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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 312, de 14/10/1994
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1994 V Legislatura Núm. 312
INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE
PRESIDENTE: DON LEOPOLDO ORTIZ CLIMENT
Sesión núm. 25
celebrada el viernes, 14 de octubre de 1994
ORDEN DEL DIA:
Comparecencias de personalidades y funcionarios de la Administración del
Estado, al objeto de informar sobre temas relativos al proyecto de ley de
Presupuestos Generales del Estado para 1995. (BOCG, serie A, número 80-1,
de 1-10-94. Número de expediente 121/000067):
--Del señor Presidente el Ente Público Puertos del Estado (Palao
Taboada). A solicitud de los Grupos Parlamentarios: Coalición Canaria
(número de expediente 212/001025) y Mixto-UV (número de expediente
212/000996) (Página 9356)
--Del señor Director General del Organismo Autónomo de Correos y
Telégrafos (Egusquiza Manchado). A solicitud de los Grupos
Parlamentarios: Popular (número de expediente 212/001068); Vasco PNV
(número de expediente 212/001000) y Coalición Canaria (número de
expediente 212/001026) (Página 9357)
--Del señor Presidente de RETEVISION (Feito Hernández). A solicitud del
Grupo Parlamentario Popular. (Número de expediente 212/001067) (Página 9362)
--Del señor Presidente de la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad
Marítima (Lobeto Lobo). A solicitud del Grupo Parlamentario Popular.
(Número de expediente 212/001070) (Página 9364)
--De la señora Secretaria General de Comunicaciones (Salgado Méndez). A
solicitud del Grupo Parlamentario Popular. (Número de expediente
212/001061) (Página 9370)
--De la señora Presidenta de HISPASAT (Salgado Méndez). A solicitud del
Grupo Parlamentario Popular. (Número de expediente 212/001065) (Página 9370)
Se abre la sesión a las nueve y diez minutos.
COMPARECENCIAS DE PERSONALIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION DEL
ESTADO, AL OBJETO DE INFORMAR SOBRE TEMAS RELATIVOS AL PROYECTO DE LEY DE
LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 1995 (número de expediente
121/000067):
--DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL ENTE PUBLICO PUERTOS DEL ESTADO (PALAO
TABOADA). A SOLICITUD DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS: CC (número de
expediente 212/001025), Mx-UV (número de expediente 212/000996).
El señor VICEPRESIDENTE (Morlán Gracia): Buenos días, señoras y señores
Diputados.
Vamos a dar comienzo a la sesión de comparecencias del día de hoy,
viernes. Iniciamos la primera con el Presidente del Ente Público de
Puertos del Estado, don Luis Fernando Palao Taboada.
Dado que parte de los peticionarios de esta comparecencia no han podido
asistir a ella y han hecho por escrito las preguntas que querían
formular, daremos traslado de las mismas al señor Presidente del Ente
Público para que las conteste en el plazo de setenta y dos horas, tal
como está marcado por la Mesa de la Comisión.
El Grupo parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya tiene
formuladas unas preguntas, le vamos a dar la palabra para que haga las
preguntas que estime oportunas. (El señor Martinón pide la palabra.)
De acuerdo con el criterio establecido por la Mesa, el señor Martinón no
puede hacer preguntas; sólo las pueden formular los grupos solicitantes.
El señor portavoz de Izquierda Unida tiene la palabra.
El señor ANDREU ANDREU: Simplemente quería preguntarle, señor Palao,
sobre la incidencia de las tarifas portuarias en los presupuestos de los
diferentes servicios del Ente Público Puertos del Estado. Qué grado de
financiación de los diferentes puertos se debe a tarifa, en lo que pueda
ser explícito sobre cada uno de ellos, la posibilidad que existiría de
rebajar las tarifas en estos puertos y la incidencia que pudiera tener en
los presupuestos de los mismos.
El señor VICEPRESIDENTE (Morlán Gracia): Para contestar a la pregunta
formulada, tiene la palabra el señor Palao.
El señor PRESIDENTE DEL ENTE PUBLICO PUERTOS DEL ESTADO (Palao Taboada):
Señor Presidente, señorías, en el ejercicio de 1994, el desarrollo del
marco institucional establecido por la Ley de Puertos ha permitido que el
conjunto del sistema portuario, que depende del Estado, no dependa, en el
vigente ejercicio, de los presupuestos generales del Estado. Es decir, no
recibimos en este ejercicio ni una sola peseta de los presupuestos
generales del Estado, incluyendo entre los gastos que están asumidos por
el sistema portuario el sistema de señalización marítima, que antes
estaba cubierto por la Dirección General de Costas, el propio
financiamiento del Ente Público, lo que era antes la Dirección General de
Puertos, que también se cubría con cargo a los presupuestos del Estado,
incluso un programa de clima marítimo que se financiaba con cargo al
presupuesto de inversión de la Dirección General de Costas.
Todo esto en estos momentos está cubierto por los ingresos del conjunto
del sistema portuario y, eventualmente, con endeudamiento en el mercado
de capitales, en el programa de inversiones, pero sin recibir ni una sola
peseta de los presupuestos generales del Estado.
Las perspectivas para 1995, los proyectos de presupuesto que hemos
presentado, el PAIF correspondiente, para su tramitación por Hacienda y
aprobación, si procede, por el Consejo de Ministros, contemplan en este
ejercicio una congelación de las tarifas, una no actualización de las
tarifas, y probablemente una reducción que hemos estimado en el PAIF en
torno al 5 por ciento. Para el año 1995 es previsible que el conjunto del
sistema portuario tenga unas tarifas que tienen que ser aprobadas, como
ustedes saben, por orden ministerial del Ministerio de Obras Públicas,
pero cuyo efecto recaudatorio sea un 5 por ciento menos, a igualdad de
tráfico, que el que ha tenido en el año 1994.
Como el total de ingresos previsibles en el año 1994 son unos 90.000
millones de pesetas, una reducción del 5 por ciento se mueve en torno a
4.500/5.000 millones de pesetas por el efecto de la rebaja en tarifas, a
lo que habría que sumar, teóricamente, la eventual actualización del
efecto de inflación monetaria que hubiera supuesto otro 3,5/4 por ciento,
para mantener el valor de la peseta en términos constantes.
Esta es un poco la situación. Desde luego, si la evolución de los
tráficos continúa hasta fin de año en los términos en que se viene
produciendo, estamos moviéndonos en unas cifras de incremento del tráfico
total en torno al 5,6 por ciento, de acuerdo con las últimas estadísticas
del mes de agosto, esto será una realidad absolutamente constatable.
Incluso cabe la posibilidad de que aumente ligeramente la bonificación.
Vamos a aprovechar, por otra parte, para modificar la estructura
tarifaria, introduciendo algunas ventajas en la estructura que creemos
que son necesarias, desde el punto de vista de simplificar las propias
tarifas y favorecer algunos tráficos específicos que consideramos que,
por razones comerciales, es necesario abordar.
Yo creo que la orden ministerial de Tarifas, en cuyo borrador estamos
trabajando, este año va a ser por primera vez una Orden en la que los
niveles de tarifa en los puertos se reduzcan respecto a los del año
anterior.
El señor VICEPRESIDENTE (Morlán Gracia): Muchas gracias, señor Palao, por
la respuesta que ha dado al señor Andreu, y le hago entrega de las
preguntas formuladas por el señor Chiquillo y el portavoz de Coalición
Canaria, para que las conteste en el plazo de 72 horas y las entregue a
la Mesa de esta Comisión.
--DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO AUTONOMO DE CORREOS Y
TELEGRAFOS (EGUSQUIZA MANCHADO). A SOLICITUD DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS
POPULAR (número de expediente 212/001068), PARTIDO NACIONALISTA VASCO
(número de expediente 212/001000) Y COALICION CANARIA (número de
expediente 212/001026).
El señor VICEPRESIDENTE (Morlán Gracia): Vamos a pasar a la siguiente
comparecencia.
Como quiera que están aquí los portavoces de los grupos que han pedido la
comparecencia, a excepción del de Coalición Canaria, y a pesar de que no
es la hora señalada en el orden del día, sería bueno empezar en estos
momentos y dar la palabra a los portavoces de los grupos Popular y PNV,
para que formulen las preguntas al señor Egusquiza, a quien damos la
bienvenida a la Comisión. Tiene la palabra, en primer lugar, el señor
Camisón.
El señor CAMISON ASENSIO: Señor Director General de Correos, le saludamos
con todo afecto.
Vamos a comenzar a analizar cuestiones de la seguridad en Correos. En su
día se aprobó para la contratación de vigilancia, seguridad y detección
de explosivos una partida de más de 1.165 millones. Analizando el
presupuesto, la hemos contrastado con el pliego de condiciones del
concurso, cuyo expediente es el SG009, de este año 1994, cuya
denominación de servicio es Servicio, Vigilancia y Detección de explosivo
a nivel nacional, donde aparece como tipo de licitación una cantidad
superior a 1.628 millones de pesetas. ¿A qué se debe esta diferencia? ¿Es
que ha habido nuevas aprobaciones del consejo rector para este tipo de
gastos en cuanto a seguridad?
Yo quería aclarar sobre todo un tema que nos interesa bastante más.
Analizando el concurso de esta partida del presupuesto, vemos que el
pliego de condiciones, en su apartado 10.3, establece que se entenderá
que las empresas adjudicatarias deben estar al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones de la Seguridad Social mediante la
acreditación de las siguientes circunstancias. Especifica los detalles e
incluso dice que deben haber afiliado y haber dado de alta, en su caso, a
los trabajadores que tengan a su servicio y estar al corriente en el pago
de las cuotas u otras deudas con la Seguridad Social. Nos gustaría saber
si, en esta adjudicación de una necesidad tan importante como es la
seguridad en los centros de correos españoles, esta condición se está
cumpliendo. Si no tuviera los datos, le ruego que en el plazo
reglamentario que establece este tipo de comparecencia nos los remita,
puesto que nos parece que es importante tener la seguridad de que el
concurso se hace con arreglo a todos los cánones reglamentarios que sean
precisos.
La cuestión siguiente es otro de los gastos, que se refiere a la
adquisición por Correos del pabellón de Puerto Rico en la Expo 92, con un
gasto del orden de 600 millones de pesetas. Analizando en el presupuesto
esta cuestión, bien en liquidación de presupuestos o en perspectiva de
evolución de este centro, hay una razón que nos extraña, y es la que ha
dado el propio señor Ministro en el Pleno de esta Cámara cuando dice que
esta inversión tan importante se ha realizado para establecer una
permanente relación de cursos para asistentes de países iberoamericanos.
No entendemos por qué se hace esta inversión para ese conjunto y no se
hace para el resto de países de nuestro entorno europeo, al que
pertenecemos.
Nos extraña también esta inversión puesto que vemos que contrasta con las
carencias que hay, en general, en los centros de correos españoles,
incluso en materia de seguridad e higiene en el trabajo, como lo estamos
viendo permanentemente por las continuas manifestaciones y el nivel de
deterioro.
En relación con el capítulo I de los presupuestos, nos llama la atención
que, cuando se ha decidido por Correos adjudicar la plaza de gerente de
este centro situado en la isla de La Cartuja, en lo que fue la Expo, en
Sevilla, se haya dado acceso exclusivamente a los funcionarios del grupo
B y C y a los del A, no. No entendemos esta discriminación en favor de
los funcionarios del grupo A.
Con todo lo que establecen los buenos deseos y perspectivas de los
documentos que acompañan al proyecto de ley sobre mejora de la calidad,
nosotros tenemos grandes dudas, porque estamos comprobando que está
ocurriendo todo lo contrario, un progresivo deterioro que están sufriendo
los distintos servicios. Ya no es que lo digamos nosotros desde la
oposición. Ahí están, por ejemplo, las manifestaciones de todos los
empleados este verano, la conocida de 4.000 personas, el 16 de julio, en
Madrid frente al Palacio de la Cibeles.
Yendo a cuestiones más concretas, nosotros hemos analizado a fondo todo
el proyecto de ley y los documentos que le acompañan y vemos que hay
cuestiones importantes que no quedan resueltas, según nuestro modo de
entender. Por eso, le preguntamos su opinión respecto a si cree que están
resueltas o por qué no están resueltas cuestiones como las siguientes: la
necesidad de que, orgánicamente, Correos quede instituido. Hemos hablado
muchas veces de una ley orgánica de Correos o de una ley de ordenación de
los servicios postales. Ni se va a esa ley ni en la programación de
presupuestos ha quedado toda la cuestión resuelta.
Vemos que tampoco se soluciona la necesidad que hay de promulgar el
reglamento de aplicación, el nuevo estatuto del organismo tras la
desaparición de la Dirección General de Correos. Creemos que no se dan
garantías respecto a que está ahí todavía el incumplimiento de la Ley
30/1984, de la Función Pública, en aplicación al nuevo organismo
autónomo. Muchas de las medidas adoptadas --y eso es noticia diaria-- han
tenido una incidencia grave en el funcionamiento del servicio y han
propiciado una serie de irregularidades en la designación del personal de
Correos. Ahí están todos los criterios que vienen exponiendo las
centrales sindicales de todo signo; se viene acusando de que se sigue
haciendo con criterios políticos partidistas e incluso cabe resaltar por
qué se ha compuesto el Consejo rector exclusivamente con carácter
político y no técnico.
No se resuelve tampoco, y no tenemos esperanza de que se resuelva,
nuestra carencia de esquemas racionales en el modelo de gestión adoptado
por el organismo, vemos ausencia de criterios también racionales basados
en la profesionalización para la designación de los puestos de trabajo
del personal del organismo y la existencia de graves deficiencias en el
nivel de mecanización de los servicios, en el reaprovisionamiento y en la
renovación de locales. Se vuelve a incidir otra vez en una absoluta
desatención al cuerpo de telégrafos como operador público y un
concesionario más del monopolio de las telecomunicaciones.
Le he hablado de una serie de cuestiones. Creo que es suficiente para ver
que, al analizar los documentos que acompañan al proyecto de ley, no es
lo que nosotros desearíamos.
En relación a la adquisición de edificios en el año 1994 y en lo
referente al programa 521.A, entre los indicadores de construcción de
edificios figura una dotación presupuestaria para 1994 de 5.600 millones
de pesetas. ¿Se ha agotado este crédito presupuestario? ¿Qué edificios se
han construido o están en construcción con cargo a este crédito? ¿Qué
edificios se piensan construir en 1995 con cargo al crédito de 5.380
millones de pesetas? Por otro lado, para la adquisición de edificios se
presupuestaron en 1994 1.700 millones, cifra, por cierto, sensiblemente
inferior a la de 1993, que alcanzó, como usted sabe, más de 9.000
millones. ¿Qué edificios se han adquirido en 1994? ¿Se piensa votar esta
dotación de 1994? ¿Qué edificios se ha propuesto adquirir el organismo
durante 1995?
Yo sé que quizá el Director no tendrá estos datos, pero le ruego que, si
no los tiene ahora, nos los envíe.
También, para mejorar los procedimientos, el presupuesto de 1994 cuenta
con un crédito de 4.000 millones para la mecanización y amortización,
cuya consignación asciende a un poco más de 1.200 millones.
Respecto a esto queríamos saber qué equipos se han adquirido en cada una
de las clases de 1994. ¿Se está haciendo uso de todos estos equipos o
están almacenados en algún sitio sin hacer uso de ellos? ¿Se han agotado
totalmente los créditos? ¿Cuáles son las previsiones de adquisición para
cada uno de estos equipos durante el año 1995?
Yo tengo una serie larga de cuestiones que me gustaría plantear, pero
para ahorrar a la Comisión, a la Presidencia e incluso a los servicios de
la Cámara todo el esfuerzo que requieren los datos que necesitamos, si el
señor Presidente está de acuerdo, le entregaría al Director la lista
completa de los documentos y datos complementarios que necesitamos, no
para que los conteste hoy, porque entiendo que requeriría mucho tiempo,
pero sí para que nos mande los datos a la mayor urgencia posible y
siempre antes de las 72 horas para que podamos tenerlos en cuenta por
nuestra parte en la formación de las enmiendas correspondientes.
El señor VICEPRESIDENTE (Morlán Gracia): Si es tan amable, señor Camisón,
le rogaría que nos hiciera llegar el listado de preguntas relacionadas
con los Presupuestos, que serán contestadas, tal y como se acordó por la
Mesa, antes de las próximas 72 horas. Se las entregaremos al señor
Egusquiza, para que las conteste.
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Zabalía.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Quiero dar las gracias al señor Egusquiza por
su comparecencia ante esta Comisión.
Me voy a referir a un tema que supongo conoce el señor Director General
de Correos y Telégrafos, que es el problema que existe con la Oficina de
Correos y Telégrafos en Sondica (Vizcaya).
Como usted sabe, a primeros del año 1993, y a causa de un acto
terrorista, esta Oficina de Correos quedó destruida. A partir de entonces
se han hecho gestiones a través de la Delegación Provincial de Vizcaya,
que terminaron con la compra de un local, en febrero de 1994, pero que,
por diversas razones, hasta ahora --y vamos ya para casi dos años, que
los hará a primeros de 1995--, ni siquiera se han empezado las obras de
acondicionamiento de este local. En consecuencia, no existe Oficina de
Correos en el municipio de Sondica, municipio que, si bien no está
demasiado poblado, porque tiene unos 4.500 habitantes, sí es una zona muy
industrializada, con empresas y polígonos industriales y donde también
está el aeropuerto de Bilbao. Es una zona que mueve mucho tránsito de
correos y que tiene que trasladarse a Bilbao para efectuar esta labor,
con los inconvenientes que existen.
Quisiera saber cómo está este proyecto, si hay partida presupuestaria
destinada ya para ello y, en tal caso, por qué importe, cuándo van a
comenzar las obras y cuándo tienen prevista su terminación.
Como digo, es un tema importante para el municipio de Sondica, por la
incidencia y los perjuicios que está ocasionando a la población.
El señor VICEPRESIDENTE (Morlán Gracia): Para contestar a las preguntas
formuladas, tiene la palabra el señor Egusquiza, indicándole que si no
dispone de algunos datos en este momento, nos los haga llegar a la
Comisión, para entregárselos a los señores portavoces, en el plazo que
antes le he indicado.
Tiene la palabra.
El señor DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO AUTONOMO DE CORREOS Y TELEGRAFOS
(Egusquiza Manchado): Contestando a las preguntas del Diputado del Grupo
Popular, en primer lugar, sobre el tema de la seguridad, tengo que
decirle que, efectivamente, la partida que existía en el año 1994 por
valor de 1.500 ó 1.600 millones, se hizo en dos tramos. Uno que recogió
todas las actividades de seguridad en la totalidad de las jefaturas
provinciales del país, a excepción de aquellas donde teníamos seguridad
propia, como eran los centros directivos de Madrid, Barcelona y algunas
otras jefaturas provinciales que no recuerdo, creo que Cáceres y alguna
otra. Estas salieron posteriormente en los meses de julio o agosto,
porque, por cumplimiento legal, cesaban las actividades en el mes de
agosto de todas aquellas compañías propias de seguridad que tenían que
cambiarse a partir de un momento o darse de alta como compañías
exclusivas de seguridad. Las empresas no podrían tener un departamento de
seguridad, sino darse de alta como compañías de seguridad. Nosotros
optamos por tener una seguridad externa y no tener nuestra propia
compañía de seguridad. Por eso dimos de baja en el mes de agosto a lo que
era nuestra propia seguridad. Este ha sido un concurso posterior que se
ha realizado a mediados de junio o julio por valor de aproximadamente de
unos 300 millones de pesetas que recoge el resto de la partida hasta los
1.600 millones.
Yo creo que con las bajas normales del proceso puede haber sido una
cantidad parecida a la que estaba prevista inicialmente. No obstante le
remitiré exactamente las cantidades y los condicionantes por los cuales
entendemos que se cumplen de una forma rigurosa las condiciones de los
pliegos de los concursos, incluida la homologación de las casas para
poder asistir a estos concursos, así como estar al corriente de los pagos
a la Seguridad Social, etcétera. Le remitiré antes de 72 horas la
información concreta que afecta a este concurso de seguridad.
El precio del pabellón de Puerto Rico fue de unos 450 millones de
pesetas, y se compró al Estado de Puerto Rico, y luego se han gastado 98
millones de pesetas en adaptarlo, prepararlo, pagar todos los gastos que
se derivaban del contrato, etcétera. Estos 98 millones de pesetas se han
hecho con fondos Feder afectos a los sistemas de formación, donde
también, de acuerdo con fondos sociales europeos para formación, estamos
incluidos en un proceso de dotaciones quinquenales para los planes de
formación del organismo.
Sobre el motivo de para qué este pabellón, tengo que decir que forma
parte de una previsión que tenemos de centros de formación a tres
niveles. Este sería el primer nivel de formación de alta dirección,
seminarios y correspondencia con otros centros de formación de nivel
básicamente europeo; o sea, de las dos comunidades regionales a las que
asistimos dentro de la UPU, que es la Unión Postal Universal. Una es Post
Europe, que son los países de la Comunidad Europea y el resto no de la
Comunidad pertenecientes a Europa y pertenecientes a UPU, donde tenemos
planes conjuntos, sobre todo con Francia, Alemania y probablemente
entremos en un proceso parecido con Portugal, y de hecho parte de nuestra
gente ya se está formando en Toulouse en los centros de formación de alta
dirección franceses por un acuerdo que tenemos con ellos desde el año 92
y, por otra parte, UPA Air, que es la Unión Postal de las Américas,
España y Portugal de la que somos miembros, y queremos ser influyentes,
dentro de ese contexto. Estos serían los dos entornos en los que se
movería la educación y la formación compartida de cuadros.
Este pabellón estaría dedicado justamente al desarrollo de seminarios y
especialidades de desarrollo de formación específicas del grupo A y de
alta dirección. Luego hay un complejo de formación que se va a
descentralizar, donde hay previsto un centro en Madrid, en Escosura, de
4.500 metros; otro en Barcelona, de parecidas características; otro en
Bilbao; en Santiago y en Andalucía, donde se va a dar formación de
cuadros y mandos intermedios de la casa, desde el grupo B hasta los
mandos que podrían ser del grupo D. La formación que realizamos para
adaptación al puesto de trabajo se hace normalmente en los propios
centros de trabajo, puesto que damos formación entre 30.000 y 35.000
personas/año, o bien, si hay que impartir cursos, se hace en las propias
jefaturas provinciales cuando son específicos; por ejemplo, informática,
etcétera. La formación está incluida en un proyecto que recoge la
necesidad, que en el reglamento se está viendo cada vez más cercana, de
hacer un sistema de formación propio para promocionar internamente y
hacer carrera dentro del organismo, pasar de grupo y tener acceso a
diversos puestos de trabajo.
El porqué la plaza de gerente ha salido al grupo B y C y no al A se debe
a que es un gerente de mantenimiento, no tiene nada que ver con la
formación. Este puesto lo tenemos ya establecido en todas las jefaturas y
lo vamos a ir creando en todos los centros de formación, y es una persona
encargada del edificio. Son edificios caros, que tienen un sistema
informático potente, un sistema electrónico fuerte, un sistema de
comunicaciones también potente y creemos que no se puede mantener ni
alejada ni distersionadamente. Por ello hemos creado una figura, que es
la de mantenedor del edificio y la de gestor de todas las cosas que
requiere el edificio para que funcione. Por eso es un nivel, bajo, un
nivel 22. A ese nivel no tienen acceso nada más que los grupos B y C;
también tendría acceso el grupo A, pero no es el nivel en el que
deberíamos meter a titulados superiores, ya que actualmente el organismo
no tiene por encima de 260 personas. Teniendo en cuenta que, además,
queremos potenciar los grupos B y C, las especializaciones dentro del
mantenimiento y de la gestión de oficios especializados, hemos creído que
el nivel daba para el grupo más propicio, que en este caso sería el C o
el B; el B porque está también dentro del grupo de las especializaciones.
Su visión de la calidad --su siguiente pregunta--, en progresivo
deterioro, es incomprensible. Estamos haciendo lecturas anuales auditadas
externamente y, además, tenemos una valoración clara, que son los propios
ciudadanos. Me parece incomprensible que se diga esto cuando un auditor
externo nos está haciendo más de 78.000 muestras anuales, además
regionales, además por productos y, además, por todo tipo de calidades en
función de lo que paga el ciudadano y nos está diciendo que estamos
mejorando hasta niveles superiores a los que habíamos previsto en los
cálculos realizados en el año 1994; de hecho, la calidad que estamos
obteniendo en los productos ordinarios, que son los más baratos de
Europa, pero cuatro veces más baratos que el siguiente país más barato en
Europa, se está llevando un nivel del 98 por ciento en tres días y del 95
por ciento en dos días. Los productos urgentes están todos entre 24 y 48
horas. Como comprenderá S. S., con ese nivel de calidad está pasando
justamente lo contrario, que en un mercado absolutamente salvaje de
precios, donde se está compitiendo en precios y se están haciendo todo
tipo de tropelías con el monopolio que existe interprovincias, entre
ciudades o entre centros urbanos, el correo sigue manteniendo su cuota de
mercado y sigue mejorándola; ésa es la competencia que estamos haciendo.
No tenemos la capacidad del resto de los países europeos, en el sentido
de fijar las tarifas de acuerdo a nuestro coste. La oferta de mercado que
estamos haciendo la realizamos en una competencia feroz de precios y da
lo mismo que nuestra oferta tenga un coste horrible, porque tenemos que
tener oficinas en Sondica, donde hay 4.500 habitantes, y también las
tenemos que tener en pueblos de Cáceres, donde hay 1.000 habitantes, y
eso nos cuesta miles de millones. Por ejemplo, le puedo dar el dato de
que las previsiones de dotación y amortizaciones que hemos realizado para
el año 1995 son superiores a 9.500 millones de pesetas. Y eso es toda la
curva de costes de toda la competencia sectorial que tenemos de
distribución ordinaria. No estoy hablando de los «courrier», que llevan
objetos urgentemente, sino de los que compiten con Correos. Nosotros,
solamente en amortizaciones, pagamos tanto como paga esta gente en
personal y en los medios que maneja para gestionar la oferta. Imagínense
la diferencia de ir a un mercado diciendo: mi coste es cincuenta veces el
de la competencia y ahora tengo que competir en precios. Pero, claro, mi
competencia no tiene que estar en Sondica, no tiene que estar en Lugo, no
tiene que estar en Almería; está donde hay dinero. Esa es la diferencia
que hace que, además, nuestra calidad sea maravillosa, y es que estamos
en unas condiciones penosas de mercado. Desde luego, la concentración de
1.000 personas --que en visión de la policía no eran 1.000, sino 400-- no
tenía nada que ver con la calidad. Era la queja de nuestra gente por el
reglamento y por la ley postal. Nuestra gente es consciente de que,
teniendo un buena calidad y una maravillosa productividad --luego veremos
que nuestros costes siguen prácticamente congelados desde el año 1991--,
resulta que nosotros, como Dirección, somos incapaces de darles un
reglamento que sea capaz de fijar las condiciones especiales de trabajo
que tienen estos trabajadores públicos y de dotarles de una ley postal
que defienda lo que es un servicio esencial de este país, que parece que
no es tan esencial cuando se trata de dotarlo de medios para que
sobreviva adecuadamente y, sin embargo, sí es muy esencial cada vez que
levantamos una oficina o cada vez que se nos ocurre que no es muy
rentable mantener una oficina en un pueblo de 1.500 habitantes.
Es un servicio esencial de este país, y no sólo porque trabajen 70.000
personas, no sólo porque sea la empresa más potente de este país, no sólo
porque dé un servicio esencial y básico a este país, sino porque está
claro que es un sistema de comunicación insustituible. Después de tanto
avance en telecomunicaciones en este país se siguen moviendo 6.000
millones de objetos postales y, sobre esto, se sigue soportando el
crecimiento económico de un país que maneja su información, su publicidad
y su comunicación con sistemas baratos; no con televisión, con el fax o
el teléfono. En eso también, pero no para las comunicaciones básicas; no
para mandar facturas, no para mandar publicidad, no para mandar
comunicaciones largas y potentes, como hace la industria y el comercio de
este país.
Desde luego, las 1.000 personas no se quejaban de la calidad y no están
ahora en la calle. En cuanto hemos empezado a hablar del reglamento, que
tenía un sentido negociarlo en el momento en que se ha negociado, están
negociando y están muy de acuerdo con la empresa en cómo se lleva la
negociación.
En cuanto a la necesidad de la ley de correos, estoy completamente de
acuerdo con usted. Una vez definido un servicio esencial y básico de este
país, que afecta a todo el país y al que es incomprensible que se esté
atacando incluso desde organismos y comunidades, que se le esté poniendo
la proa permanentemente, puesto que es un servicio básico de cohesión,
pero no sólo nacional, sino dentro de las comunidades, dentro de las
organizaciones, dentro de las autonomías y dentro los pueblos, es
necesario que se fije por la ley cuál es la prestación que el Estado debe
dar a sus ciudadanos en cuanto a distribución universal: dónde debe
estar, qué productos debe darles, a qué precios debe dárselos, y, como
contrapartida, debe fijar cuáles son los servicios reservados que va a
darle el Estado para que, con eso, pueda financiar esos servicios tan
carísimos que el Estado le está pidiendo que preste a este país.
En ese sentido, la ley postal es básica, pero también en el sentido del
reglamento. Usted ha hecho hincapié, y creo que muy acertadamente, en que
la Ley 30/1984 choca permanentemente con la Ley 91, con el Reglamento del
Servicio de Correos, con las leyes básicas, que son de 1953, etcétera. Lo
cierto es que se necesita un tamaño de ley suficiente para proteger un
sistema de, digamos, especificación de lo que es el personal de Correos
dentro de la Administración del Estado. Esto siempre ha sido así; incluso
la 30/84 ya fija una especificidad a Correos y pide que se desarolle. Es
decir, cualquier ley del Estado, siempre que ha hecho referencia a la
función pública, ha hecho referencia también al servicio de Correos. De
hecho, las telecomunicaciones, dentro de las leyes y directivas básicas
de la Comunidad Económica Europea, están exentas de cualquier
homologación o normalización con los sistemas de la
competencia. Dicen que se eximen de los sistemas de competencia porque se
sabe que hay que pagar un precio político claro por mantener este tipo de
distribución, como también se sabe que tiene que haber condiciones
especifícas para los trabajadores de Correos. Esto hace que además de la
ley de regulación del sector, el reglamento y lo que sería el reglamento
de servicios propios de Correos debiera estar recogido en una ley postal;
desde luego, nosotros abogamos porque esta última esté funcionando en el
año 1995.
Deficiencias de mecanización e infraestructura. Como sabe S. S., Correos
dejó de invertir en los años 60. Ahora hemos recogido un esfuerzo
inversor que entendemos que tiene que empezar a notarse y que de hecho ya
se nota porque, a pesar de tener 13.000 oficinas abiertas en España, lo
cierto es que, en el año 1994, hemos hecho más de 307 actuaciones.
Paso a responder la pregunta relativa a cuántas han sido las cantidades
dedicadas a la adquisición de edificios. El expediente global de
construcción de oficinas, con un número de obras de 228, ha llevado un
total de 6.515 millones de pesetas, de los cuales la anualidad de 1994 ha
sido de 4.300 millones y la de 1995 de 2.200 millones. Los centros de
tratamiento han sido tres, con una anualidad en 1994 de 843 millones y en
1995 de 453 millones; total: 1.297 millones.
Las obras de construcción no incluidas en los expedientes globales, sino
individualizadas por temas como tratamiento, etcétera (por ejemplo, el
tema de Sondica no estaría dentro de un aspecto global, sino como una
obra individualizada), son 15, con un coste total estimado de 800
millones de pesetas.
Por adquisición de inmuebles hemos realizado 10 actuaciones y por compras
49, con un total de 1.800 millones de pesetas. Reforma y reparación, que
ya son conceptos del 630, hemos hecho 29, con un coste de 590 millones.
Resumiendo, en los presupuestos del año 1994 hemos invertido 10.443
millones de pesetas, que incluyen la dotación de obras del 620, que
asciende a 5.600 millones; más la de compras, que es también otra partida
del 620, por un importe de más de 2.000 millones; más la 630 de
reparación, que se llevaría los dos mil y pico millones restantes. Hemos
invertido absolutamente todo, que desde luego es como un 40 por ciento
más de lo que invertimos en el año 1993.
El mismo esfuerzo tenemos previsto para el año 1995, porque creemos que
las obras son prioritarias, junto con las dotaciones de informática.
Por comunidades, le diré también que estamos haciendo un esfuerzo
inversor fuerte en aquellas comunidades que estaban más retrasadas en
inversión y que tienen muchísima más necesidad, tanto por la distribución
universal como por el efecto de estar en los sitios donde comercialmente
teníamos que estar para dar cumplimiento sobre todo a los requerimientos
empresariales.
En informática, básicamente, tenemos tres proyectos. Uno es el Iris, que
trata de informatizar todas las ventanillas de Correos. Tenemos una
previsión muy ambiciosa, y es tener informatizadas las 1.500 oficinas más
importantes del país en el año 1996. Hemos firmado contratos con tres
casas, que han salido a concurso, a través de la CIAPSE, comisión
interministerial que es la que ha aprobado cuáles eran las casas que
cumplían el pliego de condiciones. Hemos pedido una diversificación a los
suministradores porque entendemos que, dado lo que va a ser la compra de
suministros, no podemos estar ligados a un solo proveedor. Las tres casas
son Bull, Investrónica y la tercera no recuerdo ahora su nombre, pero
posteriormente se lo diré.
Tenemos actualmente seiscientas oficinas. Los equipos se están colocando
a un ritmo mensual de aproximadamente 80-100 oficinas. A veces recibimos
pedidos que se quedan almacenados durante uno o dos meses, que es el
período que tenemos para colocarlas.
El problema real no es tanto seguir dotando el «Hardware» para las
oficinas, que durante 1993 y 1994 lo hemos hecho fuertemente, sino que en
1995 el esfuerzo lo vamos a dedicar en formación, para hacer que las 480
oficinas que vamos a tener colocadas a finales de año estén plenamente
operativas en 1995. Ese sería un primer paso, que sería adecuar el
«Software», sobre todo el proyecto Iris, seguimiento y localización de
envíos y gestión, pues entendemos que debemos hacer un gran esfuerzo en
grandes proyectos, a nivel nacional, para que se desarrolle su formación,
su utilización y su operativa.
Por ello, en 1995 las grandes previsiones de informática no serán tanto
comprar equipos para seguir desarrollando, sino hacer que esos equipos
mejoren. De hecho, actualmente, el proyecto Iris ya tiene una segunda
versión. Eso es normal y probablemente llegaremos hasta una tercera y una
cuarta, antes de que esté operativo al cien por cien.
Revisaré todas sus preguntas para contestarle aquello que no haya podido
contestarle en este momento.
Respecto al señor Zabalía y a la oficina de Sondica, la adaptación del
local está prevista para el año 1995. Las obras se iniciarán en marzo de
1995 y finalizarán en julio de ese mismo año, cinco meses después. La
inversión supone 21 millones de pesetas. El local se compró en 1994 y la
ejecución se prolonga hasta 1995, por las limitaciones de crédito,
teniendo en cuenta que esto apareció dentro de un presupuesto ya cerrado,
dado que la mayoría estaba asignado a expedientes globales, como le he
dicho, desde 1993. No obstante, para nosotros es prioritario. Lo que se
debe entender es que cosas prioritarias para nosotros tardan un mínimo de
dos años, porque nuestra capacidad de gestionar dinero fuera de las
partidas presupuestarias asignadas es muy complicado. Esto puede que lo
podamos empezar a remediar, porque estamos tratando de hacer dotaciones
específicas para casos como el que se produjo en Sondica y algunos otros
graves que suceden fuera de actos terroristas, como algún fenómeno
natural. Desde luego, nuestra visión respecto al País Vasco está clara en
cuanto a cómo se van a distribuir las dotaciones de inversión del año
1995.
Respecto a las inversiones en el País Vasco durante 1995, el sentimiento
inicial es que lleva la mayor inversión por comunidad que vamos a
realizar en España. Supondrán 1.490 millones de pesetas. La siguiente
comunidad sería la valenciana, con 1.379 millones; luego estarían
Andalucía y Cataluña, con 1.060 y 1.070 millones de pesetas, y Galicia,
con 1.100 millones de pesetas.
Dentro del mapa general del país, como está sucediendo en San Sebastián,
en Alava, en Bilbao y en multitud de oficinas y centros rurales, estamos
dispuestos a acometer los grandes centros de tratamiento en este tercer
año de inversión. Consideramos que ése es uno de los sitios donde más
retraso de inversión existía y entendemos, por consiguiente, que nuestro
esfuerzo allí tiene que ser fuerte durante este año.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Morlán Gracia): Gracias, señor Egusquiza, por la
información que nos ha planteado.
Hasta tanto se incorpore el siguiente compareciente, que es don Miguel
Angel Feito Hernández, se suspende la sesión durante unos minutos.
Se reanuda la sesión.
--DEL SEÑOR PRESIDENTE DE RETEVISION (FEITO HERNANDEZ), A SOLICITUD DEL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente 212/001067.)
El señor VICEPRESIDENTE (Morlán Gracia): Tenemos a continuación la
comparecencia del Presidente de Retevisión, don Miguel Angel Feito
Hernández.
La comparecencia ha sido solicitada por el Grupo Parlamentario Popular y
para formular las preguntas al señor Feito, el señor Camisón tiene la
palabra.
El señor CAMISON ASENSIO: Saludamos al Presidente de Retevisión con toda
cortesía en esta comparecencia de presupuestos.
Yendo al grano, le preguntamos para comenzar: Dado que el Gobierno tiene
en previsión, en general, adoptar medidas para adecuar el ente al proceso
en marcha general de liberalización de los servicios que debe conducir a
ciertas modificaciones, ¿qué medidas presupuestarias tuvieron ya
repercusión en el año 1994 y 1995 con vistas a esta liberalización en
cuanto afecta al Ente Público Retevisión?
La siguiente cuestión, muy concreta, es que recordamos que efectivamente
--y tuvo su repercusión en los presupuestos-- por Retevisión se
adquirieron unos equipos de telecomunicación realmente costosos, de 34
megabits, para servir la olimpiada de Barcelona y usted recuerda que
fallaron, lo que obligó a Telefónica a que tuviera que suplir aquel
servicio. ¿Qué ha ocurrido con aquella inversión de estos costosos
aparatos? ¿Están ya en funcionamiento? ¿Se han trasladado? ¿Se han
arrinconado? ¿Qué ocurre con ellos? ¿Qué previsión hay en los
presupuestos para aquella inversión que fue puntual pero que fue costosa?
En cuanto al inventario de planta general de Retevisión y todo lo que
puede afectar tanto a la red de difusión como a la red de transportes y
como a todos los medios de satélite incluido el análisis de la calidad
del servicio a su valor inmovilizado, ¿estima el Presidente que la planta
de Retevisión está ya conseguida o está en proceso y todavía tiene
pendiente bastante para su complexión ya de una vez? ¿Hemos acabado ya de
hacer Retevisión o todavía nos queda camino por recorrer? Dentro del
presupuesto, si nos queda camino, ¿qué avance va a tener esta planta, en
líneas generales?
También de forma muy concreta se nos ha dicho que Retevisión tiene el
proyecto de invertir 2.500 millones de pesetas en la instalación de 33
repetidores en distintos puntos de la Comunidad Autónoma de Madrid.
Quisiéramos saber cuáles son las fechas previstas para la puesta en
marcha de estos 33 reemisores y cuál es la distribución de la inversión
total de esos 2.500 millones entre los mencionados 33 emplazamientos.
En líneas más generales en determinados momentos usted ha apuntado la
posibilidad, yo creo que con cierto buen criterio, de que en su momento
este ente se pueda constituir en el germen del segundo operador de
telecomunicaciones en este país en competencia abierta con Telefónica y
asumiendo otros activos, como puede ser el de REE. ¿Este proyecto sigue
teniendo virtualidad en su criterio? ¿Se refleja algo de eso en el PAIF
del ente o realmente es una idea utópica que está ahí pero que todavía no
ha tenido ningún proceso de desarrollo? Por cierto, nos gustaría recibir,
si es posible, el PAIF correspondiente a 1994 y la previsión que tengan
de este documento para 1995.
En este caso, señor Presidente, también tengo una lista muy amplia, muy
técnica y detallada de documentos del presupuesto pero quiero ahorrar a
la comisión el trabajo y el esfuerzo de detallarla. Por tanto, le voy a
presentar la lista de cuestiones que a nosotros nos interesa conocer con
vistas a la preparación de nuestras enmiendas, con el ruego de que, en un
plazo inferior a 72 horas, nos la devuelva cumplimentada.
Con esto termino, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Morlán Gracia): Le ruego me haga llegar la lista
para sacar fotocopia de la misma y dar el original al señor Feito.
Para contestar a las preguntas formuladas por el señor Camisón, tiene la
palabra el señor Feito.
El señor PRESIDENTE DE RETEVISION (Feito Hernández): Muchas gracias,
señor Presidente.
Buenos días, señorías. Es hoy mi primera comparecencia ante esta
comisión, puesto que, por primera vez, me encuentro en este ámbito de la
gestión política; nunca había comparecido ante la Comisión de
Infraestructuras.
En relación con las preguntas que ha planteado S. S., algunas de ellas
tienen un carácter más general y voy a tratar de enmarcar los
presupuestos de este año dentro de la preocupación de S. S.
En primer lugar, Retevisión tiene un plan de inversiones que reflejan de
hecho una preocupación por mejorar su actividad en su negocio principal
de hoy, que es el negocio de lo audiovisual, del transporte y la difusión
de la señal de las televisiones públicas y privadas, pero también una
parte importante de la inversión va destinada a ampliar la
cobertura en zonas de España que todavía no pueden ver la televisión
pública ni, desde luego, la televisión privada.
Por ello, cuando se analiza con detalle el plan de inversiones, se pueden
identificar inversiones que llevan a la modernización de la red para
prestar el mismo servicio con más fiabilidad y más calidad, pero que
también puede permitir en el futuro usos diferentes a los estrictamente
relacionados con la transmisión de la señal de televisión; concretamente,
todas las inversiones que se llevan realizando ya desde algunos años, y
que suponen el componente más importante del total de inversiones de
Retevisión, que van dirigidas a la digitalización de la red, permitirán
un servicio más fiable, eliminando algunos problemas que pueda haber
ahora, utilizando tecnologías analógicas en los negocios actuales, como
digo, pero también permitirán su uso para prestar servicios alternativos.
Concretamente, como S. S. conoce perfectamente, Retevisión ha sido
habilitada por el Gobierno recientemente para prestar el servicio
portador al segundo operador de telefonía móvil y, evidentemente, las
inversiones realizadas en el pasado, más otras que tendremos que realizar
a partir de este año y años sucesivos, nos permitirán entrar en un nuevo
negocio.
Decía también que una parte importante de nuestra inversión va dirigida a
extender la cobertura a zonas de España que todavía no la tienen. Aunque
no aparece en el PAC que se les ha repartido, porque no cubre un número
suficiente de años, llegado el año 2000 está previsto que el cien por
cien de la población española reciba todas las televisiones públicas. Hoy
la reciben cerca del 99 por ciento; ese uno por ciento que queda
evidentemente es el más difícil de cubrir, pero el programa de
inversiones lo hará posible.
Por otro lado, las televisiones privadas están dando lugar a un plan de
inversiones ambicioso, que llevará a que, dentro de dos años, la
televisión privada llegue al 93 por ciento de la población española, y
pensamos que, acabado este plan de inversiones, podrá firmarse un nuevo
acuerdo con las televisiones privadas que permita también, entrado el año
2000, cubrir el cien por cien de la población española.
Tal vez con lo que le acabo de decir respondo a su preocupación sobre si
las infraestructuras de Retevisión están concluidas. Creo que no puede
decirse que estén concluidas para su negocio actual y, desde luego, mucho
menos si vamos a entrar en otro tipo de actividades que ya el Gobierno
nos ha señalado.
Además, quisiera decir que en el mundo de la televisión existe en ciernes
un gran reto, que es la televisión digital, televisión que todos los
expertos señalan como la televisión del futuro de alta definición. Como
ustedes saben perfectamente, la televisión de alta definición de
naturaleza analógica, que inició Japón y después siguió la Comunidad
Económica Europea y los Estados Unidos, es una tecnología que,
seguramente, no llegará a fin, debido a su coste y a su complejidad y,
sobre todo, a que la televisión digital ofrece una alternativa mucho más
barata y mucho más eficaz.
Retevisión realiza un importante esfuerzo de investigación y participa en
todos los foros internacionales con un liderazgo notable, del que creo
que los españoles podemos estar orgullosos, en todo lo relacionado con la
televisión digital; en consecuencia, contamos con que, en el futuro, en
España pueda progresivamente irse introduciendo la televisión avanzada
con tecnología digital. Esto, evidentemente, implica que tendremos que
seguir invirtiendo para ir adaptando toda nuestra red a las necesidades
de la televisión del futuro. Si además tenemos en cuenta que hemos
entrado o que podemos entrar con grandes posibilidades en la telefonía
móvil, prestando el servicio portador al segundo operador, creo que queda
respondida su pregunta.
Antes de entrar en las preguntas más concretas, aprovechando lo que estoy
diciendo, creo que debía concluir respecto al segundo operador. Se ha
dicho, se dice, y hoy, concretamente, un periódico dedica un amplio
espacio a la posibilidad de que Retevisión forme parte del segundo
operador de telecomunicaciones, como aparece en el acuerdo del Gobierno
del pasado viernes. Lo que puedo decir, en tanto que gestor, es que
nosotros estaremos a lo que decida nuestro accionista, que es el Estado;
nosotros, como gestores, lo que podemos decir es que estamos en
condiciones de asumir el reto de participar en un segundo operador de
telecomunicaciones, puesto que tenemos la infraestructura física
requerida por algunas inversiones; tenemos la presencia en toda España,
llegamos, como he dicho, al 99 por ciento de la población española y
tenemos, sobre todo, un activo muy escaso en España, que es un colectivo
de 1.300 personas trabajando en la segunda empresa de telecomunicaciones
que hay en España, con unos estándares de calidad muy altos, puesto que
la televisión requiere no fallar, los fallos se notan enseguida y los
nota mucha gente. En consecuencia, ese capital humano del que dispone
Retevisión más su infraestructura puede hacer que si el Gobierno toma la
decisión de que entre a formar parte de un segundo operador pueda
cumplir, yo creo, satisfactoriamente ese mandato del Gobierno.
Me preguntaba usted si estábamos haciendo inversiones de cara a formar
parte del segundo operador. Muchas de las inversiones que estamos
realizando en este momento son inversiones que pueden servir para prestar
servicio dentro de un marco más ambicioso de un segundo operador. De
todas formas, hasta que no recibamos el mandato explícito, algunas de
ellas específicas, no nos parece prudente realizarlas, puesto que creo
que nuestro accionista nos tiene que marcar claramente el camino a
seguir.
Lo que le puedo decir es que, en el ámbito del estudio, estamos haciendo
los estudios que consideramos necesarios para poder informar a nuestro
accionista sobre las posibilidades que tenemos.
Me ha hecho S. S. dos preguntas concretas. Sobre los equipos que se
instalaron en las Olimpiadas de Barcelona, le contestaré, con toda
precisión, por escrito. Yo creo que están operando normalmente. Sin
embargo, como es una pregunta muy concreta y muy técnica, no me atrevo a
darle respuesta y se lo diré, si es posible, hoy mismo.
En cuanto a los emplazamientos concretos de los 33 repetidores a los que
ha hecho referencia y a su programa de instalación, tampoco tengo aquí
esa documentación tan
precisa, pero se la podré proporcionar con todo detalle espero que hoy
mismo.
Creo que con esto he respondido a sus preguntas.
El señor VICEPRESIDENTE (Morlán Gracia): Muchas gracias, señor Feito, por
su comparecencia y espero que venga a esta Comisión a menudo para hablar
de un tema tan importante como es Retevisión y el futuro de la misma en
el estudio de comunicaciones porque creo que va a ser fundamental.
--DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ESTATAL DE SALVAMENTO Y SEGURIDAD
MARITIMA (LOBETO LOBO) A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR.
(Número de expediente 212/001070.)
El señor VICEPRESIDENTE (Morlán Gracia): Ruego al señor don Rafael Lobeto
se incorpore a la mesa de la Comisión para iniciar su comparecencia, a
pesar de que nos adelantamos en casi un cuarto de hora al horario
previsto, cosa que, me imagino, agradará a SS. SS.
La comparecencia ha sido solicitada por el Grupo Parlamentario Popular y
para formular las preguntas correspondientes, el señor Camisón tiene la
palabra.
El señor CAMISON ASENSIO: Desde el Grupo Parlamentario Popular saludamos
al Presidente de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima y
Director General de la Marina Mercante.
En este caso nuestras preguntas se van a circunscribir exclusivamente a
esta sociedad. Es verdad que tenemos pendientes muchos temas de la marina
mercante, ayer mismo los planteamos en esta misma comisión, y esperamos
que la persona que compareció para ello nos aporte hoy todos los datos
que tiene pendientes.
A esta sociedad, según nuestros datos, se la dotó con el patrimonio total
de Remolques Marítimos (empresa pública), y por tanto se hizo cargo de
una gran cantidad de buques que no los voy a repetir, una serie de
salvamar, bien en materia de poliéster o de aluminio. Por otro lado,
también fueron propiedad de Remolques Marítimos los buques «Boluda
Garvi», antes «Mijares»; «Cartanova», antes «Punta Brava» y «Boluda Don
Blas». Estos tres buques que eran propiedad de Remolques Marítimos,
fueron comprados por el Grupo Boluda que, a su vez, es el fletador más
importante de la Sociedad.
Ante estos antecedentes, queremos resaltar dos temas, el primero
referente a los astilleros donde se han construido los buques y el
segundo en relación a la combinación de actos o relaciones entre el
fletador y la sociedad de salvamento.
Respecto al primer tema nos llama la atención y por eso lo exponemos aquí
para obtener su opinión, que casi todos los buques se construyeron en un
solo astillero: justamente Auxiliar Naval del Principado. Queremos
preguntar: ¿por qué esta exclusividad? El otro suministrador Poliship de
Rodman da la casualidad, esto se lo resaltamos para ver en qué situación
está, que fue al mismo que se adjudicó por parte de la Dirección de la
Guardia Civil, en la época en la que era Director General don Luis
Roldán, las nueve famosas patrulleras, en detrimento de la empresa
pública Bazán y, sin embargo, hoy están disponibles en la factoría de San
Fernando y sin utilizarse. En el caso de los elementos náuticos que
Poliship hizo para la sociedad, ¿ocurre lo mismo o están todos
funcionando?
En relación con el segundo tema, o sea, las relaciones entre la Sociedad
de Salvamento y el fletador, vemos que, a su vez la sociedad fleta buques
y helicópteros de terceros, siendo el caso más relevante el fletamento de
los buques, por ejemplo, remolcadores Boluda, Boluda «offshore»,
etcétera, todos del mismo grupo. Pues bien, con respecto a la
construcción de buques, comprobamos que no ha habido, que sepamos
nosotros, ningún concurso, y nos gustaría que nos lo confirmara o nos lo
denegara. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.) Con respecto a la
contratación de fletamentos, tampoco lo ha habido. Nos gustaría que nos
especificara por qué esta ausencia de concurso, dado que el artículo 98
de la Ley 27/1992 implica claramente que la contratación de la sociedad
que usted preside se debe ajustar a los principios de publicidad,
concurso, salvaguarda de intereses de la entidad y homogeneización de
comportamientos en el sector público. Hay que estudiar a fondo el asunto
de los fletamentos de buques de este grupo, del fletador importante. Se
da el caso de que este grupo ha comprado recientemente el buque Hispania,
que ha sido importado de un paraíso fiscal, justamente de la Isla Man,
para, acto seguido, hacer el «charter» otra vez con la sociedad que usted
preside al siguiente coste: el precio del buque fue cerca de 460 millones
de pesetas, y el charter mensual es de casi 24 millones, o sea, unos 288
millones de pesetas al año, para ser exactos 800.000 pesetas diarias.
Por otro lado, nos extraña también que durante los años anteriores, en
1992, se hubiera adjudicado una partida de 1.019 millones a la empresa
pública Remolques Marítimos, en concepto de gestión de unidades
marítimas, terrestres y aéreas, y sus medios auxiliares destinados a
servicio público de salvamento marítimo y lucha contra la contaminación
en el mar, cuando el control se llevaba a cabo desde la Dirección de la
que usted es Director General, o sea, de la Marina Mercante. Pero nos
parece más extraño, y por eso le pedimos explicación, que el armador, en
aquel caso Remolques Marítimos, recibía unos ingresos de más de 1.000
millones de pesetas por la gestión de sus propios barcos. Hemos analizado
los costes y las actividades de los servicios efectuados por los
remolcadores y helicópteros del grupo fletador actual y lo abonado, y
vemos que, por ejemplo, analizando los días de mar y los días de puerto,
arroja un total de sólo 285 días de mar, frente a 1.367 días de puerto,
para sólo 138 servicios. En Galicia hay 237 horas de vuelo, son 203
vuelos y se ha abonado por los cinco remolcadores cerca de 1.400
millones. El total abonado por los helicópteros es cerca de 583 millones.
El total abonado al grupo fletador es de casi 2.000 millones de pesetas.
Esto da unos ratios que son: en remolcadores, coste por día navegado más
de 4.700
millones; y en helicópteros, coste por hora de vuelo más de 1.100
millones.
Esta es la situación planteada y le preguntamos por qué ocurre todo esto,
qué explicación tiene, sobre todo esta ausencia, entendemos nosotros, de
competencia. Le pedimos su explicación y el dato o documento que nos
gustaría recibir, lo antes posible, serían los pliegos de condiciones que
están sirviendo entre este grupo fletador y la sociedad que usted
preside.
Este es el grupo de preguntas que, en primer lugar, quiero plantearle al
Presidente de esta empresa pública.
El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra el Presidente de la
Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima, don Rafael Lobeto
Lobo.
El señor PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ESTATAL DE SALVAMENTO Y SEGURIDAD
MARITIMA (Lobeto Lobo): Agradezco, sinceramente, la oportunidad que me
brinda la Comisión, en particular el Grupo Popular, para poder explicar
todas estas cuestiones y quisiera hacer una primera reflexión. Voy a
intentar ser lo más específico posible, pero muchas de las cuestiones que
me plantean SS. SS. son cuestiones estructurales. Entonces, me ofrezco ya
para una comparecencia más general y no sólo en el ámbito presupuestario;
tal vez también sería muy oportuno --hace tiempo que no vengo a la
Comisión-- que organizáramos, como hemos hecho en el Senado o en el
Parlamento de Andalucía, una visita a tal fin, porque es muy difícil
explicar esto desde Madrid. Sería muy bueno que los señores Diputados
pudieran ver algunos de los sitios del país donde tenemos instalaciones,
que la Comisión pudiera ponerse de acuerdo con esos lugares para ver «in
situ» los buques, las instalaciones, las torres de control, el trabajo de
esas personas que hay en Galicia, en Andalucía, en Canarias o donde
tengan a bien SS. SS. Lo digo porque aunque voy a tratar de agilizar y de
responder absolutamente a todo lo planteado, me doy cuenta de que muchas
de las cuestiones son más bien de modelo y tal vez fuera más propio
hacerlo con ocasión de una intervención más genérica.
Dicho eso, también tengo que decir que agradezco esta oportunidad que ha
coincidido con la celebración estos días --yo tendría que estar en
Lisboa, he venido ayer por la noche-- de la reunión de todos los países
del Atlántico de la Organización Marítima Internacional y tengo que
transmitirles el hecho importante de que España presidió, a petición de
ellos, el primer día y mereció el aplauso unánime por el avance que se ha
producido en nuestro país, gracias al esfuerzo de todos durante estos
años. Esto es algo que nos debe llenar de alegría. Muchos países nos
consideran un modelo, los propios países que tradicionalmente han
trabajado más en esta materia destacan la colaboración con España, todos
nuestros vecinos, los británicos, los franceses, los portugueses... Queda
pendiente suscribir convenios bilaterales con ellos y cerrar todo el arco
porque había algunos huecos, no en las partes de España, en las zonas
SAR, sino en el centro del Atlántico, y el avance ha sido muy importante.
También hay que resaltar que en el año 1995 y el año 1996 España será
sede, a petición de la Organización Marítima Internacional y por acuerdo
de los países, de dos reuniones que afectan tanto a la Organización en el
Mediterráneo como al conjunto de trabajos de los centros de coordinación.
Asimismo, tengo que destacar que es fundamental que sigamos manteniendo
el esfuerzo que estamos haciendo porque ni siquiera las zonas más
desarrolladas del mundo, como pueden ser los países nórdicos, se ven
libres --como recientemente todo el mundo ha podido comprobar-- de una
tragedia con cerca de mil muertos en la que tampoco podemos olvidar que
gracias a la capacidad de movilización y a la coordinación de los
sistemas SAR se han salvado más de 139 vidas. No quiero pensar --y espero
que no pase-- que eso ocurra en nuestras costas, pero debemos estar
preparados. No podemos bajar la guardia porque, desgraciadamente, los
accidentes marítimos van a seguir sucediendo.
También quiero destacar que el Gobierno ha aprobado una política integral
en esta materia y el 11 de marzo ha dado luz verde al Plan de Saneamiento
y Lucha contra la Contaminación, tras su aprobación por la Comisión
Delegada del Gobierno de Asuntos Económicos, que tiene como marco los
años que van de 1993 a 1997, que permitiría, además de dar cumplimiento a
la Ley de Puertos y de Marina Mercante en esta materia, tener una
estrategia que al final de 1997 nos situase en un lugar privilegiado.
También cabría destacar una última reflexión dentro de estas iniciales
para pasar a explicar exactamente lo planteado por S. S. A veces podemos
plantearnos si es caro invertir en seguridad, concretamente en seguridad
marítima. Quiero hacerles llegar que el lunes y el martes se van a
celebrar en Londres las reuniones del Fondo de Protección que tiene como
responsabilidad cubrir los daños del accidente del «Egean Sea», en La
Coruña. El conjunto de demandas presentadas en la oficina que hemos
puesto conjuntamente, como sabe S. S., la Junta de Galicia, la
Administración Central y el Fondo, en La Coruña, se van a acercar
posiblemente, no está cerrada la cifra, pero será muy próxima a los
25.000 millones de pesetas. Es decir, con que se produzcan dos accidentes
grandes --y desgraciadamente no se producen dos-- habríamos pagado todo
lo que el horizonte del plan, que serían unos 47.000 millones, va a
cubrir en varios años. Pero lo habríamos pagado en siniestros y no en
incentivar los astilleros, la industria nacional, el empleo y la
modernidad de nuestro país, aparte de defender elementos estratégicos
como puede ser el turismo o cualquiera de las otras industrias de las que
vivimos.
Tengo que decir también que ponemos a disposición de la Comisión las
estadísticas correspondientes a estos años. Como regla general ha venido
disminuyendo el número de víctimas y aumentando muy sensiblemente el
número de intervenciones. Las estadísticas no son perfectas todavía, pero
no lo son en ningún sitio del mundo. Tenemos la voluntad de mejorarlas, y
hemos dado un salto extraordinario, pero todavía tienen huecos que se
irán cubriendo. Son fáciles de entender. En algunos sitios todavía no
estamos implantados, y aunque el centro nacional de Madrid cubre
esos huecos, no es posible tener el detalle como se tendrá cuando esté el
plan completamente cubierto. Hay más de 2.000 intervenciones a 30 de
septiembre, y más de 2.255 personas rescatadas. Lo cual da idea de la
importancia y de la eficacia del dispositivo.
Hay una situación anterior a la Ley de Puertos y de Marina Mercante,
según la cual, desde la Dirección General de la Marina Mercante, con una
aplicación absolutamente plena por parte del Departamento de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente, antes Transporte, de la vigente
Ley de Contratos del Estado, y siempre a través del procedimiento de
concurso, nos hemos ido dotando, en el marco del primer plan de
salvamento 1989/93, de los medios de respuesta establecidos como
servicios públicos.
Nace la sociedad nueva y se decide que el patrimonio, los sistemas de
gestión y también el sistema de financiación pase a la sociedad. Hay una
continuidad, es decir, todos los servicios que ha gestionado la Dirección
General y que están avalados por el sistema de concurso y por el
cumplimiento más estricto de la legalidad (auditorías y Tribunal de
Cuentas de cada año a la que tienen acceso SS. SS.) pasan en el año 1993
a la sociedad. Es decir, no hay concursos, hay una continuidad puesto que
lo que era un objetivo lógico es que no hubiera una caída en el servicio
público. Quiero dejar perfectamente claro que no hay ningún hueco que no
haya sido validado por concurso público, con un estricto cumplimiento de
todos los requisitos legales establecidos incluidos en la Ley de
Contratos del Estado, y que no hay ruptura en ese seguimiento.
No era fácil pasar de un instrumento de la Administración general a una
sociedad nueva que no existe en el día que se constituye y que no tiene
medios para hacer ese paso. Por lo tanto, hay un esfuerzo conjunto de la
Dirección General y de la sociedad, hasta que la sociedad puede aguantar,
de alguna manera, toda esa carga de trabajo y de organización.
¿En qué situación estamos en este momento? Hoy precisamente --y ha sido
una casualidad que viene muy bien-- se publica en los medios de
comunicación, en cumplimiento de lo acordado en el último Consejo de la
Sociedad, un concurso público para dar servicio a diecisiete lanchas, de
las que ahora hablaré y sobre las que S. S. demandaba información. Por
tanto, en la nueva situación habrá, por el procedimiento de concurso
--nunca se ha producido ningún otro procedimiento--, una nueva
contratación de ese servicio, constituido en este caso concreto por las
lanchas de salvamento. En este momento desconozco cuál será el resultado
porque hoy se ha convocado el concurso, pero me ofrezco a hacer llegar
estos datos a la Comisión cuando los tenga.
En segundo lugar, cabe destacar que con los grandes buques, los de
salvamento mayor, de los que tenemos una dotación de once buques, se va a
producir lo mismo. Se dotaron por procedimiento de concurso cuando la
gestión dependía de la Administración general del Estado y para el
próximo martes está convocado un consejo de administración de la Sociedad
para sacar a concurso un pliego de condiciones generales para los
elementos marítimos, cuya copia puedo hacer llegar inmediatamente a la
Comisión esta misma mañana o en los próximos días. Veremos cuál será el
resultado de ese concurso y podremos informar a la Comisión de las
decisiones que se tomen en ese terreno.
La situación anterior es absolutamente clara: es de continuidad con lo
que había realizado el Estado. Quiero poner mucho énfasis en que es muy
importante que quede claro que hemos tratado de no volver a repetir
monopolios ni situaciones poco admisibles y que, además, acaban
volviéndose en contra del servicio público que se trata de prestar porque
no son eficaces, y en que no hay una sola empresa, sino que la Sociedad
Estatal, que hereda ese sistema de la Dirección General de la Marina
Mercante, del Ministerio de Transportes, tiene contratados medios a
través de una sociedad que antes era del Patrimonio del Estado y que en
virtud del artículo 90 de la Ley pasa a ser accionista, como parece
lógico puesto que es un instrumento, que es la Sociedad de Salvamento,
que se llama Remasa, como S. S. preguntaba.
Además, están los dos más importantes grupos privados españoles, como
usted decía. Uno es Boluda Offshore y otro es la compañía Remolcanosa, de
Vigo. Además, hay una sociedad mixta que se llama Cosmar, que es la que
está operando en estos momentos los helicópteros, y también el buque
«Hispania», como fletador, al que usted hacía referencia. Hay unos
repartos equilibrados y ni siquiera la compañía pública Remasa tiene
todos los barcos, ni los tienen las privadas. Hay un equilibrio
territorial y de los elementos de gestión. Como también hay una
especialización. Yo creo que todo el mundo sabe que dar respuesta al
salvamento marítimo requiere una elevada profesionalidad y sofisticación,
además de un cierto mantenimiento, cuantiosas inversiones, una cierta
estabilidad y desde luego organizaciones muy sofisticadas tanto en
nuestro país como fuera.
En la etapa anterior, uno de los problemas era justamente que Marina
Mercante tenía que hacer concursos para construir los buques y todo eso
planteaba una serie de dificultades que tuvieron distintas respuestas. En
una fase se hicieron buques en astilleros franceses, en otra fase se
hicieron buques en astilleros noruegos, en otra fase, en concreto ya
durante mi período, se ha tratado de que los buques se construyan
absolutamente en España, si puede ser porque por ejemplo los helicópteros
no se construyen en España y, por tanto, no es posible comprarlos aquí,
como es conocido, pero hemos tratado de que sean los astilleros
españoles, y además repartido por la costa, quienes construyan estos
buques para que la industria nacional se beneficie de esas posibilidades.
Sin embargo, hay que aclarar que en esta nueva etapa, hasta la fecha, en
ningún caso ha sido Marina Mercante quien ha hecho las contrataciones en
los astilleros. Nosotros lo que hacemos es sacar unos concursos de
gestión del servicio público y pagar ese servicio. Son las compañías las
que construyen los buques en los astilleros con los que llegan a
acuerdos; por lo tanto, puedo explicarlo, pero no depende de mi
responsabilidad el decidir dónde deben construir los buques las empresas.
Tengo que decir también que en eta materia estamos en un momento de
transición, porque el plan de salvamento
ha sido posible gracias a que ha habido una iniciativa pública y una
respuesta privada muy importante y ello ha evitado que hubiera tragedias
de quiebras, porque cuando se acaba la industria del «offshore» en
España, de las plataformas, las empresas que estaban dedicadas
exclusivamente a realizar esas funciones se ven sin trabajo y gracias a
que una parte de esas empresas se dedica al salvamento, no hay pérdida de
todo ese sector, hay una reconversión, en el sentido más amplio de la
palabra, y por lo tanto, se dedican al nuevo salvamento. Ello requiere
acuerdos entre los bancos acreedores de las compañías y esfuerzos de
inversión muy importantes con el fin de que todo eso no quiebre de una
manera negativa para la economía nacional. Por consiguiente, son las
empresas quienes deciden dónde construyen los barcos, no es Marina
Mercante ni Sasemar, salvo que Sasemar --y ésa será otra fase
posiblemente en la que entremos ahora-- ponga en marcha una renovación de
la flota y se plantee --como bien ha dicho S. S.-- una distribución
distinta con Astilleros Españoles, teniendo en cuenta las zonas, la
especialidad de los astilleros, etcétera. Esa será posiblemente una fase
en la que tengamos que entrar a continuación, pero hasta ahora no lo
hemos hecho.
El cliente de las lanchas de salvamento. Ha surgido una asociación entre
la tecnología noruega y la tecnología española--y tenemos la satisfacción
de ver que los noruegos reconocen que el astillero español ha mejorado
las lanchas que ellos fabricaban-- y se ha firmado un contrato, una
relación económica contractual normal, con la empresa que en ese momento
gestionaba --era accionista la Dirección General de Patrimonio--, y
aunque yo era el usuario no puedo responder por una cuestión que decide
la empresa Remasa, no nosotros. Ahora somos accionistas y también el
cliente --no el único-- más importante de esta empresa y cuando se
resuelva el concurso que hoy ha sido publicado podremos informar a la
Comisión de cuáles son las decisiones, quiénes se han presentado y qué es
lo que pasa.
Ha formulado S. S. una serie de preguntas que corresponde contestar a mi
colega de la Guardia Civil, responsable de la Guardia Civil del Mar, pero
simplemente haré un apunte, dado que la cooperación entre la Dirección
General de Guardia Civil y nosotros es absoluta y total y, por tanto,
conozco con cierto detalle lo que S. S. demandaba.
En la dotación de los buques de la Guardia Civil del Mar hemos colaborado
técnicamente no sólo en la formación de las tripulaciones de la Guardia
Civil del Mar, sino también en la inspección técnica y en la
construcción, porque lógicamente la Guardia Civil no disponía de todos
los medios necesarios al iniciar su andadura, y su colaboración continúa
ahora. Dice S. S. que se han construido buques para la Guardia Civil del
Mar en Poliship. Es cierto y se han hecho buques también en Bazán.
Desconozco el dato de si en Poliship queda algún buque pendiente de
recoger por parte de la Guardia Civil, pero sí sé --he visitado la
factoría y he visto allí algunas embarcaciones-- que hay embarcaciones
construidas que pasarán a la Guardia Civil del Mar en el ejercicio
presupuestario para 1995. La Guardia Civil del Mar ha trabajado, como se
ve, con dos astilleros completamente competitivos y responsables.
En cuanto al sistema de fletamento, como decía anteriormente, ha sido
siempre a través de concurso público, serán a través de concurso público
los nuevos que hoy han sido convocados y los que espero que apruebe el
Consejo de la Sociedad el próximo día 18 y que saldrán también en los
medios de comunicación. Me ofrezco para cualquier ampliación de datos al
respecto, así como para hacer llegar, si no hoy mismo sí inmediatamente,
el pliego aprobado en el anterior Consejo, como demandaba S. S. El
anterior pliego de cláusulas administrativas con que operaba el
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente también lo
podemos hacer llegar.
Creo que ha quedado absolutamente claro que no solamente no hay ausencia
de competencias sino que casi me atrevería a decir que es un sistema de
competencias perfecto puesto que hay un equilibrio total entre lo público
y lo privado, así como entre las empresas privadas, y a su vez también
hay una defensa de los intereses públicos generales puesto que
concretamente la empresa de helicópteros es una empresa mixta; creo que
es algo que cabe destacar.
También creo que ha quedado absolutamente claro que en ningún caso ha
habido falta de concurso; antes porque era imposible y ahora porque,
siendo posible, no lo hemos hecho. En una cuestión de esta complejidad
sería legítimo y perfectamente posible que hubiera una adjudicación
directa, pero no la ha habido, no se ha utilizado en ningún caso ese
medio. En el caso de la inversión electrónica, que es muy importante y
que ha permitido que en el desfase que ha habido de la inversión militar
y su sustitución por inversión civil haya salvado importantes empresas de
nuestro país, la adjudicación también ha sido siempre por concurso. En
cuanto a la pregunta de por qué ocurre esto, digamos que se trata de
desarrollar, de ejecutar y de gestionar el plan aprobado por el Gobierno
y de cumplir la ley aprobada por el Parlamento de la manera más racional
y más transparente posible, con todos los requisitos de legalidad.
Con respecto al sistema construido, he de decir que es de una competencia
muy importante porque nos convierte en un modelo hacia afuera. Ayer leía
en Lisboa el último informe de los británicos y quiero destacar que
existe una enorme preocupación porque se están quedando sin remolcadores
de altura, lo que hace que haya una debilidad en la capacidad de
respuesta y defensa de los intereses públicos. En España, gracias a Dios,
estamos resolviendo adecuadamente esa cuestión. Nunca ha habido falta de
concurso y los procedimientos actualmente en marcha son absolutamente de
concurso. Podemos hacer llegar a la Comisión toda la información al
respecto cuando lo consideren oportuno, así como también haremos llegar
los pliegos de condiciones, concretamente el último. Si tienen interés en
los anteriores no existe absolutamente ningún inconveniente para que se
los remitamos también.
Por último, quisiera destacar dos cuestiones. La primera es que he hecho
referencia antes a que nada mejor que ver el conjunto de estadísticas,
que aunque no perfectas sí demuestran un salto increíble en la materia
porque recogen las horas de vuelo de los helicópteros, los días de
mar de los buques, la respuesta en las distintas zonas y el número de
personas salvadas, todo ello con detalles exhaustivos que hacen que
puedan ser fácilmente seguidas. Pongo esas estadísticas a disposición de
la Comisión. La segunda es que quisiera volver a incidir en que sería muy
importante hacer llegar a la Comisión una información general y,
especialmente, al igual que hemos hecho en el Senado, que pudiéramos
realizar una visita, porque soy consciente de que las cifras y las
palabras no son suficientemente traslativas de lo que debe ser la
realidad. Yo creo que sería muy bueno que buscásemos un momento para que
pudieran visitar algunos de los centros y vieran a las personas que
trabajan 24 horas cada día del año, con un sistema que tiene que tener
una respuesta entre 10 minutos y media hora de los medios marítimos y
aéreos y permanente de los centros en tierra, lo cual no es fácil de
conseguir. Creo que lo mejor sería que aceptasen nuestra invitación. Haré
llegar inmediatamente, como digo, los pliegos y las condiciones técnicas
que nos han sido solicitados, junto con la última publicación --creo que
la hemos hecho llegar, pero por si alguna de SS. SS. no la tienen--, y
quedo a la total disposición de la Comisión para que puedan visitar las
tripulaciones, los centros de control y los elementos de salvamento, de
los que creo que nuestro país y todas SS. SS. se pueden sentir
legítimamente orgullosos.
El señor PRESIDENTE: A continuación, dado que vamos bien de tiempo, el
señor Camisón tiene la palabra para aclaraciones adicionales.
El señor CAMISON ASENSIO: He estado atendiendo al señor Presidente de
esta empresa pública con la máxima atención. Ha hecho una explicación de
auténtica filigrana, en el sentido de que no se corresponde en absoluto
con el concepto que yo he tratado de dar con datos suficientes.
Ha hecho una exposición de la que se puede deducir que todo está a la
perfección. Yo he dado una serie de datos prácticamente en sentido
contrario. No voy ahora a repetir los argumentos que he expuesto, porque
ya han quedado explicitados en este trámite parlamentario de los
Presupuestos, pero sí voy a llamar la atención sobre dos aspectos. Uno,
sobre la autosatisfacción que tiene el Presidente, y en este caso también
como Director General de la Marina Mercante, de que la seguridad marítima
en este país es óptima. Ayer mismo, cuando tratamos estos temas en esta
misma Comisión y el compareciente del Gobierno los analizaba, no
coincidía en absoluto con ese optimismo con que hoy usted nos desborda
aquí.
Recuerdo que ayer se dio el detalle de que el último dato contrastado por
nosotros, a consecuencia de iniciativas parlamentarias, creo recordar que
era que teníamos, en líneas generales, un cómputo de 108 muertos en
accidentes de la marina mercante, en una población de 120.000. Ayer quedó
claro que es un porcentaje mucho más alto que cualquier otro modo de
siniestralidad, como puede ser incluso el de la carretera. La prueba es
que en la convención de ese año de París, dentro del ranking de las
marinas mercantes del mundo, España ocupaba uno de los últimos lugares, y
no fue desmentido aquí ayer en absoluto. El Gobierno ha tenido que
promulgar una normativa de todo lo relativo a la señalización, tanto en
pesqueros como en marina mercante e incluso en embarcaciones deportivas.
Además, a la vista de las confrontaciones que se han hecho, prácticamente
no se está cumpliendo esta normativa. Como resumen de lo que expongo, he
de decir que no compartimos la autosatisfacción que ha mostrado el señor
Presidente de la empresa pública.
En segundo lugar, y más importante, según los datos que he expuesto antes
respecto a la construcción de buques, que afecta a esta empresa pública,
no ha habido, según nuestras noticias, ningún concurso y usted dice que
sí. Con respecto a la contratación de fletamientos, nuestras noticias son
que tampoco ha habido ningún concurso, y usted dice que sí. La única
manera de resolver esta duda --y es lo que ruego que se haga-- es que nos
mande lo antes posible los pliegos de condiciones de todos estos
concursos relativos al último quinquenio. Entonces saldremos de dudas
sobre si nuestros datos son correctos o lo son los suyos, porque hay una
divergencia absoluta entre su versión y la mía.
Esto es, resumiendo, lo que quería decir sobre esta sociedad pública.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Lobeto.
El señor PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ESTATAL DE SALVAMENTO Y SEGURIDAD
MARITIMA (Lobeto Lobo): Entiendo que la primera parte de lo solicitado
por S. S., si ha habido o no concursos, ha quedado respondida, aunque
quedará más satisfecho simplemente con leer la prensa de hoy. Le haré
llegar los pliegos y los concursos. Manifiesto, primero, que en la
anterior etapa de la Dirección General de la Marina Mercante y del
Ministerio no era posible que no hubiera concursos porque ése era el
procedimiento y no había otros y, segundo, que la construcción de los
buques en etapas anteriores se otorgó --supongo-- por concurso. El único
gran buque propiedad de la Administración, el Alonso de Chaves, no fue
construido en mi etapa sino en unos astilleros de Santander. Repito que,
aunque no lo he vivido, dicha construcción se habrá otorgado por
concurso, y en la etapa anterior en la que se hicieron algunas lanchas se
realizó por el procedimiento del concurso. Desde la situación nueva de la
sociedad puedo garantizar que ha habido, primera fase, continuidad y,
segunda fase, concurso, que es lo que estamos haciendo ahora, y S. S.
tendrá cumplidas pruebas de ello.
En cuanto a la competencia y a la transparencia, el diseño que hemos
hecho y que puede ser comprobado cualquier día es evidente.
Respecto a la autosatisfacción he de manifestar que no tengo ninguna
autosatisfacción. Si nos referimos a que hay un montón de españoles que
se juegan la vida día a día por salvar a otros, en ese sentido no es
autosatisfacción porque no soy yo. Yo no toreo a bordo. Sí siento
satisfacción porque hay una situación que no era así en nuestro país. Esa
situación consiste en que las emergencias marítimas en las
aguas de nuestra responsabilidad --puede estar tranquilo su señoría--
tienen la máxima respuesta que permite la tecnología moderna en el mundo.
Es evidente que no somos Norteamérica, pero actualmente estamos en un
lugar dignísimo en cuanto a capacidad de respuesta. Esa no era la
situación anterior, todo el mundo lo sabe. Eso no quiere decir que vaya a
disminuir el número de accidentes o que podamos salvar la vida de todas
las personas. Eso quiere decir que podemos estar de acuerdo con nuestra
dignidad en cuanto a que no hay ausencia de respuesta cuando se produce
una emergencia. Si eso pasase estaremos listos para explicar si ha habido
fallos, porque puede haberlos, nadie puede trabajar en un sistema
perfecto.
Tal vez ha mezclado S. S. otro aspecto de la realidad de la seguridad
marítima, que es el de la normativa, el cumplimiento a través de las
inspecciones de esa normativa. En este punto tengo que decir que me
siento muy lejos de la autosatisfacción porque, como S. S. sabe muy bien
porque lleva años conociendo este sistema, la Ley de Puertos,
especialmente en el tema de marina mercante, ha dado lugar a ciertas
discrepancias entre la oposición, pero también ha habido bastantes
consensos porque hemos trabajado mucho ese tema. El cambio en comparación
con la situación anterior es entre el cielo y la tierra o entre el blanco
y el negro, y por tanto, no podía haber ninguna satisfacción en relación
con la situación anterior. La ley tiene que ser desarrollada por cerca de
30 reglamentos, y mientras esos reglamentos y la nueva administración
marítima no esté plenamente operativa a través de las capitanías
marítimas no puede haber ninguna satisfacción, porque no habrá una plena
seguridad marítima; no la habrá nunca porque la plena seguridad no
existe, pero nos falta un largo camino. Llevamos varios siglos de
retraso, ni 50, ni 100 años. En algunas cuestiones marítimas nuestro
país, que era puntero en el siglo XVI, se quedó atrás, y ha habido todo
tipo de sistemas, de regímenes, etcétera. En este momento estamos
recuperando ese pulso todos --no es un problema del Director General de
la Marina Mercante, del Ministerio, o del Gobierno sino de la sociedad
española en su conjunto que es la que, en definitiva, toma decisiones a
través de los medios políticos y públicos--, pero se ha producido un
cambio importante, aunque todavía con enormes huecos, porque no se puede
pasar de una situación anterior muy compleja, muy confusa y muy obsoleta,
en la que todos estábamos unánimes, a una nueva situación. El cambio no
tiene lugar de la noche a la mañana, necesita un cierto tiempo para
asentarse.
Por tanto, ni está acabada la reforma de la administración marítima, como
es sabido, ni está cumplido el nuevo plan 1993-97 con importantes
inversiones. Además, me adelanto a decir que en esa fecha habrá que
volver a hacer un análisis absolutamente crítico. No se puede ser ni
triunfalista ni autocomplaciente en materia de seguridad, porque eso
produce confianza y la autoconfianza lleva inmediatamente a riesgos y a
muertes. Nada más lejos de mi filosofía personal y de la praxis que
estamos aplicando.
A la vez, tampoco sería justo que viéramos todo negro. En este momento
hay una sociedad de salvamento que es una realidad magnífica, que falta
consolidar porque lleva funcionando menos de dos años; que ha sido capaz
de asistir a una reunión en Lisboa esta semana y codearse con las
organizaciones de más solera, de más tradición y más capacidad del mundo;
y que es aplaudida por los colegas y reconocida y se puede comprobar de
una manera fehaciente.
Hemos avanzado en la protección medioambiental y en la seguridad de la
flota, pero eso no quiere decir que no haya que impulsar todavía muchos
más cambios. Hay que cambiar entera la Inspección General Marítima. Hay
que tener una periferia civil. Hay que concluir el traspaso de medios que
gracias al apoyo del Ministerio de Defensa estamos teniendo de un sitio a
otro; hay sitios donde no tenemos ninguna instalación ni infraestructura
--no puedo estar satisfecho de ello-- y donde los funcionarios tienen que
estar con medios muy precarios. El sistema nuevo informático, del que sí
nos vamos a sentir orgullosos, no está acabado. Por lo tanto, falta un
enorme número de elementos que tienen que ser completados a medio y largo
plazo.
Lo que sí es una realidad --y no es algo personal sino una reflexión
objetiva-- es que disponemos de una legislación en marina mercante
gracias al Congreso y al Senado, al Parlamento, de la que nos podemos
sentir orgullosos, pionera en el mundo, completamente distinta, con una
política económica distinta, con una política organizativa distinta, con
un modelo de respuesta y de protección de los intereses generales que
pasa de 25.000 pesetas a 500 millones y a tomar disposiciones
completamente distintas a las que había antes.
Hay un instrumento, como son las agencias americanas, la Sociedad de
Salvamento y Seguridad Martítima, que ha sido trasladada porque han
venido los expertos del Reino Unido y han visto cómo ha evolucionado el
modelo español y en este momento Gran Bretaña está --lo cual es casi
increíble si miramos para atrás-- adaptando un modelo muy similar al
español, en el que se trata integralmente el salvamento, la seguridad
marítima y la protección del medio para utilizarlos racionalmente.
Hace muy poco tiempo prácticamente sólo teníamos un centro en Tarifa y en
este momento tenemos --empezando por el Mediterráneo-- un centro
plenamente operativo en Barcelona, otro en Palma de Mallorca, otro en
Tarragona, un centro operativo de control de tráfico en Valencia y en
marcha la obra civil correspondiente; otro en Almería también operativo
pero a falta de edificio, de instalaciones adecuadas; también se va a
mejorar el centro de Tarifa, ya que aunque ha sido mejorado durante estos
años siempre se ha de tener un espíritu de permanente mejora. Tenemos el
reto el año que viene, con los presupuestos que espero que SS. SS.
aprueben, de hacer los centros de Algeciras, de Cartagena y de Vigo,
donde no tenemos instalaciones en este momento. En el caso concreto de
Algeciras es evidente que, pasando 1.600.000 personas al año y con los
intereses que nuestro país tiene en esa zona, es necesario tener una
capacidad de respuesta conjunta nuestra, de Protección Civil, del
Ayuntamiento de Algeciras y de la autoridad portuaria mucho mejor de la
que tenemos ahora. La misma reflexión se puede hacer respecto a Cádiz.
No este último sábado, sino el anterior, el Ministro para las
Administraciones Públicas, don Jerónimo Saavedra, inauguraba la torre y
la capitanía marítima de Las Palmas. Hace simplemente un año no teníamos
ningún local en Las Palmas. En este momento invito a SS. SS. a que lo
vean y se sientan orgullosos del salto que se ha dado. Lo mismo ha
ocurrido en Tenerife. Nos faltan medios a flote en las islas. Antes no
había ninguno, pero ahora hay (pensando en las Canarias) un remolcador de
altura en Tenerife, otro en Las Palmas y lanchas de salvamento en dos
islas; no están en todas, por eso hay que seguir el esfuerzo inversor.
Si pensamos en Baleares, es evidente el salto dado en el último año en
capacidad, teniendo en cuenta la alta calificación turística y la
importancia que tiene el que no muera la gente sin que podamos dar
respuesta. Subiendo por la costa, llegamos al sitio más complejo y más
difícil, que es Galicia, por donde entre 60 y 100.000 buques, cargados
algunos de ellos de mercancías peligrosas, transitan cada año; donde
hasta hace muy poco nos enterábamos de los accidentes porque llegaba el
buque (recuérdese «El Casón» y otros) a la playa sin que pudiéramos hacer
prácticamente nada para evitarlo. En este momento, hay un dispositivo de
separación del tráfico, es el que más separado está casi en el mundo. Hay
un control de todos los buques que pasan; hay una vigilancia y una
cooperación con la Xunta de Galicia para que todas estas cuestiones,
algunas a las que hacía referencia S. S., sean acordadas con los
pescadores para que no haya ninguna lancha que no lleve chaleco
salvavidas, sistemas de comunicaciones; nada parecido a como hace muy
poco estaba puesto que, como no había medios para salvarlos, ellos
tampoco invertían en seguridad. Hay una situación en ese terreno
completamente distinta.
Si vamos al capítulo de la formación, la inversión ha sido importante en
estos años, pero partiendo de huecos muy graves. Todo el mundo sabe,
porque lo hemos hablado en esta Comisión, que muchos de nuestros marinos
y pescadores no sabían nadar. Pasar de esa situación a que tengan una
cierta preparación en lucha contra incendios, en autoprotección, en saber
utilizar los medios de rescate o de salvamento a su disposición, no es
fácil, pero el número de personas que han pasado por esos cursos en estos
últimos años, tanto públicos como privados, desde las distintas
administraciones, no sólo de nuestro Ministerio, supera las 50.000, cifra
realmente importante.
El Centro de Seguridad Marítima Integral Jovellanos plantea que el año
que viene haya (este año van a ser unas 2.500 personas, más o menos, en
diciembre; de todo tipo, prácticos, controladores, marineros, etcétera,
tanto de la flota dedicada a salvamento como de los buques de la flota
mercante o de pesca) más de 3.000 personas, lo cual es importante. Y
mediante los acuerdos de cooperación con las comunidades autónomas, un
número también trascendente de personas van a recibir formación en esta
materia.
No quisiera acabar sin decir que todos los grupos del Senado, por
unanimidad (lo cual en este momento político en nuestro país no es
fácil), han defendido y se han sensibilizado con la política de seguridad
marítima, que debe ser de Estado. Las diferencias políticas deben ser
para otras cuestiones, en ésta no parece que debamos pelearnos más que
por seguir avanzando para conseguir que no muera ninguna persona en
nuestras zonas de responsabilidad por algo que nosotros seamos capaces de
resolver. Esa es la filosofía con la que trabajan cada día las personas
que están en la Sociedad Estatal de Salvamento. Esa filosofía, que desde
luego el actual Presidente y el Director General de la Marina Mercante
comparten, es la que, cuando SS. SS. deseen, estamos dispuestos a que
vean «in situ».
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Lobeto.
Creo que ha dado cumplida satisfacción a las preguntas y aclaraciones del
Diputado señor Camisón, y sobre todo queda constancia del realismo con el
que ha contestado a las preguntas en materia de buenas intenciones, de
que hace dos años que se ha iniciado este tipo de labor, en la que le
deseamos mucho éxito. Esta Cámara, efectivamente, seguirá con mucha
atención todas las iniciativas, todos sus progresos presupuestarios y de
instalaciones y formación de personal que permitan evitar pérdidas
humanas en un mundo tan complejo y tan difícil, como es el de la
seguridad marítima en nuestro país.
Quisiera anunciar a esta Comisión, en primer lugar, la presencia del
Subsecretario de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, y que en
el orden del día han sido retiradas, por propia decisión y por
manifestación a esta Mesa, la comparecencia del Presidente de Enatcar.
Asimismo, por propia manifestación a esta Mesa y por decisión de los
demandantes, ha sido retirada la comparecencia del Presidente de
Telefónica, como ayer anunciamos y hoy confirmamos definitivamente.
--DE LA SEÑORA SECRETARIA GENERAL DE COMUNICACIONES (SALGADO MENDEZ). A
SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente
212/001061.)
--DE LA SEÑORA PRESIDENTA DE HISPASAT (SALGADO MENDEZ). A SOLICITUD DEL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente 212/001065.)
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, nuestro orden del día pasa
directamente a la comparecencia del señor Subsecretario de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente, que va a contestar y a dar
información relacionada con los Presupuestos Generales del Estado para
1995, para tratar de conseguir --y lo va a conseguir-- dar satisfacción a
las preguntas formuladas a la Secretaria General de Comunicaciones y a la
Presidenta de Hispasat.
Tiene la palabra, en nombre del Grupo Popular, el señor Camisón.
El señor CAMISON ASENSIO: Señor Presidente, estamos ante otra
comparecencia doble: una referida a la
Presidenta de Hispasat, y otra a la Secretaria General de Comunicaciones.
Saludamos al Subsecretario en este trámite parlamentario de los
Presupuestos, con toda cortesía, y pasamos directamente a analizar las
cuestiones que en este debate de Presupuestos interesan al Grupo
Parlamentario Popular.
El caso del Hispasat, que, como sabe el señor Subsecretario, supuso una
inversión de 58.000 millones de pesetas, tanto para el 1.A como el 1.B,
incluso el de reserva, empezó a funcionar con un retraso importante, que
fue la causa de la situación en la que nos encontramos en este momento.
Para empezar, quisiera plantearle que, de acuerdo con los resultados del
año 1994 y basándonos en las previsiones del PAIF y de los presupuestos
de explotación y capital de esta sociedad estatal, le preguntamos cuál es
la desviación producida en el resultado de la empresa que figura en la
cuenta de pérdidas y ganancias del año 1994; cuál es la desviación, en el
mes último de que disponga datos, y las previsiones a 31 de diciembre
respecto a las evaluaciones existentes para permitir la rentabilidad
final del sistema 1 de satélites al término de su vida útil, que, como S.
S. sabe, son 10 años y ya han pasado; y cuál es la desviación prevista
para todo el año 1994 de recursos generados por operaciones que figuran
en el presupuesto de capital de esta sociedad estatal. Estas son
preguntas de tipo general.
Entrando en la información, según datos que estamos manejando en el
Parlamento, tanto en el Congreso como en el Senado, la cifra última que
se nos ha proporcionado respecto al saldo de endeudamiento de las
sociedades estatales, bien es verdad que a fecha 30 de abril del presente
año, para el caso de Hispasat se ha fijado en 44.250.000 pesetas. Si eso
era a 30 de abril, preguntamos cuál es en la actualidad ese saldo de
endeudamiento, cuál será al final de este ejercicio y el previsto para el
ejercicio de 1995, que constituye el objetivo de los presupuestos que
estamos debatiendo.
En cuanto a la rentabilidad del Hispasat, todos somos testigos de que ha
habido una variación de opinión por parte del Gobierno en los últimos
meses, que pasó de esperar unos beneficios en la vida del Hispasat del
orden de 45.000 millones, hasta, por ejemplo, en julio de 1993, fecha en
que la Secretaria General los cifraba en 25.000 millones, y vamos
bajando. A principios de este año se hablaba sólo de 20.000 millones.
Efectivamente, vamos comprobando que el proceso de explotación del
Hispasat se está separando un poco de todas las premisas que se habían
expuesto.
En esta situación nos encontramos con que ante las dudas recientes sobre
esta rentabilidad, el Ministro responsabiliza del éxito final no ya al
proyecto en sí, sino a las propias cadenas que van a utilizar el Hispasat
y lamenta --dice textualmente-- que la proyección haya derivado hacia el
embrutecimiento.
Ante esta situación, cuando estamos ante un tema crucial del Hispasat
cual es su rentabilidad, a la vista de que se están cambiando los
criterios del Gobierno, quisiera aprovechar la oportunidad de este debate
presupuestario para centrar el tema y ver cómo está la situación en estos
momentos. Cuando vemos los informes últimos de los propios constructores,
la Matra, Marconi, Space France, nos encontramos con que se contrasta
todo aquello que habíamos dicho nosotros en los últimos debates
parlamentarios sobre la materia. Vemos, por ejemplo, la cobertura que se
hizo del satélite 1A en su diagrama de radiación mediante antena
irregular y observamos que, dados los croquis que ofrece el propio
constructor, se había enmarcado como centro máximo de recepción
justamente donde se había fabricado, en zona francesa, con lo cual
quedaba gran parte del territorio español en zona marginada; es decir,
que un andaluz tenía peores condiciones para recibir el 1A que un
habitante del centro o del sur de Francia. Esto originó un debate y en el
1B se corrigió y está situado en mejores condiciones de recepción.
Así las cosas, nos encontramos con que esta serie de desviaciones y de
retrasos que se han producido, están en el fondo malogrando un poco los
planes del Gobierno, puesto que, incluso, no se pudo hacer la
inauguración, como se había previsto, en los fastos del 92 y a partir de
entonces esos retrasos están causando las dificultades económicas a las
que hoy nos enfrentamos en estos presupuestos.
Estos retrasos, unidos a las circunstancias económicas, hacen inviable
cualquier intento de acercar las tarifas a los máximos establecidos por
el Gobierno en aquel momento que, como recuerda, eran de 830 millones
anuales por canal y se han ido haciendo rebajas hasta dejarlas en 400
millones o incluso menos, en una especie de saldo.
Estas condiciones de demora de las emisiones (el satélite 1A, entró en
funcionamiento, como sabe, el 1 de enero de 1993 y el 1B el 1 de
noviembre) han supuesto una serie de pérdida de comercio que si
analizamos (no tenemos tiempo de hacerlo en esta comparecencia) lo que se
ha perdido de capacidad de emisión, tanto por el DBS utilizado, por la
emisión de TBA, como por todos los conceptos, salen cifras que rondan los
4.000 ó 5.000 millones de pesetas que ha perdido el contribuyente español
por estos retrasos y disfunciones.
Nos encontramos ante un sistema, el Hispasat, que es atípico, porque es
un sistema de satélite español de categoría doméstica para uso y
cobertura que contrasta con los sistemas clásicos del Eutelsat, el
Intelsat o, incluso, la gran expansión que está teniendo el Astra. Sabe
el Subsecretario que sólo hay cinco de tipo doméstico en los países
europeos, que son: Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y Luxemburgo,
con un nivel de penetración y desarrollo mucho más alto que el nuestro. Y
ahora vemos que el modelo español se ha establecido y no tiene similitud
alguna con estos modelos domésticos europeos internacionales que
funcionan en esos entornos y aquí, no. Por ejemplo, se ha creado un
operador de pegamento espacial, que es este Hispasat, y tres operadores
de segmento terreno, la Telefónica, Retevisión y el organismo autónomo de
Correos, separando dos actividades que se necesitan para dar un servicio
coherente. Y ahora es cuando se pretende crear una sociedad neutral para
intentar arreglar aquella falta de visión del proyecto. Llegamos, por
tanto, a esta situación
actual, a los dos o tres años, de una mínima utilización efectiva de los
satélites, que se está poniendo de manifiesto en los modelos de
operaciones que no están funcionando. En cuanto a las comunicaciones,
tampoco tenemos tiempo de analizarlas, pero realmente vemos que, por
ejemplo, el Hispasat no pasará de una presencia testimonial y de control
pasivo, ya que Telefónica ocupa sólo dos de los 18 canales posibles SFS,
Retevisión solamente cinco. Luego vemos que, efectivamente, se va
cumpliendo la falta de utilización en estos usuarios del satélite de tipo
institucional. No digamos lo que está ocurriendo con las empresas
privadas de televisión, que para que acudan ha habido que hacerles una
rebaja de saldos. Y la misma Telefónica, que, si este tema no se
soluciona, no está dispuesta, por lo que estamos viendo, a utilizar el
sistema de una manera que se le saque el máximo rendimiento.
He explicado un poco, en líneas generales, la situación, para que,
aprovechando este debate de presupuestos, ya que la Secretaria General no
tiene oportunidad de explicarlo, usted nos diga qué perspectivas hay, qué
soluciones hay a una situación que no es satisfactoria y que,
desgraciadamente, se están cumpliendo aquellas previsiones que nosotros
hicimos en varias iniciativas parlamentarias, incluso en los Plenos de
esta Cámara. El resultado no es satisfactorio y queremos saber qué
previsiones presupuestarias o de otro tipo hay que arreglar la situación
de este sistema que, realmente, no es al que debiéramos ir.
Esto es, señor Presidente, lo que yo quería exponer al Subsecretario en
temas del Hispasat. Y paso ya a temas generales de la Secretaría General
de Comunicaciones.
Teníamos pendiente la comparecencia de la Secretaria General para
analizar todo lo que había anunciado del segundo borrador del plan
estratégico general de la liberalización de las telecomunicaciones, con
una serie de documentos que se nos habían hecho llegar por parte del
Gobierno. Incluso el tema lo planteamos, por nuestra parte, en el debate
del Estado de la Nación y se aprobaron algunas de las mociones con el
apoyo nuestro, por supuesto. Siempre hemos defendido la máxima urgencia
en esa liberalización, en contra de la opinión muchas veces del propio
Ministerio, que ha estado en contra de ella; últimamente, con la
aportación del Tribunal de Defensa y del Ministerio de Hacienda. El tema
ha ido cambiando y, de pronto, cuando estaba este debate vemos que, en el
último Consejo de Ministros, se aprueban las diez medidas de
liberalización de las telecomunicaciones, en la línea que nosotros hemos
venido manteniendo en los últimos meses, lo cual nos congratula. Se
repite otra vez el mismo fenómeno de cuando nosotros defendíamos en esta
Comisión una línea de alta velocidad ferroviaria Madrid-Sevilla, que se
negaba, y al año siguiente se aprobó. Con lo cual creemos que es una
manera constructiva de hacer oposición.
En esta línea...
El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Camisón. Quiero hacer una aclaración
para todos los miembros de esta Comisión. La excelentísima señora doña
Elena Salgado en estos momentos se encuentra de viaje en Norteamérica y,
por tanto, no va a poder comparecer. O sea, que a su comentario de que,
efectivamente, esperábamos a la Secretaria General de Comunicaciones,
tengo que decir a la Comisión que se encuentra en estos momentos de viaje
en Estados Unidos, le ha sido imposible comparecer y por eso tenemos la
presencia del Subsecretario.
Puede usted seguir, señor Camisón.
El señor CAMISON ASENSIO: Efectivamente, y agradecemos la presencia del
Subsecretario sustituyendo a la Secretaria General. Hace bien poco
ocurrió algo parecido, y en aquel momento se encontraba en Seúl, en Corea
del Sur. Esperamos que pronto, cuando vuelva de Estados Unidos, podamos
debatir con ella un tema tan de actualidad rabiosa, en estos momentos,
como es todo el proceso de la liberalización de las telecomunicaciones en
nuestro país como futuro sistema nervioso de todo el sistema económico de
un país moderno.
Planteado así el tema nos encontramos con que han pasado pocos días de
esa aprobación del Consejo de Ministros, que algo va a afectar a los
presupuestos, que se habían aprobado los presupuestos antes de ese
acuerdo y, por tanto, queremos conocer qué influencia va a haber en los
presupuestos de esos acuerdos que han sido posteriores al proyecto de ley
de presupuestos, puesto que realmente tiene que haber una concordancia
que no se dio en su día. Apreciamos que, a pesar de todo, sigue habiendo
divergencias, porque el propio Presidente del Gobierno, en el último
Consejo de Ministros, le dio la trascendencia política de ser él el que
lo anunció al país y a los dos días, el Ministro sale, un poco
corrigiendo la plana al propio Presidente del Gobierno cuando dijo que
todo el proceso era viable y, de acuerdo con el convenio a que se había
llegado a nivel comunitario, se tomaba como fecha el año 1998. El
Ministro, últimamente, corrigió diciendo que hay ahí un plazo de cinco
años y que no está cerrado que el Gobierno español, de acuerdo con
Telefónica, pueda utilizarlo y no tengamos esa liberalización hasta el
año 2003.
Queremos saber, en estos momentos, porque es fundamental para nuestro
debate, quién tiene razón, si el Presidente del Gobierno o el Ministro
del ramo, para ajustarse y ver qué terreno pisamos y que se pongan de
acuerdo. Por lo menos, si usted puede decirnos hoy dónde está la verdad
de este asunto.
Vemos que afecta a todo lo que es el presupuesto, porque, de acuerdo con
ello, se fijan unos anuncios de subidas de tarifas telefónicas, como
consecuencia de todo eso, hasta el año 1988, que va a influir en todos
los capítulos del presupuesto, porque es un gasto importante de toda la
Administración y de todas las empresas; justamente, por ejemplo, éste, el
de las tarifas telefónicas que se nos anuncia que tiene esas subidas.
También quisiéramos ver si podíamos tener conocimiento, por lo que pueda
afectar, ya que el Presidente de Telefónica no ha venido y puesto que el
regulador de esta empresa es justamente la Secretaría General, sobre qué
va a ocurrir con el tipo de convenios, más que nada de uniones o
«merging» --como se viene utilizando en el léxico internacional--,
respecto a la creación de Unisource, de Telefónica con las operadoras
suecas y de los Países Bajos,
qué posibilidad hay en estos momentos, en qué situación está, puesto que
esto va a afectar a toda la evolución relativa a la industria y
suministros de la industria, a las partidas correspondientes de los
presupuestos.
Y nos gustaría que nos aclarase en qué va a consistir ese organismo
neutral de regulación que se ha proyectado, porque ha llegado la hora.
Tantas veces hemos repetido desde nuestro Grupo que no tenía sentido que
la Secretaría General fuera a la vez juez y parte, que fuera miembro del
Consejo de Telefónica y, a la vez, tuviera que regular las decisiones.
Creemos que ha llegado el momento de esa separación de no ser juez y
parte, se nos anuncia, pero se nos anuncia que es un organismo que va a
depender directamente del Ministerio otra vez. Luego vemos que se pone en
duda, por lo menos para nosotros, si va a ser neutral o no. Queremos
saber si este organismo va a ser semejante al célebre Oftel británico y,
por tanto, va a controlar precios, va a investigar denuncias, va a
atender reclamaciones de usuarios y consumidores, va a realizar tareas de
inspección y si genéricamente va a ejercer las competencias que establece
la ley para evitar abusos de posición dominante y prácticas
anticompetitivas a que nos tiene acostumbrados este país, sobre todo
Telefónica.
Lo siguiente que quisiera aprovechar para dilucidar hoy es qué opinión
tiene sobre la práctica de la Dirección General de Tráfico de utilizar
radares estáticos y cinemómetros móviles, que no tienen la aprobación de
la Secretaría General, puesto que es una partida que afecta directamente
a los presupuestos y se ha hecho público que se están utilizando. Hay una
descoordinación entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Obras
Públicas hasta el punto de que la Dirección General de Tráfico está
utilizando estos instrumentos sin estar homologados por la Dirección
General de Telecomunicaciones. ¿En qué situación está esta materia?
Nos gustaría que nos informara sobre la situación de Eurotelecom 90. Si
no tiene datos, nos los envía, ya que se ha hecho público por la
Secretaría General que han tenido lugar unos expedientes relativos a la
situación de este concurso que se hizo por la Secretaría General en
relación con una exposición de tipo europeo. Queremos conocer la
situación de desvío de fondos monetarios y que se nos informe dentro el
plazo para nuestro debate político en el Pleno de esta cámara.
Voy a ir terminando, señor Presidente, puesto que, al unir las dos
comparecencias, comprendo que está siendo demasiado amplia mi
intervención, pero hay dos o tres temas que voy a exponer de una manera
muy rápida.
Dentro del Programa Star España que, como usted sabe, distribuye la
Dirección General de Telecomunicaciones, nos gustaría conocer los
detalles de los expediente y, sobre todo, las contrastaciones que ha
hecho la Secretaría General, respecto a si las previsiones e inversiones
se han construido, de todos los expedientes dados por la Dirección
General de Telecomunicaciones relacionados con videotex inforural que han
sido, según mis noticias, en las Comunidades de Asturias, Castilla y
León, Extremadura, Galicia y Madrid, por un importe de 749 millones de
pesetas. La situación de esas inversiones, si la contrastación que ha
tenido que hacer la Dirección General se ha realizado y el resultado de
esa contrastación de que las inversiones se han llevado a cabo. Nos
gustaría que nos enviara, porque supongo que no lo tiene, el cómputo de
televisiones locales existentes en funcionamiento, aunque sean alegales,
pero que están funcionando, así como las normas en que se basa la
Dirección General para dictar las órdenes de cierre de las mismas, puesto
que si dicta órdenes de cierre, debe saber de su existencia. El
inventario a nivel de país de estas televisiones locales existentes.
Para no agotar la paciencia de la Comisión, la de la Presidencia, ni la
de los servicios, hay una serie de preguntas que no voy a repetir, que
son muy específicas, y que voy a pasar a la Presidencia para que la
Secretaría General de Comunicaciones, a través del Subsecretario, nos la
remita con la mayor urgencia posible, dentro de las 72 horas, plazo
fundamental para poderlas tener en cuenta en el estudio de nuestras
enmiendas. Con esto termino.
El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra el señor
Subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Llardén Carratalá): Agradezco a la Presidencia de la Comisión y a la
propia Comisión que me hayan permitido comparecer, en tanto que
Subsecretario de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, en
sustitución de la Secretaria General de Comunicaciones que está en un
viaje oficial.
Del conjunto amplio de preguntas que el Diputado señor Camisón me ha
hecho, voy a intentar, sobre la marcha, ver las que puedo contestar. En
todo caso, queda claro que las que no pueda contestar en este momento
porque no tenga aquí toda la documentación, se las haríamos llegar al
señor Diputado y a la Presidencia de la Cámara por escrito.
En primer lugar, hay un bloque de cuestiones relativas al Hispasat. Yo
tengo aquí información, que creo que puedo dar al señor Diputado, y la
única que no tengo es la de mitad de año, del mes corriente, en cuanto a
la explotación, que se la haré llegar por escrito. Sin embargo, le puedo
dar algunos datos importantes en cuanto al problema de endeudamiento y
rentabilidad del satélite Hispasat.
He de decirle que para el año 1995, por primera vez, la empresa --no el
satélite-- va a tener un «cash-flow» positivo de exactamente 2.926
millones de pesetas. En principio, esto es coherente con el programa de
explotación que estaba previsto. Como el señor Camisón bien ha dicho, es
un satélite que tiene una vida útil de diez años; ha de amortizar en ese
tiempo sus activos, de acuerdo con unas determinadas tablas. Tiene que
devolver sus préstamos --a ello contestaré después-- y, evidentemente, va
teniendo unos ingresos que en principio son ascendentes a lo largo de
este período de tiempo.
En concreto --ésta era otra pregunta que me hacía-- la cifra de ingresos
prevista para el año 1994 es exactamente de 7.455 millones de pesetas, a
31 de diciembre; dentro de poco tiempo estaremos en condiciones de
contrastarla. Esta cifra pasaría, en el año 1995, a 9.064 millones de
pesetas, debido fundamentalmente a que la tasa de ocupación del satélite,
en estos momentos, es del 80 por ciento; cien por cien en el primer
satélite y 60 por ciento en el segundo, con lo cual, a lo largo de este
año y pico de funcionamiento, el satélite ha ido incrementando de forma
notable su expectativa de funcionamiento.
Con los datos del año 1995, lo que tendríamos sería un total de gastos
previstos para el ejercicio de 13.468 millones de pesetas y unos
ingresos, por todos los conceptos, de 9.338 millones; 9.064 directamente
por la explotación y otros 300 millones por otros conceptos. Eso nos
daría una pérdida global para el ejercicio de 1995 de 4.130 millones,
matizado por el hecho --como digo-- de que, por primera vez, el
«cash-flow» es positivo.
¿Por qué salen los 4.130 millones? Porque las amortizaciones previstas
para el ejercicio de 1995 son 6.842 millones. Por tanto, aunque tiene un
«cash-flow» positivo, evidentemente, al añadir las amortizaciones, aún
tiene una pérdida de capital.
¿Cuál es entonces la previsión de beneficios que Hispasat tiene en estos
momentos? No ha variado respecto a lo que entiendo debió comunicar la
Secretaría General en su anterior comparecencia y es que en el año 1997,
en ese ejercicio, tendríamos ya una cuenta de resultados positiva.
El endeudamiento de Hispasat a final de este año y previsto para el año
1995, contestando exactamente a lo que me preguntaba el señor Diputado,
es el siguiente: La previsión a 31 de diciembre de 1994 es de 38.135
millones de pesetas de endeudamiento por acreedores a largo plazo; para
el año 1995 esta cantidad habría bajado a 31.111 millones de pesetas. Por
tanto, de acuerdo con la previsión, efectivamente, la cifra de
endeudamiento va bajando y la cifra de amortización probablemente sea
mayor, aunque no tengo ahora aquí la cifra exacta de 1994 para comparar.
Los ingresos pasan, en números redondos, de 7.000 a 9.000 millones de
pesetas y, por tanto, con total sinceridad, yo creo que en estos momentos
el desarrollo, desde el punto de vista económico-comercial, del satélite
es satisfactorio. Es una empresa que, por el trabajo que realiza, en los
primeros años acumula una gran cantidad de gastos --llamémoslo así-- en
materia de amortización y en materia de devolución de préstamos y sus
ingresos van creciendo con el tiempo. El balance global habrá que hacerlo
al final. Sin embargo, en estos momentos está funcionando de forma
correcta, tanto técnicamente como en cuanto a los datos de rentabilidad.
El señor Diputado comentaba que las tarifas son más baratas de las que en
principio el Gobierno le había puesto como tope. Efectivamente, esto es
cierto. Este es un mercado muy competitivo, como bien conoce, y la
empresa tiene un margen teórico para subir sus tarifas. Lógicamente, lo
hará o no en función de que el mercado responda en este terreno.
La tasa de ocupación --como he dicho antes-- es del 80 por ciento, por
tanto, es positiva. Hay un dato muy importante que liga con otra pregunta
que me ha formulado el señor Diputado, que comentaré después. Me estoy
refiriendo al plan de liberalización de las telecomunicaciones. Si, en la
situación actual, la empresa Hispasat, con el conjunto de satélites en
funcionamiento, ha sido capaz de ocupar un 80 por ciento y de tener ya un
«cash-flow» positivo, la liberalización del sector de las
telecomunicaciones, especialmente en lo que hace referencia al cable,
creo que nos permite pensar que esta sociedad mercantil va a tener un
desarrollo absolutamente clave y seguro. ¿Por qué? En todos los países
está perfectamente demostrado que el desarrollo del cable --en contra de
lo que aparentemente pueda parecer-- está íntimamente ligado a la
utilización de satélite, por motivos que el señor Camisón me consta que
conoce y, desde ese punto de vista, entendemos que el desbloque
legislativo de la normativa sobre la liberalización de cable en España
indirectamente va a favorecer una mayor utilización de los satélites en
general; también cabe pensar, por tanto, de la sociedad Hispasat, en
concreto.
Es cierto que en este momento no está aún definida --como el propio
Gobierno ha anunciado-- la presentación de una ley y hasta que dicha ley
no sea discutida por este Parlamento no tendremos el marco definitivo.
Hasta ese momento la liberalización no va a ser factible, pero a partir
de que el Gobierno presente el proyecto de ley --puede hacerlo antes de
diciembre--, las Cámaras en el primer semestre del año podrían aprobar
definitivamente la ley. Por tanto, a mediados del próximo año podríamos
tener ya una normativa. A partir de ahí los diferentes grupos
empresariales interesados podrían empezar a trabajar en este terreno y yo
calculo que para el ejercicio del año 1996 ó 1997 este nuevo segmento de
clientela va a incidir en Hispasat, segmento de clientela que, según las
previsiones que tenemos en este momento, se ha considerado de forma muy
conservadora y ello yo creo que puede acelerar la entrada en beneficios
de la sociedad, aunque esta previsión en estos momentos no deja de ser
una opinión mía difícil de contrastar.
En cuanto a las desviaciones por las que S. S. me preguntaba, según los
datos que le facilito, entiendo que para los ejercicios 1994 y 1995
estamos en coherencia con la línea de explotación prevista por la
sociedad mercantil y no hay más desviaciones que las inicialmente
previstas. Es decir, seguir en régimen de pérdidas hasta el año 1997,
cuando se invertiría la tendencia y en el año 1995, antes de
amortizaciones, podremos tener un resultado de explotación, de tesorería,
positivo. Las perspectivas, por tanto, son positivas en este sentido.
Ha comentado el señor Camisón correctamente el hecho de que tenemos tres
operadores terrestres, de acuerdo con la Ley de Ordenación de las
Telecomunicaciones, que pueden operar, como son Retevisión, Correos y la
Compañía Telefónica de España y es evidente que el futuro desarrollo --al
que luego me referiré-- de la denominada ley del cable yo creo que va a
potenciar el papel de la sociedad Hispasat. Es difícil prever en este
momento si, como se ha comentado desde el propio Ministerio, existe la
posibilidad de que esta sociedad mercantil se coordine más estrechamente,
por ejemplo, con Retevisión, para prestar determinados servicios u
ofrecer sus servicios a operadores privados o en otra órbita diferente
más ligada al otro operador que sería la Compañía Telefónica. Yo creo que
en estos momentos ni la propia Secretaría General podría dar una
respuesta definitiva a este tema, porque habrá que verlo, pero sí creo
que el porvenir económico-comercial de la sociedad mercantil Hispasat en
estos momentos, con estos nuevos datos encima de la mesa, es
perfectamente positivo.
Ya he facilitado a S. S. los datos globales, estoy en condiciones de
darle, si es necesario, algún detalle más, tanto en relación con el
presupuesto como con el endeudamiento, pero, por ceñirme al tiempo que el
señor Presidente me marcaba, voy a entrar a tratar las otras cuestiones
importantes que ha expuesto el señor Diputado.
El plan estratégico de comunicaciones o el plan de liberalización de las
telecomunicaciones, efectivamente, ha sido aprobado por el Consejo de
Ministros del pasado viernes y he de decir al señor Diputado que yo no he
detectado ninguna divergencia entre la presentación que hizo el
Presidente del Gobierno y la que hizo posteriormente el Ministro de Obras
Públicas, ampliando un poco los detalles. Creo entender que se debe
referir a la fecha de liberalización de la telefonía el 1 de enero de
1998. Efectivamente, el documento que ha aprobado el Gobierno, que creo
recordar que aún no ha sido publicado en el «Boletín Oficial del Estado»,
aunque lo será próximamente, lo que dice (hablo de memoria) es que se
puede producir esa liberalización, lo cual supone un paso hacia adelante,
el 1 de enero de 1998, siempre que se hayan cumplido una serie de
condiciones que el documento establece; condiciones que yo entiendo que
se habrán cumplido a esa fecha y que, por tanto, no habría problema.
Supongo que lo único que hizo el Ministro en la rueda de prensa, porque
yo no estaba presente, fue matizar que existían unos prerrequisitos que,
de no cumplirse, pondrían en duda que pudiera aceptarse esa fecha. Qué
duda cabe que si los requisitos que el documento establece (extensión del
servicio universal a todo el país, etcétera) se han cumplido, no hay
ningún elemento que permita pensar que debiera retrasarse ese período. Lo
que sí es cierto es que la Unión Europea, en el acuerdo adoptado hace
aproximadamente un año, marcó esa fecha con carácter general para una
serie de países, dejando libre que otros países, entre los cuales se
encontraba España, tuvieran lo que yo denominaría una cláusula de
garantía o de salvaguardia por si algún conjunto de condiciones previas
que la propia Unión entendía que eran correctas no se hubieran cumplido.
En estos momentos, el objetivo de Ministerio de Obras Públicas, y, por
tanto, del Gobierno, es que se cumplan todos esos requisitos y que a 1 de
enero de 1998 estemos en condiciones de dar ese paso, aunque como bien
señalaba el señor Camisón, el acuerdo contempla muchas más cosas; éste es
sólo uno de los puntos del mismo. Quizá los compromisos concretos del
Gobierno, a corto plazo, son tres. El primero es la presentación del
proyecto de ley que hemos llamado de televisión por cable, aunque después
habrá que ver cuál es la denominación definitiva, antes del 31 de
diciembre; el segundo, la presentación del proyecto de ley sobre
televisión local por ondas hercianas, que intenta dar una solución al
otro tema que ha planteado el señor Camisón. Efectivamente, como él mismo
decía (no tengo aquí el inventario en estos momentos, pero se lo haríamos
llegar), hay que dar una solución a la reexistencia real de una serie de
televisiones locales que están utilizando ondas hercianas y que, hoy por
hoy, no están reguladas en nuestra normativa. El Ministerio tiene ya un
borrador de este proyecto de ley, borrador que, incluso, fue visto en un
primer examen por la Comisión de Subsecretarios pero que, lógicamente,
quedó a la espera de que el Gobierno aprobara el marco definitivo (el que
aprobó la semana pasada); por tanto, yo creo que no va a haber ningún
problema de calendario para presentar este segundo borrador, no sé si
antes del de televisión por cable, después o simultáneamente;
probablemente, el orden lógico sea primero el de televisión por cable y
después este segundo que, de hecho, regula una parte del problema global.
Quisiera hacer un comentario al señor Camisón. El ha dicho en su
intervención, y está en su derecho de verlo así, que el Ministerio había
sido poco proclive a la liberalización pero que finalmente ésta se ha
producido. Yo debo decir, sin querer entrar en una polémica subjetiva de
opiniones, que el Ministerio ha impulsado activamente el proceso de
liberalización y que nos sentimos contentos y satisfechos con lo que ha
aprobado el Gobierno. El que no se haya hecho antes es porque,
precisamente, son unas decisiones que, aparte de ser importantes, tienen
otra característica que las diferencia de otros procesos legislativos, y
es que son irreversibles. Muchas veces los gobiernos y los parlamentos
decretan o legislan en materias que, hasta cierto punto, tienen vuelta
atrás o simplemente cambio (hoy se dice una cosa y en otro momento el
Parlamento puede votar una ley diferente que corrige, de una forma o de
otra, el rumbo), pero en materia de telecomunicaciones, las principales
decisiones que va a adoptar, tanto el Gobierno como el Parlamento, en los
próximos meses, en su gran mayoría, son de carácter irreversible. Por
poner un ejemplo, si decidimos tener --por decir una tontería--cinco
operadores en telefonía, que no es el caso, una vez que lo hemos decidido
y se hubieran hecho las inversiones, al cabo de cinco años, otro Gobierno
u otro Parlamento, aunque quisieran, difícilmente podrían decir: Me lo he
pensado mejor y en vez de cinco que sean dos y los tres restantes sobran.
Incluso en sentido contrario. ¿Por qué? Porque hay unas inversiones, unas
cuotas de mercado que son difíciles de establecer y una vez decidido el
camino es difícil corregirlo. Por eso el Gobierno ha sido muy prudente en
cuanto a aquilatar bien las decisiones. Y no sólo el Gobierno va a ser
prudente, sino que estoy seguro de que las Cámaras, cuando reciban estos
proyectos de ley que se derivan de este proceso de liberalización,
prácticamente en 1995 no digo que sea lo más importante que discuta el
Parlamento, porque puede parecer un poco exagerado por mi parte siendo
del Ministerio de Obras Públicas, pero creo que va a ser de los proyectos
de ley de mayor envergadura, de mayor calado económico y político. Estoy
convencido de que el Parlamento le va a dedicar un tiempo, si cabe, más
especial por lo que estoy diciendo, porque las decisiones van a ser en
gran parte irreversibles, y esperemos que todos sepamos encontrar el
camino adecuado.
Dicho esto, me preguntaba cómo afectaba a los presupuestos. Aunque es
cierto que el acuerdo técnicamente se produce posteriormente a la
aprobación del presupuesto
por parte del Gobierno, precisamente en la medida en que el Ministerio de
Obras Públicas este tema lo ha estado elaborando desde hace tiempo y lo
ha puesto en común con el resto de ministerios, especialmente con el
Ministerio de Hacienda, en el seno de la Comisión Delegada de Asuntos
Económicos, podemos decir que los presupuestos de 1995, de una forma o de
otra, ya tienen incorporadas las ideas generales del acuerdo marco que ha
aprobado el Gobierno. Acuerdo marco que, a corto plazo, tampoco tiene una
incidencia especial en presupuestos, en la medida en que la mayor parte
de las inversiones a realizar en todo este proceso lo van a ser
precisamente por agentes privados o por agentes que tienen contacto con
el sector público, como puede ser la Compañía Telefónica Nacional de
España, que, como bien conocen los señores Diputados, opera al margen del
presupuesto y sin recibir subvención. Qué duda cabe, no obstante, que la
pregunta del señor Camisón tiene sentido a medio y largo plazo.
Efectivamente, según cómo evolucione este inmenso sector, es evidente que
la Compañía Telefónica, que Retevisión, que Hispasat y otras sociedades
que en este momento no pensamos en ellas, o no existen, pueden influir de
una forma o de otra en la política presupuestaria. Pero a corto plazo ya
ha sido tenido en cuenta y no hay ningún elemento nuevo o determinante.
Me preguntaba sobre las posibles fusiones de la Compañía Telefónica. Este
es un tema de capital importancia sobre el cual, en este momento, como
Subsecretario del Ministerio, no le puedo aportar ningún dato nuevo. Dudo
incluso que si el Presidente de Telefónica hubiera podido comparecer hoy
aportara ningún dato nuevo. Es evidente que la Compañía Telefónica está
tanteando, creo que muy correctamente, con los diferentes operadores
extranjeros posibles alianzas estratégicas, sea en un terreno, sea en
otro. Forma parte, por ejemplo, como bien conoce el señor Camisón, de la
red Unisource, etcétera. Hay una serie de contactos pero creo que --es
una opinión como Subsecretario del Ministerio-- no se van a materializar
definitivamente hasta que el cuadro legislativo, normativo, del proceso
de liberalización en España esté definitivamente aprobado; el cuadro
legislativo en España y, no lo olvidemos, lo que está discutiendo también
la Unión Europea, porque estamos en un proceso tan cambiante que la misma
Unión Europea, en este momento, no ha determinado definitivamente cuáles
son sus ideas o sus preferencias en aspectos tan importantes, por
ejemplo, como la liberalización o no de las infraestructuras. Incluso el
Gobierno alemán, que sea cual sea su color político siempre tiene una
rama bien ganada de rigor, planificación y antelación, ha variado su
postura, como bien conoce el señor Camisón, en las últimas semanas, más
que meses, en cuanto a los ritmos del proceso de liberalización y ha
pasado de una postura decidida de no liberalizar las infraestructuras,
que estaban monopolizadas por la Deutsche Telecom, a una postura que ha
cambiado en las últimas semanas, que de momento la ha anunciado
simplemente, no la ha materializado, de permitir, de una forma o de otra,
la entrada de capital privado en este sector de infraestructura, no sé a
través de qué forma.
El Gobierno inglés en estos momentos está efectuando un análisis, que
tiene que terminar antes del 31 de octubre --de aquí a unos días--, de si
privatiza o no el Post Office, el servicio de correos, pero con una forma
diferente y novedosa respecto de lo que conocemos en otros países. Lo
digo porque, casualmente, hace poco recibí a uno de los asesores o
consultores del Gobierno inglés en esta materia que vino a exponer su
expertise en estos temas, que es lo que hacen en este tipo de empresas,
le atendí con interés y me explicó un poco el proceso de asesoría al
Gobierno inglés que ellos estaban haciendo, y lo que parece que el
Gobierno inglés está estudiando en este momento --que, repito, aún no ha
aprobado y mucho menos discutido en la Cámara de los Comunes-- es una
posibilidad de convertir en acciones al Post Office y venderlas como si
fuera Repsol o Argentaria. No iría tanto por la vía de segmentar el
servicio y ofrecer parcelas a otras empresas como por una opción del
share, de acciones. De todas formas esto está sub iudice, valga la
expresión. Antes del 31 de octubre el Gobierno inglés tiene que tomar una
decisión y trasladarla a la Cámara de los Comunes, que debería dictar un
bill o algo parecido. Simplemente lo digo como idea para mostrar que
estamos en un terreno en el que están trabajando todos los gobiernos
europeos, en este momento --y el nuestro es un ejemplo--, están
trabajando activamente definiendo este marco. Pues bien, hasta que estas
grandes decisiones --es una opinión mía como Subsecretario-- no estén
definitivamente aposentadas en Europa --yo creo que será en un período de
uno a dos años--, estas grandes alianzas estratégicas entre nuestra
Telefónica y otras empresas van a estar entre paréntesis hasta que
realmente todos los operadores sepan exactamente a qué atenerse. Digo
esto por lo que he señalado --y no me quiero alargar-- de que algunas de
estas decisiones tienen carácter irreversible, y pongo el ejemplo del
Post Office inglés. Si el Gobierno inglés decide --y el Parlamento se lo
aprueba-- convertir en acciones el capital del servicio de correos y
venderlas en el mercado es prácticamente irreversible con una opción
diferente que sería parcelar el servicio en niveles, uno sería para el
Royal Post Office, otro para el Royal Mail y otro para otras empresas,
porque es difícil que el mercado pueda digerir las dos cuestiones. Por
eso el Gobierno inglés en este terreno, me explicaba este asesor de una
empresa especializada, lleva un año y medio estudiando el tema, ha
contratado a una empresa para que le haga un estudio, y me anunciaba que
probablemente en la Cámara de los Comunes iba a ser uno de los grandes
debates de la próxima temporada las diferentes opciones que podíamos
tener sobre este tema.
En cuanto al organismo regulador y sus funciones, que ha anunciado el
Gobierno, en materia de telecomunicaciones, son las que el señor Camisón
ha expresado aunque no estén escritas, la normativa aún no ha salido,
pero globalmente comparto las funciones que él ha dicho. No obstante, el
Gobierno ha dicho que este organismo iba a estar adscrito al Ministerio
de Obras Públicas, lo cual en principio no tiene por qué presentar
ninguna contradicción en cuanto a su independencia, porque lo que sí
queda claro es que estaría orgánicamente separado de lo
que ahora es el aparato administrativo, que es la Secretaría General de
Comunicaciones, la Dirección General de Telecomunicaciones, Correos,
Telefónica, etcétera. Es cierto que en la actual estructura
administrativa de nuestro país, la de ahora y la de siempre --y esto ha
pasado en todos los países europeos--, se confundía un poco el juez y
parte; es cierto. Por eso se ha producido este proceso de separación que,
como recordarán los señores Diputados, se inició con la dejación por
parte del Director General de Telecomunicaciones de la presidencia de
Retevisión, es decir, desde su inicio el Presidente de Retevisión era el
Director General de Telecomunicaciones, llamémosle de oficio, no era otro
cargo sino que simplemente añadía a sus funciones esta no ejecutiva, y en
un momento determinado el Ministerio y el Gobierno entendieron que se
producía una cierta confusión administrativa fruto de que la normativa
hasta entonces en vigor lo permitía perfectamente, no era incorrecto,
pero el nuevo marco hacia el cual estamos caminando hace que el
regulador, en este caso el Director General de Telecomunicaciones, que
además es delegado del Gobierno en la Compañía Telefónica, no tenga por
qué ser el presidente de una empresa que de una forma u otra entra en
concurrencia o simplemente camina por el mismo mercado que la empresa
regulada. Este mismo proceso se va a realizar, señor Camisón, con el
organismo regulador --no sé exactamente qué nombre va a tener, pero las
funciones son similares o muy idénticas a las que usted ha comentado-- y
va a estar separado de la Secretaría General de Comunicaciones. Por
tanto, en su momento se configurará con la fórmula no que el Gobierno
sino que el Parlamento determine en la ley correspondiente, y tendrá una
autonomía total de funcionamiento, lo cual no impide que esté adscrito al
Ministerio de Obras Públicas como están adscritos otros muchos
organismos, pero va a existir una radical separación orgánica y
administrativa, de funcionamiento y de personas, entre los que estén en
el aparato de regulación normal de telecomunicaciones y este organismo
regulador, controlador, inspector y, en definitiva, juez del
funcionamiento. No le puedo dar más precisiones porque el Gobierno aún no
ha elaborado la norma concreta. Cuando esta norma se elabore sin duda
vendrá al Parlamento y veremos qué problemas pueden plantearse.
Hay algunas otras cuestiones más de detalle, no por ello menos
importantes, sobre las que me preguntaba el señor Camisón pero que en
este momento no tengo información: el inventario de televisiones locales,
el detalle de los expedientes del programa Start, etcétera. Tanto yo como
mis colaboradores, mi Jefe de Gabinete y el Director General de
Presupuestos que me han acompañado, hemos tomado buena nota e
intentaremos hacer llegar los datos a esta Cámara lo antes posible.
Hay otras dos cuestiones sobre las que sí le puedo dar un poco de
información, independientemente de que por escrito se la ampliemos:
Eurotelecom 90 y los radares de tráfico. Sobre Eurotelecom 90, sin
perjuicio de que se le dé por escrito una información más precisa, como
digo, lo que de memoria le puedo decir es que por parte del Ministerio,
incluso por parte de esta Subsecretaría en sus funciones de inspección
interna, se abrió una inspección a petición de la Secretaría General de
Comunicaciones. Esta inspección ha dado como resultado toda una
información que se ha remitido, por una parte, al Fiscal del Estado, que
ha abierto unas diligencias, y no puedo darle más detalles porque ya no
está administrativamente en mis manos; se ha remitido también, desde el
punto de vista de funcionamiento interno, al Ministerio de Economía y
Hacienda, con el ruego de que lo remitiera al Tribunal de Cuentas; digo
con el ruego porque formalmente es el Ministerio de Hacienda el que tiene
que remitirlo y puedo adelantarle que el Subsecretario de Economía y
Hacienda me contestó que así lo había hecho. Por tanto, hemos abierto
todo el procedimiento de tipo administrativo, de inspección y
sancionador, y en este momento tanto el Tribunal de Cuentas como la
Fiscalía están trabajando en este tema. Todo esto, señor Camisón, se lo
digo de memoria. No obstante, por escrito le puedo dar más precisión e
incluso las fechas de cómo está esta cuestión.
En cuanto a los radares de tráfico yo creo que hay una confusión. No sé
exactamente el nombre técnico de los aparatos que utiliza Tráfico para
torturar a los usuarios, a mí y a cualquier otra persona, aunque
evidentemente la intención que tiene es positiva. Sí puedo decirle que el
Centro Español de Metrología --no la Dirección de Telecomunicaciones--,
que es una pequeña unidad técnica muy especializada que depende del
Ministerio, es el realmente responsable de homologar este tipo de
aparatos, de acuerdo con las comunidades autónomas. Hay un complejo
proceso de transferencia de competencias --en este momento de memoria no
se lo puedo explicar, pero sé que está perfectamente coordinado-- y hasta
que no se realizó este proceso de homologación no pudieron entrar en
funcionamiento, en la campaña de verano, los radares. No sé si usted
recordará alguna noticia en prensa que dijo que no habían entrado en
funcionamiento porque existía algún problema de homologación. Está ya
resuelto y, por tanto, según mi información, salvo que yo ahora me
equivoque, no se trataría tanto de la Dirección de Telecomunicaciones
como del Centro Español de Metrología. A su vez esto ha dado paso a una
inquietud consecuencia de un cambio de normativa del Ministerio de
Interior y del Ministerio de Obras Públicas en cuanto a las
especificaciones que tienen que tener no estos aparatos, sino los
llamados alcoholímetros, que es la otra cara de la moneda de esta
política de Tráfico, que me parece muy correcta, de intentar controlar
los excesos de velocidad o la inseguridad. Este cambio de normativa dio
lugar a unas quejas de algunos ayuntamientos que tenían aparatos no
homologados, con lo cual insisto en que existe el Centro Español de
Metrología o los que en su caso tengan las comunidades autónomas para
poder homologar. No obstante, sobre estos puntos, si le podemos dar una
información escrita más precisa, se la enviaremos.
Y por último, las preguntas que por escrito me ha hecho llegar, voy a ver
si con la Secretaría General de Comunicaciones, aunque no esté la
Secretaria General aquí, desde mi visión de conjunto, como Subsecretario,
podemos darle contestación escrita.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Subsecretario.
Creo que hemos cumplido el objetivo que teníamos, en dos días intensos.
Tenemos suficientes datos todos los grupos políticos para que podamos
empezar a trabajar seriamente con los presupuestos, mejorarlos en lo
posible y ofrecer cuanto antes a la sociedad española unas perspectivas
de presupuestos para el año 1995 que supongan progreso, creación de
puestos de trabajo y, en definitiva, una mejor situación de todos
nuestros ciudadanos. Muchas gracias.
Se levanta la sesión.
Eran las doce y veinte minutos del mediodía.