CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1994 V Legislatura Núm. 284
POLITICA SOCIAL Y DE EMPLEO
PRESIDENTE: DON LUIS MARTINEZ NOVAL
Sesión núm. 17
celebrada el martes, 27 de septiembre de 1994



ORDEN DEL DIA:
Comparecencia del señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social (Griñán
Martínez), para informar sobre las líneas generales de la política de su
Departamento. A petición propia. (Número de expediente 214/000076) 8320
Preguntas:
--Del señor Peralta Ortega (Grupo Parlamentario Federal IU-IC), sobre
cumplimiento de los criterios fijados por el Tribunal Supremo en la
sentencia de la Sala IV, de 26 de abril de 1993, sobre encuadramiento de
las actividades de manipulación, envasado y comercialización de frutas y
hortalizas dentro del Régimen General de la Seguridad Social. (BOCG,
serie D, número 103. Número de expediente 181/000777) (Página 8343)
--Del mismo señor Diputado, sobre cumplimiento de los criterios fijados
por el Tribunal Supremo en la sentencia de la Sala IV, de 15 de octubre
de 1993, sobre cuantía de bases de cotización en los períodos no
cotizados en España por trabajadores emigrantes retornados. (BOCG, serie
D, número 103. Número de expediente 181/000778) (Página 8344)

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--Del mismo señor Diputado, sobre medidas para hacer efectiva la
inclusión en la Seguridad Social de los deportistas profesionales que aún
no lo están. (BOCG, serie D, número 103. Número de expediente 181/000783)
(Página 8346)
Comparecencia del señor Secretario General del Fondo de Garantía Salarial
(Serrano Arroyo), para explicar las actuaciones del citado Organismo en
materia de gestión y utilización del patrimonio inmobiliario que tenía
encomendado entre los años 1985 y 1994. A solicitud del Grupo
Parlamentario Popular. (Número de expediente 212/000919) (Página 8347)



Se abre la sesión a las once y cinco minutos de la mañana.




--COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (GRIÑAN
MARTINEZ) PARA INFORMAR SOBRE LAS LINEAS GENERALES DE LA POLITICA DE SU
DEPARTAMENTO. A PETICION PROPIA. (Número de expediente 214/000076.)



El señor PRESIDENTE: Buenos días, señoras y señores Diputados. Se abre la
sesión.

Antes de dar trámite al orden del día creo que estoy obligado a agradecer
a todas SS. SS. el interés que mostraron por mi salud, que el Presidente
en funciones me hizo llegar de modo institucional y formal, y quisiera
agradecer también el esfuerzo que hizo el Vicepresidente de la Comisión
como Presidente en funciones sustituyéndome durante las semanas que tuve
que estar ausente.

Y, dejando constancia de estos extremos en el acta, señorías, pasamos al
trámite del orden del día, que comienza con la comparecencia, a petición
propia, del Ministro de Trabajo y Seguridad Social para informar sobre
las líneas generales de la política de su Departamento. Le cedo la
palabra.




El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Griñán Martínez):
Señorías, el 28 de septiembre de 1993 comparecí por primera vez como
Ministro de Trabajo y Seguridad Social ante esta misma Comisión. Ha
pasado casi, día por día, un año desde entonces y es, creo yo, un tiempo
más que suficiente para hacer un balance para examinar el trabajo
realizado, comentar lo que se está haciendo y, además, avanzar en las
líneas básicas de actuación en el futuro más inmediato. En aquella
oportunidad les propuse un programa, creo yo que ambicioso, muy exigente
en su amplitud y reformista en las medidas concretas. Casi todo lo que
entonces les anuncié forma hoy parte de nuestro acervo jurídico. Todo
pasó por esta Cámara, y al comparecer de nuevo ante ustedes les quiero
agradecer su colaboración tanto en la crítica como en el apoyo.

La reforma laboral y el texto refundido de Seguridad Social, que están en
el Boletín Oficial del Estado, resumen dos ámbitos del Ministerio que en
buena medida han visto culminadas las propuestas que en su momento
hicimos ante esta Comisión. Estamos empezando el otoño de 1994, han
transcurrido ya algunos meses de vigencia de la reforma y, por
consiguiente, es posible hacer un análisis, aunque sea provisional. No
quiero ni voy a abrumarles con cifras ni a cansarles con discusiones
sobre el significado de los números. Prefiero poner en un contexto
político mis reflexiones, partir de los objetivos que nos proponemos y
exponer sin dogmatismos las medidas que entendemos precisas para
alcanzarlos.

Al hablar de política económica se corre siempre un doble riesgo: uno es
el de convertir lo instrumental en un fin en sí mismo; el otro es
sacralizar las teorías y subordinar la realidad a los saberes
preconcebidos. Creo que fue el siempre admirado Galbraith quien escribió
que un anacronismo es precisamente convertir en ley científica lo que
solamente fue oportuno en el curso de los acontecimientos humanos. Por
eso es legítimo, y me parece que necesario, partir, como les decía, de lo
que entendemos como deseable, es decir, de los objetivos, tratar de
obtener acuerdos básicos sobre los mismos y discutir de forma laica sobre
las medidas. Esto es algo que hacemos día a día en las reuniones de los
Ministros de Trabajo de los países que configuran la Unión Europea, más
allá de cuáles sean nuestras propias distancias ideológicas. Se trata de
asumir objetivos comunes y, a partir de ahí, de enriquecernos con el
debate.

El objetivo fundamental está en lo que nuestra Constitución expresa,
pienso yo que de forma admirable, cuando encomienda a los poderes
públicos que desarrollen políticas activas para conseguir que la libertad
y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales
y efectivas. Por consiguiente, el primer objetivo es sin duda la igualdad
de oportunidades. Y les quiero decir que es mucho lo que la sociedad
española, también la europea, ha avanzado en este camino. Se ha logrado
combatir efectivamente las desigualdades que afectaron a los seres
humanos en otras épocas, y no hace tanto de ello, señorías, y que los
hacían desiguales ante la ley por razón del origen, la raza, la religión,
la opinión o el sexo.

Pero, señoras y señores Diputados, hay todavía en nuestro viejo
continente algo que no nace de la ley y que, sin embargo, se erige en la
raíz más honda de todas las desigualdades. Me refiero a esa fractura
social que se produce en nuestro viejo continente y en España entre
quienes tienen un empleo y quienes lo buscan y no lo encuentran. Por
consiguiente, nuestro objetivo máximo para hacer efectivo



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el principio de igualdad de oportunidades, nuestro objetivo también para
que las libertades sean efectivas y reales es combatir el paro, ampliar
los niveles de empleo y con ello garantizar la solidaridad social. Este
es sin duda el objetivo y es, además, el referente de toda nuestra
política. A partir de ese objetivo estamos tratando de poner los medios
para conseguirlo. Queremos que crezca la producción sabiendo, eso sí, que
el crecimiento es un medio y nunca un fin en sí mismo, un medio sin duda
imprescindible para conseguir que aumente el volumen de empleo, porque no
parece posible crear empleo sin crecimiento económico, pero solamente un
medio porque puede también haber crecimiento económico sin creación de
empleo. Por eso pretendemos alcanzar un aumento de nuestra producción
nacional que se traduzca, además, en más puestos de trabajo, y no es un
objetivo éste en el que estemos solos, porque subordinar el crecimiento
al empleo es lo que sustenta, de principio a fin, el que para mí es el
mejor documento que ha formulado la Comisión Europea en los últimos
tiempos y que luego, además, los Jefes de Estado y de Gobierno
ratificaron en una cumbre. Me refiero al Libro Blanco sobre el
crecimiento de la competitividad y el empleo.

Las crisis económicas, esta última que estamos dejando atrás y las
anteriores, han venido teniendo en Europa una naturaleza sin duda
coyuntural propia de esa especie de ducha escocesa con la que funciona el
capitalismo, pero también un carácter estructural. Europa y España, muy
en concreto nuestro país, en las fases altas del ciclo han venido creando
menos empleo del posible y en los momentos depresivos han destruido más
del que racionalmente pudiera deducirse de la propia coyuntura económica.

Si aceptamos esta afirmación, tendremos que convenir en que para corregir
esta tendencia es necesario incorporar a las recetas clásicas de la
economía de mercado medidas que hagan posible la subordinación del
crecimiento al empleo, medidas estructurales que, además, conserven el
modelo social europeo de libertad de sindicación, de negociación
colectiva, de protección del medio laboral y del medio ambiente, de
igualdad de trato y de seguridad social, pero que también, al mismo
tiempo, sepan reconocer, detectar, diagnosticar y resolver esos
obstáculos que impiden que los empleos posibles lleguen a ser empleos
reales. Este es el equilibrio que proponemos y el que podría renovar
aquel pacto de la posguerra europea entre las diferentes fuerzas
democráticas de entonces, básicamente la socialdemocracia y la democracia
cristiana, por la igualdad de oportunidades.

Es cierto que las tentaciones para avanzar por otros derroteros son
grandes, es cierto que la competitividad se ha convertido para muchos en
una especie de argumento para acabar con el modelo social europeo y es
cierto también que la economía internacionalizada de hoy exige que
sepamos ser competitivos. Pero, una vez más, tengo que decir que la
competitividad es un medio, un medio para conseguir los objetivos que
antes les enunciaba. Así que si la consiguiéramos a costa precisamente de
destruirlos estaríamos haciendo una cosa tan tonta como aquel que vendió
el coche para comprar gasolina.

Estamos en la fase inicial de la recuperación económica, que además
coincide con la fase expansiva del ciclo económico. Después de las
discusiones estériles que tuvieron lugar en la primera mitad del año, me
parece que hoy en día la afirmación que acabo de hacer no va a resultar
polémica.

Los datos más recientes convierten incluso en conservadores los
pronósticos que en su día hizo el Gobierno. Por tanto, el crecimiento es
una realidad, pero para que este crecimiento se traduzca en empleo
estamos trabajando --lo estamos haciendo y lo seguiremos haciendo-- en
reformas estructurales que apoyen la promoción y el mantenimiento del
empleo.

Yo comprendo, y lo comprendo muy bien, señorías, que el énfasis en
política se pone en un punto o en otro punto de la realidad, según quien
sea el que interviene. Al fin y al cabo yo creo que esto es la esencia
misma del hecho político en libertad. Es lógico que la oposición, cuando
las circunstancias económicas mejoran, atribuya la mejoría a la coyuntura
y que el Gobierno se convierta en responsable de todo lo malo cuando
empeoran las circunstancias, y también resultaría lógico que el Gobierno
hiciera suyos los efectos positivos de la recuperación y achacara a la
coyuntura los efectos más negativos de la crisis.

Todo esto me parece que es natural, forma parte del debate político, e
incluso les diría que me parece positivo porque, siendo así las cosas,
aprendemos a conocer en cada momento y en cada situación cuáles son sus
puntos positivos y sus puntos negativos. Pero, más allá de la dialéctica
política, más allá de este debate político, es bueno conocer la realidad
en toda su amplitud y saber, como antes les decía, que además de una
coyuntura, que existe, hay también factores estructurales que conviene
también conocer más profundamente para poder afrontarlos en los que son
sus justos términos.

Les diré algo: después de esta última crisis nada va a volver a ser como
antes. Muchos de los que fueron los recetarios clásicos creo que han
quedado desfasados y que hace falta mucha imaginación para acometer y
abordar la nueva realidad. Europa, España, viven cambios en todas las
dimensiones de la realidad. Estamos viviendo cambios profundos. Ha habido
un cambio demográfico espectacular que se deriva del envejecimiento. Las
poblaciones envejecen y los ancianos viven más años, y esto configura una
realidad distinta a todas las que vivimos anteriormente. Ha habido
también un cambio político de primera magnitud con la caída de los
regímenes comunistas. También un cambio social, un cambio de enorme
envergadura, como es la igualdad efectiva hombre-mujer, que va a
modificar, que está ya modificando radicalmente, la dimensión del empleo.

Hablar hoy del reparto del trabajo no es ningún disparate, pero no lo es
hoy y mucho menos lo va a ser mañana.

Ha habido también cambios financieros, con la libre circulación de
capitales, y cambios profundos en el comercio internacional que, como
saben ustedes, se ha mundializado. Hoy las ventajas comparativas, esas
ventajas que determinaban hasta hace bien poco la dimensión internacional
del trabajo, han perdido relevancia y, a cambio de ello, cobran mucha
mayor importancia las ventajas competitivas. Y esta generalización del
hecho económico ha



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coincidido, además, con una nueva organización de la producción que nos
aproxima a una fase radicalmente opuesta a la que se vivió en los albores
de la industrialización. Hemos pasado de la centralización a la
descentralización, de la concentración productiva a la desconcentración
productiva; hemos pasado de la producción en serie de altísimo volumen a
la producción por marcas de alto valor, y hemos pasado de la
especialización a la polivalencia, y de ser esa producción del bien la
que controlaba todas las fases de la organización productiva, a que sean
la programación, el diseño y la valoración del mercado las bases de las
que hoy se hace depender la propia organización productiva. Hoy
dependemos, lo saben ustedes muy bien, sobre todo de los intangibles.

Todo ello nos lleva a una conclusión que me parece obvia: los modelos de
relaciones industriales y de empleo que acompañaron a una determinada
época histórica han envejecido. Es necesario adaptar las relaciones de
producción a la nueva composición de las fuerzas productivas y, por
consiguiente, es absolutamente prioritario conseguir un marco de
adaptación que haga fácil esta transición.

Estamos en el comienzo de una nueva era del capitalismo. Un nuevo momento
que, por lo demás, está planteando enormes riesgos y tremendas
incertidumbres. Estamos viviendo en tiempo real la competencia entre lo
que fueron históricamente dos fases del capitalismo; una, la del que
hemos venido en llamar capitalismo renano, de usos tecnológicos
avanzados, de enorme capacidad redistributiva pero cada vez menor poder
de acumulación, y otra fase, otro capitalismo, el de los nuevos países
industrializados, con una inmensa capacidad de acumulación y sin
políticas redistributivas, y están conviviendo, uno y otro, en un mismo
mercado. Es un problema añadido a todos los que he dicho y que, sin duda,
entraña riesgos para los países de la Unión Europea.

En la última conferencia de la Organización Internacional del Trabajo,
esta primavera pasada, se ha debatido abiertamente la posibilidad de
incorporar cláusulas sociales en el tratado de libre comercio, la
posibilidad de restringir la libre circulación de mercancías que son
producidas en aquellos países que no prohíben el trabajo forzoso, que no
prohíben el trabajo de los niños o que restringen la libertad sindical. Y
no es un tema fácil. Las discusiones han sido amplias, las conclusiones
pocas. Es un tema complicado, porque coinciden en él problemas muy
complejos, como digo, y de muy difícil solución. Si ponemos límites a la
circulación de mercancías de esos países, ¿pondremos también límites a la
circulación de las personas de esos países? Es decir, hay problemas por
resolver.

Pero, en todo caso, señorías, les digo que seguimos discutiendo sobre la
cláusula social en foros internacionales --también en la Unión Europea--
y la posición del Gobierno español es la de avanzar por este camino.

Todos estos elementos que les acabo de señalar, en menor o mayor medida,
han afectado, están afectando y van a seguir afectando a la economía
española. Todos ellos configuran un nuevo mundo en el que apenas, como
les decía antes, algo va a seguir siendo igual que antes. Pero, además de
todos estos datos comunes, España, particularmente España, ha vivido sus
propias circunstancias, que son derivadas también de su particular
historia. Nuestro sistema productivo presenta rasgos particulares que
también conviene tener presentes (hablo de España en concreto). Unos son
los derivados de nuestra historia política, una historia que conocen
SS.SS. con todo detalle. Hay otros que, sin embargo, son consecuencia de
nuestra propia realidad económica, del modo o del tiempo con que se ha
producido en España la modernización de nuestras estructuras económicas.

Les resumiré simplemente cuatro fenómenos que, por lo demás, se han
producido en el último decenio y que han venido condicionando de forma
profunda la evolución de nuestras magnitudes económicas. En este decenio,
1984-1993 (decenio relevante, porque en él hemos vivido todas las fases
del ciclo económico), hemos vivido una transformación sectorial de la
economía, de nuestra actividad productiva, que ha visto el abandono del
sector primario por un millón de personas. Hemos vivido en el mismo
tiempo la incorporación masiva de la mujer al trabajo (al trabajo fuera
del hogar) a un ritmo desconocido hasta los comienzos de los 80. De 1984
al 1993 se han incorporado 1.700.000 mujeres, en tanto que en los diez
años inmediatamente anteriores se habían incorporado 500.000. También en
estos últimos diez años se han cambiado los flujos migratorios en nuestro
país, pasando España de ser un país de emigración a ser un país receptor
de inmigrantes. Y, por último, hemos asistido a la incorporación al
mercado laboral, en este período de tiempo, de la generación más nutrida
de la historia de España, aquella que nació entre 1968 y 1977 y que
contabiliza a 6.650.000 jóvenes.

Por otra parte, el propio sistema de relaciones laborales de nuestro país
ha estado muy influido por las propias circunstancias políticas y
económicas de esta particular historia de España. De todo ello ya hemos
hablado reiteradamente en esta Comisión y en la Cámara.

La comprobación de estos defectos, congénitos o estructurales, de nuestro
modelo de relaciones laborales y de nuestro mercado de empleo, es la que
ha inspirado las líneas directrices de las importantes reformas
realizadas a lo largo de este año, de modificación de las condiciones de
entrada en el mercado de trabajo, y la propia reforma de las
instituciones básicas de la relación de empleo. Y, al hacerlas, hemos
apostado por la autonomía de las partes, por el diálogo decidido entre
los protagonistas sociales. Ha sido una apuesta por la negociación
colectiva en tres direcciones: hacer más extensa su cobertura, más
articulada su estructura y más rico su contenido, dotando en especial a
nuestras relaciones laborales de una mejor capacidad de flexibilidad y de
adaptación a las circunstancias cambiantes de una economía mucho más
abierta. Adaptación para conservar lo esencial, adaptación para no ser
sepultados por esa tozuda insistencia de los hechos y adaptación para
abrir muchas más posibilidades, muchas más puertas al empleo.

La adaptación, señorías, aconseja partir de la realidad e intentar dar
respuesta a todas las necesidades que vamos viendo que se producen.

Podemos, por ejemplo, referirnos a los contratos temporales y,
sorprendentemente, hay un



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sector de la izquierda que sigue considerando que lo que ellos conocen
como trabajo en precario es consecuencia directa de las leyes. Se da de
esta manera la vuelta radical al pensamiento tradicional de la izquierda
al defender que la realidad de la materia es producto del Derecho, la
idea, y no justamente al contrario.

Les decía antes que nos encontramos en un momento de la historia en donde
la producción de alto volumen, característica de un período que va desde
1850 a 1975, ha sido sustituida --lo está siendo-- por la producción de
alto valor y, así, el contrato de trabajo clásico de la producción en
masa inmutable, por jornada completa y tiempo indefinido, ha dejado paso
a otro tipo de contrataciones más flexibles y abiertas.

El Derecho se limita a regular esta realidad, a darle cauce jurídico, a
introducir un poco de razón en el habitual caos que caracteriza el
desarrollo de las relaciones de producción, porque, señorías, no crea la
norma jurídica los contratos temporales; lo que hace es disciplinarlos y
someterlos al Derecho. Es ésta una reflexión inicial que podría ser
enriquecida con otros muchos ejemplos, pero que, a la postre, nos
conduciría siempre al mismo sitio, y este sitio no es otro que el de la
razón o el de la necesidad de comprender los cambios estructurales que se
están produciendo, que se han producido, que se van a producir, y cuya
comprensión es imposible si nos empeñamos en seguir juzgando una
situación nueva por un pensamiento residual que paulatinamente se ha
acabado por transformar muchas veces en clichés, cuando no consignas, que
carecen de todo significado.

Hay bastantes cosas de nuestro ordenamiento social que son consecuencia
de una era inexistente. La internacionalización y la producción de alto
valor han archivado 125 años de historia. Nuestra obligación, sin duda,
es adecuar la norma a la realidad y creo sinceramente que con la reforma
laboral hemos avanzado en esta dirección.

He repetido hasta la saciedad que el Ministerio de Trabajo no crea empleo
y, por supuesto, el «Boletín Oficial del Estado» menos. Su misión es
otra: es acompañar el crecimiento, promover una ordenación jurídica que
facilite la traducción del crecimiento en empleo, que permita que todo
empleo posible sea un empleo real. Creo que algo al respecto hemos hecho
y los resultados empiezan a ser satisfactorios, pero, aun así, y con esto
quiero ser claro, no conviene engañarse. El problema del empleo en
España, también en Europa, no se va a solucionar exclusivamente con
nuevas fórmulas jurídicas o extendiendo la cultura de la flexibilidad.

Estas son necesarias pero no son suficientes. El empleo seguirá siendo un
problema ahora y en los años sucesivos y vendremos obligados a encontrar
soluciones que tal vez ahora todavía no atisbamos. Y porque esto es así
conviene partir de una serie de premisas. La primera, recordar que el
empleo es algo más que un derecho laboral, es un derecho político y quizá
el único que permite a hombres y mujeres participar en un proyecto
social. Es el único medio que conocemos de ser social. Me refiero al
trabajo. Nos queda, por tanto, mucho camino que recorrer, pero la meta
siempre será la misma: que cada ciudadano que quiera trabajar pueda
hacerlo. La segunda premisa es saber que el desarrollo tecnológico es
siempre nuestro aliado. No cabe, al respecto, una actitud estrecha o
pueblerina. La tecnología tiene que ser sinónimo de liberación. Hoy en
día la productividad de cada trabajador es casi 25 veces la que tenía
hace apenas cincuenta años y su esfuerzo es considerablemente menor. Cada
día las máquinas nos liberan de multitud de servicios rutinarios de
promoción. Ello tenemos que verlo como positivo, pues nos debe permitir
orientar nuestras capacidades en otra dirección distinta a la del simple
esfuerzo físico.

Sin embargo, por la propia inercia, la producción se sigue organizando
hoy idénticamente igual que antes y, aún más, lo ideal sigue siendo lo de
antes: un contrato de ocho horas para hacer lo mismo durante toda la
vida. Este planteamiento, si no admite modificaciones, puede llevarnos a
una sociedad dual compuesta por trabajadores y por parados. Es cierto que
puede seguir así durante un cierto tiempo, pero también eso significaría
que renunciaríamos a que los parados pudieran encontrar alternativa a su
situación, a que les amputáramos el derecho político a trabajar. Esto no
puede ser así, señorías, empezamos a contar en los países avanzados con
recursos suficientes para plantearnos la reordenación social de la
producción: una distribución distinta de la calidad, del precio y del
tiempo de trabajo, y éste va a ser el debate del siglo XXI, si no empieza
ya, que está empezando en este siglo XX, y sin duda ahí estaremos
nosotros, los socialistas, porque pensamos que no es utopía ambicionar
una sociedad bipolar que reparta trabajo y ocio distinta de la actual que
asigna trabajo y paro.

La evolución de los datos más significativos a lo largo del presente año
nos hace ser optimista, no sólo en cuanto a la mejora manifestada de
grandes indicadores, sino, y esto quiero subrayarlo de manera especial,
en la corrección de alguno de los defectos estructurales que antes he
señalado.

El umbral de crecimiento de nuestra economía, que propiciaba la creación
de empleo neto, parece que ha experimentado una rebaja. En un año como el
actual, en el que nuestra producción va a experimentar una mejora en
términos anuales de cerca de 2 puntos, el comportamiento del empleo en
estos últimos meses permite augurar una evolución que puede llegar a ser
positiva a final de año. Frente a las previsiones que se formularon en
los escenarios económicos de destrucción de 130.000 empleos los datos más
recientes apuntan a que el resultado final puede ser la creación neta de
empleo.

¿A qué cabe atribuir, en nuestra opinión, esta mejora? Quiero destacar,
en primer término, la moderación salarial que ha presidido la negociación
colectiva a lo largo de este año. Según los datos más recientes, el
incremento salarial medio en todos los convenios colectivos, considerando
tanto las revisiones salariales aplicables en este año de convenios
firmados en años anteriores --por tanto con vigencia superior a un año--
como los convenios firmados para este año está por debajo de los cuatro
puntos. Mucho más significativo es el incremento medio de los convenios
cuya vigencia económica se limita a este año y que ha sido --está siendo
en estos momentos-- de 3,09 puntos.

Junto a este esfuerzo de moderación salarial, la aplicación del nuevo
modelo de nuestras relaciones laborales,



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que se estableció en la Ley 11/94, ha comenzado a dar algunos frutos. Aún
es pronto para adelantar conclusiones sobre este impacto. Hemos querido
ser voluntariamente modestos a la hora de valorar la contribución de las
medidas adoptadas a los positivos resultados socioeconómicos de los
últimos meses. Convendrán SS. SS. conmigo, en cualquier caso, que, sin
caer en ningún triunfalismo, las consecuencias iniciales más visibles son
esperanzadoras y nos afirman en la creencia en que las opciones
realizadas fueron justas y equilibradas.

La voluntad de hacer que nuestras relaciones laborales sean más
congruentes con nuestro modelo constitucional, haciendo desaparecer los
restos de una intervención del Estado, ha contribuido a una progresiva
asunción de lo que son sus responsabilidades naturales por los agentes
sociales.

Las negociaciones de carácter bilateral, actualmente en marcha, sobre la
sustitución de ordenanzas laborales o sobre la solución no jurisdiccional
de conflictos colectivos individuales son buena prueba de esta asunción
por los protagonistas sociales de su cometido natural.

Señorías, cuando hace casi nueve meses presenté en esta Cámara el
conjunto de medidas que configuraban la reforma laboral dije que sus
objetivos, los fundamentales, eran la lucha contra el desempleo. Y el
desempleo, señorías, no resume en unas cifras ni se puede medir
aritméticamente. Cuando hablamos de desempleo estamos hablando de
problemas personales, de situaciones muy diferentes y, por consiguiente,
de una realidad que conviene analizar con detenimiento para priorizar
después las políticas que traten de combatirlo.

Dentro del desempleo hay dos problemas realmente graves. El primero, el
más serio y el que debe orientar nuestros esfuerzos más intensos, es el
paro de larga duración. Casi el 55 por ciento del total de parados
permanecen en esta situación más de un año. El dato configura la realidad
más dramática del paro y que afecta de forma más tenaz a las mujeres,
cuya tasa de paro de larga duración sobre el total alcanza casi el 62 por
ciento.

Junto al paro de larga duración el paro juvenil es otro de los rasgos
preocupantes en la configuración del desempleo. Hay que reconocer que el
paro juvenil, que pareció controlarse durante el final de los 80 y
primeros de los 90, volvió a subir a mediados de 1992. En 1985 alcanzó
casi el 50 por ciento y con las medidas de apoyo a la contratación
juvenil bajó hasta el 30 por ciento. La supresión de las bonificaciones
de este tipo de contratos hizo que la tasa de paro juvenil volviera a
subir, en 1993, hasta el 43 por ciento.

Esto nos demuestra, y yo creo que lo hace de forma bien elocuente, que el
mercado en general, pero el de trabajo en particular, funcionando
libremente provoca discriminaciones. El tan famoso efecto sustitución en
los contratos es, sin duda, el que produce el mercado cuando funciona con
total libertad. Ese es el efecto sustitución que produce el mercado
cuando discrimina a personas sin cualificación, sin experiencia, mujeres,
parados de larga duración, mayores de 45 y minusválidos. Precisamente por
ello el mercado de trabajo requiere un determinado comportamiento de los
poderes públicos que compense esta desigualdad de oportunidades, esta
desigualdad de oportunidades de diferentes personas que tratan de obtener
lo mismo: un empleo.

Los contratos formativos, los de fomento de empleo y la formación
profesional permanente son piezas fundamentales en el desarrollo de esta
política. Pero, junto a ello, es necesario mantener una protección
suficiente para compensar la ausencia de recursos de todos aquellos que,
estando involuntariamente en desempleo, buscan activamente una ocupación
remunerada para salir de esa situación de necesidad. Es, pues, necesario
mantener un sistema protector que sea capaz, pero que al mismo tiempo sea
equilibrado financieramente.

En mi comparecencia del año pasado me referí, y creo que extensamente, al
preocupante desequilibrio financiero que se había venido produciendo en
el sistema de protección de desempleo. En diciembre presenté medidas para
hacer compatible una protección efectiva de esta situación con el
necesario equilibrio presupuestario.

Partimos entonces, como siempre, del convencimiento de que nada hay más
regresivo que gastar mal y que en desempleo, como en todos los campos de
la actuación del Estado, los gastos deben ser eficientes, que es tanto
como decir coherentes con su finalidad de dar protección a situaciones de
necesidad de los desempleados y, al mismo tiempo, de promover la búsqueda
de empleo. Y todo ello, además, a un coste económico que sea soportable
financieramente por el conjunto de los ciudadanos.

En el período 1985-1993, los gastos totales del sistema de protección
pasaron de ser el 2,7 al 3,5 del producto interior bruto. En este período
el número de beneficiarios se duplicó y, lo que es más importante, el
grado de cobertura se incrementó en 31 puntos.

Nuestro sistema, por otra parte, ofrece un nivel de protección superior a
la media de los países de la OCDE en cuanto a acceso, duración y tasa de
reposición de la prestación y ocupa un muy decoroso lugar en la tabla de
los Estados miembros de la Unión Europea en cuanto al gasto público en
protección por cada punto porcentual de tasa de desempleo.

Las medidas adoptadas han permitido consolidar el gasto de la protección.

En 1994 los presupuestos del Estado asignaron una dotación cercana a los
dos billones de pesetas al programa «Prestaciones a los desempleados». En
su ejecución, señorías, no se prevé una desviación significativa.

Pero esto, señorías, ha sido posible, además de por un notable esfuerzo
de gestión, gracias a la ley, que ha supuesto un menor gasto aproximado
de 300.000 millones de pesetas, que han podido asignarse a otras
funciones de interés social, como por ejemplo la sanidad.

No se ha tratado, sin embargo, de un ahorro indiscriminado. La virtud de
tales medidas estriba en su capacidad para afianzar la naturaleza de la
prestación en los términos contenidos en el artículo 41 de la
Constitución, esto es, como régimen público que garantiza prestaciones
sociales suficientes en caso de necesidad.




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Pero, como les decía antes, señorías, la situación actual después de
estos 14 primeros meses de legislatura yo creo que ha mejorado. Creo que
el trabajo desarrollado ha sido de una enorme magnitud y que nuestra
apuesta por el empleo empieza a atisbar unos horizontes de esperanza.

En los primeros ocho meses de este año el desempleo registrado ha
descendido en 175.000 personas, con un crecimiento que no llega al 1,5
por ciento en el conjunto de los seis primeros meses.

En los diez años inmediatamente anteriores --hablo del promedio de esos
diez años inmediatamente anteriores--, con un crecimiento medio también
muy superior, el desempleo descendió durante estos ocho meses en 110.000
personas. Creo que estamos, por consiguiente, alcanzando ese objetivo de
que todo empleo posible llegue a ser un empleo real. Pero hay que seguir
avanzando, porque aunque el paro haya descendido, señorías, sigue siendo
el principal problema de la sociedad española.

Por todo ello hay que profundizar en lo hecho y abordar nuevos retos,
nuevos caminos. De ahí que el programa de mi Departamento en lo que se
refiere a las relaciones laborales y el empleo para este nuevo año
político consista en consolidar lo ya iniciado, profundizar en el clima
de diálogo social, apostar por la formación profesional como arma
estratégica para nuestro futuro.

Tengo que decirles que si mucha ha sido la tarea legislativa realizada en
estos últimos meses, mucha, queda algo todavía por hacer en lo que resta
de la legislatura en este ámbito concreto de la legislación, no solamente
con legislación nueva sino también mediante el oportuno desarrollo
reglamentario.

Hay algunas materias, como las elecciones a los órganos de representación
de los trabajadores en la empresa, que ya han sido aprobadas por Consejo
de Ministros; otras lo van a ser a lo largo de este último trimestre del
año. Es el caso del reglamento de las empresas de trabajo temporal, del
reglamento de contratación, del de agencias privadas de colocación.

También en este último trimestre tendremos aprobado el desarrollo del
artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores en relación con el
calendario laboral y festivos y el modelo al que deben ajustarse los
recibos de salarios.

Para el primer semestre de 1995 queda la adecuación del Decreto sobre
jornadas y descansos a lo previsto en los artículos 34 a 38 del Estatuto
de los Trabajadores, el procedimiento de regulación de empleo y los
textos refundidos del Estatuto de los Trabajadores y de la Ley de
Procedimiento Laboral.

Otros asuntos importantes estarán preparados para ser debatidos en este
próximo trimestre. Me referiré, aunque sea brevemente, a todas las
recomendaciones del Defensor del Pueblo, a la Inspección de Trabajo y a
la Ley de prevención de riesgos laborales.

En su momento expresé mi consideración al trabajo realizado por el
Defensor del Pueblo en su resolución con motivo de las solicitudes de
interposición de recurso de inconstitucionalidad contra las leyes que
integran la reforma, tanto por su sensatez como por su calidad técnica.

También adelanté entonces que sus recomendaciones serían atendidas y los
problemas apuntados resueltos. Así va a ser, como tendrán todos ustedes
ocasión de comprobar cuando examinemos en esta Cámara la ley que
acompañará a los Presupuestos para 1995. Quedarán resueltos muchos
problemas que fueron señalados en el informe del Defensor:
proporcionalidad, discriminación, distribución del tiempo parcial, acceso
a la información, etcétera.

Doy también una gran importancia a la Inspección de Trabajo. Me propongo
próximamente acometer la obligada actualización de su normativa
reguladora, que el tiempo ha superado en buena medida, para ponerla
además en sintonía con los requerimientos constitucionales y, sin duda,
con el modelo nuevo de relaciones laborales que se deriva del aprobado
recientemente por esta Cámara.

La Inspección de Trabajo y de Seguridad Social es una institución que
nació en 1906, pero que hoy continúa rigiéndose por una ley de 1962. Es
necesario, por tanto, abordar la actualización de esta normativa a tres
ámbitos fundamentales. En primer lugar, el que afecta al régimen de
libertades; el referido al ámbito competencial territorial en segundo
lugar y, por último, al de su ámbito de actuación funcional.

Concedo también un especial significado a la ley de prevención de riesgos
laborales. Su anteproyecto está ya ultimado, ha iniciado los trámites de
consulta a los Consejos del Poder Judicial y Económico y Social y
estaremos en condiciones de cumplir con el tiempo previsto por el mandato
del Congreso de los Diputados de 21 de junio de este año.

Tras su presentación, discusión y diálogo con los agentes sociales y
comunidades autónomas, se ha sometido a discusión en grupos de trabajo a
lo largo de los meses de julio y septiembre. Hemos pretendido hacer una
ley que sea abierta, una ley de principios, una ley que establezca el
marco general de esta materia, lo que obliga necesariamente a un amplio
desarrollo reglamentario. Una ley que va a trasponer fielmente la
directiva marco sobre seguridad e higiene y define también lo que es el
derecho mínimo indisponible necesario.

Nuestra mayor pretensión ha sido, sin duda, garantizar el derecho de los
trabajadores a su propia salud, seguridad e higiene en el puesto de
trabajo. No voy a adentrarme ahora mismo en un proyecto de ley que vamos
a discutir ampliamente, en fechas muy próximas en esta Cámara. Sí me
gustaría resaltar que hemos conseguido, pienso yo, un equilibrado
resultado entre el objetivo esencial, garantizar la seguridad y la salud
de los trabajadores, y el grado de cargas impuestas a los empresarios
para cumplir su deber de protección sin que ello suponga tampoco una
merma de competitividad mayor de aquella que soporta el resto de los
empresarios europeos.

Por otra parte, señorías, nos proponemos avanzar en el proceso de
transferencias. Estamos ya a apunto de constituir la conferencia
sectorial relativa a las materias propias del Departamento. En este
sentido, el 19 de septiembre, la semana pasada, me dirigí a todos los
consejeros de comunidades autónomas con el fin de que pudiéramos tener
elaborado en el próximo mes el reglamento de funcionamiento de lo que
haya de ser, para su constitución en



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noviembre, la comisión de autonomías para estudiar sectorialmente las
materias del Departamento.

Respecto a las comunidades autónomas que no han asumido el ejercicio de
las competencias de ejecución de la legislación laboral la tarea
consistirá precisamente en los próximos meses en el traspaso de los
medios y de los servicios para atender estas competencias. Antes del
verano el Ministerio formuló una propuesta en áreas de cooperativas, de
sociedades laborales y de fomento de empleo. Por consiguiente, son
transferencias que se van a producir de manera inmediata, estando también
avanzado lo relativo a ejecución de la legislación laboral.

La formación profesional, señorías, es una política, como les decía
antes, de actuación prioritaria en esta legislatura. En una sociedad
basada, como les decía antes, mucho más que en el intercambio de
mercancías en la transmisión y el reparto de conocimientos, la inversión
en formación es, sin duda, el elemento estratégico básico para acrecentar
la riqueza de que disponemos para mejorar la competitividad a través del
capital humano. Añado, además, que es uno de los elementos esenciales en
la defensa del modelo social europeo dentro de un mercado abierto y
desigual. Sabedores de la relación de causalidad entre formación y
empleo, el sistema de formación profesional que hemos creado y estamos
creando en los últimos años, queremos terminar de configurarlo como un
modelo integrado, coordinado, descentralizado, flexible, abierto y
participativo para que pueda dar una respuesta adecuada y eficiente a la
lucha contra el paro mediante la formación de jóvenes, la reconversión
del personal excedente como consecuencia del progreso tecnológico, el
relanzamiento del crecimiento, reforzando siempre la competitividad de
las empresas y la obtención de un crecimiento más rico en puestos de
trabajo.

Para su eficacia, esta política requiere, desde luego, la participación
de todos --comunidades autónomas, agentes sociales, acción coordinada
intersectorial e interterritorial y administraciones públicas--, dotarla
de un carácter integrado sin que existan piezas separadas, combinarla con
otras políticas activas --muy importante en este aspecto la política
industrial, la política de investigación-- y, sobre todo, situarla muy
pegada a la realidad para que su objetivo sea formar precisamente para el
trabajo, no solamente el existente sino el realmente posible.

Por otra parte, hemos estado trabajando en la reordenación de la oferta
formativa, sustituyendo los tradicionales enfoques académicos por otros
que tengan por objetivo la adquisición y la evaluación de las
competencias con valor en el empleo, aproximando la formación profesional
a las realidades concretas del sistema productivo. Se ha avanzado ya muy
sustancialmente en un compromiso que adquirí en esta misma Comisión y en
el Parlamento, que es el repertorio de certificaciones de profesionalidad
o, dicho de otra manera, el conjunto de certificados que la autoridad
laboral deberá expedir para reconocer las cualificaciones alcanzadas,
tanto a través del seguimiento de un curso de formación profesional
ocupacional como de la propia práctica profesional.

La ordenación del sistema, la actualización de los contenidos formativos,
creo que va a alcanzar a finales de este año aproximadamente a 400
ocupaciones. Esta tarea está siendo tutelada por una unidad
interministerial para las cualificaciones de profesionales, que se creó,
por acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de febrero de este año, como
órgano técnico de coordinación entre las administraciones educativa y
laboral en relación con las cualidades profesionales, cualificaciones
profesionales, así como también con la correspondencia y la convalidación
entre la formación reglada y la formación ocupacional.

Por otra parte, se revisan permanentemente los instrumentos de
diagnóstico que proporcionan estudios sectoriales --el observatorio
ocupacional--, lo que nos permite también conocer los sectores en los que
es preciso emprender una actualización en la oferta formativa en cada
territorio. Esto es importante desde el punto y hora en que la formación
ocupacional, como antes les decía, es algo que se está descentralizando
en sumo grado y que es necesario mantener también para la unidad del
mercado una contemplación única desde un punto de vista de unidad de
mercado, a través de un observatorio general de empleo. Pero es verdad
que la formación ocupacional es tarea a desarrollar básicamente --está
siéndolo ya-- por las comunidades autónomas.

Las políticas de formación que asocian a los poderes públicos a las
empresas y a los interlocutores sociales se desarrollan en nuestro país
desde el acuerdo tripartito para la formación de trabajadores ocupados, a
través de la Fundación de formación continua que gestionan los
interlocutores sociales, aproximadamente gestionan la tercera parte de
los créditos destinados a la formación profesional. En este año se ha
suscrito un acuerdo con la Fundación con objeto de estudiar la ampliación
a colectivos susceptibles de beneficiarse de estos programas, incluyendo
a trabajadores agrarios, personal de las Administraciones públicas,
trabajadores autónomos y aprendices.

Evidentemente, los programas que «grosso modo» he citado son posibles
también gracias al esfuerzo presupuestario que han aprobado, que yo les
agradezco y que todos estamos realizando. Este es un ejercicio económico
en el que las cuantías dedicadas a la formación profesional crecieron en
el 21 por ciento respecto a 1993, alcanzando la cifra de casi 130.000
millones de pesetas. Para 1995 SS. SS. serán quienes deben determinar
cuánto más debe crecer en la línea de incrementar las políticas activas
en detrimento de las políticas pasivas, y sí les puedo asegurar que este
Ministerio agradecerá enormemente sus posiciones en favor de administrar
e incrementar los recursos en este ámbito.

Por consiguiente, señorías, desarrollo de la reforma laboral, protección
de la salud laboral, descentralización, inspección de trabajo y formación
profesional constituyen los objetivos más inmediatos de este Ministerio
en las materias de empleo y relaciones laborales; objetivos que, además,
deben desarrollarse a través de un clima permanente de diálogo social que
produzca en su desarrollo acuerdos, o desacuerdos, pero que sirva, en
todo caso, para que con nuestra labor de diálogo podamos estar mucho más
persuadidos de la realidad de nuestro tejido



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social y, por consiguiente, sepamos hacer una política más pegada al
terreno.

La concertación social en nuestro país, desde los primeros momentos de la
transición democrática, se ha vinculado a un modelo muy preciso, que se
ha plasmado, además, como ustedes saben, en una imagen clásica: la
convocatoria de una gran mesa con representación tripartita --Gobierno,
patronal, sindicatos-- que se realizaba cada equis tiempo con el objetivo
de negociar y concluir un pacto social que contemplara la regulación de
todos y cada uno de los temas de política de rentas, de asignaciones
presupuestarias, de reformas reglamentarias y legislativas y, en general,
de establecimiento de reglas de juego para un determinado período de
vigencia. Es cierto que este modelo ha demostrado su eficacia y su
virtualidad en momentos determinados, pero no es menos cierto también que
este modelo ha generado a veces una artificial inflación de expectativas,
la consideración de la concertación como una especie de «Deus ex machina»
que vendría a solucionar todos los problemas y que, cuando no se ha
logrado concluirlo de una manera positiva, ha generado una idea
artificial y engañosa de confrontación enconada y de deslegitimación
global de las políticas que se acometían. En fechas muy recientes se ha
vuelto a reproducir este esquema clásico. La imposibilidad de concluir un
acuerdo para el empleo desembocó, como ustedes saben, en una huelga
general el 27 de enero pasado y en una nueva situación de enfrentamiento.

Hubiera sido concebible, señorías, que este estado de cosas aconsejara
una ruptura de relaciones o el inicio de una especie de guerra de
trincheras que hubiera sido inútil y estéril. Por el contrario, el
Gobierno ha optado de manera firme, de manera decidida, de manera
permanente, por una reanudación de los contactos con los agentes sociales
en condiciones de normalidad, sustituyendo esta pretensión ritual de un
gran pacto social por una concepción del diálogo o del pacto como una
tarea a realizar día a día. El objetivo es tanto llegar a acuerdos en
temas concretos como, sobre todo, establecer cauces de comunicación
permanentes que creen un clima de entendimiento, de tolerancia y de
confianza mutua. En tales circunstancias, el acuerdo, de poder ser
concluido, tiene siempre unos evidentes efectos multiplicadores positivos
y el desacuerdo tampoco aboca fatalmente a un proceso de mutua
deslegitimación que no conduce a ninguna parte. Esta yo creo que es una
manera de concebir el diálogo social --la que nos estamos esforzando por
implantar-- que tiene objetivos más concretos y tiene formalidades menos
sacralizadas. Los recientes acuerdos en materia política retributiva de
empleados públicos para los próximos años sobre revisión de pensiones
para el mantenimiento del poder adquisitivo creo que son un buen ejemplo.

El mismo largo proceso negociador de la Ley de prevención de riesgos
laborales y la negociación en este momento abierta todavía para la
reforma del PER dan igualmente idea de este deseo de convertir los
contactos con los agentes sociales en algo cotidiano, en algo que forme
parte de la normalidad.

Señorías, les decía al comienzo de mi intervención que el crecimiento
económico es una condición necesaria para aumentar los niveles de empleo
y que éste es una pieza fundamental para garantizar los niveles de
protección social. Les digo ahora que una sociedad expresa de muchas
formas su voluntad de ser solidaria, pero acaso la más genuina de todas
sea esa manera en la que se compromete con el sostenimiento de quienes no
tienen la posibilidad, por circunstancias ajenas a su voluntad, de
obtener recursos en la economía productiva. Las sociedades europeas han
venido configurando diversos sistemas de protección social que se han
basado en la solidaridad intergeneracional. Todos ellos, de una o de otra
manera, han inmovilizado hace ya años lo que podríamos llamar el ideal de
cobertura en prestaciones económicas y reparadoras en los casos de
enfermedad, de desempleo, de incapacidad, de vejez o de supervivencia
ante la muerte. Y, con las peculiaridades propias de cada país, lo han
hecho mediante sistemas de reparto que hacen expresa la solidaridad entre
quienes obtienen recursos directos del sistema productivo por su
aportación al mismo y quienes no pueden hacerlo por causas inimputables.

Les digo algo de forma muy tajante: son los sistemas de reparto, señoras
y señores Diputados, tanto en su versión profesional contributiva como en
su versión asistencial no contributiva, los que forman la línea que
define y enlaza la realidad distinta de los diferentes sistemas europeos.

En España se ha venido configurando un modelo cuya estructura básicamente
profesional vino aumentando su extensión y la intensidad de su protección
mediante la implantación paulatina de la universalización en materias
como la sanidad y las pensiones, y también a través de la concreción de
los sistemas complementarios libres a los que se refiere el artículo 41
de la Constitución. La propia financiación del sistema, cuando hemos
incrementado las aportaciones del Estado, que lógicamente debería asumir
en el futuro la financiación completa de las prestaciones no
contributivas, ha seguido esta misma línea. Por su parte, la
racionalización de la gestión que se consiguió con el importantísimo Real
Decreto-ley de 1978 ha permitido que el proceso de reforma se haya hecho
compatible con una racionalización del modelo.

Señorías, como ustedes saben muy bien, resulta particularmente delicado
hablar de la reforma de la Seguridad Social. Por ello, tengo que decir
claramente que si cuando se habla de la reforma de la Seguridad Social
alguien entiende que se pretende una transformación sustancial del
sistema, ese alguien estará muy equivocado. Nuestro objetivo de hoy es,
simplemente, garantizar mañana los derechos de hoy; por tanto, garantizar
los derechos hoy y en el futuro. Ese es un objetivo que, además,
señorías, les digo que viene avalado por 13 años de gobierno, que son
precisamente los inmediatamente posteriores a aquel llamado Libro Verde
de la Seguridad Social de 1981/82, en el que se vertían serias dudas y
alarmas sobre el futuro de la Seguridad Social. Pues bien, ese futuro de
ayer es el pasado de hoy, y la Seguridad Social, hoy, sigue siendo una
realidad viva, sólida y eficiente.

En mi anterior comparecencia les dije, señorías, que la actuación del
Departamento, por lo que hace al ámbito de la Seguridad Social, se iba a
desarrollar en torno a tres ejes



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fundamentales, que además están contenidos todos ellos en el programa del
partido que apoya y sustenta al Gobierno: reforzamiento y
perfeccionamiento del sistema público de pensiones, mantenimiento del
poder adquisitivo de las mismas y continuidad en la mejora de la gestión.

Estos tres ejes confluyen en un único fin, que es proteger la protección,
valga la redundancia, y consolidar nuestro sistema de Seguridad Social,
un sistema que, además, cumple muy bien los objetivos que se propone. Es
un sistema que estimo viable ahora y en el futuro y que considero el más
adecuado a nuestras posibilidades, a nuestro entorno social y económico,
al entorno de la Unión Europea. Por ello creo que deberíamos protegerlo
en su concepción actual, su concepción basada en la cobertura de
distintas contingencias, a través de prestaciones contributivas,
financiadas por un sistema de reparto mediante cotizaciones sociales, y
complementado con prestaciones universales no contributivas cuyos
recursos provengan de transferencias del Presupuesto del Estado al de la
Seguridad Social, es decir, vía sistema fiscal, mediante --insisto--
transferencias del Estado al Presupuesto de la Seguridad Social, porque
Seguridad Social es, señoras y señores Diputados, todo ello, los dos
niveles: el universal y el contributivo. Todo ello sin perjuicio de que
todos los sistemas de protección social --también el nuestro-- requieren
adaptarse permanentemente a la realidad de situaciones cambiantes, lo que
no supone, en absoluto, un cambio del modelo sino, simplemente, el
reforzamiento del mismo para garantizar su estabilidad presente y futura
en la misma línea que lo vienen haciendo los diferentes países de la
Unión Europea.

En este sentido, en la comparecencia del pasado año, decía que era
conveniente la apertura a una reflexión amplia sobre este tema, y creo
que este deseo ha encontrado un amplio eco en esta Cámara --cosa que les
agradezco mucho-- con la constitución de una ponencia, dentro de la
Comisión de Presupuestos, que está a punto de culminar sus trabajos, que
ha hecho una labor muy intensa, escuchando a muchos representantes de muy
diversos sectores, y que va a analizar en toda su extensión cuál es el
presente y el futuro de la Seguridad Social, al tiempo que creo
recomendará medidas que el Gobierno y este Ministerio están prestos a
atender y a considerar. El informe que en su día se haga yo creo que se
sustentará --estoy convencido de ello-- en una conciencia política y
social amplia entre los diferentes grupos de esta Cámara y podrá orientar
la acción del Gobierno en este ámbito, sin que sea utilizado como arma
arrojadiza lo que es un conjunto de prestaciones cuya discusión muchas
veces lo único que hace es señalar incertidumbre en vez de garantizar o
estabilizar lo que son las expectativas de la población.

Sin perjuicio de ello, y como también anunciaba en mi anterior
comparecencia, el Gobierno se propone abordar la reforma de las
prestaciones de incapacidad (la incapacidad laboral transitoria y la
invalidez provisional, básicamente) para atajar una incorrecta
utilización de estas prestaciones y, al mismo tiempo, para darles una
mayor coherencia interna dentro del sistema. Esta es una reforma que la
van a ver ustedes muy pronto en la ley de acompañamiento y a la que no me
voy a referir porque tiempo tendremos de hablar detenidamente de la
misma. Es una reforma que se complementa con un cumplimiento del
compromiso del programa socialista como es la consideración de la
maternidad como contingencia distinta de la incapacidad temporal y, por
consiguiente, la elevación de la prestación del 75 por ciento al cien por
cien de la base reguladora. Somos conscientes de que la maternidad no es
una enfermedad sino una decisión libre y voluntaria de la mujer que, por
lo demás, no debiera tener ninguna repercusión negativa en su desempeño
profesional o en el cumplimiento de sus ambiciones personales.

La segunda de las líneas de actuación de mi Departamento, a la que antes
me he venido refiriendo, se centraba en el mantenimiento del poder
adquisitivo de las pensiones, una vez cubierto razonablemente en años
anteriores lo que era ese déficit de protección del pasado a través de
una política muy sostenida, de muchos billones de pesetas, señorías, en
la elevación de los importes mínimos de las pensiones, que ha marcado a
lo largo de los últimos años una política ampliamente redistributiva en
el marco de las pensiones, ya que, como ustedes saben, las pensiones
mínimas eran absolutamente ridículas hace unos cuantos años porque muchas
de ellas se devengaron a partir del conocido sistema de bases tarifadas.

Una vez cubierto lo que es la sustentación de los mínimos de pensiones,
vamos a mantener el poder adquisitivo de todas ellas a lo largo de la
legislatura. Para conseguir este objetivo se ha suscrito un acuerdo, hace
prácticamente 10 días, con la Unión General de Trabajadores, Comisiones
Obreras y la Unión Democrática de Pensionistas; un acuerdo en el que se
manifiesta la conformidad de todas estas organizaciones representativas
con la fórmula de regularización aplicada ya en 1994 y que se va a
aplicar a lo largo de toda la legislatura.

Les decía también que la tercera gran línea que ha constituido el eje de
la política del Departamento en esta área ha sido la continuidad en la
mejora de la gestión de la Seguridad Social, y pocas palabras podríamos
gastar en explicarlo porque creo que es de esas cosas que viven en
primera persona los ciudadanos españoles. Yo creo --lo digo con orgullo y
desde luego agradeciendo el enorme trabajo que realizaron mis
predecesores en esta materia-- que la Seguridad Social (el INSS y la
Tesorería) está gestionada muy bien. Hoy día el período de reconocimiento
de las prestaciones verdaderamente es uno de los más bajos de Europa; el
conocimiento de la vida profesional del ciudadano se hace
informáticamente y se ha llegado a un nivel de gestión de las
prestaciones --con un nivel muy bajo de recursos (el dos por ciento), el
más bajo quizá de la Unión Europea-- que tengo que decir que es
enormemente positivo.

En la próxima ley de acompañamiento de la de Presupuestos van a ver
ustedes también unas medidas de lucha contra el fraude que se van a
añadir a las que se han venido aprobando en los últimos años, pero que en
este caso lo que hacen es recoger básicamente muchas de las
recomendaciones de la Unidad para el Estudio y Propuesta de Medidas para
la Prevención y Corrección del Fraude que se constituyó a principios de
año por parte del Gobierno.




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De cara al futuro, y siempre en esta misma línea, el Departamento va a
continuar brindando la protección social y sus líneas básicas se van a
centrar en lo que es el desarrollo reglamentario del Texto refundido de
la Seguridad Social. Probablemente aprobaremos cuatro grandes
reglamentos, de manera que la Seguridad Social tenga una coherencia
funcional. Les recuerdo que, además, va a ser el primer conjunto
normativo postconstitucional de la Seguridad Social en la medida en que
en el texto refundido se ha hecho un esfuerzo, como ustedes conocen muy
bien, no sólo de reunificar sino al mismo tiempo de ordenar normas porque
era la habilitación que tenía del legislativo, y esto se va a
complementar con cuatro grandes reglamentos para desarrollar
sistemáticamente y con una unidad de criterio todo el ámbito de la
Seguridad Social. También vamos a cumplir, a lo largo de la legislatura,
todos los mandatos que se contienen en el programa del Partido
Socialista, pensiones mínimas de viudedad, cuya titular sea menor de 60
años y carezca de otros ingresos, etcétera. Por consiguiente, nuestra
línea a lo largo de lo que queda de legislatura en el área de protección
social será consolidar lo hecho y mejorar los niveles de uniformidad
sistemática de la Seguridad Social y, al mismo tiempo, de mejora de la
gestión.

Señoras y señores Diputados, quiero terminar esta comparecencia pidiendo
disculpas por la extensión de las mismas. Es verdad que los ámbitos de
actuación del Ministerio son enormes, pero quería volver un poco al
sentido inicial de mis palabras. El Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social es un ministerio cuya naturaleza obliga a impulsar una legislación
que acompañe el empleo procurando su promoción y su mantenimiento.

También es un ministerio que debe asegurar a los ciudadanos el presente y
el futuro de las prestaciones sociales y muy señaladamente de las
pensiones. Es un ministerio cuya voluntad es, por consiguiente, apostar
por el empleo, por la protección social. A trazos gruesos añadiríamos
empleo, protección social, formación profesional. Este sería el triángulo
cuyos lados se funden, se confunden y cuya construcción exige además
contar con la concertación social; concertación entendida no como
categoría universal capaz de resolver por sí misma todos los males que
nos aquejan, sino como práctica habitual de trabajo que tiende a buscar
soluciones concretas a problemas específicos y en la que a menudo es más
importante el diálogo que el acuerdo mismo; diálogo, señorías, que estoy
dispuesto, como siempre, a mantener con todos ustedes, agradeciéndoles
una vez más el trabajo del año y pico que llevo de Ministro.




El señor PRESIDENTE: ¿Qué grupos parlamentarios desean intervenir?
(Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria tiene la palabra
el señor Mauricio.




El señor MAURICIO RODRIGUEZ: En primer lugar, quiero agradecer al señor
Ministro su amplio informe y su intervención. Estoy preocupado porque
entre las líneas que ha trazado del Ministerio he tenido algunas dudas
sobre si de verdad estas políticas, que creo que son fundamentales dentro
de la nueva etapa que vive la sociedad española en lo que se refiere a
políticas integradas de empleo y formación, descentralización,
participación y coordinación, que me parece que son conceptos que ha
definido el Ministro como elementos claves, como decía, estoy preocupado
porque entre estas líneas no termino de ver cuál es la política del
Ministerio con respecto a lo que podría ser la coordinación entre la
formación ocupacional y la formación reglada, la reforma de la formación
ocupacional, que me parece que está dando resultados lastimosos para el
importantísimo volumen de recursos que se tienen, la adaptación a las
demandas reales y en este caso a comunidades autónomas que tienen
contextos muy peculiares tanto económicos como sociales, el papel de la
descentralización o coordinación del Inem, la coordinación con las
administraciones locales pero también con las comunidades autónomas. En
definitiva, no termino de ver ese plan integral que en el caso específico
de Canarias --aunque ese problema existe en muchas comunidades
autónomas-- se acaba de aprobar la ley del REF a lo largo de junio y en
su artículo 21 y en las disposiciones transitorias se plantea la
necesidad de ese programa integral de empleo y formación. Me gustaría
saber en qué sentido se van a desarrollar esas políticas por el
Ministerio, y en el caso concreto del desarrollo del REF para Canarias,
si fuera por la vía de convenios, nos gustaría conocer en qué contextos
se van a mover esos convenios tanto en financiación como en cesión de
competencias. En definitiva, yo creo que el modelo canario tiene una
serie de situaciones muy especiales que pueden ser interesantes para el
desarrollo de esta política descentralizada, coordinada e integrada a la
que me estoy refiriendo. Creo que estas políticas activas de empleo,
ligadas a su vez al desarrollo económico, a los marcos fiscales y
económicos, nos llevarían de alguna manera a reducir frontalmente el
fraude para que las coberturas por desempleo no sean simplemente una
política asistencial necesaria, sino que signifiquen la puesta en
práctica de una política de integración en el mercado de trabajo que en
este momento no lo tienen por su carácter burocrático y descoordinado.

Por último y para que mi intervención no sea muy amplia, voy a formularle
la siguiente pregunta. La reforma del plan de empleo rural ¿existe la
idea de extenderla a otras comunidades autónomas cuando se producen
fenómenos tan curiosos como que haya situaciones de desempleo registrado
altísimo, y en el caso de Canarias --sobre el que quisiera insistir mucho
porque me parece una situación bastante preocupante la que existe en las
islas con respecto a este tema-- podemos ver que tiene los niveles de
desempleo registrado de los más altos de España y a su vez es aportadora
de recursos a la Seguridad Social? Es algo que me parece increíble y
enormemente contradictorio, ya que los niveles de pobreza y marginación
en las islas son enormes. El actual sistema de Seguridad Social
centralizado no tiene en cuenta sino un sistema de cotizaciones, de
subvenciones, de apoyos y prestaciones muy centralizado también, no
adaptado a la realidad concreta, y eso hace que una de las comunidades
que tiene mayor nivel de desempleo y de pobreza es curiosamente una de
las que financia el actual sistema de Seguridad Social. No lo planteo
sólo como un problema específico de las islas, sino como un



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problema de descentralización, como he dicho al principio, integración y
coordinación de todas las políticas de empleo y formación que en este
momento me parece que tienen una enorme inercia; y como la inercia es el
resultado del volumen de intereses que se mueven detrás, yo veo difícil
que si no se toman decisiones mucho más radicales en este asunto sólo se
estén adoptando políticas de parcheo, que parecen avances parciales pero
que, en definitiva, no modifican el modelo actual, centralizado,
descoordinado, clientelar en la política de formación ocupacional y no
auténticamente de política activa de empleo.

Supongo que lo que quería preguntar ha quedado claro. Espero que el señor
Ministro lo haya entendido y no tengo nada más que decir.




El señor PRESIDENTE: Señorías, en la Comisión seguíamos un criterio que
se había consolidado a lo largo del tiempo y que llevaba a que la
ordenación del debate cuando en la Comisión está presente el señor
Ministro, compareciendo bien a petición propia o a petición de alguno de
los grupos, como decía, llevaba a que la ordenación del debate se hiciera
comenzando por el Partido Popular. Sin embargo, un error me ha llevado a
conceder la palabra en primer lugar al señor Mauricio, en representación
del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria. Espero que los daños
producidos no sean irreparables y que en lo posible esos daños se
reparen, si es que ha habido alguno, concediendo ahora la palabra al
señor Aparicio, en nombre del Grupo Parlamentario Popular.




El señor APARICIO PEREZ: Señor Presidente, sean mis primeras palabras de
satisfacción al contar de nuevo con su presidencia y desear que
lógicamente este proceso siga con total normalidad, con su propia
presencia y con lo que son los usos y costumbres que usted bien conocía,
en plena y deseable normalidad.

Dicho esto, yo creo que sí que es necesario hacer una primera observación
respecto a la forma. El señor Ministro daba como fecha de referencia el
28 de septiembre del año pasado. Yo no sé si por ser finales de
septiembre, pero lo cierto es que hoy no ha podido resistir la tentación
de darnos una clase magistral, una lección de comienzo de curso más que
realmente lo que yo creo que podría haber sido, ese balance en corto de
lo realizado a lo largo de este año con preguntas tan clásicas y a lo
mejor tan sencillas como si estamos igual, mejor o peor que hace un año y
si se venían cumpliendo con cierta normalidad las previsiones de su
Departamento.

Poco hay que decir de algunas de sus afirmaciones de tipo teórico. En
cualquier caso, si ésa es la concepción de lo que se ha dado en llamar
nuevo estilo, creo que no van a aportar mucho. No creo que planteamientos
de una filosofía absolutamente general o de puras reiteraciones de
posiciones ya conocidas en documentos de la Unión Europea que, por
supuesto, asumimos y admitimos todos los grupos vayan a ser, en este
caso, grandes elementos de novedad. Permítame que le diga también que
algunas de las referencias que ha hecho no son totalmente exactas. Si me
lo permite, y aunque es de carácter menor, decir que el «Boletín Oficial
del Estado» no crea empleo no deja de ser una afirmación a veces un poco
curiosa. Sabe usted que la población ocupada, la que realmente trabaja en
España está en el mismo orden de cifra, en torno a los 11 ó 12 millones,
que hace bastantes años. Pero si usted lo analiza un poco más (y usted,
que es buen observador, lo habrá hecho) sabrá que ha habido un
crecimiento de empleos del 40 por ciento en el sector público y una
absoluta congelación, por no decir detracción, del sector privado.

Algunos cambios ha habido y ese crecimiento del sector público, en
algunos casos pensamos que desde luego no proporcionado con el resto de
la actividad productiva, también se ha hecho desde el «Boletín Oficial
del Estado» o desde distintos boletines oficiales, si me lo permite.

Por seguir un esquema sencillo, que creo es el que corresponde en este
trámite, cabría reflexionar sobre tres grandes áreas: esas políticas
activas de su Departamento, esas políticas pasivas y esos fines de
protección social. No voy a entrar con mayor extensión (no por no
considerarlo importante: lo considero muy importante) en lo que ha dicho
sobre la reforma laboral, pero qué duda cabe que su prudencia es la
prudencia que están manteniendo también los agentes sociales a la hora de
observar que hay ya efectos muy importantes o efectos completos de dicha
reforma. Creo que ésa es la línea correcta y a esa prudencia debemos
todos atenernos.

Sí que cabe hablar, dentro de las políticas pasivas, de políticas de
atención al desempleo, de algunas grandes carencias. Hemos solicitado
reiteradamente que la gestión de las prestaciones se haga de forma
unitaria. Precisamente en ese mundo muy desarrollado informáticamente, de
alta conexión del que antes hablaba, no parece lógico que siga habiendo
una descoordinación (y usted sabe que existe, así nos ha sido relatado
por altos cargos de su Ministerio) entre la gestión informática del Inem
y la gestión del INSS. Nosotros pensamos que para llevar al Inem a sus
verdaderos fines, a sus verdaderos objetivos, que no son otros que dotar
cuanto antes de un puesto de trabajo a quien haya tenido la desgracia de
perderlo, sería muy bueno (y filosóficamente usted lo sabe) que se
aligerase al Inem de esta carga de gestión de prestaciones. Nuestra
perplejidad es absoluta cuando después de muchos años (y ahí sí le quiero
hacer una observación importante), después de muchos años (ya sé que
usted toma como fecha de referencia el 28 de septiembre del año pasado;
más atrás de esa fecha ha habido, sin duda ninguna, bastantes años y
grandes oportunidades económicas, presupuestarias y sociales para hacer
otras reformas), siga produciéndose esa desconexión y, lo que es peor,
que todavía el Inem no pueda decirnos, a los grupos que así lo
solicitamos, en qué casos y por qué causas se rechazan ofertas de empleo,
en qué casos y por qué causas se rechazan accciones formativas.

Enlaza, como usted bien sabe, con dos cuestiones que ha citado a
continuación: una buena formación profesional (difícilmente sin ese tipo
de datos podrá diseñarse ningún esquema operativo de formación
profesional) y enlaza con el otro tema sobre el que quiso usted pasar,
lógicamente, de puntillas, que es la existencia, hoy ya no negada, del
fraude. En consecuencia, creo que ahí queda bastante por



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hacer, y que no basta con un ejercicio de brevedad sumaria en explicar
que informáticamente no es posible o que la causa viene de doce o trece
años atrás, como hizo en aquel momento el Secretario de Estado de Empleo.

Vuelvo a decirle, dentro de lo que sí creemos que puede contribuir
decisivamente a un diálogo ordenado y fluido entre los grupos, que ese
tipo de datos, esos datos de observatorio ocupacional, descompuestos y
desagregados, de por qué se rechazan acciones formativas, por qué se
rechazan ofertas de empleo, puede ser de utilidad que los conozcan los
grupos. Creemos que es una vieja petición y nos gustaría que se empezase
a cumplir, no sólo en relación a nuestro grupo sino, supongo, que a todos
los demás grupos interesados en ello.

Ha citado un concepto importante, quizá utilizado extensivamente, como es
el de precariedad. Qué duda cabe que junto a ese concepto, que puede ser
muy discutible, hay un concepto más pacífico en cuanto a su propia
definición, que es el de rotación laboral, y nos guste o no, España sigue
teniendo una tasa altísima de rotación laboral, que ciertamente no se ha
corregido de forma automática, tal vez porque no podía ser así, solamente
con la reforma laboral. Nos hallamos, y usted lo sabe, en los puntos más
altos de rotación laboral, lo cual nos lleva a pensar que debe actuarse
sobre esta materia, sobre todo en alguno de los efectos, como es la
socialización de algunos costos laborales que están sin duda
repercutiendo negativamente sobre el sistema. En ese punto nos gustaría
también conocer cuáles han sido las acciones en este año. Usted mismo, el
28 de septiembre pasado, decía que se iniciaba una disminución de los
índices de rotación laboral provocada por el funcionamiento de nuestras
instituciones laborales. Hay un informe de la Unión Europea sobre el
empleo en Europa, en 1994, que sigue dando a España como el país de mayor
rotación laboral. En el otro extremo bien sabe que está Alemania. Yo creo
que la clave es, sin duda ninguna, lo que antes decíamos: políticas
activas y, sobre todo, políticas activas en formación profesional. No
basta con decir que ahora ya, por fin, la formación profesional va a
ocupar el puesto clave que le corresponde en la sociedad española. No
cabe decir que ahora ya, por fin, se van a resolver las disfunciones
entre distintos departamento ministeriales. Yo creo que hay que comenzar
ya a actuar y con piezas, como usted decía, sencillas. Creo que también
podría darnos, si es tan amable, la fecha en la cual vamos a disponer ya,
por fin, de ese catálogo nacional de cualificaciones, ya cerrado.

Y también permítame que haga una reflexión sobre políticas activas y
pasivas. Es lógico que España en este momento esté destinando una
cantidad, en términos absolutos, muy importante al desempleo. Sigue
siendo el país con peor proporción entre medidas activas y medidas
pasivas. Cuando hace un año le hablábamos de una proporción de 6 a 1,
políticas pasivas frente a políticas activas, si seguimos este mismo
informe del empleo en Europa en 1994 se situaría ya prácticamente en 7 a
1. Y entro en un punto realmente importante. Ha dicho antes que no puede
marginarse a importantes sectores de la población española como
consecuencia de unas políticas laborales o, lo que es peor, de la acción
directa de libre mercado. Esto debería ir acompañado de un reparto más
racional de esos medios dedicados a formación profesional y a acciones
formativas. Y sigue dándose la paradoja de que en España la mayor parte,
el 60 por ciento prácticamente, más del 60 por ciento de los recursos
siguen destinados a población con mejor aptitud previa, mejor formación
previa, mayores niveles educativos previos. Sigue produciéndose un
terrible desequilibrio entre la población analfabeta, con estudios
primarios, mayor de 45 años (que sin duda ninguna forma parte de ese
gravísimo problema social del paro de alta duración), y sigue habiendo,
insisto, una disfunción con los medios aplicados y con la proporción a la
hora de aplicar esos medios. Nos gustaría saber, repito, si esto va a
cambiar o no, y nos gustaría que nos dijese en qué términos puede
concretarse.

Ciertamente ha hablado de lo que eran esfuerzos presupuestarios previos,
y una de las cuestiones que sabe que ha merecido siempre la atención de
nuestro Grupo ha sido saber si estaban esos contadores a cero, para
evitar el efecto de distorsión de decir que hay que cancelar deudas de
ejercicios anteriores. Se hizo una afirmación rotunda de que el contador,
por ejemplo, del Inem estaba absolutamente a cero. Recientemente parece
ser que no existe ese cero, que existen unos 40.000 millones de pesetas.

Yo tengo el documento de la Intervención General de la Administración del
Estado, que sin duda poseerá usted también, en el que se habla (y esto
nos parece más preocupante) de otros 40.000 millones. No le estoy
hablando ya de los correspondientes a la previsión de liquidación de
1994, unos 40.000, sino otros 40.000, también en ejercicios anteriores.

Supongo que el documento lo tiene usted también y, si prefiere la
literalidad, dice que en el Inem quedan pendientes de regularizar pagos
presupuestarios por importe de 39.511 millones de pesetas
correspondientes a ejercicios anteriores, alguno de los cuales desglosa.

Para poder conceder quizá mayor credibilidad a alguna de las afirmaciones
que aquí se hacen, me gustaría saber si esta cifra ya es definitiva, si
la da por buena o no, si discrepa o no, y si esa previsión que hace
también el señor Peña es correcta o no para este año 1994.

Ha hablado, y creo que es lógico, de las políticas activas, de la
formación, como una de las claves de superación de este problema de
desempleo. Estudiando las cifras a lo largo de este último año vemos que
ha descendido el número de beneficiarios del plan FIP: 275.000
aproximadamente fueron en 1992, a 147.000 en 1993, casi la mitad. Y si
hace el cálculo de los gastos en términos de porcentaje del producto
interior bruto en formación en España, sigue siendo el más bajo de
Europa. Por si quiere el documento, es también de la OCDE y se llama
«Programas de mercado de trabajo».

Le insistía en que para afrontar alguna de las causas que pueden ser de
común preocupación hay que cambiar alguna de las políticas. Me gustaría
que en esta reflexión que hoy ha abierto hubiese una mayor plasmación de
alguna de ellas. Permítame que le insista, por su importancia, en si va a
haber cambio de criterio en la asignación de medios de formación
profesional respecto a los niveles previos de



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cualificación o niveles previos de aptitud laboral. Le decía también al
principio que todos debemos ser prudentes a la hora de valorar los
efectos de la reforma laboral. Creo que ésta es la tónica general porque
buena parte de esa reforma laboral está por hacer. Qué duda cabe que la
potenciación de la negociación colectiva llevará a que sea el propio
transcurso de esa negociación colectiva la que nos diga el alcance último
de esta reforma. Junto a esas otras medidas, que sí que urgen, me
permitiría decirle que alguna de las modificaciones legislativas que ha
anunciado son urgentes. No es bueno que se produzca un desfase entre una
reforma de carácter general y alguno de los reglamentos o normas
imprescindibles para llevarla a cabo. Sirva como ejemplo lo que para
ustedes también fue una pieza clave y nosotros hemos calificado, en
alguna ocasión, de pieza defectuosa. No es lógico que estén, en este
momento, más de 146.000 contratos de aprendizaje sin soportes educativos
suficientes para garantizar un normal contrato de aprendizaje; y llamo
normal contrato de aprendizaje a aquel que sea capaz de superar con
holgura y sin dificultad la actual legislación. No es lógico que se estén
dando instrucciones e indicaciones a las inspecciones de trabajo para que
no entren a valorar, a estudiar o a tener en cuenta la legalidad de este
tipo de contratos. Eso no es bueno para nadie, ni para los alumnos ni
para los empresarios ni para el conjunto de la sociedad española. Yo creo
que alguno de estos escritos, en concreto los que dirige la Dirección
General de Empleo a la Dirección General de la Inspección de Trabajo los
días 27 y 29 de julio, son un reconocimiento de esa impotencia y de esa
incapacidad de sincronizar lo que es la puesta en marcha de un modelo
legal nuevo, como es el contrato de aprendizaje, con esas acciones
necesarias, con ese desarrollo que usted mismo demandaba como necesario
de la formación profesional. Si me permite, además, creo que habría que
zanjar una cuestión. Los viejos contratos de formación tenían, sin duda
ninguna, carencias y defectos (esto lo podemos afirmar todos), pero al
menos conducían a un grado de homologación administrativa en ese tipo de
contratos, la que les concedía el propio Inem. Sería bueno que se zanjase
de una vez la cuestión de a qué aptitud, a qué grado de homologación, a
qué grado de certificación administrativa conducen y cuál sería la
posterior validez de este tipo de contrato. Insisto en que no es bueno
para nadie y no ceo que la fórmula sea, simplemente, recomendar falta de
diligencia o de celo a la Inspección de Trabajo.

Tratando de ser lo más breve y esquemático, voy a entrar en un último
capítulo de protección social. Quizá porque el concepto haya saltado
estos días a la opinión pública puede hablarse de lealtad constitucional,
pero no sólo en los terrenos autonómicos. Creo que puede y debe hablarse
de lealtad constitucional también cuando se habla de protección social.

El artículo 41 da una definición absolutamente correcta de lo que es,
puede ser y debe ser el modelo de Seguridad Social en España. Lo que no
parece de una gran lealtad es tratar de monopolizarlo, de acapararlo o de
anatematizar a los demás diciendo que sólo un determinado grupo, un
determinado partido es capaz de dirigir el desarrollo de ese artículo.

Aquí debo decir que precisamente (usted ha utilizado el término, no yo,
de arma arrojadiza, de estabilidad en el sistema de Seguridad Social)
como receptor de ese arma arrojadiza que usted citaba en su intervención,
creo que sería muy bueno que se despejasen algunas dudas y que
desapareciesen algunos usos, generalmente electorales, de la capacidad de
otras fuerzas políticas de garantizar una estabilidad, de abogar por la
protección social --ahí coincidimos-- y no sembrar alarmas ni
desestabilizaciones. A mí me gustaría recordar que este debate está
asociado a discrepancias, luego matizadas, corregidas, entre distintos
responsables de departamentos ministeriales. El debate sobre la reforma
de la Seguridad Social no lo provoca el Grupo Popular; no lo ha utilizado
jamás el Grupo Popular como arma arrojadiza. Estoy de acuerdo con usted
en que no es bueno desestabilizar a la opinión pública española. No es
una forma de salir de la crisis y de superar la dificultad crear nuevas
incertidumbres. Si eso ya es también sentir común de otros grupos, estoy
seguro de que se facilitará el trabajo de la Ponencia y se facilitará, en
cualquier caso, el desenvolvimiento de algunas campañas electorales.

Permítame que le diga que en este terreno hay medidas a corto, que usted
ha señalado, en las que podemos estar de acuerdo. Yo trataría de
distinguir lo que es el trabajo de esa Ponencia concebido más hacia el
medio y largo plazo que al inmediato trabajo a corto. Efectivamente hay
que actuar en esas áreas de fraude constatado, como puede ser la ILT, y
que sí que es lógico que haya una mejora en los procedimientos
administrativos. Sirva como ilustración que no parece lógico que en la
declaración de una invalidez concurran hasta nueve administraciones. Y
permítame que le diga también que algunas de estas mejoras las puede
traer cuando usted quiera, cuando su Departamento lo estime oportuno.

Otros grupos estamos actuando con iniciativas sobre esta misma área,
puede actuar el Ministerio o puede recoger las iniciativas que otros
grupos estamos formulando.

Claro que hay que dotar de estabilidad financiera al sistema, pero
permítame que le diga que quizá quien está más inquieto, y yo lo
comprendo, es su Departamento. El otro día, cuando se hablaba de una
medida que parece que está encajada en los presupuestos, de la reducción
de un punto, fue lógica su reacción de pedir contrapartidas rápidamente
de financiación. Algún límite parece que también se nos ocurre a todos.

El año 1989, como usted sabe, se estableció que las desviaciones, por
ejemplo, del gasto sanitario fuesen asumidas directamente por
financiación directa del Estado y no con cargo a cuotas. A mí me gustaría
tener también esa misma tranquilidad para este próximo ejercicio. Y le
doy un consejo. Parece lógico que antes de pensar en que necesariamente
haya que trasladar un punto de cotización a la Seguridad Social por un
punto de no sabemos qué impuesto, qué carga, se revisen a fondo todos
esos márgenes de mejora en la gestión. A lo largo de su exposición usted
ha ido haciendo, y yo también, hincapié en lo que son todavía defectos de
gestión. Permítame que no le niegue los avances en otras áreas, no lo
haré nunca, pero permítame que enfatice (porque ésa sí que es mi
obligación, la suya puede ser la autocomplacencia, pero ésta no está
entre mis obligaciones) y le diga que es necesario reflexionar



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sobre si existen márgenes de mejora. Piense, por ejemplo, que con las
cantidades que antes le citaba de 40.000 millones de pesetas de
ejercicios anteriores, o desviaciones de 40.000 millones como las que
dice el señor Peña, ya tenemos medio punto de cotización a la Seguridad
Social. A mí me gustaría, como principio general, que se piense si puede
mejorarse antes de seguir apretando clavijas o tuercas fiscales. Esto se
lo digo al hilo de una consideración que usted, como fino economista,
conocerá. Un punto de Seguridad Social en un año malo, como el año 1993,
pueden ser unos 180.000 millones de pesetas. Abramos margen hasta
200.000, si usted quiere, veo que prefiere el año regular. En un año malo
de consumo interno un punto de IVA son más de 200.000 millones de pesetas
en cualquier caso, 230.000 millones. Si usted hace la cuenta, si la hacen
todos los españoles, de momento y con independencia de las mejoras en la
Seguridad Social, son 40.000 millones más de presión fiscal. Permítame
entonces que siga sugiriendo que se estudien bien y a fondo hechos ya
constatados como fraudes y como disfunciones, antes de seguir apretando
tuercas fiscales o parafiscales.

Me gustaría que me diese contestación a lo que antes le formulaba: ¿Se va
a romper esa línea marcada por los pactos de 1989 de mantener que las
desviaciones en el gasto sanitario se harán con financiación general o se
van a hacer este año con cargo a cotizaciones? Lo digo desde la duda, que
usted puede tener también, de si estamos ante una forma curiosa o extraña
de solucionar algún déficit en gestión sanitaria autonómica.

Y por último, cuenta usted en este área, señor Ministro, con la mejor
disposición de nuestro Grupo. Se lo manifestamos hace un año y se lo
reiteramos en éste. No va a haber inconveniente. No tenemos esos
dogmatismos a los que usted hacía mención. Nunca nos hemos sentido
aludidos a la hora de afrontar el principal problema de la sociedad
española, que es el desempleo. Creemos que hay pautas que empiezan a ser
comúnmente aceptadas por muchos grupos políticos. Son esas
recomendaciones que va dando la Unión Europea, fruto de esos debates de
gran altura en los que las distintas y grandes fuerzas políticas europeas
están presentes. Cuente con nuestra mejor disposición; cuente también con
que nuestra labor crítica estará garantizada en todo momento, no vamos a
declinarla; y cuente con que sólo hay una posibilidad de que no podamos
prestar esa colaboración. Son los intentos de excluirnos deliberadamente
del principal problema, insisto, que tiene la sociedad española, o puede
ser entender en nosotros unas conductas o comportamientos de oposición
que ignoro si otros grupos en algún otro momento hicieron, pero que desde
luego no forman parte de nuestras prioridades. (El señor Peralta Ortega
pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Señorías, el criterio que yo hoy acabo de
petrificar, porque estaba consolidado pero haciendo constar en el «Diario
de Sesiones» que me había equivocado hoy lo petrifico, era que en primer
lugar intervenía el Grupo Popular y a continuación los demás grupos de
menor a mayor. Ese era el criterio que seguimos en las comparecencias del
señor Ministro en ocasiones anteriores. De modo que en estos momentos
tiene la palabra el señor Hinojosa, por el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió).




El señor HINOJOSA I LUCENA: Gracias, señor Ministro, por su
comparecencia. Estoy de acuerdo con usted cuando dijo que nada va a ser
igual después de la crisis. No por la caída del muro solamente, sino por
la caída del muro, por la globalización, por la mundialización de la
economía, por toda la corriente de revisión del Estado de bienestar que
se está produciendo, especialmente en Europa, es evidente que nada será
igual después de la crisis. Ello nos ha obligado a hacer algunas reformas
y hoy conviene hablar de algunas de las reformas hechas y de algunas de
las que estamos pensando hacer, porque en la medida en que acertemos con
estas reformas y en la medida en que las apliquemos adecuadamente
estaremos en disposición de competir o no con nuestros homólogos de la
Unión Europea. Hemos hecho, ciertamente, una reforma laboral que está en
el BOE, pero no está todavía implantada. Es lógico que no esté implantada
porque es muy joven, pero no es tan lógico que se esté eludiendo, en
algunos aspectos, su aplicación a través de la negociación de las partes.

Es muy importante profundizar en la reforma laboral y aplicarla, porque
sólo en su aplicación veremos si realmente acertamos o no cuando la
hicimos.

Es importante valorar un aspecto de esa reforma laboral, la permanencia
--creo que es un buen acuerdo para este año próximo-- de la posibilidad
de la contratación temporal. Ya sé que hay oposición en algunos sectores
políticos y sociales, pero no es menos cierto que gracias a la
contratación temporal se está reduciendo el paro y se está permitiendo
que algunas de las personas que habían perdido su puesto de trabajo y que
son parados de larga duración puedan tener la esperanza de reincorporarse
al mundo laboral. Por tanto, la reforma laboral es importante, pero es
más importante su puesta en marcha y eliminar todos aquellos obstáculos
que puedan hacerla inviable. Y digo más, la reforma no ha acabado. La
reforma laboral no la debemos dar por acabada, hemos de seguir pensando
en qué aspectos nos quedamos cortos y en qué aspectos habrá que modificar
algunos de los acuerdos tomados de cara al futuro. Entiendo que la
relación laboral va a ser constantemente un instrumento a modificar y a
condicionar y a adaptar a los nuevos tiempos.

Estamos afrontando otra reforma importante --hablo de las grandes
reformas--, la de la Seguridad Social. Su señoría ha pasado muy por
encima, aunque ha hecho referencia específicamente a algunos de sus
aspectos, al mantenimiento de las pensiones y de la protección sanitaria
de la población. Hay que entrar muy a fondo en la reforma, porque hay una
serie de difusiones dentro de la Seguridad Social actual y
específicamente no en el régimen general sólo, sino en aquellos regímenes
especiales que mantenemos en el conjunto de la Seguridad Social. Sus
señorías saben que tenemos algunos regímenes, como es el agrario, que es
deficitario en un billón de pesetas. No es broma. Sus señorías saben que
de las 3.785.000 pensiones que tenemos en este momento, casi 1.700.000
son de invalidez. Y



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saben SS. SS. también que el régimen especial agrario por cuenta propia
es más peligroso que el régimen agrario por cuenta ajena, porque tenemos
más invalideces en el régimen por cuenta propia. Igual ocurre en el
régimen de trabajadoras del hogar y en el régimen de trabajadores
autónomos. Resulta que estos regímenes son más peligrosos para la salud
del trabajador que el régimen especial de la minería del carbón, porque
todos ellos tienen índices superiores de invalideces. Parece que tenemos
un trabajo de gestión importante a realizar, del que a mí me consta que
el Ministerio es consciente y del que también me consta la dificultad que
supone penetrar en esas bolsas de fraude. Pero habrá que entrar si
queremos hacer una reforma de la Seguridad Social permanente para que
sirva de cara no al corto plazo, sino al medio y largo plazo.

En la Ponencia que se creó en el seno de esta Comisión estamos llegando
al final de nuestra tarea --esta misma mañana hemos trabajado en esa
línea-- y me temo que quizás no afrontemos tan a fondo como sería
necesario la reforma de la Seguridad Social. Es importante también lo que
se ha hecho y, como indicio, como tendencia, la línea que se va a iniciar
con la aprobación de los presupuestos para el año 1995 de estudiar la
adecuación de los costos laborales. No entro a juzgar si la rebaja del
punto sobre las cotizaciones de la Seguridad Social es importante y
suficiente y si la compensación por IVA es lo correcto o no. Entro al
fondo de la cuestión: si nuestros costos laborales globales están a nivel
de la Unión Europea, si fuera posible incluso unas décimas por debajo,
competiremos y, por tanto, crearemos trabajo, y si eso no lo logramos no
competiremos, no crearemos trabajo y nuestras bolsas de personas paradas
serán cada vez mayores. Por tanto, entiendo que la toma de conciencia de
que los costos laborales tienen que adecuarse a la posibilidad de la
competitividad con los países europeos que nos rodean es importante y es
importante mantenerla.

Creo que hay que seguir el esfuerzo para la consolidación del crecimiento
económico. No podemos llegar al triunfalismo de pensar que estamos en un
crecimiento económico irrefrenable. Podría producirse una regresión, una
parada o una estabilización del crecimiento económico, con lo cual no
crearíamos el empleo necesario para ir superando las cotas tan altas que
tenemos de desempleo. Creciendo económicamente, SS. SS. saben --el
Ministro lo ha dicho-- que es difícil la creación de empleo, pero podría
producirse además una desaceleración del crecimiento. Por tanto, sigamos
poniendo aquellos medios necesarios para que esto no se produzca en
nuestro país y podamos seguir creciendo.

Me parece --y quiero felicitar al Ministro o a su equipo-- un buen
acuerdo también por lo que significa de indicio el logrado con las
organizaciones de pensionistas. Me parece importante que se haya llegado
al acuerdo, no el acuerdo en sí, en el que no entro. Si las partes lo han
considerado aceptable, bien está. Lo importante es lanzar a la sociedad
el mensaje de que el Gobierno puede acordar y acuerda cosas concretas,
porque últimamente había un gran déficit de acuerdos con las partes
sociales. En este caso me parece muy positivo que se haya llegado a un
acuerdo con Comisiones Obreras y UGT en lo que se refiere a las pensiones
hasta el año 1997. Esperemos que se siga en esa línea con el diálogo
necesario para la próxima importante ley --proyecto que ha anunciado el
Ministro-- de la salud laboral o de los riesgos laborales; le hemos
cambiado el nombre dos o tres veces. Ojalá se siga llegando a acuerdos en
esta ley y en las otras que ha anunciado el señor Ministro con las partes
sociales, con las centrales sindicales mayoritarias del país, para que
llegue a buen fin y salgamos de la mejor manera de la crisis en la que
hemos estado inmersos y creo que todavía estamos.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Peralta.




El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente, por su comparecencia,
suficientemente amplia, que creo que responde a un acuerdo de carácter
político del Gobierno de comparecencia de todos los ministros, no
específicamente de usted como Ministro de Trabajo y Seguridad Social sino
de todos los ministros, al parecer basado en una percepción del Gobierno
en que la ciudadanía no conocía a fondo la política que estaba llevando a
cabo. Discrepo de esa percepción. Creo que los ciudadanos, en concreto
los trabajadores, perciben adecuadamente la política que lleva a cabo el
Ministerio de Trabajo y recientemente han tenido ocasión de valorarlo
adecuadamente. Creo que de eso es plenamente consciente el Gobierno y más
que intentar explicar una política, estas comparecencias, tanto la suya
como las de otros ministros, dan la impresión de que se enmarcan en una
política de carácter preelectoral. Vamos a unas elecciones de una
importancia política extraordinaria y, desde ese punto de vista, que
comparezcan todos los ministros y que nos hagan una defensa encendida de
la política que está llevando a cabo el Gobierno.

En esa línea, señor Ministro, ha llevado a cabo una defensa me atrevería
a decir que demasiado cálida, porque se ha remontado a fundamentos
teóricos que algún interviniente anterior ha conceptuado de carácter de
clase. Si fuera así, señor Ministro, tengo que decirle que a lo largo de
esa lección nos ha vendido algunos gazapos importantes. Ha hablado de un
modelo europeo de relaciones laborales, de protección social que, según
su opinión, se basaba en un pacto político entre socialistas, ha dicho
usted exactamente socialdemócratas y demócratas cristianos. Creo que eso
no es así exactamente, señor Ministro. Ese modelo social está basado
fundamentalmente en los acuerdos con los agentes sociales, y es ahí donde
les duele, señor Ministro. No sólo ha ocultado ese dato importante,
históricamente esencial en todo el proceso de reconstrucción de Europa
después de la Segunda Guerra Mundial; es que si piensan que hay que
renovar el consenso con los demócratas cristianos, lo tienen crudo en
este país, señor Ministro. En este país más que demócratas cristianos
parece que abundan cristianodemócratas que anteponen lo de cristiano a lo
de demócratas y que pretenden incluso que todos los demócratas pasemos
por sus concepciones cristianas, y



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eso es demasiado, señor Ministro. Esa es la realidad política de este
país, como también es la realidad política de este país, señor Ministro,
que el consenso se hizo con socialistas o socialdemócratas que creían
realmente que desde el Ministerio de Trabajo y desde el BOE se podía
intervenir. Creo que la afirmación que ha hecho de que desde el
Ministerio de Trabajo y desde el BOE no se crea empleo encierra realmente
una concepción más a fondo que cuestiona la propia intervención pública.

Algún portavoz socialista destacado, que ha tenido cargos relevantes en
el Gobierno y que ahora no está en el Gobierno, incluso cuestionaba esas
intervenciones públicas. Le digo, señor Ministro, que allí donde se
produjeron acuerdos importantes, permanentes, con los agentes sociales y
allí donde hubo políticas socialdemócratas importantes, como los casos de
Suecia, Dinamarca, etcétera, donde más avanzado se construyó el Estado
del bienestar, es precisamente donde parece que más se empieza a
recuperar la izquierda, que es una labor y una tarea que nos parece muy
importante.

Señor Ministro, creo que en este trabajo de recuperar el diálogo social
en nuestro país, intervenciones como la suya de hoy, que ocultan esas
realidades, no son positivas. Ha dicho que el modelo de diálogo social
practicado en este país durante la última década o durante más de 15 años
--grandes acuerdos-- no vale y oculta, por ejemplo, que se produjeron
notables incumplimientos gubernamentales en relación con esos acuerdos.

Le recuerdo uno de los casos más significativos, la tase de cobertura del
AES. Se prevía alcanzar una tasa en un momento determinado y se tardaron
muchos años en alcanzarla. Afortunadamente hoy está superada, pero no se
cumplió en los términos en los que se pactó. Ha dicho que, tras la huelga
general, el Gobierno apostó por el diálogo. Oculta, señor Ministro, que
fue el Gobierno el que rompió el diálogo a finales del año pasado, no
fueron los agentes sociales y no fueron los sindicatos. Ellos nunca han
roto el diálogo. Si convocaron la huelga general fue ante la ruptura del
diálogo por parte del Gobierno; no les quedaba otra solución, no tenían
la posibilidad de continuar un diálogo que el Gobierno rompió
unilateralmente. Eso es bueno decirlo y sería bueno decir que el Gobierno
considera que aquello fue un error. En nuestra opinión aquello fue un
grave error.

Creo, señor Ministro, que no hay que hacer del mal virtud. En cuanto a
decir que los acuerdos puntuales que hoy se producen es el mejor sistema,
creo que el mejor acuerdo es el más amplio posible y el que se cumple.

Precisamente por los incumplimientos por parte del Gobierno ha sido
cuestionado el anterior modelo y creo que este modelo empieza a dar pasos
que saludamos. Señor Ministro, ese acuerdo de retribuciones de los
funcionarios públicos, ese acuerdo de revalorización de pensiones nos
parecen positivos. En nuestra opinión, al día de hoy, son parciales y,
desde luego, no dan respuesta adecuada y completa a las necesidades que
presenta la realidad laboral de nuestro país. Desearíamos, señor
Ministro, que se avanzara en esa dirección con mayor audacia por parte
del Gobierno y contemplando la totalidad de la realidad laboral. Qué duda
cabe que desearíamos que en la ley de salud laboral, en la que quiero
recordarle, señor Ministro, que ya hubo un acuerdo por parte de sus
antecesores con los sindicatos, se respetaran esos acuerdos, que no se
incumplan los acuerdos, y ahora se intente renegociar de nuevo ese tema,
porque ésa es la realidad, señor Ministro.

Ha dicho, señor Ministro, que se han producido cambios importantes en el
mundo. Sin lugar a dudas, importantísimos en todos los terrenos. Ha
hablado del terreno político, del terreno económico, social, financiero,
etcétera. Repito que se han producido cambios muy importantes. Adecuarnos
a esos cambios requiere tener una mente abierta, desterrar dogmatismos de
todo tipo, por supuesto, dogmatismos que han podido producir graves
errores y muchos daños en el siglo XX, pero también aquellos que
produjeron enormes daños en el siglo XIX y que hoy parece ser que en
algunos casos se pretenden restaurar como la gran solución a los
problemas de una sociedad tan compleja como en la que hoy vivimos. En
este sentido, señor Ministro, creo que ha hecho afirmaciones que no son
del todo correctas. Ha reconocido, por ejemplo, en contradicción con lo
que decía anteriormente que desde el Ministerio de Trabajo o desde el BOE
poco se puede hacer, que el funcionamiento libre del mercado de trabajo
produce discriminaciones. ¡Qué duda cabe! El Derecho laboral tiene como
objetivo compensar ese funcionamiento libre del mercado. Ese es el abecé
del Derecho laboral: compensar esos funcionamientos, intervenir
públicamente para corregir esos errores que produce el mercado. Desde ese
punto de vista, señor Ministro, desde luego, apostamos por un Ministerio
de Trabajo que, ante las discriminaciones que produce el funcionamiento
libre del mercado, ante la proliferación de contratos temporales sin
causa que produce el libre funcionamiento del mercado, regule
estrictamente la materia y promocione la contratación indefinida, que
evidentemente debe tener un soporte económico real y no depender
exclusivamente del mero tenor literal. Pero lo grave, señor Ministro, es
que estamos asistiendo a una normativa que promociona la contratación
temporal sin causa y que el empresario puede contratar temporalmente
aunque el empleo sea fijo; ésa es la realidad a la que hoy estamos
asistiendo. Quiero recordarle que un objetivo del programa electoral del
Partido Socialista era restablecer el principio de causalidad y promover
la contratación indefinida; hoy parece ser que, en este tema de la
contratación temporal, estamos en una línea distinta, y desde luego los
datos estadísticos hablan de que en este país parece que el empleo fijo
no existe, porque todos los contratos que se realizan son contratos
temporales.

Ha dicho usted, señor Ministro, que dentro de esos cambios que se están
produciendo se requieren medidas estructurales; ha aludido a algunas
importantes y, entre ellas, ha hablado usted, por ejemplo, del reparto
del trabajo. Señor Ministro, el reparto del trabajo lo están dejando
ustedes al libre funcionamiento del mercado. Han regulado ustedes, en
unos términos extraordinariamente flexibles, la contratación a tiempo
parcial y que sea el propio mercado, con su funcionamiento, el que
imponga esos contratos y reparta el empleo en este país. Eso contradice
una afirmación que usted ha hecho. Ha dicho que hoy las sociedades
civilizadas --y la nuestra lo es, sin lugar a



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dudas-- tienen la capacidad necesaria para reordenar socialmente el
empleo. Yo estoy de acuerdo con ello, señor Ministro, pero ustedes lo que
han hecho ha sido regular, en unos términos amplísimos, la contratación a
tiempo parcial y que el mercado la imponga, produciendo unas distorsiones
extraordinarias, una falta de protección notable, en la medida en que
ustedes han regulado unos contratos a tiempo parcial con muy escasa
protección que están ocasionando un grave problema en nuestro país.

Porque es verdad, señor Ministro, que se crean contratos, pero no hay que
olvidar que esos contratos, en su gran mayoría, son a tiempo parcial, y
que lo que eran 110.000 contratos a jornada completa en los últimos años,
en los ocho primeros meses del año, hoy pueden ser 175.000 contratos a
tiempo parcial, sin que se haya incrementado el volumen real de empleo en
nuestro país. Simplemente se está produciendo un reparto de trabajo
regulado exclusivamente por el mercado. Esa es la realidad.

Desde esa perspectiva de que el Ministerio de Trabajo tiene un papel muy
importante que cumplir, nosotros, desde hace años, desde siempre, desde
que este Diputado es portavoz en esta Comisión, hemos mostrado una
inquietud y una preocupación por el funcionamiento de la Inspección de
Trabajo; hemos puesto de manifiesto que la Inspección de Trabajo carece
de medios humanos suficientes y que, en ocasiones, carecía de medios
técnicos y auxiliares adecuados, y ello cuando, por el contrario, se
asistía a determinadas actuaciones empresariales que rozaban, si no
incidían directamente, en lo delictivo, obstruyendo la actuación de la
Inspección de Trabajo. Recogemos, señor Ministro, su referencia a que es
necesario modernizar la Inspección de Trabajo, pero quede claro que
nosotros no estamos de acuerdo con una reforma de la Inspección de
Trabajo que consista en limitar el ámbito de actuación de la misma,
reducir su parcela a los temas de seguridad e higiene o cualquier parcela
reducida y que, en definitiva, contribuya a que los empresarios vean
reforzado notablemente el papel de preeminencia que les da ese mercado
libre al que usted ha hecho referencia.

En el tema de precarización del mercado laboral, señor Ministro, no
avanzamos. Ha dicho usted que uno de los graves problemas que tenía
nuestro país era la rotación, y es evidente, a tenor de los datos que se
producen en el día de hoy, que esa rotación continúa en la misma línea.

En cuanto a la formación profesional, estamos de acuerdo en la
importancia que tiene este tema, pero no nos traslade a nosotros la
responsabilidad de las dotaciones económicas que tenga el Ministerio para
estos objetivos. Díganos, por ejemplo, si en el proyecto de ley que
remite el Gobierno se incrementa notablemente la partida de formación
profesional o no. Es verdad que este Parlamento es quien finalmente
decide las leyes, pero no cabe duda de que este Gobierno lo es en base a
una determinada mayoría parlamentaria y nos gustaría saber cuál es la
previsión y el deseo del Ministerio de Trabajo, concretado en cifras, en
ese proyecto de presupuestos del Estado que va a tener entrada en los
próximos días en la Cámara.

Finalmente, en el tema de la Seguridad Social, tengo que decirle que
hemos asistido durante el último año a una polémica importante sobre su
viabilidad, polémica en la que ha habido intervenciones destacadas, y en
nuestra opinión muy negativas en ocasiones, de algunos miembros del
Gobierno, algunos de los cuales decían que quienes tuvieran 40 años de
edad corrieran a hacerse planes de pensiones, etcétera, trasladando a la
ciudadanía una preocupación y una inquietud sobre el estado de la
Seguridad Social carente absolutamente de fundamento, puesto que no
existía ese grave riesgo de inestabilidad financiera que se preconizaba,
y lo que nos llama la atención es que, si ése es el ambiente que se ha
creado, la primera medida que se tome por parte del Gobierno sea una
reducción de ingresos vía cuotas. Usted ha precisado exactamente que
tienen que producirse transferencias por parte del presupuesto del
Estado. Desearíamos, señor Ministro, que no tuviésemos que afrontar, en
el próximo ejercicio, un debate, con un vigor aún más renovado y en el
que se aleguen razones por parte de quienes no están de acuerdo con la
Seguridad Social, con quienes pretenden una reforma a fondo de la
Seguridad Social en términos regresivos, sobre esos déficit que se puedan
producir como consecuencia de esa reducción de ingresos. Quisiéramos,
señor Ministro, que por parte del Ministerio hubiera una actitud
especialmente vigilante en orden a que el presupuesto de la Seguridad
Social no se vea afectado con medidas de ese tipo, que desde luego son
poco coherentes, en principio, con combatir esos fenómenos y esa
discusión, en nuestra opinión mal planteada por carecer de fundamento, en
torno a una situación de inestabilidad que la Seguridad Social no
atravesaba pero que se puede producir si se avanza en la dirección que
aquí se indica y no se toman las medidas adecuadas.

En definitiva yo creo que, al hacer un análisis de la valoración de la
política del Ministerio en el último año y en las perspectivas futuras,
tendría que reconocer que, en nuestro país, se ha hecho una apuesta por
una política económica que parece centrarlo todo en el coste de la mano
de obra, cuando es evidente que los cambios que se han producido en el
contexto económico y político internacional son mucho más profundos que
los que se pueden arreglar con un simple abaratamiento de la mano de
obra. Se requiere más inteligencia y más audacia política que simplemente
preconizar eso que parece que es tan sencillo y que todos los ministros
del Gobierno están dispuestos a decir, puesto que todos ellos han hablado
de medidas laborales en ocasiones, salvo el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social. Nosotros desearíamos que el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, en coherencia con lo que debe ser la política laboral,
tomara medidas que efectivamente compensaran ese funcionamiento libre del
mercado que tanto se preconiza como solución para todos los problemas. En
esa línea, señor Ministro, nosotros estamos dispuestos a colaborar, y
creemos que las tareas a abordar por parte de su Ministerio en los
próximos años deberían ser más numerosas y más audaces que las que usted
ha indicado, en ocasiones, hablando de textos refundidos con plazos
excedidos de los que están previstos legalmente, al menos por lo que se
refiere al Estatuto de los Trabajadores y a la Ley de Procedimiento
Laboral, cuyos plazos de vencimiento están bastante inmediatos y, al
parecer, el propio



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Ministerio de Trabajo los dilata, o como son los reglamentos de empresas
temporales de agencias de colocación, que en estos momentos no existen y
que posibilitan que en esos ambientes y en esas instituciones estén
funcionando sin normas precisas que regulen instituciones y entidades que
tienen una notable incidencia en un mercado laboral muy deteriorado en
nuestro país.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor
Arnau, tiene la palabra.




El señor ARNAU NAVARRO: En primer lugar, sin protocolos y con mucho
afecto, quiero expresar en nombre del Grupo Parlamentario Socialista
nuestra satisfacción por la recuperación del señor Presidente de la
Comisión, que nos permite volver a contar con su presencia, aunque
también es cierto, nobleza obliga, a reconocer como positiva la labor
llevada a cabo por el señor Vicepresidente de la Comisión durante este
tiempo.

En segundo lugar, agradecer la presencia y la comparecencia del señor
Ministro de Trabajo y Seguridad Social, que ha sido para nosotros
magistral no en el sentido que se ha apuntado desde la derecha como clase
inaugural, sino de planteamiento político muy concreto de propósitos de
futuro. Yo creo que se han citado hasta nueve reglamentos laborales de
desarrollo de la reforma laboral llevada a cabo por este Parlamento,
cuatro de Seguridad Social, la remisión de dos proyectos de ley al
Parlamento, la constitución de una conferencia sectorial, la situación
del Inem, etcétera. Considero que esto no es para calificarlo como de
clase inaugural, sino, como digo, de planteamiento político muy concreto
y ajustado a la realidad.

En relación con el desempleo, efectivamente, señor Ministro, la mayor de
las desigualdades la genera el paro, la desigualdad entre quienes tienen
y quienes no tienen trabajo. Por ello, si se nos preguntara a cada uno de
nosotros, a cada una de las fuerzas políticas, seguramente todos
coincidiríamos en que lo prioritario para nosotros es la generación de
empleo. Otra cosa son las recetas, los medios que cada uno podría poner
en vigor si gobernase. Hace poco tiempo leíamos en la prensa que algún
líder político consideraba como negativa la reducción de las cuotas
empresariales y de los trabajadores a la Seguridad Social. También nos
sorprendía desde la izquierda la afirmación de que la revisión de las
pensiones era una medida pseudoprogresista, y el señor Aznar admitió,
hace también muy poco, que él tenía un proyecto distinto de reforma
laboral, si bien aprobó la reforma que se remitió al Parlamento. Bien es
cierto que nos quedamos sin saber, como pasó con el Parlamento, cuál era
la reforma laboral del señor Aznar, cuáles eran los propósitos que tenía
para un planteamiento nuevo ante la situación a la que usted ha hecho
referencia, de innovación dentro del mercado de trabajo, dentro de la
situación internacional global que todos consideramos.

Vemos, por tanto, que si bien todos podemos estar de acuerdo en los
objetivos, incluso situar como primer objetivo el de la creación de
empleo, diferimos en los medios, diferimos en la claridad con que estos
medios se exponen sobre todo ante la prensa, ante los medios de
comunicación.

En el Grupo Socialista siempre hemos tenido muy claro que no hay creación
de empleo sin crecimiento económico. La cuestión está en determinar
cuánto debe crecer una economía para crear empleo, y aquí sabemos que
intervienen distintos factores. No pienso cansar a SS. SS. con su
relación. En España tal vez lleguemos en 1994 a un crecimiento del 2 por
ciento o en torno al 2 por ciento del producto interior bruto. Habrá casi
con seguridad creación de empleo neto y, entre otras causas, hay que
atribuirlo a la moderación salarial y también a la reforma laboral que
esta Comisión dictaminó y que aprobó el Parlamento, que no otorgó, como
ha dicho el señor Peralta, al mercado todo el protagonismo, sino que
otorgó a los agentes sociales el protagonismo debido. De ahí que la
concertación sea el núcleo neurálgico de la reforma laboral, de las
nuevas leyes laborales que están o que han entrado en vigor hace bien
poco. Pero digamos que ese capítulo de la reforma laboral es un capítulo
ya cerrado, como lo fue la reforma del año 1984 que tan positiva fue para
la creación de empleo, o como fue también la Ley de 1985, que hoy todo el
mundo sin excepción acepta que fue positiva en orden a la estabilidad del
sistema de pensiones en nuestro país. Pero ni está todo resuelto ni el
tiempo que vivimos nos permite detenernos. Usted, señor Ministro, ha
hecho referencia a la nueva organización de la producción, a la nueva era
que se abre; ha hecho una referencia a la posibilidad de incorporar
cláusulas sociales en el Tratado de Libre Comercio que a los socialistas
nos parece indispensable, sin perjuicio de la dificultad práctica para
acometerlo, dificultad que reconocemos. Pero en el terreno más cercano
debemos reseñar algunos problemas a los que hay que hacer frente
urgentemente. Por ejemplo, la incorporación masiva de la mujer al trabajo
sigue produciéndose, en muchos casos, en condiciones de discriminación.

Los contratos formativos están dando resultado entre los jóvenes, pero
hay que vigilar las condiciones de formación de los mismos. La
siniestralidad laboral es, evidentemente, alta en nuestro país. Esto nos
obliga a hablar no sólo de cantidad de empleo a crear sino también a
incrementar su calidad. De ahí que nos parezca especialmente importante
el anuncio de remisión a esta Cámara de la Ley de salud laboral o ley de
prevención de riesgos profesionales, así como de la nueva ley de la
Inspección del Trabajo que, como ha señalado el señor Ministro,
actualmente está regulada por una nada más y nada menos que del año 1962.

Hace un año, señor Ministro, en su primera comparecencia dije que esta
Comisión iba a tener un papel protagonista en el anterior período de
sesiones. Ese papel ya se ha cumplido, pero ésa es una etapa cerrada.

Ahora vamos a afrontar otros nuevos retos que nos plantea su
intervención. Ya sabe, señor Ministro, que cuenta con toda la
colaboración y el apoyo del Grupo Socialista para hacer frente a esos
nuevos retos.

Para terminar señalaré que en el ámbito de la Seguridad Social también se
ha hecho referencia a la Ponencia que está trabajando en la Comisión de
Presupuestos. Esta Ponencia se ha propuesto garantizar mañana los
derechos de hoy, frase que ha acuñado el señor Ministro y que nosotros
aceptamos.




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El Grupo Socialista confía, primero en la claridad de la posición de los
grupos en esta Ponencia y en todo lo que se refiera a los temas laborales
y, en segundo lugar, confía expresamente en alcanzar un consenso lo más
amplio posible. Ese es nuestro propósito y esperamos, señor Ministro, que
se traduzca en realidad.




El señor PRESIDENTE: El señor Ministro tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Griñán Martínez): Si me
permite, restablezco el orden y contexto en primer lugar al señor
Aparicio. Le agradezco muchísimo el tono de la intervención y, sobre
todo, la oferta final de colaboración, que acepto, y me gustaría ponerla
además en positivo, es decir, que pudiéramos ver en las medidas que vamos
acometiendo no sólo un rechazo por parte del Partido Popular a aquellas
que merezcan el rechazo, sino también la alternativa correspondiente,
porque le aseguro que eso puede enriquecer perfectamente el debate y,
desde luego, a este Ministro le va a enriquecer muchísimo conocer en cada
momento las alternativas concretas que pueda presentar el principal grupo
de la oposición.

No sé si ha sido magistral o no la lección, no sé si es una lección de
comienzo de curso o no, pero sí le puedo decir que me parece que en estos
momentos no analizar las circunstancias concretas que estamos viviendo,
no solamente en Europa sino en el mercado que ya nos une a los diferentes
países de la Unión Europea, es tanto como no poder abordar luego los
problemas en profundidad, porque yo sigo pensando que lo más importante
es conocer la realidad y a partir de la realidad establecer las medidas,
no tratar de considerar simplemente que nuestra realidad son las medidas
que llevamos en la mente y que eso iba a ser la solución de todos los
problemas, porque a lo mejor el mundo discurre por caminos muy distintos
a aquellos que pensamos. En todo caso, usted mismo lo decía, hay que
andarse con cautela y precaución a la hora de hacer un balance, y todo lo
que ya se ha hecho es algo del dominio y conocimiento profundísimo de
esta Comisión por cuanto ha formado parte en leyes que se han estudiado
aquí, por tanto se conoce de cabo a rabo, desde el principio al final, y
ustedes saben perfectamente que este Ministerio en apenas un año ha hecho
cinco leyes, cinco leyes que, como algún catedrático ha dicho,
constituyen la reforma más profunda de las instituciones laborales
realizadas en los últimos 50 años. Por tanto, algo se ha hecho. Podremos
estar de acuerdo o en desacuerdo, pero creo que algo se ha hecho a partir
de este Ministerio.

Decía también que el Boletín Oficial no crea empleo. Lo decía yo y usted
lo reafirma, y luego manifestaba que no era cierto porque el sector
público se ha incrementado, peo no en la medida suficiente para explicar
la creación de empleo producida en los últimos años. Mire, de 1984 a
1993, que, insisto (antes lo puse también como paradigma de situación),
es un período de tiempo perfectamente valorable porque tiene de todo,
tiene fase expansiva del ciclo, fase depresiva, remonte de la crisis,
tiene todos los momentos de la crisis económica, en ese período de diez
años en España se produjeron las cuatro revoluciones de las que antes le
hablé, la pérdida de efectivos del sector primario, la incorporación
masiva de la mujer al trabajo, el fin de las tendencias migratorias,
etcétera, etcétera y, sin embargo, en ese período la encuesta de
población activa daba 1.162.000 ocupados más. No creo que se crearan en
el «Boletín Oficial del Estado», ni en el sector público, pero, es más,
es que hubo 2.019.000 afiliados ocupados más a la Seguridad Social y
300.000 centros de trabajo inscritos de nuevo, en ese período de tiempo,
en la Seguridad Social. Por consiguiente, hay una evolución de empleo, a
pesar de los cuatro elementos que han marcado la realidad española, que
ha sido importante y que no se puede explicar solamente con el volumen de
empleo público, si además pensamos que en el último año, el volumen de
empleo público ha disminuido en nuestro país y, sin embargo, ha
aumentado, en relación con el promedio de los diez últimos años, la
creación de empleo. Por ello, cuando yo decía que el Boletín Oficial no
crea empleo, sabe usted perfectamente a lo que me refería, y en ello creo
que usted y yo coincidimos.

Los reglamentos de las leyes que ya están aprobadas son urgentes, pero
merecen todos y cada uno de ellos los plazos, que están contemplados en
la legislación vigente para informe de las partes implicadas; es decir,
informe de los que dice la Ley de Procedimiento Administrativo e informe
de los organismos que tienen que hacer los dictámenes preceptivos en
todos y cada uno de ellos. En esta fase están prácticamente; alguno está
en el «Boletín Oficial del Estado» y los otros lo estarán en fechas
próximas.

Se lo voy a decir de forma todavía más clara: no vamos a hacer la
transferencia de las prestaciones de desempleo del Inem al INSS; y no las
vamos a hacer porque creemos que podría producir, en estos momentos,
efectos negativos. Y ¿por qué digo en estos momentos? No por razones
informáticas, ni por razones técnicas, sino por razones de fondo. El Inem
está transformado. Tenemos que recordar que este último año hemos
asistido a la transformación sustancial del Inem. Usted sabe que el Inem
hacía básicamente tres funciones: prestaciones, formación e
intermediación. La formación se ha descentralizado: una, en comunidades
autónomas; otra, en agentes sociales. Por consiguiente, esa función hoy
día está prácticamente descentralizada en más del 60 por ciento, a final
de año estará en el 100 por ciento y, al mismo tiempo, está
desconcentrada en agentes sociales que desarrollan la formación continua.

En cuanto a la intermediación, hoy día compite con empresas de trabajo
temporal, agencias privadas sin ánimo de lucro y, por tanto, también en
este momento el Inem es distinto a lo que era antes. Las prestaciones se
gestionan bien por el Inem, y además son una fuente de conocimiento para
hacer la política de empleo que le compete, que es la referida a las
personas que tienen una mayor situación de necesidad, que nos importa, y
por ello nos parece que en este momento lo más adecuado es que el Inem
gestione las prestaciones de desempleo.

Por otro lado, son muy pocos los países europeos que gestionan
unitariamente las prestaciones, por ejemplo, de viudedad, de invalidez,
de vejez y las prestaciones de



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desempleo. Hay países donde lo hacen por organismos propios, como
Alemania y Francia, y otros países donde las prestaciones de desempleo
las pagan, por ejemplo, las corporaciones locales. Por consiguiente, le
digo claramente que, por razones de fondo, que no de forma, no vamos a
llevar la gestión de las prestaciones del Inem al Instituto Nacional de
la Seguridad Social.

Decimos también (y esto lo había dicho asimismo el representante de
Izquierda Unida) que España es un país con una amplia rotación laboral.

Le diría que España tiene el mercado de trabajo ajustado a sus propias
peculiaridades. No podemos olvidar que España tiene el 60 por ciento de
la población ocupada en el sector servicios, y que España tiene todavía
un peso notable de la agricultura en su actividad económica. Eso da lugar
a que, evidentemente, España tenga una estructura económica bastante
estacional. Eso es sencillamente algo que se deriva de la estructura
económica, no de que lo inventemos nosotros y me parece complicado que en
la construcción, o en determinadas ramas del sector servicios,
impusiéramos una contratación fija indefinida y para toda la vida, porque
no lo tiene ningún país y tampoco lo podríamos tener nosotros. Por tanto,
hay una razón de temporalidad, también de rotación, en la propia
estructura económica de España que no vamos a cambiar con la ley, que es
la que tenemos, y esa estructura nos determina que el sector servicios
hoy ocupa el 60 por ciento de la población y el sector de la construcción
el 10 por ciento de ella. El 70 por ciento, por tanto, están ocupados en
sectores con amplia contratación temporal.

¿Que cuándo estará cerrado el catálogo de cualificaciones? Nunca. El
catálogo de cualificaciones, por su propia naturaleza, no se puede
cerrar. He dicho en mi intervención que el catálogo de cualificaciones
tendrá aproximadamente 400 a finales de año, y luego seguirá,
evidentemente, enriqueciéndose día a día, mes a mes, año a año, con la
propia realidad cotidiana de lo que es la actividad productiva y, por
tanto, podrá ir modificándose conforme esto avance o no avance.

Con todos los datos de contador a cero o no, es verdad que el Inem salda
a 31 de diciembre todas las deudas que tenía pendientes y que, como ha
dicho bien el Secretario General de Empleo, de 460.000 millones de
déficit presupuestario que tuvimos el año pasado, no creemos que, con
todo, la desviación de este año supere los 40.000 millones. Por
consiguiente, estoy diciendo lo que ahora mismo podemos hacer de
previsión, pero es evidente que esa previsión tendremos que convalidarla
con los cuatro o cinco meses que quedan todavía por contemplar, dentro de
la evolución de las magnitudes del desempleo.

En cuanto a la protección social, sí me gustaría hacerle una reflexión:
cuando hablaba de la compatibilidad entre lo que todos decimos, para no
someter a un debate excesivamente excitado todo el tema de la protección
social (usted habla de lealtad constitucional), parece que no solamente
lo decía por decirlo, sino que mi intervención (si ustedes piden la
transcripción lo verán) en la Ponencia de Seguridad Social y la que acabo
de hacer en esta Cámara parten de esa misma lealtad de lo que han sido
las fuerzas políticas que han estado actuando en España respecto de la
Seguridad Social. Es más, le puedo decir que dentro de lo que se ha hecho
en la historia de nuestra Seguridad Social, una de las piezas
fundamentales (que siempre alabaré, porque me parece que fue la pieza más
importante de toda la reforma) fue el Decreto-ley de 1978, que no lo hizo
precisamente el Gobierno socialista; pero fue lo que evitó que la
Seguridad Social pudiera romper la unidad de caja (punto primero), y fue
lo que impidió también que la Seguridad Social siguiera navegando por
unos rumbos corporativos que amenazaban con romper la propia estabilidad
financiera del sistema. Ese Decreto-ley de 1978, unido a algo como, es
verdad también la estructura básica de protección social de la Ley de
Bases de 1963 y de los diferentes textos articulados, es coherente con lo
que nosotros ambicionamos e incluso con el propio artículo 41; lo que
ocurre es que las circunstancias políticas de la dictadura impedían que
lo que eran leyes meramente fachadas pudieran traducirse luego en la
realidad práctica de los acontecimientos. Eso también lo sabemos; pero es
verdad que los textos normativos no eran malos, y es cierto, también, que
el Decreto-ley de 1978 avanzó sustancialmente en la configuración del
modelo que ahora defendemos.

En todo caso, la misma oferta que les he hecho en mi intervención se la
repito ahora: creo que sería bueno un consenso político sobre el modelo
de protección social, no monopolizado por nadie y, en todo caso, actuar
en las medidas concretas conforme a los criterios de cada uno de
nosotros. Es verdad que hay que actuar contra el fraude en la ILT y en la
invalidez, y esas medidas contra el fraude estarán en las medidas de
reforma de la invalidez; algunas de ellas se han hecho por parte del
Gobierno, por ejemplo, este año el Inem se ha ahorrado 85.000 millones de
pesetas en control de lucha contra el fraude, como en cualquier momento
podremos demostrar por los datos que podemos tener operativos en el Inem,
y eso se va a hacer. Pero me gustaría también que cuando traigamos las
medidas que vendrán en la ley de acompañamiento de lucha contra el
fraude, y que afectan no solamente al trabajador, sino también a los
empresarios, tuviéramos el mismo grado de consenso que cuando hablamos
del control de fraude del trabajador. También hay un control de fraude
que hay que ejercer sobre determinadas empresas, grupos de empresas,
etcétera, que con determinados niveles de connivencia están afligiendo a
la Seguridad Social con serios problemas de estabilidad financiera. Ahora
va a venir un paquete en las medidas de acompañamiento que espero tenga
el máximo consenso de esta Cámara.

El equilibrio financiero de la Seguridad Social refleja cuotas,
contrapartidas, mejoras en los márgenes de gestión. Es verdad que un
punto de cotización a la Seguridad Social son 204.000 millones de
pesetas, y es verdad que un punto de IVA son más de 204.000 millones de
pesetas; pero también es verdad que hay una deflactación de tarifa que
son 100.000 millones de pesetas y es verdad que hay bonificaciones en
otras partidas presupuestarias que suponen varios miles de millones de
pesetas. Por consiguiente, cuando usted mire el presupuesto, fíjese en
ingresos y en gastos, y mire entonces los equilibrios. La compensación de
204.000 millones de pesetas no es una compensación



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que se haga exclusivamente con un tipo fiscal determinado; se hace con el
conjunto de ingresos fiscales que tiene el Estado y se hace sencillamente
haciendo que se consiga otra cosa: que la aportación de cuotas a la
sanidad en vez del 28 por ciento sea del 21 por ciento; por tanto,
haciendo que este año lo que es la Seguridad Social contributiva vaya a
aportar a las prestaciones sanitarias solamente el 21 por ciento, es
decir, bastantes millones menos de los que aportó en 1994 y en años
anteriores.

Esta es la compensación. La compensación viene de los ingresos fiscales.

Se lo digo sinceramente: a mí me parece que para pagar prestaciones no
contributivas o universales hay que contemplar el conjunto de los
impuestos, de la misma manera que para hablar de una carretera no habrá
que contemplar un impuesto determinado, sino también el conjunto del
sistema fiscal ordinario del Estado.

El contrato de aprendizaje tiene soportes formativos que le proporciona
la propia regulación, e implica que sean los propios agentes sociales los
que hagan ese esfuerzo, fuera de las horas de trabajo, de crear las
instituciones correspondientes para hacer la formación y no un empresario
individual. Yo creo que esto tiene que quedar muy claro. No es solamente
el empresario individual, sino el conjunto de las fuerzas sociales, las
que tienen cada año (el año que viene más de 50.000 millones de pesetas
para formación continua) que implantar esta realidad.

Nosotros, en todo caso, hemos firmado convenios con el Ministerio de
Educación para dentro del territorio MEC, claro es, y dentro del
territorio con competencias del Ministerio de Trabajo, poner en ejecución
de la legislación laboral, la aplicación de esta norma a lo que es la
educación básica para aquellos aprendices que no la tuvieran.

Señor Hinojosa, sí es verdad que todo va a cambiar, que poco va a seguir
siendo igual que antes, pero esa revisión de los Estados del bienestar es
precisamente para que lo que es el modelo social europeo se pueda
preservar, no para igualarnos en competitividad, como antes le decía, con
aquellos países que están en otro grado de desarrollo y que, por
consiguiente, mantienen un sistema protector y unos niveles de protección
que nosotros afortunadamente vivimos en épocas pasadas, pero ahora mismo
los tenemos en la espalda; no los tenemos en el horizonte, no los tenemos
de frente.

La contratación temporal no es que permanezca en el año 1995, sino que
sencillamente lo que se hace es ampliar, como medida de fomento de
empleo, en algunos supuestos y, además sobre todo, afectando a los mismos
trabajadores pero a distintas empresas, la oportunidad de utilizar la
contratación temporal. Por consiguiente, es medida de fomento de empleo
que se aplica manteniendo el principio causal de la temporalidad.

Usted dice que la reforma laboral no se ha acabado. Es verdad que la
reforma laboral, tal como está especificada en el «Boletín Oficial del
Estado» y tal como la explicó el Ministro cuando la presentó --yo mismo
cuando la expliqué-- es algo dinámico que se hace día a día, porque es
básicamente poner a disposición de los agentes sociales algo que antes
estaba simplemente en lo indisponible, porque formaba parte de la
regulación heterónoma del Estado.

Decir que la reforma no ha entrado en las empresas porque se está
obstaculizando por la negociación colectiva, es --perdóneme que se lo
diga-- un contrasentido con la reforma, porque precisamente la reforma lo
que ha hecho es poner a disposición de los agentes sociales el contenido
de las instituciones de la regulación laboral y ahí sí le digo que el
Estado no va a ponerse al lado de una u otra parte. Será el equilibrio de
las fuerzas sociales en presencia y, por consiguiente, la propia
negociación colectiva, la que determine en cada momento cómo quiere
regular esas instituciones sin que se lo diga el Estado, porque de
hacerlo así estaría vulnerando el principio fundamental de toda la
reforma. Esta, señor Hinojosa, es la razón por la que el Grupo Socialista
se opuso a la famosa enmienda que pretendía retirar los efectos
normativos del convenio una vez superada la vigencia del mismo, porque
nos parecía que era romper la igualdad de fuerzas y consideramos más
oportuno dejar que las fuerzas fueran las que regularan las condiciones
del mercado, porque es lo que más se compadece con el espíritu de la
reforma laboral.

Profundizar en la rebaja de cotizaciones sociales y entrar más a fondo en
la reforma de la Seguridad Social, espero que ustedes lo hagan en la
Ponencia. Yo entraría más a fondo todavía diciendo que el sistema que
tenemos es un sistema que hay que preservar y defender y, por
consiguiente, que creo, primero, en el sistema de reparto. No me parece
adecuado un sistema de capitalización para nuestro país; no lo tiene
ningún país de la Unión Europea. Los sistemas de capitalización enfrentan
a uno mismo con su propia responsabilidad sin expresión mínima de
solidaridad y, por tanto, no creo en los sistemas de capitalización. Pero
esto es discutible. Ahí está la reforma. En definitiva, estoy convencido
de que lo que vamos a ver es cómo podemos hacer que la Seguridad Social
de hoy sea la Seguridad Social de mañana y profundizar en la rebaja de
cotizaciones sociales en la medida que tengamos excedentes, que tengamos
remanentes, en que las cuotas alcancen a financiar lo contributivo y
tengan un excedente, como tienen hoy afortunadamente todavía, para pagar
prestaciones no contributivas. Cuando digo que pasamos del 28 al 21 por
ciento en Sanidad es que todavía queda un 21 por ciento de cuotas. Ahí
hay un margen, pero contando todo ese margen, señor Hinojosa, y contando
el punto que hemos hecho este año, el margen que le doy es de un punto y
medio, no le doy más. Esto es así, queramos o no queramos, teniendo en
cuenta el nivel y la intensidad de la protección que hemos alcanzado en
estos momentos. Por consiguiente, estamos hablando, como máximo, en su
conjunto, en toda su trayectoria y, cuando estamos hablando de dos puntos
y medio, estamos hablando de más de medio billón de pesetas, que es mucho
dinero. En todo caso, es el margen que yo mismo contemplo.

Señor Mauricio, la coordinación la hacemos de la siguiente manera, aunque
a mí me parece importante saber en qué momento histórico estamos en la
configuración del Inem. El Inem ahora mismo tiene transferida la
formación ocupacional a cinco o seis comunidades autónomas --me parece--,
la tendrá en el futuro al 100 por ciento de todo el territorio y se
reservará lo que son las proyecciones



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generales del mercado de trabajo, las grandes calificaciones, el
observatorio general del empleo y la distribución territorial entre los
diferentes territorios de lo que es efectivamente la formación
profesional necesaria desde el punto de vista de la división que hemos
hecho en los últimos años: la formación ocupacional la hace la autoridad
laboral, es decir, en este caso las comunidades autónomas y será dirigida
a los trabajadores en desempleo, y la formación de los trabajadores
ocupados la harán los agentes sociales a través de los diferentes
acuerdos de formación continuada.

Este es el primer nivel que tenemos que tener de desconcentración o
descentralización, como usted quiera llamarlo, de la formación
profesional, manteniendo siempre un observatorio general y una
distribución equitativa en el territorio que se tiene que hacer por
consenso entre las 17 comunidades autónomas y manteniendo los principios
de solidaridad interterritorial.

La unidad interministerial para las cualificaciones profesionales también
tiene que adaptarse y ser más flexible, porque es verdad que no todas
esas cualificaciones profesionales tienen que ser iguales quizá en todo
el territorio, puesto que hay actividades propias de un solo territorio.

Por tanto, tienen que ser también abiertas.

Dice S. S. que Canarias aporta a la Seguridad Social más recursos de los
que recibe. No creo. No tengo los datos, pero le aseguro que no. Además,
este año, el incremento del IVA no va a afectar a Canarias, me parece a
mí; sin embargo, sí le va a afectar el punto de cotización. Ahí ya,
pongamos por caso, hay 7.000 millones. (El señor Mauricio Rodríguez: Se
ha equivocado; hay siete mil y pico.) Por eso digo, no me he equivocado,
siete mil y pico. Creo que no será así, pero en todo caso tenga usted en
cuenta que la realidad de lo que son las prestaciones contributivas
parten de derechos públicos subjetivos que tiene un ciudadano ante una
determinada contingencia, y la cotización se hace también por el trabajo
efectivamente desempeñado.

Cuando hablamos del PER y otras comunidades autónomas, quiero dejar claro
que el ministerio va a cumplir, radical y taxativamente, lo que dijo el
Congreso en las resoluciones sobre el PER, y quiero diferenciar
claramente entre lo que es subsidio agrario y PER, que son dos cosas
diferentes. El PER es una experiencia, como usted sabe perfectamente,
porque el PER es convenios del Inem con las administraciones públicas y
convenios de formación profesional, en todo caso, casas de oficio y
formación. No es más que eso. Ese PER, o algo como el PER, se puede hacer
en todos los territorios si se quiere hacer en el medio rural o en el
medio urbano, si se quiere hacer de desenvolvimiento urbano, pero no
habría mayor inconveniente en el PER estrictamente. El subsidio agrario,
que es otra cuestión, ha estado excesivamente vinculado al PER y
nosotros, en el diálogo con los agentes sociales, pretendemos introducir
una desvinculación de lo que es el subsidio con lo que es el PER, porque
son dos cosas diferentes y bueno es que lo sean en el futuro. En todo
caso, lo que son las bases, los fundamentos del Plan de Empleo Rural, los
planes de desarrollo rural o los planes de desenvolvimiento de lo que son
los convenios del Inem con las administraciones públicas, es indudable
que el ministerio está dispuesto a hacer, con la Comunidad Autónoma de
Canarias, en primer término, y con los diferentes ayuntamientos, en
segundo lugar, los convenios correspondientes. Sí me gustaría --y se lo
digo anticipadamente-- que todo fuera precedido por el convenio con la
comunidad autónoma, porque espero que los convenios con comunidades
autónomas sirvan de referencia o de convenios-marco para los convenios
con las corporaciones locales. Esto es lo que pretendemos hacer a lo
largo del año que viene y, además, no puede ser de otra manera, porque la
comunidad autónoma tiene la formación; por tanto, teniendo la comunidad
autónoma la formación y nosotros otros recursos, es bueno que se pongan
en un todo unitario, en lo que podríamos llamar un plan de desarrollo
local, un plan de desarrollo rural, comarcal o regional, como usted
quiera llamarlo o como quieran hacerlo. En ese contexto, el Inem está
dispuesto a hacer los convenios correspondientes, que abarquen no
solamente las funciones de formación, sino también las de cualificación e
intermediación en el mercado de trabajo, para que, a partir de ahí,
podamos hacer una descentralización del Inem con cautela y con prudencia.

Señor Peralta, es verdad que en los fundamentos teóricos podemos estar en
desacuerdo, pero yo eso no lo convertiría, en absoluto, en un problema.

El que usted piense de una manera y yo de otra, no forma parte más que de
las diferencias ideológicas que pueden estar presentes en un Parlamento;
yo creo que eso es bueno y, además, puede ser fértil. Lo que pasa es que
no es bueno que lo suyo sea bueno y lo otro sea malo. Quiero decir que
cuando usted ha criticado el fundamento entre la socialdemocracia y la
democracia cristiana, ha añadido que lo que hay en España son
cristiano-demócratas, pero su discurso estaba transido por un espíritu
muy religioso --perdone que se lo diga-- (Risas.), porque usted ha
hablado de que no hay que hacer del mal virtud, considerando que esa
concentración es un mal. ¿Por qué va a ser un mal? Es un modelo distinto
al suyo, pero no es un mal. Ha dicho que hay afirmaciones que no son
correctas, porque deben ser heterodoxas. Bueno, para mí son correctas,
para usted no lo son. Ha hablado del abc del mercado laboral. Bueno, el
abc o la xyz. Por tanto, le digo que es verdad, que a lo único que aspiro
es a que nuestras diferencias ideológicas, que estoy seguro de que las
hay, no puedan ser motivo de amplísimas discrepancias, sino, a partir de
ellas, incluso, hallar puntos de encuentro. Y la mejor manera --se lo
digo sinceramente-- es ser un poco más laicos todos. Yo soy bastante
laico y, por tanto, sé que me equivoco; sé que me equivoco y me equivoqué
el año pasado en el pacto social por el empleo, claro que lo reconozco:
me equivoqué. Si todos aprendemos de nuestros propios errores y sabemos
que con el que hablamos está dispuesto a aceptar sus propios errores, yo
creo que el camino del entendimiento será, sin duda, mucho más fácil. He
aquí un puente que le tiendo. Hagamos una conversación entre usted y yo
un poco más laica y seguramente encontraremos fundamentos teóricos para
hallar motivos de acuerdo en muchas cosas. Pero no quito ni una coma.




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El pacto social de la posguerra europea es un pacto social que elimina a
las fuerzas radicales, en un caso, el fascismo y, en otro, el comunismo,
y se produce básicamente entre la socialdemocracia y democracia cristiana
europea. Este es un hecho cierto de la posguerra europea, y eso consolida
haciendo irreversible los Estados de bienestar.

¿Que hay acuerdos con las fuerzas sociales? Naturalmente. De unos y otros
gobiernos. También de la democracia cristiana. Y que hay gobiernos de
coalición. ¿Qué pasa en Holanda, qué pasa en Bélgica, qué pasa en
Luxemburgo, qué pasa en Alemania mismo, qué pasa en muchos países de la
Unión Europea? Por consiguiente, no me tergiverse los términos. Estoy
hablando de la posguerra europea, de ésa que empieza en 1945. Incluso
cuando se anuncia el Estado de bienestar --algún libro le aconsejaré para
que lo lea--, cuando empieza el Estado de bienestar, lo empieza un señor
que se llamaba Bismarck, que no era ni socialdemócrata ni democristiano,
y un señor que se llamaba lord Beveridge, que era un oxfordiano. Por
consiguiente, tampoco aquí podemos decir que esto sea fruto de las
fuerzas sociales, de las fuerzas... Mire usted, hay de todo, pero le
aseguro que la posguerra europea, a partir de 1945, vio nacer en Europa
un pacto social por un modelo social europeo, que es el que está llamado
capitalismo renano, renano del Rin; y los países del Rin han tenido
democracia cristiana y socialdemocracia en sus gobiernos. Este es un
hecho cierto.

¿Cómo será en España la democracia cristiana? A mí eso me es igual. Yo no
estoy postulando ahora un pacto con la democracia cristiana. Postulo un
amplio pacto político de fuerzas políticas democráticas por el modelo
social europeo, porque ése es el pacto en el que creo que la inmensa
mayoría de esta Cámara vamos a estar de acuerdo. Fíjese que le digo la
inmensa mayoría. No le estoy hablando siquiera de uno, dos, tres... La
inmensa mayoría. Estoy convencido, porque lo estoy viviendo en las
reuniones de Consejos de Ministros europeos, donde no escucho mayores
discrepancias, salvo las de un país, pero no de muchos más. Con los
demás, prácticamente, hay una identidad de criterios por mantener ese
modelo social europeo. Está bastante más amenazado de lo que nos creemos,
entre otras cosas por lo que son las políticas no de «dumping» social,
porque económicamente no es «dumping» social lo que hacen, sino por las
políticas que tienen algunos terceros países, que, efectivamente, se
aprovechan de unas condiciones absolutamente precarias, ésas sí que son
precarias, en la regulación de los mercados laborales.

En ese sentido, sí podemos hacer un gran pacto y cuando hablemos, por
ejemplo, de cuestiones --como decía muy bien el representante
socialista-- importantísimas, de una enorme trascendencia, como la
cláusula social en el comercio mundial, que yo creo que es un tema muy
apropiado para hablar en esta Comisión, tendremos que tener presentes
muchas otras cosas, porque esto nos va a llevar a otras políticas; nos va
a llevar a las políticas de cooperación y nos va a llevar, sin duda,
también a las políticas de emigración e inmigración. Pero es un tema del
que tendremos que hablar y lo tendremos que hablar con un pacto de base,
insisto, en la defensa del modelo social europeo.

Desde luego --y lo repito--, desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social no se crea empleo; y ésa es mi convicción. El Ministerio de
Trabajo puede perjudicar, entorpecer o facilitar la creación de empleo,
pero crear empleo... Como decía muy bien el señor Aparicio, se hacen
contrataciones en el Inem o en la Seguridad Social, pero no es a eso a lo
que me refería. Ahí no es el Ministerio de Trabajo, es la Administración
pública, como puede ser cualquier otra. En todo caso, creo que la función
del Ministerio es la de apoyar la creación de empleo.

¿Que el funcionamiento del mercado de trabajo margina? Naturalmente que
margina. Además, le voy a decir una cosa: margina precisamente a aquellos
sobre los que expresamos nuestra propia solidaridad.

¿Que nosotros promocionamos la temporalidad o que la temporalidad existe?
¿Por qué no reconocemos la realidad? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo
registrar la realidad? Claro; es que, además, en la realidad de la
Comunidad Europea, con países con más peso del sector industrial, menos
peso del sector servicios y menos peso en el sector de la construcción,
esto lo tienen muy claro. Irlanda, Dinamarca, Reino Unido, Holanda tienen
libre contratación. ¿Portugal Tiene un vacío normativo en los dos
primeros años. Usted puede contratar los dos primeros años como le dé la
gana. Italia, Francia y Luxemburgo, fíjese, tienen fomento de empleo, es
decir, lo que nosotros hemos suprimido: el contrato de trabajo como
fomento de empleo. Lo que hemos hecho nosotros es que los que tienen
dificultades por ser parados de larga duración, mujeres subrepresentadas,
trabajadores minusválidos, jóvenes sin formación, jóvenes sin
experiencia, puedan tener la oportunidad de un contrato temporal. Eso es
lo que hemos hecho. Hemos sido sencillamente solidarios con quien lo
necesita. Esta es una función de solidaridad que sí puede hacer el
Ministerio de Trabajo; invertir un poco las desigualdades del mercado de
trabajo, no crear empleo, pero sí favorecer a los que están más
perjudicados por el funcionamiento libre del mercado de trabajo;
contratación a tiempo parcial, calidad del empleo. Llevo no sé cuántos
años oyendo, cada vez que salen las cifras de paro, hacer aritmética.

Nadie se ha ocupado de hablar de calidad de desempleo. Nadie se ocupó
nunca. Salían las cifras del desempleo y cuando el Ministro que fuera
hablaba de las cifras de desempleo, tratando de poner un poco de razón en
las cifras, es decir, hablando cualitativamente, se decía: dos millones,
tres millones. Esta era la constante que hemos vivido. No había calidad
en el desempleo, sólo cantidad. Ahora que se crea empleo no hay cantidad
en el empleo, sólo calidad. Esto me parece un poco injusto. Habrá calidad
y cantidad en el desempleo y en el empleo. ¿El tiempo parcial es una mala
calidad? ¿Sabe usted cuántos contratos a tiempo parcial hay en el Reino
Unido? Seis millones. ¿Sabe usted cuántos contratos a tiempo parcial hay
en Alemania? Tres millones y medio. ¿Sabe usted cuántos contratos a
tiempo parcial hay en España? 600.000. Con que tuviéramos, en proporción
a nuestra población, los mismos que tienen en el Reino Unido, en
Alemania, nuestra tasa de paro sería una de las más bajas de la Unión
Europea. ¡Fíjese, hablando de calidad de empleo, adónde llegaríamos! Con
la misma tasa



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de trabajo a tiempo parcial que Alemania estaríamos, ahora mismo, con una
tasa de empleo más baja que la alemana, que la inglesa y que la francesa.

Por consiguiente, ¿qué es eso de la calidad? ¿Dónde está la calidad? Pero
¿tanto cuesta hablar que el trabajo a tiempo parcial es una necesidad
real de la organización del sistema y del mercado de trabajo en España
que hay que regular?
Además, dice que no puede ser que el reparto de trabajo lo regule
exclusivamente el mercado. Bueno, es posible que hagamos un reparto de
trabajo impuesto y pongamos ascensoristas de planta. ¿Qué quiere usted
que le diga? No es verdad. Hay una realidad económica que tiende a que
los trabajos no duren lo que están durando y no podemos ofuscarnos en
pensar que podemos hacer trampas a esa realidad. Y hacer trampas es decir
que, en vez de trabajar 40 horas, vamos a trabajar 30 horas y, en vez de
reducir un 25 por ciento del salario, reducimos solamente un 8 por ciento
del salario, porque eso no encaja. Eso es hacer trampas en un solitario
que lo que va a producir es más paro y más segmentación del mercado. Eso
sí que va a producir más ocultamiento de población ocupada, que es
también lo que pasa en España. Porque todos sabemos que en España también
hay bolsas de población ocupada, e incluso en la población ocupada
oficial parece que hay una cierta bolsa de ocultamiento con respecto a la
realidad oficial, pero esa es otra historia.

Usted me pregunta: ¿Quién rompió el diálogo social? Pues no sé quién lo
rompió. Yo no voy a hacer un esfuerzo de confesión. No voy a hacer una
confesión. Yo no sé quién lo rompió. Se rompió, y eso fue malo. Yo asumo
mi responsabilidad. La misma que pueden tener otros que, en su día, no
quisieron firmar una cláusula de revalorización de pensiones exactamente
igual a la que ahora han firmado. Yo no lo sé. Pero no es cosa tampoco de
referir toda la historia o hacer de la historia una historia de buenos y
malos, de culpables o inocentes. Yo nunca la he hecho. Y ya le digo,
señor Peralta, que soy bastante laico y que, por consiguiente, en estas
cosas no pongo el énfasis religioso que a veces se pone.

Señor Arnau, le agradezco enormemente sus palabras. Es verdad que hay
algunos problemas en todas las contrataciones que hay que vigilar y
controlar. Creo que ésta es una de la medidas de reforma de la
estructuración de la inspección y de apoyo a la propia descentralización,
porque es verdad que los poderes que más pueden actuar en el territorio
son los poderes más cercanos a la realidad. Yo creo que el mismo hecho de
la descentralización que se está produciendo y se va a producir del
Ministerio en los próximos meses, más luego, al mismo tiempo, la propia
reforma de la Inspección de Trabajo, va a permitir que estos efectos sean
positivos.

Es verdad que la siniestralidad laboral es alta. Es verdad también que no
creo que solamente sea la legislación la que vaya a modificar esta
realidad, también es cierto que la legislación hay que modificarla, pero
también aquí es muy importante un esfuerzo conjunto de todos los agentes
sociales por disminuir lo que es la siniestralidad.

La cláusula social ya le digo que me parece un hecho importantísimo que
habría que seguir debatiendo.

Por último le digo que en la Ponencia de Seguridad Social yo agradezco
mucho a todos ustedes el trabajo que han desarrollado y espero que, a
partir de la misma, podamos pacificar un debate que está necesitado de
todo menos de agresividad.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro. Concluye su
comparecencia.




CONTESTACION A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:



--SOBRE CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS FIJADOS POR EL TRIBUNAL SUPREMO, EN
LA SENTENCIA DE LA SALA IV DE 26 DE ABRIL DE 1993, SOBRE ENCUADRAMIENTO
DE LAS ACTIVIDADES DE MANIPULACION, ENVASADO, Y COMERCIALIZACION DE
FRUTAS Y HORTALIZAS DENTRO DEL REGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

FORMULADA POR EL SEÑOR PERALTA ORTEGA (GIU-IC). (Número de expediente
181/000777.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos al segundo punto del orden del día.

Pregunta sobre cumplimiento de los criterios fijados por el Tribunal
Supremo, en la sentencia de la Sala IV de 26 de abril de 1993, sobre
encuadramiento de las actividades de manipulación, envasado y
comercialización de frutas y hortalizas dentro del Régimen General de la
Seguridad Social, que formula el señor Peralta, en nombre del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que tiene la
palabra.




El señor PERALTA ORTEGA: Gracias al Secretario General de la Seguridad
Social por su comparecencia.

Conoce perfectamente el Secretario General que esta pregunta hace
referencia a un tema de importancia notable en determinadas zonas
geográficas donde esas actividades económicas, el envasado, la
clasificación, etcétera, de frutos, tienen importancia. Por ejemplo, en
la zona valenciana o en Canarias, donde también en relación con los
plátanos se plantean problemas de este tipo.

Este ha sido un tema muy polémico, que lo conoce perfectamente el
Secretario General de la Seguridad Social, cual era el Régimen de la
Seguridad Social en el que procedía el llevar a cabo el encuadramiento de
estas empresas. Es verdad que es un tema que tiene ribetes concretos en
cada empresa en particular, etcétera, pero se habían planteado también
discusiones más de carácter general.

En esta sentencia por la que pregunto se plantea en un recurso de
casación por modificación de doctrina cual es el encuadramiento de las
operaciones o labores de manipulación de frutos. Frente a la tesis
sostenida por distintos tribunales superiores de justicia, incluso en
algún caso por el Tribunal Central de Trabajo o por el propio Tribunal
Supremo, de que esas labores deberían ser encuadradas en



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el Régimen Especial Agrario, con unos niveles de protección para los
trabajadores distintos, con unos niveles de costes para las empresas
también distintos, esta sentencia afirma con claridad que la
clasificación, la limpieza, la selección y el envase de frutas y
hortalizas en vistas a su comercialización no son literalmente
operaciones de transformación, sino de acondicionamiento y que, por
tanto, no procede su inclusión en el Régimen Agrario, sino en el Régimen
General de la Seguridad Social, dentro de la especialidad regulada por
una Orden ministerial del año 1971.

Puesto que con esta sentencia el Tribunal Supremo viene a resolver una
polémica importante, con notables contenciosos en relación con la misma,
me gustaría saber si se han cursado las instrucciones oportunas para la
aplicación con carácter general de estos criterios de la citada sentencia
del Tribunal Supremo.

Gracias.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Secretario General de la
Seguridad Social.




El señor SECRETARIO GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Jiménez Fernández):
Brevemente. No se han cursado instrucciones adicionales porque el
criterio de la Administración que se viene aplicando coincide plenamente
con el contenido de la sentencia de la Sala Cuarta.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Peralta.




El señor PERALTA ORTEGA: Quizá desde el punto de vista de la Seguridad
Social, señor Secretario General, el criterio es el que me dice usted.

Pero no cabe duda de que ese criterio no se ha aplicado con carácter
general en la realidad, por cuanto hay empresas que se inscribían como
empresas y cotizaban al Régimen Especial Agrario; alegaban que ésa era la
inscripción correcta y planteaban una litigiosidad notable en relación
con este tema.

Tanto desde el punto de vista de la Seguridad Social como del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social, una vez que se ha resuelto la
litigiosidad, sí parece oportuno que se cursen las instrucciones
pertinentes a través de las inspecciones o de los instrumentos del
Ministerio de Trabajo, quizá no expresamente a través de la Seguridad
Social --la pregunta hace referencia a la posición del Gobierno--, para
que un tema que ha dejado de ser litigioso, porque ha sido resuelto por
el Tribunal Supremo, deje de ser litigioso en la realidad y se cumplan
los criterios que el Tribunal Supremo ha establecido como adecuados a la
legalidad vigente. Porque en otro caso concreto, señor Secretario
General, y lo conoce perfectamente, nos encontraremos con empresas que no
cumplen la legalidad vigente, con notable perjuicio tanto de los
trabajadores como de la propia Seguridad Social, a la que no le llegan
los recursos que legalmente le corresponden.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario General.




El señor SECRETARIO GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL: (Jiménez Fernández):
Como le decía, la administración de la Seguridad Social entiende que los
trabajadores por cuenta ajena que realizan labores de manipulado y
envasado de frutas en el ámbito de las cooperativas deben estar incluidos
en el Régimen General de la Seguridad Social, de acuerdo con la Orden de
1991, por la que se da la regulación a la de 1971. Este criterio que
mantiene la Seguridad Social y que coincide con la interpretación de la
Sala Cuarta de lo Social del Tribunal Supremo, proviene de la
interpretación del artículo 8, número 3, del Reglamento del Régimen
Especial Agrario. Es más: lo que sí que ocurre en la realidad es que hay
sentencias de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, la Sala de lo
Contencioso Administrativo, que ha dictaminado otra resolución diferente
a la de la Sala Cuarta. Y hay que cumplir lo que dice la Sala Tercera del
Tribunal Supremo.

Quisiera señalar que en su día la Dirección General de Ordenación
Jurídica y Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social, por resolución
del 31 de julio de 1991, a raíz de unas consultas sobre la aplicación de
sentencias que mantenían el criterio que acabo de señalar en un caso de
Valencia, mantiene el criterio que se está aplicando en la Seguridad
Social que coincide, insisto, en el sentido de la sentencia de la Sala
Cuarta de lo Social del Tribunal Supremo.




--SOBRE CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS FIJADOS POR EL TRIBUNAL SUPREMO, EN
LA SENTENCIA DE LA SALA IV DE 15 DE OCTUBRE DE 1993, SOBRE CUANTIA DE
BASES DE COTIZACION EN LOS PERIODOS NO COTIZADOS EN ESPAÑA POR
TRABAJADORES EMIGRANTES RETORNADOS. FORMULADA POR EL SEÑOR PERALTA ORTEGA
(GIU-IC). (Número de expediente 181/000778.)



El señor PRESIDENTE: Segunda pregunta del señor Peralta Ortega en
representación del Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.

Tiene la palabra el señor Peralta.




El señor PERALTA ORTEGA: Señor Secretario General de la Seguridad Social,
sabe perfectamente que la incorporación de nuestro país a la Comunidad
Europea, hoy Unión Europea, fue precedida de un proceso diverso de
convenios bilaterales en materia de Seguridad Social con distintos
estados de los que formaban parte de esa Comunidad Europea. La
incorporación de nuestro país a la Comunidad Europea en el año 1986
supuso la vigencia en nuestro país de la normativa comunitaria. En
concreto, dentro de esa normativa comunitaria se encontraba el Reglamento
1.048/71, relativo a la Seguridad Social, en cuyo artículo 6 se
establecía que ese Reglamento sustituía a cualquier convenio bilateral
que existiera entre dos o varios estados miembros de la Comunidad.

Con arreglo a este criterio se habían producido distintas sentencias del
propio Tribunal de Justicia de las



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Comunidades Europeas. Por ejemplo, en el asunto Walder se decía que el
principio de sustitución de las disposiciones de los convenios de
Seguridad Social concluidos entre Estados miembros tienen un alcance
imperativo que no admite cesiones. Era una doctrina consolidada por parte
del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

En aplicación de esa doctrina y de ese reglamento, cuando se producían
casos de trabajadores españoles, por ejemplo, a los que les tenían que
computar cotizaciones en distintos países, aplicando la legislación de
nuestro país se entendía que las bases, en el supuesto de que no hubieran
cotizado en España, eran las mínimas.

Aquella doctrina del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha
sido sustituida recientemente por otra doctrina en la que el Tribunal de
Justicia de la Comunidad Europea establece un criterio totalmente
distinto. Dice que no se puede interpretar el Reglamento 1.408/1971 en el
sentido de que exima de aplicación de las disposiciones más beneficiosas
de los convenios bilaterales que pudieran estar suscritos.

Uno de esos convenios es el hispanoalemán, en virtud del cual cuando se
tienen que cotizar las bases en España y no se ha producido cotización
son bases medias y no mínimas, como se aplicaba anteriormente.

Este es un tema, señor Secretario General de la Seguridad Social, que por
supuesto han hecho llegar cientos de afectados a la Seguridad Social
--también nos lo han hecho llegar a los grupos parlamentarios-- y nos
parece que es un colectivo que requiere un tratamiento una vez que se ha
resuelto el problema jurídicamente.

Por eso nos gustaría saber si los criterios establecidos por esa
sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo y los que asumen los
criterios de la doctrina más reciente, la del caso Ronfeldt el Tribunal
de Justicia de las Comunidades Europeas, se aplica hoy con carácter
general por la Administración de la Seguridad Social de nuestro país.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario General.




El señor SECRETARIO GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Jiménez Fernández):
Efectivamente, la sentencia del 15 de octubre de 1993 de la Sala de lo
Social del Tribunal Supremo, dictada en recurso de casación para la
unificación de doctrina, que amplía los criterios de otra anterior del 25
de febrero de 1992, declara que en el supuesto de aplicación del
Reglamento comunitario 2408/1971, cuando para la determinación de la base
reguladora de las pensiones, y en concreto para calcular la cuantía
teórica de acuerdo con lo previsto en el artículo 47.1, apartado e) del
citado Reglamento, deban computarse períodos cotizados en otros Estados,
habrá de acudirse a la media aritmética de las bases de cotización máxima
y mínima en España cada año y durante el período elegido para un
trabajador de la misma categoría profesional que la que desempeñaba el
actor debidamente actualizada con los coeficientes del IPC aplicables.

Pero es que ambas sentencias, señoría, se refieren a supuestos de
pensiones reconocidos con anterioridad a la entrada en vigor el día 1 de
junio de 1992 del Reglamento de la Comunidad número 1.248/1992, de 30 de
abril, norma en que se da un tratamiento distinto a esta cuestión y que
fija definitivamente el criterio que actualmente se aplica por la
Seguridad Social.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Peralta.




El señor PERALTA ORTEGA: Señor Secretario General de la Seguridad Social,
creo constatar que hay cierta dificultad por parte de la Seguridad Social
en cumplir los criterios del Tribunal Supremo dictados en unificación de
doctrina, lo cual es grave, porque desnaturaliza la verdadera finalidad
de ese recurso. Si se unifica doctrina es para que se cumpla,
fundamentalmente por la Administración.

Me dice: No hemos dictado instrucciones porque ha habido un reglamento
posterior y hacen referencia a casos anteriores. Pues incluso en casos
anteriores podrían dictarse instrucciones para decir: En los casos
anteriores, que se aplique este criterio. No, no se dictan.

Dice usted: Se dicta un reglamento posterior. Señor Jiménez, lo que dice
el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en el caso Ronfeldt
es que el Reglamento comunitario, el 1.408/1971, no exime de aplicar las
disposiciones más beneficiosas de los convenios bilaterales. Ahora me
dice usted: Un reglamento posterior al de 1971 deja eso sin efecto. No.

Yo le pregunto: ¿No será vigente ese criterio de que el Reglamento
comunitario no exime de aplicar las disposiciones más beneficiosas de los
convenios bilaterales anteriores?
En todo caso, es una discusión jurídica. Estoy convencido de que haciendo
un esfuerzo de criterio social por parte de la Administración de la
Seguridad Social se soluciona el tema creyendo que esa doctrina es
aplicable al nuevo Reglamento. A lo mejor. Yo le pediría que trabajaran
en esa dirección, si efectivamente no sólo es un esfuerzo voluntarista,
sino que tiene fundamento normativo. La Seguridad Social tiene suficiente
equipo jurídico como para saber si ese criterio puede ser aplicable con
el nuevo Reglamento.

En todo caso, en relación con las anteriores son cientos de reclamaciones
que están pendientes de saber qué bases de cotización son las que se
tienen que computar, si las mínimas, como hace la Seguridad Social, o las
medias, como estableció el Tribunal Supremo resolviendo en un litigio.

Sería bueno que termináramos con toda esa litigiosidad y que si el
criterio se entiende jurídicamente que sigue siendo válido hoy, se
aplicara con carácter general.




El señor PRESIDENTE: Señor Secretario General de la Seguridad Social,
tiene la palabra.




El señor SECRETARIO GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Jiménez Fernández):
Indudablemente, la Seguridad Social aplica la legislación a que en ese
momento le obligan los convenios internacionales y también los
reglamentos.




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El Reglamento al que me refería anteriormente, el 1.248, introduce en el
artículo 2.8 c) modificaciones y, en concreto, en el anexo sexto del
Reglamento 1.408/1971, disponiendo que en la letra d) se añadirá el
siguiente punto 4, que es en el que estamos sujetando el reconocimiento
de este tipo de prestaciones en la Seguridad Social: a) En aplicación del
artículo 47 del Reglamento, el cálculo de la prestación teórica española
se efectuará sobre las bases de cotización reales del asegurado, durante
los años inmediatamente anteriores al pago de la última cotización a la
Seguridad Social española.

b) La cuantía de la pensión se incrementará con arreglo al importe de los
aumentos y regularizaciones calculadas para cada año posterior y hasta el
año anterior al hecho causante para las pensiones de la misma naturaleza.

En consecuencia, señoría, entiendo que es éste el criterio que debemos
aplicar y el que estamos aplicando en la Seguridad Social.




--SOBRE MEDIDAS PARA HACER EFECTIVA LA INCLUSION EN LA SEGURIDAD SOCIAL
DE LOS DEPORTISTAS PROFESIONALES QUE AUN NO LO ESTAN. FORMULADA POR EL
SEÑOR PERALTA ORTEGA (GIU-IC). (Número de expediente 181/000783.)



El señor PRESIDENTE: Pregunta del señor Peralta España, en nombre de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Pregunta del señor Peralta
Ortega --perdón, ¡qué lapsus!--, sobre medidas para hacer efectiva la
inclusión en la Seguridad Social de los deportistas profesionales.




El señor PERALTA ORTEGA: Era otro. Coincido con usted, señor Presidente,
en que ha sido un lapsus. (Risas.) Considero que ha sido simplemente un
lapsus.

Mi pregunta, señor Secretario General de la Seguridad Social, hace
referencia a la inclusión de los deportistas profesionales que aún no lo
están en el ámbito de la Seguridad Social. Conoce usted perfectamente que
los deportistas profesionales en este país están regulados por una norma
que los considera, en su caso --será uno de los requisitos oportunos,
precisamente los profesionales--, trabajadores por cuenta ajena de
aquellas entidades, empresas, sociedades deportivas, clubes, en relación
con los cuales prestan un servicio de carácter profesional deportivo. Sin
embargo, esta norma, que es realidad en nuestro país desde el año 1980 y,
posteriormente, en virtud del Real Decreto del año 1985 que regula la
relación laboral especial de los deportistas profesionales, no se
acompaña de la normativa que regulariza la inclusión en la Seguridad
Social, sino que ésta se va llevando a cabo a través de un mecanismo de
goteo que inicialmente, desde hace mucho tiempo, afectaba a los
futbolistas que tenían un régimen especial o integrado en el régimen
general, posteriormente se aplicó a los ciclistas, por ejemplo, y los
jugadores de baloncesto creo que están incorporados, en estos momentos,
pero sigue siendo necesario avanzar en esta dirección.

Quisiera saber, señor Secretario General de la Seguridad Social, qué
medidas tiene previstas el Ministerio para hacer efectiva su inclusión en
la Seguridad Social de aquellos deportistas profesionales que aún no
están incluidos en ese ámbito.




El señor PRESIDENTE: Señor Secretario General.




El señor SECRETARIO GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Jiménez Fernández):
La legislación sobre la inclusión en la Seguridad Social de los
deportistas profesionales no era clara hasta que la Ley 10/1990, de 15 de
octubre, la nueva Ley del Deporte, prevé expresamente en su artículo 53.2
e), entre otras medidas, adoptar por la Administración del Estado la
inclusión en la Seguridad Social de los deportistas de alto nivel. Están
incluidos los futbolistas, los ciclistas y los profesionales del deporte
del baloncesto y puedo señalarle que para hacer frente al cumplimiento de
este artículo 50.2, en el momento actual el Consejo Superior de Deportes
está elaborando un proyecto de decreto en el cual participa la Seguridad
Social, en la parte que le corresponde, para dar solución a la cobertura
por Seguridad Social de los deportistas de alto nivel.




El señor PRESIDENTE: Señor Peralta, tiene la palabra.




El señor PERALTA ORTEGA: Yo discrepo, señor Jiménez, de su afirmación de
que no estaba clara la inclusión en la Seguridad Social de los
deportistas. Usted conoce perfectamente reiteradas sentencias de todo
tipo de tribunales laborales: Magistratura, Tribunal Central de Trabajo,
Tribunal Supremo --tengo aquí distintas--, en casos de accidentes,
reconociendo la protección de la correspondiente a estos trabajadores,
porque era lo que decía la legislación vigente en esos momentos y era lo
que aplicaban los tribunales.

Yo discrepo también, señor Jiménez, de su afirmación de que este tema se
resuelve con la última Ley del Deporte del año 1990. La alusión que se
hace a los deportistas de alto nivel no se refiere a los deportistas
profesionales. Yo entiendo que la interpretación de homologar deportistas
de alto nivel con deportistas profesionales no es correcta. Los
deportistas de alto nivel son aquellos que se preparan de cara a
determinadas competiciones internacionales, que reciben determinadas
ayudas del Estado, a través --se dice en la norma-- de becas, incluso
beneficios en orden al servicio militar, prórroga de incorporación a
filas, etcétera. Esos no son los deportistas profesionales. Un deportista
profesional puede ser un jugador --por citar un caso concreto-- del Real
Club de Fútbol de Valladolid, que posiblemente no piense jugar jamás en
la selección nacional ni ser un deportista de alto nivel internacional,
como se plantea, o puede ser cualquier otro club de tantos como hay, me
da exactamente igual. No hago referencia al Valencia que es mi tierra y
porque, como saben ustedes, en estos momentos estamos en buena racha.

(Risas.)



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El señor PRESIDENTE: No politicemos la pregunta. (Risas.)



El señor PERALTA ORTEGA: Señor Jiménez, los deportistas de alto nivel son
una parte muy concreta, minoritaria, de los deportistas profesionales. En
la Seguridad Social hay que incluir a todos los deportistas
profesionales. Es verdad que habrá que hacerlo a través de un
procedimiento de negociación y teniendo en cuenta determinadas
situaciones --soy perfectamente consciente de ello--, pero lo que me
parece grave es que se renuncie a ese objetivo porque deja carente de
protección a una parte importante de profesionales de nuestro país que
viven de esa profesión.




El señor PRESIDENTE: El señor Secretario General tiene la palabra.




El señor SECRETARIO GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Jiménez Fernández):
Señor Peralta, nuestra tierra; yo soy también de Valencia.

Usted sabe muy bien, señoría, que en materia de Seguridad Social para
determinados colectivos, entre los que se encuentran los deportistas,
muchas veces por proteger, los desprotegemos; los desprotegemos incluso
en su actividad, que a veces está en el límite entre lo profesional y la
afición. Por tanto, nuestra experiencia es que cualquier planteamiento de
Seguridad Social de estos colectivos tiene que estar dialogado con ellos.

Por eso insisto en que el diálogo con ellos es permanente a través del
Consejo Superior de Deportes, y por esa vía y en desarrollo de la Ley del
Deporte se les da cumplida protección en materia de Seguridad Social;
pero repito que dialogando con ellos a través del Consejo Superior de
Deportes. Muchas veces por proteger, desprotegemos, y haríamos fracasar a
un club que prácticamente no tiene fortaleza ni para hacer frente a un
esquema de protección social que ni los mismos deportistas pueden desear.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Secretario General, por su
comparecencia en la Comisión.




--COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DEL FONDO DE GARANTIA
SALARIAL (SERRANO ARROYO), PARA EXPLICAR LAS ACTUACIONES DEL CITADO
ORGANISMO EN MATERIA DE GESTION Y UTILIZACION DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO
QUE TENIA ENCOMENDADO ENTRE LOS AÑOS 1985 Y 1994. A SOLICITUD DEL GRUPO
POPULAR. (Número de expediente 212/000919.)



El señor PRESIDENTE: Vamos a dar trámite al tercer punto del orden del
día. Comparecencia de don Juan Pedro Serrano Arroyo, Secretario General
del Fondo de Garantía Salarial, para explicar las actuaciones del citado
organismo en materia de gestión y utilización del patrimonio inmobiliario
que tenía encomendado entre los años 1985 y 1994, a solicitud del Grupo
Parlamentario Popular. Tiene la palabra el señor Serrano Arroyo.




El señor SECRETARIO GENERAL DEL FONDO DE GARANTIA SALARIAL (Serrano
Arroyo): En primer lugar, quiero señalar que el Fondo de Garantía
Salarial es un organismo autónomo que depende del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social y que tiene por cometido, según el artículo 33 del
Estatuto de los Trabajadores, el pago de prestaciones de garantía
salarial en aquellos casos de insolvencia, suspensión de pagos, quiebra o
concurso de acreedores de los empresarios o empresas. Estas prestaciones,
con las condiciones y límites fijados en el citado artículo 33, según
redacción dada por la Ley 33/1984, de 2 de agosto, Estatuto de los
Trabajadores, se dirigen a hacer efectivos los siguientes créditos
laborales: salarios pendientes de pago, salarios de tramitaciones e
indemnizaciones a causa de despido o extinción de los contratos conforme
a los artículos 50 y 51 del Estatuto de los Trabajadores.

La principal actividad, pues, del organismo se centra en el
reconocimiento y pago de estas prestaciones. Solamente por dar algunos
datos del período solicitado, en el año 1985 se pagaron 47.000 millones
de pesetas; en el año 1986, 52.000; en el año 1987, 70.000; en el año
1988, 52.000; en el año 1989, 43.000; en el año 1990, 39.000; en el año
1991, 42.000; en el año 1992, 50.000; en el año 1993, 73.000 y en lo que
va de este ejercicio, hasta la fecha cerrada de 31 de agosto de 1994,
53.846 millones de pesetas. Quiere decirse que esta actividad principal y
fundamental del organismo en este período es de haber reconocido
prestaciones a favor de los trabajadores por un total de 522.000 millones
de pesetas, que ha supuesto tramitar 284.070 expedientes, que han
afectado a 197.174 y que han salido favorecidos 1.333.408 trabajadores.

Para no dar una retahíla de datos todos seguidos, quiero señalar que
dentro de este pago de prestaciones hay dos importantes: uno, que es la
insolvencia empresarial y, otro, la regulación de empleo. En cuanto a la
insolvencia empresarial, el conjunto de pagos efectuado hasta la fecha
actual son 484.000 millones de pesetas frente a la regulación de empleo,
que son 44.610 millones. Dentro de esta insolvencia, quiero señalar que
de los salarios el organismo ha pagado 161.000 millones y de
indemnizaciones 322.000 millones. Ahora bien, junto con estas
prestaciones que el organismo tiene que atender, lleva a cabo una serie
de actuaciones jurídicas, personaciones en juicios, comparecencias,
recursos, seguimiento de procedimientos judiciales, etcétera, y también
una actividad recuperatoria para intentar conseguir, si a la empresa le
queda algún tipo de bien cuando está en estas situaciones de insolvencia,
la devolución por parte de esta empresa de los créditos laborales
abonados a los trabajadores por el Fondo de Garantía Salarial. Por eso la
actividad de recuperación del organismo se puede resumir de la siguiente
manera. En primer lugar, la vía ejecutiva, donde se plantean las
tercerías administrativas, los embargos, las tercerías de mejor derecho,
las tercerías de dominio, la ejecución hipotecaria, las acciones penales
en el caso en que fuera procedente o diera lugar a ello; en



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segundo lugar, celebrar acuerdos y devoluciones de las cantidades
abonadas a los trabajadores y, en tercer lugar, las adjudicaciones de
bienes inmuebles o muebles, bien por subasta judicial, en ejecución de
las garantías anteriores, bien por las daciones en pagos que se pudieran
producir.

Por tanto, la adjudicación de bienes inmuebles entraría dentro de lo que
denominamos con carácter general --y a partir de aquí así lo denominaré--
recuperaciones. En este período, las recuperaciones han ido suponiendo
una cifra relativamente muy pequeña en relación con el total de las
prestaciones pagadas, que, como ya he señalado anteriormente y por no
volverlo a repetir, suponen casi un billón de pesetas en el período. En
el año 1985, por ejemplo, las recuperaciones fueron 322 millones; en el
año 1986, 905 millones; en el año 1987, 1.716 millones; en el año 1988,
2.400; en el año 1989, 2.295; en el año 1990, 2.023; en el año 1991,
2.079; en el año 1992, 2.044; en el año 1993, 2.215, y en lo que llevamos
de año, a 31 de agosto, 1.770 millones de pesetas. Esto entra dentro de
un conjunto de un presupuesto de recursos que el organismo tiene que
gestionar y que la parte más importante corresponde a la recaudación de
cuotas que supera con creces, como es obvio, a los importes, ya digo, muy
pequeños en su cuantificación y en su proporción con el presupuesto de
recursos. Así, por ejemplo, en el del año 1994, por no dar todos los
datos, aunque estaría encantado de hacerlo, serían 60.000 millones los
previstos, el año 1993 serían aproximadamente unos 58.000 y pico millones
y en años anteriores 47, 53, 44, 57 millones, etcétera, lo cual da una
idea de que las recuperaciones tienen en este aspecto una partida muy
poco significativa respecto del total.

Ahora bien, antes de entrar en el detalle individualizado y por años de
las adjudicaciones de bienes inmuebles, así como la utilización por el
organismo de este patrimonio inmobiliario, parece oportuno efectuar, a
juicio de esta Secretaría General, una pequeña comparación entre el total
de ingresos y el total de gastos de cada uno de los ejercicios, de tal
modo que se puede decir que el organismo no ha tenido déficit en el
período objeto de la pregunta, desde el año 1985 a 1994, y que, por
tanto, no ha podido poner en peligro el reconocimiento de las
prestaciones de garantía salarial. Más bien al revés. Es decir, en todos
ellos se ha producido un pequeño superávit en la gestión de los créditos
presupuestarios. Si se analizaran todas las cuentas veríamos que, por
ejemplo, en el año 1985 el superávit era de 13.000 millones; en el año
1986, 29.000 millones; en el 1987, 23.000 millones; en el año 1988,
25.000 millones; en el año 1989 tuvimos un déficit de 3.000 millones,
pero advierto a SS. SS. que es como consecuencia de unas deudas que se
pagaron en el año 1982 porque rebasaron el presupuesto y que se hicieron
sin consignación presupuestaria, pero una vez que se tuvo la autorización
del Ministerio de Economía y Hacienda se aplicaron al presupuesto 16.338
millones de pesetas, lo cual hace que surgiera este déficit de 3.000
millones. En el año 1990 tuvimos un superávit de 3.800 millones; en el
año 1991 de 12.000 millones; en el año 1992 de 6.000 millones; en el año
1993 de 8.000 millones y en el año 1994, aproximadamente, prevemos que
exista un total de 6.000 millones de superávit.

Hay que señalar que en el último Consejo de Ministros, celebrado el día
23 de septiembre, el Gobierno aprobó el proyecto de ley de acompañamiento
de los presupuestos generales del Estado, que se tramitará ante esta
Cámara, en el que se recoge una disposición que afecta a este organismo.

Esta norma extiende lo dispuesto en el artículo 33.8 del Estatuto de los
Trabajadores a las empresas de menos de 25 trabajadores, en el sentido de
que el Fondo de Garantía Salarial abonará el 40 por ciento de la
indemnización legal que corresponde a los trabajadores cuya relación
laboral se haya extinguido por causas económicas, técnicas, organizativas
o de producción. El importe de la cantidad a abonar se ajustará a los
límites previstos en el mismo artículo 33 del Estatuto de los
Trabajadores.

En cuanto al patrimonio del organismo cabe distinguir dos situaciones. La
primera sería el patrimonio propio para el funcionamiento administrativo
del organismo y, la segunda, el patrimonio adjudicado como consecuencia
de la actuación recuperatoria del organismo y que, según el artículo 33.2
del Real Decreto 505/1985, se ha de devolver de la forma más inmediata
posible al tráfico jurídico patrimonial. En cuanto al primero, es decir,
al patrimonio para el funcionamiento del organismo, los bienes inmuebles
de nuestra propiedad son los siguientes. Edificio en la calle Arturo
Soria 126-128, de Madrid, que se adquirió en 1990 y que está destinado a
los servicios centrales del organismo; un local en la calle Angel Guimerá
33, de Valencia, adquirido en el año 1990, que es en donde se encuentra
ubicada la unidad administrativa periférica en Valencia; un local en la
calle Venezuela 27, de Vigo (Pontevedra), por dación en pago en 1990 y
destinado a la unidad administrativa periférica; un local en la calle
Escopeteros 7, de Murcia, adquirido en 1990, donde se encuentra ubicada
la unidad administrativa periférica; un local en la Avenida de Jaime I
41-43-45, de Gerona, adquirido en el año 1993 para ubicar a la unidad
administrativa periférica y un piso en la calle --así se denomina en la
escritura-- López Gómez 26, 1.º derecha, de Valladolid, adquirido en el
año 1994 para ubicar la unidad administrativa periférica de esta
provincia. También cuenta el organismo con un edificio en la calle
Sagasta número 10, de Madrid adquirido en el año 1989, que actualmente
está en obras y el consejo rector ha de elevar a la Subsecretaría del
departamento la propuesta de utilización de este inmueble en el pleno a
celebrar en octubre de 1994.

La segunda situación relativa al patrimonio, los bienes patrimoniales
adjudicados por actuación recuperatoria del organismo se detallan de la
siguiente manera. Traigo a la Comisión el detalle de los bienes
adjudicados por el organismo en el período solicitado, detalle
pormenorizado de los bienes devueltos al tráfico jurídico en el período
1985-1994, la situación de los bienes que a la fecha actual se encuentran
en venta, la relación de los bienes que están en condiciones de
devolverlos al tráfico jurídico de forma inmediata, la relación de los
bienes que a la fecha actual se encuentran pendientes de peritar, la
relación de los bienes que actualmente están pendientes de calificación
registral, la relación de bienes y explicaciones complementarias de
aquellos bienes patrimoniales que se encuentran



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pendientes de algún trámite y la relación de bienes del organismo que a
la fecha actual no se puede disponer de ellos con explicación de sus
causas. Si me permiten SS. SS. y el señor Presidente, tengo aquí los
listados y empezaré a informarles detalladamente. En concreto, en el año
1985 la adjudicación de bienes inmuebles...




El señor PRESIDENTE: ¿Cuánto tiempo le va a llevar al señor Secretario
General su lectura? (Pausa.) No, no. Yo creo que es una lectura muy
extensa.




El señor SECRETARIO GENERAL DEL FONDO DE GARANTIA SALARIAL (Serrano
Arroyo): Si quieren les doy un resumen, lo que entiende la Secretaría
General como más significativo.




El señor PRESIDENTE: Es mejor hacer un resumen de esos listados,
recalcando lo más notorio.




El señor SECRETARIO GENERAL DEL FONDO DE GARANTIA SALARIAL (Serrano
Arroyo): De acuerdo. En el año 1985 se adjudicaron bienes en las
provincias de Alicante, Jaén y Sevilla por un importe de 45 millones de
pesetas. Voy a dar las cifras redondeadas y estoy a su disposición para
facilitarles en otro momento los importes exactos. Destaca por su cuantía
la adjudicación de quince viviendas en Dos Hermanas, Sevilla; en el
ejercicio de 1986 se adjudicaron bienes en las provincias de Alicante,
Badajoz, Baleares, Barcelona, Cádiz, Granada, Madrid, Málaga, Tarragona,
Tenerife y Vizcaya por 1.233 millones. Destacan por su cuantía unos
terrenos con edificaciones en Arganda del Rey, en Madrid, y un terreno
industrial en Alcalá de Henares, en Madrid. En el ejercicio 1987...




El señor PRESIDENTE: Señor Secretario General, si es posible haga la
intervención un poco más pausada, porque tienen dificultades sobre todo
los profesionales de la reproducción.




El señor SECRETARIO GENERAL DEL FONDO DE GARANTIA SALARIAL (Serrano
Arroyo): De acuerdo. Espero seguir la sugerencia.

En el año 1987 se adjudicaron bienes en las provincias de Alicante,
Barcelona, Cádiz, La Coruña, Huelva, Huesca, Jaén, Madrid, Tarragona,
Valladolid, Vizcaya y Zaragoza, por un importe de 1.200 millones de
pesetas. Destacan por su cuantía los inmuebles constituidos por cinco
fincas en la calle de Antonio López valorados en 414 millones, así como
una parcela en la carretera de Fuencarral a Alcobendas, de Madrid, por un
importe de 300 millones de pesetas. En este ejercicio se lleva a cabo la
permuta realizada por el organismo de unas oficinas de su propiedad, sita
en la calle Juan Gris de Madrid, por cuatro viviendas ubicadas en la
calle Corazón de María número 74, calle Enrique Larreta número 4, plaza
de San Juan de la Cruz número 1, Avenida de Brasil números 17 y 19 y una
plaza de aparcamiento en la calle Orense números 46-48. El importe de la
citada permuta fue de 80.830.000 pesetas.

En el ejercicio de 1988 se adjudicaron bienes en las provincias de
Alicante, Barcelona, Madrid, Málaga, Murcia, Pontevedra, Sevilla,
Tarragona y Vizcaya, por 561 millones de pesetas. Destaca la adjudicación
de dos locales comerciales en la calle Macarena, de Sevilla, por 54
millones de pesetas.

En 1989 se adjudicaron bienes en las provincias de Alava, Albacete,
Alicante, Almería, Burgos, Madrid, Málaga, Asturias, Palencia, Las
Palmas, Sevilla y Tarragona, por un importe de 648 millones de pesetas.

Destaca la adjudicación de una parcela con edificaciones en Petrel,
Alicante. También se menciona por su cuantía la adjudicación de locales,
tierras de regadío y secano en Burgos, por un importe de 280 millones de
pesetas, así como una participación en un solar del polígono del
aeropuerto de Sevilla por 198 millones de pesetas.

En el ejercicio de 1990 se adjudicaron bienes en las provincias de
Albacete, Baleares, Madrid, Málaga, Asturias, Las Palmas, Pontevedra y
Tenerife, por 1.344 millones. He de señalar la dación en pago de bienes
inmuebles, locales de oficinas, plazas de garaje y vivienda en Madrid y
Baleares, por un importe de 1.153 millones de pesetas.

En el ejercicio de 1991 se adjudicaron bienes en las provincias de
Albacete, Alicante, Badajoz, Barcelona, Granada, Guipúzcoa, León, Madrid,
Málaga, Navarra, Orense, Asturias, Pontevedra, Vizcaya y Zaragoza, por un
importe de 304 millones de pesetas. Destaca la adjudicación de un terreno
con edificaciones en Estella, Navarra, por 148 millones de pesetas.

En el ejercicio de 1992 se adjudicaron bienes en las provincias de
Alicante, Orense, Sevilla y Vizcaya, por un importe de 81 millones de
pesetas comprensivo de plazas de garaje, fincas rústicas y locales
comerciales.

En el ejercicio de 1993 se adjudicaron bienes en las provincias de La
Coruña, Guipúzcoa, Las Palmas, Madrid, Valencia y Vizcaya, por un importe
de 637 millones de pesetas. Destaca la adjudicación de una finca en la
zona industrial de Barajas, Madrid, por un importe de 450 millones de
pesetas.

En el ejercicio de 1994 se adjudicaron bienes, lógicamente lógicamente
referido a la última fecha disponible, hasta el día 15 de este mes, en
Alicante, Baleares, Orense, Asturias y Tarragona, por un importe de 524
millones de pesetas. Destaca la adjudicación de una finca rústica en la
provincia de Tarragona por un importe de 190 millones de pesetas.

En cuanto a la enajenación de bienes inmuebles producida en este período
he de señalar que en el año 1985 no se produjeron enajenaciones. En 1986
se enajenaron bienes inmuebles en la provincia de Madrid por 7 millones
de pesetas. En 1987 se enajenaron bienes inmuebles en las provincias de
Alicante, Madrid, Pontevedra y Tenerife, por 503 millones de pesetas.

Destacan por su cuantía unas oficinas en Madrid por un importe de 393
millones de pesetas.

En el ejercicio de 1988 se enajenaron bienes inmuebles en las provincias
de Madrid, Vizcaya y Zaragoza, por



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1.319 millones de pesetas. Destacan por su cuantía un terreno con
edificaciones y una parcela, ambas en la provincia de Madrid, por un
importe de 1.014 millones de pesetas.

En el año 1989 se enajenaron inmuebles en las provincias de Alicante y
Madrid, por un importe de 122 millones de pesetas. Destaca la venta de un
terreno industrial en Madrid por importe de 89 millones de pesetas.

En el ejercicio de 1990 se enajenaron bienes en las provincias de
Alicante, Badajoz, Cádiz, La Coruña, Jaén, Madrid, Sevilla, Vizcaya y
Zaragoza, por un importe de 1.407 millones de pesetas. Destaca por su
cuantía la venta de un terreno industrial en el polígono de Malpica,
Zaragoza, por un importe de 805 millones de pesetas.

Ejercicio de 1991. En esta anualidad se enajenaron bienes inmuebles en
las provincias de Alava, Alicante, Badajoz, Barcelona, Burgos, Cádiz,
Guipúzcoa, Jaén, Madrid, Murcia, Orense, Palencia, Las Palmas, Tarragona,
Tenerife, Valladolid, Vizcaya y Zaragoza, por un importe de 457 millones
de pesetas. Destaca por su cuantía la venta de un terreno rústico, en la
provincia de Barcelona, por importe de 120 millones de pesetas.

Ejercicio de 1992. En esta anualidad se enajenaron bienes inmuebles en
las provincias de Albacete, Alicante, Burgos, Cádiz, Granada, Guipúzcoa,
Huesca, Madrid, Málaga, Asturias y Sevilla, por un importe de 258
millones de pesetas. Destaca la venta de un inmueble sobre solar, en la
provincia de Guipúzcoa, por importe de 76 millones de pesetas.

Ejercicio de 1993. Durante esta anualidad se enajenaron bienes inmuebles
en las provincias de Albacete, Alicante, Madrid, Málaga, Pontevedra y
Sevilla, por un importe de 264 millones de pesetas. Destaca la venta de
una parcela en la localidad de Mejorada del Campo, en Madrid, por un
importe de 185 millones de pesetas.

Ejercicio de 1994 hasta la fecha actual. Se han enajenado bienes
inmuebles en las provincias de Alicante, Barcelona, Guipúzcoa, León,
Madrid, Málaga, Asturias, Sevilla, Valencia y Zamora, por importe de 163
millones de pesetas. Destaca la venta de dos viviendas en Madrid por un
importe de 39.500.000 pesetas y 28.082.403 pesetas.

¿Cómo se encuentra actualmente la situación del patrimonio inmobiliario,
es decir, en 1994, aparte de los bienes relacionados anteriormente? Hay
una serie de bienes inmuebles que actualmente se encuentran ofertados
mediante subastas públicas, que están todas ellas convocadas y que
afectan a distintos bienes inmuebles ubicados en Albacete, Alicante,
Baleares, Huelva, León, Madrid, Orense y Zaragoza. El importe de salida
de venta es de 341 millones de pesetas. Se reseñan dos pisos en Madrid,
un edificio o fábrica en Mallorca, fincas en Huelva y Orense y un solar
industrial en León.

Por otra parte, quiero señalar los bienes que están en condiciones de
devolverlos al tráfico jurídico de forma inmediata. Son diversos bienes
inmuebles sitos en Alicante, Barcelona, Guipúzcoa, Orense, Asturias,
Pontevedra, Tarragona y Vizcaya, por un importe aproximado --aquí hay que
tener en cuenta el último precio mínimo de licitación, ya que algunas
subastas se quedaron desiertas y, por tanto, habrá que rebajar el precio,
conforme a lo que dice la Ley de Patrimonio del Estado-- de 369 millones
de pesetas. Destacan, por su interés, dos almacenes en Villafranca del
Penedés, 46 fincas rústicas en La Guardia (Pontevedra) y fincas rústicas
en Tarragona.

En cuanto a bienes pendientes de peritar, hay dos terrenos en Abadiano,
en la provincia de Vizcaya.

Pendientes de calificación registral --antes de su inscripción definitiva
a favor del organismo-- se encuentran dos bienes en Vizcaya --oficinas y
un terreno con pabellón--, un complejo recreativo en Alicante y una
participación indivisa en aparcamiento en Barcelona.

En cuanto a los bienes que están en situación de trámite que impide su
devolución inmediata al tráfico jurídico, diré que son diversos bienes,
situados en las provincias de Alicante, Almería, Badajoz, Burgos, La
Coruña, Granada, Las Palmas, Madrid, Málaga, Navarra, Orense, Pontevedra,
Tenerife, Valencia y Vizcaya.

Si quieren detalle de alguno, estoy, como es lógico, a disposición, tanto
de la Presidencia como de cualquier señoría que tenga interés en algún
caso concreto. Los más significativos son los siguientes. Una vivienda de
60 metros cuadrados en el barrio de Los Caídos de Elche, Alicante, que
está ocupada por un antiguo trabajador de la empresa, ya desaparecida, y
tiene anotados embargos por la recaudación ejecutiva del ayuntamiento por
aproximadamente cuatro millones de pesetas, cifra muy superior al valor
del piso, que está valorado en menos de un millón de pesetas. El
inquilino paga una renta mensual de 481 pesetas.

Hay también un terreno urbano de 6.000 metros cuadrados en Ibi. Este
inmueble, valorado en su día en 106 millones de pesetas, tiene una
hipoteca a favor del Banco de Cataluña de 18 millones de pesetas y
embargos por una cantidad de 148 millones; gastos derivados de la jura de
cuentas de la suspensión de pagos, 40 millones y embargo de la Tesorería
General, unos 324 millones, lo que desde un principio hizo inviable su
venta. Contando con las autorizaciones oportunas, se alquiló a una
empresa creada por parte de los trabajadores de la primitiva y, ante la
falta de pago, se inició juicio de desahucio, que fue fallado a favor del
organismo. Los inquilinos han recurrido el fallo a la Audiencia
Provincial, por lo que hay que estar a la espera de nueva resolución
judicial. En paralelo, se está negociando para levantar la carga
hipotecaria y cancelar los embargos caducados, que son la mayoría.

Parcela con edificaciones en Petrel (Alicante). En su día se iniciaron
actuaciones judiciales por estafa y por no estar de acuerdo el organismo
con cierta hipoteca de máximo cifrada en 111.300.000 pesetas. El fallo
judicial fue en contra de las pretensiones del organismo. A continuación
se procuró su venta, pero el ayuntamiento comunicó la modificación de los
planes urbanísticos, lo que rebajó sustancialmente su valor,
imposibilitando cualquier venta. Con posterioridad el ayuntamiento se
planteó la compra, pero no materializó tal opción, habiendo recibido el
Fondo de Garantía Salarial comunicación de que, al ser zona residencial,
podría ser expropiado para dotaciones comunitarias. El organismo ha
efectuado las alegaciones oportunas



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a la recalificación urbanística de la zona, por lo cual se está a la
espera de la solución definitiva que adopte el ayuntamiento.

Solar de 16.000 metros cuadrados en carretera de Níjar, paraje de los
molinos de viento, Almería. Se convocaron dos subastas que se declararon
desiertas por no haberse presentado ofertas. Con posterioridad, el
ayuntamiento comunicó que el solar se encuentra afectado por declaración
de zona verde (5.105 metros cuadrados), zona de equipamiento (5.875
metros cuadrados) y zona educativa (1.493,50 metros cuadrados) y el resto
para viales, planteándose incluso como opción el de utilizarla como una
vía para la salida norte de la ciudad.

Edificio sobre solar de 4.200 metros cuadrados en Avenida de Elbás, s/n,
Badajoz. Se convocó procedimiento de enajenación, no habiendo habido
ofertas por la calificación urbanística del solar, que cuenta con un
chalet semiderruido sobre el que no se puede actuar urbanísticamente. En
el resto del solar no se puede construir. Se lleva negociando con el
ayuntamiento, pero éste sigue dilatando la solución, que sería, bien una
expropiación por parte del mismo, bien un cambio en la calificación
urbanística.

Copropiedad de bienes urbanos y rústicos con la Dirección General del
Patrimonio del Estado en Granada. El organismo ostenta el 64,103 por
ciento de la propiedad. De forma reiterada se viene solicitando a la
Delegación del Ministerio de Economía y Hacienda que separemos la
propiedad indivisa, que nos permitan enajenar, que nos compren nuestra
parte o se enajene por dicho organismo público. Diversas incidencias de
cargas, litigios, ocupaciones y actuaciones urbanísticas han impedido tal
actuación a la Delegación de Hacienda. En este año se les ha propuesto
una permuta por otros bienes y se nos ha comunicado que, para una mejor
defensa de los intereses públicos, se mantenga la situación decisoria en
manos de la Dirección General del Patrimonio del Estado.

Terreno de 54.635 metros cuadrados en Teguise (Lanzarote). Se han
convocado cinco subastas y todas ellas se han declarado desiertas. El
terreno está calificado como parque natural, por lo que no tiene ningún
valor. Se ha propuesto al ayuntamiento que lo adquiera.

Edificación de 1.172 metros cuadrados en la calle Ramiro Nieto 93, de
Vigo (Pontevedra). Anunciada la subasta, el ayuntamiento remitió oficio
señalando que si se procedía a su enajenación solicitaría la reversión
del bien para dedicarlo a granja experimental para tratamiento y
diagnóstico del ganado. En la actualidad se está negociando, junto con
otros bienes en esta provincia, para su adquisición por el ayuntamiento.

Finca de 3.825 metros cuadrados en Parroquia de Coya, entre la Avenida de
la Florida y Avenida de Franjo, en Vigo (Pontevedra). Este solar está
afectado por un PERI, participando el organismo en la Junta de
Compensación. Esta finca, junto con el bien descrito anteriormente y cuya
reversión ha sido solicitada si se enajena, se ha ofertado al
ayuntamiento para la construcción de viviendas de protección oficial, con
la correspondiente compensación económica al organismo. El ayuntamiento
ha señalado que hasta que no se apruebe el PERI no concretará su oferta.

En cuanto a los bienes inmovilizados, son los siguientes, con su
correspondiente explicación de por qué se encuentran en tal situación.

Fincas rústicas y urbanas destinadas a la fabricación en su día de
objetos de bronce y latón en Riopar (Albacete). En esta nave industrial
existe una hipoteca sobre la finca de 20 millones de pesetas. Además,
están planteados litigios por una parte de los trabajadores y por el
anterior propietario cuestionando la titularidad del Fogasa. Por tanto,
ante la imposibilidad de su devolución al tráfico jurídico se ha
alquilado a la Sociedad para la Recuperación de la Artesanía de Riopar,
promoviendo el empleo de 32 trabajadores y participando este ente público
en ese proyecto. Una vez se sustancien los procedimientos, se ofertará a
la citada sociedad o se iniciará un procedimiento de enajenación como un
bien ordinario del organismo.

Bienes en el Paseo de la Castellana 177-179, de Madrid, alquilados al
Instituto Nacional de Estadística. Estas fincas urbanas tienen diversas
cargas que impiden su devolución al tráfico jurídico, ya que su valor
sería escaso, nulo e incluso gravoso para el organismo. A esta fecha
quedan pendientes de justificar cargas por un importe de 161.533.806
pesetas, que el Fogasa podría abonar cuando se acreditara suficiente y
documentalmente el levantamiento de esta carga, ya que corresponden a
hipotecas unilaterales de máximos que no están documentadas
adecuadamente, e incluso el organismo entiende que no se hicieron regular
pagos efectuados, que no han sido cancelados, y que aparecen como tales
cargas. La problemática de estas cargas se aumenta con impugnaciones y
con litigios, por lo que hay que estar a la espera de su resolución. Una
vez acreditada la carga y se pueda liquidar por el organismo, la comisión
liquidadora de esta quiebra levantaría todas las cargas que pesan sobre
el bien y, como consecuencia de ello, el organismo podría enajenarlo.

Dependencias administrativas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
ubicadas en la Plaza de Santa Bárbara de Madrid. El consejo rector del
organismo aprobó en su día la propuesta del departamento de compensación
de gasto entre el Ministerio y el Fogasa, que se detalla según el
siguiente resumen. Las dependencias del Ministerio utilizadas por las
sociedades administrativas periféricas del Fogasa ocupan 5.777,49 metros
cuadrados, lo que supone un ahorro en alquileres a favor del organismo de
unos 129 millones de pesetas. Las dependencias del Fogasa que son
ocupadas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social suponen una
extensión de 1.973 metros cuadrados (Santa Bárbara, 1.143 metros
cuadrados; calle Ventura Rodríguez de Madrid, 600 metros cuadrados; y
calle Angel Guimerá, de Valencia, 230 metros cuadrados), lo que supone un
ahorro anual estimado para el Ministerio de 64 millones de pesetas.

Recuerdo que el ahorro estimado para el organismo era de 129 millones de
pesetas. Existe, por tanto, un desfase a favor del organismo en este
apartado, por lo que se decidió continuar con la utilización de estos
locales por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Una vez que se decida, lógicamente con la participación del Consejo
rector del organismo, cualquier



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modificación de esta situación, como es obvio, la Secretaría General
sería la encargada de materializar tal acuerdo.

Por último, he de señalar que tampoco está disponible, por decirlo de
alguna manera, la sede de la unidad administrativa periférica de Vigo,
situada en Pontevedra. En 1988, se decidió por el Departamento que la
unidad administrativa periférica de Vigo debía salir de los locales de la
Dirección Provincial, ante la falta de espacio físico y al tener personas
ubicadas en zonas de pasillo. El alto coste de los alquileres y del valor
de los locales para oficinas en propiedad dificultaron la localización de
espacios para la unidad. Al disponer el organismo de una entreplanta
interior con la correspondiente depreciación de su valor, a lo que había
que añadir su escasa utilidad comercial al no tener fachada al exterior,
la Secretaría General del organismo propuso al Departamento su
utilización por la unidad administrativa periférica. Esta propuesta,
previo conocimiento de la Comisión Provincial de Seguimiento, fue
aprobada como la mejor solución para los intereses del Fondo de Garantía
Salarial.

Esto sería lo que tendría que decir en cuanto a la comparecencia
solicitada por el Grupo Popular a la Secretaría General del organismo.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Camps.




El señor CAMPS DEVESA: Gracias, señor Secretario, por su prolija
información respecto al patrimonio inmobiliario y a los distintos usos
que se han dado desde el año 1985 hasta el presente, pero bien es cierto
que, si ha sido prolija la información, a nuestro juicio ha sido
claramente insuficiente. Cuando el Grupo Parlamentario Popular solicitó
su comparecencia, no fue con ánimo de entablar polémica alguna, sino que
entendimos que se debía informar a esta Cámara sobre todo aquello que
afectara a la transparencia del destino que cualquier responsable público
debe dar al dinero, al patrimonio, en definitiva, de los ciudadanos. Y no
lo entendemos solamente nosotros así, sino que el propio titular del
Ministerio del que usted depende, el señor Griñán, que nos ha acompañado
hace pocos momentos, así lo expresó con claridad tanto el pasado 28 de
julio como en el día de hoy, dentro de ese nuevo estilo que ustedes tanto
preconizan pero que tan poco cumplen. Nadie debería rasgarse las
vestiduras por algo tan sencillo, tan democrático, valga la expresión,
como es la dación de cuentas, una de las tres funciones tipo
parlamentarias en cualquier tratado de Derecho constitucional, sino que
todos deberíamos ahondar en la búsqueda de la mayor claridad y
transparencia en la gestión de los intereses públicos. Y eso, señor
Secretario General, es lo que hemos echado de menos en su comparecencia,
que ha sido obligada, y se lo recuerdo, y no ha aportado ninguna luz
sobre el tema que nos ocupa.

Ha sido usted verdaderamente prolijo, pero es tanto su responsabilidad
como la nuestra no sacar, y valga la expresión, los asuntos de quicio. En
un país que tantas respuestas pide y en el que tan pocas damos a veces, o
sobre todo da el Ejecutivo --tres por semana algunos miércoles--, no
caben medias tintas, sino claridad y transparencia y, sobre todo,
asunción de responsabilidades. Porque alguien será responsable, señor
Secretario General, de que cuatro inmuebles del Fondo de Garantía
Salarial, del Fogasa, oficinas, en una zona de alto «standing», por
denominarla así, de Madrid, se permuten por cuatro viviendas y una plaza
de aparcamiento también en Madrid. A lo que ustedes me dirán: ¿qué hay de
irregular en ello? ¿Qué hay de anómalo? No podríamos plantear objeción
legal alguna si lo contempláramos como un acto jurídico entre
particulares, perfectamente adaptado a nuestra legislación, pero en dicha
permuta, que no se produce entre entidades jurídicas privadas, sino entre
una entidad jurídica privada y un organismo autónomo de la
Administración, cabe preguntarse: ¿Se respetó el principio de
concurrencia?
Ha explicado usted prolijamente, a la vez que enumeraba los distintos
inmuebles que han sido adjudicados y posteriormente enajenados o se
encuentran en situación de poderlo ser, cuál es el procedimiento que se
sigue normalmente, desde el inicio de poder tener la certificación
registral adecuada, pasando por la oportuna peritación, hasta la
posterior enajenación en subasta pública, de ser posible. Por ello, nos
interesaría saber si, en el caso concreto de esta permuta, todos estos
principios, todo este procedimiento, han sido cumplidos diligentemente,
si existieron otras ofertas que acompañar a la efectuada por la entidad
jurídica, en este caso permutante, Bankinter Leasing, o si simplemente la
callada que se ha dado hasta este momento respecto a estas cuestiones es
porque no existió ningún tipo de diligencia respecto a la observancia de
estos principios ni respecto al procedimiento habitual que usted tan bien
ha desarrollado en su comparecencia.

Evidentemente, estando a la espera del oportuno expediente, si existiere,
las dudas se convierten en fundadas sospechas, más que fundadas sospechas
de que haya podido existir alguna irregularidad, ya que resulta
difícilmente comprensible, o al menos nos resulta a nosotros difícilmente
comprensible que se permuten cuatro inmuebles de un alto valor comercial
con una entidad jurídica privada por cuatro viviendas y una plaza de
aparcamiento que, sin poner en dudas en estos momentos la gestión de su
organismo, han tardado más de siete años en ser enajenadas. ¿Qué criterio
de selección se siguió para elegir dichas viviendas? ¿Se ofertaron otras
viviendas? ¿Había otras ofertas aparte, de otras entidades jurídicas
privadas, con otra serie de viviendas para permutar por las oficinas?
No queremos pensar, señor Secretario General, en viviendas a la carta, se
nos haría muy duro, pero habrá de reconocer conmigo que lo lógico hubiera
sido enajenar dichos inmuebles, dada la facilidad existente para ello. No
es que lo digamos ahora desde el Grupo Popular, es que en la propia
escritura jurídica de permuta Bankinter Leasing, entidad jurídico-privada
permutante, reconoce que adquiere dichos bienes porque va a formalizar
sendos contratos de arrendamiento financiero en esos momentos; reconoce
la propia entidad jurídica que permuta con el organismo del cual usted en
estos momentos está dando cuenta, el alto valor comercial de aquellos
inmuebles oficinas. En cambio, ustedes no manifiestan en absoluto en
dicha



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escritura también para qué quieren o para qué adquieren los inmuebles que
permutan. Es baladí decir que se entiende que para cumplir los fines
propios del organismo, pero lo cierto es que estamos ante un inmueble de
gran valor comercial que se permuta por algunos que han tardado más de
siete años --reitero-- en ser enajenados por su administración. Justo lo
que usted debiera haber hecho y, además, con diligencia, o, perdón, lo
que debían haber hecho sus antecesores y el Fondo de Garantía Salarial.

Baladí es recordarle el contenido del artículo 33.1 del Real Decreto
505/85, pero, al igual, tal vez sea por deformación jurídica, que el
Ministerio Fiscal lee el artículo del falso testimonio, cuando existen
vistas orales, a quien va a prestar declaración y con un carácter
ilustrativo, además, acompañando también su brillante ilustración que ha
hecho sobre cuál es el Fondo de Garantía Salarial y sus funciones, me
permito leerlo y recordar que el concepto de acreedor del Fondo de
Garantía Salarial podrá ser adjudicatario de toda clase de bienes, como
usted muy bien ha dicho, bien mediante subasta o bien mediante cesión.

Estos bienes adjudicados, conforme lo dispuesto en el número anterior,
serán devueltos de la forma más inmediata posible al tráfico jurídico
patrimonial, a fin de destinar su importe, evidentemente, al cumplimiento
de los fines del organismo.

Hasta aquí la situación no pasaría de anómala o entenderíamos que no
sería así, si no fuera porque, además, los citados inmuebles permutados,
hasta hace bien poco propiedad del Fondo de Garantía Salarial, en lugar
de ser dedicados a su fin, al único fin que la Ley dispone para ellos, se
ceden en uso a distintos altos cargos del Ministerio de Trabajo.

Reitero que no queremos pensar que estemos ante una vivienda a la carta,
pero ¿cuál ha sido el criterio del organismo que usted representa para
elegir qué altos cargos debieron ocuparlos? ¿O cuál fue el criterio en
esos momentos del Fondo de Garantía Salarial para elegir qué altos cargos
deberían ocuparlos? ¿Qué criterio de selección se utilizó para ello?
¿Había una entente cordial? Díganos, ¿quién decidía, quién podía ser, en
este caso, y tener el rango de «okupa» oficial?
Desde hace doce años se han negado ustedes insistentemente a delimitar
con claridad la distinción entre Gobierno y Administración y, al día de
hoy, la única proposición legislativa que existe al respecto en esta
Cámara sigue siendo del Partido Popular. Así nos luce el pelo a todos y
nos encontramos con situaciones como éstas. Porque ¿qué explicación
tiene, y aún no la ha dado, y quién es responsable de que dichas
viviendas no fueran destinadas al tráfico jurídico patrimonial
inmediatamente y se cedieran en uso a altos cargos de la Administración?
Y sin discutir, evidentemente, señor Secretario General, que los altos
cargos tengan derecho a una vivienda oficial y qué altos cargos tengan
derecho a vivienda no oficial. Esa no es la discusión que nos planteamos
ahora. Lo que decimos es que los bienes propiedad de Fogasa, organismo
autónomo, dotado de personalidad jurídica propia y de capacidad de obrar,
que se nutre principalmente, y no debemos olvidarlo, de cotizaciones
sociales, tienen un fin último y sobre todo un fin único: ser devueltos
de forma inmediata al tráfico jurídico patrimonial, a fin de destinar su
importe al cumplimiento de los fines del organismo que es pagar deudas
salariales. Por ello, dicha finalidad y la naturaleza, más comercial que
patrimonial, reconocida en el segundo párrafo del artículo que antes le
he leído de los bienes que se adquieren por parte del Fogasa nos impide
hablar de viviendas oficiales o de viviendas de patrimonio del Estado
para uso del mismo. Si ello se hubiera perseguido, hubiera bastado, señor
Secretario General, que se hubieran desafectado dichas viviendas y que
ese fin, absolutamente ilegítimo y manifiestamente ilegal, que se ha
conseguido con ello se hubiera convertido, en mor de dicha desafectación,
con la claridad y transparencia debidas, en un fin perfectamente
alcanzable para la Administración.

¿Quién es el responsable, señor Secretario General, de que durante siete
años no se realice gestión alguna para cumplir los fines del organismo?
¿O se han realizado las actuaciones y hasta después de su intervención
tampoco tiene constancia?
Esos bienes, señor Secretario General, ¿fueron peritados en su momento?
¿Fueron sacados en subasta judicial con anterioridad al momento en que ha
sido, en el pasado mes de julio o desde entonces y mientras eran usados
aleatoriamente por altos cargos de la Administración el expediente propio
de enajenación de los mismos estuvo absolutamente paralizado? Tampoco ha
dado respuesta a ello. ¡Pero cuánta diligencia para la realización de la
permuta y las cesiones en uso --en meses se permutaron los bienes y en
meses se cedieron en uso a altos cargos-- y qué poca, a lo mejor, para
cumplir lo que está dispuesto en el texto de la Ley! Porque si podemos
calificar como mala la gestión de permutar un bien, reconocido de alto
valor comercial, por otro que evidentemente y por su propia gestión
reconocen que era menos, peor sería no haber realizado acto dispositivo
alguno para proceder a su enajenación en el plazo, reitero, de siete años
desde su adquisición.

No hay mayor explicación o, al menos, no han dado hasta el momento mayor
explicación a este hecho de que estuvieran ocupados por altos cargos del
Ministerio, en uso totalmente indebido. Crearon ustedes la figura del
«okupa» oficial, que es aquel que entra con la llave --no tiene que
derribar la puerta-- en su vivienda y que vive en la misma sin que tenga
el miedo de que lo desalojen las Fuerzas de Seguridad del Estado hasta
que, tranquilamente, puede salir cuando acaban los fines que ustedes
mismos establecen para dicha ocupación. Casi todos, porque si las
noticias que conocemos de prensa son ciertas, parece ser que también les
ha salido un «okupa» rebelde, que ni siquiera cumple lo pactado entre su
organismo y él mismo. Ya no tiene ninguna razón para seguir ocupando el
piso, pero durante unos meses ha seguido estando allí. A lo mejor ahí sí
tienen que recurrir --no sabemos si han tenido que recurrir-- a las
Fuerzas de Seguridad para que lo desalojaran.

Señor Secretario General, la ignorancia de la ley no excusa de su
cumplimiento, pero mucho menos la ignorancia aquí excusaría absolutamente
de nada porque es inexcusable.




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Es muy difícil creer por este partido, por este Grupo parlamentario, por
la opinión pública, que altos cargos del Ministerio de Trabajo no
conocieran la normativa aplicable al caso. A mí se me hace verdaderamente
difícil pensar que el señor Griñán, cuando era Secretario General del
Ministerio, no conociera la normativa aplicable a la enajenación de
bienes adquiridos por el Fondo de Garantía Salarial. No quiero creerlo,
porque si malo es el uso indebido que se ha realizado, peor sería pensar
qué tipo de gestores tenemos en el Ministerio --hoy el actual Ministro--
que no conocen ni siquiera la normativa aplicable al caso.

Pero todo ello y todo lo dicho hasta ahora tampoco debería pillarles de
sorpresa, o al menos así lo entendemos nosotros, porque dichas
irregularidades han sido recogidas por la Intervención General del Estado
desde el año 1990; habla de anomalías en el funcionamiento del Fondo de
Garantía Salarial.

Señor Secretario General, ¿qué hicieron desde entonces? ¿Por qué se ponen
manifiestas irregularidades desde al menos hace cuatro años y siguen
dichos bienes siendo usados indebidamente por altos cargos de la
Administración, sin que se proceda a la realización de su fin último?
Pero no se infringe, a nuestro juicio, la ley; se infringe gravemente.

Además, se entra en un juego no de doble moral, sino de doble discurso.

No está muy acorde con ese nuevo estilo que ahora preconizan, porque hay
un divorcio claro entre lo que dicen y lo que hacen.

¿Quién es el responsable de que el Consejo Rector del Fondo de Garantía
Salarial no conozca el uso a que se destinaron las viviendas? Deberán dar
respuesta a ello, porque se han cansado y se han llenado la boca de
decir, tanto su antecesor como usted, que --y le leo textualmente las
actas del Consejo Rector-- los bienes adjudicados a Fogasa son devueltos
de forma casi inmediata al tráfico jurídico patrimonial, a fin de
destinar su importe al cumplimiento de los fines del organismo.

Afirmaciones como: se está agilizando el proceso de ejecución y
enajenación. O del tipo de que en la enajenación de bienes inmuebles cuyo
procedimiento es el más rápido posible, los retrasos se producen sobre
todo por las dificultades encontradas en la titularización de dichos
bienes. Estos bienes están perfectamente titulados a favor de la entidad
que desde el año 1987 los tenía y han tardado más de siete años en
proceder a su enajenación; por tanto, no se puede arbitrar. A lo mejor me
podría decir, como consta en las actas, que debido a los gastos que
supone, y que son parte importante también, la vigilancia y seguridad
para que no se malbaraten los bienes, el señor Griñán y los demás altos
cargos obedecían a su función de cesión en el uso de los mismos y,
además, cumplían una misión de vigilancia, pero no creo que lo absurdo
pudiera llegar hasta esos extremos.

El Fogasa no cumple, desde el año 1988 --y usted lo ha reconocido-- los
objetivos de recuperación y posterior enajenación de bienes inmuebles. Ya
por entonces se fijó el de 8.000 millones, usted lo conocerá igual que
yo, y lejos los 8.000 millones del nivel de otros países a los que
tendremos que acercarnos, donde el 30 o el 40 por ciento de lo que son
los fondos de garantías salariales de esos otros países europeos
corresponde a las prestaciones que ellos pagan y que se recogen a través
de la enajenación de los distintos bienes inmuebles que puedan recuperar.

No deja de ser curioso que usted mismo, por no citar otro alto cargo,
cuando fija los criterios que presidirán su actuación al frente del
organismo, habla de que la recuperación y enajenación es la base de su
política en el Fondo de Garantía Salarial. Observamos incrédulamente que
no alcanza a determinadas viviendas. Nos asustaría y nos intranquilizaría
pensar que ese doble discurso, ese divorcio entre lo que se dice y lo que
se hace, también lleva consigo una falta de respeto a los agentes
sociales que, a nuestro juicio, han sido marginados de todo lo que debían
haber sido informados en la ejecución y en las cesiones de uso de los
distintos bienes patrimoniales. Nos gustaría más pensar que si, por
avatares del destino, su organismo se adjudicara una flota de coches de
lujo o algún yate, con su diligencia en el cumplimiento de la Ley iban a
dejar ustedes en mantillas el uso que por otra administración en otro
tiempo se hizo hasta del «Azor».

Señor Secretario, el Fogasa no es un organismo que tenga entre sus fines
la especulación y al menos usted no se ha atrevido a manifestarlo; nos
alegraría y nos alegra observar las posibles dotes que para obtener
plusvalías de los inmuebles, desde la gestión del Fondo de Garantía
Salarial, pueden tenerse por su parte, pero hemos de recordarle que el
Fondo de Garantía Salarial puede ser muchas cosas, para nosotros sólo
una, pero lo que no es es ninguna agencia inmobiliaria especulativa. No
cabe hablar de que posibles plusvalías de los inmuebles hagan que no se
cumpla diligentemente el fin para el que la Ley establece que su
titularidad pase al Fondo de Garantía Salarial y posteriormente al
tráfico jurídico patrimonial.

Ha habido y hay un uso indebido de lo público, que no es lo mismo que la
totalidad del patrimonio del Estado, y de ello, señor Secretario General,
se deben derivar responsabilidades. La confusión para algunos entre lo
público y lo privado trae consigo que en este país se viajó totalmente
gratis y se está acabando por residir totalmente gratis. Por ello,
nosotros exigiremos todas las responsabilidades que se deriven de este
caso, sin acritud, señor Arnau, pero sin demora, sin descartar nuevas
comparecencias ni otras iniciativas legislativas del tipo que fueren,
pensando incluso que la gestión del organismo no ha sido todo lo
diligente que hubiera debido ser.

Permítame acabar, señor Secretario, con una reflexión que no es propia
que dice que cada uno es responsable de todos, cada uno es el único
responsable, pero cada uno es el único responsable de todos.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos Parlamentarios que desean intervenir?
(Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Peralta.




El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Serrano Arroyo por su
comparecencia.

Créame, señor Serrano Arroyo, que personalmente me siento solidario con
el mal trago que debe estar usted



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pasando por hechos de los que usted personalmente no es responsable.

Imagino que aguantar una filípica --y he dicho filípica y no «felípica»,
que quede claro-- como la que acaba de pronunciarse en esta Cámara debe
resultar realmente duro.

Me siento solidario no sólo porque entiendo el trance por el que pasa
usted, sino porque también acabo de pasar por un trance parecido, y es el
que me ha proporcionado usted leyéndome una lista interminable de datos,
cuando todos sabíamos que ése no era el motivo de la comparecencia. El
motivo de la comparecencia se refería, efectivamente, a unos locales muy
concretos de Madrid y la utilización de los mismos por parte de altos
cargos del Ministerio. Si hubiéramos ido al grano todos, hubiéramos
avanzado más en este tema. Y tengo que decirle, señor Serrano Arroyo, una
cosa que estoy convencido que también sabe usted: al Grupo Popular no le
preocupa demasiado la gestión del Fondo de Garantía Salarial en general,
le preocupan estos temas concretos, de escándalo y demás. En
consecuencia, no creo que vayan a hacer un uso adecuado de esa cantidad
de datos que usted ha dado.

Yo sí que le agradezco los datos que nos ha proporcionado. Nos permiten
ver, por ejemplo, que los empresarios en este país cometen, dicho no en
términos jurídicos, pero cometen estafas tremendas. Si el Fondo de
Garantía Salarial ha tenido que pagar, según los datos de usted, más de
medio billón de pesetas, que es una parte pequeña de las deudas
empresariales a los trabajadores, que las han trabajado, pero que, sin
embargo, no han logrado cobrarlas porque los empresarios no las han
pagado, y una buena parte de esa deuda la estará pagando un organismo
público. Es bueno conocer la realidad laboral de este país, saber que
ésta es la situación que hay, saber que, efectivamente, tal como usted
dice, se han producido esa cantidad de pagos y que esos pagos han crecido
hasta un volumen que, en un plazo de no llega a diez años, han pasado de
47.000 millones --creo recordar que era la cifra que daba usted en 1985--
a 73.000 millones, más del 50 por ciento, en 1993. La morosidad, más que
la morosidad el impago empresarial de prestaciones recibidas por los
trabajadores en este país crece de una manera muy importante. Es bueno
que todos sepamos eso y que, por supuesto, lo sepa el Grupo Popular, que,
en ocasiones, acoge con fervor posiciones empresariales. Es útil. De la
misma manera, señor Serrano Arroyo, que es útil saber, por ejemplo, que
crece esa deuda, que crecen las cantidades a pagar por el Fondo de
Garantía Salarial y, sin embargo, la Tesorería General de la Seguridad
Social restringe los pagos de las cotizaciones al Fondo de Garantía
Salarial. A raíz de comparecencias de usted el año anterior se consiguió
elevar esas cifras, que estaban en aquellos momentos en 5.000 millones de
pesetas mensuales, en torno a 8.000 millones de pesetas, pero en los
últimos meses han vuelto a caer otra vez.

Esto da lugar, señor Serrano Arroyo, a que el Fondo de Garantía Salarial
tenga dificultades graves para poder cumplir sus obligaciones. En estos
momentos hay casi 10.000 millones de pesetas que no se pagan pese a estar
resueltos los expedientes; en unos casos los expedientes están resueltos
y cuentan con la firma del Interventor, en torno a 5.000 millones de
pesetas; en otros, están resueltos y falta la firma del Interventor,
otros 5.000 millones; están tramitándose cerca de 17.000 millones de
pesetas. Entre los dos conceptos, más del tercio de lo que se pagará este
año. Una demora notable en el pago de las obligaciones que legalmente
corresponden al Fondo de Garantía Salarial. Este es un tema que a
nosotros nos preocupa. Son miles de trabajadores a los que los
empresarios no les han pagado los salarios correspondientes a los
servicios prestados, las indemnizaciones que legalmente les corresponden,
que recurren, después de una tramitación judicial larga, a un organismo
público, y este organismo público retrasa aún más el pago de unos
derechos que deberían haber sido abonados en su momento por los
empresarios. Habrá que pensar soluciones para ese tipo de problemas,
señor Serrano Arroyo, pero esto será objeto, me imagino, de comparecencia
suya que se producirá brevemente en el trámite de presupuestos, en el que
tendremos ocasión de abordar las previsiones del año 1995 y qué
soluciones se van a dar a este tipo de problemas. No obstante, ya le
anticipo por dónde van a ir las inquietudes de mi Grupo parlamentario,
por si quiere ir trabajando en esta dirección.

En este caso concreto por el que hoy nos convocaba el Grupo Popular, y al
que usted sólo ha hecho referencia de pasada, yo voy a ser muy cortito,
señor Serrano Arroyo, porque creo que se puede ser muy corto en esto. Si
usted personalmente no es responsable de esas permutas, de esas cesiones
que se produjeron en su momento, usted es responsable hoy de la gestión
de este Fondo de Garantía Salarial, y, desde esa responsabilidad actual,
yo le pido dos cosas: primero, que garantice que esas situaciones se han
terminado, porque son claramente ilegales. Segundo, que depure las
responsabilidades, no sólo las administrativas, si es que hay alguna,
sino las patrimoniales. Alguien tiene que pagar esos alquileres. Si
tenían derecho los altos cargos a vivienda oficial, que se liquide esa
deuda entre los órganos correspondientes de la Administración del Estado.

Por ejemplo, usted ha hecho referencia a convenios entre el Ministerio de
Trabajo y el Fogasa para compensar deudas entre ellos. Si tenían derecho
a vivienda esos altos cargos, que quien les tenga que proporcionar la
vivienda liquide al Fondo de Garantía Salarial los alquileres
correspondientes; si no tenían derecho a vivienda, esos altos cargos
tendrán que pagar los alquileres de unas viviendas que han utilizado de
manera indebida durante un período de tiempo importante.

Termino con eso, señor Serrano Arroyo. Creo que son las dos cosas claras
que tiene que hacer, porque hoy es responsable; si no lo fue en su día,
hoy tiene esa responsabilidad. Garantícenos que se han terminado esas
situaciones irregulares y depure las responsabilidades oportunas.

Comprométase a hacerlo e informe en su día a la Cámara. Con eso,
conseguirá que la confianza que merecen su nombramiento y su gestión
hasta el día de la fecha se vea ratificada y no ensombrecida por unos
hechos que, desde luego, infringen la legislación vigente.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Neira.




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El señor NEIRA LEON: Muchas gracias, señor Serrano, por su extensa y
detallada explicación.

Estoy de acuerdo con el señor Camps cuando habla de la función importante
de control que corresponde a esta Cámara; no sólo los miércoles se hace
control, se hace también los martes, los jueves; en esta Comisión tenemos
un programa de control extensísimo para el futuro inmediato y espero que
lo sigamos realizando con la eficacia de que hemos dado prueba hasta la
fecha.

Sin embargo, no me parece tan acertado que las urgencias de esta Comisión
vengan determinadas por el tamaño de los titulares periodísticos. Además,
empiezo a sospechar que, a la hora de seleccionar los temas a tratar, el
Partido Popular no es neutral, tiende a cuestionar más decisiones o
instituciones de contenido social. Un día, no hace mucho, fue el
movimiento cooperativista, hoy es el Fogasa, mañana no sé de qué se
tratará, pero lo evidente es que hoy, dijese lo que dijese usted, señor
Serrano, la respuesta sería la que ha oído. Es poco dialéctico, en mi
opinión, venir aquí a escuchar a un alto cargo y contestarle leyendo lo
ya escrito. Me da la impresión de que en absoluto variaría la respuesta.

Es una respuesta que, en mi opinión, contesta con exactitud lo que esta
Comisión había planteado a propuesta del Partido Popular: que debía
explicar la gestión y utilización del patrimonio inmobiliario que tenía
encomendado entre los años 1985 y 1994. A eso ha respondido con una
precisión y un detalle increíbles. Posiblemente, podría haber sido mayor
si el señor Presidente le hubiese dejado leer todos los folios que tenía
preparados.

Creo que es arriesgado hacer juicios de este tamaño cuando se habla de
manifiesta ilegalidad. Estamos ante un sistema normativo, no sólo ante
una ley, que requiere necesariamente una interpretación sistemática. Una
ley no la podemos interpretar aisladamente del contexto legal en que nos
movemos; no podemos hablar sólo, que debemos hablar, del Real Decreto
505/1985; creo que debemos hablar del artículo 33.2 del Estatuto de los
Trabajadores, que obliga a la defensa de interés público al Fogasa a la
hora de gestionar su patrimonio, debemos hablar del artículo 85 de la Ley
del Patrimonio, que hace referencia a la enajenación y a la posibilidad
de utilizar como reservas determinados bienes que sirvan para garantizar
la rentabilidad de estas reservas.

El interés público en la gestión es fundamental, porque debemos tener en
cuenta que, además, cuando se habla de devolver al tráfico jurídico el
patrimonio, se utiliza el término «de forma más inmediata posible». Por
tanto, el «más inmediato posible» entendemos que da una flexibilidad
adecuada para tener en cuenta los intereses públicos por encima, en este
caso, de los intereses privados.

Por último, no debemos olvidar, en nuestra opinión, a la hora de hacer
esa interpretación sistemática de la ley la disposición adicional sexta
de Real Decreto 236/1988 que hace referencia a la ocupación de viviendas
por altos cargos que se ven obligados a desplazarse de su lugar habitual
de vivienda: una indemnización económica --10 por ciento de su salario
anual-- o bien tienen la posibilidad de ocupar la vivienda.

En cualquier caso, aquí se han señalado unos temas puntuales que yo
entiendo que no era posible contestar de inicio, porque nadie se los
había planteado. Yo entiendo que usted viene aquí a responder a lo que
planteamos nosotros, no a lo que dicen los diarios cualquier día en
cualquier momento. Nosotros personalmente sobre el tema que le hemos
apuntado queremos manifestar nuestra satisfacción y nuestra conformidad
con su explicación detallada. El que hoy hemos tenido ha sido un ejemplo
de control parlamentario, eficaz en nuestra opinión, y estamos
absolutamente convencidos de que las dudas que pueden subsistir serán
despejadas por usted.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario General del
Fogasa,



El señor SECRETARIO GENERAL DEL FONDO DE GARANTIA SALARIAL (Serrano
Arroyo): Quizá necesitaría mucho tiempo para ir contestando lógicamente a
todas las cuestiones planteadas. La premura de tiempo nos obliga a
resumir un poco más, pero también estoy encantado, no solamente en esta
ocasión sino en cualquier otra, de dar cuenta de la gestión del organismo
en cualquier momento, ayudando con ello no solamente al control del
Gobierno, sino también a una de las funciones esenciales que tenemos
encomendada como es la transparencia en la gestión, que no solamente se
hace en esta ocasión sino en otros ámbitos.

Entrando en algunos temas y como se han ido tratando de una manera un
poco dispersa, si queda alguna en el tintero que me perdone su señoría, y
entonces encantado intentaría contestársela.

Lógicamente, cuando se efectúa la permuta en su día de una oficinas esto
se produce como consecuencia del pago de unos expedientes de prestaciones
de garantía salarial y dentro del mismo hay un incumplimiento por parte
de la empresa correspondiente, porque no puede hacer frente al pago de
aquello que había convenido con el Fondo de Garantía Salarial. Entonces,
lo que sucede es que, al no poder pagar en efectivo las cantidades que
adeuda al organismo, paga con unas oficinas en la calle Juan Gris, de
Madrid.

Yo desde luego no voy a entrar en la calificación del alto valor
comercial. Solamente quiero señalar que se hizo una peritación por parte
de los servicios técnicos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
que los tiene, y entonces ese valor de las oficinas se situó en torno a
los 75 millones de pesetas aproximadamente. La permuta se realizó por un
valor de 80 millones de pesetas. Quiere decirse, por lo tanto, que en ese
caso concreto la permuta no supuso ningún perjuicio económico para el
organismo. Más bien, si hacemos caso de la valoración técnica y a la
valoración de la permuta, se han producido 5 millones de diferencia,
favorable al organismo. Lógicamente, cuando se hace la peritación, cuando
se efectúa la permuta, cuenta con todos los requisitos legales que se
establecen en el Decreto 505 sobre cómo se han enajenado los bienes. La
gestión del organismo, aunque éste sea autónomo de carácter
administrativo, lógicamente está enmarcada dentro de una política general
del departamento; es decir, no puede actuar, por



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decirlo de alguna manera, a su libre albedrío. Por lo tanto, está en
consonancia con la política general del departamento. En ese momento lo
que el organismo se plantea es un posible traslado de sus oficinas, ya
que no tenía locales propios, a estas oficinas de la calle Juan Gris.

Lógicamente se examina, se verifica el local, se hacen los asesoramientos
técnicos y, entonces, aconsejan que no es una situación idónea porque no
cabe todo el mundo --habría que tener disperso al personal-- y no reúne
las condiciones necesarias para el organismo. Por lo tanto, se desecha
esa ocupación, por decirlo de alguna manera, o ubicación allí de la sede
oficial de este organismo. Se plantea entonces, a la vista de que el
edificio está en malas condiciones porque llevaba cerrado bastante tiempo
--no se encuentra técnicamente en perfectas condiciones--, una permuta
por las cuatro viviendas objeto de su pregunta.

La permuta se hace conforme a la normativa, con las autorizaciones
correspondientes --por lo tanto, no hay un acto unilateral, sino que se
hace, ya digo, dentro de la política global del departamento-- y, después
de la permuta, lo que se da, en función de lo que se ha señalado también
por alguna otra señoría, es una utilización aplicando o llevando a la
práctica lo que dice el Real Decreto de 1988 sobre dietas para la
utilización de las viviendas por parte de determinados altos cargos del
Ministerio. Se hace así porque en ese momento el departamento lo que
entiende es que el organismo, al no estar en una situación de falta de
liquidez, al no estar ante un déficit presupuestario sino que se están
atendiendo normalmente en esa época absolutamente todas las obligaciones,
por lo tanto, no queda ningún expediente que se tramite y que no se pueda
atender, se constituya como reserva, dando así cumplimiento a lo que dice
el artículo 33.2 del Real Decreto 505 en el último párrafo, cuando lo
hila con el artículo 85 de la Ley de Patrimonio del Estado. El organismo
es una especie de aseguramiento empresarial; lo que pasa es que en este
caso en nuestro país es con titularidad pública, es el Estado el que vela
por ese aseguramiento empresarial y, por lo tanto, lo que se hace es
sustituir al empresario cuando el empresario no puede pagar esas deudas
laborales, cuando efectivamente han sido reconocidas como tales deudas, y
por eso se hace frente al pago o de los salarios o de las
indemnizaciones. El Departamento en ese momento, por lo menos hasta la
fecha actual, considera que, no siendo necesario para la liquidez del
organismo, se constituyan en reservas para garantizar en su día ese
organismo. Es indudable que esta política se hace en otras muchas
actuaciones, por ejemplo en las propias compañías de seguros que
invierten los excedentes que tienen en un momento determinado en bienes
inmuebles. Un poquitín, por decirlo de alguna manera, es lo que sucede
con el organismo.

Sucede también que a la hora de la cesión se consulta con los servicios
jurídicos. La cesión es totalmente legal, es decir, cuenta con el
asesoramiento jurídico oportuno y, por tanto, por eso es por lo que se
efectúa; si no, lógicamente, el departamento no lo hubiera podido
efectuar. En esta cesión en uso lo que se hace es que mientras dure la
situación por la cual fueron nombrados pueden permanecer en tal
situación, pero no en calidad de gratis total, sino que, como lo están
ocupando, tienen que soportar los gastos normales de la conservación y
mantenimiento, así como los gastos que se generen, de tal manera que el
organismo sigue disponiendo de la titularidad del bien, pero está
ocupándose y manteniéndose por parte de las personas que tienen cedido el
uso.

También hay otra pregunta a la que pretendo responder, relativa a por qué
no se hubiera desafectado la vivienda si se hubiera resuelto este
problema. Efectivamente, quizá hubiera sido la solución más fácil, más
idónea e inclusive así también se hubiera engarzado con la propia Ley de
Patrimonio del Estado, y este tema no se hubiera planteado siquiera. ¿Qué
es lo que pasa en esta ocasión cuando se plantea la desafección para
pasarlo a patrimonio del Estado? Se sopesa por todas las partes y lo que
el departamento dice es que si se desafecta al patrimonio del organismo y
se pasa al patrimonio del Estado dejan de constituirse en reservas, y por
tanto el organismo pierde la titularidad de bien y no podría
materializarlas posteriormente. Es indudable que lógicamente se mantuvo
esta situación, no se desafectó por este motivo que explico y por eso se
mantuvo ahí. Ahora, con las autorizaciones oportunas que se produjeron
este año, es cuando el organismo ha podido iniciar el procedimiento de
enajenación como cualquier otro bien y están en fase de venta
absolutamente todos los pisos, y, es más, le puedo decir que dos de ellos
han sido vendidos y otros dos se encuentran convocados en subasta. Por
tanto, no tenemos a ninguna persona ocupándolos ni mucho menos, sino que
están a plena disposición del organismo y lógicamente a disposición de
cualquier persona que, estando en su interés, pudiera acercarse a ellos
para poderlos ver.

Es indudable que aquí en este tema se plantea también un asunto que puede
dar lugar a una serie de interpretaciones que lógicamente son de carácter
más bien jurídico, que es la apreciación de qué se entiende por bienes
adjudicados y que sean devueltos al tráfico jurídico de la forma más
inmediata posible. Yo le quería hacer una precisión, sin ánimo de entrar
en una discusión ni en una polémica ni mucho menos, sino simplemente para
intentar aclararlo en la medida de mis posibilidades.

Cuando al organismo se le adjudica un bien, de cualquiera de las maneras
previstas legalmente, como es lógico, tenemos que hacer, en principio,
dos exámenes, uno de carácter físico y otro de carácter registral. De
carácter físico, porque suele suceder, como en muchos de los casos, que
estos bienes estén totalmente en ruinas. Nos ha sucedido, por ejemplo,
que bienes adjudicados que eran naves industriales, como hay por medio un
procedimiento judicial de suspensión de pagos excesivamente largo, a lo
mejor cuando al organismo se le adjudica este bien prácticamente ha
desaparecido o se encuentra en ruinas. Esto lo engarzaría con otro tema
que es muy importante, que es que la calificación industrial del bien a
lo mejor ha desaparecido y aparece como una calificación rústica, lo cual
deteriora y perjudica gravemente los intereses del organismo. Por tanto,
ésa es una cosa que también tenemos que ver. Y luego existen una serie de
procedimientos que afectan a la titularidad de los bienes, gravámenes,
hipotecas,



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pretensiones de otras partes que no están de acuerdo con la adjudicación
que ha obtenido el organismo en sus actuaciones judiciales, y lo que
hacen es que las adjudicaciones de esos bienes se dilaten en el tiempo
muchas veces, impidiendo que, de una manera inmediata, se puedan vender.

Pero también hay que tener en cuenta que hay que compaginar los intereses
públicos con la enajenación. Puede interesar, como en lo de Pontevedra o
en lo de Santa Bárbara, una utilización por parte de las unidades
nuestras o del departamento ministerial y por ello no se daría el
cumplimiento exacto de lo que dice el artículo 33.2 de nuestro Real
Decreto, pero tampoco lo estaríamos incumpliendo, porque el organismo en
ese aspecto, conjugando los intereses públicos, lo que hace es diferir en
el tiempo su enajenación, su venta totalmente.

Sí conviene señalar que cuando se hace la permuta de 80.380.000 pesetas,
si se actualizasen estos bienes permutados, que ya digo que fueron
considerados como afectos a reservas, su valor actualizado a la fecha
actual es de 121 millones de pesetas. Quiere esto decir que, en
principio, el organismo no ha perdido, tampoco ha especulado, sino que
simplemente ha aplicado el IPC correspondiente y, según las valoraciones
efectuadas y según las enajenaciones que se están haciendo, la
enajenación situaría en cerca de 131 millones de pesetas el conjunto de
los 80 millones. Quiere decirse, por tanto, que no ha habido perjuicio
para el organismo en el aspecto patrimonial.

Se ha hecho también mención a las recuperaciones como una base de la
política del organismo y a que estamos muy mal, comparados con otros
países. Simplemente quiero hacer una pequeña aclaración: estamos muy mal
respecto a otros países, pero, por ejemplo, en Francia al organismo
tutelar de la garantía salarial solamente le afectan las suspensiones de
pagos y las quiebras, mientras que nosotros tenemos suspensiones de
pagos, las quiebras (los dos mismos supuestos), la insolvencia
empresarial y, con respecto a las empresas de menos de 25 trabajadores,
el organismo paga el 40 por ciento a fondo perdido. Luego para tener unas
cifras homogéneas, por así decirlo, de nuestros datos tendríamos que dar
de baja, del total de las prestaciones, el 40 por ciento a fondo perdido
y las insolvencias empresariales, que no están contempladas en otras
legislaciones. Es indudable que en su día se marcaron unos objetivos de
8.000 millones, porque así se estimaban; hay un principio contable que no
nos permiten aplicar, que es que no se puede imputar la anotación
contable (por decirlo de alguna manera) de todos los convenios firmados
en el mismo ejercicio en que se hacen, sino que cada año se ha de imputar
su anualidad. Si nosotros pudiéramos hacer esto contablemente, estoy
seguro (y en cualquier momento estaría dispuesto a dar los datos) de que
muchos años, señoría, pasaríamos de la cifra de 8.000 millones, aunque
esa cifra, también vista por el Consejo Rector, se ha ido reduciendo con
el tiempo.

Es indudable asimismo que la Intervención General del Estado en su día
puso de manifiesto, en la auditoría que realizó sobre años anteriores, el
tema de la permuta de los pisos. No se metió en ella, sino que
simplemente dijo que no se habían devuelto al tráfico jurídico. Por ello,
el departamento ministerial, a la hora de contestar a la Intervención
General del Estado, señaló que se estaban en ese momento ocupando con
unos contratos de cesión en uso y que cuando se cancelaran esos
contratos, o así lo estimara porque fuera necesario para las necesidades
del organismo, los devolvería al tráfico jurídico, y es lo que ha
sucedido en la época actual.

Intuyo que se pregunta que por qué no se informa de esta permuta al
Consejo Rector. En este caso concreto, y sin entrar en ningún tipo de
polémica, porque no es objeto de mi comparecencia ni de esta respuesta,
el Consejo Rector simplemente señaló lo que dice el artículo 6, número 1,
del Real Decreto 505, que es que el Consejo Rector tiene como funciones
las de elaborar los criterios de actuación del organismo (en este caso
concreto del Fondo de Garantía Salarial), conocer la evolución económica
del organismo y proponer al Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social, las medidas oportunas para el cumplimiento de sus
fines, aprobar el anteproyecto de presupuestos y de su liquidación anual,
y aprobar la memoria anual de actividades del organismo. Quiere decirse,
por tanto, que la permuta (ésta o cualquier otra) es un acto de gestión
normal y ordinaria; en principio, no existe obligación legal de darle
cuenta, pero, por regla general, se suele dar cuenta.

¿Qué es lo que pasa? Que hubo una época en la cual los consejos rectores
(ya he visto que tiene algunas copias de las actas y ahí lo podrá
observar) daban informes sobre aquellas cuestiones jurídicas, criterios
jurídicos o diferencias que había en actuaciones de reconocimiento de
prestaciones de garantía salarial o en aquellos asuntos de trámite sobre
los cuales el Consejo especialmente indagaba. Ya le he señalado
anteriormente que el organismo ha tramitado en el período objeto de la
pregunta más de 284.070 expedientes. Le puedo asegurar que si no se le ha
dado información puntual de todos y cada uno de ellos no es por ánimo de
ocultar nada, y que a cualquier miembro del Consejo Rector, cuando ha
querido conocer un expediente, se le ha dado información y cuando ha
habido un criterio se le ha dado información. Es más, le voy a señalar
otra cosa simplemente para que lo conozca. A partir de 1991 se ha dado
absoluta información puntual de todas las adjudicaciones, de todas las
enajenaciones o de cualquier otra circunstancia de interés que esté
referida a los bienes adjudicados; que en la memoria, que se aprobó por
el Consejo Rector del organismo, correspondiente al ejercicio de 1992
aparece el resumen de adjudicaciones de ese año en la página 129, el de
enajenaciones del mismo período en la página 130 y la relación de
convenios firmados por provincias en 1992 en la página 131; y que en el
borrador de la memoria de 1993, cuya aprobación por el Consejo Rector se
va a proponer en su reunión plenaria del mes de octubre próximo, se
ofrecen idénticos datos respecto al ejercicio de 1993. Quiere decirse que
cada año el organismo ha ido incorporando justamente, en ese ánimo de
transparencia, aquella información que incluso el propio Consejo Rector
no había solicitado, sino que fue a voluntad propia del departamento y
lógicamente de la Secretaría General, que es



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la que tiene que llevar a cabo la ejecución de los acuerdos del
departamento.

Por tanto, la idea del departamento, en este caso como en cualquier otro,
es la de seguir dando información y desde luego, hilando también un poco
con alguna cosa que había dicho S. S. al principio, esta Secretaría
General, y hablo también en nombre del departamento, está encantada de
ayudar a la transparencia, de dar cualquier información sobre la gestión,
y también yo estoy encantado de poder venir a la Comisión. Entiendo que
si no hemos venido es porque quizá no tenemos el rango ni el cargo
adecuado para comparecer voluntariamente, pero no le quepa duda a S. S.

de que no es por ocultar ni por no querer dar información o no querer
facilitar la dación de cuentas de nuestra gestión administrativa, sino
simplemente porque a lo mejor la comparecencia tiene que venir a
instancias de la propia Cámara, ya que, si no, el Ministro ya comparece
en nombre de todos los responsables del departamento o de todas aquellas
personas con relevancia política lógicamente mucho más superior a la que
ostenta este Secretario General dentro del organigrama del Ministerio.

No obstante, siguiendo en ese ánimo, el Consejo Rector está totalmente al
tanto y contando con toda la información de este asunto como de cualquier
otro a la fecha actual. Es más, el propio Consejo Rector ha aprobado, a
propuesta del departamento y de la Secretaría General, que exista una
especie de comisión permanente --ya sabe S. S. que no existe una comisión
ejecutiva, un intermedio entre el plenario--, pero que permanentemente,
desde el año 1990, se reúne una especie de «consejillo» entre los
miembros del Consejo Rector y representando a todas las centrales
sindicales y a las organizaciones empresariales, que se reúnen
permanentemente a lo largo del año y durante cada ejercicio. Esto es lo
que también está sucediendo en la actualidad. Se le está dando no sólo
esa opción, sino que se está recabando su opinión e incluso su decisión
sobre determinadas actuaciones patrimoniales para avalar esta política
del organismo, lo que quiere decir que estamos en esta idea de intentar
dar la mayor transparencia posible a nuestra actuación pública.

Quizá me quepa señalar al representante de Izquierda Unida que
efectivamente estoy en condiciones de responder a su pregunta sobre la
Tesorería General, además de agradecerle las palabras que ha tenido hacia
este representante de la Administración a título personal. He de decirles
que las cifras que ha dado son totalmente correctas y que se deben
simplemente a una circunstancia: a que las cuotas del Fondo de Garantía
Salarial que se están recaudando en la actualidad ascienden
aproximadamente a unos 5.000 millones de pesetas al mes. En cambio, las
entradas, debido a la crisis económica, superan con creces esos 5.000
millones de pesetas. A ello se debe el hecho de que en el organismo se
tarde más tiempo en tramitar los expedientes en cuanto a su pago
material, pero es porque las cifras superan con creces a las
recaudaciones que se están efectuando.

Efectivamente, la Tesorería General de la Seguridad Social nos ha estado
liquidando 8.000 millones de pesetas, en el mes de agosto por el pago de
las pensiones nos ha liquidado un poquito menos, y en este mes volvemos a
los trámites normales, pero nos están dando 8.000 millones de pesetas,
frente a los 5.000 que se están recaudando, lo cual quiere decir que en
principio es por ahí por donde van las soluciones al pago. Entendemos que
es muy posible que al año que viene no exista tanto incremento del gasto,
porque lógicamente la situación económica puede mejorar y eso tiene que
incidir positivamente en la gestión del organismo. Es lo que le puedo
avanzar, salvo que tenga interés en algún otro dato.

Lo que sí les puedo garantizar es que todas esas situaciones se han
terminado, que los pisos están no solamente desocupados, sino que dos de
ellos ya pertenecen a familias particulares que en subasta pública
ejercieron su derecho a presentar una oferta, y que hay otros dos que
estamos a la espera de su venta, convocada la subasta, y, por lo tanto,
esperando la resolución de la misma. Estoy encantado de poder decirle a
esta Comisión que esta situación ya se ha terminado, se lo puedo
garantizar, que no existe nadie ocupando los pisos y que están ya a plena
disposición del organismo para su enajenación.

Poco más podría decir, salvo que estoy a su entera disposición, en este
momento o en cualquier otro.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Secretario General.

Se levanta la sesión.




Eran las tres y veinticinco minutos de la tarde.