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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 249, de 22/06/1994
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1994 V Legislatura Núm. 249
ASUNTOS EXTERIORES
PRESIDENTE: DON JORDI SOLE TURA
Sesión núm. 20
celebrada el miércoles, 22 de junio de 1994
ORDEN DEL DIA:
Comparecencia del señor Subsecretario del Ministerio de Asuntos
Exteriores (Ezquerra Calvo), para informar de la ejecución del
presupuesto del citado Ministerio, previa remisión de un informe. A
solicitud del Grupo Parlamentario Popular. (Número de expediente
212/000748) (Página 7512)
Preguntas:
--Del señor Milián Mestre (Grupo Parlamentario Popular), sobre
información que posee el Gobierno español acerca de las actividades de la
organización terrorista ETA en Iberoamérica. (BOCG, serie D, número 100,
de 20-5-94. Número de expediente 181/000760) (Página 7519)
--Del mismo señor Diputado, sobre solicitud de información acerca de las
actividades internacionales de la organización terrorista ETA del
Gobierno español al de la República de los Estados Unidos de Méjico.
(BOCG, serie D, número 100, de 20-5-94. Número de expediente 181/000762)
(Página 7519)
--Del mismo señor Diputado, sobre conocimiento del Gobierno de la
presencia de la organización terrorista ETA en Méjico. (BOCG, serie D,
número 100, de 20-5-94. Número de expediente 181/000763) (Página 7519)
--Del señor Rupérez Rubio (Grupo Parlamentario Popular), sobre razones
del cese de don Julio Cerón como agregado honorario en la Embajada de
España en París. (BOCG, serie D, número 109, de 10-6-94. Número de
expediente 181/000813) (Página 7523)
--Del señor Hernando Fraile (Grupo Parlamentario Popular), sobre medidas
para modificar los criterios de nuestra cooperación y ayuda al desarrollo
con el fin de que, en países como México, las ayudas vayan destinadas a
mejorar las condiciones de vida de las poblaciones más necesitadas.
(BOCG, serie D, número 82, de 12-4-94. Número de expediente 181/000692)
(Página 7525)
--Del señor Muñoz-Alonso Ledo (Grupo Parlamentario Popular), sobre
política que desarrollará el Gobierno en relación con la zona del sureste
asiático. (BOCG, serie D, número 85, de 15-4-94. Número de expediente
181/000711) (Página 7526)
--Del señor Fernández de Mesa Díaz del Río (Grupo Parlamentario Popular),
sobre valoración de las medidas intimidatorias adoptadas por el Gobierno
francés al haber anclado ante las costas de Fuenterrabía (Guipúzcoa) y
Hendaya un buque de su Armada. (BOCG, serie D, número 93, de 3-5-94.
Número de expediente 181/000734) (Página 7531)
--Del señor Fernández Rodríguez (Grupo Parlamentario Popular), sobre
medidas para evitar el trasvase de crudo y mercancías peligrosas en aguas
de la Bahía de Algeciras (Cádiz) que Gibraltar considera como suyas.
(BOCG, serie D, número 97, de 16-5-94. Número de expediente 181/000746)
(Página 7534)
--Del señor Rupérez Rubio (Grupo Parlamentario Popular), sobre actitud
del Gobierno sobre los intentos realizados por las autoridades británicas
en Gibraltar, para proceder a una delimitación de las aguas en la Bahía
de Algeciras (Cádiz). (BOCG, serie D, número 103, de 27-5-94. Número de
expediente 181/000773) (Página 7535)
--Del mismo señor Diputado, sobre acciones emprendidas por el Gobierno
para poner límite a los incidentes que han enfrentado a embarcaciones
españolas y a embarcaciones procedentes de Gibraltar. (BOCG, serie D,
número 103, de 27-5-94. Número de expediente 181/000774) (Página 7535)
--Del mismo señor Diputado, sobre ocasiones en que se han producido
incidentes en las aguas de la Bahía de Algeciras (Cádiz) entre
embarcaciones españolas y embarcaciones procedentes de Gibraltar. (BOCG,
serie D, número 103, de 27-5-94. Número de expediente 181/000775) (Página 7535)
--Del señor Vázquez Romero (Grupo Parlamentario Federal IU-IC), sobre
conocimiento y acciones diplomáticas del Gobierno acerca de bombardeos
del ejército turco sobre población civil kurda, en el sur del Kurdistán y
el norte de Irak, producidos a lo largo del mes de mayo de 1994. (BOCG,
serie D, número 109, de 10-6-94. Número de expediente 181/000785) (Página 7541)
--Del señor Milián Mestre (Grupo Parlamentario Popular), sobre política
actual de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en relación con
Haití, una vez fracasados los planes de 1993. (Número de expediente
181/000842) (Página 7545)
--Del mismo señor Diputado, sobre política prevista por el Gobierno
español en relación con la situación interna de Haití. (Número de
expediente 181/000843) (Página 7545)
Se abre la sesión a las nueve y treinta minutos de la mañana.
--COMPARECENCIA DEL SEÑOR SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE ASUNTOS
EXTERIORES (EZQUERRA CALVO), PARA QUE INFORME DE LA EJECUCION DEL
PRESUPUESTO DEL CITADO MINISTERIO, PREVIA REMISION DE UN INFORME. A
SOLITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de
expediente 212/000748.)
El señor PRESIDENTE: Muy buenos días. Vamos a dar comienzo a la sesión.
En primer lugar, quiero saludar cordialmente al señor Subsecretario,
señor Ezquerra, por su presencia aquí, y felicitarle por su nombramiento,
cosa que no había tenido ocasión de hacer todavía personalmente.
El primer punto del orden del día es la comparecencia del señor
Subsecretario, para que informe de la ejecución del presupuesto del
Ministerio de Asuntos Exteriores. De modo que el señor Subsecretario
tiene la palabra.
El señor SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES (Ezquerra
Calvo): Muchas gracias, señor Presidente. Le agradezco su cordial
acogida.
Señor Presidente, señorías, antes de iniciar el informe relativo a la
ejecución de los créditos asignados al
Departamento durante el actual ejercicio, desearía referirme a las
dotaciones presupuestarias de Asuntos Exteriores en estos últimos años,
concretamente desde 1991.
Las cifras que a continuación comento, referentes a cada año, se enuncian
globalmente respecto a la asignación de cada ejercicio, extrapolándose
después de cada una de ellas la dotación que en el mismo ejercicio se
destina a atender las cuotas de organismos internacionales. Así pues, en
1991, la dotación total, incluidas las organizaciones internacionales,
fue de 76.178 millones, correspondiendo a la dotación, sin incluir
cuotas, 64.700, y las cuotas, 11.400. Redondeo las cifras.
En 1992, el presupuesto total fue de 73.200 millones, de los cuales
61.000 eran para el funcionamiento estricto del Ministerio de Asuntos
Exteriores, y 11.900 para cuotas de organismos internacionales.
En 1993, las cifras son, 71,800 millones, de los cuales 59.900
corresponden al funcionamiento estricto del Ministerio y sus
representaciones exteriores, y 11.900 a cuotas internacionales.
Por último, en el presente año, son 95.600 millones de pesetas, de los
cuales 37.525 corresponden a cuotas de organismos internacionales y
58.100 para el funcionamiento de las dependencias.
Así pues, podrán observar que las tendencias de los presupuestos de este
Departamento han seguido criterios evolutivos distintos. Por un lado, los
créditos destinados a satisfacer nuestras cuotas de participación en
organismos internacionales se han incrementado sensiblemente, en
particular de 1993 al presente ejercicio, para adecuarse así a los
compromisos derivados de la creciente presencia española en los foros
internacionales.
Por el contrario, las dotaciones restantes, las dotaciones del Ministerio
«stricto sensu», se han ajustado a la política económica de Gobierno
tendente a contener el gasto y a mejorar el déficit público.
Para este año 1994, como ha quedado expuesto, la dotación total es de
95.632 millones de pesetas, de los cuales hay 14.321 que se destinan a
transferencias entre subsectores, es decir, a la participación del
Ministerio de Asuntos Exteriores en la financiación de los presupuestos
de la Agencia Española de Cooperación Internacional (organismo autónomo)
y del ente público Instituto Cervantes, quedando, por tanto, 81.300
millones de pesetas para la gestión directa por los diversos centros
directivos del Departamento, que a continuación voy a pasar a analizar.
En el momento actual, globalizando, al concluir el mes de mayo, la
ejecución del presupuesto del Departamento alcanza la cifra de 55.187
millones de pesetas, es decir, el 57,3 por ciento de las dotaciones. La
proporción más alta de ejecución corresponde a las transferencias
corrientes, 74,8 por ciento, y la misma deriva del pago de las cuotas a
organismos internacionales, tanto las cuotas del corriente ejercicio como
las que se arrastraban de ejercicios anteriores. En el resto de los
capítulos la ejecución oscila entre el 37,5 por ciento y el 51,7 por
ciento, que considero niveles aceptables para las fechas en las que nos
encontramos.
Analizando los diversos centros directivos podemos empezar por la
Dirección General del Servicio Exterior, que es la que se encarga de
gestionar la práctica totalidad de los gastos derivados del
funcionamiento de representaciones diplomáticas y consulares en el
exterior. Tiene unas dotaciones totales de 13.825 millones de pesetas.
Esta Dirección General consta de la Subdirección General de
Administración y Control de la Gestión, de la Subdirección de Asuntos
Patrimoniales y de la Oficialía Mayor.
La Subdirección General de Administración y Control de la Gestión
participa en la ejecución de los créditos destinados al funcionamiento de
embajadas, consulados y organismos internacionales, con unas dotaciones
iniciales de 7.404 millones de pesetas. El porcentaje de ejecución no ha
sobrepasado en ningún caso el 50 por ciento establecido en el plan de
disposición de Fondos del Tesoro Público, quedando en algún caso por
encima del mismo, dada la forma de disposición con carácter de «a
justificar» y la naturaleza de los pagos que le resultan imputables
sujetos a contratos cuyos vencimientos de pago tienen lugar con
periodicidad distinta a lo largo del ejercicio económico.
Como quiera que la mayor parte de estas obligaciones y de estos pagos se
realizan en el exterior, la incidencia de la devaluación de la peseta ha
sido manifiesta y, en consecuencia, el gasto real que ineludiblemente ha
de realizarse en el segundo semestre nos hace prever una insuficiencia de
1.405 millones de pesetas. Para hacer frente a esta insuficiencia
previsible derivada de los compromisos contraídos en el plan de la
Subdirección General de Administración y Control de la Gestión, se ha
planteado una transferencia de crédito con cargo a la Sección 31, que se
encuentra pendiente de resolución por el Ministerio de Economía y
Hacienda.
Como he dicho, la causa fundamental de estas insuficiencias se debe a la
desfavorable evolución del cambio de la peseta, dado que las obligaciones
a las que se han de atender son en su totalidad, en el caso de este
centro, a efectuar en divisas. Asimismo, otro elemento que ha hecho
crecer nuestro gasto previsible son las medidas de seguridad que ha sido
necesario implantar en un número cada vez mayor de representaciones, que
por encontrarse en países en crisis o de alto riesgo requieren el envío
de personal y fuerzas de seguridad.
La Subdirección General de Asuntos Patrimoniales asume la gestión de unas
consignaciones iniciales de 3.584 millones de pesetas, que al
incrementarse con las incorporaciones de crédito comprometidas en el
ejercicio anterior, ascienden a 4.002 millones de pesetas.
Con estas cuantías se trata de atender fundamentalmente a inversiones y
mantenimiento de edificaciones, mobiliarios, enseres, vehículos y obras
de arte en las distintas representaciones en el exterior, siendo la
partida más importante la inversión en edificios, que alcanza 2.572
millones de pesetas.
Actualmente, los compromisos de gastos totales, no todos contabilizados,
por 2.643 millones de pesetas, suponen un grado de ejecución del 66 por
ciento. Este alto grado de ejecución deriva de la realización de
inversiones, entre las que cabe destacar como más significativas las
realizadas en las representaciones españolas en Zagreb, Buenos Aires
--consulado y embajada--, Nouakchott, Varsovia,
Islamabad, Londres, Santo Domingo, Méjico y algunas otras obras menores.
Las previsiones de los gastos que necesariamente han de realizarse en el
ejercicio nos plantean unas insuficiencias cifradas en 1.450 millones de
pesetas, para cuya financiación hemos planteado un expediente de
transferencia de crédito con cargo a la Sección 31, que se encuentra
pendiente de resolución por parte del Ministerio de Economía y Hacienda.
La Oficialía Mayor, a la que competen los créditos referidos al régimen
interior del Ministerio, comunicaciones, correo diplomático, seguridad
del Ministerio y de las representaciones en el exterior, alcanza 2.856
millones de pesetas, habiéndose comprometido a estas alturas del año el
70 por ciento de los mismos.
La Subdirección General de Personal, que se encarga de la gestión total
de las consignaciones autorizadas para gastos de personal, tiene unos
créditos totales autorizados que ascienden a 24.366 millones de pesetas,
materializados mediante las correspondientes nóminas créditos por 11.409
millones de pesetas, lo que supone un grado de cumplimiento del 46,81 por
ciento. Los cálculos para el final del ejercicio de los importes ya
realizados en este capítulo nos llevarían a una insuficiencia de 1.900
millones de pesetas, para cuya resolución se planteará en su momento el
oportuno expediente de modificación presupuestaria ante el Ministerio de
Economía y Hacienda. El hecho de esta previsible insuficiencia se
explica, igual que en los capítulos anteriores, con la desfavorable
cotización de la peseta respecto a las diferentes divisas en las que se
abonan los salarios y las retribuciones del personal que trabaja en el
extranjero.
Otro centro directivo del Departamento, la Dirección General de Asuntos
Consulares, que desempeña las funciones específicas de asistencia y
protección a ciudadanos e intereses españoles en el extranjero, tiene una
consignación de 861 millones de pesetas, habiéndose contabilizado en el
momento actual un porcentaje de ejecución del 48,27 por ciento, que al
incrementarse con las previsiones inmediatamente existentes, nos
llevarían a un grado de ejecución del 67 por ciento. La partida más
significativa corresponde a la protección de españoles en el extranjero,
con casi 700 millones de pesetas, y a los gastos de funcionamiento de los
consejos de residentes, que absorben cien millones de pesetas.
La Secretaría General Técnica, con una consignación de 805 millones,
atiende fundamentalmente la red informática tanto de los servicios
centrales del Ministerio como de nuestras representaciones en el
interior.
La Subdirección General de Informática tiene unas consignaciones
iniciales de 767 millones de pesetas para atender los gastos derivados de
informatización y mantenimiento de la misma. Como consecuencia de los
compromisos adquiridos en virtud del llamado Acuerdo Schengen, es de
prever unos gastos suplementarios que nos han llevado a solicitar un
expediente de transferencia de crédito de 90 millones de pesetas;
transferencia con cargo a la sección 31, que está pendiente de resolución
por el Ministerio de Economía y Hacienda.
Por último, la Vicesecretaría General Técnica gestiona un presupuesto
inicial de 38 millones de pesetas, de los cuales se ha alcanzado un nivel
de ejecución del 50 por ciento, previéndose que para final de año se
alcance el cien por cien.
La Dirección General de la Oficina de Información Diplomática asume la
información sobre la política exterior de España para su difusión en los
ámbitos nacional e internacional y tiene un presupuesto de 349 millones
de pesetas. El nivel de ejecución actualmente es del 57,1 por ciento,
existiendo unos compromisos ineludibles para la ejecución de sus
funciones informativas que ha determinado una carencia de consignaciones
que alcanza 60 millones de pesetas. Para hacer frente a esta
insuficiencia, se ha planteado el oportuno expediente de transferencia de
crédito con cargo a la Sección 31, pendiente, como los anteriores, de
resolución del Ministerio de Economía y Hacienda.
La Dirección General de Organismos y Conferencias Internacionales dispone
de 37.525 millones de pesetas para abonar las cuotas de la participación
española en los organismos internacionales. El grado de ejecución en el
momento actual es del 88,66 por ciento de sus dotaciones. La
disponibilidad actual asciende a 7.257 millones y con cargo a la misma
tendrán que abonarse algunas cuotas a organismos internacionales cuya
cuantía exacta aún no ha sido comunicada por los mismos, así como a las
aportaciones correspondientes por operaciones de mantenimiento de paz
durante el próximo semestre. Igualmente está previsto atender con 500
millones de pesetas las acciones comunes de la PESC, es decir, del pilar
de la política exterior y de seguridad común, obligación aparecida en el
actual ejercicio.
La Escuela Diplomática, que tiene por misión la formación del
funcionariado diplomático del servicio exterior, tiene una dotación de 30
millones de pesetas, de los cuales han sido ejecutados hasta el momento
el 36,3 por ciento. La Secretaría de Estado para las Comunidades
Europeas, encargada de la coordinación de la acción de la Administración
del Estado en las instituciones comunitarias, gestiona para los gastos de
funcionamiento de la propia Secretaría de Estado en los servicios
centrales, así como para los que se produzcan en la representación
permanente, unas consignaciones que, sin incluir el capítulo I, de
personal, importan 953 millones de pesetas.
La evolución de los compromisos a realizar y los incrementos de actividad
derivados de la Unión Europea han originado una ejecución contable en el
momento actual del 43 por ciento de las dotaciones. No obstante, los
compromisos ya valorados elevan esta cifra hasta el 79,9 por ciento que,
unido a las previsiones existentes hasta la finalización del ejercicio,
nos arrojan una insuficiencia de 117 millones de pesetas. Para hacer
frente a estos compromisos ya cuantificados se ha formulado una propuesta
de transferencia de crédito con cargo a la Sección 31, como en los casos
anteriores.
La Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para
Iberoamérica gestiona en su totalidad, excepción hecha de las
consignaciones para gastos de personal,
el programa destinado a este fin con un importe de 953 millones de
pesetas. De ello corresponde al gabinete de la citada Secretaría de
Estado unas consignaciones de 134 millones de pesetas, de los cuales se
han ejecutado en el momento actual 86,6 millones de pesetas, por lo que
el grado de ejecución asciende al 65,33 por ciento, aunque quedan
pendientes de contabilizar algunas partidas. El gabinete de la Secretaría
de Estado de Cooperación tiene encomendada la tramitación al organismo
autónomo Agencia Española de Cooperación internacional y al ente público
Instituto Cervantes las dotaciones incluidas en el acuerdo de
transferencia de subsectores, a las que antes me referí, librándose las
cantidades autorizadas por doceavas partes de acuerdo con la normativa
establecida, y encontrándose a esta fecha dispuestos los fondos hasta el
mes de julio inclusive.
La Dirección general de Relaciones Culturales y Científicas gestiona
créditos por unos importes iniciales de 1.600 millones de pesetas, de los
cuales se han realizado contablemente en el momento actual el 33,2 por
ciento, a los que habría que añadir compromisos ya firmes que elevarían
el grado de ejecución hasta el 62,5 por ciento.
Por último, la Oficina de Planificación y Evaluación tiene unas
dotaciones iniciales de 833 millones de pesetas, de los que se han
comprometido ya 383, con lo que el grado de ejecución real en el momento
presente es del 94 por ciento.
El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Popular, tiene la palabra el
señor Robles Orozco.
El señor ROBLES OROZCO: En primer lugar, creo que es obligado dar la
bienvenida, en nombre de nuestro Grupo, al señor Subsecretario en esta
Comisión, habida cuenta de que es la primera ocasión que tenemos de
escucharle, y lamento tener que emplear en mis primeras palabras un tono
crítico con la intervención del señor Subsecretario, porque, como bien
conoce de la literalidad de la comparecencia que le hemos formulado, se
exigía que se remitiera a la Cámara un informe previo. Es difícil evaluar
los datos que nos ha facilitado el señor Subsecretario, dichos con el
detalle y con la rapidez con que los ha indicado. Nosotros pedíamos, como
se hizo en su momento en la tramitación de la proposición no de ley, que
los grupos parlamentarios --en este caso el nuestro, que es quien ha
solicitado la comparecencia-- pudieran disponer de la información
detallada de estos presupuestos y de la ejecución del mismo, porque
resulta complicado hacer una valoración exhaustiva y profunda simplemente
de la audición de los datos que nos acaba de transmitir. Insisto, lamento
tener que empezar así mi intervención, pero era un carácter preceptivo
que pedíamos a la comparecencia y que volveremos a cursar
trimestralmente.
Para entrar en el fondo de la cuestión quiero recordar a SS. SS.,
especialmente al señor Subsecretario, que probablemente en aquel momento
no teníamos información de este tema, que el Grupo Parlamentario Popular
solicitó, a través de una proposición no de ley, que el Gobierno se
comprometiera a comparecer con carácter trimestral en la Cámara
precisamente para informar de la ejecución del presupuesto con una clara
finalidad de control del presupuesto y con el objetivo de evitar lo que,
año tras año, a nuestro juicio ha sido un incumplimiento de los objetivos
que el propio Gobierno se ha planteado, es decir, del control del déficit
público.
Ha iniciado su intervención el señor Subsecretario precisamente haciendo
hincapié de nuevo en estos dos aspectos. De sus propias palabras y, sobre
todo, de la historia de lo que han sido los Presupuestos Generales del
Estado se deduce que es una expresión que se desmorona con la simple
audición de los datos que nos acaba de expresar. Sin entrar en la
historia, insisto, de los balances presupuestarios de estos años, donde
es evidente que hemos ido acumulando un importante déficit y una
considerable desviación en los presupuestos no solamente del Ministerio
de Asuntos Exteriores, sino en todos los ministerios --sería ocioso
repetir datos conocidos por todos los grupos que son de dominio
público--, centrándonos en el Ministerio de Asuntos Exteriores qué duda
cabe que se ha producido un desfase entre los objetivos enunciados y la
realidad de los balances presupuestarios, año tras año.
Entrando a analizar el presupuesto del que estamos hablando
correspondiente a 1994, el señor Subsecretario nos ha dado una
información del grado de cumplimiento de alguna de las partidas más
importantes del Ministerio y en casi todas ha terminado enunciando, por
unas u otras razones, un desfase presupuestario que obliga a habilitar la
petición de un crédito extraordinario para la Sección 31. Si mis sumas
rápidas no me hacen equivocarme, creo que estamos hablando de una
desviación aproximada de doce puntos sobre el presupuesto inicial, lo que
en primer semestre significa una desviación importante.
Sean las causas técnicas o políticas, lo cierto es que, como siempre, nos
encontramos con que los planteamientos teóricos con los que se formulan
los Presupuestos Generales del Estado y los debates presupuestarios están
claramente desfasados, no ya al final de año, sino a mitad de año con la
realidad que impone la gestión de cada uno de los departamentos. Es bien
cierto que hemos tenido devaluaciones, que hemos tenido impactos
negativos sobre un servicio exterior que se ve especialmente afectado en
estos temas, pero es claro que también habría que haber previsto estos
impactos como eran las devaluaciones, los aumentos en las contribuciones
de cuotas, los inevitables incrementos del IPC, que nos hubiera llevado a
elaborar un presupuesto más realista con lo que, en consecuencia, se
podrían haber ajustado las cifras de las que estamos hablando.
Hay otra valoración que no es la económica o presupuestaria estrictamente
y que la formuló mi Grupo en el debate de Presupuestos. Me refiero a la
imposibilidad, cada día más notoria, de poder cumplir de forma eficaz la
labor que tiene asignada el Ministerio de Asuntos Exteriores con unos
presupuestos cada día más mermados y, sobre todo, más limitados a la
acción exterior. Si en este momento descontamos lo que son los
compromisos internacionales de cuotas, o la inevitable atención de otro
tipo de servicios no estrictamente del Ministerio como sería, por
ejemplo, la dotación de vigilancia a las embajadas y a las
misiones diplomáticas y otra serie de detalles, estamos contemplando una
partida más limitada cada día para ejecutar la acción exterior.
Esto nos tiene que llevar a hacer una reflexión profunda de cómo orientar
la acción exterior española, cómo rentabilizar al máximo las cancillerías
y los consulados, cómo coordinar nuestras acciones exteriores y en qué
medida España puede participar en todas las acciones exteriores, las
misiones de paz, las cuotas internacionales, porque la tendencia
claramente creciente de nuestras cuotas o de nuestra participación en
organismos internacionales nos lleva a unos desequilibrios muy
importantes. Este año estamos ya en 37.000 millones de pesetas en cuotas
a organismos internacionales, de los cuales es bien cierto que
corresponden a algunos atrasos, pero también lo es que probablemente este
año vamos a volver a acumular nuevos atrasos, porque, como se nos ha
dicho, en este momento hay un desconocimiento de cuáles serían nuestros
compromisos en algunas materias nuevas, en las que este año España tendrá
que empezar a contribuir. Todo esto puede ir en una tendencia claramente
creciente. Si no nos equivocamos y hacemos una proyección adecuada,
estamos pensando que en el año 95 ó 96 el volumen total de las cuotas a
organismos internacionales puede suponer aproximadamente unos 50.000
millones de pesetas, lo que en este momento produciría un desfase entre
lo que serían compromisos internacionales y la acción exterior del
Estado.
Eso nos tiene que llevar a una reflexión sobre si con estos presupuestos
se puede ejecutar una acción exterior coordinada, si realmente podemos
atender la política de inversiones y de modernización de nuestro servicio
exterior, y si tenemos que plantearnos la dimensión y la presencia de lo
que somos en el mundo. Lo que para nosotros es claro es que en este
momento ya se ha producido un desfase importante, que cifro
aproximadamente en diez puntos sobre el presupuesto inicial y que de
algún sitio tienen que estar saliendo incluso para la gestión ordinaria,
al margen de los créditos que se han pedido en este momento. Me gustaría
formularle al señor Subsecretario algunas cuestiones concretas para que
la información que nos ha facilitado pudiera ser ampliada.
La primera es la que ya le he hecho en mis previsiones. ¿Cree usted,
señor Subsecretario, que realmente el Departamento tiene en este momento
una cifra de endeudamiento similar a la que se deduce de sus propios
datos? ¿Se están detrayendo consignaciones de otras aplicaciones
presupuestarias para poder cubrir estas necesidades? ¿Cómo se está
gestionando realmente este presupuesto? Al margen de las transferencias
que usted nos ha facilitado, ¿se está pensando en este momento en algunas
otras soluciones? ¿Cómo se está planteando la solución de este déficit
que se viene acumulando, año tras año, en el Ministerio de Asuntos
Exteriores?
En el tema concreto de la vigilancia o misiones de tutela por los Geo o
por otro tipo de servicios del Estado, ¿qué solución piensa darle el
Ministerio de Asuntos Exteriores a este tema? Es evidente que sale de la
misma partida de gestión, de viajes, que tiene asignado el Ministerio. Si
en este momento lo que sería cubrir los gastos de desplazamientos, dietas
o viajes de los Geo o de los servicios de vigilancia de las embajadas
está cubierto, ¿cómo se están atendiendo en este momento el resto de los
servicios o de la operatividad de los diplomáticos, de los funcionarios
que tienen que desplazarse, o cómo está afectando a la capacidad
operativa de ese departamento en el Ministerio de Asuntos Exteriores?
En cuanto a la cantidad, cada día más escasa, para la atención propia del
servicio exterior, me gustaría conocer su opinión, aunque no es un dato
meramente presupuestario, sobre qué habría que hacer o cómo habría que
considerar la rentabilidad de las cancillerías y consulados españoles en
el exterior para poder ser realistas y no ir acumulando, año tras año,
estos desplazamientos.
En cuanto a las cuotas, nos gustaría preguntarle qué tendencia cree usted
que va a ser la que va a seguir la coparticipación de España en estos
organismos internacionales y si tiene pensado el Ministerio replantearse
ese volumen, cada día más creciente, de participación en organismos
internacionales y que en este momento prácticamente consume el 40 por
ciento del presupuesto del Ministerio.
Por otra parte --usted no ha citado más que de pasada el tema consular--,
me gustaría saber qué se está haciendo en este momento con la recaudación
consular, cuál es en este momento la finalidad que se le da a la
recaudación que se obtiene en los consulados españoles y cuál es la
regularización que se hace de esos ingresos que se obtienen por la vía
consular.
Con estas preguntas me gustaría completar la información que, sin lugar a
dudas, ha sido exhaustiva y dejar también expresa nuestra valoración de
lo que en este momento es ya una desviación importante del presupuesto y
reiterarle que solicitaremos por escrito el informe que deberíamos haber
recibido en esta Comisión y rogamos que en sucesivas comparecencias se
nos remita con carácter previo para trabajar más exhaustivamente en la
Comisión, porque, si no, nos vemos, como puede usted entender, limitados
a la hora de entablar con usted un debate más en profundidad.
El señor PRESIDENTE: El señor Subsecretario tiene la palabra.
El señor SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES (Ezquerra
Calvo): Quiero agradecer al Diputado señor Robles su bienvenida, y paso
inmediatamente a contestar sus preguntas.
Lamento, en efecto, que el informe previo que habría debido ser
presentado para esta comparecencia no haya podido llegar a tiempo. En
buena parte es culpa del compareciente que recién incorporado, hace algo
más de una semana, no ha tenido ocasión de conocerlo exhaustivamente; eso
hace que no hayamos podido cumplir el compromiso. Haremos llegar a la
Mesa para su distribución el informe que he leído y que tan sólo ayer
logramos terminar. Espero que en el futuro no se vuelva a producir esta
deficiencia.
En efecto, sobre el presupuesto de 1994 para el Ministerio de Asuntos
Exteriores se han producido unas
desviaciones que en el momento actual evaluamos, de acuerdo con los datos
que he ido exponiendo, en 3.120 millones de pesetas, es decir, un 3,20
por ciento sobre el presupuesto. Estas desviaciones no suponen una falta
de cumplimiento de los criterios de restricción de gasto y de limitación
del déficit, sino que viene impuesto por el carácter peculiar del
Ministerio de Asuntos Exteriores. Señalé antes que más de las tres
cuartas partes del presupuesto del Ministerio de Asuntos Exteriores debe
ser abonado en divisas extranjeras, cuya evaluación es imposible hacer de
antemano. De hecho, cuando se elaboraron los presupuestos del corriente
año no se había producido la posterior devaluación de la peseta, que ha
incidido de forma muy notable tanto sobre el capítulo I de haberes y
retribuciones, que fundamentalmente se ha de pagar en divisas
extranjeras, como sobre el resto de los capítulos, sobre las inversiones
o los alquileres, con los que sucede lo mismo.
El hecho de que las tres cuartas partes de nuestro presupuesto sea
pagadero en divisas provoca que en un caso de devaluación se incrementen
nuestros gastos. En lo que se refiere a las cuotas de organismos
internacionales, el abono en divisas se hace en su totalidad en divisas.
Por otro lado, hemos realizado una contención estricta de gastos en
materia de inversiones, limitándonos, dada la reducción de la partida
correspondiente, a completar las inversiones ya comprometidas y a
establecer un claro orden de prioridad sobre aquellas que han de
realizarse con los medios disponibles. Así, he citado anteriormente las
obras de mantenimiento, de adecuación o de modernización de una serie de
cancillerías y consulados, dejando para años posteriores llevar a cabo
algunas que estaban ya programadas, pero no comprometidas.
El Ministerio de Asuntos Exteriores, a pesar de esta austeridad de
medios, puede llevar a cabo una acción suficiente en el exterior y está
tratando, quizá como consecuencia de la austeridad, de replantear la
distribución de personal, reduciendo algunas representaciones y
potenciando otras con mayor personal y medios. Gracias a esto se está
logrando disminuir notablemente el número de embajadas de carácter
bipersonal, es decir, aquéllas integradas por un embajador y un
funcionario diplomático, que por el turno de vacaciones, por los cambios
de personal, supone que con frecuencia haya sólo una persona al frente de
la representación. En el caso de los países comunitarios, que van a verse
afectados por la inmediata aplicación de la Unión Europea, se han
transformado las embajadas que eran de carácter bipersonal en tri o
tetrapersonales.
Por otro lado, en un deseo de contención de gastos y de redistribución de
nuestro despliegue en el exterior, hemos procedido, en relación con los
consulados, al cierre de determinados consulados que por su situación
geográfica cerca de otros de mayor importancia y por la evolución que
supone la integración de España en la Unión Europea no eran ya tan
necesarios como en el pasado. Así puedo señalar que en 1993 se cerraron
los consulados de Bremen, Basilea y Nimes, y en 1994 van a ser cerrados,
con carácter inmediato, algunos a finales del próximo mes de julio, los
consulados de Hendaya, Rotterdam y Mets. Esto supone, como es lógico, una
contención de gasto, sin disminuir, por otro lado, las funciones de
protección hacia los españoles y los intereses españoles en el
extranjero.
Debo señalar, sin embargo, que dentro de este plan de redistribución de
los efectivos del Ministerio estaba planeada la apertura de consulados, e
incluso también de embajadas, en zonas donde no estábamos debidamente
representados todavía, pero que en el momento actual la prioridad de
objetivos hace que esto quede aplazado para un momento en el que existan
créditos suficientes de acuerdo con esta prioridad.
En cuanto a los gastos crecientes de mantenimiento de seguridad de
nuestras embajadas y consulados, son también un gasto difícilmente
previsible, puesto que si las circunstancias de crisis y de violencia que
puedan darse en países en algunos casos son perfectamente previsible, en
otros, por desgracia, superan nuestra capacidad de prever el futuro.
El desplazamiento de los Geo y de los miembros de la Guardia Civil para
prestar servicios de seguridad en nuestras misiones en el exterior tiene
una incidencia importante en el capítulo de dietas y gastos de viaje.
Estamos estudiando, aunque todavía no se ha podido llevar a cabo, la
incorporación de una serie de puestos de tal forma que este personal
quedase incorporado a la plantilla del Ministerio de Asuntos Exteriores
sin perder su dependencia orgánica respecto a los ministerios en los que
están encuadrados. Pero, como le digo, es un deseo de futuro que todavía
no se ha podido realizar.
En cuanto a las cuotas de organismos internacionales, difícilmente
podemos reducirlas puesto que suponen un compromiso por nuestra
pertenencia a estos organismos. Si bien en un examen exhaustivo podría
encontrarse discutible nuestra pertenencia a algún organismo, los grandes
capítulos de Naciones Unidas, Unión Europea, etcétera no permiten que
podamos prescindir de ella.
Por otro lado, debo señalar que gran parte de lo que llamamos cuotas a
organismos internacionales no lo son por la simple pertenencia, sino
contribuciones obligatorias, y en algunos casos voluntarias, a las
operaciones de mantenimiento de la paz. Las operaciones para el
mantenimiento de la paz también son difícilmente previsibles. Algunas han
terminado --sería el caso de Camboya--, pero otras son crecientes y
nuestra participación en esos gastos, difícilmente cuantificables de
antemano, es a duras penas reducible.
En cuanto a las cuotas consulares, al ser cantidades que se perciben para
el Tesoro, se ponen a disposición del Tesoro Público con carácter
regular.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
De Puig.
El señor DE PUIG I OLIVE: En primer lugar, como la Presidencia y quienes
me han precedido en el uso de la palabra han hecho, quiero felicitar al
nuevo Subsecretario por su nombramiento y acogerle con la cordialidad con
que este Grupo siempre ha recibido a todos los altos cargos del
Ministerio.
Seguidamente, quiero agradecerle su exposición y el detalle de las
respuestas a las preguntas que ha formulado el Grupo Popular.
De todo ello puede deducirse, en primer lugar, que la ejecución del
presupuesto se halla en unos niveles absolutamente razonables habida
cuenta la situación y las novedades que este año se han producido,
razonable no sólo en su grado de ejecución, sino también en relación con
las prioridades y a las necesidades objetivas. Esta sería la conclusión
de nuestro Grupo ante las explicaciones que ha dado el señor
Subsecretario.
Es evidente que, por razones que él mismo ha ofrecido, en este caso, como
pueden haberse producido de manera distinta otros años, ha habido
desviaciones e insuficiencias claras que el señor Subsecretario ha
detallado, la mayoría imprevisibles. Siempre hay un grado de imprevisión
cuando se trabaja en un presupuesto con respecto a lo que puede pasar al
año siguiente.
En este caso, con las desviaciones que se han producido con la
devaluación de la peseta, las nuevas políticas, que eran imprevisibles,
en el ámbito, por ejemplo, de la unidad europea, la política exterior y
seguridad común, o las novedades en materia de nuestra participación en
organismos o misiones internacionales, en algún caso bastante onerosas,
debían tener sus efectos sobre un presupuesto que se había realizado
pensando en unos parámetros de actuación que han sido algo modificados.
Ha habido una variación estrictamente contable, la devaluación, que,
siendo tan positiva para todo el país, siendo solicitada por tantos y
resultando benéfica para la economía de nuestro país, es curioso que en
cuanto se trata del Ministerio de Asuntos Exteriores no tiene
precisamente un acto benéfico, puesto que hay que pagar en divisas muchos
de los gastos de este Ministerio y se convierte en una desviación
importante.
Por otra parte, se han producido también novedades políticas, en la
medida en que se han tomado decisiones en el ámbito internacional de las
que nosotros hemos participado, que exigen unas actuaciones que
naturalmente tienen costes. Los presupuestos son un instrumento para la
realización de unas políticas. Si hay cambios en estas políticas, si
aumenta el número de acciones, se originan costes y, naturalmente, tienen
que reflejarse en el presupuesto. En muchas ocasiones, como ha apuntado
el señor Subsecretario, pueden suponer desviaciones de las previsiones
iniciales.
Por otra parte, quiero recordar que el Grupo Socialista en el debate de
los presupuestos manifestó que, estando de acuerdo con la política
general del Gobierno de reducir en todo lo posible los gastos para no
contribuir al déficit, entendía que el presupuesto de este año del
Ministerio de Asuntos Exteriores era algo escaso. Esa fue la palabra que
utilizamos. Nuestra mayor sorpresa fue cuando otros grupos, por ejemplo,
el principal de la oposición, ante lo que nosotros considerábamos ya un
presupuesto muy justo --justo desde el punto de vista realista-- lo que
nos ofrecían era recortarlo. Si se puede acusar al Gobierno de poco
realista, no digo lo que se puede decir de aquellos que pensaban recortar
este presupuesto.
Creemos que la ejecución del presupuesto, tal como se nos acaba de
explicar en estos momentos, es razonable y lo que pedimos a todos los
grupos --y naturalmente señalamos al Gobierno-- es que siempre exista
esta coherencia entre lo que son las decisiones y las voluntades
políticas y los instrumentos que se utilizan.
No se puede estar de acuerdo con unas políticas y decir que no se está de
acuerdo con los gastos que suponen. Esto es absolutamente imposible. Me
recuerda aquella anécdota de Groucho Marx que en uno de sus programas
radiofónicos se presentaba a unas elecciones como candidato y le
preguntaban: ¿Qué propone usted a la gente? Y él contestaba: Yo estoy a
favor y en contra del whyski --era cuando la prohibición--. Pues bien, no
se puede estar a favor de que se haga una política pero en contra de los
gastos que supone, porque, en el mejor de los casos, es una ironía propia
de Groucho Marx.
Esta es nuestra reflexión. Quiero terminar felicitando nuevamente al
señor Subsecretario y apoyando esta política que nos parece no sólo de
austeridad y realismo, sino perfectamente coherente con las decisiones
políticas que aquí y en el Gobierno se han tomado en esta materia.
El señor PRESIDENTE: El señor Subsecretario tiene la palabra.
El señor SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES (Ezquerra
Calvo): Ante todo quiero agradecerle, señor De Puig, su bienvenida, como
al señor Robles, que me hace sentir muy a gusto en esta primera
comparecencia ante la Comisión.
Comparto sus puntos de vista. Las desviaciones del 3,2 por ciento sobre
el presupuesto se deben a algo que no depende de nosotros, como es la
devaluación de la peseta.
Por otro lado, si bien para el Ministerio de Asuntos Exteriores resulta
oneroso y pesado el abono de las cuotas de organismos internacionales,
responde tan sólo a hacer frente a obligaciones, a compromisos contraídos
de acuerdo con nuestra política internacional; compromisos que son
compartidos por todos los grupos de la Cámara, puesto que se adquieren de
acuerdo con la política gubernamental y con la aprobación parlamentaria.
Agradezco la oferta que ha hecho de apoyo para las necesidades
presupuestarias del futuro, apoyo que sabemos que encontramos en todos
los grupos de la Cámara, que son conscientes, en efecto, de que para
llevar a cabo una política exterior coherente con nuestro rango de
potencia media --no somos una gran potencia, pero tampoco somos los
últimos de la fila-- es necesario disponer de unos medios y, en
consecuencia, de unos presupuestos que sean suficientes.
También debo señalar que incluso con las limitaciones existentes
actualmente --que aceptamos por coherencia y por cohesión con el
Gobierno-- y con las necesidades nacionales en el sentido de reducir el
déficit público, una administración estricta --como la que creo que
estamos llevando del presupuesto-- nos permite hacer frente dignamente a
las necesidades esenciales. Pero también desearíamos que para el futuro
la austeridad fuese un poco menos
estrecha, y para eso esperamos el apoyo de todos los grupos de la Cámara.
(El señor Robles Orozco pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Robles.
El señor ROBLES OROZCO: Sin el ánimo de entablar ningún tipo de debate
con el señor Subsecretario, quiero decirle que de las cifras que nos ha
facilitado, una suma muy rápida --y lamento no tener el informe
detallado-- nos arroja un desequilibrio un poco mayor. Mis cálculos me
dan una cifra de más de 6.000 millones de desviación, sin valorar
capítulos tan importantes como, por ejemplo, la previsión en cuanto a
cuotas, dietas, desplazamientos, etcétera. En todo caso, lo que está
claro es que el presupuesto, previsiblemente a final de año, va a tener
una desviación todavía más importante y será necesario replantearse de
cara al futuro cómo se pueden hacer presupuestos más realistas y que
cuando tenga lugar el debate de los presupuestos del año que viene
podamos estar hablando en términos reales y no hipotéticos.
Me gustaría volverle a formular con claridad la pregunta de si está en
condiciones de asegurar que la recaudación consular se está poniendo
inmediatamente a disposición del Tesoro Público y no se está utilizando
para otros fines. Me gustaría que concretara esta pregunta.
Quiero decirle al señor De Puig --sin ánimo de polemizar-- que lamento
que no haya escuchado en algún momento de nuestra fijación de posición,
en el debate de presupuestos, nuestra postura, porque lo que yo he
expresado hoy aquí es lo mismo que manifestamos en el debate de
presupuestos. Decíamos entonces que nos parecía que ya había un
desequilibrio entre nuestras aportaciones a cuotas internacionales y lo
que realmente quedaba, de forma efectiva, para el servicio exterior; que
veíamos que con estos presupuestos iba a tener problemas serios el
servicio exterior para poder afrontar una política de inversiones y hacer
una política coherente al servicio de los intereses de España, y que
había que buscar la coherencia entre la formulación de políticas y la
plasmación presupuestaria. Esa fue nuestra posición en el debate
presupuestario, que es la misma que yo he expresado hoy aquí. Hay que
buscar la coherencia entre los objetivos que formulamos desde el punto de
vista político y los presupuestos que después plasmamos.
Hoy no es un día para realizar un debate de política general o de
política exterior, sino simplemente de control presupuestario. Con motivo
del debate de la proposición no de ley ya expresamos que nuestra
preocupación era precisamente que los grupos parlamentarios y el propio
Gobierno tuvieran la posibilidad de hacer un control del presupuestos, de
forma trimestral o semestral que nos permita corregir a tiempo las
desviaciones, asunto en el que todos estamos de acuerdo que hay que
replantearse.
En cuanto a las operaciones de participación en misiones de paz y en
cuotas obligatorias y voluntarias, es evidente que tenemos que atender
las cuotas de carácter obligatorio, pero tendremos que replantearnos si
podemos atender ahora todas las misiones que no son estrictamente
obligatorias y si tenemos capacidad presupuestaria y política para
hacerlo. Conviene hacer esta reflexión y en su momento se planteará más
en profundidad.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo desea hacer uso de la palabra? (Pausa.)
Tiene la palabra el señor Subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES (Ezquerra
Calvo): En efecto, la cifra que ha manejado sobre la desviación del
presupuesto actual es de 3.120 millones, que corresponde al expediente
actualmente presentado ante el Ministerio de Hacienda para su
incorporación en la Sección 31. Esto supondría el 3,20 del presupuesto,
pero ahí no se incluyen los gastos relativos al capítulo I, gastos de
personal, y que en el momento actual ascienden a 1.800 millones de
pesetas. Por tanto, la desviación sería de 4.900 millones de pesetas,
cifra cercana --calculada a «grosso modo»-- al 4,5 ó 5 por ciento de
presupuesto anual.
En cuanto a las cuotas consulares he de decirle que no están puestas
inmediatamente a disposición, puesto que lo que la ley indica es que
deben contabilizarse --y así se hace-- y en su momento, cuando las van
reclamando, son ingresadas en el Tesoro. Pero desde su aparición están
contabilizadas y a disposición del Tesoro Público.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Subsecretario. Damos por
concluido este punto del orden del día.
CONTESTACION A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SOBRE:
--INFORMACION QUE POSEE EL GOBIERNO ESPAÑOL ACERCA DE LAS ACTIVIDADES DE
LA ORGANIZACION TERRORISTA ETA EN IBEROAMERICA. FORMULADA POR EL SEÑOR
MILIAN MESTRE (GP). (Número de expediente 181/000760.)
--SOLICITUD DE INFORMACION ACERCA DE LAS ACTIVIDADES INTERNACIONALES DE
LA ORGANIZACION TERRORISTA ETA DEL GOBIERNO ESPAÑOL AL DE LA REPUBLICA DE
LOS ESTADOS UNIDOS DE MEJICO. FORMULADA POR EL SEÑOR MILIAN MESTRE (GP).
(Número de expediente 181/000762.)
--CONOCIMIENTO DEL GOBIERNO DE LA PRESENCIA DE LA ORGANIZACION TERRORISTA
ETA EN MEJICO. FORMULADA POR EL SEÑOR MILIAN MESTRE (GP). (Número de
expediente 181/000763.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la contestación de las preguntas.
Para la organización del trabajo de esta Comisión y teniendo en cuenta
que las respuestas a las preguntas serán realizadas, en parte, por el
señor Subsecretario y, en parte, por el señor Secretario de Estado, si
les parece vamos a ver, en primer lugar, cuáles son las preguntas a las
que va a contestar el señor Subsecretario. El señor Subsecretario
contestará a las preguntas números 6, 7, 8 y 13. Las preguntas números 6,
7 y 8 se refieren a las actividades de la organización terrorista ETA en
Iberoamérica y en Méjico, teniendo por autor al mismo Diputado, el señor
Milián Mestre.
Señor Milián Mestre, ¿está S. S. en condiciones de formular las preguntas
y de concentrarlas en una sola intervención? (Pausa.)
El señor MILIAN MESTRE: Quiero desgajar la primera de las dos últimas,
diferenciar Iberoamérica de Méjico.
El señor PRESIDENTE: Adelante, señor Milián.
El señor MILIAN MESTRE: Señor Subsecretario, recientemente ha aparecido
en los medios de comunicación internacionales diversas informaciones
sobre la presencia de ETA en Iberoamérica. La motivación de mis preguntas
está relacionada directamente con la presencia en Méjico, durante el mes
de marzo pasado, de este Diputado. Con ocasión de mi intervención en un
acto público --en un congreso internacional de empresarios-- se me
dirigieron periodistas y posibles afectados empresarios iberoamericanos
muy inquietos por los hechos que estaban ocurriendo en esas fechas --que,
por lo que conozco, continúan todavía--: secuestros, extorsiones,
etcétera, realizados supuestamente --y subrayo esta palabra-- por
miembros de ETA.
Estos hechos me llevaron a formular una pregunta específica oral en el
Pleno, el 18 de mayo de 1994, al señor Ministro del Interior, sobre
Méjico. El señor Ministro me contestó con los datos que poseía en este
momento. Reconoció que eran insuficientes, aunque aceptó que los datos de
que yo disponía se correspondían ampliamente con lo que él ya conocía por
los datos recibidos del Gobierno mejicano a este respecto.
Le voy a formular la primera de las preguntas específicamente referida al
tema iberoamericano en general y no sólo al mejicano. El problema, en
este caso, se circunscribiría a referencias de prensa, puesto que no
tengo conocimientos directos, que han ido de forma sistemática
apareciendo en los medios de comunicación. Desde sus inicios, ETA buscó
refugio en Iberoamérica, como es de todos conocido. Al comienzo de la
democracia, por ejemplo, en Cuba existieron algunas bases de acomodo y,
probablemente también, un asentamiento de tesorería por parte de ETA para
poder proteger sus recursos operativos desde el punto de vista
financiero.
En Uruguay se conocieron una serie de presencias relacionadas con ciertos
eventos, precisamente en momentos muy complejos de la historia interior
de aquel país, de todos conocida, antes de la consolidación de la
democracia.
En Panamá hubo acogida clandestina de comandos, técnicamente llamados
quemados, que se refugiaban en el pasado, aprovechando las peculiaridades
de aquella zona franca internacional que facilitaba extraordinariamente
los movimientos de dichos grupos. En este caso yo hablé con empresarios
españoles en mis frecuentes visitas a aquel país que se referían a
ciertos restaurantes en los que la presencia de sospechosos individuos
era más que evidente.
Los movimientos terroristas, por otra parte, en el mundo iberoamericano,
guerrilleros o revolucionarios, no fueron nunca ajenos al contacto y
conocimiento de etarras, siguiendo esta cooperación internacional tan
estudiada y documentada por la periodista norteamericana Claire Stërling
en el libro, «La trama del terror», publicado en el año 1981 --traducido
al italiano, que es como yo lo tengo y lo conocí--, que obedecen, sin más
a lo que son los principios operativos del terrorismo internacional,
perfectamente descritos en sus obras por el brasileño Menighelha que
teorizó en los años 1970 y 1980 cobre cómo organizarse en estos
movimientos revolucionarios.
En segundo lugar, no hay ninguna duda, y así ha sido ya recientemente
denunciado (cuando digo recientemente hablo, como hago en sentido
histórico, de hace un año o dos) por parte de ciertos medios de
comunicación españoles, especialmente el diario «ABC», sobre la
cooperación que se sabía desde el año 1981 entre ETA y el movimiento
sandinista. Testigos presenciales de aquel movimiento (a mí me lo
pudieron referir) habían conocido a vascos de ETA integrados en aquellas
actividades asesorando ciertos tecnicismos en la lucha revolucionaria.
En tercer lugar, y por último, ahora aparecen en Méjico claras
informaciones que vinculan a sujetos de ETA con movimientos terroristas
iberoamericanos, específicamente con el MIR chileno, del cual parece ser
que extrajeron algunas colaboraciones, aparte de lo que ellos adujeron. Y
según el informe que acaba de publicar la revista mejicana «Proceso» el
día 13 de julio de 1994 --que yo tengo aquí en mi poder-- de la «rama de
contrainteligencia del Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional».
Allí se dice específicamente que hay grupos del MIR que colaboran con ETA
activamente. Se dice textualmente que ETA reclutó a sudamericanos como
chilenos del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) «con
ramificaciones en diferentes países latinos». De acuerdo con este
informe, los chilenos reclutados serían René Valenzuela, Gonzalo Boye,
Alexis Corvalán y Ramiro Silva. Y añade: «quienes estuvieron involucrados
en varios atentados en Barcelona, y, finalmente, cayeron presos
denunciados al parecer por sus propios socios». (Revista «Proceso» de 13
junio de 1994.)
Usted comprenderá que esto no son simplemente acciones de refugio,
acciones de reinserción social y ciudadana, que entendería y apoyaría
moralmente. Esto es algo más. Evidentemente aquí existen vinculaciones
operativas que no dejan de inquietar, mucho más si son reversibles hacia
nuestro propio territorio, o al caso específico que denuncia este
informe.
Mi pregunta se circunscribe a este tema iberoamericano «in genere», y
hablaremos después del otro en particular.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES (Ezquerra
Calvo): El señor Milián se ha referido últimamente al artículo aparecido
en la revista «Proceso», cuyo contenido ignoro y, por tanto, no puedo
responder a ello. Debo señalar tan sólo la información de carácter
general de que disponemos en este momento.
Como bien sabe, la presencia de miembros ligados a la organización
terrorista ETA en Iberoamérica puede dividirse en dos grupos distintos.
Por un lado, aquellos que, habiendo sido deportados desde Argelia,
dirigentes y activistas importantes de la organización, han encontrado
acogida o fueron deportados hacia países como República Dominicana y
Venezuela, en los que no se ha consignado que realicen actividad
terrorista alguna.
Por otro lado, existen también miembros de la banda ETA que han buscado
refugio en diversos países para sustraerse a la acción policial y
judicial hispanofrancesa, y han ido apareciendo en países como Uruguay,
Nicaragua, la misma Venezuela y también en Méjico.
Este segundo grupo de activistas o de miembros de militantes de la
organización ETA han aparecido, como ha señalado el señor Diputado, en
Uruguay, donde contaron con infraestructura dirigida no sólo a facilitar
el refugio o residencia y seguridad de miembros que huían de Europa, sino
también la obtención de recursos económicos y la falsificación de
documentos, cosa que quedó perfectamente de manifiesto con la detención
de 18 supuestos integrantes de ETA en mayo de 1992, tres de los cuales se
encuentran todavía en prisión en espera de hacerse efectivas las
extradiciones concedidas por las autoridades de aquel país.
Asimismo, el descubrimiento por una explosión ocurrida en un taller
mecánico en Managua, Nicaragua, regentado por un supuesto miembro de ETA,
Eusebio Arzallus, puso de relieve la infraestructura que existía en aquel
país y, en efecto, la estrecha relación de la organización terrorista con
los movimientos salvadoreños y con algunos otros movimientos terroristas.
Respecto a Venezuela, país en el que han encontrado acogida siempre
numerosos ciudadanos españoles de origen vasco, dada la importante
colonia de vascos existente en aquel país, se detectó, en los primeros
momentos, una cierta labor de cara a la obtención de fondos para sus
causas, pero es preciso subrayar ahí que la actividad de la colonia
española de origen vasco en Venezuela ha ido orientada fundamentalmente a
resolver los problemas laborales de esas personas supuestamente
vinculadas con ETA que han recalado en aquel país y que han facilitado la
integración de los mismos en la sociedad venezolana, sin que se hayan
puesto de manifiesto atisbos de que vayan a retomar sus comportamientos
terroristas.
Respecto de Méjico, como en efecto ha señalado el señor Diputado, se ha
podido detectar, en los últimos momentos, la presencia de un elevado
número de supuestos miembros de ETA que han encontrado, en la actitud
liberal, asilo y facilidades de comunicación de los Estados Unidos de
Méjico, una facilidad para huir, como antes decíamos, de la acción
judicial y policial de Francia y de España.
Como ha citado el señor Diputado, la contestación del señor Ministro de
Justicia e Interior el pasado 18 de mayo en la comparecencia ante el
Pleno del Congreso podría orientar la respuesta a esa situación, puesto
que no tengo ningún dato nuevo después de esa fecha del 18 de agosto que
me permita complementar las palabras del señor Ministro de Justicia e
Interior que venían a decir que había constancia de la presencia en
Méjico de alrededor de un centenar de personas procedentes de actividades
terroristas relacionadas con la organización ETA.
Algunas de esas personas estaban plenamente integradas en la sociedad
mejicana, pero había sospechas y no pruebas de que otras podían continuar
en actividad. Insisto en que no hay constancia de ello, y que esas
personas podrían estar desarrollando actividades delictivas en Méjico.
Frente a esto, lo que me cabe señalar es que en los últimos tiempos la
cooperación policial hispano-mejicana, los contactos, se han
intensificado, existe un intercambio de informaciones fluido y
permanente, y ello permite intercambiar, como digo, informaciones y
experiencias sobre la lucha antiterrorista.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Milián.
El señor MILIAN MESTRE: Interesante su información, aunque creo que
todavía andamos cortos. Evidentemente, si el Ministro del Interior no
dispone de más datos, difícilmente puede disponer de ellos el de Asuntos
Exteriores.
Pero sí quiero subrayar dos cosas. La primera es que la periodista San
Juana Martínez, mejicana, de la revista «Proceso», el 14 de junio de
1993, en un reportaje que obra en mi poder, decía textualmente: «En
Latinoamérica hay mil miembros de la ETA, de los cuales doscientos operan
en Méjico.» Y esta señorita, que no conozco, daba una amplia información
que tengo aquí con nombres y apellidos, una lista inmensa de posibles
etarras operativos en Iberoamérica, e incluso hacía distinciones de los
que eran comandos «in genere» y otros de ETA militar específicos, y
nombraba también específicamente a los miembros de ETA deportados a
Latinoamérica en países como República Dominicana (de todos conocido),
Venezuela, Cuba, Panamá, Cabo Verde, etcétera.
¿Por qué digo que ETA tiene una amplia mayoría, como dice ella, de
miembros distribuidos en ciertos países iberoamericanos, y menciona
República Dominicana, Venezuela, Cuba, Panamá, Uruguay, Méjico,
Nicaragua, Argentina y El Salvador? Porque eso no ofrece ninguna duda.
Pero lo que a mí me asusta, y por eso mi intencionalidad al hablar en
términos continentales y no específicos de Méjico, es que los datos que
va revelando este informe corroboran ciertas sospechas que en el pasado
se habían tenido por parte de los analistas en el tema de ETA. Estas
sospechas fueron de que ETA ha empezado a colaborar claramente con
narcotraficantes en ese Continente y en el
informe al que me refiero se habla directamente de su relación con el
Cártel de Cali, para confrontarse con el Cártel de Medellín.
Dice exactamente --entrecomillado--: «de reflujo cometieron atentados a
base de explosivos en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, para eliminar a
traficantes, proveedores y transportadores de la droga hacia Estados
Unidos, por ser Méjico trampolín de la cocaína a ese país». Y habla de
dos atentados del año 1992. Está refiriéndose a injerencias en la
competencia de bandos o cárteles de la droga, es decir, colaborando
estrictamente con los de Cali contra el de Medellín.
Y dice el informe: «En España, el narcotraficante Gilberto Rodríguez
Orejuela, dirigente del Cártel de Cali, se reunió con miembros de ETA que
formaban parte del comando Madrid», y dice que incluso el CESID
desarticuló parte de ese comando. Y añade la publicación referida que:
«Gilberto Rodríguez Orejuela es el nuevo zar de la cocaína, luego de la
muerte de Pablo Emilio Escobar Gaviria, acaecida a fines del año pasado.
Cabeza del Cártel de Cali, su organización controla el 80 por ciento de
la nieve tropical colombiana exportada a Estados Unidos y el 70 por
ciento de la que llega a Europa.» Este señor ya fue detenido en España,
por cierto, en el año 1984, conjuntamente con Jorge Luis Ochoa y sus
esposas.
El señor PRESIDENTE: Señor Milián, si no lee usted más lentamente, creo
que las señoras taquígrafas no van a poder captar su información.
El señor MILIAN MESTRE: Digo que precisamente el año 1984 este señor fue
detenido en España junto a José Luis Ochoa y sus esposas, con un
incidente diplomático que después se produjo por causa de la extradición
¿Qué quiero decir con esto? Que a ETA realmente le pueden interesar
ciertos aspectos, ya no del terrorismo, sino de otras actividades que nos
pueden preocupar, especialmete cuando aparecen vinculaciones
continentales e iberoamericanas de otro orden y no estrictamente
«político», entre comillas, suponiendo, como dice también el informe en
algunos momentos, que el pueblo vasco está en guerra contra el Gobierno
español por las defensa de sus derechos para continuar «en la lucha
contra su opresor, el Gobierno español», como dice textualmente este
informe.
Consecuentemente, eso es lo que yo dejo encima de la mesa, porque
entiendo que muchas cosas que están ocurriendo ponen muy nerviosos a los
españoles, y sobre todo a los empresarios que negocian y trabajan en
aquellos países, y que pueden verse en riesgo ante ciertas
circunstancias.
El señor PRESIDENTE: Si le parece, señor Milián, pasamos a sus dos
preguntas restantes.
El señor MILIAN MESTRE: Las otras dos preguntas son más directamente
pormenorizadoras del problema de Méjico.
En Méjico, como decíamos en la comparecencia del Ministro del Interior,
en la cual él brindó la posibilidad de ampliar la información (por eso yo
espero que hoy tal vez usted pueda facilitarnos mayores datos a este
respecto), se han producido acontecimientos inquietantes. Al descubrirse
ese zulo en el barrio Santa Rosa, de Managua, aparecieron amplios
documentos (en algún papel de los que tengo por aquí se habla de unos
6.000 folios) entre los cuales se encontraba una serie de listados y de
informaciones confidenciales respecto a la identidad de varias personas
secuestrables. Concretamente, se hablaba de 150 personas en todo el
continente americano, de las cuales 77 eran específicamente mejicanas, y
ello motivó la inquietud creciente por parte de las personas que a mí se
me dirigieron en aquel país.
Precisamente, entre esas 77, había cuatro o cinco muy específicamente
pormenorizadas, al detalle mínimo, incluso movimientos y color de sus
automóviles, lugares donde aparcaban en la calle, etcétera, lo cual
quiere decir un seguimiento y una capacidad técnica del mismo
verdaderamente asombrosa para ser un país ajeno al propio. En ese sentido
hay que insistir en que, de esas personas, cinco ya están secuestradas y
dos de ellas, digamos, con altas peticiones por parte de ETA o de los
grupos terroristas que lo hayan cometido que se supone, por esta
interrelación entre las bases informativas y documentales y los hechos,
que pueda haber.
Una de estas personas es el banquero Alfredo Harp Helú, que es uno de los
propietarios de Banamex, por cuya libertad se piden, desde hace varios
meses, 7.000 millones de pesetas. Esto produjo un impacto extraordinario
en la sociedad mejicana y, evidentemente, este hombre supone en este
momento el botín más grande que pueda tener ETA a sabiendas de lo que por
él se pide y por la fortuna que parece respaldarle.
Otro, y más lamentable todavía para nosotros, ha sido el caso del hijo de
un español, asturiano para más señas, Angel Losada Moreno, cuyo padre es
propietario de una extensa cadena de almacenes, los «Gigante» (supongo
que es la equivalencia de la cadena norteamericana). Fue secuestrado el
26 de abril pasado y de él publicó el diario «ABC» unas semanas antes del
secuestro fotocopia, que tengo en mi poder, del «curriculum vitae» que la
ETA había redactado del personaje, de su hijo y de todos sus movimientos,
lo cual me parece asombroso.
Estos secuestros, como otros tres más que yo he mencionado, evidentemente
suponen una serie de vinculaciones operativas que el documento antes
mencionado, del Servicio de Inteligencia mejicano, corrobora. Y corrobora
hasta detalles inusuales. Cita, por ejemplo, la panadería donde operan o
se reúnen ciertos señores, o así lo hacían antaño (antaño quiere decir
dos o tres años). Habla de la empresa maderera que servía como carril de
conducto del tráfico de armamento que fabricaban en Méjico y en Veracruz.
Habla específicamente de las personas que se ocupaban del traslado de
estos materiales para atentados y demás hacia ciertos embarcaderos para
ser trasladados a la Península Ibérica (dice así: Península Ibérica). Se
refiere a cómo hubo una entrada masiva de etarras (habla hasta de 70) en
el período de López Portillo, con la no aquiescencia, sino con el apoyo
directo, es decir, con el visado consciente de
lo que se hacía por parte de la Embajada mejicana en Madrid. Habla
concretamente este informe de una serie de vinculaciones con grupos,
etcétera, y de sistemas de cobro por parte de ETA en Méjico (dice, por
ejemplo, que se cobra al contado o a plazos). Da cifras incluso de
algunos de los secuestrados que ya se han pagado en el pasado, etcétera;
no sigo porque si fuera a leerlo resultaría prolijo y cansaría a mis
colegas.
¿Qué ocurre con todo esto? Por ejemplo (un ejemplo sólo), dice el
informe: «a uno de los hermanos Vázquez Raña, Antonio Vázquez, de origen
gallego, le secuestraron tres veces, exigiendo en las dos primeras ocho
millones de pesos y en la última 25 millones, que se pagaron puntualmente
en cada ocasión. Al hotelero Amador Salcedo López también le exigían ocho
millones en 1987».
¿Qué quiere decir eso? En primer lugar, que las redes existen, que la
actividad de ETA existe, sin ningún lugar a dudas, en aquel país, y que
nuestro Gobierno, evidentemente, debería estar muy preocupado por razón
de estas informaciones.
Sin embargo, hay dos datos que a mí me inquietan especialmente: España no
tiene acuerdo de cooperación antiterrorista con Méjico, y esta no
existencia del acuerdo supone que estamos ensayando una serie de
colaboraciones, cual ha sido, por ejemplo, el traslado de ciertos
funcionarios de la lucha antiterrorista, en el mes de marzo, a Méjico. Y,
por otra parte, las autoridades mejicanas negaron hace dos años la
extradición a España de Esteban Murillo Zubiri, presunto miembro de ETA.
Aquí tenemos una laguna importante en nuestra actividad, reconocida por
el propio Ministro cuando habló de una actividad insuficiente, aunque
satisfactoria, de colaboración entre los dos Gobiernos. Ello establece
una serie de problemas adicionales a una situación determinada que,
realmente, a quienes están bajo riesgo de esta actividad en Méjico, les
asusta de modo particular. Es decir, que nuestros Gobiernos no mantienen
una plena cooperación, al menos a nivel jurídico institucional, aunque sí
parece que a nivel operativo ha empezado ya esa suerte de colaboraciones
informativas y operativas para atajar este gran riesgo que afecta
especialmente a los españoles residentes en aquel país.
El señor PRESIDENTE: El señor Subsecretario tiene la palabra.
El señor SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES (Ezquerra
Calvo): No puedo confirmar ni negar ninguna de las informaciones
aportadas por el señor Milián, que no me constan. Debo decir sólo que la
información que puedo proporcionar es la que, como ya ha señalado el
propio señor Milián, facilitó el Ministro de Justicia e Interior en su
comparecencia del día 18 de mayo ante el Pleno del Congreso.
Asimismo, quiero señalarle, como ya había dicho anteriormente, que, desde
el punto de vista español, la creciente cooperación policial de España y
Méjico, con un diálogo fluido y abundante, produce resultados
satisfactorios hasta el momento. Es cierto, como ha señalado el señor
Presidente, que hay extradiciones pedidas por España a Méjico que no han
sido concedidas, y también hay extradiciones de Méjico pedidas a España
que tampoco han sido concedidas. El Tratado de extradición vigente
permite, en el caso que ha citado y en algunos otros, el acceder o no
acceder a esa petición de extradición.
No tengo, por otro lado, ninguna información complementaria que aportar.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Milián.
El señor MILIAN MESTRE: Simplemente quiero constatar que seguimos a
oscuras. Esto se parece un poco a la famosa anécdota del filósofo catalán
Eugenio dÕOrs: oscurezcámoslo un poco y así no lo entenderán. Yo
comprendo que son informaciones a veces confidenciales, pero ciertamente
habría que ampliar alguna luz para que no se produzcan especulaciones
periodísticas que cada vez son más preocupantes, cual la que le refiero y
que aporta la revista mejicana «Proceso», que abundantemente ha aparecido
reseñada en la prensa española, especialmente de mano de «ABC» y algún
otro periódico que tengo a su disposición.
--RAZONES DEL CESE DEL DON JULIO CERON COMO AGREGADO HONORARIO EN LA
EMBAJADA DE ESPAÑA EN PARIS. FORMULADA POR EL SEÑOR RUPEREZ RUBIO.
(Número de expediente 181/000813.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 13, formulada por don
Francisco Javier Rupérez, sobre razones del cese de don Julio Cerón como
Agregado Honorario en la Embajada de España en París.
El señor Rupérez tiene la palabra.
El señor RUPEREZ RUBIO: Señor Subsecretario, la verdad es que fuimos
sorprendidos hace todavía pocos días por el cese de don Julio Cerón como
Agregado Honorario en la Embajada de París. Algunas versiones de este
cese se lo imputaban directamente a su antecesor, y no es baladí ni
anónima la noticia en sí, con independencia de cuáles sean las
precisiones que el señor Subsecretario tenga que ofrecernos al respecto,
y así lo han reconocido una buena parte de los medios de comunicación.
El señor Cerón, como el señor Subsecretario sabe y yo sé, tuvo en su
momento una actividad democrática clandestina importante que, junto con
algunos otros, pocos, compañeros de la carrera diplomática, le costó
precisamente la carrera en aquel entonces. El señor Cerón se convirtió,
en su momento también, en un cierto símbolo para todos aquellos que
dentro de la carrera --y fuera de ella, pero dentro de la carrera
concretamente-- pensábamos que la dictadura debía tener un pronto fin y
que debíamos entrar rápidamente en planteamientos democráticos. El señor
Cerón, posteriormente, ha tenido una recuperación profesional, ya en los
tiempos democráticos en España, también junto con algún otro compañero
que había sufrido
exactamente las mismas incidencias en su situación profesional como
consecuencia de sus actividades políticas, y había adquirido una
notoriedad como escritor fecundo, con independencia de cuáles fueran las
inclinaciones o manifestaciones de esa fecundidad escritora relativamente
reciente.
Esos son los datos que hacen que ese cese abruptamente producido, a lo
que parece, y en cualquier caso abruptamente presentado, produjera,
lógicamente, determinadas dudas que fueron suficientemente expresadas por
los medios de comunicación y de las cuales nosotros nos queremos hacer
eco, para saber cuáles han sido las razones que han incidido en ese cese,
cuáles han sido las razones también para presentarlo de manera tan
inoportuna y abrupta, a lo que parece sin ningún tipo de comunicación
previa al interesado, y cuáles son los contenidos a través de los cuales
le ha sido comunicado al señor Cerón el cese que recibió tan amplia
publicidad en su momento.
Estas son las razones, señor Presidente y señor Subsecretario, y los
contenidos que nos han llevado a formular esta pregunta, para la cual,
naturalmente, esperamos la adecuada contestación.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES (Ezquerra
Calvo): Como ha señalado el señor Rupérez, en efecto, don Julio Cerón
Ayuso, por sus actividades en pro de la democracia en época de la
dictadura, sufrió una condena de ocho años de prisión mayor por el delito
de «atentado a la forma de Gobierno» --entre comillas-- en grado de
provocación, que supuso su separación del servicio activo en abril de
1960. El señor Cerón, acogiéndose a la Ley de Amnistía 46/1977, solicitó
el retorno a la carrera diplomática, y fue, por tanto, suspendida la
sanción de separación del servicio. Y el 10 de noviembre de 1980 el señor
Cerón comunicó, una vez ya readmitido de nuevo en el servicio
diplomático, su propósito de optar por la excedencia voluntaria,
excedencia que le fue concedida. En 1983 manifestó su deseo de ser
nombrado Agregado a la Embajada de España en París, nombramiento que tuvo
lugar el 22 de febrero, figurando con esa condición en el pasaporte
diplomático que normalmente se les pide y comunicándose al Ministerio de
Asuntos Exteriores francés su carácter de Agregado de la Embajada en
España, con el que figura en la lista diplomática francesa.
El señor Cerón alcanzó la edad de 65 años el 15 de agosto de 1993, es
decir, alcanzó el paso a la jubilación que le correspondía en su
situación de excedencia voluntaria. Existiendo en la Embajada de España
en París dos Agregados Honorarios, que, como el señor Diputado sabe,
tienen carácter excepcional, y habiendo sobrepasado ambos la edad de 65
años, que normalmente supone para los funcionarios el pase a la
jubilación, se pensó en la conveniencia de cesar en su carácter de
Agregados Honorarios a ambos. En efecto, el pasado 22 de abril, el señor
Francisco Aldabe recibió la comunicación de su cese como Agregado
Honorario, se le comunicó oportunamente al Quai DÕOrsay y ha desaparecido
su nombre de la lista diplomática. Y posteriormente, por haber llegado y
haber superado ampliamente la edad de jubilación, se ha estimado oportuno
retirar dicha acreditación como Agregado Honorario de la Embajada de
España en París al señor Cerón, habiéndose comunicado dicha decisión al
Ministerio francés de Asuntos Exteriores. La razón, pues, fundamental en
los dos casos en los que los Agregados Honorarios han sido cesados ha
sido la edad.
El señor PRESIDENTE: Señor Rupérez, tiene la palabra.
El señor RUPEREZ RUBIO: Señor Subsecretario, presumíamos que la razón
fuera ésa, efectivamente; hubiera sido preocupante cualquier otra.
Naturalmente es una razón plenamente plausible y no cabría, en absoluto,
solicitar excepción para ningún tipo de situación funcionarial o
asimilada, lo que parece ser esto. Ahora, qué duda cabe que, con
independencia de la oportunidad o inoportunidad del momento en que fue
anunciado el cese --por lo visto, el anuncio correspondió a un momento
notablemente ulterior a cuando se había producido la situación
administrativa que llevaba al cese de los funcionarios a los que hace
referencia, y entre ellos el señor Cerón--; digo, con independencia de la
oportunidad o inoportunidad --yo me inclino más bien a pensar en la
inoportunidad-- del momento en que fue conocido ese cese, posiblemente
nos hubiéramos también evitado, en beneficio de todos, una situación
francamente incómoda si se hubieran tomado las medidas oportunas para que
ese cese fuera comunicado en su momento por los procedimientos no ya
puramente funcionariales, sino más bien personales, y consiguientemente
cualquier tipo de interpretación, seguramente torcida, que se ha
producido al respecto se hubiera podido evitar.
El señor Cerón tiene la aureola que el señor Subsecretario reconoce o a
la que ha hecho referencia, producida por sus actividades políticas en el
curso de la dictadura. El señor Cerón hubiera merecido un trato, por lo
menos, más atento, entendemos nosotros. El señor Cerón quizá hubiera
necesitado alguna comunicación previa de tipo personal para notificarle
cuál era la realidad administrativa de su caso y, consiguientemente,
evitar, como digo, cualquier interpretación que muy claramente en este
momento se ha venido vinculando a una voluntad, que yo me atrevo a negar
pero que otros han presumido, por parte del Ministerio de Asuntos
Exteriores, de proceder con el señor Cerón con alguna intencionalidad
vindicativa en función de los planteamientos y de las posiciones que el
señor Cerón estaba adoptando recientemente con respecto al Gobierno
socialista y a sus representantes.
Creo, señor Subsecretario, y se lo digo sabiendo que el que debería
escuchar estas palabras no es usted, sino su predecesor, que al fin y al
cabo fue seguramente el que tuvo ocasión de firmar esas decisiones
administrativas. Pero creo que es bueno que reflexionemos en torno a
ellas para que no sólo la puridad o el estricto sentido de las
aplicaciones de las leyes y de los reglamentos, sino también
una consideración más general de lo que son las personas, la historia de
las personas, las aportaciones de las personas sean tenidas en cuenta, y
en un sector tan sensible como es precisamente el Ministerio de Asuntos
Exteriores estas inoportunidades o torpezas puedan ser evitadas. En
cualquier caso, no quiero con ello introducirme en terrenos que no son
estrictamente nuestros en este momento, cuales son los puramente
administrativos. Quizá el señor Cerón necesitara, más allá de la carta de
cese, que presumo fría y deshumanizada, como son todas esas cartas, algún
tipo de contacto personal, puede que por parte del señor Subsecretario,
para explicar un poco su situación y evitar esa torcida interpretación,
seguramente no querida por el Ministerio, pero inevitablemente producida,
que ha ocasionado la noticia de su cese.
El señor PRESIDENTE: Damos por concluido este punto del orden del día.
Liberamos al señor Subsecretario de la tarea de su comparecencia no sin
añadir, una vez más, nuestra felicitación y decirle que ésta es su casa,
ésta es su Comisión y siempre será bienvenido a ella. Muchas gracias.
(Pausa.)
--MEDIDAS PARA MODIFICAR LOS CRITERIOS DE NUESTRA COOPERACION Y AYUDA AL
DESARROLLO CON EL FIN DE QUE, EN PAISES COMO MEJICO, LAS AYUDAS VAYAN
DESTINADAS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS POBLACIONES MAS
NECESITADAS. FORMULADA POR EL SEÑOR HERNANDO FRAILE (GP). (Número de
expediente 181/000692.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a continuar la sesión.
Doy la bienvenida al señor Secretario General, señor Villar, que nos
acompaña en esta Mesa para contestar las preguntas siguientes.
Concretamente, empezaremos, retomando el orden inicial, por la pregunta
que lleva el número 2: medidas para modificar los criterios de nuestra
cooperación y ayuda al desarrollo, con el fin de que, en países como
Méjico, las ayudas vayan destinadas a mejorar las condiciones de vida de
las poblaciones más necesitadas, cuyo autor es el señor Hernando Fraile,
del Grupo Popular, que tiene la palabra.
El señor HERNANDO FRAILE: Entre 1990 y 1993, España destinó, en programas
de ayuda oficial al desarrollo, ya sea a través de ayudas directas con
organizaciones no gubernamentales o a través de créditos del fondo de
ayuda al desarrollo, cerca de 81.000 millones de pesetas para ese país.
De esos 81.000 millones, 78.677 irían a través de fondos de ayuda al
desarrollo. Méjico se convertía así, en estos últimos tres años, en el
país más beneficiado por nuestros recursos dedicados a la ayuda al
desarrollo. Sin embargo, el Gobierno confirmaba hace unos días, a una
pregunta realizada por el Grupo Popular, que el estado más pobre de
Méjico, Chiapas, tan sólo había sido beneficiado en cien millones de
pesetas en dos proyectos desarrollados por organizaciones no
gubernamentales.
A nuestro juicio, esto significa que en estos momentos, o bien falla el
sistema de detección de necesidades en nuestra ayuda oficial al
desarrollo, o bien los criterios que se aplican no son los más adecuados.
Porque no se explica, señor Secretario General, que no más del 0,1 por
ciento del total de nuestra ayuda fuera destinado a ese estado que, como
decía antes, es el más pobre de Méjico.
Por eso es por lo que le preguntamos qué medida piensa adoptar el
Gobierno para modificar los criterios de nuestra cooperación y ayuda al
desarrollo con el fin de que, en países como Méjico, las ayudas vayan
destinadas a mejorar las condiciones de vida de las poblaciones más
necesitadas, y en este caso de las poblaciones más pobres.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario General.
El señor SECRETARIO GENERAL DE POLITICA EXTERIOR (Villar y Ortiz de
Urbina): Quisiera, ante todo, señalar a S. S. que, lamentablemente, el
Secretario de Estado de Cooperación, señor Dicenta, que tendría que haber
venido a responder a esta pregunta, no ha podido hacerlo por enfermedad y
me ha pedido que yo trate de contestar a su señoría. Voy a intentar
hacerlo en la medida de mis posibilidades, aunque el tema no es de mi
directa competencia.
El pasado mes de febrero, la Comisión Interministerial de Cooperación
Internacional, que preside el Secretario de Estado para la Cooperación
Internacional en Iberoamérica, aprobó las líneas, los criterios
fundamentales que van a regir a partir de ahora la cooperación y ayuda al
desarrollo, es decir, los criterios y líneas que van a regir la
cooperación y ayuda al desarrollo con cargo a los presupuestos de 1995.
Estos criterios responden a un principio general, a un principio básico
manifestado en la primera de ellas: la consideración del ser humano como
núcleo central de toda política de cooperación al desarrollo.
Consideración que lleva aparejada una concentración de la ayuda en las
poblaciones más desfavorecidas de las zonas más necesitadas de aquellos
países con los que España coopera. Entraña también una atención especial
a la satisfacción de las necesidades básicas, especialmente atención
primaria a la salud, educación básica y formación profesional. Se trata,
pues, de poner el énfasis en el alivio de la pobreza, lo que requiere
prestar una especial atención a aquellos sectores que contribuyen a
mejorar el nivel de vida de las poblaciones más necesitadas.
Las líneas o criterios básicos para 1995 que se acordaron hace unos meses
en la Comisión Interministerial los voy a exponer muy brevemente, y
después me voy a concentrar un poco más en el primero de ellos, porque es
el que hace referencia al problema muy real que plantea su señoría.
El primer criterio sería, como he señalado, el de la concentración en el
desarrollo humano. El segundo, el de la concentración y especialización
geográfica y sectorial;
tratar como regla general de no asumir gastos que no vayan a tener un
impacto significativo para determinados sectores y en determinados países
y, por tanto, intentar cada vez más concentrarse en países prioritarios
con proyectos de cierta envergadura. El tercer criterio sería el de la
cooperación integral; la coordinación de los flujos públicos y privados
para trascender el ámbito de la mera ayuda e impulsar la multiplicación
de contactos directos entre personas, empresas e instituciones a todos
los niveles, integrando --por supuesto es crucial-- al sector privado. El
cuarto criterio, el de la distinción del tipo de cooperación en función
del nivel de desarrollo de los países receptores. El quinto criterio, el
de la coordinación con otros donantes y con organismos multilaterales y,
fundamentalmente, todos los organismos dedicados a la cooperación para el
desarrollo en el marco de la Unión Europea. En sexto lugar, la atención
especial a la consecución de un desarrollo sostenido; por tanto, intentar
tener cada vez más en cuenta los programas de cooperación, el impacto
medioambiental, los temas de población y los de desarrollo social. Y, en
séptimo y último lugar, la integración de los programas de condonación de
la deuda en la cooperación al desarrollo.
Estos serían los criterios que deberían inspirar cada vez más, en la
medida de lo posible, los distintos programas de cooperación y, en
general, la política de cooperación para el desarrollo que va a realizar
nuestro país.
Como indicaba, el primer criterio, el de la concentración al desarrollo
humano, es el que se refiere directamente a alguno de los problemas que
plantea en su pregunta S. S. y, en definitiva, mediante la aplicación de
este criterio se trataría de dar prioridad, en primer lugar, a las
políticas de gasto social que persigan dar un mínimo de oportunidades de
desarrollo a amplias capas de la población, es decir, políticas de
creación de empleo, atención primaria a la salud --sobre todo a través de
programas de salud preventiva--, la educación básica y la profesional. En
segundo lugar, dar prioridad a los países más desfavorecidos y, dentro de
ellos, a los núcleos de población más pobres y vulnerables. En tercer
lugar, tratar de desarrollar cada vez más programas específicos de
eliminación de tensiones político-sociales y, en consecuencia, también
programas que tengan que ver con el apoyo, muy activo por otra parte, que
estamos dando desde hace algunos años a los procesos de paz en ciertas
zonas, en ciertas regiones, Centroamérica, Magreb, Oriente Medio, en
particular en los territorios ocupados de Africa meridional. Finalmente,
el apoyo a políticas que refuercen el Estado democrático y, con arreglo a
este criterio, intentar mejorar o desarrollar los programas de ayuda de
emergencia, directamente o a través de los organismos internacionales
competentes.
De manera que éstos son los criterios que deberían inspirar, a nuestro
juicio, la política de cooperación para el desarrollo, y con arreglo a
ellos confiamos en que se puedan mejorar o lanzar nuevos programas que
hagan frente a problemas como el que ha señalado S. S., muy real y muy
preocupante, en el Estado de Chiapas, en Méjico.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Hernando.
El señor HERNANDO FRAILE: El Secretario General ha pasado a describir una
serie de criterios con los cuales nosotros, sin duda alguna, coincidimos
en gran parte, pero la verdad es que esos criterios también han existido
en anteriores ocasiones y lo que hemos visto es que no se ha producido
ese deseo de favorecer a los países más pobres, ese deseo o ese criterio
de favorecer a los sectores de población más necesitados con nuestra
ayuda oficial al desarrollo.
Creo, señor Secretario General, que aquí existe un grave problema de
descoordinación entre lo que es la Secretaría de Estado de Comercio
Exterior y la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional. Como
usted sabe, además, el Parlamento aprobó una serie de resoluciones en las
que se pedía precisamente que, de una vez por todas, se adoptaran,
precisamente, medidas tendentes a coordinar esos esfuerzos.
No puede ser que un país como Méjico, que ya ha quedado fuera de las
ayudas oficiales al desarrollo y de los créditos del fondo de ayuda al
desarrollo según los criterios marcados por el consenso OCDE, haya sido
el país más beneficiado en estos tres últimos años por nuestra ayuda
oficial al desarrollo, y además lo que no es posible es que no se hayan
beneficiado de ello los territorios o las poblaciones más desfavorecidas.
Por tanto, sí le agradezco que para el PACI-95 se planteen esos
criterios; son criterios que muchos de ellos existían, pero lo que les
pido y les exijo es que los cumplan a la hora de determinar los destinos
de la ayuda oficial al desarrollo, si no, señor Secretario General, de
aquí a un año tendremos que vernos con lo mismo que ha venido ocurriendo
hasta ahora. Quizá a lo mejor en vez de estar hablando de Méjico o del
estado de Chiapas podamos estar hablando de otro país, de otro estado o
de otra región, pero, si de una vez por todas no se establecen criterios
de coordinación entre los distintos organismos del Estado para beneficiar
los objetivos que se marca nuestra cooperación internacional y nuestra
ayuda oficial al desarrollo, seguiremos igual que hasta ahora.
--POLITICA QUE DESARROLLARA EL GOBIERNO EN RELACION CON LA ZONA DEL
SURESTE ASIATICO. FORMULADA POR EL SEÑOR MUÑOZ-ALONSO Y LEDO (GP).
(Número de expediente 181/000711.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos, por consiguiente, a la pregunta número 3,
de la que es autor don Alejandro Muñoz-Alonso, del Grupo Popular, sobre
política que desarrollará el Gobierno en relación con la zona del sureste
asiático.
El señor Muñoz-Alonso tiene la palabra.
El señor MUÑOZ-ALONSO Y LEDO: Señor Secretario General, planteo esta
pregunta sobre la política española en el sureste de Asia porque creo que
es un tema del que hablamos pocas veces y que interesa que explicitemos.
Es una zona del mundo --y lo vemos cada día en la
prensa-- que tiene cada vez más importancia y más incidencia, hasta en la
propia vida cotidiana de muchos ciudadanos. No hay más que ver la
cantidad de productos electrónicos y de otro tipo procedentes de aquella
zona que usan muchos ciudadanos en nuestro país y en otros países.
Por otra parte, en el momento actual, donde cada vez estamos más cerca de
aquella profecía que hizo Macluhan de la aldea global o lo que otros
llaman la sociedad global, creo que no tendría sentido que consideráramos
aquella zona como una zona remota o demasiado alejada, que, por tanto,
tuviera para nosotros poco interés. Siempre que se habla de zonas remotas
o de zonas alejadas me acuerdo de aquella desgraciada frase de
Chamberlaine, volviendo de Munich en 1938, cuando dijo que aquella era
una tierra lejana, habitada por gentes que no conocíamos, y en muy poco
tiempo aquello fue una de las chispas que incendió a Europa entera.
No voy a hacer aquí un estudio sobre la importancia que tiene la cuenca
del Pacífico; todos lo conocemos. Se la suele considerar en estos
momentos --y creo que es una caracterización adecuada-- como la zona más
dinámica del mundo, y eso ya tiene, sin duda, un enorme interés. El eje
económico mundial parece bastante claro que ha pasado del Atlántico al
Pacífico, como hace cinco siglos pasó del Mediterráneo al Atlántico, y en
los Estados Unidos se ha vivido en estos últimos años un creciente
interés por todo lo que hacía referencia al Pacífico. Se llegó a decir
que el sol sale por el oeste, en el sentido de que las perspectivas de
futuro para el propio desarrollo de la economía norteamericana había que
plantearlas mucho más mirando al Pacífico que mirando al Atlántico, algo
que también nos debe hacer reflexionar.
En estos momentos, según datos que se publicaban cuando se celebró la
Conferencia de la APEC, en noviembre pasado, creo recordar, se señalaba
que ya los Estados Unidos tienen muchísima más transacciones económicas
con la zona del Pacífico que con la zona del Atlántico. Pero, por decirlo
de una manera muy simple, en aquella zona, aunque esté un poco más al
norte del sureste, está una de las grandes superpotencias económicas del
mundo, el Japón, y después están los llamados cuatro dragones: Corea del
Sur, Hong Kong, Taiwán y Singapur, con un dinamismo realmente
impresionante, y aparecen ya varios aspirantes a convertirse en el quinto
dragón: por una parte puede estar Tailandia, otros hablan de Malasia o de
Indonesia, incluso de Vietnam se está hablando ya por su enorme capacidad
de crecimiento económico y, por supuesto, está el tema excepcional e
importantísimo que representa China.
Estos países los hemos conocido, desde el punto de vista económico,
fundamentalmente como países exportadores, pero son también países que
tienen unos mercados muy importantes, no sólo China, sino además otros de
la cuenca del Pacífico. Son países inversores, como es el caso de Japón,
de Corea del Sur, de Taiwán, pero también son países con una enorme
capacidad para recibir inversiones. En ellos está planteada la necesidad
de modernizar sus infraestructuras, y ahí los países occidentales --y
desde luego el nuestro-- tienen unas posibilidades que creo que no se
deben descuidar.
Son, por otra parte, países con crecientes niveles culturales, y la
lengua y la cultura española en algunos sitios de aquella zona se sigue
con mucho interés; en el Japón, por ejemplo, hay un enorme interés por la
cultura española y también en otros países.
Hace unos años visité un departamento de español en la Universidad Tam
Kang, en Taiwán, y me dejó sorprendido, primero, el enorme éxito que
tenían las enseñanzas de español y, después, cómo desarrollaban aquella
tarea prácticamente sin ningún tipo de ayuda. Hace muy poco recibí una
carta de ese departamento en el que buscaban profesores de español, y
parece ser que tenían dificultades para encontrarlos. Es decir, toda una
serie de problemas que creo que no debían pasarnos inadvertidos en
absoluto.
Esos países tienen, sin ninguna duda, unas posibilidades económicas de
futuro muy amplias, aunque sólo sea por los enormes niveles de ahorro.
Hay una cifra muy importante, y es que los dragones ahorran un tercio de
su producto nacional bruto, con lo cual posiblemente se ponen a la cabeza
del ahorro. La importancia que tiene el ahorro en estos países se debe a
razones culturales, que se transforman inmediatamente en unas
potencialidades económicas realmente impresionantes.
Para reflexionar sobre lo que significan estos países, bastaría constatar
que, mientras el mundo entero se ha debatido en una crisis de la que
difícilmente está saliendo, ellos han permanecido en plena situación de
expansión, no les ha afectado la crisis o les ha afectado de una manera
muy remota y muy lejana.
Existe un problema, que se creen bloques comerciales regionales, de lo
que se ha hablado mucho en estos últimos tiempos, y que, de alguna
manera, allí se pueda crear un bloque que, de un modo u otro, pueda
quedar aislado del resto. Es la tesis de Huntington y de las guerras
entre las civilizaciones, cuyo correlato económico serían esas guerras
frías comerciales interregionales, de las que hace poco hablaba un autor,
Dobs Higginson, especialista en esta zona.
Hay algunos datos en este sentido que podrían hacernos reflexionar. Según
un estudio del Nomura Research Institute, que es un grupo de estudios de
una entidad financiera japonesa, en 1989, el 40 por ciento del comercio
de esa zona se desarrollaba dentro de la misma zona. Para el año 2000,
este grupo de estudios prevé que será ya el 55, es decir, el comercio se
concentra en la zona y parece que no tiene mucha capacidad de expandirse
hacia afuera. Se confirmaría así la tesis de los bloques comerciales
regionales, que es una cosa que nos debería hacer pensar, una vez que se
ha aprobado la Ronda Uruguay y una vez que se ha puesto en marcha la
organización mundial de comercio.
Aquí hay un problema, que creo que es un elemento básico siempre que se
habla de esta zona, y son los conflictos entre valores y tradiciones. Hay
temas, como el de los derechos humanos, que requieren una especialísima
atención, o el tema del llamado «dumping» social, que también requiere un
análisis que está todavía por completar.
Al mismo tiempo, en aquella zona hay otros peligros que no creo que
puedan pasar inadvertidos. Estos días
recientes tenemos en la prensa la situación de Corea del Norte y la
cuestión nuclear, con su negativa a recibir una inspección de sus
instalaciones nucleares. Por otra parte, en esa zona, desde hace ya
algunos años, hay una preocupante carrera de armamentos. Estos países se
están rearmando; en un momento en que en el resto del mundo se están
produciendo avances muy significativos en el desarme, en esa zona se está
produciendo, insisto, un rearme muy peligroso, sobre el cual creo que
también habría que reflexionar.
Creo que España tiene algo que hacer en esa zona. Es seguro que no sea
nuestra zona prioritaria, tenemos otras, como Europa, Iberoamérica o el
Mediterráneo, que son sin duda para nosotros de inmediato interés, pero
creo que no debemos descuidar aquella parte del mundo. En ese sentido,
debemos formular una política completa hacia esa zona. España es, en
estos momentos, miembro no permanente del Consejo de Seguridad, aspira a
tener una presencia más frecuente en ese organismo, en cuya posición en
la política mundial es inútil que yo me detenga ahora, por lo que le debe
interesar lo que pasa en todo el mundo, y de una manera muy especial lo
que pasa en esa parte.
Cuando digo que habría que formular una política me refiero a que en el
organigrama del Ministerio tenemos una Dirección General de América del
Norte y Asia, aunque nunca he entendido muy bien por qué se une eso,
imagino que es por razones de economía administrativa. Después, si no
estoy mal informado, hay dos subdirecciones, una de Filipinas y Pacífico
y otra de Asia Continental. Creo que, a partir de esas estructuras
organizativas, habría que intentar formular una política que se
concretara no sólo en viajes. Tanto el Presidente del Gobierno como el
Ministro de Asuntos Exteriores han visitado aquella zona, por lo menos
China, y el Ministro de Asuntos Exteriores algún otro país no hace muchos
meses. Se ha dedicado una especial atención a China, pero creo que los
otros países de la zona requieren también una cierta atención. Y esa
política que propongo entiendo que debe constar, al menos, de tres
puntos. Primero, un análisis completo y coherente de la situación y de
las perspectivas de la zona, con una información actualizada; me refería
a esas cuestiones de Corea del Norte o de la carrera de armamentos, de
los que creo que vale la pena hacer un seguimiento permanente. En segundo
lugar, una evaluación de los intereses y de las posibilidades de España
allí. Y, en tercer lugar, una serie de acciones, de las que unas tienen
que desarrollarse en el ámbito comercial y las otras tienen que tener --y
ya he hecho alusión a ello-- un fuerte contenido cultural. Todo ello, sin
ninguna duda, debe conciliarse con un enfoque europeo.
Estamos en la Unión Europea; existe, al menos diseñada intencionalmente,
una política europea y de seguridad común, y valdría la pena integrar
todo en ese marco, aunque observo que, muy a menudo, nuestros socios en
la Unión Europea hacen sus propias políticas y no las supeditan en
absoluto a lo que se pueda decidir en el marco de esa política europea de
seguridad común. Muy claro es el caso francés que, desde muchos puntos de
vista, puede servir como una referencia. Recientemente, el Ministro de
Exteriores francés, señor Juppé, en el mes de abril visitaba esa zona y
decía que Francia no podría tener ante ella ni indiferencia ni
negligencia. Creo que eso nos valdría también a nosotros. Y decía algo
que me llamó la atención: El empleo francés --en un momento en que en
Francia, igual que aquí, se preocupan por el paro-- se juega también en
Asia. Deberíamos pensar en eso.
Quizás para resolver algunos de los problemas interiores que nos acucian
hay que ir hacia fuera y puede que muy lejos. En el caso francés, hay que
tener presente que no se están vendiendo sólo armas, como en alguna
ocasión se ha dicho, aunque evidentemente haya un comercio de armas. Por
ejemplo, por dar unos datos más o menos curiosos, en el ámbito de los
perfumes, en 1993 en Corea del Sur ha aumentado un 37 por ciento la
importación de perfumes franceses, y en Hong Kong ha aumentado un 14 por
ciento. Nos encontramos con una economía que está intentando aplicar
todas sus posibilidades y recursos en todas partes del mundo y, desde
luego, también allí.
Hay otras posibilidades, hay posibilidades en el ámbito de las
telecomunicaciones. Conozco que la empresa española Alcatel, aunque sea
parte de una multinacional, la rama española está teniendo una actividad
muy notable en China, pero hay otras posibilidades, como digo, no sólo
China. Hay posibilidades en el ámbito de los transportes, están muy
interesados en trenes de alta velocidad, y pienso que el Talgo podría
hacer cosas en aquella zona; en el ámbito de la aeronáutica, en el ámbito
del desarrollo urbano, y en el ámbito de la energía. Es decir, hay una
serie de campos que creo que debían estudiarse sistemáticamente porque la
presencia española allí en ese sentido podría ser muy importante.
El objeto de mi pregunta, señor Secretario General, era sencillamente
saber qué está haciendo el Gobierno en esa zona y, en todo caso, instar a
que se considere que allí hay unas posibilidades económicas y culturales
que no debemos descuidar.
El señor PRESIDENTE: El señor Secretario General tiene la palabra para
contestar.
El señor SECRETARIO GENERAL DE POLITICA EXTERIOR (Villar y Ortiz de
Urbina): Agradezco al señor Muñoz-Alonso que haya planteado esta pregunta
porque, efectivamente, me parece un tema de la mayor importancia, que va
mereciendo que le dediquemos una atención cada vez mayor. Desde el
Ministerio, en la medida de nuestras limitadas posibilidades, lo estamos
intentando hacer ya desde hace tiempo.
Debo añadir también que comparto en líneas generales, el planteamiento
que ha efectuado su señoría. Por tanto, no voy a tratar de repetir muchos
de los puntos que ha planteado, a mi juicio acertadamente, en relación
con el interés de la zona, interés creciente no sólo económico, en
algunos casos espectacular, sino también interés político,
geoestratégico, en un mundo cada vez más pequeño, etcétera.
Creo que es una cuestión tan importante, tan interesante y de tal
complejidad que probablemente requeriría una comparecencia, pero como se
trata de una pregunta, insistiendo en que comparto el planteamiento de S.
S., voy a
intentar aportar algunos datos concretos en relación con lo que desde el
Ministerio de Asuntos Exteriores estamos intentando hacer en esa zona del
mundo de interés y de importancia crecientes.
Efectivamente, hasta hace pocos años, por una serie de razones, la
lejanía geográfica, la falta tradicional de una presencia mínimamente
significativa de España en todos los órdenes en esta zona, con alguna
excepción, como podría ser cierta presencia cultural decreciente, con mil
problemas en Filipinas, también el bajo nivel de desarrollo de la región,
hasta fechas relativamente recientes, es absolutamente cierto que los
países del sudeste asiático ocupaban un lugar claramente marginal en
nuestra política y en nuestra acción exterior. Sin embargo, debo decir
que a partir de la década de los ochenta esta región, a medida que iba
experimentando un notable desarrollo comercial y financiero (las tasas de
crecimiento medio anuales acumuladas de la región son de casi el 10 por
ciento), ha ido suscitando un interés creciente en el marco de nuestra
política y de nuestra acción exterior; un interés económico, un interés
comercial, en algunos países un interés cultural y, por qué no decirlo,
también un interés consecuentemente político creciente.
Debo decir también que este interés creciente obviamente no se da sólo en
el caso de nuestro país, sino en la práctica totalidad de los países;
todos los países aspiran a tener una proyección exterior significativa y
ningún país occidental es la excepción. Tampoco lo es la Unión Europea,
aunque como es un punto concreto que ha planteado S. S., sí me gustaría
decir que en la Unión Europea, por lo menos en lo que se refiere al
llamado pilar de la política exterior y de seguridad común, a mi juicio
todavía la atención que se presta a esta zona del mundo es muy pequeña y
muy limitada.
Hay un diálogo político que se extiende también, por supuesto, a los
temas de cooperación económica, financiera, técnica, etcétera, por
ejemplo, con los países de la Asean; con dificultades, hay cierto diálogo
también político Unión Europea-China y poco más. Lo cierto es que, como
sabe S. S., desde hace algún tiempo la acción exterior y las políticas
comunes o que intentan ser comunes de la Unión Europea están
obsesivamente centradas en Europa del Este, en la antigua Unión Soviética
y realmente a esta zona, como digo, no se le está prestando la atención
que merecería.
Nuestras relaciones bilaterales con los países del sudeste asiático están
basadas, por supuesto, en la creciente importancia en todos los órdenes
de la región y estamos intentando potenciarlas a través de un diálogo
político que sea cada vez más fluido. Creo que en los últimos años se han
producido en relación, si no con todos los países de la zona, con casi
todos, importantes avances a este respecto, como, sobre todo, a través de
nuestra acción de promoción, estímulo y apoyo a las actividades o a los
intentos, también crecientes, pero todavía claramente insuficientes y muy
limitados de nuestras empresas, de nuestro sector exportador, de nuestras
inversiones, etcétera.
Desde el punto de vista del diálogo político, pero también de la
promoción de nuestros intereses económicos, efectivamente, y S. S. hacía
referencia a ello hace un momento en su intervención, ha habido numerosos
viajes a los países de la región en los últimos tiempos, después de que
prácticamente no hubiera habido ninguno durante décadas. Su señoría
también ha hecho referencia en este sentido, por ejemplo, al reciente
viaje del señor Ministro de Asuntos Exteriores, el primer viaje oficial,
a Thailandia y Malasia, también visitó Corea del Sur; pero en esta
intervención los datos concretos que quiero dar son los referidos a lo
que convencionalmente denominamos sudeste asiático más que Extremo
Oriente. Como digo, el Ministro efectuó un viaje a Thailandia y Malasia y
su idea y deseo, en la medida que lo permita su cada vez más cargada
agenda y su calendario, es poder efectuar al menos un viaje al año a esta
zona. Estos viajes, además, como decía antes, se conciben como objetivo
importante de promoción y apoyo a nuestras empresas y de hecho en algunos
casos ha podido ir acompañado o ha coincidido con la presencia de
empresarios españoles en los mismos.
El Presidente de Filipinas tiene previsto visitar España el próximo mes
de septiembre. Ya que estamos hablando de Filipinas voy a dar algunos
datos concretos. Obviamente en Filipinas, donde el crecimiento económico
después de años de serias dificultades parece que empieza a ser
relativamente importante, parece un país que también está en fase de
despegue, de momento debo decir que nuestra acción ha estado más centrada
en los intentos de promoción y difusión de la lengua y la cultura
española, más que en las relaciones económicas, aunque también en la
cooperación al desarrollo. Filipinas, de hecho, hasta el momento, en esa
zona del Pacífico, ha sido el mayor receptor de la ayuda y la cooperación
española, aunque sea limitada.
Como digo, la acción se ha desarrollado, sobre todo, en el ámbito
cultural, y a ese respecto me permito señalar, porque me parece que es
muy importante, la reciente inauguración, por parte de la Infanta doña
Elena, del Instituto Cervantes, de Manila, primer centro de este tipo
abierto en un país asiático y que coincidió con otro evento, a mi juicio
muy importante, como es el inicio de un servicio de Televisión Española a
dicho país, programa subvencionado por el Instituto de Cooperación para
el Desarrollo de la Agencia de Cooperación, del Ministerio de Asuntos
Exteriores.
Por lo que se refiere a Thailandia, y como he dicho, me voy a limitar a
dar algunos datos concretos, puesto que un planteamiento coherente y más
riguroso exigiría mucho tiempo y probablemente una comparecencia, el
Ministro de Asuntos Exteriores, señor Solana, visitó recientemente ese
país, el pasado mes de enero. Como señalé antes, uno de los objetivos
fundamentales fue también el de impulsar los intercambios comerciales que
empiezan a ser relativamente importantes. Aparte de ese comercio
creciente debo decir que en el caso de Thailandia se está desarrollando
una cooperación, en el terreno de la defensa, también de relativa
importancia. Uno de los resultados más concretos en este terreno es el
encargo por parte de la marina thailandesa de un portahelicópteros por
valor de 350 millones de dólares, estando también en fase de tramitación
final
la venta de diez aviones tipo Harrier, de segunda mano, así como el
concurso de equipamiento del propio helicóptero. La construcción por la
empresa Bazán del citado portahelicópteros ha sido un factor estimulante
para otros países que ven en la industria de defensa española un posible
abastecedor.
Está en estudio un proyecto de participación española en la modernización
del sistema ferroviario de Thailandia y también está habiendo contactos
prometedores a través de Construnaves para la exportación de barcos
pesqueros a dicho país. Estos son, en este momento, los proyectos que
están en curso y que me parecen de mayor relevancia en relación con
Thailandia.
En relación con Malasia también hay cooperación en el terreno de la
defensa y en concreto en la cuestión de la modernización de la marina de
ese país, consistente en la adquisición de varias patrulleras de altura y
el reacondicionamiento del astillero militar de Lumut. Por supuesto, la
cooperación y las inversiones no se limitan a ese terreno, sino que hay
también perspectivas de adjudicación de un concurso para suministrar 44
unidades motorizadas eléctricas para los ferrocarriles malayos. Es de
destacar, por otra parte, la presencia en Malasia de empresas españolas
como la cadena de hoteles Sol-Meliá, Iberia, que en consorcio con la
empresa alemana Dorner está construyendo un centro de mantenimiento de
motores en el aeropuerto de Kuala Lumpur y AE, Astilleros Españoles, que
acaba de obtener la construcción de dos portacontenedores para la
Malaysian International Shipping Corporation.
Por lo que se refiere a Indonesia, la relación bilateral ha experimentado
un impulso importante a raíz de la visita que efectuó hace un par de años
el Ministro de Asuntos Exteriores a nuestro país y de la consecución de
una serie de importantes contratos en el mismo por parte de empresas
españolas, fundamentalmente los contratos obtenidos por la empresa
española CASA con la empresa indonesia IPTN, para la construcción de
aviones C-212 y C-235. Hay en estos momentos también un proyecto de
cooperación del BBV-Trade, por un total de 200 millones de dólares, para
financiar transferencia de tecnología y la construcción de 47 barcos en
Indonesia.
Para concluir la breve referencia a los países de Asean, por lo que
respecta a Singapur, la relación empieza y se lanza con motivo de la
visita del entonces Ministro de Asuntos Exteriores de dicho país a
España, en el año 1990, y es una relación que también en el terreno
comercial y económico va cobrando cierta importancia. Tenemos una pequeña
oficina comercial, aunque no tenemos embajada en ese país.
Quisiera concluir simplemente refiriéndome a la otra subregión del
sudeste asiático que son los países de Indochina. Ciertamente tanto por
razones políticas como económicas todavía es una región menos atractiva
que la otra subregión de los países de Asean, pero, a pesar de todo,
puede señalarse también que con carácter general y una vez que, también
con cierta participación española, ha concluido el proceso de transición
tan importante que han llevado a cabo las Naciones Unidas en Camboya,
empieza a haber bastante mayor estabilidad política, que está permitiendo
encuadrar cierto despegue económico que en el caso de alguno de ellos,
como por ejemplo Vietnam, empieza a ser bastante importante. En Vietnam
están tratando de seguir, hasta cierto punto y salvadas las distancias,
el modelo chino de desarrollo y parece que por el momento, desde el punto
de vista económico, está dando bastante resultado, hasta el punto de que
en estos momentos tenemos en proyecto para mejorar e incrementar nuestro
despliegue diplomático en la zona, quizá para el año próximo, y si lo
permite nuestro presupuesto, la apertura de una embajada residenciada en
Hanoi, que de momento completaría el despliegue diplomático en la zona,
que en líneas generales es bastante reciente. Por ejemplo, nuestra
embajada en Malasia, en Kuala Lumpur, desde hace unos años, y las otras
eran unas embajadas que hasta poco tenían una pequeña actividad, sin
oficinas comerciales. La verdad es que últimamente se ha hecho un
esfuerzo importante en ese sentido y, en definitiva, estamos tratando de
impulsar la relación española con todos estos países de la región en los
distintos terrenos.
Creo que estos últimos años hemos hecho bastantes cosas y desde luego los
países del sudeste asiático han subido bastante en la escala de
prioridades de nuestra acción exterior. Por supuesto, queda muchísimo por
hacer y estoy de acuerdo con S. S. en que es una zona que ofrece amplias
posibilidades que deben también ser aprovechadas por nuestros sectores
privado, público, exportador, comercial, etcétera, pero naturalmente
desde el Ministerio de Asuntos Exteriores estamos tratando de fomentar
esta penetración y esta presencia creciente con todos nuestros medios.
El señor PRESIDENTE: ¿El señor Muñoz-Alonso quiere intervenir? (Pausa.)
Tiene la palabra.
El señor MUÑOZ-ALONSO LEDO: Señor secretario general, muchas gracias por
su información, que ha completado mis datos.
Como regla general, creo que sería bueno que cuando se hace ese tipo de
viajes, se hiciera después un balance del resultado de los mismos
diciendo para qué han servido efectivamente. Quizá tiene razón al decir
que el tema tiene tanta importancia que valdría la pena una comparecencia
detallada no sólo sobre el sudeste asiático, sino sobre todo lo que es
aquella zona del mundo.
Al igual que usted, yo hablaba de cuestiones económicas y cuestiones
culturales. Todo eso hay que enmarcarlo en una concepción de tipo
político y cuando lo hacemos así nos aparecen inmediatamente, y aludía
antes de pasada a ello, problemas como el de los derechos humanos y, en
realidad, el contraste de valores. Creo que evidentemente hay que
respetar los valores distintos y no tratar de imponer los nuestros, pero,
por otra parte, en cuestiones como la de los derechos humanos, hay que
ser muy claros y muy tajantes.
Observo que en general muchas veces los países occidentales, no hablo de
España en concreto, actúan con cierta hipocresía. Es decir, supeditan
ciertos planteamientos políticos en este terreno a determinadas ventajas
de
tipo comercial y creo que eso es malo. En el caso de China se ha visto en
muchas ocasiones de manera muy clara. Hace cinco años se produjo la
matanza de la Plaza de Tiananmen. Parece que el mundo occidental se ha
olvidado de aquello y lo que interesa es hacer negocios con China. A mí
me parece muy bien que se hagan negocios con China, en eso no tengo
ninguna reserva, pero creo que también hay que ser muy tajantes en la
defensa de los derechos humanos. Por ejemplo, hay presos políticos en
aquel país y parece que todo el mundo se olvida de esa situación porque
hay algunos contratos a la vista.
Todo eso quiere decir, como se está señalando, que a lo mejor es un error
vincular comercio y derechos humanos, como hizo Clinton en su momento y
se ha visto obligado a dar marcha atrás y a volver a reconocer a China la
cláusula de nación más favorecida sin que se hayan producido avances
claros en el terreno de los derechos humanos. A lo mejor eso no hay que
unificarlo, pero en todo caso creo que hay que mantener muy clara la
defensa de los derechos humanos, que es la defensa de los derechos de
muchas personas. En el caso de China, aunque nos aleje un poco de nuestro
objetivo inicial, se está señalando que algunos de los intelectuales que
hace cinco años habían sido encarcelados, han sido puestos en libertad,
pero en contrapartida se ha metido en situaciones de campo de
concentración, etcétera, a ciudadanos anónimos y hay muchos ciudadanos en
esa situación. Ante eso hay que ser muy claro, hay que mantener una
posición muy clara, y a mí me gustaría que efectivamente nuestro país la
mantuviera en nuestros contactos con esa zona.
Quería terminar señalando que, de una u otra manera, caminamos hacia un
nuevo orden mundial, aunque se nos haya escapado un poco de las manos y
estemos en una situación más bien de confusión en ese nuevo orden
mundial, Asia en general, y esta zona de que hablamos hoy más en
concreto, tiene que tener un lugar y desde ahora mismo deberíamos estar
trabajando en esa dirección. Me preocupa, y por eso quiero terminar con
ello, que aquella zona --lo dice Kissinguer en su último libro, «The
diplomacy»-- está como Europa en el siglo XIX, con naciones
independientes y competitivas entre sí, donde hay que seguir aplicando
--dice-- lo que se aplicaba en Europa en el XIX: una política de
equilibrio del poder. Y agrega: Nuestra preocupación en ese momento será
hacer todo lo que podamos para que se mantenga ese equilibrio de poder.
Hay algunos indicios de que ese equilibrio de poder se pueda romper en
una u otra dirección y creo que también, ante esa situación, convendría
tener la máxima atención y cautelas.
El señor PRESIDENTE: ¿El secretario general quiere añadir algo? (Pausa.)
Muchas gracias.
--VALORACION DE LAS MEDIDAS INTIMIDATORIAS ADOPTADAS POR EL GOBIERNO
FRANCES AL HABER ANCLADO ANTE LAS COSTAS DE FUENTERRABIA (GUIPUZCOA) Y
HENDAYA UN BUQUE DE SU ARMADA. FORMULADA POR EL SEÑOR FERNANDEZ DE MESA
DIAZ DEL RIO, GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente
181/000734.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos, pues, a la pregunta número 4, formulada por
el señor Fernández de Mesa, del Grupo Popular, sobre valoración de las
medidas intimidatorias adoptadas por el Gobierno francés al haber anclado
en las costas de Fuenterrabía y Hendaya un buque de su Armada.
El señor Fernández de Mesa tiene la palabra.
El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Señor Secretario General,
realmente mi intención era haber retirado esta pregunta del orden del
día, porque la pregunta se formula a finales del mes de abril, cuando
realmente el problema se encontraba en plena ebullición. Sin embargo,
ayer y hoy la prensa española vuelve a resaltar, una vez más, las
agresiones constantes que la flota española del Cantabrico y del
Atlántico, la flota compuesta por los barcos pesqueros de Galicia,
Asturias, Cantabria y País Vasco, sufre permanentemente por las flotas
francesas, sin que parezca que nadie medie en ese conflicto y que todas
las reivindicaciones que se puedan hacer no sólo desde los organismos
pesqueros españoles, sino desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación o desde el de Defensa, como con unas declaraciones y una
nota ayer del Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, diciendo que
la Armada va a vigilar y a poner en práctica todo tipo de medidas para
que allí no pase absolutamente nada. No creo yo que en modo alguno el
Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada haya tomado la decisión de
declarar la guerra en este momento a la flota francesa, ni muchísimo
menos que haya sido el Ministerio de Defensa quien ha adoptado esa
medida, sino que me imagino será una acción conjunta de Gobierno, pero
desde luego lo que sí parece claro es que la flota pesquera española,
desde el mes de septiembre del año 1993, no ha tenido ni una sola costera
en paz; en todas ellas ha habido constantes agresiones de las flotas
francesas, con total pasividad de la Unión Europea y, lo que es más
grave, con una falta de fuerza total por parte del Gobierno español para
reivindicar nuestros derechos, que no son otros que el cumplimiento de la
normativa comunitaria. No estamos pidiendo absolutamente nada raro, sino
que se cumpla la normativa comunitaria, y que de la misma manera que lo
cumple la flota española, la cumpla también la flota francesa. Todas esas
reivindicaciones no han servido para nada y continuamos perdiendo el
tiempo, continuamos sin que se resuelva el problema y continuamos con una
pérdida importante de lo que es el sector pesquero español.
A mí me gustaría saber en este momento, señor secretario general, qué
acción conjunta de Gobierno tiene prevista el Ministerio de Asuntos
Exteriores, qué reivindicaciones piensa realizar y, sobre todo, qué
medidas piensa adoptar para que esta situación tensa se relaje y la flota
española pueda ejercer sus derechos, recogidos por la Unión
Europea. En las flotas pesqueras españolas, tanto en el Atlántico Norte,
como en las Azores, ahora parece que existe el acuerdo de que al Norte
del paralelo 43 faenen los franceses y al Sur los españoles en virtud de
un acuerdo de los comandantes de los barcos de guerra que están allí,
aunque no creo que ésta sea la forma de resolver el problema, y lo que es
más grave, la agresión que ayer sufrió un buque de apoyo del Gobierno
autonómico gallego por parte de los militares franceses, cuando lo único
que hacía era custodiar a la flota española para que pudiera ejercer su
derecho a pescar en el Atlántico Norte.
Señor secretario general, me gustaría que usted nos pudiese decir cuáles
son las medidas concretas que el Gobierno, en una acción de conjunto, no
ya del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación porque se escapa
de sus límites, no ya del Ministerio de Defensa porque se escapa de sus
competencias, sino del propio Ministerio de Asuntos Exteriores, va a
ejercer para que de verdad los franceses dejen de dar la vara a los
pescadores españoles.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario general para
contestar a la pregunta formulada.
El señor SECRETARIO GENERAL DE POLITICA EXTERIOR (Villar y Ortiz de
Urbina): La pregunta, tal y como estaba formulada con anterioridad a la
intervención del señor diputado, se refería a un problema muy específico
que se planteó el pasado mes de abril, problema que, afortunadamente, ya
ha sido superado y en el que, por cierto, como se decía en la pregunta de
S. S. formulada por escrito, no hubo medidas intimidatorias adoptadas por
el Gobierno francés. Según las informaciones que el Ministerio de Asuntos
Exteriores obtuvo en su día, cuando se produjeron estos incidentes, tanto
a través de nuestro Consulado General en Hendaya como a traves de la
Comandancia de Marina de San Sebastián, ningún buque de guerra de la
Marina francesa estuvo anclado ante las costas de Fuenterrabía-Hendaya
durante los incidentes a que ha hecho referencia S. S., afortunadamente
ya superados, entre pesqueros españoles y franceses en aguas del Golfo de
Vizcaya, a finales del pasado mes de marzo y primera quincena del mes de
abril. Hubo, eso sí, dos patrulleras francesas, una de la Gendarmería
Marítima y otra de la Dirección de Asuntos Marítimos, ambas con base en
Bayona, que acompañaron de lejos al pesquero «Leticia» mientras era
remolcado por pesqueros españoles hasta Fuenterrabía, pero ambas
patrulleras regresaron a Bayona la misma noche del 18 de abril al ver que
los pesqueros españoles entraban con el pesquero francés «Leticia» en el
puerto de Fuenterrabía, estando presentes en todo momento, por parte
española, dos patrulleras del Servicio de Vigilancia de Pesca.
En relación con aquellos incidentes de marzo y abril, que por supuesto se
produjeron básicamente por el incumplimiento, por parte de la flota
francesa de pesca de anchoa, tanto de la normativa nacional francesa como
de la propia normativa comunitaria, la acción del Gobierno español y la
acción de todos los departamentos con competencias en la materia, como
siempre que se producen estos incidentes, fue prudente pero al mismo
tiempo absolutamente enérgica y constante, lo cual posibilitó que la
situación, por supuesto lamentable, se solucionara y que el problema, en
esa zona específica y por lo que se refiere a esas flotas pesqueras, no
se haya reproducido.
Me ha preguntado también sobre unos incidentes y una situación diferente
que se ha dado en los últimos días en otra zona, que es algo sobre lo que
todavía las autoridades españolas estan trabajando con intensidad, con
arreglo a los mismos criterios que señalaba de prudencia, para no echar
más leña al fuego, pero al mismo tiempo con toda energía, y, según las
últimas informaciones que posee el Ministerio de Asuntos Exteriores, la
situación también está en vías de solución. Es una situación conflictiva
que se ha producido entre las flotas atuneras en aguas próximas a las
Islas Azores. El origen es similar, en ese caso no es por un
incumplimiento en relación con normas relativas a cuotas sino en relación
con normas comunitarias relativas al tipo de artes o de mallas empleadas
en las capturas, pero, en definitiva, obedece o responde al mismo
incumplimiento de normativas comunitarias.
La acción de las autoridades españolas competentes desde que se han
empezado a producir estos incidentes ha sido y continúa siendo de
constante denuncia, tanto ante las autoridades francesas como ante las
instancias competentes comunitarias, fundamentalmente la Dirección de
Pesca, en Bruselas. Se han adoptado ya medidas para prevenir y para
impedir que se repitan este tipo de incidentes; por parte francesa se ha
desplazado una patrullera, la Armada Española ha enviado otra, que están
actuando ya en la zona, y confiamos en que la presencia de estas dos
patrulleras, que están actuando de forma coordinada, prevenga y haga que
estos incidentes no se repitan. Por otra parte, continúa denunciándose
cualquier tipo de incidente o de supuesta infracción a las autoridades
competentes comunitarias y la Comisión ha conminado a las autoridades
francesas a imponer el respeto a la legislación comunitaria por parte de
sus pesqueros. Hay inspectores de la Comisión «in situ», y con estas
medidas y con las gestiones que ha efectuado, en el curso de los últimos
días, de forma tenaz y enérgica nuestro Ministro de Agricultura con las
autoridades francesas y también en Bruselas esperamos que estos
incidentes no vuelvan a repetirse.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Fernández de Mesa para
réplica.
El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Muchas gracias, señor Secretario
General, por atender a la segunda parte de la pregunta y por la
contestación que usted me ha dado pero que en modo alguno me satisface.
En cuando a la pesca de la anchoa, me gustaría que transmitiera lo que
nos ha dicho aquí ahora al Ministro de Agricultura, que ayer mismo
declaraba que todavía estaban comprobando y constatando si a las
actividades ilegales de los pesqueros de la anchoa había existido la
cobertura francesa que se le había dado. Esto fue declarado el 21 de
junio de 1994. Probablemente, todavía no tenga conocimiento de que no
existía ese tipo de cobertura por parte de
Francia a los buques que faenaban. Por cierto, el problema se ha
solucionado en base a seguir cediendo cuota de importación por parte de
Francia en materia de anchoa a España. Es una forma muy importante de
negociar la que tiene el Gobierno español, siempre cediendo cuota para
resolver los problemas, para no recordar lo que supuso la ampliación de
la Unión Europea con el tema noruego.
El señor secretario general dice que están trabajando con intensidad pero
con prudencia. Señor secretario general, este tema lleva muchos años y su
prudencia y su intensidad continúan suponiendo una auténtica dejación de
los intereses pesqueros de las flotas españolas; no se le puede seguir
diciendo a quienes están a bordo de los barcos todos los días que estamos
tratando de solucionar los temas porque llevan muchos años perdiendo
cuota --aunque no sea un tema de cuota--, por culpa de las volantas
pelágicas; es un problema que la flota española tiene porque mientras que
ellos están pescando con anzuelo, lo que supone casi casi pescar uno a
uno los bonitos, los franceses continúan utilizando volantas pelágicas de
más de 20 kilómetros, denunciadas en el día de ayer por embarcaciones
españolas a representantes de gobiernos autonómicos, y, claro, lo que se
coge con una red de malla de 20 kilómetros no lo coge un pesquero español
con un anzuelo. Eso supone que Francia pueda vender en España su kilo de
bonito a 90 ó 100 pesetas, mientras los españoles lo están vendiendo por
encima de 600, con lo cual la competencia desleal en nuestro propio país
con el incumplimiento comunitario de la flota europea es realmente de
quijotismo español.
Quiero decirle que hay muchas medidas a adoptar. Habrá que empezar a
plantearse si España puede seguir permitiendo la importación de especies
pesqueras capturadas con artes prohibidas para las flotas españolas.
Tendrá que llegar un momento, señor secretario general, en que el
Gobierno español adopte medidas que traten no de solucionar el problema,
que lleva años, sino que lo solucionen ya, porque nuestra flota pesquera
continúa perdiendo cuota, continúa perdiendo pescado y continúa perdiendo
puestos de trabajo en tierra y en mar, que es mucho más importante. No
puede seguir así.
A mí me gustaría que esta acción conjunta de gobierno tuviera de verdad
una solución rápida del tema, porque el que estén, como dice usted, un
buque de la Armada española y otro de la francesa, y que la única forma
de solucionar el conflicto sea decir que, como están peleados, del
paralelo 43 al Norte que pesquen los franceses y del paralelo 43 al Sur,
que pesquen los españoles, esa no es la forma de resolver el problema.
Esa es una forma muy cómoda. El problema hay que atajarlo de verdad y que
todos puedan pescar en aguas comunitarias, que cada uno eche sus redes,
que en este caso son anzuelos, donde les dé la gana, pero con total
seguridad de que se cumple la normativa comunitaria. Este tema llevamos
denunciándolo, señor Secretario General, desde la pasada legislatura.
Hay un tema mucho más grave, que no es el tema de cuotas, sino el de
artes. Hay un acuerdo del Parlamento español del mes de noviembre,
ratificado en el mes de febrero, en el que el Congreso de los Diputados
insta al Gobierno de España a que no sólo no se pueda pescar con volantas
de más de cinco kilómetros, sino que se erradiquen definitivamente las de
2,5. Ya denunciamos que se iban a autorizar no sólo las de cinco, sino
que con grave deterioro al entorno medioambiental y daño ecológico se
seguirían utilizando las de más de cinco; con esa artimaña se siguen
utilizando. ¿Qué ha hecho el Gobierno español para trasladar un acuerdo
unánime de la Cámara, incluido el Grupo Parlamentario Socialista,
instando al Gobierno a que, ante la Unión Europea, y en negociaciones con
el Ministerio de Asuntos Exteriores francés, obligara a que
definitivamente se erradicaran esas artes? No sé qué más hay que hacer.
Lo que no se puede plantear ante el sector afectado es que se continúa
trabajando en el sentido de solucionar el problema, porque eso supone el
grave deterioro de la flota española, el grave deterioro del mercado
español y, lo que es mucho más importante, la destrucción de un sector
productivo importantísimo en la Unión Europea, que quizás sea lo que
interese a muchos países de la Unión Europea.
Señor Secretario General, no quiero que vea en mis palabras un tono
excesivamente agresivo, sino claramente defensivo de los intereses de un
sector español que lleva sufriendo muchos años, que se ve vejado desde el
año 1986 en sus intereses pesqueros, que con la ampliación de la Unión
Europea --y no vamos a hablar de la cuota del bacalao--, continuará con
su período transitorio hasta el año 2003, porque no hay ningún documento
escrito que no lo diga, con cantidad de cortapisas para poder faenar en
aguas comunitarias y mientras Noruega ha entrado libremente en nuestro
mercado.
Creo, señor secretario general, que es llegado el momento de que este
Gobierno se plantee en serio medidas contundentes en defensa del sector
español, importante para todo el Cantábrico, que dé una imagen de
seriedad y lo que el Gobierno español dice, porque la Cámara le obliga,
se cumple taxativamente. De lo contrario, habrá que buscar una medida de
más fuerza, de mayor presión, como puede ser la que acabo de decirle, que
en otros países se está haciendo: prohibir las importaciones de pescado
cuyas capturas se hayan realizado con artes prohibidas para nuestra flota
o que las inspecciones sanitarias dentro de nuestro país sean tan fuertes
como las que realizan los franceses o los noruegos con nuestras flotas.
El señor PRESIDENTE: El señor Secretario General tiene la palabra.
El señor SECRETARIO GENERAL DE POLITICA EXTERIOR (Villar y Ortiz de
Urbina): Unicamente me queda puntualizar que el Gobierno está actuando,
como decía antes, con toda contundencia y energía, que los problemas los
está resolviendo a medida que se plantean y lamento que S. S. no esté de
acuerdo con las acciones concretas que desarrolla el Gobierno. Lo que no
creo que sea aceptable es que se pueda decir que el Gobierno no está
actuando con esa contundencia y con esa energía para solucionar los
problemas en el momento en que los mismos se presentan.
--MEDIDAS PARA EVITAR EL TRASVASE DE CRUDO Y MERCANCIAS PELIGROSAS EN
AGUAS DE LA BAHIA DE ALGECIRAS (CADIZ) QUE GIBRALTAR CONSIDERA COMO
SUYAS. FORMULADA POR EL SEÑOR FERNANDEZ RODRIGUEZ, GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR. (Número de expediente 181/000746.)
El señor PRESIDENTE: Entramos en el punto número 5, pregunta formulada
por don Luis Angel Fernández Rodríguez, del Grupo Popular.
El señor Hernando tiene la palabra para formularla.
El señor HERNANDO FRAILE: Como ustedes sabrán, viene siendo práctica
habitual por parte de barcos y embarcaciones que se dirigen hacia las
costas gibraltareñas realizar trasvases de crudo y de mercancías
peligrosas en la proximidad de la costa gibraltareña. Como ustedes
conocen, el Tratado de Utrecht no reconocía aguas a Gibraltar, por lo que
tenemos que entender que estos trasvases de crudo y de mercancías
peligrosas se hacen en aguas territoriales españolas. Lo que queremos
poner en evidencia es ¿por qué el Gobierno no adopta medidas para que
estas prácticas, prohibidas por la Ley de Costas y por la reciente Ley de
buques y de la Marina Mercante, que limitan la realización de estas
operaciones en las proximidades de las costas, no se apliquen, con el
peligro evidente que esto entraña?
El señor PRESIDENTE: El señor secretario general tiene la palabra.
El señor SECRETARIO GENERAL DE POLITICA EXTERIOR (Villar y Ortiz de
Urbina): Debo hacer observar que en este caso tampoco la pregunta que me
formula en concreto ahora S. S. responde a la formulación que se había
efectuado con anterioridad por escrito, pues la que había llegado al
Ministerio de Asuntos Exteriores era sobre la actitud del Gobierno por
los intentos recientemente realizados por las autoridades británicas en
Gibraltar, para proceder, de manera unilateral, a una delimitación de las
aguas en la Bahía de Algeciras.
El señor PRESIDENTE: Perdón, creo que hay una pequeña confusión, porque,
efectivamente, hay una pregunta que se refiere a esto, cuyo autor es el
señor Rupérez. Es la pregunta número 9 que figura en el orden del día.
El señor SECRETARIO GENERAL DE POLITICA EXTERIOR (Villar Ortiz de
Urbina): Lo lamento. Sin duda debe haber sido un error de los Servicios
de la Cámara o del Ministerio de Asuntos Exteriores. No nos ha llegado
esta pregunta. Sí puedo decir a S. S., que la posible delimitación de
aguas en la Bahía de Algeciras tiene relación con otra pregunta posterior
a la que yo pensaba que hacía referencia S. S., con la número 9.
No ha habido delimitación de aguas en la Bahía de Algeciras, nunca se ha
efectuado. Es más, debo señalar que los problemas que pueda plantear la
jurisdicción sobre las aguas en la Bahía de Algeciras sólo van a
encontrar una verdadera solución en el marco general de la reivindicación
española sobre la soberanía de Gibraltar y su reintegración al territorio
nacional, de manera que rechazaríamos cualquier intento de delimitación
unilateral, por parte británica, de las aguas de la Bahía de Algeciras.
Ahora bien, en ese contexto, debo señalar que según las informaciones que
poseemos en el ministerio en aguas territoriales españolas no se han
producido, al menos últimamente, trasvases de crudo. No obstante, trataré
de comprobar si efectivamente ha habido o no algún problema en ese
sentido.
El señor PRESIDENTE: El señor Hernando tiene la palabra.
El señor HERNANDO FRAILE: Lamento que haya habido estos problemas, que no
sé si son de esta casa o del Ministerio de Asuntos Exteriores. Sin entrar
en la pregunta que luego realizará el portavoz de nuestro grupo en esta
Comisión, señor Rupérez, no puedo aceptar que el secretario general diga
que estas prácticas no se realizan o que el Ministerio de Asuntos
Exteriores no tiene constancia de que se realizan. Estas prácticas se
realizan y se realizan habitualmente.
Ciertamente, nosotros lo tenemos manifestado a través de los distintos
medios de comunicación que existen en el campo de Gibraltar y que
recientemente, en el período de un mes, se han hecho eco hasta tres veces
de unos asuntos similares a los que se formulaban en la exposición de
motivos de la pregunta. Por tanto, lo que sí ruego al señor secretario
general es que el Ministerio de Asuntos Exteriores sea consciente de que
estas prácticas se llevan a cabo y sea contundente con ellas. Usted muy
bien ha dicho que por parte de España no existe reconocimiento de aguas
territoriales de Gibraltar en la Bahía de Algeciras y, por tanto, lo que
nosotros le pedimos es que se cumpla la normativa que existe en la
actualidad para los buques que recalan en aguas y en costas españolas, y
que la misma se aplique a otros buques que recalan en las costas
gibraltareñas. No puede ser que, cuando no existe reconocimiento de aguas
territoriales por parte de Gibraltar, en determinadas zonas se dé un
tratamiento diferente de legislación a los buques que realizan prácticas
peligrosas para el medio ambiente en esas zonas que, de alguna forma,
sean discriminatorias con las prácticas que normalmente se realizan, que
la propia legislación española ya contempla como prácticas peligrosas y
que van en contra del medio ambiente.
Señor secretario general, 200.000 personas viven en el campo de Gibraltar
y esas personas exigen que se cuide y se vele también por su salud. Eso
es lo que nosotros estamos reivindicando con nuestra pregunta en estos
momentos.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario general, ¿desea añadir algo?
El señor SECRETARIO GENERAL DE POLITICA EXTERIOR (Villar Ortiz de
Urbina): Sólo quiero señalar, muy brevemente, que tomo nota de la
preocupación de S. S.; y, en segundo lugar, puntualizar que lo que yo he
dicho exactamente es que no se ha efectuado una delimitación de aguas en
la Bahía de Gibraltar y que el trasvase, según nuestras noticias --no he
dicho tampoco que no haya trasvase--, al menos últimamente, no se ha
efectuado en aguas territoriales españolas.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario general.
Adelanto a SS. SS. que vamos a investigar qué ha ocurrido para que se
haya producido este pequeño incidente. Desde luego, en lo que se refiere
a los servicios de esta comisión, a nosotros nos consta que se ha enviado
toda la documentación, exactamente la misma de la que disponen SS. SS., a
través de Relaciones parlamentarias. Teniendo en cuenta que se trata de
temas conexos con otros que también se van a analizar ahora, puede
haberse producido algún pequeño olvido o confusión. En todo caso,
tendremos que estudiar exactamente qué ha ocurrido.
Como llegamos a la pregunta número 9, yo pediría al señor Rupérez, si es
posible, una defensa conjunta de las preguntas números 9, 10 y 11, puesto
que las tres se refieren a problemas relativos a Gibraltar.
El señor RUPEREZ RUBIO: Sí, señor Presidente, así lo voy a hacer.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rupérez.
--ACTITUD DEL GOBIERNO SOBRE LOS INTENTOS REALIZADOS POR LAS AUTORIDADES
BRITANICAS EN GIBRALTAR, PARA PROCEDER A UNA DELIMITACION DE LAS AGUAS EN
LA BAHIA DE ALGECIRAS (CADIZ). FORMULADA POR EL SEÑOR RUPEREZ RUBIO,
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente 181/000773.)
--ACCIONES EMPRENDIDAS POR EL GOBIERNO PARA PONER LIMITE A LOS INCIDENTES
QUE HAN ENFRENTADO A EMBARCACIONES ESPAÑOLAS Y A EMBARCACIONES
PROCEDENTES DE GIBRALTAR. FORMULADA POR EL SEÑOR RUPEREZ RUBIO, GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente 181/000774.)
--OCASIONES EN QUE SE HAN PRODUCIDO INCIDENTES EN LAS AGUAS DE LA BAHIA
DE ALGECIRAS (CADIZ) ENTRE EMBARCACIONES ESPAÑOLAS Y EMBARCACIONES
PROCEDENTES DE GIBRALTAR. FORMULADA POR EL SEÑOR RUPEREZ RUBIO, GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente 181/000775.)
El señor PRESIDENTE: Señor Rupérez, tiene la palabra para formular las
preguntas números 9, 10 y 11.
El señor RUPEREZ RUBIO: Si me lo permite el señor Presidente, voy a
comenzar con una observación que quiero hacer en nombre de mi grupo, y
que viene a cuento de las últimas intervenciones del señor secretario
general.
Las preguntas están dirigidas al Gobierno y deben ser contestadas por el
Gobierno, es decir, deben ser contestadas con capacidad política, que el
señor secretario general no tiene, no porque él no tenga capacidades
personales, que yo conozco y aprecio muy profundamente, sino porque, al
fin y al cabo, es un alto funcionario que no está en situación de
comprometer la voluntad del Gobierno, como acabamos de ver en este mismo
momento. Como, por otra parte, al funcionario de turno, y en este caso al
señor Villar, cuyas capacidades profesionales, insisto, conozco y
aprecio, se le pone en una situación realmente incómoda, señor
Presidente, yo quiero dejar muy claro que, a partir de ahora, este grupo
no aceptará que las preguntas sean respondidas por otras personas que no
sean el Ministro de Asuntos Exteriores, los secretarios de Estado, o en
el caso concreto de efectos presupuestarios que afectan al manejo de las
finanzas de la casa, en este caso de Asuntos Exteriores, el señor
subsecretario, porque se producen unas distorsiones que son realmente
negativas para el funcionamiento de la casa y son realmente
incomprensibles para el propósito que siguen todas estas sesiones, que,
al fin y al cabo, es tener un conocimiento exacto del funcionamiento de
la política exterior española y, al mismo tiempo, también de los
compromisos del Gobierno al respecto. Se lo digo con el aprecio que le
tengo al señor Villar, y que él conoce, pero, a partir de este momento,
yo creo que esto hay que cambiarlo de manera radical. El señor Villar no
está en situación de comprometer la acción del Gobierno, y yo lo
comprendo perfectamente, porque el señor Villar, en el fondo, no está en
situación de reconocer --naturalmente, siendo un alto funcionario no lo
iba a reconocer-- que esas voluntades que él querría contemplar en el
Gobierno respecto a la eficacia y a la contundencia, no se traducen en
hechos reales. Lo hemos visto en el caso concreto del tratamiento que
tienen determinadas actividades pesqueras españolas respecto a otros
países miembros de la Unión Europea, y lo vemos exactamente ahora
respecto a los temas relativos a Gibraltar. Se lo digo también de
antemano para que quede muy clara nuestra postura a partir de este
momento, y también para que el señor secretario general, el señor Villar,
no se sienta especialmente concernido por las palabras que yo le pueda
dirigir en este momento. No van dirigidas a usted sino al Gobierno, del
cual sólo de una manera un tanto indirecta usted forma parte. De manera
que, por una parte, quiero...
El señor PRESIDENTE: Señor Rupérez, si me permite, de todas maneras tengo
que decirle que el Reglamento permite que, para responder a las preguntas
parlamentarias efectuadas en Comisión, puedan comparecer los secretarios
de Estado, los subsecretarios y yo entiendo que, por consiguiente,
también los secretarios generales. De
modo que estamos perfectamente dentro del ámbito reglamentario y, si es
así, creo que desde el punto de vista del Reglamento se entiende que
todos ellos pueden representar perfectamente la voluntad del ministerio
al que se refiera la comparecencia.
El señor RUPEREZ RUBIO: Señor Presidente, estoy haciendo afirmaciones
políticas, no reglamentarias. En el Reglamento, en cualquier caso, no
aparece la figura del secretario general.
El señor PRESIDENTE: Como el señor Rupérez plantea el problema de que su
grupo no admitirá, debo señalar que, desde el punto de vista del
Reglamento, su voluntad como grupo puede ser no admitirlo, pero desde el
punto de vista de esta Mesa, tiene que admitirlo usted.
El señor RUPEREZ RUBIO: Mi voluntad política, señor Presidente --acabo de
anunciarlo--, es que este grupo mantendrá --si quiere, mantendrá-- las
preguntas hasta que sean contestadas al nivel político correspondiente.
Esa es una afirmación libérrima que hago, con independencia de lo que
diga el Reglamento de esta Cámara, y lo vamos a mantener, señor
Presidente. Le ruego que atienda a planteamientos que son políticos y no
reglamentarios, y que no me conteste con planteamientos reglamentarios a
planteamientos políticos. El señor Presidente es perfectamente consciente
de lo que está ocurriendo en este momento, es decir, nos encontramos con
una incapacidad de contestación política a preguntas políticas y a
planteamientos políticos. Lo que pretende este grupo Parlamentario es
obtener planteamientos políticos, no planteamientos puramente
funcionariales; con todos los respetos a los funcionarios, entre los
cuales en su momento e incluso ahora me sigo contando.
El señor PRESIDENTE: Señor Rupérez, le ruego que me permita interrumpirle
otra vez, porque ése es un problema serio. Una cosa es que ustedes
políticamente no admitan lo que usted acaba de decir, pero desde el punto
de vista reglamentario, que es el decisivo a la hora de decidir sobre
estas cuestiones, esta Mesa tiene obligación de admitir exactamente lo
que dice el Reglamento. De modo que como Presidente yo entiendo a reserva
de lo que decida la Mesa, naturalmente, que, en caso de que ustedes no
acepten, por ejemplo, que una pregunta sea contestada por una de las
personas que reglamentariamente lo pueden hacer, la pregunta decaerá.
El señor RUPEREZ RUBIO: Y la seguiremos manteniendo hasta que la conteste
la persona que nosotros queremos, y los miembros de la Mesa del Partido
Popular actuarán en consecuencia, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Señor Rupérez, sigue usted en el uso de la palabra.
El señor RUPEREZ RUBIO: Lo que quiero decir es que el Gobierno no está en
situación de defender los intereses españoles en el exterior y no está en
situación siquiera de responder a sus propios planteamientos. Lo hemos
visto en el caso concreto de los intereses del sector pesquero y lo
estamos viendo en el caso concreto de Gibraltar, señor secretario
general. Nos dice usted, con independencia de que se aclare qué ha pasado
(porque nos preocuparía también que el Ministerio de Asuntos Exteriores
perdiera las preguntas que salen de esta casa), que no le consta --y
espero que ahora amplíe la contestación a la primera de las preguntas--
que se hayan producido vertidos peligrosos para el medio ambiente en
aguas territoriales españolas, después de haber afirmado que España no ha
admitido la delimitación de las aguas en la Bahía de Algeciras. Una de
dos: o no se han producido en toda la Bahía de Algeciras, que es, por su
propia definición, aguas territoriales españolas, o el secretario general
está admitiendo implícitamente que hay una parte de la Bahía de Algeciras
sobre la cual el Gobierno español, España ha dejado, ha cejado de tener
soberanía. Este es el primer problema con que nos encontramos. Primero,
una reafirmación muy clara y muy nítida de que España no va a admitir una
delimitación de aguas, es decir, no va a admitir la presencia de aguas
territoriales gibraltareñas. Uno se empieza a preguntar cuál es el
alcance de esa afirmación cuando, al volar por encima de Gibraltar, se
contempla ya la construcción de un gigantesco pantalán, que en el fondo
es el puerto gibraltareño que, según esa teoría, no debería haber
existido, porque eso es tanto como dotarse no únicamente de un puerto,
sino dotarse además de unas aguas territoriales.
Queríamos saber qué está haciendo el Gobierno español, no únicamente para
declamar que no va a permitir ese tipo de división en las aguas
territoriales, esa existencia de las aguas territoriales sino, además,
para impedir que eso se produzca y, consiguientemente, para saber qué
está haciendo el Gobierno español para fortalecer la defensa de los
intereses españoles en terrenos que el Gobierno español dice ser
españoles en aguas que el mismo Gobierno español dice ser españolas.
Parece que ése es un dato que convendría que el Gobierno explicara con
toda profundidad porque nos parece que se ha producido un deslizamiento
gravísimo y la contemplación prácticamente inane de la creación de un
Estado de hecho en donde nos encontramos con esas aguas territoriales más
o menos subrepticiamente introducidas.
No cabe duda, señor secretario general, que en el caso de Gibraltar, en
este y en otros terrenos a los que inmediatamente haré referencia, se
está produciendo toda una serie de deslizamientos que demuestran también
la debilidad del Gobierno español. El tema de Gibraltar, como aparece de
manera sistemática en esta Comisión, ha tenido manifestaciones recientes
como, por ejemplo, la que se produjo, a través de la comparecencia del
señor Ministro de Asuntos Exteriores, el día 19 de abril de 1994. Me
referiré a eso mismo.
En manifestaciones recientes del mismo Gobierno gibraltareño nos
encontramos con que, con fecha tan relativamente reciente como el 31 de
marzo, las autoridades del Peñón piden a Londres que protejan sus aguas
territoriales. Me imagino que el Gobierno español habrá tenido noticia
de esta petición y habrá actuado en consecuencia, al menos con el
Gobierno de Londres que, según todos los efectos reconocidos nacional e
internacionalmente, es el único responsable de las relaciones
internacionales de la colonia de Gibraltar.
Creo que sería importante que nos aclarara el señor secretario general...
(Rumores.)
Señor Presidente, confieso que hablar con el sonsonete de otros miembros
de la Comisión manteniendo conversaciones privadas es bastante molesto.
¿Podía pedir su amparo para que esos sonsonetes no se produjeran, señor
Presidente?
El señor PRESIDENTE: Señor Rupérez, efectivamente puede usted sentirse
molesto por el sonsonete, pero yo no he percibido que haya conversaciones
estentóreas que perturben. De todas maneras tiene usted toda la razón y,
por consiguiente, llamo al orden a todos los señores y señoras miembros
de esta Comisión para que respeten el máximo silencio.
Gracias.
El señor RUPEREZ RUBIO: Muchísimas gracias, señor Presidente.
De manera que tenemos, por una parte, un problema mal resuelto que es,
frente a las varias tentativas producidas en los últimos años, sobre todo
desde que el señor Bossano se hizo cargo del puesto de Ministro principal
de Gibraltar, obtener una delimitación de las aguas territoriales de
Gibraltar en el contexto de la Bahía de Algeciras, respuestas que han
sido respondidas de manera puramente declamatoria, tentativas que han ido
contemplando también la construcción de toda una serie de elementos
arquitectónicos que, de una manera factual, contribuyen a la creación de
esas aguas territoriales que nosotros, basándonos en el Derecho
internacional y en el derecho convencional, negamos su existencia. Me
gustaría saber qué es lo que, de manera efectiva, no únicamente de manera
declamatoria, no únicamente de manera prudente, pero firme, como decía el
señor secretario general, se ha hecho para que no únicamente la
declaración de las aguas territoriales no se produzca sino que, además,
el Gobierno español esté en situación de seguir sus declamaciones y,
consiguientemente, seguir en la defensa de sus derechos con todos los
medios nacionales e internacionales legítimos que a nuestro alcance
tenemos.
Esto tiene que ver, señor secretario general, con todas las numerosas
incidencias que se vienen produciendo también en las aguas de la Bahía de
Algeciras en el curso de los últimos tiempos, incidentes muchos de ellos
graves y que si no han alcanzado mayor gravedad, y me refiero
concretamente a la pérdida de vidas, ha sido porque la Divina providencia
seguramente estaba velando porque servidores públicos españoles no
perecieran en el intento; me refiero a representantes españoles de las
Fuerzas de Seguridad del Estado que se han visto confrontados con esa
permanente situación, que nosotros hemos calificado de cáncer social y
cáncer económico, que en este momento suponen las actividades económicas
gibraltareñas.
Pero es que, más allá de los incidentes que en su momento enfrentaron a
determinadas lanchas patrulleras del llamado Gobierno de Gibraltar,
incluso con helicópteros de la Guardia Civil española, más allá de los
incidentes concretos se han producido de nuevo, tan recientemente como el
4 de mayo de este mismo año, incidentes muy graves. Para su descripción
me remito a las informaciones de prensa, de la prensa local del Campo de
Gibraltar, que dan noticia de las mismas.
Dice «Europa Sur», un periódico de la zona: La Salvamar, que es una
lancha perteneciente a los servicios de tráfico de Algeciras, sufrió un
intento de abordaje por cuatro planeadoras. Añade: Las lanchas de
Gibraltar querían liberar por la fuerza otra que remolcaba la embarcación
de salvamento tras su rescate. Seguramente el señor secretario general
conoce suficientemente el alcance, la gravedad, los detalles del
incidente y los comentarios que al respecto se han producido.
Los mismos medios de comunicación de la zona del Campo de Gibraltar
subrayan como éste no es el primer incidente y se preguntan si será el
último. Hacen toda una serie de comentarios sobre la gravedad que estos
incidentes revelan. Hacen una comparación de las respectivas unidades
marítimas que se enfrentan donde están las planeadoras tradicionalmente
utilizadas por los contrabandistas, mientras que éstas son lanchas más
bien de salvamento que se dedican incidentalmente a perseguir este tipo
de actividades ilegales, etcétera.
Tan grave fue el incidente, señor secretario general, que el señor
Presidente de la Mancomunidad de municipios del Campo de Gibraltar
dirigió una carta de protesta al señor Bossano, algunos de cuyos párrafos
creemos merecen figurar en las actas de esta Comisión. Dice el señor
Carracao al señor Bossano, quejándose del gravísimo incidente, que la
absoluta pasividad de las autoridades de la colonia ante estos
incidentes, así como la impunidad ante la salida de estos tráficos
ilícitos desde la colonia hacia España, sin impedimentos de ningún tipo,
se le hace al señor Carracao difícil de comprender por ser origen de
importantes problemas en la zona más cercana al Peñón. Escribe, además el
señor Carracao al señor Bossano que en numerosas ocasiones las citadas
planeadoras aprovechan sus idas y venidas para trasladar a las playas
linenses y del resto de los municipios de la bahía algo más que tabaco de
contrabando. El señor Carracao deja constancia de su preocupación por el
cariz que están tomando los acontecimientos y exige, desde sus
responsabilidades, que las autoridades de Gibraltar tomen la decisión de
realizar gestos y actuaciones sinceras de colaboración para atajar esta
lamentable situación.
Esos párrafos que componen el conjunto de la carta, cuya lectura ahorro
en pro de la brevedad de este trámite, señor Presidente, creo revelan
hasta qué punto estamos llegando a una situación de deterioro en toda la
zona. Sabemos, el mismo Ministro de Asuntos Exteriores reconocía aquí el
19 de abril, que del producto interior bruto de Gibraltar en este
momento, puede estar comprendido entre el 15 y un 20 por ciento de ese
PIB, en actividades ilegales de
contrabando, incluyendo en ese contrabando diversos tipos de actividades
ilegales.
Podemos recordar también que, al fin y al cabo, lo que estamos
contemplando es una generalización de actividades ilícitas que afectan de
una manera extraordinariamente negativa a todos los intereses españoles,
en general, y en particular a los intereses españoles de una zona tan
importante para España como es Andalucía.
En consecuencia, señor secretario general, también si me lo permite,
corrigiéndole alguna expresión suya que no me parece especialmente
afortunada, no se trata de que el Gobierno español responda a los casos
que se presentan cuando se presentan. Se trata de saber si el Gobierno
español tiene una política realmente determinada para resolver toda la
situación en conjunto, y no únicamente casos aislados; casos aislados en
donde estamos contemplando de manera sistemática la indefensión en la que
se ven nuestras Fuerzas de Seguridad; la indefensión en la que se ve el
mantenimiento de los planteamientos absolutamente elementales para
nuestra economía de la zona; la indefensión en la que se ve la misma
causa de la reivindicación española en Gibraltar.
Estas son las razones, señor Presidente, señor Secretario General, por
las cuales nos hemos permitido dirigir estas preguntas que tienen, como
digo, como fondo y como tema principal Gibraltar, aplicado, en un caso, a
la pretendida delimitación de las aguas territoriales por parte de las
autoridades gibraltareñas y, por otra parte, a los continuos incidentes,
de los cuales he hecho mención al último más reciente y más grave, en que
se ven sometidas las fuerzas civiles o no civiles de las Fuerzas de la
Seguridad del Estado en la zona.
El señor PRESIDENTE: El señor Secretario General tiene la palabra para
contestar a estas tres preguntas defendidas en un solo turno.
El señor SECRETARIO GENERAL DE POLITICA EXTERIOR (Villar Ortiz de
Urbina): Al tema de la delimitación de aguas de la bahía de Algeciras me
referí antes. Quiero insistir de nuevo en que lo que yo he dicho --y no
he dicho más allá de eso-- es que no ha habido en ningún momento una
delimitación de aguas de la bahía de Algeciras, ni de forma bilateral ni
de forma unilateral por parte española. Debo recordar que cuando se
establece una delimitación o se fijan las líneas de base en relación con
la delimitación en el año 1977, por tanto en una época en que había un
Gobierno anterior, se exceptuó expresamente la bahía de Algeciras; de
manera que las aguas de la bahía de Algeciras no están delimitadas. Es un
terreno en el que preferiría no ir más allá, pero quizá en esta cuestión
--y se lo digo también con el mismo respeto y afecto que antes expresó
hacia mí-- me da la impresión de que S. S. tendrá que repasar sus
conocimientos del Derecho Internacional Marítimo vigente. Es un tema muy
delicado y muy vidrioso en el que preferiría no adentrarme. El hecho es
que por todas estas razones la delimitación de las aguas de la bahía de
Gibraltar no se ha efectuado y, como señalé en mi anterior intervención,
no se efectuará y no se resolverá más que en el contexto de una solución
global a nuestro contencioso sobre Gibraltar y en relación con los
problemas de soberanía que plantea la cuestión de Gibraltar.
Dicho esto, cualquier intento, y todos los que haya podido haber, del
señor Bossano o de otra autoridad local o no local por delimitar
unilateralmente las aguas sería absolutamente rechazable y no reconocido
por parte del Gobierno español, y no es el caso. No existe, por tanto,
delimitación de las aguas. Eso es lo que yo he dicho con anterioridad y
nada más que eso. Pero creo que es un punto importante a la hora de tener
en cuenta si los vertidos se efectúan o no dentro o fuera de aguas
territoriales españolas.
En relación con los incidentes que se vienen produciendo en la bahía de
Algeciras, debo señalar a S. S. que efectivamente se producen con cierta
frecuencia, que fundamentalmente vienen protagonizados por lanchas
rápidas, las llamadas planeadoras, presumiblemente en muchas ocasiones de
contrabandistas procedentes de Gibraltar, y que a veces afectan a los
servicios de represión de estos tráficos ilícitos, fundamentalmente al
Servicio de Vigilancia Aduanera y a la Guardia Civil del Mar, cuando
tratan de impedir o de poner coto a estas actividades ilícitas. El
Gobierno ha adoptado diversas medidas no sólo para tratar de acabar con
los incidentes que se producen entre las embarcaciones de contrabandistas
y las de las fuerzas de vigilancia españolas, sino también para poner fin
a las causas que originan los mismos, es decir, los tráficos ilícitos
desde Gibraltar. En primer lugar, se está potenciando la coordinación de
todos los medios con que cuenta la Administración en la zona para poner
freno a estos tráficos ilícitos. En estas acciones están participando no
sólo las fuerzas de la Guardia Civil, la Policía de Vigilancia Aduanera,
sino que también se han sumado los servicios de la Marina Mercante,
especialmente el Centro de Control del Tráfico en el Estrecho. Asimismo
se están coordinando y contrastando las informaciones sobre incidentes,
detenciones, movimientos sospechosos, etcétera, que se poseen y que
llegan a todos los órganos con competencia sobre este tipo de
actividades. El Gobierno Civil de Cádiz está supervisando estas acciones
y se mantienen reuniones periódicas interministeriales de seguimiento.
Por lo que se refiere en concreto al Ministerio de Asuntos Exteriores,
naturalmente que este Ministerio sigue con toda atención la evolución de
estos hechos y en todo momento plantea su preocupación, su queja y su
protesta, tanto al Gobierno británico como ante los organismos
internacionales competentes. Por supuesto que esta cuestión hay que
enmarcarla, de hecho se enmarca y siempre ha venido enmarcada en la tan
compleja y desgraciadamente tan antigua cuestión del contencioso con el
Reino Unido en torno a Gibraltar. En el marco de las negociaciones y de
las conversaciones bilaterales hispano-británicas sobre el contencioso,
como digo, este tema de los incidentes entre embarcaciones de
contrabandistas y las fuerzas de vigilancia y represión ha estado, está y
seguirá estando, mientras esta cuestión no se resuelva, siempre presente
a todos los niveles. Es una cuestión que fue específicamente planteada en
la última reunión monográfica que sobre la cuestión general del
contencioso sobre Gibraltar se ha celebrado a nivel
ministerial en el marco de la Declaración de Bruselas, del proceso de
Bruselas, el 1 de marzo de 1993, por el Ministro Solana al Secretario de
Estado del Foreing Office, señor Douglas Hurd. Es una cuestión que se
viene planteando con toda seriedad y preocupación en todas las reuniones
que vienen celebrando los llamados coordinadores de los dos ministerios
de Asuntos Exteriores, que es a nivel de director general; en la más
reciente de las cuales, que tuvo lugar en Madrid el 28 de marzo de 1994,
con ocasión de la visita del nuevo coordinador sobre Gibraltar del
Foreing Office, fue uno de los principales temas que se abordó. La última
protesta y el último planteamiento que se ha hecho en relación con estos
incidentes y que tenía que ver, por supuesto, con el recrudecimiento y
con la incidencia de alguno de ellos, se produjo el 27 de mayo en el
curso de una reunión, celebrada en Madrid, a la que asistió el Secretario
General para Asuntos Comunitarios del Foreing Office. En todas estas
ocasiones, y siempre que se hace el planteamiento, las autoridades
británicas nos señalan que están haciendo todos los esfuerzos posibles
para cortar estos tráficos de los que son conscientes. Ofrecen y reiteran
su cooperación a las autoridades españolas competentes para hacer frente
a este problema. Señalan que, de todas formas, respecto al contrabando de
tabaco, en los últimos años --según versión británica-- representa un
componente menor por lo que se refiere a ingresos para las autoridades
locales del Peñón. Naturalmente que la posición española es la de no
aceptar y seguimos sin aceptar este tipo de planteamientos porque nos
parece que, aunque sí es verdad que últimamente hay mayor cooperación, y
aunque es verdad que se efectúan estas ofertas de incrementar la
cooperación en este tema tan delicado y con tantas dimensiones, tal
cooperación es insuficiente, y así se lo decimos, y consideramos sobre
todo que la acción de las autoridades británicas y del propio Gobernador
es claramente insuficiente e insatisfactoria, y así lo manifestamos
siempre que se aborda y que se trata este problema.
Como decía, la cuestión no sólo se aborda constantemente en nuestras
difíciles conversaciones con los británicos, en relación con toda la
problemática de Gibraltar, sino que también se ha llevado a determinados
organismos internacionales y estamos dispuestos a explorar todas las
posibilidades que haya con arreglo a la competencia de los mismos. Por
ejemplo, no la cuestión específica de los incidentes de las planeadoras,
pero sí la cuestión de determinados tráficos ilícitos se ha llevado
últimamente al Grupo de Acción Financiera Internacional, un organismo
informal, relacionado con la OCDE, que está especializado en las
cuestiones de blanqueo de dinero, y al menos se ha conseguido ya
--desgraciadamente la historia de los tráficos ilícitos y de los
incidentes es muy antigua, y tengo la impresión de que anteriores
gobiernos hicieron mucho menos para tratar de resolver estas
cuestiones--, repito que al menos se ha conseguido que Gibraltar, por
primera vez, sea considerada como zona de riesgo y que se haya solicitado
por parte de este organismo que el Reino Unido informe detalladamente
sobre la situación en relación con este problema.
Por tanto, puedo asegurar a S. S. que el Ministerio de Asuntos Exteriores
está efectuando un cuidadoso seguimiento de esta cuestión y está tratando
también de coordinar --porque obviamente es una cuestión muy importante
pero que desborda el ámbito estricto de nuestra competencia--, de
impulsar y de que haya una mayor actuación de todos los departamentos y
administraciones con competencias en esta materia. A este respecto, por
lo que se refiere a la mayor coordinación y actuación de los
departamentos y administraciones con competencias, también vamos
avanzando algo, y hemos venido avanzando en los últimos meses, en medio
de los problemas y de las limitaciones que supone el hecho de que estos
tráficos y estos incidentes, que lamentablemente se producen, hay que
verlos también en el contexto de una región que desgraciadamente es una
de las zonas y uno de los puntos de entrada de este tipo de material
ilícito. Por tanto, lamentablemente los medios de vigilancia y represión
de que dispone el Estado no pueden dedicarse en exclusiva ni siquiera de
forma mayoritaria al problema, a la corriente o al flujo procedente del
Peñón.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Rupérez para réplica.
El señor RUPEREZ RUBIO: Señor Secretario General, no creo que deba
servirnos de satisfacción pensar que Carmen, la de Merimée y la de Bizet,
se refugiaba en Gibraltar al contemplar que la situación ahora es
bastante más grave que en aquellos momentos, desde el punto de vista de
las planeadoras al menos. No diga usted que antes la situación era mejor
o peor, ahora es muy mala.
Creo que hay muchas responsabilidades compartidas a las cuales tenemos
que hacer frente, cada cual en la medida de sus posibilidades, pero
naturalmente recordando que, al fin y al cabo, el interés es el nuestro,
y eventualmente el de una parte más o menos significativa de los
gibraltareños, pero, repito, fundamentalmente es el nuestro. Y como sus
palabras ahora y antes las del señor Ministro de Asuntos Exteriores
dejaban reflejado en esta Cámara y en esta Comisión, no vamos a
encontrar, nunca, ningún tipo de colaboración por parte de las
autoridades británicas para solucionar un tema que a ellos no les
interesa sino de manera muy marginal, y en cualquier caso no les interesa
resolverlo en el sentido en que a nosotros nos interesa, de manera que
actuemos en consecuencia.
Hay algunas cuestiones a las cuales me quería referir. Primero, por
supuesto que tengo que refrescar muchos conocimientos académicos, entre
ellos los relativos al Derecho del mar, pero lo que el señor Secretario
General nos dice es que no hay delimitación de aguas en la Bahía de
Algeciras, pero sí reconocimiento de unas aguas que no son españolas.
Esto contradice lo que en su momento se estableció en el Tratado de
Utrecht. Ya sé que otros dirán que el Tratado de Utrecht es algo viejo,
pero es la base de nuestras reivindicaciones. Vamos a ver, señor
Secretario General, si resulta que en todas las negociaciones relativas
al Derecho del mar, a la famosa Conferencia sobre el Derecho del mar y a
sus consecuencias, España dejó de lado
alguno de los aspectos que se referían, precisamente, a sus intereses de
tipo nacional sobre la Bahía de Algeciras. Me parece que sus afirmaciones
son muy transparentes. Es decir, no delimitamos, pero el hecho de no
delimitar no quiere decir que no se reconozca que hay unas aguas que no
son nuestras. Eso no figura en el Tratado de Utrecht, y a eso me refería
antes cuando hablaba de los deslizamientos. Estamos contemplando una
situación cualitativamente nueva, una situación de hecho más o menos
molesta, que sin embargo se veía compensada o matizada por otras
situaciones de hecho.
En este momento nos encontramos con la consabida pasividad británica y
con un Gobierno gibraltareño especialmente beligerante en lo que se
refiere a la reclamación de los derechos que ellos entienden que son los
suyos. Como sabe el señor Secretario General, por primera vez desde hace
muchísimos años, la palabra independencia viene siendo sistemáticamente
utilizada por núcleos políticos gibraltareños cuando anteriormente sabían
que esa era una posibilidad prácticamente cerrada. También sabe el señor
Secretario General que en este momento se están contemplando toda una
serie de posibilidades que no incurrirían directamente en las previsiones
del Tratado de Utrecht por lo que se refiere a la devolución española, en
el caso de que se produjera esa manifestación por parte del Reino Unido,
pero sí están contemplando la posibilidad de fórmulas intermedias que,
sin insistir en ese tipo de negativa radical del antiguo texto, sin
embargo podrían permitir la existencia, por ejemplo, de un estado
asociado o de un «status» de dominio que sería claramente contrario a
nuestros intereses. A nuestro entender, eso lo está contemplando el
Gobierno español posiblemente con un atento seguimiento --como el señor
Secretario General nos dice--, pero desde luego con una absoluta
pasividad. También se están produciendo otros datos. Y desde luego, lo
que se está produciendo en la Bahía de Algeciras, en mi memoria al menos
no se había producido con esta virulencia, con este peligro y con esta
osadía, por otra parte, en todos los años que yo recuerdo haberme ocupado
o interesado en el tema de Gibraltar, también con un atento seguimiento.
Pero el atento seguimiento no impide que el contrabando continúe; el
atento seguimiento no impide que nuestras Fuerzas de Seguridad del Estado
se vean negativamente afectadas en esos planteamientos, y el decir que
hay otras zonas que tienen que contemplar también la intención y la
atención de esas fuerzas no es comprensible con un planteamiento político
general, señor Secretario General. Al fin y al cabo, ahí no nos
encontramos únicamente con un problema de contrabando, que es un problema
añadido a una situación en la que se van desmoronando lentamente --así lo
vemos nosotros--, de manera desgraciada, los planteamientos españoles
respecto a Gibraltar.
No voy a hacer en este momento ningún tipo de declaración o de
declamación. Digo, pura y simplemente, que como el Ministerio de Asuntos
Exteriores siga atentamente la situación, siga intentando coordinar, siga
protestando y siga diciendo a tal o a cual organismo de la Unión Europea
que esas cosas no se hacen, y los gibraltareños, con la pasividad
británica, las sigan haciendo, no tenemos absolutamente ninguna
posibilidad no ya de solucionar el tema del contrabando, sino de
encontrar razón a nuestras reivindicaciones. No es este el momento para
hacer una consideración general o en profundidad al respecto, pero
nosotros estimamos que, en términos absolutos y relativos, la
reivindicación española sobre Gibraltar ha sufrido un deterioro
importante a lo largo del año 1993; que en ese deterioro hay muchas
culpas, muchas responsabilidades y muchos intereses que no son nuestros,
pero que hay también pasividad e incapacidad de actuar del Gobierno
español, y eso es lo que nos preocupa, en el fondo. Al final, la
recomendación sería muy clara. Quizá no podamos resolver el tema tal como
nosotros queremos resolverlo, pero por lo menos intentemos vivir con el
problema tal como corresponde a nuestros intereses. No estamos haciendo
ni una cosa ni otra.
Si me lo permite, señor Presidente, voy a acabar con unas palabras que no
son mías, que ni siquiera son de nuestro grupo. El señor Santos,
compañero de esta Comisión, en la comparecencia del señor Ministro de
Asuntos Exteriores, el 19 de abril, acababa su intervención diciendo --y
lo decía con énfasis porque él proviene precisamente de la zona de que se
trata, es Diputado por Cádiz--: Señor Ministro, creemos que, como en las
partidas de ajedrez, si esto continúa así, si no se aprecia el más mínimo
movimiento, quizá sea el momento de ir pensando en mirar hacia el árbitro
internacional y solicitarle su intervención, al menos una mayor presión
en los estamentos internacionales para avanzar en una situación que
desgraciadamente lleva el camino de convertirse en eterna. Suscribo esas
palabras y suscribo la preocupación que reflejan.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario General, por si
quiere añadir algo.
El señor SECRETARIO GENERAL DE POLITICA EXTERIOR (Villar Ortiz de
Urbina): Quisiera hacer tres puntualizaciones muy breves. En primer
lugar, yo no sé si es muy procedente por mi parte, pero ante algunos de
los comentarios que ha hecho con anterioridad S. S. sí quisiera señalar
(sin entrar, por supuesto, en el posible debate de los problemas que
pueda haber o no de tipo reglamentario sobre mi presencia aquí, yo no
hago más que cumplir órdenes y vengo con mucho gusto --lo saben SS. SS.--
siempre que se me solicita y alguna vez incluso en comparecencias
propiamente dichas y no para responder a preguntas que se efectúan al
Gobierno, repito que vengo con mucho gusto) como digo, sin entrar en esta
cuestión que obviamente no me compete, quisiera dejar muy claro que, como
señaló antes S. S., yo no soy más que un funcionario y a mucha honra,
pero soy un funcionario que trabaja con el mayor entusiasmo posible y que
se honra en desempeñar los puestos de responsabilidad política que me ha
encomendado este Gobierno, porque los puestos que vengo desempeñando
desde el año 1983 son todos ellos de responsabilidad política y de
nombramiento del Gobierno en el Consejo de Ministros. Yo quisiera que
quedara muy claro y que no hubiera el menor atisbo de duda, puesto que
algunos comentarios de S. S. podrían prestarse a ello cuando ha
venido casi a decir que los funcionarios venimos aquí a cumplir una
penosa obligación, que no tenemos más remedio que hacer, y que el
Gobierno no da la cara. Ya sé que no se ha expresado exactamente en estos
términos, pero quizá podía darlo a entender. Yo intervengo aquí en nombre
del Gobierno. Tengo entendido que reglamentariamente --aunque es evidente
que S. S. tiene todo el derecho del mundo a rechazarlo-- es correcto que
yo sea designado por el Gobierno para comparecer ante esta Cámara y
cuando lo hago, por supuesto, vengo a defender la política del Gobierno
sin ningún tipo de reservas ni de reparos al respecto. Otra cosa es que
lo haga con mayor o menor competencia, pero yo trato de responder siempre
en el ámbito de mis competencias.
Hecha esta primera puntualización, hago la segunda. Rechazo en los
términos más absolutos y más enérgicos que pueda haber pasividad por
parte del Gobierno en relación con el problema de los tráficos ilícitos o
de los incidentes que se producen con las planeadoras o en relación con
el planteamiento de la reivindicación sobre Gibraltar en general.
Evidentemente la cuestión de Gibraltar ha tenido y va a seguir teniendo
muchos altos y bajos, pero yo creo que cualquier observador mínimamente
objetivo tiene que que reconocer que el momento en el que ha habido un
auténtico salto cualitativo, desde el punto de vista de la reivindicación
y de los planteamientos españoles, ha sido el de la Declaración de
Bruselas, por tanto a partir del año 1984. De manera que rechazo
absolutamente la cuestión de la pasividad. Es posible que S. S. esté
confundiendo la pasividad con una expresión que yo he utilizado en
relación con un problema muy concreto de lo que estamos comentando
respecto a su pregunta, que es el del atento seguimiento por parte del
Ministerio de Asuntos Exteriores o los intentos de coordinación de los
distintos departamentos y administraciones que tienen competencias en
esta cuestión de los tráficos ilícitos o del contrabando. ¡Naturalmente!
¿Qué íbamos a hacer, si no, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores? El
Ministerio de Asuntos Exteriores no tiene competencia para enviar o
dirigir patrulleras o lanchas de vigilancia. Eso es algo que corresponde
a las autoridades competentes y que se está efectuando dentro de un
planteamiento global del Gobierno. ¡Naturalmente que sí! Yo me he
referido exclusivamente a lo que desde el Ministerio de Asuntos
Exteriores y dentro de nuestras competencias estamos intentando hacer,
incluso en algunos casos bordeando el límite de nuestras competencias
precisamente para excitar el celo de toda la Administración, y no sólo de
la Administración sino también de la sociedad española, en relación con
esta penosa cuestión de Gibraltar.
La última puntualización es la de que --insisto-- no se ha efectuado
nunca una delimitación de las aguas de la Bahía de Algeciras. Como señalé
antes, no quiero adentrarme más en esta cuestión. Unicamente quiero
señalar a S. S. que, como apunté con anterioridad y S. S. sabe a qué me
refiero, es una cuestión muy delicada en la que un adentramiento ulterior
podría perjudicar nuestras posiciones políticas, nuestras posiciones
reivindicativas.
Finalmente, quiero señalar que en relación con los planteamientos
independentistas o autodeterministas del señor Bossano, planteamientos
que son perfectamente conocidos desde que por primera vez ganó las
elecciones de manera muy clara --eran el punto crucial de su plataforma
política--, en ningún momento han tenido como respuesta inactividad,
pasividad o el menor atisbo de que el Gobierno español estuviera
aceptando dichos planteamientos, que son absolutamente inaceptables.
Afortunadamente esos planteamientos siguen siendo de la misma manera
inaceptables para las autoridades británicas, que han vuelto a insistir
en que en este punto concreto se atienen a lo dispuesto en el Tratado de
Utrecht y que, por tanto, la opción independentista es una opción a
excluir y el señor Bossano lo sabe. Por consiguiente, en ese tema no ha
habido, en absoluto, la menor dejación.
Quiero señalar de pasada --y ahora sí que termino-- que el hecho de que
una fuerza política gibraltareña obtuviera un triunfo precisamente con
una plataforma independentista y básicamente antiespañola, yo creo que
obedece más bien a unos planteamientos, que ahora se están viendo y
estamos recibiendo los frutos, bastante lamentables durante décadas
anteriores al año 1982, cuando se producen las primeras medidas
liberalizadoras en relación con los contactos y las comunicaciones con la
población gibraltareña, que es un componente, creo yo, en cualquier
Estado democrático, no decisivo pero sí importante, a tener en cuenta
para una solución del problema. (El señor Rupérez Rubio pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Rupérez, lo siento. Las preguntas tienen su
regulación. No hay turno.
El señor RUPEREZ RUBIO: ¿Podría contar con su benevolencia simplemente
para decir dos cosas?
El señor PRESIDENTE: Señor Rupérez, las preguntas tienen planteamiento,
réplica, contrarréplica y nada más. El tiempo se ha agotado. Lo siento.
--CONOCIMIENTO Y ACCIONES DIPLOMATICAS DEL GOBIERNO ACERCA DE BOMBARDEOS
DEL EJERCITO TURCO SOBRE POBLACION CIVIL KURDA, EN EL SUR DEL KURDISTAN Y
EL NORTE DE IRAK, PRODUCIDOS A LO LARGO DEL MES DE MAYO DE 1994,
FORMULADA POR EL SEÑOR VAZQUEZ ROMERO (GIU-IC). (Número de expediente
181/000785.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto siguiente, que es el número 12,
pregunta formulada por el señor Vázquez Romero, del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre conocimiento y acciones
diplomáticas del Gobierno acerca del bombardeo del ejército turco sobre
población civil kurda en el sur del Kurdistán y el norte del Irak,
producidos a lo largo del mes de mayo de 1994. Tiene la palabra el señor
Vázquez.
El señor VAZQUEZ ROMERO: Señor Secretario General, el objetivo de esta
pregunta, además de obtener una respuesta concreta sobre el hecho al que
nos referimos, es volver a hablar una vez más en esta Comisión del
problema del pueblo kurdo y del drama cotidiano que está viviendo desde
hace muchísimos años. Ya hemos dicho en muchas ocasiones, y estará en los
«Diarios de Sesiones» de esta Comisión, que si hubiera un ranking de
pueblos maltratados por sus vecinos --por no decir por la historia, que
parece un ente abstracto-- probablemente el pueblo kurdo estaría en
primerísimo lugar.
El día 1 de junio, en la última reunión de esta Comisión, ya tuvimos
ocasión de tratar otros temas en relación con la situación del pueblo
kurdo, en particular con la situación de los diputados del Partido de la
Democracia, el DEP, que entonces estaban encarcelados y a los que se
había levantado la inmunidad parlamentaria, y sólo 22 días después ese
partido ha sido ilegalizado. Ello significa que si el pueblo kurdo tenía
una vía política de reivindicación de sus derechos de todo tipo
(culturales, históricos, económicos, legales, etcétera), esa vía ha sido
cortada por la justicia --en este caso más injusticia que justicia-- del
Gobierno turco. Ello produce que el tradicional pretexto, el tradicional
alibí de la conexión del pueblo kurdo con el PKK y la supuesta imputación
de actos terroristas a esta organización se encuentre con que
prácticamente la vía política creada precisamente para encontrar salida
en el seno del parlamento turco a esas reivindicaciones de los kurdos,
repito, ha sido cerrada también por el gobierno turco.
Los hechos a los que se refiere la pregunta usted los conoce, sin duda. A
lo largo del mes de mayo, no por primera vez, desgraciadamente, sino una
vez más, se han producido bombardeos masivos del ejército turco sobre
población civil kurda en las regiones del sur del Kurdistán que han
generado un éxodo masivo, fundamentalmente de las personas que viven en
esas aldeas que han sido arrasadas, fundamentalmente, repito, mujeres,
niños y personas ancianas, refugiándose donde han podido, en Iraq, porque
también hay que mencionar que la situación de los kurdos en Iraq tampoco
es muy halagüeña. Este pueblo kurdo tiene, digamos, unos vecinos poco
deseables.
Se trata de saber si ustedes, el Gobierno español, el Ministerio de
Asuntos Exteriores, ha efectuado algún tipo de acción diplomática, como
repetidamente hemos solicitado, sobre el Gobierno turco en la dirección
de acabar con la evidente brutalidad de este gobierno para con esta
minoría. Es una minoría entre 25 y 35 millones de personas. No es una
minoría étnica cuantitativamente poco importante, aunque puede serlo en
el seno de Turquía. Repito que hablamos de un pueblo muy numeroso, muy
antiguo en sus raíces, con asentamiento desde la noche de los tiempos en
su tierra, en el Kurdistán, y cuyos derechos de todo tipo (culturales,
económicos, sociales, etcétera) están siendo maltratados repetidamente
por el Gobierno turco.
Me gustaría que hiciera alguna precisión respecto a esas posibles
acciones diplomáticas que hayan emprendido. Porque, por ejemplo, el día
1, cuando planteábamos problemas de otro tenor, pero que tocaban el fondo
del mismo asunto, el señor Ministro decía que la preocupación que yo
expresaba era compartida por el Gobierno y que se había trabajado en la
dirección de paliar estas acciones de los turcos sobre los kurdos.
Nosotros pedíamos entonces que en el seno de la Unión Europea España
empujara para que se adoptaran las acciones diplomáticas necesarias para
que Turquía modificase su comportamiento ya crónico. Esa es la intención
de nuestra pregunta.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario General.
El señor SECRETARIO GENERAL DE POLITICA EXTERIOR (Villar Ortiz de
Urbina): Señor Presidente, el Gobierno sigue con preocupación la
evolución de la conflictiva situación que se vive en las provincias del
sudeste de Turquía desde que en 1984 se iniciase la lucha armada, la
insurrección armada en aquellas provincias, encabezada, como ha señalado
S. S., básicamente por el PKK, el Partido de los Trabajadores Kurdos.
Efectivamente, la cuestión kurda reviste una extraordinaria complejidad y
delicadeza.
Por un lado, la cuestión kurda, también lo ha señalado S. S., no puede
circunscribirse sólo a Turquía; en mayor o menor medida afecta a varios
países limítrofes. Hay minorías kurdas, aparte de Turquía, en Siria,
Irán, Iraq, Armenia y Azerbaiyán. En todos ellos, efectivamente, hay
minorías de origen kurdo que, de una forma u otra, utilizando unos u
otros procedimientos, y en contextos políticos muy diferentes, pugnan por
conseguir un respeto y un reconocimiento a su identidad.
Por otra parte, es una cuestión que ha sido recurrentemente manipulada
por unos y otros de los países afectados por el problema, a veces para
tratar de debilitar al vecino. Turquía se ha visto en esta situación,
incluso adoptando una actitud pasiva o, en otras palabras, sufriendo los
intentos de manipulación de la cuestión por parte de alguno de sus
vecinos.
Por otro lado, en relación con la complejidad de la cuestión, en Turquía
parte de la población de origen kurdo convive pacíficamente con
poblaciones de otro origen étnico y con la población turca propiamente
dicha en varias ciudades del oeste. Estambul, por ejemplo, es la ciudad
con más población kurda de Turquía. De manera que la cuestión kurda
tampoco puede o debe circunscribirse a lo que viene ocurriendo desde hace
10 años, como mínimo, por lo menos de una forma más sangrienta y más
cruda en las provincias del sudeste. Y, ni siquiera, además --y es un
dato a añadir a la complejidad de la cuestión--, toda la población kurda
del sudeste del país se identifica, ni mucho menos, con el PKK, ni
siquiera tampoco con la llamada «causa kurda».
Lo cierto es que Turquía sufre una insurrección armada dirigida por el
PKK desde hace años. El PKK es un grupo que lleva a cabo tanto acciones
militares, fundamentalmente en las provincias del sudeste del país, como
también acciones de tipo terrorista en las principales ciudades y, como
S. S. sabe, precisamente en uno de estos recientes
atentados, reivindicado por esta organización, falleció un ciudadano
español y resultaron heridos gravemente dos más.
Esta situación de insurrección y de acciones terroristas ha generado,
lamentablemente, una dinámica quizá inevitable, pero lamentable, de
acción-represión, de la que sin duda son víctimas con frecuencia grupos
de población inocente. En términos generales, afecta a la población civil
asentada en las regiones donde se produce este tipo de acciones, y no
sólo sufre las consecuencias directas de este tipo de acciones, sino que
también --y S. S. lo ha señalado al formular su pregunta-- se ve forzada
con frecuencia a desplazarse hacia otros lugares de Turquía o incluso
hacia alguno de los países vecinos.
Permítame brevemente que trate de sintetizar en unos puntos la posición
del Gobierno español sobre la cuestión kurda en general, que es tan
compleja y delicada, pero más en concreto sobre la manifestación parcial
del problema a través de las acciones del PKK.
En primer lugar, España apoya plenamente la integridad territorial de
Turquía, como, por cierto, apoyamos también la integridad territorial de
Iraq, donde hay, como S. S. sabe y ha señalado, un grave problema en
relación con la cuestión kurda y que también tiene sus manifestaciones o
sus pulsiones secesionistas.
En segundo lugar, apoyamos la lucha contra el terrorismo, del PKK o de
cualquier otra organización que recurra a acciones terroristas, porque,
cualquiera que sea la causa y por legítima que pueda parecer la causa de
las organizaciones terroristas, entendemos que el terrorismo debe ser
condenado sin ningún tipo de matices o de paliativos.
Ahora bien, dicho esto, al mismo tiempo sostenemos que la lucha contra el
terrorismo debe llevarse a cabo, por supuesto, en el marco de Estado de
derecho, tratándose además de Turquía, un estado democrático
perteneciente al Consejo de Europa y candidato a la Unión Europea, y
respetando plenamente los derechos humanos, tanto de los presuntos
implicados como de la población civil inocente.
Al mismo tiempo, tenemos la convicción de que, aunque sin duda hay una
lógica en cuanto a la necesidad de responder militarmente a una auténtica
insurrección armada y de mucha envergadura, fundamentalmente en el
sudeste del país, y también de dar una respuesta policial muy enérgica a
un fenómeno terrorista muy grave, como señalaba al principio, sin
embargo, y aunque exista esta lógica, creo que es importante que quede
muy claro el que nosotros pensamos que la cuestión kurda tampoco puede
identificarse ni reducirse al fenómeno del PKK, y que, además, con toda
su complejidad, no tiene una solución puramente militar. Por tanto, la
solución a la cuestión kurda, en Turquía o en cualquiera de los otros
países en que existen estas minorías, sólo puede venir mediante un
proceso de profundización de la democracia mediante el diálogo político y
el reconocimiento y el respeto a la identidad cultural de esta minoría.
Debo añadir, tratando de acercarme más al problema concreto que ha
planteado S. S., que a pesar de la enorme delicadeza y de la
hipersensibilidad de las autoridades turcas en relación con estas
cuestiones, y en el marco de las muy buenas relaciones que mantenemos con
tan importante país, que además es un aliado nuestro en el marco de la
Alianza Atlántica, nunca hemos dejado de transmitirles nuestros puntos de
vista, nuestras concepciones sobre la cuestión kurda en general y sobre
el problema en el sudeste del país, y que esto lo hacemos recurrentemente
de manera discreta, tanto de forma bilateral como a través de las
gestiones efectuadas en el marco de la Unión Europea, donde, por
supuesto, no siempre se realizan las gestiones que a nosotros nos podrían
gustar, por la sencilla razón de que en ocasiones no es fácil encontrar
consenso entre los socios. Todos o, para ser más exactos, casi todos los
socios de la Unión Europea tenemos muy buenas relaciones con Turquía,
reconocemos su importancia y el papel emergente de Turquía como una pieza
clave en relación con la nueva situación geoestratégica tanto en los
Balcanes o en el Medio Oriente como incluso en relación con las
repúblicas de Asia central de la antigua Unión Soviética, pero eso, desde
nuestro punto de vista, no debe ser obstáculo, y así se lo decimos a los
turcos --y S. S. comprenderá que es un tema muy difícil y delicado en
nuestro diálogo--, para efectuar ese planteamiento en las líneas
generales en las que yo he intentado resumirlo.
El señor PRESIDENTE: Para réplica, tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ ROMERO: Nosotros comprendemos, señor Secretario General,
que España tenga buenas relaciones con Turquía, país importante
cuantitativa y cualitativamente en la zona, aliado de España en la OTAN,
etcétera, pero eso no debe ser óbice, sino que, por el contrario, debía
ser un estímulo para que la diplomacia española --repito una frase que ya
es casi cíclica en esta Comisión--, aumentada la talla moral de España en
el contexto internacional, exija el cumplimiento de las normas básicas de
un Estado de Derecho y de una básica defensa de los derechos humanos
fundamentales, caso que no es el de Turquía actualmente; difícilmente se
puede considerar que Turquía cumple con un estándar básico de respeto a
los derechos humanos o con un estándar básico de un Estado de Derecho, al
menos en relación con los kurdos.
Usted ha dicho que España apoya la integridad territorial de Turquía. La
integridad territorial de Turquía no está en cuestión. Yo tengo aquí un
«dossier» que se me hizo llegar ayer por parte de una asociación
legalmente constituida en España que se llama Centro de Información y
Cooperación con el Kurdistán, con domicilio en Madrid, en el que se
incluye una carta del propio Secretario General de ese partido, del PKK,
en la que se insiste en que la integridad territorial de Turquía no está
en cuestión; que están dispuestos a negociar cualquier forma de
organización «autonómica» --entre comillas-- que permita defender los
intereses del pueblo kurdo de forma más viable. Es decir, que no es un
problema de integridad territorial el obstáculo fundamental para
cualquier tipo de acción diplomática sobre Turquía.
Respecto a conceptuar como terrorismo todas las acciones llevadas acabo
por el PKK, tengo que decir que ayer mismo por la tarde, y con presencia
de la mayoría de los grupos parlamentarios, tuvimos una reunión --algún
diputado que allí estuvo está presente en este momento-- en la que
dejamos claro ante ese representante del PKK que nosotros no apoyamos
acciones terroristas de ningún tipo; otra cosa es que podamos entender,
como le he señalado anteriormente, que, como la vía política elegida por
la mayoría del pueblo kurdo o por la mayoría de sus representantes, que
es la creación de ese Partido de la Democracia, ha sido ilegalizado por
el Gobierno turco, pocas salidas le quedan a ese pueblo para llamar la
atención de la comunidad internacional a la hora de hacer valer sus
derechos. Es decir que, de alguna manera, ese argumento de considerar
como terrorista cualquier tipo de acción tampoco es demasiado aceptable,
cuando además podríamos discutir, y probablemente no sea éste el momento
ni el foro, conceptos como terrorismo de Estado, etcétera, que en algún
que otro país se han podido utilizar con bastante entidad.
Los campos fundamentales de acción de la política exterior española son
Latinoamérica, Europa y el Mediterráneo; ésas son las zonas que entran de
lleno en el área de acción preferente de la diplomacia española y el
Oriente Próximo es una zona que debería importarnos bastante. Creo que
España, como potencia media, puede jugar un papel importante como
mediadora --lo ha hecho de facto en otros procesos y ha sido reconocido
por la comunidad internacional; podemos señalar el papel de mediación de
España en el conflicto entre la OLP e Israel, en el conflicto entre el
Gobierno de El Salvador y la guerrilla, etcétera--; España ha tenido
importancia en sus acciones diplomáticas, por su papel de potencia media
mediadora en conflictos sobre los que podíamos intervenir y podría jugar
un papel de mediador en esa zona, que obviamente no nos es tan próxima,
no ya geográfica, sino culturalmente, como puede ser Centroamérica, pero
que, repito, geográficamente está dentro de una de las áreas de acción
preferente de la diplomacia española, en tanto que es el extremo oriental
del Mediterráneo.
En el Consejo de Europa se ha discutido muchas veces la cuestión de los
refugiados kurdos, lógicamente con el voto negativo de la Delegación
turca, y Turquía ha salido, digamos, mal parada de ese tipo de reuniones
con ya 32 países. La evidencia de un absoluto desprecio a los derechos
humanos fundamentales del pueblo kurdo y de más que dudosas actuaciones
dentro del marco de un Estado de Derecho han sido puestas de manifiesto
en repetidos informes de ese Consejo de Europa.
Por otra parte, España, además de jugar ese papel de mediador --cosa que
podría hacer, porque, repito, se halla en una de las zonas de acción
preferente de la política exterior española--, podría llevar a cabo algún
tipo de acción. Por ejemplo, si tiene un comercio de armas con Turquía,
podría ponerlo en cuarentena mientras no se cumplan esos estándares de
respeto a los derechos humanos y de normas de Estado democrático y de
Derecho. Es decir que hay diferentes acciones en el plano de la Unión
Europea y en el plano de la acción unilateral de España que podrían ser
emprendidas si, en vez de estar solamente preocupados, pasáramos a estar
ocupados en este asunto, que, repito, es importante no sólo desde una
concepción intelectual de la política exterior en el mundo, sino incluso
desde lo que son intereses preferentes en zonas preferentes de la
política exterior española. Creo que se pueden hacer más cosas, con toda
la complejidad que entraña el problema, teniendo un tacto adecuado y en
los tiempos adecuados. Hay que pasar de la dicción a la acción; creo que
el tema lo requiere, lo cual no sólo significaría estar luchando a favor
de una causa justa, sino aumentando la talla moral de España en el
concierto internacional.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario General.
El señor SECRETARIO GENERAL DE POLITICA EXTERIOR (Villar y Ortiz de
Urbina): Puntualizar muy brevemente que, como señalé antes en la
respuesta que di a S. S., por supuesto que comparto el hecho de que
seamos un aliado, un país que tiene muy buenas relaciones con Turquía y
además está con nosotros en muchas organizaciones internacionales y
aspira también a estar en la Unión Europea. No es, no debe ser ni ha sido
óbice para que planteemos, en los términos que nos ha parecido más
oportunos, estas cuestiones tan delicadas. Lo hemos hecho, lo seguimos
haciendo. Quizá la única diferencia de matiz sería que me da la impresión
de que S. S. sobrevalora un poco nuestra capacidad de acción en relación
con este problema concreto, lo cual no significa, por supuesto, que no
estemos intentando hacer algo en relación con algunos aspectos de la
cuestión que efectivamente nos preocupan; cuestión tremendamente compleja
y delicada.
En segundo lugar, en ningún momento, por supuesto, he dicho que todas las
actuaciones o acciones del PKK deban calificarse como de terroristas. Lo
que yo he dicho es que el PKK es una organización que con frecuencia
recurre, como método de acción política y para conseguir sus objetivos,
al terrorismo. Lo ha hecho incluso mediante atentados, como he señalado,
alguno de ellos muy recientes que incluso han producido la muerte de un
ciudadano español. Yo creo que eso es muy importante que esté muy claro y
sin duda lo está en esta Cámara a efectos de cualquier tipo de diálogo
que los grupos políticos puedan tener con el PKK. Sin duda que esta
preocupación la tienen presente los grupos políticos, al menos los aquí
representados, y S. S. se ha referido a una reunión que, al parecer, tuvo
lugar ayer, pero yo considero mi obligación el insistir en este punto
para que no haya el menor atisbo de dudas de que el PKK es una
organización que con frecuencia recurre a actividades de tipo terrorista.
Esto hay que saberlo, y recientemente algunas de estas actuaciones
lamentablemente han afectado a algún ciudadano español.
--POLITICA ACTUAL DE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU) EN
RELACION CON HAITI, UNA VEZ FRACASADOS
LOS PLANES DE 1993. FORMULADA POR EL SEÑOR MILIAN MESTRE (GP). (Número de
expediente 181/000842.)
--POLITICA PREVISTA POR EL GOBIERNO ESPAÑOL EN RELACION CON LA SITUACION
INTERNA DE HAITI. FORMULADA POR EL SEÑOR MILIAN MESTRE (GP). (Número de
expediente 181/000843.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a los puntos 14 y 15, que creo que se pueden
defender conjuntamente porque se refieren al mismo tema, al de Haití.
Tiene la palabra el señor Milián Mestre para formular las preguntas
números 14 y 15.
El señor MILIAN MESTRE: Ciertamente, estaba así previsto por mi parte;
por lo tanto, voy a unificarlas.
La pregunta 14 se refiere a la política actual de la Organización de las
Naciones Unidas en relación con Haití, una vez fracasados los planes del
año 93.
La pregunta 15 hace referencia a la política prevista por el Gobierno
español en relación con la situación interna de Haití.
Son dos cosas que en sí mismas son distintas, pero que el contexto y la
naturaleza del tema las unifica, por entender que alguna presencia debe
tener España y nuestro Gobierno en la ocupación y preocupación --para
seguir la terminología de mi antecesor: ocupación y preocupación-- de un
área que nos es muy fraterna, a pesar de que la cultura sea distinta.
Dicho esto, quisiera empezar mi reflexión por pedir una acción y decir
que los acuerdos de la Isla de los Gobernadores, GovernorÕs Island, de
julio del 93, propusieron una fecha límite para recuperar la Presidencia
por parte del Presidente legal, legítimamente elegido, señor
Jean-Bertrand Aristide. Esa fecha era el 30 de octubre del 93.
Aquel fracaso fue espectacular y vergonzante, puesto que después no ha
sido seguido por ninguna reacción internacional suficiente. Ahora, mucho
después han aparecido algunas respuestas a aquel hecho. Justamente en
aquel momento quedó bastante claro cuál era la posición del Presidente de
los Estados Unidos al respecto, es decir, amagó la intervención y no la
ejecutó, después de haberla proclamado ampliamente.
A este respecto, yo voy a citarle lo que le dijimos al señor Ministro de
Asuntos Exteriores en aquellas fechas del 24 de noviembre del 93 cuando,
en una comparecencia del señor Ministro sobre este tema, nosotros
manifestamos el temor por nuestra parte de que la posición de las
Naciones Unidas había fracasado en su dispositivo --y cito textualmente--
«hecho del que todos tenemos conocimiento y que no voy a pormenorizar. No
parece lógico cuando, después del acuerdo del GovernorÕs Island se han
incumplido absolutamente todos los puntos del mismo, se ha entrado en una
dinámica de descomposición interna, hay partidos políticos que no tienen
en este momento más razón de ser que la pura pasividad» --o sea, ser
sujeto pasivo de la persecución-- «... estamos conociendo violencias
extremas, asesinatos, incluso, de algunos ministros, etcétera, y, desde
luego, el 30 de octubre no ha vuelto el señor Aristide».
Este era el punto de partida de nuestra reflexión y, de alguna manera, a
esta petición de principio me remito.
Todo ha empeorado después. Las Naciones Unidas o no supieron precisar
suficientemente el nivel de su mandamiento o estaba cifrado en un mal
cálculo acerca de la realidad interna haitiana, pero los hechos,
evidentemente, después nos han dado la razón.
Primero el General Raoul Cedrás dio un golpe de Estado el año 92,
liquidando la vía democrática establecida en el año anterior, el 30 de
septiembre del 91. Ya entonces, un diplomático haitiano de la Embajada de
España vino a visitarnos a nuestro grupo parlamentario, y mi portavoz,
señor Rupérez, me encargó que lo recibiera, y no olvidaré nunca sus
palabras: Ustedes ayúdennos, porque aquello es algo muy extraño, donde el
narcotráfico está implicado. No olvidaré nunca sus palabras. Ahora, dos o
tres años después, aparecen las acusaciones vinculativas a narcotráfico
por parte de los Estados Unidos.
Fracasaron los planes de Estados Unidos y de la ONU del año 93 y todo
siguió igual. Cedras y los oligarcas, evidentemente, se rieron de las
instrucciones de las Naciones Unidas y de Estados Unidos; se crecieron,
por sus tropelías, ante un cierto desentendimiento internacional. En este
momento hay noticias muy concretas. Antes asesinaron a miles, como yo
había dicho en aquella ocasión, pero ahora hay noticias muy concretas con
denuncias de la OEA y de Dante Caputo.
En tercer lugar los despropósitos han dado paso a una respuesta por parte
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas del 6 de mayo; resolución
mediante la cual se otorga quince días de plazo a los militares haitianos
para que abandonen el poder o, de lo contrario, su país será objeto de un
bloqueo internacional que lo aísle prácticamente del resto del mundo por
tierra, mar y aire.
Se busca la recuperación de la democracia con su legítimo Presidente el
señor Aristide, pero otra vez los hechos han sido más tozudos que las
buenas intenciones y de nuevo ni la amenaza de la fuerza ha podido
cumplimentar esta voluntad de las Naciones Unidas.
Tardíamente se va a una acción que, realizada antes, hubiera obviado
probablemente muchas cuestiones y problemas internos en la isla y tantos
y tantos muertos y persecuciones en el desorden interno imperante.
Es cierto que, si uno analiza los puntos de la resolución de las Naciones
--que no voy a relatar porque son muy extensos, dada la hora que es, pero
son muy precisos--, es cierto, repito, que es el bloqueo sustancialmente
más duro después del de Irak. Por lo tanto, eso indica un cambio
cualitativo respecto a la posición anterior acerca del tratamiento del
problema haitiano.
La contrapartida a esta amenaza sería la retirada de los responsables
máximos del poder militar, pero, entre tanto, en Haití se han producido
otros acontecimientos.
En primer lugar, acogiéndose a la Constitución del año 1987 (que, por
cierto, en su redacción la dirigió el propio ahora beneficiado Emile
Jonassaint, que, si no tengo mal entendido, es el nombre un tanto
complejo del nuevo
Presidente elegido por la Cámara de Representantes, o sea Diputados y
Senadores acogiéndose a un artículo de esa misma Constitución de la que
él fue redactor donde el «vacío de poder», entre comillas), justificaba
la designación como Presidente de la máxima autoridad o más alto
representante del Tribunal de Casación, en este caso el propio
interesado. Con esta martingala jurídica ciertamente se ha querido, de
alguna manera, cubrir las apariencias ante las Naciones Unidas,
argumentando los militares que hay un vacío de poder puesto que no está
Aristide presente en ese país, obviamente, y que, por lo tanto, se aplica
la Constitución, y correctamente en este sentido se establece una nueva
Presidencia civil que cubra las apariencias de una realidad que no tiene
nada que ver con todo esto.
Lo cierto es que esta broma jurídica se pretende justificar a partir de
la presencia en la votación de 13 senadores y cinco diputados legítima y
legalmente elegidos por la vía democrática en su día, lo cual no
justifica ni mucho menos la aceptabilidad de este planteamiento, a tal
extremo que el propio Jefe de Gobierno provisional, Robert Malval, ha
advertido que este nombramiento es absolutamente ilegal y no ha
reconocido la constitucionalidad del acto.
Otro dato alarmante de esta situación es justamente la radicalización de
las posiciones de ocupación del poder de la oligarquía duvalista. ¿Qué
pasa con todo esto? Es cierto que la oligarquía está apoyando al sistema
militar que gobierna la isla y es cierto que esta oligarquía está al
servicio de una serie de intereses, algunos no confesables y vinculados a
lo que les he dicho en el encabezamiento de mi intervención. Pero no es
menos cierto que aquí se está produciendo una acción con libertad plena
de movimientos y de ocupación de puestos por parte del Frente para el
Progreso de Haití (FRAH), que es justamente el grupo legal admitido como
partido de los antiguos tontons macoutes, que son, en definitiva, los que
propiciaron la dictadura anterior de Duvalier y los que ahora están
afirmando esta nueva situación.
En cuarto lugar, la OEA se ha unido a estas condenas afirmando la
ilegalidad ante las medidas como éstas del Presidente y aportando la
denuncia de las violaciones de los derechos humanos, 32 desde enero de
1994, según testimonios de algunos de sus enviados o comisionados, que no
dudan en calificar lo que ellos han visto de un crimen en contra de la
Humanidad.
Todo esto ha venido a corroborar ahora la situación «de facto» de que el
ultimátum del Consejo de Seguridad de la ONU no ha sido atendido y, por
lo tanto, estamos en una situación previa a un conflicto que en algunos
casos está visto como emergencia interior por parte de los militares
haitianos, y en otros casos, por parte de las Naciones Unidas y otros
países, de acción exterior.
Ahí van los razonamientos y éstas son mis preguntas al respecto. ¿Qué
resolverán los Estados Unidos? ¿Intervendrán militarmente de forma
unilateral? ¿Lograrán el arropamiento de otros países latinoamericanos,
como parece ser que se pretende? ¿Volveremos a la ignorancia pasiva ante
la omisión de una respuesta? ¿Realmente servirán de algo estas drásticas
medidas que refuerzan el embargo económico, especialmente en relación con
el petróleo y las armas? Usted sabe, señor Secretario General, que la
República Dominicana está transgrediendo estas medidas de forma
sistemática, a pesar de que Estados Unidos lo niega.
Todo ello nos lleva a la conclusión siguiente. En primer lugar, la IV
Cumbre de Presidentes iberoamericanos ha soslayado el tratamiento de la
cuestión a petición del Gobierno de España, cosa que me ha sorprendido
mucho leerlo en los periódicos, por cuanto que entiende que no es zona
que nos incumba porque no se considera iberoamericana, sino que pertenece
a la República francesa. A mí me parece esto una obviedad, en el bien
entendido de que está circunscrito a Haití en una zona absolutamente ex
española, como es el Caribe, y, además, históricamente es la primera zona
española que hubo en el proceso del descubrimiento y de la conquista. Me
parece algo sorprendente por parte del Gobierno, que no acabo de
entender. Por eso la pregunta queda perfectamente justificada: ¿Qué
piensa hacer el Gobierno a este respecto, porque no entendemos por qué se
ha negado el Gobierno español en este momento justamente a plantear ese
tema en la Cumbre iberoamericana?
En segundo lugar, ¿cómo es posible que los Estados Unidos parece ser que
presionan al Gobierno español --no tenemos conocimiento de ello hasta
ahora sino a través de la prensa internacional, The New York Times
justamente hace unos pocos días advertía que España y Francia podían ser
el lugar de cobijo o de aceptación del desplazamiento de los militares
golpistas de Haití--, cómo es posible que de esta noticia no se tenga más
conocimiento que lo que llega por la vía no oficial, sino por la prensa,
por un gran periódico norteamericano?
En tercer lugar, es de suponer que el estado de emergencia de Haití,
cuando se den estas dos circunstancias, provocará probablemente una
respuesta --esta vez sí, probablemente--, puesto que se van a enviar los
datos o indicadores en este sentido: los llamamientos patrióticos que los
generales haitianos están haciendo a la población para su defensa y
resistencia, y la orden de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá para
que sus ciudadanos y los diplomáticos ubicados en la isla --más de 6.000
personas-- abandonen aquellas tierras.
¿Vamos a cambiar definitivamente el escenario de esta zona --me
pregunto-- con una política resuelta finalmente por parte del Gobierno
español que ayude y justifique ciertas acciones en aquel lugar, puesto
que es de alguna manera de América Latina e Iberoamérica, aunque sea de
cultura francesa, esa isla? ¿El Gobierno español tiene conciencia de que
no nos podemos olvidar por este hecho del sufrimiento de unos pueblos
que, como me dijo a mí concretamente en el momento del golpe de Estado el
propio diplomático haitiano, están en una situación desesperada porque
allí se estaban conculcando una serie de principios de Derecho
internacional y también, por supuesto, el régimen interior legal, que
tenía vinculación con movimientos de narcotráfico, lo cual perjudicaba
los intereses de todo el hemisferio en el sentido de repercutir
directamente en el tráfico y en la perturbación de la garantía y
seguridad internacionales? Estas son razones suficientes para que el
Gobierno español impulse, en esa zona de alto
interés para nosotros, una política de acción o intervención o, al menos,
de cambio forzoso de las instituciones internas a la vista del actual
estado político y situación interna de Haití.
El señor PRESIDENTE: El señor Secretario General tiene la palabra para
contestar.
El señor SECRETARIO GENERAL DE POLITICA EXTERIOR (Villar y Ortiz de
Urbina): Voy a tratar de contestar también conjuntamente al planteamiento
general que ha hecho S. S. y, después, trataré de contestar a las
preguntas muy concretas que ha efectuado al final de su exposición.
Tras el incumplimiento de los acuerdos de la Isla de los Gobernadores el
3 de julio de 1993 y la consiguiente imposibilidad del retorno del
Presidente Aristide el pasado 30 de octubre, Haití, efectivamente, vive
sumida en una gravísima crisis interna, para cuya solución los esfuerzos
de la comunidad internacional, como ha señalado S. S., efectivamente no
han dado su fruto hasta el momento, no han tenido resultado alguno, lo
cual no significa que estos esfuerzos no hayan sido muy intensos y muy
arduos desde el inicio mismo de la crisis.
Las noticias contenidas en el reciente informe --es de mayo pasado-- del
Secretario de Naciones Unidas sobre la situación de la democracia y los
derechos humanos en Haití no pueden ser más preocupantes. Al parecer, se
ha producido un recrudecimiento de violencia en la isla, con persistentes
violaciones a los derechos humanos, en particular, ejecuciones
extrajudiciales y desapariciones forzadas. Se registran igualmente gran
número de detenciones arbitrarias ilegales, secuestros y violaciones. La
represión afecta en particular a los círculos favorables al Presidente
Aristide, a sus partidarios, y tiene por objeto obtener información sobre
los miembros de organizaciones populares y aterrorizar a los partidarios
del legítimo presidente.
Los últimos intentos para desbloquear la situación y lograr una solución
haitiana negociada entre las partes enfrentadas, se han visto frustrados.
En un nuevo desafío a la comunidad internacional, un sector del Senado
haitiano invistió provisionalmente el pasado 12 de mayo al señor Emile
Jonassaint, Presidente de la Corte Suprema como Presidente de la
República.
En estas circunstancias, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
--debo señalar que es en este ámbito básicamente donde está centrada la
actuación española como miembro en estos momentos no permanente del
mismo-- optó por el endurecimiento del régimen de sanciones a Haití;
régimen de sanciones que se había adoptado previamente en este mismo
marco a través de las resoluciones 841, de junio de 1993, y 873 de
octubre de 1993. Para instaurar este endurecimiento del régimen de las
sanciones, como decía, el Consejo de Seguridad, el pasado 6 de mayo,
adoptó por unanimidad --contando naturalmente con el apoyo y activa
participación de España en su elaboración-- la Resolución 917.
El Gobierno español, que apoyó las primeras elecciones democráticas
celebradas en Haití el 16 de diciembre de 1990 y que condenó desde el
primer momento de la forma más tajante y clara el golpe de Estado del
General Raoul Cedrás el 30 de septiembre de 1991, no puede sino estar
seriamente preocupado, y lo está, ante el deterioro progresivo de las
condiciones de vida del pueblo haitiano y ante la nula voluntad mostrada
hasta el momento por el actual Gobierno o Junta Militar de cumplir los
compromisos adquiridos en el acuerdo de la Isla de los Gobernadores a los
que con anterioridad hizo alusión su señoría.
Como indicaba antes, España, como miembro del Consejo de Seguridad,
participó activamente en la elaboración y votó a favor de la resolución
917 del Consejo, la más reciente, que, como decía, ha endurecido el
régimen de sanciones a Haití fundamentalmente en tres aspectos. En primer
lugar, contempla sanciones específicamente dirigidas contra oficiales de
las fuerzas armadas, policía y los participantes en el golpe de Estado de
1991, así como contra sus familiares directos y, en concreto, denegación
por parte de los demás Estados de entrada en sus territorios, congelación
de sus cuentas, activos financieros, etcétera. En segundo lugar, supone
la prohibición de todos los vuelos con Haití, excepto los vuelos
regulares de aerolíneas para el transporte de pasajeros y aquellos que
pudieran autorizarse por motivos humanitarios; estas sanciones entraron
en vigor de forma inmediatamente posterior a la adopción de la resolución
por parte del Consejo de Seguridad. En tercer lugar, la resolución 917 ha
impuesto un embargo comercial total, con una serie de excepciones, entre
las que cabe destacar productos alimenticios, medicamentos y material
sanitario. Estas últimas medidas entraron en vigor el día 21 de mayo,
previa recepción, por parte del Consejo de Seguridad, de un segundo
informe del Secretario General en el que se señalaba que las autoridades
militares de Haití no habían adoptado ninguna medida en cumplimiento de
las obligaciones derivadas de esta resolución que el Consejo había
adoptado días antes.
Consideramos, por tanto, que el acuerdo de la Isla de los Gobernadores
sigue siendo el marco básico para la solución de la crisis haitiana y
que, a pesar de que no se hayan conseguido los resultados perseguidos
--como suele ocurrir en este supuesto de imposición de sanciones que,
normalmente, para obtener éxito se requiere tiempo y paciencia--, esta
línea emprendida por el Consejo de Seguridad de endurecimiento de las
sanciones es todavía la mejor forma de tratar de conseguir el
cumplimiento de dicho acuerdo. Por supuesto, que las sanciones no son un
fin en sí mismas, sino un instrumento al servicio de los objetivos
políticos establecidos en el acuerdo entre las fuerzas políticas
haitianas.
En el marco de la Unión Europea, a la par que se han adoptado ya todas
las medidas internas necesarias para reducir o suprimir, en los aspectos
previstos explícitamente por la resolución 917 del Consejo de Seguridad,
las relaciones económicas y comerciales con Haití, de conformidad con las
disposiciones de esta resolución, los Doce han adoptado una declaración
nítida condenando y rechazando, en los términos más explícitos y
tajantes, la investidura del señor Jonassaint como Presidente de la
República, y, al mismo tiempo, apoyando los esfuerzos que vienen
realizando tanto las Naciones Unidas como la Organización de los Estados
Americanos para restaurar la democracia en dicho país.
El Gobierno español considera que el mantenimiento y estricto
cumplimiento de esta política, de este régimen de sanciones que acaba de
endurecerse por parte de la comunidad internacional, continúa siendo la
mejor vía de presión para la restauración de la democracia en la isla
caribeña, pero compartimos, al mismo tiempo, la opinión del propio
Secretario General de las Naciones Unidas en el sentido de que la mejor
garantía de una solución duradera a la grave crisis haitiana se encuentra
en un acuerdo específicamente haitiano.
Para concluir, y en relación con las preguntas específicas que ha añadido
S. S. al final de su intervención, debo señalar que los asuntos que se
abordan en la Cumbre iberoamericana son pactados y consensuados
previamente por todos los participantes. Yo no tengo noticias de que en
el proceso de preparación haya habido el menor intento por parte de
ningún país, participante o no, para introducir en la agenda de la Cumbre
el problema de Haití. Como sabe S. S., la agenda de esta Cumbre era muy
específica y se refería básicamente a las cuestiones de comercio,
inversiones y procesos de integración en Iberoamérica, lo cual no
significa que, de manera informal y al margen de la Cumbre, en las
innumerables reuniones bilaterales que se suelen producir con ocasión de
estas cumbres, el tema de Haití haya podido salir o no en alguno de estos
encuentros bilaterales de los distintos mandatarios. Desde luego, el tema
no figuraba en la agenda, como no figuraban tampoco los conflictos,
todavía residuales, que existen en diversas regiones de Latinoamérica.
Hasta el momento, no ha habido sondeo alguno, ni siquiera sobre un
eventual refugio o aceptación en nuestro territorio nacional del señor
Cedrás o de cualquiera de sus compañeros golpistas.
¿Cuál puede ser --preguntaba S. S.-- la respuesta a la nueva situación?
Es difícil prever en estos momentos cuál puede ser. Va a depender mucho
de la evolución de los acontecimientos. Yo preveo que habrá que dar un
margen al nuevo régimen endurecido y reforzado de sanciones, que es
importante. Tengo la impresión de que esto va a requerir tiempo y
paciencia, pero esto no significa, por supuesto, que otras posibles
opciones estén cerradas o que, en su momento, no se pueda llegar a otras
posibles soluciones.
En todo caso, nuestra posición siempre ha sido, y sigue siendo, la de que
si la comunidad internacional considerara necesario recurrir a esas
eventuales opciones deberían efectuarse en un marco multilateral y con
arreglo a los principios y disposiciones de la Carta de las Naciones
Unidas.
El señor PRESIDENTE: El señor Milián, brevemente, tiene la palabra.
El señor MILIAN MESTRE: Brevemente, señor Presidente, para agradecer lo
que acaba de decir, pero también para añadir alguna consideración.
Probablemente, cuando se iniciaron los conflictos internos el año pasado
en Ruanda y Burundi, se pensó que no irían a más y también se esperó que
se resolvieran por sí mismos, y fíjese usted dónde estamos: en la
carnicería más escandalosa de este siglo, después de la del señor Hitler.
Yo me temo que cuando los altos funcionarios de la OEA advierten de que
se están cometiendo crímenes contra la humanidad, están diciendo
exactamente lo que dice: crímenes contra la humanidad civil. Hay
atropellos en cuantía considerable contra todos los principios dentro de
la situación interna de ese país.
Yo insisto en que, a veces, los escrúpulos internacionales que
manifestamos en los comportamientos ciertos países o naciones, no son
justificables ni justificados, porque la amenaza es tan evidente de que
pueden ocurrir auténticos desastres, como los que estamos viendo en
Ruanda, que, ciertamente, esperar más de tres años, como la moratoria que
estamos otorgando en este caso, a ver si atienden los ruegos o las
amenazas de las Naciones Unidas los militares haitianos, me parece
demasiado plazo como para no reaccionar. Esa es la consideración que
habría que corregir.
Yo espero que el Gobierno español, señor Secretario General, atienda
nuestros compromisos en aquella zona, independientemente de que Haití sea
una media isla francesa o francófona, y que comprenda que allí hay
razones más que suficientes como para pensar que esto así no puede
continuar, porque el marchamo de los acontecimientos augura lo peor de lo
peor. Si nosotros no hacemos nada, vamos a ver cómo actúan los demás
países. Tal vez Estados Unidos tenga algún interés muy limitado, de
momento está asumiendo ya a los inmigrantes ilegales y los está
legalizando y, a lo mejor, su conciencia se tranquiliza con ello, pero
eso no basta, porque lo que allí está pasando es demasiado grave y vemos
que las medidas del control del comercio, etcétera, a las que ahora se ha
recurrido, son insuficientes. Fíjese que no es dudoso. El propio El País
del día 16 de mayo decía en su editorial: El embargo ha sido ineficaz,
desde la República Dominicana llega todo el petróleo que se necesita en
las familias ricas y en los servicios militares, los que sufren el
embargo son los pobres.
Una vez más, está ocurriendo lo de siempre: los embargos se quedan en
embargos, los soporta el pueblo y evidentemente quien no los soporta es
el que ha ocasionado ese desastre y esa situación interna en ese país, es
decir, los militares que destituyeron al presidente legítimo y legal.
Con esto dejo manifestada como Grupo Parlamentario nuestra preocupación
por la aparente debilidad que manifiesta el Gobierno, puesto que no
estaba en la agenda de la IV Cumbre. Le puedo mencionar aquí noticias de
prensa, reportajes o crónicas de esa Cumbre donde se especifica que Haití
y Cuba serán temas de la IV Cumbre de Cartagena de Indias, y se añade que
la dramática situación en Haití tendrá inevitablemente un papel de
protagonista en la reunión. Esto está escrito en crónicas de La
Vanguardia, que da más información en la que no voy a entrar porque nadie
puede ser ajeno a un estado de emergencia en estas condiciones. Sería una
hipócrita manera de ver las cosas olvidar que, dentro del perímetro de la
hispanidad o del mundo iberoamericano, existe un país francófono que está
sufriendo unas consecuencias dramáticas que anuncian siempre lo peor si
no se interviene pronto y a punto.
El señor PRESIDENTE: ¿El señor Secretario General quiere añadir algo más?
El señor SECRETARIO GENERAL DE POLITICA EXTERIOR (Villar y Ortiz de
Urbina): Quiero puntualizar que no existe, como he querido demostrar en
mi intervención, el menor desinterés por parte del Gobierno en esta
cuestión. Como he señalado, la actuación española debe seguir
enmarcándose fundamentalmente ahí, porque es donde nuestra acción puede
ser más efectiva, en el marco del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas y también de una forma menos intensa, teniendo en cuenta nuestra
condición de mero observador aunque seamos un observador influyente, en
el marco de la OEA. Desde los inicios de la crisis hemos tratado de
aportar nuestra contribución a los esfuerzos de la comunidad
internacional para solucionar esta gravísima e intolerable crisis y
compartimos, en la cuota que nos corresponde, la frustración de toda la
comunidad internacional, incluidas las principales potencias con mayores
intereses e influencias en ese país, ante la imposibilidad hasta este
momento de haber solucionado el problema. En ningún momento S. S. debe
pensar que ha habido o vaya a haber el menor desinterés o inactividad por
parte del Gobierno en esta cuestión.
Por lo que se refiere a la inclusión o no en la Cumbre Iberoamericana,
obviamente yo no voy a discutir qué temas deberían haber figurado de los
que no se trataron. Se llegó al temario por consenso entre los países
participantes. Lo único que quería es desmentir cualquier impresión
errónea que pudiera haber difundido algún medio informativo de que España
hubiese mostrado, no ya oposición, sino la menor reticencia o reparo a
que el tema de Haití se hubiera tratado en la Cumbre Iberoamericana.
Insisto en que de lo que tengo constancia es de que no se ha tratado en
la Cumbre propiamente dicha, en las reuniones formales, pero eso no
significa que el tema de Haití no haya podido ser abordado --sin duda lo
ha sido-- en alguno de los innumerables encuentros, bilaterales o
trilaterales, que se celebran de manera no formal en el marco de la
Cumbre, pero sí aprovechando la Cumbre de Cartagena.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Secretario General.
Con esto damos por concluido el orden del día. Agradezco mucho, en mi
nombre y creo que en el de todos, su presencia aquí y el haber tratado
con tanta extensión tantos y tan diversos temas, que nos han llevado
desde la pesca del atún con anzuelo, hasta Haití, sobrevolando
prácticamente todos los continentes. Gracias por su presencia y le
liberamos ya de su deber de permanecer en esta Mesa.
Señorías, damos por concluida la sesión.
Eran las dos de la tarde.