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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 301, de 06/10/1994
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1994 V Legislatura Núm. 301
INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO
PRESIDENTE: DON JOAQUIM MOLINS I AMAT
Sesión núm. 22
celebrada el jueves, 6 de octubre de 1994
ORDEN DEL DIA:
Comparecencia del señor Ministro de Industria y Energía (Eguiagaray
Ucelay), para:
--Informar, antes de la reunión del Consejo de Ministros de la Unión
Europea (UE), el día 22 de abril de 1994, sobre las cuestiones que han de
tratarse en dicho Consejo, muy especialmente en lo referente al
Desarrollo y la aplicación del Libro Blanco «Crecimiento, Competitividad
y Empleo». A solicitud del Grupo Parlamentario Popular. (Número de
expediente 213/000223) (Página 8878)
--Informar antes de la reunión del Consejo de Ministros de la Unión
Europea (UE), el día 25 de mayo de 1994, sobre las cuestiones que han de
tratarse en dicho Consejo, muy especialmente en lo referente al
desarrollo y la aplicación del Libro Blanco «Crecimiento, Competitividad
y Empleo». A solicitud del Grupo Parlamentario Popular. (Número de
expediente 213/000225) (Página 8878)
--Informar sobre las líneas generales de la política de su Departamento.
A petición propia. (Número de expediente 214/000074) (Página 8878)
--Informar sobre la compra de la Empresa Nacional del Gas (ENAGAS) por
parte de Gas Natural, así como del contrato de compraventa de gas natural
firmado con el sector eléctrico y que ha servido
básicamente para fijar el precio de adquisición de la citada empresa. A
solicitud del Grupo Parlamentario Popular. (Número de expediente
213/000366) (Página 8911)
--Informar sobre el fraude de la venta a países del Magreb de productos
siderúrgicos procedentes de otros países, presentados como productos de
la Empresa Nacional Siderúrgica (ENSIDESA) y, en concreto, sobre la
auditoría e investigaciones llevadas a cabo. A solicitud del Grupo
Parlamentario Federal IU-IC. (Número de expediente 213/000395) (Página 8916)
Se abre la sesión a las cuatro y quince minutos de la tarde
COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (EGUIAGARAY
UCELAY) PARA:
--INFORMAR ANTES DE LA REUNION DEL CONSEJO DE MINISTROS DE LA UNION
EUROPEA (UE), EL DIA 22-04-94, SOBRE LAS CUESTIONES QUE HAN DE TRATARSE
EN DICHO CONSEJO, MUY ESPECIALMENTE EN LO REFERENTE AL DESARROLLO Y LA
APLICACION DEL LIBRO BLANCO «CRECIMIENTO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO». A
SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de
expediente 213/000223.)
--PARA INFORMAR, ANTES DE LA REUNION DEL CONSEJO DE MINISTROS DE LA UNION
EUROPEA (UE), EL DIA 25-05-94, SOBRE LAS CUESTIONES QUE HAN DE TRATARSE
EN DICHO CONSEJO, MUY ESPECIALMENTE EN LO REFERENTE AL DESARROLLO Y LA
APLICACION DEL LIBRO BLANCO «CRECIMIENTO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO». A
SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de
expediente 213/000225.)
--INFORMAR SOBRE LAS LINEAS GENERALES DE LA POLITICA DE SU DEPARTAMENTO.
A PETICION PROPIA. (Número de expediente 214/000074.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a iniciar esta sesión número 22 de la Comisión
de Industria, Energía y Turismo cumplimentando el orden del día.
Los puntos 1, 2 y 3, de acuerdo con el Grupo que ha solicitado la
comparecencia del señor Ministro para dilucidar los puntos 1 y 2 del
orden del día, por decisión de la Mesa van a ser vistos en su conjunto.
Por tanto, voy a dar la palabra al señor Ministro de Industria y Energía
para informar en todo lo referente al desarrollo y la aplicación del
Libro Blanco «Crecimiento, Competitividad y Empleo», y también para
cumplimentar la comparecencia a petición propia, ante la Comisión de
Industria Energía y Turismo, para informar sobre las líneas generales de
la política de su Departamento.
Quiero dar la bienvenida al señor Ministro, le agradezco su presencia en
la Comisión, y le cedo la palabra.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay): En esta
ocasión de hoy se han acumulado diferentes solicitudes de comparecencia,
algunas de hace ya bastante tiempo y otras más recientes, y, desde luego,
la que yo mismo insté para poder explicar ante SS. SS. cuál era la
política del Departamento tras aproximadamente algo más de un año de
gestión de este titular y, sobre todo, ahora que empiezan a aparecer
signos muy positivos desde el punto de vista económico e industrial.
En primer lugar, quiero agradecer a la Comisión la ocasión de comparecer
ante ustedes para exponer estas líneas, líneas que el Ministerio de
Industria y Energía pretende llevar a cabo en el resto de la legislatura.
Para introducir un cierto orden en mi exposición, comenzaré por hacer, si
me permiten, aunque sea brevemente, un balance de la política industrial
aplicada a lo largo del primer año transcurrido de legislatura y de sus
efectos sobre la situación en la industria española, para pasar después a
explicar algunos aspectos esenciales de la política que queremos poner en
marcha de cara al futuro.
En esta legislatura el Gobierno ha acentuado, como ya he tenido ocasión
de explicar ante SS. SS. lo que se ha dado en llamar el carácter activo
de la política industrial, con el objetivo de ayudar a las empresas en
sus esfuerzos para mejorar su propio potencial, favoreciendo los
principales factores de los que depende la competitividad, la innovación
tecnológica, la calidad, la seguridad industrial, la adaptación
medioambiental, los servicios de apoyo a las pequeñas y medianas
empresas, la cooperación empresarial, la internacionalización, etcétera.
En ese sentido el Ministerio de Industria ha llevado a cabo, y lo sigue
haciendo, la política industrial más activa posible en el marco del
respeto a nuestro entramado jurídico institucional, principalmente aquel
que viene determinado por nuestra presencia activa en la Unión Europea,
en
el marco institucional también configurado por un estado de las
autonomías descentralizado en el que hay competencias industriales de las
comunidades autónomas y en el marco, por mor del realismo, de las
restricciones presupuestarias y macroeconómicas en las que la economía
española desarrolla su actividad.
Permítanme que muy brevemente, de una forma rápida, pase revista a lo que
han sido las principales actuaciones en las dos áreas que configuran el
Ministerio: el área de industria y el área de energía.
En el área de industria, la acción de política industrial se ha realizado
a través de una combinación de programas operativos orientados a atender
los requerimientos reales de las empresas para favorecer la inversión
productiva y la mejora de su capacidad competitiva. De forma muy sucinta
y esquemática, entre las iniciativas más importantes habrá que destacar
la nueva política para las pequeñas y medianas empresas que constituye
una prioridad en la política industrial. Una de las primeras actuaciones
en esta legislatura les recordaré que fue la presentación del proyecto de
ley de sociedad de garantía recíproca, aprobado en el Congreso felizmente
con un amplio consenso parlamentario, que se transformó en la primera ley
aprobada en este año, la ley 1/1994.
En esa misma línea, en la conferencia sectorial de industria, el pasado
día 13 de abril, y por acuerdo del Consejo de Ministros del día 6 de
mayo, fue aprobada la iniciativa Pyme de desarrollo industrial que
plantea mejorar la organización y la coordinación entre las diferentes
administraciones públicas implicadas y orientar las medidas de apoyo
hacia actuaciones más eficaces y, a la vez, menos costosas para la
Hacienda Pública.
La iniciativa Pyme es --luego me referiré también a ella-- el primer
resultado de la voluntad de coordinación de la Administración general y
de las Administraciones autonómicas en esta materia, cuyas líneas
maestras describiré posteriormente.
En materia de política tecnológica, el apoyo a la investigación y al
desarrollo tecnológico es, sin duda alguna, uno de los aspectos de
singular importancia de la política industrial española, en lógica
coincidencia con la comunitaria. Destacaré nada más, entre los muchos
elementos que podrían ser objeto de análisis, la aprobación del Plan de
Actuación Tecnológica Industrial (PATI) para el período 1994-1996, que
contempla los efectos de las tecnologías avanzadas sobre la globalidad de
la industria. Actúa sobre el conjunto de variables que influyen en el
modelo de desarrollo tecnológico y diseña un marco común de
procedimientos y de herramientas aplicables a todos los subprogramas,
tanto sectoriales como horizontales que contiene.
De igual forma en materia de calidad industrial, desde la convicción de
que la nueva cultura empresarial debe partir del hecho de que la demanda
es cada vez más selectiva y cambiante, se ha aprobado el nuevo plan de
calidad industrial para el período 1994-1997, dotado, como sin duda
recuerdan, con 12.000 millones de pesetas y dirigido especialmente a las
pequeñas y medianas empresas como parte mayoritaria de nuestro tejido
industrial y, desde luego, especialmente necesitadas de la introducción
de una cultura, no solamente de la calidad del producto, sino de la
calidad en la gestión y en la organización.
Junto con esto, algunos elementos específicos, desde el punto de vista
sectorial, merecen también un recordatorio dentro de este período. En
primer lugar, dada la situación de crisis en el sector de automoción, se
aprobó lo que es bien conocido, el Plan Renove, de medidas transitorias y
urgentes de carácter fiscal para la renovación del parque de vehículos de
turismo. El impacto en el sector, de acuerdo con todos los datos y las
estimaciones, ha sido claramente positivo, ha colaborado a que se
produzca un aumento sustancial de la demanda, y así lo han reconocido
todos los expertos. Seguramente algunos han exagerado, incluso más allá
de mi propio interés, el efecto del Plan Renove.
Próximo a su finalización --y luego me referiré a él--, se ha aprobado el
Plan Renove-II y se ha extendido, además, al terreno de los vehículos
industriales.
Se han instrumentado, igualmente, en este ámbito sectorial, medidas de
apoyo a proyectos singulares y estratégicos de empresas fabricantes de
vehículos, que en algún caso, como en el de SEAT, estaban atravesando
especiales dificultades, pero que, sin duda alguna, tenían una
virtualidad mucho más allá que la de la contribución a la resolución de
específicos problemas exclusivamente de rentabilidad de empresas,
configurándose con una visión de futuro, de consolidación de inversiones
y de apoyos tecnológicos en el largo plazo.
Asimismo, en diciembre del año 1993 se consiguió, después de un duro
proceso negociador que hemos tenido ocasión de comentar en esta Comisión,
la aprobación por las instancias comunitarias, en condiciones
satisfactorias, de los planes de actuación siderúrgica que afectan a
Sidenor y a la corporación de la siderurgia integral. En contrapartida,
una reducción de la producción. La aprobación de estos planes asegura la
viabilidad de la siderurgia integral y de aceros especiales de nuestro
país y la construcción también de una acería compacta eléctrica de alta
tecnología en Sestao (Vizcaya).
En el sector de la construcción naval, por pasar brevemente por algunos
recordatorios, se ha aprobado el Real Decreto 442/1994, de 11 de marzo,
sobre primas y financiación a la construcción naval, para favorecer la
contratación, así como las inversiones intangibles en áreas tales como
formación, oficinas técnicas, marketing, etcétera, preferentemente
mediante planes de colaboración entre empresas.
No pretendo, naturalmente --y sería imposible--, pasar revista a todas
las actuaciones sobre unas u otras empresas, o incluso otros sectores
distintos de los que en este momento he mencionado; haría interminable mi
comparecencia, teniendo en cuenta el apretado orden del día. Sí pasaré, a
continuación, revista, también como recordatorio breve, a algunos de los
hitos principales en el área de la energía y después me extenderé sobre
lo que ha de ser la política del presente, y especialmente del futuro, en
materia industrial.
Dentro del área de energía, se está realizando una política energética,
como saben ustedes, con una intención muy fundamental, que es favorecer
la competitividad de la
industria española. En este sentido, les recuerdo brevemente las
actuaciones realizadas. En el sector eléctrico se han aprobado a lo largo
de este año un conjunto de medidas que suponen la consolidación y el
perfeccionamiento del marco legal estable existente para el sector
eléctrico, todo ello con el fin último de que las tarifas eléctricas
contribuyan en los próximos años a la mejora de la competitividad en la
economía española, en general, y de la industria, en particular.
Quizá no esté de más volver a decir otra vez que las tarifas eléctricas
en su conjunto han crecido en el año 1994 un 2,06 por ciento, cifra
claramente inferior a la tasa de inflación prevista y registrada en este
año, y las industriales, por primera vez en la historia, descienden no
solamente en términos reales, sino, incluso, nominales sobre el año
anterior. Dichas medidas se han visto, además, complementadas por un
conjunto de acuerdos de intercambios de activos entre las compañías del
sector eléctrico con el fin de contribuir igualmente a su fortalecimiento
y al equilibrio económico financiero del sector.
En esa misma línea, y no me extenderé sobre ello --está siendo objeto de
debate en esta Cámara--, el pasado 3 de junio el Gobierno aprobó el
proyecto de ley de ordenación del sistema eléctrico que pretende regular
el sistema en su conjunto por primera vez y responde a ese objetivo
fundamental: garantizar el suministro de energía eléctrica a los
consumidores al menor coste posible y con unos niveles adecuados de
calidad y de servicio.
En el área energética, no obstante, ha habido hitos importantes a lo
largo de este año, como parte de la política que se ha impulsado desde el
Ministerio. En materia de gasoductos, se ha llevado a cabo la
potenciación de la red que ha incluido, por una parte, la realización de
la interconexión de la red nacional de gasoductos con la europea, lo que
permitirá el suministro del gas noruego y, por otra, la iniciación de la
construcción del gasoducto MagrebEuropa que, como saben, estará operativo
en el año 1996, lo que posibilitará diversificar las fuentes de
aprovisionamiento y la seguridad de suministro.
En la misma dirección, y ha sido objeto también de análisis en esta
Comisión en repetidas ocasiones, se ha procedido a la integración del
sector gasístico español, plasmado en la adquisición del 91 por ciento de
Enagás por parte de Gas Natural, con la configuración de una nueva
empresa responsable de la totalidad del aprovisionamiento y del
transporte de gas en nuestro país, así como del 90 por ciento de su
distribución, tanto para usos industriales como domésticos, y se
configura esta empresa como el tercer grupo gasístico europeo y estará
sometida, además, a la disciplina financiera derivada de su cotización en
Bolsa.
Hay otros hitos, no obstante, relevantes, desde el punto de vista de la
preocupación general y de los intereses también incluso regionales, como
los que han tenido lugar a propósito de la minería. Se han conseguido
acuerdos en las principales empresas mineras con contrato-programa, en
Hunosa, Minas de Figaredo, Figaredo, La Camocha, con empresas que, lo
saben sin que lo repita, constituyen una singularidad dentro de nuestra
industria del carbón. Las dificultades geológicas de sus yacimientos, y
su incidencia en la economía de las regiones, han aconsejado elaborar
unos planes de empresa para el período 1994-1997 que, respondiendo a las
orientaciones comunitarias en la minería del carbón, conduzcan a un
ajuste asumible por la sociedad, por un lado, realizado de forma no
traumática, que producirá, no obstante, sensibles disminuciones de las
capacidades productivas en el medio plazo.
Se acompañan a estos planes de empresa convenios colectivos con
revisiones salariales muy moderadas, en todo caso, inferiores al IPC
previsto.
También me parece importante hacer alguna referencia (que no puede ser
exhaustiva, mucho más teniendo en cuenta que ya tuve ocasión de
comparecer en esta Comisión para poner de manifiesto la orientación
básica y estratégica de la política en materia de empresa pública) a algo
sobre lo que, sin duda alguna, seguiremos hablando a lo largo de este
año, que es la consolidación en el área de empresa pública del proyecto
Teneo. Durante el año 1993 ha avanzado en su consolidación el proyecto
Teneo como un grupo empresarial de rango internacional que supone, además
--sigue suponiendo--, una aportación, no obstante sus problemas,
significativa para el fortalecimiento del tejido industrial español. En
concreto, vale la pena recordar que en el año 1993 se ha producido la
creación de INDRA mediante la integración de los grupos Inisel y Ceselsa,
lo que ha permitido la formación de un gran grupo electrónico que tenemos
toda la intención del mundo de seguir potenciando.
Asimismo, se ha producido la salida a Bolsa de casi un 10 por ciento del
capital de Endesa, con lo que supone de apertura y de colaboración, en la
línea que tantas veces les he anunciado, con el sector privado.
Una vez desbloqueado el proceso de la estructura accionarial en
Aerolíneas Argentinas, empresa participada por Iberia, al llegar a un
acuerdo definitivo con el Gobierno de la República Argentina, se está
produciendo, como era mi intención desde el momento en que asumí la
responsabilidad del Ministerio de Industria, la reestructuración del
grupo de transporte aéreo, proceso difícil, complicado y muy exigente en
este momento, cubriendo la última etapa del proceso de negociación, para
el cual no puedo sino desear la mayor responsabilidad por todas las
partes implicadas, teniendo en cuenta lo muchísimo que desde el punto de
vista económico, social e industrial este país se juega con tener una
compañía aérea y una --no la única-- compañía aérea que pueda tener
capacidad competitiva en el mercado internacional. Sobre ese tema quizá
en otro momento nos podamos extender más ampliamente.
Dicho casi a título de de recordatorio y, como ven ustedes, de una manera
muy rápida, cuáles han sido algunos de los principales hechos, hitos y
orientaciones de la política industrial en este período, sí quiero
referirme, sobre todo en relación con debates que tuvimos hace
aproximadamente un año, a la situación actual de la industria española.
Como resultado de la evolución del ciclo económico internacional y de la
coyuntura económica general en España y, por qué no decirlo, también de
la política económica e industrial aplicada en nuestro país, la situación
actualmente existente en el sector industrial es, afortunadamente, y para
inicial satisfacción de todos, bastante mejor que la imperante hace ahora
un año.
Con los datos disponibles en este momento, podemos decir con toda certeza
que el año 1993 marcó para la economía española el final de la fase
descendente del último ciclo económico y el comienzo, cada vez de una
forma más sólida, de una nueva etapa expansiva.
Esta mejora de la actividad está siendo sustentada en su fase inicial por
la demanda externa, registrando las exportaciones crecimientos muy
elevados. En los siete primeros meses del año el valor de las
exportaciones de mercancías ha crecido más del 26 por ciento respecto al
mismo período del año anterior y, por tanto, la economía española está
creciendo a un ritmo mayor del que los más optimistas podían --o tal vez
podíamos-- haber previsto hace sólo unos meses.
La estimación del Gobierno, que sin duda alguna es objeto de discusión
permanente y que a veces hasta maliciosamente suele considerarse como
obligadamente optimista, se ha quedado corta en relación con las
previsiones. El crecimiento del 1,3 por ciento previsto inicialmente se
acercará --y espero que incluso pueda superarlo-- al 2 por ciento al
finalizar el presente año, por lo menos en términos de crecimiento
trimestral, y las estimaciones mucho más precavidas de prestigiosos
gabinetes de coyuntura han debido también revisarse incluso de forma
bastante más radical. No digo esto para la autocontemplación o la
autosatisfacción, sino por constatar hechos que están en la mente de
todos y discusiones que hemos tenido en esta propia Comisión en los meses
pasados.
Los datos publicados hace dos semanas por el Instituto Nacional de
Estadística señalan un crecimiento del 1,6 por ciento en el segundo
trimestre y muestran que la recuperación no sólo cobra fuerza, sino que
se afianza.
Por lo que se refiere en particular a la industria, me complace, además,
señalar o recalcar algo que SS. SS. sin duda conocen: que su producción
se mantiene en alza y con creciente fortaleza. En los seis primeros meses
del año el índice de producción industrial ha registrado en términos
reales un aumento de 5,9 por ciento respecto al mismo período de 1993 y
de acuerdo con los últimos datos disponibles, correspondientes al segundo
trimestre de 1994, en versión del Instituto Nacional de Estadística, en
la contabilidad trimestral, la industria se ha convertido en el sector
más dinámico de la economía española. El valor añadido bruto industrial
creció un 2,1 por ciento, superior, por tanto, al crecimiento económico
general de ese período, o incluso al del sector servicios, que en su
conjunto para la economía alcanzó un crecimiento, como les he dicho ya
antes, del 1,6 por ciento.
Se ha producido --y es difícil dejar de reconocerlo en este momento-- una
fuerte mejora del indicador del clima industrial, de acuerdo con la
encuesta que elabora el Ministerio de Industria sobre coyuntura
industrial. Según los últimos datos disponibles, los más recientes, el
índice de clima industrial ha aumentado 26 puntos a lo largo de los
últimos doce meses, situándose en los niveles existentes en términos
absolutos durante el año 1989. Un año que fue en ese ciclo uno de los
mejores desde el punto de vista industrial. No quiero dar a esto otra
lectura --y nadie pretenda que estoy haciendo una comparación en términos
absolutos--, sino simplemente poner de manifiesto el cambio de tendencia
en la apreciación de los agentes económicos e industriales al analizar la
coyuntura industrial, coincidente en ese sentido con el valor absoluto
que registraba este índice en una fase muy expansiva del ciclo económico
anterior.
Desde el punto de vista del empleo, que ciertamente es la preocupación
principal no sólo de este país, sino de este Ministro, la situación
también está felizmente empezando a cambiar. Digo empezando, aunque
tendremos todavía que esperar algún tiempo para que los resultados en
materia industrial empiecen a ser más sensibles.
Durante el segundo semestre del año se han roto las tendencias de todos
los trimestres anteriores y se ha creado un total de 900 empleos en
términos netos de acuerdo con la Encuesta de Población Activa, más si se
analizan los datos de paro registrado, pero no entraré en este momento en
la polémica sobre los dos indicadores. Es verdad que esta cifra es
reducida, pero refleja sobre todo un cambio de tendencia en el sector.
Por primera vez desde el año 1989 --repito, por primera vez desde el año
1989--, se ha creado, de acuerdo con este indicador o con esta
estadística, empleo neto en la industria.
Por tanto, estamos ante unas cifras que marcan un hecho de gran
importancia, como es el inicio del proceso de posible creación de empleo
en la industria, que no sólo deseo, sino que espero pueda consolidarse y,
además, aumentarse en el futuro. Esta recuperación del ritmo de actividad
económica está siendo, además, compatible con una rápida mejora del
déficit exterior. Las exportaciones de productos industriales terminados
en los siete primeros meses del año han crecido un 30 por ciento en
términos reales, mientras que las importaciones de los mismos sólo lo han
hecho el 8,6 por ciento.
Quizá esto sirva un poco de fresco contra el cual proyectar alguna de las
líneas maestras de la política industrial cara al futuro, que era el
objetivo fundamental de esta comparecencia, además de constatar que
estamos ante una política industrial que tiene una serie de líneas
directrices, que estamos en una situación bien distinta y notablemente
mejor de la que teníamos hace sólo unos meses y, naturalmente, hace un
año.
Dados los resultados obtenidos y la valoración, en mi modesta opinión más
positiva, realizada por las diversas instancias sobre la política
industrial que hemos venido poniendo en marcha durante el primer año de
legislatura, los ejes centrales se van a mantener de cara al futuro. Y
estos ejes centrales son los siguientes:
En primer lugar, una política industrial coordinada y en colaboración con
las comunidades autónomas. No quiero enfatizar sobre algo relacionado con
el marco institucional, pero sí me parece que es absolutamente
fundamental para que la política industrial sea eficaz y además potencie
todas sus posibilidades, que se afiance el proceso de consolidación
industrial iniciado, y quizá perfeccionado, a lo largo de este período
con las comunidades autónomas.
Para el Ministerio de Industria y para mí mismo las administraciones
públicas regionales pueden y deben jugar un importante papel en el
desarrollo industrial de su demarcación y está comprometida su decidida
participación en el diseño, no digo sólo en la ejecución, sino en el
diseño y en el desarrollo de esta política industrial que queremos
perfeccionar cada vez más.
El marco de diálogo y de coordinación está siendo, como saben SS. SS., la
conferencia sectorial de industria, donde se está procediendo al análisis
y al desarrollo de la Ley de Industria, que aprobó esta Cámara en la
Legislatura pasada, y articulando las estrategias de apoyo a las empresas
y los contenidos y procedimientos para esa actuación cada vez más
coordinada.
La segunda línea maestra de la política industrial ha de ser el impulso
al diálogo social. Hemos vivido quizá un período en el que el diálogo
social --¿por qué no decirlo?-- ha sido insuficiente. Quiero ante SS. SS.
destacar la importancia que, además de a los instrumentos técnicos,
otorgo al diálogo social como un factor no solamente de potenciación,
sino también de eficacia de la propia política industrial.
Idéntico espíritu de cooperación que el expresado en las relaciones con
las comunidades autónomas quiero mostrar en la relación con los agentes
sociales y económicos, y en esta línea, como ya he dicho en alguna otra
ocasión, es intención del Gobierno y de este Ministro profundizar en los
próximos meses en un diálogo con los agentes sociales que permita, a
partir de un diagnóstico realista de la situación del sector industrial,
presentar a la sociedad española un libro blanco de la industria que
sintetice y avance las propuestas del Ejecutivo en este importante sector
económico.
Estoy convencido de que con esta iniciativa ha de recogerse un
sentimiento generalizado hoy en los distintos países de nuestro entorno,
que se resume en una frase que a mí me parece especialmente ilustrativa:
Industrializar la política económica de este país, colocar a la industria
en el centro no sólo de las preocupaciones del Ministerio de Industria y
quizá de esta Comisión, sino en el centro de las preocupaciones
económicas y --¿por qué no decirlo también?-- de las preocupaciones
políticas de este país: Qué España queremos hacer en el futuro y qué
lugar ocupa la industria en la España que queremos hacer en el futuro.
La tercera línea maestra es una política específica para Pymes. La
política de promoción de Pymes se articulará en torno a lo que ya he
mencionado como iniciativa Pymes de desarrollo industrial. Cuenta con
cinco programas principales que abordan tanto el impulso de la
cooperación empresarial doméstica e internacional, como los apoyos a la
financiación o al producto industrial, pasando por una mejora de las
redes territoriales de servicios a las Pymes y de los sistemas de
información.
El coste estimado de esta iniciativa Pyme de desarrollo industrial, como
suma de las aportaciones de la Administración general del Estado y de las
comunidades autónomas, asciende para los próximos seis años, incluido el
actual, a la cifra de unos 338.000 millones de pesetas. Su impacto puede
ser, y así lo espero, notable. Se estiman unas inversiones inducidas que
ascenderían, aproximadamente, a 2,3 billones de pesetas y un número de
empresas beneficiadas alrededor de las líneas maestras que inspiran la
iniciativa que podría situarse en torno a las 150.000 pequeñas y medianas
empresas.
Esta iniciativa, que no está orientada a cortísimo plazo, sino al medio,
pretende ordenar una porción significativa de las ayudas públicas a las
empresas sobre la base de tres principios: el principio de eficiencia, al
que se debe cualquier política y, desde luego, cualquier política
económica y, dentro de la política económica, la política industrial.
Implica que el desarrollo de una política industrial activa tiene que ser
compatible con el control del gasto público. Precisamente uno de los
valores de esta iniciativa Pyme, a mi juicio, reside en que su diseño
quiere evitar la competencia entre programas de ayuda de las diferentes
administraciones y la consiguiente multiplicación de los costes de
gestión.
El segundo principio que la inspira es el de descentralización, que
obliga al Ministerio de Industria y Energía a administrar sus programas
de apoyo a las Pymes, en estrecha colaboración con las comunidades
autónomas, a través de los mecanismos y procedimientos que ya hemos
acordado en el ámbito de la conferencia sectorial y que están siendo
objeto de desarrollo a través de los oportunos convenios de colaboración
firmados ya con buena parte de las comunidades autónomas implicadas.
El tercer principio es el de experiencia, que implica la necesidad de que
las administraciones públicas dialoguen permanentemente sobre la
oportunidad de las diferentes iniciativas públicas en materia de política
de Pymes. De esta manera cabrá poner al servicio de las Pymes
industriales los modelos de actuación pública más eficaces y con mejores
fundamentos técnicos.
Una cuarta línea de inspiración es la política de fomento de la
competitividad. Dentro de las actuaciones para mejorar la calidad de
nuestra oferta industrial y el incremento de su competitividad, tiene un
papel destacado el fomento e inducción a las empresas para que realicen
proyectos de I+D, tanto en nuevos procesos aplicados como en productos.
Igualmente importantes son las acciones concertadas por el Ministerio de
Educación y Ciencia para la realización de proyectos de investigación
básica o proyectos concertados con universidades y centros tecnológicos y
de investigación.
En esta línea, quiero señalarles fundamentalmente tres grandes elementos.
En innovación y en desarrollo tecnológico, en el ámbito de la Unión
Europea, la política tecnológica se articula en torno al cuarto
programa-marco para el período 1994-1998.
España contribuye con un 8 por ciento, aproximadamente, al presupuesto
comunitario y, sin embargo, todavía la media del retorno obtenido se
sitúa alrededor del 6 por ciento. Uno de los objetivos específicos, por
lo tanto, a alcanzar es obtener la nivelación con respecto al porcentaje
de contribución, facilitando el acceso de las Pymes a estos programas y
abriendo acciones especiales destinadas a empresas españolas, financiadas
a partes iguales por la Unión y por la Administración española.
En el ámbito nacional, la política tecnológica del MINER se seguirá
articulando, fundamentalmente, a través del PATI-2. El nuevo PATI (Plan
de Actuación Tecnológica Industrial) incluye una gama de instrumentos
financieros mucho más amplia que la utilizada hasta ahora, con especial
énfasis en la sustitución de la vía de las subvenciones por la vía del
crédito, que se empleará diferenciadamente en función de la naturaleza de
las actuaciones a apoyar.
El total de recursos disponibles en el plan para el período 1994-1996
supera los 169.000 millones de pesetas.
Igualmente, dentro de ese apartado, la política de calidad y de seguridad
industrial no puede tampoco analizarse separadamente. El segundo plan
nacional de calidad tiene una estructura abierta y flexible y persigue un
máximo de rentabilidad de los recursos financieros puestos a disposición.
Las líneas generales de actuación que enmarcarán este plan, cara al
futuro, son: el fortalecimiento y reconocimiento internacional de la
infraestructura de la calidad, el fomento de la implantación de sistemas
de gestión de la calidad y del medio ambiente en las empresas, la
promoción de la utilización de productos de calidad demostrada y la
potenciación de la formación e información en calidad industrial.
En esencia, el objetivo último de este plan es contribuir a la definitiva
creación de la denominada cultura de la calidad en la industria española,
poniendo a disposición de la misma unos medios de demostración, con
reconocimiento europeo.
La política de seguridad industrial, diseñada en sus líneas generales en
la ley de industria e íntimamente ligada a la política de la calidad,
está siendo también objeto de un importante esfuerzo de desarrollo y de
aplicación concertado con las comunidades autónomas
El tercer hito, dentro de este ámbito, es la política industrial
medioambiental. Se trata de hacer compatible --y esto no es solamente una
preocupación del Ministerio responsable del medio ambiente de una manera
específica, sino también del conjunto de las políticas que se aplique y,
desde luego, de la política industrial--, la necesidad de compatibilizar
el objetivo tradicional del desarrollo industrial con la preservación del
entorno natural. Lo cual ha dado lugar a la progresiva integración de las
actuaciones medioambientales en la política industrial española, cuya
expresión más concreta lo constituye el programa industrial y tecnológico
medioambiental PITMA 1990-1994. Un plan que ha tenido una extraordinaria
acogida y que expresa la importancia que tiene, teniendo en cuenta el
considerable déficit medioambiental de nuestra industria, que el
Ministerio ha evaluado en alrededor de 580.000 millones de pesetas. Por
lo tanto, se trata de hacer una contribución positiva a la generación de
una industria limpia, de una industria que pueda integrar de verdad el
factor medioambiental como un factor de respeto al entorno natural, pero,
al mismo tiempo, como factor de competitividad de las empresas en su
gestión.
El éxito que ha tenido el plan en su actual versión es lo que ha llevado
al proyecto, en este momento todavía inacabado, de poner en marcha un
segundo plan PITMA para el quinquenio 1995-1999, que está en este momento
en proceso de preparación. Un plan con unas líneas que se lo explicaré
más adelante, para no alargarme, cuando esté ultimado en sus detalles,
con un presupuesto global previsto para el programa de 50.000 millones de
pesetas, parte de los cuales podría ser financiado con recursos del fondo
de cohesión europeo, tal como se ha venido haciendo en los ejercicios
correspondientes a los años 1993 y 1994.
Además, dentro de ese marco de actuación, se intensificarán las acciones
de subsidio de interés para los inversores medioambientales de las
industrias ya iniciadas en el año 1994, que se han concretado en una
participación del Ministerio de Industria y Energía, junto al Ministerio
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente y el Instituto de Crédito
Oficial en la apertura de una línea de préstamos con intereses
subsidiados, llamadas la «línea verde».
En políticas sectoriales, y sin ánimo de exhaustividad, sí quiero
referirme brevemente a algunas de las nuevas líneas que están en marcha o
al perfeccionamiento de algunas líneas existentes en sus principales
parámetros.
Una política industrial activa como la que queremos llevar a cabo adopta
acciones de carácter general aplicables a todos los sectores o ramas de
actividad, con innegable incidencia sectoriales por su carácter
estratégico, por las necesidades específicas de adaptación de algunos
sectores, por la necesidad de concluir procesos de reestructuración ya
iniciados o por otras razones compatibles con las normas europeas de
competencia.
Este es el caso de los planes sectoriales de incentivación de la demanda,
en los que, por sus especiales características de incidencia en un
sector, en una zona geográfica o en un ámbito industrial y tecnológico
singular, requieren una actuación a medida, pero utilizando las
herramientas ya citadas de fomento de la I + D y el comportamiento de los
instrumentos de carácter horizontal.
Algunas de las que voy a mencionar a continuación tienen exactamente esta
orientación: articular medidas de carácter general en un ámbito
específico, sea por razones de reestructuración, por razones sectoriales,
por razones regionales, y, en todo caso, siempre sujetas a normas a las
cuales nos debemos en términos de política de la competencia o normas que
instrumentan e introducen en ocasiones límites, desde el punto de vista
europeo, a la utilización de determinados instrumentos. Una de ellas es,
ciertamente, de las más nombradas: el plan Renove.
Entre las actuaciones de carácter sectorial, me interesa destacar la
continuidad y extensión de las medidas de apoyo a la renovación del
parque de vehículos. Las medidas que justifican estas acciones
sectoriales son, desde luego, las de la especial incidencia de la crisis
económica que ha tenido lugar hasta hace poco tiempo sobre la demanda de
vehículos, la importancia estratégica del sector de fabricación de éstos,
por su peso específico y por los efectos de arrastre que tiene sobre
otros muchos sectores y actividades.
Como saben SS. SS., la medidas de apoyo a la renovación del parque de
vehículos de turismo han venido
ofreciendo resultados positivos desde su aprobación en abril de 1994.
Continuarán, por lo tanto, durante la primera parte de 1995 en forma del
plan Renove 2, que, como saben, reduce algo el incentivo, pero permite
una mayor renovación de la flota de vehículos, al afectar a un millón y
medio más de vehículos de turismo, lo que permite el que los titulares de
vehículos con más de siete años de antigüedad, esto es, el 48 del total
de la flota de vehículos de turismo de este país, puedan tendencialmente
beneficiarse de las medidas recogidas en el plan.
En esta línea, se ha aprobado también el plan Renove de vehículos
industriales, que pretende impulsar la renovación de este sector y
conseguir un incremento adicional de la demanda de este mercado en un
objetivo cifrado, y que espero que pueda ser cubierto, en un 10 por
ciento hasta diciembre de 1995, para lo cual hemos instrumentado una
línea de crédito con el ICO de 100.000 millones de pesetas, a un tipo de
interés subvencionado en cinco puntos.
Aunque ambas actuaciones se articulan de forma distinta, en el caso de
los turismos se instrumentan a través de la deducción en la cuota del
impuesto de matriculación, y en el caso de los vehículos industriales a
través de la reducción de tipo de interés. Sus objetivos son similares y
básicamente dos: contribuir a adelantar el proceso de recuperación firme
y sostenida de la demanda de vehículos de turismo e industriales. Con
ello, el incremento de la producción, el sostenimiento de la ampliación
del empleo y además, simultáneamente, producir mejoras en la seguridad
vial y en el medio ambiente.
Un segundo ámbito sectorial, sobre el que quizás en otras ocasiones he
tenido menos oportunidades de trazar algunas líneas, es el aeronáutico.
En este sector el Plan de I + D pretende, cara al futuro, mantener los
programas específicos de ayudas directas a través de Airbus y CASA 3.000,
así como impulsar la política de I + D por medio de ayudas indirectas de
carácter horizontal y con un amplio espectro de empresas susceptibles de
utilizarlas, encauzándolas a través de las empresas líderes e
integradoras del mercado.
Hace escasamente quince días la comisión de la Unión Europea aprobó una
parte importante de este programa de ayudas como compatible con las
normas de la Unión en relación con el desarrollo del proyecto aeronáutico
CASA 3.000.
En tercer lugar, está el sector textil y confección, en el que el plan de
competitividad plenamente enmarcado en los objetivos y los medios
concretos establecidos en la iniciativa RETEX de la Comunidad Europea
será el eje central para facilitar la adaptación de nuestras empresas
textiles a las nuevas exigencias de competitividad y mejorar la posición
española en los mercados exteriores. Sobre ese tema en algún momento tuve
ocasión de hacer un desarrollo más amplio y lo doy por hecho, por no
hacer esto interminable.
También quiero hacer alguna referencia al sector siderúrgico. En el
sector siderúrgico tenemos que continuar la puesta en práctica de los
planes de actuación de la siderurgia y de la siderurgia pública española
autorizadas por el Consejo de Ministros de la Unión. Se apoyará de forma
especial las acciones tendentes a dotar a la siderurgia de nuevas
instalaciones de alta productividad que permitan colocar a esta industria
del acero nacional en una posición competitiva acorde con la de los
restantes países comunitarios; una política compatible, por otro lado,
con procesos, como ya he dicho, de alianzas también con el sector
privado, algunas de las cuales están siendo objeto de discusión. Sobre
ese tema me permito adelantar a SS. SS. que una parte importante de los
acuerdos derivados de la puesta en marcha del plan siderúrgico,
especialmente en su aspecto --por así decirlo si me permiten la
expresión-- más Ensidesa que Altos Hornos de Vizcaya --si me entienden lo
que quiero decir--, está siendo objeto en estos momentos de análisis por
el Gobierno para su implementación en sus aspectos financieros por el
Consejo de Ministros para su aprobación, a fin de proceder con rapidez a
la configuración de las distintas líneas en las cuales se ha de
subdividir la actual corporación de la siderurgia integral: largos,
planos y transformados.
En cuarto lugar, el apoyo a la política sectorial y a los grupos
empresariales. En determinados casos en los que exista una necesidad
específica de actuación se llevarán a cabo --y quiero decirlo-- planes
específicos de carácter sectorial o de empresas o grupos de empresas que
requieren la especial actuación de las administraciones públicas sobre la
base de iniciativas concretas de I + D y generación de nuevos productos
españoles. Algunos casos concretos son los relativos a los sectores de
automoción y químicos y las acciones en el sector de fabricantes de
vehículos y de componentes.
La política energética merece también alguna referencia de futuro. Un
aspecto prioritario de la política industrial es su imbricación, como he
dicho en repetidas ocasiones, con la energética. La disponibilidad y el
coste de la energía es un factor estratégico para muchas actividades
industriales. La mejor contribución del sector a la competitividad
industrial supone unos imperativos de eficiencia económica, seguridad del
suministro y protección del usuario que requieren una estrategia a largo
plazo, con carácter nacional, de sus decisiones básicas.
El PEN 1991-2000, como recordarán, toma como premisa que en materia de
política energética un principio fundamental es contar con el mercado
como mecanismo fundamental de la asignación de recursos, recurriendo a la
planificación energética solamente cuando imperativos de eficiencia,
reducciones de riesgos o protección del usuario así lo exigieran.
Pues bien, dadas las características de los diferentes sectores
energéticos, la ordenación y la regulación deben seguir jugando todavía
un papel importante en sectores como el gasístico y el eléctrico en el
marco de las iniciativas, incluso legislativas, que se han adoptado,
mientras que serán creciente y esencialmente los mecanismos de mercado
los que operarán en la toma de decisiones dentro del sector petrolero.
Les estoy queriendo decir de una manera inevitablemente sintética que el
avance hacia la introducción de mecanismos de mercado o simulación de
condiciones de mercado es desigual en los diferentes sectores. En el
sector petrolero se ha avanzado, pero tenemos que
seguir avanzando; en el sector eléctrico y gasístico estamos avanzando
ciertamente con iniciativas legislativas y con otras de carácter
normativo que han de permitir el que las condiciones de competencia sean
un factor coadyuvante a las inevitables consideraciones establecidas por
razones de riesgo o de seguridad por la propia planificación en el sector
energético. Un conjunto de normativa en este sector tendrá lugar a lo
largo de este año en la línea de introducir más competencia, y también
avanzar hacia una energía en condiciones de calidad, pero ciertamente una
energía competitiva en términos de precio, desde el punto de vista
industrial.
No me detengo, por conocida, en la iniciativa que está en este momento
presente ya en la Cámara: el proyecto de ley de ordenación del sector
eléctrico. Sí les quiero señalar, en todo caso, que confío que este mismo
mes pueda ser objeto de aprobación un proyecto de real decreto de
instalaciones de autoproducción que tiene en cuenta el criterio de coste
evitado para la energía eléctrica que vierten estos productores a la red.
Con su entrada en vigor se podrán alcanzar los objetivos previstos para
este tipo de producción en el PEN, que afecta a la autogeneración, a la
cogeneración, a las minihidráulicas, etcétera, y, por lo tanto, al
objetivo de ahorro, eficiencia y conservación de la energía.
Por lo que hace referencia al sector petrolero, las tareas principales
son las de transparencia y avance de los mecanismos competitivos conforme
a las condiciones de los mercados, y que el número de agentes sea
suficiente para garantizar la protección del consumidor. La creciente
integración del sector energético español en el mercado comunitario está
propiciando ya, y todavía lo hará más en el futuro, un mayor nivel de
competencia que aconseja una ordenación sectorial basada en la búsqueda
de la eficiencia empresarial, de modo que las decisiones de las compañías
tengan un mayor protagonismo en la configuración de las propias
estrategias del sector. Una forma de abordar el reto de la competencia en
el mercado energético español y comunitario consiste en la creación de
grupos empresariales sólidos de carácter nacional, con una dimensión
comparable a los existentes a nivel internacional. Saben, creo, y si no
tendré mucho gusto en ser más preciso en este terreno, mi insistencia en
la consideración de la importancia de factores nacionales en un sector de
carácter estratégico a la hora de configurar las tomas de decisiones de
algunas de las compañías.
Es necesario destacar la oportunidad existente de crear en el sector
energético español empresas líderes en el concierto mundial, debido a las
grandes magnitudes económico-financieras de las empresas de dicho sector,
por las características específicas del mismo, que implican grandes
inversiones a muy largo plazo y un número también muy elevado de
clientes.
En el sector eléctrico la configuración de cuatro grupos empresariales
que puedan operar en el año 2000 en condiciones de competitividad ha
constituido una tarea fundamental cuyos hitos principales han sido la
modificación del marco legal y estable y el protocolo suscrito con las
empresas eléctricas. Sobre estas bases debe seguirse incidiendo, tanto
desde la óptica institucional como desde la óptica de la regulación y,
específicamente, en lo que concierne a la introducción de incentivos a la
eficiencia y al saneamiento financiero en lo que se refiere a mayor
transparencia en la formación de los precios.
En el sector del gas, completada formalmente su organización
institucional a partir de la creación del grupo Gas Natural que integra
la Compañía Enagás y que se configura como la tercera o cuarta empresa
--cuarta por el número de clientes-- en el nivel europeo, la tarea
fundamental consistirá en la consolidación de este grupo en el ámbito de
un esquema de regulación que debe todavía sufrir de ulteriores
perfeccionamientos y que, eventualmente, podría requerir la modificación
de la Ley del Gas. Asimismo hemos de continuar el desarrollo de la red
nacional de gasoductos a la que antes me refería y las interconexiones
internacionales, en particular el gasoducto MagrebEuropa.
En materia tarifaria se trata de un proceso que puede calificarse de
inacabado y, por tanto, de continuo y que debe poner especial énfasis en
el perfeccionamiento de la estructura de tarifas y en los incentivos a la
minimización de costes y a la mejora de la calidad de servicio. Por
tanto, quiero dejar muy claro, una vez más, que la evolución prevista de
la tarifa media en base al nuevo equipamiento eléctrico en los próximos
años y en base a las previsiones de demanda con las que en este momento
podemos jugar, deben seguir una senda de crecimiento moderado de las
tarifas e incluso una disminución, en términos reales, lo que permitirá
una mejora relativa de la competitividad de nuestra industria intensiva
en consumo de energía eléctrica. Esta evolución de la tarifa media debe
ir acompañada, como les decía, de una progresiva adaptación de nuestra
estructura tarifaria que se realizará en las correspondientes órdenes
ministeriales que se aprueban anualmente, tendente a ajustar los costes
del sistema con las distintas formas de consumo, permitiendo la máxima
flexibilidad.
En materia de carbón, por ultimar las referencias de carácter energético,
la ordenación sectorial se realizará enmarcada en el Plan nacional, en el
Plan de la minería de carbón derivado de las orientaciones comunitarias.
Con dicha ordenación sectorial se pretende, en su segunda fase, obtener
un volumen de carbón --posiblemente, no, con seguridad-- en el medio
plazo en una dimensión menor de la actual que esté constituida, no
obstante, por empresas más sólidas en donde se hayan conseguido
incrementos de competitividad que les permitan avanzar en una línea lo
más convergente posible para disminuir en pesetas constantes el volumen
de ayudas que todavía sigue --y seguirá inevitablemente-- sosteniendo al
sector.
En otro terreno, quiero señalarles que vamos a llevar a cabo actuaciones
de tipo horizontal que mejoren la eficiencia en el consumo energético y
en el binomio energía-medio ambiente. Quiero destacar especialmente las
actuaciones en los ámbitos tecnológicos con la creación del Programa de
estrategias tecnológicas de largo alcance que denominamos Estela, o
medioambientales, con la elaboración de un programa de estrategia
energética y medioambiental, Programa Esema y la potenciación del plan de
ahorro y eficiencia energética.
En cuanto a las energías renovables, como saben, el instrumento
fundamental de promoción de estas energías en nuestro país lo constituye
precisamente el Plan de ahorro y eficiencia energética, integrado en el
PEN, con el objetivo de aumentar la oferta y la contribución de las
energías renovables al balance energético español, en torno al 20 por
ciento en usos térmicos finales y en cerca de cuatro veces, en términos
de producción eléctrica con estas energías, en los años 1991/2000.
Objetivos, ciertamente, muy ambiciosos, objetivos, no obstante, que en
los años transcurridos de aplicación del PEN --y especialmente a lo largo
de los años 1993 y 1994-- han tenido avances extraordinariamente
importantes en relación con la totalidad del objetivo señalado para esta
área en el PEN que llega hasta el año 2000. Quiere esto decir que estamos
bastante próximos a poder tener una razonable seguridad de que para el
año 2000 incluso se habrán más que cubierto los objetivos que
primitivamente estaban trazados.
Estos resultados energéticos llevarán asociados una inversión total de
alrededor de 334.000 millones de pesetas, con una aportación de recursos
públicos de más de 70.000 millones de pesetas. Por tanto, la actuación
general desde el Gobierno en el área de la energía tiene como eje central
crear un marco de funcionamiento que favorezca el aumento de
competitividad de las empresas españolas a través de actuaciones de
fomento de la diversificación de combustibles, aumento del uso del gas
natural y de la autoproducción e introducción de nuevas tecnologías,
fundamentalmente ciclos combinados, reducción de costes energéticos en
tarifas eléctricas y de gas más bajas y factores que incentiven la mejora
en la gestión empresarial y la mejor atención al cliente.
Sería inevitable y lo tengo que hacer forzosamente de una manera muy
resumida, referirme a la empresa pública. En relación a este tema el
pasado 27 de junio tuve el gusto de comparecer a petición propia ante
esta comisión y debatir con SS. SS. la estrategia de la empresa pública
industrial en los diferentes sectores productivos en los que hoy existe
presencia de la empresa pública. Algunos compromisos se derivaron de
aquella comparecencia, algunas mociones fueron aprobadas y su
cumplimiento tendremos que llevarlo a cabo en el momento oportuno, cuando
venzan ciertamente los plazos. Quiero reiterarles aquella estrategia que
entonces dibujé ante SS. SS. hace poco más de tres meses y que sigue
siendo válida de cara al futuro.
Simplemente quiero recordarles aquí que con la constitución de Teneo, que
incorpora a todas las empresas del INI estén en pérdidas --y algunas de
ellas están y, por cierto, clamorosas-- o en beneficios --y algunas de
ellas han entrado entre los años 1993 y 1994 y los ampliarán a lo largo
de 1995--, se trata de que aseguren su viabilidad compitiendo de acuerdo
con las condiciones normales de los mercados de sus respectivos negocios
y, a partir de esa restricción y consideración fundamental se pretende
impulsar un grupo empresarial rentable y dinámico con capacidad de
competir en los mercados internacionales y no ajeno a alianzas e
interrelaciones con el sector privado.
Se pretende --insisto-- la contribución al desarrollo del tejido
empresarial español derivado de las ventajas que para una economía supone
contar con centros de decisión empresarial de rango internacional y que
se manifiesta en capacidad de interlocución y en efecto de arrastre para
la pequeña y mediana empresa. Es una tarea titánica --lo saben SS. SS. y
yo soy el primero en sufrir sus legítimas críticas--, que no se hace en
unos meses, se hace con algo de constancia, pero ciertamente con la
persistencia en los objetivos y, desde luego, no pretendiendo modificar a
cada momento la política en materia de empresa pública.
Créanme que estoy dispuesto a sufrir las críticas por los insuficientes
resultados económicos alcanzados, siempre y cuando puedan ustedes creer
que la estrategia diseñada es sustancialmente correcta, incluso si han de
pasarse momentos difíciles hasta configurar, de manera más creíble de lo
que es hoy, el proyecto de empresa pública que me empeño permanentemente
en exponer ante SS. SS.; no un proyecto al servicio del mantenimiento
permanente e indefinido de no importa cuánta participación del Estado en
la actividad empresarial, sino un proyecto de carácter industrial en el
que a este ministro personalmente lo que relativamente le importa menos
es cuánta sea la participación estatal y, sin embargo, cuánta sea la
solidez empresarial que resulte bastante relevante en términos
estratégicos e industriales para este país.
En relación con el INH las líneas esenciales de esta política estratégica
pueden resumirse en la reducción de costes, la política de equilibrio de
la base de generación de negocios, la mejora de las actividades
tradicionales de la compañías y la aplicación estricta de unos objetivos
de rentabilidad a todos los planes inversores, lo cual, naturalmente,
lleva a las oportunas discusiones sobre los procesos, entre otros, de
gasificación regional de nuestro país que exigirán las correspondientes
ayudas públicas presupuestarias o de la propia Unión Europea.
Finalmente, quiero indicarles que la incertidumbre producida en los
mercados como consecuencia de modificaciones en los tipos de interés ha
provocado que se posponga hasta el próximo año la salida a Bolsa de un
importante paquete de acciones de Repsol. El porcentaje final de capital
de la empresa que se colocará no ha sido todavía decidido por el Gobierno
y no lo será hasta el momento oportuno. Es posible que sea más de lo que
inicialmente se anunció o es posible que sea menos. Seguiremos,
seguramente, debatiendo en los medios de comunicación sobre cuál haya de
ser esa participación. Quiero decirles, por lo menos para evitar
especulaciones, que, como corresponde, siendo el Estado el titular de
esas acciones, aunque sea a través de un intermediario que es el INH,
será, naturalmente, el Gobierno quien tome la decisión oportuna sobre el
porcentaje de participación pública que haya de quedar en Repsol.
En todo caso, me parece importante, ahora que quizás puede ser motivo de
actualidad y de debate público la defensa de algunos intereses
estratégicos nacionales, que el Gobierno y desde luego, este ministro,
tienen la firme intención de seguir defendiendo estos intereses
estratégicos nacionales cuando se produzca la reducción de la
participación pública en esta empresa. Como saben, y como han podido
tener conocimiento, el Gobierno está discutiendo
un proyecto de ley, que tiene que ser un proyecto de ley que acompañe a
los eventuales y que decida, hoy o en el futuro, procesos de reducción de
la participación pública estatal. Este proyecto de ley tendré sumo gusto
en discutirlo con SS. SS. en el momento oportuno. Quisiera, en todo caso,
que la Comisión de Industria no fuera ajena a este debate y me parece que
es mi obligación decirles a ustedes que, frente a algunas de las cosas
que en el pasado se han dicho, quizás, admitiré, si ustedes así lo
estiman, que puedan ser atribuibles a deslices verbales o incluso no
tendría inconveniente alguno en aceptar, si ustedes así lo estiman, a
torpezas de este ministro, ésta no es una ley para mantener el control de
los gestores; ésta es una ley o pretende ser una ley en un país que está
mucho más desprotegido que otros países, en los cuales gobiernos
conservadores han puesto en marcha mecanismos, en virtud de los cuales
aquellas industrias que son relevantes para la economía nacional, puedan
estar sometidas, con pleno respeto a la Ley de Sociedades Anónimas, a
determinas cautelas que, naturalmente, el Gobierno no tiene intención de
agotar, sino, simplemente, preservar y utilizar en la medida que tengan
relación con intereses actuales o futuros de carácter estratégico
industrial. Este es un debate que no pretendo adelantar en este momento;
creo que tendremos ocasión de hacerlo. Me gustaría entiendan que, de
manera alguna, se trata de una política al servicio de la preservación
del control o del Ministerio de Industria y Energía ni de nadie sobre los
gestores, sino, por el contrario, una política dirigida a pensar a cinco,
a diez, a quince años vista, sobre los intereses industriales de este
país, que me gustaría poder compartir con SS. SS.
Señor Presidente, es obligado también que este ministro conteste a las
solicitudes de comparecencia que se habían formulado por el Grupo
Popular, en relación con temas que en este momento, quizás, son algo
menos actuales, pero a los que, en todo caso, trato de dar satisfacción,
siquiera sea brevemente.
En concreto, el Grupo Popular había solicitado la comparecencia del
Ministro de Industria y Energía para que informara antes de la reunión
del Consejo de Ministros de la Unión Europea, el día 22 de abril de 1994,
sobre las cuestiones que han de tratarse en dicho Consejo, muy
especialmente en lo referente al desarrollo y la aplicación del Libro
Blanco, crecimiento, competitividad y empleo. Ciertamente, nada me
hubiera gustado más, señor representante del Partido Popular, que tener
ocasión de explicar, con la antelación correspondiente, aspectos tan
importantes como éste, no solamente por la fecha y por el momento, sino,
quizás, por su interés. En todo caso, y aunque no es imputable a este
ministro el momento en el que comparece, les quiero decir que es un
objeto de debate permanente, y me sigue pareciendo que esta propuesta de
comparecencia sigue teniendo actualidad, no en relación con aquel Consejo
de Ministros, pero sí en relación con los debates que se derivan del
Libro Blanco en su aplicación a la industria. Por tanto, si me permiten,
quizás resumiré brevemente algunas ideas en esta dirección y daré cuenta
al Grupo Popular y a SS. SS. de algunas de las posiciones adoptadas por
el Gobierno, y por el Ministerio de Industria y Energía en particular, en
relación con la aplicación del Libro Blanco a la industria.
El Consejo Europeo de Bruselas, en diciembre del año 1993, examinó y
aprobó el Libro Blanco sobre competitividad, crecimiento y empleo y, como
consecuencia, inició un debate en profundidad a nivel comunitario sobre
distintos aspectos vinculados al mismo en los distintos foros
especializados.
El Consejo de Ministros de Industria, de 22 de abril del presente año,
abordó el análisis de los aspectos industriales del Libro Blanco,
centrándolos fundamentalmente en el terreno de la competitividad. Como
resultado del debate, aprobó un documento de conclusiones sobre mejora de
la competitividad de la industria española, que recoge las grandes
orientaciones del Libro Blanco: desarrollo de la cooperación industrial,
potenciación de la innovación e inversión en material, búsqueda de normas
internacionales equitativas en el ámbito de la competencia, promoción del
desarrollo industrial sostenible e implantación de la sociedad de la
información. Sobre todo esto trató el Consejo de Ministros de Industria
al que se refería la solicitud de comparecencia. Dicho Consejo, además,
examinó, entre otros puntos del orden del día, la política industrial en
favor de las Pymes y aprobó dos resoluciones relativas a la industria
textil y a la industria del automóvil.
Posteriormente, tanto a nivel de directores generales como en grupos de
trabajo entre los Estados miembros y la Comisión, se discutió la
estrategia a seguir en relación al análisis de los aspectos industriales
del Libro Blanco, la oportunidad del debate y el contenido del documento
de conclusiones que aprobara anteriormente el Consejo de Industria. Como
consecuencia del trabajo, entre otros, de la delegación española, y del
resultado, pienso que claramente fructífero de su negociación, cabe
señalar el reforzamiento y en algunos casos la introducción, a petición
española entre otros, de los siguientes aspectos que forman parte de lo
que han sido prioridades mantenidas y tendrán que seguir siendo
mantenidas en este debate en el concierto europeo por España y por el
Ministerio de Industria y Energía en particular.
En primer lugar, un apoyo decidido a una nueva política industrial que
suponga el reforzamiento --si me permiten la expresión-- del
planteamiento industrial frente a otros aspectos económicos en la
política de la Unión. En este sentido, se señaló la necesidad de superar
el tradicional papel del Consejo de Industria de la Comunidad, plantear
un diagnóstico de situación y un enfoque industrial de las distintas
políticas de la Unión en un ejercicio de apoyo decidido al contenido del
artículo 130 del Tratado de la Unión.
Igualmente, una línea sostenida persistentemente en esta área, como en
otras, por parte de nuestro país, a través del Ministerio de Industria y
Energía en este caso, es la línea de la cohesión económica y social y su
vinculación al desarrollo de la competitividad europea, destacando la
necesidad de una reflexión sobre la suficiente adecuación de los
criterios e instrumentos existentes al nuevo contexto socioeconómico de
la Unión, especialmente en el examen de las relaciones entre la política
de la competencia y las necesidades y retos de la industria en las
regiones menos
favorecidas, así como en el desarrollo de otras políticas comunitarias
con impactos relevantes en industrias localizadas en estas regiones.
El tercer énfasis introducido en esos debates es el subrayado papel
esencial de las Pymes para el funcionamiento del mercado interior y la
necesidad de instaurar mecanismos específicos para eliminar los
obstáculos de todo tipo a su desarrollo, acceso al progreso tecnológico,
financiación, etcétera.
El cuarto punto es el apoyo a una política de calidad a nivel
comunitario, al que he hecho referencia en la primera parte de mi
intervención.
Y el quinto, la financiación con fondos estructurales las necesidades de
ajuste de la industria europea. Este es un aspecto cuya importancia no
quiero exagerar ante SS. SS., pero fundamental para España; tan
importante que motivó la reserva de la delegación española, tanto en el
proyecto de conclusiones sobre el Libro Blanco como en los dos proyectos
de resoluciones sectoriales sobre la industria textil y sobre la
industria del automóvil. La reserva española tenía como objeto conseguir
un texto equilibrado que garantizase la plena autonomía de los Estados
miembros en el reparto de estos fondos y eliminar, dado su carácter
horizontal, cualquier precedente de asignación sectorializada desde la
Unión Europea que pudiera ser utilizado en la futura reforma de los
fondos, al final de las actuales perspectivas financieras que terminan en
el año 1999.
Quiero expresarles, en esta línea, mi satisfacción por la redacción de
consenso conseguida tras esta discusión con todos estos énfasis que acabo
de poner de manifiesto, y la discusión entre los Estados miembros y la
Comisión.
La segunda sesión del Consejo de Ministros de Industria, que tiene que
ver también con la puesta en marcha de las conclusiones del Libro Blanco,
tiene lugar en el primer semestre de 1994; se celebró en Luxemburgo, no
el 25 de mayo, sino el 22 de junio. No figuraba, ni fue examinado en esa
sesión, el desarrollo y la aplicación del Libro Blanco, sino que se
trataron temas relacionados con el estado de la negociación en el seno de
la OCDE sobre los astilleros, la sociedad de la información, el
seguimiento de la reestructuración de la siderurgia y las ayudas de
Estado.
En cualquier caso, el Libro Blanco sí ha sido el punto de arranque de la
comunicación de la Comisión sobre una política de competitividad
industrial en la Unión Europea remitida el pasado 14 de septiembre. Un
documento, a mi juicio, de extraordinaria importancia; un documento que
yo creo deberá formar parte de ese debate al que antes me comprometía, en
torno a lo que queramos hacer de la industria en el futuro en nuestro
país.
El Consejo de Industria del pasado día 28 tuvo un primer debate de
orientación en torno a este documento, estando previsto que el próximo
Consejo, el día 8 de noviembre, adopte una resolución, que aún está por
definir, en base a la citada comunicación y al debate de orientación
celebrado.
Por mi parte, como les adelantaba, pienso que el excelente diagnóstico
que el Libro Blanco realiza sobre la competitividad de la industria en la
Unión Europea nos muestra claramente los problemas estructurales y
también algunas pistas, si bien muy generales, que permiten a la Unión
mejorar sus parámetros en términos de crecimiento, de competitividad y de
empleo.
Está claro que la estabilidad macroeconómica y la mejora del entorno
financiero y monetario son condiciones necesarias, pero está muy lejos de
ser cierto que constituyan condiciones suficientes para acelerar el
ajuste estructural de nuestras industrias y para obtener ganancias de
competitividad que superen en ritmo a las de nuestros competidores.
Creo firmemente que la Unión Europea ha de hacer una apuesta fuerte y
decidida en favor de la competitividad de su industria, lo que debe ser
el núcleo, o una parte del núcleo de sus prioridades futuras. Se
trataría, por tanto, a mi juicio, de poner en marcha por la Unión
estrategias competitivas vigorosas e integradas, que sin menoscabar el
protagonismo de las empresas en el esfuerzo de mejora de su propia
competitividad, pueda permitirles dar una respuesta común más sólida, por
tanto, en un mercado global como respuesta a las iniciativas de gran
alcance promovidas por empresas de otros países, en algunos casos también
fuertemente apoyadas y coordinadas por sus respectivos gobiernos.
Esta es la posición que venimos manteniendo, una posición que se traduce,
como ven ustedes, en un compromiso claro por la industria, por una
política industrial más firme, más decidida en la Unión Europea, y por la
defensa de intereses que, en el marco de la Unión Europea, nuestro país
tiene que considerar a la vista de que algunas de las posiciones se
configuran, o tienen el riesgo de configurarse, mucho más atendiendo al
interés de las grandes empresas de países más avanzados que nosotros en
la Unión Europea, y dejando de lado algunas de las que son, en todo caso,
nuestras prioridades como país en materia industrial.
Desde esta perspectiva ese debate me parece que es de importancia, señor
Presidente, un debate que me parece será bueno que podamos seguir o
continuar dentro de esta Comisión de Industria, aunque todavía ese debate
no haya concluido y presumiblemente durante la Presidencia alemana haya
de dar pasos significativos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro, por su intervención.
Vamos a pasar ahora al turno de los distintos grupos. ¿Grupos que desean
intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Luis Gamir.
El señor GAMIR CASARES: Señor Presidente, a las cinco y media de esta
tarde, de esta sesión que empezaba oficialmente a las cuatro, está
flotando en el ambiente algo que en los usos y tradiciones ya de esta
comisión tendríamos que citar como de «Alicia en el país de las
maravillas»; quizá en este caso, y perdóneseme la pequeña broma, de
«Eguiagaray en el país de las maravillas».
Dejando ya la cita sobre ese libro, señor Ministro, con toda sinceridad,
también sin acritud, usted no ha expuesto toda la realidad; al menos ha
expuesto parte de la realidad. Yo creo que usted ya ha demostrado una
mayor solidaridad
hacia la política industrial de los gobiernos de Felipe González en los
años anteriores, incluso en la época en que usted estaba en el Gobierno,
por ejemplo, en la década de los noventa, porque es difícil comprender
algo de lo que está ocurriendo en 1994 sin considerar lo que ha ocurrido
por lo menos en los años 1991 a 1993. En los años 1991 a 1993 tiene lugar
una fortísima crisis industrial en nuestro país, sobre todo en lo que
creo que más nos importa a todos, en términos de empleo; lo que más
importa a la sociedad española, lo que más importa al Partido Popular, y
me figuro que también lo que más importa al Partido Socialista.
En términos de empleo, entre 1991 y 1993 se destrozan en España cerca de
medio millón de puestos de trabajo, exactamente 450.000 puestos de
trabajo; el 20 por ciento de todos los puestos de trabajo. Nos colocamos
con poco más de dos millones de puestos de trabajo. ¿Sabe usted a qué
fecha nos tenemos que remitir para encontrarnos con una población
industrial tan baja? Pues a finales de los cincuenta. Además de esa
situación el año 1993 es con diferencia el peor, con la destrucción del
10 por ciento de todos los puestos de trabajo, 250.000 de los 450.000
mencionados.
Es extraordinariamente aguda esa situación de crisis en el empleo que no
se ha mejorado en los seis primeros meses de este año, en la continuidad
de estos seis primeros meses, en que a su vez sigue destruyéndose empleo,
17.500 aproximadamente puestos de trabajo en los seis primeros meses de
este año.
¿Que durante estos meses, por lo que conocemos de lo ocurrido en el año,
han crecido las exportaciones industriales? Es cierto. Sin duda han
crecido las exportaciones industriales; ahora bien, existe una frase
tópica entre la oposición y el Gobierno: se trata de que el Gobierno dice
que cuando ocurre algo bueno eso se debe al Gobierno o a otras razones;
cuando ocurre algo malo eso no se debe al Gobierno y la oposición lo
suele hacer al revés.
Intentándonos salir de ese tópico podíamos intentar un análisis de qué ha
ocurrido con las exportaciones y quién tiene --entre comillas-- la
culpabilidad de lo ocurrido hasta la actualidad.
Creo, señor Ministro, que usted y los grupos parlamentarios que nos
acompañan estarán de acuerdo en que el diagnóstico del porqué de este
crecimiento de la exportación durante este año, la exportación
industrial, se debe básicamente a tres razones: a los efectos de las
devaluaciones; al crecimiento de los países clientes; y al duro ajuste de
los costes internos de las empresas durante el año 1993.
Si hacemos este diagnóstico, en el que creo estaremos de acuerdo, podemos
preguntarnos después qué ha tenido que ver el Gobierno y otras fuerzas
sociales con estos tres factores básicos de lo que ha ocurrido en la
exportación que, a su vez, es la razón de lo que ha podido ocurrir en las
cifras que usted ha dado sobre crecimiento, repito, sin empleo, e insisto
en esto, sobre el crecimiento continuando la caída del empleo.
Las devaluaciones, no hay más que ir a las hemerotecas para ver que antes
de que empezaran a producirse las mismas los compañeros de usted, el
Gobierno en aquella época, hacían continuas manifestaciones sobre lo
apropiada que era la política de tipos de cambio altos, duros y fuertes,
con tipos de interés altos, duros y fuertes, aparte de con los déficit
fiscales, con los cuales en el lenguaje de las palabras sí significaban
algo pero no en el lenguaje de los hechos. Esa era la realidad existente,
de forma que las devaluaciones las tenemos que considerar como políticas
no deseadas, si damos credibilidad a lo que decían los encargados de la
economía de este país en la época anterior a la que tuviera lugar, y como
tal impuestas desde el exterior; impuestas desde el exterior las cuatro
devaluaciones, las tres oficiales y la cuarta que tiene lugar a través de
la fluctuación de hecho, que son indudablemente motores de la
exportación. No podemos relacionarlas con política deseada como tal por
el Gobierno, sino impuestas desde fuera.
Crecimiento de los países clientes para nuestras exportaciones. Yo creo
que ahí no podemos decir que el Gobierno es neutral al respecto; España
no es un país locomotora, pero tampoco podemos decir que es un factor que
va contra los destinos del Gobierno, como es lógico, pero es un factor
independiente el Gobierno; creo que la visión más objetiva de por qué
crecen esos países es porque están creciendo incluso bastante más de lo
que crece la economía española en general.
En cuanto al tercer factor, es muy importante, y quizá no se resalta
suficientemente, porque la competitividad de la empresa industrial
española en este momento no solamente es monetaria a consecuencia de las
devaluaciones, sino que es real a causa de su ajuste de costes. Eso se
hizo a través de un ajuste muy duro, que sobre todo se realizó a través
del factor trabajo. Sin duda eso no correspondía a los deseos del
Gobierno, no correspondía a lo que el Gobierno pensaba que iba a ocurrir.
Si recordamos las cifras del Gobierno sobre la disminución del empleo
antes del año 1993, lo que el Gobierno pensaba que iba a ocurrir, una vez
más, con proyecciones, como objetivos, o con perspectivas de que
disminuye la credibilidad del Gobierno dada la diferencia entre la idea y
lo ocurrido. En todo caso, digamos que el protagonista de que aquello
tuviera lugar fue la empresa; fue el empresario que tomó esas decisiones,
socialmente duras, sin duda, pero las cuales, cualquiera que sea nuestro
juicio de valor sobre las mismas, es el tercer factor de que estas
empresas más competitivas en la actualidad por factores reales han podido
desarrollar la exportación. Esta es la causa de esa especie de
crecimiento sin creación de empleo en la que nos encontramos actualmente.
Diría que ésa es la causa a pesar de otros factores que estarían en el
otro platillo de la balanza y que podrían hacer que nuestra exportación
no creciera y, en general, que la industria no creciera; pero son
factores menores, en estos momentos, que los tres mencionados. Factores
que, en este momento, están afectando de forma negativa a la exportación
y al crecimiento de nuestra economía, y del sector industrial, es sin
duda, el diferencial del tipo de interés a largo, que en este momento
está cercano a cuatro puntos en relación a Alemania y que, sin duda,
discrimina contra la industria. ¿Por qué? Porque la industria, como usted
conoce muy bien, es un sector de bienes comercializables, es decir, de
productos exportables
que compiten con importaciones y, como tal, lo que más le importa no es
el nivel absoluto de tipo de interés sino el nivel relativo respecto a
Europa. En este nivel estamos claramente desfasados. Además, la
tendencia, por desgracia, es al alza, como muestran los indicadores; tema
que, si hubiera alguna discusión al respecto, en la réplica se podría
aclarar. Este elemento frena también la inversión. Tenemos un grave
problema en inversión, sin duda, como es conocido, que frena el consumo
de bienes --consumo duradero--, no sólo pero especialmente. Ese es uno de
los factores que irán cobrando más importancia, si no se cambia la
política económica del Gobierno, a pesar de la importancia de los tres
primeros antes mencionados.
Segundo, las cuotas empresariales de la Seguridad Social. Según los
últimos datos de la Comisión Europea las cuotas empresariales de la
Seguridad Social se implican (y uso esta palabra porque la quiero
utilizar, si acaso en la réplica diré por qué utilizo precisamente esa
expresión) el 9,5 por ciento del PIB para las empresas españolas,
mientras que para el resto de Europa implica el 6,5 por ciento del PIB.
Son tres puntos de PIB de discriminación que tiene que soportar la
empresa española. Me podrá decir que en los presupuestos para el año que
viene está prevista la disminución de un punto a las cuotas de la
Seguridad Social. Si hace usted el cálculo se encontrará que esa
disminución de un punto en las cuotas de la Seguridad Social implica un
cuarto de punto en las cotizaciones empresariales en «ratio» del PIB. Es
decir, que la disminución de la discriminación respecto a Europa es de
menos del 10 por ciento. En relación a eso, es indudable que hay que
contraponer el proyecto del Partido Popular, que luego podría explicar en
la réplica, si fuera necesario, de lo que no es una medida aislada fuera
del pasado y fuera del futuro de bajar un punto con esos efectos que
hemos dicho, sino de bajar cinco puntos durante una legislatura. Cinco
puntos de cuotas de la Seguridad Social, si lo trasladamos a puntos de
PIB en las cuotas empresariales es, aproximadamente, un punto, con lo
cual disminuiría en una tercera parte la discriminación de nuestras
empresas frente a Europa. Sin duda esta discriminación afecta
especialmente al sector industrial por las razones antes comentadas,
porque siendo un sector de bienes comercializables internacionalmente es
un coste que no pueden transmitir. Esa forma de financiación de la
Seguridad Social, distinta por cierto a la media europea discrimina
especialmente a los sectores que compiten con importaciones o que
exportan, como es la industria. Estos dos hechos pertenecen a la política
económica del Gobierno --con la que estoy seguro que es usted solidario,
a pesar de mi comentario del principio-- desde 1982 a la actualidad, de
los Gobiernos de Felipe González.
El tercer elemento sería la política fiscal, la política de impuestos.
España es el país de la OCDE en que más se han incrementado los
impuestos. El incremento de impuestos, que sin duda disminuye la
rentabilidad y la competitividad de la empresa española, simultáneamente
no ha servido para disminuir el déficit público. Usted conocerá el
reciente y muy interesante estudio del Banco de España, que con un
análisis complejo y multivariante muestra que en España el incremento de
impuestos causa incremento de gastos después de un desfase transitorio.
Por tanto, no es un instrumento para disminuir el déficit público, de
forma que el incremento de impuestos, que tiene sus elementos negativos
sobre la competitividad de la empresa industrial española, ni siquiera
sirve para disminuir el déficit público, como hubiera podido ser la vía
para disminuir los tipos de interés y, de esa manera, haber podido
disminuir otra de las discriminaciones mencionadas. De acuerdo con el
complejo pero interesante estudio del Banco de España, este efecto no
tiene tampoco lugar.
Por último, habría que citar también otro elemento que va comiéndose el
margen que nos dieron las devaluaciones, ese diferencial de inflación que
habría que relacionar con una falta de política estructural tantas veces
anunciada. Algunas de las medidas que han salido en la prensa ayer las he
visto reproducidas en alguna hemeroteca, con las mismas palabras dichas
por el señor Solchaga, en el año 1986, sobre reformas estructurales
relacionadas con la inflación. No hay duda que la política fiscal
mencionada ayuda --entre comillas-- al carácter diferencial de nuestra
inflación respecto a Europa. Cuatro políticas del Gobierno que, de
momento, no son suficientes para el impacto de esos tres factores
anteriormente mencionados, que no son precisamente factores en los que el
Gobierno tenga su base, su actuación, que sean debidos al Gobierno, y que
están limitando los mismos y están dificultando de manera importante
también que la demanda interna, la inversión y el consumo sean los que, a
su vez, puedan relanzarse de manera adecuada con nuestra economía.
Insisto en que tampoco en este momento es válida la idea muy tradicional
del ciclo económico según la cual primero crece la producción y luego
crece el empleo. Esto ya sería en 1993, que no fue exacto. Las
previsiones al respecto no han sido adecuadas. En este momento, sin
embargo, tenemos un modelo de crecimiento no adecuado en ese sentido, de
que están destruyendo el activo más importante que hay en la economía
española, que es el empleo. Estoy seguro que el señor Ministro no dirá
--como alguna vez ha manifestado algún compañero de su grupo-- que al
hablar de estos temas no estoy hablando de política industrial. Cuando
uno se reúne con los sectores industriales éstos fundamentalmente hablan
de estos problemas. Lo que les importa sobre todo es: el marco
competitivo, la política macroeconómica. Si además nos dan subvención,
dicen, que nos la den. No es lo más importante --es lo pequeño, digamos,
de los presupuestos del Ministerio de Industria--, pero que no me ayuden,
que me coloquen con un marco competitivo igual. Estos son los temas
básicos, que influyen mucho más en la industria, sin duda, que programas
concretos.
Habla usted de las Pymes, señor Ministro, y de la política de Pymes. Para
la política de Pymes sería mucho más beneficioso disminuir el diferencial
de tipo de interés para toda la política industrial que pueda plantear,
que luego comentaré, dicho sea de paso. Sin duda. ¿Por qué? Porque las
pequeñas y medianas empresas tienen que financiarse con tipos de interés
duros y puros, tienen que ir a la banca a financiarse con ella y no
pueden hacer complicadas, o menos complejas, operaciones de ingeniería
financiera para
intentar financiarse más barato, ni la más simple, que podría ser ir a la
Bolsa, u otras más complejas. Usted conoce bien que en la financiación de
la pequeña y mediana empresa dependen mucho más los tipos de interés.
Luego ese diferencial es una muy eficaz política contra las Pymes en
España. Igualmente es una muy eficaz política contra las Pymes en España
la política de financiación de la Seguridad Social, porque lo que hemos
dicho con estos tres puntos del PIB en que se discrimina a la empresa
española, discrimina sobre todo a la Pyme, porque por peseta producida la
Pyme tiene más intensidad de trabajo, utiliza más trabajadores por peseta
productiva. Que en España la empresa esté discriminada en la forma de
financiación de la Seguridad Social discrimina fundamentalmente contra
las Pymes. No hay duda que la eliminación de estas dos discriminaciones
que tenemos en cuanto a Europa sería muchísimo más grande que cualquier
política micro concreta relacionada con la política de Pymes, como bien
conoce.
Podríamos ampliar esto al tema de los impuestos. Por entrar en el tema de
los impuestos en políticas muy concretas y puntuales, que no es éste el
momento de analizarlas, pues tendremos tiempo de hacerlo durante este
curso académico. Pero, dado que usted las ha mencionado, le voy a decir,
muy brevemente, que modifiquen el Impuesto sobre actividades económicas,
que afecta negativamente al empleo, planteen un sistema de deducciones en
el régimen de estimación objetiva, transferencia fiscal voluntaria,
modificación del Impuesto de cesiones para facilitar la adquisición
hereditaria de Pymes y que no mueran tantas Pymes entre generaciones. Por
ejemplo, analicen mejor el problema del empresario individual. La ley de
iniciativa a la empresa individual promulgada en Francia es algo que
habría que examinar con detalle. Habrá partes que puedan ser interesantes
y otras no, pero por lo menos un examen con detalle podría ser útil.
Usted ha mencionado la aprobación por el Congreso, en su día, de las
sociedades de garantía recíproca. Sin duda es algo positivo. En el resto
de la política financiera sobre las Pymes tenemos muchas más dudas. Por
ejemplo, no se ayuda a la capitalización de las Pymes. Para no hacer más
larga la exposición, en la réplica, si fuera necesario, le recordaré
algunas medidas fiscales que podrían ser útiles al gran problema de las
Pymes para la financiación, que realmente no tienen capital suficiente
para tener solvencia cuando van a pedir un crédito. O el desarrollo de
las sociedades capital-riesgo. Por ejemplo, ha habido una línea del ICO.
A nosotros nos interesaría mucho que se hiciera un seguimiento real de
esta línea del ICO. Según nuestros datos, el 60 por ciento de los
créditos de la línea del ICO han sido más de 100 millones. ¿Han ido
realmente a las Pymes? Sería un tema interesante a analizar. O, por
ejemplo, una forma de ayuda a la financiación de las Pymes: no se
financien ustedes de proveedores, como diríamos en el lenguaje
empresarial. La Administración Pública se está financiando de proveedores
de las Pymes. Si ustedes les devolvieran lo que se están financiando con
proveedores de las Pymes, habrían ayudado extraordinariamente a su
financiación, mucho más que con otras medidas que usted ha tomado.
Le podría citar muchas otras medidas al respecto, pero, para ir
abreviando, le diría que sería útil en los programas de formación
eliminar la actual discriminación contra el empresario autónomo que, como
usted sabe, queda fuera al respecto.
El actual sistema de desgravación fiscal tecnológica discrimina a las
Pymes, como usted sabe, al considerarlas básicamente en el I+D; las
deducciones fiscales en formación no son adecuadas y, por ejemplo, sobre
el gran problema de la burocracia y las Pymes, la recomendación de
Bruselas, sería interesante que el Gobierno, o su Ministerio, presentara
al Parlamento un informe sobre las medidas de desburocratización que se
tienen cada año o, ya para terminar, por ejemplo, sería muy útil
acreditar la subcontratación de las Pymes; el actual sistema no está
funcionando en la práctica en la junta de clasificación, que dificulta
una de las formas en que las Pymes podían contratar con la
Administración.
Dejo este tema aparte, dado que usted ha aludido a que dará lugar a otros
debates durante este año, y paso a algunos de los otros temas que usted
ha mencionado, políticas sectoriales que usted ha dicho.
En el automóvil, sobre el plan Renove ¿qué le vamos a decir? Que nos
parece bien. Nos parece bien (ya lo dijimos una vez en el Pleno del
Congreso), pero divertidamente contradictorio. Nosotros presentábamos una
medida sobre achatarramiento de los vehículos con prima que fue votada en
contra por su grupo parlamentario, y poco después sacaron ustedes esta
medida.
Por cierto, en cuanto a la medida sobre vehículos industriales (y quiero
decirlo desde ahora), tenemos fortísimas dudas y digo exclusivamente
fortísimas dudas respecto a su eficacia; simplemente compartimos lo que
nos han dicho, porque nos parece razonable. La Asociación Nacional de
Entidades de Financiación, de un lado, de otro, los productores de
vehículos industriales y, de otro lado, la representación corporativa de
todos ellos que hablan de fuertes dudas sobre la eficacia de ese plan.
Dado que estamos hablando de este tema (y también sin acritud, señor
Ministro), yo alguna vez le comenté la teoría de la margarita: usted un
mes dice que va a bajar a medio plazo el llamado, normalmente, Impuesto
sobre matriculación; luego que no, etcétera. Recientemente usted ha
vuelto a decir que a medio plazo hay que bajarlo. ¿No cree usted que esos
efectos anuncio no son buenos? Es de los típicos casos en los que hay que
hacer y no hablar; hacerlo por decreto-ley o en una enmienda al final en
el Senado, pero no hablar sobre ello, crear efectos anuncio y luego no
hacer nada al respecto.
Usted se ha referido también, al hablar de política sectorial, al plan de
competitividad textil, y ha dicho que le parece un magnífico plan. El
otro día (creo que fue ayer), representantes de todos los grupos
parlamentarios nos reunimos con un grupo muy representativo, muy a alto
nivel, de la industria textil que, sobre su plan de competitividad, nos
plantearon lo que ellos consideraban la ineficacia del mismo. Un plan de
competitividad de un sector hecho a espaldas del sector,
burocráticamente, sin consultarlo con el sector, es difícil que salga
bien, pero además, tal como
está concebido, no está saliendo bien, en absoluto; no es un plan que
esté incrementando la competitividad del sector. Tampoco es la forma de
hacer estos planes. No tengan ustedes miedo de tratar los temas con el
sector. No se trata, como es lógico, de que ustedes hagan lo que les dice
el sector, pero una mayor conversación le aseguro que muy a menudo es
buena al respecto, y en este caso hubiera sido mucho mejor, el plan
hubiera sido diferente y sus, entre comillas, beneficiarios, es claro que
opinan así.
De la LOSEN no vamos a hablar aquí, es una mala ley, pero ya tiene su
cauce de discusión aparte y, como tal, en él insistiremos sobre los
efectos de esta legislación.
Habla usted de tarifas eléctricas. Por cierto, el Secretario General de
Energía ha declarado hace muy poco que las tarifas eléctricas de las
empresas españolas son superiores a las tarifas europeas. Como en alguna
otra declaración usted ha venido a decir ante esta Comisión que después
de la devaluación esto no era así, a no ser que en este caso una vez más
hayan recogido mal todos los medios de difusión las declaraciones del
Secretario General de Energía (no he traído los periódicos aquí, pero
están en todos), parece que sería interesante conocer la uniformidad de
ideas del equipo directivo del ministerio al respecto.
En segundo lugar, sería interesante también que esa uniformidad se
produjera en relación a lo que ha declarado hace poco la Comisión
Europea, que dice que España es el cuarto país más alto en tarifas
eléctricas, y nos colocaba como el segundo país más alto en tarifas de
gas, cuando van dedicadas a las Pymes, esas Pymes a las que usted ha
mencionado tanto. Esos datos de la Comisión Europea contradicen los datos
que tiene el ministerio. A lo mejor es que la Comisión Europea no lleva
razón. ¿Hace falta hacer un esfuerzo en las tarifas? ¿Realmente la LOSEN
va a hacer un esfuerzo para no encarecer las tarifas?
Ha mencionado usted el tema de Enagás, pero como habrá después una
pregunta al respecto, lo dejo para entonces, con el fin de no reiterar
toda la poblemática sobre el mismo.
Empresa pública. Comprendo que usted tenga el pudor, me parece muy bien,
de no querer tratar el contenido de la ley sobre empresa pública y las
privatizaciones que tienen que aprobarse por el Gobierno; parece un pudor
algo mayor que el que usted tiene con la prensa, porque en la prensa
hemos leído gran parte del contenido de esa norma. Perdón: comprendo la
tremenda importancia de los medios de comunicación, lo comprendo; yo no
sé si menor a la del Parlamento, pero comprendo la tremenda importancia
de los medios de comunicación. Comprendo, en todo caso, su pudor, pero
quizá ha tenido usted (perdón, una vez más, y sin acritud) un pequeño
gazapo al decir que esta Comisión no será ajena al debate sobre esa ley.
¡Pero obviamente! ¿Cómo va a poder ser ajena esta Comisión al debate de
esta ley?
En todo caso, lo que ha salido en la prensa sobre esta ley, lo que
ustedes han anticipado a los medios de comunicación, sin duda nos parece
altamente criticable. Una cosa es que se haga una acción dorada que
prácticamente es un tipo de reglamentación en la que ustedes aluden a la
reglamentación francesa (pero en Francia realmente no hay una
reglamentación de este tipo, por lo que hemos leído en la prensa); pero
no es una acción dorada, sería una acción de platino, diamantes y toda la
pedrería y joyería incluida, más que el precedente de la acción dorada,
versión francesa tipo reglamentarista al respecto, que impediría muchas
veces la propia actividad del mercado para que, si hay malos gestores,
otros gestores puedan comprar una parte de la empresa y hacerla más
competitiva. Me refiero a la versión que han filtrado ustedes --ustedes o
quien sea-- a los medios de comunicación sobre el contenido de esta
norma.
Hablando de empresa pública, usted ha mencionado a Endesa y la
privatización. Nosotros ya hemos dicho alguna vez, y reiteramos, que nos
parece que ésta no es la forma de realizar privatizaciones; que la
privatización debe ir dirigida a la disminución de la deuda pública. En
el año 1982, España era el segundo país con menor deuda pública de toda
la Comunidad Europea, el 25 por ciento del PIB; solamente Luxemburgo
tenía menos deuda pública que nosotros, y ya se nos anuncia para el año
que viene que estaremos en el 66 por ciento de deuda. Las privatizaciones
deberían ir a reducir la deuda y no a pagar los agujeros de Teneo.
Además, cuando ustedes lo tienen que hacer para los agujeros de Teneo,
como en el caso de Endesa, incluso vendiendo las joyas de la abuela (en
frase, en este caso aplicable, de su compañero señor Borrell), cuando
ustedes lo hacen así, a veces lo tienen que hacer en malos momentos en el
tiempo.
Usted me ha dicho alguna vez que no quieren planificar la privatización.
No, si estos planes tienen que ver con planificar la privatización, por
lo menos planéenlo ustedes en relación a los mercados. Ustedes tuvieron
que hacerlo por ese agujero en un momento en que los mercados lo
absorbieron mal y fue una muy mala operación financiera la forma en que
ustedes han colocado el último tramo de Endesa, que es la razón por la
que ustedes no colocaron luego el tramo de Repsol, que pensaban colocar
este verano, al verse condicionados por el mal éxito de una de las
operaciones a su vez condicionada porque los problemas de Teneo
repercuten en todo el sector eléctrico, además con toda la complejidad
que tiene el sector eléctrico que puede potencialmente discriminar a
favor de Endesa. La verdad es que no nos parece bien todo ese (entre
comillas, y en lenguaje popular) barullo, jaleo que hay al respecto.
Por cierto, ya que hablamos de empresa pública, ha aparecido en la prensa
de hoy, y no solamente en la prensa, sino en la realidad, que es al menos
tan importante como la prensa, el problema de Intelhorce.
Ya sabemos que no es una empresa relacionada con el INI pero queríamos
saber si ha habido alguna actuación del Ministerio de Industria con
relación a este tema o, al menos, cuál es la opinión del Ministerio de
Industria respecto a él, porque nos parece que sería muy interesante
conocer la opinión o actuaciones del Ministerio.
No me voy a referir, por razones de tiempo, a los temas de
competitividad, no a los temas de competitividad genéricos, a los que sí
me he referido, a los de las dos comparecencias precedentes, puntos 1 y 2
del orden del día, aunque a lo mejor en la réplica tengo que hacer alguna
alusión a
los mismos y al curioso trámite administrativo que han tenido, que no es
indudablemente culpa del Ministro ni del Presidente de esta Comisión,
dicho sea de paso.
Tengo aquí unos datos que me gustaría aclarar porque una vez más no he
oído que dijera nada. En algún momento he podido estar distraído. Es
posible que en algún momento, dado que su mayor cualidad no ha sido ser
escueto --su exposición ha tenido otras cualidades importantísimas, sin
duda--, a lo mejor me lo he perdido. Se trata de algo que he leído estos
días en la prensa. A lo mejor no lo han recogido bien. Se refiere a la
política de compras. Parecía ser que la política de compras de la
Administración pública iba a favorecer a las empresas españolas y a las
multinacionales en España, lo cual sí se hace, en lo que tengo bastantes
dudas es en que haya que decirlo y declararlo en prensa. Si no se ha
dicho, acláremelo simplemente y una vez más lo aceptaré como otro de esos
problemas de comunicación --no sé si usted lo tiene-- que parece que se
recogen de manera distinta. Nosotros hemos propuesto que se planifiquen
las compras por la Administración pública, sobre todo en sectores en los
cuales la Administración pública es el gran cliente, en electrónica,
etcétera; que se planifiquen con el sector que viene escuchando, porque
si se quiere es una forma más indirecta de ayudar a la promoción de las
industrias que están más preparadas al conocer esos planes. Querríamos
saber su idea al respecto.
Usted ha mencionado algunos programas que habría que introducir en el
presupuesto de este año. En el presupuesto de este año también nos
encontramos con los problemas del año pasado y, según como se calcule, da
un incremento distinto. Hasta ahora no coinciden las dos formas de
calcularlo con lo que ha aparecido, una vez más, en los medios de
comunicación. El incremento del presupuesto del Ministerio de Industria
estaría en el uno y pico, menos del 2 por ciento, lo cual quiere decir
que se producirá una disminución, en términos reales, con la inflación
que va a acabar al final de este año alrededor del 4,5 por ciento; de
forma que los programas concretos del Ministerio en el terreno
presupuestario disminuyen en términos reales, que es como hay que
compararlo. Acabaremos, pues, diciendo que se ha producido una crisis muy
grave, de la cual sí se puede decir que el Gobierno tuvo su parte de
responsabilidad importante durante la década de los noventa, con aquella
política que realizó de altos tipos de cambio, de interés, de déficit
público que a quien más afectó fue a la industria y al empleo industrial.
En 1994 están creciendo las exportaciones, aunque el empleo sigue
cayendo. Las razones del crecimiento de las exportaciones, unas parece
que han sido no deseadas, según las declaraciones del Gobierno, antes de
que se produjeran las devaluaciones, y otras son externas al Gobierno,
como el problema del crecimiento de otros países o la actuación de las
empresas. Sin embargo, hay actuaciones concretas del Gobierno en tipos de
interés, en cuotas de la Seguridad Social, en impuestos, en inflación,
que van a disminuir esos efectos. De momento, indudablemente, pesan
menos, pero van a disminuirlos y en estos temas la responsabilidad es
básicamente del Gobierno.
Si a esos temas de tipo marco o general añadimos lo que ha dicho sobre
las políticas micro,s acabaría diciendo una frase que se adjudica a su
antecesor, frase que parece ser nunca dijo, y es que la mejor política
industrial es la política no existente. Lo digo en una versión más suave
que la que se suele utilizar, pero estoy seguro que me entiende. Se haya
dicho o no, a la vista de la política macro y de sus consecuencias para
la política industrial y de la propia política industrial que se está
realizando lo mejor es que la política macro hubiera sido neutral, que no
ha sido, pues ha sido claramente negativa para el sector industrial, y
eso, como tal, sopesa con mucho las políticas más activas a que usted se
ha referido, señor Ministro.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor García Fonseca.
El señor GARCIA FONSECA: También quiero hace algunos comentarios a la
exposición del señor Ministro. En gran medida y, como por otra parte es
lógico, nada nuevo nos ha dicho. En lo que se haya podido referir, en la
mayor parte del tiempo empleado, a lo hecho hasta ahora e incluso en el
breve diseño de cara al futuro, digamos que puede tener interés por lo
que pueda significar de recopilación de lo dicho ya en otras
comparecencias y tiene menos interés en lo que pueda tener de novedad,
que al menos yo no la he detectado.
En todo caso, quiero hacer algunos comentarios sobre algunos de los temas
que el ministro ha ido esbozando y, al mismo tiempo, fijar la valoración
que hace mi grupo.
Empezaré por una frase que me ha llamado la atención, no sé si es porque
la dijo nada más empezar o porque es una frase que se le ha escapado. Me
parece normal que ustedes tengan cierto contento y esperanza ante los
signos de recuperación que pueda haber en la economía española; pero,
siendo unos signos tan incipientes todavía y con tan poco tiempo, no es
lógico que diga literalmente, porque lo he copiado, que la política
industrial que están haciendo es la más activa posible en nuestro marco
institucional. ¿No se les ocurre que puede haber políticas industriales
más activas? ¿No hay posibilidades de ello? ¿Han tocado realmente el
techo? ¿Han desbordado cualquier posibilidad de ir más allá en cuanto a
una política industrial activa? Me parece excesivo y, como tal, tampoco
hay que aferrarse a ello. Además, me parece que no se corresponde con la
realidad, igual que otras cosas en las que usted puso énfasis, como la
necesidad del diálogo social, que lo dijo en el frontispicio, después de
los aspectos que nos ha adelantado. Digo que me parece que no se ajusta a
la realidad porque la política industrial que ha habido, hasta ahora (y
cuando digo hasta ahora me refiero fundamentalmente a la etapa del
ministro anterior e incorporando la suya, aunque entiendo que es una
etapa corta) ha sido fundamentalmente sectorial, en el sentido de
reconversión de los sectores productivos. Por cierto, casi todos los
sectores productivos que se han reconvertido hoy necesitan de nuevas
reconversiones. Es decir, ninguna de las políticas de reconversión
que se han llevado a cabo han servido para consolidar y no estoy hablando
de una consolidación «in aeternum»; estoy simplemente hablando de que
después de un período largo y duro de reconversión lo lógico es que se
vieran mejores perspectivas para los sectores reconvertidos. Yo creo que
no es así en ninguno de ellos; y no quiero exagerar en cuanto a lo
absoluto de la afirmación, sino que no recuerdo ahora ninguno en que la
reconversión haya abierto mejores perspectivas o perspectivas claras al
menos.
No me voy a extender ahora sobre las políticas horizontales--algunas
analizaré a continuación--, pero alguna vez le recordé que el Libro
Blanco del Ministerio de Industria, al analizar una serie de políticas
horizontales, como la política de I+D, formación profesional,
investigaciones tecnológicas, gasto universitario en general, reconoce
que estamos no solamente por debajo de la media europea, sino en muchos
casos en el último lugar. Por ejemplo, en el gasto de universidad por
estudiante.
Todos reconocemos, porque es ya común en todos los analistas, que los
milagros de que se habla en otros países, como los dragones asiáticos y
otros animales de otros países, no se deben fundamentalmente a los bajos
salarios, que parece la bandera que se toma a partir de esas
experiencias, sino a fortísimas inversiones en investigación y desarrollo
tecnológico, a fortísimas inversiones en formación y cualificación de la
mano de obra a todos los niveles y una fortísima intervención estatal, en
mancomunidad con las empresas privadas de todos esos países.
Sé que mi análisis es esquemático y excesivamente negativo. Se podría
matizar mucho y reconocer una serie de aspectos positivos, pero en
síntesis, y como contrapunto a una frase tan rotunda, lo considero
pertinente, señor ministro, porque, además, sustancialmente lo que digo
es así.
Sobre un tema que tocó usted casi al final, la recuperación económica y
fundamentalmente industrial, solamente digo dos cosas, señor Ministro:
1993 está ahí, lo tenemos ahí al lado, todavía no ha pasado un año y ha
sido el peor en 30 años tanto en destrucción de tejido productivo e
industrial como en destrucción de empleo. Por supuesto que mi Grupo se
alegra de todos los síntomas que pudiera haber de recuperación y
específicamente en el sector industrial, pero no echemos las campanas al
vuelo. Para saber si tan siquiera hay campanas, vamos a esperar, señor
Ministro, a la discusión de los presupuestos, que los tenemos ahí al
lado, ahí tendrán que aparecer los soportes, los basamentos de esa
política industrial activa más allá de la cual no hay posibilidad, según
esa frase, de la que quizá estoy abusando, que usted dijo al principio.
Pasando ya a unos aspectos más concretos o más sectoriales, usted también
se refirió en primer lugar --porque, efectivamente, yo creo que tiene un
papel relevante, y en eso coincido con usted-- a la investigación y
desarrollo tecnológico. En este sentido, no tenemos, que mi Grupo sepa,
nada de que vanagloriarnos. Mejor dicho, sí que ha habido un esfuerzo
importante desde el Plan Nacional de Investigación, esfuerzo que culminó
en 1990, cuando alcanzamos el 0,83 por ciento del producto interior bruto
en I+D, cuando lo previsto para 1990 era llegar al uno por ciento. Desde
entonces no solamente no hemos pasado de ese 0,83 por ciento, sino que
hemos descendido. El porcentaje de personal investigador es un 2,5 por
ciento, con relación a la población activa, frente al 10 por ciento de la
media de la Unión Europea.
Si quiere una cifra más global y, a mi juicio, muy significativa, el
déficit tecnológico, con relación al PIB --que parece una «ratio»
interesante-- ha pasado de ser el 0,36 por ciento y es la misma
estructura que la que teníamos en los años setenta.
Voy a hacer una referencia mucho más concreta, no tan genérica, no tan
estadística, que siempre resulta fría. De los planes de desarrollo
investigador y tecnológico, ustedes hicieron hincapié y pusieron como
motores y, por tanto, como programas modélicos, los que se iban a
dedicar, y a ellos deberíamos referirnos en el futuro, a la investigación
en comunicación y la biotecnología.
Resulta que, en comunicaciones, Telefónica ha decidido transferir su
centro de investigación a la comunidad autónoma de Madrid, que no sabe
qué hacer con él. Es decir, la empresa no es la más importante. La
empresa de comunicaciones que existe en España, Telefónica, se desprende
de su centro de investigación, siguiendo aquella vieja inercia de que
investiguen ellos, supongo yo, aunque «ellos» en este caso fuera la
Comunidad de Madrid. Pero, ¡hombre!, en investigación en comunicaciones,
supongo yo, sería Telefónica quien debiera cargar, no en el sentido de
peso o de opresión, con esa responsabilidad, sino con algo fundamental,
si quiere tener realmente una visión de futuro.
Puedo ponerle más casos igualmente significativos. El Centro Nacional de
Microelectrónica de Barcelona. Hay un proceso abierto, una especie de
cesión, a una empresa multinacional. El Centro Nacional de Biotecnología,
en este caso en Madrid, costó 5.000 millones de pesetas --y me acuerdo de
la cifra porque en alguna ocasión la discutimos en la Comisión Mixta que
se ocupa de estos temas--. Ayer, en la prensa, se decía que se había
llegado a un acuerdo con una multinacional sueca, la multinacional
Farmacia, que va a ocupar una de las plantas enteras del edificio. Quiero
poner de manifiesto que la multinacional Farmacia en cuestión --al menos
en cuestión por mi Grupo-- es la misma que hace poco tiempo compró y
cerró los laboratorios Abelló y Llorente.
¿Quiere que siga con más ejemplos? Hay muchísimos desgraciadamente. El
grupo cementero Aspón tenía un centro de I+D con 100 personas hace menos
de dos años. Después de su compra por el grupo francés Lafarge tenía 45 y
ahora va a tener 18 personas; para el año que viene, posiblemente
ninguna.
De verdad que puedo seguir con unos cuantos ejemplos, pero, obviamente,
supongo que el Presidente querrá que vaya terminando y todavía quería
decir algunas cosas más sobre otros aspectos.
Sobre el sector público, yo, francamente, según iba avanzando en su
exposición, señor Ministro, llegó un momento en que me estaba
preocupando, y no porque mi Grupo --aunque usted posiblemente piense que
es al revés de lo que voy a decir ahora-- tenga ninguna obsesión
particular sobre el tema del sector público. Claro que la tiene,
pero porque el sector público en nuestro país es fundamental «de facto»,
para lo bueno y para lo malo. Para lo malo es precisamente para lo que su
compañero en apoyos parlamentarios, el Grupo Catalán, quiere que ustedes
se arreglen con él, que lo lidien en solitario y lo encierren, y lo
bueno, obviamente, que se lo vendan.
Hoy había una noticia muy fresca, de enorme relieve, sobre la ley del
control de privatizaciones o como se vaya a llamar, no sé si exactamente
es así el título que va a tener. Al final, usted, afortunadamente, se ha
referido algo a ella, pero de nuevo usted dice cosas con las que luego no
es coherente. Voy observando en usted algo que me preocupa, y se lo digo
sinceramente. Si fuera aquello de que cuanto peor fueran ustedes, mejor
para nosotros, debiera incluso sentirme alegre, pero no es así. Me
preocupa que al menos este humilde Diputado que le habla vaya encontrando
cada vez mayor diferencia entre sus palabras y sus hechos. Por ejemplo,
usted citó, repito, como segunda línea de actuación fundamental en la
segunda fase prospectiva de su intervención, el diálogo con los agentes
sociales.
¿Cuándo van ustedes a hablar con los sindicatos y con los empresarios
sobre la política industrial? Usted ya lo prometió en 1931, en una
conferencia en el club Siglo XXI. (Rumores.) Perdón, en 1991 --supongo
que el lapsus es simple cansancio o algún tipo de desubicación
personal--. En 1991 hizo esta promesa como una de las líneas que
defendían no solamente su talante personal, sino su concepción política;
porque no es cuestión de talante; el diálogo social es un tema político
fundamental donde los haya. Pero usted no ha empezado todavía y están
esperando que usted les llame, por lo menos a nivel de políticas
sectoriales, etcétera.
El Consejo Asesor de Ciencia y Tecnología. Ustedes llevan sin reunirlo
todo el año y normalmente se reúne dos veces al año.
Si hay algo importante en una política industrial activa, que, además,
pretende ser la máxima que permite lo posible, sería precisamente este
engarce entre la política tecnológica y la realidad industrial, Si hay
una plataforma donde poder hacer eso es precisamente en un consejo
asesor, donde están los representantes de los sindicatos --que suele ser
gente cualificada y que conoce bien el tema, porque suelen trabajar en
centros de investigación, etcétera-- y los empresarios del sector,
aquellos que tienen algún tipo de preocupación por el mismo que,
desgraciadamente, son pocos.
Usted nos dice que este proyecto de ley lo quiere consensuar con los
grupos y, obviamente, yo supongo que no se refiere usted a que eso va a
tener una tramitación parlamentaria, porque en ese sentido tiene razón el
portavoz del Grupo Popular cuando dice que eso es decir algo obvio.
Supongo que usted quería añadir algo más que eso, que implicaba que usted
pensaba discutirlo, y antes de que el Gobierno lo presentase ya, de una
manera más o menos cerrada, como suele suceder luego en el trámite
parlamentario de una ley importante, y hubiera hecho alguna ronda de
consultas con los agentes sociales, con los grupos políticos, etcétera.
No ha sido así y lo que la prensa recoge, que está bastante más informada
que nosotros, también parece que contradice lo que usted, en otras
ocasiones, y hoy mismo de manera un poco más tímida o más sucinta, tenía
como criterio en relación a una política o no de privatizaciones o, en
todo caso, dicho de forma más positiva, como criterio en relación a la
función de un sector público industrial.
Lo que la prensa recoge --le puedo leer párrafos enteros-- sobre el
proyecto en cuestión es que permitirá oleadas de privatizaciones
previstas, para 1995; confiere al Gobierno posibilidades de privatización
prácticamente ilimitadas. Estoy leyendo textualmente. Digo lo que
informan ustedes a la prensa o, al menos, lo que la prensa recoge de las
informaciones que alguien de ustedes les dará, supongo yo, porque no las
van a inventar. En todo caso, ocasiones tendremos de contrastarlas. Veo
que le extraña. No sigo leyéndole lo que dice la prensa, pero ya le
pasaré algunas de las hojas.
Lo que la prensa recoge suena a lo que por el lado de sus socios
parlamentarios de Convergència i Unió en más de una ocasión le
reclamaban, en la misma línea que se lo pedía el PP de privatizar «à
gogo». Eje y esencia de la política industrial: privatizar. En eso son
consecuentes con la frase que usted le criticaba de que la mejor política
industrial, la que no existe; desde luego. Si ustedes privatizan todo el
sector público difícilmente van a poder hacer nada. Dice que es el único
instrumento pero en nuestro país de mucho relieve. Ustedes prescinden de
todos los instrumentos que tienen y de los más valiosos para detectar los
mercados, para conocer prácticamente la realidad.
En todo caso, señor Ministro --y voy terminando, señor Presidente--,
cuando se habla del sector público, si, efectivamente, lo que tenemos que
hacer es sufrir el sector público que tenemos, desde luego, mi Grupo está
porque desaparezca. La alternativa que yo esperaría de ustedes es
precisamente que, antes de hablar de privatizar, hablen de reformar. Mi
Grupo sí considera que es necesario hacer una reforma a fondo, radical,
de la gestión pública y hacer empresas públicas competentes.
Usted dice: voy a un sector público donde me importa menos la cantidad
que la calidad. Pero supongo que para usted la cualidad será un atributo
que se sustentará en algún tipo de ente, en alguna cantidad. Mi Grupo
tiene realmente curiosidad por conocer un poco cuál es ese sustento
material, cuantitativo, de ese sector público, desde luego, de calidad y
profundamente reformado en su gestión. Luego, hablando de gestión, le voy
a citar, en la pregunta, un pequeño ejemplo.
Permítame que le diga algunas cosas más que no ha tocado usted y que,
hablando del sector público, me parece que son temas que hay que abordar
y hacer proposiciones operativas.
En cuanto a las grandes compras de las empresas públicas le tengo que
decir que, en todos los países que han tenido una política industrial
activa, ha sido una de las palancas para promover el tejido industrial
nacional, con todos los respetos a las reglas de la competencia. Por
ejemplo, ahora que se hacen planes de expansión ferroviria es justo
cuando coincide con la venta de todo el sector industrial en este campo,
tanto público como privado, a empresas multinacionales. Y no es el único
caso.
Ustedes hablan de una política coordinada con las comunidades autónomas.
Yo espero primero que se coordine primero con el Gobierno, con los
ministerios realmente inversores.
Hay un detalle, quizá de forma, pero a mi juicio importante. Ya se lo
dije en alguna ocasión hablando de directores de empresas públicas,
aunque yo creo que es extensible y más todavía, porque tienen más
responsabilidad, a cualquier miembro del Gobierno. Hablen ustedes con
menos facilidad de privatizar, porque crean un clima tal... El señor
Solbes está ahora diciendo que 300.000 millones, además para el déficit
público, es decir aquello de vender las buenas, las de la abuela, que
decía el señor Borrell. Y nosotros añadíamos: Pan para hoy y hambre para
mañana. A usted, por otra parte, le he oído criticar ese tipo de
concepción de vender lo que hoy no sea rentable para enjugar déficit o
deudas inmediatas. Lo dicen permanentemente sus compañeros de gabinete
--o en alguna ocasión, me pareció oírselo a usted mismo--, directores de
empresas, etcétera. El señor Solbes también habló estos días de
privatizar Inespal. A mí no me sorprende que los presidentes o directores
de empresas públicas no tengan el menor ánimo para hacer ningún plan de
futuro; si es que no saben si van a tener futuro, al menos, sobre el cual
puedan influir o decidir. Se crea una psicosis que me parece negativa.
Por último, señor Ministro --señor Presidente, dos minutos nada más...
El señor PRESIDENTE: Señor García Fonseca, yo confiaba, cuando hace diez
minutos dijo usted que el señor Presidente le iba a llamar la atención,
en que no fuera necesario que lo hiciera, pero, al final, lo ha hecho
inevitable. Le ruego que concluya con la máxima brevedad.
El señor GARCIA FONSECA: Dos minutos, señor Presidente.
En la siderurgia no quiero entrar, porque necesitaría más de dos minutos.
Simplemente quiero decirle que nosotros hemos hecho una reconversión,
aquí más aplicados que nadie, más papistas que el Papa, cuando resulta
que el resto de las siderurgias europeas se llaman a andana.
En concreto, quería preguntarle, señor Ministro: ¿Qué grado de compromiso
han adquirido con el Gobierno vasco, si hay alguno, para la venta de
Sidenor, una empresa que después de muchos avatares parece que ahora
empezaba a salir adelante?
La CSI y la división de largos. Ya hablaremos de ello, porque tengo
solicitada una comparecencia sobre el nuevo organigrama de la CSI, pero
me gustaría saber, porque en la calle es un comentario permanente, algo
en cuanto a la venta de largos de Ensidesa a Celsa.
Como última pregunta, de verdad, no he estudiado todavía a fondo el
proyecto de presupuestos del año que viene, y ocasión tendremos de hablar
de ellos, pero sí hay un tema que, por razones inmediatas, he intentado
investigar y no he encontrado nada. Me ha llamado la atención la cuota al
CERN. Es posible que figure, pero no lo encuentro.
Han hecho ustedes en este sentido promesas que no sé si piensan no
cumplir.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SANCHEZ I LLIBRE: En primer lugar, quiero agradecer la
comparecencia del señor Ministro ante la Comisión de Industria,
comparecencia voluntaria, para explicarnos con todo detalle el tipo de
proyección y planificación futura de su Departamento en cuanto a la
política industrial; exposición, dicho sea de paso, muy clarificadora, en
cuanto al balance de lo hecho por su Departamento en este primer año de
la legislatura, en cuanto a la situación de la política industrial de su
Departamento así como del futuro inmediato.
El Grupo Parlamentario de Convergència i Unió valora positivamente que,
durante el primer año de esta legislatura, el Gobierno, y en consecuencia
su Departamento, haya incorporado la tan necesitada y reclamada por
nuestro Grupo Parlamentario política industrial activa, basada en el
apoyo a la economía productiva dentro del marco de las pequeñas y
medianas empresas, que son la columna vertebral de nuestro tejido
industrial; de ello nos congratulamos porque ya se está constatando una
serie de elementos positivos.
Es verdad, y en esto estamos de acuerdo con usted, señor Ministro, que ha
empezado, aunque muy lentamente, una cierta reactivación económica,
motivando un cierto incremento de la actividad industrial de nuestro
tejido empresarial. Como usted ha analizado con todo tipo de detalles,
vemos que, en todos los departamentos, dicho incremento de actividad
industrial es palpable.
Sin embargo, desde Convergència i Unió coincidimos totalmente en que,
para alcanzar niveles de competitividad que igualen nuestro tejido
industrial al de nuestros socios de la Comunidad Europea, será necesario,
estando de acuerdo con bastantes de los aspectos que usted ha analizado
de la política industrial de futuro, incrementar el refuerzo de la
economía productiva en seis cuestiones básicas.
En primer lugar, estamos convencidos de que, para conseguir niveles de
competitividad e incrementar la actividad industrial, es fundamental
continuar garantizando la reducción del déficit del sector público
español. Parece ser que para el año 1994 se podrán alcanzar los objetivos
respecto al déficit. También hay un compromiso importante por parte del
Gobierno, con el que, por descontado, nuestro Grupo está totalmente de
acuerdo, de continuar con la reducción del déficit público, que es uno de
los problemas básicos de nuestra economía.
Hemos de intentar asimismo rebajar los tipos de interés y, si no se puede
conseguir una rebaja sustancial, habremos de intentar que no se
incrementen, pues, de lo contrario, seguramente no mejoraríamos la
competitividad de nuestras compañías.
Hay que controlar otro punto importante, la inflación. Creo que éste es
uno de los retos fundamentales que tiene
su Gobierno, porque parece ser que el control de la inflación del año
1994 e intentar conseguir el objetivo para 1995 va a ser uno de los
puntos débiles.
Lógicamente, estas medidas habrán de ir acompañadas de un impulso en la
inversión para mejorar la competitividad de nuestras compañías, con el
objetivo fundamental de la generación de empleo.
Dentro de este marco de refuerzo de la economía productiva, se habrá de
tener como un objetivo fundamental evitar la sobrevaloración de la
peseta, pues ello conduciría inevitablemente a una rebaja sustancial de
nuestras exportaciones. También será uno de los puntos a tener en cuenta
para mejorar la competitividad de nuestras compañías.
Por descontado, habrá que acelerar las reformas estructurales de nuestro
sistema productivo y habrá que avanzar en la liberalización de nuestras
actividades industriales. Aquí habrá de jugar un papel fundamental la
liberalización en el sector de comunicaciones y en el sector de
servicios, que, aunque no son de su Departamento, pensamos que son dos
sectores clave para controlar la inflación.
Un segundo punto importante, que nuestro Grupo Parlamentario,
Convergència i Unió, considera fundamental para continuar con el apoyo
para la competitividad de nuestro tejido industrial, es la aplicación de
medidas específicas para reforzar el papel fundamental que juegan las
pequeñas y medianas empresas en el sistema productivo. Es verdad, y usted
lo ha detallado en su intervención, que habrá que profundizar de una
manera objetivamente importante en el establecimiento de un marco general
de beneficios fiscales con el objetivo de la generación de empleo,
jugando papeles fundamentales todas aquellas inversiones orientadas a la
investigación y al desarrollo, a la formación, a la internacionalización
de nuestras compañías y a la mejora del medio ambiente y el ahorro de
energía.
Desde Convergència i Unió valoramos positivamente lo que, con toda
seguridad, se va a aprobar en los presupuestos para el año 1995,
importantes medidas en el campo de las pequeñas y medianas empresas, como
la eliminación de la doble tributación de dividendos, tanto nacionales
como internacionales. Estamos convencidos de que este tipo de medidas
fiscales mejorará la competitividad de nuestras compañías y también
ayudará al objetivo fundamental de internacionalizar nuestro tejido
empresarial por Europa y todo el mundo.
También queremos valorar positivamente la rebaja de costes de la
Seguridad Social que, a partir del año 1995, van a poder incorporar
nuestras compañías en sus costes, compensándolo con el aumento del
Impuesto del Valor Añadido. Nos parece que éste es un primer paso y
estamos convencidos de que el Gobierno será sensible a que esta rebaja de
cuotas de la Seguridad Social pueda ser más sustancial para podernos
equiparar competitivamente con el resto de países de la Unión Europea.
Hubiéramos deseado que esta rebaja, de entrada, hubiese sido de más de un
punto, pero entendemos que estas decisiones no son fáciles y son
complejas. Vemos de forma positiva el inicio de esta rebaja de costes de
la Seguridad Social, con la esperanza de que, para años sucesivos,
podamos ir igualándonos con el resto de países de la Unión Europea.
Quisiera introducir aquí algunas consideraciones fiscales, que, aunque no
son de su Departamento, entendemos que van a mejorar la competitividad de
nuestras compañías y van a reforzar el tejido industrial de las pequeñas
y medianas empresas. Algún portavoz que me ha precedido en el uso de la
palabra ha hablado del Impuesto de Actividades Económicas. Nosotros
consideramos muy positivo que para el año 1995 por primera vez se vayan a
rebajar las cantidades máximas previstas para las corporaciones locales y
para las diputaciones. Este es ya un primer paso importante para que, en
años sucesivos, podamos ir equilibrando este Impuesto del que nosotros
siempre hemos dicho que iba contra la generación de empleo y la creación
de empresas competitivas. Pensamos que, de entrada, ya es importante que
el Gobierno haya sido sensible a las peticiones de nuestro Grupo
Parlamentario y haya incorporado estas rebajas sustanciales en una serie
de impuestos, lo que va a mejorar la competitividad.
Hay que recordar, en cuanto al Impuesto de Sucesiones para las pequeñas y
medianas empresas, que, aunque no hay bonificación o exención de dichos
impuestos cuando se produce la sucesión, en el año 1994 se ha incorporado
una serie de mejoras cualitativas importantes, como es el aplazamiento
sin interés de este impuesto durante cinco años. Con ello, de entrada,
aunque la bonificación no exista, ya hay el aplazamiento, que permite,
sin unos pagos onerosos, que las transmisiones de pequeñas y medianas
compañías se puedan efectuar sin traumas y sin desmejorar en ningún
aspecto su competitividad. Pienso que es importante seguir en este
camino. Por descontado, Convergència i Unió, en todas las futuras
iniciativas parlamentarias que pueda presentar nuestro Grupo, lo va a
seguir. Es la única solución posible para aplicar una política industrial
activa, para mejorar nuestra competitividad y que este famoso tejido de
las pequeñas y medianas empresas, de las cuales siempre estamos hablando
todos los grupos parlamentarios y el Gobierno, empiece a notar mejoras
sustantivas y pueda desarrollar sus objetivos inmediatos.
En su exposición ha hablado el señor Ministro de los precios de la
energía eléctrica. Me ha parecido una cuestión positiva, que pienso que
mejorará la competitividad de nuestro tejido industrial, lo que usted ha
dicho de que para los años futuros va a haber un crecimiento moderado de
las tarifas, que podría haber incluso reducciones importantes.
En cuanto a la política de descentralización de la gestión de iniciativas
del plan de las pequeñas y medianas empresas en combinación con las
comunidades autónomas, estamos totalmente de acuerdo con estos programas
de apoyo entre el Ministerio y las comunidades autónomas y quizás aquí sí
valdría la pena tener la información en cuanto a la cantidad de créditos
concedidos a las pequeñas y medianas empresas, cuál ha sido la
utilización y si realmente estas cantidades que están destinadas a los
próximos tres años, 1994-1996, 335.000 millones de pesetas, que van a
inducir a una inversión de dos billones y medio de pesetas, van a ser
realmente interesantes y generadoras de inversiones importantes y de
empleo. Nosotros, de entrada, valoramos positivamente este plan de ayuda
a las
pequeñas y medianas empresas en combinación con las comunidades autónomas
y, por descontado, van a tener toda nuestra colaboración para inmediatos
y futuros objetivos.
En cuanto a las políticas sectoriales, que ha explicado el señor Ministro
en su intervención, se ha referido a las modificaciones del plan Retex
que su Ministerio tendría en cuenta para poder modificar este tipo de
ayudas, concretamente al sector textil. A nuestro Grupo le gustaría
hacerle unas cuantas preguntas, que, básicamente, van orientadas a los
acuerdos que, en su momento, la Comisión de Industria y Energía tomó por
unanimidad cuando analizamos, con todo detalle, las consecuencias de la
introducción de la liberalización del comercio con los acuerdos de la
Ronda de Uruguay y del GATT, y concretamente cuando aprobamos, también
por unanimidad, todos los grupos de la Cámara, una serie de iniciativas
que iban encaminadas a mejorar la competitividad del sector textil en una
serie de cuestiones orientadas a incrementar las ayudas al plan sectorial
de promoción exterior textil, confección y hogar.
También proponíamos una serie de modificaciones en el plan Retex europeo,
al que usted ha hecho mención, pero si fuera posible nos gustaría saber
cuál ha sido la actividad de su Ministerio, cómo se está desarrollando
este tipo de acuerdos que tomamos en la comisión de Industria, y si no
fuera posible, nos conformaríamos con que usted, en el plazo que crea
conveniente, nos lo remitiera a la Comisión. Básicamente, eran acuerdos
orientados a agilizar la gestión de las subvenciones en cuanto a minorar
su plazo, así como, en cuanto a la ampliación de criterios
subvencionables, no solamente en activos fijos, sino en todas aquellas
inversiones intangibles orientadas a mejorar el diseño, la gestión y la
calidad de las compañías. Asimismo la incorporación de una serie de
propuestas que permitieran financiar los acuerdos entre el sector y las
acciones corporativas promovidas principalmente por las pequeñas y
medianas empresas.
Si usted tuviera esta información en su poder, nos gustaría saber cuál es
el curso de estos objetivos que aprobamos y cuáles son las posibilidades
de dar buenas noticias a un sector tan importante como el textil.
Sobre las mejoras de competitividad que su Ministerio ha introducido en
el sector de la automoción, nuestro Grupo Parlamentario --ya lo demostró
cuando la convalidación del Decreto-Ley fue al Parlamento-- está
totalmente de acuerdo con el Plan Renove I y, por descontado, también con
el Plan Renove II. Pienso que ha sido una iniciativa interesante la de la
prórroga de este Plan Renove, porque, en definitiva, ha tenido unos
efectos importantes en el sector de la automoción. Está por ver cuál va a
ser el efecto del Plan Renove orientado a los vehículos industriales,
pero por las noticias que se han producido en algunos medios de
comunicación y por los inputs que nosotros tenemos del sector de
fabricantes de automóviles industriales, pensamos que puede tener unos
efectos tan positivos como los del Plan Renove I y los del Plan Renove
II, que ahora van a poner ustedes en marcha.
Respecto a la consideración que nuestro Grupo va a hacer de las empresas
públicas, usted ya sabe cuál es la posición del Grupo de Convergència i
Unió. Hay una serie de medidas y de proposiciones no de ley, y usted lo
ha dicho en su información, que aprobó prácticamente la mayoría de los
grupos parlamentarios de la Comisión de Industria, en las cuales
instábamos al Gobierno a la presentación de un plan de racionalización
del sector público. Sabemos que todavía no se han cubierto estos plazos,
pero estamos expectantes para ver cuál es el plan de racionalización que
el Gobierno va a presentar al Parlamento español. Nosotros estamos
convencidos de que esta racionalización del sector público español va a
mejorar la eficiencia económica de nuestro tejido productivo, con lo que
seguramente mejoraremos los servicios, los costes y la productividad de
nuestro tejido industrial, porque, en definitiva, también mejoraremos la
competencia.
En la última sesión de la Comisión de Industria, cuando aprobamos esta
proposición no de ley, encaminada a racionalizar el sector público
español, expusimos en nuestra intervención la necesidad no de privatizar
una lista de empresas, porque pensábamos que tampoco era el camino
adecuado para dicho objetivo, pero sí que pusimos especial atención en
que sería necesario privatizar una serie de compañías que hoy están en
competencia directa y casi me atrevería a decir que desleal, con otras
compañías privadas que están trabajando en el mismo campo, empresas del
sector textil, electrónico o siderometalúrgico, que tampoco son grandes
compañías, sino pequeñas. Yo entiendo que su Ministerio, por sensibilidad
hacia el sector privado, hacia el sector de libre competencia, debería
iniciar dicha racionalización del sector público con estas pequeñas
compañías públicas que hoy están compitiendo yo diría que abiertamente
con el sector privado.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra don José Félix Sáenz Lorenzo.
El señor SAENZ LORENZO: En primer lugar, agradezco al Ministro de
Industria la información completa y rigurosa sobre política industrial
que nos ha facilitado, referida fundamentalmente a las decisiones que son
de su competencia, porque a veces en esta Comisión tenemos la impresión
de que no sabemos muy bien cuál es el objeto del debate, si se va a
discutir sobre los temas que son competencia del Departamento de
Industria y de la Comisión de Industria o de otros temas que afectan a
otras comisiones, acostumbrados ya a oír algunos mensajes muy reiterados.
A lo largo del año 1993, mientras estábamos en una profunda crisis
industrial y económica nos acostumbramos a oír que la crisis económica
estaba causada directamente por la política económica del Gobierno y que
ésa era la razón fundamental de la crisis. A comienzos de este año, nos
hemos acostumbrado a oír que no había reactivación. Parece que ya hay
reactivación y ahora el argumento va a ser que con esa reactivación nada
tiene que ver la política económica del Gobierno.
Sin embargo, cuando hablamos de políticas microeconómicas, cuando en esta
Comisión debatimos sobre el rigor o la eficiencia que hay que exigir a
determinadas empresas, nos encontramos con que algunos grupos lo que
están apoyando es la ineficiencia, el derroche de los fondos
públicos, el mantener situaciones que no tienen justificación desde el
punto de vista económico. No creemos que las posiciones políticas sean
medianamente coherentes. Y seguimos sin ver alternativas. No veíamos
alternativas a la Logse, no se tantean alternativas en la ley. Aquí se
vuelve a hablar de disminuir los ingresos, disminuir los impuestos, las
cotizaciones sociales, disminuir el déficit y no sabemos cuál es la
contrapartida de disminución de gastos. Cuando aquí viene cualquier tema
industrial, lo que tiene que hacer el Gobierno, el Estado es poner más
dinero. Hay que mantener una cierta coherencia que nos gustaría encontrar
en los debates en esta Comisión.
Por parte de nuestro Grupo, señor Ministro, nuestro planteamiento es
apoyar una política industrial que, en primer lugar, tiene que tener como
objetivo --y en esto coincidimos, lógicamente, con el señor Ministro-- la
mejora de la competitividad. En segundo lugar, una presencia de la
empresa industrial española en el mundo en estos momentos. Hay que
facilitar, de cara al futuro, que estemos presentes en los sectores con
empresas industriales españolas con suficiente fuerza. Al mismo tiempo,
hay que poner el acento en la política energética; hay algunos temas de
política energética en desarrollo que son muy importantes y que están muy
relacionados con la competitividad de nuestra industria, puesto que los
precios de la energía y sus costes son elementos que inciden directamente
en la competitividad de la industria. Competitividad que, desde nuestro
punto de vista, debe basarse en que las empresas puedan encontrar en
nuestra sociedad un entorno favorable para mejorar esa competitividad. El
papel de las instituciones públicas está en crear ese entorno que
favorezca que las empresas hallen caminos de mayor competitividad. Para
ello, hay que favorecer la innovación tecnológica, los programas de
calidad, la mejora de la calidad de los productos, de los procesos, la
introducción de diseño, el menor impacto en el medio ambiente, la
internacionalización, buscar los tamaños más adecuados, todo lo que
significa modernizar y hacer que la empresa pueda, en un mundo cada vez
más competitivo y con una economía globalizada, mantenerse y tener más
capacidad económica a nivel internacional. Entorno en el que también
juega un papel importante el diálogo social que ha citado el señor
Ministro y que a nuestro Grupo Parlamentario le parece importante.
También lo es el diálogo institucional con las comunidades autónomas
pues, cuando hablamos de competitividad, estamos hablando de muchas
empresas españolas, pequeñas, de la pequeña y mediana empresa. Nos parece
muy destacable la iniciativa de la pequeña y mediana empresa, el volumen
de esa iniciativa, que se haga en cooperación con las comunidades
autónomas y que los programas de competitividad, como el Pati 2, el PILMA
o el Programa de Apoyo a la Calidad, se dirijan específicamente a la
pequeña y mediana empresa industrial.
En cuanto a la presencia de empresas, me parece muy importante el trabajo
que se ha venido realizando en el sector del gas. En el del petróleo
tenemos ya una empresa importante, Repsol, a la que debemos favorecer con
la política industrial, porque tiene tamaño y capacidad suficiente para
estar presente en el mercado europeo. También la operación del gas
natural, que se ha producido en cooperación con el sector público y con
el sector privado. Lo importante, desde nuestro punto de vista, es que
haya una presencia a nivel internacional en Europa de la empresa
española, como Gas natural. La operación que se ha hecho de intercambio
de activos y el saneamiento inherente a la Ley del sector eléctrico
favorece que existan unas empresas eléctricas de tamaño suficiente.
A pesar de la situación de crisis, esa operación hay que mantenerla en
sectores tan importantes como pueden ser Iberia, en el sector del
transporte aéreo, o CASA, en el sector de la construcción aeronáutica. Es
importante que España mantenga su presencia a nivel europeo. Con una
presencia pública, con una presencia privada, eso me parece menos
importante, aunque nuestro Grupo saluda muy positivamente que el Gobierno
esté discutiendo una ley de acciones doradas, o de derechos especiales, o
como se quiera llamar. Una ley que garantice que determinados objetivos
públicos se pueden mantener, aunque aumente o disminuya el nivel de
presencia pública en los sectores. Nuestro país no se puede permitir el
lujo de olvidar que tiene sectores y grupos industriales muy importantes
que se han visto afectados por la crisis. El Instituto Nacional de
Industria tiene muchas empresas que se han visto muy afectadas por la
profunda crisis que hemos sufrido en el año 1993 y habrá que afrontar un
saneamiento en profundidad de ellas, ya que son muy importantes para
nuestra economía. Por tanto, desde nuestro punto de vista, es necesaria
una política de mejora de la competitividad, de presencia de empresas de
tamaño suficiente y de apoyo para que los intereses públicos sigan
estando presentes.
Finalmente, muchas gracias, señor Ministro, por la información que nos ha
suministrado. Esperamos que estos objetivos, en un entorno económico cada
vez más favorable, puedan llevarse a cabo.
El señor PRESIDENTE: Iniciamos ahora un segundo turno, rogando a todos
esta vez sí y vista la hora, tanto al señor Ministro como a los distintos
grupos, que podamos ceñirnos en el tiempo al máximo posible.
Tiene la palabra el señor Ministro de Industria.
EL señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay): Voy a
intentar, por lo menos, dar respuesta fundamentalmente a algunos de los
puntos que se han planteado, admitiendo desde el principio que lo
legítimo es que haya discrepancias y que cada uno quiera plantear modelos
que pueden ser diferentes a los que yo he planteado.
No me parece que éste sea el momento para hacer, de nuevo, uno de los
muchos debates que hemos hecho sobre política con carácter general y
muchísimo menos para hacer el juicio de la historia. La historia del
futuro la tenemos que juzgar en cada uno de los momentos. Por lo tanto,
no me voy a referir ni a los años 1982, 1983, ni siquiera a los años 1991
ó 1992, ni al año 1993. Me estoy refiriendo al año 1994, a los años
próximos. Y no porque éste sea un debate en el que, como me decía el
señor Gámir, pudiera yo sentirme insolidario con lo que ha sido la acción
del
Gobierno. En absoluto. No necesito hacer protestas todos los días de
solidaridad con la acción gubernamental. Además, éste es un debate que lo
hemos tenido ya en diversas ocasiones en el pasado. Incidir sobre eso me
parece que, en este momento, es poner el énfasis en aquello que es ya
menos importante, con independencia de que se puedan tener opiniones
variadas. Y no digo que no sea útil hacer un análisis histórico sobre los
errores o los aciertos de la política económica del pasado, pero no es de
esto de lo que venía a hablar, y me parece que tampoco todos ustedes.
El señor Gámir me decía que yo no había descrito toda la realidad.
Supongo que no pretendería que describiera toda la realidad. Hubiera sido
intolerable para ustedes y, desde luego, también para mí. Me parece que
lo que es más verdad es que el señor Gámir ha descrito claramente una
parte de la realidad, la parte de la realidad que, a su juicio, puede ser
más negativa. En todo caso, el pasado, de ninguna manera el presente, y
apenas o escasamente el futuro. Su razonamiento está preñado, a mi
juicio, de una consideración. Quisiera usted discutir en este momento y
en este ámbito aspectos de la política macroeconómica, que nunca pondré
en duda que tiene una incidencia importante sobre la política industrial,
pero si convertimos la discusión de la política industrial, pero si
convertimos la discusión de la política industrial en la pura discusión
de la política macroeconómica, a la que con frecuencia usted nos conduce,
realmente, vaciaríamos de todo contenido la política industrial.
La pregunta relevante, incluso en términos técnicos, es si, en el marco
de una determinada política macroeconómica, y definida esa política
macroeconómica que exige discusión, es posible que exista una política
industrial específica que ponga determinada énfasis en aquellos factores
de los cuales depende básicamente la competitividad de la industria. Yo
creo que es posible y es así como habitualmente se discute. Como es
natural, la discusión teórica sobre si la mejor política industrial es
una buena política macroeconómica, frase que, por cierto, no es mía, sino
del señor Gámir, en muchas ocasiones, es una expresión que yo no
comparto, es una expresión que simplemente manifiesta una condición
necesaria pero, de ninguna manera, una condición suficiente y, en todo
caso, como no estábamos convocados hoy para discutir la política global
macroeconómica, yo he hecho algunas referencias de carácter general.
Pero hay un segundo aspecto, antes de entrar en algunos detalles, señor
Gámir, en el que me parece que son especialmente injustos incluso en sus
expresiones textuales. Como usted no es un ignorante en materia de
economía, sabe que lo que es relevante en este momento no es lo que ha
ocurrido en 1993, sino lo que está empezando a ocurrir en 1994, pero que
se iniciaba ya, además, en el año 1993.
Usted se ha referido no solamente a que el proceso de recuperación
económica se está produciendo, sin generación de empleo, sino que incluso
ha citado que, en este momento, con los datos disponibles, se esté
perdiendo empleo en la actividad industrial. Esos datos no casan con la
última información que está a su disposición y que me imagino que usted
conoce. Ha hablado de los datos del primer trimestre del año 1994, cuando
se produce una reducción de alrededor de 17.000 empleos en la industria,
pero lo relevante, como sabe usted, señor Gámir, no es aquello que
permanece, sino lo que varía. ¿Y qué es lo relevante? Lo relevante es que
desde el segundo trimestre del año 1989 se produce, de acuerdo con la
Encuesta de Población Activa que, por cierto, merece otro tipo de
consideraciones en este sentido, el primer dato positivo de generación de
empleo, bien es cierto que minúscula, 900 empleos. Esto, como digo, en el
segundo trimestre, según el avance de la Encuesta de Población Activa.
Señor Gámir, por no entrar ahora en las discusiones técnicas sobre EPA
«versus» paro registrado, lo que es bien cierto es que los datos de la
encuesta de paro registrado están poniendo de manifiesto otros datos,
bastante más positivos en este caso, que espero que progresivamente
puedan ir siendo confirmados por la Encuesta de Población Activa y, de
acuerdo con ellos, en la actividad industrial se está produciendo
generación de empleo. En los próximos días espero que el Ministerio de
Trabajo ponga de manifiesto la marcha de los datos del mes de septiembre
que creo que podrán confirmar algo que, a través de otros indicadores,
parece bastante plausible: que el cambio de ciclo en la industria se ha
producido y que actualmente la industria de los diferentes sectores
económicos del país y en su relación con el PIB está teniendo una
contribución más alta que otros sectores económicos, lo cual no se
traducirá, y no se ha traducido hasta ahora, de una manera muy
significativa, en generación de empleo, pero espero que ocurra
progresivamente.
Yo sé que usted ha puesto, como corresponde al primer partido de la
oposición, el énfasis en los aspectos discutibles o negativos. Me parece
que, para ser justos, usted no sólo no ha dicho toda la realidad ante los
ciudadanos o en el debate en esta Cámara; seguramente es bastante más
global el análisis que he hecho yo de reconocimiento de un período muy
duro, de destrucción de puestos de trabajo y el inicio de una etapa en la
que empezamos no solamente a atisbar sino a constatar que hay datos que
han cambiado la situación.
Como creo que lo relevante es esto, por eso he puesto algún énfasis en
ese aspecto sin lanzar, naturalmente, ningún tipo de campanas al vuelo,
porque es tanto lo que nos queda por hacer y tantas las necesidades en
materia de generación de empleo, en una economía en la que el crecimiento
de la población activa sigue siendo extraordinariamente intenso, que,
ciertamente, aspirar a que la industria sea capaz de generar los puestos
de trabajo que se perdieron en la crisis anterior es una tarea magna.
En consecuencia, sin ningún tipo de triunfalismos, es justo reconocer que
en este momento se ha abierto algo más que una puerta a la esperanza, la
necesidad de consolidar este proceso y, por lo tanto, de difundir un
mensaje, entre nosotros, hablándonos con sinceridad, hay cosas que
seguramente no hemos hecho todo lo bien que debieran hacerse, otras las
que pensamos que están bien, con independencia de que usted pueda
discrepar, señor Gámir, y otras que, en todo caso, tienen que ser
mejoradas. Algunas de las que a usted le parece que tienen que ser
mejoradas
son las que, precisamente, se han empezado a mejorar también, y, por
cierto, también a mí me parecía en el pasado que algunas tendrían que ser
mejoradas.
Usted ha hecho énfasis, de nuevo, en algunos aspectos que forman parte de
una consideración global de la política industrial pero que son, de
alguna manera, bastante más específicas de una política financiera,
presupuestaria o, por lo menos, con otro tipo de connotaciones.
Se ha referido a las cuotas empresariales de la Seguridad Social y ha
puesto de manifiesto algunos problemas que el Gobierno lleva mucho tiempo
reconociendo y tratando de buscar el momento, la oportunidad y la
posibilidad económica de resolver. Luego me referiré a ellos. También ha
mencionado algunos aspectos de política fiscal, a los cuales una buena
contestación, aunque no creo que lo haya dicho en esa condición, es el
relato que el señor Sánchez Llibre hacía de algunas de las innovaciones
de la ley financiera que acompaña a los presupuestos este año, de la que
después hablaré brevemente. Además, ha citado algunos problemas como son
los de la inflación, falta de medidas estructurales, a su juicio.
Ciertamente, no reiteraré los elementos básicos de la política
macroeconómica, lo saben todas SS. SS. La política macroeconómica está
dirigida muy claramente a la reducción del déficit, a la contención de la
inflación y a hacer posible una reducción de tipos de interés y a esos
objetivos, que son objetivos coherentes también con una política
industrial adecuada, en cuyo marco tendremos que analizar las específicas
medidas de política industrial, se orientan los presupuestos, con los
equilibrios financieros que, naturalmente, unos presupuestos que
obedezcan a estos objetivos primarios, obligan a hacer.
En consecuencia, no todo se puede conseguir simultáneamente, de ahí que
me parezca muy atinado, señor Gámir, una cierta, amable creo yo, que
comparto, acusación de incoherencia que le hacía el portavoz del Grupo
Socialista cuando le decía: Es posible desear o es legítimo desear todas
las cosas, pero usted y yo, como todos, sabemos que no todas las cosas
son posibles en un marco de una cierta coherencia macroeconómica cuando
se persiguen objetivos y no se tiene todos los instrumentos para
alcanzarlos.
Se ha referido usted, por ejemplo, a algunos aspectos que yo quisiera
relatar y que forman parte del discurso que usted hacía hace un año
aproximadamente, en materia de política económica. Usted decía: Se han
perdido no sé cuántos empleos, muchos, ciertamente y, al mismo tiempo,
usted pronosticaba para el año 1994, y esto bien recientemente, que las
cosas iban a ir mal, porque la política económica del Gobierno era
inadecuada. Pues bien, esa tendencia se ha roto, como le acabo de decir,
en el segundo trimestre de 1994, y espero que, después de muchos meses,
desgraciadamente, pueda continuar rompiéndose o en esa línea de
consolidación en los próximos.
Ha citado algunos otros aspectos. A los problemas de la política
cambiaría, ya nos hemos referido en el pasado y es una situación
corregida desde mayo de 1993.
En política financiera, ha mencionado básicamente el problema de las
cuotas empresariales. Puedo estar de acuerdo con usted, y seguramente, en
ese sentido también, con el señor Sánchez Llibre, representante de
Convergència, y con el portavoz del Grupo Socialista, en que hemos
iniciado un camino, un camino que es importante y que tenemos la
intención de seguir como una forma de reducción de los costes
empresariales y, en ese sentido, de la relativa desincentivación de la
contratación o de la utilización del factor trabajo que, frente al factor
capital, puede existir en este momento como consecuencia de nuestro
esquema de financiación de la Seguridad Social, problema delicado,
difícil y en el que me parece bastante más fácil anunciar un programa,
tal vez imposible de cumplir y en todo caso aleatorio, dependiendo de la
voluntad de los ciudadanos, cuando ustedes dicen que en una legislatura
reducirían no sé cuántos puntos, mucho más fácil de decir seguramente,
que hacer una reducción incluso este año con los efectos que hay que
traducir en otras variables para que casen las cuentas.
Su discurso de hace algún tiempo era un discurso en el que también
acusaba al Gobierno de haber hecho imposible algún aspecto importante que
incidía en la competitividad de las empresas, como era la rigidez del
marco laboral. Tengo la satisfacción de reiterarle algo que usted ya
sabe, con independencia de que le produzca más o menos satisfacción, y es
que es verdad que el Gobierno ha puesto en marcha una reforma del mercado
de trabajo que introduce flexibilidad en la economía, exactamente en la
línea de un posible aumento de la competitividad, manteniendo algunos
aspectos que nos parecen insoslayables en la regulación del mercado de
trabajo, en garantía de derechos subjetivos y del respeto a las personas.
Usted se ha referido, con bastante intensidad, tal vez porque hace poco
no tuvo ocasión de hacerlo en el Pleno de la Cámara, a un aspecto como es
el de la política de pymes, y ha aludido a unas cuantas cosas. Lo que me
complace es decirle que algunos de los aspectos a que usted ha hecho
referencia precisamente han sido considerados en la Ley de acompañamiento
de los Presupuestos del año 1994, o están en buena parte contemplados en
estos momentos en la ley financiera de 1995. He pormenorizado bastante,
aunque no todo lo que quisiera, sobre el contenido de la iniciativa pyme
de desarrollo industrial. Por ejemplo, en materia fiscal, en la Ley de
Presupuestos del año 1993 ya se introdujo una reducción del rendimiento
neto gravado en el IRPF, en la Ley de acompañamiento de los Presupuestos
de 1994 el aplazamiento del pago del Impuesto de Transmisiones «mortis
causa», la exención en el Impuesto sobre el Patrimonio para bienes
asociados a la actividad del pequeño empresario y el aumento de la
bonificación en la cuota del Impuesto de Sociedades, y este año también,
entre otras, la bonificación a la que se ha referido el señor Sánchez
Llibre en materia del Impuesto de Actividades Económicas, específicamente
para pymes. Es verdad que hay actuaciones en materia fiscal. Por cierto,
le quiero decir que podría ser útil contemplar iniciativas que se han
tomado en otros países. Una parte de lo que está integrado en este
momento en la iniciativa pyme de desarrollo industrial es el fruto de un
análisis bastante concienzudo sobre cuáles son las medidas que en otros
países se han
contemplado, así como la realización de propuestas en materia fiscal y de
muchos otros tipos. En estos momentos estamos analizando, con
independencia de que ello no se haya traducido en iniciativas, la ley
recientemente aprobada en Francia por si pudiera, algunos de los
elementos contemplados en la misma, ser objeto de aplicación en nuestro
país; por tanto, no crea que sobre esas cosas no tenemos tanta o más
inquietud que usted, señor Gámir.
En materia de desburocratización y de subcontratación, seguramente si
usted repasa el contenido de la iniciativa industrial Pyme, encontrará
allí un buen número de iniciativas exactamente en esa dirección. Yo le
aconsejo que se lea no solamente los resúmenes sino todo el contenido del
texto y se dará cuenta de ello, aunque es verdad que hay que trabajar, en
materia de coordinación de unas y otras administraciones, para hacer
posible ese proceso al cual se le da una gran importancia desde el
Ministerio de Industria, el problema de la reducción no solamente de
trámites administrativos sino de los intervencionismos administrativos
que, en ocasiones, pueden ser a todas luces excesivos en relación con una
actividad de fomento empresarial.
Me alegro que por lo menos coincidamos en algunas cosas. Yo sé, señor
Gámir, que más allá de lo que algunos decimos hay siempre algunos niveles
de coincidencia mayores de los que aparecen; otras veces hay más
diferencias incluso de las que aparecen o de las que hacemos explícitas.
Me alegro de que le parezca bien el Renove, sería usted de los pocos en
este país a los que le pareciera mal, por tanto, está bien que esté con
la mayoría en este caso.
En materia de vehículos industriales, lamento no coincidir porque usted
teme que no tengan efecto estas medidas, solamente que el sector piensa
que han de tener efecto. Ojalá pudieran tener más de los que algunos
pronostican, aunque ciertamente podría haber otras medidas con más
efecto. Tal vez, lo mejor sea enemigo de lo bueno o, en todo caso, de lo
posible. Los industriales, con los que no solamente habla usted sino
naturalmente nosotros, y bien frecuentemente, están convencidos de que
esto puede ser una cierta contribución a la recuperación de un sector que
está sometido a un proceso muy difícil, más difícil todavía que el sector
de los vehículos de turismo.
Yo no he hecho efectos anuncio, pero ésta es una polémica de las que
habitualmente solemos tener usted y yo sobre quién dijo primero lo que se
dijo. Cuando al Ministro de Industria se le pregunta qué es lo que
piensa, dice lo que piensa, con independencia de que no sea él quien lo
esté anunciando, sino otros que naturalmente están haciendo la propaganda
sobre la necesidad de que de tal o cual figura fiscal se reduzca.
También le tengo que felicitar, señor Gámir, por tener contactos con el
sector textil; como nosotros los tenemos con mucha frecuencia,
naturalmente conocemos lo que piensan. Luego le contestaré un poco más
pormenorizadamente sobre este tema porque el señor Sánchez Llibre me ha
preguntado algunas cosas sobre el Plan Retex y sobre las modificaciones
que pretendemos introducir; modificaciones que son exactamente la
consecuencia del análisis con el sector de algunas de las ineficiencias o
ineficacias mostradas en el pasado por el Plan de Competitividad del
Sector Textil, en el que hemos reconocido que hay cosas que también son
mejorables, como lo hacemos con bastante frecuencia. Por tanto, no es que
actuemos de espaldas sino precisamente aprendiendo de la experiencia.
En materia de empresa pública, tal vez me acepte --se lo digo tan
cordialmente como ha sido todo el tono de su discurso-- que cuando hace
unos cuantos meses, hablando sin ningún tipo de precisión jurídica sino
simplemente a efectos de hacerme entender por la opinión pública,
mencioné una figura que en este país estaba poco estudiada, por lo menos
entre los expertos o entre el común de los ciudadanos, que era la figura
de la golden share y que, sin embargo, era frecuentemente utilizada y
conocida en el ámbito de la política industrial de todos los países, se
suscitó un cierto escándalo. Alguna clarificación hice en algún momento
en Comisión. Desde luego, nada de aquellas tentaciones que se
atribuyeron, como suele ser razonable esperar de la oposición, al
Ministro de Industria o al Gobierno en el sentido de que lo que
pretendíamos era reducir participaciones estatales y, al mismo tiempo,
seguir manteniendo a los gestores, porque naturalmente ustedes tenían la
expectativa de gobernar y tenían la intención de sustituir a los
gestores; traducciones todas ellas que se hicieron en algunos medios de
comunicación, y no se lo imputo a usted, señor Gámir. Después de toda
aquella polémica creo recordar --me desmentirá usted si estoy
equivocado-- que de su boca y de representantes económicos del Partido
Popular surgió la idea de que el Partido Popular no se oponía a una
acción o, por lo menos, a algún tipo de actuación que, en consonancia con
lo que se había hecho en otros países europeos, pudiera servir también
como mecanismo de defensa, no de los intereses del Gobierno de turno sino
de los intereses industriales y estratégicos nacionales de este país.
Creí, por tanto, encontrar un cierto nivel de acuerdo, con lo cual
significaba una flexibilización en algunas posiciones en relación con la
primera forma de recibir aquel anuncio que en algún momento hice.
A lo largo de estos meses, el Gobierno ha trabajado en esa dirección,
fundamentalmente en el Ministerio de Industria, tratando de ver cuáles
podían ser las fórmulas jurídicas más adecuadas. Ese es el debate que en
este momento está en el seno del Gobierno, del que no me parece ningún
exceso decir que tengo la esperanza de que permita no solamente que el
Gobierno apruebe un proyecto de ley adecuado, en términos jurídicos y
constitucionales, sino tan respetuoso con el ejercicio de la actividad
privada como se ha podido practicar en otros países en los cuales hay
gobiernos de otra naturaleza y de otro signo político del que existe en
este país. Por tanto, hablaremos sobre este tema. No es un problema de
pudor, señor Gámir, es un problema de respeto a nosotros mismos, al
Gobierno, etcétera, que es quien está debatiendo, con independencia de
que en algún momento habrá que debatir con otros y ver si es posible
obtener los acuerdos básicos y de detalle oportunos para aprobar un
proyecto de ley de esa naturaleza.
Señor Gámir, la conclusión de que este Gobierno, este Ministerio, o, si
quiere usted, este Ministro, no tiene una política industrial, me parece
una opinión bastante
desmesurada que se compadece mal, con lo que han sido las acciones, con
la necesidad de la coherencia entre la política macroeconómica y las
acciones específicas de política industrial, aunque siempre le reconoceré
el sesgo que usted tiene en esta Comisión de hablar de aquello para lo
que seguramente se siente más inclinado, que son los aspectos
fundamentales de la política macroeconómica en relación con los aspectos
de la política industrial; se lo digo sin ninguna maldad en mi expresión.
Señor García Fonseca, todos podemos tener excesos semánticos, pero no se
me escandalice tanto y lea bien lo que yo he dicho. Le parecería que la
referencia a la política más activa posible es un impulso que
naturalmente merece distintas apreciaciones; yo así lo entiendo, pero es
posible que usted estuviera dispuesto a hacer una política aún más
activa. Como no siempre estoy seguro --en ocasiones sí, pero no siempre--
de coincidir en lo que para usted es la política industrial que se puede
hacer en la Europa de hoy, y en la España de hoy, en el marco de la Unión
Europea, no sé si cuando usted habla de una política industrial mucho más
activa que la que yo defiendo o que la que yo hago, se refiere usted a
algunas otras formas de intervención, porque a veces tengo el temor, no
siempre constatado, de que pudieran no ser compatibles con lo que me
parece una actuación legítima posible y, además, defendible desde el
punto de vista técnico en la España de hoy y en el marco de la Unión
Europea.
Son de verdad algunas de las cosas que usted dice, señor García Fonseca.
Por tanto, dejemos los aspectos de la expresión. Creo que la política
industrial en este período, y no precisamente en desdoro de mis
predecesores sino como parte de un nuevo escenario también
macroeconómico, es una política que resulta favorecida ciertamente porque
el entorno macroeconómico hace más posible una actuación en beneficio
directo de la industria. De esto ya hemos hablado y estaba implícito en
la discusión con el señor Gámir. Pero es verdad una parte de lo que usted
dice: los procesos de reconversión no acaban nunca. Tiene usted razón,
creo que en algún momento ya le he contestado no sé si a esta acusación o
constatación, yo creo que no acaban nunca, como no acaban nunca las
adaptaciones en aquellas empresas que jamás han sufrido un proceso de
reconversión, por lo menos si estas empresas quieren seguir manteniéndose
en el mundo de la competencia en la economía globalizada de hoy. Hay
empresas que nunca han tenido un plan de reconversión ni una ley de
reconversión, ni forman parte del sector público, ni han sido objeto de
ningún tipo de medidas sectoriales específicas y, sin embargo, han tenido
que tomar decisiones adaptativas al mundo en el que viven. Estas
habitualmente no son objeto de consideración ni en el Congreso de los
Diputados ni muchísimas veces en la actividad gubernamental, simplemente
son los agentes privados los que toman aquellas decisiones, pero por eso
no nos quejamos de que esas empresas se sigan adaptando.
Algo de eso ocurre también en los sectores --a veces quizá de una manera
aún más dramática-- aquejados de necesidades de reconversión. ¿Se ha
acabado el proceso de reconversión, por ejemplo, en la minería, por
decirle algo que le es muy familiar? Pues no se ha acabado, señor García
Fonseca, hay un horizonte trazado y los interlocutores de todo tipo y
condición saben que éste es un proceso que necesita todavía algunos años,
que tiene que ir en una determinada dirección, que tiene que contemplar
efectos sociales, que tiene que contemplar efectos regionales, pero que
tiene que contemplar también una adaptación a mejores y mayores
posibilidades de competencia y de reducciones de costes. Lo mismo sucede
cuando hablamos de la siderurgia. Ciertamente esto no se ha acabado, pero
tampoco se ha acabado en el sector privado. Si usted analiza algunos de
los sectores o de las empresas siderúrgicas privadas se dará cuenta de
que en estos años también han tenido que hacer, a veces con apoyos
públicos, procesos de adaptación. No es demasiado legítimo, a mi juicio
--se lo digo en tono menor--, decir que ninguno de los sectores sometidos
a planes de reconversión en el pasado han tenido un éxito. Fíjese cómo
estaba el sector de fabricación de electrodomésticos en este país hace
unos cuantos años y fíjese usted en este momento si no es verdad que, con
independencia de nuevos cambios, se han configurado modificaciones dentro
de ese sector, pero no se ha parado el mundo, aunque ya sé que usted no
pretende que el mundo se pare.
Hay otra consideración a la que usted ha hecho permanente referencia en
toda su intervención, el problema de la I+D. Estoy de acuerdo, llevamos
retraso, señor García Fonseca, y estamos haciendo un gran esfuerzo. Como
alguna vez he tenido ocasión de reiterarle, más allá del grado de
aceleración en la recuperación y esa distancia que todavía tenemos
respecto de los países europeos, España es uno de los países que tiene
una mayor contribución pública en el gasto de I+D, lo que es simplemente
la otra cara de la moneda. Lo que de verdad ocurre en este país no es
tanto que dediquemos muy pocos recursos públicos, sino que todavía no
tenemos la estructura industrial suficiente como para que se dediquen
muchos más recursos privados, que es lo que está ocurriendo en otros
países más avanzados, pero es otra forma de verlo. En todo caso, sí le
puedo decir --cuando se discutan los Presupuestos podrá constatarlo-- que
este año, en el conjunto de los Presupuestos y no mirándolos solamente
con la lupa del Ministerio de Industria, hay un esfuerzo muy importante
en materia de investigación en el sistema ciencia y tecnología en
relación con años anteriores. Es uno de los conjuntos de partidas que
aparecen primados en este presupuesto, incluso a pesar del esfuerzo de
contención del gasto global que hay en los Presupuestos.
¿Nada de que vanagloriarnos? Vanagloriarnos es una mala actitud, pero sí
ser conscientes del esfuerzo que en este país y, desde luego, como parte
de una política que este Gobierno y este Ministerio también ha hecho en
materia de I+D, no se puede decir que no hayamos mejorado posiciones
relativamente, posiciones no medidas exclusivamente por el nivel de gasto
en relación con el PIB, que también ha crecido --alguna vez hemos
discutido sobre esto, señor García Fonseca--, las cifras que yo tengo
siempre son un poco mejores que las que usted dice con frecuencia.
Estamos cerca del 1 por ciento, según los últimos datos que yo tengo no
hemos llegado, pero son algo más
que el 0,8 y pico que usted ha mencionado. En todo caso lo que es verdad
es que la investigación, el desarrollo y la eficacia en materia de
competitividad se mide por muchos otros parámetros.
Si usted analiza las patentes que hay en este país se dará cuenta de que
eso está creciendo; si analiza la circulación de patentes nacionales en
la industria europea se dará cuenta de que eso está creciendo, lo cual
quiere decir que antes o después esto se deja sentir y que nuestra
participación en programas tecnológicos de naturaleza tecnológica
europea, incluso si no hemos conseguido todavía alcanzar niveles de
retorno similares a nuestras contribuciones en algunos programas, en
otros bien que los hemos superado, son, cualitativamente, importantes
avances desde ese punto de vista.
Usted puede citar algunos ejemplos. En este momento yo no tengo una lista
de casos, pero le podría citar de memoria los apoyos que desde el sector
público y desde mi propio Ministerio se han hecho a la configuración de
centros tecnológicos empresariales y de centros tecnológicos de carácter
público al servicio de múltiples empresas, fundamentalmente pymes en el
territorio nacional, que se contrapondría con los dos o tres ejemplos que
me daba sobre el centro microelectrónico de Barcelona o el centro español
de biotecnología. No estamos perdiendo posiciones en ese sentido, señor
García Fonseca, yo creo que más bien las estamos ganando, aunque estoy de
acuerdo con usted en que esto es una línea prioritaria y que merece toda
la consideración tanto como nos dejen las posibilidades presupuestarias.
Respecto al sector público, tengo que manifestarle con toda amabilidad,
señor García Fonseca, que a veces siento la decepción de que lo que hago
le parezca a usted que no coincide con lo que he dicho. Siempre suelo
aspirar a mantener una cierta coherencia, no digo que siempre la consiga,
pero en todo caso ésa pretende ser una cierta línea de conducta.
A su juicio, había una discrepancia entre lo que yo he dicho y lo que
vengo haciendo, no lo que dije en el año 1931, esto era un lapsus, pero
tampoco en el año 1991, sino en la Conferencia del Club Siglo XXI que me
parece que fue en el año 1993. En 1993 hablé del diálogo social. Si me he
referido al diálogo social hoy de una manera específica ha sido no ya al
diálogo sobre los problemas específicos de unas u otras empresas, que
sobre eso ha habido mucho y creo que bastante eficaz en este último año
en el Ministerio de Industria con distintos interlocutores sociales, sino
porque de lo que se trata en este momento es de poner en marcha esa
iniciativa, a la que usted hacía referencia, que tiene que convertirse en
un gran diálogo social no sólo con los sindicatos --aunque, desde luego,
con ellos-- en el conjunto de España sobre la industria y sobre la
política industrial.
Me he referido a ello porque creo que es importante recordar el
compromiso, reiterado recientemente en el Congreso de los Diputados a
instancias de un Diputado, que formulaba una pregunta y respecto a la
que, en este caso vasco, el Presidente del Gobierno señalaba la
importancia de participar en el debate que sobre la industria se estaba
produciendo en Europa, trasladar ese debate a nuestro país, iniciar ese
debate nacional a lo largo de un cierto tiempo en España y concluir en un
debate en el Congreso de los Diputados con las conclusiones de lo que
queremos que sea la industria y la política industrial de los próximos
años. Por lo tanto, no sé si hay coherencia en decir esto, pero creo que
es exactamente la línea que me había marcado y los compromisos
electorales del Partido Socialista y del propio programa de Gobierno los
que están detrás de esa idea.
Consejo Asesor de Ciencia y Tecnología. Señor García Fonseca, para su
tranquilidad, está firmada la convocatoria del Consejo que tendrá que
celebrar, como en otros momentos, las sesiones correspondientes, al menos
dos, aunque bien es cierto que sería útil el que pudiera reunirse con más
frecuencia.
Privatizaciones. No sé si lo clarificaré de una vez por todas, pero no
tengo en este terreno nada de lo que desdecirme. Nunca he defendido --y
en contradicción con las tesis que el señor Gámir, con todo respecto, ha
defendido en algún momento-- un programa de privatizaciones por razones
presupuestarias, ni el Gobierno tampoco.
Un proceso de reducción de la participación del Estado en algunas
empresas no es un proceso generalizado de privatizaciones, y el Gobierno
no está en esa dirección. Lo hemos negado permanentemente tanto el
Ministerio de Economía, como yo mismo. Desde luego, en el ámbito de las
empresas que están, por así decirlo, bajo la tutela del Ministerio de
Industria, hay una estrategia mucho más rica y, si quieren ustedes, mucho
más matizada sobre lo que es necesario, conveniente y posible hacer en
las diferentes empresas que forman parte del entramado del INI. Lo
expliqué en mi última comparecencia cuando hablé de la estrategia de la
empresa pública. Allí expresé, incluso en algunos casos con enorme
claridad, cuáles eran las acciones que el Ministerio y el INI
contemplaban alrededor de Inespal. Lo expliqué en términos de política
industrial, no en términos presupuestarios, ni en términos --como
entonces dije-- estrictamente ideológicos, sobre una preferencia por que
las empresas fueran de participación estatal o de participación no
estatal. Dije que había que hacer una política fundamentalmente al
servicio de la competitividad de la empresa; que éste es un país en el
que la presencia del sector público en ocasiones puede ser estrictamente
necesaria; que, en ocasiones, algunas de nuestras principales empresas
hoy están en manos del sector público, y añadí que, a pesar de todo lo
anterior, me parecía fundamental el abrazar una política dirigida a una
alianza creciente con el sector privado a partir de la industria que
tenemos y de la industria que está en este momento en manos del sector
público.
Por lo tanto, privatizaciones à gogo no es la expresión que definiría la
política de este Gobierno ni, desde luego, la de este Ministro de
Industria. Por el contrario, defensa de los intereses industriales
estratégicos de este país, sí, y, desde luego, no un sesgo ideológico en
virtud del cual cualquier presencia del sector público en la vida
industrial haya de considerarse nefanda como en algunos sectores de este
país parece desprenderse y como si fuera un corolario
lógico. Me parece que el tema hay que analizarlo caso por caso. Siempre
lo hemos defendido así desde el Gobierno, lo cual no quita para que en
este momento, en las previsiones presupuestarias para el año 1995, no
hayamos tenido prisa por hacer, por razones estrictamente
presupuestarias, un proceso de reducción de la participación del Estado
en el que se contemplen, no obstante, eventuales procesos de reducción de
la participación del Estado, a los cuales responde, entre otras, la
iniciativa legislativa que hemos venido comentando.
Espero que esta posición, señor García Fonseca --no sé si le tranquiliza
o le inquieta--, sea clara y que no vea usted una diferencia con lo que
me parece que he repetido una y otra vez en sucesivas comparecencias. No
es un problema de reducción o de desaparición de la presencia del Estado,
de la participación estatal en empresas industriales porque sí. Hay
ocasiones en las que esto puede ser indicado. Hay, sin embargo, algunos
sectores en los cuales, en todo caso, habrá, a mi juicio, intereses de
este país que defender; algunos deben ser considerados estratégicos, con
independencia de que el concepto estratégico en industria pueda ser
cambiante a lo largo del tiempo. A cubrir ese vacío es al que viene
precisamente el proyecto de ley que en este momento estamos discutiendo
en el Gobierno y que espero que podamos discutir. Aunque sea una noticia
fresca en los medios de comunicación, no es en este momento un proyecto
de ley todavía, es un texto de anteproyecto que está siendo considerado
por todos los ministerios como corresponde, y no sé ni cuándo ni cómo el
Gobierno aprobará, aunque tengo la esperanza de que pudiera aprobarlo e
incluso estar en vigor con su colaboración a primeros de año.
Me ha formulado una pregunta muy específica sobre el Cern y le contestaré
con toda claridad. La cuota internacional Cern estaba en el presupuesto
del Ministerio de Industria. Este año no está en el presupuesto del
Ministerio de Industria pero sí está en el presupuesto en otra partida,
en concreto, en el Ministerio de Asuntos Exteriores: cuotas
internacionales a organismos internacionales. Esto es el resultado de un
proceso durísimo de negociación con el Cern en el que, más allá de los
retornos industriales que puedan obtenerse por nuestra participación
(que, por cierto, hasta ahora han sido muy escasos), este país, este
Gobierno, sigue apostando por participar en un proceso importante desde
el punto de vista científico como es la física de las altas energías en
la cual trabaja el Cern. Eso significa que es bastante más propio, no que
eso se considere como parte de los gastos de la política industrial,
habida cuenta de los retornos esperables, sino como parte de otra
política quizás general e importante para el país. De ahí su traslación a
otra partida presupuestaria y a otra sección.
Señor Sánchez i Llibre, le agradezco buena parte de las consideraciones
que ha hecho. Le ha parecido mi intervención clarificadora, ha valorado
positivamente lo que he dicho y se ha felicitado --lo cual me parece
legítimo, creo que nos debemos felicitar todos, aunque tengamos
naturalmente muchos problemas-- de que hayamos iniciado un proceso de
recuperación. Yo estoy de acuerdo con todo lo que usted ha dicho. También
será necesario el refuerzo de la economía productiva y todavía proseguir
una política de reducción del déficit en el sector público, de reducción
de tipos de interés, de lucha contra la inflación; incluso avanzar en una
política de liberalización en materia de telecomunicaciones --espero que,
en breve, vean esto como una realidad ya aprobada por el Gobierno--, y
reforzar las medidas en materia de pequeñas y medianas empresas. Sobre
eso, tenemos una coincidencia bastante amplia, con independencia de que,
sin duda, alguna, podamos discrepar sobre toda una serie de cuestiones.
Le agradezco sus consideraciones, especialmente el reconocimiento --con
su apoyo, por cierto, se ha plasmado también en la ley de presupuestos
para 1995--, como primer paso en la reducción de costes de la Seguridad
Social que inciden en la política industrial, en la competitividad de las
empresas, de que pueda ser continuado de una manera eficaz en los
próximos años.
Usted se ha referido también a la mejora en el Impuesto de Actividades
Económicas, a las moratorias en el pago del Impuesto de Sucesiones y a la
reducción de las tarifas eléctricas. Le matizo. Yo he hablado de
reducción en términos reales; no quiero comprometerme más allá: ¡Ojalá
fuera posible hacerlo en términos nominales! Si es posible, lo haremos,
pero éste no es el compromiso que yo he asumido.
Le quiero clarificar que el reparto por empresas y por comunidades
autónomas es en este momento extraordinariamente difícil de hacer, pero
les daré información tan pronto como el resultado de esta iniciativa vaya
teniendo un poco de perspectiva en el tiempo.
La previsión de fondos públicos para todo el período de la iniciativa es
de alrededor de 338.000 millones de pesetas, pero no quiero que tengan la
imagen equivocada de que van a ser presupuestos del Ministerio de
Industria. ¡Bien que los quisiera yo! Esto va a ser el resultado de
iniciativas de cofinanciación de todas las administraciones que
intervienen en este sector y, por lo tanto, de nuestras previsiones
presupuestarias --las del Ministerio de Industria-- más las previsiones
presupuestarias que a este plan se han incorporado provenientes de las
distintas comunidades autónomas. Para esto no hay otro compromiso que el
que aparezcan efectivamente en los presupuestos aprobados en cada
comunidad autónoma y en las Cortes Generales. En consecuencia, es en ese
horizonte en el que nos movemos, sabiendo que un volumen de esta
naturaleza, con el compromiso y el interés demostrado por todos,
permitirá movilizar un volumen de inversión muy significativo y conducir
en poco tiempo a configurar una política de Pymes muy potente en este
país equiparable a la que puede existir en otros países y en plena
concordancia con las iniciativas europeas en este terreno.
Sobre el plan de competitividad del sector textil le quiero decir, como
he dicho antes contestando también al señor Gámir, que hemos tenido
diferentes contactos con el sector y hemos hecho, precisamente como fruto
de esos contactos, algunas modificaciones en la forma de otorgamiento de
las ayudas; por un lado, la extensión del objeto y del ámbito al que
usted se refería, especialmente en la consideración sobre materias que
podían ser objeto de
financiación --diseño, intangibles, etcétera-- y, por otro lado, hacer
más rápido todo el proceso de otorgamiento y de concurso para que el
plazo de percepción de las eventuales subvenciones a las que pudieran ser
acreedoras las empresas se pueda llevar a cabo de una manera más rápida.
Eso no excluye, señor Sánchez i Llibre, que sigamos analizando, en
conjunción con el sector, qué más se puede hacer dentro de las
disponibilidades presupuestarias y lo que nos parece que es eficaz. Si
sobre esto necesita más información, en otro momento le daré la que esté
a mi disposición.
Sobre las empresas públicas, sé que espera usted con expectación el
cumplimiento de los plazos. Espero que en ese momento tengamos un debate
que permita ponernos de acuerdo en aquello en lo que básicamente estamos
de acuerdo. No digo que estemos de acuerdo en todo; me temo que en todo
no estamos ni estaremos de acuerdo, pero usted sabe que su Grupo cuenta
con una voluntad decidida de este Gobierno, para, respetando algunos de
los principios que anteriormente he señalado, introducir una política en
materia de empresa pública que pase por el énfasis en su eficacia. Desde
luego --no me resisto a dejar de contestarle--, no creo que el problema
en las empresas públicas sea el problema de la competencia desleal con
los sectores que usted ha mencionado, que eran el textil y el
siderúrgico. Ese no es el problema. El problema o los problemas
principales en la empresa pública son muy otros; problemas que en este
momento están --como tuve ocasión de expresarles-- siendo trazados y
llevados bastante sistemáticamente, de acuerdo con la estrategia que
analizamos en la última comparecencia.
Finalmente, señor Sáenz Lorenzo, le agradezco su apoyo a la política que
este Ministro ha expresado y coincido en las amables palabras que le ha
dirigido al portavoz del PP, que no quiero que sean una especie de
reiteración de dos o tres voces para un PP que en este caso puede
sentirse en minoría. Creo que es verdad que hay algunos problemas, que
usted ha resumido bien y no voy a reiterar lo que usted ha dicho; en todo
caso, sí señalaré dos aspectos de mi intervención que me parece que usted
ha enfatizado. Creo que la política industrial tiene que ser una política
en la que se atienda también a la configuración de empresas de capital
nacional de significación. Somos, y nunca me cansaré de decirlo, un país
con pocas grandes empresas industriales y es verdad que la política de
Pymes es central, pero no es en absoluto incompatible, sino todo lo
contrario, con una política dirigida a configurar grandes grupos
industriales. En esa dirección creo que tendríamos que hacer más, y no
estoy predicando una política de grandes empresas públicas, sino una
política de mayores empresas de todo tipo públicas y privadas. En el área
energética es verdad que algunas de las que tenemos son ya presentables
en sociedad, por decirlo de alguna forma, en el ámbito de la competencia
internacional. Ojalá en otros sectores pudiéramos tener el mismo nivel de
influencia que podemos ejercer, desde esa perspectiva, en el sector
energético.
Ciertamente, el diálogo social y el diálogo institucional sabe que son
dos de las premisas que orientan --además de otras consideraciones
técnicas-- la política industrial que se quiere hacer desde el Gobierno.
El Ministerio de Industria --y con esto concluyo, señor Sáenz Lorenzo--,
en cumplimiento de ese compromiso reiterado por el Presidente del
Gobierno, tiene la intención, dentro del mes de octubre, de iniciar de
una manera formal eso que le preocupaba al señor García Fonseca, que es
la configuración de un diálogo con diferentes agentes sociales, que
tendrá una duración de bastante más de un mes y para el cual no tenemos
demasiada prisa, ya que se trata de hacer un debate sosegado y serio,
teniendo en cuenta que estamos discutiendo simultáneamente en el ámbito
de la Unión Europea cuál haya de ser la línea de una política industrial
europea, y difícilmente podíamos llegar a conclusiones definitivas en una
materia como ésta sin poner en paralelo el debate que hagamos en nuestro
país con el debate que se haga en el ámbito europeo.
El señor PRESIDENTE: Para ese segundo turno, que debo reiterar que
debería ser corto en el tiempo, tiene la palabra el señor Gámir, en
representación del Grupo Parlamentario Popular.
El señor GAMIR CASARES: Me hubiera encantado que el señor Ministro
también hubiera atendido esas razones de ser escueto en el tiempo, pero
comprendo los privilegios de ser Ministro y en este caso los acepto,
simplemente porque la recomendación del señor Presidente en este caso ha
aludido hasta al señor Ministro, simplemente por eso. Un Ministro es un
bien de Estado. (Risas.)
Señor Ministro, le agradezco mucho que usted diga «admitiendo que haya
discrepancias». Señor Ministro, se le escapan a usted unas frases...
Recuerdo --estará, como es lógico, en el «Diario de Sesiones»-- que usted
negó que yo pudiera utilizar la palabra «sospecha» y le tuve que recordar
que la libertad de expresión estaba en la Constitución Española y que era
algo por lo que muchos Diputados de la Cámara, en su época, luchamos, y,
de verdad, tengo que decirle que debe cuidar un poco más ese tipo de
expresiones.
Después de decir eso, usted ha utilizado una doble vara de medir: usted
no ha contado toda la realidad porque sería muy larga y yo no la he
contado porque la he sesgado. Cuando yo le decía que usted no ha contado
toda la realidad es porque usted la ha sesgado y de manera importante. Lo
relativo a la política macroeconómica e industrial, si no lo entiende, lo
lamento; lo lamento profundamente. Mire, usted no solamente es Ministro
de Industria, sino que es miembro de la Comisión Delegada de Asuntos
Económicos, usted es miembro del Gobierno; yo he sido también miembro del
Gobierno en dos ministerios económicos y sé que desde ellos se influye en
toda la política macro. En el juego de la Comisión Delegada para Asuntos
Económicos o el Consejo de Ministros suele haber lo que llaman los
ingleses «chek and balance», un sistema de pesos y contrapesos entre los
ministros. Yo lo que he criticado muchas veces a los ministros de
Industria socialistas es que no han influido en la política
macroeconómica de forma que no fuera tan tremendamente negativa, tan
tremendamente
devastadora --y no suelo utilizar estas palabras, pero en este caso las
empleo-- para la industria; que no hayan sido ministros contrapeso a la
política macroeconómica, tan negativa para la industria. En ese caso creo
que no han cumplido parte de su función como ministros económicos, que,
como es lógico, tienen que ver con la economía en general y las
consecuencias para el sector del cual están especialmente encargados.
Como es lógico, no estoy diciendo que debe usted ser el supersindicato
del sector, sino que debe atender sus problemas a la hora de las
consideraciones generales de política macro, y ahí está uno de los fallos
de la política industrial, de la política macro en relación con la
industria.
Lamento que a usted le parezca, no digo peligroso, pero casi un sesgo el
que se traten esos temas; porque son fundamentales y hasta que los
ministros de industria socialistas no lo entiendan la industria española
irá mucho peor. Confiemos en que a lo mejor alguna vez usted o alguno de
sus sucesores --si tienen sucesores; depende de otros elementos en los
que no voy a entrar aquí-- lo lleguen a entender.
Usted tiene una costumbre, y se lo digo, como siempre, sin acritud, de
crear un maniqueo y hacerle decir a uno lo que no ha dicho. Yo me he
referido a las cifras de destrucción de empleo del primer semestre; como
es lógico, he incluido los dos primeros trimestres. Usted me dice que las
cifras de los últimos quince días son tales. De acuerdo; yo le he dado
las cifras del primer semestre, de las cuales precisamente he deducido
900 de las cifras del primer trimestre.
Dice usted, en relación con las cuotas de la Seguridad Social, que han
tenido que esperar al buen momento. Hombre, doce años esperando está
bien; en toda la época de crecimiento económico no encontraron un buen
momento para hacerlo. Podíamos recordar otras épocas en que se pasó del
cero al 20 por ciento en la parte de la financiación de la Seguridad
Social que se cubría con cargo al Estado en épocas indudablemente mucho
más duras económicamente, pero no quiero entrar en esa parte de la
historia económica. Es curioso que usted siempre quiere hablar del
presente y del futuro; una especie de «carpe diem»; en este caso, casi el
presente perpetuo de Octavio Paz. Mire, en cualquier análisis, aparte de
en la bella poesía de Octavio Paz, para analizar el presente y el
perpetuo se parte del pasado, sobre todo del pasado inmediato, porque si
no no se entiende. Usted ha estudiado alguna vez metodología de análisis
y sabe perfectamente lo que estoy diciendo. Por ejemplo, es imposible
entender la situación actual sin la crisis del año 1993, eso es obvio.
Además, ustedes tienen un problema cuando hablan de futuro y es la falta
de credibilidad, la continua falta de credibilidad, que es un dato que la
tienen. Todas las encuestas dan que ustedes tienen esta falta de
credibilidad. Claro, que nos sigan hablando de futuro cuando tienen estos
problemas de falta de credibilidad continua; cuando, por ejemplo, entre
la inflación que ustedes declaran para este año y la que va a tener lugar
hay un diferencial importante; cuando en el gasto público del año 1994
--conocido hasta ahora-- hay un diferencial muy importante respecto a lo
que ustedes decían que iba a ocurrir, y luego el Tribunal de Cuentas nos
dirá que es mucho más, etcétera, esa falta de credibilidad hace que a
veces nos parezcan sólo palabras, palabras, cuando ustedes nos hablan de
futuro. Ustedes tienen que hablarnos en el lenguaje de los hechos, no en
el lenguaje de las palabras exclusivamente, en él a veces hablan bien, se
lo reconozco. También el señor Solchaga lo hacía bien, sin duda, pero
usted también lo hace bien en el lenguaje de las palabras; en el lenguaje
de los hechos es en el que tiene usted que hablar, usted tiene que hablar
desde la acción del Gobierno.
No le voy a explicar aquí la corriente macro del Partido Popular, porque
me acusarían otra vez de irme a los temas macro, aunque usted la ha
aludido y por alusión podría entrar en los 450.000 millones que vamos a
plantear de menos gasto corriente. Luego aludiré a la política de lucha
contra el fraude e incluso a la de privatizaciones, porque una vez más
usted ha creado el maniqueo cuando me ha dicho que yo pronosticaba mal
sobre el año 1994. Coja usted el «Diario de Sesiones», mírelo y vea usted
lo que dice sobre el 94. Y otra vez más la creación del maniqueo cuando
dice que yo dije algo sobre la reforma del mercado de trabajo. No, yo
dije lo que votó nuestro Grupo y nada más, y creo que está ahí.
Ha hecho usted una mención --un pequeño, suave y amable dardo, que se lo
acepto encantado-- sobre que yo hablaba de pymes porque no pude hacerlo
en otro momento. Le devuelvo con toda amabilidad la frase que usted ha
dicho. Por diez minutos, no pude hacerlo; usted, veinte minutos.
Empezando la sesión a las cuatro y veinte, en vez de a las cuatro, ha
podido explayarse durante hora y pico. Pequeño detalle, sin duda
anecdótico, en el pequeño juego dialéctico que usted ha introducido, yo
no lo he sacado.
Bonificación. Me ha hablado usted de las pequeñas y medianas empresas, y
yo querría ver la suma, la masa concreta de acuerdos firmados con las
autonomías, y además la política que, entre otras, le he planteado y que
ha aclarado, por cierto, dicho sea de paso, no digo su aliado, perdón; en
un momento dado, usted ha hablado de la minoría en que me encontraba,
refiriéndose también al representante de Convergència i Unió. También he
hablado de que en los temas de sucesiones había otras fórmulas, que eran
las que estamos hablando y que están relacionadas con la pequeña y
mediana empresa, que eran las que proponíamos. No he ido al detalle de
especificarle cada fórmula, como es lógico, por razones de tiempo,
indudablemente.
Sector textil. Ahora van a rectificar. Pues, lo siento. Esto es falta de
calidad en la política que ustedes hacen. Podían haber rectificado hace
mucho. Hace más de un año que les dijimos que el plan de competitividad
en la industria textil no era adecuado. Cuando rectifiquen, de momento
habremos perdido ya bastante tiempo que se podía haber ganado con un plan
mejor, y eso es falta de calidad en la política industrial o en la
política económica.
La acción dorada. Perdón, si vamos al «Diario de Sesiones», fue nuestro
Grupo el primero que planteó el tema de la acción dorada porque le
parecía que hubiera sido una precaución adecuada. Lo que pasa es que nos
pareció inadecuada la forma en que salió en prensa lo que usted decía
de la acción dorada, y es lo que en otros momentos tuvimos ocasión de
discutir.
Tampoco cree usted el maniqueo, no me diga que nosotros, en la política
de privatizaciones, decimos lo que no decimos. Nosotros hemos planteado
la creación de un estatuto de la empresa pública --un minuto, señor
Presidente--, estatuto que el Partido Socialista en la oposición votaba a
favor hasta el año 1982 y que desde el 82 se declara en contra del
estatuto de la empresa pública. El estatuto de la empresa pública que
defendemos deja claro en qué sectores, para qué actividades el beneficio
social es mucho mayor que el privado o, por otro tipo de razones, hace
falta y es necesaria la empresa pública. Que ese enfoque cartesiano se
compare con el enfoque por aluvión de creación de empresa pública y que
eso nos dará algunos indicios sobre una posible política de
privatizaciones, o incluso de creación en determinados momentos de otras
empresas públicas. Decimos también que una de las más prestigiosas firmas
americanas estudiando el mercado europeo habla de hasta 30 billones --B
de Borrel, B de Boyer, la que prefiera-- de privatizaciones en Europa y,
dentro de esa política, habla de unas determinadas privatizaciones en
España, y lo que nosotros hemos hablado en ese proyecto se queda bastante
por debajo de lo que ellos pronostican que va a ocurrir en nuestro país.
Esa es la política al respecto, dentro de una política de mayor
eficiencia. Lo que sí creemos es que cuando se privatiza debe ir a deuda
pública y no a gastárselo. Si las joyas de la abuela se venden, que por
lo menos sea para disminuir endeudamiento, que no sea para consumo
corriente, como está ocurriendo con las privatizaciones que ustedes han
hecho.
He dirigido una pregunta al señor Solbes --que ya está casi fuera de
plazo para contestarme-- preguntándole sobre todas las privatizaciones
realizadas por el Gobierno socialista --porque las mencionó-- y a dónde
ha ido ese dinero. Creemos que ha ido al gasto corriente, nunca a
reducción de deuda, dentro de una política en que la eficiencia es lo
importante y cuando se privatiza creemos que el destino no debe ser para
tapar agujeros, que es lo que realmente les pasa a ustedes.
Yo comprendo su respeto al Consejo de Ministros y me ha extrañado --me
extraña sinceramente-- que ustedes le cuenten a la prensa los puntos
básicos, si son ésos --y por eso le he preguntado si son ésos--, del
proyecto que usted tiene para presentar al Consejo de Ministros y que no
nos lo pueda contar a la Comisión por respeto al Consejo de Ministros. Mi
pregunta era: ¿Son ésos los puntos básicos del proyecto que usted tiene y
que va a presentar al Consejo de Ministros? Porque me parece que el mismo
respeto --con el máximo respeto a la prensa, el máximo-- debe tener con
esta Comisión para que pueda saber si es eso y que nos lo aclare.
El señor PRESIDENTE: Le ruego que vaya finalizando, señor Gámir.
El señor GAMIR CASARES: Voy finalizando, señor Presidente.
Me ha soltado alguna pequeña puntada sobre que me interesan los temas
macro. Bueno, yo no sé su experiencia en la Administración, pero yo he
tenido muchos temas sectoriales, Ministros de Transportes, Secretario de
Estado de la Seguridad Social, Secretario General Técnico de Agricultura,
y me interesan también los temas sectoriales, como es lógico; pero creo
que, en el caso de la política industrial, los temas macro son
especialmente importantes, y creo que en el fondo usted también lo cree.
No tengo más remedio que dedicar treinta segundos a algo que el señor
Presidente, en la ordenación del debate, no sé cómo se va a poder
resolver este problema. Si el portavoz no se refiere a la intervención
del señor Ministro, sino que se refiere a la intervención de otro
portavoz...
El señor PRESIDENTE: Señor Gámir, usted está en el uso de la palabra. Ya
no debería estarlo por el tiempo que ha consumido. Si quiere responderle,
lo tendría que haber hecho dentro del tiempo de su intervención.
El señor GAMIR CASARES: Lo que pasa es que yo preferiría que no ocurriera
esto. en adelante, preferiría...
El señor PRESIDENTE: La que ordena el debate es la Presidencia y la mesa,
señor Gámir. Continúe.
El señor GAMIR CASARES: Es un ruego a la Presidencia. Dado que ha citado
que antes decíamos que la culpa de lo ocurrido en la política industrial
la tenía la política del Gobierno, claro. Es que con ese modelo se creó
en España el doble de déficit comercial, en el sector público y en el
sector exterior, que fue el causante, a través del tipo de cambio y del
tipo de interés, de gran parte de la actual situación de España. ¿Que
durante mucho tiempo hemos dicho que no había reactivación? Claro. Cuando
Felipe González decía que el semestre que viene habría reactivación, como
dijo en las dos útlimas elecciones, dijimos que no, y era cierto, no
había reactivación, y cuando la ha habido, hemos dicho que había
reactivación. ¿Que en este momento nos parece que las razones básicas del
crecimiento de las exportaciones no se deben a la acción del Gobierno? Me
hubiera debido contestar al tema de fondo. Si quería contestarme, hubiera
debido entrar en este terreno y no dejarle al Ministro, que se defiende
muy bien a sí mismo, la respuesta al tema. Pero el tema de fondo era ése,
que creemos que las razones básicas del crecimiento de la exportación no
son las políticas del Gobierno.
Para finalizar, señor Ministro, yo no digo que usted no tenga política
industrial, no. El Gobierno, en general, en la mezcla de la política
económica que realiza, macroeconomía e industrial sectorial, es altamente
criticable, la que ha venido realizando y la que está realizando. Eso es
lo que he comentado y muchos analistas independientes coinciden con este
análisis en que --perdón por la cita--, con la inmensa minoría a la que
usted ha aludido a mi minoría y recordando a otro gran poeta moderno,
estaríamos ahí con la inmensa minoría en este tema.
El señor PRESIDENTE: Señor García Fonseca, tiene la palabra.
El señor GARCIA FONSECA: Señor Presidente, intervendré esquemáticamente,
en aras del tiempo.
Señor Ministro, no me contestó usted sobre el tema de Sidenor, y me
gustaría que me respondiera de manera explícita, en la medida que pueda.
Si hay o no hay algún tipo de acuerdo o compromiso con el Gobierno vasco
en relación a la venta de Sidenor. Tampoco me respondió a la pregunta que
le hice sobre la CSI, que la referí al tema de las posibles
privatizaciones del sector de largos de Ensidesa o su compra por Celsa. A
esas dos preguntas que creo que no me ha respondido, al menos no soy
consciente de ello, le añado otra tercera, que se me olvidó planteársela
en mi primera intervención, y es si tienen ya, por fin, un calendario de
inversiones para Ensidesa y para el País Vasco dentro de la CSI.
Además, quería hacer algún comentario que no tuve ocasión de hacer en la
primera intervención. Por lo que se refiere al plan Renove quiero decir
que mi Grupo, aun considerando los aspectos positivos del plan tiene
alguna reserva sobre el mismo. Sobre todo si se aplica, como se está
haciendo en la práctica, de manera indiscriminada, porque en el fondo,
además de contribuir a paliar de alguna manera la crisis del sector de
los productores nacionales, creo que también es dinero público que se
puede ir a empresas extranjeras de las que importamos automóviles. Sin
faltar a la competencia podría haber algunas medidas que pudieran paliar
este problema; por ejemplo, se me ocurre el que este tipo de subvenciones
fuesen dirigidas a los automóviles de pequeña cilindrada, ya que los
automóviles que solemos importar suelen ser precisamente de gran
cilindrada. Si marcáramos esta prioridad mataríamos dos pájaros de un
tiro: por una parte favoreceríamos nuestra propia industria, ya que,
repito, los automóviles que importamos son de mucha cilindrada y, en
segundo lugar, favoreceríamos con este tipo de subvención a sectores
sociales más bajos.
Por último, como me puedo referir a su réplica por el tiempo de que
dispondría, permítame, señor Presidente, que le haga unos comentarios
sobre las consideraciones que ha hecho de carácter general el señor
Ministro.
El señor Ministro se extrañaba --extrañeza que yo comparto pero a la
inversa-- de que yo considerase fácil que se pudiera hacer una política
industrial más activa. Parece que al señor Ministro le faltaba
imaginación para buscar alguna otra posibilidad (era lógico puesto que
decía que habían tocado el techo de lo imposible) y que sin volver a no
sé qué modelos de no sé cuándo --que Izquierda Unida nunca compartió--
podría tener alguna propuesta de una política industrial más activa.
Señor Ministro, bastaría simplemente con que hubiera habido una política
industrial activa, que no la hubo. Usted dice que la quiere hacer. Yo no
le niego todavía credibilidad. Quiero decir que cada vez me siento menos
animoso a concedérsela, pero no ha habido política industrial. En esto yo
coincido con los, en otras ocasiones por mi denostados, compañeros suyos
de viaje parlamentario, mis colegas y queridos compañeros sin embargo
--«malgrè tout»--, de Convergència i Unió. Ellos han puesto de manifiesto
en muchas ocasiones que la política macroeconómica se hacía a costa de
los sectores productivos. En esto he coincidido con ellos. En lo que no
coincido es en que para los señores de Convergència i Unió el modelo a
seguir por los sectores productivos y particularmente por el industrial
es el modelo coreano pasado por agua; es decir, mano de obra barata, sin
una fuerte intervención pública en cuanto a I+D, infraestructuras,
etcétera. No sé si será por aquello de que perteneciendo a la
Internacional Democristiana aplican en el terreno económico lo que el
Evangelio decía para otros niveles de que: al que más tiene se le dará y
al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. (Risas.) Queda
clara mi coincidencia en algunos puntos y mi fuerte discrepancia en los
planteamientos de política industrial.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay): Voy a ser
muy breve, señor Presidente.
Supongo que no querrán que pida perdón por utilizar lo que creo que
corresponde a un Ministro cuando comparece no solamente para responder a
una decisión propia de comparecencia sino, al mismo tiempo, a otras
solicitudes, y tiene que condensar en algún tiempo todos los aspectos de
la política industrial. No pediré perdón por eso, aunque lamento que
alguien pueda sentirse en la situación de tener que utilizar menos tiempo
que el que le corresponde al Gobierno que, por cierto, en el segundo
turno, señor Gámir, con permiso de la Presidencia he tratado de aligerar,
pero es verdad que he tenido que contestar a cinco intervenciones.
Señor Gámir, con toda amabilidad le tengo que decir que no tenemos mucho
más que discutir. Si me permite, en el tono más amable del que soy capaz,
le he encontrado un poquito sensible, sensible en lo humano, con alguna
de las cosas que le he dicho que son legítimas discrepancias, pero, si de
alguna manera le parece que he faltado en el estilo a una relación
dialéctica cordial, lo lamento y le pido disculpas.
Unicamente voy a hacer dos precisiones. Usted se ha referido a algo que
es verdad, que las cifras en términos netos de destrucción de empleo en
el primer semestre son alrededor de 17.000 personas, no recuerdo las
centenas. Lo que sin embargo me parece relevante y usted sabe de lo que
está hablando al hablar de esto, es que lo que es importante es que
17.000 aproximadamente es lo que se perdió en el primer trimestre en
relación con el cuarto trimestre del año anterior y, sin embargo, lo
relevante es lo que ha ocurrido en el segundo trimestre, aunque el saldo
neto siga siendo aproximadamente de 17.000. Esto es lo que le he querido
decir, y no otra cosa. Pero admitirá que, en términos de variación o de
inflexión de la tendencia, lo relevante no es computar el conjunto del
semestre, sino, sobre todo, lo que ha ocurrido entre el primer y segundo
trimestre.
Le voy a hacer una segunda consideración, señor Gámir, con la mayor
amabilidad. Concluía usted diciendo que
mi problema era que me faltaba credibilidad. Me parece que usted no se ha
ganado la credibilidad de cara al futuro. Por el contrario, ha hecho un
análisis mucho más sobre el pasado que sobre el presente y sobre el
futuro. Yo creo que conquistar el futuro es no referirse permanentemente
al pasado. No sé si por esto seguirá usted formando parte de la inmensa
minoría a la que se refería. En todo caso, lo que es verdad es que sea
cual sea el análisis que hagamos del pasado, y lo hemos discutido usted y
yo múltiples veces y supongo que lo seguiremos discutiendo porque usted
tendrá la obligación de incidir en un período que fue menos bueno del que
ahora iniciamos, no dejará usted de reconocer que en este momento hay
toda una serie de aspectos, incluso algunos de los que usted viene
reclamando, que hoy forman parte de la política económica. Y no porque
usted los haya reclamado, sino porque formaban parte de las convicciones
del Gobierno, que las ha puesto en marcha en la medida en que era
posible, sin caer en alguna de las incoherencias en las que, a mi juicio,
podía usted haber caído.
Acción dorada. Yo no voy a discutir sobre si usted habló en primer lugar
de la acción dorada. Por cierto, creo que entre nosotros, y lo digo para
usted y para todos, me gustaría, sobre todo a efectos de medios de
comunicación, que no se confundiera lo que es en este momento el proceso
de discusión en el Gobierno con la fórmula técnica jurídica de una acción
dorada, entre otras cosas, porque en nuestra legislación de sociedades
anónimas es imposible la existencia de acciones con voto plural. Por
tanto, no confundamos más a la opinión pública con un debate, que en
algún momento se formuló en esos términos simplemente por introducir una
idea, no por hacer una formulación jurídica. Me alegro de que usted no
esté en desacuerdo con esa idea que hay en el fondo. Me parece que eso
nos puede permitir coincidir en lo que es el objetivo fundamental, con
independencia de que haya que discutir el texto.
Sobre las privatizaciones, y termino, señor Presidente, voy a hacer
solamente una consideración. Recuerdo un día, y se lo digo también
amablemente, en que en un medio de comunicación salió algo atribuido a
usted, y supongo que no lo desmentirá. Usted hacía un análisis de cómo
arreglar el problema de déficit público mediante la enajenación del valor
patrimonial de las principales compañías más rentables, unido a otra
serie de modificaciones tan sencillas como la reducción de algunos
impuestos y la reducción de algunos elementos en la Administración
pública. A eso es a lo que me referí, y me seguiré refiriendo, cuando
digo no vamos a hacer un programa de privatizaciones de ese estilo, y de
ninguna manera me parece que ésa sea la fórmula de arreglar el problema
del déficit. Lo que no quiere decir que una política de reducción de la
participación, juntamente con otros esfuerzos, como en recaudación o en
contención del gasto, no tenga como efecto derivado, no solamente la
contención del gasto corriente, sino también las posibilidades futuras de
reducción del endeudamiento.
Señor García Fonseca, tiene usted toda la razón; no le he contestado
anteriormente a dos preguntas y lo lamento.
En relación con Sidenor, no hay ningún compromiso ni con el Gobierno
Vasco ni con nadie. Estamos ante un proceso en el que en un momento
determinado se produjo una o varias candidaturas. No hay ningún
compromiso ni político ni económico con nadie. Desde luego, el proceso de
eventual enajenación de Sidenor, si ésta se pudiera llevar a cabo, no
tiene más que un objetivo industrial y de competitividad, en un proceso
en el que las debilidades de Sidenor, no obstante los planes puestos en
marcha y la mejora existente, ciertamente parecen aconsejar un avance en
esa dirección, pero no lo vamos a hacer ni a toda costa ni a cualquier
precio y, desde luego, no es un problema de compromisos de ninguna
naturaleza, ni políticos ni económicos, con nadie.
En relación con la CSI, ya adelanté --y lo he dicho muchas veces de una
manera general-- que la vocación en el proceso de reestructuración de la
siderurgia en España no es la de la participación al 100 por ciento
necesariamente en el negocio siderúrgico; incluso, frente a algunas
acusaciones por parte de las siderurgias privadas de una atención en
exclusiva a la siderurgia pública, anuncié en su momento, antes de que
Bruselas aprobase el plan, que ésta era la primera etapa de un proceso
que no termina y que tiene que acabar por seguir configurando, entre las
empresas que hoy forman parte del sector público o los sectores o los
activos del sector público en el terreno siderúrgico en planos, en largos
o en transformados, grupos empresariales competitivos en los cuales no
solamente no creo que sean inadecuados, sino que pienso que puede ser
hasta positivo que haya participación de alguno de los aceristas de este
país que pugnan también por reestructurar sus empresas y por hacer grupos
que puedan competir en el terreno internacional. Si en ese terreno está
Celsa o están otras empresas, pueden ser bienvenidas, pero no a cualquier
precio, de nuevo, ni a toda costa, sino como parte de una orientación
estratégica en la cual la CSI está teniendo contactos en el pasado, en el
presente, y tendrán en el futuro, con diversos empresarios siderúrgicos
de este país.
Plazos para el proceso de reestructuración o para continuar el proceso de
reestructuración. Le he anunciado --no le puedo decir la fecha exacta en
términos de calendario-- que en este momento hay un proyecto de acuerdo
de Consejo de Ministros para poner en marcha todos los mecanismos
financieros que permitan dejar a las dos sociedades, esto es, Altos
Hornos de Vizcaya y Ensidesa, como empresas latentes, como sabe usted,
para todo el proceso de liquidación y la configuración a través del CSI
de una estructura distinta con especialización en productos largos, en
productos planos y en productos transformados. La base de este acuerdo,
que es muy complicado, que es el trasunto del plan de reestructuración
aprobado por Bruselas, está en este momento discutiéndose entre los
Ministerios afectados, teniendo en cuenta la participación no solamente
del INI, sino también de la Dirección General de Patrimonio, en el
capital de la CSI y todos los compromisos que derivan también de la
financiación, vía ICO o Seguridad Social, del proceso de reestructuración
que ahí tiene que hacerse. Por tanto, espero que en breve eso sea un
anuncio formal de que se inicia ese proceso, al cual tienen que seguir no
solamente los compromisos de inversión que se han anunciado de una manera
genérica y que algunos de
ellos se han venido poniendo en marcha, como lo que fue Altos Hornos para
la configuración de la acería compacta de Sestao, proceso que está ya en
marcha, con una mayoría de capital privado, el 60 por ciento, sino los
procesos de inversión que en Asturias fundamentalmente o en el marco de
Ensidesa tendrán que producirse y que vendrán a significar cifras en el
entorno, como sabe usted, por distintos conceptos, de los 100.000
millones de pesetas a lo largo de los próximos años.
Por tanto, se lo podré anunciar con calendario en el momento en que todo
este proceso salga, aunque reconozco que por su procedencia éste es un
problema de debate prácticamente diario básicamente en la Comunidad
asturiana.
Política activa, señor García Fonseca. Le agradezco el que no me niegue,
por lo menos, toda la credibilidad en este terreno; yo no le niego
tampoco a usted la credibilidad--¡faltaría más!-- en una cuestión en la
que quizá usted pudiera superar el carácter activo de la política
industrial que este Gobierno quiere hacer. Unicamente he expresado una
duda, no una desconsideración, sobre si en todos los aspectos tenemos el
mismo concepto de política industrial. Pero es un tema que seguiremos
debatiendo.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Antes de pasar al turno de preguntas, vamos a suspender la sesión por
cinco minutos estrictamente, teniendo en cuenta que llevamos ya cuatro
horas en la sala. (Pausa.)
--PARA INFORMAR SOBRE LA COMPRA DE LA EMPRESA NACIONAL DEL GAS (ENAGAS)
POR PARTE DE GAS NATURAL, ASI COMO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA DE GAS
NATURAL FIRMADO CON EL SECTOR ELECTRICO Y QUE HA SERVIDO BASICAMENTE PARA
FIJAR EL PRECIO DE ADQUISICION DE LA CITADA EMPRESA. A SOLICITUD DEL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente
213/000366.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a reanudar la sesión con los puntos 4 y 5 del
orden del día.
Quisiera advertir a los miembros de la Comisión presentes que la Comisión
volverá a reunirse el próximo jueves, día 13, a las 11 de la mañana, tal
como estaba previsto y de acuerdo con el orden del día, en la sesión de
mañana para las proposiciones no de ley y en la sesión de tarde para toda
una serie de preguntas, una sesión de tarde que empezará a las 17 horas.
Quiero anunciarles también que el próximo día 17, lunes, está prevista
una nueva reunión de la Comisión para las comparecencias que hayan sido
solicitadas con motivo de la discusión del proyecto de presupuestos que
deban realizarse ante la Comisión de Industria, Energía y Turismo. En
este momento no se sabe todavía cuáles son, pero, en cualquier caso, será
el lunes dia 17 cuando tengan lugar estas comparecencias ante la
Comisión.
Como habrán observado, por acuerdo de la Mesa, oídos los Portavoces de la
Comisión, estas dos comparecencias van a ser tramitadas como si de una
pregunta se tratara, es decir, con la intervención primera del Grupo que
había formulado la petición de la comparecencia y respuesta del señor
Ministro, y sin intervenciones de los demás grupos.
Sin más dilación, pasamos al punto 4 del orden del día, a petición del
Grupo parlamentario Popular, para informar sobre la compra de la Empresa
Nacional del Gas por parte de Gas Natural, así como del contrato de
compraventa de gas natural firmado con el sector eléctrico y que ha
servido básicamente para fijar el precio de adquisición de la citada
Empresa.
Tiene la palabra don José Manuel Fernández Norniella.
El señor FERNANDEZ NORNIELLA: Como bien ha dicho usted, el Grupo Popular
había solicitado la comparecencia del señor Ministro para que informase
sobre la venta de Enagás y sobre el contrato-marco entre las eléctricas y
Gas Natural. Tratar de trasladar lo que pretendíamos que nos contestase
el señor Ministro en una comparecencia a una pregunta es un poco difícil.
En consecuencia, yo voy a solicitar del buen hacer del señor Presidente
que tenga una cierta liberalidad si en mi intervención me voy a algunos
otros temas que, siendo colaterales, pueden servir para aclarar la
situación.
Hago una pregunta muy escueta, que dice: Señor Ministro, ¿cuáles han sido
los criterios que han enmarcado la firma del contrato de compraventa de
gas firmado por Gas Natural con el sector eléctrico y qué influencia ha
podido tener este contrato en la valoración de Enagás a la hora de su
venta a Gas Natural.
El señor PRESIDENTE: El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay): Señor
Presidente, ¿cuánto tiempo me deja para que conteste tratando de
satisfacer al preguntante, que es el solicitante de la comparecencia?
El señor PRESIDENTE: Dispone, señor Ministro, de un cuarto de hora
sumando los dos tiempos; por tanto, diez minutos y cinco minutos, pero
como el reparto de tiempo del señor Fernández Norniella también ha sido
distinto, probablemente no tendremos más remedio que concederle también
mayor tiempo a usted.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay): El señor
Diputado me hace dos preguntas que están conectadas: por un lado, el
contrato suscrito entre las empresas de gas y las empresas del sector
eléctrico y, por otro lado, el problema de la valoración de Enagás. Por
lo tanto, quizás convenga que le explique cuál fue al gestación del
contrato entre las empresas del sector de gas y el sector eléctrico y
cómo se produjo la fijación del precio del gas y, a continuación, que le
explique los criterios de valoración de Enagás. Me parece que es la
lógica que usted quería en ese sentido.
Las compañías eléctricas y Enagás, S. A., suscribieron, con fecha 8 de
junio de 1994, un protocolo que contempla
los principios generales del acuerdo para generación eléctrica con gas,
en el que se apoyarán las relaciones jurídicas a largo plazo entre las
partes y las normas de desarrollo y aplicación de tales principios. Este
acuerdo entre las empresas ofrece las siguientes ventajas: la metodología
empleada es conforme a lo establecido en el Plan Energético Nacional para
la formación del precio del gas natural para la generación de
electricidad; proporciona la necesaria estabilidad a medio y largo plazo
del precio de referencia; se produce una estandarización que permite
garantizar un precio competitivo dentro del sector eléctrico; introduce
la consideración estricta de los costes imputables al sector eléctrico,
lo que garantiza el objetivo de minimización de los costes de generación;
se garantiza una adecuada retribución de las actividades de transporte y
distribución del sector gasista que contribuye a garantizar la eficiencia
del sistema, y sus términos no sólo son compatibles, sino que facilitan
el proceso de concurso para las centrales eléctricas previsto en la
normativa y en las intenciones del Gobierno en relación con la nueva
capacidad de generación de electricidad.
Por otro lado, la competencia en el seno de la Unión Europea en el sector
gasista será compatible, como se ha puesto de manifiesto en recientes
acuerdos del Consejo de Ministros de Energía, con el mantenimiento de la
seguridad del suministro, que en los contratos de gas, como sabe S. S.,
se encuentra ligado a la cláusula «take or pay» y que se traslada a los
contratos entre productores y grandes consumidores.
Pues bien, a partir de aquí, las compañías firmantes del citado protocolo
de junio se comprometen a suscribir un contrato-tipo por el que Enagás se
obligará a vender gas natural y las compañías eléctricas a comprarlo para
las centrales que forman parte del sistema eléctrico nacional en
explotación unificada. Dicha compra de gas natural queda supeditada,
naturalmente, a la entrada en operación del gaseoducto del Magreb y las
cantidades de gas demandadas son, no obstante, inferiores a las que
inicialmente deseaba garantizar en el contrato Enagás; son, en principio,
un 20 por ciento inferiores a las contenidas en el PEN. Asimismo, las
compañías eléctricas se comprometen al consumo del 87,5 por ciento anual
y al 92,5 por ciento quinquenal de las cantidades de gas establecidas,
que, para el ejercicio 2.000 y siguientes, es de 39.120 miles de millones
de termias año y a satisfacer el «take or pay», en el caso de tener que
pagarlo Enagás, S. A., conforme a las características de sus contratos de
aprovisionamiento. En el mismo protocolo quedan establecidos los
porcentajes de suministro fijo e interrumpible y el reconocimiento de las
compañías eléctricas de cliente más favorecido, así como la facultad, que
fue, al mismo tiempo, una demanda, al Ministerio de Industria y Energía,
de determinar el precio final, la fórmula de indexacion y los
correspondientes mecanismos de revisión del coste del gas natural.
Por tanto, ese protocolo suscrito por las partes fue un protocolo en el
que todos estos elementos se fijaban, se circunscribían las diferencias,
y las diferencias que notoriamente mantenían las empresas de gas y las
empresas del sector eléctrico se pretendían zanjar mediante un arbitraje
que confiaban al Ministro de Industria y Energía. En cumplimiento de esta
facultad, que era una solicitud o un mandato --como ustedes quieran--,
con fecha 17 de junio de 1994 comuniqué por escrito a las partes la
decisión de arbitraje sobre el precio inicial de referencia de la termia
de gas, sobre las fórmulas de indexación y sobre los mecanismos de
revisión. Según la decisión, el precio tendrá carácter trimestral sobre
la base del escenario de los seis meses anteriores; el precio de
referencia para el trimestre iniciado el 1 de abril de 1994 es de 1,792
pesetas termia para el suministro firme y 1,617 pesetas termia para el
suministro interrumpible. Estos precios iniciales son intermedios entre
los defendidos por las partes, y sitúan el precio del gas para generación
en práctica equivalencia con el fueloil, asegurando la cobertura de
costes al sector gasista y una adecuada rentabilidad a los grupos de
ciclo combinado que vayan incrementando el parque eléctrico nacional.
Por otro lado, éste es el precio general y el precio de referencia; el
contrato tipo y los contratos específicos, no obstante, podrán recoger
precios diferenciados por instalación, resultado de imputar a cada una de
ellas, entre otras cosas, el coste de acceso y utilización de la red
gasista de transporte necesaria para su suministro sobre la base del
precio que le acabo de mencionar, y se establece, además, un esquema de
indexación en base a las tarifas eléctricas del mercado industrial.
Por último, se establecen como causas de revisión del precio, entre
otras, variaciones substanciales del escenario energético, de las
condiciones con las que se ha calculado el precio de referencia,
modificaciones igualmente importantes en los precios de venta de gas
natural al mercado industrial. El precio de referencia y la fórmula de
indexación serán objeto de revisión, a solicitud de parte, a partir del
31 de diciembre de 1997 y, a partir de esa fecha, cada cuatro años.
Por tanto, el proceso de fijación del precio y de las cantidades es el
fruto de una aproximación de posiciones entre unas y otras compañías y de
un arbitraje solicitado por ellas al Ministerio de Industria o al
Ministro de Industria en particular que llevó a cabo esta especie de
arbitraje salomónico.
En segundo lugar, ¿qué relación tiene esto con el problema de la
valoración de Enagás? Ciertamente tiene problemas; sería absurdo
desconocerlo. La valoración de Enagás --y le quiero dar unos cuantos
datos-- ha sido realizada separadamente. Me parece que éste es un tema al
que me he referido en tres o cuatro ocasiones en esta Comisión en
diferentes momentos del proceso y con distinto nivel de detalle. Como
decía, la valoración de Enagás ha sido realizada separadamente por los
equipos del Instituto Nacional de Hidrocarburos, ayudados por el Banco de
Santander de Negocios y Warburg, como entidades consultoras de Repsol,
auxiliados en este caso por Kleinwort Benson, Iberfomento y Banco Central
Hispano y de Gas Natural, con la asesoría de Goldman Sachs y Arthur
Andersen, habiendo tenido también los equipos jurídicos del Instituto
Nacional de Hidrocarburos y de Gas Natural.
Los primeros trabajos de estos equipos llegaron a un diagnóstico de que
no podía realizarse una valoración
fiable de Enagás sin unos requisitos previos, teniendo en cuenta la
naturaleza de esa actividad y los compromisos establecidos y una serie de
elementos que en este momento comentaré.
Esos requisitos previos eran los siguientes: un marco tarifario
permanente que permitiese proyectar los flujos de caja; un acuerdo con el
sector eléctrico para asegurar el destino al gas que iba a circular por
el gasoducto argelino; un reparto de los riesgos de la operación de modo
que el nuevo grupo gasista asuma todos los riesgos industriales y del
negocio y que el Estado, a través del INH, asuma el riesgo que esté en su
mano, esto es, el de cumplimiento por parte de las compañías eléctricas
de los consumos programados en las fechas requeridas; una segregación del
gasoducto del Magreb como consecuencia de esta separación de riesgos y
como requisito para que la operación pudiera, siquiera, ser entendida por
los mercados.
Ha de tenerse en cuenta, como creo que sin duda conoce, que el gasoducto
transportará 60.000 millones de termias, de los cuales unos 40.000
millones irán destinados básicamente a un mercado fuertemente regulado
hoy por hoy, como es el eléctrico.
La segregación se formalizó ya a través de la creación de una nueva
empresa, Sagane, que tendría como accionista mayoritario en un 91 por
ciento al INH, de acuerdo con estas especiales responsabilidades que a
través del INH se asumen, y que se encargaría de financiar y de gestionar
el gasoducto.
Por último, una definición del mecanismo por el que el nuevo grupo
gasista pasaría también a ser propietario posteriormente del gasoducto
argelino, alcanzándose con ello el diseño final buscado.
La fórmula, como S. S. conoce, ha sido la de ofrecer a Enagás una opción
de compra de la participación del INH en Sagane, que podrá ejercerse
cuando esté acabada la obra y se hayan iniciado las ventas al sector
eléctrico, pagándose en ese momento al INH todo el capital invertido al
coste del dinero, más cinco puntos. De ahí que algunas de las discusiones
que tuviéramos sobre la valoración actual o futura de Enagás no tomaban
en cuenta el que hay una especie de parte del precio aplazado.
Junto con esto, era necesario para que todos estos ilustrísimos
consultores y competentes tuvieran una base de valoración conjunta, el
que se produjera una aceptación de los gobiernos argelino y marroquí a
esos cambios en relación con los esquemas que previamente habían servido
para iniciar las operaciones de gas.
Completados los requisitos previos apuntados, los diferentes grupos de
trabajo de los tres que he señalado realizaron valoraciones separadas,
aunque con algunos supuestos comunes, que pueden resumirse del modo
siguiente: una proyección de ventas que pasa de los 70.000 millones de
termias en 1994 a 140.000 millones de termias al año 2000, de acuerdo con
el plan estratégico de la propia compañía gasista, que responde, por otra
parte, sensiblemente a las previsiones del PEN de 1991.
Segundo elemento de consideración a la hora de la valoración: unas
inversiones totales en el período que varían entre 410.000 y 420.000
millones de pesetas entre 1994 y el año 2000, de acuerdo con las
estimaciones de la propia compañía y con diferentes sensibilidades a la
valoración de ciertos elementos complementarios de la red de transporte.
Unos márgenes que resultan de la aplicación exacta del sistema basado en
costes, fijado por la Administración para los mercados doméstico y
eléctrico, habiéndose estimado en el mercado industrial diferentes
proyecciones de precios relativos de los productos petrolíferos y del
gas, que conducen a márgenes ligeramente decrecientes en términos reales,
ya que se espera un mayor encarecimiento relativo del gas.
Unas tasas de descuento variables, según la sensibilidad de los
diferentes grupos al riesgo. Sin duda alguna, el elemento crucial en la
valoración a partir de todos los demás aspectos y la sensibilidad al
valor último fijado, ha venido determinado en buena parte no por este
único factor, pero sí ciertamente por la tasa de descuento que se
considerase, como es obvio, teniendo en cuenta los aplazamientos en el
tiempo que había y las eventuales contingencias de todo el proceso.
De acuerdo con estos elementos que conformaban la posición de partida de
los distintos grupos asesores, el INH y sus asesores determinaron que el
valor mínimo de Enagás era de 47.000 millones de pesetas y que por menos
dinero que ése no se debía hacer la operación. Por otra parte, este mismo
grupo determinó que el intervalo razonable para el valor podría estar
entre los 47.000 millones antes citados y los 59.000 millones de pesetas.
Naturalmente, la valoración de una compañía --como saben ustedes, pues
están familiarizados con esto--, y especialmente en una de esta
naturaleza, no es algo que surja simplemente de hacer un inventario.
Los asesores de Repsol llegaron a una valoración algo más baja. La
postura de los accionistas de Gas Natural fue ofrecer un valor en torno a
40.000 millones de pesetas y debo decir que a lo largo de negociaciones
que fueron duras, naturalmente, llegaron a plantarse en un tope máximo de
53.000 millones de pesetas. Finalmente, la Administración planteó como
última postura un valor de 56.300 millones de pesetas, que fue aceptado
por todos los intervinientes.
Esto es lo que le puedo decir, señor Diputado, de los elementos que han
intervenido en el proceso de valoración y el valor último al que se
llegó.
El señor PRESIDENTE: El señor Fernández Norniella tiene la palabra.
El señor FERNANDEZ NORNIELLA: Señor Ministro, entiéndame lo que voy a
decirle. No quiero sacar las cosas de su sitio, pero tengo realizadas
ocho o nueve preguntas al Ministerio respecto a estos temas. Preguntas
que hubiesen servido para preparar su comparecencia y para que mi Grupo
hubiese podido posicionarse respecto a lo que usted nos dijese. Esas
preguntas no han sido respondidas y ayer por la tarde recibo unas
auditorías que habíamos solicitado a Enagás hace dos meses y medio.
Señor Ministro, entiendo que su misión como Ministro es gestionar bien el
patrimonio de todos los españoles,
pero nuestra misión como Diputados es controlar al Gobierno. Y mal
podemos controlar al Gobierno si se nos hurta la información o se nos
retrasa. Difícilmente podemos tomar un posicionamiento (que a lo mejor
hubiese sido a favor de sus propias directrices) si no tenemos los datos
adecuados que nos permitan analizarlo.
Yo he asistido casi atónito al juego floral que usted ha mantenido con mi
compañero don Luis Gámir y he empezado a entender algo que no había
entendido en las anteriores comparecencias, que es el tema de «Alicia en
el País de las Maravillas». He empezado a entenderlo porque yo creo que
todo lo que usted nos ha contado en la primera comparecencia y en ésta no
es «Alicia en el País de las Maravillas», sino las maravillas del señor
Eguiagaray.
Nos ha pintado usted un panorama industrial casi maravilloso. Nos ha
dicho que nos olvidemos del pasado, que el presente y el futuro es lo
importante. Efectivamente así es, pero el desmantelamiento industrial que
ha sufrido este país es debido al pasado y no al presente y al futuro, y
eso no podemos olvidarlo.
Cuenta usted una historia muy bonita sobre la valoración de Enagás, y me
va a permitir que yo le haga unas consideraciones para que me conteste, a
ver si yo puedo llegar a unas conclusiones propias.
Yo le había pedido a su Ministerio datos tan concretos como el patrimonio
neto contable de la empresa Enagás. En una venta de esta envergadura no
es que sea un tema condicionante, pero sí importante. También le había
pedido datos sobre una revalorización ya descontada del patrimonio neto
contable de la empresa Enagás según los datos que habían salido en la
prensa y que, según parece, sirvieron para calcular el valor neto.
Por otro lado, le había preguntado sobre unas contingencias fiscales
provisionadas en la Empresa Nacional de Gas, que también han debido
condicionar seriamente la valoración. Por último, le tenía solicitado un
dato que considero importante: por qué el beneficio de explotación de la
Empresa Nacional de Gas, Enagás, ha pasado de 11.871 millones de pesetas,
en el año 92, a 4.750 millones de pesetas en el 93. Todos estos datos no
son, repito, condicionantes, pero sí son muy importantes. Sin embargo,
señor Ministro, usted, no sé por qué, no nos los ha remitido.
Nos cuenta que hubo una intermediación del Ministerio en respuesta a una
solicitud de las empresas eléctricas y de gas natural y que, como
consecuencia de esa intermediación, surge un precio que, según nos dice,
es competitivo. En la medida en que iba usted diciéndolo iba echando unos
números y saco como conclusión que ese precio del combustible, las 1,792
pesetas termia, van a suponer, aproximadamente, 4,5 pesetas por
kilovatio/hora, cuando actualmente las centrales térmicas están situadas
entre 2,5 y 3,5 pesetas kilovatio/hora. Esta diferencia tendrá que salir
de algún sitio, señor Ministro. No me diga usted que el aumento de
eficiencia técnica va a permitir cubrir ese diferencial, porque usted
sabe mejor que yo que lo que van a hacer las eléctricas es modernizar
antiguas centrales de fuel, y para que esa eficiencia técnica se produzca
deberían ir a centrales de ciclo combinado que, por el momento, yo no sé
que exista ningún proyecto al respecto.
Señor Ministro, sinceramente a mí me gustaría que usted nos respondiese
sobre todo a los datos que le tenemos solicitados por escrito, porque
sobre la base de esos datos podemos hacer análisis y valoraciones serias.
Cualquier contestación que no sea facilitar esos datos de alguna manera
impide que podamos tener una posición al respecto.
Hay otro tema al que quisiera que usted me respondiese: si no considera
que esta situación de la que le he hablado de costes no hipoteca en
cierta medida el futuro de la industria, puesto que, al final, ese
diferencial tendrá que ir a tarifa y la tarifa lógicamente repercutirá en
la competitividad de nuestras pequeñas y medianas empresas, sobre todo,
que son las que no tienen posibilidad de negociación ni de disminuir sus
costes energéticos.
Por favor, contésteme. (El señor Sáenz Lorenzo pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Sáenz Lorenzo.
El señor SAENZ LORENZO: Para una cuestión de orden.
En la Mesa y Junta de Portavoces hemos decidido tramitar estas
comparecencias como preguntas. Nosotros no sabíamos que el representante
del Grupo Popular --nos lo debía haber advertido cuando introdujimos este
punto en el orden del día-- estaba pendiente de recibir determinadas
respuestas, porque entonces no lo hubiéramos metido en el orden del día.
A lo mejor, hubiera sido preferible esperar al momento oportuno.
Nuestro Grupo considera que estas decisiones que se toman en la Mesa y
Junta de Portavoces tenían que realizarse con todos los conocimientos
respecto a en qué condiciones se pretende llevar la conversión de una
comparecencia en pregunta, porque es un trámite en el cual luego los
grupos parlamentarios no tienen posibilidad de intervenir.
El señor PRESIDENTE: Señor Sáenz Lorenzo, creo que eso forma parte del
comportamiento de cada grupo. En ese momento no tenía la respuesta, pero
podía prever que la podía tener en el momento en que se dilucidara ante
la Comisión esa comparecencia, que, por otra parte, estaba solicitada
desde hacía tiempo. El señor Ministro está en su perfecto derecho si a
alguna de las preguntas que le ha formulado el señor Norniella, y que no
figuraban en el texto concreto, no dispone de la respuesta. Estoy seguro
de que el señor interpelante lo entenderá perfectamente. Por otra parte,
creo que el señor Ministro acepta la pregunta tal como ha sido formulada.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay): Señor
Fernández Norniella, tengo el mayor interés en darle toda la información
que usted precise. He tenido conocimiento de que usted ha hecho una serie
de preguntas y en este momento puedo decirle que hace diez días que ha
salido del Ministerio de Industria y Energía la contestación a esas
preguntas, independientemente de que estén en el proceso de tramitación.
Sobre esta cuestión les he dado información en repetidas ocasiones.
Además, me quiero referir a que a su Grupo Parlamentario --espero que no
le moleste; lo he hecho con todos los grupos parlamentarios-- le he
pasado una información sobre los problemas correspondientes a la
valoración de Enagás, aparte de la que han podido recibir directamente a
través del contacto con los directivos de las empresas implicadas. No
tengo ningún temor, señor Fernández Norniella, de entrar en todos los
detalles.
Sí tengo la sensación, señor Fernández Norniella, de que como en el
pasado han expresado, por lo menos, dudas --y no quiero volver a la
polémica del pasado sobre esta cuestión--, tal vez en este momento se
mantiene algún velo de esas dudas, que voy a tratar, en la medida en que
soy capaz, de contribuir a despejárselas.
Me hace una pregunta a la que tal vez encuentre respuesta en la
contestación por escrito, pero si lo que le interesa es saber cuál es el
patrimonio neto contable se lo diré con mucho gusto, ya que tengo aquí
los datos. El patrimonio neto contable, a 31 de diciembre de 1993, de
Enagás, por ver cuál era la correspondencia --esto es un elemento de
contraste porque no ha sido fundamentalmente el mecanismo de valoración
por el patrimonio neto contable, sino el descuento de un flujo de caja en
las condiciones que anteriormente he expuesto el que ha servido como
elemento básico de negociación y, en última instancia, un proceso de
ajuste último--, era de 105.483 millones, a los cuales había que
descontar gastos amortizables, inmovilizado material y la planta de
Cartagena para tener la cifra del patrimonio neto contable ajustado, que
eran 95.125 millones. Si a eso se le restan, para llegar al valor neto
patrimonial real, los gastos financieros inmovilizados, por importe de
20.000 millones de pesetas, y las revalorizaciones, que bajo criterios
americanos no estarían admitidas, se llega a una cifra de valor neto
contable ajustado en el entorno de los 56.000 millones de pesetas, que
coincide prácticamente, y no es casualidad, con el término último de la
negociación entre las partes implicadas.
De todas formas, su problema no es el de la valoración o si los procesos
han sido los adecuados. Le he explicado cómo, a partir del asesoramiento
de los diferentes contendientes en este proceso, se ha llegado a cifras
que, en última instancia, no eran incompatibles y a un proceso de
negociación que ha llevado a una cifra que se situaba en la banda alta de
lo que podían ser los extremos fijados entre aquellos que querían vender
y, naturalmente, un poco más de lo que querían pagar quienes iban a
comprar. Este es un proceso con una garantía de defensa de los intereses
públicos que, razonablemente, en estas condiciones de riesgo, de
inversiones, de financiación, de rentabilidad futura, son garantizables o
analizables.
Como decía, su problema consiste en saber hasta qué punto el problema del
sector eléctrico es un problema que ha estado en la base de esta
valoración. No sé si detrás de lo que usted señala hay una especie de
imputación de un exceso de costes que, en última instancia, repercutiría
sobre la tarifa para hacer que el precio de valoración fuera demasiado
alto. Tal vez se podría colegir eso de algunas de sus expresiones; en
todo caso, usted mostraba su inquietud. Yo le he expresado con absoluta
transparencia cómo se llegó al proceso de fijación del precio de la
termia: fue un proceso de acuerdo, con una diferencia de intereses sin
duda irreconciliable; con unos, que, naturalmente, tenían mucha más prisa
que otros por fijar el precio y con un acuerdo de las partes para que el
Ministro de Industria y Energía arbitrara. No he recibido ninguna
contestación al arbitraje desde el punto de vista técnico. Más aún, he
recibido --si me lo permiten, no les diré que felicitaciones calurosas--
la consideración de que este arbitraje se ha hecho de acuerdo con módulos
objetivos y siguiendo criterios que técnicamente son muy respetables. Por
lo tanto, más allá de los intereses en juego, que es imposible
desconocer, es verdad que eso nadie lo ha contestado, felizmente para el
sistema.
Le añadiré algo más, señor Fernández Norniella. Yo creo que esos precios
son perfectamente compatibles no sólo con las prioridades establecidas en
nuestra política energética, sino también con precios de gas
competitivos. Le daré unos datos que ya he manifestado en otra ocasión y
que me gustaría que tuvieran un poco más de circulación. Nuestro país
tiene en este momento 7.900 megavatios nominales de centrales, que pueden
ser de fuel y gas, con una utilización muy reducida, que es tanto más
importante cuanto la demanda estacional puede ser más intensa, pero que
no tienen una utilización en base importante. La mayor parte de estas
instalaciones están en un estado muy aceptable. Con pequeñas inversiones,
el alargamiento de su vida útil y su transformación a centrales de gas
puede ser, y es, una opción que está contemplada precisamente en el Plan
Energético Nacional. Si eso se produjera, resultaría que estas centrales
de estar produciendo una utilización por debajo de las 1.000 horas,
podrían pasar a tener una utilización en torno a 3.000 horas, que es como
hablar --como S. S. señalaba-- de la nueva etapa de ciclo combinado,
etcétera, que se abre no en el año 1994, pero sí en los años próximos,
tal y como está previsto. Tenga S. S. en cuenta que el contrato de gas y
las cantidades a las que me he referido no entran en funcionamiento en el
año 1994, sino que son cantidades crecientes a medida que se vayan
produciendo precisamente estos procesos de adaptación.
Más allá de las ventajas medioambientales que tiene la utilización de gas
en estas centrales que, además, por su distribución geográfica están
cerca de las ciudades, de los lugares de consumo, cerca, por lo tanto, de
las líneas de transporte de alta tensión, se produce una reducción de
costes muy significativa. Parece que este país, por razones ambientales,
por razones de diversificación energética y por muchas otras, tenía que
adoptar esta opción.
A partir de aquí, en el año 1994, el coste de combustible previsto, a
efecto de tarifas eléctricas de fuel es, como promedio, de unas 67
pesetas la termia y el del gas natural, de 1,81 pesetas la termia. En un
proceso de adaptación, básicamente a través de centrales asentadas en
ciclo combinado y en las condiciones de utilización a las que he venido
haciendo referencia y con el parque de fuel, con una utilización próxima
a las 3.000 horas, el coste de generación del kilovatio/hora sería de
alrededor de 6,5 pesetas. Este coste de generación, calculado en estas
condiciones
que se irán crecientemente logrando, está por debajo del coste actual de
generación del parque de carbón importado, que se sitúa alrededor de 7,5
pesetas y por debajo del coste medio total del parque de generación de
nuestro país, que tiene unos costes estimados en alrededor 9 pesetas el
kilovatio/hora. Parece bastante razonable penar que esta opción es
económica y que en las condiciones tarifarias o de precios a los que me
he referido, no solamente permitirá la rentabilidad de las inversiones en
coherencia con las prioridades de la política energética nacional, sino
también la recuperación de los costes necesarios para el suministro de
gas en estas mismas condiciones. Dicho de esta forma, la diferencia en
coste del kilovatio/hora es del orden del 25 por ciento a favor de
central de ciclo combinado en relación con la central de carbón, no digo
ya nacional, sino importado. Para igualar el coste del kilovatio/hora de
una central de carbón importado con el de una central de ciclo combinado,
el coste de la termia de gas tendría que ser, para decírselo de otra
manera, de alrededor de 2,17 pesetas la termia, una cifra notablemente
superior a la que en este momento está prevista.
Estos datos son suficientemente relevantes como para que, más allá de que
se puede hacer toda clase de consideraciones, y me parecerán siempre
legítimas, éstas sean no solamente una opción acorde con nuestras
prioridades, sino que dan lugar a algo que hemos conseguido casar, no sin
la existencia de intereses en parte contrapuestos, pero que coincide
sensiblemente con la orientación energética y la que, desde el punto de
vista industrial, queríamos dar también a las empresas del gas.
--PARA INFORMAR SOBRE EL FRAUDE DE LA VENTA A PAISES DEL MAGREB DE
PRODUCTOS SIDERURGICOS PROCEDENTES DE OTROS PAISES PRESENTADOS COMO
PRODUCTOS DE LA EMPRESA NACIONAL SIDERURGICA (ENSIDESA) Y, EN CONCRETO,
SOBRE LA AUDITORIA E INVESTIGACIONES LLEVADAS A CABO. A SOLICITUD DEL
GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA.
(Número de expediente 213/000395.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar al último punto del orden del día. (El
señor Fernández Norniella pide la palabra.) Tiene la palabra el señor
Fernández Norniella.
El señor FERNANDEZ NORNIELLA: He entendido que quedaban cinco minutos y
así he actuado y he sido breve.
El señor PRESIDENTE: No, señor Fernández Norniella. Los turnos de
preguntas son pregunta y réplica. Su señoría me ha pedido que, en vez de
disponer, como dice el Reglamento, de diez minutos en una primera
intervención y cinco en la segunda, pudiera repartir el tiempo de otra
forma. Yo se lo he concedido, como habrá observado. Usted ha intervenido
sólo dos minutos en el primer momento y doce en la segunda tanda. Me
parece absolutamente fuera de lugar su petición en este momento. Siento
decírselo así.
El señor FERNANDEZ NORNIELLA: Señor Presidente, ha sido un malentendido.
Cuando hemos estado hablando usted y yo, he entendido que iba a haber dos
turnos. No voy a entrar en polémica, sobre todo por la hora.
El señor PRESIDENTE: Ha habido dos turnos, señor Fernández Norniella.
El señor FERNANDEZ NORNIELLA: Ha habido una pregunta y un turno, señor
Presidente.
El señor PRESIDENTE: Siempre es así y está tasado en el Reglamento. Hay
diez minutos para el primer turno y cinco del segundo turno. A petición
de S. S., se ha repartido el tiempo de forma distinta. Ha sido una
concesión que me ha parecido lógica en base a su petición, pero en ningún
caso, señor Fernández Norniella, y menos a la hora en la que estamos, da
lugar a ninguna otra intervención.
Pasamos, por tanto, al punto quinto del orden del día, que va a
dilucidarse en la forma de pregunta, tal como fue acordado por la Mesa y
los Portavoces.
Tiene la palabra el señor García Fonseca para preguntar al Ministro sobre
el fraude de la venta a países del Magreb de productos siderúrgicos
procedentes de otros países presentados como productos de la Empresa
Nacional Siderúrgica (Ensidesa) y, en concreto, sobre la auditoría e
investigaciones llevadas a cabo.
El señor GARCIA FONSECA: Señor Presidente, señor Ministro, con el fin de
que el resto de los miembros de esta Cámara lo conozcan, aparte de usted,
que lógicamente ha tenido que estudiar el tema, y yo mismo, que también
lo he tenido que hacer, convendría explicar sucintamente de qué va el
tema y lo voy a hacer, porque suelen ser buenos maestros en el arte de
decir cosas en breve espacio, simplemente leyendo los subtítulos de la
prensa asturiana en los momentos en que aconteció el tema al que se
refiere esta pregunta.
Decían así: El Banco público argelino y el Ministerio de Comercio español
avalaron la operación de venta de productos siderúrgicos de países del
Este a Argelia, que se hicieron pasar como si fueran de Ensidesa.
Responsables de la Dirección de Ensidesa pudieron haber permitido a un
empleado de la factoría de Veriña ser trabajador y cliente al mismo
tiempo, desde 1990 hasta junio de 1994. El trabajador implicado en la
venta de productos siderúrgicos a Argelia tenía domiciliada en su propia
casa la firma comercial de fundiciones, Confusa. Confusa es el nombre de
la empresa, muy a tono con el tipo de operación.
Sobre este hecho tan sucintamente descrito, quiero en una primera
intervención, hacerle las preguntas siguientes. Primero. ¿Cómo es posible
que la delegación comercial de Ensidesa en Gijón solicite el alta de
Confusa como cliente, sabiendo que quien figuraba como delegado de
Confusa en
Asturias --los nombres y apellidos los tengo aquí delante-- era
administrativo de Ensidesa en aquel entonces y, además, en el
departamento de créditos y comercio exterior?
Segunda pregunta. ¿Cómo es posible que el representante de Confusa esté
haciendo operaciones desde el año 1990, conociendo precios, facturas,
certificados de origen, es decir, toda la información de facturación de
Ensidesa? ¿Cómo es posible que se certifique desde Ensidesa el origen de
unos materiales como propios, siendo de terceros países? ¿Sabe usted
quién certificó por parte de Ensidesa que esta empresa era una de las
posibles suministradoras al Icex o al Banco Exterior, o a ambos? ¿Cómo es
posible que la dirección financiera de Ensidesa, responsable, en última
instancia, de la relación con el CESCE --organismo de seguros que depende
del Ministerio de Comercio--, permita este uso absolutamente fraudulento
del nombre de Ensidesa?
Por último, le agradecería que nos pudiera adelantar las conclusiones de
la auditoría. Fundamentalmente, qué responsabilidades han detectado
ustedes y qué medidas han tomado.
El señor PRESIDENTE: Señor Ministro, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay): Señor
García Fonseca, con mucho gusto le doy la información que tengo. Tuve
conocimiento de este hecho a partir de informaciones inicialmente
aparecidas en la prensa y me interesé, especialmente a partir de la
inquietud surgida en este terreno cerca de la empresa, para saber qué es
lo que había pasado.
En primer lugar, le quiero clarificar los hechos. Se vierten diferentes
manifestaciones genéricas y algunas han formado parte de gruesos
titulares como, por ejemplo: «Un nuevo hecho de corrupción que afecta a
Ensidesa»; que desde luego, como trataré de poner de manifiesto, no se
corresponden en absoluto con la realidad, porque una cosa es Ensidesa y
otra cosa es lo que en nuestro conocimiento ha ocurrido. Por tanto, no ha
existido una base como para que se pueda hablar en esos términos.
¿Qué es lo que le puedo decir? En primer lugar, Ensidesa no vende
prácticamente palanquilla, que constituye un semiproducto en la
producción de la factoría de Veriña para la fabricación de productos de
mayor valor añadido. En el mercado de Argelia se había detectado el
intento de venta de palanquilla, supuestamente procedente de Ensidesa.
Ensidesa conoció de la operación --que, por cierto, no había llegado a
culminarse--, a finales de junio, por medio de otra compañía del sector
que se sentía perjudicada por el bajo precio de la supuesta palanquilla
de Ensidesa. Ensidesa inició entonces una investigación interna, en la
que descubrió que una empresa que aparecía en la frustrada operación
comercial --esta operación, señor García Fonseca, nunca se llevó a
cabo--, tenía domiciliada una delegación en Asturias, en el domicilio
particular de un empleado de Ensidesa, que trabajaba en el departamento
de clientes y riesgos, nada menos. Los hechos anteriores fueron puestos
en conocimiento de dicho empleado, el cual, a la vista de la colusión
--colusión, en el mejor de los casos--, que implica deslealtad e
incompatibilidad entre su actividad privada y su puesto en la empresa,
tomó, convenientemente ayudado, la decisión de pedir el cese o la baja,
como quieran ustedes, en la empresa.
Ensidesa ha realizado una auditoría interna a este respecto y no han
aparecido más personas implicadas. No obstante y a tenor de las
informaciones aparecidas, por los diferentes departamentos afectados de
la empresa se han llevado a cabo modificaciones puntuales en los
procedimientos administrativos y de gestión, en orden a impedir la
utilización indebida de documentación de Ensidesa.
Si el problema es que se haya producido algún perjuicio para Ensidesa,
más allá del efecto imagen que ciertamente estas cosas tienen, no se ha
producido ningún fraude a Ensidesa. En primer lugar, porque la operación
se refería a un producto de muy bajo valor añadido, que Ensidesa ni
siquiera tiene en su línea comercial; en segundo lugar, porque la
operación no se ha realizado. Las conexiones del ex empleado de la
empresa, fuera de la compañía con otros agentes en esta frustrada
operación, que en todo caso sería una tentativa de hacer algo que
finalmente no se llegó a hacer, naturalmente, son desconocidas.
Esta es la información que tengo después de haber requerido a la empresa
para que no solamente tomara cartas en el asunto, sino que se hiciera la
pertinente investigación y, naturalmente, se eliminara cualquier no
solamente realidad sino duda o sombra de comportamiento inadecuado en la
empresa en un asunto de esta naturaleza.
Las demás implicaciones que en su pregunta y también en algún medio de
comunicación aparecían en relación con el Ministerio de Comercio, o con
el CESCE en particular, de nuevo son implicaciones que no existen. Es
verdad que una operación de esta naturaleza puede ser susceptible de
obtener algún tipo de apoyo. Como el CESCE lo que apoya, en este caso,
son riesgos básicamente políticos, naturalmente el contenido del apoyo y
el eventual riesgo para el CESCE era prácticamente una parte muy pequeña
del conjunto de la operación. Pero, debidamente informado también el
CESCE de los procesos que estaban en curso, no solamente suspendió toda
operación, sino que, como le he dicho anteriormente, esta operación nunca
se ha llegado a efectuar.
El señor PRESIDENTE: El señor García Fonseca tiene la palabra.
El señor GARCIA FONSECA: Señor Ministro, permítame que le diga que le han
preparado una mala intervención. Le han vendido a usted una moto casi del
estilo del fraude que efectivamente se cortó, pero que se cortó
precisamente no por la intervención directa de la empresa, aunque al
final sí. Es decir, la empresa no detectó el fraude. El fraude lo
detectaron personas ajenas a la empresa, porque se sintieron... (Rumores.
Varios señores Diputados: Lo dijo el Ministro.) Yo sé lo que dijo el
Ministro y a ver si soy capaz de poder decir lo que quiero decir.
Quiero decir que Ensidesa se movió tarde y mal y quiero decir lo que pone
de manifiesto esta operación. Señor Ministro, quisiera que usted se
informara bien de ella y la estudiara a fondo; luego incluso le voy a
decir a qué nivel están las cosas todavía. En medios próximos a la
empresa, en la propia prensa asturiana hay ya conocimientos, incluso
algunos de ellos reconocidos en otra comparecencia que pedí al Ministro
de Comercio, que yo creo que exigirían que usted no abandonara este tema.
Por supuesto que no le hago a usted responsable, como no sea político, en
última instancia, de una cosa de este tipo, pero sí tendría una
intervención mucho más directa contra usted, señor Ministro, si después
de lo que voy a intentar decir ahora, y si tenemos ocasión incluso a
nivel personal, dentro de un tiempo la cosa continuase como está ahora.
Efectivamente se trataba de una operación muy bien montada, aunque quizás
sea demasiado afirmar; una operación que tenía todos los visos de colar
porque, repito, fue detectada por medios externos a la empresa y, aun con
todo, la empresa ha reaccionado siempre tarde y mal, y en esto sigue sin
reaccionar. La operación, señor Ministro, no fue una operación fantasma;
fue una operación que existió y que al final se abortó. El propio
Ministro de Comercio me reconocía (y leo textualmente no ya el «Diario de
Sesiones», que obviamente las señoras taquígrafas, como buenas
profesionales que son, dan comas y puntos, pelos y señales de lo que
decimos, sino que en este caso, además, se les facilitó su intervención
porque es fotocopia de lo que leyó el Ministro), como digo, me reconocía
el Ministro de Comercio: CESCE sometió a la comisión de riesgos por
cuenta del Estado, el 19 de abril de 1994, la cobertura de dos pólizas
bajo la modalidad de confirmaciones de carta de crédito, con unas
características que si SS. SS. consideran necesario les puedo detallar...
--las detalló luego, en la réplica--. Y sigue: La comisión de riesgos por
cuenta del Estado, reunida el 19 de abril de 1994, acordó aceptar ambas
operaciones, lo que supone la cobertura de riesgo político al banco
confirmante. El banco asegurado firmó las dos pólizas e ingresó en CESCE
la prima correspondiente a ambas. No fue una operación fantasma; fue una
operación que se abortó en última instancia.
Y dos créditos bancarios abiertos en Argelia y avisados por el BEX,
utilizando el nombre de Ensidesa como posible suministradora. De los
créditos bancarios le puedo dar pelos y señales porque pelos y señales
nos dio el Ministro de Comercio. Es un total de 9,5 millones de dólares
por 37.000 toneladas de palanquilla. Parece que los controles son
ineficientes en una cuestión tan burda como que Ensidesa puede
suministrar palanquilla cuando no produce lo que necesita para su propio
consumo. Imagínense ustedes qué nivel de descontrol hay, en el sentido
estricto, que permite operaciones de este tipo. Hay dos créditos
bancarios, como digo, abiertos en Argelia y avisados por el BEX que
utilizan el nombre de Ensidesa como uno de los posibles suministradores.
El BEX presenta las operaciones en el CESCE para su aprobación y, cosa
sorprendente, el CESCE realiza estas primeras operaciones, la aprobación
inicial, en un plazo de cuatro días, cuando en general es un organismo
muy cuidadoso y que tarda bastante tiempo en conceder este tipo de
cobertura de seguros, y particularmente a Ensidesa en otras ocasiones.
¿Qué empresa era la solicitante? Pues Vázquez y no sé qué y la famosa
Confusa, empresas que es absolutamente increíble que existan, en el
sentido de falta de credibilidad. Sin embargo, el CESCE, en una primera
oportunidad, lo da por válido, porque había tenido la afirmación de que
el BEX señalaba que el suministrador era Ensidesa. Pero además hacía
falta que la propia Ensidesa se interesase y los de Ensidesa se
interesaron por ese tema ante el CESCE. ¿Cómo es posible que una empresa
de este calibre, o si me permite usted de esta calaña, como Confusa,
pueda hacer que el banco argelino emita unos créditos para una compra de
palanquilla, créditos que son no revocables por una sola de las partes,
es decir, que se trataba de una operación en firme, tratándose de una
empresa --la Confusa en cuestión-- que ni es fabricante ni es
maquilladora ni transformadora ni nada? ¿Cómo esta empresa podía estar
segura, en una operación tan en firme, de contar con los certificados de
origen, de calidad, etcétera, que tenían que suministrar desde Ensidesa?
Señor Ministro, lo que me parece más preocupante, por emplear un término
suave pero al mismo tiempo cierto, es que, después de que esto fue
noticia en los medios de comunicación en Asturias durante bastantes días,
después de que se van sabiendo nuevas cosas, que incluso se dan nombres y
apellidos --a nivel de círculos de la prensa--, después de todo esto y de
que al final, felizmente, esta operación se logró abortar, ¿quiénes son
los que aparecen como responsables de esta operación? Un administrativo
de Ensidesa al que la empresa le dice, y perdón por la expresión: «tío,
lárgate o te largamos». El individuo en cuestión pide la baja. La
empresa, en el primer comunicado --que lo tengo aquí-- donde cuenta los
hechos, dice que ante la presión de la empresa pidió la baja sin
indemnización. Señor Ministro, mis noticias son que ahora incluso le van
a dar indemnización. Mis noticias son que la empresa en cuestión,
Confusa, sigue de alta como cliente de Ensidesa, una empresa cuyo volumen
de negocios no pasa de los diez millones con Ensidesa, que tiene un
volumen de negocios de 150.000 millones. Los responsables jerárquicos
inmediatos son el jefe del departamento de créditos y el subdirector, su
jefe inmediato. Hablo de la responsabilidad jerárquica que tienen. En
algunos casos me consta que tienen algo más que una responsabilidad
jerárquica. En todo caso, estos señores, que han dado pruebas de una
agilidad y una capacidad en el control de una empresa pública en un tema
tan sensible como éste, siguen en la empresa y los han trasladado, no sé
si por ascenderlos, a otro departamento. No hay más. Señor Ministro, es
verdad que al final se abortó, pero eso no exime a los responsables de
este plan fraudulento que, repito, afortunadamente se abortó, pero
desgraciadamente más por intervenciones de fuera que de dentro.
Señor Ministro, le repito que tengo elementos suficientes como para que
se crea que lo que le estoy diciendo es serio, no porque sea serio en sus
consecuencias, sino porque los datos que estoy planteando no tienen la
pretensión de sacarle los colores a usted ni de agredir al Gobierno. Son
datos contrastados en varias direcciones que creo que
me dan cierta autoridad moral para decirle que no estoy conforme con la
primera explicación que usted me ha dado y espero que no deje de
informarse mejor sobre este tema.
El señor PRESIDENTE: El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay): Señor
García Fonseca, yo no tengo la menor duda de que usted opera de buena fe,
como yo también tengo que operar de buena fe.
En primer lugar, tengo los datos que tengo y lo demás, hasta ahora, con
independencia de que a mí me preocupe este tema seguramente mucho más que
a usted porque tengo más responsabilidad sobre esa empresa, no son más
que cosas que he oído, cosas que algunos me han dicho, pero ningún dato.
Los datos que tengo en mi mano son exactamente los que le he dado. Por un
lado, la empresa toma conocimiento del hecho por una empresa de la
competencia que se queja e inicia una investigación. Es razonable que
ocurra así. No pienso que si alguien quiere hacer un fraude se lo va a
decir a la dirección de la empresa, incluso si usted sospecha que pudiera
haber otra gente distinta de la que ha salido en la investigación que
pudieran estar implicados. ¿En la investigación qué es lo que se
descubre? Se descubre que hay una empresa que tiene su sede en Asturias,
que además, casualidad de casualidades, tiene nada menos que su sede en
el domicilio particular de uno de los empleados de un determinado
departamento y que posteriormente se están utilizando membretes y el
nombre de Ensidesa en vano, quiero decir, sin la autorización
correspondiente. A partir de ese momento Ensidesa toma cartas en el
asunto. El proceso de investigación arroja otras sospechas, pero no
arroja resultados fehacientes que permitan, por así decirlo,
responsabilizar inculpar o tomar medidas disciplinarias con otros
empleados de la compañía. Esta es la información que yo tengo, señor
García Fonseca, aunque le agradeceré que si tiene otra información que
trascienda del ámbito de lo que algunos piensan, dicen o consideran de
las pruebas concretas me la haga llegar.
En segundo lugar, es posible que mi intervención no le satisfaga
suficientemente, pero más allá de los detalles que usted ha dado, y sobre
los que yo no he querido perderme, es verdad que ésta fue una operación
iniciada y que tiene toda la naturaleza para iniciarse. Es una operación
fraudulenta de alguien que en nombre de Ensidesa pretende vender un
producto que ni siquiera es fabricado por Ensidesa. A partir de ahí se
inicia una operación comercial y se siguen los trámites ordinarios para
tener también el mecanismo correspondiente de aseguramiento. Debo
decirle, en ese sentido, que es verdad lo que usted ha dicho. Ha habido
dos pólizas: la CD 67648922 y la CD 67649022; el asegurado era el Banco
Exterior de España, confirmante de las cartas de crédito irrevocable; el
país de destino, Argelia; el comprador, Metal-Sider, de Argelia; el banco
emisor de las cartas de crédito irrevocable, la Banque National
dÕAlgérie, y el beneficiario de las dos pólizas Vázquez Ex-import,
sociedad limitada; los bienes exportados, palanquilla; y el importe de
los créditos, 5.067.300 dólares USA, en un caso, y 4.855.193,49 dólares
USA en otro. Todos los trámites administrativos dan lugar a una cierta
espectacularidad. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Que ha habido un
intento en grado --si esto fuera un tribunal calificador-- de tentativa
de fraude que no se ha llevado a cabo, que se ha utilizado el nombre de
Ensidesa indebidamente, es cierto, y la empresa ha tomado cartas en el
asunto hasta donde la investigación ha podido llegar. Si existieran otros
datos, créame que no sólo no tengo el menor inconveniente, sino que sería
mi obligación llevar el tema más allá. Pero no tengo otros datos y los
gestores de la empresa que han hecho, por instrucción mía también, esta
investigación no me han podido aportar, hoy por hoy, pruebas de otra
naturaleza. Si éstas existieran, no tendría ningún inconveniente en
considerarlas. Por tanto, la empresa ha hecho la investigación, ha
despedido al empleado, y ha hecho imposible que esta operación se pudiera
llevar a cabo. Le debo decir, en todo caso, que esta operación
difícilmente se hubiera podido llevar a cabo hasta el final, por el hecho
de que hay una cláusula limitativa en el contrato de CESCE que obliga a
una acreditación de que hay un porcentaje de producción nacional que
Ensidesa nunca hubiera podido certificar. Esto es así. Pero si la
regulación hubiera sido otra, a lo mejor una operación fraudulenta
hubiera salido adelante, con la utilización indebida del nombre de la
empresa.
Estos son los datos que hay, y éstos son los que le puedo en este momento
señalar con toda claridad, lamentando el que a usted no le satisfagan, y
confirmándole el que me preocupa lo que usted dice, como me preocupó el
hecho desde el momento en que lo conocí tanto, y si me permite usted,
incluso más que usted. Pero le agradeceré, si tiene otros elementos que
sirvan para arrojar luz sobre este hecho y eventualmente adoptar
distintas medidas en previsión de nuevas actuaciones que pudieran, en
grado de tentativa o de consumación, ser fraudulentas, el que me las
aporte y naturalmente las tendré en consideración.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
Con esto llegamos al punto final del orden del día, no sin agradecer al
señor Ministro las largas horas que, como ya es tradición, ha pasado con
la Comisión. Lo mismo digo a las señoras y señores Diputados.
Se levanta la sesión.
Eran las nueve y veinte minutos de la noche.