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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 302, de 06/10/1994
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1994 V Legislatura Núm. 302
SANIDAD Y CONSUMO
PRESIDENTA: DOÑA BLANCA GARCIA MANZANARES
Sesión núm. 14
celebrada el jueves, 6 de octubre de 1994
ORDEN DEL DIA:
Comparecencia del señor Subsecretario de Sanidad y Consumo (Temes
Montes), para informar sobre el programa a desarrollar al frente de la
Subsecretaría del citado Ministerio. A solicitud del Grupo Parlamentario
Popular. (Número de expediente 212/000856) (Página 8922)
Pregunta de la señora Maestro Martín (Grupo Parlamentario Federal IU-IC),
sobre medidas para desbloquear los obstáculos que han impedido la
comercialización en nuestro país de la RU-486. (BOCG, serie D, número
103. Número de expediente 181/000779) (Página 8942)
Comparecencia de la señora Directora General del Instituto Nacional de la
Salud, INSALUD (Martínez Aguayo), para informar sobre el programa a
desarrollar al frente del citado organismo. A solicitud del Grupo
Parlamentario Popular. (Número de expediente 212/000857) (Página 8945)
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
La señora PRESIDENTA: Buenas tardes, señorías. Se abre la sesión.
Iniciamos la sesión de la Comisión de Sanidad y Consumo con el orden del
día que obra en poder de todas SS. SS. Quiero comunicarles que la
portavoz del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
señora Maestro Martín, nos ha pedido si podíamos alterar ligeramente el
orden del día y aplazar su pregunta, de manera que empezásemos la sesión
con la comparecencia del señor Subsecretario, dada la tardanza del Pleno
de esta mañana y la falta de tiempo que había entre su finalización y el
inicio de la Comisión. Por tanto, eso es lo que vamos a hacer.
CELEBRACION DE LAS SIGUIENTES COMPARECENCIAS:
--DEL SEÑOR SUBSECRETARIO DE SANIDAD Y CONSUMO (TEMES MONTES), PARA
INFORMAR SOBRE EL PROGRAMA A DESARROLLAR AL FRENTE DE LA SUBSECRETARIA
DEL CITADO MINISTERIO. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR.
(Número de expediente 21/000856.)
La señora PRESIDENTA: Iniciamos, por tanto, la sesión con el punto
segundo del orden del día. Para ello, se encuentra entre nosotros el
señor Subsecretario de Sanidad y Consumo, don José Luis Temes, para
informar sobre el programa a desarrollar al frente de la Subsecretaría
del citado Ministerio. Esta solicitud de comparecencia ha sido formulada
por el Grupo Parlamentario Popular del Congreso.
Para dar cumplimiento a este punto, tiene la palabra el señor Temes.
El señor SUBSECRETARIO DE SANIDAD Y CONSUMO (Temes Montes): Señora
Presidenta, señorías, ante todo, deseo expresar a la Presidencia, a la
Mesa y a todos los miembros de esta Comisión permanente de Sanidad y
Consumo mi satisfacción y agradecimiento por darme la oportunidad de
exponerles, a instancias del Grupo Parlamentario Popular, el programa a
desarrollar al frente de la Subsecretaría del Ministerio de Sanidad y
Consumo.
Las grandes líneas de trabajo, así como los objetivos generales del
Departamento, han sido expuestos por la señora Ministra con motivo de su
comparecencia ante esta Comisión el pasado día 20 de septiembre. Por esta
razón, hay cuestiones que no repetiré, a fin de no ser reiterativo,
poniendo mayor énfasis, por el contrario, en aquellas que, por sus
características, puedan requerirlo.
Como ha indicado la señora Ministra, las medidas que están llevándose a
cabo en el Departamento se enmarcan dentro de los objetivos de fomentar
la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud de los
españoles, y de consolidar y mejorar el Sistema Nacional de Salud y la
política de consumo. Estas medidas son, como no podía ser de otra forma,
continuación de líneas de trabajo ya iniciadas y expuestas ante esta
Comisión en anteriores comparecencias, a las que se añaden determinadas
innovaciones que completan el trabajo desarrollado hasta la fecha. Esto
es así porque las bases de nuestro Sistema Nacional de Salud están
claramente definidas y no debemos modificarlas. Nuestra misión consiste,
por tanto, en seguir desarrollando los objetivos establecidos en la Ley
General de Sanidad, y en mejorar los instrumentos con que se ha dotado a
nuestro Sistema Nacional de Salud. Para esta tarea sé que podemos contar
con la colaboración de sus señorías.
Política de salud pública. Señorías, nuestra sociedad y los individuos
que la componen padecen los problemas de salud propios de un país que,
como el nuestro, goza de un alto nivel de desarrollo económico, en el que
las enfermedades infecciosas han ido paulatinamente disminuyendo para dar
paso a la aparición de problemas de tipo degenerativo o vinculados a los
estilos de vida o hábitos de consumo.
Efectivamente, se están produciendo cambios en el patrón de
morbi-mortalidad, de tal forma que las enfermedades de tipo infeccioso,
que durante el pasado siglo y la primera mitad del actual constituían el
principal problema de salud, han sido sustituidas por patologías de
carácter crónico y degenerativo, fundamentalmente cardiovasculares y
cáncer, que, desde el punto de vista social y sanitario, son enormemente
costosas, además de presentar un alto nivel de invalidez y tener un
difícil tratamiento.
Por otro lado, hay que añadir la aparición de nuevas enfermedades, como
el sida, cuya letalidad e impacto social supone no sólo un gran coste
económico, sino nuevos problemas de asistencia y de marginación social.
Indicadores tan sensibles y específicos, desde el punto de vista
científico, como la mortalidad infantil, la esperanza de vida al nacer o
la mortalidad perinatal muestran que tenemos unos buenos resultados en
términos de salud, con respecto a los países de la Unión Europea. De la
misma manera que en esos países, la mortalidad por enfermedades
cardiovasculares sigue una tendencia descendente, y la mortalidad por
cáncer ascendente, si bien la magnitud de ambas es de las más bajas de
los países industrializados.
Este estado de salud, que acabo de esbozarles, es consecuencia de una
serie de factores policausales, en cuyo detalle no voy a entrar. Nuestra
política de salud pública comprende un conjunto de medidas y actuaciones
tendentes a disminuir las consecuencias negativas de estos factores, que
son los asociados a los hábitos y estilos de vida, al entorno y medio
ambiente, así como los biológicos y los vinculados a las propias
actividades del sistema sanitario.
Además, esta política de salud está lógicamente determinada por la
estructura político-administrativa del Estado, por nuestra situación
geopolítica en el continente, e inscrita en el espacio marcado por tres
coordenadas que hacen posible una política de estado que evite
distorsiones y genere sinergias. Estas coordenadas son: la
intersectorialidad, la interterritorialidad y la convergencia con Europa,
y a ellas habré de hacer referencia, de una u otra forma, a lo largo de
esta exposición.
El tabaquismo es la mayor causa aislada conocida de mortalidad en España,
y aunque el consumo comienza a disminuir, la situación es todavía
preocupante. Según los datos obtenidos en la Encuesta Nacional de Salud,
realizada durante 1993, un 36 por ciento de la población española de 16 o
más años de edad es fumadora, sobre todo los varones, y con mayor
incidencia en el grupo de edad comprendido entre los 18 y los 44 años.
Posiblemente, lo más preocupante es que el inicio del hábito es muy
precoz, antes de los 17 años; se declaran fumadores el 32 por ciento de
la población escolar; la incorporación al hábito es más precoz en la
mujer, y hay una tendencia a incrementar el número de cigarrillos
consumidos al día. De ahí la importancia del proyecto de real decreto
sobre publicidad de los productos de tabaco, actualmente en fase de
elaboración.
Llegado a este punto, permítanme unas palabras sobre el programa «Europa
contra el Cáncer», cuyo tercer plan de acción 1995-1998 ha sido ya
propuesto por la Comisión Europea. La participación española en el
Programa ha sido amplia desde sus inicios, tanto en número de proyectos
presentados y aprobados, como en el porcentaje anual del presupuesto del
programa destinado a proyectos de iniciativa española, o a proyectos
europeos con participación española.
El informe de evaluación global, realizado en 1992, referido a los dos
primeros planes, recogía que los proyectos españoles habían recibido un
porcentaje medio del presupuesto superior al 12 por ciento anual; esto
es, por encima de la proporción que representa la población española en
la Unión Europea. Al hilo de lo anterior, quiero mencionarles que la
Semana Europea contra el Cáncer está dirigida este año a sensibilizar a
la población sobre la importancia de una adecuada y correcta nutrición en
la prevención del cáncer.
Hoy mismo, y también dentro del programa europeo, se está realizando en
el Ministerio de Sanidad y Consumo la presentación del Estudio
prospectivo sobre dieta y cáncer. Este proyecto va a permitir estudiar a
350.000 personas de siete países de la Unión Europea (50.000 de cada
país), durante 10 años, con el objeto de analizar la relación existente
entre distintos nutrientes y la aparición de cáncer en nuestro medio.
España participa de forma destacada en este estudio. A las subvenciones
de la Unión Europea, se añade el apoyo económico del FIS y el de las
comunidades autónomas que participan concretamente: Andalucía, Asturias,
Murcia, Navarra y el País Vasco.
Otro de los problemas de Salud Pública que tiene una incidencia notable
en España es el consumo de bebidas alcohólicas. A este respecto, debo
señalarles que el patrón sociológico de este problema es muy similar al
del tabaco. El mayor porcentaje de bebedores lo componen varones jóvenes,
y el hábito está arraigado en todos los estamentos sociales.
Según los datos obtenidos en la Encuesta Nacional de Salud de 1993, el 67
por ciento de los hombres y el 44 por ciento de las mujeres son
consumidores ligeros o moderados de bebidas alcohólicas, siendo
consumidores altos o excesivos un 8 por ciento de los hombres. Los
jóvenes se incorporan tempranamente al hábito, siendo la edad media de
inicio los 15 años y medio.
Los datos hasta ahora expuestos son lo suficientemente significativos
para que no sea preciso destacar la importancia que tiene el proyecto de
real decreto sobre publicidad y venta de bebidas alcohólicas, elaborado
por el Ministerio de Sanidad y Consumo y en el que venimos trabajando en
este momento.
De otra parte, próximamente se van a presentar y publicar los resultados
de la Encuesta Nacional de Salud de 1993, documento esencial para conocer
el estado de salud de la población española y sus tendencias y, en
consecuencia, orientar la política sanitaria en su conjunto.
La interterritorialidad, como coordenada en la que se inscribe la
política de salud, a la que anteriormente hacía referencia, se basa en la
dificultad de someter a división administrativa las actividades o
actuaciones que conforman la política de salud. Además, las competencias
en materia de salud pública están transferidas en su mayor parte a las
comunidades autónomas. La Administración del Estado debe realizar una
labor de seguimiento y coordinación que viene impuesta por la propia Ley
General de Sanidad.
Así como estrategia de superación, se creó el Consejo interterritorial
del Sistema Nacional de Salud, y dentro del mismo, la Comisión de salud
pública, con carácter permanente.
Esta Comisión de salud pública se ocupa de la coordinación en la materia,
y es una importante herramienta del Consejo interterritorial, al
favorecer unas relaciones más fluidas entre las administraciones
sanitarias, razón por la que queremos seguir reforzándola.
Respecto a la lucha contra el Sida, no tengo que añadir más a lo
expresado recientemente por la señora Ministra en su comparecencia ante
SS. SS.
Solamente insistir en que nuestros objetivos siguen siendo el
conocimiento de la epidemia, la prevención por vía de la información y
formación de los ciudadanos, el cuidado de los afectados de la forma más
eficiente y el apoyo a todas las acciones que favorecen la solidaridad.
El Plan integrado de salud, como SS. SS. bien conocen, deberá recoger en
un documento único el plan estatal, los planes de salud de las
comunidades autónomas, así como los planes conjuntos.
El Ministerio de Sanidad y Consumo ha elaborado varios borradores del
plan estatal. El texto definitivo podría ser presentado para conocimiento
al Consejo interterritorial en 1995. La situación de los planes de las
comunidades autónomas es la siguiente: cinco han elaborado su plan de
salud, ocho tienen documentación previa, y cuatro no han publicado nada
sobre ello hasta la actualidad.
Pretendemos estimular a las comunidades autónomas, en el foro de la
comisión de aseguramiento y planificación del Consejo interterritorial,
para la realización de sus planes de salud, ya que hasta que no
dispongamos de los 18, no podrá realizarse el plan integrado.
Por último, quiero destacar el incremento espectacular que experimentará,
en 1995, la partida de gastos destinada
a la cooperación sanitaria internacional, que pasará de 140 a 2.500
millones de pesetas, en el marco de la ayuda española al Tercer Mundo.
Este crédito se administrará a través de la Agencia Española de
Cooperación Internacional, del Ministerio de Asuntos Exteriores, y se
destinará a financiar proyectos de cooperación elaborados por nuestro
Departamento, para atender los problemas de salud de los países más
necesitados.
Igualmente, vamos a seguir potenciando nuestra presencia y participación
en la Organización Mundial de la Salud y en la Organización Panamericana
de la Salud, así como en los Comités o Consejos Sanitarios de organismos
internacionales como la Unión Europea, el Consejo de Europa, la OCDE y
las Naciones Unidas.
El Sistema Nacional de Salud. La sanidad es uno de los más relevantes
pilares del Estado del bienestar, y uno de los ejes sobre los que ha
girado la política del Gobierno durante los últimos años. El Sistema
Nacional de Salud es hoy un activo importante de la moderna sociedad
española, un logro de todos que se consiguió gracias a una determinada
política que eligió la mayoría del pueblo español.
Como saben SS. SS., el Sistema Nacional de Salud se fundamenta en la
solidaridad de los ricos con los pobres y de los sanos con los enfermos.
La solidaridad es, en verdad, un valor antiguo. Sin embargo, la
solidaridad en los tiempos modernos es una proposición política que nace
para hacer frente a las tremendas injusticias que genera el mercado en
exclusiva.
Garantizar la equidad, manteniendo la financiación pública de los
servicios sanitarios y la unidad en el aseguramiento es un objetivo
irrenunciable de la política sanitaria del Gobierno.
Con ello, se pretende evitar la descapitalización del sistema sanitario
público y la selección adversa de riesgos que conllevaría, con toda
seguridad, la ruptura del aseguramiento universal. Esta ruptura obligaría
a que el Sistema Nacional de Salud fuera el encargado de atender, en
condiciones precarias, a aquellos colectivos que fueran rechazados por
otras entidades, como los ancianos, los pacientes crónicos y los
minusválidos, es decir, los más necesitados.
Por último, quiero señalar a SS. SS. que la libre concurrencia entre
aseguradoras no aporta incentivos para conseguir una mayor eficiencia en
la gestión de los servicios sanitarios, como se está demostrando en
Francia y Holanda y se evidencia en los Estados Unidos de América.
Consolidación del Sistema Nacional de Salud. En esta línea de consolidar
y mejorar el Sistema Nacional de Salud se han dado, en los últimos años,
importantes avances entre los que citaré: la universalización de la
asistencia, extendiendo la cobertura a diversos colectivos, de tal forma
que, desde 1982, se ha incrementado la cobertura por el sistema sanitario
público en casi seis millones de ciudadanos. Los cambios en el sistema de
financiación, incrementando a partir de 1989 la aportación del Estado en
la financiación.
La transferencia de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social a
siete comunidades autónomas. En la actualidad, el Insalud gestiona en
torno al 40 por ciento del presupuesto de asistencia sanitaria de la
Seguridad Social.
El incremento de los recursos. Los presupuestos de asistencia sanitaria
de la Seguridad Social han pasado de 695.000 millones, del año 1982, a
2,85 billones en los Presupuestos para 1994. Esto ha permitido crear
nuevos centros hospitalarios y de atención primaria, y remodelar los
antiguos. También se han hecho grandes adquisiciones de medios técnicos y
se ha multiplicado por cuatro el número de médicos en formación, y los
recursos humanos han crecido de forma importante.
Entre las medidas introducidas para conseguir una mayor eficiencia en la
gestión de los centros sanitarios y lograr la participación de los
profesionales, quisiera destacar que, a partir de 1993, el Ministerio de
Sanidad y Consumo y el Insalud se relacionan mediante un
contrato-programa donde se fijan los objetivos a alcanzar por el
Instituto y se determina la financiación necesaria para lograrlos.
Los resultados del contrato-programa de 1993 ponen de manifiesto que se
ha logrado un importante incremento de actividad del Insalud y una
disminución de cinco puntos en el gasto sanitario respecto al año
anterior. La valoración del primer semestre del contrato-programa de
1994, como detallará a continuación la Directora General del Insalud, es
muy positiva, tanto en la actividad como en el gasto.
Como órgano para instrumentar la consolidación del Sistema Nacional de
Salud, el Consejo interterritorial goza ya de un funcionamiento estable y
reconocido, y en esa línea vamos a continuar, para que siga siendo el
foro permanente de comunicación, coordinación e información de los
distintos servicios de salud, entre ellos, y con la Administración
estatal.
En la orientación, ya emprendida, de potenciación del Consejo, está
iniciándose la puesta en marcha del comité consultivo, con la finalidad
de dar audiencia en la política sanitaria a las organizaciones
empresariales y sindicales más representativas, y a los usuarios del
sistema. En este momento, está procediéndose al nombramiento de los
representantes de las organizaciones y entidades que componen este comité
consultivo.
Ordenación de prestaciones y consolidación financiera del Sistema
Nacional de Salud. Durante el último año se han dado nuevos pasos en esta
consolidación con la presentación del proyecto de real decreto de
ordenación de prestaciones sanitarias, actualmente en fase de información
pública, y se ha avanzado en la definición de un marco de financiación
estable y suficiente para el Sistema Nacional de Salud.
Este último punto, tal y como anunció la señora Ministra en su
comparecencia ante esta Comisión el 30 de septiembre de 1993, y reiteró
el pasado 20 de septiembre, es un objetivo de la política sanitaria del
Gobierno. Esto es así porque existe el convencimiento generalizado de que
el actual modelo de financiación tiene algunas debilidades. Por otra
parte, la conveniencia de su modificación es compartida por todas las
instituciones implicadas.
En este sentido, los acuerdos alcanzados en la última reunión del Consejo
de Política Fiscal y Financiera para la
financiación de la sanidad en el período 1994-1997, han establecido un
marco de financiación con las premisas de: suficiencia y estabilidad
financiera, homogeneidad en los sistemas de cálculo de financiación para
cada Administración, establecimiento de horizontes presupuestarios
definidos para cada servicio de salud, automatismo en los mecanismos de
distribución presupuestaria entre las distintas administraciones
sanitarias y mecanismos de información presupuestaria homogéneos para
todas las administraciones.
A continuación, describiré a SS. SS. las características de este nuevo
modelo de financiación de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social,
que fue tratado el pasado lunes en la reunión del Consejo
interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que es el producto del
trabajo de todo un año y que comprende, como les decía, el período
1994-1997.
Suficiencia y estabilidad financiera. Con la finalidad de conseguir una
dotación financiera realista, se toma como punto de partida el gasto
efectivo del sistema sanitario en 1993, y se vincula su crecimiento
interanual a la tasa de variación del producto interior bruto nominal.
Todos los años en el primer trimestre, y una vez conocido el
comportamiento del producto interior bruto, se readaptarán los escenarios
financieros y se practicará una liquidación a las entidades gestoras dela
asistencia sanitaria por el ejercicio anterior.
Tras la incorporación de estas variables, el anteproyecto de presupuesto
para la asistencia sanitaria de la Seguridad Social de 1995, asciende a
tres billones doscientos veinticuatro mil millones de pesetas, lo que
supone un crecimiento de 350.000 millones de pesetas --un 14 por ciento--
sobre el presupuesto inicial de 1994, y de un 6,27 por ciento sobre el
gasto efectivo previsto para este año.
Homogeneidad en los sistemas de coeficientes para el cálculo de la
financiación correspondiente a cada Administración. Una de las causas de
mayor controversia del sistema de financiación actual es la
heterogeneidad de los coeficientes de participación en el gasto asignados
a cada comunidad autónoma, y su evolución temporal.
El nuevo modelo tomará como referencia para el cálculo de los
coeficientes de población protegida la población de derecho del censo de
marzo de 1991, del Instituto Nacional de Estadística.
La adaptación a este nuevo marco se hará puntualmente y de la siguiente
manera: Andalucía mantendrá el coeficiente actual del 17,72 por ciento
que se corresponde con el censo de 1991 ya alcanzado en 1993. Canarias
seguirá el proceso marcado en su reciente transferencia. A Cataluña se le
aplicará, en 1994, el coeficiente de población protegida --15,99 por
ciento--, que le corresponde de acuerdo con el citado censo, puesto que
ya finalizó el período de adaptación de 10 años que recoge su Decreto de
transferencias. En el caso de Galicia, su período de adaptación al
coeficiente de población protegida debería terminar en el año 2000. Este
período se reduce en tres años para lograr un equilibrio de sus recursos
financieros y de sus necesidades sanitarias. Para Valencia, su índice de
partida, en 1994, será el 10,11 por ciento, por aproximación en 10 años,
a partir de 1988, desde el coeficiente de coste de 1987 --10,18 por
ciento--, al coeficiente de población protegida resultante del censo de
1991 --10,03 por ciento--. Para evitar descensos bruscos, la adaptación
al nuevo coeficiente se realizará a lo largo del período 1994-1997.
El Insalud parte también de un coeficiente de población protegida, el
38,86 por ciento, mayor que el que se objetiva en el censo de 1991, y la
adaptación a la nueva situación se hará también de forma progresiva en el
período 1994-1997. El País Vasco y Navarra se ajustarán a lo dispuesto en
la disposición adicional primera de la Ley General de Sanidad y no se
modificarán.
Carácter limitativo de los créditos. Las partidas del presupuesto del
Insalud pierden su carácter ampliable.
Establecimiento de un sistema de compensación financiera por la atención
sanitaria prestada a pacientes desplazados. Este sistema deberá aplicarse
a partir del 1 de enero de 1996. Se elaborará a propuesta de la Comisión
creada al efecto dentro del Consejo interterritorial del Sistema Nacional
de Salud, y habrá de contar con la aceptación de los organismos afectados
por su configuración.
En relación con las desviaciones producidas en los ejercicios de 1992 y
1993 (próximos a los 290.000 millones de pesetas), su financiación se
realizará mediante un plan de saneamiento que se prolongará hasta el año
1996, con el siguiente desglose anual: año 1994: 149.843 millones de
pesetas; año 1995: 57.886 millones de pesetas; año 1996: 82.886 millones
de pesetas
Se trata, por tanto, de un acuerdo que nos permite conseguir la
estabilidad económica del Sistema Nacional de Salud y con ello su
consolidación.
Prestación farmacéutica. Otro de los asuntos que es motivo de honda
preocupación en todos los países es el creciente gasto en farmacia, de
tal forma que su contención es indispensable para salvaguardar la propia
prestación y garantizar los derechos que hoy disfrutan los ciudadanos
españoles.
Con este objetivo se están adoptando diversas medidas que sin afectar a
la aportación de los beneficiarios del Sistema, ni recortar las
prestaciones, están diseñadas, principalmente, para que el medicamento
que se prescriba sea el más apropiado, se administre y dispense
correctamente y con las suficientes garantías de calidad, eficacia y
seguridad. Son medidas dirigidas, principalmente, a la oferta y que, por
tanto, no cuestionan, en ningún caso, el principio de libre prescripción
de los facultativos.
La promulgación del Real Decreto sobre la financiación selectiva de
medicamentos ha permitido la separación del registro de las
especialidades farmacéuticas de su financiación pública, posibilitando de
esta manera que la autoridad sanitaria pueda optar por financiar el mejor
producto posible al mejor precio.
De otra parte, el acuerdo celebrado entre el Ministerio de Sanidad y
Consumo y la Asociación Nacional Empresarial de la Industria
Farmacéutica, se ha concretado en la reducción, a instancias del
Departamento, del precio de comercialización de las especialidades
farmacéuticas en un
porcentaje medio del 3 por ciento, a partir del 17 de noviembre de 1993.
Este acuerdo no menoscaba la calidad del servicio y salvaguarda el
esfuerzo que realizan las empresas del sector en I+D para mantener el
nivel de competitividad tecnológica que exige nuestra condición de país
industrializado en el seno de la Unión Europea.
Respecto a las oficinas de farmacia, el pasado 2 de agosto de 1994 se
suscribió un acuerdo marco entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y el
Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, por el que se
establecen las orientaciones generales de los conciertos sobre prestación
farmacéutica a través de las oficinas de farmacia.
Otra de las medidas que antes les mencionaba es el fomento de la
prescripción de medicamentos genéricos, interés en el que coinciden todas
las administraciones sanitarias, ya que de esta forma se generan
incentivos de control de precios en el mercado, a la vez que se facilita
el uso y la identificación de los productos por todos los profesionales
sanitarios.
La planificación y ordenación territorial de las oficinas de farmacia,
prevista en la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento, es, como
saben SS. SS., una competencia transferida a las comunidades autónomas,
sobre la que ya han legislado las Comunidades de Cataluña y el País
Vasco.
Así, con el objetivo de impulsar esta ordenación normativa, recientemente
se ha creado, en el seno del Consejo interterritorial, la Comisión de
farmacia, a fin de posibilitar un desarrollo homogéneo y establecer
consensuadamente los criterios mínimos aplicables a esta planificación.
De otra parte, la reciente creación de la Agencia Europea del Medicamento
puede considerarse como la culminación del amplio paquete de normas
comunitarias dictadas para la armonización del mercado farmacéutico a
nivel de la Unión Europea. La Agencia proporciona las estructuras
necesarias para instaurar los procedimientos comunitarios de autorización
de medicamentos, constituyendo el máximo órgano evaluador comunitario,
tanto de los medicamentos que se van a introducir en el mercado, como
para aquellos ya comercializados y que se controlan mediante un programa
de farmacovigilancia. Básicamente, se encargará de coordinar los recursos
científicos que las autoridades de los Estados miembros pongan a su
disposición para la evaluación y supervisión de los medicamentos.
La Agencia de Evaluación de Medicamentos, por otra parte, se constituye
en tribuna de diálogo con las principales autoridades internacionales de
reglamentación sanitaria y firmas farmacéuticas mundiales, con la fuerza
de representar, como una unidad, a 320 millones de ciudadanos de sus
distintas regiones.
España participa en la Agencia a través del Comité de especialidades
farmacéuticas, el Comité de medicamentos veterinarios y el Consejo de
administración. No obstante, conviene resaltar que la creación de este
organismo no menoscaba las competencias del Gobierno español en cuanto a
registro de productos sanitarios y especialidades farmacéuticas,
autorización de ensayos clínicos, controles de calidad o programas de
farmacovigilancia, toda vez que la Agencia está concebida como un
organismo supranacional de coordinación y para facilitar un mercado común
sin fronteras. En esta misma línea, desde el año 1987, España está
adherida al Convenio para la elaboración de una farmacopea europea.
Esta farmacopea europea establece las normas de calidad que deben cumplir
tanto los medicamentos que tienen autorizada su comercialización en los
países de la Unión Europea, como las materias utilizadas, o que se
utilizarán, en su elaboración. Recoge, por tanto, en forma de
monografías, las calidades de los productos fuera de patente existentes
en el mercado, siendo de obligado cumplimiento sus especificaciones para
la industria farmacéutica.
España, además de participar en los trece grupos de expertos constituidos
para la elaboración de estas monografías, ha propuesto el estudio de un
amplio número de productos de síntesis correspondientes al grupo de
química orgánica y antimicrobianos. Esta propuesta ha sido aceptada por
los países firmantes del Convenio.
En definitiva, señorías, en el Ministerio de Sanidad y Consumo, estamos
poniendo un gran énfasis en obtener una mayor eficacia en la
organización, en mejorar la gestión, en la desburocratización y en
establecer una relación más directa y fluida con los ciudadanos.
En los últimos años, se han producido progresos trascendentes y se ha
realizado un importante esfuerzo de gestión que puede concretarse en la
contención del gasto sanitario, que este año crecerá solamente un 2 por
ciento con respecto a 1993. Todo ello sin disminuir la calidad de la
asistencia y sin que el ciudadano deba pagar más por los servicios que
recibe.
Con todas estas medidas, señorías, me pregunto: ¿Qué estamos haciendo, en
definitiva? La respuesta es evidente: una política de salud progresista.
Reformas estructurales del sistema nacional de salud. Señorías, sin
embargo, el sistema necesita además otras reformas que, sin modificar sus
líneas esenciales, es decir, la universalidad y el aseguramiento único,
lo transformen estructuralmente.
Estas reformas han de facilitar una mejor adaptación del sistema nacional
de Salud a las nuevas necesidades y a los nuevos requerimientos de la
sociedad para dar un servicio más eficaz y satisfactorio al ciudadano.
Para ello, debemos reforzar el papel de los profesionales, porque para
que el Sistema responda con acierto a los nuevos retos de la sociedad, es
imprescindible contar con su principal activo, que son sus profesionales
de la medicina y de la enfermería.
Se trata, por tanto, de establecer medidas que coincidan en buscar un
modelo de gestión más ágil y abierto, que amplíe la libertad de elección
de los ciudadanos y que, al mismo tiempo, promueva y recompense la
iniciativa y la dedicación del personal sanitario y haga posible la
satisfacción de sus legítimas aspiraciones profesionales.
Para ello, estamos elaborando dos anteproyectos de ley: uno, sobre
ordenación de las profesiones sanitarias y, otro, sobre el estatuto marco
del personal del Sistema Nacional de Salud. En ellos se regularán
aspectos tan importantes
como la formación de los profesionales sanitarios, el acceso a las
distintas titulaciones, las formas de vinculación con el Sistema, los
contenidos de su actividad profesional, sus derechos y deberes laborales,
o el desarrollo de su carrera profesional. Son, pues, dos normas que
mejorarán sustancialmente la realidad actual y que aportarán ventajas
tanto para las personas, como para el Sistema en su conjunto.
Sin embargo, no quiero ocultarles que conjugar los intereses,
individuales y colectivos, de las más de 350.000 personas que trabajan en
el Sistema, de los cuales 70.000 son médicos y 106.000 son personal de
enfermería, resulta complejo. Máxime si en este proceso se pretende oír a
todos los sectores, analizar sus situaciones, contrastar sus propuestas y
alternativas y, en definitiva, elaborar unas normas que obtengan un alto
grado de consenso entre las partes.
Esta es la línea de trabajo que hemos emprendido, en el convencimiento de
que solamente de esta forma podemos tener la seguridad de que estamos
haciendo una ley y un estatuto verdaderamente útiles. Nuestro objetivo es
concluir su elaboración a lo largo de la presente legislatura.
Además, estamos finalizando la tramitación administrativa de cuatro
reales decretos por los que se establecen las funciones y los contenidos
mínimos de enseñanza para la obtención de los títulos de técnico superior
en anatomía patológica y citología, en laboratorio de diagnóstico
clínico, en enfermería, en radioterapia, y en diagnóstico por imagen.
Estos proyectos, elaborados en colaboración con el Ministerio de
Educación y Ciencia, adaptan estas profesiones sanitarias a lo dispuesto
en la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo.
Por otro lado, debo señalar que uno de los campos estratégicos que
cuidamos con mayor atención es el fomento y la ayuda a la investigación y
a la docencia.
Desde el pasado mes de julio se ha modificado la estructura del Instituto
de Salud Carlos III con la integración del Fondo de Investigaciones
Sanitarias y de la Escuela Nacional de Sanidad, así como la creación, en
su seno, de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. De esta
forma, el Instituto de Salud Carlos III, como organismo de investigación
científica y técnica, resulta fortalecido, al tiempo que potenciamos en
su conjunto y de forma unificada la investigación en el ámbito sanitario,
como apoyo de todo el Sistema.
El Fondo de Investigaciones Sanitarias viene promoviendo una serie de
investigaciones socialmente relevante y científicamente de alta calidad,
a través de programas orientados a los puntos críticos y a los problemas
de los cuidados sanitarios. Dentro de este marco de actuación, quiero
destacar que en este mismo ejercicio de 1994 se han realizado las
actividades y concedido las ayudas siguientes: 1.449 proyectos de
investigación, 18 bolsas de viaje, 2.347 mensualidades para ampliación de
estudios, 15 becas de intercambio con los países de la Unión Europea, y
43 becas para Iberoamérica. Asimismo, se han celebrado tres convenios
internacionales.
Otra de las actividades a la que damos gran importancia es la política de
directivos y gestores. Un objetivo permanente del Ministerio de Sanidad y
Consumo en estos años ha sido dotar de una cultura de gestión a las
instituciones sanitarias, considerándolas como empresas públicas gestoras
de servicios asistenciales.
La complejidad de la gestión de recursos humanos muy diversos, con la
presencia predominante de profesionales altamente formados y expertos,
hace imprescindible contar con gestores cualificados. Por esta razón, el
Ministerio de Sanidad y Consumo reforzará el funcionamiento de la Escuela
Nacional de Sanidad, Institución colaboradora de la Organización Mundial
de la Salud, que goza de un reconocido prestigio y una acreditada
capacidad para la formación de gestores sanitarios.
Uno de los elementos imprescindibles para mejorar la organización y
funcionamiento de los servicios sanitarios es disponer de un sistema de
información que permita un conocimiento pormenorizado no sólo de los
problemas a resolver, sino también de los objetivos a cumplir y del modo
en que se van desenvolviendo las acciones encaminadas a conseguirlos. Por
esta razón, en el Ministerio de Sanidad y Consumo llevamos tiempo
trabajando en potenciar los sistemas de información sanitarios. Entre
ellos, quisiera destacar la codificación de todas las altas hospitalarias
del Sistema Nacional de Salud mediante el conjunto mínimo básico de datos
y la implantación en todo el territorio del Estado de la tarjeta
individual sanitaria.
La codificación de todas las altas mediante el conjunto mínimo básico de
datos es un instrumento importante para conocer la producción y la
calidad de la atención que se presta en los hospitales del Sistema. En la
actualidad, se han procesado 1.700.000 altas hospitalarias producidas en
1993, lo que representa el 61 por ciento de todas las altas del Sistema
Nacional de Salud.
La tarjeta individual sanitaria es un documento individual y
personalizado que identifica y acredita al usuario para acceder al
Sistema. Igualmente, permite el seguimiento de las prestaciones
sanitarias recibidas por los ciudadanos por servicios de salud de
comunidades distintas a las de su residencia habitual; el control del
fraude en las recetas y en la incapacidad laboral transitoria; la
conexión entre atención primaria y especializada, además de facilitar la
diferenciación de las personas acogidas a regímenes específicos, como los
de las mutualidades del Estado y de entidades colaboradoras.
Las actuaciones del Ministerio de Sanidad y Consumo se dirigen a
normalizar la información contenida en la tarjeta y a impulsar la emisión
de tarjetas en todo el territorio. Por esta razón, el Pleno del Consejo
Interterritorial, en su reunión del 20 de diciembre de 1993, aprobó un
sistema homogéneo de información sobre tarjeta sanitaria individual para
todo el Sistema. Este acuerdo está facilitando el intercambio de
información entre el Ministerio y las comunidades autónomas con gestión
de la asistencia sanitaria transferida.
Respecto a la implantación de tarjetas, la situación es dispar. A finales
de 1993, se habían emitido casi 21 millones, lo que supone un 54 por
ciento de cobertura, con un
rango máximo que oscila del 94 por ciento, en el País Vasco, a un mínimo
en Galicia, donde la emisión alcanza al 1,31 por ciento de la población.
Igualmente, seguiremos elaborando la información que de forma habitual y
periódica realiza el Departamento, esto es, la estadística de
establecimientos sanitarios en régimen de internado, el catálogo nacional
de hospitales, la encuesta de morbilidad hospitalaria, el boletín
epidemiológico y microbiológico y los indicadores propuestos para el
seguimiento del progreso hacia la «salud de Todos en la Región Europea»,
de la Organización Mundial de la Salud, publicación de la que
próximamente aparecerá la tercera edición.
El Sistema Nacional de Salud frente a otras alternativas. En España, como
en otros países, la asistencia sanitaria pública, al igual que la
privada, se enfrenta a dificultades, que siempre existirán,derivadas del
aumento de la demanda y de los costes, y también de la limitación de los
recursos.
Estos hechos obligan a que la asistencia sanitaria de todo tipo, pública,
privada o mixta, deba ser objeto de serena reflexión sobre su naturaleza,
sus límites y su futuro, abandonando tópicos simples como los que se
despachan rotundamente con este asunto, refiriéndose al «caos sanitario»
o a la «bancarrota de la Sanidad».
Y es que, señorías, los servicios sanitarios son objeto de preocupación
creciente en las naciones del mundo desarrollado y ocupan cada vez más la
atención de los ciudadanos, como revelan las numerosas encuestas de
opinión que se han llevado a cabo en este terreno.
El Informe Griffiths en Gran Bretaña, la Comisión Dekker en Holanda, el
Libro Blanco del Reino Unido, o las recientes propuestas del Presidente
Clinton en los Estados Unidos de América, son ejemplos de numerosas
iniciativas y estudios llevados a cabo por encargo de los Gobiernos o de
los Parlamentos, incluidos los de los países del Este de Europa. También
se han ocupado de este asunto la Organización Mundial de la Salud, la
OCDE, la Unión Europea, el Consejo de Europa, así como diversas
organizaciones profesionales internacionales. Todos ellos están
preocupados, como nosotros, por los costes, por los problemas de la
universalización, por la accesibilidad y la equidad, por la libertad de
elección, por la garantía de la calidad y por su eficiencia. Todos están
buscando fórmulas para aumentar la motivación de los profesionales, al
mismo tiempo que se mejora la satisfacción de los usuarios, dentro de los
límites que vienen impuestos por la realidad económica.
En Estados Unidos, la propuesta de reforma sanitaria del Presidente
Clinton, que está siendo objeto de una profunda controversia, como sin
duda saben SS. SS., se inspira en ejemplos canadienses y europeos (entre
otros, el español). Esta propuesta es de enorme trascendencia, tanto por
originarse en un país de relevancia internacional indiscutible, como por
romper con una tradición liberal profundamente establecida en favor de la
solidaridad social.
Que un país que goza de una bien merecida fama de excelencia tecnológica,
deje a 40 millones de sus habitantes sin cobertura sanitaria adecuada, o
que presente indicadores de salud muy desfavorables con respecto a países
con un poder adquisitivo inferior, o que cada año mueran 100.000 personas
por falta de asistencia sanitaria, son razones que justifican un intento
de reforma radical.
Sus propuestas, casi revolucionarias en aquel país, son, sin embargo,
logros consolidados en España, como la cobertura universal, la definición
de las prestaciones o el énfasis en la conservación de la salud más que
en el tratamiento de la enfermedad.
Por esta razón, no dejan de sorprender al sentido común algunas
propuestas que se están formulando últimamente, donde se cuestionan los
fundamentos del Sistema Nacional de Salud y que, además, contrariamente a
lo que se dice, provocarían un aumento del gasto sanitario hasta límites
que España no podría soportar.
Estas propuestas, basadas en el señuelo de la libertad de elección entre
entidades aseguradoras, no toman en consideración los costes de
solidaridad y, como ya he señalado antes, introducen incentivos para la
selección de riesgos. Algo así está ocurriendo en otros sectores del
aseguramiento donde, como SS. SS. saben, las compañías eligen clientes en
función de los riesgos y establecen primas de diversa cuantía en función
de éstos. El cliente de bajo riesgo es deseado por cualquier aseguradora
sanitaria privada y se le ofrecen primas más baratas. A quien tiene un
riesgo elevado, o alta siniestralidad, se le cancela la póliza o se le
recargan las primas.
Si trasladamos esto a un sistema de libre elección de aseguradoras
sanitarias privadas, la conclusión parece evidente: al sano le ofertarán
pólizas que además serán más baratas. Al enfermo crónico, al anciano o al
que necesite tecnologías sofisticadas y costosas no lo querrá nadie.
En consecuencia, la pretendida libertad de elección del ciudadano o del
consumidor que propugnan estas propuestas, señorías, ¿cómo acabaría? Está
claro, serían precisamente las aseguradoras privadas quienes elegirían a
sus clientes, y no al revés. En definitiva, con estas propuestas, que no
son nuevas, posiblemente los ricos y los sanos tendrían una atención
sanitaria mejor. Lo que es seguro es que para el resto de los ciudadanos
habría que desenterrar el padrón de beneficencia.
Objetivos y actividades. Como resumen, insisto en señalarles que la
sanidad es una prioridad política del Gobierno, y que nuestros esfuerzos
se dirigen a fomentar una política de prevención de la enfermedad y de
promoción de la salud de los españoles, así como a consolidar y mejorar
el Sistema Nacional de Salud, con el horizonte de completar la
transferencia de los servicios sanitarios a todas las comunidades
autónomas. Igualmente, descartamos que la solución de los problemas de la
sanidad española esté en aplicar las recetas que propugna el Banco
Mundial, como reiteradamente viene manifestando alguna formación
política.
Bajo estas premisas, el programa a desarrollar por el Ministerio de
Sanidad y Consumo se enmarca en torno a los siguientes objetivos y
medidas. En materia de salud pública: Fomentar los hábitos y estilos de
vida saludables, a fin de prevenir riesgos evitables asociados a los
mismos. Potenciar la coordinación de las administraciones sanitarias, a
través de la Comisión de Salud Pública del Consejo interterritorial.
Concluir la tramitación de los reales
decretos sobre prevención del consumo de tabaco y alcohol. Fomentar la
participación española en el programa «Europa contra el cáncer». Mantener
e incrementar las actividades de Educación para la Salud, que se
desarrollan en la escuela en coordinación con el Ministerio de Educación
y Ciencia. Mantener los programas de salud pública gestionados por el
Ministerio y, en concreto, los relativos a información sanitaria, red de
alertas, registro sanitario de alimentos, vigilancia de aguas de baño,
vigilancia de la calidad de las aguas de consumo, red de vigilancia de la
contaminación atmosférica y programa de protección sanitaria frente a los
riesgos químicos. Mantener y potenciar la presencia española en los
organismos internacionales y, en concreto, en la OMS, OPS y en los
Comités Sanitarios de la Unión Europea, OCDE, Consejo de Europa y las
Naciones Unidas.
Desarrollar proyectos de cooperación internacional en materia sanitaria
en países del Tercer Mundo, gestionando su ejecución a través de la
Agencia Española de Cooperación Internacional.
En materia de prevención y lucha contra el sida: Continuar las acciones
para perfilar las características epidémicas de la enfermedad, y mantener
y potenciar las campañas de formación e información sobre las vías de
transmisión, así como favorecer la solidaridad de la sociedad. Dotar de
terminales informáticos interactivos a más de 200 centros de enseñanza, y
desarrollar la quinta campaña informativa a nivel nacional. Mantener las
subvenciones a Organizaciones no Gubernamentales. Coordinar con el Plan
Nacional sobre Drogas y con la Secretaría de Estado de Asuntos
Penitenciarios la prevención en usuarios de drogas.
En materia de asistencia sanitaria finalizar la tramitación
administrativa del real decreto de ordenación de las prestaciones
sanitarias.
La aprobación de este real decreto permitirá generalizar las siguientes
prestaciones: salud bucodental en población infantil y mujeres
embarazadas, sanidad infantil, atención al adulto y al anciano,
diagnóstico y tratamiento de la infertilidad, diagnóstico prenatal en
grupos de riesgo, salud mental (diagnóstico, tratamiento y seguimiento en
régimen ambulatorio y de hospitalización, psicoterapias individuales, de
grupo y familiares) y tratamiento de ludopatías, anorexia y problemas del
lenguaje. Extender y potenciar el convenio suscrito con el Ministerio de
Asuntos Sociales para el bienestar social y la salud en la infancia y la
atención a las personas mayores. Mantener la prestación farmacéutica en
las mismas condiciones actuales en cuanto a extensión y participación del
ciudadano. Fomentar la prescripción de genéricos y el programa de uso
racional del medicamento. Mantener y fomentar la participación española
en la elaboración de la farmacopea europea. Definir un marco de
financiación estable y suficiente del Sistema Nacional de Salud como el
propuesto. Establecer el marco normativo para los profesionales del
Sistema Nacional de Salud y, en concreto, la ley de ordenación de las
profesiones sanitarias y el estatuto marco. Finalizar la tramitación de
los reales decretos por los que se establecen las funciones y contenido
mínimo de enseñanza para la obtención del título de técnico superior en
anatomía patológica y citología, en laboratorio de diagnóstico clínico,
en enfermería, en radioterapia y en diagnóstico por imagen. Formalizar,
para el año 1995, una póliza de responsabilidad civil para los
profesionales del Sistema Nacional de Salud, con participación del
Consejo General de Colegios de Médicos y de los propios profesionales a
título individual.
En materia de investigación y docencia: Financiar, a través del Instituto
de Salud Carlos III, proyectos de investigación, becas de ampliación de
estudios y programas de perfeccionamiento y formación en salud pública y
gestión sanitaria. Impulsar la formación continuada de gestores y
personal directivo del Sistema Nacional de Salud a través de la Escuela
Nacional de Sanidad. Desarrollar y ejecutar el programa de trabajo de la
Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, a fin de dotar al
Sistema Nacional de Salud de un instrumento científico-técnico de soporte
para la toma de decisiones sobre la evaluación de la tecnología
sanitaria. Potenciar la investigación propia en el Sistema Nacional de
Salud. Coordinar las Unidades de Investigación a través de la REUNI.
Integrar el Centro de Investigaciones Clínicas del Instituto de Salud
Carlos III en el Insalud.
En materia de consumo: Fomentar las actividades de información y
formación para incrementar la calidad de los productos y la satisfacción
de los consumidores. Finalizar y difundir el estudio sobre hábitos de
consumo de los españoles. Difundir los últimos resultados del estudio
EHLASS sobre accidentes domésticos y en actividades de ocio. Potenciar la
utilización del Centro de Información y Documentación de Consumo,
facilitando y divulgando su accesibilidad a técnicos, profesionales y
empresarios. Fomentar el control de la publicidad, mediante el
establecimiento de un código ético, acordado con los sectores
productivos. Proseguir, fomentar e impulsar la cooperación institucional
en materia de consumo entre las Administraciones Local, Autonómica y del
Estado. Mantener e impulsar el sistema arbitral de consumo. Elaborar y
difundir el manual de procedimiento para la inspección de consumo.
Proseguir la incorporación a nuestro ordenamiento normativo de las
directivas comunitarias y, en concreto, las referentes a ventas a
distancia, indicación de precios, alegaciones alimentarias, créditos al
consumo, seguridad general de productos, viajes, vacaciones y circuitos
combinados, seguridad de juguetes, cláusulas abusivas en los contratos,
etiquetado de calzado y etiquetado energético.
Termino aquí, señorías, agradeciendo a todos la atención que me han
dispensado y quedo a su disposición para cuantas preguntas deseen
formular.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Subsecretario.
¿Grupos que desean intervenir además, evidentemente, del autor de la
iniciativa, que es el Grupo Popular?
Señorías, antes de intervenir quiero realizar una pequeña llamada a los
portavoces de los grupos para que, si fueran tan amables, se atuvieran a
los tiempos más o menos previstos.
Tiene la palabra el señor Burgos.
El señor BURGOS GALLEGO: Ciertamente, como Grupo solicitante de esta
comparecencia teníamos mucho interés en conocer cuáles eran las líneas
básicas de trabajo, una vez que se había producido el cambio de la
estructura administrativa del Ministerio de Sanidad y Consumo.
Evidentemente, todo cambio en la estructura administrativa de un
departamento, sin poner en duda, por supuesto, la capacidad de
autoorganización de cualquier Gobierno, exige una explicación detallada y
más si este cambio se produce en un Ministerio como el de Sanidad, que
tiene una repercusión directa sobre la calidad de vida de los ciudadanos.
Muchos habían sido los rumores; muchos habían sido los titulares de
prensa que daban lugar a entender que, ciertamente, el cambio en la
estructura administrativa del Ministerio no respondía tanto a la
necesidad de impulsar nuevas políticas, de buscar nuevos proyectos o de
someter a la consideración de la sociedad española nuevas líneas de
actuación, como a problemas estrictamente personales o políticos en el
seno de la estructura administrativa de la Sanidad española.
El ejercicio de permanente descontrol que parece producirse en la Sanidad
socialista es, cuando menos, bastante preocupante. Ustedes no vienen
aquí, a esta Cámara, a traer nuevas iniciativas legislativas; a traer
nuevos proyectos; a traer nuevas ideas especialmente innovadoras capaces
de superar la situación de anquilosamiento y de depauperación del
sistema. Usted ha venido a reiterarnos ideas ya conocidas y presentadas.
A nosotros nos gustaría conocer, en ese caso, qué supone su nombramiento;
qué supone esa reorganización administrativa y dónde están los impulsos
políticos que habría que buscar detrás de cualquier cambio de esta
índole. Nosotros pensamos que, en lugar de haber hecho usted un ejercicio
de honradez intelectual reconociendo la larga lista de temas pendientes
en su Ministerio, nos ha planteado aquí planes, proyectos, programas,
avances del proyecto de presupuesto para 1995 --ya habrá tiempo para que
discutamos eso; no era ése el objeto de esta comparecencia--, en
definitiva, una serie de declaraciones de intenciones, ya expresadas con
anterioridad por la propia Ministra, y pocos avances, que son más bien
retrocesos porque, en el campo de la sanidad, todo lo que no sea avance
es retroceso.
La última modificación del Ministerio que le ha aupado a usted a la
Subsecretaría parece más el desenlace de una batalla interna dentro de
ese mismo Ministerio que una solución basada en criterios de eficacia y
de mejora de la atención. Se lo digo con toda claridad porque ésa es la
opinión de nuestro Grupo Parlamentario. El Ministerio de Sanidad y
Consumo parece más un campo de juego, donde se dirimen batallitas
personales y políticas, que una estructura de trabajo serio, cohesionado
y positivo en beneficio de la salud de todos los ciudadanos. En los
últimos tres años, tres ministerios, tres organigramas distintos y, si
analizamos la trayectoria, entre cambios de titulares de cartera, entre
reformas y estructura orgánica del Ministerio, entre ceses, dimisiones y
relevos en la cúpula directiva, el Ministerio de Sanidad y Consumo no ha
conocido, en el tiempo de la sanidad socialista, ni doce meses de
estabilidad. Y así nos luce el pelo a todos los usuarios del Sistema
Nacional de Salud.
Este juego dura ya demasiado tiempo y el último movimiento del mismo es
para nosotros extremadamente preocupante. Por supuesto, y desde el más
absoluto respeto a su figura profesional y política, tengo que decirle
que, para nosotros, su nombramiento supone un paso atrás, una
consolidación más de una dinámica en el seno del Ministerio de Sanidad y
Consumo que es extremadamente negativa.
Usted, y estoy seguro de que lo conoce porque ésa es la opinión divulgada
entre todos los sectores de la sanidad, representa como Subsecretario, en
estos momentos, la consolidación de una forma de entender la sanidad, que
consagra la preeminencia de lo económico sobre lo asistencial, que supone
además el triunfo de la imposición y de cierto sentido de la
intransigencia sobre el diálogo y sobre el compromiso con los
profesionales, y gran parte de su intervención nos ha hecho refrendarnos
en esta misma posición. Usted representa la burocracia del sistema
sanitario, el inmovilismo y la bunquerización definitiva de la sanidad
socialista, cuando más falta hace precisamente una apertura del sistema,
cambios fundamentales en el modelo de asistencia sanitaria y reformas
sustanciales en la estructura del sistema de servicios sanitarios en
busca de una mayor eficacia.
Por tanto, esperábamos oír de usted compromisos claros, objetivos
cuantificados y fechas de desarrollo y de resolución de problemas
pendientes en su Ministerio, y usted no nos ha dado nada de todo eso. En
lugar de ello, nos presenta una nueva reelaboración ideológica de su
pensamiento --de sobra conocido, por otra parte-- en forma de capítulos,
con títulos y todo, la misma que hemos escuchado ya después de cada
legislatura, después de cada reordenación ministerial, después de cada
cambio interno, con un solo objetivo, a nuestro juicio, que es eludir los
temas pendientes.
Me va a permitir que califique esa forma de hacer política sanitaria en
nuestro país no como mero continuismo, como lo ha hecho usted, sino como
una política de regurgitación. Ustedes nos regurgitan sus proyectos, y no
voy a hacerle ninguna aportación sobre la sintomatología que
habitualmente va acompañada de la regurgitación. Creo que ya es tiempo de
aceptar la realidad, que ya es tiempo de no seguirla falseando por pereza
política o por intereses de partido. Por tanto, nos da la impresión de
que la sequía normativa y legislativa que padecemos en materia sanitaria
va a continuar acrecentándose, enredados como siguen ustedes en
bizantinas discusiones ideológicas.
Yo le quiero preguntar no sobre declaraciones de intenciones sino sobre
compromisos claros. ¿Para cuándo van ustedes a presentar en esta Cámara
el proyecto de ley de ordenación de las profesiones sanitarias, que lleva
ya años y años retrasándose, anunciándose borrador tras borrador y que
constituye una demanda fundamental del sector sanitario? ¿Para cuándo una
definición jurídica y financiera de la cobertura sanitaria, definitiva y
sólida? ¿Para cuándo las disposiciones jurídicas y administrativas sobre
responsabilidad civil de los profesionales? ¿Para cuándo? Porque ustedes
lo anuncian para 1995, ustedes lo anuncian para el
próximo año, como lo anunciaron para 1994, 1993, 1992 y así
sucesivamente. ¿Para cuándo realmente ese estatuto del personal
sanitario? ¿Para cuándo la cobertura de la asistencia primaria a toda la
población con el nuevo sistema, derivado de la Ley General de Sanidad que
anunciaron, primero, para 1992, después, para 1995 y que mucho nos
tenemos, y ya lo hemos puesto de manifiesto, que tampoco sea un objetivo
conseguible el próximo año y al que usted no ha hecho ningún tipo de
referencia? ¿Para cuándo el calendario de transferencias del Insalud al
resto de las comunidades autónomas? ¿Para cuándo un auténtico acuerdo
marco entre la administración sanitaria y la industria farmacéutica, que
vaya mucho más allá, desde luego, de la cuantificación economicista del
gasto de farmacia? Ahí tienen ustedes el ejemplo de Francia, donde ha
sido posible conseguir, con el apoyo de la Administración, y por supuesto
la voluntad siempre positiva de los profesionales, un acuerdo que tiene
un alcance muchísimo más amplio y que configura un sistema, un marco
estable de relaciones entre la industria y los profesionales de la
farmacia y el Gobierno del Estado. ¿Para cuándo el desarrollo normativo,
que sigue estando pendiente, de la Ley General de Sanidad, al que usted
no ha hecho ningún tipo de referencia?
En definitiva, usted nos ha planteado aquí una cierta voluntad escapista,
reiterándonos, como digo, antiguos proyectos, antiguas banderas de su
Gobierno y de su política, que, una vez más, se vuelven a reiterar en
comparecencia tras comparecencia, pero sin soluciones concretas, sin
proyectos legislativos y sin normativa.
En algo sí han avanzado ustedes, y se lo tengo que reconocer. Hace varios
años, venían a este Parlamento y nos ponían como ejemplo de la sanidad a
seguir, la sanidad cubana. Han avanzado 200 kilómetros hacia el norte y
se han convertido en unos tremendos defensores del modelo del Presidente
Clinton. En definitiva, creo que son ustedes unos balseros de la sanidad,
permítanme que utilice este símil.
¿Qué está pasando realmente con los profesionales sanitarios? Usted
apenas ha hecho ningún tipo de referencia al personal sanitario
dependiente del Ministerio de Sanidad y Consumo. ¿Qué está pasando con la
inadecuación del régimen del personal estatutario? ¿Para cuándo ese
estatuto, para cuándo esa normativa que ponga fin a la profusión de
disposiciones y a la falta de homogeneidad de las mismas en aspectos
sustanciales del trabajo de los profesionales? ¿Qué normas de carácter
general han de regir para la provisión de puestos de carácter directivo
en las instituciones del Insalud, del Ministerio de Sanidad y Consumo?
Están ustedes provocando la desafección de un número importantísimo de
profesionales por haber convertido los puestos directivos en comisariados
políticos, por haber convertido la libre designación en los puestos de
atención sanitaria no en un instrumento excepcional para combatir
restricciones del sistema, sino en un cáncer generalizado del Sistema
Nacional de Salud, fruto probablemente de una concepción partidista,
ideológica, extremadamente ideologizada, de la sanidad, incompatible, por
otra parte, con esos criterios de eficacia, de profesionalidad, de mérito
y de capacidad que a ustedes tanto les gusta reiterar. La hipertrofia de
cargos directivos designados por ese mecanismo es extraordinaria en el
Sistema Nacional de Salud, es injustificable y es, por otra parte,
altamente perturbadora del funcionamiento correcto de nuestra sanidad.
¿Cómo pueden ustedes seguir cargando la responsabilidad del gasto
sanitario sobre la farmacia, sobre los profesionales, sobre los propios
usuarios, cuando ustedes han desarrollado un concepto arbóreo de la
sanidad, cuando ustedes han impulsado una profusión absolutamente
incontrolada de puestos directivos, absolutamente innecesarios, y cuando
ustedes han reducido prácticamente a la caricatura cualquier apelación al
mérito y a la capacidad en el Sistema Nacional de Salud?
Y tengo que hacer referencia, porque no podría ser de otra manera y
porque es mi obligación, a un tema que ha sucedido en mi propia provincia
esta semana y que es altamente significativo de cómo está funcionando en
estos momentos el Sistema Nacional de Salud y cómo se están proveyendo
los puestos de trabajo a nivel de jefaturas de servicio en el Insalud, en
nuestra sanidad.
La señora PRESIDENTA: Señor Burgos, le ruego vaya concluyendo.
El señor BURGOS GALLEGO: Voy concluyendo, es un mero ejemplo.
Después de intentar ustedes cubrir por el mecanismo de la libre
designación, incumpliendo la normativa vigente, cuatro jefaturas de
servicio en hospitales vallisoletanos y ante la reacción de los
profesionales y de las instituciones que los representan, dieron marcha
atrás y descubrieron una vía que no sé si será generalizada o no, pero
que constituye un auténtico escándalo que debería sonrojarle como
responsable de la Subsecretaría del Ministerio: piden ustedes a una
persona que se dé de alta en el Instituto Nacional de Empleo, a un
profesor titular de una universidad que se apunte como parado, para poder
acceder, previa petición del propio Hospital Clínico de Valladolid, a la
jefatura de un servicio de cirugía cardiaca, como si las jefaturas de los
servicios de cirugía cardiaca, o de cualquier otro servicio en este país,
se pudieran proveer a través del Inem, como si estuviéramos hablando de
fontaneros, electricistas o de cualquier otro personal sin la debida
cualificación para este tipo de servicios.
Ciertamente, podríamos hablar mucho en qué han convertido ustedes, con
esa política tan ideologizada a la que usted hacía referencia hace unos
momentos, el Sistema Nacional de Salud, los puestos directivos que han de
regirlo en los próximos años, y, en definitiva, en lo que han convertido
ustedes un sector como el sanitario, que debería tener en la estabilidad,
en el apoyo y en la confianza de los profesionales uno de los puntales
básicos del desarrollo de cualquier política sanitaria. Están ustedes en
una línea equivocada y su intervención aquí nos refrenda una vez más que
el problema no es el gasto, no es el presupuesto, no son los mecanismos
de gestión, el problema de la sanidad española son simple y llanamente
ustedes, los socialistas.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra, a
continuación, el señor Gatzagaetxeberría.
El señor GATZAGAETXEBERRIA BASTIDA: Primero, querría agradecer al señor
Subsecretario del Ministerio de Sanidad y Consumo la densa explicación
que nos ha dado sobre la política general a desarrollar próximamente por
la Subsecretaría que él dirige, y evidentemente, a lo largo de las
diversas áreas que ha tocado, tendríamos que desglosar en materias los
distintos aspectos a los que se ha referido.
Yo quería hacer mención, en primer lugar, al tema de la consolidación,
como se ha denominado, del Sistema Nacional de Salud. A nuestro Grupo
Parlamentario le parece que ése es uno de los objetivos fundamentales a
seguir por un sistema que vaya a consolidar el Estado de bienestar social
en el que en este momento nos encontramos, y creo que en el tema de la
universalización de la asistencia sanitaria, como usted ha indicado, y de
una política dirigida a reforzar el sistema público de atención a los
ciudadanos en el ámbito de la sanidad, nuestro Grupo Parlamentario
coincide en líneas generales. Por ello, yo creo que en el ámbito de la
sanidad, del sistema nacional en general, la responsabilidad tanto de lo
que atañe al territorio de la Administración central, del Insalud, como
de las comunidades autónomas, se tiende a que sea de mayor calidad y
eficiente, y por eso entendemos que se ha avanzado de forma importante en
los últimos años, y es de justicia reconocerlo al margen de quién sea el
responsable político de turno. Lo importante es que los ciudadanos
españoles gozan de mayores niveles de atención sanitaria de los que
disfrutaban hace por lo menos una década. Por tanto, siempre es mejorable
un ámbito protector en una política de cohesión o de bienestar social y,
por ello, nosotros tenemos un grado de coincidencia en ese tema.
Estamos de acuerdo también en que es oportuna y pertinente una ordenación
de las prestaciones. Decía usted que está muy próxima la ordenación de la
norma reguladora, y nosotros vemos este instrumento normativo como algo
flexible, algo que de alguna manera va a establecer una garantía para los
ciudadanos en la relación ciudadano-poder público sanitario,
administración sanitaria, pero también lo vemos como algo dinámico, algo
flexible, puesto que no es una cuestión tasada, porque evidentemente la
tecnología sanitaria va avanzando, las patologías también surgen, y habrá
que acomodarlo. Yo creo que hay una previsión de que eso vaya adaptándose
a la realidad de cada momento. Por tanto, nosotros ya lo mantuvimos en su
día en la presentación del proyecto que la Ministra hizo en esta Comisión
y estamos de acuerdo en las líneas generales del instrumento que va a
regular las prestaciones sanitarias.
En cuanto a la financiación, nuestro Grupo Parlamentario coincide con los
planteamientos generales y el consenso, yo creo que más o menos
mayoritario, que ha habido en el Consejo Interterritorial de Salud, y nos
parece bien que se vaya a una política de presupuestación real en materia
de sanidad. Unicamente tenemos la duda de si el gasto en farmacia puede
estar ya contingentado o limitado, porque ahí es donde se puede producir
un disparo del gasto público. En todo caso, siempre cabe la posibilidad
de acudir a una ley del Parlamento que hiciera una modificación del
presupuesto.
Hablaba usted del tema de la gestión del Sistema Nacional de Salud y
decía que quiere poner énfasis en la desburocratización y en la mejora de
la gestión. Desde el Grupo Parlamentario Vasco creemos que una política
sanitaria dirigida a la descentralización es oportuna, es decir, tender a
instrumentos como el contrato-programa que vincula al Ministerio con el
Insalud y luego contratos-programas entre el Insalud y los propios
centros operativos prestadores de salud, como pueden ser los hospitales,
es un sistema más avanzado y más moderno y creemos en él, o sea, que nos
parece un avance tender a una vinculación entre la administración
sanitaria, que haría el diseño general, y luego los centros que van a
gestionar el día a día de la sanidad mediante este tipo de negocios,
negocios jurídicos o relaciones contractuales. Nos parece oportuno puesto
que se tienen unos objetivos a desarrollar, se tiene una autonomía en la
gestión y se tiene un presupuesto al que ajustarse. Por lo tanto, y no
nos duelen prendas reconocerlo, creemos que es la política o las líneas
generales que se han de seguir en la gestión de la prestación de la
asistencia sanitaria a los ciudadanos.
Lo que también nos parece oportuno --y no estoy seguro de que se haya
referido a ello-- es la mayor participación o toma de responsabilidad de
los profesionales sanitarios en la gestión. Es importante involucrarlos a
la hora de la dirección de los servicios sanitarios, sin perjuicio de que
a veces el Sistema Nacional de Salud haya pecado de haber otorgado
determinadas responsabilidades a buenos profesionales, dotándoles de una
mayor retribución, cuando no disponían de una capacidad para la gestión
por sus conocimientos más específicos de medicina. Por lo tanto, hay que
andar con sumo cuidado en esa cuestión ya que por el hecho de querer
dotar a un profesional de un ámbito de gestión, igual no ganamos un buen
gestor y perdemos un buen profesional sanitario.
Por lo demás, se refería usted también al tema del ámbito profesional
sanitario. Efectivamente, los diferentes grupos parlamentarios de la
Cámara coincidimos en que es prioritario --y también lo ha dicho así la
Ministra en su comparecencia en esta Comisión-- que se defina un estatuto
que sirva de mínimo común denominador para las diferentes
administraciones sanitarias, así como un complemento que sería la
ordenación de las profesiones sanitarias. No se le escapa a este Grupo
Parlamentario que ésta es una regulación compleja y difícil. El mundo de
la profesión sanitaria está muy disperso y es muy variopinto. No pueden
entrar en el mismo cajón los médicos, los enfermeros, los ópticos,
etcétera. Reconocemos la complejidad que tiene el tema, y a veces puede
ser difícil lograr un grado suficiente de consenso a la hora de abordar
un proyecto de esta envergadura. Pero ahí está el reto que tiene en este
momento el Gobierno socialista de culminar el establecimiento de un marco
general que ordene la profesión sanitaria, tanto con carácter básico como
pormenorizado,
luego la regulación de cada una de las profesiones incluidas en el ámbito
sanitario.
El señor Temes se ha referido a la política que se sigue en cuanto al
síndrome de inmunodeficiencia adquirida. El Plan Nacional, que se ha
puesto en marcha con el nombramiento del nuevo responsable y los trabajos
que se están realizando con las comunidades autónomas, ha mejorado y hay
un mayor grado de colaboración. Creemos que hasta hace un año no habían
dado los resultados suficientes los trabajos realizados por el
responsable del Plan Nacional del Sida, no obstante, hemos notado un
avance en cuanto a la colaboración con las comunidades autónomas, el
trabajo y la intensidad. De hecho, nos congratulamos porque es bueno para
el bienestar general y, en definitiva, para los afectados por esta
enfermedad, que son los que se van a beneficiar de la mayor colaboración
y de que las administraciones se involucren en mayor medida a la hora de
prestar este servicio público.
Quiero terminar, señora Presidenta, haciendo referencia a lo que se
refería también el señor Temes en cuanto a la política en materia de
consumo. Aquí se produce una disgregación de competencias entre la
Administración central, las comunidades autónomas y las corporaciones
locales en función de ante qué materia nos encontramos. Efectivamente, se
producen disfunciones muy importantes en temas de política alimentaria,
con controles que deberían realizar las comunidades autónomas y las
corporaciones locales. En definitiva, hay competencias cruzadas y al
final nadie realiza determinados controles. El éxito de la política de
protección al consumidor está en la colaboración entre las diferentes
comunidades autónomas, la Administración central y las corporaciones
locales. Es difícil, hay que reconocerlo, pero la clave del éxito se
encuentra en esa colaboración. Día a día vemos ese cruce de competencias
que origina disfunciones que, al final, pueden perjudicar al
administrado, al ciudadano en general.
Para terminar, señora Presidenta, se hacía referencia a una serie de
iniciativas que en este momento tiene el Ministerio en cuanto al ámbito
del consumo. Lo que le gustaría conocer a nuestro Grupo Parlamentario es,
dentro del calendario legislativo al que usted ha hecho referencia, y
también la Ministra, cuáles son las normas prioritarias. Ahí se
encuentran el tema de la protección de los supuestos de venta directa al
consumidor, el de la venta de inmuebles en régimen de uso múltiple o
multipropiedad. Decía la Ministra también que la iniciativa parte del
Ministerio de Justicia. Nos gustaría conocer qué prioridades legislativas
tiene en el ámbito del consumo.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Catalán, de Convergència
i Unió, tiene la palabra el señor Cardona.
El señor CARDONA I VILA: Señoras y señores Diputados, en primer lugar,
quiero felicitar al señor Temes por su nombramiento, sin hacer «a priori»
valoración del mismo, pero sí esperando que el esfuerzo que él va a poner
sea positivo para el sistema, un sistema en el que todos estamos
comprometidos. Hemos de manifestar también, de entrada, nuestra
satisfacción por el acuerdo al que se llegó en su momento en el Consejo
de Política Fiscal y Financiera sobre la financiación de la sanidad, lo
que ha permitido un incremento presupuestario para el próximo ejercicio
de 1995.
Después de varios años de perseguirlo, en concreto durante los debates
presupuestarios de todos los ejercicios de la pasada legislatura, por fin
se ha conseguido con un nuevo modelo de financiación sanitaria. En este
sentido, resaltamos el esfuerzo asumido por el Ministerio de Economía y
Hacienda en las circunstancias y en los momentos actuales, tanto por el
incremento presupuestario como por la asunción de la deuda acumulada en
los tres últimos años. Esperamos que con los 290.000 millones previstos
habrá aflorado en su totalidad esa deuda y no tendremos futuras
sorpresas.
Esperamos también que los desfases entre ingresos y gastos se hayan
terminado y que las previsiones sean las más adecuadas al coste real de
los servicios y de las propias necesidades del sistema. En cualquier
caso, también aceptamos que será preciso mantener una rigurosa política
de control de gastos, puesto que ya no valdrá apelar a la desviación
presupuestaria al no preverse los créditos ampliables.
Nos felicitamos también por el reconocimiento que hizo ayer la señora
Ministra en la sesión de control del Pleno sobre la corrección del
porcentaje sobre población atendida y que discriminaba a Cataluña. El
señor Temes ha dicho que se habían terminado ya esos diez años de
provisionalidad. Del mismo modo, entendemos que es positivo buscar un
mecanismo de compensación por la asistencia a enfermos desplazados,
procedentes de otras comunidades autónomas. No se olvide que éste es un
tema contemplado en la propia Ley General de Sanidad y que hasta este
momento no hemos cumplimentado.
Y como no todo pueden ser congratulaciones y abrazos, también hemos de
cumplir con nuestra obligación de control. En este sentido, quiero
preguntar al Subsecretario de Sanidad y Consumo, en relación con la
reunión del lunes del Consejo Interterritorial del sistema de salud, si
se debatieron algunas de las cuestiones que entendemos están pendientes
de una rápida y necesaria solución, aparte de la cuestión económica. Así,
por ejemplo, si se llegó a algún acuerdo sobre el decreto de publicidad y
venta de tabaco y de bebidas alcohólicas, ya que no debemos olvidar que
el informe del Consejo Interterritorial, si bien no es preceptivo, por lo
menos este Consejo es parte instante, por decirlo de alguna forma.
Tal como nos comunicó la señora Ministra en su comparecencia del día 20
de septiembre, se ha aprobado el Real Decreto por el que se regula el
acceso a la titulación de médico-especialista a determinados licenciados
en medicina y cirugía. Sin entrar en las diferentes interpretaciones que
se han hecho desde los Ministerios de Educación y de Sanidad y Consumo,
he de referirme a que dicho Real Decreto no puede ser consecuencia de la
proposición no de ley que se aprobó en esta Comisión el pasado 15 de
junio. En todo caso, habría de suponer un primer paso para la solución de
la situación de este colectivo de médicos
ayudantes de equipo médico y quirúrgico para acceder al título de
especialista, así como a aquellos que genéricamente conocemos como
médicos especialistas sin título oficial.
Concretamente la pregunta sería: ¿Piensa el Ministerio ir buscando
soluciones, aunque sean parciales pero complementarias, para llegar a una
solución definitiva? O bien, ¿cree que con este Real Decreto ya se agotan
las vías de solución? Entendemos que, sin llegar a los agravios
comparativos con otros colectivos, como pueden ser los MIR, se ha de ir
resolviendo, aunque sea por separado, el problema que tienen planteado
los diferentes colectivos afectados que hemos dicho.
Por otra parte, no olvidemos que a partir del 1 de enero próximo esta
cuestión adquirirá incluso mayor dimensión al entrar en vigor la
directiva de la Unión Europea que exige que los médicos del sistema
público que ejerzan como especialistas en medicina familiar y comunitaria
tengan efectivamente este título.
Señor Subsecretario, finalmente, ¿hay alguna previsión en el tiempo para
presentar a estas Cortes el proyecto de ley de ordenación de profesiones
sanitarias? Hemos estado atentos y, aunque no se ha comprometido a que
fuera durante la actual legislatura, nos gustaría que hubiera alguna
previsión en el tiempo o que se trajera el proyecto de ley de la carrera
profesional y el estatuto marco, como le han pedido otros Diputados que
me han precedido en el uso de la palabra.
Finalmente, quiero agradecer la exposición del señor Temes y decirle que
nos comprometemos a estudiar con mayor atención todo lo que nos ha ido
explicando para ser garantes precisamente de este control, según he
querido expresar en la última parte de mi intervención.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, la señora Maestro tiene la palabra.
La señora MAESTRO MARTIN: Gracias, señor Temes, por su comparecencia ante
esta Comisión que, entiendo, desarrolla y concreta alguno de los puntos
fundamentales que con parecidos objetivos ocasionó la comparecencia de la
señora Ministra en esta Comisión.
En primer lugar, quiero felicitarle y felicitarme por el alto grado de
incorporación al discurso de política sanitaria que ha manifestado el
señor Subsecretario en relación con las consecuencias, no solamente
estimadas o supuestas sino comprobadas, de modelos de política sanitaria
centrados en la privatización de la sanidad y que tienen como
consecuencia tanto diferencias muy importantes en cuanto a la equidad
como, objetivamente, un incremento muy importante del gasto sanitario sin
correlatos, sin correspondencia en incrementos de la calidad, sino todo
lo contrario.
Sin embargo, una vez más tengo que decir, porque es así, que ese discurso
que yo comparto en lo fundamental, y le manifesté algo parecido a la
señora Ministra, no es el marco político ni lógico que orienta las
decisiones fundamentales que el Ministerio de Sanidad lleva adoptando
desde hace tiempo. Es decir, en absoluto entiendo que la etapa de la
señora Amador al frente del Ministerio de Sanidad haya supuesto líneas
fundamentales de diferencia con lo que ya se venía gestando en la etapa
del señor García Vargas y, desde luego, muy especialmente en la breve
etapa del señor García Valverde, muy denostado por muchos pero que tuvo
la enorme virtud de decir lo que luego iba a hacer, probablemente por eso
fue tan breve. Evidentemente esto no parece que sea muy útil desde el
punto de vista de la permanencia en el cargo y eso haya llevado a
modificaciones importantes en el lenguaje.
Señor Temes, en un sistema sanitario como el nuestro, en el que la
aprobación de la Ley General de Sanidad y, desde luego, lo que supone una
ley general de puesta en marcha o de voluntad política de poner en marcha
reformas estructurales del sistema sanitario no ha ido acompañado en
ningún momento por incrementos financieros que garantizaran la puesta en
marcha del modelo; muy al contrario, en nuestro país, y es verdad que no
desde la instauración de la democracia sino antes, se viene consolidando
una deuda sanitaria histórica cifrada en cuantía de recursos invertidos
por la sociedad en la sanidad y de recursos materiales y humanos
existentes en la sanidad pública.
Por lo tanto, señor Temes, que usted se vanaglorie de que ha conseguido
disminuir el gasto público, entiendo que para otra parte de la Comisión
sea una buena noticia, pero para mi Grupo Parlamentario no lo es. No lo
es que se haya disminuido un 5 por ciento el gasto del Insalud, que ya
arrastraba un déficit muy importante y que, además, se diseñe un modelo
financiero en el cual los únicos incrementos que se prevén son los que se
desprendan del incremento del IPC nominal; es decir, se plantea la
consolidación del déficit en infraestructuras sanitarias públicas. Lo
digo, señor Temes, porque no se puede decir desde el Ministerio de
Sanidad que esta disminución del gasto se ha producido manteniendo la
calidad. Yo lo puedo aceptar como declaración de buenas intenciones por
su parte, pero no hay criterios objetivos que permitan evaluar la calidad
de la atención sanitaria. Doy un salto en el orden que tenía previsto en
la intervención para decir que las mejoras en el sistema de información
sanitaria, instrumento indispensable para la evaluación de la calidad,
fundamentalmente son aquellas que se refieren a la capacidad del sistema
sanitario de medir su propia producción cuantitativa. Yo le dije a la
señora Ministra el otro día, y se lo repito a usted, que un sistema
sanitario que incrementa la actividad asistencial en un tanto por ciento
cualquiera no es un sistema sanitario de mayor calidad. Añado un
argumento que entra en la lógica del discurso que le decía que compartía.
Los sistemas privados triplican el riesgo de ser intervenido
quirúrgicamente. ¿Ese es un sistema de mayor calidad? Esa es una lógica
que se asienta fundamentalmente no en criterios sanitarios sino
económicos.
Por otro lado, si bien en lo que se refiere a la financiación, tanto de
las comunidades autónomas como del Insalud no transferido, celebro que
haya criterios objetivos, varas semejantes de medir la financiación para
todas las comunidades autónomas, me parece profundamente insuficiente. Es
decir, no niego, ni muchísimo menos, que uno de los criterios a tener en
cuenta sea el gasto real y otro la población protegida, pero si no
tenemos en cuenta los
déficit históricos, las diferencias de recursos reales entre comunidades
autónomas (recuerdo que al señor García Vargas la primera publicación
sobre indicadores de salud le llevó a eliminar la hoja en la que aparecía
la distribución de camas por comunidades autónomas) se consolidan las
desigualdades y, además, no se tienen en cuenta otros indicadores
importantes que matizarían éstos. No digo que sean de mayor importancia
pero los matizarían, como es la dispersión geográfica de la población y,
por lo tanto, su accesibilidad a los servicios sanitarios, como son los
indicadores socioeconómicos de cada comunidad autónoma y, en definitiva,
otro, que me parece de la mayor importancia, como es la situación de
salud de cada comunidad autónoma. Por tanto, el sistema de financiación
me parece útil en cuanto que implanta criterios objetivos, pero me parece
decepcionante en cuanto que consolida situaciones reales y no avanza en
criterios de equidad entre las comunidades autónomas, que a mi Grupo
Parlamentario le parecían de la máxima importancia.
Señor Temes, insistiendo en la línea argumental que expongo, a la hora de
hablar de las reformas estructurales del Sistema Nacional de Salud para
adaptarlo, decía usted, a las nuevas necesidades sociales --insisto, al
margen del plan integrado de salud; seis meses era el plazo de la Ley
General de Sanidad de 1986 para su puesta en vigor--, usted anuncia que
va por el séptimo borrador. A mí me recuerda la Ley General de Sanidad,
que también tuvo una cantidad superior incluso de borradores, pero en
este caso ya no es un incumplimiento de voluntad política sino que es un
incumplimiento de la Ley General de Sanidad la inexistencia del plan
integrado de salud, aunque entiendo que adquiere usted el compromiso de
que el plan estatal esté elaborado en el transcurso de este año.
En cuanto al modelo de financiación, quería señalar algo que me ha
preocupado enormemente, y anuncio que mi Grupo ha solicitado la
comparecencia de la persona que ha emitido valoraciones políticas de la
profundidad de las que ha emitido el Director General de Seguros, en unas
jornadas organizadas por aseguradoras sanitarias privadas, donde
manifestaba la voluntad del Ministerio de Economía y Hacienda de proceder
a la elaboración de normativas que permitieran que aquellas personas que
estuvieran sufragando seguros privados fueran eximidas del pago
correspondiente a la Seguridad Social. Esto que ha aparecido en el marco
de unas jornadas --entiendo que el ámbito era el más favorable para que
se produjeran este tipo de declaraciones--, me produce enorme inquietud
porque no creo que sería ninguna valoración exagerada decir que sería la
constatación concreta de que el discurso sanitario que se defiende de
libre elección de modelo sanitario entre público y privado se abriría
camino de una manera importantísima. De todas maneras, quisiera saber su
opinión acerca de estas declaraciones del Director General de Seguros.
Insisto en que el discurso político que usted ha anunciado esta tarde se
contrapone a las medidas que usted anuncia y que la Ministra de Sanidad
anunció ante esta misma Comisión. La libre elección de especialista, la
libre elección de médico --que, por cierto, existe en nuestro país desde
hace 20 años, es decir, cualquier persona que por motivos de relación
personal esté disconforme con su médico puede ejercer el derecho a
cambiar de médico--, la libre elección generalizada en el sistema
sanitario es un paso importantísimo en la dirección de la libre elección
de modelo sanitario, pero desde luego es una cortina de humo sobre los
problemas que tiene la sanidad pública. Además, desde el punto de vista
de la gestión, de llevarse a cabo en un volumen importante (cosa que
ustedes no están en condiciones de garantizar si ese volumen va a ser
pequeño o grande), introduciría dificultades añadidas a las ya existentes
de una manera muy importante y que dificultan la necesaria coordinación
entre niveles sanitarios, que como usted bien sabe es una de las
garantías fundamentales de la calidad de la atención sanitaria. Por no
decir que si esa libre elección de médico y especialista se vincula a
cambios significativos en el modelo retributivo, en el que un porcentaje
importante de la retribución de los profesionales se realiza en función
del número de pacientes, se va a producir exactamente eso mismo que usted
denuncia de la sanidad privada; no se producirá la libre elección de
médico sino la selección de pacientes por parte del médico a la hora de
conseguir aquéllos que menos actuaciones, desde el punto de vista
sanitario, le requieran y menos gasto sanitario ocasionen con su impacto
en el modelo retributivo.
La señora PRESIDENTA: Señora Maestro, le ruego que vaya concluyendo.
La señora MAESTRO MARTIN: Termino, señora Presidenta.
La señora Ministra, en su última comparecencia ante esta Comisión,
defendía, como es lógico por su parte, el Real Decreto de ordenación de
las prestaciones como algo importante a la hora de definir con claridad
los límites del sistema, lo cual a mí me parece enormemente negativo
porque en un sistema dinámico, como es el sistema sanitario, difícilmente
se pueden poner límites en la evolución de la vida. Ella decía que era
algo positivo por cuanto garantizaba la universalización fundamentalmente
de las prestaciones que más relación tenían con lo que ustedes dicen que
son los objetivos básicos del Ministerio de Sanidad y Consumo: la
promoción de la salud y la prevención de la enfermedad.
Señor Temes, ¿cómo van a universalizar fundamentalmente las prestaciones
de tipo preventivo con los mismos recursos sanitarios? ¿Cómo se va a
garantizar que toda la población, en función de sus necesidades de salud,
va a tener acceso a todas las prestaciones que se definen en el
anteproyecto de Real Decreto de ordenación de las prestaciones
sanitarias? Es imposible; es materialmente imposible que unos servicios
sanitarios sobrecargados --me estoy refiriendo fundamentalmente a la
atención primaria--, que están cubriendo a poco más de la mitad de la
población, pueden transformar cualitativamente su actividad y dar
respuesta a todas las actividades que allí se plantean, con los mismos
recursos sanitarios, sociales, de salud mental, etcétera.
El hecho de que no exista plan integrado de salud, a pesar de que ustedes
publican --y me alegro de que vaya a
salir el tercer volumen de indicadores de salud-- las principales causas
de muerte, etcétera, el reflejo de que eso es una publicación para poner
en una biblioteca y no es la línea de trabajo fundamental para los
servicios sanitarios es que a la hora de hablar de las prioridades en el
establecimiento de la ordenación de prestaciones sanitarias ustedes no
hablan del diagnóstico precoz del cáncer de mama, primera causa de muerte
entre las mujeres y la causa de muerte que con mayor intensidad asciende
en nuestro país. ¿Cómo es aceptable que en estas condiciones ustedes no
garanticen, no en un Real Decreto sino a través de la existencia de los
recursos sanitarios suficientes, que con los protocolos adecuados las
mujeres en edad de riesgo tengan acceso a algo que está directamente
relacionado con la mortalidad en el caso de las mujeres? Algo parecido
ocurre con la planificación familiar y con la interrupción voluntaria del
embarazo en las condiciones actuales de la ley, otra cosa es la ley
futura, que evidentemente no es tema a abordar en estos momentos.
Señor Temes ¿qué objetivos concretos en el tiempo miden el compromiso del
Ministerio de Sanidad de llegar a una cobertura del cien por cien de la
población en atención primaria? ¿Qué fecha límite se plantean ustedes
como escenario? ¿Debo entender que la consolidación, es decir, el que se
haya definido un marco presupuestario estable, quiero decir sin
incrementos de ningún tipo de aquí al año 1997, permite deducir que no se
van a producir avances en los recursos sanitarios públicos, en las camas
de agudos y sobre todo en las camas de enfermos crónicos?
¿Qué pasa con el acuerdo suscrito entre el Ministerio de Sanidad y el
Ministerio de Defensa para la utilización de instalaciones militares, que
hubiera podido, de haberse desarrollado de forma suficiente, aliviar de
una manera por lo menos palpable las necesidades de la sanidad pública
sin inversiones, simplemente habiendo traspasado o cambiado de uso
patrimonio público de un ministerio a otro?
Finalmente, para no extenderme más, quisiera pedirle también concreción
con respecto a algo que le pregunté a la señora Ministra y que no sé si
se le pasó o no entendió la pregunta, y es el tema de salud laboral. El
Pleno del Congreso de los Diputados aprobó, por unanimidad, una moción de
mi Grupo Parlamentario relativa a la ley de salud laboral en los aspectos
que más tienen que ver con el Ministerio de Trabajo, y hay también un
segundo punto, aprobado igualmente por unanimidad, por el cual se instaba
al desarrollo reglamentario del Título cuarto de la Ley General de
Sanidad, relativo a salud laboral que define el marco de intervención de
los servicios sanitarios en materia de salud laboral.
También querría, en lo que ha anunciado sobre actividad normativa en
cuanto a consumo, sumarme a las preguntas que le han hecho intervinientes
que me han precedido en el uso de la palabra acerca del Real Decreto
sobre publicidad de tabaco y de bebidas alcohólicas. Recordarle que fue
también una proposición no de ley de mi Grupo Parlamentario, aprobada ya
hace más de año y medio por el Pleno del Congreso de los Diputados, que
instaba a la trasposición de esa directiva europea, y también por algo
que fue aprobado en esta Comisión cuando era la Comisión de Política
Social y Empleo y que es de la máxima importancia, entiendo, en relación
con las principales causas de muerte en nuestro país, las enfermedades
cardiovasculares, y se refería a la clarificación del etiquetado de
alimentos elaborados o precocinados que utilizan grasas. Sabemos que
aparece --y en ese sentido...
La señora PRESIDENTA: Señora Maestro, concluya, por favor.
La señora MAESTRO MARTIN: Sabemos que aparece la identificación de que se
usan o no grasas animales en la confección de determinados alimentos. De
todas maneras, usted sabe que desde hace años se ha producido un
incremento substancial en la importación de aceites de origen vegetal
pero que cuentan en su composición con grasas saturadas que tienen
exactamente el mismo efecto sobre la salud que las grasas animales y que,
sin embargo, no hay ninguna normativa que obligue a actuar sobre la
desinformación que se produce en la población diciéndole que hay grasas
vegetales cuando realmente el que haya grasas vegetales no introduce
ningún tipo de seguridad a la hora de que el efecto no explícito en
relación con el factor de riesgo de las cardiovasculares proteja a la
población.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Gimeno Ortiz.
El señor GIMENO ORTIZ: Desearía agradecer una vez más la presencia del
doctor Temes en esta Comisión de Sanidad y Consumo, si bien en este caso
en su calidad de Subsecretario, para informarnos de la política general
de su Departamento, que es el motivo por el cual simultáneamente desearía
felicitarle por su nombramiento, en la convicción de que junto con su
equipo sabrá impulsar y defender los objetivos de política sanitaria
expuestos para esta legislatura.
No voy a entrar en hacer una valoración de los distintos indicadores
sociosanitarios de nuestro país, que nos hablan por sí solos de los
avances conseguidos en la última década; tampoco de los indicadores
hospitalarios y de atención primaria, incluso de los propios indicadores
de rendimiento interno hospitalario; tampoco vamos a hablar de los
proyectos de salud pública, del ejemplo que se nos ha expuesto del vecino
país de Francia, puesto que, en cualquier caso, estaría claro que ponen
de manifiesto que la política sanitaria socialista no sería una política
sanitaria de balseros sanitarios. Lo que ocurre es que hay algunas
propuestas o algunos comentarios que indican el verdadero naufragio de
ideas en sanidad. Tampoco voy a hacer una valoración de por qué distintas
comunidades autónomas con el mismo personal son capaces de poner en
marcha programas de estimación, por ejemplo, de cáncer de mama,
conociendo perfectamente que los casos prevalentes detectables serían 600
en una comunidad autónoma como Extremadura, con una población de 120.000
mujeres, teniendo en cuenta que sería la cobertura del 80 por ciento de
los posibles casos detectables, que el coste por tumor detectado sería de
224.833 pesetas, que el coste por
mujer examinada es de 1.124, que el coste por habitante es de 120
pesetas. Tampoco voy a insistir en que con el mismo personal es posible
realizar programas de salud escolar para los cursos de 1.º, 3.º y 5.º de
EGB, con un ámbito de cobertura del 93,13 por ciento de la población
escolar, concretamente de 47.517 susceptibles. El ámbito ha sido de
44.250 con la tabulación y análisis de datos, de caries dental el 35,24
por ciento, bocio el 0,22, alteraciones del raquis el 4,26, deficiencias
auditivas el 81 por ciento, etcétera...
La señora PRESIDENTA: Señor Gimeno, a la comparecencia.
El señor GIMENO ORTIZ: Sí, señora Presidenta, pero como yo siempre
escucho una lección teórica, me he permitido esta vez, con su
benevolencia, defender a las comunidades autónomas y explicar que con el
modelo nuevo de equipos de atención primaria y, donde todavía no están
implantados, con el equipo tradicional de médicos titulares, también es
posible introducir un sinfín de medidas preventivas como, por ejemplo, la
vacunación frente a la hepatitis B, que en Extremadura ha alcanzado una
cobertura del 98,14 por ciento y, por tanto, no voy a entrar en explicar
cómo se hace... (El señor Burgos Gallego: Pinchando.)
Por tanto, quería ceñirme a su exposición, que la valoramos muy
positivamente. Creemos que ha sido extensa y detallada, y lo que
queríamos es destacar los objetivos que ha comentado de impulsar la
coordinación con las comunidades autónomas en el campo de la salud
pública, de promoción y prevención de la enfermedad, bien a través de
convenios, bien a través de ayuda económica o técnica o bien con el
establecimiento de líneas de investigación conjunta. Por ejemplo, los
programas de control de hidatidosis que, si bien es cierto que empezaron
en algunas comunidades autónomas como Navarra o Extremadura,
posteriormente, a través de la coordinación que se ha realizado en el
Ministerio, es una realidad en prácticamente la totalidad del país donde
existe problema sanitario. O bien líneas de investigación importantes
como la búsqueda de un antígeno específico para la triquinelosis de cepas
aisladas autóctonas en aquellos lugares donde sí hay un problema
sanitario social importante como pueda ser en Extremadura. Todos estos
datos ponen de manifiesto que se han conseguido avances y que el futuro
papel de la actual Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial
del Sistema Nacional de Salud podrá precisamente, como usted indicaba,
permitir no solamente estrategias conjuntas y homogéneas de acciones
sanitarias, sino también la cuantificación de variables asociadas a los
hábitos de vida o cuantificación de factores de riesgo, normalización de
protocolos epidemiológicos, si se desea, facilitando la acción y la
planificación de la administración sanitaria y, en consecuencia, los
avances preventivos como oferta a los ciudadanos, sin que esto quiera
decir que las distintas comunidades autónomas no hagan su papel en virtud
de sus propias competencias.
Quiero destacar igualmente, como usted ha explicado muy bien, los
proyectos de desarrollo legislativo sobre publicidad y venta de tabaco y
de bebidas alcohólicas. El actuar sobre las primeras causas de
mortalidad, enfermedades cardiovasculares y cánceres, en los problemas de
repercusión sanitario-social como sida y toxicomanía, incluyendo el
alcoholismo que usted ha citado, etcétera, creo que contribuye igualmente
a hacer efectivos progresivamente parte de las prestaciones incluidas en
el proyecto de real decreto sobre ordenación de las prestaciones
sanitarias del Sistema Nacional de Salud puesto que permite, y lo vemos
muy positivo, clarificar el sistema, siendo éste el segundo punto que
deseábamos resaltar como política del Ministerio y su naturaleza de señas
de identidad del Estado social de Derecho, como señalaba en su reciente
comparecencia la señora Ministra.
Yo creo que desde el Grupo Parlamentario Socialista deseábamos resaltar
igualmente la política de farmacia, cuyas primeras medidas están
contribuyendo a racionalizar el gasto farmacéutico; medidas que con
frecuencia, insisto, siempre son mal interpretadas, incluso censuradas.
Permanentemente oímos intervenciones de algún grupo parlamentario
hablando de limitación de la prestación cuando el objetivo, como creo que
usted ha puesto de manifiesto francamente bien, es continuar garantizando
las prestaciones sanitarias como en el momento actual, y que nos sitúa
junto a Alemania a la cabeza de los países de Europa en cuanto a las
condiciones ventajosas por parte del usuario.
Por tanto, el Real Decreto de financiación selectiva del medicamento, los
acuerdos con Farmaindustria, los acuerdos con los profesionales
sanitarios, etcétera, ponen de manifiesto que esta política está dando
sus resultados, como muy bien expuso la Directora General del Insalud en
la Comisión de Presupuestos cuando nos informaba sobre el grado de
ejecución del presupuesto en el primer semestre de 1994, al explicar cómo
la desviación del presupuesto en esos seis meses era del 4,56, y en la
comparación interna anual que realizaba no recuerdo bien si era el 9 o el
12 por ciento para el mismo período de tiempo; política de farmacia que
estamos convencidos de que las nuevas medidas que usted ha anunciado
--por tanto, no hay anquilosamiento-- de protocolos de actuación
primaria, del impulso genérico, etcétera, van a contribuir a avanzar en
la política sanitaria que usted ha expuesto.
Igualmente, queremos destacar la política sobre personal, con las
reformas estructurales que ha expuesto; la política de medidas para
conseguir una mayor eficacia y eficiencia de la gestión; política de
ayuda a la investigación y la docencia a través del Instituto Carlos III
y de la Escuela Nacional de Sanidad como formadora de nuevos gestores
sanitarios, sobre la cual no voy a incidir, pero sí desde el Grupo
Parlamentario Socialista querríamos dejar constancia de ello.
Por último, quiero resaltar el modelo de financiación nuevo alcanzado por
acuerdo con las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y
Financiera, con las características que conocen SS. SS., que creemos que
es otro pilar fundamental para continuar avanzando en la mejora y la
consolidación del sistema nacional de salud, puesto que permite una
consolidación financiera del
sistema, donde la equidad, la solidaridad y la universalidad son premisas
fundamentales y, desde luego, irrenunciables por ser una conquista social
de los ciudadanos españoles.
Por tanto, continuamos animándole, y compartimos el criterio de otros
portavoces, en la defensa del sistema sanitario público claramente
definido, en su financiación, prestación, universalización, etcétera, y
no confuso y difuminado posiblemente de forma voluntaria que a veces se
nos insinúa.
Quería hacer un pequeño comentario, puesto que usted, que nos habló de la
reforma sanitaria de Clinton, en el sentido de que, por desgracia, la
ilusión de la ciudadanía americana ante el programa sanitario de la
administración Clinton está ya presentando dificultades, algunas
solapadas, argumentando criterios técnicos, como pueden ser precisamente
los planes de salud. En algo coinciden los distintos portavoces. Otras
veces, por la dificultad de la tarjeta sanitaria individualizada --es el
denominador o el nombre que aquí tendría--, y otros porque realizan
verdaderas e importantes aportaciones económicas grupos de presión,
llámense entidades aseguradoras, llámense laboratorios farmacéuticos o
llámense suministradoras de equipos sanitarios. Pero lo que sí es cierto
es que ya el programa inicial se va a ver parcialmente modificado en
cuanto a universalización, en cuanto a prestaciones, en cuanto a
aportación por parte del usuario. Por cierto que la libre prescripción de
facultativos también es francamente dudosa, porque no solamente hay una
selección desde el punto de vista económico para acceder a los servicios
sanitarios, sino también a aquel que receta demasiado las compañías
aseguradoras privadas saben que le quitan sus contratos. Yo sé que usted
(Dirigiéndose a un señor Diputado del Grupo Popular.) tiene la receta
mágica para todo lo expuesto. Indudablemente, este tipo de sistema
sanitario mixto tiene un porcentaje superior, como muy bien saben SS.
SS., al de cualquier modelo sanitario de gestores, normalmente abogados,
para colmo. (Risas.) Digo abogado en el sentido de que no hay un
equilibrio sanitario. Por tanto, la preocupación de los distintos países
por los costes y por la atención sanitaria a los ciudadanos es una
constante y desde nuestro punto de vista entiendo que es necesario
continuar con las políticas propuestas por el Subsecretario y no dar
saltos en el vacío con modelos alternativos, donde la financiación, la
calidad de la prestación, la aportación económica de los usuarios siempre
están indefinidos.
La señora PRESIDENTA: Para responder a las distintas cuestiones que hayan
planteado cada uno de los grupos, tiene la palabra el señor
Subsecretario. Quiero, no obstante, antes recordarles que el señor
Subsecretario no está obligado en esta comparecencia de hoy a responder a
aquellas cuestiones concretas que, al hilo de la comparecencia de hoy,
hayan sido planteadas. Sí podrá si dispone de los datos, y si no, yo le
invito a que, como en otras ocasiones, a través del conducto de la
Cámara, lo haga llegar a los distintos parlamentarios.
Cuando quiera, señor Temes.
El señor SUBSECRETARIO DE SANIDAD Y CONSUMO (Temes Montes): En primer
lugar, quiero decirle al señor Burgos que en toda la parte de exposición
que ha hecho sobre cambio de estructura del Ministerio no voy a entrar,
no es motivo de la comparecencia. Le agradezco, ciertamente, que
manifieste su simpatía o su respeto profesional hacia mí, aunque después
me diga que casi todo lo que he hecho está en un término medio, entre mal
y muy mal, pero, bueno, supongo que forma parte de lo que es el juego
parlamentario. La verdad es que creo que es posible equivocarse, pero
equivocarse tantas veces, dificilísimo. Habrá cosas que se habrán hecho
bien y habrá cosas que se habrán hecho mal, pero creo que mandar
permanentemente el mensaje de que éste es el caos y que es un desastre
considero que es ofender fundamentalmente a los profesionales sanitarios,
no a la Administración; a las personas que durante mucho tiempo hemos
trabajado como médicos en el sistema; a las personas que durante mucho
tiempo, como enfermeros, como sanitarios, han trabajado en el sistema.
Por lo tanto, yo creo que decir que esto es el caos, como ustedes
habitualmente suelen comentar, es fundamentalmente ofenderles a ellos.
Por ello creo que es una gravísima equivocación porque no me da la
impresión de que se lo merezcan.
No voy a entrar tampoco en la discusión ideológica. Me parece que es
cierto que por primera vez han dejado claro --porque hasta era difícil
saber de lo que hablaba el Partido Popular cuando hablaba sobre sanidad--
a qué se refiere cuando hablan de sanidad. Creo que esta apuesta que han
hecho y que ahora aparece en los periódicos hace que yo pueda pensar,
contrariamente a lo que usted decía, que el único problema real de salud
que tienen los españoles es que alguna vez triunfe el programa del
Partido Popular. Creo que ése es el único problema de salud que pueden
tener los españoles.
De cualquier manera, como creo que no es objeto de esta comparecencia
hacer más valoraciones, quiero pasar a tratar de contestarle a alguna de
las preguntas que ha hecho, aunque soy consciente de que cuando usted
dice que venían a escuchar, no han venido a escuchar; no les ha importado
absolutamente nada lo que se ha dicho y sí ha traí-do usted un discurso
hecho que soltaría con independencia de lo que hubiera dicho yo.
Creo que he dicho con claridad cuándo pensamos que puede estar en el
Parlamento la ley de ordenación de las profesiones sanitarias y el
estatuto marco. Creo que lo he dicho; es un compromiso de legislatura.
Entiendo que sería probablemente muy interesante para algún grupo que nos
precipitáramos e hiciésemos un desastre de ello, pero estamos
absolutamente dispuestos a dar cada uno de los pasos que haga que se
consiga un nivel de consenso en un tema que es extraordinariamente
difícil.
Cualquiera que haya pasado por un hospital es consciente de saber que los
intereses individuales, de las personas, son distintos y, por lo tanto,
tratar de buscar una ley que les ampare a todos es complejo. Quien ha
hecho carrera universitaria pretende que ése sea el principal mérito en
la carrera profesional; quien ha visto muchos enfermos pretende que lo
sea ése; quien ha investigado, porque ha
tenido la posibilidad de hacerlo, cree que la investigación debe tener un
valor extraordinario y quien tiene la tesis doctoral hecha piensa que ésa
es la carrera profesional fundamental. Por lo tanto, es un tema en que,
insisto, no vamos a precipitarnos por mucho que salga en todas las
comparecencias parlamentarias. Creo que la responsabilidad exige que se
tome con la seriedad y la calma necesaria para que haya un nivel
importante de consenso, pero con un compromiso, de que esté en este
Parlamento, en esta legislatura, que es el mismo que se expresó en esta
Comisión hace un año por la señora Ministra de Sanidad. Por lo tanto, no
se ha cambiado nada en ese aspecto.
Yo creo que los aspectos financieros han sido importantes. Quiero
resaltar que esto era un compromiso que también se expresó en la Cámara
hace un año y se ha logrado un grado de acuerdo importante. Me gustaría
decir también que parece que se quiere olvidar que la comunidad autónoma
más beneficiada del cambio financiero ha sido Galicia, con mucha justicia
y con mucha razón, porque la situación no era buena, pero en dinero, en
el período 1994-97, Galicia va a ser --y lo quiero decir-- la comunidad
económica más beneficiada por el nuevo sistema financiero. Yo creo que
esto es muy importante.
He expuesto con claridad cuál era nuestro planteamiento sobre la
responsabilidad civil; he dicho que en el año 1995 habrá un seguro de
responsabilidad civil que recoja las aportaciones del Ministerio de
Sanidad, el Consejo de Colegios de Médicos y los propios facultativos. No
es cierto que nunca lo haya habido; se dice que no lo ha habido en 1992
ni en 1991 y no es cierto. La póliza se rescindió en un momento concreto,
que fue en enero de 1993, porque no fuimos capaces, y esto es así, de que
la compañía aseguradora, que decía que no era capaz de evaluar el riesgo,
renovase la póliza, pero yo creo que el compromiso es bien claro: estamos
hablando de enero del año 1995.
Me hace preguntas que me parecen de difícil contestación, porque, como
sabe, la responsabilidad del Insalud no es de la Subsecretaría y a
continuación comparece la Directora General del Insalud; por tanto, no
puedo entender --usted que parece haber conocido tan bien el cambio de
estructura del Ministerio-- que no sepa que los temas asistenciales
deberá formularlos a continuación. Si algún dato le puedo dar sobre
atención primaria es que en el conjunto del territorio del Insalud la
extensión del nuevo modelo alcanza al 70 por ciento; no es,
probablemente, lo que todos deseásemos. Hay una gran diferencia entre
comunidades autónomas, y le puedo dar más datos; por ejemplo, en Galicia
no pasa del 20 por ciento y la responsabilidad no es del Ministerio de
Sanidad y Consumo.
En cuanto al calendario de transferencias, creo que no me lo puede
preguntar a mí. Usted conoce que hay un pacto autonómico en el cual no se
ha pactado ninguna otra transferencia en el momento actual; por tanto --y
con eso respondo a su pregunta--, no hay un calendario de transferencias.
Me habla de un acuerdo con la industria farmacéutica. Yo creo que se ha
hecho un acuerdo histórico con la industria farmacéutica el año pasado y
la verdad es que confío --porque era un acuerdo para tres años-- en
profundizar en la línea de acuerdos con la industria farmacéutica porque
no es una obsesión del Ministerio el recorte del gasto sanitario en
farmacia, sino el uso racional del medicamento, y en eso creo que
coincidimos con buena parte de la industria farmacéutica. Entendemos
conjuntamente que no es posible mantener crecimientos del gasto
farmacéutico como se venían manteniendo hace sólo dos años, entre el 14 y
el 16 por ciento. Eso no es posible con este Gobierno ni con ningún otro.
Creo que deberíamos hablar con esa claridad y con esa franqueza.
No voy a entrar en las frases fáciles sobre los balseros. Desde luego, mi
modelo no es el cubano, pero tampoco es el americano; considero, ya que
me lo apunta el señor Fernández-Miranda, que el de Clinton es mucho mejor
que el que actualmente tienen los americanos; prefiero el de Clinton, y
creo que ellos también lo prefieren al que tienen ahora.
Me asombra que me diga estas cosas de los puestos de carácter directivo.
Yo le recomiendo que revise usted la prensa gallega de hoy y se dará
cuenta de lo bien que nombramos nosotros los puestos directivos. Le puedo
dejar fotocopias; no tengo inconveniente en dejarle todas las fotocopias
de los periódicos de Galicia de hoy, donde creo que somos una muestra de
cómo se hace esto con seriedad y a través de concursos, sin olvidar que,
efectivamente, son puestos de libre designación; porcentualmente
muchísimos menos que en los sitios donde ustedes gobiernan.
Sobre el caso de Valladolid no le puedo contestar porque no es de mi
competencia y no sé si la Directora General del Insalud está en
disposición de hacerlo, pero tendrá una respuesta escrita de esa
situación.
Al representante del Partido Nacionalista Vasco quiero, primero,
agradecerle la coincidencia de objetivos: que le parezca que es
importante consolidar el sistema --ése es un propósito común--; que me
diga que la ordenación de las prestaciones es algo oportuno; que plantee
que ha de ser un sistema flexible y una garantía. Como tal, y creo que en
positivo, hemos tratado de explicarlo a lo largo de este año. Creo que en
mi intervención he comentado algo sobre la Agencia de Evaluación de las
Tecnologías, que pienso que asegura que las inclusiones y exclusiones se
hagan con criterio científico y técnico y, por tanto, en ese aspecto
también coincidimos, así como sobre el sistema de financiación, que yo
creo que es un paso adelante muy importante. Si a los sanitarios que
estamos aquí, hace un año nos dijesen que iba a haber 350.000 millones
más para el sistema sanitario, probablemente estaríamos bastante
satisfechos.
Me ha dicho que le parece oportuno el sistema de los contratos-programa
celebrados entre el Ministerio y el Insalud. Creo que son una herramienta
que ayuda a trabajar de una manera útil y que permite poner en un lado lo
que son aspectos económicos y en otro lo que son aspectos asistenciales.
No es posible en este país ni en ningún lugar del mundo olvidarse de que
nos movemos en un entorno económico, por mucho que nuestro mayor interés
sea la atención o el servicio sanitario. Es imposible olvidarse de que
eso hay que financiarlo y financiarlo de una manera que permita seguir
avanzando, aumentar la calidad de lo
que se hace, pero también hacer más. No parece que en la mayoría de las
actuaciones médicas sea posible decir que el hacer más disminuye la
calidad; incluso yo diría que en algunas actuaciones médicas el hacer
poco es sinónimo de mala calidad, y me explico. Quien hace tres
trasplantes hepáticos al año, lo hará mal; quien haga setenta, lo hará
bien, aunque no creo que haya mucha diferencia en la calidad entre quien
haga cien operaciones de cataratas y quien haga doscientas cincuenta.
Quisiera agradecer al señor Cardona cuantas coincidencias ha expresado;
voy a tratar de contestar a sus preguntas. He dicho que los decretos de
tabaco y alcohol están en fase de elaboración; están ciertamente
avanzados, pero yo no quisiera dar una fecha concreta para traerlo al
Parlamento, porque me parece que es dar opción a que cualquier trámite
administrativo sirva para hablar de que se incumplen promesas, pero ése
es uno de los trabajos prioritarios del Ministerio de Sanidad y Consumo.
Coincido con usted en el tema de los mestos. Creo que el decreto
publicado resuelve lo relativo a las personas que se han formado antes de
1984 y creo que, además, va a ser una importantísima fuente de
información que nos va a permitir diferenciar qué es lo que hay en ese
colectivo. Desde luego, no creo que sea el último paso, sino que lo
planteamos en esos términos: resolver el problema hasta el año 1984 y que
sirva de sistema de información para ver qué hay en ese colectivo.
También me ha preguntado por la ley de ordenación de las profesiones, el
estatuto marco y la carrera profesional. Creo que he contestado a ello y
reitero el compromiso de que estén en la Cámara a lo largo de esta
legislatura, que es el compromiso que se ha mantenido desde el principio
de ella.
A la señora Maestro también le quiero agradecer que coincidamos en el
planteamiento. Le voy a decir además que no lo haré con vehemencia, pero
lo hago con todo convencimiento; es decir, que estoy convencido de que
este modelo es el mejor posible. Creo que sí tratamos de plasmar en las
decisiones el discurso político, aunque en algunos casos pueda haber
discrepancia en cómo se plasma, porque lo cierto es que el discurso
político a veces es más fácil y a veces más complejo que las decisiones
de gestión que se toman y es posible que en ocasiones se pueda
interpretar que eso no es así, pero le aseguro que nuestra voluntad es
hacer coincidir este discurso político, que mantenemos con bastante
empeño y con todo convencimiento, con las decisiones que tomamos.
Yo nunca me he vanagloriado de que descienda el gasto público en Sanidad,
primero, porque nunca ha descendido. Lo que sí creo que es importante, y
lo es para cualquier administración, es que descienda el nivel de
crecimiento. Por lo tanto, cuando oigo que en el año 1993 ha descendido
el nivel de crecimiento un 5 por ciento, no quiere decir que el
presupuesto de ese año haya estado, lógicamente, por debajo del de 1992.
Yo creo que hay que invertir en Sanidad y, además, creo que públicamente,
tanto la Ministra como yo, hemos dicho, en ocasiones, que debería
crecerse hasta un 8 por ciento del producto interior bruto. Creo que el
crecimiento de este año es un crecimiento importante, que permite
consolidar el sistema, que permite que alcancemos la suficiencia
financiera, que permite que nos escudemos unos en las deficiencias de
otros, y al revés. Es decir, que todos tengamos la obligación y la
necesidad de gestionar nuestros recursos para dar una mejor atención.
Yo creo que no es un mal sistema el que el presupuesto sanitario crezca
de acuerdo con el PIN nominal, que es la suma del PIB real, más la
inflación; creo que es un buen sistema y que, por lo menos, regula un
marco homogéneo y estable a lo largo de este período de cuatro años, y
creo que nos va a dar seguridad. Entiendo que en estos cuatro años no
deberíamos de volver a esa discusión de si el sistema es financiable o
no. Es claramente financiable, aunque seguramente es claramente
mejorable. Yo creo que en el modelo se recoge el sistema para acabar con
ese déficit histórico y se apunta una cifra, que le aseguro que está bien
contada. A mí me ha extrañado que, por primera vez en mucho tiempo, ha
cambiado algo el discurso del Partido Popular porque no nos han hablado
del billón; se le habrá olvidado. (El señor Fernández-Miranda y Lozana:
La semana que viene, en el debate de Presupuestos.) Estamos hablando de
290.000 millones de pesetas, y además le he dicho las cifras que se van a
hacer efectivas en cada uno de los años. Yo creo que eso es un grado
importante de concreción.
En el último punto de mi exposición sobre el sistema de financiación he
hablado de los desplazados, que también ha citado el señor Cardona y que
creo que es un tema importante. Es decir, en este momento nadie está en
disposición de establecer un sistema de compensaciones por desplazados,
primero, porque no se sabe muy bien lo que se mide. ¿De qué hablamos, de
altas hospitalarias, de desplazados en atención primaria, de farmacia
consumida en otra comunidad autónoma? No sabemos muy bien de qué hablamos
porque, por ejemplo, la estadística de altas hospitalarias les saldrá muy
bien a algunas comunidades autónomas que tienen mucha actividad privada e
incluyen las altas de personas que han sido atendidas en el sector
privado y que han pagado su factura. Creo que sería un elemento que
distorsiona. Por otra parte, hay otras cosas que son absolutamente
ciertas. No se puede hacer un sistema de desplazados que sólo contemple
el propio desplazado en sí. Es decir, a los ajustes por coeficientes de
población habría que añadir algún factor que permita equiparar la
infraestructura sanitaria --que es distinta de unas comunidades a otras y
que está hecha con el dinero de todos--, la dispersión geográfica a la
que usted se ha referido, los indicadores socioeconómicos o incluso el
estado de salud. La verdad es que valorar todo eso en un sistema para
compensar desplazados, no es una tarea fácil. Por tanto, lo que hemos
recogido en el acuerdo es que, en el seno del Consejo interterritorial y
con la participación de todas las comunidades autónomas, se trate...
La señora MAESTRO MARTIN: Perdone que le interrumpa, pero es por no caer
en el error. Yo no me he referido a la compensación por desplazados, sino
a los criterios estables por los cuales se valora la financiación de las
comunidades autónomas.
El señor SUBSECRETARIO DE SANIDAD Y CONSUMO (Temes Montes): De acuerdo.
Lo siento, lo he entendido mal; pero de alguna manera me ha servido para
explicar lo de los desplazados, que tenía ganas de explicarlo. (Risas.)
Si me lo permite, estoy de acuerdo en que la situación de partida no es
la misma, creo que eso es absolutamente innegable, pero también creo que
hay que buscar una fórmula. Por ejemplo, Madrid, con un sistema de
compensación que no cuide todos esos aspectos, no podría tener nunca las
transferencias sanitarias, porque el volumen de infraestructura sanitaria
en Madrid es muy grande, por razones obvias, entre otras cosas porque se
atiende un porcentaje muy alto de población de otras comunidades
autónomas. Y yo entiendo que esto debe de seguir siendo así, porque creo
que lo contrario rompería el modelo de solidaridad. Por lo tanto, en lo
que se ha quedado es en que a lo largo de este año se trate de buscar un
sistema que nos permita a todos estar de acuerdo en cómo se tratan esos
desequilibrios.
Me ha preguntado también por el Plan integrado de salud, y yo creo que he
dicho en qué situación está. Lo del séptimo borrador creo que no lo he
dicho, no sé cómo lo sabe. ¿Lo he dicho? Se me habrá escapado.
(Risas.--El señor Fernández-Miranda y Lozana: Lo sabe todo, acaba
sabiéndolo.) Respecto al Plan integrado de salud, he explicado que
necesitamos los planes de las comunidades autónomas y que, en concreto,
hay cuatro comunidades autónomas que no han realizado su plan de salud y
que ni siquiera tienen alguna documentación. Nuestra intención --como
creo haber reseñado en la comparecencia-- es que, a través de la comisión
correspondiente del Consejo interterritorial, se pida a estas comunidades
autónomas que elaboren sus planes, y nosotros alcanzamos también el
compromiso de presentar el nuestro. Yo creo que éste es un aspecto
importante de la política sanitaria --coincido con usted-- y creo que
podremos resolverlo. En cambio, no puedo coincidir con la valoración que
hace sobre la ordenación de las prestaciones, porque yo sí entiendo que
se ha hecho una ordenación en positivo, que se incluyen cosas que en este
momento no están y que es una carta de derechos que mejora la igualdad
entre los ciudadanos ante la prestación sanitaria. Ya lo hemos discutido
en otras comparecencias, tanto de la señora Ministra y mías como de otras
personas del Ministerio de Sanidad y Consumo. Creo que es difícil que lo
entendamos igual, pero desde luego nosotros lo vemos como algo que
permite mejorar la igualdad entre las distintas personas que se acercan
al sistema sanitario.
Creo que he explicado ya los aspectos sobre atención primaria. Coincido
con usted en que las políticas de prevención en aspectos fundamentales
como el cáncer de mama deben tener todo el impulso necesario. Creo que no
es justo decir que se ha aumentado la población atendida sin aumentar el
volumen de las inversiones o del gasto sanitario. Creo que ha dado cifras
del gasto en el año 1982 y del gasto en el año 1992. Entiendo que ha
habido un incremento espectacular del gasto sanitario y, por lo tanto, se
han podido hacer muchas más cosas. Además, creo que cualquiera que haya
pasado por un hospital --no digo por un centro de salud, porque en el año
1982 no había ninguno-- en el año 82 y quien lo haya hecho en el 92, 93 o
ahora mismo, habrá comprendido, primero, que nuestros hospitales son
bastante mejores y que las diferencias que había entre unas provincias y
otras han disminuido de forma muy importante.
Por último, me ha preguntado sobre salud laboral. Sé que hay un documento
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en el cual, como desarrollo
final, aparecerá lo que figura en el Título IV de la Ley General de
Sanidad. También me ha preguntado sobre el tabaco y el alcohol y creo que
ya he respondido. Y me ha hecho una pregunta, para mí bastante técnica,
sobre el etiquetado de alimentos precocinados. Yo tengo aquí una
respuesta, pero preferiría dársela por escrito porque no estoy muy seguro
de que la sepa referir y ni siquiera de que la sepa leer, porque creo que
está hecha con letra que habitualmente se llama de médico. (Rumores.)
Al señor Gimeno le quiero agradecer las coincidencias e incluso su
magisterio. Creo que ha servido para aprender cómo a veces la voluntad
política de hacer cosas hace que, aun con recursos escasos, se pueda
hacer una aproximación importante a los problemas de la población, hacer
un magnífico servicio a los ciudadanos. Por lo tanto, le agradezco su
discurso y le agradezco, como no podía ser de otra manera, su
coincidencia. Muchísimas gracias a todos. (El señor Burgos Gallego pide
la palabra.)
La señora PRESIDENTA: Señor Burgos, ¿para qué solicita la palabra?
El señor BURGOS GALLEGO: Para contestar a una alusión especialmente
directa que ha hecho el Subsecretario en su comparecencia, que creo que
han oído todos los intervinientes.
La señora PRESIDENTA: Señor Burgos, un momento.
Yo quisiera recordarles a todas SS. SS. cuál es el trámite de estas
comparecencias y también que, evidentemente, desde la legitimidad que
tienen SS. SS., expresan libremente sus opiniones en esta Cámara, pero si
bien es un derecho la expresión de sus opiniones, también es, a lo mejor,
si no un deber, sí por lo menos una regla de la cortesía parlamentaria
escuchar las opiniones de otros, no siempre coincidentes y generalmente
contradictorias. Pero establecer un debate sobre las discrepancias o las
contradicciones nos llevaría a otro trámite que no es exactamente el de
esta Comisión. (El señor Burgos Gallego pide la palabra.)
Señor Burgos, si se trata de una alusión o aclaración concreta, de manera
extraordinaria, le daré un brevísimo turno de palabra, pero, por favor,
no reabra un debate de discrepancias.
El señor BURGOS GALLEGO: Es solamente para dejar claro que yo conozco
perfectamente el organigrama de este Ministerio; probablemente sea un
ejercicio banal, dada la rapidez con la que lo modifican. En todo caso,
lo que me parece que no conoce exactamente el Subsecretario
es ni el lugar donde se encuentra, que no es el Capitolio, ni es el
Parlamento gallego, donde existe una oposición socialista, que, por otra
parte, presenta las mismas iniciativas que nosotros presentamos aquí, tal
vez porque no tenga ideas nuevas que presentar. Lo que más me preocupa es
que el Subsecretario parece que no conoce cuáles son sus competencias. ¿O
está en condiciones de volvernos a repetir que dentro de sus competencias
no figura el cumplimiento de los reales decretos emitidos por su propio
Ministerio y que afectan al personal estatutario de la Seguridad Social
que trabaja en instituciones sanitarias? ¿No tiene el Subsecretario
ninguna responsabilidad sobre la normativa que emita o haya emitido en el
pasado el propio Ministerio? Esta sería una novedad muy interesante por
conocer por parte de nuestro Grupo Parlamentario.
La señora PRESIDENTA: ¿Desea responder, señor Subsecretario?
El señor SUBSECRETARIO DE SANIDAD Y CONSUMO (Temes Montes): Quiero
responder al señor Burgos que, obviamente, yo no he dicho eso. No creo
haberlo dicho. Si se pudiera entender que lo he dicho, he cometido un
error, pero creo que no lo he dicho. Lo que sí he dicho, insisto, es que
la responsabilidad de hablar de la existencia del Insalud es de la
Directora General del Insalud, que va a comparecer a continuación. No he
dicho que la responsabilidad normativa, sobre temas que competen al
personal estatutario del Insalud, no sea del Subsecretario. Creo que no
lo he dicho. Si lo he dicho, me he equivocado.
El señor BURGOS GALLEGO: Señora Presidenta, nosotros nos hemos referido
en todo momento...
La señora PRESIDENTA: Señor Burgos, no le he dado la palabra.
Ha finalizado el debate. (El señor Fernández-Miranda y Lozana pide la
palabra.)
Señor Fernández-Miranda, ¿para qué solicita la palabra?
El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Para hacer una petición a la
Presidencia de la Comisión.
La señora PRESIDENTA: Formúlela.
El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Quería pedirle a la Presidencia de
la Comisión algo a que se ha visto obligado este Grupo Parlamentario por
boca de su Portavoz señor Rato en diversas ocasiones...
La señora PRESIDENTA: Formule la petición sin prolegómenos, por favor,
señoría.
El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Señora Presidenta, me permitirá que
la formule como crea oportuno formularla. Si me niega la palabra, no la
formulo, pero, si me la da, la formularé como me parezca más apropiado.
Quiero recordarle que el señor Rato se ha visto obligado en varias
ocasiones a pedir el amparo de la Presidencia de la Cámara, que es lo que
yo quiero formular en este caso a la Presidencia de esta Comisión, para
que le recuerde al señor Subsecretario, como Subsecretario, y, por
cierto, como gallego también, la obligación de respeto institucional a
las comunidades autónomas que tienen plenas competencias, en este caso en
sanidad, que tienen su gobierno y tienen su Parlamento autonómico y, por
tanto, también su Grupo Parlamentario Socialista. La oposición al
Gobierno gallego debe realizarse en el Parlamento gallego. El Grupo
Parlamentario Popular ha tenido la delicadeza, el respeto institucional
de no mencionar, en ningún caso, como ejemplos al País Vasco, donde
gobierna el Partido Socialista en coalición, ni a Andalucía ni a la
Comunidad Valenciana, en donde gobierna en solitario, con plena
competencia, el Partido Socialista.
Quiero recordarle la obligación de respeto institucional que debe el
señor Subsecretario a las comunidades autónomas con transferencias.
La señora PRESIDENTA: Esta Presidencia recoge su solicitud y debe
manifestar que no ha percibido, y el «Diario de Sesiones» dará debida
cuenta de ello, ninguna falta de respeto por parte del señor
Subsecretario a ninguna de las comunidades autónomas.
Gracias, señor Subsecretario por su comparecencia.
--PREGUNTA SOBRE MEDIDAS PARA DESBLOQUEAR LOS OBSTACULOS QUE HAN IMPEDIDO
LA COMERCIALIZACION EN NUESTRO PAIS DE LA RU-486. FORMULADA POR LA SEÑORA
MAESTRO MARTIN (GIU-IC). (Número de expediente 181/000779.)
La señora PRESIDENTA: Tal como anunciábamos al principio y debido a que,
según una nota informativa del Ministerio de Sanidad, quien va a
responder a la pregunta formulada por el Grupo de Izquierda Unida es el
señor Subsecretario, interrumpimos este segundo punto para incorporar el
primero, que era la respuesta a la pregunta de la señora Maestro.
Pregunta sobre medidas para desbloquear los obstáculos que han impedido
la comercialización en nuestro país de la RU-486, formulada por la señora
Maestro Martín, del Grupo Izquierda Unida.
La señora MAESTRO MARTIN: Señor Temes, supongo que habrá tenido noticia
de que el tema de la comercialización de la RU-486 en nuestro país ha
sido objeto de iniciativas por parte de mi Grupo en la legislatura
pasada, entendiendo que, si bien se trata de un fármaco, como cualquier
otro, recaen sobre él condiciones que no solamente mi Grupo
parlamentario, sino la Organización Mundial de la Salud, la Conferencia
Internacional de Planificación Familiar y diferentes entidades
relacionadas con el tema de la planificación familiar, estiman que este
fármaco supone avances muy importantes en cuanto a la calidad de vida y
la salud pública de las mujeres.
Seguramente el señor Temes conoce, también como yo, las dificultades que
han impedido en nuestro país, hasta este momento, la comercialización de
esta píldora, fundamentalmente derivadas de presiones económicas y de
presiones de otro tipo realizadas desde los sectores más conservadores de
la sociedad y de la profesión sanitaria, para impedir que este
laboratorio, como es lógico en cualquier otro tipo de medicamento o de
empresa, se solicitara su comercialización en nuestro país.
Como sabe el señor Temes, la utilización para la interrupción voluntaria
del embarazo de la RU-486, asociada a prostaglandinas, tiene una eficacia
en estos momentos que se calcula entre el 96 y el 98 por ciento; que las
características técnicas de esta asociación de fármacos permite una
disminución muy importante de las complicaciones que se originan en el
legrado quirúrgico, que son hemorragias, infecciones, etcétera, y otras
no menos importantes, en el terreno que nos ocupa, como es una sensible
disminución de los costos.
Hay otras situaciones sobreañadidas en nuestro país. Como sabe el señor
Temes --ya lo decía antes en su comparecencia--, la realización de
interrupciones voluntarias del embarazo en la sanidad pública en estos
momentos puede calificarse como anecdótica y tendente a la desaparición
por el ejercicio masivo por parte de los profesionales sanitarios de su
derecho a la objeción de conciencia; derecho a la objeción de conciencia
que mi grupo, como todos los grupos de esta Cámara en respeto a la
Constitución, reconoce plenamente, pero también entiende que es
obligación de la administración sanitaria garantizar que el ejercicio de
este derecho sea compatible con el ejercicio del derecho de las mujeres a
realizar --y me estoy refiriendo dentro del marco estrictamente legal
vigente en este momento-- la interrupción voluntaria del embarazo.
Quiero recordarle la existencia de una resolución del Consejo de
Ministros de la Comunidad Económica Europea entonces, la resolución
75/29, sobre legislación referente a la fecundidad y a la planificación
familiar, en la que se contiene un párrafo relativo al aborto, en el que
se dice: Se recomienda reducir la necesidad de recurrir al aborto
utilizando métodos de planificación familiar eficaces y asegurarse de que
el aborto, en el caso de que esté autorizado por la ley, sea un servicio
médico accesible para todas las mujeres, sea cual sea su situación
económica o social. Evidentemente, esta situación de hecho en la sanidad
pública coloca en profundas desigualdades a aquellas mujeres para las
cuales el pago concreto del aborto en una clínica privada supone un
barrera económica insoportable. Por ello, la proposición no de ley que el
día 10 de marzo se debatió en la Comisión de Política Social y Empleo
tenía por objeto (conociendo esta situación, es decir, conociendo que
jamás el laboratorio Russell Ibérica va a solicitar de una manera
espontánea y voluntaria su inclusión en el registro para su
comercialización en España por motivos obvios, sabiendo que en todos los
países en los que se ha comercializado ha sido necesaria una iniciativa
por parte de la sanidad pública destinada a proteger esa
comercialización, insisto, restringida a los centros sanitarios, que la
misma fue solicitada por el Colegio de Obstetras y Ginecólogos en
Inglaterra y que permitió una actuación del Gobierno conservador inglés
para permitir su inclusión en el Registro de Medicamentos), tenía por
objeto, repito, solicitar actuaciones decididas por parte del Ministerio
de Sanidad, por parte de la Dirección General de Farmacia, destinadas a
remover los obstáculos y, de alguna manera, facilitar las garantías
suficientes que hiciesen que las mujeres españolas tuvieran acceso a un
medicamento que facilitaría enormemente el derecho a su autonomía, a la
libre decisión en cuanto a su maternidad.
Esa proposición incluía un segundo aspecto, que fue desestimado,
entiendo, por razones presupuestarias, pero que más allá del objetivo
económico en sí y que entendía mi Grupo Parlamentario que hubiera
permitido desbloquear esta situación, y es que en una primera fase
pudiera ser importado este medicamento como medicamento extranjero y, por
tanto, distribuido por el propio Ministerio de Sanidad en sus centros
sanitarios, como paso transitorio a una normalización de la situación.
Yo entiendo, señor Temes, que en este caso no estoy hablando
exclusivamente de la responsabilidad del Ministerio de Sanidad, sino del
Gobierno del PSOE. No es de recibo por parte de las mujeres españolas que
se estén recibiendo las presiones que se están recibiendo por parte de
las fuerzas más conservadoras, sanitarias y no sanitarias, de la
sociedad. Recuerdo que el Grupo Parlamentario Popular, que en esos
momentos se opone decididamente a una ley de plazos, también se opuso en
su momento a la Ley actualmente en vigor, y que ahora dicen apoyar, y que
también estuvieron en contra en su momento en cuanto a la legalización de
métodos de planificación familiar. Es decir, la historia corre en un
sentido que es necesario afrontar con valentía, sobre todo cuando están
en juego situaciones como las que estoy aludiendo, en las cuales la
disminución de los riesgos sanitarios y de los costes económicos que
ocasionaría la comercialización de la RU-486 sería algo que redundaría en
beneficio, en primer lugar, de las mujeres y, en su conjunto, de toda la
sociedad, teniendo en cuenta, además, que el fármaco asociado a la RU-486
y que disminuye sensiblemente las contraindicaciones por problemas
cardiovasculares de las prostaglandinas, el Cytotec, existe
comercializado en España, bien es verdad que con otras indicaciones.
Por tanto, ha transcurrido ya año y medio y quiero preguntar qué medidas,
qué actuaciones ha habido por parte del Ministerio de Sanidad para
avanzar en el objetivo deseado de la comercialización de la RU-486.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DE SANIDAD Y CONSUMO (Temes Montes): Gracias,
señora Presidenta.
Efectivamente, la RU-486 puede considerarse como un abortivo seguro y
eficaz cuando su uso es vigilado por profesionales, situándose el grado
de eficacia, como usted decía, entre el 94 y el 96 por ciento al
emplearse en las siete
primeras semanas de embarazo, seguido por una dosis intramuscular o
intravaginal de una prostaglandina, siendo el principal problema el
excesivo sangrado uterino. Por ello, supone una alternativa válida al
aborto quirúrgico, aunque ha de tenerse en cuenta que la técnica
quirúrgica es también altamente segura y eficaz en los países
desarrollados donde el aborto es legal.
La RU-486 está comercializada actualmente en Francia, en el Reino Unido,
en China y en Suecia con distintas restricciones y detallados protocolos
de uso.
Respecto a los dos países de la Unión Europea, en Francia su uso está
reservado a ciertos establecimientos hospitalarios públicos y privados
para interrupción voluntaria del embarazo, interrupción terapéutica del
embarazo e inducción del trabajo de parto en embarazos interrumpidos, en
tanto que en el Reino Unido se suministra a los hospitales del sistema
nacional de salud bajo permisos aprobados por la Ley del Aborto de 1967,
aplicándose a mujeres sanas por debajo de los 35 años, no fumadoras o
fumadoras moderadas.
En todos los países, los laboratorios Russel Ucla que la comercializan
plantean los siguientes requisitos para solicitar su registro a las
autoridades sanitarias: aborto legal, existencia de centros
especializados para la realización de abortos, distribución asegurada
bajo la responsabilidad del Ministerio de Sanidad, prostaglandinas
hemisintéticas autorizadas para su comercialización y aceptación de la
realización del aborto por parte del colectivo de profesionales médicos y
que no exista polémica social con respecto a este asunto. Esta última es
la principal dificultad, prácticamente la única que nos encontramos para
la comercialización en España de la RU-486.
Como SS. SS. conocen, para la comercialización de un medicamento es
necesario que el laboratorio fabricante del mismo solicite a la Dirección
General de Farmacia y Productos Sanitarios su autorización y registro, no
pudiéndose hacer de oficio, sino a requerimiento. En el caso que nos
ocupa, los laboratorios fabricantes son sumamente reticentes a llevar a
cabo esta solicitud cuando no existe un amplio consenso social y
profesional sobre el tema del aborto, por temor a represalias sobre otros
productos que comercializan, como ha sucedido en otros países.
En Estados Unidos, el simple anuncio de que organizaciones privadas
tenían previstos ensayos clínicos para probar el fármaco en esta
indicación, ha provocado por parte de grupos conservadores y religiosos
un boicot contra los productos elaborados por compañías accionistas de
laboratorios fabricantes de la RU-486.
En cuanto a las medidas adoptadas por el Ministerio de Sanidad y Consumo
en relación con su comercialización, en el año 1987 el Ministerio
autorizó la realización de un ensayo clínico en Madrid, Barcelona y
Valencia, cuyos resultados confirmaron lo ya conocido de su eficacia en
el 76 por ciento de los casos de interrupción de embarazo, utilizando el
producto aisladamente. Eso llevó a que en abril del año 1991 la Dirección
General de Farmacia solicitara formalmente al laboratorio fabricante que
promoviera en España un ensayo clínico con la RU-486 asociada a la
prostaglandina oral, con el fin de conocer el incremento de su eficacia y
como paso previo a la posibilidad de pedirles que solicitaran una
autorización de registro en España de este medicamento. Este ensayo
clínico no fue posible por la falta de colaboración de los laboratorios
fabricantes de las prostaglandinas, entre los que existe el mismo temor
al que ya se ha hecho referencia.
Con posterioridad a la aprobación de la proposición no de ley a la que se
refiere su señoría, se solicitó la reunión de un panel de expertos con la
finalidad de avanzar en el tema que nos ocupa y recientemente, el pasado
mes de mayo, se mantuvo una reunión formal en la sede del Ministerio con
el consejero delegado en España y con la directora médica de los
laboratorios fabricantes, en la que se les instó para que solicitaran la
comercialización de la píldora. En esta reunión, la representación de los
laboratorios se comprometió a comunicar a su central en París la petición
del Ministerio e intentar conseguir el visto bueno a la solicitud del
registro en España, para lo cual necesitaban una comunicación oficial por
escrito. Dicha comunicación a los laboratorios fabricantes se hizo
expresa pidiendo que solicitaran la autorización de registro de este
medicamento, sin que hasta la fecha se haya recibido tal solicitud.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTIN: Gracias, señor Subsecretario, por su respuesta,
pero, evidentemente, no ha sido suficiente.
Quería señalar que en unas recientes jornadas celebradas en Valencia
sobre la RU-486, una de las personas que dirigieron los ensayos clínicos,
a que usted ha hecho referencia, en la sanidad pública, si bien
identifica el obstáculo del laboratorio como esencial, también valora que
la Dirección General de Farmacia --palabras textuales en su
comunicación-- ha tenido una actitud absolutamente neutra y carente de
iniciativa al respecto. Es decir, si en dos países de la Unión Europea,
uno de ellos Inglaterra, hay una sociedad --no soy socióloga ni pretendo
hacer valoraciones-- cuyo clima social, desde el punto de vista de este
tipo de situaciones de autonomía de la mujer, de libertades, no parece
que sea mucho más avanzado que el nuestro; si en esos países ha sido
posible contar con la comercialización, sería necesario ver cuál es el
camino en España a recorrer para que eso sea una realidad.
Lo que entenderá, señor Temes, es que las mujeres españolas no pueden
conformarse con una respuesta como la que usted dice. No son de recibo
obstáculos administrativos o razones económicas a la hora de privar a las
mujeres españolas de un medicamento que objetivamente mejora su autonomía
como personas en relación con la maternidad y supone avances importantes
desde el punto de vista de su salud. Algo habrá que hacer. Yo insisto en
que una medida transitoria --es la única que se me ocurre--, eficaz,
pudiera ser tomar medidas del tipo ensayo-piloto. Yo tampoco me planteo
que haya una importación masiva de la RU-486 para su utilización
inmediata en España, pero la posibilidad de que el Ministerio de Sanidad
importe como medicamento extranjero una cantidad determinada de la
RU-486 y se pueda implantar no ya como ensayo clínico, que evidentemente
no es necesario para comprobar sus dificultades y sus ventajas, sino como
instrumento piloto a la hora de evaluar su actuación dentro de la sanidad
pública, podría ser un elemento de desbloqueo. Lo que no es de recibo es
que los caminos estén cerrados porque el laboratorio así lo diga.
Yo tengo que recordar, una vez más, las palabras del Ministro de Sanidad
francés, socialista. El laboratorio intentó retirar del Registro francés
la RU-486, una vez comercializada (cosa que supongo que estaría en su
derecho según la legislación francesa, y supongo que también la
española), y el Ministerio de Sanidad de Francia tomó una decisión de
tipo político, como fue la de considerar que la RU-486 era patrimonio
moral de las mujeres y no patrimonio económico del laboratorio que lo
comercializa en este momento.
Señor Temes, agradezco, en nombre de las mujeres españolas, si se me
permite, las gestiones realizadas por el Ministerio, pero, evidentemente,
no han conseguido el objetivo deseado. Es necesario continuar abriendo
caminos que desbloqueen una situación que a medida que pasa el tiempo
aparece como más anacrónica.
La señora PRESIDENTA: El señor Subsecretario tiene la palabra.
El señor SUBSECRETARIO DE SANIDAD Y CONSUMO (Temes Montes): Señora
Diputada, no puedo estar más de acuerdo con usted en la necesidad de
aumentar la libertad de las mujeres; lo pienso política y personalmente.
Me parece que el planteamiento que se ha hecho con la postura del
laboratorio es algo más que una traba administrativa, creo que es algo
real que está ahí. Le aseguro que el Ministerio seguirá haciendo los
esfuerzos necesarios para tratar de cumplir la proposición no de ley
aprobada en su día.
La señora PRESIDENTA: Señor Subsecretario, agradecemos su presencia en
esta Comisión.
--COMPARECENCIA DE LA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA
SALUD (INSALUD), MARTINEZ AGUAYO, PARA INFORMAR SOBRE EL PROGRAMA A
DESARROLLAR AL FRENTE DEL CITADO ORGANISMO. A SOLICITUD DEL G. P.
POPULAR. (Número de expediente 212/000857.)
La señora PRESIDENTA: Punto segundo del punto II del orden del día:
Comparecencia de la Directora General del Instituto Nacional de la Salud,
doña Carmen Martínez Aguayo, para informar sobre el programa a
desarrollar al frente del citado organismo.
Esta solicitud de comparecencia ha sido formulada por el Grupo Popular
del Congreso.
Desearía solicitar de SS. SS. brevedad en las exposiciones y que se
ajusten a los tiempos previstos en el Reglamento. El Gobierno no tiene
tiempo tasado, pero aprovechamos también para extender el ruego a la
señora Directora General del Insalud para que, si es tan amable, se
ajuste a la mayor brevedad que considere oportuna.
Tiene la palabra.
La señora DIRECTORA GENERAL DEL INSALUD (Martínez Aguayo): Señora
Presidenta, señorías, deseo expresarles mi satisfacción y agradecerles la
posibilidad de comparecer por primera vez ante esta Comisión para
presentarles las grandes líneas de actuación del Instituto Nacional de la
Salud para el próximo año, lo que hará necesario una reflexión sobre lo
que está ocurriendo en el devenir de este ejercicio.
Es éste mi primer contacto con ustedes desde mi reciente nombramiento
como Directora General del Insalud. El pasado día 20 de septiembre la
Ministra de Sanidad y Consumo explicaba en esta misma Comisión las
razones que habían hecho necesaria la reforma parcial del Ministerio y
que en el caso del Insalud supone dotarle de una mayor autonomía
funcional para contribuir al mejor logro de las grandes líneas de
actuación definidas por el Departamento. En definitiva, señorías, seguir
reforzando la delimitación entre las funciones que corresponden a la
autoridad sanitaria como garante del derecho a la protección de la salud
y las relativas a la prestación de servicios, medida ésta necesaria para
consolidar el Sistema Nacional de Salud y adoptada por muchos de los
países de nuestro entorno socioeconómico. Esa separación permite ir
afianzando los principios de solidaridad y equidad, aumentando la
eficacia y logrando así incrementar el grado de satisfacción de los
usuarios.
Como Directora General me sumo a un equipo consolidado y articulado en
torno a un programa de trabajo en el que se han recogido las actuaciones
necesarias para cubrir las demandas sanitarias de la población. Así, mi
nombramiento como responsable del mayor proveedor de servicios del
Sistema es un cambio de personas, que no de proyecto.
El objetivo permanente del Instituto es contribuir a la mejora de la
salud de todos los ciudadanos a través de la prestación de unos servicios
necesarios de calidad. Teniendo esto presente, se han planteado las
grandes líneas de actuación para el próximo período que presentó también
en su comparecencia ante esta Comisión la Ministra de Sanidad el pasado
día 20.
Estas son: la corrección de los desequilibrios territoriales, la
orientación de los servicios en relación a las necesidades de salud de la
población, el aumento de la calidad de estos servicios, la mejora de la
satisfacción de los usuarios, la potenciación y participación de los
profesionales en la gestión sanitaria. Desde el Instituto, estos cinco
objetivos se traducen en múltiples actuaciones que, obviamente, teniendo
como premisa la sensación de logro, constituyen las líneas de trabajo del
mismo, que les vengo a presentar.
Corregir los desequilibrios territoriales obliga a seguir avanzando en la
distribución equitativa del gasto en las diferentes comunidades que
integran el territorio del Insalud. Esta distribución más equitativa se
observa en la asignación
del gasto corriente del presupuesto para 1995, confirmando así la
tendencia de los últimos años, que ha conseguido reducir las diferencias
intercomunitarias. Las inversiones para 1995 se seguirán orientando hacia
este objetivo. Esta labor de planificación queda demostrada si observamos
lo ocurrido en el primer semestre del año.
La finalización de las obras de veintinueve nuevos centros de salud; la
recepción de las obras del Hospital de Alcázar de San Juan, en Ciudad
Real; del Hospital de Torrelavega, en Cantabria; del Hospital de
Ponferrada, en León; del Hospital Morales Mesegué, en Murcia; las
veintidós reformas integrales que se están realizando en otros tantos
hospitales y la próxima apertura de tres centros de especialidades en
Cuenta, Calahorra y Zaragoza, conseguirán ir equilibrando la distribución
de los recursos sanitarios en base a las necesidades reales de la
población.
Orientar los servicios en relación a las necesidades no sólo quiere
decir, señorías, adecuar la actividad del Insalud a las nuevas demandas,
sino también lograr una mayor eficiencia en la prestación de servicios.
Avanzar en esta línea supone incrementar la cantidad y calidad de nuestra
cartera de servicios, tanto en atención primaria y especializada como en
aquellas actuaciones en las que la atención integral requiere un vínculo
especial entre los dos niveles de atención y, en algunos casos concretos,
entre sectores. Así, pues, para 1995 seguiremos considerando prioritario
extender los protocolos de actuación frente a patologías tan importantes
como el sida, la diabetes, la hepatitis, por ejemplo; fundamentalmente es
la línea de colaboración con el Plan Nacional de Drogas y el desarrollo
de servicios dirigidos a los enfermos terminales.
Dentro de este capítulo hemos considerado necesario, para 1995,
reorganizar la atención ambulatoria. Profundizar en ese tipo de atención,
que supone una auténtica alternativa a la hospitalización, se presenta
como una meta beneficiosa para el usuario y para el propio sistema, toda
vez que permitirá una utilización más correcta de los recursos
hospitalarios. El objetivo de mejora de los servicios ambulatorios
llevará implícito la definición de la cartera de servicios de los mismos,
el establecimiento de circuitos de coordinación con atención primaria,
servicios centrales y hospitalización, además del diseño de un sistema de
información adecuado.
Comentario especial merecen los avances producidos en la coordinación con
servicios sociales. El desarrollo de un sistema de prestación de
servicios socio-sanitarios coordinado constituye, hoy en día, un objetivo
primordial. La importancia de la colaboración, corresponsabilidad y
coordinación entre servicios sanitarios y sociales se manifiesta
actualmente de manera decisiva para ofrecer respuestas integradas tan
necesarias para la eficacia y optimización de los recursos existentes
para los mayores, así como para la calidad de los servicios que se
ofertan a estas personas. Como SS. SS. ya conocen, el 14 de diciembre de
1993 se firmó el acuerdo-marco entre los ministerios de Asuntos Sociales
y de Sanidad en esta materia, junto con un convenio de coordinación que
lo desarrolla. A consecuencia de ello se pusieron en funcionamiento
experiencias piloto y el Insalud asumió como objetivos propios, para
1994, la creación de equipos de valoración y cuidados geriátricos en los
hospitales de agudo, la creación de comisiones socio-sanitarias en las
áreas elegidas para las experiencias piloto y la elaboración de
protocolos conjuntos de actuación en relación a las personas mayores.
Estas experiencias son consideradas muy satisfactorias por lo que se ha
previsto su ampliación durante el ejercicio de 1995. Los objetivos
planteados para el próximo año referidos al incremento de la actividad, y
que quedarán plasmados en los diferentes contratos programas con las
gerencias de los centros, se han realizado a la vista de la satisfactoria
evolución del primer semestre de este ejercicio, que muy someramente les
presentó.
En atención primaria, a junio de este año, el 81 por ciento de la
población ya disponía de tarjeta sanitaria individual. Por lo tanto, el
90 por ciento propuesto como objetivo del año se configura como una meta
perfectamente alcanzable. Durante este semestre se han producido 750.000
consultas más que en el mismo período del año anterior en atención
primaria, y ello no es obstáculo para que se siga mejorando el tiempo
medio de dedicación por consulta a cada paciente, tanto en medicina
general como en pediatría.
La actividad en atención especializada se ha visto globalmente
incrementada. Es necesario aclarar que los datos que les ofrezco excluyen
desde enero a los centros de la Comunidad Autónoma canaria, por lo que la
comparación y el consiguiente aumento entre los dos períodos es más
reseñable. En nuestros hospitales han ingresado 9.000 pacientes más, se
han realizado 68.000 consultas más y se han atendido 72.500 urgencias
más, durante el primer semestre, comparándolo con el mismo período del
ejercicio anterior. Todo ello se ha realizado con unos índices de
eficacia más que notables, entendiendo por ello el que los pacientes
estén menos tiempo ingresados y que, por tanto, puedan ingresar más. Esta
afirmación se corrobora si observamos que la estancia media ha pasado de
9,03 a 8,77 días y que el índice de rotación-cama ha aumentado de 2,74 a
2,81. En referencia a los recursos tecnológicos, por poner un ejemplo,
frente a las 5.960 ecografías realizadas un día cualquiera del primer
semestre de 1993, en 1994 se realizan 6.133. De 71 resonancias magnéticas
nucleares-día se ha pasado a 91, y de casi 900 mamografías a casi 960.
La situación en relación a la actividad quirúrgica es igualmente
satisfactoria. El incremento en intervenciones con hospitalización es del
1,6 por ciento, sean programadas o urgentes, observándose también un
aumento de la actividad quirúrgica o ambulatoria de aproximadamente un 4
por ciento. Se preguntarán ustedes en qué se traducen todos estos
porcentajes. Bien, señorías, en que se han realizado 15.000
intervenciones más que en el mismo período del año anterior. No obstante
estos logros, para el año 95 sigue siendo muy importante incrementar la
productividad y la eficiencia, es decir, mejorar nuestro número de
ingresos, seguir disminuyendo la estancia media y aumentar el rendimiento
de los equipos diagnósticos y terapéuticos.
Durante los años 93 y 94 se ha realizado un avance espectacular en
mejoras de gestión, a través del desarrollo e
implantación de mejores sistemas de información y el establecimiento de
procedimientos para la medición del producto sanitario fundamentalmente,
proyectos tales como el conjunto mínimo básico de datos, que comentaba el
Subsecretario hace breves momentos, el proyecto de desarrollo de la
contabilidad analítica en hospitales o de imputación de costes en
atención primaria o la misma tarjeta sanitaria individual se encuentran
ya claramente consolidados y son un ejemplo claro de ello. Gracias a
esto, la gestión, como gran objetivo en sí mismo, puede dar paso durante
el año 95 a otros proyectos centrados en mejoras fundamentalmente
organizativas. No se trata, en absoluto, de bajar la guardia. La gestión
sigue siendo nuestro quehacer cotidiano y en este sentido nuestro
esfuerzo por mejorarla no se acabará nunca, pero sí se define claramente
como un elemento instrumental al servicio de los grandes objetivos de la
institución.
Orientar los servicios a las necesidades de salud quiere decir también
establecer actuaciones para disminuir la lista de espera. Hablar de lista
de espera, de sus efectos y de su posible reducción, no se resume en unas
cifras ni se puede medir con operaciones matemáticas simples. Cuando
hablamos de tiempos de espera hablamos de problemas de personas, de
situaciones diferentes y, por tanto, de una realidad que conviene
analizar con detenimiento para priorizar las medidas que traten de
atajarlos. Sé que éste es un tema que nos preocupa a todos, aunque
evidentemente por distintas razones. Sé también que el suprimir los
tiempos de espera es tremendamente difícil; de hecho, no se ha logrado en
ningún sistema sanitario. Pero sé también, y de ello soy responsable, que
hay que mantenerla en unos márgenes razonables, según el tipo de proceso
y que hay que hacerlo por dos razones fundamentales. La primera, para
evitar el problema humano, la incomodidad, la angustia, la inseguridad
que un proceso no resuelto pueda generar en el que lo padece, y la
segunda, para evitar que los tiempos de espera sean un elemento de
descapitalización profesional y de desprestigio institucional que
distorsione el esfuerzo que desde todos los niveles nuestros
profesionales realizan diariamente para mejorar nuestros servicios.
Para el próximo año se ha previsto avanzar en la definición de los
tiempos de espera máximos para cada uno de los procesos más frecuentes.
Además, se van a elaborar estándares de demanda quirúrgica para cada uno
de nuestros hospitales. Vamos a seguir concertando procesos para
disminuir los tiempos de espera en aquellas áreas con recursos
insuficientes y, evidentemente, vamos a seguir incrementando el
rendimiento quirúrgico. Simultáneamente se potenciará la cirugía sin
ingreso, la cirugía ambulatoria, logrando, por una parte, ocasionar menos
trastornos al usuario y, por otra, una mayor utilización de las camas
hospitalarias para aquellos procesos quirúrgicos en los que esté
realmente justificado el ingreso. La aplicación de algunas de estas
medidas en el año 94 permitió que a junio de este año se hubiera
producido una disminución de alrededor del 18 por ciento de los pacientes
en lista de espera de más de seis meses frente a diciembre del 93.
Mejorar la calidad de los servicios se configura como otro gran objetivo
para el 95. Nos hemos planteado una serie de actuaciones que pretenden
seguir incrementando la fiabilidad de los procesos clínicos y sus
registros; ampliar la protocolización, implantar paulatinamente
actividades de garantía de calidad y seguir mejorando los sistemas de
información. Dentro del apartado de calidad y en íntima relación con la
accesibilidad de los servicios al ciudadano se sitúa el consentimiento
informado. La extensión para 1995 de este objetivo permitirá, por un
lado, incrementar la calidad de los procesos y, por otro, que el usuario
tenga una mayor participación y conocimiento de aquellas actuaciones
clínicas que le afecten. Con esta medida se amplía también el
cumplimiento del artículo 10 de la Ley General de Sanidad que recoge los
derechos de los pacientes y abunda en la relación de corresponsabilidad
que se debe establecer entre médico y usuario.
Merece la pena también destacar el esfuerzo realizado en relación con el
programa de uso racional del medicamento, lo que entendemos
coloquialmente por farmacia. La terapia farmacológica, la prescripción,
como saben SS. SS., presenta muy distintas connotaciones si la referimos
a atención primaria o especializada, existiendo una clara diferencia en
la manera de entender la relación entre médico prescriptor y usuario
cuando nos referimos a uno u otro nivel asistencial. Ningún paciente
ingresado en un hospital solicita tal o cual medicamento y,
consecuentemente, en raras ocasiones los especialistas se ven en la
necesidad de convencer de la oportunidad o no de recetar un fármaco. Esta
relación en la prestación farmacéutica médico-paciente es, sin embargo,
relativamente frecuente en atención primaria, hasta el punto de que
incluso se llegaba a considerar como mejor profesional a aquel que
recetaba más y, además, más caro. Los resultados obtenidos en farmacia
ponen de manifiesto el gran esfuerzo realizado por los profesionales,
fundamentalmente de atención primaria, para modificar un hábito
sólidamente enraizado en nuestra sociedad que asocia salud y fármacos y
lograr una prescripción farmacológica más racional y acorde con los
criterios científicos. La evidencia que se nos presenta al evaluar la
evolución de los perfiles de la prescripción es clara en este sentido.
Indudablemente, ello ofrece también otro resultado a tener en cuenta en
el balance económico. La previsión de evaluación de gasto, a final de
este año, es de un 4,15 por ciento en relación con el gasto real de 1993,
frente al 9,45 que supuso el año 1992 sobre el 1993. Si a esto se añade
la disminución del número de recetas, la contención del coste medio de
las mismas, la implantación entre los equipos de los boletines
informativos farmacoterapéuticos, podemos afirmar que el avance realizado
hasta el momento es francamente satisfactorio.
La línea de actuación a la que me voy a referir ahora es la mejora de la
satisfacción de los usuarios, que adquiere una especial relevancia para
el próximo ejercicio, ya que las demás tienen su razón de ser en tanto en
cuanto sirvan para mejorarla. Paulatinamente, a lo largo de estos años,
ha ido aumentando el nivel de exigencia de los ciudadanos,
incrementándose también el interés de los mismos por conocer y participar
en aquellas decisiones que afectan a su propia salud. Las estrategias de
orientación de los servicios al usuario, a través de las unidades de
atención e
información, y los procesos de mejora, tras recogida de datos, sobre la
calidad percibida en la atención prestada han tenido un importante
impacto en el desarrollo de los aspectos hoteleros de nuestras
instituciones, pero se han mostrado menos eficaces en el aspecto de
comunicación, agilidad de flujos entre los diferentes niveles y servicios
del sistema y en la adaptación de los servicios a las exigencias de los
ciudadanos en cuanto a accesibilidad horaria, nuevos servicios de
gestoría y algunos otros que entendemos como burocracia. Ello ha
conllevado una deslegitimación social del sistema injusta con el esfuerzo
desarrollado por los profesionales, que no se ven suficientemente
recompensados con la valoración muy positiva que de su hacer técnico
reflejan las encuestas de opinión. Coincidimos todos en la necesidad de
abordar las causas de los problemas señalados a través de incrementar la
capacidad de elección de los ciudadanos sobre la oferta de servicios del
sistema. Será necesario implantar nuevas estrategias de orientación
acordes con las características actuales de nuestra sociedad.
Puede resumirse y afirmarse que la libre elección de médico en atención
primaria, regulada por el Real Decreto 1575 del año 1993, está
permitiendo aumentar la accesibilidad de los usuarios a los servicios
sanitarios y ofrecer un listado amplio de facultativos en el área
sanitaria sobre los que ejercitar la opción, lo que evidentemente
satisface las expectativas manifestadas por los ciudadanos sobre la
intención de cambiar de médico. Todo ello, además, sin hipotecar aspectos
nucleares del servicio, como son la atención global que se presta en los
centros de salud y la atención domiciliaria que realiza el médico de cada
usuario. Evidentemente, la necesidad de compatibilizar la organización
actual de los servicios con el ejercicio al derecho de elección impone
alguna condición que, en la práctica, ha supuesto el rechazo de un dos
por ciento de las solicitudes de cambio de médico. Desde octubre de 1993
hasta junio de 1994, 534.205 personas han elegido médico; 135.209 de
estos cambios se debieron al traslado de residencia del usuario y los
398.996 restantes suponen, de mantenerse estable esta tendencia, que
aproximadamente un 3,7 por ciento de los usuarios haya cambiado de médico
en un año. No olvidemos que todas las encuestas existentes sobre
expectativas de los ciudadanos, anteriores a la puesta en marcha del
decreto de libre elección, muestran cifras cercanas al cuatro por ciento
para representar a los usuarios que manifestaban su deseo de cambiar de
médico.
Por todo ello, en estos momentos nos planteamos ampliar la capacidad de
elección extendiéndola a los especialistas, de forma que esa relación de
confianza y comunicación tan necesaria en el quehacer sanitario se
extienda también al nivel asistencial de atención especializada. De nuevo
nos encontramos ante un proceso que requiere cautela y meticulosidad en
su desarrollo. A lo largo del último trimestre de este año está previsto
realizar una experiencia piloto de la forma de organización y desarrollo
de este derecho, en seis áreas, de forma que permita detectar y mejorar
aspectos operativos con anterioridad a su implantación generalizada en el
año 1995. Esta libertad de elección afectará a las consultas externas de
las especialidades a las que tienen acceso directo los médicos de
atención primaria, ya que son las demandadas por el ciudadano al ser,
lógicamente, las de mayor frecuentación. Y naturalmente deberán
establecerse los criterios para prestar esta asistencia y compatibilizar
este margen de libertad, preservando siempre la calidad del servicio a
prestar.
Mejorar la accesibilidad horaria en las consultas de los centros
sanitarios y de los servicios de diagnóstico es otro objetivo, habida
cuenta del resultado obtenido en el primer semestre de este año. Se había
previsto que una tercera parte de la oferta de consultas se desarrollara
en horarios más amplios, mejorando así la accesibilidad de aquellos
colectivos que encuentran ahora dificultades para acceder a los servicios
en el horario actual de funcionamiento. Podemos considerar prácticamente
alcanzada la meta pactada para 1994, puesto que a junio de este año se
había logrado ya el 27 por ciento.
La participación de los profesionales en la gestión de la asistencia
resulta absolutamente necesaria en una organización de tipo profesional
como la nuestra. Existe, además, evidencia suficiente para afirmar que el
sentido de orgullo, de pertenencia y, por tanto, de identidad corporativa
de nuestros profesionales ha ido disminuyendo progresivamente. Nuestro
modelo organizativo actual presenta importantes problemas que comprometen
las propuestas de mejora: ausencia de una adecuada relación entre la
cantidad y la calidad del trabajo y el puesto desempeñado, escaso
protagonismo de los profesionales en la toma de decisiones organizativas
relacionadas con los procesos asistenciales, etcétera. Somos de la
opinión de que la mejora de estos y de otros aspectos, identificados como
críticos, pasa por la puesta en marcha de un proceso de descentralización
de la gestión que permita llegar a una participación efectiva de los
profesionales, fundamentalmente médicos, en la gestión de los recursos.
Se trata de un proceso complejo, y en consecuencia lento, que requiere de
una implantación progresiva en función de los resultados de su
evaluación, que ha de ser permanente. En atención primaria este proceso
ya se ha iniciado en 1994 y su evaluación en el primer semestre del año
indica que el 49 por ciento de las gerencias de atención primaria ha
acreditado cumplir los criterios que permiten desarrollar una gestión
descentralizada en sus equipos de atención primaria, lo cual supone que,
en este momento, 445 equipos han adquirido compromisos de
corresponsabilización en la gestión de los recursos que se les han
asignado para alcanzar una oferta de servicios a su población pactada
tanto en aspectos cualitativos como cuantitativos.
No quisiera acabar, aun a riesgo de resultar reiterativa pues ya se ha
hecho alguna referencia antes a este hecho, sin hacer una reflexión sobre
dos cuestiones a las que se ha dado gran importancia, en las que venimos
trabajando y cuyos resultados nos sitúan hoy, precisamente en estas
experiencias, en el punto de partida. Señorías, en estos últimos años se
viene trabajando por el contrato-programa, que constituye el instrumento
primordial de una nueva cultura de gestión. Recoge la manifestación
temporal, a lo largo del ejercicio, del compromiso presupuestario entre
el financiador, Ministerio de Sanidad y Consumo, y el
principal proveedor de servicios. Establece, como saben, unas cláusulas
pactadas por ambas partes en las que se fijan objetivos de actividad
global y coste por centros de gestión, es decir, lo que podríamos llamar
las grandes cifras. A partir de aquí, el Insalud hace suyos los objetivos
y los diversifica en actuaciones que pacta, a su vez, con cada gerencia
de atención primaria y especializada, en una negociación detallada que se
reflejará en el establecimiento de un presupuesto prospectivo por centro
basado en la actividad. El proceso acaba cuando cada gerencia acuerda con
las unidades asistenciales, verdaderos protagonistas de esta nueva forma
de hacer gestión, de este proceso de ida y vuelta, la actividad anual de
cada servicio. Este instrumento nos ha permitido mejorar y perfeccionar
otras herramientas de gestión. Se ha avanzado progresivamente en
simplificar y unificar los sistemas de información que han permitido un
conocimiento permanente de la actividad. Se ha trabajado en sistemas de
implantación de medición del producto en su doble vertiente
actividad-coste, como ya les he comentado anteriormente. En definitiva,
hemos mejorado el procedimiento de gestión. Como consecuencia de ello
hemos ido logrando un progresivo ajuste económico entre la actividad y el
gasto, lo que unido a factores económicos extrainstitucionales nos ha
llevado a una situación de suficiencia financiera.
Así pues, y a modo de resumen, nuestros esfuerzos durante el próximo
período van a orientarse fundamentalmente en dos líneas de actuación. De
una parte, mejorar la satisfacción de nuestros ciudadanos por nuestro
sistema sanitario, ampliando su capacidad de elección y reorientando
nuestros servicios hacia sus legítimas exigencias y necesidades actuales.
De otra, incrementar la legitimidad social y corporativa de nuestros
profesionales, diseñando mecanismos de participación real y de
corresponsabilidad en la gestión de los recursos necesarios para el
correcto ejercicio profesional.
Espero que mi intervención haya sido lo suficiente amplia para que SS.
SS. conozcan cuál va a ser el marco de actuación del Insalud para el
próximo año. No obstante, en el turno de palabra que se abre en este
momento gustosamente trataré de aclarar todas las dudas que durante mi
intervención haya podido suscitar.
La señora PRESIDENTA: Además del Grupo solicitante y autor de esta
iniciativa, el Grupo Parlamentario Popular, ¿otros grupos desean
manifestar su posición? (Pausa.)
En primer lugar, en nombre del Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Villalón. Le ruego que se atenga a los tiempos.
El señor VILLALON RICO: Intentaré ser breve, aunque lógicamente tendré
que hacer alusión a algunas de las cuestiones que ha planteado la
Directora General. Intentaré ser breve a pesar de todo, por la hora y
porque todos estamos muy cansados después de una sesión tan intensa como
la que llevamos a lo largo de esta tarde.
Señora Directora General del Insalud, en primer lugar quiero darle la
bienvenida a esta Comisión, no a la Cámara, ya que parece ser que hace
unos días estuvo en la Comisión de Presupuestos. Sea usted bienvenida a
la Comisión de Sanidad donde, desde la oposición y con lo que
consideramos una crítica constructiva al poner de manifiesto las cosas
que no nos gustan, tendrá nuestro apoyo para mejorar la salud de los
ciudadanos, que es una de las cosas que usted ha dicho y que valoramos
positivamente, aunque en realidad lo que vemos es que al final todo es
teoría y la práctica no es tan buena como se desea en el Ministerio de
Sanidad y en la Dirección General del Insalud a lo largo de estos últimos
años.
Señora Directora General, nosotros solicitamos la comparecencia de la
Ministra a principios de este período de sesiones y coincidimos con la
solicitud del Gobierno que quería que la Ministra compareciera en esta
Comisión para dar cuenta del proyecto sanitario, en principio, a lo largo
de este año, pero, por lo que han dicho ustedes, más que a lo largo de
este año que se ha iniciado en el período de sesiones parece que es a lo
largo de la legislatura. Como digo, nosotros hemos solicitado ahora su
comparecencia, pero habría que discernir por qué solicitamos la
comparecencia de la Ministra y por qué solicitamos la comparecencia de la
Directora General, ya que algunas veces podrían remitirse las dos
personas a las mismas cuestiones. En principio --y antes ha sido aludido
por mi compañero de Grupo en referencia al Subsecretario-- era para que
nos hablara de la remodelación o reestructuración del Ministerio. Ni la
Ministra, en su momento, ni el señor Subsecretario han dado contestación
clara sobre la remodelación. Pero yo no lo voy a preguntar, simplemente
estoy haciendo la introducción de mi intervención en este tema.
Cuando nosotros hablamos de remodelación lógicamente no nos estamos
refiriendo a las personas, que es competencia y responsabilidad o
cuestión de confianza que pueda tener la Ministra; nos estamos refiriendo
a por qué han desaparecido dos secretarías generales, a por qué en la
Dirección General del Insalud, a partir de usted, todo son subsecretarías
cuando antes había...
La señora PRESIDENTA: Un momento, por favor, señor Villalón.
El texto de la comparecencia dice: Para informar sobre el programa a
desarrollar al frente del Insalud.
El señor VILLALON RICO: Señora Presidenta, me voy a ceñir al tema.
Lo que he dicho era una introducción. El planteamiento que nosotros
hacíamos para que la Directora General interviniera hoy aquí era que nos
concretara, que hablara desde la especialización o más en profundidad de
los temas de la Dirección General del Insalud. Muchos datos que ha dado
la Directora General son repetición de los que dio en su momento la
Ministra. Podríamos decir que no puede ser de otra forma, lógicamente,
pero tengo que remitirme a lo que decía antes: vamos a ir más a lo
concreto y a alejarnos un poco de lo que podría ser la teoría.
He tomado algunas notas sobre su intervención y luego entraré a fondo en
algunas de ellas. He hecho una valoración de su intervención y he visto
elementos positivos en
sus palabras. Dice usted que tiene como objetivo mejorar la salud de los
ciudadanos. ¡Por supuesto! Es el objetivo de todos, pero vamos a ver con
qué instrumentos intentan alcanzar ese objetivo.
Habla usted de la reorganización de la atención ambulatoria y de que
aumenta la cantidad y la calidad de los servicios. Quiero hacer un
paréntesis para decir que parece que ustedes cambian con respecto a lo
que han hecho en años anteriores. Cuando usted habla de atención
ambulatoria entendemos que se está refiriendo fundamentalmente a la
atención especializada, cuestión que ya estaba al llegar ustedes al
Gobierno y cuestión de la que nosotros hablamos al establecer los tres
escalones de asistencia sanitaria: atención primaria, atención
especializada desde el punto de vista de consulta o ambulatoria y
atención hospitalaria. Es conocido por todos que ustedes hicieron
desaparecer lo que podríamos denominar el segundo escalón. Y yo me
pregunto: ¿Ahora vuelven ustedes a ese segundo escalón que quitaron y que
nosotros, lógicamente, estamos pidiendo desde hace tiempo?
Habla usted del convenio con el Ministerio de Asuntos Sociales. Le tengo
que decir que sí hay ese convenio firmado pero en muchas provincias no se
está llevando a cabo.
Otro aspecto es la satisfacción de los usuarios según las diferentes
encuestas. Yo le tengo que decir que la satisfacción de los ciudadanos,
en general, depende de cómo se haga la encuesta. Si usted hace la
encuesta en cualquier hospital de la red Insalud, la satisfacción va a
ser buena. ¿Por qué? Porque los profesionales sanitarios (médicos, ATS,
auxiliares) son buenos profesionales, a pesar de que en cierto momento
ustedes establecieron una guerra contra algunos profesionales,
fundamentalmente contra los médicos. Si usted hace esa encuesta fuera de
un centro sanitario, resulta que ya no es tan satisfactoria como usted
indica y lógicamente es porque hay grandes listas de espera.
Por otro lado están los aspectos negativos que puedo considerar en su
intervención. Dice que las consultas han aumentado en número. Claro,
aunque se haya aumentado el número, aunque se vea a más pacientes, ¿en
qué condiciones han aumentado esas consultas? ¿Ha aumentado también el
tiempo que se dedica a los enfermos? ¿Han mejorado las condiciones en que
se ve a los enfermos? Me estoy refiriendo tanto desde el punto de vista
del enfermo como del médico. Me imagino que usted sabrá que ahora resulta
que los médicos de atención primaria en los centros de salud atienden a
los enfermos sin auxiliar ni enfermera. El médico es el único que está,
cuando siempre se ha considerado una labor de equipo, que el médico esté
acompañado por una enfermera en la consulta, y ahora, en general, en los
centros de atención primaria y en los centros de salud falta la
enfermera; también en algunas consultas de especialidad.
Ha hablado usted del contrato programa. Bienvenido sea el contrato
programa a la hora de que se establezcan unos objetivos, y dicen ustedes
que con estos mecanismos, con estas herramientas, van a intentar alcanzar
el contrato programa. Tengo aquí el contrato programa que parece ser que
ustedes firmaron con diferentes centros para el año 1994. Tengo apuntados
los datos de hasta dónde consideran ustedes que van a alcanzar esos
objetivos. Usted ha dado a entender algo. Ha hablado de la tarjeta
individual sanitaria, parece ser que en torno al 81 por ciento. Pero
también me gustaría preguntar: ¿Qué objetivos alcanzaron ustedes en el
año 1993, que son los datos que nosotros tenemos de referencia? La
Dirección General del Insalud ha hecho unas declaraciones a la prensa y
dice que el Insalud cumplió el 68 por ciento de los objetivos pactados el
año pasado, refiriéndose al año 1993. Pero curiosamente luego vemos otros
datos que nosotros tenemos aquí, remitidos por la Subsecretaría del
Ministerio --esto está firmado el 2 de junio de 1993-- que se refieren a
lo que podrían ser objetivos o conquistas a alcanzar en atención
primaria. Los datos de los que disponemos hablan del 68 por ciento, más o
menos, con respecto a la asistencia, porque luego también hay que hablar
de los presupuestos, aunque yo creo que hoy es mejor dejarlo aparte
porque ya hemos tenido estos días unos debates referidos a los
presupuestos de 1994 y vamos a debatir los presupuestos de 1995.
Este Diputado hizo varias preguntas al Gobierno sobre los contratos
programas y los objetivos alcanzados en el año 1993. Los datos que tengo
se refieren a la provincia de Teruel, es un ejemplo, aunque hicimos
preguntas sobre todas las provincias del territorio Insalud, y ustedes
nos contestan: porcentajes de realización del centro de atención
primaria, 101 por ciento, y con respecto a la especialización, 97 y 106
por ciento. Es decir, que esto no se atiene ni a las declaraciones
públicas que han hecho ustedes ni a los datos que nosotros tenemos
respecto a lo conseguido realmente a través de los contratos programas en
la atención primaria.
En la atención especializada podríamos llegar a las mismas conclusiones.
Ustedes marcan unos objetivos en esos contratos y vemos que cuando hay
una investigación minuciosa de lo que podría ser la gestión
fundamentalmente del equipo directivo, se pone de manifiesto que las
compras directas se hacen por el sistema habitual en la adquisición de
bienes para el hospital. Por tanto, la gestión no es buena a la hora de
enjuiciar la labor de los equipos directivos de los hospitales del
territorio Insalud. Y así podría enumerar diversas cuestiones más.
A continuación voy a tratar dos cuestiones: la atención primaria y la
atención especializada. La atención primaria parece ser que fue el
protagonista de la gran reforma sanitaria socialista. Ustedes no
contestan claramente y nos vienen dando largas. Sin entrar en si nosotros
consideramos que está bien o mal, les preguntamos: ¿cumplen ustedes sus
programas? En relación con el territorio Insalud --que es lo que hoy aquí
nos interesa--, ¿cumplen ustedes a la hora de tener todos los centros de
salud según estaba especificado en los objetivos a alcanzar, por ejemplo,
en el año 1994? Están muy lejos. Están a una distancia del 70 por ciento
en cuanto a la construcción de centros de salud.
¿Cumplen ustedes con la atención de los pacientes en los centros de
salud? También en ese aspecto están muy lejos de ello. La cantidad de
tiempo dedicada a los enfermos es muy pequeña para que pueda ser una
buena atención primaria. La atención primaria no sólo debe ser el
vehículo
de entrada en el sistema, sino que tiene que ser la vía de curación y
tratamiento para no tener que acudir a otros escalones superiores. Con la
atención primaria se mejoraría la salud de los enfermos, se disminuiría
el gasto, en definitiva, se resolverían distintas cuestiones sanitarias
que ustedes no han alcanzado con su proyecto. Porque ustedes no están
intentando ejecutar --después de 11 años-- el proyecto de otros.
Atención especializada. Me da la sensación de que con su presencia
tenemos delante a la autora de la idea. Después del verano, después de
que usted ha sido nombrada Directora General del Insalud y teniendo en
cuenta su cargo anterior en la Subdirección General de Atención
Especializada, la Ministra vino aquí y nos lanzó el titular, como una
bomba --y usted lo ha vuelto a corroborar ahora--, que llegó a motivar
una de las intervenciones del Presidente del Gobierno en televisión,
cuando dijo que a partir del año 1995 todo el mundo podía elegir
especialista.
Saben ustedes que incluso desde otro grupo se critica que el Partido
Popular propone la libertad de elección del médico de cabecera, propone
la libertad de elección del especialista y propone la libertad de
elección del centro asistencial. Esto no nos parece mal. Pero lo que sí
nos parece mal es que eso sea un globo sonda, que sea una nube, que sea
para salir en un titular de periódico, etcétera. Ante esta Comisión hago
yo una apuesta de que estas cuestiones no las van a llevar a cabo. ¿Por
qué digo esto? Porque no han llevado a cabo la libre elección del médico
general, de atención primaria, como se puso de manifiesto en el debate
que hubo ayer en la sesión de control del Gobierno en una pregunta
formulada por una compañera del Grupo Popular, donde la Ministra contestó
con una respuesta que no es de recibo. No se puede decir que hay libertad
de elección del médico de cabecera o del médico de asistencia primaria
cuando uno está encorsetado en algunos aspectos de esa libertad de
elección, con interrogante. Tengo que matizar que cuando hago referencia
al médico de atención primaria me estoy refiriendo al pediatra.
Libre elección de especialista. La señora Ministra ya dijo anteriormente
que el siguiente paso iba a ser la libre elección del ginecólogo, pero en
estos momentos no existe esa libre elección del ginecólogo. Por tanto,
¿cómo puede usted pensar que nosotros nos vamos a creer que están en
disposición de llevar a cabo la libre elección de especialista? Yo le
pregunto: ¿En qué condiciones van ustedes a realizar esto? ¿Con qué
recursos humanos cuentan ustedes? ¿Hasta dónde se va a encorsetar esa
libertad de elección de especialista? Estos serían algunos de los temas
sobre los que nos gustaría recibir una respuesta.
Atención especializada. Sobre esta cuestión hemos formulado dos preguntas
al Gobierno y no nos ha contestado o lo ha hecho a medias. Me refiero a
los temas de las auditorías de los hospitales y de las plantillas. Desde
la Dirección General del Insalud se habla de ejecución del presupuesto,
pero en realidad no saben ustedes cómo han ejecutado el presupuesto o si
tiene desviación para el año que viene o la ha tenido estos años. El 60
por ciento del presupuesto del Insalud es capítulo 1, personal. En estos
momentos ustedes no saben el personal que tienen en los hospitales, y no
lo digo por tirarme aquí un farol, es que resulta que hemos preguntado
sobre las plantillas de los hospitales de diferentes provincias del
territorio nacional gestionado por el Insalud y en todas las respuestas
han contestado con las plantillas orgánicas, y cuando tienen que hacer
referencia a las plantillas reales que hay, contestan, como por ejemplo
el día 20 de mayo, que la información relativa a la ocupación real de
estos puestos en cada hospital está siendo recabada en estos momentos y
será facilitada al señor Diputado en el momento en que esté disponible.
Esta contestación se dio en relación con el Hospital de Llerena, Badajoz,
pero la podemos aplicar a los Hospitales 12 de Octubre de Madrid, San
Jorge de Huesca, Nuestra Señora de Sonsoles de Avila, etcétera. Ustedes
no saben en este momento qué número de trabajadores hay en los
hospitales, por tanto, no pueden ejecutar nunca el presupuesto.
En relación a la gestión de los hospitales y a las auditorías realizadas,
tampoco estamos de acuerdo. Hemos formulado preguntas y no nos responden.
En la auditoría del Hospital General de Albacete, cuya auditoría tengo en
mis manos, se pone de manifiesto la mala gestión del hospital y la poca
relación existente con las direcciones provinciales del Insalud, la
Dirección General del Insalud o con el Ministerio, y así, lógicamente, no
se alcanzan los objetivos.
Sobre otros temas ya tratados no voy a incidir por falta de tiempo.
Conclusiones. Nosotros queremos que los ciudadanos estén bien atendidos
desde el punto de vista sanitario. Nosotros, que siempre hemos
considerado la libertad del ciudadano como un bien esencial, no sólo del
ciudadano en sí sino también a la hora de la elección del sistema
sanitario, a la hora de ser tratados por la persona en la que más
confíen, estimamos que ustedes fallan fundamentalmente en la gestión, en
la utilización de los recursos. Por ello, una de nuestras constantes es
la utilización de esos recursos humanos y materiales. Creemos que deben
utilizarse no sólo en centros privados, mediante conciertos, sino también
en centros públicos, y nos referimos a todos los centros del Insalud. Es
decir, ¿por qué no se utilizan todas las posibilidades de los hospitales
y de los centros sanitarios y ambulatorios a lo largo de todo el día?
Ustedes se niegan a entrar en ese tema, que a nosotros nos parece
primordial.
Señora Presidenta, no solamente nos vamos a quedar en lo que es la
crítica, en lo que consideramos mal hecho. Ya hemos dicho que algunos de
los objetivos que ustedes pretenden nos parecen lógicamente buenos y
deseables, pero vemos que fallan en la base, que es en la utilización de
los instrumentos para alcanzar esos objetivos. Y hacemos unas propuestas;
le hacemos propuestas desde el punto de vista de la asistencia sanitaria,
propuestas desde el punto de vista de la situación del personal sanitario
y propuestas desde la gestión de administración, tanto lo que es la
Administración, como la gestión de administración de los centros
asistenciales.
De la asistencia sanitaria preventiva no recuerdo haberle oído a usted
nada. Habría que hacer muchas modificaciones con respecto a los
calendarios de vacunación,
puesto que ya hay muchas enfermedades que deberían incorporarse a la
vacunación obligatoria.
Sobre atención primaria, repetiría lo que he dicho anteriormente: mejorar
la gestión --que me ha parecido que antes incluso lo ha dicho usted y en
eso estamos de acuerdo-- de los centros por los profesionales; eso lo
hemos dicho y estamos, insisto, de acuerdo con ello, pero no tengo una
seguridad de que lo lleven a cabo.
Sobre la atención especializada, le voy a repetir: utilización de los
recursos.
En el personal sanitario, los debates que están saliendo a relucir estos
días en la calle: la situación de los Maequis, de los MES, de los Mestos,
la situación de los MIR, haciendo especial referencia a las
especialidades extrahospitalarias. Por supuesto, también quiero hacer
aquí un añadido a lo que se denomina médicos de refuerzo, sobre todo en
atención primaria, que están mal pagados. Yo creo que un universitario,
un profesional como es un médico, de gran formación, que estén siendo
utilizados los fines de semana como médicos de refuerzo, a mí me parece
intolerable en un Estado como el nuestro, en el que, lógicamente,
queremos alcanzar la mayoría un nivel por lo menos como la media de la
Unión Europea.
Señora Presidenta, voy a terminar. Simplemente, la gestión...
La señora PRESIDENTA: Señor Villalón, ha consumido el doble exactamente
del tiempo reglamentario. Le ruego concluya.
El señor VILLALON RICO: Señora Presidenta, sólo un segundo para hablar
sobre la gestión y de la administración del sector.
Hay que tener en cuenta que tienen ustedes una Escuela Nacional de
Sanidad, que cuando esa Escuela se estaba promocionando salían grandes
gestores y directores de los centros sanitarios; que no se utiliza, y que
sigue usándose el mecanismo yo creo que colaboracionista --si usted me
permite la expresión.
Para terminar quiero poner un ejemplo que es muy reciente. Yo soy de la
provincia de Huesca. Allí hay un hospital comarcal, el Hospital Comarcal
de Barbastro. En estos momentos ustedes han trasladado al director médico
de ese Hospital como subdirector médico al Clínico de Zaragoza. Lo que
por allí se habla es de las dos posibilidades que hay para sustituir esa
plaza como director médico, y se cita a un médico de plantilla, que yo
considero una persona respetabilísima, pero que de gestión, cero, aunque
sea muy buen ginecólogo, pediatra o traumatólogo. Y otra de las
posibilidades es un director médico de San Jorge, que es el hospital de
Huesca que ha fracasado. Con eso yo creo que está dicho todo respecto a
la gestión de los centros sanitarios.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Vicente García, por el
Grupo Parlamentario Socialista.
La señora VICENTE GARCIA: Señora Presidenta, quiero sumarme, en primer
lugar, al portavoz del Grupo Popular para agradecer a la Directora
General del Insalud su primera comparecencia ante esta Comisión y darle
la bienvenida. Yo no sé si vamos a coincidir en muchos puntos más. En
todo caso, quiero aprovechar también la ocasión para expresarle nuestro
total apoyo y disposición para colaborar en todas las tareas e
iniciativas que supongan la mejora y consolidación del Sistema Nacional
de Salud, sistema que está basado en la solidaridad, equidad y
universalidad.
Aquí se ha hecho referencia a la reestructuración del Ministerio de
Sanidad y Consumo, y nosotros, después de escuchar a la Ministra en su
anterior comparecencia, estamos de acuerdo en esta necesidad, en tanto en
cuanto permite delimitar mejor las funciones entre lo que es la autoridad
sanitaria y la gestión de dicha asistencia sanitaria.
En cuanto a las líneas de actuación que se contienen en el
contrato-programa de 1994 y que iban encaminadas a conseguir una serie de
objetivos, como eran la mejora de la gestión, el aumento de la calidad de
los servicios y el incremento del grado de libertad y satisfacción de los
usuarios, pensamos que han dado unos resultados importantes y voy a citar
algunos de ellos.
Por un lado, he de destacar los avances conseguidos en atención primaria
como puerta de entrada de los ciudadanos al sistema sanitario público,
cuya cobertura es actualmente, es verdad, del 70 por ciento, pero existen
verdaderas diferencias interterritoriales. Se consigue también en
atención primaria un incremento importante, tanto en el número de
consultas como en el tiempo de dedicación media en las mismas, además de
la práctica generalización, según se desprende de sus palabras, para
final de año de la tarjeta sanitaria.
No es menos importante para nosotros el aumento de actividad en atención
especializada, con incremento en la actividad quirúrgica, así como en las
consultas externas, disminución de las estancias medias y el aumento del
índice de ocupación enfermo-cama.
Un tema quizá espinoso serían las listas de espera, pero recientemente
nos indicaba la señora Ministra que se había producido en el primer
semestre de 1994 una reducción del 19 por ciento de los pacientes con más
de seis meses en lista de espera y que, si seguía esa tendencia, se
podría alcanzar a finales de 1994 el 54 por ciento. A pesar de estos
datos, sigue siendo uno de los principales problemas de nuestro Sistema
Nacional de Salud. Sabemos bien que es un problema asociado a todos los
sistemas sanitarios que, como el nuestro, garantizan el acceso universal
y gratuito a la asistencia sanitaria, por lo que el Insalud debe seguir
centrando sus esfuerzos en la reducción de las listas de espera y, sobre
todo, en conseguir que éstas sean de patologías leves.
Dicho esto, nos extraña un poco el énfasis que ponen algunos grupos en el
asunto de las listas de espera que, como ya he dicho anteriormente, no es
un problema exclusivo del Insalud-gestión directa, sino que afecta a
otras comunidades que tienen transferidas las competencias sanitarias,
aunque, desde luego, algunas de ellas optan por el ocultamiento de las
mismas, incluso ante el propio Parlamento
autonómico, forzando a los grupos políticos de la oposición a solicitar
el amparo al Presidente de la Cámara.
Nuestro Grupo valora también positivamente la política farmacéutica. La
implantación del programa del uso del medicamento, así como la
introducción de genéricos en atención primaria, etcétera, unido a los
importantes acuerdos alcanzados por el Ministerio de Sanidad y Consumo
con Farmaindustria y con los propios farmacéuticos en un ejercicio de
corresponsabilidad, ha facilitado una contención del gasto, que, si se
cumplen sus previsiones de un incremento del 4,15 por ciento al final del
año, frente al incremento del 9,45 por ciento del año anterior, supone,
desde luego, un logro importante.
De entre los objetivos expuestos para el año 1995, como son ir avanzando
en la superación de desigualdades territoriales y el de orientar los
servicios a las necesidades sociosanitarias, a nuestro juicio se verán
favorecidos por el nuevo sistema de financiación pactado con las
comunidades autónomas y aprobado por el Consejo de Política Fiscal y
Financiera.
Por otro lado, en cuanto a la descentralización y la participación de los
profesionales en la gestión, tal y como figura en el contrato-programa
para 1994, permite, como se puede ver, una mayor eficacia en la gestión.
No sólo se ha frenado el crecimiento del gasto en el año 1993 en más de
cinco puntos, sino que, como he dicho anteriormente, se ha aumentado de
una forma importante la actividad sanitaria, por lo que pensamos que es
fundamental su inclusión como objetivo en el contrato-programa de 1995,
para seguir profundizando en la descentralización y participación en la
gestión, como decía muy bien antes la Directora General del Insalud.
Por último, quiero referirme a otro objetivo de suma importancia, como es
el aumento del grado de libertad y de satisfacción de los usuarios que,
en definitiva, son los destinatarios de los servicios que provee el
Insalud. Según distintas encuestas, el grado de satisfacción es elevado,
pero también es verdad que se valoran más los aspectos asistenciales que
los de trato personal y facilidad de acceso. Ya supuso una medida
importante la implantación de la libre elección de médico general y
pediatra, y no podemos menos que acoger con satisfacción el anuncio, por
parte de la Ministra en días anteriores, y hoy por la propia Directora
General del Insalud en esta Comisión, de la libre elección de
especialista para el año 1995, así como el anuncio que usted nos hace de
seguir aumentando la accesibilidad horaria en las consultas, centros
sanitarios y servicios diagnósticos, por lo que, sin duda, supondrá una
mejor atención a los ciudadanos.
No quisiera terminar sin hacerle un par de preguntas, una de ellas es la
referida a qué protocolos coordinados de actuación entre atención
primaria y especializada se han implantado en el presente año y cuáles
son las previsiones para el final del mismo.
Por otro lado, si nos podría explicar en qué situación se encuentran las
comisiones de coordinación sociosanitaria y qué previsiones hay para el
año 1995.
La señora PRESIDENTA: Para responder a las intervenciones de los
distintos portavoces, tiene la palabra la señora Directora General del
Insalud.
La señora DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD (Martínez
Aguayo): En primer lugar, quiero agradecer al señor Villalón todas las
aportaciones que hace en su intervención y, sobre todo, su oferta de
hacer una crítica constructiva a los objetivos que plantea la
institución. Le puedo asegurar que será bien recibida, porque pensamos
que solamente desde una participación y desde una aportación de todas las
personas, de todos los grupos, y desde luego de todos aquellos que, como
usted y su Grupo han manifestado, comparten el objetivo de mejorar la
salud de la población, se nos puedan hacer en relación, como usted ha
comentado, con este tan importante objetivo para todos nosotros. Por
tanto, le agradezco muchísimo su oferta y la crítica constructiva que
pone a nuestra disposición.
He recogido los diferentes comentarios que usted ha hecho, y voy a
responder en este orden, aunque quizá no vaya muy articulado. Usted me
disculpará, pero es en el interés de contestar a todos los aspectos que
me ha resaltado y que todos me parecen tremendamente importante
comentarlos.
En relación a la atención ambulatoria, no se plantea como objetivo
ninguna vuelta atrás en el tiempo, ni ningún replanteamiento de lo que
era la atención ambulatoria tradicional. Se plantean los ambulatorios
como estructura física; como estructura asistencial no han desaparecido,
siguen existiendo. Lo que se hizo en el momento en que se promulgó la Ley
General de Sanidad y se estableció el proceso de jerarquización, fue
pasarlos a depender jerárquicamente de la estructura hospitalaria y a
nivel de atención especializada, pero como tal no se modificó.
Lo que se pretende en este sentido es dar un paso hacia adelante en el
desarrollo de servicios hospitalarios modernos. Toda Europa potencia los
servicios ambulatorios como auténtica alternativa a la hospitalización y
como necesidad propia de las técnicas que hoy en día se ponen al servicio
de los profesionales, de tal manera que es en este camino en el que
vamos, en el tema de potenciar todo lo que hemos llamado cirugía sin
ingreso; las consultas externas, lógicamente, porque forman arte
inherente del término ambulatorio; lo que es la hospitalización de día, y
todo lo que son las técnicas diagnósticas laparoscópicas. En este sentido
es en el que le digo que hace falta una auténtica reordenación de la
atención ambulatoria, que va ligada no sólo a mejorar aspectos concretos
organizativos --que sin duda los hay y muy importantes, y lo he referido
públicamente muchas veces--, sino que es un paso hacia adelante de
modernización de nuestra propia estructura hospitalaria, que tiene
todavía un camino muy importante que recorrer.
En ningún caso se trata de replantearse vueltas al pasado, sino de dar un
paso hacia adelante en una senda de futuro, de modernización de nuestros
hospitales, que yo pienso, además, que es absolutamente lógica,
contrastada y avalada por lo que es el desarrollo de la tecnología dentro
de los hospitales modernos.
Respecto al convenio con Asuntos Sociales --y agradezco también la
pregunta que me hace la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista--, es
un tema de los que en el Insalud nos encontramos especialmente
satisfechos.
Yo creo que todos los profesionales que hemos tenido prácticas en
hospitales y en centros de salud, sabemos lo duro que es a veces no poder
dar una respuesta social a una persona, y la carga moral que supone el no
tener una contestación a veces efectiva para poder resolver el problema
de un paciente. En este caso son generalmente personas mayores o con un
gran componente de dependencia humana.
En el convenio que se firmó con Asuntos Sociales --si bien se ha
planteado en el año 1994 desarrollar unas experiencias que permitieran
ver la viabilidad del proyecto, puesto que hablamos de dos instituciones
muy complejas, con poco hábito de comunicación la una con la otra, todo
hay que decirlo--, nos propusimos unas actuaciones muy discretas que nos
permitieran visualizar claramente las posibilidades reales de
coordinación, y se ponían sobre la mesa dos elementos: por un lado, la
creación de comisiones de área, integradas tanto por personal del Inserso
como del Insalud, y la creación de unos equipos compuestos por geriatras,
enfermeras y trabajadores sociales, llamados equipos de valoración y
cuidados geriátricos, puesto que referimos la experiencia de
coordinación, aunque el ámbito del convenio es más amplio de las personas
mayores, son una serie de áreas, en concreto nueve, en las que se puso la
experiencia y está funcionando a plena satisfacción. Tan es así que para
el año 1995 lo que se plantea es ampliarlo también a un número más
importante de provincias.
En el convenio con Asuntos Sociales, los hechos concretos, las
comisiones, los equipos geriátricos y los pacientes que se han
beneficiado de ellas son elementos concretos que se pueden ver en
aquellos sitios donde se han puesto en marcha, que han sido, aunque con
dificultades, en Valladolid, en Murcia, en Madrid en las áreas 4 y 10 y
próximamente en el área 8, y también en fecha cercana se pondrán en
Toledo, en Guadalajara, en Zaragoza, en Asturias y probablemente en algún
área más de Madrid. Creo que con esto damos un paso adelante en un
sentido absolutamente de gran necesidad social.
En relación a la atención primaria, yo creo que S. S. --y me va a
permitir que se lo refleje así-- me plantea una pregunta con una cierta
confusión entre lo que es el trabajo en equipo y lo que es el médico, si
debe estar solo o no en una consulta.
El trabajo en equipo no significa que todas las personas hayan de estar
juntas, sino que se configuran diferentes roles profesionales al servicio
de un objetivo común. Esto es una simpleza y me van a perdonar la
obviedad de la aclaración seguramente innecesaria, pero los que venimos
del campo de la atención primaria hemos sufrido muchas veces el
confusionismo sistemático sobre el trabajo en equipo y el que los
pacientes fueran atendidos por cualquiera de las personas que allí
estaban, cosa muy alejada de la realidad en la práctica cotidiana en
atención primaria desde el inicio. El hecho de que un médico tenga que
estar solo o acompañado en la consulta sabe usted que es un tema de
discusión de los profesionales y las personas que hablan de la relación
médico-paciente en profundidad, y desde luego parece que no es necesario,
para una práctica médica correcta, la presencia, por ejemplo, de una
enfermera en una misión tradicional de apoyo al trabajo del médico en la
consulta. Yo creo que hoy en día la enfermería define un nuevo rol
profesional, sobre todo en el nivel de atención primaria, que la
configura como un profesional con una capacidad propia de desarrollar
servicios, hoy en día muy bien valorados por la población.
Yo creo que hay un montón de programas precisamente de medicina
preventiva, atenciones preventivas y atención a domicilio, escaso de este
personal de enfermería muy cualificado, que está desarrollándose en un
nuevo rol profesional claramente necesario para la población.
Podemos decir que la cobertura en atención primaria, si bien es cierto
que no se ha cubierto al cien por cien, que es el objetivo que tenemos,
sí estamos en un 70 por ciento. Aquí hay que decir que el respeto a
derechos adquiridos de personal de cupo y zona ha sido un hecho que no ha
permitido ir a la velocidad deseada, pero desde luego no resta para nada
la validez del objetivo y que se vea claramente el camino para su
desarrollo.
Hoy en día, en el ratio que tenemos de médicos generales o
población-médicos generales, enfermera-médico general, los tiempos
médicos que tenemos por consulta soportan la comparación con cualquier
país de nuestro entorno. Hay estudios, yo creo que ustedes los conocerán,
en relación con los tiempos, el tiempo médico en consulta para un
profesional en atención primaria, que en nuestra opinión los cumplimos
más que ampliamente, y además, si tenemos en cuenta que en los datos que
nosotros ofrecemos computamos toda la atención primaria en su conjunto,
cupo y atención primaria, si desglosamos las cifras aún es mucho más
positivo para este nivel.
Respecto al cumplimiento de objetivos del año 1993, próximamente se verán
publicados los resultados del contrato-programa, y en vez de referirse a
datos de prensa ordinaria podrá usted tener documentos oficiales que le
permitirán analizar con solidez y poder comprobar que si bien, como se
refiere en la introducción, el contrato-programa de 1993 ha sido una
herramienta que se introduce por primera vez en ese año (evidentemente
mejorable en algunos aspectos que ya le voy a decir yo, que son los
procesos extraídos en la cirugía ambulatoria) se muestra una desviación
entre lo que se pactó como objetivo y el pacto alcanzado, pero ello no
deja de ser, en mi opinión, un pacto inexperto y una declaración de
voluntad de tendencia con lo que se pudo obtener.
Si analizamos el desarrollo de estos procesos ambulatorios en relación
con la actividad del año 1992, ese desarrollo es espectacular. Las
comparaciones son en relación al pacto, y uno es exigente y se exige a
uno mismo pactar mejor, de tal manera que verá que ahí hay una diferencia
con respecto al pacto.
No obstante, yo creo que el cumplimiento del contrato-programa ha sido
realmente muy satisfactorio, y espero que en el año 1994 lo sea
igualmente.
Respecto a la libertad de elección, tengo que congratularme también de
que ustedes lo vean como algo positivo. Les puedo asegurar que es una
voluntad querer hacerlo y que el método y el procedimiento establecidos
están. ¿Que
podemos tener problemas? Evidentemente. Ya he dicho que no es un proceso
sencillo, que es un proceso complejo, que hay que articular la capacidad
de libertad, mantener la calidad y no poner en duda ni en entredicho
aquellos objetivos fundamentales o valores fundamentales del servicio que
ofrecemos, como son la continuidad de los cuidados, que es bastante
importante, la distribución equitativa de los recursos. Hay que armonizar
todas estas cosas. Eso significa poner límites a esa capacidad. El
objetivo es mejorar la capacidad de elección, intentando que los
ciudadanos no sólo puedan elegir médico de medicina general --que lo
eligen, señoría, los números están ahí, se pueden ver--, sino que,
además, dicha libertad de elección pueda ampliarse a aquellos
especialistas de primera consulta que son los que más demandan los
ciudadanos, además, le he dicho, con un valor añadido que tiene, no
solamente en términos de libertad del ciudadano sino de mejora de
comunicación de los profesionales. Nada hay más arraigado en la práctica
médica que los pacientes le elijan a uno, de tal manera que cumple con
una necesidad y una expectativa social y, además, con un deseo legítimo
de los profesionales: establecer una relación médico-paciente más ligada
a un mutuo reconocimiento y a una mutua aceptación de elegirse como
paciente y como médico.
Creo que la gestión que hacemos en nuestros centros es no buena sino muy
buena; evidentemente, mejorable. Como le he explicado, la gestión es
nuestro trabajo del día a día y, desde luego, no se va a acabar nunca. No
he mencionado, precisamente porque considero que son objetivos
instrumentales, aquellas mejoras de gestión que pueden considerarse
también objetivos que irán en contrato-programa. El desarrollo de la
gestión clínica, la introducción de agrupadores para establecer un mejor
diálogo de gestión clínica con los profesionales, el establecimiento de
mejoras en el sistema de conocimiento del coste por proceso, éstos son
objetivos que se van a desarrollar, pero creo que de cara al ciudadano y
de cara a los profesionales deben ser cosas que se les den para su mejor
trabajo. No deben constituir objetivos que discutamos en este foro,
puesto que deben ser un día a día y una continua mejora que mantenemos.
Evidentemente, durante mucho tiempo ha habido que ir mejorando, y creo
que esto es lo que está delante de lo que les he planteado.
La medicina preventiva, sobre la que he oído hablar varias veces en el
día de hoy, desde el punto de vista de una concepción integral y completa
de lo que se hace con una persona, y en un concepto de epidemiología
moderna, es decir, qué hay que prevenir, qué enfermedades son de las que
se mueren nuestra población, enfermedades cardiovasculares, etcétera, no
se puede entender como disociada del acto asistencial y del acto de la
consulta del médico general, no se puede entender, de tal manera que le
puedo asegurar que en lo que es la cartera de servicios de los equipos de
atención primaria y en lo que son los servicios reales que se prestan en
nuestros centros, las actividades de prevención de la salud, en aquellos
elementos que tienen una probada eficacia, se están prestando, sin
ninguna duda. No sé si me he dejado algo sin contestar. Le pido que me
disculpe si es así.
Quiero también dar las gracias a la portavoz del Grupo Socialista por la
bienvenida que me ha dado y por su apoyo, como no podía se de otra forma.
Quiero decirle que el interés por mi parte en abordar y mantener, no
perder para nada la actuación vigilante y constante en el tema de las
listas de espera es un objetivo de primer orden; de primer orden, en el
que no queremos tampoco disminuir la dificultad que tiene acabar con
ellas de manera total. Como he dicho en mi intervención, ningún país, con
un sistema sanitario parecido al nuestro, ha conseguido que no existan.
Parece que es un mal inherente a un sistema público de acceso gratuito y
cobertura universal. No obstante, creo que las mejoras en este terreno
son importantes y pienso que el plan de actuación establecido por el
Insalud en este ejercicio está demostrando que puede paliar, si no
disminuir al cien por cien, las listas de espera y, desde luego,
disminuir sensiblemente las de más de seis meses. En ese empeño vamos a
seguir para intentar disminuirlas por debajo de esos tiempos. Vamos a
intentar establecer tiempos de espera por procesos. Hay una publicación
de ámbito de distribución médica que ha empezado a sacar datos de los
procesos que tenemos en lista de espera y que pone de evidencia que lo
que dijimos hace unos meses de que íbamos a conocer los procesos de lista
de espera es una realidad.
En efecto, los protocolos de coordinación el año pasado se plantearon
como objetivos establecerlos con relación al sida, a la diabetes y a las
personas mayores, pensando que era muy importante, dado que en estos
momentos eran patologías, una por su prevalencia, la otra por la
situación de la epidemia en España, que deberían ser objeto de actuación
prioritaria. En este momento, en relación al sida, le puedo decir que, a
junio, el 60 por ciento de nuestras áreas hospitales y primarias tienen
protocolos conjuntos de actuación y que estos protocolos, además, aunque
sea en el 60 por ciento de nuestros centros, en realidad es en el cien
por cien de las áreas con mayor incidencia del sida, de tal manera que
esperamos que sea del cien por cien, pero no es un objetivo en sí mismo;
el 60 por ciento creo que es ya una cifra muy importante.
En relación a la diabetes, en estos momentos la cifra es del 38 ó 40 por
ciento, a mitad de año. Esperamos ampliarla, puesto que aquí el objetivo
sería el cien por cien de las áreas del Insalud.
En relación con las personas mayores, si bien en la atención domiciliaria
existen protocolos ahora mismo en casi todos los centros de atención
primaria, estamos coordinando los con atención especializada en tanto que
desarrollamos las comisiones de coordinación sociosanitaria como un
elemento de coordinación puesto al servicio de estas personas.
Espero haber contestado a todas las preguntas que me han formulado.
Muchas gracias por su atención.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Directora General del
Insalud. Quiere esta Mesa también sumarse a la bienvenida formulada por
el resto de los portavoces de los grupos.
Cumplimentado el orden del día, se levanta la sesión.
Eran las ocho y diez minutos de la tarde.