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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 297, de 04/10/1994
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1994 V Legislatura Núm. 297
POLITICA SOCIAL Y DE EMPLEO
PRESIDENTE: DON LUIS MARTINEZ NOVAL
Sesión núm. 18
celebrada el martes, 4 de octubre de 1994
ORDEN DEL DIA:
Comparecencia de la señora Ministra de Asuntos Sociales (Alberdi Alonso),
para informar:
--Sobre la III Conferencia de Población y Desarrollo. A solicitud del
Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/000422) (Página 8780)
--Sobre las líneas generales de la política de su Departamento. A
petición propia. (Número de expediente 214/000069) (Página 8780)
Comparecencia de la señora Directora General de Inspección de Trabajo y
Seguridad Social (Cazorla Aparicio), para informar:
--De las medidas que va a adoptar ante la decisión de la dirección de
Telefónica de España, S. A., de cerrar los locutorios públicos
telefónicos gestionados por la contrata, dando lugar al cese de los
empleados, como reacción ante las reclamaciones laborales sobre cesión
ilegal formuladas por dichos empleados. A solicitud del Grupo
Parlamentario Federal IU-IC. (Número de expediente 212/000687) (Página 8803)
--Sobre los proyectos y acciones de dicha Dirección General en materia de
nuevas normativas o asignación de funciones que afecten a los
controladores laborales. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular.
(Número de expediente 212/000866) (Página 8803)
Se abre la sesión a las once de la mañana.
COMPARECENCIA DE LA SEÑORA MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES (ALBERDI ALONSO),
PARA INFORMAR:
--SOBRE LA III CONFERENCIA DE POBLACION Y DESARROLLO. A SOLICITUD DEL
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 213/000422.)
--SOBRE LAS LINEAS GENERALES DE LA POLITICA DE SU DEPARTAMENTO. A
PETICION PROPIA. (Número de expediente 214/000069.)
El señor PRESIDENTE: Comparecencia de la señora Ministra de Asuntos
Sociales, doña Cristina Alberdi, tanto para informar sobre la III
Conferencia de Población y Desarrollo, celebrada recientemente en El
Cairo, como para informar sobre las líneas generales de la política de su
departamento.
Es voluntad de la Mesa de la Comisión, coincidente además con la de la
Ministra compareciente, acumular estas dos comparecencias; de manera que
para el trámite de las mismas, tiene la palabra la señora ministra.
La señora MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES (Alberdi Alonso): Muchas gracias,
Presidente.
Señorías, comparezco en esta Comisión con la idea, como ya manifesté el
año pasado en mi primera comparecencia, de seguir profundizando en el
impulso democrático que desde el Gobierno queremos dar para revitalizar
las funciones del Parlamento.
En ese sentido, quiero expresar mi voluntad de diálogo. Una voluntad
abierta a la colaboración con todos los partidos políticos para conseguir
el máximo acuerdo en las políticas que venimos desarrollando y en las que
vamos a adoptar en lo que queda de legislatura.
Quiero decirles, señorías, que estoy decidida a asumir las propuestas que
sean coherentes con la orientación del proyecto que inspira nuestras
acciones.
Los ciudadanos nos demandan más diálogo con la sociedad, así como el
respeto a los valores de tolerancia, de solidaridad, de austeridad, de
esfuerzo personal y de respeto a la legalidad.
En definitiva, tenemos un decidido compromiso en la reafirmación de los
valores de progreso que orientan la acción del Gobierno socialista.
Quiero reiterar mi voluntad de compromiso con las obligaciones que hemos
asumido con los ciudadanos y que desde la responsabilidad del puesto que
ocupo se traduce en el desarrollo de las acciones necesarias para mejorar
nuestra actuación con el fin de garantizar a todos los ciudadanos unos
servicios sociales adecuados y realizar una política redistributiva que
corrija las desigualdades que se producen en nuestra sociedad.
En esta posición, espero las sugerencias de todos los grupos
parlamentarios, en el entendimiento de mantener un espíritu de
colaboración que, sin perjuicio de las diferencias de criterio, ofrezca
soluciones concretas y eficaces a los problemas que tienen planteados los
ciudadanos y, en especial, a aquellos colectivos más afectados por las
situaciones de desigualdad.
Tengo que decirles que el conjunto de las políticas que venimos
desarrollando en las áreas de actuación del Ministerio de Asuntos
Sociales, así como las que desarrollaremos en la presente legislatura,
son todas congruentes con un proyecto que tiene como señas de identidad
la solidaridad, la igualdad de oportunidades, la protección a los
colectivos más necesitados, el impulso de la actividad asociativa y todo
ello buscando el mantenimiento de la cohesión social.
En este sentido se puede afirmar que a la hora de hacer balance de lo que
llevamos de legislatura destacamos como una labor muy importante del
ministerio su papel como dinamizador de la sociedad civil, conectando
activamente con las preocupaciones de los ciudadanos y en contacto con
las transformaciones sociales que protagonizan los colectivos que
competen al ministerio, contribuyendo también a la consolidación de
estados de opinión emergentes que configuran una nueva sociedad, en un
momento especialmente importante en el diseño de nuevas políticas que
están en conexión directa con los grupos sociales que realmente
protagonizan esos cambios.
Debe ser así por tratarse de elementos básicos del Estado social y
democrático de Derecho, que nos obligan a realizar, como antes decía, una
política de carácter redistributivo que compagine de modo equilibrado el
crecimiento y la solidaridad. Aunque algunos plantean serias dudas sobre
el mantenimiento de la sociedad del bienestar, y tenemos recientes las
manifestaciones de los responsables del Fondo Monetario Internacional y
del Banco Mundial, no podemos en ningún caso retroceder sobre los
resultados que hemos conseguido.
Los mandatos constitucionales son claros en esa dirección. Remover los
obstáculos que se nos presentan es una obligación de los poderes públicos
y en lo que concierne al Ministerio de Asuntos Sociales se traduce en
unos principios de política social y económica que fijan su atención en
los menores, en la participación de la juventud, en la integración de los
discapacitados, en la protección a la tercera edad, en los migrantes y en
la mujer.
Esta dimensión solidaria de nuestra política se ha puesto más de
manifiesto en los momentos de dificultad económica y debe seguir siendo
un eje básico de nuestra actuación, máxime en la actualidad, cuando ya
existen claros síntomas de relanzamiento y de recuperación de la
economía.
Quiero reafirmar una vez más nuestro compromiso con la dimensión social
de nuestra política como elemento imprescindible para la construcción de
una sociedad más justa, al igual que un sistema social bien desarrollado,
necesario para conseguir la igualdad de oportunidades para todos.
Los sistemas de protección social son una realización importante que
necesita mantenerse, pero está también claro que es necesario
distanciarse de medidas más pasivas
de mantenimiento de los ingresos e ir cada vez más hacia medidas activas
de mercado de trabajo, diseñadas para asegurar la integración económica y
social de todas las personas. Esto significa dar una prioridad
fundamental al empleo, asegurando nuevos lazos entre el empleo y las
políticas sociales y reconociendo que quienes no están en el mercado de
trabajo también tienen un papel útil que desempeñar en la sociedad.
Este desafío lo tenemos planteado en común todos los países de la Unión
Europea. La política social a nivel europeo tiene que desempeñar --está
desempeñando ya-- un papel vital en el apoyo al proceso de cambio. En el
Libro Blanco, aprobado el pasado 27 de julio, sobre Política Social
Europea, un paso adelante para la Unión, se establecen las líneas de
acción de la Unión en materia social para los próximos años. Europa
necesita una política social de amplia base, innovadora y progresista,
para hacer frente a los retos que le esperan.
En la reciente reunión de los ministros y ministras responsables de la
condición femenina, que se celebró el pasado mes de septiembre en Berlín,
se pusieron de manifiesto las propuestas de futuro relacionadas con la
igualdad de oportunidades que recoge el Libro Blanco sobre el
crecimiento, la competitividad y el Empleo, Libro Blanco denominado de
Delors. En este libro se plantea un plan de acción sobre el mercado de
trabajo que pone especial acento en las medidas activas, en la mejora de
la educación y en la formación. Se trataría ahora, tras las conclusiones
de Berlín, de la integración explícita de las políticas de igualdad de
oportunidades en las propuestas de crecimiento, competitividad y empleo
que se propugnan en el citado Libro Blanco.
Una vez realizada esta breve referencia a cuestiones generales que
afectan a los asuntos sociales, voy a hablar también brevemente del
proceso de transferencias y del papel que juegan las comunidades
autónomas en los temas sociales.
La Constitución Española establece un marco de actuación del Estado y de
las comunidades autónomas, las competencias que éstas pueden asumir en
materia de asistencia social y la función básica del Estado de garantizar
la igualdad de todos en el ejercicio de los derechos.
En la reunión de la Conferencia sectorial de asuntos sociales, que
celebramos en febrero de 1994, abordamos específicamente, en una ponencia
técnica, el funcionamiento del bienestar social y prestaciones básicas de
servicios sociales. Dicha ponencia trabaja en tres líneas de actuación de
enorme importancia para la colaboración interinstitucional: la red de
servicios sociales básicos, la tutela de fundaciones de interés social y
la potenciación del servicio social. En los últimos meses hemos avanzado
en el proceso de transferencias de funciones y servicios a las
comunidades autónomas, y en ejecución de lo dispuesto en la Ley Orgánica
9/1992, de 23 de diciembre, sobre transferencia de competencias a las
comunidades autónomas del artículo 143 de la Constitución hemos tenido
numerosas reuniones a lo largo del presente año, habiéndose iniciado este
mes las reuniones de carácter bilateral para ir concretando los procesos
de transferencias con la finalidad de cumplir el compromiso de proceder a
la transferencia efectiva de la gestión del Inserso con efectos y a
partir de 1.º de enero de 1995.
Quiero referirme a continuación a uno de los objetivos prioritarios del
Ministerio de Asuntos Sociales que consideramos de vital importancia: la
participación social y la dinamización de la sociedad civil. Les hablo
del trabajo que realizamos en el terreno de la cooperación social con las
organizaciones no gubernamentales y las entidades sin fin de lucro. Los
problemas a que nos enfrentamos deben resolverse desde la perspectiva de
un mayor protagonismo de la sociedad civil. No queremos ser una mera
administración en los asuntos públicos; queremos que la acción colectiva
refleje las aspiraciones de la sociedad, así como aprovechar las
oportunidades que se nos ofrecen desde una posición de responsabilidad
compartida o corresponsabilidad, dando un mayor impulso a la
participación de las asociaciones y de las organizaciones no
gubernamentales e instituciones privadas, abriendo cauces a todo ese
potencial de actividad participativa que hay en la sociedad.
En este sentido, estamos trabajando en un anteproyecto de ley de
participación y de fomento del asociacionismo que quiere dar respuesta a
la necesidad de adecuar un derecho de tanta importancia y trascendencia
social como es el derecho de asociación, reconocido en el artículo 22 de
la Constitución, para modificar la famosa y conocida Ley de Asociaciones
de 1964. Este nuevo marco jurídico tiene como objetivo dar un giro
importante a la filosofía de la ley, convirtiéndose en una normativa no
tanto de control como de encauzamiento e iniciativa de la participación
ciudadana.
También en esta misma línea se enmarca la promoción del voluntariado.
Estamos trabajando en una regulación del voluntariado que pretende crear
el marco jurídico, a nivel estatal, como norma básica para la adecuada
canalización del voluntariado y la regulación, en su caso, de incentivos
al mínimo. Estamos en fase de discusión y trabajo conjunto entre los
ministerios en esta materia.
El objetivo básico del departamento en esta actuación es promover la
solidaridad mediante esa cooperación social con las organizaciones no
gubernamentales, sobre todo, brindándoles apoyo técnico y financiero a
través de la concesión de las subvenciones, permitiéndoles así que tengan
una adecuada capacidad de gestión en el desarrollo de sus programas
sociales.
En este sentido, las actuaciones realizadas, además de las subvenciones
que hemos canalizado a esas ONG, han tenido a la mejora en la capacidad
de gestión de estas organizaciones, así como al perfeccionamiento de los
propios sistemas de gestión del departamento en la concesión de las
subvenciones, a fin de tener unos mejores sistemas de seguimiento, poder
evaluar mejor los programas y ser lo más objetivos posible.
A continuación voy a referirme a otro de los instrumentos de que dispone
el Ministerio de Asuntos Sociales para llevar a cabo sus políticas
sociales y de solidaridad social: El Plan concertado de prestaciones
básicas de servicios sociales, que seguramente conocen SS. SS. Este plan
articula la cooperación interadministrativa en materia de servicios
sociales entre la Administración del Estado, la autonómica y la local, e
impulsa el desarrollo de una red básica de servicios sociales mediante el
apoyo económico y técnico a los ayuntamientos y a las diputaciones en el
desarrollo de sus competencias. La importancia del plan se traduce, en
primer lugar, en el presupuesto. En 1994 teníamos un presupuesto para el
Plan concertado de 8.613 millones (como saben, este crédito tiene un
efecto multiplicador puesto que ponen otro tanto las comunidades
autónomas y los ayuntamientos), habiendo previsto para 1995 un incremento
cercano a los 2.000 millones de pesetas para el plan concertado al que
damos una importancia extraordinaria en el Ministerio de Asuntos
Sociales.
En este Plan concertado hemos venido trabajando desde el inicio de la
legislatura en tres líneas. Por un lado, la mejora de la gestión, para
que los recursos económicos lleguen a las corporaciones locales lo antes
posible; también hemos trabajado en la flexibilización de los servicios,
así como en la prestación y los equipamientos que se pueden cofinanciar
con cargo al Plan concertado, para que haya una mayor homogeneidad en la
red pública de servicios sociales.
También dentro de esta área merece la pena citar, aunque sea muy
brevemente, la incidencia y el apoyo que venimos dando al Plan de
desarrollo gitano, como instrumento de integración social de la
colectividad gitana con objetivos de integración total. Hemos venido
perfeccionando los mecanismos de colaboración con las comunidades
autónomas en la búsqueda de la consolidación de los proyectos ya
existentes y la puesta en marcha de otros nuevos. También en el ámbito de
la lucha contra la exclusión social y la pobreza ha sido un foco de
interés importante para el ministerio a lo largo de este año, habiendo
realizado un esfuerzo de cooperación y de coordinación entre los
distintos sectores para cofinanciar proyectos españoles. Aquí tenemos
proyectos de la Comunidad Europea que han dado bastante juego y que, en
algunos casos, han sido muy efectivos.
Sólo unas palabras respecto al protectorado de las fundaciones
benéfico-asistenciales. El objetivo que hemos fijado desde el ministerio
es la modernización del sector de las fundaciones. En esto nos ayuda
extraordinariamente el proyecto de ley de fundaciones e incentivos
fiscales a la participación privada en actividades de interés general,
que se encuentra en estos momentos en el Senado, y que va a dotar a este
tipo de instituciones de una base jurídica importante fomentadora de las
iniciativas en este terreno y ajustada a las demandas actuales que la
sociedad presenta.
A continuación voy a referirme a las políticas del departamento por
colectivos.
En primer lugar, me referiré a los menores. En este tema estamos cerrando
el marco legislativo para que se regule en todos los ámbitos que
tradicionalmente han sido insuficientemente normados o han producido
algún tipo de insatisfacción social. Se trata de terminar con algunos
déficit importantes de la actual legislación; hay que incorporar las
aportaciones de expertos y de comunidades autónomas, y sobre todo lo que
contiene la Convención de derechos del niño que ya se ratificó en las
Cortes Españolas. Damos una importancia extraordinaria, dentro de todas
esas medidas, a la adopción y al acogimiento familiar; la adopción
también en el marco internacional. Aquí se está configurando un nuevo
marco procedimental tras la aprobación de la Conferencia de La Haya, de
Derecho Internacional Privado, de 29 de mayo de 1993.
Otro elemento muy importante en el tema de los menores es el que se
refiere a la defensa de la intimidad de los mismos y a su imagen. Como ya
tuve ocasión de manifestar en la Ponencia sobre contenidos televisivos,
en el Senado, es preciso insistir en la especial protección que merecen
los menores como grupo más vulnerable. Así se recoge expresamente en el
artículo 20 de la Constitución cuando, al establecer los límites a la
libertad de expresión, se refiere de una forma expresa a los menores y a
los jóvenes.
La Ley 25/1994, de 12 de julio, que ha traspuesto la Directiva de la
Comunidad Europea 89/552 al ordenamiento jurídico español para la
coordinación de disposiciones relativas a las actividades de
radiodifusión televisiva, es de suma importancia a este respecto y es un
gran paso hacia adelante; ahora de trata, con esta ley ya en vigor, de
que sus contenidos y lo que en sus normas se establece se cumpla por
parte de las diversas televisiones. Nuestras noticias, a través de
asociaciones de padres preocupados por este tema, es que algunas
televisiones no están cumpliendo lo establecido en esta ley.
Respecto al tema de la familia, que voy a exponerles muy brevemente a
continuación, las actuaciones del ministerio se han centrado en el Año
internacional de la familia con la constitución del Comité español, que
ya constituimos el año pasado, y que está trabajando muy activamente en
colaboración con los ministerios, con las comunidades autónomas y con la
Federación Española de Municipios y Provincias, también con las ONG y los
expertos.
Se va llevando a cabo el plan de actividades del Año internacional de la
familia, que está teniendo mucha incidencia en las comunidades autónomas
y en los ayuntamientos, en los entes locales. Una de las actuaciones
previstas es la presentación del informe sobre situación de la familia en
la Ponencia sobre familia de la Comisión de Política Social y Empleo de
esta Cámara. Entre los objetivos que tiene esta ponencia está analizar la
situación de la familia y, en su caso, a final del año, al final de sus
trabajos, desarrollar las posibles medidas para mejorar la situación de
la familia. Estamos en permanente contacto con esta ponencia, y he
manifestado ya, a petición propia, mi intención de comparecer ante la
ponencia y explicar el trabajo que se está realizando desde el Ministerio
de Asuntos Sociales.
En este aspecto de la familia, en relación al tema de la natalidad, a la
reproducción, la política debe orientarse a nuestro juicio en el sentido
de que hombres y mujeres tengan los hijos que voluntariamente deseen
tener y que responsablemente puedan criar y educar. Esto trae consigo un
compromiso de adaptar, mejorar y desarrollar medidas y servicios propios
del Estado de bienestar que faciliten las opciones personales y
familiares. En esa línea hemos avanzado mucho en los últimos años. Las
políticas de bienestar social que se han llevado a cabo en relación a las
personas con minusvalías, los mayores, la atención a los menores, todas
estas políticas de igualdad de oportunidades, también en relación con las
mujeres y apoyos al trabajo fuera del hogar, asistencia con guarderías,
etcétera, todas estas políticas han ayudado mucho a lo que es la
institución familiar, además de otras medidas más puntuales que podamos
ver en un futuro como más oportunas como consecuencia de las conclusiones
de la ponencia. Desde luego, ya ha habido una primera manifestación de
algún otro tipo de medidas que pueden complementar las anteriores, como
pueda ser algún tipo de deducción fiscal, respecto a lo que ya hemos
tomado alguna medida en los Presupuestos Generales del Estado para 1995
y, sobre todo, hemos llevado a cabo en el proyecto de ley de
acompañamiento una vieja aspiración, que está ya en el segundo plan de
acción de oportunidades para las mujeres, y es que la prestación por
maternidad dejara de ser incapacidad laboral transitoria y que tuviera el
equivalente en la protección al cien por cien, en lugar del porcentaje
que tenía antes cuando se usaba como incapacidad laboral transitoria y
también el tiempo de carencia. Esto es muy importante en esa línea.
Dentro de ámbito de la familia también les diré que estamos llevando a
cabo los trabajos preparatorios, como hemos prometido, de un proyecto de
ley sobre parejas o uniones de hecho. La finalidad de este proyecto de
ley es regular determinados efectos jurídicos para las parejas de hecho
estables, con independencia de su opción sexual. En coordinación con el
Ministerio de Justicia e Interior estamos trabajando para dar una
solución jurídica a los problemas y aspiraciones que tiene planteados en
este terreno un importante colectivo de ciudadanos.
También hay otro tema de interés y es un grupo interministerial de
trabajo, que se ha constituido a propuesta del Senado, sobre familia
monoparentales. Espero tener a final de año las conclusiones de este
grupo de trabajo.
A continuación, entro en el tema de la mujer; las medidas que llevamos a
cabo para la igualdad de oportunidades de las mujeres. El eje de nuestro
trabajo es el segundo plan de igualdad de oportunidades. El segundo plan
es muy extenso, tiene un total de 172 medidas, llevamos un desarrollo
prácticamente del 80 por ciento y vamos a completar al cien por cien las
medidas en el plazo previsto en el plan; pero les diré que hemos centrado
nuestra actuación en tres ejes. En primer lugar, la defensa del empleo de
las mujeres y que no haya retroceso en las posiciones laborales que hemos
alcanzado. El ámbito de empleo de las mujeres es muy amplio en relación
con muchas medidas. El segundo gran eje es el cambio de la imagen de las
mujeres, que sea más ajustada a la realidad actual y a las posiciones que
las mujeres ocupamos en la sociedad. El tercer gran eje sería el avance
de las mujeres hacia puestos de responsabilidad, con lo que implica de
entrada en la toma de decisiones y reparto de las responsabilidades
familiares y profesionales. Es muy importante el ámbito de reparto de las
responsabilidades y vamos a desarrollar una campaña, que se iniciará
probablemente a mediados de este mes de octubre, en línea con otras
anteriores que ha llevado a cabo el Instituto, y procurando que pueda ser
algo positivo para la sociedad, es decir, que no se entienda como una
imposición sino como un compartir las responsabilidades de lo privado
también por parte de los hombres.
En relación con el empleo también merece citarse la iniciativa
comunitaria NOW. La iniciativa comunitaria de nuevas oportunidades para
las mujeres, es de extraordinaria importancia en el ámbito del empleo y
en España se ha creado una red de centros de empleo apoyada en esta
iniciativa. Se va a seguir avanzando porque se mantiene la iniciativa
comunitaria NOW y, además, se aumenta la cuantía por parte de la Unión
Europea para este programa. Desde la Unión Europea se insiste en el
ámbito del empleo para las mujeres y en el Libro Blanco de Delors, el de
crecimiento, competitividad y empleo, se hace especial hincapié en la
importancia de las políticas de igualdad de oportunidades. Se abre un
campo potencial extraordinario de nuevos empleos ligados a la aparición
de nuevas necesidades sociales, y aquí las mujeres pueden encontrar
muchas oportunidades de poner en marcha iniciativas empresariales.
También hay algo que merece la pena destacar y que forma parte del plan,
que es, en el ámbito normativo-laboral, la reforma que hemos llevado a
cabo del Estatuto de los Trabajadores con la denominación ya del derecho
a la percepción de un salario igual por trabajo de igual valor y no por
igual trabajo, como estaba hasta ahora.
Junto a todas estas actuaciones merece destacarse, en el ámbito de las
mujeres, la reforma del mercado de trabajo y, en concreto, la
modificación del contrato a tiempo parcial, que valoramos muy
positivamente desde el Ministerio de Asuntos Sociales. La nueva
regulación de esa modalidad contractual ha tenido como objetivo buscar la
integración de la contratación a tiempo parcial en las fórmulas de
organización del trabajo de las empresas y pretende también hacer
atractiva la contratación por esta vía garantizando, y esto es muy
importante, que no haya precariedad por este tipo de trabajo y que, por
tanto, los niveles de protección y estabilidad sean iguales a los de
desempleo a tiempo completo. Hasta el momento en esta nueva modalidad hay
565.784 contratos nuevos desde enero, de los cuales el 59,4 han sido para
mujeres. Aquí merece la pena destacar que hay un equilibrio mucho mayor
en cuanto al porcentaje de hombres y de mujeres utilizando esta vía del
contrato a tiempo parcial, en el que antes estaban de una forma
mayoritaria las mujeres. Ahora el equilibrio es casi del 60/40, y esto
enlaza con el reparto de responsabilidades. Todos, hombres y mujeres,
pueden tener este tipo de contrato de trabajo y también participar en las
responsabilidades de la vida doméstica y familiar.
Otro tema de mucha importancia en el ámbito de la mujer son todas las
acciones dirigidas a mejorar la situación de las mujeres en el ámbito
rural. Sobre esto seguimos incidiendo en la formación ocupacional rural,
en el apoyo al empleo femenino en áreas rurales y la puesta en marcha de
cooperativas de trabajo asociado y de campañas de información dirigidas a
la población femenina rural. Tenemos un proyecto muy ambicioso puesto en
marcha desde las bases, desde las ONG de mujeres rurales, desde los entes
locales y desde las comunidades autónomas que va a iniciarse a finales de
noviembre con grandes debates por toda
la geografía española en las distintas comunidades autónomas para
intentar mejorar la situación de la mujer rural.
En cuanto a la imagen, que era otro de los grandes ejes en los que
estamos haciendo hincapié para ir suprimiendo o eliminando la imagen
discriminatoria de las mujeres, tenemos el Observatorio de la publicidad
y el Consejo Asesor de la imagen, que hemos creado en estos meses, y que
están dando sus frutos. Hemos tenido algunos éxitos importantes sobre
retirada de anuncios o publicidad de contenido discriminatorio.
También trabajamos en un proyecto de código para el tratamiento no
sexista de la imagen de las mujeres y estamos trabajando, en colaboración
con la Unión Europea y con mujeres y hombres, ministras y ministros de la
condición femenina, en una posible directiva en ese sentido.
En el tema de la imagen de la mujer sólo tenemos precisamente la Ley de
trasposición de la directiva, la ley sin fronteras, la que he comentado
entes en relación con los menores. Sólo en ella se alude, y de una manera
muy somera, a que no exista discriminación en la publicidad por razón de
sexo. Estamos barajando la posibilidad de que se desarrolle una directiva
en este sentido.
Otro ámbito en relación con la mujer, y ya para terminar con esta área,
es el tema de la educación. Hay muchos, también la salud internacional,
pero por citar únicamente éste ya para completarlo, seguimos
considerándonos factor fundamental de igualdad. Siempre digo que el
factor principal que se ha conseguido en todos los terrenos para ir
avanzando en la igualdad de oportunidades de hombres y de mujeres es la
educación. La nivelación y el aumento de los niveles educativos de las
mujeres es lo que ha llevado a las mujeres a incorporarse decididamente a
todos los ámbitos de la vida social, especialmente al empleo y a a las
responsabilidades políticas.
Entro ya en el área de la juventud. Las políticas de juventud que
desarrollamos desde el Ministerio de Asuntos Sociales tienen como fin
fundamental la inserción social, económica y cultural de la juventud.
El primer plan integral de juventud fue evaluado en los meses de enero y
febrero y desde entonces trabajamos en el segundo plan de juventud para
tener efectos desde 1994 a 1996. Estamos en condiciones de aprobarlo a
finales de este mes o, a más tardar, a principios del mes de noviembre.
El nuevo plan diseña una serie de objetivos en materia de juventud y, en
base a dichos objetivos, fija unas prioridades políticas. Uno de los
objetivos es la autonomía personal y ahí tenemos el ámbito del empleo y
el acceso a la vivienda; otro objetivo es la solidaridad y la igualdad de
oportunidades, con medidas dirigidas a políticas específicas para jóvenes
con especiales necesidades; el ámbito de la salud y de la prevención,
también dirigido a la prevención de riesgos especiales a los que está
expuesta la juventud; el área de calidad de vida, para promover el
respeto a los hábitos de vida saludable; y el ámbito de la participación,
en todo aquello que concierne a la juventud, la participación en la vida
social y política, y no sólo en España, sino en el ámbito europeo e
iberoamericano, en el que la juventud española, especialmente en el
ámbito iberoamericano, ha tenido una presencia extraordinariamente
importante en los últimos años, especialmente en la Presidencia de la
Organización Iberoamericana de Juventud, que ha culminado con la
aprobación de las medidas para la juventud iberoamericana en la Cumbre de
Cartagena, del pasado mes de junio, de Jefes de Estado y de Gobierno de
Iberoamérica, a la que acudió, como ya es sabido, el Jefe del Estado
español y el Presidente del Gobierno.
Nuestras dos preocupaciones básicas en el área de juventud se refieren a
los dos temas que ocupan lugar prioritario entre los objetivos a
conseguir, y son el fomento del empleo juvenil y la política de vivienda.
También desde el plan de juventud queremos desarrollar las inquietudes y
los valores de la juventud. Ultimamente para los jóvenes (el otro día
presentábamos en el ministerio un estudio de cambios de mentalidad) se ve
cómo hay un compromiso de los jóvenes con una serie de valores, una serie
de objetivos, desde luego todos enmarcados en el valor de la solidaridad,
pero tienen unas realizaciones, unas plasmaciones distintas de las que
pudo tener en nuestra época. Los valores de la paz, de la libertad
individual, de la defensa de derechos humanos, son las señas de identidad
de la juventud actual; la ayuda al desarrollo, la cooperación, la defensa
del medio ambiente. La sociedad comprende cada vez más la solidaridad de
la juventud y la juventud aparece cada vez como más tolerante con las
diversas formas de vida y con el desarrollo de tipo personal.
Vamos a fomentar en este plan de acción, en este plan integral de
juventud, las actuaciones que favorezcan la mayor participación de la
juventud en todo este tipo de acciones solidarias y que aumenten la
participación de los jóvenes.
Iba a referirme de forma especial al empleo juvenil y al tema de la
vivienda, pero como quiero tocar otros temas voy a pasar sobre ello y, en
todo caso, si lo desean ustedes, luego en las intervenciones puedo
ampliarles.
Hemos llevado a cabo algunas acciones desde el Injuve sobre el fomento de
autoempleo juvenil; hemos firmado con el grupo «seniors» españoles para
la cooperación técnica (Secot) un acuerdo en el que tengo mucha ilusión y
esperanza, porque creo que es una forma de fomentar a los jóvenes
emprendedores, y también todo el camino de autoempleo y de pequeña
empresa, donde los jóvenes pueden desarrollar un trabajo muy importante.
En cuanto a la vivienda también estamos llevando a cabo programas de
foros de vivienda, programas de colaboración con las comunidades
autónomas de bastante importancia.
En lo que se refiere a la participación sí quiero destacar, y ya para
terminar con el tema de juventud, la campaña de la juventud europea
contra el racismo, la xenobofia, el antisemitismo y la intolerancia. Que
existiera esta campaña fue un acuerdo del Consejo de Europa, un acuerdo
tomado en la Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del año pasado, y ha
sido promovida por el Consejo de Europa. Esta campaña la van a liderar
los jóvenes de todos los países europeos.
En el ámbito de los mayores (paso a otro colectivo de los que tenemos la
responsabilidad en el Ministerio de
Asuntos Sociales), las prioridades se concretan en el desarrollo de
políticas de protección, integración y compensación que nos permitan
avanzar en el principio constitucional de igualdad; potenciar la
participación social como instrumento que permita a los mayores aportar
ideas y soluciones a los problemas planteados; mejorar la gestión de
todos los servicios de que disponemos para las necesidades de los mayores
y para mejorar su bienestar.
Han sido muy importantes para toda Europa las conclusiones del Año
europeo de los mayores y de la solidaridad entre generaciones. Quiero
destacar aquí la potenciación de los programas para mayores, en donde
hemos duplicado las ofertas en muchos ámbitos, en estancias diurnas y en
ámbitos que hagan una realidad uno de los objetivos del Año europeo de
los mayores, que es precisamente la permanencia del mayor en su entorno.
El bloque de trabajo que llevamos a cabo con el plan para los mayores
abarca cinco grandes áreas: el área de las pensiones; el área de la salud
y la asistencia sanitaria; los servicios sociales; la cultura, el ocio y
el fomento de la participación.
En el área de pensiones ya saben ustedes todo lo que aparece en los
Presupuestos generales y el mantenimiento del nivel adquisitivo de las
pensiones como uno de los objetivos prioritarios de este Gobierno.
En cuanto a salud y asistencia sanitaria, también es uno de los objetivos
prioritarios de este Gobierno. En este punto decirles que va avanzando el
convenio de coordinación socio-sanitario que firmamos el pasado diciembre
la Ministra de Sanidad y yo misma, que va consolidándose. Lo iniciamos en
cuatro áreas: dos en Madrid, una en Murcia y una en Valladolid, y lo
estamos ampliando a otras áreas.
En el área de servicios sociales tenemos todo el tema de las
transferencias del 143, al que ya me he referido, y está trabajando ahora
el Inserso en lo que puede ser una mejora de gestión y un plan
estratégico de redefinición de programas y actuaciones para adecuarse a
la función de las competencias que permanecen en el Inserso, según la Ley
Orgánica 9/1992.
Destacar quizá, entre los servicios sociales, el programa de vacaciones,
que es un programa que presenté el sábado pasado a los medios de
difusión, programa muy bueno para los mayores y que tiene dos objetivos:
por un lado, mantener y mejorar el bienestar de los mayores; y, por otro
lado, crear empleo y mantener el sector turístico en temporada baja.
También merece la pena citarse el ámbito de promoción de la investigación
tecnológica. Aquí tenemos el centro Ceapat, que hace una gran labor en
todo el ámbito de la investigación.
Respecto al ámbito de las personas con minusvalías, brevemente voy a
comentar lo que estamos llevando a cabo.
En el pasado mes de julio hemos terminado el plan de acción para personas
con discapacidad, que ya se presentó al Consejo rector de minusválidos.
Quiero destacar la importancia de presentar este plan en la Conferencia
sectorial de asuntos sociales, que lo debatirá en profundidad en su
próximo encuentro.
Especial importancia tiene también el Real Patronato de prevención y
atención a las personas con minusvalía, que sigue su trabajo de fomento
de la prevención de deficiencias y el apoyo a todo lo que es el trabajo
en mejoras de rehabilitación y fomento de la equiparación de
oportunidades.
Entraré a continuación, y vistos los colectivos en su conjunto, al ámbito
de las migraciones. Esta es una responsabilidad relativamente nueva para
el Ministerio de Asuntos Sociales y que se enmarca en el concepto de un
compromiso del Gobierno sobre la integración de los inmigrantes.
La responsabilidad del ámbito de la Dirección General de Migraciones
abarca la emigración y la inmigración. Todavía tenemos 1.500.000
emigrantes españoles que se distribuyen entre Europa e Iberoamérica; pero
la situación de unos y de otros es totalmente distinta. Mientras la
colectividad española emigrante en Europa goza de una situación bastante
buena, dada la situación de los países donde han trabajado durante muchos
años y, por tanto, las protecciones sociales de que disponen, sin embargo
no ocurre lo mismo con los que tenemos en Iberoamérica. De ahí que
hayamos tenido que desarrollar políticas específicas para apoyo a
nuestros mayores que viven en Iberoamérica.
Un objetivo prioritario ha sido que todos los emigrantes tengan un umbral
mínimo de protección que les garantice una renta mínima que permita su
subsistencia. Ha sido importante el Decreto de 14 de mayo de 1993, que
estableció las pensiones asistenciales por ancianidad. A lo largo de este
año hemos procedido al reconocimiento y a la entrega de todas esas
pensiones.
En lo que respecta a la política inmigratoria, tenemos tres ejes
fundamentales: el control de flujos, la promoción e integración social de
los inmigrantes y la cooperación al desarrollo de los países origen de
los flujos. Desde el Ministerio de Asuntos Sociales tenemos el objetivo
de sentar las bases para la integración social de los inmigrantes. Para
ello estamos ultimando, a punto ya de aprobarse, el Plan para la
integración social de los inmigrantes como un marco de referencia en el
que se señalan los objetivos y ámbitos esenciales para la integración y
un repertorio de medidas concretas que constituyen el programa de
actuación para la presente legislatura.
Como instrumentos esenciales del Plan, está prevista la constitución del
Foro de los inmigrantes, donde están representadas las ONG, las
comunidades, la Federación Española de Municipios y Provincias, y el
desarrollo de un observatorio de la inmigración, con la función de
diagnosticar la entrada y conocer la incidencia y las demandas que se
plantean por parte de este colectivo.
Ya para terminar con el plan del departamento, antes de entrar en el tema
de la Conferencia de Población, me voy a referir muy brevemente a la
Unión Europea y a las relaciones internacionales.
En el marco de la Unión Europea lo más destacable (y ahí hemos tenido
nuestra participación también como Ministerio de Asuntos Sociales
español) es la aprobación por
la Comisión, a la que me he referido al principio, del Libro Blanco sobre
la política social europea, un paso adelante para la Unión. Este
documento se presentó en el último Consejo de Ministros de Trabajo y
Asuntos Sociales por Mr. Flynn, el representante de la Comisión en dicho
Consejo de Ministros. El libro es el resultado de muchas reflexiones y
debates en torno a la política social europea y a los retos que se
plantean en relación con el mantenimiento y el modelo europeo de
bienestar social. Este Libro Blanco pretende ser el punto de partida de
un nuevo plan de acción de políticas sociales que se desarrollará a lo
largo de 1995 y que se pretende tenga vigencia hasta 1999.
Con relación a las directivas pendientes, tenemos la de permisos
parentales y la de inversión de carga de la prueba, dos directivas cuyos
resultados en España no nos afectarían especialmente porque ya tenemos lo
que se pretende en la directiva incorporado a nuestro Derecho, pero que
están dando mucho que hablar, mucha polémica y mucho debate en la
Comisión Europea, sobre todo por la oposición tenaz y sostenida que lleva
a cabo el Reino Unido respecto a su aprobación.
En cuanto a las relaciones internacionales, las políticas sociales cada
vez están teniendo más importancia en Naciones Unidas, en los foros
internacionales, en el concierto de naciones. La III Conferencia sobre
Población y Desarrollo, que celebramos en El Cairo, de la que les hablaré
a continuación, es un claro ejemplo de la importancia creciente que están
teniendo las políticas sociales y todo lo que se refiere a la situación
de la mujer, de los menores y de los movimientos migratorios. Por primera
vez se ha convocado por Naciones Unidas una conferencia también mundial
sobre desarrollo social, que va a tener lugar el año que viene en
Copenhague. El año que viene también celebraremos en Pekín la Conferencia
mundial sobre las mujeres, con el lema: Igualdad, desarrollo y paz. Estas
tres cumbres sobre temas internacionales tienen un eje y un factor
fundamental, que es el avance de la mujer. Se ha visto en la cumbre de
población, se verá en la de desarrollo y se verá en la de Pekín, el
avance de la mujer y lo que significa la transformación del papel de la
mujer en la sociedad que va a traer consigo un cambio extraordinario en
la sociedad para los próximos años.
El papel de España en estas cumbres internacionales es cada vez más
importante. España contribuye con sus sugerencias y su trabajo a
conformar la opinión común de la Unión Europea. Por primer vez en El
Cairo hemos asistido (y ello en desarrollo, en alguna medida, de los
acuerdos del Tratado de Maastricht) a una actuación conjunta por parte de
los Doce, por parte de los doce miembros de la Unión Europea y, por
tanto, hemos tenido un mayor peso específico tanto en los trabajos
preparatorios de la cumbre de población como en el trabajo desarrollado
durante los días que duró la conferencia.
Es muy importante el papel de España en el mundo y, sobre todo, el hecho
de que se tome ya una postura común por parte de la Unión Europea le da
ese peso específico y ese reconocimiento y autoridad moral que no tenía
tanto cuando los diversos países actuaban cada uno desde sus posiciones.
No sé si a continuación entrar en la cumbre de El Cairo. Es un poco larga
la explicación; el Presidente me dirá lo que cree más oportuno.
El señor PRESIDENTE: Ya dije al principio que la comparecencia acumula
los dos motivos: la explicación de la política del departamento y la
Conferencia de El Cairo, eso sí rogando cierto esfuerzo de síntesis a la
señora ministra.
La señora MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES (Alberdi Alonso): Haré todo lo
posible por resumirlo.
Lo primero que hay que decir es que la Conferencia de El Cairo ha sido un
éxito, a pesar de los problemas iniciales. La aprobación del programa de
acción, que han aceptado globalmente todos los países, va a incidir de
manera fundamental en la vida de todos los ciudadanos del mundo y va a
tener profundas consecuencias para el desarrollo y las políticas de
control de la población mundial.
El plan de acción aprobado para las próximas décadas, para los próximos
20 años afronta de manera global el problema de crecimiento de la
población, las políticas de desarrollo económico y social, las políticas
de medio ambiente y el papel de la mujer. Integra todas estas políticas
de una forma global y es uno de los sentidos fundamentales de la
conferencia. El Gobierno español desde el primer momento otorgó una
importancia decisiva a la Conferencia y a los resultados que en ella se
pudieran acordar.
Los objetivos básicos incidían en la necesidad de fortalecer aún más la
cooperación mundial en materias de población y desarrollo y, sobre todo,
elevar el nivel de conciencia mundial sobre las complejas relaciones que
ligan las tendencias demográficas con el desarrollo y el medio ambiente.
Un objetivo fundamental de esta Conferencia era renovar el consenso
internacional que ya existía sobre políticas demográficas (en Bucarest,
en 1974, y en Méjico, en 1984) y con dos ejes fundamentales que se han
defendido además desde la Unión Europea: el respeto a los derechos
humanos y la importancia del papel conferido a la mujer.
Desde el primer aspecto, se ha puesto de relieve por parte de la Unión
Europea que las políticas que se aprobaran en materia de población nunca
debían ser coercitivas, discriminatorias ni atentar contra los derechos
fundamentales y que debían respetar siempre los componentes éticos y
culturales de las diferentes comunidades. Este fue un tema objeto de un
profundo debate y, por tanto, el hacer estas manifestaciones claramente
enunciadas por parte de la Unión Europea tuvo una importancia
extraordinaria.
Son tres grandes ejes lo que se puede decir que se han desarrollado en la
Conferencia del El Cairo y que forman parte del programa de acción; tres
grandes ejes, que, además, se interrelacionan y se influyen entre sí. Uno
es la integración de las políticas demográficas en el desarrollo
sostenible, una novedad que introduce la Conferencia de Río, y las
políticas que se acordaron de medio ambiente. Otro elemento fundamental y
nuevo, quizás con un protagonismo mucho mayor, es la promoción y el
reconocimiento de la autonomía y de los derechos de la mujer. Un
tercer aspecto son los derechos reproductivos, la salud reproductiva y la
planificación familiar.
Respecto al primer aspecto, la integración de las políticas demográficas
en el desarrollo sostenible, lo primero que hay que decir es que los
problemas originados por el crecimiento demográfico, a pesar de las
conferencias de Bucarest y de Méjico, siguen hoy vigentes. Los datos de
Naciones Unidas son verdaderamente espeluznantes: se prevé que la
población mundial hacia 1998 será de 6.000 millones, el crecimiento anual
es de 94 millones de personas, y, además, el crecimiento es desigual,
pues crece el 95 por ciento en los países en vías de desarrollo.
Las interrelaciones dentro de este apartado de la integración de las
políticas demográficas en el desarrollo sostenible, las interrelaciones
entre población, desarrollo económico y desarrollo sostenible han puesto
de relieve la necesidad de que los factores demográficos del mundo actual
sean tenidos en cuanta en las estrategias de desarrollo que se formulen.
La conferencia de El Cairo ha recomendado en el plan de acción a los
gobiernos que establezcan mecanismos institucionales que aseguren que los
factores de población van a ser tenidos en cuenta por los organismos
responsables de los programas a la hora de elaborar las políticas
económicas, sociales y de medio ambiente. Un objetivo primordial de este
programa de acción es, como digo, esa integración de los programas de
población y desarrollo con el medio ambiente. De ahí el objetivo
primordial de renovación del consenso. En Méjico ya se aludió a la
necesidad de la integración de las políticas demográficas en el
desarrollo, pero a partir de las resoluciones de Río es cuando se ha
visto que era mucho más necesario integrarlas en el desarrollo
sostenible, es decir en el equilibrio entre los recursos de un mundo
limitado en cuanto a los recursos y las necesidades. Para no poner en
peligro las perspectivas de las generaciones futuras se acuerda en el
plan de acción que hay que seguir avanzando en la adopción de un modelo
sostenible de desarrollo, que mantenga el equilibrio entre el volumen de
la población y la capacidad del medio ambiente, y que también logre
aliviar la carga agobiante de la pobreza que aflige a una gran parte de
la población mundial. Entre los medios que ayuden a la erradicación de la
pobreza debe prestarse especial atención a las generaciones futuras y a
todo lo que sean estrategias de empleo para la población rural. Los
países desarrollados han reconocido la responsabilidad que les incumbe en
la promoción internacional del desarrollo sostenible y, de acuerdo con
este compromiso, van a intensificar sus esfuerzos para promover un
crecimiento sostenido y para reducir los desequilibrios. Una de las
cuestiones básicas que se han planteado en la conferencia en este ámbito
es la de los fenómenos migratorios, tanto internos como internacionales.
Hablábamos del tema rural y, efectivamente, la distribución de la
población también es preocupante, porque para el año 2015 se prevé que
cerca del 56 por ciento de la población mundial va a vivir en zonas
urbanas frente la 45 por ciento actual. Este proceso de urbanización de
la población se ha producido de manera mucho más rápida en los países en
vías de desarrollo. Todos estos cambios tienen una gran repercusión sobre
los servicios sociales, sobre la infraestructuras actuales y no se puede
crecer en muchas ocasiones al mismo ritmo que crecen las migraciones que
acuden a las zonas urbanas.
La Conferencia y el plan de acción ha recomendado a los gobiernos el
establecimiento de incentivos que permitan la redistribución entre las
poblaciones rural y urbana, así como la generación de proyectos en áreas
rurales que favorezca la permanencia de la población en estas áreas. En
cuanto a la migración internacional también se han adoptado medidas y se
ha reconocido por los gobiernos de países receptores de vital importancia
la reagrupación familiar. Aquí hubo un cierto debate en la Conferencia,
porque se quería que se reconociera como un derecho fundamental la
reagrupación familiar; sin embargo, no se llegó a un acuerdo, y se quedó
en que el tema era de vital importancia, lo cual yo creo que también ha
sido un avance.
El segundo gran tema al que me he referido, después de la integración de
las políticas demográficas en el desarrollo sostenible, es el tema de la
autonomía de la mujer, clave del desarrollo social y del progreso de la
humanidad. Ha sido este elemento un pilar de esta conferencia, un pilar
básico de esta conferencia, y, además, no sólo en esta conferencia sino,
como he comentado anteriormente, en todas las conferencias mundiales que
van a tener lugar, y así lo dijo Butros-Gali el día de inicio de la
Conferencia, cuando aludió incluso a la Conferencia de Viena del año
pasado que reconoció los derechos de las mujeres como derechos
fundamentales e hizo un análisis de cómo ese eje de cambio de papel de la
mujer en la sociedad era vertebrador y fundamental en todas las
conferencias mundiales que iban a tener lugar y que son las que he
comentado antes.
El programa de acción en este ámbito determina las bases de actuación
para conseguir la igualdad de los hombres y de las mujeres y el
fortalecimiento del papel de las mujeres como una cuestión esencial para
alcanzar el desarrollo sostenible. Este fortalecimiento del papel de las
mujeres pasa por la educación, por la salud y por las oportunidades
económicas para potenciar la capacidad de las mujeres en la toma de
decisiones en todas las áreas vitales, especialmente en el área de la
reproducción, que es esencial, según dice el programa de acción, para
dotar de efectividad a largo plazo a los programas de desarrollo.
Otro aspecto fundamental, como he dicho al inicio de este comentario
sobre lo que debe abarcar ese fortalecimiento del papel de las mujeres,
es la educación. En el mundo existen actualmente 960 millones de personas
analfabetas y dos tercios de ese número son mujeres. En la infancia la
falta de escolarización alcanza a 130 millones de personas, de niños y
niñas, de los cuales el 70 por ciento corresponde a las niñas. Entre los
objetivos que se proponen en esta materia para alcanzar esa igualdad
entre hombres y mujeres está el avance de la educación, y también
potenciar la plena participación de la mujer en la política eliminando el
analfabetismo de las mujeres y los obstáculos que se oponen a la
realización de sus derechos. Han merecido una especial atención de la
Conferencia de El Cairo las niñas. Ayer precisamente salían unos datos en
los medios de difusión de la Organización Mundial de la Salud
que decía cómo hay una discriminación y la desigualdad hombre o mujer se
nota más en la adolescencia, y esto enlaza con lo que les voy a decir: en
muchas sociedades la discriminación basada en el sexo se inicia en muy
temprana edad. La tasa de mortalidad es mayor en muchos países en las
niñas que en los niños. El «status» de las niñas es muy diferente en
relación con la nutrición, con la educación y con la salud. Incluso hay
países en los que todavía se realizan prácticas que perjudican la salud
de las niñas como, por ejemplo, la ablación del clítoris. Se habló en El
Cairo --no hay datos exactos-- de que podía ser un número entre 80 y 120
millones de niñas las que eran víctimas de esta práctica y, por tanto,
podían tener problemas de salud derivados de ella.
El programa también contempla en este aspecto las responsabilidades y la
participación de los hombres en cuanto a que el hombre no debe tener un
papel preponderante dentro de la familia, y para conseguir la igualdad es
necesario que hombres y mujeres establezcan una comunicación de que deben
ser iguales tanto en la vida pública como en la vida privada. Se promueve
que el hombre asuma su papel en la responsabilidad en la fertilidad y en
los deberes paternales, y en todas las responsabilidades familiares. Esto
es muy importante porque, quizá, en países como el nuestro estamos
avanzando y hay ya un reconocimiento de esa coparticipación en el ámbito
de lo familiar y en la responsabilidad con los hijos, pero para algunos
países todavía es hoy impensable simplemente empezar a hablar de este
tema.
También fue objeto del programa de acción el tema relativo a la familia
en cuanto que los cambios demográficos y socioeconómicos han influido en
el modelo de familia; el esquema tradicional de familia ya no es válido,
por un lado, por la incorporación de las mujeres al mundo del trabajo, la
evolución de la familia extensa y la familia nuclear, la aparición de
otros tipos de familia, y aquí lo que vimos es que hubo un gran debate
con la oposición, bastante beligerante del Vaticano y de algunos países
islámicos porque no querían incluir las uniones de hecho considerando que
si hablábamos de uniones de hecho estábamos fomentando la homosexualidad.
Quedó por fin el tema en el plan de acción como formas de familia,
reconociendo que existen diversas formas de familia y que todas ellas
merecen la atención de los poderes públicos.
Entro en el tercer gran tema, que he dicho les iba a referir, de una
forma lo más breve posible: los derechos reproductivos y la salud
reproductiva. Aquí inicialmente en el texto se hablaba de salud
reproductiva y sexual. También hubo un problema con estos grupos de
países islámicos, fundamentalmente, y el Vaticano. Hubo que hacer
desaparecer el término «sexual» porque si poníamos «salud reproductiva y
sexual» entendían algunos que estábamos promocionando la legalización del
aborto o el aborto como método anticonceptivo. Esto se explicó por activa
y por pasiva antes de la conferencia y durante la conferencia. Sin
embargo, hubo que dedicar tres días a este tema, a pesar de que se
hicieron declaraciones sobre que no existía en el documento una promoción
del aborto ni una consideración del aborto como método anticonceptivo.
El concepto de salud reproductiva que se ha ido acuñando en la sociedad
científica incluye los derechos de los hombres y de las mujeres a ser
informados y a tener acceso efectivo a métodos de planificación familiar.
Es muy importante este nuevo concepto de salud reproductiva que implica
un estado de bienestar en todos los aspectos relacionados con el sistema
reproductivo y sus funciones, el conocimiento de los métodos
anticonceptivos y el acceso a los métodos anticonceptivos, porque sí que
se detectó allí que una parte muy importante de la población mundial no
goza de buena salud reproductiva porque tiene un inadecuado conocimiento
de la sexualidad humana, también por la prevalencia de conductas sexuales
de alto riesgo y de prácticas y costumbres discriminatorias, como la que
he comentado de la ablación del clítoris, y por el limitado poder de
muchas mujeres sobre su vida sexual y reproductiva, y sobre todo por la
insuficiente información y por la escasez de servicios de salud
reproductiva. El plan de acción insta a todos los gobiernos y a la
comunidad internacional a desempeñar un papel enérgico en este tema,
promocionando los servicios de planificación familiar, reconociéndose un
papel muy importante y activo a las ONG y a los líderes comunitarios,
para paliar precisamente la influencia negativa que pueden tener las
religiones y los atavismos en esta materia.
También quiero un comentario en relación con la adolescencia, que tiene
un papel muy importante en el plan de acción. Por la presión también de
estos grupos (no se puede dejar el ámbito del derecho de los adolescentes
a tener una salud reproductiva, por tanto, una información sobre sus
derechos sexuales, una información que implique el acceso a los métodos
de planificación familiar) hubo que hacer concesiones y establecer que
quedase bajo la supervisión y tutela de los padres.
En el ámbito de la salud de la mujer había datos verdaderamente
espeluznantes, como el de que 500.000 mujeres mueren en el mundo por
cuestiones relacionadas con el embarazo y el parto y el 99 por ciento de
estos fallecimientos tienen lugar en países en vías de desarrollo. Por
tanto, uno de los objetivos del programa de acción ha sido la reducción
de esta mortalidad materna; reducir en gran medida el número de muertes y
la morbilidad causada por abortos realizados en malas condiciones. Y aquí
entró el debate sobre el aborto, porque al defender que había que apoyar
la salud de las mujeres y apoyar a las mujeres después del aborto
realizado en malas condiciones, algunos países y grupos consideraban que
esa mera mención del apoyo posterior, aunque fueran países en que
naturalmente se había realizado en condiciones no sanitarias, por estar
prohibido, era una forma de promocionar el aborto o de legalizarlo. Por
fin se llegó a un texto de consenso en el que tuvo una importancia enorme
la actividad que desplegó la Unión Europea y se estableció que en ningún
caso el aborto era un método de planificación familiar, que había un
compromiso de la comunidad internacional con la salud de las mujeres y
que había que ocuparse del impacto que tienen los abortos realizados en
malas condiciones, constituyendo este elemento un problema de salud
pública. Es decir, que se consiguió que apareciera, aunque queda en el
marco de la legislación nacional de cada país, el desarrollar o no, el
legalizar o no el aborto.
En el plan de acción se hace un llamamiento en este sentido para que se
pongan en marcha todas las actividades relativas a este aspecto.
Ya voy a terminar. Pensaba comentarles algo de la financiación. Se ha
preguntado si ésta iba a ser un nuevo plan programático como algunos que
ha habido de Naciones Unidas o de foros internacionales. Yo les puedo
decir que hemos percibido una enorme voluntad, por parte de la comunidad
internacional, de poner en marcha este plan de acción, y se ha debatido y
se ha discutido incluso el dinero, el crédito, las aportaciones de los
países desarrollados que son necesarias para poner en marcha este plan de
acción. De aquí al 2000 se ha hablado de una cifra aproximativa de 17.000
millones de dólares. Habrá que discutirlo más a fondo, pero el hecho de
que ya se dé una cifra concreta y el compromiso del concierto de naciones
de poner en marcha estos planes ha sido muy importante.
Los avances que significan este plan son extraordinarios. Como dijo Nafis
Sadik, la Secretaria de la Conferencia, no nos damos cuenta muy bien de
lo que significa este plan de acción. Ella consideró que haber renovado
el consenso internacional en la política demográfica, sobre todo haber
conseguido la integración de esas políticas demográficas en el desarrollo
sostenible y que se reconozca el papel esencial de la mujer en todo este
proceso y el derecho a la salud reproductiva son avances de tan
extraordinarias consecuencias que, como dijo, la puesta en marcha y la
realización de este plan puede cambiar el mundo para los próximos años.
En conclusión, yo puedo decirles que el Gobierno está satisfecho con los
resultados alcanzados en esta conferencia y que el plan de acción que va
a regir en los próximos veinte años, todas las políticas relativas a
estos temas que les he comentado, van a ser, desde luego, de una
extraordinaria importancia para el avance de la humanidad.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra.
¿Grupos parlamentarios que desean intervenir? (Pausa.) Por el Grupo
Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Sainz.
La señora SAINZ GARCIA: Señora Ministra, el Grupo Popular siempre
considera positivo la comparecencia de los miembros del Gobierno en el
Parlamento para dar explicaciones, pero también para rendir cuentas de
una gestión. Hace un año (la coincidencia en el tiempo no deja de ser
también importante) inicié mi intervención diciendo que el Grupo Popular
compartía muchos de los objetivos por usted expuestos, idea que vuelvo a
trasladar en lo relativo a la introducción que usted en esta
comparecencia volvió a realizar, pero le señalaba entonces, en aquella
intervención, que nuestro Grupo defendía otro tipo de gestión que
reclamaba nuevos estilos, en definitiva nuevas formas, y sobre todo pedía
coherencia y buscaba la eficacia en el Gobierno, por tanto en el
Ministerio. Cuando nuestro Grupo decía esto tratábamos de recoger lo que
era una preocupación ciudadana. Nuestro Grupo estaba conectado con la
sociedad española que demandaba entonces, y sigue haciéndolo, nuevos
estilos, nuevas formas de gobernar. Creo que los hechos nos han dado la
razón.
Me parece que el señor Felipe González se dio cuenta tarde y ha mandado
venir aquí en fila a sus ministros (como él también ha intentado venir al
Congreso de los Diputados, aunque eligiendo las preguntas, por tanto en
una situación de privilegio extraña), también a la Ministra de Asuntos
Sociales, para enmarcarlo todo en una nueva ceremonia, se me antoja, de
confusión a los ciudadanos y hablar --usted lo decía-- de un impulso
democrático --textualmente reproduzco sus palabras-- como algo nuevo, yo
tendría que decir algo verdaderamente grave en un Gobierno que lleva
muchos años gobernando. Pero la verdad es que hablar ahora, como usted
decía, de nuevo impulso o impulso democrático no sirve de nada; no sirve
de nada porque de alguna manera lo que ustedes están haciendo lo venían
diciendo y haciendo desde hace muchos años, por tanto resulta su estilo
antiguo y la gente ya no se cree esas palabras. Las nuevas palabras
necesitarían de unos hechos también distintos, y eso no lo observamos ni
en las manifestaciones, en general, que usted ha hecho aquí ni en lo que
a lo largo de este año ha hecho, pues en definitiva usted tiene que
rendir cuentas de la gestión de un año, según nos manifestó en el momento
de su comparecencia.
Usted, señora Ministra, a quien personalmente le dio nuestro Grupo un
margen creo que generoso de confianza, viene aquí y llega --lo voy a
decir gráficamente-- con la cartera medio vacía, y usted no ha hecho
ninguna referencia a ese vacío de competencias que su Ministerio ha
tenido. La verdad es que me parece insólito. Yo no me podía imaginar que
usted hubiera venido aquí hace un año a decir, causando la perplejidad de
la portavoz que en estos momentos vuelve a tener la palabra, que a su
Ministerio le habían incorporado dos nuevos temas, la emigración y las
drogas, según usted dijo en su primera intervención, para dar relevancia
al Ministerio. Naturalmente causó perplejidad en la portavoz que le
estaba escuchando y le dije que creíamos que solamente la eficacia podía
inspirar la planificación del Ministerio y que dudábamos (creo que una
vez más teníamos razón) de que eso fuera así. Usted replicó que esas
nuevas competencias que se le habían asignado eran reflejo de la voluntad
política del Gobierno de dar relevancia a los temas. Resulta que se las
eliminan iniciada su andadura, y aquí no pasa nada, usted no dice
absolutamente nada de este tema y quiere pasar en silencio por una
remodelación que consideró que era reflejo, en sus palabras, de una
voluntad política de dar relevancia a esos temas, rectificando la
relevancia del Ministerio en sus primeras manifestaciones. ¿Qué ha
sucedido? ¿Es que es usted la que ha fallado? ¿Es que fue incapaz de dar
relevancia a estos temas que son importantísimos en la sociedad española,
uno de ellos nos habla de derechos humanos y otro de la gran lacra de la
sociedad, la droga? ¿O es que realmente el señor Felipe González le ha
suspendido en su primera andadura y usted lo trata de ocultar? Porque no
ha
hecho la más mínima referencia a algo que es sustancial, que usted
consideraba importantísimo, y ahora aquí no sabemos nada.
Por otro lado, tratando de reproducir el esquema que usted ha hecho, ha
hablado de las negociaciones y de la preparación de las transferencias,
en definitiva de un vaciar más su gestión porque se trata de transferir
todo el Inserso. Usted ha dicho que recientemente se habían iniciado las
conversaciones bilaterales entre las administraciones autonómicas y el
Ministerio de Asuntos Sociales para proceder a una transferencia que es
importante. De acuerdo, pero lo que no nos ha dicho aquí, señora
Ministra, es que ustedes han perdido todo un año y que solamente en las
dos últimas semanas se han puesto a trabajar seriamente en el proceso de
transferencias de unos servicios importantes y de unas funciones
extraordinariamente importantes para las comunidades autónomas. ¿Por qué?
Porque las ofertas que ustedes hacían a las comunidades autónomas
naturalmente no podían ser asumidas. Han cambiado hace dos semanas de
planteamiento, todo se está haciendo ahora con precipitación --y usted lo
sabe perfectamente--, con dificultades para poder realizar con eficacia y
seriamente todo un proceso importante de transferencias que afecta a
muchos servicios y a muchas, ya no todas las que debiera, como le voy a
decir, de las funciones de su Ministerio. ¿Cómo se va a incorporar esto a
los presupuestos? ¿En qué momento se va a transferir real y efectivamente
todo ello? Ustedes han perdido el tiempo y yo no puedo dejar de recordar,
como usted indicó, que tenían un mandato de la Ley de Transferencias
antigua, del año 92 --usted misma lo ha dicho-- y que podían haber hecho
las cosas medianamente bien y no tan rematadamente mal como las están
haciendo. Además, esa nueva valoración del coste está sometida al apoyo
de un cambio de sistema de financiación en el marco de la política fiscal
y financiera, que todavía hay que aprobar, con lo cual no hay seguridad
ninguna de cuál va a ser al final el resultado de la valoración y, por
tanto, de esas transferencias. ¿Cuál va a ser --le pregunto, si no, en
este instante-- la valoración del coste de servicios que van a
incorporar, que están llevando a cabo y qué van a hacer? Porque hay
inseguridad. Naturalmente, cuando yo hablo no es así por las buenas, sino
después de haber consultado con las personas máximas responsables en el
momento de asumir estas transferencias.
Le quiero preguntar, además, directa y seriamente, ¿por qué no se
transfieren todos los programas a las comunidades autónomas? Dígame usted
qué razón existe, por ejemplo, para que se nieguen a transferir el
programa de turismo social y el programa de termalismo. Tampoco
transfieren el programa de refugiados, de prestaciones técnicas,
etcétera, una serie de programas. ¿Qué se va a hacer, por otra parte, con
los funcionarios que gestionaban todos esos programas? Porque su
Ministerio queda prácticamente vacío de contenidos y de gestión. ¿Vamos a
seguir duplicando, que es una de las lacras que en estos momentos pesa
sobre el crecimiento de nuestro país, el gasto público, los funcionarios
que cada vez son más en la Administración central, cuando se han
transferido muchas de las competencias y de la gestión que directamente
estaban realizando? ¿Va a seguir manteniendo o incrementando, en su caso,
una estructura de su Ministerio cuando en el fondo se va quedando,
repito, con la cartera cada vez más vacía?
Le decía que por qué no se transfieren los programas de los viajes de la
tercera edad y del termalismo. No tiene sentido, no tiene ningún sentido
que los tengan que hacer ustedes cuando la competencia está transferida.
Yo no sé si es para que usted pueda salir en ruedas de prensa, como
recientemente, en la última semana, nos tiene acostumbrados. No es
admisible, señora Ministra (y usted en el fondo de su conciencia tiene
que compartir esto conmigo), seguir manteniendo eso como no sea para
aferrarse a un voto cautivo. Nadie mejor que las personas que están cerca
de esos ciudadanos para conocer, de verdad, los intereses, los deseos,
las necesidades, incluso los problemas de salud que tienen los ciudadanos
de cada una de las comunidades, que puede tener elementos diferenciales,
como usted perfectamente sabe. Por tanto, no son menores de edad las
comunidades autónomas, no necesitan su tutela, por lo que no es admisible
que las comunidades autónomas se vean cercenadas en una competencia que
claramente es suya. No es leal, si quiere, con el desarrollo competencial
de las comunidades autónomas. Como tampoco es admisible --no ha hecho
ninguna referencia a ello pero para nosotros es importante-- que sigan
también aferrados a la distribución del 0,52 que piden las comunidades
autónomas, comunidades autónomas en donde gobierna también el Partido
Socialista, que se transfieran. A usted le han dicho las comunidades
autónomas, por activa y por pasiva --por repetir una de las expresiones
de insistencia que usted manejó en esta comparecencia--, que el sistema
que utilizan es pernicioso en cuanto a la distribución territorial y a
esos equilibrios sociales importantes que, en definitiva, tendrían que
ser el móvil de la actuación del Ministerio de Asuntos Sociales. Cuando
ustedes lo distribuyen a asociaciones de ámbito nacional no está en modo
alguno garantizado porque tampoco ellas tienen por qué asumir el
principio de distribución territorial. Se lo han dicho a usted, es una
evidencia, es un hecho constatado y, sin embargo, sigue cerrándose a lo
que, como digo, es también una evidencia.
Por otro lado, usted nos ha dicho: Estamos abiertos al diálogo con los
grupos políticos y comunidades autónomas. Muchas gracias, pero además de
palabras queremos hechos. El Partido Popular ha presentado en esta Cámara
iniciativas claramente positivas. Hablaremos luego, cuando tratemos el
tema de la familia, por ejemplo. Nunca hemos tenido el apoyo de ustedes,
jamás. Se nos ha negado porque venía de la oposición y no podía ser
admitido; ni el fondo de garantía de pensiones ni la familia numerosa a
partir del tercer hijo, y un sinfín de medidas que incluso iban en la
misma línea de incrementar actuaciones que se estaban realizando en el
mundo de la educación, en el mundo de la formación y en el mundo de las
infraestructuras como apoyo a la integración de la mujer en el mundo del
trabajo. Siempre han negado el apoyo a las iniciativas, aunque fuesen
claramente positivas y en el marco de las directrices europeas, cuando
venían de la oposición. Pero niegan también las peticiones de las
comunidades autónomas.
De nada sirve que usted venga aquí y diga que hay una conferencia del
Ministerio con los consejeros de las comunidades autónomas y que se ha
pedido un informe para la distribución del 0,52. Se venía pidiendo ya,
señora Ministra, pero usted sigue sin hacer caso a las peticiones de las
comunidades autónomas. A lo sumo, quiere ser generosa en un momento
determinado y después de varias peticiones, incluso telefónicas, concede
algo más. Pero al final, programas importantes para asociaciones de
viudas de una comunidad autónoma o programas para atender problemas de
niños mal tratados o infraestructuras de guarderías --que usted eliminó,
por otra parte, del 0,3 de los presupuestos del año 1994--, siguen
obviándose y se distribuye de una manera que no garantiza que las
comunidades autónomas puedan asumir las funciones que tienen encomendadas
ni tampoco ese principio de equilibrio territorial, que usted dice que
lleva a cabo, pero que, al final, la realidad contrastada nos demuestra
que no es así. Cuando habla de criterios de transparencia en las
distribuciones, yo le pregunto: ¿Cómo va a hacer el seguimiento del
cumplimiento de esos programas? Díganoslo usted y, al final, podremos
seguir insistiendo en que se controla mucho mejor cuando se transfiere a
las comunidades autónomas. No tiene sentido que se hagan transferencias
mucho más importantes, como se están haciendo, y a veces incluso de forma
discriminada, a comunidades autónomas, para que ustedes se aferren a unos
capítulos que, al fin y al cabo, no suponen ninguna quiebra del Estado ni
de sus competencias ni de ese equilibrio y esa igualdad, por lo tanto
solidaridad, que debe inspirar toda política social, y eso lo comparto
totalmente. Hay un descontrol importante de esos dineros precisamente
porque se le escapan.
Usted viene a esta Cámara con una tremenda losa que fue incapaz de
levantar y que también olvida. Señora Ministra, yo creo que en torno a la
Cruz Roja, cuya tutela tiene su Ministerio, tendría algo que decir a esta
Cámara, y comparece aquí, después de un tremendo escándalo, y ni una sola
palabra nos ha dicho. Sé que hay unas comparecencias especiales, pero
usted es la responsable del Ministerio de Asuntos Sociales y cuando viene
aquí no dice ni una palabra en relación a ese tremendo escándalo. Hace
dos años nuestro Grupo denunció ya el escándalo de la permuta de la sede
central y lo de las ayudas al pueblo kurdo, etcétera. ¿Qué hizo entonces
el Gobierno? Pues el Gobierno, como hizo con Mariano Rubio el señor
Presidente, apoyó con entusiasmo a la señora Presidenta de la Cruz Roja,
y ahora saltamos de ese apoyo entusiasta al cese o a la dimisión en mayo
pasado, como sabe usted perfectamente. Nuestro Grupo ha pedido auditorías
de la Cruz Roja y sólo han mandado las de los años 1990, 91 y 92; la del
93 parece que la conocen ustedes, pero esta Cámara no. Hay un nuevo
presidente, una deuda brutal de 30.000 millones de pesetas y, por otra
parte, una petición del presidente de que se le condone la deuda. Y
ustedes, que forman parte de ese comité central, con representaciones de
altos cargos que tienen la tutela, tienen una grave responsabilidad de
apoyo a todas estas actuaciones. Se ha enajenado todo un patrimonio, no
hay garantías, y viene usted aquí y no dice nada. El Grupo Popular pide
lo más razonable, una investigación seria, una aclaración de todas las
circunstancias, una depuración de las responsabilidades, y políticas
también. A continuación podremos hablar de sanear y de devolver el
prestigio a una institución que lo tiene a nivel mundial de manera
importante, pero no tapar, como hace usted, esa losa que ha hundido, una
vez más, en la confusión y en la desconfianza a los ciudadanos, y reflejo
ha tenido en algunos de los programas de la Cruz Roja, como usted sabe. Y
usted, que es la responsable de esa tutela, viene aquí y no dice ni una
palabra. ¿No se da cuenta de que no conecta con las preocupaciones de los
ciudadanos? Porque a los ciudadanos les preocupa el problema de lo que ha
pasado en la Cruz Roja... (Rumores.) El señor PRESIDENTE: Perdón, señora
Sainz.
Silencio, señorías. Dejen proseguir la intervención de la señora Sainz.
La señora SAINZ GARCIA: Parece que a los representantes del Grupo
Socialista no les parece que los ciudadanos españoles tienen preocupación
por lo que ha pasado en la Cruz Roja. Pues yo creo que así les va, es
decir, se equivocan. ¡Vaya si les preocupa! Al final no compran la
lotería, porque desconfían. (El señor Arnau Navarro: ¿Qué lotería?) Cómo
que qué lotería... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señora Sainz, no excite las pasiones del Grupo
Socialista (Risas.).
La señora SAINZ GARCIA: Yo lo que le digo es algo absolutamente real. Los
ciudadanos españoles no han respondido con el dinero de sus bolsillos, y
que de forma generosa venían realizando, a una oferta de lotería. Señor
Presidente, a la intervención de esta Diputada los que han replicado han
sido los que no debían. Tienen su turno, que más que de réplicas es de
fijación de posición, y ellos pueden salir aquí diciendo que les parece
muy bien y que a los ciudadanos no les preocupa en absoluto lo que haya
pasado con la Cruz Roja. Al Grupo Popular sí y, por tanto, dice que
respecto a lo que era una preocupación evidente de los ciudadanos
españoles, aquí, la representante del Ministerio que tiene su tutela no
nos ha dicho ni media palabra.
Por otra parte, nuestro Grupo sigue señalando que no se cumple ese
principio --y algunas razones he dicho ya en la primera parte de esa
exposición--, por lo tanto, falta de solidaridad, que es fundamental en
toda política y mucho más en la política social, como la señora Ministra
ha reconocido, en esos criterios de distribución de los fondos, incluso
de los planes concertados. ¿Por qué le digo esto? señora Ministra, en una
comparecencia --aunque no sean en esta Cámara suelo leerlas porque es mi
trabajo y mi responsabilidad-- usted decía que, con relación a la tercera
edad, había que tener en cuenta una diferencia importante en lo que se
refería a los mayores que todavía eran autónomos y que incluso podían ser
útiles. Yo creo que no son tan útiles porque no se les deja serlo cuando
se les jubila anticipadamente; ahora se rectifica en algún caso y se
mantiene persistentemente en una inmensa mayoría de casos.
Por lo tanto, hay una diferencia considerable entre esas personas mayores
frente a las personas asistidas, que podríamos dividir a partir de los
mayores de 80 años. Es mucho más costoso para el Estado, para los
presupuestos públicos, el atender a esas personas mayores, y usted sabe
que ese criterio se lo demandan, pero no se tiene en cuenta en el momento
en que se hace la transferencia o el reparto de esos fondos. Por tanto,
yo le invito, y sin acritud alguna, señora Ministra, a que reconsidere
esa posición y vayan trabajando hacia una política solidaria. Este es uno
de los ejemplos. El señor Presidente pronto me dirá que tengo poco tiempo
y no puedo insistir, pero desde luego nuestro Grupo lo tiene claro. Usted
señaló que es distinto el coste de las personas mayores dependiendo en
qué situación se encuentren. Por tanto, nosotros le pedimos que trabaje
en esa línea y adecue la política de su Ministerio.
A continuación tengo que decirle que usted llega aquí, después de un año,
con una serie de incumplimientos. Descubrió el voluntariado --y se lo
dije así; ha sido una sorpresa grata para nuestro Grupo que ustedes
descubriesen el voluntariado--, pero lo dejó a medio camino. Habló de que
iba a hacer de inmediato el estatuto o carta del voluntariado similar al
de otros países y, un año después, no ha llegado, seguimos sin ello.
Habló de un plan integral del menor que iba a hacer de inmediato;
seguimos sin ello. Habló de ese plan integral de minusválidos y tuvo un
problema, y es que dijo que lo iba a aprobar antes de julio de 1994 y
estamos ya, como sabe, en octubre; por lo tanto, tampoco lo ha cumplido.
Por otra parte, como principal instrumento de acción, priorizó una serie
de planes integrales, de mujeres, de la tercera edad, y tengo que decirle
que estas Cortes, señora Ministra, siguen sin conocer el plan
gerontológico, y le anuncio que nuestro Grupo va a presentar una
iniciativa pidiendo que ese plan gerontológico venga al Congreso de los
Diputados y se debata. Pero también le pido, por favor, que antes de que
venga usted aquí a exponerlo y debatirlo, nos lo envíe para que lo
podamos estudiar y no suceda lo que todos conocemos que ocurrió con el
triste informe del Año Internacional de la Familia. Tampoco se ha
constituido el consejo estatal de organizaciones no gubernamentales.
Habló de impulsar las adopciones internacionales --esto lo dejaríamos
dentro de lo que usted ha dicho--, pero tampoco ha venido y decía que de
inmediato y antes de un año. Al plan de acción sobre la infancia ya me he
referido, pero todavía sigue sin llegar a la Cámara la ley de los
derechos de la infancia. Habló de que estaría antes de un año y lo único
que tenemos es que se han reducido sensiblemente las ayudas dirigidas a
las guarderías de cero a tres años, que no cubre Educación, que ése es
otro tema. Naturalmente, usted misma ha reconocido aquí que la ley de
contenidos y normas de control de medios audiovisuales no sirve, y a mí
me parece grave lo que leía anteayer en un medio de comunicación, que los
propios niños protestan porque ven demasiada violencia. Señora Ministra,
hay que actuar. Estamos causando unos perjuicios muy graves a la
educación, a la conducta y al desarrollo de los niños. Por tanto, no me
sirve que esté la ley, hay que hacer que la ley se cumpla, que para eso
está.
Siguiendo el orden que usted ha hecho, respecto al tema de la familia
--se lo digo también con respeto y sin acritud, pero es la realidad--,
creo que han vuelto a engañar y a frustrar a los ciudadanos. Usted
presentó unas propuestas y, al final, ha querido vender, en los
Presupuestos de 1995, algo que llevará a las familias españolas a que le
cuesten más los libros, a que le cuesten más las comidas, y el incremento
de desgravaciones fiscales es ridículo, usted lo sabe perfectamente; por
tanto, creo que ha defraudado claramente. No hay una trayectoria de
esperanza para las familias en los presupuestos de 1995, ni en la gestión
que ustedes han llevado a cabo. Lo ha reconocido su hermana en la
Ponencia cuando dijo que en España no había una política de ayuda a la
familia porque se creía que eso era una connotación de política de
derechas. Lo dijo así y está grabado en las cintas. El Director del CIS
ha dicho que en España tampoco había dinámica de ayuda a las familias y
que cuando se preguntaba a las familias españolas no sabían ni priorizar;
todo les servía porque nada tenían. Está recogido también en las cintas
de la Ponencia.
En ese sentido esperábamos de usted mucho más, pero ha perdido la
credibilidad. Llega de El Cairo y dice una cosa. Promete la consideración
de la familia numerosa a partir de los tres hijos, está recogido en las
hemerotecas; lo dice usted, señora Ministra. Desgravaciones en
guarderías, etcétera, y después nada. ¿Qué ocurre? ¿No es usted capaz de
que al final le haga caso el Presidente del Gobierno? ¿El Gobierno no es
solidario con usted? Tendría que dar explicaciones de que ha dicho: voy a
hacer esto. Incluso desconoce que su grupo no ha apoyado una propuesta
del Partido Popular, como lo hizo, aunque no fuera en este caso en
público, pero sabe que es cierto, y resulta que después de lo dicho,
absolutamente nada.
Es lamentable que los Presupuestos del año 1995 no recojan, como tampoco
hicieron los de 1994, ninguna medida de apoyo a la familia. Somos el
último país de Europa en ayudas a la familia, y usted sabe que la familia
juega un papel importante en la coherencia social y en las crisis actúa
con criterios de solidaridad.
El tema de la mujer es importantísimo. Usted ha hecho referencia también
a El Cairo. Insistiré en el momento de tomar posición en lo de El Cairo.
Ha hablado de tres ejes que compartimos. Habla de la defensa del empleo y
resulta que las mujeres españolas son las que sufren más paro de toda la
Comunidad, incluso las mujeres jóvenes, ésas a las que les ha permitido
el acceso al mundo del trabajo y en la vida política en puestos de
responsabilidad. Mujeres con los mismos niveles de estudios o incluso
superiores, pero más paradas. Algo sigue fallando. La mujer española,
usted lo sabe perfectamente, está arrinconada en la economía sumergida,
en trabajos precarios. Cuando usted habla de los contratos a tiempo
parcial, al final si fueran deseados para hacer compatibles y en igualdad
las dos responsabilidades que tradicionalmente sólo corresponden a la
mujer en la sociedad, nos parecería muy bien, pero al final no tienen
otro tipo de trabajo más que ese precario que se les ofrece y lo tienen
que hacer.
Seguimos en ese fondo de garantía de pensiones y usted habla de
solidaridad y habla de apoyo a las mujeres y a la
infancia. No necesito repetir lo que nuestro grupo viene reclamando. ¿Las
ayudas al empleo? Cierran ustedes los programas de ayudas a las
guarderías, cuando Educación no lo subsana.
En política de educación tenemos un freno para la integración de la mujer
en lo que se refiere a la formación profesional. Seguimos sin un plan,
seguimos sin conocer las profesiones de ese plan de formación profesional
que es absolutamente imprescindible. Eso hace que la formación de las
mujeres españolas esté resultando un freno para poderse integrar a los
nuevos trabajos, nuevas metodologías, etcétera, ligadas al mundo del
trabajo.
No tengo tiempo, lo sé, y quiero atenerme a la realidad temporal. Estoy
intentando, señor Presidente, reducir al máximo mi intervención.
En el terreno de la juventud es evidente que el objetivo prioritario, y
usted lo ha dicho, es la creación de empleo para los jóvenes, pero las
cifras del paro hablan por sí solas. Cuando usted habló del primer plan
de empleo juvenil ni siquiera aquellas propuestas que figuraban en el
plan las llevaron a cabo. No sé si eran eficaces o no, porque no las
llevaron a cabo, quedaron a mitad de camino. El resultado de algunas de
ellas no está evaluado, es claramente desconocido. Supongo que, al final,
es malo puesto que las cifras de paro de la juventud son verdaderamente
graves, dolorosas y hablan por sí solas de la eficacia de lo que para
ustedes es el objetivo fundamental. Ese es el objetivo, y miren ustedes
el nivel de paro que aparta a los jóvenes como a las mujeres de los
jóvenes europeos. Para los jóvenes el acceso a la vivienda, otra de las
prioridades, es algo claramente inalcanzable. Eliminaron los programas de
ayuda, por ejemplo, para alquileres con ayuntamientos y comunidades
autónomas, y alguno que queda no sabemos cómo se ha evaluado.
Participación de la juventud. Todo lo que eran ayudas y subvenciones las
ha retrasado en el tiempo y eso lleva a un malestar de los jóvenes. Todos
ellos están en contra del nuevo contrato que usted ha vendido como algo
importante. Incluso las organizaciones juveniles socialistas rechazan ese
contrato de aprendizaje, criticado por todos.
Minusválidos. Se comprometió hace un año a desarrollar un plan de acción.
Ya le he dicho que es otro de los incumplimientos que ha tenido. Dijo que
estaría aprobado en junio de 1994 y no lo está. Las propuestas sobre
integración en educación y trabajo están en el cajón de los olvidos. Ha
fallado la integración en el mundo de la educación y claramente se ha
dicho ya desde ese otro ámbito. Creo que la integración social, la
integración productiva y, por lo tanto laboral, ha quedado paralizada en
este país. No hay medidas, ni siquiera se han desarrollado una serie de
resoluciones aprobadas aquí en el debate del estado de la nación,
presentadas por nuestro grupo y que eran importantes.
Termino ya, señor Presidente, señora Ministra, diciendo que el grado de
incumplimiento presupuestario, como se puso ayer de manifiesto, es
evidente en la parte de las inversiones porque se han retrasado. ¿Cuál va
a ser la garantía de esas inversiones en el terreno de su ministerio para
el futuro? Por otro lado creemos que lo social no es prioritario, de
acuerdo con lo que hemos visto en la gestión del Gobierno y en toda la
política económica, aunque usted no es la única responsable, lo sé. Los
niveles de prestaciones sociales, de ayudas a la familia, a las mujeres,
etcétera, son los más bajos de Europa. Está contrastado, es una realidad
que está ahí. El paro consume demasiados recursos y los que tienen
necesidad de solidaridad, de ayuda, no pueden acceder a ese bienestar
porque el dinero no llega.
Se ha creado en el seno de esta Comisión una ponencia sobre la pobreza.
Los umbrales de pobreza en nuestro país son elevados. Tenemos el problema
de las mujeres que son protagonistas de la pobreza, las necesidades de
asistencias sociales son enormes y ustedes no cubren los mínimos. Los
recursos son pocos, y tenemos noticias, además, de que se está perdiendo
dinero en programas europeos. Lo dijo usted en una comparecencia. Me
gustaría saber si han reconducido este problema y hemos mejorado nuestra
participación, sobre todo en los programas europeos para minusválidos.
Creo sinceramente, y ahora sí termino esta parte, señor Presidente, que
las palabras de la señora Ministra... (Rumores.) Les molesta. (Risas.) Lo
entiendo, pero no son ustedes los que tienen que decirlo. Lo comprendo.
Yo he sido respetuosa con la señora Ministra atendiéndole, señor
Presidente...
El señor PRESIDENTE: Concluya, señora Sainz.
La señora SAINZ GARCIA: Creo que ese mínimo respecto nos debemos todos
los parlamentarios.
Hay incumplimientos que están ahí, yo no los he inventado, que niegan
esas acciones de avance de que ha hablado y que nosotros tenemos que
recordarle una vez más porque es nuestra obligación.
La continua desprotección a la familia, las pensiones para los niños que
están sin padre son importantes, pensiones de miseria para muchas viudas.
Jóvenes blanco de una política equivocada, sin expectativas de trabajo.
Esas son realidades duras que creemos hay que afrontar. Las soluciones
tienen que comenzar y no se pueden dilatar. Nuestro grupo lo demanda hoy
y lo demandaba hace un año.
Nuestro grupo, precisamente a través de la portavoz que ahora interviene,
se manifestó en la Comisión mixta Congreso-Senado sobre igualdad de
derechos de la mujer, en relación a todo el debate de la cumbre de El
Cairo sobre población y desarrollo. Por cierto, señora ministra, hace
quince días le pedimos el texto final y desearíamos que nos lo hubiera
hecho llegar por lo menos para esta comparecencia y, una vez leído, poder
contrastar las acciones, los programas, etcétera, incluso matizar más lo
que ya fue nuestra intervención que tanto no puede cambiar. Sería una
descortesía parlamentaria remitir a SS. SS. al «Diario de Sesiones» y no
exponer a ustedes, que son distintos de los que estuvieron en esa
Comisión, la posición del Grupo Popular. Fue un foro de debate y de
encuentro internacional sobre población y desarrollo que usted ha
calificado como positivo, y nuestro grupo también. Además, necesariamente
siempre tiene que ser así. Otra cosa es que los objetivos, otra cosa es
que las medidas se cumplan y al final
nos lleven a ese cambio deseado en la calidad de vida de la sociedad y
del mundo que todos esperamos.
Los temas --usted lo ha dicho-- eran amplios y se trabajó en diferentes
ámbitos. Creo, sinceramente, que quedaron desvaídos una serie de temas.
Lo dijimos entonces y preguntamos ahora por esa polémica, que usted ha
insistido tanto, en torno al problema del aborto como medio de
planificación familiar, también los temas del medio ambiente. Me gustaría
saber qué esperaba el Gobierno español en relación con esa conferencia o
cumbre y qué no ha habido. Si algo ha quedado olvidado, cuando tiene
mucho que ver en la calidad de vida o si hay medidas importantes, que
usted apenas ha mencionado.
Hay temas de educación que son importantísimos para la mujer, que van
ligados al desarrollo de toda sociedad y tienen una repercusión
importante en la mujer porque es la que tiene en España y en el mundo
mayores niveles de analfabetismo de bajo nivel de educación y formación.
¿Qué medidas positivas considera usted que se han adoptado en relación
con el tema de la educación?
También ha hablado de objetivos claros, de actuaciones concretas, no
sabemos cuáles considera el Gobierno más importantes. Ha hablado de un
presupuesto genérico de 17.000 millones. No sé si hay un equilibrio entre
lo que pueden considerarse prioridades para el Gobierno español y la
distribución de esos recursos. ¿Cuál va a ser el seguimiento que se va a
hacer de esos objetivos y de la participación en los recursos que se
aportan para estos programas? Ese presupuesto destinado para las
políticas de población y desarrollo para millones de ciudadanos del mundo
¿puede tener un desarrollo equilibrado y sostenido?
Por otro lado, nuestro grupo manifestó que si bien los temas eran
importantes y amplios (usted ha hablado de algunas conclusiones, sobre
todo en lo que se refería el tema de la planificación familiar, etcétera)
y lo hemos dejado como reflexión en el Senado, se debían tener en cuenta
los derechos humanos, la democracia, las reformas económicas, la baja
tasa de inflación, que también se pedía, los bajos niveles de corrupción,
el mercado abierto y ayudas económicas que no tengan, por supuesto, el
tinte de ser colonizadoras.
Después --y vamos ya a la última parte-- usted se ha centrado y ha sido
una realidad en que el foro de desarrollo ha tenido como protagonista a
la mujer. Creo que cualquier tema que recoja el desarrollo --ya lo decía
nuestro grupo--, necesariamente tiene que ir unido al tema de la mujer.
Naturalmente tiene que hablarse de un compromiso claro con las mujeres,
con el reconocimiento del importante papel que hace la familia, y no
hablar solamente de una política de control de natalidad. Por cierto, en
nuestro país no hay problema; al contrario, como sabe usted, porque
tenemos las tasas de natalidad más bajas del mundo.
El señor PRESIDENTE: Señora Sainz, por favor, le ruego que concluya.
La señora SAINZ GARCIA: Concluyo, señor Presidente.
Concluyo reiterando los problemas que la mujer tiene de educación, de
formación, de paro, etcétera. Usted decía que aun naciendo más mujeres
comen peor, tienen más enfermedades al final, por tanto, muere un
porcentaje mayor, lo cual es algo verdaderamente estremecedor, y las que
consiguen sobrevivir tienen graves problemas de quiebra de los derechos
humanos, de quiebra de la libertad y, al final, de desarrollo integral.
Todos esos objetivos importantes, que usted y desde luego nuestro grupo
comparte, creo que debemos tratar de ir corrigiéndolos. Debemos aplicar
políticas compensatorias que sean prioridad para los Gobiernos y esa
prioridad tendría que venir de este Gobierno.
Nada más, señor Presidente, que nuestros mejores deseos de que todos
estos temas ligados a la conferencia de erradicación de la pobreza, de
terminar con la ignorancia, sean una realidad y cambie el mundo, como
usted decía en sus casi últimas palabras.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), el señor
Hinojosa tiene la palabra.
El señor HINOJOSA I LUCENA: Gracias, señora ministra, por su
comparecencia.
Señora ministra, toda la primera parte de su exposición me ha parecido
bien, es incuestionable, estoy de acuerdo con los principios que ha ido
relatando --es difícil estar en desacuerdo con los principios cuando se
hable de temas de contenido social-- y estoy de acuerdo con los objetivos
que tiene su ministerio. Su antecesora --usted menos-- sabe que en el
inicio de la creación de su ministerio este portavoz lo cuestionó
seriamente, porque casi todos los temas que afectan a su ministerio estén
en las comunidades que tienen capacidad para gestionarlos. Se ha caminado
un largo trecho en esa línea y hoy la mayoría de sus competencias están
transferidas, caso del Inserso y otros, por tanto, no me voy a detener en
eso. Me ha gustado oír hoy que el Partido Popular pide todas las
transferencias. No era ésta la postura anterior. Incluso en el inicio de
la intervención de la señora Sainz me parecía que iba por la línea
clásica, pero luego ha pedido transferencias. Me parece bien. Todo lo que
sea acercar la solución de los problemas a las personas me parece bien y
mi grupo siempre estará de acuerdo.
Pero no voy a dejar de ser pragmático, que es como debemos ser, y es lo
que a mí me interesa. Su señoría ha dicho que el Ministerio de Asuntos
Sociales está abierto a aceptar determinadas propuestas que puedan hacer
los grupos de la oposición. La manera de hacer efectivo esto la vamos a
ver inmediatamente, porque tenemos en puertas los Presupuestos del
Estado. Mi grupo y este Diputado, a pesar de los pactos, piensa presentar
unas cuantas enmiendas en favor de los disminuidos, no mucho más, pero sí
un poco, en el sentido de alguna exención fiscal para sillas de ruedas,
prótesis, etcétera, ya lo iremos concretando, para los minusválidos que
están en talleres de trabajo especial, etcétera. Ahí es donde quisiera
ver si esa voluntad de llegar a acuerdos se plasma en realidades.
Por otro lado, mi grupo, en todas aquellas cosas sensatas que su
ministerio tiene en marcha y que traerá a la
Cámara, las estudiará y apoyará, porque es un tema que sobrepasa
cualquier tipo de política de partido. La política de preservar el
bienestar social que hemos conquistado hasta ahora debe ser una actitud y
una actividad de todos los grupos y, por tanto, es una actividad de
Estado.
Respecto a la conferencia de El Cairo usted ya tuvo una comparecencia en
la Comisión Mixta y mi grupo se manifestó a través de la portavoz que le
correspondía. Déjeme decirle, no obstante, una cosa. Lo primero que hay
que decir, según ha manifestado S. S., es que la conferencia de El Cairo
fue un éxito. Los que hemos participado en alguna conferencia de ese tipo
sabemos que prácticamente sólo tienen un objetivo: la creación de
opinión, porque como no tienen fuerza coercitiva los asistentes vuelven a
sus ciudades, a sus Estados y siguen manteniendo las legislaciones; donde
la mujer está desprotegida sigue estando y donde los niños pasan hambre
siguen pasándola. Está bien que sea lo que es: una creación a gran escala
de opinión, y está bien que se asista y que se aporte todo lo que sea
saludable, pero fíjese lo que ha ocurrido con esta conferencia. Si usted
hace una encuesta en España verá que todos hemos oído hablar de que en
esa conferencia ha habido fundamentalmente un debate, que era el control
de la natalidad, llámele como quiera, pero el control de la natalidad y
la oposición clásica e histórica de la Santa Sede a admitir cualquier
referencia al aborto. En cambio, no se ha oído nada de desarrollo, de
políticas concretas de ayuda al desarrollo de esos países, ni de la
educación, que es una parte fundamental en el desarrollo.
En ese sentido yo creo que ha defraudado la conferencia; si S. S.
considera que es un éxito será seguramente porque tiene más información
que este Diputado, que no tiene más que aquella que ha leído en la
prensa. Si hay un documento de conclusiones y tiene previsto la señora
Ministra hacerlo llegar a la Cámara, nos ayudará a comprender esa
afirmación de que la conferencia ha sido un éxito.
Nada más, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, la señora Urán tiene la palabra.
La señora URAN GONZALEZ: Intentaré ser lo más breve posible pero la
señora Ministra ha tocado muchos puntos con referencia a las líneas
generales del Ministerio.
Como es lógico, difícilmente se puede estar en desacuerdo con los
objetivos que se plantea el Ministerio, que son enunciados políticos que
luego después han de tener una plasmación concreta en el presupuesto en
cuanto a programas y en cuanto a financiación.
Nosotros el año pasado en el presupuesto del Ministerio de Asuntos
Sociales así lo hicimos saber en nuestra intervención. Compartimos los
objetivos --nos parecen correctos--, pero dudamos de la eficacia porque
consideramos que este Ministerio sigue estando dotado de escasos recursos
económicos. Seguimos pensando lo mismo, señora Ministra, a pesar de que
no conocemos las cifras exactas. Sí le podemos decir, después de ver el
estado de ejecución del presupuesto --ayer hubo una comparecencia--, que
hay determinadas partidas en las que se ha tenido que producir un aumento
pero realmente el grado de ejecución dista mucho de ser el que
correspondía a las alturas de mitad de año. Le estoy hablando de
políticas de emigración y de políticas del menor, que está habiendo
retrasos en la transferencia a las comunidades autónomas y, sobre todo, a
las entidades locales para la puesta en marcha de los proyectos a que han
concurrido mediante el concurso del mes de febrero. Por supuesto, nos
parece que esto es algo que indica que la gestión del Ministerio está
dejando bastante que desear.
Sabemos, porque lo han dicho, que hay trabas administrativas y
burocráticas, pero, señora Ministra, en un Ministerio como el de Asuntos
Sociales las trabas administrativas y burocráticas son las primeras que
hay que eliminar para que la gestión sea realmente eficaz.
Voy a intentar seguir un orden en mi intervención, según los apartados
que nos ha dicho la señora Ministra.
De acuerdo con las transferencias al Inserso. Nosotros somos un grupo
político que estamos porque se hagan las mayores transferencias posibles
a las comunidades autónomas para una mejor gestión, por supuesto, sin
duplicar el gasto y sin que exista duplicidad en los programas y en los
objetivos; pero, señora Ministra, yo creo muy importante que las
transferencias que se hagan a las comunidades autónomas, en cualquier
materia, tienen que ser aquellas que lleven aparejados los recursos
económicos necesarios y suficientes para que la eficacia en la gestión y
la rentabilidad social realmente sean las que corresponden a una
institución como es la comunidad autónoma.
Nos parece muy bien que usted haga mención a que se está redactando una
ley de fomento y participación de asociaciones, pero hay que dar agilidad
a toda la proyección legislativa puesto que seguimos esperando la ley de
derechos del menor; llevamos ya un año diciendo que va a llegar y todavía
no llega.
Cuando ha hablado del protectorado de las fundaciones, creemos necesario
que exista una transparencia en la gestión de los fondos públicos de
estas fundaciones y que cuanto antes se aclare el problema de Cruz Roja y
la democratización de todos los órganos tanto de Cruz Roja como de la
ONCE. Sabemos que el Estado es protector de estas asociaciones y, por
tanto, ha de velar por la transparencia en la gestión pero, además, por
la democratización y la pluralidad en la participación de todos sus
órganos de gestión que consideramos totalmente necesaria en aras de la
credibilidad de estas asociaciones y en aras a la transparencia de la
gestión de los fondos públicos.
La señora Ministra y esta Cámara conocen cuál es la posición de nuestro
grupo respecto al tema de la familia. No nos cerramos a que pueda haber
ayudas a las familias, pero sí tenemos claro que estas ayudas tienen que
ser coyunturales y tiene que fomentarse la inversión hacia las
infraestructuras que vayan a mejorar la calidad de vida de todos los
miembros de la familia, no sólo y exclusivamente de familias numerosas.
Nos parece que cada cual es libre de optar y decidir cuántos hijos tiene
y cuándo; pero nos parece discriminatorio que a familias que puedan tener
dos hijos no se les dé o no tengan acceso a una mayor
desgravación fiscal. Las necesidades de las familias están en función del
número de miembros, y también en función de su situación económica. Por
tanto, puede haber familias con tres, cuatro o cinco hijos en las que su
situación económica no sea mala y, sin embargo, familias con uno y dos
hijos cuya situación económica sí lo sea, y se van a ver discriminadas en
el momento que se hagan desgravaciones fiscales a partir de un número
determinado de hijos. El acceso de las familias a las viviendas es
necesidad para todas, independientemente del número de hijos. Cuanto
mayor número, mayor necesidad de espacio, pero la necesidad de techo la
tienen todos los ciudadanos y ciudadanas de este país, y las familias,
con cualquier número de hijos, también.
Nos parece muy bien que el Ministerio esté estudiando la ley de parejas
de hecho. Este grupo tiene presentada ya una proposición de ley en este
sentido y esperamos tener ahí suficiente cohesión y poder llegar al
acuerdo para que esta ley se lleve a efecto. Las parejas que no están
casadas legalmente (y pongo el legalmente entre comillas porque sí tienen
un compromiso renovado diariamente de convivencia y de afectividad) no
deben ser discriminadas por este hecho, sino todo lo contrario.
En el tema de la mujer, señora Ministra, sabe que usted y yo no
compartimos el criterio del trabajo a tiempo parcial. Consideramos que no
va a beneficiar a las mujeres, sino todo lo contrario; está precarizando,
según nuestro criterio, el mercado hacia las mujeres y, además, esto no
va a facilitar que haya un reparto de responsabilidades. Otra cosa es que
los varones, por la situación económica de crisis que atravesamos, estén
en este momento optando también por el contrato a tiempo parcial; pero el
contrato a tiempo parcial --y usted lo sabe tan bien como yo-- es en toda
Europa fundamentalmente el contrato que se utiliza hacia las mujeres.
Hay algo que sí nos gustaría decirle para saber qué actitud va a tener su
Ministerio y el Instituto de la Mujer. Están apareciendo anuncios de
oferta de empleo encaminados sólo hacia los varones. Esto es totalmente
discriminatorio. Estamos luchando porque no exista la discriminación en
el empleo y en los medios de comunicación aparecen escritos con ofertas
de empleo que se dirigen sólo a los varones. Además, es curioso, porque
aparece también lo del servicio militar y cosas así.
Hay una importancia bastante grande también en las entrevistas de
selección de personal. A las mujeres se les sigue preguntando si están
casadas y tienen hijos, con lo cual ya sabemos cuál va a ser la situación
siguiente y es que estas mujeres se pueden ver discriminadas. Nos
gustaría saber a este respecto qué control está ejerciendo o va a ejercer
el Ministerio.
No voy a incidir más, lo hemos debatido en la Comisión Mixta de los
Derechos de la Mujer, sobre el tema de la educación. Es principal y
prioritario no solamente el acceso de las mujeres a la educación, que se
va cumpliendo de forma lenta pero paulatinamente, sino la formación
profesional de las mujeres, su reciclaje y su incorporación a los nuevos
puestos de trabajo que puedan surgir. Es necesario que haya una ley de
formación profesional, que la formación profesional sea efectiva y que se
doten los recursos necesarios para que las mujeres realmente puedan
acceder, además teniendo en cuenta las especificidades de las mujeres,
sobre todo las que tengan cargas familiares, que no pueden acudir a los
mismos horarios que se pueden establecer en un tipo esquemático para toda
la población.
Señora Ministra, en el tema relativo a la juventud hay una contradicción
cuando se habla de fomento de empleo y de política de vivienda. Se está
precarizando el mercado de trabajo para los jóvenes con los contratos de
aprendizaje; se habla de que los jóvenes quieren ser autónomos y es
cierto, los jóvenes hoy se mantienen en el hogar familiar sencillamente
porque no tienen recursos económicos para independizarse, pero también es
cierto que reduciendo los presupuestos para política de vivienda
encaminada a los jóvenes no vamos a conseguir que con la precarización
del mercado laboral y esta falta de política de vivienda dirigida a los
jóvenes, estos jóvenes puedan ser realmente autónomos. Por tanto, nuestro
grupo tiene bastantes dudas de que se puedan cumplir esas prioridades del
Ministerio, que usted nos ha hecho saber. Nos parece bien que se vaya
hacia el autoempleo, pero todos sabemos que en estos momentos las
pequeñas y medianas empresas están en una crisis muy seria, son las que
están perdiendo más puestos de trabajo y cerrando, sencillamente porque
no pueden soportar el trato que se les da con la política económica de
este Gobierno.
Usted nos decía que el Libro Blanco de Delors hablaba del cambio, del
estudio de cambio de los sistemas sociales en toda Europa. Nosotros,
señora Ministra, lo único que le podemos decir es que como siempre que se
habla de discusiones internacionales sobre cualquier tema, llegamos al
punto crucial, que es el de la financiación, y ahí sabemos positivamente
que todos los Estados miembros, independientemente de cuál sea su color
--me refiero al color político que dirija ese Estado--, muestran sus
reticencias a la hora de hacer las inversiones necesarias. En nuestro
país lo vemos con el presupuesto del Ministerio de Asuntos Sociales, y,
desde luego, nuestro Grupo duda mucho de que se pueda hacer realmente
algo serio cuando siempre se cuestione la financiación.
Pasando al tema de la Conferencia sobre Población y Desarrollo, no voy a
repetir la intervención (aunque los señores diputados que están en esta
Comisión no estuvieron en la Comisión Mixta sobre los Derechos de la
Mujer) entre otras cosas porque no lo considero necesario. Usted decía
que la conclusión a que había llegado es que había sido un éxito en su
resultado. Yo vuelvo a poner en duda que esto sea realmente un éxito,
sencillamente porque, como bien decía el portavoz de Convergència i Unió,
los Estados miembros, después, vuelven a sus territorios, hacen lo que
creen conveniente y, además, porque volvemos a toparnos con lo mismo,
señora Ministra: los aproximadamente 17.000 millones de dólares que se
supone han de invertirse para poder cubrir los objetivos que se ha
marcado la Conferencia sobre Población y Desarrollo no están tan siquiera
aceptados; es una cifra aproximada y fue un debate en el que todo el
mundo volvió a hacer lo mismo: decir que no podía o que dejaba de poder.
Sí quiero hacer hincapié en una cosa. Se ha hablado de desarrollo
sostenible y de desarrollo sostenido, que son dos cosas diferentes. Los
países desarrollados han dicho que van a mantener el desarrollo
sostenido, lo cual quiere decir que van a seguir agrediendo al medio
ambiente, que no van a transformar sus economías y, por tanto,
difícilmente podemos llegar a un desarrollo sostenible. el desarrollo
sostenible es la generación de una economía diferente respetuosa con el
medio ambiente y que, además, permita el desarrollo de los países que en
estos momentos están subdesarrollados. Por tanto, señora Ministra, cuando
los países desarrollados dicen que van a mantener un desarrollo
sostenido, nosotros difícilmente podemos creer que se puedan cubrir los
objetivos del desarrollo sostenible. Mientras los países desarrollados no
cambien nuestras políticas de consumo y nuestra política económica, los
países subdesarrollados seguirán siendo subdesarrollados y seguirán
teniendo los problemas de pobreza, los problemas de superación y todos
los relativos a ella: hambruna, falta de educación, etcétera. En
resumidas cuentas, señora Ministra, no tendrán bienestar, ni tan siquiera
el incipiente bienestar que tenemos en nuestro territorio.
Es de agradecer que usted diga que quiere mantener un diálogo abierto con
las fuerzas políticas de la oposición. Nosotros estamos abiertos a
colaborar, se lo agradecemos y esperamos que eso se vea plasmado en el
debate de los presupuestos del Ministerio de Asuntos Sociales. Así,
realmente no lo podremos creer; hasta ahora, en este sentido somos
bastante escépticos.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor
Arnau tiene la palabra.
El señor ARNAU NAVARRO: En primer lugar, quiero agradecer a la señora
Ministra su comparecencia y su detallada exposición sobre la política de
su Departamento, así como respecto a la reciente Conferencia sobre
Población y Desarrollo, celebrada en El Cairo.
No ha venido la señora Ministra, como es lógico --no tenía sentido--, a
hablar de la Cruz Roja, sin embargo mi Grupo propone a la Mesa de la
Comisión que se dedique una sesión monográfica para tratar todas las
comparecencias que están recogidas en el listado de temas pendientes de
la Comisión relacionadas con Cruz Roja, incluida la comparecencia de doña
Matilde Fernández.
Por otra parte, tampoco ha venido la señora Ministra a esta Comisión a
rendir cuentas de su gestión en lo que al ejercicio económico se refiere,
porque para eso está la Comisión de Presupuestos, donde ayer mismo tuvo
lugar la comparecencia del señor Subsecretario de Asuntos Sociales,
precisamente para explicar o rendir cuentas de la gestión del Ministerio
de Asuntos Sociales en el último ejercicio.
Nosotros, el Grupo Socialista, señalamos objetivos, como es el caso de la
presente comparecencia de la señora Ministra, y al mismo tiempo, rendimos
cuentas. Si hiciéramos como el Partido Popular, que en su programa se
carga --valga la expresión-- el Ministerio de Asuntos Sociales, no
tendríamos cuentas que rendir; pero, afortunadamente, no es el caso.
Voy a citar exclusivamente los temas a los cuales se ha referido la
señora Ministra: la política del departamento y la reciente Conferencia
de El Cairo. Creo que ambas cosas pueden considerarse plenamente ligadas;
si no son simétricas, sí tienen alguna relación. La Conferencia de El
Cairo se traduce en un plan de acción, que es fundamentalmente un plan
político de acción de cada gobierno. Sin embargo, yo añadiría aquí que en
las políticas sociales, las políticas en favor de la autonomía y de la
igualdad de la mujer, en favor de la protección del medio ambiente,
contra la pobreza, en definitiva, en favor del desarrollo, cada vez debe
tener más peso la acción personal, la acción de colectivos organizados,
la acción de las ONG. En todas estas políticas existe un compromiso
personal que, sin duda, debe ser fomentado e incentivado por los poderes
públicos --no cerramos nosotros el Ministerio de Asuntos Sociales--, pero
que, en suma, es una acción privada, por sus agentes y por el ámbito en
que se desarrolla. Por ejemplo, la mujer no gozará de autonomía ni de
libertad por mucho que acceda a puestos de responsabilidad en la sociedad
civil o en la política si en su entorno familiar sigue, por sí sola,
sobrellevando el peso de las tareas domésticas. De ahí que el compromiso
personal privado sea absolutamente necesario y, como ha dicho la señora
Ministra, el mayor protagonismo de la sociedad civil en la acción, en la
puesta en ejecución de las políticas sociales.
Es necesario también el voluntariado social, que, por cierto, no es un
invento del Partido Popular y en cuya promoción sabemos que la señora
Ministra está poniendo todo su empeño, como hizo también su antecesora.
Aquí se entremezclan los deberes públicos con los deberes privados, la
acción gubernamental con la acción, digamos civil, o digamos privada. A
convencer a la sociedad de esta realidad deben dirigirse en gran parte
las políticas del departamento de Asuntos Sociales; esto es, pensamos
nosotros, a la labor educativa, a través de los medios de comunicación y
de los medios de difusión cultural, que venza ciertas inercias.
Por lo demás, la Conferencia de El Cairo no ha sido, como desde algún
sector se ha pretendido ver, la conferencia sobre el aborto, como pudiera
desprenderse de la lectura de algunos medios de comunicación.
evidentemente, el aborto ha sido uno de los temas más importantes
tratados en la Conferencia, pero seguramente más debido a ciertas
inercias, a ciertas intransigencias, a ciertas faltas de visión, que al
propio peso del tema dentro del orden de los tratados de la Conferencia.
Pensamos que el debate sobre el aborto es una ficción cuando no se quiere
entender que nadie desea el aborto, y cuando el aborto se convierte en
necesidad todos somos algo responsables al no haber eliminado sus causas.
Nos alegra, señora Ministra, que, pese a la dificultad habida para
encontrar un consenso, éste se haya alcanzado en la declaración sobre el
aborto en la Conferencia de El Cairo.
Por otra parte, nos parece sumamente importante y destacable la
integración de las políticas demográficas en el desarrollo sostenible.
Creo que la señora Ministra ha sido muy precisa al emplear el término
sostenible vinculado
exclusivamente al desarrollo y, en relación con esto, los problemas de la
distribución de la población y las migraciones internas. Hay que
anticiparse al hecho --al cual se ha referido la señora Ministra-- de que
en muy poco tiempo la mitad de la población se va a concentrar en áreas
urbanas y es necesario incentivar desde los poderes públicos la
redistribución de la población entre zonas urbanas y zonas rurales. Los
programas mundiales de desarrollo están vinculados a los problemas de
población y, a su vez, los planteamientos demográficos tienen incidencia
sobre el desarrollo.
Este tema, junto a los derechos de la mujer y el novedoso que ha señalado
la señora Ministra sobre la salud reproductiva, los derechos
reproductivos y las acciones --yo añadiría también sobre el medio
ambiente y los fenómenos emigratorios--, han sido los temas de mayor
entidad tratados en El Cairo. El plan de acción consensuado debe
traducirse en políticas internas y en políticas internacionales.
En relación con nuestras políticas internas, pese a que existen ojos que
no quieren ver y oídos que no quieren escuchar, tengo que decir que en
España, en estos doce últimos años, se ha avanzado mucho. Esto se deduce
de cualquier análisis objetivo de la realidad, de un diagnóstico objetivo
de la situación. Pero sobre este análisis, sobre este diagnóstico, no
cabe, ni mucho menos, alzar la cresta y no valen jactancias, sino que el
análisis y el diagnóstico deben servir para trazarnos unos objetivos,
como los que ha señalado la señora Ministra, como los apuntados en la
intervención larga y precisa de la señora Ministra de Asuntos Sociales.
Como dijo el Secretario General de la Conferencia de El Cairo, el señor
Mafis Sadik, en su declaración final, el programa de acción que cubre los
próximos veinte años comienza en la realidad del mundo en que vivimos y
nos muestra la senda para conseguir una realidad mejor. El programa de
acción, dijo, contiene el potencial para cambiar el mundo. Hacia esta
realidad mejor se dirige la política del Ministerio de Asuntos Sociales
que es, como se ha dicho, una política redistributiva, que tiene sus
señas de identidad en la solidaridad, en la igualdad de oportunidades, la
protección de los colectivos más necesitados y el impulso de la actividad
asociativa, buscando siempre, como ha dicho la señora Ministra, el
mantenimiento de la cohesión social y territorial; principios, como he
dicho, vinculados al Estado social y democrático de Derecho y vinculados
también al Estado de bienestar. Todos ellos se traducen en políticas de
familia, de atención a los menores, de inserción de los jóvenes, a la
cual ha dedicado una expresa atención en su intervención la señora
Ministra, de integración de los discapacitados, de igualdad de la mujer,
de protección de los migrantes, etcétera, en definitiva, protección de
aquellos colectivos afectados por la desigualdad. Son políticas que
apoyamos sin incurrir en las contradicciones del Partido Popular que, por
una parte, critica el exceso de gasto social de los presupuestos para
1995 y, por otra, como hemos visto hoy, pide que se hagan más cosas por
parte del Ministerio de Asuntos Sociales.
Esta comparecencia, señora Ministra, nos parece en estos momentos de lo
más oportuna. Estos días, Madrid es la sede de la conferencia del Fondo
Monetario Internacional y del Banco Mundial, lo que ha sido aprovechado
por algunos para poner en cuestión nuestro sistema de protección social
desde las más rancias posiciones neoliberales. Si nuestro sistema de
protección social ha superado épocas de crisis, tanto más debemos
mantenerlo ahora al producirse claros síntomas de recuperación económica.
La llamada crisis del Estado de bienestar, sin dejar de reconocer que el
Estado de bienestar tiene problemas, problemas derivados del aumento de
la esperanza de vida, por ejemplo, o del descenso de la tasa de
fertilidad, en muchos casos es una crisis del Estado de bienestar que,
desde algunos sectores, aparece como interesada, incluso exagerada, hecha
a propósito desde sectores financieros, bancos, entidades privadas,
gestoras en muchos casos de fondos privados de pensiones.
La vuelta hacia posiciones políticas socialdemócratas en los países
nórdicos europeos expresa, creo que sucintamente, el desengaño neoliberal
y la aspiración ciudadana de contar con políticas que proporcionen
seguridad desde los poderes públicos a los ciudadanos. En la ejecución y
puesta en práctica de dichas políticas, sabe la señora Ministra que
cuenta siempre con el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES (Alberdi Alonso): Voy a intentar
responder de la forma más breve posible a las intervenciones de los
grupos parlamentarios que han hecho uso de la palabra. Se han tratado
muchos temas. Por un lado, el planteamiento de las políticas generales
del departamento es muy extenso y, al contestar, los grupos
parlamentarios han tenido que referirse a ellas y, además, a la
Conferencia de El Cairo.
Voy a responder, en primer lugar, a la representante del Partido Popular.
Se ha referido a que se anunciaba otro estilo en la gestión o que
habíamos dicho que queríamos dar un impulso democrático. Naturalmente, he
aludido al impulso democrático como un avance en la sociedad hacia las
posturas que podamos ir desarrollando de nuevas soluciones a los
problemas, también nuevos, que se van suscitando, sobre todo en la línea
de hacer partícipe cada vez más a los distintos grupos parlamentarios en
la acción de Gobierno, en la medida que haya propuestas por parte de los
grupos parlamentarios que sean asumibles por la acción de Gobierno. En
esa línea, me parece que es de agradecer aludir al impulso democrático.
Sin embargo, no lo ha entendido así la señora Diputada y no le ha
parecido nada bien, no sólo eso sino también bastantes más cosas.
Respecto a la droga y migraciones, le diré, por si no lo conoce, que hace
ya varios meses que la competencia relativa a las drogas pasó al
Ministerio de Justicia e Interior, con lo cual nada tiene que decir la
persona que hoy ha comparecido en relación con las políticas relativas a
la droga, porque dependen del Ministerio de Justicia e Interior, por lo
que lógicamente no se ha hecho ninguna mención a ese terreno.
Respecto a las políticas de migraciones, creo que he sido suficientemente
extensa y prolija sobre las políticas que vamos a llevar a cabo, y que
estamos llevando a cabo, desde el Ministerio de Asuntos Sociales.
Con relación a las transferencias del Inserso, de las que dice que se ha
realizado un cambio en las últimas semanas, le diré que, en lo que
respecta al Ministerio de Asuntos Sociales y al trabajo desde el Inserso,
venimos trabajando exactamente desde el mes de septiembre del año pasado,
mediante reuniones periódicas con todos los responsables de las distintas
comunidades autónomas, y eso se lo pueden decir las personas que están al
frente de las consejerías de bienestar social de las distintas
comunidades autónomas. Gracias a esa preparación que hemos hecho del tema
y al trabajo exhaustivo que se ha realizado de pasar información y tener
conocimiento de las distintas residencias, hogares, centros, etcétera,
que tiene el Inserso, de los costes y demás, ha podido llegarse a tiempo
para estar hablando de que va a ser desde el 1.º de enero de 1995 cuando
las comunidades autónomas del 143 van a asumir las competencias en
materia de servicios sociales del Inserso dentro de la Seguridad Social.
Luego, me ha planteado por qué no se transfieren todos los programas a
las comunidades autónomas. Pues mire usted, porque la Ley 9/1992 lo dice.
Es decir, hay un pacto autonómico, en el que participó el PP, esos pactos
autonómicos se plasmaron en una Ley en diciembre de 1992 y la propia Ley
dice que el Inserso tendrá las competencias correspondientes a todo lo
que son los programas que puedan incidir a nivel general en el Estado y
todo lo que es la ejecución del principio de igualdad y de equilibrio
interterritorial de las políticas. Entre ello, claramente están los
programas de investigación, como el Ceapat o los programas de turismo y
termalismo. Es claro que es uno de los programas en que se ve, de forma
más meridiana, que deben ser objeto de una acción por parte del Estado.
El programa de turismo, como les he dicho antes, no sólo tiene como
objetivo el bienestar de los mayores, es también un programa de fomento
del empleo, crea 21.000 puestos de trabajo y mantiene el sector turístico
en temporada baja. Es un programa que claramente se extiende más allá del
ámbito de una sola comunidad autónoma.
Usted se ha referido a qué va a pasar con los funcionarios. Lógicamente,
los funcionarios dejarán de pertenecer al Inserso y serán objeto de
redistribución en otras dependencias.
También se ha referido a que estamos aferrados a la distribución del 0,5
y dice que el sistema no es bueno para la distribución territorial. Le
diré que precisamente es uno de los programas que también se sostiene
dentro de la distribución territorial y que contamos con las comunidades
autónomas para la solución de las subvenciones y para resolver las
peticiones de subvención. Participan activamente las comunidades
autónomas y, además, son de enorme utilidad las consideraciones que nos
hacen sobre los programas que consideran de más interés para su
territorio. No obstante, el objetivo fundamental de este programa va
hacia entidades de ámbito nacional, pero que luego realizan sus
actividades y los programas, de acuerdo con las prioridades que determina
el Ministerio de Asuntos Sociales, en los distintos territorios.
Usted se ha referido al tema de las familias y de los programas en
relación con el apoyo a la familia. No ha sido usted sola, sino que han
sido también más representantes de otros grupos parlamentarios los que se
han referido al tema de la familia. Hay opiniones para todos los gustos.
Usted plantea que no se llevan a cabo iniciativas de apoyo a las familias
numerosas o con incentivos de tipo fiscal. Sin embargo, la representante
de Izquierda Unida considera que el esfuerzo debe ser dirigido
fundamentalmente a incrementar el apoyo a infraestructuras para que se
puedan beneficiar todas las personas, tengan familia numerosa o no la
tengan; es decir, hay todo un abanico de posibilidades y de prioridades
desde los distintos grupos. Lo que ha venido haciendo hasta ahora el
Gobierno creo que ha sido muy importante por el apoyo a las políticas
públicas de bienestar social, y en la medida en que esas políticas se han
llevado a cabo han beneficiado también a la familia, pero no cabe duda
que también hay otro tipo de apoyos, como pueden ser los incentivos de
tipo fiscal, algunos de los cuales han venido a propuesta de Convergència
i Unió y que han de ser atendidos.
Con independencia de que se haya filtrado o no a los medios de difusión
que yo haya podido anticipar una serie de medidas (que no las he
anticipado en ningún momento), he dicho que el Gobierno estudiaba con
verdadero interés y haría llegar a la Ponencia de Familia que se ha
constituido precisamente en esta Comisión todo tipo de sugerencias que
pudieran venir en relación con el apoyo a la familia, para, en el seno de
esa Ponencia, poder decir lo que fuera más adecuado. Eso no quiere decir
que estuviera ya acordado y que, por tanto, el Gobierno no haya apoyado
una iniciativa de ese tipo por parte del Ministerio de Asuntos Sociales.
No ha habido esa iniciativa por parte del Ministerio de Asuntos Sociales;
lo que sí ha habido es ver con buenos ojos los proyectos, las
iniciativas, las ideas que nos venían desde los distintos grupos, y tan
positiva es su propuesta o la de CiU respecto a las familias numerosas, a
la deducción por hijos o a la deducción de gastos de guardería como la
que me formula en el otro extremo, digamos, la representante de Izquierda
Unida, que alude a un tipo de apoyos en infraestructuras, en
equipamientos y que también me parece muy positivo. En esa línea hemos
trabajado mucho y yo creo que, en la medida de nuestras posibilidades,
debemos trabajar más.
Usted se ha referido al tema de Cruz Roja, y manifiesta que no he dicho
ni una palabra sobre Cruz Roja. Es que no tengo que decirla; creo que ahí
ha estado muy claro el Diputado del Partido Socialista. Hay aquí una
serie de peticiones de los grupos en relación con Cruz Roja, y lo que me
tienen que decir ustedes, como representantes de la soberanía popular, es
qué día vengo a hablar monográficamente del tema de Cruz Roja, y no sólo
yo, sino muchas personas que tienen que ver con ese tema. Estoy
absolutamente dispuesta a venir tan pronto como se me diga, incluso hubo
una cita ya hecha para finales de junio que luego se suspendió. Yo pensé
que se iba a producir la petición de comparecencia en el mes de
septiembre pasado, no
se ha producido, y estoy a su disposición. Además, le diré que ya hemos
remitido al Diputado de su grupo señor don Luis Ramallo (Rumores.) que
formuló petición sobre las auditorías de Cruz Roja de los años 1990, 1991
y 1992, que además se hicieron a petición de la anterior Presidenta de
Cruz Roja --eso también hay que decirlo--, y la del año 1993 no se ha
remitido porque no está realizada. Creo que ahí estamos demostrando la
mayor transparencia y el mayor deseo de explicar a los Diputados, por
supuesto, y a través de ellos a los ciudadanos, todo lo relativo al tema
de Cruz Roja.
Usted se ha referido a devolver el prestigio a la institución. Ojalá no
consigan ustedes desprestigiar a la institución poniendo en cuestión y
tergiversando lo que vaya saliendo. Yo creo que todos debemos hacer el
esfuerzo de mantener el prestigio de la institución.
Usted dice que descubrí el voluntariado; pues usted lo ha debido
descubrir también, porque a mí me llegaron noticias de que había hecho
una rueda de prensa, con grandes alharacas, sobre un proyecto de ley que
iba a tener entrada en el Congreso de los Diputados y del que no se ha
vuelto a saber nada. Por cierto, el texto me llegó, y me llamó mucho la
atención, porque hablaba nada menos que del 20 por ciento de deducciones
fiscales a quienes fueran voluntarios. Pues mire usted, o se es
voluntario o no se es voluntario, y si resulta que se es voluntario y se
deduce el 20 por ciento en el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas... Yo creo que usted apresuradamente lo retiró, porque era tal el
disparate que no se tenía; no encajaba el voluntariado con el texto que
usted anunció a los medios de comunicación.
Le diré que tengo bastante avanzada la carta del voluntariado. Hay una
cosa que creo se le debe decir a usted especialmente (y a todos los
demás, pero desde luego a usted, porque insiste en la rapidez de los
temas), y es que el trabajo en la Administración general del Estado, en
cualquier responsabilidad en una administración, no se puede hacer aquí
lo enuncio y aquí lo hago al día siguiente. Hay que trabajarlo, hay que
ponerse en colaboración con las comunidades autónomas, por lo menos en el
Estado de las Autonomías en el que estamos, que usted parece olvidarlo,
hay que cooperar con las comunidades autónomas; en temas de asuntos
sociales hay que tener en cuenta también a los municipios y provincias;
hay que coordinarse con el resto de los Ministerios; es decir, hay tal
cantidad de temas que hacer y tantas actuaciones que desarrollar que no
es muy fácil decir voy a realizar esto y traerlo inmediatamente. Tenemos
el tramo de una legislatura, y muchos de los temas que he dicho que iba a
traer los tengo a punto de realización, como pueda ser el plan de
inmigración o el Foro, o temas de reforma en cuanto a menores que hemos
anunciado; otros van a necesitar un poquito más de tiempo para poderlos
traer y desarrollar o para poderlos poner en marcha, por ejemplo el plan
integral de juventud, que se anunció se iba a hacer este año y yo espero
que se pueda hacer, pues está prácticamente ultimado y pendiente de la
aprobación en el Consejo Interministerial de Juventud. Naturalmente, las
cosas llevan un tiempo y yo espero poder cumplir con los compromisos que
he asumido ante ustedes como responsables de la soberanía popular.
Se ha referido usted a la protesta de los niños por la violencia. Esto es
cierto, son los propios niños, son las asociaciones de padres. ¿Qué vamos
a hacer? Yo creo que hay que intentar, por todos los medios posibles, que
se cumpla la ley llamada de fronteras, la ley de contenidos televisivos,
la ley que traspuso la Directiva de la Comunidad Europea.
Luego se ha referido usted al tema de la mujer. Creo que si hay un tema
en el que podamos estar satisfechos de lo que se ha llevado a cabo desde
el proyecto socialista es en el tema de la mujer, y lo digo sin
complacencias. Creo que es uno de los temas en que se ha avanzado más y
en los que más se ve el impacto de las políticas a lo largo de los años,
tanto en el empleo (aunque sigamos teniendo una tasa de desempleo muy
alta, y usted me dice que el mayor índice de paro de toda la Comunidad)
como en otros temas. ¡Usted parece olvidar que en España hemos hecho en
quince años lo que en otros países se ha hecho en veinte y treinta, que
hasta 1975 teníamos una dictadura y hasta 1978 no se aprobó la
Constitución! Señora Diputada, no puede ser que usted compare nuestra
situación en el tema de la mujer cuando además estábamos en una coyuntura
normativa, de ausencia de derechos de la mujer, verdaderamente
impresionante bajo la dictadura anterior. Hemos hecho las mujeres, y se
ha hecho desde las normas y desde los proyectos de avance de la mujer, un
esfuerzo extraordinario, pero verdaderamente los países europeos llevan
más años que nosotros en esa situación de derechos de la mujer. Con esto
no quiero decirle que no haya que seguir trabajando, por supuesto, y todo
lo que sea posible, para seguir avanzando en los derechos de la mujer y
en la igualdad de los derechos hombre-mujer.
En cuanto a la juventud y el acceso a la vivienda, los programas de
ayuda, los dos problemas fundamentales son el empleo y la vivienda. Usted
dice que nos hemos retrasado en las ayudas, y alguien más ha aludido a un
problema de gestión --me parece que ha sido la representación de
Izquierda Unida--, y se ha referido al tema de migraciones. Como bien les
explicó, creo, el Subsecretario del Departamento, hay temas en el
Ministerio de Asuntos Sociales en los que no se puede llevar a cabo la
gestión al ritmo de otros ministerios. Por ejemplo, un tema clarísimo son
las pensiones en el caso de las migraciones. Como no se puede realizar,
aparentemente aparece como que no hemos realizado la gestión, pero es que
la realización de la gestión tiene un tramo distinto y una ejecución
diferente que en otros temas, y creo que eso quedó suficientemente
aclarado ayer. Si quiere más aclaraciones la representante de Izquierda
Unida, le haremos llegar documentos y todo lo que haga falta,
acreditativo de que esto es así, para su propia tranquilidad y para que
vea que, efectivamente, si tenemos que hacer un esfuerzo, ha de ser en no
aumentar las trabas burocráticas en un Ministerio como el de Asuntos
Sociales, y créame que en absoluto las aumentamos, sino al revés, el
Ministerio de Asuntos Sociales está volcado en hacer la mejor gestión,
precisamente para agilizar todo lo que pueda ser que llegue el dinero
cuanto antes a
esas ONG, a esos programas, a esos ciudadanos que están trabajando y
ejecutando programas sociales en colaboración con nosotros y que, por
tanto, están trabajando coordinadamente con el Ministerio de Asuntos
Sociales.
En cuanto a El Cairo, la señora Diputada del PP, plantea que qué temas se
han avanzado, qué hubiera esperado el Gobierno español en temas de
educación y de desarrollo y luego nos dice que no tienen el documento del
plan de acción. Como dije el otro día en la Comisión Mixta
Congreso-Senado de la Mujer, les envié el informe de España y el resumen
del documento que teníamos, y que tan pronto como tuviera el documento se
lo enviaría. No lo tenemos todavía en el Ministerio de Asuntos Sociales,
estamos permanentemente al habla con la oficina de Naciones Unidas en
España y no existe todavía el documento del plan de acción en español.
Tan pronto como lo tengamos se lo mandaremos a todos los portavoces.
Pensábamos que lo íbamos a haber tenido para esta comparecencia y no lo
hemos recibido. Creemos que puede estar la semana que viene. En cuanto
esté el documento lo tendrán todos ustedes.
Al Diputado de Convergència i Unió le agradezco sus planteamientos con
respecto al acuerdo de principios y los objetivos finales. Es cierto,
como él ha dicho, que todo el arco parlamentario estamos de acuerdo en el
planteamiento de los objetivos sociales, como no puede ser de otra
manera. Luego, nos habla de esa voluntad de acuerdos que se va a ver
cuando discutamos el Presupuesto. Espero que podamos llegar a más
acuerdos de los que ya hemos llegado y si podemos avanzar en políticas de
ayuda a las personas con minusvalías, créame que tendrá el apoyo del
Ministerio de Asuntos Sociales. Pero muchas veces hay que pensar que no
se puede hacer todo a la vez y que hay que equilibrar y dar prioridad a
unos temas sobre otros. En ocasiones nos ocurre que aún considerando un
programa o un objetivo muy positivo, como nos puede pasar con el fondo de
pensiones, sin embargo nos encontramos con dificultades de crédito
presupuestario y con la necesidad de dar prioridad a unos temas sobre
otros. Sin duda, si hay propuestas en la línea de apoyo a las personas
con minusvalías, veremos si podemos hacer el esfuerzo de tener una
atención especial para estos grupos.
Con respecto a El Cairo, yo digo que ha sido un éxito, y verdaderamente
es cierto que estos foros internacionales tienen ese objetivo de toma de
conciencia y de creación de opinión, pero quizá por influencia de la
globalización de la economía, de la globalización de los medios de
comunicación, de la capacidad que tenemos ya para ver lo que está pasando
en todo el mundo, van teniendo cada vez más influencia y es más difícil
para los países destinatarios de las políticas no cumplir con lo que son
resoluciones acordadas en estos foros internacionales. Quizá se va
pasando cada vez más, y no creo que sea optimismo por mi parte, desde
declaraciones programáticas que no se cumplían a un compromiso por parte
de las naciones de cumplir con todo lo que en estas cumbres se acuerda.
En esa línea, aunque no se haya llegado a un compromiso de la
distribución de esos 17.000 millones de dólares de aquí al año 2000, sin
embargo sí que se ha discutido extensamente sobre el tema de la
financiación, porque se veía que si no se hablaba de la financiación nos
quedaríamos, como en otras ediciones, en una declaración programática. Se
ha tratado este tema con mucha responsabilidad por parte de los países
comprometidos en esta ayuda.
Con respecto a la intervención de la representante de Izquierda Unida,
también quiero agradecerle que esté de acuerdo, naturalmente, con los
objetivos del Ministerio de Asuntos Sociales. Efectivamente, a la hora de
ser eficaces tenemos que contar con un presupuesto, pero no comparto su
planteamiento en el sentido de que tenemos poco presupuesto.
Naturalmente, sería muy bueno tener mucho más, pero le diré que en
Asuntos Sociales --y esto lo sabe muy bien mi predecesora, que está aquí
hoy también--, con muy poco dinero, a veces se hace mucho y con muy poco
dinero se multiplican las actuaciones de las distintas administraciones.
Esto lo he comprobado con algunos programas que están teniendo verdadera
eficacia, que están siendo muy útiles socialmente y que no cuestan tanto
dinero.
En cuanto a la ley de participación y fomento del asociacionismo, estamos
trabajando en ello. Hay mucha ilusión por parte de los grupos y de las
ONG; sobre todo CAVE, la asociación de vecinos, está siendo muy activa en
esto. Creo que esta ley no la vamos a poder tener preparada de aquí a
tres o cuatro meses, sino que llevará su tiempo, pero pienso que va a ser
una buena ocasión de tener una ley posterior a la Constitución que no
sea, como he dicho al inicio, sólo de control, sino también de
dinamización del trabajo que se realiza desde el tejido social y desde
las asociaciones.
También se ha referido usted a la democratización de todas las
instituciones de gestión de las fundaciones y organismos tutelados por el
Ministerio de Asuntos Sociales. Estamos en ello. Dentro de Cruz Roja hay
un comité específico para trabajar en la democratización de los
estatutos, están trabajando muy activamente y es uno de los objetivos del
programa del nuevo Presidente de aquí al tiempo que dure su gestión.
Con respecto a la familia, ya he aludido a ello. Sé que hay una
proposición de ustedes sobre la ley de parejas que hemos estudiado con
todo interés en el Ministerio de Asuntos Sociales. Quiero que tengamos
una buena colaboración en este terreno y creo que podemos avanzar juntos
en un gran tramo.
Con respecto a la mujer, sé que no comparten la Diputada y su Grupo el
apoyo al contrato a tiempo parcial. Yo ya tuve ocasión de explicarle por
qué creía que el contrato a tiempo parcial podía mejorar la situación de
las mujeres, pero un contrato que fuera utilizado por hombres y por
mujeres y sin que implicara precarización ni una situación de menor
protección. También el Libro Blanco de Delors considera el contrato a
tiempo parcial como un contrato estrella, un contrato nuevo, un contrato
que enlaza con esas nuevas modalidades de contrato que están apareciendo
en una situación distinta en los mercados internacionales y en los que
las nuevas tecnologías están jugando un papel verdaderamente
extraordinario. Son contratos que a veces implican hacer el trabajo de
una forma distinta, incluso en el
propio domicilio, con computadoras. Es decir, que el cambio es tan
extraordinario en cuanto a medios y a los sistemas de producción que
precisamente ese tipo de contrato aparece como uno de los objetivos a
promocionar. Yo pienso que es bueno para las mujeres en esa línea de
compartir responsabilidad. Pero ya tuvimos ocasión de discutirlo en una
interpelación parlamentaria la Diputada y yo.
En cuanto a los anuncios de ofertas de empleo sólo para varones y las
entrevistas en las que se alude a si las mujeres están casadas o no y
tienen hijos, tomo buena nota de ello. Ya le puedo anunciar que voy a
comunicar al Instituto de la Mujer que actúe con los instrumentos que
tiene en su mano para impedir este tipo de prácticas.
Con respecto a la juventud, el objetivo de autonomía, ya me han oído,
espero poder tener a finales de este mes el plan integral de acción.
Con respecto a El Cairo, la Diputada pone en duda que haya sido un éxito.
Le digo lo mismo que he dicho en relación con las otras intervenciones.
Verdaderamente es importante la distinción que usted ha hecho --yo la
hice el otro día en la Comisión Mixta-- entre desarrollo sostenido y
desarrollo sostenible. Es una novedad que ya se anunció en Méjico, pero
que esta vez se consolida, debido a la influencia de las conclusiones de
la Cumbre de Río, el desarrollo sostenible. Se integran las políticas
demográficas en el desarrollo sostenible, porque precisamente se pide que
los países desarrollados generen nuevas prácticas de producción, de
consumo y que no gasten tantos recursos; pero todo esto entra dentro de
esas declaraciones programáticas de ese plan de acción que ahora hay que
poner en ejecución. Pero, desde luego, ese cambio está incluido en la
producción y en el consumo, sobre todo, esa integración de todas las
políticas para que de verdad puedan ser efectivas y se llegue a ese
equilibrio entre necesidades de la población y recursos disponibles.
Por último, agradecer al representante del Partido Socialista sus
palabras. Todo lo que ha dicho con respecto a la situación en cuanto al
plan de acción es muy positivo. Es positivo el plan de acción que se
aprueba en El Cairo. Sobre todo, creo que él ha aludido a una cosa muy
importante que yo he mencionado de pasada: la función de las ONG, los
líderes sociales y, sobre todo, los compromisos personales. Hay mucho en
este plan de acción de compromiso personal. Por eso, la toma de
conciencia sobre estos problemas es muy importante. La labor educativa,
la participación de los colectivos sociales, todo esto es clave; sobre
todo, el haber podido renovar el consenso mundial en temas de población y
de integración de las políticas de población en el desarrollo sostenible
es verdaderamente importante. Creo que, efectivamente, la ejecución de
este plan de acción va a cambiar la situación de la humanidad y, sobre
todo, la situación de las personas, especialmente mujeres y niñas que
están en una situación de mayor discriminación en cuanto al conjunto de
la población en los países en vías de desarrollo. Como él ha dicho, en
España se ha hecho mucho en los 12 últimos años y tenemos unos objetivos
en los que hay que seguir avanzando porque la situación va cambiando, se
van creando nuevas realidades, aparecen hechos nuevos a los que hay que
dar respuesta; tenemos que ser sensibles ante esas nuevas situaciones y
nuestro proyecto tiene que seguir avanzando. No podemos ser
autocomplacientes, pero sí hay que decir que el cambio extraordinario que
se ha operado en España en estos años tiene mucho que ver con las
políticas públicas y sociales de bienestar.
Precisamente como él ha dicho --y yo lo reitero y he comentado al inicio
de mi exposición-- es doblemente importante hoy, que se está hablando de
desmantelamiento del Estado del bienestar, que se está hablando en plan
alarmista de problemas de financiación del Estado del bienestar, y
tenemos que tener una postura mucho más firme de mantenimiento de lo que
ha sido una de nuestras señas de identidad y una de las cotas de avance y
de bienestar mayores que se han conseguido.
Por tanto, sin perjuicio de que racionalicemos el sistema, sin perjuicio
de que se introduzcan mejoras en el sistema, creo que debemos estar
satisfechos del trabajo que se ha hecho y seguir avanzando en esos
valores de solidaridad y en esas políticas de igualdad de oportunidades y
políticas compensatorias que, al fin y al cabo, son ejecución del Estado
social y democrático de Derecho.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra. Agradecemos su
presencia, una vez más, en la Comisión y damos por concluida su
comparecencia. (La señora Sainz García pide la palabra.)
Dígame, señora Sainz.
La señora SAINZ GARCIA: Yo desearía, señor Presidente, con su
benevolencia, poder aclarar a la señora Ministra algún extremo que, en el
fondo de su respuesta, me ha parecido no entender. Pero si no quiere la
señora Ministra contestarme...
El señor PRESIDENTE: No, señora Sainz. En días pasados --no sé si estaba
usted presente en la Comisión-- di carta de naturaleza a un procedimiento
que es consuetudinario, por llamarlo de alguna manera, es decir, producto
de la costumbre. Es aquel que lleva a que usted intervenga en primer
lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, y a partir de ahí los
grupos de menor a mayor. Esa no es una norma escrita y, sin embargo, yo
le he dado carta de naturaleza porque así se había hecho en pasadas
sesiones de la Comisión e incluso en pasadas legislaturas. Por tanto, si
eso lo he hecho con lo consuetudinario, imagínese lo que no haré con lo
reglamentario. Y lo reglamentario es que concluida la segunda
intervención de la señora Ministra concluye su comparecencia.
La señora SAINZ GARCIA: Señor Presidente, lo reglamentario en otras
comisiones es diferente. Por tanto, le agradecería que en aras del
impulso democrático...
El señor PRESIDENTE: Señora Sainz, lo reglamentario en otras comisiones
no puede ser distinto, porque lo reglamentario está escrito en el
Reglamento.
La señora SAINZ GARCIA: Sin embargo, es práctica.
El señor PRESIDENTE: Señora Sainz, sea benevolente. Le he concedido una
intervención que cuadriplicó el tiempo asignado en el Reglamento. Sea
usted comprensiva y benevolente con esta Presidencia.
La señora SAINZ GARCIA: Lo que soy es obediente, señor Presidente, pero
discrepo.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
COMPARECENCIA DE LA SEÑORA DIRECTORA GENERAL DE INSPECCION DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL (Cazorla Aparicio), PARA INFORMAR:
--DE LAS MEDIDAS QUE VA A ADOPTAR ANTE LA DECISION DE LA DIRECCION DE
TELEFONICA DE ESPAÑA, S. A., DE CERRAR LOS LOCUTORIOS PUBLICOS
TELEFONICOS GESTIONADOS POR LA CONTRATA, DANDO LUGAR AL CESE DE LOS
EMPLEADOS, COMO REACCION ANTE LAS RECLAMACIONES LABORALES SOBRE CESION
ILEGAL FORMULADAS POR DICHOS EMPLEADOS. A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL IU-IC. (Número de expediente 212/000687.)
--SOBRE LOS PROYECTOS Y ACCIONES DE DICHA DIRECCION GENERAL EN MATERIA DE
NUEVAS NORMATIVAS O ASIGNACION DE FUNCIONES QUE AFECTEN A LOS
CONTROLADORES LABORALES. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR.
(Número de expediente 212/000866.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, continuamos el trámite del orden del día
con la comparecencia de la Directora General de Inspección de Trabajo y
Seguridad Social, en un caso a petición del Grupo Parlamentario Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya y en otro caso a petición del Grupo
Parlamentario Popular, con temas distintos. Propongo a la señora
Directora General que unifique las comparecencias y que en su primera
intervención se refiera a la información que puede proporcionar a la
Comisión en relación con ambas peticiones.
De acuerdo con esto, tiene la palabra la señora Directora General.
La señora DIRECTORA GENERAL DE INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
(Cazorla Aparicio): Gracias, señor Presidente.
Buenos días, señoras y señores Diputados.
Inicio la comparecencia refiriéndome a los locutorios de Telefónica. Las
instrucciones que se han dado por parte de la Dirección General, en
realidad, no tienen carácter uniforme y hemos planteado como solución más
positiva la de que todas las actuaciones de la Inspección se centren y se
realicen en función de las sentencias que se vayan produciendo. Esto
tiene como motivo básico la seguridad jurídica, porque no son todas las
situaciones las mismas y tampoco son las denuncias exactamente iguales,
incluso las sentencias que se han producido son todas anteriores a las
medidas urgentes de reforma en materia de fomento del empleo y la
ocupación. En consecuencia, incluso se produce una serie de matizaciones
en una sentencia posterior, de enero de 1994, que ya tiene en cuenta la
nueva normativa a la hora de pronunciarse en cuanto a la integración de
estos trabajadores en las plantillas de Telefónica.
Las denuncias que se han producido han tenido como base la rescisión de
contratas de servicios que tenía contratados Telefónica con empresas o
con empresarios individuales. En casi todas ellas se pedía la
incorporación de estos trabajadores a la plantilla de Telefónica la
mayoría de las sentencias se han pronunciado en este sentido, pero
también en algunos casos se había pedido la rescisión de contratos y la
indemnización a los trabajadores afectados, como era el caso, por
ejemplo, de Alicante. En consecuencia, no parece que sea conveniente el
que se produzca una actuación uniforme por parte de la Inspección. No
estoy segura de si con esto contesto a lo que me preguntaba el señor
parlamentario, pero creo que sí, que en este aspecto doy respuesta a
aquello que me ha preguntado y, en todo caso, luego puede hacerme las
observaciones que estime pertinentes.
En cuanto a la pregunta del Grupo Popular sobre los controladores
laborales, señalaré que los controladores laborales son un cuerpo de
gestión en materia de inspección, que se crea al amparo de la Ley de
Medidas de Reforma de la Función Pública, en una disposición adicional
novena, que tiene unas atribuciones en materia de apoyo, colaboración,
gestión e incluso vigilancia de determinadas materias, en función de lo
que las directrices de la autoridad central determinen y también en
función de lo que determinen los jefes de los órganos provinciales de
esta Dirección General de la Inspección en este momento. Esto quiere
decir que actualmente tienen definidas unas funciones de apoyo
básicamente mediante dos decretos: uno, el que se refiere a la
integración de unos determinados funcionarios como controladores
laborales, y otro, que regula los cometidos y funciones que tienen
atribuidas. Es indudable que esta regulación no es satisfactoria, porque
la realidad es mucho más rica que la propia norma y también ésta era
excesivamente amplia y admitía todo o nada en función de las necesidades
que hubiera en ese momento. Por ello nos proponemos recoger en la nueva
ley ordenadora de la inspección, de la que ya existe un borrador de
anteproyecto que está en fase de información por las asociaciones
profesionales de inspectores y controladores, la figura del controlador
laboral bajo tres aspectos y con tres alternativas. Una de ellas parte de
considerarlos como cuerpo de gestión en materia de inspección y
centrándolo en competencias exclusivamente en el ámbito de la
Administración del Estado. Otra los contempla, y eso requeriría acuerdo
con las diferentes comunidades autónomas, como subinspectores, aunque
hemos elegido el modelo de la Subinspección de Hacienda con una serie de
competencias
limitadas y sin realizar la totalidad de las funciones atribuidas al
Cuerpo superior. Y la tercera alternativa es no regular en la propia ley
las competencias y funciones atribuidas a los controladores laborales,
aunque reconociendo que forman parte del sistema de inspección y dejando
a un posterior desarrollo reglamentario de la ley el supuesto de que no
se llegara a acuerdo con las comunidades autónomas, o en las comunidades
autónomas, o que el acuerdo fuera más difícil de alcanzar de lo previsto
y, por tanto, requiriera más tiempo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
el señor Fernández Díaz.
El señor FERNANDEZ DIAZ: Muchas gracias a la Dirección General de la
Inspección y también al portavoz de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya por ceder la prelación en cuanto a la intervención.
Como bien sabe la señora Directora General de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social, la petición de comparecencia formulada con ocasión del
interés que nuestro Grupo manifiesta en relación con el futuro de los
controladores laborales, interés que llega hasta el punto de que esa
petición es del 13 de julio, viene confirmada por el hecho de que el
anteproyecto de ley ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social, del que nuestro Grupo tiene conocimiento --es obvio que, como
ella ha dicho, está en estos momentos sometido a examen y conocimiento
público-- es de 27 de septiembre, de hace escasamente una semana. De su
lectura se desprende claramente que la petición de comparecencia que
había solicitado nuestro Grupo está plenamente justificada porque en el
mismo hay una clara indefinición de las funciones de los controladores.
Inclusive hay dentro de ese proyecto de ley alguna disposición, como la
final segunda, que me parece bastante emblemática en este sentido. Por
ejemplo, en una primera redacción se dice: «El Cuerpo de Controladores
Laborales, como Cuerpo de Gestión en materia de Inspección de Trabajo y
Seguridad Social, creado por la disposición adicional novena, tres, de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función
Pública, pasará a denominarse Cuerpo de Controladores de Empleo y
Seguridad Social con los cometidos y atribuciones establecidos en esta
ley.»
Sin embargo, a continuación se dice lo mismo, pero que ese Cuerpo de
Controladores Laborales pasará a denominarse Cuerpo de Subinspectores de
Trabajo y Seguridad Social, con los cometidos y atribuciones establecidos
en esta ley.
Es decir, que claramente en ese proyecto de ley, y en todo su articulado
así consta, se mantiene una dialéctica de subinspectores de Trabajo y
Seguridad Social versus controladores de Empleo y Seguridad Social, lo
cual quiere decir que el Ministerio no tiene las ideas claras. No lo digo
en este caso concreto como una crítica especial, sino para constatar una
situación que --insisto-- justifica claramente que nosotros quisiéramos
escuchar directamente de la Directora General de la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social cuál es el criterio del Gobierno en relación con esta
cuestión, conscientes de que es un asunto que tiene que resolverse.
Somos conscientes de que efectivamente el futuro de los controladores
laborales puede ser como subinspectores, a imagen y semejanza --en la
medida en que esa imagen y semejanza sea conveniente y posible-- de lo
que fue, en el ámbito de la Inspección Financiera y Tributaria del
Estado, como Cuerpo de Gestión de la Hacienda Pública, la creación del
Cuerpo de Subinspectores. Nuestro Grupo es consciente de que la solución
de futuro de este Cuerpo y de sus cometidos y atribuciones, desde la
inseguridad jurídica y, en consecuencia, también de alguna manera, desde
la inseguridad laboral que se desprende de la provisionalidad o
indefinición de los decretos que regulan las competencias y funciones de
este Cuerpo que fue creado preceptivamente, de una manera no diré
atípica, pero que en todo caso da pie efectivamente a una cierta
inseguridad jurídica, como es una disposición adicional de las muchas que
contiene la Ley de Reforma de la Función Pública, la Ley 30/1984, no se
podrá resolver de una manera adecuada si no es en el contexto de una
nueva ley ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a
cuyo anteproyecto ha hecho referencia la señora Directora General y al
que yo también he aludido.
Quiero decir que no sería bueno que desaprovecháramos esta comparecencia
evitando hablar del todo y para que en el contexto de la eventual reforma
y futuro del todo no encontremos la respuesta a la parte. El todo sería
el sistema de inspección de Trabajo y Seguridad Social y una parte de ese
todo, de ese sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sería
el de los controladores laborales, bien como controladores de Empleo y
Seguridad Social, bien como subinspectores de ese sistema de inspección
de Trabajo y Seguridad Social.
Ahí sí que hago tres o cuatro referencias para no alargarme demasiado. En
primer lugar, tenemos el conflicto que se deriva --y no me parece grave
el que haya un conflicto, sino que todavía no hayamos encontrado una
solución satisfactoria para la resolución del mismo-- de la
generalización de la transferencia de la competencia de ejecución de la
legislación laboral de la Ley 9/1992, subsiguiente al Pacto autonómico.
Si hasta ahora la competencia de ejecución de la legislación laboral sólo
la tenían las comunidades del artículo 151, desde la Ley 9/1992 la van a
tener todas las comunidades autónomas y, por tanto, ya no va a haber una
dualidad en cuanto a las posibilidades de incardinación orgánica y
funcional de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, puesto que todo
el territorio nacional, todas las comunidades autónomas tendrán la
competencia de ejecución de la legislación laboral, y si tenemos presente
que el funcionario ha de seguir a la función, es evidente que los
funcionarios del Cuerpo Nacional de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social deberán seguir, desde un punto de vista funcional, a esas
funciones que van a ser transferidas por la vía de ejecución de la
legislación laboral.
¿Cómo se hace compatible esa realidad con el hecho de que es un Cuerpo
Nacional y con lo que se contiene en la
reforma laboral en lo que hace referencia a la unidad de Cuerpo, unidad
de acceso al Cuerpo, unidad de traslados, etcétera? Ese es un problema, y
me gustaría saber, a través de la Directora General, cómo piensa el
Gobierno afrontarlo --insisto-- en beneficio de la función inspectora.
En segundo lugar, tenemos que el proyecto de ley de acompañamiento al
proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1995 contiene
también una disposición en la que se adscriben a la Tesorería General de
la Seguridad Social funcionarios del Cuerpo Nacional de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social. No se hace más referencia a esa cuestión y no
sabemos si eso pudiera ser el inicio de una compartimentación de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social que iría en contra de lo que
recientemente aprobamos, que se incorporó como una nueva disposición
adicional a la Ley de Infracciones y Sanciones al Orden Social de 1988,
en esa reforma laboral que recientemente han aprobado las Cortes
Generales, pero en la medida en que así fuere, efectivamente estaríamos
yendo en contra del espíritu de la Ley, de lo que pactamos entonces, de
lo que se ha convertido ya en Ley y, por otra parte, en contra de lo que
razonablemente es deseable, y es que haya un sistema de inspección de
Trabajo y Seguridad Social a nivel de toda España, sin perjuicio
--insisto-- de las eventuales adscripciones orgánicas y funcionales a las
diferentes comunidades autónomas y en función de los ámbitos materiales
competenciales que hayan asumido de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
9/1992, por lo que hace a las comunidades del artículo 143, y lo que
tienen ya asumido, en virtud de sus Estatutos, las comunidades del
artículo 151 de la Constitución.
Está también el riesgo de compartimentación que se deriva no sólo de la
lectura de ese proyecto de ley de acompañamiento por la vía de la
Tesorería General de la Seguridad Social, sino que hay hechos fácticos
como que, efectivamente, el Instituto Nacional de Empleo está ahí y
podemos encontrarnos con que la Inspección también se vaya
compartimentando por la vía de que, a los efectos de combatir el fraude
en materia de desempleo, pudieran asignarse inspectores también al
Instituto Nacional de Empleo. Y por la vía de la fiscalización y
vigilancia del cumplimiento de la legislación en materia de seguridad e
higiene en el trabajo, tendríamos lo mismo que podía hacerse por la vía
de los, antaño, gabinetes técnicos provinciales de seguridad e higiene en
el trabajo, que han sido transferidos ya a las comunidades del 151 y que,
previsiblemente, van a ser transferidas a las comunidades del 143. Con lo
cual, por la vía del empleo en cuanto a adscripción al Inem, por la vía
de la fiscalización y vigilancia del cumplimiento de las leyes relativas
al sistema de la Seguridad Social en cuanto a la adscripción de
inspectores de trabajo a la Tesorería General de la Seguridad Social, por
la vía de adscripción de inspectores a los institutos de seguridad e
higiene o gabinetes técnicos provinciales de seguridad e higiene,
tendríamos una ruptura absoluta de la función inspectora del Cuerpo
Nacional y, repito, ése es un hecho fáctico que nos tememos que pueda
comenzarse por la propia dinámica de los hechos, y pudiera ser un atisbo
de lo mismo lo que hemos visto en el proyecto de ley de acompañamiento.
En todo caso, nos gustaría saber la opinión autorizada al respecto de la
señora Directora General, para confirmar estos temores o, por el
contrario, para ver que son riesgos que, en todo caso, al estar
controlados, no van a ser susceptibles de convertirse en tragedias para
el sistema integral de la inspección de Trabajo y Seguridad Social que el
país necesita.
Es evidente, insisto, que en el contexto de toda esta realidad el futuro
de los controladores laborales se ve que es una parte de ese todo.
La señora Directora General ha hecho referencia al proyecto o
anteproyecto de ley ordenadora de la Inspección. Yo he hecho ya
referencia a que ahí se contempla una posibilidad dual de que se
conviertan en controladores de empleo y Seguridad Social o que se
transformen en subinspectores. En todo caso, creo que lo importante
--coincidirá conmigo, señora Directora General-- es que el sistema
integral de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que necesita un
Estado social y democrático de Derecho, como el español, Estado complejo
y descentralizado como corresponde a un Estado autonómico, a un Estado de
las autonomías, requiere bastante imaginación. Nos gustaría ver esa
imaginación como respuesta a todas estas realidades que se vislumbran y,
sobre todo, ver claramente esa imaginación en el Gobierno para que,
efectivamente, los interlocutores sociales puedan seguir confiando en la
Inspección de Trabajo como cuerpo especializado del Estado para el
cumplimiento de esa función que las leyes le asignan y que, en
definitiva, responde al hecho de que el Estado no puede ser neutral, y
mucho menos un observador pasivo, en el complejo mundo de las relaciones
laborales, donde los sindicatos tienen su papel, donde las organizaciones
patronales tienen su papel, pero donde el Estado tiene su papel, papel
que sin duda debe ejercer de manera especial, por no decir de manera
exclusiva ni excluyente, pero en todo caso de manera especial, a través
de un sistema adecuado, integral, unitario, compatible con la
descentralización de un Estado autonómico, de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social.
Para terminar, quisiera decirle a la señora Directora General que en su
segunda intervención --ya que yo no voy a tener oportunidad de hacerlo de
acuerdo con la práctica reglamentaria a la que hacía referencia el señor
Presidente de la Comisión--, se manifieste sobre dos cuestiones. En
primer lugar, que para resolver todo esto son necesarias muchas cosas,
pero, desde luego, el catálogo de puestos de la Inspección de Trabajo
--asignatura pendiente desde hace muchos años-- es una de las respuestas
necesarias y, en segundo lugar, que el Presidente del Gobierno, en el
reciente debate sobre el Estado de las autonomías en el Senado, hizo
referencia a la remisión de un proyecto de ley de reforma de la
administración periférica del Estado. Sin duda, en la medida en que esa
reforma pueda hacer desaparecer las direcciones provinciales del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se observará la urgencia que ya
tiene el que decida cómo se va a organizar territorialmente y a nivel
central ese sistema de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
La señora VICEPRESIDENTA (Rivadulla Gracia): A continuación, por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya tiene
la palabra el señor Peralta Ortega.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señora Directora General, por su
comparecencia.
En la medida en que hemos unificado las intervenciones, me va a permitir,
señora Directora General, que comience haciendo referencia a la petición
de comparecencia formulada por el Grupo Popular que contempla las
funciones a asignar en futuras normas a los controladores laborales.
Esta comparecencia me ha parecido interesante en la medida en que se
trata de dar respuesta a una realidad importante existente en la realidad
laboral de nuestro país. He seguido con interés la intervención del
representante del Grupo Popular, que me ha parecido que ha hablado de
criterios quizá genéricos, pero interesantes de cara a lo que debe ser
una nueva ordenación de la Inspección de Trabajo, que el otro día, en
concreto la semana pasada, el propio Ministro de Trabajo anunciaba que
formaba parte de uno de los objetivos de su política en esta legislatura.
En relación con este tema, señora Directora General, creo que se corren
dos riesgos, al menos en opinión de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya. Uno de estos riesgos sería ir tomando medidas parciales. El
propio representante del Grupo Popular ha hecho referencia a algunas de
ellas, como el ir adscribiendo inspectores de trabajo a distintas
finalidades: tesorería, seguridad e higiene en el trabajo, etcétera;
medidas que prevean transferencias sin que exista un cuadro claro de qué
es lo que se quiere hacer con la Inspección de Trabajo. Se habla de la
posibilidad de llevar a cabo transferencias y, por otro lado, se declaran
cuerpos nacionales que sólo afectan a la Inspección de Trabajo, etcétera.
Esto, en nuestra opinión, sería un grave problema: ir tomando medidas
parciales, ir poniendo parches que, en definitiva, pueden llegar a
complicar una solución global de conjunto, que, en nuestra opinión, sería
la que tendría que abordarse.
El segundo riesgo que se corre es que nos dejemos llevar por esa
corriente de liberalismo puro y duro que últimamente azota este país;
incluso invitamos a que vengan a darnos lecciones sobre esto para luego
tener que protestar de la dureza con la que nos las dan.
En ese sentido, pretender que la Inspección de Trabajo tiene que quedar
al margen de intervenir las normas que surgen como consecuencia de los
acuerdos entre las partes y quitarle competencias a la Inspección de
Trabajo en aras de una pretendida libertad que, en definitiva, no haría
más que legalizar y dar validez, por la vía de hecho, a los
incumplimientos empresariales, nos parece que sería un tremendo error,
aún más grave, posiblemente, que el primero, en la medida en que
contribuiría a una mayor indefensión por parte de los trabajadores en
este país. Esos dos riesgos nos parece que son importantes. Ahora bien,
no cabe duda de que hay que encontrar una solución a este tema. Nosotros,
la pasada semana, en la comparecencia del Ministro de Trabajo,
celebrábamos que se nos anunciara una nueva ordenación de la Inspección
de Trabajo, pero creemos que esa nueva ordenación de la Inspección de
Trabajo no tiene que limitarse, como la Ley de 1962, a prever o a
contemplar el Cuerpo de Inspectores de Trabajo, sino que tiene que
contemplar la realidad de un servicio en el que hoy se integran distintos
cuerpos, y que es necesario primar la función de ese organismo, de ese
servicio, sobre lo que puedan ser disputas corporativas entre unos y
otros. Nos parece que eso supondría que los árboles nos impidieran ver el
bosque, y el bosque es una realidad laboral muy deteriorada en nuestro
país, con una Inspección de Trabajo particularmente necesaria, a
diferencia de las realidades laborales de otros países, y que, en ese
sentido, llevar a cabo una regulación unitaria, moderna y adecuada a la
realidad de nuestro país, desde la perspectiva y desde la premisa de un
Estado Social y Democrático de Derecho, como dice nuestra Constitución,
desde luego debe dar lugar a una nueva ordenación de las funciones de la
Inspección de Trabajo que, en nuestra opinión, debe pasar, lógicamente,
no sólo por consultas a las asociaciones profesionales de los propios
cuerpos que integran esa Inspección, sino también, qué duda cabe, con los
sindicatos y con los empresarios; en particular con los sindicatos,
puesto que una de las funciones de la Inspección de Trabajo es vigilar el
cumplimiento de la legislación laboral, que tiene como objetivo proteger
al trabajador, fundamentalmente. De ahí que la opinión de los sindicatos
nos parezca especialmente valiosa, en lo que se refiere a este tema.
Señora Directora General, ése es un trabajo muy importante, y nosotros le
animamos a que se lleve a cabo con la urgencia que requiere una situación
difícil del mercado laboral en nuestro país, pero, al mismo tiempo, con
la prudencia y con la sabiduría de que se está abordando un instrumento
muy importante en las relaciones laborales y que es necesario llevarlo a
cabo bien, y no dejarse llevar por una política de parcheos, en nuestra
opinión, que puede complicar la situación más que resolverla.
Por lo que se refiere al otro tema objeto de su comparecencia, solicitada
por nuestro Grupo, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, me ha
parecido poder resumir su breve intervención, señora Directora General,
diciendo que, por una parte, se había acordado esperar a sentencias, y
por otra, que se había decidido centralizar las actuaciones en la
Dirección General, más o menos, porque las situaciones no eran uniformes.
Me ha parecido entender que ése era un poco el criterio con el que se
había actuado hasta la fecha.
Señora Directora General, yo creo que conoce usted perfectamente la
situación, pero creo que tampoco está de más recordarlo. La Compañía
Telefónica, que es una empresa participada en parte por el Estado y que
ha gozado de monopolio durante décadas en nuestro país, ha gestionado
durante mucho tiempo locutorios que estaban radicados, en unos casos, en
capitales de provincias y, en otros casos, en pueblos, fundamentalmente
en pueblos, mediante contratas con personas que aparecían como
empresarios del personal que trabajaba en ese locutorio. Este mecanismo
posibilitaba a la Compañía Telefónica tener un personal trabajando en
servicios telefónicos sin aplicarles el
convenio de la empresa, porque no era personal de la empresa, era
personal de las contratistas, de quienes figuraban formalmente como
titulares de esas contratas. Desde el punto de vista del coste laboral,
social, etcétera, era un enorme ahorro para la Compañía Telefónica y, qué
duda cabe, que eran unas condiciones notoriamente inferiores para los
trabajadores.
En la época de la dictadura esta situación se llegó incluso a legalizar y
se aprobó una ordenanza para las contratas de Telefónica.
Afortunadamente, la democracia ha permitido ir revisando estas
situaciones, y este proceso de revisión ha culminado, después de
distintos escarceos, de distintas sentencias contradictorias, con dos
sentencias de unificación de doctrina de la Sala IV del Tribunal Supremo,
una de 15 de julio de 1993, y la otra de 17 de noviembre de 1993. Estas
dos sentencias afirman que el personal de estas contratas es personal de
plantilla de Telefónica, y quiero llamar la atención sobre el dato de que
son sentencias dictadas por el Tribunal Supremo en unificación de
doctrina, resolviendo un pleito con carácter genérico.
Cuando se produce la segunda de estas sentencias, el 17 de noviembre de
1993, la reacción de la Compañía Telefónica de España el día 19 de
noviembre, dos días después, es cerrar todos los locutorios y despedir a
todos los empleados que trabajaban en los mismos.
Estos son hechos uniformes en toda España; estos hechos han podido ser
denunciados por los empleados con un fundamento o con otro añadiendo un
detalle u otro, pero la realidad es ésta: dos sentencias del Tribunal
Supremo de modificación de doctrina declarando que ese personal es
personal de plantilla de Telefónica y la respuesta de Telefónica el 19 de
noviembre, dos días después de la segunda, es cerrar y despedir a todos.
A nosotros, señora Directora General, estos hechos nos parecen muy
graves, primero, porque es una empresa pública, y a las empresas públicas
habrá que pedirles un especial rigor en el cumplimiento de la
legislación. Aquí nos encontramos con que unos trabajadores que ejercitan
un derecho básico, como es el derecho de recurrir a los tribunales, a
pedir lo propio de un Estado de Derecho, a pedir la aplicación de la Ley
cuando consiguen una sentencia favorable que les ponen de patitas en la
calle. Hay un despido, en nuestra opinión, claramente atentatorio a
derechos constitucionales.
Hay unos cierres de centros de trabajo decididos por la empresa,
legalmente sin ninguna duda Telefónica, según había establecido el
Tribunal Supremo en esas dos sentencias, hay unos cierres de centro de
trabajo prescindiendo absolutamente de todo mecanismo legal, pura y
simplemente despido de toda la gente. Conoce perfectamente la Directora
General la comunicación que hace Telefónica, y tengo aquí un ejemplar de
ello, y hay hasta el momento de ese cierre una cesión ilegal evidente,
que el Tribunal Supremo la declara como tal y declara que son plantilla
de Telefónica.
Yo creo, señora Directora General, que sin más detalles, que pueden ser
distintos en cada zona, puede haber muchos complementos, pero estos tres,
según la narración de hechos, con estas tres características yo creo que
son uniformes.
Me llama la atención, señora Directora General, el que en respuesta a
algunas denuncias que presentaron los trabajadores afectados, por
ejemplo, se contestara el 25 de noviembre de 1993, cuando ya se había
producido la segunda sentencia del Supremo, no ya la primera, la segunda,
diciendo: «... debiendo suspenderse la actuación inspectora, a la espera
de que la jurisdicción del orden social resuelva el conflicto planteado.»
Al día de hoy, no me dice usted, señora Directora General, que se haya
tomado ninguna actuación concreta, y hay montones de denuncias a lo largo
de todo el Estado español. Conoce también perfectamente la Directora
General que esos despidos han sido declarados ilegales por los tribunales
superiores a los que se ha ido. Tengo aquí, por ejemplo, una sentencia de
abril del 94, del Tribunal Supremo de Justicia de Galicia, declarando el
despido improcedente y condenando a la Compañía Telefónica a las
consecuencias legales del mismo.
Creo, señora Directora General, que el retraso en la actuación por parte
de la Inspección de Trabajo en relación con estos temas y la práctica
paralización, en la medida en que no me ha dicho que efectivamente se
hayan adoptado las medidas oportunas al día de hoy, sólo sirve para
legalizar la actuación de una empresa pública, señora Directora General,
que, desde nuestro punto de vista, por ser pública no tiene que tener
privilegios; ya ha tenido muchos a lo largo de la historia y los conoce
perfectamente la Directora General. Por el contrario, quizá sería la
ocasión para intervenir por parte de la Directora General, cuando se
contempla una actuación tan claramente contraria a Derecho como la que se
ha llevado a cabo en este caso concreto, que, por el hecho de recurrir a
los tribunales laborales pidiendo una cosa que los tribunales laborales
terminan reconociendo, cientos de trabajadores se vean en la calle.
Ya tuve ocasión de preguntar al señor Ministro de Obras Públicas, desde
el punto de vista de un servicio público, qué opinión le merecería que se
hubiera cerrado, de la noche a la mañana, toda una serie de locutorios
telefónicos. Me dijo también que pediría un informe y que algún día me
daría información. Esto, que ocurría, si no recuerdo mal, en mayo de este
año, hasta la fecha no ha producido ningún resultado.
Creo, señora Directora General, que la Inspección de Trabajo, ante este
tipo de asuntos, tiene que intervenir, y tiene que intervenir atendiendo
a la gravedad de los hechos que le han sido denunciados y atendiendo
también a las circunstancias que rodean este tipo de actos.
Creo que, ante una reforma laboral que sitúa mal la posición de los
trabajadores, ese tipo de actuaciones por parte de la Dirección General
de la Inspección de Trabajo no contribuye a que se vean mínimamente
protegidos los derechos de los trabajadores.
La señora VICEPRESIDENTA (Rivadulla Gracia): Por el Grupo Socialista,
tiene la palabra el señor Arnau.
El señor ARNAU NAVARRO: Para saludar a la señora Directora General y
agradecer su comparecencia en esta Comisión.
Por lo demás, tiempo habrá para que el Grupo Parlamentario Socialista
manifieste su posición sobre el Cuerpo de la Inspección de Trabajo y el
Cuerpo de Controladores Laborales en el momento en que conozcamos el
proyecto de ley de la Inspección de Trabajo, que fue anunciado como
inminente la semana pasada por el señor Ministro de Trabajo y Seguridad
Social.
La señora VICEPRESIDENTA (Rivadulla Gracia): Para responder a SS. SS.,
tiene la palabra la señora Directora General.
La señora DIRECTORA GENERAL DE LA INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD
SOCIAL (Cazorla Aparicio): Espero haber anotado todo y dar respuesta a
las cuestiones que me han planteado SS. SS.
En primer lugar y por lo que respecta a la intervención del Grupo
Popular, quiero destacar los siguiente. Realmente, el proyecto, que se ha
dado primero para distribución de las asociaciones profesionales y
pretendo que después se debata incluso en unas jornadas técnicas de la
Inspección de Trabajo que se van a celebrar, está todavía en una fase
interna, de no distribución a agentes sociales ni de tramitación inicial
de tal procedimiento. No sé si las asociaciones profesionales lo han
distribuido por su cuenta por la situación y en las condiciones en que se
les dio ese texto, que son tres textos alternativos, precisamente en
función de la solución que se adopte respecto de los controladores
laborales, pues se pretendía exclusivamente oír las opiniones de todos,
que se conocieran y que se debatieran ampliamente porque me parece que es
una ley que debe tener el mayor consenso posible.
El proyecto de ley habla de tres alternativas en cuanto a los
controladores laborales porque cualquier cosa que suponga un incremento
de las funciones que les corresponde entra ya en materia de ejecución de
legislación laboral, por tanto competencia de las autonomías, y eso
requiere un pacto o acuerdo anterior respecto a cómo se va a regular y si
las autoridades autonómicas correspondientes consideran necesaria la
existencia o no de un cuerpo bien de subinspectores o bien de gestión,
exclusivamente en otros terrenos y centrado más en aspectos
administrativos o internos que en los de la propia Inspección. Por eso,
no nos pronunciamos por ninguna alternativa porque estamos, precisamente
en este momento, en fase de discutir este tema con las distintas
comunidades autónomas.
Hemos hablado ya con Cataluña. Hemos fijado fechas para hablar con
Galicia, con Andalucía también y así sucesivamente con todas las
comunidades autónomas, porque requiere el acuerdo con todas ellas. Por
tanto, la ley aquí previamente es necesario que llegue a ese acuerdo, de
ahí que no se haya distribuido.
Desde luego, lo que no hay es un ánimo de fragmentar la Inspección,
porque, precisamente, lo que motivó el que se declarara Cuerpo Superior
de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social es ese estado social, que es
el nuestro, y que se declara así constitucionalmente, y lo que se
pretende es la mayor eficacia. Y cuando se habla de adscripción a la
Seguridad Social, por ejemplo, en el proyecto de ley de acompañamiento a
los Presupuestos Generales del Estado, se está pensando en unas
adscripciones funcionales, fruto de la reflexión y conclusiones a las que
ha llegado el grupo de lucha contra el fraude, que se creó en el seno de
la Agencia Estatal Tributaria, que considera muy recomendable la mayor
colaboración con la Seguridad Social e incluso la formación de grupos o
de unidades, que pueden ser operativas o no; no se define específicamente
ese tema. Lo que buscamos es la mayor eficacia en la lucha contra el
fraude, que es algo que no debemos olvidar, que debemos tener también
siempre presente.
Yo creo que nada impide la especialización funcional porque en todos los
datos que obran en la Inspección, y quizás tenga oportunidad de hablarles
de ello, si ustedes tienen la amabilidad de invitarme en una futura
comparecencia para que analice los resultados de la Inspección, hemos
observado que allí donde se ha actuado por grupos especializados, dentro
de la unidad de la Inspección, ha habido muchísima más eficacia que
cuando se ha actuado atendiendo reclamaciones y, alternativamente,
atendiendo otras funciones, como puede ser ésta de lucha contra el
fraude, seguridad e higiene, etcétera.
Por eso, el hecho de que preveamos que se vayan a realizar adscripciones
funcionales o incluso especialización dentro de la unidad yo creo que no
impide ni rompe el carácter unitario de la Inspección. Lo mismo pasa en
Seguridad e Higiene o en cualesquiera otras actuaciones. Pero la idea que
tenemos --si es posible-- es la de mantener unida a la Inspección de
Trabajo, sobre todo para que sea una realidad ese principio de unidad de
actuación. Pero tampoco hemos de olvidar que la enmienda, la disposición
adicional a la LISOS, que se introdujo en su día establece también la
posibilidad de adscripción de funcionarios a las distintas
administraciones en el caso de que fuera necesario; bien es verdad que lo
vincula a un acuerdo, y en eso estamos, precisamente, en la búsqueda de
acuerdos que garanticen la mayor eficacia de la Inspección, el que no se
pierda el motivo por el cual se declaró Cuerpo Nacional al Cuerpo
Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y que se mantengan
criterios de unidad, de defensa, criterios sociales uniformes en todo el
territorio nacional puesto que, si no, se establecerían diferencias y
discriminaciones en unos sitios y en otros en función del modelo de
Inspección por el que se pudiera optar. Eso es lo que pretendemos hacer;
lo que pasa es que no podemos ser mucho más explícitos porque estamos
negociando, hablando, intentando buscar esos acuerdos a que nos vincula
la propia disposición adicional de la LISOS, y que queremos llevar
adelante.
En cuanto a los controladores laborales, vuelvo a insistir en que estamos
hablando también con las autonomías, con todas las autoridades
autonómicas correspondientes, porque si lo que desean también es un
cuerpo de subinspectores, y lógicamente requeriría ampliar sus
competencias a otras materias, en ese caso también quedaría justificada
la declaración de Cuerpo Nacional de estos funcionarios, y así se prevé
incluso en el anteproyecto de ley, pero siempre que sean competencias
compartidas en lo que es competencia de la Administración General del
Estado y lo que es competencia autonómica.
Realmente, si eso es así, no creo que tampoco hubiera mayor problema,
pero, si las competencias se quedan exclusivamente en el terreno de lo
que es competencia estatal, no hay motivo para declarar, por ejemplo,
Cuerpo Nacional a un cuerpo de gestión y de apoyo y colaboración a la
Inspección, centrado básicamente en la lucha contra el fraude en aspectos
de seguridad social y empleo hoy por hoy. Ese es el planteamiento que
tenemos y, desde luego, todos nuestros esfuerzos y los de las autoridades
autonómicas, por lo menos con las que he estado hablando, van dirigidos a
buscar precisamente aquello que usted, e incluso el representante de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, han manifestado como deseable
en sus intervenciones. Por tanto, buscamos un aspecto unitario y la
organización integral de la Inspección de Trabajo.
En cuanto al catálogo de puestos de trabajo, por motivos presupuestarios
y de congelación de los sueldos de los funcionarios, quedó en su momento
congelado. Yo espero que, cara al año 1995, que aparentemente va a ser un
momento favorable para la posibilidad de revisión de sueldos de
funcionarios --ya se ha conseguido de hecho con el acuerdo formalizado
por los sindicatos y el Ministerio de Administraciones Públicas--, eso
permitirá la revisión de algunos catálogos, especialmente aquellos que
han quedado más desfasados, como es el nuestro. Mi propósito es intentar
que ese catálogo sea revisado de forma que responda más a la realidad
actual, porque realmente nuestro catálogo se puede considerar muy
desfasado con respecto a otros que han sido revisados posteriormente
dentro de la Administración General del Estado. Creo que he contestado a
todas sus preguntas y espero no dejarme ninguna.
Respecto al señor Peralta, quizá pueda darse por satisfecho con la
contestación que he dado al representante del Grupo Popular, pero
quisiera decirle que no vamos a tomar medidas parciales ni a parchear.
Pretendemos renovar la Inspección, dotarla de un cuerpo moderno y eficaz,
sobre todo eficaz, porque no sólo hay que tener presente los aspectos que
afectan a las reclamaciones que se puedan producir, sino que hay algo que
es muy importante también y es la solidaridad en las prestaciones, que es
un terreno que tampoco debe olvidar la Inspección de Trabajo. Entonando
un poco el «mea culpa», yo diría que hasta ahora, si no abandonado, creo
que no lo hemos tratado adecuadamente, y eso es algo que pretendemos
corregir de cara al futuro en la lucha contra el fraude.
Por lo que se refiere a la discusión con los sindicatos y la patronal,
indudablemente se hará en su momento. Lo que pasa es que estamos, como he
dicho antes, en una fase de consenso interno todavía, para luego lanzar
el anteproyecto de ley; pero, sin duda, se tendrá que discutir con las
partes que van quedar afectadas por la actuación de la Inspección.
En cuanto a la reducción de competencias por parte de la Inspección de
Trabajo, indudablemente, el hecho de que algunas competencias se hayan
sustraído del ámbito de actuación de la Inspección o de que no se
contemplen aspectos sancionadores en determinadas materias con la nueva
reforma, no quiere decir que el trabajador quede desprotegido, puesto que
se llevan a la jurisdicción. En todo caso, si ejercitáramos todas
aquellas competencias que tenemos en este momento, son suficientes como
para garantizar el que nos encontramos ante un Estado social y
democrático.
Con relación a cómo se haya de contemplar la organización de la
Inspección, sin duda se hará sin tener presentes aspectos corporativos de
cualquiera de los dos cuerpos, el superior y el de gestión, sino aquello
que resuelva y aquello que demande la sociedad, indudablemente. No vamos
a plantearlo desde el aspecto meramente corporativo o del deseo de los
funcionarios, sino en función de a lo que debemos servir y de la función
pública que debemos cumplir.
En cuanto los locutorios de Telefónica, en mi ánimo de acortar,
probablemente he partido de sobreentendidos. Sí se han tomado medidas por
parte de la Inspección en general. Como norma, se están levantando actas
de liquidación a Telefónica en todos aquellos casos en que las sentencias
se han ido produciendo y han determinado que los trabajadores reclamantes
pasaban a formar parte de la plantilla de Telefónica. En todos estos
supuestos se ha levantado acta de liquidación de cuotas a la Seguridad
Social. No se ha actuado en ningún caso considerando la cesión ilegal de
trabajadores, puesto que antes también había sentencias en las que,
amparándose en la orden que usted citaba --indudablemente, de una época
anterior--, tribunales de justicia habían considerado que no se daba ese
supuesto y, sobre todo, porque en una de las dos sentencias que ha
citado, la de julio de 1993, se dice que no es exactamente un supuesto
perfectamente encajable en el artículo 43 del Estatuto de los
Trabajadores, pero lo que sí hay es un empresario interpuesto y con ánimo
de defraudar cuál es el empresario real. En consecuencia, dice, se le da
la misma consideración que si hubiera sido cesión ilegal. Dice esa
sentencia que no es un tema claro si se da el supuesto o no, porque no es
una empresa que se contrata para ceder o prestar sus trabajadores a otra,
pero sí las consecuencias, en las que establece, efectivamente, que se
deben incorporar a la plantilla. En todos los casos se ha actuado con
acta de liquidación.
El hecho de que yo haya aludido a que las instrucciones han sido que se
atengan en las inspecciones a las sentencias es porque en todos los casos
--por lo menos, en todos los que han llegado a mí, que yo creo que son
todos-- se había producido a la vez una demanda de los trabajadores en
los juzgados de lo social. Al interferir la actuación administrativa y la
judicial, entiendo que la Administración debe inhibirse hasta que se
produzca el pronunciamiento judicial, pero no por pasividad por parte de
la Inspección.
Luego, ha habido un caso en el que se ha producido cierre y no inclusión
de la plantilla, porque se produjo antes la denuncia y no hubo demanda
ante los tribunales. En este caso, se ha levantado acta de infracción en
base al artículo 8.º --no recuerdo en este momento el punto-- del
Estatuto de los Trabajadores, que hace referencia al cierre sin
autorización administrativa. En los demás casos, al incorporarse a la
plantilla de los trabajadores, no ha habido tal cierre, porque se ha
producido una sentencia en otro sentido, y sólo en un caso se ha
levantado acta de liquidación por salarios de tramitación --ha sido el
caso de Alicante--,
porque los trabajadores optaron por la rescisión de los contratos. Pero,
desde luego, en todos los casos en que se produzca el despido y el cese
de actividades o el cierre del locutorio sin incluir a esos trabajadores
en la plantilla de Telefónica, se tendrá que actuar por incumplimiento
del Estatuto de los Trabajadores. Bien es verdad que la sentencia a la
que aludía antes establece que actualmente la sanción no es la
administrativa, sino que lo que contempla la Ley de Procedimiento Laboral
es simplemente el despido improcedente, no nulo. Es más, hace una
digresión sobre sentencias que han hablado de despido nulo al considerar
que no son las afectadas por lo términos en que se regula actualmente en
la nueva modificación de la Ley de Procedimiento Laboral.
En nuestro ánimo no está dejar que la situación quede impune --si se me
permite utilizar una expresión que casi es penal-- y que la Telefónica,
como empresa nacional, si ha incumplido alguna norma, puede salir de esa
situación sin ningún tipo de actuación o sanción por parte de la
Inspección. Por eso digo que en ningún caso --si hay alguno en esa
situación me gustaría que me lo hiciera llegar, porque entonces no he
recibido la información correcta de las inspecciones provinciales-- ha
permanecido pasiva la Inspección. En algunas incluso están pendientes las
actas de liquidación porque ha habido dos demandas: una, de petición de
adscripción a la plantilla de Telefónica, y, otra, de diferencias
salariales por la aplicación del convenio de Telefónica y por el salario
que estaban percibiendo esos trabajadores.
Le puedo decir que en algunos casos hay alguna sentencia que dice que sí
es de aplicación la antigüedad pero no, en cambio, el salario de
Telefónica. Ahí estaríamos a las sentencias porque, si hay otra en
sentido contrario, el acta de liquidación se levantaría en función de los
salarios que se determinen. Levantar ahora un acta de liquidación, antes
de conocer la base salarial, supondría duplicar realmente las
actuaciones, porque luego habría que levantar una de diferencias en su
caso. De ahí que se haya optado por ese criterio.
Si no le he dado respuesta a todas las preguntas, me hace una indicación
y puedo aclararle más.
La señora VICEPRESIDENTA (Rivadulla Gracia): Gracias señora Directora
General.
Señorías, finalizado el último punto del orden del día, se levanta la
sesión.
Eran las dos y cuarenta minutos de la tarde.