CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1994 V Legislatura Núm. 315
P R E S U P U E S T O S
PRESIDENTE: DON RODOLFO MARTIN VILLA
Sesión núm. 18
celebrada el lunes, 17 de octubre de 1994



ORDEN DEL DIA:
Comparecencia de personalidades y funcionarios de la Administración del
Estado, al objeto de informar sobre temas relativos al proyecto de ley de
Presupuestos Generales del Estado para 1995. (BOCG serie A, número 80-1,
de 1-10-94. Número de expediente 121/000067) (Página 9462)
--Del señor Secretario de Estado de Hacienda (Martínez Robles). A
solicitud de los Grupos Parlamentarios: Vasco-PNV (número de expediente
212/000960), Coalición Canaria (número de expediente 212/001016), Popular
(número de expediente 212/001052) y Federal IU-IC (número de expediente
212/001171) (Página 9462)
--Del señor Secretario de Estado de Economía (Pastor Bodmer). A solicitud
de los Grupos Parlamentarios: Vasco-PNV (número de expediente
212/000959), Mixto-UV (número de expediente 212/000970), Coalición
Canaria (número de expediente 212/001015) y Popular (número de expediente
212/001051) (Página 9484)
--De la señora Directora de la Agencia Estatal Tributaria (Lázaro Ruiz).

A solicitud del Grupo Parlamentario Popular (número de expediente
212/001055) (Página 9498)

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--Del señor Director General de Coordinación con las Haciendas
Territoriales (Tanco Martín-Criado). A solicitud del Grupo Parlamentario
Popular (número de expediente 212/001112) (Página 9502)
--Del señor Director General del Patrimonio del Estado (Vázquez de Parga
y Pardo). A solicitud de los Grupos Parlamentarios: Popular (número de
expediente 212/001054) y Federal IU-IC (número de expediente 212/001170)
(Página 9506)
--Del señor Presidente del Instituto de Crédito Oficial (Muñiz de las
Cuevas). A solicitud del Grupo Parlamentario Popular (número de
expediente 212/001056) (Página 9514)
--Del señor Subsecretario de Comercio y Turismo (Serrano
Martínez-Estéllez). A solicitud de los Grupos Parlamentarios: Mixto-UV
(número de expediente 212/000972) y Popular (número de expediente
212/001110) (Página 9520)
--Del señor Secretario de Estado de Comercio Exterior y Presidente del
ICEX (Ruiz Ligero). A solicitud de los Grupos Parlamentarios: Popular
(número de expediente 212/001116), Coalición Canaria (número de
expediente 212/001003) y Federal IU-IC (número de expediente 212/001147)
(Página 9526)
--Del señor Subsecretario de Economía y Hacienda (Blanco-Magadán y
Amutio). A solicitud del Grupo Parlamentario Popular (número de
expediente 212/001050) (Página 9530)



Se abre la sesión a las once y cinco minutos de la mañana.




--COMPARECENCIA DE PERSONALIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION DEL
ESTADO, AL OBJETO DE INFORMAR SOBRE TEMAS RELATIVOS AL PROYECTO DE LEY DE
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 1995. (Número de expediente
121/000067.)



--DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA (MARTINEZ ROBLES). A
SOLICITUD DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS: VASCO-PNV (número de expediente
212/000960), COALICION CANARIA (número de expediente 212/001016), POPULAR
(número de expediente 212/001052) e IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA (número de expediente 212/001171).




El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Diputados, comenzamos las sesiones
de comparecencias de autoridades y altos cargos de la Administración
central del Estado en esta Comisión de Presupuestos.

En primer lugar, el Secretario de Estado de Hacienda, comparecencia que
ha sido solicitada por los grupos parlamentarios que figuran en la nota
de que disponen SS. SS. y, además, por el Grupo Parlamentario Mixto y, en
su nombre, el representante de Unión Valenciana, que, por un error de
transcripción, no se había incluido.

En primer lugar, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular el
señor Costa Climent.




El señor COSTA CLIMENT: Primero, deseo agradecer al señor Secretario de
Estado, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, su comparecencia en
esta Comisión.

Como es tradicional, formularé preguntas concretas sobre el contenido del
proyecto de ley de presupuestos para 1995 y su ley de acompañamiento.

Intentaré hacer el menor número posible de consideraciones, en aras a
favorecer la brevedad de mi intervención, para que resulte más claro cuál
es el alcance y el contenido de la información que requiere mi Grupo
Parlamentario.

Mi intervención se va a centrar básicamente en cuatro aspectos: El
incremento de la presión tributaria que incorporan las medidas contenidas
en los presupuestos generales del Estado para 1995, las previsiones de
ingresos, el presupuesto de gastos fiscales y, por último, haré
referencia a algunas de las medidas tributarias que incorpora el proyecto
de ley y su ley de acompañamiento.

Con respecto al incremento de la presión tributaria, estos presupuestos
generales introducen un incremento de la presión tributaria equivalente a
un 0,7 por ciento del PIB. Esto supone, de alguna manera, exigir un
esfuerzo fiscal adicional a los ciudadanos españoles, un esfuerzo fiscal
que recaerá básicamente, teniendo en cuenta las medidas tributarias que
se incorporen, sobre las economías familiares.

Nos gustaría conocer cuál es la opinión del señor Secretario de Estado o
qué valoración hace con respecto a este incremento de la presión
tributaria, sobre todo considerando el contexto macroeconómico en el que
nos encontramos en estos momentos.

En segundo lugar, sobre las previsiones de ingresos para 1995, me
gustaría llamar la atención del señor Secretario de Estado sobre una
cuestión metodológica, que quizá me pueda aclarar.

En la documentación elaborada por el Gobierno para la presentación de los
presupuestos generales del Estado, el análisis de las previsiones de
ingresos se efectúa mediante su comparación con las previsiones de
recaudación para 1994. ¿Constituye esto en su opinión una comparación de



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la evolución de los ingresos efectuada sobre bases homogéneas? ¿Cuál
es la finalidad que persigue el Gobierno efectuando este tipo de
comparación? ¿No resultaría más razonable efectuar la comparación o
analizar la evolución previsible de los ingresos en 1995 tomando como
base las cifras de derecho reconocido o resultantes del avance de
liquidación para 1994?
Esa sería, como digo, básicamente una cuestión metodológica para ver si
resultan razonables las comparaciones que se efectúan en cuanto a
previsiones de ingresos en la documentación del Gobierno.

A continuación, voy a referirme a las principales medidas tributarias en
materia de previsiones de ingresos.

La previsión de ingresos en el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas para 1995 se sitúa en torno a 5,4 billones de pesetas. Esto
supone, en términos nominales, un 5,3 por ciento de incremento sobre la
cifra de derechos reconocidos resultante del avance de liquidación para
1994.

Los parámetros que utiliza el Gobierno para justificar esta variación son
la evolución favorable de las rentas y las mejoras en la gestión del
impuesto. ¿Podría el señor Secretario de Estado informarnos sobre cuál es
el impacto de estos parámetros? ¿Resulta razonable un incremento nominal
de los ingresos en el IRPF de sólo el 5,3 por ciento, cuando la tasa real
de crecimiento en 1994 y en 1995 es de aproximadamente un 1,7 y un 2,8
por ciento del PIB?
Impuesto sobre Sociedades. La previsión de ingresos es de un billón
169.000 millones de pesetas, aproximadamente. Esto supone un incremento
del 1,5 por ciento, si la comparación la efectuamos sobre la base de la
cifra de derechos reconocidos para 1994. Los parámetros que utiliza el
Gobierno para justificar esta cifra de ingresos son la evolución
favorable de las rentas y la incidencia negativa que van a tener en la
recaudación dos incentivos fiscales: el incentivo de la amortización
acelerada, contenido en el Real Decreto-ley 3/1993, y el incentivo de la
libertad de amortización, ligada a las inversiones generadoras de empleo
que contiene el Real Decreto-ley 7/1994.

Con respecto a la incidencia negativa que pueden tener estos dos
incentivos fiscales en la previsión de recaudación para 1995, quisiera
llamar la atención sobre el hecho de que la medida que permite amortizar
aceleradamente los activos con arreglo al Real Decreto-ley 3/1993 no
puede tener una incidencia negativa en la variación de la previsión de
ingresos, por cuanto ya era un incentivo fiscal que se aplicaba en 1993 y
que, por tanto, incidía ya en la previsión de ingresos para 1994.

Sobre el impacto negativo que puede tener el régimen de libertad de
amortización en la previsión de ingresos para 1995 me gustaría destacar
que en el presupuesto de gastos fiscales este incentivo fiscal aparece
cuantificado en 200.000 millones de pesetas.

Lo primero que quiero decir es que esto no es, de por sí, un coste
recaudatorio. De acuerdo con el presupuesto de gastos fiscales, que se
elabora con arreglo a un criterio de caja, es una posible cifra de
pérdida de recaudación en 1995 que, lógicamente, se va a recuperar en
términos nominales en los ejercicios siguientes, en la medida en que el
beneficio fiscal constituye solamente diferir el pago de impuestos. Por
tanto, esto no es una pérdida recaudatoria que va a soportar el Estado en
los próximos ejercicios fiscales.

Lo que me gustaría destacar es que no parece una cifra razonable. ¿Cómo
puede cuantificar el Gobierno en 200.000 millones de pesetas el impacto
recaudatorio de esta medida cuando es una medida que va a aplicarse en
casos muy concretos dado que exige un incremento del empleo en las
empresas para poder acogerse a este incentivo fiscal? ¿Cómo puede
--digo-- cuantificarlo en 200.000 millones de pesetas, si en 1993
cuantificó la aplicación de un régimen de libertad de amortización, sin
ningún tipo de condicionamiento, sin ningún tipo de requisito, un régimen
de libertad de amortización al que se podía acoger cualquier empresa por
los activos fijos adquiridos durante el ejercicio? ¿Cómo puede, repito,
cuantificarlo ahora en 200.000 millones de pesetas si el año pasado el
Gobierno lo cuantificó en 100.000 millones de pesetas?
No entendemos cuáles son los criterios que ha utilizado el Gobierno para
cuantificar en 200.000 millones de pesetas el coste fiscal derivado de
este incremento fiscal. No lo entendemos y agradeceríamos al señor
Secretario de Estado que nos informase sobre cuáles son los criterios que
pueden justificar esta variación tan brutal del posible gasto fiscal
derivado de esta medida.

De nuevo tengo que preguntarle, señor Secretario de Estado, si resulta
razonable un incremento nominal de los ingresos en el impuesto sobre
sociedades del 1,5 por ciento, si la tasa real de crecimiento de la
actividad económica será de 2,8 en el año 1995 y en 1994 se estima en un
1,7.

Con respecto al IVA, el Gobierno efectúa una previsión de ingresos para
1995 de tres billones 433.000 millones de pesetas. Esto supone un
incremento de 178.000 millones y de un 5,3 por ciento sobre la cifra de
derechos reconocidos para 1994. Los parámetros que da el Gobierno para
justificar esta cifra son la evolución favorable del consumo y la subida
de un punto en los tipos del IVA. Si tenemos en cuenta estos parámetros
no me cuadra la previsión de ingresos del Gobierno. Si aplicamos la
previsión de ingresos para 1994 solamente la corrección que puede derivar
del comportamiento favorable de la demanda interna en 1995, la previsión
de ingresos para 1995, solamente por este factor, ya excedería de la
cifra que contiene el presupuesto para 1995. Si, además, añadiéramos la
previsión de ingresos derivada de la subida de un punto del IVA, que
puede tener una incidencia recaudatoria muy notable ¿podría explicarme el
señor Secretario de Estado qué criterios ha utilizado el Gobierno para
elaborar la previsión de ingresos para 1995? ¿Podría el señor Secretario
de Estado informarnos detalladamente qué impacto tiene la evolución
favorable del consumo en la previsión de ingresos para 1995 y la subida
del IVA, detallando, en la medida de lo posible, las bases imponibles
considerando los tipos de gravamen, con la corrección posible en función
del incremento del fraude fiscal, que puede derivar de una subida de un
punto en los tipos del IVA?
Con respecto a los impuestos especiales, mi Grupo Parlamentario también
le agradecería al señor Secretario de Estado que nos dijera más
detalladamente cuáles son los



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criterios que ha tenido en cuenta y qué impacto tiene cada uno de estos
criterios para elaborar la previsión de ingresos para 1995.

Teniendo en cuenta las consideraciones que he realizado y la información
que estoy solicitando, tengo la impresión de que el Gobierno está
ajustando a la baja las previsiones de ingresos para 1995, quizá porque
el Gobierno, de esta manera, podrá cubrir cualquier desviación que pueda
producirse en la ejecución del presupuesto en materia de gastos en 1995.

La variación de ingresos no financieros sobre estos derechos reconocidos,
según el avance de liquidación, es de un 4,3 por ciento. ¿Cómo puede
justificarse una variación nominal de ese porcentaje si tenemos en cuenta
el mejor comportamiento en términos relativos de las magnitudes
macroeconómicas en los ejercicios 1994-1995? No puedo menos que volver a
manifestarle que me da la impresión de que el Gobierno está ajustando a
la baja, de una forma bastante agresiva además, las previsiones de
ingresos para 1995. Quizá, de esa manera, también, reduce la cifra, o la
variación, o el incremento de la presión tributaria que se produce,
frente a la opinión pública, de la incorporación de las medidas en estos
presupuestos generales del Estado.

Le digo que son dudas que plantea mi Grupo Parlamentario, dudas que se
han expuesto de forma razonada y nos gustaría que nos las aclarara y que
nos proporcionara, en la medida de lo posible, información detallada.

El tercer aspecto al que me voy a referir es el presupuesto de gastos
fiscales.

El presupuesto de gastos fiscales para 1995 supone un incremento del 34,5
por ciento, es decir, 589.000 millones de pesetas, con respecto a 1994.

Esta cifra está muy justificada, básicamente por la incidencia de cuatro
factores. En primer lugar, se incorporan nuevos gastos fiscales al
presupuesto, gastos fiscales que ya existían en ejercicios anteriores,
pero que no se cuantificaban. Sólo por este concepto, la desviación
corresponde a 67.500 millones de pesetas. En segundo lugar, por cambios
metodológicos que, dicho sea de paso, aunque luego se explican,
dificultan posibles comparaciones entre el presupuesto correspondiente a
1995 y el de 1994. En tercer lugar, por una mejora de la información
disponible, dice la documentación explicativa. Este es el caso del tipo
superreducido en el IVA; se cuantifica en 90.000 millones de pesetas en
1994 y, sin embargo, para 1995 290.000 millones de pesetas. De paso,
llamo la atención del señor Secretario de Estado de Hacienda sobre el
hecho de que, de acuerdo con esta cuantificación, un punto de IVA en el
tipo superreducido o en bienes de primera necesidad tiene una incidencia
recaudatoria en torno a 100.000 millones de pesetas, según esta cifra de
gastos fiscales. Finalmente, por las modificaciones legislativas que
determinan la aparición de nuevos gastos fiscales y que, utilizando las
palabras contenidas en la documentación elaborada por el Gobierno,
reflejan el sacrificio presupuestario efectuado por el Gobierno a lo
largo de 1994 para relanzar la inversión y la economía española. Sin
embargo, estas medidas, estos incentivos fiscales, o estos nuevos gastos
fiscales que reflejan ese sacrificio presupuestario son únicamente tres:
el régimen de libertad de amortización, cuantificando el Gobierno el
gasto fiscal en 200.000 millones de pesetas, cifra que nos parece
totalmente desproporcionada teniendo en cuenta que el propio Gobierno
cuantificó un régimen de libertad de amortización más neutral y al que se
podían acoger todas las empresas en 100.000 millones de pesetas; la
deducción por incremento de gastos de formación, que tiene una incidencia
de 5.000, y la exención por útiles de trabajo, que tiene una incidencia
también de 5.000 millones de pesetas.

Esta justificación o este detalle del presupuesto de gastos fiscales y
las consideraciones que he hecho permiten justificar claramente que el
Gobierno no ha realizado en términos de comparación un gran sacrificio
presupuestario como consecuencia de las medidas incorporadas a lo largo
de 1994 en apoyo de la economía productiva.

Me voy a referir, dado que ya lo he hecho antes al régimen de libertad de
amortización, a la denominada exención por útiles de trabajo, un término
que podría llegar a considerarse incluso como un eufemismo en la medida
en que el impacto más importante en términos de coste recaudatorio deriva
de la tenencia de participaciones en determinado tipo de sociedades.

¿Podría informarnos el señor Secretario de Estado sobre a cuántos
contribuyentes afecta la medida? ¿Podría proporcionarme un detalle del
coste recaudatorio en función de bases imponibles declaradas y decirnos
también cuál es la cifra global de gasto fiscal que resulta de esta
medida? Porque el Gobierno, si no me equivoco, en virtud del acuerdo de
financiación con las comunidades autónomas, deberá transferirles la cifra
de pérdida de recaudación que ellas tengan que soportar como consecuencia
de la incorporación de este gasto fiscal.

Agradecería asimismo al señor Secretario de Estado que nos dijera cuál es
el coste recaudatorio que deriva de la instrucción del régimen de las
vacaciones fiscales. No está cuantificado en el presupuesto de gastos
fiscales y, dado que el Gobierno centró, en parte, una estrategia de
apoyo a la economía productiva en el pasado en esta medida, nos gustaría
tener conocimiento de cuál es la incidencia recaudatoria que tiene esta
medida en concreto.

Y, finalmente, voy a llamar la atención del señor Secretario de Estado
sobre un hecho: ¿Cuáles son los criterios que se han utilizado para fijar
la cifra de gastos fiscales correspondiente a 1995 en concepto de
incentivos a la inversión?
Esta cifra, según el presupuesto de gastos fiscales, es de 105.000
millones de pesetas, lo que supone una disminución, con respecto al
presupuesto de gastos fiscales de 1994, en términos nominales, de 7.500
millones de pesetas. Me sorprende esta disminución en la cifra, y le voy
a decir por qué. ¿Cómo puede justificarse una reducción si tenemos en
cuenta dos parámetros básicamente? En primer lugar, la variación positiva
de las rentas empresariales en 1994, por lo menos en términos
comparativos, que determina una mayor cuota absorbible, por aplicación de
los incentivos fiscales. En segundo lugar, el incremento de los límites
para aplicar las deducciones por inversiones, que se introdujo en 1994 y
que va a tener un efecto presupuestario en 1995. Estos dos parámetros
inciden positivamente



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en la posibilidad de aplicar incentivos fiscales. El único factor
negativo que influye es el régimen de libertad de amortización. que es
incompatible con la deducción por inversiones, pero esto sólo podría
justificar una reducción en la cifra de gastos fiscales de 2.500 millones
de pesetas. Por lo tanto, agradeceríamos al señor Secretario de Estado,
en la medida de lo posible, que nos justifique cuáles son los criterios
que avalan esta reducción de los gastos fiscales. Si no existe una
justificación, vamos a poder afirmar que la política de incentivos
fiscales que mantiene el Gobierno o que ha mantenido el Gobierno en los
últimos años constituye un fracaso, porque, año tras año, las empresas no
pueden acogerse de una manera clara a estos incentivos fiscales o no
pueden hacerlo de una manera suficiente que permita impulsar de forma
eficaz la inversión y la economía productiva.

Voy a referirme ahora a algunas de las medidas tributarias y me gustaría
conocer la valoración que hace el señor Secretario de Estado de ellas.

En primer lugar, haré referencia a la deflactación de las tarifas, en
función de la inflación prevista. Sólo los muy duros de corazón pueden
comportarse de forma pasiva ante semejante afirmación de buenas
intenciones, sobre todo considerando que el Gobierno, desde 1992, lleva
arrancando la piel a tiras a los contribuyentes españoles por la vía de
la subida encubierta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Me gustaría conocer si el señor Secretario de Estado de Hacienda opina,
como yo opino, que esta medida, en el mejor de los casos, únicamente va a
permitir que la presión tributaria que soportan los contribuyentes
españoles por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se
mantenga constante con respecto a 1994. Me preocupa cuál es su
apreciación, dado que la mayor parte de las comparecencias públicas que
han hecho los responsables del Gobierno, parecen inducir a la opinión
pública a considerar que esto constituye una rebaja de impuestos. Querría
saber cuál es la opinión del señor Secretario de Estado sobre los efectos
que produce una deflactación de las tarifas y si cree, como yo, que esto
debería constituir una regla general, ejercicio presupuestario tras
ejercicio presupuestario, en lugar de una excepción, que es lo que está
ocurriendo en estos momentos. En segundo lugar, si el apoyo a la familia
que tan anunciado ha sido por el Gobierno como consecuencia de que nos
encontramos en el Año Internacional de la Familia, se circunscribe o se
va a circunscribir, al final, única y exclusivamente, a incrementar la
deducción para el tercer hijo y para el cuarto hijo y siguientes. Si este
es todo el apoyo a la familia, por la vía de medidas tributarias, al
final, el apoyo que esto supone para una familia con tres hijos es de 350
pesetas por mes. ¿Es éste todo el sacrificio presupuestario que va a
realizar el Gobierno en apoyo a la familia?
Con respecto al Impuesto sobre el Patrimonio, se amplía el ámbito
objetivo de aplicación de la denominada exención por útiles de trabajo y
ahora se va a poder acoger un mayor número de contribuyentes a esta
exención, pero solamente aquellos que tengan participaciones en
sociedades. Se reduce el porcentaje de participación del 20 al 15 por
ciento, lo que determinará, como digo, que un mayor número de
contribuyentes puedan acogerse a esta exención. Mis preguntas son: ¿Cuál
es la finalidad de esta reducción del porcentaje de participación?
¿Existe un grupo importante de contribuyentes a los que va a afectar esta
medida? ¿Son ocho, diez o quizá doce los contribuyentes que se van a
beneficiar de esta medida? ¿No han anunciado esta medida en los medios de
comunicación como una medida de apoyo a la economía productiva? ¿Cuál es
la valoración que hace el señor Secretario de Estado de Hacienda sobre
esta medida, que tan importante debe ser para un grupo notable de
contribuyentes españoles?
En relación a las medidas tributarias, para no alargarme, me voy a
centrar en dos que considero que son sumamente importantes. Primero, las
medidas de lucha contra el fraude fiscal internacional. El Gobierno ha
decidido incorporar dos medidas que, sin negar el principio, constituyen
dos medidas razonables --además, yo soy consciente de que la propia
Dirección General de Tributos y el señor Secretario de Estado de Hacienda
las han considerado en los últimos meses-- y son, como digo, medidas
importantes para luchar contra el fraude fiscal internacional. La primera
medida es someter a tributación en España a aquellos contribuyentes que
obtengan, a través de sociedades establecidas en territorios de baja
tributación, lo que podríamos denominar rentas pasivas. La segunda medida
tiene como finalidad restringir la deducción de los gastos pagados a
entidades establecidas en territorios de baja tributación. Y digo que no
negamos el principio porque, de hecho, el Grupo Parlamentario Popular
presentó una proposición no de ley muy detallada en esta Cámara, que
constituye de hecho una oferta legislativa al Gobierno --la presentó hace
aproximadamente medio año--, aunque no se haya debatido, y nuestro Grupo
Parlamentario está de acuerdo con el principio. A mí me gustaría conocer
qué estimación realiza el Gobierno que puede suponer estas medidas en
cuanto a incremento de la recaudación, si dispone de alguna estimación
razonable.

Y quiero llamar la atención del señor Secretario de Estado sobre una
cuestión. Mi opinión particular es que estas medidas que se introducen,
sobre todo la relativa a la transparencia fiscal internacional, pueden
incidir negativamente en la actividad económica de las empresas españolas
en el exterior, sobre todo en los términos en que está detallada la
medida, en algunos extremos. Podemos no compartir esta opinión, ya le
digo que nuestro Grupo Parlamentario no niega el principio, pero ¿no cree
que habría sido más razonable incorporar esta medida dentro de la
tramitación del proyecto de ley del Impuesto sobre Sociedades, dado que
daría más margen para alcanzar el consenso y para conocer todas las
implicaciones que puede plantear la incorporación de esta medida? Le digo
que única y exclusivamente nos preocupa en la medida en que pueda tener
incidencia negativa en la actualidad económica en el exterior que vayamos
a tramitar una medida tan importante, con una trascendencia tan
significativa, en un plazo tan reducido de tiempo.

Estos son los principales aspectos de las medidas tributarias que me
gustaría conocer del señor Secretario de Estado de Hacienda. Es posible
que en muchos de los aspectos



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a los que he hecho referencia a lo largo de mi intervención no disponga
de información en estos momentos, en cuyo caso le agradecería que en la
medida de lo posible nos la remitiera por escrito dentro de un plazo
prudente que nos permitiera poder elaborar o contribuir a la elaboración
de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.




El señor PRESIDENTE: La intervención del portavoz del Partido Popular me
lleva a recordar a SS. SS., fundamentalmente a los portavoces de los
grupos, que indiquen al letrado de la Comisión, antes de finalizar la
sesión de esta mañana, si a su criterio queda alguna contestación por
realizar por parte de los subsecretarios y alguna otra autoridad que
compareció en días pasados ante la Comisión en relación con la ejecución
del Presupuesto de 1994. Si a su juicio restara por estar en su poder
alguna de las contestaciones, ruego a SS. SS. lo hagan ver antes de la
terminación de la sesión de esta mañana. En otro caso, daríamos por
concluidas estas obligaciones de los comparecientes.

En relación también con la petición o peticiones análogas que se hagan
por parte de los grupos parlamentarios a las autoridades que comparezcan,
quiero significar dos cuestiones. Una, que éste es un trámite excepcional
y, por tanto, las autoridades que comparecen están en libertad de
contestar si están o no en disposición de realizar estas contestaciones
por escrito, pero que, si así lo hicieran, la Mesa vigilará muy
escrupulosamente que se realicen. Rogaría a los grupos, dentro del
respeto a su libertad, que planteen en términos de excepción la petición
de contestaciones por escrito y a los comparecientes --lo haré siempre--
que aquello que digan están dispuestos a contestar por escrito así lo
hagan; nosotros vigilaremos que así sea.

Tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida, el señor Ríos.




El señor RIOS MARTINEZ: Fundamentalmente, esta comparecencia debiera
servirnos para obtener la precisión de los datos que se nos han aportado
como argumentación de la propuesta presupuestaria del Gobierno. Nosotros
vamos a intentar, por tanto, solicitar precisión en cuatro grandes
bloques de preguntas. El primer gran bloque sería sobre ese gran
compromiso que el Gobierno adopta con estos presupuestos --en teoría,
digo en propuesta--, que es la actualización del programa de
convergencia, mantener los términos de convergencia, en concreto dos
grandes parámetros: el déficit público y deuda pública. Es verdad, y se
explica, que se pretende situar el déficit público de nuestro país el año
1997 en el 3 por ciento, y para eso este año se piensa pasar del 5,7 por
ciento del PIB al 5,1 por ciento; ése es el objetivo que se marca el
Gobierno con estos presupuestos. En cuanto al otro gran parámetro, que es
la inflación, también hay un compromiso para que la evolución de la
inflación del año 1994 sea corregida, o por lo menos reducida, durante
este ejercicio. Las previsiones iniciales sobre las que están hechos los
presupuestos son sobre una inflación aproximada del 3,5 por ciento para
el ejercicio de 1995.

El Gobierno, sin embargo, presenta unos presupuestos en los que crece un
billón de pesetas el gasto. Hay un billón de pesetas más que se piensa
recaudar con unas previsiones de ingresos, y un billón de pesetas más de
gasto. ¿Son éstos unos presupuestos que pueden provocar crecimiento de la
inflación, o no? ¿Pueden ser unas propuestas inflacionistas, o es una
propuesta presupuestaria de rigor antiinflacionista, máxime cuando el
gasto que el Gobierno pretende comprometer en gasto corriente es más que
en gasto de inversión? El gasto de inversión está contenido en esta
propuesta presupuestaria que el Gobierno nos hace llegar.

La segunda gran pregunta es: el déficit pretende en 1995 situarse en el
5,1 por ciento, ¿la deuda viva al final del ejercicio, se mantendrá por
debajo del 60 por ciento o quedará por encima? ¿Cuáles son los parámetros
sobre los que está hecha la deuda?
Tercer gran parámetro, ¿cuáles serán los compromisos de ejecución del
presupuesto, es decir, de licitación, sacar a licitar en función de la
evolución que el presupuesto pueda tener durante todo el ejercicio? Estos
parámetros los hace el Gobierno a la vez sobre dos compromisos. Uno,
fomentar el empleo. Dice que hay unos compromisos para crear empleo y
fomentar la inversión. A mí me gustaría conocer esas previsiones de
generación de empleo y qué tipo de empleo es el que se piensa generar.

En cuanto al tema de la protección social efectiva y solidaria, ¿cuáles
son los compromisos para el desarrollo del Estado del bienestar con el
que ustedes nos presentan esto, cuando las políticas que se acompañan con
la ley de acompañamiento precisamente son de contención del Estado del
bienestar, no de desarrollo? ¿Cuáles son las políticas de desarrollo del
Estado del bienestar que presenta el Gobierno para este ejercicio?
Eso sería en cuanto a los cuatro parámetros de las macrocifras las
grandes actuaciones.

En cuanto a cómo piensa ingresar el Gobierno los dineros para hacer
frente a este gasto, a los 11,1 billones de pesetas. La verdad es que la
previsión de ingresos a este Diputado se le hace un tanto confusa.

Primero, ¿cuáles son los objetivos que en la ley de acompañamiento se
plantean de reducción del fraude fiscal? ¿De qué manera van a funcionar
esas ventajas, ese avance contra el fraude fiscal? ¿De qué manera se va a
proyectar a los distintos impuestos? ¿De qué manera vamos a mejorar, por
tanto, en los grandes bloques de fraude fiscal que tiene este país?
El Impuesto sobre el Valor Añadido tiene un crecimiento en cuanto a
previsiones de ingresos menor que los impuestos directos; es decir, el
gran volumen de ingresos de ese billón de pesetas crece en el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, ahí sube casi 500.000 millones de
pesetas; sube menos el tema de los impuestos indirectos, pero ¿de qué
manera va a afectar esa mayor lucha contra el fraude fiscal en estos
ingresos que ahora mismo se proponen?
En cuanto a la previsión de ingresos, a mí me gustaría saber de qué
manera ustedes han hecho el cálculo para lo que van a ser los compromisos
de mayor obtención, vía impuestos directos, y esa derivación también
hacia los impuestos indirectos.

Me gustaría también hacer una valoración sobre eso que llaman ustedes
posibles privatizaciones, las



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enajenaciones, los ingresos por privatizaciones, cuál es el cálculo que
se tiene hecho sobre las privatizaciones que el Gobierno piensa hacer de
las empresas rentables, eso sí, vendiendo o enajenando las acciones, y no
perdiendo el control de las empresas, según se anuncia hoy; pero hay
otras previsiones como, por ejemplo, Paradores Nacionales, que no va en
ese camino. ¿Cuáles son las previsiones de ingresos vía privatizaciones y
de qué manera va a funcionar al final del ejercicio?
Hay una pregunta que quizá es desconocimiento mío, pero funciona tanto en
la política de ingresos como en la política de gastos, y es esa previsión
menor de ingresos de la CEE. Este año se prevé ingresar 272.000 millones
de pesetas, mientras que la recaudación prevista en el año 1994 es de
280.000. ¿A qué se debe esa minoración de los ingresos por parte de la
CEE?
En cuanto a lo que pudiéramos llamar gasto fiscal, la previsión del gasto
fiscal que tiene el Gobierno, a este Diputado y al grupo parlamentario
que representa le gustaría conocer a qué obedece este incremento del
gasto fiscal en algunos impuestos. En concreto, el gasto fiscal crece a
2,2 billones de pesetas; crece hasta un 20 por ciento en el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, pero sin embargo, el 86 por
ciento en el Impuesto sobre el Patrimonio. ¿Quién va a pagar el
Patrimonio? Hay una previsión de 29.000 millones de pesetas de ingresos y
unos beneficios fiscales o gastos fiscales de 25.000; el 85,99 por ciento
son gastos fiscales en el Impuesto sobre el Patrimonio. En el Impuesto de
Sociedades el beneficio fiscal es del 44,1 por ciento. Con estos dos
gastos fiscales, ¿qué pretende el Gobierno conseguir? ¿Cuáles son los
objetivos para este gasto fiscal? ¿Cuáles son las rentabilidades que va a
obtener el Gobierno con ello? En el tema del gasto fiscal, también me
gustaría conocer el gasto fiscal del Impuesto sobre el Valor Añadido,
aproximadamente el 15,45 por ciento. ¿Dónde se concentra ese gasto fiscal
del Impuesto sobre el Valor Añadido? Después me referiré a algunas
propuestas del articulado de la Ley que me gustaría poder conocer.

En cuanto al gasto, o la política de gasto, la verdad es que hay una
evolución bastante contenida en lo que pudiéramos llamar inversión. Las
inversiones reales crecen un poquitín. Las transferencias de capital se
contienen, y la cifra resultante final es un compromiso muy similar al
del año anterior. Sin embargo, hay un crecimiento de las operaciones
corrientes. Es verdad que hay un crecimiento en la misma cifra del año
anterior de lo que pudiéramos llamar gastos de personal, que tiene que
hacer frente a unos compromisos que el Gobierno ha adoptado con los
sindicatos, un objetivo de subir el 3,5 por ciento la previsión de
inflación y, por tanto, el crecimiento tiene que hacer frente a ese
compromiso. ¿De qué parte va a hacerse para cubrir la posible tasa de
inflación crecida? ¿De qué manera se va a poder hacer frente en este
ejercicio a este compromiso de evitar que se pierda capacidad adquisitiva
en lo que pudiéramos llamar gastos de personal de la Administración?
También en el tema del gasto, me gustaría referirme al gasto de las
distintas administraciones, la distribución del gasto por
administraciones. Es verdad que hay una contención tres años seguidos en
la misma cifra del Fondo de Compensación Interterritorial, es decir, el
Gobierno no lo hace avanzar. Es verdad que explica que al haberse
reducido la inversión nueva, se eleva un poquitín el porcentaje que
establecía en el año 1992 ese compromiso del FCI en 128.000 millones de
pesetas, pero la corrección de los desequilibrios interterritoriales o la
compensación interterritorial está en la misma cifra en los últimos tres
años, aunque haya movimientos dentro de las distintas comunidades. Sobre
todo, las corporaciones locales. ¿Cómo va a evolucionar este compromiso
de financiación hacia las corporaciones locales? Hacia las comunidades va
a ir aproximadamente por participación en los ingresos del Estado 1,9
billones de pesetas; ese 1,9 billones de pesetas incluye el porcentaje
del 15 por ciento de IRPF conforme decidió el sistema de financiación. En
este sentido, ¿de qué manera va a evolucionar el compromiso de
financiación de las comunidades, cuando hay un compromiso de hacer crecer
competencialmente la parte descentralizada del Estado? Hay un compromiso
de hacer crecer las competencias de las comunidades, y hay un compromiso
de hacer crecer las competencias de los distintos municipios.

Por lo que se refiere al gasto, yo creo que con esas precisiones es
suficiente. Me gustaría conocer, en lo que se refiere a la relación con
la Comunidad Económica Europea, de qué manera se piensa aportar algo que
está en discusión en la Comunidad, y es la financiación de ingresos
propios, vía IVA. Según los documentos que nos han entregado --en la
página 204 del libro de acompañamiento--, la aportación neta de España a
la Comunidad por IVA este año será de 475.000 millones de pesetas; es
decir, menos que en el año 1994, casi 80.000 millones de pesetas menos
--cuando hay una previsión de más IVA--, y menos que en el año 1993. En
cuanto a la evolución del gasto, también hay cierta contención en los
grandes fondos. Es verdad que hay un nuevo fondo que es el Fondo de
cohesión y me gustaría saber de qué manera se va a gestionar --aquí no
está precisado--, ese porcentaje decidido desde los distintos entes
territoriales.

Como curiosidades de lo que pudiéramos llamar las leyes de
acompañamiento, la primera pregunta iría dirigida a qué ha pasado con los
planes de ahorro popular. La ley de acompañamiento del año pasado decía
que todos los incrementos netos de patrimonio que afloraran por
transmisiones o reembolsos de participaciones en fondos de inversión si
eran inferiores a 500.000 pesetas y se reinvertían en planes de ahorro no
estarían sujetos a IRPF. Eso para el año 1994. Este año suprimen ustedes
los planes de ahorro del IRPF, es decir, ha sido un fracaso el objetivo
de puesta en marcha de los planes de ahorro para el Gobierno; eso sí, en
la disposición transitoria quinta dicen que durante 1994 no tributan
estos incrementos de patrimonio, con independencia de que no hayan sido
reinvertidos en planes de ahorro popular. Al no haber puesto en marcha el
Gobierno los planes de ahorro popular, las personas que tuvieran objetivo
de invertirlo ahí no lo han cubierto. Pero, fíjese que la disposición
transitoria quinta se refiere a todos los que hayan tenido beneficio de
patrimonio, no a los que pensaran en invertir en planes de ahorro
popular. Por tanto,



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incrementan esa exención en la transitoria quinta del proyecto de ley de
este año.

¿A qué se debe que se incremente la exención en la Ley de Patrimonio
cuando una persona tenga una participación por encima del 20 por ciento
de las acciones de una entidad y ahora se baje al 15 por ciento? ¿Qué se
persigue con esa medida?
En cuanto a la gestión de la ILT, me gustaría conocer si no hay una
privatización detrás de la transferencia de la gestión de la ILT a las
mutuas y de qué manera el Estado va a defenderse de algo muy sencillo. Si
las empresas deciden que mantienen su relación con el viejo sistema de la
Seguridad Social o trasladan la ILT a las mutuas, ¿de qué manera va a
controlar el Estado que lo que pudiéramos llamar profesionales de un alto
índice de enfermedad y profesiones de bajo índice de enfermedad no se
deriven hacia las mutuas precisamente éstas de bajo índice y se proyecten
sobre la Seguridad Social las de mayor índice de enfermedad? Son
profesiones que tienen nombre y apellido. ¿De qué manera el régimen
general va a defenderse de esa privatización de lo rentable y dejar
dentro del sistema lo no rentable?
Respecto al tema del IVA, yo le hice una pregunta cuando usted vino a
hacer la liquidación de presupuestos y se la vuelvo a repetir porque me
interesa por esta subida. Yo le pregunté cuál era la distribución de la
recaudación del IVA, el IVA superreducido del 3 por ciento de los
productos de primera necesidad, el IVA reducido del 6 por ciento de la
vivienda, y el IVA general. Y, ¿por qué yo le hacía aquella pregunta
entonces? Porque subir el uno por ciento el IVA en los productos de
primera necesidad es subir el 30 por ciento aproximadamente; el
incremento del IVA en los productos de primera necesidad afecta a todos
pero, sobre todo, a los de menor renta que invierten casi toda ella en
mantenerse y van a aportar un volumen mayor; es a los que más les sube
precisamente este consumo. Por tanto, el consumo pasa a ser todavía más
injusto porque la recaudación no se hace más por el que más tiene, sino
que vuelve a tabularse más sobre el que menos tiene o sobre el que los
recursos los invierte en productos de primera necesidad.

Me gustaría conocer el objetivo que persigue el Gobierno al declarar este
año que se reduzca al IVA 7 por ciento lo que estaba en el 15 por ciento
como son los hoteles de cinco estrellas y los restaurantes de cuatro y
cinco tenedores o lo que pudiéramos llamar actividades mixtas de
servicios de hostelería con espectáculos. ¿A qué obedece la reducción del
IVA en esta vertiente --el consumo de alcohol, la bebida-- que el año
pasado cotizaba al 15 por ciento y ahora se baja al 7 por ciento? ¿Qué
objetivo persigue si el fundamental hoy es fomentar el consumo interior?
En cuanto a las medidas del trabajo, lo que ustedes llamaban en lo que es
la presentación del documento corregir las distorsiones en el mercado del
trabajo, ¿qué se pretende al facilitar la contratación temporalmente de
trabajadores de menos de 45 años por empresas de más de 25 trabajadores
si no es facilitar el trabajo temporal también en esa vertiente? Es más,
en esta contratación había una exigencia --la empresa tenía que estar
funcionando un año-- y ahora se reduce; puede ser una empresa de nueva
creación.

Por último, ¿cuál es la ventaja de añadir la temporalidad también a los
contratos en práctica? Se pusieron en práctica dos grandes experiencias
el año pasado --los contratos de aprendizaje y los contratos en
prácticas-- para que las personas que terminan sus estudios se
incorporaran. ¿Cuál es el objetivo ahora de añadir también temporalidad a
las prácticas? ¿Es mejorar el tipo de prácticas o producir el
abaratamiento de los contratos?
Termino diciendo, señor Presidente, que todas estas solicitudes de
información son para posicionarnos en lo que son las enmiendas a los
propios presupuestos, es decir, fortalecernos en las opiniones que
tenemos o no fortalecernos en esas opiniones y ser convencidos por el
Gobierno de la bondad y la eficacia de sus propuestas.

Nada más, señor Presidente; nada más, señorías.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), el señor
Zabalía tiene la palabra.




El señor ZABALIA LEZAMIZ: Quiero agradecer también al señor Secretario de
Estado de Hacienda su comparecencia ante esta Comisión. Por parte de
nuestro grupo parlamentario sólo hay tres cuestiones muy breves y
puntuales que, si es posible, quisiéramos aclarar.

La primera hace referencia a la recaudación por el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas; la segunda al margen no financiero de los
presupuestos, y la tercera hace referencia al presupuesto de la entidad
gestora del Insalud.

Por lo que respecta a la primera cuestión en la previsión de los ingresos
contenida en el anteproyecto presentado para 1995 se recoge un incremento
medio de recaudación por tributos del 10 por ciento; sin embargo, la
figura tributaria del Impuesto sobre la Renta crece el 11,1 por ciento
respecto a 1994. ¿Podría indicarnos cuáles son los criterios seguidos a
la hora de cuantificar el crecimiento de esta figura impositiva del
Impuesto sobre la Renta? ¿Podría indicarnos también el importe, así como
el incremento previsto respecto a la previsión de cierre del año 1994 de
las retenciones por rendimientos de trabajo, de las retenciones por
rendimientos de capital, de los pagos fraccionados y la cuota diferencial
negativa?
Hay que tener en cuenta que para el año 1995 se prevé una bajada de los
tipos de la tabla de retenciones, así como también una deflactación de la
misma, lo cual, previsiblemente hará caer la recaudación. Por contra el
crecimiento de la economía, por lo menos en el inicio de la recuperación
teóricamente genera más empleo y, por tanto, provocaría un aumento de la
recaudación por ese concepto. Según nuestros cálculos el incremento de
recaudación del Impuesto sobre la Renta podría oscilar entre el 5 ó 6 por
ciento, por lo que parece ser que puede haber un exceso presupuestario
del orden de 250.000 millones de pesetas. Esta es la cuestión que nos
hace reflexionar sobre las preguntas que hemos hecho.

Por lo que respecta a la segunda cuestión el anteproyecto de presupuestos
del año 1995 contiene un margen no financiero negativo de 247.488,5
millones de pesetas o, lo



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que es lo mismo, los ingresos no financieros no son capaces de soportar
el peso de los gastos no financieros, lo que provoca un déficit público
de 3,2 billones de peseta situándose este parámetro en parecidos términos
al año pasado que estaba también en 3,297 billones de pesetas.

Desde nuestro grupo parlamentario nos preguntamos por qué no se aprovecha
la previsible mejora de la economía para reducir el déficit público. Si
es cierto lo que hemos apuntado en la anterior pregunta sobre los
previsibles ingresos tributarios que están sobredimensionados en 250.000
millones, podría ser que tanto el margen no financiero como el déficit
público, se incrementarían por este importe los dos conceptos. En este
sentido hay que recordar que la Unión Europea acaba de llamar la atención
al Gobierno central sobre las posibles consecuencias de incumplimiento
del renovado Plan de Convergencia. Por eso, pensamos que para intentar
reducir el déficit público en el presupuesto de 1995 sería necesario
actuar sobre los gastos, ya que los ingresos creemos que están
suficientemente acotados, con lo que las medidas de reducción de gastos
tendrían que ir a provocar unos ahorros de aproximadamente medio billón
de pesetas.

La tercera cuestión es respecto al presupuesto de la entidad gestora del
Insalud para 1995, que contempla un incremento del 14 por ciento respecto
a 1994. ¿Supone dicho incremento que no habrá necesidad de realizar
ampliaciones presupuestarias durante 1995? ¿Podría indicarnos el
Secretario de Estado cuál sería la variación que experimenta el
presupuesto del Insalud en 1995 si se comparase con la previsión de
liquidación de dicha entidad gestora del Insalud en el año 1994?
Finalmente, ¿qué criterio o criterios se han seguido a la hora de fijar
la partida de farmacia? ¿Se ha contemplado alguna medida de
racionalización?
Estas son las cuestiones que nuestro grupo parlamentario quisiera que nos
aclarara el señor Secretario de Estado, si es posible.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Coalición Canaria, el señor Mauricio
tiene la palabra.




El señor MAURICIO RODRIGUEZ: En aras de la brevedad --prácticamente ya
hemos cubierto el horario previsto--, evito algunas preguntas que quería
hacer sobre cuestiones de carácter general referentes a ingresos fiscales
y que ya han sido realizadas por otros portavoces y, en un brevísimo
turno, me voy a referir a un tema específico y concreto.

En el mes de julio de este año el Parlamento español --Congreso y
Senado-- ha aprobado la Ley de Régimen Económico-Fiscal de Canarias, que,
como es conocido, es un proceso de adaptación difícil, y a veces
traumático, del modelo tradicional canario al proceso de integración
europeo y a los procesos de desarrollo económico y fiscal en España. La
ley prevé la actualización del régimen fiscal canario, no su
desaparición, garantizar la lejanía e insularidad de Canarias a través de
políticas específicas suficientes y promover el desarrollo económico y
social de Canarias. Dada la complicación que supone un conjunto de
medidas amplísimas y complejas de carácter económico-fiscal, proceso que
ha sido dirigido desde el Ministerio de Economía y Hacienda, creo que la
ley tiene el rango y la importancia necesarias para que al menos hubiese
sido considerada dentro del programa de coordinación y relaciones
financieras con comunidades autónomas que el propio Ministerio ha
redactado y no se hace mención, en absoluto. La ley fija el plazo de un
año para su desarrollo reglamentario que va a suponer un proceso de
negociación importante entre la comunidad autónoma y la Administración
central del Estado y, como estos presupuestos abarcan ese año, de alguna
manera deberían haber previsto esto, incluso créditos ampliables, como
ocurre con otros programas o contratos-programa de transportes, etcétera,
para que el desarrollo de la ley tuviera concreciones presupuestarias
específicas que permitieran realmente concretar en políticas que se
hicieran con la máxima urgencia, lo que el archipiélago demanda, ya que
el proceso de actuación del Régimen Económico-Fiscal canario tiene un
retraso considerable, que por fin hemos culminado este año, pero se
tendría que haber hecho hace tres o cuatro años.

Por todo ello, los asuntos que se refieren a problemas de inversión, de
garantía de infraestructuras, que, por cierto, no termino de ver --ya que
hay una serie de programas distintos--, dónde están y cuál es la cantidad
específica de las garantías que establece el artículo 12, de
financiación, sobre el 50 por ciento de la recaudación normativa
atribuida al Estado en la supresión del Impuesto de Tráfico de Empresas,
la cuestión del transporte público terrestre, el Plan de infraestructuras
turísticas, los programas especiales para la agricultura y, algo muy
importante, los incentivos a la producción, los incentivos fiscales, con
las bonificaciones, etcétera, que tampoco aparecen, así como los
programas específicos de empleo y formación.

En cualquier caso, la pregunta va dirigida no tanto a ver dónde están
algunas partidas (que como ahora son difíciles de precisar entre el
complejo marco de los presupuestos, sí agradecería que, si es posible, me
mandaran por escrito las respuestas en otro momento) sino, en definitiva,
para ver qué voluntad política, qué proyecto tiene el Ministerio con
respecto al desarrollo del Régimen Económico Fiscal y qué calendario y
qué plazos y qué reflejo presupuestario van a tener en los presupuestos
de 1995 en los seis o siete temas centrales.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra
el señor Chiquillo.




El señor CHIQUILLO BARBER: En primer lugar, agradecemos la presencia ante
esta Comisión del Secretario de Estado de Hacienda. Voy a intentar ser lo
más breve posible, rogándole contestación oral, o, en caso contrario, por
escrito, a algunas cuestiones si es que fuera necesario un mayor estudio
por parte del compareciente.

En primer lugar, respecto al Fondo de Compensación Interterritorial,
querría hacer varias preguntas. En el año 1994 le correspondieron a la
Comunidad Autónoma Valenciana 5.000 millones de pesetas, pero hasta la
fecha tan sólo se han transferido 100. Querría preguntar cuándo se



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piensa transferir el resto y de quién es la responsabilidad de que esto
suceda. Al mismo tiempo, me gustaría tener una tabla comparativa por cada
una de las comunidades con la cantidad total, figurando qué cantidades se
han hecho efectivas y cuáles quedan pendientes de abono. Los constantes
retrasos de las transferencias del Estado a la Comunidad Valenciana
ocasionan enormes perjuicios a la Generalitat valenciana. En los años
1992, 93 y 94 se han tenido que destinar por este motivo 3.000, 6.000 y
7.000 millones de pesetas respectivamente. Ello genera elevados gastos
financieros y provoca un gran desequilibrio a la hacienda autonómica.

A colación de este planteamiento del Fondo de Compensación
Interterritorial, querría preguntar si tiene previsto su Departamento
incrementar la corresponsabilidad fiscal de las comunidades autónomas en
un futuro inmediato, aproximando el modelo de financiación autonómica al
federalismo fiscal.

Otra cuestión planteada referente al Fondo de Compensación
Interterritorial viene motivada por el hecho de que, dependiendo el
montante asignado a las comunidades autónomas por el Fondo de
Compensación en un 90 por ciento de la población relativa, ¿cómo se
explica que la Comunidad Valenciana reciba tan sólo el 5,6 por ciento del
total asignado, que son 128.000 millones de pesetas?
En otro orden de cosas, me gustaría conocer qué tiene que decir ante la
amenaza de la Comisión Europea de retirar a España los fondos de cohesión
si nuestro país no cumple los objetivos de déficit público en el año 1995
y qué grado de cumplimiento satisface esta magnitud en la última versión
del plan de convergencia. También me gustaría conocer cuál es el volumen
de transferencias corrientes que se prevé destinar a los Ayuntamientos de
Valencia, Castellón y Alicante para el apoyo y fomento del transporte
colectivo, cuando otras ciudades y áreas metropolitanas reciben
importantes cifras para ese apoyo.

Otra cuestión se refiere a que, según el Tribunal de Cuentas, las cuentas
del Estado correspondientes al año 91 presentan errores contables por
importes superiores a los 2,6 billones de pesetas, errores de aplicación
en partidas de ingresos y de gastos. ¿Qué opinión le merece el citado
informe?
En relación a temas de impuestos, querría preguntarle a cuánto ascenderá
el incremento de recaudación derivado del incremento de los tres tipos
del IVA y la pérdida de recaudación por la rebaja de cotizaciones
sociales. El Ministro Solbes ha declarado que sólo se recaudarán 50.000
millones de pesetas de más con la subida del IVA, respecto a la bajada de
cotizaciones sociales. ¿Cree usted que el incremento de un punto sobre el
total facturado en nuestro país supera sólo la citada cantidad de 0,8 y
0,2 puntos de las cotizaciones sociales de los empresarios y trabajadores
respectivamente? ¿Cree realmente que la bajada de las cotizaciones
sociales por su cuantía contribuirá a crear empleo?
También querría obtener respuesta respecto a la recaudación extra
obtenida en el año 94, como consecuencia de la no actualización de la
tabla de impuestos sobre la renta, y, en particular, querría conocer
aproximadamente cuál es el límite que van a tener cada una de las
comunidades autónomas del Estado español respecto a la dotación
financiera de los fondos de cohesión, porque es de esperar que haya
muchos proyectos presentados por las comunidades autónomas, y me gustaría
conocer cuál es el límite que puede tener cada comunidad autónoma para
hacerse acreedor de los 40.000 millones de pesetas que llegarán vía
fondos de cohesión.

Para concluir, también querría decir que el Estado, según las
informaciones de que dispongo, va a obtener transferencias de la Unión
Europea para proyectos de inversión por importe de 85.000 millones, vía
Feder, y 40.000 millones vía Feoga y otros. ¿Qué cálculo aproximado se ha
hecho para beneficio de cada una de las comunidades autónomas del Estado
español?
En último lugar, ¿cree suficientes las medidas de su departamento de
incentivos fiscales para las pequeñas y medianas empresas?



El señor PRESIDENTE: Las intervenciones del señor Chiquillo, del señor
Mauricio y de algún otro Diputado han hecho referencia a transferencias
del Estado para con las comunidades autónomas y las corporaciones locales
de España, así como a gastos de farmacia, que es una cuestión relacionada
con la Seguridad Social. Por supuesto, el señor Martínez Robles está en
libertad de contestar como estime oportuno, pero dado que está prevista
para esta tarde la comparecencia del Director General de Cooperación con
las Haciendas Territoriales y para mañana la del Secretario General de la
Seguridad Social, aun cuando para dichas comparecencias no figuran dichos
grupos para realizar preguntas, yo daría la palabra al Grupo
Parlamentario Mixto (señor Chiquillo) y al Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria (señor Mauricio) y a algún otro en relación con estas
dos comparecencias, pues, ya que dicha petición de información se ha
solicitado, me parecería más ajustado que se contestara tanto por el
señor Director General como por el Secretario General de la Seguridad
Social. De todas formas el señor Secretario de Estado está en libertad de
contestar, si lo estima conveniente.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA (Martínez Robles): Muchas
gracias a los señores Diputados de cada uno de los grupos que han
formulado las preguntas, especialmente por la precisión y concreción de
las mismas. Voy a intentar responder a cada una de ellas.

Empiezo por las preguntas que hacía el señor Costa, en las que hacía unas
consideraciones sobre el incremento de la presión tributaria y del
esfuerzo fiscal en este presupuesto. Hacía la consideración de que la
presión tributaria en estos presupuestos se incrementaba. Sin embargo, a
mí me gustaría decirle que eso no es así. En el libro amarillo se precisa
muy bien cuál es la presión tributaria referida al presupuesto del
Estado. En los cuadros que se recogen en el mismo se pone de manifiesto
cómo la presión tributaria del Estado se incrementa ligeramente. Se
señala que en relación con el presupuesto de 1994, la presión tributaria
experimenta un crecimiento de siete décimas en relación con



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la prevista para 1994 y cinco décimas si la comparación se realiza con la
previsión de liquidación. Bien es cierto que estas consideraciones están
desequilibradas, porque, como bien saben, este año se está produciendo un
trasvase de ingresos entre el presupuesto de la Seguridad Social y el
presupuesto del Estado. Se están rebajando las cotizaciones sociales y,
como compensación, se está incrementando la recaudación del Impuesto
sobre el Valor Añadido mediante la modificación de un punto en este
impuesto. Por tanto, considerados globalmente estos dos fenómenos,
deberíamos estimar que la presión tributaria no se incrementa en estos
presupuestos.

Si sigue leyendo, en este mismo párrafo que veníamos señalando
anteriormente se explica este fenómeno y cómo este incremento aparente
que se produce en el presupuesto del Estado se compensa con el descenso
en la presión tributaria, que dimana del presupuesto de la Seguridad
Social. Por tanto, no hay un incremento de la presión tributaria ni de la
presión fiscal en estos presupuestos. Los señores Diputados saben muy
bien que precisamente el mantenimiento de la presión fiscal es uno de los
ejes sobre los que se construye el programa de convergencia que ha
presentado el Gobierno español.

Después, hace unas consideraciones que ha denominado metodológicas sobre
las comparaciones de las cifras del presupuesto del año. Si le he
entendido bien, considera que en las previsiones de ingreso no se hacen
comparaciones con respecto a los derechos reconocidos, sino que se hacen
comparaciones respecto a la recaudación inicial y a la recaudación
esperada en el año 1994. Bien es verdad, que ésta es la técnica normal
que se utiliza para hacer este tipo de estudios, por lo que en general,
en las previsiones, en el libro amarillo pequeño, en el informe
económico-financiero, etcétera, en todos los sitios, figuran las cifras
iniciales de recaudación, las previstas en el presupuesto, cuáles son las
previsiones de recaudación para el año 1994, en este momento, y se
efectúan comparaciones con respecto a las previsiones del año 1995, que
son también previsiones de recaudación. Sin embargo, eso no quiere decir
que no aparezcan los derechos reconocidos. Las previsiones de derechos
reconocidos aparecen recogidas en el avance de liquidación del
presupuesto y viene con la documentación que se remite a este Parlamento.

También veo que el señor Costa ha utilizado esta documentación y ha hecho
constantemente referencia a ella, en cada uno de los impuestos, a la
comparación entre derechos reconocidos y previsiones de recaudación. Yo
quisiera decirle que ésa no es una comparación muy homogénea, y siempre
es mejor hacer las comparaciones en términos homogéneos. Ahora no se
avanza la cifra de derechos reconocidos, sino que simplemente se avanzan
las cifras de previsiones de recaudación.

A partir de aquí pasamos a una serie de medidas concretas y hace
referencia a la previsión de recaudación en el Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas. El ha considerado que el incremento de recaudación
en dicho Impuesto era de un 5,3 por ciento --y creo que esa comparación
estaba hecha utilizando las previsiones de 1995 en relación con las
previsiones de derechos reconocidos de 1994-- mientras que las
previsiones sobre el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que
constan en los cuadros que se han presentado, que se hacen comparando
previsión inicial sobre inicial, dan un incremento de un 5,4 por ciento,
y comparando presupuesto inicial con previsión de recaudación, hay una
previsión de crecimiento del 11,1 por ciento.

¿Cuáles son los hechos que han llevado al Gobierno a hacer una previsión
de la recaudación del Impuesto como la que se presenta? Hay una previsión
realizada teniendo en cuenta una mejora de la situación económica para el
año 1995, y una mejora del empleo. Todo eso ha producido un incremento de
lo que podemos denominar la base homogeneizada del impuesto, que se tiene
en cuenta a efectos de realizar esta previsión.

Sobre estas previsiones hay un efecto importante para el año 1995, que
será el efecto negativo en la recaudación que tendrá la reducción de la
tabla de retenciones, consecuencia de la reducción de la tarifa que se
configura en la ley de presupuestos. Esta reducción la podemos evaluar en
unos 88.000 millones. Junto a esta previsión hay, por contra, una serie
de circunstancias que este año se están mostrando de manera negativa, y
que el año que viene no lo serán en este sentido, como es, por ejemplo,
una reducción mayor de las recaudaciones por retenciones en la renta del
capital y un efecto, que este año también está siendo mayor, en la
reducción de los ingresos por fraccionamiento en el caso de profesionales
y empresarios.

Por tanto, por estas consideraciones y teniendo en cuenta el efecto
fundamental de la reducción de la tarifa, la previsión que se realiza del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, tiene esos datos a los
que me he referido antes. Hay una previsión de recaudación de un 11,1 por
ciento, en relación a la previsión de recaudación de 1994, que, como
observamos en estos cuadros, baja con respecto al presupuesto inicial de
1994.

Las previsiones en el Impuesto sobre Sociedades están fijadas en las
tablas que se presentan, en principio, en un incremento de un 42,6 por
ciento si se efectúa la previsión de presupuesto inicial sobre
presupuesto inicial, y de un 7,3 por ciento si se efectúa la previsión de
presupuesto inicial de 1995 con la previsión de recaudación de 1994.

Ya hemos visto en esta Comisión en otras ocasiones cómo el Impuesto sobre
Sociedades se está comportando en 1994 de una manera mejor de lo que se
había previsto. Se había previsto en 1994, con relación a 1993, una caída
importante de recaudación. Esta caída importante no se está produciendo,
debido a dos efectos fundamentales. Por un lado, efectivamente el
Decreto-ley de 1993 no ha tenido la incidencia que se previó sobre la
posibilidad de aplicar sistemas de amortización aceleradas en este
impuesto. En segundo lugar, la modificación que se realizó en la ley de
presupuestos del año anterior, permitiendo la determinación del ingreso a
cuenta del año 1994, no sobre la base de los beneficios obtenidos en los
ejercicios anteriores sino de los propios beneficios que se iban
obteniendo en el año 1994, está teniendo un efecto mucho menos negativo
del que se había esperado. Por tanto, este año 1994, el Impuesto sobre
Sociedades se está comportando de mejor



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manera de lo esperado. En estos términos, en el año 1995 se hace una
previsión que tiene como base fundamental, en primer lugar, la previsión
de mejora de las expectativas de beneficios empresariales para este año
1994 y, sobre esa base también crecerá la base imponible del impuesto y,
en consecuencia, de los ingresos que se deben efectuar por este impuesto.

Hay aquí, como en efecto señalaba el señor Costa, una cifra que aparece
muy exagerada en el informe que se contiene en el libro amarillo sobre la
incidencia recaudatoria del Decreto-ley 3/1994, por el que se establece
un procedimiento de amortización acelerada para el caso de que se
realicen determinadas inversiones en activos fijos durante el año 1994,
creadoras de empleo. Efectivamente, coincido con él en que esta cifra de
200.000 millones que aparece en presupuestos está muy exagerada. Creo que
la incidencia es mucho menor. Como él hace correctamente, debemos poner
en relación la cifra que el año pasado se anticipó con las amortizaciones
aceleradas para una serie de elementos fijos mayor que éstas que se
recomponen en 1994. Efectivamente, esta cifra aparece en los datos de
gastos fiscales que figuran en el informe, pero --ya se lo anticipo-- no
se han tenido en cuenta, lo que es un error en ese ámbito, al efecto de
establecer las previsiones de recaudación del Impuesto sobre Sociedades
para el año 1995. Después, puesto que hay varias preguntas sobre los
gastos fiscales, podremos volver sobre el informe que se acompaña a este
presupuesto relativo a los gastos fiscales.

En cuanto al IVA, el señor Costa me dice que las previsiones del IVA
también le sorprenden y señala cómo el IVA, en la comparación que va
haciendo --creo haberle entendido-- de derechos reconocidos con las
previsiones de liquidación, señala un crecimiento del 5,3 por ciento. En
realidad, las cifras de incremento que se señalan en la documentación que
se acompaña, comparando cantidades homogéneas, son --lo pueden ver en los
cuadros que se han presentado-- del 13,6 si se realiza comparando
presupuesto inicial con presupuesto inicial, o del 10,8 por ciento si se
compara presupuesto inicial con previsiones de recaudación.

¿Cuáles son los hechos que afectan de manera más importante a estas
previsiones? En primer lugar, está sin duda la elevación de un punto en
los tipos de gravamen del Impuesto sobre el Valor Añadido. Esto determina
un efecto recaudatorio referido a 1995 de un incremento de 240.000
millones. Junto a esta previsión aparecen también dos medidas que, sin
embargo, tienen un efecto negativo. Una de ellas es la desaparición del
mecanismo llamado décalage. Se acuerdan que cuando se transcribió la
última directiva sobre el Impuesto sobre el Valor Añadido se permitía
establecer este sistema de aplazamiento del pago o de la deducción del
impuesto soportado por las importaciones intracomunitarias, que se conoce
con esta terminología francesa de décalage, y, sin embargo, a partir de
1995, desaparece el plazo del décalage, de tal manera que los
importadores de mercancías de procedencia intracomunitaria podrán
deducir, en la misma declaración que presenten, el IVA que corresponda a
estas adquisiciones. Esto va a determinar una pérdida de ingresos en el
año 1995 de 60.000 millones.

Junto a esto hay también otra medida, que se ha tomado recientemente, que
va a tener un efecto negativo sobre la recaudación del Impuesto sobre el
Valor Añadido. Me refiero al decreto recientemente aprobado por el
Gobierno, que va a permitir aplicar el sistema de devoluciones rápidas a
una serie nueva de sectores económicos a los que hasta ahora se les
aplicaban las devoluciones por el procedimiento normal de hacer
devoluciones una vez al año. Esto en términos de recaudación para 1995 va
a determinar una pérdida de recaudación de 90.000 millones. Sobre estas
consideraciones fundamentales se efectúa esta previsión de ingresos
teniendo en cuenta, además --también ésta es una consideración que no
hacía por ser obvia--, la mejora importante que el consumo interno va a
tener durante el año 1995 en relación al año 1994.

Después hacía una serie de consideraciones sobre las previsiones en los
impuestos especiales. En estos impuestos ya saben que lo que se realiza
es, por un lado, incremento en un 3,5 por ciento de los tipos impositivos
de los impuestos sobre alcoholes, sobre cerveza y sobre hidrocarburos, y
la adecuación de los tipos sobre el tabaco a los mínimos exigidos por la
Unión Europea. Todo ello va a determinar los incrementos de recaudación
que se recogen en las tablas que se han presentado. No existen más que
variaciones normales de los consumos de estas mercancías, no hay ninguna
consideración especial que incida sobre esta cuestión; es de destacar en
todo caso algo que está ocurriendo en 1994, que es que las medidas que se
están desarrollando por la Secretaría de Estado de Hacienda y
especialmente por la Agencia Tributaria en la persecución del contrabando
de tabaco están mejorando las cifras de venta del tabaco y, por tanto,
están produciendo un incremento de una cierta importancia por este
concepto de este impuesto especial. Por tanto, en las previsiones de
ingresos de los impuestos especiales la circunstancia más importante son
las modificaciones de los tipos en estas previsiones.

Me ha parecido entender, finalmente, que el señor Costa pensaba, por las
consideraciones que venía realizando sobre los incrementos de
recaudación, que en estos presupuestos se efectuaba un ajuste a la baja,
que él ha calificado de agresiva, es decir, que había unas previsiones
menores de las que finalmente iban a ser al efecto de no mostrar la
verdadera presión tributaria creciente. Bien es verdad que esto que decía
el señor Costa no coincidía con lo que decía el señor Zabalía, quien,
como ya tendremos ocasión de ver después, nos decía lo contrario. Me ha
parecido entender que lo que nos está diciendo el señor Zabalía es que
las previsiones de ingresos que se contienen en la documentación remitida
a este Congreso son unas previsiones, a lo mejor, un poco exageradas al
alza, si me permiten decirlo así, que es un punto de vista distinto al
del señor Costa. Yo les quiero decir a los dos, para tranquilizarles, que
las previsiones que se han realizado por el Ministerio están muy
ajustadas a la realidad, son unas previsiones moderadas, que han tenido
en cuenta todos los hechos y circunstancias que concurren en cada una de
las figuras tributarias para determinar cuáles son los ingresos
tributarios. Sobre este particular sólo quisiera añadir que,



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como ya saben SS. SS., una de las características fundamentales de este
presupuesto para el año 1995, como ya lo viene siendo el del 94, es
precisamente su credibilidad. No hay ninguna intención de modificar las
previsiones, ni al alza ni a la baja. Las previsiones son las que se
deducen, para cuya determinación se utiliza una técnica bastante
depurada. Por tanto, señor Costa, desde luego, no hay un intento de hacer
un ajuste a la baja de las previsiones para, de esa forma, enmascarar de
alguna manera una subida de la presión tributaria que se contiene en
estos presupuestos.

A partir de aquí, el señor Costa ha hecho referencia a los gastos
fiscales. Yo creo que con este informe sobre los gastos fiscales, que
aparece recogido con bastante detalle en el libro amarillo y que
pretendía ofrecer una información bastante exhaustiva para todas las
personas que se interesan en la evolución de las cifras presupuestarias,
no se ha conseguido este objetivo, sino que más bien se ha producido una
cierta confusión. En efecto, como señalaba el señor Costa, en este
informe se pone de manifiesto que las cifras de gastos fiscales del año
1995 no son homogéneas con las que tuvimos en cuenta para 1994, porque se
incluyen algunas modificaciones legislativas que actúan en un año y no en
otro, porque hay modificaciones metodológicas y porque aparecen
cuestiones que no estaban incluidas el año anterior. Como este informe es
un poco farragoso y contiene algún error, como el que hemos señalado
anteriormente, de calcular el efecto del Decreto-ley de 1994 en 200.000
millones, creo que es importante señalar que al final del informe se
contiene un cuadro que nos dice cuáles hubiesen sido los gastos fiscales
en el año 1995 si se hubiese aplicado la misma metodología que en 1994.

Eso determina una cifra que supone un incremento, de un año para otro, no
del 34,5 por ciento, que es la cifra que parece deducirse del cuadro
inicial, sino un incremento del 18 por ciento. Este porcentaje podría
bajar algo porque en este cuadro metodológico, como muy bien ha señalado
el señor Costa, no están totalmente considerados todos los efectos de los
200.000 millones que los autores de este informe han incluido con motivo
de una mejor precisión en los tipos reducidos del IVA. Por tanto, podemos
decir que el incremento de los gastos fiscales entre un año y otro es,
aproximadamente, de un 15 por ciento.

El señor Costa trataba de señalar que el incremento que se estaba
produciendo era en realidad un incremento artificial para tratar de
esconder que los mecanismos puestos en marcha por el Gobierno para tratar
de incentivar la inversión no tienen ningún efecto. Sobre este
particular, yo le diría que sí que lo tiene. Hay que tener en cuenta que
estamos siempre hablando de una cifra de recaudación por encima de 1
billón 700.000 millones y 2 billones y pico. En todo caso --yo creo que
esto es lo importante--, el resultado de las medidas para incentivar la
inversión no se debe ver exclusivamente por sus efectos negativos sobre
la recaudación, sino sobre todo por sus efectos en la creación de empleo.

Yo pienso que es ahí dónde debemos encontrar cuál es la auténtica
dimensión y finalidad de estas medidas. Aquí estamos simplemente ante
unas previsiones de índole fiscal, que tratan de poner de manifiesto cuál
es el sacrificio de estas medidas en términos recaudatorios, y sus
efectos habrá que encontrarlos en otros ámbitos de la economía nacional.

Pasando ahora a las modificaciones legislativas, S. S. empezó haciendo
consideraciones sobre el régimen en libertad de amortización del
Decreto-Ley de 1994. Ya he considerado que me parece muy exagerada y
desacertada la cifra de 200.000 millones que aparece en el informe de
gastos fiscales. Yo creo que el efecto de esta medida en recaudación debe
ser mucho más pequeño.

También hace referencia a que la evaluación de la medida de exención de
útiles de trabajo que se contenía en la Ley de acompañamiento de 1994
aparece valorada en 5.000 millones en el impuesto. A partir de aquí me
hace una serie de peticiones: a cuántos sujetos afecta esta medida, qué
efectos tiene, etcétera. No tengo aquí esos datos, pero sobre ese
particular sí quisiera decirle que ya el año pasado su compañero, el
señor García-Margallo, me hizo esta misma pregunta y le remití los datos.

Se los volveré a buscar y a remitir.

Los cálculos que se efectúan en los costes financieros son un efecto de
5.000 millones siempre teniendo en cuenta que se trata de un cálculo, aún
no se han producido los efectos en recaudación de una medida como ésta,
porque es una medida que opera para la declaración de 1994, que, como
todos ustedes saben, se presenta en 1995. El efecto que se va a producir
sobre esta medida cuando se introduzca la modificación que se recoge en
la ley financiera de este año de bajar el límite que determina la
participación en estas empresas del 20 por ciento a favor de los
titulares, como figuraban en la ley financiera, al 15 por ciento que se
recoge este año, será necesariamente mucho menor, aunque no tengo aquí
los datos. Sobre este particular, simplemente quería decirle que su Grupo
ha presentado iniciativas en el sentido no sólo de declarar exento cuando
se tiene una capacidad de dominio sobre estas sociedades del 15 por
ciento, sino también para todos los casos, incluyendo los activos
empresariales y también los activos profesionales.

No tengo aquí datos sobre las vacaciones fiscales; los buscaremos y se
los haré llegar al señor Costa. Si le he comprendido bien, entiende que
la modificación de los incentivos a la inversión entre un ejercicio y
otro, 1994 y 1995, que es del orden de 113.000, según estas tablas, lo
reduce para el año 1995 a 105.000, señalando una rebaja de 7.500 millones
que él evalúa que sólo debería cifrarse en 2.500 millones.

Yo creo que la diferencia no es muy grande, puesto que se trata de
113.000 millones y estamos haciendo evaluaciones; la diferencia, insisto,
entre 2.500 y 7.500 no es muy grande. Yo creo que ambos, el documento del
Gobierno y la evaluación que hace el señor Costa, están en la misma
dirección. Aquí se trata del efecto de una serie de medidas que operan
prácticamente ya en el año 1994; se mantienen para el año 1995, y tienen
el mismo efecto en un año que en otro.

En cuanto a las medidas tributarias, me hace, en primer lugar, una serie
de consideraciones sobre el efecto de la deflactación de las tarifas.

Señala que este año se deflactan, y, efectivamente, es así, en los años
anteriores no la hubo,



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aunque ya se advirtió por qué no la había. En años anteriores las
circunstancias económicas eran peores que para el año 1995 y todo ello ya
se explicó debidamente en la presentación del presupuesto de 1994. Ese
año se exigía un mayor esfuerzo a determinados contribuyentes, a aquellos
que están incididos por el Impuesto sobre la Renta, y no existía esa
deflactación de las tarifas. También pasó en el ejercicio de 1993.

Para este ejercicio 1995 hay una deflactación de las tarifas que va a
tener un efecto importante; va a tener un efecto, como he dicho
anteriormente, en términos de recaudación de 87.000 millones; este
efecto, si lo vemos en términos anuales, será de 100.000 millones en el
año 1994 y de otros 100.000 millones en el año 1995. Por tanto, es una
modificación tributaria que va a determinar ventajas para los
contribuyentes.

El señor Costa hace una serie de consideraciones sobre si esto constituye
o no una ventaja de los contribuyentes. Lo cierto es que los
contribuyentes este año efectuarán un ingreso en Hacienda menor en 87.000
millones, debido precisamente a la reducción de las tarifas de
retenciones.

¿Cuáles son los apoyos a la familia en el presupuesto? La verdad es que
él ha considerado que los apoyos a la familia en la Ley de Presupuestos
son exclusivamente la modificación del sistema de deducción de los hijos
en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Es cierto que ésta
es una medida importante, aunque el señor Costa de alguna manera lo ha
considerado una media menor. Pero hay que decir que es una novedad que se
introduce en estos presupuestos, que va a tener un determinado efecto
recaudatorio también; por eso es una medida importante.

Después hay muchas más medidas que significan apoyo a la familia en estos
presupuestos. Se las podría enumerar, pero hay que tener en cuenta que
todas aquellas medidas que se establecen en el Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas afectan, como no puede ser de otra manera, a la
familia, pues la familia, desde este impuesto, no es más que una reunión
de personas físicas. Por tanto, cuando se dice cuáles son las medidas
tributarias que les afectan, podíamos considerar como tales todas
aquellas que suponen un mejor tratamiento en el Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, incluyendo, sin duda, la deflactación de la
escala de gravamen, que afecta no sólo a la escala individual, sino
también a la escala conjunta; el aumento de la reducción general del
rendimiento del capital mobiliario, etcétera. Se las puedo enumerar
todas, pero lo único que yo creo que es importante es que no podemos
considerar exclusivamente como mejora al tratamiento de familia estas
deducciones que se refieren a los hijos, sino todas las demás medidas que
se incluyen en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en el
Impuesto sobre el Patrimonio, en el Impuesto sobre Sucesiones; hay
medidas siguiendo en la línea que ya se presentaron en el año anterior de
permitir el aplazamiento en la liquidación de los patrimonios por
herencia, precisamente para mantener estos patrimonios familiares,
etcétera. Hay una serie de causas que, sin duda, van a determinar
modificaciones que traerán consigo un mejor tratamiento de la familia en
el año 1995, no sólo en el Impuesto sobre la Renta sino también en los
demás impuestos.

Ya hemos hablado de la exención de útiles de trabajo. Le he dicho que
rebajar el límite que se exigía el año pasado de dominio del
contribuyente sobre la empresa del 20 al 15, va, sin duda, en la misma
dirección que se articuló el año pasado esta medida, de mejorar un
tratamiento de las pequeñas y medianas empresas en el impuesto.

Consideraba también cuál es el efecto de esta medida en el impuesto y
decía que el Grupo Popular ha presentado una iniciativa para establecer
una exención general no sólo para los activos empresariales, sino también
para los activos de los profesionales. Los activos de los
profesionales--ya se señaló el año anterior-- no se consideraban en esta
medida, fundamentalmente porque esos profesionales no están sometidos a
las obligaciones a las que están sometidos los empresarios, de llevanza
de una contabilidad donde aparezcan suficientemente contabilizados sus
propios patrimonios y el patrimonio que afecta al ejercicio de su
actividad profesional.

En cuanto a la lucha contra el fraude, señala que se han introducido una
serie de medidas que él ha considerado como positivas, el Grupo Popular
las ha considerado en algunas propuestas como unas medidas que se
debieran introducir; bien es verdad que estas medidas también figuraron
ya en la documentación que se presentó para la reforma del Impuesto sobre
Sociedades. Las consideraciones que me hace (que yo creo son muy
positivas y las tomamos en cuenta) son: por un lado, la posibilidad de
que, si se dedujese en esta formulación del tratamiento algún problema,
se pudiese corregir. Estamos abiertos a ello si eso fuese así, aunque yo
creo que la medida está bien diseñada, pero podríamos considerarla.

Después hace otra consideración en el sentido de entender que una medida
de esta trascendencia debiera haberse pospuesto a una modificación más
general del Impuesto sobre Sociedades. Yo aquí, utilizando el mismo tono
cordial que él ha empleado, entiendo que es una medida de una gran
importancia en la lucha contra el fraude, y en este sentido ha parecido
más oportuno adelantarlo a esa modificación más profunda del Impuesto
sobre Sociedades, aunque el tiempo entre una ley y otra no debe ser
mucho. Les puedo decir que estamos terminando de redactar el texto
definitivo del anteproyecto de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, y
que --como he anunciado en otras ocasiones-- antes de que acabe este año
será examinado por el Gobierno, yo espero que aprobado y remitido a estas
Cámaras. Por tanto, el tiempo entre una medida y otra no va a ser muy
largo. En cualquier caso, sí que estamos abiertos a las posibilidades de
mejora de estos artículos si el Grupo Popular nos hace llegar alguna
indicación en ese sentido. Yo creo que éstas eran todas las cuestiones
que había formulado el señor Costa.

Respecto a las preguntas del señor Ríos, la primera está relacionada con
la actualización del programa de convergencia, y es si entiendo que el
proyecto de presupuesto que se presenta va en la misma dirección que el
programa de convergencia que se aprobó por el Gobierno en el mes de
julio, y que ha sido aprobado por el Consejo Ecofin el



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lunes pasado. Efectivamente, el proyecto de presupuesto que se ha
presentado va en la misma dirección en la que va el programa de
convergencia, como no podría ser de otra manera. En este sentido, se
siguen las pautas que allí se señalan. Estas pautas, como ya les he
indicado, son, en primer lugar, mantener una senda de reducción del
déficit global de todas las administraciones públicas españolas que
permita alcanzar en 1997 el tres por ciento. En segundo lugar, realizar
una política que trate de estabilizar la deuda pública en relación al
PIB. Estas son las dos direcciones. Sobre ellas hay un compromiso de
efectuarlas mediante el no incremento de la presión fiscal global; por
tanto, las actuaciones se concretan en la realización de unas acciones
discrecionales en el control y reducción del gasto público que, al final
del período, perderá su importancia en otro punto en relación al PIB.

En esta misma dirección, como no puede ser de otra manera, se encuentra
el proyecto de presupuesto de 1994. En este proyecto se formulan unas
previsiones de déficit del Estado del 4,6 por ciento, de las que se
deducen unas previsiones del 5,1 por ciento de las administraciones
centrales, lo que, unido a las que existen sobre el déficit de las
administraciones territoriales del 0,8 por ciento sobre el PIB, nos darán
finalmente un 5,9 por ciento del PIB, que son las previsiones para el año
1995. El presupuesto que se formula, insisto, va en esta misma dirección.

Después señalaba algunas consideraciones sobre el mantenimiento de la
inflación en el año 1995. En dicho año señala alguna dificultad para
explicar el mantenimiento de la inflación. Efectivamente, en la
documentación presupuestaria del año 1995 se incluye una previsión, o
mejor que previsión debemos decir un objetivo --como en el año 1994-- de
inflación del 3,5 por ciento. Este objetivo de inflación es al que deben
tender las actuaciones no sólo de las administraciones públicas
españolas, sino también de los distintos entes. Por tanto, hay que tener
en cuenta que el objetivo de la inflación del 3,5 por ciento no compete
sólo al Gobierno, sino que, además, y de manera muy importante, a los
distintos grupos sociales, a los trabajadores y a los empresarios. Todo
ello debe plasmarse en un mantenimiento del incremento de los salarios
que no debe ir más allá de un tres por ciento, y también en una prudencia
y moderación en los empresarios cuando determinen el margen al efecto de
tratar de recuperar el de años anteriores. En esta línea debe entenderse
la evolución de las previsiones de inflación para el año 1995.

Hay una medida a la que se ha referido el señor Ríos que es el incremento
en un punto del Impuesto sobre el Valor Añadido en el año 1995. El
incremento de un punto en el IVA va a producir, efectivamente, un impacto
sobre la inflación, en una primera aproximación, que podemos considerar
entre el 0,4 y el 0,7. Bien es verdad que, como hemos visto, esta medida
va acompañada de una paralela de reducción de cotizaciones fiscales. Si
esta mejora en las cotizaciones fiscales se convierte por los empresarios
en una mejora de la competitividad, este aumento de la inflación que le
he señalado entre el 0,4 y el 0,7 se verá reducido entre el 0,2 y el 0,3
por ciento para el año 1995. En cualquier caso, si quieren una ampliación
sobre los efectos y las previsiones de la inflación, detrás de mí creo
que viene el Secretario de Estado de Economía, que lo veo al fondo de la
sala. Y sin duda tendrá mucho gusto en explicarle esta cuestión de la
inflación con mayor amplitud de la que yo ahora lo hago.

En cuanto a la deuda en el año 1995, diré que la deuda pública, en la
forma en que la estamos midiendo ahora, de acuerdo con los parámetros del
Tratado de Maastricht, y que figuraba en la actualización del programa de
convergencia con la denominación de «deuda pública bruta», alcanzará en
el año 1994, en relación al PIB, el 62,7 por ciento. Las previsiones para
el año 1995 son el 65,9 por ciento. Ya les he dicho cómo uno de los
objetivos del programa de convergencia es precisamente estabilizar la
relación entre la deuda pública y el PIB. Esta estabilización se va a
producir en el año 1997 en el 67,2 por ciento. Me van a decir
inmediatamente que a partir de 1994, con esta cifra que les he indicado,
está superado el criterio del 60 por ciento señalado por Maastricht, pero
bien es verdad que no nos debe preocupar exageradamente ese 60 por ciento
como cifra mágica. Aquí lo importante no es esa cifra exactamente, sino
realizar una política fiscal, una política presupuestaria que trate de
conseguir lo que hemos establecido en el programa de convergencia, esto
es, la estabilidad de la deuda pública española en relación al PIB.

Saben muy bien SS. SS. que el volumen de la deuda pública española no es
muy preocupante en sí mismo comparado con el volumen de deuda pública de
otros países, sino que lo preocupante es cuál ha sido su evolución en los
tres últimos años, en los que ha crecido y ha ganado porcentaje en
relación al PIB. Por tanto, el objetivo de estabilizar la deuda pública,
aunque sea en esta cifra del 67,2 por ciento, se considera muy adecuado
para este programa de convergencia. Esas son las cifras.

Me pregunta cuál es el efecto de este presupuesto en la generación de
empleo. Creo que tenemos que considerar que igual que el presupuesto de
1994 ha sido el adecuado para que se produjese la recuperación económica,
el presupuesto de 1995 es el adecuado para que se produzca la
recuperación de empleo.

Hay manifestaciones en la prensa de determinados grupos que vuelven a
decir lo mismo que el año pasado: que este presupuesto no es creíble.

Hemos considerado en otras reuniones de esta Comisión que precisamente
aquellas cosas que señalaron para determinar que el presupuesto no era
creíble son las que no se han cumplido, mientras que, en general, las
previsiones que se contenían en el presupuesto de 1994 no sólo se han
cumplido, sino que se han visto desbordadas por la realidad.

En el año 1995 va a ocurrir lo mismo. Se presentan unas previsiones de
creación de empleo para el año 1995 entre 175.000 y 200.000 empleos, y
ello a pesar de que en el año 1995 la población activa crecerá un uno por
ciento; a pesar de eso, vamos a recuperar empleo; el año 1995 será el
inicio de esta recuperación, que será mayor en el año 1996.

Hay una serie de medidas que se instrumentan en este presupuesto, como la
reducción de las cotizaciones sociales. Esta medida, en la forma en que
se realiza, con una compensación en la variación del IVA, hay que
entenderla



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como moderada en esta dirección, pero que será eficaz en la creación de
empleo, en la mejora de la competitividad de los productos españoles en
el exterior. Después se instrumentan otras serie de medidas, algunas de
las cuales hemos considerado ya, especialmente la repetición de toda la
incentivación de la inversión en el Impuesto sobre Sociedades, que ya se
contenía: en el año 1994, una medida muy importante de mejora del
tratamiento fiscal de los rendimientos de las sociedades, de los
dividendos, que va a permitir que las inversiones en las empresas sean
más favorables fiscalmente o que desaparezca la sobrecarga fiscal que
había sobre estas inversiones, etcétera.

En resumen, se contienen una serie de medidas que van a permitir una
recuperación de la economía, una recuperación de la inversión y una
recuperación del empleo. Entre éstas, aparte de las concretas, hay que
considerar también las generales del crecimiento del gasto del Estado y
del presupuesto consolidado de las administraciones públicas por debajo
del crecimiento de la economía, lo que va a permitir mayor crecimiento
del sector privado, y, por otro lado, la política de reducción del gasto,
la política de mantenimiento del déficit, que va también a permitir que
mejoren y que no empeoren las condiciones de endeudamiento de la economía
española. Por todas estas circunstancias, en el presupuesto de 1995 se
producirá generación y creación de empleo en los términos que ya le he
señalado.

Apunta el señor Ríos si no hay una contradicción --si he anotado bien--
entre estas medidas y las medidas que se contienen en la Ley financiera,
que son unas medidas de contención. Yo creo que las medidas que se
contienen en la ley financiera no son contrarias; me imagino que se
refiere a las que se contienen en el presupuesto sobre actualización de
pensiones, sobre actualización de las retribuciones de los funcionarios,
etcétera.

Hay que tener en cuenta que, en general, las medidas que se contienen en
la ley financiera no van en contra, sino que tratan de ir en la dirección
que ya se ha apuntado de modificaciones estructurales anteriores, tanto
en el mercado de trabajo como en los temas de desempleo, intentando
establecer una reorganización de las prestaciones en estos ámbitos y
tratando de establecer los medios que permitan una lucha contra el fraude
que están produciéndose, por ejemplo en la ILT. No hay una contraposición
entre las medidas que se contienen en el presupuesto y las medidas que se
contienen en la ley financiera, sino que las dos van en la misma
dirección.

Referente a la previsión de ingresos, hace referencia a cuáles son los
objetivos de la lucha contra el fraude y cómo afecta la lucha contra el
fraude en cada uno de los impuestos. Esta pregunta tiene dificultades en
su respuesta por lo siguiente. En primer lugar, porque podríamos
concretar el efecto de la lucha contra el fraude en cuál es el efecto que
existe en la deuda que se contiene en las actas de inspección de los
distintos inspectores. Esto para el año 1994 son aproximadamente 400.000
millones y serán más en el año 1995. Sin embargo, no es sólo éste el
efecto de las medidas de lucha contra el fraude.

Sabe muy bien el señor Ríos que estamos desarrollando una serie de
medidas de lucha contra el fraude que van mucho más allá de lo que son
las simples actuaciones en el ámbito de la inspección fiscal, con ser
éstas de gran importancia, y estamos desarrollando otra serie de ellas
más generales. Ya sabe también el señor Ríos que en otras ocasiones le he
hablado de que en las próximas semanas el Gobierno aprobará un plan de
medidas que se deducen del informe que en su día hizo la unidad creada
para estudiar el fenómeno del fraude y proponer medidas, en dos o tres
semanas tendremos este plan y será aprobado. Pero sabe también muy bien
cómo ya está actuando la puesta en práctica de estas medidas. Ya tenemos
un buen número de las que estaban previstas incorporadas al proyecto de
ley del delito fiscal, que ya ha tenido entrada en esta Cámara, y hay
otra serie de ellas que se incorporan a la Ley financiera --algunas de
ellas las hemos comentado--. Hay medidas, como, por ejemplo, las que
señalaba el señor Costa anteriormente, del tratamiento contra las
actuaciones de las empresas en los países de baja tributación a los
paraísos fiscales; hay medidas en la Ley Financiera para posibilitar y
facilitar el intercambio de información entre la Administración de la
Seguridad Social y de la Administración tributaria, etcétera. Y, además,
en estos momentos se está estudiando por la Comisión de Subsecretarios y
va a ser aprobada próximamente por el Gobierno la modificación de la Ley
de Contrabando y la modificación de la Ley General Tributaria. Todas
estas normas ya incorporan una buena parte de las medidas que estaban
previstas por esta unidad. No me voy a detener en las mismas habida
cuenta del tiempo que tenemos, pero también le quiero decir que en las
previsiones de actuaciones que se están realizando por la Agencia ya se
están preparando los planes de actuación del año 1995 no sólo en la
Inspección, sino también en las demás direcciones operativas de la
Agencia, teniendo en cuenta todas estas medidas.

Por tanto, el plan de actuaciones de lucha contra el fraude va mucho más
allá de su cuantificación exacta en la cifra de las actas de la
inspección y, además, va a tener el efecto de que va a mejorar --y yo
creo que éste es el éxito más importante que obtenemos en la lucha contra
el fraude-- el cumplimiento de los contribuyentes en cuanto a sus
obligaciones en los plazos previstos. Por tanto, esperamos que mejore el
cumplimiento de las declaraciones en el Impuesto sobre la Renta, el IVA,
el Impuesto sobre Sociedades y en los demás impuestos.

Este año ya estamos teniendo un efecto muy importante en los
contribuyentes, los cuales nos vienen presentando un número importante de
declaraciones referidas a los ejercicios anteriores por esta serie de
actuaciones y por los requerimientos que se les han hecho en relación a
las declaraciones no presentadas en ejercicios anteriores.

En cuanto a las previsiones de ingresos, lo hemos considerado antes con
el señor Costa y no sé si es necesario volver a ello; las pasamos, y
vamos a tratar los ingresos sobre privatizaciones.

En ingresos sobre privatizaciones se contienen en el presupuesto unas
previsiones de 300.000 millones. De estos 300.000 millones, en primer
lugar, hay una previsión de 170.000 millones para una privatización de
una parte del capital de Repsol y los 130.000 millones restantes se



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refieren a posibles privatizaciones de empresas del Grupo Patrimonio.

Estas son las previsiones que se tienen a lo largo del año y que se irán
concretando, de acuerdo con las expectativas de los mercados, a lo largo
del año 1995.

En cuanto a una menor previsión de ingresos por parte de la Comunidad
Económica Europea, efectivamente este año hay una menor previsión de
ingresos, que tiene que ver con la participación de las entidades locales
y las comunidades autónomas en los Fondos de Cohesión. Sabe muy bien cómo
tanto en el acuerdo que ha habido entre el Gobierno y las Corporaciones
locales, como también en el acuerdo que ha habido entre el Gobierno y las
comunidades autónomas en el seno del Consejo de Política Fiscal y
Financiera, en los dos ámbitos ha habido acuerdos para facilitar y
normalizar la participación de estas entidades territoriales en los
Fondos de Cohesión.

Se ha previsto un fondo de 30.000 millones, compuesto por 15.000 millones
de fondos estructurales y 15.000 millones de fondos de Cohesión, para la
participación de las corporaciones locales en estos fondos europeos, y
también se ha previsto la posibilidad de participación de las comunidades
autónomas en los fondos de cohesión por una cantidad de 40.000 millones,
parte en fondos para actuaciones medioambientales --29.000 millones-- y
11.000 millones para actuaciones que tienen que ver con infraestructura
europeas.

Aparte de eso, además hay también otros 19.000 millones más, en los que
se contienen actuaciones medioambientales en depuración de aguas,
etcétera, en las que de alguna manera participan las comunidades
autónomas, si bien este año será a través de convenio con el Ministerio
de Obras Públicas, y en próximos años tendrán una mayor participación.

Por tanto, ésta es una de las razones por las que decrece la cifra de
ingresos del presupuesto del Estado sobre las comunidades autónomas,
porque estos ingresos no afloran a través del presupuesto del Estado,
sino que pasan directamente de la Comunidad a los presupuestos de las
corporaciones locales o a los presupuestos de las comunidades autónomas.

Se ha considerado que éste era un mecanismo importante para facilitar la
participación de estas entidades en los fondos europeos.

En cuanto a los gastos, hace S. S. una serie de consideraciones sobre la
evolución de las inversiones del Estado, entendidas éstas en términos
reales. El Capítulo VI, inversiones del Estado, crece un 1,3 por ciento.

El Capítulo VI del presupuesto consolidado crece un 2,30 por ciento y,
sin embargo, como en años anteriores, el presupuesto de infraestructura
crece un 7,7 por ciento, un crecimiento muy importante porque pasa de
859,6 millones a 926 millones.

Tiene también un crecimiento importante el Capítulo VII en el presupuesto
del Estado, que crece un 13 por ciento, y en el que forman una parte
importante las transferencias de capital que se realizan a Renfe en
virtud del nuevo contrato-programa firmado en esta entidad.

En cuanto a los gastos de personal, me ha preguntado S. S. si había una
previsión de revisión. Conoce muy bien, sin duda, el señor Ríos que en
relación con los gastos de personal ha habido un acuerdo que se ha
firmado entre el Gobierno y los distintos sindicatos con representación
en la Administración pública central; también se han adherido después los
sindicatos con representación en la Administración pública local y ello
ha determinado un acuerdo para los años 1995, 1996 y 1997 con las
organizaciones sindicales, en el que se prevé el crecimiento de las
retribuciones de los funcionarios en función de las previsiones de
inflación que se comprenden en cada uno de los presupuestos. También
conoce cómo este acuerdo contiene una cláusula de revisión que operaría,
en primer lugar, si se dan los supuestos macroeconómicos que se tienen en
cuenta, referidos al crecimiento de la economía, al crecimiento del PIB y
a la consecución de los objetivos presupuestarios, haciendo una
comparación en términos de masas salariales globales. Este acuerdo ha
sido muy bien acogido por las organizaciones sindicales y, como es
lógico, también por el Gobierno.

En cuanto a los gastos de las distintas administraciones, señala S. S.

cómo el Fondo de Compensación Interterritorial permanece este año de
nuevo en 128.000 millones. Esta cifra no sólo significa el mantenimiento
de la cifra de años anteriores, sino que actuamos a través de esta cifra
porque el límite previsto en la Ley del Fondo, que, como bien sabe, es el
35 por ciento sobre la inversión nueva que se contiene en los
presupuestos, ponderada en función de la población más otros indicadores
de cada uno de los territorios, determina una cifra menor.

En cualquier caso, yo creo que para hacer consideraciones de lo que es la
aportación del Fondo a la actuación del Presupuesto para corregir los
desequilibrios interterritoriales hay que tener en cuenta que no sólo
actúa el Fondo de Compensación, sino que también actúan los fondos
estructurales. En el año 1994, como conoce sin duda el señor Ríos, hemos
pasado a un nuevo marco de apoyo comunitario, con unas cifras que
prácticamente doblan las del quinquenio anterior; todas las comunidades
van a recibir una cantidad muy importante con respecto al año anterior.

Por tanto, las actuaciones del Fondo hay que complementarlas con las que
se realizan a través de estos fondos estructurales y también, como no
puede ser de otra manera, con el resto de las inversiones que se
contienen en los Presupuestos, porque no sólo a las comunidades autónomas
corresponde el objetivo de superar los desequilibrios interterritoriales.

Su señoría hace también una serie de referencias a la participación de
las corporaciones locales en estos fondos y al acuerdo de financiación
con las corporaciones locales. A este respecto he de decirle que, durante
el año 1994, se ha firmado un acuerdo de financiación con las
corporaciones locales; acuerdo que se alcanzó en el mes de julio, creo
recordar, y que ha supuesto para las corporaciones locales el incremento
de su financiación en un 11 por ciento en el presupuesto de 1995. Es un
acuerdo que supera la situación de provisionalidad que, como recordarán,
teníamos en el presupuesto de 1994 y que determina la liquidación del
presupuesto de 1994 en una cifra de un billón 35.000 millones,
estableciendo un criterio para la evolución de esta financiación en
función de cómo evolucionen los ingresos del Estado, con unos topes
máximos del crecimiento del PIB y un tope mínimo del crecimiento de la



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inflación, determinando, además la posibilidad, como decíamos
anteriormente, de participación de las corporaciones locales en los
fondos de cohesión.

Señala también que cómo las comunidades autónomas van a ver aumentada su
financiación si a su vez aumentan sus competencias, y eso mismo se
pregunta en relación con las corporaciones locales. Sin duda, la
terminación del pacto autonómico, que va a determinar la transferencia de
competencias muy importantes (como es el caso de educación y otras) a las
comunidades autónomas, irá acompañado, como no puede ser de otra manera,
de su financiación. Tenemos el mecanismo que siempre ha existido y que
está previsto en el procedimiento de financiación de las comunidades
autónomas, y es que durante el primer año estas competencias se financian
con transferencias a las comunidades autónomas para que, a su vez, éstas
sigan financiando estos servicios de la misma forma que lo hacía el
Estado, introduciéndose al año siguiente en los mecanismos de
financiación. En este punto le advierto que, como sin duda conoce, señor
Ríos, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera estamos
preparando, en colaboración con un grupo de expertos, un libro blanco
sobre financiación de las comunidades autónomas que nos permitirá adoptar
las decisiones que haya que adoptar para la modificación del sistema de
financiación que tendrá que producirse necesariamente en el año 1995.

Igual ocurre con las corporaciones locales. El acuerdo de financiación
con las corporaciones locales, que es un acuerdo muy importante, tiene en
cuenta las competencias que tienen las corporaciones locales en este
momento. Si hubiese una modificación de estas competencias con motivo del
pacto local, lógicamente, esas modificaciones deberían ir acompañadas de
los medios financieros de las administraciones que cuentan con esas
competencias.

Se oye estos días la posibilidad de apoyar la modificación del sistema de
financiación de las corporaciones locales, pero bien es verdad, como le
señalo, que recientemente ha habido un acuerdo entre la FEMP y el
Gobierno para la modificación de la financiación de las corporaciones
locales durante el próximo quinquenio.

En cuanto a las relaciones con las comunidades autónomas, me han hecho
una serie de preguntas sobre la evolución de los ingresos que tenemos que
remitir a la Comunidad Económica Europea, que este año descienden, como
se explica en la documentación, en dos clases. En primer lugar, los
recursos tradicionales de las comunidades europeas, porque habrá menos
derechos arancelarios que se recauden y, en segundo lugar, los derechos
de participación del IVA, siendo así --quiero señalar al señor Ríos-- que
vamos a aumentar la recaudación del IVA. Ya sabe que eso procede de los
acuerdos que se alcanzaron en el año 1992 en la Cumbre de Edimburgo,
donde se modificó la aportación por IVA de los países que tenían un tipo
inferior a la media europea. En ese sentido, se varió esta aportación en
dos sentidos: uno, bajamos el tipo del 1,4 al 1 en cuatro años --este año
1995 el tipo a este recurso será el 1,32 por ciento-- y, dos, el tope
máximo que se determina de la base imponible a estos efectos, que hasta
ahora era el 55 por ciento, pasa a ser sólo el 50 por ciento. Estas dos
circunstancias que le explico determinan la reducción de estos ingresos
en el Presupuesto del Estado. Ya hemos comentado la participación, tanto
de comunidades autónomas como de corporaciones locales, en los fondos de
cohesión.

Después, el señor Ríos me hace una serie de consideraciones sobre los
planes de ahorro popular. Efectivamente, los planes de ahorro popular se
derogan en este año. La Ley Financiera contiene un artículo que deroga el
artículo de la Ley del Impuesto sobre la renta de las Personas Físicas en
el que se regulaba este mecanismo financiero o mecanismo de incentivación
del ahorro.

La verdad es que, después de una serie de años estudiando cómo poner en
funcionamiento este mecanismo, después de los intentos realizados en el
año 1994, ha parecido oportuno, finalmente, derogar este mecanismo. Creo
que este mecanismo, aparte de una serie de consideraciones de índole
financiera, en el aspecto de técnica tributaria tenía un problema grave
en sí mismo, que hemos comentado otras veces, y que consistía en que era
un mecanismo que se aplicaba por una tercera persona desde principios del
ejercicio, en virtud de una serie de consideraciones que se deberían dar
en esa persona, pero al final del ejercicio. Todo esto, desde el punto de
vista de la gestión tributaria, es un problema sin solución. Habida
cuenta de ello, se ha procedido a dos medidas: una, la derogación del
artículo; dos, la modificación del artículo de la Ley Financiera del año
anterior donde, como bien sabe, se dio un tratamiento temporal para los
años 1994 y 1995 a las desinversiones que se realizaran en los fondos de
inversión mobiliaria, estableciendo que no tendrían el régimen que se
estableció en esa ley financiera, es decir, la posibilidad de considerar
el incremento de patrimonio si el producto de esa enajenación se invertía
en planes de ahorro popular. Como el año 1994 está prácticamente vencido,
por eso se contiene esta disposición transitoria que usted ha leído y que
trata de dejar a los contribuyentes que hicieron una actuación en función
de lo previsto en la ley en la situación en la que estaban. Usted señala
que no discriminamos entre aquellos que iban a invertir en planes de
ahorro popular y aquellos que no van a invertir, pero es imposible hacer
esa diferenciación y es preferible no dar un mal trato a aquellos que
siguieron las indicaciones de la ley.

Aquí lo importante es decir que este año la Ley de Presupuestos contiene
dos medidas muy importantes de cara a la incentivación del ahorro de las
personas físicas, y son: una, la elevación del mínimo exento de la renta
de capital en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que
sube de 25.000 a 27.000 pesetas, y, otra, el tratamiento a través del
cual se evita la doble imposición de dividendos. Estos dos mecanismos van
a determinar una incentivación del ahorro en este tipo de valores de gran
importancia.

Después me formula algunas preguntas sobre la gestión de la ILT. Creo
que, habida cuenta de la hora, esas preguntas las debería responder el
Secretario de la Seguridad Social. No creo que la dirección de esta
medida sea la que indica de avanzar una privatización de las mutuas. En
todo caso, creo que lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos un
grave problema de fraude en la ILT, hay que



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buscar el mecanismo que nos permita superar este fraude y vamos a
intentar superar esa situación.

Después hay una serie de consideraciones que ya me hizo en otro momento
sobre si tenemos las recaudaciones del IVA distinguiendo cada uno de los
tipos. Voy a ver si le puedo proporcionar esa información.

También está la razón del por qué hemos reducido el IVA en los hoteles y
restaurantes de máxima categoría. Se lo voy a decir. Teníamos un IVA para
los hoteles de cinco estrellas y también para los restaurantes de la
clase más alta, de cinco tenedores; pero como quiera que la posibilidad
de conseguir una calificación de estrellas o de tenedores es muy fácil,
los hoteles y los restaurantes estaban rebajando su calificación y, por
tanto, aquellos que tenían una categoría internacional de cuatro o cinco
estrellas aparecían como de tres estrellas. Estábamos produciendo, por
tanto, una distorsión en este campo que, además, tenía una gran
importancia en un país turístico como España. Este año después de que ya
prácticamente un gran número de hoteles y de restaurantes han producido
su autodescalificación, por este procedimiento que le indico, el efecto
en la recaudación de una medida como ésta es muy importante y entendemos
que ello permitirá una recuperación de las actuaciones de estos hoteles y
restaurantes.

Hay después una serie de consideraciones sobre el mercado de trabajo que
también probablemente debería responderlas el señor Jiménez.

Entiendo que he terminado con las preguntas del señor Ríos, pero me
gustaría haberle convencido en algo para que apoye estos presupuestos,
porque, como le decía anteriormente, éstos son unos presupuestos que van
a producir la recuperación del empleo y sería importante que Izquierda
Unida participara en esta recuperación.

El señor Zabalía me plantea una serie de cuestiones muy concretas sobre
el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas. Hace una serie de
consideraciones sobre las circunstancias que hemos tenido en cuenta para
la previsión de ingresos. Se las he comentado antes al señor Costa. No sé
si le sirve para la pregunta. Lo que señalo aquí es lo que ya señalé
anteriormente. Hacía una consideración en sentido contrario sobre que
parece que las previsiones estaban hinchadas, pero creo que hemos sido
bastante moderados, bastante cautelosos en establecer esas previsiones.

Se han tenido en cuenta los efectos en rentas de capital, en las
retenciones de trabajo y en las declaraciones de fraccionamiento, que
tengo anotado que eran las cuestiones que le preocupaban en este asunto.

En cuanto al margen no financiero en negativo, entiendo que el señor
Zabalía se refería a que en el año 1995 el presupuesto todavía presenta
un déficit primario en negativo de medio punto. Bien es verdad que este
déficit se va a recuperar en el año 1996 y en el año 1997 que va a
presentar un déficit primario positivo. Ello es consecuencia de que aún
en el año 1994-1995 actúan de manera importante las consecuencias del
ciclo sobre el presupuesto. En el año 1994 y en el año 1995 tenemos un
efecto importante aún sobre el presupuesto del efecto cíclico porque,
como bien sabe y hemos considerado en otras ocasiones, los efectos de la
recuperación económica se trasladan con un cierto retraso a los
presupuestos.

Por tanto, este año a pesar de ello, todavía se hace un esfuerzo
importante en reducción del déficit estructural de un 1,4 por ciento y en
los próximos años 1995, 1996 y 1997 habrá una reducción del déficit
estructural, aproximadamente, del 0,7 por ciento.

Por tanto, este esfuerzo en la reducción del déficit estructural va a
permitir la mejora del margen financiero del presupuesto, y aun este año
de 1995, como bien señalaba el señor Zabalía, es un margen negativo que
será positivo en los años de 1996 y 1997. Efectivamente, yo creo que ello
es así porque además existe el compromiso de efectuar esta reducción
moderada del gasto público manteniendo las prestaciones sociales. No hay
una reducción radical, sino que hay una reducción moderada del gasto
público con estos parámetros que le he señalado anteriormente. No creo
que la Unión Europea nos haya llamado la atención; antes bien, yo creo
que la Unión Europea, el Consejo del Ecofin del lunes pasado aprobó la
revisión o la actualización del programa de convergencia español con muy
buenas medidas. Lo único que se ha hecho ha sido el compromiso del
Gobierno de destinar aquellas mejoras que se produzcan en la recaudación
tributaria como consecuencia de la mejora de la economía por encima de
las previsiones que se tienen realizadas a la reducción del déficit
público.

Por consiguiente, creo que vamos a caminar en esa dirección; tenemos un
programa, este programa es realista y, por tanto, moderado, y si las
condiciones mejoran y si las posibilidades son mayores, efectivamente, es
compromiso del Gobierno destinar esta mejora y estas posibilidades a la
reducción del déficit del presupuesto.

En cuanto al presupuesto del Insalud, me señalaba que se incrementaba en
un 14 por ciento sobre 1994. Este incremento del presupuesto del Insalud
en esta cifra es consecuencia de la modificación de la financiación de la
sanidad no sólo con respecto a las comunidades autónomas, sino también
con respecto a la sanidad no transferida. Recientemente, el Consejo de
Política Fiscal y Financiera llegó a un acuerdo en las líneas generales
de la reforma de este sistema. Ya sabe que dichas líneas --las citaré muy
rápidamente-- son las siguientes: se establece para 1995 una previsión de
financiación de la sanidad tanto la transferida como la no transferida,
que tiene su causa en el gasto efectivo en sanidad en el año 1993
actualizado por los crecimientos del PIB a 1995. Eso nos va a permitir
tener una previsión de financiación realista del presupuesto de sanidad
no sólo del no transferido, sino también del transferido. En este
sentido, hay una variación importante porque los créditos del Insalud no
son considerados como ampliables en este presupuesto. Si ha tenido la
curiosidad de seguir el Anexo II del presupuesto verá cómo estos créditos
han desaparecido de allí, salvo aquellos que tengan por finalidad
realizar las liquidaciones del año 1993 y el año 1994. En 1995 habrá
ampliaciones de los créditos de sanidad, tal como está previsto en el
Anexo II del presupuesto, al efecto de recoger las liquidaciones de los
años 1993 y 1994. En el año 1995 --también lo conoce, porque así figura
en la documentación que se ha remitido-- se



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incorpora ya un crédito de 57.000 millones para la financiación de parte
de la desviación de financiación del presupuesto de sanidad en 1995. Por
tanto, ésa es la razón del crecimiento; vamos a pasar a un sistema en
donde vamos a tener una formulación realista de la financiación de
sanidad desde el principio en el presupuesto, vamos a tener una razón de
crecimiento de dicha financiación que se aplicará no sólo al presupuesto
del Estado, sino también al presupuesto de la sanidad transferida que no
dependa de la ejecución de este presupuesto por el Estado. Ello va a
permitir a todas las comunidades y a todas las administraciones que
operan en este sector realizar sus propias actuaciones. Se contienen
determinadas medidas en la racionalización de las distintas prestaciones
y también en las medidas de racionalización del gasto de información.

Coalición Canaria me preguntaba sobre las políticas específicas para
Canarias con motivo del desarrollo de la Ley del REF. La Ley del REF es
una ley que fue aprobada en el mes de julio, es una ley reciente, estamos
realizando ahora las actuaciones para su desarrollo, lo sabe muy bien,
sin duda, el señor diputado; estamos trabajando en el reglamento de la
Ley del REF. Estamos trabajando también para tener el texto refundido de
la Ley del REF, aunque el plazo que nos da la Ley es un año; y estamos
trabajando en otras medidas prácticas como el reglamento de
funcionamiento del órgano que va a dirigir la ZEC. Tenemos no sólo estas
previsiones en el orden normativo sino también en el orden
presupuestario. Hemos establecido en el presupuesto aquellas actuaciones
de financiación que deberían figurar en el presupuesto. En este sentido,
recuerdo alguno de los temas a los que se ha referido el señor diputado.

Aunque esto no estaba en el REF se lo comunico, porque le interesará sin
duda, se ha mejorado la financiación de las corporaciones locales
canarias, tanto las municipales como los cabildos, por su participación
en los ingresos indirectos del Estado. Ya sabe que ahora participaban
exclusivamente en el 31 por ciento y habida cuenta de que la mayoría de
la imposición indirecta en Canarias se recauda directamente por la
comunidad y por los cabildos, pasan del 31 al 36, y se recogen en la
Sección 32 los créditos necesarios para esta variación. También se recoge
la financiación a la que he hecho referencia de compensación de la mitad
de la recaudación teórica del antiguo Impuesto sobre el Tráfico de
Empresas. En este sentido, se recoge en el anexo de inversiones del
Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

Se resuelve también algún tema que teníamos pendiente en el caso de
transporte terrestre como el de TITSA. En la Sección 32, en TITSA se
incluye un crédito de 900 millones que va a permitir resolver la
situación financiera de TITSA una vez que se ha firmado o está a punto de
firmarse el contrato-programa con esta entidad. Esta empresa va a recibir
650 millones que figuraban en el presupuesto de 1994, 900 en 1995 y otros
900 en 1996. En el presupuesto existe además una previsión de 750
millones para el órgano que ha de dirigir la ZEC. Por tanto, están
previstas aquellas actuaciones que debieran estarlo en el presupuesto
para el desarrollo de la Ley del REF.

Hay otra serie de medidas, a las que se ha referido el señor diputado,
que sin duda habrán de considerarse no sólo en este año 1994, incluso no
fundamentalmente en 1995, sino más bien en el año 1996, cuando
transcurrido un poco más de tiempo desde la entrada en vigor de la ley,
estemos todos en disposición de saber exactamente cómo han de
cuantificarse todas estas políticas que deben instrumentarse.

Por último, el señor Chiquillo me hacía una serie de consideraciones;
unas se referían al FCI. Creo que me decía que por qué del FCI le
correspondía a Valencia esa participación que señalaba, siendo así que la
población de Valencia era una determinada. El señor diputado sabe bien,
sin duda, que el reparto del FCI se hace, en primer lugar, sólo entre las
regiones que tienen derecho a participar en función de su importancia
regional en el FCI y que no sólo interviene el criterio de población sino
otros importantes de paro, inverso sobre la renta, etcétera.

Los datos que sirven para el reparto del Fondo de Compensación
Interterritorial se fijan de acuerdo con lo previsto en la Ley del Fondo
por el Instituto Nacional de Estadística y en función de estas
ponderaciones se realiza la aplicación a cada una de las comunidades
según las cifras que se deducen de los indicativos que corresponden.

Después hace referencia a cómo vamos en las transferencias de este año.

Dice que Valencia sólo ha recibido 6 millones. No sé exactamente cuál es
la cantidad; lo que sí hemos tenido oportunidad de ver en otras ocasiones
en esta Comisión es que siempre hay un retraso en la gestión del Fondo de
Compensación Interterritorial respecto a los créditos del propio año,
porque hay un retraso en la aprobación de los programas, etcétera. Hemos
visto que normalmente las comunidades reciben los créditos del FCI casi
con un año de «decálage», o sea que, probablemente, la Comunidad
Valenciana durante este año 1994 está recibiendo los créditos que
corresponden a las previsiones que se contenían en el presupuesto de
1993.

En cuanto a si se puede aumentar o no la corresponsabilidad fiscal, ya he
señalado anteriormente que ésta fue una cuestión muy debatida en el año
1993, cuando estábamos pendientes de aprobar una primera aplicación de la
corresponsabilidad fiscal a las comunidades autónomas en su participación
en la recaudación regional del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, y cómo el Consejo de Política Fiscal y Financiera acordó la
creación de una comisión que, en un Libro Blanco, estudiaría diversos
aspectos de la financiación de las comunidades autónomas, y entre ellos,
la cuestión de la corresponsabilidad fiscal. Tenemos un acuerdo que se
aplica a aquellas comunidades autónomas que así lo han aprobado durante
los años 1994 y 1995. Al final de este período, el Consejo de Política
Fiscal y Financiera deberá acordar qué hace para el año 1996 y cómo
enlaza esta cuestión con la financiación de las comunidades autónomas
para el año 1997, de acuerdo con este Libro Blanco.

Respecto a los criterios de reparto del FCI, debo decirle que es una
magnitud cuya consideración, ponderación y valoración viene fijada por la
Ley del FCI. Estos datos son siempre precisados por el Instituto Nacional
de



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Estadística, no provocan ningún problema entre las distintas comunidades
y, en función de ellos, se hace el reparto.

En cuanto a la participación de las comunidades y de las corporaciones
locales en los Fondos de cohesión, me preguntaba si hay algún criterio
apriorístico. Ya hemos señalado en otras ocasiones que no existen
criterios apriorísticos para el reparto de estos fondos. El reparto de
estos fondos deberá hacerse mediante la presentación, a través de los
cauces que están establecidos, por las comunidades autónomas o por las
corporaciones locales, de los oportunos programas de inversión que
permitan participar en estos fondos. En función de la bondad de estos
programas se determinará cuál es la participación de los distintos entes
territoriales en estas cuestiones.

Por lo que se refiere a la ayuda a transportes en ayuntamientos como
Valencia, Castellón, etcétera, he de decir que hay la ayuda general para
transporte terrestre que se incluye en el presupuesto para aquellas
ciudades que superan el número de habitantes que se señala en la Ley y
que, en el caso de Valencia, hay unas actuaciones especiales porque hay
una financiación especial para FEVE en la Comunidad Autónoma de Valencia
y también hay un programa especial para infraestructura del metro. La
semana pasada, el Ministro de Economía y Hacienda y el Presidente de la
Comunidad firmaban un acuerdo para la realización de determinadas
infraestructuras en el metro de Valencia. Le recuerdo que es un programa
cuya realización estaba prevista para los años 1994, 1995 y 1996, con un
montante global de 20.000 millones de pesetas, para lo cual la Comunidad
Autónoma de Valencia recibirá 3.000 millones en este año 1994, y en el
presupuesto para el año 1995 figura la cantidad de 3.000 millones,
también para este fin.

Su señoría me hace también algunas consideraciones sobre la Cuenta del
Estado de 1991. No sé si es el momento...




El señor PRESIDENTE: No es el momento.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA (Martínez Robles): Simplemente
quería decirle que las cuestiones sobre la Cuenta del Estado del año 1991
ya fueron debatidas y aprobadas por el Pleno y no es más que una
diferencia en cuanto al criterio.

Por último, hay también algunas consideraciones sobre los aspectos de
relación de incremento del IVA e incremento de cotizaciones sociales. No
sé si la respuesta a preguntas anteriores sirve, me dice que regular; ni
sé si quiere que le amplíe alguna cuestión.

En realidad, para concretar esta cuestión y que no quede en el aire, ya
que es una cuestión importante, creo que hay algo que señalar. En primer
lugar, se trata de una reforma muy moderada en la financiación de la
Seguridad Social; reforma muy moderada y de pequeño alcance. Hay que
esperar --y ésa es la posición del Gobierno-- a que la Comisión creada en
el Congreso emita un informe sobre cómo ha de ser la financiación de la
Seguridad Social y, basándonos en ello, se podrá discutir cómo ha de ser
la financiación de la Seguridad Social en el futuro. No es ésa la
cuestión. Ahora es una medida muy moderada. Es una medida que supone una
reducción de los ingresos en cotizaciones sociales de 201.000 millones de
pesetas que se compensan con un incremento de los ingresos por el
Impuesto sobre el Valor Añadido de 240.000 millones; hay una pequeña
diferencia, pero esta pequeña diferencia compensa también otra serie de
medidas que producen pérdidas de recaudación. Ya señalaba al principio el
señor Costa cómo el efecto global sobre la presión tributaria es que la
presión tributaria se mantiene prácticamente como estaba.

Por otra parte, hay un efecto importante de estas medidas sobre la
creación de empleo unido a otras medidas sobre creación que se contienen
en el presupuesto, y hay un efecto sobre la inflación, a la que me he
referido anteriormente, y que, a su vez, también están consideradas en la
previsión de objetivo que se realice de la inflexión en el presupuesto.

No sé si con estas precisiones a grandes trazos queda respondida la
observación o pregunta que se me hacía.

En cuanto a los Fondos de cohesión, volveré a repetir cuáles eran los
límites de las comunidades autónomas. Ya he señalado que globalmente
participarán este primer año en 40.000 millones; de estos 40.000, 29.000
son en fondos medioambientales, y 11.000 en fondos para infraestructuras
del transporte, en función de los programas y de los planes que
presenten.

Por último, quiero decir algo sobre los incentivos fiscales para las
pequeñas y medianas empresas, que es lo que usted me señalaba. Seguimos
con el cuadro que para la pequeña y mediana empresa se contenía en el
presupuesto para 1994. Este año se insiste en alguna de estas medidas;
vuelve a recogerse una norma, como la que ya figuraba en la ley
financiera del año anterior, por la que se reduce el resultado del efecto
de aplicar los módulos a los criterios objetivos de cada una de las
pequeñas y medianas empresas, y hemos de decir, por tanto, en líneas
generales --habida cuenta de la hora que estamos--, que la política
respecto a los incentivos fiscales para la pequeña y mediana empresa que
se contiene en la ley de presupuestos y en la ley financiera se sigue en
la misma dirección que en el año anterior.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Señorías, son las dos menos diez de la tarde. A las doce tenía que haber
terminado la comparecencia del señor Secretario de Estado de Hacienda; a
la una la del señor Secretario de Estado de Economía y a la dos, la del
Subsecretario.

La Presidencia, de acuerdo con los grupos, ha pospuesto para esta tarde a
última hora, exactamente a la ocho y cuarto, que es la hora en que
previsiblemente terminará la comparecencia del Secretario de Estado de
Comercio Exterior, la comparecencia del Subsecretario del Ministerio de
Economía y Hacienda, pero mantiene la comparecencia en la mañana de hoy
del Secretario de Estado de Economía.

Se va a conceder a los representantes de los grupos un segundo y
brevísimo turno. Este turno estaba concebido no para manifestar
concordancias, discrepancias o insatisfacciones, sino para expresar
cuestiones que habiendo sido



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preguntadas no hayan sido contestadas o no se hayan comunicado por el
compareciente que pueden ser contestadas por escrito. En todo caso, la
Presidencia --y lo comprenderán SS. SS.-- cortará las preguntas referidas
a relaciones con las comunidades autónomas o las corporaciones locales,
porque está prevista la comparecencia del director general
correspondiente; preguntas relacionadas con la Seguridad Social, porque
también está prevista la comparecencia del Secretario General de la
Seguridad Social, o preguntas relacionadas con la evolución de las
grandes magnitudes, porque inmediatamente comenzará la comparecencia del
Secretario de Estado de Economía. Con estas limitaciones, que
comprenderán SS. SS., tiene la palabra el señor Costa. (El señor Zabalía
pide la palabra.)
Señor Zabalía.




El señor ZABALIA LEZAMIZ: Es para una cuestión de forma. Nuestro grupo
parlamentario está de acuerdo en trasladar a la tarde las comparecencias
del señor Secretario de Economía y del Subsecretario de Economía y
Hacienda, pero es que no hemos sido consultados.




El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Zabalía, es que se ha pedido la
conformidad del grupo que había pedido esa comparecencia.




El señor ZABALIA LEZAMIZ: Había entendido que pedía la conformidad de los
grupos parlamentarios, y quería precisarlo.




El señor PRESIDENTE: Quizá hablé en plural, pero mi intención se
relacionaba con el grupo que ha pedido esa comparecencia.

Señor Costa.




El señor COSTA CLIMENT: Comprendo las limitaciones y, por tanto, voy a
intentar ser lo más breve posible en esta intervención, en la que me voy
a limitar a tocar aquellas cuestiones o aquellos aspectos de mi
intervención inicial que, quizá porque a lo mejor no me he explicado con
la suficiente claridad, han dado lugar a una respuesta no detallada o
contradictoria.




El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Costa, tiene que limitarse a aquellas
cuestiones que, preguntadas por S. S., no han sido contestadas por el
señor Secretario de Estado de Hacienda.




El señor COSTA CLIMENT: Me limito al espíritu de la manifestación que
hace la Mesa, y además le puedo manifestar que voy a reducir...




El señor PRESIDENTE: Atendiendo a la hora que es, aténgase al espíritu y
a la letra, se lo ruego.




El señor COSTA CLIMENT: A la letra, también.

En relación con el incremento de la presión tributaria, en primer lugar,
quiero manifestar que el Grupo Parlamentario Popular ha leído el
documento de presentación de los presupuestos. Por tanto, cualquier
información que contiene ese documento es información de la que ya
disponemos y, por consiguiente, lo que agradeceríamos es información
adicional.

En cuanto a la variación de la presión tributaria, en la página 174 del
libro pequeño amarillo aparecen las cifras de los impuestos directos y
las cotizaciones sociales de los impuestos indirectos y, si hacemos el
cálculo de lo que supone la variación de esas cifras respecto al PIB, se
produce un incremento de la presión tributaria del 0,7 por ciento. (El
señor Vicepresidente, García Ronda, ocupa la Presidencia.) Las
afirmaciones que aparecen en la página 130 del libro amarillo desorientan
al intérprete.

En cuanto a las previsiones de ingresos, ¿quiere usted decirme que
calculan la previsión de ingresos aplicando un criterio de caja? Resulta
sorprendente su afirmación. ¿Está diciendo usted a los ciudadanos
españoles que cuando elaboran el presupuesto no tienen en cuenta los
derechos reconocidos para 1995 y tienen en cuenta la previsión de
recaudación? Esa afirmación me parece la más flagrante vulneración de lo
que puede ser la técnica presupuestaria. En todo caso, le puedo
manifestar que, para deshacer las discrepancias que puede haber habido
entre mi intervención y su contestación, hay un camino muy sencillo:
ustedes nos proporcionan la base de que parten para elaborar la previsión
de ingresos para 1995, los parámetros que utilizan y la incidencia de
cada uno de esos parámetros. Si mi grupo parlamentario dispusiera de esa
información, podría aceptar las afirmaciones que usted ha realizado. En
todo caso, si no disponemos de esa información, circunstancia que
lamentaría notablemente, tendremos que esperar a ver cuál es la ejecución
en los avances de liquidación del presupuesto para 1995 para ver qué
grado de veracidad o realismo tenían mis afirmaciones.

En cualquier caso, lo que quiero manifestar es que usted ha utilizado en
varias ocasiones el término previsiones moderadas. Es lo único --y se lo
digo con todo respeto-- que he sacado en claro de su intervención, y las
manifestaciones que ha realizado el señor Zabalía no me pueden servir
como un argumento para contradecir las manifestaciones o las afirmaciones
que yo he realizado.

Le agradezco la información que nos ha proporcionado, información, ésta
sí, adicional a la que aparece en el documento de presentación sobre el
impacto del «décalage» y de la devolución a determinados sectores. Es una
información de la que no disponíamos y, por tanto, no podemos haber
valorado; pero, en cualquier caso, sí le vuelvo a decir que aunque
tomáramos como base la previsión de recaudación para 1994 del IVA y la
corrigiéramos con la evolución de la demanda interna, solamente con esa
circunstancia ya tendríamos la previsión de ingresos para 1995. Es decir,
ustedes con estas dos medidas están comiendo el impacto de la subida del
IVA en un punto.

En cuanto a los gastos fiscales le diré muy brevemente que no es una
comparación homogénea, como usted ha dicho. En una determinada página del
Libro Blanco aparece una comparación más homogénea. Una comparación que,
si se corrige con el impacto de la subida del tipo superreducido, como
usted ha manifestado, y con la corrección



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que deberíamos incorporar al régimen de libertad de amortización, hace
que prácticamente no exista variación en la cifra de gastos fiscales en
términos nominales, respecto al ejercicio 1994. No me interesa eso. Lo
que sí que quiero manifestarle son tres cuestiones: Incentivos a la
inversión. Es cierto que la cifra de los incentivos a la inversión se
mantiene en unos términos muy similares a la de 1994; pero es que hay dos
circunstancias que deberían incidir en la cifra del gasto fiscal: Una, la
variación de las rentas empresariales en 1994, que permite absorber más
cuota íntegra por la vía de los incentivos fiscales; y otra, la
ampliación de los límites para poder absorber cuota íntegra por
aplicación de las deducciones por inversiones por actividad exportadora,
etcétera. Esas son dos circunstancias que deberían determinar un
incremento de los gastos fiscales en 1995. Una de dos: o está mal la
cuantificación de 1994, cosa que no nos sorprendería, de acuerdo con las
manifestaciones que antes he realizado, o está mal la cuantificación de
1995. Eso es lo único que he querido señalar.

En cuanto a la exención por útiles de trabajo, en primer lugar, le quiero
manifestar que he leído la información que usted le remitió al señor
García-Margallo en el ejercicio pasado, no se corresponde esa
contestación con los términos exactos de mi pregunta y, si se quiere,
usted lo puede repasar.

En cuanto a las propuestas del Partido Popular o del Grupo Parlamentario
Popular, no me las compare; es decir, nosotros limitamos la exención por
este concepto. Parece que ustedes están haciendo un replanteamiento total
de la consideración ideológica que podía tener el Impuesto sobre el
Patrimonio y están aproximándose a otro tipo de posturas que no coinciden
con lo que, en principio, deberían ser sus planteamientos; pero esto
tampoco me sirve de nada. Me gustaría saber cuál es la cifra que van a
tener que transferir a las administraciones territoriales por el acuerdo
de financiación, porque introducen un incentivo fiscal que va a afectar
la recaudación en las comunidades autónomas.

En cuanto a las medidas tributarias, la deflactación del IRPF supondrá
dejar de ingresar 88.000 millones de pesetas, si no he entendido mal su
cifra. ¿Quiere usted volver a decir que la deflactación de la tarifa es
un regalo al contribuyente? La deflactación de la tarifa tiene como
finalidad eliminar la progresividad en frío, y usted sabe perfectamente a
qué nos referimos cuando hablamos de progresividad en frío. Esto no es un
regalo al contribuyente; es aplicar una regla o un principio que debería
aplicarse con carácter anual, no de forma excepcional y que hacen la
mayor parte de los países de nuestro entorno, como usted también sabe muy
bien.

En cuanto a las medidas de apoyo a la familia, enuméremelas, señor
Secretario de Estado; y le vuelvo a decir con todos los respetos que ya
hemos comentado en qué consiste la deflactación de la tarifa. Esta es una
medida que afecta a todos los contribuyentes, no a las familias. Las
medidas en cuanto al rendimiento del capital mobiliario, exactamente lo
mismo. En el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, ustedes no dan nada
al contribuyente, le conceden un derecho legal: un mayor plazo de
fraccionamiento, cobrándole intereses...




El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Señor Costa, perdóneme un
momento.

Creo que está usted alargando la intervención en algo que a mí, y usted
lo sabe, me parece muy interesante porque S. S. entiende de lo que está
hablando; pero me parece que se está alargando innecesariamente porque
entra usted en una especie de debate que podría dar lugar a
contestaciones de debate, etcétera. Limítese, por favor, como ya ha
pedido la Presidencia de la Mesa a plantear las cuestiones que no han
sido tratadas por el señor Secretario de Estado de Hacienda en su
intervención anterior que, sin duda, ha sido muy exhaustiva, en aras del
respeto al resto de la Comisión.




El señor COSTA CLIMENT: Gracias, señor Presidente. Con ese respeto, lo
primero que tengo que manifestar es que todas las preguntas y todas las
no respuestas del señor Secretario de Estado constan en el acta y no voy
a volver a repetirlas, porque estoy convencido de que, en la medida que
no han sido contestadas, es porque el señor Secretario de Estado de
Hacienda no dispone en estos momentos de toda la información.

Solamente manifestaré, finalmente, porque este extremo sí me preocupa,
que respecto a las medidas de lucha contra el fraude fiscal (al margen de
que no me ha proporcionado una estimación de cuál es la cifra en que
piensan incrementar la recaudación por este concepto, no lo ha
mencionado), no digo que no sea razonable que entre en vigor en 1995,
todo lo contrario, puede ser una medida que nuestro país puede estar
demandando desde hace bastantes años, lo único que quiero decir es que
tramitar esta medida en dos meses puede parecer sumamente precipitado.




El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): A continuación tiene la palabra
el señor Ríos, por el Grupo de Izquierda Unida, rogándole también
brevedad.




El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, muy breve.

No me ha respondido al tema de los gastos fiscales, ¿por qué el 85,99 por
ciento de gasto fiscal, es decir, de exenciones del Impuesto sobre el
Patrimonio y por qué el 44 por ciento del Impuesto de Renta de
Sociedades? Y ¿qué beneficios piensan obtener con estas exenciones o
beneficios fiscales?



El señor VICEPRESIDENTE: Para contestar a estas cuestiones tiene la
palabra, de nuevo, el señor Secretario de Estado. (El señor Presidente
ocupa la Presidencia.)



El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA (Martínez Robles): Algunas de
las cuestiones a las que se refiere el señor Costa lamento no haberle
dado la respuesta precisa, pero efectivamente el dato que me dice de que
en la página 174, sumados los impuestos directos y las cotizaciones
fiscales, son más en el año 1994 que en 1995, no me dice nada. (El señor
Costa Climent: Haga el cálculo.) Lo haremos, pero ya le digo lo que
aparece en la otra página, donde dice que prácticamente quedan



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igualados. Usted pretende decir que se aumenta la presión tributaria. Ya
veo que lo dicen como uno de los argumentos que aparecen por ahí para la
evolución del impuesto, pero si todo su argumento es que haciendo todas
las cuentas la presión tributaria se incrementa el 0,7, no está mal. Eso,
en un volumen como éste y habida cuenta de estas evaluaciones, se puede
considerar como que no crece nada. Yo creo que deberían afinar más para
decir que hay una variación de la presión tributaria; le digo que no la
hay. Explicamos en la página anterior cómo esta medida de incremento del
IVA se contrapone con la de descenso de las cotizaciones sociales.

Hacemos los presupuestos utilizando las técnicas normales de
presupuestación. Hacemos todo tipo de comparaciones. Comparamos
presupuesto inicial con presupuesto inicial; en base a cómo van los
ingresos a esta fecha pensamos cómo deben ser los ingresos en la fecha
anterior, en términos de caja y también en términos de derechos
reconocidos. Lo que pasa es que los términos de derecho reconocido no se
utilizan a estos efectos; siempre puede sacar los derechos reconocidos en
base a las cifras de caja, habida cuenta los coeficientes de ejecución.

Eso siempre se puede hacer, pero no es que estemos haciendo algo más;
estamos haciendo la cuestión tal como es la técnica de presupuestación.

Consideramos todos los parámetros y ofrecemos todo tipo de comparaciones
y todo tipo de cifras. Aquí aparecen todas las cifras de derecho
reconocido; este documento lo conocen, está en la documentación
presupuestaria.

La compensación a las comunidades autónomas cuando hay disminución en
ingresos de tributos cedidos es una posibilidad, no es algo automático,
es una posibilidad cuando así se acuerda por el Consejo de Política
Fiscal y Financiera. Se ha discutido con las comunidades autónomas si el
peso de reactivación de la economía, o de la introducción de medidas que
coadyuven en esa dirección, debe pesar sólo sobre el Presupuesto del
Estado, o si debe pesar sobre el presupuesto de todas las
administraciones públicas. En este caso que usted insiste en el Impuesto
sobre el Patrimonio, se ha considerado que afecta al presupuesto de todas
las comunidades autónomas, no sólo al Presupuesto del Estado; por tanto,
no habrá compensación por esta cuestión a las comunidades autónomas.

Yo no he dicho que la reducción en el ingreso de los contribuyentes que
se va a deducir de una menor tabla de retención sea un regalo, eso lo ha
dicho usted. Lo que yo he dicho es que van a ingresar menos; el que ha
dicho que es un regalo es usted. Es un problema de calificación. Yo lo
que digo es que con motivo de la reducción de la tarifa se recaudarán
85.000 millones menos. No he calificado esta cuestión. Ya consideré
anteriormente cómo este año se hace la deflactación de la tarifa, y cómo
y por qué en años anteriores no se hizo.

En cuanto a las medidas contra el fraude, sí le había entendido, lo que
pasa es que me hace una pregunta que es difícil concretar. Me dice que le
concrete exactamente cuál es en recaudación el efecto de las medidas que
se proponen. Aquí no es tanto el efecto en recaudación, sino que es
necesaria una norma como esa de cierre al efecto de que no se produzcan
deslocalizaciones de las inversiones españolas para evitar la incidencia
fiscal. Como es lógico, no tengo aquí datos sobre esta cuestión. Usted ha
dicho que la medida le parece bien, lo cual me parece muy positivo. Yo le
he dicho que si entiende que debemos introducir alguna modificación
estamos abiertos a que nos diga cómo ha de ser esa modificación. Si es
una modificación razonable y que se puede introducir, lo podemos hacer en
este artículo porque veo que hay una gran coincidencia en los objetivos
de una medida como ésta. Eso es simplemente lo que le había dicho.

El señor Ríos me preguntaba sobre el porcentaje que tienen los gastos
fiscales en el Impuesto sobre el Patrimonio y en el Impuesto sobre
Sociedades. Cuando lo dijo la primera vez --efectivamente, he ido muy
deprisa y se me ha olvidado y no le he contestado-- me pareció entender
que creía que los gastos fiscales significaban menores recaudaciones de
las previstas. Son comparaciones. Efectivamente, los gastos fiscales son
muy altos en el Impuesto sobre Patrimonio y también en el Impuesto sobre
Sociedades. En este último se ven incididos por esta cuestión que ya
hemos comentado anteriormente, que es el cálculo excesivamente exagerado
de 200.000 millones en el año 1995 como efecto de la modificación del
Decreto-ley del año 1974. Esa incidencia será mucho más pequeña. En el
Impuesto sobre Sociedades nos mantendremos para el año 1995 en una
proporción aproximada a la que ya teníamos en el año 1994 que era del
orden de un 27 ó 28 por ciento más que ésta que se hace figurar en el
libro amarillo del 44 por ciento.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Con la comparecencia del señor Martínez Robles termina la comparecencia
del Secretario de Estado de Hacienda. Comenzamos la del Secretario de
Estado de Economía.




--DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMIA (PASTOR BODMER). A SOLICITUD
DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS: VASCO-PNV (número de expediente
212/000959), MIXTO-UV (número de expediente 212/000970), COALICION
CANARIA (número de expediente 212/001015) y POPULAR (número de expediente
212/001051).




El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Diputados, comienza la
comparecencia del Secretario de Estado de Economía.

En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Montoro.




El señor MONTORO ROMERO: Señorías, señor Secretario de Estado de
Economía, el Grupo Parlamentario Popular consideraba su presencia, dentro
de este núcleo de comparecencias, como obligada para tener un mayor
conocimiento de los contenidos del presupuesto y de los supuestos
macroeconómicos sobre los que se asienta este



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presupuesto y sobre los que pretenden incidir los presupuestos del año
1995. A ese respecto, voy a utilizar esta primera intervención para hacer
una serie de preguntas relativas, en primer lugar, al cierre del año
1994. Me refiero básicamente al cierre del cuadro macroeconómico, aunque
también preguntaré algunos aspectos concernientes al cierre de los
Presupuestos Generales del Estado para el año 1994.

En primer lugar, en su cuadro macroeconómico del año 1994 el Gobierno
insiste en la previsión de que el consumo privado aumentará este año, en
media anual, un 0,1 por ciento. Esta es una previsión discutible, porque
existen indicadores diversos del comportamiento del consumo privado de
las economías familiares en España que nos están advirtiendo que puede no
producirse una recuperación, o sea, que puede no haber crecimiento
positivo del consumo privado, habida cuenta de la permanencia de la
desconfianza en esas economías familiares respecto de la evolución futura
de nuestra economía. Este mismo argumento --la desconfianza-- es el que
también hace que pueda equivocarse el comportamiento de la inversión más
allá de lo que ya fue el error del Gobierno, que planteó para el año
1994, en su cuadro inicial de estimación macroeconómica, una recuperación
de la inversión que, en la realidad, en la práctica no se va a conseguir
en el año 1994, y el Gobierno ya presenta una estimación más realista
--que sería el dato revelador de que la inversión sigue bajando en
nuestro país-- que registrará una caída en términos reales el año 1994, y
especialmente llamativo resulta la no recuperación de la inversión en el
sector de la construcción dentro del comportamiento de la formación bruta
de capital de nuestro país.

En lo que se refiere a consumo público, lo que advertimos es que estamos
ante un crecimiento bastante mayor de lo que el Gobierno estimaba en su
cuadro macroeconómico inicial, cuando hizo los presupuestos de 1994, y
esto es un comportamiento que es muy importante para lo que puede ocurrir
el año que viene con el consumo público, por las razones que después
expondré con brevedad. Pero en lo que quería insistir ahora es en que se
va a registrar un crecimiento positivo el año 1994 del consumo público,
que en la documentación de presupuestos se advierte que incluso
compensará la caída de otros elementos de la demanda interna, y que es un
incremento positivo que se da a pesar de la congelación efectiva del
sueldo de los funcionarios este año, esto es, un crecimiento nulo de la
remuneración de la función pública. Tenemos aún un crecimiento del
consumo público que obviamente tenemos que encontrar su explicación en el
comportamiento de las compras de bienes y servicios, el Capítulo II de
los presupuestos; comportamiento que significa una desviación en relación
con las cifras estimativas iniciales del Gobierno. Es decir, porque se
desvía la compra de bienes y servicios, es por lo que llegaremos a un
aumento del consumo público de esa magnitud, como la que espera registrar
el mismo Gobierno. En esta revisión de cifras que estoy haciendo, como es
natural --no hacía falta ni que lo indicara--, utilizo las cifras del
Gobierno, utilizo las cifras oficiales, obviamente no me refiero a ningún
otro tipo de estimación, ni mucho menos estimaciones propias o que puedan
haber sido elaboradas por este Grupo Parlamentario.

El caso es que estamos ante una demanda interna que no aportará nada a
nuestro crecimiento económico, que para el conjunto del año 1994 seguimos
en una no recuperación, que no habrá una recuperación de esa demanda
interna de la economía española, una evolución próxima a cero, siempre
según esas estadísticas, esas previsiones oficiales. Por tanto, estamos
identificando que el único factor que causa el crecimiento de nuestra
economía es la demanda externa, que está, efectivamente, registrando un
buen comportamiento, un excelente comportamiento, mejor de lo previsible.

Esta es la auténtica explicación de por qué se desvía ese cuadro
macroeconómico en sentido positivo, porque el sector exterior va a
aportar un crecimiento mayor de lo que efectivamente era previsible. Ahí
hay que señalar el buen comportamiento de las exportaciones, excelente
comportamiento de las exportaciones, pero también hay que advertir que
ese comportamiento --coincidirá conmigo el señor Secretario de Estado de
Economía-- está basado en circunstancias excepcionales; me refiero al
efecto de la devaluación de la peseta, efecto que se va agotando, la
ganancia de competitividad derivada de la devaluación de la peseta que es
empujada por el mercado, y no es una actitud deliberada del Gobierno
colocarla en su valor actual; me refiero a los conflictos bélicos incluso
de nuestro entorno geográfico más próximo que han motivado esa corriente
de turismo, etcétera.

También creemos importante advertir que las importaciones están
experimentando una intensa recuperación en este año, y eso también es
importante a la hora de valorar lo que puede ser el comportamiento de
nuestra economía y, por tanto, el comportamiento presupuestario del año
que viene. Ahí vemos que hay un riesgo, y es que se reabra el déficit
comercial a partir de un aumento de la importación que, además, hemos
entendido que en la documentación presupuestaria se justifica en virtud
del propio comportamiento expansivo de las exportaciones, no tanto porque
haya más demanda interna, que no la hay, sino que es la propia
exportación la que, de otra forma, está recuperando las importaciones en
España. El caso es que esa recuperación de las importaciones es bastante
intensa, estamos hablando de un crecimiento por encima del 8 por ciento
en este año 1994 frente a una caída el año anterior del 3,2 por ciento.

Este Grupo Parlamentario entiende que lo lógico, señor Secretario de
Estado de Economía, es que en el año 1994 se hubiera registrado en España
un superávit por cuenta corriente; en una situación de depresión de la
demanda interna como la que hemos seguido viviendo lo razonable no es que
el superávit fuera nulo o hubiera un pequeño déficit por cuenta corriente
como el que se va a registrar, sino que ya estuviéramos en una cifra
positiva que estaría, incluso, fortaleciendo la imagen internacional de
España en estos momentos, habida cuenta que lo que estaría marcando es
que el déficit comercial no estaría en aumento y estaría registrándose la
aportación positiva de las otras fuentes de renta de nuestra economía,
como es el turismo.

En cuanto a inflación, el fallo de los objetivos del Gobierno para este
año tendrá graves consecuencias en el



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comportamiento de nuestra economía y en el comportamiento de los
Presupuestos del Estado; es un fallo que lamentamos porque viene a
profundizar lo que es la quiebra de credibilidad de nuestra política
económica, y éste es un problema fundamental que afecta, como no puede
ser de otra forma, a los nuevos presupuestos del Estado y a los que se
cierran este año, es decir, los Presupuestos Generales del Estado de
1994.

La inflación tiene un comportamiento que da la impresión de haber tocado
suelo en el descenso; imaginamos que el Gobierno debe estar preocupado
por esa situación para no descender más la inflación, puesto que de esa
forma lo que hacemos es provocar una pérdida importante de competitividad
en nuestra economía.

En lo que se refiere al empleo, que también tendrá grandes consecuencias
sobre las cifras presupuestarias, la estimación del Gobierno es que este
año va a haber una destrucción neta de empleo de 83.000 puestos de
trabajo en media anual; esto quiere decir --y también lo traslado como
una reflexión para el señor Secretario de Estado de Economía-- que con un
crecimiento medio anual del 1,7 por ciento de este año se va a destruir
el 0,7 por ciento de empleo neto. Por tanto, la pregunta es dónde está el
famoso umbral de crecimiento de la economía a partir del que se crea
empleo. Creo que ésta es una respuesta que hay que dar con toda claridad
a la sociedad española, porque seguimos con una desorientación en lo que
significa creación neta de empleo. Entendemos que desde el Ministerio de
Economía se debería decir con toda franqueza cuándo se está destruyendo
empleo en términos netos y cuándo se está creando empleo en términos
netos, y no confundir a la opinión pública, como hacen otras autoridades,
y me refiero a las del Ministerio de Trabajo, que con tanta alegría y con
tanta imprecisión trasladan imágenes falsas a la opinión pública sobre lo
que significa el comportamiento del empleo en un país que tiene ahí uno
de sus principales problemas sociales. La pregunta incluso sería si sería
posible que dominara la autoridad del Ministerio de Economía sobre la del
Ministerio de Trabajo a la hora de hablar de las cifras de empleo en
España. Si es el Gobierno el que trae estos presupuestos con esa
estimación, pongámonos de acuerdo de una vez en cuándo hay creación neta
de empleo y cuándo no la hay. Porque no le quepa duda al señor Secretario
de Estado de Economía que nosotros no vamos a negar nunca que hay
recuperación neta de empleo en un momento en el que se esté creando
empleo, pero negaremos que la hay cuando no se está creando empleo en
términos netos. Y en la España de 1994 no hay creación neta de empleo y
eso sí es importante afirmarlo ante la opinión pública.

En lo que se refiere al descenso del déficit público, lo primero que se
ha hecho ha sido cambiar el déficit público del año 1993--se ha elevado
hasta un 7,5 por ciento del Producto Interior Bruto--. Es una revisión a
la alza exigida parece por Bruselas--estamos siempre con el exigido--. Es
un ajuste contable pero que confunde bastante en cuanto a que se supone
que lo que está ocurriendo en el año 1994 con el déficit público se
adecua a este ajuste contable. Quiero decir que si nuestra información es
correcta, la subida del 7,2 por ciento al 7,5 por ciento del Producto
Interior Bruto, que tiene lugar en la estimulación de lo que es el
déficit público en España, obedece a la contabilidad de los intereses de
la deuda pública exigida por Bruselas. Y se supone ya que estará todo
homogeneizado, porque esta discusión..., ya no sabemos de qué estamos
hablando: si realmente tenemos ya las cifras delante de lo que va a ser
este comportamiento del déficit público en el año 1995, debidamente
homogeneizado, o hemos vivido una revisión que no es sino un retoque para
después producir una senda más descendente del déficit público.

En cuanto a la reducción exacta del déficit público que se está
registrando este año, la pregunta es: ¿qué cantidad procede exactamente
de un aumento de la presión fiscal en nuestro país? ¿Cuál es la
estimación que se está haciendo? Se lo pregunto porque realmente cuesta
mucho obtener esta deducción de las cifras de los presupuestos. Yo creo
que esta cifra se podría presentar de una manera mucho más sencilla,
obviamente, pero de su lectura no se desprende con facilidad y, por lo
tanto, me veo obligado a preguntársela.

El comentario que he hecho del déficit público se traslada mucho más al
caso de la deuda pública. Tengo la necesidad de preguntarle sobre si ya
tenemos la cuantificación exacta de la deuda pública que hay en España en
términos de Producto Interior Bruto, porque el baile de cifras al que nos
tienen sometidos nuestras autoridades económicas es confuso, y desde
luego no es admisible el no decirle a los españoles cuál es el volumen de
deuda pública que existe en nuestro país --si quiere deuda pública
bruta--, sobre si esta forma de llevar este cierre --me refiero al cierre
de cifras-- al programa de convergencia --ha sido elevado en dos puntos
el porcentaje del Producto Interior Bruto-- ya va a ser definitivo y
podemos decir ya con propiedad a los españoles también que la deuda
pública en España del año pasado es el 60 por ciento del Producto
Interior Bruto, este año va a estar entre un 63 y un 64 por ciento del
Producto Interior Bruto y el año que viene, con los nuevos presupuestos,
se va a acercar a un 65 por ciento del Producto Interior Bruto. Le
pregunto si podemos decirlo con propiedad, para homogeneizar los
conceptos y poder hablar en lenguajes comunes sobre estos temas que son
tan importantes para todos. Además, le pregunto que cómo es posible que
se modifique el programa de convergencia del Gobierno español con dos
meses; cómo es posible que en julio se hagan figurar unas cifras de deuda
pública en la revisión del programa de convergencia que tratamos en esta
Cámara y, a continuación, estas cifras se revisen, lo que nos hace temer
que las del año que viene volverán a sufrir nuevas revisiones.

Un aspecto más es el de la deuda externa de la economía española. ¿Por
qué no se publica en España la estimación de deuda que tiene nuestra
economía con el resto del mundo? ¿Hay alguna razón por la que no podamos
conocer también en España qué debemos al resto del mundo? Sería bastante
útil para valorar la situación definitiva y la posible evolución de los
tipos de cambio de nuestra divisa en los mercados financieros
internacionales.

En cuanto a la ejecución de los presupuestos de 1994, que es la base del
nuevo, quería pedirle su opinión sobre



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una cuestión que ha salido con cierta intensidad en la comparecencia
anterior, pero que es importante clarificar porque estamos en una
auténtica confusión de conceptos y de lenguaje. Realmente hay que
lamentar profundamente que esto sea así porque hay que clarificar el
debate político en España y dotarlo de rigor, pero eso no va a poder ser
así en tanto no lleguemos a precisar las cifras, lo que se quiere decir
con ellas y los contenidos. Entonces, yo le tengo que preguntar cuál va a
ser la evolución --usted me dirá que eso es del Secretario de Estado de
Hacienda, pero se lo tengo que preguntar-- de los derechos reconocidos de
los ingresos del Presupuesto del año 1994 en relación con el Presupuesto
inicial. Porque en técnica presupuestaria elemental --y hablo de la
elemental-- en contabilidad nacional se habla de derechos reconocidos y
no de liquidaciones de Caja, como se nos presenta en el libro amarillo de
los Presupuestos, que da una imagen confusa, y tengo que lamentar otra
vez que sea así. O sea, no se pueden comparar liquidaciones de Caja con
Presupuestos del año que viene porque se supone que cuando hablamos de
cifras de Presupuestos y se fabrican esos cuadros comparativos, debemos
hablar de derechos reconocidos, y hacer lo contrario, señor Secretario de
Estado, es confundir no sólo a la oposición, sino a la opinión pública,
es confundir a los medios de comunicación. Hay que hablar con más
propiedad y no se puede mezclar nunca una columna de Caja con otra que
sea de derechos reconocidos. No se pueden presentar estadísticas en
libros distintos porque se producen imágenes diferentes. Este año 1994 lo
que va a ocurrir es que los derechos reconocidos son superiores a la
liquidación de Caja en lo que se refiere a los ingresos de los grandes
impuestos de la economía española. Hay ya una estimación por derechos
reconocidos superior. Esto es lo que en técnica presupuestaria elemental
hay que valorar, cómo se está comportando esa recaudación, y eso es lo
que hay que decir a la opinión pública y compararlo después con las
nuevas cifras de los Presupuestos del año 1995. Por eso se lo preguntaba.

Otra pregunta se refiere también a las operaciones extrapresupuestarias.

¿Qué son esas operaciones extrapresupuestarias, que se contemplan en el
cierre del Presupuesto y que son operaciones que en términos de
contabilidad nacional alcanzan los 134.000 millones de pesetas? Son
cifras también bastante importantes y convendría precisar qué es
exactamente esto de lo extrapresupuestario, cuál es su destino, cuál es
su razón de ser, etcétera.

En lo que se refiere a los Presupuestos de 1995 y el suficiente cuadro
macroeconómico de 1995 (abusando de la paciencia de nuestro Presidente,
porque evidentemente hoy no vamos a comer, pero este tiempo está bien
empleado, ya que es importante clarificar todos estos extremos), yendo
por la misma sistemática, en primer lugar el cuadro macroeconómico y
después contenido de Presupuestos, hay que preguntar al señor Secretario
de Estado de Economía sobre el comportamiento del consumo privado. En qué
medida el incremento que estima el Gobierno para el año que viene, este
2,3 por ciento, va a proceder de una bajada del ahorro de las economías
familiares. Me refiero a la cuantificación, no qué va a proceder, porque
eso ya lo dicen ustedes en los documentos anexos al Presupuesto, sino de
dónde viene esto, cuál es la evolución de la renta disponible de las
economías familiares que sustenta un crecimiento de la inclinación al
consumo de un 2,3 por ciento. Ustedes dicen a continuación que no viene
de los salarios, porque dan una hipótesis del comportamiento de los
salarios que también es extremadamente rigurosa, pero lo que está claro
es que tampoco puede venir de la creación neta de empleo, ya que ésta es
muy modesta y un crecimiento de empleo de esa magnitud no justifica ni
explicaría esto. Además, le pregunto si eso es deseable. Si esa nueva
renta de las familias no viene completamente de la creación neta de
empleo, ¿es deseable que vayamos hacia un crecimiento del consumo privado
de esa cuantía, que puede provocar incluso tensiones inflacionistas el
año que viene?
En lo que se refiere al consumo público, la pregunta es si es coherente
que el Gobierno hable de un crecimiento del 0,5 por ciento para el año
que viene, cuando este año el crecimiento es del 0,3 --siempre comparando
cifras oficiales--, cuando resulta que este año no ha habido incremento
alguno en la remuneración de funcionarios y al año que viene lo va a
haber. Entonces, lógicamente también se necesita que haya una contención
de la compra de bienes y servicios públicos que nos tememos, señor
Secretario de Estado, que ha sido la partida residual de estos
Presupuestos, la partida de ajuste del cuadro. No nos parece realista
estimar un crecimiento de cero para la compra de bienes y servicios
públicos, pero usted nos explicará en qué medida eso es así.

En lo que se refiere a la inversión, nos haría falta conocer cuáles son
las hipótesis concretas que permiten vaticinar una recuperación como la
que se contiene en el cuadro y cuál es la incidencia que estima el
Gobierno que tendrá el efecto del incremento de tipos de interés que ya
ha habido en España, la que ya ha ocurrido, la subida de tipos de interés
a largo plazo en tres puntos porcentuales largos durante el año 1994; no
hablo ya de otra hipótesis en cuanto a comportamientos de tipos de
interés, sino de cuál sería el repunte.

En cuanto a las importaciones de la economía española nos llama la
atención que el Gobierno estime un crecimiento tan moderado de las
importaciones el año que viene; sólo establece un crecimiento del 9,5 por
ciento, cuando ya este año ha sido un 8,3 por ciento y estamos en una
recuperación económica de demanda según las hipótesis del Gobierno. Llama
la atención que no se produzca un mayor avance de las importaciones, lo
que significaría que estaríamos abriendo el déficit comercial de nuestra
economía. Si es así sería una hipótesis más real y que advertiría sobre
lo que está ocurriendo ya y es que la economía española sigue teniendo un
problema de falta de competitividad.

En cuanto a la inflación la pregunta es cuál es el efecto concreto que el
Gobierno estima sobre los precios de la subida de los impuestos
indirectos en ese marco del crecimiento de la demanda interna. También
aquí hay que llamar la atención sobre que el Gobierno insiste en el
objetivo --al Secretario de Estado de Economía le gusta hablar de
objetivos, no de previsiones, llámele como quiera-- de



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una cifra que pretende ser creída por la sociedad, y en la medida en que
no lo vaya a ser volveremos a tener una frustración que producirá efectos
económicos negativos sobre la evolución de nuestra economía y nos va a
llevar a una indiciación de rentas que tenemos que calificar de
peligrosa.

En lo que se refiere a la tasa de paro, lo que también advertimos es que
el año que viene no se va a corregir la tasa de paro. La pregunta es la
siguiente: ¿cuánto tiene que incrementarse el producto interior bruto en
España para que se cree empleo significativamente? ¿En cuánto tenemos que
crecer? ¿Cuál es la hipótesis de incremento de población activa que está
manejando el Gobierno para el año que viene? Porque no lo hace figurar,
la suponemos, pero no la hace figurar en los cuadros. ¿Cuál es la
hipótesis de crecimiento de la población activa en los próximos años?
Más aún, y ya aprovecho para hacerle otra pregunta. ¿Cuál es el
crecimiento potencial de la economía española según el Gobierno? ¿Cuál es
el umbral de crecimiento que podemos conseguir en España sin provocar una
profundización de nuestros desequilibrios macroeconómicos? ¿Qué está
estimando el Gobierno? Aquí hay una discusión que también conviene
precisar porque en el informe económico y financiero ustedes lamentan que
no estemos en el potencial de crecimiento y lo dicen varias veces a lo
largo del informe, como es natural. Nosotros también lamentamos que no
estemos en ese potencial, pero nos gustaría conocer cuál es esa cifra de
referencia a partir de la que se empieza a reducir el déficit público de
forma coyuntural, o se crea empleo de forma significativa, etcétera.

Otra pregunta es si hay que conformarse, si nos tenemos que resignar a un
descenso de 0,8 puntos porcentuales del PIB del déficit público para el
año que viene con un incremento de la economía del 2,8 por ciento. Si eso
es compatible, ¿no es mucho conformarse? ¿No es mucho aceptar que
realmente hay un componente estructural muy alto en la economía? ¿No
sigue suponiendo el Gobierno que el comportamiento de las
administraciones territoriales, el sector público territorial, va a ser
demasiado optimista y va a ir reduciendo su déficit en porcentaje del
producto interior bruto, porque eso ya lo hace este año? Para que le
salga el 6,7 el tanto por ciento del déficit de administraciones
territoriales en el producto interior bruto respecto del año 1993 lo
tiene que reducir. El año que viene sigue con la hipótesis de reducción.

La pregunta es si eso es verosímil; si eso es creíble en la situación de
agobio financiero que están viviendo las comunidades autónomas y los
ayuntamientos. Nos sorprende --y es una pregunta-- que pueda afirmarse
con propiedad --como hace el informe económico financiero del año 1995--
que el componente cíclico del déficit apenas variará el próximo año, con
ese incremento tan importante de la actividad económica. Por ello le he
preguntado antes cuánto tiene que crecer una economía como la nuestra
para que de verdad se reduzca significativamente el déficit público sobre
su componente cíclico. Parece que no estamos hablando de lo mismo; quizá
estemos haciendo una interpretación diferente sobre lo que es lo cíclico
y lo estructural. Esto convendría precisarlo.

Otra pregunta a la que también damos gran valor, señor Secretario de
Estado de Economía, es la siguiente. ¿Cuáles son las elasticidades-renta
sobre las que el Gobierno ha calculado el aumento de los principales
impuestos especiales en España, el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, el Impuesto sobre Sociedades, el IVA, especiales? Si no
tiene la respuesta en estos momentos, nos gustaría que nos la aportara lo
antes posible, porque es importante conocer la evolución previsible de
los ingresos públicos en el año próximo para clarificar y completar
nuestra capacidad de análisis. Como ve, en esa discusión a la que le
intentaba llevar hace unos momentos, sobre lo que es la terminología de
la liquidación y de los derechos reconocidos, conviene clarificar estos
extremos para que todos podamos conocer de qué estamos hablando.

Nos gustaría también conocer su previsión respecto de la evolución de la
prima de riesgo que está pagando la economía española en forma de
diferenciales de tipos de interés alto y cómo espera el Gobierno reducir
esa prima de riesgo. Unida a esto, la pregunta obligada sería la relativa
a la subida de los tipos de interés. Es una pregunta obligada por nuestra
parte porque significa que manifestamos nuestra preocupación sobre la
evolución de los tipos de interés el año próximo a la luz del
comportamiento previsible del incremento de la Deuda Pública que ya
contienen estos Presupuestos Generales del Estado para el año 1995.

La siguiente pregunta se refiere a si el Gobierno considera que habrá una
superación del habitual conflicto entre política fiscal y política
monetaria en España, conflicto que se puede ver acrecentado por la
autonomía del Banco de España. Hay que suponer que un Banco de España
autónomo por primera vez en su historia enfatizará la búsqueda de la
estabilidad de precios a través del rigor monetario, y ello hará que la
política presupuestaria tenga que ser más estricta, más coherente, con lo
que significará esa mayor coherencia a su vez de la política monetaria en
la búsqueda de la estabilidad de precios de nuestro país.

Dentro del ámbito de la Deuda Pública hay otra pregunta que quisiera
formularle. ¿Cuál es su opinión sobre la política de absorción de deudas
por parte del Estado de otros organismos, de otros entes, de empresas
públicas? ¿Qué es esto? ¿Continúa en el presupuesto para 1995? ¿Por qué
no se clarifican las situaciones financieras de esos entes, organismos o
empresas públicas de una vez por todas? Sobre todo cuando se nos dice que
se ha clarificado la situación de la sanidad, aunque nosotros la seguimos
considerando una de las grandes incógnitas de los nuevos presupuestos del
Estado, en tanto que no veamos las cuentas de la sanidad con mucha más
claridad de lo que aparecen en estos presupuestos. La impresión --y me
gustaría que el señor Secretario de Estado de Economía nos lo rebatiera
hoy-- es que estamos ante auténtica estrategia de ocultamiento de déficit
público; enmascaramiento que es relativo, porque lo que empleamos es una
técnica de financiación que al final nos está llevando a esa Deuda
Pública en continuo crecimiento, y no estamos engañando a nadie, pero sí
estamos engañando a un presupuesto que no hace lucir el déficit público
al que le llevaría una política más



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decidida de colocar las cuentas a cero de toda esta pléyade de
organismos.

Otra pregunta es: ¿cuándo estima el señor Secretario de Estado de
Economía que las cuentas públicas estarán en condiciones de ofrecer un
ahorro positivo? Porque el desahorro sigue manifiesto en estos
presupuestos para 1995. Estamos otra vez en desahorro neto; por tanto,
¿cuánto tiempo vamos a esperar hasta que la cuenta de utilización de
renta de las administraciones públicas se coloque en saldo positivo?
La siguiente pregunta es qué piensa el Secretario de Estado de Economía
sobre el incumplimiento de la promesa electoral del Partido Socialista en
cuanto a mantener la inversión pública en el 5 por ciento del producto
interior bruto. Está claro que se está renunciando a ese compromiso con
el electorado y queremos saber su opinión sobre el comportamiento de la
inversión pública y sobre la necesidad de que hubiera más inversión
pública en una sociedad, en un país que está carente de infraestructura
--seguimos teniendo ese defecto, ese fallo-- cara a la mejora de la
competitividad.

Otra pregunta es relativa a los gastos financieros. Entendemos que hay
una moderación en el comportamiento de los gastos financieros de 1995,
pero nos preguntamos sobre la suerte de los gastos financieros en los
ejercicios siguientes, cuando haya que aflorar en la estadística
presupuestaria las consecuencias de la reciente subida de tipos de
interés y las que hipotéticamente pudieran producirse en el futuro. El
riesgo de que los presupuestos para 1996 nazcan lastrados por unos gastos
financieros muy importantes es grande, y cuando digo esto me refiero a la
continuidad de la política presupuestaria, que es fundamental. La
responsabilidad de un presupuesto está en su continuidad, no en el
presupuesto en sí mismo, sino en su enclave dentro de una estrategia de
presupuestos consecutivos.

En la página 140 del informe económico-financiero, no en el libro resumen
--por eso decía que el libro es claramente mejorable en cuanto a
expresión de lo que son las cuentas públicas en nuestro país--, se afirma
que el volumen de Deuda Pública en España es moderado y que la carga de
intereses en los presupuestos es también moderada. Creo que en los
documentos oficiales deberíamos cuidar más lo que debe ser una
preocupación esencial de la sociedad española y decirle a esa sociedad
que lo que estamos pagando en forma de deuda es grave, y eso hay que
pararlo. Hay que hablar con esa claridad, porque si no vamos a seguir
enmascarando lo que son los costes auténticos de los servicios públicos y
lo que significan unos presupuestos que restan capacidad de crecimiento
económico, incluso potencial de crecimiento y, por tanto, creación neta
de empleo.

La última pregunta es relativa a la financiación de la Seguridad Social.

Quisiera saber si el señor Secretario de Estado considera que es una
buena técnica presupuestaria financiar con más de 400.000 millones de
pesetas, a través de un préstamo, a la Seguridad Social. ¿Qué estamos
haciendo con la Seguridad Social? ¿Estamos enmascarando el desequilibrio
financiero de esta institución clave de los españoles con esa técnica de
aumentar el préstamo que se ofrece a la Seguridad Social?
Decía que la anterior era la última pregunta, pero hay otra que no me
resisto a hacer, y con esto finalizo, señor Presidente, que es relativa a
lo que significa la incidencia de estos presupuestos, de unos
presupuestos que siguen registrando un déficit público tan alto, un
crecimiento de la Deuda Pública tan alto; unos presupuestos en los que
las cuentas van hacia un incremento de presión fiscal en España bastante
significativo y, además, por la vía de los impuestos indirectos. Esos
presupuestos, ¿qué tienen de restrictivos? ¿Se puede calificar con
propiedad de restrictivo un presupuesto tan fuertemente desequilibrado,
cuando no es comparándolo con los de los años anteriores? No me refiero a
más restrictivos que los del 93, porque, obviamente, los de 1993 han sido
unos presupuestos disparatados y entonces, la comparación con todo lo que
venga después va a ser mejor, pero estamos hablando de lo que es la
incidencia y de lo que va a ser la necesidad de coordinación con la
política monetaria en nuestro país.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, el
señor Ríos tiene la palabra.




El señor RIOS MARTINEZ: Voy a ser muy breve, señor Presidente.

La verdad es que la credibilidad con la que podemos tomar los objetivos o
las previsiones --según nos guste más-- del marco en el que se mueven los
presupuestos --inflación y ejemplo del año anterior, déficit público y
ejemplos de años anteriores-- ponen en cuestión también estos objetivos o
prioridades. En todo caso, no voy a entrar en esas preguntas, porque ya
se han planteado, sino que voy a ir a preguntas concretas, dirigidas a
cómo piensan hacer efectivas algunas de las iniciativas que ustedes han
adoptado.

Ustedes han pensado que dejando unos 200.000 millones de pesetas en manos
de las empresas, al reducir la cotización a la Seguridad Social, se va a
fomentar la inversión. ¿De qué manera va a orientar o facilitar el
Gobierno que ese dinero que se deja en circulación sea de verdad para
invertir? ¿Van a seguir funcionando experiencias anteriores --como le
apuntábamos al compareciente anterior-- como los planes de ahorro
popular? ¿Qué garantías hay para que las inversiones, de verdad, se
produzcan, puesto que hay un beneficio que se deja en manos de las
empresas?
El segundo gran objetivo que ustedes han puesto en circulación es que
vamos a dejar en manos de los ciudadanos unos 100.000 millones de
pesetas, puesto que vamos a reducir la retención del IRPF para estimular
el consumo. ¿De qué manera piensan que se puede producir esto si hay un
incremento del uno por ciento del IVA en todas las vertientes del mismo,
el IVA superreducido y el IVA reducido, y por tanto va a incrementarse el
costo de los precios, que va a repercutir sobre todo en las personas que
tienen una capacidad de ingresos reducidos?
Ustedes dicen que van a reducir el porcentaje del paro --si bien no de
manera muy significativa--, que pasará del 24,4 por ciento al 24 por
ciento. ¿Qué tipo de empleo neto es el que quieren ustedes crear? ¿Qué
empleo se va



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destruir? En un año en el que crecemos económicamente, según ustedes (si
sumamos la previsión interior con la exterior, el producto interior bruto
va a crecer en torno al 2,3 o al 2,7 por ciento al final del ejercicio),
¿qué tipo de empleo es el que se cierra y qué tipo de empleo el que se
crea? ¿Al final va a haber empleo neto, según las previsiones que ustedes
tienen?
La siguiente pregunta va dirigida a la teoría de comprometer desde el
Estado la garantía de las aportaciones. A mí me ha chocado ver cómo hay
programas específicos de lo que pudiéramos llamar políticas activas que
tienen minoraciones, desde lo que es el programa de economía social, que
baja un 44 por ciento; desde lo que son las relaciones laborales y las
condiciones de trabajo, que bajan un siete por ciento; desde lo que es el
programa de planificación, presupuestación y política fiscal, que también
baja; o desde lo que son los programas dirigidos a política industrial,
que también bajan. En suma, ¿qué garantías hay para que incida en la
economía del gestor de algo más de 30 billones de pesetas? Con un
producto interior bruto, al final del ejercicio, de 68 billones, el que
dirige las riendas de 30 billones de pesetas, ¿cómo incide en esa
economía, cómo hace rentables sus aportaciones, cómo hace más productiva
la realidad económica? Y, sobre todo, el dinero que ustedes reparten a la
iniciativa privada, ¿cómo se garantiza que resulte eficaz? De qué manera,
cuando se subvenciona una iniciativa, se da viabilidad a esa inversión
que es subvencionada para que no desaparezca al año siguiente o a los dos
años? ¿De qué manera se garantiza la eficacia de la subvención o de la
aportación pública? Esa sería una de las dudas más razonables que
nosotros debiéramos de haber despejado para ver si de verdad no se aplica
una filosofía del Estado en la que la economía, en años de crecimiento,
mantiene los desequilibrios que produce el IPC, pero en años de crisis
todos nos apretamos el cinturón --más se lo aprietan los que más tienen--
y pierde capacidad de incidencia, porque en ese sentido las desigualdades
nunca se corrigen; es decir, la duda se refiere al Estado como
complemento de la vida cotidiana o económica o al Estado como corrector
de las desigualdades; son dudas que algunos tenemos. En esa dirección
irían las preguntas que nosotros le queríamos hacer.

Termino con el tema del compromiso de este presupuesto con los planes de
reactivación que algunas figuras del Estado han comprometido. ¿De qué
manera va a facilitar el Estado esa reactivación económica planteada
desde el compromiso de la inversión estatal con las inversiones europeas
y las inversiones de cada comunidad autónoma? ¿De qué manera vamos a
hacer de motor para sacar hacia adelante la situación complicada que
algunas zonas del Estado español tienen?



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra
el señor Chiquillo.




El señor CHIQUILLO BARBER: Agradezco, en primer lugar, la presencia del
Secretario de Estado de Economía. Hablo en nombre del Grupo Mixto, pero
el planteamiento viene en representación del Partido político Unión
Valenciana. Se lo recuerdo al señor Presidente para que lo tenga en
cuenta.




El señor PRESIDENTE: Señor Chiquillo, los grupos parlamentarios se llaman
como yo los estoy llamando. Los partidos políticos que integran los
grupos parlamentarios son de la libre expresión del parlamentario, y yo
no le he negado que manifieste su identidad, pero las deliberaciones las
dirige el Presidente en los términos que cree oportuno.




El señor CHIQUILLO BARBER: El planteamiento de las preguntas que vamos a
formular de cara a tener datos para las posibles enmiendas de los
Presupuestos Generales del Estado van en la línea de que en el proyecto
de presupuestos el crecimiento real previsto del producto interior bruto
se espera obtener básicamente a través de la recuperación del consumo;
sin embargo, este componente de la demanda agregada se verá influenciado
negativamente, según nuestra opinión, por el incremento de la imposición
indirecta y la de los impuestos especiales y por la previsible alza de
los tipos de interés derivada del gigantesco volumen de Deuda Pública
previsto para el próximo ejercicio. Ello nos lleva a Unión Valenciana a
presentar un determinado número de preguntas que nos gustaría que
ayudaran a esclarecer alguno de los planteamientos que no vemos claros en
el departamento que usted rige y que, de alguna manera, marca la
trayectoria política de estos presupuestos.

En primer lugar, quisiera formular las siguientes preguntas. ¿Considera
realista la tasa de inflación prevista del 3,5 por ciento, habida cuenta
de los incrementos previstos de los tipos del IVA, impuestos especiales y
de la previsible recuperación de la demanda agregada? ¿Considera realista
esta tasa de inflación?
En segundo lugar, según las estimaciones de la OCDE, nuestro país en el
año 1995 alcanzará un volumen de Deuda Pública cercano al 67,4 por ciento
del producto interior bruto. ¿Cómo afectará a la inversión privada este
gigantesco volumen de déficit público? En su opinión, ¿cumplirá el Estado
español algún requisito de convergencia en el año 1999, según los
postulados de Maastricht? La condición de la convergencia señala que la
Deuda Pública no deberá ser superior al 60 por ciento del PIB. ¿Cómo
afectará esta coyuntura a los tipos de interés y al tipo de cambio de la
moneda?
También quería plantearle el hecho de que los presupuestos del Estado
para el año 1994 estimaban una tasa de crecimiento del producto interior
bruto del 1,3 por ciento; sin embargo, el año concluyó desgraciadamente
con una caída del 1,1 por ciento. Según esto, ¿considera creíble para el
año 95 una tasa de crecimiento del PIB del 2,8 por ciento?
Ya bajando las cifras de menor escala, me gustaría conocer, si se puede
facilitar al Diputado que habla, el crecimiento del PIB detallado por
cada comunidad autónoma y, en particular, cuál es la estimación del
producto interior bruto para el año 95 para la Comunidad Autónoma
Valenciana.




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El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado de
Economía.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMIA (Pastor Bodmer): Agradezco, en
primer lugar, la ocasión de comparecer aquí y la oportunidad que me
prestan los señores Diputados de tratar de aclarar algunos detalles de
los presupuestos de 1995. La verdad es que tenía pensado describir estos
presupuestos en términos generales, en parte para ayudar a centrar las
preguntas, y yo creo que ha sido lo avanzado de la hora lo que ha hecho
que esto sea difícil.

En el transcurso de mi exposición hubiera tratado de contestar a la mayor
parte de las preguntas que me hacen, en particular el Diputado señor
Montoro, calificándolas de dudas razonables que nosotros compartimos, y
hubiera terminado diciendo que si el grado de cumplimiento de los
presupuestos del 94 no fuera el que nosotros creemos que va a ser, es
decir, va a ser un cumplimiento muy ajustado a las previsiones,
fundamentalmente por lo que se refiere a la evolución del déficit, y si
no hubiéramos observado que la inflación ha seguido descendiendo, más
lentamente de lo que nos gustaría, pero ha seguido descendiendo a lo
largo de todo el año, si no hubiéramos observado esas dos cosas, es
decir, que la inflación sigue una tendencia descendente y, sobre todo,
que la tendencia ascendente del déficit ya se ha quebrado en el año 1994,
creo que el presupuesto del año 1995 hubiera debido ser distinto, es
decir, hubiera debido insistir en lo que fue la preocupación fundamental
del presupuesto de 1994.

En el momento de hacer el presupuesto de 1994 hubo mucha gente que le
pidió al Gobierno que fuera un presupuesto que favoreciera la
recuperación. En aquel momento nos pareció que lo mejor que podía hacer
el Gobierno para favorecer la recuperación era dar un marco de
estabilidad, es decir, poner de manifiesto que los dos desequilibrios
fundamentales de nuestra economía --la inflación, por un lado, y el
déficit, por el otro-- se podían corregir. Creo que este objetivo se ha
logrado con los presupuestos del año 1994, es decir, cuando a finales de
1993 teníamos la duda de si la inflación iba a seguir creciendo y, sobre
todo, de si íbamos a ser capaces o no de reducir el peso del déficit en
el PIB, creo que ésa fue nuestra preocupación fundamental y, por
consiguiente, nos resistimos bastante a todo lo que fueran medidas de
reactivación de la demanda desde la esfera del Estado.

Creo que los presupuestos del año 1995 se plantean con una óptica
ligeramente distinta, es decir, se plantean como unos presupuestos que
pueden contribuir a la creación de empleo --no de empleo público, pero sí
de empleo--, siendo compatibles con la estabilidad. Seguimos en la
dirección ya iniciada en el año 1994 de llegar a una inflación menor y a
un peso del déficit sobre el PIB menor. Estas dos cosas nos parecen pasos
en la dirección correcta. Evidentemente, puede discutirse si el paso que
se da en el año 1995 es o no lo bastante grande Eso sí que se puede
discutir, y ahí creo que hay dudas razonables y también hay, sin ninguna
duda, posibilidad de criterios de valoración distintos. En cambio, lo que
no me parece adecuado este año es calificar los presupuestos de 1995 de
poco creíbles. Creo que ése no es el defecto que tienen los presupuestos
de 1995. Se les puede calificar de presupuestos, desde el punto de vista
fiscal, modestos. Es decir, son moderadamente contractivos --y luego
explicaré por qué--, pero son compatibles con seguir la senda que, a
nuestro juicio, debemos seguir, en el sentido de ir manteniendo la
convergencia con los países de la Unión Europea.

Creo que en este marco general vale la pena, en primer lugar, hablar un
poco de lo que puede ser el año 1994, tal como ha sugerido el señor
Montoro, y pasar revista a las magnitudes y también a los riesgos
fundamentales de los presupuestos del año 1995.

Entre el año 1994 y el año 1995 --hablamos ahora en términos de escenario
macroeconómico-- hay dos diferencias fundamentales. El año 1994 es un año
de crecimiento débil --pensábamos crecer el 1,3 y vamos a crecer
seguramente en torno al 1,5 o al 1,7--, mientras que el año 1995 es un
año de crecimiento más acelerado. Según nuestras cifras, pensamos que
esta aceleración del crecimiento que empieza en el año 1995 seguirá en el
año 1996 y probablemente en el año 1997. Seguramente a finales del año
1997 estaremos por encima de nuestro crecimiento tendencial y, por
consiguiente, hay que esperar que en 1998 nos situemos, en términos de
crecimiento del PIB, un poco más abajo que en el año 1997. El que este
presupuesto del año 1995 se encuadre en un marco de dos o tres años de
crecimiento sostenido y más rápido tiene importancia. Si creyéramos que
el año 1996 iba a ser un año de crecimiento menor, tampoco podríamos
hacer este presupuesto. Necesariamente tendría que ser más restrictivo.

La segunda diferencia entre el año 1994 y el año 1995 es la composición
de ese crecimiento. En el año 1994 todo lo que crece la economía lo
aporta el sector exterior. En este momento todavía no tenemos cifras,
pero me atrevería a suponer que cuando tengamos las cifras definitivas
del año 1994 probablemente nos indicarán que el sector exterior se habrá
comportado un poco mejor de lo que pensábamos y, correspondientemente, la
demanda interna habrá mostrado una mayor debilidad. Esto es verdad
fundamentalmente por lo que se refiere al primer semestre. Durante el
primer semestre del año 1994 nosotros esperábamos que algunos componentes
de la demanda interna, no tanto el consumo privado --que siempre pensamos
que tendría una recuperación muy débil en el año 1994-- como la
inversión, y fundamentalmente la inversión en construcción, se iban a
comportar con mayor fuerza que lo hicieron durante esos primeros meses.

Los indicadores que tenemos en este momento --y no son más que
indicadores-- parecen confirmarnos que se puede contar con un mayor
crecimiento del consumo privado en el año 1995 de lo que fue en el año
1994, y lo mismo en la inversión. Por consiguiente, esto nos autoriza a
pensar que podemos llegar al año 1995 con un crecimiento no inferior al
2,8 y que ese crecimiento vendrá motivado fundamentalmente por el
crecimiento de la demanda interna y no por el del sector exterior.

Esto hace surgir inmediatamente la pregunta de que si se va cerrando la
brecha entre exportaciones e importaciones,



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que es el impulso del sector exterior, no corremos el peligro de que
lleguemos otra vez al año 1996 ó 1997 con un déficit tremendo de nuestra
balanza corriente, que ha sido el estrangulamiento tradicional de los
ciclos de crecimiento de la economía española. Desde luego, con las
previsiones que tenemos para el año 1995 esto no ocurre. Las
exportaciones siguen creciendo ligeramente por encima de las
importaciones, de manera que en el año 1995 la contribución del sector
exterior todavía es positiva. No es hasta 1996 cuando se vuelve negativa,
pero de forma bastante inferior a lo que ha sido en los últimos ciclos de
expansión.

¿Por qué este comportamiento distinto de las importaciones en una fase de
crecimiento? Yo creo que no tanto por el hecho que los españoles en este
próximo ciclo de crecimiento vayan a ser menos ricos, sino porque los
precios relativos se comportarán menos desfavorablemente en este ciclo
próximo que en los ciclos anteriores. Quiero decir que podemos esperar
que durante los próximos años el clásico aumento de la inflación, que era
la consecuencia inmediata de un tirón de la demanda, sea menor. ¿Por qué,
y con esto paso a uno de los riesgos que ha puesto de manifiesto el señor
Montoro para el año 1995 y siguientes?
Nosotros creemos que hay por lo menos tres factores. En primer lugar, una
buena parte de la inflación del año 1995 todavía es consecuencia de los
impactos de las devaluaciones de 1992 y 1993, porque, como ustedes saben,
por lo que se refiere a componentes como los alimentos no elaborados,
esos efectos se transmiten con mucha lentitud, y nosotros creemos que
todavía estamos asistiendo a las colas de esos fenómenos del año 1993.

Este es el primer factor. Creemos que si no hay choques externos, como
podría ser un aumento brusco de los precios en las materias primas --de
lo que parece que hay síntomas, pero no esperamos que esto vaya a ser un
fenómeno relevante--, creemos que el sector exterior no tendrá una
influencia inflacionaria sobre nuestra economía, como la ha tenido
después de las tres devaluaciones de los años 1992 y 1993.

En segundo lugar, es verdad que nuestra economía es cada vez más abierta
y, por consiguiente, el número de sectores y de actividades que pueden
trasladar inmediatamente a precios un aumento de la demanda se va
reduciendo con el tiempo. Creo que durante los años 1992 y 1993 hemos
tenido un ejemplo de ello con los precios industriales. Es decir,
claramente los precios de aquellos productos que estaban más directamente
sometidos a la competencia exterior no han subido. En la medida en que
esta apertura de la economía se vaya extendiendo, eso también es un
factor que tiende a moderar el impacto inflacionario de una subida de la
demanda.

En tercer lugar, no hay que olvidar un componente muy importante: que la
expansión que se empieza a producir en el año 1994, y que confiamos que
siga acelerándose en el año 1995 y seguramente en 1996, se produce en un
contexto de moderación salarial muy superior al que rigió de 1985 a 1990.

Creemos que este factor de contención de los costes salariales también
representará un elemento de moderación sobre la inflación.

Frente a esto existe, es verdad, el impacto que puede tener en el año
1995 la subida de los impuestos indirectos. Naturalmente, éste es un
impacto transitorio, es un escalón que después se va absorbiendo. Por lo
que se refiere a su magnitud cuantitativa, la verdad es que hay
estimaciones para todos los gustos, que van desde menos de cinco décimas
unas, a otras que van hasta más de un punto. Nos podemos situar en algo
así como entre cinco y siete décimas que se distribuirían durante el año
1995. Incluso teniendo en cuenta el objetivo de inflación del 3,5 que nos
planteamos para el año 1995, creemos que no nos vamos a quedar a mayor
distancia que este año, e incluso es posible que la distancia sea menor.

Es decir, hay previsiones que sitúan la inflación en diciembre del año
1995 en el 3,5, incluso teniendo en cuenta las subidas del IVA y de
impuestos especiales.

Quiero insistir en que para nosotros el 3,5 de inflación no es una
previsión sino un objetivo, y lo mismo ocurrió en el año 1994. Eso no son
ganas de engañar a la gente, porque un objetivo del 3,5 en el año 1994 se
podía conseguir. Después, durante el año, hemos sufrido dos o tres
situaciones que no esperábamos, y una última que hemos causado nosotros
mismos pero que tampoco esperábamos, que ha sido, como ustedes recordarán
muy bien, el efecto de la subida de las tarifas telefónicas en el mes de
agosto. En ese mes llegamos a repetir la cifra de agosto del año 1993, y
la verdad es que teníamos una cierta preocupación por lo que nos iba a
ocurrir en el mes de septiembre. En el mes de septiembre, eliminada la
influencia de esa subida del mes de agosto, nos encontrábamos con una
subida del IPC del 0,3, que es la mitad de la que tuvimos en el año 1993.

El objetivo de inflación que nos habíamos fijado para el año 1994 era
exigente pero no irreal. Lo mismo ocurre --creo que con más motivo-- en
el año 1995. Nos seguimos fijando el mismo objetivo y creo que quedaremos
a menor distancia de él de lo que podemos quedar en este año 1994. Con
esto contesto a una de las reflexiones del señor Montoro en cuanto al
fracaso de la lucha contra la inflación este año. No se puede calificar
el resultado final del año 1994 --sea el que sea, porque todavía no lo
sabemos exactamente-- como un fracaso. Lo hubiera sido si hubiéramos
salido en la dirección opuesta. Considero que se podría hablar de falta
de credibilidad si al final de 1995 y con un crecimiento positivo pero
todavía modesto del PIB, nuestra inflación hubiera aumentado. Esto sí
sería un motivo de preocupación seria. El que se reduzca una o dos
décimas menos de lo que habíamos pensado a mí no me produce una
preocupación excesiva.

No creo que hayamos llegado a un suelo en el descenso de la inflación. La
tendencia que ha marcado el IPC durante todo este año, 1994, nos permite
tener esperanzas de que se vaya prolongando en 1995 y siguientes y que,
efectivamente, lleguemos a estar a la distancia correcta con respecto a
la media europea, incluso en comparación con los tres mejores países de
la Unión; es decir, que vamos en la dirección correcta aunque, sin duda,
más lentamente de lo que nos gustaría.

Hay una pregunta del señor Montoro: ¿Cómo es que nuestro déficit
comercial no ha disminuido mucho más este año, 1994, cuando era un año de
recesión? La respuesta se encuentra seguramente en que los países de



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nuestro entorno todavía estaban en una situación de demanda muy baja y,
por consiguiente, no tenían el efecto de tirar tanto como hubieran podido
tirar.

Por lo que se refiere a las magnitudes de déficit y de deuda pública,
creo que el señor Montoro se refería a la corrección del déficit de 1993,
que pasa del 7,2 al 7,5 y que viene impuesta por un deseo de la Comunidad
de que estas magnitudes se expresen todas igual, y esto tiene que ver con
la distinción entre deuda bruta y deuda neta. La Comisión ha insistido
mucho en que la deuda se exprese en términos brutos y no en términos
netos. Nosotros consideramos que la situación de verdadero endeudamiento
del país lo refleja la deuda neta y no la deuda bruta. Sin embargo, hemos
hecho lo que nos decía la Comisión, hemos añadido aproximadamente dos
puntos porcentuales del PIB para pasar de deuda neta a deuda bruta, y
esta cifra se mantendrá constante, es decir que no irá variando con el
tiempo.

No sé si extenderme más sobre el déficit de 1993. Hay dos o tres puntos
de carácter técnico que si el señor Montoro lo desea se los facilitaré
por escrito, porque la discrepancia está muy bien localizada y se ha
debido fundamentalmente a diferencias en criterios contables y,
esencialmente, en la manera de periodificar la contabilización de los
intereses de la deuda. Tengo la información aquí, pero prefiero
facilitársela por escrito.

En relación con el año 1994 y siguientes no voy a tratar de explicar la
diferencia entre el déficit en términos de caja y el déficit en términos
de derechos y obligaciones reconocidas, que es como se expresa en la
Contabilidad Nacional. Sí le diré al señor Montoro que a mi llegada a la
Secretaría de Estado de Economía yo compartía su perplejidad, es decir,
que son dos conceptos cuyas relaciones no me han parecido claras siempre.

Sé que lo están, sé que hay una normativa contable que hace pasar de una
manera mecánica de un concepto a otro. En cualquier caso, lo que sí es
necesario poner de relieve es que las cifras de déficit que se
comprometen en el programa de convergencia siempre son cifras de déficit
en términos de Contabilidad Nacional y no en términos de caja. Esto sí
debe quedar claro. El criterio será mejor o peor, pero es el que se ha
admitido para todo este período. Pensamos que probablemente el déficit en
términos de Contabilidad Nacional será ligeramente inferior al déficit
medido en términos de caja durante estos tres años. Las cifras serán las
que salgan de la Contabilidad Nacional.

Sobre la evolución del año 1995, creo haber contestado a las preguntas
que hacía el señor Montoro, en términos generales. Vuelvo a insistir,
todas las preguntas que hace el señor Montoro no solamente son legítimas
sino que, además, me parecen razonables. Son preguntas que todos nos
hemos hecho en el momento de elaborar el escenario macroeconómico y el
presupuesto. La hipótesis que hacemos del crecimiento del consumo privado
no es optimista, es más bien conservadora. Se basa en un crecimiento de
la renta disponible del orden del 6,3 por ciento. Un crecimiento del
consumo que, si no recuerdo mal, es del 2,5 o del 2,6 no nos parece que
esté fuera de lugar.

Algo parecido nos ocurre con la inversión. Por una parte, tenemos toda
una serie de indicadores que nos sugieren que las empresas están tomando
las decisiones de acometer proyectos de inversión. Cifras como las de
contratación de ingeniería, importación de bienes de equipo y
recuperación de la construcción nos hacen pensar que el 5 por ciento de
crecimiento de la inversión para el año que viene no es una cifra
extraordinaria, teniendo en cuenta que el crecimiento del PIB ya será
bastante elevado y, sobre todo, que el crecimiento de la inversión ha
sido negativo desde el año 1992. Cayó un 2,8 en 1992, un 10,4 en 1993 y
seguramente caerá medio punto en el año 1994. Creemos que, con estos tres
años de caída y frente a unas perspectivas moderadamente optimistas,
esperar que la inversión se recupere tampoco está fuera de lugar.

Crecimiento potencial y generación de empleo. En este terreno las cifras
del Ministerio de Economía son subsidiarias de las cifras del Ministerio
de Trabajo, porque el Ministerio de Economía recoge las cifras sobre paro
de la Encuesta de Población Activa, que es una encuesta que no está hecha
tanto para medir el paro como para analizar la propia población activa.

El Ministerio de Trabajo es el que de costumbre tiene cifras mucho más
actuales, aunque por el mero hecho de ser muy actuales y rápidas también
tienen unos márgenes de error superiores.

En efecto, creemos que en el año 1994 no vamos a tener una creación neta
de empleo y que, para que disminuya el paro en los años siguientes,
tenemos a favor el crecimiento de la demanda y en contra el aumento
previsible de la población activa a través de un aumento de la tasa de
participación, porque sabemos que nuestra tasa de participación es
todavía baja.

También creemos que ese aumento de la población activa es fácilmente
absorbible por las nuevas modalidades de contratación, fundamentalmente
por la contratación a tiempo parcial. La posibilidad de trabajar a tiempo
parcial resolverá muchas de las situaciones de personas que se vayan
incorporando a la población activa. De todas formas, ya sabemos que el
paro será una de las variables cuya recuperación será más lenta, como
ocurrió ya en la última expansión. Le facilitaré al señor Montoro las
elasticidades de renta para la proyección de los ingresos que me pide.

Pasamos al siguiente bloque de preguntas del señor Montoro, que habla de
la reducción del déficit de 8 décimas. Como he dicho al principio, si la
preocupación única del presupuesto hubiera sido la estabilidad
macroeconómica, probablemente hubiéramos apuntado a una reducción mayor
del déficit, teniendo presente que nuestro objetivo sigue siendo el
conseguir reducciones del déficit, fundamentalmente a base de reducciones
en el gasto. Si se ve la experiencia de otros países de nuestro entorno,
se observa que aquellos países que han logrado una reducción rápida de su
déficit lo han hecho normalmente a través de aumentos de impuestos. Es
decir, la reducción del déficit a través de la contención del gasto es
siempre un asunto mucho más lento. Esto explica en gran parte el hecho de
que la reducción que nos planteamos para el año 1995 sea sólo, como se
puede decir, de ocho décimas. De esas ocho décimas, aproximadamente dos
tercios, es decir, 0,56, corresponden a una reducción del déficit
estructural y sólo el resto, el 0,25 aproximadamente, corresponden a una



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reducción del déficit cíclico. De manera que en este año 1995 insistimos
en la reducción del déficit estructural y nos beneficiamos de la
posibilidad de reducir el déficit cíclico, que no habíamos tenido en el
año 1994.

¿Se puede insistir en la reducción del déficit estructural? Sí, pero como
la propia naturaleza del término indica, esto requerirá reducir
componentes estructurales del gasto. Ya se ha hecho mucho en este terreno
en años anteriores y lo que esto quiere decir es que lo que queda por
hacer no es que no exista, pero se hace también cada vez más difícil. Es
un buen momento para indicar que estamos a la espera de las conclusiones
de la Ponencia del Congreso sobre el régimen de financiación de la
Seguridad Social para tomar las medidas que nos parezcan oportunas, que
hemos creído que eran de una importancia suficiente como para que se
adoptaran con el mayor grado de consenso posible.

En cuanto al conflicto entre política fiscal y política monetaria por lo
que se refiere a la evolución de los tipos de interés. No cabe duda de
que las perspectivas de inflación durante estos próximos meses pueden ser
superiores a lo que se consideraría compatible con la estabilidad de
precios a medio plazo, si uno analiza las cifras de inflación alegadas.

La pregunta entonces es: ¿Deberá o no el Banco de España intervenir en el
mercado monetario y puede producir eso un conflicto con los objetivos del
Ministerio de Economía y Hacienda? No me acusarán ustedes de plantear
esta pregunta de forma disimulada. Es difícil hacerlo en términos más
claros.

No cabe duda de que el Banco de España nunca estará satisfecho con un
tipo de inflación que esté por encima del dos. Ese es su trabajo. La
Secretaría de Estado de Economía nunca estará satisfecha con una tasa de
inflación que esté por encima de la de los tres mejores países de la
Unión Europea. Ahora bien, si esa tasa de inflación es superior, ¿qué es
lo que hay que hacer? Las actuaciones a contemplar en este caso son,
desde luego, privativas del Banco de España. Lo más que yo puedo hacer es
adelantarles algunos criterios que a mí me parecerían oportunos.

La actuación de la política monetaria sobre los precios, vía tipos de
interés, tarda un promedio entre seis y ocho trimestres, es decir, entre
un año y medio y dos años. El resultado de una política monetaria
restrictiva sobre la inflación no es, ni mucho menos, inmediato; en
primer lugar. En segundo lugar, la política monetaria actúa sobre el
nivel de precios a base de una disminución de la demanda, es decir,
siempre ralentizando una recuperación. El problema a resolver por el
Banco de España (no es un problema nada fácil) es preguntarse si el nivel
de la tasa de inflación que tenía en aquel momento es un fenómeno
transitorio o permanente. Si se pudiera considerar un fenómeno
transitorio, la actuación de la política monetaria debería ser sumamente
prudente. Por ejemplo, lo que nos ha ocurrido con la inflación en el mes
de agosto, ¿es un fenómeno transitorio o permanente? A mediados de
octubre se puede decir que ha sido un fenómeno transitorio, se ha debido
a un fenómeno concreto y una vez pasados los efectos de ese fenómeno, la
inflación ha vuelto a descender. ¿Una cosa así hubiera hecho necesaria
una intervención drástica de la autoridad monetaria? Yo creo que no. Como
les digo, esto no es más que una ilustración del tipo de problemas a los
que, me figuro, se enfrentará el Banco de España durante el año que
viene; es el problema al que se enfrenta siempre la autoridad monetaria
porque la tasa de inflación siempre es demasiado alta. Los razonamientos
que puede aplicar la autoridad monetaria durante el año que viene serán
de ese orden. Dicho esto, quiero insistir en que me parece que nuestra
tasa de inflación sigue descendiendo. Mientras siga por esta trayectoria,
aunque el nivel sea más alto de lo que nos gustaría, mientras los
aumentos transitorios de la tasa de inflación sean identificables y
podamos decir que ha aumentado la tasa de inflación por un aumento de los
impuestos especiales y que ese aumento corresponde a lo que nosotros
esperábamos, siempre que tengamos la sensación de que por debajo la
inflación sigue descendiendo, yo creo que no hay motivos para temer una
actuación dramática de la autoridad monetaria.

La pregunta siguiente tiene que ver con la técnica de que el Estado vaya
absorbiendo la deuda de organismos y el deseo, expresado por el señor
Montoro, de que estas cuentas se aclaren de una vez por todas. En este
terreno no hay ninguna intención de enmascaramiento. La preocupación
fundamental sigue siendo la cifra agregada del déficit.

¿Qué ocurre entonces con los organismos autónomos? Nos encontramos
generalmente con un dilema, que no es propio de nuestro país sino de
todos los países. El enjugar el déficit de los organismos autónomos
quiere decir una de dos cosas: o bien aumentar de manera desmesurada el
déficit del Estado en un año dado, o bien ajustar los precios de las
empresas públicas, como por ejemplo Renfe, de tal manera que ese déficit
quede enjugado, lo cual supone unos aumentos de precios y una repercusión
en el IPC que todo el mundo consideraría inaceptable. Lo que se hace aquí
y fuera de aquí es ir absorbiendo esa deuda de los organismos autónomos,
intentar poner unos límites a esa deuda, y para esto sirven los
contratos-programa en los que esos organismos se comprometen a marchar
por una cierta senda de reducción de los costes y también a ajustar los
precios de los servicios correspondientes en la medida en que la
situación social y la trayectoria del IPC lo permitan.

En este terreno seguimos una senda pragmática que se parece bastante a la
de otros países. Se parece mucho a la que seguirá Alemania con la deuda
de la Treuhand, que es una deuda enorme. Todo el mundo sabe que lo es;
todo el mundo sabe de dónde viene y se irá absorbiendo poco a poco.

Por lo que se refiere a las cuentas agregadas, dejaremos de «desahorrar»
y empezaremos a ahorrar, es decir, empezaremos a tener un superávit
primario en 1996. Será un superávit primario modestísimo; si no lo digo
mal, será del 0,5 por ciento, es decir, cinco puntos del PIB. Será
todavía insuficiente para que nuestro stock de deuda deje de crecer; eso
sólo se producirá al año siguiente, porque para que el stock de deuda
empiece a bajar, no sólo tenemos que tener un superávit primario, sino
que tenemos que tener un superávit primario bastante grande, y eso no se
producirá hasta el año 1997.

Cuando nos referimos a los gastos financieros en los años 1995 y
siguientes y los calificamos de moderados,



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para ser más aséptico hubiera habido que decir que tanto los gastos
financieros como nuestro stock de deudas son inferiores a los de otros
grandes países de la Unión Europea. Es verdad que también son superiores
a los de otros, pero yo creo que, en términos agregados, no se puede
pensar que en este momento nuestra situación financiera sea peligrosa,
desde el punto de vista de las cuentas públicas. ¿Si no se hace nada,
puede convertirse en peligrosa? Sí. Ya lo dije el año pasado. Lo que se
hizo el año pasado y lo que se piensa hacer este año contribuirá a que
esta situación sea más equilibrada.

La pregunta sobre la financiación de la Seguridad Social se enmarca en la
misma respuesta que he dado para los organismos autónomos. No es un
secreto para nadie; se ha hecho así y es una deuda que habrá que procurar
ir absorbiéndola poco a poco, de la misma manera que se hace con la
Sanidad este año, de tal forma que una mirada al presupuesto permita
tener una idea más exacta de los costes y los ingresos que soporta cada
una de las partes de la Administración.

Finalmente, sobre la incidencia global de los presupuestos, ya me he
pronunciado al principio. Es un presupuesto, como se dice técnicamente,
contractivo. ¿Por qué? Porque los ingresos crecen como el PIB, mientras
que los gastos crecen un poco menos y, por consiguiente, lo que se llama
el impulso fiscal es del orden del 0,57 negativo. Como digo, es un
presupuesto que tiene el signo correcto, aunque quizá pueda decirse que
la magnitud del cambio es menor de lo que podría desearse.

Creo que no me dejo ninguna pregunta significativa por contestar Si es
así, puedo pasar a responder las preguntas que me hace el señor Ríos.

Pienso que ya me he pronunciado sobre la credibilidad. No vamos a tener
desviaciones significativas por lo que se refiere al déficit en el año
1994. No vamos a tener desviaciones significativas y que no se pueden
explicar en el terreno de la inflación, que yo creo que no vamos a llegar
al 3,5. Las desviaciones entre el 3,5 y lo que sea al final van a ser
explicables. Por consiguiente, no sería correcto dar la sensación de que
estamos en una inflación descontrolada. Estamos en una inflación más alta
de lo que nos gustaría, pero está yendo en la dirección correcta, y no en
la dirección opuesta. Yo llamaría a esto una inflación que mejora, pero
que sigue necesitando esfuerzos.

¿Qué empleo se crea y qué empleo se destruye? Esta es una pregunta que no
se puede contestar en dos minutos. No sé si el señor Ríos se refiere a
que estamos creando empleo de peor calidad o más precario y destruyendo
empleo más estable y mejor remunerado. Si esto es así, hay que decir dos
cosas: una, que no se pueden identificar los famosos contratos temporales
con el empleo precario. Se puede pensar que el contrato temporal es un
empleo precario de derecho, pero no parece ser un empleo precario de
hecho, porque algunos datos que tenemos --y es posible que haya otros--
nos indican que los que tienen un contrato temporal y pasan los seis
primeros meses, sólo tienen un riesgo del orden del 6 por ciento de que
cuando se les termine el contrato temporal no se queden como fijos. Dicho
de otra forma, los datos de que disponemos parecen indicar que los seis
primeros meses de un contrato temporal son, efectivamente, un período de
pruebas, y que si ese período de pruebas se pasa con cierto éxito, la
probabilidad de que a uno le echen cuando se le termine el contrato es
muy baja. Por consiguiente, ese empleo, que de derecho es precario,
parece ser que en la práctica no lo es tanto.

En cualquier caso, el que nosotros creemos empleo de peor calidad, quizá
menos estables de lo que habían sido en el pasado, yo creo que es pronto
para decirlo. No cabe la menor duda que ese es un fenómeno que se ha
producido en otros países que van por delante de nosotros en este
terreno, como Estados Unidos, y yo creo que tenemos la exigencia de hacer
lo posible para que esto no sea así, si ha de ser así, tenga el menor
coste social posible. Desde mi punto de vista, la discusión en estos
términos es una discusión legítima, es una discusión difícil, no tiene
cabida en el marco de una discusión presupuestaria, pero no quiero decir
con esto que sea un problema inexistente. Yo creo que ahí es donde tienen
que ir dirigidas todo lo que sean políticas de formación, además de lo
que se ha hecho en el terreno de la flexibilidad, que yo creo que ha
tenido efectos positivos, pero que por sí sola no nos resolverá este
problema.

No puedo decirle por qué determinadas partidas o determinados programas
de políticas activas y de política industrial disminuyen en el
presupuesto para 1955 con respecto al de 1944. Yo procuraré conseguir esa
información y facilitársela.

Entre las preguntas del señor Ríos hay una que es: ¿Quién garantiza la
eficacia de las subvenciones? Yo creo que las subvenciones tienen dos
grandes problemas --tratamos de recordarlo siempre que nos piden una,
pero no tiene mucho éxito--, que son: en primer lugar, que si la
subvención ha de tener un efecto significativo, normalmente tiene un
coste fiscal o un coste presupuestario muy grande. Dicho al contrario:
las subvenciones que son compatibles con una cierta modestia
presupuestaria, son también subvenciones muy modestas, y uno tiene que
preguntarse necesariamente por su eficacia. Es decir, ¿esta subvención es
algo más que un regalo a alguien, a un trabajador, a un empresario o a
quien sea? Mientras las subvenciones sean de pequeña cuantía, ésa es una
pregunta que siempre hay que hacerse.

La segunda pregunta es: dando una subvención ¿se obliga a modificar un
comportamiento? No. Es decir, dando una subvención, digamos, una
deducción por inversiones ¿se obliga a que se haga inversión? Sí. ¿Se
obliga a que se cree empleo? No. Dando una exención en el Impuesto sobre
Sociedades ¿se favorece la inversión? No necesariamente. ¿Se favorece el
empleo? No necesariamente. El pretender que se puedan dar subvenciones
cuyos efectos se puedan determinar absolutamente creo que plantea unos
problemas de gestión y de control enormes. Lo que ocurre es que, además
de la normativa legal, también hay que tener en cuenta lo que son los
incentivos de la gente. Es decir, nosotros creemos que si las cuentas de
resultados de los empresarios mejoran, los empresarios se encontrarán más
animados a contratar gente. También es verdad que harán inversión, pero
se encontrarán más



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animados a contratar gente, porque partimos de la hipótesis de que a un
empresario le gusta más contratar que despedir, y yo creo que esa
hipótesis se corresponde con los hechos. De manera que, aunque sea una
subvención que indirectamente redunde en una mejora de las cuentas de
resultados de las empresas, tiene una cierta probabilidad de acabar
creando empleo. Desde luego, no tiene la seguridad, pero tiene una cierta
probabilidad de crear empleo.

Finalmente, por lo que se refiere al compromiso con los planes
territoriales de dinamización, el caso de Asturias o el caso de
Cartagena, yo creo que la naturaleza de esos planes es conocida. Se trata
de reunir y de enfocar medidas que vienen de sectores distintos de la
Administración, que tienen su consignación presupuestaria y que se
concentran en un territorio. Hace poco se ha aprobado la última versión
del plan de Asturias, y ese plan es un compromiso firme. Bien es verdad
que el Gobierno tampoco puede tomar compromisos firmes que tengan un
carácter plurianual, porque para eso están las leyes de presupuestos que
son anuales; por consiguiente, lo que se hace es tomar los compromisos
que se derivan de la Ley de Presupuestos en vigor y el compromiso de
mantener esos programas siempre que los recursos lo permitan. En este
sentido, yo creo que los compromisos del Gobierno en estos territorios
son todo lo firmes que legalmente pueden ser.

A las preguntas del señor Chiquillo sobre cómo va a aumentar el consumo
con la subida del IVA y de los tipos de interés, le diré que en esto he
dicho ya todo lo que sé, que no es mucho. Pienso que el crecimiento del
consumo que estamos previendo para el año que viene es compatible con el
aumento de la renta que van a tener las familias, e incluso con un
aumento del IVA, y quizá con un ligero aumento de los tipos de interés.

Hay que decir que el efecto de los tipos de interés sobre el consumo en
una coyuntura en alza es, por desgracia, muy pequeño, y eso lo sabe la
política monetaria. Por eso, las medidas restrictivas de política
monetaria tardan tanto en tener un efecto, porque el efecto de un aumento
en un punto de los tipos de interés sobre las decisiones de consumo, si
la gente está animada, si cree que va a tener trabajo al año siguiente,
si sus hijos cuando salgan de la universidad o de la FP se van a colocar,
si eso es así, el efecto de una subida de interés es muy pequeño. Si no
fuera así, aunque bajaran los tipos de interés, el consumo no se
reanimaría. Yo creo que durante el año 1995 el ambiente va a ser más bien
optimista que pesimista.

He dicho anteriormente que yo creo que, como objetivo de inflación, el
3,5 para el año que viene es un objetivo realista; eso quiere decir que
se puede cumplir, pero que no se cumplirá sin cierto esfuerzo.

Sobre el efecto de nuestro «stock» de deuda sobre los tipos de interés,
creo que lo que marcará nuestro diferencial con el tipo de interés en
Alemania, por ejemplo, será más bien la evolución de nuestra inflación y
la evolución de nuestro déficit, no tanto la masa de dinero que hemos de
acudir a captar de los mercados o a refinanciar como que demos al
exterior la impresión de que estamos haciendo unas previsiones realistas
y las estamos cumpliendo. Pienso que éste es el factor fundamental.

Durante este año 1994 lo hemos conseguido, y los presupuestos del año que
viene nos dan margen para pensar que lo vamos a seguir cumpliendo. Desde
mi punto de vista, ésta es la variable fundamental.

¿Cumpliremos los criterios de Maastricht? Creo que lo hemos dicho en el
programa de convergencia, es decir, que lo vamos a cumplir. Vamos a
cumplir uno de ellos, que es el déficit, un año más tarde de lo previsto,
o sea, en el año 1997, pero es un compromiso realista. Creo que también
va a ser un compromiso realista en el año 1997 el criterio de inflación.

Finalmente, como usted sabe, por lo que se refiere al volumen de deuda,
hay una cierta flexibilidad; es decir, si llegáramos a 1997 con una deuda
ligeramente superior al 60 por ciento del PIB, pero esa deuda estuviera
lo bastante cerca y, además, hubiera estado disminuyendo, creo que, desde
el punto de vista de Maastricht, no tendríamos problemas.

Sobre el crecimiento del PIB por comunidades autónomas, se lo tendré que
facilitar por escrito, porque, desde luego, me escapa por completo en
este momento.




El señor VICEPRESIDENTE: (Ortiz González): Señorías, abriremos un
brevísimo turno con el ruego de que se ciñan a subrayar las preguntas que
han quedado sin contestar o aclaraciones y no tanto a manifestar
discrepancias e insatisfacciones con el sentido de las respuestas que
hayan podido dar el señor Secretario de Estado. Insisto, con la máxima
brevedad y ceñido a los términos de aclaraciones muy sucintas o preguntas
que no se hayan respondido.

Tiene la palabra el señor Montoro.




El señor MONTORO ROMERO: Intentaré ser breve. Lo que ocurre es que ya
sabe que cuando amenazamos con ser breves es la peor forma de comenzar.

Lo que sí que quiero es destacar un hecho, y es que una comparecencia
como la que hoy celebramos aquí con el Secretario de Estado de Economía
tiene una importancia grande, ya que estamos hablando con un muy alto
cargo del Gobierno, responsable de un área principal. Quiero destacar
esto porque la ausencia del Grupo Parlamentario Socialista en esta
comparecencia es una ausencia reveladora de algo, sin duda alguna.

Seguramente es que tenían otro compromiso, compromiso que no sé si tendrá
que ver con planteamientos políticos, pero tenían que haber estado aquí
para oír las opiniones del Secretario de Estado de Economía.

Dicho esto, en lo que también tengo que insistir es en que es importante
que me clarifique dos cuestiones relativas a la deuda bruta, deuda neta,
porque la explicación que me ha dado no es la válida. Estamos hablando de
que entre deuda bruta y neta existen dos billones de diferencia. No
estamos hablando de una revisión del programa de convergencia, señor
Secretario de Estado. Lo que estamos diciendo es que el programa de
convergencia del Gobierno presenta en esta Cámara una deuda bruta, en
julio del año 1994, equivalente al cincuenta y siete y algo por ciento
del producto interior bruto, y presenta una deuda neta dos puntos
inferior a ese nivel. Es decir, la distinción entre bruta y



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neta ya lo está dando el programa de convergencia. A lo que estamos
asistiendo ahora es a una revisión del programa que eleva la deuda
pública del año pasado en otros dos puntos porcentuales del producto
interior bruto. Si llevamos al 60 por ciento la deuda bruta, se supone
que estamos trasladando también la deuda neta en igual cuantía, ¿o es que
ya son cuatro puntos la diferencia entre bruta y neta? A eso me refiero,
a que hay una revisión del programa de convergencia que tiene más
envergadura, más calado que la distinción entre bruta y neta. Lo que es
sorprendente es que el Gobierno publique, y se debata en esta Cámara, un
programa de convergencia que no está teniendo en cuenta, no ya los
criterios de Bruselas, eso, si quiere, sería incluso una cuestión de
orden menor; lo que es sorprendente es que el Ministerio de Economía
presente un programa de convergencia donde no se reflejen auténticamente
las cifras reales entre deuda bruta y neta relativas al producto interior
bruto.

Tampoco me ha contestado sobre la evolución de la presión fiscal en
nuestro país. Está bien que nos envíe las hipótesis de elasticidad de
rentas, y esperamos, como le decía, que lo haga con la mayor celeridad
posible, porque es fundamental para el análisis de los presupuestos.

No me ha respondido a la evolución de la recaudación en relación con la
actividad económica el año próximo, e incluso lo que está siendo este
año. Le digo esto porque hay grandes dificultades para hacer la
estimación a través de estas cifras, sobre todo porque el juego de
derecho reconocido, liquidación, etcétera, no permite el análisis con las
cifras de los presupuestos. Por eso le estaba solicitando esta
información.

El comportamiento de la deuda pública en nuestro país convendrá conmigo
que no tiene nada que ver con el alemán, en cuanto a que en Alemania han
hecho un esfuerzo de privatización derivado de la unificación de un
sistema de planificación central; no sé si usted quería equivalerlo, pero
parece que estamos aquí desprendiéndonos de un sistema, no sé cómo
llamarle, de intervención central del estado en la economía, y gracias a
eso se está acumulando una deuda pública como la que está ahí
arrinconada; ya veremos el día en que le demos luz a todas estas deudas
pendientes dónde estará la deuda pública de nuestro país, y se lo
tengamos que decir a los ciudadanos españoles. Pero no se preocupe por el
año 1997, porque el año 1977 va a haber ese límite para que haya un
cambio político en España que iría a reprimir ese crecimiento de deuda y
déficit público.

Lo que nos ha dicho esta mañana, y con esto acabo, es muy importante. Nos
ha dicho que si la economía española no tuviera el crecimiento que
esperamos que tenga al año que viene, los Presupuestos no tendrían que
haber sido tan restrictivos. Me explico mejor. Lo que nos ha dicho es que
gracias al crecimiento de la economía española, el año próximo los
Presupuestos son menos restrictivos. Si el crecimiento económico no
hubiera sido tal, habríamos tenido que hacer un esfuerzo presupuestario
mayor. Esto es lo que nos ha dicho y es importante. En la última de sus
frases ha expresado un conformismo relativo a que la magnitud del cambio
de los Presupuestos es menor de lo deseable. Este ha sido el cierre en la
explicación de esta parte de la elaboración de los Presupuestos. Es
importante que un alto miembro del Gobierno español diga que lo que
estamos haciendo es utilizar el crecimiento económico para que los
presupuestos no sean tan restrictivos, es decir, que sean más expansivos
que si no hubiéramos tenido ese crecimiento económico. Esto es
importante, insisto, por el corolario a que nos lleva, y es que lo que
nos estamos jugando es la clase de recuperación económica en España; lo
que está en juego es la necesidad de reducir los tipos de interés en
nuestro país, reducir la inflación, y eso hay que hacerlo sobre la
política presupuestaria.

Leo un párrafo muy breve, señor Presidente, no se atemorice por ello, que
pertenece a la página 149 del Informe económico y financiero de los
Presupuestos de 1995. En este párrafo se dice lo siguiente:
«Explícitamente formulado en el programa de convergencia recientemente
revisado por el Gobierno español, la reconducción de las cuentas públicas
a una senda razonable de evolución del déficit y endeudamiento públicos
constituye, desde esta perspectiva, la estrategia más adecuada para
alcanzar un entorno progresivo de estabilidad nominal, que no sólo
permitirá a la economía española acercarse a las condiciones de
convergencia para acceder a la fase final de la unión económica y
monetaria europea, sino que otorgará el clima de credibilidad y
certidumbres necesarios para consolidar las favorables expectativas de
crecimiento de nuestra economía.» Perfecto. Mis felicitaciones, en nombre
del Grupo Parlamentario Popular, al redactor de este párrafo. La
reducción del déficit público y el saneamiento de las finanzas públicas
es la clave para todo, para estar en Europa y para garantizar que
tengamos esta recuperación de la credibilidad, de la incertidumbre.

Insisto, ésa es la clave. Conformarnos con una reducción como la que se
pretende aquí, sin explicar siquiera que venga de una subida de la
presión fiscal de algunas décimas para el año que viene, es una renuncia
grave que lo que hace es situarnos en el polo opuesto de este
comportamiento. Nos aleja de Europa y no apuesta por la recuperación de
la credibilidad, de la confianza de los agentes económicos españoles. Por
eso decía que su intervención ha sido bastante clarificadora esta mañana.

Lo que nos ha dicho es importante, y muestra un Gobierno resignado, un
Gobierno que intenta utilizar los presupuestos con otra finalidad que no
es estar en Europa, ni asentar las condiciones de la recuperación
económica a través de la recuperación de la credibilidad y de la
confianza.




El señor VICEPRESIDENTE (Ortiz González): Tiene la palabra el señor
Secretario de Estado, con el ruego de la misma brevedad.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMIA (Pastor Bodmer): En cuanto a la
diferencia entre deuda bruta y deuda neta, no se preocupe que le haré
llegar la explicación. Como le digo, es contable, no cambia nada.

Por lo que se refiere a la calificación de los presupuestos, no he dicho
que la reducción del déficit haya sido menor que



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lo deseable; no lo puedo decir, porque si lo hubiera dicho en estos
términos no podría estar aquí. Sí he dicho que es menor de lo que algunos
podrían considerar deseable, que se da un paso en la dirección correcta y
que quizá se pueda discutir que ese paso sea excesivamente corto. Son
criterios valorativos que se pueden discutir. He dicho que si el
crecimiento del año 1994 y el que esperamos para 1995 no
hubiera sido el que es, probablemente los presupuestos se hubieran debido
plantear de una manera diferente, y al principio de mi intervención he
explicado por qué.

En el año 1993 creíamos que una de las razones fundamentales del
retraimiento de la demanda era un clima generalizado de desconfianza, en
parte con respecto a las previsiones del Gobierno. Nos ha parecido que
durante el año 1994 ese clima de desconfianza ha mejorado sensiblemente.

Es decir, no sólo el crecimiento ha sido mayor que el que habíamos
esperado, sino que, además, creemos que se debe a que los Presupuestos
del año 1994 han dado una impresión de estabilidad, o sea, han sido
restrictivos y han conseguido su objetivo: la inflación ha descendido y
el déficit también.

Entonces, viendo que con los Presupuestos de 1994 hemos conseguido
situarnos en una senda correcta, tenemos un poco más de margen, no mucho,
pero sí un poco más para tener unos presupuestos que sean más favorables
a la recuperación y a la creación de empleo. Esto sí lo he dicho. Es
decir, creo que el éxito en unos objetivos modestos --porque los del
Presupuesto de 1994 lo eran-- nos autoriza a que los Presupuestos del año
1995 sigan siendo restrictivos, pero quizá lo sean menos de lo que
hubieran sido si el resultado de 1994 hubiera sido peor.

Se puede decir que podían haber sido más restrictivos. Nosotros creemos
que no hubieran podido serlo sin, o bien aumentar de manera significativa
la presión fiscal (creo que la presión fiscal en el año 1995 no aumenta,
lo que ocurre es que se sustituyen estas cotizaciones sociales por el
aumento de los impuestos indirectos; si consideramos lo que es la carga
fiscal y parafiscal global como porcentaje del PIB, no varía), o bien
aumentando de manera significativa los ingresos, cosa en la que no
creíamos, o bien pasando a recortar partidas de gasto, que, como ya he
dicho, requiere en este momento la decisión o el informe del Congreso.

Estoy seguro de que cuando tengamos ese informe el Gobierno se sentirá
autorizado a aplicar las medidas oportunas. De manera que yo confío en
que el camino que se inició en el año 1994, y sigue en el año 1995, pueda
hacer que lleguemos a esas partidas de gasto en los años 1996 y
siguientes.




El señor VICEPRESIDENTE (Ortiz González): Gracias, señor Secretario de
Estado.

Se suspende la sesión, que se reanudará a las cuatro y media.




Eran las tres y cincuenta y cinco minutos de la tarde.




Se reanuda la sesión a las cuatro y treinta minutos de la tarde.

--DE LA DIRECTORA DE LA AGENCIA ESTATAL TRIBUTARIA (LAZARO RUIZ). A
SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR (número de expediente
212/001055).




El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Se abre la sesión para la
comparecencia de la señora Directora de la Agencia Estatal Tributaria,
doña Juana Lázaro, y tiene la palabra el Grupo Popular, que ha pedido su
comparecencia, y por el Grupo Popular el señor Costa.




El señor COSTA CLIMENT: En primer lugar, quiero agradecer a la Directora
de la Agencia Tributaria su comparecencia en esta Comisión. Como es
tradicional, en este trámite única y exclusivamente se hacen preguntas
concretas para obtener una mayor información con respecto a la que
resulta de la documentación remitida por el Gobierno.

Voy a intentar ser muy breve, muy conciso, y sólo me referiré a aquellos
aspectos sobre los que queremos obtener información adicional.

Centraré mi intervención en tres apartados básicamente: Primero, haré
referencia a algunas de las cuestiones del presupuesto; segundo,
analizaré o me referiré a los objetivos de la Agencia, a algunas
cuestiones puntuales, con respecto a los objetivos, y, finalmente,
hablaré de dos aspectos de interés, al margen de los relativos al
presupuesto y a los objetivos de la Agencia.

Con respecto al presupuesto, mi Grupo Parlamentario tendría interés en
obtener información adicional sobre los siguientes extremos: Gastos de
personal. Parece un nuevo concepto, retribuciones en especie, por importe
de 7.419.000 pesetas. No entramos a valorar la razón o no de este
concepto, sino, exclusivamente, a qué obedece y cuál es la razón por la
que se incorpora en estos momentos al presupuesto.

También en relación a los gastos de personal, cuáles son las razones que
justifican una reducción de los gastos sociales del personal no laboral.

En cuanto a los gastos corrientes, nos llama la atención el incremento
que sufren determinadas partidas, entre ellas, los gastos de reparación;
se incrementa aproximadamente en un 30 por ciento y, si mi información no
es inexacta, esto supone 778 millones de pesetas más.

Publicidad y propaganda. Se produce un incremento muy notable, el 240 por
ciento. Pasa la cifra de 295 millones a mil millones de pesetas. ¿Cuál es
la razón por la que se produce esta variación tan significativa? ¿Existe
algún plan adicional o nuevo de publicidad y propaganda institucional que
va a poner en marcha la Agencia en el ejercicio de 1995?
Nos gustaría asimismo conocer los conceptos y las razones por las que se
produce un incremento de la partida de estudios y trabajos técnicos y
otros gastos corrientes. A qué corresponde este incremento y estas
partidas.

Objetivos. Se habla de consolidar la lucha contra el fraude fiscal y el
actual régimen o sistema de relaciones con los contribuyentes. Me voy a
permitir manifestar que, a la vista de las informaciones y de la
evolución, lo que ha ocurrido a lo largo de 1994, parece quizá un poco



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optimista hablar de consolidación y hay que hacer, y estoy seguro de que
la Directora de la Agencia estará de acuerdo conmigo, un mayor esfuerzo
en algunos temas concretos.

Sobre las relaciones con los contribuyentes únicamente voy a destacar
tres aspectos. En su opinión, ¿qué nuevos aspectos debería incorporar la
nueva Ley General Tributaria para mejorar las relaciones con los
contribuyentes y desincentivar lo que ocurre en algunas ocasiones en las
que se está penalizando por la normativa tributaria, que se aplica el
cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales? Voy a mencionar
solamente el caso del recargo único del 50 por ciento. ¿Cuál será la
cifra que, previsiblemente, se encontrará pendiente a 31 de diciembre de
1994 de devoluciones por el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas correspondiente a la liquidación del ejercicio 1993? ¿Y cuál es
el comportamiento en estos momentos de las solicitudes de aplazamiento y
fraccionamiento de pagos? Si puede proporcionarme alguna información
adicional sobre el comportamiento en estos momentos de estas solicitudes.

Con respecto al fraude fiscal, mi Grupo Parlamentario sigue teniendo
interés en ampliar un poco la información que contiene la documentación
remitida por el Gobierno. Voy a hacer referencia a las tres áreas de
gestión, recaudación y de inspección.

Area de gestión. ¿Qué tipo de actuaciones de comprobación de
declaraciones anuales en el IRPF, en el IVA y en el Impuesto sobre
Sociedades y en los pagos a cuenta va a realizar la Agencia? ¿Qué tipo de
actuaciones de comprobación con respecto a los contribuyentes sometidos
al régimen de módulos? Me refiero a actuaciones adicionales a aquellas
que, en principio, aparecen en la documentación remitida por el Gobierno.

Soy consciente de que a lo mejor algunas de estas solicitudes de
información son demasiado extensas y puede resultar conveniente, para
facilitar el trabajo de la Directora General de la Agencia, remitirlas en
un momento posterior por escrito.

Area de recaudación. Qué actuaciones en relación con las actas de
inspección, con las restantes deudas tributarias y, en especial, con
respecto a las deudas que se encuentran sometidas a procesos concursales.

Area de inspección. Unicamente me referiré a algún tipo de operaciones.

Qué actuaciones de comprobación prevé realizar la Agencia en 1995 sobre
las siguientes operaciones: Operaciones de capital en materia de
transmisión de empresas, donde se ha producido en los últimos años un
proceso importante de transmisión de empresas, sobre todo por parte de
residentes en España, a inversores no residentes --esas operaciones en
muchas ocasiones se han llevado a cabo a través de procedimientos
complicados, de lo que podríamos llamar ingeniería financiera-- y si
prevé la Agencia realizar algún tipo de actuaciones, de comprobaciones
específicas, con respecto a estas operaciones.

Sociedades instrumentales. Si tiene previsto realizar algún tipo de
comprobaciones específicas. Me refiero básicamente a sociedades de mera
tenencia de bienes patrimoniales o a sociedades interpuestas por
determinadas personas físicas para beneficiarse de la ventaja fiscal que
puede suponer tributar a tipos más reducidos de gravamen.

Si está llevando a cabo actuaciones que hagan referencia a los cambios y
modificaciones incorporadas en los últimos ejercicios en el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas. Si cree que es necesario realizar
ese tipo de actuaciones, si se están realizando y qué tipo de actuaciones
se realizarán en el ejercicio de 1995.

Con respecto a actuaciones de comprobación, que podríamos calificar como
más sectoriales, en el ámbito de las operaciones financieras, si se están
desarrollando o se van a desarrollar actuaciones de comprobación de los
nuevos productos financieros --los productos financieros que aparecen de
forma continua en el mercado-- y sobre las operaciones de lavado de
cupón.

Qué actuaciones específicas de comprobación hay con respecto al sector
inmobiliario. Estoy seguro de que es un sector al que la inspección
prestará una atención especial.

En materia de fiscalidad en operaciones internacionales, qué tipo de
actuaciones y qué es lo que está realizando la Agencia para luchar contra
la elusión de bases imponibles en España a través de precios de
transferencia, las operaciones de ingeniería o planificación fiscal a
nivel internacional. Si está ya realizando actuaciones de comprobación,
teniendo en cuenta los mecanismos normativos de que dispone en estos
momentos la Inspección. También si hay algún plan específico relativo a
artistas y deportistas, en la medida en que les resulta mucho más fácil
que a la mayor parte de las personas físicas de nuestro país deslocalizar
su residencia en España por motivos fiscales.

Estas son las actuaciones sobre las que solicitamos información con
respecto a las áreas de gestión, recaudación y de Inspección, aunque
también voy a hacer referencia a otros aspectos, tal como he dicho al
principio.

Estos aspectos son dos. En primer lugar, qué es lo que va a realizar la
Agencia con respecto al Plan estratégico y su reorganización,
especialmente su reorganización funcional: qué ocurre con la dependencia
jerárquica de las distintas áreas. ¿Va a avanzarse o va a someterse la
dependencia de las áreas de inspección, gestión y recaudación, las tres
se van a integrar bajo la dependencia de los delegados de Hacienda o esto
es algo que la Agencia en estos momentos está paralizando, como
consecuencia de las críticas o de las posibles manifestaciones de no
compartir ese plan por parte de algunos de los cuerpos que integran la
Administración tributaria?
Agradecería a la Directora de la Agencia que nos explicara un poco más
detalladamente cuál es el funcionamiento de la atribución de ese
porcentaje del 16 por ciento de la recaudación bruta. Nos gustaría una
información más detallada sobre las bases que se aplican y sobre el
destino de ese porcentaje de la recaudación bruta.

Soy consciente de que no he tocado, ni muchísimo menos, muchos de los
aspectos que podían plantearse en esta comparecencia. Quiero llamar la
atención de que, única y exclusivamente, nos hemos referido a estos
porque son los que en estos momentos nos ofrecen un mayor interés.

También soy consciente --lo he dicho al principio de mi intervención-- de
que, en la medida de lo posible, pueden



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no disponer de datos suficientes para contestar a alguna de estas
cuestiones en estos momentos, en cuyo caso le agradecería que, en el
plazo del tiempo más breve posible, nos suministrará esta información, de
cara a la presentación de posibles enmiendas a los presupuestos para
1995.




El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Para contestar a estos extremos,
tiene la palabra la Directora de la Agencia Tributaria.




La señora DIRECTORA DE LA AGENCIA ESTATAL TRIBUTARIA (Lázaro Ruiz): Voy a
intentar contestar a sus preguntas con los datos que tengo o recuerdo. Si
quiere S. S., comenzaré por los temas relativos al presupuesto.

Me preguntaba sobre el capítulo de gastos de personal, sobre una partida
específica que aparece este año por un importe de 7 millones y medio,
retribuciones en especie. Dichas retribuciones son el ingreso a cuenta
que la Agencia realiza este año y lo hizo hasta el año 1992 desde que
existía la obligación para aquellos funcionarios de la Agencia que
utilizan una vivienda oficial por razón de su cargo.

Me decía S. S. qué razones había para que disminuyera la cantidad de
personal no laboral. No es realmente una disminución; simplemente es un
cambio de concepto presupuestario, que ha pasado del 163,04 al 162,04.

En el capítulo de gastos corrientes, hacía referencia S. S. a los gastos
de reparación. En cuanto a su incremento --con independencia de que por
escrito, posteriormente, le envíe una información más detallada--, 277
millones corresponden al mantenimiento del acondicionamiento de los
edificios por razones de seguridad, salubridad, etcétera; 200 millones
para el mantenimiento de la flota del servicio de vigilancia aduanera y
200 millones para el mantenimiento de los equipos informáticos en la
medida en que los contratos de mantenimiento que había han caducado este
año.

Los objetivos de la Agencia, efectivamente, no pueden ser otros que
consolidar la lucha contra el fraude y, por supuesto, facilitar el
cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias del
contribuyente.

Sobre la consideración de la lucha contra el fraude, he de decirle que el
fraude es uno de nuestros temas estrella. No se puede hablar de un fraude
situado en una fase de proceso, creemos que el fraude fiscal está en
cualquiera de las fases del procedimiento tributario, tanto desde el
punto de vista de gestión, de inspección y de recaudación. En ese
sentido, después pasaré a analizar las medidas concretas que intentamos
poner inmediatamente en funcionamiento siguiendo las recomendaciones de
la unidad especial contra el fraude.

En las relaciones con los contribuyentes, me preguntaba qué aspectos se
contemplan en la Ley General Tributaria que puedan desincentivar la
presentación de declaraciones fuera de plazo cuando el recargo es único,
del 50 por ciento. En el proyecto de Ley General Tributaria este recargo
va a descender al 20 por ciento, con lo que se trata de incentivar el
cumplimiento voluntario de las declaraciones.

Devoluciones de IRPF pendientes a 31 de diciembre de 1994, dados los
objetivos que tenemos previstos para este año, en principio no debería
haber ninguna devolución pendiente, salvo por causas de complejidad o
alguna otra razón de este tipo, porque, de hecho, el plazo previsto para
este año es que se devolvieran todas en cinco meses.

Los datos sobre aplazamientos y fraccionamientos se los enviaré por
escrito.

Fraude fiscal. Me preguntaba qué actuaciones íbamos a hacer, en el área
de gestión, para las comprobaciones del IRPF, IVA, pagos fraccionados y
módulos. Las actuaciones relativas al fraude fiscal en el área de gestión
requieren tener un censo claro de todas las personas que tienen
obligación de declarar por todos los impuestos; una vez que ese censo
esté bien realizado, lo que se hará será comprobar los datos de las
declaraciones de los contribuyentes, cruzarlas con nuestros datos
informáticos y establecer los errores que se deriven directamente de las
declaraciones. Además, la Ley General Tributaria va a establecer la
posibilidad de que determinadas comprobaciones se realicen también en
área de gestión, lo que nos facilitará el impulso de esta comprobación.

Recaudación. Precisamente ha tocado usted un tema puntual que queremos
incluir en los objetivos del año 1995, que es una mejor gestión de la
recaudación de las actas. Hemos observado que parte del fraude que podía
estar en un momento dado en el área de inspección ahora se desvía hacia
el área de recaudación y lo que vamos a hacer es potenciar los sistemas
de coordinación entre inspección y recaudación, de tal forma que se haga
un seguimiento puntual de todas las actas para que sean pagadas en plazo
voluntario; para las que no estén pagadas en dicho plazo se tomarán las
medidas cautelares que el proyecto de ley tributaria nos autoriza para
evitar que la elusión del pago se produzca precisamente en esta área. En
cuanto a las restantes deudas, también en los procesos concursales vamos
a incrementar nuestra participación. Además, se va a reforzar el área de
recaudación en el sentido de que todas aquellas actuaciones de los
contribuyentes tendentes a eludir el pago y de las que se deriven
acciones civiles o penales, el servicio jurídico de la Agencia, que va a
tener una implantación territorial a muy corto plazo (esperamos que esté
en funcionamiento antes del 1 de enero de 1995) procurará prestar la
ayuda jurídica necesaria para que todos estos procedimientos puedan tener
la mayor garantía de cobro de los débitos tributarios.

Me preguntaba qué actuaciones de comprobación hemos hecho por las
transmisiones de empresas y las sociedades instrumentales interpuestas.

He de decirle que las unidades especiales de relaciones fiscales
internacionales están incidiendo en todas estas transmisiones de
empresas, fundamentalmente cuando se producen a través de sociedades no
residentes, o cualquier otra actuación que se derive de su relación con
paraísos fiscales. Las actuaciones de comprobación de este año han
incidido en esta área.

En cuanto a las actuaciones sectoriales, uno de los sectores que vamos a
tocar de manera especial, aunque siempre está en comprobación permanente,
es el sector financiero. Vamos a hacer actuaciones no solamente de



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comprobación en sentido estricto sino de investigación; con ello
intentamos llevar a cabo un control preventivo de los productos
financieros. Lo que queremos es, cada vez que salga un producto
financiero, tener claramente diseñado cuál es el riesgo fiscal en que se
incurre de adquirir este producto. En ese sentido, hemos hecho diversas
actuaciones este año que han dado bastante buen fruto, aunque todavía
está sin completar totalmente, como puede ser en el caso de los bonos
austriacos. Sobre los bonos austriacos se hizo una campaña informativa
cuyo estudio y análisis lo llevaron las unidades especiales existentes en
la Oficina Nacional de Inspección, se mandaron una serie de
notificaciones o avisos a los contribuyentes que poseían bonos austriacos
y cuando comprobemos totalmente las declaraciones de 1993, puesto que se
hizo en ese año, sabremos el resultado que han dado estas actuaciones.

En cuanto al lavado del cupón, he de decirle que este año se han hecho
actuaciones en relación con las entidades que, a través del Banco de
España, la Dirección General del Tesoro y otros organismos, sabíamos que
podían estar haciendo el lavado del cupón. Las actuaciones se han
realizado con todas las entidades gestoras. Le puedo decir que los
procedimientos están a punto de acabar y calculamos que el importe de la
deuda tributaria llegará a 50.000 millones de pesetas, antes del 31 de
diciembre de 1994.

El sector inmobiliario es uno de los puntos claves del conjunto de
medidas que vamos a realizar y que tenemos como objetivo para la
inspección en 1995. Como muy bien ha dicho, el sector inmobiliario, dado
el proceso que sigue su actuación, es uno de los sectores, aparte de que
puede existir fraude en cada una de las fases, en los que la opinión
pública está más convencida de que existe fraude. Nosotros hemos hecho
una serie de experiencias-piloto este año, y las vamos a incrementar, a
fin de tener una serie de información, en colaboración no solamente con
los órganos de la Agencia, sino con cualquier otro departamento,
incluidas comunidades autónomas, colegios profesionales, etcétera. Vamos
a hacer una campaña de recogida de información masiva, de tal forma que
podamos controlar todas las plusvalías que se puedan generar desde el
primer momento en que se vende un terreno rústico, pasando por la
recalificación, promoción, venta, etcétera. Con esto lo que intentamos
conseguir es saber el importe de las plusvalías en cada una de las fases,
el importe de los rendimientos de esos capitales, del rendimiento de
capital inmobiliario y, por supuesto, insistiremos fundamentalmente en la
relación que el sector financiero tiene con el sector inmobiliario a
través de la concesión de créditos hipotecarios y de la gestión de los
inmuebles que le son adjudicados, vía créditos hipotecarios.

En cuanto a la fiscalidad internacional, me preguntaba qué es lo que
vamos a hacer. Todo lo que vamos a realizar en 1995 lo estamos empezando
a hacer y lo hemos hecho en 1994. Estamos efectuando estudios específicos
para saber los precios de transferencia, estamos realizando --y de hecho
es uno de los programas que está dando buen resultado y esperamos que dé
igual o mejor resultado en 1995-- un programa de deslocalización de los
contribuyentes personas físicas. Hemos observado, como usted muy bien ha
dicho, que determinados contribuyentes, por su cuantía de ingresos,
tienden a deslocalizar su residencia fiscal a otros países con mejor
fiscalidad. Nosotros estamos comprobando y vamos a comprobar que eso se
hace así, que la residencia se cambia e insistiremos en esta área.

Me preguntaba qué previsiones tenemos sobre el plan estratégico y que
aclarase la dependencia jerárquica entre los delegados y el resto de las
áreas. Lo que sí le puedo decir es que el plan estratégico sigue su
marcha, que está claro que la dependencia jerárquica de todos los órganos
o dependencias que componen las delegaciones están a las órdenes del
delegado y que los delegados especiales dependen directamente de la
directora en este caso. En el futuro no va a haber ningún problema de
interrelación entre unos y otros, porque no existe. Esta es una
organización compleja, como usted ha dicho, pero que, desde luego, tiene
claro que para funcionar tiene que estar perfectamente coordinada y lo
estará de esta forma.

En cuanto a los gastos de funcionamiento y cómo juega el porcentaje del
16 por ciento, usted sabe que tenemos posibilidades de generar crédito a
partir de lo que nos fija la Ley de Presupuestos. Este año me parece que
eran 24.000 millones de pesetas. De los actos de gestión recaudatoria y
los actos administrativos de gestión tributaria que recauda la Agencia,
el porcentaje que fija la Ley de Presupuestos es lo que te da la base
para poder generar crédito. En el caso de este año me parece que podemos
llegar a unos 330.000 millones de pesetas, el 16 por ciento de esos
330.000 millones de pesetas sería nuestra capacidad máxima de generar
crédito. Si a eso se le quita la cantidad que los presupuestos nos dan a
cuenta, sería la capacidad máxima nuestra de generar crédito.

No sé si he contestado a todas las preguntas. En todo caso, le mandaré
por escrito las que le he prometido.




El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): De nuevo, para un breve turno de
complemento de alguna aclaración que quiera pedir el señor Costa, tiene
la palabra.




El señor COSTA CLIMENT: Voy a intervenir brevemente. Muchas gracias por
las explicaciones y las aclaraciones que nos ha proporcionado la
Directora de la Agencia Tributaria. Analizaremos el contenido de esas
declaraciones una vez tengamos acceso al «Diario de Sesiones», para ver
si hay algún aspecto concreto en el que necesitáramos alguna información
adicional y, en su caso, ya se lo solicitaremos a través de los conductos
reglamentarios oportunos.

Unicamente quiero señalar que no me ha hecho ninguna referencia a los
gastos corrientes en materia de publicidad y propaganda y en materia de
estudios y trabajos técnicos y otros gastos, ya que se ha producido una
evolución muy significativa sobre todo en materia de publicidad y
propaganda, que pasa de 295 millones a 1.000 millones de pesetas.

En relación con las operaciones de comprobación en el área de inspección
le agradecería, en la medida de lo posible, que nos proporcionara un
detalle de los números de comprobaciones que se han realizado y que se
prevé



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realizar en 1995 respecto a los principales aspectos a los que he hecho
referencia.

Finalizo mi intervención dándole de nuevo las gracias pr su comparecencia
en esta Comisión y por el contenido de sus aclaraciones. Esto es todo lo
que requería el Grupo Parlamentario Popular de su comparecencia.




El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Para contestar a alguna cuestión
que parece que ha quedado en el aire de su anterior intervención, tiene
la palabra de nuevo la señora Lázaro y con eso terminaremos la
comparecencia.




La señora DIRECTORA DE LA AGENCIA ESTATAL TRIBUTARIA (Lázaro Ruiz):
Efectivamente, se me ha olvidado señalar los gastos realizados en
publicidad. El incremento es debido fundamentalmente a que la Agencia
tiene interés en transmitir a la opinión pública que, de alguna forma, lo
que nos interesa es que el contribuyente cumpla voluntariamente con sus
obligaciones fiscales. En este sentido, con independencia de que este año
ya hemos gastado más de los 295 millones que figuran ahí, porque se
generó una parte de crédito que fue aplicada a publicidad, pensamos
insistir tanto en campañas de publicidad específicas sobre el IVA como en
cualquier otra en función de los impuestos, además del de la Renta. La
diferencia no es tan elevada como los 700 millones porque el año anterior
ya había una cantidad más grande.

Respecto a los estudios técnicos tenemos un incremento que se deriva de
los estudios de carácter informático. Nosotros tenemos muy buen personal
pero en determinados sectores, como el de informática, en algún momento
necesitamos un apoyo específico para la gente que nosotros tenemos en
este departamento. Para eso es esa cantidad.




El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Muchas gracias, señora Lázaro.

Con ello termina su comparecencia.




--DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE COORDINACION CON LAS HACIENDAS
TERRITORIALES (TANCO MARTIN-CRIADO). A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR (número de expediente 212/001112).




El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Continuamos con la comparecencia
del Director General de Coordinación con las Haciendas Territoriales. El
señor Fernández Díaz tiene la palabra para plantear las preguntas que
considere necesarias al presupuesto de 1995.




El señor FERNANDEZ DIAZ: Señor Presidente, voy a ir al grano, como se
dice comúnmente.

Empiezo por una pregunta que la semana pasada la comparecencia del señor
Secretario de Estado para la Administración Territorial, don José
Francisco Peña, no nos pudo aclarar, sobre todo porque su viculación con
los presupuestos desde la Secretaría de Estado depende del Ministerio
para las Administraciones Públicas, no como la de usted que está en el
Ministerio de Economía y Hacienda y lógicamente está más metido, si me
permite la expresión, en estas cuestiones.

El artículo 11 del vigente proyecto de ley es un artículo novedoso. Yo se
lo voy a leer para recordárselo y para que usted, por favor, me lo
interprete, puesto que no sabemos exactamente qué significa. El artículo
11, De las limitaciones presupuestarias, dice: «El conjunto de las
obligaciones reconocidas en 1995 con cargo al presupuesto del Estado y
referidas a operaciones no financieras, excluidas las derivadas de los
créditos extraordinarios y suplementos de créditos aprobados por las
Cortes, y de las generaciones de créditos financiadas con ingresos
previos, no podrán superar la cuantía total de los créditos inicialmente
aprobados para atender dichas operaciones no financieras en el
presupuesto del Estado. También quedan excluidas de la citada limitación
las obligaciones reconocidas con cargo a las ampliaciones de créditos que
pudieran realizarse en los créditos a que hace referencia el Anexo II,
segundo, doce b) y quince b). El doce b) dice: «El crédito 26,
Transferencias entre Subsectores, 01.421, Aportación del Estado a la
Tesorería General de la Seguridad Social, para la financiación del
Insalud en la cantidad necesaria para atender las liquidaciones de los
ejercicios 1993 y 1994.» Y el quince b) dice: «Los créditos destinados a
financiar a las Comunidades Autónomas por participación en los ingresos
del Estado, hasta el importe que resulte de la liquidación definitiva de
ejercicios anteriores, quedando exceptuados dichos créditos de las
limitaciones previstas en el artículo 70.1 del Real Decreto Legislativo
1.091/1988, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley General Presupuestaria.»
En este turno de aclaraciones, le pediría, si pudiera, que me explicara
el alcance, el significado que tiene este artículo. Nosotros tenemos
dudas en relación con el alcance y el significado y creo que estas
comparecencias han de servir precisamente para aclarar.

Entro ya en el conjunto de las cuestiones por las que mi Grupo había
solicitado su comparecencia, de acuerdo con una norma consuetudinaria que
tenemos ya establecida, en relación con los presupuestos de las secciones
32 y 33. Como sabe muy bien, la Sección 33 es la relativa al Fondo de
Compensación Interterritorial. Entiendo que no tiene especial problema,
sobre todo porque, de acuerdo con la Ley del Fondo y los acuerdos del
Consejo Política Fiscal y Financiera, en la Sección 33 había poco que
decir, desde mi punto de vista, salvo una cuestión que ahora le
comentaré. La Sección 32 hace referencia a los entes territoriales, es
decir, comunidades autónomas y corporaciones locales, tanto municipios
como diputaciones, cabildos, etcétera.

En la Sección 33 simplemente hay que ver los datos de ejecución de
presupuesto. Se lo comenté el otro día cuando vino usted, también a
solicitud nuestra, para hablar de la ejecución del presupuesto de 1994.

¿Hay alguna previsión en estos presupuestos para el año 1995, a la vista
de lo atrasada que va la ejecución de los del año 1994 en lo relativo al
FCI, para que se pudiera agilizar la ejecución de esos



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proyectos, que teóricamente son proyectos muy necesarios para el
desarrollo de las respectivas comunidades, dado que el objetivo del Fondo
de Compensación Interterritorial previsto en la Constitución y en la ley
que lo desarrolla es precisamente el de incrementar el nivel de
desarrollo socioeconómico de los respectivos territorios que integran el
Estado español y, de esa manera, conseguir una mayor homogeneización en
los niveles de renta de las personas que habitan en los diferentes
territorios?
En relación con el Fondo de Compensación Interterritorial no hay nada más
que decir salvo que hay una distribución desigual en cuanto a la
participación de las comunidades autónomas afectadas en los ingresos del
Estado. Así, según mi datos, en el Presupuesto para 1995 disminuyen su
participación en los ingresos del Estado respecto a 1994 Castilla-La
Mancha, Extremadura, Castilla y León y Galicia, mientras que aumentan,
por correcciones de renta, población, saldo migratorio e insularidad,
Valencia, Canarias, Murcia, Cantabria, Asturias y Andalucía. Yo quisiera
que usted me aclarara si, efectivamente, esto ha sido pacífico y, en su
caso, si esos diferentes porcentajes de participación en el total de
dotación del FCI por parte de estas comunidades, además de ser pacífico,
se ha guiado por unos criterios absolutamente objetivos y no se han
producido aquellos efectos perversos que se produjeron con ocasión de los
saldos migratorios. Recuerdo, por ejemplo, que Andalucía era una
comunidad autónoma que tenía un saldo migratorio positivo porque estaban
retornando muchos andaluces que habían ido en otros momentos a Cataluña,
con lo cual el saldo migratorio andaluz era positivo y, sin embargo,
Cataluña, con un nivel de renta muy superior al de Andalucía, resulta que
estaba teniendo un saldo migratorio negativo, porque estaba descendiendo
su población, con lo que se conseguía un efecto perverso en la ratio del
saldo migratorio, de tal suerte que las comunidades autónomas con más
desarrollo se veían beneficiadas en mayor grado que las comunidades
autónomas con menor desarrollo. Quisiera saber si eso ya ha sido
corregido y precisamente por eso, entre otras cosas, se producen estas
variaciones.

En cuanto a la Sección 32 --yendo ya a la financiación de comunidades
autónomas y corporaciones locales--, según los datos de los que yo
dispongo, en lo que hace referencia a las transferencias a comunidades
autónomas por participación en ingresos del Estado, son casi dos
billones, 1,957 billones, de los que 48.000 millones corresponden a
liquidación de ejercicios anteriores. Si no he hecho mal los cálculos, la
cantidad neta para 1995 es de 1,9 billones, lo cual representa 120.000
millones más que en el ejercicio actual y, por tanto, un incremento del
6,7 por ciento.

Respecto a las transferencias a corporaciones locales por particiación en
los ingresos del Estado, la cifra es un billón 139.000 millones, 58,2
para ayuntamientos, 33,6 para diputaciones y cabildos y 8,2 de
liquidación de ejercicios anteriores. Hay una diferencia en relación con
lo que pedía la Federación Española de Municipios y Provincias y también
hay una diferencia en relación con la liquidación que solicitaba la FEMP
para las corporaciones locales. Yo tengo la documentación de la FEMP,
como sin duda la tiene usted, y de hecho son bastante críticos respecto
al acuerdo al que se ha llegado con el Gobierno, que fue suscrito --si no
recuerdo mal-- el 1 de agosto pasado, en nombre del Gobierno el Ministro
para las Administraciones Públicas y el Presidente de la Federación
Española de Municipios y Provincias. Señor Director General, ¿por qué no
se ha llegado a un acuerdo para liquidar los ejercicios anteriores con la
FEMP en la línea de lo que pedían ellos, siendo así que, al no hacerlo de
esta manera, el porcentaje idílico que alguna vez se había manifestado
que había de llegarse en la distribución del gasto público entre las
diferentes administraciones territoriales, la central, autonómica y
local, de un 50-25-25 no se ha alcanzado? Sé que, como he dicho, es un
dato idílico, porque ciertamente habríamos de relacionar la financiación
con las competencias, pero en todo caso, cuando menos, era un objetivo
del partido que sustenta al Gobierno, el Partido Socialista, y parece ser
que con estos presupuestos se alejan todavía más de esos porcentajes,
puesto que caen las transferencias para las corporaciones locales.

En cuanto a aclaraciones con éstas ya tendría bastante, y hago especial
hincapié, señor Director General, si es tan amable, en lo que le he dicho
del artículo 11, porque repito que para nosotros lo que está planeando en
nuestras reflexiones es que, si se tratara, como me dijo --y se lo digo
para que no haya razones ocultas o información oculta-- el señor
Secretario de Estado la semana pasada, de que eso era porque, como es
sabido, durante el ejercicio presupuestario del próximo año, 1995, las
comunidades autónomas previsiblemente tendrán nuevas transferencias y en
consecuencia el crédito correspondiente para su financiación en la
Sección 32 debe ser un crédito ampliable, eso ya pasaba cada año, y de
hecho la financiación adicional es pactada en la Comisión mixta de
valoraciones Estado-comunidad autónoma respectiva en paralelo a lo que se
pacta en orden a las competencias en la Comisión mixta de transferencias.

Eso fue lo que dijo el señor Secretario de Estado. Por tanto, desde ese
punto de vista no hubiera sido novedosa esa situación, y no entendíamos
por qué en otras leyes de presupuestos no aparecía esa previsión, siendo
así que sí aparece este año. Por si no fuera esta razón, dijo el señor
Secretario de Estado que a lo mejor era para liquidar el 15 por ciento
del IRPF. Puesto que él no pudo aclararlo --dijo que no lo sabía--, yo se
lo pregunto hoy, confiando en que usted sí nos lo pueda aclarar.




El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Muchas gracias, señor Fernández
Díaz, por su intervención y especialmente por la concisión de la misma.

Tiene la palabra el señor Tanco.




El señor DIRECTOR GENERAL DE COORDINACION CON LAS ADMINISTRACIONES
TERRITORIALES (Tanco Martín-Criado): Iniciando la intervención por el
artículo 11, realmente este artículo con esta redacción, o con otras
parecidas, lo hemos tenido en leyes anteriores. Lo que pasa es que, en
vez de establecer la cuantía inicial del crédito como límite absoluto,
establecía la posibilidad de que el conjunto de determinados créditos
creciera hasta un 10 por ciento. Este articulado está



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redactado por la Dirección General de Presupuestos, no corresponde a mi
centro, pero sí le puedo explicar la razón por la que se han excluido de
su aplicación determinadas partidas, entre ellas las liquidaciones de las
comunidades autónomas y de las corporaciones locales.

Efectivamente, está previsto que en los primeros meses de 1995 vaya a
haber transferencias importantes, fundamentalmente del Inserso y de
Universidades, a las comunidades autónomas, pero ello no requeriría la
aplicación de este artículo tal como está redactado, porque se limitaría
a hacer un trasvase de créditos desde el departamento que tansfiriera las
competencias, en este caso Educación o Trabajo, a las comunidades
correspondientes, que se ubicaría de momento en la Sección 32, hasta que
el próximo año lo integráramos en la participación. Por tanto, no debía
producirse un incremento de crédito en uno ni en otro sentido, del
crédito consolidado de ambos, comunidades autónomas y departamentos
ministeriales. Sí tiene que ver, por ejemplo, que durante estos últimos
años, cada vez que efectuábamos la liquidación de las comunidades
autónomas, nos encontrábamos con una cortapisa importante. El gasto
equivalente crecía lo suficiente como para que las previsiones que
habíamos incluido en el presupuesto se nos quedaran ligeramente cortas,
no muy cortas, pero a lo mejor 70.000 ó 80.000 millones pasaban a ser
90.000 ó 95.000, y eso hacía que con el 10 por ciento que se permitía nos
pudiéramos elevar, sin absorber créditos de otros departamentos, por
ejemplo, de 80.000 a 88.000, mientras que nosotros necesitábamos llegar a
95.000 para efectuar la liquidación. Esto dificultaba la tramitación,
porque tan pronto se habían producido desviaciones en otros departamentos
existía una cierta pugna por que no fuéramos más allá de lo que nos
permitía la ley individualmente, y más en este ejercicio, en el que la
limitación es a la cuantía inicial, es decir, que la liquidación de las
comunidades autónomas tendríamos que haberla previsto muy alta para que
nunca incidiéramos en la dificultad de que la liquidación al final
hubiera sido superior a las previsiones, puesto que en este caso,
necesariamente, para cada peseta que fuera de más en la liquidación
tendríamos que ir absorbiendo créditos de otro departamento, incluso es
posible que hubiéramos tenido que recurrir algo así como a un crédito
extraordinario para hacer la liquidación de las comunidades.

Esta era la razón por la que el crédito correspondiente a esta partida de
48.000 millones se ha excluido de la aplicación del artículo once. De
éste, sin embargo, no está excluido el de corporaciones locales. La razón
por la que no se ha excluido corporaciones locales es porque ese crédito
está determinado a la peseta. En el acuerdo que firmaron los ministerios
de Hacienda y de Administraciones Públicas con la FEMP, el día 1 de
agosto, figura ya como un billón treinta y cinco mil millones la
financiación definitiva para el año 1994. Como ya teníamos las cantidades
a cuenta que se habían entregado, la diferencia naturalmente es la
liquidación que deberemos efectuar en el transcurso del próximo ejercicio
y, así como en otras ocasiones hemos tenido que esperar hasta el tercer
trimestre para conocer la determinación de todos los índices que incidían
en la financiación de comunidades autónomas y de corporaciones locales,
en este caso, desde el momento en que exista disposición de los créditos
se podrá llevar a cabo la liquidación del año 1994. Por tanto, no ha sido
necesaria su exclusión. Otro caso será en el próximo ejercicio, en el que
ya estará en marcha este crédito y sabremos exactamente cuál será la
cuantía de su liquidación.

En cuanto al FCI, este ejercicio sigue teniendo la misma cuantía absoluta
que en el ejercicio anterior, pero se han producido variaciones en el
reparto interno de esa cifra. La razón es que cambia la cuantía de las
variables, tanto la población como los saldos migratorios, el paro,
etcétera. Como vamos cogiendo un determinado número de años, incorporando
uno nuevo y soltando el último de los cinco años, por ejemplo en estos
últimos casos se produce una variación de la variable que nos sirve de
base para repartir un determinado porcentaje del fondo, y la suma de
todas ellas hace que efectivamente haya comunidades que pierdan
exactamente lo mismo que ganan otras comunidades. No ha habido, que yo
sepa, ninguna reclamación específica de las comunidades autónomas por
rechazo de las variables, que son absolutamente técnicas y proceden del
Instituto Nacional de Estadística. Por tanto, su aplicación casi tiene
carácter automático. El Instituto Nacional de Estadística efectúa el
reparto de 100.000 unidades y nosotros lo transformamos en las cantidades
que corresponden a los 128.000 millones de la asignación del fondo. Por
tanto, no hay ninguna intervención cualitativa en la distribución del
fondo.

En cuanto al PPI de las comunidades autónomas, se ha seguido el
procedimiento tradicional, calcular los tres índices de evolución: los
ingresos del Estado estructuralmente ajustados, el PIB nominal y el gasto
equivalente. En el caso de las comunidades autónomas del artículo 143 ha
predominado el PIB y en el caso de las del 151 ha predominado el gasto
equivalente. Curiosamente hay una diferencia sensible en el crecimiento
de unas y otras, de forma que las del 143 han crecido alrededor de un 8
por ciento, mientras que las del 151 han crecido un 6; por primera vez,
desde que existe el sistema de financiación, estas comunidades crecen
menos que las del 143. La razón es que en el ejercicio anterior había
seguido predominando el gasto equivalente, pero siempre el gasto
equivalente desde el año base había crecido a unos porcentajes superiores
al PIB. En este caso el gasto equivalente ha crecido poquísimo, y aunque
el PIN ha crecido más, la aplicación conjunta a todos los años del
quinquenio desde 1990 a 1995 de ambos índices hace que siga predominando
el gasto equivalente en ese porcentaje tan pequeño que oscila entre el 5
y el 6 por ciento. Realmente todavía deberíamos descontar un punto tanto
a unas como a otras, porque en los presupuestos del ejercicio pasado
distribuimos a cuenta el 97 por ciento, mientras que en estos
presupuestos está distribuido el 98 por ciento. Por tanto, cuando decimos
que han aumentado un 6, realmente han aumentado un 5 y hay un punto más
de entrega provisional. Eso ocurre tanto en las del 143 como en las del
151.

Por lo que se refiere a las corporaciones locales, el acuerdo a que se
llegó entre la FEMP y el Ministerio de Hacienda y el de Administraciones
Públicas cerró también



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los temas anteriores. Ya había habido otro acuerdo para cerrar la
liquidación de los años 1992 y 1993 y en este caso se aceptó ya como
definitiva incluso la liquidación correspondiente al año 1993, que se
elevó a 93.000 millones de pesetas, en los cuales estaba incluido un
anticipo que se hizo en 1994 de 18.000 millones. En el mes de septiembre
se remitió el importe de la liquidación, que eran 75.000, y 18.000 que se
habían entregado en el mes de abril.

La discrepancia en cuanto a las ponderaciones que existía entre la FEMP y
el Ministerio de Hacienda se resolvió en parte en 1992, otra parte en
1993 y yo creo que está definitivamente cerrada. El importe total en
cuanto a participación para el año 1994 ha sido 1.035.000 millones. Ese
importe ha evolucionado con el PIB, que ha crecido el 6,40 por ciento. A
su vez, se reparte el 95 por ciento de esa cantidad finalmente obtenida.

Esta cantidad está suplementada con dos fondos, uno de 30.000 millones de
pesetas, que afectará a los municipios de más de 50.000 habitantes, y
otro fondo de 20.000 millones. La primera cantidad está formada por
15.000 millones de fondos de cohesión y 15.000 millones de FEDER y la
segunda por 15.000 millones de FEDER y 5.000 millones de asignación
presupuestaria. El objeto de esta última es que también entre los de
menos de 50.000 habitantes pueden participar en el Fondo aquellos
municipios que no son región Objetivo-1 ó 5B y, por tanto, a partir de
este momento también podrán presentar proyectos los municipios pequeños
situados en provincias fuera de esa delimitación que hace la Comunidad
Económica Europea. En cuanto a los otros, todavía está sin determinar
claramente cuál va a ser el sistema de distribución. Es de esperar que la
Comisión Nacional de Administración Local lo determine en pocos días, en
los que tendremos una reunión, pero parece que la base fundamental va a
ser la población. Para alrededor de 20.000.000 de habitantes, que serán
los afectados por esta distribución, tenemos 30.000 millones; es decir,
corresponderá a cada municipio aproximadamente unas 1.500 pesetas por
habitante y podrán presentar proyectos que sean aceptables para ser
presentados en Bruselas, sin más limitación que esa genérica. En todo
caso, lo que podrá suceder es que si el proyecto sobrepasa con creces el
70 por ciento que esta cantidad debería representar, será la comunidad
autónoma o la diputación o la propia entidad local la que tendrá que
aportar fondos adicionales; o bien hacer una segunda anualidad para
completar la realización del proyecto. Estas últimas especificaciones
están todavía sin acordar con la FEMP.




El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): El señor Fernández Díaz tiene la
palabra para la petición de alguna aclaración complementaria.




El señor FERNANDEZ DIAZ: Preguntaba al señor Director General si tiene,
de acuerdo con este proyecto de ley de presupuestos, los porcentajes que
se derivan entre las tres administraciones, la central, la autonómica y
la local, teniendo esa frontera del 50-25-25. Se lo pregunto porque usted
sabe que con los números se pueden hacer mil cosas. Realmente hay quien
considera, quizá no sin razón, que habría que esperar a ver los
presupuestos de las comunidades autónomas consolidados para ver cuál es
la distribución definitiva. En todo caso, quisiera saber, con este
proyecto de ley de presupuestos, qué porcentajes hay de gasto entre
Administración central, autonómica y local.

Si es generosa la Presidencia en su interpretación del Reglamento, cosa
que yo le rogaría, se me olvidó preguntarle en la primera parte de mi
intervención si es cierto que los presupuestos del Fondo de Cohesión no
aparecen en los presupuestos generales del Estado. Me explico. Hemos oído
de voces autorizadas representativas del Gobierno que del Fondo de
Cohesión se va a destinar una parte fundamental a obras de
infraestructura y medio ambiente; un 10 por ciento de las obras de
infraestructuras van a ser gestionadas por las comunidades autónomas que
son competentes en la materia y un 40 por ciento en las obras destinadas
a medio ambiente por parte de aquellas comunidades autónomas que tienen
recogida en sus estatutos esa competencia, y que esto significan 11.000 y
29.000 millones, en total 40.000 millones. Esos 40.000 millones no
aparecen recogidos en los Presupuestos del Estado. Si eso es así, me
gustaría que, si puede, me lo confirmara. En segundo lugar, si además de
no aparecer esos 40.000 millones del Fondo de Cohesión que van a ser
gestionados por las comunidades autónomas tampoco aparecen en los fondos
de cohesión que van a ser gestionados por la Administración Central en
estos Presupuestos del Estado. Quisiera saber si esto es así o estoy
equivocado.




El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Creo que son estas dos cuestiones
las que a continuación podrá contestar el señor Tanco.




El señor DIRECTOR GENERAL DE COORDINACION CON LAS HACIENDAS TERRITORIALES
(Tanco Martín-Criado): Por lo que se refiere a esa participación ideal
del gasto público del 50, 25, 25, efectivamente, la Dirección General
viene haciendo desde el año 1984 una descentralización del gasto público
cuya última estimación hasta ahora ha llegado al año 1992. En este
momento está en elaboración la del año 1993. A lo largo de todos estos
años las corporaciones locales han crecido muy poco en participación del
gasto público. Remontándonos a antes de 1984 tenían simplemente un nueve
por ciento. A partir de 1984, que lo inician con un 11 por ciento, en la
hipótesis --nosotros siempre hacemos cuatro hipótesis de presentación--
de no considerar ni los pasivos financieros ni las pensiones, las
corporaciones locales llevan tres años puestas en el 16 por ciento: 16,2,
16,3, 16,1, por este orden, en los tres últimos años. Es decir, existe
una estabilización y una tendencia a la baja. Posiblemente, en el año
1993, que ahora cerramos, por los datos que vamos teniendo, se produzca
en la participación una pérdida de las corporaciones locales como de
medio punto. En el año 1994 no tenemos idea, y la verdad es que intentar
hacerlo con los presupuestos para 1995 es imposible porque tendríamos que
hacer, al mismo tiempo, una estimación de cuáles van a ser los
presupuestos de las corporaciones locales, cosa a la que con esta
anticipación no nos atrevemos sin tener por lo menos cerrados los
presupuestos de 1994.




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No debería ser la causa de que pierdan puntuación en la atribución de
participación que concedemos a las corporaciones locales, porque esta
partida es de las que más crecen del presupuesto. Ha crecido un 11 por
ciento, tanto en corporaciones locales como en municipios como en
diputaciones, mientras que hemos visto que la financiación de comunidades
autónomas de uno y otro artículo de la Ley crecían un ocho por ciento las
del artículo 143 y un seis por ciento las del artículo 151 de la
Constitución. Es decir, en este caso, el fondo de participación de las
corporaciones locales crece el 11 por ciento, casi un 70 por ciento más
que lo que atribuimos a las comunidades autónomas. Creo que eso, unido a
los 40.000 millones adicionales, debería ser una partida que difícilmente
van a conseguir superar las corporaciones locales. Difícilmente van a
superar el crecimiento del 11 por ciento más 40.000 millones, que,
posiblemente, vendrá a significar alrededor de otro dos por ciento o dos
y medio por ciento de los Presupuestos Generales. Sus ingresos
tributarios difícilmente van a conseguir incrementarse en un trece y
medio por ciento. Es decir, seguramente perderán o al menos se mantendrán
estabilizadas, como vienen haciendo, pero más bien será por las
dificultades de incrementar recursos procedentes de otros fines que por
las transferencias que provienen del Estado.

En cuanto a los fondos de cohesión de carácter general, el Consejo de
Política Fiscal y Financiera simplemente tomó nota --vamos a decir-- de
la declaración del Ministro de Economía y Hacienda, estableciendo la
cuantía de los fondos en 40.000 millones --11.000 y 29.000-- y otros
19.000 millones más que para el año 1995 estaban en parte comprometidos y
cuya utilización hasta ese momento había sido competencia exclusiva del
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, y que una
parte de esos 19.000 millones, ya en el año 1995, podrían ser
administrados también por las comunidades autónomas sin que se pudiera
exactamente definir en qué cuantía era, pero que en un 50 por ciento o
algo de ese estilo podría ser su cuantía global.

En cuanto a que no figuran de una forma tradicional, los fondos de
cohesión europeos y el Feder figuran en una gran parte como salida en los
Presupuestos del Estado, pero después sólo una parte la recoge el propio
Presupuesto y otra tiene una gestión extrapresupuestaria. Por ejemplo,
todo el Feder que se atribuye a las universidades, se acuerda con el
Ministerio y las universidades cuál es su cuantía y de una forma directa
se asigna a las universidades sin que pase por el Presupuesto del Estado.

(El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
Esta técnica podría dar lugar a que se produjera un agujero en el
Presupuesto, puesto que podría pasar por el Presupuesto como ingreso
también, pero luego volvería a salir como gasto. Depende cómo fuera,
podría cambiarse la técnica de los fondos europeos.

En el caso de las comunidades autónomas está sin delimitar
normativamente, pero no así en el caso de las corporaciones locales, en
el que sí figura una norma en el Presupuesto reconociéndoles el derecho a
la participación en un fondo de 30.000 millones, creado por 15.000
millones fondos de cohesión y 15.000 millones fondos Feder y a que sea
también de gestión extrapresupuestaria. Es decir, las corporaciones
locales presentarán los proyectos ante la Dirección General de
Planificación, y en una comisión mixta paritaria entre la FEMP y el
Ministerio de Obras Públicas y Hacienda, se pondrán de acuerdo en la
elección de los proyectos y la atribución financiera será directamente
del ayuntamiento sin pasar por los Presupuestos del Estado. Al menos ésas
son las previsiones que creo que están en la Ley de Presupuestos que
examinamos.




El señor PRESIDENTE: Con la intervención del señor Tanco Martín-Criado
finaliza la comparecencia del Director General de Coordinación con las
Haciendas Territoriales.




--DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DEL PATRIMONIO DEL ESTADO (VAZQUEZ DE PARGA
Y PARDO). A SOLICITUD DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR (número de
expediente 212/001054) E IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA (número
de expediente 212/001170).




El señor PRESIDENTE: Comenzamos la comparecencia del señor Director
General del Patrimonio del Estado, que ha sido solicitada por los grupos
Popular e Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.

En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Milián Mestre.




El señor MILIAN MESTRE: Señor Director General, en el presupuesto de la
Sección 15 existe el Programa 612 F, denominado gestión del Patrimonio
del Estado. «El presupuesto de la Sección declara que el objetivo de este
programa es la gestión racional» --y leo textualmente-- «de los bienes
muebles e inmuebles y de la cartera de valores del Estado, su
conservación, protección, así como el incremento de su valor y
rentabilidad». Aquí termina la cita. Por lo tanto, éste debe ser el punto
de referencia a la hora de valorar el contenido global del presupuesto.

En cuanto al Programa 612 F, el segundo programa en tamaño del
presupuesto de la Sección, tiene una dotación presupuestaria total de
87.129 millones de pesetas, de los que 84.220 se destinan a la
adquisición de activos financieros. El desglose del capítulo 8, activos
financieros, resulta insuficiente, en mi opinión, dada la importancia de
la partida que interesa aclarar por lo que respecta a las sociedades
estatales cuyas acciones se adquieren --artículo 86--, así como un mayor
detalle del subconcepto 860.

En el capítulo que estamos analizando hay una serie de cuestiones de sumo
interés que afectan directamente a las perspectivas de las empresas del
patrimonio en el año 1995 y a las privatizaciones que se puedan realizar
asimismo en el año 1995. Me gustaría que en este conjunto de elementos
nos aclarara, en lo posible, cuál va a ser la política real de
privatizaciones en el año 1995; cuál será el criterio a seguir, es decir,
si afectará a todas las empresas del patrimonio o parte de éstas; qué
parte de capital --o todo-- va a



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ser enajenado por parte del Estado en la privatización; qué objetivos se
establecen en esta política y qué sistema van a utilizar en la ejecución
de este programa.

Ciertamente estas ideas habían surgido a lo largo del fin de semana, pero
esta mañana he encontrado en la prensa barcelonesa, en el diario «El
Periódico», una página completa que hace referencia --y me ha
sorprendido-- a que la privatización afectará a 20 empresas, según
parece, en un programa --dice la prensa-- que el propio Ministro, señor
Solbes, ha esbozado. Y dice así. A pesar de que el Vicepresidente del
Gobierno, Narcis Serra, declara hace unos días que no existe un programa
de privatizaciones, el Instituto Nacional de Industria y el Grupo
Patrimonio tienen ya clasificadas una serie de compañías susceptibles de
tener socios privados. Estas empresas están pendientes del reglamento y
del calendario que deberá fijar el Gobierno para su entrada en el sector
privado. Se detallan una serie de cuestiones que yo ahora no voy a
pormenorizar --porque espero que lo haga usted--, pero se avanza en esta
información; por ejemplo, que los ingresos derivados del proceso sumarán
300.000 millones para el año 1995 y establece una casuística muy
concreta, mencionando empresas como Repsol, Endesa, Argentaria, algunas
de las cuales sí pertenecen a su departamento, como es el caso de
Argentaria o Tabacalera, que parece que tiene un proceso ambicioso en
este sentido, o a la propia Telefónica.

Por otra parte, dentro del conjunto de estos elementos de privatización,
que nos parecen sumamente interesantes y en donde nosotros postulamos,
como siempre, una idéntica filosofía de transparencia máxima, junto a
igualdad de condiciones a la hora de optar a estos beneficios de la
privatización, ha habido otros problemas planteados y a los que el otro
día ya aludimos en una comparecencia del Secretario de Estado de su
departamento, pero no deja de ser interesante que usted los aclare.

Parece ser que hay algunos precedentes inmediatos en cuanto a
privatizaciones, verbigracia, Itasa, Intelhorce e Imepiel y el Patrimonio
del Estado ante la Comisión de Bruselas --y es un contencioso creciente
en nuestras relaciones con la Comunidad-- argumentó que se había hecho
para salvar su imagen, no la privatización correspondiente, sino las
ayudas previas a la privatización, lo cual establecía ante la Comisión
algunas irregularidades de orden jurídico, según su sabio entender,
puesto que incluso instó al Gobierno español a que reembolsara parte de
estas ayudas al Patrimonio en función de no considerarlas convenientes.

Tengo aquí unos datos, por ejemplo, de ITASA, 4.200 millones; de
Intelhorce, 4.405 millones; de Imepiel, 8.400 millones, que según se dijo
en su momento por otro Gobierno era para capitalizarlas y venderlas
posteriormente a empresas privadas, lo cual parece ser que ante Bruselas
conculcaba ciertos principios de competencia.

En ese sentido, podría aducirle otro contencioso que se corresponde
también con la Comisión de Bruselas ante la posible devolución de los
18.000 millones entregados a Merco, que según he visto en este
Presupuesto para 1995 no se data en liquidación. Sin embargo, alguien
tendrá que devolver esa suma, según la Comisión Europea exigió al
Gobierno español; me gustaría saber de qué manera se va a hacer y quién
lo va a hacer, si va a ser el ICO, Patrimonio... En resumen, cómo se va a
producir esta posible devolución exigida por la Comunidad.

A su vez, me gustaría que me aclarara, en la medida de lo posible, cuál
es el criterio que rige la actuación y la gestión del Patrimonio del
Estado respecto a locales que usan las administraciones, donde se proveen
alquileres de edificios, por parte del Estado, que a veces resultan a
precios increíbles porque fueron contratados en momentos de euforia
económica, que no es justamente la que se corresponde con este momento de
retracción y sobre todo de austeridad creciente por parte de la
Administración del Estado. ¿Cuál es la política de su departamento con
respecto a este fondo inmobiliario? ¿Se revisan los precios de estos
alquileres por parte del Patrimonio? ¿Se revisan estos alquileres y se
eliminarán, en todo caso, aquellos que se consideran innecesarios?
Otro capítulo que me gustaría que aclarara (aunque ya se hizo el año
pasado en la comparecencia presupuestaria pero que al parecer de nuevo
hace que insista en ello) es el de Minas de Almadén, al cual se le
atribuye una suma de 813 millones de pesetas. Se decía entonces que era
para indemnizaciones de personal (me refiero a la comparecencia del año
pasado), y yo querría saber si continúan siendo constantes esos elementos
en la justificación del Presupuesto o si se añaden otros factores que
aconsejen el mantenimiento de esta suma en este capítulo.

Asimismo, en el nuevo Presupuesto, se refieren ustedes a la adquisición
de acciones del sector público, lo cual no deja de sorprender, en cierto
modo, al reincidir en el hecho de adquirir nuevas acciones del sector
público cuando estamos tratando de una política generalizada de
privatización. Choca, además, porque de alguna manera contraviene el
primer plan de convergencia que justamente hablaba del mantenimiento del
«statu quo» actual del sector público, a la vez que el segundo insistía
en la reducción de su mantenimiento y el paso a sucesivas
privatizaciones. Por tanto, aquí hay una cierta incoherencia entre lo que
es la política presupuestaria de este año con respecto al sector público
y lo que se aconseja por parte del Gobierno en ese principio general
establecido del plan de convergencia en relación con la reducción del
sector público. Otro tanto cabría decir de las empresas nacionales, para
las que se presupuestan aquí creo que 19.370 millones de pesetas para
adquisición de acciones. Me gustaría saber por qué razón se establece
precisamente esta cuantía, cuáles son las causas de esa precisión
matemática que ustedes establecen y qué empresas contemplan como posibles
receptoras o vendedoras de estas acciones que va a adquirir el Patrimonio
del Estado.

Otro dato curioso que me gustaría que ampliara es el de las empresas
extranjeras. Cuando ustedes establecen un apartado, si no recuerdo mal,
de 1.800 millones de pesetas para adquisición de acciones de empresas
extranjeras me gustaría saber qué política siguen en este sentido y cuál
es la motivación que les lleva a incluir esta cantidad.

Finalmente, hay dos capítulos que me chocan porque creo que existen
ciertas contradicciones. Por ejemplo Tabacalera, que corresponde al
Patrimonio del Estado, este



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año duplica los beneficios y, según mis noticias, parece ser que está
entrando de nuevo en la vía de equiparación a los beneficios de 10 años
atrás cuando tenía realmente una alta rentabilidad. ¿Qué planes tienen
específicamente para Tabacalera? Desearía que usted me aclarara, si le es
posible, algo que ha sido motivo de otras comparecencias con el
Presidente de Tabacalera hace escasamente seis meses a instancias mía:
¿por qué se ejecutó una OPA, en condiciones increíbles de desembolso
innecesario, en la compañía filial de Tabacalera, Compañía General de
Tabaco de Filipinas?
Respecto a Paradores de Turismo, ¿cuál es la política actual del
Patrimonio? En algunas ocasiones hemos visto instancias por parte de
comunidades autónomas requiriendo esa titularidad. Yo quisiera saber
hasta qué punto eso es viable o tiene algún principio establecido
respecto al mantenimiento o al traspaso de estos paradores.

Y una cosa curiosa es que al observar la cuantía de empresas que controla
el Patrimonio, me he encontrado con la Fábrica de Moneda y Timbre. En la
Fábrica de Moneda y Timbre hay una cuestión reciente que me gustaría
conocer, a poder ser, con precisión. Hay monedas de curso legal, que son
los billetes, y hay moneda bolsa, como se dice, que simplemente son
aquellas que se emiten por el propio valor del metal y no del nominal.

¿Qué sentido tiene la emisión de estas monedas de 2.000 pesetas desde el
punto de vista de la Fábrica de Moneda y Timbre? Es decir, ¿vamos a crear
una moneda de curso legal o va a ser simplemente una emisión de moneda
bolsa, como se tiene por lo común en otros casos?
En definitiva, éstas son las ideas que se me han ocurrido al analizar el
capítulo correspondiente en este presupuesto. Simplemente me quedaría una
duda respecto a Argentaria --creo que Argentaria corresponde también al
Patrimonio del Estado--. Justamente esta semana he visto una carta
enviada por Argentaria a ciertos empresarios donde se les proponía un
producto financiero para financiar aquellas deudas del Estado con las
empresas que contratan servicios al Estado y que tardan mucho tiempo en
percibir y que, por tanto, generan unos «gap» financieros y a veces unas
crisis empresariales en las cuales no pocas empresas, si son pequeñas y
medianas, acaban sucumbiendo. Me ha chocado esta carta porque justamente
me parece paradójico que el Grupo Argentaria ofrezca este producto a
estas empresas cuando quizá sería más barato, menos inflacionista, hacer
un crédito al Estado para que pague en lugar de financiar la deuda a la
espera de que el Estado en su día cubra ese pago a las empresas
correspondientes.




El señor PRESIDENTE: El señor Ríos tiene la palabra.




El señor RIOS MARTINEZ: Voy a intentar ser breve precisando cuáles son
las solicitudes de información por parte del Grupo Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. La primera pregunta reincide en lo que ha
solicitado antes el portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra,
pero, en concreto, la previsión de ingresos del Estado para este año en
ingresos patrimoniales es de 759.000 millones de pesetas. Eso va a
obtenerse desde diversas perspectivas: por un lado, con intereses de
anticipos y préstamos, por otro lado, con dividendos y participaciones en
beneficios y, por otra parte, por productos de concesión y
aprovechamiento especiales.

Lo cierto y verdad es que la previsión inicial del año pasado era de
994.000 millones y, sin embargo, la previsión de recaudación se ha
reducido a 869.000; es decir, hay una minoración de esta actuación. En
todo caso y, en concreto, después de la pregunta que esta mañana ha
respondido el señor Secretario de Estado de Hacienda, la pregunta iría
dirigida en el siguiente sentido: esos 300.000 millones de pesetas que el
Gobierno prevé obtener vía privatizaciones o venta de acciones la ha
cifrado en alrededor de unos 170.000 millones de pesetas en la empresa
Repsol y el resto en varias empresas. A mí me gustaría conocer con
precisión cuáles son las iniciativas privatizadoras que se piensan
adoptar, a qué sociedades del Estado afectan y qué tipo de privatización
se va a abordar, si parcial o total, en cada una de ellas. En el caso
concreto de dos bloques de empresas me gustaría una precisión mayor, a
ser posible. A mediados del verano surgía la posibilidad de --por así
decirlo--, competir en la costa los Paradores Nacionales con la oferta
privada e ir a una privatización de alrededor unos 25 paradores. Si esto
es así, querría saber en qué situación se encuentra.

Por otro lado, está el tema Tabacalera. Tabacalera empezó en años
anteriores a realizar una diversificación de compra, de presencia de esta
empresa en lo que pudiéramos llamar sector de la alimentación o el
consumo: Seven Eleven, Royal Brands, etcétera. Sin embargo, ahora se está
produciendo una especie de desinversión o una especie de no continuar esa
línea. ¿Cuál es la estrategia que Tabacalera va a seguir en cuanto a esa
posible diversificación distinta del tabaco: presencia, adquisiciones,
participación o enajenación de parte de su propia actuación. En cuanto a
la previsión de enajenación o de adquisición, puesto que en el gasto hay
una actuación en positivo no solamente enajenadora, me gustaría conocer
la presencia del Patrimonio del Estado en las empresas donde participamos
minoritariamente (no tenemos la mayoría de las acciones, participamos de
forma minoritaria) y la línea de actuación en ese sector, en esa
vertiente.

Termino. En el capítulo 4, transferencias corrientes, en lo que es la
Dirección General del Patrimonio del Estado, hay una diatribución de un
gasto, que me imagino que se podrá precisar, de 814 millones de pesetas.

Me gustaría conocer cuál es el bloque mayoritario de esas transferencias
corrientes y qué objeto persigue.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Director General.




El señor DIRECTOR GENERAL DEL PATRIMONIO DEL ESTADO (Vázquez de Parga y
Pardo): Paso a responder a las preguntas que se me han formulado tanto
desde el Grupo Popular como desde Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.

Me preguntaba el señor Milián, en primer lugar, sobre la situación del
capítulo 8 de la Sección 15 y el montante



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correspondiente a los 84.000 millones de pesetas. Esto está relacionado a
su vez con una cuestión que me hace posteriormente sobre la contradicción
que puede existir respecto de una suscripción o compra de acciones de
sociedades estatales y del proceso privatizador en el que, en principio,
estamos inmersos.

A este respecto lo que le quiero decir es que dentro de las empresas
públicas del grupo Patrimonio existen empresas en donde se ha hecho un
esfuerzo inversor muy importante, o se está haciendo en la actualidad,
que da lugar a ampliaciones de capital desde el punto de vista mercantil,
pero que indudablemente están respondiendo a esfuerzos inversores del
pasado o a esfuerzos inversores que hay que hacer en el futuro.

En este sentido hay dos empresas que, por así decirlo, se llevan un
montante importante de lo que es el capítulo 8 de la Sección 15. Me
refiero concretamente a Siepsa, que es la sociedad que tiene encomendado
por el Gobierno llevar a cabo todo el plan de amortización y creación de
nuevos centros penitenciarios. Cada vez ese esfuerzo inversor está siendo
mayor y se pretende que en la ejecución del presupuesto del año 1995 se
pueda llevar a cabo toda una serie de inversiones previstas en nuevos
centros penitenciarios, que calculamos que pueden rebasar la cifra de los
20.000 millones de pesetas.

Asimismo, el esfuerzo inversor realizado durante la Exposición Universal
de Sevilla 92 ha dado lugar a que, dentro de la sociedad, exista un
balance patrimonialmente equilibrado pero, al mismo tiempo, se
financiaron tanto con recursos propios como con recursos ajenos una serie
de infraestructuras cuyo valor real es el coste que tuvo que asumir Expo
en su momento, y cuyo valor de enajenación en muchos casos no responde a
circunstancias de mercado porque, como el señor Diputado conoce, se
asumieron ahí obras de infraestructuras que no son realizables. Sin
embargo, sí hay que hacer frente al crédito que firmamos en su día con el
Banco de negocios Argentaria para renegociar todos los recursos ajenos
que ahí teníamos, lo cual da lugar a que cada año haya que hacer una
dotación importante de ampliación de capital para poder llevar a cabo la
financiación, tanto en principal como intereses, de ese crédito
multidivisas que se suscribió en el año 1993.

En este orden de ideas, existen también empresas como la Empresa Nacional
de Autopistas, en donde el Estado asumió unas autopistas, como la gallega
y la astur-leonesa, que el sector privado no pudo acometer, con un fuerte
endeudamiento y cuyo proceso inversor ha seguido adelante; las autopistas
cada vez están en mejor línea de rendimiento, pero estamos cada año
capitalizando un poco más la empresa, para que la proporción recursos
propios y recursos ajenos sea más aceptable y no gravite sobre la cuenta
de resultados de estas empresas un montante tan fuerte como había en años
anteriores, sin perjuicio de que, como digo, en este momento la autopista
de Galicia ya ha pasado de números rojos a resultados positivos, pero
seguimos dentro del proceso inversor.

Después, existe la previsión con respecto a algunas empresas de que, por
sus circunstancias económicas más bien adversas, dan lugar a que haya que
dotarlas de un apoyo presupuestario, bien por situaciones anteriores de
falta de liquidez, bien por el hecho de que determinadas deudas no le han
sido pagadas a esas empresas públicas, como en el caso de la antigua SGV,
de Segipsa, a la que, según el contrato que había hecho con el Ivima,
deja a esta empresa en tal situación, por las deudas que el Ivima tiene
con Segipsa, que, en tanto no se las pague, hay que ayudarla al normal
desenvolvimiento mediante las ampliaciones de capital pertinentes, pero
ya digo que en este caso ya en menores cuantías.

Respecto a adquisiciones fuera del sector público de empresas nacionales
por importe de 19.370 millones, es una previsión que se hace de dotación
de ampliación de capital para que, en el supuesto de que la Compañía
Telefónica de España, en la que Patrimonio del Estado tiene el 32 y pico
por ciento, hiciera una ampliación de capital, poder mantener la misma
participación que tiene en este momento. Es el cálculo estimado de lo que
sería la aportación a una hipotética ampliación de capital.

Por contestar a algo que está relacionado con todo lo que me han
preguntado, el señor Diputado al referirse a las empresas extranjeras me
ha hablado de 1.800 millones. Realmente son 1.600 millones, que es lo que
se espera que tenga que aportar el Estado español en el Banco Europeo de
Inversiones en función de la alícuota que el Estado español tiene en el
mismo. Esta es una dotación que en los años anteriores se había puesto,
el año pasado no se puso y este año se vuelve a incorporar a las
dotaciones que tiene el programa de la Dirección General del Patrimonio.

Se paga en ecus y es el equivalente a lo que se estima que en ecus pueda
representar la ampliación de capital y, por tanto, la alícuota que le
corresponde al Estado español en el BEI (Banco Europeo de Inversiones).

Me pregunta por la política real de privatizaciones. Como el señor
Diputado puede colegir fácilmente, para la Dirección General del
Patrimonio la política de privatizaciones es un dato que le viene dado
por las altas instancias del Gobierno. La Dirección General del
Patrimonio está totalmente al día en cuanto al estudio de todas aquellas
empresas susceptibles de ser privatizadas y emite sus informes técnicos,
para que aquellos que tienen que tomar las decisiones desde las altas
instancias del Gobierno las lleven a efecto, a la Dirección General del
Patrimonio le corresponde también ejecutar y llevar a cabo, de la mejor y
más transparente forma posible y con la mayor publicidad, las decisiones
que desde el Gobierno se adopten.

Reiteradamente, tanto el Ministro de Economía y Hacienda como el
Vicepresidente, en su comparecencia ante el Senado, han manifestado que
la política de privatizaciones por parte del Gobierno es una política de
estudio, caso a caso, de aquellas empresas que son susceptibles de
privatizar y para lo cual manejan distintos criterios, como pueden ser la
mayor eficacia en el sector privado respecto del sector público; la
estrategia que esa empresa desempeña en el sector y, por tanto, la
participación que se considera deseable seguir manteniendo; y el hecho de
solventar, en la medida de lo posible, vía ingresos públicos, el déficit
público, que se maneja como argumento fundamental, pero es uno de tantos
a la hora de tomar esta decisión.




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Como ya puse de manifiesto en la comparecencia del año pasado, no tenemos
una ley al estilo de las francesa e italiana, entre otras cosas, porque
el peso de nuestro sector público empresarial, dentro del total de la
economía y respecto del PIB, es menor que la mitad de lo que representan
en estos países y, además, la decisión del Gobierno, el estudio
pormenorizado, caso a caso, de la política de privatizaciones, es la que
se considera más adecuada.

Desde luego, la información a la que usted hace referencia de «El
Periódico» sobre 20 empresas, la desconozco. En principio, aparecen para
el presupuesto del año 1995 300.000 millones de presuntos o previstos
ingresos por el concepto de privatizaciones y, también en principio, ésos
se reparten. Ya conoce el señor Diputado que el sector público
empresarial es un sector que no afecta sólo al Grupo Patrimonio, que es
una parte del sector público empresarial; está comprendido también por el
INI y el INH.

Dentro de esas privatizaciones --contesto también al Diputado de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-- está contemplado que 170.000
millones procedan del Grupo INH y los 130.000 millones puedan ser
obtenidos por las privatizaciones susceptibles de llevarse a cabo dentro
del Grupo Patrimonio. Si las autoridades supremas del Gobierno no han
especificado hasta ahora cuáles son aquellas empresas, en línea con lo
que estábamos diciendo, de las que se espera que se obtengan esos 130.000
millones, lo que está claro es que todos los Diputados conocen, dentro de
las empresas del Grupo Patrimonio, cuáles son aquellas susceptibles de
generar un montante, en todo o en parte, sobre la cuantía de los 130.000
millones. Lo que sí le digo al señor Diputado es que, en ningún caso,
serán más de dos empresas. Entre otras cosas, porque la potencialidad de
otras empresas de poder obtener ingresos públicos, dentro del montante de
esos 130.000 millones, son muy limitadas porque si quitamos a las grandes
empresas que tiene el Grupo Patrimonio, que son tres, el potencial de
ingresos en el resto de las empresas por privatizaciones sería
relativamente pequeño.

Me pregunta también por la devolución que se le ha pedido al Estado
español respecto de las ampliaciones llevadas a efecto antes de
privatizar empresas como Hytasa, Intelhorce, Imepiel y Merco. En
sentencia reciente, de 14 de septiembre de 1994, el Tribunal de
Luxemburgo condenó al Estado español a producir las devoluciones en el
caso de Intelhorce, Imepiel y Merco, no así en el de Hytasa, en donde
consideró que la ayuda era lícita y no hay condena al Estado español para
producir las devoluciones solicitadas.

Estas empresas, como todos los señores Diputados conocen, son empresas de
signo distinto a las que hablamos antes en las que, desgraciadamente, las
cuentas de resultados, aparte de su poco sentido de integración en el
sector privado y demás, ha llevado al Estado a tener un protagonismo que
yo catalogaría de excesivo, respecto de lo que tiene sentido en el sector
público empresarial. No es una decisión que se tome por motivos de
competencia con el sector privado, sino, en muchas ocasiones, porque no
han sido rentables dentro del sector privado y hemos tenido que asumirlas
para solventar problemas de otro orden, como pueden ser los problemas
sociales y laborales.

A la hora de privatizar hemos hecho un esfuerzo previo de saneamiento
financiero, basado también en planes de viabilidad. Lo que ha ocurrido es
que la Comunidad Económica Europea ha considerado que esos planes de
viabilidad no tenía la suficiente entidad como para que esas empresas
tradicionalmente deficitarias pudieran seguir adelante, y entonces han
considerado esas ayudas ilegales porque, según ellos, estaban
enmascarando el saneamiento para cubrir las pérdidas que, a lo largo de
los años anteriores, se habían ido produciendo.

Es la primera vez que nos condenan en este sentido y lo que está
ocurriendo ahora es que el Ministerio de Economía y Hacienda está
poniendo en manos del servicio jurídico cuál es el planteamiento que hay
que hacer para responder y ejecutar estas sentencias que afectan a estas
tres empresas de las que hablábamos. Me ha preguntado que quién devuelve.

Entendemos que quien tiene que devolver es precisamente el organismo que
suscribió en su momento la ampliación de capital que en este momento se
exige que sea devuelta al Estado, que es, en este caso concreto, la
Dirección General de Patrimonio. Tengo que decir que la circunstancia
particular de cada una de las empresas va a dar lugar, en ese informe que
se ha solicitado del servicio jurídico, a procedimientos de devolución
distintos, dada la situación en la que cada una de ellas se encuentra.

Me pregunta asimismo por el criterio de adjudicación de los locales a los
distintos departamentos ministeriales, los temas de arrendamientos y
demás. En principio, cuando un Ministerio necesita locales para responder
a las necesidades de sus respectivos servicios, se pone en relación con
la Dirección General del Patrimonio para ver si existen locales propios
que puedan responder a las necesidades de cada Ministerio.

Dentro del Ministerio de Hacienda está la Junta Coordinadora de Servicios
Administrativos que es la que, de alguna manera, regula, coordina y
jerarquiza las necesidades de cada Ministerio para priorizar, dentro de
los locales propios que puede tener el Patrimonio del Estado, aquél que
puedan responder a las necesidades que se solicitan por parte de los
distintos departamentos ministeriales.

Una vez se llega a la conclusión de que se puede responder a las
necesidades en cuanto a metros cuadrados (hay una serie de módulos para
número de funcionarios, servicios que se pretenden llevar a cabo dentro
de los mismos, etcétera), si se pueden atender con los bienes inmuebles
del Patrimonio del Estado, indudablemente son aquellos que primero se
atienden. Pero en aquellos supuestos en los que no son adecuados a las
necesidades de los departamentos, o no existen locales o bienes propios
disponibles, se autorizan los arrendamientos. El Ministerio de Justicia,
por ejemplo, demanda mucho estos servicios a medida que han ido creciendo
las necesidades para poder prestar los servicios a los ciudadanos, con
mayor eficacia y dentro de una dignidad de la que hasta ahora carecían.

Existe algo que está claro, y es que la iniciativa del arrendamiento la
toman los departamentos respectivos,



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porque son ellos quienes conocen qué bienes inmuebles, si no los tiene el
Estado, se pueden adecuar a las necesidades que ellos tienen. En ese
caso, la función de la Dirección General de Patrimonio es autorizar, en
todos los casos con informe del servicio jurídico del Estado y de la
Intervención General y con los patrones y módulos que en cada tiempo y
lugar tiene la propia Dirección General de Patrimonio, los servicios
técnicos de la misma para homogeneizar los costes del metro cuadrado de
arrendamiento en función de las zonas, provincias y demás, que en cada
caso se solicitan. Desde esa perspectiva hay una cierta desigualdad
porque en gran parte depende de la situación del mercado inmobiliario en
cada época.

Quiero poner de manifiesto al señor Diputado que si un determinado bien
del Patrimonio del Estado, que en este momento no está disponible porque
lo ocupa un departamento ministerial, pero hay una previsión de que en
tres años se desafecte de ese departamento ministerial y sea susceptible
de traspasarlo a otro departamento, como ese contrato de arrendamiento es
conocido por la Subdirección de Edificios Administrativos, se orienta
para que sea por el tiempo preciso para no quedarnos con arrendamientos
que nos condicionen a lo largo del tiempo. Tanto la Subdirección General
de Servicios Administrativos, como la Subdirección General de Patrimonio,
están al quite de todos aquellos contratos para que, producido el plazo
para el cual tengan vigencia dichos contratos, si se tienen que seguir
manteniendo los arrendamientos, se negocie --de hecho se han producido--
en condiciones que respondan a las circunstancias del mercado, distintas
en ese momento a las que pudieron generar el contrato de arrendamiento en
años anteriores. Quiero decirle que cuando se producía el boom
inmobiliario hace cuatro o cinco años, los efectos nos los pedía a
nosotros el propietario en sentido contrario. El propietario hacía ver,
en el supuesto de que no le incrementáramos la renta, que si el contrato
finalizaba en ese momento, producía la extinción del mismo si las
cláusulas se lo permitían. En este sentido, estamos sujetos a las
vicisitudes del propio mercado.

Me pregunta, al igual que el Diputado de Izquierda Unida, por las
transferencias corrientes que en el capítulo 4 de la Sección 15 se
refieren a Minas de Almadén y Arrayanes, por importe de 813 millones de
pesetas que casi, como saben ustedes, es la cuantía total de dicho
capítulo, que asciende a 814 millones de pesetas; el millón adicional es
de la sociedad Saeca, que es una reminiscencia de la antigua sociedad
Asica. Ahí se había creado un fondo para hacer frente a los compromisos y
avales que se habían garantizado dentro de la sociedad Asica y que Saeca
tomó a su cargo.

Como en estos momentos estos desfases no se producen, se ha hecho una
previsión de un millón de pesetas que no tiene mayor significación. Sí
tienen mayor importancia esos 813 millones que hacen referencia a Minas
de Almadén y Arrayanes, que están sustentados en un convenio que con las
prescripciones y autorizaciones reglamentarias se suscribió en el año
1990, con efectos de 1.º de enero de 1989, entre Patrimonio del Estado y
Minas de Almadén y Arrayanes. Aparte de tener otros componentes, lo que
recoge esta partida es la situación de que la caída de las ventas del
mercurio en el mercado internacional daba lugar a que la plantilla que
tenía Minas de Almadén y Arrayanes en ese momento fuera excesiva. Por
tanto, había que buscar esta subvención de explotación para ayudar a la
cuenta de pérdidas y ganancias de Minas de Almadén y Arrayanes para hacer
frente al pago a aquellos trabajadores que voluntariamente quisieran
causar baja en las compañías y también para hacer frente a la
subocupación; en la medida en que la empresa se iba adecuando y
diversificando, se soportaba un exceso de plantilla que, indudablemente,
gravitaba sobre la cuenta de resultados de la empresa.

Había también una parte correspondiente a complementos salariales, que
dentro del sector de la minería tenían un montante superior a aquel que
les correspondería pagar a aquellos trabajadores que por este proceso de
diversificación y reciclaje estuvieran desarrollando otras actividades
que la empresa Minas de Almadén y Arrayanes está llevando a cabo, tanto
desde el punto de vista del sector agrícola, como de ejecución de obras,
estudios geotécnicos y geodésicos, temas que ellos profesionalmente
conocen más, y en los cuales se está tratando de cubrir el fuerte impacto
que en su cuenta de resultados ha producido y sigue produciendo en los
momentos actuales la importante caída de su materia prima básica y su
fuerte nutriente en cuenta de resultados. Eso que antes era un porcentaje
superior al 80 por ciento, hoy en día esa participación es muchísimo más
baja y queda por debajo del 50 por ciento.

En relación con Tabacalera, si el Presidente me lo permite, creo que con
más conocimiento y con mejores explicaciones podría facilitar los datos
el Presidente de Tabacalera, cuya comparecencia está prevista en esta
Comisión de Presupuestos. Lo que yo pueda decir respecto de sus
perspectivas de mejora de beneficios, de la OPA de Tabacos de Filipinas y
de la diversificación del sector alimentario --temas por los que me había
pedido información el señor Ríos--, con mejor conocimiento de causa y con
una vivencia más real y al día puede explicarlos el Presidente de la
compañía, cuya comparecencia, como digo, está prevista.

No tengo nada que ver con la Fábrica de Moneda y Timbre. A las ocho y
cuarto comparece el Subsecretario que, efectivamente, es a quien
corresponde la competencia de la Fábrica de Moneda y Timbre. Me parece
que históricamente dependió de la Dirección General de Patrimonio, pero
hoy en día, no.

El Diputado, señor Milián, hacía referencia al producto financiero que
acaba de sacar Argentaria para que aquellas empresas que contraten con el
Estado puedan financiarse más rápidamente en función de las demoras que
el Estado pueda tener. Quiero hacerle referencia a que desde la
perspectiva de Director General de Patrimonio, la gestión de todos
aquellos aspectos corresponde a los responsables y al equipo directivo de
Argentaria. Entramos en temas que hacen referencia a lo que un accionista
debe conocer. Yo concretamente desconocía todos aquellos productos
financieros que en competencia con el resto del sector bancario
Argentaria y sus directivos entendía como susceptibles de mejorar su
actividad, su gestión y demás. No me ha



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llegado esa carta y, desde luego, estos aspectos son propios de la
responsabilidad que los gestores tienen a su cargo. En lo que me
corresponde, entiendo que la Dirección General de Patrimonio cumple en
tiempo y plazo aquellos compromisos de pago que tiene asumidos y, por lo
tanto, en la parte alícuota que me pueda corresponder trataré de ser lo
suficientemente diligente y eficaz a la hora de hacer frente a estos
temas, que --indudablemente tiene razón el señor Diputado-- pueden dar
lugar a una distorsión en la eficacia nuestra. En ese sentido, todos
estamos preocupados para que la diligencia sea la mayor posible.

Respecto a las preguntas que me formula el Diputado de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, señor Ríos, en cuanto a los ingresos
patrimoniales, puedo darle respuesta. Como saben S. S., los ingresos
patrimoniales son previsiones dentro de la Dirección General de
Presupuestos y en la parte que toca a la Dirección General de Patrimonio
las previsiones de ingresos que se nos han fijado están en línea con los
dividendos esperados de las compañías en las que el Grupo Patrimonio
tiene participación directa. Concretamente, el montante total
presupuestado es de 30.000 millones de pesetas en números redondos, en
donde las previsiones casi totales se corresponden con la participación
que en este momento se tiene todavía en Argentaria, superior al 50 por
ciento. En ese sentido, las previsiones de ingresos son de 13.000
millones y del orden de los 14.000 millones en función de la previsión de
ingresos por dividendo por la participación que Patrimonio del Estado
tiene en Telefónica de España, a la que me he referido antes, del treinta
y dos y pico por ciento. Ambas partidas suman unos 27.000 millones de
pesetas y el resto son pequeñas partidas a nivel de ese montante bruto de
los 30.000 millones de pesetas en sociedades en donde ya la potencialidad
de obtener beneficios y, en definitiva, la distribución de dividendos
tiene un menor impacto.

Respecto a los 300.000 millones de pesetas de los que me hablaba, hago
referencia a la contestación que le di al Diputado de Partido Popular, el
compromiso que tiene la Dirección General de Patrimonio de llegar a los
130.000 millones sobre aquellas empresas que sean susceptibles de
privatizar.

Respecto a la privatización de la Red de Paradores, que me lo salté al
hacer referencia a las cuestiones que creo que me había planteado el
Grupo Popular, en principio no existe ninguna decisión adoptada, ni por
supuesto refrendada por el Gobierno.

En estudios que obran en la Secretaría General de Turismo y en la
Dirección General del Patrimonio se sugiere la conveniencia de
desvincular de la red algunos paradores de playa y carretera que no
reúnan condiciones de excelencia, calidad y singularidad que la imagen de
los paradores exige y que, a su vez, sean redundantes con otra oferta de
alojamiento análoga. Sin embargo, aunque esta línea de reflexión merece
ser considerada, estas sugerencias no están contrastadas con el origen
patrimonial de los inmuebles de estos paradores, que podría hacer
inviable jurídicamente su privatización. Hay bastantes paradores que han
pasado a integrarse en la red, que en su origen están cedidos por
ayuntamientos, por diputaciones, incluso por particulares, que han
condicionado su cesión al hecho de que sean tales paradores, con lo cual
es una adscripción de tipo moral que, al no cumplirse la norma,
lógicamente producirá la reversión al ayuntamiento, diputación, etcétera,
que en su momento hicieron la cesión correspondiente con ese
condicionante.

Concluiría diciendo que es, por tanto, prematuro en estos momentos
plantear la transferencia de la propiedad de algunos paradores a manos
privadas y se puede descartar la privatización de la red. La
privatización de la Sociedad de Paradores de Turismo no está contemplada
bajo ningún esquema.

Sobre Tabacalera, señor Ríos, le digo lo mismo que le he comentado al
Diputado señor Milián. Me pregunta también por las empresas con
participación minoritaria por parte del sector público empresarial que
corresponde al grupo Patrimonio.

Realmente, la participación minoritaria más significativa que tiene el
grupo Patrimonio es la que se refiere a Telefónica de España. Es empresa
privada desde el punto de vista de su clasificación con arreglo a la Ley
General Presupuestaria, porque no tenemos por encima del 50 por ciento;
tenemos una participación minoritaria, pero indudablemente tiene que
llevarse a cabo el control y gestión de la compañía habida cuenta de la
atomización del resto del accionariado.

Teníamos también participaciones minoritarias en las antiguas radios,
como la SER, la Inter, etcétera, y nos hemos deshecho de esas
participaciones minoritarias porque tuvieron su origen histórico en temas
por los que se ha considerado que no tenía mucho sentido el que el Estado
tuviera ese tipo de participaciones minoritarias.

Tenemos también participación minoritaria en algunas de las empresas que
hemos citado antes, que pasaron al Estado como consecuencia de la gestión
del sector privado, normalmente las deficitarias a las que antes me he
referido, que el Estado privatizó en su día al cien por ciento y que
después, por seguir pasando dificultades en manos del sector privado, el
sector público ha tomado una participación minoritaria --no han vuelto a
ser públicas-- para tratar de seguir echando una mano y buscar hasta el
límite de lo imposible la viabilidad de ese tipo de empresas.




El señor PRESIDENTE: El segundo turno tiene que ser muy breve, señores
Diputados, entre otras cosas porque vamos muy retrasados. Les pido que se
refieran, única y exclusivamente, a aquellas preguntas que crean que no
han sido contestadas por el Director General; no entremos en
valoraciones, que no son objeto de esta comparecencia.




El señor MILIAN MESTRE: Voy a ser muy breve.

En general, estoy muy satisfecho por lo que acaba de decir el señor
Director General, puesto que ha dado abundante justificación sobre los
temas que se le han planteado.

Precisamente, la información del diario «El Periódico», a que aludía esta
mañana, acaba diciendo: El Grupo Patrimonio, dependiente del Ministerio
de Economía y Hacienda, quizá sea el que agrupa más empresas susceptibles
de ser privatizadas. Además de Telefónica y Tabacalera,



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están Transmediterránea, Aldeasa, Empresa Nacional de Autopistas, Agencia
Efe y parte de Paradores de Turismo.

Precisamente en esto he fundado mi interrogación y por eso le he
preguntado hasta dónde iba a llegar esa política de privatización. No
sabía el desglose de los 130.000 millones, pero, obviamente, si no se
utilizan los dos grandes capítulos que usted nos ha indicado, hay otros,
como Transmediterránea, susceptibles de hacer aportaciones importantes.

En segundo lugar, ha sido muy interesante el fallo del Tribunal de
Luxemburgo, que yo no conocía; es muy aclaratorio respecto a lo que está
ocurriendo en este contencioso. Pero sí me gustaría saber respecto a
Minas de Almadén, puesto que es permanente en los presupuestos esta
dotación para solucionar un problema a lo mejor de inviabilidad de la
compañía, cuáles son --y ésta es mi pregunta-- las expectativas de futuro
de estas minas, de esta empresa del Patrimonio.

Respecto a Tabacalera, por supuesto pasaremos las preguntas al Presidente
cuando venga.

Me sorprende otra vez el tema de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Mi información surge de un trabajo del diario «Expansión», del viernes 29
de julio de 1994, donde, al hacer balance de las empresas del Patrimonio,
sitúa en penúltimo lugar la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Como
digo, me sorprende y por eso, sobre la marcha, le he hecho esa pregunta,
pero si usted dice que no, es que no, usted lo sabe mejor que el
periodista y que este Diputado.

Finalmente, respecto al tema de paradores, me satisface mucho su
contestación, porque ha aclarado muy bien cuál es la posición. Yo sé que
hay comunidades autónomas que aspiran a concentrar alguno de estos
paradores bajo sus atribuciones de gobierno y propiedad, y en este caso
me satisface mucho el criterio que ha manifestado; creo que es
francamente serio y esperanzador, puesto que hay parte del patrimonio
artístico que, de pasar a otras manos, supondría un compromiso
preocupante.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ríos.




El señor RIOS MARTINEZ: Sólo voy a hacer referencia a dos de las
explicaciones que se nos han dado.

En algunos casos se ha precisado hasta un cierto grado; no sé si es que
aquí hay secretos de Estado. Usted es hábil; cuando le decimos que si las
autoridades competentes no le han dicho a usted la distribución de esos
130.000 millones de pesetas de ingresos por enajenaciones patrimoniales o
venta de acciones, nos dice: no puedo decir más que por ese volumen
solamente pueden ser dos empresas. Y no dice cuáles, pero no hay otras.

Indicativamente, díganos las dos empresas, y así, como todos lo sabemos,
además queda en el «Diario de Sesiones».

Algo parecido ha hecho con la parte final, esas en las que tenemos
pequeñas participaciones, es verdad que de menor cuantía.

Nos decía que tenía participación en Telefónica, pequeña, pero suficiente
para controlar. Con una participación de una índole determinada en una
sociedad como ésa es fácil que se pueda controlar. Se ha enajenado lo de
la radio, y luego dice usted: y otras empresas que se privatizaron al
cien por ciento, pero siguieron los problemas y hemos vuelto. ¿Qué
empresas? ¿En qué empresas seguimos teniendo participación para esa
viabilidad en ese apartado tercero que decía usted al final que fueron
unas que se dejaron fuera del círculo público?
Todas las demás respuestas han entrado en lo que ha sido nuestra
solicitud de información. Trasladaremos a Tabacalera lo que es de
Tabacalera y al Estado lo que es del Estado. Nada más.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Director General.




El señor DIRECTOR GENERAL DEL PATRIMONIO DEL ESTADO (Vázquez de Parga y
Pardo): Realmente, no de ahora, sino desde hace bastante tiempo, desde la
época del Ministro Solchaga, al referirse a las empresas del grupo
Patrimonio susceptibles de ser privatizadas y generar ingresos públicos
siempre se ha hablado, y no desvelo nada, de las tres grandes empresas
del grupo Patrimonio: Tabacalera, Telefónica y Argentaria y, de hecho,
existen tres sociedades creadas con autorización del Consejo de
Ministros, que denominamos sociedad de Patrimonio 1, sociedad de
Patrimonio 2 y sociedad de Patrimonio 3, que serían las que recibirían la
alícuota que en cada caso se privatizara, una vez que hubiera decisión
del Gobierno.

Después, por un orden menor, por no herir susceptibilidades dentro del
rango de las empresas, siempre se ha hablado de Aldeasa y
Transmediterránea. Entonces, las tres grandes son las tres grandes.

Tenemos también --es verdad, está en los periódicos-- una participación
directa por parte del Patrimonio del Estado en Telefónica Internacional,
tenemos un 23,78 por ciento; esta compañía, como todos saben, ha
producido unas plusvalías muy importantes, en su día la justificación de
que el Patrimonio del Estado estuviera ahí fue porque los inversores
privados no tenían fe en ella y tuvo que echar una mano el Patrimonio del
Estado para participar, junto con Telefónica, en el proyecto de las
inversiones que esta compañía ha hecho con gran éxito en el mercado
iberoamericano, y, cumplida esa misión por parte del Patrimonio del
Estado, estaríamos también en condiciones de poder producir la
privatización.

Las dos más pequeñas son Aldeasa y Transmediterránea. En principio en
Transmediterránea sería bueno que se dilucidara el actual contrato con el
Estado, para que, de alguna manera, la posible privatización tuviera
claro un contrato, que finaliza creo que a finales de 31 de diciembre de
1998, y que es una especie de colchón que le sirve al gestor actual como
contraprestación a la prestación de servicios públicos en líneas
deficitarias para poder compensar estas deficiencias que en la cuenta de
explotación se le producen con este contrato con el Estado. El contrato
con el Estado es complejo, es difícil y yo creo que en cualquier proceso
de privatización que se planteara para Transmediterránea, como paso
previo, tendría que dejar claro estas reglas de juego, ya que el contrato
actual con el Estado,



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que es bastante antiguo y bastante complejo, puede dar lugar a
incertidumbres, puede hacer menos atractivo para un inversor privado el
quedarse con una participación total o parcial de Transmediterránea.

Respecto de las empresas minoritarias, ¿de qué empresas se trata? Hytasa,
de la que hablábamos antes, donde en este momento la participación del
Estado es minoritaria, del 30 por ciento, GTE (General Textil de España),
que es también de la que hablábamos antes, la conocida a través de todo
su proceso como Intelhorce y que en este momento la participación directa
del Estado es del 48 por ciento. Además, en ese caso tenemos los derechos
políticos del resto; en definitiva, ahí sí que tenemos toda la
problemática encima de la mesa y de la pesadumbre del Director General
del Patrimonio.




El señor PRESIDENTE: Con la intervención del señor Vázquez de Parga,
termina la comparecencia del Director General del Patrimonio del Estado.




--DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL (MUÑIZ DE LAS
CUEVAS). A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR (número de
expediente 212/001056).




El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Diputados, la comparecencia del
señor Presidente del Instituto de Crédito Oficial ha sido solicitada por
el Grupo Parlamentario Popular. En su nombre, interviene el señor Milián.




El señor MILIAN MESTRE: Del análisis de los estados financieros del
balance se desprende la siguiente información, que quisiera puntualizar
como introducción a mis cuestiones.

Primero, el activo total experimenta una importante disminución, pasando
de 3,4 billones de pesetas en el año 1994, previsión recogida en el
proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado, a 3,1 billones de
pesetas en 1995, lo que representa una variación, si no calculo mal, de,
6,8 por ciento. Esta disminución se debe casi en exclusiva a la evolución
de los créditos a entidades de crédito. Se trata de créditos concedidos a
través de otras entidades de crédito, que han sufrido una disminución de
menos 15,84 por ciento, repito, si no calculo mal.

El estado de origen y aplicación de los fondos, presupuesto de capital,
en segundo lugar. Lo señalado en el punto anterior se pone de manifiesto
en el estado de origen y aplicación de estos fondos. La inversión menos
la financiación al Banco de España a entidades de crédito y ahorro
asciende a 321.714 millones de pesetas.

Nos parece lo más destacado de la cuenta de resultados, en tercer lugar,
la disminución de los productos financieros en un 10,68 por ciento,
consecuencia lógica de una menor inversión crediticia.

En cuarto lugar, los costes financieros también disminuyen, pero lo hacen
en menor medida que los productos financieros, me parece que es en un
menos 7,96 por ciento, lo que hace que se produzca un importante
estrechamiento del margen financiero, que pasa de 20.237 millones en 1994
a 11.530 en 1995, lo que representaría una disminución de menos 43,13 por
ciento.

En quinto lugar, los gastos generales aumentan un 4,08 por ciento, lo
cual, por sí solo, entiendo que resulta ya muy llamativo. Pero es
corriente cuando se analizan los estados financieros de una entidad
financiera poner todas las magnitudes en relación a sus activos totales o
a los productos financieros. En el caso del ICO, los gastos generales
representan un 0,038 por ciento en 1994, y en 1995 pasan a un 0,045 por
ciento. En porcentaje de los productos financieros, la evolución sería la
siguiente: para 1994, un 0,53 por ciento y para 1995, un 0,60 por ciento.

En resumidas cuentas, la inversión disminuye mientras los gastos crecen.

En sexto lugar, otra partida cuya evolución resulta muy llamativa es la
que recoge las amortizaciones, saneamientos e insolvencias. El gasto
presupuestado para 1995 asciende a 5.233 millones de pesetas frente a
13.598 previstos para el cierre del ejercicio de 1995. Sin ningún ánimo
de crítica, se puede señalar que la reducción de esta partida, que
permite aumentar ligeramente el resultado del ejercicio, es en cierto
modo sorprendente.

En resumen a todo lo anterior, podemos señalar que se produce un
deterioro en la estructura de la cuenta de resultados del Instituto de
Crédito Oficial. Aun cuando su objetivo no sea el conseguir un beneficio,
tampoco puede permitirse un desequilibrio en sus cuentas, por lo que es
legítimo y prudente llamar la atención sobre este aspecto. Además,
interesaría aclarar si la disminución del activo refleja una disminución
de la actividad del Instituto, así como la disminución en las
previsiones.

Si nos atenemos a la actividad del Instituto de Crédito Oficial, está muy
claro cuáles son sus líneas de comportamiento, es decir, sus líneas
tradicionales de prestación de servicios, y me quiero referir muy
especialmente al programa de las pyme, por entender, desde una
perspectiva de la economía productiva, que éste es el mejor de todos los
servicios que puede prestar esta entidad oficial. En este sentido, me
gustaría que, dentro del aspecto general de lo que supone la política, o
el programa de ayuda a las pyme, nos pudiera aclarar los diferentes
capítulos en la política programática; en qué modo se refleja, por
ejemplo, la línea pymes, que ha sido una línea de intermediación, de
ayuda a las empresas para mejorar sus condiciones de producción y
productividad y, en consecuencia, mejorar la competitividad en el mercado
abierto europeo; por ejemplo, la línea llamada de creación de empleo,
que, si no he entendido mal, va unida al BEI, al Banco Europeo de
Inversiones, que favorece la creación y estimula el empleo. En tercer
lugar, la línea Feder, con la aportación que pueda tener --si puede usted
aclararlo de alguna manera-- el Instituto Español de Comercio Exterior y,
finalmente, la línea de medio ambiente y otras que han surgido y que
entiendo que favorecen enormemente a las empresas españolas en este
momento crítico.

A este respecto, y dicho todo lo anterior, me gustaría que dentro de las
líneas del programa pyme valorara usted sus resultados, hiciera también
una valoración de la



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colaboración de entidades financieras privadas dentro de este paquete de
medidas, puesto que ciertamente es muy importante, aparte de que ahorra
costos de estructura al ICO y al Estado al transferir a las entidades
crediticias normales y privadas la tramitación de tales créditos; en
tercer lugar, nos hablara de las quejas de las empresas por las rigideces
existentes, que dificultan a veces la prestación del servicio para
impulsar la actividad empresarial, y de esto tengo conocimiento por los
empresarios, que muchas veces fracasan en ese intento de conseguir estos
créditos tan favorables, dos o tres puntos por debajo de lo que es el
precio del mercado y, consecuentemente, estos empresarios a veces se
sumergen en unos trámites tan complejos que abandonan el propósito. Por
tanto, sería muy interesante conocer la sensibilidad del ICO respecto a
estas rigideces.

Me gustaría conocer la tasa de utilización de los créditos por parte de
las pyme y las garantías que se les exige para la recuperación de los
créditos. Tengo entendido --sigo diciendo que hablo por conocimiento
directo y personal-- que ciertos empresarios se ven impelidos a tener que
afianzar los créditos con su aval personal. Yo no sé si eso es suficiente
garantía; a veces no lo es, pero no sé si eso no supone muchas veces un
aprieto para el propio empresario, sobre todo al pequeño, no al mediano,
que ve demasiado comprometido su propio patrimonio y asume demasiado
riesgo en esta operación.

Luego me gustaría conocer, en las líneas pyme, las inversiones para
mejorar la competitividad de las empresas, cómo se ha llevado a cabo la
experiencia primera en la prestación de esta mediación respecto a la
contratación de estos créditos. Y en las otras líneas, ya lo he dicho, me
gustaría conocer más o menos el balance de resultados. Hasta aquí, pymes.

Ahora paso a otro capítulo: crédito FAD. Me gustaría saber, en los
créditos FAD, la garantía de desviación presupuestaria de los pagos
autorizados por el Estado a empresas con proyectos autorizados por el
Consejo de Ministros anteriormente.

También me gustaría saber si la dotación de 80.000 millones de pesetas de
los presupuestos de 1994 son suficientes para los pagos que vencen en los
proyectos de este año. En este sentido le pediría información muy precisa
de lo pagado hasta 1994 y, además, de las empresas específicas que lo han
recibido. Ya sé que no me lo puede dar en este momento, pero le pediría
esta información por escrito porque nos es muy conveniente para poder
fiscalizar este proceso de ayuda FAD.

Luego quisiera saber cuál ha sido el impacto, porque éste es un tema
importante en los mercados internacionales, de la devaluación de la
peseta, ya que muchos de estos proyectos son calculados sobre el patrón
dólar y, consecuentemente, alguna incidencia podría tener.

Además, me gustaría conocer el volumen de retornos que esperan recibir en
los años 1994-1995 de estos créditos.

Y, finalmente, para atenerme a este subcapítulo, si existe algún tipo de
condonación de deuda de algunos países que no pueden pagar. Me parece que
en algunos casos se ha hecho, si mal no recuerdo en el caso de Cuba, pero
quizá estoy equivocado porque hablo de conocimientos lejanos y a lo mejor
recientemente se ha dado otro comportamiento por parte del Gobierno
cubano.

Acabo pidiéndole una aclaración sobre algo que el otro día, en la
comparecencia del señor Secretario de Estado de Industria, el día 13 de
octubre, en la Comisión de Industria, acerca del tema de Fertiberia, no
me quedó claro. Cuando se hizo la operación de Fertiberia --que ahora
está otra vez encima de la mesa y en todas las redacciones de los
periódicos, por razones de obvia actualidad, y alguna de rabiosísima
actualidad de última hora, derivada o paralela--, según dijo el
Secretario de Estado, Freeport «en aquel momento no accedió a tomar el
capital y sí accedió a hacer un análisis a lo largo del año mediante un
contrato de gestión de estos activos» --estoy citando textualmente al
Secretario de Estado--, «que cristalizaron en una empresa generada por
Fesa-Enfersa, que se llama Fertiberia, y con un contrato de gestión de un
año por parte de Freeport». Dijo él --y éste es el tema que a mí me
interesa en este momento aclarar en lo posible--: «Respecto a por qué
interviene el Gobierno de la nación en esta gestión, he de decir que una
de las condiciones es que, como saben ustedes, a lo largo de este año el
Instituto de Crédito Oficial» (por eso hago hoy esta pregunta) «mediante
unos acuerdos, que se tomaron antes del contrato de gestión, ha venido
aportando dinero, créditos en capital, particularmente a lo largo del
ejercicio que ha pasado. Uno de los planteamientos que hace Freeport
también para tomar la propiedad, que es el que tiene que ver con la
acción de la Administración General del Estado, es que estos créditos por
importe de 12.000 y pico millones de pesetas se transformen en créditos
participativos del Instituto de Crédito Oficial en relación con el
capital de Fertiberia». Sigue diciendo el Secretario de Estado: «Yo creo
que ésta era una condición razonable, y si finalmente existe el acuerdo
entre las dos sociedades privadas para tomar la mayoría de Fertiberia,
esperamos que, si esto ocurre, sea posible que el ICO también transforme
estos créditos en deuda subordinada y, por tanto, equivalente al capital.

Esto es lo que yo le diría como última noticia.» Esto es lo que dice,
textualmente, el Secretario de Estado, y mi pregunta es: ¿En qué
condiciones operativas se podría producir esta deuda subordinada?



El señor PRESIDENTE: Señor Muñiz, tiene la palabra.




El señor PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL (Muñiz de las
Cuevas): Señorías, su primera cuestión se refería a la disminución del
activo de 3,4 billones a 3,1 billones, y contrastaba esta disminución del
activo con el aumento de los gastos generales, de personal y otros. Esta
disminución del activo se reflejaba también en la disminución de los
productos y costes financieros. La disminución del activo viene dada, en
primer lugar, por las devoluciones de los créditos que el ICO tiene
concedidos a sus antiguos bancos, hoy bajo la Corporación Bancaria de
España, es decir, Argentaria, y también por disminución de la cartera de
reconversión industrial por declaración de fallidos. Estas vienen a ser,
más o menos,



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las razones de la disminución del activo: devoluciones de créditos
vencidos, que nos devuelven el crédito los antiguos bancos del ICO, que
hoy están en Argentaria, y disminución de la cartera de reconversión
industrial, que traspasó Argentaria al ICO el 31 de diciembre de 1992, ya
que al declararse una cierta cantidad de fallidos, disminuye esta
cartera.

La disminución del activo --el tamaño del ICO, por decirlo así-- no es
incoherente de ninguna manera con el aumento de los gastos generales.

¿Por qué? Porque el ICO antes, como cabeza de una serie de bancos
sectoriales, Banco de Crédito Industrial, Agrícola, Hipotecario, Banco de
Crédito Local, no realizaba ninguna actividad de activo directamente, lo
hacía a través de estos bancos. El ICO captaba recursos en el mercado y
los pasaba a estos cuatro bancos, que eran los que hacían los préstamos,
los que realizaban los créditos. El Instituto de Crédito Oficial apenas
tenía actividad crediticia alguna y, por lo tanto, sus gastos generales
eran mínimos porque sólo tenía que pasar los fondos de un lado a otro.

Ahora, al no existir estos bancos, el ICO, además de una actividad de
pasivo, es decir, de una actividad de captación de recursos, tiene
también una actividad, y creciente, en créditos --usted lo ha citado
antes--: los créditos PYME, los créditos directos a inversión, los
créditos FAD, etcétera, lo que ha hecho que haya aumentado la actividad
del ICO, paradójicamente, con respecto a la situación anterior. Ha
aumentado la actividad, han aumentado las necesidades, nos han traspasado
la cartera de reconversión industrial, lo cual implica una gestión muy
importante, gestión de recobro de recuperación de fallidos, etcétera, lo
que hace que exista también una mayor necesidad de gastos generales y de
gastos de personal.

Conclusión. Es verdad que el activo ha disminuido porque tenemos menos
créditos a los antiguos bancos del ICO, pero tenemos más actividad
crediticia, algo que antes no realizábamos. De ahí viene la necesidad de
una mayor plantilla, modestamente, pues no somos más que 225 personas,
pero como ha habido un aumento de gastos generales necesitamos un mayor
control y mayores gastos de personal. Creo que esto lo explica claramente
y si S. S. quiere más detalles, se los daría.

Hay también una disminución de los productos y de los costes financieros.

¿Por qué? Además de disminuir el balance del ICO en esa cantidad que
usted ha citado de 3,40 billones a 3,17 billones, los productos y costes
financieros dependen muy mucho de los tipos de interés. Efectivamente, el
Mibor ha bajado en un período con respecto al otro, por lo que disminuyen
tanto los productos financieros como los costes financieros. Esto como
explicación global. También es verdad que las cuentas de resultados del
ICO se rigen, como cualquier entidad financiera, de acuerdo con una
circular del Banco de España, por el criterio de caja y no de devengo.

Quiere decir esto que los ingresos se computan cuando se cobran y no
cuando se devengan. Efectivamente, hay una deuda del Estado con el ICO,
deudas por subvenciones que tiene que administrar el ICO, que a veces se
retrasan y los pagos por parte del Tesoro no se producen en el año en que
se devengan sino en el siguiente. Es verdad que en el año 1994 se
acumularon unos 10.000 millones de pesetas que nos pagó el Tesoro debidos
de períodos anteriores, no solamente de 1993-1994. De ahí viene la enorme
diferencia de margen financiero que usted citaba, que ha pasado de 22.000
a 11.000. Creo que ha citado 11.000 en 1995 y 22.000 en 1994. La cifra de
22.000 en 1994 se explica porque es algo extraordinario. Hay 10.000
millones que procedían de años anteriores y que se cobraron en 1994, por
lo que se contabilizan en ese año. Esta sería la razón de la enorme
diferencia, pero en general, con variaciones porque el margen financiero
varía, estamos en una velocidad de crucero de alrededor de 10.000 u
11.000 millones de pesetas al año.

Creo que esto explica la primera parte de su pregunta, la coherencia
entre la disminución del activo y el aumento de gastos generales,
etcétera. La relación de los gastos generales --lo he tomado muy
rápidamente-- con respecto a los activos totales es lógico que aumente
por la razón que he indicado, disminuye la base de los activos y aumenta
la actividad crediticia y, por lo tanto, gastos generales. Los gastos de
transformación aumentan, aunque son muy pequeños, porque, como sabe, el
ICO sólo tiene una oficina en Madrid y nada más que 225 personas y
administra tres billones de créditos más o menos.

En cuanto a las previsiones, para el año 1995 se prevén 5.000 millones.

Cuando se hace el PAIF de este presupuesto se hace un cálculo de las
provisiones normales. Estas recogen la provisión genérica del 1 por
ciento, que indica el Banco de España, y aquellas provisiones para
atender los riesgos en la línea Pymes. Como sabe, el ICO asume el 50 por
ciento de la morosidad media del sistema. Estos 5.000 millones responden
--después volveré sobre ello-- a la provisión que hay que hacer para
atender los posibles quebrantos por la línea Pymes y la provisión
genérica del 1 por ciento de la actividad del ICO. Es cierto que, dada la
situación a veces de créditos extraordinarios determinados
administrativamente por el Gobierno, y no por el consejo del ICO, se
hacen necesarias a veces dotaciones extraordinarias de provisión, como ha
sido el caso en el año 1994. No prevemos lo extraordinario porque es
imprevisible. En los años 1994 y 1993 tuvieron lugar provisiones
extraordinarias; incluso los 13.000 millones que figuran en 1994, a final
de año acabarán siendo del orden de 30.000. ¿Por qué? Porque hemos dado
un crédito, como sabe, a IGS-PSV, también unos avales, hemos dado nuevos
créditos a Fersa-Enfersa, etcétera, que hacen que todo esto lo tengamos
provisional al 100 por ciento. Por tanto, las provisiones después en la
realidad, cuando ocurren casos de esta naturaleza, aumentan de forma
extraordinaria. La comparación es bastante falsa porque en 1995 nosotros
prevemos la normalidad, no podemos prever nada extraordinario, pero en
1994 recoge una cierta realidad de lo que ha ocurrido en la economía o en
sectores en crisis durante el año y que el Gobierno ha determinado una
cierta actuación.

Sobre el deterioro de la cuenta de resultados a que se refería S. S., el
ICO no tiene intención de beneficio máximo, pero tiene como principio
sagrado el equilibrio financiero, es decir, obtener unos beneficios
mínimos, del orden de los 3.500 ó 4.000 millones anuales. De todas
formas, esto



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puede ser muy variable, siempre con el principio sagrado del equilibrio
financiero: el ICO no puede perder. Esa es la regla fundamental. En unos
años puede tener beneficios extraordinarios y en otros años un beneficio
muy pequeño. Es decir, es una cuenta de resultados muy errática,
precisamente por los mandatos de tipo extraordinario que nos puedan venir
administrativamente por parte del Gobierno. Esto explicaría que no es un
deterioro de la cuenta de resultados, sino un resultado de la situación
actual.

Como sabe, el ICO tiene dos formas de actuación. El ICO se financia en el
mercado y tiene un consejo de administración que decide los créditos que
hay que dar, de acuerdo con las normas de rigor y de equilibrio
financiero totales. El ICO también es un órgano del Gobierno que tiene
que ejecutar sus órdenes. El ICO tiene dos tipos de actividades: como
banco de inversión o banco de desarrollo, es decir, aquello que decide su
consejo de administración autónomamente, de acuerdo con las reglas de
rigor necesarias, y aquello que el Gobierno le dice que tiene que hacer.

Es decir, la Comisión Delegada del Gobierno toma resoluciones y el ICO,
como órgano de Gobierno, las cumple, pero no entra ni en su determinación
ni en sus características, sino que cumple exactamente lo que le dice el
gobierno. Esto viene al final para aclarar el problema de Fertiberia que
usted planteaba.

En cuanto a las pymes, el crédito de mediación del ICO alcanza en este
momento unos 191.000 millones de pesetas que realiza a través de 16
bancos y 40 cajas de ahorro, es decir, 56 instituciones financieras. La
técnica de los créditos de mediación es muy sencilla. El ICO no tiene
oficinas, ni tiene capacidad para analizar riesgos y utiliza el sistema
financiero privado y las redes de los bancos comerciales y de las cajas
de ahorro para distribuir los fondos para que lleguen a los últimos
rincones de España y a la última empresa, ya que de otra forma sería
imposible conceder estos créditos. Bajo una línea madre, la línea Pymes,
que usted decía, que es la línea de mediación, se cuelgan ventajas
adicionales, según políticas económicas, de diferentes ministerios o de
la Unión Europea. Así, usted citaba la línea de creación de empleo, la
línea Feder, la línea de internacionalización, la línea Renove
últimamente. Bajo la línea principal, el bloque de línea Pymes, se
financia el 70 por ciento de la inversión y se concede entre cinco y
siete años, con uno y dos de carencia, a tipo fijo y variable y el tipo
al cliente final es, suponiendo que es variable, a Mibor más 0,5, sin
comisión ninguna, precio fijo final. Esta es la línea normal de las
pymes. La línea Feder quiere decir que esa misma empresa invierte en una
región Objetivo 1, que son todas menos Baleares, País Vasco, Madrid,
Cataluña y La Rioja, con una subvención de los fondos Feder, y aquel tipo
de interés de la línea principal Mibor más 0,5 se convertiría en Mibor
menos 1,25. Siendo una línea de creación de empleo, que es la Unión
Europea la que ha habilitado una subvención a través del Banco Europeo de
Inversiones y éste nombra bancos agentes en cada país de Europa para la
creación de empleo estable, significa que es una línea, como la línea
Pymes, en que el banco agente en España es el ICO y también va por
mediación, entonce el ICO cobra Mibor más 0,5 pero hay una subvención de
450.000 pesetas por empleo. También son a cinco y siete años. Además de
la línea de creación de empleo, hay una línea de internacionalización que
pretende dar unas ventajas a las empresas españolas que se instalen fuera
de nuestro país, bien se instalan como tales empresas o abren redes
comerciales nuevas. Ese Mibor más 0,5 de la línea principal se convierte
en Mibor menos un punto y con unas ciertas características de mayores
garantías y apoyos. Además de la vía de interés de internacionalización
existe la línea de medio ambiente, que tiene una subvención de un punto;
sería en Mibor menos un punto y los plazos no son sólo de cinco y siete
años, sino de cinco, siete y diez años. Por último, la línea Renove, que
se acaba de aprobar, son otros 100.000 millones de pesetas más. La
característica es que es el tipo de concesión del ICO, que es el Mibor
más 0,5, con una subvención de hasta cinco puntos, que viene a ser como
unas 93.000 pesetas por cada millón de créditos.

Estas son las principales: Renove, 100.000 millones; medio ambiente,
20.000; internacionalización, 30.000 millones. En cuanto a Feder, no se
sabe cuáles se localizarán en las regiones Objetivo 1, pero en las que se
localice y la creación de empleo donde lo haya. Estas son las líneas
principales. Después hay otras más marginales: hay una del CDTI y una del
Mar Egeo en Galicia. Hay muchas líneas pequeñas muy concretas que
favorecen y que bien la comunidad autónoma, bien el Ministerio, aporta
una ventaja adicional a lo que es la línea principal de Pymes. Se ha
creado ya una gama muy importante para favorecer políticas concretas a
través de esta técnica de la línea de mediación.

Me preguntaba por la evaluación de resultados. Han sido extraordinarios.

Había un precedente en cuanto a la línea de mediación. En Alemania
funciona por el Kreditstaat, que es el banco público de desarrollo
alemán. Tiene gran experiencia en este tema y tuvo mucho éxito. Sin
embargo, lo que más se podía aproximar en España a este tipo de actuación
serían los créditos globales del Banco Europeo de Inversiones. Fue un
éxito errático. Nosotros diseñamos la línea Pymes de forma que fuese lo
suficientemente atractiva para los bancos y cajas de ahorro que, en
definitiva, iban a ser los que iban a correr con parte del riesgo y
además dar los créditos y analizarlos. Hicimos un diseño que nos parecía
que podía ser atractivo, y así fue. De hecho, todas las previsiones
fueron superadas. Hoy, como he dicho, se han concedido 197.000 millones,
de los cuales 180.000 son para las pymes y 6.000 millones para el medio
ambiente, ya aprobados. Para el medio ambiente ha habido una petición de
18.000 millones, de los cuales 6.000 millones han sido aprobados, otros
6.000 están en trámite y los otros 6.000 rechazados. Siendo un producto
tan sofisticado, en que las empresas españolas todavía no tienen esa
cultura necesaria para alcanzar los grados exigidos de medio ambiente, es
un comienzo muy esperanzador.

En cuanto a la línea Pymes, que es la que lleva más tiempo funcionando,
desde mayo de 1993, como digo son ciento ochenta y tantos mil millones y
ha afectado a 10.400 empresas. La financiación de la inversión es del
orden del 39 por ciento y el préstamo medio es de 17 millones de pesetas.

No ha sido sólo a las medianas empresas, sino



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también a las pequeñas. Con créditos de diez millones hay un porcentaje
muy importante en todo este tipo de operaciones.

Ha preguntado por la evaluación de resultados. Han sido extraordinarios.

Preguntaba también por la evaluación de las colaboraciones de las
entidades de crédito. Ha sido excelente, porque si no hubiera sido
imposible. Uno de nuestros mayores empeños era conseguir esta
colaboración. ¿Por qué? Porque aunque sean 190.000 millones de pesetas
repartidos entre 40 instituciones financieras y con un margen de
intermediación fijo de 1,75 ó 2 puntos no era un negocio redondo para la
banca. Es un problema muy complejo y muy difícil dedicar medios
comerciales, instruir a sus sucursales, poner unidades especializadas de
atención a las pymes, teniendo en cuenta que la banca privada y las cajas
de ahorro funcionan con rutinas que se suceden año tras año y son muy
difíciles de cambiar. Cuando el banco hace un programa de lanzamiento
nuevo lo lleva con una preparación tremenda, programas informáticos,
programas de formación. Aquí ha habido un tiempo récord y la voluntad de
las cúpulas bancarias ha hecho posible que se haya dedicado un esfuerzo
comercial para aplicar esa nueva línea de mediación Pymes. Por tanto, la
colaboración de los bancos ha sido francamente buena, si no sería
imposible. Es cierto que tienen ventajas obvias, puesto que no tienen
riesgo de plazo en la medida en que los fondos se los da el ICO al mismo
plazo que los prestan. No tienen riesgo de tipo de interés porque se lo
prestan al mismo tipo de interés que lo vuelven a prestar a las pymes,
más el margen de intermediación. Y en cuanto al riesgo fallido de
principal, como sabe, el ICO asume el 50 por ciento de ese riesgo de
principal y el otro 50 por ciento lo asume la entidad financiera, con un
límite global que es el 50 por ciento de la morosidad media del sistema.

Es un poco complejo; si quiere le explico exactamente lo que significa.

Por tanto, la evaluación de la colaboración es excelente y está
funcionando francamente bien. Creo que, además, la banca tiene un interés
no por la rentabilidad que pueda sacar de este tipo de créditos, sino por
lo que llaman la fidelización de las pequeñas y medianas empresas que
son, sin duda, las futuras demandantes de servicios, que es el negocio
futuro de la banca, la nueva orientación en servicios; las mayores
demandantes van a ser las pequeñas y medianas empresas, en la medida en
que tienen un crédito a largo plazo de cinco o siete años y son empresas
elegidas por los propios bancos. Realmente han visto que éste puede ser
un buen mercado.

Respecto a la queja de las empresas es obvio que empezaron por el
desconocimiento. Cuando comenzamos a anunciar este producto hubo un
cierto desconcierto porque los bancos todavía no estaban preparados, no
se había establecido la rutina de las sucursales o de los bancos para
este tipo de créditos y había, repito, un cierto desconocimiento al
principio que poco a poco, a medida que fue pasando el tiempo, fue
desapareciendo. Hoy en día, incluso con la publicidad que hace el propio
ICO y con una línea 900, creo que se ha llegado a un grado de información
bastante considerable, nunca perfecto, en las pymes respecto a esta
línea. Por tanto, estas quejas por desconocimiento, por maltrato en las
sucursales de los bancos creo que han desaparecido de forma drástica.

En cuanto a las garantías es verdad que la banca arriesga. Aunque
arriesgue el 50 por ciento --realmente es más-- tiene que pedir las
garantías típicas del sistema financiero. Eso no lo podemos evitar y es
bueno. Lo único que hemos hecho, para paliar un poco un exceso de celo en
la exigencia de garantías, es que el ICO asume el 50 por ciento de los
créditos individuales, con un límite total que es, como he dicho, la
mitad de la morosidad media del sistema. Por ejemplo, si damos 100.000
millones de pesetas de créditos y la morosidad media del sistema es el 7
por ciento, nosotros asumimos el 3,5, la mitad, es decir 3.500 millones
de pesetas. Se supone que la buena gestión y la buena administración de
los bancos hará que no se pase de la morosidad media del sistema, el 7
por ciento, y, por tanto, asumimos ese 50 por ciento. Esto ha sido muy
atractivo y espero que haya aliviado, al menos, las presiones de garantía
de los bancos. En cualquier caso, no se puede aliviar la presión de
garantías. La morosidad ha sido muy fuerte en la época de la recesión y
los bancos tienen la obligación de establecer los créditos con rigor. En
este aspecto siguen esa línea y no podemos reprochárselo de ninguna
manera. Lo que sí hay que hacer, y en ello estamos, es desarrollar un
sistema de garantías que facilite el acceso de las pymes al crédito. Creo
que hemos hecho una línea excelente, que es un comienzo nada más, porque
10.400 empresas y 180.000 ó 200.000 millones de pesetas parecen mucho
pero es una gota en el océano de las necesidades de las pymes de este
país. Pero es un comienzo extraordinario en muy corto espacio de tiempo.

Ahora hay que desarrollar un sistema de garantías y por ello hay una
nueva ley, aprobada por el Parlamento, de las sociedades de garantía
recíproca y el establecimiento de una nueva empresa de reafianzamiento
que completará este sistema que esperemos que funcione en el futuro y que
constituye una red, como digo, de avales y de garantías a las pequeñas y
medianas empresas que les hagan más fiables para la banca y evite esos
trámites, a veces excesivos, sin duda, y muchas veces irritantes para el
pequeño empresario que tiene poco conocimiento e información sobre el
tema.

En cuanto a la tasa de utilización ya le he dicho que es el 39 por ciento
y 10.400 empresas; pueden financiar hasta el 70 por ciento de la
inversión final. Se han gastado el 39 por ciento, y el préstamo medio es
de 17 millones de pesetas. Creo haber respondido a la pregunta respecto a
las pymes.

En cuanto al FAD, como usted mismo ha dicho ha pedido muchos detalles y,
por tanto, se los enviaré por escrito.

En cuanto a la garantía de la desviación presupuestaria, no se pueden
aprobar más que los 80.000 millones de pesetas que se establecen en el
presupuesto. Las únicas desviaciones presupuestarias que podrían darse
serían por las refinanciaciones establecidas por el Club de París; se me
ocurre que ésta sería la única desviación presupuestaria. Creo que
incluso este año ha dejado de ser un crédito ampliable, por tanto ya no
sería posible una desviación presupuestaria. ¿Son suficientes 80.000
millones? Es una



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decisión puramente presupuestaria y parlamentaria. Podrían ser más o
menos; si fueran más serían utilizados más y si fueran menos, serían
utilizados menos. Es una cuestión muy política, la dotación de estos
créditos se decide en una comisión interministerial y hay muchísima
demanda.

Información precisa de pagos y empresas se la mandaremos. Hemos editado
un libro que no sé si disponen de él los señores Diputados, pero me han
dicho que se había mandado a todo el mundo. En él aparece casi todo. De
todas formas se lo mandaré específicamente. Hay una guía de FAD que creo
que había sido distribuida y, si no, por supuesto se la haremos llegar.

Aparte de eso le daremos la información precisa sobre empresas y sobre
los pagos realizados.

Sobre el impacto de la devaluación de la peseta también le mandaremos los
cálculos exactos. Indudablemente los créditos que sean divisas habrán
recibido el impacto de las devaluaciones y los retornos de 1994 y 1995 en
los casos de condonación de deuda que pregunta, si me permite, se los
mandaremos por escrito pues en este momento no dispongo de los datos.

Por último, el tema de Fertiberia: si va a haber un crédito participativo
y una deuda subordinada. Permítame que no sea yo el que diga cuáles
serían las condiciones. Como he dicho, el consejo del ICO no ejecuta más
que las órdenes del Gobierno; no decide el ICO ni su consejo ni los
comités de riesgos, es decir, ninguno de los comités propios de una
entidad financiera en el desarrollo de su actividad. Es una decisión del
Gobierno y nos viene dada por escrito la instrucción para hacer tal o
cual operación. Por tanto, otras instancias le podrían decir cómo sería
esto. De momento, como no hay ninguna orden en este sentido, preferiría
que contestasen otras instancias. En cualquier caso, si quisiese mi
opinión personal se la daría aparte.




El señor PRESIDENTE: Señor Milián, tiene la palabra.




El señor MILIAN MESTRE: Ha sido bastante explícito, aunque yo le pediría
la información por escrito de esa parte del FAD que es muy interesante
para nosotros. Tengo una sombra de recuerdo de que por mi mano ha pasado
ese librito, pero me parece que no están todas las empresas.




El señor PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL (Muñiz de las
Cuevas): Las empresas, no, pero se las daré.




El señor MILIAN MESTRE: Yo lo he leído o lo he ojeado, pero me da la
impresión de que no estaban las empresas.

Le agradezco mucho la información que nos ha dado pero quisiera matizarla
o complementarla. Primero, pido excusas porque, como decía el clásico,
aliquando dormitat Homerus, yo, que soy de letras, he cometido un error
en la lectura de miles de millones confundiéndolos con tres billones. En
este caso dormía mi Homero particular y me despisté. Pero quisiera
pedirle si hay alguna posible predicción de imprevistos que puedan llegar
del Gobierno a lo largo de este año. Usted ha hablado de cifras que
pueden ser incrementadas por los imprevistos previsibles. Yo le pregunto:
¿hay una petición de imprevistos posibles que puedan llegar por demanda
del Gobierno? Esta sería una pregunta.

La otra sería la siguiente. Las pymes es un tema que casi me apasiona
porque realmente el 90 por ciento de la economía productiva nace de las
pymes, y, consecuentemente, eso es importante para salir de la crisis. Yo
tengo por aquí unos datos que son muy viejos, son del 1 de marzo de 1994,
y con este balance no puedo guiarme al día de hoy. No me ha sorprendido
que la distribución geográfica se la lleven obviamente Cataluña, Valencia
y Madrid, pero sí que me sorprende, por ejemplo, la distribución
sectorial --y en esto sí le pediría, si tiene complementación de estos
datos, que nos los diera ahora--, que en el primer capítulo, 14,64 por
ciento, se eleven productos alimenticios y bebidas; en el segundo,
industria química, 9,24 por ciento, en cierto modo es lógico; el tercero,
silvicultura, explotación forestal, 7,62 por ciento, me choca esa
ubicación tan alta cuando vemos cómo están nuestras explotaciones
forestales; y el cuarto, Correos y telecomunicaciones, 7,35 por ciento.

¿Correos es servicio privado de distribución?



El señor PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL (Muñiz de las
Cuevas): Es la clasificación nacional de actividades económicas y,
efectivamente, a veces los nombres son peculiares y se confunden. La
Dirección General de Correos de alguna manera es una pyme. Pero...




El señor PRESIDENTE: Señor Milián y señor Presidente del ICO, dense
cuenta del tiempo.




El señor MILIAN MESTRE: Estoy terminando, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Esta segunda intervención, señor Milián, en la que
no le he querido hacer una advertencia porque ya se la hice en su
intervención anterior y he de reconocer que cumplió muy bien, no es para
formular preguntas, sino para plantear aquellas cuestiones que no hayan
sido contestadas.




El señor MILIAN MESTRE: Sí, señor Presidente. Quería simplemente una
aclaración porque al hacer el análisis sectorial me he encontrado con
esta peculiaridad.

Por último, aparte de la distribución sectorial, en el balance de estas
líneas usted ha hablado de la financiación de 10.400 empresas. Me
gustaría saber si tiene una cuantía prospectiva prevista de contratos de
mediación para finales de 1994. En el informe veo que a 31 de marzo de
1993 se han dotado hasta 100.000 millones de pesetas y luego hay un
añadido que dice: En los meses de mayo y junio, atendiendo a la demanda
de otras entidades financieras, se procedió a formalizar contratos de
mediación con otras 30 entidades más, alcanzando el volumen total de
financiación comprometida de 150.000 millones de pesetas, a



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formalizar antes del 31 de diciembre de 1994. Pregunto si hay una
previsión y la cuantía global.




El señor PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL (Muñiz de las
Cuevas): Muy rápidamente, primero, no hay previsión de lo imprevisto. Se
conocen los temas que hay pendientes. Un tema típico era el de IGS-PSV,
que venía preparándose, y se sabía que podría venir o no. Era una
decisión de Gobierno, pero había un problema candente que resolver de
20.000 familias, y vino.

Segundo, de los imprevistos es bastante dinero, pero solamente representa
el 16 por ciento de la actividad del ICO. Es lo que más se oye, pero
solamente son cuatro casos, el de IGS-PSV, el de Fesa-Enfesna y
Fertiberia, y el último de SEAT y de Sidenor, de la siderurgia, que ya es
antiguo. Son cuatro casos de sectores muy importantes y temas que el
Gobierno considera que son dramáticos, social o económicamente, para un
sector del país. Son cuatro casos nada más, con entidad importante,
indudablemente nada despreciable, pero en el conjunto de la actividad del
ICO es solamente el 16 por ciento.

Respecto a lo que puede venir, afortunadamente la recuperación económica
indicaría que habrá menos crisis sectorial, como hubo en el sector
papelero y en el de fertilizantes, que hemos sufrido en el pasado. Espero
que no haya más, pero no lo sé; no le puedo responder.

En cuanto a las pymes, en la distribución entre Cataluña y Valencia, como
sabe, la recuperación vino fundamentalmente por las empresas de
exportación. Quizá sea ésa una de las explicaciones de que se concentren
más en las zonas de Valencia y Cataluña. Pero hay otra razón fundamental,
y es que casi todas las comunidades autónomas han desarrollado una
actividad muy importante de atención a las pymes --también la
Administración central-- y algunas con una generosidad presupuestaria
extraordinaria llegan a subvencionar hasta seis puntos. El ICO no puede
competir. Las comunidades autónomas de Galicia o de Andalucía tienen
instrumentos de apoyo a las pymes tan grandes que desde la Administración
central, desde el instrumento de financiación del Estado, no se compite,
salvo Cataluña y Valencia que no tienen subvenciones. En ese sentido
aprovechan más esta línea. Lo que estamos haciendo es procurando que
estas regiones que tienen estas ventajas tan importantes, con determinado
tipo de interés, utilicen la línea Pymes con los bancos y apliquen esas
subvenciones a la línea del ICO, con lo cual el beneficio será doble,
tanto para el presupuesto de la propia comunidad como para el
beneficiario último. No sé si me explico; un poco fundamentalmente viene
por ahí.

Sobre la previsión de 1994 tengo que decirle que veníamos a una velocidad
mensual de unos 16.000/18.000 millones de pesetas, antes del verano,
porque los tipos de interés estaban muy bajos. Al subir los tipos de
interés se ha retenido un poco la demanda, pero esperemos que se esté
recuperando y podemos calcular que va a ir a 10.000 u 11.000 millones de
pesetas mensuales, lo cual quiere decir que si estamos ahora en pymes en
187.000 millones al 11 de octubre, que es la última fecha que tengo y le
puedo entregar el documento, faltan tres meses, pues 30.000 millones más
y llegaríamos a los 210.000 ó 220.000 millones de pesetas.




El señor PRESIDENTE: Señor Milián, le ruego que antes de que el señor
Presidente del Instituto de Crédito Oficial abandone la Casa, junto con
el letrado se pongan de acuerdo sobre los términos exactos de las
cuestiones que S. S. ha planteado para que se le contesten por escrito y
que ya ha contestado el Presidente que puede hacerlo así, porque si no a
veces no resultan claros los términos de las preguntas y procurar las
respuestas en ese plazo policial de 72 horas es difícil.

Con la intervención del señor Muñiz termina la comparecencia del señor
Presidente del Instituto de Crédito Oficial.




--DEL SEÑOR SUBSECRETARIO DE COMERCIO (SERRANO MARTINEZ-ESTELLEZ). A
SOLICITUD DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS: MIXTO, UNION VALENCIANA (número
de expediente 212/000972) Y POPULAR (número de expediente 212/001110).




El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Diputados, comenzamos la
comparecencia del Subsecretario del Ministerio de Comercio y Turismo, que
ha sido solicitada por los Grupos Popular y Mixto.

Por el Grupo Popular, el señor Aguirre tiene la palabra.




El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Gracias, señor Subsecretario, por su
comparecencia. Le anuncio que el Grupo Popular no pretende en esta
intervención establecer un debate político, sino realizar un conjunto de
preguntas en torno al presupuesto de su departamento y, por tanto,
dejamos para otro trámite de este debate de presupuestos el contenido de
debate político. En ese sentido, no vamos a reiterar la posición inicial
del Grupo Popular, que usted ya conoce, de considerar que estamos ante un
Ministerio cuyas competencias son tan escasas que ponen en cuestión la
existencia del Ministerio. (El señor Vicepresidente, García Ronda, ocupa
la Presidencia.)
Quisiéramos preguntarle respecto al presupuesto de la Sección 29, que
hemos observado que de alguna manera describe líneas distintas a las de
los Presupuestos Generales del Estado, y me explico. Mientras que el
Presupuesto General del Estado contiene con carácter macro una elevación
de los gastos de personal, su Ministerio registra un decrecimiento del
0,9 por ciento. Igualmente, mientras se nos viene a decir que en los
gastos de compras en bienes y servicios a nivel general se produce un
crecimiento escaso, ustedes registran un crecimiento en torno al 6,9 ó 7
por ciento. Igual ocurre con las transferencias corrientes, que en su
departamento registran un crecimiento del 33,6 por ciento. Por tanto,
estamos ante una evolución de estos créditos en sentido contrario a como
evolucionan con carácter general en la Ley de Presupuestos Generales de
1994. Nos



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gustaría, señor Subsecretario, que nos justifique la evolución de estos
tres créditos dentro de su departamento.

Entrando en el contenido concreto de alguno de los programas, observamos
que han procedido ustedes a cambiar la denominación de alguno de ellos,
pero no observamos que haya ninguna modificación en cuanto a los
objetivos dentro de cada uno de los programas. Así, podemos ver que en el
programa 762.A, ordenación del comercio exterior, se produce un fuerte
recorte que viene justificado por el trasvase de este programa al
programa 762.B, pero es un recorte de hasta el 22 por ciento, que se
desglosa en un recorte de personal del 24 por ciento, de los gastos
corrientes del 25 por ciento y de los de inversión del 29 por ciento.

Quisiéramos que nos explicara cómo es posible que, con estos recortes,
mantengan los mismos objetivos que tenían para los presupuestos de 1994.

Se tienen muchas menos dotaciones, pero los mismos objetivos, ¿cómo casa
este decrecimiento de dotaciones con el mantenimiento de los mismos
objetivos?
Algo parecido nos sucede en el Programa 762.B, promoción comercial e
internacionalización de la empresa, un Programa que, como he indicado en
relación con el Programa 762.A, sufre un incremento del 8,3, que viene
justificado en su propia memoria por el trasvase del Programa 762.A. Pero
volvemos a preguntarnos lo mismo, en este caso a la inversa. Si este
Programa tiene prácticamente los mismos objetivos pero en este caso más
dotaciones, ¿qué está ocurriendo realmente en este intercambio de
posiciones entre unos programas y otros?
Para finalizar mi intervención y mis preguntas en relación con la Sección
29, señor Subsecretario, una breve referencia al Programa 763.A, comercio
interior. Observamos que es cierto que ustedes incluyen en su memoria,
que despachan prácticamente con dos páginas, un plan de modernización a
poner en práctica en el año 95. De los propios presupuestos deducimos, si
no nos hemos confundido, que la dotación presupuestaria para este plan de
modernización del comercio interior es de 2.000 millones para el
ejercicio 1995. Creemos que si se tiene en cuenta la atomización del
sector, que podría venir representada porque da empleo aproximadamente a
2.000 ciudadanos y vienen a estar agrupados más o menos en 500.000
empresas, aunque todo esto, como sabe usted es difícil todavía de
precisar porque no lo voy a decir como crítica a su Ministerio pero sí
como un diagnóstico y como una realidad, es a la fecha de 1994 que
todavía este sector del comercio interior no goza de un estudio y un
seguimiento que pueda facilitarnos indicadores de su realidad, estructura
y su evolución; estaríamos hablando de que nos están proponiendo ustedes
un programa de modernización del comercio interior que viene a ser algo
parecido --no lo tome como un intento de guasa-- a que ustedes se quieren
gastar 2.000 pesetas por empleado y año. En cualquier caso, nos parece de
una escasez tal que quisiéramos que nos sacara de dudas si estamos en lo
cierto de que este programa de modernización para el comercio interior
está exclusivamente dotado con los 2.000 millones que nosotros
identificamos en los documentos de los presupuestos.

Estas son las preguntas que el Grupo Popular quiere formularle, de las
que espera puntual respuesta.




El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Tiene la palabra por el Grupo
Mixto el señor Chiquillo.




El señor CHIQUILLO BARBER: Agradecer la presencia del Subsecretario de
Comercio y Turismo, y voy a ir al grano en las preguntas que quiero
formular, necesarias para confeccionar las posteriores enmiendas a los
presupuestos del Estado.

Según datos publicados por el Boletín ICE (Información Comercial
Española), del Ministerio de Comercio, las exportaciones de la Comunidad
Valenciana del ejercicio del 93 se incrementaron en un 13,33 por ciento,
por debajo de la media nacional que se situó en el 19,9 por ciento. La
pregunta es qué medidas concretas piensa adoptar su departamento a fin de
fomentar las exportaciones en general y las de la Comunidad Valenciana,
especialmente en los sectores tradicionales de calzado, textil, juguete y
azulejo.

Por otro lado, querría formularle la pregunta de, a la vista de las
conclusiones de la Ronda del GATT, con el desarme arancelario que
conlleva, que afectará muy negativamente al sector del calzado, porque
actualmente la penetración de las importaciones procedentes de China,
Corea, Taiwán, es muy elevada, el 27 por ciento, en este sentido, ¿qué
medidas presupuestarias ha previsto su departamento para el sector del
calzado, habida cuenta de las consecuencias previsibles negativas
derivadas de la conclusión de la Ronda del GATT?
En otro sector importante para el comercio valenciano, se encuentra el
sector de los juguetes, que también estará muy afectado por las últimas
negociaciones de la Ronda del GATT. Actualmente, las exportaciones de
China y Japón suponen un 36 por ciento del consumo interno, consumo que
se verá incrementado con el progresivo proceso de desarme arancelario. En
este sentido, ¿qué medidas ha previsto su departamento para el sector del
juguete, habida cuenta de las consecuencias previsibles derivadas de la
conclusión de la Ronda del GATT?
Afortunadamente, en los Presupuestos generales del Estado para 1995 sí se
contemplan medidas para el sector textil y de la confección, sector que
sufrirá, al igual que los que he comentado anteriormente, un aumento de
la entrada masiva de importaciones debido a esta liberalización. ¿Ha
previsto su departamento algún tipo de medida o plan presupuestario de
modernización, ayuda o apoyo a los sectores del calzado, azulejo,
juguete, mueble y mimbre, cerámica, vidrio, lámparas o al sector
pirotécnico?
En otro orden de cosas y ya en el sector turístico, querría conocer
cuáles son las previsiones de inversiones en promoción turística de su
departamento, comunidad por comunidad, aunque sea cofinanciado con las
comunidades autónomas, a poder ser, regionalizadas.




El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Para contestar, a ambas señorías,
tiene la palabra el señor Serrano.




El señor SUBSECRETARIO DE COMERCIO Y TURISMO (Serrano Martínez-Estéllez):
Señorías, en primer lugar y en relación con las preguntas formuladas por
el



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Grupo Popular, efectivamente, el presupuesto del Ministerio de Comercio y
Turismo, correspondiente al año 1995, supone un decrecimiento en el
capítulo 1, de gastos de personal, de un 0,9 por ciento, y un crecimiento
en el capítulo 2, consolidado en su subsector Estado, del siete por
ciento, con un crecimiento fuerte de las transferencias corrientes del 33
por ciento. Lo que quiero decir es que, efectivamente, en lo que se
refiere a personal hemos seguido una política de ajuste al máximo,
planificada para el ejercicio del año 1995, si bien es cierto que la
evolución en cada una de las unidades dependientes del Ministerio es
diferente, de acuerdo con la situación en que se encuentra cada una de
dichas unidades desde el punto de vista de su estructura y de las
necesidades de su reorganización con vistas al cumplimiento de los
objetivos estratégicos que hemos planteado.

Así, por ejemplo, mientras que el subsector Turespaña, si se analiza
detenidamente en los Presupuestos Generales del Estado para 1995, recoge
un crecimiento significativo como consecuencia de la necesidad de dotar a
ese instituto de unos recursos humanos que permitan conseguir cumplir los
objetivos que se han previsto en el plan estratégico de la Secretaría
General de Turismo y que se han materializado en el decreto de
reorganización de Turespaña y, por tanto, refleja un crecimiento
significativo, por el contrario, en unidades dependientes de la propia
Administración pública de forma directa, es decir las unidades del propio
Ministerio de Comercio y Turismo, tenemos un descenso significativo de
gastos de este capítulo. Quiero decir que la evolución específica de cada
unidad responde a los objetivos que se han planificado para el presente
año.

Algo similar pasaría, por ejemplo, en el caso del ICEX. Si vemos el caso
del ICEX en el presupuesto, no en la transferencia corriente o de capital
que el Estado transfiere al Instituto de Comercio Exterior sino en el
propio presupuesto del Instituto de Comercio Exterior, incluyendo sus
propios ingresos y las transferencias corrientes o de capital del Estado,
nos encontraríamos con un crecimiento de personal de casi el 19,2 por
ciento, como consecuencia de que precisamente se ha puesto en marcha un
plan de reorganización del ICEX, de presencia en mercados emergentes de
la mano de las oficinas comerciales en el exterior; un plan de cubrir la
plantilla, que hasta la fecha estaba sin cubrir por las necesidades que
vienen impuestas por la puesta en marcha del plan de apoyo a la actividad
exterior, e incluso la creación de algunas divisiones nuevas, como son la
de Informática o la de Relaciones Institucionales o la Subdirección de
Personal, que hacen que, al final, en el propio presupuesto del ICEX se
refleje un crecimiento de personal del 19,2, si bien, insisto, las
transferencias del Estado van prácticamente destinadas a transferencias
de capital, con 3.400 millones, y las transferencias corrientes del
Estado, sin embargo, se estabilizan. Quiero decir que ese crecimiento hay
que analizarlo en cada una de las unidades y creo que tiene su
explicación en cada una de ellas en relación directa con los planes de
reestructuración que se han puesto en marcha tanto para Turespaña como
para el ICEX, como los propios planes de racionalización interna de las
unidades dependientes del propio Ministerio o Administración central en
sentido puro y duro.

En lo que se refiere a las transferencias corrientes, en 1995 se
incrementan en 2.732 millones de pesetas, es decir, un 32,2 por ciento
respecto a 1994, y dicho incremento se desglosa por tipo de
transferencias en las siguientes, todo ello referido al capítulo 4, que
estamos mencionando. En transferencias podríamos hacer dos grandes
grupos: transferencias internas y transferencias externas. Transferencias
internas se incrementan en 1.006,2 millones de pesetas, procedentes de
las siguientes operaciones: 992,5 millones de pesetas es el incremento de
la transferencia corriente a Turespaña, los cuales a su vez se desglosan
en 577 millones, transferencia de personal (téngase en cuenta que antes
este personal dependía de la Secretaría General de Turismo y como
consecuencia del Decreto de reorganización de la administración turística
española todo este personal ha pasado a depender del Instituto Turespaña,
por lo tanto, se incluye esta cuantía, que no se ha incrementado, que era
gastos de personal, pero ahora aparece como transferencia corriente
dirigida al Instituto Turespaña porque el personal anteriormente
dependiente de la Secretaría General de Turismo pasa a depender ahora del
Instituto Turespaña), y los 406,5 millones restantes son para financiar
la nueva estructura organizativa y la actualización monetaria de los
gastos de personal, incluido por supuesto funcionarios y laborales, en la
Oficina de Turismo. Es decir, que aquí es donde se hace el esfuerzo más
importante. Se hace el esfuerzo de dotar a Turespaña de los recursos
necesarios para llevar a cabo ese proceso de actualización y de mejora de
la calidad, tanto en los servicios centrales como, sobre todo, en las
oficinas de turismo existentes en el exterior, que se corresponde con una
de las líneas estratégicas del plan, que es, como SS. SS. saben, el plan
de calidad y mejora de los servicios de la red exterior. Como he dicho
antes, de esos 1.006,2 millones de pesetas, 992,5 se deben a estas
razones que acabo de señalar y 13,7 millones es el incremento de la
transferencia corriente al ICEX para sus gastos corrientes. Realmente es
un incremento muy reducido en este caso. En lo que se refiere a las
transferencias externas, éstas aumentan en 1.725,3 millones de pesetas,
un 33,6 por ciento respecto de 1994, y eso se debe básica y
fundamentalmente a los compromisos de aportación a organismos financieros
multilaterales para situar correctamente esta partida en el año 1995 que
ha dejado de ser crédito ampliable, como SS. SS. conocen, a tenor de las
necesidades reales que vamos a tener en 1995 para cumplir los compromisos
de aportaciones que este Parlamento aprobó en su día y de acuerdo con el
calendario de desembolsos que tendremos que realizar durante el año 1995.

Por el contrario, se producen algunas pequeñas disminuciones,
concretamente reducción de 100 millones en las aportaciones al ICO, para
compensar el crédito a la exportación con ayuda oficial, como
consecuencia de que ésta es una partida a extinguir en los futuros
presupuestos, dado que se está amortizando el crédito vivo que quedaba
pendiente todavía, y una disminución de 148 millones de pesetas en la
transferencia que se hacía a la Escuela Oficial de Turismo, porque
consideramos que la Escuela puede obtener los



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ingresos necesarios para financiar sus gastos corrientes sin necesidad de
transferencias corrientes procedentes del subsector Estado. En síntesis,
quiero decir que hay un incremento de transferencias externas, fruto de
los compromisos en las aportaciones a organismos multilaterales, por una
parte, que se compensa en escasa cuantía con esta desaparición de los 148
millones de la Escuela de Turismo y los 100 millones en que se deducen
los gastos de subvenciones al ICO y un incremento de transferencias
internas de los 1.006 millones, que se debe fundamentalmente al cambio de
estructura presupuestaria en el Instituto Turespaña.

En segundo lugar, respecto de la segunda pregunta sobre los objetivos,
pienso, señor Aguirre, que en la memoria de objetivos del Ministerio
hemos pretendido hacer un esfuerzo considerable --no sé si lo hemos
conseguido o no-- de establecer claramente la ligazón entre el propio
documento presupuestario y los objetivos estratégicos que venimos
señalando como objetivos del Ministerio, enmarcados, por supuesto, en los
del Gobierno y en el plan de convergencia. De ahí que aparezcan
claramente los tres subsectores dentro de esos objetivos: el área de
comercio interior, el área de comercio exterior y el área de turismo, y
en cada uno de ellos aparezca claramente delimitado cuáles son los
objetivos estratégicos por los que este Parlamento nos tendrá que juzgar
a medida que vayamos llevando a cabo la ejecución del presupuesto
.En ese sentido, creo que la memoria del año 1995 sí ajusta esos
objetivos estratégicos del sector a la realidad y a lo que el Ministerio
se ha planteado para este próximo período. Desde esa perspectiva, las
modificaciones aparecen recogidas tanto en el programa de ordenación del
comercio exterior como en el programa de promoción comercial e
internacionalización de la empresa. Evidentemente, este segundo programa,
el 762.B, recoge un crecimiento significativo en términos porcentuales,
pasando de 14.879 millones a 18.125 millones, y materializa sus dos
objetivos estratégicos en dos grandes programas que se ponen en marcha en
1995, aunque su primera fase de diseño ya se había puesto en marcha en el
94. Por una parte, el plan de apoyo a la actividad exterior de la empresa
española, que en parte viene recogido en este programa 762.B; y, por
otra, el plan de calidad y mejora de la red exterior al servicio de la
empresa española y al servicio de la exportación. Eso da como resultado
un crecimiento sustantivo de las inversiones que se recogen en dicho
programa.

Por lo que se refiere al plan de modernización de las estructuras
comerciales, que aparece recogido en el Programa 763.A, y que dentro del
área de comercio interior, figura como uno de los objetivos prioritarios
del sector, tengo que señalarle que ese plan de modernización es uno de
los dos elementos fundamentales de la política económica que se pretende
poner en marcha en relación con el sector del comercio interior. El otro,
por supuesto, es la elaboración de la ley de comercio, que en este
momento está en proceso de discusión en el Parlamento. Conjuntamente con
los elementos fundamentales que se decidan, a través del Parlamento, en
esa ley de regulación comercial, se pretende, como SS. SS. saben, poner
en marcha un plan de modernización que, a través de medidas fiscales,
medidas financieras, subvenciones directas, etcétera, apoye ese proceso
de modernización del pequeño y mediano comercio. Ahora bien, me pregunta
usted si para ello sólo vamos a disponer durante el año 1995 de 2.000
millones de pesetas. No. Es decir, el plan de modernización, que
pretendemos que sea consensuado con todas las comunidades autónomas y
aprobado antes de final de año en conferencia sectorial por todas las
comunidades autónomas, deberá ser financiado, al igual que se hizo con el
plan de pymes, por tres fuentes fundamentales. La básica y fundamental
será la que proceda de las comunidades autónomas, que son las que en este
momento tienen transferidas las competencias en materia de comercio
interior y que, como consecuencia de dicha transferencia, ya vienen
recogiendo en sus presupuestos los antiguos fondos de que disponía la
Administración central. En términos generales, como ustedes saben muy
bien, en los presupuestos de todas las comunidades autónomas en este
momento se recogen, aproximadamente, entre 10.000 y 12.000 millones de
pesetas anuales para programas de apoyo al comercio interior. La segunda
fuente serán los fondos europeos que deben asignarse a este tipo de
programas, bien directamente o bien de forma indirecta, como, por
ejemplo, a través del fondo social, a través de los planes de formación
social, etcétera. Y la tercera fuente serán los propios fondos que
proceden directamente de la Administración central, que para el año 1995,
en el primer año de funcionamiento, se establecen en 2.000 millones de
pesetas, a los cuales habrá que sumar los fondos que en este momento se
están destinando ya por otras vías a los procesos de modernización del
comercio interior. El plan de modernización tiene que recoger todo lo que
en este momento hace la Administración, sobre todo la Administración
autonómica y la Administración central, más las nuevas medidas que
consensuemos en la conferencia sectorial y que esperamos poder culminar
en el próximo mes, y con mucho gusto estaríamos dispuestos a enviar las
líneas fundamentales de dicho plan cuando terminemos las negociaciones
que en estos momentos se están llevando a cabo.

Téngase en cuenta, en este sentido, que a esas subvenciones de tipo
directo, a esos fondos directamente aplicables en los Presupuestos
Generales del Estado, habrá que sumar los fondos que procedan de créditos
preferentes o privilegiados que destinemos a las líneas básicas de dicho
plan de modernización, y lo que hará el plan de modernización,
continuando la línea que en este momento se está llevando a cabo, es o
bien la subvención, en alguna medida, de los tipos de interés actualmente
vigentes, privilegiando, por tanto, en ese sentido el coste de dichos
créditos, o bien, en segundo lugar y principalmente, diría yo, establecer
fondos de garantía suficientes como para que, sin necesidad de
subvencionar los tipos de interés, el pequeño comercio pueda acceder,
para la financiación de sus planes de modernización, a créditos de la
banca privada o del sistema financiero normal.

Por último, en lo que se refiere a las preguntas realizadas por el Grupo
Mixto, la política activa de fomento de la exportación básicamente se
materializa en tres programas



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fundamentales que se recogen en los presupuestos y que aparecen
desagregados en los programas 761.A, 762.A, y 762.B. Esos tres programas
fundamentales, vuelvo a insistir, son, por una parte, el plan de apoyo a
la actividad exterior de la empresa exportadora, del que tiene
conocimiento este Parlamento por su discusión en las distintas
Comisiones, que fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado mes de
mayo y que seguirá desarrollándose durante el ejercicio de 1995; en
segundo lugar, el plan de calidad y mejora de los servicios de
infraestructura soporte de la exportación, que viene recogido en los
presupuestos, tanto en el presupuesto específico del ICEX como en el del
subsector Estado, básicamente en la línea de financiación de toda la
mejora e informatización de la red exterior y mejora de la calidad de las
oficinas comerciales en el exterior; y en tercer lugar, el plan de
adaptación o readaptación de los instrumentos financieros de apoyo a la
exportación.

Junto a esos tres grandes planes, está la política del Instituto de
Comercio Exterior de apoyo a los diversos sectores exportadores, que se
materializa en los planes sectoriales, donde aparecen los planes
específicos, tanto para el sector calzado como para otros sectores, como
el juguete, que S. S. ha planteado, y los planes de empresa. Los planes
sectoriales y los planes de empresa, como S. S. podrá observar,
representan casi el 65 por ciento de la inversión total del ICEX, y si a
ello le sumamos los planes de ferias y de promoción a través de
instrumentos específicos ligados a exposiciones, ferias, etcétera,
estaríamos casi en el 80 por ciento, pero básicamente la inversión de
promoción del ICEX para el año 1995 se concentrará, como ahora podrá
exponer con mucho mayor detalle el Secretario de Estado de Comercio
Exterior y Presidente del ICEX, básicamente en estos dos tipos de
instrumentos, es decir, por una parte, los planes de empresa, y por otra
parte, los planes sectoriales, en todos los cuales se contemplan planes
específicos para el sector calzado, el sector juguete y alguno de los
otros sectores que ha señalado S. S.

Por último, en lo que se refiere al sector turístico, puedo enviar a S.

S. las previsiones de regionalización, pero dése cuenta de que básica y
fundamentalmente la actividad de inversión que realiza Turespaña es de
promoción en el exterior, promoción del sector turístico español en su
conjunto o de zonas específicas o productos específicos, pero en el
exterior. El gasto y la inversión fundamental se realizan en los mercados
internacionales, si bien es cierto que lo que se realiza es la promoción
del sector turístico español en su conjunto o de zonas y productos
específicos, bien ligados a turismo de naturaleza, a turismo de montaña,
a turismo de sol y playa, etcétera, pero no sería correcta la
regionalización del gasto o de la inversión cuando estamos hablando de
promoción del sector turístico español en su conjunto.

En lo que se refiere a la otra línea de actuación fundamental de
Turespaña, que es el Plan Futures, es decir, el apoyo a la mejora de la
competitividad y de la calidad de las empresas y del sector turístico en
nuestro país, ahí sí podríamos establecer la regionalización prevista de
las inversiones para el año 1995. Como saben ustedes, esto se realiza en
conexión con las comunidades autónomas. En colaboración con ellas se
presentan todos los proyectos en el primer trimestre del año, entre enero
y marzo de 1995; entre marzo y junio se discute con las comunidades
autónomas la selección de dichos proyectos; y en junio estaríamos en
condiciones de decirles cuáles son los proyectos que se van a aprobar. «A
priori», el Instituto Turespaña tiene una primera previsión, pero la
realidad es que las empresas o la iniciativa del sector presenta en su
momento, y muchas veces las previsiones iniciales del Instituto Turespaña
se ven desbordadas en una comunidad autónoma concreta y, por el
contrario, no se ven ajustadas en otras comunidades autónomas.

En cualquier caso, sí podemos enviarle la previsión que tenemos del Plan
Futures para 1995 y, una vez terminado el período de selección de dichas
inversiones, es decir, a partir de mayo/junio de 1995, podríamos tener ya
la realidad de la distribución de esas inversiones, que están
contempladas en el capítulo 7 del presupuesto de Turespaña, porque el
capítulo 7 de dicho presupuesto recoge fundamentalmente lo que son, o
bien inversiones en Paradores y en obras de reforma o conservación de la
Red de Paradores que está adscrita, como todos ustedes saben, a
Turespaña, o bien las inversiones inmateriales en promoción exterior. Por
tanto, lo que son inversiones directas o en apoyo de calidad o
competitividad para empresas, estarían en el capítulo 7 de transferencias
de capital.




EL señor PRESIDENTE: Un muy breve turno para preguntas que pudieran no
haber sido respondidas por el señor Subsecretario.

Señor Aguirre.




El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: El Grupo Popular en la parte que al Comercio
se refiere queda satisfecho con las respuestas que ha dado el
Subsecretario, pero va a plantear tres cuestiones muy breves sobre el
apartado de Turismo.

Por mucho que buscamos, señor Subsecretario, cuando anunciaron ustedes la
presentación del Plan Estratégico, no hemos conseguido ningún documento
que lo respalde. Tenemos esa sensación, y más a la vista de la memoria,
de que el Plan Estratégico es una frase, que no está respaldado por un
documento ni con un apoyo presupuestario. Ya sabe usted que tenemos
pedida comparecencia del Ministro para que desarrolle el Plan
Estratégico, y tenemos pedida documentación sobre el mismo. Nos gustaría
que nos dijera si existe algún documento que respalde el Plan
Estratégico. ¿Existe algún apoyo presupuestario en concreto que respalde
el Plan Estratégico?
Si seguimos en la memoria de la Sección 29 observamos que se habla
también de un Plan Estratégico de la Red de Paradores. Si no recuerdo mal
--y creo no confundirme--, desde su Ministerio, señor Subsecretario,
ustedes anunciaron, en el mes de agosto, un plan de privatizaciones para
la Red de Paradores. Como no es voluntad mía encontrar contradicciones
dentro del Gobierno, me da la impresión de que ustedes en ese anuncio de
agosto fueron un poco más allá de lo que realmente están dispuestos a ir
hoy. Hoy mismo el Presidente de la Red de Paradores ha



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confirmado que no existe ningún plan de privatización; que, en todo caso,
estarían ustedes estudiando la posibilidad de proceder a la desinversión
en algunos activos en concreto.

A la vista de lo que ocurre en la memoria de la Sección 29, no vemos que
se recoja que para el año 1995 en concreto vaya a haber desinversión de
activos en la Red de Paradores. Nos gustaría que nos confirmara este
extremo, si estamos en lo cierto o no.

Igualmente, durante el mes de agosto ustedes --por lo menos está recogido
en prensa-- han declarado que los ingresos por turismo en el año 1994
iban a ascender a tres billones. Fue una cifra muy redonda que apareció
en todas las publicaciones del mes de agosto y hoy hemos podido observar
en la página 64 de la memoria que ya empiezan a indicar que la previsión
de ingresos es de 2,8 billones. ¿Quiere esto decir que revisan ustedes
sus objetivos para el año 1994 en materia de ingresos por turismo?
Una última pregunta en relación con el régimen económico y fiscal de
Canarias. Como sabe usted, en su aprobación definitiva por el Congreso,
había, después de la exposición de motivos, una cláusula tercera, Plan
Especial de Infraestructuras Turísticas, en la que se puede leer que
atendiendo a la mejora de la calidad precisa para mantener la
rentabilidad social del sector turístico en Canarias, la Administración
General del Estado, en colaboración con la Comunidad Autónoma de Canarias
y, en su caso, las corporaciones locales, elaborará un plan especial de
infraestructuras en las áreas turísticas.

Quisiera saber --porque, desde luego, no lo encuentro en los
presupuestos-- si este objetivo está planteado en el marco de 1995 o no
se contempla hasta ejercicios venideros.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Subsecretario.




El señor SUBSECRETARIO DE COMERCIO Y TURISMO (Serrano Martínez-Estéllez):
Hay que señalar --porque ha habido alguna confusión-- que siempre hemos
hablado de Plan Estratégico de la Secretaría General de Turismo, o, lo
que es lo mismo, Plan Estratégico para la Administración Turística
Española.

Lo que desde este Ministerio se ha venido elaborando durante el ejercicio
de 1994 no ha sido un plan estratégico para el sector turístico español,
si bien es cierto que para elaborar un plan estratégico de la propia
administración turística española ha sido necesario previamente revisar
la estructura del sector, su posible evolución a corto, medio, largo
plazo, sus puntos fuertes y sus puntos débiles y, por tanto, hacer un
análisis previo introductorio de lo que es el sector turístico en nuestro
país y cuáles son sus tendencias en nuestro entorno europeo y a nivel
internacional. Pero como introducción al análisis de lo que deberían ser
los objetivos fundamentales de la administración turística española en el
contexto de ese sector y dada la importancia que tiene para la economía
española y la situación actual de distribución de competencias entre la
Administración central y las autonómicas.

Se ha hecho una reflexión interna para analizar si teníamos una
estructura acorde con el cumplimiento de los objetivos que se pretendía
conseguir. Como consecuencia de esa reflexión interna, de la que existe
múltiple información --es un documento interno de la Secretaría General
de Turismo y del Ministerio de Comercio y Turismo--, se están tomando una
serie de medidas durante todo el año 1994 y se continuarán tomando
durante 1995.

En concreto, en el año 1994, consecuencia del Plan Estratégico de la
Secretaría General de Turismo, inmediatamente después se tomó la medida
que conocen SS. SS. de la reestructuración de la administración turística
española y se aprobó el Decreto-ley que reestructura tanto el Instituto
Turespaña, organismo autónomo, como la propia Secretaría General. Se
reestructuraron prácticamente todas las direcciones generales, las
subdirecciones, se adaptaron los objetivos a la nueva política que se
pretende llevar a cabo, respondiendo a los objetivos prioritarios que se
habían marcado y que en los presupuestos aparecen simplemente enunciados.

Los objetivos de mejora de la calidad, mejora de la competitividad,
diversificación de la oferta, generación de oferta complementaria,
etcétera.

Ahí está el Decreto de reorganización, que se está poniendo en marcha,
que se aprueba en junio de 1994, que es una de las primeras medidas, pero
ni la primera ni la única. Inmediatamente antes se había constituido la
Comisión Interministerial de Turismo, necesidad muy sentida en el sector
desde hace tiempo, que se eleva a Decreto, se aprueba también por el
Consejo de Ministros, y ya desde junio de este año está funcionando,
conscientes de que los problemas de nuestro sector turístico sólo se
podrán resolver en el marco de una política económica coordinada entre
todos los departamentos ministeriales, dado que las competencias de
muchos de los temas, como ustedes muy bien saben, están en otros
departamentos, y la labor del Ministerio de Comercio y Turismo está en
saber coordinar adecuadamente, hacer los análisis de cada una de las
zonas y de los productos turísticos para detectar los cuellos de botella
que, en cada momento, puedan ir surgiendo. No son lo mismo los cuellos de
botella que tiene nuestra Costa del Sol en este momento a los que tiene
Baleares o las costas gallegas, por poner un ejemplo. En unos casos es
más importante la actuación del Ministerio de Obras Públicas, en otros,
la de otros departamentos.

Consecuencia de todo esto también está siendo la puesta en marcha en este
momento de la nueva RPT o relación de puestos de trabajo, que supone un
cambio bastante radical en la estructura de la Secretaría General de
Turismo, y otras muchas medidas que se van a ir tomando a lo largo del
ejercicio de 1995. ¿Qué quiere decir esto? Que hemos optado en el año
1995 por mantener el volumen absoluto, en términos de inversiones, tanto
en promoción en el exterior como en apoyo a planes con mejora de la
competitividad y calidad --hemos optado por esa línea dadas las
restricciones presupuestarias generales en el marco presupuestario en el
que nos movemos-- y, sin embargo, potenciar la necesidad de incremento de
gastos, capítulos 1 y 2, para hacer frente a la reestructuración que
venía exigida en el Instituto Turespaña desde hace tiempo. Pero la
política está clara: no disminuyen las inversiones



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en promoción, tampoco disminuyen las inversiones en mejora de calidad y
competitividad, y sí se incrementan los capítulos 1 y 2 en la medida
necesaria para dotar adecuadamente a nuestras oficinas en el exterior y
los servicios centrales del Instituto Turespaña.

En lo que se refiere al Plan estratégico de paradores, quiero decir que,
obviamente, es un Plan elaborado en el marco interno de una empresa
pública y dentro de los objetivos genéricos del Ministerio de Comercio y
Turismo, conscientes de que la sociedad Paradores de España, que está
bajo la tutela de dicho Ministerio y que utiliza una propiedad adscrita
al mismo, concretamente a Turespaña, era necesario que se reflexionase
sobre el papel que estaba cumpliendo, porque partimos de la base de que
es un instrumento clave en la política turística, al menos en muchos de
los aspectos, tal como se ha diseñado, sobre todo desde el punto de vista
de diversificación de oferta, etcétera. Como consecuencia de ello, se
lleva a cabo este Plan estratégico, que tiene dos partes básicas y
fundamentales, una en lo que se refiere a medidas para la mejora de la
gestión, y otra en lo que se refiere a posibles medidas de cambio
estructural en la propia estructura interna de paradores. Pero de ahí a
decir que se ha puesto en marcha un plan de privatización...; al
contrario, la política del Ministerio es potenciación de la red de
paradores para que cumpla los dos objetivos fundamentales para los que se
creó, que son, en primer lugar, instrumento de fomento de política
turística y, al mismo tiempo y paralelamente, instrumento de conservación
del patrimonio histórico cultural español desde una perspectiva de
utilización de recursos turísticos. Después de muchos años,
probablemente, haya algunos paradores de la red que quizá no cumplan al
cien por cien esos dos objetivos fundamentales.

Dentro del marco de potenciación de la red, en su día, después de que se
hagan los análisis pertinentes de todos y cada uno de los paradores, de
acuerdo con el Plan estratégico elaborado, pueda resultar la necesidad de
realizar determinadas desinversiones en algunos de ellos, pero ése será
el resultado final del proceso de análisis que en este momento se está
llevando a cabo parador a parador junto a las medidas concretas de mejora
de la gestión, tanto en lo que se refiere a reducción de costes como a
mejora de la calidad, que es uno de los objetivos fundamentales que nos
hemos planteado para dicha red.

Por último, quería decirle que en los datos escritos del Ministerio de
Comercio y Turismo, a través de la Secretaría General Técnica, que
depende de esta Subsecretaría, tanto en los boletines de Información
Comercial Española como en cualquier otra publicación, siempre hemos
hablado de unas previsiones de ingresos brutos para el sector turístico
entre 2,8 y tres billones de pesetas. Siempre hemos hablado de esa banda
de previsión, lo que sucede es que en muchas ocasiones algunos medios de
comunicación habrán hablado de 2,8, de 2,9 o de tres billones, pero la
previsión escrita del Ministerio se ha situado siempre en una banda que
oscilaba entre 2,8 y tres billones de ingresos brutos por turismo.

Téngase en cuenta que estas previsiones las hicimos ya en enero de 1994,
con lo cual efectivamente iremos ajustándolas a medida que vaya avanzando
la temporada. En este momento no renunciamos a esa previsión y a esa
banda en la que nos situamos ya en enero.

Por último, deseo decirle que en el régimen especial fiscal de Canarias
obviamente se contempla esta política de inversiones especiales en
infraestructuras turísticas. En Canarias aparece, dentro del Plan Futures
y dentro de los llamados planes de excelencia (ha sido así en cierto
sentido ya en el año 1994 y en el año 1995 se va a intensificar mucho más
esta línea), una especial dedicación a los planes de excelencia turística
ubicados en las Islas Canarias como primera fase de cumplimiento de estos
compromisos de atención especial a las infraestructuras turísticas
canarias. En este sentido, aparecen el Plan de excelencia turística de
Canarias sur y el Plan de la Orotava, que se van a impulsar especialmente
durante el ejercicio de 1995. Habrá que continuar en 1995 esa línea
iniciada en 1994, para dar cumplimiento a lo que S. S. se refería.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Subsecretario.

Con la intervención del señor Serrano, termina la comparecencia del
Subsecretario de Comercio y Turismo.




--DEL SECRETARIO DE ESTADO DE COMERCIO EXTERIOR Y PRESIDENTE DEL ICEX
(RUIZ LIGERO). A SOLICITUD DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS: POPULAR (número
de expediente 212/001116), COALICION CANARIA (número de expediente
212/001003) E IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA (número de
expediente 212/001147).




El señor PRESIDENTE: La comparecencia del Secretario de Estado de
Comercio Exterior ha sido solicitada por los Grupos parlamentarios
Popular e Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.

Tiene la palabra el señor Aguirre, en nombre del Grupo Parlamentario
Popular.




El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Gracias, señor Secretario de Estado por su
comparecencia ante esta Comisión.

Como decía en la comparecencia anterior, no pretendemos en este trámite
plantear ningún debate político, sino, por el contrario, formularle un
conjunto de preguntas que nos sirvan de orientación en la redacción de
las enmiendas que tenemos que presentar a la Ley de Presupuestos de 1995.

Señor Secretario de Estado, de las 65 medidas que aprobó el Gobierno a
mediados del año 1994 como medidas de apoyo al comercio exterior, ¿cuál
de ellas está pendiente de recoger en los Presupuestos Generales del
Estado?
Hemos observado en los presupuestos del ICEX que se registra un
incremento del 19,2 por ciento, en el capítulo 1, gastos de personal.

¿Podría justificarnos a qué se debe este incremento en el capítulo de
personal?



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Igualmente observamos que los incrementos que se registran en gastos
corrientes están muy por encima de la media de los registrados en los
Presupuestos Generales del Estado, exactamente hay un incremento de
gastos corrientes del 12,2 por ciento. Nos gustaría que nos indicara a
qué es debido este incremento muy por encima de la media de los
Presupuestos Generales del Estado. En las cuentas del ICEX también
observamos que hay unos ingresos por el concepto de enajenación de
inversores reales por un total de 1.950 millones. ¿A qué se debe esta
evolución, señor Secretario de Estado?
Quisiéramos conocer concretamente a cuánto ascienden los ingresos por
intereses en cuentas corrientes y a cuánto ascienden los ingresos por
dividendos de empresas públicas. Estas son las preguntas que desea
formularle el Grupo Popular y de las que espera puntual respuesta.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ríos.




El señor RIOS MARTINEZ: Las preguntas que va a realizar el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya van a ir en dos
vertientes. Una, lo que es el ICEX, la parte relativa a la propuesta
presupuestaria de ingresos y de gastos y, otra, el funcionamiento del
ICEX y la posibilidad de descentralización de la gestión, participación
de los instrumentos descentralizados en la gestión del ICEX o la
proyección del trabajo del ICEX; en concreto, la participación de las
Cámaras de Comercio en el trabajo que el ICEX realiza en el exterior.

En cuanto al capítulo de ingresos, hace poco, en la liquidación del
presupuesto, se nos aportó un balance de ejecución de los ingresos
propios del ICEX. Me va a permitir que realice una serie de preguntas
porque las propuestas para este año de previsión de ingresos son
distintas en algunos casos a las de 1994. En lo que pudiéramos llamar
reintegros por operaciones corrientes hay una previsión, a través del
concepto 399, otros ingresos diversos, de 40 millones de pesetas. Esta
previsión en la partida correspondiente del ejercicio pasado era
distinta. Me gustaría conocer la razón de estos reintegros por
operaciones corrientes. En el ejercicio para 1994 de la previsión
relativa a «otros ingresos», se habían ingresado 1.007 millones de
pesetas, de una previsión inicial de 1.925. Esto es en lo que se refiere
el capítulo 3.

Es verdad que mientras en el ejercicio pasado no aparecían lo que se
denominaba enajenaciones de inversiones reales, reintegros por
operaciones de capital, este año aparece una cifra de 1.950 millones que
está cotejada con la previsión del artículo 3, pero no es lo mismo una
previsión de ingresos por el artículo 3, que enajenación por el artículo
6. ¿A qué se debe esa modificación? No sabemos si obedece a una
reubicación de los ingresos presupuestarios o si de verdad hay un cambio
de política en cuanto a los ingresos.

Hay otra previsión de ingresos que se refiere a la participación de
beneficios. En el año 1994 había una previsión inicial de unos 30
millones de pesetas y una gestión de 125 millones de pesetas en el primer
semestre del año 1994, me refiero al artículo 53. Este año este artículo
en el mismo concepto, participaciones en beneficios, lleva solamente una
previsión de 50 millones de pesetas. Si para el año 1994 se han contraído
obligaciones por un importe de 125 millones de pesetas en los primeros
seis meses, ¿a qué obedece que en el año 1995 se propongan solamente 50
millones de pesetas?
Remanentes de tesorería. En el ICEX, este año, hay un remanente de 5.000
millones de pesetas y, sin embargo, se proponen 1.109 millones de
pesetas. La verdad es que ese remanente de tesorería es muy alto para el
ejercicio 1994. En todo caso, ¿a qué se debe esta previsión de remanente
de tesorería de 1.109 millones de pesetas? ¿En qué va a variar la gestión
en cuanto a ingresos?
Con respecto a la política de gastos, paso por encima lo que es la
previsión de personal porque ya le han preguntado, pero la verdad es que
en ejercicios anteriores había 2.573 millones de pesetas de créditos
definitivos y una ejecución, en los primeros seis meses, del 42 por
ciento, por tanto, no había un exceso de gastos. Es posible que las
devaluaciones o las fórmulas de contratación del personal provoquen esta
situación, la verdad es que lo desconozco; no sé si obedece a que hay un
número mayor de personal o al mayor pago del mismo, pero el incremento es
importante puesto que sube casi 500 millones de pesetas.

En el capítulo 2 ocurre exactamente igual. Me gustaría conocer la razón
de las siguientes partidas. En material de oficina hay 54 millones de
pesetas, ordinario no inventariable; en seguridad (trabajo realizado por
otras empresas), 26 millones de pesetas; y en el subconcepto 09 (otros),
11 millones de pesetas. Me gustaría conocer cuáles son esos otros gastos
de trabajos realizados por otras empresas (concepto 227, subconcepto 09)
y a qué obedecen.

En el capítulo de inversiones, el volumen mayor es el correspondiente a
las inversiones de carácter inmaterial. No espero que me dé una respuesta
oral a esta pregunta pero sí me gustaría que me dijese por escrito cuál
es la distribución de esas inversiones de carácter inmaterial, que me
imagino que serán campañas, promociones o actuaciones; e incluso me
imagino que se referirá a cada una de las oficinas que tenga abiertas el
ICEX en distintos países. Me gustaría conocer la distribución de esa
inversión de carácter inmaterial.

Por último, quería referirme al siguiente tema. El año pasado había una
previsión del capítulo 8 de gastos de 126 millones de pesetas y este año
no hay ninguna. La verdad es que esas obligaciones de 125 millones de
pesetas estaban ya contraídas en los primero seis meses (el 99,21 por
ciento) del año 1994. Si ha habido tan buena acogida en el año 1994, o
tan rápida gestión en los primeros seis meses, ¿a qué se debe que no se
haya derivado a este año?



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE COMERCIO EXTERIOR Y PRESIDENTE DEL ICEX
(Ruiz Ligero): Voy a ver si consigo contestar con precisión a cada una de
las preguntas que han formulado SS. SS.




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El señor Aguirre me ha pedido una serie de datos y voy a intentar ser muy
concreto. Me preguntaba por las 65 medidas que el Gobierno aprobó en el
mes de abril de este año. Como usted conoce, había una serie de medidas
de carácter institucional, de promoción comercial y financiera y
fiscales. Las que se refieren a institucional, prácticamente todas ellas
están en vigor, aunque sí queda la firma de acuerdos de protección y
promoción recíproca de inversiones, que están recogidos como medidas de
carácter institucional y que se firmarán el año próximo, concretamente
cuatro o cinco de los acuerdos que están en estudio con Méjico, Colombia
y algún país más. Desde el punto de vista de acuerdos financieros,
prácticamente los que estaban previstos para el año 1994 se han recogido,
faltando sólo tres o cuatro países, con los que se firmarán los acuerdos
financieros durante el año 1995.

Por lo que se refiera a la parte fiscal, que tal vez es la más novedosa
de todas ellas, se preveían cuatro medidas. Una de ellas era continuación
de lo ya aprobado en los Presupuestos Generales del Estado para
ejercicios anteriores y que hacían referencia a la deducción del 25 por
ciento. Pues bien, tanto en presupuestos como en acompañamiento se
completan dos o tres puntos esenciales de esa medida que ya existía del
25 por ciento. Me refiero concretamente a los gastos plurianuales, a los
pagos de campañas en el extranjero. Básicamente serían estos dos, aunque
no sé si queda algún otro elemento que habíamos introducido en relación
con el año anterior y que entraría en vigor, por tanto, con la ley de
Presupuestos. Las más novedosas, sin embargo, que son las tres que
afectan básicamente a sociedades, y que se refieren a las tres medidas
fiscales: dividendos, sociedades participadas, agrupación de rentas y
evitar la doble imposición internacional también van a ser aprobadas en
la ley de acompañamiento.

En lo que se refiere a las medidas, todas las que faltan entran en vigor
el 1 de enero de 1995. Es verdad que hay algunas de ellas, referidas a
promoción comercial, que han entrado en vigor antes incluso de lo
previsto, porque, como tendré oportunidad de comentar ahora al hablar de
los presupuestos del ICEX, se han incorporado créditos por valor de 6.000
millones de pesetas en el año 1994; una parte de ellos está recogida e
instrumentada en el año 1994 y otra, aproximadamente el 50 por ciento,
3.000 millones, en el año 1995.

Contestando a su pregunta, no quedaría ninguna medida de las 65 que están
recogidas en el conjunto de medidas aprobadas por el Gobierno para
fomento y apoyo de la actividad exterior de las empresas españolas, no
quedaría ninguna, repito, el 1 de enero de 1995, una vez aprobadas la ley
de presupuestos generales del Estado y la ley financiera o de
acompañamiento.

Paso ya al presupuesto del ICEX, en lo que se refiere a los gastos de
personal y a los gastos en bienes corrientes. Efectivamente, el
incremento del 19 por ciento en personal es una cuantía muy por encima de
la media y voy a intentar explicarle los elementos esenciales por los que
se ha producido ese incremento.

El primero de ellos es que cuando ocurre, como ha ocurrido con el ICEX,
que hay una especie de remansamiento o de estancamiento de determinadas
modificaciones de personal, en el año que se produce se genera un salto
demasiado fuerte. Y se produce, además, al existir una relación que no es
exactamente la prevista entre el incremento de los gastos de personal y
el incremento de las inversiones de capital.

Las inversiones de capital van a ser inferiores a lo que, en principio,
estaba programado por el Instituto y se ha producido la aprobación de la
dotación en la plantilla de más de 46 personas. Esto venía desde hace
seis o siete años. Existían esas personas en la plantilla del Instituto,
pero no la dotación presupuestaria. Al darse la dotación presupuestaria,
concretamente en el año 1995, se produce este salto espectacular del 19
por ciento. Pero no todo el 19 por ciento se debe a eso --aunque sí de
manera muy importante--; también se debe a efectos, todavía, de la
devaluación de la peseta en los gastos en el exterior; en los gastos de
personal, sobre todo de personal contratado, con contratos que no tenía
una flexibilidad rápida de reacción ante las modificaciones del tipo de
cambio y algún que otro pequeño concepto, por ejemplo, la propia
Seguridad Social de los gastos pagados en el extranjero por personal.

Pero la parte más importante --diría yo-- se refiere a la dotación
presupuestaria de una plantilla ya existente pero que no estaba dotada y
que se dota, por una sola vez, en el ejercicio.

De todas formas, si no se tiene en cuenta el presupuesto de inversiones,
desde el punto de vista de la asignación de personal, si no se tienen en
cuenta los 27.000 millones como presupuesto total de 1995, sino esos
27.000 más el 50 por ciento de esos 6.000 millones que se incorporaron en
1994, la «ratio» sería un poco más favorable. En cualquier caso,
efectivamente, el incremento está por encima de la media y se debe
fundamentalmente a estas razones.

En el caso de los gastos corrientes, que también es importante, porque
sube un 12 por ciento sobre el año anterior, las razones fundamentales se
deben a modificaciones de rentas en parte de los locales que ocupa el
Instituto, y en gastos corrientes hay una parte muy importante que tiene
que ver con un nuevo local. Concretamente, los arrendamientos tienen una
subida del 17 por ciento y la reparación y conservación de los edificios
actuales del ICEX, en el Paseo de la Castellana 14 y 16 --obliga, como es
lógico, al Ayuntamiento a la conservación total de las fachadas--, y
supone un 46 por ciento. Estas son obligaciones por parte de la Gerencia
de Urbanismo y suponen una cantidad de 44,5 millones de pesetas, y eso,
unido a materiales y suministros, hace que nos movamos en un crecimiento
del 12 por ciento.

Estas serían básicamente las razones por las cuales se produce este
incremento del 19 en gastos de personal y del 12 en gastos corrientes,
capítulo 2.

En lo que se refiere a los 1.950 millones de pesetas de enajenaciones
reales --permítame señoría que lo mire--, reintegros por operaciones de
capital, artículo 68, que creo que es al que hace referencia S. S. Voy a
ver si tengo el desglose. Esta partida en el año 1994 era de 1.900
millones. El incremento son 50 millones. Es una partida de reintegros por
operaciones de capital y, en realidad, no es que sean



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1.950, como cifra nueva. No digo que sea una cuenta de orden, pero es una
previsión de enajenación y lo que se hace es aumentarla en un 2,63 por
ciento, o sea 50 millones de pesetas, nada más. Ya existía en el
presupuesto anterior por valor de 1.900 millones; lo que se hace es
incrementarla en 50 millones, repito.

Cuentas corrientes y participadas. Hay una parte que tiene que ver con
activos financieros, en el artículo 87, que son 5.000 millones, en el año
1994, y que solamente son 1.109. Ahora contestaré al representante de
Izquierda Unida sobre la razón fundamental de esa caída de 5.000 a 1.109
millones.

En lo que se refiere a participadas, dividendos y participación en
beneficios de empresas públicas y otros entes públicos, la diferencia
está en 20 millones. Su señoría no hacía mención a la explicación de la
diferencia, sino únicamente a la partida en sí. La partida son 20
millones más. Imagino que son las previsiones en cuanto a participación
de los beneficios de Focoex, Sidecox y Cofides y teniendo en cuenta que
Sidecox ha pasado a ser 100 por cien del Icex hay previsiones de mayores
ingresos.

Me parece que de las preguntas del señor Aguirre no me he dejado ninguna
respuesta. De todas maneras, si quiere alguna otra aclaración con mucho
gusto se la contestaré.

Pasando a las preguntas del señor Ríos, de Izquierda Unida, en lo que se
refiere al Icex, a la descentralización del Icex, hay un proyecto --no es
proyecto todavía legislativo, es la voluntad del Ministerio-- de entablar
conversaciones tanto con las comunidades autónomas como con las cámaras
de comercio para llevar a cabo un proceso de descentralización del propio
Instituto. Aunque partimos de la base de que las competencias de comercio
exterior son competencias de la Administración Central, sí es verdad que
existen en determinadas comunidades autónomas instituciones directamente
dependientes de las administraciones o con forma de sociedad anónima pero
participadas por las administraciones (caso concreto del País Vasco, de
Cataluña, de la Comunidad Valenciana o de Andalucía) que trabajan en la
promoción exterior. A nosotros nos ha parecido que es más correcto y es
más aunar voluntades llegar a un cierto grado no sólo de conocimiento
sino incluso de coordinación con esas comunidades autónomas para poder
llevar adelante esos planes. En ese sentido la idea es que incluso se
modifiquen los estatutos del Icex y puedan entrar en el Consejo de
Administración las comunidades autónomas. A la hora de hacerlo habría que
tener en cuenta que no podrían estar al mismo tiempo las 17 comunidades
autónomas en el Consejo de Administración. Se tomará un criterio de que
las cinco primeras comunidades autónomas por su volumen de comercio
exterior tendrán un puesto fijo en el Consejo y los tres puestos
restantes, hasta ocho, podrán ser ocupados de manera rotatoria por las
otras comunidades autónomas, de tal manera que tengan una presencia
continuada las comunidades autónomas en el Consejo. Ese Consejo tendría,
por tanto, 24 consejeros: 8 serían de la Administración Pública; 8 serían
de las empresas privadas representando a los sectores de la iniciativa
privada, como está recogido ahora, y en las otras 8 estarían
representadas las comunidades autónomas.

Teniendo en cuenta que una gran parte de la responsabilidad en cuanto a
órganos de tutela sobre las Cámaras de Comercio la ejercen las
comunidades autónomas, creemos que se podría imbricar también una
representación de las propias Cámaras a través del Consejo Superior de
Cámaras y de las propias comunidades autónomas en el Consejo de
Administración del Icex. Además, prevemos también poner en marcha una
especie de consejo de promoción exterior en el que, ahí sí, estarían
representadas todas las comunidades autónomas y donde, unas cuantas veces
al año, se podría pasar revista a las líneas fundamentales de promoción
exterior y a las posibilidades que tienen las distintas comunidades
autónomas, a través de los órganos que han creado o que están en trance
de crear, para cooperar al plan de promoción de las exportaciones
diseñado desde la Administración central, y fundamentalmente a través del
Icex.

En relación con los datos que me pide sobre una serie de aspectos que
tienen que ver con operaciones corrientes, uno de ellos era por
reintegros, si no recuerdo mal, 40 millones de pesetas. No lo sé con
exactitud. Le mandaré la contestación, porque no tengo aquí el desglose;
le podré decir exactamente, en el capítulo de ingresos, a qué
corresponden esos 40 millones.

En cuanto al artículo 53, que se refiere a dividendos y participaciones,
me parece que le he contestado con lo que le comentaba antes. La
referencia es un incremento de 20 millones, que viene fundamentalmente
por los propios adelantos que dan las empresas participadas en cuanto a
su distribución pero, sobre todo, al hecho de que en una de ellas,
concretamente Sirecox, la participación ha pasado del 50 al 100 por cien,
al vender el Instituto Nacional de Hidrocarburos la participación que
tenía en ella.

Remanentes de tesorería. Precisamente una parte muy importante de esos
6.000 millones que, con carácter extraordinario, se incorporaron al
presupuesto, 5.000 concretamente, viene por remanentes de tesorería. Eso
significa que el Instituto, cara a 1995, queda un poco exhausto en cuanto
a remanentes y que, en caso de que hubiera posibilidades a mitad del año
de incrementar el presupuesto de ingresos del Instituto para gastos
ulteriores, habría una menor capacidad en cuanto a remanentes de
tesorería, aunque es verdad que puede existir un decalaje y que existen,
por otra parte, activos financieros y rendimientos de cuentas corrientes
que podrían incrementar esa cantidad. Pero nuestras previsiones es que
nunca podría ser de la altura que ha sido en el año 1994, que pudieron
incorporarse en el mes de junio 6.000 millones de pesetas, de los cuales
una parte muy importante era la de tesorería.

En los temas de gastos de personal, me remito a lo que he contestado
antes sobre los incrementos del 19 por ciento, e igualmente en lo que se
refiere al capítulo 2. Y por lo que respecta a «otros», que me parece que
era la 227.09, me va a permitir también que se lo haga llegar por escrito
al señor Presidente, porque en este momento no lo veo; me imagino que
debe ser un capítulo muy de cajón de sastre, porque está en «trabajos
realizados por otras empresas»; debe ser una previsión y no están
asignados a ninguna empresa en particular.




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En lo que se refiere a las inversiones de carácter inmaterial y su
distribución, es una pregunta sumamente importante, puesto que, como
usted podrá ver en todo el presupuesto del Instituto, lo más importante
son estas inversiones. El Instituto, de los 27.000 millones de pesetas
que va a tener de presupuesto este año, se gasta 23.000 millones en
inversiones y 3.000 y pico o 4.000 millones en capítulos I y II, tanto
personal como gastos corrientes.

Dentro del capítulo de lo que llamamos inversión inmaterial, le voy a
dar, primero, un nivel general, en cuanto a las inversiones reales en el
análisis del presupuesto, y, a continuación, le puedo incluso dar un
desglose por cada uno de los capítulos fundamentalmente de promoción y de
información del Instituto.

En lo que se refiere a las inversiones propiamente dichas, tiene usted
que el programa de ferias, para el año 1995, supone 6.757 millones de
pesetas. El programa sectorial, que tiene que ver con la promoción de
sectores específicos, el de la máquina herramienta, el de la máquina
textil, el del vino de Jerez, el del aceite de oliva o el del vino de
Rioja, ese sectorial va a suponer 4.498 millones de pesetas. Los
programas de empresa, que son aquellos cofinanciados, generalmente al 50
por ciento, con empresas específicas, no a nivel sectorial, van a suponer
6.439 millones de pesetas. Y entre el programa de imagen y otros
programas, el total va a ser de 18.290 millones de pesetas. Es decir que,
para la Dirección General de Promoción del Instituto, 18.290 millones se
los reparten estos que le he comentado.

Para entrar en mayores detalles, le podría decir que, en lo que se
refiere al presupuesto de ferias, hay que distinguir entre los pabellones
oficiales y los informativos; hay que distinguir como muy específica la
celebración en el año 1995 de dos Expotecnia: una en Bogotá y otra en
Bangkok, de similares características a la celebrada en Pekín en el mes
de agosto de 1994; este año se va a hacer un esfuerzo muy importante,
tanto desde el punto de vista económico-presupuestario como del personal.

Después hay una serie de participaciones agrupadas, en ferias muy
importantes; participaciones individuales y, luego, una pequeña partida,
que no es muy grande, de fomento de ferias nacionales, donde lo que se
fomenta fundamentalmente son los programas de invitación a compradores
extranjeros, más que apoyo de las propias ferias, que ya lo tienen
regional o de las comunidades autónomas.

En cuanto a los planes sectoriales, se llevan, como he dicho
anteriormente, 4.498 millones, y ahí tiene usted desde sectores de bienes
de consumo, bienes industriales, donde el más novedoso son sectores como
el de equipamiento hospitalario, materiales de construcción y robótica,
entre otros, y en los planes de empresa hay planes individuales, por un
lado, consorcios de exportación, por otro, y aquellas medidas que ayudan
a la actividad exterior de las empresas en cuanto, sobre todo, a la
presentación de proyectos de factibilidad o de prefactibilidad para
proyectos industriales de mucha envergadura. Luego hay otra serie de
programas, donde están las misiones inversas, el propio plan cameral,
etcétera.

La Dirección General de Información, que también son inversiones
inmateriales, se lleva los otros 4.193 millones, donde la parte más
importante es la documentación, información y estudios, por valor de
1.231 millones de pesetas; formación y publicaciones, 1.063 millones, e
informática, 1.171 millones. Eso supone, como he dicho, 4.193 millones,
que, sumados a los 18.000 y pico millones a que he hecho mención,
totalizan prácticamente toda la partida presupuestaria de inversiones del
Icex.

En lo que se refiere al capítulo 8 de gastos eran 125 millones de
pesetas, me parece. Este año, no.




El señor RIOS MARTINEZ: Este año no va ninguna partida. El año anterior
iban 126 millones de pesetas.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE COMERCIO EXTERIOR Y PRESIDENTE DEL ICEX
(Ruiz Ligero): Si me lo permite, voy a mirar el de ejecución de 1994,
porque lo que no le sé decir con exactitud es por qué no va en la de
1995. Vamos a ver la justificación de por qué ha ido en 1994 esa partida
de 125 millones en el capítulo de gastos.

No lo tengo. Le envío también lo de los 125 millones referidos a este
capítulo.

Me parece que no me he dejado ninguna respuesta pendiente, porque el
226,09 también está pendiente de contestación.




El señor PRESIDENTE: ¿Señor Aguirre? (Denegaciones.)
Señor Ríos, ¿desea hacer alguna otra intervención? (Denegaciones.)
Lo que desearía es que, antes de que el señor Secretario de Estado
abandone el Congreso, el señor Ríos y, en su caso, el señor Aguirre se
pongan de acuerdo con el letrado sobre las preguntas que han de ser
contestadas por escrito.

Muchas gracias, señor Secretario de Estado.




-- SUBSECRETARIO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Blanco-Magadán y Amutio). A
SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR (número de expediente
212/001050).




El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Diputados, comienza la
comparecencia del Subsecretario del Ministerio de Economía y Hacienda, a
quien agradecemos doblemente su presencia, primero, porque le habíamos
citado esta mañana a la una y hemos tenido que suspender su comparecencia
y pedirle que lo hiciera por la tarde y, segundo, porque también nos
hemos retrasado en la hora del comienzo de su comparecencia.

La comparecencia había sido solicitada por el Grupo Parlamentario Popular
y, en su nombre, tiene la palabra el señor Montoro.




El señor MONTORO ROMERO: Señor Subsecretario, la intención de la
comparecencia, solicitada por el Grupo Parlamentario Popular, es
clarificar el contenido de los presupuestos generales del Estado en su
sección 15, correspondiente al Ministerio de Economía y Hacienda.




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A este respecto, una precisión conceptual es que los presupuestos de esta
sección se destinan mayormente a activos financieros, por lo que
convendrá clarificar su contenido, y ahora me referiré a ello; el resto
se destina prácticamente en su totalidad a cubrir gastos de naturaleza
corriente, dentro de los capítulos de personal, bienes y servicios y
transferencias corrientes a organismos autónomos. Las operaciones de
capital, aunque siempre tienen importancia, en la sección 15 representan
un montante de carácter notablemente inferior.

Las explicaciones que voy a solicitar del señor Subsecretario se refieren
a que éste es un Ministerio, el de Economía, que debe tener un carácter
ejemplarizante en su comportamiento para el resto de la Administración
del Estado, incluso para el resto de los agentes económicos. Si se habla
de un presupuesto austero, hay que encontrar las huellas de esa
austeridad, especialmente en el contenido del presupuesto del Ministerio
de Economía; si se habla de un presupuesto que favorece a las
inversiones, se supone que hay que encontrar esa presencia del apoyo a
las inversiones en el presupuesto del Ministerio de Economía; y si se
habla de un presupuesto que exprese claramente ante los ciudadanos
españoles la intención de gasto, también hay que precisar al máximo
posible el contenido de ese presupuesto presentado por el Ministerio de
Economía.

Yéndonos a las principales operaciones de los diferentes subsectores, en
el subsector Estado apreciamos que el total de operaciones no financieras
aumenta un 4,4 por ciento respecto del presupuesto del año anterior,
siendo los aspectos más destacados del total de operaciones no
financieras la caída de las inversiones reales en un 1,5 por ciento, lo
que les hace perder peso, participación en el presupuesto de la Sección,
y el aumento del 2,1 por ciento en gastos corrientes y servicios.

En inversiones reales, la caída que acabo de citar de un 1,5 por ciento
es debida a una disminución en un 95,2 por ciento del gasto e inversiones
nuevas, que pasan de 660 millones, en 1994, a 32 millones, en 1995, lo
que produce una pérdida del peso de las inversiones reales sobre el gasto
total de la Sección. Esta disminución es algo que conviene aclarar y eso
es lo que pedimos, en primer término, por qué se produce esa disminución,
aunque sean cifras modestas en sí mismas, pero indican un ahorro en el
gasto de inversión del Ministerio, cuando, además, se da la circunstancia
de que el grado de ejecución del capítulo VI es muy bajo en el año 1994,
es incluso anómalamente bajo. Es algo que conviene explicar, porque da la
impresión de que se quiere practicar la política de ahorro en esa
partida, incluso con clara voluntad de presupuestar para no gastar y
después ofrecer unos presupuestos en el total de un buen comportamiento
merced a la reducción de las inversiones. No apreciamos la voluntad clara
por parte del Ministerio de llevar adelante la realización de este
capítulo.

En los gastos corrientes, la partida más importante es el capítulo I,
gastos de personal, que representa, aproximadamente, un 75 por ciento del
total del capítulo. Aún así lo que buscamos es lo que podemos llamar el
efecto ejemplarizante del Ministerio de Economía en lo que se refiere al
recorte de las operaciones corrientes. Hay que recordar que en el total
de las administraciones centrales del Estado el capítulo II crece muy
moderadamente, un 0,2 por ciento. Esa cifra del total de administraciones
centrales del Estado contrasta con lo que es el comportamiento del
Ministerio en las modificaciones de crédito que está realizando en este
año 1994, en el capítulo 2, compra de bienes y servicios, que está
avanzando a un ritmo relativamente alto. Ya en el año 1994 vemos en las
cifras presupuestarias un aumento del 4,5 por ciento por encima del
crédito inicial. La homogeneidad de las cifras aquí no es clara porque ha
habido una reestructuración de la sección. En unos cálculos aproximados
que hemos hecho --como nos corresponde hacer, puesto que obviamente no
tenemos más que las grandes partidas presupuestarias--, cuando intentamos
homogeneizar las cifras y hacer la comparación, descontando esta partida
de indemnizaciones a farmacias, a titulares de farmacias, nos sale un
aumento relativamente importante del crédito definitivo de 1994. Si
descontamos esta partida de indemnizaciones a farmacias, estamos hablando
de un incremento del orden del 29 por ciento. En el presupuesto del año
1995 el gasto corriente en bienes y servicios aumenta un 2,1 por ciento.

Hay que contrastarlo con lo que acabamos de destacar, la caída de las
inversiones reales, menos un 1,5 por ciento. Hay que destacar también el
hecho de que contrasta con el comportamiento de las administraciones
públicas centrales. El incremento es especialmente importante en el
artículo 22, material, suministros y otros, que crece un 7,2 por ciento
respecto al año anterior.

Por programas --tampoco quisiera dedicar excesivo tiempo-- vemos que hay
comportamientos muy diferentes entre programas a cargo del Ministerio en
cuanto a la comparación del capítulo 2 con el capítulo 5. Hay unas
diferencias muy notables. No hay un comportamiento homogéneo de cifras.

Es como un tremendo cambio de estrategia, de organización, dentro de los
programas del Ministerio. Leemos las cifras pero no acertamos a
calibrarlo. Hay programas que tienen un crecimiento del capítulo 2 de un
6,2 por ciento y una caída de inversiones del 23,8 por ciento; me refiero
al programa 612.B, por ejemplo. El programa 614.B tiene un crecimiento
del 27,7 por ciento, mientras que la inversión crece un 3 por ciento.

Vemos una gran disparidad de comportamientos. Incluso hay programas, como
el 611.A, donde se produce una reducción muy fuerte, profunda, del
capítulo 2, compra de bienes y servicios.

Siguiendo en el subsector Estado, de los rasgos generales del presupuesto
de esta sección el principal capítulo está en los activos financieros,
capítulo 8. Este capítulo experimenta un crecimiento del 42,7 por ciento
respecto del crédito aprobado en el presupuesto de 1994. Precisar más el
contenido, conocer más el detalle, el porqué se produce esto, sería la
intención de nuestra pregunta; por qué se lleva adelante ese incremento
de un 42,7 por ciento, que es un crecimiento ligado --lo vemos así-- a la
financiación de la exportación. Pero convendría conocer exactamente en
qué consiste esta variación, de dónde viene, de dónde procede esa
importante variación. Necesitaríamos entender si es coherente con lo que
han sido las medidas que



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para favorecer a la exportación se adoptaron el pasado mes de abril en el
Consejo de Ministros, medidas que incluían un incremento en la cobertura
del crédito a la exportación, en la financiación; pero no entendemos que
eso explique completamente ese incremento decidido entonces. No
comprendemos que aquí haya partidas que se multiplican prácticamente por
tres en esa cobertura, si se entiende desde esa decisión del Consejo de
Ministros.

También necesitaríamos, dentro de esas operaciones financieras cuyo
desglose calificaba antes de insuficiente, conocer con mayor detalle el
contenido del artículo 85, adquisiciones de acciones dentro del sector
público, y en particular la relación de sociedades estatales a las que se
destinan los fondos.

En general, necesitaríamos completar la información de todo lo que supone
la concesión de préstamos por parte del Estado al sector público y fuera
del sector público, la adquisición de acciones, como antes enunciaba,
dentro del sector público, compra de sociedades estatales y adquisición
de acciones fuera del sector público, y dentro de estas últimas la que
recordará el Subsecretario que tuvimos ocasión de preguntarle el año
anterior y que se refiere a la financiación de organismos financieros
multilaterales.

Progresando en el contenido de la Sección 15 y dejando atrás al subsector
Estado, desearíamos tener más información también en lo relativo al
comportamiento de organismos autónomos. Hay que recordar que a la Sección
15 están adscritos cuatro organismos autónomos, dos comerciales y otros
dos de carácter administrativo. Observamos variaciones de cierta
importancia en los organismos autónomos comerciales, en el Parque Móvil
Ministerial, dejando atrás lo que significa la cifra de la estimación
presupuestaria de Apuestas y Loterías Nacionales. Pero es interesante
observar que en ese comportamiento presupuestario del Parque Móvil
Ministerial hay una reducción en el capítulo 2, artículo 22, del material
y suministros bastante interesante, porque se pasa en esta utilización de
recursos para material y suministros de 982 millones en el año 1994 a 482
millones de pesetas en 1995. Es una reducción importante que demuestra
que cuando se quiere ahorrar --porque hay posibilidades de recortar este
tipo de gastos de funcionamiento-- se puede hacer. Si nos diera alguna
precisión adicional el señor Subsecretario se lo agradeceríamos.

Dentro de los organismos autónomos de carácter administrativo figura el
Instituto Nacional de Estadística, que es uno de los organismos que
registra también en los presupuestos un comportamiento de mayor
intensidad, con un incremento. El INE va a experimentar en los nuevos
presupuestos un crecimiento de gasto corriente del orden del 9,25 por
ciento. Nos gustaría que nos diera una explicación más completa de lo que
se facilita en los presupuestos de por qué se produce un aumento tan
importante en este organismo. Además, es un aumento que se está
produciendo también en capítulos donde deberíamos ver la huella de la
austeridad, como es el capítulo 2, la compra de bienes y servicios, y los
gastos corrientes de bienes y servicios, cuyo crédito crece un 18 por
ciento. En contraste, en el INE se produce un descenso de la inversión
real de menos 2,4 por ciento. En definitiva, estamos ante un incremento
importante --decía-- del gasto total del INE que valdría la pena conocer
con mayor detalle.

También es llamativo que los ingresos por la venta de publicaciones
propias bajen un 59,2 por ciento. No sé si se debe a una política de
gratuidad mayor o han decidido distribuir gratuitamente las publicaciones
propias. Porque además son publicaciones importantes para el conocimiento
de la economía y de la realidad social española. No se entiende bien,
aunque sean partidas menores, pero conviene clarificar por qué se
producen ajustes que deben ser estrategias de un organismo autónomo. Son
comportamientos de determinados organismos autónomos. Le recuerdo su
propia expresión, en una comparecencia anterior, cuando decía aquello de
que cualquier gestor de la Administración pública sabe que uno de los
mecanismos más eficaces para la reducción del gasto corriente es la
supresión de organismos autónomos. No es que queramos decir que el INE
deje de ser un organismo autónomo, pero venía a colación cuando uno
observa estos comportamientos y está claro y nos felicitamos de la
coincidencia de opiniones en cuanto a que, efectivamente, suprimiendo
organismos autónomos se ahorra bastante gasto público.

Esto es todo sobre lo que queríamos conocer su opinión. Por supuesto que
cualquier precisión que no esté en condiciones de hacernos ahora
verbalmente le agradeceríamos que nos la enviara por escrito en los
próximos días.




El señor PRESIDENTE: El señor Subsecretario tiene la palabra.




El señor SUBSECRETARIO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Blanco Magadán y Amutio):
Con la brevedad obligada por la hora, y agradeciendo a S. S. el tono y
también la brevedad de sus planteamientos, voy a hacer un repaso muy
general y muy rápido de los temas que ha planteado en el contexto general
en el que lo ha hecho; es decir, usando como test para el presupuesto del
Ministerio de Economía y Hacienda dos criterios. Un criterio que ha
llamado ejemplarizante, que hay que medirlo en la austeridad, y un
criterio de coherencia con ese objetivo en cuanto al diseño interno y la
presentación de los presupuestos del Ministerio. Yo creo que en ambos
casos, tanto en la austeridad como en la coherencia, el presupuesto del
Ministerio de Economía y Hacienda pasa el test con buena nota, y
aprovecho no sólo para decirlo yo sino para recurrir a las
manifestaciones hechas, hace apenas quince días en esta misma Comisión,
por el representante del propio Grupo Popular que tuvo la delicadeza de
felicitarnos tanto por el presupuesto del Ministerio como por su grado de
cumplimiento a lo largo del ejercicio. Consta en el «Diario de Sesiones»,
por si S. S. quiere consultarlo. A mí me produjo, como comprenderá, una
lógica satisfacción.

Una vez dicho esto, me referiré a algunos de los comentarios. Ha
planteado S. S. que las inversiones reales decrecen. Decir que el
conjunto del presupuesto del subsector Estado aumenta un 4,4 por ciento
en gastos no financieros no es exacto; aumenta un 3,3. En todo caso,
fuera el 4,4, fuera el 3,3, aumenta por debajo del



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crecimiento de los presupuestos del Estado y, por tanto, tenemos un
primer cumplimiento del test de austeridad o un crecimiento del gasto no
financiero por debajo del gasto de los presupuestos totales del Estado.

Las inversiones disminuyen efectivamente un 1,5 por ciento. Me planteaba
que hay una caída muy importante de las llamadas inversiones nuevas. No
recuerdo el porcentaje porque no he podido tomar nota, pero en todo caso,
como S. S. sabe perfectamente, la diferenciación entre las llamadas
inversiones nuevas, inversiones de reposición e inversiones inmateriales
es relativamente convencional y ya he tenido alguna que otra vez ocasión
de decirlo en esta Cámara. Ni yo mismo soy capaz de decir por qué a veces
una inversión se clasifica como nueva y otras como de reposición. Por
tanto, en estos momentos no tengo respuesta de por qué se produce la
caída que S. S. dice con respecto a la inversión nueva. Lo que sí le diré
es que el conjunto de la inversión cae un 1,5 por ciento, que es
prácticamente una repetición de los créditos para inversión que teníamos
en el presupuesto inicial del año pasado. Ha señalado S. S. que esto es
sorprendente cuando el grado de ejecución es bajo. Hace apenas quince
días era cierto que el grado de ejecución era bajo. En estos momentos es
un poco superior al que era entonces, cuando tuve la comparecencia, pero
ya expliqué que el grado de ejecución bajo estaba fundamentalmente en dos
partidas: una, las inversiones en edificios del propio Departamento en la
periferia, que estaba previsto financiarlas conjuntamente entre la
Agencia Estatal de Administración Tributaria y las delegaciones de
Economía y Hacienda. Dado que la Agencia es un ente, es bastante
complicado administrativamente hablando el expediente de hacer una obra y
financiarla conjuntamente. Por tanto, se ha optado finalmente porque sea
la Agencia la que financie el cien por cien de esas obras, lo que ha
llevado a un grado de ejecución bastante bajo de las inversiones en
edificios --hablo de memoria-- en torno al 20 por ciento, lo que supone
1.500 ó 1.600 millones dentro de un presupuesto de unos 7.000 millones de
pesetas. Por tanto, eso explica una parte importante del bajo grado de
realización que a finales del ejercicio va a seguir siendo igual de bajo
por la razón que le he dado. La segunda parte de la explicación es que el
Centro de Gestión Catastral acumula la mayoría de sus inversiones a final
del ejercicio porque, por su cultura de organismo autónomo, tiene muy
descentralizada la toma de decisión en los gerentes territoriales. Eso
hace que la contabilización en servicios centrales se retrase bastante y
sea al final del ejercicio cuando se acumula un grado de realización
relativamente alto o, dicho de otra forma, cuando se puede valorar cuál
ha sido el grado de realización. En estos momentos estos dos
ingredientes, uno de carácter permanente y otro coyuntural, son los que
explican un grado de realización relativamente bajo en inversiones. En
todo caso, como digo, el conjunto del capítulo 6, sin separar la nueva de
la de reposición, en presupuestos de 1995, prevé un crecimiento de menos
1,5 por ciento.

En gastos corrientes hace una leve crítica su señoría en el sentido de
que no pone muy de manifiesto esa austeridad de la que estábamos
hablando. Pues bien, si se compara cómo crece el capítulo 2 con el
conjunto de los presupuestos del Estado, creo que es el cuatro y pico por
ciento, mientras que en el Ministerio de Economía y Hacienda crece el 2,1
por ciento, sobre todo si se descuenta de este capítulo 2 --cuyo
incremento en pesetas, no en porcentajes, son 264 millones-- la partida
nueva que se ha metido de 300 millones para gastos de farmacia, en
realidad el capítulo 2 decrece en ciento y pico millones en el
presupuesto de 1995 con respecto al inicial de 1994. Para valorarlo hay
que tener en cuenta que ya en el presupuesto de 1994 la rebaja con
respecto a la liquidación del presupuesto de 1993 fue absolutamente
notable; en algunas partidas del orden del 50 por ciento. Por tanto, creo
que en el capítulo 2 seguimos haciendo un esfuerzo y debo confesar a S.

S. que estamos ya en el umbral de casi imposibles ahorros en cuanto a
este capítulo 2 en el presupuesto del Ministerio.

Con respecto al análisis que hace por programas, la verdad es que al no
concretarme, salvo alguno que me ha mencionado, cuáles son los problemas
concretos que le plantean, no veo cómo le puedo responder. Es posible que
se produzca una apariencia de comportamiento no homogéneo en cuanto a
capítulo 2 y capítulo 6, en unos u otros programas. Es posible que sea
así y que responda a que, evidentemente, el contenido en gastos
corrientes o en gastos de inversión de unos programas no debe ser
homogéneo con otros. No es lo mismo un programa de política fiscal que un
programa de incentivos económicos. Es verdad que lo estoy llevando a los
ejemplos extremos. Uno debe ser fundamentalmente gasto corriente y otro
gasto de inversión. Si S. S. en algún programa tiene alguna pregunta
concreta y estoy en condiciones de responder, lo haré, y si no se lo
mandaré por escrito.

Hace su señoría una reflexión general con respecto al capítulo 8, el
presupuesto financiero, que efectivamente, como señala muy bien S. S.,
crece un 42,7 por ciento y pide una explicación. La explicación es
bastante sencilla. El crecimiento del capítulo 8, que son 97.221
millones, en cuanto a pesetas, está exclusivamente concentrado en tres
partidas, puesto que todas las demás no crecen en absoluto: una, los
créditos a CESCE, a la Compañía Española de Seguros de Crédito a la
Exportación, otra los créditos a los organismos financieros
internacionales y otra al BEI. Estas tres partidas crecen, pero la
primera fundamentalmente por un doble motivo que a ver si soy capaz, sin
consultar las notas, de explicárselo bien. Uno es de contabilización y
otro es de contenido real. El de contenido real es que, como sabe S. S.,
el riesgo con Argelia se ha incrementado de forma notable por razones que
no hay que explicar porque son conocidas por todos, y es una parte
fundamental de la explicación. Otra parte importante es cómo se han
presupuestado este año los créditos a CESCE. Hasta ahora se
presupuestaban sólo en el capítulo de gastos y con concesión neta; es
decir, se descontaba lo que CESCE ingresaba por los recobros cuando se
producen. Ahora se hace por concepto bruto tanto en gastos como en
ingresos; es decir, en los ingresos aparecen en los presupuestos --no
tengo aquí las cifras, si consulto las notas se lo diría-- lo que está
previsto que ingrese CESCE por cobros de los



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riesgos en los cuales se han producido cobros. Por tanto, se produce en
la parte del gasto una apariencia de mayor presupuestación al
presupuestarse por el bruto y no por el neto. Estas dos explicaciones son
las que están detrás de los 92.214 millones que se incrementa el crédito
a CESCE. A las otras dos ya nos referimos en la comparecencia de los
anteriores presupuestos, que son las cuotas que la Secretaría de Estado
de Economía tiene que realizar como aportación a los organismos
financieros multilaterales que hasta el año pasado pagaba el Banco de
España, pero este año con la nueva Ley de Autonomía no es posible. Estos
organismos --le hablo de memoria-- son los que están ligados al Fondo
Monetario, Banco Mundial, Agencia Financiera Internacional, el BEI y el
BERD. Estos son los que justifican el incremento de 5.000 millones de
pesetas. El resto de partidas del capítulo 8 no crece en absoluto,
repiten las mismas cifras que tenían el año pasado.

Me ha preguntado por el artículo 85, adquisición de acciones y la
relación de las mismas. Como he dicho anteriormente, en el presupuesto
del año que viene está prevista, en principio, una dotación idéntica a la
del año 1994. Hace quince días ya dije que respecto a la dotación del año
1994 hemos gastado del orden de 40.000 millones de pesetas sobre ochenta
y tantos mil presupuestados, es decir, un cincuenta por ciento. Las
previsiones al final del año serán del orden de unos 50.000 millones, no
más. ¿Qué previsiones tenemos para el año que viene de aportaciones de
capital? En general estas previsiones no son calendables de forma rígida,
de ahí que lo que hemos hecho es repetir la partida presupuestaria, y no
son calendables porque depende de múltiples factores que son los que
afectan a una ampliación de capital. Sin embargo, en algunas de estas
sociedades sí se sabe ya que va a haber que aportar capital y a ellas me
voy a referir, sin explicitar su cuantía porque tampoco está
perfectamente definida. Las sociedades fundamentales son Siepsa, la
sociedad que construye las cárceles, que tiene previsto un programa de
actuación y en función de éste realizará las demandas de capital
correspondientes. En este caso, en principio, estaríamos planteando las
necesidades de recursos que pueden oscilar entre 10.000 y 20.000 millones
de pesetas, vía ampliación de capital. Agesa, que es la sociedad que ha
asumido la mayoría de los activos ligados a la Expo y a los
acontecimientos de 1992 en Sevilla. Los recursos de capital que necesita
son para la devolución del crédito multidivisa que se suscribió hace un
par de años y que viene a suponer unas demandas de recursos del orden de
20.000 millones. Aparte de estas dos sociedades, no hay ninguna más que
demande y tengamos prevista una ampliación de capital. Por tanto,
dependerá de cómo vaya la situación de mercado que, desgraciadamente, en
alguna de las empresas del grupo Patrimonio no es todo lo boyante que nos
gustaría que fuera y en algunos casos demanda recursos vía capital a los
que habrá que hacer frente. Son bien conocidos las situaciones de
Intelhorce, Segipsa y alguna otra llamada empresa pública que requiere
unas demandas de capital a las que habrá que ver, en su momento, cómo se
hace frente.

Termino con lo referente a organismos autónomos, ya que ha hecho
referencia a dos. En el caso del Parque Móvil, ha comentado una
importante variación a la baja de los gastos de funcionamiento en el
capítulo 2, y en el INE un incremento importante de gastos corrientes,
que ha dicho que suponen un incremento importante del gasto total, además
de comentar que bajan los ingresos por publicaciones. En cuanto a las
variaciones en el Parque Móvil en el capítulo 2, he estado mirando el
cuadro y, efectivamente, se produce una importante variación --en todo
caso estamos hablando de cantidades pequeñas--, que desconozco a qué es
debida. Supongo que al hacer el presupuesto habrán tenido que ajustar por
esa vía. Ahora, lo que será mi obligación a lo largo del año que viene es
hacer que cumplan ese presupuesto y que gasten en gastos corrientes
exactamente lo que tienen presupuestado. Espero que dentro de unos meses
le pueda decir a S. S.: Mire usted, tienen menos dinero y eso es lo que
se han tenido que gastar. De todos modos, insisto, estamos hablando de
cantidades pequeñas.

Con respecto al INE sí quiero matizar --puesto que constará en el «Diario
de Sesiones»-- que no se puede hablar de un incremento del gasto total
importante en el INE puesto que su presupuesto total crece un 5,99 por
ciento. Sí es verdad que en el INE se ha producido una cierta
redistribución de las inversiones hacia el gasto corriente, y ésta sí es
consciente. Y se ha hecho así porque el INE ha estado tradicionalmente
relativamente mal dotado de recursos para gastos corrientes y
relativamente bien dotado para gastos de inversión, cuando sus
necesidades, en una parte importante, están más ligadas a los gastos
corrientes que a los gastos de inversión porque están ligadas a la
realización de actividades como son encuestas, contratación de personal
eventual, etcétera. Tradicionalmente se recurría a modificaciones
presupuestarias pasando del capítulo 6 al capítulo 2. Estamos intentando,
pues, introducir una cierta transparencia y hacer que el presupuesto
refleje lo que realmente es. Esto es lo que explica el crecimiento, que,
en todo caso, es del 18 por ciento en gasto corriente y un escaso
crecimiento en inversiones. Me pregunta por qué bajan los ingresos por
publicaciones. Lo desconozco, pero supongo que será porque estaba
presupuestado por encima de la realidad. En todo caso, repito que seguro
que estamos hablando de cantidades absolutamente pequeñas. Le mandaré de
todos modos la explicación que me dé el INE de por qué bajan los ingresos
por publicaciones.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Subsecretario.

Termina la comparecencia del señor Subsecretario del Ministerio de
Economía y Hacienda. Reanudamos la sesión mañana a las nueve y media.

Se levanta la sesión.




Eran las nueve y treinta y cinco minutos de la noche.