CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1994 V Legislatura Núm. 304
SOBRE FINANCIACION DE LOS PARTIDOS POLITICOS Y SU ENDEUDAMIENTO
PRESIDENTE: DON LUIS MARDONES SEVILLA
Sesión núm. 5
celebrada el jueves, 6 de octubre de 1994



ORDEN DEL DIA:
Elaboración del plan de trabajo de la Comisión, conforme a los artículos
51 a 53 del Reglamento. (Número de expediente 153/000003.)



Comienza la sesión a las cuatro y treinta minutos de la tarde.




El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión de la Comisión sobre financiación
de los partidos políticos y su endeudamiento. Espero que hayan recibido
SS. SS. el orden del día, que, como saben, es la elaboración del plan de
trabajo de esta Comisión, de conformidad con los artículos 51 a 53 del
Reglamento. Antes de entrar a discutir el orden del día, con carácter
previo voy a informar a SS. SS. (con una advertencia a aquellos grupos
que no lo han hecho hasta la fecha, según consta en el registro) de que
solamente se han recibido en la Comisión las autorizaciones de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya y del Partido Socialista Obrero Español,
con su NIF correspondiente, para proporcionar información por el Banco de
España respecto al

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endeudamiento de los partidos políticos. Hago una consideración para que
las fuerzas que tienen coaliciones soliciten estas autorizaciones que han
entrado en la Comisión. No sé si el Grupo Parlamentario Popular, que
había indicado en una sesión que iba a dirigirse directamente con
autorización al Banco de España, ya la ha mandado. En cualquier caso,
ruego que hagan llegar la copia a esta Presidencia. El señor
Subgobernador del Banco de España me ha indicado que cuando tenga
cualquier escrito mandado directamente lo pondrá en conocimiento de esta
Comisión para que se globalice la petición formal de los datos de
endeudamiento al Banco de España. En este momento es el único bloque
informativo fundamental de la Comisión que no se ha recibido, dado que ya
obra en nuestro poder el del Tribunal de Cuentas hasta el año 90 (según
nos han prometido en estos próximos meses se pondrán al día, hasta el año
93, en la auditoría de los partidos) y el documento del que ahora
hablaremos y del que se ha hecho entrega a sus señorías.

Me informa el señor Letrado que obra en poder de los señores comisionados
la relación de partidos políticos con representación parlamentaria. Para
evitar cualquier sorpresa de SS. SS., quiero decirles que en los partidos
políticos con representación parlamentaria el año 79 son sesenta y cinco,
pues han formado parte de coaliciones electorales que se han
especificado. Estos datos nos han sido facilitados por la Junta Electoral
Central --la fuente es de primera mano--, tal como han figurado en los
registros desde 1979 de cualquiera de las formaciones políticas que
encontraron con otros nombres distintos a los partidos que figuran aquí y
que, como digo, son un total de sesenta y cinco. Si alguna de SS. SS. no
tiene la relación, hágalo saber al señor Letrado para que se la entregue.

Dejo al criterio de SS. SS. que aquellas formaciones que tengan que
responder con el NIF de otras, como se hizo constar por el señor Del
Burgo, lo recaben ellos directamente si entienden que algún partido que
fue en coalición en elecciones pasadas, en otras legislaturas, lo tengan
que solicitar indirectamente; si no, nosotros también podemos dirigirnos
desde la Comisión para que cubran esa instancia.

Señorías, se les ha entregado el documento remitido a través del señor
Ministro de la Presidencia, facilitado por el hoy Ministerio de Justicia
e Interior, que proporciona información sobre las subvenciones anuales y
electorales de las formaciones políticas desde 1977 hasta la actualidad,
con arreglo al acuerdo de la Comisión de junio último. Dado el volumen de
este documento que obra en poder de SS. SS. y sobre el que algunos medios
de comunicación habían solicitado información al respecto, esta
Presidencia ha dispuesto que por el servicio de relaciones informativas
de la Cámara se ponga a disposición de los señores representantes de los
medios de comunicación social, de prensa escrita, radiada o televisiva. A
este respecto, señorías, según me dice el Letrado, tal vez convenga tomar
el acuerdo --si ustedes quieren le damos esta formalidad-- de recabar del
Tribunal de Cuentas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 109 en
relación con el 136.2 de la Constitución, la ayuda de una persona o
funcionario del Tribunal de Cuentas que por su experiencia y
conocimientos pueda auxiliar a esta Comisión en los trabajos relacionados
con la financiación de los partidos políticos. Señorías, el trabajo que
esta Presidencia y los servicios jurídicos de la Cámara, representados
por el Letrado, hemos de desarrollar nos obliga a pedir un especialista
que haga, al servicio de esta Comisión, el análisis de las cifras
respectivas, sobre todo cuando nos encontramos con la necesidad de un
análisis pormenorizado de las cifras cuantitativamente más significativas
que no son las del Banco de España, que son deudas en riesgo, sino la
financiación con cargo a Presupuestos Generales del Estado que se
contiene aquí y que requiere un análisis muy sopesado, porque no se trata
de hacer una suma acumulativa de lo que se ha recibido desde el 1.º de
enero de 1977 hasta el 31 de agosto de 1994. Disponemos, por tanto, de la
información más exhaustiva, puntual y exacta de la financiación pública a
los partidos políticos en los Presupuestos Generales del Estado. Yo
quiero aquí hacer un reconocimiento a la labor que nos ha facilitado el
Ministerio de Justicia e Interior, concretamente la Dirección General de
Procesos Electorales, y a la labor que se ha hecho en la Cámara, pero
entiende esta Presidencia, de acuerdo con el asesor y Letrado, que es
necesario requerir el apoyo de una persona para el análisis pormenorizado
y a efecto de cruces de información que se vayan produciendo cuando
comparezcan los responsables de finanzas de los partidos. Esto sería
importante. ¿Están conformes SS. SS. en solicitar este apoyo funcional
porque no damos más de sí? (Asentimiento.) Queda acordado.

Entrando ya en el orden del día formal que habíamos establecido, me
informa el señor Letrado sobre los documentos y peticiones de las
distintas formaciones políticas. A continuación cederé la palabra al
señor Letrado para que los relacione y, seguidamente, escuchar el parecer
de SS. SS. sobre si los tratamos por orden de registro de entrada en la
Cámara por cualquier otro orden que quieran sus señorías. Quiero
significar que en el resumen que obra en poder de los señores
comisionados se ha de hacer constar las solicitudes que son de
investigación en casos concretos del mandato del Pleno, como Filesa,
Naseiro, etcétera, y las correspondientes a la vertiente de estudios.

Algunas formaciones no las han presentado, otras lo han hecho junto con
las de investigación, que se refieren a personas de reconocido prestigio
profesional en el mundo del derecho financiero, del derecho
constitucional, de cátedras de universidad, de institutos de
investigación o de expertos en materia de financiación de partidos
políticos y las referentes al ámbito que cada uno ha considerado como
especialidad. El señor Letrado dará cuenta de la relación de fuerzas
políticas que han presentado unas y otras propuestas. La representación
política que ostenta esta Presidencia, y de acuerdo con lo hablado en la
primera reunión constituyente, ha entendido que debería limitarse
solamente a hacer una propuesta de personas de reconocido prestigio en el
mundo de la financiación de los partidos políticos y recabar para la
Presidencia un principio puramente de ecuanimidad y de autoridad moral,
sin solicitar comparecencia de investigación en ningún caso. Por tanto,
el señor Letrado tiene la palabra para decir las que se han presentado y
quede constancia. A continuación cederé la palabra a los grupos
proponentes.




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El señor LETRADO: Se han presentado propuestas por este orden. En primer
lugar, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; en segundo lugar,
Coalición Canaria; en tercer lugar, Grupo Socialista, Grupo Mixto, Grupo
Catalán y Grupo Popular. Estas son las propuestas que se han recibido. Se
refieren en la mayoría de los casos a asuntos de todo el cometido de la
Comisión; por tanto, tanto a los relativos a estudio como a
investigación.

No sé si conviene, señor Presidente, especificar en qué consiste cada una
de las propuestas.




El señor PRESIDENTE: Propondría que fueran los propios comisionados que
han hecho las propuestas quienes digan, en primer lugar, el alcance de
las mismas. Excluyo la que he anunciado que he presentado personalmente
en nombre de Coalición Canaria, porque se refiere exclusivamente a
nombres de personas del mundo universitario y de la investigación.

Quisiera escuchar la opinión de los comisionados sobre la sistemática que
el Letrado tiene que seguir para la redacción de los informes finales, si
hay un informe único de esta Comisión, tanto en su vertiente de
investigación como de estudio, o si hay uno relativo a cada una de las
vertientes. En cualquier caso, yo pediría a SS. SS. que segregásemos el
calendario de comparecencias: las que van en la línea de investigación y
las de los expertos en la línea de estudio y de información, para
señalarles a ellos también el calendario. ¿Les parece bien a SS. SS. esta
primera sistemática de separar las comparecencias de los que vengan para
investigación y de los que vengan para información? (Asentimiento.)
Algunos me han indicado que les faltaba conectar con algunas personas
especializadas en la materia de estudio --catedráticos, etcétera-- para
tener su conformidad previa a figurar en las listas. Ahí no habrá
problema. Si quieren SS. SS. dejamos unos días de plazo para que se
puedan hacer llegar las últimas solicitudes de comparecencia. Para
superar dificultades que hemos tenido en otras comisiones de
investigación en esta Cámara, les pido, por favor, que den las
referencias con domicilios exactos, porque tiene que dirigirse la Cámara
de manera formal al domicilio postal de estas personas para ser
convocadas aquí. Nos estamos encontrando con que es un verdadero problema
a veces localizar la dirección postal o telefónica de los convocados.

Cedo la palabra a los grupos proponentes que quieran hacer uso de ella
para que expongan las solicitudes presentadas.

Tiene la palabra el señor López de Lerma.




El señor LOPEZ DE LERMA I LOPEZ: No intervengo tanto para exponer la
petición presentada por nuestro Grupo Parlamentario --que no creo que
merezca un apoyo verbal en este trámite, porque está suficientemente
explicada en el propio texto-- como para proponer una sistemática en
apoyo de lo que ha dicho el señor Presidente, que yo sugiero sea la misma
que de manera muy bien clasificada nos hace el señor Letrado en esa
carpetilla de propuestas que acogen ordenadamente las distintas
peticiones. Es decir, hay una documentación sobre cometido general de la
Comisión --posiblemente sea ésta la de mi Grupo--, otra sobre
financiación de partidos políticos; un segundo grupo, que son
comparecencias; otro sobre casos concretos --Filesa, Naseiro--, con
comparecencias y documentación que los apoya. Yo creo que la sistemática
del señor Letrado con esa carpetilla nos puede ayudar a todos a ordenar
este trámite, señor Presidente. Simplemente es una sugerencia, por
supuesto.




El señor PRESIDENTE: El primer documento que figura en nuestra carpeta es
el presentado por el Grupo Catalán (Convergència i Unió). Adaptándonos
entonces a la sistemática, le cedo la palabra, señor López de Lerma.




El señor LOPEZ DE LERMA I LOPEZ: Nuestra petición es dirigirnos a los
parlamentos de las distintas comunidades autónomas para conocer qué
iniciativas de creación de comisiones de estudio, de investigación o
mixtas, como la nuestra, se han presentado que tengan alguna relación con
el objeto --lo más amplio posible, porque es muy amplio-- de esta
Comisión, y con una expresa mención de si las propuestas correspondientes
fueron aceptadas o en su caso denegadas. Así tendríamos una información
de primera mano sobre qué y cómo han trabajado nuestros parlamentos
autonómicos. Simplemente es una solicitud de información.




El señor PRESIDENTE: Hay un antecedente, señorías, que creo que planteó
en una de las reuniones anteriores el representante del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, don
Felipe Alcaraz, con respecto al Parlamento de Andalucía. He preguntado al
señor Letrado cómo estaba ese asunto, porque en verdad no se había
solicitado de ningún parlamento autonómico información sobre qué
comisiones de estudio, de investigación o mixtas han tenido. Pero la
casuística de Andalucía creo que era distinta. (Pausa.) Según me comunica
el Letrado, el Parlamento de Andalucía ha respondido mandando todo lo
publicado respecto a lo que se había solicitado.




El señor ALCARAZ MASATS: Señor Presidente, allí se constituyó una
comisión de investigación sobre la financiación de los partidos
políticos, que culminó sus trabajos con un dictamen y distintos votos
particulares; aparte de otra serie de comisiones de investigación sobre
casos concretos, Ollero y otros. Izquierda Unida-Los Verdes pidió que el
Parlamento andaluz tomase la iniciativa ante el Congreso de los Diputados
para solicitar la misma Comisión a nivel de Cortes Generales, propuesta
que fue rechazada.




El señor PRESIDENTE: Sometemos a la aceptación de los señores
comisionados esta sugerencia del Grupo Catalán para solicitar de todos
los parlamentos autonómicos cualquier caso que hayan estudiado de
comisiones de investigación, estudio o mixtas, para que los servicios de
la Cámara lo pidan urgentemente, dado el plan de trabajo que quiere
imponer esta Presidencia.




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La señora RAHOLA I MARTINEZ: Dado el miedo que tengo a que nos ahoguemos
con papeles, quisiera preguntar al comisionado proponente exactamente qué
utilidad tiene el hecho de que los diferentes parlamentos envíen este
material a la Comisión.




El señor LOPEZ DE LERMA I LOPEZ: Con mucho gusto. Quiere ser un
complemento a la sugerencia que en su momento hizo Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, precisamente por la ventaja que suponía
el que el señor Alcaraz formara parte de esa Comisión a la hora de
conocer los trabajos en el Parlamento andaluz. Tenemos conocimiento, al
menos a nivel de prensa, de que en otros parlamentos o en ese mismo, como
ha señalado expresamente el señor Alcaraz hace medio minuto, se tomaron
iniciativas que pueden tener que ver con el objeto de esta Comisión.

Nuestra petición es simplemente una mayor información que podría
complementar en su día, si la Comisión lo tuviera a bien acordar, la
información que nos ha facilitado puntualmente el Parlamento andaluz.




El señor PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción a que se solicite esto
urgentemente por esta Comisión a los parlamentos autonómicos? (Pausa.)
Así se acuerda.

Empezamos ahora con las comparecencias solicitadas. La primera relación
de comparecencias solicitadas...




La señora RAHOLA I MARTINEZ: Señor Presidente, sin ánimo de polemizar,
creo que sería más sistemático si hubiera fijación de posición de cada
proyecto presentado por los comisionados. En su defecto, hoy hay dos
grandes bloques a debatir en la Comisión: si se amplía a otros casos el
concepto de investigación y las comparecencias específicas. Yo entiendo
que ir al estudio de las comparecencias una por una antes de debatir
estos dos bloques puede que resulte lioso.




El señor PRESIDENTE: Voy a entrar ahora en eso, pero iba a dejar resuelto
el asunto de las comparecencias solicitadas por los distintos grupos, por
ir de lo más fácil a lo más complejo. Son comparecencias que se han
unificado porque son las de expertos: catedráticos y demás. Si están de
acuerdo en esta relación de, vamos a decirlo así, autoridades en la
materia, la aprobamos y hacemos el calendario.




El señor ALCARAZ MASATS: Señor Presidente, yo parto de la base de que ya
hay dos acuerdos. Uno, que no se hace primero el estudio y después la
investigación, sino que son simultáneos...




El señor PRESIDENTE: Exactamente.




El señor ALCARAZ MASATS: Entonces partimos de esa base. Y el segundo
acuerdo que yo entiendo tomado es que el plazo para petición de
comparecencias siempre queda abierto, en función de cómo se vayan
deduciendo responsabilidades.




El señor PRESIDENTE: Exactamente, señor Alcaraz. Esta Presidencia ya
anunció que para empezar con los trabajos señalaba a todos los grupos un
primer plazo de presentación de iniciativas, que se cerró el día 30, pero
que era, digamos, la primera etapa, que queda permanentemente abierta.

Esta Presidencia quiere garantizar a cada grupo que aquí no hay nada
cerrado y que el registro está abierto permanentemente; eso se hace para
ordenar el tema y tener materia sobre la que trabajar. Tanto la línea de
estudios como la de investigación irán simultáneamente, pero acordamos
que el día que estemos constituidos como comisión de investigación, salvo
que lo pida un grupo, no traeremos aquí a un catedrático para que venga a
ilustrarnos sobre una futura tendencia doctrinal en leyes de financiación
de partidos políticos, etcétera. Por eso decía que esta primera relación
de autoridades en la materia sigue abierta y si a alguien se le ocurre
cualquier otra personalidad del mundo académico, técnico o de
especialidades, que la vaya incluyendo. Con esto se trata también de
empezar a citar y que estas personas puedan ir preparando sus
intervenciones aquí, porque no es materia fácil y esta Presidencia no
quiere incentivar la improvisación, sino lo que esté meditado.

Para ganar tiempo, ¿están de acuerdo SS. SS. y tienen todos la lista de
comparecientes, que queda abierta? Lo digo por los que están esperando
que algún especialista en la materia dé su conformidad para venir a la
Comisión. (Asentimiento.)
Entramos ya en lo que es materia de especulación sobre la cuestión de la
Comisión de investigación. Yo dejo a SS. SS. que esto que la Presidencia
llama especulación, lo concretemos con el debate abierto. Estoy a la
aceptación de las sugerencias o iniciativas que quieran hacer, dentro de
lo que ha dicho el señor López de Lerma referente al orden en que se
habían hecho las peticiones de comparecencia.

En la sistemática, el primer caso son las comparecencias solicitadas con
respecto al caso Filesa; a continuación la documentación solicitada para
el caso Filesa, que también obra en poder de SS. SS.; luego las
comparecencias solicitadas con respecto al caso Naseiro y otros casos a
investigar, que son las propuestas sobre Casinos de Cataluña, del Grupo
Parlamentario Popular, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya y del Grupo Mixto, de la señora Rahola, de
Esquerra Republicana. Finalmente, en el caso de las denominadas
tragaperras del País Vasco la solicitud es del Grupo Parlamentario
Popular.

¿Les parece a SS. SS. que comencemos por las comparecencias solicitadas
en el caso Filesa, tal como ha ordenado el señor Letrado y se había
propuesto aquí? Cedo la palabra a los señores comisionados.




El señor GIMENO MARIN: Una cuestión de orden, señor Presidente.

Yo, estando de acuerdo con la propuesta que ha hecho el comisionado López
de Lerma, incluso con la indicación que hace la Presidencia, creo que
cuando se habla de comparecencias para un caso se podrían citar para
otro. Si hay una lógica en los planteamientos, podría hacerse así. Lo



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digo por ahorrar turnos en un caso y otro, pues a lo mejor se podrían
duplicar argumentaciones, pero, por supuesto, estoy a lo que considere la
Presidencia.

Sólo tengo una duda. Se citan los casos Filesa y Naseiro y yo he visto
que hay otro caso que también se ha propuesto; desconozco si hay más
casos que Filesa y Naseiro. Hay alguna documentación presentada que hacía
referencia a otro caso y dudo si es un caso distinto con una referencia
distinta. Por lo demás no tengo mucho más que decir.




El señor PRESIDENTE: Otros casos a investigar que se han solicitado...




El señor GIMENO MARIN: Es que he visto, señor Presidente, que hay un caso
nuevo, que es el caso Manglano. (El señor Del Burgo Tajadura: Es
sinónimo.)



El señor PRESIDENTE: Yo no me he atrevido a hablar de sinónimo, pero si
el proponente le da ese carácter... Yo lo he agrupado dentro de la
terminología del mandato del Pleno de este Congreso y los etcéteras que
han ido significando sus señorías.




El señor GIMENO MARIN: Gracias, señor Presidente. Era una aclaración que
necesitaba.




El señor LOPEZ DE LERMA I LOPEZ: Entonces, señor Presidente, lo de
sinónimo en este caso quiere decir idéntico. No es que sea parecido, es
que es el mismo.




El señor PRESIDENTE: Si el proponente lo identifica... Yo no quiero
meterme en conocimientos de sinonimia gramatical, que están fuera de esta
Presidencia.




El señor LOPEZ DE LERMA I LOPEZ: Es que hay un silencio muy sonoro, señor
Presidente, por parte del proponente.




El señor DEL BURGO TAJADURA: He dicho que es un caso sinónimo; es decir,
es el mismo caso Naseiro. Es otra denominación, otra vertiente.




El señor PRESIDENTE: Esta Presidencia está abierta a cualquier
sistemática. El señor Gimeno propone que se traten conjunta y
sistemáticamente las comparecencias que se señalan para los dos casos.

Las intervenciones de los grupos pueden hacerse de menor a mayor o de
mayor a menor, como deseen SS. SS., dado en que la lista que se ha
facilitado por esta Presidencia están agrupados...




La señora RAHOLA I MARTINEZ: Señor Presidente, aquí, en pequeño comité,
estábamos diciendo que para ir más rápidos y no perder excesivamente el
tiempo quizá lo mejor sería que cada grupo se posicionara respecto al
global; es decir, que se posicionara tanto respecto a las comparecencias
y el porqué como respecto a los nuevos casos.




El señor PRESIDENTE: En eso estamos de acuerdo, pero decía si prefieren
que las intervenciones se produzcan de menor a mayor o a la inversa.




La señora RAHOLA I MARTINEZ: A gusto del señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Pues empiece usted, señora Rahola, y hacemos las
intervenciones de menor a mayor.




La señora RAHOLA I MARTINEZ: Entiendo, señor Presidente, que se trata de
fijar posición para defender el proyecto de trabajo presentado. ¿Es así?



El señor PRESIDENTE: Exactamente. Quiero significarle, señora Rahola,
dado que los grupos han presentado solicitudes de comparecencia, que en
el trabajo que ha hecho esta Presidencia se han agrupado para evitar
repeticiones y reiteraciones. Es decir, que si un grupo ha pedido una
solicitud y no la han pedido otros, viene significado como pedida por un
solo grupo y, obviamente, si dos o tres grupos han pedido la misma
comparecencia, también viene señalado.




La señora RAHOLA I MARTINEZ: Quiero decir, sencillamente, que en nombre
de Esquerra Republicana hemos planteado 28 comparecencias en el caso
Filesa, que consideramos estrictamente necesarias para el esclarecimiento
de los hechos. Por supuesto, hemos puesto el listón en José María
Benegas, en su momento Secretario de Organización del Partido Socialista,
porque entendemos que su responsabilidad en el caso Filesa fue directa y
entendemos que esta Comisión no podría avanzar en la investigación del
caso Filesa si el señor Benegas no viniera a la Comisión.

No sé si será necesario defender cada una de las propuestas, pero en todo
caso sí quiero decir que cada una de las comparecencias pedidas están
estrictamente justificadas en función de lo que pueden explicar en el
caso Filesa. Asimismo, en el caso Naseiro, entendemos que las seis
comparecencias pedidas por Esquerra Republicana son fundamentales para el
esclarecimiento de los hechos y, por tanto, nos ratificamos en ellas.

Finalmente, Esquerra Republicana ha pedido también que se amplíe la
investigación --que se amplíen por tanto los trabajos de esta Comisión--
al conocido popularmente como caso Casinos de Cataluña. Entendemos que el
caso Casinos puede estar directamente vinculado a la financiación
irregular de Convergencia Democrática de Cataluña (quiero señalar que hay
un pequeño error en el proyecto presentado por Esquerra Republicana,
donde pone CIU quería decir Convergencia Democrática de Cataluña), y que
hay indicios de suficiente calibre como para ser investigado. No hemos
planteado ningún programa de trabajo previo, porque pensamos que antes
había que debatir si se investigaba o no el caso Casinos. Debo decir que
el caso Casinos, como ya es conocido, fue investigado en el Parlamento de
Cataluña por una comisión de investigación, pero ello no es óbice para
que no sea presentado en este Congreso de Diputados,



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por los siguientes motivos. Primero, porque entendemos que una comisión
de investigación de la financiación irregular de los partidos políticos
tiene que examinar el caso Casinos con independencia de que haya habido
alguna otra investigación, tanto en el ámbito judicial como en el ámbito
del Parlamento catalán. Segundo, porque entendemos que la comisión que se
creó en el Parlamento de Cataluña fue en el año 1992 y posteriormente ha
habido tanto diligencias del ámbito de la judicatura como conocimiento de
elementos nuevos por parte de esta Diputada, por lo que entendemos que el
caso es de por sí nuevo. Y en tercer lugar, no quiero dejar de hacer una
pequeña valoración política de lo que ha presentado la comisión de
investigación en el Parlamento de Cataluña. Fue una comisión presidida
por la propia Convergencia Democrática, a pesar de que la oposición pedía
un presidente que no fuera del partido investigado, en la cual no se
aceptó ninguna de las comparecencias que estaban directamente vinculadas
al caso Casinos, por ejemplo, la comparecencia del señor Jaume Sentis,
con una resolución que sólo aprobó el partido mayoritario, pero ningún
miembro de la oposición y, por tanto, con la sensación, yo creo que
notable, de que esa comisión fue un poco un juego. En consecuencia,
nuestra valoración política es que esa comisión no ayudó precisamente a
esclarecer los hechos en el caso Casinos. Pero repito que no es éste el
elemento que hace que intentemos abrir el caso en el Congreso de los
Diputados, sino porque, en primer lugar, entendemos que forma parte de la
naturaleza de investigación de esta Comisión y porque los elementos
encima de la mesa son lo suficientemente importantes, de suficiente
calibre como para ser investigados; en segundo lugar, porque hay nuevos
elementos a partir de la comisión, en su momento, en el Parlamento de
Cataluña; en tercer lugar, porque entendemos que de ninguna manera esto
vulnera la soberanía del Parlamento catalán, cosa que este Partido y esta
Diputada nunca harían.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor
González de Txabarri.




El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Señor Presidente, intervengo para
fijar la posición del Grupo Vasco en relación a la documentación que se
nos ha presentado y para realizar, de acuerdo con el Reglamento de la
Cámara, un turno en contra de alguna de las propuestas que en ella se
contienen.

Desde el Grupo Vasco entendemos que esta Comisión tiene que trabajar con
una autonomía propia. Se ve que existe un morbo en los medios de
comunicación social y en ciertos sectores de la ciudadanía en relación a
este tema, que entendemos y valoramos, pero quisiéramos indicar que los
trabajos de esta Cámara deben ser autónomos, en primer lugar, e incluso
políticamente soberanos. Por ello quisiera manifestar, señor Presidente,
que no puede desconocerse el origen de la constitución de esta Comisión,
el mandato del Pleno de esta Cámara, que es dual, pero ordenado. Las
funciones de esta Comisión son de estudio y de investigación. Primero,
estudiar la financiación de los partidos políticos y, segundo, investigar
al menos dos asuntos, Filesa y Naseiro, y un indeterminado y mediatizado
etcétera que está ahí y que puede significar, evidentemente, muchas cosas
y muchos casos, pero ése es el mandato del Pleno. Entendemos, desde el
Grupo Vasco, que tiraríamos gratuitamente piedras al tejado de las
propias instituciones, que son también los partidos políticos, si se
alteran los objetivos, los plazos y las prioridades de esta Comisión. Y
de la lectura de la prensa y del seguimiento de los medios de
comunicación social (hoy se nos anuncia ya lo que ha pasado en esta
Comisión; basta con leer los periódicos hoy para saber lo que ya hemos
hecho) se puede deducir que hay más interés en remover miserias, con el
único fin de implicar como sea al resto de los partidos, y a esto el
Grupo Vasco no quisiéramos jugar desde ninguna de las perspectivas.

Nos llama la atención la documentación que se ha presentado por parte de
algunos grupos de la Cámara, particularmente por el Grupo Popular, y por
eso quisiera realizar un turno en contra y darle esta consideración a mi
intervención. Por una parte, porque trata de extender la investigación y
anteponerla al estudio, concretando dos casos de investigación, sin ni
siquiera atreverse a precisar la relación de dichos casos con partidos
políticos concretos, con siglas, nombres y apellidos, sin tener en cuenta
ni los criterios ni las actuaciones judiciales que conocen dichos casos,
tampoco la consideración de su ámbito territorial, y las consiguientes
investigaciones, debates y resoluciones que han podido celebrarse en los
respectivos parlamentos autónomos. Nos parece que estas consideraciones
tienen mayor relieve cuando el mismo Grupo Popular, en la documentación
presentada --incluso cambiando el título del caso Naseiro--, trata de
sustraerse torpemente a las investigaciones de sus propias realidades.

Esperamos, señor Presidente, que los criterios de actuación de esta
Comisión sean los propios de una Cámara constituida en un Estado de
derecho. ¿O es que el más descarado, el más atrevido, el más
irresponsable se puede llevar aquí el gato al agua implicando a los
demás? Entendemos que el Estado de derecho no puede permitir esas
actuaciones. Considerar que la anulación por el Tribunal Supremo, por
motivos de forma, de las diligencias judiciales del caso Naseiro borre
políticamente los indicios claros de irregularidades en los que aparecían
nítidamente implicados militantes y dirigentes del Grupo Popular,
entendemos que no es de recibo, como tampoco lo es el obviar el ámbito
territorial en el que estos casos se han podido desarrollar. Entendemos
que, partiendo de criterios de cinismo o de esquizofrenia política, esta
Comisión difícilmente va a poder trabajar. Por ello quisiéramos, en esta
primera intervención --que seguramente, dentro de su sistemática y de la
lógica de turnos, no responde más que la del grupo menor al grupo
mayor--, que el objetivo primero y preferente de esta Comisión estuviese
debidamente centrado, es decir, que a la hora de tomar decisiones no sea
lo más importante y el único tema del día de hoy ver a cuántos casos más
se extiende la investigación de esta Comisión, como da la impresión que
está el tema en el ambiente, como si todo lo demás no importara nada.




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Desde el Grupo Vasco quisiéramos hacer una llamada de atención al
respecto e indicar que esta Comisión se constituye para estudiar con
rigor por qué ha fallado tan rotundamente el sistema de financiación
pública de los partidos políticos, y que la investigación de los casos
propuestos debe obviar con honestidad el navajeo político, coadyuvando al
propio estudio y soslayando las guerras partidistas que dificultarán, sin
duda, el correcto funcionamiento de esta Comisión. Por ello, el objetivo
final de esta Comisión, en opinión del Grupo Vasco, debe consistir en
propiciar un nuevo marco legal donde este tipo de casos sean situaciones
lejanas en el pasado e imposibles en un futuro, donde los partidos
políticos conozcan una financiación transparente y estable para poder
cumplir con sus fines en una sociedad democrática. Por ello, desde el
Grupo Vasco no hemos realizado ninguna propuesta concreta, tal y como ha
quedado patente en las intervenciones del Presidente y del Letrado,
entendiendo que la primera propuesta de método de trabajo que realizaba
la Presidencia en la anterior sesión de la Comisión es rigurosa, es
exacta y responde inicialmente a los fines con los que esta Comisión se
constituyó. Entendemos que no podemos desperdiciar la ocasión de enmendar
y corregir un sistema de financiación que se ha demostrado insuficiente y
opaco, propicio a irregularidades, por afanarnos en mortificar a las
formaciones políticas rivales sin ningún tipo de escrúpulo. Entendemos
que esta Comisión necesita valores democráticos, contención, ánimo
constructivo, dejando en la orilla intenciones oblicuas dirigidas a
hurgar en supuestas miserias ajenas y negar las propias. Por ello, desde
el Partido Nacionalista Vasco abogamos por la transparencia, en relación
a la propia investigación al Partido Nacionalista Vasco, no a una
investigación mediatizada y predeterminada que nos puede llevar a un
destino desconocido. Somos partidarios de mantener ese etcétera, de
centrarnos en la primera propuesta que realizó la Presidencia en la
reunión inicial de la Comisión y que los criterios de comparecencias
--por responder a todas las preguntas que nos ha hecho la Presidencia--
sean los de dar prioridad a los responsables políticos, tanto del caso
Filesa como del caso Naseiro, y a los responsables de las empresas
relacionadas con dichos casos.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor López de Lerma por el
Grupo Catalán (Convergència i Unió).




El señor LOPEZ DE LERMA I LOPEZ: Nuestro Grupo Parlamentario no ha
sugerido ninguna comparecencia, ninguna solicitud de documentación
referida a los denominados caso Filesa y caso Naseiro. Por tanto, nuestra
fijación de posición definitiva respecto de las comparecencias y
peticiones de documentación, sugeridas por otros grupos parlamentarios,
será al hilo de la votación individual de cada una de las propuestas o,
si se sugiere por parte de quien sea, alguna propuesta de conjunto. Por
otra parte, señor Presidente, los grupos parlamentarios Popular,
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y Mixto, Esquerra Republicana de
Catalunya, como saben SS. SS., han propuesto que esta Comisión investigue
el periodísticamente denominado caso Casinos de Cataluña por entenderlo
relacionado, como aquí se ha dicho hace un momento, con una presumible
financiación irregular de Convergència i Unió, más concretamente de
Convergència Democràtica de Catalunya, y también, por impulso en
solitario en este caso del Grupo Popular, que se haga lo mismo con el
llamado caso de las tragaperras en el País Vasco, por observar otra
presunta financiación irregular, esta vez hacia el Partido Nacionalista
Vasco.

Con su permiso, señor Presidente, quisiera también consumir, como ha
hecho el señor González de Txabarri, un turno contra estas propuestas o,
si se quiere, de acuerdo con el Reglamento, de fijación de nuestra
posición respecto de las mismas y hacerlo en los siguientes términos.

En 1978 nació en este país un nuevo orden constitucional que, junto a la
recuperación de las libertades democráticas y a los derechos y deberes
con ellas relacionados, establecía un modelo territorial conocido
popularmente, incluso a nivel político, por Estado de las autonomías; un
modelo basado en comunidades autónomas constituidas en centros de poder
político, con autonomía, no era sólo descentralización administrativa
sino autonomía política, con un ámbito propio de autogobierno en función
de la correspondiente distribución competencial. Si se me permite, el
Estado, siendo uno, innovaba su organización mediante cesiones
competenciales a parlamentos y gobiernos autonómicos.

Quiero subrayar, señorías, lo relativo a cesiones competenciales a
parlamentos autonómicos para recordar que las Cortes Generales, es decir,
el Congreso de los Diputados y el Senado, controlan --y cito
literalmente-- la acción del Gobierno, gobierno en singular, gobierno
referido al central del Estado, según dice el artículo 66.2 de la
Constitución, pero en ningún caso la actividad de los consejos de
gobierno de las comunidades autónomas, que, siendo políticamente
responsables, lo son ante sus respectivos parlamentos, según reza el
artículo 152 apartado 1 de nuestra Constitución y según afirman los 17
estatutos de autonomía en vigor.

¿Por qué hago --se preguntarán ustedes-- este aparentemente innecesario
recordatorio jurídico-constitucional? ¿Por qué digo --lo digo ahora-- que
el tratamiento constitucional de las comisiones de investigación se hace
en el marco del Título III, les recuerdo, de las Cortes Generales, de
nuestra ley de leyes y, por tanto, referidas a responsabilidades
políticas del Gobierno del Estado, cuya acción es controlada por el
Congreso y por el Senado, y no a comportamientos de ejecutivos
autonómicos? Hago estas observaciones para mostrar nuestra sorpresa, de
la misma manera que lo ha hecho el señor González de Txabarri, habida
cuenta de los precedentes, por las propuestas que nos hacen los referidos
grupos parlamentarios.

¿Ha sido investigado en el Parlamento Vasco el caso de las tragaperras?
¿Si o no? Pues sí, fue investigado. ¿Existe un dictamen en el Parlamento
Vasco al respecto, discutido y aprobado por el pleno del Parlamento
vasco? Pues sí. ¿Ha sido objeto de una comisión de investigación en el
Parlamento de Cataluña el tema Casinos? Ya lo ha dicho la señora Rahola,
sí. ¿Existe un dictamen aprobado por el



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pleno del Parlamento catalán? Pues sí, y aquí tienen a su disposición
certificados del Parlamento de Cataluña al respecto. Diré más: los mismos
grupos políticos que solicitan hoy su investigación por el Congreso de
los Diputados fueron firmantes de la petición hecha allí, hace dos años,
de constituir una comisión de investigación en el seno del Parlament
sobre el mismo asunto. ¿En base a qué lo hicieron? Repito que los mismos
grupos. Pues en base a que creyeron --y era cierto, tenían razón, les doy
la razón al menos yo-- que la instancia competente para llevar a cabo la
investigación era el Parlament de Catalunya y que el lugar apropiado para
exigir, en su caso, responsabilidades políticas al ejecutivo catalán era
al Parlament de Catalunya. No presentaron la propuesta de investigación
parlamentaria aquí, en el Congreso de los Diputados, ni en el Senado. Lo
hicieron allí, ante el Parlament de Catalunya, porque creyeron ellos que
era lo procedente y, además, esa iniciativa prosperó, se realizó la
investigación. Hubo, por tanto, un explícito reconocimiento competencial
y una unánime y expresa aceptación de que el lugar pertinente era el
Parlament de Catalunya y no otro, posiblemente porque el ámbito material
analizado, casinos, juegos, apuestas, es competencia exclusiva, repito,
exclusiva de la Generalitat, según reza literalmente el artículo 9 del
Estatuto de Autonomía, y en el caso de hallarse responsabilidades
políticas, en ese supuesto, las mismas debían solventarse en el seno del
Gobierno catalán, al que controla esa asamblea legislativa, como así lo
proponía en sus conclusiones el Grupo Parlamentario Popular, por ejemplo.

Si se planteó el tema en una determinada instancia, el Parlament de
Catalunya, fue porque se reconoció que el marco de la delimitación
competencial que establece la Constitución ése era el lugar adecuado. Y
no por una cuestión de oportunidad política, sino, repito, en el justo
uso de los mecanismos constitucionales por parte de esos grupos políticos
con representación parlamentaria en el Parlament de Catalunya.

Lo que digo para el caso Casinos vale también para el caso tragaperras,
donde también hubo una explícita y, además, unánime manifestación
competencial en los momentos de proponerse, aprobarse, constituirse y
resolverse la correspondiente comisión de investigación. ¿O es que acaso
se quería tan sólo ensayar en Vitoria para decidir luego en Madrid? ¿Qué
se proponen, en el fondo, los grupos parlamentarios que sugieren
investigar Casinos y tragaperras, señorías? Pues algo constitucionalmente
imposible: que el Congreso de los Diputados se constituya en Cámara
revisora de hechos conocidos por parlamentos autonómicos, sobre los
cuales se ha actuado en reconocimiento explícito de un determinado ámbito
competencial y sobre los cuales, además, han recaído sendas resoluciones
de sus respectivos plenarios.

He dicho que esto, con la Constitución en la mano, es algo imposible,
impracticable, pero afirmo a renglón seguido que políticamente es una
necedad. Vamos a ver. ¿Qué ocurre, señorías, cuando sobre un mismo asunto
investigado el parlamento autonómico llega a unas conclusiones y el
Congreso de los Diputados después llega a otras? ¿Qué conclusiones
prevalecen? ¿Las del parlamento autonómico? ¿Quizás las del Congreso de
los Diputados? ¿Acaso se suman las resoluciones? ¿Pueden unirse incluso
las resoluciones contradictorias? ¿Me pueden decir cuál es la instancia
superior que dirime el conflicto? ¿Hay esa instancia en la Constitución?
¿Está contemplada en la Constitución? Ya lo saben ustedes, no existe.

Entonces ¿me pueden ustedes explicar, grupos proponentes, cuál es el
proceso y cuál es la solución final a ese conflicto?
Otra cuestión: ¿en qué ámbito o nivel se exigen las responsabilidades
políticas? Porque no se me puede negar que toda comisión de investigación
es, por antonomasia, un específico y contundente instrumento de control
del ejecutivo. Lo dice la propia Constitución donde ubica las comisiones
de investigación, pero ademas lo dice unánimemente la doctrina. Lo es
aquí respecto del gobierno estatal y lo es en el Parlamento de Castilla y
León respecto de su gobierno. Luego ¿puede el Congreso de los Diputados
exigir responsabilidad política al presidente o a los consejeros de un
gobierno autonómico? Porque tras una comisión de investigación lo que se
dirime, al final, son responsabilidades políticas. ¿O es que nadie se
acuerda del debate habido esta mañana en el Congreso de los Diputados o
el debate que hubo hace tiempo con la Comisión Roldán, o todos los
debates de las comisiones de investigación creadas en este Congreso de
los Diputados y todas las comisiones de investigación creadas en los
distintos parlamentos autonómicos? ¿Se imaginan ustedes, señorías, el
revuelco constitucional de un Congreso de los Diputados reprobando a un
consejo del Gobierno balear o del ejecutivo andaluz? ¿Acaso esto no sólo
sería constitucionalmente perverso, sino, permítanme, políticamente
ridículo? ¿Qué ocurriría en el supuesto de una reprobación aprobada allí,
en cualquier parlamento autonómico, y una resolución eximente de
responsabilidad política aprobada aquí? ¿Se imaginan ustedes a un
presidente, a un consejero autonómico pidiendo aclaración de lo que debe
hacer o de lo que debe entender a no sé quién?
Me parece, señor Presidente, señorías, que el fondo de lo que aquí se
plantea no tiene amparo constitucional posible, porque, repito, una vez
que la distribución competencial entre el parlamento del Estado y el
parlamento autonómico ya está plenamente aceptada por las diferentes
fuerzas políticas que han instado la creación de una comisión de
investigación, no puede convertirse el Congreso de los Diputados en una
instancia donde recurrir resoluciones o donde revisar procedimientos.

Como en este caso, señor Presidente, lo que abunda no daña, pondré otros
ejemplos que creo que son ilustrativos. El primero, relativo a la
potestad legislativa de cualquier parlamento, que es algo, como saben SS.

SS., inherente, donde todo proyecto de ley puede ser enmendado, pero
ninguna ley aprobada es susceptible de ser recurrida en otra instancia
parlamentaria. Podrá serlo ante el Tribunal Constitucional, en el caso
español, porque así lo dice la Constitución y las leyes, pero nunca
plantear el conflicto ante otro parlamento con la intencionalidad de que
una distinta mayoría política pudiera modificar lo que ya está resuelto.

De la misma manera, un hecho que ha sido objeto de control político en el
marco de un parlamento



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autonómico no puede plantearse como objeto de control en el seno del
parlamento estatal.

El segundo, relativo al ámbito judicial, señor Presidente, donde la Ley
de Enjuiciamiento Civil nos dice que será juez competente aquel a quien
los litigantes se hubieran sometido expresa o tácitamente, o donde el
Tribunal Supremo tiene declarado reiteradamente que la primera de las
reglas sobre competencia territorial es la sumisión y que, en la
hipótesis de posible concurrencia de fueros, siempre es preferente el
determinado por la sumisión frente al legal resultante de la aplicación
de los demás criterios de fijación. Aquí, tanto en el tema Casinos como
en el asunto tragaperras, es clara y manifiesta la sumisión previa y tan
expresa como que los grupos que hoy proponen su investigación fueron los
mismos que instaron en el correspondiente parlamento autonómico la
pertinente investigación. Se sometieron voluntariamente a su criterio, a
su fallo, a su decisión.

Y un tercer ejemplo, señorías, bien ilustrativo y, por cierto, muy
doméstico. En esta casa, la nuestra, en el Congreso de los Diputados,
cada semana, repito, cada semana se practica el respeto al ámbito
competencial en materia de control político. No todas las peticiones de
información o de documentación que se suscriben ni todas las preguntas
que se formulan se tramitan. La Mesa de la Cámara vela por el respeto
competencial que exige la Constitución, y así, preguntas referidas a
actuaciones de ayuntamientos y de diputaciones, que las hay casi
semanalmente, o solicitudes de documentación originadas por actuaciones
de gobiernos autonómicos, que también las hay, son rechazadas
unánimemente por la Mesa del Congreso de los Diputados al entenderse que
el parlamento estatal sólo controla al gobierno y a la administración
estatal, y que son otros los órganos de supervisión política de gobiernos
locales, provinciales o autonómicos. Y es que la competencia se tiene o
no se tiene, señorías; se ejerce o no se ejerce; se discute o se acepta,
pero en ningún caso la competencia puede depender de coyunturas
políticas.

En los supuestos que nos ocupan, es obvio que el Congreso de los
Diputados no puede presentarse como segunda instancia revisora, dado que
no es jurídicamente competente para ello ni en el caso Casinos ni en el
caso tragaperras. Antes de someterse a esas investigaciones al pertinente
parlamento autonómico podía discutirse, ciertamente, si era o no
competente al respecto el Congreso de los Diputados, se podía suscitar
esa discusión, pero una vez instada la investigación en el ámbito
autonómico no puede ahora reabrirse en el ámbito estatal, al cabo de unos
años, a petición de las mismas fuerzas políticas que ya lo solicitaron y
consiguieron en el Parlamento catalán, en el primero de los asuntos
citados, y en el Parlamento vasco en el segundo. En todo caso, ante la
actuación de un parlamento autonómico en el ejercicio de funciones sobre
las que tiene competencias, la única segunda instancia posible es, de
acuerdo con nuestro ordenamiento constitucional, el propio Tribunal
Constitucional, pero jamás el Parlamento del Estado.

Todos estos razonamientos demuestran la gravedad que para la correcta
interpretación y funcionamiento del llamado estado de las autonomías
supondría aceptar que el Congreso de los Diputados puede revisar, en
calidad de una pretendida segunda instancia, unas actuaciones originadas
y resueltas en el ámbito de un parlamento autonómico. Esto, la revisión,
ni constitucionalmente ni jurídicamente ni políticamente, permítanme, ni
éticamente es defendible. Se mire por donde se mire, es una aberración
cuyo planteamiento va más allá de lo que representó en su día la LOAPA
como instrumento vulnerador de los equilibrios competenciales
contemplados en el Título VIII de la Constitución. Porque la LOAPA podía
explicarse, y así se hizo --en esta misma Cámara se hizo en su momento--,
como lectura interpretativa del citado Título VIII con espíritu
armonizador, pero lo que ahora se propone, que es la revisión por el
Parlamento del Estado de actos de control político realizados por
parlamentos autonómicos, es un esperpento de gran calibre que sólo la
improvisación puede explicar, o al menos eso es lo que nuestro Grupo y
este Diputado desean entender, porque no me atrae la idea, señorías, de
que tras estas iniciativas exista una consciente voluntad política de
alterar gravemente los espacios competenciales establecidos por la
Constitución. Debe ser fruto, repito --imagino-- de la improvisación. En
definitiva, un humano error fácil de enmendar esta misma tarde.

Señorías, apelo a su sensibilidad autonómica y a su indudable lealtad
constitucional. Por ello les voy a recordar un hecho, que la señora
Rahola también conoce perfectamente. Cuando el 11 de abril de 1934 el
Parlamento de Catalunya aprobó la denominada «Ley de Contractes de
Conreu», las fuerzas políticas mayoritarias en el Parlamento de Cataluña
encajaron muy mal que se recurriera la misma ante el entonces Tribunal de
Garantías Constitucionales que por 13 votos contra 10 declaró la nulidad
de la ley catalana, en uso de sus atribuciones lo hizo el Parlamento de
Catalunya. Tras la polémica sentencia, los Diputados de Esquerra
Republicana de Cataluña se retiraron del Parlamento español ante lo que
entendían que representaba una injerencia estatal ante una ley del
Parlamento catalán y una desnaturalización, se dijo, de la propia
República, y presentaron nuevamente en el Parlament de Catalunya la misma
ley anulada para su posterior aprobación en idénticos términos. Este
recuerdo histórico nos permite profundizar en lo que supondría ahora,
como injerencia en las competencias autonómicas, admitir que una comisión
del Congreso de los Diputados pudiera analizar unos hechos que han sido
objeto de investigación por parte del parlamento autonómico competente.

Sin duda, la aceptación de este planteamiento sería mucho más grave que
las consecuencias, siempre polémicas, que se derivan cuando el Tribunal
Constitucional anula una ley, como sucedió en la II República ante la ya
citada «Ley de Contractes de Conreu» catalana.

No exagero cuando digo que dar luz verde a las propuestas de
investigación de Casinos y tragaperras puede generar, y en relación al
primero de los casos va a generar, el mayor conflicto constitucional de
competencias entre comunidades autónomas y el Estado que se ha planteado
desde 1978. Apelo a su responsabilidad, señorías, para evitar un
conflicto entre órganos --Parlament de Catalunya, Parlamento Vasco,
Congreso de los Diputados-- que



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tienen un perfil nítidamente dibujado por el llamado bloque
constitucional y que temporales mayorías políticas no pueden alterar en
ningún supuesto. Se impone, por tanto, la sensatez. Y no es sensato,
insisto, provocar un conflicto constitucional entre instancias del Estado
(pues el Parlamento de Cataluña o el Parlamento vasco también son
instituciones del Estado) de imprevisibles consecuencias políticas.

Más allá de la letra de la mismísima Constitución, que sin duda ampara
nuestra posición, más allá de la letra de esta Constitución, insisto, los
nacionalistas catalanes no podemos aceptar el precedente histórico que
supondría admitir que una comisión no permanente del Congreso de los
Diputados pudiera ser la instancia revisora de la actuación y decisión de
nuestro Parlament, y más todavía cuando este Parlament lo ha hecho en el
lícito ejercicio de sus funciones y competencias, previamente aceptadas y
reconocidas por todos, incluido --subrayo-- el Partido Popular,
Iniciativa per Catalunya y Ezquerra Republicana de Catalunya antes de las
propuestas que ahora debatimos.

Y una advertencia. Que nadie se afane en decir que este planteamiento
jurídico-constitucional de defensa de potestades competenciales esconde,
señor Presidente, una negativa a ser examinado o investigado nuestro
Partido y nuestro Grupo. Nada más lejos de nuestra voluntad y, si se me
permite, nada más cercano a la rapacería política.

Si lo desean, investiguen nuestras cuentas; conozcan de ellas; sepan de
nuestros números. Ahí tienen los informes fiscalizadores del Tribunal de
Cuentas, vayan SS. SS. al fondo, al nuestro, y lógicamente al suyo
propio, al de cada uno. Pero no vulneren la Constitución ni los Estatutos
de Autonomía usando el Congreso de los Diputados como Cámara revisora de
iniciativas, trabajos y acuerdos de parlamentos autonómicos.

Nada más, señor Presidente. Le agradezco la amabilidad de haberme
concedido más minutos de los que prevé el Reglamento.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor López de Lerma. Les quiero
hacer una advertencia que no habíamos podido comentar el señor Letrado y
yo antes aquí.

Esta Presidencia no utilizará el Reglamento de la Cámara en limitación de
tiempo. Creo que se nos ha encomendado por el Pleno una materia muy
importante para la democracia ante la opinión pública, y desde luego esto
no es una agencia de viajes para poner horarios a la entrada y salida de
los vehículos de transporte.

Tendrán SS. SS. todo el tiempo que su necesidad y su inteligencia
precisen, remitiéndome a la ponderación que sus propias señorías hagan.

Esta Presidencia entiende que esto no es una comisión ordinaria y formal,
que tiene que estar, como dice nuestro Reglamento, sometida al mismo en
los tiempos, y así SS. SS. dispongan de todo el espacio necesario para
los alegatos dada la trascendencia y la importancia, repito, del asunto a
debatir.

Lo que sí pediría es que nos respetásemos los turnos y se esperaran al
final para intervenir los que se sientan aludidos.

Por tanto, en esa misma línea, tiene la palabra el señor Alcaraz,
representante del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.




El señor ALCARAZ MASATS: En sentido estricto se nos acaba de anunciar
aquí un recurso de inconstitucionalidad desde el Parlamento catalán.

Políticamente esto quiere decir mucho, demasiado, dramáticamente
demasiado.

Nosotros pensábamos que podría haber repercusiones políticas,
directamente políticas, en el sentido de que el señor Pujol o los
representantes de Convèrgencia i Unió dudaran de seguir sosteniendo al
Gobierno de la nación en función de lo que aquí se hiciese. Esto nos
parecía fuerte, pero hasta cierto punto previsible desde el punto de
vista político, ¿por qué no?
Sin embargo, aquí se nos anuncia algo que va mucho más allá. Se nos
anuncia que, efectivamente, se puede romper la baraja a través de una
conflictividad institucional entre el Parlamento de Cataluña, en función
del recurso que puede interponer, y el Congreso de los Diputados. Simple
y llanamente esto es lo que se nos acaba de decir, citando constantemente
el texto constitucional y, a la inversa, la inconstitucionalidad posible
de algo que nunca nadie ha pedido: la revisión de resoluciones de ningún
otro parlamento.

Dicho esto, señor Presidente, no voy a entrar a contestar ninguno de los
epítetos, calificativos o términos peyorativos que aquí se han utilizado
porque la misión de esta Comisión es de enorme importancia. Nadie quiere
llegar al caso italiano. Por eso, esta Comisión tiene una importancia
radical en este momento en que se puede evitar el deterioro del prestigio
de los políticos, de las instituciones y de la propia democracia.

Hemos llegado a tiempo. Luego esta Comisión tiene esa misión clave de
tirar el agua sucia, pero con ella no al niño. (Risas.) A esta
responsabilidad nos vamos a tener todos.

Esto quiere decir que nosotros queremos investigar a fondo y rápidamente,
para pasar luego a la ley de partidos políticos, pero que no estaríamos
de acuerdo, y se ha apelado a la responsabilidad, ante ningún tipo de ley
de punto final que estableciera esta comisión de investigación o de
estudio.

Hay que recordar que esta Comisión se constituye a partir del debate del
Estado de la nación. Se dijo en pasillos y por los medios de comunicación
--y yo me lo creo-- que se estableció una presión muy fuerte por parte de
don Baltasar Garzón y algún grupo independiente del Grupo Socialista --y
yo me lo creo-- de cara a la necesidad de que hubiese investigaciones
serias para atajar el problema de la corrupción.

Hubo detenciones, paso a pasito, en el debate parlamentario, y el señor
González, al final, propuso que se iba a crear posiblemente una comisión,
pero no sólo sobre el caso Filesa --que había propuesto el Partido
Popular--, sino que quizá iría más allá.

Se reunieron el señor González --o su representante--, el señor Solchaga,
el señor Roca y don Baltasar



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Garzón, por lo menos así se publicó y nadie lo ha desmentido, y parece
que el señor González, o su representante, lógicamente metió el tema
Naseiro; el representante del señor Aznar metió el tema de Filesa y
parece que el señor Roca metió el etcétera. En todo caso hubo un acuerdo
de todos a la hora de votar la constitución de esta comisión de estudio e
investigación; hubo un acuerdo previo. Desde luego nosotros no
participamos en la redacción que se hizo y que era: Investigación y
estudio de los casos Filesa, Naseiro, etcétera, en función de unas
premisas: casos que hubiesen tenido relevancia social --a través de los
medios de comunicación social del Estado y social en general--, primera
premisa, y segunda, que afecten a fuerzas parlamentarias. Se puso incluso
una fecha y este límite de fuerzas parlamentarias, no aquellas que
hubiesen concurrido a elecciones y no hubiesen obtenido representación
parlamentaria. A partir de ahí empezamos a trabajar y hasta este momento
no se ha planteado ningún problema, ninguna previsión con respecto a los
casos que podían aquí tomar cuerpo en función de las propuestas de los
distintos grupos políticos.

En consecuencia, si algún caso que nosotros planteamos como Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, en función de los requerimientos de
nuestra fuerza aliada --Iniciativa per Catalunya--, tiene relevancia
social y afecta a una fuerza parlamentaria, creemos que cumplimos
estrictamente el mandato parlamentario. Esto por un lado.

Por otro, y me voy a referir ahora a la comisión de investigación en
Andalucía, allí se estudió a los partidos de ámbito andaluz --lo que hoy
se llama la Plataforma Andalucista-- y de ámbito estatal, y nadie se
metió en el terreno de la soberanía estatal; estábamos partidos de ámbito
estatal, como el Partido Popular, el Partido Socialista Obrero Español o
Izquierda Unida. En todo caso, también pedimos que esta comisión se
constituyera a nivel de las Cortes Generales, extremo éste que se
rechazó. Lo que quiero decir es que allí, estos grupos políticos, estos
partidos representamos la soberanía andaluza y nos atuvimos a ella en
función del Estatuto, y en cuanto fuerzas que participamos, seamos o no
de ámbito estatal, en las elecciones a Cortes Generales, estamos
supeditados a los acuerdos de las Cortes Generales.

Así se lo dijimos a la Plataforma Andalucista, puesto que ha tenido
representantes en esta Cámara y se ha presentado sucesivamente, con mayor
o menor fortuna, a las elecciones a Cortes Generales. Por tanto, se
participa en la política general e incluso se participa en negociaciones,
que yo veo legítimas aunque no las comparto, a la hora de establecer los
presupuestos definitivos del Estado.

Por todo ello no entendemos que se nos anuncie un conflicto
institucional, incluso constitucional, en función de la intervención del
señor López de Lerma, como tampoco entendemos que se pueda hablar de
rapacidad, de morbo o de cosas por el estilo.

Nosotros queremos, como el resto de los grupos hasta ahora habían dicho,
investigar, y a partir de la investigación depurar responsabilidades
políticas --no penales ni civiles--, y en función de esa aduana que le
hace falta a la democracia española y que hay que traspasar de manera
digna ante la gente, ante el cuerpo social de la soberanía popular,
establecer una ley de partidos políticos que integrara las dos
vertientes, la democracia interna y la financiación de estos partidos y
grupos políticos de todo tipo: federaciones, coaliciones, etcétera.

Por tanto, nos ha sorprendido muchísimo el escrito que firma don Josep
López de Lerma (que ha tenido entrada en función del primer plazo que se
puso esta Comisión) por dos extremos que se recogen en este escrito, se
habla en él de la distribución competencial, cosa que ha argumentado
extensamente el señor Lerma, y de que cada Parlamento realice en su
territorio el control de los ejecutivos de las comunidades autónomas.

Nosotros no queremos investigar a ningún ejecutivo, ni a ningún Gobierno,
porque estamos hablando de un partido; no estamos hablando ni de un
ejecutivo ni de un parlamento, sino que estamos hablando, insisto, de un
partido que tiene ámbito estatal en su iniciativa de presentarse a las
elecciones a Cortes Generales.

Otro extremo que no entendemos tampoco es cuando este escrito culmina su
argumentación diciendo que el Grupo de Convergència i Unió se reserva la
posibilidad de presentar iniciativas concretas en orden a la revisión de
decisiones adoptadas por parlamentos autonómicos. No entendemos qué
quiere decir ni cómo se puede realizar esta revisión a menos que se haga
a través del Tribunal Constitucional, en cuyo caso esta Comisión no
tendría sentido, ya que tendríamos que esperar a que se pronunciara dicho
Tribunal Constitucional o que admitiera, en todo caso, la demanda
correspondiente, y, a mi juicio, sería algo que no tiene apoyo jurídico
ni apoyo político.

No compartimos que no haya prioridad política en cruzar esta diana
dignamente, evitando entrar en el tiroteo democrático que se ha producido
en otros países. Estamos en el momento de culminar esta situación, y a
partir de ahí entraremos en la ponencia de la Comisión Constitucional que
se haya de encargar de la ley de partidos políticos. A este respecto, sin
ningún dramatismo, el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
ha pedido que se investigue el caso conocido como Casinos de Cataluña.

Referente a la documentación, ha pedido los estatutos del Partido
Socialista Obrero Español vigentes en el momento en que se produce este
caso, la referencia que tenemos de la resolución parlamentaria; es decir,
a partir de que es conocido socialmente el caso Filesa, casos conocidos
socialmente, y planteamos la necesidad, tanto en la vertiente de estudios
como en la de investigación, de la comparecencia aproximada de unas
cuarenta personas responsables de organización y finanzas de las fuerzas
políticas con representación parlamentaria, representantes del Ministerio
del Interior, Tribunal de Cuentas y Banco de España. Entre los expertos,
solicitamos la comparecencia del señor Diego López Garrido y Pilar del
Castillo Vera. Hay pocas publicaciones sobre financiación de partidos
pero alguna hay, y, sobre todo, a partir de marzo de este año hay muchas
más.

Referente al caso Casinos de Cataluña, tendríamos quince días a partir de
hoy para la primera petición de comparecencias, y, por lo que concierne
al caso Filesa, solicitamos, entre otras, la comparecencia del señor
Galeote, el señor Moreda Luna, perteneciente al Partido Socialista



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Obrero Español; pedimos, igualmente, la comparecencia de don Emilio
Ybarra y don José Angel Sánchez Asiaín, responsables del BBV, y
responsables de las distintas empresas que aparecen relacionadas con el
caso denominado Filesa. También pedimos la comparecencia de don Carlos
Alberto Van Schouwen, que fue la primera persona que levantó este tema en
la resolución del Pleno, a través del conocimiento social de la
situación.

En cuanto al caso Naseiro, pedimos la comparecencia de personalidades
políticas presuntamente implicadas, don Rosendo Naseiro, don Salvador
Palop y don Angel Sanchís, y también los representantes de las empresas
que aparecen relacionadas en este tema.

No creemos --termino, señor Presidente-- que el caso Naseiro pueda estar
cerrado a nivel de responsabilidades políticas, como se ha dicho. Con
independencia de que la prueba de las cintas no fuese viable en función
de la legislación procedimental, a nivel de responsabilidad política este
caso no está cerrado con el archivo del sumario.

He terminado, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario
Popular, don Jaime Ignacio del Burgo.




El señor DEL BURGO TAJADURA: Voy a referirme, en primer lugar, a la
posición del Grupo Popular en relación a las propuestas que hemos
formulado tanto en el caso Filesa como en el caso Naseiro-Manglano.

Respecto al tema de Filesa, nos parece imprescindible que esta Comisión
cuente con el informe realizado por los peritos que designó el Ministerio
de Hacienda en relación a la causa especial que se sigue en el Tribunal
Supremo.

En segundo lugar, hemos pedido la comparecencia de una serie de personas
que están relacionadas directamente con Filesa o con las empresas que
componían el grupo de captación de fondos, así como responsables
políticos del Partido Socialista que, en principio, parece que tienen o
han tenido relación con las finanzas del mismo.

Pedimos también la aportación de las declaraciones del impuesto sobre la
renta y patrimonio y de las cuentas corrientes de los señores Navarro y
Sala desde el 1.º de enero de 1987 hasta el 31 de diciembre de 1992.

Solicitamos la aportación de las cuentas bancarias del Partido Socialista
de 1990; pedimos la remisión de los informes de fiscalización del
Tribunal de Cuentas sobre los gastos electorales del Partido Socialista
Obrero Español de las elecciones comprendidas entre el año 1987 y 1991,
ambos inclusive, y, por último, requerimos que por las autoridades
competentes de la Confederación Helvética se informe sobre posible
existencia de cuentas bancarias en entidades financieras suizas a nombre
de los señores Navarro y don Luis Oliveró, con una serie de cuentas que
se señalan, donde, al parecer, se efectuaron importantes depósitos en
dinero.

No hay que justificar el porqué solicitamos todas estas comparecencias y
documentación en relación al caso Filesa, porque, en definitiva, el
Congreso de los Diputados, en su resolución, claramente determinó que era
uno de los supuestos que debían ser investigados precisamente por la
trascendencia política y social que dicho asunto tenía ante la opinión
pública.

En el asunto Naseiro, tal como está citado --aunque para nosotros es más
el caso Manglano que el caso Naseiro, pero lo hago por seguir la
terminología que utiliza el propio acuerdo del Congreso de los
Diputados--, nosotros podríamos hacer una serie de consideraciones de
tipo jurídico-constitucional que conducirían probablemente a algo mucho
más profundo que lo que nos ha aludido, y a lo que luego me referiré, el
señor López de Lerma como posible conflicto constitucional si esta
Comisión decide investigar el Caso Casinos.

En primer lugar, hago una advertencia, el Grupo Popular debe dejar
constancia, y así lo hace en este momento, de la trascendencia que tiene,
y que puede tener, el hecho de que un caso judicialmente cerrado se
reabra políticamente en el Congreso de los Diputados, lo cual significa
que en el futuro cualquier caso judicialmente cerrado podría ser
reabierto si así lo entiende la voluntad mayoritaria de la Cámara, puesto
que sentamos un claro precedente.

Podríamos también alegar, en relación al tema Naseiro --en el que no
vamos a oponernos a que se produzca la investigación y, por consiguiente,
nada tenemos que temer del resultado de esa investigación--, que sí nos
llama la atención el hecho de que precisamente se haya elegido un asunto
que judicialmente se encuentra cerrado. Y que no sólo se encuentra
cerrado judicialmente mediante sentencia firme, sino que la única prueba
que sustentaba la acusación, y no existe otra, es la grabación ilegal
realizada por el juez Manglano, en unas cintas que han sido declaradas
nulas y destruidas y que, según un auto del Tribunal Supremo, no pueden
sustentar, ni directa ni indirectamente, ninguna posición acusatoria.

Por consiguiente, cuando este Congreso de los Diputados llame a declarar
a las personas que previsiblemente va a llamar, naturalmente lo va a
hacer en uso exclusivamente de unas informaciones transmitidas a través
de una prueba declarada nula e ilegal, destruida y que no puede ser
tenida en cuenta. Es posible que aquí el Congreso de los Diputados esté
realizando algo mucho más profundo, en cuanto a velación de derechos
constitucionales, que lo que puede --y luego hablaremos de ello--
realizar en el tema de los casinos.

Dicho esto para que quede constancia de ello, también afirmo que el
Partido Popular no va a ser ningún obstáculo para que se investigue el
caso Naseiro en los términos en que decida mayoritariamente esta
Comisión.

Entramos en los otros dos asuntos que el Partido Popular entiende que
deben ser objeto de investigación en esta Comisión, el caso llamado
casinos de Cataluña y el caso llamado tragaperras del País Vasco. Voy a
empezar por justificar el relativo al caso de las tragaperras. Cuando en
esta Comisión de investigación se planteó --y fue unánime el acuerdo--
que había que dar contenido al etcétera que figura en el acuerdo de
constitución de la misma, ya en ese momento alguien temió que ese
etcétera pudiera servir para poder investigar otros casos que no afectan
a los grupos mayoritarios de la Cámara, sino que podrían afectar a los
grupos minoritarios de la misma. Y desde ese mismo



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momento este portavoz, que no hace sino transmitir personalmente en la
Comisión la opinión o la decisión y los criterios del Grupo Popular, y
que, por consiguiente, en esta Comisión no actúa más que como un
mandatario de dicho Grupo, fue objeto de un verdadero acoso e intento de
derribo por parte de dirigentes nacionalistas vascos, cuyo portavoz en
esta Cámara incluso llegó a decir que soy un obseso que busca satisfacer
sus odios personales.

No he pedido el amparo de la Presidencia porque ante este tipo de
acusaciones uno se ampara solo, no necesito el amparo de la Presidencia.

Pero, en cualquier caso, me parece bastante llamativo que ante la simple
noticia de la perspectiva de que alguien pudiera solicitar la
investigación del caso de las tragaperras se formulen esas reacciones,
con ataques de virulencia personal que sí son propios del navajeo
político, pero no de algo que haga referencia a la dignidad política.

El asunto de las máquinas tragaperras del País Vasco o, dicho con
lenguaje más jurídico, la presunta financiación ilegal del Partido
Nacionalista Vasco, efectuada --también presuntamente-- en función de la
concesión ilegal de varios miles de tragaperras o máquinas de juego, por
las que se percibía --también presuntamente-- cantidades que pueden
oscilar alrededor del millón de pesetas, lo que de ser cierto supondría
una financiación ilegal de cantidades bastante llamativas --de 1.000 ó
2.000 millones de pesetas com mínimo si fuera cierto, repito, todo esto--
no es un invento del Partido Popular, ni del Grupo Popular, ni, por
supuesto, de Jaime Ignacio del Burgo; son los tribunales de justicia los
que en este momento están investigando qué es lo que ocurrió en este
asunto, y hay un auto, precisamente del verano de 1994, del 18 de julio,
de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Autónoma del País Vasco, por tanto, del máximo órgano judicial
en el ámbito territorial del País Vasco, que dice que debe seguir
investigándose este asunto en un juzgado de San Sebastián, por entender
que hay indicios suficientes como para que se investigue la presunta
financiación irregular del Partido Nacionalista Vasco, que es el único
asunto que está en cuestión; es decir, si el Partido Nacionalista Vasco,
como partido político, ha tenido una financiación ilegal a través de ese
presunto cobro de comisiones por la concesión ilegal de máquinas
tragaperras.

En cuanto al asunto de Casinos de Cataluña, no voy a reproducir --porque
hago mías sus palabras-- las manifestaciones de la señora Rahola, que ha
dado cumplida cuenta de por qué se solicita la investigación de la
presunta financiación irregular en este caso de Convergència de Cataluña.

Lo que no me podía imaginar es que yo, que soy foralista (lo que
significa defender a ultranza, incluso con cierto radicalismo, los
derechos históricos de Navarra y, por supuesto, los derechos históricos
del País Vasco e incluso defender una concepción autonómica del Estado,
porque no somos exclusivistas en nuestro derecho al autogobierno); lo que
no me podía imaginar, repito, es que cuando firmé el escrito de solicitud
de investigar los casos Casinos y Tragaperras estuviera poniendo en
cuestión los fundamentos mismos del reparto competencial de nuestro
Estado de las Autonomías. No podía imaginar que estuviera cometiendo una
atrocidad superior a la que se derivó del intento, derivado a su vez
--perdón por la redundancia-- de la Loapa. No podía imaginar que íbamos a
pretender un conflicto de esa naturaleza con el Parlamento de Cataluña. Y
yo comprendo que el señor López de Lerma intente evitar que este
Parlamento investigue a su partido político en su financiación
posiblemente o presuntamente ilegal, lo comprendo. Pero desde luego se
hace muy flaco servicio a la autonomía y muy flaco servicio a Cataluña al
tratar de decir que si el Parlamento español investiga Casinos de
Cataluña está cometiendo un atentado contra la autonomía de Cataluña. Me
parece que eso sí que es esperpéntico; me parece que eso es atroz; me
parece que ese planteamiento es verdaderamente sibilino, que tal vez
quede muy bien en las Ramblas de Cataluña, pero que, desde luego, es
imposible de sostener en términos de Derecho.

Este Parlamento español, este Congreso de los Diputados, tiene atribuida
la función de realizar comisiones de investigación en el artículo 76 de
la Constitución, que se refiere a las Cámaras, dentro del Título III, que
se refiere a las Cortes Generales. Y el artículo 76 no hace ninguna
referencia a la labor de control del Gobierno del Estado español o, a mí
me gusta más, de la Nación española. ¿Por qué? Porque el artículo 76 dice
que el Congreso y el Senado y, en su caso, ambas Cámaras conjuntamente,
podrán nombrar comisiones de investigación sobre cualquier asunto de
interés público. Y el asunto de interés público que ocupa a esta Comisión
es precisamente estudiar la financiación, en general, de los partidos
políticos, e investigar algunos casos concretos en los que pudiera estar
afectada la transparencia de la financiación de esos partidos. Y
Convergència de Cataluña es un partido político más en el espectro
español que se sienta en estas Cortes Generales; por consiguiente,
intentar investigar un asunto que le afecta de forma directa y que puede
afectar a su financiación presuntamente irregular, nada tiene que ver con
la investigación de su Gobierno, aunque naturalmente alguna intervención
pudiera tener el Gobierno de Cataluña, puesto que sin su mediación no
hubiera sido posible --y hablo en términos de hipótesis-- esa
financiación irregular.

Pero a quien se investiga es al partido político. De aquí, de esta
Comisión, no va a salir en modo alguno ninguna censura política hacia el
Gobierno de la Generalidad de Cataluña, sino que, en todo caso, si se
demuestra que, efectivamente, hubo esa financiación irregular, se dirá:
Convergència de Cataluña se financió irregularmente en función de ese
asunto que hemos investigado y nada más.

Le diré al señor López de Lerma que cuando se habla del control del
Gobierno es el Título V, no el III, el que habla de cuáles son los
elementos de control, y las comisiones de investigación no son
necesariamente un instrumento de control del Gobierno, puesto que, como
he dicho antes, se pueden realizar en función de cualquier asunto de
interés público, que no precisamente tiene que afectar al Gobierno de la
nación.




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Pero es más. El artículo 109 de la Constitución dice que las Cámaras y
sus comisiones, en este caso evidentemente la Comisión de Investigación,
podrán recabar, a través de los presidentes de aquélla, la información y
ayuda que precisen del Gobierno, de sus departamentos y de cualesquiera
autoridades del Estado y de las comunidades autónomas. Es decir, no
escapan tampoco las comunidades autónomas a la posible investigación o a
la posible, por lo menos, petición de información de las Cortes
Generales.

Por consiguiente, nada de atrocidades, nada de esperpentos, nada de
conflictos constitucionales, nada de invasión de las competencias del
Parlamento de Cataluña, sino algo tan sencillo y simple como saber si, en
efecto, el Partido Nacionalista Vasco, en el caso del País Vasco, o
Convergència de Cataluña, en el Caso Casinos, se financiaron o no
ilegalmente, irregularmente o anómalamente en función de todas esas
investigaciones que se pretenden realizar. Nada más que eso, señor
Presidente.

Concluyo, diciendo que ésta es la posición del Grupo Popular. El Grupo
Popular quiere transparencia en la gestión de los fondos públicos. El
Grupo Popular quiere, además, dejar constancia de otra cosa que me parece
que es importante. Aquí se ha dicho que lo que está en cuestión es el
sistema de financiación pública de los partidos políticos. Yo no me
atrevería a decir tanto. Yo creo que lo que está en cuestión es saber si
ha fracasado la Ley de Financiación de Partidos Políticos que en 1987 las
Cortes Generales aprobaron y promulgaron, y que se decía entonces que era
la panacea para resolver cualquier problema de financiación de forma
transparente; saber si eso ha fracasado, no porque las normas estén bien
o mal hechas, sino porque ha habido simplemente actuaciones al margen de
las normas o contra las normas que han permitido una financiación ilegal.

Ese es, en resumidas cuentas, el núcleo esencial del asunto Filesa.

Mientras en el Congreso de los Diputados el señor Navarro, portavoz del
Grupo Socialista, decía que a partir de la Ley de 1987 todo iba a ser
maravilloso porque estaba garantizado el control del Tribunal de Cuentas,
estaba garantizada una financiación transparente, resulta que, según
parece --y ése es el objeto de esta Comisión--, se estaba organizando un
sistema de lo que se llama ingeniería financiera, simplemente para eludir
las normas que ese grupo mayoritario estaba tratando de imponer a los
demás grupos políticos.

De eso es de lo que se trata en esta Comisión, señor Presidente. Por
tanto, creo que al margen de grandilocuentes pronunciamientos
autonomistas, lo único que la opinión pública quiere saber es si nuestros
partidos políticos --y empiezo por el mío-- se han financiado o no
irregularmente. Y lo que a su vez quiere la opinión pública es, una vez
constatado esto, determinar si es posible introducir reformas en la
legislación para evitar que estas cosas puedan volver a suceder.

Haríamos un flaco servicio a la democracia si en este momento, en esta
tarde, guillotináramos las perspectivas de que, de una vez por todas, en
este Parlamento español entre el aire fresco de la transparencia, de la
ética y de la moralidad públicas.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor representante del Grupo
parlamentario Socialista, don Fernando Gimeno.




El señor GIMENO MARIN: Ha sido muy acertada la decisión de la presidencia
de abrir las ventanas, porque sin ninguna duda el aire fresco entra.

Yo creo que esta sesión de esta Comisión es de enorme interés, no sólo
por las conclusiones que al final tendremos que decidir y concretar, sino
por el debate que se está produciendo.

En ese contexto es en el que, para dar una coherencia a las propuestas
que hemos presentado a la Presidencia de esta Comisión, necesariamente
tengo que hacer referencia a algunas consideraciones previas para
justificar lo que nosotros estamos planteando no sólo en cuanto a lo que
proponemos en estos momentos, sino en cuanto a los objetivos.

Yo creo que una comisión de investigación que afecta a la financiación de
los partidos políticos, y también una comisión de estudio, no es lo mismo
que cualquier comisión de investigación de las que se han establecido en
esta Cámara con anterioridad; en absoluto. En mi opinión, los partidos
políticos, que son asociaciones civiles con relevancia constitucional (lo
cual es un matiz muy importante que articula la voluntad popular y no
sólo eso, sino también los canales y los cauces a través de los cuales se
propone quienes están al frente de las instituciones de nuestro país),
constituyan un elemento lo suficientemente importante, no sólo en nuestro
país sino en todos los países democráticos, como para que la aproximación
a lo que es una comisión de investigación de esa financiación se haga con
voluntad clara, pero también con prudencia, máxime en estos días en que
estamos viendo que el problema de esa financiación no es un problema de
nuestro sistema democrático, sino que el problema de la financiación de
los partidos políticos es un problema de fondo importante que afecta al
conjunto de las democracias occidentales.

Quiero indicar que yo creo que en las intervenciones hay matices que
espero que a lo largo del desarrollo de esta Comisión iremos concretando.

Quiero adelantar que algunas de las posiciones que he oído me parecen de
enorme interés.

Mi partido y mi Grupo coinciden en que no queremos, y creemos que hemos
llegado a tiempo, que esto sea el caso italiano, pero también quiero
adelantar que mi partido y mi Grupo tampoco quieren que seamos, porque no
lo somos, el caso francés; aquí ni indultos ni amnistías, en absoluto.

Hay una reflexión de enorme importancia cuando se habla de una Comisión.

En esta Cámara existe una Comisión que no es de investigación para el
caso Banesto, un caso conocido y con relevancia sin ninguna duda también
en los medios de comunicación. Cuando se habla del caso Banesto todo el
mundo distingue perfectamente lo que era la entidad específica o la
empresa específica Banesto de lo que eran las responsabilidades de las
personas que han asumido la gestión de ese tipo de entidad, y a nadie se
le plantea siquiera el cuestionamiento de lo que es la entidad o la
empresa.




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Yo creo que es muy importante que por parte de los miembros de esta
Comisión, y a través de los medios de comunicación, se tenga en cuenta
que los partidos políticos son casi instituciones en el funcionamiento de
nuestro sistema democrático, y que el problema no son los partidos
políticos sino, en todo caso, las deficiencias e irregularidades que se
cometan o no por determinadas personas.

En esta Comisión uno de los planteamientos fundamentales es partir de ese
principio, porque, si no, ponemos también en debilidad el funcionamiento
del conjunto de nuestro sistema. Es cierto que es un problema que tenemos
que resolver o mejorar, y creo, como ha dicho algún portavoz, que hemos
llegado a tiempo para hacerlo.

Pero para resolverlo tenemos que hacer el esfuerzo entre todos de evitar
ese esquema de planteamiento de cada uno de los que estamos formando
parte de esta Comisión para cumplir un mandato del Pleno del Congreso. No
se trata de la posición que ofrecimos cada uno de los grupos, sino que
estamos por unanimidad cumpliendo, insisto, un mandato del Congreso. A mí
me parece muy importante que seamos capaces de elevarnos a un nivel
suficiente en esta Comisión cuando hablemos de los casos de los distintos
partidos, y lo digo desde la posición de un partido al que se le imputa,
a través de los medios de comunicación desde hace ya prácticamente cuatro
años en unas llamadas diligencias previas, algún tipo de insinuaciones
sobre si existen o no irregularidades en lo que afectaba a su
financiación. Lo digo, repito, desde esta situación y desde la
incomodidad, en parte, de haber estado en los medios de comunicación
durante tanto tiempo con una cuestión de esas características, pero desde
la comodidad de que es prácticamente imposible que se lleguen a conocer
más cosas de ese caso de las que se hayan podido conocer en un
procedimiento judicial que en diligencias previas lleva por el momento
cerca de cuatro años.

Si nosotros somos capaces en esta Comisión de elevarnos a ese nivel
mínimo, evitaremos --tengo esa sensación-- lo que se persigue en alguna
de las intervenciones, y es que se llegue a decir: «como a mí me han
hablado de un caso que dicen que afecta a mi partido, yo tengo que sacar
el caso que afecta a otro partido». Yo creo que esto sería un error; es
uno de los problemas que en el planteamiento de nuestras propuestas
estamos intentando evitar. Y lo intentamos evitar, insisto, con el fin no
de que se conozcan más o menos casos, sino porque creemos que afecta a
una parte fundamental del funcionamiento del sistema democrático. No
queremos ni caso italiano ni tampoco queremos caso francés, queremos caso
español y situación española, que es que los partidos políticos salgan
del trabajo de esta Comisión más fortalecidos, más transparentes y más
democráticos, aunque sé que es una tarea difícil que no se resuelve,
desgraciadamente, en un momento. Es una tarea que exige un proceso de
tiempo.

Queremos conocer deficiencias y queremos conocer irregularidades. ¡Claro
que queremos conocerlas! Y no sólo queremos conocerlas superficialmente,
queremos conocerlas en su profundidad y queremos que se delimiten también
responsabilidades. Considero --y la Comisión tendrá que decir no sólo
eso, sino otras cosas-- que habrá que determinar si existen o no
responsabilidades en las actuaciones de personas, porque, en mi opinión,
es difícil que haya responsabilidades en la actuación de los partidos, me
estoy refiriendo a lo que conozco en este momento, pero esta Comisión
podrá clarificarlo.

Quiero poner de manifiesto una cuestión muy clara que hemos tenido en
cuenta a la hora de presentar nuestras propuestas. No queremos la
reproducción de procedimientos judiciales, porque esta Comisión es
fundamentalmente política y tiene que buscar objetivos políticos; no es
un problema de prueba judicial. Precisamente por ello no comparto ciertos
criterios que algún grupo ha planteado respecto a determinado caso que
entiende que ya está cerrado a todos los efectos. Estará cerrado
judicialmente, pero eso no me preocupa, porque si lo que me preocupara
fuera confluir con el procedimiento judicial, tendríamos problemas muy
serios, ya que todavía hay procedimientos judiciales abiertos respecto a
los otros casos que se están planteando en estos momentos en el debate.

Y, por ahora, esta Cámara, políticamente, ya ha resuelto que aunque haya
un procedimiento judicial, también se puede seguir actuando. Pero esta
Cámara todavía no ha decidido que, cuando haya un procedimiento judicial
cerrado, no haya posibilidad de existencia de responsabilidades
políticas, y yo espero que siga sin decidir esto, puesto que es
totalmente diferente.

Es importante para mi Grupo y para mí que seamos capaces de escenificar
el planteamiento político que nos corresponde, no sólo por probarlo, sino
por tener el convencimiento político suficiente de lo que es la prueba
judicial. Estos días hemos oído la opinión de los tribunales en
sentencias muy polémicas en las que se dice que el convencimiento existe;
lo que no existe es la fuerza legal de la forma de la prueba, de cómo
debe ser. Yo creo que eso es válido en estos planteamientos. No queremos,
por tanto, reproducción de procedimientos judiciales.

Esta Comisión tiene esa función investigadora y de estudio, y tendrá que
delimitar responsabilidades políticas y hacer propuestas políticas para
fortalecer el sistema de partidos. Por tanto, creo que es bueno que
tengamos un horizonte de trabajo temporal --no lo someteré a votación si
no hay unanimidad en la Comisión en estos momentos-- para que nadie dude
de nuestra voluntad clara de avanzar en este tema lo máximo posible.

No hemos querido caer en la competencia de ver quién presenta más casos o
cita más personas, ni solicitar comparecencias que no hemos considerado
necesarias en estos momentos. En ese contexto mi Grupo quiere dejar bien
claro cuál va a ser su posición.

Respecto a los planteamientos o propuestas efectuadas por los distintos
grupos, los socialistas hemos dicho siempre --no es ninguna incógnita--
que se investiguen los casos conocidos como Filesa y Naseiro,
prioritariamente y cuanto antes. Lo digo para que quede bien claro. Antes
se planteaba la duda de si se realizaba primero la investigación y
después el estudio. No, cuanto antes y dentro de nuestras posibilidades
reales. En este sentido quiero hacer simplemente una sugerencia al
Presidente de la Mesa. Algunas de las personas que podríamos decidir que
se citen están pendientes de citaciones judiciales a tiempo fijo y



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determinado --que no es muy extremado--. Ténganse en cuenta estas fechas
para evitar que surjan problemas de coincidencia para dicha citación,
problemas que esta Cámara ya ha tenido en algún caso, por ello lo
recuerdo. Pero queremos que se empiece cuanto antes, lo digo claramente.

Mi Grupo no tiene ningún problema en que se empiece por el caso Filesa,
que tampoco nos preocupa.

Respecto a los casos propuestos como nuevos, casos casinos y tragaperras,
nuestra opinión es contraria, y lo quiero dejar bien claro. Razones en un
caso y en otro. Nosotros decimos Filesa y Naseiro porque estos casos, sin
duda alguna, son los de más resonancia pública y política. Así es, y
tampoco es extraño, ya que corresponden a los grupos mayoritarios en la
Cámara en estos momentos. Además, estos casos son citados expresamente en
una resolución. No creo que los argumentos que se han dado --no comparto
la opinión planteada por otros grupos-- no sean importantes, todo lo
contrario, y ello porque, además, se podría --y sería muy preocupante
políticamente, pero según qué tipo de explicaciones se puede pensar-- la
idea siguiente: Como ahora alguien tiene mayoría absoluta no sé dónde,
¡hombre, qué va a hacer! Y no es así. La legitimidad de la institución es
la misma, da lo mismo que esté en mayoría absoluta que en mayoría
relativa. Y sería muy lamentable pensar que la solución de esta Comisión
respecto a los casos tuviera que ser distinta según tuviera la mayoría.

Esto a mí me preocuparía, porque se estaría rompiendo uno de los
principios que antes he mencionado: que tenemos que conseguir el nivel
necesario para hablar del conjunto de los partidos y del conjunto del
sistema de los partidos en su financiación, ya que afecta a la democracia
en lo fundamental. Porque si yo estoy ahora en mayoría y consigo el apoyo
mayoritario, ¿para qué lo consigo? ¿Para meterme más con los casos de
otro partido que con los de mi Partido? Si ésa fuera la racionalidad
política sería más bien irracional y sería muy difícil de entender por
los ciudadanos.

Por consiguiente, los mismos criterios que queremos plantear para nuestro
caso en lo que se refiere a una imputación respecto al Partido Socialista
--que no es éste el motivo, sino la decisión del Pleno de la Cámara--,
queremos que se plantee para los demás. Me parece muy preocupante que se
entre en consideraciones o que se pueda dar una imagen distinta. No me
parece baladí ni poco importante que una Cámara haya estudiado un caso
desde el punto de vista de la responsabilidad política; se puede estudiar
la financiación de partidos políticos desde muchos puntos de vista. Por
ejemplo, la Cámara andaluza yo creo que lo ha hecho desde un punto de
vista, y el caso casinos, que se ha estudiado en el Parlament de
Cataluña, creo que lo ha hecho desde el punto de vista de la
responsabilidad. Por tanto, me parece importante que este tema se haya
planteado ya sin ningún tipo de dudas.

Quiero dejar clara también otra cuestión. Nadie --nosotros no, por
supuesto-- está poniendo en cuestión que se investigue en profundidad por
que ya haya investigaciones judiciales, y en todo los casos,
afortunadamente, pero es la justicia la que tiene que decidir.

Políticamente nosotros pensamos que hay que dejar abierta la posibilidad
de que se estudien otros casos. Ya he dicho que no a los que se han
propuesto hoy; cuando se propongan otros diferentes mi Grupo se
pronunciará sin ningún tipo de dudas, pero desde el primer día he
manifestado que preferimos que se estudien solamente los casos Naseiro y
Filesa, y seguimos manteniendo esa posición. Pero ante cada propuesta que
se plantee a partir de este momento, nuestro Grupo fijará la posición que
considere conveniente.

Entro a continuación en la propuesta respecto a las personas que se
citan. Hubo una propuesta que me sorprendió mucho, no puedo ocultarlo, y
me sorprendió porque había escuchado una interpretación política de la
misma, pero no me he enterado de cuál es la justificación política de la
segunda parte. Yo conocí, a través de los medios de comunicación, la
propuesta que presentó en principio el Grupo Popular --puedo estar en
contra o a favor--. Me parecía que dicha propuesta reproducía
esquemáticamente lo que era el procedimiento judicial, es más, yo creo
que en ella se dan supuestos en los que el propio procedimiento judicial
ha dicho que no deben acumularse al caso Filesa, sin embargo, ahí se
introducen aspectos y consideraciones que han sido negados por el juez
Barbero, pero esto es lo de menos, lo importante es la valoración que
hace un grupo político respecto a los casos o a las personas que cree que
se deben citar. A mí me parecía una reproducción judicial excesiva, pero
me sorprendió, insisto, enormemente la segunda parte de la propuesta, que
llegó más tarde, en cuanto a la presentación de los medios de
comunicación.

Yo no entiendo, sinceramente, y creo que es un error, que para estudiar
el caso Naseiro se cite a responsables del Partido Socialista. Pero, en
cualquier caso, es la consideración de un grupo político, que tiene
derecho legítimo a hacerlo y nosotros también legítimo derecho a
manifestar cuál es nuestra opinión.

Nosotros consideramos, respecto a las propuestas en su conjunto, que
deberían ir orientadas --y así hemos presentado la nuestra--, dirigidas
fundamentalmente a los responsables políticos que aparezcan relacionados
con esos casos y a las empresas más directamente vinculadas y
relacionadas con ese tipo de casos, eliminando toda clase de citaciones y
de comparecencias que nos parezcan innecesarias, porque creemos,
sinceramente, que la investigación tiene que centrarse en el problema de
fondo. Por eso la propuesta que nosotros planteamos para el caso Naseiro
y para el caso Filesa tiene esa misma orientación de responsables
políticos y de responsables o de personas profesionales o empresas que
tengan una relación más directa.

Quiero indicar también una cuestión importante para otro momento de esta
misma Comisión. Mi Grupo, conocido el conjunto de todas las
comparecencias y de todas las citaciones que se piden por los distintos
grupos, entiende que de ese conjunto de comparecencias --ésa es la
posición de los Grupos; ése es el material y las propuestas con que
cuenta esta Cámara--, de todo ese conjunto de propuestas debe haber una
primera fase de citaciones que se deberían proponer.

¿Qué quiero decir con ello? Que después de esa primera propuesta de
comparecencias habrá que considerar, en función de los resultados, si se
debe citar a más personas. Yo



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creo que es importante que se plantee de esta forma, porque me parece que
es la forma de permitir avanzar de manera ordenada e importante y de
evitar lo que no sea necesario, y lo digo así, con fuerza: de evitar lo
no necesario. Mi Grupo no tiene interés alguno en citar aquí a alguien si
no es preciso, si hemos llegado a una conclusión política.

Es decir, si cuando se estudie el caso Filesa, de las primeras
comparecencias que se plantean se puede llegar a la conclusión, ya clara
en esta Comisión, de que tenemos unos resultados, ¿para qué se quiere
citar a otras personas? No me preocupa que fueran políticos, ¡cuidado!,
estoy hablando de ciudadanos que no son políticos, porque creo que es
importante, insisto, que establezcamos este sistema y esta metodología,
salvo que lo que queramos es hacer más o menos ruido. Yo a lo que quiero
llegar es a conclusiones importantes.

Esa es la propuesta que, en el momento de las votaciones, someteré a la
consideración de la Mesa, para decidir, del conjunto de citaciones y de
comparecencias pedidas, cuáles son las que nosotros creemos que habría
que empezar en una primera fase. Nosotros pensamos que es el método más
adecuado. Pero, en cualquier caso, escucharemos encantados las opiniones
de los demás grupos.

En cuanto a lo que no son comparecencias de personas, señor Presidente,
en lo que se refiere a documentos y demás tipos de actuaciones que tienen
que ver con la investigación, nuestra propuesta es contraria a las
mismas, pero forman parte del mismo paquete que entrará en la posibilidad
de que en otras fases pueda estudiarse, al igual que la posibilidad de
que comparezcan más personas en esta propia Comisión. Eso es lo que
nosotros empezamos a avanzar.

Yo querría añadir algo, por si es considerado por los demás grupos, pero
ya lo adelanto: no lo someteré a votación si no hay unanimidad. Se podría
generar la imagen de que se quiere investigar o de que no se quiere
investigar. Nosotros queremos dejar bien claro que se quiere investigar a
fondo, y que se quiere conocer el problema a fondo para llegar a
conclusiones y resolver el problema.

Señor Presidente, nosotros propondríamos que lo que son las citaciones
para investigación, con los 20 días que el Letrado ha comunicado en otros
momentos que se necesitan como mínimo para presentarlas, y lo que he
adelantado yo anteriormente, porque tengo el conocimiento, a través de
los medios de información, no de otra manera, de que es previsible que
algunas de las personas que son propuestas y citadas lo son por todos los
grupos, con lo cual tienen grandes probabilidades de tener que comparecer
ante esta Comisión, y me parece que es en este mismo mes cuando tiene que
comparecer ante el propio Juez, que creo que es el señor Barbero, si no
me equivoco; yo sólo pido, insisto, que las propuestas de comparecencias
que forzosamente tengan que venir, se inicien ya sin ningún tipo de
problema desde el 1.º de noviembre. Digo el 1.º de noviembre porque si
contamos los 20 días que dice el señor Letrado, casi a la fuerza tiene
que ser esa fecha.

Pero aun propondría más: que todas las comparecencias, tanto para el
estudio --si es posible, ya que estoy haciendo una propuesta que digo que
estoy dispuesto a retirar si no hay acuerdo suficiente--, como para
investigación, se terminen antes de fin de año para que lleguemos a
conclusiones políticas durante el mes de enero del próximo año y en
febrero podamos debatirlo en el Pleno de la Cámara. Lo digo para que no
quede la duda sobre la voluntad de investigación y de estudio. Pero
--vuelvo a insistir-- si los demás grupos en estos momentos consideran
que no es el tiempo para la propuesta, yo no tengo ningún tipo de
problema en retirarla y la presentamos cuando se estime conveniente por
cualquier otro Grupo.

Esa es la valoración, señor Presidente, sobre el conjunto de hechos y de
papeles que en estos momentos conocemos.




El señor PRESIDENTE: Esta Presidencia va a abrir un segundo turno de
intervenciones, dado que ha habido una serie de alusiones, y considero
que es bueno democráticamente mantener el tono que estamos teniendo en el
debate, señorías. Una vez agotado este segundo turno, salvo alguna
alusión muy directa que crea alguna de SS. SS. que debe ser también
objeto de un tercer turno de aclaraciones, propondría un receso de pocos
minutos. (La señora Rahola i Martínez hace gestos negativos.)
Señora Rahola, esta Presidencia, que no tiene vocación de Presidente,
pediría su colaboración, sobre todo vista la soledad en que aquí me tengo
que desenvolver, porque todas las comisiones de las que he formado parte
--y aquí está el señor López de Lerma para corroborarlo-- han tenido
vicepresidente, secretarios adjuntos y otras señorías que se puedan
sentar aquí conmigo. El señor Gimeno se refería al Presidente de la Mesa,
y aquí no hay Mesa, sólo hay un Presidente modesto de la Comisión; la
Mesa es un pupitre para este Presidente.

Decía que como ha habido ofertas de propuestas de SS. SS. de una manera
indeterminada sobre la composición, las prioridades, los que no vayan a
ser citados ante el juez después y los que tengan que ser citados ante el
juez, yo haría un receso para que SS. SS. lo concretasen, lo pudieran
hablar también entre ustedes, y esta Presidencia ofrece su carácter
conciliador y de encuentro para el diálogo entre todos los miembros de la
Comisión.

Por tanto, si están de acuerdo, haríamos un receso aproximado de diez
minutos, o lo que estimen conveniente para concretar las propuestas que
se tienen que someter a votación. Y lo digo a efectos de que, por
ejemplo, tan sólo las comparecencias de personas, son 285 las que han
solicitado los grupos parlamentarios, las cuales, una vez agrupadas
--porque hay repeticiones--, y suprimiendo 15 estudios (catedráticos,
profesores y especialistas), nos quedan 77 del asunto Filesa y 35 del
asunto Naseiro, que son los dos que han venido tipificadas con
comparecencias nominales. Después votaríamos las cuestiones de los otros
casos de investigación, porque esta Presidencia quiere que sea la
Comisión, soberana y democráticamente, la que resuelva toda esta
casuística, lo cual quiere decir que hay 112 comparecencias, y ello
requiere una ordenación en el tiempo para que se puedan aceptar las
propuestas de sus señorías.

Sin más dilación, paso a un segundo turno, que comienzo otra vez de menor
a mayor, por la representante de



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Esquerra Republicana, del Grupo Mixto, doña Pilar Rahola, que tiene la
palabra.




La señora RAHOLA I MARTINEZ: Señor Presidente, estoy francamente
impresionada, señorías, con el extraordinario malabarismo dialéctico que
ha practicado el representante de Convergència i Unió. Y digo malabarismo
dialéctico porque ha conseguido basar una larga y dura intervención, y
diría también brillante, en un supósito absolutamente falso, y ha
conseguido, por tanto, desviar lo que era un debate sobre la necesidad o
no de investigar Casinos, sobre la presumible financiación irregular de
un partido representado en esta Cámara, lo cual es el objeto de esta
Comisión, quiero recordar; ha conseguido, decía, desviarlo hacia un
debate sobre la Constitución o incluso --¡oh malabarismo!-- el debate
autonómico.

El planteamiento es tan peculiar y, repito, brillante, como claramente
falaz, porque no tiene nada que ver con la petición que hemos hecho
diferentes grupos para investigar Casinos. En este sentido, quiero
detallar los siguientes puntos.

Primero, la propuesta aprobada por el Parlamento catalán el 29 de abril
de 1992 no fue la presentada por Esquerra Republicana, Iniciativa per
Catalunya y el Partido Popular, sino una alternativa de Convergència i
Unió que restringía notablemente las prioridades de la investigación y
que fue aprobada con los votos exclusivos de Convergència i Unió;
aprobada, pues, por el rodillo de la mayoría absoluta sin ningún consenso
parlamentario, lo cual es legítimo, pero fue así.

Segundo, el caso Casinos no es un caso que intentemos desenterrar después
de años de dormir un sueño profundo, sino que la última acción judicial,
señorías, es del mes de abril del presente año, y todos los elementos
nuevos referentes al caso Casinos posteriores a 1992, año de la
investigación en el Parlamento catalán, no han sido investigados nunca.

Ateniéndonos, además, a la comisión que funcionó en el Parlamento
catalán, podemos casi decir que Casinos no fue nunca investigado y
careció, pues, de toda operatividad. ¿Por qué decimos esto? Primero,
porque fue presidida por Convergencia Democrática de Cataluña, en contra
de la opinión de todos los demás partidos políticos. Esquerra Republicana
llegó a proponer, en el colmo de la desesperación, que fuera presidida
por Unión Democrática, para así, como mínimo, mantener un gesto estético,
que no fue aceptado.

Segundo, no se permitieron comparecencias tan fundamentales como Jaume
Sentís, directivo de Casinos y persona que presentó en diciembre de 1989
una querella criminal contra el Presidente de la sociedad; Artur Fuqué,
por un presunto delito de apropiación indebida, cuantificada en 2.000
millones de pesetas, dinero que, según declaraciones de Sentís, había ido
en parte a financiar Convergencia Democrática; o la comparecencia de
Albert Serra, contable de Convergencia Democrática y Secretario Técnico
de la entonces llamada minoría catalana; o la de Francesc Gordo,
responsable financiero de Convergencia Democrática. Y recordemos que,
entre tanto, Mique Roca se presentaba como candidato en la Operación
Reformista.

Tercero, la resolución absolutoria, como era de prever, no consiguió ni
un solo voto que no fuera Convergència i Unió en el debate
correspondiente. Digo todo ello, no porque entienda que haya que revisar
esa decisión, indiscutiblemente democrática del Parlamento catalán, a
través del rodillo de mayoría absoluta de Convergència i Unió --rodillo
absolutamente legítimo y democrático--, sino porque de la intervención
del comisionado de Convergència casi se hacía un retrato de hermanitas de
la caridad, un retrato de buenas intenciones. No teníamos miedo a ser
investigados, se ha dicho. ¿Por qué ocurrió lo que ocurrió en el
Parlamento de Cataluña? ¿Por qué no aceptaron las comparecencias
pertinentes? ¿Por que no aceptaron un Presidente que no fuera del propio
partido investigado, juez y parte? ¿Y por qué ahora toda esta retórica
constitucionalista si no es para evitar lo fundamental: que no se sepa
qué pasó con Casinos?
Cuarto, niego en redondo el axioma falaz con que ha jugado el
representante de Convergencia Democrática, según el cual investigar
Convergència es casi investigar al Ejecutivo catalán, al Parlamento
catalán, y vaya usted a saber si a la autonomía de Cataluña. Dentro de
poco, y al tiempo, va a resultar que intentar investigar una presumible
financiación irregular de Convergència se convertirá en una campaña
anticatalana.

Convergencia Democrática de Cataluña no es ni el Parlamento catalán, ni
el propio Ejecutivo catalán, sino la fuerza mayoritaria de ese
Parlamento. Evidentemente, aunque es una parte muy importante de
Cataluña, no es toda Cataluña.

Por tanto, que quede muy claro que nadie quiere ni investigar, ni
controlar el Parlamento catalán, ni a su Ejecutivo, sino sólo, señorías,
investigar un partido político representado en esta Cámara que podría
tener un caso de financiación irregular; cosa así de simple, así de clara
y, por tanto, así de transparente.

Quinto, niego rotundamente que la propuesta de investigar Casinos o
cualquier otro caso sea revisar nada; nada que tenga que ver con una
resolución de otro Parlamento soberano y autónomo. Que nos diga, por
tanto, el representante de Convergència i Unió, o cualquier otro, en qué
punto de las propuestas de los partidos proponentes se habla de revisión
de una resolución de otro Parlamento. ¿Quién, cuándo y cómo ha pedido
revisar la resolución del Parlamento catalán? Ni tan sólo, señorías, se
ha pedido la resolución del Parlamento catalán en esta Cámara. No se ha
pedido; no se vulnera ninguna resolución, ni es objetivo de esta Cámara,
ni lo será nunca, espero, revisar las decisiones de otro Parlamento. El
objetivo es investigar un partido político concreto, representado aquí.

Que no nos vengan, pues, con un debate autonómico. ¿Qué quiere decir, que
el hecho de que exista el Estado autonómico evita que un partido
representado en el Congreso de los Diputados no puede ser investigado
nunca por ser asimismo de ámbito autonómico? ¿Quiere decir que aquellos
partidos que son de representación autonómica están fuera de la
investigación en este Congreso, a pesar de estar representado en este
Congreso? Me parece absolutamente falaz aunque, repito, probablemente
brillante la retórica o el debate sobre este tema.




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No hay revisión. Hay petición de investigación de un caso de posible
financiación irregular de un partido político. Que en su momento hubiera
una investigación en otro Parlamento no hace sino obligar a esta Diputada
a felicitarse porque existiera esa investigación. Esta es una comisión de
financiación de los partidos políticos. Hay un partido representado que
tiene un caso posible. Esta Diputada y otros parlamentarios de otros
partidos políticos consideran que hay indicios suficientes para que este
partido sea en este punto investigado. Ello no vulnera ninguna autonomía,
ninguna soberanía, ningún Parlamento. Ello, sencillamente, lo que intenta
es dotar de más transparencia, de más democracia y también de más
credibilidad esta propia institución.

Por tanto, que el Estado autonómico no signifique la impunidad de los
partidos políticos representados en esta Cámara. Espero que no signifique
que quedan excluidos automáticamente, porque me parecería francamente una
interpretación muy peculiar del Estado autonómico.

No puedo evitar decirlo. Puestos a no vulnerar la soberanía del
Parlamento catalán, yo pediría precisamente al representante de
Convergència i Unió que no voten en contra, o se abstengan, como han
hecho tantas veces --la semana pasada en la Comisión de Defensa--,
resoluciones que en el Parlamento de Cataluña fueron votadas por absoluta
unanimidad, que eso sí que vulnera la soberanía del Parlamento catalán,
eso sí que la vulnera, no que se quiera investigar un partido político
representado en esta Cámara.

Por tanto, señoría, yo le cojo la palabra. Quiero creer que sí que van a
investigar a fondo casinos y cualquier otro caso. Si es así, no juguemos
dialécticamente, porque como ha dicho el representante de Izquierda
Unida, y otros representantes en esta Comisión, como en toda comisión de
investigación, nos jugamos mucho: nos jugamos la credibilidad de la
institución; nos jugamos la credibilidad de la propia esencia de las
comisiones de investigación, que ya han quedado bastante tocadas por
algunas decisiones anteriores en otras comisiones.

Dejen, por tanto, de poner trabas y acepten libremente lo que es nada más
que un intento de ejercer la transparencia, de ejercer la democracia.

Esta Comisión es importante, y lo es para todos los partidos y para la
clase política, si a través de la investigación no damos la imagen de
hacer una amnistía a los partidos políticos. A mí me ha dado la impresión
de que algunos planteamientos aquí escondidos, con debate autonomista o
constitucionalista, lo que intentaban era una amnistía, lo que intentaban
era un punto y aparte. Siempre hemos dicho, algunos representantes como
mínimo, que en esta Comisión hay dos responsabilidades: una, mirar hacia
el futuro; por tanto, intentar dotar a la Cámara de una ley de
financiación de los partidos políticos transparente y mejor que la
actual; otra, mirar hacia el pasado, que no se dé la imagen de que aquí
ha habido punto y aparte y hemos pasado la hoja.

Si Convergència Democrática, o cualquier partido representado en esta
Cámara, cualquiera de ellos, gana credibilidad a través de la
investigación, lo ganamos todos: lo ganamos la clase política; lo gana
esta propia Comisión; lo gana la propia Institución.

En consecuencia, ayúdennos a investigar, y, más allá del placer por la
retórica que todos podemos tener, no intenten escondernos la esencia del
debate, no intenten convertir lo que es nada más y nada menos que un
intento de investigar determinadas disfunciones o determinadas
irregularidades en la financiación de los partidos políticos, en un
debate constitucionalista o autonomista. No tiene nada que ver, y desde
el proyecto que represento, que es inequívocamente nacionalista, me
parece, sinceramente, una auténtica falacia.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor González de Txabarri
Miranda, por el Partido Nacionalista Vasco.




El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Menos mal que la señora Rahola ha
hecho un corolario a su intervención, porque estaba muy sorprendido de
los contenidos que estaba manifestando en la misma. Yo creo que desde la
izquierda y desde el nacionalismo difícilmente se pueden sostener las
posiciones que ella ha mantenido en su exposición.

Comprendo la postura del señor del Burgo, muy instalado en unas
posiciones políticas de la derecha, de la doble moral, que dice: pues muy
bien, de lo mío nada; de lo de los demás, transparencia y libertad. Si
los partidos políticos tienen que ser transparentes, deberán de serlo,
señora Rahola, todos; no todos, menos el mío, máxime cuando esa
disquisición se hace desde una persona que ni siquiera es militante de un
partido político.

Los que vivimos y entendemos la importancia de los partidos políticos,
los que somos militantes de grupos sociales y, además, nos prestamos en
una sociedad a ser representantes de unos ciudadanos, desde las posturas
democráticas lamentamos muy mucho ese tipo de intervenciones, muy propias
de la extrema derecha. (La señora Rahola i Martínez: ¿Qué ha dicho? ¿Ha
dicho la extrema derecha?)
Entendemos, señor Presidente, que estamos jugando en el filo de la navaja
en un tema muy delicado. He indicado en mi primera intervención que
lamentamos muy mucho que en el día de hoy la cuestión se centre en el
debate de si corresponde ampliar los supuestos de los casos de
investigación. Parece que es de lo único que estamos discutiendo. Al fin,
el etcétera de la resolución del Pleno se está convirtiendo en el tema
nuclear de los inicios de esta Comisión. Es verdad que en esa resolución
se dice que se investiga a los partidos políticos, se hace referencia a
unos casos y se recoge un etcétera, pero se podría esperar de dignos
representantes de algunos partidos políticos que las consideraciones que
tienen con el rival las tuvieran consigo mismo.

Señor del Burgo, usted la semana pasada, en Navarra, territorio foral que
tanto ama, ha tomado decisiones exactamente contrarias a las que está
defendiendo en esta sala. En el Comité Ejecutivo de UPN de la semana
pasada su Partido dijo exactamente todo lo contrario de lo que usted dice
aquí. Yo lo entiendo desde la doble moral: no se lo entiendo a la señora
Rahola. A la derecha española se lo entiendo. Históricamente siempre ha
sido así, y se podrá



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entender, desde dichas perspectivas, ciertas obsesiones. Se podrá
entender amistosa y dignamente. Ha sido tradicionalmente así. Nuestros
padres lo han sufrido. Nos lo han transmitido de generación en generación
e intentamos transmitírselo a nuestros hijos por si acaso, señor del
Burgo, por si acaso.

Señor Presidente, entendemos que hay que investigar a los partidos
políticos, indudablemente. He dicho en mi primera intervención que el
Partido Nacionalista Vasco muestra su disposición a ser investigado. Lo
que no se puede permitir, señor del Burgo, es que usted relacione un caso
concreto con un partido concreto. Ahí está dando usted un salto
cualitativo y está haciendo una lectura sesgada de una serie de
actuaciones. Suscribimos desde el Grupo Vasco --y felicitamos, además, a
Convergència i Unió-- la exposición que ha realizado. Nos parece que es
una buena aportación a los trabajos de esta Cámara. Creemos que va a ser
un «corpus» de referencia a la hora de estudiar el propio «corpus» de
constitucionalidad, máxime cuando el señor del Burgo se permite hacer el
circunloquio de decir que en la lectura del Reglamento donde pone Estado
a él le gusta leer nación. ¿Así dónde vamos a ir, señor del Burgo, si
usted no lee ni siquiera el «Reglamento de la Cámara», entre comillas, si
dice que le gustaría decir nación? A usted le gustará lo que sea, señor
del Burgo, y será muy respetable, porque somos demócratas, pero lea lo
que pone el Reglamento de la Cámara. Es el mínimo respeto que podemos
pedir los comisionados, es decir, que cuando se nos lean textos no se nos
hagan circunloquios en temas tan esenciales, sobre el que, además, se
basa el consenso constitucional. Nosotros entendemos, señor Presidente,
que desde los propios servicios de la Cámara, a las peticiones que se han
realizado --siguiendo el discurso del señor López de Lerma-- habría que
hacer una advertencia de ilegalidad. Es decir, que incurriríamos en
ilegalidad, tal como se hace en las corporaciones locales, si se diera
ese salto cualitativo que se produce en las propuestas que se realizan
por parte de estos grupos.

En relación al caso de las tragaperras, quisiera realizar algunas
matizaciones para que no quede en el «Diario de Sesiones» en exclusiva
las manifestaciones del señor del Burgo, y para complementarlas. Este
caso está siendo objeto de investigación actualmente en dos
procedimientos penales, incoados ambos a virtud de querella de
particulares. Por una parte, las diligencias previas 1.058/1990,
tramitadas por el Juzgado de Instrucción número tres de Bilbao. En dichas
diligencias este Juzgado de Instrucción, en virtud de auto de fecha 12 de
junio de 1993, decretó el sobreseimiento provisional de las mismas por no
considerar suficientemente justificada la comisión del delito objeto de
querella; interpuesto recurso de reforma por las partes querellantes
contra el auto de sobreseimiento, el Juzgado instructor ratificó dicho
auto de sobreseimiento con fecha 12 de julio de 1993. Apelada esta
resolución a la Audiencia Provincial de Bilbao por los querellantes, este
órgano jurisdiccional decretó la reapertura de las diligencias para la
práctica de nuevas pruebas. En la actualidad no existe imputación
judicial contra persona alguna.

En segundo lugar, existen unas diligencias previas, 2.053/1993, incoadas
por el Juzgado de Instrucción número tres de San Sebastián. Esta causa se
encuentra en fase de diligencias previas, hallándose pendiente de la
práctica de una serie de pruebas, sin que hasta la fecha exista tampoco
imputación judicial contra persona alguna. En el ámbito competencial
quiero indicar que la materia es la de juego; que el órgano
administrativo correspondiente, la Dirección de Juego del Gobierno Vasco,
con una serie de personas responsables de la misma en órganos
administrativos y sobre las adjudicaciones de máquinas de juegos
realizadas; no existe imputaciones a nivel político. Se ha dado un salto
cualitativo el día de hoy al relacionar este tema en la Cámara con la
presunta financiación del Partido Nacionalista Vasco, y que, a nivel
político, este tema se cerró en el Parlamento Vasco el año 1991 con los
votos favorables del Partido Nacionalista Vasco, de Eusko Alkartasuna, de
Euskadiko Ezquerra y el Partido Socialista de Euskadi, y que haría bien
el señor del Burgo en recoger los diarios de sesiones del Parlamento
Vasco de este año para evitar dar estos saltos cualitativos y poner las
cosas en su sitio.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor López de Lerma.




El señor LOPEZ DE LERMA I LOPEZ: La verdad es que yo no he venido a
polemizar; he venido a plantear, con mis argumentos, una cuestión que
aquí nadie ha resuelto todavía, que es la siguiente: si puede el Congreso
de los Diputados, con la Constitución en la mano, constituirse en la
práctica en una Cámara de revisión de acuerdos tomados por parlamentos
autonómicos.

Me dicen que en ningún texto de propuestas se utiliza el verbo revisar.

Es cierto. No puedo negarlo. Ahí están los documentos, y ni el Grupo
Mixto, ni Esquerra Republicana, ni Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, ni el Grupo Popular hablan en sus propuestas de revisar nada,
pero está implícito en la propia propuesta de examen de los casos
llamados tragaperras y casinos. Plantear aquí algo que está cerrado allí
e investigado y resuelto parlamentariamente, díganme si no es tratar de
revisar lo que en parlamentos autonómicos, en uso de sus competencias, en
uso de su soberanía --en expresión de la señora Rahola-- hicieron, en su
momento, nada más que hace dos años uno y tres años otro. Repito que
planteo una cuestión de fondo, no de forma, porque en la forma no está el
verbo revisar. Pero díganme si no se trata de revisar cuanto ha realizado
de labor investigadora el Parlamento vasco o el Parlamento catalán en los
dos casos que aquí se han suscitado.

No he negado la posibilidad de que en el Congreso de los Diputados --como
aquí interesada y falsamente alguien me ha imputado-- se trate cuestiones
que pueden ser objeto de investigación en el marco de lo que fija la
Constitución. ¡Si sabré yo este artículo de comisiones de investigación!
Lo que digo es que, una vez utilizada una vía alternativa --si se me
permite la expresión coloquial--, es decir, un parlamento autonómico para
investigar una cuestión como las dos aquí suscitadas, opina nuestro Grupo
que



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esto está cerrado y que, por lo tanto, abrirlo por el Congreso de los
Diputados es tanto como cuestionar lo allí hecho por quien sea, por las
mayorías o por las minorías, ambas, porque las resoluciones acogen unas y
otras propuestas y, por tanto, revisarlo, no en la forma sino en el
fondo. Vamos a ver si aquí descubrimos algo, si aquí aprobamos algo que
en el Parlamento vasco o en el Parlamento catalán no se aprobó, no se
desarrolló, no se acordó, no se investigó. Si esto no es revisar, que me
traigan el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española.

¿Qué ocurre en la práctica? ¿Qué puede ocurrir en la práctica? Puede
ocurrir que en un parlamento la resolución diga blanco y aquí se diga
negro. El Congreso de los Diputados, de entrada, ha cuestionado el
blanco, y al final ha decidido que el blanco es negro. ¿Cuestiona algo
esto la delimitación competencial del Título VIII de la Constitución?
¿Esto es o no una beligerancia del Congreso de los Diputados respecto de
parlamentos autonómicos? ¿Esto no es revisar acuerdos en el marco de una
soberanía competencial, plenamente constitucional, de esos parlamentos
autonómicos? Claro que sí. Me dicen: Es que nosotros no pretendemos
revisar. ¡Hombre! Es que está implícito, porque al final de una
investigación (al archivo de esta Cámara y a lo hoy aprobado por el
Congreso de los Diputados en sesión plenaria me remito), en el fondo de
los resultados de una comisión de investigación, hay unas resoluciones
que se toman por el juego de las mayorías y de las minorías, con
enmiendas o con votos particulares que se aceptan o no se aceptan, pero
que se recogen en el «Diario de Sesiones». Por tanto, cuando se dice
negro, cuando antes ha sido blanco, o blanco, cuando antes ha sido negro,
¿estamos o no revisando? ¿Estamos o no estamos convirtiendo al Congreso
de los Diputados en una Cámara de revisión? Y no está el Congreso de los
Diputados para esa labor con la Constitución en la mano. ¡Tanta exigencia
de lealtad constitucional nos piden casi semanalmente, que uno queda
sorprendido de que quien nos la exija no conozca la Constitución!
Dice el señor Del Burgo que lo que le interesa es investigar Convergència
Democrática de Cataluña; que no le interesa tanto el tema casinos; que el
tema casinos es sólo un instrumento, ha venido a decir. Ya lo he dicho:
revíseme, investígueme. A mí y a ustedes, a todos. Que no se utilice el
axioma falaz, en expresión de la señora Rahola, de que aquí lo que no
queremos es ser investigados, aquí lo que no queremos es que se conozca
nuestra forma de financiación. ¡Hombre, señor Del Burgo, la verdad es que
yo no me voy a sonrojar cuando aquí se conozcan los informes del Tribunal
de Cuentas! Posiblemente usted sí. Pero lo que le aseguro es que
Convergència i Unió no, y están publicados, la Cámara los conoce y han
sido aprobados por el Parlamento.

El señor Del Burgo dice: soy foralista. Yo no voy a ponerlo en duda,
señor Presidente. A su manera es foralista. Pero yo pregunto al señor Del
Burgo, que además fue Presidente de esa querida tierra de Navarra, como
ex Presidente y, por tanto, como celoso guardián en teoría de los
derechos forales y competenciales del Parlamento Foral de Navarra, que me
diga qué haría el Parlamento Foral de Navarra en el teórico supuesto de
que una mayoría formada aquí decidiese abrir la investigación sobre el
caso Urralburu, que otra mayoría allí ha negado. ¿Eso no sería
cuestionar, poner en duda, revisar el acuerdo del Parlamento Foral de
Navarra? ¡Claro que sí! Y podíamos utilizarlo, por supuesto; como el tomo
segundo del informe-dictamen sobre el caso Roldán, pongamos por caso. Por
supuesto que sí, porque en el tomo primero ya se cita; sería el apéndice.

Señor Del Burgo, usted, como patriota navarro, si me permite la
expresión, ¿no vería una auténtica tropelía que el Parlamento Foral fuera
cuestionado aquí en una decisión que ha tomado usted allí? ¿No sería una
vulneración de derechos, de competencias, de decisiones en un marco
legítimo, como es el marco competencial del Parlamento Foral de Navarra?
¡Claro que sí!
Aquí se ha citado el informe sobre el caso casinos hecho por el
Parlamento de Cataluña. Se han dicho cosas que, siendo ciertas, son
perfectamente matizables, porque han sido antes matizadas, señor
Presidente. Yo siempre digo que los políticos nunca mentimos, que lo que
decimos son verdades matizadas.

Son ciertas algunas cosas que se han dicho. ¿Cómo no puede ser cierto que
hay una mayoría parlamentaria de Convergència i Unió en el Parlamento de
Cataluña? Esto no es ningún pecado, señor Presidente, es producto de una
voluntad popular. Siendo esto cierto, no es menos cierto que yo creo que
Esquerra Republicana de Cataluña quiere hacer en Madrid lo que allí no
quiso hacer, porque es verdad que tuvo un miembro en la Comisión de
investigación: se presentó el día de la constitución y nunca más, y no
presentaron ningún voto particular a la resolución de la Comisión de
investigación. Por ello, a mí me sorprende que un partido nacionalista, y
que se dice además --no lo dudo-- independiente, quiera que el Estado
español revise algo que el Parlamento de Cataluña ha cerrado. La verdad
es que, desde un punto de vista simplemente intelectual, no lo entiendo.

Se trata de sustraer soberanía por un acto de interés político netamente
partidista.

¿Y qué dice ese dictamen, señor Presidente? Dice algo muy curioso, para
algunos. Dice que, de la documentación oficial examinada y de las
comparecencias realizadas ante la Comisión, no aparece ninguna relación
de cualquier tipo entre las empresas titulares de las autorizaciones y un
partido político o una coalición electoral. Dice eso. Y, señor
Presidente, tengo aquí el certificado correspondiente; a este punto, a
esta afirmación, ni Esquerra Republicana, ni Iniciativa per Catalunya, ni
el Partido Popular, presentaron un voto particular. Me pueden decir que
votaron en contra del dictamen, y eso es cierto, ya lo he dicho. Pero en
su derecho estaba poner el contrario de esto, y no es que no se
atrevieron, es que no pudieron, que es muy distinto.

O dice algo que puede interesar a la Cámara para observar por qué algunas
iniciativas nos vienen aquí: Dice en su apartado 1.º de la resolución que
el llamado caso Casinos consiste en la existencia de unas acciones
judiciales de naturaleza criminal (entre unos señores); y dice que sobre
esos hechos han aparecido, en algún medio informativo, en diversas
ocasiones, elucubraciones, afirmaciones,



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filtraciones de hipotéticos documentos o declaraciones. Dice: de origen
no acreditado, o bien (afirma) emanado de la Federación de Partidos
Políticos Iniciativa por Catalunya, la cual tiene acceso reservado a las
diligencias judiciales por el hecho de que va actuando como parte
ejercitante de la acción popular. Y a este punto, que dice quién filtra
documentos y quién ejercita una acción judicial (legítimamente, por
supuesto), ni el Grupo Popular ni Esquerra Republicana presentaron
enmiendas. Luego era verdad que Iniciativa per Catalunya estaba detrás de
la operación.

Y hay otras cosas no menos interesantes, como que cuando se habla de que
el Gobierno catalán, o el Gobierno español, en su extensión allí (en sus
responsabilidades lo ha hecho bien en una serie de cosas) nadie presente
enmiendas ni votos particulares.

Siendo cierto lo que aquí se ha explicado, no es menos cierto (y puedo
dejarlo a la libre disposición de la Comisión) cuanto yo he dicho. Y es
curioso que exista esta fijación (lo digo así) hacia tragaperras y hacia
casinos. Es curioso porque, sin ir más lejos, yo tengo aquí el dictamen
del Parlamento andaluz sobre partidos políticos y coaliciones con
representación en el Parlamento de Andalucía. Lo digo porque se ha
querido explicar de otra manera.

En las conclusiones del Partido Popular, en sus enmiendas, en sus votos
particulares, se dice: La Comisión no ha trabajado en ningún momento en
orden a conocer los cauces de financiación de los partidos políticos en
Andalucía, limitándose a examinar... No se ha tenido por parte de la
Comisión ni una sola iniciativa o actuación para conocer si ha habido
posibles irregularidades en la financiación de los partidos políticos
andaluces.

Pues ¿por qué si tragaperras y por qué sí casinos, y por qué no, señor
del Burgo, esto? ¿Qué quieren revisar? Las conclusiones de parlamentos
autonómicos. Podían decir: donde van dos pueden ir tres y como no tenemos
la mayoría, no la tuvimos ni la tenemos en Andalucía, vamos a ver si en
el Parlamento español esto cuela y les damos un mazazo a quienes
aprobaron esto. Además, Izquierda Unida, sorprendentemente, se calla.

Izquierda Unida dice que esta Comisión, en el cumplimiento de sus
objetivos, permanecerá funcionando hasta desarrollar todo el marco de
actuaciones que acordó el Pleno del Parlamento andaluz. De esto se deduce
que lo investigado, a su juicio, a juicio de Izquierda Unida --y esto es
lícito y muy legítimo--, no es suficiente. Pues si no es suficiente, ¿por
qué Izquierda Unida no propone revisarlo? (Rumores.)
Sólo dos casos y voy a explicar por qué. La verdad es --y nadie se llame
a engaño-- que detrás de estas propuestas lo que menos importa es el
contenido de las mismas. Lo que más importa, de alguna manera, es
erosionar --me va a permitir el compañero del Partido Nacionalista
Vasco-- a Convergència i Unió. ¿Por qué? Porque da apoyo parlamentario al
Gobierno del Estado. Si me permiten la expresión coloquial, les importa
un carajo el tema de Casinos. Les importa erosionar a Convergència i Unió
por el solo hecho de contribuir responsablemente a la estabilidad
política de este Estado y a la recuperación económica de su sociedad. Es
ahí dónde está el meollo de la cuestión, señor Presidente.

¿Qué va a hacer Esquerra Republicana de Cataluña en el supuesto de que
uno o algunos grupos del Parlamento de Cataluña, un día de estos pudieran
presentar un conflicto constitucional de competencias, por entender que
el Congreso de los Diputados ha vulnerado competencias del Parlamento?
¿Van a decir que ellos no desean la independencia de Cataluña respecto de
España? ¿Se van a aliar con sus naturales, es decir, el Grupo Popular,
porque la coincidencia literal, programática, de actuación, es
permanente? Por tanto, señorías, yo he planteado (y lo he hecho
honestamente, según la interpretación de lo que yo entiendo que es el
marco competencial) una cuestión que, repito, nadie ha resuelto aquí.

¿Qué va a suceder cuando un supuesto dictamen diga negro donde el
parlamento autonómico, cualquiera, el de Castilla y León o el de
Baleares, haya dicho blanco? Nadie lo ha resuelto. Este es el fondo,
porque, al final, después de las propuestas concretas de investigación,
lo que hay es un trabajo a realizar y un dictamen a elaborar, a votar y a
aprobar. En todos los dictámenes habidos en esta casa se han querido
responsabilidades políticas, porque se entiende que una comisión de
investigación es un instrumento de control político. Que me resuelvan
esta cuestión y si me resuelven esta cuestión yo humildemente retiraré
mis argumentos y mi oposición a que se vote investigar dos casos
examinados y resueltos por el Parlamento vasco y por el Parlamento
catalán, uno y otro.

Nada más, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra el señor Alcaraz,
por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.




El señor ALCARAZ MASATS: No voy a apretar el tono, aunque se están
diciendo cosas muy gruesas, como para intentar amedrentarnos, cosa que no
se va a conseguir.

Lo que quiero decir es que se me está confirmando en la idea de que aquí
lo que se plantea en el otro lado de la balanza es la presentación de un
recurso de inconstitucionalidad por el Parlamento de Cataluña. No se me
ha rebatido esta idea. Al contrario, se ha dicho: ¿qué votaría Esquerra
Republicana de Cataluña en caso de que se planteara? Esta es la
estrategia. Se nos dice: conflicto institucional y constitucional, a
través de la identificación entre un partido, un gobierno y una comunidad
autónoma. De nuevo, el señor Pujol empieza a envolverse en la bandera
catalana. Espero que esta vez no se me tache de nada, puesto que coincido
con el señor Ribó y con la señora Rahola, catalanistas de pro, y yo
también tengo sangre catalana, me llamo Masats. (Rumores.)
En segundo lugar, por el digno representante del Partido Nacionalista
Vasco se nos ha advertido de ilegalidad e inconstitucionalidad. Al señor
representante del Partido Nacionalista Vasco sólo le voy a decir una
cosa: nosotros conocemos y somos leales a la Constitución.

En tercer lugar creo, señor Presidente, que se está tensando
artificialmente la situación, la dialéctica, la argumentación y, queramos
o no, empieza a sobrevolar sobre esta comisión el ángel que rompe barajas
y anuncia deslealtades. Está sobrevolando en el tono, en los



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argumentos, en los anuncios. Que nadie piense que aquí se va a dar un
paso atrás en ningún sentido; que nadie piense que nos vamos a
amedrentar, porque se nos va a acusar de nuevo que aquí hay una inquina
anticatalana. No señor, no la hay. Si se ataca a Iniciativa per Catalunya
creyendo que aquí no hay un defensor o un representante de Iniciativa per
Catalunya, se está equivocando el digno representante de Convergència i
Unio, de la a a la zeta. Porque si dice --he creído entender-- que cuando
Iniciativa per Catalunya se persona en el procedimiento, detrás puede
haber intereses negros, le diría que con más razón había que investigar
el caso Casinos de Cataluña si se hace esta acusación; con más razón
habría que investigarlo, con mucha más razón. Por tanto, señor López de
Lerma, se le está yendo el tono y el contenido. Nos está anunciando un
recurso y que otra vez todos estamos iniciando --en esta ocasión
afortunadamente acompañados del señor Ribó y de la señora Rahola-- una
campaña contra Cataluña. Iniciativa per Catalunya hizo lo máximo que
podía hacer: oponerse totalmente al dictamen, no con enmiendas o votos
particulares a cualquier parte del dictamen; se opuso totalmente con su
voto. Era lo máximo que podía hacer.

Quiero aclarar una cosa al señor López de Lerma, que antes lo he
intentado, pero parece que no lo ha comprendido: cuando ahí se dice que
se investigue a los partidos políticos andaluces, se quiere decir con
ámbito de actuación andaluza, excepto la Plataforma Andalucista, que sólo
tiene imbricación o existencia en Andalucía, pero que también han
participado en las elecciones a Cortes Generales.

Nosotros propusimos de inmediato, puesto que allí somos partido que a
veces sólo tiene dinero de caja; somos un partido incluso con estatutos
propios, pero autonomistas, no independientes del resto de la estructura
federal, estamos federados, propusimos de inmediato --repito--, que el
Parlamento se personara en las Cortes Generales, puesto que Izquierda
Unida está representada en todo el Estado, pidiendo que se constituyera
la comisión de investigación, para que nadie dijera que allí decíamos que
somos un partido autonómico, no independiente, y, por tanto, no deben
investigarnos. Llegamos a la conclusión de que se investigara todo, pero
en el ámbito andaluz y cuando investigábamos a Izquierda Unida, al
Partido Popular o al Partido Socialista, comparecieron personajes y
personalidades de los aparatos centrales en algunos casos; estábamos
investigando también a los partidos de ámbito estatal, porque es
imposible separar ambas soberanías, sobre todo, repito, si participa, en
los comicios a nivel autonómico y a nivel estatal.

He querido distinguir una diferencia entre la intervención del señor
López de Lerma y del señor Gimeno, que quiero investigar ahora, y
perdónenme lo redundante del término detectivesco. He creído entender que
el señor López de Lerma se opone tajantemente, por los motivos que he
dicho anteriormente, a la investigación del caso Casinos, pero el señor
Gimeno se opone por ahora. He creído entender eso, quiero que se me
aclare, y sólo me lo puede aclarar el señor Gimeno, no los movimientos de
cabeza de uno u otro sitio. (Risas.)
Si eso es así, nosotros no estaríamos de acuerdo y, en segundo lugar,
cuando se presentara esta situación, naturalmente, volveríamos a
presentar lo mismo que ahora. Es lógico, es correcto, y esta vez con el
voto positivo del Partido Socialista Obrero Español. Me parece que la
deducción es lógica si se ha producido ese matiz en la intervención del
señor Gimeno.

Voy a dar otro argumento al señor López de Lerma y al representante del
Grupo Vasco (PNV) para que comprendan que sí podemos investigar el caso
Casinos con sus presuntas implicaciones: ¿Los señores diputados y señoras
diputadas del Grupo Catalán (Convergència i Unió) votaron en este
Parlamento a favor de que se investigasen los casos Naseiro y Filesa que
presuntamente implicaban a los partidos PP y PSOE? Si ellos votaron y se
implicaron en esta votación, es lógico que los partidos de ámbito estatal
podamos votar, respecto a otro partido que está también en Cortes
Generales, un procedimiento de investigación reglamentario. Es lógico,
ellos no se salieron de la Cámara para votar los casos Naseiro y Filesa.

Ellos participan de la investigación de partidos de ámbito estatal y no
admiten que estos mismos partidos intenten una investigación. Me parece
que este razonamiento también hay que tenerlo en cuenta, junto a los
temas de fondo a que aludía anteriormente. Por ejemplo, no voy a nombrar
ningún partido en concreto: si un partido de ámbito autonómico se
financia irregularmente antes de 1987 o ilegalmente después de la
promulgación de la Ley de 1987 y con ese dinero puede participar en
elecciones a Cortes Generales, ¿es lógico o no que estas Cortes puedan
investigar eso? Si esa campaña la ha hecho con dinero presuntamente
irregular --no me refiero en este caso a ningún partido--, es también
lógico, con independencia de los criterios jurídicos a los que hemos
aludido en la primera intervención.

Termino, señor Presidente, pidiendo que nos olvidemos todos de los
envites. No hay dramatismo en el intento de investigación parlamentaria
de la que solamente se pueden deducir responsabilidades políticas y,
desde este punto de vista mantengamos la lógica de los hechos y no el
intento de elevar esto a un problema constitucional o de conflicto
institucional porque me parece que no se corresponde, extralimita la
argumentación propia de estos casos.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra don Juan Ignacio del Burgo, por el
Grupo Parlamentario Popular.




El señor DEL BURGO TAJADURA: Primero voy a hacer algunas consideraciones
a las alusiones directas y personales que se me han formulado tanto por
el señor González de Txábarri como por el señor López de Lerma.

La verdad es que no llego a entender ciertas cosas de los representantes
o dirigentes nacionalistas vascos, pero, en fin, ellos sabrán por qué las
dicen. Tampoco he llegado a entender qué enseñan a sus hijos. Yo, desde
luego, con mis hijos he procurado hasta ser respetuoso con la
Constitución, artículo 27. Lo que hay que hacer es intentar educarlos
para la libertad, para el pleno desarrollo de la personalidad humana, en
el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos
y libertades fundamentales,



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aparte de otros valores que cada uno en el ámbito personal podamos tener.

Desde luego, yo no he educado ni pretendo educar nunca a mis hijos en el
rencor histórico, en los agravios históricos ni en hechos que ocurrieron
hace tantos años y de los que nos hemos querido olvidar todos y algunos
parece que no quieren olvidar nunca.

También quiero hacerle una precisión. En ningún lugar de la Constitución
se habla del Gobierno del Estado. Aquí muchas veces se utiliza la
expresión Gobierno del Estado, y yo he dicho que me gusta más la
expresión Gobierno de la nación. Desde luego, la Constitución me ampara,
porque su artículo 2.º dice que se fundamenta en la unidad de la nación
española, no dice en la unidad del Estado español, y cuando se refiere al
Gobierno, habla del Gobierno a secas. Por tanto, puestos a poner un
calificativo al Gobierno, perfectamente puedo hablar del Gobierno de la
nación; del mismo modo que a otros parece gustarles más Gobierno del
Estado, pues a mí me gusta más el Gobierno de la nación y creo que eso no
es ser de extrema derecha, señor González de Txábarri. Quiero recordarle
que en el espectro político europeo, por ejemplo, su partido y el Partido
Popular nos encontramos en el mismo grupo parlamentario. A lo mejor
ustedes están conviviendo con gentes de extrema derecha o a lo mejor
ustedes son esa extrema derecha, tal vez, en algunos planteamientos
extremistas.

Ni mi grupo ni yo practicamos doble moral, porque si se refiere al caso
Naseiro, siempre he dejado constancia cuando he hablado de ese tema de
que nosotros no impediremos ni nos opondremos a que se realice ningún
tipo de investigación en esa cuestión. Simplemente me he limitado a hacer
una serie de consideraciones de orden jurídico constitucional en relación
a si es posible, algo tan legítimo como la exposición larga del señor
López de Lerma sobre la constitucionalidad de la posible investigación de
Casinos. Simplemente he dejado constancia de unas consideraciones acerca
de que se trata de un tema judicialmente cerrado sobre el que no existen
más pruebas que unas que fueran declaradas nulas no por el Grupo Popular,
sino por el Tribunal Supremo.

En cualquier caso, tengo que recordar que sobre el asunto Naseiro el
Grupo Popular ya solicitó de este Parlamento que se creara una comisión
de investigación, que fue rechazada en su día, y el propio Partido
Popular hizo una investigación interna y estableció una serie de
depuraciones de responsabilidades políticas. Que ahora se pretenda
reabrir ese caso es un poco chocante, pero conste que nosotros no nos
vamos a oponer a esa investigación, porque, insisto y lo he dicho antes,
no tenemos nada que temer del resultado de la misma.

Tampoco practico doble moral en el caso de las decisiones que pueda
adoptar libremente y en la esfera de sus competencias el Partido UPN que,
como se sabe, está asociado con el Partido Popular. UPN en el Parlamento
de Navarra, ciertamente con mi voto en contra en el comité ejecutivo,
acordó no apoyar la comisión de investigación del señor Urralburu; pero
ese es un tema que no está definitivamente cerrado desde el momento que
precisamente el Gobierno de Navarra, de UPN, este mismo lunes ha remitido
al Parlamento de Navarra un proyecto de ley que permitiría reabrir con
eficacia el caso Urralburu, puesto que se faculta a las comisiones de
investigación del Parlamento de Navarra para requerir el resultado de las
investigaciones fiscales que se puedan producir sobre personas
investigadas.

Por consiguiente, de doble moral nada. En cualquier caso, nada de eso
importa en lo que se refiere a este debate. Aquí estamos para saber si,
efectivamente, queremos o no hacer luz en lo que se refiere a la
investigación de la financiación de los partidos políticos y el Partido
Nacionalista Vasco y Convergència i Unión, de Cataluña, son partidos
políticos, tienen representación en esta Cámara y están dentro del objeto
de la Comisión.

No vamos a insistir otra vez en lo que ya hemos dicho al principio y se
ha reiterado por otros portavoces, porque no vale la pena. Simplemente le
diré, señor González de Txábarri, que yo no he inventado que se esté
hablando de una relación entre el PNV y el asunto de tragaperras. No me
lo he inventado yo. Le muestro la declaración formulada por una de las
inculpadas en este asunto, de 31 de marzo de 1993, ante el juzgado número
3, de San Sebastián, en el que se deja constancia por S. S. --se refiere
al juez-- y le advierte, antes de iniciar la declaración de esta señora
inculpada, que la imputación es por un presunto delito de financiación
del Partido Nacionalista Vasco. Esto lo dice no el señor Del Burgo, sino
un documento judicial y, por otra parte, en esas diligencias, que están
abiertas, aparecen como inculpados una serie de personas, entre las
cuales se encuentran algunos militantes o dirigentes del Partido
Nacionalista.

En cuanto al señor López de Lerma, me dice que yo, siendo foralista, cómo
podría consentir que este Parlamento pueda reabrir, si así lo desea, el
asunto Urralburu como el tomo segundo del caso Roldán. Si ustedes no
hubieran cerrado la Comisión Roldán de forma tan precipitada es posible
que hubieran podido hacer ese segundo tomo relativo al señor Urralburu.

Le diré más todavía, señor López de Lerma. Yo soy foralista; amo a mi
tierra; soy patriota navarro, como ha dicho, también patriota español, y
le puedo decir que defiendo, he defendido e incluso he contribuido al
perfeccionamiento de nuestra autonomía foral hasta niveles que incluso a
veces son envidiados por el Presidente de su propio Gobierno de la
Generalidad de Cataluña.

Pero le diré más, en materia de corrupción no hay fueros, de manera que
si quieren reabrir desde aquí ese caso o cualquier otro, háganlo; si cree
que hay motivos para hacerlo, háganlo.

No es cierto que nosotros queramos únicamente erosionar a Convergència o
al PNV porque, de alguna forma, ustedes están colaborando en la
gobernabilidad de España. Cuando uno oye esos argumentos la verdad es que
no tiene respuesta; me quedo sin respuesta, de verdad; no puedo
responder. Cuando se nos dice que por presentar los temas Casinos de
Cataluña o tragaperras lo que estamos haciendo es intentar erosionar a
Convergència i Unión y al Partido Nacionalista Vasco porque colaboran en
sacar adelante los problemas de España y eso, por lo visto, nos repugna o
nos molesta, verdaderamente no hay respuesta, no puede haber respuesta.




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Dicho todo eso sí quiero hacer unas consideraciones en relación al futuro
de esta comisión por referencia a la intervención del portavoz
socialista, que a mí me parece es la verdaderamente trascendental.

El portavoz socialista ha dicho: no voy a apoyar la petición de
investigación de Casinos y tragaperras; por consiguiente, ya se produce
un alineamiento con la posición que mantienen los Grupos de Convergència
y Nacionalista Vasco.

Yo imagino, presumo, que ese alineamiento es recíproco en todos los
planteamientos y, por consiguiente, cuando el Partido Socialista haga
propuestas concretas de investigación en relación a Filesa y Naseiro
automáticamente los grupos que forman parte de la coalición gubernamental
en este caso lógicamente van a apoyar las propuestas del Partido
Socialista. Me gustaría equivocarme, pero me da la impresión de que aquí
hay una reciprocidad clara: nosotros no investigamos Casinos y
tragaperras y vosotros ya nos echaréis una mano en el asunto Filesa y,
además, nos echaréis una mano si queremos utilizar también el asunto
Naseiro como látigo frente al Partido Popular.

¿Por qué digo esto? Porque el señor Gimeno nos ha anunciado que quiere
unas comparecencias limitadas, aunque ha anunciado que ya veremos si más
adelante se pueden pedir más comparecencias. Pero ¿cómo se puede iniciar
la investigación del asunto Filesa si no traemos aquí el informe de los
peritos de Hacienda, que es precisamente el documento donde se relata, de
arriba a abajo, además documentada y probadamente, toda la actividad de
Filesa, todo el conjunto de sociedades que la integran o que constituían
el grupo, quiénes son los que pagaron dinero a Filesa y en qué
cantidades? Segundo, ¿qué hizo Filesa con ese dinero? Tercero, ¿quiénes
son los que cobraron y se beneficiaron de ese dinero? Eso lo dice el
informe de los peritos de Hacienda y por eso nosotros lo primero que
decimos es que esta Comisión tenga el informe de los peritos de Hacienda,
porque si no difícilmente va a poder hacer pregunta alguna a los señores
que comparezcan en virtud de la generosidad del Grupo Socialista. Por
tanto, no es ningún capricho solicitar que vengan esos informes, incluso
los propios peritos a explicar cómo hicieron su investigación.

Tampoco nos parece razonable, y creo previsible que así ocurra, que no
comparezca el contable de Filesa que fue la persona que dio a la
publicidad las presuntas irregularidades que él mismo había detectado
como consecuencia de su gestión administrativa en esa empresa.

Si todo esto se va a hurtar a la Comisión, señor representante del
Partido Socialista, esta Comisión no sirve para nada. No va a servir para
nada; esta Comisión puede ser una tomadura de pelo para la opinión
pública.

En el caso Naseiro se me ha preguntado, y le contesto, ¿por qué se
presentan por el Grupo Popular comparecencias en relación a dirigentes
socialistas? Muy sencillo, porque haciendo abstracción de que en las
cintas que es la única prueba que existe y que no deberíamos utilizar,
resulta que si leemos la transcripción de esas cintas se citan
constantemente actuaciones relacionadas con el Partido Socialista y sus
dirigentes en la Comunidad Valenciana, de presunta financiación
irregular. Por tanto, si investigamos hagámoslo bien; investiguemos todo,
no solamente la presunta financiación en que pudieran incurrir los
señores citados que puedan representar al Partido Popular, sino también
la conexión que evidentemente existía entre esos intentos de financiación
irregular, que por fortuna no llegaron a ningún resultado práctico, y la
conexión que había con la financiación irregular que se decía --y se
decía en las cintas-- practicaba el Partido Socialista. Por tanto, eso es
lo que queremos investigar.

Si esto no es posible ya le podemos decir, desde ahora, a la opinión
pública que esta comisión lo único que va a hacer es entretenernos oyendo
unas conferencias, probablemente muy ilustrativas sobre cómo debemos
modificar la ley de financiación de partidos políticos y en lo demás
habremos puesto una manta sobre los casos que están en la opinión
pública, que dieron lugar a la creación de la comisión y, en resumidas
cuentas, esto no habrá servido absolutamente para nada.

Qué sencillo es decir que hay muchas comparecencias. No tiene nada que
ver: que las haya; ya trabajaremos. ¿Que hay que citar a 70 personas? No
es para tanto; pues se cita a 70 personas, ya comparecerán y tardaremos
todo el tiempo que sea necesario para hacer las averiguaciones y los
interrogatorios debidos. Si de verdad tuviéramos voluntad de investigar
no tendríamos por qué dificultar la presencia de personas que han tenido
mucho que ver con la trama o con la realidad de todos los casos que están
encima de la mesa.

Por tanto, señor Presidente, insisto, creo que mi escepticismo se verá
robustecido, y espero sea destruido, pero, en fin, me temo que no sea
así, tras el receso de los diez minutos que nos anuncia el Presidente.




El señor PRESIDENTE: Finalmente tiene la palabra el señor Gimeno, por el
Grupo Parlamentario Socialista.




El señor GIMENO MARIN: Mi impresión, señor portavoz del Grupo Popular, a
pesar de que el tono de su voz no era muy alto, es que se mete en
terrenos peligrosos, resbaladizos y políticamente bastante complicados.

Pretender en estos momentos desprestigiar a la comisión y la función de
la comisión y su papel en el supuesto de que si no se aprueba lo que yo
digo esta comisión no sirve para nada, me parece grave políticamente; muy
grave políticamente. Me parece muy grave políticamente que usted me esté
planteando ahora cuestiones que mi prudencia política me lleva a no
contestarle mucho más duramente.

Claro que me alegro de tener mayoría en mis posiciones o en las de otros
grupos en esta Comisión, ¡pues no faltaba más! ¡Claro que deseo tener esa
mayoría!, pero le aseguro, y usted sabe, que también deseaba tener
mayoría de acuerdo con usted (Rumores.), pero ¿cómo no lo va a saber? Lo
intento y lo he intentado durante todo el tiempo que transcurre entre
Comisión y Comisión. Tengo que reconocer que a lo mejor con otros grupos
no hago el mismo esfuerzo que con usted; pues es verdad, posiblemente y
quizás algún otro grupo me podría echar en cara (a lo



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mejor el portavoz de Izquierda Unida, mucho más la portavoz del Grupo
Mixto) que a lo mejor no he hablado suficientes veces con ellos para
intentar llegar a un acuerdo. A mí me ha dado la impresión en múltiples
ocasiones de que casi había llegado a un acuerdo con usted pero, fíjese,
no para tapar nada, sino para actuar con responsabilidad política en un
tema que afecta al funcionamiento del sistema democrático de este país.

Por eso quiero dejar bien claro que quiero que se investigue en
profundidad el tema Filesa, pero ¿cómo no voy a querer que se investigue
en profundidad un caso como Filesa cuando lleva con diligencias, en un
procedimiento abreviado, cuatro años un juez o un magistrado? Pero ¿usted
cree que yo tengo algún problema o mi grupo o mi partido, de que se
conozca algo que ya se conoce por todos los medios de comunicación hasta
el informe de los peritos de Hacienda? ¡pero si ha sido escrito entero!
si su partido que es acusación particular --creo-- conoce perfectamente
todo mucho mejor que yo. Conoce usted mucho más del caso Filesa que yo, a
la fuerza. Yo me entero por los medios de comunicación; usted
posiblemente se entere en directo. Yo tengo mi valoración; usted ejercita
un derecho.

A mí me parece muy grave que usted diga que esta Comisión se descalifica
en su funcionamiento y en sus objetivos porque no se dice lo que usted
dice. Mi prudencia me lleva a que es conveniente que aquí se actúe de una
forma determinada. No todo lo que yo he leído y oído sobre el caso
Naseiro me lleva a actuar de una forma irresponsable en consecuencia con
todo lo que he oído, porque tengo responsabilidad política en un tema que
creo importante.

Y le adelanto, mi Grupo no tiene ninguna intención de actuar como
consecuencia de lo que usted haga en relación con nada. Le aseguro que
estoy más de acuerdo en muchas cuestiones con los portavoces de los
grupos nacionalistas y posiblemente con el portavoz de Izquierda Unida.

¿Sabe por qué? Porque, a lo mejor, en las cuestiones de partidos estamos
más de acuerdo. A lo mejor, tenemos una razón importante para decir eso,
una razón muy importante, a lo mejor es la historia de cada uno, de cada
partido; no estoy hablando de su historia personal, estoy hablando de la
de cada partido.

¿Cómo lo voy a entender? ¿Cree usted que en esta Comisión podemos jugar
de cualquier manera en el tema de los partidos políticos? No. Ahora, que
quede bien claro que no vamos a tapar nada, que vamos a exigir
responsabilidades políticas y allá cada uno con su responsabilidad. Que
quede bien claro.

A mí me preocupa mucho que diga que esta Comisión, si no se hace lo que
usted dice, no va a servir para nada; es grave. Lamento decirlo, pero el
principio democrático, a veces, también exige que tomemos decisiones, qué
remedio. Vuelvo a insistir, mi voluntad --me da la impresión que la de
todos y espero que también la suya; así lo creo personalmente, con
sinceridad-- es intentar llegar al mayor acuerdo posible, pero no es
negativo que lleguemos a acuerdos antes de llegar a esta Comisión. A mí
no me preocupa decirlo, ni me preocupa decir otras cosas. ¿Por qué se
proponen algunos casos que no son Naseiro y Filesa? Yo sí que comparto,
en parte, la posición del portavoz López de Lerma, de Convergència i
Unió; en parte tengo esa sensación. ¿Por qué? Lo vengo diciendo desde el
principio, cometeremos todos un error si actuamos en esta Comisión y no
nos elevamos lo suficiente para no estar pensando, cuando estamos
estudiando la financiación de los partidos políticos y los distintos
casos que se investigan, de ver si pescamos a no sé quién. Si estamos con
esa obsesión, se lo digo sinceramente, no va a servir para mucho el
esfuerzo.

En cualquier caso, vamos a intentar permanentemente llegar al máximo
acuerdo posible en este tema. Las propuestas que estoy planteando, y
ojalá que sean aprobadas por mayoría en esta Comisión, no es a cambio de
decir sí o no al otro caso, no es a cambio de eso. Ojalá nos permitan --y
éste es el objetivo de las propuestas, cuando las conozcan se planteará--
la posibilidad de seguir llegando a acuerdos, porque eso es mucho más
importante. A pesar de que en estos momentos no lleguemos a un acuerdo
total, no pasa nada.

Tengo que contestar al portavoz de Izquierda Unida que, con habilidad, me
ha intentado llevar a una posible contradicción. Tampoco me ha contestado
usted, aunque creo que posiblemente esté de acuerdo, a la propuesta de
acotar en el tiempo algunas cosas. Y no pasa nada.

Mi experiencia política en esta Cámara, y supongo que en las comisiones
de investigación --y yo las he visto desde fuera, mucho más lo que han
estado dentro trabajando-- me ha hecho ver permanentemente que una
comisión de investigación empieza y que es difícil que no se hagan nuevas
propuestas a lo largo de la investigación, bien como consecuencia de las
declaraciones de las personas que comparecen o bien de que surgen nuevos
elementos permanentemente.

Yo le he dicho que está abierto ese etcétera en cuanto a la consideración
de casos, pero que hoy se han propuesto dos casos y nuestra posición es
no. Eso me lleva a pensar que, cuando se abra la posibilidad de otros
casos en el nuevo período, en la medida en que vayamos avanzando en los
trabajos, es posible que alguien vuelva a proponer el caso Casinos y el
caso tragaperras. Nuestra posición será no, salvo que me convenzan de
otra manera. Le adelanto que, en estos momentos, nuestra posición es ésa,
sin ningún tipo de problemas.

También le he propuesto antes una cuestión. Nos gustaría que no se
estudiaran más casos que el Filesa y el Naseiro. Lo he dicho, nos
gustaría que no se estudiaran más casos. Desde luego, si alguien quiere
estudiar más casos pensando «esto afecta a tal Partido, que se fastidie»,
no queremos que se estudie. En cualquier caso, si existen esas
posibilidades, las consideraremos. Nuestra posición, si se vuelven a
presentar o proponer, es la misma que tenemos hoy, sin ningún tipo de
problema. Ya le adelanto mi tendencia a decir que a nuevos casos no, pero
la valoración política que en cada momento haya que hacer, me llevará a
hacer un ajuste mucho más concreto.




El señor PRESIDENTE: Señora Rahola, yo pediría que se terminara este
segundo turno para pasar a las propuestas. Hacemos un receso a efectos de
que se concreten



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y, sobre todo, señor Gimeno, dado que usted, en su primera intervención,
ha mencionado aquellas citaciones, que deberían tener una prioridad --así
me ha parecido entender-- en razón de ser llamadas a comparecer ante el
Juez correspondiente, dado que se pueden suscitar problemas en
citaciones, una vez que estén encartados y el juez no autorice su
comparecencia, convendría que lo concrete en su propuesta para empezar,
en esta segunda fase, a votar las propuestas de todos los señores.




La señora RAHOLA I MARTINEZ: Ha habido alusiones directas y entiendo que
un ataque también tiene que ser contestado, señor Presidente. Seré breve.

No voy a entrar otra vez en el debate político, que ya se ha dado; en
cambio, sí creo que hay que responder a algún tipo de acusación.




El señor PRESIDENTE: Señora Rahola, le dije que no tengo vocación de
presidente ni quiero llevar una comisión presidencialista y el
reglamento, salvo para aquellas cuestiones de procedimiento muy
sustantivas, lo he dejado en la puerta, porque quiero que ésta sea una
comisión política. Creo que SS. SS. están a la altura de las
circunstancias. Conviene que aquí se hable de política, que se hable con
entera libertad y esta Presidencia se congratula del magnífico debate
dialéctico, donde cada uno de ustedes tiene que utilizar su ingenio, su
inteligencia, con los argumentos dialécticos o procesales
correspondientes.

Si usted considera oportuno contestar, les tengo que dar un tercer turno
a los restantes miembros de esta Comisión. Resérvese, si quiere, para
cuando hagamos estas propuestas, creo que se ha tratado lo suficiente
este tema.




La señora RAHOLA I MARTINEZ: Pido un turno por alusiones, no un turno
nuevo, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Señora Rahola, ha estado en las mismas condiciones
que los restantes compañeros.




La señora RAHOLA I MARTINEZ: No he podido responder. Yo he hablado
primero. Ha habido un ataque concreto, que tengo que responder, señor
Presidente.




El señor PRESIDENTE: Señora Rahola, vamos a pasar a la tercera fase. Doy
un receso de diez minutos para que los señores comisionados concreten.




El señor GIMENO MARIN: Señor Presidente, si a S. S. le parece, voy a
hacer una propuesta que no sé si simplifica o no los mecanismos de
votación.

Del conjunto de comparecencias que laboriosamente nos ha ordenado la
presidencia o el letrado, como metodología de voto, mi propuesta es
separar de esa votación un conjunto de nombres. De alguna manera, lo que
pretendemos es que sean los que sean citados en esa fase previa que he
mencionado y de una forma lo más inmediata posible. Yo no sé si eso
simplifica o no la forma de votación. Creo que cada Grupo puede separar
del conjunto de comparecencias lo que estime conveniente para votar sí o
no, lo que podría simplificar el procedimiento, pero, por supuesto, S. S.

tiene esa función y esa responsabilidad.




El señor PRESIDENTE: ¿Había pedido la palabra, señor Alcaraz?



El señor ALCARAZ MASATS: Creo que los resultados de la votación están
claros. En ese caso, conviene ir a una metodología que confirme las
propuestas que posiblemente sean las que salgan.




El señor PRESIDENTE: Daré cinco minutos para que lleguen a esta
presidencia ordenadamente.

Señora Rahola, en ese turno puede hacer cualquier defensa del argumento
que viene utilizando. No le voy a retirar la palabra; es por ordenar
esto. Si después le quieren contestar, esta presidencia se siente
políticamente vinculada a ustedes para que aquí se hable de política.

(Pausa.) Se reanuda la sesión.




El señor PRESIDENTE: Podemos pasar a escuchar a los señores comisionados
las propuestas que hagan sobre la sistemática de trabajo ordenada por
nuestro Letrado en las comparecencias solicitadas. Primero estaba la del
caso Filesa, después la documentación solicitada en relación con el caso
Filesa, luego las comparecencias solicitadas con relación al caso Naseiro
y finalmente las propuestas de los otros casos a investigar.

Señores comisionados que tengan que hacer las respectivas propuestas.

Tiene la palabra el señor Gimeno.




El señor GIMENO MARIN: La propuesta que presenta mi Grupo en lo que se
refiere a estudio, doy por supuesto que hemos llegado a un acuerdo por
las declaraciones que ha habido del conjunto de los portavoces. No habría
ningún tipo de problemas.




El señor PRESIDENTE: Perdone que le interrumpa, señor Gimeno. Cuando se
refiere a que en los estudios no ha habido ningún problema, lo había
entendido así la presidencia, pero no había quedado claro la
simultaneidad de estas comparecencias de estudio. Esta presidencia
entendió que quedaban separadas en la sistemática y que unas sesiones
serían de comparecencia para investigación y otras para el estudio cuando
vengan esas personas, al quedar en un calendario que propondrá esta
Presidencia cuando lo ajustemos con estas personas.




El señor GIMENO MARIN: Si sirve para ayuda del Presidente de la Comisión,
porque ha citado el importante volumen de partidos políticos que podrían
verse afectados por las comparecencias de los secretarios de
administración y finanzas, mi partido no tiene ningún inconveniente en
que sólo comparezcan los que tienen representación parlamentaria en estos
momentos en la Cámara. Pero no tiene tampoco ningún inconveniente en que
si otro grupo entiende que deben comparecer otros, que lo hagan. Lo



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digo para simplificar esa tarea que a lo mejor es de imposible
cumplimiento por parte del Presidente de la Comisión. He visto una
relación tan amplia de partidos que me ha empezado a preocupar la
imposible tarea del Presidente de la Comisión. Pero mi Grupo no tiene
inconveniente en que, de acuerdo con las posibilidades, se pueda citar a
más de los que tienen actualmente representación parlamentaria en el
Congreso y en el Senado.




El señor PRESIDENTE: Señor Gimeno, sobre esta lista no, porque es la
lista del caso Filesa.




El señor GIMENO MARIN: Estábamos hablando de la fase de estudio. Ahora
entro en la fase Filesa.




El señor PRESIDENTE: Señor Gimeno, en el caso de estudio, estaba hablando
también de los secretarios de finanzas de los partidos. En esa vertiente.

Después podrán venir también esas mismas personas en el caso de
investigación.




El señor GIMENO MARIN: Estaba hablando de la vertiente de estudio, ya que
había una propuesta en su día, asumida por todos los grupos, de que los
secretarios de administración, en algunos casos se planteaba de
organización, comparecieran en la fase de estudio, al igual que se
planteaban las comparecencias del Tribunal de Cuentas, Director General,
etcétera. Lo digo para simplificar el esfuerzo que he visto que se ha
tenido que hacer.




El señor PRESIDENTE: La Presidencia en caso de duda se someterá a unas
prioridades, porque creo que he dicho que son 65 los partidos políticos
que han tenido representación parlamentaria. La Presidencia convocará, si
a ustedes les parece, en su momento, a aquellos secretarios de finanzas
que tengan una relevancia especial, empezando primero por los partidos
actualmente representados en el Parlamento y yendo hacia atrás, porque
los datos de los que formamos parte de coaliciones electorales años
atrás, según el Registro, han desaparecido del nomenclátor.




Es señor GIMENO MARIN: Señor Presidente, entonces entraría ya con las
propuestas concretas. Estamos hablando de Filesa. En el caso Filesa la
propuesta que haría sería la de segregar, para adelantar mi voto a favor
de esas comparecencias de las siguientes personas que afectan a distintas
propuestas de distintos grupos que citaré, y que están en la relación
ordenada alfabéticamente que nos ha entregado el señor Letrado. Las
comparecencias serían: Galeote Jiménez, Guillermo, a propuesta del Grupo
Popular, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y Grupo Mixto; Navarro
Gómez, Carlos, a propuesta del Grupo Parlamentario Popular y Grupo Mixto;
Josep María Sala, a propuesta del Grupo Popular y Grupo Mixto Esquerra;
José Ramón Lorenzo Elvira, representando a la empresa Hauser y Menet, a
propuesta del Grupo Popular e Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya;
Ramón Gómez Redondo, representando a la empresa Mabuse, S. A., a
propuesta del Grupo Popular e Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya;
García Pardo, Carlos Manuel, representando a la empresa Dorna, S. A., a
petición del Grupo Popular e Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya;
Iñigo Olarrazábal, El Viso Publicidad, a petición del Grupo Popular e
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.

Esas son las primera comparecencias que nosotros propondríamos, y ya
adelanto que nuestro voto será favorable.

Nuestra explicación de voto, al resto de las propuestas, al resto de los
nombres de comparecientes del caso Filesa, es que no somos partidarios,
pero, como hemos adelantado antes, después de estas citaciones que hemos
propuesto no cerramos la posibilidad de hacer propuestas de citación de
esos otros casos o de las personas que consideremos convenientes en esos
casos.




El señor PRESIDENTE: Sabe el señor Gimeno que esta Presidencia ha
adoptado el acuerdo de mantener abierto permanentemente el Registro para
que cualquier grupo parlamentario pueda solicitar comparecencias. Iremos
embalsando, para reuniones periódicas de votación, todas aquellas
comparecencias que se considere pertinentes por el grupo respectivo, para
que nadie se sienta menoscabado ni imposibilitado, de pedir una
comparecencia que estime políticamente imprescindible.




El señor GIMENO MARIN: Por seguir en el caso Filesa, de la documentación
solicitada en la investigación no hacemos ninguna solicitada en la
investigación no hacemos ninguna separación y nuestro voto en concreto
será en contra. No haremos ninguna petición de votación separada. En los
otros casos a investigar votaremos las propuestas que se han considerado.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Alcaraz.




El señor ALCARAZ MASATS: Señor Presidente, esta comisión ya empieza mal,
porque se le acaba de perder la pluma a la señora Rahola. Habría que
investigar eso en primer lugar.

Sobre el tema del caso Filesa, nosotros vemos ausencias que no se
justifican en función de que se cita a la vez a distintas empresas; me
refiero a los representantes de BBV. Y pensamos que es necesaria e
imprescindible la comparecencia de don Carlos Alberto van Schouwen, que
fue el contable que en primer lugar habló de este asunto.

Con respecto al caso Naseiro, parece que la propuesta está más completa.

En todo caso, nosotros, tal como están las cosas con este rodillo con
tres mangos que se ha inaugurado aquí (PNV, Convergència i Unió y PSOE),
votaremos nuestras propuestas; no nos oponemos a ninguna propuesta y, por
lo tanto, nos abstendremos en el resto de ellas.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Rahola.




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La señora RAHOLA I MARTINEZ: Ateniéndome a la enorme flexibilidad del
Presidente, le cojo la palabra para la alusión a la que no he podido
responder antes.

El comisionado de Convergència i Unió ha dicho que Esquerra Republicana
sólo fue un día a la Comisión que investigaba Casinos en el Parlamento
catalán y no fue ningún día más, un poco dando a entender que no nos
había interesado el tema. Yo quería puntualizar: primero, Esquerra
Republicana pidió la Comisión, cuyos planteamientos no se votaron a
favor; se constituyó la Comisión que pidió Convergència; segundo,
participó con bastante fuerza, yo diría que con bastante presencia, en el
debate; fue a la constitución de la Comisión y, finalmente, manifestó
precisamente en ella que no participaría en esos términos porque la
Comisión de investigación era una parodia. El representante de Esquerra
Republicana, el diputado Jaume Rodri, dijo lo siguiente: No
participaremos en la Comisión porque ustedes nos quieren sólo a título de
figurantes, y en boca de un diputado no sólo catalanista sino
independentista. Lo digo, señorías, no sea que el españolismo ancestral
sea el responsable de no querer investigar el caso Casinos. Se puede
atacar a Convergència, se puede querer investigar en un momento
determinado una financiación irregular, se puede hacer debate político
sin estar situados al otro lado de Cataluña. Esto quería recordarlo a
tenor un poco de las intervenciones previas.

Una última cosa, también al hilo de las alusiones. La verdad es que
espero que el señor Txabarri no haya querido criminalizar mi condición de
independiente de un partido político, porque ello diría muy poco en favor
de la alta consideración que le tengo, como tampoco quiero creer que sea
precisamente el Partido Nacionalista Vasco quien quiera dar a Esquerra
Republicana lecciones de izquierda o de catalanismo, de la misma manera
que, más allá del debate político, Esquerra nunca se atrevería a dar
lecciones de nada al Partido Nacionalista Vasco. Así pues, le pediría al
señor Txabarri que renuncie a hacer el trabajo sucio, con palabras más o
menos gruesas, de Covergència i Unió, porque el comisionado de
Convergència ya se defiende solo muy bien, y que más allá del debate
mantengamos la elegancia.

La postura. Bien, nosotros no entendemos de ninguna manera, Esquerra
Republicana no entiende de ninguna manera cómo se puede obviar en la
primera tanda de comparecencias la de personas tan indiscutiblemente
ligadas a todo el tema Filesa como son Carlos van Schowen, ex contable de
Filesa y persona absolutamente protagonista en primera línea de todo el
tema; personas como Lluis Oliveró, ex administrador de Filesa, Malesa y
Time Export; personas como Alberto Flores, alto directivo de Filesa,
Malesa y Time Export, porque si no vamos a empezar edulcorados en esta
Comisión; como Francisco Fernández Marugán, secretario de finanzas del
Partido Socialista; José María Benegas, ex secretario de organización del
Partido Socialista, o, por ejemplo, Aída Alvarez, que tanta tinta hizo
correr en su momento, etcétera.

Desde luego, empezar esta Comisión con una lista tan edulcorada, y yo
diría tan domesticada, de comparecientes me preocupa, porque entiendo que
en la primera tanda tendría que haber personas tan indiscutiblemente
ligadas al tema Filesa como es el señor Carlos Van Schowen. Desde ningún
punto de vista puedo entender que no esté en la primera tanda de
comparecientes. No sólo Esquerra va a votar a favor de su propia lista y
de la de otros comparecientes de otros partidos, es que vamos a
mantenernos permanentemente en esta lista porque entendemos que cada uno
de los 28 nombres presentados, y algunos que complementan otros partidos
políticos, son absolutamente necesarios para la investigación del caso
Filesa.

En este sentido he de decir que preocupa que esa famosa y efectiva
trilateral del poder nos vuelva a poner el rodillo en esta Comisión y
empecemos ya a investigar mal; ya no sólo porque parece que no
investigaremos casinos, sino porque vamos a investigar Filesa también por
la puerta de atrás. Para Filesa tenemos que abrir la puerta grande. La
puerta grande es Benegas, es Carlos Van Schowen, es Oliveró, es Alberto
Flores. Si no, nos vamos a dejar fuera elementos sustanciales de la
investigación.

Por tanto, nos mantendremos en la lista pedida ya.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor González de Txabarri.




El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Señor Presidente, intervendré
brevemente para contestar a la intervención inicial de la señora Rahola
en el sentido de que un militante de un partido político, máxime si es un
partido político centenario, tiene a mucha gala ser miembro de ese
partido y la consideración que le merecen en general los partidos
políticos es la de ser vertebración de la sociedad y representación de un
conjunto de ciudadanos con una serie de aspiraciones y con un programa
político determinado. Yo entiendo que esto desde la militancia política
se vive con una percepción distinta de una persona que no lo es, y ahí
está la mera constatación de que eso es así.

Quisiera que esta Comisión tuviese, cuando menos, el respeto debido con
los partidos políticos, como la Comisión Roldán lo tuvo con la Guardia
Civil en cuanto institución. Muchas veces en ciertas intervenciones me da
la impresión de que no, y como miembro del Partido Nacionalista Vasco
quisiera denotar que esas impresiones se pueden desprender de ciertos
discursos, discursos que se pueden calificar indudablemente cuidando las
formas. Si no lo he hecho, por lo que sea, en mi intervención, retiro las
palabras que haya podido utilizar, señora Rahola, pero la consideración
de fondo es la que hago yo. Yo defiendo los partidos políticos delante de
quien sea (La señora Rahola i Martínez: Yo también.), mucho más que la
Guardia Civil, como instrumentos de representación de los ciudadanos, y
quisiera que la señora Rahola, que participa en estos debates con mucha
vehemencia y clarividencia, entendiera que los demás podemos poner la
misma vehemencia en las palabras, y reivindicamos, señor Presidente, la
igualdad de oportunidades. La misma vehemencia, nada más.

En lo que respecta a la postura del Partido Nacionalista Vasco, sobre si
se hacen trabajos sucios o no, deje hacer al Partido Nacionalista Vasco
lo que entienda oportuno. Es



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evidente que el señor López de Lerma se defiende solo. Creo que ha tenido
intervenciones brillantísimas en la sesión de esta tarde, pero tal y como
usted se dedica a opinar sobre lo que pasa en el País Vasco, déjenos, de
vez en cuando, una cuñita sólo para que podamos pensar, para que podamos
opinar sobre otras comunidades, otras naciones que constituyen este
Estado.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor López de Lerma.




El señor LOPEZ DE LERMA I LOPEZ: Señor Presidente, para fijar nuestra
posición como Grupo Parlamentario, no tanto como miembro de la trilateral
del poder, como nos acaba de denominar la señora Rahola en su
acostumbrada vehemencia calificativa.

Nuestro Grupo Parlamentario está de acuerdo, si hay consenso en torno a
ello, en dar luz verde a todas las sugerencias de comparecencias, por lo
que hace referencia al apartado de estudio. Creo que todos los
profesionales que han sugerido los distintos grupos son de una alta
calidad y nos pueden ayudar en esa labor positiva de la Comisión, que es
tratar de mejorar el sistema de financiación de los partidos políticos en
este Estado.

En relación con los dos casos concretos a investigar, nos parece que la
propuesta socialista tiene aspectos muy positivos. Primero, porque ha
cruzado peticiones distintas; es decir, las personas que se citan en
relación con el caso Naseiro, excepto un par de ellas, creo, las demás
han sido pedidas no sólo por el Grupo Socialista, sino también por
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y por el Grupo Mixto, Esquerra
Republicana de Cataluña. Por tanto, la primera impresión, y creo no
equivocarme, es que se trata de buscar lo que podíamos llamar denominador
común, lo más común posible, a las distintas propuestas que han hecho los
grupos en relación con el caso Naseiro. Comprendo que la propuesta del
Grupo Socialista no incluya personas sugeridas por el Grupo Parlamentario
Popular, porque tampoco entiendo esa sugerencia que nos han dado en el
llamado caso Naseiro; no las entiendo, y como tampoco han sido
explicadas, no participo de las mismas. Creo que es un listado
cualitativamente interesante.

Lo mismo ocurre en relación con el caso Filesa, donde se cruzan
propuestas socialistas y propuestas del Grupo Popular, Izquierda Unida y
Mixto, sin que lo hayan sido por el Grupo Socialista; repito que me
parece que es un denominador común de una cualidad interesante y en la
línea de lo que es habitual en las comisiones de investigación de esta
Cámara. Es decir, vamos a empezar con estas comparecencias. A partir de
lo que aquí se explica, de lo que aquí se investiga y de lo que aquí se
conoce, no sólo a través de lo que se dice, sino también de lo que se lee
en los documentos, siempre queda la posibilidad abierta, como ha
recordado el Presidente --y además no sólo lo ha recordado, sino que lo
mantiene--, de incrementar, de ir añadiendo nuevas comparecencias, a
tenor, repito, de lo que vayamos conociendo. Este es un mecanismo de
trabajo que quizá hoy no se encuentre oportuno, pero es el mismo con el
que han actuado todas las comisiones de investigación constituidas, desde
la aprobación de la Constitución, en esta Casa.

Por lo tanto, estamos de acuerdo con la propuesta del Grupo Socialista,
porque, además, no veo otras --repito-- de ese cruce entre sugerencias de
grupos.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra don Jaime Ignacio del Burgo, por el
Grupo Parlamentario Popular.




El señor DEL BURGO TAJADURA: Nuestro grupo mantiene íntegramente las
propuestas que ha formulado. Por consiguiente, votaremos a favor de las
propuestas que hemos presentado y en contra de todas las demás, salvo que
coincidan con personas que nosotros hubiéramos presentado.

Simplemente deseo dejar constancia, para no reproducir más
argumentaciones anteriormente expresadas, de que en una Comisión de
investigación en el asunto Filesa, que no va a contar ni con el informe
realizado por los peritos del Ministerio de Hacienda, que explican con
todo detalle toda la organización y funcionamiento de la trama Filesa; si
no va a estar presente don Carlos van Schouwen, ex contable de Filesa,
que fue quien puso de manifiesto ante la opinión pública lo que ocurría
en Filesa; si no van a estar presentes más que dos o tres representantes
de empresas que eran las que actuaban como proveedores; si no va a
comparecer doña Aída Alvarez Alvarez, pieza clave en todo el entramado de
financiación que se deriva del asunto Filesa; en fin, si no vamos a
contar con todas esas personas y, además, se nos anuncia que esto tiene
que terminar en el mes de diciembre, por mucho que después intentemos
introducir nuevos nombres, es una radical pérdida de tiempo. Es decir,
que estamos perdiendo el tiempo que esta Comisión debe tener para hacer
las citaciones y que todas esas personas, ordenadamente, comparezcan ante
la Comisión. Citar a siete personas en el asunto Filesa me atrevo a
calificar de ridículo.

En cuanto al tema del asunto Naseiro, no vamos a votar en contra de esta
propuesta, pero mantenemos las personas que hemos solicitado, en el
sentido de que el asunto también tiene una vertiente de financiación
irregular del Partido Socialista, que se deriva de las conversaciones que
están en esas cintas. Por consiguiente, mantenemos la necesidad de que
comparezcan las personas que se citan en nuestra relación.

Finalmente, solicito, aunque supongo que estará en la idea de la
Presidencia, que se voten también las propuestas de resolución de
incorporación de nuevos casos, que supongo que se votarán seguidamente.

Por sintetizar, queremos que se vote nuestra propuesta íntegramente,
tanto en el asunto Filesa como en el asunto Naseiro, y anuncio que
nuestro voto es contrario a todas las demás propuestas, salvo en aquellos
puntos que coincidan con las nuestras.




El señor PRESIDENTE: De acuerdo, señor Del Burgo.

Esta Presidencia ha tomado el criterio de someter a votación todo.

Empezaremos de menor a mayor, siempre que tengan propuestas
específicamente presentadas, para terminar



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con la última que había entrado, que es la lista presentada por el señor
Gimeno, del Grupo Parlamentario Socialista.

Sin más preámbulos, señorías, comenzamos por las propuestas que ha
presentado la señora Rahola, por el Grupo Mixto. Dado que el señor Del
Burgo me ha hecho una matización, deseo que me diga si se pueden votar
globalmente, ya que también se someten a votación las propuestas de
nuevos casos. Es decir, que se vote lo que yo he propuesto en Filesa, en
Naseiro, los nuevos casos, etcétera.




El señor GIMENO MARIN: Señor Presidente, una cuestión de forma.

De acuerdo con el planteamiento de someter a votación las propuestas de
los distintos grupos. Pero en la propuesta que nosotros pedimos que se
someta a votación, que se entienda que votamos a favor de los mismos
casos que son coincidentes en sus propuestas, para que se explique que
nuestro voto en contra es voto en contra de lo que no coincide. Lo digo
para no tener que complicar mucho la votación.




El señor PRESIDENTE: Exactamente. Por eso la Presidencia no ha sometido a
votación la lista resumen que ha hecho el Letrado, porque podía inducir a
esta confusión, dado que en la lista resumen figuran todos.

Tiene la palabra la señora Rahola.




La señora RAHOLA I MARTINEZ: Para una cuestión de sistemática, señor
Presidente.

Yo entiendo que lo mejor sería que votáramos las comparecencias
solicitadas por cada partido, o de forma global, por ejemplo, los casos
de Filesa y Naseiro; pero pediría que votáramos independientemente la
propuesta de investigar casinos y tragaperras, que son dos únicos casos.




El señor PRESIDENTE: Eso va aparte. Es lo que había pedido el señor Del
Burgo y así lo había entendido la Presidencia. Unicamente deben decir los
señores comisionados en qué momento quieren separar una votación de otra,
de lo que se está sometiendo a votación. En el bien entendido (lo vuelve
a recalcar la Presidencia, porque creo que lo ha señalado el señor López
de Lerma y no sé si el señor Del Burgo) de que esta Presidencia deja
abierto el registro para todas aquellas solicitudes que se quieran
reiterar o presentar «ex novo».

Sin más, pasamos a las propuestas del Grupo Parlamentario Mixto, de la
señora Rahola.




La señora RAHOLA I MARTINEZ: Señor Presidente, yo aceptaría la propuesta
planteada por el Grupo Socialista si admitiera la inclusión de tres
nombres más, y así se lo pregunto al comisionado socialista. Esos tres
nombres serían Oliveró, Aída Alvarez y Carlos van Schouwen.




El señor GIMENO MARIN: Señor Presidente, quiero anunciarle que estamos
dispuestos a considerar en una segunda fase esas posibilidades, pero no
en esta primera.




El señor PRESIDENTE: Yo creo que esta Comisión --y esto es un comentario
político-- y esta Presidencia se han mantenido en un nivel político muy
alto que hemos abierto en la Cámara una dinámica en este sentido hacia un
posible diálogo en las futuras sesiones y fechas.

Pasemos a la votación de la propuesta de la señora Rahola, del Grupo
Mixto.




La señora RAHOLA I MARTINEZ: ¿Respecto a las comparecencias de Filesa y
Naseiro juntas?



El señor PRESIDENTE: Las que haya presentado usted, señora Rahola.

Se vota por voto ponderado, como saben SS. SS. Esta Presidencia no vota.

(Pausa.)



Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.




El señor GIMENO MARIN: Para una cuestión de orden, señor Presidente.

Me gustaría saber, para no tener ninguna duda respecto al sentido de las
votaciones, si la abstención del señor Del Burgo significa que se
abstiene en la propuesta, por ejemplo, de la comparecencia del señor
Ybarra.




El señor DEL BURGO TAJADURA: Señor Presidente, yo me abstengo y no tengo
que darle explicaciones al señor Gimeno de por qué me abstengo;
simplemente me abstengo. Ya he dicho cuál es mi posición y no le voy a
preguntar al señor Gimeno por qué va a votar en contra de mis propuestas.




El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Vasco no tenía propuestas
presentadas y el Grupo Parlamentario Convergència i Unió no sé si las
tiene. (Pausa.)
Me indica el señor Letrado que con el voto ponderado ha quedado rechazada
la propuesta de Esquerra Republicana, señora Rahola, del Grupo Mixto.

Pasamos a votar la propuesta del Grupo Parlamentario Popular. (Pausa.)



Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Pasamos seguidamente a la propuesta presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista con respecto a los casos Filesa y Naseiro.




El señor ALCARAZ MASATS: Señor Presidente, faltan también las mías.




El señor PRESIDENTE: Es que tenía otro orden, que me habían facilitado.




El señor ALCARAZ MASATS: Solicito que también se vote la petición sobre
el caso casinos de Cataluña.




El señor PRESIDENTE: Muy bien. ¿Conjuntamente? ¿No quiere segregar?



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El señor ALCARAZ MASATS: Creo que ha quedado claro en la exposición.




El señor PRESIDENTE: Señor Gimeno, tiene la palabra.




El señor GIMENO MARIN: De la propuesta de Izquierda Unida, pido votación
separada de dos nombres específicos de la lista, de los representantes
del Banco Bilbao-Vizcaya.




El señor PRESIDENTE: Se somete a votación la petición relativa a la lista
presentada por el señor Alcaraz, del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, y separadamente, la propuesta del señor Gimeno.

Empezamos por la propuesta del señor Gimeno, ¿quiere usted repetir, por
favor?



El señor GIMENO MARIN: Señor Presidente, de la propuesta que haya, la
última es la que se votaría. ¿Estamos en ello? Sería: Guillermo Galeote
Giménez, Carlos Navarro Gómez, Josep María Sala, José Ramón Lorenzo
Elvira, Ramón Gómez Redondo, Carlos Manuel García Pardo e Iñigo
Larrazábal. Eso en cuanto se refiere al caso Filesa.

En lo que se refiere al caso Naseiro, Rosendo Naseiro Díaz, Angel Sanchis
Perales, Salvador Palop Martínez, José Balaguer Cervera, Luis Romero,
Francisco Javier Domínguez Rodrigo y Juan Luis Latorre Matute.




El señor PRESIDENTE: Señor Alcaraz, tiene la palabra.




El señor ALCARAZ MASATS: Pido que se voten las propuestas de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya y se separen dos nombres para una ulterior
votación, que son los representantes del BBV señores Sánchez Asiain e
Ybarra.




El señor PRESIDENTE: Pues se hace así.

Pasamos a la votación de la primera parte de la propuesta del señor
Alcaraz.

Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la segunda parte de la propuesta de Izquierda Unida.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Pasamos a votar finalmente la propuesta presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista. ¿Alguna explicación, señor Gimeno? (Pausa.)



Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

La Presidencia ya girará las oportunas notificaciones y estará en
contacto con los señores portavoces. Esto respecto a las citaciones que
hay para estas personas.

Finalmente votamos los casos específicos de casinos de Cataluña y el
denominado caso de las tragaperras, del país Vasco.

¿Quieren SS. SS. que se voten conjunta o separadamente? (Pausa.)
Separadamente. Muy bien.

Votamos entonces las solicitudes de investigación, por el orden que están
aquí. En primer lugar, el caso casinos de Cataluña. (Pausa.)



Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la solicitud de investigación sobre el caso de las tragaperras,
del País Vasco. (Pausa.)



Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

El voto es ponderado, señorías, y quedará reflejado en el acta.

Se levanta la sesión.




Eran las ocho y treinta minutos de la noche.