CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1994 V Legislatura Núm. 274
SANIDAD Y CONSUMO
PRESIDENTA: DOÑA BLANCA GARCIA MANZANARES
Sesión núm. 13
celebrada el martes, 20 de septiembre de 1994



ORDEN DEL DIA:
Comparecencia de la señora Ministra de Sanidad y Consumo (Amador Millán),
para informar:
--Sobre las líneas generales de la política de su Departamento. A
petición propia. (Número de expediente 214/000078.)
--Sobre las reformas y los cambios de altos cargos producidos últimamente
en el citado Ministerio. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular.

(Número de expediente 213/000371.)



Se abre la sesión a las diez y diez minutos de la mañana.




La señora PRESIDENTA: Señorías, buenos días. Doy la bienvenida a la
señora Ministra y a todas SS. SS. nuevamente a esta Comisión de Sanidad y
Consumo tras el período breve de vacaciones. Deseo a SS. SS. una nueva
etapa de trabajos en este segundo período de sesiones por lo menos tan
fructífera, tan serena y tan cordial como en el período de sesiones
previo a las vacaciones.

Iniciamos la sesión con el orden del día que tienen ustedes:
comparecencia de la señor Ministra de Sanidad y

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Consumo, a petición propia, para informar sobre las líneas generales de
política de su Departamento. Igualmente, hay una segunda comparecencia a
la que se dará cumplimiento en la sesión de hoy, también de la señora
Ministra de Sanidad y Consumo, para informar sobre las reformas y los
cambios de altos cargos producidos últimamente en su Ministerio. Esta
segunda comparecencia --la primera ha sido pedida por la señora Ministra,
es decir, por el Gobierno-- ha sido pedida por el Grupo Parlamentario
Popular.

Si les parece a SS. SS. y el Grupo proponente está de acuerdo,
incorporaríamos las dos comparecencias en una única intervención. Esto
nos permitiría quizá ser un poquito más generosos en el tiempo a la hora
de las intervenciones de todos los grupos.

¿Están de acuerdo todos los portavoces? (El señor Fernández-Miranda y
Lozana pide la palabra.)
El señor Fernández-Miranda tiene la palabra.




El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Señora Presidenta, estamos
efectivamente de acuerdo en el planteamiento y solicitamos un breve turno
de introducción de la comparecencia solicitada por el Grupo Parlamentario
Popular.




La señora PRESIDENTA: De acuerdo, señor Fernández-Miranda.

Por tanto, vamos a iniciar las dos comparecencias concediéndole un breve
turno, de acuerdo con su solicitud. Cuando quiera, señor
Fernández-Miranda.




El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Simplemente, señora Presidenta, debo
recordar, a modo de introducción, brevísimamente, que la solicitud de
comparecencia de la señora Ministra para que explique en esta Cámara la
remodelación de su Ministerio se produce a finales del período anterior y
que viene a poner de manifiesto la necesidad, el interés que el Grupo
Parlamentario Popular tiene en que los ministros hablen de sus
ministerios, de sus altos cargos y de sus remodelaciones.

El 18 de mayo del año 1994 en una de las interpelaciones presentadas por
este Grupo Parlamentario, le pedí explicaciones a la señora Ministra
sobre sus altos cargos, recordándole que tenía el doble de los que se
encontró el Partido Socialista en 1982 en el Ministerio de Sanidad,
incluso pidiéndole explicaciones sobre los comentarios, los rumores de
prensa que había sobre desavenencias entre sus altos cargos. La señora
Ministra lo calificó aquello de chismorreos --textualmente así aparece en
el «Diario de Sesiones»-- y me dijo --y voy a leerlo también
textualmente--: «No le voy a hablar, señor Diputado, de la estructura ni
de los altos cargos del Ministerio: tengo los altos cargos que considero
oportunos.» Pues bien, simplemente le quiero decir a la señora Ministra
que en un régimen parlamentario como el que afortunadamente tenemos puede
tener efectivamente los que considere oportunos, pero debe venir a esta
Cámara a explicarlo. Tiene que explicar por qué tiene los que tiene, por
qué sustituye a los que previamente había nombrado, y efectivamente,
aceptada por la Mesa de esta Cámara su comparecencia a trámite, aquí la
tenemos hoy para que nos hable de esto, para que nos diga por qué ha
cesado al señor Conde, que vuelve a recuperar para la sanidad socialista
la Agencia de Evaluación de Nuevas Tecnologías; por qué el señor Temes
deja de ser Director General del Insalud y pasa a ser Subsecretario; por
qué los nuevos nombramientos en los distintos niveles, de subdirecciones
generales, secretarías generales, etcétera.

También mostramos la sorpresa ante la ausencia de ceses. Quiero
recordarle a la señora Ministra que don José Manuel Freire, Director
actualmente de la Escuela Nacional de Sanidad, era Consejero de Sanidad
del País Vasco cuando se produce el escándalo, ya concretado incluso en
la vía judicial, del Servicio Vasco de Salud. Si la señora Ministra va a
continuar depositando su confianza en el señor Freire es algo que el
Grupo Parlamentario Popular quiere conocer, así como si va a mantener
también, en esta nueva remodelación que ha hecho de su Ministerio, en
algunos centros del Insalud, como son el Hospital 12 de Octubre y el
Hospital Ramón y Cajal, figuras que no aparecen en el Real Decreto del
organigrama de los hospitales públicos, la imagen de los directores de
recursos humanos, que no tienen ningún tipo de soporte, digamos, legal
para existir como tales, asunto que sin duda ninguna debido a la falta de
oportunidad de la señora Ministra, no ha tenido ocasión de comentarnos
previamente.

En definitiva, le pregunto a qué responden los cambios que ha llevado a
cabo en sus altos cargos del Ministerio y cuáles son las razones de los
ceses, ya que además, en el tiempo que ha transcurrido desde estos ceses,
desde esta remodelación, no se ha planteado ningún tipo de reformas, de
cambios en la política sanitaria del Ministerio, y, habiendo sido
nombrados estos altos cargos cesados hace tan sólo un año, si el cese se
ha producido por razones personales, por problemas personales o por
desavenencias o falta de aceptación de las líneas políticas que la señora
Ministra, sin duda ninguna, marca en su Ministerio y que no eran
aceptadas por estas personas.

Creo que este planteamiento tiene un perfecto encaje en la comparecencia
que a petición propia ha solicitado la señora Ministra, con lo cual, como
decía en el momento de ser planteado por la señora Presidenta, no tenemos
ningún inconveniente en que ambas comparecencias se tramiten de forma
conjunta.




La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra para presentar los temas de ambas
comparecencias la señora Ministra de Sanidad y Consumo.




La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán): Señora
Presidenta, señorías, deseo expresar, en primer lugar, mi satisfacción a
todos los miembros de esta Comisión permanente de Sanidad y Consumo por
tener la oportunidad de comparecer de nuevo para informarles del balance
de actuaciones del Ministerio, de los objetivos más relevantes que
tenemos planteados para el resto de la legislatura y, cómo no, para
informar también sobre los extremos que se me piden en relación con la
remodelación del Ministerio.




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En mi exposición voy a hacer una breve referencia a los datos que nos
permiten conocer el estado de salud de los españoles hoy, a las
actividades que estamos llevando a cabo para proteger y promover esa
salud, a las medidas que el Ministerio de Sanidad y Consumo está
implantando para consolidar y mejorar el Sistema Nacional de Salud y haré
también una referencia a la política de consumo.

Voy a empezar, por tanto, por hacer un breve repaso de cuáles son los
principales problemas de salud con que nos encontramos en la sociedad
española en este momento, una sociedad como la de nuestros países de
nuestro entorno en la que se da un descenso de las enfermedades
infecciosas y donde las enfermedades crónicas y los accidentes han
reemplazado como principales causas de muerte a las primeras. En España
la tendencia a la mortalidad por estas causas es similar a la de los
demás países de nuestro entorno industrial: disminuye la mortalidad por
enfermedades cardiovasculares, se incrementa la mortalidad por tumor
maligno de pulmón y tumor maligno de mama y se incrementa la mortalidad
por accidentes de tráfico. Esta es la situación contra la que debemos
tratar de ser eficaces.

Las enfermedades cardiovasculares constituyen la primera causa de muerte
en los países industrializados. En España estas enfermedades han supuesto
el 40,7 por ciento de todas las muertes ocurridas en el año 1990 y han
presentado un ligero descenso desde la segunda mitad de los años setenta.

Una de las características más peculiares de los países desarrollados en
la segunda mitad de este siglo ha sido, como ustedes conocen, el
incremento continuo de la mortalidad por cáncer de pulmón como
consecuencia del aumento en el consumo de tabaco. En España, aunque somos
uno de los países con una menor tasa de mortalidad por este tumor,
también se da este incremento. El tumor maligno de mama es, por su parte,
el cáncer más frecuente en la mujer y el que más número de muertes
produce, y como en los demás países desarrollados la incidencia y
mortalidad presenta una tendencia creciente en las últimas décadas, cuyas
razones no son todavía bien conocidas.

El 5,6 por ciento de las muertes producidas en 1990 fueron debidas a
accidentes, lo que los sitúa como la cuarta causa de muerte después de
las enfermedades cardiovasculares, los tumores malignos y las
enfermedades del aparato respiratorio. La relevancia de estas causas de
muerte es aún mayor en las edades jóvenes, porque el 50 por ciento de las
defunciones ocurridas tienen lugar antes de los 45 años de edad.

En relación con la evolución de las enfermedades infecciosas, quiero
destacar la disminución experimentada por algunas enfermedades de
transmisión sexual, como la sífilis o la infección gonocócica. Entre 1984
y 1993 estas enfermedades han disminuido en un 70 por ciento. Cabe
destacar también el descenso experimentado por las enfermedades
susceptibles de ser evitadas mediante vacunación. Sobresale en este
sentido el sarampión, cuyo número de casos se redujo en un 85 por ciento
entre 1985 y 1993.

Dentro de las enfermedades infecciosas destaca por su importancia social
y por su importancia sanitaria el sida. Su trascendencia es mayor si se
tienen en cuenta el elevado número de muertes que produce en edades
tempranas de la vida. España es el país europeo que presenta la
frecuencia más alta de esta enfermedad y el que tiene la tasa más alta y
el mayor número de casos de sida relacionado con el uso de las drogas.

En relación con determinados factores de riesgo de muchas enfermedades
quiero resaltarles los siguientes datos. El porcentaje de fumadores en
1993 era del 36 por ciento. Por lo que se refiere al consumo de alcohol,
la población que lo consumía ese año, 1993, era del 61 por ciento. Igual
que ocurre con el tabaco, la tendencia en el consumo de alcohol está
experimentando una modificación de los hábitos de consumo y un ligero
descenso en los adultos.

En síntesis, señorías, tras este breve repaso, les daré algunos
indicadores que me parecen de interés en relación con las políticas
emprendidas por el Ministerio. España tiene, como es sabido, una
mortalidad infantil muy baja y una alta esperanza de vida en relación con
los países industrializados. Al igual que en estos países, la mortalidad
por enfermedades cardiovasculares sigue una tendencia descendente, la
mortalidad por cáncer, ascendente, si bien la magnitud de ambas sigue
siendo de las más bajas. España presenta, sin embargo, una de las
frecuencias más altas de casos de sida. La prevalencia de tabaquismo está
disminuyendo ligeramente, al igual que el consumo de alcohol, aunque en
este último caso el descenso es menor y siempre en la población adulta.

Por tanto, ante este cuadro de problemas de salud que afectan a la
población española, voy a darles cuenta de las iniciativas en las que
estamos trabajando en el Ministerio, y voy a referirme en primer término
al ámbito de la salud pública.

Como SS. SS. conocen, un importante número de competencias en materia de
salud pública están transferidas en su mayor parte a las comunidades
autónomas, pero es tarea propia de la Administración general del Estado
realizar una labor de seguimiento y de coordinación de las
administraciones sanitarias y facilitar la labor que realiza en este
terreno la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud con un funcionamiento satisfactorio. No voy a
detallar los distintos factores que determinan el estado de salud, pero
sí he de seguir insistiendo, a la vista de los datos que les he
presentado, en la necesidad de continuar las estrategias de prevención de
los riesgos evitables asociados a los hábitos y estilos de vida.

En un estudio realizado el pasado año se concluía que la disminución del
40 por ciento en la prevalencia del consumo de tabaco en los fumadores
españoles adultos a lo largo de ocho años disminuiría espectacularmente
el número de muertes asociadas a su consumo. Hoy el tabaco se cobra en
nuestro país 45.000 vidas al año. La mortalidad por enfermedades
relacionadas con el consumo de alcohol representó en el año 1989 el 4,19
por ciento del total nacional de las muertes, esto es, 13.637 personas.

Pero además de la asociación del alcohol con procesos patológicos, su
consumo, como SS. SS. conocen, está estrechamente relacionado con
importantes problemas sociales y de carácter



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económico que afligen a la sociedad actual. Por ello, el Ministerio de
Sanidad y Consumo continúa realizando campañas relacionadas con la
prevención del consumo del tabaco y del alcohol entre los jóvenes,
incluidas en las actividades a desarrollar dentro del convenio firmado
con el Ministerio de Educación y Ciencia y con el Ministerio de Asuntos
Sociales. También estamos trabajando en la elaboración de dos proyectos
de decreto por los que se limita la publicidad de estos dos productos con
el fin de evitar la extensión de su consumo fundamentalmente entre los
jóvenes. A través de la Comisión de Salud Pública se está desarrollando
una intensa labor de coordinación y fomento a fin de propiciar una mayor
participación de las administraciones sanitarias de las comunidades
autónomas en el programa «Europa contra el cáncer», buena parte de cuyas
actividades está vinculada a la prevención de estas dos adicciones.

Respecto al sida, los datos más recientes, a 30 de junio de este año, son
los siguientes. Hasta esta fecha se han notificado en el registro
nacional un total de 25.775 casos. De ellos, el 18,1 por ciento son
mujeres; el 82,1 por ciento tenía en el momento del diagnóstico una edad
comprendida entre los 20 y los 39 años. Los casos pediátricos, en los que
contabilizamos a los menores de 13 años, suponen un 2,3 por ciento. La
categoría de transmisión más frecuente es la utilización de drogas por
vía parenteral, que sigue representando el 64,2 por ciento, seguida de
las prácticas homosexuales en varones, con un 15,1, contactos
heterosexuales, un 7,8, e hijos de madres de riesgo, un 2 por ciento. Por
categorías de transmisión de la infección, se observa que existe una
disminución progresiva en la proporción de casos atribuidos a transmisión
madre e hijo y receptores de transfusiones o hemoderivados. Desde 1993 se
manifiesta una ligera disminución de casos atribuidos a prácticas
homobisexuales en varones.

La nueva definición de caso de sida, como ya he tenido ocasión de
manifestar ante SS. SS., aplicada en nuestro país desde el día primero de
enero de este año, amplía la lista de enfermedades indicativas del sida
con tres más, como la tuberculosis, las neumonías bacterianas y el cáncer
invasivo de cuello uterino, y esta aplicación de la nueva definición ha
supuesto durante el primer trimestre de este año un incremento del 26,1
por ciento en el número de casos.

La política del Ministerio, señorías, sigue orientada a tratar con
normalidad aquellos aspectos del sida que son comunes a otras
enfermedades y a tratar con excepcionalidad aquellos otros factores que
dan a esta enfermedad características especiales. Por tanto, seguimos
comprometidos con los mismos objetivos que he tenido ocasión de exponer
ante esta Cámara y que se sintetizan en perfilar las características
epidémicas de la enfermedad a través de un eficaz sistema de registros de
enfermos y de seropositivos, en conseguir que todos los ciudadanos
conozcan cuáles son las vías de transmisión de esta enfermedad, y por
tanto puedan adoptar las medidas preventivas pertinentes, en atender a
los enfermos y hacerlo de acuerdo con las pautas más actuales y eficaces
y en favorecer la comprensión y la solidaridad de la sociedad. Para
conseguirlo, se ha adoptado en primer lugar, como les decía, la nueva
definición de caso de sida. Se ha potenciado el soporte informático del
registro del Plan Nacional. La Comisión Nacional, con participación de
todas las comunidades autónomas, ha dotado de nuevos objetivos y más
medios al Comité de Vigilancia Epidemiológica. Para atender al segundo de
los objetivos e independientemente de la importante labor que están
realizando las administraciones autonómicas y locales, el Ministerio está
en la fase de desarrollo de dos proyectos concretos: la dotación a más de
200 centros universitarios y de formación profesional de terminales
informáticas interactivas que acerquen hasta los jóvenes los datos e
informaciones de interés relacionadas con esta enfermedad y el desarrollo
de una campaña de información dirigida a la población general, jóvenes y
usuarios de drogas por vía parenteral. Con ello se trata de dar
continuidad a las cuatro campañas ya realizadas en años anteriores por el
Ministerio dirigidas a potenciar las actividades de información y de
formación a los ciudadanos. Por lo que se refiere a la asistencia
sanitaria de los enfermos del sida, son atendidos exactamente bajo las
mismas pautas que las de cualquier otro país de los más avanzados en su
tratamiento.

Finalmente, se mantiene una línea de subvenciones a las organizaciones no
gubernamentales que, en coordinación con las comunidades autónomas,
tienen como principal objetivo el apoyo de actividades encaminadas a
evitar situaciones de discriminación y aislamiento. En este ámbito vamos
a continuar la coordinación con el Plan Nacional sobre Drogas y con la
Secretaría de Estado de Instituciones Penitenciarias para el intercambio
de información sobre afectados, elaboración de protocolos de actuación,
realización de campañas informativas y la preparación, en la que estamos
trabajando, de una próxima conferencia nacional sobre prevención contra
el uso de las drogas, que va a celebrarse antes de acabar el presente
año.

Como saben SS. SS., desde hace años damos gran importancia a las
actividades de educación para la salud en la escuela, que se desarrollan
mediante convenio, como ya he dicho, con los Ministerios de Educación y
de Asuntos Sociales. Los contenidos sanitarios que se han incluido para
1994 giran en torno a proyectos de educación afectivo-sexual y de
prevención del alcoholismo y se va a desarrollar en todos los centros
públicos en el ámbito escolar.

Por último, se siguen manteniendo los programas de salud pública
gestionados directamente por el Ministerio, los de información sanitaria,
la red de alerta, el registro sanitario de alimentos, la vigilancia de
aguas de baño, la vigilancia de la calidad de las aguas de consumo, la
red de vigilancia de la contaminación atmosférica y el programa de
protección sanitaria frente a riesgos químicos.

Por lo que se refiere a la atención sanitaria, el Sistema Nacional de
Salud está realizando un importante esfuerzo para atender las necesidades
de salud de los españoles. Para dar una idea de la actividad del Sistema,
quisiera subrayar que en 1993 se han realizado 225 millones de consultas
en atención primaria y 46 millones en hospitales. Estamos atendiendo cada
año 9 millones de urgencias y se practican 1.700.000 intervenciones
quirúrgicas, de las cuales 1.488 son trasplantes de riñón; 495,
trasplantes de



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hígado; 287, de corazón. Estas cifras nos sitúan, señorías, a la cabeza
de los países desarrollados.

El coste de este sistema complejo de protección sigue siendo bajo; 212
pesetas por habitante y día en 1993 --unas 77.000 pesetas al año--
permiten afirmar que el coste de nuestros sistema es bajo, y obtenemos
unos resultados en términos de esperanza de vida, de calidad de la misma,
comparables a los de los países más desarrollados y claramente
satisfactorios para el conjunto de los ciudadanos. La comparación de
nuestro gasto, de las prestaciones y la actividad que desarrollamos con
la de los países de nuestro entorno socioeconómico nos permite afirmar
que contamos con un sistema sanitario eficiente y de alta calidad, y como
he tenido ocasión de repetir cada vez que he comparecido en esta Cámara,
consolidar y mejorar el Sistema Nacional de Salud es el fundamental
objetivo del Ministerio de Sanidad y Consumo.

En mi comparecencia del día 30 de septiembre del año 1993 ante esta
Comisión, destaqué dos instrumentos básicos para conseguir este objetivo:
la definición de las prestaciones y la consolidación financiera del
Sistema Nacional de Salud.

La ordenación y definición de las prestaciones del Sistema Nacional de
Salud es un objetivo importante, porque persigue como finalidad la
clarificación del Sistema, de su organización, su alcance, sus
actuaciones y su naturaleza de seña de identidad del Estado social de
Derecho. La definición de las prestaciones va a hacer explícito el
conjunto de las mismas que hacen efectivo el derecho a la protección de
la salud para que cada ciudadano conozca qué puede y qué debe esperar del
sistema sanitario público. Como SS. SS. conocen, para realizar esta
tarea, anunciada, como digo, en el mes de septiembre del año pasado y que
reviste una gran complejidad técnica --como se puso de manifiesto
entonces-- se creó en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud una comisión para el estudio de este proyecto integrada
por representantes de las comunidades autónomas y del Ministerio de
Sanidad y Consumo. A partir de los trabajos de esa comisión se ha
elaborado ya un proyecto de real decreto sobre ordenación de prestaciones
sanitarias del Sistema Nacional de Salud, informado ya por el Consejo
Interterritorial y que en este momento se encuentra en trámite de
audiencia pública a los sectores interesados, y, por tanto, ha culminado
ya la fase de elaboración. Como decía, señorías, esta norma recoge y
amplía los procedimientos y técnicas que hoy en día se están haciendo, se
hacen, se dan a los ciudadanos en las instituciones del Sistema Nacional
de Salud y, además, generaliza algunas prestaciones, fundamentalmente de
carácter preventivo, que por desconocidas hoy no están generalizadas, y
destaco entre ellas las orientadas a la protección de la salud de la
mujer, de la infancia, a la atención de la salud mental o a la asistencia
psiquiátrica, en las que --como digo-- se generalizan tratamientos,
prestaciones que hoy no lo están. De manera que la ordenación de las
prestaciones no supone sólo hacer explícitos los derechos que el usuario
tiene con relación al conjunto de actos y prestaciones a que tiene
derecho porque hacen efectivo el derecho a la protección de la salud,
sino que constituye un intento de extensión de esas prestaciones, sobre
todo en el ámbito de la prevención en el que creo que es muy importante
incidir.

La norma establece, también, los criterios y los mecanismos para decidir
la inclusión de nuevas prestaciones sanitarias en el Sistema Nacional de
Salud y que, por tanto, van a ser financiadas públicamente. Estos
instrumentos son similares a los progresivamente han ido incorporando los
países más desarrollados de nuestro entorno y a los que recomienda la
Organización Mundial de la Salud, en sus objetivos de la estrategia
regional europea de «Salud para todos». Al mismo fin responde la creación
de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, con la que se dota
al Sistema Nacional de Salud de un instrumento científico-técnico de
soporte para identificar e informar las tecnologías nuevas y aquéllas ya
establecidas que precisan evaluación. Además, pretendemos que contribuya
a la adecuada formación de los profesionales sanitarios para lograr la
correcta utilización de la tecnología, al tiempo que establecerá, sobre
bases científicas, el impacto médico, económico, ético y social de las
diferentes tecnologías sanitarias. Por último, la Agencia ha de ser
también punto de contacto de organizaciones nacionales e internacionales
orientadas a la evaluación de las tecnologías sanitarias.

Por tanto, señorías, con la tramitación de este proyecto de real decreto
que próximamente someteremos a la aprobación del Consejo de Ministros,
culminamos un proyecto en el que hemos venido trabajando todo este año y
que constituye, a mi juicio, un avance muy significativo en el proceso de
consolidación y mejora del sistema sanitario, porque clarifica --como les
decía-- cuál es el contenido del derecho a la protección de la salud, qué
prestaciones lo hacen efectivo, y el conocimiento de las mismas las hace
accesibles a los ciudadanos. Los ciudadanos van a estar en condiciones de
conocer a qué prestaciones tienen derecho, y, por tanto, si conseguimos
hacer la labor de difusión necesaria, vamos a acercar los servicios
sanitarios, sobre todo en el ámbito de la prevención, a los ciudadanos
españoles de una manera más eficaz.

Al segundo de los objetivos ya me refería en mi comparecencia del mes de
septiembre del pasado año. Dije entonces que definir un marco de
financiación estable y suficiente del Sistema Nacional de Salud para el
futuro es un objetivo de la política sanitaria del Gobierno, un objetivo
fundamental en el que también hemos venido trabajando. La definición de
un nuevo modelo de financiación debe atender los siguientes objetivos.

Primero, la suficiencia financiera que supone la aprobación de un
presupuesto real que se corresponda con el gasto efectivo de la
asistencia sanitaria. Segundo, la estabilidad que implica vincular la
tasa del crecimiento del gasto sanitario con una variable objetiva.

Tercero, la homogeneidad en los sistemas de coeficientes para el cálculo
de la financiación correspondiente a cada administración. Cuarto, el
establecimiento de horizontes presupuestarios definidos para cada
servicio de salud. Quinto, el automatismo en los mecanismos de
distribución presupuestaria entre las distintas administraciones
sanitarias y también es necesaria la creación de mecanismos de
información presupuestaria homogéneos. La



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consecución de estos objetivos determinará un nuevo modelo de
financiación del Sistema Nacional de Salud que supone su consolidación
financiera. Se trata, por tanto, de un objetivo político de primera
magnitud que consolida un pilar esencial del Estado del bienestar. En ese
objetivo estamos trabajando y he dado cuenta a SS. SS. del marco en el
que nos movemos.

En el ámbito fundamental de las relaciones con los profesionales
sanitarios, trabajamos en la orientación hacia un modelo de gestión más
abierto, más responsable, que amplíe la libertad de elección de los
ciudadanos y les dé seguridad en la asistencia que van a recibir, que
promueva y recompense la iniciativa y la dedicación de médicos y
enfermeras que haga posible la satisfacción de sus legítimas expectativas
profesionales. Los anteproyectos de ley de ordenación de las profesiones
sanitarias y del estatuto marco del personal del Sistema Nacional de
Salud establecerán el marco normativo necesario para garantizar una mayor
seguridad a los profesionales en aspectos tan importantes como, en el
caso de la ley de ordenación de las profesiones sanitarias, las bases de
regulación del ejercicio profesional, las líneas básicas de la formación
de los profesionales sanitarios o el desarrollo de su carrera
profesional. El estatuto marco abordará las bases de política de personal
del Sistema Nacional de Salud, los derechos y deberes laborales, los
sistemas de selección y provisión de puestos de trabajo y, entre otros
extremos, el sistema retributivo.

Además de estos proyectos que SS. SS. conocen porque han sido anunciados
ya en esta Cámara y en cuya elaboración seguimos trabajando, un objetivo
irrenunciable de nuestra política sigue siendo la mejora de la formación
especializada. Atendiendo lo instado por la Comisión de Política Social y
Empleo de este Congreso de los Diputados, el Gobierno ha aprobado el
decreto por el que se regula el acceso a la titulación de médico
especialista para determinados licenciados en medicina y cirugía que se
formaron con anterioridad al año 1984. Se ha venido a resolver así una
reivindicación largamente reclamada por los profesionales afectados. Se
ha regulado también en estos meses la profesión de odontólogo, protésico
e higienista dental, en cumplimiento de lo previsto en la Ley reguladora
de las profesiones relacionadas con la salud buco-dental. Otra faceta de
la política de personal que es preciso impulsar es la formación
continuada de técnicos en salud pública, gestores y personal del sistema
sanitario. Por esta razón para este año se han duplicado los fondos
destinados a la financiación de actividades de formación continuada en
los centros sanitarios.

Por último, quiero referirme en este ámbito a un problema que preocupa a
todos los responsables sanitarios: la aparición de ciertas prácticas de
autodefensa en la profesión médica motivadas por demandas y fallos
judiciales que, aunque actualmente no alcanzan en España las cotas de
otros países, pueden provocar un uso innecesario, y no siempre inocuo, de
la tecnología.

Señorías, la obligación del sistema sanitario es poner a disposición del
usuario los medios adecuados para el correcto diagnóstico y tratamiento
de las distintas patologías, pero en ningún caso puede garantizar los
resultados. La medicina no es una ciencia exacta y nuestro deber es
garantizar que los servicios funcionen adecuadamente y que nuestros
profesionales dediquen todo su saber y su ciencia a su quehacer. Pero
también afirmo que cuando hay un error médico, una negligencia, el
Ministerio de Sanidad es el primer interesado en exigir
responsabilidades. Durante el próximo mes de noviembre, en desarrollo del
convenio suscrito con el Consejo del Poder Judicial, tendrá lugar un
seminario sobre responsabilidad civil en el que jueces y médicos van a
debatir el enfoque de la responsabilidad civil en materia sanitaria.

Asimismo les anuncio que el próximo año los facultativos del Sistema
Nacional de Salud tendrán cubierta la responsabilidad civil que pueda
generar su actividad profesional a cuyo efecto se ha previsto ya el
oportuno crédito en el proyecto de presupuestos para 1995.

Voy a referirme ahora, señorías, a la política de farmacia. Como SS. SS.

conocen, el creciente gasto en farmacia es motivo de preocupación en
todos los países. Otras naciones de nuestro entorno y con una industria
farmacéutica fuerte y moderna, que contribuye sensiblemente al
crecimiento de la renta nacional, han adoptado en los últimos años
medidas rigurosas para controlar el aumento del gasto farmacéutico
público. La prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud a
través de recetas médicas ha supuesto en el año 1993 un gasto público de
609.399 millones de pesetas y un importe total de 673.767 millones de
pesetas, lo que representa un 1,11 por ciento sobre el producto interior
bruto y el 20 por ciento del gasto de la asistencia sanitaria de la
Seguridad Social. Ambas cifras son de las más altas de los países
occidentales. La prestación ha venido experimentando un crecimiento
interanual medio del 14,7 por ciento durante la última década, aun cuando
está disminuyendo de manera significativa durante los dos últimos años.

La contención del crecimiento del gasto farmacéutico es indispensable
para salvaguardar la propia prestación y garantizar los derechos que hoy
disfrutan los ciudadanos españoles y que evidencian que España
proporciona una prestación farmacéutica en las condiciones más ventajosas
para el usuario, puesto que, con la excepción de Alemania, es el país
occidental en el que es menor la aportación del beneficiario en la
financiación de la prestación farmacéutica.

En el Ministerio de Sanidad y Consumo existe la voluntad política y el
compromiso ético de mantener y garantizar estos derechos no sólo para hoy
sino también para el futuro, y para ello se han adoptado diversas medidas
--medidas dirigidas a la contención del crecimiento del gasto-- entre las
que quiero destacar y recordar a SS. SS., por ejemplo, la rebaja del 3
por ciento del precio de los medicamentos, realizada por la industria
farmacéutica a instancia del Ministerio; la formalización de las bases
del nuevo concierto con el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos,
que, entre otros extremos, contempla por primera vez la realización de un
descuento en torno al 2 por ciento de la factura global. Además, también
quiero destacar las políticas de fomento de prescripción de genéricos y
de programas de uso racional del medicamento en la que estamos
trabajando.




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También en la política de farmacia hemos hecho un importante esfuerzo de
desarrollo normativo, bien en el ámbito de la trasposición de directivas,
bien en alguna normativa de desarrollo del medicamento en la que estamos
trabajando. Me gustaría destacar de ese desarrollo normativo la
promulgación de dos importantes normas que se han producido en este año,
una es la que regula la publicidad de los medicamentos de uso humano y
otra la que regula su etiquetado.

Como saben SS. SS., los sistemas de salud hoy en los países desarrollados
aceptan el gran reto de satisfacer una demanda asistencial creciente en
cantidad y muy exigente en calidad con unos recursos que por definición
son limitados y que, además, están soportando los efectos de la crisis
económica. Frente a esta situación las soluciones no pasan por reducir la
oferta sanitaria, que produciría una alarma social porque defraudaría las
legítimas aspiraciones de los ciudadanos, que no sólo aspiran a mantener,
sino a mejorar el nivel actual de los servicios sanitarios. Por el
contrario, los esfuerzos, a mi juicio, deben centrarse en conseguir una
utilización adecuada de los recursos disponibles que permita dar
respuesta al desafío que hoy tienen los servicios sanitarios públicos:
optimizar la relación entre equidad, solidaridad, eficiencia y calidad. Y
bajo esta óptica estamos abordando principalmente dos aspectos que paso a
exponerles a continuación.

Estamos trabajando en la descentralización y la participación de los
profesionales en la gestión. Como SS. SS. conocen, a partir del año 1993
el Insalud se relaciona con el Ministerio de Sanidad y Consumo a través
de un contrato-programa como instrumento para descentralizar la gestión y
lograr la participación de los profesionales. Mediante este contrato se
fijan los objetivos a alcanzar por el Instituto y se determina la
financiación necesaria para lograrlos. A su vez, el Insalud acuerda con
cada uno de sus centros la actividad asistencial que deben realizar y los
recursos precisos para llevarla a cabo. Cada gerencia está acordando con
cada servicio su actividad, sus objetivos de calidad y su presupuesto y
este acuerdo se plasma en un documento de objetivos por servicios que
constituye el contrato-programa del centro. De acuerdo con los datos de
que disponemos, en el año 1993 se ha frenado el crecimiento del gasto del
Insalud --gestión directa-- en más de 5 puntos, lo que indica que el
proceso de contención del gasto en los centros de gestión es una
realidad. Lo trascendente de este tema es que con ello va a ser posible
encauzar la tendencia del gasto dentro de una senda acorde con las
magnitudes financieras de que disponemos. Pero es que al propio tiempo
--y si esto no fuera así nos serviría el dato anterior--, se ha producido
un incremento notable de la actividad realizada en los centros
sanitarios. Durante 1993 en los hospitales del Insalud han ingresado
1.036.000 pacientes, lo que representa un 4 por ciento más que en 1992.

Se han visto 4.317.000 urgencias, lo que representa un 5,2 por ciento más
que en 1992; se han realizado casi 726.000 intervenciones quirúrgicas,
más de un 10 por ciento sobre las realizadas en 1992; y se han atendido
21,5 millones de consultas externas, un 2 por ciento más que en 1992.

Durante 1993, la cobertura por equipos de atención primaria ha pasado de
un 57,6 por ciento a un 69,1 por ciento, lo que significa un incremento
de 11,5 puntos. En dicho año han entrado en funcionamiento 71 centros de
salud, se han adjudicado las obras de 41 y se ha continuado la
construcción de otros 80. En definitiva, la experiencia obtenida en 1993,
en cuanto al grado de cumplimiento de los objetivos establecidos en el
contrato-programa, ha sido de gran utilidad para una mayor definición de
objetivos y una cuantificación de necesidades en 1994, donde las medidas
de gestión para incrementar la eficacia de los centros sanitarios tendrán
su reflejo en el cumplimiento del presupuesto en su doble vertiente de
actividad y de gasto. En la actualidad trabajamos en la elaboración del
contrato-programa para1995, entre cuyos objetivos principales se incluye
la corrección de desequilibrios territoriales, la orientación de los
servicios sanitarios a las necesidades de salud reales de la población,
el aumento de la calidad de los servicios, la mejora de la satisfacción
de los usuarios, así como la potenciación y la participación de los
profesionales en la gestión de la asistencia sanitaria.

En los últimos años, señorías, el Ministerio de Sanidad y Consumo viene
realizando, de forma permanente, estudios que nos permiten conocer la
opinión de los ciudadanos españoles sobre su grado de satisfacción y la
calidad de los servicios sanitarios. Orientar los servicios al ciudadano
y a la percepción que de ellos tiene el ciudadano constituye un objetivo
esencial de la política del Ministerio. Con carácter general, todas las
encuestas ponen de manifiesto que el grado de satisfacción es elevado,
aunque mejorable, y que se valoran los aspectos asistenciales mejor que
los de trato personal y de facilidad en el acceso. En esta línea vamos a
seguir trabajando en el objetivo de mejorar la atención personal y la
libertad de elección de médico. Como saben SS. SS., ya es una realidad la
implantación de la elección de médico general y pediatra y las normas que
la desarrollan, teniendo previsto implantar --es un objetivo del
Ministerio que les anuncio-- la libre elección de especialista en 1995.

Vamos a continuar trabajando con el programa de reducción de listas de
espera. Las listas de espera, como saben SS. SS., constituyen uno de los
principales problemas del sistema sanitario, fundamentalmente porque
constituyen una preocupación prioritaria para las personas que están en
esas listas. A lo largo de 1994, las actuaciones en el ámbito de las
listas de espera han ido dirigidas, fundamentalmente, al incremento del
rendimiento quirúrgico en los hospitales, a la mejora de los sistemas de
información para la confección de las listas y a la concertación en zonas
con insuficiencias de recursos propios. Estas actuaciones han hecho
posible una reducción, en el primer semestre de 1994, del 19 por ciento
de los pacientes con más de seis meses en lista de espera, que, como
saben SS. SS., era nuestro objetivo prioritario. De continuar esta
tendencia, a final de 1994 la disminución de las listas de espera de más
de seis meses estará en torno a un 54 por ciento.

En otro ámbito de actuación ya he tenido ocasión de señalar ante SS. SS.

que el fomento y la ayuda a la investigación y a la docencia es uno de
los campos estratégicos



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que debemos cuidar con mayor atención. Desde el pasado mes de julio, con
motivo de la reestructuración, a la que después me referiré, del
Ministerio, han quedado integradas en el Instituto de Salud Carlos III la
Escuela Nacional de Sanidad, el Fondo de Investigación Sanitaria y la
Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, de nueva creación. Las
modificaciones en el marco organizativo del Instituto de Salud Carlos III
han sido el resultado de un proceso de estudio y reflexión dirigido a
ordenar las funciones y competencias que, en materia de formación e
investigación sanitaria y control sanitario y tecnológico, le asigna la
Ley General de Sanidad. En ese marco vamos a potenciar las siguientes
líneas de actuación. Vamos a seguir financiando proyectos de
investigación, tanto básica como aplicada, en el Sistema Nacional de
Salud. El número de proyectos financiados cada año es, señorías, de unos
1.250, con una duración de uno a tres años. Con estos proyectos se
abordan tanto los aspectos biológicos de la salud-enfermedad, como el
medio ambiente, los estilos de vida, la organización y el funcionamiento
de los servicios de salud. El 15 por ciento de esos proyectos versan
sobre el cáncer, el 14 por ciento sobre sida y enfermedades infecciosas,
el 13 por ciento sobre problemas cardiovasculares y el 10 por ciento
están relacionados con la reproducción y el crecimiento. Se va a
potenciar también la realización de investigación propia en las áreas de
trabajo del Instituto, que abarca, como SS. SS. conocen, la
microbiología, la virología, la inmunología sanitaria, la biología
celular y retrovirus, la sanidad ambiental, la alimentación y nutrición,
la farmacobiología y la epidemiología. También cabe destacar la
coordinación de las unidades de investigación que, en número de 100,
constituyen la red denominada REUNI, distribuida en todas las comunidades
autónomas, y en la que se han invertido, en el período 87/93, un total de
4.078 millones de pesetas; la coordinación de las labores
técnico-científicas y de vigilancia y la asesoría técnico-científica en
las materias que antes les he enumerado; la financiación de becas y
ampliación de estudios, a través del Fondo de Investigaciones Sanitarias,
para los profesionales del sistema; el desarrollo en la Escuela Nacional
de Sanidad de los programas de formación y perfeccionamiento en salud
pública, epidemiología aplicada, economía sanitaria, gestión y
administración y metodología en la investigación. Por último, el
Ministerio participa, a través del Instituto, en los programas de
investigación y desarrollo, a nivel nacional, aprobados por el Gobierno,
en colaboración con el Ministerio de Educación y con el Consejo Superior
de Investigaciones Científicas en el plan nacional de I+D y en los
programas de I+D europeos en el área de salud.

Finalmente, voy a referirme a la política de consumo para dar cuenta a
SS. SS. de que las actuaciones que estamos llevando a cabo en este ámbito
responden a las directrices del plan estratégico de protección al
consumidor para el período 1994/1997 que fue aprobado por la conferencia
sectorial de consumo el pasado mes de marzo. Este plan pretende
consolidar y ampliar la política de consumo mediante una nueva
orientación de sus acciones dirigidas a promover, entre consumidores y
productores, la búsqueda de un objetivo común de la calidad de los bienes
y servicios en el marco de la Unión Europea.

La incorporación al Tratado de la Unión de la política de defensa de los
consumidores en el marco de los derechos ciudadanos, en el marco de la
mejora de la calidad de vida, ha dotado a la política de consumo de un
nivel cualitativo distinto. Algunas actuaciones de las llevadas a cabo en
desarrollo de este plan que, como decía a SS. SS., se fundamentan en esa
nueva concepción que el Tratado de la Unión permite, son exponentes de
esa política. Por ejemplo, el apoyo, mediante acciones de información,
formación y asesoramiento, de la orientación de la actividad de las
empresas hacia la calidad y la satisfacción de los consumidores. Se está
trabajando en impulsar, mediante el diálogo entre Administración,
consumidores y empresarios, la adopción de acuerdos para la regulación
voluntaria de los diferentes sectores, en línea, por ejemplo, con el ya
suscrito con los fabricantes de material eléctrico sobre fomento de la
calidad.

La información disponible en materia de consumo y protección de los
consumidores debe ponerse realmente al servicio de los agentes que operan
en el sector. Para ello se ha potenciado la utilización del centro de
información y documentación de consumo por técnicos profesionales y
empresarios. En breve vamos a disponer de un estudio sobre hábitos de
consumo de los españoles y de los últimos resultados del estudio Ehlass
sobre accidentes domésticos y en actividades de ocio.

El gran desarrollo, en el último año, del sistema arbitral de consumo
también es un claro exponente de estas políticas. El 29 de noviembre de
1993 se constituyó la Junta arbitral de ámbito nacional en cumplimiento
del decreto que regula el sistema arbitral. Se han creado, además, dos
juntas provinciales más, 24 municipales y 16 autonómicas, lo que supone
una cobertura casi total del territorio.

El control de la publicidad en este momento es, sin duda, del máximo
interés para los consumidores, pero también interesa a los empresarios
porque la publicidad engañosa es una forma de competencia desleal frente
a los anunciantes que cumplen las normas. Por ello, estamos intentando
propiciar un acuerdo con los diversos sectores interesados (anunciantes,
empresarios y consumidores) que posibilite una regulación voluntaria de
la publicidad, la elaboración de códigos de conducta y la persecución de
la publicidad ilícita. En esta línea se han acordado códigos éticos con
varios sectores productivos, entre los que quiero recordar el de los
detergentes y el de los juguetes, que ya están concluidos. Estas
actuaciones se complementan con un reforzamiento de los actuales
instrumentos de cooperación institucional, que seguimos potenciando, la
conferencia sectorial, la comisión de cooperación de consumo y los grupos
de trabajo. Y por último, en el ámbito de consumo, a la realización de
las campañas nacionales de inspección se va a sumar la explotación
conjunta de las campañas regionales, con objeto de mejorar la eficacia de
las actividades inspectoras y la elaboración de un manual de
procedimiento para la inspección de consumo, que sea útil en la práctica
de esta actividad.




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Estas son, en líneas generales, señorías, las políticas más destacadas en
las distintas áreas del Ministerio.

Para concluir esta comparecencia inicial, y en cumplimiento del acuerdo
de la Mesa, voy a tratar de dar respuesta al Diputado del Grupo Popular
que ha solicitado la explicación de las razones de la reforma de la
estructura del Ministerio que se ha llevado a cabo en el pasado mes de
julio y que se aprobó por Decreto de 25 de junio de este año. Para
explicar el espíritu de esa reforma, y no sin antes decir que las
estructuras administrativas son meros instrumentos, a mi juicio, al
servicio de unos fines --los fines son los que la Constitución señala al
Estado en su conjunto--, pero siendo meros instrumentos, las estructuras
administrativas son importantes, en la medida en que permiten acortar la
distancia que existe entre lo que deben hacer los poderes públicos, por
imperativo constitucional, y lo que en la práctica se está haciendo. De
manera que sí es importante, a mi juicio, la clarificación y la mejor
definición de la estructura administrativa.

Como SS. SS. conocen, tras su creación en el año 1983, mediante la
transformación del anterior Ministerio de Sanidad y Seguridad Social, se
inició, a raíz de la promulgación de la Ley General de Sanidad, un
proceso de acomodación del Ministerio de Sanidad y Consumo a las
previsiones de la ley, de acuerdo con la naturaleza de los cometidos
encomendados al Estado, en el marco del Sistema Nacional de Salud. No es
preciso insistir ahora en las líneas básicas de articulación de las
acciones sanitarias de las administraciones públicas competentes que la
ley establece para su organización y desarrollo, de acuerdo con una
concepción integral del sistema. Naturalmente, la trascendencia de esta
reforma sustancial ha hecho que el proceso haya ido desarrollándose de
forma progresiva, teniendo presente, además, la evolución del propio
proceso de transferencias de la asistencia sanitaria de la Seguridad
Social a varias comunidades autónomas.

Desde la primera modificación de la estructura del Ministerio, en
septiembre de 1986, tras la promulgación de la ley, ha sido el hilo
conductor de esa adaptación la nítida separación de funciones entre las
de garantía del derecho a la protección de la salud, reservadas a la
autoridad sanitaria y dirigidas a garantizar la igualdad sustancial de
los españoles en el ejercicio de este derecho fundamental, de aquellas
que corresponden a la prestación del servicio sanitario. De esta forma,
el Ministerio ha venido acomodando su estructura a las necesidades
derivadas de su condición de departamento responsable de la propuesta y
ejecución de las directrices del Gobierno sobre política de salud y del
ejercicio de las funciones de la Administración general del Estado en
este ámbito. Como se ha venido poniendo de relieve con ocasión de cada
una de las adaptaciones orgánicas, la actividad del Ministerio se ha ido
concentrando, cada vez en mayor medida, en la programación y orientación
de los recursos sanitarios y la correcta asignación de medios a los
objetivos propuestos, mediante un adecuado ejercicio de las políticas de
aseguramiento, planificación, programación económica y promoción de la
salud, que ejerce en la forma y a través de los medios previstos en la
Constitución y en la propia Ley General de Sanidad.

El grado de aplicación de la ley y la consolidación del sistema han hecho
conveniente hacer una reforma parcial, basada en esos mismos criterios,
pero mediante una estructura más reducida, que permite facilitar la
coordinación de las actividades derivadas de la realidad actual y,
además, resulta más acorde con las exigencias propias del Estado de las
autonomías. Las líneas básicas de esta nueva estructura, señoría, son, en
primer lugar, una simplificación del organigrama del Ministerio mediante
la agrupación de áreas homogéneas de actuación. En segundo lugar, la
potenciación de las direcciones generales como responsables de la
aplicación de la política sanitaria del Gobierno en sus ámbitos
respectivos. En tercer lugar, la reducción de los órganos superiores del
Ministerio y la agrupación de los centros directivos bajo una única
subsecretaría, como medio para facilitar la coordinación de la acción del
departamento. Se suprimen, por ello, dos órganos con rango de
subsecretaría, las secretarías generales de Planificación y de Salud y
tres direcciones generales, la de Relaciones Externas y Comunicación, la
de Ordenación de la Investigación y Formación y la de la Escuela Nacional
de Sanidad, al suprimirse el carácter de organismo autónomo de esta
última y ser asumidas sus funciones por el Instituto de Salud Carlos III,
como ya he tenido ocasión de decir. Ello se ha hecho en uso de la
autorización concedida al Gobierno por el artículo 100 de la Ley de
Presupuestos del año 1994.

El conjunto de la reforma supone, señorías, un ahorro de gasto público
cifrado en torno a los cien millones de pesetas. Mediante esta
reorganización se revitaliza el conjunto de actividades docentes y de
investigación vinculadas al Ministerio, que quedan agrupadas alrededor
del Instituto Carlos III, en su calidad de órgano de apoyo
científico-técnico de la Administración del Estado y de los distintos
servicios de salud de las comunidades autónomas. A las funciones que
venía desempeñando el organismo se suman, por ello, las de Fomento y
Promoción de la Investigación, desarrolladas anteriormente por la
dirección general que se suprime, y las propias de la Escuela Nacional de
Sanidad, que conserva su identidad y sus objetivos pero sin el carácter
de organismo autónomo que hasta ahora tenía. Además, y dentro del
instituto, se crea, como ya he dicho, la Agencia de Evaluación de las
Tecnologías Sanitarias, con nivel de subdirección general. Esta agencia
permitirá dar adecuado cumplimiento a las previsiones del artículo 110 de
la Ley General de Sanidad, que atribuye a la Administración del Estado la
valoración de la seguridad, la eficacia de las tecnologías relevantes
para la salud. Se trata, como ya he dicho, de un organismo similar a los
que existen en la mayor parte de los países de nuestro entorno y
constituye un instrumento fundamental para ordenar el proceso de
implantación de estas tecnologías, en su múltiple dimensión económica,
clínica, social y ética. La integración de la agencia dentro del
instituto permitirá, además, dar una respuesta adecuada a las exigencias
de funcionamiento que una entidad de este tipo requiere, sin necesidad de
proceder a la creación de un nuevo organismo, dado que podrá beneficiarse
de todos los medios personales y materiales de unas institución tan
relevante como el



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Instituto Carlos III, al tiempo que se garantiza con ello la
imprescindible coordinación.

Igualmente se procede a una nueva definición de las funciones que
corresponden a la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios,
con el fin de adecuarlas a las últimas disposiciones dictadas como
consecuencia de la trasposición de normas de Derecho comunitario al
proceso de aplicación y desarrollo de la Ley del Medicamento y, sobre
todo, a las exigencias derivadas de la puesta en marcha de la Agencia
Europa de Evaluación de los Medicamentos. Por ello se dota a la Dirección
General de los medios necesarios para la participación en la
planificación, evaluación y control de medicamentos que se autoricen por
la Unión Europea y se precisan las funciones que les corresponden, de
acuerdo con lo establecido en la Ley del Medicamento, en relación con los
procesos de promoción, registro, autorización, inspección y control de
medicamentos en sus diversas fases.

En la línea indicada de separación de las funciones propias de la
autoridad sanitaria de aquellas otras que son inherentes a su contenido
de entidad gestora de las prestaciones sanitarias de la Seguridad Social,
en aquellas comunidades autónomas que no han asumido las competencias en
asistencia sanitaria, el Insalud se separa nítidamente de la estructura
administrativa del Ministerio y pasa a depender directamente del
Ministro. En consonancia con cuanto ha quedado expuesto se atribuyen, por
otra parte, al Insalud determinadas funciones hasta ahora radicadas en
centros directivos del departamento. Estas funciones están básicamente
relacionadas con la elaboración y desarrollo de los sistemas
presupuestarios y de gestión económica, que configuran el plan de gestión
de la entidad, con la realización de conciertos para la prestación de
servicios sanitarios y con la gestión del plan informático, permaneciendo
únicamente en el Ministerio el establecimiento de criterios generales de
actuación en estas materias. El resto de las funciones y competencias del
Insalud no sufre modificaciones. Por último, el Real Decreto simplifica
el número de órganos directos de apoyo a la dirección general del
organismo y adopta la estructura de las subdirecciones generales a sus
nuevas funciones.

Señorías, éstas son en síntesis las orientaciones, el contenido y las
razones profundas de la decisión de modificar la estructura orgánica del
Ministerio, pero su señoría también ha hecho algunos comentarios a los
que deseo contestar en la medida de lo posible.

Es sorprendente que su señoría me reproche, primero, que existe el doble
de cargos y cuando se produce esa simplificación y reducción de los
mismos también le sorprenda. Si en mayo su señoría puso de manifiesto que
había un exceso de altos cargos en el Ministerio, supongo que estará de
acuerdo y que le habrá parecido bien la reorganización. No quise ser
descortés cuando le contesté que tenía los cargos que consideraba
oportunos. Esa es mi responsabilidad. Los tenía entonces y los tengo
ahora; es una decisión que me corresponde. Y sin querer ser descortés le
ratifico que, después de todas las explicaciones que le he dado, la
decisión de qué cargos y en qué ámbito responde a mi capacidad de
decisión y a mi propia responsabilidad.

Respecto a los comentarios que ha hecho el señor Diputado sobre personas
me va a permitir que no entre en ello, porque la decisión de sustituir
personas me parece que no exige explicaciones en esta Cámara. Yo he
sustituido a personas en algunos casos por extinción de los órganos o de
los cargos que ocupaban; ése es el caso de dos secretarías generales y de
tres direcciones generales. Los ceses de las personas que los
desempeñaban son por razones obvias, porque se han suprimido tales
cargos. Y en los casos en que he producido sustituciones, señor Diputado,
lo he hecho agradeciendo la colaboración y el trabajo que han realizado
las personas sustituidas durante este tiempo para el Ministerio de
Sanidad y Consumo, decidiendo concluida una etapa y, por tanto, asumiendo
la decisión de iniciar esta nueva en la que he tratado de explicarle
cuánto contenido hay detrás de esa decisión de modificación orgánica de
la estructura, designando a las personas que me parecen más capaces para
desempeñar las funciones que han quedado definidas. Don José Manuel
Freire, al que ha hecho una referencia expresa, sigue en el Ministerio y
espero seguir contando con él. Estoy encantada de poder seguir contando
con la colaboración del doctor Conde al frente de la Agencia de
Evaluación de las Tecnologías Sanitarias. No entiendo bien qué quiere
decir con su referencia a la recuperación para la sanidad socialista. Por
tanto, me permitirá que no entre en lo que considero que es el ámbito de
otros chismorreos, si se me permite utilizar una expresión tan coloquial
en esta Cámara, y estoy a su disposición para que formulen las preguntas
y realicen los comentarios a los que pueda contestar.




La señora PRESIDENTA: Señorías, quiero recordarles que la celebración de
esta sesión de la Comisión se hace de acuerdo con el artículo 202 del
Reglamento de funcionamiento de la Cámara, que prevé la posibilidad de
suspender brevemente o hasta cuarenta y cinco minutos, si ustedes lo
desean, la sesión de la Comisión para que, tras la intervención y
explicación del Gobierno, sus señorías preparen sus preguntas o
refresquen un poco la garganta. ¿Les parece a sus señorías que
suspendamos brevemente la sesión por cinco o diez minutos como máximo?
(Asentimiento.) Se suspende la sesión.




La señora PRESIDENTA: Se reanuda la sesión.

¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.) Vamos a recuperar el
procedimiento que últimamente teníamos establecido, de tal manera que en
primer lugar interviene el Grupo solicitante, a continuación de menor a
mayor y, en último lugar, el portavoz del Grupo Socialista. Por tanto, en
primer lugar tiene la palabra, en nombre del Grupo Popular, el señor
Fernández-Miranda.




El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Señora Presidenta, efectivamente
intervengo por ser Grupo solicitante de una de las comparecencias que
hemos acumulado en el trámite de esta mañana, y quería empezar
precisamente por esa comparecencia solicitada por nuestro Grupo
Parlamentario, dada la microexplicación que la señora Ministra nos ha
dado y también para explicarle, pues



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no entiendo cómo no entiende que yo hable de sanidad socialista.

Obviamente la señora Ministra, que no es miembro del Partido Socialista
Obrero Español, pertenece a un gobierno que está sustentado por el
Partido Socialista Obrero Español, que ha ganado las últimas elecciones
generales; por tanto, la política sanitaria que desarrolla el Partido
Socialista yo quiero entender que es una política socialista, a no ser
que a partir de ahora tengamos que reciclarnos en ese sentido y desde el
punto de vista de la señora Ministra no es una política sanitaria
socialista, sino que debe recibir una nueva definición. Por ello estoy a
expensas y encantado de que me saque de esta duda ideológica que sin duda
ha suscitado su sorpresa por mis palabras y su contestación.

En segundo lugar, he de decirle que en su contestación --cosa que por
otra parte hace con mucha frecuencia-- la señora Ministra nos ha expuesto
una teórica de cómo debe funcionar el Ministerio de Sanidad, qué debe
hacer, cuáles son las funciones del Ministerio de Sanidad; es decir, una
especie de manual del Ministerio de Sanidad ideal socialista, pero que me
temo muy mucho que no es capaz de desarrollar la señora Ministra. Hablaba
de estos instrumentos, además, como de instrumentos de estabilidad
deseable, estabilidad en la gestión ministerial, por tanto en los
planteamientos de la sanidad, que considero un rasgo fundamental.

Lamentablemente yo he de recordar a la señora Ministra que a lo largo de
estos últimos doce años han existido cinco ministros de sanidad, lo cual
supone bien poca estabilidad ya en el máximo responsable del Ministerio
y, por tanto, una pléyade de altos cargos, bien es cierto que algunos
heredados, algunos recolocados y algunos llevados de arriba abajo y de
abajo arriba, pero sin duda sin haber conseguido esa estabilidad que,
estando totalmente de acuerdo con S. S., usted reclamaba como algo
absolutamente imprescindible.

Han sido unas explicaciones formales. Me ha mencionado usted la
denominación de cada una de las direcciones y subdirecciones que ha
removido, que ha quitado, en las que ha cambiado personas, pero no me ha
explicado en absoluto cuáles son las razones profundas. Yo, señora
Ministra, vuelvo a recordárselo y fue como lamentablemente tuve que
empezar mi intervención esta mañana, porque usted en mayo no solamente
dijo que tenía los altos cargos que consideraba oportunos, que no deja de
ser un rasgo de agresividad controlada y educada --digamos-- pero venía a
decir prácticamente: Mire usted, tengo los que me da la gana. Me parece
muy bien que tenga los que le da la gana. Pero también me dijo, y hoy
vuelve a reiterármelo y en absoluto puedo estar de acuerdo con usted, que
no me iba a hablar de sus altos cargos ni de su Ministerio. Usted tiene
obligación de explicar en esta Cámara todo aquello que hace usted en su
Ministerio, las razones profundas que hacen que decida los nombramientos,
las razones profundas que hacen que decida los ceses, las razones
profundas, en definitiva, de cómo entiende el Ministerio, porque ese
Ministerio, esos altos cargos sustentados todos con fondos públicos
tienen que moverse en beneficio exclusivo de los ciudadanos. Esa duda la
tenemos, nutrió mi última interpelación en el mes de mayo del año pasado
y fue usted incapaz de convencerme de que efectivamente todos los fondos
públicos del Ministerio de Sanidad y Consumo se manejaban en beneficio
exclusivo de los ciudadanos españoles. Dejó una serie de flecos, de cosas
que todavía estoy esperando que me conteste --ahora le recordaré cuáles
son-- y no me convenció en absoluto.

No le puede extrañar, señora Ministra, que yo necesite, que el Grupo
Parlamentario Popular necesite, en definitiva los ciudadanos españoles
necesiten que explique el cese del señor Conde, cuando el señor Conde ha
aparecido en medios de comunicación, a lo largo del mes de julio y
agosto, como el responsable en su momento del Hospital de Toledo, donde
se han puesto de manifiesto una serie de irregularidades que
aparecían--repito-- en los medios de comunicación. Es decir, que no
manejo ningún tipo de sospecha infundada ni de rumorología ni de chismes,
a no ser que usted crea de nuevo que la información que aparece en los
periódicos, en los diarios, son chismes o son habladurías. Simplemente
desmiéntamelo, pero usted debe comprender que esa duda existe cuando
coincide prácticamente en el tiempo el cese del señor Conde como
Subsecretario. Por tanto, no sé si tendremos mejor ocasión para hacerlo;
lo dudo, gracias a su planteamiento, pero queda absolutamente oscura,
opaca, la remodelación que S. S. ha hecho en su Ministerio en el mes de
julio. No sabemos cuáles son las razones profundas y reales.

Si nos centramos ahora en su intervención respecto a la petición que ha
formulado, al igual que el resto de los Ministros del Gobierno, para
venir a contar en esta Cámara a los señores Diputados lo que piensan
hacer ustedes en el año 1995, e incluso algunos han dicho que en 1995 y
en 1996, yo he de decirle que al principio consiguió desconcertarme
totalmente, no sabía si estaba en el 20 de septiembre de 1994 o en el 30
de septiembre de 1993, porque nos ha dicho usted exactamente las mismas
cosas que hace 355 días. Ha hecho de nuevo esa historia de la sanidad
española que tanto le gusta y tan bien cuenta. Ha dicho lo sanos que
estamos los españoles y cómo los niños afortunadamente se mueren
muchísimo menos casi que en el siglo XV. Nos ha contado todas las
bondades del sistema y ahí están afortunadamente para toda la sociedad,
yo he dicho en alguna ocasión que después de muchos años, de muchos
esfuerzos y de mucho dinero aportado por los ciudadanos españoles.

Si repasamos lo que usted nos prometió el 30 de septiembre de 1993, vemos
cómo las realizaciones de este último año, de estos 355 días últimos,
dejan muchísimo que desear. Usted afirmó en aquel entonces, el 30 de
septiembre, que la sanidad es una prioridad absoluta para el Gobierno.

Sin embargo, hace bien pocos días, en los medios de comunicación dijo
usted: Voy a procurar que el Gobierno considere la sanidad como una
prioridad política. ¿Dónde estamos, señora Ministra? ¿Ha estado usted
todo un año intentando convencer al señor González de que es una
prioridad o efectivamente, tal como dijo con rotundidad en 1993, es una
prioridad? Dudamos muy mucho que como consecuencia de los anuncios hechos
para 1995 y de las actuaciones conseguidas en 1994 sea la sanidad pública



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una prioridad. Ahora tendremos ocasión, además, de entrar en detalle en
eso.

Afirmó también usted en aquella ocasión que pedía la colaboración
responsable de los profesionales de la sanidad. Pues bien, señora
Ministra, no ha respondido usted a ninguna de las inquietudes de los
profesionales de la sanidad a lo largo de este año. Si se refiere usted a
la ley de ordenación de las profesiones sanitarias, llevamos más de dos
años oyendo hablar de ella, de sus borradores, de sus preborradores, de
sus postborradores, incluso ante la presentación por parte de este Grupo
Parlamentario Popular de lo que podía ser el inicio de unos trabajos, sin
duda alguna fáciles, como fue la proposición de ley de carrera
profesional para medicina y enfermería, de nuevo en ese trámite se me
vino a recordar que eso y todo lo que iba a afectar a las profesiones
sanitarias se contemplaría en esta ley que no existe, que no solamente no
existe sino que si existiese ya la habría usted presentado, y a lo mejor
me sorprende el próximo viernes en Consejo de Ministros, aunque como la
ley de secretos oficiales, por ejemplo, puede tardar dos años, y todavía
no ha llegado, en ver la luz en esta Cámara.

Me habla usted también de la responsabilidad civil, que va a ser éste el
año auténticamente de la solución de la responsabilidad civil, cuando ya
nos ha prometido que en este año iba a celebrarse el famoso seminario con
el Consejo General del Poder Judicial --estamos hablando de septiembre de
1993-- y después de 355 días sigue sin celebrarse. Estaría bueno que su
señoría no fuese a solucionar el tema de la responsabilidad civil de los
profesionales sanitarios. La señora Ministra se ha olvidado de mencionar
aquí que tiene el mandato imperativo de esta Cámara, de esta Comisión,
que aprueba por unanimidad una proposición no de ley, presentada por el
Grupo Parlamentario Popular, para que se ocupe de una vez por todas de
eso, no solamente de la póliza, que el año pasado y que yo sepa éste ya
va a ser para el año que viene para los profesionales, sino de que la
judicatura entienda de qué estamos hablando y qué van a juzgar, y que
existan ámbitos de conciliación prejudicial para los pacientes, para sus
familiares, para los profesionales y para los jueces. Los profesionales
siguen apareciendo más veces en los medios de comunicación sentados en un
banquillo que por un acierto o un éxito asistencial o científico. Por
supuesto que tiene que hacerlo, señora Ministra, porque este Congreso se
lo ha ordenado aprobando, por unanimidad, una proposición no de ley.

Habló también de un buen número --porque fue como hoy una intervención de
promesas--, de un número inmenso de promesas que sin duda alguna ponían
también de manifiesto las múltiples deficiencias que después de doce años
de gestión socialista sigue teniendo la sanidad pública, por lo cual
estamos sumamente preocupados, señora Ministra, porque vemos cómo día a
día se nos va desconchando como un viejo edificio, como una vieja
edificación, y como no consigan ustedes actuar con decisión y con
diligencia va a ser un edificio absolutamente inservible.

Habló usted de la promulgación de un decreto de vigilancia
epidemiológica; no lo ha hecho. Habló usted de desarrollar el plan del
sida, nos ha contado que están trabajando en. Su frase favorita, la frase
más mencionada a lo largo de su intervención ha sido «estamos trabajando
en». Si estamos trabajando en quiere decir que no está hecho aquello que
usted había comprometido, siguen trabajando en. Entiendo que las cosas no
son fáciles, pero la sociedad española, y en sanidad en mayor medida,
necesita soluciones, no trabajar en soluciones sino plasmarlas y
concretarlas en iniciativas legislativas o en iniciativas de Gobierno.

No ha hecho usted nada sobre sanidad exterior y se comprometió a ello. No
ha hecho usted nada --sigue anunciándolo porque por lo visto siguen
trabajando en ello-- sobre el desarrollo del reglamento de la ley de
publicidad respecto al tabaco y al alcohol. Habla usted de la importancia
de la coordinación interterritorial y sigue usted sin plan integrado de
salud en España.

Habló en su momento de favorecer la relación personal del paciente con el
médico. Fíjese lo que han avanzado y lo que van ustedes a avanzar
opinando como opina su director territorial del Insalud en La Rioja,
territorio Insalud. Textualmente en un boletín, en esta especie de hojas
parroquiales de las que son tan amigos en el Insalud aquí y allá, de
julio de 1994, el señor Bados afirma: La relación médico-paciente, que
fue buena en otros tiempos, su conservación supondría una rémora en la
mejora social. Son personas que usted nombre y en las cuales deposita su
confianza que, sin duda alguna, la van a ayudar muchísimo a que la
relación médico-enfermo mejore, tal como usted nos anunció que deseaba
hacer en 1993. Nos plantea también la libre elección del médico, y dijo
usted textualmente: ampliándolo a especialistas. Tenemos de mala manera
la elección del ginecólogo, que no se produce en todo el territorio
nacional ni remotamente, y, por supuesto, del resto de los especialistas
de momento seguimos trabajando en ello.

Habló usted también de la asignación de un médico responsable a cada
paciente hospitalizado, que no existe. Habló usted también de extender el
consentimiento informado de los pacientes previos a intervenciones
quirúrgicas o exploraciones complementarias invasivas o molestas, decía
usted concretamente; tampoco está finalizado y los sitios en donde está
son cuestionarios tan abigarrados, tan técnicos, que los pacientes son
incapaces de entender lo que leen en un altísimo tanto por ciento. Son
tan poco útiles que muchos de ellos son capaces de firmarlos sin leerlos
y, por tanto, pierde todo el valor formal y jurídico que pudiese tener en
un momento determinado.

Nos habló usted, cómo no, del plan de listas de espera. Nos ha dado en
este año una cifras parecidas a las que nos dio ya hablándonos de 1992,
porque nos está hablando usted continuamente de 1993, señora Ministra; el
año 1994, y estamos en septiembre, prácticamente no existe para usted, ni
para usted ni para el resto de los ministros de su Gobierno, no existe, y
están haciendo ya los Presupuestos Generales del Estado, que por lo visto
cierran ya, según ha dicho el señor Solbes, de forma inmediata, y no
tenemos conocimiento de cuál ha sido la ejecución presupuestaria en sus
ministerios. Hemos pedido que viniesen los subsecretarios cada tres
meses, el Grupo Socialista lo ha hecho



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imposible. Hemos solicitado que acudan los subsecretarios a la Comisión
de Presupuestos; empiezan a comparecer a finales de este mes, cuando el
texto estará cerrado. En definitiva, hablan ustedes de 1993, y se habló
entonces de que se iba a incentivar el rendimiento de los quirófanos, a
poner en marcha un plan de cirugía mayor ambulatoria, con unidades de
cirugía mayor ambulatoria (yo le dije que los conceptos de mayor y
ambulatorio son difícilmente compaginables, pero ustedes sabrán), incluso
la potenciación de la cirugía ambulatoria de corta estancia. Sigue
habiendo, señora Ministra, pacientes españoles en lista de espera, sobre
todo en lista de espera diagnóstica; hay más de 50.000 españoles
esperando saber qué enfermedad tienen, no de qué enfermedad se tienen que
tratar, qué enfermedad tienen que es, si cabe, más dramático. Sí han
mejorado en una cosa en las listas de espera, y he de reconocérselo; han
mejorado en cómo cuentan las personas que están en lista de espera. Yo no
sé si el señor Temes deberá su subsecretaría precisamente a aquella
pirueta, a aquel maquillaje que hizo a la semana de informarme usted de
las listas de espera oficiales, que redujo de un plumazo al 50 por
ciento, tanto en el ámbito de actuación quirúrgica como de actuación
diagnóstica. Les he de reconocer que son ustedes auténticamente
espectaculares manejando a su favor los números de las listas de espera.

Con ese planteamiento me creo que reduzca usted el 54 y el 100 por cien;
me creo que llegue usted a pedir por favor, de rodillas, pacientes porque
se le quedan las camas y los quirófanos vacíos. Obviamente, las cifras
pueden manipularse a beneficio de inventario y me temo muy mucho que es
lo que están haciendo.

Habló usted también de desarrollar el artículo 82 de la Ley General de
Sanidad, del sistema de compensación financiera entre las comunidades
autónomas. Siguen trabajando en ello. Habló usted del desarrollo de
contabilidad analítica y realización de auditorías en los distintos
centros. Deben seguir trabajando en ello porque, entre otras cosas, yo le
tengo reclamadas desde el mes de mayo las auditorías hechas en los
últimos cinco años y todavía, habiendo pasado los plazos reglamentarios,
no ha tenido a bien, como en tantas otras cosas, suministrarme esa
información. Obviamente, el Presidente de la Cámara ha recibido esta
misma mañana la petición de amparo para que esa información de la que
usted presume, esa transparencia de la que usted presume continuamente
sea una realidad en manos de un grupo parlamentario de la oposición.

El 24 de noviembre de 1993, en la primera interpelación que tuve ocasión
de realizarle, la señora Ministra, de nuevo, habiendo dicho previamente
que reconocía que los presupuestos reales eran una deuda que tenía el
Gobierno con la sanidad --lo dijo en el mes de septiembre--, sin embargo
cambió de criterio diciendo una cosa un día y al día siguiente la que más
le podía interesar en función de su imagen pública y de la de su
Ministerio, que estábamos con un presupuesto ajustado y realista, que era
un presupuesto real. Pues bien, no sé entonces cómo pueden ustedes hablar
de 1992 y 1993, de una deuda que para usted es de 280.000 millones de
pesetas, para el señor Temes son 290.000 millones y que a efectos de la
morosidad, del impago que S. S. sigue generando en la sanidad pública
mantiene cifras crecientes respecto al año anterior. Y yo sí le doy
cifras de 1994, no de 1993, como ha hecho usted a lo largo de toda su
intervención.

Señoría, la deuda total para los proveedores de productos sanitarios en
1994, más concretamente en junio de 1994, es de 67.400 millones de
pesetas. Se mantienen históricos los hospitales del Insalud que más deuda
tienen embalsada y que más morosos son en la liquidación de esa deuda. Y
así, el Hospital Doce de Octubre de Madrid tiene una deuda, también a la
misma fecha, de 8.175 millones de pesetas, con una morosidad, con una
antigüedad de la deuda de 648 días; La Paz, 6.640 millones de pesetas,
con una morosidad de 339 días, y el Hospital Universitario San Carlos,
3.525 millones, con una morosidad, con una antigüedad de 394 días. Eso
sí, el 24 de noviembre usted afirmó, con la rotundidad que le caracteriza
en algunas de sus afirmaciones, que el Insalud está pagando en 90 días.

No sé si las víctimas del pago de 90 días son las que no están
proporcionando información adecuada o si usted paga a algún sitio que no
llega a los productores sanitarios, porque la diferencia entre la
afirmación categórica de los 90 días y la media de 268 días o los 648 del
Hospital Doce de Octubre, que hasta donde yo sé es un hospital del
Insalud, indudablemente hace que sus palabras y sus afirmaciones vayan
teniendo, día a día, menos valor absoluto.

En mayo de 1994 niega usted --el 18 de mayo concretamente, en una nueva
interpelación-- la crisis financiera del Sistema Nacional de Salud. En
estos días se están reconociendo las deudas; se están reconociendo las
deudas de otras comunidades autónomas, está dispuesta a sanear las deudas
de algunas comunidades autónomas--ahora hablaremos de ello-- pero en mayo
negaba que existiese ningún tipo de crisis financiera. Es más, afirmaba
rotundamente que el Insalud estaba sometido a las mismas normas de
transparencia de la legislación vigente, entre ellas, la Ley de Contratos
del Estado. Han aparecido informaciones en las cuales les dicen que sus
hospitales del Insalud incumplen sistemáticamente la Ley de Contratos del
Estado. Es más, la información a la que yo quiero acceder espero algún
día, en ese juego democrático que S. S. conoce tan bien como yo, estudiar
estas auditorías y el seguimiento que se ha hecho de esos hospitales en
los últimos cinco años, y no solamente veamos que se vulnera esta Ley de
Contratos del Estado, sino las recomendaciones que hacen los auditores
internos y externos y con qué diligencia han respondido a estas
auditorías que, según las hemos pedido, arrancan de 1989, época en la que
fue usted Subsecretaria, y posteriormente Ministra, y en la que sin duda
alguna tiene responsabilidades importantes.

En esa misma fecha la señora Ministra, en la última interpelación en la
cual yo quería que me convenciese de que todos los fondos públicos se
estaban utilizando en beneficio exclusivo de los ciudadanos españoles, me
hizo varias promesas, entre ellas que me daría lista de donaciones de
órganos y trasplantes que se habían producido en el tiempo en que yo
denunciaba el parón del programa de trasplantes del Hospital Clínico, y
estoy esperando desde el mes de mayo. Me dijo también que me iba a
informar sobre los



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movimientos de la cuenta corriente de la Asociación de Amigos del Doce de
Octubre, porque dijo usted una cosa muy rara: que el gerente que entonces
era gerente y ha dejado de ser gerente... No sé si la cuenta corriente se
la llevó ese señor que dejó de ser gerente a su casa o si sigue ahí y
usted me puede informar; tampoco lo ha hecho. También me dijo que iba a
contestarla y que sentía mucho no saber que la doctora Cobo le había
escrito.




La señora PRESIDENTA: Señor Fernández-Miranda, un momento, por favor. Le
ruego vaya concluyendo y se centre en el objeto de estas comparecencias
solicitadas para el día de hoy.




El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Voy concluyendo, señora Presidenta,
y estoy absolutamente centrado en el objeto de la comparecencia. La
señora Ministra viene a contarnos lo bien que va todo y lo que harán en
los años próximos. Yo dudo muy mucho de lo bien que va todo y me gustaría
que me contase cosas del año 1994 que no me ha contado, porque el salto
1993-1995 puede ser cómodo para el Gobierno pero es un fraude para esta
Cámara. Por tanto, estoy esforzándome en ello y terminaré en muy breve
tiempo, siguiendo sus indicaciones.

Le decía, señora Ministra, que usted se sorprendió cuando le dije que la
doctora Cobo estaba siendo perseguida dentro de su hospital y le había
escrito, y me prometió que le contestaría. Me temo, señora Ministra, que
no ha contestado a la doctora Cobo.

En definitiva, señora Ministra, dígame por qué razón voy a creerle en lo
que piensa hacer en el año 1995, si nada de lo que prometió para 1994
está cumplido. ¿Qué grado de fiabilidad puede usted inducir en este grupo
parlamentario, y en la propia sociedad a la cual representamos, cuando
simplemente es capaz de plantear huidas hacia adelante, grandes
programas, grandes bondades en las que están trabajando? ¿Qué deuda ha
generado el Insalud durante el año 1994? ¿Cuál es el montante de esas
obligaciones no reconocidas --denominación eufemística propia de su
Ministerio-- contando con que hay algunos servicios autonómicos, como
puede ser el andaluz, al cual ustedes todavía no le han transferido tres
mil millones de pesetas de la deuda del año 1991; o el canario, al cual
le deben 1.250 millones; o el Insalud, es decir, que se debe usted a sí
misma, señora Ministra, deudas hasta 1991, 6.500 millones de pesetas que
todavía no ha satisfecho; o 14.000 ó 18.000 ó 28.000 millones de pesetas
específicamente para proveedores sanitarios. ¿Cuál es la desviación de la
ejecución presupuestaria de 1994, señora Ministra? ¿Hasta dónde puede
usted llegar anticipándonos, a fecha de septiembre de 1994, la ejecución
del presupuesto de su Ministerio, datos en los cuales sin duda alguna se
habrá basado para esa promesa que ha hecho de unos Presupuestos Generales
del Estado reales para 1995? ¿Cuál es esa desviación? ¿Qué cambios ha
introducido o va a introducir o tiene programado o incluso le daría por
bueno que estuviese trabajando, como en tantas otras cosas, en este
momento, en el Sistema Nacional de Salud para evitar las razones que
indujeron a esas desviaciones, como mínimo, de los últimos cinco años,
algunas saneadas y otras sin sanear?
Le decía al principio de mi intervención, señora Ministra, que está
dejando una sanidad pública inservible, es en este momento infinanciable.

El agujero negro, la deuda con los proveedores, con la propia Seguridad
Social, con el Ministerio de Hacienda porque no transfiere el IRPF, las
deudas de todas las comunidades autónomas (no tienen más que ir repasando
en qué cifras, siempre milmillonarias, le reclaman deuda los distintos
consejeros), ese agujero negro, señora Ministra, nos tememos que por
mucho que ustedes intenten maquillarlo --como hacen con las listas de
espera-- ronda la preocupante cifra del billón de pesetas. Si ustedes
quieren de nuevo esconder la cabeza debajo del ala y hablar de esos
280.000, 290.000, 240.000 millones de pesetas, le he oído en alguna
ocasión, ustedes sabrán. Pero sin ese saneamiento, sin un nuevo modelo de
financiación de la sanidad pública, en el que de nuevo están trabajando,
ello no será posible. Me gustaría conocer su opinión sobre si ese nuevo
modelo va a ir en base a cuotas pagadas por los ciudadanos o por vía de
fiscalidad pura. Nuestra tesis, como bien sabe, desde hace mucho tiempo
es que el servicio de sanidad, la sanidad pública, al ser un derecho de
todos los españoles, no solamente de los españoles trabajadores, debe ir
por vía de fiscalidad, tesis a la que se ha apuntado el Ministro Griñán
que, como bien sabe, fue antiguo compañero en su departamento y compañero
ahora de Gobierno, y así lo ha manifestado hace pocos días en una
afirmación que no se había hecho desde el gobierno socialista en ningún
caso. ¿Cuál es su postura en ese sentido?
Uno de los rasgos fundamentales que usted ha planteado en su intervención
es que la consolidación financiera es condición «sine qua non» para poder
avanzar en la sanidad pública. Sanidad pública en la que posteriormente
entran en contradicciones sorprendentes. ¿Por qué tienen tanto interés en
recortar los incrementos y los gastos --que desde nuestro punto de vista
es fundamental--, insistiendo en que el costo de la sanidad española es
bajísimo? Es decir, nunca se había dado tanto por tan poco, sin embargo
hay que recortar. Explíqueme esa contradicción que no solamente la veo
yo, sino otras muchas personas.

Me gustaría que también me explicase en qué ha consistido esa fase de
evaluación, de consulta pública del catálogo de prestaciones sobre el que
usted nos ha informado hoy que está culminado. ¿A quién, cómo, en qué
circunstancias se ha consultado ese catálogo?
¿Sabe la diferencia de su planteamiento, tan adornado en su presentación,
entre lo que sería la sanidad pública hasta que usted ha sido Ministra y
después? Que los ciudadanos españoles, a partir de ahora, cuando se
pongan enfermos van a tener que consultar un libro en donde verán si
pueden ir o no a la sanidad pública. Antes iban directamente y les
solucionaban el problema cuando las ciencias sanitarias lo hacían
posible.

De todas formas, haga un buen libro, porque cuando ponga usted los
diagnósticos en las prestaciones para esa información que usted quiere
dar a los ciudadanos, si los



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ciudadanos previamente no están titulados en medicina o en otras
profesiones sanitarias, difícilmente van a saber distinguir si tienen
derecho a esa asistencia o no. Cuando se encontraban enfermos, hasta
ahora acudían a la sanidad pública, pero ustedes han roto el concepto de
sanidad pública que esta sociedad española tenía.




La señora PRESIDENTA: Señor Fernández-Miranda, concluya.




El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Y lo han roto sin ser avisados
previamente, ni el señor González en las últimas elecciones generales, ni
usted a lo largo del año que ocupa el Ministerio se lo han comunicado, y
ello hará que haya muchas personas que estén desconcertadas y sin saber
si pueden, efectivamente, acceder a esa cobertura universal, aparte de
que, teóricamente, están universalmente protegidos todos los ciudadanos.

Termino, señora Ministra. Todo esto además de ser infinanciable es
insuficiente. Ustedes están recortando sanidad, mal que les pese y por
mucho que quieran maquillarlo, como hacen con las listas de espera, y
recortan precisamente en eso, en las listas de espera, en donde el
paciente no puede entrar en el sistema; recortan con el medicamentazo.

Hay medicinas, señora Ministra, que los ciudadanos españoles, si las
necesitan y están en el mercado español porque son de uso legal, tendrán
que pagarlas si están fuera de su lista de medicinas financiables por la
Seguridad Social.

El catálogo ahí está --con el señor Conde, además, a la cabeza-- por real
decreto; insisten en el real decreto. Una modificación tan sustancial de
la concepción que este país tiene de su sanidad pública debe ir por ley,
señora Ministra. No pueden ir ustedes hurtando el debate en esta Cámara,
donde radica la soberanía popular, del cambio sustancial que supone el
que haya asistencia sanitaria a la que no se pueda acceder gratuitamente.

Usted pone los ejemplos que le interesan. Hace referencia a la asistencia
psiquiátrica. ¿Y la asistencia que proporciona la psicología clínica,
señora Ministra, en dónde se queda en su catálogo? ¿Dónde se quedan, por
tanto, los profesionales que hoy la proporcionan dentro del sistema
público? ¿En dónde queda esa profesión sanitaria, en definitiva?
Señora Ministra, todo esto no son más que discursos grandilocuentes, con
ese toque tan socialista de salud para todos de la Organización Mundial
de la Salud, olvidándose de que el eslogan de salud para todos es de
principios de 1980 y que en 1993 la Organización Mundial de la Salud y el
Banco Mundial han recomendado a todos los servicios públicos de sanidad
que comiencen un proceso de desregulación y liberalización porque si no
serán infinanciables a medio plazo. (Rumores y protestas.)



La señora PRESIDENTA: Señor Fernández-Miranda, concluya, por favor.




El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Concluyo, señora Presidenta. Todo lo
que he dicho anteriormente nos está llevando a una sanidad insolidaria
con los más débiles, los que no van a tener acceso a esa sanidad. Y tal
cual lo están planteando en esos pactos secretos --secretos porque ni mi
Grupo Parlamentario, ni mi Partido, ni yo, obviamente, los conocemos--
que están llevando a cabo con Convergència puede ser --y no lo deseamos--
insolidarios interterritorialmente (Rumores.) con las comunidades
autónomas más pobres, con las comunidades autónomas a las que ustedes les
han dejado deudas tan importantes como la de la Comunidad canaria, donde
todavía están esperando que se satisfaga la promesa no solamente de la
deuda histórica, sino de 33.000 millones, que, por cierto el consejero
los está manejando como si los tuviese ya, o como ocurre en Galicia...




La señora PRESIDENTA: Concluya ya, señor Fernández-Miranda.




El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Termino, señora Presidenta.

En Galicia, la previsión capitativa que hacen, como bien sabe la señora
Ministra, es la que corresponde a 1986. Todas ellas son comunidades
autónomas pobres, que difícilmente podrán sanear su sanidad si no la
sanea el Ministerio; que si son desplazadas en el saneamiento de esa
deuda no podrán ejecutar las transferencias en sanidad que están
solicitando en un plazo inferior a diez o quince años por los problemas
en cadena de tipo financiero que se irán mezclando.

Señora Ministra, las condiciones que el Grupo Parlamentario Popular le
plantea como imprescindibles para salvar la sanidad pública que se nos
está cayendo literalmente encima es que usted tiene que aflorar y pagar
la deuda solidariamente, que tiene que reconocer y consolidar las
desviaciones de los anteriores presupuestos y, por tanto, hacer unos
presupuestos reales, solidarios interterritorialmente. Además, todo esto,
señora Ministra, es absolutamente imposible que usted lo haga sin ser
algo más que un nuevo parche, como el que pusieron hasta 1991, si no se
cambia sustancialmente de modelo de sanidad pública en este país.

El origen de todos los males financieros, de insuficiencia, de recortes,
del grado de satisfacción decreciente --porque no sé cuáles son las
encuestas que maneja la señora Ministra, deben ser de hace varios años--
de la ciudadanía española y de sus profesionales, se debe simple y
llanamente a que tenemos una ley y un modelo de sanidad socialista, y se
ha demostrado, por la terquedad de los hechos, como inservible en este
momento para la sociedad española.




La señora PRESIDENTA: Quiero rogar y recordar al resto de los portavoces
de los grupos, aunque es verdad que los que no han intervenido no tienen
ninguna culpa, pero les ruego, insisto, que no abusen de la permisividad
con el tiempo que concede esta Presidencia, y ello en bien del desarrollo
de la Comisión, porque no me gustaría aplicar rigurosamente el
reglamento. (El señor Fernández-Miranda y Lozana pide la palabra.)



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Señor Fernández-Miranda, ¿para qué quiere hacer uso de la palabra?



El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Señora Presidenta, no me parece que
el calificativo de abuso en el uso del tiempo, después de haber llegado
anteriormente al acuerdo de que eran dos las comparecencias que se
acumulaban, pueda ser pronunciado por la señora Presidenta. El acuerdo
previo era que al acumularse las dos comparecencias la laxitud en el
manejo del tiempo era prácticamente el doble de la de una comparecencia.

Por tanto, no podemos llegar a un acuerdo previo a la celebración de la
Comisión para que después usted intente sacarme los colores porque yo
abuso de la confianza que usted deposita en mí.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Fernández-Miranda. Le voy a
responder. No he querido hacer una acusación, he hecho un ruego de que no
se abuse. Pero le diré que, en aplicación rigurosa del Reglamento --que
no me gusta utilizar--, le correspondería haber utilizado veinte minutos
--diez por cada comparecencia-- y S. S. ha consumido cuarenta y tres
minutos, el doble en laxitud. (Rumores.) No obstante, no quiero
calificarlo de abuso. Les ruego de nuevo señorías, que tengan en cuenta
que la disponibilidad del tiempo es para todos.

Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría.




El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Quería comenzar mi intervención
agradeciendo a la señora Ministra las explicaciones que nos ha dado con
respecto a los planteamientos o política de carácter general que va a
poner en práctica, o que ya lleva ejecutando de lo ya diseñado con
anterioridad, el ministerio que dirige.

Señora Ministra, yo empezaría por el final de su primera intervención,
que sería la política de consumo, y luego iría analizando diversos
aspectos que me han parecido interesantes de su explicación.

Señalaba usted que, en política de consumo, ha habido una labor de
coordinación y de colaboración con las comunidades autónomas. Yo creo que
ha sido un paso interesante y positivo el que se hayan podido constituir
juntas arbitrales en comunidades autónomas, en la medida en que estos
órganos, con representación de la Administración y también de las
organizaciones de consumidores, sirven, de alguna manera, para
desjudicializar determinados conflictos que pueda haber entre
particulares; por tanto, creo que el impulso en la creación de este tipo
de órganos, realizado en colaboración con la Administración central, las
administraciones autonómicas y las corporaciones locales, es positivo.

En segundo lugar, quería hacer referencia a una cuestión que ya planteó
en una comparecencia que tuvo lugar el pasado mes de octubre --creo
recordar-- el señor Conde, Subsecretario en aquellas fechas, que era la
regulación, por pate del Gobierno, de la figura de la multipropiedad como
necesidad de proteger a determinados titulares españoles de propiedades
en base a usos temporales de inmuebles. Efectivamente, se puso en marcha
la directiva de la Unión Europea, pero también se comentó, por parte del
Gobierno, que era su intención, en la medida de lo posible, adelantar el
período transitorio que la directiva establecía para la adaptación de la
misma a la legislación interna de cada estado. Por ello, le pediría que
nos dijese qué planteamientos tiene el Gobierno respecto a la regulación,
en aras de la protección del consumidor, de la multipropiedad con
carácter general en España.

En cuanto a las diferentes políticas que usted ha explicado que ha puesto
en práctica o que lleva a cabo el ministerio, he de manifestar que
coincidimos en los planteamientos generales que ha realizado respecto del
Sistema Nacional de Salud y en cuanto a la gestión de la sanidad,
evidentemente con las diferencias del volumen de gestión que usted tiene
la responsabilidad de realizar y las responsabilidades que el grupo
político que yo represento tiene en otra esfera. Por ejemplo, cuando
usted hablaba de la política farmacéutica, yo creo que es positivo que se
haya logrado una reducción del tres por ciento en el precio de los
medicamentos. Son avances, repito, positivos que yo creo que quizá no han
tenido el relieve o la trascendencia pública que requerirían, pero que mi
Grupo Parlamentario, como política que también se realiza en la comunidad
autónoma en la que nosotros tenemos responsabilidades de gobierno, quiere
destacar, porque es una política que tiene que ir dirigida, como usted
decía, a contener el gasto público y tender progresivamente a esa
limitación y a esa disminución del déficit público.

Se ha referido también a la gestión de la sanidad. Efectivamente, está
comprobado que diferentes servicios públicos --a usted le atañe la
sanidad, pero también sucede en otros servicios, como por ejemplo el de
la telecomunicación-- están diseñando últimamente unas políticas de
gestión descentralizada en la que puedan participar directamente los
agentes, bien sea en el mundo de la comunicación, o bien sea en el mundo
de la sanidad, insisto, como es su caso; por ello, la puesta en marcha de
contratos-programa, donde haya unos objetivos y unas cantidades
presupuestarias a las cuales se tengan que atener las dos partes
contratantes del programa, nos parece que es una política que va a dar
éxitos en un plazo corto de tiempo, en la medida en que la
descentralización de la gestión es buena, puesto que los gestores
sanitarios, los responsables de cada uno de los hospitales, de cada una
de las unidades de atención sanitaria, se involucran en la prestación de
los servicios y, en definitiva, asumen responsabilidades en cuanto a la
aplicación del gasto público y en cuanto a la eficiencia de la prestación
de la sanidad a cada uno de los pacientes. Por ello, yo diría que, en
líneas generales, coincidimos con ese planteamiento, que yo creo que es
la línea por la que va la gestión de la política sanitaria en el mundo
occidental moderno.

En cuanto a la atención sanitaria, es decir, lograr un sistema nacional
eficiente y de calidad, que es un tema que usted ha dicho que le parecía
muy importante, he de señalarle que, con algunas diferenciaciones que
pueda haber por territorio, se ha dado un paso importante en los últimos
años, y es justo reconocerlo. Con independencia de quién



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sea el grupo político que esté en el poder o tenga la responsabilidad de
gestionar un área pública, yo creo que se ha dado, insisto en ello, un
paso importante, y lo que resulta necesario ahora es consolidar, mantener
y garantizar un grado de protección, un grado de amparo, una garantía
suficiente para los ciudadanos españoles. En ese sentido, ya se lo hice
saber en alguna otra comparecencia, a nosotros nos parece oportuna la vía
de la definición de las prestaciones y servicios que ha de incluir el
sistema sanitario, es decir, las prestaciones que van a existir en la
relación pública entre la administración sanitaria y los ciudadanos
españoles; nos parece que una delimitación que se realiza a través de la
ordenación de las prestaciones sanitarias es algo positivo, pero, a su
vez, algo que tiene que ser dinámico y flexible, puesto que no puede una
delimitación, como el catálogo que usted ha indicado que se va a aprobar
próximamente, estar encorsetada. Se establecen también ahí unas
posibilidades de introducción de otro tipo de prestaciones y por ello
creemos que tiene que ser flexible y dinámico.

Si vemos con profundidad y rigor el tema del ámbito protector de la
sanidad pública, los sistemas públicos de sanidad, en definitiva, tienden
hoy en día, bien por activa o por pasiva, bien positiva o negativamente,
a determinar un ámbito protector, señalando, en el caso de la
Administración pública sanitaria española, el área de las prestaciones, y
en el caso de otro tipo de administraciones públicas sanitarias
determinando lo que no entra, con lo cual, por exclusión, entra todo el
resto. Por ello, nosotros, en ese tema, estamos plenamente de acuerdo con
la determinación de un ámbito protector puesto que da una garantía y, en
definitiva, no vemos que haya una disminución de dicha protección a los
ciudadanos españoles en la norma reglamentaria que va a ser aprobada
próximamente, porque en ella se establece que es un instrumento dinámico
y flexible que se irá acomodando a la realidad de las necesidades de los
ciudadanos, de los pacientes.

Respecto al tema de fijar un marco estable de financiación, me parece
también positivo que se vaya a una política de gasto real, a una política
donde el presupuesto ya no va a ser ampliable, o sólo lo podrá ser
excepcionalmente por ley, si bien en este punto nosotros tenemos nuestras
dudas en lo que al gasto farmacéutico se refiere, al tener que estar el
presupuesto plenamente concretado y determinado, sin que pueda existir
ampliación nada más que por ley. No obstante, el planteamiento general de
tender a un marco de presupuesto real nos parece que es oportuno para que
cada administración pública sanitaria (el Insalud y las comunidades
autónomas) sepan a qué atenerse; es decir, que no sea el presupuesto
público un saco sin fondo de forma que las comunidades autónomas puedan,
en su caso, gastar hasta que exista también un déficit del Insalud para
luego todos esperar, con ansiedad, el crédito ampliable y proceder a su
reparto. Nos parece que da mayor seriedad a la gestión de los recursos
públicos un presupuesto real cerrado, con esa duda que pudiéramos tener
en cuanto a los gastos de farmacia, ya que quizá pueden ser más
imprevisibles que otros gastos sanitarios.

Por otra parte, usted hacía referencia también, señora ministra, al tema
de la ordenación del mundo sanitario profesional. Yo creo que es
necesario, como pudimos debatir con ocasión de la proposición no de ley
del Grupo Popular sobre la carrera profesional de los enfermeros y de los
médicos, un marco clarificador, un marco estable que defina qué tipo de
profesional sanitario queremos y cuál ha de ser la relación entre ese
profesional sanitario y cada una de las administraciones. ¿Ha de ser
funcionarial? ¿Ha de ser laboral? ¿Ha de ser de alta dirección? Yo creo
que se tiene que establecer un mínimo común denominador al respecto. Eso,
evidentemente, tiene sus dificultades, puesto que una ordenación de las
organizaciones sanitarias abarca a muchos colectivos profesionales, pero
ése es el gran reto que tiene el ministerio que usted dirige en el ámbito
profesional.

También me gustaría que me aclarara, cuando hacía referencia a que para
el año próximo se va a hacer una cobertura de la responsabilidad civil de
los profesionales, si va a abarcar a todos los agentes sanitarios, a los
auxiliares, a todo el personal que trabaja en el ámbito de la sanidad, o
si se va a referir únicamente a los médicos. No me ha quedado
suficientemente claro, por lo que le pediría una explicación sobre este
punto.

Finalmente, señora Ministra, quisiera referirme al tema con que usted ha
iniciado, creo recordar, su intervención, es decir, el grado de atención
y de evolución de las enfermedades en España, la política que se sigue en
cuanto a la prevención del sida. El Plan Nacional contra el Sida, con la
atribución de determinadas responsabilidades al personal de las
comunidades autónomas, ha mejorado en cuanto a su gestión, por lo que es
la política a seguir. Las administraciones no pueden actuar encorsetadas
o compartimentadas entre sí, y la colaboración con las comunidades ha
mejorado últimamente; por tanto, nos congratulamos de ello.




La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), tiene la palabra el señor Cardona.




El señor CARDONA I VILA: En primer lugar, quiero agradecer la
comparecencia y la exposición de la señora Ministra, sobre todo en el
contexto de que faltan pocos días para llegar al año en que hacía su
primera comparecencia para exponer precisamente las líneas políticas de
su departamento, lo cual permite, por una parte, comprobar lo ejecutado
en este tiempo y, además, como se ha podido comprobar, ver lo que queda
por cumplir.

En estos momentos de recesión económica es evidente que los pilares
básicos de lo que entendemos por Estado de bienestar se resienten más, y
uno de estos pilares es precisamente la sanidad. No podemos ni debemos
renunciar a mantener, por lo menos, las mismas cotas a las que hemos
llegado.

Estoy de acuerdo con la mayor parte de las cuestiones que ha planteado la
señora Ministra, como la necesidad de que los profesionales trabajen a
satisfacción. Esto no ocurre siempre, es verdad, y tenemos que decirlo
con toda claridad, huyendo, sobre todo, de la llamada medicina



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defensiva a la que nos dirigimos por una serie de circunstancias, bien
sea por la mayor tecnificación o por la falta de una adecuada relación
entre médico-enfermo. Esto es así y tenemos que ponerlo de manifiesto. En
cualquier caso, tomamos nota del compromiso de la señora Ministra de que
precisamente para el año próximo --se entiende que a primeros-- se
solucionaría la cuestión actualmente en el aire de la responsabilidad
civil.

Estamos de acuerdo también con la necesidad de que una buena educación
sanitaria de la población es imprescindible para llegar a un marco
adecuado de la optimización de los recursos, que siempre son finitos,
mientras que en materia de sanidad las necesidades casi llegan a lo
infinito. También estamos de acuerdo en que hace falta el máximo rigor
posible en la gestión.

Hablando de los recursos, llegamos a lo que la señora Ministra ha dicho
sobre financiación sanitaria. Coincidimos en que debe establecerse un
marco de financiación estable, con las características que ha anunciado.

Las dotaciones tienen que ser suficientes, no sólo en relación con lo
inicialmente presupuestado el año anterior, sino en relación con la
liquidación del ejercicio pasado. Durante estos años anteriores --parece
que menos en los últimos-- ha habido desviaciones presupuestarias que han
llevado a unas consecuencias graves y desagradables, sobre todo para
aquellas comunidades autónomas que tienen el Insalud transferido, para
las que ha supuesto llegar a aquella deuda histórica que se está
solucionando --al menos la última parte-- con los presupuestos actuales.

De todas formas, otra vez se está produciendo un déficit de los años
1992, 1993 y 1994 que también será necesario solucionar.

Ha hablado del mecanismo automático del Insalud centralizado y del
Insalud transferido. Debemos aprobar unos presupuestos suficientes, con
lo cual no sería necesario este mecanismo automático para poder hacer
frente a esa desviación. Para llegar al presupuesto real tenemos que
tener en cuenta la universalización del sistema, una mayor tecnología y
el envejecimiento de la población, con una mayor expectativa de la vida,
lo que nos conduce, aunque no sea en la misma proporción, a tener que
aumentar, en mayor o menor grado, la aportación presupuestaria, por lo
menos hasta llegar a la financiación de la sanidad en relación con el
producto interior bruto de los otros países de nuestro contexto
geopolítico. Como decía antes, debe aflorar el déficit de los tres
últimos años; por decirlo de una manera gráfica, poner el contador a
cero. Y en cuanto a la financiación sanitaria de las comunidades
autónomas, entendemos que tiene que ir en relación con la población
protegida.

Otra cuestión que nos preocupa son los mecanismos de compensación en lo
referente a los enfermos desplazados de unas comunidades a otras.

Me parece que empezamos mal si hablamos de la financiación sanitaria de
las comunidades autónomas, del equilibrio territorial, de solidaridad, de
comunidades autónomas pobres y de comunidades autónomas ricas. En
cualquier caso, la imputación de pactos secretos no sólo me parece
injusto, sino que me atrevería a decir que es incluso demagógico.

Nosotros hemos denunciado de una forma clara y concreta, en una situación
diferente a la actual, y ahora, con la situación que tenemos, también de
forma clara, pública y transparente; hemos denunciado, insisto, el
agravio comparativo que representaba para las comunidades autónomas con
el Insalud transferido el sistema actual de financiación sanitaria. Pero
decimos que no para una, sino para todas.

A ese respecto, si me lo permite la señora Presidenta, me referiría a la
proposición de ley del Parlamento de Galicia debatida en el Pleno de esta
Cámara, que presentó de forma unilateral la solución de la financiación
sanitaria. El portavoz del Grupo Popular apelaba al derecho que tenían de
buscar solución al problema de financiación sanitaria para su comunidad
autónoma. Nosotros también tenemos ese derecho, pero preferimos
defenderlo desde el punto de vista de buscar las soluciones para todo el
sistema, no sólo para el transferido, sino también para el centralizado.

La señora Ministra seguramente nos agradecerá que le hagamos el favor de
pedir al Ministerio de Hacienda una mayor aportación para la financiación
sanitaria.

Por tanto, también somos solidarios con el Insalud no transferido, pero
más con el transferido, porque tiene esos problemas. Por eso, cuando se
nos dice que sólo nos preocupamos de nosotros, no sólo es injusto sino
totalmente demagógico. Y no hablemos de pactos secretos cuando esto no
puede ser, naturalmente, secreto. En todo caso, las negociaciones serán
secretas, pero cuando se llegue a un acuerdo tendrá que ser público.

Cualquier imputación en este sentido no sólo me parece injusto, repito,
sino totalmente demagógico y no sé adónde puede conducir, además,
entrando ya en que hay comunidades ricas y comunidades pobres. ¿Es que
las comunidades ricas necesitan menos sanidad y las pobres más?
Me gustaría formularle algunas preguntas en relación con la exposición
que ha hecho la señora Ministra. En primer lugar, me gustaría conocer
cuándo se va a publicar el decreto sobre publicidad y venta de tabaco y
bebidas alcohólicas, aunque sé que tiene que pasar por el Consejo
Interterritorial de Salud.

En segundo lugar, hace más de un año que se publicó el Decreto de
financiación selectiva del medicamento. Ya sé que me puede contestar que
no era el único objetivo ahorrar en gasto farmacéutico, pero desearía
saber si se ha hecho alguna evaluación del ahorro que ha representado en
dicho gasto farmacéutico a lo largo de este año en que ha estado en vigor
dicho decreto.

En tercer lugar, ¿para cuándo está previsto la ley de ordenación de
profesiones sanitarias y el estatuto marco? Le agradeceríamos que nos
contestara, si no en concreto, por lo menos aproximadamente, porque de
esta manera no tendríamos que estar pidiendo estos datos continuamente o
haciendo una referencia a los mismos, aunque comprendo que una cosa es
seguir trabajando y otra comprobar los resultados.

Hace aproximadamente un año anunció en su comparecencia la elaboración de
un plan integrado de salud, que hacía falta que las comunidades autónomas
lo terminaran de hacer. Desearíamos que nos dijera cómo está y si hay



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alguna provisión en el tiempo de cuándo se podrá aprobar dicho plan.

En aquella ocasión, al igual que hoy, destacaba la importancia de la
epidemiología en la cuestión sanitaria, para lo que entendía necesario la
promulgación de un decreto que regulara el sistema de vigilancia
epidemiológica. Nos gustaría que nos comentara cómo está este tema.

Finalmente, debemos preguntarle sobre el decreto de regulación de
almacenamiento, retirada, transporte y eliminación de los residuos
sanitarios.

Agradeciendo nuevamente a la señora Ministra su comparecencia, no tengo
nada más que decir.




La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra la señora Maestro.




La señora MAESTRO MARTIN: Gracias, señora Presidenta, y gracias, señora
Ministra, por su comparecencia y por los datos que ha ofrecido en la
misma.

Sabe la señora Ministra que desde nuestro Grupo Parlamentario compartimos
los objetivos repetidamente formulados por usted y por sus predecesores a
la hora de señalar que la defensa de la calidad, equidad y universalidad
de la sanidad pública es el objetivo básico del trabajo de su ministerio.

De las intervenciones de los grupos parlamentarios que me han precedido
en el uso de la palabra se podría deducir que ese objetivo es
unánimemente compartido por todos los que aquí representamos al pueblo
español; esas declaraciones están bien, peor sería que fueran en sentido
contrario. Pero a la hora de descender al terreno de lo concreto las
divergencias aparecen, por no señalar las contradicciones flagrantes que
se han puesto de manifiesto aquí mismo cuando, por un lado, se menciona
la defensa del sistema sanitario público y, por otro, al final y como de
pasada se añade la necesidad de liberalización del mismo para poder
mantenerlo.

Sin embargo, yo tengo que decir, señora Ministra, que la sanidad pública
continúa siendo desde hace doce años de administración por parte del
PSOE, y después de ocho años de publicación de la Ley General de Sanidad,
un monstruo sin cabeza. Cualquier afirmación de que el sistema sanitario
es eficaz o es de calidad carece de la fundamentación científica y
técnica mínima. Otros portavoces lo han señalado, pero yo quiero que el
eje de mi intervención sea la ausencia en sus palabras de la promesa
--por lo menos de la promesa, señora Ministra-- del plan integrado de
salud. Usted lo anunció para finales de este año ante esta misma Cámara
--otros portavoces también lo han señalado--, y en su comparecencia de
hoy ni siquiera aparece esa promesa. Como la pérdida de la memoria
histórica no es buena para nadie, quiero señalar que hace dos años se
aprobó una proposición no de ley que, presentada por mi Grupo en esta
misma Comisión, instaba al Gobierno a la presentación de este plan
integrado de salud; tampoco puedo olvidar que se me acusó de oportunismo
porque ese plan integrado de salud iba a ser enviado a esta Cámara en
brevísimo plazo, incluso inferior al que yo proponía de seis meses en la
proposición no de ley.

El plan integrado de salud --es cuestión de lógicas políticas-- no es
ninguna obsesión por parte de mi Grupo fuera de lo que a juicio del mismo
deben los criterios fundamentales de política sanitaria. La ausencia del
plan integrado de salud supone, está suponiendo en la práctica, en la
actividad suya, lo desee usted o no, la imposición de la lógica económica
sobre la lógica de salud, y el evaluar los servicios sanitarios en
función de actividades no relacionadas con objetivos, por tanto, evaluar
el ahorro como fundamental objetivo de buena gestión.

No voy a a hablar de la calidad de los indicadores del sistema de salud
en esta ocasión porque supongo que hay suficientes declaraciones en el
«Diario de Sesiones» acerca de mi opinión sobre los mismos, pero quiero
insistir en que esos indicadores del sistema de salud en planificación
sanitaria deben ser algo más que el frontispicio o el preámbulo de las
intervenciones globales que hacen los sucesivos ministros; deben ser los
criterios fundamentales que identifiquen objetivos parciales en
financiación, en inversión, en gestión, en investigación y docencia, e
incluso en actividad normativa, y ante la ausencia de esos criterios
científicos que permitan evaluar el sistema sanitario público, reafirmo
la valoración de que es un monstruo sin cabeza.

Es verdad --dice usted y yo lo comparto-- que el sistema sanitario
público es más barato que el sistema sanitario privado. Ahora bien, la
eficacia del sistema sanitario público español está por demostrar; está
por demostrar en qué medida los servicios sanitarios intervienen
positivamente, de manera concreta y con objetivos desagregados en la
mejora de la salud de los españoles; para qué nos sirven los indicadores
de mortalidad infantil --aceptando que hubieran sido correctamente
elaborados, que es mucho suponer-- si no son capaces de indicar los
colectivos sociales en los cuales esa mortalidad infantil es
sensiblemente superior a otros, y en qué medida esa diferencia en los
indicadores se traduce en una actividad específica de los servicios
sanitarios para intentar conseguir los objetivos de equidad que usted
señala. Mientras eso no exista, los indicadores pueden servir para ocupar
páginas en los periódicos o para rellenar «Diarios de Sesiones»; desde
luego, no para deducir si el sistema sanitario está sirviendo o en qué
medida lo está haciendo para mejorar la situación de salud que, en
definitiva, es para lo que la sociedad española destina anualmente una
cantidad tan importante como tres billones de pesetas. Y para ello,
señora Ministra --y anuncio la presentación de una proposición no de ley
por parte de mi Grupo Parlamentario--, es necesario reformar el
certificado de defunción. Los indicadores de mortalidad --únicos
indicadores objetivos aunque sean de la parte más negativa de la salud--
no sirven para nada mientras no esté reflejado en el certificado de
defunción, y en la mala calidad de dicho certificado es en lo que me baso
para negar la veracidad de los indicadores de salud elaborados en función
del mismo. Mientras no se valore la situación cultural, el nivel
educativo, la situación laboral y la situación socioeconómica que pudiera
derivarse; mientras no se reflejen todas estas circunstancias, los
indicadores sanitarios son imposibles de elaborar. Yo sé que es



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complejo, desde el punto de vista estadístico, y complicada la
implantación de un nuevo certificado de defunción, pero es indispensable
a la hora de abordar estos objetivos que a mi juicio son vitales.

Si mi Grupo alguna vez accede al Gobierno, yo respetaré, desde luego, el
derecho de las personas que ocupen el máximo nivel de responsabilidad en
los diferentes ministerios intentando adecuar su estructura a sus
objetivos, pero no puedo menos que preguntarme si esta ausencia flagrante
de criterios de salud pública a la hora de invertir, de gestionar, de
evaluar, en definitiva, los servicios sanitarios tiene que ver con la
desaparición de las secretarías generales de planificación sanitaria y de
salud pública. Supongo que me responderá que eso ha sido englobado en
otras responsabilidades administrativas. De todas maneras, cuando se
comparan los dos argumentos llama la atención.

Yo me he visto sorprendida porque estamos en septiembre y los
Presupuestos Generales del Estado y los del Ministerio de Sanidad deben
tener un nivel de avance importante. Pero no puedo ocultar que cada vez
que abro los periódicos me echo a temblar cuando leo declaraciones del
Ministerio de Economía, declaraciones del Ministerio de Trabajo que
hablan de las modificaciones. La verdad es que todavía no sabemos cuáles,
de las múltiples que se han puesto sobre la mesa, se van a adoptar; si se
va a aumentar el IVA, si se va a adoptar el impuesto sobre carburantes o
si se van a suprimir o a reducir sensiblemente las cotizaciones de los
empresarios a la Seguridad Social, supuestamente para crear empleo. Sin
embargo, señora Ministra, y repito, más allá probablemente de sus
intenciones, loables desde el punto de vista de la sanidad pública, la
verdad es que las declaraciones de los responsables de la derecha
económica en relación con la sanidad suelen preceder, es verdad que con
bastante antelación, políticas concretas al respecto.

Ha habido declaraciones del Presidente de la CEOE que han sido
ratificadas, aunque no desde el punto de vista de medidas adoptadas,
hablando de que la financiación de la sanidad pública corra al cien por
cien a partir de los Presupuestos Generales del Estado.

Yo quiero decir aquí que Izquierda Unida históricamente ha defendido la
financiación de la sanidad a partir de los Presupuestos Generales del
Estado, ya que, en una lógica de fiscalidad progresiva, la financiación
de la sanidad pública debe pasar, de ser una prestación social, a un
derecho universal. Ahora quiero decir aquí --probablemente constituya una
novedad para muchos de ustedes-- que ese objetivo no es etéreo al margen
de la realidad histórica concreta, y en este momento en el que se está
hablando de fiscalidad regresiva, porque ya los Presupuestos Generales de
1994 disminuyeron en casi medio billón de pesetas el Impuesto de
Sociedades, se pretende limitarlo aún más. En ese marco concreto, la
financiación de la sanidad, a partir de los Presupuestos Generales del
Estado, corre grave peligro cuantitativa y cualitativamente.

El Presidente de la CEOE añade a esta propuesta la de que, como la
sanidad pública no va a poder sufragar en su totalidad los gastos
sanitarios reales, habrá que tener en cuenta la participación del
usuario. Que lo diga el Presidente de la CEOE podría no preocuparnos a
quienes defendemos la gratuidad y la universalidad del sistema si no
fuera porque recientemente ha habido declaraciones por parte de altos
cargos del PSOE en el mismo sentido. En concreto, recojo las
declaraciones de Carlos Pérez Espuela, gerente del Hospital de La
Princesa de Madrid, en un curso de verano de El Escorial. Dice este
señor: Probablemente, la única posibilidad de financiar los incrementos
de gastos es a través de los usuarios, bien directamente pagando éste la
diferencia cada vez que utilice el servicio, o indirectamente, a través
de una compañía aseguradora que cubra el riesgo económico de la
diferencia. Añadió la guinda que se viene anunciando, aunque
afortunadamente no se ha hecho realidad, de que los hospitales deben
convertirse en sociedades anónimas de capital público y competir entre
ellos.

El señor Almunia, Presidente del Grupo Socialista del Congreso, abunda en
estos planteamientos diciendo textualmente: Es absolutamente necesario
ahondar en esta cultura de la colaboración, y además de la cultura
empresarial en sanidad tenemos la cultura de la colaboración --que
evidentemente se refiere al pago del usuario--, si no, la demanda pesaría
demasiado, ya que ésta aumenta conforme mejoran las prestaciones.

Estas declaraciones no son solamente ocupación de espacio en los medios
de comunicación, sino que, en un documento del Gobierno tan importante
como la actualización del plan de convergencia, que tiene fecha de 15 de
julio de 1994, se señalaba lo siguiente: Se calcula una disminución de la
caída del «ratio» ingresos-PIB en el período 1994-1995. Entre otras cosas
hace referencia a lo que he señalado anteriormente, a que el coste
recaudatorio de las últimas reformas del Impuesto sobre Sociedades, que
pretende potenciar la capacidad inversora de las empresas, está detrás de
esta caída de las inversiones.

En este sentido se plantea que la caída de ingresos será ligeramente
inferior en 1997 al existente en 1993, y a la hora de concretar se
plantea que el gasto público reduzca su tamaño en relación al PIB en
torno a 3 puntos en el período 1994-1995. En concreto, según nuestras
previsiones, pasaría de un 17,2 por ciento del PIB en 1993 al 15,7 por
ciento en 1997. Y añade algo sobre lo que yo le pregunto explícitamente
qué repercusiones va a tener en el ámbito sanitario.

La oferta de empleo público será restrictiva, de manera que sólo se
cubrirá el 50 por ciento de las bajas que se produzcan por jubilaciones
de empleos públicos. A esto, en la situación de políticas neoliberales
galopantes que vivimos, se añade el anuncio, en los últimos días, de las
exigencias de un nuevo plan de ajuste para España, entiendo que más allá
de las ya anunciadas por el propio Gobierno, por la Unión Europea a la
hora de alcanzar los objetivos de déficit público y de otros indicadores
nominales planteados en el Tratado de Maastricht.

Adelanto que, aparte de la pregunta de cuáles son las grandes líneas de
los presupuestos de sanidad para 1995 --entiendo que ése no es el
objetivo concreto, pero me parece indispensable abordarlo--, yo quiero
decir que cualquier disminución del Impuesto sobre Sociedades o de la



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cotización de los empresarios a la Seguridad Social supone una
transferencia concreta de rentas de las clases más desfavorecidas a las
clases más favorecidas, en ausencia real de creación de empleo. Estamos
hablando de crisis económica como justificadora de todo, y los datos son
los siguientes: El incremento de la productividad en España en los
últimos 10 años, entre 1983 y 1993, se ha incrementado en un 22,6 por
ciento. Solamente un 6,5 por ciento de esa productividad ha supuesto
incrementos en el salario real; el resto, el 16 por ciento, ha sido
apropiación empresarial. Es importante que hablemos, porque los discursos
y la cantidad de espacio que se ocupa en los medios de comunicación
sustituyen muchas veces a la verdad de los datos.

Señora Ministra, urge ofrecer criterios objetivos en la financiación de
las comunidades autónomas; criterios objetivos que son necesarios para
que su Ministerio, para que la sanidad pública no se vea sometida
periódicamente a presiones desde diferentes puntos de vista. Es necesario
definir el gasto real como uno de los criterios --eso parece innegable--,
pero habría que sumar, como punto de partida elemental, el déficit
histórico en recursos que tienen determinadas comunidades autónomas,
uniendo criterios demográficos, pero no sólo éstos, sino también
criterios socioeconómicos. Siento que no esté el señor Cardona, pero
tengo que añadir que la pobreza es causa directa de enfermedad y, por
tanto, la diferente situación socioeconómica y las desigualdades
territoriales deben ser criterios que maticen la financiación de los
servicios sanitarios, así como la situación sanitaria de la población o
factores de dispersión geográfica. Es necesario objetivarlo como punto de
partida y que las modificaciones lo sean en función de los criterios
preestablecidos, que impidan, y siento afirmarlo con rotundidad, que esa
indefinición sea un mecanismo de presión política bidireccional entre el
Ministerio de Sanidad, en definitiva, entre el Gobierno y las comunidades
autónomas. Y que, por otro lado, haya comunidades autónomas que en el
ejercicio de sus competencias, desde mi punto de vista bastante
discutibles en el marco de la Ley General de Sanidad y de la propia
Constitución española, estén tomando decisiones de modelos de
privatización que suponen incrementos del gasto sin incrementos de
calidad. Eso no puede ser transferido como criterio de aumento del gasto
a la hora de pedir incrementos en la financiación de las comunidades
autónomas. Evidentemente, los gobiernos autonómicos son también
representantes de la soberanía popular, pero, en definitiva, determinadas
decisiones políticas a este respecto no deben redundar en el gasto
global, que tiene que contemplar otras prioridades.

Señalaba la señora Ministra, en su comparecencia, los beneficios de la
definición de prestaciones. Yo no lo comparto, ya lo sabe la señora
Ministra. Creo que hay criterios de evaluación de la calidad y de
protocolos de la actuación sanitaria que deberían garantizar que las
técnicas y los métodos diagnósticos y terapéuticos se utilicen en función
de las necesidades, no de otros criterios económicos o de desviaciones de
la actuación de profesionales sanitarios. Sin embargo, lo que no puedo
aceptar es que se deduzca que esa definición de las prestaciones supone
una generalización, señora Ministra. La generalización de las
prestaciones viene garantizada únicamente por el desarrollo de programas
de salud preventivos y por la dotación de recursos suficientes.

Insisto en el cáncer de mama. Usted lo ha señalado muy correctamente como
la principal causa de muerte entre las mujeres, y además la primera causa
de muerte que con más intensidad crece. No hay actuaciones preventivas
universales, ya que si bien todos sabemos que la etiología del cáncer de
mama es desconocida en una buena parte, lo que sí se conoce es la
eficacia de su detección precoz, y eso no se está haciendo con carácter
general y universal en la sanidad pública. El hecho de que usted lo
incluya en un catálogo de prestaciones no quiere decir, ni muchísimo
menos, que eso se haga en los centros de salud con carácter general. Si
me permite la señora Ministra le diría que al hablar de salud pública y
de medicina preventiva no podemos centrarlo en la demanda. Aun suponiendo
que todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de este país
conociera sus derechos en cuanto a prestaciones, no es la demanda el eje
fundamental de las actuaciones preventivas, sino la actividad de los
servicios de salud.

He de decirle que la planificación familiar, la interrupción voluntaria
del embarazo está desapareciendo progresivamente como prestación real de
la sanidad pública. Y aprovecho para preguntarle si es cierto lo que los
borradores que circulan sobre la regulación de la interrupción voluntaria
del embarazo dicen de la exclusión de la sanidad pública del aborto por
libre decisión de la mujer, y su opinión al respecto.

Sin embargo, le quería decir que es cierto --no tengo ningún motivo para
ponerlo en duda-- que ha debido haber un incremento de la actividad
quirúrgica de los centros, lo cual --y sigo haciendo referencia a lo que
pretende ser el eje de mi intervención--, en ausencia de plan integrado
de salud no sé si es bueno, señora Ministra. Sabemos que en los sistemas
sanitarios privados cualquier ciudadano corre el riesgo de ser
intervenido quirúrgicamente cuatro veces más que en un sistema público,
de lo cual no se deduce que eso redunde en una mayor situación de salud.

Pero sí que sé, señora Ministra, que está habiendo una presión
asistencial brutal sobre los trabajadores sanitarios, fundamentalmente
sobre el personal de enfermería. Valdría la pena, señora Ministra --por
indicarle algo de lo que tengo constancia directa--, que algún día se
pasara por el Hospital Doce de Octubre de Madrid y comprobara en qué
condiciones se están dando los tratamientos de quimioterapia a pacientes
con cáncer. En una sala de cuatro metros cuadrados hay ocho pacientes, y
con un ritmo de trabajo por parte del personal que los imparte
absolutamente incompatible con la racionalidad.

Usted sigue hablando --y no puedo entenderlo sino como concesión a la
derecha política galopante-- del hecho de la libertad de elección de
especialista, incluso su Consejero de Sanidad de Andalucía habla de la
libre elección de hospital. No puedo dejar de decir que eso es una enorme
cortina de humo si no se interviene sobre el factor fundamental de la
calidad, que son las condiciones en las que los trabajadores públicos,
médicos y no médicos,



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realizan su trabajo. La libre elección de hospital, en cualquier caso, va
en relación directa con la competencia entre hospitales que señalaba el
gerente del Hospital de La Princesa, que, desde luego, es uno de los ejes
fundamentales de la libre elección de sistema sanitario que la derecha de
esta Cámara propugna.

En cuanto a la política de farmacia, no voy a centrarme en este tema;
otras comparecencias se han destinado fundamentalmente a ello. Sin
embargo, quisiera saber cómo se concreta la política anunciada por el
señor Temes y que recibió el apoyo incondicional por parte de mi Grupo
Parlamentario con respecto a la potenciación de genéricos, incluso a la
elaboración parcial del producto final de medicamentos dentro de los
hospitales; en qué medida la publicidad de medicamentos, que está
regulada por real decreto, está siendo llevada a la práctica, ya que, por
la publicidad abusiva en los medios de comunicación --yo sinceramente no
veo mucho la televisión--, da la sensación de que no ha sufrido
variaciones importantes con respecto a lo que anteriormente era habitual,
y sí la presión económica de los laboratorios sobre los profesionales
continúa, como yo creo, intacta.

Referente a las listas de espera, son criterios a la hora de elaborarlas;
en cualquier caso, supongo que el incremento de actividad algo ha debido
intervenir sobre las mismas. No obstante, señora Ministra, y aunque
supongo que habrá otras ocasiones de mencionarlo, por lo menos mi Grupo
Parlamentario pretende que se discutan en esta Comisión los criterios por
los cuales se han cerrado entre el 25 y el 30 por ciento de las camas de
hospitales públicos en verano; entre ellos, en zonas de recepción de
veraneantes, es decir, en zonas costeras, zonas de Andalucía, zonas de
las islas; nos gustaría conocer qué criterios emplea el Insalud a la hora
de reducir las camas.

Quisiera terminar con varias pinceladas sobre algunos aspectos. En
política de consumo hay un tema que no se ha tratado, creo yo, desde el
punto de vista normativo, ni por la Administración ni por los grupos
parlamentarios, y que a mí me parece que es especialmente preocupante, y
es la difusión progresiva de lo que se llaman líneas blancas de productos
alimenticios en las grandes superficies; son productos sin marca,
productos de cuya calidad nadie se hace, en definitiva, responsable. La
información que reflejan los diferentes estudios evidentemente habla de
niveles de calidad muy inferiores y sin control sanitario suficiente.

En cuanto a las campañas de educación sanitaria, sabe la señora Ministra
que mi opinión es que si el ahorro debe producirse en algún sitio, la
invitaría a que dejara de hacer campañas de publicidad, al menos respecto
al consumo de tabaco y alcohol. No hace falta más que la señora Ministra
abra los ojos por las calles y vea la publicidad de tabaco y de alcohol
específicamente dirigida al consumo por parte de los jóvenes. Hay un
anuncio de vodka que habla de qué diría mi mamá si me viera con no sé qué
marca de vodka, o los precios del tabaco como reclamo publicitario. Deje
de gastar dinero, señora Ministra; el Ministerio de Sanidad, el
Ministerio de Asuntos Sociales y el Ministerio de Educación jamás
llegarán --ni desde ninguna otra parte, aunque yo desearía que fuera al
contrario-- a niveles de gasto y de eficacia como los que supone la
publicidad en medios de comunicación, en cines, en televisión, en vallas,
etcétera.

Aprovecho para preguntar qué se ha hecho de la aprobación por unanimidad
en esta Cámara de una proposición no de ley de mi Grupo Parlamentario en
cuanto a la publicidad de tabaco y de alcohol. Insisto en que lo que
menos me preocupa en este caso es la norma, lo que me preocupa es el
grado de control y la capacidad de ejecución de la misma.




La señora PRESIDENTA: Señora Maestro, termine, por favor.




La señora MAESTRO MARIN: Voy terminando, señora Presidenta. Sólo quiero
dar dos pinceladas.

Con respecto a lo del «Carlos III», quiero señalar que, en ausencia del
Plan Integrado de Salud, la investigación que realiza el «Carlos III»
está, sin duda --y permítame que se lo diga--, más relacionada con los
intereses, sin duda legítimos pero no prioritarios, de los grupos que
desean intervenir en determinados problemas de salud que de lo que se
deduzca de la investigación de los problemas prioritarios a la luz de
objetivos sanitarios que debían venir en este Plan Integrado de Salud.

En concreto, quiero señalar que ha llegado a mis oídos que, por ejemplo,
el registro de lepra, una de las enfermedades infecciosas que está
creciendo en nuestro país, se ha dejado de realizar en el «Carlos III»
porque ha finalizado el contrato de la persona que estaba realizando el
registro de lepra. Ya no se hace tal registro de lepra.

Quería hacerle una pregunta bien concreta, y es qué pasa con el Centro de
Investigaciones Clínicas. Ha habido declaraciones, que yo suscribo,
acerca de la necesidad de que se tomen decisiones para incluir a estos
centros sanitarios dentro de la red del Insalud. Su inclusión en el
«Carlos III» obedeció a criterios muy poco sustentables, desde luego,
desde el punto de vista de la capacidad de los centros para ser punteros
en investigación clínica y lo lógico, desde el punto de vista de la
racionalidad de la gestión y de la eficacia de la misma, sería su
inclusión dentro de la red sanitaria pública como unos hospitales más.

Quería hacer otra pregunta. No sé si tendrá noticia la señora Ministra,
pero, a finales del período de sesiones pasado, se aprobó por unanimidad
una moción de mi Grupo Parlamentario, consecuencia de una interpelación
urgente, acerca de la ley de salud laboral, que tenía dos aspectos: uno,
la remisión a esta Cámara de la ley de salud laboral y, otro, el
desarrollo del capítulo de la Ley General de Sanidad, que sigue durmiendo
el sueño de los justos desde hace ocho años y que fue aprobado por
unanimidad; es decir, pregunto explícitamente si su Ministerio piensa
tomar alguna medida al respecto.

¿Va a haber nuevas transferencias, señora Ministra, o se va a consolidar
el modelo sanitario heterogéneo, disperso e inabarcable que configura un
mapa sanitario, con la mitad del territorio con gestión sobre los
servicios sanitarios, la otra mitad centralizada --por utilizar la
palabra que ha utilizado el señor Cardona-- y con las competencias de
salud



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pública transferidas desde hace tiempo, con ausencia de criterios
importantes de coordinación de algo que debería ser, a mi juicio y al
juicio de mi Grupo parlamentario, competencia fundamental del Ministerio
de Sanidad y Consumo, independientemente de que aspectos concretos de la
gestión, etcétera, fueran transferidos a las comunidades autónomas?
Quiero terminar en el mismo sentido, y en esto tengo que coincidir con el
señor Fernández-Miranda. El Ministerio de Sanidad se caracteriza, y lo
veo por lo que ocurre con otros ministerios, por un oscurantismo
incomprensible en la información. Yo he solicitado también numerosa
documentación, que amablemente se me dice que se me va a remitir y no se
me remite. Hay documentos importantísimos para la realización de nuestro
trabajo parlamentario, como son las memorias del Insalud o como otros
documentos que publica el Ministerio de Sanidad que es necesario que
ustedes los transmitan. ¡Cuántas preguntas parlamentarias podrían
ahorrarse si en los Grupos tuviéramos la documentación pública y objetiva
que produce el Insalud y el Ministerio de Sanidad y Consumo! Yo le insto
a que haga lo que hacen los otros ministerios, y es remitir a los
portavoces la documentación elemental que nos permita realizar nuestro
trabajo, cuanto más la documentación explícita y de viva voz que en la
Comisión, a través de preguntas parlamentarias, se les reclama.

En definitiva --y para terminar--, señora Ministra, no dudo, como decía,
de sus principios políticos. Sin embargo, no tengo más remedio que decir
que, en opinión de mi Grupo Parlamentario, en la práctica del Ministerio
de Sanidad y Consumo, han adoptado ustedes la lógica interna y los
principios generales en la gestión del sistema sanitario público que está
defendiendo la derecha política y económica, y que los resultados del
Ministerio de Sanidad y Consumo se encaminan más hacia la adopción de
medidas estructurales que permitan un cambio básico dentro del sistema
sanitario público que a la deseable salud y potenciación del sistema
sanitario público.




La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra la señora Novoa.




La señora NOVOA CARCACIA: Señora Ministra, tomo la palabra, en nombre del
Grupo Parlamentario Socialista y me sumo a los anteriores portavoces
parlamentarios en el agradecimiento por su comparecencia.

Señora Ministra, el Grupo Parlamentario Socialista no sólo apoya la
gestión que usted ha realizado al frente del Ministerio de Sanidad
durante el último año sino que la valora como muy positiva para la mejora
y consolidación del sistema sanitario público, universal y gratuito, una
de las señas de identidad y de las prioridades de los socialistas.

Creo sinceramente, señora Ministra, que pese a las acusaciones, muy
concretas y conocidas, se la distingue por el talante dialogante y por la
creencia y defensa del sistema sanitario público, que es el único que
garantiza la igualdad de la salud de todos los ciudadanos.

Quiero referirme a algunos temas de su comparecencia. Nos parecen de
vital importancia las actuaciones que se están desarrollando en materia
de prevención y promoción de la salud. Impulsar la información y la
educación sanitaria promoviendo hábitos saludables de vida y de
compromiso con la propia salud es, sin duda, una inversión de futuro,
sobre todo en términos de calidad de vida de las futuras generaciones.

Si para el Grupo Parlamentario Socialista la prevención y la promoción de
la salud son importantes no lo es menos la atención sanitaria, es decir,
la articulación del sistema para atender a los usuarios cuando se supone
que éstos han perdido la salud. La pérdida de la salud y la búsqueda de
su restablecimiento no cabe duda que sitúan a los individuos y a sus
familiares en estados personales especiales. Por eso valoramos muy
positivamente las medidas que anuncia para favorecer la relación personal
con los usuarios, medidas que, sin duda, redundarán en la satisfacción
personal de los beneficiarios del sistema.

Anuncia la señora Ministra la ampliación de la libre elección, además de
la de médico general y pediatra ya vigente, con la de médicos
especialistas. Nos parece, por supuesto, un objetivo al que destinar
importantes esfuerzos.

En cuanto a la política de personal, nos parece que ha de buscarse el
compromiso y la colaboración de los profesionales sanitarios y nos agrada
saber que tanto el proyecto de ordenación de las profesiones sanitarias
como el estatuto marco del personal del Sistema Nacional de Salud se
encuentran en un estado de elaboración avanzado, aunque, como portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista, quiero recordarles a los miembros de
esta Comisión que ése es un punto programático del programa electoral
socialista, de compromiso de legislatura. Esta portavoz entiende que
ambos proyectos serán instrumentos importantes para comprometer a los
profesionales sanitarios con el sistema.

Otro tema sobre el que quiero hablar es sobre la ordenación de las
prestaciones. Señora Ministra, hace un año comparecía usted por primera
vez en esta Comisión y lo hacía en medio de una polémica nada positiva
para el Sistema Nacional de Salud. Algunas voces querían ver un recorte,
algún portavoz hizo acusaciones que, más que lesionar a la señora
Ministra, eran inquietantes e intranquilizantes para los usuarios del
sistema. Hoy, más que hablarse de recortes, quiere hablarse de los
posibles despistes que podría suponer esa reorganización de prestaciones
para el usuario.

Creo que por responsabilidad con los ciudadanos tendríamos que afirmar
con la misma contundencia que ya el proyecto de real-decreto al que se ha
referido la señora Ministra no modifica en ningún modo la calidad de las
prestaciones. Lo que hace es clarificar el sistema y, como siempre ha
afirmado la señora Ministra, informa sobre cuál es el conjunto de las
prestaciones que hacen efectivo el derecho a la prestación de la salud.

Por otra parte, en tanto que el proceso ha sido laborioso y precisamente
en el seno del Consejo Interterritorial de Salud, es obvio el compromiso
de las distintas administraciones sanitarias en el referido proyecto de
real-decreto. Entiende esta portavoz que, de alguna forma, eso debería
implicar también un compromiso de las distintas fuerzas políticas.




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No quiero finalizar mi intervención, señora Ministra, sin hacer al menos
una breve referencia a la política farmacéutica. Sabemos que uno de los
grandes objetivos de esta política fue, y es, la contención del gasto
farmacéutico. Como ha indicado su señoría en la comparecencia, el control
del gasto farmacéutico no persigue otro objetivo que salvaguardar la
propia prestación.

Sinceramente creemos que el talante dialogante al que me he referido al
principio de mi intervención, así como el comportamiento ejemplar y de
corresponsabilidad de la industria farmacéutica y de los propios
farmacéuticos, ha permitido llegar a acuerdos muy importantes de clara
repercusión positiva precisamente para ese control del gasto
farmacéutico.

Igualmente nos parecen importantes las medidas de gestión y de uso
racional del medicamento que usted ha anunciado.

Señora Ministra, al Grupo Parlamentario Socialista nos preocupa también
que tengamos una de las frecuencias más altas de enfermedad del sida.

Esto ha de forzarnos a ser cada día más vigilantes y a dedicar cada día
mayores esfuerzos a la información y formación, especialmente a las
personas de riesgo, y nos parece acertado buscar mecanismos que nos
permitan llegar a los jóvenes en su propio medio, como son los centros
universitarios o los centros de formación profesional.

A juicio de esta portavoz también es importante que para aquellas
personas que sufren la enfermedad se intente normalizar, en la medida de
lo posible, la atención sanitaria que se les presta.

Ya para finalizar, señora Ministra, quiero indicarle y animarle, sobre
todo, a que siga haciendo pedagogia sobre el uso responsable de los
recursos sanitarios.

Es importante que asumamos que el sistema sanitario público lo pagamos
todos y que, por tanto, debe ser utilizado responsablemente por los
ciudadanos.

Cuente con la colaboración y el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista
en la tarea de preservar y consolidar el sistema público de salud.




La señora PRESIDENTA: Para responder a las intervenciones de los
distintos portavoces tiene la palabra la señora Ministra de Sanidad y
Consumo.




La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán): Señorías, voy a
tratar de contestar a los muchos asuntos que se han suscitado en las
intervenciones de SS. SS., agradeciendo, en primer lugar, a todos y cada
uno de los intervinientes sus comentarios, sus reflexiones y el
seguimiento amable que han hecho de mi exposición.

En primer lugar, al portavoz del Grupo Popular, al que he vuelto a
reconocer en sus intervenciones (después de las vacaciones descansa, pero
no modifica casi nada). Señor Fernández-Miranda, la referencia a la
política sanitaria socialista que he hecho se refiere a que S. S. conoce
que cuando hablamos de cosas serias las banalizaciones a mí me ofenden;
lo digo siempre. Hablar de la política sanitaria socialista es, como
comprenderá S. S., lo que más me interesa a mí, que le estoy dedicando lo
mejor que sé y lo mejor de mi tiempo y de mi entusiasmo. Pero vincular
una referencia a la política sanitaria socialista a alguna insinuación
insidiosa, de las que S. S. es un maestro, naturalmente tengo que
rechazarlo. (El señor Fernández-Miranda y Lozana: Ya estamos!)
Yo sabía que no le interesaba a S. S. conocer las razones de verdad de la
reestructuración del Ministerio de Sanidad y Consumo, que yo he tratado
de explicarlas en serio. He explicado que las estructuras administrativas
son un instrumento, pero todo esto no le interesa a su señoría. A S. S.

lo que le interesa es el chisme o la insidia. Pero la verdad es que mi
buena fe siempre se ve sorprendida. Vincular los asuntos que se publican
en Toledo de un hospital, que tiene denuncias por alguna irregularidad,
con la sustitución del Subsecretario del Ministerio, y concretamente al
doctor Conde, es una insinuación que yo rechazo y que me parece injusta e
injuriosa. Tengo que decirle, señor Fernández-Miranda, que el problema de
Toledo está en los periódicos, que yo sepa, desde que el doctor Conde era
Director General del Insalud, y fue él, como Director General de Insalud,
quien ordenó una inspección en los servicios del hospital. Desde entonces
se han venido realizando auditorías e inspecciones, y ese asunto, como
bien demuestran las hemerotecas, ha estado en los periódicos y estaba
cuando yo propuse al doctor Conde como Subsecretario. De manera que
rechazo esa vinculación que S. S. insinúa entre la sustitución del doctor
Conde y esos asuntos que se han publicado en Toledo respecto a unas
irregularidades denunciadas en el funcionamiento del hospital.

Vuelvo a rechazar también esa pregunta de hondo alcance, que S. S.

aprovecha para repetir, de si los fondos públicos se destinan en su
integridad a la salud de los españoles. Sí, señor Fernández-Miranda. En
la forma en que lo pregunta yo le contesto que sí.

De manera que yo creo, señoría, que sí he explicado las razones, no
formales sino profundas, de la modificación de la estructura del
Ministerio, de la decisión de una mejor coordinación, de un mayor
protagonismo en las direcciones generales, de un objetivo de ahorro de
gasto público. Parece que su Grupo está preocupado con el ahorro del
gasto público. Por cierto, señoría, habrá visto que la supresión de tres
direcciones generales y dos secretarías generales con rango de
subsecretaría no ahorra más que cien millones. O sea, que para conseguir
esos miles de millones que su Grupo va a ahorrarse en cargos públicos,
fíjense la cantidad de supresiones y de ceses que van a tener que hacer.

(Rumores y risas.)
De manera, señoría, que yo creo que sí he ido al fondo de las razones del
Ministerio. Las modificaciones del Ministerio, naturalmente, se pueden
compartir o no, y además me interesa la percepción, cómo no, de esta
Comisión sobre el espíritu que ha guiado esa remodelación, pero tengo que
rechazar, señor Diputado, esas insinuaciones y ese pábulo a esto del
cotilleo sanitario que, efectivamente, da lugar a la publicación de
muchas hojas parroquiales --como las ha llamado S. S.-- que nos inundan y
que, le confieso, yo no tengo tiempo de leer.

Por otro lado, una vez más compruebo que S. S. contesta mis
intervenciones teniéndolo preparado y sin haber



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escuchado. No he hecho ni una sola referencia a la historia del sistema
nacional de salud. Soy muy sensible a sus insinuaciones de que soy
pesada, a las insinuaciones de los señores Diputados, y esta vez no he
hablado de la historia del Sistema Nacional de Salud; ni una palabra hay
en mi intervención en este sentido. Tampoco he dado ni un solo indicador
de mortalidad infantil ni de esperanza de vida. De manera que esta
referencia inicial, señor Diputado, evidencia que ni me ha escuchado y
que su intervención la había pensado con anterioridad. La sanidad es una
prioridad política del Gobierno, señor Diputado; es una prioridad en esta
legislatura. Yo creo que está siendo suficientemente avalada en todas sus
iniciativas, pero además tiene una traducción que yo creo que S. S.

entiende muy bien: las prioridades políticas de un Gobierno tienen una
traducción muy elocuente, que son los Presupuestos Generales del Estado,
y yo espero que el Presupuesto del Estado para el año 1995 sea
suficientemente elocuente de qué representa en el Gobierno socialista la
prioridad de la política sanitaria.

Cuando yo anuncié el año pasado --hace esos días que S. S. amablemente ha
contado-- la presentación en esta legislatura de la ley de ordenación de
las profesiones sanitarias y del estatuto marco lo hice como objetivo de
una legislatura. Reconozco que en un año no soy capaz de añadir al
trabajo que hemos realizado, y del que he tratado de dar cuenta, la
elaboración de dos proyectos de ley de esa envergadura. Mi objetivo y mi
ambición es resolver o tratar de resolver de verdad los problemas que he
enunciado en el contenido de ambos textos. Le aseguro que me parece un
objetivo ambicioso para toda la legislatura, aunque es verdad que no lo
tengo terminado; es verdad que durante este año no estoy en condiciones
de mandar el anteproyecto de ley a ningún sitio. Pero ello no le puedo
anunciar que lo voy a hacer la semana próxima porque no está terminado.

Es verdad, señor Diputado, que estamos trabajando. Verdaderamente no me
siento ofendida porque me repita ese término; estamos trabajando en el
Ministerio de Sanidad en las iniciativas que he tratado de exponerles y
en las nuevas que representan objetivos y, cuando SS. SS. me piden
cuentas, es verdad que, a veces, contesto que estamos trabajando porque
no suelo decir cosas distintas de las que estamos haciendo. Podemos
trabajar con peor o mejor fortuna, pero le aseguro que estamos
trabajando.

Su señoría me pregunta por la responsabilidad civil y por el seminario
que se va a celebrar, efectivamente, en noviembre. Si lo había anunciado
para septiembre he de decir que en todo caso no ha dependido sólo de mi
voluntad sino también de la del Consejo del Poder Judicial, que es el 50
por ciento de ese seminario. Su señoría se refiere a un ámbito de
conciliación prejudicial para el tema de la responsabilidad civil. Hemos
estudiado esa iniciativa en el Ministerio y nos parece que el ámbito del
arbitraje, que es lo que se ha pedido desde distintas ópticas, no es el
adecuado para resolver problemas que afectan a derechos no disponibles.

La responsabilidad, que puede ser penal, como S. S. conoce, no es un
ámbito que esté en la capacidad de disposición; la responsabilidad civil
se puede derivar de una condena de responsabilidad penal, no sólo en el
ámbito civil. Por tanto, desde un punto de vista jurídico, nos parece que
no es el ámbito adecuado el arbitraje. En todo caso quiero decir a SS.

SS. que el problema de la responsabilidad civil, que es un problema del
que hemos venido hablando durante todo el año, no sólo lo hemos abordado
desde la óptica de dar una cobertura a través de un seguro sino que
también hemos estudiado, desde el punto de vista normativo, cuál era el
tratamiento del Código Penal en los temas de responsabilidad civil y
cuáles eran la posibilidades que la nueva Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas ofrece para la reclamación de los ciudadanos.

Como ustedes conocen, esa ley permite que la Administración transe cuando
se produce una reclamación y, desde esa perspectiva, hemos estudiado si
era imprescindible establecer un mecanismo intermedio cuando ya se
reconoce que el ciudadano puede reclamar a la Administración, llegar a un
acuerdo de indemnización y ver satisfecha su pretensión. Todo esto nos ha
ocupado este año porque nos parece que el problema de la responsabilidad
civil es un asunto importante. En todo caso hemos concluido que para el
año 1995 estará cubierta la responsabilidad civil.

Voy a decir cuanto antes que es verdad mi omisión al plan integrado de
salud, al que no he aludido porque no tengo fecha para su presentación
puesto que no lo hemos terminado todavía. Mi anuncio de que iba a estar a
finales de este año se retrasa porque no estamos en condiciones de
remitirlo al Consejo Interterritorial. Esa es la razón por la que no lo
he mencionado en lo que ha tratado de ser dar cuenta de lo que se ha
hecho y anunciar iniciativas nuevas. Reconozco que llevamos retraso con
respecto a mi anuncio del año pasado y reconozco también la importancia
del plan integrado de salud, como no podía ser de otra manera, lo cual no
quiere decir, señora Maestro, que la inexistencia del plan integrado, que
no se ha hecho en muchos años, descalifique cualquier otra actuación del
sistema.

Voy a seguir contestando al señor Fernández-Miranda, al que me quedan
algunas cosas por responder.

Los proyectos a que S. S. ha hecho referencia que anuncié el año pasado,
como pueden ser los instrumentos de mejora de la gestión, no los he
mencionado hoy porque sí están implantándose con carácter general en los
centros del Insalud y formaron parte del plan de modernización de las
administraciones públicas, pero con mucho gusto le facilitaré el grado de
implantación, el consentimiento informado y la asignación de médico
especialista.

Y llegamos a las listas de espera. Señor Fernández-Miranda, no juegue S.

S. con las listas de espera y no haga chistes sobre ello porque le
aseguro que no tienen gracia. La mejora de los sistemas de contabilidad
de los pacientes en listas de espera me parece que es una mejora, porque
no es lo mismo saber que tiene uno que afrontar una lista de 100 que una
de 50; no es lo mismo, créame. De manera que, si hemos detectado que la
confección de la lista presentaba fallos, como hemos explicado con toda
claridad, ya que había personas inscritas en más de una, que había
personas inscritas cuando estaba programada su intervención en más de
quince, lo hemos demostrado y tenemos los



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datos para demostrarlo, mejorar los procedimientos de inclusión en lista
de espera creo que es un avance.

Después, es un avance que tengamos la previsión de disminuir en un 54 por
ciento la espera de más de seis meses con los programas de este año. Es
verdad que me estoy refiriendo a la lista de espera quirúrgica, en la que
tenemos verdadera preocupación por acabar con la lista de espera de seis
meses para poder abordar un objetivo de más reducción. Además, nos
proponemos hacerlo distinguiendo también por enfermedades, porque nos
parece que no es lo mismo estar en lista de espera para una catarata que
para una operación de varices; no es lo mismo para la persona que está en
espera, y nos proponemos asumir compromisos que pueden ser diferentes en
razón de la enfermedad que tiene al paciente en lista de espera.

También es verdad que hay pacientes en lista de espera de diagnóstico,
señor Fernández-Miranda. No esos 50.000, como S. S. dice, con esa
facilidad que tiene para las grandes cifras, pero sí tenemos pacientes en
lista de espera para ser diagnosticados, y nos parece que ése es un
problema de organización deficiente de la circulación en los servicios y
estamos trabajando seriamente para conseguir mejorar eso.

En la deuda, señor Diputado, yo creo que hemos avanzado porque de los
billones en los que nos movíamos, ahora S. S. me habla de doce mil, de
ocho mil, de tres mil; esto ya es más manejable. Las cifras que S. S. me
pone encima de la mesa hoy son cifras que ya sí me suenan; la que no
reconozco es la del billón.

Como S. S. sabe, hasta el año 91 la deuda está pagada. En el 92 y en el
93 hay una deuda reconocida, y estamos formalizando con Hacienda la forma
de pago, de 290.000 millones, señoría. Esa es la cifra que yo tengo, que
sale por extrapolación de la cifra del Insalud, que ha sido admitida por
el resto de comunidades autónomas y que es la que se corresponde a lo que
S. S. se empeña en decir que es un billón. Son 290.000 millones que se
van a pagar, que ya están reconocidos por Hacienda y que se van a pagar
en tres años, según la previsión que estamos haciendo en los cierres con
el Ministerio de Economía y Hacienda.

Son 290.000 millones, señor Fernández-Miranda.

Es verdad que el Insalud se ha marcado como objetivo pagar a 90 días, y a
mí me parece un objetivo muy importante. He dicho y repito que me parece
que la Administración no debe ser morosa, que la cultura de que la
Administración pueda retrasarse en los pagos es mala y que no es un
objetivo que me proponga yo sola sino que compartimos en el Gobierno.

Hemos conseguido, señor Fernández-Miranda, en el año 1994 un plazo medio
de facturación en el Insalud de 90 días, lo cual automáticamente no se
traduce en el pago a 90 días, porque el pago, como S. S. conoce, lo hace
la Tesorería de la Seguridad Social, pero estoy en condiciones de
demostrarle que la facturación en el Insalud se está haciendo a 90 días,
lo cual supone un avance importante porque es un objetivo prioritario que
los proveedores puedan cobrar en tiempos razonables y no en los plazos
que se han llegado a alcanzar, en algunos casos absolutamente
insostenibles.

El sistema no está en crisis financiera, señor Fernández-Miranda, el
sistema ha estado dotado insuficientemente desde el punto de vista
presupuestario. No se han hecho presupuestos reales, se ha dotado con
presupuestos iniciales por debajo del gasto efectivo, y eso ha colocado
en dificultades financieras a todas las Administraciones sanitarias, bien
es verdad que a unas más que a otras, y ahí tienen que ver también las
diferencias de todo tipo. Pero no está en crisis el sistema. Tiene
dificultades creadas por el transcurso de los años, por la adaptación de
la población al gasto efectivo con el que se transfirió, por muchos
factores de diversa índole que los responsables sanitarios conocemos
bien.

Por cierto que sobre la referencia que S. S. hace a Galicia, en la que yo
he dicho públicamente que está atravesando por dificultades, porque está
dotada insuficientemente, S. S. ha hecho el comentario que ha hecho y yo
tengo que contestarle que la transferencia de la Sanidad gallega se
negoció por el Gobierno del señor Fraga, que los términos de la
transferencia los fijó el Conselleiro de Sanidad y que, por tanto (El
señor Fernández-Miranda y Lozana y el señor Burgos Gallego conversan
entre sí.), fue el Gobierno del señor Fraga.




La señora PRESIDENTA: Les ruego, por favor, no crucen opiniones.




La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán): En todo caso,
pida responsabilidad al Gobierno de Galicia, que es de su partido, sobre
en qué términos cerró esa transferencia a Galicia. Como los gallegos son
españoles, aunque voten al PP también, naturalmente están incluidos en la
propuesta de reforma del sistema de financiación porque la equidad del
sistema no plantea ninguna exclusión como S. S. ha hecho. (Rumores.) A mí
sí me preocupa la situación financiera de la sanidad en Galicia.

Señoría, las auditorías que me ha pedido desde el año 1986, creo recordar
que han requerido una consulta porque a partir de una fecha las cuentas
están cerradas y no se dispone de toda la documentación; de manera que
puede ser ésa la causa del retraso. En todo caso, me disculpo por el
retraso y aclararé a S. S. si ésa es la causa o no, como me disculpo por
los datos que me pide que no le he enviado sobre listas de donantes y que
revisaré. En todo caso, le ruego me disculpe porque son datos que
recuerdo perfectamente quedé en enviarle.

He tratado de dar datos actualizados, los pocos indicadores que he dado,
que tratan de estar vinculados a los objetivos de salud que nos hemos
planteado, se refieren al año 1993, pero las actuaciones de las que he
dado cuenta son todas del año 1994, o sea, que ese eslogan del paréntesis
del Gobierno en el año 1994 no sé en qué se fundamenta y cómo se deriva
de mi intervención. Todo lo que he dicho del sida se ha hecho en 1994;
todos los proyectos de salud pública son de 1994; los 200 centros; en fin
no sé a qué responde el comentario de S. S. sobre 1994, porque lo que he
contado aquí se está haciendo en el año 1994.




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La Comunidad Autónoma de Canarias no ha reclamado ninguna deuda, señor
Diputado. La Comunidad Autónoma de Canarias ha manifestado su conformidad
con los términos en los que se ha hecho la transferencia y a la hora de
revisar los principios que he expuesto aquí no me ha transmitido ninguna
reclamación, de manera que no sé a qué se refiere.

Nuevamente, ¡cómo no!, vuelvo a oírle hablar de recortes, de
desmantelamiento de la sanidad, de que haga un buen libro y nuevamente le
veo sonreirse cuando habla de salud para todos. ¿De verdad le parece que
lo de la salud para todos es un eslogan, es una broma? (El señor
Fernández-Miranda y Lozana: Señora Presidenta, ¿le contesto? Me lo ha
preguntado.) Forma parte de la pasión con la que hablo.

¿De verdad la expresión «salud para todos» mueve a risa a alguien? Me
parece que no suscita ninguna risa. Salud para todos es una cosa muy
seria. No para unos sí y para otros no, para los que la pueden pagar; es
salud para todos. O sea que S. S. siempre que se refiere a ese objetivo
de la Organización Mundial de la Salud se sonríe.

Tengo que decirle, señor Diputado, que ha pasado un año, que S. S. se ha
pasado el año hablando de recortes, de desmantelamiento, de quiebra, de
mala gestión, de catástrofe y yo llevo un año repitiendo casi las mismas
cosas, dando cuenta de cómo avanzamos. No cambio sus afirmaciones de un
año por las mías; no le cambio las explicaciones que debería dar S. S. de
por qué lleva un año hablando de recortes cuando no hay un solo recorte
en la política sanitaria; no le cambio explicar la coherencia de esas
afirmaciones que con tanta solemnidad a veces proclama. Prefiero explicar
lo que vengo diciendo desde hace un año que tratar de entender lo que S.

S. lleva diciendo un año.

Al señor Gatzagaetxebarría quiero agradecerle sus comentarios, algunos
especialmente. Efectivamente, creo que en la política de consumo se ha
hecho un esfuerzo mayor de coordinación, que las juntas de arbitraje
están haciendo una gran labor. De la multipropiedad puedo decirle que se
aprobó, como sabe S. S., en el consejo de consumo quedó pendiente de
revisar su redacción, con lo cual volvió al siguiente consejo como punto
A, de manera que se aprobó unos días después. Es a iniciativa del
Ministerio de Justicia, de manera que revisaré en los calendarios
legislativos de Justicia en qué momento está en el gran programa
legislativo que tiene el Ministerio de Justicia e informaré a S. S.

Comparto con S. S. que las medidas de farmacia han tenido poco relieve,
pero es que estamos en tiempos en que a veces se niega el pan y la sal.

Es verdad que las medidas de farmacia son importantes y, además, como ha
dicho la portavoz del Grupo Socialista, la señora Novoa, han dado un
ejemplo de corresponsabilidad de un sector que no tiene precedentes en la
industria farmacéutica ni en otros sectores. El que ante un momento de
crisis económica la industria adopte una decisión de este tipo me parece
que es un indicador de una nueva cultura económica que, desde luego, no
tenía precedente ni ha sido secundada, que yo sepa. Por eso comparto su
apreciación de que ha sido poco valorado el alcance y la trascendencia de
estas decisiones.

Estamos de acuerdo en que hay que seguir descentralizando la gestión y,
sobre todo, le agradezco expresamente que haga una manifestación diciendo
que las mejoras en el sistema son evidentes con independencia de cuál sea
el grupo político que se las apunte o se las deje de apuntar. Me parece
que ésa es una afirmación que es bueno oír en esta Cámara visto lo visto.

También le agradezco diga que no ve disminución en el catálogo de
prestaciones. Es difícil ver disminución de ninguna prestación en dicho
catálogo. A este punto volveré dentro de un momento.

Que los créditos no sean ampliables es la contrapartida razonable a que
el presupuesto sea real y, por tanto, no es que sea un objetivo que yo me
plantee que el crédito no sea ampliable; quien va a tener que defender,
si llega el caso, un crédito extraordinario mediante una ley va a ser el
Ministro de Sanidad. De manera que no es que sea un objetivo, pero es la
contrapartida «sine qua non» para que el presupuesto sanitario refleje el
gasto real.

También creo que debemos ponernos de acuerdo sobre las bases en cuanto a
cómo queremos la relación con nuestro personal, qué tipo de personal
queremos y, efectivamente, eso constituye --y si S. S. recuerda, así lo
he dicho-- las bases sobre las que estamos trabajando y que son el
contenido de esas leyes que he anunciado.

La responsabilidad civil de los profesionales es para todos los
profesionales. Lo que ocurre es que afecta fundamentalmente a los
médicos; a quienes se piden indemnizaciones millonarias con más
frecuencia es a los médicos, pero es para todos los profesionales.

También le agradezco mucho la referencia a la percepción de una mejora en
el plan del sida. Hemos trabajado mucho este año en el plan del sida. El
nuevo Secretario General del Plan Nacional del sida ha hecho un trabajo
serio, y que se aprecie y reconozca se lo agradezco especialmente.

Señor Cardona, también le agradezco su intervención. No sólo aspiramos a
mantener las cotas de sanidad, aspiramos a mejorarlas. En este camino
lento y no muy fácil no vamos a renunciar a ningún objetivo ambicioso en
la sanidad.

La suficiencia financiera es el primer punto de lo que yo he expuesto
aquí respecto a cuáles serían los elementos para la reforma del sistema
de financiación y, naturalmente, la suficiencia financiera de verdad, la
que responde al gasto real. El reconocimiento de la deuda es evidente, no
se puede reformar el sistema si en el sistema financiero no hacemos un
saneamiento de la deuda pasada.

Respecto a los desplazados le quiero comentar en dos minutos mi
preocupación sobre el sistema de compensación por asistencia a
desplazados. Es verdad que está en la Ley de Sanidad y que debemos seguir
trabajando en encontrar esos indicadores, que pueden ser los que ha
apuntado la señora Maestro, demográficos, sociales, pero no me parece que
estemos en condiciones o que sea bueno para el sistema instalar ya un
mecanismo de compensación de asistencia a desplazados. Me parece que
produce inequidades, me parece que tenemos dificultades para su
implantación con carácter general en todo el sistema. No es lo



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mismo la asistencia hospitalaria que la primaria, que afecta a otras
comunidades autónomas; tenemos que valorar la inversión que
históricamente se ha hecho en unos hospitales precisamente porque eran
referencia para otros y, por tanto, a mi juicio tenemos que seguir
trabajando en perfilar un sistema que trate de evitar desigualdades, que
trate de preservar la equidad del sistema, y esa compensación, que de
alguna manera tenemos que establecer para matizar dicha asistencia sólo
sobre el criterio de la población protegida no se convierta en un
instrumento que ahonde desigualdades y que se vuelva en contra del
principio, fundamental a mi juicio, de preservar la equidad en el
sistema.

Tengo que compartir, señor Cardona, su queja por las imputaciones falsas,
demagógicas e injustas que se han hecho en relación con determinadas
negociaciones de grupos políticos y vinculándolas a la sanidad. A mí me
parecen especialmente injustas vinculadas a la sanidad. Por la parte que
conozco, tengo que ratificar lo que S. S. ha dicho y decir que no hay
ninguna reclamación insolidaria, sino que las pretensiones que ha
defendido su grupo en relación al presupuesto sanitario en todo momento
se han hecho planteadas para el conjunto del sistema. Por tanto, comparto
su sentimiento ante lo que efectivamente han sido imputaciones
apresuradas, falsas, demagógicas e injustas.

En cuanto a la publicidad del tabaco y de las bebidas alcohólicas,
tenemos ya elaborados los decretos y espero que se puedan promulgar en el
primer semestre de 1995.

Sobre el ahorro del gasto farmacéutico, los datos que le puedo dar es
que, frente al 12 por ciento de crecimiento en el mismo período, primer
semestre de 1993, el primer semestre de 1994 está creciendo el 4,29 y el
número de recetas ha disminuido el 7 por ciento. Esta es la evolución del
gasto farmacéutico en el primer semestre de este año.

Respecto al calendario de las dos leyes he contestado. Me he excusado ya
por el retraso en el plan integrado de salud. Estamos trabajando en la
elaboración del decreto de residuos, que también espero entre en el
calendario del primer semestre del año que viene. Creo que no me dejo
nada más.

Señora Maestro, sobre el plan de salud ya he dicho lo que quería decir,
pero me parece que dar a la inexistencia del plan de salud las
consecuencias que S. S. le ha dado, es decir, descalificación, que no
sabemos si lo que hacemos sirve para algo, que no tenemos la más mínima
forma de contrastar que esto funcione, si me lo permite, señoría, me
parece una exageración. Sí tenemos algún dato, tenemos la encuesta
nacional de salud, del año 1993, en la que estamos trabajando seriamente,
y también tenemos algún indicador que nos permite relacionar toda esa
actividad y toda esa atención con el nivel de salud de la población.

Tenemos datos de qué ha pasado en Andalucía, de qué ha pasado con las
enfermedades respecto a las que se ha conseguido la extensión de la
vacunación en Extremadura; sí tenemos algún indicador. Estimo que el plan
integrado de salud es un objetivo que hay que cumplir y cuanto antes,
pero no creo que sirva para descalificar lo que estamos haciendo.

También me sorprende que vincule S. S. la existencia de un cargo orgánico
en un ministerio a la eficacia en la política de salud. Yo he dicho que
uno de los objetivos de la reestructuración era dar el protagonismo que
creo tienen las direcciones generales del ministerio. La Dirección
General de Salud Pública tiene un enorme protagonismo, la Dirección
General de Farmacia tiene un enorme contenido, y me parece que era bueno
recobrar ese protagonismo. En todo caso, no creo que la supresión de las
secretarías generales --por cierto, una no se había cubierto nunca desde
que yo soy ministra-- haya redundado en una disminución de los objetivos
y de las definiciones de salud pública.

La financiación por los presupuestos, señora Maestro, es un viejo debate
y ahora reciente, pero no tan reciente como las últimas declaraciones que
a S. S. le preocupan. La Ponencia sobre la reforma del Sistema de
Seguridad Social está trabajando en el Congreso de los Diputados y,
cuando yo comparecí en ella antes del verano, ya era un asunto
absolutamente manejado por todos los grupos políticos como objeto de
estudio a la hora de hablar del futuro de la Seguridad Social. De manera
que la opción de financiación por impuestos no es un asunto que ponga
encima de la mesa, afortunadamente, el Presidente de la entidad patronal
que S. S. ha citado, sino que está en el debate cada vez que se habla de
la Seguridad Social.

La sanidad hoy está financiada en el 73 por ciento. Con este aumento que
propugna el Ministro de Trabajo para compensar las disminuciones,
estaríamos en el 75. Sea como fuere, estamos muy cerca de ese horizonte.

No me parece que una u otra financiación pueda condicionar el carácter
universal, gratuito, solidario, que tiene el sistema; desde luego, así lo
espero.

Se hacen muchas declaraciones hablando de sanidad, que es un asunto muy
importante, que importa a mucha gente y mucha gente habla de sanidad,
pero yo no he dicho nada de eso. Por tanto, me gustaría tranquilizarle
respecto a ese tema. Sobre lo que diga el gerente de un hospital del
Insalud (me parece que a este gerente no le designa el Insalud, pero
aunque lo designara), o las opiniones vertidas en el número infinito de
seminarios, conferencias, cursos que en el ámbito sanitario tienen lugar,
comprenderá S. S. que no tengo que compartir ni respaldar necesariamente
todas las opiniones científicas y profesionales de todas las personas que
trabajan en el sistema.

Eso que lee en el documento de convergencia, señora Maestro, fundamenta
su preocupación, pero debería leer lo que se refiere a sanidad y
encontraría una cosa que a S. S. le gusta mucho, que es la atención
integral de la salud como objetivo. Es decir, el documento de
convergencia recoge como objetivo en política sanitaria el concepto más
amplio y ambicioso que podía recoger y además reconoce que ya se han
adoptado medidas de contención. Por tanto, en este documento el horizonte
no puede ser más esperanzador, entre otras cosas porque se habla mucho de
reducciones, de déficit y cambio de la sanidad; a mí me parece que es
satisfactorio lo que contiene el documento y me gustaría que así lo
valorara.

La oferta de empleo público restrictiva del 50 por ciento que está en el
documento, ha sido matizada por el pacto con los sindicatos,
recientemente firmado,



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de manera que me parece que ya no está vigente, ni siquiera con carácter
general, para los funcionarios públicos.

En los criterios objetivos para el reparto de las comunidades autónomas y
su participación en la financiación de la sanidad no puedo estar más de
acuerdo y en esa línea estamos trabajando. A lo largo de todo este año
hemos trabajado para encontrar esos puntos de acuerdo. En desarrollo de
la ley, el criterio de población protegida parece que es el comúnmente
aceptado, pero es verdad que el término población protegida debe ser
matizado por algún concepto que no haga inequitativo el reparto, habida
cuenta del movimiento de desplazados.

También es verdad, como acabo de explicar, que la compensación de
desplazados sin más puede crear en el sistema elementos de desigualdad y,
por tanto, estamos trabajando en encontrar esos indicadores que maticen
el criterio de población protegida y que, de verdad, sitúen a todas las
comunidades autónomas en igualdad de condiciones a la hora de participar
en la financiación; de manera que estoy de acuerdo.

Preguntaré por el Servicio de quimioterapia del Doce de Octubre, señora
Maestro, que no sé por qué está en las condiciones que S. S. denuncia.

La reducción de servicios en verano se hace con criterios de necesidades,
de manera que, por ejemplo, hemos reforzado servicios sanitarios en zonas
del interior que reciben a personas de esa población que vuelven por
vacaciones a su lugar de origen y que, en teoría, no son sitios
turísticos. De manera que el criterio ha sido la necesidad. Si hay zonas
costeras que reciben turismo en las que han dejado de funcionar los
servicios, lo siento, pero no es ése el criterio con el que se ha hecho
la planificación y desde luego se ha reducido porque no hemos hecho
contrataciones con carácter general de personal suplente.

En cuanto a la campaña, señora Maestro, me ha entendido mal. Le he
hablado de una sola campaña. No se puede reprochar al Ministerio de
Sanidad despilfarro en campañas porque verdaderamente no tenemos dinero
para hacer campañas y no hemos hecho campañas. La única que he anunciado
ha sido la del sida en colaboración con Educación y Asuntos Sociales y
para el tabaco y el alcohol lo que vamos a hacer es trabajar nosotros en
esas normas que limiten la publicidad, de manera que es justo lo que S.

S. plantea.

Estamos estudiando la inclusión del centro clínico Carlos III en el
Insalud, como se está diciendo, porque es cierto y porque parece que es
el futuro lógico de esa institución.

La ley de salud laboral ya ha sido anunciado por el Ministro de Trabajo
que va a presentarla al Parlamento y ahí hemos hecho un trabajo con
trabajo --valga la redundancia, discúlpeme-- para plantear el desarrollo
que a S. S. le preocupa. Espero que el texto que salga y sea presentado
recoja su preocupación.

En relación a las transferencias sanitarias, señora Maestro, hay un pacto
autonómico que está vigente, aprobado por una ley, que establece un
horizonte y ahí no se contemplan transferencias sanitarias, de manera que
tenemos que ver hasta cuándo va a estar vigente ese pacto y qué va a
pasar con él.

El horizonte con que trabajamos en el ministerio es el de la
transferencia. Yo no pierdo nunca de vista que el Insalud acabará
transferido en su totalidad, porque es el horizonte y, entre otras cosas,
por eso hay que trabajar también en resolver este sistema de financiación
que permita que las comunidades que todavía no han recibido las
transferencias las reciban sin que ello constituya una carga financiera
difícilmente asumible.

Vuelvo a disculparme por la documentación que le falte, señora Maestro, y
procuraré organizar mejor esto porque lamento mucho que me reclamen
papeles que ya deberían tener.

Respecto al catálogo de prestaciones, tengo que expresar a S. S. sabe que
es una iniciativa en la que hemos puesto no poco trabajo y mucho
entusiasmo. Me parece injusta esa apreciación que dice que no se van a
generalizar prestaciones por el hecho de estar recogidas en una norma. Yo
creo que sí. Sinceramente, creo que sí, entre otras cosas porque no basta
con que estén escritas aquí y, si me lo permiten, voy a anunciar alguna
para dar idea de que esto sí va a ampliar prestaciones. Yo he hablado de
cómo estamos organizando los servicios, cómo funciona el
contrato-programa, cómo se incluyen por objetivos y también he explicado,
cuando he hablado del catálogo, que va a mejorar la organización de los
servicios, porque, naturalmente, esto va a formar parte de la cartera de
servicios que se va a entregar a los centros. Naturalmente que se va a
incluir en el cumplimiento de objetivos.

Cuando se dice que la atención a la mujer se incluye en las prestaciones
sanitarias públicas, la indicación médica y el seguimiento de los
distintos métodos anticonceptivos, incluyendo la educación para la salud
y los controles sanitarios, naturalmente que se va a hacer un programa.

Cuando se dice actividades para el diagnóstico precoz del cáncer de mama
y ginecológico, así como la detección de grupos de riesgo, naturalmente
que se va a hacer con un programa.

Cuando se habla de la atención sanitaria a la menopausia y a sus
complicaciones, sí se va a hacer mediante la inclusión en programas.

En la atención a la infancia, cuando se habla de las revisiones
periódicas del niño sano, y según programas de salud establecidos,
estamos sistematizando los chequeos y el seguimiento de los niños sanos.

Desde luego, estaremos en mejores condiciones teniéndolo escrito los
responsables de los centros, los ciudadanos que saben que les
corresponde, los responsables políticos para saber cuál es nuestro
compromiso; digo que estaremos en mejores condiciones que ahora porque,
como decía el señor Diputado, cuando uno se pone malo acude al centro y
ahí está un profesional que le atiende; pero en el ámbito de la
prevención me parece que esta pedagogía que me pedían, es buena.

Cuando aquí se dice y se escribe en una norma que la atención sanitaria a
domicilio a pacientes inmovilizados y a aquellos en situaciones
terminales es una prestación sanitaria pública, tenemos que incluirlo en
un programa y dar respuesta a este compromiso.




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Lo mismo sucede con la salud bucodental; la sanidad de los niños, con la
descripción que se hace; con los tratamientos de la infertilidad o el
diagnóstico prenatal en grupos de riesgo. ¿Cómo no va a mejorar la
situación actual? Su señoría me decía: no están generalizadas las
prestaciones. Claro, por eso digo que el catálogo va a generalizar
prestaciones que hoy no lo están, exactamente por eso.

También diagnóstico prenatal en grupos de riesgo mediante ultrasonido; la
atención de la salud mental y la asistencia psiquiátrica, que incluye el
diagnóstico, tratamiento y seguimiento en régimen de ambulatorio y de
hospitalización, así como las psicoterapias individuales, de grupo o
familiares. Por cierto, el resultado de estas definiciones proviene del
consenso de las comisiones de especialistas con las que se ha trabajado
durante este tiempo; de manera que si falta la psicología clínica será
por criterios científico-técnicos, que en todo caso le aclararé.

Cuando se dice que está incluido el tratamiento de las ludopatías, el de
los anoréxicos o los problemas del lenguaje, como la tartamudez, ¿cómo no
va a significar una garantía que estas prestaciones se tienen que dar?
Señora Maestro, reconozco los fallos que pueda tener el funcionamiento
del sistema, pero no me niegue la mayor que como no hay plan integrado de
salud esto no sirve para nada, porque yo, sinceramente, pienso que sí
sirve para mucho; que es un paso cualitativo importante en la
consolidación del sistema sanitario público, en la consolidación de los
derechos del usuario y que va a contribuir a su mejor funcionamiento. Por
eso hablaba de que es un paso importante también para nuestra propia
organización conocer cuál es nuestro compromiso.

La libre elección de especialista no es una cortina de humo, señora
Maestro. La libre elección de médico general y pediatra está implantada.

Ya sé que tiene sus dificultades. Muchos pacientes nos escriben diciendo
que piden el cambio y no se les hace a la velocidad o con la agilidad que
esperan, pero sí es una realidad y, desde luego, como está implantada ya
nos permite que sea efectiva para todo el que quiera elegir médico
general o pediatra mucho antes que si no lo estuviera, sin duda.

En el último trimestre de este año ya está funcionando la libre elección
de ginecólogo, no con carácter generalizado, no está en todo el sistema,
no hemos podido, pero le aseguro que el objetivo es ambicioso y es muy
real: la libre elección de especialista en todo el ámbito del Insalud
para el año 1995. Estamos trabajando duramente para que eso sea realidad,
contando con que, naturalmente, nos costará implantar un sistema de
elección que hasta ahora no existía, sin duda, y en el número importante
de cambios de médico que se han producido, general y pediatra, ha habido
casos en que hemos tenido reclamaciones, porque no lo hemos atendido
adecuadamente, pero ha habido muchos cambios de médico general y
pediatra, de personas que están, yo creo, mucho más cercanas a ese médico
que tan importante es. De manera que lo que está mal, está mal, y lo que
está bien y se hace con la intención de mejorar el funcionamiento del
Sistema, yo creo que no debemos negarlo.

A la señora Novoa, a quien le deseo mucho éxito y muchas satisfacciones
como portavoz de la Comisión, le agradezco su trabajo, agradezco la
valoración que ha hecho de este año de trabajo, le agradezco el apoyo que
siempre he sentido y la solidaridad del Grupo Socialista, como no podía
ser de otra manera, porque, aunque al señor Fernández-Miranda siempre le
preocupa esto, es obvio que pertenezco a un Gobierno socialista, apoyado
por un Grupo Socialista, y trabajo, con mi mayor entusiasmo, para
desarrollar el programa del Partido Socialista. Como le gusta que se lo
explique cada vez, con mucho gusto se lo explico. De manera que agradezco
a la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista sus comentarios;
comparto su preocupación por el sida; ya he dicho antes que agradezco
mucho la referencia a que se percibe una mejora en el plan del sida; yo
creo que hemos hecho avances en este año, dentro de una política con los
pies muy en la tierra, y sin hacer ningún folclore de un asunto tan
serio, pero creo que hemos dado pasos en el mejor funcionamiento del plan
y, sobre todo, agradezco el ánimo que me expresa y que tanto necesito.

Siento que esto se haya prolongado tanto, pero SS. SS. también han
hablado mucho.

Muchas gracias por haberme escuchado. (El señor Fernández-Miranda y
Lozana pide la palabra.)



La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Ministra.

Señor Fernández-Miranda, ¿tiene la amabilidad de explicarme para qué
solicita la palabra? Escuetamente, por favor.




El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Señora Presidenta, para que responda
la señora Ministra a una pregunta formulada por mí que no me ha
contestado, breve, sin duda ninguna, en el planteamiento y en la
contestación, y para que explique una de las afirmaciones de su segundo
turno.




La señora PRESIDENTA: Señor Fernández-Miranda, como sabe, en este trámite
de comparecencias no ha lugar a un turno de dúplica, pero sí
excepcionalmente a la posibilidad de responder a alguna pregunta que no
haya quedado suficientemente clara o que no se haya respondido. En cuanto
a explicaciones de afirmaciones, eso correspondería a valoración de
opiniones que reabrirían el debate.

Exclusivamente para formular alguna pregunta concreta que no haya quedado
clara, tiene la palabra por dos minutos, por favor, señor
Fernández-Miranda.




El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Señora Presidenta, la explicación
que yo someto a su consideración es si la señora Ministra rectifica o
ratifica que los gallegos, aunque votan al Partido Popular, también son
españoles, que nos ha parecido una expresión ofensiva, tanto para el
Partido Popular como para los gallegos. (Rumores.) Por tanto, insisto en
pedir esta explicación a la señora Ministra, para su rectificación o
ratificación, y la pregunta, ambas cosas.




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La señora PRESIDENTA: Formule la pregunta, puesto que lo primero ya lo ha
expuesto. De acuerdo, señor Fernández-Miranda.




El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: La pregunta es simplemente, porque
no se lo he oído en sus contestaciones, si la señora Ministra piensa que
la financiación de la sanidad pública debe ser por cuotas y fiscalidad, o
solamente por fiscalidad, como opina el Ministro Griñán.




La señora PRESIDENTA: Señora Ministra.




La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán): Muchas gracias,
señora Presidenta.

En primer lugar, señor Fernández-Miranda, nada más lejos de mi estilo, ni
de mi intención, que agredir a ningún ciudadano español y, por tanto,
cuando estábamos hablando de las condiciones en que se ha transferido la
sanidad de que es una competencia transferida, y que la asistencia
sanitaria se gestiona por los responsables políticos de la comunidad
autónoma, he dicho que, no obstante eso y estar bien claras las
condiciones de la transferencia, aunque los responsables políticos sean
del Partido Popular y hayan negociado la transferencia en las condiciones
en que se haya hecho, los gallegos son españoles amparados en el Sistema
Nacional de Salud, y mi obligación es velar por la equidad en el
funcionamiento del Sistema. (El señor Fernández-Miranda y Lozana: Eso lo
dice ahora.) Eso es lo que he dicho. Le ruego que repase mis afirmaciones
y, desde luego, no está ni en mi estilo ni en mi intención hacer ninguna
afirmación de esa naturaleza, cuyo solo malentendido por su parte sí me
ofende.

La segunda pregunta se refería a mi opinión sobre la financiación. Yo
creo que la financiación, mayoritariamente presupuestaria, es coherente
con la consideración del derecho a la protección de la salud como un
derecho universal.




La señora PRESIDENTA: Señorías, finalizado el orden del día de la
Comisión de Sanidad y Consumo, y agradeciéndole a la señora Ministra de
Sanidad su comparecencia en esta Comisión, levantamos la sesión.




Eran las dos y cinco minutos de la tarde.