CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1994 V Legislatura Núm. 279
EDUCACION Y CULTURA
PRESIDENTE: DON JOSE LUIS MARTINEZ BLASCO
Sesión núm. 25
celebrada el jueves, 22 de septiembre de 1994



ORDEN DEL DIA:
Comparecencia del señor Ministro de Educación y Ciencia (Suárez
Pertierra), para informar:
--Sobre las líneas generales de la política de su Departamento. A
petición propia. (Número de expediente 214/000073) (Página 8194)
--Sobre la Selectividad 1994 (junio). A solicitud del Grupo Parlamentario
Popular. (Número de expediente 213/000386) (Página 8225)

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Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.




COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (SUAREZ
PERTIERRA) PARA INFORMAR:



--SOBRE LAS LINEAS GENERALES DE LA POLITICA DE SU DEPARTAMENTO. A
PETICION PROPIA. (Número de expediente 214/000073.)



El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías.

Comenzamos la sesión de hoy que tiene, como orden del día, la
comparecencia del señor Ministro de Educación y Ciencia, por una parte, a
petición propia para informar de las líneas generales de política de su
Departamento y, a continuación, para informar sobre la selectividad del
curso 1993-1994, a petición del Grupo Popular.

En primer lugar, por tanto, la comparecencia del señor Ministro a
petición propia. Tiene la palabra el señor Ministro de Educación y
Ciencia.




El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra): Buenos días,
señor Presidente, señorías. Señoras y señores Diputados, hace ahora
exactamente un año, tuve la oportunidad de comparecer por primera vez
ante esta Comisión de Educación y Cultura con el fin de explicar las
líneas generales de la política educativa diseñada para esta legislatura.

Desde entonces, he tenido ocasión de exponer a SS. SS. las principales
líneas de actuación del Departamento. La razón de esta nueva
comparecencia se enmarca, además, en el deseo general del Gobierno de que
cada Ministerio exponga detalladamente sus políticas sectoriales, con el
fin de que SS. SS., y también los ciudadanos, tengan el mayor y mejor
conocimiento posible de las mismas.

En educación, señorías, siempre debe haber cosas importantes que decir.

Hago esta afirmación desde la valoración de lo realizado, que es muy
importante, y desde la responsabilidad de lo que queda por hacer.

Pretendo expresar, a lo largo de mi comparecencia, la firme decisión del
Gobierno y, como consecuencia, del responsable de este Departamento de
finalizar, dentro de los plazos previstos, y sin agotarlos, la total
implantación de la reforma educativa en las mejores condiciones de
calidad de la enseñanza. Deseo exponer también a SS. SS. la prioridad que
concedo a la formación profesional, el impulso que se pretende para el
desarrollo científico y tecnológico y, naturalmente, la pretensión de
consolidar un sistema universitario de calidad, democrático y abierto a
la sociedad. Estas opciones se completan con un renovado impulso a las
políticas de decidido apoyo al deporte en todas sus vertientes,
especialmente en su extensión a todos los centros escolares y
universitarios. Y es que, señorías, estas líneas de actuación son
consecuencia del valor capital que siempre hemos atribuido los
socialistas a la educación como instrumento capaz de transformar la
sociedad e introducir el progreso como el más importante elemento
corrector de las desigualdades, de los privilegios y de las injusticias,
concepción esta que constituye una piedra angular de nuestra estrategia
con capacidad propia y suficiente para producir el progreso individual y
colectivo, mayores cotas de libertad, justicia y solidaridad.

La educación, como derecho fundamental que la Constitución reconoce a
todos los ciudadanos, ha de ser garantizada por los poderes públicos y
debe abarcar no sólo la mera transmisión de conocimientos, sino ser capaz
de formar a nuestros jóvenes en los valores individuales y colectivos
propios de una sociedad avanzada. Se trata de formar a ciudadanos para
que tengan pasión por la libertad, por la tolerancia, por la solidaridad,
por la participación, por el compromiso con la justicia, por el respeto
al medio ambiente y por la paz. Estos valores son para nosotros no meras
palabras retóricas, sino principios que han de transformar la realidad,
utilizando como instrumento básico la educación. Esta concepción seguirá
guiando nuestra política educativa. La extensión de la educación en todos
sus niveles educativos, el pleno acceso a la misma y el esfuerzo por una
mayor cualificación de nuestros ciudadanos permitirá disminuir las
desigualdades sociales. Para alcanzar estos objetivos, el Ministerio de
Educación y Ciencia ha definido unas líneas básicas de actuación que
recogen los compromisos que el Gobierno y el Partido Socialista han
adquirido ante los ciudadanos y que paso a exponer a continuación, según
las áreas que responden a la estructura funcional del Departamento.

Implantar las nuevas enseñanzas, mejorar la calidad y transformar la
formación profesional son los grandes objetivos de la reforma educativa
en las etapas anteriores a la universidad. El primer gran ámbito de
actuación es la implantación de las nuevas enseñanzas reguladas en la
Logse. En las comparecencias anuales que se realizan ante esta Comisión,
SS. SS. han tenido ocasión de conocer cómo ha ido desarrollándose el
proceso. Esta información será completada con el informe correspondiente
al curso que acaba de terminar. En todo caso, quisiera reiterar la
voluntad de llevar a cabo la reforma diseñada por la Logse, para lo que
estamos dispuestos a dedicar el esfuerzo presupuestario preciso. A tal
efecto, el Ministerio de Educación y Ciencia realizará una serie de
actuaciones tendentes a completar el proceso de la reforma educativa.

Mantengo, en primer lugar, el compromiso de seguir avanzando para
conseguir que todos los padres y madres que lo consideren oportuno puedan
escolarizar a sus hijos a partir de los tres años. Una vez alcanzada la
plena escolarización de los niños de cuatro y cinco años, el esfuerzo ha
de dirigirse ahora hacia la escolarización de los de tres años. Pretendo,
en los dos próximos años, aumentar muy significativamente la tasa actual
que se mueve en torno al 63 por ciento de la demanda potencial de puestos
escolares a esa edad. La educación primaria se impartirá en su totalidad
a comienzos del próximo curso. Los esfuerzos más significativos en esta
etapa han de dirigirse a la plena dotación de profesores especialistas.

Este esfuerzo debe apreciarse más en el caso de los profesores de música,
ya que en educación física y lengua extranjera un número de colegios muy
elevado cuenta ya con el profesorado



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especializado correspondiente. Pero quizá lo más significativo sea la
implantación de la educación secundaria obligatoria y el bachillerato,
por lo que dedicaremos a ello un mayor esfuerzo en los próximos años.

Estas etapas educativas, cuya implantación generalizada se llevará a cabo
progresivamente a partir del curso 1996-97, se imparten ya, de manera
anticipada, en 458 institutos de secundaria. Pretendo aumentar
considerablemente esta cifra en los dos próximos años, de manera que en
el momento de la generalización sólo en un cierto número de centros deban
hacerse las adaptaciones precisas. Así, a comienzos del próximo curso
impartirán el segundo ciclo de la etapa unos 250 institutos más, lo que
supondrá alrededor del 70 por ciento de los centros públicos de
secundaria. Quisiera, además, que a esta implantación gradual de la
educación secundaria se incorporen también los centros privados, de forma
que la incorporación a esta etapa se realice por todo el sistema de una
manera homogénea. Con este fin se realizó el curso pasado la
correspondiente convocatoria y son, a partir de este mes, 133 los
colegios privados que impartirán esta nueva etapa de manera anticipada. A
estos centros se irán añadiendo otros, de forma que la anticipación se
lleve a cabo en paralelo en centros públicos y privados. Este proceso de
anticipación de la educación secundaria irá acompañado de un conjunto de
medidas relacionadas tanto con las instalaciones y recursos de los
institutos como con la dotación de profesores. Unas y otras se van a ir
poniendo en práctica a medida que los centros se incorporen a esta nueva
etapa. Es el caso de la dotación de orientadores, profesores de
tecnología y otros profesores de apoyo, o la remodelación de los centros
que lo requieran para que puedan contar con talleres, aulas de música,
etcétera.

La mejora de la calidad de la enseñanza es un propósito permanente de
toda reforma educativa y nuestros esfuerzos se dirigen especialmente a
conseguirlo. En enero pasado presenté a la opinión pública un programa de
actuación amplio e integrado sobre los temas referidos a la calidad del
sistema educativo, con la voluntad de dar respuesta a problemas sentidos
por la comunidad educativa. Insistí entonces en que pretendía llevar a la
práctica dicho programa a partir del diálogo y de la reflexión con todos
los sectores interesados por la enseñanza. Durante los meses
transcurridos desde entonces hemos recibido abundantes y muy valiosas
aportaciones de todos los sectores de la comunidad educativa. La
propuesta realizada y las aportaciones recibidas nos han permitido
examinar la oportunidad y el posible alcance de esas medidas y la
conveniencia de poner en marcha ya algunas de ellas.

Un primer aspecto, en el que como es unánimemente reconocido es necesario
incidir en si se desea mejorar la calidad, es el que se refiere al
profesorado, y hay que trabajar fundamentalmente en dos sentidos. Por una
parte, es necesario ofrecer los medios para que los profesores puedan
mantener y mejorar su cualificación profesional y, por otra, hay que
crear las condiciones para que el ejercicio de la función docente se
lleve a cabo con suficientes estímulos y que los profesores puedan
enfrentarse al reto que supone la aplicación de la reforma con unas
perspectivas profesionales bien delimitadas.

Refiriéndome a la formación inicial de los profesores, es preciso ahora
centrarse en el profesorado de secundaria. Quiero anunciarles que en este
curso vamos a regular las condiciones para la obtención del título de
especialización didáctica de los profesores de secundaria, siguiendo un
modelo centrado básicamente en dos elementos: la participación de las
instituciones universitarias como núcleo principal de formación, no sólo
en el ámbito científico sino también en el didáctico, y una estrecha
vinculación de la formación con los propios centros de secundaria, de
modo que la formación didáctica responda, en la mayor medida posible, a
las necesidades concretas de los profesores en el aula. La formación
permanente del profesorado ha sido, desde hace años, una preocupación
prioritaria de la política educativa. Considero que esta preocupación
sigue teniendo hoy la meyor importancia para llevar a buen término las
exigencias que plantea la reforma educativa. En los próximos años vamos a
completar la reorganización de la red de formación iniciada con la
unificación reciente de los centros de profesores y de los centros de
recursos, renovando el esfuerzo en este campo con el propósito de que la
oferta de formación se ajuste, cuando sea posible, a las necesidades de
los profesores y principalmente a sus demandas relacionadas con la
implantación de las nuevas enseñanzas. Además es necesario, y en esa
dirección se trabaja actualmente, potenciar nuevas vías de formación.

Entre ellas quiero destacar la concesión de permisos especiales por razón
de estudios, de modo que los profesores que disfruten dichos permisos
puedan percibir sus remuneraciones completas, lo que permitirá que todos
los profesores que lo deseen puedan acogerse a esta modalidad de
formación, independientemente de su situación personal o familiar.

Decía antes que es esencial también que el profesorado disponga de unas
perspectivas profesionales que sirvan realmente de estímulo a su labor.

Entre las medidas que van a ser puestas en marcha, de manera inmediata,
en este ámbito quisiera destacar la convocatoria de plazas, en el próximo
mes de octubre, para el acceso a la condición de catedrático por parte de
los profesores de secundaria. De esta forma, aquellos profesores con
mayor preparación y experiencia tendrán la posibilidad de alcanzar una
nueva situación profesional. Considero que también puede ser de gran
interés, para los profesores el nuevo marco de relación que vamos a
establecer con las universidades. Además de estimular una mayor
implicación de la universidad en la organización de actividades de
formación permanente, vamos a poner en marcha, mediante el
establecimiento de convenios, dos vías de relación con estas
instituciones que paso a describir brevemente y que constituyen para
nosotros programas prioritarios. En primer lugar, se apoyarán las
iniciativas conjuntas de departamentos universitarios y departamentos de
institutos de secundaria que tengan como objetivo la colaboración para la
formación de sus miembros, la investigación o algún otro ámbito que se
considere beneficioso para ambos. En segundo lugar, y en este proyecto va
a estar involucrado un número



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considerable de profesores, vamos a organizar un sistema de tutoría de
profesores en prácticas, asociado a la formación inicial, tanto de los
maestros como de los profesores de secundaria, de manera que los
profesores-tutores tengan una relación estable y continuada con las
universidades de las que dependa dicha formación. Deseo resaltar la
importancia que asignamos a la selección de estos profesores-tutores de
formación y de los centros en los que van a realizar las prácticas. Uno
de los criterios principales para su selección ha de ser la evaluación de
su práctica docente y de los centros respectivamente. Necesitamos, pues,
un sistema de evaluación de la práctica docente que de manera objetiva
pueda proporcionar esa información, que será además útil en otros
procedimientos selectivos en los que me parece también conveniente
introducir este elemento, tales como el acceso a la inspección o a la
propia dirección de los centros educativos.

Paso ahora a presentar las actuaciones que nos proponemos emprender en
otro de los factores básicos para la mejora de la calidad de la
enseñanza, el de la participación, la dirección y el gobierno de los
centros. Las medidas relativas a la función directiva y la organización
de los centros pretenden armonizar los principios establecidos en la
Logse y propiciar un modelo de dirección basado en la autonomía, la
participación y la eficacia. Señalé entonces la conveniencia de un
equilibrio entre el necesario refuerzo de la función directiva y un
funcionamiento democrático de los órganos colegiados que permitiera la
máxima participación de la comunidad educativa en la vida de los centros.

En los próximos meses presentaré una propuesta reguladora que garantice y
desarrolle estos planteamientos, cuyas líneas esenciales serían las
siguientes.

En primer lugar, para facilitar la existencia de equipos y órganos de
gobierno estables, que dispongan de tiempo suficiente para desarrollar
los proyectos correspondientes, es necesario ampliar la duración del
mandato de los órganos colegiados y unipersonales de gobierno. En segundo
lugar, a fin de fortalecer la participación de la comunidad educativa se
reforzarán las competencias del consejo escolar y del claustro,
especialmente en lo relativo al funcionamiento del centro y a su
evaluación. En tercer lugar, para poder contar en los puestos de
dirección con los profesores más preparados y que gocen del mayor
prestigio profesional, los consejos escolares deberán valorar los méritos
de los candidatos a director, de modo que se pueda elegir entre aquellos
profesores que hayan acreditado suficientemente experiencia, formación
específica y evaluación positiva, tanto en el ejercicio anterior de
cargos directivos como en la función docente. Para aquellos profesores
que no reúnan los suficientes requisitos, las administraciones educativas
podrán organizar cursos específicos sobre la dirección de centros
docentes que les permitan ser candidatos. Por último, se incentivará el
ejercicio de la función directiva para convertirla en una opción
atractiva para los profesores, especialmente desde el punto de vista
profesional.

Entre las actuaciones ya emprendidas se encuentran las que se refieren a
la consecución de una ampliación de la oferta educativa. Del conjunto de
estas medidas deseo resaltar el programa de apertura de los centros en
horario no lectivo. El programa de apertura de los centros docentes en
horario no lectivo persigue que los colegios e institutos permanezcan
abiertos y a disposición de la comunidad educativa por las tardes y en
días y períodos no lectivos. Pretendemos con este programa, además de
alcanzar una mayor rentabilidad social de los medios y las instalaciones
de colegios e institutos, un aumento considerable de la oferta de
actividades extraescolares y complementarias, lo que significará una
mayor incidencia de los centros docentes en la vida de los jóvenes
durante un tiempo mayor que el ocupado por la actividad en las aulas.

Para su puesta en marcha hemos destinado, en el presente curso, una
partida complementaria de los gastos de funcionamiento de los centros que
ascienden a unos 2.000 millones de pesetas y hemos abierto la posibilidad
de que los centros dispongan de más personal para hacerse cargo de las
actividades. Esta dotación presupuestaria, así como la buena acogida que
ha tenido este programa, ha permitido superar la previsión inicial de 200
centros hasta alcanzar una cifra superior a 900; 652 colegios de
educación infantil y primaria y 286 institutos de educación secundaria.

La respuesta favorable a esta medida ha abierto la posibilidad de que
puedan colaborar con los centros educativos personas voluntarias. Para
facilitar la integración de los voluntarios en los centros, muy pronto va
a firmarse una orden ministerial que regule las condiciones en las que
los voluntarios participan en la vida de nuestros centros educativos.

Así, esta norma regulará la relación del voluntario con el colegio o
instituto, a través de asociaciones colaboradoras, y definirá el tipo de
tareas que pueden asumir los voluntarios y su régimen de dependencia.

Proveeremos también a los voluntarios de una acreditación que les permita
acceder a ciertas ventajas, tales como la gratuidad de las escuelas de
idiomas, la entrada libre a los museos o descuento en determinadas
tarifas de Renfe e Iberia. Mediante esta iniciativa vamos a fomentar
principalmente las actividades deportivas y artísticas y también poner a
disposición de los estudiantes las bibliotecas o salas de estudio. En lo
que se refiere a las actividades deportivas, el núcleo principal del plan
de impulso al deporte escolar --al que me referiré más adelante-- se va a
canalizar a través de este programa. La apertura de los centros en
horario no lectivo cobra una especial importancia social porque favorece
la interrelación de los centros educativos y la comunidad en la que se
integran. Desde esta dimensión ocupa un papel esencial la participación
de las corporaciones locales, por lo que desde el Ministerio se están
manteniendo contactos para ampliar el número de ayuntamientos que
colaboren en este programa, como ya lo hace un buen número de ellos en la
actualidad.

El desarrollo alcanzado por la reforma educativa exige contar con un
sistema de evaluación educativa que amplíe extraordinariamente su ámbito
de aplicación, abarcando los centros educativos al profesorado, al
currículo, a la propia administración, en suma, a todo el conjunto del
sistema educativo. El Instituto Nacional de Calidad y Evaluación, que ha
comenzado a funcionar recientemente, ha puesto en marcha unos estudios
que tienen como objetivo evaluar las nuevas enseñanzas, empezando, como
es



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lógico, por la educación primaria. Esta evaluación se centrará tanto en
los resultados de los alumnos como en el funcionamiento general de los
centros. El instituto va a llevar a cabo, además, un estudio dirigido a
establecer un conjunto de indicadores sobre el sistema educativo que
permita una visión de conjunto del mismo y la evolución de la calidad de
la enseñanza. Asimismo, el Ministerio de Educación y Ciencia impulsará de
modo decidido el programa de evaluación de centros educativos. Está
previsto que en este curso participen 500 nuevos centros en el plan de
evaluación y se realice el seguimiento de los 350 centros evaluados a lo
largo de los pasados cursos. Dicho programa, que tiene como objetivo
evaluar centros completos, se realiza con el compromiso del Ministerio de
tratar de subsanar en los cursos sucesivos las deficiencias observadas,
lo que redundará en la mejora de la calidad de los centros evaluados. De
modo paralelo, los centros deberán autoevaluar su funcionamiento al final
de cada curso, con la colaboración del profesorado, los equipos
directivos y el conjunto de la comunidad educativa. Asimismo, pondremos
en marcha las medidas necesarias para que se proceda a la evaluación de
la función directiva, que valorará la actuación de los órganos
unipersonales de gobierno de los centros. Finalmente, debo resaltar que
las administraciones educativas elaborarán y pondrán en marcha planes de
evaluación interna y externa de su gestión, cuyos resultados serán
públicos cada dos años, junto con las evaluaciones de los centros y del
conjunto del sistema educativo. La Administración educativa hará
públicos, cada dos años, los resultados de las evaluaciones de su propia
gestión y de las efectuadas en los centros de ellas dependientes, así
como de las evaluaciones generales del sistema educativo efectuadas por
el Instituto Nacional de Calidad y Evaluación, y deberán dar a conocer
anualmente los valores alcanzados por los indicadores de calidad que se
establezcan.

La existencia de una inspección profesionalmente formada y competente,
conocedora de la realidad educativa, dinamizadora de la comunidad
escolar, comprometida con el progreso de los centros y vigilante del
cumplimiento de las disposiciones emanadas de los poderes públicos
constituye, sin duda, un factor decisivo para la mejora cualitativa de la
enseñanza. La inspección educativa será encomendada a los profesores que
superen un concurso-oposición, convocado por la Administración educativa
competente, desde algunos de los cuerpos que integran la función pública
docente. Estos profesores deberán tener experiencia como funcionarios de
carrera y deberán poseer titulación superior. La función inspectora se
ejercerá de modo integrado; atenderá la supervisión, evaluación, control,
asesoramiento pedagógico y organizativo de los centros y de los equipos
de profesores. Además, para responder a la diversidad de la oferta
educativa, los inspectores deberán poseer la preparación específica
adecuada y la correspondiente especialización. Para llevar a cabo estas
iniciativas me propongo efectuar la propuesta normativa correspondiente
en un breve plazo de tiempo.

No debo finalizar esta fase de mi intervención sin hacer referencia a
algunas cuestiones que me parecen relevantes, tales como la atención a
minorías étnicas y culturales o a la educación especial, que tienen como
objetivo común compensar las desigualdades en el acceso a la educación.

La respuesta educativa a las minorías étnicas y culturales debe
sustentarse fundamentalmente en cuatro principios: la igualdad de
oportunidades, la normalización, el reconocimiento de la diferencia y la
adaptación recíproca y, por último, la coordinación y la participación
social. Por ello, el Ministerio de Educación y Ciencia va a desarrollar
una enseñanza intercultural que dé una respuesta adecuada al reto de la
interacción de las minorías étnicas o culturales, en la perspectiva no de
la mera asimilación, sino de un enriquecimiento mutuo de las culturas
mayoritarias y minoritarias. A tal efecto se potenciarán programas de
educación intercultural cuyo fin prioritario será el derecho de los
extranjeros residentes en España a recibir la educación que les permita
el desarrollo de su personalidad y la realización de una actividad útil a
la sociedad. Paralelamente, se llevarán a cabo programas que enseñen a
los niños y jóvenes a respetar los derechos humanos dentro de la sociedad
plural donde se desarrollan, con especial incidencia en los valores de
tolerancia, solidaridad y en el rechazo a cualquier tipo de
discriminación. En estas actuaciones tendrán un papel esencial las
organizaciones no gubernamentales más significativas, mediante acciones
de formación del profesorado y de elaboración de materiales didácticos.

Respecto a la educación especial, se encuentra actualmente en un estado
de preparación avanzado una norma que regulará los aspectos esenciales de
la atención de los alumnos con necesidades educativas especiales. Esta
regulación se centra principalmente en los centros específicos de
educación especial, que escolarizan alumnos cuyas necesidades no pueden
ser atendidas en los centros normales de integración. Además, esta
normativa contiene las medidas tendentes a mejorar la inserción de estos
alumnos en el mundo laboral, estableciendo sistema de formación
profesional dirigidos especialmente a alumnos cuyas carencias les impiden
integrarse en la formación profesional de carácter general.

Por otra parte, este año se ha iniciado la creación de centros
específicos de formación profesional especial; así, ha comenzado a
funcionar ya un centro de estas características en Zaragoza, que será
seguido por varios más en diferentes lugares a partir del curso próximo.

El Ministerio de Educación y Ciencia va a adoptar medidas tendentes a la
ampliación de la oferta de plazas escolares a los niños y niñas con
necesidades especiales en la etapa de la educación infantil. Asimismo, se
efectuará la planificación de la red de institutos de educación
secundaria, que escolarizarán en el futuro a alumnos con necesidades
especiales, así como de la red de centros, que ofertarán programas
especiales de garantía social diseñados específicamente para estos
alumnos. Para favorecer el trabajo que desarrollan los profesores que los
atienden, el Ministerio de Educación y Ciencia les dará prioridad para
participar en actividades de formación permanente, y, en esta misma línea
de apoyo a la educación especial, se publicará una propuesta para la
adaptación del currículo de los alumnos y alumnas con necesidades
especiales asociadas a trastornos psíquicos de carácter más grave.




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Es mi intención que este conjunto de medidas sea asumido de manera
solidaria por todos los centros sostenidos con fondos públicos,
garantizándose así la escolaridad y el especial tratamiento de los
alumnos pertenecientes a minorías étnicas o culturales o que por sus
condiciones personales necesiten una atención educativa especial. Este
planteamiento se basa en el convencimiento de que una educación de mayor
calidad sólo puede lograrse ofreciendo una enseñanza adaptada a las
necesidades de cada uno; sólo se podrá hablar de enseñanza de calidad
cuando se disponga de mecanismos compensatorios de las desigualdades, de
modo que las diferencias sociales, étnicas o culturales no predeterminen
el futuro escolar de los niños.

Quisiera reiterar una vez más, señorías, mi propósito de que en los dos
próximos años dispongamos de una formación profesional ya totalmente
regulada y puesta en funcionamiento. La importancia que hemos asignado a
la formación profesional, no sólo por su peso específico dentro del
sistema educativo, sino, y sobre todo, por su enorme trascendencia en el
futuro económico y social del país, me ha hecho trabajar en la
implantación de esta modalidad educativa a un ritmo creciente. Me parece
conveniente, por ello, dedicar en esta comparecencia un apartado
específico a tratar este tema, sin perjuicio del Plan Especial de
Formación Profesional Reglada que hace unos meses he tenido ocasión de
exponer a SS. SS.

La primera línea de actuación en relación con la formación profesional,
por ser un requisito imprescindible para su implantación posterior, es la
delimitación de los títulos de grado medio y superior con los perfiles
profesionales correspondientes y las enseñanzas mínimas que han de dar
lugar a su obtención. Saben SS. SS. que de un año a esta parte se han ido
presentando, para su aprobación por el Consejo de Ministros, los reales
decretos que regulan cada uno de los títulos correspondientes a diez
familias profesionales. Es mi intención proseguir, e incluso acelerar,
este ritmo, de modo que en los próximos meses podamos contar con la
organización completa de la formación profesional.

La regulación de los títulos y enseñanzas mínimas permite iniciar, en
segundo lugar, el proceso de implantación progresiva de los ciclos
formativos. Se ha iniciado ya esta implantación de manera progresiva para
las familias profesionales ya aprobadas y el esfuerzo del Ministerio en
este campo se dirigirá, a partir de ahora, al aumento en la oferta de los
nuevos ciclos formativos, en paralelo a la implantación, también
anticipada, de la educación secundaria obligatoria y del bachillerato.

Esta implantación progresiva va acompañada de un esfuerzo considerable en
tres direcciones sobre las que se va a incidir en paralelo: en la
formación de los profesores que van a tener a su cargo los nuevos ciclos
formativos; en la adaptación de los centros a las exigencias derivadas de
una formación profesional más actualizada y que necesita mayores medios y
en la organización de las prácticas en las empresas.

En anteriores comparecencias ante esta Comisión he ido describiendo el
desarrollo de los programas de formación dirigidos a los profesores que
han de impartir la nueva formación profesional. Alcanzan ya un número
considerable los profesores que han participado en ellos, programas que,
además, se ven reforzados con la creación de los centros de formación,
innovación y desarrollo de la formación profesional, de los que hay ya
dos en funcionamiento --en Madrid y en Gijón-- y a los que pretendo ir
añadiendo otros similares de otras familias profesionales en un futuro
próximo.

Y quiero hacer también alguna referencia a las prácticas en empresas que
constituyen uno de los elementos imprescindibles del nuevo modelo de
formación profesional y cuyo éxito depende, en gran medida, de que
consigamos la implicación de una parte importante del mundo empresarial
en la formación de los futuros titulados de la formación profesional. Es
necesario que las mejores empresas, las más innovadoras, las que utilizan
técnicas e instrumentos más modernos colaboren con nosotros en esta
tarea.

La implantación de la formación profesional trae consigo, como antes
decía, la necesidad de delimitar el mapa de las titulaciones
profesionales, pero supone, también, la necesidad de organizar la oferta
en el territorio puesto que no es posible ofrecer todos los títulos de
formación profesional en todos los lugares de la geografía española. Es
necesario --y en ello estamos trabajando-- determinar qué ciclos
formativos y qué títulos hemos de ofrecer en cada zona. Las comisiones
conjuntas de planificación de la reforma educativa, formadas por el
Ministerio de Educación y Ciencia y las comunidades autónomas que todavía
no han asumido las competencias --a lo que me referiré más adelante--,
están actualmente trabajando en este punto. De modo que puedo anunciar la
presentación, dentro de unos meses, de la planificación de la oferta de
formación profesional. Una vez adoptada esa planificación, que es de
indudable interés en todos los sectores educativos y en los sectores
económicos y sociales, podremos continuar la implantación progresiva de
los ciclos formativos de acuerdo con el modelo que finalmente se adopte.

No puede negarse el esfuerzo que se ha realizado en los últimos años en
materia de promoción y política de ayudas complementarias al estudio. El
aumento del número de becas, su diversidad, el incremento de los umbrales
para el acceso a las mismas, todos son factores de una política de
igualdad real y efectiva dirigida a los ciudadanos con menos recursos.

Ello ha permitido que nadie quede fuera del acceso a la educación por
motivos estrictamente económicos. En lo que se refiere a esta materia, la
acción del departamento se concreta en un sistema de becas que garantice
la igualdad de oportunidades y el acceso a todos los niveles de la
educación. En este sentido, vamos a elaborar un programa nacional de
becas que, teniendo en cuenta los desequilibrios geográficos, permita un
mejor ajuste y estructuración del sistema, diversificando sus contenidos
y atendiendo a las necesidades reales de cada tipo de estudios, al objeto
de aplicarlo con carácter progresivo en un período de cinco años.

Asimismo, al objeto de conseguir que el régimen de becas sea un auténtico
instrumento al servicio de una política de igualdad de oportunidades,
vamos a intensificar las medidas de control del fraude y el conocimiento
riguroso de la situación económica de los



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solicitantes y beneficiarios de becas. Para que los beneficiarios de las
becas y demás ayudas disfruten de ellas a comienzos del curso
correspondiente, vamos a abordar un plan de modernización en la gestión y
concesión de las becas y ayudas complementarias al estudio. Y,
finalmente, en relación con la enseñanza superior, negociaremos con las
entidades financieras a lo largo del próximo año al establecimiento de un
sistema de créditos reintegrables, avalados por el Estado, que
contribuyan al sostenimiento de los gastos originados por estos estudios.

En materia de enseñanza superior, señorías, hemos venido defendiendo un
modelo de universidad abierta, que responda a las necesidades sociales y
atienda a todos los individuos que demuestren su capacidad y deseen
acceder a la enseñanza superior. Una universidad constituida por un
conjunto de instituciones libres y autónomas, de instituciones que
compitan entre sí por alcanzar la excelencia, capaces de competir con los
centros universitarios de los países desarrollados en la producción de
ciencia y tecnología. Una universidad que constituya uno de los vínculos
fundamentales de nuestro país con el resto del mundo. Una universidad, en
suma, que alimente la pasión por la libertad de pensamiento, el debate y
la pluralidad cultural.

La Ley de Reforma Universitaria ha sido el instrumento básico para la
construcción de este modelo, transformando radicalmente, en un período de
once años, la realidad de nuestras universidades. Tres acciones pueden
destacarse de esta transformación: en primer lugar, la democratización de
las instituciones universitarias a través del desarrollo del principio de
autonomía recogido en nuestro texto constitucional. En segundo lugar, y
como acción más destacada de este período, hay que señalar la extensión
de las enseñanzas universitarias, que ha ido acompañada de un notable
aumento de los recursos destinados a la universidad. Si en 1976 el gasto
público en educación superior en España representaba el 0,23 por ciento
del PIB, hoy estamos en una cota cercana al 1 por ciento, lo que nos
sitúa en un nivel semejante a alguno de los países de nuestro entorno, y
seguimos trabajando con el horizonte de alcanzar, dentro de algún tiempo,
medio punto más. El tercer aspecto se ha dirigido a provocar una mayor
apertura de la universidad a la sociedad, de forma que los diferentes
agentes sociales se impliquen en la actividad universitaria, superando
así un tradicional corporativismo y ensimismamiento que había alejado a
nuestras universidades de la realidad social. Estas tres acciones que
acabo de resumir han consolidado nuestro sistema universitario,
permitiendo que en el día de hoy podamos hablar de una universidad
democrática, de amplia base social y abierta a la sociedad. Defendemos,
pues, una universidad que prime el estudio y el mérito intelectual por
encima de la capacidad económica o la pertenencia a determinada clase
social. Desde el Ministerio de Educación y Ciencia seguiremos
profundizando en estas acciones, si bien el presente y el futuro
inmediato deben caracterizarse por una nueva dimensión.

Nos enfrentamos al reto de impedir que una universidad de amplia base
social se convierta en una universidad masificada, y únicamente
lograremos este objetivo a través de un conjunto de actuaciones dirigidas
a propiciar lo que constituye el elemento esencial de la política del
departamento, que, como he reiterado a lo largo de esta comparecencia, no
es otro que el de la mejora de la calidad de la enseñanza. Por ello, en
materia de enseñanza superior nos proponemos elaborar un amplio programa
que incida directa y positivamente en la calidad de la enseñanza
universitaria y que se adapte, asimismo, al proceso de transferencias que
en esta materia se está produciendo. A partir de este momento, uno de los
retos que sin duda la sociedad exigirá a nuestro sistema universitario
será el de su coordinación. La planificación y la coordinación del
sistema serán imprescindibles para eliminar ineficiencias, incentivar la
calidad y garantizar la igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos.

A este respecto, en el marco de la Comisión de Coordinación y
Planificación del Consejo de Universidades, en la que están representadas
todas las administraciones con competencias, vamos a impulsar el estudio
del mapa de titulaciones del sistema universitario. Respondiendo a ese
objetivo de planificación y en desarrollo del artículo 26.2 de la Ley de
Reforma Universitaria propugnaremos que, desde el Consejo de
Universidades, se completen los trabajos sobre el sistema de estimación
de módulos objetivos de capacidad de los centros universitarios. Estos
instrumentos facilitarán enormemente las tareas de planificación y
coordinación del sistema de enseñanza superior. En los últimos años ha
mejorado el aprovechamiento de las complementariedades del sistema
universitario español, a través del establecimiento del distrito
compartido que garantiza que los mejores estudiantes puedan acceder a
cualquier universidad para realizar los estudios de su preferencia. Creo
firmemente que debemos avanzar en esta dirección, impulsando en los
próximos cursos una extensión del distrito compartido y no regateando
esfuerzos para alcanzar en el año 2000 un distrito único en el que la
elección de centro y programa de estudios no esté condicionado por el
lugar de residencia familiar.

He manifestado anteriormente mi compromiso con una universidad de
calidad. En mi opinión, la universidad española se enfrenta en los
próximos años al reto de mejorar la calidad de sus actividades,
integrándose definitivamente en la comunidad académica internacional. La
política universitaria debe colaborar, incentivando la excelencia, con
todos los medios disponibles. En este contexto se sitúa el proyecto de
actualización de la Ley de Reforma Universitaria que hemos presentado
ante esta Cámara. El proyecto representa un esfuerzo por incrementar la
calidad docente e investigadora, utilizando para ello los criterios más
aceptados por las universidades de los países avanzados.

Para desarrollar los contenidos de este proyecto de ley vamos a encargar
al Consejo de Universidades que trabaje con los distintos centros en la
elaboración de nuevas orientaciones y criterios que faciliten la
evaluación docente que debe llevar a cabo cada universidad. Los
profesores sabemos que la evaluación de la docencia no es un problema
trivial, por ello no podemos renunciar a resolverlo sin que la
consecuencia de tal renuncia sea devaluar la importancia de la docencia y
la magnífica tarea que llevan a cabo



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muchos profesores. Como complemento al proyecto, y una vez producida su
aprobación, crearemos, durante el presente curso, un programa para la
formación y perfeccionamiento del profesorado universitario vinculado a
la reforma de los planes de estudio que asegure la preparación del mismo,
con especial atención a las nuevas titulaciones.

Durante este último año se ha llevado a cabo el programa experimental de
evaluación de la calidad del sistema universitario en el que han
participado voluntariamente 16 universidades públicas. La excelente
acogida de este programa es buena muestra del interés existente por
mejorar la calidad de todas las actividades universitarias. Con el
objetivo de extender la evaluación institucional, a partir de las
conclusiones de este programa experimental, vamos a crear una unidad de
evaluación en el Consejo de Universidades, dotándola de los medios
necesarios para poder llevar a cabo sus tareas con rapidez y eficiencia.

Todas estas medidas requerirán una modificación de la financiación de las
universidades. Como SS. SS. saben, durante el pasado curso académico se
ha avanzado un debate sobre la financiación del sistema universitario. La
Comisión de Coordinación del Consejo ha reunido un grupo de expertos,
aportados por las distintas administraciones con competencia en la
materia, que ha elaborado un informe que presentaremos en muy breve
plazo. Sobre la base de dicho estudio es mi intención elaborar un plan de
financiación del sistema universitario español, con especificación de sus
componentes y grado de participación de los distintos sectores en la
misma, así como el conjunto de reformas y actuaciones institucionales
necesarias para su implantación y los ritmos de ésta.

Puedo avanzarles que de dicho plan se desprenderán consecuencias para la
reforma de la gestión de las universidades, una mayor relevancia de los
consejos sociales y otras medidas que persiguen la eficacia en el uso de
los recursos y que permitan una mayor integración de las universidades en
su entorno social. En este sentido, con carácter inmediato, vamos a
impulsar la realización de convenios con empresas públicas y privadas,
administraciones y organizaciones profesionales. El objetivo de dichos
convenios es el de crear un sistema de prácticas externas a los centros
universitarios que relacionen a los estudiantes con el medio laboral en
el que deben desenvolverse en el futuro.

Quiero señalar que en el modelo de financiación que se adopte para
nuestro sistema universitario, debe ocupar un papel destacado la
incentivación de la excelencia, al igual que ocurre en los sistemas
universitarios de los países más desarrollados. La financiación pública
de las instituciones universitarias debe permitir a todas llevar a cabo
sus actividades con garantías de calidad, pero igualmente debe primar
aquellos grupos que destaquen por su calidad docente e investigadora,
ofertándoles una financiación selectiva a través de programas
competitivos de investigación, doctorado, innovación educativa, etcétera.

Daremos un primer paso en este sentido con la próxima publicación de una
convocatoria destinada a financiar programas de doctorado de calidad. En
el futuro inmediato, la consolidación de programas de doctorado que
permitan formar profesores e investigadores juega un papel estratégico en
el desarrollo de nuestras universidades y en el de la ciencia y
tecnología españolas.

Puedo avanzar que el plan habrá de contemplar también el incremento de la
financiación de los gastos directos e indirectos de los estudiantes para
que puedan optar en condiciones reales de igualdad por aquellos centros
que oferten titulaciones de mayor prestigio, lo que propiciará la
competitividad entre las universidades y el consecuente aumento de la
excelencia.

Con carácter general se puede afirmar que es evidente la necesidad de
incrementar los fondos destinados a educación superior. Ello implicará un
mayor esfuerzo, tanto del sector público como del sector privado, para la
obtención de recursos, en una proporción semejante a la que ya hoy en día
se produce en nuestro país y que se asemeja notablemente a la de los
países de nuestro entorno.

Desde otra perspectiva, es necesario destacar que las políticas
desarrolladas dentro de este departamento están teniendo referente
ineludible del proceso de transferencias abierto en los acuerdos
autonómicos de febrero de 1992 y plasmados en la Ley Orgánica de
Transferencias de competencias a las Comunidades Autónomas, del artículo
143 de la Constitución.

En estos momentos estamos perfeccionando la arquitectura territorial de
España, siguiendo un modelo ampliamente descentralizado, pero capaz a su
vez de articular la necesaria cohesión y garantizar la eficacia en su
funcionamiento. El proceso de construcción en el que está comprometido el
Gobierno socialista debe estar guiado por principios de lealtad,
equilibrio territorial y solidaridad, teniendo como objetivo final la
consecución de un Estado más descentralizado, más eficaz y más próximo a
los ciudadanos. En este proceso descentralizador, el Ministerio de
Educación y Ciencia, consciente de la complejidad de las transferencias
en materia de educación, ha propuesto a las comunidades autónomas el
establecimiento de cauces institucionales, que están permitiendo la más
amplia colaboración entre las administraciones. Esta iniciativa ha dado
lugar a la firma, durante el curso pasado, de convenios de colaboración
para la planificación educativa con todas las comunidades autónomas. Con
este planteamiento esperamos que las administraciones autonómicas tengan
un conocimiento exacto de la realidad educativa de su territorio en el
momento de asumir plenamente sus competencias y, al mismo tiempo, sirve
de apoyo al Ministerio en cuanto que le permite disponer del criterio de
las diferentes administraciones para la toma de decisiones que en este
momento nos corresponde.

En este marco, se han iniciado las gestiones necesarias para que todas
las comunidades autónomas puedan entrar, durante el año 1995, en el pleno
ejercicio de sus competencias en enseñanza universitaria. Respecto a los
otros niveles del sistema educativo, la fecha de efectividad de los
traspasos está relacionada con la progresiva implantación de las nuevas
enseñanzas establecidas en la LOGSE. Con anterioridad, el Ministerio de
Educación y Ciencia está analizando, junto con las comunidades autónomas,
la



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planificación de la red de centros de primaria, secundaria y formación
profesional, de modo que esta red pueda hacerse pública a lo largo del
presente curso.

La culminación de este proceso obligará a una revisión de la estructura
orgánica del departamento, adecuándola a la nueva realidad, y afectará
directamente a los organismos colegiados del departamento que tienen
encomendadas funciones de programación y planificación general del
sistema educativo, como el Consejo de Universidades. Su régimen,
composición y funcionamiento deberá adaptarse al nuevo esquema
competencial, ejerciendo una labor básica de coordinación.

A continuación, voy a pasar a exponer a SS. SS. las actuaciones previstas
a corto y medio plazo en materia de política científica. Esta es una
materia a la que el Gobierno viene dedicando un esfuerzo sostenido desde
hace ya bastantes años, porque somos conscientes de que la ciencia y la
tecnología desempeñan un papel de creciente importancia en la economía y
en el desarrollo de gran parte de los objetivos sociales. Lo cierto es
que gracias a ello y, por supuesto, a la excelente respuesta de la
comunidad científica, hoy podemos decir con justicia que España está
desempeñando un papel cada día más relevante dentro de la ciencia y
tecnología europeas y, en general, en el ámbito internacional. Este hecho
se pone de manifiesto al analizar los indicadores y resultados en ciencia
y tecnología, que demuestran que la actividad desarrollada ha sido eficaz
y positiva.

Nuestras estimaciones, en las que se ha tenido en cuenta el enfriamiento
de la economía, son que en 1993 el gasto nacional en actividades de I+D
ha superado los 530.000 millones de pesetas, lo que se aproxima al 0,9
por ciento del PIB. El número de investigadores, por su parte, también ha
aumentado respecto de 1992, estimándose en más de 43.000 para 1993, lo
que en términos relativos supone unos tres investigadores por cada mil
unidades de población activa. Somos conscientes de que aún nos queda
mucho camino por recorrer, y más en un ámbito en el que han de concurrir
esfuerzos públicos y privados. Por nuestra parte, hemos hecho el esfuerzo
de incrementar los presupuestos para I+D en 1994 y lo estamos haciendo
para el próximo año. Estoy seguro de que ahora que la crisis económica
comienza a superarse podremos avanzar sustancialmente en estas
actividades.

Pero si bien se puede estar satisfecho de la labor realizada en estos
años, no es menos cierto que hay que proporcionar a nuestra acción
política un nuevo impulso. El objetivo es alcanzar los niveles de calidad
científica y, simultáneamente, que las actividades de investigación que
fomentemos con los recursos del Plan nacional de I+D, respondan de forma
eficaz a las nuevas y crecientes demandas de la sociedad española. La
actuación futura en esta materia tendrá dos dimensiones, la nacional y la
internacional, cuyo ámbito más relevante es la Unión Europea, pero donde
también ha de continuar presente la región iberoamericana, a través del
programa Cites que, como SS. SS. conocen, ha sido creado a iniciativa
española, manteniendo la financiación de las actividades de coordinación
desde 1984. Ambas dimensiones, en el marco del Plan nacional de I+D,
constituyen los objetivos generales para esta legislatura y, además, es
un objetivo adicional el realizar un esfuerzo de divulgación social de la
ciencia y la tecnología, con el ánimo de fomentar la cultura científica
y, en general, de la innovación en nuestra sociedad.

A corto plazo, la tarea de mayor dimensión a la que nos enfrentamos es el
diseño de la tercera fase del Plan nacional de I+D, que se ha de iniciar
en 1996 y estará vigente hasta 1999. Sin duda, las dos fases anteriores
han sido decisivas en el proceso de consolidación de la investigación
española y en la apertura del sistema español de ciencia y tecnología al
exterior, especialmente a Europa. Nos encontramos en unas condiciones
óptimas para realizar esta tarea, porque ahora disponemos de abundante
información sobre las actividades de I+D financiadas hasta el momento,
sobre los grupos y entidades que realizan estas actividades en nuestro
país, sobre el reflejo de nuestra ciencia y nuestra tecnología en bancos
de datos internacionales, etcétera.

Las grandes directrices que prevemos desarrollar en la nueva fase del
Plan nacional que estamos planificando serán, en forma muy resumida, las
siguientes. En primer lugar, se va a fomentar la investigación dirigida,
en particular hacia aquellas áreas científicas que puedan servir de apoyo
a las políticas sectoriales de gobierno en ámbitos de especial interés
social: medio ambiente, salud, comunicaciones, tecnologías industriales,
etcétera. Para ello, el Plan nacional de I+D dispone de diversos
mecanismos, tales como los proyectos integrados, comunicaciones por banda
ancha, minisatélites, materiales para el transporte, etcétera, cuyo
desarrollo pone de manifiesto la eficacia de este tipo de acciones.

En la nueva fase del Plan nacional de I+D no dudaremos en reforzar este
mecanismo u otros que se identifiquen como necesarios para lograr estos
objetivos. Este objetivo requiere la máxima coordinación entre todos los
departamentos ministeriales, tanto en el establecimiento de las
prioridades como en la ejecución de las actuaciones, por lo que me
propongo avanzar sustancialmente en esta dirección.

En paralelo, se continuará apoyando el desarrollo de la llamada
investigación básica. El desarrollo de áreas con gran potencial
tecnológico, como es el caso de las nuevas tecnologías básicas,
electrónica, biotecnología, ciencia de materiales, etcétera, han puesto
de relieve que la frontera entre la investigación básica y la aplicada
es, a menudo, inexistente. Casi podría decirse que lo importante es
desarrollar una investigación de calidad y que, en la medida de lo
posible, haya predisposición para detectar la potencial aplicabilidad de
sus resultados.

Por otra parte, los beneficios que se derivan de las actividades de
investigación, el efecto dinámico y acumulativo del proceso de generación
de nuevas ideas o su repercusión en una enseñanza de calidad, son
argumentos que justifican sobradamente la intervención pública en el
fomento de la actividad investigadora.

También seguiremos poniendo un énfasis muy especial en la formación de
personal investigador, desarrollando los



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dos grandes programas de formación en vigor y tratando de mejorar las
áreas de conocimiento en las que aún tenemos carencias.

Otro eje de acción prioritaria consistirá en incrementar la colaboración
entre el sector público y las empresas de actividades de I+D y la eficaz
transferencia de los resultados de la investigación pública a los
sectores productivos de forma que la actividad investigadora contribuya a
favorecer el crecimiento económico y la competitividad de nuestra
industria.

En esta línea está a punto de implementarse el nuevo programa de
transferencia de resultados científicos y técnicos, en cuyo desarrollo va
a colaborar estrechamente el Ministerio de Industria. El programa
pretende ser la vía para fomentar la eficaz transferencia de los
resultados que se alcancen en los proyectos financiados por el Plan
nacional de I+D a los sectores productivos.

El quinto objetivo es coordinar las actuaciones en materia de I+D con las
comunidades autónomas. El mayor aprovechamiento de los recursos
destinados a I+D, aun siendo crecientes, son y serán insuficientes,
exigen sinergias y políticas concertadas. Ello nos ha llevado a
considerar la colaboración con las comunidades autónomas, en el marco del
Plan nacional, como uno de los objetivos prioritarios para un futuro
inmediato, con objeto de que cumplamos el papel coordinador que la
Constitución española asigna al Estado. Para ello, vamos a explotar a
fondo las vías y las estructuras previstas en la Ley de la Ciencia.

En concreto, nos proponemos ofrecer a las comunidades autónomas diversas
posibilidades de colaboración que pueden abarcar desde la inclusión entre
las prioridades de los programas nacionales de objetivos de especial
interés para ellas, hasta la financiación conjunta de proyectos
integrados orientados al desarrollo de temas específicos por iniciativa
de una o varias comunidades autónomas.

En paralelo, se va a incrementar la coordinación de las convocatorias del
Plan nacional con las convocatorias homólogas de las comunidades
autónomas, en distintos niveles y a la carta con cada comunidad. Esto ya
no es sólo un proyecto, pues la última convocatoria de infraestructura
científica y técnica del Plan nacional de I+D prevé la negociación con
las comunidades autónomas para decidir las ayudas a otorgar de acuerdo
con sus prioridades. También consideramos que las comunidades autónomas
pueden participar en la financiación y gestión de grandes instalaciones
científicas, de acuerdo con unos criterios establecidos a tal fin. Todo
ello requiere sistemas rápidos y operativos de intercambio de
información, para lo cual la red Iris, que el Plan nacional de I+D creó
para conectar los recursos informáticos de los centros públicos de
investigación, puede ser un elemento esencial. Este mecanismo de
coordinación permitirá a las comunidades resolver sus propias
convocatorias con una mejor coordinación con el Plan nacional.

Las posibilidades que he enunciado suponen muy distintos grados de
compromiso y de participación en la gestión por ambas partes, con lo que
esperamos sea posible establecer algún tipo de colaboración con todas las
comunidades autónomas, y trabajaremos en particular para impulsar
iniciativas en las que puedan participar varias simultáneamente.

En este proceso va a desempeñar un activo papel el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, organismo que tiene un considerable peso
específico dentro del sistema y que constituye un elemento fundamental de
la capacidad de actuación pública por su titularidad estatal.

A este respecto, estamos iniciando una activa política de colaboración
con las comunidades autónomas para la ubicación de nuevos centros en las
mismas, con las respectivas universidades, en su caso. El objetivo es
conseguir una más amplia distribución de los centros y de los efectivos
del Consejo superior en todo el territorio nacional, lo cual se tendrá en
cuenta en las decisiones de inversión, de dotación de nuevas plazas,
etcétera.

En el futuro, las actuaciones del Consejo se orientarán de acuerdo con
algunos de los criterios siguientes: En primer lugar, hay que potenciar e
intensificar la colaboración del Consejo superior con las universidades
españolas y con centros de investigación europeos para fomentar la
competitividad de nuestros grupos y la transferencia eficaz de los
resultados. En esta línea, ya está en pleno funcionamiento el plan de
creación de laboratorios asociados con universidades. Se han aprobado
cuatro y están pendientes otros seis más. En segundo lugar, fomentaremos
la investigación básica en sectores estratégicos, colaborando con el Plan
nacional de I+D, tanto en esta actividad como en la gestión de
instalaciones y servicios de investigación singulares, como el buque
oceanográfico o la ya citada red Iris, de conexión de recursos
informáticos para I+D. En tercer lugar, intensificaremos la colaboración
con las empresas españolas mediante los mecanismos disponibles y mediante
nuevas fórmulas que aumenten la vinculación, tales como laboratorios
mixtos o agrupaciones de interés económico.

Todas estas iniciativas se incluyen en el plan de actuación del Consejo,
que próximamente se remitirá al Consejo Rector del organismo para su
aprobación. El plan de actuación ha sido diseñado teniendo en cuenta las
peculiaridades del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y el
papel que, como ya he dicho, puede y debe desempeñar en el sistema
español de ciencia y tecnología.

Por otra parte, vamos a esforzarnos para aumentar el grado de
coordinación entre la política nacional y la de la Unión Europea a través
del cuarto programa marco y de otros grandes programas europeos, como la
Agencia Europea del Espacio y el programa Eureka.

Tanto 1993 como 1994 han sido años clave en la política de I+D de la
Unión Europea, dado que la ratificación del Tratado de la Unión ha
establecido un nuevo marco para la I+D que la consolida como una de las
piedras angulares de cooperación entre los Doce. La cumbre de jefes de
Estado ha ratificado con el Libro Blanco de la Comisión Europea el papel
clave que Europa asignó a la tecnología como factor de competitividad y
de desarrollo socioeconómico en el título XV del Tratado de la Unión, y
que se reflejó, de forma evidente, en las perspectivas financieras
aprobadas en la cumbre de Edimburgo.




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El programa marco es el instrumento fundamental para la ejecución de la
I+D comunitaria, y el Tratado ha introducido en él importantes
modificaciones, tanto en lo que se refiere a su contenido como a su
estructura y a su procedimiento de aprobación.

El pasado 26 de abril fue formalmente aprobado el cuarto programa-marco
con un presupuesto de 12.300 millones de ecus, equivalentes a 1,9
billones de pesetas, para el período 1994-98 y con un complemento de 700
millones de ecus a librar en una fase posterior. Este presupuesto es
prácticamente doble que el del tercer programa-marco.

Como novedad más notable del cuarto programa cabe citar el gran
porcentaje de los fondos que se dedican a las tecnologías difusoras
(tecnologías de la información y de las comunicaciones, biotecnología) y
al medio ambiente; la inclusión por primera vez de una línea dedicada al
estudio de los sistemas de transportes y otra a estudios socioeconómicos
ligados a los nuevos sistemas productivos y a los sistemas educativos y
el aumento del peso relativo de los fondos destinados a las ciencias de
la vida, biotecnología, agricultura y otras de gran importancia para
España. Por otra parte, se otorga un peso económico importante a las
actividades de difusión y valorización de la tecnología y también a la
formación y movilidad de investigadores y tecnólogos cualificados,
aspectos ambos que también revisten un gran interés para España.

Finalmente, el cuarto programa-marco incluye una actividad para financiar
la cooperación en ciencia y tecnología con terceros países, países en
vías de desarrollo de Europa Central, del Este y con otros programas
internacionales de I+D.

Creo que en este punto es interesante comentar el balance de la
participación española en el tercer programa-marco que comprende desde
1990 a 1994. El retorno global superó los 300 millones de ecus --es
decir, unos 50.000 millones de pesetas--, que significa el 6,3 por ciento
del total de fondos distribuidos; ello ha supuesto un aumento respecto al
segundo programa-marco en el que España captó el 5,5 de los fondos. En el
futuro vamos a intensificar las acciones para fomentar la participación
española en el programa-marco con una serie de iniciativas que ya se han
puesto en marcha.

En los últimos meses se ha iniciado la aprobación de los programas
específicos, paso previo a la publicación de las convocatorias, que
empezarán en un futuro próximo. Creo que es interesante señalar en
relación con la política comunitaria de I+D que el pasado mes de abril se
firmó un convenio con la Comisión de las Comunidades Europeas para el
establecimiento, en Sevilla, del Instituto de Prospectiva Tecnológica,
del Centro Común de Investigaciones. El interés de la ubicación de este
centro en nuestro país, que ya ha comenzado a funcionar hace unas
semanas, es evidente tanto por tratarse de la primera instalación
comunitaria en España cuanto por dedicarse a una actividad --la
prospectiva-- de gran importancia para la toma de decisiones sobre
política científica y tecnológica que, sin duda, ha de impulsar esta
actividad en nuestra comunidad científica y empresarial, para lo cual
estamos poniendo los medios necesarios.

Para concluir el apartado dedicado a política científica, me permito
reflexionar con SS. SS. sobre la necesidad de transmitir a la sociedad
nuestro quehacer en un ámbito como es la ciencia y la tecnología, cuyo
lenguaje puede resultar a menudo inasequible.

Es nuestra obligación hacer todo el esfuerzo posible para informar a la
sociedad de forma sencilla y clara sobre las actividades de nuestros
científicos y tecnólogos, sus resultados y los efectos que ambos pueden
tener sobre ella.

A lo largo de este apartado me he referido fundamentalmente a los planes
generales ligados a la ciencia y la tecnología. También hay en los planes
del Ministerio proyectos multidisciplinares de carácter concreto. A modo
de ejemplo, considero interesante mencionar una iniciativa específica que
estamos elaborando con motivo de la conmemoración de 1998, orientada a
estudiar en profundidad el desarrollo de España en el último siglo y las
perspectivas para el venidero, en cuyo marco movilizaremos a la comunidad
científica de diversas áreas del conocimiento.

La última de las grandes áreas, competencia de mi departamento, a la que
resta referirme es la de la política deportiva, cuyas líneas generales de
actuación también tuve ocasión de exponer en mi primera comparecencia
ante esta Comisión. El diseño de estas líneas generales surge a partir
del alto valor que damos a la actividad y a la práctica deportiva, ya que
constituye una parte muy sustancial en la formación integral del
individuo, contribuye a mejorar sus condiciones físicas y psíquicas,
fomenta el trabajo en equipo, refuerza el proceso de socialización en su
formación y facilita la generación de hábitos saludables. Asimismo, la
práctica deportiva permite la ocupación activa del tiempo libre y la
formación para el ocio, que constituye en estos momentos un segmento
aglutinador, de los más importantes, del asociacionismo voluntario en
nuestro país.

Siguen siendo, por tanto, objetivos fundamentales en este área de
actuación el impulso a la educación física y a la práctica deportiva,
dentro del sistema educativo, en todos sus niveles, así como el impulso
al deporte de competición y la mejora en el deporte de alto nivel;
objetivos que consideramos plenamente vigentes y hacia los que
priorizaremos nuestros esfuerzos.

En anteriores comparecencias he hecho referencia a los resultados que las
actuaciones básicas en la política deportiva se ofrecen. Las cualidades
de nuestros deportistas de alto nivel, pero también, y más en el futuro,
la planificación y el desarrollo de la práctica deportiva con
intervención de todos los agentes sociales, han situado a España en el
grupo de los países que lideran el deporte mundial.

La realidad ha venido a corroborar con hechos ciertamente gratificantes
un modelo de actuación en política deportiva que juzgamos acertado y
acorde con nuestras estructuras sociales. Es pues preciso reafirmarse en
el modelo establecido en la Ley del Deporte, que continuaremos
desarrollando a través de un estilo de actuación basado en la
corresponsabilidad social, que implica a todas las partes afectadas en la
política deportiva, administraciones públicas y entidades sociales
privadas.




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Las prioridades en la política deportiva para los próximos años hacen
referencia al desarrollo del deporte escolar, que constituye un objetivo
básico del departamento, al que dedicaremos los más importantes
esfuerzos. En efecto, nosotros concebimos el deporte como una actividad
social generalizada, como un factor corrector de desequilibrios sociales
y como un elemento favorecedor de hábitos sociales que posibilitan la
solidaridad. Por tanto, la práctica deportiva es y debe ser un elemento
fundamental del sistema educativo.

Por ello, y buscando la coordinación entre los intereses deportivos de la
Administración General del Estado y los de las comunidades autónomas,
vamos a intensificar los programas ligados a competiciones nacionales e
internacionales de deporte escolar, en las edades de 13 a 16 años, y, en
el marco del Programa 2000, las concentraciones veraniegas de iniciación
y de perfeccionamiento técnico, que garanticen a los jóvenes valores una
formación deportiva adecuada a sus capacidades. Fundamentalmente
trabajaremos en la dinamización del tejido asociativo y de la práctica
deportiva en los centros escolares, para lo que se utilizará como
instrumento la creación de clubes deportivos-culturales. Este es un
proyecto extraordinariamente importante, en el que para el presente curso
1994-95 ya se contempla la actuación en más de 400 centros escolares.

Otro compromiso clave de actuación en el que incidiremos es la
elaboración de un plan específico de desarrollo del deporte escolar en
colaboración con las comunidades autónomas y las federaciones nacionales
o regionales de municipios y provincias, con el objetivo de fomentar la
participación del alumnado, aumentar el tejido asociativo y lograr una
mayor y más adecuada utilización de las infraestructuras deportivas
ubicadas en los respectivos ámbitos geográficos.

En este campo de las infraestructuras continuaremos ejecutando el Plan de
extensión de Educación Física en los centros escolares. Si bien es cierto
que el mismo ha experimentado cierto retraso en su ejecución respecto a
las fechas inicialmente previstas, por motivo de las restricciones
presupuestarias habidas y de la complejidad de armonizar las distintas
partes intervinientes, quiero reiterar aquí la voluntad política de
cumplir los compromisos adquiridos con las instituciones colaboradoras,
para lo que priorizaremos la realización de un estudio sobre
actualización de módulos deportivos.

Vamos a continuar impulsando la práctica deportiva en la Universidad,
para lo que seguiremos actuando en el seno del Comité Español del deporte
universitario. Trabajaremos también en la promoción de escuelas
deportivas y equipos federados universitarios y en el establecimiento de
convenios con las universidades dentro del plan de construcción de
instalaciones deportivas universitarias, con el fin de dotar a los campus
de la infraestructura deportiva adecuada.

El otro gran objetivo hacia el que priorizaremos nuestros esfuerzos en
esta legislatura es el de impulsar el deporte de competición y de alto
nivel. Para ello será preciso actuar en tres áreas.

En primer lugar, el apoyo a las federaciones deportivas españolas. En
este ámbito, en el que se mueven casi dos millones y medio de licencias
federativas, cerca de 70.000 clubes deportivos federados y que cuenta con
un presupuesto de 17.000 millones de pesetas del que el 65 por ciento es
de subvención pública, sólo quiero resaltar que nos proponemos como
objetivo incorporar a todas las federaciones deportivas que aún restan a
la aplicación del presupuesto por programas y objetivos. A este programa,
de suma importancia porque supone la mejora de la racionalización y
control del gasto y rentabilidad del dinero público invertido en el
deporte federado, hay que unir los programas de colaboración que el
Consejo Superior de Deportes tiene establecidos con las federaciones para
la elaboración, seguimiento y evaluación de sus planes y programas
deportivos y la elaboración del plan estadístico del deporte federado en
España cuyas operaciones estadísticas se incluyen en el Plan estadístico
Nacional 1993-96.

En segundo lugar, la consolidación de la política de centros de alto
rendimiento que posibilita la preparación técnico-deportiva de nuestros
deportistas y que ha venido teniendo un extraordinario peso específico en
el éxito actual del deporte español. Nuestros deportistas de élite ya no
necesitan salir fuera de nuestro país porque aquí existen instalaciones y
equipamientos adecuados para su preparación. En la actualidad existen,
junto a los tres centros de alto rendimiento multideportivos, Madrid,
Sant Cugat del Vallés y Sierra Nevada, otros seis centros especializados
en deportes concretos por lo que anualmente pasan 7.200 deportistas. Pues
bien, es preciso impulsar programas de ampliación de estos centros en
colaboración con las comunidades autónomas por entender que son de
extraordinaria necesidad para nuestros deportistas.

En tercer y último lugar el desarrollo del Plan ADO-96. La valiosa
aportación de las empresas, tanto del sector público como privado, junto
a la cooperación del Comité Olímpico Español, del Consejo Superior de
Deportes y de Televisión Española han convertido este programa de
preparación deportiva en uno de los principales motores de nuestro
espectacular crecimiento en el concierto deportivo internacional.

La labor de mi departamento se centrará, en este período inmediato a la
celebración de los Juegos Olímpicos, en el seguimiento de la parte
técnica del Plan mediante la comprobación del grado de cumplimiento de
sus objetivos, así como la aplicación del programa de actualización para
los técnicos de los planes de preparación ADO-96.

Estos son, señorías, los objetivos y actuaciones prioritarias en política
deportiva que pretendo desarrollar durante la actual legislatura y en los
que se está trabajando con el firme convencimiento de que su
consolidación fundamenta un sistema de actuación que tan significativos
logros ha deparado al deporte español.

Como conclusión, señoras y señores Diputados, señor Presidente, creo que
las claves de mi intervención se podrían resumir en las siguientes ideas.

Desde el Ministerio de Educación y ciencia vamos a profundizar en la
puesta en marcha de un sistema educativo que logre la formación integral
de ciudadanos libres,



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iguales y solidarios; un sistema que haga realidad la educación primaria,
y secundaria, obligatoria y gratuita, y el fortalecimiento de la
educación especial.

Dedicaremos muchos esfuerzos a poner en funcionamiento una formación
profesional de calidad y con prestigio social que permita el acceso de
los jóvenes a un mercado de trabajo abierto, con capacidad de adaptación
a los rápidos cambios tecnológicos y que mejore la competitividad de las
empresas al dotarlas de cuadros y trabajadores cualificados.

Estamos trabajando, señorías, por una educación universitaria
participativa, abierta a la sociedad y que haga efectivo el principio de
igualdad en el ejercicio del derecho a la educación.

Estamos trabajando por una investigación de calidad que tenga como
objetivos prioritarios el fomento de la investigación básica y aplicada,
que incremente la colaboración entre el sector público y las empresas en
actividades de I + D.

Estamos en fin, señoras y señores Diputados, profundizando en el
desarrollo del Estado de las autonomías.

A lo largo de los casi doce años transcurridos desde que accedimos a las
responsabilidades del Gobierno de la nación hemos aplicado una política
educativa que ha buscado como objetivo central la defensa, impulso y
fortalecimiento del sistema público de enseñanza. Es ahora el momento de
profundizar en la puesta en práctica del sistema diseñado.

La política educativa es una política social avanzada. El gasto educativo
es una inversión productiva con fuerte incidencia en el proceso de
recuperación y reactivación económica atendiendo a dos factores
fundamentales: la formación del capital humano y la innovación y
desarrollo científico y tecnológico.

Les puedo asegurar que este Gobierno y su Ministro de Educación y Ciencia
siguen apostando por el mantenimiento de una política económica que
incremente el gasto social destinado a este fin.

Señor Presidente, señorías, nada más. Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

Concluido el turno del señor Ministro, ¿grupos que desean intervenir?
(Pausa.)
Por el Grupo Vasco (PNV), el señor González de Ixábarri tiene la palabra.




El señor GONZALEZ DE IXABARRI MIRANDA: En primer lugar quiero saludar al
señor Ministro y agradecerle su presencia hoy aquí, así como la
oportunidad de renovar cuantas líneas de actuación ha venido exponiendo
que, sin ningún género de dudas, nos ponen al día y actualizan las
políticas de un Ministerio tan importante como es el de Educación y
Ciencia.

En segundo lugar, señor Ministro, quisiera analizar dos consideraciones
de carácter general tras haber escuchado se intervención. La primera es
en relación a eso que ha denominado usted «arquitectura territorial», que
entiendo ha sido un tanto desequilibrada en relación a las distintas
áreas de exposición que ha llevado a cabo. Ha citado mucho a Europa en
algunos aspectos, como el de política científica, pero prácticamente en
toda la primera parte no hemos oído ninguna referencia a ese tema; el
tema de las comunidades autónomas también ha estado presente de manera
desigual en distintas áreas de su intervención. Creo que lo que usted ha
denominado «arquitectura territorial» es uno de los aspectos sustanciales
del Ministerio de Educación y Ciencia en relación con los temas que se
desarrollan en el marco de la Unión Europea y aquellos otros que están
ejecutando las comunidades autónomas. Yo creo que en gran parte de su
intervención ha obviado sistemáticamente la mención de las comunidades
autónomas del artículo 151 y éste es un aspecto importante de la política
a desarrollar. Usted ha dicho que la Constitución otorga al Ministerio
las funciones de coordinación (otorga también, indudablemente, otras,
como la de la alta inspección) y durante los últimos meses ha habido
temas muy importantes de conflicto en estas comunidades, como el
lingüístico y últimamente el tema religioso que considero son aspectos
sustanciales y muy importantes. Por tanto, quisiera considerar los
aspectos de esta «arquitectura territorial», porque si no a veces da la
impresión de que desde el Ministerio se toman sólo en consideración
aspectos que corresponden al territorio MEC --al Ministerio de Educación
y Ciencia-- y que otros temas quedan fuera. Pero en un Ministerio --y
solemos insistir desde el Grupo Vasco-- que mantiene una buena ralación
con las comunidades autónomas tanto en sus programas como en la
interlocución personal y diaria en la aplicación de programas,
consideramos que es importante tener en cuenta esta serie de
consideraciones. Tampoco creo que ha hecho ninguna mención al tema del
Consejo de Ministros europeos. Nos consta que en la última reunión del
Consejo de Ministros europeos de Educación tuvo usted mismo una
intervención digna de mención en ralación a algunos programas, como el
Programa Lingua, defendiendo perfectamente el Estado de Derecho que nos
hemos dado en el Estado español. Por ello, quisiera poner de manifiesto,
en primer lugar, que he observado un desequilibrio en sus intervenciones
tanto en relación al tema europeo como al de las comunidades autónomas y,
particularmente, a las del artículo 151.

En tercer lugar y como consideración general también, quisiéramos saber
desde el Grupo Vasco si en esa política que hoy nos ha expuesto pueden
existir una serie de concreciones en relación al calendario legislativo,
qué podemos esperar o prever del Ministerio de Educación y Ciencia en
esta Legislatura y también en relación a los convenios que ha hecho
referencia en las distintas áreas de actuación, nos gustaría saber si nos
podía manifestar algunas de las concreciones de esos convenios que
pretende suscribir el Ministerio de Educación y Ciencia.

Tras estas dos consideraciones generales, voy a hacer alguna otra
relación con aspectos más sectoriales o de áreas, según el esquema que
usted mismo ha seguido.

Ha citado expresamente el tema de la mejora de la calidad de la enseñanza
en los centros educativos. En el debate sobre el estado de la nación se
instaba al Gobierno a activar las reformas legales pertinentes para
lograr una dirección responsable que favorezca una gestión eficaz de los



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centros educativos, y quisiéramos saber si se ha previsto alguna
adecuación de la LODE en estos temas de organización y dirección escolar,
tanto para los centros públicos como para los concertados, de acuerdo con
estos criterios que usted ha expuesto de eficacia y competitividad en la
gestión.

Igualmente, hay aspectos de la aplicación de la LOGSE que están
incidiendo directamente en las plantillas de los centros concertados y
también en las cuotas a sufragar por parte de los padres de los alumnos.

Ha citado a los profesores especialistas de música, de educación física,
de idiomas extranjeros en la educación primaria, y la de los orientadores
en la secundaria, y quisiéramos saber si el Ministerio ha previsto la
financiación para que los centros concertados puedan disponer de dichos
profesores especialistas sin que repercuta en la cuota de los alumnos o
repercuta de manera no significativa.

Ha realizado también una serie de consideraciones en relación a la
educación especial. Entendemos, tal y como ha indicado en su exposición,
que se debe fomentar la participación de los centros ordinarios
concertados en estos programas de atención a alumnos y a alumnas con
necesidades educativas especiales y quisiéramos saber si la política del
Ministerio para la integración de estos alumnos se va a poder realizar en
idénticas condiciones, en sus recursos humanos y materiales, en los
centros concertados que en los centros públicos. Queremos saber si la
política del Ministerio va por ahí o si por fomentar esa política que ha
dicho en los centros públicos se van a ir aumentando las distancias en
ralación con los centros concertados.

No ha realizado ninguna consideración en relación con un tema que desde
el Grupo Vasco consideramos importante, cual es la satisfacción
profesional del profesorado, su motivación y su reciclaje. Creemos que el
tema de la analogía retributiva del personal docente de los centros
concertados sigue sin llegar a un punto definitivo y quisiera conocer si
en relación a este tema nos podría avanzar alguna línea de actuación.

En su exposición se ha reconocido la autonomía de los centros educativos
públicos como un elemento importante para dotarlos de personalidad
propia. Hasta ahora, esta autonomía se había reglamentado preferentemente
a efectos de disponibilidad económica, y por ello quisiéramos preguntar
al señor Ministro si el Ministerio ha previsto responsabilizar a los
centros docentes de su propia programación educativa, disminuyendo para
ello el horario del currículum obligatorio y aumentando el de libre
disposición del centro, en el caso de que se dieran esas circunstancias
de ampliar horarios, etcétera.

En relación con las enseñanzas medias hay un tema que está en el baúl de
los recuerdos y que en estas ocasiones de repaso de las líneas de
actuación del Ministerio suele suscitarse, cual es el de la póliza del
seguro obligatorio en las enseñanzas medias ante una cobertura de dichas
pólizas insuficiente y desfasada. Queríamos saber si este tema se va a
quedar ahí, en el cajón de los olvidos, o si, por otra parte, en esta
legislatura existe alguna previsión de que este tema del seguro
obligatorio pueda actualizarse o enmendarse en alguno de los sentidos.

En relación con la formación profesional usted ha indicado una serie de
criterios que entendemos oportunos, pero yo quisiera hacer una
consideración sobre la aceptación social de esos títulos que se indican
como FP3. Indudablemente, hoy existen algunas áreas de conocimiento que
si bien entre los planes europeos pueden considerarse como de formación
profesional, si por parte del conjunto de los ciudadanos no tienen una
aceptación social, incluso por propio elemento académico, difícilmente
van a conseguir el éxito que desde el Ministerio se intenta conseguir. Es
evidente que en cuestiones como la salud, la aviación o las propias
ingenierías, los ciudadanos no están todavía en condiciones de poner su
salud en manos de un diplomado en FP o que cualquiera de nosotros tendría
graves problemas para montar en un avión si nos dijeran que el comandante
de la nave tiene una diplomatura de FP3. Yo ahí veo una problemática de
aceptación social importante en esas materias y me ha llamado la atención
que no se haya incluido ese criterio de aceptación social en su
exposición.

En relación a la LRU, es conocida la postura del Grupo Vasco. Creemos que
hay que actualizar aspectos más sustanciales que los que se están
llevando a cabo con la reforma en vigor, en este momento, y que están en
esta Cámara. Creemos que también en el marco universitario la
consideración de un Estado plurinacional, pluricultural y
plurilingüístico debe considerarse, que esta serie de «melones», por usar
la expresión que utilizaba su antecesor en el cargo, deben abrirse y
deben sistematizarse, porque lo que en la enseñanza primaria o en la
enseñanza secundaria se viene desarrollando con toda normalidad no puede
desarrollarse en el marco universitario y creemos que los ámbitos de
actualización universitario deben ser sustancialmente distintos.

Hay dos aspectos, señor Ministro, de la gestión del Ministerio de
Educación y Ciencia que cuentan con una aquiescencia mayor, si se quiere,
por parte del Grupo Vasco, cual es el tema deportivo y el tema de
política de investigación, porque creemos que son dos de las banderas que
puede presentar ese Ministerio por realizar una labor rigurosa en su
propia actuación y una buena labor de relación tanto con los agentes
sociales como los agentes institucionales, y, dado que en otros casos nos
corresponde criticar, sí quisiera dejar constancia de la satisfacción que
existe en el Grupo Vasco en relación, en general, a la labor de este
Ministerio que en otras actuaciones en esta misma Comisión solemos poner
incluso como emblemática frente a otros ministerios y, dado que a veces
toca criticar, también a veces toca usar el incensario y quisiera dejar
constancia de estas actuaciones.

En materia deportiva, ha hecho usted mención a los centros de alto
rendimiento y quisiera que esa política de convenios con las comunidades
autónomas se llevase a cabo de manera más concreta y los propios
presupuestos del año 1994 dan pie para ello, entendiendo que los
deportistas de elite cuentan en estos momentos, tal como usted ha
indicado, con unas infraestructuras encomiables para llevar a cabo su
labor, pero falta sistematizar institucionalmente el uso de estas
instalaciones de forma que la



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coordinación entre las distintas instituciones facilite el buen uso y la
mejor optimización de estos recursos, que indudablemente están en marcha.

Quisiera hacer notar también, antes de terminar, el discurso que ha
realizado en relación a la defensa de los derechos humanos y de las
minorías. Ha hablado usted de etnias y entiendo que es sinónimo de razas;
no ha concretado usted ninguna de ellas, pero creo que es una de las
políticas que está llevando a cabo con mucha dignidad el Ministerio. Da
gusto oír ese tipo de discursos, sin ninguna crispación y con rigor en
una Comisión como ésta. Cuando algún otro político, como el Presidente de
mi Partido, usa exactamente el mismo discurso y casi con las mismas
palabras, saltan grandes voces en el Estado acusando no sé de qué cosas.

Por ello he de felicitarle por esa política en defensa de las minorías y
espero que en una próxima intervención podamos saber en este Estado
cuáles son esas minorías, porque el portavoz socialista ha entendido que
los abulenses y yo he entendido que los vascos. Quizá usted esté hablando
de los gitanos y llegue el día en que todos nos entendamos.

Como un tema puntual, le agradecería nos facilite información sobre cómo
está el tema del pago del IBI, por parte de centros concertados de los
ejercicios 92-93, ya que realizamos una pregunta en el Pleno y no hemos
tenido más información. No sabemos si es un tema que está terminado o
saldado, si el Ministerio ha llegado, al final, con el Ministerio de
Economía y Hacienda o con los propios centros concertados a cerrar este
tema.

Por mi parte, quiero agradecerle su exposición y animarle a que vaya
optimizando esos aspectos que consideramos muy positivos y aquellos otros
sobre los que existan algunos temas sin concretar, para que podamos
llegar a acuerdos aprovechando esta ocasión que nos prestan ahora los
Presupuestos Generales del Estado.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, tiene la palabra el señor González.




El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Muchas gracias, señor Ministro. La verdad es
que la intervención del señor González de Txabarri ahora me ha permitido
recuperarme durante un momento de la sorpresa que me han causado las
palabras del señor Ministro, porque me había dejado sin discurso.

Verdaderamente, en su intervención, con ligeros retoques, acaba de
relatar casi el programa máximo de mi fuerza política, el programa
electoral y, desde luego, un posible programa de gobierno. Lo que pasa es
que yo le suelo recordar al señor Ministro --se lo recordé el año pasado,
hace un año exactamente-- que muchas veces su música luego no se
corresponde con la realidad, pero me quedan quince días de esperanza
hasta que discutamos los Presupuestos Generales del Estado y veamos si
todas estas promesas que ha hecho el señor Ministro se corresponden con
la realidad, porque, permítame que le ayude, ¿es consciente, señor
Ministro, de los compromisos que ha adquirido hoy ante esta Comisión?,
porque todo esto queda escrito, porque la mera diferencia entre lo
presupuestado por el propio Ministerio de Educación y Ciencia en cada uno
de los Presupuestos Generales del Estado y lo ejecutado puede suponer en
su momento ya un mentís a lo que muchas autoridades del Ministerio de
Educación, y concretamente ahora el señor Ministro, están afirmando de
que las previsiones de la reforma se están cumpliendo, porque el
incumplimiento de lo financiero trae de la mano un incumplimiento
generalizado en casi todos los tramos educativos. Vamos a referirnos a
alguno.

Se ha referido el señor Ministro a la educación infantil. Efectivamente,
ha dicho que la tasa de escolarización de 3 años está en torno al 68 por
ciento, creo haber escuchado --yo tenía los datos en torno al 70 por
ciento, pero es igual--, pero no se ha referido en ningún caso al período
0-2 años. No existe por lo que veo la mínima intención por parte del
Ministerio de Educación de abordar esta oferta, y nosotros creemos que
precisamente el no abordar esta oferta supone un incumplimiento ya del
artículo séptimo de la LOGSE. En educación primaria, efectivamente, este
curso se implanta el quinto curso de primaria también contra unas
previsiones de implantación del ciclo completo. Esto también ha supuesto
un incumplimiento del decreto del calendario --ya es el cuarto
incumplimiento, si los datos no me fallan--, y esto supone también un
perjuicio en la coordinación pedagógica en el final de la primaria.

Se ha referido al reforzamiento de las plantillas. La situación actual y
algunas circulares que se reciben desde el propio Ministerio no aventuran
precisamente que se vayan a reforzar las plantillas, sino que va a seguir
faltando cobertura del profesorado especialista en música, en educación
física, en idiomas, en numerosos centros de primaria, y también va haber
insuficiencia de profesores de apoyo --fisioterapeutas, logopedas--, que
conviertan esa integración, a la que se ha referido también el señor
Ministro, de alumnos con necesidades educativas especiales en algo real.

En educación secundaria, en lo que se refiere a la formación profesional,
yo sé que el señor Ministro está muy orgulloso de su proyecto de
formación profesional; incluso manifiesta también que éste es el año de
la formación profesional --esto creo que se lo he dicho ya otra vez--,
perfecto, pero mi Grupo quiere saber cómo se va a solucionar ese problema
que existe actualmente y que ya le referí anteriormente en otra
comparecencia, porque conviven, coexisten tres sistemas de formación
profesional: la FP de la Ley de 1970, FP de grado medio y superior; la de
1988, módulos 2 y 3, y la aplicación de la correspondiente a la LOGSE. Y
sobre todo, también en esta última se dice que van a quedar integrados en
torno a 8.000 alumnos. Yo creo que la cifra parece --permítame la
expresión, no encuentro otra en este momento-- ridícula con respecto al
total de lo demandado. Esto, en el año de la formación profesional, es
preocupante, como mínimo.

Efectivamente, llevamos definidas un total de 10 familias profesionales,
pero existía el compromiso del Ministerio de Educación y Ciencia de tener
su totalidad antes del final del presente curso. Ahora he creído entender
al señor Ministro que iba a ser en dos cursos; bien, el mal menor. ¿Se
compromete, por lo menos, el señor Ministro a



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cumplir su compromiso o su declaración de hoy? Sería suficiente para
nosotros.

Existen también 458 institutos que anticipan la reforma, de ellos 42
--creo recordar-- impartirán el ciclo 12/16 completo, garantizando la
indivisibilidad de la ESO. ¿Considera el Ministerio suficiente este
número? Ya ha dicho que pretende aumentar sustancialmente los institutos
que anticipan la reforma, pero ¿considera suficiente este número?
¿Tiene el Ministerio previsto acometer las obras de ampliación de los
centros de secundaria, allí donde las circunstancias lo permitan, con el
fin de paliar lo que anteriormente he dicho sobre la anticipación de la
reforma? Porque en el Decreto de 5 de julio sobre organización interna de
los centros de secundaria se supedita la existencia de desdobles de
cursos de ciencias experimentales e idiomas a la disponibilidad horaria.

¿Considera el Ministerio la realización de prácticas de laboratorio o la
realización de conversación en lengua extranjera un lujo? Le hago esta
pregunta porque el Decreto parecía que quería decir algo similar.

¿Para cuándo piensa dejar el Ministerio de Educación la dotación de
orientadores escolares en los centros de secundaria? En aquellos donde
esta vacante no existe, ¿cuándo se va a cumplir el requisito de un
departamento de orientación compuesto por especialistas de áreas?
Hace meses se filtró una posible red de centros e inmediatamente el
Ministerio se apresuró a desmentir su autenticidad. ¿Para cuándo piensa
el Ministerio publicar el auténtico, habida cuenta que en un plazo de dos
o tres años se va a generalizar la ESO y la red es un instrumento
imprescindible para la planificación escolar?
¿Para cuándo piensa el Ministerio de Educación y Ciencia iniciar las
obras de adecuación de los centros al Real Decreto de requisitos mínimos:
espacios, aulas de tecnología, música, barreras arquitectónicas,
etcétera?
Yo no me quería referir al tema de la religión porque en este punto
nuestra postura es clara. La línea con una escuela laica consiste en
denunciar el Concordato con la Santa Sede, con el fin de que las diversas
confesiones enseñen en los locales correspondientes y no en los centros
escolares, pero el Ministerio debe abordar de una vez para siempre y con
la valentía este tema.

En la intervención del Ministro no he creído entender que se haya
referido a la educación de adultos y, por lo que sé, el Ministerio
apuesta en este tema por una propuesta que no compartimos, el no
presencial, con monitores voluntarios que deseen compartir horario por la
tarde, o bien tener un horario de tarde completo. Debe tener en cuenta el
Ministerio que la modalidad no presencial sólo debe ser ofertada, desde
nuestro punto de vista, para aquellos alumnos que lo soliciten
expresamente, debiendo quedar cubierta completamente la modalidad
presencial, debido a su mayor calidad educativa y, desde luego,
socializadora. La modalidad no presencial debe ser impartida, a nuestro
juicio también, por profesores especialistas en educación de adultos o
reciclados para este fin adecuadamente. La oferta vespertina nocturna a
profesores del mismo centro está produciendo, en muchos casos, una
perversión en este tema. Los profesionales, tal vez de dudosa vocación,
entrega y, sobre todo, profesionalidad, podrían ver en las tutorías de
educación a distancia un puente de plata para resolver situaciones
personales, en detrimento de la calidad de las plantillas.

Hay pendientes también, en un aspecto similar al que me he referido,
algunos planes de choque que habría que llevar adelante.

Desgraciadamente, en nuestro país sigue siendo una lacra social el
analfabetismo, cerca de un millón de analfabetos totales, con un
porcentaje --no vamos a citarlo por comunidades autónomas-- de en torno
al 40 por ciento de la población de analfabetos funcionales. Yo creo que
tiene que hacer algo el Ministerio en este sentido, así como también debe
realizar algún plan de discriminación positiva para zonas
socioculturalmente desfavorecidas.

Se hace necesario también --y se ha referido el señor Ministro en algún
apartado de su intervención a ello-- un replanteamiento del papel del
Instituto Nacional de Calidad y Evaluación, diseñado en la actualidad con
una superestructura, que debe jugar un papel fundamental en la evaluación
externa, y propuestas de rectificación no sólo del sistema educativo en
su conjunto --para eso está el Consejo Escolar de Estado--, sino de todos
y cada uno de los centros, en estrecha colaboración con la inspección
educativa.

Es necesario que pronto, algún día, el señor Ministro informe de los
planes que contempla su Departamento para llevar a cabo un proceso de
transferencias en niveles no universitarios. Ya sé que esto es muy
difícil, pero, no obstante, este debate es de tal trascendencia que sería
interesante que en algún momento, a petición propia, no de los grupos
parlamentarios, compareciera el señor Ministro ante esta Comisión para
tratar exclusivamente este punto.

En cuanto a la dirección e inspección a las que también se ha referido el
señor Ministro, en el caso de la dirección de centros parece que el
Ministerio de Educación y Ciencia camina a través de los reglamentos
orgánicos de los centros, también de las setenta y siete medidas y de
otras disposiciones legales, a un reforzamiento de la figura del
director, en la que estamos de acuerdo, pero no en detrimento del modelo
LODE (dirección, consejo escolar, etcétera), porque el simple
reforzamiento de la figura del director nos podría retrotraer a otras
épocas pasadas, y yo creo que el retrotraernos a esa época en este tema
no significa precisamente un modelo progresista, sino más bien un modelo
de corte autoritarista que nosotros desde luego no vamos a compartir.

En cuanto a la inspección, el Ministerio de Educación y Ciencia parece
que apuesta por el retorno al cuerpo de inspectores, vía
concurso-oposición. Nosotros en este tema creemos que hay una clara
regresión también sobre el primitivo modelo de rotatividad en dicha
función, que garantizaba la conexión de estos funcionarios que ahora
también se va a romper si se aventura por este otro proceso.

Una de las medidas indudablemente que el Ministro de Educación y Ciencia
ha anunciado y se ha atrevido a anunciar este año como novedosa y,
además, enormemente progresista consiste en la apertura de los centros en
horario



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extraescolar. Desde luego, no será nuestro Grupo quien se oponga a esa
medida, pero ya estamos con los presupuestos. Se va a aplicar en torno a
900 centros, el presupuesto destinado a todos va a ser en torno a 2.000
millones de pesetas, cada centro percibirá entonces en torno a los dos
millones de pesetas, y yo pregunto: ¿se puede verdaderamente poner en
marcha esta medida con este presupuesto? El personal destinado a cubrir
estas actividades no está muy bien definido. ¿Serán del propio centro,
vía horas extraordinarias? ¿Será voluntariado vocacional? Yo creo que el
Ministerio de Educación y Ciencia debería proceder a la contratación de
personal especializado para garantizar estas actividades. No todos los
voluntarios están preparados para la acometida de estas tareas; además,
existe, como sabe el señor Ministro, un ligero problema de paro que
podría contribuir a solucionar.

En los niveles universitarios --por hacer breve mi intervención--, yo no
me voy a referir mucho a estos niveles, no porque no los consideremos
importantes, sino porque estamos en un proceso de debate actual que nos
va a permitir decir cuál es la posición de cada uno en este tema. Pero sí
nos preocupa el proceso de transferencias en materia de universidad, que
pudiera culminar el 31 de diciembre del presente y que está siendo, a
nuestro juicio, un tanto oscurantista y que convenía rectificar. En la
actualidad, un proceso tan importante como al que nos estamos refiriendo
--permítanme que insista-- se está llevando con un cierto oscurantismo,
porque ni siquiera el Parlamento de la Nación ni los parlamentos
regionales tienen noticia exacta de los planes en marcha. Yo creo que en
este tema deberían participar todas las instancias, todos los agentes
sociales implicados, todos los parlamentos y, vuelvo a repetir, los
sindicatos, las asociaciones de estudiantes, los ayuntamientos, incluso,
que son instancias interesadas para conocer cuáles son los planes del
Ministerio en el proceso de transferencias.

También hay una cosa muy importante a tener en cuenta, antes de culminar
este proceso de transferencias. Convendría que se pusiera en marcha algún
tipo de auditoría económico-financiera previa a la transferencia, que no
provoque en el traspaso de transferencias más endeudamiento, pues algunas
universidades están excesivamente endeudadas, y que en lugar de un
beneficio para una determinada comunidad autónoma sea una verdadera
ruina. Se dice, yo he afirmado, que algunas universidades públicas tienen
problemas económicos sustanciales en este tema, y sería triste para la
comunidad respectiva recibir este tipo de ruina.

Sería conveniente también delimitar claramente algunos aspectos de las
competencias transferidas, así como aquellas que deben reservarse al
Ministerio de Educación y Ciencia, si queremos hablar de verdad de una
política universitaria de Estado.

Se ha referido en el tema universitario --y también nos preocupa-- a la
política de becas. En este tema voy a ser insistente y persistente. El
Ministerio ha diseñado un plan que yo califico de curioso para el próximo
curso 1994-95. Mientras que la dotación de becas, por lo que he querido
aventurar, el Ministerio no pasa en ningún caso del IPC previsto (en
becas compensatorias crece en torno a un 2,6 por ciento, en becas de
residencia en torno a un 3,15 por ciento, en becas de educación infantil
en torno a un 2,2 por ciento), sin embargo la exención de tasas sobrepasa
el 30 por ciento. ¿Qué interpretación tiene esto? A mí me gustaría que
nos lo dijera el señor Ministro, porque la exención de tasas no la paga
el Ministerio, sino que las dejan de percibir las universidades, con lo
cual su situación en este momento, que está al límite en cuanto a
financiación se refiere, empeora notablemente, mientras que a lo mejor el
Ministerio se puede apuntar un buen tanto con esa política.

No voy a insistir en otros aspectos de la política educativa, voy a dar,
en nombre de mi grupo, un margen de confianza al Ministro, que no va a
ser mucho, porque pronto nos vamos a encontrar en los Presupuestos
Generales del Estado. Desde luego, la oferta clara de mi grupo político
en este tema, por encima de los condicionamientos políticos que pueda
tener el señor Ministro, es llevar adelante casi todas las propuestas que
nos ha hecho hoy. Aquí nos tiene. Mi sorpresa sería una realidad
satisfactoria si, en colaboración con los que creemos en esto, vía
presupuestaria, hacemos entre todos una educación progresista de calidad.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Ollero.




El señor OLLERO TASSARA: En primer lugar, quiero dar la bienvenida, en
nombre de mi Grupo, al señor Ministro.

Para valorar políticamente esta comparecencia de hoy hay que partir de un
dato previo, bien conocido, por lo menos por los miembros de la Mesa y
portavoces, y es que esta comparecencia, teóricamente a petición propia,
realmente forma parte de toda una batería de comparecencias que el
Presidente del Gobierno ha organizado de una manera sorpresiva y que se
han cursado por vía de apremio, quizás con la intención de intentar
trasladar a la opinión pública la idea de que su Gobierno tiene una
política claramente definitiva para toda la legislatura y viene aquí a
exponerla. Yo comprendo que el señor Ministro, disciplinadamente, haya
acudido, como hará la semana que viene en esta misma Comisión su colega
la Ministra de Cultura y como están haciendo los demás miembros del
Gabinete. Eso ayuda a poner la comparecencia en su sitio, porque si
realmente la misma fuera estrictamente a petición propia sería para
quedarse sorprendidos, porque leyendo la que hubo por estas fechas, el 28
de septiembre de 1993, y después de lo que hemos oído aquí, la verdad es
que las novedades son mínimas. A la hora de la verdad no parece que haya
muchos elementos que cambien el panorama como para justificar una
comparecencia. El Ministro se ha esforzado por dar coherencia, incluso
nos ha hablado, en un alarde de entusiasmo, de su famosa propuesta de 77
medidas, de programa amplio e integrado. Sabemos que eso no es así, es un
conjunto de cuestiones heterogéneas que lo único que tienen de
integración es la encuadernación que las agrupa.

Por otra parte, su intervención, a la larga, sí que ha servido para
clarificar algo, y es cuántas medidas hay



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realmente en ese libro. Usted, señor Ministro, ha venido hoy aquí porque
la gran ocasión de formular compromisos concretos y de anunciar medidas
concretas, pero a la hora de la verdad, sobre las presuntas 77 medidas
--por lo menos en el horizonte que se ha marcado, que tampoco ha sido muy
preciso, las cosas como son, ni siquiera ha hablado de la legislatura,
sino que ha hablado de cosas que se van a ir haciendo-- el único dato que
ha dado ha sido del año 2000, que queda bastante fuera de la legislatura,
para un distrito compartido, del que no hablaré porque ya tendremos
ocasión de debatirlo más despacio. Usted sólo ha citado tres medidas de
las 77; se ve que el resto no eran medidas, eran reflexiones,
exhortaciones, buenos deseos. Ha hablado de dirección de los centros, de
inspección y de utilización de las instalaciones fuera del horario
escolar, pero no recuerdo que haya hablado de ninguna de las otras
presuntas 74 medidas, que probablemente no lo eran, eran simplemente
reflexiones y buenas disposiciones.

El contenido de su intervención ha sido fundamentalmente informativo, y
aquí estamos en una comisión especializada del Parlamento, donde no
entendemos que usted nos cuente cosas sobre cómo funciona el sistema
educativo español; si estuviera ante una delegación de parlamentarios
extranjeros se entendería, pero no es el caso.

Nosotros no hemos visto compromisos muy concretos; simplemente
manifestación de buenos propósitos que ya hemos oído otras veces. La
simple ausencia del Grupo que apoya fundamentalmente al Gobierno en esta
sesión nos parece que políticamente demuestra que no es irrelevante;
quizá sea un síntoma de en qué consiste. Me refiero al otro Grupo, aparte
del propio Grupo Socialista, está claro.

Junto a esto, la situación real del comienzo de curso es de preocupación
ante la frustración de expectativas educativas, por ejemplo, en el ámbito
de la Universidad; por eso habíamos pedido una comparecencia, que tendrá
lugar a continuación, sobre la situación de la selectividad y por lo
mismo no entraré en las alusiones que ha hecho usted al presunto distrito
compartido y demás cuestiones de ese tipo. Por otra parte, los auténticos
protagonistas de la reforma que desde el Gobierno se pretende impulsar no
parecen estar por la labor, y, lo que es más preocupante, parecen tener
motivos para no estarlo.

Por un lado están los profesores, que no parecen muy identificados con el
proyecto. Usted, señor Ministro, ha hablado --y compartimos sin duda
ninguna ese planteamiento-- de que es necesario establecer estímulos para
que el profesorado se identifique con la reforma, que ha dicho usted que
es un reto y estamos de acuerdo; pero, desde luego, nuestro contacto
habitual con profesionales de la enseñanza, que vienen a plantearnos sus
problemas de cada día, no refleja en modo alguno esa situación. En el
fondo están desanimados porque son conscientes del carácter ficticio de
todo un entramado que en teoría debería ser el que alimentara
profesionalmente esa reforma, y que a la larga ellos saben que se ha
convertido en un puro mecanismo para facilitar una movilidad de puestos a
determinados compañeros suyos por sus vinculaciones, que no tienen mucho
que ver con lo profesional, al menos así lo entienden ellos, lo denuncian
y eso les desanima.

Hay un detalle concreto. Usted afirmó que para el curso de cualificación
pedagógica en la especialización didáctica, dentro de este año 1993-1994
estaría publicado el decreto que establezca los créditos y contenidos
mínimos de dicho curso, que es un elemento decisivo para que, desde el
punto de vista de un profesional, se pueda tomar en serio la reforma.

Ahora viene usted y nos dice absolutamente lo mismo para este curso; o
sea, que no ha hecho nada sobre el particular y ni siquiera ha dado una
razón de por qué no se ha hecho nada.

Con ese tipo de situaciones los profesionales de la enseñanza, que siguen
con interés estas comparecencias y que a veces nos solicitan información
sobre ellas, comprueban que no hay realmente una capacidad para ver estos
problemas, no tienen tiempo de dedicarse a algo que han anunciado y que
un año después ni siquiera justifican por qué no está aquí o por qué no
está ya en el «Boletín Oficial del Estado».

Estos profesores son los que están sufriendo en su propia carne las
consecuencias del terremoto de la reforma, que es lo único que hoy día es
perceptible: el cambio de arquitectura del sistema. Si ya les estaba
afectando la caída de natalidad, en disminución de alumnos, a sus puestos
de trabajo, en ocasiones con problemas de unidades suprimidas, por tanto
puestos suprimidos, desplazados, etcétera, si ahora encima la reforma
agrava eso al producir una fractura en la antigua arquitectura que, por
otra parte, por el momento sigue sin justificarse desde un punto de vista
riguroso, didáctico y profesional, lógicamente se sienten un poco las
víctimas de una operación más o menos estética y que a ellos les afecta
de una manera muy aguda.

El recorte presupuestario de los últimos años está igualmente influyendo
en esa situación y desanima a los profesionales de la enseñanza; de estos
días le podía presentar una colección de la casuística que nos va
llegando al Grupo Parlamentario de lo que está pasando en los centros.

Ustedes no han enviado profesores de apoyo, por ejemplo, para compensar
las reducciones horarias, establecidas con muy buen criterio, para los
profesores que han asumido funciones directivas. El lío que se arma en
los centros con ese motivo es de lo más variopinto. Hay centros donde a
los profesores especialistas en educación física, en música, etcétera,
que son los que se ocupan de todo aquello de lo que no se ocupan
precisamente los profesores tutores, se les ha encargado de la tutoría de
un curso, y el director, que exige su derecho a dar sus nueve horas,
acaba dando las asignaturas especializadas. En otros centros, a
determinados profesores tutores se les ha establecido que dos mañanas no
atiendan el curso del del que son tutores, sino que estén para sustituir
a los demás, pero sustituyen desde párvulos hasta octavo de EGB, que aún
subsiste, y el mismo Ministerio ha exigido unas titulaciones y unas
especializaciones para esos ciclos. No se respeta ciclo alguno, sino que
a esos profesores, de una manera estable, se les va utilizando para lo
que caiga.

En ese ambiente es muy difícil que un profesional se tome en serio la
reforma por la que usted hace aquí un esfuerzo, meritorio, sin duda, para
intentar mostrar algún tipo de convicción y de entusiasmo.




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Este año ha batido todos los récords en el retraso a la hora de ofrecerse
también a los profesores el resultado del concurso de traslado, algo que
les afecta familiar y profesionalmente; se ve que la torpeza de la
máquina ministerial es notable, o bien que en la jerarquía de prioridades
del Ministerio parece que el ofrecer a los profesionales datos tan
decisivos como ésos no están en primer término.

Otro tipo de profesores que están llevando a cabo la reforma, y además
con fondos públicos, como son los profesores de centros concertados,
siguen sin entender por qué ustedes no cumplen un mandato, presente en la
LODE, de homologación.

Las disquisiciones jurídicas a veces nos divierten a los juristas en la
medida en que supongan unos alardes de construcción, pero al ciudadano en
general no le hacen tanta gracia. Está claro que el designio político de
la LODE era que cobraran igual los profesores de los centros concertados
que los de los centros públicos, puesto que ambos están prestando un
servicio público con fondos públicos. Por tanto, no se entiende muy bien
cuál puede ser el criterio de discriminación. Para nuestro Grupo es
enseñanza pública toda aquella que sirve al público, sea la que sea; pero
si encima se hace con fondos públicos, entonces ya me dirá usted por qué
esos sexenios no se van a incorporar y se van a dejar fuera, como si no
los cobraran. A veces se dice que esos sexenios son consecuencia de unas
tareas formativas. No, el sexenio cero no es consecuencia de tarea
formativa alguna, se le da a todos los profesores y, sin embargo, a los
de los centros concertados no. No se entiende, y eso evidentemente no
eleva la moral de esos profesores, que son un notable porcentaje en
nuestro sistema educativo a la hora de llevar a la práctica la reforma.

Por tanto, no es un problema ideológico, no es un problema de afinidad o
no con su partido; es un problema puramente profesional y de falta de lo
que usted ha dicho con gran razón: de estímulos, lo que hace que tiendan
a desmarcarse de todo este jaleo.

En cuanto a los padres, que no son expertos en estas cuestiones y que
conocen normalmente bastante poco los entresijos del sistema educativo
--desgraciadamente, porque deberían tener más interés por ello, pero es
así nuestra sociedad--, sin embargo, como suele ocurrir con el ciudadano
que observa las cosas de manera distante, tienen un cierto olfato, y es
preocupante cuáles son los resultados de esa especie de tarea de ventear
el ambiente, y es que los padres están votando con los pies. En cuanto
tienen posibilidad de elegir la reforma, salen huyendo; eso está en los
medios de comunicación especializados. Usted sabe a qué se debe eso: a
que está cundiendo un ambiente de que esto de la reforma es un lío
improvisado, sobre todo cuando se anticipa de una manera forzada, en
contra de la voluntad del Consejo Escolar --como ocurre en más de un
caso--, y los padres llegan a la conclusión de que si a su hijo consiguen
dejarle fuera de ese lío, mejor. Es una realidad, usted lo sabe señor
Ministro, y no es ése el ambiente adecuado para poner en marcha una
reforma. No tiene sentido que ustedes se dediquen a anticiparla
forzadamente en contra de la voluntad de los padres porque eso no es así.

Luego, a la hora de vender usted logros, cita como logros el que no sé
cuántos cientos de miles de alumnos se han incorporado a la reforma.

¡Pues claro que se han incorporado a la reforma! Si han nacido cuando han
nacido, se han inscrito en el Registro Civil, se han empadronado y la
educación es obligatoria, ¿qué van a hacer? ¿Cómo no van a entrar en la
reforma? Gran triunfo: que entran en quinto de primaria no sé cuántos.

¡Pues claro que entran! ¿Qué van a hacer? ¿Se van a declarar insumisos?
¡Claro que entrarán! Pero no es ningún mérito suyo, señor Ministro; el
problema es puramente vegetativo.

No se están cumpliendo --ya se ha dicho-- los requisitos elementales
exigidos para que la reforma pueda tener un mínimo de credibilidad, pero
es que la propia administración educativa sorprende al ciudadano.

Hace dos años, su antecesor, el señor Solana, aseguraba como una de las
características más llamativas de la LOGSE que los maestros no
necesitarían para cumplir su función libros de texto. Y en estos días no
se habla de otra cuestión que del palo económico que los padres de
familia se llevan con los libros de texto. Las organizaciones de
consumidores vienen a vernos a los grupos parlamentarios y nos plantean
cuál es la situación. ¿En qué quedamos? ¿Se puede anunciar una reforma
bajo la divisa de que vamos a suprimir los libros de texto y a
continuación las editoriales digan que han subido los precios porque la
reforma les ha obligado a unos cambios de contenido que llevan a un
encarecimiento del texto? ¿Dónde estamos? Esto pierde credibilidad.

Después habla de las ayudas que la Administración ha dedicado a esta
cuestión de los libros de texto, que es decisivo porque va unida a la
gratuidad de la enseñanza. No se puede decir que la enseñanza es gratuita
--algo que es una condición «sine qua non» del proceso educativo-- si
resulta que no lo es. Primero ustedes hablaron de dar las ayudas por un
sistema que tenía que ver más con el empadronamiento y con el catastro
que con otra cosa; o sea, municipios de menos de 10.000 habitantes,
barriadas, etcétera. Vamos a ver, ¿la gratuidad no es una gratuidad
universal? Pues, entonces, no se entienden muy bien esas distinciones.

Pero es que, además, ustedes últimamente, en los presupuestos, no ponen
indicador que nos diga cuál está siendo la evolución de ese número de
ayudas. Quizá usted ahora me pueda explicar cuál ha sido la evolución de
ese número de ayudas por libros de texto. Si no, se lo preguntaré en el
Pleno próximo, y así podrá venir con los números preparados para ver en
qué medida realmente ha habido progresión y en la entrada en juego de la
reforma --que según los editores encarece los textos-- se ha tenido en
cuenta también la cuantía y el número de esas ayudas.

Se ha aludido al contencioso que ustedes tienen montado con los obispos,
y parece mentira que un catedrático de Derecho canónico como usted se
lleve tan mal con los obispos, francamente. La verdad es que tienen en
marcha una especie de partida de ajedrez muy original, en la que me
preocupa --aunque en mi Grupo de este asunto no hemos hablado nunca; de
lo único que nos ocupamos es de los derechos de los ciudadanos-- que
ustedes estén en una



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actitud de pleitos tengas y los ganes, y estén más preocupados de ver
cómo le dan la vuelta en un decreto a la última sentencia, en la que
reciben ustedes un severo correctivo, que de los derechos de los
ciudadanos.

Señor Ministro, yo no sé si usted recuerda que su flamante colaborador,
don César Coll, hizo unas manifestaciones públicas en las que decía que
él entendía que la religión, como hecho cultural, debería formar parte de
los currículos educativos de todos los ciudadanos. Usted ha largado
discursos sobre valores morales --muy oportunos, por otra parte, porque,
tal como está el patio, valores morales cuantos más mejor-- y parece que
eso debe ser enseñanza para todos los ciudadanos. Además, don César Coll
insinuaba que el que quiera una alternativa confesional de ese tipo de
contenidos, que la pida.

A mí me pareció un monumento al sentido común, pero ahora don César Coll
es director general de su Ministerio y ustedes se dedican a pelearse con
los obispos. Yo no sé si es que los obispos han rechazado esa sugerencia
del señor Coll o qué es lo que pasa. A lo mejor me lo puede explicar.

Desde luego, no derogue usted un Concordato que no existe, pero sí por lo
menos arregle este asunto, porque ahí hay derechos de los ciudadanos que
además están en la Constitución. No estamos aquí en Francia, donde no se
puede entrar con el «chador» en clase; esto es otra historia. Aquí
estamos con una Constitución que dice que la formación religiosa y moral
de los ciudadanos debe atenderse de un modo determinado.

Tampoco es lógico que usted introduzca contenidos morales sin que quepa
elección. ¿Qué moral va usted a implantar? ¿La suya? El señor Sotelo, que
es de su partido, ya ha escrito, en un diario de máxima circulación, que
el Estado no puede imponer un modelo y que la tolerancia no sirve como
modelo educativo, que el modelo educativo debe tener contenido,
respetando la tolerancia, pero que la tolerancia en sí sería algo vacío.

Léaselo porque es un artículo muy bueno. Le puedo dar una fotocopia,
porque es de hace algún tiempo.

Respecto a sus compromisos, usted vino en las anteriores comparecencias
con un tono dialogante, realmente muy encomiable. Hasta en seis ocasiones
aludió usted a su afán de diálogo. Hoy no ha aludido a ello ni una sola
vez, lo cual es de alabar porque demuestra su sinceridad.

En aquella ocasión nos aseguró que venía con un talante de disposición al
diálogo y a la colaboración: «Mi propósito es iniciar conversaciones con
los grupos políticos para estudiar la conveniencia de incluir en el
proyecto de ley...» No sé qué cosas. Con nuestro Grupo, señor Ministro,
ha hablado un día, desde luego cuando ya estaba el proyecto hecho y ni
siquiera me contó lo que éste decía.

«Me propongo abrir un debate con todas las partes implicadas para
potenciar la labor de los consejos sociales.» Hace un año y aún no ha
tenido usted tiempo de empezarlo, a no ser que considere que no somos
parte implicada, en cuyo caso su concepto de la sociedad es realmente
original.

«Pienso elaborar un proyecto de actualización de la Ley de Reforma
Universitaria que desearía tramitar cuanto antes, previo debate con los
distintos grupos políticos.» Lo quiso usted tramitar en lectura única y
sin previo debate con nadie. Esa es la realidad, señor Ministro. Ha hecho
usted bien en no hablar de diálogo hoy. Es un hombre sincero y eso le
honra porque tampoco está la política muy por ahí.

Dice usted que «esta cuestión exige la participación de todos, y cuando
digo la participación de todos no me refiero sólo a la de los diferentes
sectores que están implicados en la comunidad educativa, sino también a
los grupos políticos». Con nosotros no ha hablado de nada en absoluto.

Usted ha hablado con los que luego no intervienen cuando usted comparece,
pero con nosotros, repito, no habla.

«Plantearé a los grupos políticos la regulación del tema de la
endogamia.» A nuestro grupo político no le ha planteado absolutamente
nada. Ni siquiera me contó lo de los tramos por temor a que me desmayara,
supongo. No sé con quién dialoga usted, ni cuándo. Hemos perdido en un
año, lo que es una pena, su talante dialogante.

Usted ha hablado de la oferta de plazas para alumnos de tres años. Poco a
poco nos vamos acercando a una cobertura de esa cohorte de alumnos. Lo
que para nuestro Grupo es doloroso es la política que han seguido al
respecto, ya que ustedes han tenido sin escolarizar, premeditadamente, a
alumnos de tres años que pudieran estar perfectamente escolarizados en
centros con los que se hubieran establecido convenios, como ustedes han
prometido, y que luego, por restricciones presupuestarias, han
considerado que escolarizar a un niño de tres años no es prioritario; eso
francamente nos parece cruel. Sobre todo eso es incompatible con las
proclamas de facilitar el acceso al trabajo de la mujer. Se han cerrado
incluso las guarderías laborales en muchos casos. En fin, una política
cuya única explicación sería la de una empresa que intenta captar cuotas
de mercado. Realmente, que eso se haga, además, desde un partido
socialista, nos deja muy perplejos.

Usted prometió en el Senado que se iba a hacer una evaluación de la
secundaria y del bachillerato y que iba a traerla. De eso hace ya por lo
menos cinco meses, y hoy no ha dicho ni una palabra sobre el particular,
que yo recuerde. (Rumores.) Y desde luego no la ha traído. No sabemos
cuáles son los resultados.

Ha vuelto usted a entonar un himno a la formación profesional que, desde
luego, en cuanto a himno lo compartimos. No me voy a adentrar mucho en
esta cuestión porque, como usted muy bien sabe, y también lo presentamos
a los medios de comunicación hace ya meses, nuestro Grupo tiene
presentada una proposición no de ley que entrará en el Pleno muy en breve
y no voy aquí a anticipar el debate. Ahí, entre otros temas, pedimos
cosas puramente elementales para que pueda funcionar realmente la
formación profesional; algo tan elemental como un mapa de cuál es la
oferta actual de formación profesional, que no existe, y en sus palabras
no hay ni el menor atisbo de que esas peticiones que usted conoce, porque
la proposición no de ley ha sido publicada, vayan a ser atendidas, no ya
en un plazo inmediato, sino ni siquiera en estos plazos indefinidos en
los que se ha movido su intervención.

Todos los administrativistas del país, señor Ministro, esperan con
verdadera curiosidad en qué va a terminar este



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asunto de la inspección. Se ha hablado de que usted quiere crear un
cuerpo, pero usted no quiere decir que quiere crear un cuerpo. Usted está
haciendo una cosa muy pintoresca, que consiste en hacer un
concurso-oposición que va a ser el primero de la historia de España que
no da la posibilidad de integrarse en un cuerpo. Ese es un asunto
realmente original. Aquí va a haber que hacer oposiciones hasta para no
integrarse en un cuerpo.

Por otro lado, los actuales inspectores presuntamente rotatorios, pero a
la hora de la verdad digitales e indefinidos, se quejan de que,
lógicamente, no se les trata con arreglo al cuerpo al que pertenecen a la
hora de contabilizar, por ejemplo, sexenios y algunos derechos propios de
su cuerpo, porque son almas en pena, no están en cuerpo alguno. Usted,
ahora, para ser alma en pena va a exigir hacer una oposición; almas en
pena por oposición. (Risas.) Aclare un poco eso porque la verdad es que
el Derecho administrativo está bastante consolidado ya en Europa como
para andar con figuras de ese tipo.

Usted ha dicho que la inspección es un factor decisivo para una mejora
cualitativa de la enseñanza. Estamos absolutamente de acuerdo.

Precisamente por eso siempre hemos sido partidarios de que exista un
cuerpo de inspección. Denunciamos, en su día, el desmantelamiento de ese
cuerpo de inspección, y nos parece oportunista que ahora, a todos los que
se han nombrado a puro dedo con la excusa de que eran provisionales, se
les vaya a incluir en un cuerpo inconfesado de inspección en el que otros
para entrar necesitarán hacer un concurso-oposición.

En cuanto a la política universitaria, señor Ministro, usted no ha dicho
ni una sola palabra y la verdad es que, por lo menos, le podía haber
dedicado un piropo de despedida. Usted ha cambiado un Secretario de
Estado; esto no es una cosa que en política sea irrelevante. Que yo
recuerde ni se ha referido a su existencia. En el segundo turno yo le
daría una oportunidad para que lo despida airosamente. Cuando cambia un
Secretario de Estado por algo será. Ya se ve que la política
universitaria ha sido un desbarajuste en este año. Probablemente ha
habido una bicefalia; probablemente quien mandaba no era el señor
Fereres, aunque ahora se le eche la culpa de lo que ha hecho al que
mandaba. Por lo menos, en mi nombre, despídanos del señor Fereres, señor
Ministro, porque ha cesado y no va a venir él aquí para que le podamos
despedir.

Habló usted el año pasado de movilidad de profesores y de movilidad de
estudiantes. De la LRU hemos hablado mucho y vamos a seguir hablando. No
voy a reproducir el debate. De movilidad estudiantil hablaremos a
continuación, en la siguiente comparecencia.

Ha citado usted la conexión entre bachillerato y universidad y me ha
extrañado que una promesa que ha hecho el señor Marchesi, que en ese
momento además estaba aquí, en público usted no la recoge. Yo por lo
menos no lo he captado. Usted ha hablado de dos medidas que va a tomar,
pero no ha recogido una medida que ha anunciado el señor Marchesi y que
es radicalmente, por cierto, contradictoria con uno de los propósitos de
la reforma de la LRU que tenemos en marcha.

Ya el año pasado dijo usted que se han puesto de manifiesto algunas
desviaciones sobre el diseño original de los profesores asociados que
aconsejarían recuperar esta figura tal como estaba concebida en la Ley de
Reforma Universitaria. Esto no es cierto, porque en la Ley de Reforma
Universitaria estaba mal concebida, se preveía que fuera a tiempo
completo.

Usted no ha dicho que el 25 por ciento de los profesores de educación
secundaria con condición de catedrático vayan a pasar a ser asociados de
universidad. El señor Marchesi sí que lo ha dicho. Si eso es verdad, es
incompatible con esto, porque no tiene nada que ver el modelo de profesor
asociado, que es un experto en su profesión que viene a completar un tipo
de enseñanza más teórica, con un profesor de bachillerato, que es un
profesor teórico de otro rango educativo que quiere promocionarse --está
en su derecho-- y debe recibir licencias de estudio que no le perjudiquen
económicamente y toda la ayuda necesaria para promocionarse en la carrera
académica. En mi departamento, en concreto, hay varios de ellos, y
cumplen una función estupenda, pero la cumplirían mejor si en vez de ser
asociados y estar siendo tratados como penenes fueran tratados como
personas que están realmente formándose para poder ser profesores
universitarios.

Por último, señor Ministro, usted alude con gran profusión y notable
ambigüedad a esta fórmula que parece que le entusiasma, que es la
apertura de las instalaciones escolares fuera del horario escolar.

En ese aspecto nuestro Grupo está un poco perplejo porque no acaba de
entender muy bien a qué se refiere usted. En primer lugar, tendría que
explicarnos cuál es el horario escolar, porque su antecesor, el señor
Solana --todo el mundo lo recuerda--, desautorizó públicamente a su
entonces Secretario de Estado, señor Pérez Rubalcaba, que había anunciado
la jornada continuada en los centros escolares y dijo que era algo
nefando y que en modo alguno se podía hacer eso. Pero si se habla de
actividades fuera del horario escolar y se refiere a clases de idiomas a
las cuatro y media de la tarde, no se entiende muy bien qué horario
escolar estamos manejando. Si de lo que usted habla realmente es de las
actividades fuera de lo que es el horario escolar establecido, tendría
que aclararnos si son actividades para los alumnos o son actividades,
como acaba de decir hoy aquí, para la comunidad circundante. Nos parece
muy bien la rentabilidad social --a la que usted ha aludido-- de los
inmuebles escolares, que a veces están infrautilizados y podrían rendir a
la comunidad ciudadana unos servicios, pero no nos mezcle usted eso con
sus ofertas de calidad de enseñanza porque no tiene nada que ver.

Por tanto, no acabamos de entender en qué consiste este lío. Además, hay
ya un ambiente de suspicacia porque esta propuesta surge en vísperas de
las elecciones municipales; usted ha hecho referencia a 200 centros, ya
vamos por 900, esto empieza a animarse; usted habla de organizaciones de
voluntarios, esto se sigue animando, y yo simplemente le digo que a
nuestro Grupo le parece muy bien que se le dé toda la rentabilidad social
que usted quiera a las instalaciones escolares, pero no nos diga que eso
no tiene nada que ver con la calidad de enseñanza, si es eso lo que usted



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pretende. Como es lógico seguiremos un control parlamentario de en qué se
gasta usted ese dinero y a quién se lo da. Porque ya sabemos lo que ha
ocurrido con muchas iniciativas de atención a necesidades sociales, cómo
se están instrumentando, quiénes son los voluntarios que acaban
llevándose el dinero y cuáles son los municipios que lo acaban recibiendo
y cuáles no. Llevaremos, repito, un control bastante exacto de a cuáles
municipios les da usted el dinero, a cuáles no y a qué organizaciones de
voluntarios financia o no, no vaya a ser que estemos financiando las
próximas elecciones municipales, en cuyo caso mi Grupo no estaría de
acuerdo con montar un PER escolar porque ya tenemos bastante con otros
que funcionan de vez en cuando.

Esto es todo, señor Ministro. Yo creo que usted ha cumplido con sentido
de la disciplina el encargo que le han realizado. Lo ha hecho como ha
podido y lo único que siento es que no ha hablado de afán de diálogo,
porque creo que es lo que hace falta si se quiere llevar adelante una
reforma educativa y si se quiere, realmente, contar con el apoyo
necesario en cuestiones de Estado. En las cuestiones relativas al deporte
cederé la palabra, con permiso de la Presidencia, al Diputado señor
Carreño.




El señor PRESIDENTE: No, señor Ollero, no tiene permiso de la
Presidencia. Lo siento, señor Carreño. Ha consumido S. S., de un turno de
diez minutos, treinta. Esta Presidencia ya ha advertido en ocasiones
semejantes que cuando se quiera usar el turno de un Grupo por varios
portavoces debe advertirlo previamente. Entenderán SS. SS. que habiendo
consumido treinta minutos no es posible abrir un turno de nuevo para el
mismo Grupo. En todo caso, el artículo 203 establece que, al final, una
vez consumido el segundo turno por el señor Ministro, se pueden formular
preguntas con carácter excepcional, pero esta Presidencia no puede volver
a abrir un turno para su Grupo. (El señor Ollero Tassara pide la
palabra.)
Tiene la palabra el señor Ollero.




El señor OLLERO TASSARA: Señor Presidente, es una inveterada costumbre
parlamentaria --que, por otra parte, usted ejerce con ejemplar
puntualidad-- avisar a un portavoz cuando se excede en el uso del tiempo,
cosa que S. S. no ha hecho hoy en ningún momento, a diferencia de otras
ocasiones en las que sí ha tenido a bien observarme que me estaba pasando
en el tiempo. Le digo esto porque no ha sido mi voluntad, en modo alguno,
como comprenderá, privar del uso de la palabra a un compañero. Espero que
eso lo reconocerá el señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Señor Ollero, a pesar de que los portavoces de dos
grupos habían hecho mención a esta Presidencia de que le advirtiese a S.

S. que se estaba excediendo en el tiempo, esta Presidencia ha considerado
que igual que ella controlaba el tiempo lo podía también controlar su
señoría.

En todo caso, el defecto de esta Presidencia no debe ser obstáculo para
que se cumpla el régimen de la Comisión.

Por parte del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Nieto. (El
señor Carreño Rodríguez-Maribona pide la palabra.)
Señor Carreño, tiene la palabra.




El señor CARREÑO RODRIGUEZ-MARIBONA: Me gustaría, aunque fuera
brevísimamente, exponer --porque es un aspecto importante de la política
del departamento del Ministerio de Educación-- unas cuestiones en lugar
de hacer preguntas.




El señor PRESIDENTE: Señor Carreño, esta Presidencia no tiene
inconveniente, si eso significa que el Grupo Popular renuncia al segundo
turno excepcional.

¿Renuncia a dicho turno?



El señor OLLERO TASSARA: Sí, renuncio.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Carreño tan sólo por unos
breves minutos.




El señor CARREÑO RODRIGUEZ-MARIBONA: Quiero, en primer lugar, dar las
gracias a mi compañero y portavoz de educación Andrés Ollero y a la
Presidencia.

Hace un año el señor Ministro indicaba que sus objetivos fundamentales
eran, por un lado, el impulso de la educación física y la práctica
deportiva en los centros educativos, y, por otro lado, el potenciar el
deporte de alto nivel. Desde aquella fecha hasta hoy ha habido una
realidad. No ha habido, en mi opinión, impulso de la educación física ni
de la práctica deportiva. Las instalaciones deportivas han tenido una
rebaja presupuestaria contundente; de 1992 a 1993 se redujo el 30 por
ciento el presupuesto de inversiones del Ministerio en instalaciones
deportivas; de 1993 a 1994 se rebajó nuevamente el presupuesto de
inversiones en instalaciones deportivas en un 47 por ciento, quedando un
total para inversión nueva y reposición de instalaciones deportivas en
centros educativos de 1.994 millones; coincide con el año en que estamos,
pero espero que no sean 1.995 millones los que tenga previstos el
Ministerio para el próximo año en lo relativo a instalaciones deportivas
en centros educativos.

Nos alegra que al fin se intente, al menos es lo que se dice como
programa político del Departamento, fomentar las asociaciones deportivas,
los clubes deportivos y se intente hacer posible, como ha sido nuestro
deseo y nuestra petición en diversas ocasiones, el que haya, como mínimo,
un club o una asociación deportiva por centro educativo, sea de enseñanza
básica, de primera o segunda enseñanza o universitario. Además, quiero
recordar que la utilización extralectiva de instalaciones deportivas en
centros escolares era un compromiso firmado por todos y cada uno de los
ayuntamientos en cuyos centros educativos se han construido instalaciones
deportivas, compromiso que a pesar de haberse puesto en marcha y firmado
en 1990 hoy todavía no se ha puesto en práctica, sino que es un propósito
con vistas al curso recientemente comenzado.

Quiero significar, dentro de un espíritu constructivo y del diálogo en
pro del deporte, que, con independencia de



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la modificación o actualización de la Ley del Deporte en algunos
aspectos, proposición que nuestro Grupo Parlamentario va a presentar
próximamente, en política legislativa hay algo muy importante, cual es el
desarrollo de esa Ley del Deporte. Hay que recordar que no hay que
realizar ahora un estudio de módulos de instalaciones deportivas, sino
que es obligación legal desde hace cuatro años señalar reglamentariamente
las condiciones que tienen que cumplir todos los centros educativos en
instalaciones deportivas --artículo 3.3 de la Ley del Deporte--. Hay que
recordar que, según el artículo 3.5, es obligación legal el establecer
reglamentariamente la coordinación entre la Administración central, las
administraciones autonómicas y la universidad, con su autonomía, en
cuanto al deporte universitario; no hay que recurrir a un decreto muy
anterior a la Ley del Deporte, sino actualizar esto según las
circunstancias.

En este momento, con la ley de fundaciones --que esperemos sea
definitivamente aprobada-- y de incentivos fiscales a la iniciativa
privada, hay que establecer reglamentariamente --también es una
obligación de ese Ministerio, del Gobierno-- las condiciones para que los
clubes deportivos puedan ser declarados entidades de utilidad pública y,
por tanto, acogerse a los beneficios de dichas entidades y de la ley de
fundaciones y mecenazgo. Hay que recordar que el fomento del deporte de
alto nivel --que era su objetivo-- está esperando nada más y nada menos
que el desarrollo del artículo 6.º y de los artículos 50 a 53, en los que
se define la posibilidad y cómo es la incorporación al sistema educativo
y su plena integración social y profesional. A este decreto sobre
deportistas de alto nivel esperamos poder aportar ideas constructivas.

Se están olvidando de algo muy importante, como es la definición del
deporte y del deportista profesional, porque la competencia del Consejo
Superior de Deportes es la calificación de competiciones oficiales del
deporte profesional. Tienen ustedes que asumir el reto de decir qué
deportes son profesionales en este momento. Ya están declarados así por
federaciones internacionales y afecta nada menos que a algo tan
complicado como poner en marcha sociedades anónimas deportivas en el
mundo del balonmano y en otros deportes. Espero que los presupuestos del
año que viene no coincidan con un nuevo sacrificio de las inversiones del
Ministerio de Educación y Ciencia en materia de instalaciones deportivas.

Sugiero que con la ley de fundaciones puesta en práctica se muevan el
Ministerio y el Consejo Superior de Deportes para obtener ingresos
complementarios desde el mundo empresarial y de las personas físicas.

Sugiero también que haya una mayor agilidad administrativa (que ayer
preguntaba al señor Ministro) en cuanto a que las federaciones deben
tener control, pero deben tener las mismas posibilidades y la misma
agilidad, en cuanto a sus inversiones, no menos que las que tiene el
Consejo Superior y su Ministerio con la ley presupuestaria, con las leyes
de presupuestos de cada uno de los años.

No quiero olvidar que hay un Reglamento de policía y espectáculos
públicos que hay que actualizar, así como el de instalaciones deportivas.

Precisamente hace unos días ha tenido lugar una sonada y condecorada
inauguración de un estadio, el Estadio Olímpico de Canillejas, que
lamentablemente está incumpliendo los artículos 70 a 72, en cuanto a
barreras, que es obligación legal desde el año 1990.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor
Nieto.




El señor NIETO GONZALEZ: Señor Ministro, en primer lugar, quisiera
agradecer su comparecencia y la exposición que ha hecho esta mañana, que
ha sido, desde mi punto de vista, una exposición clara, detallada,
comprometida en algunos aspectos y que viene a ser la profundización de
la comparecencia que se produjo en esta misma Comisión hace un año, el 28
de septiembre del pasado año, en la que se diseñaba la política educativa
para la legislatura. Por tanto, desde el Grupo Socialista entendemos que,
en esta ocasión, se ha profundizado en aquel diseño que se hizo de
política educativa para la legislatura y no procedía elaborar una nueva
alternativa, lo cual hubiera sido una contradicción poco explicable.

El eje conductor del discurso que ha hecho el Ministro de Educación, el
de ahora y el de hace un año, que compartimos además plenamente, es el de
proponer la aplicación para los próximos años de una política educativa
con un objetivo muy claro, cual es la mejora de la calidad de la
educación en el conjunto de nuestro sistema educativo, referido tanto al
ámbito de la enseñanza no universitaria como al de la enseñanza
universitaria. Para ello el Ministro hoy, como hace un año, ha hecho una
serie de propuestas con las que coincidimos plenamente desde el Grupo
Parlamentario Socialista, a través de las cuales se pretende cubrir este
objetivo de mejora de la calidad de la enseñanza del conjunto del sistema
educativo, que agruparé en tres bloques. En primer lugar, llevar a cabo
la reforma educativa sin pausa pero sin prisa --como el Ministro decía y
como desde el Grupo pensamos que debe hacerse-- y con los medios
adecuados; en segundo lugar, con la aplicación de una serie de medidas
concretas para mejorar la calidad de la enseñanza, y en tercer lugar, con
la continuación de una serie de medidas de educación compensatoria que
sirvan no solamente como elemento de igualación social, sino que se
apliquen como elemento de mejora de la calidad de la enseñanza. (La
señora Vicepresidenta ocupa la presidencia.) Por tanto, tenemos que estar
de acuerdo con las prioridades que el Ministro ha marcado en su
exposición para llevar a cabo la reforma educativa. Son prioridades que
en la educación infantil consideramos que tienen que seguir siendo la
plena escolarización de los niños de tres, cuatro y cinco años, objetivo
que está plenamente cumplido en los cuatro y cinco años, y en el que,
desde luego, hay que seguir trabajando para que se logre en la edad de
tres años, teniendo siempre en cuenta que, en este período, esta
enseñanza no es obligatoria y, por tanto, ha de entenderse la plena
escolarización como aquella que significa escolarizar a aquel que lo
demanda, no a toda la población infantil de tres, cuatro y cinco años,
sino a toda aquella población infantil que en estas edades demanda
escolarización.




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Coincidimos también y nos parece adecuada la prioridad que en la
exposición del Ministro se marcaba para la puesta en marcha de la
educación primaria --que está ya prácticamente terminada; queda el
presente curso y el próximo--, cual es que existan profesores
especialistas en todos los centros.

Respecto al bachillerato, nos parece que a la prioridad marcada de la
anticipación voluntaria de la reforma educativa en los centros públicos
--muy avanzada, prácticamente generalizada--, debe añadirse la
incorporación de los centros concertados. Creemos, por tanto, que en esta
línea debe seguirse, y que el Gobierno, el Ministerio de Educación en
este caso, contará con el pleno apoyo del Grupo Parlamentario Socialista.

En lo que se refiere a la formación profesional, se ha señalado que es la
prioridad número uno para el Gobierno y, desde luego, también lo es para
nosotros. Consideramos que todo lo que signifique aceleración en la
implantación de la formación profesional será positivo para el conjunto
del sistema escolar español, y no solamente para el sistema escolar sino
también para el conjunto de la sociedad y para el conjunto del sistema
productivo. El Ministro ha señalado una serie de políticas concretas que
se van a aplicar para que sea realidad, en el menor tiempo posible, la
puesta en marcha de la nueva formación profesional. Se ha referido a que
se va a prestar una especial atención y se van a dedicar los mayores
recursos a la formación de profesores, al acondicionamiento de los
centros escolares y a la generalización de las prácticas en las empresas.

Tenemos que coincidir plenamente con este planteamiento, especialmente
con el último. Creemos que para que tenga éxito la nueva formación
profesional es necesario, es imprescindible que la práctica en las
empresas se generalice y se haga en las mejores condiciones posibles.

Respecto a las medidas concretas que se proponen para aplicar también en
los centros escolares, con el objetivo de mejorar la calidad de la
enseñanza, creemos que son las adecuadas puesto que se refieren al
profesorado, que siempre será pieza clave en la aplicación de cualquier
reforma, en la mejora de la calidad de enseñanza en cualquier sistema
escolar. En ese sentido creemos que lo que signifique mejorar su
formación pedagógica, tanto la inicial como la permanente, lo que
signifique la mejora de su situación profesional, siempre será un
elemento que ayudará de forma eficaz a la mejora de cualquier sistema
educativo.

Lo mismo se puede decir en lo referente a las medidas que se propone
trasladar a los centros escolares, tanto la potenciación de los órganos
de gobierno, sean colegiados o unipersonales, como, y de forma especial,
la potenciación de la dirección de los centros. Hace un año yo decía que
nosotros éramos partidarios de la modificación de la situación de los
directores de los centros escolares, que habría que poner en marcha una
serie de medidas que potenciasen la figura de los equipos directivos,
pero conjugando una ecuación que no siempre es fácil, que casi siempre es
difícil pero que habría que intentar, cual es la de combinar la eficacia
con la mayor participación de la comunidad escolar en la designación de
los cargos directivos, de tal forma que al final tuviésemos cargos
directivos que hubiesen sido elegidos por la comunidad escolar, y al
mismo tiempo llevasen a cabo una labor eficaz. Eficacia, por tanto, y
participación es una ecuación que pensamos que debe combinarse en lo que
se refiere a la modificación de la dirección de los centros escolares.

Tenemos que coincidir también con la propuesta que ha hecho el Ministro
en lo que se refiere a la apertura de los centros en períodos no lectivos
y asimismo en la propuesta que hace en relación con la inspección.

Consideramos fundamental que la labor inspectora tenga estabilidad. Desde
nuestro punto de vista, es una pieza clave para el buen funcionamiento
del sistema escolar que se lleve a cabo una función inspectora, por parte
de los funcionarios que la lleven a efecto, en condiciones de
estabilidad, para que sea lo más eficaz posible.

En cuanto a la educación compensatoria, coincido con lo que decía el
Ministro en lo relativo a las medidas que deben llevarse a cabo para
mejorar el sistema de becas, que en estos momentos es un sistema amplio,
que ha crecido tremendamente y que cubre a una gran parte de la población
escolar que necesita una ayuda para seguir estudiando, si bien todavía
hay que efectuar algunos ajustes para que el sistema funcione mejor, y
desde luego el anuncio de un programa nacional de becas que hacía el
Ministro, a través del cual, entre otras cosas, se mejore el control del
fraude, se mejore la gestión de las becas, pensamos que es muy positivo.

Respecto a la educación universitaria, como decía al principio, el Grupo
Parlamentario Socialista piensa que la mejora de la calidad de la
enseñanza debe ser el gran objetivo a conseguir por parte del Ministerio,
no sólo en la enseñanza no universitaria sino también en la
universitaria. Pensamos que la calidad de la enseñanza en la universidad
debe lograrse en un doble sentido: calidad en la docencia y calidad en la
investigación. Por ello, tenemos que estar de acuerdo con la propuesta o
sugerencia que hacía el Ministro relativa a una serie de instrumentos que
posibiliten la mejora de esta calidad docente e investigadora. Ni que
decir tiene que uno de ellos tiene que ser la futura ley (proyecto en
estos momentos) de actualización de la LRU, que es una ley que va a
modificar profundamente el título referente al profesorado de la LRU, que
se encuentra en fase de discusión en esta Cámara, y que con el diálogo
que ha habido, sigue habiendo y deberá continuar en el futuro debemos
sacar un texto legal que contribuya a la mejora de la calidad docente e
investigadora en nuestra universidad. Este es un instrumento al que se
añadían algunos más, entre los cuales me parece de especial importancia
el plan de financiación de la Universidad española, comprometido en la
exposición del Ministro, y también la financiación selectiva que deba
hacerse, según la calidad docente e investigadora, a las diversas
universidades. Es decir, hay que ir pensando en una financiación no
igualitaria para todas las universidades. La financiación deberá ser
adecuada y suficiente para el conjunto del sistema universitario español,
pero habrá que ir pensando en una financiación selectiva en la que se
tenga en cuenta la calidad de la docencia y la investigación que se lleva
a cabo en cada una de las universidades que conforman el sistema
universitario español.




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En otro orden de cosas, y para ir terminando, señora Presidenta,
compartimos los planteamientos que ha hecho el Ministro en su exposición
en lo relativo al proceso de transferencias educativas a las comunidades
autónomas que aún no las tienen. Compartimos los criterios del Ministerio
en el ritmo de transferencias; ritmo que evidentemente debe ser distinto
en lo que se refiere a las transferencias universitarias, que deben ser
más rápidas, y el ritmo que debe ser más tranquilo, que debe ser
acompasado a la aplicación de la reforma educativa, en el resto de las
enseñanzas. Por otro lado, pensamos que el procedimiento que se está
siguiendo para llevar a cabo estas transferencias, desde nuestro punto de
vista, es un procedimiento adecuado. La firma de convenios entre el
Ministerio de Educación y las comunidades autónomas para iniciar este
proceso de transferencias nos parece que está funcionando de forma
adecuada en el momento actual.

En lo que se refiere a la política de investigación, la coordinación
citada constantemente por el Ministro nos parece una política clave,
importante, para potenciar la investigación en nuestro país. Coordinar
las actuaciones en I+D con las empresas, coordinar las actuaciones de I+D
con las comunidades autónomas, coordinar las actuaciones de I+D con la
Unión Europea es un camino que, desde luego, ya se viene practicando por
la Administración, por el Gobierno español, por el Ministerio de
Educación, y pensamos que hay que continuar por esa línea, profundizando
en él. Y estamos plenamente de acuerdo --cito casi textualmente porque he
tomado nota cuando el Ministro lo estaba planteando-- en que se debe
fomentar la investigación en aquellas áreas científicas que puedan servir
de apoyo a las políticas sectoriales del Gobierno en ámbitos de especial
interés social, como el medio ambiente, la salud, las comunicaciones,
etcétera. Si a esto le añadimos más recursos para la investigación, que
se añadieron, dentro de las limitaciones presupuestarias, en el
presupuesto de este ejercicio de 1994, y que previsiblemente se añadirán
también en el próximo presupuesto para el año 1995, creemos que en la
política de investigación con estas líneas de actuación se producirá un
impulso importante.

Refiriéndome al deporte, la verdad es que los resultados deportivos que
hemos tenido en los últimos tiempos avalan, desde el punto de vista del
Grupo Parlamentario Socialista, la política deportiva que se ha venido
llevando a cabo. Desde luego, los éxitos deportivos que se han obtenido
serían inexplicables sin una política deportiva de base seria y sin una
política no de base, sino dirigida a la élite deportiva, a la política de
la competición deportiva que ha posibilitado unos resultados, insisto,
como nunca se habían obtenido en nuestro país y, como digo, algo habrá
tenido que ver esa política deportiva trabajando el deporte de base y
ayudando también al deporte de competición. En esa línea queremos decir
al Ministro que debe seguir impulsando la educación física y el deporte
en la escuela, y que debe seguir apoyando al deporte de competición y de
alto rendimiento.

Finalmente, permítame, señora Presidenta, que haga una brevísima
referencia a la gestión que comprometió en esta Comisión, hace un año, el
Ministro, que ha sido desde mi punto de vista, si tuviéramos que poner
nota (me gustaría más que estuviéramos en junio para ponerla
evidentemente), si en esta ocasión tuviésemos que poner nota, desde el
Grupo Socialista pondríamos una buena nota en cuanto al cumplimiento de
los compromisos que el Ministro realizó en esta Comisión hace un año con
unas propuestas muy concretas, unas medidas muy concretas, que perseguían
todas ellas el gran objetivo que era mejorar la calidad de la enseñanza,
mejorar la calidad de nuestros sistema escolar. Creemos que esos
compromisos de medidas concretas de gestión se han ido poniendo en
marcha, se han ido cumpliendo, así como también el compromiso de estar
abierto al diálogo con la comunidad escolar, con los grupos
parlamentarios, con las comunidades autónomas, con todos los sectores
afectados que tienen algún interés en el mundo educativo. Nosotros
creemos que ese diálogo se ha producido, con más intensidad en unos casos
y con menos intensidad en otros, pero desde luego creemos que ha sido una
de las características de la acción del Gobierno en esta área de
educación en el último año, desde la comparecencia que se produjo hace un
año hasta el momento actual. Bien es verdad que el diálogo es cosa de
dos, y el diálogo no siempre es posible con toda la fluidez que se
quisiera. El diálogo es más fácil en unos casos que en otros, porque
--insisto-- el diálogo es cosa de dos; el monólogo es más fácil, porque
habla uno consigo mismo y se soluciona el problema. En ese sentido --y
con esto termino--, haciendo una especie de valoración de la gestión de
este último año, desde el Grupo Socialista creemos que debemos valorarla
con una buena nota, tanto en lo referente a los compromisos que se
adquirieron como al talante de diálogo para llevar a cabo las diversas
políticas que se han impulsado a lo largo del último año.




La señora VICEPRESIDENTA (Rodríguez Ortega): Para responder a las
distintas intervenciones de los portavoces de los grupos parlamentarios,
tiene la palabra el señor Ministro de Educación y Ciencia.




El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra): Señora
Presidenta, voy a tratar de responder al conjunto de cuestiones muy
numeroso, unas generales y otras concretas, que SS. SS. me han ido
planteando en sus intervenciones. Agradezco especialmente la atención con
que han seguido una exposición tan amplia como la que he hecho,
consciente de que las políticas del Departamento así lo exigían cuando lo
que se trataba era de anunciar proyectos con compromisos futuros de
cumplimiento.

El señor González de Txabarri plantea una cuestión de carácter general y
una serie de cuestiones concretas. La primera de carácter general que
plantea se refiere, si yo he entendido bien, al peso que ha adquirido la
referencia a comunidades autónomas, administraciones autonómicas, en el
conjunto de mi intervención. No sé si se ha dado la impresión de que ese
peso era reducido. Sí tengo que decir que la referencia a las comunidades
autónomas, desde diversas perspectivas, probablemente ha aparecido en
todos y cada uno de los ámbitos en los que he distribuido mi



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intervención. Incluso he hecho un apartado específico --porque me parece
una de las políticas sustanciales del Ministerio de Educación y Ciencia,
en este momento en lo que afecta a su contribución a la vertebración del
Estado español--, dedicado a transferencias, aunque bien es verdad que se
refiere solamente a diez de las diecisiete comunidades autónomas que aún
no tienen competencia plena en materia educativa.

En cualquier caso, quiero salir al paso de la impresión que pudiera haber
causado al señor González de Txabarri mi intervención en un doble
sentido. Por un lado, explicando el planteamiento de las transferencias a
las comunidades del 143 y, por otro, poniendo de manifiesto un sistema de
actuación que viene siendo norma del Departamento, no sólo desde hace un
año pero también desde hace un año, en lo que se refiere a la relación
con el conjunto de las demás administraciones educativas.

Por lo que se refiere a lo primero y, en dos palabras --probablemente en
alguna ocasión ya he tenido la oportunidad de exponerlo ante esta
Comisión, aunque quizá no aisladamente, luego también tendré ocasión de
referirme al caso--, el proceso de transferencias lo hemos acometido
desde el Departamento en dos fases. La primera fase afecta a la enseñanza
superior. La enseñanza superior no está transferida en diez de nuestras
comunidades autónomas y hemos asumido el compromiso de emplear el curso
que ahora comienza en el perfeccionamiento del traspaso de las
competencias. Por consiguiente, espero que todas las comunidades
autónomas puedan tener competencia en materia de enseñanza superior a lo
largo del año 1995. Si fuera posible, en relación con alguna comunidad
autónoma y con alguna universidad, hacerlo en el año 1994, así se haría.

¿Qué estamos haciendo para eso? Ha habido reuniones, por mi parte, con
los representantes de todas las comunidades autónomas que han dado paso a
una reunión de carácter general de transferencias y a reuniones
sectoriales que se vienen celebrando repetidamente y con una cierta
frecuencia con cada una de las diferentes comunidades autónomas, entre
otras cosas para que dificultades que pudiéramos encontrar en algún
proceso de transferencias, no afectaran al proceso de transferencias de
carácter general. De ahí que las reuniones sean bilaterales en esa
segunda fase del proceso. Las reuniones van bien, se está trabajando en
la determinación de los medios materiales y personales que deban
transferirse, se plantea un problema --luego insistiré en la cuestión--
en relación a si la transferencia debe conllevar el saneamiento
financiero y presupuestario de las universidades, cosa que técnicamente
no es posible --aunque lo fuera por otras razones--, y espero que el
proceso siga los trámites que tiene que seguir cualquier proceso de
transferencias para que, como digo, en el año 1995 esas competencias
estén transferidas.

Por lo que se refiere al proceso de transferencias de los niveles
educativos anteriores a la universidad, el pacto autonómico y la ley que
ordena la transferencia de las competencias permite que se emplee todo el
tiempo del calendario de la puesta en marcha de la reforma que, como
ustedes saben, acaba en el año 2000. Mi planteamiento consiste en
comenzar el proceso de transferencias a partir del año 1996, y ello,
entre otras razones, por dos que me parecen muy atendibles. Primero,
porque en el curso 1996 comienza la educación secundaria obligatoria, y
creo que es bueno que cuando se acometa el comienzo del proceso de
transferencias en los niveles anteriores a la universidad ya esté en
marcha esa última fase de implantación de la reforma educativa; y,
segundo, porque eso permite emplear los tres años que he comprometido en
poner en marcha el programa de formación profesional, que me parece, como
tuve ocasión, esto sí, en una comparecencia específica, de explicar a SS.

SS., una razón muy importante.

¿Qué hemos hecho para ordenar este tiempo que va desde ahora hasta 1996?
Hemos firmado un convenio, el Ministro de Educación y Ciencia y cada uno
de los presidentes de esas diez comunidades autónomas, para permitir la
planificación del sistema educativo en los tres años en que el proceso de
transferencias va a estar preparándose, pero todavía no comenzará a
perfeccionarse.

Por lo que se refiere al trabajo de coordinación entre todas las
administraciones educativas, es decir, el aprecio que el Ministerio de
Educación y Ciencia, el Gobierno Central, Administración Central, sienten
por el trabajo coordinado con el conjunto de las comunidades autónomas,
voy a citar sólo dos ejemplos, a los que creo que me he referido en mi
comparecencia, que ponen de manifiesto el peso de esa colaboración. Pero
antes quisiera decir a S. S. que se reúne con absoluta normalidad, con
bastante frecuencia, la Conferencia de Consejeros, que está presidida por
el Ministro de Educación y Ciencia, adoptando resoluciones en la mayor
parte de los supuestos de carácter unánime. Esto pone de manifiesto que
desde la perspectiva del ejercicio de las competencias de ordenación
general del sistema educativo que tiene atribuido el Gobierno de la
nación no hay problemas especiales.

Los dos ejemplos a los que quería referirme sobre esta colaboración son
los siguientes: primero, la intervención en la preparación de todo lo que
se refiere a la determinación de los estudios de la formación profesional
por parte de las comunidades autónomas; en todas las titulaciones que se
han aprobado --que están en estos momentos en un número cercano a las 70,
creo que en Consejo de Ministros de mañana mismo puede ir alguna de estas
titulaciones-- hay una intervención sustancial para la definición de los
perfiles de los estudios de formación profesional en sus diferentes
grados de todas las administraciones educativas consideradas en el mismo
nivel.

Segundo ejemplo, y a esto sí que, con seguridad, he aludido en mi
intervención. Uno de los elementos sustanciales --y probablemente los
elementos sustanciales podrían reducirse a no más de tres o cuatro-- de
la tercera fase de preparación del Plan Nacional de I+D será el de
colaboración en proyectos integrados con las comunidades autónomas. No es
posible desperdiciar recursos por una mala coordinación entre las
administraciones educativas, de lo que todas las administraciones
educativas seríamos culpables, en una materia tan importante y que exige
tantos recursos como es la materia de la financiación.

Tendría que agradecer a S. S. (me muevo todavía en el terreno de lo
general) el que hiciera referencia a la



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actuación en la última Conferencia de Ministros en el tratamiento del
programa «Lingua». Su señoría se refería a una pretensión del Gobierno, a
través del Ministro de Educación y Ciencia, que forma parte de esa
Conferencia de Ministros de Educación, de incluir en el programa europeo
de estudio de lenguas extranjeras --muy importante-- las lenguas
cooficiales españolas. Su señoría seguramente sabe que estuvo a punto de
conseguirse. El hecho de que esta realidad exista en otros países
--aunque, en mi opinión, no con tanta fuerza como en el caso de nuestro
ordenamiento constitucional-- impidió finalmente que la resolución fuera
adoptada por la Conferencia. Hubo un planteamiento formal por parte del
Gobierno de España y ahora la cuestión pasará a debatirse en el
Parlamento Europeo, espero que en fechas próximas, sobre lo cual habrá
que tomar postura.

Paso a las cuestiones concretas que S. S. me preguntaba. Para la puesta
en práctica de determinadas medidas en materia de dirección de centros,
de organización de los centros, ¿será necesario revisar la LODE? Será
necesario hacer alguna reforma legal que no toque los planteamientos
participativos, que son, desde mi perspectiva --creo también que desde la
de S. S.--, uno de los logros fundamentales de aquella Ley Orgánica
reguladora del Derecho a la Educación. De ahí que la idea sea no sólo la
ampliación --ya veremos en qué términos, como luego aludiré-- del mandato
del director de los centros, que parece que es una exigencia de
eficiencia sentida por toda la comunidad educativa, sino también la
ampliación del mandato y una distribución correcta de competencias en
relación con el Consejo escolar de los centros. Sin tocar, por
consiguiente, la profundización y la idea de participación de todos los
miembros de la comunidad educativa en la dirección de los centros, que es
una de las aportaciones importantes de la LODE, será necesario hacer, en
esta como en otras cuestiones --quizá en el tema de la inspección--,
alguna reforma de carácter legal. Espero poder traerla a esta Cámara con
una cierta brevedad. Es difícil asumir, en cuestiones como ésta,
compromisos ligados al muy corto plazo; en cualquier caso, a lo largo del
curso sí que presentaré ante SS. SS. este proyecto.

Sí que es necesario trabajar en la financiación de los centros
concertados para mejorar la enseñanza. Esto tiene diversas aplicaciones,
a alguna de ellas se ha referido S. S., pero, además de esto, ya hay un
ejemplo de que se está comenzando a trabajar en este curso. Precisamente
porque no se quiso sujetar la anticipación de la reforma educativa
solamente a los centros públicos --me estoy refiriendo a la secundaria y
al bachillerato--, para el curso que ahora está comenzando hemos
incorporado, previa una convocatoria --lo que, por consiguiente, conlleva
un conjunto de recursos que se aplican en vía de concierto--, más de un
centenar de centros educativos privados. Por consiguiente, la idea es
trabajar en la implantación en los centros públicos de todas las mejoras
que la propia reforma educativa conlleva, pero también en los centros
privados, a medida que se vaya pudiendo dedicar recursos.

Lo mismo habría que decir en relación con la educación especial. Por
supuesto que un programa de integración adecuado, donde de lo que se
trata es de enseñar a alumnos que tienen algún tipo de minusvalía en el
conjunto de los alumnos de la educación normalizada, ha de extenderse
también a la enseñanza concertada. Este es uno de los planteamientos en
los que vamos a trabajar a lo largo del próximo curso, preparando el
curso siguiente, y, por si no he aludido a ello, ahora lo reafirmo.

En materia de retribuciones del profesorado de los centros concertados,
antes de pasar a otra cuestión, S. S. conoce --con esto contesto también
a la misma referencia que me hacía alguno de los otros portavoces-- las
dificultades existentes. Son dificultades de orden técnico, también hay
dificultades de orden financiero. Lo que no hay son dificultades de orden
ideológico como en alguna ocasión pudiera haberse apuntado. Recuerdo, no
obstante, a SS. SS. que en este supuesto hay también algunos
pronunciamientos de los tribunales de justicia que avalan la actuación
del Ministerio en relación con este profesorado de los centros
concertados.

Habrá medidas para aumentar la autonomía de los centros, están
comprometidas en el debate que se abrió en el primero de enero de este
año y alguna de ellas está puesta en práctica para este curso: mayor
posibilidad de gestión de ciertos recursos por parte del propio centro.

El reforzamiento de los órganos unipersonales y de los órganos colegiados
tiene que ver justamente también con las medidas en relación con la
autonomía de los centros.

Su señoría se ha referido a un problema que plantea la definición de los
títulos de formación profesional, en cuya definición, como decía,
intervienen todos los agentes sociales y las administraciones
correspondientes. Es difícil, cuando no tenemos una cultura muy
desarrollada en España de la formación profesional y cuando la formación
profesional ha venido funcionando hasta ahora con el régimen de la Ley de
1970, de la manera como ha venido funcionando, trazar las líneas que
diferencien los perfiles de los estudios de formación profesional en
determinados grados educativos con los perfiles de determinados grados
educativos de los estudios universitarios. Por eso hay problemas en
relación con la definición de determinados títulos de carácter técnico o
por eso hay problemas, ahora, en relación con la definición de
determinados títulos que afectan a profesionales sanitarios.

No se trata aquí --y quisiera decirlo muy claro, señoría-- de rebajar el
nivel de preparación de nuestros titulados universitarios, ni tampoco de
solapar las titulaciones de la formación profesional con las titulaciones
universitarias de grado medio; en absoluto. Se trata de responder a lo
que los agentes sociales entienden que son necesidades de la sociedad con
la definición de determinadas profesiones que no exigen un nivel de
preparación universitaria, con lo cual no estamos sino siguiendo
planteamientos que existen en países, como Alemania, que tienen una
formación profesional muy desarrollada.

Yo quisiera decir aquí a SS. SS. lo siguiente. Cuando se produce un
conflicto de este tipo siempre hay solución. (Ahora se está hablando con
los colectivos implicados y que representan a algunos de los
profesionales a los que antes me refería.) Siempre hay solución. Las
titulaciones



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de formación profesional no pueden definir atribuciones profesionales.

Las atribuciones profesionales se definen por medio de una ley. Es
necesario, por supuesto, trabajar en algunas zonas grises que la
coexistencia de diferentes sistemas educativos --uno universitario y otro
no universitario-- pueden plantear.

Estoy de acuerdo, señoría, y lo he dicho --y tendremos ocasión de
insistir en la cuestión cuando se vaya tramitando la LRU--, en que hay
que regular otros aspectos. Sabe S. S. que el Consejo de Universidades
trabaja desde hace bastante tiempo en la idea. Lo que sí creo es que eso
no obsta para que ahora se regule la materia relativa al Título V del
Profesorado.

Gracias, señoría, por sus referencias en materia de deporte. Avanzaremos
en las líneas prioritarias a las que me he referido en mi intervención, y
en otras, por supuesto, pero en concreto vamos a trabajar en la temática
de los centros de alto rendimiento en la medida en que dispongamos de
recursos presupuestarios.

Por supuesto, creo que este departamento tiene mucho que decir en materia
de defensa de las minorías, en defensa de los intereses de los marginados
y en defensa de la tolerancia y de la solidaridad. Por parte de todo el
departamento se dedicarán esfuerzos muy importantes para trabajar en esa
línea.

No puedo decir a S. S. en este momento cómo está la cuestión relativa al
Impuesto de Bienes Inmuebles, que quedó solucionada para el futuro a
partir del Presupuesto del vigente año, pero de inmediato podré dar a S.

S. esa información a través de la Presidencia de la Comisión.

Me congratulo de que el señor portavoz de Izquierda Unida me vaya a
apoyar en todo este trabajo a lo largo de toda la legislatura sobre la
base de la coincidencia de nuestros programas máximos. Es evidente,
señoría, que todo esto tiene un condicionamiento financiero muy
importante en todas las políticas a las que me he referido. Yo estoy
seguro, señoría, de que podremos disponer de los recursos adecuados para
asumir el conjunto de los compromisos que he asumido en un terreno
concreto de las políticas generales a lo largo de mi comparecencia. En
cualquier caso, aplacemos la cuestión, como S. S. decía, al debate que va
a comenzar a producirse muy pronto en esta Cámara con motivo del
Presupuesto.

No es que no me preocupe, señoría, el primer ciclo de la educación
infantil, de los cero a los tres años. Creo que en esto hay que
establecer prioridades. Por eso hemos comenzado a trabajar con los cinco
años y luego con los cuatro, donde ya hemos conseguido una escolarización
prácticamente al cien por cien. Mi compromiso ahora, puesto que ya hemos
trabajado en serio durante este curso en la escolarización de la
población infantil de los tres años, es trabajar justamente en ese
ámbito, para conseguir el mayor grado de escolarización posible en los
próximos dos años y, desde luego, en el plazo de esta legislatura. Creo
que en este momento estamos situados en el 63 por ciento de la
escolarización. El esfuerzo habrá de ser enorme, pero asumo el compromiso
de la escolarización de los tres años en el mayor grado posible, sin que
ello implique que no deban dedicarse recursos y trabajos a la
escolarización del primer ciclo de la educación infantil, a lo que iremos
pasando a medida que vayamos teniendo posibilidades.

Este año implantamos el quinto curso de primaria. El debate que S. S.

planteaba, si así pudiera decirse, en relación a que sólo implantamos el
quinto curso de primaria y no el quinto y el sexto, se sustanció cuando
en el mes de diciembre pasado revisamos el calendario de aplicación de la
reforma educativa. Yo decía que la revisión del calendario se justificaba
en términos de mayor calidad de la enseñanza, para que ésta no sufriera,
pero tampoco hurté la idea de que existían problemas financieros que
aconsejaban hacer esa adaptación. Ahora ponemos en marcha el quinto curso
de la educación primaria y asumo el compromiso, ante SS. SS., de que el
calendario no se revisará y se respetarán, por consiguiente, las fechas
del final de la década, que son fechas, estas últimas, por cierto, como
S. S. conoce, que no se alteraron con el nuevo calendario, aunque sí la
distribución interna del esfuerzo presupuestario.

Es verdad que hay que reforzar las plantillas del profesorado de
determinadas especialidades. Hay algunas insuficiencias. Hay que dar
prioridad próximamente a las plantillas del profesorado de música, y lo
creo así porque observo que hemos avanzado más en las plantillas del
profesorado de educación física o en las del profesorado de idioma
extranjero.

En términos generales, creo que puede decirse, señoría, que la educación
física está asegurada desde los seis años y que desde los ocho años
--tres años antes, me gusta repetirlo alguna vez, que en el sistema
educativo anterior a la Logse-- está asegurado el estudio de una lengua
extranjera. Hay que trabajar en materia de enseñanzas artísticas y de
profesorado de música que también es una apuesta de nuestro sistema
educativo y donde, existiendo ya un número importante de profesores,
todavía se pueden observar algunas carencias.

Yo, que apuesto por la anticipación de la reforma --luego tendré ocasión
de referirme a la cuestión--, he asumido como un compromiso específico el
que a comienzos del curso próximo, que es el trabajo de este curso, habrá
250 centros más de educación secundaria anticipando la reforma educativa.

Se sumarán a los 458 centros que este curso anticipan la reforma
educativa y con ello estaremos en una anticipación situada en el 70 por
ciento de los centros públicos de enseñanza, además del esfuerzo que,
como antes decía, podamos hacer en materia de centros privados. Este
compromiso, que me parece muy importante y que responsablemente asumo, lo
considero suficiente. Es verdad que ese compromiso hay que asumirlo con
la asunción del compromiso de dotar de orientadores a los centros que
anticipan y que hay que asumirlo con la necesidad de acometer obras en
determinados centros. Creo que el esfuerzo que hemos hecho hasta ahora es
de diseño de la reforma educativa. Vamos a comenzar en el año 1996 la
nueva etapa de la secundaria, lo que será un reto muy importante. En este
momento, la gran función de la gestión ministerial es precisamente el
atender a la práctica diaria de las enseñanzas en los centros. Por eso me
gusta decir algunas veces que hay que pasar a pintar los centros una vez
que ya tenemos definidos los currículos de la enseñanza.




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Red de centros de educación secundaria. Creo que me he referido a ello en
mi intervención. En cualquier caso, señoría, la red de centros de
educación secundaria será pública a lo largo del presente curso; me
gustaría decir que en el primer trimestre del año que viene. Apostaría
porque esto fuera posible, pero la cuestión no es fácil por cuanto que es
necesario concertar las voluntades de las diferentes administraciones
que, aunque no tengan competencia todavía, tienen, evidentemente, mucho
que decir en la definición de una red de centros cuya competencia van a
recibir a partir de 1996.

Esas filtraciones a las que S. S. se refería son trabajos que se vienen
haciendo en diferentes órganos del departamento desde hace mucho tiempo y
que, precisamente por tratarse de elementos no consolidados, no hemos
querido nunca definir y hacerlos públicos, como el mapa de las enseñanzas
de la secundaria. El compromiso, por consiguiente, señoría, consiste en
publicar el mapa educativo a lo largo del curso próximo.

Me referiré luego, puesto que S. S. sólo ha hecho un comentario, a la
asignatura de religión. En cualquier caso, señoría, no entra en las
previsiones del Gobierno la denuncia del Acuerdo concordatario de 1979.

Es verdad que hay determinadas lagunas en mi intervención, que están
motivadas exclusivamente por la necesidad de síntesis. No he querido
agotar más a SS. SS., que han tenido la paciencia de atender mi
intervención; por eso, entre otras cosas, no me he referido a cuestiones
que sé que preocupan a S. S., porque me lo ha dicho más de una vez, pero
que sabe que también preocupan a este Ministerio, como es el caso de los
centros de adultos. Creo que no queda más remedio --y en esto diferimos,
aunque quizá no tanto-- que equilibrar la educación de adultos presencial
con la no presencial, pero, en cualquier caso, me parece que las
posibilidades que ofrece la enseñanza a distancia hay que aprovecharlas
en este como en cualesquiera otros ámbitos de la educación y en todas las
etapas educativas. Además, creo que esto constituye una apuesta de futuro
importante del sistema educativo en países en los que como el nuestro ya
están muy incorporados a los países de nuestro entorno.

Con la respuesta que le he dado al señor González de Txabarri queda claro
cuáles son los planes de transferencia de los niveles anteriores a la
universidad. Señorías, estaría muy honrado de que esta Comisión me
convocara para hablar del proceso de transferencias. Si les parece a SS.

SS. esperaremos a que avance un poco el trabajo de las comisiones
técnicas --en el caso de las enseñanzas universitarias-- y de las
comisiones mixtas de planificación --en el caso de la enseñanza anterior
a la universidad-- para comparecer ante esta Comisión con un cierto
bagaje. Las comisiones han comenzado a funcionar en el mes de marzo y
están situadas todavía en un terreno muy técnico y muy árido que a todos
--y a mí el primero-- nos iba a resultar muy difícil. Asumo el compromiso
de solicitar esa comparecencia para hablar de las transferencias en su
momento.

Ya me he referido a la necesidad de combinar el reforzamiento de la
figura del director con el reforzamiento de los cauces participativos. No
me resisto a decir, señorías, que son muy importantes las elecciones a
los consejos escolares que se van a celebrar en noviembre --esto lo digo
en todos los foros en los que puedo--, pero cuando arbitremos algún tipo
de reforma legal para enfrentarnos con esta cuestión tendremos que, por
un lado, reforzar la figura de los órganos unipersonales y, por otro, las
ideas de participación en los órganos colegiados. Sin duda lo haremos
así.

En cuanto a la apertura de los centros, yo creo que es una materia
novedosa; en cualquier caso, no habría podido realizarse de una manera
general hasta el comienzo del presente curso. Creo que es una idea y un
programa de actuación de carácter progresista. Es verdad que el
presupuesto es reducido, pero aseguro a S. S. que el presupuesto permite
financiar los proyectos que los propios centros han presentado y que se
han aprobado por las diferentes instancias de los responsables
educativos, que son los que dan lugar a la inclusión del centro
correspondiente en el programa de apertura en horarios no lectivos.

Dice S. S. que el personal no está definido. No hemos abierto
posibilidades de contratación externa para este programa. Sí hemos
abierto, sin embargo, posibilidades para que el profesorado de los
centros, no sólo los otros miembros de la comunidad escolar, puedan
aplicar algunos de sus recursos horarios al caso. Hay procedimientos que
están diseñados y comunicados a nuestras direcciones provinciales y a los
centros educativos, sobre la base de los cuales se hacen los programas, y
espero mucho de la participación de los voluntarios, que regularemos en
una orden ministerial en un plazo brevísimo. Este es otro compromiso que
asumo en relación con esta cuestión.

Hablaremos del proceso de transferencias universitarias. Yo no creo,
señoría, que se pueda hablar de un proceso oscurantista; es un proceso
que se mueve en los términos técnicos a los que S. S. aludía, es un
proceso que siempre cuesta trabajo ultimar, siempre se detectan
dificultades de financiación, no es un proceso que técnicamente permita
aspectos de saneamiento de la financiación universitaria, pero yo soy
optimista en relación con el resultado.

Finalmente, en relación con las becas, tengo que decir que se han
desarrollado programas muy importantes. Huyo de citar determinadas cifras
a S. S., pero sí quisiera poner de manifiesto el peso que tiene un tipo
de beca o de ayuda al estudio, vamos a decirlo así, en todo el ámbito del
sistema de promoción, y es precisamente el caso de la exención de tasas a
que S. S. se refería. La exención de tasas sí grava el presupuesto del
Ministerio de Educación y Ciencia; el Ministerio de Educación y Ciencia
retribuye las tasas a las universidades que han eximido de dichas tasas a
sus alumnos que ingresan y que tienen derecho. Precisamente una de las
partes más importantes del presupuesto de becas (que también es muy
importante por sí mismo; este año son unos 75.000 millones de pesetas) se
dedica justamente a la retribución de la exención de tasas, aunque en
este momento no sabría decir cuánto. Por tanto, la exención de tasas no
implica menores recursos para la Universidad, que no las percibe del
alumno, pero las percibe del Ministerio de Educación y Ciencia, ni
suponen poco peso,



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antes bien, probablemente sea el peso mayor en nuestro sistema de becas.

Para este Ministro, señoría, el presupuesto es prioridad, como lo es para
SS. SS. y como debe ser, en materia de educación, para todos los
ciudadanos.

El señor Ollero, portavoz del Partido Popular, ha comentado algunas cosas
concretas, otras de carácter general, me ha pedido la asunción de
determinados compromisos, se ha referido a algunas cuestiones y ha
empezado refiriéndose a la razón de esta comparecencia. El hecho de que
comience el curso político, el hecho de que comience un curso político
como el que comienza y, por si fuera poco, el hecho de que comience el
curso académico, me parece que justifica perfectamente que, dentro de las
previsiones de legislatura, todas las cuales mantengo, aunque alguna
modulo, se presente el programa de actuación para el próximo curso, para
los próximos dos años o para el resto de la legislatura, precisamente en
estas fechas. En cualquier caso, quiero decirle, señoría, que nadie me ha
obligado a comparecer aquí y que lo hago muy gustoso, aunque sea a costa
de dar la lata a SS. SS., que tienen que escucharme. He querido hacer una
intervención que no puede ser divertida, pero tampoco he querido que
fuera semejante a otras que haya podido hacer.

Me dice S. S., si bien he entendido, que he pasado más o menos de
puntillas por el caso de las 77 medidas de calidad. Vamos a ver primero
el escenario en el que yo me permito trabajar. En mi primera
comparecencia ante SS. SS. anuncié la puesta en práctica, el diseño de un
programa de calidad, programa de calidad que presenté a los miembros de
la comunidad educativa tres meses más tarde, a finales del mes de enero
del año en que estamos. Hemos hecho un esfuerzo de información muy
importante y me consta que los diferentes sectores que intervienen en la
comunidad educativa: padres, alumnos, profesores, directores de los
centros y órganos de todo tipo, asociaciones, sindicatos, etcétera, han
trabajado durante todos estos meses con lo que en enero ya definí (estoy
casi seguro de que podrá verlo S. S. en el prólogo de la publicación)
como un programa integrado y unitario. Lo que hago ahora, sin perjuicio
de presentar al cabo de muy poco tiempo el conjunto del debate habido en
la comunidad educativa sobre las 77 medidas de calidad, es referirme a
algunas cuestiones en concreto, asumiendo compromisos específicos que
creo S. S. me reconocerá.

Dice usted, si he tomado nota bien, que me he referido sólo a lo que es
dirección, a lo que es apertura --luego iremos a esto-- y a lo que es
inspección. Me he referido también a evaluación; me he referido también a
gobierno de los centros; me he referido también a profesorado y me he
referido también a participación. En cualquier caso, lo que creo que
preocupaba a S. S. es que me refiriera a profesorado y a profesorado me
he referido y, además, con bastante profusión y con algún compromiso
concreto que luego diré. Cuestiones tales como educación especial o
atención a las minorías étnicas, a través sustancialmente de la
cooperación con organizaciones no gubernamentales también estaban, por
supuesto, incluidas en aquellas medidas de calidad.

Su señoría dice que comienza el curso y pinta un panorama bastante negro
del curso universitario que nos espera. Ya lo he dicho otra vez. No dudo
de que quienes hablan con S. S. como dice no opinen bien de la reforma
educativa puesta en marcha; lo que sí espero es que S. S. no haya hablado
con todos los miembros de la comunidad educativa, cosa que ya me
parecería preocupante. Un sistema tan potente como el sistema educativo,
con tanta incidencia social y, que en un nivel u otro, afecta a toda
unidad familiar española que ha recibido una reforma de tanta envergadura
como la que tiene, forzosamente produce algunas tensiones que reconozco a
S. S.

Dice que no hemos enviado profesores de apoyo. Admitiría que me dijera
que faltan profesores de apoyo. Yo le diría: sí, estamos trabajando en la
cuestión. Antes decía que faltan profesores especialistas, en concreto,
profesores de música, pero creo que estas cuestiones no son
generalizables, porque no creo que se pueda decir, sin más, que en el
sistema educativo no mandamos profesores de apoyo. Creo que la expresión
concreta que ha utilizado es que no hemos enviado profesores de apoyo.

Su señoría dice que los concursos de traslado se han retrasado. Sí, pero
sabe el señor Ollero que hemos hecho una ley y que ha habido que hacer un
desarrollo, que todo esto se ha hecho a lo largo de los períodos de
sesiones del curso pasado; y, además, el concurso de traslados está
saliendo bien.

Me he referido ya al caso de las retribuciones de los profesores de la
enseñanza concertada. Finalmente, S. S. dice que los padres huyen de la
anticipación de la reforma. No puedo admitir esa afirmación en los
términos en que usted la realiza. Conozco algunas tensiones del sistema y
conozco comunidades educativas que están encantadas con la incorporación
de sus centros a la reforma, como conozco comunidades educativas que son
capaces de llevar adelante proyectos tan importantes, me parece, incluso
para la calidad de la enseñanza, como los programas de apertura de los
centros.

Como uno de mis vicios es trabajar hasta tarde, ayer recibí un télex
donde S. S. ya utilizaba la idea del Registro Civil. Confieso que no la
entendí hasta que le he oído hablar hoy de la cuestión. Si no lo entiendo
mal ahora, los niños y niñas ingresan en el sistema educativo, les toca,
no hay ningún mérito... Por supuesto, no quiero arrogarme ningún mérito
en la puesta en marcha de la reforma educativa, lo que sí quiero decir a
SS. SS. es que llevo un año escuchando en diferentes ámbitos que la
reforma educativa se paraliza; que no vamos a ser capaces de implantar,
de verdad, el quinto curso de primaria; que el año que viene no seremos
capaces de implantar, en diferentes ámbitos, el segundo curso de la
primaria; que luego paralizaremos la secundaria; que no habrá recursos...

De que sea lo contrario y de que 2.400.000 niños estén en la reforma,
claro que me siento orgulloso, como seguro que también se sienten
orgullosos la mayor parte de los españoles y de las españolas.

Si el problema es que coexistan varios sistemas educativos, como muchas
veces se dice (y, por supuesto, algún problema y muchos quebraderos de
cabeza plantea a los



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responsables del departamento), es evidente que el hecho de poder decir
que hasta el quinto curso de primaria ya hay un sistema educativo que
comporta beneficios, como decía antes, el que la lengua extranjera --sin
ir a ninguna cosa más de tipo técnico-- empiece a estudiarse tres años
antes que con el sistema anterior, me parece que es para estar de
enhorabuena. Por consiguiente, mi satisfacción es la misma que espero
tengan el conjunto de los españoles y de las españolas.

Plantea S. S. el problema de los libros de texto y esto en relación
también con la cuantía de las ayudas que a estas cuestiones se dedican.

En materia de libros de texto sólo quiero decir (creo, señora Presidenta,
que me estoy extendiendo mucho, y voy a procurar ser más sucinto) que al
comienzo del curso se escuchan muchas voces en el sentido del gasto que
comporta dicho comienzo del curso para las unidades familiares. Quisiera
decir que no todo ese gasto es un gasto educativo, no todo ese gasto es
gasto que se hace en función de que comienza el curso o en función
exclusivamente de que el sistema educativo lo exija. No es el caso,
evidentemente, de los libros de texto, que sí lo exige el comienzo del
curso y a veces es un gasto importante que preocupa a todas las familias
españolas y, por supuesto, también preocupa a la Administración. Cuando
se entra en un sistema educativo nuevo es verdad que el esfuerzo que hay
que hacer es mayor, porque los materiales didácticos forzosamente tienen
que cambiar. En la medida en que no sea el paso de la fase del anterior
sistema al sistema actual, yo digo a SS. SS. que los servicios de
inspección del departamento están vigilando de manera seria la
permanencia del plazo de cuatro años, salvo petición del Consejo Escolar,
que siempre ha de ser valorada por la comunidad educativa. Me parece que
en este caso es todo lo que podemos hacer, además de dedicar recursos. No
puedo decir, es evidente y agradezco a S. S. que me lo deje para una
pregunta, la cuantía que se dedica a este tipo de ayudas en materia de
becas; sí puedo decir a S. S. que, en cualquier caso, el esfuerzo en
materia de becas y de ayudas a la enseñanza ha sido importantísimo desde
el año 1982, tan importantísimo, que entonces había 162.000 becarios y
ahora tenemos 800.000, con un monto de 75.000 millones de pesetas, que
espero sea más para el año que viene.

Por otro lado, plantea S. S. el tema de la religión, que yo creo es una
cuestión que excede un poco de este debate, pero algo tengo que decir. Su
señoría siempre alude a mi condición de canonista, quizá porque le
parezca pintoresco. Yo suelo decir --quizá se lo haya dicho ya alguna
vez-- que me siento absolutamente orgulloso de ser catedrático de Derecho
Canónico, que ahora se llama Derecho Eclesiástico del Estado, que he
trabajado mucho por serlo, y que volveré a mi profesión en cuanto me sea
posible, espero que con alguna ejecutoria en la vida pública. No me llevo
mal con los miembros de la Conferencia Episcopal, todo lo contrario,
tenemos reuniones que son muy gratas, a veces manteniendo puntos de vista
divergentes, pero tampoco esto me parece que sea un mérito especial,
porque no me caracterizo por llevarme mal con mucha gente; por
consiguiente, simplemente aplico mi talante normal.

¿Cuál es la cuestión planteada? Quizá, a veces, no se enfrente la
cuestión desde una perspectiva global con todo el rigor con el que
debiera enfrentarse. La enseñanza de la religión está asegurada en
España, está plenamente asegurada en todos los niveles educativos
(primaria, secundaria y bachillerato); se explica en todos los cursos con
profesorado específico de enseñanza religiosa, retribuido por los
Presupuestos Generales del Estado en una cuantía importante, lo que
sucede es que, en función de las previsiones constitucionales, la opción
a la enseñanza religiosa ha de ser voluntaria. Por consiguente, el hecho
de la equiparación a todas las asignaturas fundamentales supone que los
centros públicos han de ofertar la enseñanza religiosa en condiciones de
igualdad a como ofertan las demás asignaturas fundamentales. Está en
discusión --no era la opinión del portavoz de Izquierda Unida-- si debe
haber o no una alternativa para que quienes opten por religión no tengan
una carga mayor que los alumnos que no opten por religión. Nuestro
sistema educativo venía funcionando de una forma que SS. SS. conocen, el
sistema del estudio asistido, que una serie de sentencias han considerado
curiosamente de mucha entidad, tanta como para que pudiera producir algún
tipo de discriminación frente a los que, al optar por la asignatura de
religión, no pueden aprovecharse de la hora de estudio. Por tanto, el
problema que se nos presenta ahora es encontrar una alternativa para
aquellos que no quieran optar por la clase de religión.

Hemos elaborado un proyecto de Real Decreto que, en mi opinión, cumple
las previsiones de los tribunales de justicia, que hemos pasado a informe
del Consejo de Estado, el Consejo de Estado emitirá su informe y le
aseguro, señoría, que me ceñiré a lo que diga el dictamen del Consejo de
Estado. Me he comprometido en público y donde debo adquirir ese
compromiso a que, después del dictamen del Consejo de Estado y antes de
llevar el proyecto de Real Decreto al Gobierno y dar una resolución
definitiva, intentaré conseguir el mayor grado de consenso con las
organizaciones implicadas. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.) Ya
adelanto que el consenso total, cuando se defienden posturas tan
divergentes, no es posible; sí me gustaría encontrar una postura de
equilibrio que, por supuesto, cumpliera todas las previsiones
constitucionales y fuera respetuosa, plenamente respetuosa con los
derechos de quienes quieren recibir enseñanza religiosa y con los
derechos de quienes no quieren recibirla.

No sé si debo hacer protestas acerca del talante dialogante del ministro
que le habla; en cualquier caso, pronuncio la expresión puesto que S. S.

la ha echado en falta en mi comparecencia.

Su señoría ha dicho cuatro cosas concretas. Yo asumo el compromiso en los
términos en que antes le indicaba y ahora le reitero sobre la
escolarización de los niños y niñas de tres años a que S. S. se refería
poniendo, creo, la cuestión en duda; asumo el compromiso de evaluación,
evaluación del funcionamiento de los centros, evaluación del profesorado,
evaluación de los equipos directivos y evaluación de las administraciones
públicas en los términos que he dicho.




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Señoría, he asumido el compromiso de publicar el mapa de Formación
Profesional; lo he asumido. El grupo que representa S. S. ha presentado
efectivamente una moción en materia de Formación Profesional, pero yo
creo que S. S. no ha manejado mi comparecencia presentando mi programa de
Formación Profesional a tres años, avalado por recursos que yo cifraba en
aquella fecha en 83.000 millones de pesetas.

Su señoría dice que hay que hacer las titulaciones; ya lo había dicho yo
(El señor Ollero Tassara: Pero no las hace.) Casi setenta, señoría; desde
aquella comparecencia casi setenta, señoría, con el compromiso de que al
menos la mayor parte de ellas van a estar terminadas a finales de año,
que es el compromiso que estaba asumido; publicar el mapa de la Formación
Profesional; trabajar en la implantación anticipada de la Formación
Profesional de tercer grado, que hoy ya están siguiendo 3.000 estudiantes
españoles, por medio de un convenio de colaboración con la Comunidad
Autónoma de Madrid. Por si fuera poco, la solución de una serie de
compromisos concretos en materia de Formación Profesional a los que hoy
me he referido, entre ellos la publicación del mapa, a lo largo del
próximo curso, puede S. S. manejar aquella comparecencia que,
aisladamente y de manera unitaria, hice ante esta Comisión.

No quiero dejar de referirme, puesto que S. S. lo ha hecho, a la dimisión
del Secretario de Estado de Universidades e Investigación. El ha
explicado sus razones que a mí me han parecido plenamente legítimas,
estoy seguro de que siempre se ha encontrado bien en esta Comisión
compareciendo ante ustedes, como se encontrará bien el nuevo Secretario
de Estado de Universidades e Investigación; yo voy a decir que siempre he
contado con la leal colaboración y el trabajo intenso del Secretario de
Estado, señor Fereres, y me parece que el sistema universitario y el
sistema español de ciencia y tecnología le debe unas cuantas cosas.

Creo que el sistema de apertura de los centros (es una pena que no pueda
extenderme en la cuestión) sí supone una ampliación de la oferta
educativa; aparte de ello supone rentabilizar las instalaciones de los
centros educativos.

Finalmente, señoría, quisiera acabar con la expresión que usted ha
empleado: no hay compromisos concretos en mi intervención. Yo creo que
hay muchos compromisos concretos en mi intervención, señoría, pero
algunos son clarísimos. Me comprometo a poner en práctica un sistema de
becas avalado por el Estado; me comprometo a elaborar un plan de
financiación de las universidades españolas; me comprometo a la
convocatoria de financiación de proyectos de tercer ciclo; me comprometo
a la escolarización de los niños de tres años; me comprometo a anticipar
la Educación secundaria obligatoria, el 70 por ciento en el curso
1995-96; me comprometo a dar un impulso decidido, en la medida que S. S.

conoce, a la materia de la Formación Profesional; a desarrollar los
programas integrados de I+D, que ya se están diseñando y que se pueden
exponer a SS. SS. cuando lo consideren preciso en cuestiones tan
importantes --lo decía el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista--,
como cuestiones ligadas al medio ambiente, salud, comunicaciones,
etcétera. Me comprometo a colaborar con las comunidades autónomas en
definir nuestro sistema de I+D; a aplicar el plan de deporte escolar en
400 centros a lo largo del curso que viene; o me comprometo, señoría, a
montar un sistema de tutoría de profesores en prácticas. En definitiva,
no es sino la concreción de dos o tres ideas fundamentales: mayor calidad
en la reforma educativa, ligazón de las políticas educativas con el
empleo y por consiguiente priorización de Formación Profesional y los
aspectos ligados a la investigación y al desarrollo y calidad de la
enseñanza.

En respuesta, que siempre me resulta muy grata, al señor portavoz de
Deportes del Grupo Popular, ya hemos hablado en más de una ocasión de la
carencia de los presupuestos en los últimos años para aplicar a la
materia de las inversiones deportivas; ya lo hemos explicado varias
veces. Yo mismo en mi intervención he hecho referencia hoy al
deslizamiento del plan, sin embargo, pero consolidando el plan y los
compromisos que he adquirido con alguna adaptación que pueda tener.

El desarrollo de la Ley del Deporte se había asumido como compromiso para
toda la legislatura. Hemos estado trabajando este año en aquellas
cuestiones que es preciso desarrollar o que exigen algún tipo de
innovación. Yo contestaba ayer a S. S. que no me parece que deba
revisarse la regulación de las autorizaciones para adquirir compromisos
financieros plurianuales de las federaciones deportivas que ha sufrido
desarrollo por parte de la Ley del Deporte, y no me parece que deba
revisarse por las dos razones que dice justamente el decreto: porque el
10 por ciento de sus presupuestos me parece un tope bastante razonable,
en el estado actual de nuestras federaciones deportivas, y porque me
paree un tope razonable el hecho de que el compromiso plurianual exceda
el mandato del presidente de la federación correspondiente. Pero todo se
puede estudiar, como es natural. En cualquier caso, el compromiso de
desarrollo de la Ley del Deporte a lo largo de la legislatura está
plenamente vigente.

Muchas gracias al señor portavoz del Grupo Socialista por sus
expresiones, incluso por la buena nota que me ha dado, aunque sea en el
mes de septiembre. Sólo quisiera decir que estando plenamente de acuerdo,
como S. S. ha demostrado, con las prioridades establecidas para el
desarrollo del sistema educativo, del sistema de investigación, las
políticas deportivas y todo lo que esto supone, estando plenamente de
acuerdo con estas prioridades, es evidente que la Administración necesita
el apoyo de los grupos políticos. Por eso yo me siento tan satisfecho
porque S. S. haya manifestado públicamente ese apoyo.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

Antes de pasar a la siguiente comparecencia, dada la extensión de la
sesión y que presumiblemente tanto el señor Ministro como los señores
portavoces van a ser los mismos, esta Presidencia considera conveniente e
incluso necesario dar un receso de cinco minutos, rogando que sean sólo
cinco, para permitir que el señor Ministro y los señores portavoces
estiren las piernas.




Se suspende la sesión durante cinco minutos.




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--SOBRE LA SELECTIVIDAD 1994 (JUNIO). A SOLICITUD DEL G. P. POPULAR.

(Número de expediente 213/000386.)



El señor PRESIDENTE: Señorías, reanudamos la sesión.

Comparecencia del señor Ministro de Educación y Ciencia para informar
sobre la selectividad 1994, junio, a petición del Grupo Popular.

Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra): Muchas
gracias, señor Presidente.

Señoras y señores Diputados, comparezco ante ustedes nuevamente, en esta
ocasión a petición del Grupo Parlamentario Popular, para hablarles de las
pruebas de aptitud para el acceso a la universidad, la selectividad, que
se han celebrado en todo el territorio nacional durante el pasado mes de
junio.

Antes de detenerme en aspectos concretos relativos a esta convocatoria,
creo de interés situar en algunos términos más generales la cuestión.

Se pretende, con las pruebas de acceso, valorar el nivel de formación
general y madurez de quienes quieren acceder a los estudios
universitarios y comprobar también su formación específica en las
materias distribuidas en las cuatro opciones y el núcleo común en que se
estructura el curso de orientación universitaria.

Para poder participar en ellas, el alumno tendrá que haber obtenido una
evaluación positiva en el COU. El examen, que consta de dos partes, está
orientado en cada una a la comprobación de ese grado de madurez y
formación al que me he referido antes. A la hora de obtener la
calificación definitiva, no sólo se tiene en cuenta la nota global
alcanzada en estas dos pruebas, sino que también entra en consideración
el promedio de las notas alcanzadas por el alumno durante el BUP y el
COU. El examen de selectividad se considerará superado si el alumno ha
obtenido una puntuación media de cinco puntos o más, pudiendo ya en este
caso, mediante los trámites de la preinscripción y adjudicación en la
plaza correspondiente, ingresar en la universidad.

Además de ello, se han realizado las pruebas de los alumnos que han
cursado las enseñanzas de bachillerato previstas en la Ley Orgánica
1/1990, llamadas de selectividad LOGSE o de Bachillerato LOGSE, que, en
algunos aspectos, tienen un régimen propio.

Todos estos aspectos a los que me estoy refiriendo se contemplan en la
Orden de 9 de junio de 1993 sobre pruebas de aptitud para el acceso a
facultades, escuelas técnicas superiores y colegios universitarios, que
las regula con carácter general.

El Ministerio ha regulado, además, algunos aspectos que tienen que ver
con la integración de personas disminuidas y el caso de aquellos alumnos
que cursan estudios extranjeros convalidables por el COU para quienes
está establecida la posibilidad de que realicen las correspondientes
pruebas especiales en la UNED, siempre que cumplan con determinados
requisitos.

Hay que hacer referencia, asimismo, a las pruebas de acceso específicas
para mayores de 25 años que vienen celebrándose en los primeros meses del
año y aquellas otras que tienen como destinatarios a los alumnos de
bachillerato experimental y de COU de planes extinguidos.

En cuanto a la composición de los tribunales examinadores, de acuerdo con
el Real Decreto de 29 de abril de 1988, el presidente será nombrado por
el rector de la universidad correspondiente entre catedráticos y
profesores titulares de universidad o escuelas universitarias y estarán
formados en igual número por profesores de universidad y de enseñanza
secundaria especialistas de las distintas materias. Un profesor del
centro donde el alumno realizó sus estudios de COU formará también parte
del tribunal a los únicos efectos de asistir al acto de calificación
definitiva.

Para garantizar la participación de especialistas se pueden designar
profesores de otras universidades e incorporar un número mayor de
profesores de enseñanza secundaria hasta un máximo del 60 por ciento del
número total de profesores que integran el tribunal.

Se puede también solicitar del rector la revisión de las calificaciones,
reclamación que se resolverá según el procedimiento establecido en cada
universidad.

Otra circunstancia que ha preocupado al Ministerio y que ha tratado de
coordinar, respetando siempre la autonomía de las universidades, es la
del tiempo de realización de los diferentes ejercicios que componen cada
una de las pruebas, procurando no agobiar por defecto o agotar por exceso
al alumno que tiene que someterse a examen. En este sentido, y
descendiendo ya a datos de la convocatoria de junio pasado, tengo que
manifestarles que se está llegando a una adecuación racional entre la
magnitud de las pruebas y el período para llevarlas a cabo, habiéndose
establecido por las universidades, salvo escasas excepciones de un día
menos o de un día más, un plazo de tres días con este fin. La tendencia
en esta materia es llegar a unificar este plazo en todas las
universidades.

Las modificaciones recientes introducidas en las pruebas de acceso que
realizan los alumnos que han seguido estudios de COU, la regulación de
aquellas aplicadas a los alumnos que han cursado el segundo curso del
nuevo bachillerato o las pruebas que rigen para los alumnos que han
estudiado en el extranjero tienen el mismo propósito: garantizar que las
finalidades encomendadas a las pruebas puedan alcanzarse del modo más
adecuado, garantizando la mayor objetividad del procedimiento y la máxima
justicia y equidad de los resultados. Se trata de que los méritos
académicos de los alumnos que se consideran para otorgarles prioridad en
la elección de carrera sean medidos del modo más justo y equitativo,
independientemente de que hayan seguido estudios de COU del nuevo
bachillerato u otros.

El número de alumnos procedentes de COU presentados en toda España --y
sigo refiriéndome a la convocatoria del mes de junio pasado-- ascendió a
205.376, de los que superaron las pruebas 178.387, es decir, el 86,86 por
ciento. Procedentes de nuevo curso de bachillerato se han presentado
6.133 alumnos, de los que superaron las



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pruebas 5.163, es decir, un 84,18 por ciento, porcentaje prácticamente
igual que pone de manifiesto que ambas pruebas presentan un grado similar
de dificultad para los alumnos y no establecen diferencias de ningún tipo
a favor o en contra de unos u otros.

Como antes les dije, una vez superadas las prueba y con la calificación
global obtenida en las mismas, puede comenzar el alumno los trámites de
preinscripción que le conducirán a su ingreso en la universidad.

El Consejo de Universidades cada año, después de considerar los informes
razonados que emiten las universidades para justificar los límites que
solicitan, resuelve mediante acuerdo el establecimiento de los límites de
admisión de alumnos de nuevo ingreso para los centros propios, colegios
universitarios adscritos y escuelas universitarias adscritas. Se dispone
así de la oferta global de plazas a las que los estudiantes pueden optar,
oferta amplia y variada que SS. SS. pueden encontrar en el BOE de 6 de
junio pasado, donde se recoge el acuerdo del Consejo de Universidades al
que me he referido antes.

Los alumnos, al efectuar su preinscripción, indican por orden de
preferencia todos los estudios en que desean ser admitidos. Recibidas
estas solicitudes por las universidades correspondientes y mediante las
oportunas operaciones, se establece la denominada nota de corte que hace
referencia a la calificación global mínima de las pruebas de selectividad
que debe poseer el estudiante para acceder a la carrera que solicita.

Cada universidad o cada distrito universitario donde existan los llamados
distritos únicos publican normalmente a principios de septiembre para los
alumnos que aprobaron su selectividad en junio las listas de admitidos,
señalando, por lo tanto, la correspondiente nota de corte.

La universidad en la que el alumno tendrá inicialmente que realizar su
preinscripción está debidamente indicada por el Real Decreto 1.005/1991,
de 14 de junio, donde también se contemplan otros aspectos relacionados
con los procedimientos para el ingreso en los centros universitarios,
entre los cuales se encuentra el del denominado distrito compartido o el
de la reserva de plazas para aquellos alumnos que hayan obtenido las
titulaciones de formación profesional de segundo grado en ramas o
especialidades que faculten para el acceso a determinadas escuelas
universitarias o el 3 por ciento de la plazas también reservadas, con la
posibilidad en este caso de que la junta de gobierno de la universidad
pueda aumentar excepcionalmente dicho porcentaje para aquellos alumnos
que tengan reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 65 por
ciento o con menoscabo total del habla o pérdida total de audición.

Por otra parte, aquellos alumnos que no se consideren satisfechos con la
calificación global obtenida en las pruebas de acceso, porque no les
permite acceder a los estudios que desean, pueden solicitar realizarlas
de nuevo en la misma universidad en la convocatoria de junio del curso
académico siguiente, sin que esto les impida formalizar su matrícula en
la universidad del año en curso en los estudios en los que hubiesen sido
admitidos.

Además, sólo se les considerará la calificación obtenida en esta
convocatoria de mejora siempre que ésta sea efectivamente superior a la
anterior.

Sólo quiero, señorías, comentar, para terminar, que durante los últimos
años la proporción, que se ha repetido en la convocatoria de junio del
presente año, es que ocho de cada diez alumnos podrán hacer la carrera
que habían elegido en primera opción al realizar su preinscripción. La
cifra no es exagerada, pero, para llegar al cien por cien ideal en el que
todos los alumnos accedan a los estudios deseados, tendremos que seguir
esforzándonos por mejorar las estructuras de nuestras universidades.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Además del Grupo solicitante, ¿qué otros Grupos
desean intervenir en esta comparecencia? (Pausa.)
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Fernández de Capel.




La señora FERNANDEZ DE CAPEL BAÑOS: Señor Presidente, señorías; señor
Ministro, bienvenido. Y tenemos selectividad.

En junio, usted me dijo en el Pleno de esta Cámara, a preguntas de esta
Diputada, que dejásemos a los alumnos que se examinaran tranquilante y ya
hablaríamos. Ha llegado este momento en que hablamos, justo cuando hoy en
Madrid, en Cuatro Caminos, se ha cortado el tráfico con motivo de la
selectividad, y tenemos diez mil familias pendientes de qué está pasando
con la selectividad.

Le agradezco ese recordatorio que ha hecho de las normas sobre la manera
de acceder a la Universidad en España, pero le sugiero un ejercicio de
reflexión que desde luego tiene que conmoverlo personalmente como
ministro y como ciudadano. Le pido que ponga usted, como ya le sugerí en
una ocasión al señor Marchesi, todos los decretos y normas que hay sobre
selectividad y, si puede aguantar eso sin conmoverse o no decide, de una
vez por todas, tomar la selectividad con un poco más de realismo de como
la toma el Ministerio, desde luego sería una sorpresa por mi parte, ya
que considero que su sensibilidad está muy por encima de no conmoverse
ante ese barullo que tiene el Ministerio.

Desde luego, yo no intento crispar a los alumnos cuando se están
examinando, ni mucho menos, ni como ciudadana ni como madre, porque de
eso ya se encarga el Ministerio a plena satisfacción. Sin embargo, yo
preguntaría desde qué ángulo mira usted las cosas cuando nos está
diciendo que ocho de cada diez alumnos acceden a la carrera que piden en
primera opción.

En este momento tengo aquí delante las cifras de Madrid, que son
superiores a las de otro distrito en este caso, referentes al año pasado
y se da la coincidencia de que, por ejemplo, en carreras como medicina,
se concede el 32,27 por ciento de los puestos a quienes la pidieron en
primera opción y el 37 por ciento de los puestos a quienes no la pidieron
en primera opción. Da la casualidad de que en unas universidades se prima
al alumno según la opción y en otras se prima según la nota para el
acceso a unos estudios



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o a otros. El Real Decreto decía que había que primar la nota, pero en
unas universidades se está primando la petición, en primer lugar, de un
centro. Este es el galimatías que hay en torno a las opciones y que vino
a complicarse ayer, señor Ministro.

Aunque esta diputada tiene que agradecer al Ministerio el que le mantenga
viva su capacidad de sorpresa, el Decreto de 12 de julio relativo a la
opción para subir nota --no daba crédito a mis oídos, por lo que pedí el
acta taquigráfica del Pleno-- dice que el alumno tiene que volver a
ingresar en una opción distinta.

A estos alumnos que quieren subir nota porque desean ir a unos
determinados estudios se les hace matricularse en una opción distinta,
con lo cual vamos a tener un alumno al que le han faltado unas décimas
para poder entrar en ingeniería, en medicina, o en fisioterapeuta, en
lenguas clásicas o en biología porque se le va a hacer examinarse en otra
opción. No podía dar crédito a mis oídos, por lo que ya le digo que
agradezco al Ministerio que nos mantenga la eterna juventud con la
capacidad de sorpresa siempre intacta y día a día.

Señor Ministro, lo de las opciones hay que revisarlo, porque no podemos
tener a los alumnos en un sitio pendientes de cómo hacen la solicitud y
en otros de qué nota sacan. Esto cae por su peso; esto hay que revisarlo,
pero son seriedad. Yo le iba a sugerir que me indicara desde qué punto de
vista mira el Ministerio esas cosas. Todo es según el color del cristal
con el que se mira, claro; el color varía muchísimo y ese rosáceo de ocho
de cada diez, por mucho que lea las notas que nos dan los coordinadores y
el Ministerio, tengo que decir que significa que no van a la opción que
eligieron y a los estudios que prefirieron, ni mucho menos.

Podríamos estar hablando de esto largo y tendido, pero como el señor
Presidente me ha pedido que sea breve y la hora lo indica también, tengo
que decir que esto no crea nada más que tensiones y pone en evidencia que
el Ministerio no tiene unos porcentajes reservados como se había previsto
antes para esa primera opción, aunque en algunas universidades ya se va
teniendo un porcentaje reservado para esa primera opción.

El decir que se puede acceder de un distrito a otro, a pesar del distrito
compartido o único, en lo que se ha convertido en algunos sitios es en un
distrito blindado, como sabe usted que se llaman ya Madrid y Cataluña,
que son distritos blindados. Es casi imposible --ya se lo decía yo en
esta Comisión el año pasado al señor Marchesi-- que un alumno pueda
acceder a ellos.

El Ministerio había previsto que el distrito compartido tendría el 20 por
ciento y no ha sido así. Después ha pasado al cinco por ciento, con un
máximo de diez alumnos por facultad. Ese máximo de diez alumnos por
facultad tendría que darse en una facultad que tuviera 200 alumnos. ¿Qué
facultades tienen 200 alumnos? Ni siquiera las de medicina; tienen más de
200 alumnos. En una universidad media --le voy a hablar de la mía-- como
Granada, con aproximadamente 20 facultades, resulta que tienen acceso 200
alumnos y ¿sabe cuántas solicitudes ha habido en el último curso?
Alrededor de 2.900. Quiere decir que unos 2.750 alumnos se han quedado
fuera habiendo solicitado ese distrito compartido, con lo cual lo del
distrito compartido es una utopía, pero me lo pone usted muy bien
--abundando en esa capacidad de sorpresa inacabable-- diciendo que para
el año 2000 vamos a estar al cien por cien del distrito compartido. Si no
llegamos ahora ni siquiera al uno por ciento con esa restricción de diez
alumnos por facultad, a no ser que aquí se produzca un terremoto
ministerial, cosa que, por la lentitud de algunas ejecuciones, no parece
que vaya a suceder, no comprendemos cómo se va a llegar al cien por cien
en el distrito compartido.

Aparte de esa deseable ampliación de distrito compartido, vemos que se ha
mecanizado el acceso de los alumnos de COU, lo que está muy bien; es muy
claro y explícito, porque la gente se entera muy bien de lo que está
pasando, pero, en cuanto al distrito compartido, hay un auténtico
tenebrismo, un auténtico oscurantismo. No se sabe cómo ni de qué manera,
aunque yo le agradezco su deseo de que en el distrito compartido vaya a
haber esa ampliación.

Señor Ministro, se habló muchísimo de una serie de mejoras que se tomaron
en cuenta, de acuerdo con el Consejo de Universidades, sobre
modificaciones de las pruebas de selectividad, y yo le he formulado
algunas preguntas a este respecto en el anterior período de sesiones en
relación con los años 1993/1994. Le voy a recordar dónde están esas
mejoras.

La ampliación del número de profesores por tribunales, sí se ha
realizado. El nombramiento exclusivo de profesores especialistas de cara
a una de las materias como miembros de los tribunales, no me puede decir,
señor Ministro, como usted ha dicho, que coincide con la realidad de lo
que ha pasado y que se ha denunciado en prensa. Por ejemplo, en el
distrito universitario de Madrid no ha habido suficientes profesores
especialistas de lengua para las correcciones. ¿En cuántos tribunales?
¿Donde están esos especialistas? ¿«Ubi sunt», señor Ministro?
Elaboración y utilización de criterios de corrección detallados para cada
una de las materias. Usted sabe --y recuerda-- que a final del mes de
marzo yo le recordaba que muchísimas universidades no los habían
recibido. En el distrito universitario de Madrid se entregaron muy tarde,
pero se entregaron y no todos los centros los entregaron a los alumnos;
en otros ni se entregaron.

Publicidad de criterios específicos para la corrección de cada examen una
vez finalizados los mismos. En las pruebas de lengua y comentario de
texto --por referirnos sólo a Madrid--, la primera pregunta de inglés de
la Universidad Complutense hubo que quitarla porque no se atenía al
programa. No hablemos ya del asunto del examen de lengua que pasó por
tres manos y que todavía esta diputada está esperando que se le diga
desde el Ministerio quién puso ese examen, porque el coordinador de
lengua, según declaraciones propias, no lo puso y mandó a una tercera
persona y a no sé cuántas más.

La comprobación de la exacta aplicación de los criterios de corrección al
atender las reclamaciones y revisiones de examen en las pruebas de
matemáticas de Granada, por ejemplo, fue vergonzosa; pruebas en las que
hay 38



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faltas de ortografía, con qué moral puede el Ministerio decirle a un
señor que ha sido suspendido en ese examen.

Numerosos profesores que han impartido materia de COU están examinando en
el mismo territorio. Esto en Madrid se diluye mucho, pero imagínese usted
lo que pasa en La Rioja o en comunidades muy pequeñas, donde hay una
endogamia clara entre centros y profesorado; es muy fácil que se sepa muy
bien. A este respecto quiero recordarle una proposición no de ley que se
aprobó en esta Cámara en el pasado período de sesiones, con el apoyo del
Grupo Popular y de Izquierda Unida, para que fuesen sorteados los
miembros del tribunal y que el Ministerio ha dejado de lado.

En cuanto al control de las discrepancias entre las medidas de los
expedientes y las calificaciones de las pruebas, ¿cuáles son los
resultados de esas diferencias globales? Nunca se nos han dicho. Primero
hay que hacer el estudio y después decirlo. Se ha pedido, señor Ministro.

La constitución de un grupo de trabajo en el seno del Consejo de
Universidades para proporcionar a las universidades orientaciones acerca
del modo de aplicar las modificaciones propuestas, estudiar la situación
del acceso de mayores de 25 años y efectuar el seguimiento y la puesta en
marcha del bachillerato. ¿Cuáles son los resultados de ese grupo de
trabajo? Nunca nos lo ha dicho el Ministerio, nunca se ha explicado. Pero
lo que sí estamos viendo, por ejemplo, es que, a pesar de esta cifra tan
halagüeña que usted ha dado en relación con el último bachillerato, en
algunas zonas, como Cataluña, está diez puntos más abajo y se prevé que
está diez puntos más bajo que el del COU el nuevo bachiller. ¿Qué ha
pasado cuando se ha quitado la prueba de lengua y se ha suprimido la de
filosofía? Y eso para el año 1992/1993. ¿«Ubi sunt», señor Ministro? Todo
eso está sin cumplir.

Para el curso 1993/1994, que es el que ha finalizado, en cuanto a la
simplificación de prueba, la posible fusión de los ejercicios del
comentario de texto y lengua, para qué le voy a hablar. El tema de Madrid
ya lo he tratado antes. Sobre la utilización de preguntas o problemas con
criterios de corrección precisos, siempre que el aspecto de evaluación lo
permita, no ha habido un criterio de corrección preciso en los ejercicios
de inglés, por ejemplo, como ya le he dicho, y sigue sin haberlo, señor
Ministro. No se dice nada y, fíjese, donde no la ha habido ha subido la
nota: en lengua, que no ha habido un criterio preciso, ha subido la nota.

Se ve que cuando el Ministerio mete la mano lo empeora porque mejora
notablemente cuando no hay esa referencia.

En cuanto a la elaboración y utilización de criterios de corrección, ya
se lo he dicho. Respecto a la posible revisión del tiempo de la
realización de cada examen y la ampliación del número de días en la
duración de la prueba, señor Ministro, lo que no se puede hacer es de la
excepción norma. La excepción es la excepción, y muy pocas universidades
han cumplido los cuatro días que se preveían, en algunas han sido tres y
en otras dos; más del 30 por ciento han tenido dos días.

La fijación definitiva de los programas de COU, ¿para cuándo, señor
Ministro.

Lo del tiempo ha sentado muy mal a los padres de familia y a los alumnos;
los que han realizado las pruebas de selectividad durante dos días se
sienten muy discriminados respecto a los que han realizado una prueba
distinta en el tiempo, en Madrid o en otras comunidades autónomas, y sabe
usted que hay muchas reclamaciones a ese respecto.

Aquí también de habló, señor Ministro, de la supresión de la filosofía, y
parece que no se ha tenido en cuenta lo que se dijo en esta Cámara.

Volviendo a algo muy claro que no va a arreglar la selectividad, tengo
que decirle que usted ha dicho hoy que se fijarán los módulos de
capacidad de las universidades. ¿Para cuándo, señor Ministro? Yo le pido
a usted una fecha, porque lo que se está haciendo desde el Gobierno es el
salto de la garrocha. A mí me alegra muchísimo ese afán deportivo; se
salta desde las esperanzas del 6 de junio de 1993 a las esperanzas de
1995, pero las realidades de 1993 y 1994 se quedan ahí. Se vadean muy
bien; se salta de unas esperanzas a otras, pero realidades nunca. ¿Para
cuándo esos módulos, que ya los tenemos prometidos desde 1992 e incluso
me parece que desde antes?



El señor PRESIDENTE: Señora Diputada, para que no ocurra como antes con
su compañero, señor Ollero, le informo que ha consumido ya en exceso el
tiempo previsto en el Reglamento.




La señora FERNANDEZ DE CAPEL BAÑOS: Termino, señor Presidente, con su
benevolencia.

Señor Ministro, le emplazo a que se preocupe seriamente por el Decreto de
12 de julio que obliga al alumno a ir a una opción distinta de la que
eligió para subir nota. A mí, como médico, me preocupa enormemente que a
alguien le pueda haber surgido esa idea, pero lo que más me preocupa es
que nos la pueda contagiar, que se la pueda contagiar a alguien del
Ministerio. Yo, como médico, repito, le pido que se preocupe, porque no
veo razón alguna para que un alumno que quiere subir nota, simplemente
por el hecho de querer superarse, sea obligado inmediatamente, por orden
ministerial, a hacer una cosa que no le gusta. Ese es el peor de los
castigos; vamos a tener ya un frustrado desde los 18 años para toda la
vida.

Sigo, señor Ministro, con el tema de la movilidad. Usted sabe que se
están blindando los distritos compartidos; que Andalucía, en uno de estos
accesos de delirio que yo, como médico, no sabría cómo calificar, está
pidiendo también ese distrito cerrado y que da igual que uno que pida
unos estudios en una facultad pueda ser enviado a Cádiz o a Huelva. En
Madrid, eso se palia de una cierta manera, porque da igual que lo manden
a la Complutense o la Autónoma, depende del sistema de autobuses, pero en
Andalucía se manda a Cádiz, a Huelva, a Sevilla o a Almería, y puede
haber más de 500 kilómetros de distancia. Pero no es solamente la
distancia, a mí lo que me preocupa es la endogamia que se está creando en
esta Universidad, y yo le pido que me explique cómo va a poner usted ese
distrito compartido al cien por cien en el año 2000, porque eso es



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lo único que puede salvar un poco esta universidad endogámica que estamos
haciendo, ya que, como decía el clásico, esa endogamia la empobrece, la
embrutece y la envilece, y eso es lo único que estamos haciendo con la
universidad. Ya tenemos la endogamia de los profesores con esa LRU que
han sacado, y ahora vamos con la de los alumnos. Más peligro no puede
tener este país cuando estamos cara a Europa y llenándonos la boca y
resulta que un alumno español puede tener más facilidad para ir a una
universidad de cualquier país europeo que de su propio país. Sabe que eso
lo ha denunciado también el Defensor del Pueblo en numerosas ocasiones;
la movilidad que va contra el artículo 25 de la LRU.

Señor Ministro, en este momento le emplazo para que nos diga cuándo ese
distrito compartido al cien por cien. Y se lo recuerdo con esas notas del
«ubi sunt» que me he permitido citar por distender el asunto. El «ubi
sunt» es, como usted sabe muy bien, «la muerte, dónde fueron, dónde
fueron». Es que casi es la muerte lo que estamos haciendo, la muerte de
la esperanza profesional y de la realización personal de la mayoría de
nuestros jóvenes. Que no tenga que ser la selectividad el tema de la
muerte, el «ubi sunt».

Gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, tiene la palabra el señor González.




El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Seré telegráfico porque me voy a atener
simplemente al objeto de la comparecencia, que parece ser que era que el
señor Ministro nos explicara los problemas que ha habido en la
selectividad de junio de 1994. Por tanto, no voy a hablar de la
selectividad y de nuestras propuestas, que afortunadamente coinciden con
lo que ayer representantes de todos los sectores educativos,
representantes de los padres, de los alumnos, de los sindicatos,
etcétera, venían a manifestar en un medio de comunicación y vienen a
reclamarnos, vienen a reclamar al Gobierno, y es que resulta frustrante
que unos alumnos se examinen para no ofrecerles nada, que hay que
reformar el actual sistema de selectividad y hay que dotar de más plazas
a las universidades. Pero me voy a referir sólo a dos aspectos puntuales
de las pruebas de junio de 1994, y es que me ha sorprendido --no sé si
también al señor Ministro-- que en el mes de junio se hayan observado
unas diferencias muy notables entre, por ejemplo, el porcentaje de
aprobados en las universidades de Madrid y de Almería. Soy consciente de
los problemas específicos que tienen Madrid y Barcelona, pero sorprende
que el porcentaje sea tan notable, y he llegado incluso a cuestionarme si
también el coeficiente intelectual de los estudiantes varía por regiones.

Este es un problema que tenemos que atacar pronto: por qué se producen
esas disfunciones.

El último aspecto del que quiero hablar --aquí termino, señor
Presidente-- es que de las reclamaciones que se han presentado por los
alumnos en algunas universidades --y pongo los ejemplos que la de
Santiago o la de Madrid, etcétera-- han terminado por subir la nota a más
de un veinte por ciento de los reclamantes. Me preocupa no porque no haya
que acceder a las reclamaciones, sino porque falla el sistema de
evaluación.

Nada más. Esto es lo que quería referirme respecto a las pruebas de
selectividad de junio de 1994.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Sanz.




El señor SANZ DIAZ: La exposición que ha hecho el señor Ministro se
refiere al tema de las pruebas de selectividad, que evidencian el control
que las universidades deben establecer sobre los alumnos que reciben.

Además, por razones de equidad realizan una selección de los alumnos a
efectos de que los procedentes de centros de distinto tipo y que tienen,
a veces, baremos diferentes para sus calificaciones, se vean
homogeneizados en una prueba general. Por tanto, las pruebas son una
necesidad que no es de nuestro país únicamente, y los esfuerzos del
Ministerio en los últimos años han ido dirigidos a la mejora de las
mismas.

Se trataba de establecer mecanismos que asegurasen una mayor
racionalidad, una mayor objetividad en la corrección de las pruebas y, en
definitiva, de asegurar los derechos de los alumnos, que son los de ser
examinados en condiciones adecuadas y con la debida equidad. En este
sentido, las cifras que ha dado el señor Ministro del número de aprobados
en junio indican que es el 86,86 por ciento los que han aprobado
--veremos los que son en septiembre--, y que no hay tampoco una
diferencia significativa con relación a los procedentes del nuevo
bachillerato.

En todo caso, las garantías a que el señor Ministro ha hecho referencia
sobre las pruebas se han ejercitado por parte de los alumnos que se han
considerado mal calificados y que han obligado a correcciones en aquellas
situaciones en que se habían producido errores. Todo ello indica que el
sistema funciona y, por tanto, lo que hay que hacer es estar vigilantes,
por parte de los rectorados, para que dentro de lo que es la autonomía de
las universidades, que son las que establecen los contenidos concretos de
las pruebas, se asegure la mayor transparencia y la mayor justicia en la
calificación de estas pruebas.

En lo que se refiere al número de plazas, es decir, a la posibilidad de
que los alumnos estudien la carrera que quieren en primera opción, es
evidente que el deseo de todos los españoles sería que aquellos alumnos
que han superado las pruebas de selectividad pudieran acceder sin
dificultad a los estudios que en esa primera opción desean. La limitación
objetiva de las plazas existentes, es decir, de la oferta universitaria
existente --que, por otro lado, es fluctuante según las preferencias de
los alumnos, que pueden variar no sólo de un año a otro, sino que hay
épocas en las que hay unas preferencias por ciertas carreras y otras en
que estas preferencias cambian-- obliga a que solamente ocho de cada diez
alumnos puedan obtener la plaza que desean en primer lugar, como ha
indicado el señor Ministro. En este tema es la oferta universitaria,
progresivamente ampliada, la que va a ir asegurando que sea mayor la
posibilidad de acceso en primera opción, pero, evidentemente, existen
unos límites que son objetivos y que yo creo que todo el mundo comprende.




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En todo caso, lo que yo querría señalar es que interesa que el Ministerio
vaya avanzando en la dirección del distrito compartido, al que ha hecho
referencia. Naturalmente, el desiderátum es, en un plazo razonable,
llegar al distrito único. En todo caso, nuestro Grupo entiende que se
debe avanzar en la línea del distrito compartido para que pueda existir
una movilidad, movilidad que no solamente va a afectar a las expectativas
de los alumnos, al poder elegir razonablemente en qué universidad o en
qué facultad --en qué universidad en este caso-- quieren estudiar, sino
que contribuirá también, según se vaya avanzando en esta línea, a la
competitividad entre las distintas universidades y a una mejora de su
calidad al estar en un espacio abierto, en el cual las universidades
ofrecen lo mejor que tienen y van captando a los alumnos procedentes de
todo el territorio nacional, en la medida, naturalmente, que las
posibilidades generales de la oferta lo permitan.

Por tanto, desde nuestro punto de vista, quiero señalar básicamente que
las reformas que recientemente introdujo el Ministerio de Educación en
cuanto a las características de las pruebas están dando buenos resultados
en lo que se refiere a las garantías y a las facilidades para los
alumnos, y que en todas estas líneas que el señor Ministro ha avanzado,
la cuestión es seguir progresando sabiendo que existen los límites
objetivos de la realidad que tenemos y que, sin embargo, se están
produciendo avances importantes.




El señor PRESIDENTE: Para responder a las cuestiones y preguntas
planteadas por los diferentes grupos, tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra): Señor
Presidente, señorías, procuraré ser breve.

La señora Fernández de Capel, portavoz del Grupo Popular, comienza su
intervención pidiendo que nos tomemos la selectividad con realismo. Le
aseguro, señoría --se lo podrá creer o no--, que la tomamos con realismo,
dedicamos mucho tiempo a pensar sobre la manera de mejorar el sistema, y
lo hacemos en el contexto de los datos objetivos de la sociedad en la que
nos movemos, a la que se refería el señor Sanz. Lo cierto es que la
prueba de selectividad es la única prueba homogénea que existe en todo el
sistema educativo antes de ingresar en la Universidad. No hay otras
barreras que existieron anteriormente en otros sistemas --en nuestro
propio sistema educativo pero con anterioridad--, como las reválidas,
etcétera. No hay otro modo --aparte de los beneficios que pudiera tener
la existencia de una prueba, la única-- de homogeneizar, integrar
criterios y algún tipo de exigencias. En el fondo, el problema de la
prueba de selectividad no es la prueba en sí, sino la opción que produce
para ingresar en los estudios universitarios, lo cual, efectivamente,
pudiera ser motivo de otra comparecencia, como decía el señor González.

¿Qué interviene aquí? Yo creo que hay que tener en cuenta algunos datos
que no debemos dejar de poner de manifiesto. Primero, la extensión de los
estudios universitarios. Esto aparece en muchísimos más centros. Los
estudiantes universitarios crecen en España en unas dimensiones muy
importantes y muy por encima de otros países europeos, aunque también es
verdad que partimos desde más abajo, como es natural, pero se ha hecho un
enorme esfuerzo por parte de las universidades en la oferta de plazas,
aparecen nuevos centros y cuenta la autonomía universitaria en muchos
aspectos, en algunos de manera sustancial como es en la definición de los
módulos objetivos de capacidad.

La propia planificación de las necesidades sociales debe obligar a las
universidades, en la medida en que estén de verdad insertadas en su
contexto, a ofrecer más plazas de determinados estudios y menos de otros,
sin perjuicio de las opciones personales de cada cual en función de su
vocación y a veces de sus condiciones. Hay un gran número de aprobados en
la selectividad; éste es el problema, pongo por caso, que suele
plantearse en la convocatoria de septiembre, en la que existe una presión
enorme del gran número de aprobados en el mes de junio. Yo creo que todos
estos elementos no pueden olvidarse. En concreto, quería dar algunos
simples datos que hay que manejar.

Este año las universidades españolas ofrecen 358.000 plazas, lo que viene
a representar unas 30.000 más que el año pasado, creciendo las de Madrid
por encima del cinco por ciento (un 5,3 por ciento). Quiere decirse con
esto que se ha realizado un gran esfuerzo por parte de las universidades,
incluso de las propias universidades de Madrid, que no hay que olvidar
que se dice que reciben un porcentaje muy alto de alumnos de fuera de
Madrid, y han recibido una presión para que hiciesen una oferta mayor de
plazas que ha sido bastante sensible.

Es verdad que desde los estudios que se hicieron en el Consejo de
Universidades para el año 1992 y desde la asunción, por parte del
Ministerio, de las recomendaciones que hizo el Consejo de Universidades,
las pruebas se revisaron y se escalonaron las medidas entre la
convocatoria del año pasado y las convocatorias de este año de junio y
septiembre; es verdad que, como se ha puesto de manifiesto, algunas
universidades no han podido prepararse para extender el tiempo de examen,
y es verdad también que existen algunas diferencias, aunque creo que,
generalmente, no muy sensibles, e incluso es posible que se hayan
publicado pero no comunicado convenientemente los criterios de corrección
que se preveían. Yo creo que en el futuro hay que mejorar el sistema,
incluso con cualesquiera otras cuestiones que, para que la prueba de
selectividad responda mejor a lo que tiene que ser, deban de revisarse.

Nuestro planteamiento --ya lo anuncié, si mal no recuerdo, a raíz de la
convocatoria de junio-- es esperar la convocatoria de septiembre y, con
todos los datos, hacer una valoración general que nos permita revisar el
sistema para el futuro, mejorando el modo de examen cada vez más y, desde
luego, haciendo que los planteamientos que ya se indicaron en su día se
cumplan, tendiendo hacia una homogeneización; todo ello en el marco de
una autonomía universitaria constitucionalmente establecida y muy fuerte
en algunos reflejos, como en concreto éstos. Por consiguiente, señoría,
valoraremos todo.

El propio sistema de ingresos después de la convocatoria de septiembre
mejora la obtención de la primera o de la



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segunda opción, entendiendo por segunda opción los mismos estudios en
otro lugar; mejora el porcentaje después de la convocatoria de septiembre
frente a lo previsto por parte de las propias universidades, porque hay
muchas prescripciones que luego no se formalizan. Valoraremos todo eso y
trabajaremos en la mejora de las pruebas de selectividad para el futuro,
y le aseguro a S. S. que lo haremos de una manera realista.

Me gustaría asumir un compromiso concreto para la definición de los
módulos de capacidad. El Consejo de Universidades ha estado trabajando ya
este curso en la definición de esos módulos de capacidad. El problema es
que aquí hay que conjuntar muchas voluntades. Es un caso semejante al del
distrito compartido; hay que trabajar con las universidades que son
autónomas y hay que trabajar con las administraciones educativas. Lo que
sí le digo a S. S. es que una de mis prioridades en materia de política
universitaria es fijar unos módulos de capacidad correctos en desarrollo
de la tan denostada LRU.

En materia de distrito compartido yo he asumido el compromiso, señoría,
de ir aumentándolo hasta alcanzar el cien por cien. Ojalá pudiera asumir
el compromiso de extender el distrito compartido español al distrito
compartido europeo, que me parece muy importante. En cualquier caso, y
con ese horizonte, iremos trabajando en su ampliación, que no afecta sólo
al porcentaje que está fijado en términos legales, es decir, al 5 por
ciento. Durante el curso pasado y durante este curso se ha pedido a las
universidades flexibilidad en la aplicación. Las universidades han
flexibilizado, en términos generales, esa aplicación, de tal manera que,
sin dudar de los datos de la universidad a la que se ha referido, estoy
en condiciones de decirle, señoría, que la oferta de las universidades,
en términos medios, ha superado a la demanda. Este año, señoría, por si
no lo he dicho antes, también hemos pedido la flexibilización de distrito
compartido a las propias universidades.

Señoría, esto nos llevaría a otro debate, pero no puedo dejar pasar por
alto la idea de que hemos suprimido la filosofía. No hemos suprimido la
filosofía. La filosofía queda situada, para el territorio administrado
por el Ministerio de Educación y Ciencia, en el primer curso de
bachillerato, no en el segundo. Cada administración educativa organiza la
distribución de las disciplinas como considera en términos
técnico-didácticos más conveniente, y, en tanto en cuanto permanezca el
antiguo sistema educativo, hemos vinculado exclusivamente al último curso
el examen de selectividad, y en el último curso, el segundo de
bachillerato, no hay filosofía, lo hay en el primer curso, no en el
segundo, repito, y el examen únicamente recae en ese segundo curso de
bachillerato donde no hay filosofía. ¿Por qué hemos hecho esto? Porque el
examen con el antiguo sistema recae solamente sobre un curso y no los del
BUP, recae exclusivamente sobre el examen del COU.

Por consiguiente, es una medida de intentar aplicar criterios de justicia
para los examinados de la selectividad.

Por último, voy a ver si consigo convencer a S. S. de que mi salud mental
está en condiciones. Su señoría habla de la Orden Ministerial, que no
decreto, publicada en el mes de julio de 1994. Esa Orden Ministerial
recuerda otra orden ministerial de 1991, que, sin embargo, no se refería
de forma expresa a la prohibición a la que S. S. ha aludido, pero sí lo
decía de forma implícita. ¿Qué sucede? Que el sistema era variable en
unos colegios u otros, en unos institutos u otros.

Lo que dice la Orden es que no se puede repetir el COU, salvo que se
quiera cambiar de opción. Si usted quiere cambiar de opción porque
entiende que su planificación educativa así lo exige, puede repetir el
COU. Si no, no puede repetirlo. ¿Las razones? Hay razones de
planificación universitaria, hay razones de planificación de los centros
educativos; no se puede paralizar, por el hecho de la repetición del COU,
el ingreso de nuevos estudiantes en el curso de orientación
universitaria.

Pero, además, hay una razón de tipo práctico: la nota de la selectividad,
la que da acceso al ingreso en una carrera universitaria, se forma con
dos bloques, cada uno al cincuenta por ciento. En el primer bloque se
tienen en cuenta las calificaciones de cuatro cursos, los tres del BUP
más el COU. Y en el segundo bloque se tiene en cuenta, con un cincuenta
por ciento de peso, la nota de la selectividad. En el mejor de los casos,
lo único que mejoraría la nota --repitiendo COU el alumno que quisiera
hacerlo-- es una de las notas de los cuatro cursos. ¿No es mejor,
pregunto yo, señoría, que el que quiera mejorar nota repita la prueba de
selectividad, que tiene un peso del 50 por ciento, y que eso sí que lo
puede hacer porque es legal? Por tanto, también hay una razón práctica
que lo avala.

El señor González plantea el sistema de reforma de la selectividad.

Quiero repetir la idea de que es necesario ir mejorando sobre la base de
la existencia de la única prueba homogeneizadora en todo el ámbito de
nuestro sistema educativo anterior a la universidad. Lo que es muy
difícil, aunque lo estamos intentando, señoría, es incluir más plazas en
las ofertas universitarias. Este año son 358.000, casi 30.000 más,
señoría, que el año pasado. Pero es necesario planificar las necesidades
sociales y, por consiguiente, los ingresos.

En Madrid se ha producido el problema al que S. S. se refería. Yo creo
que el texto es inadecuado. Respetando totalmente la autonomía
universitaria hemos instado a las universidades en petición de
información y las universidades han reaccionado convenientemente.

El otro problema que plantea, señoría, relativo a por qué en Madrid los
resultados son menos positivos que en otras universidades, sinceramente
creo que esto es atribuible al cambio del sistema. Dentro de Madrid las
propias universidades arrojan porcentajes, en la convocatoria de junio de
1994, que van desde el 71 por ciento una universidad hasta el 82 y pico
por ciento en otra. Como ve, incluso entre las propias universidades hay
diferencias de este tipo.

Al señor portavoz del Grupo Socialista le diría que seguiremos trabajando
en la mejora de las pruebas y en la planificación universitaria, con la
idea de que de verdad las pruebas bien realizadas respondan en serio a la
opción de ingreso en los estudios universitarios que cada uno desea en
función de las necesidades sociales y de los recursos



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económicos. (La señora Fernández de Capel Baños pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: ¿La señora Fernández de Capel quiere hacer uso de la
palabra?



La señora FERNANDEZ DE CAPEL BAÑOS: Solamente un inciso.




El señor PRESIDENTE: Si S. S. quiere utilizar el turno excepcional, esta
Presidencia se lo da con gusto, rogándole que sea lo más breve posible.




La señora FERNANDEZ DE CAPEL BAÑOS: Los datos que le he dado eran de los
coordinadores de Madrid, que coinciden más o menos con lo que estábamos
hablando de las primeras opciones. Como portavoz, en este momento, del
Grupo Popular mantengo que esos datos no reflejan el ocho por ciento de
la primera opción.

Solamente quiero recordarle, en cuanto a la Orden del 12 de julio, que,
muchas veces, lo que en un momento puede parecer práctico, no es ni
deseable ni presumiblemente lo mejor. Quiero recomendarle la lectura de
un libro magnífico que usted, como abogado, conocerá, que se llama «Los
naranjos del lago Balatón».




El señor PRESIDENTE: ¿Quiere decir algo el señor Ministro?



El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra): Sí, señoría.

En la convocatoria del año pasado, creo recordar, ingresaron, en primera
o segunda opción (entendiendo la segunda opción como yo la entendía: los
mismos estudios en otro lugar; en Madrid, por ejemplo, es bastante
sencillo), entre un 76 y un 86 por ciento de los aprobados. Creo que la
Orden del mes de julio pasado es lo mejor para el sistema universitario,
pero, señoría, creo que también es lo mejor para el alumno que quiera
subir nota que repita su prueba de selectividad y no el COU.




El señor PRESIDENTE: Concluido el orden del día, agradecemos muy
sinceramente la asistencia del señor Ministro a esta sesión tan larga,
también de los señores portavoces, así como de las señoras y señores
Diputados que han resistido hasta el final.

Se levanta la sesión.




Eran las tres y cinco minutos de la tarde.