ha
dado.
No se trata de alimentar polémica, se trata de conocer qué datos y qué
previsiones maneja el Ministerio de Trabajo, insisto, de Trabajo, sobre
la creación de trabajo en el año 1995. Me ha dicho usted que no quiere
alimentar ninguna polémica. Pues no alimente ninguna polémica, pero a lo
mejor deberían plantearse el cambio de rótulo en su Ministerio porque yo
estaba convencido que estaba dirigiéndome al Subsecretario de Trabajo,
que alguna previsión manejará de creación o no de empleo para un
ejercicio que está muy próximo a vencer. No se trata de alimentar ninguna
polémica pública; aquí no ha habido más polémicas que, por ejemplo, la
del señor Martínez Robles, asegurando que los que estaban bien informados
de este tipo de datos eran ustedes, los del Ministerio de Trabajo. Pues
si ustedes son los que están informados realmente comprenda mi
perplejidad.
Eso es lo que le quería decir. Me gustaría saberlo no por alimentar
polémica, sino por conocer datos que creo son sustanciales para el debate
que debemos tener en presupuestos. Segundo, si a usted que el Ministerio
de Trabajo preste cantidades tan importantes como 400.000 millones de
pesetas para el próximo año es un problema exclusivo de la Seguridad
Social, creo que es una visión un tanto unilateral y muy fraccionaria,
que contribuye muy poco al rigor del debate presupuestario.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Díaz): ¿Señor Peralta? (Pausa.) ¿Señor
Campos? (Pausa.)
El señor subsecretario tiene la palabra.
El señor SUBSECRETARIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Navarro López):
Señor Aparicio, le tengo que insistir en lo que dije el otro día y creía
haber expresado con exactitud. Yo aquí no he venido a informar sobre el
presupuesto de la Seguridad Social ni he venido a informar sobre el
déficit previsto para la Seguridad Social en el año en curso.
El Secretario General de la Seguridad Social no sé exactamente qué día va
a comparecer, creo que suele comparecer en la Comisión de Presupuestos, y
allí tendrán ocasión de plantear estas cuestiones. Yo quiero insistir
porque sé muy bien qué gestiono dentro del ministerio. Que efectivamente
a través del Programa 311-A y el Capítulo 8 se contemplen los préstamos a
la Seguridad Social, en las condiciones que ha expuesto y que regula la
Ley de Presupuestos, no debe dar pie para abrir al Subsecretario de
Trabajo el debate sobre el déficit de la Seguridad Social. Ahí, señor
Aparicio, con todos los respetos, no voy a entrar.
Del tema de fomento de empleo digo lo mismo. Yo no sé si el señor Peña,
que es el Secretario General de Empleo, dirá algo al respecto; en
cualquier caso, como tengo muy claro qué he venido a hacer aquí, yo no
voy a adelantar criterios sobre creación de empleo neto. Si otros lo
hacen, lo harán y, además, con pleno conocimiento de causa. No me
corresponde a mí hacer previsiones al respecto.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Díaz): Muchas gracias por este
trámite.
Damos por finalizada la comparecencia del señor Subsecretario del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, agradeciéndole su presencia.
--DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DEL FONDO DE GARANTIA SALARIAL. A
SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL IU-IC. (Número de expediente
212/001126.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Díaz): A continuación, vamos a dar la
bienvenida al Secretario general del Fondo de Garantía Salarial,
comparecencia que está solicitada también, en relación con la tramitación
del proyecto de Ley de Presupuestos generales del Estado para 1995, por
el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
El señor Peralta tiene la palabra.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Serrano, por su comparecencia.
Recientemente, ya tuvimos ocasión de escuchar algunos datos relacionados
con la gestión o con alguna gestión parcial del Fondo de Garantía
Salarial, pero quisiera hacerle tres consideraciones muy concretas en
relación con la globalidad del Fondo de Garantía Salarial.
La primera es sobre las previsiones que manejan ustedes para el año 1995.
Ahora mismo, el propio Subsecretario hacía una consideración que yo me
atrevería a calificar quizá de no exacta; partiendo de la coincidencia en
que la crisis se manifiesta en el terreno laboral con posterioridad
a su constatación estadística en las grandes magnitudes, sin embargo
discreparía en el sentido de que en el año 1995 el Fondo de Garantía
Salarial pueda experimentar cierto alivio de esa crisis.
Los datos que tenemos del año 1994 nos permiten constatar una diferencia
importante con las previsiones iniciales. Es verdad que en las
previsiones del año 1995 hay una mejoría en relación con esas
previsiones, pero me temo que se queden alejadas de lo que puede ser el
costo que soporte el Fondo de Garantía Salarial como consecuencia de la
crisis laboral. En este sentido, me gustaría conocer exactamente qué
previsiones y qué datos se manejan por parte de la Secretaría del Fondo
de Garantía Salarial.
El segundo tema que quisiera plantear al Secretario del Fondo de Garantía
Salarial es el de la plantilla. Creo que hay un problema grave de
plantilla en el Fondo de Garantía Salarial. Este es uno de los motivos
por los que, ante un cúmulo de trabajo como el que está experimentando en
estos momentos, se produce un retraso importante en la tramitación de los
expedientes, aparte de razones presupuestarias o financieras.
Creo que uno de los aspectos donde se nota realmente deficiencia de
plantilla por parte del Fondo de Garantía Salarial es en la actividad de
recuperación de créditos. No es una actividad estrictamente laboral, en
muchos casos implica actuaciones en la jurisdicción civil, en la
mercantil e incluso en la penal, distinta por tanto de lo que pueda ser
la actuación ordinaria de los funcionarios o representantes del Fondo de
Garantía Salarial en la jurisdicción social. En ese terreno, creo que
sería necesario reforzar la plantilla del fondo, de cara a conseguir que
sus porcentajes de recuperación de crédito fueran lo más ajustado posible
a la realidad.
El tercer tema que desearía plantear es el de las relaciones con la
Tesorería General de la Seguridad Social. Este es el núcleo de la
capacidad del Fondo de Garantía Salarial para resolver sus problemas; la
otra posibilidad es la de modificar la cuantía de las cotizaciones. Es un
tema por el que recientemente le preguntaba y usted me manifestaba una
determinada opinión; me imagino que al día de hoy sigue manteniendo esa
opinión, al menos en lo que se desprende del proyecto de ley de
Presupuestos. Si eso es así, el núcleo es que financieramente el Fondo de
Garantía Salarial tenga una capacidad y una liquidez que depende de sus
relaciones con la Tesorería General de la Seguridad Social.
Me gustaría conocer cómo se aborda ese tema durante el año 1995.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Díaz): Tiene la palabra el señor
Secretario General del Fondo de Garantía Salarial.
El señor SECRETARIO GENERAL DEL FONDO DE GARANTIA SALARIAL (Serrano
Arroyo): Gracias, señorías, por permitirme estar presente en esta
Comisión y poder explicar algunos aspectos de la gestión del Fogasa,
referidos al presupuesto para 1995.
Con su permiso, señoría, traigo previamente la contestación a un par de
preguntas formuladas anteriormente por el representante del Grupo Popular
dirigidas al Subsecretario del departamento que, al estar yo presente,
parece más oportuno contestarlas.
Hacía mención a la consignación crediticia en un determinado concepto, el
226.04, del presupuesto de gastos para 1995, denominado gastos de
depositaría, administración y gestión de bienes. Ese crédito, para 1995,
está cifrado en 1.231 millones de pesetas. Si lo comparásemos con el de
1994, su crecimiento es prácticamente nulo porque son 20 millones de
pesetas, ya que en el presupuesto de 1994, según la técnica
presupuestaria, que es de carácter general para todos los organismos y
para el propio Estado y que se ha modificado para la elaboración del
presupuesto para 1995, se agrupan en 1995 tres conceptos de 1994, que los
detallo a continuación. Uno, la liberación de subastas, con 878 millones
de pesetas; otro, la depositaría y administración de bienes derivadas de
la Ley de Procedimiento Laboral por 1.512.000 pesetas, y el tercero,
remuneración a agentes mediadores e independientes por 330.526.000
pesetas. Estos tres conceptos del año 1994 suman 1.210 millones de
pesetas, que frente a los 1.231, hacen que los créditos para un ejercicio
y para otro sean prácticamente idénticos porque, en principio, el
organismo entiende que no necesita más.
Sí le voy a explicar para qué se destina o qué finalidad tiene esta
consignación presupuestaria. Cuando el organismo, en la acción
subrogatoria, después de haber pagado las prestaciones, comparece en una
suspensión de pagos, en una quiebra, en un concurso de acreedores, hay
veces que, bien mediante una subasta judicial o bien mediante una
negociación con la administración o intervención de la quiebra o de la
suspensión de pagos, se puede adjudicar algún bien inmueble. Este bien
inmueble puede tener unas cargas que pesan sobre él, a las que se hace
frente; estas cargas son principalmente la prorrata de los trabajadores,
es decir, nosotros pagamos a los trabajadores como organismo unos
determinados importes de salarios o indemnizaciones, con unos límites
legales, pero a lo mejor hay otras deudas laborales que no están
satisfechas y, en cambio, están embargando los bienes. Si por nuestra
actuación recuperatoria, por decirlo de alguna manera, nos adjudicamos el
bien, deberíamos pagar esta prorrata que se debe a los trabajadores.
Igualmente, podrían existir hipotecas o cualquier otro gravamen
legalmente establecido, léase un tributo con el Estado, con una
diputación foral o con un ayuntamiento, etcétera, que pesaría sobre el
bien, lo cual imposibilitaría su venta o la perjudicaría. De ahí que
estos créditos se destinen a esas finalidades específicas y concretas que
permiten la adjudicación de bienes.
A su vez, en este concepto se recogen también aquellos gastos que se
derivan cuando un juzgado de lo social encarga al Fondo de Garantía
Salarial, en aplicación de los dispuesto en la Ley de Procedimiento
Laboral, que realice las funciones de depositario, debiendo recibir los
bienes; incluso, como sucede en algún sitio, debemos alquilar naves
porque no tenemos locales propios, para guardar un depósito judicial, que
ni siquiera es nuestro, lo que
conlleva una serie de gastos, unas veces de alquiler de la nave, otras
veces de seguridad, otras simplemente de la custodia de esos bienes,
etcétera, que es lo que se imputa en estos conceptos, ya digo derivado de
la aplicación de la Ley de Procedimiento Laboral.
En tercer lugar, se aplican a este concepto los gastos derivados de todas
aquellas operaciones que hay que realizar muchas veces en actuaciones
previas judiciales o bien después de adjudicado un bien, como son la
actuación ante registros al objeto de pedir si una persona es alto cargo,
personal de alta dirección o no, si existen o no bienes, si existe
cualquier otra circunstancia sobre las propiedades de la empresa que
pueda estar en dificultades; ello es importante para los efectos
posteriores de la actuación jurídica de los letrados del organismo en las
distintas provincias.
Estas son principalmente las tres actuaciones: hipotecas, embargos,
etcétera, que pesan sobre los bienes; la depositaría de la Ley de
Procedimiento Laboral, y los gastos que se derivan de la remuneración de
estos agentes mediadores independientes, notarios, registradores,
Registro de la Propiedad, etcétera.
Aunque se ha dado contestación a eso, también le diría --y quizá en este
aspecto hilaríamos el año 1994 con 1995-- que la modificación de crédito
previsto para 1994 es de 4.000 millones de pesetas en cifras redondas.
Esto es debido principalmente a que las prestaciones que hemos reconocido
en el organismo hasta el 30 de septiembre han ascendido a 60.946 millones
de pesetas. La nómina del mes de octubre, que pensamos pagar en función
de las disponibilidades financieras, se va a acercar a los 8.000 millones
de pesetas y, entre noviembre y diciembre, vamos a poder pagar 13.000
millones de pesetas, lo que quiere decir que durante 1994 necesitaríamos
unos créditos de ochenta y un mil y pico millones de pesetas. Si en la
actualidad disponemos de un crédito en el presupuesto de 77.000 millones,
los 4.000 millones de pesetas son para poder financiar lo que se prevé
pagar hasta el 31 de diciembre de 1994. Esta sería la explicación.
¿Por qué se produce esta elevación de las prestaciones en este ejercicio
respecto de 1993? Por dos causas principalmente: porque en 1993 no
pudimos imputar a presupuesto todas las obligaciones, quedaron
prestaciones pendientes, como se planteó en la anterior comparecencia de
presupuestos del año pasado; y, en segundo lugar, porque el organismo
viene al final de todo un proceso de crisis laboral. Primeramente, como
es casi tópico, se dejan de pagar determinadas actuaciones a proveedores,
suministradores, etcétera; en segundo lugar, las empresas pueden llegar a
dejar de pagar otras atenciones de carácter público, pero lo último que
se deja de pagar indudablemente son los salarios de los trabajadores y
justamente en ese momento es cuando el organismo puede actuar. Por tanto,
es cuando ya se ha desencadenado todo un proceso de suspensión de pagos o
de cualquier otra índole de insolvencia económica de las empresas. Por
eso, el organismo siempre va con retraso respecto de la crisis económica.
Planteada la crisis en una empresa, no es inmediata sino que tiene un
procedimiento incluso judicial, bastante largo vía suspensión de pagos.
Por eso, el organismo siempre va con retraso respecto a la crisis de
carácter general en la economía de un país.
En la creencia de que se ha dado contestación a lo planteado, entraría a
lo que plantea el representante de Izquierda Unida, sobre las tres
preguntas objeto de esta comparecencia. En primer lugar, cuáles serían
las previsiones de prestaciones para 1995. En 1995 partimos de un
presupuesto inicial, el contemplado en los presupuestos para este
ejercicio objeto de debate, que estaría cifrado en 71.854 millones de
pesetas. En principio, las prestaciones durante 1995 se pueden situar en
82.000 millones de pesetas en cifras redondas, pero le voy a dar una
explicación porque no todo se puede imputar a presupuesto contando con
71.000 millones.
Entendemos que a finales del año 1994, como S. S. expuso en mi anterior
comparecencia recientemente, hay una serie de prestaciones que no están
todavía pagadas, que se están tramitando, resolviendo, que incluso
corresponden a los últimos meses del año, y va a ser un poco difícil que
se puedan pagar por las secuencias mismas del pago. Si se presenta en una
provincia en el mes de noviembre y tardamos un mes o mes y pico en
resolver, tiene que pasar la revisión jurídica en la Secretaría General y
después el procedimiento de introducción en nómina y el pago posterior a
través de la Caja Postal. Todo ello hace que no se pueda pagar en este
ejercicio del 94. Por eso hay una carga de este año que se demora siempre
a ejercicios posteriores, que se puede cifrar en cerca de unos 20.000
millones de pesetas. Aproximadamente, porque van a ser unas cifras muy
genéricas, la entrada que prevemos durante el primer semestre de 1995 es
de unos 6.000 millones de pesetas al mes, como máximo. Esta tendencia,
que irá descendiendo paulatinamente y ya lo estamos notando en estos
últimos meses de 1994, hará que durante el primer semestre necesitemos
36.000 millones de pesetas, y es indudable que en el último semestre del
ejercicio las previsiones económicas harán bajar sustancialmente las
entradas y las peticiones al organismo, al menos ésas son nuestras
previsiones, por lo que podemos cifrarlas en unos 4.000 millones de
pesetas al mes. Esto quiere decir que necesitaríamos otros 24.000
millones para ese semestre.
De esos 82.000 millones de pesetas, siempre quedarán, como mínimo, dos
mensualidades sin poder pagar, que serán las de noviembre y diciembre.
Además, es muy normal que parte de las peticiones que hayan podido entrar
en el mes de octubre no se hayan podido sustanciar durante este último
trimestre, porque se han podido presentar a mediados de octubre o a
finales; existe un proceso de examen de toda la documentación que se
acompaña y puede faltar alguna, puede no reunir todos los requisitos,
etcétera, lo que hace que no se pueda hacer frente en este ejercicio a
parte de los expedientes. Esto nos hace suponer que serán unos
10.000/11.000 millones de pesetas los que se dejarían de pagar en el año
95 por imposibilidad material durante ese año natural, que es lo que
pasaríamos al año siguiente, como hacemos en cada ejercicio. Por eso, si
tenemos en cuenta lo pendiente en este año --unos 22.000 millones, en
cifras redondas--, la entrada del primer semestre --36.000 millones--, la
entrada del segundo semestre
--24.000 millones--, nos haríamos con unas obligaciones aproximadas de
82.000 millones. Como cerca de 10.000/11.000 millones no se pueden pagar,
en principio, el organismo y el departamento entienden que con los 71.000
millones previstos para 1995 habría crédito suficiente para poder atender
todas las obligaciones que se plantearan. Lógicamente, en el caso de que,
por cualquier motivo, nuestras previsiones no fueran acertadas y
tuviéramos algún tipo de desviación, siempre queda abierta la vía,
también conforme a la legislación vigente en materia presupuestaria, de
solicitar la oportuna modificación presupuestaria, como se ha hecho en
este ejercicio y que está en trámite.
Comparto muchos de los planteamientos que ha hecho S. S. sobre la
plantilla de Fogasa, que a veces, en una situación de crisis, parece que
es insuficiente para poder atender todo. Sí le quiero señalar a S. S. que
el organismo, a pesar de esta dificultad, por decirlo de alguna manera,
de aumento de trabajo y de mantenimiento de una plantilla que incluso no
en todos los sitios está cubierta, a pesar de ese cúmulo de tareas, no ha
dejado de prestar sus servicios en la tarea que tiene encomendada, que es
la resolución de los expedientes de prestaciones, e indirectamente en la
segunda faceta, que es la de recuperaciones.
Entendemos, por lo menos según los datos que obran en nuestro poder, que
no ha habido ningún perjuicio para ningún beneficiario. El único
perjuicio que ha habido es el de no tener el dinero suficiente para poder
hacer frente a todos los pagos. La duración media de la tramitación en
todas las provincias, excepto Barcelona, porque es la provincia que mayor
volumen de tramitación tiene --si está interesado, después le puedo dar
los detalles específicos--, es de 49 días. Es la tramitación desde que
entra una solicitud de expediente y la unidad administrativa periférica
de esa provincia nos lo remite a la Secretaría General. Lo que pasa es
que después hay un retraso porque el organismo no dispone de todo el
dinero necesario para poder hacer frente al pago. Por tanto, quiere
decirse que en este aspecto de las prestaciones el organismo no ha
sufrido merma alguna de cara al ciudadano directamente, aunque sí puede
haber, como he dicho, retraso en el pago.
También estaría en condiciones de afirmar, en cuanto a las
recuperaciones, que no solamente se mantienen prácticamente al mismo
nivel que el año anterior. Como ejemplo, le puedo dar el siguiente dato.
Durante el año 1993 se obtuvieron de recuperaciones en efectivo, por vía
convenio, vía ejecución, vía laboral o vía acuerdos, 2.544 millones de
pesetas. A la fecha actual, entendiendo por fecha actual el 30 de
septiembre de este ejercicio, la cantidad recuperada es de 2.188 millones
de pesetas. Es decir, que nos quedan tres meses y que, a pesar del
aumento de las prestaciones, el ritmo de estas actuaciones tampoco ha
decrecido.
En cuanto a las adjudicaciones de bienes, haciendo una valoración de las
mismas, podemos señalar que durante 1993, en todo el período, se
adjudicaron bienes al organismo por un valor de 737 millones. Al 30 de
septiembre de este ejercicio son 559 millones de pesetas, y nos queda
todavía un trimestre para poder liquidar. En definitiva, le quería decir
a S. S. que se puede asegurar que, lógicamente con alguna variable de
error que siempre puede darse en la tramitación de tantos expedientes, a
pesar del incremento del volumen, la tramitación de los expedientes se ha
atendido con normalidad en las provincias y que tampoco se han dejado de
atender las actividades recuperatorias. Esto se debe, lógicamente, a la
actuación y a la dedicación del personal que presta sus servicios en el
Fondo de Garantía Salarial.
En cuanto a la tercera cuestión planteada por S. S., que son las
relaciones con la Tesorería General de la Seguridad Social, que podrían
incidir en la relación que podríamos tener respecto a la capacidad de
poder hacer frente a las prestaciones en 1995, así como a la liquidez de
las mismas, debo señarle --ya ha sido objeto de debate en esta Comisión
el año pasado y se entrevió un poco en mi última comparecencia-- que la
Tesorería General de Seguridad Social es el órgano recaudador, es la caja
única del sistema. Nosotros estamos imbricados dentro de esa caja única
del sistema y, por lo tanto, somos un ente más de los múltiples que puede
recaudar la Tesorería General de la Seguridad Social. Esto se mantendrá
durante 1995, así como el tipo de cotización al Fondo de Garantía
Salarial en el 0,4 por ciento. Lo que sí es cierto es que existe un saldo
acumulado de ejercicios anteriores a favor del Fondo de Garantía
Salarial, que a 31 de diciembre de 1993 se situó en 78.000 millones de
pesetas y que durante el ejercicio de1994 se ha ido reduciendo, de tal
manera que esperamos que aproximadamente --y digo aproximadamente porque,
lógicamente, las cifras de recaudación no están actualizadas al día y,
por tanto, la cifra que diga puede ser objeto de algún tipo de variación,
sobre todo a la baja-- se puede situar entre los 48.000 y 50.000 millones
de pesetas. Esto quiere decir que durante 1994 este saldo con la
Tesorería se ha reducido en más de 28.000 millones de pesetas. ¿A qué se
debe esto? Se debe a que la Tesorería General de la Seguridad Social
prácticamente ha venido haciendo unas entregas mensuales al organismo de,
aproximadamente, 8.000 millones de pesetas, cuando la recaudación por
cuotas a favor del Fondo de Garantía Salarial es de, aproximadamente,
5.000 millones de pesetas al mes. Es decir, en la actualidad estaríamos
pagando 3.000 millones por encima de la recaudación efectiva.
Lógicamente, en este caso no procede otra actuación porque tenemos el
saldo acumulado a favor del Fondo de Garantía Salarial, y de ahí que la
Tesorería, en función de sus disponibilidades financieras, porque tiene
que atender otros gastos aparte de los propios al Fondo de Garantía
Salarial, vaya haciendo estas entregas. Es decir, que en el año 1994
contaríamos con, aproximadamente, 50.000 millones a nuestro favor y
durante 1995 este saldo se iría reduciendo también paulatinamente para
poder atender, si fuera necesario, unas obligaciones por encima de los
5.000 millones de pesetas. Esto quiere decir que, en principio, podríamos
contar con suficiente dinero, al igual que en este ejercicio, para poder
hacer frente a todos los pagos previstos para 1995, aunque lógicamente
exista --como existe-- una secuencia acumulada de pendientes de pago, ya
iniciada en el año 1993, intentada reducir en el año 1994, y espero que
durante 1995 este
asunto esté totalmente liquidado porque se hayan podido pagar todas las
prestaciones que hayan tenido entrada en el Fondo de Garantía Salarial.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Díaz): Gracias, señor Serrano.
¿Señor Peralta? (Denegaciones.)
Muchas gracias al señor Secretario General del Fondo de Garantía
Salarial, señor Serrano, por su comparecencia, que damos por finalizada
en este acto.
--DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO Y RELACIONES LABORALES. A
SOLICITUD DEL GRUPO MIXTO-UV (número de expediente 212/000992), GRUPO
POPULAR (número de expediente 212/001077), GRUPO DE IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA (número de expediente 212/001131) Y GRUPO
VASCO (PNV) (número de expediente 212/000957).
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Díaz): Iniciamos la comparecencia del
señor Secretario General de Empleo y Relaciones Laborales, que ha sido
solicitada por los grupos parlamentarios Popular, Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya y Unión Valenciana, del Grupo Mixto.
Asimismo, las preguntas que el Grupo Vasco (PNV) pretendía dirigir al
Director General de Empleo deberán entenderse referidas al señor
Secretario General de Empleo y Relaciones Laborales, que contestará en
este trámite.
Damos la bienvenida al señor Peña, Secretario General de Empleo y
Relaciones Laborales.
En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Aparicio.
El señor APARICIO PEREZ: Gracias, por supuesto, al Secretario General de
Empleo por su presencia en esta Comisión.
Parece obligada una primera pregunta, sobre todo porque en este ciclo de
comparecencias asociadas a los presupuestos ayer mismo teníamos ocasión
de escuchar al Secretario de Estado para Hacienda, señor Martínez Robles,
una opinión francamente diferente a la que ha mantenido el Departamento
de Trabajo y a la que han mantenido los máximos responsables de Trabajo
en España, esto es, sobre su previsión de creación de empleo neto en el
ejercicio 1994. Nos gustaría conocer, en primer lugar, cuál es la
previsión. Parece que, al menos la opinión del señor Martínez Robles era
de carácter pesimista.
Entrando ya en el objeto propio directo, aunque era inevitable ese
antecedente por su propia actualidad, todos recordamos que en el año 1993
hubo que asumir modificaciones que se habían realizado en los
presupuestos de ingresos del INEM de más de 1 billón 100.000 millones de
pesetas. En aquel momento, año 1993, se hizo una afirmación que
posteriormente han sostenido muchos de los responsables del Ministerio,
de que estaban todos los contadores a cero. Parece que eso no se
compadece con los datos aparecidos en 1994, en el que siguen surgiendo
déficit que corresponden a los años 1986, 1987 y sucesivos, y que fueron
contabilizados extrapresupuestariamente por importe de 39.500 millones de
pesetas, y lo conocerá por un informe de la Intervención General del
Estado. Parece que no se compadecen las previsiones sistemáticas de
puesta a cero de los contadores del INEM con las aparición o afloramiento
de déficit acumulados desde el año 1986 hasta la fecha por importe de
39.5000 millones de pesetas. Esto nos lleva a dudar de la eficiencia de
la contabilidad extapresupuestaria del INEM y a una pregunta obvia. ¿De
verdad éstos son los últimos 39.500 millones de pesetas? ¿Hay más? ¿Van a
aparecer más? ¿El año próximo aparecerán más? ¿Y qué déficit estima para
el INEM en el año 1994?
Un motivo de preocupación no sólo para el Grupo Popular sino para
bastantes grupos ha sido la existencia de las cuentas
extrapresupuestarias, y especialmente de esos conceptos que han manejado
ustedes muchas veces, de los remanentes. A nosotros nos gustaría saber si
existe algún impedimento legal para poder conocer esas cuentas
extrapresupuestarias que existen en la Tesorería General de la Seguridad
Social, tanto para los ingresos como para los gastos. Nos gustaría
conocer si es que existe algún impedimento, si existe alguna razón, para
que esas cuentas no sean conocidas por el Parlamento y, en consecuencia,
para facilitar nuestra labor, porque yo creo que si se nos enviasen, se
nos facilitaría la labor de control y seguimiento.
El INEM va a contar este año, y esto nos ha causado perplejidad, con
25.000 millones de pesetas menos en su presupuesto de ingresos
procedentes del Fondo Social Europeo. Habrá observado el señor Peña la
cifra de 86.000 millones en el año 1994 y 61.000 presupuestados para el
año 1995, a pesar de que han aumentado la aportación del Fondo Social
Europeo a España. La pregunta creo que es bastante lógica: ¿Qué razones
han existido para esa reducción y qué programas ajenos al INEM se han
beneficiado de ello?
Retomando la cuestión del posible déficit en este ejercicio, el informe
económico y financiero de los presupuestos del Estado, en la página 203,
prevé un déficit de 46.000 millones para el programa de protección al
desempleo. Sin embargo, el avance de liquidación estima que serán
necesarias modificaciones en el presupuesto inicial por importe de
140.000 millones de pesetas. Le estoy hablando del volumen de
modificaciones. ¿Cuál es exactamente la desviación presupuestaria en el
programa de protección al desempleo? Sería la pregunta concreta.
Se nos dijo en una anterior comparecencia, creo recordar que del propio
Secretario, que a partir del 1 de octubre se nos iban a facilitar a los
grupos interesados los datos que iban a permitir de alguna manera
visualizar ciertos aspectos del control en el fraude del desempleo,
especialmente las acciones formativas rechazadas, las ofertas de empleo
rechazadas y los motivos de rechazo. Mi pregunta es por qué no se han
facilitado estos datos. Es la fecha en la que habiendo estado
solicitados, al menos a fecha de hoy y a la hora en la que nos
encontramos, no han sido conocidos por
parte de los grupos interesados, y si tiene alguna estimación
presupuestaria de cuánto ha supuesto este programa de control en ahorro o
en reducción del capítulo de fraude.
De la misma manera nos gustaría saber si considera suficiente el señor
Secretario General la cifra de 4.400 inspecciones o en este caso
verificaciones de renta en prestaciones de subsidio de desempleo. Me
estoy refiriendo tanto al Régimen General como al Régimen Especial
Agrario. Es una cifra que en los indicadores y objetivos se mantienen con
carácter casi constante, y quizá convenga recordar que esas 4.400
verificaciones se proyectan sobre 1.100.000 beneficiarios. Nos gustaría
conocer cuál es el criterio de su departamento, si van a aumentar, van a
mantenerse o van a disminuir este tipo de verificaciones, de controles o,
si prefiere llamarlo así, de inspecciones de renta asociadas a la
percepción de subsidio de desempleo.
En un capítulo distinto pero creo que es importante porque rompe una de
las líneas de actuación que según usted mismo fueron básicas en la
reforma laboral, la reintroducción del contrato de fomento de empleo,
disociado del elemento de causalidad que decían ustedes que impregnaba
esta reforma, creemos que puede producir un incremento del nivel de
rotación de la población ocupada, manifestación muchas veces expresada
por ustedes, especialmente por el Ministerio, como dice literalmente el
informe económico y financiero: El aumento del nivel de rotación de la
población ocupada, que tiene su origen en la actual estructura de
relaciones laborales con un alto porcentaje de empleo temporal, influye
decisivamente en el fuerte crecimiento de los beneficiarios. Somos el
país europeo con el máximo índice de rotación. Estamos en las exactas
antípodas, por ejemplo, de Alemania. En el informe sobre desempleo que
presentó el Gobierno el pasado año se indicaba que el 62 por ciento de
los beneficiarios de la prestación por desempleo es debido a la rotación
laboral. Por ello me permito preguntarle qué medidas piensa adoptar el
Gobierno para evitar que en 1995 vuelvan a crecer los beneficiarios de
prestaciones por desempleo al ampliarse la contratación temporal, en la
forma que ya le indicaba, desde enero de 1995.
Tuve ocasión también de comentarlo al propio Subsecretario de Trabajo, y
creo que en debates anteriores ha sido objeto de polémica, el relativo
fracaso de los programas desde su Departamento llamados a incentivar o
fomentar la contratación indefinida. Así fue reconocida la baja ejecución
y, en consecuencia, la baja eficacia por parte del Subsecretario, señor
Navarro. La pregunta bien concreta es: ¿qué nuevas medidas va a adoptar
en el programa de fomento y gestión de empleo para estimular este tipo de
contratación?
En otro apartado, en el programa de formación ocupacional, y lo hago con
la máxima brevedad, rogando, a su vez, la máxima concisión también en las
respuestas, ha quedado claro en anteriores comparecencias que el esfuerzo
formativo del INEM se está volcando en los grupos sociales que tienen una
mayor o mejor formación de partida. Esto sabe que ha sido objeto de
frecuente polémica. La mayor parte de los ingresos han ido a la población
con una mejor aptitud, con una mejor formación, con una mejor
preparación. ¿Va a corregirse en el año 1995? ¿Va a modificarse esta
línea de mayores recursos a la población con mejor titulación, con mejor
preparación, con mejor aptitud previa?
Finalmente, y también asociado a este programa, al programa de formación
ocupacional, figura desde hace mucho tiempo entre los objetivos la
elaboración del repertorio de certificados de la formación profesional
ocupacional. Pues bien, la pregunta es cuándo estará vigente y, en
concreto, si va a ser plenamente conforme a la Directiva europea del año
1992 sobre reconocimiento de la formación profesional, a fin de que todo
trabajador conozca la cualificación profesional obtenida.
Esas son básicamente las preguntas a las que le agradecería también que,
con la mayor concisión posible, por agilidad en el trámite, se nos diera
respuesta.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Díaz): En nombre del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la
palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Secretario General, por su
comparecencia.
Con brevedad, por coincidir esta sesión con la que tengo en otra
Comisión, le quisiera formular dos apreciaciones o dos preguntas. La
primera de ellas guarda relación con alguna consideración que ha sido
efectuada ya por el anterior interviniente y que es uno de los problemas
importantes (no diría, desde luego, el problema fundamental, que sigue
siendo el paro, pero sí importante en nuestro mercado laboral), que es el
de la precarización. Hoy teníamos ocasión de conocer unas manifestaciones
llevadas a cabo por el Presidente del Consejo Económico y Social, señor
Durán, que afirma literalmente que la reforma laboral (seguramente la
operación más importante llevada a cabo por el Ministerio de Trabajo,
provocando un grave enfrentamiento social en este país, enrareciendo las
relaciones laborales) habrá fracasado, no habrá tenido sentido y habrá
que repensar sus planteamientos si continúa la evolución de la
precarización en nuestro país. Continuidad que, a tenor de las
estadísticas y de las reformas laborales introducidas, cabe pensar que va
a seguir. Me gustaría saber cómo se piensa abordar por parte del
Ministerio este problema, un grave problema que tiene planteado el
mercado laboral.
El segundo tema que me gustaría plantear al Secretario General de Empleo
y Relaciones Laborales es el que se refiere al salario mínimo
interprofesional para el año 1995. ¿Qué previsiones maneja el Ministerio
en relación con lo que pueda ser la cifra del salario mínimo
interprofesional para el año 1995?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Díaz): Ahora tendría la palabra el
Grupo Vasco. Con la venia de SS. SS., paso el turno al siguiente, a ver
si vuelve, porque el señor Olabarría estaba en la Sala pero se ha
ausentado un momento.
Decía el señor Camps que iba a formular las preguntas en nombre de Unión
Valenciana, Grupo Mixto.
Tiene la palabra.
El señor CAMPS DEVESA: Señor Secretario General de Empleo, únicamente a
los efectos de formular una serie de preguntas que por parte del
representante de Unión Valenciana, por coincidirle con otras Comisiones,
no se podían realizar.
Según su opinión, ¿qué relación existe entre el aumento de los cotizantes
a la Seguridad Social y el aumento real de empleo?
En segundo lugar, superando la tasa de desempleo en nuestro país en
varios puntos la media comunitaria, ¿qué medidas tienen previstas para
reducir esta diferencia?
En tercer y último lugar, la Comunidad Valenciana soporta una tasa de
desempleo superior a la media nacional. ¿Qué actuaciones se prevé llevar
a cabo en el próximo año en este sentido?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Díaz): Tiene la palabra para contestar
el señor Secretario General de Empleo y Relaciones Laborales, señor Peña.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO Y RELACIONES LABORALES (Peña
Pinto): Gracias, señor Presidente.
Señor Aparicio, voy...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Díaz): Perdón. Con la venia del señor
Secretario General de Empleo y Relaciones Laborales, voy a dar la palabra
excepcionalmente al señor Olabarría, que entra ahora, para que formule
las preguntas que había realizado al Director General de Empleo y que se
entienden dirigidas al señor Peña, Secretario General de Empleo y
Relaciones Laborales.
El señor OLABARRIA MUÑOZ: Agradecido, señor Presidente, y, lógicamente,
solicito perdón tanto a usted como al compareciente y a SS. SS. por este
atraso, utilizando la convencional frase ya conocida, producido por
causas ajenas a mi voluntad y, desde luego, a mi resistencia física, como
resulta notorio también, señor Presidente.
Señor Peña, Secretario General de Empleo, ateniéndome un poco a la
naturaleza exacta de este trámite, en el que hay que evitar la polémica y
la confrontación de opiniones, que es de naturaleza informativa,
estrictamente informativa, voy a recabar su opinión sobre cuestiones muy
específicas, vinculadas fundamentalmente a la formación profesional,
tanto a la formación profesional continua como a la formación profesional
ocupacional. Al fin y al cabo yo creo que es pacífica la opinión, fácil
de consensuar, fácil de aceptar, de que la formación profesional es una
de las pocas cosas estructurales eficaces, eficientes que se pueden hacer
ahora contra la lacra del desempleo; es de las pocas cosas que no son
macroeconomía, que no son diseños de políticas macroeconómicas, sino que
son políticas sectoriales y estructurales contra el desempleo; desde
luego, es la más eficiente.
Desde esta perspectiva, las primeras inquietudes y dudas que tiene mi
Grupo Parlamentario son las que derivan del contenido de la disposición
adicional segunda del proyecto de ley de presupuestos para el año 1995.
En esta disposición adicional segunda se contiene algo que está
promocionando ya en la televisión un gran comunicador, Iñaki Gabilondo,
que es un acuerdo nacional sobre formación continua alcanzado con fecha
16 de diciembre de 1992, respecto a la cual nos gustaría conocer varias
cosas, señor Secretario General. En primer lugar, su opinión sobre la
eficiencia de los planes ejecutados al socaire de este acuerdo y
desarrollados o ejecutados directamente por la fundación que se deriva de
este acuerdo de fecha 16 de diciembre de 1992.
Me gustaría también conocer su opinión sobre una eventualidad, sobre algo
que yo planteo en términos puramente hipotéticos, cual es la posibilidad
que deriva del nuevo artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores y de
los diferentes ámbitos que se prevén en dicho precepto, tanto en relación
a la negociación colectiva laboral como en relación a los acuerdos
interprofesionales, como el que sirve de fundamento a estos planes de
formación profesional continua; y cuál es su opinión respecto a la
posible desagregación del diseño de estos planes de formación profesional
continua ante la eventualidad de que en alguna comunidad autónoma, si
existen interlocutores sociales con los requisitos de legitimidad
suficientes para adoptar un acuerdo de esta naturaleza, se constituya la
correspondiente fundación, qué posibilidad hay de desagregación y de
creación o atención a distintos acuerdos interprofesionales y a distintas
fundaciones, no sólo a una. Esa es una opinión que me gustaría conocer.
En tercer lugar, también me gustaría saber --y esta quizá sea una
pregunta de naturaleza más estrictamente presupuestaria-- cuál es la
cuantía, en términos comparativos, de la formación profesional continua,
la cuantía de la consignación presupuestaria que está en los
presupuestos, como se indica en esta disposición adicional, del Instituto
Nacional de Empleo y que nos da la impresión de que está en el capítulo 3
de transferencias corrientes y rotulado bajo la expresión «Transferencias
a familias e instituciones sin fines de lucro», con una consignación de
118.279.330 millones. ¿Cuál es comparativamente esta cuantía? ¿Cómo la
considera usted en relación a lo que está consignado en materia de
formación profesional ocupacional? ¿Cómo se distribuye la formación
profesional desde una perspectiva presupuestaria, por una parte en
materia de formación profesional continua, materia desregulada y
ejecutada por los interlocutores privados, a través de esta fundación, y,
por otra parte, la que todavía sigue desarrollando, ejecutando el INEM?
Para finalizar --y ésta es la última pregunta que quiero trasladarle--,
señor Peña, me gustaría saber si en las consignaciones presupuestarias
--y estoy refiriéndome a la formación profesional ocupacional
exclusivamente, a la no desregulada, la que sigue todavía ejecutando el
Instituto Nacional de Empleo--, está prevista la posibilidad --también es
una eventualidad, una posibilidad cierta y comunicada formalmente por el
Gobierno del Estado español, y por el señor Saavedra particularmente-- de
la transferencia de este título competencial.
Gracias, señor Presidente. De nuevo pido disculpas por el retraso.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Díaz): Está disculpado.
Vuelve a tener la palabra el señor Secretario General de Empleo y
Relaciones Laborales.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO Y RELACIONES LABORALES (Peña
Pinto): Señor Aparicio, voy a contestar a la primera pregunta sobre
creación de empleo neto, pero le advierto una cosa, y es que yo no sé muy
bien la diferencia que hay entre empleo neto y empleo bruto. Hablemos de
creación de empleo y previsiones para 1995.
No se reduce la cifra de una creación de empleo de 50.000, y no creo que
tengamos que esperar a diciembre para conocerlo. Casi con toda seguridad,
en octubre de 1994 veremos ya que hay más empleados que en octubre de
1993, en una cantidad no inferior a 25.000. Para que no se produjera
esto, en octubre se tendrían que destruir 66.500 puestos de trabajo, lo
cual, en el curso actual de los acontecimientos, es absolutamente
imposible.
Ya que estoy en la Cámara, deseo articular ante SS. SS. minuciosamente
cuál es la previsión en estos tres últimos meses del año. Como siempre,
es una previsión que más que nada lo que hace es cristalizar un deseo,
pero sobre datos más o menos razonables o científicos. Nosotros partimos
con un superávit de 144.000 puestos de trabajo. No creemos que en octubre
la destrucción de empleo supere los 40.000 ó 45.000 puestos de trabajo,
inclinándonos en el lado pesimista. Creemos que en noviembre se producirá
una destrucción entre 20.000 y 25.000, también acentuando la nota
pesimista, y en diciembre de 15.000 a 20.000, lo que sigue manteniendo la
horquilla que ha repetido el Gobierno de 50.000 a 75.000 puestos creados
en 1994, frente a un dato de paro registrado en el año 1993, de
destrucción de 345.000 puestos de trabajo. Esa es la previsión de empleo
que tenemos.
Vayamos a discutir y a hablar ahora sobre la previsión financiera,
créditos, préstamos, etcétera. En el año 1994, después de todas las
correcciones de déficit del Inem, mantendremos una cifra de 30.000
millones de pesetas arrastrada desde 1986. En cuanto al déficit de
gestión y de ingresos previstos para 1994, habíamos avanzado una cifra de
40.000 millones y estamos en condiciones de anunciar que es posible que
se acerque más a los 30.000 que a los 40.000, sobre un déficit de 1993 de
456.000 millones de pesetas. Este es el déficit estimado.
Sinceramente --puede que por ignorancia-- no conozco ninguna cuenta
extrapresupuestaria. Por extrapresupuestaria quiero decir fuera de la
posibilidad de control de SS. SS. Cualquier cuenta del Inem estará
siempre a disposición de ustedes.
Los 25.000 millones de cofinanciación son la cifra exacta que resulta de
la aplicación de los programas que nos pasa la unidad del Fondo Social
Europeo. Son los programas que existen y no existe desviación de nuestros
fondos a ninguna actividad distinta a la nuestra.
En cuanto al control del fraude, le avanzo formalmente la cifra estimada.
Por mejora de la gestión estimamos que cerraremos 1994 con un menor gasto
de 85.000 millones de pesetas.
En cuanto a medidas, controles previstos, me cita la cifra de 4.400. No
le doy la cifra porque no soy capaz de saber con exactitud qué cantidad
de controles hay. Solamente menciono un control específico pactado en el
REASS, en acuerdo del pasado 6 de octubre. En 1995 se van a realizar en
REASS 130.000 controles. Ello no corresponde con esos 4.400 controles
mencionados y --repito-- cuyo origen en estos momentos desconozco.
En cuanto a modificaciones en el contrato de fomento, no recuerdo
ninguna. La única modificación prevista en la ley de acompañamiento es la
aplicación del famoso artículo 5, que establecía que junto con los
presupuestos se escogerían programas y colectivos especiales
destinatarios de medidas de empleo. ¿Qué hemos hecho? Unas medidas que
modificaban la contratación de parados de larga duración en empresas con
menos de 25 trabajadores las hemos extendido para todo el colectivo de
empresas. En definitiva, estamos hablando de la aplicación de un artículo
y no de una modificación de lo previsto. No hay ninguna previsión
respecto a modificaciones en el resto de la normativa.
Vamos a hablar del fracaso en los programas relativos a la promoción de
la contratación indefinida. Aquí sí que puedo darle las cifras exactas de
contratación respecto a este tipo de contratos, tanto de 1993 como de
1994. En el año 1992 se beneficiaron 34.114; en el año 1993, 43.789. La
cifra de 1994 se refiere únicamente al primer semestre del año y son
23.191. En todo caso, las oscilaciones no son significativas. Como saben
SS. SS., se trata de contratos en prácticas, convertidos en indefinidos,
de contratos de formación, convertidos en indefinidos, jóvenes menores de
25 años, jóvenes entre 25 y 29 años, mayores de 45 años, minusválidos,
minusválidos en centros especiales, mujeres subrepresentadas y mujeres
reincorporadas. Es una apreciación subjetiva la determinación del éxito o
fracaso de estos programas. Como responsable del empleo y con la ambición
que caracteriza ocupar este cargo, evidentemente, nunca es un éxito lo
que aquí se consigue, siempre se querría conseguir más.
Si no recuerdo mal, me resta exclusivamente contestarle a la pregunta
sobre formación ocupacional y finalización del catálogo de
certificaciones. Respecto al catálogo tenemos el compromiso de concluirlo
durante este año, antes de que acabe el mes de diciembre, y en ello
estamos.
Querría indicarle también el número de beneficiarios de la formación
ocupacional. Pensamos que afecte a 195.000 alumnos, 120.000 perceptores
de prestación por desempleo, 55.000 parados de larga duración y jóvenes
sin empleo anterior y 20.000 pertenecientes a colectivos como
minusválidos, emigrados, etcétera. Estos colectivos habitualmente no
recogen a los más formados, sino a los que tienen menor formación. Estos
son los datos previstos para 1995, que con el reparto anteriormente
expuesto alcanza a 195.000 beneficiarios.
Señor Peralta, no creo que sea cortés que yo conteste a las declaraciones
del señor Durán, el Presidente del
Consejo Económico y Social; quizá las declaraciones se puedan entender de
una u otra manera. Si nos ponemos en la hipótesis de que es necesario un
éxito espectacular de la reforma, en lo que a empleo se refiere, y de
forma inmediata y que si esto no se consigue habría que profundizar en la
reforma, la respuesta es rotundamente contraria: la reforma no se va a
modificar. El primer balance que hemos hecho de la reforma, en aquello
aplicado desde 1 de enero de 1994, es muy positivo. Lo he dicho al
comienzo cuando contestaba al señor Aparicio. Venimos de un año con una
destrucción de 345.000 empleos en paro registrado y podemos crecer de 50
a 70.000, cuando las previsiones macroeconómicas eran de destruir 130.000
empleos. Yo pienso que algo tiene que ver la reforma con esto.
Posiblemente no sea la causa universal, pero algo tiene que ver. Por lo
tanto, la valoración es positiva. Positiva también en aspectos en los que
no creo que ahora convenga profundizar, como puede ser la promoción del
tiempo parcial, donde podemos alcanzar casi los 900.000 contratos en
1994, y yo sigo pensando que éste es un dato positivo. Por lo tanto, no
existe voluntad política alguna en el Ministerio de, entre comillas,
«profundizar» en la reforma laboral.
Existen otros dos apartados en la reforma que evidentemente no pueden
causar efecto inmediato. El primero es el que hemos definido como
mantenimiento del empleo, que exige adecuar la norma a la necesidad
productiva de la empresa o del sector, y ahí se pone a disposición de las
partes una serie de instrumentos, que todos conocemos, sobre la jornada,
modificación de condiciones, movilidad, etcétera, que tendrán que
desarrollarse en la cultura propia de nuestro pueblo. Lo que no se puede
esperar es que eso se produzca de un día para otro. Y el tercer apartado,
que es potenciar la autonomía de las partes, creemos que también está
funcionando. Asimismo, estimamos que lo que está sucediendo no cae del
cielo (la moderación salarial, el acuerdo reciente sobre ordenanzas
laborales). El ambiente de acuerdos distintos sin duda al del día 28 de
enero pensamos que también son producto de la reforma laboral y de la
negociación previa de la misma, por lo que nuestro balance es positivo, y
no pienso que debamos en absoluto modificar el contenido de la misma.
No hemos iniciado todavía las reuniones previas, las consultas
pertinentes para determinar el salario mínimo interprofesional. Nuestra
previsión es un incremento del 3,5 por ciento, pendiente del desarrollo
de las rondas habituales que al respecto se realizan.
Señor Camps, por persona interpuesta, evidentemente existe una relación
muy rígida entre aumento de cotizaciones y aumento de empleo, aunque
tengo que lamentar que a veces esta relación no se reproduce en las
encuestas al uso. Repito que nuestros datos registrados nos dan casi un
millón más de cotizantes que la cifra habitual de ocupados que aún recoge
la encuesta de población activa. Tampoco creo que sea nada escandaloso,
pero nuestros datos son ésos y evidentemente la relación entre cotización
y empleo es una relación rígida.
Las medidas para promover el empleo, en primer lugar, son las ya
comentadas hasta ahora, que, en plan general sería toda la aplicación de
la reforma. Yo querría hacer un llamamiento a que se aplique en vez de
que se critique tanto sobre si ha quedado corta o escasa. Hay un dato
presupuestario que también conviene recordar, dentro de unos
presupuestos, que en mi caso definí más que rigurosos muy rigurosos, y es
que se está modificando el peso específico de lo que entendemos por
políticas activas. Es una modificación respecto al año anterior del 0,6.
Evidentemente no es un cifra espectacular, pero poco a poco, cada día,
las políticas activas tienen más importancia: del 11,6 hemos pasado al
12,2, y nuestra intención es que continúe así.
En cuanto a las medidas específicas para el País Valenciano, se aplicarán
en lo que somos capaces de aplicar, en el ámbito de las políticas activas
que, en síntesis, estamos hablando de fomento, de formación y de
escuelas-taller y casas de oficio.
Señor Olabarría, voy a contestarle a un problema que todos sabemos que es
de una enorme importancia, entre otras cosas porque hemos dicho que el
factor humano es el factor estratégico por excelencia para salir de la
crisis y quizás hay que hablar más de personas que de empresas, y hablar
de personas significa hablar de formación. Por lo tanto, nuestra idea, en
un futuro inmediato, sería que la identificación del Ministerio, además
de empleo y protección social, Seguridad Social, también sea formación.
Ese sería el trípode que sostendría al Ministerio. La formación continua,
dentro de ello, tiene una importancia enorme. Tenemos un acuerdo, que ya
citó usted, de 1992, y producto del acuerdo es un principio que creo que
todos los que estamos en esta Cámara seguimos: que los pactos están para
ser cumplidos. Por lo tanto, nuestra intención es cumplir el pacto
tripartito suscrito que dio origen a la fundación de formación continua,
formada actualmente por Comisiones, UGT, CEOE y Cepyme. No significa
ello, ni mucho menos, que tengamos, respecto a la formación continua, una
visión acrítica, ni que pensemos que nos encontramos ante una situación
estática, ni mucho menos. Queremos evaluar lo realizado, saber que los
efectos de un dinero, señorías --les recuerdo que cuando acabe el acuerdo
habrá significado 175.000 millones de pesetas--, han sido rentables. Y no
nos resignamos a pensar que lo que entendemos por autoridad no tenga nada
que ver en formación. Por lo tanto, vamos a cumplir los pactos, vamos a
estudiar cómo se pueden mejorar, porque dentro de las ambiciones de todo
ser humano la mejora es una constante, y a caminar, a ver hasta dónde se
puede llegar.
Las cosas no son nunca inmodificables, ni siquiera los Presupuestos
Generales del Estado. Están sometidos también a la vida y SS. SS.
aprobaron el artículo 84 del Estatuto en esta Cámara. Existe un producto
de dicho artículo 84, que evidentemente habrá que estudiar, porque en
formación no cabe una visión nominalista, sino que la gente se forme, y
la gente creemos que se forma mejor desde abajo que desde arriba. También
pensamos que una centralización abstracta en formación no es del todo
positiva. Por lo tanto, un acuerdo que revista todos los requisitos que
la ley exige es un acuerdo que debería ser examinado con bastante
serenidad, para ver los efectos que dicho acuerdo podría provocar.
La cantidad exacta en formación continua este año es de 51.408 millones
de pesetas, que supone el 0,25 por ciento de la cuota, y la partida total
en el Programa 324.A, de formación, es de 142.000 millones, que disfruta
de un incremento del 9,1 por ciento, en relación con 1994. Contestando a
otra intervención, diría que estas cifras del 9,1, del 8,8, clásicas en
políticas activas, resaltan frente a un incremento en prestaciones a los
desempleados, es decir, en el grueso de políticas pasivas, del 2,11.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Díaz): Se abre un turno adicional
breve de preguntas complementarias sobre aclaraciones.
El señor Aparicio tiene la palabra.
El señor APARICIO PEREZ: En primer lugar, ha hablado usted de que no
comprende la diferencia entre empleo bruto y empleo neto. Nos podemos
poner de acuerdo en que empleo necesario para España es aquel que permita
reducir de forma efectiva sus actuales tasas de desempleo y corregir de
forma efectiva y de forma absoluta el paro que actualmente soporta. No sé
si eso le permite una aproximación o al menos le sitúa en lo que es la
posición de nuestro Grupo.
Me parece muy poco respetuoso para la actual población española en
desempleo que se permita utilizar el concepto de que hay un superávit,
como si fuese una especie de reserva, y hablaba del respeto a las
personas y del problema de las personas desempleadas. Aquí no hay ningún
superávit. Aquí hay unas cifras que, como bien conoce, señalan que el
desempleo español dobla el de la Unión Europea. Me parece que hablar de
superávit en ese contexto tendrá mucho de lenguaje propagandístico, pero
especialmente tiene bastante de sarcasmo y de poco respeto hacia los
desempleados españoles. Por otro lado, por supuesto, bienvenida sea toda
la creación de empleo --en eso no va a haber ninguna discrepancia y va a
haber aproximación absoluta--, pero creo que es un lenguaje muy poco
adecuado para la gravedad de la situación individual y colectiva, de
todos y cada uno de los desempleados, hablar de remanentes o de superávit
de paro o de trabajo o de empleo.
Me decía que no conoce el concepto de cuentas extrapresupuestarias. No se
piense que es un invento extraño. También quizá por situarle voy a darle
una precisión. En el avance de liquidación que nos ha sido remitido a
esta Cámara se nos dice que en los ejercicios 1986, 1987 y sucesivos
fueron contabilizados extrapresupuestariamente, pues se prevé su
aplicación a presupuesto del año 1994, financiándose en parte con
aportaciones del Estado y en parte con remanente de Tesorería del
organismo. Le estoy hablando de una vieja petición de nuestro Grupo y de
otros grupos, que es conocer habitualmente y con normalidad el
funcionamiento de las cuentas extrapresupuestarias y de esos remanentes
que han sido utilizados en distintas ocasiones para subvenir a
importantes déficit de funcionamiento del Inem. Eso ha sido solicitado
muchas veces y nunca ha sido facilitada dicha información de forma
sistemática, y, vuelvo a insistir, no hay otro objetivo que no sea un
seguimiento adecuado del organismo, en concreto del Inem, y en general de
la propia Seguridad Social. Finalmente, por brevedad y por concisión en
este trámite, ojalá cambien --insisto-- algunas de las actuaciones
previstas en formación ocupacional para el año 1995. Ya hemos reiterado
con referencia al Plan FIP que el grueso de destinatarios de las acciones
formativas de dicho plan han sido básicamente los tramos de población con
mejor titulación y con mayor aptitud, y lo tiene usted en datos
perfectamente homologables, como ya ha habido ocasión de poner a su
disposición en debates previos, por la Unión Europea. Si nos dice que el
año próximo se va a invertir esta tendencia, nos agrada, puesto que no
deja de ser un punto de coincidencia importante con lo que creo que es
una filosofía de lucha contra, sobre todo, el desempleo de larga duración
y el paro de larga duración, otro elemento característico y diferencial
del desempleo español. Pero, por favor, yo le insisto, no utilice un
lenguaje de superávit o de remanentes con las actuales cifras de
desempleo. Todos desearíamos verlas reducidas, e insisto, me parecen muy
poco adecuados esos términos. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Peralta. (Denegación.)
Tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRIA MUÑOZ: Voy a ser muy breve.
Señor Peña, lo que usted ha comentado me suena bien en general. Muestra
usted una gran sintonía intelectual en sus presupuestos y, sobre todo, en
enfatizar las políticas activas, en detrimento, por qué no decirlo, en
contraposición a las políticas pasivas. Me ha gustado su sensibilidad por
el viejo aforismo romano del «pacta sunt servanda», en la idea de
respetar pactos. Lo que pasa es que tenemos que tener una consideración
complementaria y ésta ya sí de naturaleza estrictamente presupuestaria.
Puesto que el artículo 84 en la actualidad, tras la reforma que se
acometió del Estatuto de los Trabajadores en este período de sesiones,
posibilita la existencia de más de un pacto, no sólo de uno, de los que
deben ser respetados, tenemos que realizar las precisiones
presupuestarias necesarias para que esa sensibilidad que usted de forma
tan pertinente manifiesta respecto a la necesidad de respetar los pactos
se puede dar en el futuro, con lo cual mi Grupo entiende que
necesariamente se tienen que incorporar correcciones a la disposición
adicional segunda de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, porque
si no su propia sensibilidad, su propia vocación de respeto a los pactos
se convertiría en imposible por razones estrictamente presupuestarias, lo
cual sí que resultaría sarcástico, señor Peña.
Por lo demás, me parece que el diseño de las políticas activas, el diseño
de las políticas formativas y el incremento presupuestario del que se van
a beneficiar en este proyecto de Presupuestos Generales del Estado
indican que la planificación, el planteamiento respecto a cómo luchar
contra el paro, desde la perspectiva en que usted puede hacerlo en el
ámbito de sus competencias y no desde
una perspectiva exactamente macroeconómica sino de políticas
microeconómicas, sectoriales o estructurales, están bien concebidos en
términos generales.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario General.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO Y RELACIONES LABORALES (Peña
Pinto): Señor Aparicio, agradezco su sensibilidad y solicito disculpas
por utilizar el término superávit. Estaba hablando de datos y recuerdo
una afirmación tradicional que decía que los datos carecen de estado de
ánimo, pero es bueno que al hablar de estadísticas sepamos que detrás de
cada estadística y de cada número hay una persona. Le aseguro que nada
más alejado de mi intención que ser sarcástico. El sarcasmo es la
coartada del cobarde y le aseguro que no lo soy.
En todo caso, lo único que le quiero decir, y creo que esto es bueno para
la gente que ha perdido el empleo o que tiene miedo a perderlo, es que el
año pasado había 354.000 desempleados más y que este año prevemos que
habrá entre 50.000 ó 70.000 desempleados menos. ¡Y Dios me libre de
repetir la palabra superávit!
En cuanto al concepto de cuenta extrapresupuestaria, le contesté mal al
comienzo. Lo único que quería era decir que todo estaba a disposición de
SS. SS.; esto era en realidad lo que quería decir.
Respecto a su última intervención, yo creo que sí, que en 1995 se van a
cubrir esas acciones formativas que responden al interés de su Grupo:
parados de larga duración, sin empleo anterior, minusválidos, etcétera.
En cuanto a la pregunta del señor Olabarría, sinceramente le digo que
considero que es propia quizá para otra persona, no para mí que no puedo
contestar sobre técnica presupuestaria. Yo no sé si es posible --quizá
quepa en un debate del Pleno, no lo sé-- prever presupuestariamente algo
que en la actualidad no existe; en todo caso, yo creo que el presupuesto
cubre un compromiso que se estableció a partir de 1992 y que ésa es su
función. No sé hasta qué punto las cautelas ad futurum son posibles o no.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Secretario General. Con esta
última intervención concluye su comparecencia.
--DEL DIRECTOR GENERAL DEL INEM. A SOLICITUD DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS
GV-PNV (número de expediente 212/000955), CC (número de expediente
212/001004), GP (número de expediente 212/001078) Y GIU-IC (número de
expediente 212/001130).
El señor PRESIDENTE: Señorías, pasamos a la comparecencia del Director
General del Inem a petición de los Grupos Parlamentarios Vasco (PNV), de
Coalición Canaria, Popular e Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Aparicio.
El señor APARICIO PEREZ: Indudablemente esta comparecencia debe guardar
relación y nexo con la anterior, y me gustaría, precisamente por razón de
mayor especialidad en lo que al Inem se refiere, que me diera alguna
concreción que tal vez no me haya podido ser facilitada en la anterior
comparecencia.
Comienzo por lo que estiman en sus presupuestos que será el número de
beneficiarios de prestaciones contributivas de desempleo en el año 1995.
Dan la cifra de 830.696. A nuestro Grupo le gustaría conocer si se ha
tenido en cuenta el crecimiento que puede producirse desde enero de 1995
como consecuencia de la ampliación de la contratación temporal y el
consiguiente aumento en el nivel de rotación de la población ocupada.
Esta tesis, de alguna manera, no es diferente a la que plantea el propio
Gobierno en el informe sobre el desempleo que presentó en el año 1993, e
incluso el informe económico y financiero de los Presupuestos para 1994.
Me gustaría reiterar una pregunta que ha quedado sin contestación en la
comparecencia anterior. No se han facilitado aún datos mensuales sobre
rechazo de ofertas de empleo adecuado y, en su caso, de ofertas de acción
formativa por perceptores de prestaciones por desempleo. ¿Es ésa una de
las causas por las que más del 25 por ciento de ofertas genéricas de
empleo del Inem no se cubren? Considerará que algunas profesiones que no
son cubiertas son, realmente, profesiones tan habituales, y eso lo sabe,
como peluquero, mensajero, empleada de hogar, cobrador, etcétera. Es una
de las cuestiones que me gustaría conocer. ¿Dispone ya de esos datos?
¿Nos van a ser facilitados esos datos?
Al cuantificarse los gastos del subsidio por desempleo, una pregunta:
¿Qué cuantía maneja el Inem como salario mínimo interprofesional, con el
cual guarda, obviamente, íntima relación?
En la misma línea de la comparecencia anterior, me gustaría conocer si
las políticas activas de su departamento, frente a las políticas pasivas,
van a ver modificada su composición, su proporción interna. Sabe que nos
preocupa que España es uno de los países más desequilibrados en su
relación de políticas activas a políticas pasivas de empleo. Por cierto,
además es uno de los países que menos recursos dedica a formación
profesional. La pregunta sería si está previsto incrementar los recursos
destinados a políticas activas en la cuantía que se ahorraría
--lógicamente, de forma muy condicional-- en el caso --como se ha citado
anteriormente-- de seguir incrementando o manteniendo, al menos, ciertos
niveles de verificación, de control y seguimiento de ciertas prácticas
abusivas que creo que ya han ido detectándose y, lógicamente, creemos un
camino interesante y avanzar en él. ¿Piensa utilizar ese margen como
elemento equilibrador entre políticas activas y pasivas?
En otro apartado bien distinto, después de la última reforma laboral,
cabe preguntar sobre las funciones de intermediación del Inem. Conviene
recordar que en 1993 gestionó tan sólo el 7 por ciento de las
colocaciones y en 1994 apenas llegó al 6 por ciento. No sólo por su
propia actividad es por lo que quiero preguntar sobre la intermediación,
sino también, ¿cómo piensa el Inem efectuar el seguimiento de las
colocaciones gestionadas por las agencias de colocación sin fines de
lucro? ¿Tiene ya previsto algún mecanismo de seguimiento?
En otro apartado, la ausencia de oferta formativa concreta adecuada a las
necesidades del sistema --y lo digo porque aún no existe el catálogo de
cualificaciones para el contrato de aprendizaje--, la hemos visto
tristemente confirmada por las instrucciones que dirigió la Dirección
General de Empleo a la Dirección General de Inspección de Trabajo los
días 27 y 29 de julio, en que se dice literalmente: Se reconoce la
existencia del contrato de aprendizaje o debe reconocerse la existencia
del contrato de aprendizaje, aunque no pueda proporcionarse al aprendiz
formación teórica adecuada. ¿Qué medidas piensan incluirse en el programa
324.A, formación profesional ocupacional, para resolver esta situación?
En la anterior comparecencia del Director General del Inem --me refiero a
la del año pasado--, afirmó textualmente que se comprometía a dar
información sobre lo realizado en el programa de formación continua
cuando se liberen los créditos para el año 1994, 36.000 millones de
pesetas, como recordará. ¿Podría facilitar esos datos sobre seguimiento
del citado programa, indicando los mismos datos que vienen ofreciéndose
para el plan FIP?
Finalmente, nos gustaría conocer qué funciones va a seguir desempeñando
el Inem en el área de las políticas activas de empleo una vez que
finalice el proceso de transferencias iniciado actualmente.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Señor Presidente, gracias al Director General
del Inem por su comparecencia.
Le quisiera hacer dos planteamientos muy concretos, señor Elordi. El
primero de ellos hace referencia a la previsión de beneficiarios para el
año próximo. A tenor de los datos que se contienen en la documentación
que acompaña a la Ley de Presupuestos, la previsión de beneficiarios para
el año 1995 es de 830.000 beneficiarios de prestaciones contributivas y
842.000 beneficiarios de prestaciones asistenciales; por tanto, un mayor
número de prestaciones asistenciales que de prestaciones contributivas:
830.000 uno y 842.000 otro. Señor Elordi, me sorprenden esos datos en la
medida en que los últimos de los que dispongo --seguramente usted dispone
al día de hoy de datos más actuales, pero yo manejo los proporcionados
por el Banco de España y por el Ministerio de Economía y Hacienda-- hacen
referencia a que datos a junio de 1994, el número de beneficiarios de
prestación contributiva era de 681.031, habiendo descendido a esa cifra
desde los 833.755 de enero de 1994. Los beneficiarios de prestaciones
asistenciales eran, a 30 de junio, 773.424, habiendo descendido a esa
cifra desde los 905.720 de enero de 1994.
Se está produciendo una caída en la tasa de cobertura verdaderamente
impresionante. Piensen SS. SS. que de una tasa original bruta --por
utilizar los datos que se manejan en estas encuestas-- de junio de 1993,
del 68 por ciento, se pasa, en junio de 1994, al 54,99 por ciento; una
caída en torno a trece puntos, es decir, más de un punto por mes. Esa
caída es apreciable si utilizamos las tasas originales netas, que se pasa
del 83 al 67; o de las tasas reconstruidas, que se pasa del 74 al 60, y a
tasa reconstruida neta, del 92 al 74. Esa caída, que le he dado con
términos anuales, de junio de 1993 a junio de 1994, es todavía más
espectacular si nos centramos sólo en el primer semestre del año 1994,
puesto que en el segundo semestre del año 1993 la caída es del 68 al 64,
tasa original bruta; del 83 al 78, tasa original relativa; del 74 al 72,
tasa reconstruida bruta; del 92 al 88, tasa reconstruida neta; en torno a
cinco puntos de caída. Sin embargo, en el primer semestre de 1994 la
caída es del doble: del 62 al 54, tasa original bruta; del 76 al 67, tasa
original neta; del 68 al 60, tasa reconstruida bruta, y del 83 al 64,
tasa reconstruida neta. En definitiva, señor Elordi, las estadísticas dan
una caída espectacular de la tasa de cobertura que no guarda relación con
los datos de empleo, por cuanto estamos hablando del segundo semestre del
año 1994, en el que aún la encuesta de población activa registraba datos
en torno a 3.700.000 parados en nuestro país, con prácticamente ninguna
evolución en relación con el primer trimestre del año 1994. Por tanto, en
unos momentos en los que creció el paro de una manera espectacular, como
es todo el período que va de junio de 1993 a junio de 1994, sin embargo
la tasa de cobertura ha sufrido una caída ciertamente impresionante.
Ante esta evolución, no nos sorprende que los gastos del Inem que se
prevén para el año que viene sean unos gastos que suponen una reducción
en relación con el gasto real previsible a finales de este ejercicio de
1994. No sé si ha dado la cifra exacta prevista el señor Elordi, pero
estoy convencido de que esa cifra de liquidación del presupuesto de 1994
es una cifra superior a la que se prevé para el año 1995. Eso nos plantea
un problema real, señor Elordi. Cabrá pensar que se reducen los gastos
del Inem; creo que eso es así. Se está asistiendo a una reducción
importante de los gastos del Inem, pero a condición de una caída
espectacular en las tasas de cobertura del desempleo. Me gustaría saber
qué planteamientos se tienen hacia la Dirección General del Inem en
relación con un problema que nos parece muy grave.
El segundo tema es el relativo a los convenios del Inem. La ejecución de
los convenios del Inem durante el año 1994 ha sufrido una demora muy
notable. En una comparecencia reciente se hacía referencia a que eso
venía motivado por la no aprobación de una norma que regulara el tema.
Nos gustaría saber si están resueltos todos los problemas de cara al año
1995, y lo que es un instrumento importante sujeto a los recortes
pertinentes, o a los recortes coherentes con la política general
presupuestaria, pero en definitiva van a poder funcionar con normalidad a
lo largo del año 1995 y producir unos resultados importantes que, por
ejemplo, en el caso de la comunidad a la que pertenezco tiene una
incidencia muy importante por su traducción por lo que es desempleo
agrario. Estas son las dos cuestiones que quisiera plantear.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra
el señor Olabarría.
El señor OLABARRIA MUÑOZ: Señor Director del Inem, sin ánimo de ser
reiterativo, le voy a reproducir algunas de las preguntas que le he hecho
a su antecesor en este trámite de comparecencias. Quiero tranquilizarle
también. No se apure, que su antecesor ha respondido de forma y manera
que va a ser muy difícil que usted le contradiga. (Risas.)
La primera pregunta hace referencia a una cuestión que resulta
preocupante para mi Grupo. Usted conoce la disposición adicional segunda
del proyecto de ley de presupuestos, donde se consigna el principio de
asistencia, consignaciones presupuestarias, valga la redundancia, para
atender al acuerdo nacional sobre formación continua, de fecha 16 de
diciembre de 1992. En los presupuestos del Inem, en el programa 324.A se
producen estas consignaciones. Me gustaría saber, en primer lugar, la
cuantía exacta de esta previsión, pero también su opinión sobre cómo se
ha ejecutado, por la fundación que deriva de este acuerdo
interprofesional, la formación profesional continua. También su opinión
personal sobre una eventualidad que ya se la he planteado también al
señor Secretario General de Empleo, que es la siguiente. El nuevo
artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores prevé la posibilidad de que
exista más de un acuerdo interprofesional de ámbitos territoriales
diferentes, de ámbito autonómico previsiblemente. Sin comunidades
autónomas, existen los interlocutores sociales, requisitos de legitimidad
suficientes para la adopción de estos acuerdos. ¿Considera posible que en
esta consignación presupuestaria, la que está en el capítulo III del
Inem, que, a su vez, es congruente con lo que dispone la disposición
adicional segunda del proyecto de ley de presupuestos, este crédito se
podría desagregar para atender a más de un pacto interprofesional, si es
que algún otro se produce? Le adelanto cuál es lo que le provoca cierta
inquietud a mi grupo. Se utiliza en la disposición adicional segunda del
proyecto de ley la expresión «fundación», en singular, y no
«fundaciones», previendo la eventualidad de que exista más de una
fundación que se dedique a la atención y ejecución de la formación
profesional continua. Esta es la primera cuestión que nos inquieta.
En segundo lugar, señor Director General, nos gustaría conocer si ustedes
han hecho alguna consignación o previsión de naturaleza presupuestaria
--sobre otras cuestiones no le voy a preguntar porque no es usted la
persona políticamente legitimada-- que atienda la eventualidad de una
transferencia de la formación profesional ocupacional, que es la que
todavía ejecuta el Instituto Nacional de Empleo. Se lo digo porque
portavoces cualificados del Gobierno y el Ministro de las
Administraciones Públicas han comentado que éste era uno de los títulos
competenciales sobre los que ya existe acuerdo. Resulta factible en estos
momentos la transferencia de esta competencia a la comunidad autónoma del
País Vasco.
Por último, señor Director, en el programa 324.A, capítulo 4.º, se prevén
transferencias corrientes a comunidades autónomas en materia de formación
profesional ocupacional. ¿Con qué títulos se produce esta transferencia
que aquí se consigna como una cantidad de 29.000 millones de pesetas?
Le repito los datos. Es en el Programa 324.A, capítulo 4, artículo 5. El
concepto es en el Capítulo III, Transferencias corrientes. Se trataría de
transferencias corrientes a comunidades autónomas en materia de formación
profesional ocupacional.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Director General.
El señor DIRECTOR GENERAL DEL INEM (Elordi Dentici): Trataré de ser lo
más fiel en las respuestas a las preguntas.
Decía el señor Aparicio si se había tenido en cuenta a la hora de hacer
el proyecto de presupuestos del Inem, en prestaciones contributivas y no
contributivas, la contratación temporal. Por supuesto que se ha tenido en
cuenta, señor Aparicio. Pero se ha tenido en cuenta también una cuestión:
que la contratación temporal tiene un mínimo de un año, como usted
conoce, y tiene un efecto también retardado sobre la protección. Se ha
tenido en cuenta en todos los escenarios en los que se hacen los cálculos
para la protección.
Ha hecho después una reflexión sobre si se producen rechazos de ofertas,
las llamadas ofertas genéricas, a puestos de trabajo en el Instituto
Nacional de Empleo. Esos datos se los puedo facilitar de la única manera
que se pueden contabilizar, que sería desde el punto de vista del control
de la gestión o el control del fraude.
Sabe que el Inem en 1994 tenía 19 planes de control sobre las
prestaciones. Uno de sus planes ha sido el control de la cobertura de las
ofertas genéricas de trabajo. Es un plan anual que no está cerrado
todavía; estamos en el mes de octubre. El Secretario General ha hecho una
valoración económica del efecto de esos planes de control y los ha
situado en 85.000 millones de pesetas en 1994. Esta información se la
podría facilitar a ustedes, pero es uno de los planes de control
específicos del Inem: la renuncia a ofertas. Son 19 planes, como le
decía, y éste es uno de ellos. Sobre estos planes tengo todavía algunas
indicaciones de muy pocos meses, de los seis primeros meses del año.
Tenemos una proyección al cierre de 1994. Sin embargo, esto sí se lo
podría facilitar al acabar, en cualquier instante, pero no se lo podré
facilitar mensualmente, sino cada seis meses, porque son acumulativos y
no hay conocimiento absoluto mes a mes de lo que va aconteciendo con una
oferta, porque una oferta puede producirse a final de mes y realizarse en
el comienzo del mes siguiente. Por lo tanto, es un proceso acumulativo;
no es algo que se me haya solicitado en el pasado.
Me preguntaba sobre el salario mínimo interprofesional para 1995 a la
hora de calcular las prestaciones por desempleo. Lo hemos calculado con
un incremento del 3,5 por ciento.
Me preguntaba si tenemos alguna consideración realizada sobre el cúmulo
de gasto en desempleo, de lo que podríamos llamar políticas pasivas, y un
mayor gasto en
políticas activas, que se compadezcan ambas cuestiones en el tiempo. Por
supuesto que lo tenemos planteado así. Es tanto como ver el proyecto de
presupuesto de 1995. Mientras que la subida en lo que podríamos llamar
políticas pasivas, es decir, protección tanto contributiva como
asistencial, es francamente moderada, la subida de las políticas activas
cuadruplica el porcentaje de subida de las políticas pasivas. Es voluntad
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social seguir incidiendo en el
futuro en estas políticas. Entre otras cuestiones, he de recordarle que
la ley 10 de 1994 en contratos para parados de larga duración, parados
mayores de 45 años, etcétera, se pone una parte de la prestación por
desempleo en función del empleo, al bonificarse con fondos provenientes
del desempleo las cotizaciones de Seguridad Social de esos trabajadores
cuando son contratados. Ese es un nuevo programa que empezó en mayo de
1994, que tendrá continuidad en 1995 y cuya continuidad supone, además,
un incremento del proyecto de presupuestos en bonificaciones por
Seguridad Social. Además de ello, en la medida en que podamos ir
moderando el gasto en protección por desempleo, los incrementos en
políticas activas estarán relacionados directamente con esa moderación en
protección por desempleo. Es algo que ya se constata en el proyecto de
presupuestos de 1995.
Preguntaba usted también sobre la intermediación del Instituto Nacional
de Empleo. Es para mí complicado a veces dar una respuesta cerrada a este
tema, porque si se analizan exclusivamente las cifras del número de
trabajadores a los que el Inem --sería la relectura de la
intermediación-- encuentra empleo, evidentemente no colma las
aspiraciones posiblemente de usted y seguramente de las mías o las del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. ¿En qué sentido? En el sentido
de si decimos que, dado que en 1993 el Inem intermedió con 343.000
trabajadores, esa cifra, comparada con el número de colocaciones totales
existentes en ese año, daba ese porcentaje que usted decía, bajo
realmente. Sin embargo, no hay que analizarlo exclusivamente desde el
punto de vista cuantitativo, sino desde el punto de vista cualitativo.
Esos 343.000 trabajadores son los trabajadores que más dificultades
tienen por su ubicación geográfica, por su experiencia laboral, por su
formación o por su situación personal para encontrar trabajo. Por lo
tanto, hay que hacer una lectura cuantitativa, evidentemente, y yo
comparto con usted que quizá ésa sea una cifra baja --puedo
compartirlo--, pero también hay que hacerla cualitativa, y, si la hacemos
cualitativa, yo creo que ahí podemos interpretar la cifra de una manera
más amplia.
He de decir que la proyección para 1994 es pasar de esos 343.000
trabajadores colocados en 1993 a 500.000 en 1994, con lo que, si lo
analizamos también como tendencia, la mejora también es evidente. Pero
sigo diciéndole que, con los niveles de desempleo que tenemos en España,
500.000 trabajadores intermediados directamente por el Inem posiblemente
no sean todos los que deberían de ser.
Además, he de decirle también otra cuestión. En 1994 se ha roto, se ha
puesto punto final al monopolio que en las colocaciones tenía el
Instituto Nacional de Empleo. Por lo tanto, a partir de ahora, esos datos
habrá que configurarlos por sumas de otras actividades que no sean la
propias del Inem.
Me preguntaba después sobre los certificados de profesionalidad. El Inem
está trabajando en los certificados de profesionalidad durante todo este
año. El sistema de los certificados de profesionalidad estará a 31 de
diciembre y luego tendremos más de un 40 por ciento de familias
profesionales certificadas al 31 de diciembre. Pero le recuerdo que
tenemos de plazo, según la ley 10/1994, de Fomento del Empleo, hasta mayo
de 1995. En cualquier caso, yo creo --no me gustaría equivocarme-- que
vamos a adelantarnos a esa fecha de mayo de 1995. De hecho, el sistema
estará creado en diciembre de 1994, con un 40 por ciento ya de familias
certificadas.
Me preguntaba también sobre el conocimiento que tenemos de las
actuaciones de la Fundación de Formación Continua. Ese conocimiento lo
tendremos en la comisión de seguimiento de los acuerdos de formación
continua una vez cerrado el ejercicio de 1994. Por los acuerdos firmados
en 1992, la Fundación de Formación Continua viene obligada a presentar
una memoria de actividades y actuaciones al cierre del ejercicio. Por lo
tanto, lo tendremos a finales de este año.
Señor Peralta, no sé si me preguntaba o afirmaba, pero, en cualquier
caso, comentaba la situación de cobertura fundamentalmente por desempleo
y el número de beneficiarios. En 1994, la media de beneficiarios de
prestación contributiva será de 842.000 trabajadores y en 1995 la
proyección que hacemos para ver realizado este proyecto de presupuestos
es de 830.696. En beneficiarios del subsidio, en 1994 serán 902.710 y en
1995, 842.942. Beneficiarios del subsidio REA son 224.700 en 1994 y en
1995, 249.646. Es decir, la media de protegidos en 1994 será de 1.969.000
y la media de protegidos en 1995 será de 1.923.000. Las cifras son
prácticamente comparables. Lo que evidentemente no va a ser comparable es
la situación del mercado de trabajo de 1994 y de 1995, aunque sus efectos
sobre la aportación por desempleo se hace notar más tarde.
Es imposible comparar la cobertura actual o futura con dos años
exclusivamente o con un año, 1992 ó 1993, que es la comparación que me ha
hecho usted. Usted sabe que se ha actuado sobre la protección de
desempleo con la Ley 22/1992 en 1992 y con la Ley 22/1993 en 1993. Se ha
actuado sin bajar los niveles de protección, porque el número de
protegidos en 1993 es muy similar también al número de protegidos en
1994. Pero le leeré un dato que yo creo que es significativo sobre el
esfuerzo que este país, solidariamente, vía los trabajadores activos con
sus cuotas, vía el conjunto de los trabajadores españoles con sus
impuestos, vía aportación del Estado, hace para proteger a los
trabajadores que entran en desempleo, y lo importante es saber la
tendencia. Yo le voy a dar cuatro años, y diré que en el año 1984 la
cobertura por desempleo era el 32,5; en 1991, la cobertura era del 60,4;
al final del año 1994, la media será del 62 por ciento, y en 1995 la
media propuesta con estos presupuestos será en torno al 65 por ciento. He
de decir que en diez años se ha duplicado la cobertura por desempleo en
España; o sea, si lo pudiéramos decir así, se ha
duplicado el esfuerzo de protección que se hace con los trabajadores
desempleados. Si nos centramos en un año o en otro, posiblemente la
cobertura varíe, sobre todo cuando haya actuaciones legislativas
decididas por las Cámaras; evidentemente que sí. Pero, sinceramente,
señor Peralta, lo importante es considerar el período en su máxima
magnitud, diez años, y no he querido retrotraerme a 1983, 1982, 1981 ó
1980, donde el mercado de trabajo en España no era un mercado de trabajo
excelente y donde la situación de desempleo no era una situación
excelente tampoco. Me he centrado en un año, que es 1984; es un año medio
de la década del 85. Se ha duplicado la protección.
Me preguntaba sobre los convenios Inem-corporaciones locales. No ha
habido unos recortes en los convenios Inem-corporaciones locales entre
1994-95. Ha habido un incremento del 35 por ciento. Es una de las
políticas activas que más se incrementan para 1995. Sin embargo, sí
coincido con usted en el retraso de 1994. Ha tenido que haber en el
capítulo IV, del Instituto Nacional de Empleo, una adaptación al texto
refundido de la Ley General Presupuestaria. Es una obligación que
teníamos derivada de la Intervención General del Estado. Eso ha tenido
que producir una norma que es una orden ministerial y ha habido un
proceso de estancamiento en los primeros meses del año. Ya lo había dicho
en alguna otra comparecencia y creo que también el propio Ministro y el
Secretario General. Pero hoy estamos ya en una situación de gasto similar
a la de 1993 y el presupuesto de convenios se ejecutará al cien por cien.
Pero reconozco ese retraso, que ya está solventado.
El señor Olabarría me pedía la opinión personal, después de la opinión
personal que le ha pedido al Secretario General de Empleo. Como
comprenderá, yo no voy a opinar de una manera contraria a la del
Secretario General. La formación continua, como S. S. dice, nace de un
acuerdo del año 1992; este acuerdo tiene vigencia hasta 1996, y yo
también soy de la opinión de que los pactos nacen y viven para ser
cumplidos. Sin embargo, yo también participo de su idea de que las
situaciones del mercado de trabajo no son estáticas, y mucho menos en el
mercado de trabajo. Y mucho menos también desde el punto de vista
legislativo. Usted ha recordado la reforma del mercado de trabajo y la
reforma del Estatuto de los Trabajadores y yo creo que hay que compaginar
ambas situaciones. Esa situación no estática en el mercado de trabajo y
de las necesidades de formación y de las necesidades de gestión de la
formación, que son tan complicadas como cualquier otra actividad humana
en otro sector, o quizá más todavía, y, por lo tanto, creo que hay que
compaginarlo, pero siempre teniendo presente que los pactos nacen y de
hecho son pactos porque se van a cumplir; si fueran pactos que no se van
a cumplir, lo único que serían sería un brindis al sol, y yo creo que en
el mercado de trabajo no se pueden hacer brindis al sol.
Me ha preguntado usted por la cantidad exacta a transferir. En el
proyecto de presupuestos la formación continua será el 0,25 del 0,6, que
es la cuota de formación profesional, según el acuerdo de 1992, y
arrojará una cantidad final de 51.048 millones de pesetas. Le recuerdo
que los acuerdos dicen que se utilice 0,1 ó 0,2 de la cuota en el primer
año y 0,25 y 0,30 en el último año.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
el señor Aparicio.
El señor APARICIO PEREZ: Con toda brevedad voy a intervenir. Lamento el
retraso que se ha producido en la aportación de estos datos desagregados,
especialmente de rechazo de ofertas de empleo y de rechazo a acciones
formativas. No me diga que no ha sido solicitado porque tengo incluso el
escrito del registro y se lo puedo facilitar al acabar esta
comparecencia. Por tanto, la contestación que usted nos dio es que no era
posible facilitarla, pero no que no haya sido solicitada; lo ha sido y en
diversas ocasiones.
La evolución entre la proporción entre medidas activas y medidas pasivas
nos parece correcto que vayan girando, pero mucho me temo que a la
velocidad de giro que usted plantea va a ser muy largo y va a ser muy
difícil equipararse, insisto, a lo que es una tónica acertada de los
países de la Unión Europea, esto es, un mayor equilibrio entre acciones
de carácter activo y de carácter pasivo.
Finalmente, la baja intermediación en el mercado de trabajo del Inem es
un hecho. Y la afirmación que usted ha hecho de que son los más difíciles
de colocar los que usted ha colocado, me parece que es un ejercicio de
voluntad de manifestación positiva, pero no hay análisis cualitativo que
lo resista, especialmente porque nunca nos han facilitado los datos de
tipo cualitativo que lo avalasen. Se lo digo con toda sencillez. Entiendo
que es una explicación que a usted le causará cierta satisfacción darla y
decir: No hemos colocado a muchos, pero eran los más difíciles. Tampoco
parece que eso tenga un sustento, al menos en los datos que nos han sido
facilitados.
Por último, ha pretendido insinuar que se va a adelantar el Inem a
algunos calendarios en la expedición de certificaciones profesionales.
Puede que se adelanten a una fecha de referencia fijada unilateralmente
--iba a decir-- por parte de la mayoría parlamentaria, pero ¿se han
adelantado en la expedición de estas certificaciones a hechos tan
sustanciales como es la existencia de contratos de aprendizaje o que el
retraso es cada vez mayor?
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Señor Elordi, comprendo que dialécticamente se
tenga usted que remontar a los años ochenta y cuatro, y, afortunadamente,
no se remonta usted más allá porque incluso puede llegar un momento
determinado en que se encontrara con que en este país no había desempleo.
Es verdad que en este país ha habido momentos en que no ha habido
protección por desempleo. Señor Elordi, yo le dado datos muy reales y son
los datos más recientes que hay.
Como consecuencia de estas leyes a que usted ha hecho referencia, la Ley
22/1992 y, sobre todo, la Ley 22/1993, la
caída de la tasa de cobertura es espectacular. Yo insisto en que son 14
puntos de caída de julio de 1993 a julio de 1994. De esos 14 puntos, 4 ó
5 se producen en el segundo semestre de 1993 y el doble en el primer
semestre de 1994, justo cuando se produce la entrada en vigor de la
última Ley, la 22/1993; un período de tiempo en el que el paro crece en
nuestro país y, sin embargo, la cobertura de desempleo cae.
Es verdad, señor Elordi, que en estos momentos estamos con tasas de
cobertura que sobre paro registrado; el último dato, de junio de 1994,
está en torno al 55 por ciento, si es tasa bruta; si es tasa neta, en el
67 por ciento, etcétera. Pero no olvidemos, señor Elordi, un dato que
usted, cuando hace referencia al año 1994, no menciona, y es que hay una
diferencia entre el paro de la EPA por no calificarlo real y el paro
registrado como no se producía en aquellos años. El paro de la EPA, al
segundo semestre de 1994, es de 3.700.000; en el paro registrado, estos
tres millones setecientos mil, si la tasa de cobertura la medimos en
relación con el paro de la EPA, los datos de cobertura --no tengo
capacidad de hacer los números mentalmente-- quedan por debajo de esos
porcentajes a los que usted hacía referencia en relación con el año 1984.
En todo caso, señor Elordi, quiero decir que si la previsión para el año
1995 es que la tasa de cobertura se sitúe en el 65 por ciento, como ha
dicho usted, cuando a junio de 1994 está en el 67 por ciento --le hablo
de tasa original neta--, cayendo 14 puntos, desde el 83, en los últimos
doce meses, es jugar pura y simplemente con hipótesis, pero no con datos
reales. El primer dato real es cómo está evolucionando en los últimos
doce meses, el período más reciente, y el segundo dato, aproximadamente
real, sólo aproximadamente real, son las previsiones de empleo que tiene
el Gobierno para el próximo año, que se dice que no se producirá
destrucción de empleo, sino creación de empleo. Si esos dos datos se
interrelacionan, la tasa de cobertura de desempleo --estoy dispuesto,
señor Elordi, a hacer una apuesta teórica con usted, aunque estas cosas
no son para hacer apuestas-- seguro que no se sitúa en esa cifra que
usted ha mencionado.
El problema es real, señor Elordi. El problema es que todo lo que sea
tasa de no cobertura son cientos de miles de trabajadores en este país
sin ninguna protección. Porque, de acuerdo con los datos que usted ha
dado, más de la mitad de la protección por desempleo se va al 75 por
ciento del salario mínimo interprofesional, sin pagas extraordinarias.
Dejemos eso. Ahora estamos hablando de trabajadores que no tienen ninguna
protección.
Es verdad que este país ha hecho un esfuerzo importante de solidaridad.
Es verdad. Pero creo, señor Elordi, que deberíamos situarnos en que esa
solidaridad es notoriamente insuficiente, y, a tenor de las estadísticas,
progresivamente insuficiente. Ese es el problema, señor Elordi. ¿Cómo
vamos a abordar ese problema? Porque qué duda cabe que todo programa de
acción social es un programa de solidaridad.
El problema en relación con el desempleo es que es un programa
insuficiente y, a tenor de lo que dicen las estadísticas, progresivamente
insuficiente, más que insuficiente. ¿Qué vamos a hacer en relación con
ese problema? Yo creo que no sería bueno que nos remontáramos, insisto,
al pasado; no es el mejor indicio de comparación el pasado en relación
con las políticas de solidaridad, señor Elordi. Yo creo que eso puede
servir desde otro punto de posiciones, pero no debe ser la posición más
ajustada a la realidad de nuestro país.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Olabarría, por el Grupo
Vasco (PNV).
El señor OLABARRIA MUÑOZ: No es para complementar ni matizar nada, sino
para recordarle algo que no me ha contestado en una de las preguntas en
las que mi grupo tenía especial interés. Yo tampoco sé si desde una
perspectiva presupuestaria esto es estrictamente necesario, pero, si hay
que hacer alguna consignación en su caso, si hay que hacerla, se ha
hecho, previendo lo que el señor Saavedra, Ministro para las
Administraciones Públicas, ya ha proclamado, que es la futura o inmediata
transferencia de la formación profesional ocupacional a algunas
comunidades autónomas, entre otras la del País Vasco. Y otro tema, que
quizás no pertenezca al ámbito de sus competencias ni, analizando la Ley
de Presupuestos, al de nadie, aparentemente, y es lo que queda, tanto en
su condición de deudor como de acreedor, del extinto Fondo Nacional de
Protección al Trabajo. No sé si usted está en condiciones de responder a
esta materia, pero, con ese gesto que me hace, no continúo siquiera en la
exposición de la pregunta y sencillamente le recuerdo lo que me dejó de
contestar en la anterior intervención.
El señor PRESIDENTE: Señor Director General.
El señor DIRECTOR GENERAL DEL INEM (Elordi Dentici): Señor Aparicio, muy
brevemente.
Sinceramente, yo no decía que hemos colocado a los más difíciles como una
cuestión exculpatoria o que minora los problemas de intermediación que
pueda tener el Inem. Yo soy consciente de los problemas que tiene de
intermediación el Inem, pero soy consciente de todos los problemas de
intermediación que tienen todos los servicios públicos en los países de
la Unión Europea. Nosotros estamos en tasas de intermediación bastante
comparables a la media europea; por ejemplo, estamos mucho más bajos que
los alemanes, pero no tenemos una tasa de intermediación muy diferente a
la francesa o la que puedan tener los italianos, en sistemas
relativamente similares o parecidos, que no son iguales. No podemos
compararnos con el británico, porque ya sabe usted que es del tipo de
agencias, etcétera. Pero no es un acto de consuelo ni es un acto
reconfortante decir que nosotros tenemos una tasa de penetración equis,
pero que estamos colocando a los más difíciles. Yo no lo digo como
exculpación, sino como algo que creo que es uno de los principios
fundamentales que adornan o tienen que ser los principios fundamentales
del Instituto Nacional de Empleo. El Instituto Nacional de Empleo es,
fundamentalmente, un Instituto de solidaridad y nosotros colocamos a los
que más dificultades tienen y es nuestra
apuesta de futuro, señor Aparicio, no lo digo exculpatoriamente, lo digo
como un orgullo, y ojalá que esos 500.000 que vamos a colocar en 1994 se
conviertan en 750.000 en 1995. Pero volveré a insistir en que me
preocuparé que sean los que más dificultades tienen para encontrar un
trabajo, porque ése es el sentido último de la existencia de un servicio
público de empleo. Se lo digo en serio, no lo decía exculpatoriamente; lo
decía con un cierto no orgullo, perdóneme, con una cierta tranquilidad de
espíritu de que las pocas mejoras que se puedan estar produciendo en la
intermediación se están produciendo con los trabajadores que más
dificultades tienen.
Señor Peralta, yo lo he comparado con más años, le vuelvo a repetir que
he comparado la cobertura no sólo con el 84, se la he comparado con el
91, que era el momento que no se había adoptado ni la Ley 22/1992 ni la
Ley 22/1993. En ese momento, la tasa de cobertura es del 60,4; la tasa
media del 94, yo creo que poco optimista, es del 62 por ciento, es decir,
después de dos actuaciones legislativas, la 22/1993 y la 22/1994; la tasa
de cobertura actual es inferior a la tasa de cobertura existente antes de
actuar legislativamente. Por lo tanto, vuelvo a repetirle la tendencia y
digo que en el 95 va a subir la tasa con respecto al 94. En cualquier
caso, el gasto por desempleo en España no ha dejado de crecer año a año,
lo único que hemos hecho, tanto en el 92 como en el 93, es que el
crecimiento estuviera en la senda de la coherencia financiera, que este
país pudiera financiar los crecimientos de gasto por desempleo.
Señor Peralta, antes recordaba algún Diputado los créditos
extraordinarios de que ha habido que nutrir al Inem. Evidentemente, el
problema es que había en un momento determinado --perdone que lo diga
así-- que proteger la protección, y es lo que se ha hecho. Pero eso no
quiere decir algo que se colige rápidamente o se quiera colegir. Ha
habido 1.950.000 trabajadores cubiertos por protección por desempleo en
1994 y una cifra similar en 1995. Esa es la cuestión fundamental, y
luego, si lo quiere porcentualmente, lo haremos porcentualmente y
también, y no me retrotraigo al año 84, me mantengo en el 91, antes de
que se actuara. Pues también crece. En el 95 van a crecer con respecto al
94.
Señor Olabarría, perdón, sinceramente, he olvidado aquella parte de su
pregunta, que además considero que es muy importante. La única cuestión
que yo conozco sobre traspaso de formación profesional ocupacional es a
las comunidades autónomas del 143. Sabe usted que hay un pacto, y creo
que ese traspaso tiene una lógica, entre el Ministerio para las
Administraciones Públicas, está relacionado con el traspaso de
Universidades, con el traspaso de formación profesional reglada,
etcétera; va a producirse en 1995 o a partir de 1995, a lo largo de 1995.
No es que haya ninguna previsión presupuestaria, sino que lo hicimos con
Canarias en 1993, se produjo al final del ejercicio el traspaso y fue
efectivo a comienzos de 1994, pero con los remanentes del 93. Por lo
tanto, no hay ninguna proyección presupuestaria ahora mismo, pero es algo
en lo que se puede actuar en el momento exacto en que se produzca la
transferencia.
Con respecto al País Vasco, no tengo información en relación con la
comunidad.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Director general. Concluye así
su comparecencia y le agradecemos su presencia en la Comisión.
--DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE FOMENTO DE LA ECONOMIA
SOCIAL. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO GIU-IC (número de expediente
212/001128).
El señor PRESIDENTE: Señorías, comparecencia del señor director general
del Instituto de Fomento de la Economía social.
Por el Grupo parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias al Director general por su
comparecencia. Voy a hacerle tres preguntas muy concretas.
La primera de ellas es que en una reciente comparecencia, el día 3 de
octubre, del Subsecretario del Ministerio en relación con el Instituto
Nacional de Fomento de la Economía Social, se ponía de manifiesto que no
se había producido la ejecución de un crédito de 2.000 millones de
pesetas, que era equivalente al 66,4 por ciento de los créditos totales
del concepto 477, ayudas a mantenimiento del empleo de empresas con
deudas al Fondo Nacional de Protección al Trabajo. Decía que la razón de
que no se hubiera ejecutado ese crédito era no haber sido posible aprobar
la orden ministerial exigida por la regulación en materia de
subvenciones. En la previsión de presupuesto del año 1995 desaparece ese
concepto. Me gustaría aclarar este tema. Ese sería el primer tema.
El segundo tema es la no inclusión en el proyecto de presupuesto del año
1995 de lo que era la disposición adicional vigésimo cuarta de la Ley de
Presupuestos del año 1994, en concreto el tema de las deudas del Fondo
Nacional de Protección al Trabajo.
En tercer lugar, una pregunta, seguramente con menos contenido
presupuestario, al menos en función del posible contenido que tuviera esa
operación si se lleva a cabo, que haría referencia al estudio por parte
del Instituto Nacional de Fomento de la Economía Social de posibles
reformas de la Ley de Cooperativas. Se han llevado a cabo recientemente,
o se están tramitando en este momento, están planteadas en distintas
comunidades autónomas reformas de las correspondientes leyes de
cooperativas; en concreto, por ejemplo, en el caso de la Comunidad
valenciana o en otras comunidades autónomas.
Me gustaría saber si ese tipo de planteamientos se comparten a nivel
estatal y, en su caso, si pudiera tener algún tipo de contenido
presupuestario, dependiendo de la definición concreta de esos estudios.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Director general.
El señor DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE FOMENTO DE LA ECONOMIA SOCIAL
(Barrera Cerezal): Señor Peralta, gracias por sus preguntas, porque la
verdad es que da oportunidad de explicar determinadas políticas que se
vienen realizando por parte del Instituto Nacional de Fomento de la
Economía Social y la previsión de futuro en relación, sobre todo, a la
tercera pregunta.
En cuanto a la primera, evidentemente, hay una dotación de 2.000 millones
de pesetas, fundamentalmente para aquellas empresas que tuvieran deudas
con el Fondo Nacional de Protección al Trabajo, que ya hace un año,
aproximadamente, en esta misma Comisión tuve que explicar por qué razón
se proponía en el presupuesto que se discutía en aquel momento para 1994.
Efectivamente, la voluntad política de realizar este gasto estaba en este
ejercicio, pero tengo que reconocer a la fecha actual que la voluntad
política, en cuanto a la materialización práctica de la medida, está
teniendo muchos problemas para su consecución. Podríamos decir que
fundamentalmente hay cuatro circunstancias que nos han llevado a que
durante 1994 no hayamos aplicado o a la fecha actual no haber llegado a
aplicar ese programa en concreto para esas empresas. La primera que
podríamos señalar ha sido un elemento de intentar o un trabajo realizado
de clasificar, cuantificar y clarificar el tipo de deudas del Fondo
Nacional de Protección al Trabajo. Tenga usted en cuenta que el Fondo
Nacional de Protección al Trabajo se concedió en la etapa de finales de
los 70, inicios de los 80, y hubo un programa muy amplio, muy abierto a
muchos tipos de empresas, pero también de empresas individuales o
particulares que eran trabajadores autónomos, programas para la mujer,
cooperativas, sociedades anónimas laborales y también empresas en
reconversión industrial. Esto nos ha llevado a tener que clarificar,
primero, sobre qué concepto estábamos trabajando y, sobre todo, para
aplicar una medida, no crear un elemento discriminatorio negativo de la
misma. La segunda cuestión que nos llevó fue el trabajo de sentarnos con
las dos organizaciones representativas de la economía social a las que
más les afectaba el tema de las deudas del Fondo Nacional de Protección
al Trabajo. Una es la Confederación de Cooperativas de Trabajo Asociado y
otra es la Confederación de Sociedades Anónimas Laborales. Después de
estar debatiendo con ellas durante todo el año hemos visto la
imposibilidad práctica de poder aplicar esta medida, sobre todo por dos
factores que vamos a considerar fundamentales. Un primer factor es que
quizá la dotación que se practicaba o que se planteaba era insuficiente,
según la manera de entender de estas dos organizaciones, para resolver el
problema que ellos consideraban se estaba dando en las empresas que
estaban afectas al Fondo Nacional de Protección al Trabajo. El segundo
tema importante que ellos observaban era cómo poner unos criterios que
tuvieran en lo máximo posible o en la frontera entre lo objetivo y lo
subjetivo, cómo poder valorar en un sector determinado el proyecto
presentado por una empresa para recibir esta subvención y que tuviera
unos criterios determinados para concederla, a diferencia de otra que
estuviera en otro sector de actividad, dónde estaba la frontera para
diferenciar los elementos objetivos de los subjetivos, sobre todo
teniendo en cuenta el primer criterio, que había una cantidad límite, que
eran 2.000 millones de pesetas. Intentamos buscar distintas fórmulas y
ligarlas, fundamentalmente, al empleo, por poner un ejemplo, al empleo
que cada una de las empresas mantuviese, y la respuesta por parte de las
organizaciones con casos prácticos de empresas encima de la mesa
consistía en que eso no arreglaba la problemática. Nos podíamos encontrar
con que empresas a las que en su día se les concedió la subvención por el
número de puestos de trabajo creados, ahora mismo estaban en la curva
descendente de empleo, y, por tanto, si lo calculábamos sobre un montante
determinado, medio millón, un millón, un millón y pico, no resolveríamos
el problema. La verdad es que se nos planteaba muy complicado aplicar
esta medida. Y el último factor ha sido al que hizo referencia el
Subsecretario en su comparecencia, y es cómo articular legalmente un
mecanismo cuyo objetivo finalista es reducir unas deudas, que se tenían
contraídas por estos préstamos del antiguo Fondo Nacional de Protección
al Trabajo, con un mecanismo de subvención. De alguna forma --seamos
claros-- la frontera nuevamente se establece entre qué es una subvención
y qué es una condonación de deudas. Esto nos llevó a que un informe hecho
por los servicios jurídicos del Ministerio de Trabajo dijera que el
borrador de orden ministerial que teníamos elaborado podría estar rayando
con la condonación de deudas y que, ante eso, el mejor mecanismo era la
aprobación de una ley articulada o de articular en una ley cada una de
las condiciones que se querían poner en una orden. Esto nos ha hecho, en
el momento actual, repito, rechazar el hacer una orden ministerial y
dedicarnos a estudiar una medida que fuera legislativa, una medida que
llevar al Parlamento, una norma legal con rango de ley que permitiera
marcar los criterios para llevar a cabo esta voluntad política de
resolver el problema de estas empresas. En esto estamos trabajando y en
esto estamos coordinados con esas organizaciones representativas de la
economía social a las que les afecta más. ¿Cuándo podrá tener esto
materialización? No le puedo decir. Quizá tienen ustedes ahora mismo una
oportunidad con la Ley de Presupuestos Generales del Estado. O quizá hay
que plantearlo en otro ámbito distinto, en una norma específica y
concreta para 1995.
Segunda pregunta. Respecto a lo que me plantean ustedes de la disposición
adicional vigesimocuarta, en relación con el Fondo Nacional de Protección
al Trabajo, esta medida se adoptó en el año 1994, entendiendo,
fundamentalmente, que dábamos un año de moratoria para que todo el mundo
arreglara su deuda y, al mismo tiempo, concedíamos un tipo de interés de
moratoria --para aquellos que quisieran pedir una moratoria-- de un cinco
por ciento, adaptándolo a la política de tipos de interés que venimos
subvencionando, a aquellas personas que optan por crear una cooperativa o
una sociedad anónima laboral, lo que llamamos nosotros autoemplearse, en
una fórmula jurídica colectiva, no de autónomos, sino colectiva.
En esta dirección entendíamos que en 1994 se deberían regular las
situaciones de estas empresas y que a partir de 1995 deberían tener un
funcionamiento ordinario y regular
y que, entendiendo que todo el mundo había regulado sus deudas, operaran
los vencimientos de una forma ordinaria y pudieran hacer frente a las
mismas. Por tanto, también considerábamos que en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 1995 era innecesario plantear nuevamente esta
disposición.
La última pregunta se refiere a la reforma de las leyes cooperativas y,
por tanto, la previsión que pudiera tener el Instituto Nacional de
Fomento de la Economía Social en cuanto a propiciar, sugerir o trabajar,
o la que pudiera tener el Gobierno de proponer una modificación en la Ley
de Cooperativas. Mire usted, recientemente se ha celebrado la reunión del
Consejo del Instituto Nacional de Fomento de la Economía Social, y en ese
Consejo --donde, como ustedes saben, están representados distintos
miembros de la Administración y, sobre todo, los representantes de cada
uno de los sectores de la economía social-- se ha decidido crear tres
grupos de trabajo. Entre esos tres grupos de trabajo hay uno que se
denomina ordenamiento legislativo y que pretende hacer esta misma
reflexión: que ante las modificaciones que se han dado en las normas de
cinco comunidades autónomas --en cuanto a las normas legales-- y la
previsión --que es mucho más importante-- de que 10 comunidades
autónomas, las del artículo 143 de la Constitución, tienen competencia
exclusiva a la hora de normar en materia cooperativa, observando la
visión de cómo vayan a normar, hay que intentar después regular,
modificar o adaptar aquellos aspectos que considere oportuno en una norma
general para todo el Estado que sea --vamos a decirlo así, con una
comparación-- un paraguas de todas las normas que hay en el ámbito
autonómico.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Peralta. (Pausa.) Muchas
gracias por renunciar al uso de la palabra.
Concluida la comparecencia del señor Director General, reitero el
agradecimiento por su presencia en la Comisión.
Señorías, el señor Subsecretario está convocado en la Comisión para las
diecinueve treinta, de modo que su ausencia de la sala en estos momentos
está plenamente justificada. Los portavoces de los grupos han sido
extremadamente diligentes en el uso del tiempo esta tarde y ésa es la
causa que explica que en estos momentos suspenda la sesión por cinco
minutos. (Pausa.)
--DEL SEÑOR SUBSECRETARIO DE ASUNTOS SOCIALES (Valero Iglesias). A
SOLICITUD DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS MIXTO, UNION VALENCIANA (número de
expediente 212/000978); POPULAR (número de expediente 212/001107);
IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA (número de expediente
212/001133).
El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión con la comparecencia
del señor Subsecretario de Asuntos Sociales.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Sainz.
La señora SAINZ GARCIA: Señor Subsecretario, antes de iniciar esta
comparecencia le estaba diciendo que observaba nuestro Grupo una
diferencia que, teóricamente, lleva a una confusión a los Grupos
políticos en el momento de analizar los presupuestos de su Sección. Nos
presentan, por una parte, uno de los documentos que entregan, el libro
rojo de los Presupuestos Generales del Estado para 1995, en el que figura
una cantidad diferente de la que aparece en la memoria en la que viene la
explicación del gasto; la diferencia es importante, porque en el segundo
caso, la explicación del gasto, figuran 52.809.293.000 pesetas, mientras
que en este libro rojo de los Presupuestos Generales del Estado figuran
cincuenta y ocho mil y pico millones
Me comentaba usted que la diferencia era porque aquí no se había restado
lo de la droga, que se ha eliminado. De todas formas, señor
Subsecretario, coincidirá usted conmigo en que entregar un libro de la
Sección 27, que pone Presupuestos de 1995, y olvidarse de retirar una de
las partes importantes --que por otra parte luego en las
pormenorizaciones del programa no figura--, que es lo de la droga, me
parece en todo caso carente de rigor y, al mismo tiempo, generador de
confusiones y de dificultades. Lo importante sería que ustedes
presentaran cifras que cuadrasen y, por tanto, no perderíamos el tiempo y
no nos llevaría a los Grupos políticos al desconcierto al encontrarnos
con esto.
Aclarado este extremo, nos encontramos, por tanto, con esos
58.809.293.000 pesetas de la Sección 27, y el presupuesto que usted daba
hace unos días en el Congreso de los Diputados, en el momento en que se
daba una explicación del control presupuestario, era de 50.267.184.000
pesetas, ya detraídas las cantidades del programa de droga. Por tanto,
nos queda un incremento muy pequeño en la Sección 27.
Le agradecería que en el momento en que usted proceda a dar respuesta a
las preguntas que en mombre de mi Grupo le voy a realizar, nos dijera
también con claridad cuál es el presupuesto del Inserso que ustedes
manejan este año y, al mismo tiempo, cuál es la parte de esa cantidad del
Inserso, si son o no los 611.000 millones que figuran en uno de los
documentos que hemos podido encontrar. También le agradecería que nos
dijera cuál es la cantidad que se detrae ya para las transferencias que
van directas a las comunidades autónomas este año y si ustedes tienen
algún reflejo, en la elaboración de los presupuestos, de las previsiones
de esas transferencias que, de acuerdo con las últimas declaraciones de
la Ministra, se van a cerrar con efectos de 1 de enero de 1995.
Por otro lado, y con el fin de facilitar el trabajo y el control, nos
encontramos también con una serie de dificultades en la elaboración de
este presupuesto que, al fin y al cabo, tantas veces ha dicho nuestro
Grupo que se pierde en idas y venidas; es decir, hay un trasiego de
dinero desde la Seguridad Social al Ministerio de Asuntos Sociales, de
Asuntos Sociales al Inserso, del Inserso a las comunidades
autónomas. En ese ir y venir, al final tiene un mal reflejo en la
elaboración de unos presupuestos que nosotros tenemos que estudiar, y ya
su antecesor reconocía en el Senado que generaba unas grandes
confusiones.
Le haría una llamada para que aclarasen y clarificaran bien estos
conceptos, que me llevan a enseñarle, por ejemplo, cómo aparecen
numerosos documentos en donde para la explicación de una serie de
programas que tienen que ver con el Inserso nos remiten, en cuanto a la
explicación de gasto, a que están en capítulos de la Seguridad Social y
luego allí no los encontramos con facilidad. Por eso le pediría --si no
me lo puede dar ahora-- que hiciera llegar a nuestro Grupo por escrito la
cantidad que se destina en el Programa 311 a tercera edad, en qué
ámbitos, y cuál es la cantidad que se destina a los minusválidos y su
distribución. Queremos que quede una explicación clara por escrito para
nuestro Grupo. Así evitaríamos perdernos a veces en una serie de
discusiones sobre cifras que al final no nos cuadran no porque los grupos
no sepamos sumar y restar, sino porque ese trasiego genera una confusión
importante. De todas formas, lo que sí hemos dicho a lo largo de todas
las comparecencias, es que esas duplicidades de gestión en las
administraciones--Administración central y administraciones autonómicas--
se ven claramente en estos presupuestos del Ministerio de Asuntos
Sociales. Son muchos los casos que podríamos poner como ejemplo y que al
final no preocupan.
Por otra parte, en este Presupuesto del Ministerio de Asuntos Sociales,
que tiene un incremento muy pequeño frente al del año anterior, tal como
hemos aclarado ahora, encontramos defectos importantes. A nuestro juicio,
es uno de los ministerios que no ayuda a controlar el gasto público y
además, lamentablemente, no es porque se destinen recursos a atender las
necesidades y problemas que ayuden a la mejor calidad de vida de la
tercera edad o de los minusválidos y sus múltiples necesidades de tipo
social o de las mujeres, es que nos perdemos en los capítulos 1 y 2. El
capítulo 1 es de Administración central y no está destinado a que, por
ejemplo, haya más centros de atención a minusválidos o más residencias,
al final esos incrementos no van destinados a atender la necesidad. Por
otro lado, el capítulo 2 tiene unos incrementos en la inmensa mayoría de
los programas que están muy lejos incluso de lo que el Gobierno
genéricamente pretende hacer creer a los ciudadanos españoles. Hoy ha
habido, como sabe quizá el señor Subsecretario, unas declaraciones
preocupantes del Gobernador del Banco de España que, en definitiva, lo
único que vienen a hacer es dar la razón al Grupo Popular cuando señala
que esos Presupuestos Generales del Estado no van a contribuir a
solucionar los problemas de los más necesitados, ni por supuesto a dar
una solución al tremendo problema del déficit o de la inflación.
Entro ya en las preguntas concretas y voy a intentar articularlas a
través de los distintos programas que ustedes manejan. En el Programa
313, aparte de las preguntas que ya le he hecho, formularía la siguiente
consideración. El capítulo de personal también se incrementa en este
Ministerio. ¿Cuál es la razón para justificar ese incremento de personal
en un 3,9 por ciento? Después observamos aquí algo que al final lleva a
una preocupación. De los capítulos que ustedes manejan en este programa,
nos encontramos que si bien podemos sospechar que las transferencias a
comunidades autónomas se incrementan un 28,5 por ciento, y que el
incremento se reparte entre prestaciones básicas --250 millones-- y el
plan gerontológico, después disminuye para familias e instituciones sin
fines de lucro. Con esto, al final vemos que desciende de forma similar
el incremento en transferencias corrientes en el apartado de
transferencias de capital que iba destinado al programa del plan
gerontológico. Incluso, si no nos hemos equivocado, al final tenemos como
último resultado una disminución, aunque sea en pequeña cuantía, de 14
millones en el plan gerontológico. Le agradecería que me explicara el
incremento por un lado y la bajada, por otro, porque al final, entre la
suma y la resta, nos encontramos con un déficit de 14 millones para el
plan gerontológico.
En su Ministerio --y esto es válido para todos los programas-- nos
encontramos --aparte de esos incrementos en general cuantiosos, salvo en
algún programa de gastos corrientes-- con una serie de partidas en las
que no se justifican los gastos y figura la palabra «otros» con
profusión. Encontramos también en este Programa, como en otros muchos,
trabajos realizados por otras empresas y profesionales con una cantidad
de millones que puede ir desde 75 a 100 millones o ciento y pico en
alguno de los programas. ¿Por qué se gasta tanto en trabajos realizados
con otras empresas y a profesionales? Yo creo que si hay buenos --y no lo
dudo-- funcionarios, cualificados y responsables políticos nos podríamos
ahorrar muchos millones en trabajos encargados a otras empresas o a
profesionales.
Por otro lado, en el Programa 311.A, que corresponde a la Dirección y
Servicios Generales de la Seguridad Social y Protección Social, figura
genéricamente en el capítulo 2 una partida muy importante de «otros» por
valor de 30 millones. Se sigue gastando mucho en publicidad y propaganda.
Y quería hacerle una reflexión. La mayoría de las veces esa publicidad no
llega a cumplir el objetivo social, se pierde, por ejemplo, en unas
publicaciones de lujo que terminan la mayoría de las veces en los
despachos de altos directivos o del estamento político, sin que llegue a
quienes de verdad necesitan conocer una serie de cuestiones, derechos o
posibilidades de asistencia que sería el único objetivo. En cambio caemos
en una propaganda, que en ocasiones raya en electoralismo, más que en una
eficacia de gestión. Cada vez se incrementan más en este Ministerio las
partidas destinadas a publicidad y propaganda. Tenemos gastos excesivos
en el capítulo 2 que se ha incrementado, por ejemplo, gastos telefónicos.
Aparece otra partida en este capítulo 2, Programa 311, con el concepto de
«otros», por valor de 50 millones. Es demasiado dinero, señor
Subsecretario.
Me gustaría que me aclarase la concesión de préstamos fuera del sector
público que figura en este Programa por un valor de 8 millones, adónde va
y a quién se dirige.
Hay unos gastos financieros, en el capítulo 3 de este Programa, que
tienen una dotación prevista de casi 28 millones, con un aumento
porcentual del 999 por ciento en relación con el año 1994. ¿Cómo explica
esto, a qué se
debe, cuáles son los intereses que, teóricamente, tendrían que pagar?
¿Por qué tienen, teóricamente, estos préstamos?
El capítulo 2 del Programa 311.A tiene un incremento del 14,6 por ciento,
lo cual nos parece desorbitado. Dedican partidas, por ejemplo, a la
amortización de deuda a Telefónica de ejercicios anteriores.
Querría hacerle una pregunta. ¿Qué ahorro ha supuesto para el Ministerio
de Asuntos Sociales el traspaso de las oficinas periféricas? ¿El traspaso
ha supuesto ahorro para la Administración, o simplemente lo han
traspasado a otro organismo del Estado pero sigue cargándose a los
Presupuestos Generales del Estado el mantener abiertos esos servicios?
En definitiva, creemos que esa duplicidad de administraciones que
claramente se reflejan y se ven en estos Presupuestos no ayuda en
absoluto a mejorar las prestaciones sociales.
En el Programa 313 desaparece el capítulo de las inversiones. Le pido que
me diga por qué descienden las inversiones, cuál es la razón, y también
le agradecería que, por escrito, dado que genéricamente aparece en las
explicaciones que ustedes nos dan sobre las inversiones de
macroproyectos, nos diga cuáles son las inversiones que realmente no se
han hecho --y sabe usted que tienen un grado de ejecución muy bajo ya en
el anterior presupuesto--, cuáles son las inversiones del año pasado que
han quedado sin hacer y cuáles van a ser los proyectos pormenorizados que
van a hacer a cargo de los presupuestos de este año. En este programa, en
concreto, desaparecen las inversiones y las ayudas a las comunidades
autónomas son claramente ridículas. ¿Por qué? ¿Por qué esa filosofía en
este programa de no ayudar absolutamente nada a las comunidades
autónomas? Son 18 millones, señor Subsecretario, y por eso le digo que
son ridículas, porque me parece que es así. Lo mismo sucede en el
capítulo dedicado a las corporaciones locales. Muchas veces esto entra
dentro de una filosofía que nuestro Grupo ha venido denunciando, y es que
los ayuntamientos tienen una serie de competencias y al final tienen que
resolver una serie de problemas, pero después no se les dan los recursos.
En la página 77 de la explicación de objetivos figuran menos
beneficiarios de pensiones por ancianidad para emigrantes españoles.
¿Cómo explica esto? También se reducen, de acuerdo con los objetivos, el
número de beneficiarios asistenciales para gastos extraordinarios de la
emigración o para el retorno. En 1994 figuraban en este segundo concepto
1.147 y para el año 1995 aparecen estimados como beneficiarios 817. Lo
mismo ocurre, como le decía anteriormente, en pensiones para ancianidad;
en 1994 aparecían 28.927 y en 1995 aparecen 25.514.
También aparece una reducción, dentro de los objetivos, de los
beneficiarios de ayuda para facilitar la integración laboral de los
retornados y su formación. Le agradecería que nos enviase también por
escrito la relación de los municipios integrados en lo que figura como
observatorio permanente de la inmigración, que aparecen en los objetivos
explicativos de la memoria en un número de 30, que me dijese cuáles son.
Al mismo tiempo, me gustaría saber si estas ayudas de transferencias
corrientes a las comunidades autónomas de 18 millones, cantidad que nos
parecía claramente insuficiente, ustedes la ponen como una prolongación
del presupuesto del año pasado, si van destinados a algunas comunidades
en concreto, o si lo distribuyen genéricamente entre todas las
comunidades autónomas.
El Programa 313.O de protección al menor, la verdad es que nuestro Grupo
lamenta que tenga menos recursos que el año pasado, en el marco de lo que
pueden ser las ayudas al menor. Para 1995 figuran 2.927,99 millones,
cuando en 1994 eran 3.309 millones 485.000 pesetas. Esto es lo que
aparecía en los presupuestos de 1994 y lo que ustedes ponen para el año
1995, salvo que haya otro error que no se nos alcance y que desde luego
no aparece explicado en el programa que ustedes presupuestan. En relación
con este Programa, no entiendo cómo dentro de los objetivos de la memoria
ustedes incrementan el número de niños de 0 a 3 años que van a atender
las corporaciones locales, mediante convenio con comunidades autónomas.
De 7.800 en 1994 pasan a 8.100 en 1995, cuando se reduce el presupuesto
que va destinado para este fin. Yo he hecho una radiografía superpuesta
de las transferencias corrientes de 1994 que se dedican a este concepto y
al otro y me he encontrado con que el capítulo de transferencias a las
comunidades autónomas se reduce en general y se mantiene el de guarderías
y el de primera infancia. Por lo tanto, por un lado se reduce en general
todo el concepto de las comunidades autónomas y, por otra parte, se
mantiene igual lo que sería lo relativo a guarderías y primera infancia.
Por lo tanto, no entiendo al final esos objetivos de incrementar el
número de beneficiarios de 0 a 3. Es difícil de entender.
El capítulo 2 sube excesivamente. Tampoco entendemos dónde va destinada
esta subida relativa a los gastos, que es contraria a lo que nosotros
creemos que es de interés, y desearíamos que nos lo justificase.
El apartado de transferencias corrientes a comunidades autónomas de
atención al menor se reduce de forma importante, 101 millones, de la
misma manera que se reduce el de las ayudas a instituciones sin ánimo de
lucro en 40 millones. Esto, unido a la reducción que tuvo en el año 1994,
en que se redujeron las transferencias a las comunidades autónomas en 290
millones en este mismo concepto, resulta preocupante para nuestro Grupo.
Asimismo, se reduce todo lo relativo a inversión nueva, por lo que no
entendemos cuál es la filosofía de su Ministerio que le lleva a esa
actitud. Nos gustaría conocerla, en cada uno de los programas, en el
terreno de la inversión. Al final, repito, se reducía en general.
Tengo un mandato de la Mesa de que proceda a leer unas preguntas que
presenta el portavoz del Grupo Mixto, Diputado de Unión Valenciana, y con
permiso del Presidente las leeré.
El señor PRESIDENTE: Tiene usted la conformidad de la Mesa.
La señora SAINZ GARCIA: De los siguientes programas: el 311.I, Servicios
Sociales de la Seguridad Social a minusválidos; el 313.J, Servicios
Sociales de la Seguridad
Social a la tercera edad; y el 313.J, Servicios Sociales del Estado, ¿qué
cantidades destina a la Comunidad Valenciana?
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra la señora Urán.
La señora URAN GONZALEZ: Señor Subsecretario, en primer lugar desearía
hacer una valoración global de lo que han sido los presupuestos del
Ministerio de Asuntos Sociales y decirle que, desgraciadamente, por
segundo año consecutivo, que conozca esta Diputada, los presupuestos del
Ministerio de Asuntos Sociales se quedan como estaban, si tenemos en
cuenta que hay un aumento del IPC y, por lo tanto, tendría que haber un
aumento sustancioso. Además, el año pasado ya hicimos una valoración
negativa del presupuesto general del Ministerio de Asuntos Sociales y no
podemos por menos que seguir haciendo una valoración cada vez más
negativa de dicho presupuesto.
Compartiendo los objetivos que se marca el Ministerio, que nos parecen
buenos, lo que sí me parece también --lo digo con un poco de ironía-- es
que puede ser relativamente imposible que ustedes cumplan sus objetivos,
a pesar de milagros o maravillas que puedan hacer con el poco dinero que
tienen para llevarlos a cabo.
Voy a entrar en las preguntas en concreto, después de esta valoración. Ha
habido un dato que nos ha llamado la atención, en el capítulo de personal
del Ministerio de Asuntos Sociales, y es que en determinados programas se
mantienen los incentivos a los rendimientos de productividad y
gratificaciones, como por ejemplo en el 311 y, sin embargo, después, esta
misma productividad y gratificaciones, estos incentivos al rendimiento,
desaparecen en el programa de emigraciones, desaparecen en el programa de
otros servicios sociales del Estado, desaparecen en el programa del menor
y vuelven a aparecer otra vez en el Instituto de la Juventud y en el
Instituto de la Mujer. Nos gustaría que nos explicara cuál es el criterio
que ha seguido el Ministerio para establecer estas diferencias, por qué
razón en unos sitios hay incentivos a la productividad y gratificaciones
y en otros programas no existen.
En general --ya sabe que somos críticos con su presupuesto y este
Ministerio parece que tenga un presupuesto que es el chocolate del
loro--, las modificaciones de unas partidas a otras, de transferencias de
capital a transferencias corrientes pueden resultar ridículas, pero al
fin y al cabo nos interesa conocer el porqué. Por qué reducen ustedes en
los servicios sociales del Estado las transferencias corrientes a los
programas de acción social a familias e instituciones sin ánimo de lucro,
pero no se aumenta en la misma cuantía las transferencias de capital. La
Ministra de Asuntos Sociales en su última comparecencia decía que uno de
los pilares en que se iba a trabajar durante el año 1995 era el del apoyo
a las organizaciones no gubernamentales. En todos los programas
disminuyen en transferencias corrientes las ayudas a las familias e
instituciones sin ánimo de lucro y las transferencias de capital (que
podríamos pensar que van a programas concretos), ninguna se aumenta en
las mismas cuantías. A mí me parece que ése es un flaco favor para que
las organizaciones no gubernamentales puedan trabajar. Y no me diga usted
que luego nos viene el 0,5 del IRPF, porque ahí existe un esfuerzo de los
ciudadnos y ciudadanas de este Estado, pero esfuerzo por parte del
Gobierno en la misma medida no lo vemos en los presupuestos.
Nos gustaría saber por qué en el Programa 313, relativo al menor,
volvemos otra vez a lo mismo: caen las financiaciones por transferencias
corrientes y no se aumentan las transferencias de capital, y hay una
disminución de 41 millones de pesetas, que puede parecer poco, pero a la
hora de potenciar la participación de las organizaciones no
gubernamentales en programas directos de ayuda al menor pueden resultar
bastante interesantes.
En el Programa 323, del Instituto de la Juventud, parece que ustedes ya
han renunciado de una manera total y absoluta a que pueda haber un
programa en el que haya experiencias piloto de ayuda a la vivienda. El
año pasado ya hubo una reducción drástica y en éste ya desaparecen por
completo las transferencias a corporaciones locales para ayuda a
experiencias piloto de vivienda para la juventud. Nos gustaría saber si
es que ya ha habido una renuncia, si es que han acabado ustedes el
programa o qué es lo que ha pasado.
Y el colofón es el presupuesto del Instituto de la Mujer. La Ministra de
Asuntos Sociales es defensora de los derechos de la mujer desde hace
muchos años, la Directora del Instituto de la Mujer también, cosa que
nosotros reconocemos, pero lo que sí es cierto es que eso no se plasma en
los presupuestos de 1995. En 1994 se mantuvo el presupuesto, con lo cual
ya se perdió dinero, y en 1995 el presupuesto baja casi un punto. Nos
parece que es una forma bastante drástica de reducción del presupuesto
cuando además estamos asistiendo a un retroceso de los derechos de la
mujer en nuestra sociedad por determinadas circunstancias. Yo no voy a
criticar el segundo plan de igualdad, pero me parece un poco difícil que
vayamos realmente a conseguir el objetivo que se marca el Instituto de la
Mujer de llegar a la igualdad entre los dos sexos cuando realmente hay
una reducción bastante fuerte para las entidades y personas físicas que
realicen actividades que fomenten la no discriminación de la mujer. Hay
una reducción de 138 millones de pesetas. Sí es cierto que hay un nuevo
capítulo que va dirigido a empresas privadas con 15 millones de pesetas,
pero yo creo que quienes realmente hacen la labor de no discriminación de
la mujer son las entidades y las personas físicas, en fin, las
instituciones sin ánimo de lucro, las asociaciones de mujeres en
definitiva. Reducen ustedes casi 128 millones de pesetas para programas
experimentales piloto. ¿Qué ocurre? ¿Ya no vamos a fomentar las
cooperativas de mujeres, el apoyo a nuevas empresas? ¿Qué sucede con
estas reducciones? ¿Ya no vamos a rehabilitar centros de promoción de la
mujer? Se reducen en 100 millones de pesetas cuando realmente sabemos que
hay deficiencias en centros para la mujer. ¿Qué sucede con esto en el
Instituto de la Mujer? Y, por supuesto, parece ser que renuncian ustedes
en gran medida a la reposición asociada al funcionamiento operativo de
los servicios porque lo reducen en 19
millones de pesetas. Me gustaría que nos explicara todas estas
reducciones.
También quiero volver a decirle, señor Subsecretario, que realmente es
triste que un Ministerio como el de Asuntos Sociales, con unos objetivos
de lucha contra la marginación, la pobreza y que busca la igualdad tenga
un presupuesto de 52.000 millones de pesetas. Aunque muchas
transferencias están ya hechas a las comunidades autónomas, lo que es
cierto es que si el Estado no aporta recursos a las comunidades autónomas
los planes y los programas que coordina el Ministerio de Asuntos Sociales
difícilmente se van a llevar a cabo, no van a poder cumplirse sus
objetivos y vamos a tener más problemas de los que ya tenemos en nuestra
sociedad.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DE ASUNTOS SOCIALES (Valero Iglesias): Quisiera
comenzar agradeciendo a las dos portavoces la minuciosidad de sus
preguntas, que es prueba del interés con que analizan y consideran
nuestro Ministerio.
Quisiera decir también que el Presidente me ha señalado la obligación de
ajustarme en mi intervención a responder a las preguntas que SS. SS. han
formulado y que eso me impide hacer un planteamiento general aclarando
determinadas cuestiones y valoraciones de carácter general que SS. SS.
han hecho y que no voy a rebatir, ajustándome al mandato del Presidente,
pero quiero dejar clara la discrepancia con la valoración que han hecho
SS. SS., especialmente con algunos de los aspectos de la señora Sainz.
Comentaba inicialmente la señora Sainz la diferencia que había entra los
58.000 millones que aparecen en un documento y los 52.300 que constituyen
el presupuesto del Ministerio. Le he dado una explicación errónea. La
diferencia obedece a que los 58.000 millones es una cifra sin consolidar.
Deduciendo de ahí las transferencias del Programa 800.X saldría la cifra
real del Ministerio de 52.300 millones de pesetas.
Señalaba también la señora Sainz que le parece que el incremento
presupuestario de nuestro Ministerio es muy pequeño. Ha utilizado una
expresión que no recuerdo en este momento. Yo señalaría que el incremento
del presupuesto es del 5,6 por ciento, mientras que la media del conjunto
de los ministerios creo recordar que está en el 4,9. En este caso hay un
incremento superior por parte del presupuesto de nuestro Ministerio.
En cuanto al Inserso, me pregunta cuál es el presupuesto del Inserso,
cuánto se destina a las comunidades autónomas en 1995 y cuáles son las
previsiones para cuando se efectúe la transferencia que está prevista
hacer en 1995. En cuanto a la primera de sus preguntas le diré que el
presupuesto del Inserso para 1995 es de 417.726 millones de pesetas.
Supone un incremento respecto al año 1994 de 27.399 millones, lo que es
un 7,02 por ciento en cifras relativas. De estos 417.726 millones
corresponden a las comunidades autónomas, por la transferencia ya
efectuada en años anteriores (Andalucía, Canarias, Cataluña, Galicia,
País Vasco, Comunidad Valenciana y Navarra), un total de 82.803 millones,
desglosados del siguiente modo: Andalucía, 17.120 millones; Canarias,
3.245 millones; Cataluña, 16.939 millones; Galicia, 8.765 millones; País
Vasco, 20.703 millones; Comunidad Valenciana, 10.315 millones, y Navarra,
5.716 millones. En total, repito, 82.803 millones que se transfieren a
las comunidades autónomas para que lleven a cabo las funciones y
servicios que les han sido transferidos.
No tenemos en este momento la estimación de lo que habrá que transferir a
las 10 comunidades del artículo 143 de la Constitución, con las que
estamos negociando en este momento la transferencia, porque hasta que no
haya acuerdo sobre la determinación de los costes, la identificación de
las repercusiones en servicios centrales, etcétera, es imposible hacer
una estimación.
Señalaba la señora Sainz que nuestro presupuesto se iba en capítulos 1 y
2 y que no iba dirigido a los colectivos, que se perdía en la gestión
interna de la Administración. Tengo que manifestar la discrepancia más
absoluta con eso, ya que el presupuesto del Ministerio en el capítulo 1
se incrementa en un 5,3 por ciento, y el capítulo 2 disminuye en un 3,2
por ciento. Entiendo que no obedece a la realidad la valoración de S. S.
y, porcentualmente, tampoco los capítulos 1 y 2 representan unas cuantías
relevantes en el gasto total del Ministerio.
Decía también S. S. que el capítulo de personal se incrementa en un 3,9
por ciento y que, sin embargo, descienden las transferencias a
instituciones sin fines de lucro, las de plan gerontológico, el capítulo
7, y preguntaba a qué obedecía esta bajada en el plan gerontológico.
Obedece a que durante estos años se han estado transfiriendo unos miles
de millones (creo recordar que 2.500 millones) en el capítulo 7 a las
comunidades autónomas para el plan gerontológico, básicamente para la
construcción de plazas residenciales. En este momento, se ha considerado
que ya hay en marcha un determinado nivel de construcción de plazas
residenciales para la tercera edad y que, de acuerdo con la negociación y
las reuniones que estamos teniendo con las comunidades autónomas, era más
procedente para el presupuesto del año 1995 transferir parte del dinero
que iba en el capítulo 7 para edificación de residencias, al capítulo 4,
para conciertos en residencias que ya están construidas. Es un trasvase
del capítulo 7 al capítulo 4 porque, de común acuerdo con las
comunidades, se considera que ya no es necesario invertir en la
construcción y que es más importante concertar plazas que ya están en
funcionamiento para que puedan acudir los mayores en régimen
subvencionado.
En el Programa 311.A, la señora Sainz decía que le parecían excesivos los
gastos de publicidad y propaganda. Decía (es una valoración que ella
hace) que se iban en publicaciones de lujo y que más bien obedecía a
publicaciones de carácter electoralista que a publicaciones de interés.
No es ésa la percepción que tenemos en nuestro Ministerio, señoría.
Creemos que uno de los puntos fuertes de nuestro Ministerio, habida
cuenta de que una gran parte de la gestión está transferida a las
comunidades autónomas,
es el análisis y la evaluación de las políticas públicas que en el
conjunto del Estado se llevan a cabo en materia de protección social, de
promoción de la igualdad, etcétera, y que eso requiere la realización de
estudios y la difusión de sus resultados. Estamos francamente satisfechos
de la valoración que existe (al menos así lo percibimos nosotros), en la
medida en que nos llegan determinados inputs de las publicaciones del
Ministerio que son reputadas valiosamente y que tienen un alto prestigio.
De hecho, yo recuerdo que en diversas comparecencias de la Ministra, a la
que he asistido cuando era director de su gabinete, reiteradamente SS.
SS. le piden las publicaciones y los estudios del Ministerio, y creo que
en alguna ocasión la propia señora Sainz ha reclamado que le enviaran la
documentación.
No se le ocultará tampoco a S. S. la necesidad de, en determinadas
materias como las que nuestro Ministerio gestiona, o sobre las que es
competente, mantener una opinión, generar una conciencia determinada en
la opinión pública, y eso únicamente se logra a través de campañas, de
difusión, de material que se difunde a todas las organizaciones, a la
sociedad civil, a las organizaciones privadas, etcétera.
Se interrogaba acerca de cuál era el destino del capítulo 8 del
presupuesto, donde hay ocho millones para préstamos que creo recordar que
ella ha definido como de fuera de la Administración. No son de fuera de
la Administración. Tuve ocasión de explicárselo cuando comparecí para
aclarar el presupuesto de 1994, a su compañera de Grupo, quien me hizo
unas preguntas extremadamente pertinentes y, entre ellas, ésta. Obedece a
un programa de acción social, que consiste en préstamos a funcionarios
que se hacen a dos y tres años en función del programa de acción social
del Ministerio pactado con los sindicatos y que ellos reintegran al cabo
de dos o tres años, según el plazo que escojan. Esa es la única
explicación. Tuve ocasión también de explicar que había habido una
generación de crédito, creo recordar que de 3 o de 5 millones de pesetas
en el año 1994, como consecuencia de los reintegros en ese capítulo.
Preguntaba también S. S. por unos gastos financieros de 3 millones de
pesetas en el Capítulo III del presupuesto. No he sido capaz de encontrar
en las notas --quizás esté equivocado-- del presupuesto de ese Capítulo
III esos 3 millones de gastos financieros. No sé de dónde puede haber
extraído S. S. la información.
En el programa 311.A, decía S. S. que se produce un incremento del 14 por
ciento. Según los datos que tengo, señoría, no es así. El Programa 311.A
tiene una reducción del 0,8 por ciento, según la información de la que
dispongo.
Preguntaba S. S. también que qué había sucedido con las Ofas, si había
supuesto un ahorro la transferencia de las Ofas. La integración de las
Ofas en la Administración periférica del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, en la Sección 19, efectivamente ha supuesto un ahorro,
el ahorro que suponen en todo el Capítulo II, las oficinas de asuntos
sociales, todos los edificios, los alquileres, etcétera y lo que supone
la aplicación de economía de escala cuando una organización se integra en
otra mayor. Con ese ahorro y con algún otro que conseguimos en alquileres
el año pasado en el Capítulo II, obtuvimos financiar un proyecto que se
había caído en el presupuesto de 1994, que eran los programas
experimentales de atención a la infancia maltratada, por una cuantía de
100 millones de pesetas, y que este año se mantienen en el presupuesto.
Luego, ha pasado S. S. al Programa de Migraciones. El Director General de
Migraciones va a comparecer posteriormente y, sin duda, le podrá dar
cumplida explicación con mucho más detalle que yo, como responsable de
ese proyecto.
El señor PRESIDENTE: El Grupo Popular no ha pedido la comparecencia del
señor Director General de Migración y, por tanto, si usted puede
contestar a esa pregunta, mejor que lo haga, porque la señora portavoz no
podrá hacer preguntas al Director General de Migración.
El señor SUBSECRETARIO DE ASUNTOS SOCIALES (Valero Iglesias): Con mucho
gusto, señor Presidente.
Señalaba S. S., en ese caso, que bajaban las inversiones del Programa
313.H y preguntaba qué había sucedido. La explicación es muy sencilla. Ha
pasado al programa 311.A, que es el que gestiona la generalidad del
Ministerio, por lo que verá S. S. que puede haber habido un incremento en
inversiones en el Programa 311.A. Esa es la explicación. La misma
explicación que luego daré a la portavoz de Izquierda Unida cuando
pregunte por algún complemento retributivo.
En el Programa 313.H, migraciones, la portavoz del Grupo Popular ha dicho
que no había prácticamente transferencias a las comunidades autónomas
para programas en cooperación con las mismas. Lo que hay, señoría, es un
incremento del 80 por ciento en el Concepto 451, transferencias a
comunidades autónomas para acciones en favor de los migrantes; es decir,
un incremento del 80 por ciento de ese concepto presupuestario para
trabajar conjuntamente con las Comunidades Autónomas. Me parece
desproporcionada la valoración de que no trabajamos con las comunidades
autónomas, cuando, precisamente, en este año se produce un incremento del
80 por ciento de la partida dedicada a ese fin.
Señalaba también S. S. que había una especie de incoherencia entre los
objetivos de este año en las pensiones por ancianidad para los
emigrantes, ya que el año pasado con una determinada cuantía se preveían
unos beneficiarios equis y este año se reducía el número de
beneficiarios. La explicación es que en el Presupuesto del año pasado
todavía no teníamos el rodaje suficiente en lo que suponía la aplicación
de la Ley de Pensiones no Contributivas y del Real Decreto que extendió
este beneficio a los emigrantes y este año hemos podido aquilatar
muchísimo mejor los indicadores y la previsión que tenemos es que va a
haber aproximadamente 25.500 beneficiarios, y eso nos ha permitido
ajustar mejor el crédito y las previsiones.
En el Programa del menor, 313.0, le ha llamado especialmente a S. S. la
atención el incremento del capítulo 2. De nuevo, S. S. argumentaba que el
dinero del Ministerio de Asuntos Sociales no va a los colectivos, sino
que se
pierde en gastos de gestión interna. Este es un argumento recurrente en
otras ocasiones en comparecencias de Presupuestos, pero que no responden,
en absoluto, a la realidad en el caso de nuestro Ministerio. Con nuestro
capítulo 2 se financian muchísimas actividades y eso es especialmente
importante. Por ejemplo, en el caso del capítulo 2 del Instituto de la
Mujer y en el capítulo 2 del Instituto de la Juventud --luego la
Directora podrá explicarlo--, se financian, repito, muchísimas
actividades y proyectos que van dirigidos a los colectivos que están en
la competencia del Ministerio.
En este caso concreto, el incremento del capítulo 2 de la Dirección
General del Menor o de su programa de actuación obedece a la
actualización de los gastos de alimentos de los niños que están acogidos
en los centros de protección de menores. Fíjese S. S. si el capítulo 2 no
solamente no se pierde en gestión interna del Ministerio, sino que en
este caso el incremento va dirigido a que los niños que están tutelados
en centros de menores coman mejor. Este crédito estaba fijado desde 1991
en una cuantía congelada y nos ha parecido que, cuando menos, en 1995
había que actualizar su cuantía para poder mantener unos niveles de
comida y de nutrición adecuados sin tener que hacer milagros. Esta es la
explicación del incremento del capítulo 2.
Su señoría hacía, en nombre del Diputado de Unión Valenciana, una serie
de preguntas en cuanto a lo que se destina a la Comunidad Valenciana de
este presupuesto. La verdad es que no puedo responderle a ninguno de los
programas que S. S. ha pedido, porque resulta absolutamente imposible
venir a la comparecencia teniendo esos datos desagregados por comunidades
autónomas, por corporaciones locales, por provincias, etcétera.
Paso, a continuación, con el permiso del Presidente, a contestar a las
preguntas que amablemente ha realizado la portavoz de Izquierda Unida. Le
parece insuficiente la subida del presupuesto. Yo debo decirle que a
nuestro Ministerio le hubiera gustado tener un presupuesto mucho más
importante para poder hacer muchísimas más cosas. Lamentablemente, en
ocasiones, como ha dicho algún Ministro del Gobierno, entre los objetivos
políticos y la capacidad presupuestaria hay una diferencia que tenemos
que rellenar en la medida en que podemos. Decía la portavoz de Izquierda
Unida que creía que no íbamos a poder cumplir los objetivos del
Ministerio. Yo le pediría que confiara, tanto en los directivos del
Ministerio como en la calidad de los funcionarios que se dedican a ella y
que no dudara de que, por nuestra parte, íbamos a hacer el esfuerzo, más
allá del estricto cumplimiento del deber, para alcanzar los objetivos que
el Ministerio se ha marcado en esta materia que puedo asegurar a S. S.
que nos apasiona como directivos profesionales del sector público, en un
caso, y como funcionarios dedicados a esto vocacionalmente, en el otro.
Preguntaba S. S. ya en cuestiones concretas, a qué obedecían los cambios
en los incentivos de productividad. Señalaba que habían desaparecido en
algunos programas, que se habían incrementado en otros y que, sin
embargo, se mantenían en otros. La explicación es la misma que señalaba
antes a la portavoz del Grupo Popular en materia de inversiones. Se ha
decidido gestionar globalmente con los mismos criterios los incentivos de
productividad para el conjunto del Ministerio. Eso ha hecho que lo que
había el año pasado en la Dirección General de Migraciones como
consecuencia de su trasvase desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, este año se haya integrado en el Programa 311A, que es el de
gestión general del Ministerio, para gestionarlo unificadamente. Sin
embargo, los organismos autónomos Mujer y Juventud, al ser autónomos
mantienen sus propios conceptos de productividad en su programa porque
entendemos que es más coherente por su carácter de organismos autónomos.
Señalaba también la portavoz de Izquierda Unida la bajada que ha habido
en el Capítulo 4 para transferencias a instituciones y organizaciones sin
fines de lucro, etcétera. La explicación es que esto no estaba así en el
anteproyecto de presupuesto que había hasta finales del mes de
septiembre, pero como consecuencia de un último recorte que se introdujo
en el anteproyecto de presupuesto, fue preciso ajustar las cuantías y
hubo que reducir en todos los ministerios un uno por ciento en el
anteproyecto. Allí es donde se ha producido la bajada que S. S. ha
detectado. Inicialmente no era así y había una elevación de las
subvenciones, pero el recorte de última hora nos ha obligado a introducir
la modificación.
Con mucho gusto contestaré a su pregunta sobre la bajada en las ayudas a
la vivienda que había previstas en el presupuesto del Programa de
Juventud de nuestro Ministerio y que lo gestiona el Injuve. La
explicación es la siguiente. Este ha sido un programa plurianual. Durante
tres años, en los presupuestos de 1991, 1992 y 1993, se han estado
destinando 600 millones anuales para la construcción de viviendas,
régimen de residencia o pisos alquilados para los estudiantes, lo que
hace un total de 1.800 millones. En el año 1993 se invirtieron 300
millones --ya empezábamos a tener alguna reducción presupuestaria--, y en
el año 1994 había sesenta y tantos millones de pesetas en ese concepto.
Mi antecesor tuvo ocasión de exponer el año pasado, cuando explicó el
presupuesto de 1994, la reducción de las cuantías y la necesidad de
optimizar y priorizar los recursos y los objetivos. Hemos considerado
conveniente destinar los recursos que teníamos este año a otros proyectos
que nos han parecido importantes hasta ver cómo evolucionaba la
rentabilidad y los resultados que este proyecto plurianual va a arrojar
en el momento en que se pongan en marcha las residencias que se han
estado construyendo durante este año con la aportación del Injuve. Una
vez que tengamos esa evaluación nos replantearemos la posibilidad de
incluir, siempre de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias y
priorizando, porque la demanda siempre es más elástica y más amplia que
los recursos, nuestros objetivos. Creo recordar que dentro de poco vamos
a inaugurar en la Universidad Carlos III de Getafe una residencia hecha
con el concurso del Injuve. Me dice la Directora General con la cabeza
que, efectivamente, es así. El próximo mes vamos a asistir a la
inauguración y me permito invitar a S. S., en nombre del Rector de la
Universidad, dado su interés por esta materia.
La portavoz de Izquierda Unida también calificaba como drástica la
reducción en el programa dedicado a la
mujer. Todos lamentamos --la Ministra la primera no diré yo que el
Subsecretario el segundo, porque probablemente la Directora del Instituto
de la Mujer será la segunda en lamentarlo, pero el Subsecretario el
tercero-- la reducción que nos hemos visto obligados a introducir en ese
programa como consecuencia del recorte del uno por ciento de última hora
al que he hecho referencia, pero calificar un recorte del 0,9 por ciento
de drástico es, cuando menos, un poco exagerado.
En cualquier caso, tenga S. S. la seguridad de que el entusiasmo de las
funcionarias, las directivas, y los directivos del Ministerio en este
caso también, con el programa de la mujer nos permite garantizarle que
vamos a alcanzar los objetivos que nos habíamos marcado, optimizando los
recursos y haciendo todos los esfuerzos de gestión que sean necesarios.
Me hablaba S. S. de una partida de 127 millones que no he podido
localizar en la avalancha de preguntas que me hacían, pero sí puedo
responder a su comentario acerca del descenso en los créditos
correspondientes a rehabilitaciones e inversiones de reposición. La
explicación es que se han finalizado las obras que estaban en marcha. No
hay demanda de los ayuntamientos. Al menos, no entran en el Instituto de
la Mujer proyectos de los ayuntamientos para ser financiados con cargo a
esta partida y eso nos ha llevado a rebajar el presupuesto y dedicarlo a
otros conceptos en los que sí hay demanda importante, por ejemplo, en el
capítulo 2 y en los gastos de reposición de inversiones propios del
Ministerio. La explicación es que el año pasado el Instituto de la Mujer
ha actualizado sus dependencias, etcétera, como muy bien conoce S. S., y
en este momento no considera necesario el Instituto tener una partida tan
importante como la del año pasado para gastos de reposición.
El señor PRESIDENTE: La señora Sainz tiene la palabra.
La señora SAINZ GARCIA: Desearía, en nombre de mi Grupo, solicitar de la
Presidencia que mi compañera pudiese hacer unas preguntas que en
principio iban dirigidas a la Directora del Instituto de la Mujer.
Lamentaba nuestro Grupo su ausencia, porque consideramos que si bien,
efectivamente, existe una reunión preparatoria de una conferencia
internacional, está la Ministra allí junto a importantes y cualificados
funcionarios de ese Instituto, que podrían en el día de hoy suplir la
ausencia de la Directora; nos parece una descortesía con el Parlamento y
con los grupos parlamentarios el que ella no esté aquí. Si me permite, le
rogaría que mi compañera, en nombre de nuestro Grupo, hiciese las
preguntas que iban dirigidas a la Directora del Instituto de la Mujer.
Antes, muy brevemente, quiero decirle que no me ha contestado. Le
pedíamos unas explicaciones acerca de unos conceptos que figuran
genéricamente como «otros». En la página 161 , donde aparece la
comparación interanual de los distintos gastos, en el Programa 311A,
aparece un incremento de 14,6 por ciento. Si es que nos dan también algún
dato que no corresponde a la realidad y está falseado, le agradecería que
por escrito, en su momento, nos lo clarifique a ver si es que hay alguna
errata en este programa. Aquí lo tengo y no tengo inconveniente en
trasladárselo a su señoría. De ahí mi manifestación de perplejidad y que
señale con contundencia que hay incrementos en ese capítulo 2 que son
claramente excesivos y, por tanto, se está mermando la eficacia de lo que
tiene que ser el objetivo fundamental, que es atender las situaciones de
necesidad de una serie de personas.
Por otro lado, tampoco nos ha dicho a qué otras empresas o a qué
profesionales van destinadas unas importantes cantidades de millones que
se contienen en los distintos programas. Usted casi justificaba su
existencia porque en alguna ocasión la Diputada que en este momento habla
en nombre del Grupo los ha pedido. Naturalmente, nosotros tenemos que
hacer un control y si sabemos que existen esas publicaciones queremos
conocerlas para valorarlas y formar nuestro juicio y en su caso
aprobarlas, porque puede ocurrir que consideremos algún programa o algún
trabajo importante y, en otro caso, critiquemos enérgicamente que se
gasten los dineros públicos de esa manera. Pero eso no es una
justificación. Yo lo que le pedía era una justificación clara de los
dineros que ahí van destinados.
También le dije que le agradecería, dada la confusión que aparece en las
comparaciones interanuales de los gastos en los distintos programas que
realiza el Inserso --3131, etcétera--, una explicación. Dice: programa
gestionado íntegramente por la Seguridad Social, pero no dan ninguna
explicación del gasto y le agradecería que me explicase, o me diese por
escrito, porque entiendo la dificultad de hacerlo ahora, los programas
gestionadaos por el Inserso, porque no aparecen en las memorias que
nosotros manejamos, que lo remitiese también con una valoración clara lo
que se dedicó el año pasado en todos los conceptos de su Ministerio al
plan gerontológico y lo que se dedica este año también a las personas con
minusvalías.
Por otro lado, usted me daba una explicación que a mí me podría
satisfacer: el incremento de un capítulo 2 para la manutención y, por
tanto, mejor alimentación de la infancia. ¡Naturalmente que nos
felicitamos! Lo que pasa es que esa sensatez de tener en cuenta el
incremento de los precios del coste de la vida luego vemos que no está en
otros apartados. Ustedes pretenden --y, de hecho, aparece-- reducir los
costes, limitar el coste medio de las estancias en residencias y en los
turnos de turismo y termalismo social. Supongo que no querrán dar de
comer peor a la tercera edad, porque tampoco sería de desear. La
manutención y la buena alimentación es algo importantísimo en la tercera
edad. Además, ustedes lo ponen en uno de los papeles que ha llegado hasta
nosotros. De ahí nuestra satisfacción en este caso --si ese incremento va
dirigido para ello--, pero le interrogamos cómo en un programa hacen una
cosa y en otro, hacen otra. Me interesaría saberlo.
También querría que nos explicase por qué ese coste medio de la estancia
en centros concertados es inferior al del centro propio del Inserso. En
aras a la brevedad que me pide el señor Presidente, le agradecería que me
contestase, si es posible, a lo que le he dicho ahora. Le cedo la palabra
a mi compañera, con la benevolencia del señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Señora Montseny, tiene la palabra, en nombre del
Grupo Popular, para realizar preguntas al Subsecretario en relación con
las que iba a plantear a la Directora del Instituto de la Mujer.
La señora MONTSENY MASIP: Lamento haber salido de la sala porque pensaba
que sería la comparecencia separada y que no se iba a acumular. En parte,
algunas de las preguntas que mi Grupo iba a formular han sido contestadas
por el señor Subsecretario a la portavoz de Izquierda Unida. No obstante,
como preámbulo, me gustaría resaltar que el Instituto de la Mujer es un
organismo que tiene un presupuesto inicial en este momento y previsto
para el año 1995 de 2.306 millones. Hoy quizás el tono va a ser distinto
del día que estuve aquí para ver el cumplimiento del presupuesto a 30 de
junio de 1994 porque estamos todavía en aras de poder solucionar y
readaptar ese presupuesto que se va a debatir en los próximos días. Nos
parece hasta cierto punto escandaloso que en esa cifra que acabo de
nombrar de dos mil trescientos y algo millones haya una partida de 622
millones para gastos de personal y otra de 1.077 millones, lo que nos
sitúa en 1.800 millones, para gastos en bienes corrientes y servicios,
quedando realmente una cantidad ínfima --si vemos la finalidad de lo que
persigue el Instituto de la Mujer-- de 600 millones para ayudar a la
promoción, a la marginación, al fomento de empleo de la mujer necesitada.
Nos perdemos en burocracia, nos perdemos en funcionarios, nos perdemos en
intervencionismo estatal y queda muy poco dinero para lo que realmente
persigue el Instituto de la Mujer. Eso nos parece muy grave.
Quiero decir que en el anexo que me han facilitado (no sé si se lo ha
contestado usted a la portavoz del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya) de la comparación interanual de la distribución económica del
gasto a mí me baila una cifra, lo digo porque parece ser que hay un 0,9
por ciento de reducción global del presupuesto para el Instituto de la
Mujer.
En los presupuestos del Instituto de la Mujer del año 1994 figuran 2.228
millones, y para el próximo año el presupuesto previsto es de 2.300
millones. Quizás ese desfase de esos 100 millones redondos se deba al
capítulo 7, transferencias de capital a comunidades autónomas, en el que
figuran 118 millones, cuando en los Presupuestos Generales del Estado
sólo figuran 18 millones. Es una cifra que a mí me baila y que no tengo
clara, porque entonces no se produciría una disminución del presupuesto
global del Instituto de la Mujer, sino un ligero aumento.
Si entramos en las partidas, poniendo de manifiesto una vez más lo que
acabo de decir, quizás tendría que poner el énfasis en que si bien los
gastos de personal, a bote pronto, sólo aumentan un 3,5 por ciento. Sí
sería de resaltar que, respecto de los altos cargos, vemos unas
retribuciones básicas de 2.057.000 pesetas y otras remuneraciones
5.140.000. ¿Qué remuneraciones complementarias pueden ser? Hay también
otras remuneraciones en relación con los trabajadores laborales.
En formación y perfeccionamiento de personal, me gustaría que me dijera
si hay un programa serio para ello. Tengo que decir que el 3,5 por ciento
entra dentro de los acuerdos suscritos por el Gobierno con los sindicatos
para la elevación de la remuneración de los funcionarios.
Sin embargo, en los gastos corrientes y servicios vemos un aumento del 39
por ciento. Nos parece hasta cierto punto exageradísimo y que esto vaya
luego en detrimento de las transferencias de capital y de las inversiones
reales. Si hacemos un análisis de los gastos corrientes en bienes y
servicios vemos una reducción en el área de arrendamientos y cánones. Me
gustaría saber si es que por parte del Instituto de la Mujer lo que se ha
hecho es rescindir algún contrato de arrendamiento o, cosa que debería
hacer en muchos casos la Administración, renegociar los contratos de
arrendamiento, en cuyo caso esa bajada de sólo ocho millones nos
parecería relativamente muy pequeña, puesto que hoy los contratos de
arrendamiento no son tan caros como hace tres o cuatro años, por ejemplo.
El consumo de energía eléctrica parece que se ha reducido. El
combustible, también. Ha pasado de 3.251.000 a 1.000.000. Espero que los
funcionarios, pobres, no pasen frío. Y nos parece desaforada y grave la
partida prevista para el aumento de la Telefónica, cuando han sido
ustedes los que han elevado las tarifas del teléfono. Pasar de 35
millones a 47 nos parece excesivo.
Señor subsecretario, luego nos perdemos en todas esas áreas de
publicaciones y propaganda; reuniones y conferencias; otros, 120
millones, 127 millones; actividades a través de convenios; estudios y
trabajos técnicos, 134 millones. ¿Es que no tiene funcionarios el
Instituto de la Mujer para poder hacer sus propios estudios y la
Administración tiene que recurrir siempre a órganos externos? Esto nos
parece realmente perjudicial, en detrimento de los servicios que persigue
con eficacia la protección de la mujer en el ámbito de los estados de
necesidad, podríamos decir, que se producen todos los días.
Vemos con tristeza también que el capítulo de transferencias corrientes
sufre una merma importante. Se ha pasado de 728 millones a 494. Y ésas
son las cantidades que realmente el Instituto de la Mujer destina a las
situaciones de necesidad. Eso es lo que le llega a la mujer necesitada.
Me gustaría que me aclarara a cuántas personas se pudo beneficiar, en el
ejercicio anterior, con los 728 millones globales y la merma que va a
sufrir con los 494 para el presente ejercicio. Eso sí me parece
importante y aún más por parte de un Gobierno socialista, que debería
asignar la mayor parte de fondos para las situaciones de necesidad real.
En el control presupuestario del 30 de junio de 1994 denuncié ya un
recorte importantísimo en inversiones reales. Se nos dijo en ese momento
que al finalizar el ejercicio se recuperaría esa falta de inversión. Pues
bien, vemos que no es así, porque para el ejercicio que viene también han
sufrido un recorte importantísimo las asignaciones presupuestarias para
inversiones reales, un recorte de 20 millones, puesto que vemos que una
partida aumenta pero la otra disminuye de una forma importante, de 61 a
42 millones.
En cuanto a las transferencias de capital, nos gustaría que se nos dijera
cómo se asignan 18 millones de pesetas que vemos todavía en esa partida
presupuestaria a las
comunidades autónomas, porque aunque sea el Instituto de la Mujer, 18
millones para 17 comunidades autónomas que hay, no les debe llegar ni
para siquiera poder pagar los portes de los informes que hacen en el
propio Instituto y las publicaciones que se llevan a cabo. Y esa misma
pregunta respecto a esa cantidad de 18 millones la haría a las
corporaciones locales, aunque ya he entendido antes que usted ha dicho
que no hay demanda por parte de las corporaciones locales.
Finalmente, con mucha brevedad, quiero decir que las concesiones de
préstamo fuera del sector público, sobre lo que ya pregunté la otra vez,
por concepto y por unidad, parece ser en préstamos a corto plazo a
familias e instituciones sin fines de lucro. Por tanto, no es a
funcionarios. Nos gustaría saber si cuando se hace uno de estos préstamos
a corto plazo genera o no intereses.
El señor PRESIDENTE: La señora Urán tiene la palabra.
La señora URAN GONZALEZ: Señor subsecretario, en mi intervención no he
pretendido en ningún momento dudar de la capacidad profesional de los
funcionarios del Ministerio de Asuntos Sociales, en absoluto. Considero
que todos los profesionales, salvo que se demuestre lo contrario, son
buenos profesionales y siempre van a poner el mayor empeño en el
desempeño --valga la redundancia-- de sus funciones. Pero, señor
Subsecretario, con entusiasmo en el trabajo no se suple la carencia de
recursos. Yo les felicito por todo su entusiasmo, porque, realmente, en
un Ministerio como el de Asuntos Sociales, con el presupuesto que
manejamos, la verdad es que entusiasmo tienen que tener ustedes un
montón, pero eso no suple la carencia de programas y de financiación para
programas. Los trabajadores pueden estar trabajando muchas horas, pero
los recursos económicos no llegan para lo que tienen que llegar.
Señor Subsecretario, no me ha contestado usted cuando le he preguntado
cómo van a apoyar a las organizaciones no gubernamentales cuando hay una
reducción en todos los programas a entidades o a asociaciones sin fines
de lucro, que no se compensan con las transferencias de capital. Me ha
dicho usted que ha habido un recorte, un ajuste que hubo que introducir
después del anteproyecto que ya tenían ustedes elaborado. Está usted
dándome de determinada manera la razón: se sigue teniendo recortado el
Ministerio de Asuntos Sociales, a pesar de que usted diga que ha subido
un 5,6 por ciento. Eso no nos sirve en una sociedad en la que en este
momento estamos atravesando una crisis, cuando parecía ser que, con la
pequeña recuperación económica que teníamos, íbamos a tener un mejor
presupuesto en el Ministerio. De acuerdo que es un 5,6 y los demás suben
un cuatro y pico nada más, pero eso no es suficiente para las carencias
que tenemos en nuestro país. Ya sabemos que el Ministerio tiene
transferidas muchísimas competencias, pero coordinar planes, impulsar
planes y todo lo demás, se hace no solamente con personal, con entusiasmo
sino con recursos económicos. ¿Cómo van ustedes a conseguir con todo su
entusiasmo, señor Subsecretario, que la discriminación de la mujer vaya
siendo cada vez menor en esta sociedad, cuando realmente las
asociaciones, que son las que tienen incidencia en la población, ven
recortados sus presupuestos? Díganme ustedes cómo lo van a conseguir.
¿Cómo van a conseguir que los programas del menor sean realmente llevados
a cabo, además de con el entusiasmo de los trabajadores, cuando hay una
reducción en estos programas a las entidades y a las organizaciones no
gubernamentales? Explíqueme usted cómo lo van a conseguir. Yo no dudo de
sus buenas intenciones, pero es que los presupuestos las contradicen.
Señor Subsecretario, contésteme cómo lo van a conseguir.
El señor PRESIDENTE: El señor Subsecretario tiene la palabra.
El señor SUBSECRETARIO DE ASUNTOS SOCIALES: (Valero Iglesias): Comienzo
con la cuestiones que ha replanteado la portavoz del Grupo Popular.
La señora Sainz insiste en que hay un incremento del 13 ó 14 por ciento
en el Programa 311.A, según los datos que ella tiene. Yo le insisto en
que, según los datos de nuestro Ministerio, no existe tal incremento.
Admito que haya algún error en la documentación, alguna mala
interpretación. Con muchísimo gusto, si S. S. nos proporciona la
información, le aclararemos la duda que se ha planteado. (La señora Sainz
García: Si me deja le enseño el documento.)
El señor PRESIDENTE: Señora Sainz, deje concluir al señor Subsecretario
su intervención.
El señor SUBSECRETARIO DE ASUNTOS SOCIALES (Valero Iglesias): En segundo
lugar, quisiera aclarar a la portavoz del Grupo Popular, señora Sainz,
que de ninguna manera justifico la existencia de publicaciones, estudios,
propaganda, en cualquiera de las competencias del Ministerio, por la
existencia de un control parlamentario y por el interés que ella ha
mostrado por las publicaciones, de ninguna manera, no es así. Las
publicaciones y la propaganda del Ministerio se justifican exclusivamente
por su necesidad, por los objetivos que cubren y por la calidad que
tienen, que es reconocida generalmente por todos sus destinatarios; en
absoluto porque se ejerza un control desde el Parlamento, que debe
ejercerse y que lo ejercen ustedes extraordinariamente bien.
No le he contestado a las preguntas que me ha hecho sobre el Inserso
porque desde el principio he creído entender que, probablemente,
reconociendo la complejidad de lo que preguntaba, pedía que se lo
hiciéramos llegar por escrito. Se lo haremos llegar así a S. S. en el
plazo más breve posible, o en el plazo establecido, si lo hay, porque
creo recordar que el año pasado se produjo un problema con una
documentación. Se lo haremos llegar en el plazo más breve posible.
Preguntaba también S. S., es la última de las cuestiones que tengo
tomadas, como consecuencia de que había conseguido yo dar una explicación
satisfactoria al incremento del capítulo 2, en el Programa del menor,
cómo se combinaba eso con la reducción de costes, por el contrario, en el
Programa de termalismo social, del Inserso. De dos maneras, señoría: una,
optimizando los recursos y los conciertos con las empresas que se
encargan de estas materias, y, en segundo lugar, con una ligera
aportación por parte de los beneficiarios a ese programa. Esa es la
explicación a la bajada del coste unitario.
Posteriormente, también la Diputada del Grupo Popular hacía las preguntas
que tenía para la Directora del Instituto de la Mujer, que se encuentra
en Viena, ya que la señora Sainz considera que es injustificable y que es
una falta de respeto al Parlamento el que la señora Subirats no se
encuentre aquí. Yo tengo que decirle que de ninguna manera, ni por parte
de la señora Subirats ni por parte del Ministerio existe la más mínima
intención de menospreciar la labor de control parlamentario, pero sí
creemos que es muy importante para nuestro país, para España, que la
responsable de las políticas de igualdad en España se encuentre en este
momento con otras 53 responsables de políticas de igualdad de la mujer de
toda Europa discutiendo cuáles son las posiciones que Europa va a llevar
a la Conferencia Mundial de la Mujer en Pekín.
Intentaré suplir su ausencia de la manera más digna posible, contestando
a las preguntas de la Diputada del Grupo Popular.
Básicamente, el conjunto de las preguntas de S. S. ha ido dirigido al
capítulo 2. Yo le voy a dar a S. S. una explicación del capítulo 2, del
Instituto de la Mujer, y aprovecharé para decir una vez más que el
capítulo 2, del Ministerio de Asuntos Sociales, en sus diferentes
Programas, no es un capítulo de gestión interna o que se pierda el dinero
en la gestión interna de la Administración y no vaya destinado a los
beneficiarios de las políticas públicas de igualdad, de protección, de
compensación, etcétera. Todo lo contrario, yo me atrevería ahora a dar el
porcentaje, pero un porcentaje elevadísimo de nuestro capítulo 2 va
dirigido a los colectivos destinatarios de las políticas del Ministerio.
Por ejemplo, concepto 226, actividades a través de convenios. Se trata de
un subconcepto creado en el año 1994 con 137 millones de pesetas, cuyos
objetivos son el conocimiento y difusión social de las mujeres, para lo
que hay 20 millones de pesetas. Para ello se van a hacer proyectos de
investigación con las universidades. Hay cosas, señoría, en que, por
mucho que trabajen los funcionarios, por mucha cualificación y por muy
buena voluntad que tengan no lo pueden hacer mejor que los expertos
universitarios. Por ejemplo, analizar el comportamiento de los medios de
comunicación en lo que se refiere a la imagen de la mujer es algo que un
funcionario, normalmente, no puede hacer, porque no está especializado, y
es un proyecto que hay que contratar con la universidad. En este caso,
creo que está previsto hacer cinco estudios con las universidades para
analizar la situación social de las mujeres.
También está previsto, en este concepto del capítulo 2, la promoción de
acciones positivas encaminadas a mejorar la situación social de la mujer,
y para ello hay 220 millones de pesetas, lo que nos va a permitir llevar
a cabo proyectos --y esto sirve, en cierta medida, para contestar a la
portavoz del Grupo de Izquierda Unida-- o campañas de educación de
adultas, de formación de mujeres en colaboración con el Inem, fomentar
proyectos de coeducación en la escuela, en colaboración con el Ministerio
de Educación, proyectos de cooperación con las comunidades autónomas y
con los ministerios, y financiación de proyectos vinculados a la
iniciativa «now» de las Comunidades Europeas. En concreto, se trata de
ocho proyectos con comunidades autónomas; ocho, con ministerios e
instituciones sobre actividades de educación, salud y empleo; tres
convenios con instituciones para actividades en el marco del programa
«now» cofinanciado por el Fondo Social Europeo, y uno con empresas.
En estudios y trabajos técnicos, la dotación de este crédito también
aumenta y las actividades más importantes que se van a hacer son las
siguientes: Itinerancia de exposiciones para el conocimiento y difusión
de la situación social de la mujer. De nuevo estamos ante un proyecto que
no se queda en los despachos de la Administración, sino que su objetivo
es precisamente sacar los materiales que difunden y que conciencian sobre
la situación de las mujeres y la necesidad de llevar a cabo políticas de
igualdad por todo el territorio nacional.
Una nueva exposición se va a poner en marcha con el mismo objetivo que yo
acabo de exponer a SS. SS. En programas experimentales de formación, en
concreto, 10 millones de pesetas para programas de educación permanente
de adultas; 25 millones de pesetas para el plan de promoción de empleo,
femenino, cofinanciado con el Fondo Social Europeo; tres millones de
pesetas para revisión de libros de texto, con el fin de que se respete el
principio de no discriminación por razón de sexo, y cuatro millones para
asesoría técnica en programas de televisión educativa. Proyectos, todos
ellos, que van dirigidos a colectivos de mujeres, cuyas beneficiarias son
las mujeres, hechos en colaboración con organizaciones no gubernamentales
y asociaciones de mujeres.
En concreto, el concepto 227, estudios y trabajos técnicos, hay un
proyecto dotado con 33 millones de pesetas, que es el teléfono de
información línea 900, al que pueden llamar todas las mujeres de España
cuando consideren que sus derechos han sido violentados o conculcados, y
se les asesora para que puedan defender sus derechos de la mejor manera
posible. Esto figura en el capítulo 2 y no es un crédito que se quede
dentro de los despachos de la Administración, no es un despilfarro del
capítulo 2, sino que va dirigido a las organizaciones de mujeres y a las
mujeres.
Hay 20 millones de pesetas para el plan de estudios, que básicamente se
van a dedicar a estudios sobre la mujer rural --que es un asunto que nos
preocupa y en relación con el cual va a haber un seminario importante
organizado por el Instituto de la Mujer-- y a realizar estudios como
consecuencia de la preparación y la realización de la Conferencia Mundial
de la Mujer, de Pekín, de 1995.
Ha insistido la portavoz del Grupo Popular en que el capítulo 2 no iba a
necesidades sociales y creo que, si eso puede ser cierto en algunos
ministerios, no lo es en el caso de este Ministerio y del Instituto de la
Mujer. Se preguntaba también la portavoz del Grupo Popular por la partida
de otras remuneraciones complementarias destinadas a los
altos cargos. Con mucho gusto informo a S. S. de que las retribuciones de
los altos cargos se dividen en dos, las retribuciones básicas, que son el
sueldo en sentido estricto, y los trienios para aquellos casos en que los
altos cargos procedemos de la Administración, somos funcionarios y de
acuerdo con la normativa vigente se nos tiene que pagar la antigüedad, y
las otras remuneraciones, que son la partida más importante, que engloba
los complementos de destino, el complemento específico del puesto de
trabajo y la productividad. Esa es la explicación de que haya dos
partidas genéricamente con otras remuneraciones distintas a las básicas.
Preguntaba S. S. por la bajada de los arrendamientos. Yo no sé si al
principio le parecía alta o escasa la bajada. Si le parecía escasa, le
puedo decir que obedece a una renegociación de los alquileres. A S. S. le
puede parecer una negociación escasa, pero, sin duda, a los propietarios
de los edificios en los que estamos alojados, les parecerá altísima. Ahí
hay siempre una concurrencia de intereses y hay que buscar el punto
intermedio en que las dos partes salgan beneficiadas, y ése es el punto
al que hemos llegado.
Hablaba también de la reducción en las inversiones. Señoría, creo que no
tiene nada que ver la reducción en las inversiones del capítulo VI del
presupuesto para 1995 con la ejecución de las inversiones del año 1994,
al que hacíamos referencia en mi comparecencia anterior. En este caso, se
trata de que el Instituto no ha considerado necesario presupuestar una
cantidad tan importante como el año pasado para inversiones nuevas o
compra de material informático, edificios, etcétera. Se ha considerado
que era mejor destinar ese dinero del presupuesto, por ejemplo al
capítulo 2, que tiene un incremento del 39 por ciento, para financiar
todos esos proyectos, dirigidos a las mujeres y a sus organizaciones,
proyectos que acabo de relatarle minuciosamente hace un minuto.
En el caso de las transferencias a las comunidades autónomas, también
para inversiones, la explicación es la misma. Durante estos años se ha
hecho una buena labor de apoyo a los centros de la mujer de las
comunidades autónomas; en este momento están colocadas en un nivel digno
y se ha considerado más importante destinar ese dinero a proyectos
concretos, en este caso del capítulo 2, destinados directamente a las
mujeres.
La portavoz de Izquierda Unida ha comenzado no sé si haciéndome un
reproche entendiendo que yo había dudado acerca de la imagen que puede
tener de los funcionarios. En ningún caso ha pasado por mi imaginación
pensar que S. S. tiene una mala imagen de los funcionarios y sus
directivos, únicamente he querido insistir, o garantizarle, que a pesar
de las dificultades que usted exponía, por parte del Ministerio se va a
trabajar con todo el entusiasmo posible.
Ha insistido S. S. en que cómo se iba a apoyar a las ONG existiendo una
bajada tan importante, según S. S., en el capítulo 4 y que eso no se
podría compensar con entusiasmo. Creo que la explicación se la he dado a
S. S. cuando contestaba a la representante del Grupo Popular explicándole
que una parte del descenso del capítulo 4 del Instituto de la Mujer
obedece a ese recorte del 1 por ciento, al que hacía referencia en la
primera de mis intervenciones, y otra parte obedece a una transferencia
que se ha hecho desde el capítulo 4 al capítulo 2, para financiar todos
esos proyectos que minuciosamente he descrito a S. S. (La señora Montseny
pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señora Montseny, un turno todo lo breve que pueda.
La señora MONTSENY MASIP: Simplemente quiero incidir en dos puntos.
Señor Subsecretario, respecto a las partidas de las transferencias a las
comunidades autónomas, aunque sean ridículas, no me ha especificado a
cuáles de ellas van y si hay todavía alguna corporación que sigue
pidiendo ayuda al Instituto de la Mujer, porque si se mantiene la
cantidad es que alguien lo debe pedir.
En cuanto al capítulo de servicios, tengo que volver al mismo criterio.
¿De qué nos sirve hacer grandes folletos, aunque les llegue incluso a las
personas que los van a necesitar, si luego no hay recursos para ayudarlas
realmente? Quizá sería mejor hacer octavillas, distribuirlas y destinar
todos estos millones a la eficacia real de ayuda a la mujer que está en
situación de necesidad. ¿De qué le sirve a una mujer que está en paro,
entre los dieciséis y los veinticuatro años, o que ha tenido que irse de
su casa por maltrato o cualquiera de los estados de necesidad en que se
pueda encontrar, conocer que se ha estudiado dicha situación, si luego no
hay recursos para ayudarla?
Le voy a poner un ejemplo. Un Diputado de esta Cámara me explicaba que su
hijo se había ido a un país del Tercer Mundo dentro de la organización
«Manos Limpias» porque ellos están muy orgullosos de que sólo el 0,7 por
ciento se destine a burocracia. Es evidente que es en régimen de
voluntariado y no perciben remuneración, pero el 0,7 de gastos para lo
que es burocracia. Y aquí estamos viendo que el 75 por ciento va en
gastos de personal, en estudios, programas y folletos; luego, queda un 25
por ciento de dinero presupuestado que llega realmente a la finalidad que
persigue el Instituto de la Mujer. No pedimos que sea un 0,7 por ciento
pero, desde luego, el 75 por ciento nos parece abusivo.
Usted me habla de esa línea telefónica para ayudar y atender a la mujer
en situación de necesidad, pero es que esa línea existe en todas las
comunidades autónomas también, con lo cual 34 millones de pesetas al año
nos parece excesivo.
El estudio sobre la mujer en el medio rural se hizo también, según
constaba, en los Presupuestos del Estado del año 1993. Deseo incidir en
ese plano que acabo de mencionar, porque nos parece realmente flagrante
que un 25 por ciento de 2.300 millones llegue sólo a ayudas reales de
cara a la mujer que está en dicha situación.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DE ASUNTOS SOCIALES (Valero Iglesias): Señora
Montseny, no puedo contestarle a cuáles son los proyectos de las
comunidades
autónomas a los que se va a dirigir las inversiones del capítulo 7. No
tengo el listado, porque entendía que la comparecencia no iba a requerir
este grado de minuciosidad.
De nuevo habla de las publicaciones, de la propaganda, etcétera. Por lo
menos, ya no lo califica de electoralista, como antes su compañera,
calificación que entiendo que no es procedente en este caso. Creo,
señoría, que como argumento retórico parlamentario decir que se destine
menos dinero para publicidad, para publicaciones y que ese dinero se
dirija a remediar la situación de las mujeres en paro puede ser válido,
pero sólo a efectos parlamentarios. Todos sabemos que con 100 millones de
pesetas no vamos a arreglar la situación de las mujeres en paro que hay
en España. Entiendo que la pregunta se contesta por sí misma.
En cuanto a la línea 900 --y el Presidente me ha pedido brevedad--, es
una línea 900 tiene demanda y su coste compensa el servicio que presta y
creemos que tenemos que seguir manteniéndolo, pese a que en las
comunidades autónomas pueda haber otros teléfonos 900. La verdad es que,
afortunadamente, y estamos orgullosos de ello, el Instituto de la Mujer
sigue siendo un punto de referencia clave en la política de igualdad de
las mujeres y es sobradamente conocido --los estudios así nos lo
demuestran-- por las mujeres españolas, que se dirigen a él
permanentemente cuando tienen una necesidad.
Seguimos considerando necesario continuar profundizando en los estudios
sobre la problemática de la mujer rural, porque es uno de los asuntos en
los que hay una mayor discriminación y en los que debería haber líneas
específicas de actuación por parte de los organismos públicos, de las
asociaciones de mujeres, etcétera. Eso está contemplado en nuestro
capítulo 2 y creemos que seguir profundizando en el reconocimiento de la
problemática no solamente no es ningún despilfarro, sino que resulta
absolutamente imprescindible.
Muchísimas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Subsecretario. Damos así por
concluida su comparecencia.
--DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE MICRACIONES (ARAGON BOMBIN). A SOLICITUD
DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA. (Número de expediente 212/001127).
El señor PRESIDENTE: Señorías, iniciamos la comparecencia del Director
General de Migraciones. Tiene la palabra la señora Urán, en nombre del
Grupo parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
La señora URAN GONZALEZ: Señor Presidente, quiero agradecer la
comparecencia del Director General de Migraciones. Voy a ser muy breve
porque, con la explicación del compareciente anterior, prácticamente me
he quedado sin preguntas dirigidas a usted. De todas formas, le voy a
hacer tres preguntas rápidamente.
En primer lugar, teniendo presente que el año que viene vamos a tener
elecciones autonómicas y municipales, nos gustaría que nos explicara qué
medidas va a tomar su Dirección para potenciar la inscripción en el censo
electoral de residentes ausentes. Es un programa que se ha puesto en
funcionamiento desde el año 1991, pero nos gustaría saber exactamente qué
medidas se van a tomar para el año 1995.
En segundo lugar, hay planes de supresión de oficinas laborales, según
una orden de 12 de mayo de 1994, y nos gustaría que nos dijera cómo van
estos planes, si van a seguir ustedes suprimiendo este tipo de oficinas
laborales, ya que hay un número importante de supresiones y solamente han
sido sustituidas, en parte, por secciones laborales de Seguridad Social y
Asuntos Laborales. Nos gustaría que nos informara cómo van a llevar a
cabo estos planes y cómo se va a quedar la población emigrante protegida
en este sentido, para poder acudir a la información que necesita o para
poder volver a nuestro país con la inserción laboral asegurada.
En tercer lugar, nos gustaría que nos informara de los datos relativos a
la evolución de las pensiones asistenciales. Ya hemos comentado antes que
hay una reducción en el presupuesto del número de pensiones asistenciales
que se plantean desde el Ministerio de Asuntos Sociales, pero, a pesar de
la explicación que nos ha dado el compareciente anterior, nos gustaría
que usted nos ofreciera esos datos.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Director General.
El señor DIRECTOR GENERAL DE MIGRACIONES (Aragón Bombín): Señor
Presidente, voy a contestar también con brevedad a las tres preguntas que
se me han planteado. En relación con el censo electoral de residentes
ausentes, como usted sabe, las medidas que las sucesivas órdenes
ministeriales encomiendan a la Dirección General de Migraciones es hacer
campañas para fomentar el censo y para mentalizar e informar a los
residentes en el exterior sobre las distintas convocatorias electorales.
Esto lo venimos haciendo puntualmente, tanto a través de nuestros propios
medios de información, como es Carta de España y Radio Exterior de
España, como a través de informaciones específicas, basándonos
básicamente en los consejos de residentes y en el Consejo General de la
Emigración. Por tanto, eso lo vamos a continuar haciendo porque así está
establecido en las distintas órdenes ministeriales que regulan las
convocatorias y las actualizaciones del censo, pero seguramente S. S. se
refiere a una cuestión que subyace a todo esto, y es cómo vamos a
intentar incrementar el censo electoral de residentes ausentes. Como
usted sabe, en estos momentos hay inscritos, en el último censo de enero
de este año, aproximadamente 430.000 residentes en el exterior, de los
cuales la mayor parte, podemos decir el 90 o el 95 por ciento, son
emigrantes naturalmente, pero abarca a todos los residentes en el
exterior. Esto ha supuesto más que cuadruplicar el número de inscritos en
los últimos cuatro años. Es decir, en el año 1990, después de una
depuración del CERA que se llevó a cabo en aquel momento, quedó reducido
a
60.000 inscritos. Por tanto, ha habido una campaña que no sólo es
atribuible a la Dirección General de Migraciones, sino que es de toda la
administración exterior, en particular de los consulados del Ministerio
de Asuntos Exteriores, para conseguir una masiva inscripción de los
residentes en el exterior. Los resultados son bastante buenos, pero no
nos damos por satisfechos. Según nuestras últimas cifras, el número de
residentes en el exterior podría oscilar en torno a 1.200.000 españoles,
es decir que todavía queda un trecho importante para que el CERA, el
censo electoral, aumente. Para conseguir esta inscripción, que como usted
sabe constituye una reivindicación permanente del Consejo General de la
Emigración y de los consejos de residentes, además de las medidas que se
están llevando a cabo --incentivar la inscripción cuando cualquier
residente en el exterior acude y se pone en contacto con la
Administración para solicitar cualquier tipo de actuación, desde
renovación del pasaporte a cualquier otro tipo de actuación
administrativa; se le insta a inscribirse en el censo--, pretendemos
continuar para ver si en esta legislatura podemos, si no cuadruplicar,
por lo menos duplicar el número de inscritos en el CERA.
En segundo lugar, me plantea el tema de la supresión de oficinas
laborales. Yo creo que el término supresión quizás no es totalmente
adecuado. El decreto por el que se transformaban las oficinas laborales
en secciones de asuntos laborales, de seguridad social y de asuntos
sociales de los consulados, pretende algo más, en primer lugar dotarles
de un estatuto jurídico. Seguramente S. S. sabe que las oficinas
laborales tienen un origen sindical, pero del sindicato vertical del
franquismo. Realmente tenían una situación de hecho, pero no de iure, es
decir, no estaban reconocidas internacionalmente, porque no tenían un
estatuto específico, y estábamos teniendo problemas crecientes en algunos
países por su actuación, puesto que se consideraba intrusismo
profesional. Incluso en Alemania algunos de los jefes de oficinas fueron
acusados ante los tribunales por intrusismo profesional. Lo que vino a
hacer ese decreto fue precisamente dotarlas de un estatuto jurídico, no
sólo de una situación de hecho, y el estatuto que podían tener obviamente
era para estar acogidas dentro del paraguas consular. Por eso se
convirtieron en secciones especializadas de atención sociolaboral dentro
de los consulados. Por otra parte, se procedió a una redistribución de
las oficinas. Teníamos aproximadamente sesenta oficinas en Europa, frente
a seis de América, cuando el número de residentes en uno y otro
continente era sensiblemente igual. Además, los programas en favor de los
emigrantes habían sufrido una importante evolución en los últimos años,
de forma que tanto las actuaciones como los recursos económicos, sobre
todo a través de las pensiones --que usted conoce y plantea en la tercera
pregunta--, hacían que, por simplificar --y no quisiera que esto se
exagerase--, habíamos pasado de tener una situación en Europa de gran
cantidad de recursos humanos y organizativos sin una gestión específica,
porque se trataba de atender a ciudadanos españoles que eran ciudadanos
comunitarios y que tenían garantizada una equiparación jurídica y unos
sistemas de protección social homologables a los existentes en España, a
una situación en América de gestión --en estos momentos se está
gestionando el 80 por ciento de los recursos de la Dirección General en
América-- sin recursos humanos. Lo que se pretende no es tanto reducir el
número cuanto reubicar, de forma que pasamos a una reducción en el número
de oficinas, ahora de secciones socio-laborales, en Europa y su
incremento en América. No está previsto reducir su número ni modificarlo.
Lo que sí está previsto es reconducir efectivos, si es posible de forma
voluntaria y, si no, mediante otras medidas incentivadas, etcétera, para
que las personas que están en las oficinas de Europa que han desaparecido
se trasladen a las oficinas de nueva creación que se abren en América.
Por último, en relación con las pensiones, sencillamente he de ampliarle
la información o la explicación que ha dado el Subsecretario. Además,
debo mostrar la satisfacción personal de que nos presida una persona bajo
cuya dirección en el Ministerio se aprobó precisamente este decreto en el
que se transformaron las ayudas asistenciales de ese momento en pensiones
asistenciales para los emigrantes. Si me permite el señor Presidente, les
podré dejar unos gráficos muy sencillos en los que se ve la evolución
tanto de los beneficiarios como de las cuantías a lo largo de estos
últimos años. En cuanto a resolver la duda de por qué el pasado año
teníamos previsto llegar a un número superior de beneficiarios, habría
tres razones. La primera es que el decreto estaba previsto que se
publicase a principios de enero. Estamos hablando del presupuesto para
todo el año 1994. En realidad el decreto, como S. S. sabe, se aprobó en
el mes de mayo, con lo cual el tiempo de aplicación de este decreto fue
la mitad del año, solamente se pudieron reconocer pensiones el año pasado
por la mitad de las inicialmente previstas. En segundo lugar, el ritmo de
maduración del propio programa, es decir las solicitudes, fue también más
lento, porque hubo que hacer un gran esfuerzo de información en distintos
países, aunque en algunos países como Argentina se consiguió un mayor
grado de información. En otros fue más difícil darla a conocer. Por
tanto, las previsiones que teníamos de posibles beneficiarios o
solicitantes fueron menores de las que habíamos estimado inicialmente. En
tercer lugar --y era lo que indicaba el Subsecretario--, ha habido una
mejora en la gestión. Es decir, el número de solicitantes en estos
momentos ha superado las 30.000 solicitudes. Sin embargo, el número de
concesiones es sensiblemente inferior a los solicitantes, de forma que el
año pasado los beneficiarios de las pensiones superaron ligeramente los
18.000 y para el año 1995 estimamos que va a oscilar en torno a las
25.000. Estas son las razones por las cuales, sobre unas previsiones que
se habían hecho a finales del año 1993, en la práctica, en el año 1994,
al final, se cerró con unos beneficiarios sensiblemente inferiores a los
que habíamos presupuestado, es decir, entre 18.000 y 19.000.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Director General. Concluye su
comparecencia. Le reitero el agradecimiento por su presencia en la
Comisión.
--DE LA SEÑORA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD (ESCAPA
GARRACHON). A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de
expediente 212/001108).
El señor PRESIDENTE: Señorías, la siguiente comparecencia es la de la
Directora General del Instituto de la Juventud. Por el Grupo
Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Montseny.
La señora MONTSENY MASIP: Gracias de nuevo, señor Presidente.
Quiero agradecer a la señora Directora General del Instituto de la
Juventud su presencia y decirle, grosso modo, que como ha estado antes y
ha oído más o menos lo que he dicho en relación con el Instituto de la
Mujer, me parece que los dos presupuestos van en una misma dirección.
Parece que las directoras generales del Instituto de la Mujer y de la
Juventud se hubieran puesto de acuerdo en la concepción del organigrama
global de este presupuesto. Sí quiero resaltar que existe el doble de
funcionarios en el Instituto de la Juventud, que la partida por gastos de
personal es prácticamente del doble. También quiero resaltar este
crecimiento del apartado segundo, gastos corrientes en bienes y
servicios, que, como he dicho antes, en poco llega a la efectividad del
fin para el que fue creado el Instituto de la Juventud, puesto que se
vuelve a perder cantidad de dinero en arrendamientos, reparaciones,
mantenimiento y conservación de edificios, material de oficina,
suministros, etcétera. En cuanto a las comunicaciones, hay un aumento
considerable para los gastos de teléfono, que pasan de 30 millones a 62
millones, más del doble de lo que estaba contemplado para el ejercicio
presupuestario anterior.
La partida de gastos diversos también ha sido aumentada. Antes estaba en
769 millones y hoy, aplicado el concepto de los gastos diversos, está en
1.020 millones.
A mí no me gustaría volver a decir lo que ya figurará en el «Diario de
Sesiones» que he dicho respecto del Instituto de la Mujer, pero me veo en
la obligación de volver a resaltar que quizá hacemos demasiados folletos
y luego llegamos poco en la ayuda del menor en situación de protección.
Quiero denunciar que en el capítulo de inversiones reales --de hecho lo
denunciamos ya en el control presupuestario del ejercicio anterior--
había unas cantidades importantes que luego se ahorran a lo largo del
ejercicio, cosa que viene observando mi Grupo Parlamentario en todos los
ministerios prácticamente. Aquí está sucediendo lo mismo. Me gustaría
hacer unas preguntas concretas sobre la campaña europea de la juventud,
durante el año 1995, contra el racismo, la xenofobia, el antisemitismo y
la intolerancia, dotada con 300 millones de pesetas. Nos gustaría que nos
detallara cómo se va a llevar a cabo la campaña en sí misma, qué
finalidad tiene, adónde va a llegar, a cuántas personas se puede dar a
conocer, etcétera.
Nos gustaría conocer también que número de jóvenes han disfrutado por el
concepto de Cultura y Turismo Social en el ejercicio anterior, para poder
ver la diferencia entre los jóvenes a que les pueda afectar en el
ejercicio siguiente.
Venimos contemplando que es una práctica en el Ministerio de Asuntos
Sociales, en el Instituto de la Mujer y en el Instituto de la Juventud,
que el capítulo relativo a estudios y trabajos técnicos esté siempre
fuera de los organismos mencionados, cuando con tanto funcionario sería
susceptible de llevarse a cabo por las personas que vienen prestando
servicios en dicho organismo.
Solicitamos aclaración sobre el programa Petra, dotado con diez millones
de pesetas, que, si no me falla la memoria, es la misma cantidad del año
pasado. Queríamos saber qué resultado dio, puesto que se sigue
manteniendo. También qué persigue la dotación a jóvenes y asociaciones
participantes en la Juventud con Europa, puesto que hay una partida de 62
millones para 1995, así como funciones y actividades que tiene el Consejo
de la Juventud de España, dotado con 90 millones.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la Directora General.
La señora DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD (Escapa
Garrachón): Querría decirle a la portavoz del Grupo Popular que no nos
hemos puesto de acuerdo la Directora del Instituto de la Mujer y yo para
ver cómo hacíamos el encuadre de los presupuestos. Aunque son organismos
autónomos tienen unas partes comunes a la hora de funcionar.
No estoy de acuerdo cuando dice que en el capítulo 2 se dedica en gastos
corrientes gran cantidad de dinero a lo que son gastos de la casa,
arrendamiento y otro tipo de gastos, y que eso no redunda en los
beneficiarios de las políticas de juventud.
En el concepto 2.2.6, y también una parte el 2.2.4 y del 2.2.7, están
encuadradas todas las actividades del Instituto de la Juventud. Hay una
parte que efectivamente se dedica a arrendamiento, reparaciones, material
y suministros, pero después aparece como gastos diversos toda una serie
de actividades que realiza el Instituto de la Juventud bien con otros
ministerios, bien con ayuntamientos, bien con comunidades autónomas, pero
siempre para el desarrollo de actividades y de programas del Instituto de
la Juventud. Si suma por un lado lo que se gasta en arrendamientos,
reparaciones, material, lo que son gastos corrientes, y lo resta de la
partida total del capitulo 2, verá que casi el 71 por ciento se dedica a
actividades del Instituto de la Juventud que redunda en beneficio de los
usuarios o de los destinatarios de las políticas del Instituto, y que un
30 por ciento aproximadamente viene a ser lo que se gasta en ese otro
concepto presupuestario de gastos corrientes en bienes y servicios, como
arrendamientos, reparaciones y otros.
Sobre personal también ha hecho un comentario. Este año el instituto se
ha limitado a hacer la subida del 3,5 por ciento acordada para el
personal en general.
Este año hemos hecho un esfuerzo por racionalizar el presupuesto y
también normalizar el lenguaje presupuestario
del Instituto de la Juventud. Precisamente en el concepto 2.2.6, del
capitulo 2, hay una serie de subconceptos que son programas puntuales que
tenía el instituto. Y lo que se ha hecho ha sido, pidiéndolo al
Ministerio de Hacienda de forma insistente, tratar de normalizar el
lenguaje presupuestario del instituto. Lo que se ha hecho ha sido hablar
de tres subconceptos que, por llamarlo de alguna forma, no son normales
en el lenguaje presupuestario. A partir de ahí se ha tratado de
racionalizar gran parte de las actividades que hacemos por la vía de
convenios con ministerios, comunidades autónomas y los propios
ayuntamientos. De alguna forma eso también se puede ir recomponiendo a la
hora de la normalización para que incluso la gente que desde fuera tiene
que hacer nuestro seguimiento y el control pueda concretarnos, cada vez
más, aquello que no se entiende.
Respecto a los gastos de teléfono y a otros, que dice que suben,
precisamente al recolocar los subconceptos presupuestarios de los que
hablamos desaparecen algunos, como el mantenimiento del Ceulaj, que
estaba dotado el año pasado con 94 millones de pesetas, y otros programas
específicos. Todos los gastos se han reconducido a los conceptos
generales de personal, teléfonos, luz, seguridad. Es decir, esas partidas
que no desaparecen en la realidad, sólo como concepto presupuestario, las
hemos redistribuido según los gastos que sean y se han ido a los totales
conceptuales presupuestarios del instituto, porque el Ceulaj es el
Instituto también. No veíamos necesario que ni como actividades a
realizar allí ni como concepto de mantenimiento hubiera una partida
presupuestaria específica para ese centro, que repito, es un centro del
propio Instituto de la Juventud. Por eso hay variaciones. Es más, en el
gasto de teléfono hemos procurado ajustarnos a la realidad. Este año
hemos pedido un complemento sobre lo que había presupuestado porque había
un mal cálculo inicial de los gastos reales. Hay una serie de conceptos
en agua, gas, teléfono, seguridad, de gastos corrientes, que tiene una
variación a veces mayor de lo que puede suponer la subida en costos, pero
porque, como le decía, hemos redistribuido los gastos en ese concepto de
otras actividades, como el Centro Eurolatinoamericano de la Juventud.
Respecto a las inversiones reales, al hablarle de esta subida en el
capitulo 2, de 464 millones, precisamente es debido a que tenemos un
concepto excepcional y extraordinario, que es la campaña contra el
racismo y la xenofobia. Es la campaña del Consejo de Europa, exactamente
la campaña de la juventud contra el racismo y la xenofobia. En la Cumbre
de presidentes de Gobierno y jefes de Estado de Viena, en octubre de
1993, se acordó llevar adelante una actuación para promover la
interculturalidad y la tolerancia dentro de los países del Consejo de
Europa. Así lo asumieron los presidentes de Gobieno y jefes de Estado y
se acordó que la campaña sea durante el año 1995, con lo cual, durante
1994 lo que hemos hecho ha sido constituir el comité nacional, que lo
preside la Ministra de Asuntos Sociales, dende están representadas las
ONG que existen de minorías étnicas que trabajan contra la intolerancia,
el racismo y la xenofobia. Es decir, todos aquellos sectores sociales que
creemos que tienen algo que decir, más las comunidades autónomas,
ayuntamientos y representantes de otros ministerios, además del de
Asuntos Sociales, representantes también del Parlamento y de otros
organismos públicos. Esa campaña tiene ese presupuesto extraordinario de
300 millones de pesetas, y aparece como algo excepcional a los programas
habituales.
Otro esfuerzo que se ha hecho por parte del instituto en los presupuestos
de este año ha sido llegar a ese capítulo 2, donde le decía antes que
está el 70 por ciento que se dedica directamente a nuestros programas y
donde están la totalidad de las actuaciones el Instituto que hacemos,
como le decía, con comunidades autónomas, ayuntamientos y otros
ministerios. Hemos hecho un esfuerzo por ser austeros y ajustarnos al
máximo a las necesidades reales del Instituto de la Juventud. Esa
diferencia de 164 millones que hay en el capítulo 2 viene de lo que, de
alguna forma, se ha conseguido ajustar en capítulos como el 4,
especialmente en el capítulo 6, en inversiones, y el 7, en transferencias
de capital. Si usted suma esos tres capítulos, verá que más o menos eso,
sumado a los 300, es la subida del capítulo 2.
En inversiones no hemos considerado necesario presupuestar más de lo que
exactamente figura ahí, porque durante los años anteriores el instituto
ha hecho un esfuerzo por rehabilitar y mejorar los edificios, no
solamente las dos sedes que tiene en Madrid sino también el Centro
Eurolatinoamericano de la Juventud. Hemos calculado lo que necesitábamos
este año para mantener y actualizar algunas de las instalaciones o para
reposición de mobiliario. Por tanto, nos hemos limitado a presupuestar lo
que creíamos necesario y no porque se deje de invertir, sino porque con
las inversiones de años atrás nos parecía que podíamos ajustar y terminar
algunas de las obras que quedaban pendientes en algunos de los centros.
El número de beneficiarios del programa de cultura y de turismo social se
lo haré llegar. No tengo el dato aquí, no hay ningún inconveniente en
mandárselo.
En cuanto a los programas de cultura este año, además de los
tradicionales y consolidados de la casa, se está intentando abrir líneas
nuevas que tengan que ver sobre todo con la inserción laboral de jóvenes
en el mundo de la cultura. Queremos abrir circuitos musicales y otras
actividades. No sé si le puedo transmitir la idea que tenemos en el
instituto. Antes se ha hablado del proyecto de viviendas de estudiantes
transeúntes. El instituto no puede resolver los problemas de empleo,
vivienda, salud, todas las dificultades, todas las expectativas de los
jóvenes españoles. Además de sumar sus recursos a otros ministerios que
tienen objetivos comunes --y eso este año se ha plasmado en varios
convenios con Sanidad y con Educación--, la intención del instituto es ir
detectando experiencias piloto que tengan que ver con nuestras
prioridades políticas, que tienen mucho que ver con el nuevo plan de
juventud. Hay cinco grandes áreas de trabajo prioritarias para el
Instituto de la Juventud, como son la autonomía personal de los jóvenes
en lo que se refiere a promoción de empleo y vivienda, solidaridad,
prevención, participación y calidad de vida. Sobre esas grandes líneas
queremos que nuestros programas no surjan de alguna manera por generación
espontánea, sino que siempre tengan mucho que ver con
aquello que para nosotros son prioridades políticas. Esas cinco grandes
áreas de trabajo que se van a reflejar en el nuevo plan de juventud son
las que van a priorizar nuestro programa.
Respecto a los estudios y trabajos técnicos, me gustaría decirle que para
nosotros es una herramienta imprescindible de trabajo. No solamente lo
hacemos por aumentar la información al público en general o a nuestros
usuarios o nuestros beneficiarios, sino que el Instituto de la Juventud
necesita esos estudios para hacer los diseños de sus prioridades
políticas. El informe de la juventud en España es un gran estudio. Este
año hay esa subida también en el concepto de estudios porque vamos a
empezar ya en 1995 a hacer el trabajo de campo del cuarto informe de la
juventud en España, que es para nosotros un referente importantísimo.
Queremos hacer todas la áreas, a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel
formativo, una encuesta lo suficientemente representativa de todos los
jóvenes y todas las jóvenes de España para saber qué quieren, cómo están,
qué necesitan, y a partir de ahí diseñar nuestras políticas.
Nosotros utilizamos los estudios y nuestra interlocución con el Consejo
de la Juventud de España para estar siempre muy cerca de la realidad de
la juventud española y saber qué hay que hacer en cada momento. Por eso
antes recalcaba nuestros programas como experiencias pilotos, porque yo
creo que tenemos que ser capaces de ir adaptando esos programas a las
necesidades de los jóvenes que se vayan detectando en cada momento. Hoy
hablamos de empleo y vivienda, pero a lo mejor dentro de cinco años
estamos hablando de otra cosa, porque el cambio demográfico va a ser
importante y si el repunte de la economía mejora la inserción laboral, a
lo mejor estamos priorizando otras actuaciones que no sean empleo y
vivienda. Por eso tenemos que ser capaces de aprovechar los programas
consolidados que vamos a seguir con la mayoría de ellos, pero también de
ir incorporando cada vez más proyectos pilotos que tengan mucho que ver
con las prioridades políticas de cada momento, siempre a partir de esos
estudios, que además yo creo que sirven después para todo el mundo.
También sirven, creo, para algo importante --y lo estamos viendo estos
últimos meses--, y es para propiciar en la sociedad el debate de qué les
pasa a los jóvenes, qué piensan, qué necesitan. Hemos visto que el
término «generación X» se ha generalizado en los últimos meses y eso no
es consecuencia más que de un estudio, un trabajo que se hizo en Estados
Unidos hace tres años.
Creo que los estudios, además de servirnos, son un instrumento
fundamental, como observatorio sociológico que el Instituto es, para
conocer la realidad de la situación de todos los jóvenes de España y a
través de esos estudios detectar las necesidades y las prioridades
políticas. Además, creo que después la distribución de esos estudios hace
posible también esos debates en la sociedad sobre los problemas o las
inquietudes de los jóvenes y las jóvenes españoles.
Usted decía que por qué los estudios los hacían los funcionarios y no lo
hacía otro tipo de gente. Normalmente son sociólogos y otro tipo de
personas cualificadas, muchos de ellos catedráticos de distintas
universidades los que se hacen cargo de estos estudios. Ya me gustaría
disponer en el Instituto de la Juventud de todo tipo de personal
cualificado para cada uno de los proyectos específicos que se hacen en el
Instituto. Hay trabajos puntuales, como son los estudios, y otro tipo de
programas muy específicos y puntuales que requieren lo que se llaman las
direcciones técnicas o la contratación de personas ajenas a la casa; por
eso existe ese concepto presupuestario que lo recoge, porque, desde
luego, es imposible, por la especialidad de los temas a tratar en muchas
ocasiones, que lo puedan hacer nuestros propios funcionarios y
funcionarias.
Sobre el Programa Petra, debo decirle que se han reestructurado los
programas europeos, y a partir de 1995 se va a incorporar al programa
Leonardo. Estamos un poco a la espera, porque ahora mismo se está
diseñando el programa para el año que viene y no sabemos exactamente cómo
va a quedar. Hemos mantenido la cantidad del año pasado para el año que
viene, pero estamos un poco a la espera de ver en qué queda Petra en esa
nueva reestructuración del programa, si será un programa más amplio.
Desde luego, veremos sobre la marcha si va a requerir o no una
participación del Instituto. Hoy es imposible, nos hemos limitado a
reproducir lo que tenemos pensado para 1994.
Sobre la Juventud con Europa, quiero decirle que también este año termina
Juventud con Europa II y que en 1995 empieza Juventud con Europa III.
También nos encontramos con que en la Unión Europea estamos en un momento
en el que no está todavía aprobado en el Parlamento ese programa; por
tanto, todavía se discute la dotación económica y los programas a
realizar a partir del año 1995.
Lo que hemos hecho respecto a Juventud con Europa. En años anteriores
teníamos una partida presupuestaria con la que, de alguna forma, íbamos
compensando los gastos iniciales de arranque del programa, en tanto nos
llegaban por parte de la Unión Europea los fondos para subvencionarlo.
Hay un gasto que asume el Instituto, como agencia española, que es todo
lo que supone hacer programas con tres países diferentes: reuniones,
viajes, intercomunicación, relación, etcétera; todo eso lo asume el
Instituto. El dinero que llega de Europa para ese programa es solamente
para dar ya las subvenciones, pero la negociación previa de todo eso la
asume presupuestariamente el Instituto de la Juventud.
Este año, además (estamos hablando del nuevo programa Juventud con
Europa), hemos pensado que es necesario reforzar aún más toda la parte
inicial de arranque del programa para comunicar e informar a todos los
posibles interesados y usuarios de ese programa; eso también va a
repercutir, y ha repercutido de alguna forma, en lo que van a ser
nuestras publicaciones y otros informes. Hay actuaciones el año que
viene; además de la campaña contra el racismo y la xenofobia, se celebra
el X aniversario del Año Internacional de la Juventud. Eso requiere, por
nuestra parte, actuaciones en concreto para hacer la evaluación de cómo
han ido estos diez años y, además, realizar acciones que tengan que ver
con ese X aniversario.
Este programa Juventud con Europa III es nuevo y hay que lanzarlo y
reforzar su arranque.
Hay otro programa, que es el nuevo Plan de Juventud, que por ser el más
importante para la casa lo había dejado casi en el olvido.
El plan de Juventud 1994-1996 se está terminando y a mediados del mes que
viene la Ministra de Asuntos Sociales lo llevará al Consejo de Ministros
para su aprobación. Este nuevo plan requiere también, lógicamente, por
nuestra parte un esfuerzo para el conocimiento de la difusión y la
información de todas las actuaciones y líneas políticas que se pretenden
potenciar en estos años de legislatura.
Respecto a si tengo interés en lo que ha sido el programa Juventud con
Europa II, también le digo que le puedo hacer llegar exactamente con qué
países y cuántos han sido los beneficiarios.
En cuanto a lo que me decía del Consejo de la Juventud de España, le
puedo hacer llegar la memoria de actividades que el Consejo nos pasa
anualmente, con lo que justifica el concepto presupuestario que se le ha
asignado, que después se audita.
El señor PRESIDENTE: Señora Montseny, tiene la palabra.
La señora MONTSENY MASIP: Le agradecería que me hiciera llegar todo lo
que usted ha expuesto.
Le he hecho una pregunta que creo que no ha quedado contestada y es
cuántos jóvenes han podido acceder al programa de cultura y turismo
social de una forma concreta.
Le agradecería, si pudiera, nos facilitara las asociaciones juveniles y
entidades de ámbito nacional prestadores de servicio de la juventud a las
que se les hace las transferencias corrientes, y también los jóvenes y
asociaciones de jóvenes participantes en el programa de la Juventud con
Europa, además de las actividades que usted nos ha detallado.
También quisiera pedir aclaración sobre esas cinco líneas básicas de
programas que persigue el Instituto de la Juventud; si nos pudiera decir
más o menos a cuántos jóvenes puede llegar su difusión o qué intención de
conocimiento por parte de la juventud tiene el Instituto, cuáles son los
objetivos principales.
En cuanto a las transferencias de capital, también quisiera solicitar de
una forma detallada esos 48 millones que se transfieren a las
asociaciones juveniles de ámbito nacional prestadores de servicios a la
juventud.
Finalmente, señora Directora General, quisiera que nos facilitara los
nombres de las empresas que realizan los estudios técnicos. Quizá para el
año que viene todavía no podrá ser, pero sí para el ejercicio 1994.
Quiero poner una vez más de manifiesto que nosotros pensamos que el
Capítulo 2 genera burocracia y no llega a la finalidad para la cual fue
creado el Instituto de la Juventud.
El señor PRESIDENTE: Señora Directora General, tiene la palabra.
La señora DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD (Escapa
Garrachón): En cuanto al número de usuarios, programas de cultura y
turismo social, como no dispongo del dato aquí, al igual que el programa
de Juventud con Europa, asociaciones juveniles, etc., se lo remitiré por
conducto reglamentario. Todo lo que usted me ha pedido y me ha preguntado
se lo haré llegar, así como el nombre de las empresas que hacen los
estudios.
Respecto a lo que usted me decía en relación al cálculo de jóvenes a los
que iba a llegar esas cinco grandes líneas políticas, quisiera comentarle
que a mí me gustaría que llegara a los 10 millones de jóvenes españoles,
lo vamos a intentar. Desde luego, el trabajo se está haciendo con los
ayuntamientos, con las comunidades autónomas, ministerios y movimiento
asociativo juvenil. Se está dando participación a todos para que de
alguna forma hagan suyo el plan y llegue cada vez con mayor posibilidad a
los jóvenes, pero eso refuerza también la necesidad de publicidad y de
información, esas áreas del Instituto.
El señor PRESIDENTE: Se levanta la sesión.
Eran las nueve y cuarenta minutos de la noche.