CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1994 V Legislatura Núm. 319
JUSTICIA E INTERIOR
PRESIDENTE: DON JAIME JAVIER BARRERO LOPEZ
Sesión núm. 35
celebrada el martes, 18 de octubre de 1994



ORDEN DEL DIA:
Comparecencia de personalidades y funcionarios de la Administración del
Estado, al objeto de informar sobre temas relativos al proyecto de ley de
Presupuestos Generales del Estado para 1995. (BOCG, serie A, número 80-1,
de 1-10-94. Número de expediente 121/000067):
--De la señora Secretaria de Estado de Justicia (Fernández de la Vega
Sanz). A solicitud de los Grupos Parlamentarios: Popular (número de
expediente 212/001038) y Federal IU-IC (número de expediente 212/001151)
(Página 9678)
--De la señora Secretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios (Fernández
Felgueroso). A solicitud de los Grupos Parlamentarios: Mixto-UV (número
de expediente 212/000968), Popular (número de expediente 212/001040) y
Federal IU-IC (número de expediente 212/001149) (Página 9688)
--De la señora Presidenta del Organismo Autónomo Trabajos Penitenciarios
(Fernández Felgueroso). A solicitud del Grupo Parlamentario Popular
(número de expediente 212/001043) (Página 9688)
--Del señor Subsecretario de Justicia e Interior (Herrero Juan). A
solicitud de los Grupos Parlamentarios: Vasco-PNV (número de expediente
212/000954), Mixto-UV (números de expedientes 212/000967 y 212/000974),
Popular (número de expediente 212/001037) y Federal IU-IC (número de
expediente 212/001164) (Página 9695)

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--Del señor Presidente de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios
(Birlanga Casanova). A solicitud del Grupo Parlamentario Federal IU-IC
(número de expediente 212/001150) (Página 9700)
--Del señor Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas
(López Riaño). A solicitud del Grupo Parlamentario Popular (número de
expediente 212/001042) (Página 9700)
--De la señora Secretaria de Estado de Interior (Robles Fernández). A
solicitud de los Grupos Parlamentarios: Popular (número de expediente
212/001039) y Federal IU-IC (número de expediente 212/001152) (Página 9704)
--Del señor Director General de Tráfico (Muñoz Medina). A solicitud del
Grupo Parlamentario Popular (número de expediente 212/001041) (Página 9708)
--Del señor Director General de la Guardia Civil (Cardenal de Alemany). A
solicitud del Grupo Parlamentario Federal IU-IC (número de expediente
212/001153) (Página 9712)



Se abre la sesión a las diez y treinta y cinco minutos de la mañana.




El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías.

Se abre la sesión.




COMPARECENCIA DE PERSONALIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION DEL
ESTADO, AL OBJETO DE INFORMAR SOBRE TEMAS RELATIVOS AL PROYECTO DE LEY DE
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 1995. (Número de expediente
121/000067.)



--DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA (FERNANDEZ DE LA VEGA SANZ). A
SOLICITUD DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS: POPULAR (número de expediente
212/001038) E IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA (número de
expediente 212/001151).




El señor PRESIDENTE: Iniciamos en el día de hoy las comparecencias en
relación con la tramitación del proyecto de ley de Presupuestos Generales
del Estado para 1995.

Ante la Comisión comparece, en primer lugar, la Secretaria de Estado de
Justicia, a quien damos la bienvenida en nombre de la Comisión, para
contestar a las preguntas de los Grupos Parlamentarios Popular e
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.

Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Padilla tiene la palabra.




El señor PADILLA CARBALLADA: Señora Secretaria de Estado de Justicia,
nosotros querríamos que nos ilustrara en relación con el proyecto de ley
de Presupuestos Generales del Estado respecto de la Sección 13 en
concreto, y sobre los particulares que constituyen el Presupuesto
relativo precisamente a su Secretaría de Estado.

En primer lugar, querríamos que nos explicara la valoración que usted
hace --ésta es la conclusión fundamental, por lo demás, que nosotros
deducimos del Presupuesto-- de que la fusión de ambos Ministerios no haya
supuesto ningún ahorro presupuestario, ni siquiera en lo que corresponde
al capítulo 1. Hemos observado que el programa de la Dirección de
Servicios Generales de Justicia e Interior, que es de nueva creación, y
al que se dota con 8.561 millones de pesetas, es precisamente la
consecuencia de la alteración de los programas Dirección y Servicios
Generales de Justicia y Dirección y Servicios Generales de Seguridad y
Protección Civil, que en su conjunto han sufrido una reducción para 1995
de 9.416 millones de pesetas.

Sin embargo, quisiéramos conocer exactamente cómo lo que podríamos
denominar el aparato burocrático del Ministro de Justicia e Interior
puede costar (como se deduce en principio de los Presupuestos) esos 8.561
millones de pesetas, sin que prácticamente --repetimos-- se produzca
ahorro alguno en relación con que antes existieran dos Ministros y el
aparato burocrático que naturalmente ello conlleva, al haber dos
titulares de dos distintas carteras.

En segundo lugar, en su comparecencia en la Comisión de Presupuestos, el
señor Subsecretario de Justicia e Interior nos informó de que la mayor
desviación en la ejecución del presupuesto de 1994 se había producido en
relación con el personal no funcionario de la Administración de Justicia,
concretamente, como usted conoce bien, debido al fenómeno de los
interinos que se integran a lo largo de cada uno de los ejercicios
presupuestarios por vía de, digamos, llamamiento no definitivo a la
Administración para prestación de servicios en la Administración de
Justicia.

Nos explicaba el señor Subsecretario que la causa fundamental de esa
desviación era que no se había previsto la cobertura de las prestaciones
de Seguridad Social de esos funcionarios y nosotros quisiéramos que usted
nos indicara, dentro del presupuesto, qué previsiones hay para el
ejercicio de 1995 en relación con ese personal interino de



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la Administración de Justicia, qué número aproximado de personas creen
ustedes que va a ser llamado a prestar servicios en los juzgados y
tribunales, qué coste va a tener y, en definitiva, si además tienen
ustedes previstos todos los particulares lógicos del coste de esos
funcionarios. También en ese punto quisiera preguntarle cuál es la
previsión presupuestaria que hace el Ministerio de Justicia e Interior, y
concretamente la Secretaría de Estado de Justicia, respecto de las
comisiones de servicios de jueces y magistrados para el ejercicio de 1995
y si conoce el dato --el señor Subsecretario no me lo pudo facilitar-- de
la desviación que ha existido respecto al coste de esas comisiones de
servicios de jueces y magistrados en la ejecución del presupuesto de
1994, por lo menos hasta la fecha.

Conocerá, señora Secretaria de Estado, que los gerentes, que de alguna
manera son el órgano fundamental de la Administración de Justicia en el
aspecto territorial, cada vez van tomando mayor entidad administrativa y,
entre comillas, yo podría decirle que política, y muchísimo más después
de como ha quedado el texto de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la
que al irse produciendo una intensidad en las potestades, digamos, de
organización del Ministerio en lo que es la estructura interna de
juzgados y tribunales, eso conlleva unas consecuencias lógicas, que
tienen en esa figura del gerente el aspecto importante de quién dirige la
financiación de juzgados y tribunales.

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el 4 de
julio de 1994 se dirigía, en esa manera de dirigirse que usted y yo
conocemos muy bien, ante una organización caótica, a varios órganos de la
Administración y del Estado en busca de alguien que solucione un problema
real y eso, naturalmente, tiene el coste lógico de que, como las
competencias son compartidas, y digamos que tumultuosas y
multitudinarias, en la Administración de Justicia, es muy difícil ya
saber quién puede resolver en un momento determinado un problema, pero
desde luego los problemas presupuestarios no cabe duda de que los tiene
que resolver el Ministerio de Justicia e Interior. La Sala de Gobierno,
como digo --y no es un caso único, como sabe muy bien la Secretaria de
Estado--, se dirigía el 4 de julio de 1994 manifestando que la Gerente
Territorial de la Comunidad de Madrid ponía de relieve la insuficiencia
de los medios con que contaba para hacer frente a las necesidades mínimas
de funcionamiento de los órganos judiciales. Como dato significativo se
citaba en esa disposición de la Sala de Gobierno que la Gerencia disponía
de 165 millones de pesetas para los gastos de material de oficina durante
todo el año y, sin embargo, un pedido mínimo para sólo tres meses
ascendía globalmente a 109 millones de pesetas. En ese punto creo que
sobran mayores comentarios, porque naturalmente el presupuesto total de
todos los conceptos, decía la Gerencia, debían ser cuando menos doblados,
siempre para niveles mínimos, y aseguraba que no había posibilidad de
cubrir desplazamientos de testigos ni de abonar los costes de peritos,
etcétera, extremo que, por ejemplo --por no utilizar más tiempo del que
la benevolencia del señor Presidente me va a conceder--, también ponía de
relieve la Audiencia de Huelva, que manifestaba en el mes de junio que
existía una gravísima situación de retraso en todos los órganos
judiciales de la ciudad por la ausencia de peritos judiciales designados,
significando que esta situación se ve agravada especialmente en el orden
jurisdiccional penal ante la negativa de los peritos a seguir
desempeñando su labor, negativa motivada por el hecho de que no se hacen
efectivas sus retribuciones por parte de la Gerencia Territorial.

En consecuencia, señora Secretaria de Estado, yo le agradecería que nos
hiciese un pequeño análisis de cuál es la previsión presupuestaria y su
justificación razonable en relación con la dotación para estas, digamos,
administraciones territoriales de la justicia que son las Gerencias
territoriales.

En el ejercicio de 1994, el señor Subsecretario de Justicia e Interior,
en su comparecencia, nos explicaba que se había producido una
circunstancia anómala en la ejecución del presupuesto, relativa a las
transferencias a las organizaciones profesionales de la abogacía y de la
procura de las aportaciones del Estado para el turno de oficio y
asistencia al detenido, y nos indicaba que se había producido esa,
digamos, anomalía en las transferencias porque, como se estaba negociando
una norma con la organización profesional de la abogacía y de la procura
sobre el turno de oficio y asistencia al detenido, de momento no se
habían hecho esas transferencias. Puesta de relieve, como lo hicimos en
la Comisión de Presupuestos, la irregularidad de esa manifestación,
porque, en primer lugar, las normas jurídicas no se pactan, sino que
emanan de quien tiene la potestad para promulgarlas y, en segundo lugar,
el hecho de que exista el estudio de un proyecto de ley, que es lo que
esta Cámara, en la correspondiente moción aprobada por todos los grupos,
instó al Gobierno a remitir y, por tanto, el Gobierno está obligado a
hacerlo dentro de un período de tiempo razonable, no es excusa para no
ejecutar un presupuesto en ese punto.

Pero a nosotros nos alarma más que de lo que se viene hablando no es del
ejercicio de 1994, sino del de 1993; en definitiva, de un ejercicio en el
que está ya cumplida la prestación que merecía esa aportación del Estado.

Además, el propio Subsecretario nos dijo que sería necesario un
suplemento de crédito para cubrir las necesidades comprobadas de esa
aportación del Estado, suplemento de crédito que, por cierto, señora
Secretaria de Estado, coincide con la enmienda que el Grupo Popular
presentó a los presupuestos de 1994, lo cual pone de relieve, y nosotros
nos felicitamos por ello, la prudencia de nuestras enmiendas, la
oportunidad de las mismas, su justificación y que, naturalmente, no
tienen, en lo que a presupuestos se refiere, otra voluntad que no sea la
de mejorarlos. Por tanto, esperamos que examinen con cuidado las que
presentemos este año, porque irán dirigidas al mismo exquisito deseo de
que los presupuestos sean más útiles a los fines que deben cumplir.

Quisiéramos saber realmente cuál es la previsión que tiene el Ministerio
de Justicia e Interior a ese respecto y, sobre todo, si el Ministerio
tiene en cuenta que se van a contemplar unos módulos distintos a los que
rigieron en 1993, y lo digo conociendo, como conozco circunstancialmente,
las conversaciones que ha mantenido el Ministerio con esas organizaciones
profesionales.




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Después querríamos ya --para terminar casi-- que nos explicara un poco
qué va a pasar con el jurado, porque si la Ley se encuentra ya en las
Cámaras, y sería previsible su promulgación en el curso de 1995, le
quiero decir que las cifras que usted ha manejado en alguna comparecencia
pública nada tienen que ver con las que manejó su Ministro, y ninguna de
las dos con las que la razón aconseja en relación a la instauración de
este órgano de la justicia. Yo les pediría un poco de reflexión en ese
punto, y que si el presupuesto es el programa de actuación de una
Administración, entonces que nos digan en el presupuesto --que es donde
nos lo tienen que decir-- si va a haber jurado el año que viene y, sobre
todo, otra cosa más preocupante, qué tipo de jurado va a haber, porque
naturalmente aquí la dotación presupuestaria sí va a marcar mucho el
modelo posible de jurado y, por tanto, la posibilidad o no de que esa
institución sobreviva a su promulgación y a su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

Nos quedan dos cosas. La verdad es que nosotros no nos creíamos el año
pasado las previsiones en relación a la prestación social sustitutoria, y
no nos creemos tampoco lo que nos proponen en el proyecto de
presupuestos. Yo le agradecería, señora Secretaria de Estado, que nos
cuente algo más sobre ese particular, porque queremos saber de verdad
cuál es su visión de lo que va a suceder con eso. Naturalmente, creo que
una comparecencia presupuestaria no es un trámite para hacer
consideraciones políticas particulares, pero alguna general sí. Diría que
ese tema no se resuelve con la caricatura de llevar a un grupo de
personas a Bosnia, que, por cierto, concretamente uno de los que ha ido
casualmente es un ciudadano de la provincia por cuya circunscripción soy
yo Diputado, y le oí unas manifestaciones que desde luego eran muy poco
positivas, hacía una valoración muy poco positiva de aquella experiencia.

Han firmado ustedes algunos convenios, y quisiéramos saber también, por
tanto, cuál es la visión que ustedes tienen sobre este particular, cómo
le van a dar solución y, sobre todo, cuál es el trasfondo realista
presupuestario de esa partida, porque nosotros, sin más consideraciones
respecto a ese particular, no lo creemos.

Por otro lado, quisiera saber cómo se proyectan en el presupuesto las
previsiones de transferencias de medios materiales a la Comunidad
Autónoma de Galicia y la que recientemente hemos leído en relación con la
transferencia a la Comunidad Autónoma catalana de personal no funcionario
de la Administración de Justicia. En concreto querría saber qué significa
esa transferencia en relación con el programa correspondiente y el
capítulo correspondiente a la previsión del presupuesto, porque
efectivamente allí se hacen unas valoraciones económicas por parte de la
Comisión Mixta y a nosotros nos gustaría saber qué porcentaje del
correspondiente capítulo relativo a ese personal implica esa
transferencia.

Como última cuestión, señora Secretaria de Estado, el año pasado
preguntamos respecto de la previsión para indemnizaciones por anormal
funcionamiento de la Administración de Justicia y error judicial, y la
verdad es que no nos lo aclararon mucho. Como usted conoce probablemente
mejor ese ámbito que quien el año pasado comparecía en este trámite, le
agradecería que nos dijera cuál es la previsión del Ministerio y las
razones concretamente de que se cifre esa previsión en ese importe.

Por el momento, y esperando que si hubiese alguna previsión más, la
benevolencia del Presidente nos autorizaría a volver a intervenir, nada
más y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: La señora Secretaria de Estado de Justicia, tiene la
palabra.




La señora SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA (Fernández de la Vega Sanz):
Voy a tratar de contestar puntualmente a todas y cada una de las
preguntas que me ha formulado S. S., señor Padilla.

La primera se refería a una petición de valoración de carácter general en
orden al ahorro, en su caso, o la distribución del presupuesto con
posterioridad a la fusión sufrida por el Ministerio de Justicia e
Interior. En relación con este tema, le tengo que decir que en lo que se
refiere al Programa de Dirección y Servicios Generales de Justicia --que
es el Programa 141B, que hoy comprende la estructura básica de la
Secretaría de Estado de Justicia, antes Ministerio de Justicia, excepto
lo que son Servicios Generales, que han pasado al tronco común, que es la
Subsecretaría y la Dirección General de Servicios--, existe una
disminución de crédito, porque el presupuesto consolidado de 1994 era de
5.221 millones y en la actualidad es de 3.408. Por tanto, existe una
diferencia de 1.813 millones, un decremento del 34,73 por ciento, cuya
justificación evidentemente está en que hoy en la Dirección y Servicios
Generales de Justicia está la Secretaría de Estado de Justicia, con su
gabinete, el gabinete hoy de Asuntos Religiosos, antes antigua Dirección
General de Asuntos Religiosos, que se desgajó ya el año pasado con la
objeción de conciencia en la creación de un centro directivo nuevo, y lo
que es la Dirección General de Codificación y Cooperación Jurídica
Internacional. Esos serían los programas incluidos dentro del 141B, que
es la Dirección General y Servicios Generales de Justicia. Por tanto,
lógicamente, este Programa ha sufrido un decremento que viene determinado
por desgajar de la propia Secretaría de Justicia, antes Ministerio de
Justicia, lo que pasa a integrarse en el Programa de Servicio 01,
Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales.

Dicho esto, que es la consideración de carácter general en lo que se
refiere a la disminución --porque hay una disminución efectiva-- del
presupuesto general de la Secretaría de Estado de Justicia, voy a entrar
ya a analizar los temas que usted me ha planteado en relación con el
presupuesto concreto de la Secretaría de Estado de Justicia.

El primer tema que usted me planteaba era el referente a la desviación de
personal no funcionario de la Administración de Justicia, que viene
determinado por el aumento de personal fuera de plantilla; es decir, el
número de funcionarios que en función de comisiones de servicio, equipos
de apoyo y sustituciones vienen realizando labores en la Administración
de Justicia, pero fuera de plantilla, por las diversas vías que el señor
Padilla conoce perfectamente. Efectivamente, ahí es cierto que ha habido
una desviación y que tiene explicaciones diversas, porque en un



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momento determinado fue muy difícil controlar por parte del Ministerio de
Justicia --y eso el señor Padilla lo sabe perfectamente bien--, en lo que
se refiere a carrera judicial, el número tanto de magistrados suplentes y
jueces sustitutos como los equipos de apoyo o de refuerzo que iban siendo
propuestos por el Consejo General del Poder Judicial, a su vez propuestos
por los órganos de gobierno de los distintos tribunales y aprobados por
el Ministerio de Justicia. Hubo un momento determinado en que no hubo
manera de poder hacer una presupuestación adecuada a las peticiones que
venían del Consejo General del Poder Judicial y de los distintos
tribunales de justicia, tanto en lo que se refiere al presupuesto de
suplentes y jueces sustitutos como en lo que se refiere al exceso de
presupuesto del personal funcionario, del personal colaborador de la
Administración de Justicia.

En este año 1995 este concepto --porque es un concepto dentro, a su vez,
de un capítulo-- sufre un incremento de 207 millones, aparte de un
incremento de 800 millones también para gastos sociales. En la actualidad
se están destinando a este concepto 1.208 millones, que con los 207
millones nuevos, que serían el incremento de 1995, nos situaría en 1.415
millones como crédito inicial para sufragar tanto magistrados suplentes y
jueces sustitutos como el tema de lo que es el personal de refuerzo de la
Administración de Justicia.

Es cierto que esto se debe a diversas razones. Por una parte, como usted
muy bien sabe, señor Padilla, en la carrera judicial todavía existen
vacantes de jueces, es decir, existe un número determinado de vacantes
que creo que en estos momentos, de la categoría de juez, son 108; no
tantas de magistrados, porque por los sistemas de ascenso las plazas de
magistrado se van cubriendo, excepto aquellas correspondientes a los
especialistas. Por tanto, existe un número de vacantes, si bien como esas
vacantes están dotadas, ésas se cubren. Ahora, eso unido a que en muchas
ocasiones se están aprobando planes de apoyo numerosos por parte del
Consejo General del Poder Judicial, hizo que esa partida en un momento
determinado se desbordase y que por sustituciones y suplencias no dotadas
o no previstas en el presupuesto inicial existiese una desviación de 700
millones de pesetas en lo que se refiere a jueces y magistrados y de
1.100 millones de pesetas en lo que se refiere a oficiales, auxiliares y
agentes. En fin, obedeciendo a todas esas razones que, como le indicaba
con anterioridad, son muy diversas, porque son muy diversas las causas,
evidentemente hay que de alguna manera tratar de racionalizar ese tema,
racionalizar en lo que se refiere al tema del control de los magistrados
suplentes y jueces sustitutos, que vienen siendo nombrados por el Consejo
General del Poder Judicial y solicitados por los distintos órganos
judiciales. Con respecto a este tema en concreto, la Ley Orgánica que se
acaba de aprobar otorga mayores facultades al Consejo General del Poder
Judicial para que se pueda efectuar un control puntual y mayor respecto
ya no sólo del nombramiento sino del llamamiento de los magistrados
suplentes y de los jueces sustitutos, que en muchas ocasiones se ha
priorizado lógicamente --usted lo sabe también muy bien-- por razones de
que no fuese el ciudadano quien fuera en definitiva el que estuviese
pagando determinados atascos o determinados órdenes jurisdiccionales que
tenían una acumulación indebida de asuntos.

Lo mismo hay que decir por lo que se refiere al personal funcionario. En
lo que se refiere a personal funcionario (que incluso desde el Consejo el
señor Padilla lo sabe muy bien, porque él y yo hemos tratado en ocasiones
de controlar este tema y reconducir el número de funcionarios que se
adscribían a los equipos de apoyo), ha habido también una desviación de
crédito en lo que se refiere a estos equipos de apoyo, incluso había
también nombramientos de personal interino que venían a cubrir esas
necesidades por encima evidentemente de la propia plantilla. El año
pasado, en un momento determinado, en el todavía Ministerio de Justicia,
por la Dirección general de Justicia se mandó una circular a todos los
presidentes de los Tribunales Superiores, a todos los decanos y también
al Consejo General del Poder Judicial, diciendo que no podía ser y que
los interinos, aquellos que estaban por encima de plantilla, tenían de
alguna manera que cesar, sobre todo teniendo en cuenta que se había
aprobado una plantilla que había sido consensuada con el Consejo General
del Poder Judicial y que en definitiva la plantilla de agentes oficiales,
auxiliares y secretarios de la Administración de Justicia era una
plantilla que se fija anualmente y que se había hecho teniendo en cuenta
las previsiones del propio Consejo General del Poder Judicial, porque
siempre hemos defendido que si hay que modificar la plantilla,
modifíquese la plantilla --eso el señor Padilla sabe que ha sido una
obsesión mía-- y regularicemos la situación de que los funcionarios que
hayan sean los funcionarios necesarios, acudiendo solamente en caso
excepcional a los llamamientos de equipos de apoyo y de refuerzo.

Evidentemente todavía no lo hemos conseguido, pero desde luego uno de los
objetivos de la Secretaría de Estado de Justicia es racionalizar este
tema; es decir, si hay que aumentar la plantilla en determinados órganos
judiciales, auméntese la plantilla en esos órganos judiciales, pero luego
no se vengan a pedir refuerzos, a no ser que estén justificados por un
incremento de asuntos o por circunstancias verdaderamente excepcionales.

Yo creo que éste es el camino que hay que seguir y es el camino que se ha
empezado a seguir en la última plantilla que se fijó, que está aprobada
en el año 1994, que recoge todas las previsiones inicialmente solicitadas
por el órgano del gobierno del Poder Judicial en lo que se refiere a
personal funcionario.

Es cierto que todavía tenemos vacantes, pero ésa es otra historia. La
historia es que en estos momentos tenemos de personal funcionario de la
Administración de Justicia (secretarios, oficiales, auxiliares y agentes)
32.962 efectivos, de los cuales aproximadamente entre el 18 y el 20 por
ciento está todavía vacante, es decir, no está cubierto. La mitad de esta
oferta de ese 20 por ciento es lo que corresponde a la oferta de empleo
del año 1994, porque eran las plazas que había desiertas, unas 3.700
plazas, que son las que han salido en la convocatoria que se anunció en
el mes de julio, y el resto es lo que va a incrementar la oferta de



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empleo para el año 1995, es decir, vacantes ya declaradas desiertas, más
el incremento de unas 180 plazas que están previstas también para
previsiones del año 1995.

Creo que con esto estoy contestando, más o menos, a las preguntas que
usted había formulado.

Previsiones presupuestarias en cuanto a las comisiones de servicio. Las
comisiones de servicio las propone el Consejo General del Poder Judicial,
y estamos tratando de trabajar con ellos conjuntamente porque eso, como
sabe el señor Padilla, también era una obsesión mía: que al inicio del
año presupuestario el propio Consejo conozca esas previsiones
presupuestarias y podamos hacer una planificación conjunta para
efectivamente tratar de evitar esos desvíos que se han venido produciendo
y que se pueda priorizar mejor las necesidades. Este año vamos a tener
1.415 millones y, dentro de ese presupuesto, habrá que priorizar cuáles
son los puntos más acuciantes que requieren personal de apoyo o refuerzos
especiales. Yo creo que ése es un trabajo que hay que realizar
conjuntamente con el Consejo General del Poder Judicial.

El segundo tema que usted me planteaba era el tema referente a las
gerencias. Efectivamente, es un órgano fundamental de la Administración
de Justicia, un órgano descentralizado colaborador del Ministerio de
Justicia e Interior en lo que se refiere a la gestión de los medios
materiales y personales. Lo de que se le ha dado una mayor potestad
reglamentaria y política, yo la verdad es que no creo, en absoluto, que
se le haya dado mayor potestad; sí que se le han dado algunas funciones
mayores, porque creemos que la gestión de los medios es bueno hacerla
cerca del lugar donde se viven las situaciones y, por tanto, el órgano
desconcentrado de la Administración de Justicia es el de las gerencias.

Pero las competencias que se les ha dado, señor Padilla, son pura y
exclusivamente de gestión, de gestión pura y exclusivamente de medios
materiales y personales. Desde luego, lamento no compartir con usted la
afirmación que ha realizado de que la Ley Orgánica del Poder Judicial que
se acaba de aprobar determina unas mayores facultades a los gerentes,
porque no hay ni una sola previsión en la Ley Orgánica del Poder Judicial
en virtud de la cual se les den más facultades a los gerentes. El modelo,
en lo que se refiere a temas de gestión de personal y de medios
materiales, que yo sepa, en la Ley Orgánica no tiene ninguna
modificación. Sí es verdad y sí es cierto que lo que hay, como usted
decía, es quizá una mayor clarificación de competencias, porque hemos
dicho en muchas ocasiones que en la Administración de Justicia
evidentemente hay y va a seguir habiendo competencias compartidas. El
tema de la justicia no es un tema de una Administración sólo, sino que es
un tema de todas las instituciones. Por una parte, el Consejo General del
Poder Judicial y, por otra parte, en lo que se refiere al gobierno de los
jueces y de los magistrados y en lo que se refiere a todos los supuestos
de funcionamiento de la propia Administración de Justicia y competencias
compartidas con las Administraciones públicas, en lo que se refiere al
servicio público de justicia, la Administración de Justicia a la que
usted aludía.

Dicho esto, sí que es cierto lo que me comentaba usted de que la sala de
gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el 4 de julio,
dirigió una comunicación diciendo que tenía insuficiencias. Es posible
que tuviera insuficiencia la gerente, porque las gerencias gestionan
única y exclusivamente o fundamentalmente el Capítulo II, también para
temas de obras menores el Capítulo VI, Inversión de reposición, y algunos
temas también del Capítulo I en lo que se refiere a funcionarios
interinos y personal auxiliar. Pues bien, la distribución del crédito por
gerencias obedece a un módulo en función del número de órganos y en
función del personal que existe en cada uno de los territorios, con lo
cual ése es un tema que evidentemente está tasado. Es cierto que no son
suficientes todos los medios que tenemos, pero partimos de que todavía
estamos atravesando un período de crisis económica y que tenemos que
tener una cierta solidaridad también desde la Administración de Justicia.

Esperemos que el año que viene podamos tener un presupuesto un poco más
alegre para cubrir determinadas necesidades en las que todos estamos de
acuerdo, porque evidentemente algunos temas litigiosos van creciendo y la
justicia se hace hoy más técnica y tiene necesidades más específicas.

Que a un gerente se le acabe el dinero en un momento determinado supone
que se le vuelve a reintegrar, porque el sistema de funcionamiento es el
de anticipo de caja fija, y en virtud del mismo se le atribuye al gerente
la cantidad presupuestaria, el módulo correspondiente al trimestre, y si
el crédito se le ha agotado cuando ha vencido ese trimestre se le vuelve
a reponer, lo que no significa que haya algunos conceptos que no sean
suficientes como es el tema del que usted hablaba, el referente a gastos
y material de oficina. ¿Tenía previstos 165 millones? Si, evidentemente
en un semestre tenía previstos 165 millones, y con las restricciones
presupuestarias que tenemos --todos partimos de esta idea, sobre todo en
el Capítulo 2-- hay que tener un poco más de cuidado o hay que ver cómo
se invierte en los temas de material y priorizar las necesidades. De
todas maneras, no creo que haya algún órgano judicial de Madrid que haya
tenido que dejar de actuar por falta de medios materiales en lo que se
refiere a material de oficina. No creo que a ninguno le haya faltado
papel de oficio ni medios concretos para administrar justicia en lo que
se refiere a los gastos de material de oficina.

Otra cuestión de la que usted hablaba es la ausencia de peritos. Para
1994 había un presupuesto de 200 millones, que en 1995 ha experimentado
un incremento de 50 millones. Este es el incremento que para 1995 ha
recibido el presupuesto destinado al pago de peritos. Es cierto que es
necesario seguir haciendo incrementos en el Capítulo 2 de la
Administración de Justicia, porque los medios técnicos que necesita la
justicia pasan también por la adscripción de personal especializado, por
la utilización por parte de los órganos judiciales de colaboradores que
en cuestiones especialmente complejas presten a los mismos el apoyo que
éstos necesitan para que el ciudadano reciba la tutela judicial efectiva.

Comprendo que habrá que ir aumentando este crédito para 1996, y la verdad
es que desconozco --evidentemente, lo averiguaré y trataremos de
solucionarlo-- cuál es el problema concreto que se ha planteado en la
Audiencia Provincial de Huelva en estos momentos



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en orden a que, según me decía S. S., parece ser que hay algunos peritos
que han tenido que dejar de actuar porque no se les han pagado las
retribuciones. Se les pagará, y si se ha sufrido algún retraso en el tema
trataremos de solucionarlo.

En lo que se refiere al tema siguiente que usted planteaba, la
transferencia a los Colegios de Abogados y Procuradores para el turno de
oficio y la asistencia letrada y la preocupación sobre los problemas que
ha habido en cuanto a un cierto déficit que se ha producido en años
anteriores, así como los problemas particulares y concretos que pueden
haberse producido en la liquidación respecto al año 1994, he de señalar a
S. S. que en el presupuesto para 1995 figura el crédito para el turno del
Consejo General de la Abogacía por un importe de 6.580 millones, lo que
supone un incremento de 780 millones de pesetas respecto de 1994, que
deriva del ajuste necesario y realizado en los últimos años. Es cierto
que en 1994 el crédito de 5.800 millones se ha incrementado mediante una
transferencia --probablemente es el tema del que les habló en esta
Comisión el Subsecretario-- de 1.200 millones de pesetas que suponía la
regularización de un desacuerdo que se había producido con el Consejo
General de la Abogacía, insuficiencia que venía determinada desde hace
varios años, primero, por un deficiente control del propio acceso,
reconocido por los propios Colegios de Abogados, deficiente control del
acceso a la prestación de la asistencia gratuita por parte de esos
Colegios, y también por una deficiente presupuestación o evaluación de
las piezas de justicia gratuita tramitadas por los órganos
jurisdiccionales.

Por otra parte, en lo que se refiere a la liquidación del año 1994 lo que
le puedo decir, señoría, es que el Consejo General de la Abogacía ha
presentado la liquidación de 1994, en lo que se refiere al primer
semestre, el 16 de septiembre, la Secretaría de Estado de Justicia ha
recibido la liquidación del Consejo General de la Abogacía con fecha 16
de septiembre; el 10 de octubre estaba ordenado el pago y el 14 de
octubre ya estaba entregado o puesto a disposición de los Colegios de
abogados. Puede haber habido un retraso, pero lo que se refiere al abono
o a la gestión del presupuesto para 1994 en principio no es imputable a
la Secretaría de Estado, puesto que se ha liquidado en el momento en que
la liquidación ha sido presentada, sin perjuicio de que ese déficit de
los 1.200 millones haya sido debido a las razones que le he explicado y
que son las que en estos momentos se están tratando de corregir a través
de dos tipos de normas: una es un Real Decreto puente hasta el
cumplimiento de la moción parlamentaria que instaba al Gobierno para que
presente la Ley de asistencia gratuita dentro de este período de sesiones
(esperemos que pueda entrar en esta Cámara a finales de año o a
principios, como muy tarde, del año 1995), y en la que como criterios
básicos pero adelantados en el Decreto que se está tramitando en estos
momentos, y que ya está remitido en el día de la fecha al Consejo General
del Poder Judicial para que emita el correspondiente informe, se tratan
de establecer unos mayores y mejores controles del acceso al turno de
oficio y de la asistencia letrada tanto para abogados como para el tema
de la procuraduría, unas mayores exigencias de formación planteadas por
los propios Colegios de abogados en orden a la prestación de ese servicio
a los ciudadanos, y una fijación de unos módulos o unos baremos distintos
por actuación de los que venían realizándose hasta ahora.

Creo que usted sabe, señor Padilla, que actualmente se está cobrando por
guardia, en el turno de asistencia letrada al detenido, entre unas 16 ó
17.000 pesetas, y en el supuesto de una guardia por actuación concreta me
parece que se viene cobrando entre las 9.000 y las 10.000 pesetas. El
crédito se ha incrementado, y para analizar el aumento de crédito que se
ha producido desde 1982 hay que tener en cuenta que de estos 6.580
millones hay que descontar ya las transferencias de esta partida a
Cataluña y al País Vasco. Por tanto, el crédito inicial se ha
incrementado mucho más de lo que en principio puede parecer, precisamente
porque en la imputación de ese aumento no hay que computar lo que ya está
desgajado en lo que se refiere a transferencias que en esta materia
tienen en estos momentos única y exclusivamente Cataluña y el País Vasco.

No es que se esté negociando con nadie, señoría; me parece lógico y creo
que es una regla de democracia, también positiva, poder no negociar,
porque en definitiva un Real Decreto lo aprobará el Gobierno y una Ley la
aprobará esta Cámara, y el que los colectivos interesados o afectados por
las normas tanto del Gobierno como del Congreso de los Diputados conozcan
esas normas y, a su vez, tanto el Ejecutivo como el Parlamento puedan
conocer también las opiniones de aquellos que en definitiva tienen que
realizar la prestación del servicio público creo que es una norma buena
en democracia, pero eso no significa que la decisión definitiva y la
responsabilidad de esa decisión no incumba al Gobierno si se trata de un
Real Decreto o incumba a las Cámaras si se trata de un proyecto de ley.

Eso es lo que está haciendo la Secretaría de Estado de Justicia en lo que
se refiere al tema de los abogados y de los procuradores, tanto más
cuanto, como usted bien sabe, ésta es una preocupación compartida no sólo
por el Gobierno sino también por las propias corporaciones, que tampoco
están satisfechas --haciendo un ejercicio de autocrítica muy loable-- de
cómo se presta un servicio al que tienen derecho todos los ciudadanos y
que todos estamos obligados a mejorar y a perfeccionar.

El siguiente tema que usted me planteaba era el referente al jurado: qué
va a pasar en el ejercicio presupuestario de 1955 en lo que se refiere al
jurado. Yo no sé si he manejado alguna cifra, no recuerdo qué cifras
puedo haber dado públicamente, pero supongo que las que he dado a lo
mejor se han recogido erróneamente o yo me he equivocado, y lo mismo
puedo decir en lo que se refiere al Ministro de Justicia e Interior. La
ley del jurado lleva una memoria económica que se ha hecho con arreglo al
modelo de jurado previsto en el anteproyecto de ley.

¿Cómo va a ser el modelo de jurado? Señorías, está en sus manos. En estos
momentos la ley del jurado que salga de esta Cámara tienen que decidirla
evidentemente los miembros de esta Cámara y no el Gobierno. El Gobierno
lo que hizo fue un presupuesto ajustado al modelo de jurado reflejado en
el anteproyecto, con un número determinado de miembros, con un ámbito
objetivo de aplicación.




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Si eso se modifica, evidentemente habrá que variar en el propio trámite
parlamentario la memoria económica o las previsiones efectuadas
inicialmente.

¿Va a haber jurado o no el año que viene? El Gobierno espera que haya
jurado y las previsiones dependerán también del trámite parlamentario de
la ley. Si la ley se aprueba, tiene luego una «vacatio legis». Las
previsiones que había hecho el Gobierno eran que el jurado pudiera estar
funcionando en los dos últimos meses del año 1995, teniendo en cuenta
precisamente lo que es el trámite parlamentario, con posterioridad la
«vacatio legis» y la puesta en funcionamiento de todo el sistema de
jurado, desde el sistema de elección, que ha de ser en el mes de
septiembre, como usted sabe muy bien, con arreglo al tema del censo
electoral, hasta la preparación de la «vacatio». Los cálculos
inicialmente previstos son que en los dos últimos meses del año 1995
pudiesen empezar a funcionar los juicios por jurado.

En la propia memoria económica del anteproyecto de ley se establecían los
distintos conceptos presupuestarios dentro de los cuales había que hacer
frente evidentemente a la implantación del jurado. Estos conceptos eran,
por una parte, la inversión necesaria para la ubicación física del
tribunal del jurado, inversión que se había calculado en función de un
trabajo realizado por el Ministerio de Justicia e Interior en orden a
visitar todas las Audiencias, ver todas las instalaciones y analizar en
cada una de ellas las obras de reforma o de adaptación que habría que
hacer precisamente para que el jurado pudiese funcionar, y la previsión
en la Ley era de 319 millones. En los presupuestos de 1995 en inversión
de reposición, en el capítulo de inversiones, existen 300 millones
previstos para la realización de las obras de adaptación del jurado.

Evidentemente éste es un tema prioritario en el sentido de que, como las
obras no se improvisan, hay que empezar a realizarlas ya, desde ahora,
para que, si se cumplen las previsiones de la tramitación parlamentaria y
de la entrada en vigor de la ley, puedan estar preparadas las
instalaciones para la celebración de los juicios por jurado en los dos
últimos meses del año 1995. Por lo tanto, ésa va a ser una de las
actuaciones prioritarias en lo que se refiere a gestión de obras de la
Secretaría de Estado de Justicia para que, cuando SS. SS. aprueben la
ley, pueda tener la infraestructura necesaria.

El resto de capítulos es la constitución y actuación del tribunal del
jurado, todo el tema referente a las indemnizaciones. Las previsiones que
se habían hecho, repito, respecto al modelo establecido en el
anteproyecto, era un gasto anual de 1.035,80 millones de pesetas. La
partida correspondiente al año 1995 (puesto que serían sólo dos meses en
definitiva), en el presupuesto del año 1995, dentro del capítulo 2, son
172.513.000 pesetas para la actuación del tribunal del jurado. Estas son
las previsiones porque el resto, la partida global total será con cargo
al presupuesto de 1996, sin perjuicio de hacer los ajustes que exija el
modelo definitivo de jurado que se apruebe por las Cámaras.

Finalmente me planteaba el tema de la prestación social sustitutoria y el
de la objeción de conciencia. Efectivamente éste es otro de los programas
prioritarios de la Secretaría de Estado de Justicia, del Ministerio de
Justicia e Interior, como no podía por menos, porque se trata de
garantizar el ejercicio de un derecho fundamental, que es el de realizar
la prestación social sustitutoria. Presupuestariamente hablando, el
programa 313 F, prestación social sustitutoria y objetores de conciencia,
tenía un presupuesto consolidado de 20539 millones en 1994, y en 1995
tiene un presupuesto de 30716 millones pesetas, lo cual supone un
incremento global, por todos los capítulos, tanto capítulo 1, como
capítulo 2, como capítulo 4, que son los capítulos fundamentales de este
programa, de un 46,38 por ciento.

El capítulo 2 experimenta un incremento todavía mayor proporcionalmente,
del 66,69 por ciento, y el capítulo 1 no sufre incremento en términos
homogéneos, queda igual porque, como usted sabe, la separación en el año
1994 de la Dirección General de Asuntos Religiosos de la Dirección
General de Objeción de Conciencia ha hecho que todo lo que era
infraestructura de la Dirección General de Asuntos Religiosos haya pasado
hoy al gabinete de Asuntos Religiosos y que el resto haya quedado dentro
de la Dirección General de Objeción de Conciencia. No obstante, el
incremento que se sufre en el capítulo 1 viene determinado porque son 150
plazas de funcionarios que estaban previstas en el plan aprobado por el
Gobierno destinadas a gestionar la prestación social sustitutoria. Por lo
tanto, la relación de puestos de trabajo experimenta un incremento
notable, cuya ejecución en estos momentos le puedo decir, señor Padilla,
que está al 80 por ciento. Es decir, ya hay 95 plazas que están aprobadas
y en trámite de concurso para su cobertura, y en el mes de noviembre
sacaremos las restantes para tener la infraestructura personal de la
objeción de conciencia a final de año para poder gestionar correctamente
la prestación social sustitutoria.

En el capítulo 2, como le decía antes, se experimenta un incremento
notable, del 66,69 por ciento en lo que se refiere a la prestación, y
ello viene determinado tanto por lo que se refiere al tema de vestuario
de objetores, como por haberes en mano, arrendamientos, transportes, todo
ello determinado a su vez por el incremento del número de objetores que
hemos tenido en los últimos años, que hay que tratar de gestionar y sacar
adelante con el plan aprobado por el Gobierno en el mes de marzo de 1994.

Es cierto que todavía el ajuste no se ha producido; tiene usted razón al
decir que el ajuste no se ha producido, pero yo creo que se ha avanzado
considerablemente. En 1994 el plan aprobado por el Gobierno preveía el
llamamiento de 35.000 objetores, de los cuales 24.000 han sido llamados
ya, y además puedo decir con satisfacción que ha habido una respuesta muy
importante. De los 24.000 han dado respuesta ya 21.000, y está previsto
complementar el llamamiento de los 11.000 restantes para completar los
35.000 en el mes de noviembre. Eso en lo que se refiere a cumplir la
prestación, en proporción con el número de plazas.

El número de plazas, que es otro tema muy importante, se ha incrementado
notablemente, y en estos momentos, a finales del año 1994, vamos a tener
49.000 plazas para la realización de la prestación social, englobando los
35.000 llamados del año 1994, más los 21.000 llamados del año 1993. En
todo ello hay que tener en cuenta que la gestión



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de la prestación es muy complicada y que las cifras fijas van cambiando
día a día en virtud de las incidencias que tiene la propia gestión de la
prestación, en el sentido de que los objetores se acogen a las
previsiones que establece la ley de aplazamientos, exenciones, etcétera.

Por tanto, yo siempre que digo las cifras fijas señalo que son al día de
hoy o de hace quince días, pero siempre cerradas en una fecha, con un
margen de movilidad, puesto que la gestión de la prestación social
sustitutoria tiene numerosas incidencias que hay que ir computando en
cada momento.

Es cierto que todavía es necesario crear más plazas, porque había aún una
bolsa acumulada de años anteriores, que son las que hay que ir
reabsorbiendo en los próximos ejercicios. El número de plazas se ha
cuadruplicado, porque ya le digo que tenemos 49.000, con lo cual vamos a
poder absorber los llamamientos de este año, y las previsiones son de las
50.000 plazas comprometidas en el plan del Gobierno para el año 1995,
pero, evidentemente, hay que seguir haciendo un esfuerzo considerable en
relación con este tema, y hay que hacerlo en colaboración con todas las
instituciones, con las comunidades autónomas, los ayuntamientos y las
distintas administraciones públicas. En estos momentos tenemos 7.753
conciertos con distintas entidades, con lo cual el número de conciertos
se ha incrementado muchísimo, y a través de todas esas entidades estamos
creando plazas. Por tanto, los conciertos también están aumentando y se
está tratando de hacer una gestión en colaboración con las distintas
comunidades autónomas y ayuntamientos.

A esto hay que unir determinados problemas de homogeneidad en el sentido
de la existencia de plazas. No existe el mismo número de plazas en todos
los territorios, y eso origina también problemas en la gestión de la
propia prestación, porque el número de objetores que se crea en cada
territorio en muchas ocasiones no es absorbido por el propio territorio,
y en esas ocasiones hay que acudir a la extraterritorialidad, es decir, a
llevarlos a realizar la prestación, si bien siempre procuramos, en estos
escasos supuestos en los que hasta ahora se ha producido, que sea de la
mejor forma para el propio objetor, en el sentido de poder realizarla en
el territorio más próximo o más cercano al suyo de origen, cosa que yo
creo que es buena para el objetor, para la prestación y para el servicio
público, porque supone también una disminución del incremento del coste.

Esas son las perspectivas del tema de la objeción de conciencia. Yo
comprendo que es un tema que les preocupa, nos preocupa a todos porque en
los últimos años ha habido un crecimiento importante, y de todas formas
yo creo que, con el cumplimiento del plan del Gobierno aprobado en el mes
de marzo y con la cada vez mayor colaboración de todas las instituciones,
aunque no sé decir el tiempo porque habrá que ir viendo si se ha
producido o no una estabilidad en el reconocimiento del número de
objetores --tendremos que ir haciendo una evaluación--, yo espero que
podamos estar ya cerca de decir que se ha estabilizado porcentualmente el
número de objetores, para que con ello podamos hacer una mejor gestión de
la prestación, que no sólo consiste en crear plazas, sino también en que
las plazas tengan un contenido real y que se establezcan los mecanismos
necesarios para que se pueda controlar ese contenido, lo cual, por citar
un dato, ha supuesto el aumento del número de inspectores, en la relación
de puestos de trabajo de la objeción de conciencia, para poder controlar
a los organismos y los contenidos de la prestación, porque de lo que se
trata es de que esa prestación tenga un contenido real.

En definitiva, yo creo que con el ejercicio de este derecho
constitucional se está también prestando un servicio a la sociedad desde
un punto de vista social en aquellos puestos en donde las propias
administraciones en ocasiones no llegan, pero eso no significa que no sea
dificultoso a la hora de delimitar lo que son plazas de contenido de
prestación de asistencia social y no plazas que puedan ser laborales,
porque, como usted muy bien sabe, las propias organizaciones sindicales
también ejercen un control muy estricto en lo que se refiere a la
posibilidad de creación de plazas para dar contenido a la prestación.

Yo creo que se ha avanzado mucho en la gestión, lo cual no significa que
sea suficiente. Los órganos de la Dirección General de Objeción, es
decir, el propio Consejo Nacional de Objeción de Conciencia, han
aumentado también su productividad en el sentido de hacer un mayor
volumen de reconocimientos. Los reconocimientos del derecho están
prácticamente al día, y en lo que tenemos que seguir trabajando es en
mejorar los tiempos entre el reconocimiento y el llamamiento para que no
se produzca una distancia, como se ha venido produciendo en los últimos
años. Yo creo que es un reto sacar esto adelante, y no es que me sienta
satisfecha, porque satisfecha no me puedo sentir de cómo se encuentra
todavía este programa, creo que aún hay que hacer un esfuerzo mayor, pero
lo que sí puedo decir es que se han dado pasos adelante muy importantes
en lo que se refiere a gestión.

Por último queda el tema de transferencias e indemnizaciones por el
funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. En el tema de
transferencias a Galicia y Cataluña, comenzando por Cataluña, como usted
sabe muy bien, la transferencia que se hizo en su día se hizo sin
inversión nueva. Por tanto, teníamos siempre pendiente el tema de que,
cuando se creaba un órgano judicial, ¿quién lo tenía que pagar?, ¿cuál
era el módulo establecido? Había una situación complicada que creo que ya
se ha arreglado, porque se ha fijado un criterio, que es el
establecimiento de un módulo por órgano judicial unipersonal nuevo que se
cree en la Comunidad, y en estos momentos se ha hecho la transferencia de
los 40 órganos judiciales nuevos que se habían creado en los últimos años
en Cataluña y que han entrado en funcionamiento desde el año 1990 hasta
el año 1993. El módulo que se estableció fue de 4.730.000 pesetas por
órgano judicial nuevo que se crea en lo que se refiere al capítulo 2, y
en lo que se refiere al capítulo 6 el tema del módulo varía en función de
que se trate de arrendamiento, edificación nueva o de que exista o no
local para la ubicación del órgano. Esta ha sido la transferencia que se
ha hecho a Cataluña: repito, módulo de 4.730.000 y 40 órganos judiciales
transferidos de 1990 a 1993.

En lo que se refiere a Galicia, yo creo que se ha ido perfeccionando para
evitar los problemas que ha habido hasta



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el momento en los temas de transferencias y tratar de que no ocurra lo
que había ocurrido en Cataluña con territorios que no eran de nadie. La
transferencia a Galicia se ha cerrado de la siguiente manera. En lo que
se refiere al capítulo 1, personal laboral, se ha transferido el personal
laboral íntegro y el personal funcionario de las gerencias que gestionan
los medios materiales, por un importe de 329 millones. En el capítulo 2,
en lo que se refiere a la transferencia de Galicia, ha habido dos
niveles: primero, en coste de una sola vez lo que había de alquileres en
Galicia del capítulo 2 y la parte correspondiente al territorio de
Galicia del importe del papel de oficio; después se ha utilizado otro
criterio, que es la valoración en coste efectivo por funcionamiento de
órgano judicial, que es el mismo módulo que se utilizó para Cataluña, es
decir, 4.730.000 pesetas por órgano unipersonal. En total, el capítulo 2
transferido a Galicia son 922 millones de pesetas.

En lo que se refiere al capítulo 4, se les ha transferido también el
coste efectivo del turno de oficio de asistencia letrada, en función de
las certificaciones efectuadas por los propios colegios de abogados y
procuradores.

En lo que se refiere a las subvenciones a juzgados de paz y la parte
correspondiente al número de los que existen en Galicia, que, como usted
sabe, señor Padilla, son muy numerosos, se ha hallado el porcentaje y se
ha multiplicado por el número de órganos. En el capítulo 4, el importe es
de 510.847.000 pesetas.

El capítulo 6 ha sido más complicado, porque, como usted sabe, había una
deuda histórica con Galicia: inversiones que habían aparecido en los
presupuestos en los años anteriores y que luego, por razones de
restricciones presupuestarias, no se habían ejecutado. Se han hecho dos
operaciones. Por un lado, la misma que decíamos antes en lo que se
refiere al 50 por ciento de la inversión. En lo que se refiere a
inversión de reposición, se les ha dado 187,2 millones, que es el
producto de multiplicar el módulo por el número de órganos existentes.

En lo que se refiere a la inversión nueva, se ha hecho una distinción
también, juntando a lo que ahora se transfiere un convenio de
financiación para los próximos años en virtud del cual se asumen por la
Administración edificios que estaban en marcha, en Santiago, Betanzos y
Orense, y luego se transfiere para que la propia Comunidad gestione esa
cantidad: en Pontevedra, con 300 millones en el plan de inversiones, y
Tribunal Superior de Justicia de La Coruña, donde había 50 millones, sin
perjuicio de establecer un sistema de financiación de 900 millones a
cinco años, que es lo que establece el convenio complementario en función
de la deuda histórica adquirida con Galicia. Estos han sido los módulos
utilizados en la transferencia a Galicia.

Finalmente, en lo que se refiere a indemnizaciones por funcionamiento
normal de la Administración de Justicia, todo está dentro de un crédito,
que es el de contenciosos. Es un crédito que en el año 1994 era de 500
millones y en 1995 experimenta un incremento de 250 millones. Por tanto,
vamos a tener 750 millones.

¿Qué es lo que se paga con cargo a este crédito? Dos cosas: por una
parte, los salarios de tramitación y, por otra, las indemnizaciones por
funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, que hasta el
momento la Secretaría de Estado de Justicia ha reconocido 48 millones. Es
decir, del crédito de 1994, el 90 por ciento ha ido destinado a sufragar
salarios de tramitación y el 10 por ciento a sufragar las indemnizaciones
reconocidas hasta el momento, que ascienden a 48 millones y pico.

Evidentemente, es un crédito difícilmente evaluable porque no está en
función de una presupuestación objetiva, sino en función del número de
sentencias dictadas con cargo al Estado en donde hay salarios de
tramitación dejados de percibir y en función, además, de los expedientes
de funcionamiento anormal de la Administración de Justicia que se estén
tramitando. Este año ha habido insuficiencia presupuestaria sobre todo en
lo que se refiere a salarios de tramitación; no así en cuanto a
funcionamiento anormal, porque en lo que llevamos reconocido, como el
trámite es largo --primero va a informe del Consejo General del Poder
Judicial, luego a informe del Consejo de Estado--, tenemos los
expedientes más o menos al día y se corresponden con esos 48 millones de
indemnizaciones reconocidas de que le he hablado.

En cambio, en salarios de tramitación se sigue produciendo siempre un
déficit que no es del todo calculable, pero, evidentemente, se va
tramitando al mismo tiempo la correspondiente modificación del crédito
para poder abonar esos salarios dejados de percibir por los trabajadores
y que son responsabilidad del Estado. (El señor Padilla Carballada pide
la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Señor Padilla, ¿a qué efectos pide la palabra?



El señor PADILLA CARBALLADA: Quería hacer algunas precisiones, señor
Presidente. Es una comparecencia para informar, se han dado unos datos y
yo quiero unas precisiones sobre esos datos.




El señor PRESIDENTE: Señoría, tiene un minuto, porque, como bien sabe, no
hay derecho a réplica. Las precisiones como consecuencia de esta
información se pueden plantear en una posterior tramitación en Pleno, no
aquí.




El señor PADILLA CARBALLADA: Le solicité exactamente el porcentaje en la
transferencia a la comunidad autónoma de Cataluña de los medios del
personal no funcionario respecto del total presupuestado. Si no lo tiene,
le agradeceré que lo haga llegar.




La señora SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA (Fernández de la Vega Sanz):
Se lo daré, señor Padilla, porque en este momento no tengo el dato
concreto del porcentaje, pero con mucho gusto se lo suministraré.




El señor PADILLA CARBALLADA: En segundo lugar, el porcentaje que
correspondería a Cataluña, Galicia y País Vasco --ésta sería una
precisión nueva-- en transferencias a colegios profesionales por
iniciación del turno de



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oficio y asistencia letrada. No sé si sabe la señora Secretario de Estado
que en esas comunidades se paga más; será que lo gestionan mejor, pero,
desde luego, se paga más que en el resto del territorio español.

Quisiera saber también --si no tiene el dato, le agradeceré que me lo
haga llegar-- en este momento, con la precisión que se tiene en el
ejercicio de 1994, con ese desarrollo que usted ha expuesto, cuál es el
coste que para el Estado tiene la dotación --infraestructura, etcétera--
del cumplimiento de la prestación social sustitutoria por un objetor de
conciencia.

De esos 1.415 millones de pesetas que como crédito inicial señalan
ustedes para lo que usted ha denominado medidas de apoyo en la
Administración judicial, si es posible, deseo que me concrete --si lo
tiene cuantificado, al menos como operación de trabajo-- qué cantidad se
dedicaría a comisiones de servicio y adscripciones de jueces y
magistrados suplentes y toda esa cosas que ya se ha confirmado que
podíamos denominar ejercicio en multitud de la jurisdicción. ¿Qué
cantidad va dirigida a jueces y magistrados y qué cantidad a personal
funcionario y no funcionario e interino de la Administración de Justicia?
Es decir, como tres cosas distintas: personal judicial en comisión de
servicio, adscripción, etcétera; personal funcionario en comisiones de
servicio y personal no funcionario. Porque yo entiendo que son tres cosas
muy distintas y para evaluar bien la partida entendemos que esa
puntualización es necesaria.

Finalmente, en relación con el jurado, yo le agradecería una cosa. Ha
expuesto usted muy bien que los cuerpos colegisladores serán los que
determinen el contenido de la ley. Lo cierto es que en el proyecto de ley
la indemnización a los jurados se remite al Reglamento. Quisiera
preguntarle, para poder valorar el presupuesto que ustedes proponen, cuál
es la visión reglamentaria que el Gobierno tiene en relación con la
indemnización. O sea, qué módulo de indemnización contemplan ustedes.

Para terminar, ya en el prólogo de la Ley de Procedimiento Administrativo
se decía que se quería alejar de la época de Lagartijo y Frascuelo. De
manera que, negociaciones sí, pero no olvide usted que para la
elaboración de normas de carácter general ya la Ley de Procedimiento
Administrativo establece que deben ser oídas determinadas corporaciones
y, concretamente, ése es un trámite obligado, no un trámite de una nueva
democracia que esté trazando y estableciendo el Gobierno del que usted
forma parte.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Secretaria de Estado.




La señora SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA (Fernández de la Vega Sanz):
Los porcentajes que usted me pide es cuestión de hacer números. Con mucho
gusto se los facilitaré. No tengo aquí una calculadora. Es simplemente
aplicar el porcentaje a los créditos globales, pero si usted no quiere
calcularlo yo se lo facilito con muchísimo gusto en lo que se refiere al
personal laboral, porque es multiplicar. Lo mismo hay que decir respecto
al personal laboral tanto de Galicia como de Cataluña, porque los módulos
que se han utilizado son exactamente los mismos.

En lo que se refiere al porcentaje que significa lo que se ha transferido
por el capítulo 4, es decir, turno de oficio, ya le he dado el criterio y
la cuantía. El porcentaje es el mismo, es coger el crédito global, pero
con mucho gusto le daré el porcentaje que significa, porque el criterio
utilizado he dicho que está en función de las certificaciones de los
colegios de abogados, del Consejo General de la Abogacía y del crédito
total y, al final, de la multiplicación de la intervenciones efectuadas.

Si efectivamente hay más intervenciones en una comunidad que en otra, ésa
es una de la irregularidades que a veces se notan. Por eso estamos
estudiando normas. Repito que no estamos inventando en el Gobierno ningún
sistema de democracia, porque creemos que es bueno hablar con los
colectivos implicados, sin perjuicio del trámite obligatorio que
establece la Ley de Procedimiento Administrativo, a lo que usted es
también aficionado, porque le he visto actuar en órganos institucionales
en donde era partidario de mantener ese tipo de conversaciones. Por lo
tanto, me sorprende que ahora no le gusten tanto. De todas formas, no
estamos negociando nada, sino única y exclusivamente escuchando a las
personas, cosas que me parece que es importante, aparte del trámite
obligatorio de la ley, que también se cumple.

Repito que el porcentaje, en lo que se refiere a abogados y procuradores,
también se lo facilitaré porque es un tema única y exclusivamente de
multiplicar y matemático.




El señor PADILLA CARBALLADA: El Ministerio tiene más capítulo 1 para
multiplicar.




La señora SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA (Fernández de la Vega Sanz):
Sí, pero el Ministerio tiene también muchas prestaciones que hacer, señor
Padilla, para los ciudadanos.

Había dos temas más que me planteaba. Sobre el del jurado y los módulos
que se han utilizado, evidentemente, como decía, la disposición
reglamentaria tendrá que fijarlo, aunque sí le puedo decir que se han
tenido en cuenta determinados criterios, como es, por ejemplo, a la hora
de fijar la retribución de lo que sería la actuación del jurado, el
salario medio de los profesionales y trabajadores españoles. Ese es uno
de los criterios que se ha utilizado. En lo que se refiere a las
actuaciones públicas, también se ha utilizado el reglamento de dietas que
existe para los funcionarios, de alojamiento y manutención. Lo mismo hay
que decir del tema de los desplazamientos; salarios para el tema de las
retribuciones y, al mismo tiempo, las normas preceptivas en lo que se
refiere a indemnizaciones por razón del servicio para traslados,
alojamiento y manutención. Los criterios establecidos en ese Decreto,
como la media de salarios entre profesionales y trabajadores, han sido
criterios que orientativamente se han utilizado por el Gobierno para
cuantificar, en principio, el tema del jurado.

Sobre el otro tema...




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El señor PADILLA CARBALLADA: Sobre la distribución de los 1.400 millones.




La señora SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA (Fernández de la Vega Sanz):
Usted sabe, señor Padilla, que es muy difícil que el Gobierno pueda saber
cuántos equipos de apoyo va a nombrar el Consejo General de Poder
Judicial y cuántos más están suplentes. Precisamente, como no había
ocurrido nunca lo que creemos, y usted lo sabe porque, además, lo
habíamos hablado en muchas ocasiones, sería bueno hacer una planificación
conjunta al inicio del año con el Consejo General del Poder Judicial para
que él, como responsable del funcionamiento de la justicia, pudiera
planificar, en función de las situaciones de los órganos en la
actualidad, o priorizar de esos 1.415 millones qué habría que destinar a
magistrados suplentes, qué habría que destinar a comisiones de servicio y
qué habría que destinar al tema de apoyo.

El crédito ha aumentado, vuelvo a repetir, y yo creo que está
cuantificado lo suficiente, sin perjuicio de que ahora habrá que dictar
también normas reglamentarias para controlar algunas de las disfunciones
que se venían produciendo en esta partida en función de la aprobación de
la propia Ley Orgánica del Poder Judicial.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Secretaria de Estado de
Justicia.




--DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE ASUNTOS PENITENCIARIOS. A SOLICITUD DE
LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS: MIXTO-UV (número de expediente 212/000968),
POPULAR (número de expediente 212/001040) E IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA
PER CATALUNYA (número de expediente 212/001149).




--DE LA PRESIDENTA DEL ORGANISMO AUTONOMO TRABAJOS PENITENCIARIOS. A
SOLICITUD DEL GRUPO POPULAR (número de expediente 212/001043).




El señor PRESIDENTE: La siguiente comparecencia es la de la señora
Secretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios, que comparece ante la
Comisión, a la que damos la bienvenida, una vez más, para informar sobre
la tramitación del proyecto de ley de presupuestos generales del Estado,
a instancias de los Grupos Parlamentarios Popular y de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. Tratándose del mismo órgano del
compareciente que figura en el orden del día a las 13,30, es decir, la
Presidenta del Organismos Autónomo Trabajos Penitenciarios, se acumulan
ambas comparecencias, tanto a efectos de solicitud de información, para
los señores Diputados que quieran intervenir, como de la contestación por
parte de la señora compareciente.

Por el Grupo Parlamentario Popular, a efectos de solicitar información a
la Secretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios y a la Presidenta del
Organismo Autónomo Trabajos Penitenciarios, tiene la palabra el señor Gil
Lázaro.




El señor GIL LAZARO: En el tiempo acotado de que disponemos para
sustanciar esta comparecencia, entendemos que debemos hacer mención a
algunas cuestiones concretas tan sólo que dimanan del análisis de este
proyecto de ley de presupuestos, si bien, en todo caso, oportunidad habrá
a lo largo del próximo ejercicio para detenernos específicamente en
algunos aspectos esenciales que a partir del contenido de este
presupuesto van a condicionar el desarrollo global de la política
penitenciaria del Gobierno.

En esencia, este presupuesto de la Administración penitenciaria nos
parece que trata de introducir, al menos en su letra, una corrección de
rumbo en relación con los contenidos --insistimos, al menos en la
descripción de objetivos-- de algunos años anteriores, pero tropieza, sin
duda, con el inconveniente que comporta la recortada previsión de
inversiones reales y un cierto desorden o descoordinación entre el
señalamiento de objetivos y la posterior atribución de partidas. No
parece tampoco que exista una plena sintonía entre lo que contempla el
presupuesto y las afirmaciones previas que a lo largo de los meses
anteriores, se han venido haciendo en cuanto a algunas de las prioridades
que quería abordar la Secretaría de Estado. Entendemos que, en general,
este presupuesto no es sino una manifestación, loable sin duda, pero una
manifestación de voluntarismo no correspondida en su previsión
financiera, puesto que aspectos tan esenciales como la atención a
drogodependiente, la fijación del modelo sanitario penitenciario, la
evolución del gasto en atención médica especializada y en necesidades
farmacéuticas, la informatización de la red de establecimientos, los
problemas de clasificación interior de los reclusos, las inversiones en
seguridad, la adecuación de la relación de puestos de trabajo o las
imprescindibles mejoras en el ámbito educativo-laboral y en las
condiciones de vida de los reclusos, entre tantos otros aspectos, siguen
enfocándose bien desde la intencionalidad política o desde la literatura
descriptiva, pero no desde los números, porque, al final, descontados los
gastos de personal, resulta que el volumen global de inversión disponible
es francamente escaso en relación con las necesidades a abordar.

Desde estas consideraciones generales, nosotros quisiéramos plantear
algunas solicitudes de información concretas. Quisiéramos que se nos
dijera qué partida específica se destina, cuál va a ser el montante para
la tarea de potenciación de los equipos de observación y tratamiento de
los centros y, en base a este presupuesto, en qué va a consistir la
anunciada potenciación de dichos equipos; cuestión ésta que ha venido
siendo señalada --como decíamos antes-- en los últimos meses con carácter
fundamental y que engloba el objetivo primero dentro de la descripción de
objetivos que hace el programa 144A. También nos gustaría saber a qué se
debe el recorte de 626 millones de gastos de reparación y mantenimiento y
el de 1.145 millones en gastos destinados a material y suministros, y si
los 978 millones de recorte previsto de la factura telefónica significan



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que en ejercicios anteriores se ha ido cargando a dicha factura el pago
de una deuda arrastrada.

Igualmente, nos gustaría conocer cuál es el alcance real de la partida de
2.227 millones destinada a conciertos de asistencia sanitaria, porque
siendo ésta una cuestión fundamental, estando como está, evidentemente,
por definir todavía cuál va a ser el modelo de sanidad penitenciaria, nos
da la sensación de que en la rotulación de esta partida
--que podría pensarse que induce a la fijación de unos criterios
inversores tendentes al desarrollo de ese posible modelo de sanidad
penitenciaria--, sin embargo nos da la sensación, insistimos, de que en
esta partida, fundamentalmente en su montante principal, lo que hay es la
satisfacción de una importantísima deuda arrastrada por parte de la
Administración penitenciaria con el Insalud, proveniente de ejercicios
anteriores, y que va a ser abonada en una gran parte en éste.

Nos gustaría saber, igualmente, a qué se debe que las inversiones de
reposición se mantengan en un nivel de previsión de gastos, unos 1.400
millones, que es prácticamente idéntico al de años anteriores, cuando en
la descripción de objetivos del programa 144A se establece con carácter
prioritario la necesidad de atender a la adecuada condición material de
los centros penitenciarios a los efectos de garantizar, a su vez, las
adecuadas condiciones de vida de los internos, y cuando es evidente que
el desgaste vegetativo --permítaseme esa expresión-- de ciertos
establecimientos, especialmente aquellos no incluidos en el plan de
amortización y de creación de nuevos centros penitenciarios, exigirían
una inversión urgente al menos en proporción superior a la de ejercicios
anteriores.

También queremos conocer cuántos reclusos está previsto que continúen o
inicien, en el próximo ejercicio de 1995, estudios superiores, habida
cuenta de la cortísima presupuestada transferencia de capital a la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, que es tan sólo de 14,7
millones de pesetas.

Quisiéramos saber, igualmente, a qué trabajos realizados por otras
empresas, según reza en el presupuesto, va a afectar el recorte previsto
de 592 millones de pesetas en relación con el presupuesto de 1994.

Quisiéramos conocer por qué el concepto gastos corrientes del capítulo II
pasa de los 90 millones de 1994 a los 600 para 1995 y qué necesidades
concretas justifican ese crecimiento del 567 por ciento de la inversión,
y especialmente por qué este año se va a verificar una inversión tan
notable en gastos rotulados como de material didáctico y deportivo,
cuestión que nos parece bien, pero por qué precisamente en este ejercicio
y no ha sido esto una inversión sostenida de una manera proporcional y
adecuada en ejercicios precedentes.

Igualmente, quisiéramos saber qué partidas concretas se van a destinar a
dos objetivos tan importantes como el de acondicionamiento de celdas y la
solución a los problemas de conducción y salubridad de aguas, porque
estos dos objetivos los señala en la descripción del programa 144A con un
carácter sustancial y, sin embargo, nos encontramos con que después, en
el conjunto de la inversión real prevista, hay una mención específica
para la inversión en la solución o en la corrección de estas
notabilísimas carencias.

Desde un punto de vista general, quisiéramos conocer qué opinión le
merece a la señora Secretaria de Estado el tenor literal del artículo 52
del cuerpo normativo del proyecto de ley, porque nos da la sensación de
que a partir del mismo se podría replantear nuevamente la posibilidad de
ir a una solución estatutaria de un conjunto de cuestiones que afectan al
cuerpo funcionarial de Instituciones Penitenciarias, si bien sobre esta
cuestión, como sabe la señora Secretaria de Estado, hay una comparecencia
específica pedida y podremos, con más detenimiento, en otra oportunidad,
abordar este asunto.

También quisiéramos saber qué arrendamientos de locales va a tener que
sufragar la Secretaría de Estado con cargo a los 582.988.000 pesetas
consignadas en estos presupuestos, porque nosotros entendemos que
fundamentalmente ahí se está refiriendo --y quisiéramos que así nos lo
confirmara la señora Secretaria de Estado-- al arrendamiento de la sede
de los servicios centrales.

Queremos conocer qué estudios y trabajos técnicos --así vienen rotulados
en el presupuesto-- van a asumir esos 1.274 millones que para tal fin
figuran consignados para el ejercicio 1995. Y, por último, quisiéramos,
igualmente, saber, porque nos parece al menos oportuno en este trámite
apuntarlo, y en todo caso necesario, cuál es en este momento el total de
la deuda de la Administración penitenciaria, habida cuenta de que siempre
hay números equívocos o al menos contradictorios o no lo suficientemente
claros al respecto. También queremos conocer la opinión de la señora
Secretaria de Estado acerca de la parquedad, por decirlo de alguna forma,
de la oferta pública de empleo aprobada para 1995, cuando, evidentemente,
se está reconociendo una situación que no se reconocía en ejercicios
anteriores y que nosotros hemos venido señalando. Ahora, afortunadamente,
la descripción de objetivos del programa 144A se reconoce, entre otros
muchos extremos, esto es, la insuficiencia en la ratio funcionarios en
servicios de interior especialmente y número de reclusos por funcionario.

La oferta de 460 ayudantes y unos 20 técnicos aprobada para este
ejercicio 1995, parece en todo punto insuficiente. Además, el aumento de
más de 1.000 millones de pesetas que el presupuesto de 1995 prevé no
puede decirse que se establezca única y exclusivamente en función de esa
oferta de empleo público aprobada ni tampoco del aumento, ya reconocido,
para el personal al servicio de la Administración, para los funcionarios,
ese 3,5, puesto que, según nuestros números, aplicando al capítulo
correspondiente el incremento de las retribuciones, más las
incorporaciones en función de esta oferta de empleo público, quedan, sin
embargo, 1.300 millones de gastos de personal sin una determinación o sin
una justificación específica. Esto nos permite suponer que quizás vayan a
dedicarse a la contratación de personal eventual destinado a los nuevos
centros que se prevé abrir este año. en todo caso, a nosotros nos hubiera
parecido mucho más lógico, desde el remanente de esa importante cantidad,
ampliar la oferta de empleo público.

Y en cuanto al organismo autónomo Trabajos Penitenciarios, simplemente un
apunte. Como sabe la señora



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Secretaria de Estado, también hay pedida una comparecencia específica
para abordar esta cuestión, que a nosotros nos parece sustancialmente
grave, y en lo que afecta al presupuesto, simplemente desearía
preguntarle por qué se duplican en este organismo las transferencias
corrientes y de capital, que pasan de los 272 millones en 1994 a los 544
millones previstos para 1995. También nos gustaría saber, igualmente, en
qué va a influir el recorte de mil millones para 1995 sobre el
funcionamiento de este organismo, por qué se recortan en el mismo
prestaciones y gastos sociales, mientras suben los gastos presupuestados
destinados a publicidad y propaganda y los destinados a --entrecomillas--
«reuniones y conferencias», según reza el mismo presupuesto.

Y, finalmente, una cuestión que es la que esencialmente nos preocupa en
relación con el funcionamiento de este organismo y de la que, como digo,
ya hablaremos detenidamente en su oportunidad específica. Y es qué
medidas se piensan adoptar desde la Secretaría de Estado para garantizar
la debida ejecución de este presupuesto y la terminación de ciertas
prácticas, al menos poco regulares, que se han dado en el seno del
organismo.

En todo caso, habrá oportunidad en esa comparecencia específica de
plantearse lo que puede ser el quid auténtico de la cuestión, es decir,
la viabilidad o no de este organismo como tal, no, ni mucho menos, de las
funciones que teóricamente debe desarrollar, pero funciones que en este
presupuesto quedan nuevamente retratadas con un carácter meramente
ilusorio. Al final debemos contemplar que el ejercicio de 1995 prevé que
sobre el total de la población reclusa española pueden llegar a ser 4.000
personas las que participen de una actividad laboral concreta y
remunerada en los centros penitenciarios, lo que demuestra,
evidentemente, desde tiempo ya atrás, el fracaso de este organismo.




El señor PRESIDENTE: Señora Secretaria de Estado de Asuntos
Penitenciarios, ¿quiere solicitar alguna aclaración?



La señora SECRETARIA DE ESTADO DE ASUNTOS PENITENCIARIOS (Fernández
Felgueroso): Con la venia de la Presidencia, precisaría alguna aclaración
del señor Gil Lázaro para contestarle cumplidamente a su petición de
aclaraciones. Si es tan amable, cuando me ha hablado de recortes de 660
millones y de 1.400, desearía que me indicara el artículo a que hace
referencia en cada caso, si es posible, para facilitarle más
cumplidamente la información que requiere. Creo poder disponer de toda la
información, pero, para agilizar la sesión, me gustaría que me facilitara
esas precisiones. Si quiere, le voy pidiendo aclaraciones en la medida en
que vayamos avanzando.




El señor PRESIDENTE: El señor Gil Lázaro tiene la palabra.




El señor GIL LAZARO: No tendría ningún inconveniente, señor Presidente,
en que la señora Secretaria de Estado --comprendo que la relación pedida
ha sido algo exhaustiva-- contestara en este momento a la información que
pudiera tener más a mano y lo demás me lo remitiera prontamente por
escrito.




El señor PRESIDENTE: La señora Secretaria de Estado de Asuntos
Penitenciarios tiene la palabra.




La señora SECRETARIA DE ESTADO DE ASUNTOS PENITENCIARIOS (Fernández
Felgueroso): Sin explicitar por mi parte contravaloraciones a las
valoraciones que ha hecho el señor Gil Lázaro en relación a si aprecia
por su parte un cierto voluntarismo en cuanto considera que el
presupuesto no recoge algunas de las cuestiones, de los objetivos o de
las prioridades que ha venido haciendo esta Secretaria de Estado a lo
largo de distintas comparecencias ante esta Comisión, no comparto
efectivamente esa valoración. Creo que el presupuesto en absoluto sea una
manifestación de voluntarismo, sino que el presupuesto es una adecuación
a esos parámetros y a esos objetivos que se señala en la memoria de
objetivos. Por ejemplo, una de las aseveraciones que ha expresado como
voluntarista es poner de manifiesto que el volumen de inversiones sigue
siendo escaso, a su entender, y que, por tanto, no se compadece con esa
aseveración que ha venido haciendo esta Secretaria de Estado y que
reitera en cada una de las comparecencias. Lo más urgente para la
Secretaría de Estado es disponer de los espacios necesarios que demanda
el fuerte incremento de la población reclusa a lo largo de los últimos
cinco años. Tengo que volver a reiterar, una vez más, que la solución a
esa sobreocupación, en algunos supuestos a ese hacinamiento de algunos
centros penitenciarios, no va por la vía de presupuesto ordinario de la
Secretaría de Estado, sino que va por la vía de inversiones en la
Sociedad de Inversiones y Equipamientos Penitenciarios, cuyo presidente
comparecerá ante esta Comisión a lo largo de esta mañana. Por lo tanto,
el volumen de inversiones se refiere a inversiones complementarias,
algunas de ellas en algunos de los centros hechos en los últimos cinco
años, y el resto a inversiones de emergencia y reposición en algunos
centros que se consignan, pero que ni siquiera después se hace la
inversión. He tenido ocasión de contestar a alguna pregunta estos días de
su grupo en relación con una inversión concreta que efectivamente no se
había llevado a cabo, pero que consideramos que es imprescindible, sobre
todo en centros que, por su antigüedad, pueden producirse situaciones de
absoluta emergencia. Esa es la razón por la que ahí hacemos alguna
consignación presupuestaria. Pero, en resumen, lo que significa el nuevo
modelo penitenciario va por la vía, como ustedes conocen perfectamente,
de inversiones de la propia sociedad. (El señor Vicepresidente, Arqueros
Orozco, ocupa la Presidencia.)
En cuanto a otras adecuaciones, como la que ha señalado dentro del
aspecto que considera voluntarista y, por tanto, la atención a
drogodependientes, en eso, con independencia de la aplicación en gastos
médicos y todo lo que conlleva la prevención, estamos, como sabe el señor
Gil Lázaro, dentro del plan de drogas, pero esa atención va también
especialmente por conciertos con las entidades



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especializadas en esa atención a drogodependientes, que colaboran con la
Cruz Roja, con Proyecto Hombre y con la Secretaría de Estado, con
independencia de las aplicaciones presupuestarias normalizadas dentro de
los gastos sanitarios que se aplican para este grave problema que tienen
las prisiones españolas, así como la misma sociedad española.

Entro en las cuestiones específicas y le informo al señor Gil Lázaro que
algunas de ellas, si no las localizo en esta abultada información de que
dispongo, mañana mismo se la haré llegar, sin ninguna demora. Por
ejemplo, el señor Gil Lázaro hablaba de factura de telefónica y por qué
hay una minoración en la misma. Primero, porque hay un mayor control del
gasto telefónico y, segundo, porque el año pasado abonamos una importante
deuda. Esa es la razón de la minoración. Por una parte, el control de la
factura telefónica y, por otra, ese pago de deudas en relación con años
anteriores. En todo caso, se produce un ahorro neto de 72 millones de
pesetas en el conjunto del artículo.

Después me preguntaba por recortes de 660 millones, que era lo que le
repreguntaba en qué artículo estaba esa minoración para darle la
explicación. Se produce, como digo, un recorte de 660 millones de pesetas
en mantenimiento integral. Ahí también había una importante deuda que se
abonó el año pasado y una parte de esa reducción es consecuencia de que
este año no hay el coste de esa deuda. Ahí también hay un gasto real de
165 millones del año 1994 y una deuda de 95,2 millones de pesetas.




El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): ¿Quería usted aclarar algo,
señor Gil Lázaro?



El señor GIL LAZARO: No, solamente indicar lo que estaba señalando la
señora Secretaria de Estado: 626 millones previstos en gastos de
reparación y mantenimiento de recorte y 1.145 millones previstos de
recorte en gastos destinados a material y suministros, según la
rotulación del presupuesto.




La señora SECRETARIA DE ESTADO DE ASUNTOS PENITENCIARIOS (Fernández
Felgueroso): Insisto en que, efectivamente, las minoraciones del capítulo
2 van por esos dos conceptos: uno, porque hay una deuda que ya se ha
financiado y, por tanto, no hay la reproducción de ese gasto y, otro, por
una mayor racionalización. Se ha hecho un esfuerzo racionalizador tanto
en suministros como en todo tipo de acopio de material. Se ha hecho un
esfuerzo racionalizador en lo que son los gastos corrientes en bienes y
servicios del conjunto de la Secretaría y esos ajustes se deben
especialmente a esas dos cuestiones: por un lado, pago de deuda que ya no
hay que volver a financiar y, por otro, esfuerzo de contención de gasto
en consonancia con lo que se nos viene demandando y con lo que demanda el
conjunto de los presupuestos del Estado.

Me había preguntado también sobre otros gastos de otros conciertos de
asistencia sanitaria. En el año 1994 no aparece ninguna partida
específica para este gasto. Este es un gasto que no aparecía
presupuestariamente, pero, en todo caso, tenemos una deuda ligeramente
superior a los 2.500 millones de pesetas que es necesario renegociar,
porque está ahí. Es una deuda con centros sanitarios. Está pendiente
porque estamos negociando los costos que debemos pagar por esa asistencia
sanitaria, en el entendimiento de que hay una universalización de esa
asistencia sanitaria. Esto no quiere decir que no tengamos un modelo
sanitario, como he creído entender al señor Diputado.

El modelo sanitario es el que hemos tenido ocasión de explicar también
reiteradas veces en esta Comisión, que es atender dentro de los servicios
sanitarios propios de la Secretaría General, de las enfermerías (yo creo
que alguna vez en algún debate que he tenido en esta Cámara los he
llamado enfermerías de alto «standing»), todo lo que pudiéramos hacer con
recursos propios y, en cambio, cuando requerían una sanidad que sólo
puede dar el modelo generalizado de sanidad, llevábamos a nuestros
reclusos a los centros sanitarios, en aquel entendimiento de que resulta
completamente inviable e imposible disponer en el conjunto de la red
penitenciaria de las dotaciones que tiene el modelo de sanidad
universalizado. El modelo está claro. Seguimos manteniendo exactamente el
mismo modelo.

También en el presupuesto tenemos la previsión de ir al cumplimiento de
aquello que llamamos unidades de custodia para evitar lo que algunas
veces se ha puesto de manifiesto en esta Comisión y que es objeto de
preguntas parlamentarias también reiteradamente, que es como se puede
reducir el coste de las fuerzas de seguridad y el coste «de facto» que se
produce por el hecho de que en los hospitales generales o en los
hospitales de la red sanitaria pública se vean reclusos acompañados de su
correspondiente custodia. En aras de ese modelo de que reduzcamos
precisamente esa custodia y, sobre todo, esa circulación de los reclusos
por el conjunto de un determinado centro sanitario, vamos progresivamente
a la realización de unidades de custodia y siempre de forma concertada
con las comunidades autónomas para ver cuál es su criterio en la materia.

En consecuencia, como decía, el modelo sanitario está claro. Esta
aparición, que es una parte también el incremento de gastos del capítulo
2, es un capítulo «ex novo» para aflorar este gasto sanitario. Realmente,
ésta es la única deuda --luego contestaré a su pregunta--, prácticamente
toda la deuda está ahí. Aunque queden flecos, se puede decir que la hemos
abonado en este ejercicio, más lo que se había abonado ya en el ejercicio
anterior y la deuda viva de la institución se refiere precisamente a
estos pocos más de 2.500 millones, más una deuda, me parece que es en
gastos de alimentación, que supera ligeramente los 500 millones de
pesetas, pero eso se lo aclararé luego cuando me refiera a la deuda viva.

Yo creo que antes me he referido a reparaciones cuando expresaba mi
versión sobre las consideraciones generales que S. S. ha tenido a bien
hacer al conjunto del presupuesto. Usted dice que el presupuesto de 1.400
millones de pesetas es escaso. Yo le reitero las apreciaciones que he
hecho anteriormente. Al final de este año inauguraremos Soto, el próximo
año pondremos en funcionamiento Topas y para los próximos años hay otros
cinco o



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seis centros que entran en funcionamiento. Por tanto, lo que no podemos
hacer, precisamente en ese ejercicio de la responsabilidad presupuestaria
y de no incremento del gasto público, es incrementar esa inversión de
mantenimiento en centros que cada vez van a menos porque son sustituidos
por centros nuevos y debemos hacer inversiones muy importantes en el plan
de centros. Por tanto, reitero las consideraciones que hice al principio
de mis respuestas. Me preguntaba S. S. cuántos reclusos nuevos pensábamos
tener a principios del año 1995. Todavía falta el último trimestre de
1994 para aclarar ese comportamiento. No obstante, lo que sí puedo
decirle es que hay una desaceleración del incremento neto de reclusos. Si
el año pasado incrementamos la población reclusa en prácticamente casi un
10 por ciento, dado los volúmenes de nuevos ingresos de este año, yo creo
que podremos estacionarla en un incremento de aproximadamente un 4,5 por
ciento o un cinco por ciento. Es decir, hay una desaceleración. Yo creo
que es una cuestión bastante importante para nosotros, puesto que, al
igual que a SS. SS., nos preocupaba tremendamente el incremento, el
amplio incremento que iba teniendo la población penitenciaria. Hay que
decir que este año, evidentemente, sigue incrementándose, pero con una
desaceleración muy importante de ese incremento.

También hacía referencia a cuántos reclusos iban a incorporarse a los
estudios universitarios. Tomo nota y se lo diré, porque no sé exactamente
qué previsiones hay. Es verdad que mantenemos el mismo presupuesto para
la Universidad a Distancia, pero es verdad también que con los fondos de
asistencia social o con los fondos de economato podremos complementar esa
partida, si es necesario, partida que ha pasado, como habrá podido
comprobar
S. S., al programa 313C y no al 145.

Le preocupaba también a S. S. las inversiones en material didáctico y
deportivo. Le preocupaba, en suma, las variaciones por importe de 461.390
millones de pesetas, correspondientes al concepto 221.08, material
deportivo y recreativo, por importe de 133.155 pesetas, y al concepto
221.10, material didáctico y cultural. Realmente, más que un incremento,
lo que ocurre es que pasan el programa 303C de prestaciones de asistencia
social, pero exclusivamente por racionalidad presupuestaria y porque
parece más lógico que se traten en ese ámbito de gestión, que es el 303C,
y no en el programa en que estaba anteriormente. Por tanto, más que nada
hay una variación conceptual al pasarlo de un presupuesto a otro.

En definitiva, en los gastos corrientes de bienes y servicios hay una
diferenciación, según tengamos en cuenta el presupuesto base, que es el
presupuesto del año pasado, más las consolidaciones que se habían
producido, y el presupuesto de 1995. Precisamente, en el Programa 313C,
por ese trasvase presupuestario, se da una diferencia notable, en tanto
que en el otro programa incluso aparece una disminución que se refiere al
trasvase de esos millones al Programa 313C, como le he referido con
anterioridad, es decir, son variaciones presupuestarias con esa visión de
mayor racionalidad desde el punto de vista de gestión, tanto figuren en
un programa como en otro.

Le rogaría a S. S. que me precisara si no le contesto a alguna de sus
preguntas; no es por descortesía, sino porque como he ido bastante
deprisa no he sido capaz de anotarlo convenientemente.

Arrendamientos. En la sede central no hay más incorporación que la
aplicación del IPC al arrendamiento de la propia sede central; el resto
de los incrementos que aparecen en el artículo son para incorporar nuevos
aparcamientos en una zona cercana a la sede central, porque, como
S. S. conoce perfectamente, hay una sensibilidad especial respecto a la
seguridad de los coches de los funcionarios que trabajan en los servicios
centrales. Por tanto, exclusivamente IPC de la sede central y nuevos
aparcamientos.

En estudios y trabajos técnicos realizados por otras empresas hay un
incremento porque se han incorporado más centros. En el programa de
residuos sólidos, programa sanitario, hay un incremento debido a mayores
obligaciones y, en cambio, hay una minoración de un 16,31 por ciento en
trabajos realizados por otras empresas, debido especialmente a que hay
una mayor exigencia, tanto nuestra como de las comunidades autónomas,
respecto a qué hacemos con nuestros residuos sólidos, cómo los evacuamos
y dónde los transferimos.

Me preguntaba por el total de la deuda y le voy a decir que en el año
1992 había una deuda viva de 2.213 millones de pesetas, a lo que hay que
adicionar una deuda de 5.471 millones de pesetas. En resumen, del total
de la deuda de 7.684,7 millones, se han pagado 7.493,2 millones; están en
trámite de pago 174,9 millones y pendientes 16,6 millones de pesetas.

Fuera de estas cifras que le doy, está exclusivamente la deuda sanitaria,
que antes he tenido ocasión de explicarle que se incorporaba como un
artículo nuevo, y aproximadamente una cifra insignificante, dentro del
volumen de nuestras operaciones, de unos 600 millones de pesetas de
gastos alimentarios, Por tanto, ésa es la deuda. Cualquier otra precisión
tendré muchísimo gusto de enviársela por escrito al señor Gil Lázaro.

Me comentaba que le parecía que la oferta pública de empleo es escasa,
que se venía predicando desde su Grupo que la relación de puestos de
trabajo no estaba totalmente cubierta y que había que ir adecuando el
personal a la relación de puestos de trabajo. Es cierto que nos gustaría
tener un incremento superior de personal, pero yo creo que la obligación
de no crecer excesivamente en el conjunto presupuestario obliga a tener
la oferta pública de empleo que es posible, no probablemente la que cada
responsable desearía, sino la que es posible. Nosotros creemos que la
oferta pública de empleo que se hace este año, con la que se ha hecho el
año pasado, es suficiente para las necesidades de apertura que tendremos
en el próximo año y que, por tanto, es la necesaria, la justa y la que
permiten las disponibilidades presupuestarias.

En cuanto a estos 1.300 millones que usted detectaba como incremento, me
parece que le he creído entender que se trataba de personal eventual. Se
trata de consolidaciones presupuestarias que se deben a la incorporación
el año pasado del personal de la oferta pública del año 1994; se refiere
también a incrementos en la acción social; se refiere asimismo al plan de
salud laboral --por el que S. S. me



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consta que está interesado, porque en mi última comparecencia me preguntó
repetidamente sobre este plan de salud laboral--, que finalmente este año
tiene consignación presupuestaria, lo que pone de manifiesto ese
cuestionamiento que yo le hacía a la apreciación de S. S. de
voluntarismo, puesto que esa cuestión, que es importante, que nos
demandan los sindicatos y que S. S. consideraba también de relieve en
anteriores comparecencias de esta Secretaría de Estado, está dentro de
los presupuestos. Por tanto, esos 1.300 millones no tienen como destino
ese personal eventual (que no lo vamos a tener, no vamos a contratar
personal eventual), sino que se corresponden con esa explicación que le
he dado de consolidación de gasto anterior, de incrementos de asistencia
social, de incrementos en el plan de salud laboral.

Organismo Autónomo Trabajos Penitenciarios. Como ha expresado S. S.,
tendremos ocasión de hablar largo y tendido sobre el Organismo Autónomo
Trabajos Penitenciarios, por tanto, también me remito a esa comparecencia
que se me ha solicitado. Quiero decir, no obstante, que hay un esfuerzo
considerable de todo el personal del Organismo Autónomo Trabajos
Penitenciarios por mejorar significativamente el rendimiento del
organismo y por perfeccionar los niveles de mejor aplicación
presupuestaria; es un esfuerzo que creo que S. S. apreciará debidamente
cuando en esa comparecencia le pueda dar los datos cumplidamente.

Se me pregunta, respecto del organismo penitenciario, por qué han
desaparecido del presupuesto 1.000 millones. Se debe a que el costo del
personal recluso que trabaja en el organismo para terceros o para
operaciones comerciales, por recomendación del Ministerio de Economía y
Hacienda, se cubren con las operaciones comerciales del organismo y no
con los presupuestos. La subvención presupuestaria del Estado va
exclusivamente a inversiones, a mejorar las dotaciones de los talleres y
también a subvención de la propia estructura del Organismo Autónomo
Trabajos Penitenciarios y, por tanto, ahí sí hay un incremento; se han
querido mejorar sustancialmente los talleres precisamente por la
importancia que tienen, no sólo para el trabajo remunerado sino
especialmente para la formación. Los talleres, como S. S. conocen, no se
destinan exclusivamente a las operaciones comerciales, a productos en
venta o a productos para terceros, sino también muy especialmente a la
mejora de la formación profesional de los reclusos, tan importante o más
que dispongan de trabajo remunerado. Por consiguiente, todo eso sale del
presupuesto. Evidentemente, en esa potenciación que queremos del
Organismo Autónomo Trabajos Penitenciarios, hay un incremento en la
publicidad, puesto que hay que hacer catálogos, hay que distribuirlos y
hay que dar a conocer las mercancías y los servicios que proporcionamos
directamente desde Trabajos Penitenciarios, es decir, los que se hacen
desde el propio organismo con independencia de los talleres que tenemos
contratados con terceros.

Como S. S. ha puesto de manifiesto, hay un incremento en reuniones y
conferencias, porque, en ese intento de mejorar tanto los resultados como
la organización, el control presupuestario, el control de gastos y el
control contable del organismo autónomo, no solamente queremos mejorar el
conjunto central del organismo autónomo, sino todos sus centros
periféricos. Tenemos un número muy importante de talleres distribuidos
por toda la geografía. Para poder dar indicaciones homogéneas a las
personas que están al frente de esos talleres, hay que desplazarlos,
reunirlos y debatir con ellos cuáles son las pautas que queremos imprimir
al Organismo Autónomo Trabajos Penitenciarios. Por tanto, hay incrementos
en esas partidas y hay minoración en estas otras por considerar que
tienen que ir a cargo de las operaciones comerciales. Incluso la
subvención que aporta el Estado, tanto para inversiones como para el
funcionamiento del Organismo Autónomo Trabajos Penitenciarios no es
suficiente y se le incorpora una partida, resultado de las operaciones
comerciales, de en torno a ciento cuarenta y tantos millones de pesetas.

En ese sentido va la organización del propio Organismo Autónomo
Penitenciario. Por esas nuevas pautas presupuestarias es por lo que tiene
un presupuesto completamente distinto al de años anteriores.

También verá S. S. en el organismo autónomo una minoración sobre las
prestaciones y gastos sociales. Es por la misma razón que antes le he
dicho: que los salarios de los reclusos van fuera del presupuesto, van a
cargo de las operaciones comerciales del organismo. La misma suerte
siguen las prestaciones y los gastos sociales. Son partidas que se
extraen del presupuesto del organismo y que van a cargo de su actividad
comercial.

Señor Presidente, probablemente me dejo algunas cuestiones sin contestar.

Le pido encarecidamente al señor Gil Lázaro que me disculpe y me las
reitere, si le parece bien, y si no, como habrá una transcripción de la
sesión, se las enviaré puntualmente.




El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Tiene la palabra el señor Gil
Lázaro.




El señor GIL LAZARO: Muy brevemente para decirle a la Secretaria de
Estado que confío en que en esas cuestiones que hayan podido quedar
pendientes me las conteste en base a la transcripción, porque, dado su
estado de salud, no voy a abusar en este momento de su esfuerzo físico.

Simplemente señalar que hay algunas afirmaciones hechas por la señora
Secretaria de Estado que nos merecen un notable valor político. En ese
sentido tomamos buena cuenta de ello. Cuando nos dice que en este
presupuesto hay una intención por parte de la Secretaría de Estado de,
por ejemplo, en materia de suministros, realizar un esfuerzo
racinalizador, eso nos alegra, pero nos induce a pensar que en ejercicios
anteriores no ha sido precisamente la racionalidad la que ha podido
operar como criterio sustancial en este concepto.

Nos ha dicho también algo en referencia a la sustancialidad del modelo
sanitario penitenciario. Creemos que ésa sigue siendo una cuestión
plenamente por definir por parte de la Secretaría de Estado. En
comparecencias, la señora Secretaria de Estado ha utilizado como
sinónimos las expresiones enfermería u hospital. Ha llegado a decir que
es lo mismo hablar de una enfermería que de un hospital.




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Nosotros, desde una consideración de definición del modelo y, como es
natural también desde una consideración de costes y estrictamente
presupuestaria, entendemos que no es exactamente lo mismo. El modelo
escalonado al que se quiere ir ahora a través de esas unidades de
custodia sigue sin estar en sus términos de diseño absolutamente
prefijado, pero tampoco en sus términos presupuestarios. Uno de los
interrogantes que surgen a partir de este presupuesto es si esas unidades
de custodia van a ser plenamente financiadas en su construcción, o en la
adecuación de locales necesarios por parte de la administración
penitenciaria o mediante otro tipo de fórmula.

En cuanto a las inversiones en seguridad que se van a hacer en los
servicios centrales, lo celebramos, señora Secretaria de Estado.

Cualquier inversión en ese sentido es buena. Pero nos gustaría que esa
misma sensibilidad, especialmente lo que se nos dice que va a ir
destinado fundamentalmente la partida de los aparcamientos, se tuviera en
relación con la situación de los aparcamientos en determinados centros
penitenciarios. Como bien sabrá la señora Secretaria de Estado, en los
acuerdos firmados en su momento con las centrales sindicales ésta era una
cuestión prioritaria en cuanto a la preservación de la seguridad de los
vehículos. Sabe perfectamente la señora Secretaria de Estado que en
muchos centros penitenciarios, por desgracia, los vehículos de los
funcionarios siguen estando a plena visión de cualquier persona que puede
concurrir a ese centro, con la inseguridad que esto produce, y sabe
perfectamente que hay insistentes reclamaciones en ese sentido.

En cuanto al montante de la deuda viva que nos ha señalado, quiero
agradecerle la claridad con la que en este momento ha prefijado esas
cifras que, por lo demás, coinciden con las que nosotros veníamos
señalando en ejercicios anteriores, antes de asumir usted esa
responsabilidad al frente de la institución penitenciaria y que
sistemáticamente se nos negaban. (El señor Presidente, ocupa la
Presidencia.) Hoy hemos podido comprobar que aquella cifra que
señalábamos no era descaminada. Supongo que en el montante de esa deuda
viva de conjunto se refiere al todo de la administración penitenciaria,
es decir, incluidos servicios centrales y las deudas particulares o
específicas de los centros. La deuda en alimentación, por ser pequeña en
su montante en relación con el conjunto de la deuda global, es
preocupante, porque siendo un producto de primera necesidad puede
afectar, como se ha podido dar en años anteriores, a la calidad o al
flujo del suministro en función de la situación que se crea a algunos
proveedores.




El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro, no sólo debe terminar, sino que no
debe someter esta sesión a proyecto distinto del que tiene. Es para
informar de los presupuestos y no es ninguna interpelación ni debe nacer
ningún debate como consecuencia de la información que da la señora
Secretaria de Estado.




El señor GIL LAZARO: Termino, señor Presidente, diciendo que concluimos
de la misma forma que comenzábamos. Nos parece que el señalamiento y la
descripción de objetivos es adecuado a las necesidades que en este
momento tiene planteada la administración penitenciaria, sin embargo, nos
parece que los números no se corresponden con esa situación. Además, nos
parece que el presupuesto adolece de defectos sustanciales de técnica
presupuestaria. No se los queremos imputar a S. S., porque, en
definitiva, S. S. no es más que prisionera de situaciones arrastradas que
hay que solventar en este momento. Pero que en una inversión, como hemos
señalado, tan importante y tan necesaria como, por ejemplo, en materia
sanitaria el conjunto de la inversión se vaya prácticamente en solventar
la deuda contraída por sus predecesores, no deja de ser grave y no deja
de ser grave desde un punto de vista de técnica presupuestaria el
constante cargo a partidas de este presupuesto de situaciones arrastradas
anteriormente.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Secretaria de Estado.




La señora SECRETARIA DE ESTADO DE ASUNTOS PENITENCIARIOS (Fernández
Felgueroso): ¿Procede, señor Presidente, que haga alguna
contraapreciación? Como la Presidencia ha indicado al señor Gil Lázaro
que no procedía...




El señor PRESIDENTE: Procede.




La señora SECRETARIA DE ESTADO DE ASUNTOS PENITENCIARIOS (Fernández
Felgueroso): Señor Gil Lázaro no me siento, en esa frase retórica que ha
formulado S. S. y que tiene íntima relación con mi cometido, prisionera
de nada, sino con la posibilidad que tiene, dentro de las
disponibilidades presupuestarias, todo responsable público de hacer una
adecuación presupuestaria.

Dice que se congratula de esa mejora y de esa racionalización del gasto y
que no la apreciaba anteriormente. Creo que cada presupuesto debe suponer
ese esfuerzo de mejora y de racionalidad, sin que quiera eso decir que
haya contradicciones entre gestores. Nosotros tenemos un convenio
suscrito el año pasado con el IDAE de mejora energética. El programa de
diversificación de las fuentes de energía y de mejora de la contratación,
en definitiva, de racionalización del gasto y de minoración del gasto
eléctrico, lo diseñó mi antecesor en el cargo y me toca a mí tener los
resultados de esa minoración objeto de ese programa. Por tanto, no quiero
llevarme los laureles de otro en ese sentido. Por ejemplo,
racionalización del gasto. Efectivamente, hemos incrementado la gestión
centralizada de algunas cuestiones --lo que, por otra parte, ya se venía
realizando con anterioridad-- y además, al ir a concurso público y
subasta estamos consiguiendo «rappels» importantes en determinados
suministros, lo que significa esa mejora en el gasto público. Sin
embargo, vuelvo a reiterar que es un desarrollo de planificaciones
anteriores, con las incorporaciones que a mí me pudieran parecer
oportunas, siempre en esa mejora de la ejecución presupuestaria que yo
creo que se nos demanda y que debemos hacer.

Respecto a los vehículos de los funcionarios y a la protección de quienes
están en los centros penitenciarios



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periféricos, decirle que en los nuevos centros está absolutamente
solventada esa privacidad de los aparcamientos de funcionarios y que en
los antiguos hacemos las adecuaciones convenientes, en la medida de lo
posible. Lo que pasa es que no se pueden hacer aparcamientos subterráneos
en todos los centros penitenciarios. Eso lleva un costo grande. De lo que
se trata es de segregar y de que no haya una mezcla entre los
aparcamientos de funcionarios y los utilizados por terceros que llegan al
centro. El que en el conjunto de los centros haya aparcamientos
subterráneos, creo que no es el objetivo y resulta prácticamente
imposible. En todo caso, es posible que en algunos supuestos esos
vehículos estén a la vista de quienes llegan al centro, pero protegidos
de cualquier actuación en los vehículos. Esto no sucedía con los
vehículos de las personas de los servicios centrales, porque no era
posible hacer alrededor del edificio central de Alcalá esa protección y
ha habido que acudir a plazas en aparcamientos cercanos.

Ese es un poco el resumen. Creo que el presupuesto, desde la pura técnica
presupuestaria, mejora y se racionaliza considerablemente y estoy segura
de que S. S. en el control de esa ejecución presupuestaria, que tendremos
el año que viene, convendrá conmigo en que se ha mejorado en la
sistematización y racionalización y que el Presupuesto se corresponde con
los parámetros y objetivos que se ha tenido ocasión de explicitar.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Secretaria de Estado de Asuntos
Penitenciarios por la información dada a esta Comisión. (Pausa.)



--DEL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA E INTERIOR (Herrero Juan). A SOLICITUD DE
LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS: GV-PNV (número de expediente 212/000954),
GMx-UV (números de expedientes 212/000967, 212/000974), GP (número de
expediente 212/001037), IU-IC (número de expediente 212/001164).




El señor PRESIDENTE: Señorías, el siguiente compareciente es el señor
Subsecretario de Justicia e Interior, que está con nosotros en la
Comisión, y, en nombre de la Mesa y de la Comisión, le doy la bienvenida,
también para informar sobre la tramitación del proyecto de ley de
presupuestos generales del Estado. Comparece a instancias del Grupo
parlamentario PNV, del Grupo Mixto-Unión Valenciana y del Grupo
parlamentario Popular.

Por el Grupo Vasco (PNV), el señor Olabarría tiene la palabra.




El señor OLABARRIA BASTIDA: Señor Subsecretario, ajustándonos a las
esencias del trámite en el que nos encontramos, voy a hacer dos preguntas
muy específicas, vinculadas a dos consignaciones presupuestarias, cuya
evolución en el tiempo y en relación o referenciadas hacia el año pasado,
hacia el ejercicio anterior, no comprende bien mi Grupo parlamentario.

La primera hace referencia al Programa 221.A. En el capítulo 7, relativo
a las transferencias de capital, nos encontramos con que al exterior,
bajo el rótulo de sistemas de información Schengen, se consignan 25
millones de pesetas. Nos gustaría saber por qué razones --si nos puede
pormenorizar esta cuantía-- se consigna esta cantidad en concreto, que se
nos antoja, en principio, pequeña para la atención a algo tan relevante,
desde cualquier perspectiva analítica que se pueda utilizar, como el
sistema de información Schengen.

En segundo lugar --con esto acabo, señor Presidente--, en el Programa
142.A --quizá esta pregunta hubiera sido pertinente destinarla a la
Secretaría de Estado de Justicia, pero por si usted nos puede responder.

Nos gustaría que nos desglosara un poco más el capítulo 4 y, en
definitiva, las transferencias que hay previstas al Consejo de la
Abogacía española para la atención al turno de oficio y con la misma
finalidad al Consejo general de los Colegios de Procuradores.

Estas serían las dos preguntas de mi Grupo Parlamentario, señor
Presidente.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Baón
tiene la palabra.




El señor BAON RAMIREZ: Gracias, señor Subsecretario, por comparecer a
informarnos sobre el presupuesto de la Sección 13, correspondiente al
Ministerio de Justicia e Interior, antes separado.

Evidentemente, es un presupuesto consolidado de 848.881 millones de
pesetas, que supone un incremento, según el estudio que he hecho yo, de
un 6,1 por ciento. Esto me lleva a establecer muy brevemente, como
introducción, las líneas generales, que son gastos de personal, que se
lleva la parte del león, y representan un incremento del 5,9 por ciento,
cuando el incremento retributivo al funcionariado ha sido del 3,5 por
ciento, según la misma Ley aprobatoria del presupuesto. En gastos
corrientes, aumenta también un 6 por ciento, y, en cambio, las
inversiones reales registran un recorte del 2,3 por ciento, es decir,
pasan de 48.643 a 47.527 millones de pesetas.

Esto me lleva a hacer un diagnóstico general como entrada y es que éste
es un presupuesto por agregación; no se ha aplicado en absoluto la
economía de escala que supone la fusión de organismos y que se refleja en
ahorro, sino que ha sido un binomio que se ha sumado y a lo que resulte.

Para mí es expresión suficiente de cómo está el Ministerio, de que no
tiene modelos, de que no responde a una reestructuración racional, pero
yo sé que eso es de un debate político que no me corresponde hacer aquí,
aunque es lo cierto que esa fusión, según mis cuentas y creo que muy
ajustadas, supone en total 48.000 millones de pesetas más.

En transferencias corrientes, aumentan en general un 24,7 por ciento, en
relación a 1994, ascendiendo el total de este ejercicio de 1995 a 28.005
millones. Sin embargo, destacan transferencias a comunidades autónomas.

Hay una de 300 millones de pesetas para la Policía --esta tarde la
veremos con la Secretaria de Estado correspondiente--, aunque yo no puedo
impedir referirme a los 5.000 millones



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de pesetas para los gastos de la Policía autónoma catalana, que están en
la memoria económica, pero que afecta al Ministerio porque es competencia
del Ministerio. Le pregunto, en primer lugar, con el planteamiento
general, qué gastos son éstos, qué comportan y a qué responden.

La novedad de este año es que es un crédito cerrado, mientras que el año
pasado era ampliable, por 5.000 millones de pesetas, para liquidar gastos
provisionales. ¿Cuándo van a ser definitivos?, ¿a qué responden? Ya sé a
qué responden y, además, leyendo los periódicos de hoy empieza uno a
comprender a qué responden, a la ruptura del modelo policial que hay por
un acuerdo que se ha hecho parcial entre el Ministerio de Justicia e
Interior y la Generalitat de Cataluña.

En el capítulo 1, gastos de personal, se opera también un incremento del
5,9. ¿A qué responde ese diferencial que hay entre el 5,9 y el 3,5, que
es lo autorizado para la subida de retribuciones al funcionariado. ¿Hay
prevista oferta pública de empleo? Sí me gustaría conocer el desglose de
ese diferencial en la oferta de empleo público.

Voy a pasar al servicio al que me constriño a preguntarle más
concretamente, el servicio 01, que corresponde al Ministerio,
Subsecretaría y Servicios Generales. Hay un nuevo programa, el 122.A,
Dirección y Servicios Generales de Justicia e Interior, que, en gastos,
representa 8.561 millones; para personal, 6.051 y para gastos corrientes
2.064. Como observaciones que he decidido hacer, salvo que usted me
indique otra cosa, es que integrar en un solo programa las actuaciones de
tres servicios diferentes anteriores no ha supuesto ahorro de gasto.

Luego, la supresión del Programa 613.F, gestión de loterías, apuestas y
juegos de azar; es un programa que ha desaparecido, quiero entender que
porque se han consumado las transferencias en esta materia a las
comunidades autónomas. Bien es verdad que estaba dotado con 162,3
millones de pesetas para atenciones quizá al Gabinete técnico de las
materias de juego, un gabinete técnico que había ahí con nivel de
Dirección General. ¿Cómo se retribuye entonces a la Comisión Nacional de
Juego, si persiste? ¿Dónde está asumido ese servicio? ¿Y la brigada de
juego? Querría esa declaración, porque ha desaparecido en el nuevo
presupuesto, pero no se da explicación en la memoria de objetivos sobre
el particular.

Dentro del capítulo 2, siempre hablando del servicio 01, destaca
ciertamente que los fondos reservados se agrupan para su gestión en un
solo centro directivo. Al fin, el Ministerio ha hecho caso de las
enmiendas del Grupo Popular de ejercicios anteriores y ha agrupado en un
solo centro directivo la gestión y control de esos fondos reservados, que
se cifra en total, también por la suma de los dos ministerios --y en eso
no experimenta variación alguna, ni al alza ni a la baja--, en 815,3
millones de pesetas. Debo dar por bueno que sea un centro directivo sólo.

Ya digo que nosotros hemos presentado enmiendas en ejercicios anteriores
siempre en ese aspecto. Sí me interesa saber, porque va a estar en su
servicio, si los va a gestionar el mismo Ministro. No me quiero referir
al procedimiento de control establecido en esta Cámara en virtud de un
proyecto de ley que ha entrado o está a punto de entrar en esta casa,
sobre el control de los fondos reservados a través de la Comisión de
secretos oficiales; me refiero a si han cambiado los criterios de gestión
y control internos, si los va a gestionar usted como encargado de la
oficina presupuestaria y de todo este área en el Ministerio o va a ser
personalmente el mismo Ministro quien va a hacer los libramientos en cada
caso, según las necesidades de las distintas direcciones generales, en
concordancia con los programas de seguridad ciudadana o de lucha contra
la droga, etcétera.

Quiero hacer una pregunta que voy a reiterar esta tarde a la Secretaria
de Estado, pero se la hago a usted como técnico que ha hecho el
presupuesto. Es llamativo que en el programa 222.A, del servicio 04 --me
refiero a Seguridad Ciudadana, Guardia Civil--, en el capítulo 2,
concepto 6, figure una partida de 55,9 millones de pesetas para atención
a reparaciones de daños patrimoniales. Quiero entender que se trata de
cuando en un conflicto de orden público se rompen escaparates y hay
demandas de reparación a los agentes del orden que han intervenido, por
supuesto en el ejercicio de su función de preservar el orden público. Es
curioso porque esta partida, y tiene toda la intención, señor
Subsecretario, en el presupuesto anterior, cuando estaba el señor Roldán
en la Dirección General de la Guardia Civil, se atendía con fondos
reservados ahora ha emergido por la misma cuantía, no supone alteración
alguna, ni subiendo ni bajando.

La pregunta concreta es: ¿Le consta a usted que esto venga a cubrir esa
necesidad o son otras necesidades? No quiero nada más que confirmación;
tengo convicción suficiente, después de haber pasado por aquella
Comisión, de saber lo que se ha hecho. ¿Por qué no tiene homologación esa
cantidad con la que, en el mismo programa pero para la Policía, se
destinan sólo 10,4 millones de pesetas? ¿Es que la Guardia Civil es más
torpe cuando tiene que reprimir una manifestación ilegal que la Policía?
Repito, Dirección General de la Guardia Civil, 55,9; Policía, 10,4
millones.

En la memoria de objetivos del programa 221.A --seguimos con seguridad
ciudadana--, se habla de la creación de centros de información
administrativa en las delegaciones del Gobierno para facilitar
telefónicamente a los ciudadanos la información necesaria para
relacionarse con los diferentes servicios periféricos de la
Administración del Estado, oficinas de atención al ciudadano en las
delegaciones del Gobierno. ¿Qué tipo de centros son éstos, cómo van a
estar dotados y por qué no aparecen específicamente en el presupuesto de
gastos? Si aparecen, por lo menos, díganme en qué partida concreta están.

Si no, a mí me suena todo esto --lo digo con el mejor sentido del humor y
sin ser ofensivo-- a que hay una discordancia terrible entre la música y
la letra. Leyendo la letra de la memoria de objetivos, está uno en Jauja
o en un país más maravilloso y luego no sé cómo se corresponde eso con la
realidad. Es lo que le pregunto.

Hay un aspecto que quiero comentar. No tienen ningún reflejo
presupuestario las competencias del Ministerio en extranjería. Hay una
dirección general, no hay ningún programa que se refiera a extranjería.

Quiero entender que se subsume en todos los demás, pero me gustaría que
me lo explicara, porque se habla en la memoria de objetivos de la



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creación de centros para tratamiento de extranjeros allí donde la
población extranjera, se entiende que ilegal, inmigrantes económicos, es
más numerosa. Sí quiero una clarificación sobre eso y si puede enumerar
con detalle si hay nuevos centros previstos y qué dotaciones
presupuestarias van a tener, de conjunto y de forma particular.

En el capítulo VII, de transferencias corrientes, ha preguntado el
representante del PNV sobre los 25 millones destinados a Schengen. ¿Es la
cuota de Schengen o están vinculados al centro de Estrasburgo, al
servicio de información Schengen? Por otra parte, quiero recordar que,
cuando vino a informar sobre la ejecución del presupuesto en el primer
semestre, habló de 3.000 y pico de millones de pesetas. Si es ésa toda la
inversión que vamos a hacer en Schengen este año, vamos aviados en la
lucha contra la criminalidad organizada. ¿Va a merecer el tratamiento de
un crédito extraordinario o es que está también subsumido y repartido en
otros organismos? No lo sé y es lo que le pregunto.

En Protección Civil, Programa 223.A, hay transferencias de capital para
corporaciones locales que me han producido risa: 66 chasis para
conversión en autobombas. Estamos hablando de lucha contra incendios
forestales, donde este año ha habido una plaga que a este paso acabamos
en el desierto de Gobi. Eso sí, luego hay transferencias corrientes de
capital a corporaciones locales --hay que decirlo todo-- para la lucha
contra incendios de 166,7 millones de pesetas. No quiero ni llamar la
atención sobre esto, porque eso canta --como dicen los castizos-- por sí
mismo. Es decir, ésta es la ayuda que el Estado va a dar a las
corporaciones locales. Ya sé que son competencias transferidas, pero el
principio de subsidiariedad se aplica en unas cosas y no en otras. Aquí
eso es lo que destinamos, ésa es la sensibilidad del Estado para proteger
los montes, comunales y no comunales.

Por último --con esto termino, señor Presidente--, en el Programa 463.A,
elecciones, partidos políticos, yo no me voy a referir al monto total. Ya
sé que es un año cuajado de procesos electorales, en ayuntamientos y en
trece comunidades autónomas, y no me voy a referir a eso ni a las
subvenciones que reciben como ayuda los partidos políticos. Pero sí me ha
extrañado que, por primera vez, se haya creado un capítulo 1 en este
programa, de personal, con una dotación de 108,3 millones de pesetas,
cuando nunca hubo esta previsión presupuestaria, puesto que lo que
costaba se incluía en el monto general, como gasto esporádico. ¿Quiere
esto decir que va a haber una administración electoral dentro del
Ministerio del Interior, específica y permanente, con gastos de personal
de 108 millones de pesetas?
Esas son las preguntas que formulo al señor Subsecretario, para aclarar
este presupuesto, que Dios quiera que la situación presente no sea el
reflejo del presupuesto.




El señor PRESIDENTE: Señor Subsecretario de Justicia e Interior, tiene la
palabra.




El señor SUBSECRETARIO DE JUSTICIA E INTERIOR (Herrero Juan): Señorías,
voy a intentar responder a las preguntas que se me formulan, por el mismo
orden en que se han hecho, por lo tanto, en primer lugar, al
representante del Grupo Vasco. Su primera pregunta estaba referida a
Schengen y, en concreto, al Programa 221.A, capítulo 7, transferencias de
capital. Quizá convenga recordar que para Schengen tenemos algunas otras
partidas --y enlazo un poco con alguna observación que hacía también el
señor Baón--, puesto que, aparte de los 25 millones, cifra que podía
parecer algo insuficiente, hay que tener en cuenta que en este sistema
participa un buen número de países, que ustedes conocen mejor que yo. El
programa Schengen, en conjunto, además de esta partida del capítulo 7, en
gastos corrientes de bienes y servicios, sobre todo informatización,
genéricamente hablando, tiene 120 millones de pesetas y en inversiones
reales, fundamentalmente «hadware», pero también «soft» y demás, tenemos
otros 503 millones de pesetas. De modo que a mí no me parecen partidas
tan insuficientes, sobre todo si tenemos en cuenta que el año 1995 no es
el primer año en que actuamos en esta materia, sino que se viene haciendo
ya durante 1994. Tengo aquí un desglose de estas partidas y, si estuviera
interesado el Diputado, se lo mandaría.

Otro problema al que ha aludido S. S. es el de las transferencias a los
consejos generales de la abogacía y de procuradores. Efectivamente, en
una reciente comparecencia --hace 15 días, no más--, para informar sobre
la ejecución del presupuesto a 30 de junio, ya se me formuló alguna
pregunta relacionada con este asunto. Desafortunadamente, en aquel
momento todavía no habíamos contraído ninguna obligación, pero en este
momento puedo ya decir --tal como en aquel momento anuncié-- que se ha
pagado el primer semestre --lo hacemos por semestres-- de la
transferencia al Consejo General de Abogados y de Procuradores. En todo
caso, esto está relacionado con el debate que tenemos en nuestro país
sobre el tema de justicia gratuita y, en definitiva, del turno de oficio.

Sobre ello el Ministerio está haciendo un esfuerzo especial este año,
transfiriendo alguna partida de la propia Secretaría de Estado de
Justicia a esta partida concreta y obteniendo además alguna ampliación
por parte de Hacienda, con lo que vamos a lograr reunir del orden de
1.200 millones adicionales a los 5.000 ó 5.000 y pico --no recuerdo
exactamente la cifra-- que teníamos. Pensamos que con la ley de justicia
gratuita, cuyo proyecto a nivel interno está prácticamente ultimado, con
el decreto recientemente anunciado por el Ministro de Justicia e
Interior, que está también prácticamente ultimado, y con el engrose --si
no en la medida que quisiéramos, sí de una manera sustancial-- de estas
partidas de transferencias del capítulo 4 a los consejos, durante 1995
podremos hacer una gestión, digamos, más ordenada y más satisfactoria, en
definitiva, para los abogados del turno de oficio y para los
procuradores.

Paso a comentar, en el mismo orden en que han sido expuestas, las
cuestiones planteadas por el señor Baón. Me ha parecido entender que
hacía alguna referencia inicial a que se trataba de un presupuesto
relativamente expansivo, dado que de la fusión de ambos ministerios no
parecía deducirse ninguna economía de escala o ninguna racionalización;



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al menos a él así le parece. Yo tengo que empezar diciendo que estoy
hasta cierto punto de acuerdo con el señor Baón en cuanto a que el
presupuesto del Ministerio de Justicia e Interior es un presupuesto
difícil de comprender este año. Efectivamente es un presupuesto de fusión
que engrosa partidas muy diferentes de dos ministerios que hasta el mes
de mayo de este año estaban englobados en secciones presupuestarias
distintas, y que el esfuerzo de racionalización --que yo entiendo que sí
lo hay-- sólo se podrá ver cuando podamos hacer comparaciones
interanuales, es decir, comparando el proyecto de presupuesto de 1996 con
el que ahora presentamos. También ha habido algunas otras alusiones.

Ciertamente éste es un presupuesto difícil de entender, lo que no quiere
decir que no tenga explicación, y alguna voy a intentar dar. Por otra
parte, no parece del todo consistente el argumentar que no hacemos
economías y a continuación decir que algunas otras partidas le parecen
manifiestamente insuficientes; quizá a mí también me lo parezcan. En todo
caso, entiendo que el tipo de servicio que presta el Ministerio de
Justicia e Interior es un servicio básico, es un servicio que se presta a
través de personas (enfatizo esto porque, como usted muy bien decía,
básicamente nuestro presupuesto es capítulo 1, el 79,9 de nuestro
presupuesto es capítulo 1) y siendo prácticamente en su totalidad
funcionarios públicos de carrera, vinculados al Estado de una manera
permanente, difícilmente se puede hacer economía; es un presupuesto en el
que el 80 por ciento se va en retribuir los recursos humanos que trabajan
en ese Ministerio. Por tanto, yo creo que no hay economías de escala.

Podría decirle, porque es cierto, que cuando se crea el Ministerio de
Justicia e Interior hay un cierto adelgazamiento de la estructura, no muy
relevante ciertamente, pero en la estructura final aparece una dirección
general menos que en la suma de los anteriores ministerios de Justicia e
Interior, y asimismo aparecen tres subdirecciones generales menos que en
los anteriores ministerios.

La valoración de lo que cuesta una dirección general y de lo que cuestan
tres subdirecciones, se puede hacer de muchas maneras, pero aún en el
mejor de los casos, aunque realmente lo hiciéramos bien --como hay que
hacerlo--, computando no solamente los titulares de esos órganos sino
todo el aparato administrativo que lógicamente conlleva, aparato que no
nace de la nada, que normalmente o surge por la distribución de efectivos
o, en el caso de desaparición de una subdirección, no desaparecen los
servidores públicos de la misma, sino que se redistribuyen en las
diferentes unidades del Ministerio, digo que, aún haciéndolo de una
manera correcta e imputando costes de capítulo 2, costes de capítulo 4,
si lo hubiera, lo que fuere, sería una cuantía realmente irrelevante.

En definitiva, esa observación suya, que puedo compartir hasta cierto
punto, le diría que no hay realmente ahorro presupuestario, pero tampoco
se pretendía que lo hubiera, o por lo menos no de manera significativa,
sino que lo que pretendemos es sencillamente gestionar mejor. En este
sentido me parece muy relevante el que en la estructura del nuevo
Ministerio de Justicia e Interior aparezca una unidad, que no es
estandarizada, que muy pocos ministerios tienen; sólo recuerdo uno que la
tenga en este momento que es la Dirección General de Planificación y
Control de la Gestión.

Creemos que, en definitiva, las economías vendrán por gestionar mejor,
por tener, digamos, una mayor transparencia, por tener un sistema de
información en el Ministerio más potente que el que había hasta este
momento. Le puedo anunciar ya de antemano que esta Dirección General se
va a encargar de lo que llamamos el Comité de Contratación del
Ministerio, por el que van a pasar absolutamente todo tipo de contratos
de pequeña, mediana, o gran cuantía que se puedan suscribir en cualquiera
de los ámbitos, sea la policía, sea la guardia civil, sea instituciones
penitenciarias, administración de Justicia o lo que fuere. Creo que ahí
está, digamos, la racionalidad de la creación del nuevo Ministerio.

Entrando en cuestiones ya más concretas, aludía efectivamente a que el
capítulo 1 del proyecto de presupuesto de nuestro Ministerio se
incrementa un 5,9 por ciento. Yo creo que ha tenido usted en cuenta
también los organismos autónomos (es igual, décima arriba o décima abajo)
cuando, de acuerdo con el propio texto de la Ley de Presupuestos, las
remuneraciones de los empleados públicos van a incrementarse en un 3,5
por ciento.

¿A qué responde ese diferencial? Habría que dar una explicación bastante
extensa, pero la voy a resumir. En primer lugar, y quizá como partida más
importante, responde a la mejora retributiva, que ya este año ha tenido
efecto desde el mes de julio, de policía y de guardia civil. Por tanto,
estamos hablando de 120.000 personas, o de ese orden; mejora retributiva
que tiene origen en un acuerdo marco que suscribió el Ministerio del
Interior de entonces con los sindicatos policiales en el año, creo
recordar, 1992. Desde el mes de julio de este año, como digo, por vía de
complemento de productividad, se están pagando dos puntos de nivel más a
todos los policías y guardias civiles básicos, y eso tiene un coste en
términos anuales en torno a 8.000 millones de pesetas. Lógicamente, la
consolidación de esta mejora repercute fuertemente en ese diferencial de
puntos entre el 5,9 y el 3,5.

También usted mismo aludía, señoría, a que seguramente había ofertas de
empleo público y consolidaciones de oferta, porque no vamos a olvidar que
las ofertas que anualmente hace la Administración no tienen un reflejo el
1 de enero, sino que es bastante habitual que cuando realmente toman
posesión los nuevos candidatos seleccionados sea bastante adelantado el
ejercicio y, automáticamente, eso supone una consolidación y un mayor
incremento para el ejercicio posterior. Eso tiene una fuerte repercusión.

Recuerdo una partida ya menos importante de en torno a setecientos y pico
millones de cuotas de Seguridad Social. Ya en la comparecencia anterior
hice alusión a que había habido una ampliación, y es la consolidación
(por mucho menor importe que la ampliación que ha habido, dicho sea de
paso) en el presupuesto de 1995. Si a esto añadimos que la partida de
complementos de productividad también tiene un incremento de en torno a
952 millones de pesetas, creo recordar, respecto de los doce mil y pico
que había en el conjunto del Ministerio el año pasado,



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cuando el 3,5 por ciento sería aproximadamente la mitad, creo que
prácticamente explicaría este deslizamiento que llamaba la atención a S.

S.

Hacía usted alusión, señoría, a algunos temas que ha anunciado que
también los planteará esta tarde a la Secretaría de Estado, en concreto a
por qué ha desaparecido el programa de juego. Yo creo que usted mismo se
respondía muy sensatamente. Ha desaparecido porque ya tiene muy poca
relevancia, prácticamente hemos concluido la transferencia en esta
materia. Queda algo, no está totalmente concluida, y ciertamente, y usted
ha aludido a ello, las retribuciones del personal que todavía trabaja en
esta pequeña unidad se van a imputar al servicio 01, en concreto al
programa de la Secretaría de Estado de Interior, que es, como usted sabe,
el 221 A, Dirección y Servicios General de Seguridad y Protección Civil.

En cuanto al capítulo 2 ha hecho algunas referencias a fondos reservados,
felicitándose usted --yo también me felicito-- de que finalmente
aparezcan bajo un solo epígrafe, en un solo concepto y todo agrupado en
un solo servicio presupuestario, lo que no ocurría, es notorio, hasta el
proyecto de presupuesto de 1995. En cuanto a la cuantía usted mismo ha
reconocido que es la misma que el año pasado, por tanto, el incremento es
cero y nada añadiré.

Respecto de quién va a gestionar, de acuerdo con lo que establece el
proyecto de ley que al respecto está elaborado ya, de acuerdo con una
proposición no de ley aprobada por unanimidad en esta Cámara, el
responsable va a ser el propio Ministro de Justicia e Interior, con
independencia de que pueda hacer alguna delegación en persona concreta
que, como va a haber sesiones de control por parte de la Cámara y de la
propia Intervención, se sabrá perfectamente quién es y tendrá que dar
cuenta.

En seguridad ciudadana le llamaba a usted la atención una partida de 55,9
millones de pesetas en la Guardia Civil, en el capítulo 2 en concreto, y
me ha parecido que insinuaba usted que esta partida estaba oculta en el
vigente presupuesto de 1994 y en años anteriores, y que resurge ahora
como consecuencia de la unificación de fondos reservados en el servicio
01.

Le aseguro, señoría, que aunque las cuantías sean parecidas,
efectivamente los fondos reservados de la guardia civil estaban en el
orden de 57 millones de pesetas y esta partida de 55,9 parece indicar de
alguna manera que pueda haber alguna conexión, es mera coincidencia. No
tiene nada que ver. Además, no está destinado a lo que usted aludía de
rotura de escaparates, sino básicamente a desperfectos precisamente de
uniformes en la guardia civil por el uso y demás. O sea, que no tiene
nada que ver. En todo caso, ya se lo aseguro, la cuantía que aparece en
el servicio 01 de fondos reservados, es exactamente la suma de las otras
partidas anteriores, y desde luego difícilmente, siendo fondos
reservados, como usted bien sabe, podría usted deducir que anteriormente
esos 55,9 millones eran los que estaban pintados --digamos-- en el
presupuesto como fondos reservados en la Guardia Civil.

Ha hecho alguna referencia a que tenemos intención de iniciar un programa
de creación de oficina de atención al ciudadano en las delegaciones del
Gobierno. Esta es una intención antigua ya, que creemos que al año que
viene la podemos iniciar levemente. ¿Qué es crear una oficina de atención
al ciudadano? No es dotarse de una nueva estructura, para nada; es,
sencillamente, reordenar un poco los efectivos; es, dependiendo de la
Subdirección General de Atención al Ciudadano, que está incardinada en la
Dirección General de Relaciones Informativas en el Ministerio, buscar el
contacto directo con el ciudadano e informar de todas las cuestiones en
las que tiene competencia este Ministerio tan complejo de Justicia e
Interior. No supone, vuelvo a decir, ni nueva estructura ni tampoco
asunción de nuevas competencias. Es una línea de atención, que no
conforma programa, a la que se quiere prestar especial apoyo durante el
ejercicio que viene.

Decía, y es verdad, que todos los temas relacionados con extranjería no
tienen un reflejo en la estructura funcional, sí en la estructura
orgánica --efectivamente hay una Dirección General de Extranjería--, del
Ministerio. Y le extraña por qué no aparecía esto cuando una parte de esa
Dirección General, precisamente de Extranjería y Procesos Electorales, sí
tenía un programa propio. Me parece que esta era la cuestión que
planteaba después, pero bien podemos unirlas.

Una vez más apuntaba bien S. S. al decir que probablemente estuviera
inmerso en algunos otros programas. Ciertamente es así. Podría haberse
hecho, podríamos haber tenido un programa de extranjería y procesos
electorales. Lo hemos dejado sólo en procesos electorales no con el ánimo
de tener una administración electoral mayor que la que ha habido siempre,
es decir, el Ministerio de Justicia e Interior, a través de la Secretaría
de Estado de Interior, tiene entre sus competencias precisamente la de
preparar, ayudar, facilitar los procesos electorales y dar información
oficial de los mismos de forma inicial, no oficial radicalmente. Hasta
que no la dé quien la tiene que dar, la Junta Electoral Central, ya sabe
usted que no tiene otro valor. Entonces, la respuesta es que los temas de
extranjería están en dos programas: uno, el de la Secretaría de Estado de
Justicia, en el servicio 01 y, dos, y muy importante, en el propio
programa de seguridad ciudadana, a través básicamente de la policía.

Hacía alguna referencia a la endeblez de algunas partidas de protección
civil: 66 chasis. Sí, efectivamente, podrían ser más, pero sesenta y seis
chasis tampoco es una partida tan pequeña. Seguramente un chasis para
instalar una motobomba tiene un precio no inferior a cuatro o cinco
millones de pesetas, por lo tanto, son unos cientos de millones de
pesetas que pueden ayudar realmente a municipios que no tienen la
capacidad económica suficiente como para estar mínimamente dotados con
este tipo de bienes, continuándose, por otra parte, un programa que ya es
antiguo, porque no es el primer año en el que se proporciona este tipo de
bienes a corporaciones locales.

Me ha parecido que quería alguna mayor información acerca de partidos
políticos, capítulo 1. No la tengo aquí a la vista. Al hacer un programa,
con acierto o sin acierto, de elecciones, lógicamente, en la estructura
por programas, tienen que aparecer todos los capítulos. Si usted ha
revisado, y estoy seguro que sí, la estructura por programas y



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ha visto los anexos de personal, se habrá dado cuenta de que éste es un
programa que tiene veintitantas personas
--23, 24 personas--. ¿Quiénes son estas 23, 24 personas? Las personas que
trabajan en la Subdirección General de Procesos Electorales. No es otra
cosa. Tampoco es nuevo. Me refiero una vez más a las consideraciones que
he hecho respecto de las oficinas de atención al ciudadano en los
gobiernos civiles. Y el resto de las personas que trabajan en extranjería
están presupuestadas, como he dicho anteriormente, en el capítulo 1 del
Programa de dirección y servicios generales de seguridad ciudadana y
protección civil.

En cuanto a las partidas genéricas de elecciones y partidos políticos,
repiten las mismas cuantías prácticamente, salvo, creo recordar, la
financiación de partidos políticos, que tiene un crecimiento parangonable
con el incremento que experimentan las remuneraciones de los empleados
públicos de, creo recordar, 270 millones o de este orden, que viene a ser
el 3,5 por ciento o el 3,4 por ciento de los 9.000 o nueve mil y algo
millones que había para estas atenciones.

Estoy convencido de que habrá alguna cosa que no he contestado a su
satisfacción o que me habré dejado, pero si me la indican o hago un
esfuerzo o posteriormente les remitiría la información adecuada.




El señor PRESIDENTE: El señor Baón tiene la palabra.




El señor BAON RAMIREZ: Una puntualización mínima. Yo he hablado de las
transferencias, de 5.000 millones de pesetas para el pago o el coste
provisional de los Mossos dÕEsquadra.

Por lo que se refleja en el presupuesto concreto de la Sección 13 hay 300
millones para formación. ¿A qué responde --eso tiene que ser un acuerdo
competencial entre el Ministerio de Justicia e Interior y la Generalitat
de Cataluña-- la transferencia de 5.000 millones, que no es un crédito
ampliable como era el año pasado?
Si me permite, le formularía dos preguntas: ¿cuál es el coste total para
que hablemos de coste provisional en la memoria económica y a qué
responde, qué es lo que paga? Debe estar reflejado también. Se lo digo
--usted es libre de contestar o no-- como responsable que es del
presupuesto después del Ministro de Justicia e Interior.




El señor PRESIDENTE: El señor Subsecretario tiene la palabra.




El señor SUBSECRETARIO DE JUSTICIA E INTERIOR (Herrero Juan): Se me había
olvidado contestarle a esto, efectivamente no es que no quisiera. Otra
cosa es que lo haga a su satisfacción.

Los 5.000 millones a los que usted alude no están en el presupuesto del
Ministerio de Justicia e Interior, están en la Sección 32. La Sección 32,
como usted bien sabe, no es responsabilidad del Ministerio de Justicia e
Interior y, por tanto, me temo que, efectivamente, primero, por haber
habido un acuerdo muy recientemente, ayer; segundo, para decirlo con
sinceridad, por no haber tenido oportunidad todavía de hablar con la
Secretaria de Estado; y tercero, por no ser, como he dicho, nuestra
competencia, probablemente esta pregunta tenga más sentido si la formula
usted esta misma tarde.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Subsecretario de Justicia e
Interior.




--DEL PRESIDENTE DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS PENITENCIARIOS
(BIRLANGA CASANOVA). A SOLICITUD DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA
PER CATALUNYA (número de expediente 212/001150).




El señor PRESIDENTE: La próxima comparecencia es la del Presidente de
Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios que ha sido solicitada a
instancias del Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya. Creo que no se encuentra en la sala el representante de dicho
Grupo Parlamentario. Por tanto, decae esta comparecencia no sin antes
solicitar en nombre de todos los grupos nuestras disculpas al Presidente
de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios por esta especie de
trabajo inútil de venir a la Comisión para informar frente a un no
interviniente. Confío además --y en nombre de la Mesa se lo digo, señor
Presidente de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios-- que el
Grupo Parlamentario que solicitó su comparecencia tendrá sin duda ocasión
de solicitarle también disculpas por este hecho que no es común, además,
en esta Comisión de Justicia e Interior.

Se suspende la Comisión hasta las cuatro y media.




Eran las dos de la tarde.




Se reanuda la sesión a las cuatro y treinta minutos de la tarde.




--DEL DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS (LOPEZ
RIAÑO). A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR (número de expediente
212/001042).




El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.

Antes de dar la bienvenida al Delegado del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas, quiero advertir a SS. SS. que, por decisión tomada por la
Mesa al final de la mañana, se ha desconvocado la sesión que teníamos
proyectada para mañana por la mañana, en la que íbamos a estudiar y
debatir el proyecto de ley de sociedades de responsabilidad limitada y la
proposición de ley de autorización del matrimonio civil por los alcaldes,
habiéndose convocado nueva sesión para el martes día 25 a las diez y
media de la mañana.




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Como les anuncié al principio, está con nosotros el Secretario de Estado
don Carlos López Riaño, Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre
Drogas, a quien damos la bienvenida a la Comisión con el fin de que
informe a SS. SS. sobre la tramitación del proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 1995.

La solicitud de esta comparecencia ha sido formulada por el Grupo
Parlamentario Popular. En su nombre, tiene la palabra el señor Robles.




El señor ROBLES OROZCO: En primer lugar, doy la bienvenida al Secretario
de Estado.

Tengo que decir que la estructura de gasto es muy similar a la que
venimos analizando ejercicio tras ejercicio y nos es a todos familiar,
pero llaman la atención algunas partidas que han sufrido cambios
notables, en unos casos para bien y en otros me gustaría una explicación
de si eso va a condicionar de alguna manera la política del Gobierno en
este terreno.

Sin más preámbulos, paso a detallarle alguna de las cuestiones que me
gustaría que matizara de los presupuestos presentados.

En el capítulo de gastos corrientes hay un aumento importante en los
presupuestos, un aumento de 43 millones, pero también llaman la atención
algunas partidas concretas, sobre todo lo referido a los trabajos que van
a realizar otras empresas y profesionales, que aumentan 79 millones de
pesetas; el gasto para estudios y trabajos técnicos, que pasa de 25 a 80
millones de pesetas; una partida que se recoge como gastos diversos, que
es para publicidad, propaganda, reuniones y conferencias, que asciende a
140 millones de pesetas. Me gustaría que me concretara con más detalle
cuál es la finalidad de estas partidas, cuál es el contenido de estos
epígrafes y cómo se justifica este aumento, que es un aumento importante.

En transferencias corrientes --la contestación a esta pregunta marca de
alguna manera la línea que va a seguir la Delegación en el futuro-- se
nota un importante aumento en las transferencias a las comunidades
autónomas, 302 millones de pesetas, y, por el contrario, sólo un aumento
de 89 millones de pesetas a las organizaciones no gubernamentales, al
tiempo que hay un recorte de 1,8 millones de pesetas a las corporaciones
locales. Me gustaría que el Secretario de Estado me explicara por qué se
ha tomado esta opción de apoyarse más en las comunidades autónomas y
menos en las organizaciones no gubernamentales o qué implica exactamente
este concepto.

También, dentro de este capítulo de transferencias, hay un recorte de 75
millones de pesetas en los programas autonómicos del Plan Nacional. Me
gustaría una explicación de en qué se recortan estos 75 millones, que,
repito, son los programas del Plan Nacional sobre Drogas en diferentes
autonomías.

Por último, como valoración, le diré que leyéndose los objetivos
enunciados en el programa 300G, muchas veces no se ve un paralelismo
entre estos objetivos enunciados en el programa y la distribución del
gasto que se realiza. Llama especialmente la atención que los
comprendidos en las actividades de información y de investigación, así
como los relativos a la información y documentación, no parecen tener una
correspondencia directa con alguna partida de gasto específico. Por
ejemplo, la previsión de elaboración de un proyecto de ley para la
creación de un sistema nacional de información integral sobre drogas, que
implica un coste económico, no tiene asignada partida específica alguna,
igual que ocurre con el desarrollo del plan estratégico de las campañas
de información, publicidad y acciones de comunicación, destinadas a la
prevención y reducción del consumo de drogas, o con la creación del
Observatorio Astronómico. Si, por una parte, se enuncian como objetivos
prioritarios y previstos en los propios planteamientos del plan nacional
y, después, no hay la correspondiente asignación de gasto, nos parecen
difícilmente alcanzables de forma óptima los objetivos previstos o, por
lo menos, así nos ha parecido a nosotros verlo.

La última reflexión es que, aunque parece razonable que la comparación
interanual se circunscriba al programa 313G, lo que era tradicionalmente
el Plan Nacional de Drogas, este año se incorpora un nuevo programa, el
222C, que aunque se titula actuaciones policiales en materia de droga,
quiero hacer notar que estos 207 millones de pesetas son los que se
destinan al nuevo aparato del Ministerio del Interior, a los nuevos
gabinetes del Ministerio del Interior. Es decir, que lo que ya el año
pasado fue, a nuestro juicio, un aumento importante --recordarán ustedes
que estaba en torno a los 180 millones de pesetas y fue una de las
críticas que se hizo, la nueva estructura de la Secretaría del Plan
Nacional, la nueva estructura de la Secretaría de Estado--, sin aumentar
de forma importante las transferencias el año pasado, este año ha
aumentado 207 millones, que prácticamente en su totalidad se destinan a
Capítulo I y Capítulo II. Nos parece que es importante hacer notar esto.

Por el momento, nada más. Espero la contestación del señor Secretario de
Estado y le agradezco de antemano su información.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.




El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS (López
Riaño): Agradezco mucho el interés que ha manifestado siempre por las
cuestiones que se refieren al Plan Nacional sobre Drogas y entro, si me
lo permite S. S., en algo que me parece importante en el momento actual,
como usted mismo ha señalado.

Aquí aparecen dos programas presupuestarios. Uno de ellos no tenía razón
de ser en el ejercicio anterior, como
S. S. tuvo la amabilidad de criticar, de analizar en esta Comisión. Este
programa, el 222C, que se refiere a la reducción de la oferta, como bien
dice S. S., corresponde a la creación de dos gabinetes, uno de análisis y
otro de coordinación, que están dotados de personal de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado con carácter mixto; es decir, que cada
gabinete tiene una composición equilibrada entre Guardia Civil y policía.

Esa es una posición de arranque. En realidad, mi tarea cuando llego a la
Secretaría de



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Estado es consolidar la existencia de estos gabinetes y ponerlos en
funcionamiento. Afortunadamente, a nuestro juicio se ha dado un paso
importante en esa consolidación de los gabinetes que, por otra parte, han
sido objeto por parte de su Grupo de alguna proposición de ley o no de
ley respecto a su posible aumento en cuanto a dotación y competencias,
incluso con voluntad de ser ampliados en el futuro.

¿Cuánto hemos presupuestado para estos gabinetes? La cantidad puede
parecer relativamente pequeña, son 207 millones de pesetas, que se
distribuyen así: 150 millones para el Capítulo I; 18 millones para el
Capítulo II, bienes corrientes y servicios; 11 millones para
participación en organismos internacionales, que, por cierto, vienen de
una partida del programa anterior, es decir, que esto puede inducir
alguna de las dudas que planteaba S. S. respecto a esos 11 millones de
menos, que en realidad tienen asiento aquí, pero que vienen del programa
313G, y, por último, en capítulo de inversiones, 28.364.000 pesetas. La
estimación de estas cantidades no tiene, claro está, referencia anterior,
pero nos parecen suficientes. Creemos, en la Secretaría que, en
principio, lo importante es consolidar esos gabinetes y el futuro irá
indicando necesidades de mayor magnitud que las que se señalan en esta
proposición. Creo que con esto contesto a la razón de ser de esa nueva
existencia del Programa 222C, que tiene una percha presupuestaria
diferente.

Sin embargo, lo que tradicionalmente consideramos el Plan Nacional contra
la Droga permanece --también lo ha señalado usted con precisión-- en el
Programa 313C. Ahí se han producido algunas cuestiones que quizá pueden
inducir, aparentemente, a algún error --si me permite S. S. lo señalaré
porque quizá sea últil para información de toda la Comisión-- en las
grandes líneas, las grandes magnitudes de lo que nos estamos gastando en
la Secretaría de Estado.

En el Capítulo I observará S. S. que hay un ligero descenso precisamente
porque se producen unas transferencias al otro programa. En el Capítulo
II, por el contrario, también observamos algunas diferencias que, al
final de toda la relación, podríamos decir que, en su totalidad, suponen
una inversión presupuestaria de menos 0,8 por ciento, pero en tiempo de
cierta dificultad presupuestaria no estimamos, desde la Dirección del
Plan, que sea significativa esta disminución.

Señalaba usted el concepto que se refiere al Observatorio Astronómico,
pero es seguro que es un error semántico del señor Robles, porque se
trata del Observatorio español con respecto a las relaciones con el
Observatorio Europeo de creación reciente. El concepto 454 --lo puede
usted comprobar en sus fichas-- es exactamente el que corresponde a la
creación del Observatorio Europeo y exige una mayor dotación par el
desarrollo de los sistemas de información a nivel nacional. Para el
desarrollo de este sistema estatal de información sobre toxicomanías el
objetivo es disponer de datos fiables y de criterios de distribución de
créditos, como son el mantenimiento del sistema, la cantidad
proporcionada al número de centros de tratamiento y el número de
admisiones de tratamiento.

No sé si es una semántica un poco complicada pero he de decirle, señor
robles, que el aumento en este ejercicio es en el concepto 227 del
servicio 6. Con ello quiero decirle que quizá se trata de un error de
localización de la partida, pero que puede estar tranquilo S. S., si es
que considera que la cantidad de 245 millones, que supone un aumento en
el año 1995 respecto del 94 del 20,2, por ciento, es suficiente para la
responsabilidad que asumimos en la puesta en marcha de este Observatorio.

Hasta ahora nosotros no podíamos transferir a entidades locales, pero se
ha hecho un programa, al que también ha hecho referencia S. S., que
tendría que precisar su situación en el concepto 463, del IMIN, Instituto
Municipal de Investigaciones de apoyo del Ayuntamiento de Barcelona,
gestión del Programa nacional de control de calidad y análisis y drogas
de abuso, en donde tenemos una pérdida concreta para ese Ayuntamiento.

Después, en la distribución que hacemos, a través de los programas
regionales o de transferencias del Capítulo IV, señalaba S. S. que con
respecto a dicho capítulo quizás había una duda acerca del aumento que
hemos producido en ese capítulo en el presente ejercicio. Para que tenga
una correcta idea de la evolución de las subvenciones a las
organizaciones no gubernamentales, me permito significarle, poniendo a su
disposición este gráfico (Mostrándolo), que lo señala, como de 1986 a
1994 el aumento de subvenciones a las organizaciones ha ido siempre
incrementándose suficientemente, pero de manera muy significativa en los
años 1993 y 1994.

En cuanto a lo que podíamos decir de las modificaciones que señalaba S.

S. respecto a este Capítulo IV, de transferencias, quiero destacar que el
nivel de gestión de este capítulo es muy alto en el momento actual y que
nos sentimos satisfechos de cómo se han ido desarrollando esas
subvenciones, si bien quedan algunas de ellas por desarrollar en este
último trimestre.

En realidad, el programa conjunto de la Secretaría de Estado es cierto
que ofrece modificaciones no muy significativas. Conocemos la posición de
su Grupo en cuanto al crédito ampliable, al que S. S. no ha hecho
referencia, amablemente, pero estoy seguro de que comprenderá las razones
de su puesta en marcha y a lo que la ley de fondos, en el futuro,
proveerá como ampliación a la posible dotación de esta Secretaría de
Estado.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Robles.




El señor ROBLES OROZCO: Señor Presidente, algunas preguntas concretas que
le he formulado al señor López Riaño, han quedado sin contestar, sobre
todo en lo que se hace referencia al paralelismo entre la formulación de
objetivos y la asignación concreta de esas partidas. Es decir, en la
memoria de los presupuestos se hace una clara enumeración de objetivos
--y se la he leído-- de los que luego no he encontrado la partida
presupuestaria adecuada. Por eso me gustaría hacer hincapié en la
posibilidad de tener más información sobre ese tema.

En segundo lugar, al hilo de lo que ha dicho, quiero aprovechar para
hacer alguna matización, si me lo permite,



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porque efectivamente nosotros no entramos en este momento (no es el
trámite, aunque lo hacemos muy frecuentemente y ya lo hemos hecho en
otros trámites) a valorar en sí mismo, por ejemplo, la existencia de esos
gabinetes y, lógicamente, su dotación económica, porque no se trata tanto
de la cuantía en sí, que es importante, sino de valorarlos en términos de
eficacia. Por tanto, como en este momento no es ése el turno en que nos
encontramos, yo no he profundizado en este asunto. Simplemente quiero
hacer constar que, del aumento que experimenta el Plan Nacional, esos 207
millones de pesetas, básicamente son en los capítulos I y II y que, por
tanto, hay un importante aumento en el conjunto de lo que es la
Secretaría de Estado en cuanto a recursos de personal y gastos
corrientes.

También es notorio que hay un importante aumento en cuanto a temas de
publicidad, propaganda, etcétera, cosa que a nosotros nos llama la
atención, y en el tema de la ONG, señor López Riaño, lo que he querido
poner de manifiesto, y le he pedido explicación, no es que no hayan
venido aumentando las subvenciones a las ONG sino que en este ejercicio,
en que se nos presentan estos presupuestos, las transferencias a las
comunidades autónomas aumentan tres veces más que lo que aumentan a las
organizaciones no gubernamentales. La proporción en que se aumentan las
transferencias es mayor. Usted hizo una referencia muy recientemente
sobre el papel que tienen que jugar en la lucha contra las drogas las
organizaciones no gubernamentales y por los datos que yo tengo aumentan
proporcionalmente más --han sido tres veces más-- las transferencias a
programas de comunidades autónomas que a los de las organizaciones no
gubernamentales. Tampoco hago una valoración; me limito a constatar y a
pedir una explicación, al igual que en la mera disminución a entidades
locales.

Por lo demás, insisto, me parece que han quedado sin contestar algunas
preguntas. Yo tengo recogida una disminución de los programas autonómicos
que realiza el Plan Nacional, en 75 millones de pesetas, con relación al
ejercicio anterior. Si no está en condiciones de contestarme en este
momento, o yo tengo unos datos equivocados, sí me gustaría que lo pudiera
analizar y darnos una contestación por escrito, porque en mis datos,
desde luego, los presupuestos 1994/1995 suponen una disminución de esos
programas, en concreto en cuanto a la memoria de objetivos y programas
autonómicos que realiza el Plan Nacional. Como puede ser que sea un
error, quizá de análisis, de nuestros presupuestos, me gustaría tener más
información a este respecto.

Sobre el crédito ampliable, como imagino que habrá otro turno de análisis
político --es evidente--, simplemente quiero decir que nuestro Grupo se
siente decepcionado por la fórmula que se plasmó en los Presupuestos
Generales, que ha demostrado ser una fórmula sobre papel mojado. Nos
gustaría --y así lo vamos a hacer en otros trámites parlamentarios--
urgir al Gobierno a que realmente adopte y desarrolle mecanismos que
realmente sean eficaces y no un brindis al sol. Me ha parecido
innecesario decirlo en este trámite, puesto que los hechos han demostrado
que eran realmente un mecanismo no eficaz para los objetivos que se
perseguían. Qué decir tiene que nos gustaría a todos los grupos, estoy
seguro que también al Grupo que soporta al Gobierno, que efectivamente
parte o la totalidad de los bienes que se decomisan a los
narcotraficantes pudieran ser destinados a los fines de reparar los
daños, pero también es evidente --y lo quiero decir-- que quien más
responsabilidad tiene en este tema es quien soporta al Gobierno y al
Grupo que podría traer iniciativas legislativas para paliar esta
situación.




El señor PRESIDENTE: El señor Secretario de Estado tiene la palabra.




El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS (López
Riaño): Señor Presidente, señor Robles, en una situación de análisis
presupuestario lógicamente es difícil, ya lo sabemos por otras ocasiones,
ponernos de acuerdo en qué preguntamos y cuál es la contestación que
obviamente cada uno de los analistas de las tablas o de los programas de
presupuestos comprueba.

Quiero decirle, en términos generales, que su preocupación por el aumento
de las transferencias a comunidades autónomas no la detectamos por
nuestra parte. Es decir, si usted observa el concepto 451 verá que se
produce una disminución de 75 millones aproximadamente, pero a propuesta
de la Comisión Interautonómica, porque acuerda disminuir progresivamente
esta dotación incrementando la de los créditos de programas específicos.

Se prefiere trabajar --es una opción política-- en programas específicos,
por la propia Comisión Interautonómica, no por decisión de la división
del plan, y, como consecuencia, es lógico que le sorprenda a S. S. y que
no encuentre después la relación.

Me permito, señor Presidente, dejar la documentación que la propia
Dirección ha creado para discutir este trámite en beneficio de una
transparencia y de una información exacta al señor Diputado, si me lo
permite. Quizás sería volver al principio el significarle que hay un
programa entre todos ellos que a usted le produce alguna alarma, y no sin
razón, por ejemplo en la relación que existe entre el concepto 227,
promoción del área de investigación derivada de la necesidad de analizar
y valorar nuevos modelos de consumo con respecto al programa siguiente,
227.10, que se refiere a encuestas. Como usted puede comprobar, en el
presupuesto anterior el programa 227 tenía 25 millones de dotación y el
programa 227.10 tenía 50 millones. Si usted observa en el programa 227
del año 1995, verá que ha sido incrementado hasta 80 millones de pesetas.

Es decir, que hay partidas que usted echa de menos razonablemente en una
posición y que, sin embargo, aparecen reflejadas o integradas en otra.

Vuelvo a decir que, como tengo a disposición de SS. SS. el texto completo
de las razones que justifican esta evaluación, yo creo que es más
pertinente, de cara al debate en Pleno y a las necesidades de S. S.,
poner a su disposición este material.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Delegado del Gobierno para el
Plan Nacional sobre Drogas. Gracias, además, por la información dada a
esta Comisión.




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--DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE INTERIOR (ROBLES FERNANDEZ). A SOLICITUD
DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS: POPULAR (número de expediente 212/001039) E
IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA (número de expediente
121/001152).




El señor PRESIDENTE: Comparece, señorías, la Secretaria de Estado de
Interior, a quien, en nombre de la Comisión, le doy la bienvenida, una
vez más, entre nosotros para informar a SS. SS., de la misma forma que lo
han hecho los demás comparecientes, de la tramitación del proyecto de Ley
de Presupuestos Generales del Estado para 1995.

Los grupos que han solicitado la comparecencia de la señora Secretaria de
Estado de Interior son el Grupo Popular y el Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.

El señor Baón, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra para
solicitar la información que desee.




El señor BAON RAMIREZ: Gracias a la Secretaria de Estado por su
comparecencia, que espero que nos aclare ciertos puntos, si bien esta
mañana el Subsecretario, como responsable máximo --quizá le haya
informado ya-- nos ha dado los perfiles generales del presupuesto.

Por eso, me voy a constreñir a los Servicios 03 y 04, Policía y Guardia
Civil, obviando otros temas, otros programas que, aunque también caen
bajo su jurisdicción política, han sido tratados suficientemente esta
mañana.

Hoy no le voy a hablar de fondos reservados porque esta mañana ya hemos
tenido ocasión de hacer el planteamiento general con los ochocientos y
pico millones de que va a disponer el titular del Ministerio, con unas
fórmulas de gestión, imagino, novedosas y otras de control, en las que
también está implicada esta Cámara, según el proyecto de ley que está en
marcha y que estará a punto de llegar al Congreso.

Me refiero, en primer lugar, al Programa 221.B de formación de policía.

Hay un incremento de 223 millones en general, con una repercusión
mayoritaria en gastos de personal. Pero tenemos una duda y es que se ha
pasado de 2,5 millones para formación y perfeccionamiento a 82 millones
en 1995. ¿A qué planes responde ese aumento tan significativo? Por otra
parte, es positivo prestarle atención presupuestaria a la formación de la
Policía.

En el programa 222.A, de seguridad ciudadana, me voy a concretar al
Capítulo II, de gastos corrientes. El señor Subsecretario nos ha
explicado esta mañana, por lo que se refiere al Capítulo I, cuáles son
los posibles deslizamientos o el diferencial que hay entre el 3,5, que
prevé la Ley aprobatoria con carácter general para los funcionarios, y
casi el 6 por ciento a que sube, es decir, 2,5 de subida. Por eso sólo me
voy a centrar en gastos corrientes, en el Capítulo II.

¿Cuándo se salda la deuda que hay con Telefónica? Porque veo que este
año, al igual que el pasado, se dispara el coste telefónico hasta un
monto de 8.543,30 millones de pesetas. Queremos saber cuál era la deuda
histórica y qué programación hay y si así cancelamos esa deuda y
normalizamos los presupuestos de cara al ejercicio de 1996, es decir,
para los presupuestos del año que viene.

¿Por qué los gastos de electricidad suben en este programa de 746,2
millones a 1.146? Tan significativo aumento ¿supone que también hay deuda
histórica con las compañías eléctricas y se quiere saldar?
El presupuesto general ya es un arcano, pero, si no se explica en la
Memoria de objetivos, a los miembros de esta Cámara nos resulta muy
difícil, sin tener una oficina presupuestaria, indagar, escrutar. En
cambio, ¿por qué permanece inalterable el precio del combustible, cuando
sabemos que la gasolina va a subir, porque ya está anunciado por el
Gobierno, del que forma usted parte, a partir de enero? Todos sabemos que
ése ha sido --quiero entender que no era una excusa-- uno de los
problemas que ha habido para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado pudieran cumplir el programa de seguridad ciudadana, la falta de
combustible a los efectos de poder patrullar. ¿Esto es una falta de
previsión o es que ustedes se dan por satisfechos con estos gastos en
combustibles? ¿O es que van a cambiar el modelo de actuación en torno a
este programa de seguridad ciudadana?
Una pregunta que esta mañana no me ha aclarado del todo el Subsecretario,
pero que le compete a usted mucho más directamente: ¿por qué se destinan
a reparación de daños patrimoniales en la Policía 10,4 millones de
pesetas y en la Guardia Civil 55,9 millones de pesetas? Yo sí sé, por
haber participado en la Comisión Roldán, que diversos gastos de este tipo
fueron pagados con fondos reservados, y además la cantidad viene a ser
casi similar. No quiero insistir en la coincidencia numérica, pero ¿por
qué esa diferencia entre la Policía y la Guardia Civil? ¿Es que es más
torpe la Guardia Civil al actuar en la realización del Programa 222.A o
es que esto se ha hecho a capón y han dicho: para que casen las cifras?
En cualquier caso, tiene toda la ingenuidad con que usted quiera recibir
mi pregunta.

En cuanto a inversiones, las inversiones en todo el Ministerio no
recuperan ni la depauperación de la moneda, es decir, ni el índice de
inflación, y tienen una baja del dos y pico por ciento, de nueva y de
reposición. En concreto decrece en 349 millones. Yo quiero preguntarle a
qué proyectos afecta, qué es lo que retarda o a qué proyectos vamos a
renunciar, sobre todo porque (y usted es consciente ahora que está al
frente de esa rama tan importante del Ministerio) tanto la Policía como
la Guardia Civil se quejan de falta de medios materiales, muchos de ellos
de reposición, es decir, coches viejos que tienen que ser sustituidos,
helicópteros que no salen del hangar, revisiones de largos períodos...

En cuanto a las transferencias de capital, para formación y como derivado
del convenio de 1991 se pagan a la policía catalana 300 millones de
pesetas. No es de este presupuesto, pero sí de los Presupuestos Generales
del Estado y, sobre todo, tiene la fuerza atractiva de que es competencia
suya. ¿Qué destino tienen los 5.000 millones de pesetas que se
transfieren, vista la memoria económica, a la Comunidad catalana para
liquidación del gasto provisional de



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los Mozos de Escuadra? Esta pregunta encierra varias subpreguntas, es
decir, el costo de los Mozos de Escuadra, gasto provisional, ¿qué es,
gasto antecedente? ¿Cuándo terminamos? Y sobre todo, y lo digo sin ningún
sentido ofensivo, sino constatando una realidad, que me parece una
deslealtad la firma que ha hecho usted ayer con la Consejera doña María
Eugenia Cuenca, de la Generalidad de Cataluña, en torno a la sustitución,
a lo largo de ocho años, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, y además, «aquí te cojo y aquí te mato», lo van a empezar a poner
en marcha el 1 de noviembre en una comarca, en Osona. Yo creo que merece
la pena que, a los efectos presupuestarios, explique usted cuál es el
trasfondo de ese acuerdo. Si no informa, le anuncio que pediré la
comparecencia del Ministro para que explicite cuál es el contenido de ese
acuerdo. En cualquier caso, me parece desleal con esta Cámara que se haya
hecho así, tan deprisa, y después de una interpelación que formulamos
nosotros en junio, diría yo que casi con nocturnidad.

En el Programa 222.C, las actuaciones de la Policía en la lucha contra la
droga, ¿a usted le parece suficiente la inversión en esta actividad, en
esto que constituye un problema tan grave en el país, como para que siga
igual en cuantía, en 161,8 millones de pesetas? Me podrá decir que la
lucha contra la droga, sobre todo en un Ministerio de servicios, es lo
que repercuta en el coste de personal. Pero hay medios para luchar contra
la droga, como pueda ser desde lanchas hasta procedimientos sofisticados,
sobre todo porque los narcotraficantes los utilizan para hurtarse a la
acción preventiva y represora de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado.

Termino ya con el Programa 222.D, en el que se aplica la Ley de segunda
actividad. Hay un incremento lógico de 2.626 millones de pesetas, y es
por esa Ley, que me imagino que estará en el período «vacatio legis» pero
que se pondrá en marcha en 1995. Me gustaría el desglose, porque afecta a
muchas familias, de esa aplicación de la segunda actividad; es decir, qué
previsiones tiene el Ministerio, y éste es el juego de datos estadísticos
nada más, por razón del cumplimiento de la edad de los miembros de la
Policía que pasen a la segunda actividad en sus distintas categorías,
según cumplan 60 años o 65; depende. Me gustaría esa previsión, sobre
todo también para tranquilizar a los miembros del Cuerpo.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Secretaria de Estado de
Interior.




La señora SECRETARIA DE ESTADO DE INTERIOR (Robles Fernández): Siguiendo
un poco el hilo de su intervención, ha dicho el señor Baón que no va a
hacer mención a los fondos reservados porque había preguntado esta mañana
al Subsecretario. Yo creo que, como usted no quiere decir que está de
acuerdo con la política del Gobierno en este momento en el tema de fondos
reservados, prefiere decir que ya ha preguntado esta mañana. En cualquier
caso, yo deduzco que usted está de acuerdo y me congratulo de ello. De
cualquier forma, yo no tengo ningún inconveniente, en la réplica, si le
ha creado algunas dudas la intervención del Subsecretario en materia de
fondos reservados, por la que me consta que está usted muy preocupado, en
contestarle con posterioridad, pero creo yo deducir que en definitiva
está usted de acuerdo con la posición del Gobierno y me congratulo.

Dice que se produce un aumento en la partida relativa a la formación de
policías y que lo encuentra positivo. Pues me alegro de que también lo
encuentre positivo, ya son dos cosas las que encuentra usted positivas y
me preocupa que veamos tantas cosas igual de positivas. (Risas.)
Efectivamente, yo creo que cualquiera que tiene sentido de la
responsabilidad de Estado, como lo tiene usted y como lo tenemos nosotros
en el Ministerio de Justicia e Interior, no podemos dejar de lado algo
tan esencial como es la formación de los policías, porque en definitiva
el policía está para prestar un mejor servicio a la comunidad, a los
ciudadanos, y es nuestra obligación que cada día prestemos la atención
que se necesita, porque cada día la delincuencia se complica más, es más
sofisticada, y en ese sentido nuestros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado tienen que estar mejor preparados para dar una mejor respuesta. La
delincuencia se complica, como decimos, se sofistica, está el tema de la
delincuencia económica, de los delitos del narcotráfico, y nuestra
Policía no puede quedar por detrás de esas técnicas tan sofisticadas. Por
eso, y compartimos su posicionamiento, hemos de hacer cada día un
esfuerzo más importante en la formación de la Policía, y por ello dentro
de los planes del Ministerio de Justicia e Interior, y en concreto de la
Secretaría de Estado, se va a potenciar todo lo relativo a la formación
no sólo de la Policía sino también de la Guardia Civil.

Le preocupa a usted cuándo se va a saldar la deuda de Telefónica, y a mí
también, y le preocupa lógicamente al Gobierno. Por eso, la partida de
este año para saldar la deuda de Telefónica es igual que la del año
pasado, es decir, no ha habido un decremento. Le diría que estamos en
condiciones de poder decir que, si no el año 1995, sí el año 1996 se
habrá saldado definitivamente esta deuda, dentro de la política de
austeridad que el Gobierno socialista está manteniendo y que,
lógicamente, en la Secretaría de Estado de Interior estamos haciendo
efectiva.

Veo que le preocupa mucho el tema de la energía eléctrica. El tema de la
energía eléctrica es una consecuencia de que nuestras comisarías y
nuestras comandancias de la Guardia Civil, quizás en ocasiones más las
comandancias de la Guardia Civil (sé que a usted le preocupa también el
tema de los despliegues) trabajan las 24 horas al día porque prestan un
servicio al ciudadano como lo tienen que prestar. En ese sentido, creo
que no hay por qué regatear ningún tipo de medios materiales. A usted, en
otras partidas, le parece que faltan medios materiales. Por tanto, creo
que el que las comisarías y las comandancias tengan un mínimo de dignidad
en las condiciones de trabajo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado siempre será algo positivo.

En cuanto al tema del combustible, dice que hay falta de combustible este
año. Tengo que decirle que no. Siento contradecirle en ese sentido, pero
tengo que decirle que no han parado los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
del Estado



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de hacer ninguna actuación por falta de combustible. Sé que desde algún
sector se ha dicho eso para alegar una cierta ineficacia. Puedo decirle
que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado son absolutamente
eficaces, están a la altura de las circunstancias y, aun en el supuesto
de que nosotros, los políticos, a veces no lo estuviéramos, estoy
convencida de que ellos, con su dedicación y, en ocasiones, con sus
coches privados, harían efectivos sus servicios. De ello estoy convencida
por la propia dedicación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado. Lo que es cierto es que en ningún momento en el curso del año
1994 ha dejado de prestarse ni un servicio como consecuencia de lo que
usted alega: falta de combustible.

A pesar de que al principio decía que no iba a hablar de fondos
reservados, creo que algo le queda en el interior en cuanto a ese tema, y
vuelve a preguntarme lo que le preguntó al Subsecretario sobre el tema de
la reparación de los daños patrimoniales y la diferencia entre Policía y
Guardia Civil. Efectivamente, nuestros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado, en ocasiones, como consecuencia de actuaciones profesionales,
resultan dañados en lo que son sus enseres patrimoniales y el Estado
tiene obligación de indemnizarles por ello. Usted sabe perfectamente que
esta partida de daños patrimoniales en la Guardia Civil, en lo que usted
más o menos intuye que sería el equivalente a la partida de fondos
reservados que tenía la Guardia Civil, ya la tenía el año pasado. Por
tanto, esa apreciación que usted hace no la comparto y tengo que decir
que, efectivamente, es una partida que se ha recogido en años anteriores
y que creo que es obligación del Estado reparar a los Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad del Estado precisamente en aquellos momentos en que, como
consecuencia de sus actuaciones profesionales, dentro de los límites de
la legalidad, pueden sufrir alteraciones o daños en sus personas o
patrimonios.

Es cierto que disminuye el capítulo de inversiones. Lógicamente, nos
gustaría tener más inversiones en materia de edificación. Pero le voy a
decir que durante los últimos años se hizo un esfuerzo importante en
materia de comandancias, de comisarías de policía. En el año 1992 se hizo
una inversión muy importante en este país en el tema de edificaciones
como consecuencia de eventos tales como las Olimpiadas o como la
Exposición Universal de Sevilla. Y aunque, lógicamente, todos querríamos
que nuestros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado tuvieran los
mejores edificios, en lo que queda del año 1994 y lo que va a ser el año
1995 nuestra apuesta, desde la Secretaría de Estado de Interior, va a ser
por que la gente trabaje en unas condiciones más dignas. Por eso, en el
Capítulo VI, aunque haya esa disminución en el tema de edificaciones,
vamos a hacer un esfuerzo muy importante, al igual que en el Capítulo II,
en el tema de los medios de transporte. Vamos a modernizar las dotaciones
de la Policía y de la Guardia Civil.

Usted sabe que vamos a presentar próximamente un plan de seguridad
ciudadana de mayor presencia policial en las calles para acercarnos más
al ciudadano. Ese plan va a exigir que los medios materiales, los medios
de transporte, sobre todo, sean adecuados. Por eso, tanto en Policía como
en Guardia Civil, en el marco de ese Capítulo VI, vamos a hacer un
esfuerzo de inversión importante en materia de transportes, de
adquisición de nuevos vehículos y nuevas motos.

Me acusa de deslealtad en la firma ayer del acuerdo en relación a la
policía autonómica de Cataluña. Tengo que decirle que yo no he firmado
ningún acuerdo, sino que ha sido la Junta de Seguridad. No tengo
inconveniente en explicarle el contenido de ese acuerdo, insisto, tomado
por la Junta de Seguridad, que creo que usted conoce perfectamente. Sabe
que esos 300 millones de pesetas que figuran como transferencias para la
policía de Cataluña, aun cuando están en el presupuesto del Ministerio de
Justicia e Interior, no están gestionados por este Ministerio, de la
misma manera que sabe perfectamente que los 5.000 millones a los que
aludía de la sección 32 son, precisamente, de la Sección 32, y no del
presupuesto del Ministerio de Justicia e Interior.

Creo que cuando lo que se hace es dar cumplimiento a las previsiones de
la Constitución y del Estatuto de autonomía aprobado, o que tiene su
marco precisamente en la Constitución, no se puede acusar de deslealtad a
nadie, porque, en definitiva, lo que se está haciendo es cumplir el
ordenamiento jurídico vigente. Creo que el acuerdo que firmó ayer,
insisto otra vez más, la Junta de Seguridad, lo que hace es un desarrollo
muy respetuoso tanto de la Constitución como del Estatuto de Cataluña. Y
le voy a decir, para que no le preocupe, que el Estado en ningún momento
va a hacer dejación de sus competencias. Precisamente por eso se dice
expresamente que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Policía y
Guardia Civil, en ningún caso pasarán a depender de la Generalidad,
porque se sigue el modelo de sustitución y no de adscripción.

Expresamente sabe usted --porque sé que lo conoce perfectamente-- que en
todas las comarcas de Cataluña va a haber Policía y Guardia Civil. Así se
recoge expresamente en el punto 2.º del acuerdo, y sabe también
perfectamente que el Estado, en un anexo, se reserva toda una serie de
competencias fundamentales con una cláusula residual. Creo, por tanto,
que dar cumplimiento a las previsiones de la Constitución y de un
Estatuto que tiene su marco precisamente en ella, no puede, en ningún
caso, ser deslealtad sino el pleno ejercicio de lo que es un Estado
democrático como el español, que se ha querido configurar, les guste a
algunos o no les guste, como un Estado autonómico.

En cuanto a la lucha contra la droga, usted sabe que no sólo es cuestión
de dinero. Muchas veces hay que luchar contra la droga desde los marcos
normativos y desde la sociedad, y ésa es una función de todos. Sí le
puedo adelantar que desde el Ministerio de Justicia e Interior, en la
línea de lo que viene defendiendo el Partido Socialista, vamos a
presentar un programa integral de lucha contra el narcotráfico. Ese
programa que queremos presentar, siguiendo las pautas del programa del
Partido Socialista, aquí en el Congreso de los Diputados, va a comprender
toda una serie de medidas, incluidas las normativas, que quieren dejar
muy en evidencia, muy a las claras, que para el Estado y, en concreto,
para el Gobierno es una prioridad fundamental la lucha contra la droga.

Lo que no cabe es simplificar los



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temas, y no vamos a luchar contra la droga sólo con medios económicos. En
cualquier caso, usted también se ha referido a que el presupuesto del año
1995 no es inferior al del año 1994 sino que es igual.

Por último, por lo que se refiere a la segunda actividad, quiero decirle
que hay un incremento de 1.959 millones de pesetas que será para hacer
efectivos a 1.100 personas que se encuentran en segunda actividad de la
Policía, y en el tema de la reserva activa se van a aplicar 571.197
millones, que se harán efectivos entre 1.458 funcionarios de la Guardia
Civil que se encuentran precisamente en una situación de reserva activa.

Como resumen, quiero decir que para el Gobierno es absolutamente esencial
que cada día prestemos un mejor servicio a la sociedad en el punto de la
seguridad ciudadana y que toda la configuración del presupuesto está
precisamente planteada en la línea de una mayor eficacia y de un mayor
acercamiento a los ciudadanos. Eso es lo que recoge el presupuesto y eso
es lo que nosotros también queremos presentar en planes, como el que le
he anunciado próximo de seguridad ciudadana, y en el plan integral,
porque, repito, ha de ser un plan integral de lucha contra la droga.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Baón. Muy brevemente, por
favor.




El señor BAON RAMIREZ: Señora Robles, la he visto con ganas de querer
hablar de los fondos reservados. Se frustraba porque yo decía que ya le
había preguntado al Subsecretario. Yo, encantado. ¿Han investigado el
pago de sobresueldos con fondos reservados? Alguien --lo saben los medios
de comunicación-- lo ha dicho en el Juzgado que instruye el caso Roldán.

¿Va a investigar eso? ¿Quiere confirmar eso? ¿Va a investigar y va a
perseguir, si evidentemente ha habido pagos de sobresueldos, separándose
del interés público que justificaba los fondos reservados? Esa es la
pregunta a la que tiene que responder.




El señor PRESIDENTE: Señor Baón, me cuesta ver la relación...




El señor BAON RAMIREZ: Esa es la aclaración que quería hacer.




El señor PRESIDENTE: ... entre la pregunta de S. S., si me permite
hablar.




El señor BAON RAMIREZ: No, hay otra más.




El señor PRESIDENTE: Señor Baón, si la «otra más» tiene tan escasa
relación con el proyecto de Presupuestos como ésta...




El señor BAON RAMIREZ: Está en relación con el proyecto de Presupuestos.




El señor PRESIDENTE: No. Las preguntas que está formulando conciernen a
una comparecencia o a una interpelación, pero no a una información sobre
presupuestos.




El señor BAON RAMIREZ: Tan sólo pretendo sonsacar (Risas.) a la
Secretaria de Estado y, con todo respeto, le diré que yo la he visto que
se ha quedado con ganas. Pues, venga, que responda.




El señor PRESIDENTE: Señor Baón, inquiera sobre la cuestión a que nos
mueve el hecho de que tengamos una sesión acerca de los Presupuestos.

Sobre esa cuestión, inquiera S. S. lo que le parezca oportuno.




El señor BAON RAMIREZ: Voy a hacer ahora mismo tan sólo, en torno a los
Presupuestos, una pregunta. Si le parece razonable a la Secretaria de
Estado, sobre todo porque no me ha informado de la rebaja que ha habido
en inversiones --2,3 por ciento del total del Presupuesto consolidado del
Ministerio-- que, por ejemplo, para remodelaciones generales del
Departamento y lo que afecta a seguridad, porque en otros también hay, se
destinen 1.217 millones y, en cambio, 205 para la Escuela de Protección
Civil y no acabamos de terminarla. Vemos que todavía sigue anualizándose
y el año que viene volveremos a hablar otra vez de la Escuela de
Protección Civil. ¿Le parece razonable eso?
¿Le parece razonable que se resarza a la Escuela de Huérfanos con
novecientas y pico mil pesetas, no llega al millón, cuando todos sabemos
que ha sido desde una Dirección --la del señor Roldán-- desde donde no sé
qué uso le daría, pero lo cierto es que se llevó de la Escuela de
Huérfanos sesenta y tantos millones? Es una pregunta que no había podido
formular en tiempo.

Nada más.




El señor PRESIDENTE: La señora Secretaria de Estado de Interior tiene la
palabra.




La señora SECRETARIA DE ESTADO DE INTERIOR (Robles Fernández): Si el
Presidente me lo permite, a la no sé si llamar introducción o pregunta en
relación con el caso Roldán, usted ha dicho --y me ha sorprendido-- que
en el sumario se recoge. Perdón, señor Baón, creo que el sumario es
secreto. (El señor Baón Ramírez: He dicho que los medios de comunicación
han recogido.)
Yo le he entendido a usted que en el sumario se recoge. Simplemente le
diría que, aunque los medios de comunicación lo recojan, el sumario es
secreto y, por tanto, hasta que el juez no dicte la correspondiente
resolución acordando que se levante el secreto del sumario, todo lo demás
son especulaciones. Por el respeto que a mí me merece esta Cámara y los
representantes del pueblo español, creo que no es bueno que hablemos de
lo que son especulaciones hasta tanto el juez haya levantado el secreto
del sumario.

En materia de inversiones he reconocido que es cierto que existe una
disminución en el Capítulo VI y le he dicho también que la misma va a
afectar al tema de edificaciones, pero no a otros temas como pueden ser
los transportes, el armamento en la Guardia Civil o todo lo relativo a
telecomunicaciones, porque queremos hacer unos Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado más competitivos.




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Usted dice que hay un incremento en el capítulo relativo a gastos
generales. Efectivamente, eso es cierto, pero usted sabe tan bien como yo
que en materia de inversiones, y precisamente en ese capítulo general al
que usted alude, están comprendidas todas las delegaciones del Gobierno y
todos los Gobiernos Civiles. No tiene usted más que contar las provincias
de este país y las delegaciones de Gobierno para ver que hay un número de
edificaciones bastante importante.

En cuanto a la Escuela de Protección Civil, efectivamente estoy de
acuerdo en que hemos de hacer un esfuerzo importante, hemos de dar un
impulso para acabar esa Escuela de Protección Civil. Se ha terminado la
parte donde se van a dar las enseñanzas teóricas y vamos a intentar que a
lo largo del año 1995 se finalice el lugar donde se van a realizar las
enseñanzas prácticas, pero de lo que no puede dudar S. S. es de que en el
Capítulo VI la prioridad que va a dar la Secretaría de Estado de Interior
no es tanto en lo relativo a edificaciones como a aquellos medios
materiales que van a permitir a la Policía y a la Guardia Civil, a
nuestros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, prestar a la sociedad
un servicio con mejores condiciones de trabajo.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Secretaria de Estado de
Interior.

Señorías, la siguiente comparecencia es a las seis de la tarde y, no
estando presente el Director General de la Guardia Civil, vamos a
suspender la sesión hasta esa hora.




Se reanuda la sesión.




--DEL DIRECTOR GENERAL DE TRAFICO. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR (número de expediente 212/001041).




El señor PRESIDENTE: Está con nosotros el Director General de Tráfico, a
quien damos la bienvenida como es norma en esta Comisión, para informar
sobre la tramitación del proyecto de ley de Presupuestos Generales del
Estado para 1995.

La solicitud de comparecencia tiene como autor al Grupo Parlamentario
Popular.

Tiene la palabra el señor Baón.




El señor BAON RAMIREZ: Expresamos nuestra gratitud al Director General de
Tráfico, del organismo 103 adscrito al Ministerio de Justicia e Interior,
por su presencia en esta Comisión.

La Dirección General de Tráfico es la única Dirección General que tiene
presupuesto de ingresos y que transfiere al Estado. El incremento del
consolidado de este organismo ha crecido un ocho por ciento, es decir, ha
pasado de 56.373 millones a 60.926 millones para 1995. Por eso voy a
considerar, en primer lugar, si le parece al Director General, el
presupuesto de ingresos, y luego hablaremos de gastos.

Respecto a los ingresos, las dos partidas fundamentales de la Jefatura de
Tráfico son las correspondientes a multas y a tasas. Las tasas, cifradas
en 40.000.315.380 pesetas, suponen un aumento de 800 millones de pesetas.

En este punto haría una reflexión de la que se va a deducir una pregunta,
y es la siguiente: si las tasas aumentan en 800 millones respecto del año
1994, y en 1993 hubo casi un millón menos de carnés (un decremento de un
10,6 por ciento, más o menos, según mis cálculos), es decir, un menos 7,2
por ciento de carnés nuevos y un menos 20,4 por ciento de renovación,
¿cuáles son las previsiones de renovación que hay? ¿O es que van a subir
las tasas? Porque a mí las cuentas no me salen. Yo no sé cómo incorporar
ese incremento en esta partida de ingresos si no es subiendo las tasas,
sobre todo por el decrecimiento estadístico que se está dando tanto en la
obtención del carné por primera vez como en la renovación.

Paso ahora a referirme a la partida de multas. Las multas se han cifrado
en 17.500 millones de pesetas como previsión para este año. Quiero
convenir estadísticamente que el número de multas que se ponen en España
a los conductores que circulan por nuestras carreteras asciende a tres
millones, y puedo también convenir con ustedes la media de la cuantía de
la multa, pero las voy a poner la cifra menor, 10.000 pesetas por
infracción, aunque ya sabemos que las hay de 5.000 y también muy
superiores. Entonces, ¿de dónde salen esos 17.500 millones de pesetas y,
sobre todo, de dónde no sale lo que tenía que salir, multiplicando los
tres millones por las 10.000 pesetas? ¿Qué quiere decir, que todo el
mundo recurre y que hay un retraso anual permanente que nos puede llevar
incluso a los remanentes de tesorería? Es un juego lógico, nada más. Es
decir, si hay tres millones de multas, a 10.000 pesetas cada una, son
30.000 millones, entonces ¿por qué se presupuestan 17.500 millones de
pesetas? Quiero aclaraciones. Bien es verdad que lo único que he hecho es
poner en juego datos estadísticos con las cifras presupuestadas.

A continuación paso al presupuesto de gastos. En el presupuesto de gastos
quiero que nos aclare por qué hay un incremento tan importante del siete
por ciento en gastos de personal, toda vez que la subida prevista en el
presupuesto a los funcionarios, con carácter general, es del 3,5 por
ciento. Ahí hay una disfunción o una apreciación desconocida por mí. No
sé si hay deslizamientos o algunas otras razones que yo quiero pedir al
Director General que nos aclare.

Como el Director General sabe, yo participo más de esa corriente, que es
incluso filosófica, de más vale la prevención que la represión, aunque sé
que quizá en ese tema no nos vamos a reconciliar nunca; de todas maneras,
yo soy muy respetuoso con los otros planteamientos. Lo que sí me parece
muy mal es que se insista tan poco en la educación, en la prevención. Ya
sé que era ridícula la cifra de cinco millones destinada a material de
educación y formación que ha desaparecido este año. Mi pregunta es si va
a desaparecer para siempre.

Hay que lamentar también que a las transferencias les apliquen ustedes un
dos por ciento de incremento, me refiero a las transferencias corrientes
de la Administración



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del Estado, pasan de 15.621 a 16.000. Es usted una hucha del Ministerio
de Justicia e Interior.

Los gastos corrientes se incrementan en un 13 por ciento. Lo que pasa es
que no tienen cuantía ni entidad suficiente como para glosarlos, sobre
todo porque repercute, fundamentalmente, en comunicaciones, y también en
la base de las actuaciones de la Dirección General, pero no quiero
referirme a ellos. Sí me gustaría saber por qué razón suben en
inversiones, en las inmateriales, y entiendo que las pérdidas destinadas
a los programas de televisión que hace para las campañas periódicas en
los tiempos críticos de desplazamientos, vacaciones, etcétera han
aumentado en 200 millones de pesetas. (La señora Vicepresidenta, Pelayo
Duque, ocupa la Presidencia.)
Me interesaría, asimismo, que me explicase cuál es el cuadro de
inversiones, jerarquizando qué es lo que pretende abordar con este
presupuesto la Dirección General en el ejercicio para 1995.

Nada más, sino reiterarle mi gratitud por su disposición.




La señora VICEPRESIDENTA (Pelayo Duque): El señor Director General tiene
la palabra.




El señor DIRECTOR GENERAL DE TRAFICO (Muñoz Medina): Señor Baón, muchas
gracias por su permanente interés por los temas de seguridad vial. Esto
es algo recurrente; son varias las comparecencias que he hecho a
requerimiento de S. S. y sabe que siempre vengo con mucho gusto.

Vamos a empezar por los ingresos. Se prevén más ingresos por tasa porque
hemos hecho un cálculo, no excesivamente optimista sino realista,
bastante verosímil, de que previsiblemente los ingresos derivados de la
actividad burocrática de nuestras jefaturas provinciales de tráfico van a
incrementarse hasta niveles próximos a los del año 1992. A lo largo de
todo el año 1994, ya hemos registrado un importante incremento en las
actividades básicas que generan ingresos, como son matriculaciones,
transferencias de vehículos, permisos de conducción, etcétera, porque S.

S. estaba dando datos de 1993, que es cuando, efectivamente, se produjo
ese descenso. También se produce un incremento en el importe de las tasas
que, de acuerdo con la Ley de acompañamiento de Presupuestos, están
cifradas en alrededor de un cinco por ciento. Nosotros hemos hecho un
ejercicio de racionalidad tratando de imputar a las tasas los efectivos
costes administrativos para que respondan a su auténtica lógica
tributaria y, como le decía, nos ha salido redondo el cinco por ciento:
unas son un poco más, otras son un poco menos. En todo caso, lo que sí
nos hemos permitido ha sido un redondeo a múltiplos de veinticinco
pesetas, porque las disfunciones que ha generado este año una subida
puramente porcentual, con cambios de once, de quince, de diecisiete
pesetas, generaba unas colas gigantescas en las jefaturas provinciales.

Parece algo trivial, pero cuando se multiplica esta pequeña trivialidad
por el enorme número de administrados que concurren a nuestras jefaturas,
el asunto tiene mayor importancia.

Me pregunta S. S. sobre qué no se cobra de las multas. Pues no se cobra
un porcentaje del orden del treinta y tantos al 40 por ciento,
fundamentalmente por una razón que yo espero que quede subsanada este
año. La razón fundamental es las enormes dificultades que tiene el
proceso de notificación de denuncias, que obliga a que muchos expedientes
no sean tramitados satisfactoriamente, porque en España se han dado
circunstancias que dificultan la notificación por correo certificado: por
una parte, la progresiva incorporación de la mujer al trabajo, que hace
que en las casas no haya nadie cuando va el cartero a entregar la
notificación, y, por otra, la desaparición de los porteros de las fincas
urbanas, con lo cual el número de notificaciones fallidas hasta ahora era
muy alto. Pretendemos corregir esto mediante un sistema que posibilita la
nueva Ley de régimen jurídico y de procedimiento administrativo común
mediante la notificación por edictos de aquellas comunicaciones que no
haya sido posible practicarlas de manera personal. Esto nos permitirá
conseguir una eficacia mayor. Y fíjese S. S. que en el artículo 222.09,
que se refiere a otras comunicaciones, pasamos de 30 millones de pesetas
que teníamos el año pasado, a 436 millones en este año. La razón de este
incremento tan fuerte es que lo que no se hacía en 1994 va a pasar a
hacerse en 1995.

De todas maneras, esto que le voy a decir es anecdótico y un poco al
margen del comentario presupuestario, pero creo que es importante que S.

S. lo sepa, porque conozco su preocupación por la defensa de los derechos
del ciudadano, preocupación que la Dirección General de Tráfico comparte
plenamente. Lo que ya hemos empezado a hacer ha sido complementar la
notificación por edictos con una comunicación por correo ordinario no
certificado, que ésta sí que llega seguro a su destinatario, en la que se
le dice: sepa usted que está notificado formalmente porque apareció su
nombre en el boletín oficial de la provincia de tal fecha. No obstante,
le mandamos esta comunicación para que lo sepa. En las jefaturas en las
que se ha empezado a funcionar este sistema está rindiendo efectos
verdaderamente importantes, y esperamos que con ello se aumente
notablemente el porcentaje de denuncias que llegan a buen término.

Permítame que le diga, como le recordaba en la comparecencia del año
pasado, que esto se lo planteo no en términos recaudatorios, sino en
términos ejemplarizantes, porque usted hablaba hace un momento de que era
más partidario de la prevención que de la represión, yo también. Lo que
pasa es que no podemos olvidar el valor preventivo de la acción represiva
del Estado.

Como le decía, yo tengo la firme esperanza de que aumente de manera
sensible el número de expedientes sancionadores que son objeto de una
tramitación correcta gracias a este sistema, y también es previsible que
produzca algún incremento en la recaudación por multas la superior
eficacia de departamento de recaudación de la agencia ejecutiva, que el
año pasado ha tenido momentos de vacilación, pero que ahora se está
estabilizando con cifras que son del orden de los 400 a 600 --700 en
algún caso-- millones de pesetas por mes, con lo cual, repito, yo creo
que el número de expedientes que no llegan a buen fin será muy inferior.

En cuanto al tema de gastos en el capítulo 1, efectivamente, aparece un
incremento del siete por ciento que



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responde no sólo al incremento general previsto, que es el del 3,5 por
ciento, sino a un incremento, en concreto, en la dotación de personal del
Grupo A, que son letrados para el servicio central de recursos.

Pregunta S. S. si recurre todo el mundo, y tengo que contestarle que casi
todo el mundo; es decir, está aumentando muchísimo el volumen de
recursos, me duele decir que muchísimos de ellos sin ninguna
fundamentación jurídica y sí con la única pretensión de entrar en esa
gigantesca barahúnda de recursos interpuestos. Para que se haga una idea
le diré que en lo que va de año, hasta terminar septiembre han entrado
96.000 recursos, de los cuales sólo hemos podido resolver 28.000. Este es
un problema muy serio que tiene planteado la Dirección General de Trafico
y estamos en negociaciones con el Ministerio de Administraciones Públicas
y el de Economía y Hacienda para poder incrementar notablemente la
plantilla de letrados destinados a la resolución de recursos. en este
presupuesto ya aparece un aumento porque nosotros lo habíamos pedido así.

Lo que ocurre es que aquí hay una cierta contradicción, porque el año
pasado sólo se dotaron presupuestariamente 300 plazas, y este año
aparecen 426 en el grupo A, lo cual hace que parezca que se nos conceden
126 letrados, pero en realidad sólo son 24, porque tenemos que jugar
sobre la cifra que figura en la relación de puestos de trabajo, que es de
402 funcionarios del Grupo A. Por lo cual, en realidad, repito, son sólo
24; es una primera piedra, pero yo espero que, a partir de la aceptación
presupuestaria de esta necesidad de los letrados para la resolución de
recursos, podemos empezar a caminar en el sentido de que desaparezca el
atraso que existe en esta materia, y que es probablemente uno de los
principales problemas que tiene planteada la Dirección, desde el punto de
vista de la eficacia de su gestión, lo que se puede traducir (hasta ahora
no ha ocurrido así) en una disminución en la ejemplaridad del
procedimiento en el momento en que se generalizara más todavía este
exceso, por así decirlo, de recursos, que en la mayoría de los casos
carecen de la menor solvencia jurídica en sus planteamientos y no tienen
otra pretensión que generar mayor atasco.

Me viene a la memoria la comparecencia del año pasado, cuando hablábamos
de educación, y quiero recordar a S.S. que esta desaparición de los cinco
millones de pesetas en gastos de educación vial en el capítulo 2 no
significa que haya disminuido la dotación. En conjunto, todas las
acciones de educación que emprende la Dirección General entre el capítulo
6 y el capítulo 2 supera holgadamente los 3.000 millones de pesetas, lo
que pasa es que estos cinco millones de pesetas, que eran puro
testimonialismo, por ejemplo, para regalos que se compraban para los
participantes en los distintos concursos de educación vial, han sido
absorbidos por las partidas de publicidad y propaganda, que en nuestro
caso es pura educación vial, o ediciones y publicaciones, todas en el
capítulo 2.

Comenta S. S. nuestra transferencia de 16.000 millones de pesetas y tengo
que decir que somos una hucha no sólo para el Ministerio de Justicia e
Interior, sino para el Tesoro Público, porque hay que tener en cuenta
que, de ellos, son 4.000 millones para el Ministerio de Justicia e
Interior y 12.000 para el resto de la Administración del Estado.

Contribuimos a todo, repito, y no sólo a los gastos del Ministerio de
Justicia e Interior.

En cuanto al capítulo 2, nos habla de que tiene un cierto incremento, que
asciende al 12,8 por ciento, y muy brevemente, si me permite, le haré
referencia a que son cuatro las líneas en las que se basa este
incremento. En primer lugar, el artículo 220.00, material ordinario no
inventariable, porque en 1994 se había producido un descenso muy fuerte
que ha sido necesario recuperar, ya que hay que tener en cuenta que,
cuando hablamos de material ordinario no inventariable, estamos hablando
de todo el material que hace falta en las oficinas, todas las solicitudes
normalizadas de impresos; si pensamos en los nueve millones y pico de
trámites que realizan los ciudadanos frente a nuestras oficinas, hay que
pensar que hay que dotarlos de impresos, boletines de denuncia, etcétera.

Es decir, son cantidades bastante importantes. En segundo lugar, también
sufre un incremento de importancia el 221.03, que es combustible, y que
sube un 24 por ciento, como consecuencia del incremento del parque, el
incremento previsto del precio de las gasolinas, y además nuestra
pretensión de que se incrementen notablemente las horas de vigilancia,
incluso con ese ligero incremento de plantilla y de parque que está
teniendo lugar en los últimos años; todo ello, hasta donde sea posible.

Las comunicaciones postales también tienen un incremento importante por
insuficiencia del crédito anterior. Nosotros tenemos un grandísimo
consumo de comunicaciones postales, como es natural, derivado de los tres
millones de expedientes sancionadores y de la puesta en marcha, ya
antigua, del sistema de revisión del permiso de conducción por correo. Y,
finalmente, en otras comunicaciones, que era al que me refería
anteriormente, que corresponden a las notificaciones por edictos.

estas son las razones por las que el capítulo 2 sufre este incremento al
que S. S. aludía.

Por lo que se refiere al capítulo de inversiones, sobre el que también S.

S. ha manisfestado interés, tengo que decirle, en primer lugar, que las
inversiones en materias, efectivamente, suben 200 millones de pesetas, de
los cuales 170 son para incrementar la actividad de educación vial a
través de medios de comunicación de masas, es decir, la actividad
divulgativa. Creemos que es una línea de enorme rentabilidad social
pensando en la capacidad de penetración que ha tenido en la ciudadanía y,
desde luego, nos parece, incluso con estas cifras que son ciertamente
importantes, que es una materia en la que siempre estaríamos en
condiciones de invertir más, y probablemente con efectos beneficiosos en
todo caso.

Finalmente, me pide S. S, que le dé una panorámica del capítulo 6, de
todo el proyecto de inversión. Se la voy a hacer muy resumidamente,
porque, en último término, tampoco quisiera redundar sobre lo que ya está
escrito en el presupuesto, y partir de que existen tres grandes
artículos, que son el 62, inversión nueva; el 63, inversión de
reposición, y el 64, inversión inmaterial.

En el artículo 62 aparece, como gran aspiración, la mejora de la
seguridad vial a través de medios de vigilancia, de control y de
supervisión del tráfico, y con aplicación de



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las tecnologías de la información y de la telemática a todos estos
propósitos. Aquí aparecen sistemas tan variados como los de transmisión,
comunicación, postes de auxilio, helicópteros, acceso a las grandes
ciudades, colaboración con entidades autonómicas y municipales (estamos
hablando de una línea muy atractiva, que ha rendido además frutos de
excelente relación con muchísimos ayuntamientos) y vigilancia de
circulación, en la que hay un muy importante incremento en la dotación
para vehículos de vigilancia, derivados de que el año pasado fue un año
terriblemente atípico, donde fue necesario efectuar un recorte muy
drástico, ya que el importante descenso en las inversiones del año pasado
(recordarán SS. SS. que fue del orden del 30 por ciento) nos cogió en un
momento en el que teníamos muchísimo dinero comprometido en segundas
anualidades, con lo cual, las nuevas inversiones el año pasado se vieron
fuertemente cercenadas. De hecho, este año, el relativamente holgado
incremento del 10,7 por ciento del capítulo 6, nos permite el que
disminuyan en 1.055 millones los accesos a grades ciudades, por la
sencilla razón de que las anualidades de los proyectos de Málaga,
Valencia y Zaragoza son mucho más pequeños ya este año, debido a que el
proyecto ha caminado más y, en segundo lugar, porque en el concepto
«locales de fuerzas de vigilancia» baja también notablemente la anualidad
que había prevista para la construcción de la Academia de la Guardia
Civil de Tráfico de Mérida, de 1.632 hemos pasado a 715, con lo cual
tenemos unos ahorros que nos han permitido una relativa recuperación en
los demás capítulos, de tal manera que, aunque sigamos en la línea de
austeridad iniciada el año pasado, yo creo que podremos mantener un nivel
de inversión aceptable en este orden de materia al que me refería,
fundamentalmente el de mejora de la seguridad vial a través de todos los
sistemas de supervisión, control y vigilancia del tráfico. Pero bien
entendido que cuando estamos hablando de vigilancia y supervisión no
estamos hablando de acción policial, sino que estamos hablando, en gran
medida, de actividades a través de centros de control y toda esta serie
de actividades que realmente no tienen nada que ver con la acción
represiva.

En el artículo 63 por primera vez se distingue con claridad la inversión
de reposición de la inversión nueva, y por ejemplo, los vehículos y
material de la Guardia Civil de transmisiones, equipos especiales,
etcétera, aparecen desdoblados en los dos capítulos. Tiene más rigor
presupuestario hacerlo así. Y, por lo demás, en el artículo 63 aparecen
fundamentalmente todos los superproyectos de formación vial, todo lo de
equipos informáticos, y aquí hablamos ya de informática de gestión
burocrática, administrativa, no informática de control de tráfico, que es
la que aparece en el artículo 62.

Como es natural, tenemos una amplia organización periférica que requiere
también dotación para sus edificios, e incluso para vehículos, y con ello
yo creo que queda vista la panorámica de este artículo.

Finalmente, en el artículo 64, en los proyectos no agregados, tenemos,
como decíamos antes, los 2.170 millones de pesetas en los que se cifra el
programa de educación y formación a través de medios masivos de
comunicación, y los 100 millones del proyecto de investigaciones, que
tengo detalladas y a disposición de su señoría.

De todas formas, conociendo el interés de S. S. por los trabajos de la
Dirección General de Tráfico, me he permitido traer un documento, que
dejo en la mesa a su disposición, que es el plan de actuaciones de 1995
de la Dirección General de Tráfico, porque cualquier duda que pueda tener
en cuanto a los programas de actividad de esta Dirección, con ello le
quedará mucho más claro. No es la versión definitiva, porque ésta la
tendremos cuando esté aprobado el presupuesto, no lo tengo ahora como es
natural, pero encantado le puedo remitir una copia actualizada.

Simplemente con esto, repito, aunque le falte algún retoque final, tiene
una información muy completa de todo, absolutamente de todo lo que hace
la Dirección General, con independencia de los trabajos realizados a
demanda de los administrados por parte de las jefaturas provinciales de
tráfico.




La señora VICEPRESIDENTA (Pelayo Duque): Se hará llegar una copia del
citado documento a todos y cada uno de los grupos parlamentarios
presentes en la Comisión.

¿Señor Baón, tiene alguna otra formulación que hacer?



El señor BAON RAMIREZ: Me doy por complacido con la información rápida y
detallada, en la medida de lo posible, que ha dado el Director General.

Lo único que pasa es que no me ha respondido a dos preguntas sobre el
presupuesto de ingresos. Yo le he formulado una hipótesis que se ajusta a
la estadística; es decir, tres millones de multas al año, con una media
de cuantía por cada multa de 10.000 pesetas y con un 70 ó 65 por ciento
que paga sin reclamar, no me salen los 17.500 millones de pesetas,
aumentando ya en mil millones las cifras del ejercicio pasado. Yo creo
que habría que recaudar 30.000 millones de pesetas. Esto utilizando la
aritmética clásica; si hay otra aritmética, no lo sé. Doy por muy bien
recibido ese planteamiento que quiere hacer de que el que la hace la
paga, en el sentido de que no se meta en el proceloso mar de las
reclamaciones para ver si en la barahúnda se pierde su multa.

Respecto de las tasas, tengo que decir otro tanto de lo mismo. Las tasas
suben en el presupuesto de ingresos 800 millones de pesetas, con un total
para 1995 de 40.315 millones de pesetas. Si ha habido un decrecimiento de
carnés nuevos en un 7,2 por ciento respecto de los 900.000 que se suelen
dar (tengo como referencia el año 1993), y un 20,4 por ciento de
decremento también en la renovación, no sé de dónde van a salir los
40.000 millones. Aquí, al contrario que en la anterior pregunta, lo que
quiero suponer es que, aunque se van a subir las tasas en el porcentaje
que ha dicho, autorizado por la ley de acompañamiento, de un cinco por
ciento, no me salen las cifras.

Por lo demás, quiero insistir --es una visión desde este lado de la
mesa-- en la investigación, ya que me parece insuficiente la inversión
que se hace en la investigación de las causas de la siniestralidad, que
yo no la puedo aceptar como una fatalidad creciente, sobre todo porque no
crece



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el parque, porque no crece el número de conductores o no crecen en los
mismos porcentajes. Eso sí, sabe que nobleza obliga, no me importa
reconocer que desde el año 1990 ha habido una rebaja importante en las
muertes por siniestros, lo que supone, en cualquier caso, una mejora,
pero no lo suficiente, porque todavía estamos en la cola de Europa y sólo
empeoran nuestras cifras Grecia, Portugal e Irlanda, por los datos
estadísticos comunitarios que tengo.

Por lo demás, muchas gracias, señor Director General, y hasta la próxima.




La señora VICEPRESIDENTA (Pelayo Duque): Tiene la palabra el señor
Director General.




El señor DIRECTOR GENERAL DE TRAFICO (Muñoz Medina): Las multas pueden
tener otro cálculo aritmético que tendría que hacer ahora, no tengo las
cifras, pero podemos hacerlo. Puede que la cuantía media sea inferior o
puede que esté yo equivocado, y trataré de confirmarlo, en cuanto al
porcentaje de multas cobradas.

De todas formas, tenga en cuenta S. S. que no cabe tampoco hablar de
tantas multas impuestas en un año, tantas multas cobradas en el mismo
año, porque aquí hay un decalaje año a año que puede producir
disfunciones, máxime teniendo en cuenta que la eficacia del procedimiento
de recaudación de las multas por parte de la recaudación ejecutiva es
relativamente joven.

En cuanto a las tasas, le decía antes algo que es cierto. Prevemos una
recuperación de la actividad hasta niveles similares a los del año 1992;
es decir, todos los cálculos que hace S. S. sobre cifras de 1993
probablemente no se ajusten a las previsiones más razonables, con
independencia de que es muy importante el tener en cuenta que S. S. me ha
hablado de una tasa muy relevante, la tasa 2-1, que es la de expedición
de permisos de conducción; sin embargo, hay otras, la 1-1 y la 1-2, que
son a las que me refería yo antes, de matriculación y transferencias de
vehículos, que están aumentando de una manera muy importante y que
probablemente, al amparo de algunas de las medidas recientemente
adoptadas del llamado Plan Renove I, han surtido efectos claramente en la
dinamización del mercado del automóvil y esperemos que así siga siendo
con la segunda fase del mismo plan.

Hay que tener en cuenta que las cifras de revisiones de permisos de
conducir, de duplicados, etcétera, todas estas que están más desligadas
de la actividad económica y son fruto simplemente de la propia dinámica
de la vida de los permisos de conducción, se mantienen crecientes, porque
van creciendo el censo de conductores y el parque automovilístico; va
creciendo en proporción muy superior a lo que están decreciendo los
accidentes. Yo recuerdo durante los años malos, antes del año 1990,
mientras los accidentes estaban aumentando, que aumentaban en una
proporción muy inferior al crecimiento del parque y censo de conductores.

Esta diferencia se acentúa mucho más en los últimos años, yo me atrevería
a hablar de cinco años, porque en éste vamos a terminar también con un
descenso de una cierta importancia en materia de accidentes.

Quiero tranquilizarle respecto de nuestras comparaciones internacionales.

Probablemente en este momento (y no tenemos datos todavía de este año) a
la vista de los datos de los cinco primeros meses en la Comunidad Europea
estamos ya mejorando claramente los resultados de Francia y de Bélgica.

Es decir, que estamos en una zona todavía muy lejos de la que a mí me
gustaría llegar, que es la del Reino Unido, pero alejándonos de ese
furgón de cola en el que durante tantos años hemos estado.




La señora VICEPRESIDENTA (Pelayo Duque): Gracias, señor Director General.

Concluida la comparecencia del señor Director General de Tráfico,
suspendemos por unos momentos la Comisión.




Se reanuda la sesión.




--DEL DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL. A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (número de
expediente 212/001153.)



La señora VICEPRESIDENTA (Pelayo Duque): Señorías, reanudamos la sesión.

La comparecencia del Director General de la Guardia Civil en esta sesión
es una iniciativa del Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya. No se encuentra presente ningún representante del citado
Grupo, por tanto, estimamos decaída dicha iniciativa.

Damos las gracias al señor Director General por su presencia aquí.

Agotado el orden del día de la Comisión, se levanta la sesión.




Eran las seis y quince minutos de la tarde.