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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 244, de 21/06/1994
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1994 V Legislatura Núm. 244
EDUCACION Y CULTURA
PRESIDENTE: DON JOSE LUIS MARTINEZ BLASCO
Sesión núm. 23
celebrada el martes, 21 de junio de 1994
ORDEN DEL DIA:
Preguntas:
--De la señora Romero López (Grupo Parlamentario Socialista), sobre
lugares formativos previstos para los jóvenes contratados por aprendizaje
que no hayan completado su formación básica. (BOCG serie D, número 97.
Número de expediente 181/000742) (Página 7348)
--De la misma señora Diputada, sobre mecanismos para dar a conocer a los
jóvenes contratados por aprendizaje y a los empresarios la formación
prevista legalmente. (BOCG serie D, número 97. Número de expediente
181/000743) (Página 7348)
--De la misma señora Diputada, sobre vigencia de las actuales Comisiones
Provinciales de Formación Profesional. (BOCG serie D, número 97. Número
de expediente 181/000744) (Página 7348)
--De la señora Cremades Griñán (Grupo Parlamentario Popular), sobre
situación del profesorado numerario del centro universitario de formación
de profesorado al transformarse en Facultad de Educación. (BOCG serie D,
número 100. Número de expediente 181/000765) (Página 7353)
--Del señor Carreño Rodríguez-Maribona (Grupo Parlamentario Popular),
sobre razón por la que no ha tomado posesión de su cargo el Director
General de Infraestructuras del Consejo Superior de Deportes, nombrado el
día 15 de abril de 1994. (BOCG serie D, número 103. Número de expediente
181/000772) (Página 7354)
Comparecencia de la señora Ministra de Cultura (Alborch Bataller), para
informar:
--Sobre las razones de la dimisión de don Francisco Calvo Serraller, como
Director del Museo Nacional del Prado. A solicitud del Grupo
Parlamentario Popular. (Número de expediente 213/000322) (Página 7356)
--Sobre la situación, problemas y necesidades del Museo Nacional del
Prado, así como sobre las previsiones de actuación de su Ministerio
respecto de dicha pinacoteca. A solicitud del Grupo Parlamentario
Popular. (Número de expediente 213/000323) (Página 7356)
--Con carácter urgente, sobre la dimisión del Director del Museo del
Prado y sus posibles consecuencias. A solicitud del Grupo Parlamentario
Federal IU-IC. (Número de expediente 213/000324) (Página 7356)
Comparecencia del señor Secretario General del Consejo de Universidades
(Quintanilla Fisac) para informar sobre el cumplimiento de los objetivos
de dicha Institución y reflejo en sus actas, el respeto a la autonomía de
las universidades (módulos objetivos de capacidad de los centros y nuevos
planes de estudios), así como en relación con las propuestas sobre
participación de investigadores del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) en comisiones para adjudicación de plazas de
universidad. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular. (Número de
expediente 212/000692) (Página 7373)
Se abre la sesión a las diez y cuarenta minutos de la mañana.
CONTESTACION A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:
--SOBRE LUGARES FORMATIVOS PREVISTOS PARA LOS JOVENES CONTRATADOS POR
APRENDIZAJE QUE NO HAYAN COMPLETADO SU FORMACION BASICA. FORMULADA POR LA
SEÑORA ROMERO LOPEZ (GS). (Número de expediente 181/000742.)
--SOBRE MECANISMOS PARA DAR A CONOCER A LOS JOVENES CONTRATADOS POR
APRENDIZAJE Y A LOS EMPRESARIOS LA FORMACION PREVISTA LEGALMENTE.
FORMULADA POR LA SEÑORA ROMERO LOPEZ (GS). (Número de expediente
181/000743.)
--SOBRE VIGENCIA DE LAS ACTUALES COMISIONES PROVINCIALES DE FORMACION
PROFESIONAL. FORMULADA POR LA SEÑORA ROMERO LOPEZ (GS). (Número de
expediente 181/000744.)
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Vamos a comenzar la sesión de
hoy, que tiene como objeto, en primer lugar, la contestación a una serie
de preguntas y a partir de las 11,15, más o menos, la celebración de unas
comparecencias.
Comenzamos, pues, con el punto primero del orden del día: contestación de
preguntas. Para formular la primera pregunta, tiene la palabra la señora
Romero López.
La señora ROMERO LOPEZ: Señor Presidente, querría agradecer la presencia
del señor Marchesi en la Comisión de Educación para contestar a las
preguntas referidas a un tema que al Grupo Socialista ha preocupado desde
hace ya mucho tiempo y cuya regulación es reciente, como es el contrato
de aprendizaje.
Pediría a la Mesa si pudiéramos agrupar las tres preguntas, supuesta su
relación, para consumir un solo turno y hacer más breve la intervención.
El señor PRESIDENTE: Señora Romero, la Mesa le agradece profundamente que
acumule las tres preguntas.
La señora ROMERO LOPEZ: Entonces, dada su relación, consumiré un turno
breve, no el que correspondería a cada pregunta, para no hacer excesiva
la argumentación, puesto que lo que interesa en estos momentos es la
respuesta del Ministerio. Las agruparé dada su evidente conexión.
Como he dicho anteriormente, a mi Grupo le interesa cómo va a ser el
desarrollo de este contrato de aprendizaje, puesto que estamos
interesados en la creación de algo más profundo de lo que es la puesta en
marcha de una nueva modalidad contractual. Nuestro Grupo está interesado
en la creación de un sistema de aprendizaje que se consolide en el futuro
y que haga posible el que exista en nuestro país una conexión real entre
la formación y el empleo.
Pocos precedentes históricos existen que puedan servir de fuente de
inspiración para lo que podríamos considerar
en el futuro en España un buen sistema de aprendizaje. No es el momento
de hacer un análisis histórico ni de las luchas del movimiento obrero,
siempre, por impedir la explotación infantil y por prolongar la formación
hasta edades avanzadas, y tan sólo quiero reseñar que en España, como en
otros países, los socialistas consideraron la formación como el primer
elemento de dignidad para la clase trabajadora.
Cualquier comentario sobre la dictadura sobra en estos momentos, porque
es imposible tener dignidad si se carece de libertad, por lo que no vamos
a hacer ningún análisis sobre lo que supuso el aprendizaje en la
dictadura ni vamos a retrotraernos a épocas pasadas que,
desgraciadamente, hoy nos pueden aportar poco porque la situación es
bastante inédita. Debido a todas las innovaciones tecnológicas, debido a
las expectativas educativas generadas hoy día en la sociedad española,
debido a unos nuevos planteamientos, la situación hoy es nueva y así es
como habría que abordarla, teniendo en cuenta los nuevos componentes.
Sin embargo, es cierto que los abusos pasados en el sistema de
aprendizaje existente en la época de la dictadura y el enfoque de una
formación profesional reglada desvinculada del mundo de la empresa
provocaron un divorcio cuyo coste nos ha sido demasiado elevado no sólo
económicamente, sino socialmente.
El que no haya habido acuerdos que hubieran enfocado desde el inicio de
la democracia un sistema de aprendizaje semejante al que existe en otros
países también nos ha derivado hacia una situación que no es la mejor. En
otros momentos hemos hablado de la financiación de la formación
profesional y de los acuerdos habidos, que desbordan el ámbito de estas
preguntas, pero que son también cuestiones que inciden directamente en
todo lo que supondría en un futuro la puesta en marcha de este sistema
necesario.
Hemos cumplido ampliamente con las expectativas educativas que la
sociedad en estos últimos tiempos ha demandado, pero ha sido difícil por
toda la revolución tecnológica que vivimos --y también lo ha sido en
todos los países que han satisfecho estas expectativas educativas--
adecuar lo que es el coste formativo al empleo generado. Lo que sí es
evidente es que el desempleo se nutre, sobre todo, de los que no tienen
cualificación alguna y, por tanto, mi Grupo está interesado en abordar,
en primer lugar, las carencias formativas, y un porcentaje muy alto de
los actuales contratos de aprendizaje, como se ha dicho en esta Cámara,
carece de esa formación básica.
Sabemos de la existencia de un convenio de colaboración firmado entre los
Ministerios de Educación y Trabajo para compensar esas carencias, pero no
tenemos información de cómo está previsto el desarrollo de ese convenio.
Por ser la primera vez que se pone en marcha un convenio de estas
características, no sabemos cómo va a producirse esta oferta formativa.
Las dos primeras preguntas van muy relacionadas entre sí. La primera se
refiere a dónde va a impartirse esa formación básica prevista en la ley:
si será en los centros escolares o en los centros de adultos o en centros
homologados y si se dispone de personal que pueda cubrir esas necesidades
básicas, teniendo en cuenta otro factor, que es la distribución
territorial. La distribución territorial puede no ser homogénea y puede
provocar concentración de demanda y escasez de oferta o viceversa.
Quisiera saber si se puede disponer, a estas alturas, de una información
más o menos adaptada a la realidad, que pueda plantearse derivada de esta
oferta formativa. En definitiva, se trataría de tener una aclaración
global de todas las cuestiones que se refieren a lugares formativos y
personal destinado al cumplimiento de este mecanismo previsto por la ley.
En segundo lugar, esta Diputada y mi Grupo estarían interesados en saber
qué tipo de información se va a suministrar a las empresas y a los
jóvenes actualmente contratados para aprendizaje y a los que puedan
contratarse en un futuro; si será una información genérica, es decir,
amplia, para todos aquellos jóvenes contratados, en qué lugares va a
darse esa información y si se dirigirá a los jóvenes o a las jóvenes o
también a los empresarios; si está previsto hacerse de una forma más
personalizada quién suministrará esa información, si se hará en las
direcciones provinciales del INEM, si constará en los futuros contratos
por escrito, es decir, qué mecánica se va a seguir para que, si esta
oferta existe, realmente se aproveche.
La última de las preguntas incide en las dos anteriores, pero tendría un
contenido más amplio. En realidad, las comisiones provinciales de
formación profesional llevan unos años de funcionamiento y, según la
información de que dispongo, se crearon para coordinar a las
administraciones educativas y laborales, pero tal vez no han tenido el
margen de actuación que podrían tener en un futuro, es decir, tal vez no
han tenido toda la potencialidad que podrían haber tenido según el diseño
previo que tuvieron en el momento de su constitución. De la información
de que dispongo, parece que los temas que suelen abordarse en estas
comisiones provinciales de formación profesional hacen referencia, sobre
todo, a programaciones educativas de formación profesional reglada en
conexión con el entorno y con las necesidades educativas. No sabemos si
esos temas, que nos parecen muy importantes, van a seguir potenciándose,
si se plantea darles una mayor virtualidad en el sentido de que tengan
más conexión con la orientación profesional, a la que en esta Cámara se
ha hecho referencia en sucesivas ocasiones, por la necesidad de centrar
los esfuerzos y días en los gabinetes de orientación, sobre todo en la
orientación profesional hacia el empleo.
Nos interesaría mucho saber cuál va a ser su vigencia en un futuro.
Además, querríamos saber si podría ampliarse su margen de actuación, es
decir, si estas comisiones provinciales de formación profesional podrían
tener algún papel en lo que hace referencia a este sistema futuro de
aprendizaje que tendríamos que consolidar en el país, es decir, qué pieza
sería dentro de un sistema futuro de aprendizaje. Puesto que es un órgano
de coordinación entre dos administraciones fundamentales, a la hora de
poner en marcha este sistema, nos parece que estos órganos de
coordinación cumplen un papel y son sustanciales a la hora de elaborar
cualquier tipo de planificación real sobre este tema.
Teniendo en cuenta, además, que está previsto en la Ley de Cámaras de
Comercio que las cámaras de comercio
puedan tener también una función en lo que se refiere a la tarea de una
cierta tutoría sobre algo que no está explícitamente clarificado en la
Ley de Cámaras, pero que hace pensar en una formación para jóvenes que
podrían estar en sistema de aprendizaje, quisiéramos saber si estas
cámaras de comercio podrían tener alguna relación con estas comisiones
provinciales de formación profesional, teniendo en cuenta que las cámaras
de comercio poseen un censo de la pequeña y mediana empresa que es
inestimable a la hora de poder emprender cualquier tipo de actuación en
este sistema de aprendizaje.
Por lo tanto, creemos que las cámaras de comercio pueden desempeñar un
papel importante y creemos también que algún tipo de conexión o
vinculación podrían tener con estas comisiones provinciales de formación
profesional. No sabemos si el Ministerio tiene pensado algún tipo de
conexión en este sentido, pero sí quisiéramos tener la explicación del
Ministerio hacia lo que son sus futuras líneas de actuación en este
campo.
Esta es, sucintamente, la intervención que quería hacer, centrándola en
algunos de los puntos que ahora mismo preocupan al Grupo Socialista sobre
este sistema, que no son los únicos; hay otros temas que también nos
preocupan y que podrán ser motivo de futuras preguntas, pero quisiéramos
tener antes las respuestas acerca de estos temas.
El señor PRESIDENTE: Para contestar a las dos preguntas formuladas por la
señora Romero, tiene la palabra el señor Secretario de Estado de
Educación.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCACION (Marchesi Ullastres): Gracias
por las preguntas formuladas y por la posibilidad de exponer en este
momento las iniciativas que el Ministerio está intentando desarrollar en
relación a un tema de tanta envergadura como es no sólo la reforma de la
formación profesional, sino algunos aspectos, muy concretos, pero
enormemente significativos, de esta reforma, como son las relaciones de
la Administración educativa con la Administración laboral y el intento,
por tanto, de conseguir que la oferta de formación profesional sea una
oferta mucho más centrada en las demandas del entorno productivo, mucho
más centrada en las demandas de los trabajadores o de los futuros
profesionales y menos centrada en las estructuras, normalmente más
estables, del propio sistema educativo.
Voy a tratar de enfocar la respuesta en el orden inverso al de las
preguntas planteadas, empezando inicialmente por las comisiones
provinciales, que son tal vez un marco más amplio, en el cual, de alguna
manera, también pueden tener cabida las otras dos cuestiones, de
indudable actualidad, como son la oferta formativa para los alumnos, para
los jóvenes que tienen un contrato de aprendizaje y la información que
desde las distintas administraciones estamos proporcionando a estos
jóvenes.
Las comisiones provinciales, como bien ha señalado la diputada, surgen
hace varios años como un intento de coordinar las administraciones
educativa y laboral para analizar el entorno productivo en cada una de
las provincias y regiones y para planificar la oferta futura formativa;
planificación que, a su vez, debería contribuir al propio desarrollo de
esa provincia o región, de tal manera que intentamos que la planificación
de la formación profesional no fuera solamente respuesta al tejido
industrial existente, siendo esto necesario, sino que, al mismo tiempo y
con una planificación a medio plazo, intentáramos anticiparnos y
contribuir a la formación de nuevos profesionales para favorecer el
desarrollo de esas comarcas, regiones o provincias.
Es en ese contexto como se configuraron estas comisiones formadas por
representantes de la Administración educativa provincial, de la
Administración laboral provincial y también de los distintos sectores
sociales: empresarios, sindicatos, cámaras de comercio, en el caso de que
tuvieran una mayor fuerza en esa provincia, instituciones con algún tipo
de iniciativa, instituciones vinculadas a la pequeña y mediana empresa o
instituciones vinculadas a determinados sectores profesionales más
potentes en esa provincia.
Este fue el modelo de constitución de estas comisiones provinciales, no
idénticas en todas las provincias, sino un poco en función de la realidad
industrial, productiva, de la provincia correspondiente.
A partir de este momento, las comisiones provinciales trataron de
desarrollar su función en estrecha coordinación con otro tipo de estudio,
que debo mencionar en este momento, que fue el que, desde el propio
Ministerio, y conjuntamente con el Ministerio de Trabajo, realizamos para
definir los nuevos perfiles profesionales y, por tanto, las nuevas
titulaciones profesionales. Mientras que la tarea más central era
establecer estos títulos profesionales que el Gobierno va aprobando de
forma más acelerada a lo largo de este año 1994, la tarea de las
comisiones provinciales era proporcionar información sobre cuál era la
realidad concreta de su entorno productivo y recibir, a su vez,
información sobre cuáles eran las futuras titulaciones profesionales que
podían, en el futuro, ser ofertadas en esa provincia, comarca o región.
Hubo, por tanto, un trabajo estable, coordinado, entre la tarea de
establecer, con carácter general, con carácter nacional, las nuevas
titulaciones y la labor más concreta, más específica, más centrada en la
realidad, de las comisiones provinciales para establecer cuáles eran las
titulaciones que podían ser más idóneas en ese contexto, y cuáles eran,
por tanto, las que debían transformarse.
Esta labor de las comisiones provinciales está a punto de concluir con la
elaboración del mapa provincial de oferta de formación profesional; es
decir, el conjunto de titulaciones profesionales que en una provincia van
a ofertarse para, por una parte, los jóvenes que quieren acceder a esa
titulación, pero también para aquellos trabajadores que necesitan,
demandan una nueva cualificación profesional. En este momento tenemos ya
un primer borrador, bastante completo, de este mapa de titulaciones
profesionales en todas las provincias, y en este momento también hemos
comenzado con las comunidades autónomas que todavía no han asumido las
competencias en materia educativa, y por motivo del compromiso que el
Ministro de Educación asumió ante esta Comisión hace nueve meses, de
poner en
marcha de forma conjunta la planificación con estas comunidades, estamos,
como decía, elaborando de nuevo, contrastando de nuevo este mapa de
oferta de formación profesional con el calendario de terminar, en la
medida de lo posible, a lo largo de este año 1994 este trabajo para
hacerlo público al término del mismo. Es decir, yo creo que a lo largo de
los próximos seis meses seremos capaces, junto con las comunidades
autónomas que todavía no han asumido competencias, de establecer el mapa
de oferta de formación profesional para los próximos años. Un trabajo
enormemente importante, que tiene como virtualidad fundamental que la
sociedad y el tejido social, así como las instituciones de esa provincia,
conozcan cuál va a ser la oferta futura de formación profesional y, en
segundo lugar, que los centros educativos conozcan también cuál va a ser
la oferta para facilitar la actualización del profesorado y la respuesta
más adecuada, respuesta en instalaciones, en adecuación de espacios, en
organización del centro, etcétera.
Estamos, por tanto, en el momento yo diría final de una etapa de las
comisiones provinciales que va a culminar en la publicación de la futura
red de oferta de formación profesional. No quiere esto decir que con esta
labor haya terminado la función y el trabajo de las comisiones
provinciales. Las comisiones provinciales deben seguir, a lo largo de los
próximos años, de acuerdo con el diseño formulado, con las siguientes
directrices: en primer lugar, revisar, de forma permanente, si el mapa de
oferta de formación profesional es el adecuado o debe adecuarse a los
cambios que se puedan producir en la provincia o región determinada;
cambios que pueden ser debidos a iniciativas industriales, a cambios
laborales, a procesos migratorios, a movimientos de población, a razones
a las que hemos de estar atentos para evitar que la oferta de formación
profesional, dentro de unos años, se quede desfasada con la realidad
social.
La segunda función de las comisiones provinciales debe ser mantener un
clima de información permanente a todos los sectores (y esto me va a
permitir después conectarlo con otra de sus preguntas); información sobre
la oferta formativa, recogida de las demandas de los distintos sectores
sobre la oferta formativa e información, por tanto, de todas aquellas
situaciones que, para unos u otros sectores, puedan ser de interés. Por
ello, para los nuevos contratos de aprendizaje, la información que puede
canalizarse a través de las comisiones provinciales es una de las vías
(no la única; luego comentaré las otras) importantes para transmitirla y
para que tengan los colectivos afectados un mayor conocimiento de ella.
Y, finalmente, como tercer función importante para el futuro de esta
Comisión está la de evaluar, impulsar las prácticas de los alumnos de los
ciclos formativos en las empresas. Es bien sabido que uno de los ejes
fundamentales, de los núcleos fundamentales de la futura formación
profesional es conseguir que una parte importante de la formación,
constitutiva de la misma formación, sea la que se realice en los centros
de trabajo, y éste es un cambio que exige un compromiso de los distintos
sectores sociales de las diferentes empresas que existan en esa zona,
sector o provincia, y de los colectivos implicados en la misma.
De ahí que la Comisión Provincial debe tener también la función de
favorecer, impulsar, resolver los problemas que, sin duda, va a haber,
para conseguir que el cien por cien de los alumnos realicen las prácticas
e, insisto de nuevo, como elemento constitutivo de su formación y, por
tanto, no como un añadido más, sino como uno de los módulos formativos
que han de ser evaluados, que han de tener su profesor y su tutor y que,
por tanto, debe tener sus consecuencias profesionales y académicas por la
situación en la que se encuentran. También para esta función, la comisión
provincial debe tener un papel y debe contribuir a avanzar en las líneas
previstas en la reforma de la formación profesional.
Y quiero responder a las otras dos cuestiones que me ha formulado: la que
se refiere a cómo se va a llevar a la práctica la formación básica de los
aprendices, de aquellos jóvenes que se incorporan a una de las
modalidades del contrato de aprendizaje y, en segundo lugar, cómo
conseguir que haya una mayor información sobre las distintas
posibilidades que puedan tener estos jóvenes.
Ha recogido bien la señora Diputada el acuerdo entre el Ministerio de
Educación y Ciencia y el Ministerio de Trabajo, un acuerdo para
colaborar, para contribuir, desde la Administración educativa, a uno de
los aspectos básicos del contrato de aprendizaje, como bien se ha
señalado: la formación de los aprendices. Porque en el diseño de estos
contratos la formación es un elemento principal, es un elemento que debe
contribuir a la formación básica de estos jóvenes, pero que debe también
contribuir a que estos jóvenes puedan tener otras opciones profesionales,
y en ese contexto fue en el que hace unos meses los dos Ministros, de
Educación y de Trabajo, acordaron poner a disposición de estos jóvenes
todo su esfuerzo para cumplir los objetivos de este contrato.
No hay que olvidar que nos encontramos en un momento de transición; nos
encontramos en un momento en el que coexisten, por una parte, el modelo
formativo anterior, es decir, el propio de la Ley General de Educación, y
se está poniendo en marcha, de forma progresiva, el nuevo modelo
formativo contemplado en la LOGSE. Y hago esta referencia porque mientras
que el modelo antiguo, el modelo de la Ley General de Educación,
establecía que los alumnos, al término de la Educación General Básica o
accedían a la formación profesional o accedían al bachillerato, y no
había más opciones para ellos, en el modelo establecido en la LOGSE las
posibilidades son mayores. Además de la extensión de una educación
básica, en esta educación básica hay un componente profesional importante
y al término de la misma puede haber no sólo una oferta de formación
profesional de grado medio, no sólo una oferta de bachillerato, sino
también la oferta de garantía social para aquellos que no terminan de
forma satisfactoria su educación básica. Es decir, hay una oferta más
completa, más amplia, más diversa, que atiende también a los alumnos que
no terminan la educación básica a través de la oferta de garantía social
y que incluye (y, por tanto, va a ser cursada por todos los alumnos) una
formación profesional básica especialmente situada en el entorno de la
preparación tecnológica. Pero, como decía anteriormente,
estamos a medio camino entre un sistema que todavía está vigente y uno
nuevo que todavía no se ha consolidado, y esa situación he de reconocer
que es motivo no sólo de preocupación, sino de insuficiente oferta para
todos los alumnos que la puedan demandar, porque si hubiera la oferta
suficiente es que ya estaría establecido el nuevo sistema. En ese sentido
yo creo que la pregunta es absolutamente pertinente, porque nos hace ver
la necesidad de completar la oferta contenida en la LOGSE para hacer
frente a las demandas de los sectores que pueden no terminar su educación
básica.
¿Cómo en este modelo pensamos resolver, ofertar, una formación básica que
complete la recibida anteriormente a aquellos alumnos que no hayan
obtenido la titulación correspondiente y que tengan un contrato de
aprendizaje? Nuestra oferta fundamental se centra en tres grandes
apartados o en tres más amplias posibilidades para estos alumnos, todas
ellas ofertadas inicialmente desde los centros de educación de adultos.
¿Cuáles son estas tres ofertas que vamos a hacer? En primer lugar, la
posibilidad de que estos alumnos, a través de los centros de adultos,
puedan obtener el título de educación básica, y en el título de educación
general básica en el modelo anterior viene el título de graduado en
educación secundaria en el modelo futuro, es decir, que exista una oferta
suficiente para estos alumnos para que puedan completar, por tanto, su
formación, una formación adaptada a sus necesidades y una formación que,
al proceder de los centros de educación de adultos, no es una
transposición mimética de la educación que normalmente se realiza en los
centros educativos para algunos menores de 16 años.
La segunda oferta que vamos a realizar es la relacionada con la
posibilidad de que estos alumnos obtengan, a través de las pruebas no
escolarizadas, el título de formación profesional de primer grado. Existe
un tipo de pruebas que permite a estos alumnos alcanzar esta titulación a
través de los exámenes correspondientes, y hay una oferta que permite
prepararse para esta prueba a través de los centros de adultos. Es
posible que haya alumnos que tengan más interés, que se sientan más
motivados, no para obtener el título básico, que sería la primera oferta,
sino para prepararse a una opción profesional que pueda tener mayores
posibilidades profesionales de futuro.
Finalmente, hay otra tercera vía que también vamos a ofertar, basada en
la preparación de estos alumnos para el acceso a los ciclos de grado
medio. Para aquellos alumnos --que son éstos-- que no han obtenido el
título de educación secundaria, no tienen acceso directo, necesitan una
prueba que revalide de alguna manera los conocimientos propios de
aquellos que alcanzaron el título de graduado en secundaria. Esa prueba
de acceso a los ciclos de grado medio tiene una preparación que puede ser
otra oferta importante para estos alumnos.
Por tanto, va a haber una triple oferta de preparación que tiene, yo
diría, una característica importante, porque creemos que debemos tenerla
en cuenta, y es la motivación y el estímulo a estos alumnos, porque la
oferta formativa que queremos hacer no queremos que sea para cubrir el
expediente, no queremos que sea una oferta que el alumno dedique el 15 o
el 20 por ciento de su tiempo para adaptar algunos conocimientos en los
que al final el alumno, al cabo del tiempo, considere que no le está
suponiendo nada que le permita después continuar comprometido con su
propia formación. Lo que nosotros queremos intentar es que la oferta que
realicemos sea percibida también por el alumno como una oferta positiva
para ellos. Como una oferta que les puede permitir después volver a coger
el ritmo de progreso de los distintos aprendizajes, progreso a través de
un título de formación profesional, de un título de graduado en
secundaria, de un título de grado medio, o de distintas opciones
posteriores que, a través de la red de adultos, se puedan plantear.
No he hablado de otro aspecto que también vamos a ofrecer, lo que existe
en los centros de adultos, que, evidentemente, depende de los niveles de
los alumnos, que son contenidos en formación básica, es decir, para
aquellos alumnos con niveles incluso inferiores a aquellos que estoy
planteando, podrá haber una oferta más basada en la formación básica
general que basada ya en la obtención bien de un título de graduado en
secundaria, bien de un título de formación profesional de primer grado o
bien el acceso a los ciclos formativos de grado medio. Hay, en síntesis,
en toda esta oferta, un objetivo fundamental: comprometer a los alumnos,
que el alumno perciba que es una oferta atractiva, que es algo que se
hace para su progreso posterior y que, por tanto, le puede permitir
después no sólo continuar su formación, sino acceder a niveles
profesionales más altos, de acuerdo con sus propias posibilidades.
No sabemos en este momento cuál es la demanda que los alumnos están
haciendo de las distintas ofertas que desde los centros de adultos
estamos planteando. En consecuencia, todavía no tenemos datos para poder
hacer una evaluación de cuál es el número de alumnos que están
participando, cuáles de estas opciones han elegido preferentemente y qué
demanda ha existido que por alguna razón no hayamos sido capaces de
responder, teniendo en cuenta que los alumnos a los que estamos haciendo
referencia son muy distintos en cuanto a su situación académica y
profesional. El único punto en común es que no han obtenido la titulación
básica, pero, por debajo de este punto, las diferencias, las
motivaciones, y los intereses de los alumnos pueden ser enormes. Estamos
en este momento pidiendo información para, a partir del curso próximo,
poder orientar mejor la oferta y responder, con esta dinámica de
motivación y de compromiso de los alumnos, a las demandas que puedan
hacer.
Finalmente, comento la última de las preguntas: cómo estamos
proporcionando esta información. Fundamentalmente a través de tres vías:
en primer lugar, a través de las comisiones provinciales; ya he hecho
mención a este punto, no me extiendo, es una información que todas las
instituciones presentes en la comisión provincial están conociendo y, en
consecuencia, pueden transmitir a las distintas empresas y a los alumnos
que participan en estas actividades. En segundo lugar, el Ministerio
informa a las oficinas provinciales del Inem sobre toda la oferta que
existe en esa provincia, de tal manera que las oficinas provinciales a su
vez las transmiten a todos los agentes sociales interesados en la misma,
y, en tercer lugar, también hemos puesto en marcha en todas las oficinas
de las administraciones educativas, fundamentalmente las subdirecciones
provinciales, un sistema de información a los agentes sociales, pero
también a los propios alumnos que puedan tener interés en conocer esta
información, de tal manera que consigamos ampliar la información y que
ningún alumno tenga que elegir sin tener conocimiento de la oferta
resultante.
Termino comentando y valorando que conseguir una mejor formación, una más
completa oferta formativa para todos los alumnos, y en este caso para
aquellos que no han alcanzado el título de educación básica es un
compromiso de las Administraciones educativas y es un compromiso de la
propia LOGSE para asegurar un progreso permanente a todos los alumnos,
especialmente a aquellos que por las razones que sean no continúan en el
sistema educativo, y es ese compromiso el que se concreta para estos
alumnos como una parte de una oferta más amplia que debe haber para
todos, no sólo para los aprendices, sino también y de forma muy
específica para aquellos alumnos que empiezan a trabajar sin tener la
formación básica necesaria. Es preciso evaluar esta situación, evaluar
cuál es la oferta, conocer cuál es el resultado de la misma y conocer
también cuál es la opinión que los aprendices, que estos alumnos tienen
de la oferta que estamos haciendo y analizar, finalmente, si esta oferta
ha contribuido a mejorar la formación básica de los alumnos, si ha
contribuido a que los aprendices hayan alcanzado mayores niveles de
titulación o si, por el contrario, hemos de hacer un esfuerzo mayor para
conseguir que la respuesta educativa dé satisfacción a las demandas de
estos alumnos.
El señor PRESIDENTE: Señora Romero, le ruego la máxima brevedad. Ha
consumido en exceso el tiempo correspondiente a tres preguntas.
Tiene la palabra.
La señora ROMERO LOPEZ: Con la máxima brevedad, sólo voy a insistir en un
tema reseñado por el señor Marchesi que me parece importante. La
información prevista en los centros de adultos, que imagino que tendrá su
propia publicidad, no solamente los mecanismos que se han enumerado, como
las comisiones provinciales de FP o las oficinas provinciales del Inem,
puede tener el riesgo de no ir directamente al interesado, es decir,
puede haber el riesgo de utilizar mecanismos clásicos, tradicionales que
no logren satisfactoriamente su objetivo. Por eso quisiera insistir en
que tal vez habría que redoblar los esfuerzos buscando algunas fórmulas
nuevas de manera que se garantice la publicidad. Las comisiones
provinciales de FP tal vez son órganos más técnicos que divulgativos, y
es por esa razón por la que esta Diputada tiene el temor de que esa
información no vaya al último aprendiz de la última pequeña empresa en
una provincia que no tenga la información suficiente prevista en la ley.
Por eso me atrevería a insistirle al señor Marchesi en que estos
mecanismos previstos, que son los tradicionales, se refuercen en el
sentido de que esa publicidad se garantice y se divulgue hasta conseguir
que el último aprendiz pueda disponer de esa información para que pueda
conseguir esa formación prevista en la ley. De ahí mi preocupación, que
quería mostrársela al señor Marchesi.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCACION (Marchesi Ullastres): Tomo
nota de esta demanda. Me parece que es una propuesta muy positiva. Vamos
a estudiar lo que me ha dicho y vamos a analizar qué otras vías de
comunicación podemos poner en marcha. Tal vez nos hemos quedado, como
decía la señora Diputada, en vías clásicas y ajustadas a los mecanismos
habituales y no hemos encontrado fórmulas de comunicación adecuadas a las
nuevas formas de contratación en cuanto a las nuevas perspectivas y
demandas de estos alumnos que, como bien decía la señora Diputada, están
mucho más diseminados que los tradicionales, que están en unas aulas y en
unos centros.
Tomo buena nota. Haremos un esfuerzo e intentaremos ampliar la
información con métodos nuevos para llegar a todos los aprendices.
--SOBRE SITUACION DEL PROFESORADO NUMERARIO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE
FORMACION DE PROFESORADO AL TRANSFORMARSE EN FACULTAD DE EDUCACION.
FORMULADA POR LA SEÑORA CREMADES GRIÑAN (GRUPO POPULAR). (Número de
expediente 181/000765.)
El señor PRESIDENTE: Para formular la siguiente pregunta, tiene la
palabra la señora Cremades.
La señora CREMADES GRIÑAN: ¿Me podría explicar la situación actual del
profesorado numerario del centro universitario de formación del
profesorado al transformarse este centro en Facultad de Educación?
El señor PRESIDENTE: Para contestar, en nombre del Gobierno, tiene la
palabra el señor Secretario de Estado de Universidades.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION (Fereres
Castiel): La Escuela Universitaria de profesorado de educación general
básica de la Universidad de Murcia se incorpora...
La señora CREMADES GRIÑAN: No me refiero a Murcia, sino en general. Esta
problemática es para toda la Península. Es más, en Las Palmas también se
da. Es de ámbito nacional.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION (Fereres
Castiel): Tengo aquí el texto: centro universitario de formación de
profesorado al suprimirse éste.
Cuando las escuelas universitarias de profesorado no se suprimen ni se
transforman, sino que se incorporan a las Facultades de Educación, la
situación en la que quedan es exactamente igual a la que estaban cuando
impartían sus enseñanzas a nivel de diplomatura, puesto que no se
suprimen, repito, las enseñanzas de maestro o de diplomado en Educación.
Los profesores de estas escuelas universitarias, ya sean del Cuerpo de
Catedráticos o del de Profesores Titulares, continuarán impartiendo en la
nueva estructura de facultad las enseñanzas de su área de conocimiento
que conducen a la obtención de los títulos de maestro. La situación es
exactamente igual cuando una escuela universitaria de ingeniería técnica,
por ejemplo, se incorpora a una escuela de ingeniería superior. Cuando se
autorizan esas enseñanzas en la Universidad, los profesores de la escuela
de ingeniería técnica continúan impartiendo sus enseñanzas conducentes a
la titulación de ingeniería técnica y, por consiguiente, no tienen
ninguna modificación ni en su función ni en su cometido.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Cremades.
La señora CREMADES GRIÑAN: Señor Secretario de Estado, se crea esta
situación con la incorporación de profesores de escuela universitaria en
la Facultad, pero la preocupación de los mismos se centra en el deseo de
poder acceder a otro grado. Para ello, según la normativa vigente e
intuyo que según la futura modificación, es preciso concursar de nuevo.
Llama poderosamente la atención que reiteradamente el Ministerio de
Educación y Ciencia abuse de estos niveles de profesora universitario.
¿Por qué abuso? Me centraré en la capacidad docente e investigadora de
los profesores con un nivel de escuela universitaria y con el grado de
doctor el 80 por ciento de los mismos profesores. Principalmente, la
preocupación económica del Ministerio y que estos profesores cobren unos
emolumentos inferiores inciden, lógicamente, en que haya una merma de la
preocupación docente; favorece también el «desprecio» --entre comillas--
existente entre profesores universitarios y profesores de escuela
universitaria. Lógicamente, esta diferencia se podría paliar con la
superación de nuevos concursos académicos, pero bien sabe usted que no
siempre hay plaza y no siempre hay esa posibilidad.
Me gustaría que me contestase a la siguiente pregunta: ¿se facilitará
esta noble y legítima aspiración de los profesores de escuela
universitaria transformada en facultad? ¿Se incrementará el número de
plazas? ¿Se realizará un concurso de méritos entre ellos? ¿Qué diferencia
existe entre un catedrático de escuela universitaria y un profesor
titular de universidad?
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION (Fereres
Castiel): Muy brevemente voy a replicar a la nueva serie de preguntas.
En primer lugar, quisiera rechazar la imagen de desprecio que existe
entre los profesores de escuelas universitarias y de universidad; yo no
creo que sea ésa la situación. En segundo lugar, las preguntas sobre si
habrá nuevas plazas corresponde hacerlas a los rectores y juntas de
gobierno de las universidades, que son los que diseñan la política de
vacantes de su universidad, como corresponde a la autonomía. En tercer
lugar, la labor que realizan los profesores de las escuelas
universitarias, ya sean titulares o catedráticos, es extraordinaria
importante y de igual relevancia que la que realiza el resto del
profesorado universitario. El catedrático de escuela universitaria es un
profesor de la universidad que accedió al Cuerpo de Catedráticos de
Escuelas Universitarias que realiza funciones muy parecidas a las del
profesor titular, tiene bastante similitud, como indica su pregunta.
En definitiva, al incorporarse las facultades de educación, corresponde a
las universidades decidir su política de promoción, como lo están
haciendo, tanto con estos profesores de escuelas universitarias como con
los profesores titulares que desean acceder a las plazas de catedrático
de universidad.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Secretario de Estado.
--SOBRE RAZON POR LA QUE AUN NO HA TOMADO POSESION DE SU CARGO EL
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES
NOMBRADO EL DIA 15/4/94. FORMULADA POR EL SEÑOR CARREÑO RODRIGUEZMARIBONA
(GP). (Número de expediente 181/000772.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente pregunta.
Para formular la citada pregunta tiene la palabra el señor Carreño.
El señor CARREÑO RODRIGUEZ-MARIBONA: Hoy hay un acontecimiento deportivo
muy importante para España y lo seguiremos mayoritariamente los
españoles. Coincide mi pregunta, formulada el 13 de mayo, con ese
acontecimiento y con un esfuerzo viajero del Secretario de Estado de
Deportes, por un lado, para responder a esta pregunta y, por otro, por
cierto, para hacer un marcaje a la selección española de fútbol similar
al de Corea del Sur y al previsible de Alemania, que deseamos aliviar.
El día 13 de abril de 1994 visitaba las instalaciones deportivas de San
Sebastián de los Reyes en antevíspera del nombramiento del entonces
alcalde, don José Luis Blanco Velasco, como Director General de
Infraestructuras en el Consejo Superior de Deportes, nombramiento que
ocurrió el día 15 de abril.
En aquella visita a las instalaciones veía el grado de cumplimiento,
mejor dicho de incumplimiento del plan de extensión de la educación
física en el Ayuntamiento de San
Sebastián de los Reyes. Por cierto, un pabellón polideportivo, que se
estaba concluyendo, está construido sobre una zona verde y el informe del
arquitecto municipal sobre dicho proyecto era de una pista polideportiva.
Sobre una zona dotacional de espacios libres y parques públicos, se ha
construido ese pabellón deportivo, hoy concluido.
El día 15/4/1994, don José Luis Blanco Velasco es nombrado, en Consejo de
Ministros, Director General de Infraestructuras del Deporte del Consejo
Superior. El día 10 de mayo de 1994, en contestación a una pregunta de
este Diputado sobre el grado de cumplimiento de Móstoles, concluía yo de
la siguiente forma: No creo que este ascenso --el del Alcalde del
Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes a Director General de
Infraestructuras-- sea premio a la gestión del plan de extensión de la
educación física, pero creo que esto merecerá la pena tratarlo en otra
comparecencia del señor Secretario de Estado o del señor Ministro. En la
respuesta a aquel comentario mío --aprovechando que el Pisuerga pasa por
Valladolid--, el señor Cortés Elvira me indicaba: Si me pregunta por qué
el Alcalde de San Sebastián de los Reyes ha sido nombrado Director
General, puesto del que no ha tomado posesión todavía, como muy bien sabe
S. S., se lo contestaré, evidentemente.
Así ha ocurrido. El 13 de mayo de 1994 formulo mi pregunta oral: ¿Cuándo
toma posesión como Director General, cargo para el que había sido
nombrado un mes antes? Y mi sorpresa se produce cuando el «Boletín
Oficial del Estado» del sábado 4 de junio de 1994 publica un Real
Decreto, de 3 de junio, por el que se dispone el cese de don José Luis
Blanco Velasco como Director General de Infraestructuras Deportivas y
Servicios del Consejo Superior de Deportes.
Se repite mi sorpresa, no sólo por no haber tomado posesión, sino por el
cese de dicho señor. Esto es lo que motiva la pregunta que formulo.
El señor PRESIDENTE: Para contestar a la pregunta, tiene la palabra el
señor Secretario de Estado para el Deporte. Lo digo porque los términos
en que se formula la pregunta probablemente hayan sido modificados tal y
como se expresa el señor Diputado. Tiene la palabra, en principio, para
contestar a la pregunta.
El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES (Cortés Elvira):
Contestaré a la pregunta y a las otras preguntas, si es menester y
necesario.
Yo me iba a felicitar porque por una vez en la comparecencia ante esta
Comisión no íbamos a hablar del plan de la extensión física en centros
escolares, pero no ha sido posible. Es realmente un marcaje permanente,
como dice el señor Carreño, a esa gestión del Plan de extensión de la
educación física, que no marcaje a la selección española. A veces, cuando
uno se considera el más limpio, el más puro y el más casto, quizá no
entienda otras cosas, señoría. En su criterio está saber si hacemos un
marcaje a la selección española o si, por el contrario, es la propia
federación la que quiere que estemos presentes en los acontecimientos. No
le voy a convencer, posiblemente por el desconocimiento que usted tiene
de la realidad.
No vengo aquí a hablar del incumplimiento de Móstoles, ni siquiera del
grado de cumplimiento de San Sebastián de los Reyes, y como no vengo a
eso, obviamente no voy a hablar de ello, excepto que S. S., de nuevo
quiera hacer una pregunta sobre ese plan; entonces muy gustoso le
contestaré.
Sí le voy a decir una cosa, señor Carreño. Construir instalaciones es muy
complicado, pero construir sociedad también lo es. En cambio, criticar es
fácil y sencillo; sólo hay que hablar. Y cada vez más nos vamos
acostumbrando a eso. Está bien. No me apartaré un ápice de mis objetivos,
seguiré construyendo y dejaré ver cómo otros simplemente critican lo que
se hace.
La pregunta no es, como S. S. sugirió en su comparecencia, por qué se le
ha nombrado Director General; la pregunta es por qué no ha tomado
posesión. Y a fe que es tan importante la pregunta para el deporte
español, tan importante, que usted la hace por escrito y oral. Yo, en
este momento, no sé si dejar la respuesta para los términos escritos,
contestar la pregunta por escrito, si hacerla ahora y reiterar la
pregunta también por escrito. Pero debe ser tan importante --insisto--
que usted hace la misma pregunta dos veces, oral y por escrito. me
gustaría saber si el señor Carreño, señor Presidente, quiere que le
conteste la pregunta ahora que lo haga por escrito o que dé las dos
contestaciones, oral y por escrito.
El señor PRESIDENTE: Señor Secretario de Estado, esta Presidencia le ha
recordado que está aquí para contestar la pregunta. Efectivamente, esta
Presidencia había advertido que en la formulación de la pregunta se había
hablado de la selección de fútbol, de San Sebastián de los Reyes o de
Móstoles, que no son objeto de la pregunta.
Esta Presidencia también entiende que la pregunta formulada en su
momento, el día 13 de mayo, con entrada en el Registro el 16 de mayo, ha
podido ser modificada, tal y como explica el señor Diputado, por el
Decreto aparecido con posterioridad sobre el cese. Pero, en todo caso,
señor Secretario de Estado, sí debe contestar a la pregunta en los
términos en los que está expresada en el escrito del señor Diputado. Al
resto de consideraciones no ha lugar en estos momentos.
El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES (Cortés Elvira):
Perfecto, señor Presidente. Sólo quería saber si tengo que contestar a
esta pregunta aquí y ahora. El ex-alcalde de San Sebastián de los Reyes
--haré la respuesta lo más escueta posible--, a petición propia, en tanto
se sustanciaban los problemas políticos surgidos en dicho ayuntamiento,
solicitó no tomar posesión de su cargo de Director General de
Infraestructuras.
El señor PRESIDENTE: ¿Desea intervenir, señor Carreño?
El señor CARREÑO RODRIGUEZ-MARIBONA: Sí, señor Presidente.
Muchas gracias, señor Cortés Elvira, por la claridad y ampliación con que
ha contestado a esa pregunta. Es obvio que, naturalmente, haremos nueva
pregunta oral o varias preguntas escritas que procedan para ese lenguaje
críptico, poco claro y poco amplio con que se ha expresado.
Primero, me ha molestado enormemente la calificación del desconocimiento
que yo tengo de la realidad. Segundo, construir dice usted que es su
objetivo; pues, para construir, supongo que sea importante entre los
cargos del Consejo Superior de Deportes el Director General de
Infraestructuras Deportivas, cuya misión y cuyo objetivo fundamental, por
propia definición, es construir instalaciones deportivas en el ámbito y
competencias del Consejo Superior de Deportes. Curiosamente, para esa
política de construir, que motiva el retraso enorme del plan de extensión
de la educación física y el marcaje que he hecho y seguiré haciendo para
este profundo fracaso de ese Plan, se demuestran dos cosas: primero,
parece que no le da importancia al cargo de Director General de
Infraestructuras y, segundo, que no la da económica ni políticamente,
porque, en los presupuestos del Estado, para construir instalaciones
deportivas en el año 1994, en todo el territorio del MEC, existen nada
menos, menos en el más amplio sentido de la palabra, no puedo decir nada
más ni nada menos, que 1.994 millones, pesetas que coinciden con el
número de años de la Era Cristiana.
El señor PRESIDENTE: Señor Secretario de Estado.
El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES (Cortés Elvira):
Señor Presidente, simplemente quiero mostrar una vez más cómo se puede
ver la paja en el ojo ajeno y, en cambio, no ver la viga en el propio. Es
verdad que, en el Consejo Superior de Deportes, durante un mes no ha
habido Director General de Infraestructuras; es verdad. El propio
Secretario de Estado ha asumido esa competencia. Pero en algún Gobierno
sustentado por su partido, como es Cantabria, llevan tres meses sin
Director General de Deportes. (Rumores.)
El señor CARREÑO RODRIGUEZ-MARIBONA: El problema se controla allí.
El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES (Cortés Elvira):
Digo que lleva tres meses sin Director general de Deportes. ¿Quién le da
valor y quién no? (Rumores.)
Luego, hay algún Diputado que va diciendo por ahí que yo me enfado en las
respuestas; no sé quién se enfada, señor Carreño, no sé quién se enfada.
No vengo tampoco a hablar de presupuestos del Plan. Señor Carreño, tiempo
y lugar hay, y preguntas hay para hacerlo. Naturalmente, contestaré a sus
preguntas orales y por escrito, y por correo, si es necesario.
Tampoco vengo a hablar de ese fracaso del que usted tan habitualmente se
llena la boca. Vengo a hablar de la pregunta que usted me ha hecho. Y
usted si yo no me equivoco, me ha preguntado por qué a 13 de mayo el
Director general de Infraestructuras y Servicios del Consejo Superior de
Deportes no ha tomado posesión de su cargo. Si yo no me equivoco, ésa es
la pregunta. Y la respuesta, señor Carreño, ni es críptica ni es concisa,
es simplemente la realidad. Es a petición propia. Don José Luis Blanco,
en tanto se sustanciaban los problemas políticos del Ayuntamiento, pidió
no tomar posesión.
A lo mejor, usted quiere que sea de otra manera, pero es que es así de
sencillo. Es tan sencillo, señor Carreño, que simplemente, uno coge lo
que publica la prensa, lee las declaraciones de don José Luis Blanco, y
en todas dice lo mismo: He solicitado no tomar posesión en tanto se
sustancian los problemas políticos.
Señor Carreño, siento mucho que sea así, siento mucho que no haya
escondido nada, siento mucho que la realidad sea así de sencilla. Muchas
veces la realidad es así de sencilla, aunque no la queramos ver; es así
de sencilla.
El señor CARREÑO RODRIGUEZ-MARIBONA: Perdón, señor Presidente, sólo un
comentario.
El señor PRESIDENTE: Señor Carreño, no hay comentarios.
El señor CARREÑO RODRIGUEZ-MARIBONA: Sólo una palabra. Cese a petición
propia, debía poner el BOE.
El señor PRESIDENTE: Señor Secretario de Estado.
El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES (Cortés Elvira):
Solamente un comentario, señor Presidente. Es que es necesario.
Haga otra pregunta; si yo se la voy a contestar. Haga otra pregunta, y,
así, además, se amplía el cupo.
El señor PRESIDENTE: Terminada la formulación y contestación de esta
última pregunta, agradecemos al señor Secretario de Estado su presencia
en esta Comisión.
COMPARECENCIA DE LA SEÑORA MINISTRA DE CULTURA, PARA INFORMAR:
--SOBRE LAS RAZONES DE LA DIMISION DE DON FRANCISCO CALVO SERRALLER COMO
DIRECTOR DEL MUSEO NACIONAL DEL PRADO. A SOLICITUD DEL G. P. POPULAR.
(Número de expediente 213/000322.)
--SOBRE LA SITUACION, PROBLEMAS Y NECESIDADES DEL MUSEO NACIONAL DEL
PRADO, ASI COMO SOBRE LAS PREVISIONES DE ACTUACION DE SU MINISTERIO
RESPECTO DE DICHA PINACOTECA. A SOLICITUD DEL G. P. POPULAR. (Número de
expediente 213/000323.)
--CON CARACTER URGENTE, SOBRE LA DIMISION DEL DIRECTOR DEL MUSEO DEL
PRADO Y SUS POSIBLES CONSECUENCIAS. A SOLICITUD DEL G. P. IU-IC. (Número
de expediente 213/000324.)
El señor PRESIDENTE: El punto dos del orden del día incluye la
comparecencia de la señora Ministra de Cultura, a solicitud del Grupo
Popular y del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
para informar sobre la dimisión del Director del Museo del Prado, las
razones de la dimisión de don Francisco Calvo Serraller. Después hay otra
petición de comparecencia de la señora Ministra de Cultura para informar
sobre la situación, problemas y necesidades del Museo Nacional del Prado,
así como sobre las previsiones de actuación de su Ministerio respecto de
dicha pinacoteca.
En principio, la Mesa de la Comisión Mixta había entendido que las tres
peticiones de comparecencia eran perfectamente acumulables, por lo que
había establecido el tiempo correspondiente a una sola comparecencia.
Parece ser, según señala el portavoz del Grupo Popular, que es deseo de
su Grupo que se divida, en todo caso, en dos partes, una en relación con
la dimisión del Director del Museo del Prado y otra sobre la situación,
problemas y necesidades del Museo Nacional del Prado y previsiones de
actuación del Ministerio. En la medida en que cumplamos el objetivo de
circunscribirnos al tiempo previsto, se va a hacer en esas dos partes el
debate.
Por tanto, en primer lugar, la señora Ministra explicará las razones de
la dimisión del Director del Museo del Prado y habrá intervención de los
distintos grupos, comenzando con la intervención de los grupos
peticionarios. Después habrá una segunda intervención de la señora
Ministra sobre la situación, problemas y necesidades del Museo del Prado
y las previsiones del Ministerio.
Señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Señor Presidente, interpreto que también nuestra
petición aparece desdoblada; por un lado, la dimisión del Director del
Museo del Prado y, en segundo lugar, las consecuencias que engloban de
manera más sintética lo mismo que pide el Grupo Popular. En los dos casos
hay una iniciativa de Izquierda Unida.
El señor PRESIDENTE: No hay ningún inconveniente, puesto que los
diferentes grupos podrán intervenir en ambas fases de esta comparecencia.
En primer lugar, tiene la palabra la señora Ministra para informar sobre
las razones de dimisión de don Francisco Calvo Serraller y, en los
términos del Grupo de Izquierda Unida, sobre la dimisión del Director del
Museo del Prado.
La señora MINISTRA DE CULTURA (Alborch Bataller): Señorías, les interesa
saber a ustedes cuáles han sido las circunstancias que han concurrido en
la dimisión del anterior Director del Museo del Prado, don Francisco
Calvo Serraller, y cuál ha sido la actitud que me ha guiado como Ministra
de Cultura a la hora de afrontar este hecho.
Las dimisiones, como los ceses, forman parte del normal desarrollo de las
instituciones democráticas, lo que no quiere decir que personalmente no
conceda la importancia que tiene a una continuada labor al frente de las
mismas. En el caso que nos ocupa y con objeto de situar el problema en
sus justos términos, estamos ante un supuesto de dimisión a petición
propia y las razones de la misma las ha hecho públicas ya el propio
interesado. De ahí que llame doblemente la atención el hecho de que sea a
quien acepta una dimisión ajena y ya explicada por el propio interesado a
quien se le pidan explicaciones de la misma. Llama igualmente la atención
que sean los grupos que con más frecuencia insisten en que las dimisiones
deben ser algo normal en el desarrollo democrático los mismos que cuando
se produce una, como la que nos ocupa, insistan en pedir una explicación
de la misma. Estamos, cuando menos, ante una dramatización de algo que,
como les decía, entiendo que es parte constitutiva de la vida misma de
las instituciones democráticas, pues con ser importante y hasta decisiva
en ocasiones la labor continuada de quienes las dirigen, mucho más
importante resulta la continuidad de los criterios y de los planes
diseñados con una perspectiva a largo plazo.
Por otra parte, tengo que señalar que los riesgos que comporta esta
situación de confianza mutua sobre la que descansa un cargo como es el
del Director del Museo del Prado se ve compensada con la actividad de un
órgano como es el Real Patronato y como es el equipo facultativo del
Museo; coparticipa en todas aquellas importantes decisiones para la vida
del Museo. Esta circunstancia, entre otras, ha propiciado no sólo
asegurar el normal desarrollo de las actividades ordinarias del Museo,
sino también que el impulso encomendado a la dirección del mismo para
determinar el plan de actuaciones futuras tampoco se viera interrumpido.
Quiero insistir a SS. SS. en que el Museo del Prado no ha dejado de ser
en ningún momento una de las prioridades de mi responsabilidad como
Ministra y buena prueba de ello es que, de acuerdo con los planes
trazados y de los que informaré en la siguiente comparecencia, se ha
efectuado el plan de necesidades del Museo del Prado por el Real
Patronato, que lo ha elaborado y lo ha aprobado por unanimidad. Este plan
de necesidades fue encargado al anterior director, a don Francisco Calvo
Serraller, cuyo nombramiento también efectuó el Consejo de Ministros a
petición de la Ministra de Cultura, al cual, además, quiero agradecer el
impulso que dio al mismo mientras pudimos contar con su colaboración, una
colaboración, insisto, y quiero decirlo una vez más, que se interrumpió
única y exclusivamente a petición suya. En su momento ya hice público que
lamenté esta decisión, que insistí hasta el último momento para que esa
dimisión no se produjera, pero que, por supuesto, tuve que respetarla.
Mi preocupación, al producirse este hecho, fue la de asegurar de forma
inmediata la continuidad de los trabajos en curso y el normal
funcionamiento del Museo. Por ello designé a una persona que reúne un
amplio conocimiento del Museo del Prado, por su experiencia como patrono
del mismo y como Director General de Bellas Artes, por una labor
contrastada como director de un museo nacional,
como gestor en la Administración, y también por una notable cualificación
académica.
Creo, sinceramente, que se ha conseguido dar una respuesta inmediata al
problema planteado gracias a una decisión que en este caso sí me
correspondía como responsable última de la continuidad de los trabajos
emprendidos para dotar a la institución de un plan global que recogiera
todas las necesidades y estuviera a la altura del valor patrimonial del
Museo del Prado. Buena prueba de que se ha venido actuando con
independencia de las circunstancias concretas que supone una dimisión, y
con el dolor que, en ocasiones, ella puede producir, por más que sea la
del director de una institución, es que el patronato del Museo finalmente
haya aprobado por unanimidad el diagnóstico que va a servir de base para
las futuras actuaciones. Este sí será, como les digo, mi responsabilidad,
y en ella creo que debemos centrarnos, porque es la que realmente afecta
al futuro del Museo, un futuro en el que ciertamente incide la
estabilidad de las personas que desempeñan las responsabilidades máximas,
pero que sólo será posible, al margen de decisiones personales y de la
duración de los equipos, con un gran acuerdo institucional y con el apoyo
y participación de todas las fuerzas políticas y el conjunto de la
sociedad.
El señor PRESIDENTE: Además de los grupos Popular e Izquierda Unida,
¿algún otro grupo desea intervenir? (Pausa.)
En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra, por un tiempo máximo de
diez minutos, el señor Cortés.
El señor CORTES MARTIN: Parece que la señora Ministra se ha levantado hoy
peleona y viene recriminando a los grupos que quieren ejercer su función
de control del Gobierno que pidan explicaciones. Esta es la misión de
estos grupos que, al mismo tiempo, muchas veces también, piden ceses o
aplauden determinadas dimisiones, teniendo en cuenta que los ceses o las
dimisiones vienen por fracasos en la gestión; se pide la continuidad de
aquellos que lo hacen bien y se pide el relevo de aquellos que fracasan.
Y, ciertamente, no me parece que deba ser un motivo de orgullo o de
satisfacción de la señora Ministra que durante su mandato, todavía breve
en el Ministerio, se hayan producido tantos cambios en la dirección del
Museo del Prado. Si los grupos de la oposición piden muchas veces
dimisiones es porque muchas veces consideran que hay fracasos en la
gestión del Gobierno. Pero este orgullo de la señora Ministra por haber
cubierto un récord de ceses y dimisiones en su Departamento, creo que es
lo que ha conseguido que la señora Ministra, lamentablemente, y con ella
todos aquellos que consideramos que el Prado es muy importante, y que,
como ha dicho ahora la señora Ministra (y es un buen augurio de esta
primera intervención suya), merece un acuerdo institucional y estar por
encima de la pendencia política (eso es lo que nosotros venimos pidiendo
desde hace mucho tiempo y no ha sido aceptado por el Grupo que soporta al
Gobierno), lo que ha logrado la señora Ministra con estas actuaciones
suyas es que el 175 aniversario del Museo del Prado haya alcanzado una
gran notoriedad, nacional e internacional, para el Museo del Prado, pero
no por las magníficas exposiciones que se hayan organizado, no por unas
conferencias que hayan puesto de relieve la importancia nacional e
internacional del Museo, no por unas publicaciones que acerquen el Prado
a los españoles y a las personas de todo el mundo; ha sido el Prado el
centro de atención de la prensa internacional (y seguro que los servicios
de prensa del Ministerio de Cultura han facilitado a la señora Ministra
todos estos recortes, si no yo podría hacerlo) con grave escándalo, con
grave preocupación en todos los medios, porque el Prado es patrimonio de
toda la humanidad y hay una gran preocupación en los medios más cultos de
todo el mundo sobre el destino de el Prado y lo que está pasando. Y todos
lamentan que en el 175 aniversario el Prado sea noticia, precisamente,
por el desgobierno que hay en la institución, por los cambios sucesivos y
no por aspectos positivos.
Pero hay que recordar, en el ejercicio de la función de control que tiene
esta Cámara, cuál es la historia de este año de mandato de la señora
Ministra al frente de su Departamento. Cuando llegó había un director en
el Museo del Prado que fue cesado por la señora Ministra tomando como
excusa unas goteras. Y se le cesó para nombrar al doctor Calvo Serraller
que, seis meses después, dimite, y lo hace, como muy bien ha dicho la
señora Ministra, explicando las razones de la dimisión. Entre otras, dice
que dimite por la sistemática falta de los medios más elementales y el
constante desánimo, que han logrado esa peligrosa corrosión casi
paralizadora. Más arriba, es decir, con mayor responsabilidad (debe
referirse a la señora Ministra), aún peor: no hay ni atisbo de una
política correctora al respecto, ni de Gobierno ni de Estado. Es decir,
que las razones de la dimisión del profesor Calvo Serraller, nombrado por
la señora Ministra, para lo que tuvo que cesar al anterior director, con
una excusa de la que no tenía ninguna responsabilidad, están, la
responsabilidad, en la cabeza del Departamento y, por tanto, sobre esto,
hay que rendir cuentas y hay que dar alguna explicación al Parlamento y a
la opinión pública a su través.
Todavía hacen falta más explicaciones, y ésa es otra de las razones por
las que hemos pedido la comparecencia de la señora Ministra, sobre el
nombramiento que se ha producido. Nos ha hablado la señora Ministra de
que había unos títulos académicos y unos datos curriculares que hacían
acreedor y merecedor de este nombramiento al señor Luzón. Sin embargo,
conviene que sepa la Cámara y la opinión pública que el señor Luzón fue
cesado también por la señora Ministra como Director General de Bellas
Artes. ¡No lo habría hecho tan bien! Conviene recordar a la Cámara que el
señor Luzón era el responsable de todos los museos de titularidad
estatal; era, por tanto, el responsable, no el máximo (el máximo
responsable sería el Ministro, y por encima del Director General el
Subsecretario), del estado de los museos de titularidad estatal; era el
responsable de la incuria a la que se ha sometido al Museo del Prado, de
la situación de sus cubiertas, que provocaron las goteras que le dieron
excusa a la señora Ministra para sustituir a don Felipe Garín por el
profesor Calvo Serraller.
Y lo que es ya más sorprendente es que el nuevo director del Museo del
Prado se despacha con unas declaraciones en las que dice que las
necesidades del Museo del Prado tampoco son tantas y que eso de las
goteras, en el fondo, es una bobada, porque él ha visto goteras en más
museos: Así es que no me asustan las goteras. Y dice: ¡Si le dijera a
usted al lado de qué he visto yo goteras en muchos museos! El responsable
de los museos estatales viene presumiendo de que su gestión ha sido
brillante (y ha sido una de las razones que ha llevado a la señora
Ministra a nombrarle), que había muchas peores goteras que las que se han
visto en el Prado al lado de «Las Meninas». Esos son los títulos por los
que se nombra a este señor. Y luego dice que el Prado tiene necesidades,
pero que tampoco tantas. Que él no viene aquí a plantear problemas al
Gobierno, que él a lo que viene aquí es a evitarle disgustos, aunque sea
a costa del Museo del Prado. Dice: los museos estatales tienen muchísimos
problemas (los museos de los que él ha sido responsable), mayores que en
el Prado, en algunos casos. Hay incluso museos que no tienen edificio.
Lo que ocurre es que esto no nos puede llevar a que el Prado no necesita
una mayor atención presupuestaria, legislativa, de esta Cámara,
evidentemente, y, desde luego, del Gobierno. A lo único a lo que nos
llevará es a que la situación de otros museos es de absoluta indigencia,
porque si resulta que la situación del Prado, en comparación con la de
otros museos, es buena y no merece que el señor Luzón dedique especiales
esfuerzos a conseguir del Ministerio una mayor atención, habrá que ver
cuál es la situación de los otros museos, museos sobre los que en esta
misma Comisión, en la pasada legislatura, un antecesor de la señora
Ministra, el señor Semprún, dijo que eran uno de los puntos negros de la
política del Ministerio de Cultura, los museos; está en el «Diario de
Sesiones».
Comprenderá, por tanto, señor Presidente, nuestra sorpresa por toda esta
sucesión de ceses, nombramientos, dimisiones y nuevos nombramientos y la
necesidad de que, en cumplimiento de nuestra función de control, pidamos
explicaciones. Y pidamos explicaciones sobre lo que se ha hecho separado
de lo que se va a hacer.
Y tengo que decir que hemos escuchado con gran satisfacción algo que
supone un buen augurio para el próximo punto del orden del día, que es
que la señora Ministra dice (no es la primera vez que lo dice, pero
esperemos que sea la primera vez que lo haga) que es muy bueno que haya
un acuerdo institucional, porque la situación del Prado merece una
atención prioritaria de esta Cámara y, desde luego, del Gobierno, que
hasta ahora no ha tenido. Merece una mayor estabilidad y no estar
sometido a tantos vaivenes. Y sería bueno que la señora Ministra,
¡ojalá!, hubiese acertado con su nombramiento, lo que pasa es que, al
mismo tiempo que la señora Ministra alude a los méritos biográficos y
curriculares del Director, nosotros tenemos que decir que por sus hechos
les conoceremos pero, de momento, ya tienen hechos y tienen
declaraciones, y nos resultan altamente inquietantes.
La señora Ministra asume la plena responsabilidad de ese nombramiento.
Ojalá haya acertado y ojalá dentro de poco podamos felicitar a la señora
Ministra por la buena elección. Tenemos que expresar nuestra inquietud y
tenemos que expresar, desde luego, nuestra crítica por una política
errática en el Museo del Prado, que ojalá, a partir de ahora, se
enderece, pero que nos ha impedido, desde luego, celebrar como debería
haberse celebrado el 175 aniversario. Ha supuesto una llamada de atención
general sobre el Museo (a lo mejor no hay mal que por bien no venga),
pero se ha hecho muy poco en favor del prestigio del Museo del Prado y
del prestigio internacional de España con estas actuaciones, repito,
erráticas del Ministerio de Cultura.
Muchas gracias, señor Presidente, y espero haberme quedado corto en el
tiempo que tan generosamente la Presidencia me ha concedido.
El señor PRESIDENTE: Gracias. Se ha ajustado estrictamente al tiempo.
Por el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene
la palabra el señor Alcaraz, también por diez minutos como máximo.
El señor ALCARAZ MASATS: Con el estilo que nos caracteriza a los miembros
de Izquierda Unida, yo voy a decir la verdad, aunque todos terminemos
moderadamente cabreados. La verdad y sólo la verdad, porque no es todo lo
que se ha dicho aquí.
Yo estuve tentado de mandar un telegrama de felicitación a la señora
Ministra por el cese del señor Calvo Serraller, a quien no conozco
personalmente y con respecto al cual no tengo ninguna opinión de tipo
personal; sí le conozco como crítico, etcétera. Esperé unos días y no
mandé el telegrama de felicitación porque la señora Ministra empezó a
asustarse de lo que había pasado, que a mí me pareció un acto de
valentía, a los doscientos días de haberse nombrado al nuevo director del
Museo del Prado, señor Calvo Serraller. Yo no sé realmente qué maleficio
está cayendo sobre Las Meninas, primero goteras y después una sesión
fotográfica para la revista «Nuevo Estilo» sobre sillas de diseño, donde
se cruzan cables, flas, todo lo que no se puede hacer ante ningún cuadro,
y mucho menos un cuadro de esa categoría y de esa época.
A veces, en algún museo internacional, como en el Metropolitan, de Nueva
York, se han alquilado salas, pero nunca jamás en estas condiciones y
delante de un cuadro de esta categoría y de estas condiciones
estructurales. Jamás. No puede justificarlo el hecho de que se hubiera
cobrado un estipendio, vamos a llamarlo así, religiosamente, de 70.000
pesetas por utilizar la imagen de Las Meninas detrás de una serie de
sillas, algunas por cierto bastante horteras, en una situación
absolutamente lamentable.
La señora Ministra, como todos nosotros, se indignó. Llamó al señor Calvo
Serraller, que llevaba 200 días sin darse cuenta de que no recibía ayuda,
y le afeó la conducta. Sabemos que hubo una conversación muy serie,
tensa, entre el señor Linde, Subsecretario de Cultura, y el señor
Serraller, el cual apeló a la señora Ministra, que no le dio la razón.
Tanto es así que a los cuatro días de estos episodios surgió un
comunicado a través del cual se regulaba el uso de las instalaciones de
los museos estatales, lo que se interpretó por el señor Serraller como
una desautorización,
fundamentalmente porque coincidía con lo que es un auténtico escándalo,
la utilización por la revista «Nuevo Estilo», en la que trabajaba la
mujer del señor Calvo Serraller.
Quizá en este punto no se ha fijado tanto el Partido Popular porque había
asesores que pertenecían al partido del señor Cortés en esta sesión
fotográfica, quizá por eso. Pero digamos siempre la verdad, porque la
verdad es ésta. Otra cosa son los discursos que se puedan hacer aquí
intentando ocultar la verdad. Nosotros no estamos dispuestos a ocultarla,
a hacer una política entre bambalinas y luego salir al escenario y decir
otra cosa diferente, atendiendo, en este caso, a las demandas que nos
hacen los poderes fácticos del arte que están interviniendo --después
pasaremos a la segunda cuestión-- de forma muy negativa y muy directa en
el tema del Museo del Prado, que es un tema de Estado, el buque insignia
de la cultura española. Creo que fue Azaña quien dijo que era más
importante que la República y la Monarquía juntas.
Por tanto, de ahora en adelante tendremos todos que tentarnos la ropa en
una situación que, comparativamente con el resto de los museos mundiales,
es muy deficitaria.
La historia última del Museo del Prado está empezando a ser preocupante,
no sólo ya por el tema al que aludo, sino por el de las propias
dimisiones que se producen. La primera, la del señor Pérez Sánchez, se
produce porque hace una declaración contraria a la guerra del Golfo. A
partir de ahí se produce la primera dimisión de la última etapa del Museo
del Prado.
La segunda dimisión se produce a partir de las goteras no previstas por
don Felipe Vicente Garín que, sin embargo, no da cuenta. No tiene él
culpa de las goteras, sino que quizá hay un problema mucho más serio, que
habrá que estudiar y ver en la segunda parte de las intervenciones, tal
como han denunciado algunos arquitectos. No es un problema de una fisura,
de una gotera ocasional; posiblemente requiera una inversión más profunda
evitar que caigan gotas de agua delante de «Las Meninas», el tiempo
cuajado de «Las Meninas», que supo pintar Velázquez, escogiendo la
erosión del espacio y todo lo demás. No sé si las meninas mirarían caer
la gota de agua, pero es asombroso que de pronto empiece a caer una
gotera delante del cuadro de Velázquez y el señor Garín se calle, porque
se le dice que se calle. El problema es mucho más serio. Nosotros hicimos
una pregunta, que se contestó diciendo que había sido una eventualidad,
que se iba a arreglar.
La tercera dimisión se produce también de una manera bastante
estrambótica y no reconocida.
No se está tomando en serio el Museo del Prado, y si se toma en serio
siento no poder felicitarla, señora Ministra. Usted no va a reconocer que
los hechos han sido así, como yo los he relatado, pero han sido así, y
usted no los va a reconocer. Usted, como el señor Garín, se va a callar,
pero nosotros de ahora en adelante no nos vamos a callar y vamos a pedir
que se cree una Ponencia permanente en este Congreso, porque ya vemos que
no hay gobernabilidad en el Museo del Prado y que los poderes fácticos
del arte, que existen, que todos lo sabemos, están haciendo callar
situaciones que hablan solas, que están clamando.
Señora Ministra, la dimisión se produjo en función de un rasgo de
valentía del Ministerio de Cultura que después no supo mantener. Sentimos
no poder felicitarla.
El señor PRESIDENTE: Señor Cortés.
El señor CORTES MARTIN: Señor Presidente, ¿puede aclarar el portavoz de
Izquierda Unida a quién se refiere al hablar de un asesor del Grupo
Popular que participó en la sesión fotográfica de unas sillas en el Museo
del Prado?
El señor PRESIDENTE: Señor Cortés, no es turno.
El señor CORTES MARTIN: Señor Presidente, los taquígrafos no me dejarán
por mentiroso.
El señor PRESIDENTE: Señorías, no ha habido ninguna alusión al señor
Cortés. Ha sido citado, pero no ha sido aludido.
El señor CORTES MARTIN: Señor Presidente, el señor Alcaraz ha dicho que
el Partido Popular...
El señor PRESIDENTE: Esta presidencia ha escuchado perfectamente las
palabra del señor Alcaraz. No tiene S. S. la palabra.
El señor CORTES MARTIN: Es que lo ha afirmado.
El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Socialista, tiene la palabra el
señor Nieto.
El señor NIETO GONZALEZ: Yo, con toda la brevedad que esta comparecencia
requiere, puesto que yo creo que en el momento presente no tiene, desde
mi punto de vista, mayor interés, sí quisiera, en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista, dejar claras cuatro cuestiones.
En primer lugar, estoy sorprendido después de haber escuchado algunas de
las intervenciones que se han producido. La verdad es que no termino de
entender el doble lenguaje de algunos grupos parlamentarios que, de forma
habitual, sistemáticamente, en esta Cámara --ya nos tienen
acostumbrados-- utilizan un doble lenguaje, y al mismo tiempo que
aplauden una dimisión en unos casos aplauden la continuidad, al mismo
tiempo, lo hacen en el mismo acto. Es algo que no entiendo, aplaudir la
continuidad y la dimisión en el mismo acto es algo que, insisto, no
entiendo.
Por otro lado, un doble lenguaje que emplean en este mismo caso cuando
dicen no querer llevar la lucha política al Museo del Prado y
continuamente la llevan. Un buen ejemplo de ello son algunas de las
intervenciones que estamos escuchando.
Dicho esto en primer lugar, en segundo lugar quisiera decir que para el
Grupo Parlamentario Socialista nos pareció en su momento la decisión que
tomó el señor Calvo, que fue una decisión que adoptó libremente, una
decisión suya y que, por tanto, debe ser respetada. El propio señor
Calvo explicó en una amplia carta dirigida a los medios de comunicación,
al menos a algún medio de comunicación, cuáles fueron las razones que le
llevaron a presentar la dimisión y nosotros respetamos la decisión
libremente adoptada en aquel momento.
En tercer lugar, quisiéramos reconocer el buen hacer del señor Calvo
Serraller en el corto espacio de tiempo que estuvo al frente del Museo
del Prado. Eso quiero que conste en el «Diario de Sesiones», y constará,
evidentemente. Nosotros creemos que fue una buena labor la que realizó en
un corto espacio de tiempo; bien es cierto que fue un espacio muy breve,
pero también es verdad que algunas de las actuaciones que realizó fueron
polémicas. Las ha citado algún portavoz que me ha precedido en el uso de
la palabra. Me estoy refiriendo a aquella sesión fotográfica que
benefició a alguna revista de decoración y, aunque es una práctica
habitual en otros museos, esas cosas hay que cuidarlas mucho, hay que
hacerlas con todas las garantías de respeto, en este caso, a las pinturas
que están en el mismo lugar donde se lleva a cabo una sesión de este
tipo.
En cuarto lugar, quisiera manifestar que nos preocupó mucho en aquel
momento, cuando tomó la decisión el señor Calvo de presentar su dimisión
--hoy ya no nos preocupa tanto--, por lo que significaba de falta de
continuidad, que siempre es muy necesaria, en el trabajo que se debe
realizar en una institución tan importante como es el Museo del Prado.
Digo que hoy ya no nos preocupa tanto por varias razones. Primero, porque
consideramos que el Gobierno actuó bien; actuó bien por actuar rápido. Se
tomó de una forma rápida e inmediata la decisión de aceptar la dimisión
del director que la presentaba y nombrar de forma inmediata un nuevo
director. Segundo, por las capacidades del nuevo director. Estamos
seguros de que llevará un buen gobierno, hará un buen gobierno y
realizará un buen gobierno en el Museo del Prado.
Dicho esto, nos gustaría mirar hacia el futuro. Evidentemente, en la
siguiente comparecencia hablaremos de ello. La Ministra nos hablará de
cosas más interesantes proyectadas hacia el futuro, cual es el plan de
necesidades y el futuro del Museo. En ese sentido, mirando hacia el
futuro, como Grupo Parlamentario, quisiéramos en este acto felicitar al
nuevo director y decirle que tiene nuestro apoyo en todo aquello que
signifique mejorar el Museo del Prado, tanto en lo que se refiere a
instalaciones como a actividades, etcétera, y sobre todo animarle a que
trabaje mirando al futuro y no recreando el pasado.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Ministra para contestar a
los diferentes Grupos.
La señora MINISTRA DE CULTURA (Alborch Bataller): En primer lugar, quiero
contestar al señor Cortés. Evidentemente, para mí no es ningún orgullo
que se haya producido la dimisión de don Francisco Calvo Serraller y que
se produzcan dimisiones. Por otra parte, creo que el propio ex Director
del Museo del Prado realizó un programa expositivo en conmemoración del
175 aniversario, que se ha ido cumpliendo de una manera brillante.
Es verdad que este hecho y algunos otros han podido enturbiar esta
conmemoración, pero en esta misma línea me gustaría poner de manifiesto y
hacer mucho hincapié en que precisamente la mejor conmemoración que
podemos hacer al 175 aniversario del Museo del Prado tiene bastante que
ver con lo que vamos a tratar en la comparecencia siguiente. Me parece
que las exposiciones y las publicaciones brillantes son importantísimas
en un museo, pero me parece que es mucho más importante que, finalmente,
podamos acordar un plan global de necesidades rigurosamente elaborado,
que tienda precisamente a configurar lo que es el futuro del Museo del
Prado. Este es un tema que vamos a tratar con detalle a continuación y,
por tanto, no me quiero extender.
Sí quiero apuntar que me parece que éste es el tipo de trabajos serios y
rigurosos que deben ser importantes también para una conmemoración,
porque suponen no sólo una mirada hacia el pasado y un reconocimiento de
lo que se ha hecho en muchas ocasiones con acierto, sino también hacia el
futuro.
Sin entrar en demasiado detalle, quiero decir que el Director del Museo
del Prado no fue cesado, sino que manifestó su voluntad de incorporarse a
la vida académica.
Respecto a las alusiones del señor Cortés, en ocasiones el señor Luzón,
precisamente por su experiencia en la política, en la Administración y en
la gestión museística se ha dejado llevar por la prudencia. Eso no quiere
decir que no sea ambicioso respecto al Museo que él dirige y, además,
creo que ha mostrado ya perfectamente su eficacia. Es cierto que en el
mes de febrero encargué al Real Patronato del Museo del Prado que
confeccionara el plan global de necesidades del Museo y, aunque ha habido
esta interrupción o esta sucesión en los directores, el nuevo Director
del Museo del Prado asumió este encargo porque el Real Patronato tenía
que trabajar sobre un primer borrador en el que tenía un protagonismo
fundamental el Director, que, sin duda, recogería informaciones del
anterior director, don Francisco Calvo Serraller. Posteriormente, esta
elaboración que ha realizado el nuevo Director se ha estudiado en mayor
profundidad en la comisión permanente y, por fin, ha llegado al Pleno del
Real Patronato. Quiero aprovechar también esta ocasión para agradecer --y
creo que ya lo he dicho en muchas ocasiones-- la brillantez del ex
Director, don Francisco Calvo Serraller, en su corta trayectoria como
Director del Museo del Prado; también el esfuerzo que ha hecho el Real
Patronato y muy concretamente no sólo la comisión permanente, sino el
nuevo Director, que, insisto, con ello ha demostrado su eficacia.
Por otra parte, en relación con los puntos negros que existen en los
museos españoles, quisiera indicar que en nuestro proyecto --y tiene una
correspondencia presupuestaria-- está precisamente el plan de
acondicionamiento de todos los museos estatales.
Respecto a la intervención del señor Alcaraz, quisiera decirle que no me
he asustado. Creo que no es un término correcto decir que me hubiera
asustado ante este tema. Es verdad que el Ministerio de Cultura preparaba
una orden, porque no existía una legislación adecuada, para la
utilización de los espacios museísticos porque nos parece que los
problemas no sólo se podían producir en el Museo del Prado, sino en otros
museos que dependieran de nosotros. Nos parecía adecuado procurar esta
regulación a través de una orden.
Pienso también, señor Alcaraz, que se precipita al considerar que no nos
hemos tomado en serio el Museo del Prado, porque, haciendo una pequeña
historia, en mi primera comparecencia como Ministra en esta Comisión, en
el mes de septiembre, dije que el año 1994 debía ser para el Museo del
Prado un año de reflexión, de acometer los estudios y realizar los
informes que nos parecieran necesarios. Además, me gustaría --y sigo en
esta línea-- que en el tema del Museo del Prado (tanto el señor Cortés,
el señor Alcaraz como el señor Nieto han puesto de manifiesto la
importancia de su contenido, como buque insignia --ha dicho el señor
Alcaraz-- de nuestro patrimonio y de nuestra cultura) pudiéramos llegar a
un consenso y a un compromiso lo más amplio posible.
El Gobierno se ha tomado en serio el tema del Museo del Prado y creo que
lo podemos demostrar. Sin insistir demasiado en esto en esta primera
comparecencia, me gustaría que pudiéramos tener la posibilidad de
analizar el informe del plan de necesidades que ha presentado el Real
Patronato y que la Ministra, aquí presente, ha asumido.
También quisiera agradecer al señor Nieto sus palabras y coincidir con
él, al igual que creo que está en el sentir de los demás representantes
de los grupos parlamentarios, en que ya no tenemos que mirar al pasado
lamentando ciertas vicisitudes que se han producido, sino que tenemos que
procurar, por una parte, la continuidad, por otra, el trabajo serio y,
sobre todo, mirar hacia el futuro y asumir entre todos, en la medida de
lo posible, un proyecto lo más riguroso y lo más ambicioso posible para
nuestra primera pinacoteca. (El señor Cortés Martín pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Cortés, ¿en qué concepto?
El señor CORTES MARTIN: Para un segundo turno, como en todas las
comparecencias.
El señor PRESIDENTE: Señor Cortés, el segundo turno es excepcional.
Además, habida cuenta de que vamos a insistir en el tema del Museo del
Prado y vamos bastante mal de tiempo, esta Presidencia considera que no
se abre un segundo turno.
Su señoría tiene, de acuerdo con la resolución del 25 de enero de 1993,
la posibilidad de reclamar a la Mesa de la Cámara.
Tiene la palabra la señora Ministra para dar cuenta e informar de la
situación, problemas y necesidades del Museo Nacional del Prado y las
previsiones de actuación de su Ministerio.
La señora MINISTRA DE CULTURA (Alborch Bataller): Permítanme, señorías,
que dé comienzo a esta comparecencia subrayando que es muy satisfactorio
para mí poder presentar ante la Comisión de Educación y Cultura del
Congreso de los Diputados el primer plan global de necesidades que, como
tal, ha sido redactado por los órganos de gobierno del Museo del Prado.
Creo que es una feliz coincidencia que al mismo tiempo que el Grupo
Popular y el Grupo de Izquierda Unida hayan planteado la situación, en un
aspecto más global uno y en un aspecto más parcial el otro, hayamos
podido hacer coincidir los deseos de los grupos parlamentarios con el
deseo del propio Ministerio de comparecer --y es el compromiso que asumí
en su momento-- ante la Comisión de Cultura y Educación del Congreso de
los Diputados para exponer sintéticamente este plan global de
necesidades.
Es cierto que el Museo del Prado --como ya se ha dicho aquí una de las
mejores pinacotecas del mundo, con seguridad una de las dos o tres
instituciones emblemáticas de la cultura española y, sin ningún género de
dudas, uno de los proyectos que con más atención y cuidado vengo
siguiendo desde que me hiciera cargo del Ministerio de Cultura-- ha sido
objeto con anterioridad --y no podía ser de otra manera-- de estudios,
informes, análisis y consideraciones de todo tipo. Pero hasta la fecha, y
a diferencia de lo sucedido con otros museos de origen más reciente que
han podido desarrollarse a partir de un estudio riguroso de las
necesidades, las alternativas y hasta las posibilidades reales de
financiación, el Museo del Prado no había sido objeto, por circunstancias
muy diversas, del planteamiento metódico que aconseja una idea
museográfica global, ambiciosa y moderna. Llegar a este rigor ha sido
para mí una prioridad en todo momento. De ahí que ya en septiembre del
año pasado, pocas semanas después de asumir mi responsabilidad como
Ministra de Cultura, les manifestaba --como recordaba hace unos
momentos-- en este mismo ámbito tres ideas para abordar el futuro del
Museo del Prado. La primera --no sé si ustedes lo recordarán-- es que no
era mi intención recurrir a una solución precipitada por efectista o
espectacular que ese recurso pudiera parecer. La segunda, que mi objetivo
era encontrar una solución sólida, duradera, consensuada y a la altura de
la institución de la que estamos hablando. Y, la tercera, que dedicaría
el año 1994 a analizar las necesidades, alternativas y parámetros tanto
financieros como técnicos, organizativos, arquitectónicos y de todo tipo
que necesariamente concurren en una operación de estas características.
Ya entonces tenía una cuarta idea que no consideré necesario explicitar
porque pensé que se desprendía de la oferta general de colaboración y
entendimiento que hacía en aquel momento y de la naturaleza misma del
asunto de que se trataba, y es que cuando hablamos del Museo del Prado
hablamos de una cuestión de Estado, que está por encima de los intereses
de los partidos, de los grupos y de las personas. Este es un espíritu que
he tenido siempre presente por pura coherencia con la trayectoria seguida
por los sucesivos gobiernos socialistas en los últimos doce años y por mi
manera de entender la cultura, y deseo que pueda seguir manteniéndose a
lo largo de la crucial etapa en la que ahora entra, como a continuación
expondré a SS. SS., el Museo del Prado.
La actuación del Ministerio de Cultura y de los responsables directos del
Museo --el Patronato y el Director,
fundamentalmente-- se ha ajustado, como saben SS. SS., durante los meses
transcurridos a estas ideas y a la consecución de una serie de objetivos.
En primer lugar, determinar, mediante el estudio oportuno, y del que haré
entrega de inmediato al Presidente de la Comisión, el plan global de
necesidades del Museo.
En segundo lugar, concretar un nuevo procedimiento para la reordenación
de las colecciones estatales, su planteamiento museográfico,
científicamente razonado, que recoja el nuevo diseño de las colecciones;
los criterios de exposición; la ampliación y mejora de los servicios, y,
en general, los planteamientos de una institución surgida de la tradición
y enlazada con el futuro.
En tercer lugar, definir, posteriormente, la convocatoria de un concurso
internacional de ideas para encontrar la mejor solución a las reformas
arquitectónicas que aquellas necesidades reclaman.
En cuarto lugar, y en el marco de este tipo de intervenciones de carácter
general, acometer reformas tan perentorias como la intervención en las
cubiertas del edificio de Juan de Villanueva, que, dicho sea de paso,
cuando las goteras se produjeron, se realizó un plan de choque mediante
una serie de intervenciones, y hay una vigilancia constante por parte de
la Dirección General de Servicios del Ministerio de Cultura. Asimismo, se
han recabado toda una serie de informes y todos ellos coinciden en que
hay que acometer una solución radical, solución radical que, tras los
correspondientes concursos, se efectuará.
Como saben, el pasado mes de febrero --lo he recordado hace unos
minutos-- encargué al Patronato del Museo del Prado un informe sobre las
necesidades del mismo. Dicho informe fue aprobado por unanimidad y
entregado ayer mismo. Este informe ha sido estudiado en un primer
borrador que efectuó el Pleno del Patronato y, posteriormente, la
Comisión permanente del Museo del Prado --ayer mismo por la tarde--
efectuó algunas incorporaciones de lo tratado. Este plan de necesidades,
aprobado por unanimidad --insisto--, permitirá que a partir del mismo
podamos hacer frente, con todas las garantías, al ambicioso proyecto de
ampliación, modernización y reorganización de nuestra primera pinacoteca.
Les he dicho anteriormente que la redacción de un plan global de
necesidades del Museo del Prado es una completa novedad en la historia de
la institución, es cierto. Sin embargo, no podemos olvidar, de ninguna
manera, que es una iniciativa que se enmarca en un proceso iniciado en la
pasada década e impulsado también por el Gobierno socialista a través de
diferentes actuaciones. Como ejemplo de las mismas se pueden considerar
algunas reformas y medidas sobre las cubiertas, la iluminación y la
climatización, además de ciertas ampliaciones de plantilla. Pero quizá lo
más importante, hasta poderse considerar como una «condicio sine qua non»
de todas las demás, fue la constitución del Museo del Prado como
organismo autónomo y el establecimiento de sus normas estatutarias en
1985. El actual régimen jurídico y organizativo ha dotado al Museo de una
autonomía de gestión y de unos órganos rectores adecuados a la
singularidad propia de esta excepcional pinacoteca y acordes con los de
los grandes museos de otros países de nuestro entorno.
Entrando en el asunto central de mi intervención, debo decir a SS. SS.
que las necesidades analizadas y sistematizadas en el informe aprobado
por el Real Patronato del Museo del Prado pueden clasificarse en cuatro
grandes apartados. En primer lugar, las necesidades de reforma y
ampliación de los espacios actuales del complejo museístico. En segundo
lugar, las necesidades de ordenación de las colecciones, en el marco de
las del Estado, y las necesidades de ordenación de la exposición
permanente de las colecciones. En tercer lugar, las necesidades de
modernización de los servicios que el Museo presta, tanto al público como
a los sectores especializados, y, unido a éstas, un cuarto grupo de
necesidades que afectan a la organización y adecuación de los recursos
humanos y técnicos.
Se trata, por tanto, de un cuadro de necesidades relativamente
heterogéneas, como veremos de manera sintética a continuación, y cuya
satisfacción exige actuaciones también de naturaleza diversa.
Pero hay un núcleo que une y da sentido al conjunto, y ese núcleo es, en
mi opinión, la ampliación y reforma de los espacios, la elaboración de un
plan museográfico que recoja --insisto-- la ordenación de las colecciones
y los criterios expositivos, y la ampliación y modernización de los
servicios, con la fijación correspondiente, en un posterior momento, a un
plan financiero para llegar a su puesta en práctica en el plazo de tiempo
más adecuado. Todo ello, desde luego, a partir del diagnóstico de las
necesidades de que ahora ya afortunadamente disponemos.
Para entender bien las necesidades y el camino de solución que ahora se
propone, de reforma de los espacios, procede recordar que el Museo nació
como exposición de colecciones reales de pintura y escultura en un
edificio noble del siglo XVIII, y que ha tenido que incorporar, desde sus
orígenes, no sólo un considerable número de nuevas obras, sino multitud
de servicios complementarios. Ha sufrido también numerosas intervenciones
parciales en su arquitectura.
Consecuencia del incremento de necesidades han sido varias las
ampliaciones del edificio por su parte posterior, por ejemplo,
recurriendo a una arquitectura yuxtapuesta que tuviese el aspecto
exterior y los materiales del edificio de Juan de Villanueva. De esta
manera se iban ampliando considerablemente las salas de exposición, pero
no todos los servicios que requiere un gran museo como el Prado; tema
común, por otra parte, a todos los museos similares, que se ha visto
originado por la evolución de la sociedad y de la museografía moderna.
Conscientes de que en la actualidad la exposición ocupa, en la mayoría de
las instituciones homólogas, en torno a un cuarenta por ciento del
espacio disponible, se han ido planteando distintas soluciones que nunca
llegaron a realizarse, pero que dan el contexto de las soluciones
posibles para el debate en el que nos encontramos y que el plan de
necesidades esclarece y fija.
Por tal motivo, el Real Patronato creó en los últimos años una comisión
de espacios, y desde los años 70 se han propuesto varias alternativas que
implican intervenciones
urbanísticas y también la ocupación de edificios que no son titularidad
del Ministerio de Cultura.
Entre las soluciones más conocidas que se han propuesto nos encontramos
con el proyecto de los arquitectos Fernando Chueca y Rafael Manzano,
consistente en la creación de un vestíbulo de forma oval, tangente a la
fachada inferior de Goya, y la reconstrucción del claustro de Los
Jerónimos, en un estilo arquitectónico similar al que pudo haber tenido
para su utilización como dependencias auxiliares del Museo, conectadas al
mismo mediante un pasadizo subterráneo.
Posteriormente a esta propuesta, el Ministerio adscribió, como edificio
del Museo del Prado, el Casón del Buen Retiro, que fue utilizado primero
para la exposición de la colección de pintura del Siglo XIX y
posteriormente como espacio para albergar el Guernica.
En 1975, el arquitecto don Alfredo Rodríguez Orgaz presentó un proyecto
de ampliación subterránea del Museo, estableciendo un enlace bajo la
calle de la Academia con el Casón del Buen Retiro.
En diciembre de 1990 dejó ultimado un nuevo proyecto, publicado en abril
de 1993, que modificaba el anterior, pero conservaba su idea de
ampliación subterránea con ideas que recuerdan las soluciones utilizadas
por la National Gallery de Washington.
Entre las diversas posibilidades en cuanto a la utilización de los
edificios de los alrededores, vale la pena recordar también (aunque no
quisiera cansar a la Comisión), para dar una idea de la complejidad del
asunto de que estamos tratando, que el Real Patronato ha estudiado la
idoneidad de disponer del Palacio de Velázquez y del actual edificio del
Ministerio de Agricultura, que como saben ustedes es obra del arquitecto
Velázquez Bosco.
Como solución más inmediata --estamos haciendo historia todavía-- en 1992
se realizó un anteproyecto que se basaba parcialmente en las fórmulas
propuestas por los arquitectos Chueca y Manzano. Es el anteproyecto,
conocido sin duda por todos ustedes, de Francisco Rodríguez de
Partearroyo, que propone la realización de un anexo semisubterráneo en la
entrada lateral de Goya, pero ocultándolo a la visión del conjunto del
edificio mediante la recuperación de la antigua ladera de la colina que
va desde el Paseo del Prado hasta la Real Academia de la Lengua.
La posibilidad de incorporar edificios también ha sido objeto de estudio
en los últimos años, y se pensó, como más viable, la del actual Museo del
Ejército, para lo cual se vinieron realizando gestiones con el Ministerio
de Defensa. Unas gestiones que siguen, que se encuentran muy avanzadas y
que podrían llegar quizá a su culminación en un breve plazo, una vez que
se hubiera diseñado una fórmula jurídica concreta y alternativas
satisfactorias para la reubicación del contenido actual del Museo del
Ejército.
En cualquier caso, éstos son los antecedentes para una solución que está
dentro del repertorio de fórmulas usadas por los grandes museos europeos
y americanos.
En este sentido, la reforma de los espacios deberá llevar consigo, junto
a la reubicación de servicios y la liberación de algunas dependencias en
el edificio Villanueva, una remodelación interna del funcionamiento
orgánico del propio Museo y una ordenación nueva de sus colecciones.
Estamos, pues, y me interesa mucho recalcarlo, ante un proyecto que no se
agota en una reordenación del espacio propio del edificio Villanueva,
sino ante la necesidad de dar respuesta a los problemas a los que me
acabo de referir en un marco de nuevos espacios expositivos.
Obviamente, la distribución de las colecciones del Museo del Prado
también ha sido objeto de diversas propuestas durante los últimos años,
pero las colecciones afectadas directamente por esta reordenación son las
que ahora están adscritas al Museo del Prado y al Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía, como mínimo, pues, como todos ustedes saben, es en
el siglo XIX y en el período inicial de las vanguardias donde se pueden
encontrar algunas coincidencias y solapamientos para los que conviene
encontrar una solución duradera.
Lógicamente, pues, parece conveniente la constitución inmediata de una
comisión de expertos, sobre la que luego podemos profundizar más, que
contaría con una serie de miembros nombrados por los patronatos
respectivos del Museo Nacional de Arte Reina Sofía y del Museo Nacional
del Prado, y también una representación del Ministerio de Cultura. Esta
comisión tendría como responsabilidad diseñar el mejor criterio de
ordenación de los fondos de ambas instituciones. Me complacería que el
resultado de la misma fuera un dictamen elaborado por estos expertos y
que el mismo pudiera ser traído a esta Comisión del Congreso de los
Diputados para su debate y, en definitiva, también para la posible
incorporación, si parece necesario, de nuevas opiniones de expertos.
Dentro del plan de necesidades aprobado por el Real Patronato, otro de
los asuntos abordados, en relación directa con la distribución de las
colecciones, es la redefinición del proyecto expositivo del propio Museo.
Una cuestión que a mi entender también deberá estudiar, en los próximos
meses, la comisión científica del propio Museo, pero que en cualquier
caso deberá hacerse a partir de cuatro criterios básicos. En primer
lugar, determinar los fondos que por sus características deban ser
expuestos al público en la denominada colección permanente. En segundo
lugar, fijar la reinstalación de ciertas partes de la colección
permanente, aprovechando espacios liberados en el edificio principal de
Villanueva. En tercer lugar, trasladar una parte de los fondos a
edificios de exposición que eventualmente se pudieran incorporar al Museo
del Prado en este proyecto. Por último, delimitar, temática y
cronológicamente, el contenido del propio Museo, después de haber
realizado la Comisión anterior la reordenación de las colecciones
estatales.
Sin embargo, el plan de necesidades del Museo del Prado plantea,
igualmente, el punto de partida y los criterios a seguir en la solución
de cuestiones tan vitales para la modernización de la institución, tales
como la dotación adecuada de servicios técnicos de investigación,
documentación, biblioteca y archivo, informatización, el departamento de
registro y almacenes, fotografía, talleres o los espacios idóneos para
los locales de gerencia, salón de actos, sala de conferencias, incluso
espacio que albergue la
Fundación de Amigos del Museo del Prado, los propios accesos al Museo y
toda una serie de servicios.
En este sentido, el informe contiene, por ejemplo, la recomendación de
que se dote al Museo de varios departamentos, que tendrán una
configuración más acorde a lo que son las necesidades de un museo como el
del Prado en la actualidad.
De igual manera, este informe aborda la creación de un departamento de
documentación, que se integrará también con la biblioteca y el archivo
debidamente informatizados.
Asimismo, el informe recomienda la adecuación de los talleres del Museo
del Prado, como decía también antes de los servicios de gerencia y
administración, y aborda el problema del debido almacenamiento de las
obras de arte.
En otro orden de cosas, hay que establecer, y así se pone de manifiesto
en el informe, la adecuación de las zonas de atención a los visitantes y,
como apuntaba también, los accesos, que es uno de los temas más
importantes en los museos actuales, así como toda una serie de servicios
que tienen relación con la actividad que se despliega en los museos en la
actualidad.
Evidentemente, también en el informe que ha elaborado el Real Patronato
del Museo del Prado se considera necesaria la creación de una sala de
exposiciones temporales a la altura de las actividades del Museo del
Prado.
Por tanto, el informe que hoy les presento, y que como decía hace unos
minutos entregaré al Presidente de la Comisión de inmediato, considero
que es un esfuerzo razonado y coherente, a partir del cual podemos
afirmar que el Museo del Prado cuenta hoy con un diagnóstico preciso y
unánime de lo que ha de ser el horizonte de trabajo de los próximos años.
Se trata también, y es importante que esto quede claro, de un esfuerzo
inicial. A partir de ahora deberemos entrar en la definición de cada una
de las grandes cuestiones y en las actuaciones idóneas para ir
resolviéndolas con arreglo al mejor calendario posible. En definitiva,
debemos conseguir, entre todos, la visualización del proyecto del Prado y
la puesta en práctica de las acciones que nos exige.
Recopilando mi exposición, quisiera destacar lo siguiente.
Creemos que ya se ha dado un paso definitivo, un primer paso importante,
hacia el futuro del Museo del Prado al contar con este documento base que
contiene el diagnóstico preciso sobre la situación del Museo del Prado.
Como decía hace unos momentos, aunque esto no está contenido en el
informe, tras el análisis del mismo y las reflexiones pertinentes, he
considerado necesario, por una parte, asumir dicho informe, y, a partir
de ahí, procurar el nombramiento de esta comisión de expertos para la
reordenación de las colecciones estatales, porque necesariamente
tendremos que saber qué es lo que vamos a tener como contenido.
El tercer paso que se concretaría a través de la Comisión científica del
Museo del Prado, una vez sabido por la comisión de expertos cuál es la
reordenación definitiva de las colecciones estatales (incluso algunos
trabajos se pueden realizar al mismo tiempo) sería establecer el proyecto
expositivo final de las colecciones del Museo del Prado.
Finalmente, creo que sería oportuna la convocatoria de un concurso
internacional, que en una primera fase sería de ideas, y, posteriormente,
tras su resolución, ya habría un concurso de proyectos. Creo que la forma
más idónea, repito, es la del concurso internacional, porque
evidentemente nos va a ofrecer toda una serie de ideas y va a hacer que
podamos no sólo implicar a muchísima gente en este proyecto ambicioso del
Museo del Prado, sino que podamos analizar también las ideas más
adecuadas. Además, no se trataría tampoco de restringir a nadie el acceso
sino de que todos aquellos profesionales --y seguro que hay muchísimos
interesados a nivel internacional-- pueden concurrir (con sus ideas en un
primer momento y posteriormente ya a un nivel más selectivo con un
proyecto) en la determinación de cuál va a ser el futuro del Museo del
Prado.
Obviamente también, y junto con todo ello, no podemos olvidar no sólo las
necesidades de otros espacios que no son los expositivos, a los que he
hecho mención, sino las necesidades de ampliación de plantilla y de
reorganización de los departamentos del propio Museo, de tal manera que
el personal que exista allí sea el personal adecuado para la
investigación, la conservación y la documentación; un personal que
procure el mejor funcionamiento del Museo, el funcionamiento más
riguroso, y que se preocupe de enlazar con la sociedad.
En esta línea, por ejemplo, no quisiera dejar de mencionar la importancia
que puede tener, dentro de la reorganización de los departamentos del
Museo del Prado, el departamento de comunicación y didáctica.
En cualquier caso, este plan global nos sirve para atender, de forma
sistemática y coherente, el conjunto de necesidades definidas por el
informe del Real Patronato, que será simultáneo en su desarrollo, a
través de los pasos que he descrito, a la atención --insisto otra vez--
de reformas perentorias, como la progresiva sustitución y cambio de las
cubiertas del edificio de Villanueva, con una importante inversión que se
determinará en su momento.
La dimensión del proyecto, la trascendencia de la institución y el
esfuerzo financiero, intelectual y político que requiere, me inclina a
proponerles que, con todo el debate que se estime oportuno, sea
considerado por SS. SS. con la misma óptica que los responsables del
Museo y del Ministerio hemos tenido y seguimos teniendo al elaborarlo y
presentarlo aquí, como un proyecto de Estado, suprapartidario de todos
los españoles y para todos los amantes de la cultura.
El señor PRESIDENTE: Además de los Grupos Popular y Federal de Izquierda
Unida, ¿algún grupo quiere intervenir? (Pausa.)
En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Cortés.
El señor CORTES MARTIN: Señor Presidente, yo creo que la intervención de
la señora Ministra avala el acierto de que se hayan pedido dos
comparecencias distintas, porque, así como en la primera era muy difícil
que existiese un acuerdo, aunque fuese un acuerdo hacia el
pasado (hablar del pasado cuando se está hablando de museos históricos
tampoco puede ser una cosa que nos resulte tan ajena), esta segunda la
verdad es que tiene un tono y un contenido muy diferente, y yo, señor
Presidente, tengo que manifestar mi alegría y mi satisfacción por la
intervención de la señora Ministra en los términos en que la he hecho,
sabiendo que faltan algunas cosas, pero espero que en aquellas cuestiones
que no ha abordado en su intervención el tono y el talante de la señora
Ministra sea el mismo que ha sido en las que ha abordado.
Señor Presidente, es un muy buen precedente, que tiene que valorar la
Comisión, el que la Cámara haya sido la primera en conocer un informe
elaborado por el Patronato del Museo del Prado, a petición de la señora
Ministra. No era ésa la costumbre, desgraciadamente, en esta Casa y en la
práctica de los gobiernos que estos doce años ha tenido España, y creo,
repito, que es un buen precedente el que sienta la señora Ministra, y en
este punto sí hace honor a su compromiso, de la primera comparecencia de
tener un talante parlamentario, y debe ser resaltado.
Creo también, señor Presidente, que debe quedar constancia de nuestro
reconocimiento de que al menos en este punto la señora Ministra ha
cumplido fielmente uno de sus compromisos contraídos ante esta Comisión,
como es el de dedicar como prioridad en la acción del Gobierno el año
1994 a una labor de reflexión respecto del Prado, y que, cuando tuviese
algunas ideas claras, no sólo los responsables del Ministerio sino con el
concurso de los órganos de Gobierno del Museo del Prado, compareciese
ante la Comisión para informar a la misma. Quede constancia de que igual
que criticamos, y ciertamente no nos faltan motivos ni ocasiones para
ello, acciones del Gobierno, reconocemos cuando el Gobierno hace las
cosas como se deben hacer.
Ha dicho la señora Ministra que el informe lo tendrá la Presidencia, por
tanto, la Presidencia lo distribuirá a los comisionados y lo
estudiaremos. Por eso no podemos en estos momentos opinar sobre él, pero,
repito, agradecemos que hayamos sido los primeros informados, como
representantes de la soberanía nacional, y última instancia que tiene que
decidir sobre algo tan importante para el patrimonio de la nación como
son las colecciones nacionales. Lo estudiaremos y daremos nuestra
opinión. Ojalá no ocurra con este documento como ha ocurrido con otros,
porque la verdad es que el Real Patronato del Museo del Prado ha emitido
y ha elevado al Gobierno de la nación otros informes, y yo recuerdo uno
en el año 1992, al que hay constante referencias en las actas de las
reuniones del Patronato, donde distintos patronos le piden al Gobierno
que tenga en cuenta las recomendaciones que se hacen en él. No se
tuvieron en cuenta, pero nunca es tarde si la dicha es buena, y ahora hay
un compromiso de cambiar los comportamientos que se han tenido hasta
ahora.
En todo este proceso, que tiene que llevar al final a que exista un
acuerdo en las líneas básicas, no en el color ni cómo se tienen que
colgar los cuadros, ni qué cuadros tienen que figurar arriba o abajo,
sino sobre las líneas básicas, repito, de los grandes museos nacionales;
en todo este proceso, insisto, consideramos, y así figuraba en la
proposición no de ley que hemos planteado tanto en esta legislatura como
en la legislatura pasada, que la iniciativa le corresponde al Gobierno, a
condición de que esas iniciativas que adopte el Gobierno las traiga a la
Cámara para su refrendo parlamentario; no para un Gobierno de asamblea,
sino para el refrendo parlamentario, con las aportaciones que considere
la Cámara, sobre las iniciativas que toma con el concurso de los órganos
de dirección del Museo del Prado.
Yo no sé si esto coincide con la ponencia que planteaba el portavoz de
Izquierda Unida, si formalmente hay que crear una ponencia o basta
simplemente con el compromiso de la señora Ministra, y esperemos que
igual que ha habido otros compromisos de otros ministros, que esta vez no
sea saboteado por el Grupo Socialista, y que si la señora Ministra,
repito, se compromete a que todas las sucesivas iniciativas que se van a
plantear van a venir a la Comisión, por nuestra parte nos daríamos por
satisfechos.
Apoyamos --y quiero que esto conste así en el «Diario de Sesiones»-- la
comisión de expertos, y, además, elogiamos el que sea una comisión que
tenga en su mayoría un origen de los patronatos de los dos grandes museos
nacionales que son las colecciones que efectivamente tendrán que
arreglarse. Además, diremos que aquí no hay que descartar ninguna
posibilidad, no sólo el que haya un reparto de colecciones entre dos
museos existentes, sino una posibilidad que creo que se tiene que estimar
también, y es que se pase a la existencia de un único museo nacional que
bajo el prestigioso nombre de Museo del Prado tuviese distintas secciones
para distintas épocas o estilos y distintos edificios. Es una posibilidad
que hay que considerar y que cuando se considere junto con otras --junto
con la pura división de las colecciones cronológicamente, por escuelas o
por tamaños--, la que se adopte, tendrá que ser sometida, antes de que se
adopte una decisión definitiva por la Cámara, a un auténtico debate
nacional.
Tengo que expresar también mi satisfacción porque la señora Ministra haya
dicho --y espero, repito, que esto no sea, una vez más, como ya ha
ocurrido en tres ocasiones, saboteado por el Grupo Socialista-- que se
pueden tener nuevas aportaciones, además de las de los miembros de esta
Comisión, que emanen de los dos patronatos y de expertos que nombre el
Ministerio de Cultura, y espero que se puedan celebrar las comparecencias
que contempla el Reglamento de la Cámara que se pueden pedir,
precisamente para que se abra ese debate nacional y para que los
parlamentarios nos pronunciemos, después de haber conocido la opinión de
expertos, porque nosotros no somos o no tenemos por qué ser expertos en
museología ni en historia del arte. Además, no sólo quienes aquí
comparecen o quienes aquí opinan tienen que opinar, sino que, si se abre
el debate nacional, habrá debates en los propios medios de comunicación,
en las universidades, en cursos o en seminarios organizados al efecto, en
fundaciones que tienen un especial interés por las cuestiones de
patrimonio, lo que se llama un régimen de opinión pública, como debe ser
en un régimen de democracia parlamentaria; un debate nacional cuyo origen
está en sede parlamentaria. Apoyamos, por tanto, esta propuesta de la
señora Ministra.
Y hacemos todo esto, señor Presidente, con la autoridad moral que da al
Grupo Popular el haber planteado --y está en los «Diarios de Sesiones»--
durante muchos años, debate presupuestario tras debate presupuestario,
que el Museo del Prado necesitaba una mayor atención, no sólo de
recursos, sino también administrativa en cuanto a los cuidados que el
Ministerio debía prestarle. Apoyamos la iniciativa que se ha planteado,
por parte de la señora Ministra, del concurso internacional de ideas,
como ahora diré, por sus pasos, con la autoridad moral que nos da el
haber sido el Grupo que pidió el concurso internacional de ideas cuando
el Ministerio de Cultura, entonces, dijo que la decisión ya estaba
tomada, sin consultar con nadie, en favor de una solución concreta, la
del subterráneo del arquitecto Partearroyo, opción apoyada con entusiasmo
por el Partido Socialista y por su portavoz entonces, como imagino que
será apoyada, con el mismo entusiasmo evidente, esta otra nueva idea que
ahora plantea el Ministerio de Cultura. Quede constancia de que fue el
Partido Popular quien la planteó, en su momento, cuando al Ministerio de
Cultura, entonces, no se le ocurrían cosas tan sensatas como las que nos
ha planteado la señora Ministra en esta comparecencia.
Todo esto viene reflejado en una proposición no de ley que se había
hablado con representantes del Gobierno y que, en el último momento, con
una enmienda del Grupo Socialista, quedo vacía de todo contenido y, por
tanto, no fue posible que siguiese adelante. Ahora se retoma este
espíritu de acuerdo y nunca es tarde si la dicha es buena. Lo que
necesita el Museo del Prado, como casi todo, es una buena dosis de
sentido común. Y si se aplica el sentido común se pueden hacer las cosas.
Y creo que es de sentido común el que ahora la señora Ministra diga que
hace falta una estabilidad, que viene garantizada por un acuerdo
parlamentario. Si todos los grupos que están en esta Cámara --o buena
parte de ellos-- se comprometen en un plan, después de una amplia
reflexión, tendremos la seguridad de que el Museo del Prado, las grandes
colecciones nacionales no van a estar sometidas al vaivén de los cambios
políticos o de los cambios administrativos, no ya al trajín de coctelera
al que se ha sometido al Museo del Prado con tantos cambios de director
en tan poco tiempo, sino a los cambios ordinarios que se tienen que
producir, tanto administrativos como políticos.
Sin embargo, precisamente para aplicar el sentido común, es necesario,
antes de abordar la ampliación del Museo, saber, primero, dónde se puede
celebrar esa ampliación, porque no se puede pedir a arquitectos de todo
el mundo que opinen sobre qué idea se les ocurre sin saber si esa
ampliación se puede dirigir hacia lo que hoy es Museo del Ejército, si se
dispone del Ministerio de Agricultura, si va a ser en el Palacio de
Velázquez del Retiro, como ha dicho el señor Luzón, o si va a ser en otro
edificio. Eso habrá que saberlo antes y sólo cuando se sepa se podrá
convocar este concurso internacional de ideas para que sea viable.
En segundo lugar --y también lo ha apuntado la señora Ministra-- habrá
que saber para qué ampliar; habrá que saber cuáles son las pinturas que
se tienen que exponer, porque en estos momentos no se conocen claramente
ni los criterios expositivos ni cuáles son las colecciones que el Prado
tiene que considerar como propias.
En este sentido, quiero recordar que el señor Luzón, en sus primeras
declaraciones --de las que yo antes hablaba críticamente-- dice que el
Museo del Prado necesita una ampliación; que la ampliación del Prado es
la de un edificio que necesita más espacio de servicios y de recepción
del público, pero no de exposición. Esto lo dice el señor Luzón. Me
imagino que el señor Luzón, que es persona --como nos ha dicho la señora
Ministra-- inteligente y con buen currículum, será una persona capaz de
rectificar, porque rectificar es de sabios. Ojalá rectifique, pero
comprenderá, señora Ministra, que mientras no tengamos unas declaraciones
en contra del señor Luzón nos tengamos que fijar, simplemente, en las
declaraciones que él ha hecho de manera expresa, cuando además no tenía
por qué entrar en detalles tan concretos, pero lo dijo. Sin duda el señor
Luzón rectificará y nosotros apoyaremos esa ampliación, siempre y cuando
se sepa qué es lo que se tiene que colgar en las nuevas salas o en los
nuevos espacios que se amplíen, porque parece de sentido común que esto
es básico.
Hay dos aspectos que quiero diferenciar netamente en esta intervención y
sobre los que me gustaría conocer una opinión de la señora Ministra.
Nosotros queremos distinguir dos tipos de acciones sobre el Prado: una,
las acciones urgentes, que vienen motivadas por necesidades graves o
perentorias que hay que acometer de manera inmediata o no, pero sobre las
que queremos tener su opinión, y otra, estas cuestiones que son más a
largo plazo y que, por tanto, requieren este trámite de reflexión, de
consulta, de debate, etcétera.
El Presidente del Patronato del Museo del Prado, cuya comparecencia hemos
solicitado ante esta Comisión, que se celebrará antes de que finalice el
presente período de sesiones, ha dado ya la señal de alarma por el estado
de las cubiertas y se ha dicho luego que la reparación de las cubiertas,
para que no corran peligro y no se repitan episodios como los de las
goteras que motivaron el cese del anterior director del Museo del Prado,
requiere un presupuesto de 1.300 millones de pesetas. Nosotros no somos
ingenieros, a diferencia del Presidente del Patronato del Museo del
Prado, y por eso hemos pedido su comparecencia para que nos diga cuál es
la gravedad de la situación de las goteras y si la necesidad de una
intervención es absolutamente prioritaria y urgente o se puede tomar otra
cadencia en las intervenciones a hacer. Pero queremos dejar muy claro que
sí es urgente la necesidad de intervenir en el Museo del Prado el
Gobierno cuenta con nuestro apoyo para un crédito extraordinario para esa
intervención o para que en los próximos presupuestos para el año 1995,
que se presentarán a la Cámara en septiembre, figure una partida
específica para esas atenciones urgentes. Por tanto, quiero conocer la
opinión de la señora Ministra sobre cuál es la urgencia de una
intervención para la reparación de las cubiertas del Museo del Prado,
cuál es el grado de peligro que tiene el Museo del Prado con su actual
estado de cubiertas, o sobre la llamada de atención sobre la preparación
del Museo del Prado respecto a un riesgo de incendios, etcétera. Si eso
existiese, necesitaría también una atención
urgente, que también estamos dispuestos a apoyar con una intervención
urgente, ya sea un crédito extraordinario que presente el Gobierno, ya
sea una partida especial en los presupuestos.
Finalmente, dentro de estas acciones urgentes, tenemos la impresión
--pero queremos la opinión de la señora Ministra-- de que la situación
del Casón del Buen Retiro es, si cabe, más grave en cuanto a la fábrica,
en cuanto al edificio, en cuanto al contenedor, que la del edificio de
Villanueva. Respecto al edificio del Casón saber si se ha planteado
incluso la posibilidad de cerrarlo al público por su situación de grave
emergencia. Si esto es así, es evidente que habrá que conceder una
prioridad presupuestaria, en la atención responsable de esta Comisión y
del Ministerio, a estas acciones, porque no podemos permitir ni que
corran peligro unas obras pictóricas ni que corra peligro un edificio tan
singular como el antiguo salón de baile del antiguo Palacio del Buen
Retiro, con su cúpula de Jordán, etcétera. Acciones urgentes, por un
lado, sobre las que quiero la opinión de la señora Ministra y ofrecemos
nuestro apoyo.
En segundo lugar, ya para resumir o terminar, señor Presidente, nosotros
comprometemos nuestro apoyo, en la medida en que el Gobierno respete y el
Grupo Socialista respalde lo que ha planteado la señora Ministra en esta
Comisión, sobre las siguientes bases: primero, aceptamos y reconocemos
que la iniciativa corresponde al Gobierno. Es al Gobierno a quien
corresponde marcar los calendarios y los plazos para los informes,
etcétera. Segundo, que el Gobierno contará, como ha venido contando hasta
ahora y seguirá contando --este compromiso le queremos expresamente y ya
le digo que contamos con el buen precedente que hasta ahora se ha hecho--
con la opinión de los órganos del Museo. Tercero, que todas las
decisiones básicas pasen por el Parlamento, tanto el debate de este
informe sobre las necesidades, que nos ha sido repartido ahora y que
tendremos que estudiar, como la decisión del Parlamento sobre las
prioridades, lo que es urgente y lo que puede esperar, porque tendremos
que abordar una asignación de recursos, que son escasos, todos lo
sabemos, por lo que, si hay prioridades, habrá que dedicarles preferente
atención; como el deslinde de las colecciones y la entidad de los dos
grandes museos. Sólo en ese momento, cuando se sepa de qué edificios se
dispone y cuál es el deslinde de las colecciones, sólo en ese momento se
podrá acometer el concurso internacional de ideas, no en julio, como se
ha dicho, sino cuando se sepa cuál es la información de esta comisión de
expertos y haya sido debatida en la Cámara y cuando se sepa de qué
edificios se dispone para la ampliación, en el caso de que se vaya al
Museo del Ejército o al Ministerio de Agricultura, para la reubicación de
las instituciones que en estos momentos ocupan esos edificios.
La señora ministra ha planteado varias cuestiones que dice que recoge el
informe. Estamos de acuerdo con el índice de las cuestiones, pero creemos
que el plan global sobre el Prado, que debe dar estabilidad al Museo para
el futuro y que merece un acuerdo parlamentario, un acuerdo institucional
al que hacía referencia la señora Ministra, debe incluir también el
régimen jurídico, la organización y la financiación del Museo, sin
prejuzgar ningún modelo, sino simplemente que se debata, que se haga
balance de cuál ha sido el régimen de autonomía que el Museo ha tenido
hasta ahora, que se escuche la opinión de los órganos de gobierno del
Museo del Prado, que dirán las necesidades que tienen, las dificultades
con las que se encuentran, los encorsetamientos o los no
encorsetamientos, que el Gobierno presente una iniciativa a la Cámara y
que la Cámara la pueda discutir después de haber escuchado también la
opinión de personas expertas.
Sobre esas bases, señor Presidente, el Gobierno puede contar con nuestro
respaldo. Si la señora Ministra confirma en su intervención que estos
criterios son aceptados y el Grupo Socialista se compromete, también en
público para que figure en el «Diario de Sesiones», sobre estas bases,
será posible el acuerdo; si no, seguiremos ejerciendo nuestra labor de
control, porque el Prado no va a dejar de ser para nosotros una de las
primeras prioridades y responsabilidades que, como miembros de la
Comisión de Cultura y como representantes de la nación, reconocemos que
tenemos en este Parlamento.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Es urgente esperar, parece que dijo Napoleón
antes de Waterloo. Esta es la política que sobre el Museo del Prado han
llevado éste y sucesivos gobiernos.
No voy a hacer historia de la batalla de la izquierda por el Museo y a
favor del Museo del Prado hasta arriesgar la vida, pero conste nuestra
preocupación desde las raíces históricas hasta los momentos por los que
atravesamos, que no son los mejores precisamente.
Nosotros enfocamos los problemas del Museo del Prado desde otra óptica,
teniendo en cuenta otros ejes. Ustedes, la sagrada dualidad del PP y
PSOE, se han situado en la misma óptica, en el mismo escenario; nosotros
nos vamos a salir de ese escenario yendo a problemas que consideramos
previos, estructurales.
En principio, quiero preguntarle, señora Ministra, si el informe sobre
necesidades del Museo del Prado se basa en un informe encargado a una
empresa británica por el Patronato. (Denegaciones.)
Despejado ese tema, queremos entrar en dos o tres cuestiones
fundamentales, sin las cuales pensamos que no es posible la solución o se
puede dar una solución no de Estado, sino una solución que empieza a ser
preocupante para nosotros.
Por una parte, el tema presupuestario. Creo que anda en 2.490 millones,
si no me equivoco, si no he hecho mal las cuentas. Pues bien, nosotros
creemos que son unos presupuestos ridículos comparándoles con los de la
National Gallery, del Louvre, del Metropolitan Museum y hasta con la
National Gallery de Irlanda; son absolutamente ridículos. Nos parece que
esto no debería superarse con el tema del precio de las entradas. Este
año pueden visitar el Museo del Prado 2.500.000 personas o quizá más,
teniendo en cuenta la avalancha turística. Eso supone un aumento de 800 a
1.000 millones en el Museo del Prado, es decir, este
precio de las entradas, de cara a los presupuestos del año que viene, ¿va
a significar un incremento? Estaríamos ante un incremento del presupuesto
de 1.000 millones más, pero pasaríamos de una forma, ya lo hemos dicho,
con la que no estaríamos de acuerdo. Creemos que, al igual que en el
resto de los museos europeos, hay que llevar otra política.
En este sentido, no estamos de acuerdo con la señora Ministra y con las
declaraciones que se han hecho sobre este tema, tal como demostramos en
la pregunta que debatimos en la Comisión de Cultura.
En la National Gallery, de Londres, la entrada es gratuita, sólo se
cobran las exposiciones especiales; aproximadamente unas 800 pesetas. Con
respecto al presupuesto, en el Louvre, el 80 por ciento es presupuesto
estatal, no el 60, como quedaría si se aumenta en España el precio de las
entradas; el 80 por ciento supone 14.500 millones hoy y, de cara al gran
Louvre de 1977, serán 51.690 millones de pesetas. Compárese con el
presupuesto del Museo del Prado. En el Metropolitan Museum, de Nueva
York, el presupuesto es de 12.000 millones y tampoco hay precio; es la
voluntad, lo que quiera dar cada uno; se recomienda que den tantos
dólares los adultos, unos cuantos menos los niños, pero no se cobra. El
British Museum es gratuito, la Tate Gallery es gratuita, la National
Gallery, de Irlanda, es gratuita; sólo cobran los museos de titularidad
privada.
Creo que ustedes van a aplicar mal la sentencia de los tribunales
europeos, en el sentido de que esta sentencia no obliga a cobrar, como se
ha dicho: obliga a tratar con igualdad a todos los ciudadanos; ésa es la
sentencia. Por tanto, si ahora cobramos a los españoles aquí y también
vamos a cobrar a los extranjeros, miembros de la Unión Europea o de otros
países, los que estamos en desigualdad con respecto a los miembros de la
Unión Europea y a muchos de los museos, sobre todo los museos
fundamentales, no sólo de la Unión Europea, somos los españoles.
Por lo tanto, en principio, el tema presupuestario. Si hay un acuerdo de
Estado y hay que hacerlo, si hay pendiente un acuerdo parlamentario y hay
que hacerlo, tiene que ser, en primer lugar, sobre el presupuesto del
Museo del Prado de cara a los próximos presupuestos del Estado. Es el
primer acuerdo. No vale luego que el señor Solbes la haga callar en el
Consejo de Ministros diciéndole que no hay para pan. Son tan necesarios
los cuadros de Goya como el pan. Hay que explicárselo al señor Solbes; no
vale con que nos vengan con una subida del 4 ó el 5 por ciento sobre
2.490 millones, incluidos en esos 2.490 millones los 800 ó 900 del precio
de las entradas a partir de cuando se vayan a cobrar. Por lo tanto, es el
primer problema y el primer pacto posible; todos los demás son pactos
complementarios y, desde luego, mucho más adjetivos que éste que le estoy
planteando.
Segundo tema: el de los empleados. Hay 400 empleados. Para este estudio,
ni siquiera para el estudio británico que se encargó, no se ha consultado
con el comité de empresa, con los empleados. Hay que consultar, es un
tema de fondo que, sobre la marcha, no lo he visto en el índice, por lo
menos como estructura explícita.
Otro tema de fondo, sobre el que estoy de acuerdo con la señora Ministra,
es el de la limitación del Museo del Prado; hay que ampliarlo;
efectivamente, esto es cierto, hay que ir a una ampliación en el montaje
de exposiciones especiales, como la de Goya y otras, y en el montaje
permanente; luego se verá la política selectiva, etcétera, pero hay que
ir a una ampliación.
Ustedes van a convocar un concurso internacional abierto, parece ser,
pero, según noticias, parece que una de las bases del concurso es un
enlace subterráneo del edificio de Villanueva con el Casón del Buen
Retiro y el Museo del Ejército. No sabemos si es una base o un pie
impuesto, y si esto es así, hay, por tanto, un concurso restrictivo que
puede conducir a las tesis de Partearroyo. No lo sabemos. Preguntamos si
en el concurso que se va a convocar figura como una de las bases este
tema del enlace subterráneo.
Finalmente, el otro gran tema que hay que solventar, sobre la base
también de que los acuerdos de este Congreso deben tener una centralidad
de cara al Museo del Prado, es el tema del caos administrativo y la
inseguridad en la dirección. Este es un tema prioritario, que hasta ahora
se ha solventado a través de elecciones o a través de la opacidad del
Patronato o del sentido de patrimonialización del Museo del Prado, como
un objeto de disputa, como un baile de directores, sin política
estratégica, y desde luego utilizado por el Gobierno, como también, por
otra parte (el ejemplo no viene muy a cuento, pero por lo menos en cuanto
al volumen de importancia sí), se está utilizando la presidencia del
Patronato del Parque Nacional de Doñana como una especie de premio que se
da a alguien en un momento determinado, teniendo en cuenta que hay que
darle un brochazo verde en su historial a alguien (en este caso, un
brochazo cultural), como una especie de gran juguete con el que se deja
jugar a alguien durante un cierto período de tiempo.
Se dice por todos los grandes directores, los grandes entendidos del
mundo, que el Museo del Prado es la primera colección del mundo y la
última en cuanto a su propia imagen, por estas razones que estamos
reiterando aquí, no sólo el tema de las goteras, sino también el caos
administrativo y el mismo hecho de que, por mucha importancia que se le
dé a nivel solemne y lingüístico y semántico, si no se le da importancia
presupuestaria, a nuestro juicio seguimos jugando con el poco peso real
del Museo del Prado y de su futuro.
Por tanto, con independencia de que nosotros vamos a estudiar con un
enorme interés este informe sobre necesidades del Museo del Prado, estas
necesidades, si se marcan prioridades y no hay dinero, serían prioridades
que alargarían el cumplimiento de estas necesidades «ad calendas
graecas». Y, en segundo lugar, repito, vamos a ponernos toda la Comisión
de acuerdo y nos manifestamos de cara al señor Solbes para que amplíe el
presupuesto del Museo del Prado, o no es posible salir de esta situación,
con independencia del resto de los temas, el del caos administrativo y de
que se esté jugando con la dirección del Museo del Prado. Pero es
absolutamente necesario, sobre todo si se cumplen esas previsiones de que
hacen falta unos mil y pico millones para arreglar el tema de ciertos
techos, que
son los que han causado esa impresión espantosa de las goteras cayendo
delante del cuadro de «Las Meninas».
Y termino, señora Ministra. Si llegamos al acuerdo de que toda esta serie
de temas van a venir aquí de manera rítmica y regular, vamos a convertir
esto en un foro de debate, que no sea obsesivo, pero que no sea tampoco
amnésico en torno al Museo del Prado. Pues bien, esto se parecería mucho
a una especie de ponencia permanente, de comisión de control democrático
de un tema de enorme importancia, que está empezando a sufrir un
deterioro que, en un momento determinado, pueda llegar a ser
irreversible, y en todo caso esperemos que esto se cumpla con las
características con que aquí se ha anunciado.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Nieto.
El señor NIETO GONZALEZ: El 175 aniversario del Museo parece un buen
momento para abordar en profundidad cuáles son sus necesidades. Ciento
setenta y cinco años quiere decir que la institución es prácticamente
bicentenaria y, por tanto, habrá que hacer un plan de actuación lo
suficientemente ambicioso, lo suficientemente global como para abordar de
forma total las necesidades del Museo. Evidentemente, hay un día a día
que, como exponía la Ministra, habrá que seguir haciendo, porque no se
pueden olvidar las pequeñas cosas que siempre son necesarias para que una
institución funcione. Pero nosotros coincidimos con la exposición que ha
hecho la Ministra con relación a hacer un plan de actuación en el Museo,
y creemos que es muy necesario.
Si me lo permiten SS. SS., yo creo que, para hacer esto, hay tres grandes
ejes sobre los que hay que actuar: en primer lugar, evaluar las
necesidades; en segundo lugar, ver con qué instrumentos vamos a contar
para paliar esas necesidades o para darlas la suficiente satisfacción, y,
en tercer lugar, y yo creo que es importante (lo han manifestado los
portavoces que han intervenido), llegar a un acuerdo político o, al
menos, a un entendimiento político suficiente como para poder abordar
este plan de necesidades con la suficiente tranquilidad, que consideramos
es muy necesaria.
En cuanto a la evaluación de las necesidades, es verdad que hay necesidad
de ampliación y mejora de los espacios para exposición de las
colecciones; hay también necesidad de ampliación y mejora de espacios
públicos; hay necesidad de revisar la organización de las exposiciones
permanentes, y hay necesidad --como decía la Ministra en su
intervención-- de mejorar algunos servicios del Museo y también mejorar
la dotación del personal del Museo.
Todo esto, y otras cosas con mayor detalle, se contempla en el informe
sobre necesidades del Museo que no hemos tenido tiempo de leer, porque se
nos ha entregado en este momento, pero quizá las centrales son las que
acabo de mencionar. Es un plan que yo quisiera resaltar que ha sido
aprobado por unanimidad en el Patronato, lo cual, en un Patronato que es
de composición plural, es algo que, desde el punto de vista político,
creo que tiene mucho interés. Insisto en que quiero resaltar la
unanimidad con la que se ha aprobado el plan en el Patronato, un
Patronato, insisto, de composición plural.
Pues bien, de la misma forma que ha habido un consenso, que nosotros
celebramos, en la elaboración del plan, consideramos y haremos todo lo
que esté en nuestras manos, como Grupo Parlamentario que apoya al
Gobierno en esta Cámara, para que exista el mismo consenso en la
ejecución del plan. Eso es algo que nosotros queremos que quede también
muy claro para los Grupos de la oposición. Y ese consenso creemos que, de
forma especial, debe afectar también a los instrumentos con los que hay
que llevar a cabo el plan, y de esos instrumentos la Ministra ha citado
el concurso internacional de ideas, que tiene que aportarnos muchas
ideas, porque un concurso de estas características lógicamente hará que
participen en él centenares de arquitectos que nos darán su visión sobre
el conjunto de edificios que deben componer el Museo del Prado.
Por otro lado, otro instrumento que la Ministra nos anunciaba que ya va a
empezar a trabajar es la Comisión de expertos para la reordenación de las
colecciones estatales. Y otro, el fundamental, quizá, o muy importante
(no siempre se puede decir que el fundamental, aunque el dinero siempre
es importante) es que existan los presupuestos adecuados para llevar a
cabo, a lo largo de un período de tiempo que va a ser necesariamente
dilatado, puesto que el plan de necesidades, como las ideas son muchas,
es muy amplio, de una tremenda envergadura y, por tanto, los presupuestos
habrá que ir poniéndolos en marcha con carácter plurianual a lo largo de
los próximos años, y por ello pensamos que también habrá que llegar a un
consenso sobre cuáles son los presupuestos adecuados para llevar a cabo
este magno plan de abordar las necesidades del Museo del Prado.
Finalmente, como tercera cuestión --y me interesa insistir en ella--,
creemos que es necesario un acuerdo político. Los dos portavoces que han
participado previamente a esta intervención que estoy haciendo ahora han
insistido en ello. Es verdad. Para que estos instrumentos a los que me
acabo de referir funcionen adecuadamente y el plan llegue a buen fin,
nosotros consideramos imprescindible sacar el Museo del Prado de la lucha
política diaria, de la lucha política partidaria del día a día, que,
desde luego, entorpecería la buena marcha de este plan de necesidades. En
cualquier caso, quisiera resaltar que hacer esto significa no confundir
el papel que le toca representar a este Parlamento, no confundir los
papeles del Parlamento con los del Gobierno. No queramos unificar o
identificar el papel del Ejecutivo con el papel del Legislativo. Cuando
digo Gobierno, me refiero al Gobierno, representado en este caso por el
Ministerio de Cultura, pero también al gobierno del propio Museo del
Prado, que es un organismo autónomo y que, por tanto, tiene sus órganos
de ejecución, de dirección de la institución, a los que hay que dejar
trabajar con reposo y con tranquilidad. No debemos confundir el papel del
Parlamento con el papel del Gobierno, bien sea el Ministerio de Cultura,
bien sea el gobierno del Museo del Prado.
No obstante, y dicho lo anterior, consideramos que esta Comisión debe
tener un papel central en todo el proceso,
un papel de primer orden. Y ese papel tiene que consistir en un
seguimiento y un control exacto, puntual, abundante, si ustedes quieren,
del plan, así como, por otro lado, desde esta Comisión se deben aportar
ideas, sugerencias que vengan a enriquecer el plan que nos acaba de
presentar la Ministra en este momento. Pero insisto en que no debemos
caer en la tentación --creo que luego se ha reconducido en esta última
intervención-- de intentar gobernar el Museo del Prado desde la Comisión
de Educación y Cultura del Parlamento, lo que sería entrar en la
autonomía de los órganos rectores del Museo y, desde luego, creo que
entorpeceríamos su trabajo.
Señor Cortés --y le voy a citar solamente en este punto--, sin ánimo de
entrar en polémica, nosotros no queremos ser saboteadores de ningún
proceso, como usted ha dicho insistentemente unas cuantas veces. No somos
un Grupo Parlamentario que deba un apoyo obediente al Gobierno; algunos
de su Grupo entienden más que yo de esos apoyos obedientes. Somos un
Grupo Parlamentario que trabaja en sintonía con su Gobierno; por tanto,
tenemos planteamientos y presupuestos similares y, por ello, el apoyo no
es un apoyo obediente, sino natural, porque hay coincidencia de
planteamientos.
Para terminar, quiero decir al señor Cortés que, efectivamente, ha
intentado ser constructivo en esta intervención, aunque he observado que,
de vez en cuando, tiene que pisar el freno. Me parece bien, en cualquier
caso, y creo que hemos avanzado bastante. Yo me alegraría de que al final
del proceso en el que acabamos de entrar hoy, ni usted ni yo ni los otros
portavoces de los grupos tuviésemos que pisar el freno excesivamente; que
tuviésemos unas intervenciones constructivas en lo que se refiere a las
aportaciones que desde esta Comisión podemos hacer para la buena marcha
del Museo del Prado. Desde luego, estaríamos haciendo un buen servicio a
esta institución tan importante, la primera pinacoteca de nuestro país y,
por qué no decirlo, posiblemente también la primera del mundo o, por lo
menos, una de las primeras.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista --para finalizar-- vamos a
intentar ser en este proceso que iniciamos hoy, y yo creo que lo
conseguiremos al final, en coincidencia con el resto de los grupos,
abanderados en favorecer el debate en esta Comisión, para llegar a
acuerdos y para llegar al consenso necesario para llevar adelante el plan
que hoy se nos acaba de presentar.
Dicho todo lo anterior, sólo me cabe invitar al resto de los grupos
parlamentarios a que hagan lo propio.
El señor PRESIDENTE: Para contestar a las preguntas realizadas por los
diferentes grupos parlamentarios, tiene la palabra la señora Ministra.
Le ruego, señora Ministra, la mayor brevedad posible. Vamos bastante mal
de tiempo.
La señora MINISTRA DE CULTURA (Alborch Bataller): Señor Presidente, seré
muy breve.
En primer lugar, creo que nos debemos felicitar todos porque, a la vista
de las intervenciones de los representantes de los Grupos Popular,
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y Socialista, es posible este
acuerdo y la asunción del compromiso por parte del Gobierno y de la
Cámara de lo que es el nuevo proyecto. Pienso que hoy es un día muy
importante, y lo digo muy sinceramente.
Paso a contestar a las distintas intervenciones. Como el Presidente me ha
rogado brevedad, lo haré lo más brevemente posible.
Respecto al Director del Museo del Prado actual, es claro que ha sido
prudente, excesivamente comedido y, ahora, ha rectificado su postura,
porque él ha participado de una manera muy activa, protagonizándolo de
una forma fundamental, en el informe, y en ese informe, por supuesto, ya
no es tan comedido ni tan prudente, sino que es ambicioso y riguroso,
como además debe ser el Director del Museo del Prado.
Por otra parte, respecto a la intervención del señor Cortés sobre las
acciones urgentes, es verdad que hay problemas urgentes --también lo ha
mencionado el señor Alcaraz--, como es el problema de las goteras.
Quisiera decir que, en el momento en que se produjo el desdichado
incidente de las goteras, adoptamos inmediatamente una serie de medidas
para disminuir los riesgos. Se hizo una aportación --como creo que ha
apuntado antes-- de aproximadamente 15 millones de pesetas para
solucionar los problemas más apremiantes, y estas obras urgentes
acometieron los aspectos que podían considerarse más peligrosos. Al mismo
tiempo de emprender este plan de choque, que no finaliza, sino que, como
decía antes, queda una vigilancia constante, se solicitaron una serie de
informes. Uno de esos informes --que no es el de la ampliación del Museo
del Prado--, al que hacía referencia el señor Alcaraz diciendo que ha
sido realizado por una empresa inglesa, no ha comportado coste económico
alguno. También se solicitaron otros informes, y todos ellos coinciden en
aconsejar una intervención radical en las cubiertas. Asimismo, está claro
que se ha producido un deterioro de los materiales debido a que se van
dañando por el transcurso del tiempo y por las condiciones
climatológicas, como ustedes saben, por lo que es necesario su
reparación. Esta intervención radical creemos que la debemos hacer, en un
primer momento, convocando un concurso de proyectos, en el que se pueda
hacer un estudio de las soluciones, que siempre son temporales, porque,
según dicen los expertos, este tipo de soluciones tienen una vigencia
aproximada de 75 años; es decir, no son soluciones absolutamente
definitivas, debido a los materiales y a las condiciones climatológicas.
En esta línea es en la que tenemos que trabajar: un concurso de proyectos
y, después, un concurso para la obra, sin olvidar la vigilancia constante
del problema.
En las acciones urgentes a realizar --ya no de las cubiertas del Museo
del Prado--, está el asunto del Casón del Buen Retiro. Es verdad que el
Casón del Buen Retiro estaba en unas condiciones peligrosas y, a tal
efecto, establecimos también un plan de choque. Hubo un momento en el
que, en conversaciones con el antiguo Director del Museo del Prado, don
Francisco Calvo Serraller, estuvimos valorando la posibilidad incluso de
cerrar el Casón del Buen Retiro. Después, y tras la intervención de la
Dirección General de Servicios del Ministerio de Cultura, y siguiendo
estas conversaciones con el propio Director del Prado, se llegó a la
conclusión de que, con el plan de choque, de momento no era necesario el
cierre del Casón del Buen Retiro, pero es otro de los asuntos que no
hemos dejado de seguir y que consideramos que deben ser tomados en
consideración, como aquí se ha indicado.
Por otra parte, agradezco el apoyo del representante del Grupo Popular y,
por supuesto, también de los representantes del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya y del Grupo Socialista. Yo creo que
estamos de acuerdo en cuanto al procedimiento. Los plazos ya los iremos
determinando, a la vista de la complejidad que puede tener la realización
de este plan global de necesidades.
Creo que también es importante tener en cuenta que tenemos que trabajar
en todos los ámbitos, es decir, que al mismo tiempo que se están viendo
las necesidades de personal, tenemos que ir nombrando la comisión de
expertos, y esta comisión de expertos tiene que ir dilucidando la
remodelación o la reordenación de las colecciones y, al mismo tiempo, los
propios comités científicos pueden ir estudiando la reordenación, siempre
hasta un cierto punto, de las propias colecciones que se pueden
considerar como indiscutibles. Pero es evidente que hasta que no tengamos
un marco general es difícil que podamos convocar este concurso
internacional de ideas para la posible ampliación del Museo del Prado.
De todas maneras, lo que sí quisiera tener en cuenta y explicitarlo en
este momento es que yo considero que tampoco es inconveniente el que, en
un futuro, se debata también aquí el régimen jurídico del Museo del
Prado. Tema que, quizá, no lo haya considerado tan urgente precisamente
porque se configuró como organismo autónomo en 1985; pero yo creo que
cualquier idea o proyecto positivo sobre el Museo del Prado, igual que en
el resto del ámbito de la cultura, tiene que ser bien acogido. Por tanto,
insisto, creo que se tiene que ir trabajando en los diferentes ámbitos,
por los diferentes expertos, también por la Comisión parlamentaria y, por
supuesto, por parte de los órganos del Museo del Prado y por el
Ministerio de Cultura que, en definitiva, es el máximo responsable.
Señor Alcaraz ¿Es urgente esperar? Yo creo que no. La conclusión no es
que sea urgente esperar. Yo creo que lo que siempre es urgente y
necesario es racionalizar al máximo nuestras actuaciones. Por eso, todo
este procedimiento para mí no es en absoluto ningún tipo de maniobra
dilatoria, a la espera de que vengan tiempos mejores y haya más recursos
presupuestarios, sino que me parece que es la manera más adecuada de
llevar el Museo del Prado en el futuro, procurando ya de inmediato que
vaya siendo uno de los museos de los que nos podamos sentir orgullosos,
no sólo por su contenido, sino por su funcionamiento, por su prestigio,
por su conexión con la sociedad y por su repercusión.
He aclarado antes que el informe que se solicitó a la empresa británica
no es el del concurso internacional de ideas para la ampliación del Museo
del Prado, que tiene el patrocinio de la Unesco, sino, en concreto, el de
la remodelación de las cubiertas.
Evidentemente, el tema presupuestario, como comprenderá el señor Alcaraz,
me preocupa muchísimo. Pero yo le quiero decir, y es un compromiso que
asumo en la Cámara y también en relación a lo que ha expuesto al
representante del Partido Socialista, que para el Ministerio de Cultura,
sean cuales sean los presupuestos de Cultura, que espero que sean --la
esperanza no se pierde-- satisfactorios, teniendo en cuenta lo que son
las prioridades del Gobierno, el presupuesto del Museo del Prado para el
año que viene (ya que no va a ser un año de reflexión, sino ya de
ejecuciones), teniendo en cuenta cuáles son las necesidades que exigen
los propios plazos de ejecución de todas las necesidades globales, va a
tener una prioridad; es decir, que dentro de nuestro Ministerio, que es
precisamente donde se configura el prepuesto de Cultura, el Prado va a
ser una prioridad clarísima. Lo que pasa es que también estas previsiones
presupuestarias se tendrán que ajustar a lo que nos van a ir marcando los
propios plazos de ejecución de las necesidades que han sido elaboradas
por el Museo del Prado. Quiero insistir en que el presupuesto del Museo
del Louvre ronda los 10.000 o los 14.000 millones de pesetas, según
diferentes opiniones, pero hay que tener claro también que el espacio
expositivo del Museo del Louvre es de 60.000 metros cuadrados, espacio
muy superior, al que en estos momentos tiene el Museo del Prado.
Sobre el tema de las entradas, en el que se ha vuelto a insistir, creo
que también puede ser una aportación interesante pero no va a recaer todo
el peso del funcionamiento del Museo del Prado en lo que se recaude por
las entradas que paguen los ciudadanos. No quiero reproducir otra vez el
debate, pero yo le puedo asegurar, señor Alcaraz, que no va a haber
ningún español que se quede sin visitar el Museo del Prado porque no
tenga posibilidades de satisfacer el precio de la entrada, porque hemos
previsto toda una serie de mecanismos que creo que serán satisfactorios.
Por tanto, insisto, creo que estamos en un momento en el que
efectivamente se puede llegar a ese acuerdo. Yo no sé si el Patronato del
Museo del Prado y la Dirección han consultado o no al comité de empresa,
pero tampoco se ha hecho un organigrama de la plantilla con todo
detenimiento, sino que se ha previsto cuál podía ser la reorganización de
los distintos departamentos y qué mínimos piensan ellos que deberían ser
cubiertos. Es un primer plan y supongo que ese plan se tendrá que ir
desarrollando también en el ámbito del personal, ámbito que, por otra
parte, es importantísimo.
Por otra parte, en el tema al que ha hecho referencia el señor Alcaraz
del concurso internacional de ideas, si se dice que tiene que haber una
conexión subterránea, no creo que eso deba ser así, porque puede haber
una conexión subterránea, aérea o ningún tipo de conexión. Precisamente
por eso creo que es interesante el que haya un concurso internacional de
ideas. Lo que sí que se sugiere en principio, es que se puedan prever las
distintas conexiones entre los diferentes edificios.
Otro de los temas a los que se ha hecho referencia, pero que no está
cuantificado, es que, igual que hay un proyecto museográfico y un plan de
necesidades, se tendrá que detallar cuál es el plan financiero
correspondiente y en qué
plazo se puede ir ejecutando. Eso es algo que también, en su momento, se
tendrá que evaluar porque no podremos adquirir compromisos si no sabemos,
en definitiva, cuál va a ser el coste. Siempre tendremos que buscar los
mejores servicios, la mejor realización de los proyectos, intentando,
además, que los costes sean lo más ajustados.
Por otra parte, también ha habido una cierta referencia a si se estaba
jugando o no con la dirección del Museo. El Patronato, desde luego, ha
funcionado perfectamente. Yo creo que lo que sí hay que tener en cuenta
es que cada director del Museo ha ido enriqueciendo con su experiencia y
con su sabiduría el propio Museo, incluso en el caso de Calvo Serraller,
cuya estancia ha sido muy corta, pero no es que hayamos estado jugando,
es que ha habido distintas circunstancias, como el propio señor Alcaraz
ha mencionado, que han hecho que la dirección del Museo del Prado haya
sufrido cambios con excesiva frecuencia. Pero tampoco esto ha sido
exclusivamente de mi responsabilidad.
También estoy de acuerdo, por supuesto, con el representante del Grupo
Socialista, señor Nieto, en cuanto a los tres ejes que plantea, que me
parece que son adecuados, y también en lo que es la delimitación --yo
creo que en eso estamos todos de acuerdo-- de que el Gobierno es el que
tiene que asumir la responsabilidad, porque es nuestra obligación, y
somos los que tenemos que marcar la política, pero, por supuesto, estamos
abiertos, como siempre, a todo debate y a seguir la formación de las
comisiones y el contacto permanente con la Comisión, insisto, sin dejar
de lado nuestra responsabilidad.
También tenemos que tener en cuenta que no podemos dejarnos llevar ahora
por la impaciencia. Tenemos que ser muy rigurosos en la ejecución de
nuestros proyectos y pensar que, en el caso del Grand Louvre, que ha sido
mencionado aquí en varias ocasiones, fue un compromiso que asumió el
señor Mitterrand el mismo día en que asumió la Presidencia de la
República y ha tardado en culminarse once años. Hay que tener en cuenta
que Francia es un país más rico que el nuestro y también que el Museo del
Louvre tiene unas características diferentes al Museo del Prado, como
ustedes muy bien saben y no voy a insistir en ello.
Para terminar, porque no quisiera alargarme más, agradezco muchísimo las
intervenciones de los representantes del Grupo Popular, del Grupo
Izquierda Unida y del Partido Socialista, y creo muy sinceramente que
tenemos que felicitarnos porque hoy es cuando realmente iniciamos una
nueva etapa para el futuro del Museo del Prado.
El señor PRESIDENTE: Agradecemos la presencia a la señora Ministra.
--COMPARECENCIA DEL SECRETARIO GENERAL DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES PARA
INFORMAR SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE DICHA INSTITUCION Y
REFLEJO EN SUS ACTAS, EL RESPETO A LA AUTONOMIA DE LAS UNIVERSIDADES
(MODULOS OBJETIVOS DE CAPACIDAD DE LOS CENTROS Y NUEVOS PLANES DE
ESTUDIOS), ASI COMO EN RELACION CON LAS PROPUESTAS SOBRE PARTICIPACION DE
INVESTIGADORES DEL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS (CSIC)
EN COMISIONES PARA ADJUDICACION DE PLAZAS DE UNIVERSIDAD. A SOLICITUD DEL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente 212/000692.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, pasamos a la última comparecencia del
orden del día de hoy del Secretario General del Consejo de Universidades
para informar sobre tres puntos, que son: el cumplimiento de los
objetivos de dicha institución y el reflejo en sus actas, el respeto a la
autonomía de las Universidades, módulos objetivos de capacidad de los
centros y nuevos planes de estudios, y las propuestas sobre participación
de investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en
comisiones para adjudicación de plazas de universidad.
Tiene la palabra el señor Secretario General del Consejo de
Universidades.
El señor SECRETARIO GENERAL DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES (Quintanilla
Fisac): Doy las gracias, en primer lugar, por solicitar mi comparecencia
y les manifiesto que estoy encantado de poder atender a sus peticiones.
Si he entendido bien, los motivos y los temas sobre los que se me pide
que intervenga se refieren a las competencias del Consejo de
Universidades, sus objetivos y su reflejo en actas y, en relación con la
autonomía universitaria, el tema de los módulos de capacidad y la
valoración de los planes de estudio. Haré una referencia muy breve al
tercer tema porque en realidad todavía no hay ninguna competencia en el
Consejo de Universidades relativa a la incorporación de los
investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en las
comisiones para nombramiento y evaluación de profesores universitarios.
En relación con el primer punto, como ustedes saben, el Consejo de
Universidades es un organismo colegiado que tiene atribuidas por la Ley
de Reforma Universitaria las competencias de ordenación, coordinación,
planificación, propuesta y asesoramiento en temas de política
universitaria. La razón de ser de este órgano se debe a la existencia del
sistema universitario como tal en el Estado español, un sistema
universitario que está formado por las universidades, que tienen una
autonomía constitucional reconocida y desarrollada por las leyes, y que
necesita para existir como tal sistema una coordinación de estas
universidades, de estas instituciones autónomas; coordinación que debe
implicar también, de acuerdo con lo previsto en la ley, a las
administraciones con competencia en política universitaria, es decir, a
las administraciones que tienen la responsabilidad de la financiación y
de la orientación del desarrollo del sistema universitario.
En consecuencia, el Consejo de Universidades se constituyó, de acuerdo
con la ley, como un órgano que integra en su composición a las
universidades representadas por
sus rectores y a las administraciones que tienen competencia en política
universitaria. Además, está formado también por 15 miembros, elegidos 10
de ellos por el Parlamento y 5 por el Gobierno.
Los objetivos del Consejo de Universidades, que están definidos por la
ley y que se derivan de estas funciones de coordinación, planificación,
etcétera, son complejos y diversificados. Algunos tienen que ver con la
vida cotidiana de la administración de las universidades, por ejemplo,
todo lo relativo a la elaboración de los tribunales o comisiones que
juzgan los concursos para acceder a una plaza de profesor universitario.
Como ustedes saben, en estos momentos hay tres miembros de esas
comisiones que son elegidos por sorteo entre todos los profesores
universitarios de la categoría y del área de conocimiento
correspondientes. Estos sorteos se realizan en el Consejo de
Universidades.
En relación con la ordenación del profesorado, hay otros muchos asuntos
en los que la ley hace intervenir al Consejo de Universidades, como, por
ejemplo, las solicitudes de cambios de áreas de conocimiento, la famosa
exención del requisito de tres años de antigüedad para poder acceder a
concursos de catedráticos, etcétera.
La política de creación de centros universitarios, de institutos o de
facultades requiere también informes del Consejo de Universidades. La
política general que afecta a decisiones que son de obligado cumplimiento
por todas las universidades normalmente requiere la intervención del
Consejo de Universidades, como, por ejemplo --y luego hablaremos de
ello--, la homologación de planes de estudio y la aceptación o
autorización de límites de capacidad por parte de las universidades para
el ingreso de nuevos estudiantes. El diseño entero de la reforma de los
planes de estudio o de las titulaciones universitarias se hace a
propuesta del Consejo de Universidades. Es el Gobierno quien, mediante
decretos, determina la estructura de las titulaciones universitarias,
pero son decretos que surgen de propuestas que realiza el Consejo de
Universidades, etcétera.
Aparte de eso, en el Consejo de Universidades se llevan a cabo acciones
encaminadas a la función de asesoramiento y de propuesta de actuaciones
políticas por parte de las administraciones competentes. Es el caso, por
ejemplo, de programas que están en marcha en el Consejo de Universidades,
relativos a la evaluación institucional de las universidades o el debate
que actualmente se está llevando a cabo sobre la financiación del sistema
universitario o los estudios que se están realizando para la revisión del
catálogo de áreas de conocimiento. Siempre que en la comunidad
universitaria surge un problema de interés general, que afecta a todo el
sistema, el Consejo de Universidades suele ser una plataforma
privilegiada, primero, para contrastar opiniones y configurar la posición
que el sistema universitario cree oportuna en relación con el tema que se
haya planteado y, si es necesario, inician los estudios pertinentes para
ilustrar la posterior toma de decisiones. Para todo esto el Consejo de
Universidades cuenta con una organización basada fundamentalmente en la
existencia de dos grandes comisiones, que son la Comisión Académica y la
Comisión de Coordinación.
La Comisión Académica está especializada en todos los asuntos de
ordenación académica, en todos los asuntos que inciden directamente en
las competencias de las universidades, en la autonomía universitaria, y
la Comisión de Coordinación está orientada más hacia las funciones de
coordinación de políticas, programación y, en general, a todas las
competencias en las que el papel fundamental lo desempeñan las
administraciones correspondientes; de hecho, la composición de ambas
comisiones está de acuerdo con estas funciones. De la Comisión Académica
forman parte todos los rectores, aunque no sólo ellos, y en la Comisión
de Coordinación figuran todos los responsables de la política
universitaria de cada una de las comunidades autónomas que tiene
competencias plenas, más los del Ministerio de Educación. El Consejo de
Universidades funciona, como digo, mediante estas dos grandes comisiones
y en pleno. Aparte, cada una de las comisiones, especialmente la Comisión
Académica, puede tener subcomisiones para el tratamiento de determinados
asuntos, en algunos casos con delegación de competencias. En estos
momentos la estructura, que ha variado en los últimos años, se basa en la
existencia de cuatro subcomisiones de la Comisión Académica que están
organizadas por grandes ramas del saber: la Subcomisión de Ciencias
Jurídicas y Sociales, la de Humanidades, la de Ciencias Experimentales y
de la Salud y la de Enseñanzas Técnicas. Aparte de eso existe la
Subcomisión de Centros, que participa en la toma de decisiones sobre
autorización de nuevos centros, en la que intervienen tanto la Comisión
de Coordinación como la Comisión Académica. Existen también la
Subcomisión de Alumnado y la Comisión de Disciplina, que afortunadamente
no necesita reunirse (creo que en toda la historia del Consejo sólo ha
tenido que actuar una vez) y que tiene que ver con los asuntos relativos
a la posible separación del servicio de profesores universitarios.
El Presidente del Consejo de Universidades, como ustedes saben, es el
Ministro de Educación. Tiene un vicepresidente primero, que es el
Secretario de Estado de Universidades e Investigación, y dos
vicepresidentes segundos, que son, a su vez, el vicepresidente de la
Comisión de Coordinación, en estos momentos el Consejero de Educación del
Gobierno andaluz, y el vicepresidente de la Comisión Académica, en estos
momentos el rector de la Universidad de Málaga. Todas las decisiones que
se toman en el Consejo de Universidades, todos los informes que se
realizan, todos los dictámenes que se emiten, salvo que haya asuntos
delegados en las subcomisiones, se toman en la Comisión Académica, en la
Comisión de Coordinación o en el Pleno. Siempre se toman previa discusión
y disposición de la documentación pertinente y se pueden tomar, según el
reglamento, por consenso o por votación. La votación puede ser a mano
alzada o secreta si lo piden tres miembros; la práctica es que las
votaciones se hacen a mano alzada. Tengo que decirles que no hay grandes
conflictos para la votación en las sesiones del Consejo, pero siempre que
se ha necesitado tomar una decisión, sobre la base de una consulta
formal, se adopta en todas las sesiones ordinarias y se refleja en las
actas los resultados de estas votaciones.
En alguna ocasión se ha dicho fuera del Consejo de Universidades --dentro
el tema está claro-- que las actas del Consejo no reflejan las opiniones
de todos los que intervienen. Hay un acuerdo del Consejo, anterior al
momento en que me hice cargo de la Secretaría General, para que en el
acta se reflejaran los puntos que se trataban y los acuerdos que se
adoptaban. Hay un procedimiento por el cual, cuando algún miembro del
Consejo desea que se refleje en acta expresamente su opinión, puede
solicitarlo y presentar incluso el texto de su opinión, para que figure
como tal, en un plazo de cinco días, creo. En mi experiencia de más de
dos años y medio, solamente en una ocasión un rector pidió que se
incorporase al acta su opinión, reflejada en un escrito. Lo pidió en el
Pleno y después renunció a ello, comunicando a la Secretaría General que
no deseaba que figurara en acta esa opinión. Por lo demás, siempre que ha
existido un voto en contra ha figurado en acta, y así se ha hecho saber.
Por otra parte, las actas de las reuniones de las comisiones se presentan
siempre en la siguiente reunión y el primer punto del orden del día, como
es lógico, siempre es el de las posibles enmiendas o discrepancias
respecto al texto del acta que se presenta. Cuando éstas se presentan se
corrige el texto y se aprueba. Supongo que con esta información puedo dar
por contestada la primera cuestión por la que se solicitaba mi
comparecencia.
Hay otras muchas actividades del Consejo, en relación con programas de
actuación a medio y largo plazo, que son aprobadas por la Comisión
permanente o por la Mesa del pleno y de los que se informa periódicamente
a las comisiones, como son los trabajos a los que aludía antes sobre el
programa de evaluación institucional de las universidades, en este
momento el debate sobre la financiación de las universidades o estudios
previos que se encomiendan a la Secretaría General, que a veces se hacen
mediante subcomisiones o ponencias ad hoc como, por ejemplo, los estudios
previos para la elaboración de nuevas titulaciones universitarias, el
diseño de nuevos títulos universitarios. Son trabajos complejos que
requieren reuniones con representantes sociales, profesionales,
académicos y que generan un volumen de actividad bastante considerable.
Para que ustedes se hagan una idea del nivel de actividad que tiene el
Consejo de Universidades puedo resumirles que, en estos últimos años, se
han elaborado las directrices de los 129 títulos oficiales universitarios
existentes en estos momentos; en el próximo pleno están pendientes tres
nuevos títulos que ya están listos para su dictamen. Se han gestionado
los registros de personal y la convocatoria de concursos para cubrir
plazas de profesor universitario en una magnitud de unas 28.000, desde el
año 1985 hasta ahora, con toda la burocracia de sorteos, de comisiones,
que eso lleva. Se han tramitado 688 propuestas de profesores eméritos. Se
han resuelto 929 solicitudes de exención de los requisitos del artículo
38.1 de la LRU. Se han elaborado cerca de 30.000 expedientes de
convalidación de títulos y estudios extranjeros --ustedes saben que el
Consejo de Universidades tiene que informar sobre la petición de
convalidación de un título extranjero--. Se han elaborado informes sobre
44 institutos universitarios y 1.350 expedientes de cambio de
denominación de plazas de profesores universitarios, lo que llamamos en
la jerga universitaria el cambio de área de conocimiento. Se ha informado
la creación de 14 universidades públicas y tres privadas. Se han
elaborado 1.200 dictámenes de homologación de planes de estudio, de la
reforma de planes de estudio universitarios. Se está llevando a cabo una
labor de infraestructura informativa e informática del Consejo de
Universidades. Estamos con un plan del que éste es el segundo año de
actuación de informatización de los servicios del Consejo de
Universidades. Estamos creando una base de datos, aparte de las que ya
existen de profesorado, etcétera, que puede ser muy útil para la vida
académica y para los estudiantes, para las convalidaciones, etcétera, con
todos los planes de estudio de todas las universidades españolas con todo
detalle. En esa base figuran absolutamente todos los detalles del plan de
estudio de cada universidad; calculamos que al final habrá unos 2.000
planes de estudio. Cuando esa base esté disponible será un instrumento
útil para la ordenación académica, incluso para la toma de decisiones por
parte de los estudiantes, para sus oportunidades de estudio, etcétera, en
las diversas universidades. El Consejo de Universidades ha asumido
también en los dos últimos años la gestión del distrito compartido; es
decir, entre sus competencias tiene la coordinación de solicitudes de
distrito compartido de universidades de distintas comunidades autónomas o
provincias. También gestiona, funcionando como agencia, las ayudas de la
Comunidad Europea a las universidades para los programas Erasmus y
Lingua. Se están elaborando las publicaciones que son conocidas de
ustedes, supongo, la Guía de universidades, el Anuario estadístico, la
Memoria de actividades del Consejo, las fichas de tesis doctorales, las
publicaciones para la difusión de los programas del tercer ciclo y de
posgrado, así como estudios que se encargan a la Secretaría General sobre
situación del profesorado, con vistas a posibles cambios normativos sobre
la evolución de los planes de estudio, etcétera. Este es el conjunto de
actividades que desempeña el Consejo de Universidades, además de la
formal que se refleja inmediatamente en las actas y reuniones de sus
comisiones.
En cuanto al segundo punto, se señalan dos asuntos que son de extrema
importancia para el sistema universitario actual y para el ejercicio de
las funciones del Consejo de Universidades. Me refiero a la determinación
de los módulos de capacidad para el acceso a los estudios universitarios
y la homologación de planes de estudio. Si me permiten SS. SS., muy
brevemente les diré en qué consiste la situación actual de estos dos
asuntos. La RLU establece que las universidades podrán determinar cupos o
límites de acceso a los estudios universitarios en función de su
capacidad y que el Consejo de Universidades establecerá un sistema de
módulos objetivos de capacidad de acuerdo con los cuales las
universidades podrán decidir cuántos alumnos admiten cada año en sus
estudios. A lo largo de los años y de acuerdo con las disposiciones
normativas correspondientes, la determinación de los límites de acceso a
los estudios universitarios, es decir, la capacidad de admisión en los
distintos estudios, se está haciendo por una vía
prevista, mientras no existan los módulos objetivos de capacidad. Esta
vía consiste en que las universidades proponen sus límites de acceso
--sus numerus clausus, como se decía antes--, y las propuestas de la
universidad, suficientemente razonadas, tienen que ser aprobadas por la
Comisión Académica del Consejo de Universidades que está formada --como
acabo de decir-- por las propias universidades, es decir, por todos los
rectores de las universidades. Este sistema de aprobación de los límites
de capacidad por parte de la Comisión Académica es el que se viene
aplicando sistemáticamente en los últimos años. Uno o dos meses antes de
que yo me hiciera cargo de la Secretaría General del Consejo de
Universidades se aprobó un documento --en el último pleno de septiembre
de 1991-- de reflexiones para un debate sobre la capacidad objetiva de
los centros universitarios y el Consejo de Universidades llega a una
serie de conclusiones sobre este asunto, es decir, sobre cómo se puede
articular ese mandato legal que es la definición de un conjunto de
módulos objetivos. Inspirados en este documento, aprobado por el Consejo
de Universidades y por encargo de la Comisión Permanente del Consejo, la
Secretaría General ha iniciado una serie de estudios y trabajos que
permitan aplicar los criterios que se han elaborado en ese documento e ir
ensayando las fórmulas para el establecimiento de los módulos objetivos
de capacidad. El año pasado, la Secretaría General hizo una propuesta al
pleno de la Comisión Académica basándose en una fórmula resultado de esos
estudios, después de haber consultado a todas las universidades y haber
obtenido la información relevante para ello facilitada por las propias
universidades. Después de un amplio debate se aprueba la siguiente
resolución. Comisión Académica acuerda aplazar la implantación del
sistema de módulos de capacidad en los centros y, utilizando la
metodología y la información contenida en los estudios elaborados por la
Secretaría General del Consejo de Universidades, determinar el número de
plazas para el acceso a los centros universitarios para el curso
1993/1994 que figuran en el anexo I del acta correspondiente. Este es el
acta de la Comisión Académica del 26 de junio de 1993. A comienzos del
presente curso, la Comisión Permanente reiteró el encargo a la Secretaría
General de que siguiera trabajando en el sistema de módulos e intentara
avanzar un poco más para que este año se pudiera ver qué consecuencias
tendrían algunas de las propuestas que habíamos hecho para la
determinación de los límites de capacidad. Hemos seguido trabajando y
ahora les voy a contar los resultados de esos trabajos.
El trabajo que se ha realizado en la Secretaría General consiste en lo
siguiente. Hemos pedido a todas las universidades, durante dos años
consecutivos, que nos proporcionaran toda la información relativa a
metros cuadrados, es decir, espacio de aulas dedicado a la docencia,
laboratorios, seminarios, servicios complementarios, etcétera, así como
información detallada de metros cuadrados dedicados a la docencia para
cada una de las enseñanzas que se imparten en cada universidad,
especificando cuántos metros cuadrados se dedican a estudiantes de primer
curso. También les hemos pedido, puesto que el Consejo de Universidades
recibe la información a través de los procedimientos estadísticos
normales, que nos confirmaran si eran correctos los datos que teníamos
sobre evolución de la matrícula de alumnos de cada uno de los centros de
enseñanza en el primer curso, durante los últimos años. Disponemos
también de los límites de capacidad que para cada enseñanza ha venido
proponiendo la universidad y aprobando la Comisión Académica del Consejo
de Universidades en los últimos años.
Con toda esta información y con la que habíamos elaborado previamente,
como son estudios técnicos encargados con anterioridad, se ha hecho un
análisis de cuáles son los factores que habría que tener en cuenta para
determinar unos módulos objetivos de capacidad. Nos hemos encontrado con
que hay algunas regularidades fácilmente explicables y constatables. Por
ejemplo, que el indicador de metros cuadrados para la superficie docente,
de facto --aunque en teoría no tendría que ser así--, en el conjunto
global de las universidades está altamente correlacionado con los
indicadores de superficie dedicada a laboratorios, seminarios, etcétera.
Es decir, que salvo desviaciones anormales, lo normal es que si en una
universidad hay equis capacidad docente, habrá la correspondiente
capacidad para laboratorios, despachos, etcétera. Por tanto, parece que
el indicador de metros cuadrados dedicados a las aulas para la docencia
era suficientemente representativo cuando se pensara en un sistema de
módulos objetivos. Por otra parte, cuando se elaboró el decreto para la
creación de nuevos centros universitarios ya se utilizaba este tipo de
indicadores y los hemos tomado como referencia en los estudios
realizados. Como ustedes recordarán, a partir de 40 alumnos en el decreto
se prevé que las condiciones mínimas de capacidad para un nuevo centro
tienen que garantizar que haya 1,25 metros cuadrados por alumno. Esta es
la referencia que hemos intentado utilizar en el estudio de módulos de
capacidad. Hemos constatado también que los recursos humanos --que es el
otro factor decisivo para calcular la capacidad de los centros-- están
muy correlacionados con la capacidad efectiva. Es decir, un centro con
muchos alumnos y que durante una serie de años ha autorizado la entrada
de equis número de alumnos, normalmente no ha perdido esos recursos
humanos. Los recursos humanos que permitían matricular a cien alumnos
hace tres años se mantienen o han crecido actualmente. Es rara la vez que
ha habido un cambio significativo de recursos humanos, salvo en el caso
de enseñanzas nuevas, que la autorización de las enseñanzas ya prevé la
capacidad de ingreso en las mismas.
Con todos estos datos en el Consejo de Universidades elaboramos una
fórmula tentativa y experimental que consistía en calcular, teniendo en
cuenta la tasa de crecimiento del alumnado nuevo en las universidades, la
capacidad autorizada en los años anteriores en esa universidad y un
coeficiente de ajuste entre la capacidad y la oferta (algo que mide la
diferencia entre la capacidad que ofrece la universidad y la demanda
efectiva de los estudiantes), qué número de estudiantes era razonable que
una universidad determinada admitiera en un centro determinado en función
de esos parámetros. Esta es una fórmula tentativa que se propuso a la
Comisión Académica y que, como he dicho
anteriormente, no se aplicó el año pasado, si bien la información que se
adujo se utilizó para justificar los límites de capacidad que proponían
las universidades; este año tampoco se ha aplicado estrictamente esa
fórmula pero sí se ha dado un paso interesante por la razón que ahora les
explicaré.
La Comisión de Centros, que es la que prepara el dictamen que finalmente
aprueba la Comisión Académica sobre límites de capacidad de los centros,
estableció la siguiente norma. Se pedía a las universidades que enviaran
sus propuestas de limitación de capacidad y que las justificaran en
función de la información que nos habían enviado previamente. Se
comparaba la propuesta que hacía la universidad con la fórmula que
habíamos preparado, de acuerdo con los parámetros a que acabo de aludir,
y entonces la Comisión de Centros analizaba las discrepancias. Si la
discrepancia entre la propuesta de la universidad y la fórmula aprobada
era muy alta se investigaba por qué, es decir, a qué se debía esa gran
discrepancia, puesto que pudiera ser que se debiera a que, por ejemplo,
un estudio de Filología del plan antiguo se hubiera diversificado en
cuatro estudios diferentes (Filología latina, Filología griega, Filología
inglesa y Filología alemana), con lo cual, la capacidad que se había
calculado en la fórmula para un estudio de 400 alumnos había que
distribuirla ahora en cuatro estudios de 100; estas discrepancias se
analizaban en la Comisión de Centros y, cuando estaba justificado, se
cambiaba y se aceptaba la propuesta de la universidad. Si la discrepancia
era pequeña y no había una justificación ad hoc, la Comisión de Centros,
en su dictamen, establecía que se aceptara el mínimo, porque la fórmula
que utilizamos en el Consejo de Universidades de unos límites de mínimo y
máximo de capacidad, asumiendo el principio de que cuando la discrepancia
entre la propuesta de la universidad y la fórmula utilizada no fuera
extraordinariamente grande pero sí significativa, en ese caso, se
aprobaría el límite mínimo calculado mediante la fórmula del Consejo de
Universidades, salvo que, en la Comisión Académica, la universidad
justificara a qué se debía esa discrepancia. El dictamen de la Comisión
de Centros pasó a la Comisión Académica y fueron presentadas 24 enmiendas
al mismo. Tengan ustedes en cuenta que es un dictamen que afecta a 1.700
centros que, bien piden límites de capacidad, bien, sin pedir límites de
capacidad, varían la situación del año anterior. Fue un trabajo muy
bonito y muy bien realizado por parte de la Comisión de Centros, pues
presentar ante la Comisión Académica un dictamen tan complicado y que
solamente se presenten 24 enmiendas creo que supone un éxito técnico.
Algunas de esas enmiendas fueron aprobadas por la Comisión Académica,
otras no, y, finalmente, este año se consiguió que el dictamen de la
Comisión Académica tuviera una estructura muy racional y muy aceptada por
las universidades.
¿En qué medida puede ir resolviendo esto el famoso problema pendiente de
los módulos de capacidad? Esta es una experiencia que ha sido muy
interesante y en la que han colaborado las universidades enviando toda la
información de que disponían, y ha obligado a las universidades a
reflexionar sobre el alcance de sus propuestas y también ha obligado a
las administraciones a valorar el esfuerzo que las universidades están
haciendo. Ello nos ha permitido entender que la complejidad de los
módulos objetivos de capacidad es mucho mayor de la que seguramente se
preveía cuando aprobamos la ley. ¿Por qué es mucho mayor? Porque la
capacidad objetiva de una universidad para admitir nuevos alumnos es un
concepto poco elaborado que requiere una precisión mucho mayor. Les pongo
un ejemplo que permite entenderlo perfectamente. Si una universidad tiene
1.250 metros cuadrados de superficie de aulas y cuenta con 1.000 alumnos,
automáticamente cumple el módulo de 1,25 metros por alumno. Sin embargo,
la universidad, en función de sus necesidades docentes o en función de
cualquier objetivo perfectamente legítimo dentro de sus competencias y de
su autonomía, puede decidir qué parte de esos metros cuadrados de
superficie de aulas se transforman en despachos para profesores, en
laboratorios, en bibliotecas o en sala de juegos. Quiero decir una sala
de reuniones. No sé por qué he dicho de juegos. (Risas.) Esta decisión
automáticamente altera la ratio de metros cuadrados por alumno. ¿Eso
significa que disminuye la capacidad de esa universidad para admitir
alumnos, de acuerdo con el concepto de la ley de lo que son módulos
objetivos de capacidad? Habría que precisarlo, habría que elaborar unos
módulos en los que se previera la posibilidad de alterar esa capacidad en
función de reasignación de espacios o reasignación de objetivos para los
espacios. Teniendo en cuenta que las administraciones tienen que
financiar las necesidades de las universidades, según la ley, parece
lógico que haya también una forma de garantizar que la asignación de
espacios se hace de acuerdo con una norma; es decir, se hace reglada, no
se hace de forma arbitraria. Por eso la determinación de módulos
objetivos, de una vez por todas, parece un tema muy delicado y las
propias universidades son conscientes de ello. Por eso este tipo de
aproximaciones sucesivas para ilustrar las consecuencias que tiene la
adopción de un módulo u otro han sido propuestas por las universidades y
entendidas por las administraciones como un paso adelante para clarificar
la situación.
¿Cuál es el futuro? Yo creo que si continúa el consenso que hay hasta el
momento, respecto a la orientación que había que dar al cumplimiento de
este precepto legal, podríamos llegar a un sistema de módulos de
capacidad cuya apariencia será algo más compleja de lo que a primera
vista pudiera uno pensar cuando lee la disposición de la ley. Recuerden
que cuando en el decreto para la creación de nuevos centros se establece
lo que aparentemente es el equivalente a los módulos objetivos de
capacidad --esta ratio que decía antes del número de metros cuadrados por
alumno, etcétera-- parece que está todo resuelto, pero no nos olvidemos
que en ese decreto la Administración se reserva después un montón de
competencias de control sobre esos centros en universidades privadas y
sobre el nivel de cumplimiento de los compromisos de creación de esas
universidades. En el sistema público general de las universidades las
administraciones, en realidad, no tienen competencias para fiscalizar el
ejercicio de la autonomía universitaria, ni deben tenerlas de acuerdo con
la ley. Por eso la determinación de módulos objetivos de capacidad, que
no
tiene un sistema de seguimiento posterior por parte de la Administración,
es mucho más delicado de lo que pudiera parecer a simple vista. No
obstante, yo creo que hay que ir a ello, hay que ir sobre la base de un
conocimiento suficiente de las consecuencias que tiene la toma de
decisiones en este terreno para que, una vez que el Consejo de
Universidades apruebe unos módulos objetivos de capacidad, sepamos
exactamente qué consecuencias y qué implicaciones van a tener para la
financiación de las universidades y para el propio desarrollo del sistema
universitario.
En la fórmula que estamos utilizando, que como digo es tentativa,
experimental, pero que está dando buenos resultados, se prevé, por
ejemplo, un mecanismo de ajuste progresivo. Es decir, se autoriza un
módulo objetivo de capacidad pero tiene efecto durante un montón de años,
de tal manera que no se obliga a la universidad a readaptar toda su
distribución de espacios para dar cabida a la demanda de un año, sino que
se va incentivando un ajuste paulatino que al mismo tiempo influirá sobre
el nivel de la demanda y permitirá un ajuste progresivo de oferta y
demanda de estudios universitarios en este centro. Esta es la hipótesis y
por el momento está funcionando. Yo creo que ha sido un éxito, este año,
el que en veinticuatro horas pudiéramos elaborar el dictamen de la
Comisión Académica, incluso que lo tuviéramos disponible para, a las
otras veinticuatro horas, mandarlo al «Boletín Oficial del Estado» y a la
prensa, y que esto haya permitido que en este curso, con un mes de
antelación a lo que suele ser normal, todos los universitarios españoles
ya sepan la oferta de plazas universitarias que hay para el año que
viene, los límites de capacidad, incluso tengan la orientación de cuál es
la nota de corte que hubo el año anterior, en cada enseñanza, para saber
qué opciones son más viables para cada uno de los estudiantes, una vez
que aprueben sus exámenes de selectividad.
Me parece que andamos un poquito mal de tiempo, pero voy a intentar ser
un poco más breve.
El señor PRESIDENTE: Le rogaría que fuese lo más breve posible, ya que
llevamos más de treinta minutos.
El señor SECRETARIO GENERAL DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES (Quintanilla
Fisac): Voy a terminar haciendo alusión a los planes de estudio y muy
brevemente al último punto por el que se me pedía la comparecencia.
En cuanto a los planes de estudio, deseo decirle solamente que las
competencias del Consejo de Universidades son la homologación de los
planes de estudio y que, como resultado de la experiencia de esta
homologación, hace ya un año la comisión académica elaboró una serie de
criterios para la aplicación de los mismos, por parte de las
subcomisiones que tenían que dictaminarlos. Esos criterios han dado lugar
a un proyecto de decreto, que fue de nuevo consultado, en su redacción
definitiva, al último pleno del Consejo de Universidades que se celebró
en Barcelona, en el que fue aprobado por consenso prácticamente, pues
solamente hubo una universidad que expresó públicamente su deseo de que
no se aprobara el decreto en cuestión. El resto de las universidades
estuvieron de acuerdo con él. Este decreto fue aprobado por el Gobierno
el sábado pasado, creo, después de haber sido dictaminado por el Consejo
de Estado y de haber sido consultado con todas las organizaciones
profesionales.
El decreto es el resultado del análisis que hizo el Consejo de
Universidades sobre la experiencia de homologación de los primeros
quinientos planes de estudio; allí se detectaron una serie de tendencias,
todavía incipientes, que podían poner en peligro algunas características
esenciales de la reforma que se pretendía y algunas otras disfunciones
que también se pusieron de manifiesto y que necesitaban mejorar la
normativa disponible. Incluso algunas exigencias que habían derivado de
directivas comunitarias posteriores al primer decreto de directrices
generales comunes.
No creo que ni el primer decreto, ni este segundo ni la práctica de
homologación de los planes de estudio, por parte de las comisiones del
Consejo de Universidades, es decir, de los representantes de las
universidades que forman parte de la comisión académica, vulneren en
absoluto la autonomía universitaria. Más bien, al contrario: es una
garantía de que la autonomía universitaria se ejerce con todas sus
consecuencias y el grado de satisfacción y de cumplimiento en estos
momentos de las normas aprobadas recientemente por este decreto al que
hago alusión sobre homologación de planes de estudio es próximo al cien
por cien; es decir, en las últimas reuniones de la comisión académica los
planes de estudio que se han sometido a homologación ya se ajustaban
perfectamente a los criterios aprobados por la comisión académica.
Por término medio, para cada cien planes de estudio que se presentan en
el Consejo de Universidades, puede haber ocho o diez que se rechazan tal
como vienen y en la mayor parte de los casos las universidades aceptan
las enmiendas que les propone la comisión académica y son finalmente
homologados, una vez incorporadas esas enmiendas.
En estos momentos solamente hay cuatro planes de estudio cuya
homologación ha sido denegada por la comisión académica y que han dado
lugar a un recurso contencioso por parte de la universidad afectada.
En cuanto al último punto, la Secretaría General no tiene previsiones
sobre formas de incorporación de los investigadores del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas al procedimiento de sorteo de profesores
universitarios para cubrir las comisiones de concurso del profesorado. Si
se aprueba el proyecto de ley que en estos momentos está en el parlamento
y que prevé esta incorporación, tendremos que tomar las disposiciones que
sean necesarias, de acuerdo con lo que diga la ley.
Supongo que si el proyecto se aprueba tal como está o con modificaciones
no sustanciales en cuanto a este punto, significará que habrá que hacer
dos cosas: una, asignar una equivalencia en áreas de conocimiento a los
investigadores del CSIC, habrá que clasificar a los investigadores del
CSIC en áreas de conocimiento del catálogo, en áreas del conocimiento
universitario y, una vez hecho esto, de acuerdo con lo que diga la ley,
entrarán los correspondientes
investigadores del CSIC del área del conocimiento correspondiente en los
sorteos que les correspondan, como miembros del colectivo a sortear. Si
la ley dice otra cosa, la Secretaría General estará encantada de arbitrar
los procedimientos necesarios para poderla aplicar.
El señor PRESIDENTE: ¿Además del grupo solicitante, algún otro desea
intervenir? (Pausa.)
Tiene la palabra el señor Ollero. Le recuerdo que por un tiempo máximo de
diez minutos.
El señor OLLERO TASSARA: Quisiera agradecer al señor Secretario General
su presencia aquí, que además se ha visto su amabilidad comprobada ante
la espera a que se ha visto sometido, como consecuencia de cómo se ha
organizado este orden del día. Lamento que el señor Presidente no me haya
dado opción a recordarle qué era lo que se pretendía con la
comparecencia. Casualmente, después de hablar generosamente, no ha
contestado a nada de lo que se le ha planteado. Porque yo le he
preguntado cuál es el cumplimiento de los objetivos de esta institución y
no cuáles son los objetivos, y usted nos ha explicado aquí,
pacientemente, empleando su valioso tiempo, lo que dice la LRU. Señor
Quintanilla, el selecto grupo de diputados que en esta sala hay, y sus
asesores, conoce perfectamente la LRU. No tiene sentido alguno que usted
dedique diez minutos a explicarnos la LRU; no tiene pies ni cabeza.
Yo esperaba que nos explicara un poco cuál ha sido el cumplimiento de los
objetivos e incluso que, dado su carácter intelectual, demostrara cierta
capacidad de autocrítica y nos diera alguna cita sobre algún objetivo que
aún no está cubierto de una manera perfecta e insuperable, como cabe
deducir de sus palabras, por lo menos «a contrario», que decían los
clásicos.
Esta es una primera cuestión, porque ha ido consolidándose la sospecha de
que el Consejo de Universidades es una percha en la que se colocan,
clandestinamente, por otra parte, las decisiones que resultan incómodas
para el Gobierno; por ejemplo, el famoso «numerus clausus», entre otras,
al que ya se ha referido de una manera amplia.
Por tanto, ahora que estamos reformando la LRU (y teniendo en cuenta que
en una de las actas del Consejo de Universidades, en la que, sin que
sirva de precedente, se decía algo, se recoge que el Ministro señalaba
que había un frecuente solapamiento entre el funcionamiento del Consejo
de Universidades y la Conferencia sectorial de consejeros autonómicos),
tal vez sería oportuno --y algún grupo lo ha plasmado en enmiendas-- que
se revisara un poco este asunto y dejáramos de tener secuestrados a los
rectores en el Consejo de Universidades, por un lado, atribuyéndose al
Consejo una serie de cuestiones, lo que no tiene por qué hacer la
Administración ni su «longa manus», y, por otra parte, que dejemos a los
consejeros autonómicos que se coordinen, cosa que el propio Ministro
reconoce que es un lío porque se solapa con el propio Consejo. Porque, la
Conferencia, existir, existe --como usted muy bien sabe--; una
conferencia de rectores languideciente, pero yo he visto por ahí algunas
declaraciones de un rector que aseguraba que él era el presidente de esa
Conferencia. Lógicamente, el cumplimiento --mejor o peor-- de los
objetivos de este órgano se plasmará en las actas del mismo. Y usted ha
dicho aquí una cosa que me ha llenado de asombro, según la cual en el
acta no se pone nada, pero si alguien quiere que figure algo se pone, sin
que sirva de precedente. Fíjese en algunas actas que tengo aquí. Por
ejemplo, hay un acta que dice que el Vicerrector de la Universidad de
Salamanca pregunta sobre la organización de las prácticas tuteladas en
Farmacia para los alumnos que finalizan este año. Es un tema que ha
estado en la calle, que preocupa a la gente y que preocupa a los miembros
de esa misma Universidad, a los que él representa, que para eso está ahí.
El Rector de la Universidad Autónoma de Barcelona plantea la cuestión de
la conveniencia de proceder a un estudio sobre la denominación del título
de doctor. Esto nos interesa a todos y él lo plantea porque es un rector.
El Vicerrector de la Universidad de Barcelona se interesa sobre la
situación en que se encuentra el estudio de las pasarelas de bioquímica,
ingeniería electrónica y antropología social. Muy bien, un problema más.
Y ahora nos gustaría saber qué se contesta a esas preguntas. Pues mire
usted lo que dice el acta: Las distintas cuestiones son contestadas por
el Secretario de Estado de Universidades e Investigación. Punto final. De
ello cabe deducir, según sus palabras, que sólo si el señor Secretario de
Estado pide que conste lo que dice, consta. ¿Usted se imagina que en esta
casa se hagan preguntas a un ministro, en Pleno o en Comisión, y en el
acta dijera que se le ha preguntado no sé qué y que ha contestado el
Ministro, y punto, sin decir qué ha contestado?
Evidentemente, el Consejo de Universidades no es este Parlamento, pero
reconózcame que es un órgano no decisorio, fundamentalmente deliberativo,
consultivo y asesor. ¿Es mucho pedir que en un órgano de esas
características cuando se conteste a una pregunta figure lo que se ha
contestado? Porque esto es algo sistemático.
Otra acta. El Rector de la Universidad de Valencia solicita información
sobre el plan de financiación para el estudio de Derecho y Económicas. El
de Alicante pregunta sobre la posibilidad de prorrogar la normativa
transitoria sobre estructura departamental. El de Castilla-La Mancha
plantea dudas de interpretación respecto a la normativa sobre evaluación.
¿Interesante, no? Acta: Los distintos extremos son contestados por el
señor Secretario de Estado de Universidades e Investigación. Punto. Muy
bien, sigan ustedes haciendo las actas así. Este es un órgano
clandestino, cuya finalidad es que nadie se entere de lo que allí pasa.
Sí, usted se puede reír, pero a mí no me hace ninguna gracia.
Otra acta. El Vicerrector de la Universidad Complutense pregunta por las
prácticas tuteladas en Farmacia. Vuelve a salir el problema. Si hubiera
contestado que se contestó podríamos seguir la evolución del problema. Lo
único que sabemos es que es un problema que sigue preocupando, pero nos
prohíben enterarnos de qué está pasando con él. El Rector de Valencia
pregunta por la modificación de la LRU --¡casi nada!-- y el de la
Politécnica de Madrid sobre la situación de las directrices de los
estudios de arquitectura, que han dado lugar a que estén ya camino del
Tribunal Constitucional. Y en este caso hay peor
suerte: ni siquiera se dice quién contesta. Se añade: Y no habiendo más
asuntos que tratar, se levanta la sesión. Tal vez ni siquiera han
contestado.
Señor Quintanilla, hay un acta donde se habla de un informe sobre el
proyecto de actualización de la LRU --no éste, sino el anterior-- en la
que se dicen las opiniones que allí se han vertido y no dice quién las
vierte. ¿Cree usted que eso es serio? ¿Cree usted que en un debate aquí
sobre la LRU se podría decir se ha dicho esto, esto y esto y no decir si
lo dice el Grupo Socialista, el Popular o el de Izquierda Unida? Pero eso
¿que órgano es? ¿Qué hace usted ahí como Secretario General? ¿Encargarse
de que nadie se entere de lo que pasa? ¿Esa es la finalidad? ¿Es que la
finalidad de este órgano es clandestina? ¿Que quede encubierto lo que
realmente preocupa a las universidades? No sólo se secuestra a sus
rectores, sino que se impide incluso que se sepa lo que se les contesta.
Esto es lo que me preocupaba, entre otras cosas.
El segundo punto --y usted sabe leer muy bien-- dice: respeto a las
autonomías de las universidades. Usted no se ha pronunciado sobre si el
Consejo respeta la autonomía de las universidades, y ha hecho bien,
porque si se pronuncia... No, obviamente no, y basta simplemente
remitirse a sus palabras que, afortunadamente, quedan --y eso le da
sentido a esta sesión-- escritas aquí. Lo que usted ha explicado de cómo
hace lo de los módulos de capacidad es de juzgado de guardia, en sentido
literal, porque es anticonstitucional, pero anticonstitucional desde la
primera a la última letra. ¿Cómo se permiten ustedes hacer lo que están
haciendo, señor Quintanilla? Dice usted que, como no hay módulos, se ha
previsto una solución. ¿Quién ha previsto una solución?, ¿quién?, ¿dónde?
¿Es que existe una reserva legal para los derechos fundamentales? ¿Cómo
pueden prever ustedes una solución? Si además, lo tiene usted en la
sentencia del Tribunal Constitucional, todo lo relativo a esas
cuestiones. La Ley es la única que puede decir cómo se desarrolla la
autonomía universitaria, y la LRU, en la medida en que desarrolla el
artículo 27.10, puede hacerlo, pero usted no. ¿Cómo va usted, porque hay
un incumplimiento de la LRU, a prever por su cuenta cómo se van a hacer
las cosas? Mire usted, aquí dice muy claro, en la Ley, que es la que de
verdad desarrolla la Constitución, que el acceso a los centros
universitarios y a sus diversos ciclos de enseñanza estará condicionado
por la capacidad de aquéllos, que será determinada por las distintas
universidades. Usted está impidiendo sistemáticamente que las
universidades determinen la capacidad sistemáticamente, porque le da la
gana, en base a la previsión de no se sabe quién, porque aquí tampoco lo
ha dicho, y aquí constan las respuestas en acta. Dígalo, por favor,
porque aquí va a constar. ¿Qué es eso de que se ha previsto esa solución?
¿Quién la ha previsto y con qué fundamento ha previsto eso? Cualquier
rector podría ir al Tribunal Constitucional y anular esas decisiones, y
si no lo hacen es responsabilidad de ellos, y aquí queda dicho. Eso es
así de claro, señor Quintanilla, porque, si no, ¿en qué estamos aquí?
Ustedes están amparando el incumplimiento por el Gobierno de una política
exigida por su propia ley, que dice que, en todo caso, los poderes
públicos desarrollarán, en el marco de la programación general de la
enseñanza, una política de inversiones para adecuar la capacidad de los
centros a la demanda social. Ustedes, para que el Gobierno no tenga que
invertir más para que haya más capacidad, lo que hacen es impedir que las
universidades determinen su capacidad, y la determinan ustedes por su
cuenta, y usted lo ha dicho aquí con un candor digno de mejor causa,
porque usted ha explicado aquí con todo lujo de detalles el disparate que
están haciendo. Primero, usted dice que las universidades proponen y
ustedes deciden. El Tribunal Constitucional ha dicho que el Consejo de
Universidades no puede decidir; simplemente puede contrastar si se cumple
la Ley, y, como no hay módulos, ustedes no pueden contrastar nada, y no
tienen ninguna autoridad jurídica ni constitucional para someter a
autorización propuestas de universidad alguna, y si se dejan ellas, es su
problema, pero los derechos fundamentales no dependen de los rectores de
la universidad; forman parte de nuestro ordenamiento jurídico
constitucional y lo debemos defender todos, y yo como diputado el primero
y mi Grupo el primero.
Ha dicho usted que las administraciones no pueden fiscalizar esa
autonomía universitaria. Ciertamente; en vista de lo cual la fiscaliza
usted. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Usted está fiscalizando, porque se está
permitiendo autorizar o no propuestas de límite de plazas que no le
competen a usted establecer.
Usted dice que no hay módulos objetivos de capacidad; sin embargo, nos
hemos enterado que hay fórmulas. Pues, mire usted, si hay fórmulas, yo no
sé la diferencia entre módulo y fórmula. No sé, algún día usted, que es
de Filosofía de la Ciencia, me lo explicará, pero si hay fórmulas, hay
fórmulas, ya están ahí, que las universidades las apliquen y punto.
Dice usted que las universidades tienen que justificar. Las universidades
no tienen que justificar nada, no tienen que explicarle a usted por qué
proponen una cosa u otra. Eso no está dicho en la Ley y, por tanto, eso
va contra la Constitución. Y dice usted que ustedes luego deciden si es
razonable o no. Pero ¿quién les ha autorizado a ustedes a decidir si algo
es razonable o no cuando una universidad utiliza su autonomía? Esto ¿qué
aquelarre es? ¿Qué tienen ustedes montado ahí, señor Quintanilla? ¿Cuánto
tiempo va a aguantar ese invento? ¿Usted cree que esto es admisible?
Respecto a la autonomía en las titulaciones. Se les autoriza en la Ley a
que ustedes elaboren unas directrices generales. Hacen un decreto hace
siete años. Las universidades, en uso de su autonomía, desarrollan sus
planes de estudio cumpliendo fielmente ese decreto, y ahora tienen
ustedes el tupé, siete años después, de sacar un decreto nuevo con efecto
retroactivo, que condiciona a los planes de estudio ya aprobados en uso
de su autonomía por las universidades. Por eso no se ha pronunciado usted
por el respeto a la utonomía. ¿O es que usted cree que eso es obvio
respecto a la autonomía? Ya dirá el Tribunal Constitucional si eso es
obvio respeto a la autonomía.
¿Usted cree que se puede decir a una Universidad con efectos
retroactivos, que ha ejercido su autonomía haciendo un plan de estudios
respetando sus directrices
generales, que ahora se da cuenta de que lo que dijo hace siete años era
un bodrio? ¿Usted cree que eso se puede hacer? ¿O que ahora se da cuenta
de que no tiene dinero para hacer lo que dijo hace siete años? Es el
colmo. Y dice usted que ha consultado a los órganos. ¡Que si ha
consultado! Han sido ellos los que, sin que ustedes les consulten, se han
despachado a gusto.
Fíjese lo que dicen, entre otros, los presidentes de los colegios de
Ingenieros de Minas, Ingenieros Navales, Ingenieros Aeronáuticos,
Arquitectos, Agrónomos, Caminos, Consejo Superior de Ingenieros de Minas,
fíjese lo que dicen, esto es lo que ustedes van a consultar. Dicen que lo
que han hecho es la puntilla o el golpe de gracia para las carreras
técnicas, la absoluta indefensión de los titulados ante la Unión Europea
porque se alejarán de las distintas directrices europeas. Es inadmisible
que si la Administración del Estado carece de medios para dedicarlos a no
sabemos qué otras atenciones, pretenda encima atentar contra la autonomía
universitaria, impidiendo que las universidades, dinámicas y capaces de
allegar fondos, puedan organizar adecuadamente sus estudios. Para colmo,
tienen tan buena imagen de su Consejo que han puesto una exención, que
excepcionalmente, o cuando a ustedes les parezca, pisoteando una vez más
la autonomía de la Universidad, se podrá admitir que se pasen de los
límites establecidos. Dicen todos estos colegios a los que, según usted,
han consultado que eso está hecho para que puedan acogerse a la excepción
los planes de estudios de los centros de los amigos o de los rectores con
cuyo voto haya que contar en el Consejo de Universidades. Esto es lo que
les han dicho a ustedes, es el resultado de lo que usted llama consultas.
¡Pues sí que está bien lo de las consultas!
Esto no puede ser, esto no tiene ningún sentido. Indudablemente, ustedes
tienen unas competencias que marca la ley y ni una más, y no se pueden
permitir esos atropellos en ningún sentido. Ustedes están atropellando a
la autonomía universitaria de una manera continua. Que haya un Gobierno
que pretenda hacerlo ya es lamentable, pero que personas universitarias
como usted o el señor Ministro, que ocupan puestos relevantes, se presten
a esta jugada, para mí es incalificable.
Paso al último punto: participación de investigadores del Consejo en las
comisiones para plazas de Universidad.
Al margen de que el Consejo de Universidades haya decidido o no algo
sobre el particular, señor Quintanilla, usted es un experto en este
asunto, usted sabe perfectamente que en el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas se nombra a puro dedo a los miembros de las
comisiones, lo sabe perfectamente. Sabe también, y si no lo sabe se lo
digo yo, que sólo 611 miembros de los 1.144 que hay en el Consejo --por
tanto, un 30 por ciento-- han sido, a lo largo de los últimos doce años,
nombrados a dedo; el 60 por ciento ha sido discriminado olímpicamente.
Usted sabe, señor Quintanilla, porque ha sido objeto de esa denominación
seis veces concretamente, que en el Consejo se nombra a puro dedo para
sus comisiones a catedráticos o titulares de Universidad. Resulta que 36
profesores se reparten 229 participaciones. Eso es lo que está ocurriendo
ahí. Quisiera saber ahora si, cuando vengan los del Consejo a participar
aquí, se les nombrará a dedo. No entiendo que usted me diga que va a
sortear a los del Consejo para formar parte de los tribunales de la
Universidad y, sin embargo, cuando usted va a formar parte de un tribunal
del Consejo, va a puro dedo. ¿Por qué? Francamente, no lo entiendo, eso
no es reciprocidad. Tampoco entiendo que usted vaya a permitir que
participen en las comisiones de la Universidad señores que han sido
nombrados a dedo de esa manera a lo largo de doce añitos. Ese es un
asunto que no se entiende, con esa discriminación. Por otra parte, se
recurre repetidamente a los mismos profesores de Universidad. Ya digo que
usted ha salido nada menos que seis veces.
Cuando yo denuncié esto, hizo unas declaraciones en las que aseguraba que
sólo había estado en tribunales en el período entre 1989 y 1991. Una de
las cosas que yo he denunciado es que personas que están en servicios
especiales, como yo, no podemos entrar en los sorteos de los tribunales
de la Universidad, se nos deja fuera. Sin embargo, personas en servicios
especiales, como el señor Quintanilla, pueden ser nombrados a puro dedo
para tribunales del Consejo. Pretendiendo desmentir esa afirmación,
aseguró que sólo había estado en tribunales en los años 1989 a 1991, en
los que estaba dedicado exclusivamente a la docencia y a la investigación
como catedrático. Eso, señor Quintanilla, es falso por dos cosas:
Primera, porque usted ha estado en tribunales en fechas distintas de
ésas. Una Orden de 26 de marzo de 1986, cuando usted era Senador, le
nombraba miembro del Tribunal 57 de las plazas de colaboradores
científicos del Consejo. Por tanto, no es verdad lo que usted ha dicho.
Pero es que, además, tampoco es verdad que usted fuera catedrático. Mire
usted, yo he recibido una respuesta del Gobierno en la que se utiliza el
término que ha utilizado usted hace un momento, cuando ha dicho que, por
supuesto, es obvio que se respeta la autonomía universitaria. El Gobierno
me manda aquí unos numeritos sobre los tipos de profesores que participan
en los concursos para investigadores del Consejo, equivalentes a los
antiguos agregados de Universidad, lo mismo que los profesores de
investigación son equivalentes a los actuales catedráticos. Me dice el
Gobierno: No figuran profesores titulares por razones obvias. Pues mire
usted, deberían figurar, porque usted, siendo profesor titular --me lo
acaba de decir el Gobierno hace tres días-- de universidad ha estado...
Mire lo que dice el Gobierno: profesores titulares de universidad que han
intervenido como titulares en comisiones para juzgar plaza de
investigadores científicos, dos en toda España, el señor Quintanilla
Fisac y el señor Porta Tajanellas; profesores titulares de universidad
que han intervenido como titulares y, además, como Presidente en ambos
casos, en comisiones para juzgar plaza de profesores de investigación y
son catedráticos, uno solo en toda España, el señor Quintanilla Fisac,
aquí presente. Aquí están los papeles. Me los acaba de mandar el
Gobierno.
Señor Quintanilla, después de esa experiencia, después de ser usted la
estrella de la representación, estará usted en condiciones de decirme si
es o no razonable que se monte el numerito que se va a montar. ¿O es que
aquí se pretende
trasvasar lo que se ha hecho a puro dedo desde el Consejo de la
Universidad sin posible viceversa?
No, mire usted, o se sortean en ambos sitios o en ninguno, pero lo que no
tiene ningún sentido es que ustedes tengan montado un tinglado ahí doce
años nombrándose unos a otros y ahora encima se quieran meter en la
universidad. ¡Es lo que faltaba! Nos parece que todo tiene un límite y
que el respeto a la autonomía universitaria, que ya se ve que no es su
fuerte, debería llevarles a reconsiderar esta lamentable situación.
El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Socialista, tiene la palabra el
señor Sanz.
El señor SANZ DIAZ: Quiero decirle al señor Quintanilla, en primer lugar,
que esté tranquilo, que ya estamos acostumbrados los que somos asiduos a
esta Comisión, esto pasa a menudo y le puedo asegurar que usted ha sido
llamado como compareciente para informar sobre la política general del
Gobierno en el área de la que es competente y que ni es usted un acusado
ni nosotros somos fiscales de película norteamericana ni nada que se le
parezca; de modo que yo me mantendré en un tono sereno y tranquilo, como
creo que debería ser en general en las comisiones.
En primer lugar, quiero indicarle que, efectivamente, en lo que es el
objeto propio de la comparecencia, me parece que lo que ha hecho usted es
una descripción del organigrama y de las funciones que realiza el Consejo
de Universidades. Ha indicado, me parece, con bastante claridad la
importancia del volumen de trabajo, indicando algunas de las parcelas en
las que se ha producido un avance importante y, por lo tanto, se están
manifestando estudios, planes, proyectos, sugerencias; en definitiva,
todo el entramado de lo que es la política universitaria ordinaria en
aquellos aspectos que se refieren a la coordinación. Yo creo que con lo
que usted ha manifestado parece claro que los objetivos del Consejo de
Universidades se están cumpliendo con bastante rigor. En este sentido,
quiero indicar que una institución que lleva relativamente en lo que es
la tradición universitaria española pocos años de funcionamiento, se ve
que en los últimos años ha llegado a realizar un volumen de trabajo y un
volumen de estudios y de propuestas que resultan muy interesantes.
Por tanto, lo que me parece que podría ser interesante es que la labor
que realiza el Consejo de Universidades pueda tener una difusión mayor,
sobre todo en lo que se refiere a los estudios, de tal manera que la
ciudadanía pudiera estar bien informada de cuál es este trabajo que a
veces puede parecer menos conocido, pero que tiene mucha importancia.
En lo que se refiere al número de plazas y módulos para las
universidades, me parece que la fórmula que se está planteando de la
necesidad de buscar una fórmula común que pueda ser asumida libremente
por las universidades, dentro de unos límites, tiene mucho interés para
que todo el sistema universitario funcione de manera coordinada y para
facilitar incluso a las propias universidades modelos, sistemas de
trabajo, etcétera, que a nuestro juicio tienen interés, y lo mismo en lo
que se refiere a la homologación de los planes de estudios donde se
realiza, por lo que S. S. ha indicado y, además, en realidad los
parlamentarios ya conocemos, como todos los universitarios, que la
homologación de planes de estudios en realidad está planteando la
posibilidad de que haya un rigor a la hora del establecimiento de los
nuevos planes de estudios en todas y cada una de las universidades. Y el
mismo hecho de que las determinaciones que adopta el Consejo de
Universidades muy raramente susciten reclamaciones por parte de las
universidades, está indicando que, en realidad, lo que se hace es un
trabajo de homologación con asesoramiento y, por tanto, para asegurar la
eficacia de los planes de estudios y el rigor con el que se plantean, al
mismo tiempo que hay una comprensión por parte de las universidades del
trabajo y de las características del trabajo que realiza el Consejo de
Universidades.
Yo no me querría extender. Simplemente quiero indicar que sí me parece
que, con carácter general, los objetivos del Consejo de Universidades se
van cumpliendo, en el sentido de que se van cubriendo etapas para lograr
que las universidades españolas estén a la altura que nos corresponde y
sean un elemento de unificación para proporcionar criterios de
homologación, de compartir experiencias, de intercambiar criterios y de
realizar estudios.
Y sí que, de entre las cosas que ha indicado, hay una que me gustaría que
me hiciera alguna aclaración, si es posible, y es sobre el plan de
evaluación de las universidades.
El señor PRESIDENTE: Para contestar a las cuestiones planteadas por los
dos Grupos intervinientes, tiene la palabra el señor Quintanilla. Le
rogaría, encarecidamente, que no más de cinco o seis minutos, dada la
hora en que estamos.
El señor SECRETARIO GENERAL DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES (Quintanilla
Fisac): Muchas gracias. Lamento de verdad haber consumido más tiempo del
necesario en la primera parte y no poder contestar ahora con más
detenimiento, sobre todo después de haberme enterado de que no he
contestado a lo que se esperaba que contestase.
La verdad es que, señor Ollero, el grado de cumplimiento de la función de
una institución pública lo tiene que juzgar alguien, cumpliendo sus
funciones, y, entre otros, este Parlamento. De manera que no me pida a mí
que yo diga cuál es el grado de cumplimiento. Dígame usted cuál es el
grado de cumplimiento que usted estima en la institución en la que yo
trabajo. Obviamente, mi pretensión sobre el grado de cumplimiento de mis
competencias y de las competencias del Consejo de Universidades, en la
medida en que pueden depender de mí, es que sea óptimo y total. Puedo no
conseguirlo o puede el Consejo de Universidades no acertar en sus
funciones, y para eso está el Parlamento, para que nos diga en qué nos
equivocamos, pero no me pida que me diga a mí mismo en qué me equivoco
yo, porque yo, en principio, lo que haga pretendo hacerlo bien.
Le he dicho qué cosas no hemos podido todavía resolver en los dos años y
medio que yo llevo allí; por ejemplo,
algunas competencias que tenemos asignadas, como es la estimación de los
módulos objetivos de capacidad. Y le puedo decir también que tenemos un
cierto retraso en la revisión de catálogo de áreas de conocimiento, y que
hay muchos problemas en el sistema universitario español que afectan a
las funciones de coordinación y planificación, y muchas que seguramente
cambiarán en el futuro, cuando se hayan asignado las competencias en
universidades a todas las comunidades autónomas, y seguramente ése será
el momento de revisar incluso la naturaleza y la estructura del Consejo
de Universidades y, desde luego, su reglamento. Existen ya documentos
previos que se han discutido en el Consejo sobre posibles modificaciones
del reglamento, etcétera. Pero, hoy por hoy, las competencias que tiene
el Consejo y los medios y las obligaciones que tiene intentamos que se
cumplan y que se cumplan de la mejor forma posible. Lo que pasa es que
está claro que, de acuerdo con su opinión, no estamos haciendo lo que
deberíamos hacer, sino otra cosa que no sé de dónde usted se saca (y
perdóneme, señor Ollero, que utilice un lenguaje, no tan agrio como el
que usted utiliza, pero tampoco excesivamente complaciente). No sé de
dónde se saca usted, por ejemplo, que el Consejo de Universidades haya
secuestrado a los rectores. Señor Ollero, espero que sea una expresión
retórica, porque, desde luego, no me considero responsable del delito de
secuestro.
Los rectores de las universidades españolas, que son elegidos de acuerdo
con la ley, que representan, por tanto, legítima y legalmente, y además
también moralmente, a sus comunidades académicas, a sus universidades,
están en el Consejo de Universidades porque la ley les confiere esa
potestad y esa obligación, y están voluntariamente y trabajan en el
Consejo de Universidades siempre que cualquier asunto de las competencias
del Consejo requiere su presencia, que están reglados, además, por la
ley, por los decretos que la desarrollan, por el reglamento del propio
Consejo de Universidades, etcétera.
Señor Ollero, cuando el Consejo de Universidades adopta un acuerdo,
cuando hace una propuesta al Gobierno para que apruebe un decreto
elaborando unas directrices propias de un título o para que modifique un
decreto elaborando las directrices comunes genéricas de los títulos
universitarios, como se ha hecho recientemente, quien hace la propuesta
no es este Secretario General, quien hace la propuesta es el órgano
colegiado que se llama Consejo de Universidades, formado por personas
adultas, por personas especialmente relevantes, diría yo, dentro de
nuestra sociedad democrática, como son los rectores de todas las
universidades públicas del país. Decir que estas competencias de los
rectores y de las administraciones presentes en el pleno del Consejo se
ejercen de forma clandestina, como hace usted bajo presión del Gobierno
--como casi ha dicho hoy y en otras ocasiones le he leído--, o de forma
espuria o no legítima, me parece un despropósito, señor Ollero; un
completo despropósito, que no afecta a las competencias y a las pobres
obligaciones que este Secretario General puede cumplir más o menos bien,
sino que afecta a la estructura misma de un órgano que, efectivamente, la
ley podría cambiar, podría desaparecer o podría transformarse en otra
cosa --ése es un asunto competencia de este Parlamento--, pero que, tal
como está constituido, está legalmente constituido por voluntad de este
Parlamento y está ejerciendo unas funciones atribuidas por este
Parlamento y por la ley con una dignidad extraordinaria, a pesar de las
incomprensiones que, por algunas fuerzas políticas, en concreto por la
que usted representa, en algunas ocasiones se ha podido notar. Le
advierto que esa incomprensión pesa también sobre el estado de ánimo de
las universidades y del Consejo de Universidades cuando tiene que asumir
unas responsabilidades muy importantes, porque la ley se las ha asignado.
Me parece un despropósito decir cosas como las que usted ha afirmado aquí
y, por lo tanto, no las voy a contestar porque parten de un sofisma.
Parten del sofisma de suponer que cualquier cosa que haga el Consejo de
Universidades, por el mero capricho de que a usted se le ocurre que es
así, son en realidad cosas que hace el Gobierno y que impone a las
universidades españolas. No, señor, no es así. Los dictámenes que aprueba
el Consejo de Universidades son aprobados, con plena responsabilidad, por
un colectivo formado nada menos que por todos los rectores de las
universidades españolas y todos los representantes de las
administraciones que tienen competencia en política universitaria. Usted
está descalificando no al Consejo de Universidades, y mucho menos a su
Secretario General. Usted está descalificando la competencia jurídica,
legal. académica y universitaria de los miembros del Consejo de
Universidades, y usted tiene que asumir esa responsabilidad política,
puesto que estamos en este Parlamento. (Rumores.--El señor Nieto
González: ¡Muy bien! ¡Muy bien!) No puedo aceptar sin indignarme la forma
en la que usted se refiere al Consejo de Universidades, en esta
intervención y en otras ocasiones en que le he escuchado en público.
Dicho esto, todo lo que he manifestado sobre aprobación de los límites de
capacidad es también un acuerdo del Consejo de Universidades, de la
comisión académica, sin ningún voto en contra, después de haber sido
asumidas las enmiendas que se presentaron. Las discrepancias entre lo que
la comisión académica del Consejo de Universidades ha aprobado sobre
límites de capacidad y las propuestas que las universidades han hecho,
están aquí recogidas (El señor Secretario General del Consejo de
Universidades muestra un documento), le puedo dejar una copia y usted
puede calcular cuál es el nivel de discrepancia o de intervención de la
supuesta conspiración, a través del Consejo de Universidades, sobre las
universidades. Usted puede comprobar cuál es, por ejemplo, la desviación
típica --no sé si usted entiende lo que significa eso dentro de una
distribución estadística normal--entre los límites aprobados por la
comisión académica, por unanimidad de todos sus miembros, es decir, de
todos los rectores, y los propios límites que los centros y los rectores,
a través de la junta de Gobierno, plantearon al Consejo de Universidades
como propuesta.
Por último, señor Ollero, hay errores que uno puede cometer y que pueden
ser insalvables, y entonces está justificado que alguien diga
despropósitos sobre un error que era
imposible que él pudiera superar. Pero hay errores superables, y usted es
jurista. Lea el «Boletín Oficial del Estado» del 13 de octubre de 1987,
ni nombramiento como Catedrático de Universidad; cójalo, por favor. (El
señor Ollero Tassara se acerca a la Mesa a recogerlo.) Mi nombramiento
como Catedrático de Universidad. (El señor Nieto González: ¡Cógelo y
aprende, Andrés! ¡Lee y aprende!) Usted ha dicho en público, en este
Parlamento varias veces y ha mandado una nota de prensa en la que ha
asegurado que yo no soy Catedrático de Universidad cuando estaba en una
comisión de profesores de investigación. (El señor Ollero Tassara: el
Gobierno de la Nación.) Es cierto, señor Ollero, que hay una errata en la
convocatoria de esas comisiones por parte del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, hay una errata muy fácilmente subsanable,
porque está en el mismo texto, en el mismo «Boletín Oficial del Estado»
donde está publicado mi nombramiento como Catedrático. Si alguien quiere
usar un error para fastidiar a otra persona, puede hacerlo; pero si no ha
puesto todos los medios razonables para salir de su error, hay que
suponer que de lo que se trata no es de un interés objetivo por la
verdad, sino de un interés objetivo por la explotación de un error de
forma manipuladora.
Es cierto, por lo demás --ahí reconozco mi error--, que estuve en una
comisión del Consejo Superior de Investigaciones Científicas mientras era
Senador (El señor Ollero Tassara: ¡Menos mal!), cosa que es perfectamente
legal, en una plaza de Historia de la Ciencia. Es más, le diré que estuve
en otra también, en el mismo año, pero no tuve que ejercer en la comisión
porque estaba de suplente. Lleva usted razón. Me equivoqué. Yo sólo
recordaba aquellas en las que había estado como miembro de una comisión
de profesores de investigación.
Pero quiero dejarle muy claro que no es cierto que usted o yo mismo no
podamos figurar como profesores universitarios en comisión de servicios
especiales, como miembro de un tribunal de una plaza del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas o de la Universidad, a propuesta de la
propia Universidad (El señor Ollero Tassara pronuncia palabras que no se
perciben.) a dedo, como usted dice. También en la Universidad hay
miembros de las comisiones que son nombrados directamente por la
Universidad y usted puede formar parte de una comisión de ésas, nombrado
por el Gobierno o por la Presidencia del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas en una comisión del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas. Es perfectamente normal. Además, a mí me
parece bueno que persona de su reconocido prestigio en su área de
conocimiento, pueda estar, de hecho, en plazas de profesores de
Universidad, en aquellas universidades que estimen que, efectivamente, su
prestigio profesional es digno de confianza para que ejerzan el control
de su propio profesorado. En mi caso, no solamente en el Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, sino también en algunas plazas de
profesorado universitario, mientras yo fui parlamentario, actué a
nombramiento de la propias universidades.
¿Se puede prever un sistema de incorporación de los investigadores del
CSIC a las comisiones de la Universidad? Naturalmente que sí. No me lo
pregunte a mí. Usted es legislador. Díganme ustedes lo que van a aprobar
y, cuando ustedes lo hayan aprobado, yo cumpliré sus leyes, las leyes que
ustedes aprueban. Si ustedes aprueban que los investigadores del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, que son por lo demás
generalmente científicos de reconocido prestigio, son útiles en los
tribunales de las plazas de profesores universitarios, el hecho de que su
procedimiento de designación sea por sorteo o por designación directa, me
parece que es irrelevante. En todo caso, valórenlo ustedes y, si el
Parlamento decide que deben entrar por sorteo, yo, con mucho gusto,
emplearé el sistema de sorteos para que puedan entrar.
Agradezco muchísimo las palabras del representante del Grupo Socialista.
Me hubiera gustado tener más tiempo para poder hablar, no ya sólo de las
competencias del Consejo de Universidades, sino de los problemas del
sistema universitario, en los que el Consejo de Universidades está
bebiendo todos los días, y de sus posibles soluciones. Supongo que habrá
más ocasiones para tocar estos asuntos.
Puesto que me hace una pregunta concreta el representante del Grupo
Socialista, quiero decirle que uno de los programas que se ha puesto en
marcha en el Consejo de Universidades, a propuesta del Pleno, no por
capricho y voluntad de su Secretario General, aprobada por unanimidad, es
la puesta en marcha de un programa experimental de evaluación del sistema
universitario, de evaluación institucional de las universidades. Como
ustedes saben, éste es un problema muy importante, en el que hay una gran
experiencia en otros sistemas universitarios, especialmente en Estados
Unidos, pero en Europa también se está extendiendo de una forma
extraordinaria. Creo que es el mejor sistema para que las propias
universidades, en el uso de su autonomía, dispongan de mecanismos de
autoevaluación que les permitan apreciar, mediante estándares objetivos,
el grado de cumplimiento de sus objetivos, el grado de desarrollo de sus
funciones sociales, etcétera. Es un problema complejo y difícil
técnicamente. El Pleno del Consejo encargó a la Secretaría General que
pusieran en marcha ese programa experimental pensando en que entraran en
el programa tres o cuatro universidades, porque, si no, iba a suponer un
volumen de trabajo mucho mayor del que podíamos afrontar. No obstante,
quedó abierta la convocatoria para que las propias universidades que
quisieran entrar en el programa experimental lo hicieran, y la verdad es
que nos vimos superados por la demanda: hay 17 universidades que en este
momento están llevando a cabo un plan experimental de evaluación
institucional. Este aumento del número de universidades que había que
atender ha hecho que se retrasara el programa.
Puedo anunciarles que en septiembre se va a celebrar un seminario técnico
con las universidades que se han incorporado al programa y con un grupo
internacional de expertos, en el que vamos a evaluar los resultados de
esta primera fase del programa experimental, para presentarlos después al
Pleno del Consejo y, a la luz de esos resultados, ver si merece la pena
continuar ampliando el programa y definiendo un mecanismo de evaluación
de las universidades
que les permita conocer mejor sus posibilidades, el grado de cumplimiento
de sus objetivos y funciones sociales y a las administraciones orientar
sus decisiones en la administración del sistema universitario.
Perdonen que me haya retrasado cinco minutos, pero era muy difícil
terminar en el tiempo previsto.
El señor PRESIDENTE: Señor Ollero, no está previsto turno de réplica.
El señor OLLERO TASSARA: Un minuto, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Tiene S. S. un minuto.
El señor OLLERO TASSARA: Gracias, señor Presidente.
Señor Quintanilla, en primer lugar, economice energías, no se indigne
tanto. Yo me conformo con que no atropelle la autonomía de la Universidad
en ese órgano. Y, por supuesto, no vincule el número de los que adoptan
una decisión con si es constitucional o no. Yo no sé si usted era de los
Senadores que aprobó la LOAPA. Yo no era Diputado entonces. Como usted
sabe, fue una Ley aprobada en esta Casa casi por unanimidad y, sin
embargo, es inconstitucional. A nadie se le ocurre decirle al Tribunal
Constitucional que ha puesto en cuestión la legitimación democrática, los
conocimientos de no sé cuántos Diputados y Senadores. No ha puesto en
cuestión nada, ha defendido la Constitución. Punto. Que es lo que yo he
hecho aquí hoy con el entusiasmo que exigía el asunto.
Déjense de atropellar la autonomía universitaria, que es constitucional,
y que nadie le ha autorizado a hacerlo de la manera que usted ha
explicado aquí, con tanto detalle, y que ahí queda como un ejemplo de lo
que se puede hacer desconociendo la Constitución.
En segundo lugar, señor Quintanilla, ha dicho usted --me parece muy bien,
acepto esa definición-- que si hoy está preocupado por la verdad utiliza
medios razonables. Yo sólo quiero que usted me diga si es un medio
razonable o no, para saber si era cierto que siendo profesor titular
presidió dos comisiones, que pedirle el dato al Gobierno, que me lo ha
facilitado hace una semana. Reconózcame que mi interés por la verdad
queda a salvo. Si hay alguien interesado en que usted aparezca ante la
opinión pública como un señor capaz de prestarse a eso, está en su
Gobierno, pero no, desde luego, en este Diputado. Eso me lo tiene que
reconocer porque es así y con nobleza me lo reconocerá, como yo le
reconozco otras virtudes.
Por último, dice usted que la fórmula sobre el Consejo y la Universidad
depende de nosotros. Yo sólo le pido que el día que se haga esa ley,
aunque sea con nuestro voto en contra, la respeten un poco más de lo que
están respetando el artículo 26.2 de la LRU, que se lo están pasando
simplemente por el arco del triunfo.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, señor Quintanilla.
El señor SECRETARIO GENERAL DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES (Quintanilla
Fisac): Voy a ser muy breve.
Estoy esperando esa información que usted parece tener sobre el inminente
dictamen del Tribunal Constitucional en contra de la constitucionalidad
del Consejo de Universidades. Mientras tanto, asumo que es constitucional
y me parece exagerada su forma de considerar la actuación del Consejo de
Universidades, que no es la mía sino la de todas las universidades de
España.
El señor PRESIDENTE: Gracias por su presencia, señor Quintanilla,
Secretario General del Consejo de Universidades.
Terminado el orden del día, se levanta la sesión.
Eran las tres y quince minutos de la tarde.