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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 263, de 28/07/1994
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1994 V Legislatura Núm. 263
POLITICA SOCIAL Y DE EMPLEO
PRESIDENCIA DE DON JORGE FERNANDEZ DIAZ,
VICEPRESIDENTE PRIMERO
Sesión núm. 16 (extraordinaria)
celebrada el jueves, 28 de julio de 1994
ORDEN DEL DIA:
Comparecencia, a petición del Gobierno, del señor Ministro de Trabajo y
Seguridad Social (Griñán Martínez) para informar sobre política de ayudas
y subvenciones a FUNDESCOOP. (Número de expediente 214/000061.)
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Díaz): Se abre la sesión. Buenos días,
señorías.
Por la Presidencia de la Cámara hemos sido convocados para atender una
comparecencia, a petición del Gobierno, del Ministro de Trabajo y
Seguridad Social, para informar sobre política de ayudas y subvenciones a
Fundescoop.
La tramitación de esta comparecencia ante la Comisión por parte del señor
Ministro se adecuará a lo dispuesto en el artículo 203 del Reglamento.
Tiene la palabra, para informar a la Comisión, el señor Ministro de
Trabajo y Seguridad Social.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Griñán Martínez):
Señorías, comparezco a petición propia, agradeciendo, en primer lugar,
una solicitud en los mismos términos presentada por el Grupo
Popular para que informe sobre la política de ayudas y subvenciones a
Fundescoop, petición coincidente con mi voluntad y, aunque sea
brevemente, quisiera explicar el porqué de esta voluntad.
No está ciertamente en mi ánimo entablar una polémica sobre este asunto
ni me interesa tampoco desmentir nada ni a nadie. Quiero, eso sí,
informarles sobre todo lo que dispongan SS. SS. y decirles que estoy,
como siempre, a su disposición y a su servicio para lo que ustedes
necesiten. Me parece muy bien que sea transparente el destino que
cualquier responsable público dé al dinero que los ciudadanos le confían,
y con el convencimiento de que éste es el caso paso a informarles del
motivo de mi comparecencia.
Conforme al mandato constitucional, las distintas administraciones
públicas, según sus respectivos ámbitos de competencia, tratan de
promover las condiciones favorables para el progreso social y económico,
fomentando el empleo, la formación y la readaptación profesional. Tal es
lo que dice textualmente la Constitución Española.
Año tras año los parlamentarios autonómicos y las Cortes Generales vienen
aprobando partidas presupuestarias orientadas al cumplimiento de estos
fines que les acabo de decir, muy concretamente al fomento de la economía
social y al desarrollo de la formación en esta materia de los
trabajadores. Es lo cierto, además, que estas actuaciones se desarrollan
mediante conciertos de las distintas administraciones públicas con
instituciones especializadas en esta materia y, por consiguiente, con
instituciones que se encargan del desarrollo práctico de esta actividad
de promoción y formación a la que me estoy refiriendo.
De entre estas instituciones especializadas las más notorias en
implantación y actividad son, sin duda, las organizaciones profesionales,
sindicatos y asociaciones empresariales, que adquieren relevancia
constitucional en el mismo título preliminar de nuestra carta magna como
sujetos sociales que contribuyen a la defensa y promoción de los
intereses sociales y económicos que le son propios, y entre esos
intereses sin duda está el mejorar las oportunidades de empleo y las
condiciones de los trabajadores a través de fórmulas, bien de autoempleo,
bien de la conocida como economía social.
Es obvio que ésta no es ni mucho menos una peculiaridad de nuestro país,
dado que en todos los de a Unión Europea son precisamente los agentes
sociales los que bajo el patrocinio público asumen imperativos legales,
como son, en este caso, la formación de los trabajadores o la promoción y
el desarrollo del cooperativismo y de la economía social con carácter
general. De esta forma, los agentes colaboradores en la ejecución de
estas políticas son, en todos los países de la Unión Europea, sindicatos
y organizaciones empresariales. En España ocurre lo mismo, y tanto UGT
como Comisiones Obreras y ELA por la parte sindical, y CEOE, Cepyme,
etcétera, desde el punto de vista de las asociaciones empresariales, son
los colaboradores preferentes de todas las administraciones en el
desarrollo de las políticas de esta naturaleza.
Está claro también que los agentes sociales desarrollan habitualmente
estos conciertos a través de entidades que son normalmente fundaciones o
sociedades sin ánimo de lucro que se especializan en las materias
concretas y que cuentan con personal docente y con medios especializados.
De ahí que a los patronatos de estas asociaciones o fundaciones
pertenezcan precisamente los directivos y profesionales expertos de las
patronales o sindicatos que las dan vida.
Hablamos, pues, de una política de promoción social atribuida
competencialmente a distintas administraciones, que, con independencia
del color político de sus gobiernos, la desarrollan por convenios o por
subvenciones con y a organizaciones especializadas, básicamente
asociaciones sindicales y empresariales.
Dejo esto claro desde el principio con la intención de eliminar algunas
dudas, confusión e incertidumbre que puedan afectar a todas las
administraciones y que no es bueno que existan, y es razonable, por
tanto, que al tiempo que comparezco para explicar esta política en su
relación con uno de los organismos colaboradores --me refiero a
Fundescoop--, explique todo el sistema y justifique el volumen global de
conciertos: los del Ministerio de Trabajo, que detallaré, y los de todas
las comunidades autónomas --todas ellas-- que han concedido subvenciones
o han hecho conciertos con Fundescoop; todas ellas --insisto-- con
independencia del partido político que en cada caso sustentaba al
Gobierno en concreto.
Dicho esto, debo, en primer lugar, afirmar que el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, el Gobierno, no ha tenido ni tiene política alguna de
ayudas y subvenciones a Fundescoop. Por el contrario, sí dispone de
políticas de empleo que cuentan con el respaldo de esta Cámara cuando
refrenda anualmente los correspondientes programas presupuestarios en los
que se cobijan estas partidas. Entre estas políticas destaca, por su
importancia estratégica para el empleo, el fomento de la economía social.
La política de formación profesional en este ámbito se realiza a través
del Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional, el cual, desde su
inicio en 1985, se ha ido desarrollando en todo momento sobre la base de
una configuración jurídica y en cuya elaboración se ha contado con el
concurso de organizaciones y agentes sociales que se encuentran
representados en el Consejo General de la Formación Profesional. Su
regulación normativa establece de forma objetiva no sólo el procedimiento
de planificación y programación de las acciones y de la selección de
alumnos, sino también el de la homologación de los centros colaboradores
y el de concesión de subvenciones en aquellos ámbitos en que la gestión
no está transferida y es realizada directamente por el Instituto Nacional
de Empleo.
La economía social es impulsada a través del Infes, cuyo órgano gestor
superior es también un consejo, en el que además de representantes de
diferentes departamentos ministeriales, trece lo son por las asociaciones
de cooperativas y sociedades anónimas laborales de ámbito estatal y de
otras entidades e instituciones pertenecientes a su ámbito propio de
actuación. Entre las competencias del Consejo se encuentra la de elaborar
los criterios de actuación del Instituto, así como el control de la
gestión que desarrolla. Una parte de esa gestión se dirige a facilitar
las formas de financiación de las empresas y asociaciones de la
economía social mediante el establecimiento de subvenciones y ayudas. Se
desarrollan, además, actividades formativas para colectivos relacionados
o interesados en el cooperativismo, que se realizan bien directamente,
bien mediante subvenciones a centros colaboradores. En todos los casos
las ayudas se conceden siguiendo criterios objetivos que están
establecidos, con sus correspondientes procedimientos, en normas
publicadas en el Boletín Oficial del Estado.
Ambas políticas que acabo de enunciar disponen como elemento común la
participación tanto en la normativa como en las convocatorias y la
ejecución de los interlocutores sociales y de los elementos más dinámicos
en este ámbito de la sociedad civil, que configuran una red de 7.500
centros colaboradores.
El acceso a esta categoría de centro colaborador se produce a través de
un procedimiento en abierta, limpia y transparente concurrencia, cuyo
referente último es la calidad. Uno de esos centros colaboradores es la
Fundación para el Desarrollo del Cooperativismo y de la Economía Social,
conocida como Fundescoop. Es de dominio público la solvencia y el
prestigio de esta fundación en el ámbito de la formación, de la economía
social y de la cooperación al desarrollo. Y lo es del dominio público
nacional, donde Fundescoop viene acreditada por su concertación
permanente con todas las administraciones públicas y con instituciones de
gran prestigio y solvencia, como también lo es del dominio internacional,
y lo manifiesta su presencia en programas de cooperación, algunos de
ellos patrocinados por altos organismos internacionales. Así lo avalan
las múltiples actividades desarrolladas con la Comisión de las
Comunidades Europeas, con países como Portugal, Italia, Francia, Irlanda,
Reino Unido, Alemania y Grecia, y otros del área latinoamericana. Esta
posición solvente le lleva a ser centro colaborador no sólo del Inem o
del Infes, sino de entidades como la Fundación-Empresa de la Universidad
Carlos III, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la
Fundación-Empresa de la Universidad de La Laguna, la Universidad de
Murcia y la de Barcelona. Por otra parte, presta servicios a todo tipo de
administraciones territoriales, bien sea el Estado, bien sean comunidades
autónomas o municipios.
Por lo que respecta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el
conjunto de ayudas o subvenciones de las que ha participado Fundescoop en
la ejecución de los programas de gastos, a los que ha concursado
--insisto-- con arreglo a criterios de publicidad, concurrencia y
objetividad, arroja, desde 1985 en que se le reconoce como centro
colaborador de la Dirección General de Cooperativas, y desde 1987 en que
se convierte en centro colaborador del Inem, los siguientes datos, que
paso a exponer a SS. SS. y sobre los que estoy dispuesto a darles cuantos
detalles en concreto necesiten.
Por lo que se refiere al fomento de la economía social, año 1985, la
cantidad concedida son 9.621.600 pesetas, siete expedientes
administrativos, tres cursos, seis seminarios, jornadas y edición del
libro «Análisis sobre la nueva legislación reguladora de las Sales».
En el año 1986, la cantidad total es de 9.551.540 pesetas, seis
expedientes administrativos, cinco seminarios, siete jornadas sobre
sociedades anónimas laborales y economía social, una campaña de difusión
del marco regulador de las sales y organización del I Curso
Iberoamericano de Técnicas de Gestión Empresarial para Cooperativas.
En el año 1987, la cantidad total es de 9.404.800 pesetas, cuatro
expedientes, II Curso Iberoamericano, dos campañas sobre asociacionismo
laboral, economía social y cooperativas y un curso de formación de
cooperativas para expertos cooperantes.
En el año 1988, la cantidad total es de 12.813.220 pesetas, diez
expedientes administrativos, tres jornadas sobre economía social y
cooperativas, un seminario hispano-italiano celebrado en Roma sobre
economía social, etcétera.
En el año 1989, la cantidad total es de 10.812.150 pesetas, cuatro
expedientes, un seminario, conferencia nacional y edición de dos libros.
En el año 1990, la cantidad total es de 10.500.000 pesetas, dos
expedientes, edición en español de la III Conferencia Mundial de Cicopa y
preparación y elaboración de estudios y publicaciones.
En el año 1991, la cantidad total es de 10.980.000 pesetas, seminarios,
reedición de textos, edición del trabajo, estudio y análisis de la Ley
20/1990.
En el año 1992, la cantidad total concedida es de 10.000.000 de pesetas,
el pago de la subvención es de 8.747.068 pesetas por elaboración de
textos docentes y seminarios en nueve provincias.
Y en el año 1993, la cantidad total es de 10.000.000 de pesetas,
pendientes de abono, dos jornadas, seminarios y edición del disquete de
enseñanza asistida por ordenador.
El porcentaje de las ayudas concedidas a Fundescoop sobre el total de los
gastos autorizados en cada ejercicio oscila entre el 0,2 por ciento en
1990 y 1991 y el 0,4 por ciento de 1988 y 1992. Si hacemos la comparación
con la cuantía que han recibido el conjunto de asociaciones y centros
colaboradores, los porcentajes oscilan entre el 2,5 por ciento en 1990 y
el 4,2 por ciento de 1992.
El segundo ámbito era el de la formación profesional, como les decía a
SS. SS., y como centro colaborador las cantidades asignadas han sido las
siguientes.
En el año 1987, el volumen del concierto fue de 71.653.650 pesetas, 78
cursos en 36 provincias y 1.515 alumnos.
En el año 1988 hubo un volumen de 127.074.300 pesetas, 80 cursos en 40
provincias y 1.200 alumnos.
En el año 1989 hubo un volumen total de 82.244.000 pesetas, 53 cursos en
37 provincias y 796 alumnos.
En el año 1990, el volumen total es de 105.335.535 pesetas, 58 cursos en
36 provincias y 870 alumnos.
En el año 1991, el volumen total fue de 209.935.350 pesetas, 83 cursos en
38 provincias y 1.245 alumnos.
En el año 1992, el volumen total es de 182.358.150 pesetas, 59 cursos en
32 provincias y 885 alumnos.
En el año 1993, el volumen total es de 183.978.000 pesetas, 52 cursos en
24 provincias y 780 alumnos.
Y en el año 1994, el volumen total es de 64.705.350 pesetas, 20 cursos en
11 provincias y 285 alumnos.
El porcentaje de las ayudas concedidas a Fundescoop sobre el total de
gastos autorizados en cada ejercicio
oscila entre el 0,12 por ciento de 1989 y el 0,25 por ciento de 1993. De
estas subvenciones se ha beneficiado un total aproximado de 7.600 alumnos
distribuidos en 483 cursos.
En lo que se refiere al desarrollo de acciones del contrato-programa, en
el marco del contrato-programa que el Inem tiene suscrito con la Unión
General de de Trabajadores se programaron, en 1992, 16 cursos para 240
alumnos por un importe de 79.935.750 pesetas, y en 1993 siete cursos
destinados a 105 alumnos por un importe de 41.364.000 pesetas.
Todos estos expedientes de gastos fueron fiscalizados de conformidad por
la Intervención General de la Administración del Estado, y asimismo las
auditorías que realizó el Tribunal de Cuentas a los expedientes de
gastos, precisamente subvenciones a Fundescoop, en los ejercicios de 1988
a 1991 resultaron favorables, toda vez que en los informes
correspondientes a dichos años el Tribunal no planteó objeción alguna a
los citados expedientes.
En todo caso es un gasto, señorías, del que, a pesar de estar intervenido
y del que soy el primer interesado en garantizar que se cumpla
efectivamente su función legalmente prevista, ofrezco toda la
documentación que obra en poder del Ministerio para que SS. SS. puedan
llegar a comprobar que así realmente ha sido.
El señor VICEPRESIDENTE: ¿Grupos Parlamentarios que desean intervenir?
(Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Hinojosa.
El señor INOJOSA I LUCEA: He de confesar a la Comisión que estoy
francamente desorientado. No sé qué hemos venido a hacer. No veo la
importancia de esta reunión, ni veo la razón de su convocatoria, salvo
que ello sea debido a las noticias de algunos diarios panfletarios y
sensacionalistas que están cometiendo un error, o quizá los que estamos
cometiendo el error somos nosotros de seguirles un cierto juego.
No tengo otra información que la que se acaba de dar y la que hemos
tenido recientemente por la prensa, y no veo, desde la información del
Ministro, ningún motivo para que hoy hagamos este debate. Probablemente
alguien, a través del diálogo que vamos a mantener a partir de ahora,
pueda explicarme qué hacemos aquí.
Si Fundescoop ha ido recibiendo una subvención previo pacto de programas,
si esos programas se han desarrollado, ¿qué tenemos que decir de
Fundescoop? Yo no veo otra vía que la de animarles a que continúen su
trabajo, y quizá pedirle al Ministerio que la subvención de 10 millones
sea superior en el futuro, si su trabajo, tal como parece, es un trabajo
positivo; no veo otra razón. Me parece que hoy hacemos un flaco favor al
Parlamento, a Fundescoop y probablemente a la opinión pública con esta
reunión. Parecería que la presencia del Ministro y la reunión
extraordinaria de esta Comisión estaría justificada por alguna razón
profunda o por la preocupación de que se haya desviado una importante
cantidad de la subvención del dinero del Estado, pero esto no aparece en
la explicación del Ministro, y yo no tengo ningún motivo para dudar que
el señor Ministro ha dicho aquí toda la verdad.
El señor VICEPRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentarios Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Frutos.
El señor FRUTOS GRAS: También me ha cogido por sorpresa la convocatoria
de esta Comisión; yo no soy miembro titular de la misma. En todo caso, me
parece que cuando la opinión pública conoce determinados elementos de
cualquier situación que se pueda presentar, sea a través de un medio de
comunicación o por la denuncia de una persona, grupo de personas o
asociación, vale la pena que el Parlamento, cumpliendo sus obligaciones,
investigue y tenga en cuenta todo lo que pueda ocurrir, lo que se expone
en cualquier medio de comunicación, la denuncia, repito, de cualquier
persona o asociación o lo que puede haber detrás, por ejemplo, de la
información que nos ha dado hoy el señor Ministro. Información que a mí
me suena muy bien porque habla de empleo, de los derechos que concede la
Constitución y de la legislación europea, que son cosas muy sabidas.
También me sorprende un poco que un Gobierno tan rácano en dar
información y en presentarse de forma rápida en este Parlamento, esta vez
haya sido tan diligente; se lo agradezco también. Le aseguro que mi Grupo
va a recoger toda esta información, y la atenderá adecuadamente para
saber qué es lo que puede haber detrás de las noticias que ha publicado
un solo medio de comunicación, pero por el hecho de que lo haya publicado
un solo medio de comunicación no quiere decir que se deban desechar.
Nuestra responsabilidad como Diputados es intentar entender qué es lo que
hay detrás de una información como la que ha aparecido.
Nosotros estudiaremos esta información y tendrá su continuación en la
medida que veamos elementos que lo hagan necesario.
El señor VICEPRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Aparicio.
El señor APARICIO PEREZ: Evidentemente, no va a ser la parte sustancial
de mi intervención los aspectos formales de la misma, ni de sorpresa ni
de perplejidad. Creo que el señor Ministro ha comprendido también que
había una razón suficiente para justificar su comparecencia y de hecho
estamos siguiendo el modelo de debate que ha producido la propia
presencia, extraordinaria sin duda, del Ministro en estas fechas, fuera
del período ordinario de sesiones.
No será mi Grupo, sino que por lo que veo son precisamente grupos más
acostumbrados a comprender la acción del Gobierno los que hoy se muestran
menos comprensivos con la acción de dicho Gobierno, pero como no es mi
ánimo entrar en debate cruzado alguno de lo que son las relaciones entre
ambos grupos, creo que deben ser ellos mismos los que opinen.
Ciertamente, el modelo que proponía de debate el Partido Popular era
ligeramente distinto. Era disponer
previamente de una serie de informaciones ya solicitadas y de
contestación a una serie de preguntas creo que muy concretas y muy
precisas, igualmente presentadas, y en el mes de septiembre haber
realizado este debate sin este aluvión de cifras de difícil digestión --y
ahora explicaré por qué de difícil digestión-- que nos ha sido dado, sino
sobre aquellos aspectos que no hubiesen podido ser aclarados por el
procedimiento que nosotros al menos habíamos sugerido.
No voy a entrar en un juicio de valor sobre la celeridad en la
comparecencia. No sé si será por el deseo lógico y saludable de disponer
de unas vacaciones, probablemente merecidas, del señor Ministro, o para
afrontar más tranquilo los períodos en los que es más aficionado el
Presidente del Gobierno a hacer los ajustes ministeriales. Desconozco los
motivos y desconozco si esto tendría alguna trascendencia. Insisto en que
todas estas explicaciones son posibles, y algunas de las que hemos oído
desagradablemente sorprendentes, especialmente a la hora de calificar a
los medios de comunicación. Desde luego, admítase que desde el Grupo
Popular no hay ese tipo de discriminaciones, y menos aún de
calificativos.
Creo que el problema no es que una Administración conceda subvenciones;
de hecho es frecuente, se ha dicho. La Administración es una herramienta
más de colaborar en determinados sectores de la economía de la sociedad.
Quizás lo preocupante es que no exista un verdadero control posterior.
Cuando estamos hablando de empleo, cuando estamos hablando de trabajo
creo que no basta con dar simplemente unas cifras numéricas de lo que han
supuesto las subvenciones, no basta simplemente con dar un listado
numérico de los alumnos o del tipo de los cursos que se han celebrado,
sino que habría que intentar medirlo en términos de eficacia. Si podemos
coincidir --y creo que coincidirá en ello el señor Ministro-- en que el
principal problema de la sociedad española es el paro, parece que los
análisis deberían hacerse, en primer lugar, de una forma más habitual, y
bien sabe que han sido rechazadas peticiones de nuestro Grupo de conocer
grados de ejecución de su Ministerio con un carácter mucho más normal,
mucho más habitual. Recientemente, en esta misma Comisión se rechazó la
petición de nuestro Grupo de que las comparecencias del Subsecretario
tuviesen un carácter trimestral y normal, para tratar, lógicamente,
aspectos de ejecución no sólo en temas de subvenciones, sino en otros
aspectos importantes de funcionamiento de su Departamento. Pues bien,
estamos en una situación de excepcionalidad.
Le decía que mucho más interesante para valorar si estas acciones son
eficaces o no frente al problema del desempleo serían las preguntas que
también nos han sido muchas veces mal contestadas desde su Departamento,
esto es, a qué tipo de cualificaciones han sido dirigidos estos cursos,
qué tipo de acciones formativas han sido rechazadas --que es otra
pregunta que nunca ha tenido fácil contestación por su Departamento-- y
si ha habido al final unas certificaciones, unas cualificaciones
efectivas que permitan pensar que este dinero está bien gastado.
Vuelvo a insistir, no se trata de un simple control administrativo, de
contar alumnos, contar cursos y contar pesetas, sino de ver si están
cumpliendo el objetivo social. Le decía que quizás de ahí arranca el
principal problema. Las peticiones de nuestro Grupo de información de la
ejecución presupuestaria han sido rechazadas bien recientemente.
Estamos en un área muy concreta, como la que usted da en llamar (así como
su Ministerio) de economía social. Creo que ha pasado de puntillas sobre
lo que debería ser no la magnífica declaración de principios que hace
todos los años cuando se presentan los Presupuestos, en concreto el
programa 322 C, que creo que es un ejemplo de magnífica literatura, sino
los objetivos. El problema viene de que es muy difícil, y usted lo sabe,
que podamos saber año tras año si los objetivos que se marca este
programa y los indicadores sobre los que se supone que podemos formar
opinión son cumplidos realmente, y esa información no nos llega en este
ejercicio ni en ninguna ocasión, ni tampoco nos llega en este área
concreta de la economía social. Esos indicadores o esos objetivos
abstractos y genéricos que todos podemos compartir normalmente luego no
podemos seguirlos o controlarlos desde este Parlamento.
En el área de economía social, sin duda ninguna, podrían abordarse temas
--y no pienso desviarme de la cuestión central-- de clamoroso fracaso. Lo
digo, por ejemplo, con sinceridad, en el caso de la tutela, de la
protección efectiva hacia movimientos cooperativos. Creo que ha habido un
caso, bien reciente, de una dimensión social muy señalada, como fue el
caso de PSV, en el que creo que cabe hablar plenamente de un clamoroso
fracaso de esa acción. Esa no es cuantificable, tal vez, en dinero; o, si
lo era, debiera haberse producido en su momento. Yo creo que no ha
habido, en este apartado de la economía social, un verdadero deseo de,
digamos, auxilio o de ayuda sino más bien de control, pero no
precisamente de ese control administrativo o de ese control en términos
de eficacia sino de un control político. Permítame que le diga que sólo
así se entiende el reducido número de personas que figuran, y con esto
entramos ya en el terreno de lo que podríamos denominar no la legalidad
pero sí la estética política. No parece lógico que salten, en brevísimos
espacios de tiempo, de un lado a otro del despacho, quienes dan las
subvenciones y quienes las reciben, directa o indirectamente. No parece
lógico cuando hay normas --quiero decir normas habituales, normas que yo
creo que entran dentro de lo que son los usos más aceptables-- de que
existan períodos, vamos a decir, de descanso. No se duda de las personas,
pero no parece lógico que unas mismas personas salten inmediatamente de
conceder a recibir ayudas, o el caso opuesto, y sobre todo que se
produzca una extraña endogamia de tan reducido número de personas, de las
cuales no hay que presumir más que la inocencia como dice nuestro texto
constitucional, pero que no parece que en este momento se estén
atendiendo a esas formas, que yo creo que son también el acervo
democrático de la sociedad en la que aspiramos vivir de una forma más
ordenada.
Uno, recibiendo la información que usted da, tan abstracta, tan numérica,
no tiene la misma sensación que ha podido tener cuando, en una lectura
más amplia de lo ya publicado o de lo que hemos tenido ocasión de
conocer, hemos visto prácticamente la existencia de unas figuras
extrañas, como una especie de brokers administrativos a estos efectos y
en este sector, en el que insisto que parece que había un deseo de
control político superior a un verdadero control de la eficacia de las
acciones. Eso es lo que realmente llama la atención, preocupa y motivó,
sin duda ninguna, la petición de nuestro Grupo de recibir una
explicación.
Permítame también que le diga que, en este caso concreto, ha habido cosas
que, si son legales, no parecen igualmente correctas. Ha dicho que una
fórmula habitual de acción en este ámbito es la de las fundaciones. Se
pregunta nuestro Grupo si no desnaturaliza el concepto de fundación la
integración en el seno de las fundaciones de sociedades mercantiles con
ánimo de lucro, y sobre todo algunas sociedades, que es muy difícil
explicar --y usted lo sabe--, por qué esa sociedad y no otra, salvo que
los datos básicos de esas sociedades sean su primitivo domicilio social,
sus primitivos socios o sus primitivos fundadores, nuevamente en un
régimen de endogamia de nombres, de catálogo corto de personas que han
tenido un protagonismo, insisto, por lo menos extraño en el ámbito de la
economía social. Uno tendría la sensación de que está en un sector cuasi
cautivo, de unos, muy pocos, nombres, tal vez por principios de
especialidad. Pero este permanente salto entre puestos de administración,
puestos de marcado carácter político, y puestos de gestión, puestos de
recepción de las mismas ayudas, en cualquier caso, no encaja en lo que
denominaríamos la elegancia o los usos habituales en los que suele haber,
y creo que son buenos, períodos de descanso, no teniendo este carácter
absolutamente consecutivo.
Muchos de los aspectos que se han citado creo que exceden de nuestro
ámbito. Coincido con el señor Ministro en que estamos en el Parlamento
nacional y en que debemos ser respetuosos con el reparto autonómico o con
el Estado autonómico. De ahí que algunas de las acciones que también han
venido asociadas y que tienen clara componente autonómica, puesto que los
órganos de decisión y el propio ámbito geográfico y funcional es el de
las comunidades autónomas, deberían ser discutidas en el seno de sus
propios parlamentos. Lo digo porque no me gustaría complicar ni utilizar
lo autonómico como elemento, digamos, distorsionador del debate en el
Parlamento nacional. (El señor Arnau Navarro: ¡Hombre!) Señor Arnau,
supongo que habrá ocasión, lógicamente, de que glose mis palabras, pero
me gustaría que no lo hiciera sobre la marcha, si no tiene inconveniente.
(El señor Arnau Navarro: No he dicho absolutamente nada.)
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Arnau, por favor. Ya le daré la palabra
después.
Siga, señor Aparicio.
El señor APARICIO PEREZ: Si lo que se me pide es una precisión, vuelvo a
insistir. Aquellas materias que son sustancialmente autonómicas, creo que
deben ser debatidas en los parlamentos autonómicos, pero por un principio
simple de respeto competencial. (El señor Moragues Gomila: Por
coherencia.) A lo mejor no lo comparte el Grupo Socialista.
Al final, también vamos a concretar una serie de peticiones, porque creo
que puede ser ya el momento, sin duda, aunque en el segundo turno quizá
habrá ocasión de hacer alguna matización.
Yo le agradezco, sin duda alguna, la diligencia y la celeridad de su
intervención, desde luego no habituales en el señor Ministro, en acudir a
dar contestación; no es la norma de la Casa, pero tampoco entendemos, y
se lo digo, señor Ministro, que esto sea sustitutivo o alternativo a
nuestra petición. Le rogaríamos que, de cara al inicio del período de
sesiones, se haga también un esfuerzo semejante al que ha hecho S. S.
acudiendo hoy para tratar de dar rápida contestación a las preguntas
escritas y a las solicitudes de documentación que mi Grupo ha formulado.
De hecho, hay aspectos que exceden de su propio Departamento y hay
iniciativas a las que, lógicamente, vamos a acudir. También esta misma
fundación ha recibido ayudas de otros ministerios, como puede ser del de
Asuntos Exteriores, y de instituciones, como el Instituto de Cooperación
Iberoamericana, que creemos que deberán ser objeto de una explicación
análoga a la que ha dado el señor Ministro y, a ser posible, más extensa.
Pedimos nuevamente, señor Ministro --y aprovecho la ocasión--, que se
establezcan mecanismos habituales de control de ejecución del presupuesto
de su Departamento y de los institutos asociados. Creemos que sería bueno
reconsiderar la posibilidad de que con habitualidad, con normalidad, se
dé información al Parlamento sobre cómo se ejecuta no sólo el apartado de
subvenciones sino el resto de programas que están bajo su dirección.
Nos gustaría que se establezcan también desde el Gobierno, desde su
Ministerio, mecanismos que rompan con esa imagen --insisto-- negativa de
sector que puede estar fuertemente controlado desde el punto de vista
político, de sector cuasi cautivo de esos muy pocos nombres. Se lo
pedimos porque --insisto-- no sé si está en la legalidad o en la
ilegalidad; desgraciadamente, hay algunos aspectos que están sujetos a
proceso judicial. Digo desgraciadamente porque jamás me alegrará la
judicalización de aquello que pueda ser resuelto por la vía normal del
debate parlamentario. No he querido hacer mención a ello porque, desde
luego, respecto a esos procesos, afirmo rotundamente que no es intención
del Partido Popular perturbar su normal desarrollo y, en cualquier caso,
tampoco es su intención dilatarlos. Habrá aspectos también relacionados
no sé si con estas actuaciones o estas relaciones directamente
Ministerio-fundaciones sino con alguna de las personas que han
protagonizado estos hechos, que también tendrán una cumplida respuesta
judicial. Respecto a ello, ya le he dicho que nuestra intención no es ni
la de perturbar ni la de dilatarlo, pero que, ciertamente, a la hora de
apreciar indicios de importancia, también han sido significativas.
La última petición --y usted ha citado que el Tribunal de Cuentas ha
conocido las actuaciones de su Ministerio en los años 1988 a 1991-- es
que nos gustaría que las actuaciones se extendiesen a otros ejercicios no
conocidos por el Tribunal de Cuentas, y que sea el propio Ministerio --si
no lo hace el Ministerio, lo hará el Grupo Popular-- el que pida al
Tribunal de Cuentas que fiscalice el resto de
ejercicios. Usted puede tener la conciencia muy tranquila; eso le honra.
En algunos informes del Tribunal de Cuentas bien recientes que han tenido
entrada en esta Cámara hemos visto cómo respecto de otros institutos de
alguno de los departamentos también llamados sociales, en el diagnóstico
que efectuaba el Tribunal de Cuentas sobre su situación hablaba
rotundamente de que no existían mecanismos de seguimiento, de control, de
cumplimiento de indicadores y objetivos. Hablaba rotundamente también el
Tribunal de que en algunos institutos de departamentos también sociales
no se respetaba esa regla que usted ha citado como primordial: la regla
de libre concurrencia en las convocatorias de subvenciones. Y
precisamente para despejar sombras de duda que no pueden beneficiar a
nadie --y cuando digo a nadie es ni al Ministerio ni a Fundescoop ni al
sector de la economía social-- y para introducir, tal vez, objetividad en
este debate, yo le rogaría que el resto de ejercicios sean también
sometidos a ese diagnóstico. Le anuncio que trataremos de que, en
aquellas comunidades autónomas --y nuevamente por respeto competencial--
que tengan organismos fiscalizadores, se haga exactamente lo mismo.
Finalmente, yo le pediría al señor Ministro que esos datos que no nos ha
dado, si es posible, nos lo amplíe. Vuelvo a insistir, es muy difícil
medir la eficacia en las acciones contra el desempleo, pero es más
difícil aún si lo único que se dan son pesetas, número de alumnos, número
de cursos, sin --insisto-- poder comprobar si eso ha tenido alguna
eficacia de cara al empleo, si eso, al final, se ha traducido en puestos
de trabajo o no.
El señor VICEPRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Arnau, en nombre del
Grupo Parlamentario Socialista.
El señor ARNAU NAVARRO: En primer lugar, mi Grupo quiere resaltar la
voluntad de transparencia del Gobierno puesta de manifiesto una vez más
en esta comparecencia, de forma que no quede sombra de duda ni sombra de
sospecha sobre la utilización de fondos públicos. La intervención del
señor Ministro de Trabajo nos ha parecido esclarecedora a este respecto,
y la iniciativa de comparecer en esta fecha nos parece también normal y
natural dentro de los hábitos democráticos, si bien también comprendemos
la desorientación del señor Hinojosa por los motivos que él ha
mencionado.
Mi Grupo va a hablar del Fundescoop, como ha hecho el señor Ministro, no
de estética política o de siembra de sospechas, como ha hecho el portavoz
del Partido Popular. Tengo que decir a este respecto, en segundo lugar,
que mi Grupo tuvo ocasión el pasado viernes de entrevistarse con
representantes del Fundescoop y de UGT, debo decir que a iniciativa de
Fundescoop y de UGT, y en el transcurso de dicha reunión pudimos
solicitar todo tipo de documentación, todo tipo de aclaraciones acerca de
las subvenciones recibidas por Fundescoop sobre las actividades, sobre la
financiación, sobre los instrumentos de actuación de Fundescoop desde que
fuera creada en 1985 por la UGT. Debo decir que nada se nos ocultó ni nos
fue negado, tal y como, por otra parte, esperábamos, porque conocemos el
funcionamiento regular de la Fundación para el Desarrollo del
Cooperativismo y la Economía Social (Fundescoop). Fundescoop es una
entidad de sobre conocida en el ámbito de la economía social, y su
función social está reconocida en este mismo sector, nacional e
internacionalmente. Solamente a quienes se acercan por primera vez al
mundo cooperativo les puede resultar extraña esta fundación.
Fundescoop es miembro de instituciones internacionales, como Alcecop
(Asociación Latinoamericana de Centros de Educación Cooperativa), Cicopa
(Comité Internacional de Cooperativas de Producción Artesanal de la
Alianza Cooperativa Internacional), o Recies (Red Europea de Cooperación
e Integración de la Economía Social). Es centro colaborador, como ha
señalado el señor Ministro, no sólo de organismos como el Inem o el
Infes, sino de universidades como Barcelona, Murcia o Las Palmas.
Mantiene o ha mantenido convenios de colaboración con cinco direcciones
generales de la Comisión Europea e instituciones de Portugal, Francia,
Alemania, Reino Unido o Italia.
En este país, por ejemplo --refiriéndome a Italia--, ha mantenido y
mantiene relaciones con la importantes Lega de la Cooperazione. Haciendo
memoria, señor Aparicio, creo que fue en noviembre de 1987 el mes en que
se celebraron unas jornadas de debate sobre la legislación española en
materia de economía social en Roma. Estas jornadas fueron organizadas por
Fundescoop y por Inforcoop (Instituto para la Formación Cooperativa de la
Lega de Cooperazione italiana). En estas jornadas participaron, por parte
de esta Comisión, la portavoz del Partido Popular, la señora Celia
Villalobos, y yo mismo también, en representación del Grupo Parlamentario
Socialista. En estas jornadas, de las cuales además queda una
acreditación gráfica, que yo puedo mostrar a la mesa, Sociedades Anónimas
Laborales, Fundescoop, Inforcoop (El señor Arnau Navarro procede a
mostrar unas fotografías a los señores miembros de la Comisión), puede
usted ver aquí a la señora Celia Villalobos y a mí mismo, y la mesa
compuesta por varios representantes. Es algo que puedo mostrar... (El
señor Ballesteros Morcillo: ¿Pero tú eres el Ministro?)
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Arnau, si usted deja a la Mesa esas
fotografías, las pondremos a disposición de los grupos, pero yo entiendo
que los comisionados no dudan de su palabra.
El señor ARNAU NAVARRO: Con tal de que me las devuelvan, porque es un
documento. (Risas.--La señora Romero López: Que se las devuelvan
dice.--El señor Arnau Navarro procede a entregar las fotografías a la
Mesa.)
El señor VICEPRESIDENTE: Que sepan los señores portavoces de los grupos
parlamentarios que esta prueba documental está a su disposición en la
Mesa. (Risas.)
Prosiga, señor Arnau, y le ruego que no entre en debate con los otros
grupos. Es una comparecencia pedida por el Gobierno y se trata de un
debate, en todo caso, en relación con la información que el señor
Ministro de Trabajo y
Seguridad Social ha evacuado ante la Comisión de Política Social y Empleo
del Congreso. Se lo digo para que no desnaturalice el sentido, porque
está usted debatiendo con un Gobierno al que su Grupo Parlamentario da
apoyo.
El señor ARNAU NAVARRO: Nada más lejos de mi intención que desnaturalizar
este debate, pero estamos aquí, señor Presidente, porque una determinada
prensa ha sacado una información en base a declaraciones o sombras de
sospecha emitidas por el representante del Partido Popular.
En cuanto a estas fotos, me parece que son una prueba de la objetividad
de Fundescoop a la hora de elegir sus representantes en unas determinadas
jornadas. Yo lo llamo objetividad; seguramente el señor Aparicio hablaría
de estética política o de elegancia política, que es lo único que nos ha
aportado en su intervención.
Es conocido por lo demás que la principal actividad de Fundescoop es el
desarrollo de un completo programa de formación en técnicas
especializadas de gestión dirigido a desempleados de larga duración, a
jóvenes en busca de su primer empleo, así como a licenciados a través de
programas de posgrado para su inclusión en empresas de economía social.
Cubre, por tanto, un importante hueco, habida cuenta la escasa
especialización de los gestores de empresas cooperativas.
Pero vamos a referirnos también a las subvenciones, Fundescoop recibe un
volumen importante de subvenciones, pero no sólo del Gobierno central, y
aquí me tengo que referir necesariamente también a las comunidades
autónomas. Dentro de las subvenciones que percibe Fundescoop las percibe
también de gobiernos como el de Castilla y León, además en la época en
que el señor Aparicio era Vicepresidente. Tengo que referirme, por
ejemplo, a los 26 millones de 1987, 25 millones en 1988, 35 millones en
1992, subvenciones que se perciben... podría citar todos los organismos,
comunidades autónomas, etcétera, pero creo que no es preciso. Simplemente
con señalar que percibe subvenciones del Gobierno de Castilla y León, del
Gobierno balear o del Gobierno de Galicia me parece que es suficiente.
En la recepción de estas subvenciones se sigue la lógica de toda
organización no gubernamental, y según nuestra información en ningún caso
se ha pedido devolución de ninguna cantidad entregada, tampoco desde
ninguna comunidad autónoma, aunque se ha dicho, en la intervención del
señor Aparicio, que se ha pasado de recibir a conceder subvenciones en el
tema de Fundescoop. Creo que es la única referencia que se ha hecho a
Fundescoop.
Efectivamente, algo huele a trama en todo esto, pero no a trama de
cooperativas como se ha informado en cierta prensa, que por lo demás se
refiere a acusaciones del PP, mientras el PP sólo ha hecho mención a
sospechas; incluso nos ha hablado de que prefería que hoy se nos hubieran
dado unos datos, pero esperaba a septiembre para que los datos fueran
completados por el Ministro de Trabajo. No es una trama de cooperativas;
es una trama anticooperativa, antieconomía social proveniente de la
derecha, lo que por otra parte no es nuevo. Las cooperativas, sobre todo
cuando son grandes y competitivas, levantan suspicacias entre los
conservadores, sus ventajas se ven con recelo y se llegan a calificar
como competencia desleal. Tuvimos ocasión de comprobarlo cuando debatimos
la Ley de Cooperativas --esa Ley que discutimos en Roma la señora Celia
Villalobos y yo--. Cualquier precepto que favoreciera la competitividad y
el funcionamiento de la economía social está mirado siempre con reservas
por parte de los conservadores. Recuerdo perfectamente, ya digo, cuando
debatimos la Ley de Cooperativas, en concreto la figura del asociado, que
permitía a la cooperativa contar con capital para funcionar, sin
renunciar por ello a los principios cooperativos.
Las cooperativas, mientras sean residuales y marginales, se toleran, pero
cuando intentan competir a gran escala en ese momento se les ponen todas
las trabas posibles desde la derecha. Para la derecha la función social
de las entidades de economía social no cuenta, y donde gobierna a duras
penas ayudan a estas empresas de economía social. De ahí también la
diferencia entre las comunidades autónomas según el signo político de su
gobierno, lo que por lo demás ocurre en todo el gasto social. El gasto
social en comunidades autónomas gobernadas por la izquierda es mucho
mayor que el gasto social en las comunidades autónomas en las que es el
Partido Popular quien gobierna.
Termino, señor Ministro, pero mientras no se demuestre otra cosa
Fundescoop cumple una relevante función social que debe continuar en
beneficio de la economía social.
El señor VICEPRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro de Trabajo y
Seguridad Social.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Griñán Martínez): Señor
Presidente, cuando el señor Hinojosa se confiesa desorientado y no ve
razón para la reunión, el señor Frutos habla de sorprendente rapidez y el
señor Aparicio habla de presencia extraordinaria, quiero decir que parece
particularmente importante que cuando se habla de una posible actuación
irregular de la Administración, quien representa a la misma, en este caso
el Gobierno, salga al paso, con toda la celeridad del mundo, de las
afirmaciones que se puedan hacer, sencillamente para aclarar cuanto sea o
tenga que ser aclarado. Por consiguiente, me parece que no es nunca
ociosa la presencia del Gobierno, cuando se ha pedido incluso la
comparecencia por algún Grupo, sobre un aspecto en el que creo que es
importante no solamente decir que, analizada la situación por parte del
Gobierno no se advierten irregularidades, sino que toda la actuación del
Gobierno, todos los expedientes y toda la documentación, como he dicho,
están a disposición de SS. SS. Dicho de otra manera, he hecho un breve
resumen --a lo mejor no tan breve, pero un resumen--, año por año, de
todas las subvenciones que se han concedido, pero todas están
formalizadas en expedientes concretos que pongo a su disposición para
cualquier conocimiento más puntual que necesiten tener para formular un
juicio o una opinión.
Por eso digo que no es sorprendente, ni siquiera tampoco se tiene que
sentir el señor Hinojosa desorientado, sino que creo que quienes tenemos
como obligación
defender a la Administración, en el mismo momento en que se advierte una
sombra de sospecha o de duda, tenemos la obligación de venir aquí a
comparecer, a explicar cuáles son las razones por las que se han dado
unas subvenciones, cuáles son los fundamentos jurídicos, en qué medida se
han dado, y someter no a la fiscalización previa de la Intervención, que
ya lo está, o a la posterior del Tribunal de Cuentas, que también lo ha
sido, sino a la de todos ustedes por las actuaciones políticas para que
se haga un control incluso político de estas actuaciones, porque el señor
Aparicio habla también de un control político al que estoy dispuesto.
Pero no confundamos dos cosas: una es lo que podría ser el control
meramente administrativo, por si hubieran existido irregularidades, al
que, desde luego, quiero dar toda la transparencia, y otra cuestión
completamente distinta es el control político. Por el control político yo
podría haber esperado a septiembre; por lo otro no, porque tengo que
decir desde el principio que la actuación de la Administración ha sido
correcta y, sobre todo, porque creo que a veces no nos damos cuenta de lo
que puede suponer una especie de mancha sobre una organización, en este
caso sobre una fundación, que está trabajando día a día en este campo y
que puede ver lesionada y dañada gravemente su imagen a medida que pasa
el tiempo y no se dice absolutamente nada. Esa organización ha pedido ver
a todos y cada uno de los grupos parlamentarios --lo está haciendo--,
pero me parece que la Administración también en este caso tiene que decir
que sus relaciones con Fundescoop han sido en cumplimiento de la
legislación y que ha cumplido los objetivos para los que se habían
previsto las ayudas.
Luego viene ya la eficacia política, que es otra cuestión, es una
cuestión añadida que yo sin duda estoy no solamente dispuesto sino que me
parece importante que se trate en esta Cámara, es decir, ver si las
fórmulas vigentes hoy día en la legislación, en los presupuestos, sobre
fomento de la economía social, se traducen realmente en una mejor
integración social o laboral de los trabajadores en desempleo, si las
fórmulas de autoempleo que se proponen son eficaces, si efectivamente se
consigue un mayor volumen de empleo en la sociedad con estas fórmulas y
si realmente se forma a los trabajadores profesionalmente de forma
adecuada. Esto creo que es importante, es lo que llamaríamos el control
político de cualquier rúbrica presupuestaria, del Programa 322 C y de
todos los que figuran en el presupuesto, porque sí me parece que cuando
la Administración desarrolla actuaciones y lo hace a través de organismos
con los que concierta, bien sea en la enseñanza, en la educación, bien
sea en la formación profesional, bien sea en cualquier otra actividad, es
bueno no solamente que se controle el gasto, sino que al mismo tiempo se
controle la eficacia de ese gasto; si redunda, si es sanitario, en más
salud de la población; si es educativo, en mejor educación de nuestros
jóvenes, y si es formativa, de formación profesional, en una mayor
accesibilidad al empleo de nuestros trabajadores o de las personas que
tratan de incorporarse a la población ocupada.
Es verdad también que el Ministerio de Trabajo y las comunidades
autónomas tienen una tutela. El Ministerio de Trabajo solamente la tiene
sobre las organizaciones que son de carácter interterritorial; las que
son de carácter territorial son de la competencia de las comunidades
autónomas. Digo que tiene una tutela sobre el movimiento cooperativo,
pero la voluntad de este Gobierno ha sido siempre que el movimiento
cooperativo goce de autonomía; por consiguiente, la tutela no es mayor
hoy que la que tiene prácticamente cualquier otra empresa que trafica en
el mundo de la realidad económica. Es verdad que existen algunas
situaciones en las que la Administración puede proceder a una
intervención jurídica, en todo caso, que no es sino de sustitución de
órganos de gobierno de alguna empresa cooperativa, pero en el resto, me
parece que en el propio artículo 1.º de la Ley de Cooperativas, lo que se
proclama es que la misión fundamental del Gobierno sobre el movimiento
cooperativo es garantizar su autonomía y su implantación sólida en el
mercado, de manera que no sean empresas que solamente pueden sobrevivir
en la medida en que están subvencionadas.
Yo no le diría mucho más, porque añade que es un sector cautivo por el
movimiento de personas. Es verdad que este es un movimiento en donde
tampoco hay muchas personas expertas en el mismo y efectivamente esas
personas expertas en el mismo o están en el movimiento activo cooperativo
o están en el Gobierno o en los distintos gobiernos de las
administraciones autonómicas, porque son los que verdaderamente conocen
en profundidad el tema. Pero no solamente proceden de la Administración
socialista; es decir, hay un Presidente de una Comunidad Autónoma muy
importante que procede de un movimiento cooperativo de los más
importantes de España, y no es del Partido Socialista. Por consiguiente,
es verdad que dentro del movimiento cooperativo hay personas que
efectivamente están en unas ocasiones en el movimiento como tal, en el
movimiento de actividad económica, y en otras oportunidades pasan a la
actuación política general, como en el caso que le cito, o concreto y
sectorial, cuando se desarrolla en el mundo cooperativo.
Que fiscalice el Tribunal de Cuentas. Ha fiscalizado todas la cuentas. Lo
que pasa es que en ese período de tiempo fiscalizó concretamente esas
cuentas. Sin duda se puede pedir que fiscalice todas las demás. Todos los
expedientes, además, insisto en esto, están a su disposición para su
conocimiento, y no tengo ningún inconveniente en seguir informando a
todos ustedes sobre éste y otros asuntos. Lo que sí me gustaría es, y ése
es uno de los propósitos, el fundamental que perseguía con mi
comparecencia urgente, disipar cierto ambiente, porque yo no quiero leer
cosas que se han escrito, pero verdaderamente pueden resultar
preocupantes. Yo lo que quiero es que no se tenga ninguna duda sobre que
en esta actuación de subvenciones, más allá de la eficacia política, que
la podemos debatir en cualquier sesión, la eficacia económica, no la
oportunidad política, sobre todo el control administrativo del gasto, se
ha producido siempre en derecho. Hay una norma, que se publica en el
Boletín Oficial del Estado, que responde a un planteamiento que se hace y
a una partida presupuestaria que se aprueba en esta Cámara. Luego hay un
procedimiento que está concertado, además, con los agentes
sociales, con presencia en los organismos que conceden las subvenciones
de estos agentes económicos y sociales. Hay un procedimiento de concesión
de subvenciones, hay una justificación sin la cual no se puede acreditar
el pago de las cantidades --acreditación posterior siempre--, y, al mismo
tiempo, hay una fiscalización de la Intervención, del Tribunal de
Cuentas, y las que quieran ustedes, señorías.
Insisto, no es bueno poner en tela de juicio nombres de instituciones que
están colaborando en el marco de la economía social, que lo vienen
haciendo desde hace años. He hablado de acciones que se desarrollan en
América Latina, concertadas a veces con la Organización Internacional de
Trabajo, que tienen una gran aceptación. Yo le puedo decir que en los
programas de cooperación del Ministerio de Trabajo raro es el gobierno de
Latinoamérica que no pide permanentemente cursos sobre esta área o esta
materia, precisamente, porque los que se recibieron en años anteriores
por esta misma Organización fueron fructíferos o se consideraron
fructíferos por los gobiernos. Por consiguiente, me parece que es
importante, en todo caso, que se salvaguarde siempre el honor y la
legitimidad de actuación de los organismos que colaboran en un mundo como
éste de las cooperativas, que si es verdad que tiene que asentarse con
criterios de eficiencia y economía en la realidad en la que vive, pero
que al mismo tiempo tiene que ser objeto, por lo menos en el caso de un
gobierno socialista, como lo es, de promoción.
El señor VICEPRESIDENTE: Entiendo que no hay ninguna petición. (El señor
Aparicio Pérez pide la palabra.)
El señor APARICIO PEREZ: Señor Presidente, con brevedad sumaria, para
hacer alguna precisión no respecto a la intervención del señor Ministro,
pues poco se ha diferenciado su segunda intervención de la primera, sino
sobre la de algún otro grupo. Me gustaría intervenir 30 segundos para
dejar a salvo, como bien dice el Reglamento, el prestigio del propio
Grupo.
El señor VICEPRESIDENTE: Tiene la palabra por 30 segundos.
El señor APARICIO PEREZ: No seré yo quien haga alarde del valor
sentimental de los objetos. Yo no sé si hay personas a las que les
encanta o no salir en las fotografías, conservarlas y exhibirlas, incluso
en este Parlamento; poco me preocupa. Estamos aquí porque nos ha
convocado la Presidencia de esta Comisión y a petición del señor
Ministro, precisión que considero importante y contradictoria con algo
que se ha querido imputar, y digo que la defensa del cooperativismo no es
patrimonio de ningún grupo, debería ser una obligación de todos los
grupos. Y lo digo desde una enorme tranquilidad. No se compadecen, y con
esto acabo, las afirmaciones de ayudas importantes al movimiento
cooperativo de algunas comunidades autónomas con posteriores críticas o
descalificaciones globales de ninguna fuerza política, y tampoco lo
admitiré en relación con el Partido Popular. (El señor Arnau Navarro pide
la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Arnau, le concedo la palabra también por
30 segundos y excepcionalmente. Esta Presidencia está dispuesta a
interpretar con mucha flexibilidad y generosidad el Reglamento. Lo que no
le pueden pedir SS. SS. es que desnaturalice el Reglamento, al cual se
debe, por supuesto.
El señor ARNAU NAVARRO: Menos de 30 segundos y, por descontado, no me voy
a referir al instrumento estético de las fotos.
Estamos aquí porque el Gobierno ha pedido la comparecencia, pero,
fundamentalmente, en el origen de esta petición, hay una declaración,
hecha por el señor Aparicio en el periódico «ABC», haciendo referencia a
un escándalo más de los socialistas y exigiendo explicaciones del
Gobierno. Después de hoy, después de la intervención del señor Ministro y
también después del testimonio gráfico, yo creo que ya no puede haber
ninguna sombra de sospecha sobre la actuación de Fundescoop y sobre las
subvenciones concedidas en beneficio de la economía social.
El señor VICEPRESIDENTE: Señorías, antes de levantar la sesión, quiero
hacer unas precisiones. En primer lugar, la Comisión ha sido convocada
por la Presidencia de la Cámara, no por la Presidencia de esta Comisión.
Y en segundo lugar, yo le devuelvo al señor Arnau la prueba documental.
Señorías, estoy seguro de que interpreto sus sentimientos si les propongo
que conste en el «Diario de Sesiones» el pesar de esta Comisión de
Política Social y Empleo por el fallecimiento de una de sus miembros, la
Diputada Carmen García Bloise. Es la primera reunión de esta Comisión
tras su fallecimiento y estoy seguro de que estarán de acuerdo con esta
propuesta de recuerdo y de sentimiento de pesar por la pérdida,
evidentemente muy triste para todos nosotros, que supuso su desaparición.
(Asentimiento.) Muchas gracias.
Se levanta la sesión.
Eran las once y cinco minutos de la mañana.