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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 246, de 21/06/1994
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1994 V Legislatura Núm. 246
DEFENSA
PRESIDENTE: DON JUAN MUÑOZ GARCIA
Sesión núm. 14
celebrada el martes, 21 de junio de 1994
ORDEN DEL DIA:
Comparecencia del señor Secretario de Estado de Defensa (Flos Bassols),
para informar:
--Sobre el balance de los diez primeros años de la política de
compensaciones industriales. A petición propia. (Número de expediente
212/000699) (Página 7418)
--Sobre los efectos del Plan de Reestructuración de la Empresa Nacional
Santa Bárbara. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular. (Número de
expediente 212/000637) (Página 7426)
Preguntas:
--Del señor Romero Ruiz (Grupo Parlamentario Federal IU-IC), sobre
opinión del Ministro de Defensa acerca del Real Decreto 1751/1990, de 20
de diciembre, sobre viviendas militares. (BOCG serie D, número 109, de
10-6-94. Número de expediente 181/000820) (Página 7433)
--Del mismo señor Diputado, sobre previsiones acerca de la aplicación
futura del Real Decreto 1751/1990, de 20 de diciembre, sobre viviendas
militares. (BOCG serie D, número 109, de 10-6-94. Número de expediente
181/000822) (Página 7433)
--Del mismo señor Diputado, sobre opinión del Ministro de Defensa acerca
de si el Real Decreto 1751/1990, de 20 de diciembre, sobre viviendas
militares, se encuentra en consonancia con la línea programática de
acción social de su partido. (BOCG serie D, número 109, de 10-6-94.
Número de expediente 181/000823) (Página 7433)
--Del mismo señor Diputado, sobre opinión del Ministro de Defensa acerca
de si el Real Decreto 1751/1990, de 20 de diciembre, sobre viviendas
militares, se encuentra en línea con los elogios a las Fuerzas Armadas.
(BOCG serie D, número 111, de 14-6-94. Número de expediente 181/000824)
(Página 7433)
Se abre la sesión a las doce y cinco minutos del mediodía.
CELEBRACION DE LAS SIGUIENTES COMPARECENCIAS DEL SEÑOR SECRETARIO DE
ESTADO DE LA DEFENSA (FLOS BASSOLS), PARA INFORMAR:
--SOBRE EL BALANCE DE LOS DIEZ PRIMEROS AÑOS DE LA POLITICA DE
COMPENSACIONES INDUSTRIALES, A PETICION PROPIA. (Número de expediente
212/000699.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, comienza la sesión.
Empezamos por el segundo punto del orden del día, comparecencia del
Secretario de Estado de la Defensa para informar sobre el balance de los
diez primeros años de la política de compensaciones industriales; esta
comparecencia es a petición propia.
El señor Secretario de Estado tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA DEFENSA (Flos Bassols): Señorías,
esta comparecencia se produce con ocasión de cumplirse los diez primeros
años del acuerdo de compensaciones correspondiente al programa FACA, es
decir, el programa de adquisición de los F-18 a la Marina americana. Debo
señalar que esta comparecencia coincide, sorpresivamente, con la crítica
inesperada de la Administración americana a la política industrial del
Ministerio de Defensa español y, en concreto, a la exigencia del
componente nacional y a la política de compensaciones. No hablaré de
ello, simplemente diré que me parece que la política de compensaciones es
necesaria para España, que es perfectamente legítima y que constituye una
práctica habitual en otros países occidentales.
Si bien antes de la adquisición de los F-18 se había negociado algún tipo
de compensación, el acuerdo en cuestión no es sólo el de mayor entidad
firmado por el Ministerio de Defensa, sino que constituye el punto de
arranque de una política que ha dado frutos económicos y tecnológicos
importantes. Téngase en cuenta que en estos diez últimos años hemos
firmado ya 72 acuerdos de este tipo, que suponen un volumen de retorno de
unos 520.000 millones de pesetas, del año 1993. Por ello, además de dar
cuenta de la marcha del acuerdo en cuestión, voy a exponer también cómo
funciona en general la política de compensaciones del Ministerio de
Defensa, que, como SS. SS. saben, va derivando progresivamente a una
política de cooperación.
Por supuesto, ésta no es la primera vez que el Ministerio de Defensa
explica ante esta Comisión la marcha del acuerdo del F-18. Hubo en el año
1985 una comparecencia del entonces Secretario de Estado, don Eduardo
Serra, y posteriormente, en el año 1989, del entonces Secretario de
Estado, don Rafael de la Cruz, en virtud del paso de los cinco años de
cumplimiento del programa FACA.
Dado que la materia de compensaciones es compleja, mucho más de lo que
pueda parecer desde fuera, antes de entrar en mi exposición voy a hacer
una breve descripción de algún mecanismo básico, aun a riesgo, como
siempre, de simplificar en exceso, a fin de que aquellos que no hayan
estado en anteriores sesiones sobre este tema puedan seguir adecuadamente
lo que posteriormente voy a decir. Mediante el acuerdo de compensaciones,
una empresa extranjera que exporta su producto a nuestro país se
compromete a generar flujos económicos en sentido contrario que compensen
el esfuerzo que nosotros hacemos al importar sus productos. Es decir, la
primera idea a retener, y que en el pasado generó algunas dudas, es que
la empresa extranjera que firma el acuerdo no se compromete a comprar,
aunque puede hacerlo, sino que se compromete a generar exportaciones
españolas, ya sea hacia su país, que es lo habitual, o hacia otro país.
Normalmente, los acuerdos admiten también la compensación por vías
distintas de la exportación, e incluso ello es muy deseable en momentos
como los actuales. Entre estas otras vías, deben destacarse la
transferencia de tecnología a España, la formación y el adiestramiento,
ya sea de militares o, muy en especial, de técnicos avanzados en nuestras
empresas, y luego el suministro a España de bienes adicionales o de
servicios, normalmente vinculados al producto inicial que hemos comprado.
Lógicamente, a la empresa extranjera no le es indiferente, en absoluto,
la vía por la que se produzca la compensación. En principio, le interesa
mucho más promover nuestra exportación que transferir tecnología o
formación especializada a nuestras empresas. Transfiriendo tecnología o
formando a nuestra gente, lo que hace es preparar a nuestras empresas
para la competencia; por tanto, esto es de un interés muy limitado. Por
el contrario, el mismo esfuerzo humano de esa empresa extranjera dedicado
a generar exportaciones españolas aligeraría probablemente en mucha mayor
medida sus
obligaciones con nosotros. Por esta razón, cuando se negocian las
compensaciones, determinado tipo de compensación se computa o se acredita
aplicando multiplicadores a su coste.
Si para la empresa extranjera las vías de compensación no son
indiferentes, tampoco lo son para España. Obviamente, nosotros vamos a
intentar que las compensaciones se produzcan en los sectores o
actividades de mayor interés, desde el punto de vista económico,
tecnológico, de defensa o de algún otro aspecto específico. Por esta
razón, a medida que hemos ido avanzando hacia el momento actual,
aprendiendo de los acuerdos anteriores, intentamos que en los acuerdos
que firmamos quede cada vez más claro en qué van a consistir las
compensaciones. Dicho de modo fácil, hoy y hace años ya, no nos
conformamos con hablar de porcentajes, sino que intentamos hablar de
operaciones específicas.
La aceptación de cada operación específica de compensación, me refiero a
cada una de las operaciones que irán aligerando la deuda extranjera, se
efectúa a partir de la llamada solicitud de acreditación que presenta la
empresa extranjera. En la solicitud de acreditación la empresa extranjera
pide que se compute como compensación una determinada operación. La
solicitud es examinada por parte española con criterios muy estrictos, de
los que inevitablemente hay que destacar dos: Primero, que la transacción
se haya efectuado como consecuencia del acuerdo y de la actuación de la
empresa extranjera; por ejemplo, que no se trate de una exportación que
se hubiera hecho igualmente. En segundo lugar, que la operación se
corresponda con la tipología de compensaciones especificada en el acuerdo
y no se sobrepasen los límites cuantitativos fijados para cada tipo de
compensaciones. Más adelante daré algún ejemplo concreto. De no cumplirse
estas condiciones, la solicitud es rechazada.
Los acuerdos de compensación fijan una penalización para la empresa
extranjera, en caso de que al término del acuerdo o en hitos interiores a
su evolución no se hayan cumplido las compensaciones previstas. Ello no
significa, no obstante, que la parte española tenga una actitud pasiva,
ya que el porcentaje que se aplicaría como penalización, y que en ningún
caso supera el 10 por ciento, no compensaría el volumen de transacciones,
que se perdería llevando adelante el acuerdo como está fijado. Por otra
parte, téngase en cuenta que el porcentaje de penalización que suele
aplicarse es decreciente. Por ejemplo, en el programa FACA empezamos con
un nivel de penalización del 7,5 por ciento de lo incumplido, pero el
nivel de realización es ya tan alto, como se verá posteriormente, que el
porcentaje de penalización actual sería de un 2,5. Es evidente que las
compensaciones que nos debe la empresa McDonnell de ningún modo
compensaría solucionarlos mediante simple aplicación de penalizaciones.
Después de este brevísimo y simplificadísimo recordatorio de estos
mecanismos básicos, quizás deba decir que los objetivos que se persiguen
tradicionalmente con la política de compensaciones se derivan
directamente de este tipo de mecanismo. Voy a destacar cosas que SS. SS.
sé que conocen, pero que no puedo dejar de decir.
Objetivos. Primero, minimización del déficit de la balanza de pagos, ya
sea por incremento de exportaciones, caso más típico, ya sea por
sustitución de importaciones mediante compensación. En segundo lugar, y
derivado de esto, obtención de actividad productiva para la industria
española con el consiguiente impacto en nuestro empleo. En tercer lugar,
adquisición de tecnología directa o indirectamente relacionada con los
sistemas que se adquieren, con otros sistemas, o tecnologías del campo
civil. Otro aspecto importante que se ha visto en posteriores actuaciones
es la homologación de nuestra industria en el extranjero para el
suministro de bienes y servicios. También les hablaría de formación de
personal, de mejora de técnicas de calidad, de gestión de proyectos y de
obtención de elementos diversos de documentación tecnología, tanto para
la industria, como para las Fuerzas Armadas.
En definitiva, con las compensaciones, además de obtener beneficios
económicos directos, se enriquece nuestra base industrial y tecnológica y
se nos han abierto ya las puertas para participar como iguales en
proyectos de cooperación internacional. Fruto de compensaciones
anteriores y de las transferencias tecnológicas que nos han hecho, ha
sido la capacidad para entrar en la EFA o en el Harrier-2 Plus. Tampoco
debe olvidarse, y esto viene de lejos, que subconjuntos del F-18
fabricados por CASA y por Amper-Programas están instalados en las flotas
americana, australiana y canadiense de dicho avión; es decir, está claro
que sacamos unos beneficios económicos y tecnológicos importantes.
Ya he dicho que en estos momentos estamos decantándonos, como ya se ha
repetido en esta Comisión, hacia programas de cooperación que tienen la
ventaja de compartir desde el principio la tecnología y el mercado, pero
que también suponen un riesgo industrial, puesto que participamos como
empresa en la iniciativa.
A partir de aquí, voy a empezar con lo sucedido con el programa F-18, el
programa de compensaciones que, como he dicho, ha cumplido los 10 años.
El acuerdo firmado con McDonnell establecía unas compensaciones del 100
por ciento respecto del contrato de compra con la U. S. Navy. Ello
significa 1.543 millones, del año 1981, que es el año tomado como
referencia, aunque el acuerdo se haya firmado en 1983, lo cual traducido
a pesetas actuales serían 354.000 millones de pesetas. Al finalizar los
diez primeros años McDonnell había cumplido el 82 por ciento de su
compromiso, lo que supone un porcentaje muy alto para un acuerdo de esta
envergadura. Precisamente, previendo la dificultad de llevar a buen
término algo tan importante en un plazo de diez años, el acuerdo
establecía un período de gracia de tres años para alcanzar la total
cumplimentación, período en el que nos encontramos ahora, desde el año
1994.
Debe señalarse que el acuerdo con McDonnell preveía también una serie de
hitos parciales que fueron superados satisfactoriamente, por lo que la
marcha del programa debe considerarse muy positiva. Actualmente queda por
compensar 283 millones de dólares de 1981, que son unos 65.000 millones
de pesetas de 1993, que vamos a llevar a cabo en los próximos tres años
mediante un conjunto de
programas ya determinados y cierto volumen de exportaciones que
permitirán mantener o, incluso, superar los requisitos de calidad del
acuerdo.
Voy a citar ahora algunos requisitos de calidad porque son bastante
importantes. El primero a destacar es que nosotros exigimos que el 40 por
ciento de las transacciones tenían que implicar tecnologías propias de
países desarrollados. Este porcentaje se ha superado, llegándose
prácticamente al 60 por ciento; o sea en este terreno estamos muy
tranquilos. En segundo lugar, las actividades de compensación
relacionadas con aviones, con los adquiridos o con otras tecnologías
espaciales, debían superar el 17 por ciento. También ahí estamos
tranquilos porque hemos llegado casi al 31 por ciento. Se había puesto
también como condición para verificar la calidad del acuerdo que la
actividad ligada al turismo no superaría el 10 por ciento, precisamente
porque se daba por supuesto que ésta es una actividad que funciona sola y
afortunadamente se ha quedado en el dos por mil, o sea que también va
bien.
Donde hemos cumplido con mayor dificultad, pero hemos cumplido, es en la
transferencia de tecnología a España, que tenía que ser superior al 10
por ciento y que hasta la fecha ha sido acreditada en el 11,7 por ciento.
De todos modos, dado lo difícil que es conseguir verdadera transferencia
de tecnología, entiendo que debemos estar satisfechos.
Para alcanzar este nivel de cumplimiento McDonnell ha presentado un total
de 7.663 solicitudes de acreditación, de las cuales se han aprobado
6.462. Las otras 1.160 han sido rechazadas por parte española por no
cumplir las condiciones previstas en el acuerdo, que son todas las que he
dicho y otra batería que ya es mucho más de detalle.
Veamos ahora cómo se han distribuido las distintas transacciones que han
llevado a este 82 por ciento de cumplimiento. Primero la distribución por
sectores. El 28 por ciento de las compensaciones aprobadas se ha
encuadrado en el sector defensa, porcentaje que desde el punto de vista
actual consideramos bajo, nosotros ahora no firmaríamos un acuerdo de
este tipo, y lo pensamos incrementar en los próximos tres años.
Consideramos actividades del sector defensa las siguientes: coproducción
de elementos del avión, producción de equipos de apoyo en tierra,
transferencia de tecnología y entrenamiento y formación. En los dos
primeros tipos de transferencias que he dicho, que son las industriales,
las principales empresas participantes han sido CASA, muy por encima de
las demás, Amper-Programas, que, como he dicho, fabricó parte del avión,
Inisel, Ceselsa, ITP y otras empresas, éstas son las más importantes.
El otro 72 por ciento de las compensaciones --estamos siempre dentro del
programa FACA-- ha correspondido a operaciones de sectores civiles de
tres tipos: en primer lugar, exportaciones, simples exportaciones que
encajaran con lo previsto en el acuerdo y que representan el 85 por
ciento de las transacciones civiles que se efectuaron. En segundo lugar,
formación o servicios similares y, en tercer lugar, proyectos de
inversión y transferencia de tecnología a la industria civil. Sectores
destacados han sido los de la química-farmacia, siderometalurgia,
electrónica y alimentación, aunque puede decirse que todos los sectores
industriales civiles españoles han participado en mayor o menor medida en
este proceso.
Otro punto importante es ver cómo se ha distribuido por empresas. En el
F-18, en este programa han participado 413 empresas españolas, de las
cuales casi todas son privadas, sólo 29 son públicas; sin embargo, de
estas 29 públicas, un 7 por ciento, han aportado el 33 por ciento de las
transacciones aprobadas, destacando, como ya he dicho anteriormente, la
empresa CASA.
El mayor peso relativo de las empresas públicas está ligado casi
totalmente a su mayor tamaño y a su mayor capacidad tecnológica.
Precisamente uno de los problemas para la adecuada cumplimentación de
este tipo de acuerdos reside en disponer de empresas capaces de aportar
el tipo de producto o el nivel tecnológico adecuado y sabemos
perfectamente que en España esto se produce principalmente en empresas de
carácter público. No obstante, y con independencia del tipo de empresa,
hay que señalar que el 88 por ciento de las empresas que participaron
tienen menos de 500 trabajadores, son pequeñas o medianas.
Hemos visto los sectores, hemos visto las empresas, en cuanto a
aportación de tecnología, que sería otro punto importante, ya he dicho
que nos acercamos al 12 por ciento y ahí la lista de proyectos es muy
larga y abarca los campos de aeronáutica, aviónica, biotecnología,
farmacología, electrónica, ingeniería, tipo control de calidad, etcétera;
la lista es realmente muy larga.
Por último, otro tema que se pidió fuera informado en la comparecencia de
hace cinco años, era la distribución territorial en España de estas
compensaciones. Había quizá en aquel momento cierta imagen del carácter
automático de las compensaciones y, por tanto, se hacía mucho hincapié en
el tema distribución. De la comparecencia anterior y de algunos informes
internos he podido ver que se hizo en aquellos momentos una política de
comunicación en todas las comunidades autónomas y por ello la
distribución ha sido muy amplia, con concentraciones obvias por razón de
cosas que ya he dicho, tipo de producto y tipo de empresa.
Por orden de importancia la comunidad que ha participado más activamente
ha sido Madrid, creo que no hace falta explicar el porqué, es de una
evidencia total, con un 44 por ciento. Andalucía el 14 por ciento, es la
segunda comunidad que podríamos llamar más favorecida, aunque los
términos favorecer, beneficiar me parece que no son correctos en este
contexto. Esto no debe sorprender en absoluto, puesto que en Andalucía a
lo largo de estos diez años han participado activamente empresas con gran
capacidad de exportación, como son RT-Internacional, Río Tinto Minera y
CASA que tiene factorías en Sevilla y Cádiz. Además de esto alimentación;
es decir, tiene perfecto sentido que Andalucía sea la segunda comunidad
más beneficiada. Por debajo están la Comunidad Valenciana y Cataluña,
ambas con algo más del 9 por ciento; el País Vasco algo por debajo, el
7,5 por ciento, y el resto de las comunidades el 15 por ciento. No las
cito pero puedo decir que todas ellas han tenido cierto volumen de
empresas que han participado en las compensaciones.
Como he dicho, y yendo a la situación actual, el programa debe terminarse
a lo largo de los próximos tres años de gracia, mediante realización de
actividades que están muy identificadas y definidas, actividades que se
orientan principalmente a aumentar la capacitación de la industria
española en el apoyo al sistema de armas F-18 en sus áreas de ingeniería,
mantenimiento en ciclo de vida, principalmente. Dentro de esta actividad
se seguirá la potenciación del Claex del Ejército del Aire. Se capacitará
a la industria española en gestión de documentación técnica, que es un
tema de dificultad considerable. Se especializará a la ingeniería
española e ingeniería de célula y sistemas del avión F-18 y otros campos
de carácter muy similar. Como se puede ver y por lo que he dicho antes,
nuestra tendencia es ir aumentando el peso de la industria militar en el
conjunto.
Dentro del campo de la capacitación industrial se desarrollarán acuerdos
ya negociados de asistencia técnica y de cesión de licencias que
permitirán a la industria española de motores de aviación mantener y
revisar un gran número de motores de éste y otro tipo de aviones no sólo
en España, sino también en un total de 37 países extranjeros.
Recuerdo, como he dicho antes, que algún tipo de transacciones son del
máximo interés para nosotros porque nos capacitan para competir y son de
poco interés para McDonnell porque le generan una competencia.
Visto esto que creo sería el resumen de cómo ha funcionado hasta ahora el
programa FACA, es inevitable, puesto que tenemos ya 72 acuerdos firmados,
que les hable del conjunto de la política de compensaciones. Voy a
empezar por dar unos parámetros básicos que son sin duda espectaculares.
Ya he dicho que hemos firmado 72 acuerdos, en éstos no incluyo ni el EFA
ni el Harrier-2 Plus que tiene particularidades heterogéneas con el
resto, ni un par de acuerdos de mediados de los ochenta, también
heterogéneos, ni algún acuerdo firmado este año, porque estoy dando
cifras hasta 31 de diciembre de 1993. Digo, pues, 72 acuerdos firmados,
de los cuales, 26 están ya terminaros. El volumen o porcentaje de
compensación acordado asciende al 83,5 por ciento de las compensaciones
correspondientes; ello significa una cartera de compensaciones acordadas,
en pesetas de 1993, de 516.000 millones de pesetas, lo cual
manifiestamente es una magnitud que tiene relevancia desde el punto de
vista de nuestra balanza de pagos y de toda una serie de industrias. En
estos momentos queda por cumplimentar, de este medio billón, un total de
143.000 millones de pesetas, también en pesetas de 1993. Los acuerdos
firmados y finalizados totalmente, suponen un volumen de algo más de
50.000 millones de pesetas.
Para que se hagan ustedes una idea del trabajo que hay detrás de esto,
debo decirles que alcanzar estas cifras ha supuesto el examen y la
negociación de más de 9.000 solicitudes de acreditación, algunas muy
difíciles, otras muy fáciles, pero, en total, si sacamos la media vemos
que el volumen de solicitudes examinadas, negociadas y criticadas por año
es impresionante. De éstas, se han rechazado unas 1.400 y, además de todo
ello, obviamente, se ha analizado un gran volumen de proyectos españoles
para ver si podrían encajar; por lo menos hay 400 proyectos que se hayan
examinado en las áreas de inversión, inversión compartida, construcción
naval y transferencia y tecnología.
Otro dato básico de los parámetros a retener, es que en todo ello han
participado 542 empresas o entidades, sin contar con los correspondientes
subcontratistas o proveedores. Obviamente estoy incluyendo en todo esto
el programa FACA; por tanto, cuando he dicho que el programa FACA había
implicado, me parece que eran 413 empresas, el resto de acuerdos, el
incremento de nuevas empresas no es tanto. Hay empresas que han
participado, por supuesto, en el FACA y en otros programas.
En cada uno de estos diez años que han transcurrido se han ido firmando
acuerdos y han entrado en vigor. Quizá tenga cierto interés señalar que
hubo unas puntas en cuanto a entrada en vigor en los años 1988, 1989 y
1990, donde el esfuerzo de la maquinaria por razones diversas fue muy
fuerte; también fue considerable el esfuerzo hecho en el año 1992. Entre
estos cuatro años se firmó el 70 por ciento de todos los acuerdos, no el
70 por ciento, obviamente, en términos económicos.
En relación a la evolución futura de las compensaciones, sí debo advertir
que su volumen está ligado a nuestras compras en el extranjero; dado que
nuestro volumen de inversiones, como SS. SS. saben, es bastante limitado
y que nuestras importaciones vienen a ser del 15 por ciento del Capítulo
6, el volumen de compensaciones que podamos firmar de ahora en adelante
es inevitablemente limitado. En este sentido, tiene interés resaltar que
la existencia de compensaciones pendientes constituye hoy,
paradójicamente, un factor que va a suavizar tanto la crisis de nuestra
industria de defensa como determinado tipo de necesidades de los
ejércitos; es decir, en estos momentos los ejércitos están obteniendo
crecientemente determinados servicios, por ejemplo, de McDonnell, por
citar un caso concreto, que habrían tenido que pagar y que ahora no pagan
porque se computan como compensaciones. Verdaderamente, en estos momentos
esto nos va muy bien.
De los principales acuerdos, aparte del F-18, cabe destacar los que
corresponden a los misiles Mistral, al AV-8B antiguo, al Superpuma, al
radar 3D, a los misiles Harpoon, al torpedo MK-46, el helicóptero Chinook
y los misiles Milán. He cogido los diez más importantes, que representan
el 82 por ciento de todo el volumen de compensación que hemos acordado.
En cuanto a distribución geográfica internacional, el paso de Estados
Unidos dentro de nuestra cartera aún es importante, hay 46 acuerdos
firmados con Estados Unidos y 26 con Europa. Lógicamente, tal como van
nuestra importaciones, la tendencia a firmar acuerdos con países europeos
o, mejor dicho, con empresas europeas, es creciente. En estos momentos,
si eliminamos el F-18 las carteras europea y americana se aproximan
mucho.
Dentro de Europa, el país que nos debe más en cuestión de compensaciones
es Francia, con el 56 por ciento; Alemania, Inglaterra e Italia, el 14
por ciento de las compensaciones con Europa, y luego tenemos el caso de
Suecia, que no llega al 1 por ciento. Estos son los países con los que en
estos momentos tenemos cartera pendiente de compensaciones.
El tema está mucho más equilibrado entre Estados Unidos y Europa si nos
atenemos a las empresas extranjeras participantes, ya que frente a 22
americanas hay 19 europeas; obviamente, estamos hablando de empresas de
magnitud totalmente distinta y de empresas americanas con muchas más
líneas de producción. Sus señorías pueden imaginarse cuáles son estas
empresas. Las más destacadas, con volúmenes superiores a los 5.000
millones de compensaciones. Son McDonnell, Matra, Boeing, Eurocopter,
Marconi, Sikorsky, Alenia, Hughes, BGT, Alliant y Euromisil. Como en
muchas otras exposiciones de temas de defensa, cuando estamos hablando de
comercio internacional están las más importantes, en especial, están las
empresas a las que compramos lo único que importamos, que son aviones y
misiles. Por tanto, están todas ahí. Estas empresas que he citado son las
que tienen firmado el mayor número de acuerdos y en volumen llegan a
representar el 94 por ciento de la cartera de compensaciones.
Así como cuando hablaba del programa FACA el peso del sector civil era
muy importante, ya en los acuerdos posteriores, mucho más sofisticados en
los que somos mucho más duros, el peso de defensa en el aspecto
industrial y militar es mucho más importante, y pasamos de aquel 28 por
ciento al 42 por ciento, si tenemos en cuenta todo. Si suprimimos el
programa F-18 este porcentaje, ligado al ámbito militar, es muy superior.
En cuanto a las empresas españolas participantes, en total han
participado 542 empresas y entidades españolas. De éstas, 491 han tenido
transacciones inferiores a los 1.000 millones; otras 27 se han movido
entre los 1.000 y 2.000; 10 entidades se han movido entre los 2.000 y los
4.000, y 14 entidades han superado los 4.000 millones de pesetas,
totalizando, lógicamente, el 60 por ciento de las transacciones. Estas 14
entidades, creo que merece la pena que se citen, son: CASA, Inisel,
RT-Internacional, General Eléctrica de electromedicina, Ceselsa, Unión
Naval de Levante, la Armada (por eso he hablado de empresas y entidades;
la Armada está entre las primeras beneficiadas), Proquimed, Rio Tinto
Minera, Asturiana de Zinc, Amper-Programas, Santa Bárbara y el Ejército
del Aire.
He citado ya que tendemos a orientarnos hacia lo que son actividades
ligadas más bien a la defensa. Se han dirigido directamente a los
ejércitos compensaciones por valor de 18.000 millones que se concentran
en estos últimos dos o tres años y estas compensaciones han consistido en
actividades del siguiente tipo. Asistencia técnica para la instalación de
subsistemas en plataformas existentes; capacitación en mantenimiento,
reparación y actualización de sistemas; entrenamiento de personal, cesión
de sistemas de entrenamiento; potenciación de maestranzas; mejora en los
equipamientos de los sistemas adquiridos y apoyo al ciclo de vida de los
sistemas, como actividades más importantes. De no ser por las
compensaciones, habríamos tenido que importar servicios para que nos
ayudaran a abordar este tipo de actividades.
Por el tipo de empresas con las que se hacen los acuerdos, el 45 por
ciento de toda esta actividad ligada a ejércitos afecta al Ejército del
Aire; el 36 por ciento a la Armada y el 19 por ciento al Ejército de
Tierra.
Voy a terminar pronto, pero conviene citar también que dentro del
programa de compensaciones hay una serie de programas de formación en el
extranjero de ingenieros y técnicos tanto de las Fuerzas Armadas como de
las empresas de defensa en toda la gama imaginable de actividades ligadas
a aviones o a tecnología avanzada.
En tecnología, lo que es simple transferencia de tecnología, hemos
llegado a contabilizar, computar o acreditar 61.600 millones de pesetas,
que se han centrado en transferencia de tecnología propiamente dicha, es
decir, transmisión de conocimiento; asistencia técnica; cesiones de
licencia para poder trabajar o producir en España y actividades diversas
de entrenamiento y formación en las que no voy a entrar.
A título de conclusión, diría que nos encontramos ante una política de
compensaciones, iniciada en el año 1983, con un programa muy ambicioso,
de los más importantes que se han hecho en todo el mundo y, por supuesto,
en aquel momento, y que esta política de compensaciones forma ya parte de
los mecanismos habituales de nuestras compras en el exterior; es decir,
cada vez que hay que importar alguna cosa, primero tratamos el tema de
compensaciones. Tanto el número de acuerdos firmados como el volumen
acordado como el número de empresas implicadas dan idea de la importancia
de esta línea en nuestra industria, en nuestros ejércitos. El programa
FACA sigue un ritmo que yo estimo muy satisfactorio, con un fundamento
claro de que vamos a concluirlo como estaba previsto. Con este giro a
defensa, y con el comunicado en estos momentos nos va muy bien, va a
aliviar un poco algunas necesidades de ingeniería y de apoyo a nuestras
empresas.
Por lo que respecta al planteamiento global de las otras compensaciones,
debe destacarse, lógicamente, el mayor peso progresivo de los acuerdos
con empresas europeas, lo ya dicho del peso creciente del sector defensa;
una tendencia hacia los programas de cooperación y, desde luego, algo que
desde el punto de vista de la gestión es muy importante, y es que nuestro
conocimiento en este tema es ya muy profundo. Estamos firmando acuerdos
muy precisos, muy bien estudiados; cada vez conseguimos un rendimiento
mucho mayor de lo que firmamos.
También he dicho, pero creo es un aspecto que tiene que formar parte de
las conclusiones, que lo que suceda en los próximos años en cuanto a
firmas probablemente será limitado por razón de que nuestras
importaciones son bajas; pero dada la inercia de los programas de
compensaciones, pensamos que los acuerdos firmados hasta ahora permitirán
mantener un volumen bastante alto de compensaciones, por lo menos en los
cuatro o cinco próximos años, cosa que creo es muy interesante dada la
precariedad en que nos encontramos.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Romero.
El señor ROMERO RUIZ: Se ha producido esta comparecencia a petición del
Gobierno para informar desde la
dirección del Ministerio de Defensa sobre el grado de evolución de las
compensaciones en relación con el material adquirido en el extranjero,
fundamentalmente con el programa FACA y otros, teniendo en cuenta que son
compensaciones en transferencia de tecnología, en formación y también en
posibilidades de que nuestra industria ejecute una serie de trabajos que
se desprenden de este tipo de compensaciones a las compras de material
militar al exterior.
Las empresas que han participado se ubican en las comunidades autónomas
de Madrid, de Andalucía y otras. Se han dado unos datos que es necesario
analizar con mayor detenimiento. Se habla de que hemos superado en un
tanto por ciento muy elevado todos aquellos aspectos y apartados de la
compensación a que se comprometieron las industrias militares, de los
Estados Unidos fundamentalmente, con nuestro país cuando se adquirieron
los aviones y los misiles.
No han quedado muy claros en la exposición del secretario de estado los
problemas relacionados con la temporalidad de las compensaciones, porque
si bien es cierto que las compensaciones y el programa tienen un
horizonte temporal de varios años, ha habido una época en que nuestra
aviación no ha tenido el artillaje necesario en cuanto a misiles que
correspondía y no eran operativos todos los aviones de la McDonnell
Douglas con los que se iba dotando a las fuerzas aéreas. Hubo críticas
muy serias de la dirección del Ejército del Aire planteando que no
teníamos una operatividad al 100 por ciento porque no llegaban los
pedidos correspondientes para misiles, por ejemplo, aire-tierra, que eran
muy importantes para el artillaje de los F-18.
Se han hecho también críticas en torno a lo que se puede considerar
transferencia de tecnología o compensación económica cuando se puede
hacer en especie. Es decir, en mantenimiento y revisión de los aviones
que adquirimos en su día a los Estados Unidos. Como quiera que es un tema
de carácter complejo, de comercio internacional, de compensación, de
relaciones, donde los grandes países que disponen de tecnología muy
avanzada se comprometen, cuando un país como España adquiere aviación e
instrumentos de defensa, a transferir tecnología y a que esa tecnología
sea avanzada con objeto de que no se nos trate como a un país poco
desarrollado, a los países desarrollados les importa vender armamento y
material para que su industria nacional pueda desarrollarse con autonomía
y con independencia.
En esa línea nosotros vamos a analizar con mucho detenimiento toda la
información que en esta comparecencia, a petición propia, se nos ha
facilitado. En el «Diario de Sesiones» de esta Comisión constan todos los
extremos y los porcentajes que se han superado y esa visión tan optimista
de que se están cumpliendo todas las compensaciones con éxito, incluso
por encima de lo pactado en su día, temporalmente y de manera religiosa;
que han sido beneficiosas para nuestra industria militar y han formado a
nuestros ingenieros y a nuestros técnicos, que han recibido cursillos de
compensación. Nosotros vamos a analizar todos estos datos, repito, con
detenimiento, pues no los teníamos en el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida. Vamos a hablar con los representantes de los trabajadores en las
empresas de la industria militar española --CASA y otras-- para conocer
su opinión sobre la evolución de estas compensaciones y en nuestra área
de economía y de defensa vamos a elaborar unos criterios. Si no fuesen
coincidentes con los expresados por el secretario de Estado, podríamos
volver a este debate en otro momento para contrastar datos una vez que
nosotros, con fuentes propias, podamos comprobar el rigor --que no le
negamos al secretario de Estado-- a la hora de exponer. Nos parece
importante que este debate lo abra el Gobierno con los datos que posee,
explicando cómo han evolucionado las compensaciones y en qué medida han
incidido en nuestra industria, en nuestra formación profesional, en la
creación de empleo o en el trato que como país soberano e independiente
debemos recibir en el comercio internacional de cualquier país, sea cual
sea, aunque se trate de los Estados Unidos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
López Valdivielso.
El señor LOPEZ VALDIVIELSO: Gracias, señor secretario de Estado, por las
explicaciones que nos ha dado sobre la política de compensaciones del
Gobierno.
Realmente, el hecho de que esta comparecencia haya sido solicitada por el
Gobierno nos había hecho sospechar que, lógicamente, el balance que hoy
se iba a exponer ante esta Comisión iba a ser positivo, que se nos iban a
cantar las excelencias de esta política de compensaciones llevada a cabo
por el Gobierno. La verdad, señor secretario de Estado, es que su
intervención en este sentido (naturalmente siempre dentro del tono
prudente y moderado que le caracteriza) no nos ha defraudado, en
absoluto, y ha confirmado que nuestras sospechas sobre cuál era el
balance que nos iba a hacer no eran infundadas.
Las conclusiones iniciales que podíamos sacar de su intervención son que,
a su juicio y a juicio del Gobierno, las compensaciones derivadas de los
grandes programas de adquisiciones en el exterior han sido un éxito y han
servido para la adquisición de tecnología, para el incremento de nuestras
exportaciones y han sido, en general, beneficiosas para nuestra economía,
dentro de lo que en el conjunto de la economía puede suponer todo esto.
Nosotros, reconociendo que algunos beneficios se han obtenido --¡faltaría
más que no se hubiese obtenido ninguno!--, lamentamos tener que decirle
que, por desgracia, creemos que han sido insuficientes y que la política
de compensaciones ha tenido una mínima, por no decir insignificante,
incidencia en nuestra industria de defensa, tanto en lo relativo a
adquisición de nuevas tecnología como a incremento de las producciones,
ventas internas o exportaciones.
Señor Flos, usted no es el secretario de Estado de Comercio ni el
subsecretario de Cultura o de Turismo, es el secretario de Estado de
Defensa. Y, ¿por que le digo esto? Porque, como españoles, nos
congratulamos de que las compensaciones de defensa hayan posibilitado la
restauración del Monasterio de Guadalupe o hayan servido para publicar el
libro «Un día en la vida de España»; pero,
realmente, como miembros de la Comisión de Defensa del Congreso
hubiéramos preferido que se hubiesen dedicado más estas compensaciones a
incrementar nuestras exportaciones de material de armamento a los Estados
Unidos o a otros países. Que pudiéramos hablar de nuevos productos de
defensa desarrollados por nuestra industria nacional como consecuencia de
estos programas o sobre qué nivel de autosuficiencia ha alcanzado en
nuestra industria el mantenimiento de los sistemas de armas importados.
Después vamos a hablar de Santa Bárbara. Fíjese qué oportuno. Podíamos
decir: ¿cuántos puestos de trabajo ha evitado destruir en Santa Bárbara,
por ejemplo, la política de compensaciones desarrollada por el Gobierno?
¿Qué nuevos productos se podían haber desarrollado que hubiesen supuesto,
a lo mejor, que en estos momentos no estuviésemos observando o no
estuviese el Gobierno planteando un desmantelamiento de cinco de las ocho
factorías de Santa Bárbara?; ¿qué nuevas tecnologías se han adquirido que
hubiesen permitido vislumbrar un futuro más esperanzador para Santa
Bárbara?
Vuelvo a decirle que se han obtenido algunos beneficios sin ninguna duda;
estaría bueno, como he dicho antes, que no hubiese habido ningún tipo de
beneficio, pero, a nuestro juicio, la política no ha dado todos los
resultados que hubiesen sido apetecibles, sobre todo para la industria de
defensa, que es donde estamos.
Tengo aquí un dato del año 1988 y es que sólo la tercera parte de las
compensaciones --el 36 por ciento-- se ha dedicado a defensa. Usted ha
dado un dato y es que cuatro o seis años después de 1988 ese porcentaje
ha bajado al 28. Usted ha reconocido que es muy poco. Nosotros decimos
que no que sea poco, sino poquísimo, teniendo en cuenta cómo está nuestro
presupuesto de defensa. Que al final la política de compensaciones de
defensa solamente haya revertido el 28 por ciento para defensa, realmente
es muy poco. Es posible que las compensaciones de defensa hayan tenido
impactos positivos para nuestra industria química o siderometalúrgica, de
construcción de buques civiles o de alimentación --me parece que son
sectores que usted ha mencionado--; pero nosotros hubiéramos deseado que
esto hubiese tenido más repercusiones en defensa. Es posible, incluso,
que haya mejorado nuestra turismo, la imagen exterior de España o la
formación de un puñado de universitarios, pero lo cierto e insisto es que
nuestro sector industrial de defensa atraviesa una de las mayores crisis
de la historia y la política de compensaciones ha ayudado muy poco a este
sector para evitar primero y salir después de la crisis, de la que yo
creo nadie duda está inmerso. Yo creo que como Secretario de Estado de
Defensa y en una Comisión de Defensa ha de reconocerlo.
Hay una cuestión que me parece importante y a la que creo no se ha
referido, aunque, como muy bien ha dicho el señor Romero, las
características del asunto que estamos debatiendo puede que exijan una
lectura detallada de las informaciones que nos ha dado para volver sobre
ello. Aquí hay que hablar también y recabar información sobre los costes
para España de los programas de compensaciones, y nuestras empresas, la
mayor parte de ellas, por otra parte, subvencionadas por el Gobierno con
el dinero de todos los españoles, han realizado importantes inversiones
para hacer, fruto de las compensaciones, lo que el contratista extranjero
planteaba, pero cosas que ese contratista extranjero ya sabía hacer, que
las venía haciendo y que había desarrollado. ¿A cuánto asciende (yo le
pido esta información, si puede ser hoy o si no, para que nos la
proporcione por escrito) la diferencia entre el precio de los componentes
fabricados en España como resultado de los acuerdos de compensación y lo
percibido por nuestras empresas a través de los pedidos de empresas
extranjeras? Aquí hay que hacer una cuenta de explotación, con ingresos y
gastos, un balance con debe y haber. También sería interesante saber qué
subvenciones ha otorgado el Gobierno a nuestra industria para salvar esas
diferencia, porque también es muy importante saberlo a la hora de
considerar cuál ha sido el beneficio de toda la política de
compensaciones.
Algunos países (yo creo que aquí no se ha hecho pero es una sugerencia
para el futuro, y lo tenemos de informaciones anteriores) como Arabia
Saudita, Turquía o Grecia han firmado acuerdos --algunos ya están
ejecutados-- que prevén la formación de «joint venture», en los que el
riesgo se comparte con los gobiernos y los contratistas consiguen mejorar
la estructura económica industrial del país en cuestión. Esto no parece
una buena fórmula. Yo le pregunto, señor secretario de Estado, si se ha
formado en nuestro país alguna empresa de estas características, yo creo
que no, y si tiene idea de que puede ser un buen vehículo para poder
aprovecharnos mejor las ventajas de la política de compensaciones.
Hay muchas preguntas, hay muchas precisiones que nos gustaría hacer. Nos
ha hablado de volumen total de las compensaciones. Si no he entendido mal
eran 516.000 millones, de los que nos ha dicho que están terminados
50.000. Si esta cifra es así realmente, después de diez años nos parece
que el porcentaje total de realización es bajo. Nos gustaría saber la
distribución de estas compensaciones entre los distintos subsectores
dentro de defensa; cuáles han sido las tecnologías concretas adquiridas
por nuestra industria de defensa como consecuencia de los programas de
compensación. Hay una serie de cuestiones que a nosotros nos interesan
para tener un mayor conocimiento de todo el desarrollo de nuestra
política de compensaciones que, como decía antes, comprendo no es momento
de plantearlo porque son muchos datos, pero nosotros, una vez analizada
la información que nos ha dado, formularemos por escrito para que el
señor secretario de Estado nos pueda contestar y precisar, para a la
vuelta de las vacaciones y en el próximo período de sesiones tener otra
reunión y poder profundizar un poco más en cuál ha sido ese balance de la
política de compensaciones del Gobierno en los últimos diez años.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Marsal.
El señor MARSAL I MUNTALA: En primer lugar, queríamos agradecer en nombre
del Grupo Parlamentario Socialista la comparecencia, a petición propia,
del
secretario de Estado de Defensa. En este caso no es solamente un
agradecimiento protocolario, sino que las características del tema sobre
el cual hemos recibido información creo que merece este agradecimiento.
Este es un tema que cuando se habla dentro de los ambientes políticos, en
los medios de información se mira de forma parcial y normalmente sólo se
habla y se informa sobre los costes que supone la importación de
materiales de defensa del extranjero que adquirimos fuera porque dentro
de nuestro país no hay industrias con capacitación suficiente para
hacerlo. Hoy, en cambio, recibimos la parte del haber. Solamente se
acostumbra a hablar del debe y es importante también que la opinión
pública y nosotros estemos informados de las cuentas del haber, de la
política de compensaciones que, como se ha expuesto, pueden venir o por
la vía de retornos por exportación o de retornos por adquisición de
tecnología en el sentido amplio de la palabra. Vemos con satisfacción que
los retornos superan el 83 por ciento de los costes de adquisición. Este
es un dato que hay que remarcar y hay que hacerlo ante la opinión
pública, porque si no la impresión que hay únicamente es que adquirir
material de defensa en el extranjero nos supone un coste, sin que
comporte ningún beneficio, aparte de la propia adquisición de estos
materiales.
Hemos constatado también por la extensa y detallada exposición del
Secretario de Estado la complejidad: 72 acuerdos, más de 9.000
solicitudes de acreditación, lo que supone un nivel de trabajo
importante. Nos satisface también ver, por los datos numéricos que se nos
han dado, que es un trabajo que se realiza a conciencia, que un 10 por
ciento de las solicitudes de acreditación que han sido presentadas por
las empresas extranjeras han sido rechazadas. Creemos que un 10 por
ciento es un número significativo que demuestra que se trabaja con rigor
antes de aceptar una solicitud de acreditación.
Querríamos destacar algunos de los aspectos más positivos. El
significativo valor de las compensaciones: medio billón de pesetas es una
cantidad importante y que además, por lo que hemos entendido, el grado de
cumplimentación es también ampliamente significativo. Es positivo
igualmente el alto número de empresas beneficiadas, unas 542 --hemos
entendido-- sin contar además a los subcontratistas; es decir, es una
cantidad de empresas también destacable. También lo es que
aproximadamente el 90 por ciento de las mismas sean privadas y que, por
las características que el Secretario de Estado ha mencionado, en
números, en beneficio, en cantidad las empresas públicas tengan una
significación aún mayor. También es positiva para nosotros la
distribución en todo el territorio de España; como mínimo hemos contado
que son nueve comunidades autónomas las que se han beneficiado de forma
importante de estas compensaciones.
No estamos totalmente de acuerdo con algunas de las expresiones de alguno
de los intervinientes anteriores porque creemos que aunque estemos en la
Comisión de Defensa, nuestra perspectiva tiene que ser política global y,
por lo tanto, no tenemos que preocuparnos porque estos acuerdos de
compensación no vayan únicamente al sector de Defensa, al sector militar,
sino que también los sectores civiles reciban una compensación
importante. Nuestra perspectiva debe ser de economía global del país, y
en este sentido el que el 58 por ciento de las compensaciones se hayan
dirigido hacia sectores civiles ni nos escandaliza ni nos parece
negativo. También encontramos correcto que en los últimos años, dada la
situación de los presupuestos de Defensa, haya habido, por parte del
Ministerio, una política de dedicar una parte, cada vez más
significativa, de compensaciones directamente hacia cada uno de los tres
Ejércitos. El último aspecto concreto que queríamos señalar como positivo
es el referente a la capacitación tecnológica y la formación que ha
supuesto para una serie de técnicos españoles. Por las informaciones de
que nosotros disponemos, más de 460 personas se han beneficiado, a través
de diferentes prácticas directas en el extranjero o de becas, de una
mayor formación y capacitación tecnológica.
Ahora bien, en conjunto lo que a nosotros nos parece más importante de
estos programas de adquisición y compensaciones es que han servido para
crear en algunos casos y para reforzar un tejido industrial de elevado
nivel tecnológico del que hace diez años este país no disponía. Por lo
tanto, hace diez años este país no estaba en condiciones aún de entrar en
proyectos de acuerdos de cooperación que evidentemente son más ventajosos
para el país que los simples acuerdos de compensación en cuanto
significan una participación tecnológica desde el principio y en todo el
transcurso y significan también unas ventajas a la hora de la actuación
en exportación sobre los materiales construidos a través de estos
acuerdos de cooperación, pero hace diez años con toda seguridad este país
no estaba en condiciones de firmar acuerdos de cooperación importantes.
Por lo tanto toda la experiencia de estos diez años nos ha preparado para
poder firmar acuerdos tan importantes como los que ha señalado el
Secretario de Estado y que otras veces han sido discutidos en esta
Comisión, como es el relativo al EFA. Aunque estos acuerdos sólo hubiesen
servido durante estos diez años para preparar nuestro tejido industrial y
nuestro país para entrar en pie de igualdad con los demás países europeos
en el mercado de la industria de defensa, ello sólo ya habría sido
positivo. Además de este elemento, especialmente significativo para
nosotros, también tenemos que felicitarnos de todos los otros elementos
concretos que ha señalado el Secretario de Estado en su intervención y
que hemos ido procurando recoger a lo largo de su exposición.
El señor PRESIDENTE: Tengo que advertir que las previsiones que teníamos
se han excedido en tiempo y vamos bastante mal. Rogaría al Secretario de
Estado que fuera conciso y que esta concisión fuera enriquecida con una
aportación de información si fuera posible a los señores miembros de la
Comisión.
El señor Secretario de Estado tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE DEFENSA (Flos Bassols): Voy a intentar
ser muy breve y muy concreto.
El señor Romero ha señalado que quiere analizar los datos. Aparte de la
información que podamos dar en forma de tablas, tienen ustedes a su
disposición --además de los expedientes-- unas fichas-resumen de cada
programa que creo que pueden ser muy interesantes. Me parece prudente que
las fichas no circulen, puesto que son el resultado de mucha negociación,
pero están a su disposición para ser consultadas o examinadas.
El señor Romero ha señalado algo en lo que creo que tiene mucha razón y
es que ha habido épocas de insuficiente operatividad de los F-18 y esto
sorprende dentro de este contexto. Tiene toda la razón, señor Romero, no
así en el tema de los misiles que es más complejo, pero en esto tiene
toda la razón. Precisamente por esto estamos tendiendo a obtener
compensaciones directamente en el ámbito militar para prepararnos y para
hacer que seamos capaces de tener los F-18 operativos. Era una necesidad
importantísima y la vamos paliando.
En cuanto al señor López Valdivielso dice que lógicamente el balance iba
a ser positivo. Le aseguro que iba a ser mucho más positivo, y el mérito
de lo que pueda haber de bueno de las compensaciones corresponde a
políticos anteriores a mí, pero he sido muy prudente por cuanto tenemos
sobre la mesa una crítica, relativamente seria, del Gobierno de Estados
Unidos y esto me ha refrenado, se lo aseguro.
Me señala que los beneficios obtenidos para la defensa son pocos, sólo el
28 por ciento --esto era el FACA--. Si sacamos el FACA, he hecho los
números de memoria, son mucho más importantes, son del 90 por ciento.
Exactamente la situación es la siguiente, puedo dar los números. En el
FACA 64.000 millones --suma de pesetas corrientes; por lo tanto dato no
muy bueno, pero aceptable para tener una indicación-- fueron a Defensa y
153.000 a civil. En el resto de los acuerdos, 58.000 millones --también
suma corriente--fueron a Defensa y 18.000 a civil. Con la experiencia que
tenemos ahora, yo le aseguro que no habríamos firmado el FACA tal como se
firmó. En aquellos momentos tengo la impresión de que hubo la idea de que
este esfuerzo militar podría traducirse también para los sectores
civiles. Luego la experiencia nos ha demostrado que las cosas hay que
pensarlas mucho más, yo creo. Estoy en su línea y es en la que estamos
yendo.
Por otra parte, no hay que olvidarse de una cosa. El problema para la
cumplimentación de estos acuerdos es tener empresas preparadas, tener
capacidad para sólo en el sector militar, tragar 354.000 millones de
compensaciones, en pesetas de hoy, y tengo la impresión de que en el año
1983 nuestra industria no estaba así, motivo por el cual --y enlazo con
otra cosa que usted dijo y que sólo conozco por lo que me han explicado,
porque obviamente no lo he vivido--, cuando el Gobierno se encontró con
un acuerdo tan favorable sobre el papel y con una industria en tan malas
condiciones, tuvo que ayudar en aquel momento --año 1984, debía ser-- a
algunas empresas a prepararse para ofrecer los productos que eran
necesarios para poder cumplimentar el acuerdo. De no haberlo hecho,
probablemente algunas empresas que han participado en piezas del F-18 no
habrían podido hacerlo. Es decir, que no es tan fácil.
Subvenciones actuales no hay, por supuesto. Me cita el tema de Santa
Bárbara. Santa Bárbara ha participado de compensaciones de diez acuerdos,
con un volumen económico del orden del 1,6 por ciento del total de las
compensaciones, que es bastante elevado, está entre las primerísimas
empresas que he citado antes. Por tanto, Santa Bárbara ha participado
también en este tema.
Para ir rápido, entre todas las demás cosas que ha dicho ha citado las
joint ventures, es decir, los programas de cooperación. Estamos en
varios, no hay ningún inconveniente para que le dé la lista. No he
incluido aquí temas como el EFA o el Harrier-2 Plus, porque habría sido
información bastante heterogénea con el resto. Hay compensación comercial
y muchas más cosas. Por tanto, sólo por esto no he querido incluirlos.
Ha señalado que de 516.000 millones, en pesetas de 1993, se habían
cumplimentado 50.000 --con cumplimentado quiero decir acabado--. Estos
son programas muy largos. También en pesetas en 1993 --y por tanto algo
muy teórico, sólo para entendernos-- tenemos acreditaciones hechas, es
decir, cosas que ya hemos cumplimentado, por valor de 372.000 millones.
Estamos muy avanzados en acreditaciones. Lo que pasa es que los programas
correspondientes no han acabado aún, pero digamos que el ritmo es muy
fuerte. Para que el ritmo sea fuerte hacen falta dos cosas: primero, que
el acuerdo sea fuerte de cara a la empresa extranjera y, segundo, que,
además de que la empresa extranjera esté sometida a posibles
penalizaciones, nosotros aquí hagamos de motor, que es lo que hemos
estado haciendo estos años.
En cuanto a la intervención del señor Marsal, él ha destacado un hecho
que para mí es quizás en estos momentos el más importante, y es que hay
empresas que no habrían podido participar en los programas modernos de
aviones de no haber estado en el programa de compensaciones, con toda
seguridad.
--SOBRE LOS EFECTOS DEL PLAN DE REESTRUCTURACION DE LA EMPRESA NACIONAL
SANTA BARBARA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO. (Número de expediente 212/000637.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la comparecencia para informar sobre los
efectos del plan de reestructuración de la Empresa Nacional Santa
Bárbara. Les ruego al señor Secretario de Estado y a los señores
portavoces que vayan a intervenir que sean lo más concisos posible, dado
que tenemos esperando al Secretario de Estado de Administración Militar,
convocado para la una de la tarde.
El señor Secretario de Estado tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE DEFENSA (Flos Bassols): Aquí voy a ser
mucho más breve. Antes de entrar en temas de efectos, una pequeña
meditación sobre asuntos que han sido tratados aquí y que SS. SS. conocen
hasta la saciedad, pero que en mi intervención no quisiera dejar fuera.
Santa Bárbara es una empresa que padece todos los problemas del subsector
de armamento y
munición convencional, problemas que son comunes a países europeos y
americanos. Otras empresas españolas padecen el mismo tipo de problemas,
las tenemos en la cabeza, son empresas como Sapa, Expal y Esperanza, y no
cito más, aunque podría citarlas. Santa Bárbara tiene, además de los
problemas genéricos, otros propios que se derivan en gran parte de su
origen, como voy a decir.
¿Por qué hay una situación difícil? Lo diré con brevedad, pero
inevitablemente tengo que empezar hablando de presupuestos. Cierto es que
los presupuestos occidentales de defensa se han reducido, pero la
reducción española ha sido más fuerte y ha partido de un nivel más bajo
y, como todos sabemos, la reducción del presupuesto en cualquier país
afecta directamente, por desgracia, a la inversión. Segundo punto, en
todos los países el perfil de la demanda militar se ha modificado y han
perdido peso el armamento y la munición convencional. En España también
se ha producido este desplazamiento, pero los recursos son tan limitados
que algunas líneas han quedado fuera de los programas, líneas que en gran
parte afectan al armamento y munición convencional. Esto le ocurre a
Santa Bárbara, cosa que no ocurriría en otro país. Tercero, en todos los
países hay grandes stocks de munición y de armamento; hay también
excedentes conocidos derivados de tratados de desarme o similar, como el
FACE, y en España la existencia de grandes stocks ha sido cierta por lo
que respecta a la munición, aunque por razones de obsolescencia debería
iniciarse un proceso urgente de recuperación de existencias. En cuarto
lugar, el subsector del que estamos hablando, en general, está presente
en todos los países industrializados, es el más fácil de montar y tenemos
un exceso de productos y de capacidad productiva en toda Europa. Por
esto, las ventas de Santa Bárbara disminuyen no sólo en el ámbito
nacional sino en el internacional. Además de ello, no olvidemos, cuando
hablamos de Santa Bárbara, que es una empresa que ha tenido que cargar
con una dispersión de centros de trabajo que conlleva unos costes
globales de producción que otro tipo de empresas no tienen. Creo que
tenía que decir esto.
Vemos cuál es la situación actual de Santa Bárbara. Demanda interior y
exterior sustancialmente reducidas en los últimos años, subactividad que
ha llegado al 86 por ciento y pérdidas anuales, por lo menos durante tres
años, de unos 22.000 ó 23.000 millones. Aunque la solución laboral y
económica que se adopte no corresponde al Ministerio de Defensa, y así se
dice en un decreto, éste sí manifiesta su parecer en cuanto a exigencias
a respetar desde el punto de vista de la defensa nacional. En este
sentido, es evidente que la capacidad productiva actual de Santa Bárbara
está, nos guste o no, muy por encima de la demanda posible, y parece
inevitable una reestructuración. Sin embargo, estimamos que Santa Bárbara
debe mantener, salvo alguna excepción, sus actuales líneas productivas,
aunque ello requiera asumir un cierto nivel de pérdidas. Es decir, Santa
Bárbara es la única empresa española que fabrica determinadas líneas de
producto, y nos parece que no existe motivo para que estas líneas se
abandonen.
Para simplificar la exposición voy a hablar directamente de lo que es la
oferta y la demanda. Veamos, en primer lugar, cuál es la oferta de Santa
Bárbara. El plan de Santa Bárbara concentra sus actuales centros de
trabajo y reduce la capacidad productiva. Las líneas de actividad se
mantienen, como he dicho, salvo alguna línea concreta. En materia de
capacidad productiva es destacable que la capacidad resultante en la
nueva Santa Bárbara, según el plan, sería tres veces superior a la carga
de trabajo del año 1993. Podemos utilizar otro año de base; en cualquier
caso, es una capacidad superior a la necesaria para cubrir la demanda de
los últimos años. Esto sucede a nivel agregado, también es cierto para
cada uno de los tres centros que quedan, refundiendo las fábricas que van
a pasar a esos centros. Por ejemplo, la nueva Trubia tendrá cinco veces
más horas de trabajo disponible que la suma de Trubia, La Coruña y Oviedo
en el año 1993 (me refiero a las horas trabajadas). Palencia tendrá casi
dos veces horas disponibles respecto de las horas trabajadas en Palencia
y Toledo en el año 1993. Y Granada también tendrá dos veces la carga de
trabajo de Granada, Murcia y Valladolid en el año 1993. Por lo tanto,
tenemos que pensar que si la empresa Santa Bárbara nos asegura que
mantiene una larga lista de líneas --ocupa varias páginas-- y nos
presenta este volumen de horas, en principio no tenemos que pensar que no
pueda cumplimentar la posible demanda que luego veremos.
Por lo que respecta a la desaparición de líneas, sólo destaca la
desaparición de la materia prima fabricada en Valladolid y Murcia,
fábricas con una subactividad del cien por cien en Valladolid --todo el
mundo sabe que Valladolid es una fábrica que está parada-- y del 95 por
ciento en Murcia, pero cuya materia prima puede adquirirse en el mercado
nacional. En consecuencia, la nueva Santa Bárbara mantiene una capacidad
muy superior a la demanda actual. Por lo tanto, en la situación actual
tendría unas pérdidas, pero pensamos que estas pérdidas deben ser
asumidas.
Pasemos ahora a la demanda porque interesa ver cuál es la que estamos
manejando actualmente y ver si puede crecer. En estos momentos conocemos
ya el marco presupuestario general de los próximos años y estamos
discutiendo el objetivo de fuerza conjunto, por lo que pronto podremos
elaborar el programa de inversión y sostenimiento en los próximos años,
del que, por desgracia, tantas veces he hablado en esta Comisión y no he
podido llevar aún a cabo. No obstante, por lo que respecta a los
productos Santa Bárbara, ya hemos empezado a examinar el tema con
antelación y dentro de una serie de condicionamientos y objetivos que
tengo que destacar.
El primero es que probablemente el presupuesto del Ministerio de Defensa
mantendrá su peso respecto del PIB en los próximos tres años. Lo estamos
discutiendo, pero esto es lo que sale en las previsiones del Ministerio
de Economía y Hacienda. En estas condiciones es prácticamente imposible
que la nueva inversión del Ejército de Tierra, lo que llamamos programa
de modernización, supere los 33.000 millones de pesetas anuales, en
pesetas reales. Recuerdo que actualmente estamos en 32.000.
Para situar qué significan estos 33.000 millones y para que se vea su
limitación, voy a decir que hoy el Ejército de Tierra tiene ya
comprometidos para el año que viene
21.000 millones de pesetas de modernización, y con los 12.000 restantes
tiene que cubrir muchas cosas, pero, entre otras, cosas tan importantes,
yo diría que acuciantes y costosas, como son la inversión en
infraestructuras para acometer el Plan Norte. Hace unos meses estábamos
hablando de 5.000 millones al año. No podremos llegar a 5.000 millones al
año, salvo lo que proceda de la Gerencia de Infraestructura --ahora estoy
hablando del presupuesto de Defensa--. En segundo lugar, la adquisición
de comunicaciones a nivel de unidad, es decir, no el teléfono táctico,
sino lo que ensambla las distintas líneas como mínimo para la Fuerza de
Acción Rápida, esto en cuatro años y el primer año va a costar por lo
menos mil y pico de millones. En tercer lugar, la renovación del parque
de vehículos que está en situación límite. Creo que de esto se ha hablado
muchas veces, probablemente se haya dicho aquí, quizá lo haya dicho yo
mismo, de la conveniencia de invertir 5.000 millones anuales para ir
modificando los vehículos en un plazo relativamente largo. También me
parece indispensable iniciar la adquisición del vehículo de infantería y
caballería, lo cual, además de encajar con un tipo de misiones actuales,
como pueda ser, por ejemplo, nuestra presencia en misiones humanitarias,
es indispensable si queremos hacer posible su exportación. Finalmente
está la adquisición de munición a un nivel superior al actual por causas,
como ya he dicho, de obsolescencia de nuestras existencias. Veamos este
tema que quizás es el que más resalta.
De los distintos productos que produce Santa Bárbara --dejo SBB al lado
porque por lo que tenemos visto tiene demanda asegurada y cien por cien
de actividad durante años-- la máxima prioridad es la munición. En los
últimos tres años sólo hemos adquirido un promedio de unos 1.500 millones
de pesetas anuales gracias a que hemos estado utilizando importantísimas
reservas existentes. No obstante, se trata de reservas muy antiguas, lo
que obliga a un incremento progresivo de las adquisiciones, hasta llegar
a un estándar que, en mi opinión, tiene que ser de 6.000 millones anuales
de adquisición a partir del año 1998, y en los próximos cuatro años mi
propuesta a los Jefes de Estado Mayor en la elaboración del presupuesto
es que sea por lo menos de 2.500 millones en el año 1995, 4.000 millones
en 1996 y 5.000 millones en 1997, para acercarnos en cuatro años a lo que
tiene que ser el nivel de compras habitual de la munición que necesita el
Ejército de Tierra.
Por lo que respecta a otros productos de Santa Bárbara, su adquisición
está sometida a improbables incrementos de la inversión o, en su defecto,
al desplazamiento de otro material previsto. Ahí tengo que decir que
cuando el Ejército de Tierra elabora su larga lista de prioridades de
este tipo de productos, aun siendo muy importantes, como se verá, no
están entre las prioridades que caben en un presupuesto de nueva
inversión de 33.000 millones de pesetas. Cuando el presupuesto es tan
pequeño, insisto, no tiene sentido bajar el peso en adquisición;
simplemente desaparece la línea.
Estamos estudiando el tema aceleradamente por razón de la cumplimentación
del laudo. Por el momento, lo que sí puedo decir es que las prioridades
objeto de examen son las siguientes. En primer lugar la construcción de
barcazas que corresponden al vehículo Ascod, que, como se sabe, se
efectúan en Trubia; el vehículo corresponde a SBB, pero las barcazas
vienen de Trubia. En segundo lugar, la progresiva sustitución del calibre
del Cetme 7,62 por el fusil de asalto 5,56. El deseo sería poder llegar a
comprar en un número de años indeterminado 60.000 fusiles de este tipo.
En tercer lugar, la sustitución de la ametralladora MG-42 por la Ameli
5,56. Nuestro propósito, también sin años fijados, sería la adquisición
de unas 3.000 ametralladoras. Otra prioridad sería la adquisición del
lanzagranadas de 40 milímetros, en cantidades menores. Y, finalmente, un
programa que puede llegar a tener envergadura económica es la adquisición
del obús Rema de 155 para sustituir una artillería ya muy obsoleta que
tiene a menudo más de 30 años de antigüedad. Esta operación tiene
envergadura muy superior a las anteriores y se iniciaría en algunas
unidades prioritarias desde el punto de vista operativo que, como pueden
imaginarse, comprenden, por ejemplo, Ceuta y Melilla. Tengan en cuenta
que el obús cuya adquisición proponemos doblaría el alcance.
En definitiva, si cruzamos las capacidades previstas para la nueva Santa
Bárbara con la cumplimentación de esta serie de necesidades prioritarias
que he dicho, a lo largo de seis o siete años, en principio no hay razón
para pensar que la nueva Santa Bárbara no pueda cumplir. De todos modos,
es necesario ver aún cuál será el resultado final de este estudio.
Por último, no quiero finalizar mi intervención sin reiterar que el
Ministerio de Defensa considera que la principal repercusión de este u
otro plan es su aspecto social, y en consecuencia pondrá las
instalaciones que se abandonen a disposición, como dije anteriormente, de
iniciativas productivas viables que permitan generar empleo, sin
compensación alguna, sin perjuicio, claro está, de los problemas de tipo
jurídico como puedan ser los derechos de los reversionistas que puedan
plantearse en cada caso.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo autor de la solicitud de la
comparecencia el señor Fernández de Mesa tiene la palabra.
El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Señor Secretario de Estado,
muchas gracias.
Ha sido realmente interesante su comparecencia, realmente aclaratoria,
coincidente con lo que son nuestros planteamientos en este tema, y es
realmente lamentable que algunos compañeros suyos de Partido hablen de
manera diferente en la Comisión de Industria. Pienso que deberían de
estar aquí hoy oyendo su intervención, pero desgraciadamente no están,
aunque probablemente alguno de sus compañeros podrá transmitirles que lo
que nosotros decíamos ayer en cuanto a los presupuestos de la defensa
tiene algo que ver. En segundo lugar, tiene mucho que ver eso que acaba
de decir el señor Secretario de Estado de la Defensa de que están
estudiando este tema aceleradamente, precisamente por el laudo arbitral,
cuyo cumplimiento es obligado, porque es vinculante, lo que algún
compañero suyo de Partido se negaba a reconocer ayer, puesto que
aprobando una proposición no de ley que
recoge los apartados del laudo parecía que no tenía nada que ver el laudo
arbitral con la obligación del Gobierno de realizar las formulaciones que
allí se contienen.
Entrando en el tema de Santa Bárbara, señor Secretario de Estado,
coincidimos perfectamente en todos los aspectos que usted ha tocado.
Coincidimos en las exigencias a respetar: capacidad productiva, que está
por encima y que debe mantener las actuales líneas productivas, aunque
suponga asumir un nivel de riesgos, algo que no se asume desde el
Ministerio de Industria, o que por lo menos, cuando los portavoces de su
Partido hablan de este tema, no asumen. Pero también hay que recordar,
señor Secretario de Estado, que quien lleva gobernando doce años es el
Grupo Socialista (el señor Lagunilla Alonso: El Gobierno) y que todas
estas buenas intenciones, estos buenos deseos del Secretario de Estado de
la Defensa nosotros los compartimos, pero son incapaces de mantenerlos.
Quiero recordar aquí ahora una cifra, que es ese modelo de las Fuerzas
Armadas aprobado en el año 1991, que implicaba para el año 2000 un
presupuesto de Defensa fijado en el 2 por ciento del producto interior
bruto, que ya no se va a poder cumplir, por lo que acaba de decir el
Secretario de Estado y por lo que conocemos. Por tanto, no se cumple
ningún tipo de previsión, y se trata de tener unos ejércitos medianamente
operativos y medianamente eficaces sin poner a su alcance los
presupuestos necesarios para que así sea.
En el tema concreto de Santa Bárbara el laudo arbitral es bien claro, y
nosotros estamos totalmente de acuerdo con lo que el laudo arbitral dice
y por eso retiramos nuestra proposición no de ley del día de ayer,
presentada antes de que se fallara por el colegio arbitral este laudo,
porque nos encontramos plenamente satisfechos con lo que allí se dice,
porque entendemos que recoge lo que nosotros proponíamos. Yo propongo en
este momento al Presidente de la Comisión de Defensa que dé traslado de
esta comparecencia a la mesa de negociación que se ha abierto en el seno
de Santa Bárbara para que allí se conozcan cuáles son las previsiones
económicas del Ministerio de Defensa con respecto a su renovación de
armamento y material, que es lo que venimos pidiendo desde hace tiempo y
que creo que es importante que se nos conozca para hacer un plan de
futuro sobre la base de unos presupuestos que se van a invertir.
Decía el señor Secretario de Estado que hay que hacer un programa de
inversión y sostenimiento para los próximos años. A ver si lo hacen de
verdad de una vez, señor Secretario de Estado, porque desde la Ley de
dotaciones y sostenimiento del año 1982, prorrogada en innumerables
ocasiones, en la que se venía diciendo que se pedía un esfuerzo
importante a las empresas y a las industrias de la defensa para
modernizarse, para poder alcanzar unos niveles operativos y de producción
importantes, nos encontramos con que después del esfuerzo realizado por
todas esas empresas, incluso Santa Bárbara, hoy en día estamos en una
situación similar o peor a la del año 1982. Porque es bien cierto que hay
subactividad en Santa Bárbara, y usted ha entrado en ese tema, es bien
cierto que ha caído la facturación, la carga de trabajo, todo eso es bien
cierto, pero no es menos cierto que había un plan industrial del año 1987
al año 1991, que obtiene buenos resultados del año 1987 al año 1989, que
empieza a tener desastrosos resultados del año 1989 en adelante, y que
pasados cinco años es cuando se hacen cargo de que esa industria no
funciona, después de ver crecer la subactividad de manera alarmante y de
ver decrecer la facturación, la contratación, las exportaciones. Creemos
que se ha perdido demasiado tiempo hasta llegar donde hemos llegado.
Es usted el que habla de que en los próximos tres años hay que mantener
su peso en el PIB; es decir, ya no se va a incrementar los presupuestos
de Defensa. Lo que ustedes van a proponer es intentar que en tres años el
presupuesto de Defensa mantenga su peso. ¡Ojalá! que lo consigan, aunque
las previsiones eran bien distintas. De esa inversión de 33.000 millones
de pesetas del Ejército de Tierra, 21.000 millones ya están comprometidos
para inversión en infraestructuras del Plan Norte --del que ahora
hablaré-- para la adquisición de comunicaciones, para renovar el parque
de vehículos, porque todo ello está en situación límite. Lo acaba de
decir el señor Secretario de Estado de la Defensa. Es algo que venía
diciendo el Partido Popular desde hace mucho tiempo y que nadie reconoce.
Yo me alegro de que el señor Secretario de Estado reconozca que nos
encontramos en situación límite. Lo que sí está claro es que, como muy
bien decía el señor Secretario de Estado de la Defensa, la munición está
completamente obsoleta y se está utilizando munición que ya ni siquiera
sirve para el material que se está usando hoy en día.
Hay un Plan Norte, señor Secretario de Estado de la Defensa, que por lo
que veo tampoco va a cumplir el Ministerio de Defensa o que ni siquiera
va a poder acometer, ese Plan Norte del que habla de una inversión de
medio billón de pesetas en un período plurianual de siete años, desde
1995 al 2002, para mantener los mínimos indispensables dentro del
Ejército de Tierra. Eso ya no se va a poder mantener tampoco, señor
Secretario de Estado. Realmente, creo que hay una descoordinación, un
divorcio entre la buena voluntad del Ministerio de Defensa, tantas veces
explicada en esta Comisión tanto por el Ministro como por cada uno de los
Secretarios de Estado, de tener la intención de elevar los presupuestos
de Defensa hasta los niveles capaces de conseguir la plena eficacia de
nuestras Fuerzas Armadas, y los Ministerios de Economía y Hacienda y de
Industria, puesto que son ustedes incapaces de sacar adelante lo que en
el fondo reconocen que es necesario e imprescindible para mantener
nuestra defensa.
Termino, señor Presidente, porque la intervención del Secretario de
Estado, que agradezco, es sumamente clara, sumamente explícita y para
nosotros es sumamente importante que de esta comparecencia tenga
conocimiento la mesa de negociación que se ha abierto entre la empresa,
el Ministerio de Industria y el INI, los agentes sociales, esa mesa de
negociación que durará tres meses, para estudiar el nuevo plan de futuro,
porque es imprescindible conocer esto. Finalizo diciendo, señor
Secretario de Estado, que después de lo que usted ha dicho aquí y si ya
lo pensábamos antes, sigo pensando que al Ministerio de Defensa le llega
la lengua al suelo. Realmente es insostenible un Ejército en España
medianamente operativo con los niveles
presupuestarios y la gestión que se está realizando desde los distintos
ministerios. Nuestra operatividad está bajo mínimos. Ustedes desde el
Ministerio de Defensa están empeñados en conseguir recuperar la
operatividad de las Fuerzas Armadas y nosotros vemos que esto no está
secundado ni por el resto del Gobierno ni por su Grupo Parlamentario.
El señor PRESIDENTE: Señor Fernández de Mesa, de oficio no tenemos que
remitir nada, puesto que se publica el «Diario de Sesiones» y a instancia
de parte se le remitirá a quien usted estime conveniente.
Por el Grupo Izquierda Unida el señor García Fonseca tiene la palabra.
El señor GARCIA FONSECA: Señor Presidente, quiero agradecer también por
mi parte, en nombre de mi Grupo, la información que nos ha facilitado el
señor Secretario de Estado de Defensa. Mi Grupo quisiera hacer de todas
formas algunas consideraciones al respecto, empezando quizá por lo que
entendemos que en estos momentos es un criterio de orientación obligado,
que es el laudo arbitral al que se ha hecho referencia ya por otros
portavoces...
El señor PRESIDENTE: Señorías, les voy a recordar que estamos en la
Comisión de Defensa, que esta comparecencia ha tenido lugar, creo, por la
buena voluntad de la Mesa de la Comisión y que el análisis que aquí se
haga tiene que ser desde el ámbito en el que nos movemos, que es el de la
defensa. En este sentido les pido que se centren en lo posible en esta
cuestión, digamos, desde el punto de vista de la intervención que ha
realizado el señor Secretario de Estado, más que en otras consideraciones
en las que no podemos entrar.
El señor GARCIA FONSECA: Le agradezco la recomendación, señor Presidente.
De todas formas iba a hacer una cita muy breve que estimo que es
pertinente en todo caso, porque es el fruto del trabajo de unos árbitros
que tiene que ver, claro que sí, con el tema de la defensa y, por tanto,
con el tema del Ministerio de Defensa. La cita se refiere simplemente a
que dicen que es necesaria la determinación de una demanda relativamente
fiable y estable y el afianzamiento de unas compras públicas en cuantía
razonable, sin lo cual estiman los árbitros del laudo que no se puede
asegurar ningún futuro inmediato, desde luego, a nuestra propia industria
nacional, pública o privada.
Lo que sí nos interesa subrayar, es que estas compras de material en la
contratación o facturación por parte del Ministerio a la industria
nacional de defensa han venido bajando de una manera tan brusca, tan
brutal, diría, que difícilmente se pueden justificar con los argumentos
esgrimidos por el Secretario de Estado, al menos con parte de ellos,
fundamentalmente con el recurso a la disminución de los presupuestos de
Defensa de nuestro país, porque, efectivamente --daré algunos datos muy
breves--, la contratación del Ministerio de Defensa con la Empresa
Nacional Santa Bárbara se vio reducida de 11.986 millones de pesetas en
el año 1986 a 680 millones de pesetas en 1993. Nos parece una reducción
tan brutal que, desde luego, la justificación de que esto tiene que ver
con la reducción del presupuesto del Ministerio de Defensa nos parece
abusiva. Luego voy a incidir un poco en la misma. Si hablásemos de la
facturación, la caída es igualmente brusca. La facturación librada al
Ministerio de Defensa por parte de la Empresa Nacional Santa Bárbara ha
pasado en la misma época de 9.962 millones a 570 millones en 1993, ha
disminuido un 94 por ciento. Pretender justificar esto por la reducción
de los presupuestos del Ministerio de Defensa, repito, nos parece
abusivo.
Por una parte, precisamente en el año en que estamos, en el que salta la
crisis de la Empresa Nacional Santa Bárbara, resulta que los presupuestos
de Defensa se han incrementado, pero lo que realmente han incrementado
los presupuestos de Defensa han sido precisamente las inversiones, que
aumentan, si la memoria no me falla, en más de un 15 por ciento --estoy
seguro--, no sé si llega casi al 16 por ciento, pero sí en más de un 15
por ciento, que es lo que realmente produce el incremento del conjunto de
los presupuestos del Ministerio de Defensa. Estas inversiones sobrepasan
los 200.000 millones de pesetas, creo que son doscientos treinta y tantos
mil millones. De ahí usted nos hable que únicamente para lo que puede ser
demanda potencial de Santa Bárbara queden disponibles, y no todos, 12.000
millones de pesetas también nos parece que hay un abismo. Alguna
explicación hay que dar de cara a la propia industria nacional, que me
parece que incluso explícitamente reconoció que es estratégica, un sector
a conservar, incluso en el supuesto de que hubiera algún tipo de
pérdidas. Nos parece difícil explicar, repito, con estos presupuestos en
la mano, con una inversión que en el año 1993 fue de 186.000 millones,
pero que en 1994 volvió a subir a 233.000 millones, que se puede
compaginar esto con esta reducción tan brutal, tan brusca de la
contratación por parte del Ministerio de Defensa a la industria nacional
de Santa Bárbara.
Hay otro dato más, desde la perspectiva de mi Grupo, de que no es una
explicación lógica y que no se compagina con la realidad. Sobre la
afirmación de que la causa fundamental del decremento terrible de la
contratación o de la facturación de nuestra empresa nacional es la
reducción de los presupuestos de Defensa, simplemente, si cogemos el año
1987 --de los años a los que he hecho referencia, 1987 a 1993,
incrementándose a partir de 1986 los gastos en material de defensa,
aproximadamente hasta 1989--, el porcentaje de los gastos en material de
defensa que era cubierto por la contratación a la Empresa Nacional Santa
Bárbara, resulta que era bastante superior al porcentaje que implican hoy
las contrataciones del Ministerio de Defensa a la empresa. En 1987 era
del 10 por ciento, más del 10 por ciento, de una cifra, repito, en
términos absolutos mucho más elevada, y en 1993 pasó al 2,36 por ciento,
lo cual implica una diferencia de cinco puntos en términos porcentuales.
Por ello, ni por la vía de los números absolutos ni por la vía de los
porcentajes, entendemos que los recortes del presupuesto de Defensa
justifiquen esta caída tan brutal de las contrataciones o de las
facturaciones de la Empresa Nacional Santa Bárbara al Ministerio de
Defensa.
Por tanto, nos parece que debiera hacerse un esfuerzo serio y riguroso,
que usted nos explicase realmente cuál es la demanda potencial de Santa
Bárbara con relación a las contrataciones o a la facturación que pudieran
provenir del Ministerio de Defensa. Desde luego, los datos que nosotros
manejamos, vía fuentes de la propia empresa, son bastante distintos. La
demanda que Santa Bárbara podía tener potencialmente, entendiendo por
demanda potencial el material que pudiera cubrir Santa Bárbara, bien por
estar dentro de su catálogo, bien por tener capacidad de fabricarlo, o en
el caso de mantenimiento de armamento y material, entendiendo de esta
forma la demanda potencial de Santa Bárbara, desde luego las cifras que a
nosotros nos salen son mucho mayores de las que ustedes han expresado
aquí. Consiguientemente, a nuestro Grupo le quedan muchísimas reservas en
cuanto a lo riguroso de sus planteamientos y nos gustaría, repito, y
ahora le hablo ya como miembro en conjunto del Gobierno, que desde el
Gobierno, atendiendo al tema del laudo, ustedes hicieran un esfuerzo
mucho más serio y riguroso que el que nos ha esbozado aquí e intentaran,
en la medida de lo posible, responder a que la mayor parte de la demanda
potencial que puede ser cubierta por nuestra propia industria nacional lo
sea y no se recurra, por razones de una concepción puramente
economicista, estrecha y no corresponsable, a argumentos que no nos
parecen ni serios ni rigurosos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Lagunilla.
El señor LAGUNILLA ALONSO: Gracias, señor Presidente, intervendré con
brevedad porque veo que la hora, a pesar de los ruegos de S. S., se nos
va echando encima.
En primer lugar, quiero agradecer al Secretario de Estado esta
comparecencia a petición del Grupo Popular para explicar la postura o la
actitud del Ministerio de Defensa ante la situación de crisis, que no voy
a reiterar, porque ya se ha hecho por parte del Secretario de Estado y de
los intervinientes que me han precedido en el uso de la palabra, de la
Empresa Nacional Santa Bárbara. Es una situación de crisis arrastrada
hace mucho tiempo que los acontecimientos de distensión internacional,
unidos a los acontecimientos económicos, por llamarlos de alguna forma,
de reducción de nuestro presupuesto de Defensa no han hecho más que
agravar.
Ante esa situación de crisis, el Gobierno, como es su obligación, como
propietario de esta empresa, ha ido adoptando a lo largo del tiempo una
serie de decisiones que han culminado al final con un plan ofertado a los
trabajadores y a los sindicatos para intentar, diríamos, no buscar la
financiación o la rentabilidad de la empresa --y luego entraré en esto,
porque ha habido algunas cosas que ha dicho el Secretario de Estado que
me satisfacen, por lo menos porque se aclare en algún aspecto--, sino
para intentar conseguir una utilización más óptima de los recursos de
esta empresa dentro de su definición como empresa del sector estratégico.
Eso se incluyó en un plan, muy contestado por los sindicatos y los
trabajadores de la propia empresa; después de seguir ese plan --y eso hay
que recordarlo, porque parece que hay veces que se olvida-- y los
procedimientos establecidos en un convenio entre el INI y los sindicatos
para la resolución de conflictos en empresas públicas dependientes del
INI --esos pasos se han ido siguiendo pasándose los plazos y cumpliéndose
de una forma más o menos satisfactoria-- nos encontramos en este momento
con un laudo arbitral que, como se ha dicho aquí ya, es de obligado
cumplimiento en algunos aspectos, en aspectos normativos, y, en otros, es
más bien de simples recomendaciones, pero, en cualquier caso, no es ésta
la discusión propia de esta Comisión.
En ese laudo se establece una serie de mandatos, una serie de
recomendaciones. Complementado ese laudo, con una proposición no de ley,
que, como les he dicho también, se aprobó, creo recordar, el mismo día de
ayer en la Comisión de Industria por unanimidad de todos los grupos allí
presentes, con la inclusión de alguna enmienda por parte de otros grupos,
se viene a indicar al Gobierno una serie de actuaciones encaminadas a
conseguir que esa empresa salga de la crisis en que se encuentra sin
buscar nunca la viabilidad de la misma, sino...
El señor PRESIDENTE: Señor Lagunilla, estamos en la Comisión de Defensa.
Ayer celebraron el debate correspondiente a la Comisión de Industria.
Aquí cíñanse ustedes a las cuestiones que tienen que ver en este caso con
los aspectos que tiene que tratar esta Comisión.
El señor LAGUNILLA ALONSO: Me ciño, señor Presidente, y ya entro
directísimamente en lo que ha dicho el Secretario de Estado.
Hay algunas conclusiones moderadamente optimistas que nuestro Grupo
extrae. Voy a intentar ser telegráfico. En primer lugar, el que
definitivamente la Empresa Nacional Santa Bárbara se contempla como una
empresa de carácter estratégico, con lo que esto supone de no buscar en
ella su viabilidad. Ha reconocido que aun manteniendo sólo las líneas que
la empresa ha ofertado, se producirán unas pérdidas cuantiosas y no una
ocupación al cien por cien de la capacidad productiva. Por tanto, yo creo
que eso, con vistas al futuro de la empresa, es optimista. El objetivo,
por tanto, no es la rentabilidad.
Dentro de estas premisas de no buscar la rentabilidad solamente y de
definirla como estratégica, es bueno buscar, por supuesto, la utilización
óptima de los recursos existentes. Es buena, por tanto, la coincidencia
que me ha parecido extraer de las palabras del señor Secretario de Estado
entre el Ministerio de Defensa, en cuanto a las posibilidades de compra
algún día y de las capacidades que necesitaría tener esta empresa, y el
INI al definir esa magnitud de empresa.
Soy telegráfico, señor Presidente. También me parece muy sustancial, y
quiero destacarlo aquí, la disposición del Ministerio de Defensa --en
connivencia con los diversos planes de diversificación que el INI ha
presentado o pretende presentar para la Empresa Nacional Santa Bárbara,
tanto respecto a sus instalaciones como a sus trabajadores--, según aquí
ha manifestado el Secretario de Estado, a ceder, sin ningún tipo de
retribución, simplemente
respetando los preceptos legales en cuanto a derechos de reversión que
puedan originarse, todas sus instalaciones --no hay que olvidar que el
Ministerio de Defensa es propietario prácticamente de la totalidad de las
mismas, si no de todas-- y a facilitar la utilización de esas
instalaciones en cualquier proceso de diversificación y de variación
industrial para intentar la máxima ocupación.
En este ambiente, y puesto que el Secretario de Estado conoce
perfectamente la proposición no de ley que ayer se aprobó reforzando el
laudo arbitral sobre la empresa, para finalizar con la mayor brevedad
posible no tengo más que instar a que el Ministerio de Defensa, a través
de la Secretaría de Estado, en coordinación lo más perfecta posible con
el INI, vaya definiendo cuáles pueden ser esas posibles compras en el
futuro y vaya concretando cuál puede ser la demanda que vaya a tener en
el futuro, para que en lo posible esa demanda sea atendida por parte de
lo que pueda quedar al final de la Empresa Nacional Santa Bárbara. Y
termino felicitándome, por fin, de que este plan, esta coordinación entre
el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Industria dé una perspectiva
de viabilidad futura en cuanto a su existencia, no en cuanto a su
rentabilidad económica, a la Empresa Nacional Santa Bárbara, que todos
reconocemos que ha estado sufriendo una grave crisis en estos últimos
años.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE DEFENSA (Flos Bassols): Deduzco de la
intervención del señor Lagunilla --que me ha parecido muy interesante--,
afortunadamente, que las distancias en el seno de esta Comisión no son
excesivamente importantes. Lo importante es que lo que se diga en esta
Comisión consigamos hacer que se oiga fuera en ámbitos muy amplios.
Al señor Fernández de Mesa le tengo que agradecer muy sinceramente el
apoyo que o noto recibir de él no solamente en esta ocasión, sino en
otras. No me preocupa en absoluto destacar que pienso que tenemos
visiones parecidas en muchos temas de defensa. Creo que los dos pensamos
que estamos ante una política de Estado y que como tal tiene que ser
abordada, que estos temas están muy por encima de visiones parciales a
veces de partido político.
Sí quiero hacerle algunas precisiones concretas. Sobre mantener la tasa
del presupuesto de Defensa respecto al PIB no es iniciativa de Defensa
(El señor Fernández de Mesa Díaz del Río): ¡No, ya!). Es el resultado de
sangre, sudor y lágrimas. En segundo lugar, nadie más que yo desearía
hacer una ley programa. Dejando aparte los aspectos dolorosos de hacer
una ley programa con un 1,3 constante durante tres años, que es algo muy
fuerte, sí que me parece haber dicho ya en alguna ocasión que yo he
utilizado una estrategia que consiste en hacer una especie de ley
programa fáctica para comprometer todo lo comprometible para que las
empresas sepan de qué va el asunto. Lamentablemente, en Santa Bárbara,
así como se puede planificar la actividad de SBB --y la tiene
tranquila--, los aspectos de munición son mucho más complejos. Yo puedo
decir que creo que hay que comprar 6.000 millones al año, pero no es la
tercera fase de la construcción de un sistema de armas. Por tanto, la
cosa está más floja. Cuando he hablado del comprometido no decía que
dentro del comprometido estuvieran la infraestructura, el vehículo, no.
(El señor Fernández de Mesa Díaz del Río: Además de.) Es además de. Por
tanto, muchas gracias, señor Fernández de Mesa.
En cuanto al señor García Fonseca, creo que se plantea, como en otras
ocasiones, una terrible confusión que creo que tendría que aclararse. En
primer lugar, yo me puedo equivocar y no me importa decirlo --seguro que
me equivoco mucho--, pero, desde luego, pretendo ser serio y riguroso. Me
puedo equivocar, pero quiero ser serio. En segundo lugar, creo que hay
una confusión muy grave entre lo que es la industria de defensa y lo que
es la industria de armamento y munición convencional. No me sé de memoria
las magnitudes, pero dentro de lo que es material de defensa, sistemas de
armas, etcétera, el armamento y munición convencional, con todas las
empresas que han ido apareciendo ahora, no representan, ni por volumen de
producción ni por necesidades de las Fuerzas Armadas, más de un 10 por
ciento. Eso se lo puedo asegurar. Por tanto, no digamos que se compra
menos industria de defensa. Digamos que se compra menos armamento y
munición convencional.
Tampoco es cierto que yo haya dicho que se baja esto porque se reduce el
presupuesto de Defensa. Lo que he dicho es que existe en todos los
países, inclusive España, una modificación del perfil de la demanda y que
cuando el presupuesto es tan bajo lo que ocurre es que este traslado del
perfil deja fuera del marco de compras o de programación unos productos y
son los menos prioritarios. Si marcáramos las prioridades de lo que se
necesita para equipar a las Fuerzas Armadas, probablemente lo primero
serían las botas, seguidas de algún otro elemento de vestuario,
probablemente la alimentación, y en seguida pasaríamos a los vehículos y
a las comunicaciones, y a menudo no tiene mucho sentido una cosa sin la
otra. Después empezaríamos a hablar de si hay que cambiar el calibre 7,62
por el 5,56, pero primero hay que solucionar el vestir, la alimentación,
la infraestructura, el desplazamiento, el transporte y la comunicación.
Sin estos elementos, un ejército no es absolutamente nada.
Me ha parecido entender que Santa Bárbara había salido perjudicada en la
evolución de los últimos años. Tengo muchos datos aquí, pero le voy a dar
solamente uno. De todo el armamento y munición convencional que se compró
en 1993, a Santa Bárbara le correspondió el 82,78 por ciento, por razón
del convenio Defensa-INI. Luego, queda el resto, ese 17 y pico por
ciento, porque resulta que hay empresas que tienen patentes concretas,
temas de armamento y munición convencional, pero con una amplísima oferta
y no pueden considerarse específicos de Santa Bárbara. Hay muchas razones
que explican el resto. Pero fíjese que estamos hablando de que casi todo
el armamento y munición convencional se compra a Santa Bárbara.
Estos son los temas básicos para responder a su pregunta. Desde luego,
Santa Bárbara recibe los palos por muchas razones y una de ellas es por
prioridades internas de la
defensa. Pero no olvidemos que cuando compramos armamento compramos
buques, aviones y todos estos elementos que son prioritarios, antes que
el cambio del fusil de 7,62.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muy agradecido, señor Secretario de Estado.
Vamos a pasar a la comparecencia del otro Secretario de Estado, el de
Administración Militar.
--CONTESTACION A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS, POR EL SECRETARIO DE ESTADO DE
ADMINISTRACION MILITAR (AREVALO ARIAS).
--OPINION DEL MINISTRO DE DEFENSA ACERCA DEL REAL DECRETO 1751/1990, DE
20 DE DICIEMBRE, SOBRE VIVIENDAS MILITARES. FORMULADA POR EL SEÑOR ROMERO
RUIZ, GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA.
(Número de expediente 181/000820.)
--PREVISIONES SOBRE LA APLICACION FUTURA DEL REAL DECRETO 1751/1990, DE
20 DE DICIEMBRE, SOBRE VIVIENDAS MILITARES. FORMULADA POR EL SEÑOR ROMERO
RUIZ, GRUPO PARLAMENTARIO IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA.
(Número de expediente 181/000822.)
-- OPINION DEL MINISTRO DE DEFENSA ACERCA DE SI EL REAL DECRETO
1751/1990, DE 20 DE DICIEMBRE, SOBRE VIVIENDAS MILITARES, SE ENCUENTRA EN
CONSONANCIA CON LA LINEA PROGRAMATICA DE ACCION SOCIAL DE SU PARTIDO.
FORMULADA POR EL SEÑOR ROMERO RUIZ, GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 181/000823.)
-- OPINION DEL MINISTRO DE DEFENSA ACERCA DE SI EL REAL DECRETO
1751/1990, DE 20 DE DICIEMBRE, SOBRE VIVIENDAS MILITARES, SE ENCUENTRA EN
LINEA CON LOS ELOGIOS A LAS FUERZAS ARMADAS. FORMULADA POR EL SEÑOR
ROMERO RUIZ, GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA. (Número de expediente 181/000824.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, reanudamos la sesión, que, en todo caso,
no había sido suspendida, con la comparecencia del Secretario de Estado
de Administración Militar para contestar a cuatro preguntas concretamente
del señor Romero que, por las noticias que tengo, va a tener la buena
disposición de agruparlas en una sola intervención.
Tiene la palabra.
El señor ROMERO RUIZ: Efectivamente, tiene usted muy buenas noticias que
coinciden con las mías. Me dispongo a agrupar estas cuatro preguntas,
relativas a la problemática existente en el seno de las familias de las
Fuerzas Armadas en nuestro país, sobre el presente y el futuro de sus
viviendas, de las viviendas que ocupan.
El artículo 47 de la Constitución Española dice que todos los españoles
tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes
públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas
pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización
del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.
Quizá esta cita sea obligada para abordar ahora el tema objeto de las
preguntas al Ministerio de Defensa.
En esa línea hay diversas leyes que se han venido ocupando de los
arrendamientos urbanos y también de los patronatos de casas, de viviendas
militares. Hay una ley de arrendamientos urbanos, un texto refundido
aprobado en el año 1964, el 24 de diciembre. Ahora hay un debate para
actualizar la ley de arrendamientos urbanos de aquella época, aunque se
han introducido modificaciones posteriores. Hay también un decreto, del
año 1963, de 24 de julio, donde se aprueba un texto refundido de la
legislación sobre viviendas de protección oficial para ministros,
funcionarios y empleados --era la época de la dictadura--, en el que, con
un criterio corporativo, se planteaba la necesidad de poner en marcha
patronatos y construcción de viviendas en esa línea cuando hablaban de
funcionarios en activo, en la reserva, retirados, jubilados, así como sus
causahabientes, siempre que estos últimos tengan reconocido el derecho a
un haber pasivo, a una pensión.
Eso figura en la legislación no sólo de la época de la dictadura, sino
anterior. Hay un Real Decreto-ley, de 25 de febrero de 1928, sobre el
patronato de casas militares, que trata de resolver la vivienda de los
militares en activo, derivado de las especiales características de su
profesión, iniciando así la labor social en materia de vivienda el
entonces Ministerio de la Guerra, hoy Ministerio de Defensa. Uno de los
orígenes legislativos es este Decreto-ley, de 25 de febrero de 1928.
Después, en la democracia, ha habido una serie de medidas de
reorganización de los patronatos de viviendas militares, planteando la
cesión en régimen de arrendamiento especial al personal del ejército o a
los que presten sus servicios en establecimientos militares, cualquiera
que sea su situación, y a sus causahabientes, con derecho a pensión.
Esta es una línea argumental que recorre toda la legislación relativa a
atender y a proveer de viviendas sociales a las familias militares.
En la creación de Invifas y su puesta en marcha, cuando se plantea la
necesidad de crear el Instituto de la Vivienda en el Ministerio de
Defensa, hay una serie de artículos que ya son muy precisos y que
plantean la ruptura con esta línea anterior. Circunscriben las viviendas
logísticas sometidas a un régimen jurídico especial que se establece por
una orden, en la que, de acuerdo con ella y con el texto
refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos, las viviendas se
adjudicarán al personal militar en servicio activo destinado en las
unidades. Se crea la teoría que nosotros compartimos en principio de las
viviendas logísticas. Hay que determinar qué viviendas son logísticas,
asignarlas a los militares en activo y en esas viviendas no se generará
derecho a los causahabientes ni a los militares que una vez dejan de
estar en activo, pasan a la situación de reserva o a la situación de
jubilación.
Por tanto, el patrimonio y el parque de viviendas militares en España,
que supera las cuarenta y dos mil y pico según los inventarios que se han
puesto en marcha (podrían ser incluso algunas más, alrededor de cuarenta
y tres mil, en ningún caso superaría las 45.000 según mis datos) son las
que ahora mismo se encuentran habitadas por familiares militares y por
personal causahabiente con derecho a pensión: viudas, retirados,
etcétera.
En esa línea, la gente plantea que se actúe con claridad y que esa
claridad lleve a determinar con criterios objetivos qué tanto por ciento
de estas viviendas son logísticas, unidas al desempeño de la tarea del
militar activo en sus unidades y, para el resto, estudiar una oferta para
la adquisición y acceso a viviendas de las actuales familias que las
ocupan, y a aquellas que no pudieran tener acceso por no disponer de
medios suficientes, garantizar hasta su fallecimiento su permanencia en
las mismas. En esa línea es en la que nosotros habíamos hecho propuestas
para conseguir que estos temas se resolvieran en diálogo con los
colectivos de afectados.
Hay al mismo tiempo un canon de uso --es un nuevo tipo-- que viene a
sustituir lo que se llamaba alquiler o tanto por ciento del sueldo que se
descontaba de los haberes para los alquileres de las familias que vivían
en viviendas militares.
Algunos datos sería importante retener, y con ello voy concluyendo. Son
los diversos grupos y las compensaciones económicas sustitorias de estos
cánones a partir del 1.º de enero de 1994. Hay 30.435 pesetas para los
tenientes generales y almirantes; 29.082, para los generales de división,
vicealmirantes; para los generales de brigada y contralmirantes, 27.835;
para los capitanes de navío o coroneles, 26.535; y, a partir de ahí,
cuando se llega, por ejemplo, al sargento o al cabo primero, sargento
primero, 15.214; sargento, 14.228. Hay unas diferencias que tienen
importancia si estudiamos la evolución de las mismas. Por ejemplo, en
grupos de empleo, el precio medio por empleo, según la Orden Ministerial
44/1993, del 3 de mayo, al 30-6-94, es decir, a la fecha actual en que
nos encontramos, oficiales generales, oficiales superiores y oficiales
tenientes generales almirantes, generales de división o vicealmirante,
generales de brigada o contralmirante, coronel o capitán de navío o
teniente coronel, capitán de fragata, comandante, capitán de corbeta,
capitán o teniente de navío, teniente o alférez de navío y alférez, la
media es de 19.984 pesetas, partiendo de que la graduación más alta
--teniente general o almirante-- es de 24.219 y la del alférez, de
15.736.
El precio medio por grupo de empleo, según la Orden Ministerial 8/1991,
de 3 de febrero, al 1.º de enero de 1993, era de 35.000 pesetas. Hay una
subida prevista en cuatro años y medio, del 30 de junio de 1994 al 1.º de
enero de 1999, del 75,1 por ciento y una distribución anual de subida del
16,7. Figura en 12.000 pesetas el precio medio por grupo de empleo; para
los subtenientes, los brigadas, los sargentos primero y los sargentos,
12.184 pesetas. En esa línea el precio medio por grupo sería de 26.687
pesetas y una subida del 118,9 por ciento, con una distribución anual de
subida del 26,4, pero con una diferencia importante en sueldos pequeños
que en materia de vivienda en relación con los sueldos de los oficiales
generales, de los oficiales superiores y de los oficiales, se aprecia una
discriminación en relación con estas escalas.
Si hablamos de los cabos primero tendrían 9.022 pesetas, como precio
medio 9.022; el precio medio por grupos según la evolución hasta el año
1999, 21.667 y la subida del 140,1 en general en cuatro años y medio
distribuida anualmente en el 31,1. La subida de alquileres de las
viviendas en el mercado libre en el año 1991 era del 8,8; en el año 1992,
del 8,4; en el año 1993, del 8,4; y en el año 1994, del 8,4.
La subida anual de las viviendas de protección oficial era del 0,92, en
1991; del 0,63, en 1992; de 0,83, en 1993; y de 0,80, en 1994. La subida
anual del IPC, ya lo hemos observado, era el 5 por ciento, en 1991; el
4,9, en 1994 y fue el año pasado del 5,3.
La subida anual de salarios militares, según las leyes y normas derivadas
de los Presupuestos Generales del Estado, fue del 7,22 en 1991; del 5,7,
en 1992; del 1,89 en 1993 y cero en el año 1994. Las fuentes en que se
basan estos datos son la Dirección General de la Vivienda de la Comunidad
Autónoma de Madrid, el Instituto Nacional de Estadística y los
Presupuestos Generales del Estado.
Tal como han ido evolucionando las cosas nos encontramos con que no se
puede partir de la idea de que los alquileres eran muy bajos, que era
necesario actualizarlos y establecer un canon de compensación en el caso
de que las familias militares no tuvieran ocupadas dichas viviendas.
Nuestra preocupación consiste en que a pesar de los requerimientos se han
conseguido por algunas familias la cédula de habitabilidad que las
acreditan como inquilinos de vivienda de protección oficial a través de
la Comunidad Autónoma de Madrid y del Ministerio de Obras Públicas. Se
niega basándose en una sentencia, al parecer, por el Invifas, la
certificación de esa cédula de habitabilidad que les daría derecho para
reconocer que esas viviendas se construyeron en su día afectadas por la
legislación general referente a viviendas de protección oficial. Se
trataría de conseguir un diálogo adecuado y evitar la crispación que se
crea con las órdenes de desahucio para familias que tienen dificultades.
Por ejemplo, hemos tenido algunas víctimas del terrorismo cuya mujer
quedaría como familia pensionada y causahabiente desprovista de su
vivienda en algunos casos de poner en marcha la orden ministerial tal y
como figura y de acuerdo con el malestar creado en algunos colectivos de
vecinos de familias militares.
Por tanto es una gran preocupación la que nosotros tenemos con este
asunto. Queremos ver cómo se concreta; en qué medida se va a permitir el
acceso a la propiedad y
la valoración de las mismas y por qué se niega por parte del ministerio
la calificación definitiva, la cédula y la puesta a disposición del
inquilino de ese instrumento jurídico fundamental para hacer valer sus
derechos.
En esa línea hemos formulado estas cuatro preguntas haciéndonos eco de un
gran malestar existente en diversas asociaciones de vecinos de los
recintos donde se ubican las viviendas militares en Madrid y en otros
lugares de la geografía nacional y queremos una mayor precisión en las
respuestas que nos pueda dar el Secretario de Administración Militar.
El señor PRESIDENTE: Para contestar a estas cuatro preguntas tiene la
palabra el señor Secretario de Administración Militar.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ADMINISTRACION MILITAR (Arévalo Arias):
Antes que nada quiero tranquilizar al señor Romero en el sentido de que
no hay crispación, no hay malestar; lógicamente sí puede haber alguna
situación específica singular que se entienda no considerada en sus
derechos y circunstancias particulares, cosa que en cuanto se puede
plantear, y tal cosa sucede, de manera regular es resuelta oportunamente
y con arreglo a derecho, se entiende siempre, por parte del Invifas.
Hay que tener en cuenta que el derecho y la norma con que se resuelven
las distintas circunstancias que puedan afectar a las viviendas militares
de uso logístico no es una legislación arbitrariamente elegida por un
particular, sino la legalmente establecida que afecta a una situación tan
singular y específica, como es el caso de la vivienda militar de uso
logístico.
Quiero recordar que la creación del Invifas supuso la supresión y
superación de los patronatos de casas de los tres ejércitos; patronatos
que tenían una estructura de actuación diferente, con unos procedimientos
de adjudicación que no estaban sujetos a norma general y reglados, en
gran parte arbitrarios y singulares, que habían tenido como consecuencia
inevitable el hecho de que un número muy elevado de viviendas estuviesen
en una ocupación irregular; es decir de personal no en activo. Para
personal en activo, al contrario de lo que sucedía, habían estado pensada
y diseñada la operación de viviendas militares. De seguir esa tendencia
se hubiera llegado al año 2000 con una ocupación irregular próxima al 90
por ciento de la totalidad del parque de viviendas, con lo cual todos,
prácticamente la totalidad de los militares en activo para quienes estaba
pensada la vivienda de uso logístico no hubiera tenido paradójicamente
acceso a la vivienda a la que tenían legalmente derecho.
El citado Real Decreto que aprobó el Gobierno hubiera corregido esas
deficiencias y establece, en primer lugar, la obligación por parte del
Invifas de facilitar vivienda de apoyo logístico o compensación
económica, novedad importante en la nueva legislación sustitutoria a los
militares en activo con motivo de la movilidad de sus destinos. También
establece la revisión y adaptación de forma moderada de los cánones de
uso de las viviendas entonces existentes para llegar a alcanzar el
objetivo medio en el canon estándar, que era la mitad del precio medio
del mercado de alquiler de cada localidad, de tal manera que estos
cánones permitieran atender correctamente los gastos de mantenimiento y
rehabilitación de las viviendas que es, junto con la provisión del número
adecuado de las mismas, el objetivo esencial por el que se constituyó el
Invifas.
Por otra parte, se establece provisoria y generosamente en el Real
Decreto por el que se crea el Invifas, el 1751 de 1990, una serie de
cautelas y cauciones para amparar situaciones personales de hecho, de tal
manera que no quedaran desprotegidas determinadas personas sin tener en
cuenta la posible carencia de suficiente caución legal para ocupar la
vivienda en la que entonces se encontraban. Es así como se previene y se
garantiza el uso de la vivienda hasta su fallecimiento en el caso de las
viudas, de los retirados, de los reservistas, personal ya en la reserva,
o de aquellos a quienes faltasen cinco años como máximo para pasar a
dicha situación.
Por otro lado, la norma también preveía la posibilidad de facilitar a los
militares el acceso a vivienda de propiedad mediante subsidios y
subvención de intereses y facilitación de suelo en la medida que lo
hubiere a aquellos militares que quisieran disponer de vivienda propia y
que se agrupasen oportunamente para el acceso a la misma.
La situación actual, con ese marco legal al que antes hemos hecho
referencia, es la siguiente. En relación con el proceso de calificación
de las viviendas militares de apoyo logístico, hay que decir que del
total existente, como bien dice S. S., de casi 45.000, se han calificado
hasta la fecha de 32.515, de las cuales 15.500 de oficiales, o adscritas
a oficiales, y 16.600 de suboficiales, y existen sin calificar 13.000, de
las cuales unas 3.300 son de oficiales y 9.700, aproximadamente, de
suboficiales y de personal civil adscrito en su tiempo a Defensa y que,
por razón de esa adscripción, tenían derecho al disfrute de la vivienda y
de hecho así sucedía, siendo ocupadas por ellos.
Hay que decir, en relación con una gran segunda alineación del Instituto,
que era gestionar eficazmente las solicitudes de viviendas y las
compensaciones económicas, que se ha pasado de las 21.000 solicitudes
iniciales de vivienda de uso logístico hace dos años a prácticamente la
mitad en la actualidad, lo que habla bien a las claras de la
productividad del Instituto para atender a la demanda de vivienda de uso
logístico realizada por los militares en activo que tenían derecho a
ello, y hay que decir que, ya dentro de esa etapa de normalización del
proceso de gestión del parque de viviendas de uso logístico, en un gran
número de localidades el personal solicitante de las viviendas recibe
respuesta a dicha solicitud, en forma de oferta concreta de vivienda, en
el plazo del mes siguiente a la lógica incorporación al destino que le
corresponde y que da derecho al devengo, por así decir, de la vivienda y,
consiguientemente, a su disfrute.
No obstante, quiero recordar, como bien sabe S. S., que mientras no se
produce la adjudicación de la vivienda el Instituto sigue abonando la
compensación económica sustitutoria correspondiente. Hay que decir que en
este momento habrá unos 10.000 solicitantes todavía no
atendidos; como hemos señalado anteriormente, se ha reducido el número a
la mitad, y ello supone para el Invifas unos pagos por compensación
económica que se pueden evaluar en unos 5.300 millones de pesetas/año.
Lógicamente, para que la oferta tenga lugar en las condiciones adecuadas
de calidad ha sido necesario rehabilitar viviendas vacías que existían en
el parque. De estas viviendas rehabilitadas se han ofertado ya unas 2.500
y se espera que superen las 3.200 al finalizar el ejercicio. Sigue
también la construcción y adjudicación de nuevas viviendas.
En relación con la línea de saneamiento de la ocupación, tarea ya
formalmente emprendida en parte por los antiguos patronatos y de acuerdo
con la obligación que corresponde al Gobierno de la nación y a todas las
instituciones del cumplimiento estricto de las disposiciones legalmente
establecidas al respecto, se ha procedido a poner de manifiesto a
aquellos que ocupaban una vivienda de manera irregular la necesidad de
desalojar la misma, dado que se trata de cumplir ante todo con la
legalidad, y lo que esa legalidad entiende y quiere es garantizar al
personal militar en activo el uso y disfrute de la vivienda a que tiene
derecho y le corresponde, de acuerdo con esa legalidad y atendiendo a la
circunstancia específica de la profesión militar, ya que el cambio de
destinos es no solamente frecuente, sino obligado, al contrario de lo que
sucede con cualquier otro colectivo laboral, público o privado, de
nuestro país. Se continúa en este proceso de sanear la ocupación
recuperando aquellas viviendas que están indebida o ilegalmente ocupadas.
En relación con la gestión del patrimonio, y teniendo en cuenta aquellas
viviendas calificadas de no interés a efectos de apoyo logístico, se han
establecido unos criterios de enajenación que, insisto, afectan a estas
viviendas que no tienen interés, una vez calificadas y evaluadas, para
uso logístico, bien por razón de la calidad de las mismas, bien por razón
de la disminución de la población militar o incluso su desaparición en la
plaza de que se trate, y consiguientemente estas viviendas son ofertadas
prioritariamente a los usuarios militares en situación no de activo de
manera regular y singular y también, en su caso, al personal civil que
tenía derecho y disfrutaba del mismo, o al menos de hecho estaba
disfrutando de la vivienda que le correspondía o se le había entregado de
acuerdo con el parque existente. En ese sentido, se procede a enajenar
viviendas en Zamora, Valladolid, Zaragoza y Valencia, y este proceso
continuará durante el segundo semestre del año en curso y, por supuesto,
en el próximo año, afectando a edificios en Madrid, Ferrol, Barcelona,
Alcoy, Berga, Santiago de Compostela, etcétera, etc.
En relación con los cánones de uso, es decir, la política de rentas del
instituto, hay que recordar que el principio general que se recoge en la
memoria económica del Real Decreto que provee a la creación del mismo y a
regular la política de vivienda de uso logístico es que los cánones
representen un porcentaje razonable, implícitamente subvencionado, que se
concrete en torno al 50 por ciento del precio medio de las viviendas en
alquiler de la localidad donde esté la vivienda o se encuentre destinado
el solicitante. Lógicamente, la norma (esta norma sería de aplicación
inmediata para aquellos usuarios que entraran en disposición de la
vivienda de uso logístico a partir del año 1991) también prevé una
adecuación a este canon subvencionado durante un período de ocho años a
aquellos usuarios que tienen derecho reconocido al uso de la vivienda por
razón del Real Decreto 1751, al que tantas veces hemos hecho referencia,
de forma que de manera suave y razonable lleguen a alcanzar ese canon
medio establecido al respecto.
Hay que decir también, en relación con la política de cánones seguida,
que durante el año 1993 y durante el ejercicio 1994 los cánones para
viviendas de nueva ocupación han mantenido el importe del año 1992,
atendiendo el departamento y el Invifas al hecho concreto de que, durante
los dos pasados ejercicios, no se ha producido incremento retributivo
alguno a los funcionarios y, por tanto, tampoco a los funcionarios
militares.
Lógicamente, durante este año y el año en curso se seguirá perfeccionando
el mecanismo de fijación y establecimiento de los cánones, yendo a una
cada vez mayor discriminación de plazas, lugares, calidad, tamaño y
circunstancias de los ocupantes que permitan la adaptación más sensible
posible a las distintas situaciones que pueden darse y que, sin duda, se
dan en el contexto de nuestra geografía urbanística y de nuestra
geografía inmobiliaria.
En conclusión, señoría, yo creo que el Real Decreto 1751 ha supuesto un
hito decisivo en esta regulación, ha mejorado espectacularmente una
situación claramente degradada y que llevaba a un «cul de sac», a un
fondo sin salida, ha abordado con generosidad, con racionalidad y con
rigor el complejo mundo de la vivienda de uso logístico, y de esta
manera, mediante la satisfacción de las necesidades en ese elemento
esencial de la vida, aquí y en cualquier otro lugar del mundo, que es la
disposición de una vivienda adecuada, va a permitir satisfacer las
necesidades de nuestra función militar y, por tanto, de nuestra población
militar, y todo ello, por supuesto, con un enorme respeto a las
situaciones de hecho que pudieran darse y que exigieran una sensibilidad
y un tratamiento peculiares, situación que está perfectamente prevista y
reglada.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Romero.
El señor ROMERO RUIZ: De manera muy breve, para plantear que es necesario
que se tenga no sólo tacto y sensibilidad, sino que se pongan en marcha
mecanismos que eviten que haya crispación, porque existe esa crispación.
Yo he recibido al colectivo, he recibido cartas, he recibido a familias
de militares que están muy preocupadas por su futuro y por la posibilidad
de que se les conmine a abandonar su vivienda. En esa línea, el número de
las viviendas que se declaran logísticas, en nuestra opinión, es muy alto
en relación con el parque total de viviendas. Sería una de nuestras
primeras consideraciones. Sería muy interesante que las viviendas que se
declaran dispuestas para su enajenación se les ofreciera a los inquilinos
actuales a un justiprecio y con facilidades y se solucionara el tema
siguiendo los criterios, por ejemplo, que ha seguido Renfe con algunas de
las viviendas propiedad de la compañía que han
resultado satisfactoriamente adjudicadas a los ferroviarios o a los
descendientes que habitaban en ellas.
En relación con las personas mayores, las viudas, la gente que cobra
pensión, hay una dificultad si se quieren habilitar todas las viviendas
logísticas para tenerlas disponibles para los destinos y los desahucios
pueden afectar a estas personas que se encuentran en esta situación. Me
refiero, por ejemplo, a personas que estén en la reserva transitoria o
que tengan familiares con derecho a pensión que, de acuerdo con toda la
legislación anterior, con toda la fuerza de la tradición y de los
derechos adquiridos, podrían seguir disfrutando de dichas viviendas. A
partir de ahí hay una normativa que no debe dejar de afectar a la que
usted no ha contestado, que es la relativa al número de viviendas que
pueden tener la cédula jurídica en relación con las viviendas de
protección oficial. Por lo visto ustedes no la facilitan y no contestan
en relación con esa normativa, al amparo de la cual se construyeron y
está en el origen todas las viviendas militares en nuestro país.
Resumiendo, nosotros no compartimos la idea de que todo va bien, de que
no hay crispación, de que no hay desasosiego, de que se ha hecho un buen
inventario, de que se han declarado logísticas una gran parte de las
viviendas militares para los traslados y los destinos de los oficiales,
de que se están intentando rehabilitar para que reúnan condiciones
adecuadas para ser utilizadas como viviendas en los momentos actuales en
que vivimos y de que se garantizan con tacto humano y con sensibilidad
las situaciones de hecho que se puedan producir. Nosotros creemos que hay
crispación, que hay desasosiego, que hay malestar, que la gente cree que
se le debe oír y que se debe ver cómo va a funcionar económicamente.
Hemos pedido una auditoría del Invifas para que explique con claridad el
patrimonio, los haberes, las rehabilitaciones, los costos económicos que
ello genera, la parte de viviendas que se va a vender a la gente que
actualmente vive en ellas. Seguimos pensando que es necesaria la ayuda
con compensación económica para la vivienda que son necesarias las
conversaciones con ayuntamientos y con comunidades autónomas para
habilitar terrenos, las firmas de convenios marco con entidades
financieras para conseguir que haya unas cooperativas que pudieran dar a
los militares la posibilidad como colectivo, lo mismo que existen en
otros, de crear viviendas y conseguir que en las grandes ciudades, con el
precio que tienen y con los salarios que existen en la función militar,
la gente tuviera esa salida esperanzadora de conseguir su vivienda, ya
que como todo el mundo, independientemente de los traslados, terminan
pasando el final de sus días en algún lugar y tienen derecho a una
vivienda, y que no ocurra que, cobrando una pensión, se vean sin la
vivienda militar y sin posibilidad de recurrir al mercado libre para
comprar una vivienda o alquilarla, dados los precios tan altos que tienen
las viviendas en las grandes ciudades de nuestro país.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ADMINISTRACION MILITAR (Arévalo Arias):
Coincido en muchas de las cosas manifestadas por usted, señor Romero. En
primer lugar, en cuanto al fomento con convenios marco, el Invifas tiene
firmados nueve con otras tantas entidades financieras para subvencionar
los intereses que corresponden a un préstamo estándar de diez millones de
pesetas para la posibilidad de acceso a la vivienda de carácter
particular, no de uso logístico, por parte de aquellos miembros de la
familia militar que así lo deseen. Es de esperar que más cooperativas o
más asociaciones de diversa índole se planteen la consecución de su
vivienda propia por esta vía, lo vamos a seguir apoyando con un enorme
cariño dentro de nuestras posibilidades presupuestarias y vamos a seguir
garantizando mediante esa subvención de intereses que se entrega de una
vez y que, consiguientemente, abarata de manera significativa el préstamo
que se pueda dar el acceso a esa vivienda. En las operaciones que se han
hecho hasta ahora le puedo garantizar que el precio es espectacularmente
más barato que el de las promotoras estrictamente de mercado en idénticos
solares y en idénticas circunstancias.
Insisto en decirle que no hay ni crispación ni malestar. Otra cosa es que
se quisiera, y esto es humano, por algunas personas mejorar la situación
de la que se disponía, en consideración con lo que se puede entender un
cierto agravio comparativo en relación con lo previsto para determinados
colectivos en situación de hecho, cuya protección está determinada en el
Real Decreto a que hacíamos referencia, el 1751/90. Pero hay que tener en
cuenta una serie de situaciones al respecto. Primero, la legalidad
aplicable a la vivienda de uso logístico militar no es la tercera que
entienda yo que me puede favorecer. No. Es la que está establecida y la
que ha sido sancionada en su virtualidad legal con la correspondiente
sentencia del Tribunal Supremo. Ya hubo en su momento el correspondiente
recurso al Supremo por determinados colectivos que fueron importantes,
hay que reconocerlo, que entendían que podían verse minusvalorados en su
situación de hecho, que no de derecho. El alto Tribunal, al final, dictó
sentencia, tras un año de paralización de la normativa al respecto, dando
la razón a la Administración, salvo en dos temas absolutamente
marginales, acordando que la única legalidad que corresponde a la gestión
del parque de viviendas militares era la establecida en el Decreto
1751/90.
Hay algo que también es preciso tener en cuenta, el acceso a una
profesión determinada, ya sea militar o civil, que puede conllevar, como
en el caso de la profesión militar y en función de las específicas
características de la misma, esencialmente como he dicho, el traslado
frecuente y obligatorio que conlleva el ejercicio de dicha profesión
militar, el acceso a una vivienda, pero esa vivienda es proporcionada y
su acceso tiene un carácter estrictamente funcional de acuerdo con el
desempeño de esa profesión militar y durante el tiempo que dure la misma.
Eso es perfectamente conocido y así lo era con anterioridad a la entrada
en vigor del Decreto 1751/90 cuando regían las normas y estaban en
actuación los anteriores patronatos. No es un camino normal para
conseguir en propiedad una vivienda. Es una vivienda que se proporciona
con carácter funcional para aquellos militares en activo y teniendo en
cuenta las
características especialísimas de la profesión. La vía para adquirir la
propiedad de la vivienda es la otra a que antes hemos hecho referencia,
que es la agrupación y el estímulo por parte de la Administración y el
gasto financiero correspondiente para que dicho acceso, mediante las
cooperativas y mediante la facilitación por parte del Ministerio de
Defensa, en la medida en que pueda ser posible, de terrenos ociosos, así
lo haga posible.
Las viviendas logísticas son lo que son y tienen que ser prioritariamente
establecidas. No es que se reduzca el parque de dichas viviendas
logísticas a la mínima expresión, no. Es que, del parque existente, hay
que determinar cuáles tienen que ser logísticas en función de los
potenciales beneficiarios y en función del redespliegue de nuestras
Fuerzas Armadas a lo largo de la geografía nacional. Sólo las sobrantes,
tras ser evaluadas y calificadas, se podrá considerar que no tienen
carácter logístico. En el caso de estas sobrantes, y en la medida en que
por razón de calidad o por razón de localización no vayan a ser
previsiblemente utilizadas y recalificadas a su tiempo como de carácter
logístico, hay una política social muy clara por parte del departamento
de facilitar el acceso, en primer lugar, a sus usuarios militares, que en
ocasiones no están en activo, y, en segundo lugar, a otras personas,
aunque estuvieran en activo, siempre de la profesión militar, o bien a
civiles que trabajan en el Ministerio de Defensa que estén disfrutando de
ellas. Luego le daré unas cifras al respecto.
En relación con lo establecido en el decreto sobre la reserva y la
reserva transitoria, no creo que usted esté en desacuerdo conmigo en que
no puedan darse circunstancias de favor que no estaban regladas ni
establecidas con anterioridad a la existencia del Decreto 1751 ni tampoco
posteriormente. Solamente era una situación de dejación de la antigua
administración de los patronatos, de hecho pero nunca de derecho, que
estaba atentando contra el concepto esencial de la vivienda, que debería
ser, en cuanto a vivienda militar, de uso logístico, y estaba atentando
contra la disposición justa y legal a que tenían derecho los militares en
activo. Es razonable que quien pasa a la reserva o a la reserva
transitoria, en cuanto que deja de estar en activo y por tanto devengar
derecho a vivienda, abandone la que en ese momento ocupa.
Quiero garantizarle que la sensibilidad y las previsiones en cuanto a
plazos y formas por parte del Invifas es total, incluso en ocasión
forzando estrictamente la legalidad establecida, y por supuesto siempre
teniendo en cuenta las circunstancias especiales que pueden plantearse.
En ese sentido, en las posibles situaciones a que S. S. hacía referencia,
desgraciadas y lamentables, algunas muy recientes, como es el caso de
familias cuyo titular ha sido víctima y ha fallecido, desgraciadamente en
ocasiones, por un atentado terrorista, en ningún caso ni en ninguna
circunstancia se han visto ni se van a ver desposeídos de su vivienda,
porque parece un deber elemental, por parte del Gobierno de la nación y
de la sociedad española en su conjunto, que de alguna manera se reconozca
a esas familias que han sufrido en su carne la muerte de forma vil de un
ser querido la infraestructura necesaria para seguir desarrollando su
ritmo habitual y normal, desde el punto de vista personal y profesional,
al margen de esa enorme pérdida que no está en mano nuestra rellenar.
En definitiva, y para darle algunos datos en relación con lo que estamos
hablando en cuanto a precios y cantidades le voy a decir, por ejemplo, lo
que han costado las viviendas que se han vendido en Zamora, plaza donde
al no disponer de guarnición militar y no estar previsto que pueda
haberla, se han ofertado a los inquilinos de las mismas. El precio por
metro cuadrado ha estado entre 35 y 45.000 pesetas, muy por debajo de lo
que era la tasación oficial en el mercado, y el precio medio de una
vivienda, por ejemplo, de 160 metros cuadrados ha salido entre 6 y 7
millones de pesetas, señor Romero, y aunque Zamora, como bien sabe usted,
no es de las plazas que tengan un índice de precios de vivienda más
elevado de nuestro país --por fortuna para ellos--, sin embargo, como
puede comprobarse, es un precio excepcionalmente barato. Viviendas más
pequeñas, de 100 metros cuadrados, han salido entre dos millones y medio
y tres millones de pesetas.
En relación con los cánones y con el perfeccionamiento que van a tener
lugar mediante los estudios realizados por el Invifas y de cara al
ejercicio siguiente, que han llevado cada vez a una mayor precisión en el
acercamiento a la realidad inmobiliaria de nuestra sociedad de nuestro
territorio urbano, y así, mientras que de una manera tosca seguramente al
principio solamente se distinguían tres zonas en el territorio nacional y
al siguiente año se pasó a cinco, en este ejercicio ya se distinguen
siete, el próximo año se van a distinguir diez zonas en el territorio
nacional y se va a singularizar el precio de la vivienda no solamente en
relación con la dotación que se ofrece sino con la localización
geográfica específica, cuadriculando, por así decir, las poblaciones de
tal manera que se alcance ese objetivo subvencionado y enormemente
generoso que es que el canon no supere el 50 por ciento del precio de la
vivienda en alquiler equivalente, y teniendo en cuenta las previsiones
que ha hecho en cálculo el Invifas le voy a decir que, por ejemplo, con
estos nuevos criterios que se van a establecer de cara al próximo
ejercicio, en el caso de viviendas oficiales en el barrio de Argüelles,
con una superficie --me estoy refiriendo a oficiales--, con todos los
servicios, va a corresponder un importe que no llegará a 50.000 pesetas
mes. Estamos hablando de viviendas de 150 metros cuadrados. Compare el
señor Romero con lo que suponen los precios de viviendas en la zona.
Dentro del mismo barrio de Argüelles otra vivienda de menor superficie,
quizás en una zona también buena, va a suponer, también para oficiales,
unas 43.000 pesetas. Compare el señor Romero con los precios
establecidos. En el caso, por ejemplo, de la zona de General Perón, para
suboficiales, el canon de uso previsto para el próximo año son 32.000
pesetas en piso de 65 metros cuadrados. En el caso de Vallecas, viviendas
de cincuenta metros cuadrados van a suponer por todos los conceptos
24.000 pesetas. Como puede usted comprobar, señor Romero, se trata de
unas cantidades módicas, razonables, que siempre pueden pagarse, a las
cuales, mediante esa transición de ocho años, tendrán que acercarse
aquellos que tenían un canon inferior a éste, pero incluso en el momento
en que accedan a él, en esa referencia de ocho
años, van a ser unas cantidades realmente accesibles y siempre de hecho
subvencionadas.
En definitiva, procuraremos seguir teniendo en cuenta las distintas
variables que inciden en el problema: primero, el hecho concreto de que
la vivienda es necesaria, dadas las características de la función
militar. Segundo, no olvidamos, y el bajo importe de los cánones tiene
mucho que ver con ello, que los militares pasan a la reserva a una edad
que no equivale a la de jubilación del funcionario o del trabajador
laboral normal --de ahí estos cánones tan bajos y subvencionados-- y, en
cualquier caso, sensibilidad para las distintas circunstancias que puedan
plantearse, no solamente las contempladas en el Decreto a que tantas
veces hemos hecho referencia, el 1751, sino, por ejemplo, las recogidas
en la Orden Ministerial de 17 de marzo de 1993, donde se prevé la
adjudicación por razones humanitarias, consideradas por el Ministerio de
Defensa, de aquellas viviendas no consideradas ni calificadas por tanto
como viviendas militares de apoyo logístico y que puedan tener una
relevancia especial para aquellas personas que por razones humanitarias o
por carácter excepcional puedan tener derecho al devengo de las mismas.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Secretario de Estado, agradecimiento
que también hago explícito a los señores taquígrafos y a los señores
Romero y Marsal.
Se levanta la sesión.
Eran las dos y cincuenta minutos de la tarde.