CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1994 V Legislatura Núm. 309
REGIMEN DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
PRESIDENTE: DON FRANCISCO GILET GIRART
Sesión núm. 10
celebrada el jueves, 13 de octubre de 1994



ORDEN DEL DIA:
Comparecencia de personalidades y funcionarios de la Administración del
Estado, al objeto de informar sobre temas relativos al proyecto de ley de
Presupuestos Generales del Estado para 1985. (BOCG, serie A, número 80-1,
de 1-10-94. Número de expediente 121/000067):
--Del señor Subsecretario de Estado para las Administraciones
Territoriales (Peña Díez). A solicitud de los Grupos Parlamentarios
Mixto-UV (número de expediente 212/000993), Popular (número de expediente
212/001111) y Federal IU-IC (número de expediente 212/001177) (Página 9182)
--Del señor Secretario de Estado para la Administración Pública (Méndez
Martínez). A solicitud de los Grupos Parlamentarios Popular (número de
expediente 212/001101) y Federal IU-IC (número de expediente 212/001176)
(Página 9191)
Ratificación de la Ponencia encargada de informar el proyecto de ley de
contratos de las Administraciones Públicas. (BOCG, serie A, número 56-1,
de 14-3-94. Número de expediente 121/000042) (Página 9210)

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Ratificación de la Ponencia encargada de informar la proposición de ley
por la que se modifica el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local. (BOCG, serie B, número 37-1,
de 22-10-93. Número de expediente 122/000028) (Página 9210)
Comparecencia del señor Ministro para las Administraciones Públicas
(Saavedra Acevedo), para:
--Informar sobre las líneas generales de la política de su Departamento.

A petición propia. (Número de expediente 214/000065) (Página 9210)
--Explicar las causas del cese de don Justo Zambrana Pineda en el cargo
de Secretario de Estado para la Administración Pública. A solicitud del
Grupo Parlamentario Federal IU-IC. (Número de expediente 213/000380)
(Página 9210)
--Dar cuenta del contenido de los proyectos de Estatuto de Autonomía para
Ceuta y Melilla que el Gobierno ha negociado con los Ayuntamientos de
estas ciudades, así como del resultado de dichas negociaciones. A
solicitud del Grupo Parlamentario Federal IU-IC. (Número de expediente
213/000382) (Página 9210)



Se abre la sesión a las diez y treinta y cinco minutos de la mañana.




El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.




COMPARECENCIA DE PERSONALIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION DEL
ESTADO, AL OBJETO DE INFORMAR SOBRE TEMAS RELATIVOS AL PROYECTO DE LEY DE
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 1995 (Número de expediente
121/000067):



--DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
(PEÑA DIEZ). A SOLICITUD DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS MIXTO-UV (número de
expediente 212/000993), POPULAR (número de expediente 212/001111) Y
FEDERAL IU-IC. (Número de expediente 212/001177.)



El señor PRESIDENTE: Vamos a desarrollar el orden del día: Comparecencia
de personalidades y funcionarios de la Administración del Estado en
relación con el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado.

A tal fin, damos la bienvenida en esta Comisión al Secretario de Estado
para las Administraciones Territoriales, don José Francisco Peña Díez, a
los pertinentes efectos y, de acuerdo con las resoluciones adoptadas por
la Mesa en su momento, en septiembre del año pasado, tiene la palabra,
por parte del Grupo Parlamentario Popular, el señor Fernández Díaz.




El señor FERNANDEZ DIAZ: Gracias al señor Secretario de Estado para las
Administraciones Territoriales, don José Francisco Peña, cuya
comparecencia mi Grupo Parlamentario ha solicitado una vez más. Con el
mismo trámite y la misma motivación que en ejercicios anteriores, es
decir, previamente al debate de presupuestos y a la presentación de las
correspondientes enmiendas, pedimos que nos aclare algunas dudas en
relación con el proyecto de ley de presupuestos.

Quisiera hacer una consideración general, antes de entrar en la
casuística del presupuesto que tiene la Secretaría de Estado que él
dirige y que engloba los Programas 124.A y el 912.B, si no estoy mal
informado.

Desde un punto de vista general y político, podríamos decir que la
Secretaría de Estado que dirige el señor Peña, dentro del Ministerio para
las Administraciones Públicas, tiene dos columnas de actuación, que son
las corporaciones locales y las comunidades autónomas, que,
evidentemente, son dos pilares de la organización territorial del Estado,
organización que está regulada fundamentalmente en el Título VIII de la
Constitución y después en los estatutos y en las diversas leyes orgánicas
y ordinarias que desarrollan ese Título de la Constitución.

En relación con estos dos grandes pilares de la organización territorial
del Estado: corporaciones locales y comunidades autónomas, tengo que
decir, por lo que se refiere al primero --sin perjuicio de hacerle
posteriormente algunas preguntas muy casuísticas referidas a los dos
programas que engloba su Secretaría de Estado--, que la financiación de
las corporaciones locales es una cuestión muy controvertida, como lo es
la financiación de cualquier organización. La Ley de Haciendas Locales de
1988 establecía un procedimiento para que, durante el quinquenio
1989/1993, se acordaran los criterios sobre todo de participación de las
corporaciones locales en los tributos del Estado. Puesto que estamos ya
hablando del presupuesto para 1995, teniendo en cuenta que hace unos
meses se ha suscrito un acuerdo entre el Ministerio para las
Administraciones Públicas y la Federación Española de Municipios y
Provincias, en orden a fijar ese porcentaje de participación de los
ingresos del Estado para el quinquenio 1995/1999, y ha quedado dicho
porcentaje, como pasa siempre, entre la cantidad que quería dar el
Ministerio en nombre del Gobierno y lo que solicitaban los municipios y
las provincias por boca del Presidente de la Federación Española de



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Municipios y Provincias, lo que ha tenido su traducción presupuestaria en
el proyecto de ley que nos ocupa, nos gustaría saber qué dice el
Secretario de Estado en relación con ese acuerdo al que se ha llegado y
su traducción presupuestaria. Querríamos conocer hasta qué punto las
Haciendas Locales van a tener suficiente financiación con las cantidades
que se prevén en este proyecto de ley. No es una pregunta tan ingenua
como parece. Es evidente que el Secretario de Estado nos dirá que es una
cantidad suficiente, pero por ello he dicho que yo hacía una
consideración general y previa.

Con el mismo criterio le hablo ahora de las comunidades autónomas.

Sabemos que ya ha entrado en vigor el acuerdo del Consejo de Política
Fiscal y Financiera, de 7 de octubre de 1993, consecuente al de 20 de
enero de 1992, que establecía el método para la aplicación de la LOFCA en
el quinquenio 1992/1996 y en virtud del cual se estableció que las quince
comunidades autónomas con financiación de régimen común podían ingresar
el 15 por ciento de la recaudación líquida en cada uno de sus respectivos
territorios correspondiente al Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, el asunto conocido comúnmente como el 15 por ciento del IRPF.

¿Cuál ha sido la traducción presupuestaria de ese acuerdo en este
proyecto de presupuestos, señor Secretario de Estado?
En cuanto al Programa 124.A, que tiene por objeto coordinar las
actuaciones tendentes al desarrollo de la organización territorial del
Estado, con independencia del centro directivo que la realiza y su
conexión con el plan de actuación del departamento, están previstas
diversas líneas de actuación dentro de este Programa. En relación al
presupuesto de 1994 y según los estudios que hemos elaborado, la cantidad
total de créditos del programa pasa de 591.000 millones a 565.000
millones. Si no estoy mal informado, se produce una reducción de unos
36.000 millones de pesetas. No ocurre lo mismo en el Capítulo I, que se
incrementa en unos 6.000 millones de pesetas, pero sí sucede
fundamentalmente en el Capítulo II, que pasa de 74.560 millones a 40.000
millones. Estoy haciendo referencia al Programa 124.A. Estos son los
datos de que dispongo, si no estoy mal informado. En cualquier caso,
estas comparecencias tienen por objetivo fundamental aclarar las dudas
que haya. Si fuese un error material o de hecho, quedaría subsanada con
este trámite y nos ahorraríamos así presentar enmiendas.

El Capítulo IV, transferencias corrientes, pasa de 30.000 a 35.000
millones, al incrementarse en 5.000 millones la partida correspondiente a
la Federación Española de Municipios y Provincias.

El Capítulo VI, inversiones reales, se reduce de 6.500 a 4.000 millones.

Todo ello da como resultado lo que ya he dicho al señor Secretario de
Estado, que, en relación al presupuesto de 1994, hay una reducción en
torno a 35.000 ó 36.000 millones de pesetas. Me gustaría que el señor
Secretario de Estado explicara estas cifras que he comentado,
especialmente a qué se deben estos dientes de sierra, subidas en unos
casos y reducciones en otros, sobre todo la reducción que se produce en
cifras globales en un programa que nos parece muy importante.

El Programa 912.B, el segundo que gestiona su Secretaría de Estado, se
refiere a la cooperación económica local y es el más importante de los
que se incluyen en el Ministerio para las Administraciones Públicas.

Incluso ha aumentado su participación porcentual en el total del
Ministerio, pasando del 71,7, que figuraba en el año 1994, al 75 por
ciento en el próximo ejercicio presupuestario, 1995. Por tanto, se
confirma lo que hemos dicho.

En el Programa 912.B, señor Secretario de Estado, se incrementa
fundamentalmente el Capítulo VII, que pasa de 23.000 a 28.000 millones.

Se incrementa por la creación de un nuevo subconcepto, que aparece en el
proyecto de ley como el 0,5, relativo a dotación complementaria --y leo
literalmente-- para infraestructuras locales, fruto del acuerdo con la
FEMP, del 1 de agosto de 1994, dotado con 5.150 millones de pesetas. Por
el contrario, desaparece el de red viaria local, que pasa de 5.000 a
4.600 millones, mientras que el de planes de obras y servicios pasa de
6.800 a 7.000 millones, es decir, que se incrementa muy poco.

Los restantes capítulos del Programa 912.B, según mi información,
experimentan algunas diferencias, poco espectaculares. Sin embargo,
quisiera preguntarle el porqué de la subida del Capítulo I del mismo
Programa, retribuciones a funcionarios, que se incrementa en un 24 por
ciento, pasando de 293.000 a 363.000 millones de pesetas. Seguro que debe
tener alguna explicación específica, que solicito en este trámite.

Por último, dos cuestiones más. En la comparecencia del Subsecretario del
Ministerio en orden a la ejecución del presupuesto, comentábamos el gran
retraso que experimenta en dicho Ministerio el pago del Programa de
cooperación local. El señor Secretario de Estado sabrá de qué estoy
hablando. Actualmente sólo había un porcentaje de obligaciones
reconocidas del 3,1 por ciento, que el propio Ministerio justificaba por
las singularidades de su gestión. Hago gracia de explicárselas porque,
sin duda, S. S. las sabe y yo también.

Como este procedimiento se regula en el Real Decreto 665/1990 y estaba
previsto que fuera objeto de revisión para poder acelerar, precisamente,
el desembolso de estos créditos presupuestarios, que obran en poder del
Ministerio y que no se transfieren a las corporaciones locales hasta muy
tarde, aprovecho esta comparecencia, señor Secretario de Estado, para
pedirle que nos diga cómo está la previsión de la reforma de ese Real
Decreto que ya se había comentado en otras comparecencias.

Por último, he de decirle que ya he encontrado el famoso artículo 11 de
las limitaciones presupuestarias del proyecto de ley. Se lo leo, señor
Secretario de Estado, y le pido que me lo interprete usted, por si yo
estoy equivocado, porque parece que es nuevo. Dicho artículo 11.1 dice lo
siguiente: El conjunto de las obligaciones reconocidas en 1995 con cargo
al Presupuesto del Estado y referido a operaciones no financieras,
excluidas las derivadas de los créditos extraordinarios y suplementos de
crédito aprobados por las Cortes y de las generaciones de créditos
financiados con ingresos propios, no podrá superar la cuantía total de
los créditos inicialmente aprobados para atender



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dichas operaciones no financieras en el Presupuesto del Estado. Hasta
aquí está claro. Pero a continuación, en un párrafo que es nuevo en este
proyecto de ley de presupuestos en relación con otras leyes de ejercicios
presupuestarios anteriores, dice lo siguiente: También quedarán excluidas
de la citada limitación las obligaciones reconocidas con cargo a las
ampliaciones de crédito que pudieran realizarse en los créditos a que
hace referencia el anexo II, segundo, 12 b) y 15 b). Aquí están
incluidas, si no estoy equivocado, las comunidades autónomas. ¿Qué quiere
decir exactamente esto, señor Secretario de Estado?



El señor PRESIDENTE: El siguiente Grupo solicitante de esta comparecencia
es Izquierda Unida. No hallándose presente ningún representante de este
Grupo, pasamos al Grupo Mixto.

Tiene la palabra el señor Chiquillo.




El señor CHIQUILLO BARBER: En primer lugar, quería agradecer la
comparecencia del señor Peña. Como bien marcan los preceptos de estas
comparecencias, lo que motiva mi petición de la misma es la solicitud de
información con respecto a este importante eslabón de la Administración
del Estado que son las administraciones territoriales, en particular la
local y la autonómica.

Mi petición de información va más orientada, por mi origen, a problemas
puntuales de la Administración respecto al ámbito territorial de la
Comunidad Valenciana y es evidente que los problemas que afectan a la
mayoría de las administraciones territoriales (locales y autonómicas)
viene marcado por el estrangulamiento económico de esas administraciones,
en particular de la Administración Local.

En primer lugar, una pregunta global con respecto a estos presupuestos:
¿Cuáles son las grandes medidas que ha adoptado, con carácter general, su
departamento para intentar corregir y evitar que este estrangulamiento
económico siga avanzando a la manera tan veloz que lo está haciendo?
Ciñéndome al ámbito territorial de la Comunidad Valenciana, quería
pedirle una serie de informaciones que rogaría me las facilitara lo antes
posible. La primera pregunta sería: ¿Qué motivos explican, de nuevo, la
ausencia de consignación presupuestaria de este año para el Consell
Metropolità de lÕHorta, para el área metropolitana de Valencia, negando
la realidad que ésta tiene, a imagen y semejanza del área metropolitana
de Madrid, que este próximo ejercicio contará con 2.694 millones, o la
extinta área metropolitana de Barcelona, con más de 6.000 millones?
También querría saber por qué del Fondo de Compensación Interterritorial
del año 1994 para la Comunidad Valenciana, de sus 5.000 y pico millones,
tan sólo se han transferido, hasta la fecha, 100 millones de pesetas. Ese
retraso está ocasionando graves perjuicios económicos a la Generalitat
Valenciana.

Relacionado también con el Fondo de Compensación Interterritorial, si
gran parte de las asignaciones que se hacen vía este Fondo dependen de la
población relativa (el 87,5 por ciento), cómo se explica que la Comunidad
Valenciana reciba tan sólo el 5,6 por ciento, aproximadamente unos
128.000 millones.

Con respecto a la financiación de los ayuntamientos más importantes de la
Comunidad Valenciana, y en particular de la ciudad de Valencia, querría
saber a qué se debe el retraso en el abono de las transferencias de
ejercicios anteriores.

Por lo que se refiere al total de transferencias a las diputaciones
provinciales, cuál va a ser el cálculo aproximado del que se van a
beneficiar las diputaciones provinciales de Alicante, Castellón y
Valencia.

También tengo que preguntarle si tiene previsto el Gobierno incrementar
la corresponsabilidad fiscal de las comunidades autónomas en un futuro
inmediato, aproximando el modelo de financiación autonómica al
federalismo fiscal y, sobre todo, si nos podría explicar, en líneas
generales, con relación a los proyectos incluidos dentro del gran
apartado de varias regiones en el capítulo correspondiente a las
inversiones reales que van a las administraciones locales y autonómicas,
cuáles son las provincias que se van a beneficiar de esas grandes
inversiones para el año 1995.




El señor PRESIDENTE: Para contestar a las preguntas formuladas, tiene la
palabra el señor Secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
(Peña Díez): Muchas gracias, señorías, por pedir mi comparecencia para
explicar, en la medida en que pueda, el presupuesto de esta Secretaría de
Estado y algunas otras cuestiones que no tienen nada que ver con el
presupuesto pero que se han planteado.

Dado que las preguntas son muy concretas, y aunque algunas de ellas
exigirían reflexiones más amplias para su contestación, vamos a dar por
supuesto que sabemos lo que sabemos, es decir, que estamos hablando de lo
que los presupuestos dicen para el próximo año y no de los problemas
generales, porque si no tendríamos que alargarnos mucho en explicar la
historia; yo intentaré no hacerlo, en la medida de lo posible.

Preguntaba el Diputado Fernández Díaz, en primer lugar, cómo se traduce
en el proyecto de presupuestos del año 1995 el acuerdo de financiación
local para el nuevo quinquenio que se ha firmado entre el Gobierno y la
FEMP, no entre nuestro Ministerio y la FEMP. Ese acuerdo se traduce de
una manera clara en la medida en que figura en la Sección 32 como
transferencias incondicionadas el porcentaje en participación de ingresos
que aprobaron la FEMP y el Gobierno. En ese sentido, en la Sección 32,
aparece la cifra de un billón 35.000 millones, que es el conjunto de la
financiación vía PIE para municipios y provincias, desglosado, según mis
datos, en 655.889 millones, que van a los municipios, y 379.111 millones
que van a las provincias, cabildos y comunidades autónomas
uniprovinciales, excepto Madrid y Cantabria que, como saben, han decidido
libremente incorporar su financiación como viejas diputaciones a la nueva
como comunidades autónomas. El resto de las comunidades autónomas
uniprovinciales



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prefieren seguir recibiendo, como antigua Diputación, la cantidad que les
venía correspondiendo.

La financiación de los presupuestos generales del Estado a las entidades
locales aumenta en el año 1995 un 7,2 por ciento sobre el año 1994. Este
es el traslado de los acuerdos del Gobierno con la FEMP a los
presupuestos generales del Estado. Hay que tener en cuenta también que,
dentro de esos acuerdos, se ha adoptado otra serie de partidas como, por
ejemplo, que las corporaciones locales recibirán directamente de la
Comunidad Europea, a través del Fondo de Cohesión, 15.000 millones. Otro
acuerdo adoptado entre el Gobierno y la FEMP es que 5.000 millones
figurarían en los presupuestos de esta Secretaría de Estado --el propio
Diputado ha hecho alusión a ello y luego lo explicaremos-- como una
partida a incrementar la participación o el apoyo del Gobierno a la
inversión local. Otras partidas de diversos ministerios que también van a
las administraciones locales hacen que en el año 1995 las aportaciones de
los presupuestos del Estado, por todos los conceptos, a las entidades
locales, alcancen una cifra de un billón 232.000 millones, además de lo
que recibirán directamente, insisto, de la Comunidad Europea, y que no
pasa por los presupuestos generales del Estado. Ello hace que el
incremento respecto al año 1994 sea del 7,2 por ciento. Que yo sepa, se
ha trasladado a los estados económicos de los presupuestos exactamente el
contenido del acuerdo con la FEMP; yo, al menos, no he encontrado ninguna
deficiencia ni ningún error, todo está tal como se acordó, para bien o
para mal, sea suficiente o no, eso es lo acordado con la FEMP.

En cuanto a la financiación autonómica, ocurre algo parecido. En los
estados numéricos de los presupuestos figuran la financiación autonómica
partidas más complejas que las de las entidades locales, partidas que hay
que incluir para dotar a las comunidades autónomas de lo que la LOFCA
llama suficiencia financiera o suficiencia en la prestación de servicios
transferidos. Exactamente, el PIE, la participación en ingresos del
Estado, va a suponer en el año 1995 una cantidad cercana a los dos
billones de pesetas, un billón 948.000 millones. En los presupuestos
aparece sólo el 98 por ciento del mismo, como saben suficientemente SS.

SS., por lo que figura la cantidad de un billón 909.000 millones. El FCI
mantiene su cantidad --luego hablaremos de ello-- y las transferencias a
la Seguridad Social van a suponer una cantidad también muy importante de
financiación, exactamente un billón 786.000 millones. Todo ello hace
--PIE, sanidad y otras partidas-- que en el presupuesto de 1995 se doten
cuatro billones 35.000 millones de financiación a las 17 comunidades
autónomas. Esta es la cifra global. Esto supone un incremento del 10,3
por ciento. El incremento es mayor que el de las entidades locales
fundamentalmente porque la financiación de la sanidad ha subido mucho por
dos efectos: uno, por las transferencias a Canarias de la sanidad
pública, del Insalud, que ha supuesto unos ciento y pico mil millones y,
dos, porque se ha incorporado al presupuesto del Insalud el reciente
acuerdo para ir liquidando la deuda atrasada de la sanidad transferida y
porque asimismo se ha aumentado netamente la financiación futura de la
sanidad. Ello hace que el incremento de la financiación autonómica sea
mayor porcentualmente que el de la financiación local. Estamos ante un
dato nuevo bastante importante, y es que la suma de la financiación vía
presupuestos del Estado de comunidades autónomas y de entidades locales
se sitúa ya, si no me equivoco, en cinco billones 267.000 millones. Esta
es la cantidad que en los presupuestos generales del Estado figura por
todos los conceptos como financiación territorial.

En los presupuestos, que yo sepa --y digo que yo sepa porque puede haber
algún margen de error en mi opinión--, no figura y no debe figurar el
efecto de la cesión del 15 por ciento del IRPF a las comunidades
autónomas. No hace falta ninguna partida específica para liquidar esta
cantidad. La liquidación del 15 por ciento, según tengo entendido, vendrá
en la liquidación que se haga cada año del PIE. Hay una fórmula
alambicada según la cual una parte del actual PIE se desvía hacia la
financiación de la cesión del 15 por ciento y, por tanto, no hace falta
ninguna partida presupuestaria específica, sino que figurará dentro de la
cifra cuando se liquide el año 1994 a las comunidades autónomas, que
será, como se sabe, a mediados del año 1995. Por tanto, creo que no tiene
que haber ninguna partida específica.

El señor Fernández Díaz ha pasado a analizar específicamente el
presupuesto del Ministerio. Ha hablado primero del Programa 124.A que,
efectivamente, es para el apoyo a la organización territorial del Estado,
y ha dado unas cifras que ya me gustaría a mí que fuesen ciertas, en el
sentido de que ha confundido --y a mí a veces también me ocurre-- los
miles de pesetas con los millones, y la cosa tiene alguna trascendencia,
tanta como la siguiente. El Programa 124.A no tiene como dotación, como
decía S. S., en el año 1995, 591.000 millones, sino una cifra mucho más
modesta, que son 591 millones a secas. Este Programa sólo dota el gasto
del personal de dos direcciones generales de la Secretaría de Estado
dedicadas a esta función, a la organización territorial del Estado: la
Dirección General de Cooperación y la Dirección General de Régimen
Jurídico. Por eso, la cifra es tan modesta. Aun así, efectivamente, hay
que constatar que hay una subida muy leve de gastos de personal, con un
1,3 por ciento, incluso por debajo de lo que debiera ser teniendo en
cuenta las subidas salariales que va a haber. Eso significa que tendremos
menos personal. Hay una bajada prácticamente a la mitad de gastos de
bienes corrientes. Supongo que con esto estaremos todos contentos, porque
lo que se lleva ahora es gastar menos en bienes corrientes, aunque no sé
muy bien qué habrá que hacer; habrá que cortar teléfonos, etcétera. Suben
las transferencias corrientes porque vamos a dar más dinero a la FEMP, lo
que supongo que recibirá el beneplácito de todos, y bajamos también en la
modesta cuantía de dos millones y medio las inversiones reales, que
seguro que será para comprar material informático. Con ese dinero no se
puede comprar demasiado material informático, pero aun así lo bajamos.

(Risas.)
Total que este programa, efectivamente, baja su dotación un 4,3 por
ciento. Con todo, espero que, a pesar de ello, podamos seguir haciendo lo
que hacemos: transferir a



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quien haya que transferir, firmar pactos con quien quiera y organizar
este Estado un poquito mejor de lo que lo hacemos habitualmente.

El Programa 915.D ve crecer su cuantía de una manera creo que importante,
sustancial, exactamente un 20 por ciento en su conjunto. Sube el capítulo
1, pero también en cantidades muy modestas, porque, insisto, no son miles
de millones sino millones a secas; no somo tan pretenciosos. Entiendo que
no tiene mayor trascendencia esta subida del capítulo 1. Sin duda, será
porque tenemos más funcionarios que el año 1994 y esto se hace calculando
la nómina de determinado mes y el sueldo que corresponde.

Sí suben --esto es lo importante, la novedad-- esos 5.000 millones que
nos han reconocido y colocado en el presupuesto que, dentro del acuerdo
de financiación con la FEMP, pasan al capítulo 7 de la Secretaría de
Estado como medidas de apoyo a las diputaciones y ayuntamientos para
obras en pequeños municipios. Ello hace que este crédito, que en los
últimos años había sufrido una congelación o incluso una caída neta, vea
recuperada su entidad y se coloque ya en casi 28.000 millones de pesetas,
que, sumados al dinero que directamente va a venir de la Comunidad
Europea a las entidades locales por este mismo concepto, hace que el
próximo año haya más dinero para inversión, aunque haya menos gasto
corriente del que nuestro Ministerio gestiona con diputaciones y cabildos
para los pequeños municipios.

Debo decir, aunque S. S. no lo ha comentado, que estos 5.000 millones
todavía no tienen concretado su destino específico. Tenemos que vernos
con la FEMP. De hecho, en principio, tenemos una primera reunión el día
27, si no me equivoco, de este mes y vamos a empezar a hablar de cómo
colocamos estos 5.000 millones: en los otros programas habituales, planes
rurales y servicios, comarcas de acción especial, etcétera, o bien crear
alguna línea nueva. De momento están en una partida, en un subconcepto
05, que S. S. ha destacado, y pendientes de adjudicación a líneas
concretas. Como todo el mundo sabe, este programa tiene la condición de
que se gestiona pactando con la FEMP tanto en su distribución provincial
como en las líneas a las que hay que incorporar este dinero y, por tanto,
el margen de maniobra del Ministerio, en este sentido, es muy estrecho.

Todo lo que hacemos de acuerdo con la FEMP en la Comisión Nacional de
Administración Local.

Ha hablado S. S. de una cuestión que también es cierta y que constato. El
Programa de Cooperación Local tiene un retraso de gestión serio, tan
serio que incluso en alguna ocasión hemos tenido que dar explicaciones a
la Comunidad Europea. Cuando hemos presentado algún programa para
cofinanciar la Comunidad Europea, como el programa operativo local, ha
habido que dar explicaciones de por qué se gestiona este programa con
tanto retraso. Creo que la cuestión no irá a mayores y lo han venido
entendiendo. La razón es muy sencilla; la razón es que estamos hablando
de un programa en el que participan al menos tres administraciones: el
Ministerio como tal, las diputaciones y las entidades locales. Incluso en
algunos casos hay una cuarta, las comunidades autónomas. Además de
intervenir tres o incluso cuatro administraciones, hay que hacerlo a
través de programas. Esto no es como la construcción de una carretera,
que un Ministerio saca un concurso para la construcción de una obra, se
contrata y punto. Aquí hay que hacerlo a través de programas previos en
los que tienen que colaborar todas estas administraciones. Pues bien,
cuando empieza el año presupuestario, normalmente, lo que se está
haciendo con las diputaciones es diseñar esas obras, y éstas, en primer
lugar, tienen que ponerse de acuerdo con los ayuntamientos, después
enviarlas al Ministerio que tiene que dar el visto bueno, cuando hay
cofinanciación europea hay que hacer el trámite correspondiente a
Bruselas y, en definitiva, se quiera o no, cuando esa obra empieza lo
hace muy tarde. Es muy difícil que una obra de cooperación local pueda
empezar antes del mes de octubre del año presupuestario en curso; muy
difícil. Con las diputaciones estamos intentando --y S. S. lo ha
señalado-- agilizar el procedimiento de gestión y de ejecución de estas
obras, pero es francamente difícil y no depende tanto del Ministerio,
sino de las propias diputaciones provinciales y de los ayuntamientos.

En todo caso, personalmente he llegado a la conclusión de que, aunque el
retraso sea grande, es un retraso casi imposible de solucionar; hay que
resignarse a que debe haber un cierto retraso. Y tampoco pasa nada,
porque estamos autorizados a que este programa tenga tres años de gestión
y, por tanto, no hay más que un problema de amontonamiento, si se quiere,
año a año, de obras del año anterior y alguna complicación
presupuestaria, pero, en general, tampoco hay que darle demasiada
importancia. Es un retraso que tiene sus razones, su raíz y que es muy
difícil de cortar.

Con todo, en algunos programas se ha llegado a una cierta mejora, aunque
quizá ésta ya no sea una cuestión que haya que matizar. Con la FEMP
siempre estamos abiertos a la reforma del Decreto de cooperación local,
pero en estos momentos la verdad es que ha habido otras prioridades para
la FEMP, el acuerdo de financiación --y con toda razón-- y tampoco hemos
avanzado demasiado. Ahora mismo no vemos la necesidad de urgencia en la
reforma del Decreto y con la FEMP nos hemos ocupado más de intentar
enganchar a los programas europeos. Estos programas de planes
provinciales y de red viaria, etcétera. Lo hemos conseguido y de una
manera bastante seria. Por ejemplo, vamos a incrementar de una manera
sustancial los retornos de la Comunidad Europea a las inversiones vía
cooperación local. En el último trienio --lo tengo por aquí pero voy a
hablar de memoria, si me equivoco lo podemos corregir después--, en el
anterior programa operativo local que cofinancia la Comunidad Europea,
los retornos me parece que se han situado entre 20.000 y 25.000 millones;
eso es lo que ha devuelto la Comunidad Europea de lo que hemos invertido.

Y en el próximo sexenio, porque el nuevo POL tiene un período de seis
años, la Comunidad Europea va a retornar a las administraciones que
financian este programa, prácticamente, 80.000 millones de pesetas. Hemos
conseguido de una manera muy sustancial incorporar estos programas a la
cofinanciación europea. Ello hace que venga más dinero, que se libere la
carga para otras administraciones, para las diputaciones, que están en



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situación financiera nada boyante, y, por tanto, hemos dado prioridad a
ir arreglando estos problemas más que a mejorar la rapidez en la gestión.

Me ha hecho S. S. una pregunta que yo no sé si voy a ser capaz de
contestar, la redacción del artículo 11.1. Yo creo que lo que esa
redacción quiere decir --aunque llevo muchos años en estos oficios no lo
había leído hasta ahora--, leído así, es algo bien evidente, que los
créditos que financian las entidades territoriales, porque supongo que
ese anexo se debe referir a comunidades autónomas, no se verán sujetos a
la congelación del crédito inicial a que se ven sujetos los créditos de
los ministerios. ¿Por qué? Porque la financiación autonómica sufre a lo
largo del año una serie de modificaciones que hacen que sea imposible
congelar ese crédito en su cifra inicial; las nuevas transferencias, sin
ir más lejos. Eso hace que si se congela el crédito en la cifra inicial,
en la financiación autonómica, estaríamos condenando a no poder hacer
nada a lo largo de ese año. Yo creo que es una explicación meramente
técnica y que no tiene mayor trascendencia sino reconocer que los
créditos de financiación de autonomías son créditos en los que sí se
puede variar su cuantía inicial. Puede ser que también tenga algo que ver
con la cesión del 15 por ciento, pero soy incapaz de contestar a esto. Yo
creo que es una cuestión simplemente técnica, para dejar abiertos los
créditos de financiación territorial a las nuevas transferencias o
decisiones que se toman a lo largo del año.

Al Diputado del Grupo Mixto que me ha preguntado sobre muchas cosas,
trataré de contestarle de una manera sintética, porque me ha hablado muy
poco de mi presupuesto y mucho del de los demás; trataré de responderle
lo más sensatamente posible. Me decía que qué medidas ha adoptado el
Ministerio para corregir el estrangulamiento financiero de las entidades
locales. A mí me parece que el acuerdo de financiación con la FEMP ha
sido un acuerdo que tiene que notarse en cuanto a las posibilidades
financieras de las entidades locales. Lo que usted llama el
estrangulamiento financiero obedece a muchas causas y hay otras medidas
que tienen que depender exclusivamente de las entidades locales. El
Gobierno no puede, literalmente, cubrir todas las necesidades financieras
de las entidades locales. Estas mismas son las que tienen que
disciplinarse y, en ese sentido, creo que las políticas salariales en la
función pública deben contribuir a sanear las arcas municipales. Aunque
este año se reconocen subidas salariales netas, las entidades locales
tienen que administrarlo prudentemente. Y digo prudentemente porque, en
general, algunas de estas entidades locales hacen caso omiso de las
directrices de disciplina financiera en materia de retribuciones, cuando
el Gobierno aconseja a otras administraciones, por razones de política
económica general, adoptar éstas u otras medidas a la hora de negociar
los convenios colectivos. Ahí hay un capítulo importante en el que las
entidades locales pueden rebajar su carga financiera.

Nuestro Ministerio, como ministerio más de impulso político que gestor,
lo único que puede hacer es aconsejar, repito, a las entidades locales
que tomen algunas medidas para evitar que aumenten sus dificultades
financieras. Y algún efecto deben tener esos consejos, porque en los
últimos tiempos, en el último año, hay que reconocer que el nivel de
endeudamiento de las entidades locales se ha visto ralentizado, cuando no
prácticamente congelado. En estos momentos no se puede decir que la
situación financiera de las entidades locales sea peor que hace un año,
ni en términos absolutos ni en términos relativos. Yo creo que en estos
momentos hay, al menos, una paralización de lo que ha sido la crisis
financiera de las entidades locales, y los datos que tenemos de
endeudamiento del Banco de España así lo revelan. No sé si es éste el
caso, pero, si hace falta, lo podemos analizar en el turno de réplica.

Hablo siempre de las entidades locales en términos generales. Así como el
endeudamiento de las comunidades autónomas sigue creciendo, el de las
entidades locales está, al menos, en un nivel de ralentización.

¿Por qué --pregunta S. S.-- sigue sin dotarse presupuestariamente al
Consell Metropolitá de lÕHorta y sí se dota --dice-- al área de Madrid y
a la extinta corporación de Barcelona? Aquí hay varias contestaciones.

Primero, se siguen dotando las áreas de Madrid o de Barcelona en la
medida en que, aunque están extinguidas, las dos siguen haciendo
funciones propias de áreas metropolitanas y porque hay derechos y
obligaciones adquiridos desde tiempo inmemorial con estas dos áreas.

El criterio del Gobierno desde hace unos años --y hoy por hoy sigue
siendo el mismo, aunque también puede cambiarse, efectivamente-- es que
la creación de instituciones, de entidades administrativas por parte de
una comunidad autónoma debe correr a cargo del que decide crearlas, y eso
por un elemental sentido de la autonomía y de la responsabilidad en la
toma de decisiones. Las comunidades autónomas cada vez están decidiendo
con más libertad --y a veces de una manera muy polémica-- crear
estructuras administrativas distintas de las existentes en cada momento.

Por ejemplo, en Cataluña las instituciones autonómicas decidieron crear
la institución comarcal, y ahí está; las Cortes valencianas decidieron
crear el Consell Metropolitá de lÕHorta; en Castilla y León --por
citarles algunos casos--, se ha creado un ente parecido a un consell
metropolitá, pero que no lo es; creo que en la comarca de El Bierzo; es
una estructura administrativa dedicada a la comarca de El Bierzo. Y hay
muchas otras iniciativas por ahí.

El Gobierno ni discute ni deja de discutir esas decisiones; lo que sí
dice es que cada autonomía es competente y libre de crearlas. Ahora bien,
no se puede trasladar a la Administración central la factura de esa
decisión y, por tanto, cada Administración cree lo que cree oportuno y
decide, al tiempo que lo crea, cómo se financia. Pedir que sean los
presupuestos generales del Estado los que financien la creación de una
entidad administrativa decidida por otro es pedir demasiado. Ese es el
criterio que se ha mantenido en el Consell Metropolitá de lÕHorta.

Con todo, yo creo que éste es un asunto --no el de lÕHorta, sino en
general-- a debatir con la FEMP en el futuro, porque detrás de esta
discusión se esconde otra, que es el problema de las grandes ciudades, el
problema de la prestación de ciertos servicios en grandes ciudades, pero
ésta es otra discusión. Una cosa es discutir el problema del



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transporte colectivo en la periferia de Valencia y otra discutir la
financiación del Consell Metropolitá de lÕHorta. El Gobierno, en todo
caso, preferiría discutir problemas sectoriales, más que problemas de
entidad administrativa; ésta es un poco la línea. Esto lo estamos
discutiendo con la FEMP en otros foros y a otros efectos. Esta sería una
cuestión muy bonita a debatir y a diseñar en el futuro pacto local, por
ejemplo.

¿Por qué hay retrasos en las transferencias de los créditos del FCI? No
lo sé, pero supongo que es porque se ejecutan con mucho retraso. No me
imagino que haya retrasos imputables a la discreción de ningún
funcionario de Hacienda cuando una obra del FCI está hecha. Lo normal es
que un crédito de este tipo se retrase porque se ha retrasado la obra del
FCI. Esa es la razón más probable. Si hay alguna otra, la discutiríamos,
pero ésa es la habitual.

No he entendido del todo bien una pregunta. He creído entender que me ha
preguntado por qué va tan poco dinero del FCI a Valencia. No lo sé. Aquí
no hay discreción. Eso está decidido, hay unos parámetros y lo que sale,
sale. Cambian todos los años en función de cómo cambien las variables de
la población, del paro, la renta relativa, etcétera. Esta es una historia
muy vieja y nadie se ha ocupado demasiado de eso últimamente.

¿Qué dinero va a las diputaciones valencianas el próximo año? Eso no
viene en los presupuestos generales del Estado. La distribución de la
financiación incondicionada a las entidades locales, a diferencia de las
comunidades autónomas, es algo que se hace ya habitualmente. El
Ministerio de Hacienda tiene unos acuerdos con la FEMP. Ya se sabe a cada
uno lo que le toca e incluso usted puede sacar la cantidad en función de
dónde se coloca cada ayuntamiento en la escala que hay. Dicha cantidad no
figura en los presupuestos y yo tampoco la sé de memoria, pero la puede
pedir a la Dirección General de Coordinación con las haciendas
territoriales, que es la que gestiona estas cosas.

¿Qué medidas se piensa adoptar para profundizar en la corresponsabilidad
fiscal? Como sabe S. S., en estos momentos hay un grupo técnico de cinco
expertos haciendo un libro blanco para el Consejo de Política Fiscal y
Financiera y a partir de lo que diga ese libro, no por el Gobierno sino
por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, se irá profundizando en
la corresponsabilidad fiscal, de acuerdo con el camino que nos vayan
marcando los expertos.

Usted quiere saber qué cantidades van a la región de la Comunidad
Valenciana a través de grandes inversiones. No lo sé. Yo no sé qué dinero
dedica el MOPTMA, que es el que hace grandes inversiones en Valencia.

Tendría que acudir usted a cada Ministerio, porque yo soy incapaz de
contestar a eso.

Yo creo que no me he dejado nada, al menos en cuanto a mis notas, señor
Presidente.




El señor PRESIDENTE: Para un breve turno de puntualizaciones o
aclaraciones, tiene la palabra el señor Fernández Díaz.




El señor FERNANDEZ DIAZ: Reconozco mi error material o de hecho, señor
Peña. Es tanto el afán que tenemos en nuestro Grupo por mejorar la
organización territorial del Estado, que he confundido miles de pesetas
con millones de pesetas. Favorecía también ese error el hecho de que,
como muy bien ha señalado usted después, en la Sección 32, en los
créditos destinados a la financiación de las corporaciones locales
(subsiguiente al acuerdo del 1 de agosto entre la FEMP y el Gobierno y,
en nombre del Gobierno, con el Ministro para las Administraciones
Públicas), se destinaban 655.000 millones en cifras redondas para los
municipios y 379.000 para las provincias. Hay una cierta similitud,
aunque en un caso son millones y en otro son miles de pesetas, cuando
estábamos hablando del programa 124.A; eso es lo que ha motivado mi
error, que le agradezco que me haya señalado.

Sólo quiero señalar dos cuestiones muy breves, porque, como dice el señor
Presidente, estamos en un turno de aclaración.

El primero es que le agradezco su buena intención en la aclaración de la
inclusión «ex novo» de este artículo 11 en el proyecto de ley de
presupuestos generales del Estado bajo el título genérico de «De las
limitaciones presupuestarias». Quede claro que si yo se lo he señalado,
señor Peña, es porque usted sabe que hay una cierta continuidad, como no
podía ser menos, en la redacción literal, en la hermenéutica y en la
exposición de los conceptos, los capítulos, las secciones y los programas
del proyecto de ley de presupuestos de un ejercicio a otro. Pero es que
este artículo aparece «ex novo» en este proyecto de ley de presupuestos y
esto es, precisamente, lo que nos ha llamado la atención. No sé si lo que
le voy a decir ahora servirá --estamos en el turno de aclaración-- para
aclarar al señor Secretario de Estado la motivación y, en su caso,
poderle aclarar más la respuesta.

En la redacción que yo leía del artículo 11, en el último párrafo, decía:
También quedan excluidas de la citada limitación --se entiende
presupuestaria-- las obligaciones reconocidas con cargo a las
ampliaciones de créditos que pudieran realizarse en los créditos a que
hace referencia el anexo 2.2í 12.b) y 15.b).

Durante el trámite de su respuesta me han traído el 15.b), que dice lo
siguiente: Sección 32, entes territoriales. b) Los créditos destinados a
financiar a las comunidades autónomas por participación en los ingresos
del Estado hasta el importe que resulte de la liquidación definitiva de
ejercicios anteriores, quedando exceptuados dichos créditos de las
limitaciones previstas en el artículo 70.1 del Real Decreto legislativo
1091/1988, de 23 de septiembre, por lo que se aprueba el texto refundido
de la ley General Presupuestaria.

No sé si este enunciado le aclara más a usted y, en consecuencia, le pone
en condiciones de contestar con mayor claridad o mayor seguridad lo que
yo le preguntaba.

Segundo. Me dejé en mi anterior primera exposición una referencia, en el
capítulo previo general al que yo aludía de financiación de comunidades
autónomas, financiación de corporaciones locales, al asunto de los fondos
de cohesión. Lo digo porque es evidente que usted está ahí, usted está en
el Consejo de Política Fiscal y Financiera, como Secretario de Estado de
estos dos grandes pilares de



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la organización territorial del Estado, que son las corporaciones locales
y las comunidades autónomas.

En el Consejo de Política Fiscal y Financiera de finales del mes de
septiembre --no recuerdo ahora la fecha--, es evidente que se habló
precisamente de la distribución de los fondos de cohesión y se hablaba de
infraestructuras y de medio ambiente. Esa discusión política que
conocemos, que ha tenido ya trascendencia pública, de que las
competencias en materia de protección del medio ambiente están
básicamente transferidas a las comunidades autónomas, motivo por el cual
éstas recababan para sí la gestión de dichos fondos, mientras que, por
otro lado, las autoridades del Gobierno, que representan el poder
Ejecutivo del Estado central, en terminología del Constitucional,
recababan para sí la gestión de dichos fondos en base a que los fondos de
cohesión han sido concedidos por la Comunidad Europea para mejorar las
infraestructuras del medio ambiente de los Estados miembros, pero con una
finalidad clara, que es la de acercar y cohesionar mejor la Comunidad
Europea y que no haya grandes desequilibrios entre las diversas zonas del
ámbito geográfico de la Unión Europea. De alguna manera los fondos de
cohesión vienen a ser a los Estados miembros de la Unión Europea lo que
los fondos del Fondo de Compensación Interterritorial vienen a ser en
cuanto a las regiones del territorio español.

Al final, se llegó a un acuerdo en cuanto a la distribución de esos
fondos. Si me lo permite el señor Presidente, me gustaría hacer una breve
referencia, ya que lo olvidé en el primer turno, a este asunto y su
traducción presupuestaria, cómo se van a gestionar los fondos de cohesión
por parte del Gobierno, por parte de las comunidades autónomas, por parte
de las corporaciones locales; ese acuerdo al que se llegó en el seno del
Consejo de Política Fiscal y Financiera y su traducción en estos
presupuestos.

Nada más.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Chiquillo.




El señor CHIQUILLO BARBER: En primer lugar, quiero decir que cuando he
hecho preguntas es porque tenía interés en hacerlas aquí y luego las haré
donde pueda hacerlas de nuevo, para intentar pillar alguna cosa, valga la
expresión.

Lo que sí quería decirle respecto al Consell Metropolità de lÕHorta es
que usted ha dado una razón, que me parece muy bien que usted la dé,
respecto a que Madrid y Barcelona son entes que ya existían con
anterioridad, son situaciones heredadas. Yo quiero recordarle que el
Consell Metropolità de lÕHorta se creó por las Cortes Valencianas, pero
que era heredero en su totalidad de la antigua área Gran Valencia y, por
tanto, también tiene un déficit y unas actuaciones heredadas. Por esa
razón, de alguna manera, no me parece justificable que quede fuera. Y no
sólo el transporte urbano, hay un montón de servicios y actuaciones que
están sufragando, sobre todo, el Ayuntamiento de Valencia, que benefician
al área metropolitana de, prácticamente, 1.200.000 ciudadanos. Son 44
municipios, lo que supone una realidad metropolitana que no puede ser
desconocida por el Gobierno central. De ahí nuestra preocupación, no de
que financie al cien por cien, porque la Ley de Financiación del Consell
Metropolità de lÕHorta, incluido en su propia ley, no lo contempla; no el
cien por cien de la financiación del Consell Metropolità de lÕHorta,
pero, de alguna manera, puesto que tenemos una realidad metropolitana que
no podemos olvidar, pensamos que el Gobierno central debe contribuir a
este hecho metropolitano.




El señor PRESIDENTE: El señor Secretario de Estado tiene la palabra.




El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Peña
Díez): Señor Presidente, trataré de aclarar alguna de estas cuestiones.

Señor Fernández Díaz, la lectura que me hacía sobre el artículo 11.1 del
Anexo, confirma mi hipótesis de trabajo; es decir, cuando el Anexo 15 D
cita la liquidación del ejercicio anterior, debe referirse a que en los
Presupuestos Generales del Estado figura una cantidad tentativa para
liquidar el PIE de ese año en el siguiente. Es evidente que esa cantidad
no va a coincidir con lo que ocurre, porque a veces es más, a veces es
menor; generalmente se queda corto ese crédito. Hay un crédito --no
recuerdo ahora cuál es la cifra de este año--, supongo que de 40 a 50.000
millones, para la previsión de liquidación del PIE, que no sé lo que
será, pero suele rondar de 40 a 70, según los años. A medida que nos
vamos acercando al cien por cien en la previsión presupuestaria del PIE
--ahora es el 98--, esa cantidad debe reducirse, porque esa parte sirve
para liquidar el año siguiente.

Creo que la exclusión de la condición de crédito limitado de esa partida
obedece a que, por definición, nunca será la que dice el presupuesto;
será mayor o será menor. Por tanto, hay que decir que ese concepto no
queda limitado, queda abierto y que tiene que ser ampliado. De hecho,
todos los años, mientras estoy de Secretario de Estado, hay que ampliarlo
y, por consiguiente, la cifra inicial es una previsión en el presupuesto
para que el déficit que se derive sea el menor posible. Creo que ésta es
la explicación. De todos modos, usted me conoce, yo encargaré que
estudien este asunto para ver qué más hipótesis cubre y, en la medida en
que haga falta, intercambiamos la información, pero yo creo que va por
ahí el problema.

Ha hablado luego de la gestión de los Fondos de cohesión, sobre los que
yo tengo la información que tengo, que no sé si es toda, pero la que
tengo la doy, y lo que está dicidido es lo siguiente: Poner a disposición
de la comunidades autónomas el 10 por ciento del Fondo de Cohesión
dedicado a infraestructuras y el 40 por ciento destinado a medio
ambiente; esto es lo que está decidido en la cantidad que corresponda,
entiendo yo. Ello supone que se reserva a las comunidades autónomas un
total de 40.000 millones --que es la cifra que ha salido, incluso
publicada, de aquella reunión-- afectos a proyectos que presenten las
comunidades autónomas. De ellos, 29.000 son para medio ambiente y 11.000
para infraestructuras. Ese dinero no figura



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en los Presupuestos Generales del Estado, porque las comunidades
autónomas presentarán directamente los proyectos y la Unión Europea
retornará ese dinero directamente a las arcas autonómicas.

Otro tanto ocurre con lo citado sobre el ámbito local, en el que también
hay una reserva. Ese dinero no figura en los Presupuestos Generales del
Estado porque el retorno vendrá directamente a las arcas autonómicas. No
pasa por el Tesoro español más que a efectos de contabilizar pagos y
cobros de la Unión Europea, pero nada más; no figurará en los
Presupuestos Generales del Estado.

No sé si tendré que acabar aquí mi contestación, pero, por si acaso, le
diré lo siguiente. Del resto el Fondo de Cohesión, lo gestionará la
Administración central. Cabe la posibilidad de que en la gestión de la
Administración central se puedan incluir también proyectos que presenten
las comunidades autónomas, aunque esto supongo que serán proyectos que
presente la comunidad autónoma, pero financiados en su totalidad por
créditos de los Presupuestos Generales del Estado, de la propia
Administración central, aunque sean proyectos de interés de la comunidad
autónoma que pide a la Administración central que los haga. Entiendo que
esto funcionará así, lo que llevará, con toda seguridad, a elaborar una
serie de convenios entre el Ministerio responsable, que va a ser el
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, casi al cien
por ciento de este crédito, y las comunidades autónomas. Pero, en
principio, creo que éste es el esquema para que eso funcione. No tengo
más información y no sé si alguien podrá tener más, pero supongo que en
el área de Obras Públicas podrían tener alguna información suplementaria.

Yo no dispongo de más. Esto es lo que se ha decidido en septiembre y,
hasta el día de hoy, lo que se ha avanzado.

El representante del Grupo Mixto, señor Chuiquillo, toco de nuevo el
asunto de lÕHorta. El tema de la Corporación Metropolitana de lÕHorta es
un asunto que conozco muy bien, quizá mejor de lo que usted se imagina,
porque, salvo el pasado, todos los años me ha tocado contestar a la misma
cuestión. Dado que usted es la primera vez que está aquí como Diputado,
comprendo su interés. Le diré una cosa, pero con ánimo de hacer relajante
esta reunión. Jamás he conseguido convencer a nadie de la tesis estatal
sobre esta materia, y lo reconozco, lo cual no quiere decir que no sea
una tesis defendible, incluso que sea una tesis ajustada, porque usted
contrapone una serie de intereses a una legalidad que yo expuse, y ahí es
muy difícil; hablamos en lenguajes distintos, los dos igual de válidos,
por cierto.

Yo no he dicho que el Gobierno desconozca la Corporación Metropolitana de
lÕHorta, o no diga usted que el Gobierno no puede desconocer. Le puedo
asegurar que no lo desconocemos; lo conocemos perfectamente. Incluso hay
Ministerios que están colaborando con la Corporación Metropolitana de
lÕHorta en actuaciones sectoriales, en obras concretas. En lo que no se
está colaborando es en financiar los gastos corrientes de esa Corporación
Metropolitana de lÕHorta. En eso no, pero ello no quiere decir que
marginemos a la Corporación Metropolitana.

Cuando digo que en los Presupuestos todavía figuran partidas para
financiar lo que fue el área de Madrid y la Corporación Metropolitana de
Barcelona me estoy refiriendo a que hay que liquidar deudas pendientes.

Esas dos entidades se embarcaron en actuaciones, en obras, en
programaciones de viviendas y de transporte, de las que todavía quedan
muchas herencias. Quedan obras por hacer, por lo que hay una serie de
compromisos adquiridos, no tanto con aquellas corporaciones sino con
obras y actuaciones que ya se iniciaron y que hay que acabar. De ahí que
haya una financiación todavía, que deberá desaparecer algún día, para
esas cosas. Porque la Corporación Metropolitana de Madrid ya es muy
vieja, es de los años 60, si no me equivoco, y se dedicaba,
fundamentalmente, a vivienda. Si usted lee en la prensa de Madrid las
páginas sobre Madrid, que es bien distinto, verá que su Gobierno autónomo
todavía reclama la tontería --si no me confundo-- de 40.000 millones,
que, según la Comunidad de Madrid, le debe la Administración central por
liquidar obras de viviendas en barrios marginales de Madrid. Esta es una
pequeña explicación a lo que le he dicho.

La Corporación Metropolitana de Barcelona, que ha sido extinguida por el
Parlamento de Cataluña hace unos tres años, tampoco ha desaparecido: se
ha subdividido, como por arte de magia y ha reflotado en una serie de
organillos pequeños que siguen afrontando los problemas que antes
afrontaba de una manera global la Corporación Metropolitana. Creo que
están constituidos los del transporte, los del agua y no sé si algo más.

Y siguen haciéndose cosas que tienen que ver con la metrópoli. El
Gobierno no financia el funcionamiento de esos entes. El Gobierno lo que
financia y puede financiar, en esos casos por herencia, son actuaciones
concretas. Y en el caso de lÕHorta no hay razón alguna para que el
Gobierno no colabore a políticas sectoriales que tengan que afrontar la
Corporación Metropolitana.

Esto es lo que yo quería precisar bien, porque lo que el Gobierno
cuestiona o en este momento no admite es que los Presupuestos Generales
del Estado tengan que financiar el gasto corriente de entidades
adminisatrativas, creadas legítima pero discrecionalmente, por otra
Administración. Ahora, si se afronta la política de reforma del problema
del agua --que sé que es uno de los capitales-- en la zona de lÕHorta o
el transporte --que también lo es, porque los municipios están acoplados,
como pasa en Barcelona--, no creo que el Ministerio responsable se
niegue, al menos a estudiar ese asunto. Otra cosa es que lo financie.

Pero a estudiarlo y a colaborar en la solución, seguro. Lo que nosotros
cuestionamos es que tengamos que financiar el funcionamiento de la
institución. Esto está en revisión porque queremos que se aborde de una
manera seria y sensata en eso que llamamos la política --quizá hasta una
nueva ley-- de grandes ciudades que, como usted sabe, está por ahí en
candelero y es uno de los temas que hay que tratar. Afectaría a Madrid,
Barcelona, Valencia y a varias ciudades más.

Este es el esquema para su información, más que nada para que sepa qué
pensamos en el Ministerio de este problema. En todo caso, si le queda
alguna duda, me ofrezco a seguir hablando con usted de este asunto en
estos términos.




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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Secretario de Estado para las
Administraciones Territoriales.

Se suspende esta sesión hasta las doce, hora prevista para la
comparecencia del Secretario de Estado para la Administración Pública.




Se reanuda la sesión a las doce y cinco minutos del mediodía.




--DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA (Méndez
Martínez). A SOLICITUD DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR. (Número de
expediente 212/001101.) Y FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA. (Número de expediente 212/001176.)



El señor PRESIDENTE: Reanudamos la sesión dando la bienvenida al
Secretario de Estado para la Administración Pública ante esta Comisión,
don Constantino Méndez Martínez.

Habiendo solicitado su comparecencia el Grupo Parlamentario Popular y el
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra, por parte del Grupo Parlamentario Popular, el señor
Núñez.




El señor NUÑEZ PEREZ: Deseo comenzar mi intervención dando la bienvenida
al nuevo Secretario de Estado para la Administración Pública, don
Constantino Méndez, compañero parlamentario y, por tanto, buen conocedor
de esta casa, a quien deseamos, como es lógico, toda clase de éxitos en
su gestión para el bien de las administraciones públicas; en definitiva,
para el bien de la sociedad.

No quisiera que esta comparecencia del señor Secretario de Estado se
convirtiera en un debate político sobre los Presupuestos Generales del
Estado para 1995. Trataré de recordar que es una comparecencia de un alto
cargo de la Administración del Estado que tiene por objeto informar sobre
temas y cuestiones relativas al proyecto de ley de Presupuestos Generales
del Estado. Por eso, me limitaré a formular las preguntas, en cifras
redondas treinta «preguntitas de nada», sin hacer juicios de valor sobre
los datos y cifras que las sustentan, que tiempo tendremos a lo largo y
ancho de este período de sesiones para dabatir sobre todos los problemas
que padecen las administraciones públicas. Sin ir más lejos, el próximo
día 20 volverá usted a comparecer en esta Comisión y eso nos dará pie
para el debate y para otro encuentro, que siempre será satisfactorio.

Esta mañana el Reglamento nos tiene esto muy tasado y lo que nos ocupa es
preparar las enmiendas del Grupo Popular, para lo cual necesitamos datos,
cifras, e incluso interpretaciones de lo que en un estudio rápido hemos
visto en la Ley de Presupuestos, en la que la acompaña y en los propios
presupuestos.

Dicho esto, señor Presidente, comienzo con la serie de preguntas.

Primero. Como recordará S. S., los Presupuestos Generales del Estado para
1994 vinieron acompañados de la Ley 22/1993, que, por razones de urgencia
--así lo decía el Gobierno--, debatimos a uña de caballo junto con los
presupuestos. Repito que la justificación que dio el Gobierno para tanta
urgencia era que las medidas contenidas en la Ley 22/1993 debían
aplicarse durante el ejercicio de 1994 porque si no las cuentas no le
cuadrarían. Así dijo el Ministerio de Economía y Hacienda y así dijo
también el Ministro para las Administraciones Públicas cuando debatimos
la Sección 22. Pues bien, la Ley 22 dedicaba su título segundo a normas
de función pública, que, conforme anunciaba la exposición de motivos,
tenían la finalidad --son palabras textuales-- de «coadyuvar al cabal
cumplimiento de los objetivos económicos previstos en la ley de
presupuestos de 1994».

A la altura que estamos, 13 de octubre de 1994, día de San Eduardo,
parece oportuno, lógico y necesario preguntar por el grado de aplicación
y eficacia de la Ley 22/93, entre otras muchas cuestiones por las
siguientes. Primero, ¿cuántos planes de empleo de los regulados por la
citada Ley están en vigor? ¿Cuáles son los Ministerios implicados? ¿Qué
número de funcionarios resulta afectado por ellos y cuál es la previsión
de posibles excedentes? Esa es la primera pregunta.

Segunda pregunta: si ha habido excedentes de personal en la
Administración General del Estado, ¿prevé el Gobierno mecanismos de
reasignación en otros ámbitos de la Administración del Estado y de las
comunidades autónomas?
Tercera pregunta: dentro de este proceso de reasignación de efectivos
recogidos en la Ley 22/93, ¿prevé el Gobierno la adscripción de personal
excedente a los entes públicos del artículo 6.5 de la Ley General
Presupuestaria?
Cuarta pregunta, que se refiere a la oferta pública de empleo. Al aprobar
los Presupuestos Generales del Estado de 1994 se dijo en esta Cámara
--páginas 1.103 y siguientes del «Diario de Sesiones» número 43-- que la
oferta pública de empleo será --literalmente también-- muy restrictiva y
supondrá una disminución neta del número de funcionarios. ¿Puede aportar
el señor Secretario de Estado datos concretos de la oferta de empleo
público en 1994 y cómo se comportará ésta en 1995? Le recuerdo, señor
Secretario de Estado, que los entes públicos --artículo 6.5 de la Ley
Presupuestaria antes citada--, esas entidades que en estos últimos años
han proliferado con alma pública, pero con maneras privadas, es decir,
con huidas al Derecho privado, también han colaborado en la oferta de
empleo público con funcionarios de creación propia, que ustedes nunca
tienen en cuenta a la hora de presentar el balance de la oferta pública
de empleo. Así que le ruego que nos diga cuántos funcionarios o empleados
públicos han aumentado en los entes públicos a los que me he referido y
la previsión para 1995. ¿Cuántos funcionarios de creación propia y para
qué servicios han aumentado en las comunidades autónomas en 1994 y qué
previsiones hay para 1995? Perdone, ya sé que efectivamente esto que le
pregunto corresponde, nada más y nada menos, que a la autonomía de las
comunidades



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autónomas, pero --y ésta es la sexta pregunta-- ¿qué mecanismos de
información y coordinación existen --si es que existen-- entre la
Administración General del Estado y las administraciones autonómicas para
que la reasignación de efectivos no sea un brindis al sol?
Séptima pregunta. ¿Qué información tienen los funcionarios de todas las
administraciones implicados en los planes de empleo y la consiguiente
reasignación de efectivos para ejercer sus derechos en igualdad de
condiciones? Qué mecanismos de información nuevos, porque la ley
establecía un sistema nuevo que no tenía nada que ver con el anterior
derecho vigente.

Pasando a la función pública y huyendo, de acuerdo con mi promesa
inicial, de valorar la actuación de los gobiernos socialistas en estos
trece años, quisiera formularle algunas cuestiones con sustancia
presupuestaria y que se refieren, fundamentalmente, al sistema
retributivo.

Han reconocido ustedes, señor Secretario de Estado --y ya era hora-- que
en 1993 y 1994 los funcionarios han perdido 7 puntos de poder
adquisitivo. ¿Qué cantidad global estima el señor Secretario de Estado
que sería precisa para hacer frente a la pérdida de poder adquisitivo de
los funcionarios públicos durante 1993 y 1994?
Novena pregunta. Si se dieran las circunstancias o las condiciones del
pacto o acuerdo que ustedes firmaron con los sindicatos, ¿solicitaría el
Gobierno un crédito extraordinario por ese importe? Por el importe que
usted me diga.

Siguiendo con el sistema retributivo, recuerdo que el Capítulo V del
citado acuerdo Gobierno-sindicatos establece un programa para 1995
relativo a la reordenación de las retribuciones. Por lo tanto, le hago la
siguiente pregunta: ¿Qué desajustes aprecia el señor Secretario de Estado
en la actual estructura de retribuciones? Si se han apreciados estos
desajustes, como parece dar a entender la lectura del acuerdo, ¿por qué
se mantiene en el Título III de la Ley de Presupuestos para 1995 el mismo
sistema retributivo de 1994, 1993, 1992, etcétera, etcétera?
Me parece que vamos por la undécima pregunta. Si se procede a la
reordenación de retribuciones en 1995, ¿esta reordenación de
retribuciones sería neutra --entiéndame bien la pregunta, que supongo que
la entiende muy bien-- respecto al volumen global de la masa salarial?
Dentro de los sistemas retributivos, resalta en los Presupuestos
Generales del Estado para 1995 la previsión del Gobierno de destinar
cantidades importantes (no adjetivo la palabra; también está en el
acuerdo) a incentivos al rendimiento, es decir, gratificaciones y
productividad. ¿Puede decirnos el señor Secretario de Estado a cuánto
asciende esta cantidad en los Presupuestos de 1995? ¿Será distribuida
esta cantidad con criterios y garantías de objetividad o cómo será hecha
la distribución?
Dentro de la fórmula de distribución --y por eso lo señalo-- el acuerdo
Gobierno-sindicatos señala que las centrales sindicales podrán aportar
iniciativas y propuestas de distribución de estas cantidades. También son
palabras textuales. Por eso le hago la pregunta número 13: ¿conoce el
señor Secretario de Estado algún estatuto de la función pública o norma
de naturaleza análoga en países de nuestro entorno donde sea tan alto el
grado de discrecionalidad y vaguedad del sistema retributivo?
Para finalizar este capítulo y citando como argumento de autoridad
palabras de ustedes, siguen hablando ustedes, después de 13 años
--también está en el acuerdo--, de sentar las bases de cara a la
elaboración de un estatuto de la función pública. Repito, son palabras
recogidas en el acuerdo, yo no me he inventado ninguna. Por lo tanto, no
lo tome como valoración ni como juicio personal ni de mi Grupo
Parlamentario. Lo que sí me produce eso es la necesidad de hacerle la
pregunta número 14: ¿No cree usted que con el estatuto tantas veces
reclamado por nosotros, con un estatuto nuevo, que exige y proclama un
texto constitucional aquí citado por enésima vez, el 103 de la
Constitución, sería más fácil analizar y valorar los gastos de personal
de los Presupuestos Generales del Estado?
Pasamos a otros temas. Perdón por ir quizás muy rápido. En todo caso,
señor Secretario de Estado, con mucho gusto le haríamos las precisiones
que usted necesite.

Voy a hablar ahora del proceso de funcionarización. El proceso de
funcionarización del personal laboral afectado por la disposición
transitoria 15 de la Ley 23/88 se sigue haciendo --voy a ser muy suave
también en la calificación-- en medio de una gran opacidad.

Desearíamos conocer a cuántos empleados afecta, cuántos de ellos han sido
convocados a las pruebas y cuántos las han superado. También si el
Secretario de Estado considera este proceso compatible con el mecanismo
de los planes de empleo de la Ley 22/93 a la que antes me referí. En
concreto, ¿cabe funcionarizar un puesto que en el correspondiente plan de
empleo puede desaparecer? ¿Qué es antes, el huevo o la gallina?
La Ley 21/93 de los Presupuestos de 1994, en el artículo 34.6, declara
nulos de pleno derecho los pactos que impliquen crecimientos salariales
para ejercicios sucesivos contrarios a los que determinan las futuras
leyes de presupuestos. Las fórmulas del acuerdo --las conoce usted muy
bien-- incluyen incrementos para 1996 y 1997. Por lo tanto, ¿el Gobierno
sabe ya qué van a determinar las leyes de Presupuestos de 1996 y 1997 en
materia retributiva? En caso contrario, ¿estaríamos ante una nulidad de
pleno derecho de este punto del acuerdo? Repito que es una Ley que conoce
usted muy bien, que establece los requisitos, las formas y el contenido
de la negociación colectiva en el ámbito de las administraciones
públicas.

Los planes de reasignación de efectivos van a suponer un gran esfuerzo de
formación. Creo, y si no me corrige el señor Secretario de Estado, que el
INAP, Instituto Nacional de Administración Pública, cuenta en los
Presupuestos Generales del Estado para 1995 con un leve descenso, de
2.282,042 millones de pesetas pasa a 2.268,132 en el programa 121-C, que
desarrolla la formación del personal de la Administración General. En los
Presupuestos para 1994 ya estábamos en una tasa de 1,4 por ciento de la
masa salarial para formación, muy baja, por cierto, respecto a la que
solicitan los sindicatos y, por supuesto, muy baja respecto a la media
que dedican las empresas en el sector privado a lo que es la formación
del personal. Es un debate que ya tendremos en otra ocasión.




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Repito que como todo está en función de la eficacia que pueda tener la
Ley 22/1993, que tanto tiene que ver a su vez con la reducción del gasto
público, según nos dijeron en la justificación del debate de urgencia de
la misma (a lo mejor esto lo repito varias veces porque para nosotros es
un tema muy importante), ¿cómo se va a atender a la necesaria formación y
reciclaje de los funcionarios afectados por la reasignación, que
lógicamente tiene que proceder de los planes de empleo?
En los proyectos de reordenación y reasignación de efectivos se
contemplan también las distintas formas de promoción. ¿Se contempla la
promoción horizontal prevista en la Ley 30/1984? Esa es una pregunta que
me gustaría que me contestara. ¿Cuál es la razón de que no la haya
contemplado el acuerdo Gobierno-sindicatos? Porque o yo he leído muy
rápidamente o no la he visto por ninguna parte.

Vamos con la pregunta número 19, que se refiere a la promoción interna,
que es además una exigencia de la formación profesional, un mecanismo
útil, desde luego, dentro de la reasignación de efectivos. ¿Qué medidas
concretas piensa tomar el Gobierno en desarrollo del acuerdo con los
sindicatos para que esta vía no siga siendo una expectativa frustrante
para los funcionarios? ¿Cuál es la razón para excluir a los funcionarios
del grupo B, en particular a los del Cuerpo de gestión, de la promoción
del grupo A, con dispensa, cuando ello corresponda, de la exigencia de
titulación, como ocurre en los grupos C, D y E?
Pregunta número 20. Las precisiones del acuerdo relativas a convertir en
fijos puestos actuales de empleo temporal --es una de las cosas que nos
ha sorprendido del acuerdo-- ¿con qué criterios se van a desarrollar? ¿Se
dará algún tipo de preferencia a los actuales empleados temporales?
¿Podría incluso accederse a la funcionarización desde un empleo temporal?
Vamos con otro capítulo, que me parece que es la pregunta 21. ¿Cuáles son
las previsiones de reducción en los procesos de reordenación y
reestructuración administrativa que el Gobierno permanentemente proclama
llevar a cabo? En el plan de convergencia de marzo de 1992 y en éste se
hace referencia, con más claridad en el primero, a una drástica reducción
de organismos públicos, etcétera. No le relato ni le reproduzco la
teoría, la conocemos muy bien. Lo que quería saber era cómo se reflejaba
esto en estos Presupuestos.

En el compromiso de profesionalización --y voy con la pregunta 22--
suscrito con los sindicatos, aunque no figura en el acuerdo de manera
clara y tajante, sí se acepta por ellos y por ustedes el principio de la
profesionalización de determinados altos cargos, quizá copiando lo que
establece nuestra iniciativa. La proposición de ley sobre el Gobierno y
la reorganización de la Administración del Estado recoge esta
profesionalización y nos parece muy bien que ustedes se vengan a estas
buenas tesis, pero ¿cómo repercutiría durante 1995 y en qué medida
afectará al personal de confianza de los gabinetes ministeriales y de la
Administración periférica?
Pregunta número 23. Tengo que volver sobre ella, señor Secretario de
Estado, porque de vez en cuando, a través de acuerdos del Consejo de
Ministros, que jamás vemos en el «Boletín Oficial del Estado», hacen
referencia a este tema, que también denunciamos nosotros aquí y que sigue
más o menos como estaba en la legislación. Por eso le tengo que
preguntar: ¿cuántos contratos de los llamados blindados subsisten tras
haberlos prohibido en un acuerdo de Consejo de Ministros del 1 de enero
de 1994, tanto en la Administración del Estado como en sociedades
estatales y entes públicos?
Recuerdo que al señor Ministro le pregunté en el Pleno del Congreso por
esta materia y contestó --están ahí los «Diarios de Sesiones»--, ante la
perplejidad de todos nosotros, que no estaban prohibidos los contratos
blindados. Nosotros, a la hora de analizar el gasto, tenemos que saber si
tiene razón el Acuerdo de Consejo de Ministros del 1 de enero, si tiene
razón el Ministro, si efectivamente se mantienen vigentes los anteriores,
si solamente ha afectado a los posteriores, si todos los organismos están
vinculados por ellos, etcétera. ¿Se va a aplicar, por ejemplo, el
mecanismo que la ley de acompañamiento a los Presupuestos Generales para
1995, eso sí, prevé para las mutuas de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales? Es para la única cosa que lo dice con
claridad la ley, para la única.

El Gobierno viene desarrollando un plan de formación de directivos y se
habla de establecer la función directiva. Es la pregunta número 24 de la
serie, me parece. ¿En qué medida se están garantizando los principios de
capacidad, mérito e igualdad de oportunidades en este espectacular
proyecto, del que tenemos noticia por oídas? ¿Es compatible con estos
principios y el de la concurrencia el sistema generalizado de libres
designaciones para el acceso a los puestos directivos? ¿Es posible hacer
un estatuto de la Función Pública directiva al margen del Estatuto de la
Función Pública que, con carácter general le demandamos, creo que se lo
demanda toda la Función Pública? ¿Por qué esta urgencia en hacer el
estatuto de la parte, digamos más selecta, de la Función Pública y no de
todo lo demás?
Paso a otro capítulo, muy brevemente. Me parece que me estoy alargando
demasiado, señor Presidente; en cinco minutos termino, quizá menos. Es la
pregunta 25.

El otro día, en la comparecencia del señor Subsecretario de su
Ministerio, durante la cual analizamos la ejecución del Presupuesto de
1994, hablando de la necesidad, sobre todo del propósito, de reducir
gasto público corriente en bienes y servicios, aludiendo a cifras que
esta tarde analizaremos con el Ministro --porque hay una comparecencia
específica para esto, pero quiero referirme justamente al tema que
corresponde a Presupuestos Generales del Estado para 1995--, nos dijo que
todo el esfuerzo de reducción del gasto público corriente en su
Ministerio se cifraba en 80 millones y que esto era un gran sacrificio.

Nosotros aplaudimos por lo menos el intento de esfuerzo de reducir gasto
público en bienes corrientes y de servicios, aunque haya quedado reducida
esa cifra, que nada tiene que ver ni con los 40.000 millones de los que
habló su antecesor el anterior Secretario de Estado, ni con los 60.000 a
los que luego aludieron en junio de este año ni con los 150.000 que en
septiembre fijó como meta de reducción del gasto público corriente en
bienes y servicios el Ministro de Economía



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y Hacienda; están ahí los datos y cifras. Si todo eso queda reducido a 80
millones de pesetas, parece que es el parto de los montes. En todo caso,
es una reducción.

A la vista del compromiso con los sindicatos, la vía para la moderación
del gasto público puede ir por la reducción de altos cargos y puestos
directivos y de confianza. Repito que sobre este tema no quiero hablar
ahora más. Por supuesto, quedará el debate abierto para nuestras
enmiendas, incluso para el debate de esta tarde, porque eso afecta, más
que a cifras, a conceptos y capítulos y artículos del presupuesto, por lo
que no es necesario que ahora le fatigue con preguntas que tienen otra
vía de respuesta.

Volviendo al capítulo del gasto correspondiente a bienes corrientes y
servicios, le preguntaría, sencillamente, ¿en qué se ha traducido --al
margen de lo que nos han dicho en la ejecución del presupuesto--, en los
Presupuestos de 1995, esas proclamadísimas propuestas de ahorro en el
capítulo II? Iba a decirle en toda la Administración del Estado; se lo
pediré sólo en su Ministerio, aunque, en definitiva, son ustedes los que
tendrían que trazar las políticas de reducción de gasto corriente en
todas las administraciones públicas o, por lo menos, en la Administración
general del Estado: organismos autónomos, Seguridad Social, entes
públicos, etcétera.

El capítulo II del presupuesto de gasto del MAP --volviendo a nuestro
Ministerio-- se dota en 1.858 millones de pesetas para 1995; en 1994, la
dotación fue de 1.831 millones. ¿Considera el Secretario de Estado que
con ello se está en la línea prometida por el Gobierno y recogida en la
segunda fase del plan de modernización?
Ahora le voy a decir algo que le tiene que agradar, porque aquí no
estamos sólo para decir cosas negativas. He observado que en el
presupuesto de gastos del Capítulo II, correspondiente a la Secretaría de
Estado para las Administraciones Públicas, se pasa de 707 millones a 596
millones, en 1995. Ya vigilaremos cómo queda luego el gasto consolidado a
final de año, porque nos hemos llevado grandes sorpresas al ver los
gastos iniciales y los desvíos al final. En todo caso, no deja de ser una
buena presentación de su Secretaría de Estado. Se lo digo subrayando con
claridad que es el único dato que he visto --y me he estudiado hasta
ahora con bastante detenimiento las partidas-- que puede ser digno de
mención. ¿Por qué se puede hacer una reducción tan significativa en este
caso, y no en el conjunto del Capítulo II de los Presupuestos Generales
del Estado? Cuando nosotros decimos esto y aludimos a la reducción, nos
dice algún compañero de ustedes con el que tenemos, como con todos, unas
relaciones muy cordiales: Van a dejar ustedes sin bolígrafos a los
funcionarios, van a dejar ustedes sin luz a los ministerios, no van a
funcionar... Resulta que sí, que es posible hacer reducciones en
cantidades muy importantes en los distintos organismos. ¿Por qué no se ha
producido en todos los centros directivos? ¿Por qué el capítulo de gastos
en bienes corrientes y servicios no reduce prácticamente nada respecto al
presupuesto inicial de 1994? Me parece que es un 0,2 lo que se reduce.

Con eso no se puede llamar, como se llama, presupuesto restrictivo a éste
de 1995. Sobre este asunto tendremos ocasión de hablar esta tarde, el día
20 y cuando sea menester, en el debate de las enmiendas. Señor
Presidente, me quedan tres preguntas y termino.

Año tras año, la Ley de Presupuestos Generales del Estado faculta al
Gobierno para reordenar y reestructurar las unidades administrativas, se
supone que con fines de racionalidad, de mayor eficacia y de ahorro de
gasto. De cara a 1995, la Ley de acompañamiento establece mecanismos a
tal fin; la memoria de objetivos correspondiente a la Sección 22,
Ministerio para las Administraciones Públicas, fija numerosos objetivos,
proyectos y tareas al respecto. Por cierto, no resisto la tentación, como
en el asunto de la profesionalización de la Administración pública, de
decir que se adhieren ustedes a las buenas tesis y que, en definitiva,
los objetivos reproducen, en algunos casos literalmente, medidas a las
que nosotros pedíamos respuesta en una pregunta del día 6 de julio de
1994.

Decíamos nosotros que habría que saber cuáles son, a nivel central y
periférico, los actuales centros directivos y qué funciones desempeña
cada uno de ellos. En los objetivos --y me parece muy bien-- de los
presupuestos para 1995 ustedes establecen medidas para hacerlo,
chequeando los ministerios. Las preguntas del 6 de julio de 1994 todavía
no han sido contestadas más que por su Ministerio. Vuelvo otra vez a
ponerle una buena nota, ya van dos y no soy yo muy generoso en estos
temas, entre otras cosas, porque no me corresponde venir aquí a alabar a
nadie. Quiero reconocer, evidentemente, que es el único Ministerio que,
desde el 6 de julio de 1994, ha tratado de contestar a estas preguntas y
que luego veo reflejado el propósito para toda la Administración entre
los objetivos de la Sección 22. Me parece muy bien. Yo le pregunto: Cómo
lo van a hacer; si, efectivamente, lo van a hacer durante este año; si,
efectivamente, nos van a responder a estas preguntas y si, efectivamente,
los grupos parlamentarios van a tener esta herramienta de trabajo que tan
necesaria es para la reordenación de la Administración pública y, en
definitiva, para reducir el déficit público.

La pregunta número 29 era cuáles son las medidas de reordenación y
reestructuración administrativa, incluidos los entes públicos del
artículo 65 de la Ley General Presupuestaria, previstas por el Gobierno;
el procedimiento para llevarlas a cabo y la incidencia en el gasto
público. Esta sería la concreción de la pregunta 29.

Finalmente --y ahora sí que termino, señor Presidente--, la pregunta
número 30 se refiere a la cooperación local. El otro día, en la
comparecencia de la ejecución presupuestaria para 1994, chocaba un dato
que figura en el informe que nos fue remitido antes de la comparecencia
para analizar la ejecución presupuestaria, y que luego también reconoció
el señor Subsecretario de Estado. En realidad, lo que trato de subrayar,
sin calificarlo, es el gran retraso que experimenta el pago del programa
de cooperación local. Actualmente, sólo había un porcentaje del 3,1 por
ciento de obligaciones reconocidas a 30 de junio de 1994, que el propio
Ministerio justifica por las singularidades de su gestión. El Ministerio
paga el 75 por ciento de la aportación cuando la obra a realizar está en
fase de ejecución, y el 25 por ciento restante una vez finalizada la obra
que tiene que tener lugar antes del 31 de diciembre del año siguiente al



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del presupuesto aprobado. Lo que sucede es que el Ministerio no aprueba
la asignación de subvenciones hasta el 31 de marzo, y las diputaciones
aprueban los proyectos hacia el 30 de mayo, con lo que hasta el 1 de
octubre no se produce la adjudicación y la iniciación de obras incluidas
en el programa. Este procedimiento se regula por el Real Decreto 665/1990
--creo que es-- y debería ser objeto, señor Secretario de Estado --y ésa
es la pregunta--, de revisión para acelerar la buena ejecución
presupuestaria. ¿No es posible que en 1995 tengamos unas medidas
correctoras que explican estos desfases en la ejecución presupuestaria de
lo que es la partida más importante de su Ministerio?



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra el señor Martínez Blasco.




El señor MARTINEZ BLASCO: Señor Presidente, prometo ser más breve.

En primer lugar, quiero también saludar la presencia del nuevo Secretario
de Estado, señor Méndez. Supongo que esta tarde nos explicarán las
razones del cambio, ya que es una de las cuestiones que nos inquietan.

Voy a intentar desarrollar la estructura de las preguntas sobre los
presupuestos generales del Estado para 1995 por documentos en lugar de
por temas, aunque es bien sabido que, al final, este Ministerio responde
sólo de dos o tres cosas: de la oferta de empleo público, de las
retribuciones y de los cambios legislativos; poco más. En primer término,
con relación a la Ley de acompañamiento, hay varias precisiones, incluso
terminológicas, que nos gustaría que hiciera el señor Secretario de
Estado. La primera es en relación al artículo 57, que pretende modificar
el artículo 15 de la Ley 30, que incluye los puestos de apoyo
administrativo, término que no había aparecido hasta ahora en la
legislación. Nos gustaría saber el alcance de las palabras «apoyo
administrativo» en ese debate no concluido en nuestro país, hasta dónde
debe llegar la laboralización o la funcionalización.

Las razones del artículo 58, ¿tienen que ver con los acuerdos
Gobierno-sindicatos con relación a los grupos D)? ¿Cuál es la razón de
que ahora se establezca que la promoción interna esté separada del
ingreso, como posibilidad, evidentemente, aunque supongo que será para
usarla a lo largo de 1995?
El artículo 61 resuelve un problema. La pregunta sería por qué no se ha
resuelto para otros casos. Se ha realizado la integración de determinados
funcionarios locales en los cuerpos de funcionarios docentes, pero por
qué no se ha hecho con otros colectivos que hemos reclamado, como son los
funcionarios docentes de instituciones penitenciarias. Es una vieja
reivindicación. Incluso hemos presentado enmiendas específicas a otras
leyes de presupuestos porque se ha resuelto para los funcionarios
locales, pero no para los de instituciones penitenciarias.

El artículo 62 va a batir un récord. Creo que cada seis meses hay una
modificación legislativa sobre los funcionarios de Habilitación nacional.

Esto va a salir en el Guinness. Ahora se introduce un nuevo elemento en
esta operación de acoso y derribo, y es que se puedan contratar
interinos. Según la respuesta, presentaremos la enmienda pertinente, pero
nos gustaría saber por qué no se ha utilizado esta posibilidad de
contratar funcionarios interinos, que en la práctica puede suponer que
bastantes administraciones locales prefieran tener funcionarios interinos
antes que entrar en el procedimiento normal de adscripción, por qué no se
ha introducido la misma cláusula que existe para los accidentales. Hay
que agotar previamente todas las posibilidades establecidas en la
legislación para que los puestos sean cubiertos según esas posibilidades.

En cuanto a la Ley de Presupuestos y las retribuciones, es cierto que se
introduce el incremento del 3,5 por ciento, en función de que ésa es la
previsión de la inflación, aunque nuestro Grupo duda de que esa previsión
sea realista en estos momentos. Como da la impresión de que esto es
cumplimiento de los acuerdos entre el Gobierno y los sindicatos, nos
gustaría saber las razones por las que no se ha introducido en el texto
legal la cláusula de garantía a la que obedece ese fondo para el
mantenimiento del poder adquisitivo, que es cierto que económicamente no
tendrá efectos hasta el uno de enero de 1996, pero de lo que no cabe duda
es de que esa cláusula sería una garantía, de la misma forma que existe
en las pensiones.

Si se ha incorporado una parte del acuerdo sobre retribuciones, cuál es
la razón de que no se haya incorporado a la otra parte y que figure
expresamente la cláusula de garantía para los funcionarios. Sería
suficiente en los términos establecidos en el acuerdo, igual que está
para las pensiones. No se dirá que es superflua porque para las pensiones
sí existe expresamente esa cláusula en el texto legal.

La otra cuestión de la Ley de Presupuestos es la oferta de empleo público
para 1995. Se vuelven a hacer redacciones que encubren, de una u otra
forma, reducciones, en términos reales, de la Función Pública, puesto que
ni siquiera se garantiza que se cubran las reposiciones por bajas o
salidas. Es probable que esto satisfaga a algunos grupos de la Cámara,
pero para nosotros lo único que supone es un desvío. No hay más que ver
los incrementos constantes de los gastos de contratación, de informes en
consultorías privadas que no sólo encarecen los trabajos, sino que
introducen elementos de mistificación entre la Función Pública y la
iniciativa privada, puesto que las grandes consultorías obedecen, en
general, a las grandes constructoras, a los consulting que existen en el
país, lo cual está introduciendo elementos perniciosos para el
funcionamiento de la Administración pública. Nos gustaría que el señor
Secretario de Estado nos dijese, puesto que no está cuantificado en la
ley ni en los diferentes documentos, en qué términos va a estar la oferta
de empleo público para 1995, en relación con lo que se prevé que son los
empleados públicos al 31 de diciembre de 1994 y al 31 de diciembre de
1995. Es decir, cuál va a ser el volumen global de los empleados públicos
en el año 1995 y, consecuentemente, cuál se calcula que será la oferta de
empleo público para 1995. Ya se dice que será selectiva, pero queremos
conocerla cuantificada.

Entrando en los documentos que acompañan al Programa 121.B y al Programa
de formación, nos parece muy bien toda la literatura que se acompaña.

Desde luego, es el



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Ministerio que más explica sus objetivos. Dentro de esos 19 objetivos que
se proponen para la Dirección General de la Función Pública, nos llama la
atención alguno y quisiéramos tener un compromiso del señor Secretario de
Estado. Uno de los objetivos de esos 19 es el ordenamiento jurídico de la
Función Pública. Estos días se ha dicho que el Gobierno estaba en
condiciones de empezar a hablar ya de un estatuto. Los términos en los
que he escuchado la referencia de prensa es estatuto de los empleados
públicos. A nosotros nos halaga que se conjuguen en el término empleados
públicos tanto los funcionarios, como los que no lo son. Pues bien, nos
gustaría saber si dentro de este objetivo del Programa 121.B está, y con
qué plazos, traer a la Cámara el estatuto de los empleados públicos.

Dentro de los objetivos también está el continuar el plan de
modernización. Pensamos que la segunda fase del plan de modernización va
a ser como la primera, en la que cada uno contará la película como le
parezca. Pero para que se vea que los presupuestos desmienten las buenas
palabras, quiero recordar al señor Secretario de Estado que el documento
sobre la segunda fase del plan de modernización decía, por ejemplo, que
en el año 1995, en cinco capitales, por lo menos, se crearían las
oficinas de información integrada al ciudadano, una cosa que suena muy
bien, pero en los presupuestos se dice que sólo habrá dos capitales.

Podríamos desgranar que, efectivamente, el plan de modernización cuando
no cuenta con recursos, va a ser muy difícil que pueda llevarse a la
práctica.

Uno de los elementos del plan de modernización, que desde luego no podrá
ser llevado a la práctica, es el de la formación. El señor Secretario de
Estado ha firmado con los sindicatos que la formación debe ser un
elemento esencial en la estrategia de cambio de la Administración
pública, un factor básico para incrementar la motivación, la integración,
etcétera. Palabras todas ellas muy bonitas, pero cuando vamos a los
presupuestos para 1995 --ya se ha señalado que ha habido una reducción,
aunque sea pequeña--, observamos que un programa serio de mejora de la
formación de los funcionarios públicos en la línea de lo que se está
pidiendo para todo el país, no sólo para los empleados públicos sino para
todos los trabajadores del país en general, con 2.000 millones de pesetas
no se puede hacer, y menos reduciéndolo de año en año. Es un
contrasentido salvo que exista, en aplicación de este compromiso con los
sindicatos, alguna otra partida, otra fuente de financiación de lo que
nosotros entendíamos que debería ser un programa choque de formación para
los empleados públicos. Si existe, nos gustaría que nos lo dijera el
señor Secretario de Estado.

Para terminar, me voy a referir a una cuestión muy específica sobre
retribuciones que no hemos encontrado en la ley. Nos gustaría saber, ya
que no está en la Ley de Presupuestos ni en la de acompañamiento, si va a
incorporarse vía de enmienda sugerida por el Gobierno la vinculación del
complemento específico al grado personal. Creo que a eso se refiere al
apartado 3.o del capítulo V del convenio con los sindicatos. La prensa
hacía referencia a que, en base a lo ya aceptado por la Administración
catalana, iba a ser introducido en la Administración general que los
funcionarios eventuales, los que se conocen como «a dedo», podrían, al
perder ese carácter, conservar el 85 por ciento de sus complementos en
caso de cese. Reclamo la opinión del señor Secretario de Estado y, sobre
todo, si está o no (era una posibilidad recogida en el apartado 3.o del
capítulo V del convenio) en la ley, si es un defecto de este Diputado que
no ha sabido encontrarlo o es que voluntariamente el Gobierno lo ha
dejado para mejor ocasión, para una ley ómnibus o alguna enmienda que a
última hora aparezca en el Senado.




El señor PRESIDENTE: Para contestar, tiene la palabra el señor Secretario
de Estado para la Administración Pública.




El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA (Méndez
Martínez): Quiero dar las gracias a los dos portavoces de los grupos
preguntantes. Quiero disculparme también porque la batería de preguntas
(que aunque es muy amplia, señor Núñez, creo que es un poco menor que la
que el año pasado realizaba a este mismo área) me va a obligar
seguramente a jugar con los datos en algún u otro sentido. No quisiera
que, fruto de ello, quedara la sensación de hurtar información en
particular. Aquella de la que no disponga a mano, me comprometo a
hacérsela llegar a través de la Presidencia de la Comisión.

Me alegra, además, que no se plantee en términos de juicio de valor ni
como un debate político, entre otras cosas porque esta misma tarde
ustedes tendrán aquí al Ministro para las Administraciones Públicas, la
próxima semana yo mismo compareceré para explicar el programa del trabajo
y ése será el momento para establecer ese tipo de debate. Centrándome más
en una visión de qué va y qué compromisos tiene el presupuesto, desde lo
que afecta a la gestión pública y en particular a la Administración
pública, intentaré aproximar respuestas a las preguntas que se han
realizado.

Es lo cierto que la Ley 22/93 emerge en un marco de situaciones y de
compromisos cuya voluntad no es otra que la de racionalizar el gasto,
reordenarlo e incluso comprimirlo en términos de la capacidad de gasto
que tenía la sociedad referida a ese ejercicio presupuestario. Uno de los
instrumentos que ahí se manejaba eran los planes de empleo. Más allá de
los planes de empleo contenidos como definición en esa ley, el acuerdo
explicita con mayor grado de concreción la forma en la que los planes
pueden y deben ser instrumentados. Es lo cierto que a lo largo del
período 1993-1994 se han producido cinco acercamientos a planes de empleo
por distintas unidades o departamentos, algunos con mayor grado de
concreción y algunos con propuestas francamente interesantes. La
metodología como tal, posiblemente por ser inédita en la Administración
pública, ha requerido un plazo de maduración para saber cómo instrumentar
eficazmente los mismos, sabiendo varias cosas: que no se pretende, en
absoluto, efectuar reasignaciones no queridas por las organizaciones, o
por los propios empleados públicos y que todo eso, sin embargo, hay que
hacerlo en un marco no solamente referido a unidades o a



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ministerios concretos, sino a la globalidad del tejido administrativo.

Tiene razón, señor Núñez, cuando indica que lo deseable sería que ese
mismo entorno de estrategias en la política de asignación de recursos
humanos tuviera también como horizonte la existencia de otros poderes
públicos y de otras administraciones que pudieran, careciendo de
recursos, verse beneficiados por la llegada de la reasignación que se
efectuara. Estoy pensando básicamente en el ámbito periférico.

Se ha previsto que todos los departamentos tengan su plan de empleo como
una formulación estratégica con relación a sus cometidos, sus funciones,
el volumen de recursos que comportan esas funciones y esos cometidos con
una visión estratégica de cómo esa reasignación --la que sea necesaria en
cada departamento-- opera a través de la política de formación, incluso
de promoción y a favor del resto de los ministerios. En esa fase se
encuentra en estos momentos el desarrollo de los planes de empleo. Hemos
creído conveniente incluir su mención en el acuerdo con la intención de
que uno de los trámites posibles que no merma la capacidad de
autoorganización que tiene la Administración Pública y el Gobierno
contara con una visión concordada con los sindicatos. Por tanto, uno de
los contenidos del acuerdo refleja esa voluntad e incluso el instrumento
el cual los planes de empleo deben ser objeto de información y de
evaluación por parte de las centrales sindicales. Y se dice expresamente
en el acuerdo --si no me falla la memoria-- que todo ello sin merma de la
capacidad autoorganizativa de la propia Administración General del
Estado.

Sería un ejercicio de irreflexión absoluta manifestar tentativamente y «a
priori» el número de funcionarios que puedan quedar afectados por
reasignaciones. Eso es consecuencia de la suma de los planes de empleo
estratégicos de cada departamento, al final de los cuales el conjunto de
movimientos será posible que se efectúe.

En un plazo razonable, su Grupo tendrá conocimiento de en qué medida esos
planes van a ser operativos y en qué medida hay un conjunto de políticas
que ayuden a la ejecución de esos planes de empleo. Aun cuando la figura
del excedente existe, quiero contestarle explícitamente que no se ha
previsto si no la reasignación de los efectivos, no la generación de esos
excedentes.

Creo estar contestando a la segunda de sus preguntas relativa a los
mecanismos de reasignación. Insisto. En los planes de empleo tiene que
evaluarse el conjunto de recursos disponibles, aquellos que pueden ser
reordenados en el propio departamento y aquellos que han de ser
reasignados a otras áreas. Esto lo veremos a los largo de la
contestación. Posiblemente repercute en la necesidad y conveniencia de
que la oferta de empleo público al mismo tiempo no sea un elemento de
entrada innecesaria de recursos en relación con aquellos que por simple
reasignación deben de preceder a la llegada de recursos nuevos a través
de la oferta de empleo público. (El señor Vicepresidente, Sanz Díaz,
ocupa la Presidencia.)
¿Se ha previsto dirigir hacia entes públicos? Supongo que en algún
departamento en el que haya entes públicos carentes de recursos y, por
tanto, con necesidad de recursos nuevos, se podrá prever. Ahora bien, esa
fórmula habrá de ser necesariamente pacífica. En la medida en que la
Administración no es homogénea, es profundamente heterogénea y la
naturaleza de la relación entre los empleados públicos no siempre es
estatutaria, funcionarial, a veces es laboral o de otro tipo, lógicamente
se instrumentará del modo que sea posible. Quiero decir con ello que
tampoco estamos delante de una situación nueva porque hay procesos
previos al de la propia configuración de los planes de empleo que se
habían previsto, se llevaron a cabo procesos de reasignación del tejido
Administración General del Estado al tejido entres públicos, por tanto,
con una naturaleza no estatutaria sino laboral, y se hicieron
pacíficamente. Me parece recordar que el porcentaje de aceptación por
parte de los funcionarios fue del 60 por ciento allí donde se practicó
ese proceso de reasignación de AGE a ente Público, de conversión de la
naturaleza estatutaria en la naturaleza laboral. Son siempre procesos
voluntarios y suelen ser muchas veces procesos satisfactorios. Cuando
menos el 60 por ciento de los supuestos, que de memoria puedo recordar,
aceptó el proceso de laboralización por vincularse a un ente público.

En relación con la oferta de empleo público, señor Núñez, me preguntaba
cuál sería su comportamiento para 1995 y cuál su disminución a lo largo
de 1994. Yo debo decir --creo que en alguna ocasión se ha dicho, en todo
caso es bueno recordarlo-- que más allá de que nosotros cambiáramos el
sentido de una oferta de empleo público a un año determinado, los efectos
se producen normalmente en una fase posterior. Esto es, en aquellas
convocatorias que están siendo gestionadas durante un tiempo en su
realización, los opositores que participan en esa oferta de empleo
público acceden a la Administración un año o a veces, incluso, dos años
después, en función del ritmo que haya llevado ese proceso selectivo. A
lo largo de 1994 están llegando recursos de la oferta de empleo público
de 1993 esencialmente. Como ése es un proceso muy dinámico, muy abierto,
yo no me atrevería a darle la cifra final de cierre. Va a ser, en todo
caso, una cifra menor que la tasa de reposición de efectivos, pero el
proceso de congelación de la OEP del año 1994 nos ha facilitado que a lo
largo de 1995 la llegada de oferta de empleo público de años anteriores
va a ser prácticamente nula, muy reducida en todo caso. Y la formulación
de la oferta de empleo público que se haga en el año 1995 va a tener ese
escenario que en el acuerdo --y anticipo la respuesta a una de las
preguntas formuladas por el señor Martínez-- figuraba y va a gozar de
esas dos bondades. La primera es que la llegada de recursos arrastrados
de años anteriores va a ser mínima y la formulación de nuevas
convocatorias va a ser --como dice el propio acuerdo-- profundamente
selectiva. Así se indica en la memoria del proyecto de Presupuestos
Generales.

Selectiva y en qué sectores. En cuanto a los sectores, si uno coge las
tablas, las secuencias y los ritmos de llegada de recursos a la
Administración pública, se demuestra que éstos han estado creciendo en
estos años. Son aquellos sectores en los que la política ha sido más
expansiva, bien porque forman parte de aquellas políticas de carácter más



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social y, por tanto, desde este Gobierno se configuran como políticas
prioritarias, o bien porque había carencias en el proceso anterior y ha
sido necesario cubrir y reponer recursos; estoy pensando en sanidad, en
docencia y también en algunas unidades que han necesitado reponer
recursos con arreglo al nuevo carácter de mayor calidad de sus recursos
humanos; el ámbito penitenciario es un ejemplo claro de crecimiento para
tener políticas penitenciarias más ajustadas. Pero --insisto-- siempre
por debajo de la tasa de reposición --ése es el objetivo y lo decimos con
claridad meridiana-- y de una forma muy selectiva.

Hay una explicación adicional a este objetivo, que visto desde la
perspectiva de intentar que la empresa pública crezca exactamente igual
que pueda crecer en una empresa privada, a lo mejor se comprende mal,
pero creo que la eficiencia en una empresa como la empresa pública
también tiene que ser comprendida en los mismos términos que la
eficiencia en el sector privado, si es buscada de buen propósito, y es
que si, efectivamente, llegamos a escuchar que los recursos disponibles
en la Administración pública puedan estar en algunos supuestos mal
asignados, parece lógico que vayamos a un proceso de reordenación con
carácter previo a decidir la llegada de nuevos recursos. ¿Por qué? Porque
en la medida en que --y no me resisto a no decirlo-- ha habido un
fortísimo proceso de modernización en las técnicas e instrumentos de
trabajo, e incluso en la calidad profesional de los servidores públicos,
se está contribuyendo a un grado de eficiencia en muchas de las tareas
tradicionalmente atendidas con carácter manual o con un número de
personas por encima de las deseables. Por ese proceso de mejora
profesional de los empleados públicos y de mejora de los instrumentos
técnicos resulta que esas cargas burocráticas hoy no son tales,
consiguientemente tenemos que hacer un esfuerzo de reordenación interna y
por ello instrumentamos políticas en el acuerdo, y por ello muchas de las
preguntas que hoy se formulan aquí guardan relación con aquellos otros
compromisos de promoción interna que se explicitan ya en el presupuesto
de 1995 pero que tendrán que quedar muy bien expresados en el futuro
estatuto de la función pública.

Funcionarios en comunidades autónomas y cuántos. Nosotros publicamos un
boletín estadístico, que es el registro central de personal, y que espero
que lo reciban SS. SS. Si no fuera así, y quisieran recibirlo, les
anuncio que es un boletín no pensado en términos de difusión, porque es
farragoso y muy técnico, pero es enormemente útil, porque es la
información de que dispone la Administración pública, la información que
maneja este Secretario de Estado; por tanto, me encantará compartirla con
ustedes, expertos y preocupados por este tema en esta Comisión. Yo creo
que ese boletín es el mayor espacio informativo en relación con los
recursos disponibles en todo el tejido público del país. Que esa
información sea más o menos cierta depende de las fuentes, que no son
siempre las mismas. Nosotros podemos hablar de la situación, distribución
y asignación de los recursos en el ámbito del sector Estado, y aun así,
dentro de dicho sector existen diversos subsectores que tienen una
dinámica singular: el ámbito docente, el sanitario, el de los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad, etcétera. Podríamos decir que tenemos una muy
exquisita preocupación con el núcleo central de la Administración del
Estado, que para nosotros se identifica en esta tarea de lo que llamamos
Administración General del Estado, y en relación con ello administramos
bien la información.

Respecto a cuántos funcionarios hay en términos generales, en comunidades
autónomas, Estado o poderes locales, me remito al registro central de
personal. Puedo indicarle que en ese dato, incluyendo todo lo que es en
general sector público en este país, a 1 de julio de 1994 había 2.275.550
puestos empleados. Por lo que afecta a comunidades autónomas, hay 601.327
puestos empleados. Por si el porcentaje resulta interesante en la medida
en que hay una buena aproximación a lo que es el objetivo del aparato
competencial, eso supone que el sector público estatal tiene exactamente
el 53,9 por ciento, las administraciones públicas el 26,4 y las
administraciones locales el 16,3. Hemos hecho un capítulo especial por su
naturaleza singular --aunque está en proceso de transferencia a las
comunidades autónomas-- en relación con las universidades, que participan
con el 3,4 por ciento. Como utilicé una denominación singular, no
quisiera dejar de mencionar que el núcleo central del Estado, lo que
nosotros llamamos ministerios, organismos autónomos y Seguridad Social,
tienen en estos momentos 443.064 efectivos, lo cual es el 316 por ciento
del total del sector público estatal.

Como puede ser interesante y aprovechando la comparecencia --aunque lo
veremos de nuevo en la comparecencia de la semana próxima--, quiero
decirles que es la primera vez que se cruza el porcentaje de mujeres y
varones en la Administración pública. Teníamos una posición de igualdad,
pero en estos momentos registramos en este boletín 160 mujeres más en
relación con los hombres en el núcleo central del Estado. También por
curiosidad les puedo decir que el porcentaje más alto en edad de nuestros
efectivos está situado en el tramo 30/41 años, lo cual da una edad muy
joven a la Administración pública, y ahí está el 44 por ciento de los
efectivos.

En cuanto a los mecanismos existentes para la coordinación --pregunta que
me formulaba el señor Núñez--, yo creo que se utilizan los procesos de
transferencia. Pero en el futuro --y lo hemos dicho recientemente en el
Senado-- habrá que garantizar la cooperación y la coordinación, y ello
implica la necesidad de disponer de mecanismos muy estables, sólidos y
transparentes de reasignación de efectivos entre las administraciones
públicas, más allá del ámbito puramente competencial, y siempre que esto
repercuta en lo que es la búsqueda de una mayor eficiencia y un menor
coste entre las administraciones públicas.

Me preguntaba también qué mecanismos de información tienen los
funcionarios frente a los planes de empleo. Creo que ya le he contestado
antes en el sentido de que, a partir del acuerdo, cualquier plan de
empleo ha de ser presentado en términos de mesa general de negociación;
ha de ser explicado y sus términos han de ser puestos de manifiesto a las
centrales sindicales que representan a los empleados públicos, siempre
con la reserva de la capacidad de autoorganización que tiene el sector
público.




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¿Cuál es la estimación de la pérdida del poder adquisitivo? Yo creo que
en este tema nos hacemos todos un pequeño favor, y es distraer la
reflexión en términos del poder adquisitivo. ¿Referido a un solo año o
referido a un proceso más amplio? ¿Por qué hemos de tomar dos años y no
cuatro, seis o todo un período? Yo creo que esto figura en la memoria
presentada en los Presupuestos Generales. Hay una ganancia de poder
adquisitivo a lo largo de todo el proceso en estos doce años. No es nada
nuevo y ahí están los números. La ganancia está en torno al 1,5 por
ciento interanual, tomando tanto las bases de congelación como las bases
en las que las retribuciones han crecido explícitamente por encima de la
inflación real año tras año. Es una capacidad de ganancia, insisto, que
está en torno al 1,5 por ciento.

También debo decir que más allá de lo que es la voluntad de congelar
retribuciones, las retribuciones crecen como consecuencia del
cumplimiento de la antigüedad como un factor más, o de otros factores
similares, por lo que, cuando analizamos los crecimientos explícitos en
el objetivo presupuestario en materia de crecimiento salarial, y no
sumamos estos otros deslizamientos, que también son retribuciones,
corremos todos el riesgo de aproximarnos mal al hecho real de la pérdida
de poder adquisitivo o al hecho real de la ganancia de poder adquisitivo.

Si se dieran condiciones de crecimiento, tal y como está previsto en el
acuerdo, ¿sería necesario solicitar crédito extraordinario? Yo creo que
estamos anticipando un debate y, en todo caso, posiblemente no sería
necesario en la medida en que la comparación habrá de ser efectuada en
términos año 1996; es decir, la desviación se producirá comparando de
forma homogénea retribución media sobre masa salarial de diciembre de
1995 sobre diciembre 1994. Si hay desviación del IPC y se cumplen el
resto de las previsiones, lógicamente habrá que ir a una retribución de
carácter adicional y a un crédito extraordinario en términos de técnica
presupuestaria. Pero estamos hablando del año 1996.

Preguntaba, al hilo de algunas incorporaciones que se explicitan en el
acuerdo, pero que se efectúan en la ley de Presupuestos, precisamente en
la ley de acompañamiento, si somos capaces de explicar qué desajustes se
aprecian en la estructura de retribuciones. Como liga con una de las
preguntas del señor Martínez, le podría contestar diciendo que es cierto
que aquellos componentes que se identificaron correctamente en la Ley
30/1984, sirvieron de forma muy eficaz para la ordenación de la función
pública, específicamente de retribuciones en un momento de transición del
viejo al nuevo modelo. Pero es cierto también que el tiempo se va
encargando de dar mayor o menor efectividad a los términos en que se
concedían algunos complementos, en particular destino y específico.

Las previsiones de acuerdo son ponderar, estudiar y hacer propuestas en
torno a si es posible, a lo largo del año 1995 --por eso hemos abierto la
facultad en este norma--, ir anticipando conversión de complemento de
específico a destino, y ello con un solo objetivo, que es reforzar el
grado personal, porque entendemos que el reforzamiento del grado personal
contribuye a dar una mayor dimensión al esfuerzo individual de cada
empleado público en términos de su propia carrera y, por ende, entendemos
que eso refuerza el carácter profesional, el carácter objetivo, el
carácter independiente en el que cada empleado público puede ver su
carrera profesional, su promoción, con independencia de la capacidad de
la organización para sacar siempre el máximo rendimiento de ese empleado
público.

¿Por qué se mantiene en 1995 la misma estructura? Esta es otra pregunta,
dentro de esa misma cuestión, del señor Núñez. Pues por algo sencillo que
está también implícito en una serie de respuestas posibles a sus
distintas preguntas, y es porque no deseábamos hacer nada que prejuzgara
lo que pueda ser la definición que, a través del estatuto de función
pública, hagamos en un futuro inmediato. Por tanto, no nos parecía
prudente aproximar respuestas que condicionaran aquellas otras que, a
través del propio estatuto de función pública, habrá que dar a este mismo
tema, y que deseamos convenir en el ámbito sindical con las centrales
sindicales. Por eso mantenemos la inercia de la vieja estructura
retributiva, aunque indicamos que puede ser conveniente tocarlo en el año
1995, ya que esperamos para ese año tener el estatuto de función pública
debatido y aprobado, pero puede ser conveniente a lo largo del año 1995,
repito, en función del desarrollo del acuerdo, tomar decisiones que
afecten a la estructura retributiva, y no queremos quedar atados de pies
y manos esperando una reforma o la posibilidad de una mención en una ley
posterior.

Pregunta si es neutra esta reasignación de la estructura retributiva en
términos presupuestarios. Debe de serlo; tiene que ser neutra. La
conversión de una parte del complemento específico en complemento de
destino no tiene que ser más que eso, trasvase de cantidades entre
complementos. No puede ser un sistema de retribución encubierto, porque
ni está en la voluntad del acuerdo ni está en la voluntad de meter en
disciplina presupuestaria el componente de gastos que supone las
retribuciones de los funcionarios; por tanto, esa nueva estructura
retributiva, en el supuesto de que se llevara a cabo en 1995, tendría que
ser neutral en términos económicos.

El acuerdo prevé incentivos al rendimiento, pero lo hace de una forma
prudente. Yo creo que lo hace con arreglo a dos claves, señor Núñez. Lo
hace con una clave de carácter general, en el sentido siguiente, y es si,
como consecuencia de la mayor eficiencia de los empleados públicos, se
produce una mejora en la calidad y en la prestación de los servicios, y
si, al mismo tiempo, el esfuerzo de racionalización y reordenación de los
recursos produce que al final de ese período el número de efectivos
también puede ser menor que el del comienzo del período, parece lógico
que podamos hablar de mayor rendimiento de los empleados públicos, y,
consiguientemente, parece lógico que expresemos la voluntad de que ese
mayor rendimiento y esa mayor eficiencia de los empleados públicos sea
objeto de una retribución adicional.

Se dice también que se estudiarán los procedimientos para efectuar esa
distribución, y es natural que sea así, porque si la reasignación de
recursos, por tomar un solo ejemplo, ha de ser más intensa en un área que
en otra, parece



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lógico que el mayor esfuerzo de aquellas áreas que deban de efectuar esa
reasignación sea objeto de un incentivo en los términos que se decida, y,
además, en todo caso, porque la voluntad del acuerdo es poner delante de
las centrales sindicales los objetivos y los criterios para concordar los
términos de ese esfuerzo de incentivos a los rendimientos. A usted yo sé
que no le parece conveniente --así lo dice en su pregunta--, pero yo creo
que los términos del acuerdo no son, en palabras jurídicas, una
arbitrariedad. Poder proponer iniciativas se entiende que es una facultad
constante que ejercen distintos interlocutores en nuestra sociedad, y
entre ellos, cualificadamente, las centrales sindicales. Lo que ocurre es
que eso, vuelvo a decir, no merma la capacidad de autoorganización y la
responsabilidad de la propia Administración general del Estado en
relación con las iniciativas que se propongan, que lo que intenta es
compartir, con el ámbito de los empleados públicos, y a través de las
centrales sindicales, los criterios que se juzgan conveniente en torno a
los incentivos al rendimiento. Si no existiera esa voluntad concordada
sería muy difícil que un componente tan singular de las retribuciones de
cualquier empleado público o privado sea pacífico en una empresa, y por
eso tenemos voluntad y necesidad de pactar los términos en los que pueda
funcionar esa política de incentivos al rendimiento. Ese es el motivo de
que no nos parezca jurídicamente nada aberrante, e insisto de nuevo
siempre presidida por nuestra capacidad de autoorganización, porque es
nuestra responsabilidad y no podríamos renunciar jamás a ejercerla.

Me pregunta si es que el estatuto de función pública futuro facilitaría
el control y el análisis del gasto. Sin duda, así tiene que ser. Pregunta
por el proceso de funcionarización, a cuántos empleados públicos puede
afectar, a cuántos ha afectado ya, si es incompatible con la Ley 22 y qué
es antes: la funcionarización o su reconversión. Yo creo que ése es uno
de los grandes nudos de la cuestión. No es un nudo de esta Administración
ni de este Gobierno. Yo debo decir, porque también es justo decirlo, que,
si no me falla la memoria, a finales del año 1982 había cuarenta y tantos
mil empleados públicos en esta situación, referidos a puestos de
funcionarios ocupados en el ámbito laboral, y se hizo un esfuerzo, un
esfuerzo que, al tener que ser compatible con otro conjunto de políticas
de normalización de la función pública, llega hasta nuestros días, pero
llega de una forma bastante bien drenada. Aproximadamente se pueden haber
incorporado en torno a dieciséis mil y pico empleados públicos al proceso
de funcionarización. Sigue su ritmo, y su ritmo es que queda a la
responsabilidad de cada departamento determinar dónde hay una
coincidencia entre un empleado público en régimen laboral respecto de una
actividad que hemos conceptuado como actividad de función pública y, por
ende, queda al arbitrio también del correspondiente departamento fijar
los plazos, los términos, e incluso los grupos y cuerpos en los que se
puede producir el proceso de funcionarización.

Ha sido exitoso para ese conjunto, dieciséis mil empleados públicos, y
creo que hay que preservar en el esfuerzo de funcionarización. Es lo
cierto que no todo ese tejido que he citado de veinte mil empleados
públicos que todavía quedan en esa situación debe ser funcionarizado. Al
respecto, en el acuerdo se fijan algunos criterios que deben presidir
esta actividad y también se fija que ha de ser un objeto o una cuestión
de debate y determinación de criterios con las centrales sindicales.

Insisto, el criterio es funcionarizar el máximo posible respecto de ese
ámbito de empleados en situación de régimen laboral, y es posible que
coincida en el tiempo con este otro esfuerzo de racionalización y de
reordenación en toda la Administración pública. Así, tenemos un problema
más que atender, pero no por ello deberíamos de ponernos la venda y
evitar decir que tenemos que realizar un esfuerzo en materia de
funcionarización. Habrá que hacerlo de modo armónico y de modo que no
funcionaricemos en aquellos ámbitos en los que tuviéramos vocación de
mantener el régimen laboral, porque sería un efecto absolutamente
perverso. Pero --insisto-- reconocemos la necesidad de agotar ese proceso
y de llevarlo a cabo hasta el máximo de lo posible. En este sentido, hay
compromisos explícitos en el acuerdo y también hay una facultad en el
propio presupuesto para ir realizándolo a lo largo de 1995 de forma más
intensa que hasta ahora.

Sobre si las leyes de presupuestos de 1996 y 1997 podrían haber quedado
condicionadas en los términos del acuerdo, nada más lejos de nuestra
intención. Lo que sí tenemos intención es de cumplir el acuerdo y de
estar aquí para cumplirlo. Consiguientemente, si en ese momento nosotros
somos los responsables de cumplir ese acuerdo en las leyes de
presupuestos, vincularemos los objetivos y cumpliremos lo previsto. Pero
si le dejo notar que ese carácter explícito del acuerdo está muy
concordado con el programa de convergencia, que también es un elemento de
planificación o de indicación del plan con carácter plurianual, es decir,
no solamente existe el plan anual presupuestario, sino que también
existen evaluaciones plurianuales, una de las cuales es el programa de
convergencia, y en el seno de éste hemos convenido con los sindicatos
tomar aquellos criterios que tienen carácter plurianual y vinculan las
retribuciones. Creemos que es una buena lógica y parece razonable, y
desde luego nada singular jurídicamente, comprometernos en las leyes de
presupuestos de 1996 y 1997 que en su momento se discutirán aquí.

En cuanto a los planes de formación, hay una ligerísima reducción de
actividad INAP, pero yo creo que es más un problema de reordenación
interna que un problema de que no haya vocación de cumplir todos los
programas formativos que están siendo esenciales para los empleados
públicos.

He visto en la comparecencia del año pasado una pregunta similar y hay un
malentendido en la cifra. Me gustaría decirle que, más allá de lo que yo
le informo, estoy dispuesto a hablar con conocimiento cabal de por qué
llego a esa conclusión. El esfuerzo en formación está por encima del 2,5
por ciento en términos de ese gasto, y eso significa que se camina hacia
el objetivo del tres por ciento, que podría ser un objetivo de
referencia, pero que, sumado a la aplicación del acuerdo tripartito en
materia de formación continua, va a suponer un salto en el año 1995 de
una enorme importancia.




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Por tanto, sin que le pueda traducir en términos de porcentaje qué va a
suponer el acuerdo tripartito de mayor gasto, y por ende de mayor
esfuerzo formativo respecto del que ya se realizaba, que supone el 2,5,
sí le indico que no es retórica, que realmente creemos que la formación
es un ámbito fundamental para la carrera profesional y para la eficiencia
de la Administración pública. Tan es así que incluso en los términos de
un presupuesto austero, como el que ha habido en estos últimos años, el
gasto en formación se ha podido multiplicar prácticamente por siete.

Estoy ya en su pregunta dieciocho. Es cierto que hemos intentado vincular
la formación a los planes de empleo. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.) Yo creo que no podría ser de otro modo, porque en la
capacidad de reasignar efectivos que están básicamente instalados en el
conocimiento de técnicas o preparados para realizar determinadas tareas y
que puede ser objeto de reasignación dentro de la misma unidad a otras
tareas distintas, o dentro de un mismo departamento a otras unidades
diferentes o entre departamentos, lógicamente hay que prever que aquellos
funcionarios que no tengan habilidades de carácter generalistas, sino más
especializados, habrán de ver fortalecida su formación para que ese
proceso de reasignación no solamente no les sea perturbador, sino que al
revés, que actúe como un elemento de motivación e incluso de promoción en
su carrera profesional.

Me pregunta sobre la promoción horizontal. Yo coincido con usted en que
ése es uno de los elementos en los que hay que acertar en lo que sea el
futuro estatuto de función pública. Lo que pasa es que en el acuerdo
habría que determinar qué elementos tenían un carácter más urgente, y nos
parecía más urgente la promoción vertical que la promoción horizontal.

Ahora, no deja de estar lejos de la promoción horizontal el esfuerzo por
intentar crear aquellos instrumentos de incentivos económicos vinculados
al mejor ejercicio de la actividad en un puesto de un determinado trabajo
sin necesidad de verse obligado a establecer una pulsión por una carrera
vertical, que normalmente resulta perversa para la organización.

Por tanto, le tendría que responder en la clave de lo que se haga dentro
del propio estatuto de función pública, pero tenga la certeza de que va a
estar muy presente dentro de ese estatuto --porque creo que coincidimos
en que a usted le preocupa en el mismo grado que a mí--, va a estar muy
presente, repito, la garantía de la promoción en horizontal bien
armonizada con la promoción en vertical. Es fundamental la estabilidad y
que el funcionario capacitado para una determinada tarea pueda sentir su
promoción dentro del ejercicio de esa tarea sin verse obligado a moverse
y desplazarse para su promoción retributiva y para la promoción de su
carrera.

En cuanto a si hay medidas en materia de promoción y de conversión de
empleo eventual en fijo vinculadas a la ley de acompañamiento y del
presupuesto, le puedo decir, con carácter general y respecto de todas
ellas, que se han planteado tres supuestos, y creo que todas están
presididas por el esfuerzo de racionalización, por ir agilizando ese
esfuerzo de racionalización a lo largo del año 1995, que se den pasos
suficientes en aquellas actividades que «de facto» son distintas a las
que se realizaban en el año 1984 en materia de lo que era la designación
de actividades para cada uno de los grupos de función pública; por tanto,
lo que intentamos es introducir cierto ritmo, cierta velocidad en el año
1955 para esos esfuerzos de promoción.

Y en lo que se refiere a la conversión de empleo eventual en fijo, es
solamente referido de manera excepcional a aquellos puestos en los que la
plaza ocupada fuera una plaza de carácter estructural y no coyuntural.

Salvo en aquellos supuestos en que tengamos puestos de trabajo que no son
coyunturales, que no obedecen a una temporalidad en la actividad, que no
obedecen a una sobrecarga coyuntural en la actividad de una organización,
el resto de los puestos han de ser normalizados por su conversión de
eventual en fijo.

Iniciaba una pregunta, señor Núñez, la 21, con una propuesta de reducción
de organismos públicos, qué resultados se han alcanzado y qué se piensa
hacer en el futuro.

Creo que seríamos injustos si no entendiéramos que se viene realizando un
fuerte esfuerzo en materia de reducción de organismos autónomos y
entidades públicas, y le voy a dar una cifra contrastable. Entre los años
1985 y 1994, sumados organismos y entidades públicas, la diferencia es de
126 de reducción. Si mi información al día de hoy es la exacta, tenemos
164 organismos y entidades públicas. Esta cifra es menor, repito, en 126
órganos que la que había en el año 1985.

Insisto en que esa cifra pone de manifiesto que hay un esfuerzo de
reducción que, a lo mejor, a usted le parece insuficiente; en todo caso,
está ahí, es incuestionable, y haríamos bien en recogerla si convenimos
que, efectivamente, esa cifra es la correcta. Sí le debo decir, y sin
duda será una parte importante de la intervención del Ministro esta misma
tarde, que por ese sendero se va a caminar básicamente como consecuencia
de dos esfuerzos, un esfuerzo normativo, que está anunciado en esta
Cámara porque forma parte de una resolución tras el debate del estado de
la nación y que recientemente el Presidente reponía como compromiso --así
se ha redactado también la moción en el Senado--, que es la ley de
modernización y funcionamiento de la Administración general del Estado,
presidida por un criterio de simplificación y racionalización de lo que
es la estructura de todo el tejido de esa Administración general del
Estado. El otro esfuerzo adicional, que puede convivir con el de la
propia norma, es un esfuerzo como el que hasta ahora se viene realizando
de racionalización, simplificación y reducción de ese tejido
administrativo por vía de la optimización de los recursos.

En relación con la profesionalización de altos cargos, creo que muchas
veces hemos hecho un debate profundamente estéril. Además, creo que es un
debate estéril para la propia sociedad, que asiste perpleja a una
refriega de datos en materia de los altos cargos; posiblemente para
ustedes también, como grupo que aspira a ocupar algún día
responsabilidades de gobierno y, desde luego, para el propio Gobierno,
que ve perplejo que la oposición no está dispuesta a aceptar la
normalidad de las cifras. En ese sentido, creo que muchas veces hemos
dicho que algo más del 80 por ciento de los altos cargos son
profesionales del sector



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público, son empleados públicos, son funcionarios. Si decimos una cosa,
decimos la otra, porque no se pierde la condición de ser un profesional
de lo que se sea por el hecho de pasar al nivel político.

Por consiguiente, es un mal debate si tenemos en cuenta también otro
factor: que no queremos ponernos de acuerdo en materia de lo que son
altos cargos. En ese sentido, la ley es explícita: el número de altos
cargos es siempre reducido, aquí, en una comunidad autónoma o en
cualquier otro país. Podemos discutir si es mucho o poco, incluso si su
estructura de organización es buena o mala, pero lo que no debemos hacer
es confundir cuestiones, y ahí le animo a que hagamos un debate mucho más
sensato en relación con los puestos directivos de la Administración
profesional y los altos cargos de naturaleza política. En la medida en
que estén animados por ese esfuerzo de normalización de ese debate, le
puedo garantizar que posiblemente el acercamiento de criterios pudiera
ser más alto; en la medida en que intentemos hacer un debate estéril,
creo que no llegaremos a ningún acuerdo.

En todo caso, retomando su pregunta, si usted habla de altos cargos está
hablando del nivel político, y no conozco gobierno alguno que tenga altos
cargos políticos profesionales. Si me habla de los puestos directivos y
predirectivos, no les llame altos cargos, llámeles puestos de dirección
en la Administración, que toda ella es profesional, no es política. Ahí
le debo decir algunas cosas. Por ser muy breve, ya que podemos ocupar
demasiado tiempo en el debate, le puedo decir que tenemos tan sólo en
torno al dos por ciento del empleo público.

Su señoría vuelve a una pregunta que analizaba el año pasado sobre
contratos blindados. Creo que también ahí exite un intento de oscurecer
la pregunta y crear alguna sombra de duda. Es lo cierto que,
efectivamente, hay personal que, en ésta o en cualquier Administración,
es tan específico que tiene que ser objeto de contratación por vía
singular. Son supuestos excepcionales, normalmente vinculados a entes de
carácter público o a áreas muy expertas, por tanto, nada generalizadas.

No hay ese tipo de situaciones en el ámbito de la Administración general
del Estado.

Usted recuerda una norma, aquella que intentó regular que nunca se
produjera esa situación, y debería recordar que, en el supuesto de que se
produjeran esos casos, en esa norma se fijaba que la indemnización a la
que tendrían derecho esos supuestos que no se dan sería de siete días por
año, con un máximo de seis meses. Si ése es un contrato blindado, señor
Núñez, me parece que nos equivocamos profundamente. Esa indemnización
está tasada en dichos términos, y de lo que no nos permitiría hablar
jamás sería de comparación con la indemnización en el ámbito del Estatuto
de los Trabajadores, y mucho menos con una situación de aberración en el
blindaje de posibles supuestos singulares en la Administración general
del Estado que, insisto, no los veo por ninguna parte.

Sobre el establecimiento de la función directiva, claro que coincidimos
en la necesidad de objetivar esa previsión, en eso estamos, y claro que
coincidimos en que la libre designación, que debe existir para los
supuestos singulares, exista de forma acotada, objetiva y conocida por
parte de todo el mundo, especialmente por los empleados públicos. Me
pregunta si es una pieza aparte o está previsto en el seno del mismo
estatuto. Es un debate que no hemos hecho porque, por extraño que le
pueda parecer, más allá de los trabajos técnicos --que hay muchos
elaborados al respecto--, la voluntad de la Secretaría de Estado es que
el debate sobre el posible estatuto de la función pública sea un debate
sin «a priori» y sin prejuicios. Por tanto, la respuesta estará en la
existencia de ese acuerdo. Al término del proceso de negociación, que ya
sabe que hemos abierto en su segunda fase, entre otras cosas, tan no
tiene «a priori», tan no tiene prejuicios, que su primera actividad no es
otra que la de explicar, a lo largo de las próximas semanas, los
diferentes modelos de función pública que operan en sociedades a las que
nos encontramos próximas. Por consiguiente, vamos a ver el modelo
francés, el italiano, el alemán, el sueco y el británico. Intentamos
saber qué características tienen los diferentes modelos, cómo funcionan,
qué disfunciones tienen y aprender de lo que los demás hayan hecho y en
lo que los demás se hayan podido equivocar.

Sobre la reducción de gasto en el capítulo 2, no debe ser el Ministerio
de Administraciones Públicas el que establezca la vigilia, la tutela y
los ritmos del control del gasto de dicho capítulo, sí debe de hacer
propia esa política en los términos en los que lo pueda hacer. No somos
un gran departamento gestor y, por ende, tampoco nuestros componentes de
gastos son relevantes; nuestros porcentajes no son aparentemente
espectaculares; no somos, insisto, un gran centro gestor. Le quiero decir
que la voluntad del Ministerio de Administraciones Públicas, que ha
expresado aquí el Subsecretario cuando compareció, es decir que estamos
en disciplina de control, con voluntad de control de ese gasto; que
hacemos una presupuestación moderada, razonable; que reducir el gasto
siempre debe ser una tendencia natural en la presupuestación y en la
gestión de cada unidad administrativa cuando ello no comporte en absoluto
una merma de la eficacia o de la calidad de los servicios. En los
términos en los que en nuestras áreas se ha actuado así, me felicito de
que usted lo valore y se lo agradezco porque me parece caballeroso por su
parte.

En cuanto a la reestructuración y reordenación en el presupuesto, sí
participamos en algunos temas. Usted ha citado que algunos de los
programas están depositados en la Dirección General de organización,
puestos de trabajo e informática, con carácter general; hay también
inventariados. Yo creo que la mayoría de esos trabajos se ordenan no
tanto a repetir programas que se hicieran en años anteriores, cuanto
básicamente a permitir que esa labor estratégica que citábamos al
principio de planes de empleo se pueda llevar a cabo. Son trabajos
ordenados para hacer posible una definición estratégica de los planes de
empleo en su gran mayoría; en todo caso, es una puesta a disposición de
todas las organizaciones de los departamentos para que utilicen criterios
homogéneos y que todo el tejido administrativo responda a esos criterios
objetivos propuestos por nuestro Ministerio.

¿Qué se hará durante 1995? Eso va a depender del ritmo que demos a la
elaboración de la ley de organización y



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funcionamiento, y de algún posible acuerdo en materia de optimización de
los recursos humanos y de reducción de las estructuras que estamos
elaborando. Cuando concluyamos ese material de trabajo que tenemos en
estos momentos en nuestra mesa respecto de reordenación y
reestructuración, le podré contestar en cualquier posible futura
comparecencia.

¿Qué medidas habíamos previsto en materia de reordenación? Ese estudio
riguroso de la situación está hecho en clave de cada departamento, y
responde a su criterio departamental, pero hecho en clave de función
pública, de gestión pública, debe responder a los criterios generales,
que nos parece la vía más adecuada. Es decir, la toma en consideración de
todo el tejido público es previa a cualquier decisión en materia de
reordenación que afecte sustancialmente al tejido y no a unidades
concretas en los departamentos. Ya estamos en esa clave de estudio; en
particular, esa capacidad de acopio de información nos está siendo muy
útil para elaborar el borrador de lo que es la ley de organización y
hacer las propuestas para esa ley, y también nos está sirviendo para,
posiblemente, adoptar alguna estrategia previa a la propia ley de
organización en materia de un acuerdo que permita avanzar rápidamente en
ese proceso de reordenación, que yo estoy seguro que comparte S. S. con
nosotros como una necesidad.

En relación con la última de sus cuestiones, siento que lo único que le
debo decir sobre el retraso del pago del programa de cooperación local es
que, ciertamente, constatamos la necesidad de un nuevo acuerdo en materia
de procedimientos y métodos de trabajo, un acuerdo muy homogéneo en todos
los departamentos, y lo estamos intentando construir. Por consiguiente,
respecto de este procedimiento en particular --que me cita porque, por su
metodología de trabajo, puede ocasionar un retraso no deseado y desde
luego incómodo para la administración que va a recibir los fondos, en
este caso la local--, me interesaré personalmente y, en la medida en que
pueda ser mejorable, tenga la certeza de que, no siendo mío el
procedimiento, no obstante, la Secretaría recomendaría siempre su
modificación.

Señor Presidente, intento ir lo más rápido que puedo, pero me quedan por
contestar unas preguntas que introducía el señor Martínez Blasco.

Respecto de la ley de acompañamiento, creo haber respondido, de manera
muy rápida, al señor Núñez, y posiblemente algunas de esas respuestas
sobre las medidas previstas en la ley de acompañamiento le puedan haber
servido. En todo caso, trataré de ampliar lo relativo al alcance de los
puestos de apoyo administrativo. Yo aludí antes a que aquello que en la
denominación histórica de los distintos cuerpos tenía sentido, en una
sociedad como la nuestra, que se ha modernizado en el tejido privado y en
el tejido público de una manera tremenda, es posible que ponga de
manifiesto que aquel puesto o aquel cuerpo definido para unas
determinadas tareas, hoy, que el conjunto de esas tareas es ya realmente
distinto, hace necesario ir adecuando no solamente la nomenclatura, sino
también la definición de dichas tareas. Posiblemente, el peso de una
actividad --la del cuerpo auxiliar--, referida al año 1984 o a años
anteriores, se describía de un modo que hoy, en la mayoría de los
empleados públicos que hacen la tarea auxiliar como tales, no tiene
demasiado sentido, y por eso establecemos medidas de promoción hacia el
trabajo administrativo. Es decir, la cualificación de eso que llamamos
trabajo auxiliar en el tejido administrativo está siendo alta. Por tanto,
su capacidad de participar en la toma de decisiones, en la propuesta de
trámite, es mucho más alta que el simple trabajo de introducción de
datos. Y podría alargar la lista. El trabajo de un gestor, configurado
como B, también se ha visto alterado. La introducción de la informática
en ese sentido ha sido una revolución también en la administración
pública y, consiguientemente, cuando usted se encuentra con esta
nomenclatura en puestos de apoyo administrativo, estamos necesitados de
ir introduciendo un debate en términos del trabajo auxiliar, y «de facto»
existen ya unidades en el sector público en los que ese trabajo de apoyo
administrativo se va configurando como tal en el ámbito laboral;
solamente en el ámbito laboral, nunca en el ámbito estatutario.

Queremos tener abierta esa opción para contribuir a definir mejor las
actividades, funciones y responsabilidades de cada cuerpo, y hacerlo de
modo que, precisamente por una buena definición en el ámbito puramente
instrumental, consigamos que el resto de los cuerpos mejoren también su
definición en el ámbito de sus responsabilidades, que hoy son más
cualificadas que hace diez años y, por supuesto, mucho más que hace
veinte.

Preguntaba también S.S. por qué hemos visto conveniente la promoción
separada del ingreso, y tengo que decirle que por la razón que antes
intentaba explicarle al señor Núñez. No creemos que sea una buena técnica
producir ingresos en la Administración pública de manera genérica, sino
de forma muy selectiva, para permitir el proceso de racionalización y de
reasignación de efectivos.

En la reasignación de efectivos nos vamos a encontrar sistemáticamente
con escollos, con problemas de optimización de los recursos disponibles,
que a lo mejor, por procesos de formación, pueden ser incluso promovidos
y pueden proporcionar a la Administración pública ventajas añadidas en
ese proceso. Y lo que creemos es que sería tremendamente injusto no
prever un mecanismo, ordinario, normal, claro, objetivo y transparente
también, de promoción singular de esos funcionarios que, en ese proceso
de reasignación, puedan también promoverse a cuerpos de nivel superior.

Creemos que cuando eso se hace respecto de un funcionario que viene
cumpliendo ya un conjunto largo de años en la Administración pública,
ponerle a concurrir en términos de oposición libre puede ser
profundamente injusto, y por la vía de hecho podríamos impedir aquello
que decimos retóricamente que deseamos, que es la promoción, haciéndole
concurrir en los mismos términos con gente procedente, en este caso, del
ámbito absolutamente libre. Pues bien, la promoción va a exigir esfuerzos
de este tipo y, consiguientemente, creemos que una oposición de ámbito
separado va a favorecer esas políticas de promoción.

Respecto a la integración de cuerpos y escalas, está ahí la facultad. El
acuerdo prevé que hagamos esa reflexión en términos del futuro estatuto
de la función pública, pero por



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nuestra parte queremos volver a mantener la facultad abierta. Creemos que
son supuestos excepcionales, si se producen --posiblemente no se
produzcan nunca ninguno, me refiero al presupuesto para 1995--, es una
facultad que no debe de ser mermada, pero nosotros esperamos que el
estatuto nos permita un pronunciamiento vigoroso en ese tema, recomponer
toda esa estructura de cuerpos y escalas de una forma novedosa; no
mantener, digamos, esa compartimentación estanco que tenemos en la
actualidad, sino cambiarla de forma bastante radical. A partir de ahí, la
iniciativa de mantener todavía esa facultad deviene en prácticamente
inútil.

En relación con los funcionarios de habilitación nacional y el supuesto
de contratación de interinos que cita S. S., lo cierto es que el proceso
de normalización de los cuerpos habilitados nacionales está siendo
intenso y está presentando dificultades de todo tipo. Pero el hecho de
que presente dificultades no nos tiene que impedir tomar decisiones que
garanticen al ayuntamiento disponer de ese recurso humano en particular.

Si no le llega por los concursos generales, le tendrá que llegar por
cualquier otro procedimiento que le garantice que, efectivamente, está
disponible para ir allí. Nosotros conocemos multitud de supuestos en los
que los ayuntamientos manifiestan la vacante continuada y prolongada en
el tiempo de una plaza de cuerpo de habilitado nacional, y la
imposibilidad de obtener respuesta en la comunidad autónoma o en los
ayuntamientos próximos para la adición de la misma a cualquier otro
habilitado del cuerpo nacional de un ayuntamiento próximo o sin puesto de
trabajo. Por tanto, nos parece que resolvemos ese tipo de cuestión y se
entiende que se resuelve un ámbito de legalidad y de normalidad.

¿Qué es lo que suponemos que va a pasar? Pues que todo este esfuerzo de
normalización de los concursos se agotará a lo largo del año 1995, y
posiblemente los supuestos que se hubieran producido también se
normalizarán con ese esfuerzo del año 1995. Creo que este problema no lo
volveremos a tener. Me gustaría poder pensar que es un problema reducido
al propio proceso concursal que está abierto en materia de habilitados
nacionales.

En torno a la previsión de inflación del 3,5 por ciento, y de por qué no
está la cláusula de garantía en el Presupuesto, le tengo que decir que
sería jurídicamente extravagante que lo estuviera. Está en el acuerdo.

Son los contenidos del acuerdo los que, de forma concreta, tienen que
expresarse en la ley de presupuestos o en la ley de acompañamiento; no va
el contenido del acuerdo, sino aquel que tiene relevancia en términos
económicos o que supone una nueva redacción del articulado que nos
permita operar en términos de los compromisos de dicho acuerdo. Por
tanto, la cláusula va a estar ahí. Incluso técnicamente sería muy
discutible --yo le daría en ese caso al señor Núñez la razón sobre lo que
decía-- que estuviéramos estableciendo en el presupuesto de 1995 una
cláusula de garantía que sus efectos, si tuvieran que operarse, serían en
el presupuesto de 1996. Esto sería técnicamente confuso y jurídicamente,
sin duda, extravagante.

Respecto de la oferta de empleo, creo que de manera somera he contestado.

Por lo que se refiere a cuál es la oferta de 1995 ya le insistí: de forma
selectiva, puestos prioritarios a áreas muy singulares y, desde luego,
con el criterio de siempre por debajo de la tasa de reposición y siempre
en sectores excepcionales.

Sobre el programa de formación, me preguntaba por los plazos de
presentación a la Cámara de un posible estatuto de empleado público.

Nuestra intención es agotar el proceso negociador. Eso supone que
posiblemente la negociación puede intensificar sus trabajos en torno al
mes de enero o febrero, no antes. Por consiguiente, en ese entorno se
tomará la decisión de remitir y en qué plazos un posible estatuto de
función pública.

En relación con los planes de modernización, tengo que decirle que en
estos mismos días estamos intentando configurar el posible tercer plan de
modernización pensando en que los planes deben de nacer con una voluntad
de objetivos agregados, objetivos generales a cumplir por cada uno de los
departamentos, y es conveniente que, al margen de la marcha del segundo
plan, vayamos diseñando el sentido que deba de tener un tercer plan de
modernización.

Sobre la formación le tengo que decir que le damos mucho valor a que
sostenemos el crédito en materia de los compromisos, que hasta la
actualidad se venían cumpliendo por las administraciones públicas, por la
Administración, en este caso, general del Estado; se sostiene ese
componente de crédito, no se reduce y, además, se amplía la capacidad de
gasto en esta materia en la medida en que los recursos del acuerdo de
formación continua en el sector público pueden suponer en torno a los
4.000 millones de pesetas nuevos a efectos de formación para los
empleados públicos; formación que indico, por otra parte, que deseamos
que vaya no solamente en términos de la promoción de los empleados, sino
también de las necesidades de la propia organización, con lo cual
lógicamente la formación continúa debe de postularse más en términos de
la formación deseada por el empleado público para su carrera profesional,
para su promoción; mientras que la formación, que hasta la actualidad ha
venido consignada en los presupuestos por parte de la Administración
general del Estado, debe ir pensada más en los términos de las
necesidades de la propia organización, de formar los recursos en sus
áreas expertas y de acuerdo con su programa de necesidades. Estoy
anticipando algo que seguramente en el futuro deberá de funcionar así. En
todo caso, insisto, en 1995 concluirán ambos fondos, y mi sensación es
que podremos dar un salto espectacular en el volumen, intensidad y
calidad de la formación para los empleados públicos.

Respecto a su última pregunta, que se refería al complemento que pueda
reforzar el grado personal, es decir, el trasvase de cantidades del
complemento específico al complemento de destino y mi opinión sobre el
tema, le puedo decir que ese trasvase debería efectuarse, sin duda, para
todos, porque lo que decimos es que ese trasvase interesa en términos del
reforzamiento del grado personal, de todos, no de segmentos muy
concretos. Debe de operar en ese plano porque también decimos que eso
fortalece la profesionalidad e incluso refuerza el carácter individual de
la carrera de cada miembro de la organización pública. Por



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tanto, para todos y dentro de esa política de ordenación de las
retribuciones, no como una medida singular, no como una medida
esporádica, sino dentro de este conjunto de voluntad de reordenar la
estructura retributiva con facultades ya para 1995, pero, en todo caso,
en el marco de lo que hayan de ser las definiciones del estatuto de
función pública o en su nomenclatura el estatuto del empleado público,
denominación que a mí también me gusta singularmente.

Es posible, señor Presidente, que no haya entrado al trapo de todas las
peticiones de información que se me hicieron, pero al ser muchas
preguntas, hacerlo de forma más extensa sería por mi parte una locura.




El señor PRESIDENTE: Para un turno de puntualizaciones o aclaraciones,
que implícitamente lleva a la concreción, por el Grupo Parlamentario
Popular tiene la palabra el señor Núñez.




El señor NUÑEZ PEREZ: Gracias, señor Secretario de Estado por lo que no
nos ha dicho. Ha estado hablando una hora muy larga, ha dado cinco datos
concretos y tres no se los habíamos pedido: los relativos a la proporción
hombre y mujeres, que es muy espectacular y está muy bien, y la
proporción por edades, por ejemplo. Pero fuera de esas concreciones,
usted --estoy seguro que le agrada lo que le diga-- es un gallego fino.

Un gallego tan fino que merecería formar parte de este libro que nos
acaban de mandar, «Gallegos en el mundo». Hay cosas que, o se contestan
en este turno de comparecencias o, si no, el turno de comparecencias no
merece la pena tenerlo. Se lo digo con toda cordialidad.

Le voy a poner un ejemplo. Si decimos cuánto poder adquisitivo han
perdido los funcionarios y que lo concrete en una cantidad, díganos que
en el año 1993 y 1994 ha habido una congelación salarial y que ustedes
han reconocido que han perdido siete puntos y que eso vale tanto. No me
diga usted, para no contestarme, que tenemos que analizar toda la
trayectoria de la subida de retribuciones desde el año 1983, porque de
eso hay mucho que discutir. Yo no estoy de acuerdo y se lo demostraría.

Le he preguntado sólo por esos dos datos, porque esos datos y esos siete
puntos son los que figuran en el acuerdo. No organice usted aquí un
debate político sobre si se ha perdido en todo su conjunto y en toda su
evolución poder adquisitivo o no, porque entonces a mí me lleva a hablar
de la huelga general, del borrón y cuenta nueva del año 1990 y de que,
efectivamente, estamos hablando de la congelación salarial de los años
1993 y 1994.

Su respuesta tenía que haber sido la siguiente: Mire usted, señor Núñez,
cada punto vale 54.000 millones de pesetas, o 60.000, está en esa línea.

Entonces, 60.000, por poner una cifra redonda, por siete puntos son
420.000 millones de pesetas. Esa cantidad a la que nos hemos
comprometido, con cláusula de revisión que se puede incorporar a los
presupuestos o no, me da igual --aunque echo en falta lo que ha dicho el
señor Martínez con mucha inteligencia--, con cláusula de revisión o no,
insisto, se pagará así. Si las circunstancias se dan, entonces estos
420.000 millones se pagarán de esta manera, y si no tengo que decir aquí
lo que le dije al señor Vicepresidente del Gobierno en el Pleno del
Congreso, que han hecho ustedes un brindis al sol y que ese punto del
acuerdo no lo garantiza nadie, porque usted mismo aquí no nos ha dicho ni
oste ni moste sobre esta cuestión. Es así de sencillo. Por tanto, le he
dado un ejemplo de cómo se tiene que responder a estas preguntas en
comparecencias. Usted no me puede decir --repito-- que no me contesta
porque hay que ver la evolución del poder adquisitivo. Estamos hablando
incluso, fíjese, del borrón y cuenta nueva de después de la huelga
general, y del incumplimiento de los acuerdos de abril de 1990 y de
noviembre de 1991, de su Gobierno. Por tanto, si quiere usted que hagamos
las comparecencias en tonos concretos, las hacemos. Si usted quiere
darnos teoría sobre cada una de las cuestiones, pues entonces yo el
próximo año, desde luego, me ahorraré este turno, se lo diré al Grupo
Parlamentario y, con todos los respetos, diré que no sirve absolutamente
para nada.

Otra cuestión: los planes de empleo. Ustedes han perdido un ejercicio
presupuestario. La razón de urgencia de la Ley 22/1993 no está aquí
detallada, y las preguntas que yo le he hecho eran para que usted me
dijera por qué se había perdido un ejercicio presupuestario. ¿Qué razón
tenía el debate por razones de urgencia de una Ley de acompañamiento a
los Presupuestos Generales del Estado? ¿No introducir, para que no fuera
inconstitucional, preceptos que no tienen sustancia presupuestaria y que
ya el Tribunal Constitucional ha dicho que como los metan ustedes en los
presupuestos se los anulan? ¿Sólo por eso? ¿O tenía de verdad la
justificación de reducir gasto público en el año 1994? Esas son las
cuestiones que aquí se plantean. Repito, el 4 de febrero de 1994 el
Gobierno anunció, no nosotros, que aplicaría en los próximos meses, no
años, diez planes de empleo en la Administración Pública. No dijo:
haremos lo que podamos, como usted ha dicho, o hay unos organismos que ya
prácticamente los tienen, tenemos que negociarlos... Si todo eso ya lo
sabemos. Lo que yo quiero saber es qué efectos concretos ha producido en
1994 la Ley 22/1993, y si esos diez planes de empleo de la
Administración, que se hacían con objeto de racionalizar efectivos y
evitar que existan recursos ociosos --palabras textuales--, les obligaron
a hacer un esfuerzo de trabajo y negociador para que esos diez planes, y
quizás alguno más, los tuviéramos ya funcionando. ¿Qué se hizo de tanta
promesa? Ni entonces ni hoy han sido ustedes capaces de dar respuestas
concretas. No cuantifican, ni por aproximación, el número de trabajadores
funcionarios o empleados públicos --empleen ustedes el término que
quiera, todos sabemos a los que nos estamos refiriendo y todos están en
nuestra preocupación-- afectados por las famosas medidas ni en qué
ministerio se produjeron o se producirán las mayores incidencias. De
acuerdo que las medidas de la reforma de la Función Pública, acogidas con
enorme recelo o desconfianza por los funcionarios, se hicieron, digamos,
como un parche para colaborar en la reducción del gasto público de 1994,
pero cuando el 15 de octubre de 1993 yo le preguntaba a su antecesor, en
esta misma comparecencia, cuánto tardarían los organismos públicos en
elaborar su propio plan de empleo y le dije que si un año, dos años, tres
años,



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cuatro años o cinco años, hubo risas en la Cámara, en esta Comisión,
figura así en el «Diario de Sesiones». Se me tachó de exagerado, de
demagógico, de que no me creía los planes del Gobierno. Pues hoy le he
preguntado a usted a ver qué han hecho con esas herramientas que ustedes
se han dado para poner en orden y austeridad en la Administración, y
vuelve a darme largas y no sabemos si todas esas cosas se concretarán en
un año o en un quinquenio. Yo se lo he preguntado, usted no me lo ha
dicho; si me lo quiere decir en la réplica, bien, y si no, pues lo
tendremos en cuenta a la hora de valorar la política general de la
Administración Pública y las enmiendas correspondientes a la ley de
presupuestos.

Había muchas cosas más, pero dada la hora, yo voy simplemente, y repito,
por cortesía a sus respuestas, a referirme a algunas, para decir cómo de
verdad necesitamos una respuesta concreta para poder colaborar con el
Gobierno en la elaboración de unos presupuestos que sirvan, porque en
definitiva ésa es la labor de la oposición, una labor constructiva, tanto
en el control como en las propuestas, y si las propuestas parten de datos
distintos, a lo mejor, mientras nos ponemos de acuerdo en los datos,
hemos perdido el tiempo de lo sustantivo. Y eso es lo que yo quiero
provocar. Mi Grupo Parlamentario nos pide que hagamos eso en estas
comparecencias, porque si no, no sirven.

Por lo que se refiere a la oferta pública de empleo, yo no le he pedido
cuánto ha crecido o disminuido en términos de aproximación; le ha pedido
cuánto ha crecido en términos concretos o cuánto ha disminuido, pero de
todos los organismos de la Administración, también entes públicos, y no
le he pedido cuál es el número total de funcionarios de las
administraciones autonómicas, que, efectivamente, lo tienen ustedes en el
registro --y, por cierto, le agradezco mucho que nos envíe el documento
correspondiente--, sino que le he pedido cuánto han crecido en 1994 en
entes públicos y cuánto han crecido en creación propia, no por
transferencias, los funcionarios en cada comunidad o los empleados
públicos en cada comunidad. Eso es lo que yo le he pedido, no le he
pedido otra cosa. Por cierto, cuando se habla de congelación de la oferta
pública de empleo es --y en eso estoy de acuerdo con usted-- para que
sobre el conocimiento exacto de los efectivos que se tienen y el
conocimiento exacto de lo que se necesita en cada Administración en cada
uno de los niveles, a partir de ahí se haga un crecimiento razonable del
empleo público, pero eso no quiere decir --y tengo que apuntarlo
necesariamente-- que se necesite crear empleo público para evitar los
contratos de asistencia técnica. Esa perversión de los contratos e
informes nuestro Grupo la ha denunciado en múltiples ocasiones, señor
Méndez. Los contratos de asistencia técnica se evitan utilizando los
funcionarios actuales, con eso basta. Hay en la Administración
suficientes funcionarios para evitar que los ministerios se gasten miles
y miles de millones de pesetas en esta labor. Le pregunté también por
esta cuestión, y no me ha contestado.

En cuanto a los incentivos al rendimiento, aquí estamos hablando de algo
muy serio. El exceso de discrecionalidad o de arbitrariedad en la
asignación de determinadas retribuciones, mina la moral de los
funcionarios. Estoy de acuerdo con usted en que esto tiene que formar
parte de un estatuto de la Función Pública. Usted dice que ahora nos lo
van a mandar. ¿Sabe cuántas veces nos lo han dicho? ¿Quiere espigar los
«Diarios de Sesiones» desde el señor Moscoso para acá? Ahora usted me
dice que lo va a mandar. Nos parece muy bien, pero ¿cómo nos lo vamos a
creer? Me recuerdo de esa frase tan manida de: Usque tandem Catilina!
etcétera. No me diga usted: cuando lo tengamos. Mientras tanto, lo que
necesitamos son medidas concretas para evitar que la arbitrariedad se
produzca, y en estos cuarenta y tantos mil millones de pesetas, a lo que
ascienden los incentivos para el año 1995, hay dosis letales de posible
arbitrariedad. Por eso es por lo que yo le he preguntado. Que usted me
diga que eso hay que corregirlo en un estatuto me parece perfecto.

Mándenos usted el estatuto, porque también nos dijeron que nos iban a
mandar la ley de la administración del Estado, y ha hecho usted
referencia a ella en el sentido de que se va a discutir en el Senado,
creo haberle entendido. Nosotros le hemos enviado la iniciativa, y le voy
a decir una cosa, señor Secretario de Estado, se lo voy a decir con toda
nobleza, el Estatuto de la Función Pública, como iniciativa del Grupo
Parlamentario Popular, estará en la Cámara antes de que termine este
trimestre...




El señor PRESIDENTE: Señor Núñez, por favor, concluya.




El señor NUÑEZ PEREZ: ... y, desde luego, nosotros sí que cumplimos las
promesas.

Tenía muchas más cosas. Le agradezco el tono cordialísimo, la oferta de
estudio de los problemas en debates posteriores, incluso en
planteamientos de trabajo que podrían ser al margen de una encorsetada
comparecencia, y en ese sentido es en lo que valoro positivamente su
intervención. En lo demás, señor Secretario de Estado, repito, es una
intervención que yo calificaría de «gallego fino», con todas las virtudes
que tienen ustedes y con toda la admiración de que gozan de mi parte, y
que no compromete absolutamente a nada.




El señor PRESIDENTE: El señor Martínez tiene la palabra.




El señor MARTINEZ BLASCO: Yo también empiezo a comprender las razones del
cambio en la Secretaría de Estado.

Respeto al tema relativo a los cambios que se van a producir en las
retribuciones, el señor Secretario de Estado dice: queremos tener las
manos libres para poder hacer cambios. Incluso ha utilizado expresiones
como: de forma radical, las compartimentaciones entre los cuerpos, toda
esa serie de cosas. Lo que yo no he entendido muy bien --y por eso la
pregunta-- es, si esto lo va a hacer una ley --porque supongo que el
estatuto vendrá por ley, lo dice la Constitución--, salvo que se quiera
hacer por decreto, qué razón para, antes de que se haga, poner estas
cláusulas que permitan romper los compartimentos, romper las escalas,
romper incluso la estructura retributiva --pasar de los



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complementos específicos a los complementos de destino--; si eso lo va a
hacer la nueva ley --y creído entender al señor Secretario de Estado que
se iba a hacer con carácter general, que no se iban a hacer privilegios
en ningún estrato-- por qué poner la legitimidad en el proyecto de
Presupuestos Generales del Estado para 1995 o en la ley de
acompañamiento. Puesto que va a venir el estatuto, ahí lo hablaremos, lo
discutiremos.

Yo creo que --y esto sí que es hacer un juicio de intenciones, señor
Presidente; de todas formas es muy difícil hacer un debate sobre
presupuestos sin hace juicios de valor ni de intenciones-- lo que va a
ocurrir es que va a haber nuevos deslizamientos --igual que hemos tenido
la experiencia en los dos años de congelación salarial, que no ha sido
para todos; se ha predicado la congelación, pero algunos no han congelado
nada--, por lo que yo dudo mucho de eso que con tanta rotundidad ha
asegurado el señor Secretario de Estado --y figurará negro sobre blanco
en el «Diario de Sesiones»-- de que todo esto va a tener efectos neutros
sobre las masas retributivas a nivel personal y a nivel global. Va a
seguir produciendo deslizamientos. Me parece peligrosísimo que se
introduzcan estas posibilidades en la ley cuando se anuncia que durante
1995 vamos a tener ocasión de discutir globalmente la estructura de la
Administración y también, dentro de esa discusión, la estructura
salarial.

Sobre el tema de la oferta de empleo público y demás, no ha dicho claro
ningún número porque como lo ha dejado a los procesos previos de
reasignación que están permanentemente abiertos, pues, evidentemente, es
difícil de discutir; eso sí, ha asegurado que por debajo de la tasa de
reposición. Lo de por debajo de la tasa de reposición, señor Secretario
de Estado, me trae dos consideraciones: una, que no es bueno para ninguna
empresa, pública o privada, la descapitalización --y el capital humano no
deja de ser capital, y estar por debajo de la tasa de reposición yo creo
que es perjudicial--, pero es que, además, los servicios públicos --y el
señor Secretario de Estado se ha referido a algunos de ellos: sanidad,
educación...-- exigen no ya tasas de reposición sino incrementos. Porque
en estos momentos, cuando estamos hablando de Sanidad, no estamos
hablando de reponer los sanitarios sino de crear la atención primaria, de
una serie de mejoras asistenciales que exigen incrementos. No quiero
hablar ya de Justicia, cuando se creen los órganos
contencioso-administrativos y alguna serie de órganos de justicia rápida,
etcétera, que se están planteando para mejorar estos servicios. Por
tanto, si nosotros proponemos que se deben incrementar, desde luego nos
es totalmente insatisfactorio ese criterio de no llegar siquiera a la
tasa de reposición. Nos hubiera gustado que se hubiera atrevido el señor
Secretario de Estado y nos hubiera dicho, puesto que debe manejar ese
boletín estadístico que tiene, cuáles son los arrastres de los procesos
selectivos de 1993-94 más todos esos planes de reasignación que dice que
están estudiados, para poder hacer una previsión de lo que va a ser la
oferta de empleo público de 1995.

Quería decir algo sobre el poder adquisitivo de los funcionarios. No voy
a entrar en la polémica, desde luego, pero yo también haré las cuentas
del incremento de la productividad. Los trabajadores en el sector privado
y también en el sector público tienen derecho a una buena parte de los
incrementos de productividad, y no cabe ninguna duda de que se han
producido incrementos de productividad en las administraciones públicas
de nuestro país. No hay más que ver el volumen de presupuestos que
manejaban hace diez años y el que se maneja en estos momentos. Lo digo a
los efectos --ya he visto que se echan en cara-- de que ha habido esa
ganancia interanual del 1,5 por ciento.

Respecto a un tema concreto que le he planteado, que es el de los
funcionarios de habilitación nacional, me va a permitir el señor
Secretario de Estado que insista en ello, porque yo estoy observando que
se está produciendo un desmantelamiento de estos funcionarios por varias
razones: una es porque resultan molestos a determinadas autoridades
locales. Se empezó con lo de la libre designación, se ha seguido con lo
de los criterios específicos que ya hemos denunciado en esta Comisión que
han servido para arbitrariedades. Yo lo que entiendo es que esta nueva
medida que se propone en la ley de acompañamiento va en ese mismo sentido
y, si no, le he ofrecido dos soluciones que no entiendo por qué no se han
incluido en el texto: primera, que como en los nombramientos accidentales
se ponga que hay que agotar previamente --lo ha dicho con estas palabras
el señor Secretario de Estado--, resulta que después de todos los
procesos normales de asignación hay administraciones locales que se
quedan sin funcionarios. ¿Por qué no se dice eso? (se dice con los
accidentales, que hay que agotar previamente). Porque de lo contrario
cabe pensar que algunos directamente van a esa contratación interina. Y
segunda --estaba en un borrador de un proyecto de un decreto legislativo,
que por fin salió este verano-- que, en todo caso, ese nombramiento
interino se haga también con un proceso de concurrencia, transparencia,
etcétera. Estaba en el texto y ahora ha desaparecido. Por tanto, si no va
a ser para desmantelar de nuevo esta Función Pública local, no estaría
mal que se hubieran puesto estos criterios en estos momentos.

Efectivamente, nos dará mucho de sí la discusión en el futuro, sobre todo
si se cumple, como nosotros también celebraríamos, que para el mes de
febrero hayan terminado ya las primeras reflexiones, estudios y demás, y
podamos empezar a hablar de cuál va a ser el sistema de Función Pública o
de empleados públicos.

Para terminar, señor Presidente, lo que más me ha sorprendido es que
resultaría extravagante la cláusula de salvaguardia. Yo he ido otra vez
--porque se lo he mentado antes en mi primera intervención-- a la
disposición adicional decimoséptima del proyecto de ley de Presupuestos
Generales del Estado que dice: Mantenimiento del poder adquisitivo de las
pensiones en 1994. Si durante el año 1994 el porcentaje de evolución del
índice de precios al consumo superase... --viene toda la cláusula--.

¿Esto es también extravagante y superfluo para los pensionistas? Yo no sé
por qué han de ser los funcionarios diferentes. El señor Secretario de
Estado además sabe que hay un criterio, que es el de devengo, frente al
de pago, y el devengo se produciría en el año 1995, aunque ya he señalado
que los



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efectos de pago y, por tanto, los efectos presupuestarios estrictos
contables serían en 1996, de acuerdo con el pacto suscrito por los
sindicatos con el Ministerio, eso lo he reconocido; por tanto, no pido
cantidades, pero sí el derecho al devengo, e insisto en que, como prueba,
me remito a los pensionistas. Tienen el derecho reconocido en el texto de
la ley. Ha dicho el Secretario de Estado: No se preocupen, se cumplirá.

Lo dirá este Secretario de Estado, pero, claro, es que ha estado negro
sobre blanco en pactos similares y no se ha cumplido, precisamente porque
no estaba en la ley. Así que no venga el Secretario de Estado a decir que
esta vez se cumplirá. No dudamos en absoluto de la buena voluntad del
señor Secretario de Estado pero como aquí los Secretarios de Estado
pasan, lo que queda es lo que está en el «Boletín Oficial del Estado».




El señor PRESIDENTE: El señor Secretario de Estado tiene la palabra.




El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA (Méndez
Martínez): Brevísimamente.

Señor Núñez, yo creo que no se deben formular preguntas para las que se
tengan ya respuestas. Por tanto, si usted dispone de una información a
partir de la cual está convencido del valor del punto y de que
efectivamente son siete puntos y esa información usted ya la conoce,
quizá, por cortesía al resto de los parlamentarios, debería evitar la
pregunta. Pero el hecho de... (El señor Núñez Pérez: Quiero saber si es
cierta.) La razón de que yo le haya contestado en los términos en que lo
he hecho no es otra que la de manifestar que en torno a las retribuciones
ha de tenerse siempre una visión más larga en el tiempo. Estos datos son
contrastables y se pueden discutir, pero estoy dispuesto a facilitarlos a
través de la Presidencia para que los conozcan SS. SS. y, a partir de
ahí, hagamos todos una reflexión respecto de cómo se han comportado las
retribuciones.

Por otra parte, tampoco ignoro, señor Núñez, que cada sector de actividad
se desliza en función de sus propias reglas de juego. Por tanto, nunca
sería un dato homogéneo. Cuando tenga la información en sus manos lo
verá. No es lo mismo hablar de cómo se comportó la retribución en el
sector docente que de cómo se comportó en el sector puramente
administrativo o en el ámbito sanitario. Son políticas que, con carácter
general, quedan enmarcadas en la política general pero por sectores se
negocia, en cinco de ellos cuando menos, de forma específica, y, por
tanto, sus retribuciones giran de un modo bien diferenciado, no obstante
lo cual, la información de la que yo creo disponer me permitiría hacerlo
por sectores. Consiguientemente, en mi intención está facilitárselo y con
el mayor grado de desagregación posible para que disponga de esa
información.

En relación a los planes de empleo, creo que a éstos les faltaba una sola
pieza y era la visión general de aplicación. Un plan de empleo es
importante y se puede efectuar en un departamento o en una unidad, pero
sus capacidades de reasignación son limitadas y, por ende, o se tiene el
escenario de globalidad o es muy difícil operar en planes de empleo, no
obstante lo cual, hay --y me puede fallar la memoria porque no tengo aquí
los datos-- seis planes de empleo presentados, con distinta metodología,
en la medida en que es la primera vez que la Administración Pública
aborda una metodología estratégica de ese tenor. Por tanto, con un
criterio de acercamiento a los contenidos de un plan de empleo, cuando
menos seis unidades han presentado su plan, algunos de ellos están ya muy
avanzados, discutidos y configurados, pero hay una metodología que no es
homogénea. Por ende, yo hablo de esa visión general en la homogeneidad de
la metodología y en la capacidad de hacer la puesta en común de los
planos de empleo. Posteriormente contestaré a S. S. en términos de cuándo
y de qué modo, al hilo de otra consideración que efectúa en la réplica.

Voy a contestar, en primer lugar, al tema relativo a la oferta de empleo
público. La previsión de cuánta oferta de empleo público no puede ser
otra que aquella que resulte menester tras la formulación de los planes
de empleo. Yo sé que en eso estamos de acuerdo. Tras el proceso de
racionalización y reordenación de efectivos podemos dar una respuesta en
materia de recursos necesarios, para qué, en qué área y con qué
características; mientras tanto no es posible. Le estoy contestando
indirectamente a la pregunta anterior. Por tanto, ¿en qué términos los
planes de empleo? En términos de aquello que resulte como consecuencia de
esta planificación general. La previsión respecto de la OEP no puede ser
otra cosa que la resultante final de la aplicación a todos los
departamentos de la técnica de plan de empleo. Siendo más concreto en
este tema, posiblemente la mecánica de una buena ordenación de la oferta
de empleo público exija que para poder formular oferta de empleo público
desde una unidad determinada previamente exista su correspondiente plan
de empleo. Por tanto, ya le estoy anunciando que en el tiempo, de forma
inmediata, vamos a establecer también ese mismo criterio. Oferta de
empleo público, sí, pero también condicionada a la existencia de una
visión estratégica respecto de aquella unidad que dice que necesita
recursos y que tendrá que saber si los puede reponer por vía de la
reordenación de los recursos y la optimización de los mismos en el resto
de las unidades. Consiguientemente, la metodología de la OEP quedará bien
claro que será siempre en función de la existencia de un plan estratégico
previo en cada departamento, sin el cual la OEP no tiene sentido.

En materia de incentivos, de modalidades de productividad, yo coincido
con S. S. en que hay que reordenar ese tema y objetivarlo, en grado
extremo. Habrá que hacer en la práctica un pronunciamiento normativo
sustantivo sobre este tema y luego habrá que desarrollarlo de una forma
suficientemente pactada con los empleados públicos. Porque además, en la
práctica, el problema es bastante menor de lo que parece ya que el 90 por
ciento de la productividad tiene una condición prácticamente fija por su
propia naturaleza, es lo que se llama la productividad por dedicación
especial, y es un componente retributivo por la vía de hecho que
retribuye la mayor jornada. El 90 por ciento del gasto en productividad
va a retribuir la mayor dedicación en términos de mayor cumplimiento de
jornada, lo que se



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llama técnicamente productividad por dedicación especial. Por tanto, si a
eso le restamos la productividad por horas extraordinarias donde se
produce, que no es mucha, y le restamos también la productividad de
carácter coyuntural, que responde a distintos ritmos que se producen en
las distintas organizaciones y que también es escasísima, nos queda que,
al final, para la productividad por objetivos o rendimientos, que es la
parte que puede desazonar a la gente que se pregunta cómo se retribuye
esto, es francamente una cantidad bastante menor de aquella que a priori
pensamos que es; es muy reducida, no le puedo dar la cifra exacta pero
debe estar en torno al cuatro o al cinco por ciento. No es una cantidad
consistente, pero, en todo caso, la mala imagen de la productividad está
ahí y yo reivindicaré siempre que me parece buena cosa que los
incentivos, en términos de productividad, existan, referidos a grandes
unidades, porque producen bien o porque son muy eficientes, y referidos
también a aquellas personas que dentro de esas organizaciones producen de
manera mucho más intensa que otras; siempre que todo ese procedimiento
sea muy objetivo, muy transparente y obedezca a criterios bien
formulados. Por tanto, insisto en que creo que es un tema, en términos de
peso económico, bastante menor de lo que pensamos, y lo que lamento es
que efectivamente se mueve en una nebulosa en la que parece una zona muy
oscura. No. El 90 por ciento de ese gasto de productividad va a la
prolongación de jornada, a la dedicación especial.

En todo caso, señor Núñez, muy sinceramente, gracias por su tono y por su
oferta que voy a aprovechar. Yo pondré de manifiesto mi voluntad de
acercamiento con usted, y evidentemente con cualquier grupo, en todo lo
que sé que podemos llegar a coincidir, defendiendo un modelo de
Administración Pública que ha de ser muy profesional, sin duda.

El señor Martínez me pregunta por qué esas modificaciones en las medidas
que van en la ley de acompañamiento de presupuestos. Porque se relacionan
directamente con los acuerdos y porque hemos querido dejar puesto de
manifiesto que tenemos voluntad de hacer un estatuto y concordarlo; es
algo que está en fase de negociación, pero es que ese presupuesto se
aprueba ya y se aplica el 1 de enero de 1995, y nuestros compromisos de
acuerdo hacen decisivo, para manifestar la voluntad de cumplir el
acuerdo, que llevemos estas cinco medidas a la ley de presupuestos o a la
ley de acompañamiento. Si tiene interés en conocerlo se lo digo. Los
puestos que pueden ser desempeñados por personal laboral es la previsión
del capítulo 23.3 del acuerdo; la posibilidad de convocar pruebas de
promoción interna en convocatorias independientes, cumplimiento del
capítulo 17.3 del acuerdo; promoción interna de los grupos D al C,
capítulo 19, puntos 2 y 3; y así sucesivamente. Son compromisos aceptados
y adoptados en el acuerdo que, con independencia de que tengamos la
voluntad efectiva y cierta de abrir una segunda fase que nos lleve a un
estatuto, porque nos parece una buena manifestación de compromiso,
queremos llevarlo al presupuesto. ¿Que finalmente alcanzamos con el
estatuto un marco mucho más sólido para estas cuestiones? Perfecto. No
obstante, nuestra voluntad y compromiso de cumplimiento del acuerdo nos
llevará a hacer conveniente la introducción de esos artículos
relacionados con compromisos adquiridos en ese acuerdo.

En relación con la OEP, creo que la contestación que he dado al señor
Núñez posiblemente podría servir para dar respuesta a la pregunta que
usted me ha hecho. Yo no tengo temor a descapitalizar las
administraciones públicas, no vamos por esa vía. Y contestando incluso a
su preocupación sobre políticas esenciales en las que yo comparto
profundamente la necesidad no sólo de reponer sino incluso de seguir
creciendo en función de la capacidad real del país, también le digo que
si toma la llegada de recursos a la Administración Pública en los últimos
cinco o seis años, verá que los únicos sectores en los que la
Administración Pública ha crecido es en esas políticas esenciales de
sanidad, docencia, etcétera, son los únicos sectores en los ha crecido.

En la Administración general, en términos de tareas administrativas, no
se ha crecido; ha crecido sólo en esos sectores. Por tanto, no tenga
ninguna duda de que nuestra voluntad en este tema es hacer concordar la
reposición de efectivos con la capacidad de crecimiento real que tenga
este país en esas políticas que coincido en que son esenciales para la
vida de los ciudadanos.

En cuanto al incremento de la productividad, claro que lo tenemos, no de
la productividad en términos de lo que hablábamos con el señor Núñez hace
un momento, sino en términos de la ganancia de productividad por vía de
la eficiencia. Está explícitamente en el acuerdo, y tenemos voluntad
absoluta de que esa ganancia de productividad, ese ahorro por vía de la
eficiencia repercuta sobre los empleados públicos. A mí me parece que la
sociedad, cuando se rinden cuentas de qué política retributiva quiere
hacer un gobierno determinado con sus empleados públicos, es muy
receptiva a que haya un crecimiento importante de sus retribuciones,
siempre que haya tenido la percepción previa de que el tejido público es
exactamente aquel que se necesita, no mayor, y que los servicios se
prestan bien. Nuestro objetivo, en términos de lo concordado con los
sindicatos, va por esa vía, y creo que la sociedad legitimará que, al
final de ese proceso que hemos inventariado en el acuerdo, la ganancia de
productividad repercuta sobre las retribuciones de los empleados
públicos.

En el tema de administración local creo que nadie va a un proceso de
desmantelamiento de los cuerpos nacionales habilitados, ni mucho menos.

Todo lo contrario, se va a un proceso de normalización, pero, como todo
proceso de normalización sobre 8.000 centros de decisión, es muy
complejo. Recientemente, en verano, hemos sacado una norma en ese mismo
sentido. Creo que sería bueno que los resultados del concurso los
aproximáramos en cualquier comparecencia para que SS. SS. comprendan que
el proceso no es fácil, pero que es un proceso de acercamiento hacia la
homogeneidad y hacia la transparencia en la cobertura de las plazas y que
se vienen dando pasos largos pero complejos en los últimos dos años. Hay
situaciones en las que, efectivamente, es muy difícil gobernar 8.000
centros de decisión.

Nuevamente ha hablado sobre la cláusula. Ya escuché que citaba la
cláusula en materia de pensiones. Lo que



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ocurre es que la cláusula en materia de funcionarios, con datos de final
de período 1994 comparados con 1995, su aplicación en 1996 prevé su
devengo, no el pago, el 1 de enero de 1966; su pago se entiende que
después. Su devengo, repito, tiene efectos el 1 de enero de 1996, por lo
que no podríamos hacerlo en ningún caso. Podremos incluir el acuerdo con
un elemento que acompaña al presupuesto, pero lo que es un articulado
sobre un devengo que se va a producir el 1 de enero de 1996, en ningún
caso. No solamente sería un brindis al sol, sino que, además, sería --y
perdónenme la palabra nuevamente-- jurídicamente extravagante.




El señor PRESIDENTE: Agotado el orden del día, se levanta la sesión.




Eran las dos y treinta y cinco minutos de la tarde.




Se reanuda la sesión a las cuatro y cuarenta minutos de la tarde.




--RATIFICACION DE LA PONENCIA ENCARGADA DE INFORMAR EL PROYECTO DE LEY DE
CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS. (Número de expediente
121/000042.)



El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, señorías.

Esta Presidencia pide disculpas por el retraso en el inicio de la sesión.

Primer punto del día: Ratificación de la Ponencia del proyecto de ley de
Contratos de las Administraciones Públicas. La Ponencia encargada de
informar este proyecto está integrada por don Víctor Morlán Gracia, don
Guillermo Varela Flores y don Victoriano Roncero Rodríguez, por el Grupo
Socialista; don Juan Luis de la Vallina Velarde y don Francisco Gilet
Girart, por el Grupo Popular; don José Luis Martínez Blasco, por el Grupo
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; don Miguel Nadal i Male, por
el Grupo Catalán (Convergència i Unió); don Ricardo Gatxagaetxebarría
Bastida, por el PNV; don José Carlos Mauricio Rodríguez, por Coalición
Canaria, y don José María Mur Bernad, por el Grupo Mixto.

Solicito de la Comisión la ratificación del nombramiento de los ponentes.

(Asentimiento.)
Se da por ratificado.




--RATIFICACION DE LA PONENCIA ENCARGADA DE INFORMAR LA PROPOSICION DE LEY
POR LA QUE SE MODIFICA EL ARTICULO 70.2 DE LA LEY 7/1985, DE 2 DE ABRIL,
REGULADORA DE LAS BASES DEL REGIMEN LOCAL. (Número de expediente
122/000028.)



El señor PRESIDENTE: Segundo punto del orden del día: Ratificación de la
Ponencia encargada de informar la proposición de ley por la que se
modifica el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. Los ponentes
son: por el Grupo Socialista, don Jaime Antich i Balada y Carmen Figueras
i Siñol; por el Grupo Parlamentario Popular, doña Teófila Martínez Sainz
y don Jorge Fernández Díaz; por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
don José Luis Martínez Blasco; por el Grupo Catalán (Convergència i
Unió), don José María Nadal i Male; por el Grupo Vasco (PNV), don Ricardo
Gatxagaetxebarría Bastida; por Coalición Canaria, don José Carlos
Mauricio Rodríguez y por el Grupo Mixto, don Xabier Albistur Marín.

Solicito de la Comisión la ratificación del nombramiento de la Ponencia.

(Asentimiento.) Se da por ratificado.

Se ha presentado ante la Presidencia de la Comisión un escrito del
Director del Gabinete del Ministro para las Administraciones Públicas,
del siguiente tenor literal: «Ruego a V. I. se sirva tramitar ante la
Mesa de la Comisión de Régimen de las Administraciones Públicas del
Congreso de los Diputados el aplazamiento de la comparecencia del
Ministro para las Administraciones Públicas, a solicitud del Grupo
Parlamentario Popular, para informar de la incidencia del capítulo de
gastos de bienes y servicios en la contención del déficit público para
una ulterior reunión de la citada comisión. Madrid, 13 de octubre de
1994. El Director del Gabinete del Ministro para las Administraciones
Públicas, firmado, Juan Fernando López Aguilar.» Esta Presidencia
entiende que dicho escrito debe ser objeto de consulta con el portavoz,
el cual se hallaba ausente en el momento de iniciarse la Comisión. Por
tanto, esta sesión se suspende por breves momentos para evacuar consultas
con el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, peticionario de la
solicitud. (Pausa.)



COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
(SAAVEDRA ACEVEDO), PARA:



--INFORMAR SOBRE LAS LINEAS GENERALES DE LA POLITICA DE SU DEPARTAMENTO.

A PETICION PROPIA. (Número de expediente 214/000065.)



--EXPLICAR LAS CAUSAS DEL CESE DE DON JUSTO ZAMBRANA PINEDA EN EL CARGO
DE SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA. A SOLICITUD DEL
GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA.

(Número de expediente 213/000380.)



--DAR CUENTA DEL CONTENIDO DE LOS PROYECTOS DE ESTATUTO DE AUTONOMIA PARA
CEUTA Y MELILLA QUE EL GOBIERNO HA NEGOCIADO CON LOS AYUNTAMIENTOS DE
ESTAS CIUDADES, ASI COMO DEL RESULTADO DE DICHAS NEGOCIACIONES. A
SOLICITUD DEL GRUPO



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PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA.

(Número de expediente 213/000382.)



El señor PRESIDENTE: Señorías, reunida la Mesa y oído el portavoz del
grupo solicitante, el Grupo Parlamentario Popular, en cuanto a la
petición del Ministro para las Administraciones Públicas, el punto 6 del
orden del día, dada la anuencia del Grupo Parlamentario Popular, queda
pospuesto.

Consecuentemente, vamos a dar la bienvenida al Ministro para las
Administraciones Públicas para entrar en los puntos 3, 4 y 5, quedando
retirado el punto 6. Perdón, señorías, el punto 6 no queda retirado;
queda pospuesta del orden del día la comparecencia del señor Ministro
para las Administraciones Públicas ante la Comisión para informar sobre
la incidencia que el capítulo de gastos en bienes corrientes y servicios
de las Administraciones Públicas debe tener en la reducción del déficit
público. Autor de la solicitud, Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso. Expediente número 213/000431. Tiene la palabra el señor Núñez.




El señor NUÑEZ PEREZ: Señor Presidente, para una cuestión de orden.

Efectivamente, el punto 6 no ha sido retirado sino, como ha precisado muy
bien el señor Presidente, ha sido pospuesto. Nosotros pediríamos a la
Mesa que pudiese tener lugar el debate sobre este punto antes, por
supuesto, de que se inicie el debate presupuestario en la Cámara porque,
si no, no tiene sentido la finalidad de la comparecencia solicitada, o
por lo menos pierde bastante utilidad. Por tanto, antes de que comiencen
los debates en Comisión podría la Mesa --al menos así lo solicita el
Grupo Parlamentario Popular-- habilitar un día para que el Ministro pueda
comparecer y responder a esta interpelación.




El señor PRESIDENTE: Por parte de la Mesa y del Ministerio, se va a hacer
todo lo posible para que esta comparecencia se lleve a cabo el día 24 por
la tarde, aunque de todos es conocida la problemática en cuanto a
consecución de salas.

Pasamos, pues, al punto 3, celebración de comparecencias. Comparecencia,
a petición propia, del Ministro para las Administraciones Públicas para
informar sobre las líneas generales de la política de su departamento. A
estos fines tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Saavedra Acevedo):
Gracias, señor Presidente. Si me permite, acumularé las tres solicitudes
de comparecencia que figuran en el orden del día, una vez aplazada la
cuarta.




El señor PRESIDENTE: ¿Hay algún inconveniente por parte de los portavoces
en la acumulación de los puntos 3, 4 y 5?



El señor MARTINEZ BLASCO: Señor Presidente, no tenemos inconveniente si
se nos permite, en el turno correspondiente, dividirnos el tiempo entre
varios portavoces del Grupo.




El señor PRESIDENTE: No hay ningún inconveniente, siempre que así se
indique a esta Presidencia.




El señor NUÑEZ PEREZ: Señor Presidente, nosotros tampoco tendremos ningún
inconveniente en que se agrupen los puntos solicitados, siempre también
que se nos conceda un doble turno: uno lo consumiría don Mariano Rajoy y
el siguiente yo mismo.




El señor PRESIDENTE: No hay ningún inconveniente, señor Núñez.

Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Saavedra Acevedo):
Gracias, señor Presidente.

Señoras y señores Diputados, hace apenas un año comparecí ante esta
Comisión para exponer a SS. SS. los objetivos que me proponía alcanzar
durante la presente legislatura. En aquella ocasión califiqué la etapa en
la que nos encontrábamos con los rasgos de dinamización e impulso, al
tiempo que les expresaba mi voluntad de diálogo y les solicitaba el apoyo
necesario para asegurar el efectivo cumplimiento de esas metas. Con esta
misma voluntad de diálogo me he sentido llevado a solicitar de esta
Comisión una nueva oportunidad, que les agradezco, para darles cuenta de
las previsiones y líneas de actuación que a partir de la experiencia de
este año de andadura al frente del Ministerio han de marcar la política
del departamento durante los próximos años. Asimismo me propongo atender
en esta comparecencia, como he pedido a la Presidencia, las solicitudes
efectuadas por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya en relación con
los estatutos de autonomía de Ceuta y Melilla y a propósito del cese del
anterior Secretario de Estado de Administración Pública.

En relación a la política autonómica y local, afirmé en mi comparecencia
de 29 de septiembre de 1993 que todos los objetivos incluidos en el área
de política autonómica y local, superada ya la fase de
institucionalización y consolidación de los mecanismos de funcionamiento
del Estado autonómico, tenían un denominador común: mejorar e impulsar
esos mecanismos mediante procesos de diálogo y acuerdo en la toma de
decisiones. Retomando esa consideración, permítanme que valore
positivamente los resultados obtenidos como fruto de esa política de
impulso y perfeccionamiento del Estado autonómico.

Durante este año largo se han producido avances notables que justifican
esta razonable satisfacción por el esfuerzo realizado. Uno de esos
avances es el acuerdo político que ha hecho posible la aprobación por el
Ejecutivo y posterior remisión a esta Cámara de los proyectos de ley
orgánica cuya promulgación permitirá a las ciudades de Ceuta y Melilla
acceder a su autonomía y gozar de un régimen singular de autogobierno.

Una cuestión que, pese al acuerdo alcanzado, y a juzgar por el tenor
literal de la solicitud de comparecencia, parece merecer algún género de



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reflexión específica por parte del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.

Permítanme insistir en este sentido en algo que SS. SS. no ignoran. El
contenido de esos proyectos no es fruto de la voluntad unilateral del
Ejecutivo. Antes bien, existía un importante y extenso compromiso de
acuerdo; un compromiso que el Gobierno de la nación ha respetado en todo
momento. En primer lugar, porque se trata de una cuestión crucial para la
definitiva configuración del mapa territorial español; en segundo
término, porque fue esta misma razón la que inspiró al Gobierno y a los
partidos firmantes de los acuerdos autonómicos de 1992 en su decisión de
contemplar en ellos expresamente esta exigencia de consenso. Por tanto,
quiero dejar bien claro que ha habido un intenso y prolongado proceso
negociador entre el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero
Español, que ese proceso ha sido complejo pero fructífero y que, en
consecuencia, el Gobierno valora muy positivamente los textos que se han
enviado a esta Cámara y que son, desde luego, y por encima de todo,
resultado del acuerdo mencionado.

No parece procedente entrar ahora en consideraciones que ya han sido
objeto de intenso debate durante las conversaciones a las que me he
referido. No es éste, a mi entender, el sentido de la solicitud de
comparecencia de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, ni, menos aún,
sería sensato aprovechar mi presencia en esta Comisión para rebatir
declaraciones. Sí insistiré, en cambio, en que todas ellas han sido
tratadas con los ayuntamientos, de forma que éstos han sido parte activa
en las conversaciones que se han venido manteniendo entre el Gobierno y
las fuerzas políticas con representación mayoritaria en el Parlamento del
Estado. De hecho, al cierre de las reuniones, ambos proyectos contaban
con la aceptación de dichas corporaciones, en el sentido de reconocer
éstas que su aprobación por las Cortes constituiría un avance respecto al
régimen local que les es aplicable en la actualidad.

Por lo que se refiere al contenido de los respectivos estatutos,
adelantaré de forma resumida los aspectos que revisten un mayor interés y
que pronto serán conocidos por ustedes, una vez que se inicie la
tramitación en esta Cámara. En primer lugar, ambos proyectos posibilitan
el acceso, mediante ley orgánica, de las ciudades de Ceuta y Melilla a su
régimen de autogobierno. Un segundo aspecto significativo es la
atribución a estas ciudades de una serie de facultades y competencias que
ningún ayuntamiento ostenta y que son las propias comunidades autónomas.

En la misma línea, aunque Ceuta y Melilla mantienen su condición de entes
municipales, los proyectos de estatuto contemplan instituciones, como el
Presidente y el Consejo de Gobierno, que no son propias del régimen local
sino del autonómico. Por último, ambos ayuntamientos dispondrán, además
de la financiación local, y en los términos previstos en sus
correspondientes estatutos, del sistema de financiación autonómica.

Además, recibirán directamente de la Administración general del Estado
los servicios y medios parejos a sus competencias.

Teniendo en cuenta estos aspectos, creo sinceramente que de la aprobación
por las Cortes de los proyectos enviados por el Gobierno sólo pueden
derivarse efectos beneficiosos de cara al mayor bienestar, la mayor
prosperidad y la mayor seguridad de ambas poblaciones. Por un lado, la
singularidad de estas ciudades, en cuanto su situación geográfica y su no
integración en la organización provincial del Estado, justifica
sobradamente la atribución a las mismas de un régimen muy amplio de
autonomía; un régimen del que, además, no goza ninguna otra ciudad en
todo el territorio nacional. Pero, por otro lado, con la misma convicción
he de afirmar que tanto la lógica de funcionamiento del Estado autonómico
cuanto el propio sentido común requerían una solución específica e
imaginativa para estas dos ciudades. Una solución que, sin poner en
riesgo la supervivencia de los respectivos municipios, por exigirlo así
la Constitución, no nos abocase tampoco a una superposición de
estructuras políticas y administrativas poco racional, incluso
disfuncional, dado el reducido tamaño de ambas poblaciones. En ese
sentido, he instado recientemente a sus ciudadanos a valorar
adecuadamente, con meditación sosegada y sin apasionamientos ni
concesiones demagógicas, la contribución que a la consolidación del
status de Ceuta y Melilla en el ordenamiento territorial español va a
desprenderse de esta iniciativa.

Pero hay un segundo hecho que, por su trascendencia en la configuración
presente y futura del Estado autonómico, exige un tratamiento especial en
la valoración globalmente positiva que he suscrito anteriormente. Me
estoy refiriendo al debate que en relación con el estado de las
autonomías se ha celebrado hace tan sólo unos días en el seno de la
Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado. Todos los
analistas y observadores coinciden al calificar este encuentro como una
experiencia enormemente positiva y fructífera que ha dotado de una mayor
solidez a una realidad política --la España autonómica-- que es resultado
del esfuerzo colectivo y del más amplio consenso político que ha conocido
el constitucionalismo español. El debate con los presidentes de las
comunidades autónomas y la participación en el mismo de todos los grupos
políticos nos han permitido dar respuesta, precisamente mediante el
diálogo y el contraste de pareceres, a las principales cuestiones de
alcance general que se han venido planteando en los últimos tiempos, al
compás, precisamente, del propio proceso de desarrollo del modelo
constitucional. A este respecto, hay dos datos que merecen ser
destacados.

En primer lugar, la reafirmación en ese debate de la voluntad colectiva
de perfeccionar y reforzar, desde la mutua lealtad, el proyecto común de
convivencia que ha hecho posible integrar la diversidad y la pluralidad
de las regiones y nacionalidades que conforman España. Con ello han
quedado, además, despejadas las incógnitas que algunos han venido
planteando en relación con la actual situación del Estado autonómico. El
hecho mismo de la celebración de este debate, y su real desenvolvimiento,
pone de manifiesto que ni la política de impulso autonómico supone una
quiebra de la cohesión del Estado, ni cabe atribuir tampoco credibilidad
alguna a la alegación de agravios comparativos que estarían poniendo en
riesgo la unidad de la nación española. En segundo término, las
importantes y concretas conclusiones que enseguida se han derivado de ese
debate



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resultan plenamente coincidentes con la política de impulso y
perfeccionamiento del Estado autonómico que está desarrollando el
Ejecutivo. De hecho, son las cuestiones planteadas por el Gobierno en su
comunicación a la Comisión General las que han servido de base para
estructurar tanto el propio desenvolvimiento del debate cuando las
mociones aprobadas como consecuencia de éste.

Por ello, mi primer compromiso para esta nueva etapa no puede ser otro
que el cumplimiento, en el ámbito de las competencias atribuidas al
Departamento que dirijo, de las mociones y acuerdos adoptados por el
Pleno del Senado. Un compromiso plenamente convergente con las
prioridades establecidas en el programa de actuaciones que tuve la
ocasión de exponer ante esta Comisión al inicio de la presente
legislatura. Me propongo acometer en esta etapa, en particular, las
siguientes actuaciones.

Primero, en lo que toca a la consolidación del marco competencial de las
comunidades autónomas, el Ministerio de Administraciones Públicas está
desarrollando un intenso esfuerzo por culminar, dentro del plazo
previsto, el proceso de traspasos derivados de los Acuerdos Autonómicos
de 1992. Se han aprobado ya 54 traspasos y en el momento actual hay 36
únicamente pendientes de aprobación y otros 222 en negociación; entre
ellos los relativos al Inserso y Universidades, así como relaciones
laborales. Por un lado, se están ya constituyendo ponencias técnicas
relativas al Inserso, al igual que en las próximas semanas se
constituirán las ponencias relativas a las relaciones laborales. Pero
tanto estos traspasos como los de las universidades afrontan, sin
embargo, dificultades objetivas de no despreciable importancia. Así, se
encuentran en fase de construcción diversas instalaciones del Inserso,
para las que todavía no están presupuestados los gastos de
funcionamiento. Ha sido preciso cambiar la metodología de cálculo del
coste efectivo del traspaso para que no resultasen perjudicadas las
comunidades autónomas que en el presente cuentan con dotaciones
superiores a las que les corresponderían en relación del contingente de
población beneficiada y para prevenir al mismo tiempo el efecto inverso
en las comunidades autónomas que resultarían primadas en relación con el
factor población. Para encarar estas dificultades existe ya una base de
acuerdo para establecer un período transitorio que supondría un esfuerzo
financiero adicional para la Hacienda estatal, teniendo en cuenta, en
todo caso, que el objetivo sigue siendo la efectividad del traspaso de la
totalidad del Inserso para la fecha del 1 de enero de 1995.

En cuanto a las universidades, se está conociendo complejidades
paralelas, especialmente en relación con los gastos de nueva inversión,
principalmente agravados para las universidades de creación reciente.

Confío en que puedan culminarse con rapidez, y en ese espíritu, desde
luego, estamos trabajando intensamente para que igualmente se concluya el
proceso de traspaso en la presente legislatura.

En cuanto a las comunidades del artículo 151 de la Constitución española,
el Gobierno va a continuar impulsando la lectura conjunta, bilateralmente
acordada, de los correspondientes estatutos de autonomía, con el fin de
poder ultimar los traspasos aún pendientes. En esta línea se ha
pronunciado el Senado con dos mociones propuestas por los grupos Mixto y
Vasco, en las que se insta al Gobierno a culminar el proceso de
transferencias contempladas en los estatutos de estas comunidades y a
cumplir las previsiones contenidas en el Estatuto de Guernica. Esta línea
de trabajo es la que expuse en mi comparecencia de 29 de septiembre de
1993 y, desde luego, es la línea que nos ha permito alcanzar, a lo largo
de este período, acuerdos con Canarias, el País Vasco, Cataluña y
Galicia, esta última hace 48 horas. Asimismo están en marcha procesos de
negociación con Andalucía, Valencia y Navarra. Es preciso, sin embrargo,
no olvidar que con estas comunidades autónomas de 151 y asimiladas
estamos permanentemente en conversaciones. Con la Comunidad vasca está
previsto celebrar una reunión de una comision mixta para abordar el
traspaso de dos nuevas competencias.

Segundo. En materia de cooperación, nuestro programa se concreta
necesariamente en una profundización de los instrumentos de cooperación
entre el Gobierno y las comunidades autónomas. Se acaba de constituir, de
un lado, la Conferencia Sectorial de Pesca, quedando pendiente de
institucionalización únicamente la Conferencia de Trabajo; y de otro, la
continuidad de la política de perfeccionamiento de las ya existentes que,
desde el comienzo de la legislatura, se han venido reuniendo con
regularidad. En este capítulo quiero destacar también el acuerdo
alcanzado en el Senado, a propuesta de los grupos Popular, Coalición
Canaria y Socialista, respecto al estudio y puesta en marcha de la
Conferencia de Presidentes, como una nueva instancia de culminación de
las actuales conferencias sectoriales. Se trata de un compromiso que
concierne directamente a la propia Comisión General de las Comunidades
Autónomas del Senado, pero respecto al cual quiero reiterar mi voluntad
de colaboración del Gobierno para cuando considere procedente dicha
comisión.

Tercero. Mención específica requiere, dentro de las previsiones del
Departamento, un tercer compromiso del Gobierno: la articulación de
fórmulas que aseguren la participación de las comunidades autónomas en la
construcción de la Unión Europea. Una participación que venga a sumarse a
la derivada de la institucionalización del Comité de las Regiones. Como
saben perfectamente, el Ejecutivo ha venido apostando, singularmente
desde la configuración de la Conferencia Sectorial para asuntos
relacionados con las Comunidades Europeas, por la cooperación
multilateral como camino que debe conducirnos al establecimiento de una
solución consensuada a esta cuestión, sin excluir su relación bilateral
con algunas comunidades que así lo han solicitado. En esta misma
dirección acaba de pronunciarse el Senado en el reciente debate sobre el
estado de las autonomías. De hecho, han sido varias las mociones que con
similar alcance y contenido han venido a decantarse expresamente en favor
de esta vía de colaboración. Por tanto, es mi propósito intensificar el
funcionamiento de los mecanismos existentes hasta encontrar esas fórmulas
para hacer más efectiva la participación de las comunidades autónomas en
la formación de la voluntad del Estado, fomentando y perfeccionando el
funcionamiento de la propia Conferencia Sectorial de Asuntos



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Europeos del Ministerio para Administraciones Públicas, impulsando,
mediante el acuerdo en el seno de la misma, el procedimiento marco en el
que se concrete el contenido de esa participación ascendente y
descendente; dinamizando la puesta en marcha de un procedimiento marco
para hacer efectiva esa participación en el seno de cada conferencia
sectorial y aprovechando esta experiencia para articular, cuando ello sea
procedente, la inclusión de expertos o de representantes de dichas
comunidades en la delegación española que en cada caso acuda a los
órganos comunitarios. Hoy mismo se ha producido una reunión del Grupo de
Coordinadores en el seno de la mencionada Conferencia para Asuntos
Europeos para incorporar las enmiendas formuladas en la reunión del
pasado mes de junio. Cumplimentado este trámite, la Conferencia podría
reunirse y adoptar definitivamente el acuerdo en los primeros días del
próximo mes de noviembre. Como paso necesario para el cumplimiento de
estos objetivos he de anunciarles mi decisión de someter a la
consideración de las comunidades autónomas, en la próxima reunión de la
Conferencia Sectorial para Asuntos Europeos, una propuesta de acuerdo,
cuyo borrador ha recibido ya aportaciones por parte de los representantes
autonómicos y que espero obtenga, por consiguiente, el respaldo de sus
miembros.

El cuarto bloque de actuaciones concierne al sistema de financiación de
las comunidades autónomas, ampliamente debatida por cuantos han
participado en el debate en la Comisión General. Dada su complejidad y su
elevado carácter técnico, seré muy claro en este punto. No debemos echar
en saco roto los avances que se han producido en una materia tan crucial
para el eficaz y eficiente funcionamiento del Estado de las autonomías.

Más aún, considero que el Acuerdo del Consejo de Política Fiscal y
Financiera de 1993, complementado por los recientemente suscritos en
septiembre de 1994, tiene cuando menos el mérito de hacer posible una
experiencia. A partir de ella vamos a poder extraer importantes
consecuencias, entre ellas la de iluminar la cuestión capital en este
ámbito: cómo potenciar la corresponsabilidad de los distintos poderes
territoriales, asegurando al mismo tiempo la solidaridad.

El cumplimiento de la moción aprobada, a propuesta del Grupo Socialista
con el apoyo de todos los grupos del Senado, es, por tanto, algo más que
un compromiso, que por supuesto estamos dispuestos a encarar. Es, sobre
todo, un requisito imprescindible para perfeccionar el sistema de
financiación autonómica, de modo que queden asegurados en él los
principios de autonomía, suficiencia y solidaridad. Por otra parte, el
anunciado Libro Blanco de financiación autonómica, encargado por el
Consejo de Política Fiscal y Financiera a un grupo de expertos, se
encuentra ya en una fase avanzada de preparación, estando prevista su
presentación el próximo mes de enero. Esperamos que este estudio sea
también un elemento positivo para concluir el debate sobre el sistema
actual y sus posibilidades de perfeccionamiento.

Un quinto objetivo del Departamento es proseguir con la simplificación y
reordenación de la Administración general del Estado. Es ésta una
cuestión cuyo tratamiento exige necesariamente, en un Estado fuertemente
descentralizado como España, un enfoque territorial que tampoco cabe
desvincular del debate sobre la modernización de las administraciones
públicas, entendida ésta como búsqueda de la excelencia. Y la exigencia
de ese enfoque, en el caso de la Administración general del Estado, se
sustancia en dos tipos de actuaciones: primero, seguir avanzando en una
estrategia de simplificación de las estructuras periféricas, que ya está
arrojando un balance positivo en lo que llevamos de legislatura; segundo,
diseñar un nuevo esquema organizativo, mediante la remisión a esta
Cámara, en el curso del presente período de sesiones, de un proyecto de
ley de organización y funcionamiento de la Administración general del
Estado.

Por último, quiero renovar el compromiso de Gobierno en orden a promover
un pacto local en el que se establezca un programa de delegación de
competencias a las entidades locales. Un objetivo en el que también han
estado de acuerdo todos los grupos con representación en el Senado, lo
que en sí mismo supone una expectativa de cara a lograr el acuerdo
necesario para alcanzar ese pacto. Se trata --y quiero subrayarlo-- de un
terreno abonado por la adopción de importantes iniciativas. Entre ellas,
la de haber venido manteniendo reuniones periódicas con la Federación
Española de Municipios y Provincias y con grupos políticos. Nuestro
criterio es impulsar las reuniones con el fin de que pueda alcanzarse el
necesario acuerdo político e institucional.

Pero el programa que, en síntesis, estoy exponiendo ante SS. SS. quedaría
incompleto si no me refiriese también a dos acuerdos que, sin vincular
directamente al Gobierno, van a desempeñar un papel destacado lo que
resta de legislatura: la formación de una ponencia encargada del estudio
de una reforma constitucional del Senado y la intensificación del proceso
de aplicación del nuevo Reglamento del Senado. Así lo han reconocido
todos los grupos del Senado, dando validez con su unánime propuesta y
apoyo a la decisión de crear y poner en funcionamiento la propia Comisión
General de las Comunidades Autónomas, previa a una posible reforma de la
Constitución. En todo caso, quiero reiterar la voluntad de trabajo
constructivo y colaborador con la Cámara Alta del Gobierno de la nación,
en general, y del Ministerio de Administraciones Públicas en particular.

Respecto a la política de Administración Pública, en lo que toca a esta
área, quiero despejar las inquietudes que, a la vista del tenor de una
solicitud de comparecencia del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, ha suscitado el cese del anterior titular de la Secretaría de
Estado de Administración Pública. Sus Señorías compartirán conmigo una
premisa meridiana. En un sistema democrático, los responsables políticos
no ostentan sus cargos con carácter vitalicio. El relevo de un alto cargo
y su sustitución por otra persona forma parte, por tanto, de la
normalidad política e institucional. Una normalidad que no implica, en la
mayoría de los casos, ni una crítica a la gestión realizada por quien ha
sido separado del cargo, ni una pérdida de la confianza del Gobierno en
la persona cesada. En otras palabras, no cabe atribuir al cese de un alto
cargo la consideración de una reprobación política ni, muchísimo



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menos, de una sanción administrativa. Al contrario, se trata de una
medida política que puede responder a la apreciación de la conveniencia
de dar un nuevo impulso a un determinado programa de actuaciones, bien
porque se ha ampliado o modificado el cuadro de objetivos a alcanzar,
bien porque el Gobierno considera que puede ser saludable contar con un
enfoque diferente y con personas diferentes sobre cuestiones igualmente
concretas.

Durante el mandato del señor Zambrana al frente de la Secretaría de
Estado para la Administración Pública se han producido --quiero
recordarlo-- avances nada desdeñables en el camino hacia la modernización
de la Administración. Sin ánimo de ser exhaustivo, les recordaré el
acuerdo con los sindicatos de 1991, el diseño y puesta en marcha, con
resultados satisfactorios, del Plan de modernización en su primera fase,
o la configuración misma de los planes de empleo como instrumentos de
racionalización y reasignación de efectivos. Cumplidos esos objetivos, se
hace preciso encarar otros igualmente importantes y, con esta finalidad,
el Gobierno ha juzgado conveniente contar con el impulso y el trabajo de
un nuevo equipo al frente de la Secretaría de Estado de Administración
Pública. A esta razón elemental de oportunidad política responde
precisamente la sustitución del anterior titular de la Secretaría de
Estado por el actual responsable del cargo.

Formulada así esta reflexión preliminar, expondré ahora los objetivos y
actuaciones que vamos a impulsar en materia de Administración Pública. El
Ministerio de Administraciones Públicas viene desarrollando un intenso
programa global de reforma y modernización de la Administración general
del Estado. Este programa se concreta en una serie de iniciativas a corto
y a medio plazo que responden a dos criterios fundamentales. Por un lado,
al impulso y desarrollo del modelo de organización territorial del poder
diseñado en el Título VIII de la Constitución; y por otro, a la
consecución de una Administración eficaz y eficiente que responda con
prontitud a las demandas de los ciudadanos. Un objetivo fundamental que
ha adquirido una mayor relevancia, si cabe, como consecuencia de la
presión al alza que viene experimentando la demanda ciudadana de
servicios públicos de calidad en nuestro país, especialmente a raíz de
nuestra plena integración europea. Todo ello nos conmina a la adopción de
una serie de medidas normativas y de mejora de la gestión que nos
permitan impulsar la transformación de nuestras actuales estructuras
administrativas y acelerar un auténtico proceso de cambio cultural para
hacer de nuestra Administración una empresa con vocación inequívoca de
servicio a los ciudadanos.

El desarrollo del modelo territorial contemplado en nuestra Constitución
exige la instrumentación de una nueva lógica de organización y
funcionamiento de nuestras administraciones públicas, acorde con el
profundo reparto de competencias. En el plano funcional, la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, ha supuesto un
avance en la concreción de los principios, reglas de funcionamiento y
mecanismos de actuación conjunta, que deben regir las relaciones
interadministrativas en el Estado autonómico. Ahora bien, para asegurar
la plena efectividad de este esquema funcional resulta todavía
imprescindible la configuración de unas estructuras administrativas más
simples y más adecuadas, en su dimensión y funcionamiento, a las
respectivas competencias que de acuerdo con el bloque de la
constitucionalidad han de ejercer nuestras diferentes administraciones.

Esta exigencia comporta, en el ámbito de la Administración general del
Estado, la puesta en práctica de dos tipos de medidas. Por una parte, la
simplificación y reorganización de sus estructuras centrales y
periféricas que resulte coherente con el volumen de funciones y servicios
traspasados a las comunidades autónomas. Por otro lado, el
establecimiento de un esquema organizativo capaz de asegurar el efectivo
cumplimiento de los principios de coordinación y cooperación entre la
Administración general del Estado y las administraciones autonómicas y
locales. Con esta doble finalidad, acometeremos las siguientes
actuaciones.

Primero, remisión a esta Cámara, antes de que finalice el actual período
de sesiones, del anunciado proyecto de ley de organización y
funcionamiento de la Administración general del Estado. Este proyecto se
encuentra ya en una fase muy adelantada de elaboración y responderá a los
parámetros que expondré a continuación, de manera sintética.

Configuración del delegado del Gobierno como máxima autoridad de carácter
político, responsable de la prestación, en el territorio de cada
comunidad autónoma, de los servicios reservados, constitucional y
estatutariamente, a la competencia del Estado, así como de la
coordinación y cooperación de la Administración general del Estado con
las restantes Administraciones territoriales, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 154 de la Constitución. La eficacia en el cumplimiento de
estos principios requiere la existencia de un único punto de referencia
al que atribuir las decisiones en el ámbito de cada comunidad autónoma.

Un único referente que opere como interlocutor y receptor de las
directrices impartidas por los titulares de los diversos ministerios a
quienes concierne la facultad de decisión política en el ámbito de la
Administración general. Este enfoque de la figura y las responsabilidades
del delegado del Gobierno, consustancial a su naturaleza constitucional,
comporta además una articulación y formalización de la comunicación que
debe mantenerse entre los delegados y los órganos unipersonales y
colegiados del Gobierno.

Un segundo aspecto estriba en la necesidad de hacer efectivos los
principios de unidad de acción y eficacia en la ejecución y cumplimiento,
en el ámbito provincial, de las decisiones adoptadas por los delegados
del Gobierno. Para ello debería colocarse la gestión y ejecución de todas
las directrices impartidas por el delegado del Gobierno en cada
provincia, bajo la responsabilidad de un único gestor o funcionario
directivo. En cuanto a la denominación de esta figura es cuestión
ciertamente no determinante. En el plano funcional, la labor de estos
directivos habrá de traducirse tanto en responsabilidades de gestión de
los servicios como en facultades de propuesta y traslado de información a
los órganos de carácter político, por un lado, y a los responsables de la
gestión directa, por otro, con el fin de que éstos puedan contar
permanentemente con elementos de juicio en la elaboración de directrices
y en el



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desarrollo de las mismas de acuerdo con las demandas y el sentir de los
ciudadanos. De lo que se trata, por tanto, es de asegurar la integración
de la gestión y prestación de todos los servicios provinciales que deba
mantener la Administración general del Estado en una sola unidad, con la
consiguiente economía de recursos materiales y humanos, impulsando
asimismo la colaboración interadministrativa, sobre todo en la vertiente
de atención al ciudadano, que merece estar informado de las clases y
condiciones en las que se prestan los servicios, con independencia de que
competan éstos a la Administración general, a las administraciones
autonómicas o a la local. La puesta en práctica de este nuevo esquema
organizativo y funcional de la Administración periférica se acompañará
con la aplicación de instrumentos de que ya disponemos, como los planes
de empleo, para reasignar efectivos y dotar de mayor flexibilidad a la
política de recursos humanos. A esta medida me referiré posteriormente al
exponerles las actuaciones que el Ministerio desarrollará en materia de
recursos humanos.

En lo que se refiere al diseño de la organización central de la
Administración general, una de las prioridades del proyecto será dotar a
nuestra organización de estructuras ágiles y eficaces que nos permitan
adaptar nuestra oferta de bienes y servicios públicos a los cambios
experimentados por la demanda ciudadana, en un contexto caracterizado por
vertiginosos avances tecnológicos y de mejora de la calidad. La
Administración general del Estado, tanto en sus aspectos estructurales
cuanto en lo relativo a sus procedimientos, se ha visto afectada por el
intenso proceso de transformación social y política que ha experimentado
el conjunto de la sociedad española. Como consecuencia de este proceso,
nos encontramos hoy con una organización en la que están conviviendo
valores tradicionales, como la rigidez y el excesivo reglamentismo
--propios de la legislación preconstitucional todavía en vigor--, con
otros más acordes con el modelo de Estado, social y democrático de
derecho que establece nuestra Constitución.

Por ello, el objetivo de la flexibilización de estructuras tiene que
completarse con otra importante prioridad que será abordada bien dentro
de la propia normativa de organización y funcionamiento de la
Administración general del Estado, bien mediante un proyecto separado: la
clarificación de los ámbitos de decisión política de aquellos otros
propios de la gestión administrativa, lo cual ha de permitirnos también
diversificar la formulación de políticas y la gestión de las mismas.

Pero la aprobación y remisión al Parlamento de estos proyectos de ley no
agota el programa de actuaciones en materia de modernización. Quiero
anunciarles también un segundo bloque de actuaciones, relativas al
impulso del desarrollo de la segunda fase del plan de modernización y del
proceso de racionalización, simplificación y reestructuración de la
Administración general del Estado que venimos acometiendo con buenos
resultados. Con esta finalidad presentaré en breve al Consejo de
Ministros sendas propuestas de acuerdo: uno, para la simplificación y
reagrupación de los servicios periféricos, y un segundo acuerdo para la
puesta en marcha de nuevos procedimientos de trabajo que contribuyan a
seguir mejorando la eficacia y la calidad de los servicios prestados por
la Administración general del Estado. Estos acuerdos pretenden llevar a
cabo aquella reducción del tejido administrativo que debe ser abordada
con carácter previo a la adopción de cualquier disposición legal y, en
todo caso, asegurar la vinculación de estas medidas al desarrollo del
plan de modernización y a la transformación de la propia cultura
administrativa.

Pero hay todavía otro importante frente. En lo que respecta a la política
de recursos humanos, contamos ya con un acuerdo Administración-sindicatos
para los próximos tres años que, a partir del consenso y de la
participación de los actores protagonistas del propio proceso de
modernización, está suponiendo ya un impulso para la aplicación tanto de
las medidas a corto plazo como los planes de empleo y la oferta de empleo
público, cuanto para acometer la elaboración del estatuto de la función
pública. Se da con ello cumplimiento a las previsiones constitucionales y
a nuestro objetivo de hacer de la política de recursos humanos un
instrumento flexible y, al mismo tiempo, capaz de profesionalizar y
responsabilizar a los empleados públicos en el servicio a los ciudadanos.

Sobre este particular quiero confirmarles a SS. SS. que ya han comenzado
las reuniones del grupo de trabajo previsto con esta finalidad en el
acuerdo con los sindicatos antes citado.

Pero además hay otra importante iniciativa legislativa que el Ministerio
acometerá en las próximas semanas, cumpliendo con ello un destacado
mandato parlamentario derivado del último debate sobre el estado de la
nación. Estoy hablando de la remisión a esta Cámara de un nuevo marco
legal sobre incompatibilidades de altos cargos. De lo que se trata,
señorías, es de ampliar ante todo el ámbito de aplicación de la vigente
Ley de incompatibilidades de altos cargos, estableciendo un nuevo régimen
de incompatibilidades de los miembros del Gobierno de la nación, de los
secretarios de Estado y del resto de los altos cargos de la
Administración general del Estado y de las entidades de Derecho público
vinculadas o dependientes de aquéllas. En este punto puedo anticipar aquí
que el proyecto de ley va a vincular la calificación jurídica de alto
cargo al criterio de su nombramiento mediante acuerdo del Consejo de
Ministros. Por lo demás, el nuevo régimen de incompatibilidades
responderá a los siguientes criterios.

El principio general será la incompatibilidad total, salvo excepciones
tasadas que se corresponderán con la regulación anterior. En el caso de
actividades privadas, se va a extender la incompatibilidad para el
desarrollo de aquellas relacionadas con el cargo desempeñado, hasta los
dos años posteriores al cese de su titular. Igualmente se prohibirá la
participación, por sí o mediante cónyuge o hijos, en más de un 10 por
ciento del capital de empresas que tengan conciertos o contratos de
cualquier naturaleza con el sector público estatal, autonómico o local.

Los altos cargos desempeñados en el marco del sistema financiero, o
relacionados con éste, deberán encomendar contractualmente la gestión de
valores o activos financieros negociables de los que sean titulares,
tanto durante el desempeño del cargo cuanto durante los dos años
posteriores a su cese en el mismo, a una sociedad de intermediación en la
Comisión



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Nacional del Mercado de Valores. Se ampliará, asimismo, el registro de
actividades y el registro de bienes y derechos patrimoniales, bajo el
control de la Inspección General de Servicios de la Administración
Pública, regulándose además el sistema de acceso a los mismos y el
sistema que ha de asegurar su comunicación con otros registros de la
Administración. Por último, se regulará el régimen de infracciones y de
las correlativas sanciones, así como el procedimiento sancionador
aplicable, sin perjuicio de las responsabilidades de otra naturaleza en
que se pudiese incurrir. De este modo vamos a proceder a la adopción de
un nuevo régimen de incompatibilidades caracterizado, de un lado, por su
elevado rigor y, de otro, por el fortalecimiento del principio de
seguridad jurídica. Y todo ello en profunda conexión con las
preocupaciones de fondo de la sociedad española que quedaron reflejadas
en el mandato parlamentario deducido del debate sobre el estado de la
nación.

Tras estas consideraciones, señorías, doy por concluido este primer turno
de intervención y reitero una vez más mi voluntad de diálogo sobre el
programa de actuaciones y objetivos que acabo de exponerles ante esta
Comisión.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.

Dado que hay en los temas objeto de tratamiento por parte del Ministro
dos solicitudes de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, entiende
esta Presidencia que debe corresponderle el primer turno a dicho grupo
parlamentario. Consecuentemente tiene la palabra el señor Martínez
Blasco.




El señor MARTINEZ BLASCO: Saludamos la presencia del señor Ministro que
ha comenzado y terminado con la oferta de diálogo; en todo caso, habrá
sido diálogo con otros. Lo digo porque, poniendo en relación su
comparecencia de 29 de septiembre de 1993 con esta de 13 de octubre de
1994, por aquí no le hemos visto pasar. Pues bien, nosotros también
mantenemos abierta esta posibilidad. Lo digo porque ha habido
oportunidades y ocasiones en los diferentes temas que afectan a su
Ministerio, pero, como se ha encargado el propio Ministro de recordar,
por lo menos el primer bloque es fruto del pacto con el Partido Popular,
de 1992, y en cuanto a los otros bloques en algunos temas específicos se
ven otras ligazones con otros grupos de la Cámara.

De los diferentes bloques que ha señalado el señor Ministro, en el
primero, que se refiere a los estatutos de las ciudades de Ceuta y
Melilla, intervendrá después, con permiso de la Presidencia, mi compañero
el señor Ríos.

En cuanto a los logros obtenidos tras el debate en la Comisión General en
el Senado, nosotros le hemos hecho ver que no estamos de acuerdo con
varias cuestiones, y se las decimos aquí. Primero, que se está plasmando
en la práctica la división entre las comunidades autónomas de primera y
de segunda velocidad. El señor Ministro se ha apresurado a manifestar,
después de decir que se iban a hacer los traspasos a las comunidades del
artículo 143: No se preocupen las de 151 que correrán más para que nunca
les alcancen las del 143. Además, la división parece que es
infranqueable. Las que nacieron ya en la primera velocidad tienen
asegurada esa velocidad para siempre jamás, aunque no quisieran ir a ese
ritmo, y a las que nacieron en la velocidad más lenta nunca jamás se les
permitirá acceder a la otra velocidad. Y lo señalo con dos casos
concretos de modificaciones estatutarias; una ha entrado ya en el
Congreso y mis noticias son que otra va a entrar. Vamos a comprobar si
efectivamente se pueden hacer estos pases de velocidad.

En cuanto a los traspasos de servicios a las Comunidades del artículo
143, ha hablado el señor Ministro de las dificultades del Inserso, de
relaciones laborales, de los problemas de las inversiones en trámite, de
los gastos corrientes, etcétera, pero no ha dicho que este calendario
lleva retraso respecto a lo que aquí se dijo, sobre todo, en el debate de
la Ley Orgánica de Transferencias. Aquí se nos dieron unos determinados
calendarios, y la única fecha concreta que se ha reflejado ha sido la del
1 de enero de 1995 para el Inserso --ya veremos si así es--, pero no se
está cumpliendo el calendario. Se aseguró que la Ley de Transferencias,
antes incluso que la reforma de los estatutos, permitiría que en período
más bien corto --y algunos ministerios hicieron calendarios-- fueran
efectivas.

En este caso yo quiero hacerle una pregunta concreta, porque hay una
competencia que no fue atribuida por la Ley de Transferencias ni por la
modificación de los estatutos a las Comunidades del artículo 143 y que
fue reclamada por lo menos por alguna de ellas, que es la del Insalud.

Cuando se apartó esta competencia en los pactos con el Partido Popular,
primero, y después con estas leyes a las que me he referido, se argumento
que había unos problemas de financiación subyacentes que impedían el
traspaso, lo que aumentaba la complejidad. Me ha parecido entender por
los medios de comunicación, por la satisfacción en alguna de las
comunidades autónomas afectadas --aunque no se ha referido a ello el
señor Ministro--, que los acuerdos sobre financiación de las
transferencias sanitarias con las Comunidades del artículo 151 eran
satisfactorios y, por tanto, habría que entender que ya está resuelto el
problema técnico que impedía la transferencia de la Sanidad a las
Comunidades del 143. Por tanto, la pregunta sería si, modificado ahora el
argumento inicial que se dio para no hacer la transferencia, el Gobierno
estaría en condiciones de aceptar que las Comunidades del 143 accedieran
a esta competencia, que es una de las diferencias con las del 151.

En cuanto a la lectura conjunta bilateral del 151, nada tenemos que
objetar. En todo caso, le pediríamos una aclaración respecto a la
polémica que se ha suscitado este año sobre si habría cesión de
competencias exclusivas del Estado a las del 151 o no, pues unos días se
decía que sí y otros días salía el señor Ministro diciendo que no; si ya
ha habido un pronunciamiento claro por parte del Gobierno en cuanto a si
es simple lectura o relectura de los estatutos o habría incluso
transferencia de competencias exclusivas del Estado a las Comunidades del
151.

En cuanto a los problemas que ha señalado el señor Ministro con respecto
a las financiaciones, tanto de las comunidades autónomas como de los
ayuntamientos, poco ha



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dicho salvo que en enero tendremos un libro, que supongo que podremos
estudiar y hacer propuestas sobre él. Quiero advertirle al señor Ministro
que incluso la cesión del 15 por ciento del IRPF se hizo con carácter
provisional y a resultas de lo que diera lugar, con un compromiso de una
cierta neutralidad, etcétera, que eso no resolvía el problema de la
corresponsabilidad, como todo el mundo reconoció, sino que era otra
cuestión, y en cuanto a la financiación de este quinquenio para los
ayuntamientos no se ha referido el señor Ministro en su intervención a
cómo se va a establecer. No sé si se supeditará la financiación, con
posterioridad, a ese pacto local para delegación de competencias, pero en
cualquier caso ya estamos fuera de plazo para el quinquenio de
financiación de las administraciones locales.

El segundo bloque del señor Ministro es la organización de la
Administración pública. Ha empezado diciendo que quería disipar la
inquietud que había podido producir en este Grupo la sustitución del
Secretario de Estado. No ha producido ninguna inquietud, lo que ocurre es
que, ante un cambio de un Secretario de Estado, nosotros hemos preguntado
qué razones había. Como bien ha señalado el señor Ministro, muy en
gallego, podía ser porque se habían ampliado... (Un señor Diputado: Es
canario.) Ya, pero la técnica no es precisamente canaria, yo no sé si hay
flujos marinos, es una técnica muy gallega. (Risas.) Decía el señor
Ministro que era porque se habían ampliado las perspectivas y los
objetivos o porque se requiere un enfoque diferente. O una cosa u otra,
pero no ha dicho en este caso concreto si era la primera o la segunda,
por tanto, no ha resuelto la pregunta.

Se refería el señor Ministro a que era normal en un sistema democrático
que los cargos políticos cambiasen. ¡Faltaría más! Lo normal es que haya
razones y el propio señor Ministro ha dicho dos por lo menos, y nosotros
preguntamos cuál de las dos --o una tercera que no ha dicho-- es la que
hay en este cambio concreto, en medio de una negociación con los
sindicatos. Por cierto, cuando ha hecho referencia a que el señor
Zambrana había participado en el acuerdo con los sindicatos del año 1991,
no sé si lo ha dicho como un mérito o como un demérito para cambiarle
antes de firmar este segundo acuerdo. Lo digo por los efectos que tuvo
ese primer acuerdo firmado, fracasado estrepitosamente en cuanto que no
se ha cumplido, pues pactaron el mantenimiento del poder adquisitivo y
fueron castigados durante dos años con la congelación salarial. No sé si
se referirá a eso, a que porque hizo el otro pacto no merecía estar en
éste. En cualquier caso, sepa el señor Ministro que no nos ha dado
satisfacción con esa disyuntiva. ¿Cuál de las dos?
En cuanto a los programas de modernización de la Administración, es un
tema recurrente en esta Comisión. Su Ministerio ya lleva el segundo plan,
esta mañana nos ha anunciado el tercero, no nos ha dado descanso todavía.

¿Se acuerda de que le dijimos que cuando nos leyésemos el segundo plan
hablaríamos de él? Pues esta mañana nos han dicho que ya nos envían el
tercer plan de modernización. No nos va a dar tiempo a digerirlo.

Reorganización y simplificación y un nuevo esquema organizativo. Esos
órganos directivos provinciales, ignominados por ahora --ha dicho que
todavía no le han encontrado el nombre a eso-- (risas), ¿estarán dentro
de la carrera funcionarial o serán también cargos políticos? Dentro de lo
que estaba el señor Ministro explicando, sería conveniente aclarar si es
la cúspide de la estructura funcionarial de una provincia o se mantendrá
con otro nombre al señor Gobernador, aunque se le llame de forma
diferente.

Respecto a las estructuras ágiles y eficaces, de verdad, señor Ministro,
nos suena esto siempre a unos cantos impresionantes. Cuando usted habla
de conseguir unas estructuras ágiles, uno se pregunta: ¿Cuáles son esas
estructuras? ¿Han llegado a un diseño de cuál es la estructura necesaria,
el esquema organizativo que facilite la conexión? Porque sólo ha
utilizado dos expresiones: una, la flexibilidad --yo creo que no es un
diseño de estructura, sino una cualidad que debe tener toda estructura--
y, otra, la clarificación de los ámbitos político-administrativos, que ya
señalamos en comparecencias anteriores que nosotros también lo deseamos.

Lo que no podrá hacer el señor Ministro será vendernos en esta
comparecencia de hoy, 13 de octubre, que va a impulsar la segunda fase de
la modernización, porque tiene el inconveniente --yo no sé si ha sido
maliciosamente organizada esta comparecencia por parte de la Mesa después
de que tuviéramos ya el proyecto de Presupuestos Generales para el año
1995-- de que ya nos hemos leído, por lo menos en una primera
visualización, el citado proyecto. Se lo decía yo esta mañana al
Secretario de Estado. El plan de modernización dice: para el año 1995,
cinco oficinas integradas en cinco capitales. El proyecto de presupuestos
dice que habrá dos. De ésas, muchas. Usted nos vendió el plan de
modernización, ahora nos dice que lo quiere impulsar en el año 1995, pero
tiene la mala suerte de que ya tenemos los números de 1995 en la mano y
que no puede volver a decir las mismas cosas sin ser contradicho por la
rotundidad de las cifras.

Por fin ha hablado de los recursos humanos. Esta mañana, en la
comparecencia del Subsecretario de Estado, ya hemos avanzado algo en lo
que este Grupo le planteaba cuando se creó aquello de los planes de
empleo. Se acordará, señor Ministro, que nosotros decíamos que no tenían
sentido los planes individuales, sino que tenía que haber una visión
global de la Administración. El Secretario de Estado --lo cual
celebramos, a lo mejor ésa es una de las razones por las que ha entrado
un nuevo Secretario de Estado-- ha dicho justamente lo mismo: Que no
tienen sentido planes picoteando en la Administración si no hay una
visión global de toda la Administración, porque a lo mejor puede sobrar
en un sitio pero puede faltar en otro.

En todo caso, los planes de empleo que ahora han conseguido incorporar en
virtud del pacto de rentas firmado con los sindicatos (ya sabe, señor
Ministro, que los sindicatos fueron muy reacios a los planes de empleo,
pero por aquello del 3,5 por ciento su Ministerio ha conseguido ponerlos
a la firma con los sindicatos, con esa visión general y global que
nosotros alabamos), esos planes esconden --ya lo dijimos, y se va a ver,
porque se ha reconocido esta misma mañana-- una reducción de los
efectivos de las administraciones públicas. Nosotros decíamos también
esta



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mañana que podía ser una descapitalización, pero, sobre todo, que va a
plantear problemas a lo que entendemos por Estado de bienestar, porque,
en general, la reducción se va a producir en dos aspectos para nosotros
muy graves: en los servicios públicos que se dan al ciudadano y, en
segundo lugar, en lo que hacía la Administración y ahora están empezando
a hacer consulting empresas, etcétera, que en el fondo también obedecen
al mismo criterio de reducción para privatizar y para que determinadas
funciones públicas las hagan empresas privadas.

Ha terminado el señor Ministro con el tema de las incompatibilidades,
aunque podía haber hecho referencia a ello dentro de ese acuerdo con los
sindicatos, porque sólo se ha referido a los planes de empleo y a la
redacción de un estatuto de la Función Pública. Nosotros seguimos
pidiendo que sea un estatuto de los empleados públicos y no sólo de los
funcionarios, de todos los empleados públicos. No ha hecho referencia,
repito, a pacto de rentas --ocasión habrá en las próximas semanas de
discutir este asunto que está incluido dentro de los Presupuestos
Generales del Estado--, y he terminado hablando de las incompatibilidades
de altos cargos. Quiero simplemente dejar constancia aquí, señor
Ministro, de que nuestra opinión es que no es un problema tanto de las
leyes como del incumplimiento de las mismas.

Muchas de las cosas que han ocurrido en este país con respecto a las
incompatibilidades de los altos cargos, no es porque faltasen leyes, sino
porque éstas no se han cumplido. Porque el principio de la
incompatibilidad y que es necesaria la autorización para la
compatibilidad --algo parecido a lo que ahora ha dicho el señor Ministro
de autorizaciones excepcionales-- ya está en la legislación española, lo
que ocurre es que no se cumple. Los principios de los registros,
etcétera, están en la legislación española. Creemos que no va a ser tanto
un tema de endurecer las incompatibilidades por vía oral, sino de cumplir
las que actualmente existen, porque ya en este momento hay
incompatibilidad para el ejercicio de determinadas profesiones, para la
pertenencia a cargos o la tenencia de propiedades en empresas, etcétera,
y no se cumplen.

Quiero terminar, señor Ministro, reiterando la voluntad de nuestro Grupo
de llegar a acuerdos en temas de las administraciones públicas, porque,
como ha señalado bastantes veces nuestro Grupo, deberíamos entendernos
ustedes y nuestro Grupo, y no ustedes con otros grupos que están pensando
en que lo que hay que hacer es disminuir la Administración pública,
disminuir lo público en este país, en definitiva, disminuir los servicios
públicos, el gasto público, etcétera. La música que nosotros utilizamos,
que es dar realce a lo público para mejora de los servicios a los
ciudadanos, prestigiar la Administración y lo público, etcétera, debería
permitirnos una mayor sintonía entre los grupos, que hasta ahora yo creo
que no se ha producido.

Señor Presidente, como he dicho al principio, si S. S. lo permite, mi
compañero el señor Ríos hablará de los estatutos de las ciudades de Ceuta
y Melilla.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ríos.




El señor RIOS MARTINEZ: Brevemente, voy a intentar hacer una reflexión al
señor Ministro sobre tres grandes bloques de solicitud de información, en
tanto en cuanto que el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida presentó la
solicitud de comparecencia en el mes de julio; el 13 de septiembre se
presentaron en las Cortes dos proyectos de Ley Orgánica para los
estatutos de autonomía de Ceuta y Melilla. Por tanto, la situación ha ido
variando.

Las preguntas van dirigidas a tres grandes centros de interés. Primero,
el camino que han utilizado para traer la Ley Orgánica. Por qué se ha
utilizado el artículo 144.b) de la Constitución que posibilita al
Gobierno a presentar en la Cámara esta ley orgánica por motivos de
interés nacional o de interés del Estado. ¿Cuáles son las razones de
interés nacional o del Estado para elegir este camino y no la disposición
transitoria quinta de la Constitución? Esta disposición dice que las
ciudades de Ceuta y Melilla podrán constituirse en comunidades autónomas
si así lo deciden sus respectivos ayuntamientos, mediante acuerdo
adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros y si así lo autorizan
las Cortes Generales, mediante una ley orgánica.

El camino es distinto, máxime cuando la experiencia puesta en marcha con
las comunidades autónomas --por lo menos a la que yo pertenezco-- se
inició precisamente por acuerdo de los municipios hasta lograr las dos
terceras partes de acuerdos municipales de un estatuto y vino a las
Cortes así aprobada esa Ley Orgánica. Por tanto, se hacía un camino de
abajo hacia arriba. ¿Por qué ahora se ha elegido otro camino en esta
tramitación?
La segunda se refiere al contenido. Por qué se opta por una figura local,
municipal, mejorada, porque hay que reconocer que reciben competencias
los municipios, tienen más competencias de gestión; por qué se elige el
régimen competencial municipal, la legalidad municipal, el sistema
electoral municipal, y un sistema de funcionamiento un poco raro: el
presidente de la asamblea es el presidente-alcalde y, a su vez, el
presidente del gobierno. Díganme ustedes qué Parlamento tiene de
presidente al mismo que tiene que controlar. Por lo menos, debiéramos
distinguir el controlado del controlador. En ese caso, la misma persona
lo hace todo.

En el contenido, al margen de que no hay capacidad legislativa, se opta
más por llenar. Así lo define la memoria explicativa que me he leído de
los dos proyectos de ley, que son idénticos. La memoria que habla de los
dos proyectos, termina diciendo: Ciudades con estatuto de autonomía. Esa
es la definición que utiliza; una definición que habrá que buscar también
en la Constitución cuando dice que el Estado se organiza en municipios,
provincias y comunidades autónomas; habrá que añadir ahora municipios con
estatuto de autonomía, o dejarlo tal cual está.

Por último, la aplicación. Señor Ministro, me gustaría saber cómo se va a
poder aplicar este estatuto, no en la ciudad de Melilla, que ha sido
aprobado por su ayuntamiento, sino en la ciudad de Ceuta, donde treinta y
tres veces seguidas, todas las veces que ha ido al pleno del
Ayuntamiento, se han pronunciado por otro estatuto de autonomía, que
tanto usted como yo tenemos, con un texto distinto del que usted presenta
aquí, al margen de las



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reuniones y de las relaciones que hayan podido tener. Cómo se puede
aplicar, en contra de un ayuntamiento, un estatuto de autonomía aprobado
desde aquí; de qué manera se va a hacer eficaz esta tramitación, y si no
sería lógico pulsar hasta el final lo que decía el Senado cuando
mandataba el año pasado, en el debate del estado de las autonomías, que
el Gobierno negociara, buscara el máximo consenso con la representación
parlamentaria de Ceuta y Melilla y con los partidos representados en las
Cortes Generales. Tengo que decir que con este Partido representado en
las Cortes Generales no se ha negociado, pero al menos, con los
representantes de Ceuta y Melilla.

Termino, señor Presidente, solicitando que me explique la razón para no
incorporar --como en otros estatutos de autonomía se ha hecho, por
ejemplo, en el asturiano el bable-- la posibilidad de que el Estatuto de
Melilla recoja el tamazirt como lengua o cultura a fomentar. No digo que
se ponga como cultura oficial; simplemente el fomentar, el ayudar, el
facilitar, cuando esa cultura bereber representa el 40 por ciento de la
población de ese municipio. El 40 por ciento de la población es bereber y
tan española como los demás, aunque sean de origen bereber son españoles
de pleno derecho.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que deseen intervenir?
Tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, el señor
Rajoy.




El señor RAJOY BREY: Mi intervención va a referirse, única y
exclusivamente, a la petición de comparecencia de Izquierda Unida y a las
palabras del Ministro sobre los proyectos de estatuto de autonomía de las
ciudades de Ceuta y Melilla. Mi compañero Manuel Núñez, como ya ha
señalado en una intervención previa a este debate, hará la parte que se
refiere a los otros temas objeto de la intervención del señor Ministro.

Quiero comenzar haciendo alusión a unas palabras del señor Martínez
Blasco sobre la intervención en gallego del Ministro, lo cual no deja de
tener una cierta lógica si tenemos en cuenta que el nuevo Secretario de
Estado, ya que está preguntando por un nuevo Secretario de Estado, es
precisamente gallego. En cualquier caso y, al menos, en lo que se refiere
a los asuntos de Ceuta y Melilla, no debe ser gallego bueno, porque
realmente la intervención del señor Ministro no aclara, dicho sea con
todos los respetos, prácticamente nada y buena prueba de ello son las
preguntas que le acaba de hacer el portavoz de Izquierda Unida.

Lo que pretendo en esta intervención es fijar la posición del Grupo
Popular sobre estos estatutos de autonomía de Ceuta y Melilla que, como
decía --es una de las pocas cosas que ha señalado en su intervención el
señor Ministro--, han sido precisamente fruto del consenso, al menos del
consenso del Gobierno y del Partido Socialista, entiendo también, con el
Partido Popular. Ignoro si a otros grupos políticos se les ha pedido que
formasen parte de ese posible acuerdo. En cualquier caso, es una
responsabilidad del Gobierno y no del Grupo Popular.

Tengo también que decir, con absoluta claridad, que me alegro de que
desde Izquierda Unida se plantee el tema de los estatutos de Ceuta y de
Melilla porque supone, en mi opinión, un cambio de criterio muy positivo
respecto a lo que dijo en su día Izquierda Unida o, al menos, el núcleo
más importante de Izquierda Unida, que era el Partido Comunista de España
que, como sabemos, tuvo que disolverse en aquellas ciudades de Ceuta y
Melilla porque no era precisamente su preocupación --por utilizar una
expresión suave-- el régimen jurídico de estas dos ciudades.

Nosotros somos partidarios desde una defensa clara, como no podía ser
menos puesto que defendemos la Constitución Española y la historia de
España, de que Ceuta y Melilla sean lo que siguen siendo hasta ahora, es
decir, parte de España y somos partidarios también en este asunto, y en
general en todo lo que es política territorial, de llegar a amplios
acuerdos. Creo que uno de los aciertos más importantes, por no decir el
más importante del actual Estado de las autonomías, que creó la
Constitución del año 1978, fue que las líneas generales de diseño de este
Estado autonómico se hicieron mediante grandes acuerdos que implicaron,
al menos, a 300 o más en algunas ocasiones, Diputados de las Cortes
Generales, que es una representación importante del pueblo español.

También creemos que no basta sólo el consenso, sino que es bueno --no lo
digo para hacer ningún tipo de reproches-- que, de cara al futuro,
actuemos todos, ya estemos en el Gobierno o en la oposición, con la
responsabilidad debida. Probablemente no estaríamos aquí debatiendo los
estatutos de autonomía de Ceuta y Melilla si en su día el Partido
Socialista no se hubiera opuesto a la integración de estas dos ciudades
en la Comunidad Autónoma andaluza, lo cual no ocurrió --ya digo que no se
trata de ningún reproche, sino simplemente de extraer consecuencias
positivas de cara al futuro-- porque los votos de los Diputados de Ceuta
y Melilla que en aquel momento eran de UCD hubiesen producido un cambio
en la composición política de la Junta Preautonómica de Andalucía.

Tampoco estaríamos en una situación similar si en el momento de elaborar
el Estatuto andaluz, como algunos planteamos, hubiera cabido la
posibilidad de dejar la vía abierta para que se integrasen en Andalucía
estas ciudades de Ceuta y Melilla. Y tampoco probablemente estaríamos
tratando ahora este asunto si desde el año 1982 se hubiesen dado los
pasos mucho más en serio que lo que se pretende hacer ahora, doce años
después, en el año 1994.

Hay que señalar que hubo un nuevo intento no consensuado con nadie en el
año 1986 y, al final, cuando los temas se pudren los resultados que se
producen son los que en este momento se están produciendo y ello, tengo
que decirlo --no se trata de hacer autobombo ni de echarnos flores a
nosotros mismos--, a pesar de la actitud responsable que en este asunto
ha adoptado el Partido Popular al que, sin duda, le sería mucho más fácil
apuntarse a mantener posiciones discrepantes o criterios contrarios, y a
lo fácil de cara a unas elecciones municipales que, como es sabido, se
celebran el próximo año 1995.

Dicho esto, había tres posibilidades distintas para regular la situación
jurídica de estas dos ciudades. En primer



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lugar, la concesión de un régimen de ciudad similar al que presentó el
Gobierno en el año 1986. En la práctica, era un ayuntamiento al que se le
otorgaba autonomía con unas mínimas competencias, por lo que no mereció
el respaldo en aquel momento de nuestra fuerza política. Hay una segunda
posibilidad, que es la disposición transitoria quinta, a la que acaba de
hacer referencia el representante de Izquierda Unida y, luego, hay una
tercera vía, que es la del artículo 144 b), por la que se opta en estos
proyectos de ley de que estamos tratando en estos momentos.

Yo sólo quiero hacer dos o tres consideraciones. Me parece importante
hacerlas en la tranquilidad que da este foro, porque ciertamente hay que
señalar que no es fácil en el momento presente, sobre todo en la ciudad
de Ceuta, hacer planteamientos que, al menos, sean oídos, ya no digo
asumidos.

En la redacción originaria de la Constitución, los Estatutos de Ceuta y
Melilla tenían su encaje en el artículo 144 b), que es precisamente el
instrumento que se utiliza en este momento. Tenía su encaje y buena
prueba de ello han sido los «Diarios de Sesiones» de las Cortes
Constituyentes. En aquel momento el Diputado de Unión de Centro
Democrático, que era el ponente de ese Partido, señor Meilán Gil,
manifestó claramente --y no fue contradicho por nadie, antes al
contrario, fue apoyado por los representantes de los distintos grupos
políticos-- que esta vía, la de concesión de un estatuto de autonomía
mediante ley orgánica para territorios que no estén integrados en la
organización provincial --decía el señor Meilán y, en mi opinión, con
razón--, se refería fundamentalmente a las ciudades de Ceuta y Melilla y,
si acaso, hacía una previsión de futuro a una parte del territorio
español que en este momento, y desde el punto de vista jurídico, no es,
como es sabido, España. Si no no tendría sentido el artículo 144 b) de la
Constitución, porque no hay ningún territorio que no está integrado en la
organización provincial en España, como es sobradamente sabido por todos
los miembros de esta Comisión. Si se introdujo «a posteriori» la
disposición adicional quinta fue por la petición de algunos Diputados,
concretamente representantes de las ciudades de Ceuta y Melilla en
aquella ocasión, que lo que pretendían era que constase expresamente en
la Constitución Española (lo cual, en mi opinión, no hacía falta, pero
tampoco dañaba) que Ceuta y Melilla formaban parte de España. Este es el
motivo de la inclusión de esta disposición transitoria quinta. En
cualquier caso, ello no quiere decir que el régimen jurídico de Ceuta y
Melilla no pueda regularse por dos vías: por la del artículo 144 b), por
la que ha optado este proyecto de ley, o bien por la disposición
transitoria quinta.

¿Qué problemas tiene la disposición transitoria quinta? Fundamentalmente,
dos. Uno, que yo entiendo que es absolutamente discutible: que no hay en
España ninguna ciudad que se haya convertido en una comunidad autónoma y,
sobre todo, ciudades con muy pocos habitantes y que a algunos les puede
parecer lógico, aunque a otros les parezca ilógico, el que en una ciudad
no parece sensato que exista: un ayuntamiento, un gobierno de la ciudad,
un Parlamento, una delegación del Gobierno y, además, todas las
instituciones clásicas de las comunidades autónomas, como pueden ser el
Defensor del Pueblo, el Consejo Consultivo, el Consejo Económico y
Social, el Tribunal de Cuentas, etcétera. En cualquier caso, esto es
opinable. Es legítimo y además es constitucional el afirmar que se puede
constituir una comunidad autónoma y que, por tanto, en Ceuta y en Melilla
pueda haber un ayuntamiento, un Consejo de Gobierno, un Parlamento, un
Tribunal Superior de Justicia, un Defensor del Pueblo, un Consejo
Consultivo, una Sindicatura de cuentas, etcétera. Todo eso es posible,
pero también es legítimo opinar que no es precisamete lo más razonable.

Había otra posibilidad, que era la supresión del ayuntamiento y, por
tanto, regular la situación jurídica de las ciudades de Ceuta y Melilla
de una manera similar a como se han regulado las comunidades autónomas
uniprovinciales que, como todos los presentes saben, consistió en la
supresión de las diputaciones provinciales y en la integración de las
mismas en las comunidades autónomas. Lo que ocurre es que esto plantea
dificultades jurídicas, yo no sé si insalvables, pero desde luego mi
criterio personal es que son insalvables, porque la Constitución exige la
existencia de unos ayuntamientos. En ningún caso podrían suprimirse los
ayuntamientos y no podrían constituirse comunidades autónomas utilizando
un procedimiento similar al que se siguió con las comunidades autónomas
uniprovinciales que llevaron pareja la separación de las diputaciones.

Se ha optado por la vía del artículo 144 b), que es absolutamente
legítima y constitucional. Vuelvo a señalar que también es legítima y
constitucional, aunque en mi opinión más problemática, la de la
disposicion transitoria quinta de la Constitución; posibilidad que, en
cualquier caso, mi Grupo, de cara al futuro y a la vista de los
acontecimientos políticos, no descarta que pueda utilizarse en su día.

Lo que sí quiero señalar con meridiana claridad, porque al final lo que
ha provocado toda esta polémica, sobre todo en la ciudad de Ceuta, es la
afirmación que han hecho determinadas personas, en mi opinión actuando
con poca responsabilidad política, de que la concesión del Estatuto de
Autonomía por la vía del artículo 144 b) supone poner en duda la
españolidad de Ceuta o, en su caso, la de Melilla, que esto no es así,
porque precisamente el Estatuto de Autonomía de las ciudades de Ceuta y
Melilla se les otorga en aplicación de un artículo de la Constitución,
que, además, está en el Título VIII de la misma, que es la que regula la
organización territorial del Estado, que es el ya citado tantas veces
artículo 144 b), mientras que por la otra vía entrarían dentro del bloque
constitucional mediante una disposición transitoria quinta. Ambas
fórmulas son constitucionales, pero hay un argumento más a favor de la
utilización del artículo 144 b), que es su propia ubicación en el Título
VIII.

El Partido Popular va a prestar su apoyo a este proyecto de ley que
presenta el Gobierno. En cualquier caso, vuelve a recordar, para que nos
sirva a todos de lección de cara al futuro, que las cosas se pueden hacer
mucho mejor de como se llevaron en este asunto por parte del Partido
Socialista que apoya al Gobierno y del Gobierno. También tengo que decir
que se hizo un gran esfuerzo, del cual fue parte el Partido Popular, que
se ha reunido --yo mismo lo



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hice-- con representantes del Ayuntamiento de Ceuta. Quiero recordar
asimismo que al Ayuntamiento de Melilla no le pareció tan mal esta
regulación, puesto que veinticuatro de sus veinticinco concejales dieron
su apoyo; y que fue el propio Ayuntamiento de Ceuta el que se dirigió al
menos al Grupo Popular, exigiéndole --porque era la expresión que se
utilizaba-- la negociación con el Gobierno. Si nosotros tenemos que
negociar con el Gobierno lo que no podemos hacer en ningún caso, cosa que
es perfectamente entendible, es tratar de imponerle al Gobierno nuestros
planteamientos. Por dos razones: primero, porque el Gobierno no iba a
aceptar nuestros planteamientos, y, segundo, porque no es la fórmula
normal de ir a ningún tipo de negociación.

Quiero recordar que en esa negociación que se hizo con el Ayuntamiento de
Ceuta su alcalde manifestó, en una rueda de prensa celebrada en la ciudad
de Ceuta --de la cual tengo aquí datos concluyentes, salvo que los
periódicos no digan la verdad, yo creo que en este casi sí la han
dicho--, que el Estatuto de Autonomía de Ceuta era un buen paso para
Ceuta. Lo que ocurre es que al final hay gente que prefiere en política,
sobre todo cuando las elecciones están próximas, utilizar argumentos
electorales que, al fin y a la postre, se acaban volviendo contra quien
los utiliza porque la historia ha demostrado (por lo menos a mí me lo ha
demostrado y me ha hecho cambiar de postura), que lo único rentable, al
menos a medio y largo plazo, es hacer las cosas bien.




El señor PRESIDENTE: Señor Núñez, tiene usted la palabra.




El señor NUÑEZ PEREZ: Señorías, iba a decir que voy a ser breve. Trataré
de serlo, pero unir tres comparecencias en una no significa que tengamos
que guillotinar nuestras posiciones y lo que tengamos que decir, sobre
todo en respuesta a la intervención del señor Ministro que ha sido muy
larga; iba a decir muy explícita y muy concreta, pero creo que no se lo
merece.

En todo caso, tres apuntes, señor Ministro, sobre autonomía, sobre
política local y el cese del señor Zambrana, y, luego, me detendré un
poco más sobre el resto de su intervención.

En cuanto a la política autonómica, las cuestiones de fondo que se
suscitan a este respecto y que usted ha señalado han sido debatidas en la
reunión habida hace unas semanas en el Senado. Cuestiones de la
importancia de la financiación autonómica, de la reforma del Senado, de
la participación de las autonomías en los procesos de formación de
voluntad del Gobierno ante la UE, fueron ampliamente discutidas por los
Presidentes de las comunidades autónomas y los Portavoces de los grupos
del Senado, y aquí yo no tengo más que hacer referencia y, por supuesto,
suscribir íntegramente las palabras de nuestros representantes del
Partido Popular en aquella reunión.

Quizá no esté de más recordar los llamamientos a la lealtad
constitucional que debería presidir todos los debates y las tomas de
posición en este terreno; lealtad constitucional que ha de adquirir una
especial relevancia cuando de la lectura conjunta y actual del marco
competencial autonómico establecido en el bloque de constitucionalidad se
trate sólo en relación con las autonomías del 151, según palabras del
señor Ministro en su comparecencia del 29 de septiembre del año pasado.

En el marco de esta comparecencia, parece oportuno que hagamos referencia
a la ejecución del pacto autonómico, de febrero del 92, plasmado en la
Ley Orgánica de Transferencias 9/1992. El Ministro se comprometió, al
igual que el propio Gobierno, a que a primeros del 94 todas las
comunidades autónomas afectadas pudieran ejercer parte de las
competencias previstas en los acuerdos. Los restantes traspasos, con la
salvedad de los correspondientes a Educación, culminarían en el verano
del 94. No parece que estas previsiones, señor Ministro, hayan tenido un
cabal cumplimiento.

En cuanto a la política local, hay que resaltar su importancia. Usted la
despachó en un par de minutos y es necesario decir que lo que podemos
denominar rebelión de la FEMP (Federación Española de Municipios y
Provincias) ha venido a poner de actualidad las carencias del Gobierno en
este terreno. En los presupuestos del 94 se optó por mantener el esquema
de financiación de los entes locales, en contra de la exigencia de
revisión al finalizar el quinquenio previsto en la Ley 39/88.

En el proyecto de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 95
se introducen cambios calificados por el Gobierno de sustanciales y que
hacen referencia básicamente al fondo de infraestructura para mejora del
medio ambiente. Sigue pendiente, por lo tanto, la fijación de un sistema
de financiación de los entes locales que dé satisfacción al principio de
autonomía financiera para hacer frente a la progresiva asunción de
competencias por los mismos.

En este sentido, llama la atención la referencia que se hace en la
memoria de objetivos correspondiente a la Sección 22 de los Presupuestos
Generales del Ministerio para el 95, a la redistribución funcional de
competencias a favor de las entidades locales mediante el impulso de la
colaboración entre la Administración del Estado y las administraciones
locales, potenciando los gobiernos civiles como soportes de esta
colaboración. Así lo dice textualmente.

¿Se pretenden resucitar los antiguos servicios de cooperación con las
corporaciones locales de los gobiernos civiles? Entre tanto, señor
Ministro, seguimos esperando, como siempre, el Libro Blanco sobre la
Administración Local, comprometido ya por el Presidente del Gobierno en
el debate de investidura y que en él se aborden la reordenación de las
competencias locales, su gobernabilidad, la nueva regulación básica de
los grandes municipios y el fomento de entidades asociativas como las
mancomunidades. De esto ha dicho usted muy poco, yo entiendo que tenía
muchas cosas a las que responder porque tres comparecencias dan para
mucho, pero nosotros no somos responsables de la concentración de
comparecencias, sino quien las ha solicitado.

En cuanto al tercer apunte referido al cese del señor Zambrana como
anterior Secretario de Estado, entra dentro de las cosas que estas
cuestiones no se expliquen de



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«motu proprio». También que cuando se pide una explicación se den razones
de carácter formal y legal de sobra conocidas. El Ministro,
efectivamente, está facultado para proponer el nombramiento y el cese
como Secretario de Estado a quien estime por conveniente. Usted debería
haber terminado su explicación aquí, y así nos hubiera ahorrado tener que
glosar sus palabras. Si termina aquí, su explicación era formal, si se
quiere, pero no comprometida, porque en el marco de referencia formal
para explicar el cese no impide, efectivamente, explica muy bien que los
partidos, los grupos parlamentarios, en el ejercicio de control
parlamentario preguntemos (en este caso lo ha hecho Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya) las causas reales del cese del anterior
Secretario de Estado para la Administración. Y como las respuestas
--repito-- del señor Ministro no son reales ni nos convencen y, además,
han sido ambiguas --alguien las ha calificado de inteligencia gallega--,
tenemos que deducirlas. Y si nos atenemos a lo que trascendió en la
prensa (tengo aquí los recortes de prensa por nadie desmentidos), el
Ministerio justificó el cese en la intención del Ministro Saavedra de dar
un impulso a la reforma de la Administración.

Resulta llamativo, señor Ministro, que, tras doce años de Gobierno
socialista, se hable de dar impulso a algo que se resaltó en 1982 como
uno de los objetivos básicos del programa socialista: que España
funcionara. Usted engancha en ese nuevo impulso la explicación del cese
del señor Zambrana, que efectivamente no lo entendemos como reprobación
ni tampoco como sanción administrativa --conocemos las calidades en todos
los sentidos y órdenes, del señor Zambrana, por otra parte, nuestro noble
adversario político--, pero tampoco las puede considerar un premio o, por
lo menos, no nos tiene que hacer creer que ha sido un premio.

Señor Ministro, desde todos los ámbitos, incluido el Gobierno y el propio
señor González, se reconoce el fracaso en el objetivo de reforma y
modernización administrativa y se reconoce también que ésta sigue siendo
la gran asignatura pendiente desde hace trece años. El señor Zambrana no
puede ser utilizado como chivo expiatorio de este gran fracaso. En todo
caso, si hubiera que sustituir a alguien para renovar el impulso, a quien
habría que sustituir era al señor Presidente del Gobierno que es, en
definitiva, a quien corresponde la responsabilidad de dirigir la
Administración según la Constitución.

Hechos estos apuntes, pasamos a la Administración del Estado. Le he oído
y me he quedado perplejo, señor Ministro. Ha utilizado palabras que ya
nos suenan a música celestial: dinamización e impulso, búsqueda de la
excelencia y otra serie de cosas hermosas para verlas escritas, pero que
efectivamente tienen que traducirse en temas claros y concretos.

Al margen de los temas a los que ya hemos dado una pequeña respuesta,
esta comparecencia en tema de administraciones públicas repite, incluso
con parrafadas semejantes, lo que se produjo hace un año, al inicio de la
presente legislatura, con el mismo objetivo de informar sobre las líneas
generales de la política del Departamento.

Señor Ministro, si algo necesita la Administración pública es huir de
generalidades, de promesas vagas, de ampulosos y repetidos planes de
modernización; si algo necesita la Administración pública son medidas
claras y concretas, que se plasmen efectivamente en leyes y en
actuaciones puntuales. Como esto no ha sido así, como su gestión durante
este año no ha pasado del estado gaseoso, no cabe otro pronunciamiento,
de entrada, que subrayar el fracaso de las previsiones, puestas de
manifiesto por usted, señor Ministro, ante esta Cámara el 29 de
septiembre de 1993, muchas de las cuales, repito, las ha vuelto a
exponer, digamos que primorosamente maquilladas, pero con el mismo grado
de credibilidad, porque aunque la mona se vista de seda, señor Ministro,
mona se queda.

El fracaso de aquellas previsiones se ha debido a que sencillamente no se
han llevado a cabo, a que no se han hecho en el sentido adecuado o a que
no se ha avanzado con el suficiente ritmo. Como en numerosas ocasiones
hemos tenido la oportunidad de diagnosticar la acción política del
Gobierno en el ámbito de la Administración, vuelvo a repetir una palabra
clave: ha sido inercial. Se limita a acompasar su quehacer a la evolución
de los acontecimientos y a las exigencias mínimas que los ciudadanos
demandan. Cabe decir que se conforma con no ir contra corriente. Sólo
faltaría que, en los tiempos de la informática y la telemática, el
Gobierno socialista mantuviera los procedimientos y métodos de trabajo
basados en la manualidad.

Ocurre, sin embargo, que en España partimos --y lo sabe usted muy bien--
de un déficit en la organización administrativa y en la prestación de
servicios a los ciudadanos con criterios de eficacia y eficiencia que, a
los trece años de Gobierno socialista, no han sido capaces de superar,
más allá de las mejoras, consecuencia lógica, repito, de los avances de
la tecnología. Si en términos generales, la labor del Gobierno, surgido
de las elecciones de junio de 1993, ha sido de absoluto fracaso, a esa
valoración no escapa la específica orientada al logro de una organización
y adaptación administrativa capaz de dar satisfacción a los ciudadanos en
la prestación de servicios, a cuya financiación contribuyen con los
impuestos.

Poco después de su comparecencia de septiembre de 1993, volvió
--efectivamente, volvió también en el Pleno del Congreso aquí-- a
comparecer el 25 de abril de 1994 para presentar, a bombo y platillo, la
segunda fase del plan de modernización y el balance del primero. En
aquella sesión quedó palmariamente expuesta la posición del Grupo
Parlamentario Popular. Consideramos la segunda fase como una operación de
simple maquillaje --repito otra vez la palabra-- hecha por el Gobierno
para enmascarar su fracaso en el propósito de modernización y ejecución.

También podemos decir que el plan en la segunda fase, ni su origen, ni su
proceso de elaboración y ejecución, ni los mecanismos de control y
evaluación, merecen para nosotros la menor fiabilidad. Como muestra, para
no reincidir sobre aspectos ya debatidos hasta la saciedad --y me remito
a los que se recogen en los «Diarios de Sesiones» de aquellas fechas que
hemos citado, basta un botón: en la segunda fase del plan se asegura como
línea de actuación estratégica la de ahorro y contención del gasto
corriente.




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Pues bien, pese a los objetivos propuestos, si analizamos los datos que
aparecen en la presentación de los Presupuestos Generales del Estado para
1995, aquella línea de actuación estratégica del segundo plan no se ve
por ninguna parte, salvo recortes testimoniales de algunos centros
directivos, que no significan prácticamente nada. Sobre este punto hay
una comparecencia pendiente que hemos aplazado. En ella debatiremos sus
datos, los nuestros, sus opiniones, las nuestras, sus proyectos, los
nuestros y lo que recogen los Presupuestos Generales del Estado.

Quisiera detenerme en todo caso, señor Presidente, señor Ministro,
señorías, en una de las líneas generales de su informe, la organización
administrativa. No descubro más que lo obvio si digo que ésta es, de
nuevo, una asignatura pendiente, un tema al que los gobiernos socialistas
no han dado respuesta. ¿Por qué? Desde la Ley 10/1983, en su disposición
adicional quinta, este Gobierno no ha cumplido con una obligación
fundamental, porque obligó al Gobierno a elaborar un proyecto en el plazo
de seis meses para enmarcar la actuación del Gobierno de la nación con
sujeción a la ley y al Derecho, y desde entonces ha llovido lo suyo. Los
gobiernos de don Felipe González, una vez más, incumplen un mandato de la
ley, auspiciado por él mismo. Con ser eso grave, no lo es menos el
incumplimiento del mandado de los artículos 98 y 103 de la Constitución,
que expresamente cita la disposición adicional quinta de la citada Ley.

Tal era la magnitud del incumplimiento, la necesidad de la ley y
--digámoslo en términos literarios-- la burla a esta Cámara que
encerraban las reiteradas promesas de los sucesivos ministros, que el
Grupo Parlamentario Popular asumió la responsabilidad de presentar la
proposición de ley del Gobierno y de la Administración del Estado, cuyo
debate sobre la toma en consideración celebraremos dentro de pocas
semanas en esta Cámara.

Me imagino ya, por lo que le he oído, cuál va a ser la respuesta del
Gobierno y del Grupo Parlamentario Socialista. Nos van a decir que la
rechazan porque en breves fechas --ha dicho usted antes de que termine el
período de sesiones-- enviarán a esta Cámara su propio proyecto, que hará
palidecer de envidia al nuestro.

Sobre las reiteradas promesas incumplidas, ha dado la callada por
respuesta. Usted mismo, señor Ministro, ha colaborado al nutrido
inventario de estas promesas fallidas, porque el 15 de septiembre de 1993
prometió ante el Pleno del Congreso que, antes de terminar aquel año,
1993, tendríamos el texto en el Congreso. Un año de demora exigiría por
su parte en este trámite haber dado una explicación y una disculpa.

Unicamente nos ha dicho que tienen un hermoso texto, del que nos ha
señalado las líneas maestras. Yo no voy a entrar, ni mucho menos, a
debatir sobre las líneas maestras que usted nos ha expuesto esta tarde
porque necesito tener el texto para saber que, esta vez sí han cumplido
su promesa; si no, sería trabajar en balde. Me da la sensación de que sus
derroteros no van por esta línea. A lo mejor, después de trece años, por
fin sí cumplen la promesa. Al contrario, antes de cumplir la promesa, su
reacción ante la proposición de ley del Grupo Popular, en contra de la
favorable acogida que le dispensaron todos los medios de comunicación;
los funcionarios, los sindicatos, etcétera, fue la descalificación
radical. Recogíamos entonces las siguientes perlas, señor Ministro:
Propuesta tercermundista e insensata; un acto demagógico carente de
contenido; revanchismo del Partido Popular si llega al poder. Perlas de
fina dialéctica, que dan una idea exacta de la predisposición al diálogo
de los responsables del Gobierno socialista cuando las iniciativas no
parten de ellos. Usted mismo, señor Ministro, salió a la palestra
atacando nuestra proposición con un artículo, indigno de su nivel
científico, que se titulaba: «Cangrejo o camelo de ley». ¿Quién le
escribió semejante crustáceo, señor Ministro? (Risas.)
La línea argumental de oposición a nuestra iniciativa era la misma que la
utilizada por el señor Secretario de Estado, a quien usted cesó a los
cinco minutos de presentar nosotros la proposición de ley. Su artículo
centraba toda su oposición en el cálculo que sus responsables hicieron
del ahorro que la ley iba a suponer en altos cargos y puestos directivos.

Está claro que ése no era el propósito de la proposición, sino una
consecuencia derivada de los criterios de profesionalización, austeridad,
disciplina presupuestaria, supresión de duplicidades administrativas,
erradicación de la discrecionalidad, sometimiento de los actos del
Ejecutivo a los tribunales, etcétera. Por cierto, señor Ministro, alguna
de nuestras propuestas --que hoy he visto reflejadas en los puntos
capitales en que se apoya el prometido proyecto de ley por usted-- como,
por ejemplo, la profesionalización máxima en la Administración pública,
han sido asumidas por ustedes y utilizadas como herramienta negociadora
en el acuerdo con los sindicatos, y han presentado la idea como original
suya. Bienvenidos a las buenas tesis, señor Ministro, aunque no paguen
derechos de autor. Estuve tentado de contestarle, señor Ministro, pero no
lo hice para no desviar la atención hacia el fondo de nuestra
proposición, que había sido, repito, muy bien acogida. De ahí, sin duda,
el monumental enfado de ustedes y, a lo mejor, la derivación de
determinados ceses; no lo sé. Como no lo sé, simplemente pienso en alto.

Señor Ministro, de todo lo que existe en la actualidad (porque yo no
puedo, ni muchísimo menos, valorar cómo quedará la Administración cuando
ustedes envíen a esta Cámara esos proyectos de ley y empiecen a
cumplirlas), de lo que se puede hablar es de tela de araña, y los
planteamientos de nuestra iniciativa trataban de limpiarla, de
eliminarla. Nuestra proposición, mejorable sin duda --me gustaría que se
tomara en consideración y que todos los grupos colaborasen en
mejorarla--, mira hacia adelante, es realista y responde a las demandas
de los ciudadanos, cansados de tanto despilfarro inútil y de que la
Administración de los gobiernos socialistas se haya convertido en el
mejor caldo de cultivo de la corrupción. Se impone terminar, repito, con
una tela de araña tejida por los sucesivos gobiernos del PSOE en la
Administración, con la recuperación de los criterios de eficacia y
eficiencia, imparcialidad, igualdad de oportunidades, sometimiento pleno
a la ley y al Derecho, transparencia y erradicación de la arbitrariedad.

Ha quedado demostrado que su tela de araña, la tela de araña tejida por
el Gobierno socialista, no ha servido ni para cazar las enormes moscas de
la corrupción.




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Otra línea de las señaladas por usted se refiere a la Función Pública. Yo
creo que no está usted acertado al enganchar las propuestas de actuación,
las líneas generales de su nueva política que nos ha expuesto esta tarde,
en el acuerdo con los sindicatos, sin que eso quiera decir que, por
supuesto, nosotros valoramos en todo lo que tiene la negociación y la
capacidad de diálogo con los sindicatos y que valoramos la parte
positiva, muy poca, que los acuerdos contienen. Pero lo que no entendemos
es que se ofrezca a la negociación las bases para un futuro estatuto de
la Función Pública. ¿Las bases? ¿Todavía estamos en ese estadío? Cuando
llevamos desde la Constitución, y después, solicitando el estatuto de la
Función Pública, que, cada vez, determinados problemas de la misma, como
el sistema retributivo, la carrera administrativa, los planes de empleo,
las ofertas públicas de empleo, etcétera, pero sobre todo, más que todo
eso, el lograr unos servidores que estén en la Administración, unos
trabajadores de la Función Pública, empleados de la Función Pública,
funcionarios (alguien ha hecho de la semántica una bandera, nos da igual;
todos sabemos a los que nos referimos y a todos queremos integrar en el
estatuto), cuando todas esas personas están necesitando de esta
herramienta, ustedes se caen del machito y dicen: Ahora, sí; mandaremos
el estatuto de la Función Pública. Pero ¿cuándo? Se emplazan también y
dicen: Enviaremos el estatuto de la Función Pública después de que las
negociaciones lo permitan, me parece que en el segundo trimestre de 1995.

He perdido la fecha, pero me parece que por ahí va la fecha. No sé dónde
la tengo apuntada, pero usted me lo dirá ahora en el turno de réplica. En
todo caso, no tendremos estatuto en el próximo período de sesiones. (Un
señor Diputado pronuncia palabras que no se perciben.) No, no, si no lo
ha dicho el Ministro, lo dice el acuerdo (Risas), lo dice el acuerdo con
los sindicatos. En el acuerdo con los sindicatos, éstos le sacaron al
Gobierno la necesidad del estatuto, le demostraron que era absolutamente
necesario para regular determinadas cuestiones que, a través de leyes de
acompañamiento y otros parches, iba haciendo el Gobierno, y éste ha
dicho: De acuerdo, sentémonos a negociar las bases en que se apoya el
estatuto y dénnos ustedes de plazo hasta el segundo semestre del año 95
para poder presentarlo. Me parece que ésa es la fecha, pero, repito, se
me ha ido con tantas cosas. No la preciso, pero usted me la dirá después.

En definitiva, el reciente acuerdo Gobierno-sindicatos nos merece el
respeto y la consideración de todo acuerdo alcanzado en el ámbito de la
negociación colectiva, pero ello no obsta para que nos preocupen tres
cuestiones; y ya voy terminando, señor Presidente. En primer lugar, la
larga experiencia en incumplimientos de los gobiernos del señor González
en esta materia. Ahí están los acuerdos de abril de 1990 y de noviembre
de 1991, que el Gobierno convirtió en papel mojado a las primeras de
cambio. Por ejemplo, ¿cómo se recuperará el poder adquisitivo perdido en
1993 y 1994? Esta mañana le preguntaba al nuevo señor Secretario de
Estado cómo iban a cumplir ustedes esta parte del acuerdo, porque en el
acuerdo, en primer lugar, se reconoce que ha habido pérdida de poder
adquisitivo en 1993 y 1994; se reconoce que esta pérdida de poder
adquisitivo asciende a siete puntos, 3,5 del 93 y 3,5 del 94. Lo que no
se dice es cómo se pagará esta enorme cantidad, si las circunstancias son
favorables, si se cumplen todos los acuerdos o todos los requisitos que
para el pago de la recuperación del poder adquisitivo figuran en el
acuerdo. En segundo lugar, el contenido en materia de retribuciones puede
entrar en contradicción con el mandato de la Ley 7/1990; también lo
apuntábamos esta mañana, y no se nos dio respuesta. ¿Es posible que en un
acuerdo con los sindicatos puedan ustedes comprometer partidas
presupuestarias de los años 1996 y 1997? Porque están comprometidas, si
se cumplen las condiciones. ¿Y eso no es una causa de nulidad de ese
punto del acuerdo? Se lo pregunto a usted, porque el señor Secretario de
Estado no nos dio respuesta. En tercer lugar, el acuerdo contiene
previsiones sobre posibles incrementos retributivos de muy difícil
concreción.

No es esto, ni muchísimo menos, lo que yo quería señalar. Lo que sí
necesito señalar de esta línea de estrategia sobre reforma de la Función
Pública, a la que usted se ha referido en su intervención, es la
necesidad de un estatuto que, repito, venimos reclamando desde hace
muchos años. Le voy a decir una cosa, señor Ministro, como hice esta
mañana, si ustedes lo envían pronto, a lo mejor se lo encuentran ustedes
aquí como la anterior proposición de ley, tendrá usted que escribir un
artículo contra él, como lo escribió contra la otra proposición de ley; y
a lo mejor cesar a otro, no lo sé.

Señor Ministro, ha prometido usted varios proyectos de ley y dos acuerdos
de Consejo de Ministros. Créame que no tendré más remedio --y es un
trabajo y una labor fatigosa de oposición el controlar el incumplimiento
de sus promesas-- que llamarle aquí para que me explique por qué no se
han cumplido los acuerdos o por qué no se han enviado los cuatro
proyectos de ley que usted nos ha prometido esta mañana. Porque a todo
eso se ha reducido sencillamente su intervención, a unas promesas de
envío de proyectos legislativos y poco más, que no creo que hubiera
justificado una comparecencia que se titula nada más y nada menos que
informar sobre las líneas generales de actuación del Gobierno en materia
de Admistraciones Públicas.




El señor PRESIDENTE: Por Convergència i Unió, tiene la palabra el señor
Carrera y Comes.




El señor CARRERA I COMES: Quiero agradecer también la comparecencia del
señor Ministro para estos tres temas agrupados: líneas generales de la
política de su Departamento, cese de don Justo Zambrana, y Estatutos de
Autonomía de Ceuta y Melilla.

El señor Ministro, en el inicio de su exposición, ha hecho referencia a
una serie de comentarios sobre compromisos tomados con anterioridad y,
sobre todo (esto es lo que nos interesaba a todos), objetivos de un
futuro inmediato.

Asimismo (era imposible salvar esta cuestión), ha hablado del propio
debate en el Senado. En este último punto no tengo nada que añadir por mi
parte. Lo que se tenía que



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decir ya se dijo. Los portavoces, los Presidentes de las comunidades
autónomas y los representantes y responsables de los grupos políticos ya
manifestaron cuál era su opinión. La mía en concreto --y sería una
aportación más-- es que, sin duda, fue un debate positivo.

Ha hablado usted de culminar traspasos; de cooperación; de la
participación de las comunidades autónomas en los organismos de la
Comunidad Europea a través del ARE; y de la propia financiación de las
comunidades autónomas. Entiendo que todo ello son compromisos
contemplados en las resoluciones del debate antes mencionado del Senado.

Si esto ya está asumido, yo pediría que se cumplieran las resoluciones
que en su momento se tomaron. Ha avanzado también la reorganización
administrativa general del Estado, yo entraré con un poco más en
profundidad en la periférica, en la reforma del Senado y en el pacto
local.

Ha hablado de estructuras más simples y apropiadas; de un proyecto de ley
de organización y funcionamiento y de un marco legal sobre
incompatibilidades, que sin duda deberemos esperar que se presenten para
poder valorar cuál es su contenido. Ahora no sería el momento. Al
referirse a la administración periférica, se ha referido al Delegado del
Gobierno como máximo responsable del propio Gobierno, que sea una única
referencia, un único interlocutor. Como S. S. se puede imaginar, le voy a
formular las preguntas clásicas que venimos haciendo en estos momentos
todos los grupos de la Cámara.

Estoy de acuerdo en que el Delegado del Gobierno sea realmente la figura
única de la administración periférica; creo que es un acierto. ¿Esto
quiere decir que desaparecen los Gobernadores Civiles? ¿Sí o no?
¿Desaparecen los Gobiernos Civiles? ¿Sí o no? ¿Se les va a mandar, en el
buen sentido, a casa para que cojan unas vacaciones largas, o se les va a
mantener en sus cargos, con otro nombre, con otras funciones, no sé si
asesores del Delegado del Gobierno; no sé si ejecutores de las
instrucciones y de la normativa, o de las facultades que tenga el propio
Delegado del Gobierno? Serían éstas las preguntas: ¿Sí o no a los
Gobernadores Civiles? ¿Sí o no a los Gobiernos Civiles? ¿Cuál va a ser su
función y su dependencia, si es que acaban desapareciendo?
El señor Ministro ha hecho referencia a que quedaba una gran asignatura
pendiente cuando se refería a la modernización y a la estructura de la
Administración del Estado. Yo diría que queda otra asignatura pendiente
mayor, que es la financiación de los entes locales. Continúa en pie
porque de siempre y ojalá llegue un momento en que dejemos de plantearlo
porque se haya alcanzado ya la solución definitiva.

El último acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias
tampoco satisface. Quiero dejar constancia de ello, aunque no voy a
entrar ahora en si se necesita un porcentaje más alto o más bajo de la
propia participación de los municipios en los ingresos del Estado. Por lo
menos, que quede constancia de que queda sin resolver este problema y
que, sin duda, esto conlleva grandes y graves problemas a todos los entes
locales en este caso, sea cual sea su propio tamaño.

Como decía antes, hay otra cuestión a nuestro entender sumamente
importante, a la cual usted ha hecho una mención muy rápida, que es la
del pacto local, de la que quisiera hacer algún comentario adicional.

Primero, el nuevo documento marco que se ha difundido, que es el que en
estos momentos sirve de base para su elaboración, que nos ha llegado a
través de los propios medios de comunicación y que entendemos que
significa la posición del propio Ministerio al respecto, implica una
importante restricción del alcance del pacto, toda vez que han
desaparecido las referencias de cinco de los casi seis paquetes que
inicialmente estaban referenciados cuando se hablaba de este pacto local.

En efecto, señor Ministro, han desaparecido las referencias que figuraban
en un primer documento a las cuestiones institucionales, a los problemas
específicos de las grandes ciudades, al mapa municipal, al reforzamiento
de la autonomía local, y a la modernización de la Administración.

Segundo, la parte primera del documento marco, llamada de consideraciones
generales, establece con una claridad absoluta, y es cierto, la
titularidad autonómica de la práctica totalidad de las competencias
susceptibles de reasignación. Este hecho no se considera un obstáculo
para el pacto. Precisamente porque se trata de competencias de las cuales
no puede disponer el Estado central, es necesario un pacto con las
fuerzas políticas para que las mismas, en sus parlamentos autonómicos,
impulsen las reformas legislativas que posibiliten la reestructuración de
estas competencias que se hayan pactado. Por tanto, nada que objetar en
esta consideración general que se contempla al principio.

Dejando de lado las críticas que se podrían hacer al Ministerio por un
posible «menosprecio» --si quiere entre comillas-- institucional, ya que
el Gobierno central ha iniciado las negociaciones con los entes locales y
las fuerzas políticas en materia de competencia autonómica sin contar
previamente con los Gobiernos autonómicos, yo diría que las críticas en
primera instancia, aparte de éstas, deberían centrarse, de entrada, en
aquello a lo que he hecho mención y que no aparece en estos momentos en
el nuevo planteamiento del pacto, es decir, aquello que más directamente
implicaba las competencias estatales. Remarco: el marco institucional; el
reforzamiento de la autonomía municipal; los problemas globales del mapa
municipal; la modernización; y, por supuesto --algo que en el primer
documento ni tan siquiera se hacía referencia--, las finanzas locales.

Aparte de todas estas consideraciones en un tema que considero importante
como es el pacto local, a nuestro entender el problema más grave puede
ser, no éstos que le he manifestado al señor Ministro, sino otro, cual es
la oportunidad de abrir en este momento un amplio debate sobre qué
competencias tienen las comunidades autónomas, o cuáles son las que
deberían transferir a los entes locales, y hacerlo --¡atención, señor
Ministro!-- desde una perspectiva uniformista.

En estos tipos de debate --usted sabe que forzosamente despertarán
expectativas, muchas de las cuales deberán quedar defraudadas a la
fuerza-- no tienen mucho que



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perder las fuerzas políticas que consideran como ámbito prioritario para
su actuación las instituciones centrales del Estado, que, en principio,
no han de ver disminuido su elemento competencial como resultado del
pacto, pero, por el contrario, las fuerzas políticas que conciben las
instituciones autonómicas como elementos claves para sus propias
comunidades pueden encontrarse en una disyuntiva tremenda, que es ir más
lejos de lo que ellas mismas hubieran intentado en un principio (es
decir, la transferencia de competencias a los propios entes locales), o
bien aparecer ante la opinión pública como insolidarios y centralistas si
con su actitud intentan bloquear lo que podría ser el pacto local.

Señor Ministro, acabaré diciendo que no es nada fácil, que éste es un
tema que nosotros consideramos difícil, que requiere contactos y pasos
muy cuidadosos, ya que, además, el planteamiento actual, el que ahora nos
ocupa, el que vamos conociendo, responde, sin duda, a unas convicciones
uniformistas, como le he dicho antes, muy similares a las que llevaron en
su día a la aprobación de la LOAPA.

En definitiva, creemos, y con esto termino, que debería actuarse con sumo
cuidado y nos parece, señor Ministro, que podría ser interesante, por no
decir imprescindible, la creación de una mesa tripartita, a saber:
Gobierno central, comunidades autónomas y los propios municipios.

Nada más por mi parte.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor
Gatzagaetxebarría.




El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Señor Ministro para las
Administraciones Públicas, quiero agradecerle la exposición que ha
realizado plasmándonos las líneas generales de la política en materia de
administraciones públicas y desarrollo del Estado autonómico, que ha
perfilado para los próximos meses.

Nuestro Grupo Parlamentario, con carácter general y previo, quería
manifestarle que ofrecemos nuestra colaboración a su Ministerio, al
Gobierno, y le instamos a que exista una interlocución, una mayor
relación entre el Ministerio que usted dirige y los grupos
parlamentarios. Nos parece que la comparecencia cada cierto tiempo en
esta Cámara y las relaciones que usted pueda tener con los diferentes
grupos políticos puede ser un instrumento, una técnica idónea, y nosotros
queremos resaltar la existencia de un buen grado de comunicación y
queremos que se continúe en esa línea. Entendemos que usted sí que ha
mantenido una postura de apertura hacia los grupos parlamentarios --hacia
el nuestro, tenemos constancia de ello-- y, por ello, le insistiríamos en
que fuera receptivo, que mantenga una política de apertura puesto que en
esto usted se ha caracterizado respecto a algún otro compañero de partido
que le ha precedido en el desempeño del cargo.

Quería referirme, señor Presidente, a una serie de cuestiones que se han
analizado por el señor Ministro para las Administraciones Públicas. En
primer lugar, decía usted que se está impulsando o cumplimentando el
pacto autonómico. Estamos de acuerdo. Efectivamente, faltan algunas
transferencias todavía que plasmar y que dilucidar a las comunidades del
143. Creemos que es importante resaltar en política los lados positivos
puesto que, en definitiva, es reflejo de que por lo menos el diálogo
llega a un acuerdo. Creo que el representante del Grupo Popular, señor
Rajoy, también ha avanzado en esa línea de que, efectivamente, se tienen
que mantener planteamientos posibilistas para llegar a acuerdos como los
que ustedes han alcanzado con el Grupo Popular en cuanto al Estatuto de
Ceuta y Melilla.

Nosotros destacaríamos el avance que se ha producido. Quisiéramos que se
hubiera producido mayor, pero la política es el arte de lo posible. En el
caso del Estatuto de Autonomía del País Vasco se han transferido una
serie de servicios, cinco transferencias, hace unos meses. Ha anunciado
usted que se van a materializar otras dos. Nos parecen cosas positivas.

Usted ha mantenido una posición política de receptividad. Ha dicho que el
acuerdo con el Parlamento Vasco, donde había 54 transferencias, era
asumible y yo creo que hay que actuar progresiva o gradualmente y con
sensibilidad autonómica para que eso se materialice. De alguna manera, el
Partido Socialista en el País Vasco también lo tiene asumido y ahí está
la clave del éxito: que se vaya dando contenido al Estatuto de Autonomía
del País Vasco, materializando ese número importante de transferencias
que todavía están pendientes.

Hay una cuestión muy relevante, que es cómo se involucra, cómo se
integran, las nacionalidades históricas que tienen un sentimiento de
diferencia de marcado carácter político respecto a otras comunidades
autónomas en el conjunto del Estado. Ese es un tema político de
envergadura. Quien está en la responsabilidad tiene que tener gran
habilidad y sensibilidad política, puesto que si se tiene una visión muy
corta del tema, evidentemente va a haber conflictividad. Es justo
reconocer que con usted se ha dado un gran avance en la materia y desde
nuestro Grupo Parlamentario se lo queremos reconocer. Evidentemente, nos
hubiera gustado más. Se ha hecho lo que se ha podido y esperemos que en
esta legislatura, juntamente con la constitución del siguiente ejecutivo
autonómico vasco, se avance en esa línea.

Yo le planteo una serie de cuestiones que son importantes en el Estado y
que todavía están gestionadas --porque son asuntos de mera gestión-- por
parte de los poderes centrales del Estado. Yo sé que usted es sensible a
estas cuestiones y me voy a ceñir a unos ejemplos. En este momento,
grandes servicios públicos como la sanidad, la educación, cada vez
progresivamente más la justicia, están siendo gestionados por las
comunidades autónomas --lo van a hacer en la justicia y medios
materiales, luego en medios personales--. Hay determinadas cuestiones que
siguen centralizadas y son de mera cuestión, como puede ser la gestión
del dominio público maritimoterrestre, todo el tema de las playas, de las
costas. Ahí la legislación puede corresponder al Estado, y de hecho le
corresponde, pero nosotros le planteamos que adopte los acuerdos
políticos para que se aprueben las modificaciones legislativas oportunas
para que la gestión del dominio público maritimoterrestre, al igual que
ocurre con el dominio público hidráulico, pueda ser llevada a cabo por
las comunidades



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autónomas. No tiene sentido que si el dominio público hidráulico puede
ser gestionado por todas las comunidades autónomas, ninguna pueda
gestionar el dominio público maritimoterrestre cuando conceptualmente nos
encontramos ante la misma situación: una realidad física que es de
dominio público estatal, pero cuya gestión es reconocida ya en el caso de
los recursos hídricos en las comunidades autónomas y no lo es en el del
dominio público costero.

Lo mismo le podría decir en cuanto a la participación de las comunidades
autónomas en las empresas públicas. ¿Qué política de participación de las
comunidades autónomas tiene prevista el Gobierno? Ha anunciado el señor
Serra en una reciente intervención parlamentaria que es voluntad del
Gobierno que las comunidades autónomas puedan participar en los órganos
de gobierno de las empresas públicas o, por lo menos, en alguna de ellas,
en función de su ubicación o de la política general que el Ministerio de
Industria tiene en el tema.

En definitiva, yo quería conocer la posición que tiene el Gobierno sobre
determinados servicios públicos de segundo orden, puesto que los de
primer orden ya han sido gestionados por las comunidades autónomas. Me
parece de lo más elemental que cuando se ha llegado a acuerdos, tales
como que puedan ser gestionadas políticas del Estado de bienestar como la
sanidad, con su enorme complicidad y gasto público por comunidades
autónomas determinadas, otras cuestiones como las que he mencionado sigan
todavía en manos de los poderes centrales del Estado y sin posibilidad de
solución.

Hacía referencia también usted a la participación de las comunidades
autónomas en la Unión Europea. Yo le pediría que, si tiene a bien, nos
explicitara esa propuesta que ha presentado a las comunidades autónomas
porque yo en este momento la desconozco. En esta cuestión el Grupo
Parlamentario Vasco tiene una discrepancia con el Gobierno central y es
que hay una falta de entendimiento de cierto grado en temas relativos a
la construcción europea y europeos.

El acuerdo político al que se llegó en el Ministerio para las
Administraciones Públicas, a la sazón el señor Almunia, en 1990, para
constituir una comisión bilateral entre el Gobierno central y la
Comunidad Autónoma vasca todavía hoy no se ha constituido. No se ha
formalizado la creación de este foro de relación bilateral. Nosotros
creemos que es fundamental puesto que existen, a nuestro juicio,
determinadas materias en las que tiene sentido la bilateralidad. Hay que
conjugar la multilateralidad con la bilateralidad. La bilateralidad tiene
sentido en determinadas materias muy específicas y de competencia propia
para el País Vasco, como puede ser el tema de la policía, carreteras, la
lengua, la fiscalidad y el concierto económico, los medios de
comunicación, programas de desarrollo rural y pesquero y toda la cuestión
relativa a la coofinanciación, puesto que, en definitiva, tenemos un
modelo propio de financiación en cuanto a los diferentes programas en que
interviene la Unión Europea y las instituciones del Estado que, en
nuestro caso, no interviene el Gobierno central, sino las instituciones
autonómicas.

Quiero recordarle, señor Ministro, que el pasado 20 de abril, en el
Pleno, se aprobó una propuesta de resolución en el debate de política
general sobre el Estado de la nación en la que se instaba al Gobierno a
constituir la comisión bilateral Gobierno central-Comunidad Autónoma del
País Vasco, y, a nuestro juicio, esa resolución parlamentaria no se ha
cumplido. En ese sentido, vemos deficiencias, carencias, aspectos
negativos en cuanto a la participación del Gobierno central y el Gobierno
de la Comunidad Autónoma del País Vasco a la hora de resolver, de dar
solución adecuada a temas europeos que, como le indicaba anteriormente,
son específicos y tienen una idiosincrasia y un hecho diferencial
respecto al resto de las comunidades autónomas y respecto a los cuales
defendemos la bilateralidad, aceptando la multilateralidad en otros
casos.

Quería referirme también al pacto local. ¿Queda englobado dentro del
pacto local el proyecto de ley de grandes ciudades? Los alcaldes de las
siete ciudades más pobladas de España han tenido la idea de ir por una
línea diferente quizás al pacto general, pero nosotros entendemos que el
proyecto de ley de grandes ciudades, al que creo que no ha hecho usted
referencia, debería quedar inserto en el contenido del pacto local.

El segundo gran bloque de materias al que usted se ha referido es la
política sobre Administración pública. Nuestro Grupo Parlamentario le
indica que nosotros valoramos positivamente en su día el plan de
modernización y lo seguimos haciendo. Sabemos que es una cuestión de
difícil puesta en práctica y que al final, si se ha logrado un cierto
grado de ejecución, de puesta en práctica, es positivo. En política es
importante no destacar sólo lo negativo, sino también lo positivo, puesto
que, como toda faceta humana, todos los planteamientos o programas
políticos que tengamos cuesta llevarlos a la práctica. En definitiva,
creo que ha habido proyectos interesantes, proyectos que se llevaron a la
práctica y otros que no se pudieron poner en práctica, pero a nosotros
nos pareció interesante y un modelo a seguir por parte de otras
administraciones públicas; en definitiva, ustedes fueron pioneros en la
reforma y en la simplificación de la Administración central y eso podía
servir --ya lo dije en su día-- de ejemplo para otras administraciones
españolas.

Con relación a la política de recursos humanos, yo le diría que la
aprobación en la ley de acompañamiento de los presupuestos de la figura
de los planes de empleo, nos pareció acertada puesto que, además, se daba
un ámbito de autonomía a las comunidades autónomas, a que pudieran
regular figuras semejantes, figuras análogas. En ese sentido, lamentamos,
y lo hicimos constar en el debate que hubo el año pasado sobre esta
cuestión, el que no se pudieran aplicar estas técnicas al ámbito de la
función pública docente, puesto que es el sector público donde es más
necesario utilizar figuras de reestructuración o de planes de empleo.

¿Por qué en la disposición adicional de la ley de acompañamiento se
establecía con carácter básico que no sería de aplicación al ámbito de la
función pública docente lo establecido con carácter general en dicha ley?
Creemos que queda una laguna importante en el ámbito de la Función
Pública al no poder utilizar estos planes de empleo en



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la función pública docente y que, de alguna manera, vacían de contenido
estos instrumentos que nosotros valoramos positivamente.

También quiero hacer referencia a la elaboración de una nueva legislación
en cuanto al personal de las administraciones públicas. Ya no tiene
sentido hablar de funcionario público, de laboral público, sino que se
debería ir a un modelo de servidor público, de empleado público,
desapareciendo los matices y elementos caracterizadores del laboral y del
funcionario. Por otra parte, habría que establecer un nivel de carácter
básico en unas nuevas bases, en un nuevo estatuto de la Función Pública
que permita un amplio nivel de autonomía para políticas de personal para
las administraciones públicas.

Este es el reto que tenemos. Evidentemmente, eso es difícil, pero yo le
pediría una cosa: que además de lo que ha anunciado sobre la negociación
y la audiencia a los sindicatos oyera también a los grupos
parlamentarios. Que las propuestas que ustedes tengan en materia de
Función Pública nos las den a conocer; queremos aportar ideas y
planteamientos, sugerencias sobre un nuevo estatuto de la Función
Pública, que permitan realizar políticas propias a las comunidades
autónomas.

Para terminar, señor Presidente, voy a hacer referencia a la
simplificación de la Administración central. Nosotros estamos de acuerdo
en que hay que proceder a una reforma, a una modernización. Coincido con
el señor Carrera en que usted no ha dicho si van a desaparecer los
gobernadores. Ha dicho que habrá un responsable provincial. Lo veremos
próximamente en el modelo de organización de Administración central que
presenten cuando se tramite en la Cámara el proyecto de ley de
organización de la Administración central. No obstante, quiero dejar
constancia de que nuestro Grupo Parlamentario es favorable a la supresión
de esta figura y al fortalecimiento del delegado del Gobierno.

Como segunda cuestión, yo le pediría que aclarara si el proyecto de ley
de organización de la Administración central va a reglamentar cuestiones
relativas al Gobierno. Una cosa es la organización de la Administración
central y, otra, la posición jurídica y administrativa que en el ámbito
de la Constitución corresponde al Gobierno como órgano de doble
naturaleza: administrativa y política. Quisiéramos saber si esta ley lo
va a normar, si no va a abordar esta cuestión y la va a dejar para otro
proyecto legislativo.

El proyecto del Grupo Popular se denomina de Gobierno y Administración,
pero tampoco toca el tema del Gobierno en cuanto a la posición y a la
naturaleza jurídica de éste como órgano político y de administración.

Queda ese tema, que a mi juicio es complejo de determinar, sin una
regulación concreta y clara al respecto. Por tanto, me gustaría saber si
el Gobierno va a abordar esta cuestión o la va a dejar para otro proyecto
legislativo.

Por último, señor Presidente, quiero hacer referencia a que a nuestro
Grupo le parece que la regulación sobre las incompatibilidades de los
altos cargos tiene que ir en otro contexto. Se trataría de delimitar,
mediante un acuerdo político, el estatuto del cargo público. Lo que no
podemos es determinar en este proyecto de ley un estatuto de
incompatibilidades, en este caso de los altos cargos de la Administración
central, mientras no queden determinadas otra serie de cuestiones, como
puede ser el estatuto que todo cargo público debe tener; no sólo el cargo
público del Gobierno, sino también el cargo parlamentario o el de otros
órganos constitucionales. Nosotros somos partidarios de que una
regulación de esta naturaleza pudiera posponerse a un debate que se
pudiera hacer en esta Comisión, o en la Comisión Constitucional, o donde
fuera, en el que pudiéramos intentar llegar a un consenso, a un acuerdo
político de los diferentes grupos parlamentarios sobre el estatuto del
cargo público, puesto que nos parece que esa cuestión no puede ser objeto
de andanza política, de arma política entre unos y otros partidos, sino
que tiene que ser una cuestión pacífica. Mientras eso no se produzca,
señor Ministro para las Administraciones Públicas, iremos parcheando,
iremos realizando una legislación aceptada por uno y rechazada por otro.

Creo que tiene que haber un consenso general --por lo menos intentar que
se consiga-- sobre el estatuto general del cargo público, no sólo del
Gobierno, sino también del parlamentario.

Nada más.




El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Socialista, el señor Marcet
tiene la palabra.




El señor MARCET I MORERA: Yo no solamente voy a intentar ser breve, sino
que voy a serlo.

Voy a partir, además de dar las gracias al señor Ministro por su
comparecencia y su explicación sobre los planes del Gobierno, de lo que
él iniciaba, del año de experiencia, de lo que debería ser un balance de
la actuación del Ministerio. Sin duda, mi opinión no encontrará demasiado
eco en el resto de grupos parlamentarios, pero es mi visión. Si nosotros
pusiéramos en un lado de la balanza lo que ha hecho el Ministerio, lo
positivo saldría ganando, estaría por encima del plato de las cosas que,
como toda obra humana, contuvieran algo negativo.

Siguiendo el hilo de la explicación que nos ha suministrado el señor
Ministro, quería hacer dos apuntes sobre el proyecto de ley orgánica de
Ceuta y Melilla, ya que ha sido uno de los objetos centrales de la
comparecencia por la petición de uno de los grupos parlamentarios de esta
Cámara. Voy a hacer, como decía, dos apuntes muy precisos. Algunos de los
intervinientes se han remontado al período preconstitucional, a la época
de las preautonomías; yo me remonto a algo mucho más cercano, al
compromiso de acuerdo entre los dos grupos parlamentarios mayoritarios y
que ostentan representación parlamentaria de estas dos ciudades en esta
Cámara. Un compromiso de acuerdo que viene de lejos. Creo recordar, si la
memoria no me falla, que empezaron las conversaciones, en serio, sobre
este asunto por el entonces responsable de política autonómica del
Partido Popular, señor Aznar, y el entonces Ministro de Administraciones
Públicas, señor Almunia, que han concluido después de algún tiempo y
algunos avatares --avatares de los que todos tenemos informaciones sobre
cómo se han ido produciendo-- y que han culminado, creo que



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felizmente, en unos proyectos de estatutos para las ciudades de Ceuta y
de Melilla.

Yo no voy a entrar en el debate del contenido, aunque sin duda cuestiones
tan importantes como el dialecto bereber pueden ser objeto de enmienda en
el tratamiento de estos dos estatutos que va a tener lugar en la Comisión
Constitucional, y no en esta Comisión de Administraciones Públicas, y en
el Pleno de la Cámara. Sí me gustaría hacer una referencia a un aspecto
concreto. La Constitución española fija solamente para los estatutos del
artículo 151 los órganos e instituciones que deben tener las comunidades
autónomas. Luego, por una cuestión mimética, por una cuestión
políticamente lógica, los otros estatutos de autonomía, los del artículo
143, fueron copiándolos, pero no siempre debemos ir copiando los órganos
e instituciones que la Constitución española no previó sino para
determinadas comunidades autónomas y que luego, en una quizá lógica
política, se extendieron de forma general para todas las comunidades
autónomas.

Quería hacer esta reflexión porque parece que en el trasfondo de algunas
de las polémicas sobre este proyecto de estatutos hay algún resquemor,
alguna sensación de que no se ha hecho suficientemente bien porque no se
les ha dotado de parlamento, de consejo de gobierno, de todos los
elementos que, de forma general, se han establecido para comunidades
autónomas con un territorio evidentemente mucho más amplio que las
ciudades de Ceuta y Melilla. Quiero decir que nuestro Grupo apoya el
camino emprendido de dotar a las dos ciudades del estatuto de autonomía
que por la vía más aconsejable, constitucional y políticamente, se ha
creído oportuno.

Del debate sobre las cuestiones autonómicas quiero resaltar, también muy
brevemente, dos o tres cuestiones. Creo que en las consideraciones que se
han hecho sobre la consolidación del proceso de traspasos, sobre la
lectura conjunta con aquellas comunidades del artículo 151, estamos
respetando el modelo constitucional del que nos hemos dotado y que da a
unas comunidades autónomas una singularidad, unas características
especiales, específicas, en razón de su historia y de unos hechos
diferenciales que existen y que no hay que contraponer a una visión
federalizante --que yo personalmente y mi grupo político compartimos-- de
construcción de este modelo constitucional, potenciando instrumentos de
cooperación, potenciando los instrumentos de financiación --por cierto,
el Libro Blanco es un compromiso del acuerdo a que dio lugar el año
pasado la Comisión de Política Fiscal y Financiera, un compromiso que se
va a cumplir, según nos ha anunciado el señor Ministro, en el próximo
enero--, que son elementos que van en este camino, aunque arrastramos
algunos déficit, por ejemplo, el de ir adecuando de forma más clara la
participación de las comunidades autónomas en la conformación de la
voluntad estatal en la construcción de la unidad europea; pero si se
sigue en la vía que apunta el señor Ministro me parece que este déficit
puede ir siendo superado.

Respecto a la simplificación y reordenación de la Administración del
Estado, me referiré a ella cuando entre de manera inmediata en el
capítulo de la Administración Pública. Asimismo quiero hacer un apunte
sobre la cuestión --también debatida-- del cese del anterior Secretario
de Estado, a quien desde mi Grupo Parlamentario quiero reconocer la labor
realizada durante los años que ha ejercido este cargo, habiéndolo
recuperado, además, como Diputado de nuestro Grupo. Me parece que se han
aducido las razones que desde el responsable del Departamento, el señor
Ministro, se podían aducir, razones de oportunidad política, de la
conveniencia de dar un nuevo impulso al área de responsabilidad
concernida. Un nuevo impulso y no después de trece años, porque llevamos
doce años gobernando, aunque pronto llevaremos quince (El señor Núñez
Pérez: ¡O dieciséis!), pero me parece que esta es una cuestión clara que
puede quedar zanjada desde este punto de vista.

Quiero también referirme al avance que nos ha expuesto el señor Ministro
sobre la simplificación, la concentración, sobre la modificación, al
final, de la Administración general del Estado que debe conformarse en la
ley de organización y funcionamiento de esta Administración general del
Estado. Yo creo que el avance va en el buen camino, hecho que no se da en
la proposición del Partido Popular que de forma tan ardorosa y tan
tempranamente nos ha defendido el señor Núñez, y digo tempranamente
porque tiempo habrá en el Pleno de debatirla. Creo que lo que nos ha
apuntado el señor Ministro va en el buen camino. Nosotros valoramos
positivamente esta concentración que ha apuntado en la figura del
delegado del Gobierno y, en virtud del artículo 154 de nuestra
Constitución, de estas funciones de la Administración general en la
periferia, en las comunidades autónomas, dicho de forma más clara. En
esta idea de ir a un único gestor o funcionario, no es cuestión de
nombre, animamos a buscar una alternativa, que la hay, a la denominación
actual, y de manera coordinada con el delegado del Gobierno. Valoramos
positivamente la simplificación de servicios centrales porque concuerda
con la adaptación a las demandas sociales a que hacía alusión el señor
Ministro cuando decía que también hay que reformar el aparato central de
la Administración general. Por tanto, señor Ministro, la música suena
bien y ahora sólo falta que la letra la veamos pronto, como usted se ha
comprometido en esta Cámara.

Para acabar, señor Presidente, quiero felicitarnos, en el terreno de la
política de la Fundación Pública, del acuerdo que se ha cerrado con las
centrales sindicales; acuerdo que, como nos recordaba el señor Núñez,
tiene una proyección más allá del puro acuerdo, y es el estatuto de la
Función Pública. Por cierto, yo no veo fecha en el acuerdo, aunque sí se
cita que a partir del 1 de octubre se elaborarán unas bases de proyecto
de acuerdo en unas conversaciones que se deben celebrar con las centrales
sindicales, y que en la segunda fase de la negociación, que se abrirá el
1 de octubre y se dice que durará previsiblemente hasta finales de
noviembre, se analizarán los siguientes temas, y el proceso culminará con
la elaboración, por parte de la Administración, de un proyecto de
estatuto de la Función Pública, una vez concluida la segunda fase de
negociación. No hay fecha, aunque sí conocemos que ha habido unas
declaraciones esta mañana del Secretario de Estado y tiempo



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tendremos la semana próxima, en la comparecencia del Secretario de
Estado, de hablar con mayor profundidad, sin duda, de estos temas.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Saavedra Acevedo):
Voy a comenzar respondiendo según el orden de intervención de los
distintos portavoces de los grupos parlamentarios y, por consiguiente, me
voy a referir en primer lugar a las intervenciones de los representantes
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.

Comenzaron planteando algunas consideraciones críticas más que respecto
al debate autonómico sobre la aplicación o desarrollo de la política
autonómica, señalando que se está plasmando la separación de las dos
velocidades. Me parece que así lo ha referido el señor Martínez Blasco.

No hay tales velocidades. Hay un pacto autonómico, de 1992, que dio paso
a una ley orgánica de ampliación competencial que supuso también una
reforma de los estatutos de las comunidades afectadas. Recordarán que
esas reformas estatutarias se concluyeron precisamente en el mes de marzo
del presente año en el Senado.

Cuando plantea temas de nuevos objetivos competenciales, y ha hecho
referencia al Insalud, el Gobierno como tal no tiene nada que objetar a
que las comunidades autónomas, que todavía no lo gestionan porque no han
asumido esa competencia en sus estatutos, procedan mediante el acuerdo
político correspondiente entre las fuerzas que le permitan apoyar en esta
Cámara la aprobación correspondiente de una iniciativa que proceda del
Parlamento autonómico, repito que no va a intervenir en un proceso que
arranca de los parlamentos autonómicos correspondientes. En estos
momentos estamos dando cumplimiento a esos acuerdos y a la modificación
de los estatutos. Insisto en que nada impide que, concluida la
legislatura presente, que fue el paso señalado para llevar a cabo los
acuerdos de 1992, las comunidades de ese grupo, denominado de la vía del
143, aborden nuevos objetivos competenciales siempre, eso sí, como ha
ocurrido hasta ahora, mediante un consenso amplio en el que participan
aquellos que quieran participar y que luego la iniciativa sea puesta en
marcha por el correspondiente parlamento autonómico.

En relación con las competencias exclusivas, a las que ha hecho
referencia igualmente en su intervención, no se ha planteado por parte de
ninguna comunidad autónoma de la vía del 151 la petición del ejercicio
del artículo 150.2, que permitiría un traspaso, una delegación de
competencias exclusivas, o consideradas exclusivas, en la lectura del
artículo 149 de la Constitución. Quiero recordar que el Presidente del
Gobierno, en su intervención en el debate sobre el estado de las
autonomías, hizo referencia, precisamente en respuesta al portavoz de su
grupo parlamentario, a que siempre que se usase este artículo 150.2 de la
Constitución vendría precedido de un proceso de información al resto de
las fuerzas políticas para que no existan temores o miedos acerca de un
uso inadecuado del artículo 150.2 en relación con competencias definidas
como exclusivas por la Constitución.

En relación con la financiación, el que yo mencione que el Libro Blanco
concluye en enero no es porque haya puesto la fecha la Administración; se
la han puesto los propios autores que están redactándola. Como saben,
además, esos expertos responden a nombres. Se constituyó la comisión
nombrando sus componentes según las sugerencias de los representantes de
las comunidades autónomas, junto con un nombre elegido por el Ministerio
de Economía y Hacienda. Son ellos los que hicieron un avance de los
estudios realizados en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera
que se celebró el pasado mes de septiembre, y en esa reunión dijeron que
tendrían concluido el estudio el próximo mes de enero. Ese Libro Blanco
creo que va a suponer sorpresa para más de uno --lo vengo diciendo--,
porque el sistema de financiación se presta a una utilización un tanto
demagógica por parte de algunas comunidades autónomas. Hoy se ha
producido una cantidad de flujos monetarios, especialmente a partir de la
ampliación de los fondos estructurales y del fondo de cohesión
comunitario, que, unidos a otros mecanismos de solidaridad, están
actuando en favor de las comunidades autónomas que a lo mejor no
reconocen plenamente la cantidad de dinero que están percibiendo por
habitante. Yo creo que ese Libro Blanco va a poner sobre la mesa esos
porcentajes, esas cifras, y más de uno de los argumentos que hemos venido
manejando en torno a la solidaridad o no solidaridad, suficiencia o no
suficiencia, se vendrán abajo, tendrán que cambiar de orientación, lo que
clarificará muchísimo, espero, el tema que a veces se presta a análisis
un tanto simplistas o reducidos.

En cuanto al problema de la financiación de las corporaciones locales,
supongo que no ignora que el 1 de agosto se firmó su plan de
financiación, para el quinquenio que incluye 1994, que supone una mejora
en las aportaciones del Estado a las corporaciones locales recogida ya en
los Presupuestos para 1995 que están en esta Cámara. El Comité ejecutivo
de la Federación Española de Municipios aprobó tal acuerdo, tal pacto de
financiación, y nada tenemos que añadir sino considerar que es un avance
respecto al sistema de liquidación de las diferencias entre los anticipos
y el porcentaje final correspondiente. Sobre todo se ha introducido un
mecanismo que da seguridad a efectos de financiación de las corporaciones
locales, por cuanto que cada año, como mínimo, hay una modificación
garantizada del fondo en función de la evolución del IPC. Es un mecanismo
nuevo incorporado al sistema de financiación de las corporaciones
locales.

En relación con la solicitud de explicación de los motivos del cese del
anterior Secretario de Estado y las referencias que se han hecho al
estilo gallego, yo diría que en mi comunidad autónoma hay algunos
discutiendo la identidad canaria y yo no entro ni salgo en este tema
(Risas.), pero, desde luego, estoy muy identificado con mi tierra. Por
supuesto que reconozco su influencia --porque también forma parte de
nuestra identidad-- de los gallegos, porque bastante han aportado y
tenemos algunos puntos en común. O sea, que no considero ninguna ofensa
sino que



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asumo con gusto la influencia de una comunidad autónoma también marítima
y con vocación pesquera y migrante como la gallega. De cualquier forma,
el estilo que recojo en la comparecencia sería también fruto de mi año de
estudios en Florencia y, por consiguiente, diría que es florentina la
redacción. Se la voy a repetir porque me parece que no hay duda al
respecto: El Gobierno ha juzgado conveniente contar con el impulso y el
trabajo de un nuevo equipo al frente de la Secretaría de Estado para la
Administración Pública. A esta razón elemental de oportunidad política
responde precisamente la sustitución del anterior titular. Las opciones
que usted se plantea son párrafos que anteceden, pero concluyen en esta
frase que le acabo de repetir. Sin embargo, luego, a lo largo de su
intervención casi estaba respondiendo a lo que me había preguntado. Esa
era su respuesta, pero no es la mía; la mía es la que he vuelto a
reiterar.

En relación con la Administración periférica pregunta --y con esto
también avanzo la respuesta a algunos portavoces, especialmente a
Convergència i Unión y al Partido Nacionalista Vasco-- si los órganos
directivos a nivel provincial son funcionarios o cargos políticos. El
tema está en discusión, pero en este extremo no soy florentino. Arriesgo
mi opinión personal en favor de que sean funcionarios; arriesgo mi
opinión personal, exclusivamente personal, y digo, en consecuencia, que
no sea un cargo político como tal.

Dice que la estructura flexible es un acierto pero no es un diseño. Yo
creo que el diseño lo va a conocer antes incluso que los proyectos de ley
a que he hecho referencia, porque en los dos acuerdos, que supongo que
esta mañana el Secretario de Estado de Administración Pública anticipó
que se llevarán a Consejo de Ministros el próximo mes, van a suponer una
reducción de gastos, de órganos y de efectivos, según lo que resulte
afectado por dichos acuerdos. A partir de ahí se podrá tener más
pacíficamente para los colaboradores de la Administración pública el
esquema que se refleje en la Lofage, ley de organización y funcionamiento
de la Administración general del Estado. Y también anticipo o me ahorro
la respuesta sucesiva de si va a haber una ley de gobierno separada de la
ley de organización y funcionamiento de la Administración, porque
efectivamente es necesario que haya una percha política a la que se
enganche o se acoja la ley de organización y funcionamiento de la
Administración general del Estado, y así contribuir a la clarificación de
lo que es administrativo, carrera administrativa, y lo que es
estrictamente político.

En cuanto al proyecto de ley de incompatibilidades, yo no comparto que se
trate de un tema de incumplimiento de leyes porque precisamente --y me
parece que ese fue el sentir de todos los grupos parlamentarios que
votaron la moción correspondiente en el debate sobre el estado de la
nación el pasado mes de abril-- el concepto de cargo público en la
legislación vigente está reducido, es mucho más corto el alcance que el
que se pretende dar en el proyecto de ley; proyecto de ley que, como aquí
preocupan tanto los plazos, a lo mejor ya mañana se aprueba en el Consejo
de Ministros.

En relación con los estatutos de autonomía de Ceuta y Melilla, agradezco
enormemente la intervención del portavoz del Grupo Popular, don Mariano
Rajoy, porque me ahorra totalmente la explicación acerca del recorrido.

Unicamente dejo de asumir las referencias críticas a la historia, en la
que yo he participado en cuanto integrante de un partido, pero estaba
lejos de ese debate y de esas iniciativas. Lo que sí comparto con él es
la responsabilidad --y agradezco al mismo tiempo la colaboración y el
proceso claro y leal que se ha llevado en la negociación con el Partido
Popular--, y es que ha habido una serie de motivos que nos han llevado a
optar por el artículo 144 b), apoyándonos en los propios debates de este
Congreso de los Diputados cuando se discutía la aprobación del texto
correspondiente de la Constitución, y no hay ninguna otra historia.

Ratifico que, en relación con el texto, la participación de los
ayuntamientos fue una decisión que adoptó el Ministerio de convocar, a
petición del Partido Popular, a los alcaldes de ambas ciudades, y junto
con ellos todos los parlamentarios nacionales por esas dos ciudades, al
igual que los portavoces de los distintos grupos municipales. Esa reunión
tuvo lugar el día 5 de julio en el Ministerio, y allí manifestaron su
oposición determinados partidos locales del Ayuntamiento de Ceuta y algún
partido también local del Ayuntamiento de Melilla, pero lo que quedó
claro es que la posición del Alcalde de Ceuta, tanto en la reunión como
en conversaciones bilaterales previas, era que valoraba positivamente el
contenido de esos proyectos de ley. En aquella ocasión se entregó el
mismo texto que ha sido remitido a esta Cámara, no hay ninguna
modificación, ni de un punto ni de una coma, en absoluto; no ha habido
cambalaches porque, repito, es consecuencia de un proceso de negociación
leal y estará a disposición de todas SS. SS., las próximas semanas, para
su debate en esta Cámara.

Al portavoz del Grupo Popular para las otras materias, señor Núñez,
quiero agradecerle la aceptación de mi solicitud, por falta de tiempo de
manejo de datos, de aplazamiento de la otra comparecencia que había
pedido. Responde a esta necesidad de traer datos que no posee el
Ministerio de Administraciones Públicas, y que son más bien propios del
Ministerio de Economía y Hacienda, con el fin de dar una respuesta
adecuada a sus preocupaciones. No obstante, sí quiero hacer mención de
algunas referencias que ha hecho en relación con la financiación de las
corporaciones locales. Insisto en que no se mantiene exactamente el mismo
sistema de financiación de las corporaciones locales. Ha habido ya
modificaciones en la ley de acompañamiento de los presupuestos que están
vigentes, la Ley del año 1994, y otros recursos que se incorporan, como
son los procedentes de los fondos de cohesión, que se destinan a
complementar las cantidades procedentes del porcentaje de participación
en los ingresos del Estado. Hay también un incremento en los porcentajes
operativos locales que gestiona el Ministerio de Administraciones
Públicas en relación con las comunidades autónomas en algunos casos y en
otros casos con las diputaciones, cabildos y consejos insulares, y en los
presupuestos del año próximo hay un incremento de 5.000 millones de
pesetas destinados a



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ese fin. Hay, como sabe también, en ese acuerdo una aproximación del
grado de participación de las corporaciones locales canarias en la
financiación común del resto de los municipios y provincias. En
consecuencia, no hay una continuidad del sistema de financiación
anterior, sino que el quinquenio ha fijado unas variaciones, y además con
el visto bueno de todos los partidos que están presentes en la ejecutiva
de la FEMP.

En cuanto a los proyectos relacionados con la Administración, yo estoy
totalmente de acuerdo en que hay que huir de palabras genéricas y
amplias, como ha señalado el señor Núñez, pero hacen también falta leyes
que permitan plasmar el compromiso de reforma de la Administración. He
hablado de dos proyectos de ley, la Ley de gobierno y la ley de
organización y funcionamiento, y de dos acuerdos claros y precisos con
resultados concretos. Ya los ha habido con anterioridad, y he informado
de ello a esta Comisión. Se han suprimido las direcciones provinciales
del Ministerio de Industria, que de 52 han pasado a 17, y se han
integrado las 17 direcciones territoriales que había del Ministerio de
Asuntos Sociales con las del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en
una sola. Por consiguiente, ha habido medidas con repercusión efectiva en
el ahorro. Igualmente, queremos recordar la supresión del carácter de
directores generales de los jefes de gabinete de los secretarios de
Estado, y si observa el cambio de Secretarios de Estado que ha habido a
lo largo de la presente legislatura verá que hay ya un número importante
de directores de gabinete que no tienen la consideración, a todos los
efectos económicos, de directores generales que tenían con anterioridad.

El plan de modernización lo sintetizaría, en lo que hasta ahora se ha
aplicado, en algo en lo que me parece que es difícil negar su eficacia,
que es el denominado observatorio de calidad de los servicios. Eso es un
instrumento que tiene para la Administración los riesgos de que usted
pueda el año próximo, cuando hagamos públicos los resultados de ese
observatorio en relación con cómo han funcionado los servicios observados
respecto a los datos que hemos recogido del año 1993, ver si hemos
avanzado en el año 1994 en algunos de esos servicios controlados o si,
por el contrario, hemos retrocedido. Es, por consiguiente, un riesgo que
se comparte con la transparencia y la publicidad de esos avances y los
posibles retrocesos, y las causas de esos retrocesos trataremos de
analizarlas con el fin de no ir hacia atrás, sino avanzar siempre en la
reforma de la calidad del servicio a los ciudadanos. O sea, que aunque
sólo fuera por este observatorio de calidad de los servicios, incorporado
en esta segunda fase del plan de modernización, ustedes deberían
reconocer que algo estamos haciendo en relación con la búsqueda de una
mayor eficacia y un mejor servicio a los ciudadanos por parte de la
Administración actual.

Ha recordado en su intervención que la Ley 10/1983, que es la que regula
el Gobierno actualmente, se fijó un plazo de seis meses y que han pasado
años. Indudablemente, eso no se puede ocultar. Lo único que puedo decir
es que me comprometo a que tenga proyecto de ley antes de fin de año, en
el presente período de sesiones, y luego, simultáneamente o a
continuación, le acompañará la Lofage. Dice que yo prometí enviarlo antes
de diciembre de 1993. Yo tengo buena memoria, aunque no tengo el «Diario
de Sesiones» a mano, y a lo mejor me equivoco; acepto que me pueda
equivocar. Pero sí recuerdo que a lo que me comprometí fue a que antes
del 30 de junio --y evidentemente no lo he cumplido--, pero no a
diciembre de 1993, se enviaría el libro blanco con la ley de organización
que lo acompañaría. Son algunos meses de retraso, pero no tiene el
carácter dramático que me ha querido atribuir.

Respecto a las perlas informativas, da la casualidad que todas las frases
que ha leído no son mías, sino del Secretario de Estado cesado. Tengo
buena memoria, repito, sobre lo que digo y sobre lo que no digo. Incluso
podrá preguntarle a su compañero de grupo parlamentario, señor Martín
Villa, algún comentario que le hice respecto a su proposición de ley, y
no era precisamente de descalificación. Algunos aspectos los he analizado
y los he valorado.

El artículo sobre el cangrejo y el camelo de ley se referían a algo que
ustedes quisieron meternos. Porque una cosa es la proposición de ley y
otra es el anexo de cifras, un poco carnaval de cifras, que nos hicieron
tragar. En lugar de potenciar la proposición de ley, lo que hicieron fue
potenciar lo que suponía de ahorro. Y esas cifras son las que no salen
por mucho que usted se empeñe. Eso es lo que quería reflejar el artículo
a que ha hecho referencia.

En cuanto a la consideración de crustáceo o no del cangrejo, la verdad es
que algo sé de eso. Mi familia se ha dedicado a la pesca y venta de la
langosta y algo de los crustáceos conozco desde pequeño, por haber sido,
repito, la actividad empresarial de mi familia.

Referente a la función pública, no se trata de hacer una lectura en el
sentido jurídico estricto de la palabra base. Cuando se estaba negociando
en la mesa, como está ocurriendo hoy mismo en segunda sesión, me parece
que el sentido es que estamos negociando bases, no en el sentido
jurídico, insisto, sino en el sentido de negociación con alguien que
tiene un papel y una función reconocida en nuestra Constitución, que son
los sindicatos. Me imagino que no tiene ninguna reserva respecto a que,
antes de elaborar un proyecto de ley, negociemos con los sindicatos más
representativos en las administraciones públicas el sentido de esas bases
o los aspectos fundamentales, y que queramos conocer cuál es el parecer
de los sindicatos. Por otra parte, estoy seguro que en la intervención de
hoy no he hecho referencia al cuándo estará terminado, pero sí lo ha
dicho el Secretario de Estado esta mañana que en el segundo trimestre del
año 1995 estaremos en condiciones de presentar el proyecto de estatuto de
la función pública, lo asumo. Intentaremos cumplir con esta previsión.

En relación con el convenio con los sindicatos, que parece que no le
produce mucho entusiasmo, porque también vi que formuló una pregunta
acerca de las garantías de cumplimiento de las elevaciones del 3,5 por
ciento el próximo año 1995 y siguientes, quiero señalarle que el siete
por ciento no se recoge en el convenio firmado por la Administración con
las centrales sindicales más representativas. Además, el siete por ciento
es una valoración que usted, como buen experto en números del capítulo 1,
sabe perfectamente que no es verdad. Porque una cosa es la



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subida en tabla de salarios y otra la masa salarial. Usted sabe que en
este año de crecimiento cero de los salarios, el gasto de las
retribuciones del capítulo 1 se calcula que va a estar en torno al 1,6
por ciento. Otro tanto habrá ocurrido en el año 1993, en que había una
diferencia entre el salario pactado del 1,8 y el IPC con el que concluyó
aquel año. Por consiguiente, lo del siete por ciento conviene que no lo
mezclemos en un tema en el que no ha sido mezclado, ya que el convenio
afecta a tres años, período en el cual sí establecemos cláusulas que
permiten mantener el poder adquisitivo.

Lo que ocurre es que no se habla de cláusulas móviles, ni de salario
móvil, ni de revisión automática, porque se ha puesto imaginación por
parte de los negociadores y se habla de un fondo de compensación que no
actúa de manera automática. Por consiguiente, en los presupuestos del año
1996 no se podrá reflejar todavía el grado de repercusión que tendría en
el coste de la Administración pública la diferencia entre el IPC real y
el IPC previsto del 3,5. Esto es lo original. Además, es una fórmula que
la combinamos con la evolución de la economía general, del crecimiento
del PIB y del control del déficit público en su disminución; me parece
que es una fórmula en la que los sindicatos se corresponsabilizan con el
Gobierno para conseguir los objetivos del plan de convergencia, que me
parece que nos interesa a todos no separarnos de él, sino lograr que se
cumpla a rajatabla.

En cuanto a los argumentos de si es anulable la relación con un convenio
o acuerdo a tres años, me trae a la memoria los planeamientos opuestos a
toda negociación colectiva en el sector público, que ha sido la constante
en la historia del sindicalismo europeo en los años 40, 50, 60 y 70. Eso
en España se logró romper mediante la Ley de 1987, y de manera especial
luego en la Ley del 90 sobre la negociación de los funcionarios públicos.

Es decir, el reconocimiento a la negociación colectiva en el sector
público siempre ha encontrado la objeción de aquellos que se oponían a
admitir la capacidad para esa negociación de los sindicatos de
funcionarios, ya que tenía que ir luego la repercusión en la ley de
presupuestos. Y se decía: mientras no esté en la ley de presupuestos, no
se les suben los salarios a los empleados públicos. Este mecanismo ha
servido siempre de excusa. Es un dato real de la historia para cualquier
especialista de la negociación colectiva. Hay una monografía del profesor
Tomás Sala Franco sobre el sindicalismo y la negociación de los empleados
públicos hecha en Bolonia a finales de los años 60, y en Italia todavía
no se había logrado. Por consiguiente, no planteemos aquí que no se puede
hacer un convenio o un acuerdo colectivo entre la Administración y los
sindicatos de funcionarios donde quede vinculado durante un período
superior a un año, o que haya primero que aprobar la ley de presupuestos
para decir que el convenio está vigente o que es válido.

El portavoz de Convergència i Unió, señor Carreras, ha hecho una pregunta
en relación con la desaparición o no de los gobernadores civiles. En la
intervención no me he planteado en esos términos del sí o no. Lo que sí
me he planteado es el hecho de fortalecer y hacer girar toda la
administración periférica en torno a las delegaciones de gobierno. Esto
es lógico si comparamos el grado de función que tiene un gobernador civil
de una provincia de una comunidad del 151 o asimilada, y la función que
tiene hoy todavía en una comunidad del 143.

Pero no pensemos sólo con la fotografía actual, sino con la fotografía de
un proceso de aproximación competencial de todas las comunidades
autónomas, reconociendo siempre los hechos diferenciales, como se ha
insistido reiteradas veces, ya que, al final, esa fotografía nos va a
llevar a 17 ejes de representación, de gestión, de coordinación, que van
a ser las delegaciones de Gobierno. Que luego en cada territorio
provincial sea conveniente tener una persona, una figura, un gestor o un
político, al que ya he hecho referencia con anterioridad, me parece que
no está reñido con el importante avance que supone la estructuración de
la administración periférica en torno al eje del delegado del Gobierno.

Si la persona se va a denominar adjunto al delegado del Gobierno o
gobernador de la provincia, como propone el Partido Popular en la
proposición de ley a que ha hecho referencia, o si va a seguir la misma
denominación, todo eso es lo de menos, por cuanto que en una comunidad
como la suya, o como aquella a la que pertenecemos varios de los aquí
presentes, la función del gobernador civil se está quedando reducida a
las prestaciones del INS, a orden público, a la Agencia Tributaria, al
servicio de correos, que está adquiriendo también el carácter de ente
público autónomo igual que la Agencia Tributaria, y a poco más. Nos
encontramos con que las funciones de un gobierno civil son éstas, por más
que queramos que sean otras, y algunos quieren que lo sean. O sea, que el
empeño o la batalla en torno a la denominación en mi opinión pierde peso
e importancia, y lo adquiere las funciones que le demos a las
delegaciones de Gobierno y a las funciones que van siempre a seguir
desempeñando, que serán mucho menores que las que hoy tienen las figuras
que estén al frente de la provincia, circunscripción o territorio, que
evidentemente continúan por cuanto que la Constitución admite su
existencia y la reconoce.

Le agradezco enormemente la sinceridad con que ha abordado el tema del
pacto local, me gusta, porque hay muchos que están toreando el tema. El
pacto local se presenta, como saben --se vota incluso una moción en esta
Cámara, si no por unanimidad, creo que hubo una única abstención, que fue
la de su Grupo--, en el que se recogían las conclusiones de la asamblea
extraordinaria de la Federación Española de Municipios y Provincias de La
Coruña. Luego iniciamos contactos con las distintas fuerzas políticas, y
usted mismo ha hecho referencia a temas que han desaparecido de la
propuesta inicial del Ministerio. La propuesta inicial del Ministerio
quería recoger no sólo el tema competencial, sino otras cuestiones a las
que usted ha hecho referencia, especialmente, por ejemplo, el tema de la
gobernabilidad de los municipios (es decir, el sistema electoral), temas
relacionados también con las grandes ciudades y el del mapa municipal.

En relación a estas cuestiones nos hemos encontrado con que el mapa
municipal, en lugar de ir disminuyendo los municipios, me parece que en
la última década han surgido unos cien más, y ya habría que decir que
sobran



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algunos. Por supuesto, el tema de fusionar no se le pasa por la cabeza
por lo visto a ninguna fuerza política. Yo entiendo perfectamente que
tiene que haber un pacto definitivo entre los principales partidos que
estén ahí presentes y que renuncien a ser bandera electoral siguiente. En
el tema de la fusión con el vecino, si no llegamos a ese pacto, nunca
lograremos reducir y hacer más racional el mapa municipal de nuestro
país, como lo han logrado otros países. Recientemente, los países
escandinavos han conseguido una reducción muy notable de sus
corporaciones locales. Pero la cuestión electoral y el tema de la moción
de censura fueron dos fuerzas que hicieron que el pacto local no abordara
esas cuestiones.

El tema de las grandes ciudades no ha sido eliminado. Se está trabajando
con las propuestas del grupo de los siete grandes municipios, como
también ha recordado el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, y
formará parte del pacto local. Incluso si el pacto local queda reducido a
eso, pues se convertirá en ley. Es de suponer que el pacto local no
quedará limitado a la función de regular los problemas específicos de las
grandes ciudades. ¿Por qué? Porque creo que los partidos, por los datos
que tengo, están trabajando internamente en definir algo que es el núcleo
importante de la cuestión, ya que no puede entrar el Gobierno,
efectivamente, a determinar y a imponer o a sugerir a las comunidades
autónomas, que son las competentes, qué materias deben de delegar o
traspasar a las corporaciones locales; el mapa autonómico de nuestro país
es el que es y, en consecuencia, no es posible forzar decisiones en esta
materia.

Yo creo que dentro de los partidos políticos hay, a su vez, tensiones
entre los municipalistas y los regionalistas, por llamarlo de alguna
forma, y eso se está madurando, se está avanzando. Hay materias que
parece que levantan ronchas, como es el tema de las competencias
urbanísticas --así se lo anticipo--, y por más que lo reclamen los
municipios, las comunidades autónomas entienden que una política de
ordenación territorial, una política de ordenación de infraestructuras
que pasan por distintos municipios (el establecimiento de polígonos
industriales, el tema de las grandes superficies comerciales, etcétera),
llevan al choque de competencias, unos que las quieren asumir y otros que
no las quieren soltar. En consecuencia, es un problema de partidos y no
es un problema institucional, en el sentido jurídico, ni es competencia
del Gobierno meterse en ese terreno, que le es ajeno. De todas maneras,
ha de llegarse a un acto local de delegación de servicios en relación con
áreas culturales, deportivas, servicios sociales y algunas otras, que
será un primer paso en ese proceso de descentralización desde el poder
regional o autonómico hacia el poder municipal.

Usted ha señalado muy bien que no es posible ir a fórmulas uniformes. No
es igual la situación de los territorios forales vascos, o la situación
de Baleares, o la situación de Canarias, que la situación de otras
comunidades autónomas, donde hay una sola provincia. En definitiva, hay
que tener una gran flexibilidad, y corresponde a los partidos
especialmente impulsar el grado de aproximación de posiciones, en los
que, insisto, hay diferencias notables entre los planteamientos de las
comunidades autónomas y de los municipios de ese territorio gobernado por
un mismo partido. En consecuencia, no hay riesgo de Loapa ni nada que se
parezca a la misma.

La sugerencia de una mesa tripartita me parece muy interesante, y en la
medida en que los partidos, a su vez, vayan avanzando en la solución de
estos problemas a los que he hecho referencia, creo que sería el momento
de plantear una reunión con ese carácter.

El portavoz del Grupo Parlamentario Vasco ha hablado del cumplimiento de
la política de traspasos en relación con el Estatuto de Guernica y el
cumplimiento de la moción votada por unanimidad el pasado mes de abril en
relación a tomar como punto de partida las 54 competencias aprobadas por
el Parlamento Vasco el 1 de julio del pasado año. Quiero decir que no son
cinco, como ha dicho, los traspasos efectuados el pasado mes de julio,
sino que son ocho, y ahora, como le he dicho también, antes de que
concluya el mes serán dos más, y así vamos a continuar. Lo importante que
hay que señalar es que estamos en un proceso de negociación permanente
con cada una de las comunidades del 151, de una forma bilateral, y otra
donde predomina el carácter multilateral, para facilitar también el
proceso técnico de negociación de los traspasos con las comunidades del
143.

En la reflexión que ha hecho en relación con el dominio público costero
tiene bastante razón, y usted sabe que la lógica, en política, a veces
tiene un tiempo distinto al de la decisión política. Vamos a ver si los
tiempos se aproximan, no sólo en esos temas sino en algunos otros. Como
usted ha señalado también, me parece que hay una moción de próxima
votación en el Pleno de esta Cámara respecto a la participación en los
órganos de administración de las empresas públicas.

En el tema de la comisión bilateral respecto a los asuntos europeos tiene
toda la razón. Está votada la resolución el pasado mes de abril y voy a
hacer un esfuerzo para que en cuanto pasen las elecciones en la Comunidad
Vasca procedamos al establecimiento de este instrumento, que es
perfectamente compatible con el multilateral conocido como Conferencia
sectorial para asuntos europeos.

Ratifico que en el pacto local, en lo que se está haciendo o estudiando,
sí están incluidos los temas relacionados con las grandes ciudades.

En relación con la función pública, usted sugiere una mayor autonomía
para una política de personal por parte de las administraciones públicas.

Es un tema que se tiene que debatir, evidentemente, y determinar lo que
debe ser básico y lo que no tiene que serlo en ese futuro estatuto de la
función pública. Sin embargo, compartirá también conmigo que en muchas
comunidades autónomas están desarrollando una política de personal
propia, lo mismo que en política retributiva. Se acude a homologaciones,
complementos y sistemas de acceso, que luego son recurridos ante los
tribunales y que generan una inseguridad entre el personal laboral
especialmente que quiere adquirir un puesto fijo, funcionarios que se ven
complicados en los procesos de concursos de oferta pública por la
obligación de efectuar los concursos de traslados y asignar
definitivamente las plazas. Son administraciones jóvenes, de reciente



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constitución, que han tenido que contratar personal para hacer frente a
necesidades nuevas, con el afán de mejorar los servicios que prestaba
anteriormente el Estado centralista, y se han producido ahí unas
disfunciones en las que no creo que precisamente haya que achacar a la
Administración central un exceso de intervencionismo en la fijación de la
política de personal. De todas maneras, este es un tema importante que
hay que abordar con los sindicatos, porque es muy interesante conocer su
opinión y conjugarla con el establecimiento --respetando la
Constitución-- de puntos básicos en la organización de la Administración,
las condiciones de trabajo de los funcionarios públicos y la aspiración a
una mayor autonomía.

Agradezco su deseo de aportar propuestas en este y en otros temas, como
lo planes de empleo, a los que ha hecho referencia con alguna
interrogante respecto a los docentes, e insisto en que habrá dos leyes
dentro de este período de sesiones, que incluyen una específica para el
Gobierno.

En cuanto a la ley de incompatibilidades, yo no tengo nada que decir,
pero su propuesta me imagino que choca con la autonomía institucional que
afecta a todos los aquí presentes, que son parlamentarios, y no
corresponde al Gobierno regular estas incompatibilidades, sino que tiene
que ser la propia Cámara la que decida. Llegar a definir posiciones
similares yo no sé si es fácil o difícil, por cuanto que es muy distinta
la función del representante del pueblo de la función de un ejecutivo o
cargo político de gestión. Como aspiración, es posible que su
planteamiento sea correcto, pero repito que no corresponde al Gobierno
tomar la iniciativa en este sentido.

Finalmente, el portavoz del Grupo Socialista, señor Marcet, ha hecho unas
puntualizaciones en relación con los proyectos de ley orgánica de Ceuta y
Melilla que comparto totalmente. Ha hecho bien recordando que las
instituciones que deben contener los estatutos de autonomía en el Título
VIII de la Constitución sólo están precisadas respecto a las comunidades
que accedieron a la autonomía por la vía del artículo 151. Ello no fue
tanto por mimetismo --como él ha señalado--, sino que fue consecuencia
del consenso, del gran pacto en materia autonómica que se produce y que
logra definir el mapa autonómico, los niveles competenciales, etcétera, e
incluso la utilización --las pocas veces que se ha aplicado-- del
artículo 150.2 de la Constitución para el caso de las Comunidades
Valenciana y canaria. Este fue el contenido de la Loapa; en definitiva,
fue un gran pacto entre el partido entonces gobernante, la UCD, y el
Partido Socialista Obrero Español.

En cuanto a sus palabras en relación con la reforma de la Administración,
si la música le suena bien, yo también espero que la letra sea de
calidad. Es un esfuerzo difícil, porque ya saben que en la reforma de la
Administración muchas veces son los voluntarismos los que se imponen
sobre la realidad, y ahí le quisiera ver, señor Núñez. Colaboremos todos
para que tengamos una Administración acorde con las dimensiones reales de
las funciones que en el centro y en la periferia presta, o va a prestar
en el futuro --cuando se concluya el proceso de traspasos--, la
Administración General del Estado. Por otro lado, insisto en que la
organización y la Administración deben ir íntimamente vinculadas a la
garantía y a la claridad del estatuto del personal, del empleado público,
que es lo que pretendemos abordar también con el estatuto de la función
pública que está esperando en la Constitución desde el año 1978.




El señor PRESIDENTE: Se abre un breve turno de réplicas o
puntualizaciones.

Por parte de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Ríos.




El señor RIOS MARTINEZ: Solamente quiero hacer dos comentarios en
relación al tema de los gobernadores civiles. No es un problema de
nombre, es un problema de contenido. Quisiera saber qué parte de la
Administración periférica se va a reducir, llámese gobernador civil o
director provincial, y qué parte del Estado central también se va a
reducir, siendo transferida la competencia. Está discutiéndose el Inserso
ahora, y parte del aparato que gestiona el Inserso a nivel central se va
a quedar; por tanto, es un problema de concepto, no de nombre.

En cuanto al tema de Ceuta y Melilla, me gustaría conocer --porque no se
me ha precisado-- por qué y para quién es mejor la propuesta que ustedes
hacen. Se ha comentado aquí la propia historia. En la memoria presentada
por el MAP se hace referencia a un pacto en 1981 entre el PSOE y UCD, y
se citaba el estatuto de ciudad. Pues bien, por unanimidad, el
Ayuntamiento de Ceuta, con el voto de los concejales del Partido Popular
y del Partido Socialista, aprobó un estatuto de autonomía que decía:
«Estatuto de Ceuta.--El Ayuntamiento de Ceuta potencia sus competencias,
accede a la autonomía política y se constituye en comunidad autónoma.» Y
no impedía la multiplicidad de administraciones. No se trata de crear un
presidente por un lado y un ayuntamiento por otro; se trata simplemente
de que la comunidad asume las competencias del municipio, y separa al
presidente de la comunidad del presidente del parlamento. Por tanto, lo
tenían resuelto. Pero en apenas tres años han cambiado las posiciones.

No quiero remontarme a la historia, porque la evolución de los partidos
en Madrid en unos casos es una y en otros otra. Pero en relación a este
punto me gustaría conocer, señor Ministro, si el Estatuto de Ceuta no es
aprobado por el ayuntamiento, ¿se irá a un referéndum en Ceuta para que
se decida? ¿Cómo se va a solventar esa contradicción? Yo le preguntaba
sobre el proceso elegido, contenido y de qué forma se podía aplicar. En
el caso de Melilla ya hay una discusión, y yo acepto y espero que en
trámite de articulado o debate a la totalidad se pueda modificar. No
estoy haciendo demagogia cara a las elecciones municipales; estoy
intentando definir una posición determinada. Pero también digo:
«exclusatio non petita, acusatio manifesta». Lo digo para el que hablaba
de electoralismo no por el señor Ministro, que ha sido muy correcto.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
el señor Núñez.




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El señor NUÑEZ PEREZ: Con muchísima brevedad (El señor Marcet i Morera: A
ver si es cierto.--Risas.) No me tiente. (Risas.)
Tengo que agradecerle al señor Ministro su intervención en la parte
laudatoria para nuestro proyecto de ley, sino todo, sí que ha dicho que
tiene muchas virtudes. Esto es bastante para pedirle, señor Ministro, que
en el debate sobre la toma en consideración del proyecto utilicen nuestra
alternativa, sobre ella trabajemos y así le ahorramos a ustedes tiempo;
además, habrán cumplido la promesa que llevan incumplida desde el año
1983, al margen de que la suya sea menor de la que yo dije, pero los
Diarios de Sesiones están ahí y a una pregunta del señor Sanz usted
respondió que lo traería a esta Cámara antes de que terminara el año
1993. Pero estos temas no merecen mayor consideración.

Respecto a la política local, sí quiero decirle lo siguiente. En el
comité ejecutivo de la FEM, si mal no recuerdo y sino estoy mal
informado, se comunicó el acuerdo a que se había llegado con el
Ministerio, que comprendía la liquidación de los años anteriores y el
proyecto del quinquenio 1994/1998, siempre por debajo de las pretensiones
de la FEM y por debajo de lo que pretendía el Grupo Parlamentario
Popular. Pero como no es cuestión ahora de hacer una valoración del
reflejo de esto en los presupuestos y tenemos tiempo a través de nuestras
enmiendas de provocar el correspondiente debate, ahí haremos la
valoración, pero indudablemente para nosotros está claro que el acuerdo
es el que se refleja, lo que ocurre es que se refleja con las
limitaciones de no haber recogido todas las pretensiones de los grupos y
de la propia FEM. Eso es lo que yo quería haber dicho. Por supuesto que
los programas operativos locales y su incremento en cinco mil millones
también serán valorados por nosotros en el debate correspondiente.

Dicho esto, simplemente quiero puntualizar dos cosas. Primero, la pérdida
de poder adquisitivo. En el acuerdo seguramente no figuran los siete
puntos de pérdida del poder adquisitivo, pero hubo una pancarta que
apareció en los medios de comunicación cuando ustedes estaban negociando
y nadie puso en duda, ni muchísimo menos, que efectivamente se trataba en
el acuerdo no solamente de mantener el poder adquisitivo, sino de
recuperar el perdido. Esta mañana ya fueron objeto de precisiones con
datos y cifras las posibilidades de cumplir esta parte del acuerdo,
aunque me lo pone usted muy difícil con sus planteamientos negando la
posibilidad de que ese porcentaje sea cierto. Pero también me lo pone
difícil el hecho de entender que en la negociación colectiva es la Ley
7/90 la que la regula. Por cierto, señor Ministro, yo fui ponente y
nuestro Grupo votó a favor. Por lo tanto, no se nos puede echar aquí un
bote de humo sobre si somos o no reacios a la negociación colectiva en el
ámbito de la función pública porque somos favorables. Lo que pasa es que
justamente esta medida limitativa de la Ley 7/90 es la que impide que en
un acuerdo con los sindicatos se comprometan partidas presupuestarias
distintas al año en curso. Eso no lo digo yo, sino la Ley 7/90.

Por lo tanto, al margen de todo el planteamiento y toda la doctrina, que
sobre este punto es muy rica y muy interesante, lo que sí está claro es
que la Ley 7/90 impone esa limitación y que el acuerdo transgrede esa
limitación y que puede ser nulo en ese punto, y a lo mejor les facilita a
ustedes el no cumplirlo. Lo digo con todos los respetos y desde un
análisis puramente crítico y nada partidista; sencillamente así.

Podía decirle muchas más cosas, pero me doy por satisfecho con la
valoración positiva que ha hecho usted de una iniciativa que está ahí,
como una propuesta concreta y positiva y no de pura oposición, que se la
volvemos a ofrecer para que convenza usted a los miembros del Gobierno de
que aquí hay una herramienta para llevar a cabo la organización de la
Administración del Estado que tiene urgencia, y que con nuestra medida se
reducirán plazos que ya son demasiado largos y prolongados en una
necesidad que usted ha plasmado muy bien, y las consecuencias de tener
esa ley y de su cumplimiento serán beneficiosas en la modernización y en
el planteamiento de una mejor prestación de servicios a los ciudadanos.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría.




El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Señor Ministro, dos consideraciones.

En primer lugar, me congratulo que haya manifestado que se vaya a
constituir próximamente, después de las elecciones autonómicas del País
Vasco, la comisión bilateral entre el Gobierno central y el Gobierno de
la Comunidad Autónoma. Creo que eso supone cumplimentar el compromiso
político del año 90 y dar cumplimiento a la resolución parlamentaria
aprobada en el debate de política general del pasado mes de abril. Por lo
tanto, repito, nosotros, como oposición política, vemos favorable, y así
se lo hemos hecho saber a nivel parlamentario y a nivel administrativo,
combinar la multilateralidad, por un lado, con otra serie de cuestiones,
cuyo foro de tratamiento adecuado es la bilateralidad. Repito, nos
felicitamos que usted haya hecho público hoy que ello se vaya a
constituir después de las próximas elecciones a celebrar en el País
Vasco.

Como segunda cuestión, la consideración que yo hacía sobre el estatuto
del cargo público, señor Ministro, se la he hecho al Gobierno, también
porque el Gobierno es el que ha tomado infinidad de veces iniciativas
parlamentarias para crear el estatuto de los cargos públicos
parlamentarios. No están las incompatibilidades reguladas en el
Reglamento de la Cámara, sino en proyectos de ley que ha presentado el
Gobierno sobre el régimen general electoral. La LOREG (Ley Orgánica sobre
Régimen Electoral General), cuyas últimas modificaciones creo que son del
año 92, presentadas por el Gobierno, establece el Estatuto de
incompatibilidades de los cargos públicos parlamentarios, Diputados y
Senadores. Por lo tanto, me parecía oportuno, sin perjuicio que me
parezca oportuno que el Gobierno vaya a circunscribir o limitar más las
incompatibilidades de los cargos del Gobierno, tener una visión general
sobre el Estatuto del cargo público, insisto, tanto parlamentario de
elección directa como de designación. Esa era la reflexión que yo hacía,
que a nuestro Grupo parlamentario le gustaría que sobre tal cuestión se
pudiera alcanzar el máximo consenso



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posible, y que el tema de la incompatibilidad, las retribuciones, las
indemnizaciones, etcétera, no fuera arma arrojadiza entre los partidos
políticos, puesto que, en definitiva, tiene que ser cuestión pacífica del
día a día y lo que los partidos políticos, los representantes públicos
tenemos que discutir no son sobre nuestras cuestiones de orden doméstico,
sino sobre las cuestiones que afectan al ciudadano y tenemos que tener
este tema pacificado, cuestión que, a nuestro juicio, en este momento no
existe, puesto que todos los años en los Presupuestos Generales del
Estado es objeto de debate que si tales pensiones tienen que desaparecer
o no..., yo creo que eso tenemos que abordarlo con seriedad, con rigor y
fijar definitivamente un camino consensuado y pactado de todos los Grupos
parlamentarios.




El señor PRESIDENTE: ¿Señor Marcet? (Denegaciones.)
Entonces, tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Saavedra Acevedo):
Señorías, el señor Ríos, del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, plantea un poco el futuro de determinado
ente u organismo de la Administración general del Estado o de la
Administración institucional, plantea el tema del Inserso. El Inserso,
como hacen referencia los proyectos de decreto que están negociando
algunas instituciones que, por su finalidad, tienen un carácter de
prestación a todos los ciudadanos españoles, que por razón de su número
nos ha llevado a crear instituciones en cada una de las diecisiete
Comunidades Autónomas, eso sería algo que quedaría sin traspasar; a mí me
parece que no justifica la pervivencia de un organismo de esas
características y que precisamente los planes de empleo están ahí para
reasignar a otros organismos de ese carácter de la seguridad social,
donde muchos son funcionarios, y que quedarán adscritos al Ministerio de
Asuntos Sociales o al lugar que ese plan de empleo determine como más
oportuno. Por ejemplo, por añadir otro, cuando se está estudiando, a
petición de la comunidad gallega, el traspaso de la asistencia sanitaria
del Instituto Social de la Marina, nos encontramos con determinadas
funciones que presta el Instituto Social de la Marina como prestaciones
de carácter económico, equivalentes a las del INSS, para el resto de los
españoles que deben permanecer gestionados, ¿por quién? ¿Va a continuar
el Instituto Social de la Marina o debe integrarse en el INSS? Es un
interrogante que lo tenemos delante y hay que estudiarlo.

Otras funciones, como pueden ser los buques que prestan asistencia
sanitaria y salvamento en aguas internacionales, que prestan a todos los
tripulantes y a todos los barcos de cualquier Comunidad Autónoma esos
servicios, serán adscritas a la Dirección general de la Marina Mercante,
a la Secretaría general de Pesca, a lo que se determine, pero ahí tienen
un ejemplo cómo organismos centrales van a desaparecer o van a
adscribirse o integrarse en otros y que el personal, a través de los
planes de empleo, tendrá garantizada su estabilidad y únicamente serán
reasignados al órgano que se estime más oportuno, donde haya necesidad de
ese tipo de personas con su formación y su calificación correspondiente.

Su preocupación por la historia, en relación con el Estatuto de Autonomía
de Ceuta, me hace llevarle a si su propia historia la ha olvidado; igual
que nos recuerda tanto la historia de otros partidos y votaciones que se
produjeron en ese municipio, me parece que antes también el Portavoz del
Grupo Popular hizo referencia al planteamiento de algunos de los partidos
que integran su coalición y que no parece muy coherente ahora que
resucitemos la historia. Lo que está claro es que el referéndum no es la
salida necesaria, porque si estamos arrancando del artículo 144 b) de la
Constitución como tal, ahí concluye su aprobación por las dos Cámaras de
las Cortes Generales y será una ley perfectamente constitucional y
perfectamente válida sin necesidad de referéndum, por cuanto que no es
preceptiva --ya lo dije en mi intervención-- la consulta o la votación de
los ayuntamientos; en el caso de Melilla afortunadamente ha sido positiva
y en el caso de Ceuta son partidos locales los que gobiernan allí y han
tomado una decisión por otras razones.

El señor Núñez, con su habilidad habitual, convierte su proposición de
ley en un cúmulo de aciertos y algunas virtudes, algunas, no me lo vaya a
repetir en el debate en el Pleno cuando vaya a debatirse la toma en
consideración. Quede claro el alcance de mi calificación.

En cuanto a la financiación de la FEMP, ya sabemos que todos quieren más,
y, si no hay más, me parece que el crecimiento en relación con el año 94
o con el año 93 es de más de un 8 por ciento. Me parece que en las
circunstancias económicas y de gasto público es un importante incremento
el que tiene la financiación de las corporaciones locales españolas.

Insisto, el convenio, el acuerdo con los sindicatos siempre ha hablado de
mantenimiento desde el 1 de enero de 1995 del poder adquisitivo.

Otra cosa son las pancartas. Allá las pancartas. Yo no tengo nada que ver
con las pancartas. Lo único que sí quiero que me tranquilice que sus
dudas de legalidad no van a provocar ni a impulsar a ningún sindicato
minoritario a impugnar dicho acuerdo. Espero que no le hagan caso y que
no le traslade sus inquietudes jurídicas a los tribunales de lo social.

Finalmente, he de dar las gracias al portavoz del Grupo Nacionalista
Vasco, me reafirmo en el compromiso de la constitución de la comisión
bilateral relacionada con los asuntos europeos, y una vez más decirle
que, en lo que se refiere a lo del cargo público, no me gusta improvisar
sin los asesoramientos jurídicos correspondientes, pero creo que lo más
que puede deducirse de su propuesta es que sea reflexionada, con
serenidad, con tranquilidad, y en ese sentido lo haremos.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.

Agotado el orden del día de la sesión, se levanta la misma.




Eran las ocho y quince minutos de la noche.