CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1994 V Legislatura Núm. 233
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA
PRESIDENTE: DON JOSEP PAU I PERNAU
Sesión núm. 13
celebrada el miércoles, 15 de junio de 1994



ORDEN DEL DIA:
Comparecencia del señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación
(Atienza Serna), para informar:
--Sobre la postura española respecto del proyecto de reforma de la
Organización Común de Mercado de Vino, acordada por la Comisión Europea
en Bruselas el día 11 de mayo de 1994, así como de las medidas a adoptar
para la defensa del sector vitivinícola nacional. A solicitud del Grupo
Parlamentario Popular. (Número de expediente 213/000317) (Página 7066)
--Sobre los proyectos a desarrollar en su departamento durante su
mandato, con detalle de los referentes al presente período de sesiones y
al próximo. A solicitud del Grupo Parlamentario Federal IU-IC. (Número de
expediente 213/000304) (Página 7066)
--Comunicación relativa a la incidencia de la Ronda Uruguay del Acuerdo
General sobre los Aranceles Aduaneros y el Comercio (GATT) en los
sectores agrario y pesquero, para su debate en la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca. (Número de expediente 200/000005) (Página 7094)

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--Del impacto que el Acuerdo General sobre los Aranceles Aduaneros y el
Comercio (GATT) tendrá sobre los diversos sectores de la pesca. A
solicitud del Grupo Parlamentario Popular. (Número de expediente
213/000188) (Página 7094)
--Del impacto que el Acuerdo General sobre los Aranceles Aduaneros y el
Comercio (GATT) tendrá sobre los diversos sectores de agricultura,
ganadería y alimentación. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular.

(Número de expediente 213/000189) (Página 7094)



Se abre la sesión a las nueve y treinta minutos de la mañana.




El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Se inicia la sesión.

Antes de empezar con la tramitación del orden del día me permitirán que,
siendo ésta la primera sesión de la Comisión de Agricultura en la que
comparece como Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación don Luis
Atienza, le felicite en nombre de la misma por su nombramiento, le desee
los mayores aciertos en esa responsabilidad y le exprese nuestro deseo de
colaboración al servicio del mundo rural y de los sectores agrarios,
pesqueros y alimentarios de nuestro país.




COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION
(ATIENZA SERNA), PARA INFORMAR:



--SOBRE LA POSTURA ESPAÑOLA RESPECTO DEL PROYECTO DE REFORMA DE LA
ORGANIZACION COMUN DE MERCADO DE VINO, ACORDADA POR LA COMISION EUROPEA
EN BRUSELAS EL DIA 11 DE MAYO DE 1994, ASI COMO DE LAS MEDIDAS A ADOPTAR
PARA LA DEFENSA DEL SECTOR VITIVINICOLA NACIONAL. A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 213/000317.)



El señor PRESIDENTE: Como saben SS. SS., en el orden del día figuran
distintos puntos, pero debo manifestarles que, por petición expresa del
Grupo Parlamentario Popular, se ha retirado el punto séptimo del orden
del día, que era la comparecencia del señor Ministro para informar
respecto a la reforma de la Organización Común de Mercado de Vino. En
este sentido les recuerdo que durante esta mañana hay distintas
comparecencias de carácter general, por lo que rogaría a los señores
Diputados y portavoces, ya que este tema se va a tratar más extensamente
en una interpelación, que, aunque cada uno puede administrarse el tiempo
como quiera, sean breves, ya que, repito, esta tarde se va a tramitar una
interpelación en el pleno respecto a este tema.

La Mesa, en el momento de configurar el orden del día, debatió la manera
de tramitar las distintas comparecencias. En principio, parece que
podríamos dividir las cuestiones en tres bloques. Hay una petición de
comparecencia del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya respecto a conocer los proyectos a
desarrollar en su Departamento durante su mandato y con detalle en lo que
respecta al próximo período de sesiones; otra, también de Izquierda
Unida, relativa al sector de frutas y hortalizas y sobre el convenio
suscrito con Marruecos en relación con la importación de tomates, y otra
del Grupo Parlamentario Popular para que se informe del contenido agrario
de la ampliación de la Comunidad. Además, hay otros tres puntos: la
comunicación del Gobierno y dos peticiones relativas a las negociaciones
del GATT.

Parece que un bloque lógico sería una intervención de carácter general
para informar de los proyectos de su Departamento durante el próximo
período de sesiones; otro bloque lógico sería el tema del GATT, y un
tercero sería respecto a la ampliación de la Comunidad y el sector frutas
y hortalizas y el convenio con Marruecos, es decir, un bloque de,
digamos, política internacional o de relaciones exteriores.

En este sentido, tanto por parte del señor Ministro como por parte de la
Presidencia no hay problema en cuanto al orden en que se tramiten estos
tres apartados. Yo, si les parece, propondría, porque me parece una
ordenación más lógica, que primero se tratara el bloque de carácter
general y que luego entráramos en los dos siguientes. ¿Les parece bien a
SS. SS.? (Asentimiento.)
Muchas gracias.




--SOBRE LOS PROYECTOS A DESARROLLAR EN SU DEPARTAMENTO DURANTE SU
MANDATO, CON DETALLE DE LOS REFERENTES AL PRESENTE PERIODO DE SESIONES Y
AL PROXIMO. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 213/000304.)



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Atienza Serna):
Quiero, en primer lugar, agradecer las amables palabras del señor
Presidente de la Comisión, que ha hecho extensivas a todos los



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miembros de la Comisión, al desearme éxito en mi nueva responsabilidad.

Algunos señores Diputados ya me conocen de mi anterior etapa en el
Ministerio de Agricultura, y respecto al resto de SS. SS. seguro que
tendremos ocasiones sobradas para conocernos mejor. A todos les ofrezco
mi máxima colaboración para que, con el esfuerzo común, intentemos que la
agricultura, la pesca y el conjunto del sector agroalimentario
contribuyan cada vez más al desarrollo de la economía española, a la
generación de empleo y al desarrollo de nuestro medio rural.

También quiero comunicarles que durante estas cinco primeras semanas he
mantenido unos primeros encuentros con diferentes sectores productivos:
organizaciones agrarias, sectores industriales, pescadores, trabajadores,
a fin de conocer de manera directa la problemática agraria en toda su
extensión, y además he mantenido conversaciones con empresarios y con
consejeros de Agricultura de diferentes comunidades autónomas, y quiero
manifestarles que mi deseo hubiera sido comparecer lo antes posible en
esta Comisión, pero tengo que reconocer que un Consejo de Ministros de
Agricultura en Grecia, otro en Bruselas y un tercer Consejo de Ministros
de Pesca en Luxemburgo, junto con otros problemas de agenda de SS. SS. y
míos, no lo han permitido en las fechas inicialmente previstas.

Mi exposición inicial seguramente va a dejar algunas lagunas, cosa que
haré a propósito, ya que tenemos otras dos comparecencias a lo largo de
la mañana y una interpelación por la tarde que van a permitir
complementar la exposición en lo que se refiere a las consecuencias de
los acuerdos del GATT de una forma mucho más detallada, así como lo que
se refiere a algunas de las reformas de organizaciones comunes de mercado
pendientes: frutas y hortalizas, que será tema de otra de las peticiones
de comparecencia, o la cuestión del vino, que lo comentaremos a lo largo
de la tarde. Creo que tenemos tarea suficiente como para no repetir las
intervenciones y las réplicas sobre los mismos temas. Por tanto, yo les
pediría una cierta generosidad a la hora de evaluar mi intervención ya
que, como digo, si dejo algunas lagunas lo habré hecho a propósito.

Quisiera comenzar esta exposición ante la Comisión resumiendo un paquete
de iniciativas en las que el Gobierno viene trabajando desde hace unos
meses, que suponen un conjunto de objetivos que van a ocupar el quehacer
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación durante la próxima
etapa y que constituyen las líneas básicas para una nueva política
agroalimentaria a medio plazo.

En primer lugar, habría que resaltar un objetivo siempre estratégico, que
es la modernización de nuestro sector productivo, que hoy en día se
concreta en un doble frente: por un lado, la ley de modernización de las
explotaciones agrarias, en lo que se refiere a la mejora de estas
explotaciones, y el desafío siempre presente de proseguir el
rejuvenecimiento de la población activa agraria y, por otro lado, una
política de mejora de nuestras infraestructuras, en especial de los
regadíos ya consolidados que necesitan ser mejorados para conseguir un
uso racional y una mayor eficacia del agua, así como asegurar sus
dotaciones.

En segundo lugar, en esta enumeración de líneas básicas, que luego tendré
oportunidad de desarrollar, habría que mencionar otro objetivo no menos
importante: la modernización de las estructuras comerciales, industriales
y de las relaciones interprofesionales. Para abordar este problema, el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación tiene dos líneas de
actuación particularmente ambiciosas: por un lado, la Ley de
Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias, que está en estos
momentos ya en el Parlamento, y, por otro, ejecutar el Plan Estratégico
para el fomento de la industria agroalimentaria.

En tercer lugar situamos el objetivo de apoyar iniciativas que
contribuyan al desarrollo del mundo rural. En la actualidad, la política
agrícola común es una mezcla, algunas veces demasiado contradictoria, de
política agraria y de política rural, siendo necesario que la Unión
Europea defina a medio plazo una estrategia clarificadora hacia dónde se
quiere ir en el futuro. En cualquier caso, contamos con dos instrumentos
poderosos, por un lado, los fondos estructurales --en particular el
Feoga-orientación-- y, por otro, la iniciativa líder, una iniciativa
singular dirigida a potenciar el desarrollo del mundo rural.

En cuarto lugar habría que situar la política de defensa de la
biodiversidad y la política de lucha contra la erosión, para lo que vamos
a poner en marcha una estrategia global para la conservación del medio
natural.

En quinto lugar, un objetivo permanente del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación lo constituye la adaptación de la política agraria
común de la Unión Europea a la realidad de nuestra agricultura. Unos
primeros pasos se han dado ya con algunas de las reformas de
organizaciones comunes de mercado; hay otras organizaciones comunes de
mercado que tienen su reforma pendiente y además deberán producirse
algunas adaptaciones a los acuerdos del GATT en las organizaciones
comunes de mercado ya reformadas.

Finalmente, en sexto lugar, el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación está haciendo un esfuerzo considerable en materia de pesca,
asegurando caladeros para nuestros barcos, defendiendo la erradicación de
artes de pesca esquilmantes y modernizando nuestra infraestructura
pesquera.

Después de realizado este resumen de lo que será mi primera intervención,
paso a exponer las líneas básicas del Departamento en los próximos meses,
que obviamente no van a diferir de las ya establecidas en el programa de
gobierno socialista.

En lo que se refiere a la modernización del sector, es preciso resaltar
el proyecto de ley de modernización de las explotaciones agrarias que ha
sido recientemente analizado por el Consejo de Ministros y enviado al
Consejo Económico y Social para que remita su informe. Con el citado
proyecto se pretende poner fin a una serie de carencias estructurales de
nuestro sector agrario, consiguiendo de esta manera explotaciones viables
que permitan la consecución de unos niveles de eficiencia económica que
redunde en unos niveles de renta suficiente para los agricultores.

Los objetivos de este proyecto los podremos analizar cuando el Gobierno
lo presente al Parlamento, sin embargo sí me gustaría referirme a los
fines de esta ley,



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pretendiendo con ella favorecer la estabilidad de la agricultura
profesional, lograr unas explotaciones agrarias de dimensión más adecuada
que permitan su viabilidad, favorecer la constitución de explotaciones
agrarias prioritarias como destinatarias preferentes de las políticas
públicas de apoyo, facilitar el acceso de jóvenes agricultores a la
titularidad o con titularidad de las explotaciones agrarias, fomentar el
asociacionismo en explotaciones prioritarias, impedir el fraccionamiento
de fincas rústicas, estimular la concentración parcelaria privada
mediante permutas múltiples, conseguir una mayor movilidad del mercado de
la tierra, tanto en propiedad como en arrendamiento en favor de los
agricultores profesionales y de las explotaciones prioritarias y mejorar
la cualificación de los agricultores para su adaptación a las necesidades
de la agricultura moderna.

Dentro de los programas de modernización, el Ministerio de Agricultura
está poniendo en marcha el Plan de Regadíos que, junto con el Plan
Hidrológico Nacional, deberá entrar próximamente en el Congreso, de
acuerdo con el mandato del Congreso de los Diputados en su reunión del
día 22 de marzo. Las directrices de este Plan de Regadíos buscan una
mayor coherencia con el Plan Hidrológico Nacional y la política agrícola
comunitaria.

Las tres líneas básicas son, en este orden de prioridad, las siguientes:
en primer lugar, consolidación de regadíos, considerando no consolidado
un regadío que o no recibe la dotación completa o ésta procede de
recursos no renovables, entendido por ello lo que se refiere
fundamentalmente a sobreexplotación de acuíferos; en segundo lugar,
mejora y modernización de regadíos con una doble finalidad, ahorro de
agua y modernización de las explotaciones agrarias de regadío; en tercer
lugar, nuevas transformaciones en regadío que en la mayor parte de los
casos se vinculan más a la ordenación del territorio y al desarrollo
rural que a tasas elevadas de productividad.

El Presupuesto del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación va a
impulsar estas líneas de actuación. Quiero manifestarles que la política
del Gobierno de modernización del sector ha de basarse asimismo en el
desarrollo de la industria agroalimentaria como locomotora del sector de
producción con el fin de mejorar la calidad, promocionar los productos,
investigar, desarrollar y orientar los mercados. Estas líneas de
modernización van a implantarse a través de dos actuaciones, el plan
Estratégico para el fomento de la industria agroalimentaria y el proyecto
de Ley de Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias, proyecto
que en estos momentos se encuentra, como he comentado antes, en fase
parlamentaria.

En lo que se refiere al Plan Estratégico para el fomento de la industria
agroalimentaria, quiero decir que en el período 1986-92 la industria
alimentaria realizó un gran esfuerzo inversor, cifrado en un billón de
pesetas, con una aportación financiera de las diferentes líneas de
incentivo a la inversión (el Feoga, los incentivos regionales y el Real
Decreto 1462) de 200.000 millones de pesetas. Este esfuerzo inversor se
ha mantenido en los años 91-93 con unas inversiones en torno a 200.000
millones de pesetas al año. Actualmente, el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación está negociando con la Comisión Europea el plan
sectorial para los próximos seis años con una dotación de casi 100.000
millones de pesetas anuales del Feoga, fondos que serán complementados
con una aportación del Ministerio de Agricultura próxima a los 30.000
millones de pesetas, todo ello en base al denominado Plan Estratégico
para la industria agroalimentaria, elaborado por mi Departamento. Por lo
tanto, la industria agroalimentaria va a continuar su esfuerzo inversor
en los próximos años con los objetivos fundamentales de adecuación a las
normativas sanitarias, inversiones para la corrección de los efectos
medioambientales, vertidos, residuos, etcétera, actualización
tecnológica, mejora de la eficiencia productiva y de los costes y mejora
de la estructura empresarial.

Yo quiero insistir en que hay dos elementos de particular preocupación en
lo que se refiere a la industria agroalimentaria. En primer lugar, su
excesiva atomización. Hay que tener en cuenta que en la industria
agroalimentaria la dimensión es un factor muy importante de
competitividad. En segundo lugar, la necesidad de realizar un esfuerzo
importante en lo que llamaríamos los activos intangibles, los que se
refieren a la innovación tecnológica, a la innovación en productos y en
procesos, a las estructuras de comercialización, a la mejora en la
formación de sus gestores y de sus trabajadores.

Quiero reconocer ante SS. SS. que uno de los graves problemas de la
política de incentivos a la inversión que tiene el Ministerio está
localizado en el atraso en la aprobación de los expedientes de solicitud
de ayuda, al amparo del Decreto 1462, y, como consecuencia, en el devengo
e impago de las subvenciones solicitadas. Para dar la salida a este
problema y racionalizar la concesión de subvenciones, se ha modificado el
mecanismo de ayuda de subvención a los tipos de interés y se han firmado
convenios con el ICO al que están adheridas las instituciones financieras
y las cajas de ahorro y cajas rurales.

En lo que se refiere al proyecto de ley de organizaciones
interprofesionales agroalimentarias, actualmente en fase de tramitación
parlamentaria, quiero decirles que yo creo que va a permitir crear la
interprofesión como órgano estable de coordinación que formaliza su
voluntad a través de los acuerdos. La organización interprofesional que
emana del proyecto de ley es vertical y de naturaleza jurídica privada,
dependiendo la eficacia de sus actuaciones, a través del mecanismo de
extensión de normas, de la sanción pública. Las condiciones de
reconocimiento constituyen la garantía del nivel de representatividad
exigible para su eficacia. Las actuaciones fundamentales que debe abordar
la interprofesión se refieren a la mejora de la calidad de las
producciones, promoción de las mismas, investigación, desarrollo y
orientación de las producciones a los mercados. Los acuerdos
interprofesionales pueden obligar al conjunto de los operadores cuando
los dos tercios de los mismos, representados de las distintas fases de la
cadena, los aprueben. El mecanismo de extensión de normas les da eficacia
cuando, previo informe del Consejo General de Organizaciones
Interprofesionales, es sancionado por los poderes públicos. Cuando se
hayan extendido normas al conjunto de un sector, la organización
interprofesional respectiva podrá proponer para su aprobación al
Ministerio de



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Agricultura, Pesca y Alimentación la aportación económica obligatoria de
todos los agentes que no estén integrados en la organización
interprofesional. El Consejo General de las Organizaciones
Interprofesionales se configura como un órgano clave de consenso para
legitimar la toma de decisiones, perteneciendo al mismo las comunidades
autónomas y los ministerios cuyas competencias pueden verse afectadas por
las actuaciones de estas organizaciones, además de los representantes de
las distintas fases que constituyen la cadena agroalimentaria.

Siguiendo con la modernización del sector agroalimentario, es preciso
hablar de los programas de I+D agrarios y alimentarios que se llevarán a
cabo en los próximo años, revisando los programas que estaban vigentes
como consecuencia de lo establecido en la reforma de la política agrícola
común.

En 1992 se inició el programa sectorial de I+D para el cuatrienio 92-95,
habiéndose revisado las líneas prioritarias de investigación del plan
anterior, adaptándolas a las nuevas circunstancias de la agricultura
española, derivadas de la finalización del período transitorio de
adhesión a la Unión Europea y de la reforma de la política agrícola
común. Este programa sectorial fija los siguientes objetivos básicos:
mejorar la competitividad y la rentabilidad de la agricultura y de la
agroindustria, desarrollar la calidad y seguridad de los productos
alimentarios, así como nuevos productos de interés específico para el
sector agroalimentario nacional, desarrollar procedimientos de análisis y
gestión aplicados al medio rural, con el fin de mejorar las condiciones
socio-económicas de las zonas más desfavorecidas, incluyendo la
conservación, restauración y uso compatible de la naturaleza y del
paisaje.

Este programa sectorial de I+D agroalimentario dispone para 1994 de 2.053
millones de pesetas, para las distintas acciones de investigación,
destinando el 57,5 por ciento a proyectos de investigación, el 17,7 por
ciento a formación de personal investigador, el 15,5 por ciento a
infraestructuras y el resto a proyectos de demostración, conservación y
utilización de recursos fotogenéticos, etcétera.

Realizada esta exposición sobre la modernización del sector agrario, voy
a informar de los principales proyectos en materia de desarrollo rural y,
en este sentido, como SS. SS. saben, a partir del 1 de enero de 1994, ha
comenzado una nueva etapa en la política regional comunitaria, a través
de las intervenciones de los fondos estructurales, que se prolongarán
hasta final del año 1999.

En desarrollo del nuevo marco reglamentario de los fondos estructurales,
España presentó en el mes de octubre, ante la Comisión de la Unión
Europea, el plan de desarrollo regional para las regiones Objetivo 1,
habiéndose aprobado el marco de apoyo comunitario, que incluye una
aportación comunitaria del Feoga-orientación (voy a referirme, por tanto,
solamente a lo que es responsabilidad del Ministerio de Agricultura en su
programación y en el seguimiento de su gestión) de 530.000 millones de
pesetas, con una inversión prevista de 945.000 millones de pesetas.

En lo que se refiere a las zonas rurales del Objetivo 5 B, han sido
delimitadas en el mes de enero pasado, representando un importante
crecimiento respecto de las vigentes en el período 89-93. Así, la
superficie delimitada aumenta un 33,8 por ciento, alcanzando a 84.972
kilómetros cuadrados, y a un 75,4 por ciento de la población acogida
respecto al período precedente.

La contribución comunitaria a las zonas rurales del Objetivo 5 B,
procedente en estos casos de los tres fondos estructurales, porque el
Objetivo 5 B lo comprenden los tres fondos estructurales de
responsabilidad del Ministerio de Agricultura --el Feoga-orientación, el
Feder y el Fondo Social Europeo--, ascenderá a 106.240 millones de
pesetas, lo que originará un proceso inversor en el período 94-99 de
236.000 millones de pesetas. También ha sido asignada a las regiones
españolas excluidas del Objetivo 1 una cantidad de 52.000 millones de
pesetas para promover las actuaciones de carácter horizontal del Objetivo
5 A.

Durante el mes de abril se han presentado a la Comisión de la Unión
Europea todos los programas operativos que desarrollarán hasta final del
año 1999 los marcos de apoyo comunitarios referidos anteriormente,
esperando su aprobación en los próximos meses. Se trata, en total, de
unos 700.000 millones de pesetas de aportaciones comunitarias, que
representan un aumento de 2,5 veces lo recibido en el anterior período,
que fue de 225.000 millones de pesetas. Es cierto que estamos hablando de
un período de seis años y no de cuatro, pero también hablamos de
multiplicarlo por 2,5 y no por 1,5.

Los ejes prioritarios de actuación de estos programas operativos serán la
dotación de las infraestructuras de base necesarias para el desarrollo
económico, la diversificación de la actividad económica y la creación de
empleo, la protección y conservación de los recursos naturales y la
mejora del hábitat rural. Se dará un interés prioritario a la formación
de los recursos humanos para su adaptación al proceso de diversificación
de las zonas rurales.

La gestión de estos programas constituye uno de los proyectos que
permitirá impulsar el desarrollo rural, en el marco de cooperación con la
administración autonómica y con la administración local. Dentro de este
apartado de desarrollo rural, y después de la experiencia adquirida por
52 grupos de acción local, en el ya concluido Leader 1, está en fase de
elaboración la iniciativa Leader 2, aplicable al período 1994-1999, de la
que se esperan obtener --tómenlo como una estimación-- unos recursos de
los fondos estructurales comunitarios del orden de 50.000 millones de
pesetas, que impulsarán una intervención cifrada en torno a los 150.000
millones de pesetas.

La estrategia para el desarrollo de las zonas rurales, a través de este
instrumento comunitario, irá dirigida de forma preferente al desarrollo
del turismo rural (alojamiento en viviendas rurales, campings y zonas de
acampada, oficinas de turismo verde, acondicionamiento de parajes
naturales, etcétera), apoyo a la artesanía de carácter tradicional,
desarrollo y explotación de bosques y de sus producciones potenciales,
revalorización de la producción agraria mediante el apoyo a los procesos
de transformación y comercialización de los productos de carácter típico
local, apoyo a los servicios locales para la agricultura y la
silvicultura y formación profesional y asistencia técnica para las nuevas
actividades y demandas.




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Pasando ahora a los temas agroambientales, como he comentado al comienzo
de mi intervención, está en fase de elaboración una estrategia para la
conservación del medio natural, que espero presentar en las próximas
semanas, la cual recoge como un todo las distintas actuaciones del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en el ámbito de la
conservación del patrimonio natural. Los fines que orientan esta
estrategia son los siguientes: la conservación del medio natural como
sistema, la protección de los recursos en riesgo y la racionalización de
su utilización, la orientación de la estructura productiva hacia un
modelo de desarrollo sostenible, la mejora de la calidad de vida y el
complemento de la renta de la población rural, a través de actividades
ligadas a la conservación del medio natural y la inducción a la
generación de empleo rural de carácter estable. Para ello, la estrategia
se articula conforme a los siguientes criterios de actuación: profundizar
en el conocimiento del medio natural y en la elaboración de sus recursos,
garantizar la conservación del medio natural en equilibrio con el modelo
de desarrollo, restaurar y regenerar el equilibrio de los ecosistemas y
sus recursos, hacer que el respeto a los valores naturales se convierta
en el marco de referencia a la actividad productiva del país y hacer que
la conservación de la naturaleza emerja como uno de los soportes del
desarrollo rural, contribuyendo al empleo y a la diversificación del
tejido económico.

En coherencia con los fines y criterios definidos, la estrategia se
concreta en tres líneas de actuación: en primer lugar, la lucha contra la
erosión, la desertificación y la degradación del medio natural; en
segundo lugar, la bacteralización del uso del agua; y en tercer lugar, el
mantenimiento de la biodiversidad.

Como podrán observar SS. SS. por lo anteriormente indicado, se trata de
contemplar el conjunto de la actividad del Ministerio de manera
compatible con la conservación del medio. Definir la estrategia y las
líneas de actuación es una tarea que nos ocupará los próximos meses, pues
tengo gran interés en adoptar esta iniciativa a muy corto plazo, en
consonancia con otras actividades ya iniciadas tales como el programa de
forestación de tierras agrarias, el programa de medidas agroambientales o
el apoyo a las zonas desfavorecidas. Así, mediante el programa de
forestación se prevén repoblar 800.000 hectáreas, con una inversión en el
quinquenio 1994-98 de 276.000 millones de pesetas, que comprende no sólo
la forestación, a la que se destinan 155.000 millones de pesetas, sino
también las actuaciones de mantenimiento, compensación de rentas y
mejoras a realizar en las superficies forestadas. En los años siguientes
deben proseguir estos trabajos de mantenimiento, compensación de rentas y
mejoras, con una inversión prevista para el período 1999-2017, arrastrada
por las tareas de forestación realizadas en estos cinco años, de otros
300.000 millones de pesetas. Las ayudas de este programa alcanzarán, de
acuerdo con nuestras estimaciones, a 50.000 beneficiarios y contribuirán
a fomentar el empleo especialmente rural no sólo directo, sino también
inducido. Desde 1993 y hasta la actualidad, se han producido ya más de
10.000 solicitudes, con una superficie superior a las 250.000 hectáreas,
y ayudas previstas por un importe de 90.000 millones de pesetas.

El programa agroambiental, que prevé invertir desde 1994 a 1999 250.000
millones de pesetas, comprende las siguientes medidas de actuaciones:
medidas horizontales, encaminadas a fomentar la agricultura ecológica, la
formación, a proteger razas en extinción y a favorecer la extensificación
de cultivos y de la ganadería; las actuaciones en parques nacionales, las
actuaciones en humedales de las zonas del Convenio de Ramsar, las medidas
en las zonas de especial protección de las aves y los programas de zona
elaborados por las comunidades autónomas.

Las zonas desfavorecidas españolas reciben anualmente cerca de 15.000
millones de pesetas, de los cuales más de 11.000 corresponden al
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y de los que se
benefician 180.000 agricultores, que verán en 1994 incrementado el valor
de los módulos por encima notablemente de la pérdida del poder
adquisitivo, como ustedes conocen, porque es una decisión ya adoptada por
el Gobierno.

Dentro del ámbito agroambiental quiero destacar la futura ley de vías
pecuarias, que espero que se remita al Parlamento en las próximas
semanas. Estas vías, que ocupan una longitud de 125.000 kilómetros y
425.000 hectáreas, han venido cumpliendo tradicionalmente una doble
finalidad: poner en comunicación las zonas de pastoreo estacional,
puertos de montaña y dehesas de invernada, y proporcionar alimento al
ganado durante el desplazamiento, durante la trashumancia.

Con independencia de la distribución competencial, la normativa vigente
no se adapta a las necesidades y demandas de la sociedad presente, de ahí
que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1.23.ª de la
Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre
legislación básica en materia de vías pecuarias, se haya elaborado un
borrador de anteproyecto de ley básica de vías pecuarias. Las líneas
maestras responden a un concepto estrictamente conservacionista del
patrimonio viario, de forma que garantice el tránsito ganadero, y con
ello colabore decisivamente en el aprovechamiento de recursos pastables
infrautilizados, y favorezca el mantenimiento de razas autóctonas en
régimen extensivo, pero imposibilite cada vez más una serie de usos y
actividades sociales compatibles con dicho tránsito ganadero y que se
dirigen fundamentalmente a la conservación y al disfrute de la naturaleza
compatible con esa conservación.

Por último, dentro de los programas medioambientales, destacan los
programas dirigidos a la conservación de la diversidad biológica, que
constituye hoy en día una de las preocupaciones básicas de todos los
estados; preocupación que alcanza su máximo reflejo en la aprobación y
adhesión de dichos estados al Convenio sobre biodiversidad. Resultaría
inadecuado plantearse una política de desarrollo agrario basada
únicamente en términos de producción y, por ello, la reciente reforma de
la política agrícola común subraya que la gestión del campo debería gozar
de un mayor reconocimiento y ser recompensado de manera acorde a la
gestión ambiental, en definitiva, que la gestión ambiental



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debe constituir una de las nuevas funciones del mundo rural.

Resultado de la integración de la conservación de la naturaleza en el
seno de las demás políticas sectoriales son la integración de la
agricultura y la protección del medio ambiente y de mantenimiento del
medio natural que la reciente reforma de la PAC estableció en sus medidas
de acompañamiento, así como la nueva dimensión del concepto existente de
espacios naturales protegidos.

Los objetivos de esta política dirigida a conservar y a fomentar la
diversidad biológica, son: identificar y valorar la diversidad natural
del territorio español, el mantenimiento de la diversidad natural
mediante la planificación del uso de los recursos naturales, la acción
preventiva y la recuperación de especies amenazadas, así como la
restauración de los hábitats, la creación y consolidación de la red de
espacios naturales españoles --que formarán parte de la red Natura
2000--, completar y consolidar la red estatal de parques nacionales,
completar el desarrollo normativo y cooperar y coordinar instituciones
con la creación de la Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza.

En lo que se refiere al sector pesquero, los dos grandes ejes de la
política comunitaria de pesca que han configurado y configuran
ineludiblemente la política pesquera española son: la necesidad
imperativa de adecuar la capacidad extractiva a las posibilidades de
acceso a los recursos en su doble vertiente, biológica y jurídica, para
así garantizar una actividad económica rentable y duradera, y la
materialización de lo que ha venido a llamarse la nueva política común
pesquera, fruto del análisis y debate a que dio lugar el llamado Informe
91, y éste a su vez al nuevo Reglamento marco 3.760/92, cuya
característica principal es la incorporación de un planteamiento
globalizador e integrador de la actividad pesquera en sus tres vertientes
principales: recursos, estructuras y mercados.

La actual interacción entre la política nacional y la política
comunitaria de pesca hace posible llevar a cabo las cinco políticas
siguientes: política de conservación, política de gestión de los
recursos, control y vigilancia pesquera, adecuación de la capacidad
extractiva al estado biológico de los recursos y política de mercados. En
política pesquera, y con independencia de las líneas tradicionales que
viene desarrollando el Departamento, quisiera destacar en materia de
conservación de recursos el esfuerzo que estamos desarrollando a nivel
europeo en la erradicación de determinadas artes cuyas consecuencias
nocivas son reconocidas no sólo por nosotros, sino a nivel internacional,
como son las redes de malla y a la deriva, el arrastre pelágico,
etcétera, y por otra parte, el mantenimiento consciente de modalidades de
pesca tradicionales.

Quiero destacar, asimismo, el importante acuerdo, recientemente firmado
por la Unión Europea y la República Argentina, que permitirá,
principalmente a la flota de congeladores con base en Vigo, acceder a
estos caladeros, continuando de esta manera con la diversificación del
esfuerzo pesquero.

Por último, en el tema pesquero y como trabajo a desarrollar en los
próximos meses, se encuentra el nuevo instrumento de financiación de
orientación pesquera (IFOP). En base a las orientaciones establecidas por
este instrumento financiero comunitario, se ha redactado el Plan
Sectorial de Pesca 1994-1999 del Estado español, presentado el 30 de
marzo pasado, y que contempla la financiación de unas medidas dirigidas a
cumplir una serie de objetivos que se establecen en siete ámbitos de
intervención: El ajuste del esfuerzo pesquero, con 98.000 millones de
pesetas; la renovación y modernización de la flota pesquera, con 204.000
millones de pesetas; la promoción de la acuicultura, con 23.680 millones
de pesetas; las zonas marinas costeras, con 5.650 millones de pesetas; el
equipamiento de puertos pesqueros, con 13.760 millones de pesetas; la
transformación y comercialización de productos, con 67.500 millones de
pesetas; y la promoción de productos pesqueros y de la acuicultura, con
5.500 millones de pesetas.

Por tanto, para llevar a término estos objetivos se prevé una inversión
superior a los 418.560 millones de pesetas; de los cuales, 347.200 se
efectuarán en las regiones Objetivo 1, y 71.350, en las regiones Objetivo
5 B. Estas inversiones serán financiadas por el IFOP con 177.000 millones
de pesetas y la Administración española aportará otros 73.000 millones.

En la política de sostenimiento de renta he de indicarles que el futuro
plan de seguros agrarios constituye otra de las prioridades del
Departamento y que en el mismo trataremos de conseguir el equilibrio
financiero y presupuestario del sistema de seguros agrarios, sin por ello
renunciar a los objetivos de mantenimiento de rentas y de consolidación
del propio sistema. El conjunto de medidas estabilizadoras será
compatible con el mantenimiento de las actuales líneas de seguro y con la
inclusión de otras nuevas, algunas de las cuales se incluirán ya en el
plan de 1995 y otras quedarán supeditadas a los resultados de los
estudios de viabilidad que se pondrán en marcha a partir del próximo año.

Con este planteamiento se atiende a las nuevas demandas del sector dando
cobertura a los riesgos fundamentales de nuestra producción agraria. Con
esta estrategia, la ampliación de la cobertura se compatibilizará con las
finalidades de protección social y de instrumento de política de
ordenación agraria, que se pondrá en práctica a través de la introducción
de nuevos criterios para la concesión de subvenciones, mediante los
cuales se favorecerá fundamentalmente a las explotaciones prioritarias,
siguiendo la línea ya establecida en el proyecto de ley de modernización
de las explotaciones agrarias. Las citadas medidas estabilizadoras serán
el estudio de zonas problemáticas, especialmente en las líneas de seguro
que presentan un mayor déficit, y la introducción de un conjunto de
medidas técnicas de aseguramiento tales como el sistema conocido como
«bonus malus», establecimiento de pólizas plurianuales y policultivo, así
como la racionalización de las normas de peritación para dotarlas de una
mayor agilidad.

Para ir cerrando esta introducción, en la exposición de los proyectos del
Departamento hay que indicar que la política en relación con las
comunidades autónomas se basa en tres ideas fundamentales: la
intensificación de los traspasos pendientes, la colaboración con las
comunidades autónomas en todas aquellas materias en las que el Estado



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conserva competencias en materia de agricultura y, finalmente, la
potenciación de la conferencia sectorial de agricultura. La
intensificación de los traspasos pendientes, cuyos primeros frutos han
tenido lugar estas últimas semanas en virtud de los acuerdos de traspasos
con la comunidad autónoma de Cataluña, supondrán la extensión a todas las
comunidades autónomas en breve plazo de la asunción por parte de éstas de
las competencias en materia de calidad agroalimentaria y defensa contra
fraudes, la ampliación de transferencia de medios del Instituto para la
Conservación de la Naturaleza, así como la gestión de las ayudas directas
a los agricultores que anteriormente eran gestionadas por el Servicio
Nacional de Productos Agrarios.

Por último, y como recordatorio de la situación en que se encuentran los
proyectos parlamentarios más inmediatos, tenemos los siguientes:
proyectos aprobados en Consejo de Ministros y en trámite de discusión
parlamentaria, el proyecto de ley reguladora de las organizaciones
interprofesionales agroalimentarias y el proyecto de ley de declaración
de parque nacional de los Picos de Europa. En fase de consulta preceptiva
al Consejo Económico y Social para su remisión posterior al Parlamento
está el proyecto de ley de modernización de las explotaciones agrarias;
en fase de aprobación inmediata por el Consejo de Ministros el
anteproyecto de ley de vías pecuarias y en fase de estudio y preparación
el anteproyecto de ley de parques nacionales referentes a Monfragüe y a
Roque Nublo.

Creo que esta exposición queda incompleta si no hablamos del proceso de
reforma de la política agrícola común como consecuencia de los acuerdos
del GATT y de la adaptación de la propia política agrícola común al mejor
cumplimiento de sus objetivos para los próximos años, pero me van a
permitir que no haga referencia a estas materias porque creo que
tendremos oportunidad de hacerlo a lo largo de la mañana. Quiero
reiterarles que el Ministerio de Agricultura va a mantener una actitud
muy abierta y muy transparente, de diálogo, con las organizaciones
profesionales agrarias, así como la disposición del Ministerio a mantener
una estrecha colaboración con esta Comisión de Agricultura para que entre
todos consigamos las mejores respuestas a los problemas de nuestra
agricultura, del conjunto del sector agrario y yo diría que del conjunto
del sector agroalimentario español.




El señor PRESIDENTE: La petición de comparecencia ha sido realizada por
el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Tiene la palabra la señora
Rivadulla.




La señora RIVADULLA GRACIA: Señor Ministro, en nombre de mi Grupo le
agradezco su comparecencia en esta Comisión. La solicitud de
comparecencia era para que el Ministro tuviese ocasión de informar a la
Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Congreso sobre sus
principales líneas de actuación centradas en este período de sesiones y
en el próximo. Se ha obviado un capítulo importante, que es si el
Gobierno prevé un incremento presupuestario en el próximo período de
sesiones para llevar a cabo todas estas actuaciones. Es muy importante
porque dentro de la línea de implementación de todas estas leyes es obvio
que se van a necesitar más recursos que los que el Ministerio ha
destinado este año.

Quiero decirle, señor Ministro, que leí sus declaraciones en la prensa en
el sentido de que todavía debíamos perder 232.000 empleos agrarios y que
la población activa debía reducirse. Nuestro Grupo Parlamentario comparte
su opinión al respecto, pero teniendo en cuenta que en nuestro país se ha
producido durante los últimos años un abandono masivo de explotaciones
agrarias que ha producido desertización en zonas rurales y que ha dejado
en la indefensión a cantidad de agricultores que han ido a engrosar el
paro de las ciudades, sin que por parte del Gobierno hubiese medidas de
reconversión como las que en otros sectores, con mayor o menor fortuna,
se han producido; el sector agrario se ha visto huérfano de estas
medidas. En este sentido, el alivio natural que el Ministro expresaba en
las declaraciones a la prensa en el sentido de que había un
envejecimiento de la población agraria y que, por tanto, eso se podría
producir a base de jubilaciones, me parece oportuno, pero quiero
introducir la ironía de que esa reducción de la población agraria activa
en el campo no se produzca a través de la reforma de la Organización
Común de Mercado del vino que podría dar lugar, efectivamente, a que la
población activa del campo disminuyese considerablemente, pero esto es
ironía, señor Ministro. Sé que todos estamos en la lucha para que eso no
se produzca.

Hay un tema al que se ha referido, que es el rejuvenecimiento de la
población. Yo creo que todo esto hay que ligarlo en gran medida con la
ley de modernización, pero con políticas globales para las zonas rurales.

Las explotaciones tienen que ser rentables, se tienen que modernizar,
pero tiene que haber una política encaminada a fomentar la formación
agraria de los jóvenes agricultores que quieran continuar con las
explotaciones agrarias. Quiero recordarle, señor Ministro, que la partida
presupuestaria del año político en curso en formación es muy reducida, y
quiero preguntarle si considera que los centros de formación profesional
agrarios son suficientes y reúnen la calidad suficiente como para poder
dar formación a estos jóvenes que pretendemos que ingresen en la
actividad agraria, así como la formación continuada de los agricultores
tanto desde el punto de vista técnico como de gestión.

Señor Ministro, la verdad es que esta Diputada se vio muy satisfecha con
sus declaraciones respecto a la potenciación de la industria nacional
alimentaria. Teníamos el 30 por ciento de la industria agroalimentaria en
manos de empresas extranjeras y es motivo de satisfacción la nueva
orientación del Ministerio por cuanto que cuando en la comparecencia del
anterior Ministro manifestamos nuestra preocupación en este terreno se
nos dijo que las empresas multinacionales, las extranjeras, son europeas
y que, por tanto, era igual que fueran francesas, italianas o españolas.

Nosotros compartimos más la opinión del actual Ministro por cuanto
sabemos lo que significa el hecho de que las empresas estén arraigadas en
un territorio y que, con unas garantías de rentabilidad, tengan voluntad
de permanencia en el mismo por cuanto que se garantiza el empleo y la
prosperidad de las zonas donde se instalan.




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El señor Ministro ha hablado en su intervención sobre la potenciación del
asociacionismo agrario. Quisiera decirle que nos parece importantísimo el
desarrollo del mundo cooperativo, nos parece importantísimo estimular la
fusión de cooperativas, que las cooperativas asuman funciones no
solamente de almacenamiento y distribución de productos, sino también de
transformación, sin que por eso queramos caer en las minúsculas empresas
de transformación; pensamos que la industria alimentaria debería tener
también parte importante en la industria cooperativa. En ese sentido, las
cooperativas deberían tener un tratamiento fiscal más adecuado para el
ejercicio de sus funciones y deberían tener también incentivos para que
pudiesen intervenir cada vez más en el sector de transformación y
comercialización.

Señor Ministro, pienso que todas las reformas que queramos hacer deberán
ser consensuadas con el sindicalismo agrario y tengo la impresión de que
no se está haciendo lo suficiente. Siempre se dice que se ha consultado
con los sindicatos, que se tienen muy en cuenta, pero tengamos presente
que en nuestro país todavía no se han realizado las elecciones en el
campo. Después de doce años de Gobierno socialista las organizaciones
agrarias tienen legitimidad representativa porque se les reconoce, pero
no la tienen por las urnas. Por tanto, este proceso debe estimularse para
que las organizaciones agrarias, de la misma manera que son
interlocutoras válidas a todos los efectos en la Comunidad Europea, lo
sean también a todos los efectos en nuestro país.

En relación con las ayudas comunitarias debe haber una modulación de las
ayudas en favor de la explotación familiar agraria. Se están
distribuyendo muchas ayudas, sin que haya control, que no benefician a
las explotaciones que en la nueva Ley de Modernización se denominan como
prioritarias. Creemos que estamos haciendo un flaco favor precisamente a
los que tienen voluntad de permanencia en el campo que tendrían que tener
unas rentas y un estímulo suficiente como para continuar. El Ministerio
debería de llevar una lucha decidida contra la especulación en estos
tipos de ayudas.

Para acabar, comentar dos o tres puntos de su intervención. En relación
con el mundo rural y los fondos Leader, nosotros vemos la importancia de
los fondos estructurales de la Unión Europea y de los fondos Leader, pero
pensamos que debe haber una coordinación en todo este tipo de actuaciones
porque, por ejemplo, en todo lo que se refiere al agroturismo, los
sectores que de forma incipiente se han iniciado en estas actividades
complementarias vemos que están en una situación de gran frustración, y
gente que tenía proyectos importantes los está dejando porque por parte
de la Administración --en este caso de la Administración central-- no se
han articulado medidas de tipo fiscal y de seguridad social para que los
agricultores que quieren ejercer la actividad agraria, pero también estas
otras actividades complementarias, no se vean gravados doblemente por
estas dos actividades que las hacen prácticamente no rentables. Quisiera
saber su opinión sobre este punto.

En relación con el tema de Investigación más Desarrollo, vuelvo a
decirle, señor Ministro, que los fondos que nuestro país destina son
absolutamente insuficientes, y si tenemos en cuenta el retraso en el que
nos encontramos en nuestro país, pensamos que deberíamos dar pasos de
gigante en ese sentido.

En el tema de forestación, cuando la promulgación del Decreto, desde
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, ya manifestamos nuestra
preocupación porque este plan de forestación, que es muy ambicioso y que
pensamos que puede ser muy importante, vaya encaminado a una doble
función: primero, a garantizar las rentas de los agricultores por las
tierras que hayan retirado del cultivo, pero, por otra parte, también
debe ser una medida complementaria para la preservación del medio
natural. Pensamos que se deben primar fundamentalmente las especies
autóctonas. Dada la escasez de plantones y de viveristas, el Gobierno
debería hacer una política de estímulo y de potenciación de aquellos
viveristas que producen plantones de especies autóctonas y, por otra
parte, también se debería atender a las industrias complementarias de
esta actividad forestal. Si sabemos que la madera que nos llega de otros
países es más barata que la que nosotros producimos, deberíamos fomentar
la plantación de especies de más valor y que el valor añadido quedase en
las zonas y comarcas donde se producen, a través de empresas aserradoras
que pudiesen transformar el producto y comercializarlo.

Para acabar, en el tema de seguros agrarios pensamos que se debería ir
hacia una generalización. Nuestro Grupo Parlamentario estaría incluso a
favor de la obligatoriedad de asegurar los cultivos. Es muy correcta la
modulación que se hace en relación a las explotaciones prioritarias y
reivindicamos otra vez más que riesgos como el del viento sean incluidos
en los nuevos planes de seguros agrarios, por cuanto que mañana vamos a
ver en el Pleno del Congreso un real decreto contra la sequía y, sin
embargo, va a haber cantidad de comarcas y de zonas donde no van a tener
ningún tipo de alivio a la situación en la que se encuentran por la
destrucción de sus cosechas, puesto que cosechas importantes se han
perdido por el viento y esto no está cubierto por ningún tipo de seguros.

Nada más, señor Ministro. Espero que en su respuesta me dé contestación a
algunas preguntas concretas que le he formulado.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que quieran intervenir en el debate?
(Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, el señor Ramírez tiene la
palabra.




El señor RAMIREZ GONZALEZ: Quisiera unirme a sus palabras de felicitación
al señor Atienza por la responsabilidad que ha asumido en el Gobierno de
la nación: nada más y nada menos que ser el titular de la cartera de
Agricultura en estos graves y trascendentales momentos que concurren para
el presente y el futuro de nuestro sector agropecuario y pesquero.

Como siempre, señor Presidente, dividiremos nuestra intervención, porque
nuestro portavoz en el tema pesquero



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también hará una mención específica al hilo de la intervención del señor
Ministro.




El señor PRESIDENTE: Señor Ramírez, no hay inconveniente, pero recuerden
los tiempos.




El señor RAMIREZ GONZALEZ: Muy brevemente, señor Presidente, y se lo
agradezco profundamente.

Señor Atienza, de verdad, me ha defraudado su intervención. Yo creía que
usted, en el tiempo que ha tardado en venir a la Comisión --que, por
diversas cuestiones, ha sido excesivamente largo--, había tomado
conciencia de la gravedad por la que estamos atravesando en el sector
agropecuario español y que iba a trasladar a la Comisión una estrategia,
una política, un compromiso del Gobierno socialista en relación al sector
mucho más amplio y mucho más ambicioso. Realmente tenemos más de lo
mismo. No encontramos una vocación de su Partido y de su Gobierno de
enfrentarse decididamente con los problemas que afectan a nuestra
agricultura.

Posiblemente el primero, señor Ministro, es la reubicación de nuestra
agricultura en las instituciones comunitarias, en la política agraria
común, a la que no ha hecho referencia, posiblemente porque se la reserva
--es mi esperanza-- para cuando habláramos del GATT y en ese momento
pensara usted plantear cuál va a ser la necesaria reubicación de nuestra
agricultura en la política agraria común y, al hilo de esa reubicación,
los compromisos que a efectos internos españoles ustedes van a adoptar.

Efectivamente, señor Ministro, tenemos una Ley de Interprofesionales, que
está aquí y que va a ser objeto de tratamiento parlamentario y de
trabajos parlamentarios en el próximo otoño. Nadie nos ha explicado ese
retraso que sufrió la Ley desde que fue aprobada por el Consejo de
Ministros y recibió el informe del Consejo Económico y Social, pero lo
cierto es que no llegó al Registro de la Cámara, posiblemente porque
había una voluntad de que no entráramos en su discusión antes del período
vacacional y que fuera objeto de tratamiento en octubre, pero sería bueno
que la ley de Modernización, a la que también ha hecho referencia, no
sufriera ese largo proceso de llegada a esta casa, que es la casa de todo
el pueblo español. Bienvenida la Ley de Interprofesionales, lo dijimos en
su momento. Hay que recordar que el Partido Socialista votó en contra de
una pretensión del Grupo Popular de que se instara al Gobierno a que
aprobara un proyecto de ley de Interprofesionales. En su momento se votó
en contra. Ustedes han rectificado, han creído conveniente la creación de
este sistema de conjunción de intereses desde la producción,
transformación y almacenamiento. Trabajaremos sobre ella e intentaremos
obtener un buen cuerpo legal, que tanto está esperando nuestro sector. Lo
mismo decimos de la Ley de Modernización. Trabajaremos sobre ella cuando
conozcamos su contenido.

Señor Ministro, todo esto puede quedarse en nada si realmente no contamos
con una vocación y una decidida transformación en su estrategia en cuanto
a dotar los presupuestos del Ministerio de Agricultura para alcanzar
estos objetivos. Estamos hablando, y usted ha dado un rosario de cifras
como posibles actuaciones de los reglamentos comunitarios, de los fondos
estructurales con destino a nuestra agricultura, pero si luego no tenemos
la cofinanciación, señor Atienza, no podemos aplicar los fondos
estructurales. Nos puede pasar lo que sucedió con el Real Decreto 808,
que usted tendrá presente en su actuación. Con el Real Decreto 808
atrajimos hacia España las previsiones de un reglamento comunitario que
preveía la modernización, la mejora de nuestras explotaciones agrarias.

La incapacidad socialista de dotar aquel presupuesto produjo que a los
seis meses tuviera que suspenderse la aplicación del Real Decreto.

Habíamos atesorado una deuda de más de 50.000 millones de pesetas y se ha
tardado cinco años en liquidársela a los agricultores.

La realidad del sector, señor Atienza --usted lo sabe mejor que yo, y
recientemente lo ha hecho público la Universidad de Valencia, la Escuela
de Ingenieros Agrónomos-- es que España es el penúltimo país de Europa a
la hora de aplicar y de atraer fondos estructurales con destino a su
agricultura, bien se mida por agricultores, bien se mida por hectáreas.

Perdón, vamos a hacer una medición por elementos humanos o materiales, y
por hectáreas o por agricultores, tenemos el 22 por ciento de la
superficie agraria de la Comunidad Económica Europea; que se mida por
elementos objetivos, no lancemos esas cantidades: 700.000 millones de
pesetas para la agricultura española, que es una cantidad que llena
titulares en la prensa, pero luego tenemos que aplicarla por hectáreas o
por agricultores. Pues midiendo por esos elementos objetivos, señor
Atienza, somos el penúltimo país de la Unión a la hora de atraer esos
fondos comunitarios. ¿Por qué? Porque exigen cofinanciación, porque
exigen participación de los presupuestos públicos, porque exigen peseta
española a la hora de atraer esos fondos. Todo esto, señor Atienza, puede
quedarse en agua de borrajas si no tenemos dinero, si en los presupuestos
de su Ministerio seguimos adoleciendo de una estrecha vocación agraria
del Partido Socialista, y nos pasará lo que sucedió con el Real Decreto
808. Lo tendremos que modificar, mejor dicho, lo tendrán que modificar
ustedes como lo hicieron en 1987, endureciendo las circunstancias
mediante las cuales los agricultores y ganaderos pueden beneficiarse de
sus ayudas, por lo tanto, marginando a un gran número de agricultores y
ganaderos a la hora de aplicar en su favor la política agraria común.

¿Estamos de acuerdo en que hay que modificar las estructuras comerciales?
Por supuesto, señor Ministro. ¿El asociacionismo agrario del que no ha
hablado mucho? Por supuesto. Me ha preocupado, supongo que habrá sido un
lapsus, porque ha dicho usted al principio: Me he reunido con sindicatos,
empresarios..., y no nos ha mencionado que se haya reunido con el mundo
cooperativo. Suponemos que se habrá reunido con el mundo cooperativo,
pero esos lapsus demuestran o que no se tiene en cuenta la reunión o que
no se tiene vocación, porque las circunstancias en este momento exigen,
señor Atienza, que tengamos reuniones con todos y que definamos
claramente cuál va a ser la estrategia que vamos a realizar.

Tenemos un reto realmente importante. La Unión Europea nos ha dicho por
dónde quiere ir. Los compromisos del



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GATT, como luego veremos, también nos señalan una imposición con relación
a nuestra capacidad de producción, a nuestros mercados, a nuestra
situación comercial y económica. En este momento necesitamos un Ministro
de Agricultura fuerte, con las ideas profundamente claras --dónde tiene
que estar, qué defensa tiene que hacer de nuestros intereses en las
instituciones comunitarias y qué presupuesto va a tener para afrontar
estos compromisos realmente importantes. Tenemos que luchar contra el
envejecimiento de nuestra población. A mí me preocupa cada vez que
ustedes llegan a la cartera de Agricultura. El señor Solbes dijo en su
momento: sobran la mitad de los agricultores. Y luego se arrepintió de
aquella expresión. Usted ya ha dicho la cifra de los que sobran. Me
preocupan profundamente, señor Atienza, esas cifras que no sabemos de
dónde salen. Posiblemente salen del diseño de un gabinete que está
elaborando unos papeles que luego no sabemos a qué realidad corresponden.

Si realmente tenemos que rejuvenecer el sector, es un elemento positivo
que se le va a exigir a su Gobierno y a su Ministerio con acciones
concretas, muy concretas, que se transforman en dinero, presupuestos,
políticas, compromisos. Lo demás, señor Atienza, puede sonar a hacer una
relación de cuestiones que luego no tienen nada que ver.

Señor Atienza, ¿qué dinero vamos a tener en 1995 para complementar los
fondos estructurales y atraer ese dinero en favor de nuestra agricultura
y de nuestra ganadería? Primera cuestión. Eso es fundamental. ¿Qué
estrategias vamos a seguir? Por ejemplo, habla usted de erosión y
desertización. ¿Va a plantear usted en la Unión que España necesita
definir un nuevo territorio, una nueva acción, un nuevo objetivo, que es
sequía, desertización y erosión? Tenemos una sequía estructural. Nuestra
sequía, señor Atienza, no es coyuntural. Hoy está en Andalucía, mañana
está en ambas Castillas, pasado mañana está en Aragón, otro año la
tenemos en la mitad del territorio. Desgraciadamente estamos conviviendo
con la sequía desde 1980 y, por lo tanto, alguien tendrá que plantear en
las instituciones comunitarias que España, igual que tiene Objetivo 1,
Objetivo 5 B, pues tendrá Objetivo 7, no sé el que le corresponderá, pero
tendrá que decidir una acción, de tal forma que automáticamente se pongan
en marcha los mecanismos comunitarios cuando se cumplan los criterios
objetivos, y no tengamos que ir a mendigar dinero, ayudas, demostrar no
sé qué y quedarnos, por ejemplo, como el año pasado, fuera de las ayudas
comunitarias, cuando las obtuvo Portugal.

Por lo tanto, ése es un elemento concreto y eso es lo que le estamos
pidiendo a usted. España tiene que plantear y demostrar que nuestra
agricultura es la más difícil de las que se hace en el seno de las
instituciones comunitarias. Señor Atienza, no hay ningún territorio
comunitario que tenga agricultura, por ejemplo, de cultivos herbáceos a
1.000 metros de altura, como tenemos las mesetas en el interior de
España; que tenga agricultura con 300 milímetros de precipitación; que
tenga agricultura con unas diferencias térmicas como las que tenemos
nosotros. Eso no existe en la Comunidad Económica Europea y eso tendrá
que plantearlo usted, porque usted tiene gran parte del territorio
español inmerso en esas circunstancias. Y tendrá que cambiar las
definiciones de Objetivo 1 y Objetivo 5 B. Pero, ¿cómo puede plantearse
que gran parte de Aragón sea Objetivo 5 B porque en Zaragoza esté
recluido más de un millón de habitantes y, por lo tanto, elementos
objetivos como puede ser la población esté marginando a una gran parte de
Aragón, de Huesca y de Teruel, que en nada tienen que ver con la riqueza
que se genera en Zaragoza y que no son Objetivo 1? Esas son las
cuestiones que tiene que plantear urgentemente en las instituciones
comunitarias: reubicación de nuestra agricultura y de nuestra ganadería;
dinero para atraer los fondos estructurales; acometer decididamente el
rejuvenecimiento, la modernización de nuestras estructuras. ¡Bienvenido
sea que nos dice que va a venir un plan de regadíos unido al Plan
Hidrológico! Antes no venía, ahora va a venir. ¡Espléndido!, señor
Ministro, lo estudiaremos, lo analizaremos, lo complementaremos porque
pretendemos desde esta Cámara y desde este Grupo Parlamentario colaborar
en que en España se aplique, se diseñe una política agraria de la que
hasta ahora hemos carecido.

Señor Ministro, ¿va a reformar su Ministerio? Es decir, no puede usted
tener una estructura de su Ministerio con más direcciones generales y más
subdirecciones generales que en 1982, por ejemplo, cuando desde ese
Ministerio se hacía toda la política agraria y no había desarrollo
autonómico y no estábamos incorporados en la Unión Europea. Usted tiene
el doble de altos organismos, el doble de altos directivos, el doble de
personas con altos niveles de responsabilidad. Eso no casa con un
desarrollo autonómico, eso no casa con haber trasladado el eje de nuestra
agricultura a la Comunidad Económica Europea, a Bruselas. Tiene usted que
demostrar que tiene que reducir ese Ministerio y confiar en las
comunidades autónomas. No se limite a hacer esa mención que ha realizado,
que ha mandado algunas competencias. Decididamente, señor Ministro,
cumpla la sentencia del Tribunal Constitucional, traslade a las
comunidades autónomas, en los pactos de convenios que sean necesarios,
reflejados con luz y taquígrafos, mande y haga cumplir la sentencia del
Tribunal Constitucional y asuma el hecho comunitario, asuma que las
comunidades autónomas tengan la personalidad de aplicar la política
agraria común que les es debida en función de sus competencias, apueste
por esa descentralización absoluta de su política agraria, repase la
nómina de su Ministerio, compárela con la del año 1982 y asómbrese, señor
Ministro, de lo que tiene allí y de lo poco que trabaja.




El señor PRESIDENTE: Señor Ramírez, le ruego vaya concluyendo.




El señor RAMIREZ GONZALEZ: Voy terminando, señor Presidente.

Ha dedicado gran parte de su intervención a medidas medioambientales, a
la naturaleza, que nos parece muy bien, pero, señor Ministro, nos
preocupa que quizá pueda perder el norte. Los agricultores y ganaderos
son un hecho económico, profesional. Participamos con más de un millón de
personas activas en la economía española,



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participamos en el PIB con una parte sustancial, interesante. La
agricultura es un hecho económico insustituible en inmensas regiones
españolas. No perdamos el norte, señor Ministro, y queramos convertir el
hecho agrario español en guardianes de bosques, etcétera, porque por ahí
podríamos no saber dónde estamos.

Le recuerdo, señor Ministro, que actuaciones de su Ministerio con
relación a la pretendida y forzada creación de parques nacionales están
provocando la unánime reacción de ayuntamientos, de ganaderos y de
agricultores de las zonas afectadas. Si estos ecosistemas existen es
porque, durante miles de años, agricultores y ganaderos los han
mantenido; no los ha inventado el burócrata de turno que ha llegado y se
ha sentado en el despacho correspondiente, se los ha encontrado porque
durante miles de años los agricultores los han mantenido y los han hecho
posibles coincidiendo con su actividad económica, con su actividad
agraria y ganadera. Por lo tanto, los mejores socios, los mejores
guardianes de la naturaleza son los agricultores y ganaderos. ¡Ojo!,
señor Ministro, con pretendidas actuaciones legales y reglamentaristas
que pierdan de vista ese objetivo: el guardián de la naturaleza es el
agricultor y el ganadero. Por lo tanto, llamo la atención sobre esa
cuestión. Vamos a aprovecharnos de las medidas de acompañamiento de la
Unión Europea. Por supuesto, ya me gustaría que hubiera habido más dinero
en los presupuestos españoles, que las dotaciones económicas de
indemnización, de forestación y de compensación de rentas fueran
superiores, como permitía la normativa comunitaria, señor Atienda, y
ustedes no lo han autorizado porque no tenían dinero en el presupuesto.

Queremos comprobar ese dato que nos da, 250.000 hectáreas en 1993. Tengo
serias dudas, señor Atienza. No es cuestión de saber quién dice la
verdad, tiempo tendremos en otoño de traer a la autoridad correspondiente
para que nos diga las provincias, los titulares, los agricultores,
etcétera, pero no son ésos los datos que nos están llegando, señor
Atienza.

Para terminar, una referencia a los seguros agrarios. Señor Ministro, con
los estabilizadores que quieren introducir, ustedes pretenden romper lo
que han significado los seguros agrarios en España, porque como tenemos
esa sequía estructural y no se han dado cuenta y no han planteado
seriamente en las instituciones comunitarias que cuando se habla de
España hay que hablar de sequía, de erosión, de desertización, ustedes se
han dado cuenta de que por los seguros agrarios están perdiendo dinero y
están intentando reestructurar los seguros agrarios de una forma
altamente negativa para los intereses agrarios. Habrá leído las notas que
han publicado las organizaciones agrarias que han asistido a la última
reunión. Concretamente la Unión de Navarra ha elaborado un documento
esclarecedor y denunciador de lo que pretenden hacer ustedes. Por lo
tanto, señor Ministro, vamos a seguir muy de cerca la reforma de los
seguros agrarios. Al principio se decía que eran garantía de rentas.

Luego, hubo un tiempo en que en su Ministerio dijeron que no eran tal
garantía de rentas --figura en el «Diario de Sesiones»-- y usted vuelve a
decirnos ahora que son garantía de rentas. Así entendemos nosotros los
seguros agrarios, señor Ministro, por lo que vamos a fiscalizar
seriamente lo que se va a hacer en esa materia.

En resumen, señor Ministro --y muchas gracias, señor Presidente, si me he
extendido algo más--: dinero, dinero y dinero (Risas.--Un señor Diputado:
¡Muy bien!), señor Atienza, dotando los presupuestos del Ministerio de
Agricultura para hacer posible la aplicación de las políticas
comunitarias, de los fondos comunitarios, de las inmensas posibilidades
que tienen las instituciones comunitarias. En segundo lugar, señor
Ministro, le vamos a ayudar, le vamos a apoyar, pero plantee seriamente
la nueva reubicación de nuestra agricultura en las instituciones
comunitarias. Así no podemos seguir. Léase el saldo exportador y el
importador, independientemente de que hayamos ganado algunas posiciones
el año pasado, fruto de la devaluación, léase cómo estamos, aún sin
capacidad de superar una actitud negativa en nuestro saldo
importador-exportador. Vamos a cambiar seriamente su política agraria,
señor Atienza, porque la que hasta ahora han llevado ustedes no ha
servido; si no, léase el resultado de las elecciones del pasado domingo
en las zonas agrarias españolas, señor Atienza. (Un señor Diputado: ¡Muy
bien! El señor Fernández de Mesa Díaz del Río pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Señor Fernández de Mesa, brevemente, por favor.




El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Señor Presidente, la única
fórmula que se me ocurre para poder intervenir en este momento del debate
es que el segundo punto de comparecencia, que se refiere a la pesca y que
el señor Ministro ya ha tocado en esta exposición, se subsuma en este
punto del debate y que liberemos al señor Ministro de volver a explicar
en el siguiente punto del orden del día lo que acaba de decir ahora; de
lo contrario, entiendo que no hay tiempo para que yo intervenga.




El señor PRESIDENTE: Si le parece, como en el GATT hay también un tema
específico de pesca, puede intervenir en aquel momento.




El señor FERNANDEZ DE MESA Y DIAZ DEL RIO: Intervengo y renuncio a mi
intervención en el segundo punto del orden del día para que el señor
Ministro no tenga que volver a intervenir porque ya lo ha dicho ahora.

Por mi parte no hay inconveniente.




El señor PRESIDENTE: Como la petición de comparecencia es de su Grupo, si
no tiene inconveniente, hágalo así.




El señor FERNANDEZ DE MESA Y DIAZ DEL RIO: Exactamente. Renuncio a la
intervención en ese punto del orden del día y puedo intervenir ahora.




El señor PRESIDENTE: Entonces, respecto al GATT, solamente intervendría
para temas agrarios.




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El señor FERNANDEZ DE MESA Y DIAZ DEL RIO: En este momento, única y
exclusivamente hablaré de pesca.




El señor PRESIDENTE: Lo que propongo es que el Grupo Parlamentario
Popular, cuando se trate el tema del GATT, renunciaría a plantear temas
de pesca. (El señor Romero Rodríguez: Y en el tema de la ampliación.)



El señor FERNANDEZ DE MESA Y DIAZ DEL RIO: Exactamente. Los planteo
ahora, puesto que ha hablado el señor Ministro sobre ese tema.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Fernández de Mesa.




El señor FERNANDEZ DE MESA Y DIAZ DEL RIO: Gracias, señor Ministro, por
su explicación. También le felicito por su nombramiento, sobre todo
teniendo en cuenta que todos los éxitos que pueda obtener en materia
pesquera serán los éxitos del Gobierno español y de España en un sector
tan afectado como el pesquero.

Me gustaría, señor Ministro, fijar mi intervención, espero que breve, en
tres puntos fundamentales entre los que usted ha tocado ahora, el tema de
la negociación con la Unión Europea, el tema del GATT, y el tema del
IFOP.

En cuanto al GATT, lo que más nos ha llamado la atención, señor Ministro,
es la comunicación que hace el Gobierno. Dicen ustedes que el sector de
la pesca no ha tenido en la Ronda Uruguay un tratamiento específico como
la agricultura, sino que se ha enmarcado en las negociaciones generales
sobre aranceles, con objeto de mejorar sus condiciones de acceso a los
mercados. Realmente, hubiera sido realmente interesante que este tema se
hubiera tratado de una manera diferenciada, puesto que España es un país
donde la importancia pesquera es de las mayores del mundo, y desde luego
la mayor de la Unión Europea, y los momentos de crisis por los que
atraviesa el sector pesquero español merecían un tratamiento cuando menos
diferenciado del resto de la agricultura.

Señor Ministro, de las 92 posiciones arancelarias en las que la Unión
Europea ofreció reducción de derechos de aduana, se identificaron 14
posiciones correspondientes a 12 productos considerados sensibles para
España, tanto por su nivel de importaciones o por efectos en su comercio
y en la producción nacional, como por relaciones pesqueras con terceros
países. Limitándome brevemente a la comunicación efectuada por el
Gobierno, bien escueta por otra parte, señor Ministro, en cuanto a su
resumen definitivo, en el que se dice que los resultados son bastante
razonables y que no son de esperar consecuencias negativas, es mucho
esperar, desde nuestro punto de vista, señor Ministro, aunque espero que
lo que ustedes dicen sea una realidad en el futuro y no como ha venido
pasando hasta ahora. Fíjese, señor Ministro, en que lo que se entresaca
de su comunicación es que para determinadas especies, como pueden ser el
lenguado congelado, el pez espada congelado y filetes de merluza
congelados, se reduce el 50 por ciento el derecho de aduana, teniendo en
cuenta que el primer proveedor es Marruecos, y después hablaremos del
convenio. En cuanto a crustáceos, el derecho de aduana se reduce en un
33,3 por ciento. Respecto a las conservas de sardina y similares, con los
problemas que hemos tenido en este terreno, se reduce el 50 por ciento.

Nos gustaría saber, señor Ministro, cuáles son las políticas de marcas,
de calidad, de control sanitario de estas nuevas importaciones que va a
haber, y las previsiones en inversiones para acuicultura, señor Ministro.

En todo caso, consideramos que aunque las negociaciones resulten bastante
razonables, como ha dicho el señor Ministro de Agricultura, no por ello
podemos dejar de esperar determinadas consecuencias negativas, porque no
vienen más que a complicar un poco más la situación de un sector que se
encuentra pasando realmente por una crisis importante en los últimos
años, sobre todo como consecuencia de nuestra incorporación a la Unión
Europea.

En cuanto a la negociación con la Unión Europea, mencionaba el señor
Ministro que se iba a mantener una lucha importante en cuanto a la
erradicación de las volantas pelágicas, de las redes de enmalle. Me
gustaría recordar al señor Ministro que ha sido precisamente este
Parlamento, el español, el que ha votado, por unanimidad de todos los
grupos de la Cámara, la erradicación definitiva de las volantas pelágicas
y de las redes de enmalle, pero que no se está cumpliendo; se está
cumpliendo la de los 5 kilómetros, pero no la de los 2,5 kilómetros, como
pedíamos todos los grupos parlamentarios y se aprobó en el Parlamento de
la nación. Hay que tener en cuenta también en este sentido el convenio
con Marruecos, señor Ministro, sobre el que se ha empezado y se ha
abierto una larga negociación en el día de ayer, y las graves
repercusiones que está teniendo en la flota del Mediterráneo y del
Atlántico sur, concretamente los problemas que estaban teniendo con la
flota andaluza, donde el incumplimiento sistemático de las paradas
biológicas de determinadas flotas está produciendo una auténtica
esquilmación y un fraude a los intereses de los pesqueros españoles con
la importación de unas especies que están vedadas para los pesqueros
españoles, puesto que se encuentran en paradas biológicas, paradas que no
se están respetando por otros gobiernos, y en este caso concreto por
otras flotas, como es la marroquí.

En ese sentido, y dentro de la Unión Europea, señor Ministro, al Partido
Popular le continúa preocupando la última negociación de ampliación con
la incorporación de Noruega y que en el momento de la incorporación
definitiva de este país a la Unión Europea sus condiciones de entrada
sean no sólo mejores que las españolas, sino que España continúe con sus
períodos transitorios, porque el acceso al «Irish box» a partir del
primero de enero del año 1996 no se ha negociado ahora; eso era algo que
ya estaba previsto con anterioridad. En este sentido, señor Ministro,
sobre esas 6.000 toneladas de bacalao que se dice que se han conseguido
en aguas noruegas, tengo que recordarle, con los datos exactos que se han
obtenido en la Unión Europea, que la cuota de adhesión de Noruega a la
Unión Europea en sus propias aguas es de 1.250 toneladas, suponiendo que
a España le corresponda el 50 por ciento del reparto intracomunitario;
que la cuota de adhesión de



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Noruega en bacalao o equivalente en otras especies supone 550 toneladas
en idénticas condiciones; que la posible cuota a negociar con terceros
países, como es el caso de Rusia, que todavía no está cerrada, sería de
4.000 toneladas, suponiendo que a España le correspondiera también el 50
por ciento de reparto intracomunitario, y que la cuota de Noruega en NAFO
transferida a España serían 500 toneladas, suponiendo también que nos
correspondiera el 50 por ciento del reparto intracomunitario.

En líneas generales, si esas cifras no son realmente importantes para el
sector pesquero español, puesto que hay que tener en cuenta que la cuota
en NAFO ha ido descendiendo, ya que en el año 1993 eran 4.971 toneladas,
en 1994 3.406 y en 1995 no lo sabemos --está pendiente de los acuerdos de
la próxima reunión NAFO de septiembre de este año--, en Svalbard, según
el Reglamento comunitario, tampoco sabemos qué es lo que va a pasar en el
año 1995, y la cuota de negociación en el Espacio Económico Europeo,
suponiendo que a España le correspondiera el 45 por ciento, se mantiene
prácticamente igual que en el año 1994 para el año 1995, de 3.825
toneladas, suponiendo que a España le corresponda el 45 por ciento del
reparto intracomunitario. Si a eso añadimos, señor Ministro --y es donde
hacemos mayor hincapié al Gobierno de la nación--, que Noruega podrá
entrar libremente en las aguas europeas, en el mejor de los mercados, y
que España continúa con un período transitorio hasta el año 2003, el
Grupo Parlamentario Popular conoce que el Gobierno ha hecho esfuerzos en
este sentido, pero no hay un acuerdo firmado de los Ministros de Pesca de
la Unión Europea que así lo diga, y sería importante, antes de entregar
el instrumento de ratificación de adhesión y de incorporación de los
nuevos países, que España tuviera amarrado ese tema con un acuerdo
firmado de que en modo alguno España podrá continuar o continuará con el
período transitorio en aguas comunitarias y lo que ello supone para
nuestra flota pesquera, siempre y cuando Noruega entre con plenitud de
posibilidades de pesca en nuestras aguas. Es decir, para nosotros, lo
realmente fundamental, independientemente de las cuotas conseguidas que
consideramos que son muy bajas, es que es imprescindible que si Noruega
entra sin ningún tipo de período transitorio en aguas comunitarias, para
España este es el momento de liberarse de esa pesada carga de tener un
período transitorio hasta el año 2003. Nosotros solicitamos del Gobierno,
una vez más, que haga valer los derechos de los pescadores españoles, en
este sentido, porque es fundamental, señor Ministro, independientemente
de ese período transitorio que Noruega se ha reservado de tres años, para
que nadie pueda ni siquiera instalar allí una industria de transformación
pesquera o industrias pesqueras por un período que se han reservado,
repito, de tres años.

En cuanto al IFOP, señor Ministro, nosotros hemos solicitado un debate,
en este caso concreto de esos 1.200 millones de ecus que va a recibir
España. Entendemos que la gestión de los fondos del IFOP se debe
articular bajo los principios básicos, que son el tratamiento
regionalizado de los mismos y el principio de subsidiariedad, que en este
caso deben trasladarse a las comunidades autónomas. Entre otras cosas,
creemos que hay que fijar unos criterios de reparto entre las distintas
comunidades autónomas implicadas, y así, los criterios según los cuales
gestionarían los fondos del IFOP, a lo que el Ministro ha hecho mención,
atenderían principalmente a la importancia relativa del sector en cada
comunidad, tamaño de la flota, arqueo, potencia, número de tripulantes,
pesca desembarcada, industrias de tansformación, etcétera, y, por otra
parte, la mecánica operativa de cada uno de los beneficiarios exigiría de
éstos que presentaran una única solicitud de ayuda en esta comunidad y
ante la comunidad autónoma y que ésta resolviera la concesión de la ayuda
total donde se incluiría la participación del IFOP y las participaciones
nacionales. En lo que se refiere a las competencias de la administración
central, ésta tendría el cometido, entre otros, para transferir a las
comunidades autónomas, de acuerdo con los criterios fijados
anteriormente, aunque sabemos que el Ministerio en este momento ha
abierto un período de negociación con los distintos consejeros de las
comunidades autónomas, el 80 por ciento de la cantidad que les
corresponda al principio de cada ejercicio económico, simple y llanamente
para que sea posible, como decía el Secretario General de Pesca Marítima,
agilizar lo que es la administración, en este caso concreto en el acuerdo
pesquero.

Por último, y termino, señor Presidente, a partir del próximo 1 de enero
Bruselas controlará todas las flotas pesqueras de la Unión Europea, y
España, por supuesto, con este control, será uno de los países más
perjudicados, primero, porque es la primera potencia europea en materia
pesquera; segundo, porque es el primer país consumidor de la Unión
Europea, 43 kilos por habitante y año de productos pesqueros, y, desde
luego, cuantas más cortapisas y más normativa para cumplir impongan a las
flotas españolas, mayores restricciones nos encontraremos dentro de
nuestro mercado. Nos parece claro que el objetivo de la Unión Europea
asegurándose el control bajo la flota hispana, cuando desaparezca el
régimen diferenciado que se aplica ahora, será un control mayor sobre la
flota pesquera, la importante flota pesquera española. Hacemos una
advertencia, señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, estoy
convencido de que el Gobierno la tendrá en cuenta y para ello tendrá todo
el respaldo del Grupo Parlamentario Popular, como lo ha tenido en la
negociación de la ampliación de la Unión europea, aunque los resultados
hayan sido bien diferentes: mucho ojo y mucho cuidado, por lo menos así
lo hacemos constar, y estoy seguro de que el Gobierno también lo está
manejando ante ese DNI marítimo que se nos avecina; ese DNI que se
pretende para los requisitos que tendrá que cumplir cada Estado miembro
de la Unión Europea, con el arte autorizada, con la zona en que debe
faenar, con las especies que podrá capturar, con la fecha en que se libró
la autorización de pesca, con el período de vigencia de la misma y otras
condiciones que aún están pendientes de definir, que es lo que más nos
preocupa. El Gobierno debe hacer una auténtica defensa de los intereses
pesqueros españoles y no, como en otras ocasiones, que se impongan los
restantes países de la Unión Europea que tienen bastante menos que decir
que España en materia pesquera.




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Por último, señor Ministro, aunque no ha hecho referencia a ello --son
dos palabras sobre esta cuestión--, está el caso de Canarias. Los
Ministros de Pesca de la Unión Europea también aprobaron el régimen de
compensaciones complementarias para la comercialización de productos
pesqueros en Canarias, y esta medida, según dice el propio documento,
regirá durante doce meses, y después la Unión Europea valorará sus
efectos y decidirá su prórroga, derogación o modificación. Teniendo en
cuenta que las primas en favor del mercado canario pasan de los actuales
264 millones de pesetas por año a 512, no nos dejemos obnubilar por las
cifras que nos van a poner encima de la mesa, porque serán evidentemente
compensación a las carencias en materia de licencias, de caladeros, de
producción en definitiva de lo que es un sector y un tejido importante,
como es el pesquero, que serán, a buen seguro, inferiores a las que
nosotros conseguiríamos con un sector pesquero importante y que fuera
capaz de penetrar en mercados exteriores.

Por tanto, señor Ministro, nosotros deseamos, de verdad, que la gestión
en este caso del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sea
buena, entendiendo que será buena para cada uno de los sectores
españoles. Para eso tendrá nuestro apoyo, y como leal oposición, señor
Ministro, nuestra denuncia en cada uno de los casos en los que
consideremos que no se están defendiendo los intereses españoles.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió),
tiene la palabra el señor Vidal.




El señor VIDAL I SARDO: Señor Presidente, señorías, señor Ministro,
también deseo comenzar mi intervención agradeciéndole, señor Atienza, en
nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) su
comparecencia en esta Comisión que ya había frecuentado como Director
General de Estructuras, pero al ser su primera comparecencia como
Ministro de Agricultura quiero aprovechar también para unirme a los demás
portavoces para felicitarle por su nombramiento y para desearle los
mayores aciertos en su gestión como máximo responsable de la política
agraria del país. Trabajo no le faltará, señor Ministro, porque en
política agraria queda ciertamente todavía mucho por hacer y por mejorar,
porque son muchas las incertidumbres y los desánimos que habrá que
despejar con cierta urgencia. Hoy ha tenido, y tiene todavía, una
magnífica oportunidad para empezar a hacerlo.

Debo reconocer que se han iniciado actuaciones en su Ministerio que van
en la dirección correcta y, con el talante de diálogo que se ha
practicado con las fuerzas políticas, con las organizaciones
profesionales y con las comunidades autónomas, tenemos esperanza de que,
si se intensifican, se podrá dotar con celeridad al sector del marco
jurídico, económico y social que necesitan nuestros agricultores para
seguir desempeñando con dignidad y continuidad su trabajo.

A nosotros nos ha complacido su intervención porque, señor Ministro,
partimos de la base de que usted se halla con unos presupuestos cerrados.

Lógicamente la política de su Ministerio tiene que ser de continuidad,
porque, además, pertenece al programa del Partido que gobierna. Lo único
que le pedimos es que no se resigne a que sus compañeros del Ministerio
de Hacienda sean cicateros en el presupuesto que tendrá que preparar
usted para la próxima anualidad, porque de ese presupuesto dependerá
seguramente --siempre que se prepara un presupuesto es así-- la
supervivencia de un sector, que además de sector son personas, son modos
de vida, son personas socialmente útiles para seguir desempeñando un
servicio al conjunto de la sociedad.

Usted ha hablado de modernización de explotaciones agrarias. Ciertamente,
el proyecto de ley está todavía pendiente de llegar a estas Cortes --lo
conocemos relativamente--. Pensamos que en este proyecto de ley tiene que
haber importantes apartados para potenciar la viabilidad de las
explotaciones y para ello se necesitará hacer una incidencia muy especial
en la fiscalidad. Usted ha hablado de favorecer al profesional de la
agricultura. Nosotros opinamos que, ciertamente, el profesional de la
agricultura a título principal debe ser el primer beneficiario de las
ayudas y de esta propia fiscalidad, pero no hay que olvidar que la
agricultura europea se practica también a tiempo parcial y que,
lógicamente, hay que prever también la posibilidad de que las ayudas
alcancen a este tipo de agricultores. La modernización de las
explotaciones agrarias requerirá también, por descontado, una mejora en
la cualificación de los agricultores y aquí habrá que hacer un esfuerzo
importante en la formación profesional.

Ha hablado también de la consolidación de los regadíos, entre otras
cosas, impidiendo la sobreexplotación de los acuíferos. Nosotros
añadiríamos también que un punto importante para la consolidación de los
regadíos y la extensión de éstos es la mejora en el aprovechamiento del
agua con la modernización de los sistemas de regadío. Esto lo practican
otros países de nuestra área con resultados muy positivos.

Ha hablado usted de la ley de interprofesionales, de la que dependerá en
buena parte nuestro acceso a los mercados y a la competitividad, pero de
la que dependerá especialmente, para que esta competitividad sea
beneficiosa y más grande, el acceso a una calidad de todos los productos
de los agricultores españoles. Se ha referido usted al desarrollo del
mundo rural y a los fondos estructurales europeos, a los fondos Leader y
a las medidas medioambientales. Dentro de este apartado solamente le
quiero recordar que no hemos logrado todavía controlar una gran
problemática en nuestro país, la de los incendios forestales. No sé si su
Ministerio piensa realizar en este aspecto algún esfuerzo adicional a los
que se vienen realizando hasta ahora. La verdad es que se ha ganado
mucho, que se ha prosperado mucho, pero esto sigue siendo un problema.

También ha mencionado usted al sector pesquero. En este aspecto solamente
quiero añadir que todavía está pendiente en la legislación comunitaria
una legislación específica para el área mediterránea en temas de pesca y
que habría que poner mucho énfasis en las condiciones de la
competitividad. Por ejemplo, los pescados inmaduros, que en España están
prohibidos, al estar permitidos



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en otras áreas, hacen una competencia desleal a nuestros productos.

En cuanto a la política de sostenimiento de rentas quiero hacerle una
pregunta: ¿se halla plenamente reconocida la posibilidad de la subvención
de los seguros agrarios tanto por la política agraria común como por los
acuerdos del GATT? En este aspecto también celebramos su referencia a que
se están estudiando, y esperemos que se apliquen con prontitud, otras
nuevas líneas que en este momento no están vigentes; por ejemplo --ya se
ha citado--, el seguro contra el viento.

Nos complace en alto grado el acuerdo alcanzado --esperamos que se siga
por esta línea-- con las comunidades autónomas y el reconocimiento que ha
hecho de la extensión de las transferencias --puesto que en algunas
comunidades autónomas ya se han logrado-- a otras comunidades autónomas.

Esto nos complace especialmente porque, por desgracia, en esta campaña
electoral se ha acusado a la Comunidad Autónoma de Cataluña de actuar con
egoísmo, cuando los pasos que se dan en la Comunidad Autónoma catalana
luego se extienden, sobre todo en materia de agricultura, a las demás
comunidades autónomas, como ocurrió con el famoso acuerdo de financiación
del 15 por ciento del IRPF. Por tanto, le incitamos a que persevere en la
intensificación de los traspasos a estas comunidades autónomas y en la
adaptación, como ya se ha dicho, de su Ministerio al Estado de las
autonomías. Pero, lógicamente, el éxito de la política agraria interna de
nuestro país dependerá en buena parte del desarrollo de la política
agraria común y de los condicionantes del GATT, de lo que trataremos más
profundamente en la segunda parte de esta comparecencia. Sepa, señor
Ministro, que por parte de nuestro Grupo Parlamentario seguiremos
haciendo los esfuerzos necesarios para colaborar en la realización de
todos estos objetivos que usted ha citado, buscando soluciones de
consenso para los problemas actuales y para los que vayan surgiendo en el
delicado proceso de adaptación de nuestra agricultura a las nuevas
exigencias de la política agraria común y a las derivadas de los acuerdos
del GATT.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Vasco, tiene la
palabra el señor Gatzagaetxebarría.




El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Primeramente quería agradecer al
señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, señor Atienza, su
presencia en la Comisión y las explicaciones que nos ha dado en su
primera comparecencia respecto a los planes y líneas de actuación que
piensa desarrollar en el Ministerio que él dirige. Quiero indicarle
también que es intención del Grupo Vasco mantener una relación estrecha y
fluida con el Ministerio que usted dirige, tanto para el desarrollo de
las vertientes agrícolas como para el desarrollo del sector pesquero
español.

Respecto a la exposición general que ha realizado, nuestro Grupo quería
efectuar diversas consideraciones. En primer lugar, me referiré a lo que
usted ha llamado la aprobación de los diversos paquetes legislativos que
tiene en marcha su Departamento. En cuanto a la ley reguladora de las
organizaciones interprofesionales le diré que nos parece oportuno y
conveniente que ustedes hayan aprobado un proyecto de ley que,
definitivamente, va a verse en esta Cámara y que articula la relación
entre los productores, la industria y el sector de la comercialización.

Quería hacerle unas consideraciones respecto a las ayudas comunitarias
previstas en la reforma de la política agrícola común de mayo de 1992
para la agricultura de corte familiar, para la agricultura de montaña.

Sabe usted que inicialmente, en la propuesta del anterior Comisario
MacSharry, había un sistema de ayudas para la agricultura de montaña que
al final se modificó y se modificó porque era necesario, por diversos
intereses políticos, encontrar un nuevo punto de equilibrio entre los
países del Sur y los países del Norte. Nosotros entendemos que quizá ahí
esté todavía pendiente «la reforma de la reforma» de la PAC, puesto que
ese planteamiento político de MacSharry tuvo, al final, no apareció
recogido en el documento de modificación de la política agrícola
comunitaria.

También queremos hacer hincapié en la posición política que tienen
ustedes en el Ministerio respecto a la reestructuración de la industria
láctea española. Usted sabe que existe una industria láctea en toda la
cornisa cantábrica: Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco, y
nosotros entendemos que para disponer de una industria láctea competitiva
es necesario que el Ministerio lidere la reestructuración. Puede ser un
tema complejo, pero es necesario que ustedes lo aborden, en colaboración
con las comunidades autónomas.

Lo mismo le digo respecto a la competitividad de la industria azucarera,
donde es necesario que ustedes, en colaboración con las comunidades
autónomas, aborden este tema una vez terminado, en diciembre de 1992, el
período transitorio. Para que nuestra industria azucarera sea competitiva
debe ayudársela a lo largo de unos años. Efectivamente, si no hay una
implicación política de la Administración central y de las comunidades
autónomas, el sector azucarero español puede encontrarse en una situación
peligrosa.

Señor Ministro, también me gustaría referirme a algo que ha titulado como
las políticas de desarrollo rural, refiriéndose a los fondos
comunitarios, bien sean del Feoga, bien sean del Fondo Social Europeo,
bien sean del Feder. Nuestra posición política --y creo que usted la
conoce-- es la de que puedan existir marcos comunitarios de apoyo
territorializados a la hora de desarrollar las políticas del Objetivo 5
B, puesto que el Estado español es un Estado compuesto en el que las
comunidades autónomas, en base a la Constitución y a los estatutos de
autonomía, tienen competencia exclusiva en materia de agricultura y
ganadería. Como usted sabe, en el mes de mayo de 1992 y en el mes de mayo
de 1994 el Tribunal Constitucional ha venido a reconocer la capacidad de
actuación de las comunidades autónomas y su capacidad de interlocución
directa con las instituciones comunitarias en materias que son
prácticamente de naturaleza doméstica, como puede ser el pago de la prima
a un agricultor español, el pago de las subvenciones a la industria
agroalimentaria española, y, en



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definitiva, sé que eso les supone a ustedes una crisis de identidad --y
el anterior Ministro también lo reconocía, no aquí pero sí en otros
foros--, porque, al final, en qué va a quedar el Ministerio si las
competencias exclusivas las tienen las comunidades autónomas. La realidad
del Estado español es ésa. España es un Estado complejo, la competencia
en materia agrícola está atribuida a las comunidades autónomas, y tienen
que tener sensibilidad política suficiente para reconocer que las
regiones españolas con competencia exclusiva en esta materia, como está
reconocido en la Constitución y en los estatutos de autonomía, tienen
esta capacidad de interlocución directa reconocida en dos sentencias del
Tribunal Constitucional de mayo de 1992 y de mayo de 1994. Por ello,
nuestro Grupo Parlamentario quería referirse también a que en programas
como el de la reforestación de tierras agrarias, la prejubilación o las
ayudas a zonas sensibles, ustedes han empezado a admitir la posibilidad
de que haya programas regionales --Navarra lo ha presentado, así como el
País Vasco en el tema de reforestación--. Creo que es la política a
seguir a la hora de la ejecución de los programas de desarrollo de la
política agrícola comunitaria, Feoga, así como del Fondo de Desarrollo
Regional y del Fondo Social Europeo.

Quería aludir también, señor Presidente, a un tema que el señor Ministro
ha denominado como el de la política de desarrollo autonómico agrario.

Hacía referencia a los traspasos pendientes, como pueden ser los temas
relativos a fraudes y a calidad agroalimentaria. Es una materia
importante que ha sido recientemente traspasada a la Comunidad Autónoma
de Cataluña y anuncia que se va a traspasar a otras comunidades
autónomas. Nos parece muy oportuno, pero también está pendiente --creo
que el portavoz del Grupo Popular también lo ha mencionado-- otra serie
de traspasos, como puede ser el tema del Forppa. El Forppa ha perdido en
este momento la función pública y la función de organismo interventor que
tenía; en la medida en que ingresamos en la Unión Europea, el Feoga es el
que realiza la intervención en materia agrícola, y usted sabe que el
Reglamento de 1970, que regula el tema de los pagos, habilita que los
Estados de composición compuesta puedan determinar otros organismos
pagadores diferentes del central. En países como Italia o Alemania eso
existe. Además, en este momento está en trámite un proyecto de
modificación del Reglamento de 1970, en virtud del cual los Estados
pueden determinar expresamente otros organismos pagadores. También le
pediríamos, señor Ministro, mano izquierda, sensibilidad política con ese
tema, que no le tengan miedo, porque, al fin y al cabo, el Estado son
también las comunidades autónomas, el Estado es la Administración central
y los poderes de las comunidades autónomas, y, por lo tanto, creo que
sobre la base de una mutua confianza, de una colaboración entre los
poderes centrales agrícolas del Estado y los poderes autonómicos, no
tiene por qué haber problemas ni suspicacias ni sospechas de que eso
funcione incorrecta o indebidamente.

Señor Ministro, no ha hecho referencia a un tema que también es
importante y del que no se ha hablado en el debate que hoy está teniendo
lugar en la Comisión, que es el relativo a las medidas de conservación
derivadas del Fondo de Cohesión. Ustedes están efectuando inversiones en
materia de reforestación de parques naturales, y resulta que hay
comunidades autónomas que tienen competencia en la materia. En el caso
del País Vasco no están realizando ninguna intervención en la materia.

Usted conoce mejor que nadie en esta Cámara el sistema de financiación
específico que tiene el País Vasco y, en definitiva, no sé cómo se podrá
arbitrar la intervención de los poderes centrales del Estado, en este
caso de su Ministerio, en materia de parques naturales y de reforestación
en la medida en que hay un sistema de financiación específico, pero no
por ello pueden dejar de intervenir en temas de reforestación en el País
Vasco o en el tema de parques naturales. O bien intervienen directamente
o bien se habilitan unos fondos, a través del sistema financiero del
concierto económico, para que pueda intervenir la Comunidad Autónoma del
País Vasco. Usted que conoce aquella realidad sabe que políticamente el
Grupo Parlamentario Socialista, el Partido Socialista no puede mantenerse
ajeno a la intervención en temas de reforestación en el País Vasco. Por
lo tanto, le haría también esa pequeña recomendación de que tenga
sensibilidad para resolver esta cuestión que financieramente está
pendiente en la medida en que los fondos vienen directamente al
Ministerio de Economía y Hacienda, pero usted sabe que con voluntad
política se podría solucionar.

También quería hacer referencia, señor Ministro, a un tema del que ha
hablado, que es el tema de la pesca. Quería referirme en primer lugar,
señor Presidente, a que nuestro Grupo Parlamentario también va a hacer
renuncia a la intervención en la segunda fase del debate, relativo al
tema del GATT. Por lo tanto, nuestro Grupo Parlamentario va a referirse
en este momento al tema pesquero y en cuanto al tema agrícola no voy a
poder intervenir, señor Presidente, por tener que hacerlo en otra
Comisión. Creo que el ámbito agrícola está suficientemente debatido y
quizá nuestro Grupo presente alguna propuesta de resolución, pero ya lo
debatimos en su día profundamente con el señor Albero.

En el tema pesquero, señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación,
no ha hecho referencia a la apreciación y al planteamiento político que
hizo el señor Albero de la aprobación por parte del Gobierno de un
proyecto de ley de ordenación del sector pesquero español. Sé, por la
información que tengo, que el tema está muy en ciernes, que el Ministerio
que usted dirige, en el ámbito pesquero, está trabajando en otras
materias y que no está abordando esta cuestión. Quería conocer si, en su
opinión, se ha renunciado definitivamente a la aprobación de este
proyecto de ley que el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación
anterior anunció en esta Cámara. También le pediría que contara con la
colaboración, con el contacto de los grupos parlamentarios. Nuestro Grupo
político se ofrece a colaborar en la elaboración de un proyecto de ley de
esta envergadura que ordene el sector pesquero español, y nos gustaría
tener información sobre la posición que tiene el Ministerio en relación a
este proyecto de ley al que inicialmente no ha hecho referencia.

Quería decir, señor Ministro, que en el sector pesquero nos encontramos
en un momento crucial, en un momento importantísimo. Ustedes, señor
Ministro, llegaron a un



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acuerdo político con los representantes de los diferentes Estados de la
Unión Europea para realizar unas adaptaciones a las limitaciones que
tiene la flota pesquera española. Esas adaptaciones no están todavía
materializadas y el acuerdo político al que se llegó fue un acuerdo de
compromiso. Lo importante es cómo van a quedar esas adaptaciones. España
tiene una posición política de fuerza en este momento en la medida en que
tiene que ratificar la ampliación de la Unión Europea, con la
incorporación de los países nórdicos, y ahí creo, señor Ministro, que
tiene que jugar un papel muy importante, el Gobierno tiene que ser
fuerte, tiene que trabajar con tesón, de manera que se concrete
específicamente cómo se van a realizar esas adaptaciones: la desaparición
de las listas de base, la desaparición de las listas periódicas, el
acceso al box irlandés. ¿Cómo va a quedar, señor Ministro, el tema
crucial para el futuro del sector pesquero español de la regulación del
esfuerzo pesquero? ¿Cómo se va a realizar el esfuerzo pesquero? ¿Por
acumulación de los derechos, como hasta ahora se vienen impulsando por
ustedes y por las comunidades autónomas, o va a ser únicamente buque por
buque? ¿Cómo van a quedar las cuotas? ¿Van a ser cuotas multiespecíficas?
¿Van a ser cuotas por empresas, por buques? Señor Ministro, éstas son
cosas muy importantes de las que depende el futuro del sector pesquero
español que trabaja en la zona de la Unión Europea, todo el sector
pesquero gallego, asturiano, cántabro, vasco. Señor Ministro, yo le
pediría que consulte con los grupos políticos. Va a tener nuestro apoyo
político para mantener la firmeza y para lograr, en definitiva, que se
proceda a la desaparición de las limitaciones que existen para la flota
pesquera española que faena en aguas de la Unión Europea. Por tanto, no
cometamos los mismos errores, puesto que la posición política que tiene
España en estos momentos no es la misma que tenía el año 1985 a la hora
de negociar el ingreso de España en la Unión Europea y las condiciones de
pesca. España tiene unas bazas políticas importantes a la hora de la
ratificación y las tiene que jugar. Sabemos cómo se funciona en el ámbito
de la Unión Europea y que Francia, que en este momento dispone de
representantes políticos cualificados en la Dirección General 14 de
Pesca, está realizando unas propuestas que no son las que favorecen a la
flota pesquera española, y ahí España tiene que jugar un papel
importantísimo de negociación política, de negociación diplomática con
otros países, y en definitiva, si hay que oponerse a que otros países
entren en mejores condiciones, lo tiene que hacer el Ministerio. Señor
Ministro, nuestro Grupo Parlamentario, el Grupo Vasco va a apoyar las
posiciones rotundas y fuertes que pueda tener el Gobierno en esta
materia.




El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señor Gatzagaetxebarría.




El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Sí, gracias, señor Presidente.

Quería también hacerle mención al señor Ministro del acuerdo pesquero que
recientemente ha firmado con el Ministro francés de Agricultura y Pesca,
el acuerdo pesquero hispano-francés relativo a la pesca en el Golfo de
Vizcaya, donde ha habido un intercambio de cuotas de anchoa, de rape y de
merluza entre Francia y España. La flota pesquera española tiene según el
Tratado de Adhesión la posibilidad de pescar 27.000 toneladas,
reservándose a Francia únicamente 3.000. España ha cedido 6.000
toneladas. Nos parece que puede ser una vía adecuada en la medida en que,
entre el 19 de marzo y el 1 de junio de cada año, se mantenga la
exclusividad de la pesca de la anchoa en el Golfo de Vizcaya para la
flota española. Querría que me explicitara este acuerdo, que en términos
generales nos parece oportuno, y que nos indicara también la vigencia del
acuerdo, si va a ser únicamente para esta campaña o va a tener un
horizonte temporal estable durante los próximos cuatro años.

También quiero aludir a un tema al que usted ha hecho referencia, que es
la restricción, mejor diría, la prohibición del uso de las redes de malla
a la deriva, conocidas como volantas. Ahí también me remito a toda la
argumentación que anteriormente he expuesto de la posición que España
tiene que mantener al respecto, puesto que, como usted bien sabe, el
señor Albero se encontró con la desagradable sorpresa de que en un
Consejo de Ministros anterior, Francia había elaborado y había maniobrado
políticamente con el resto de los países para que se mantuviera la
vigencia del reglamento hasta el 31 de diciembre, permitiéndose el uso de
redes de malla a la deriva de 5 kilómetros, y gracias a la hábil y
perspicaz intervención del Embajador español, no se pudo tratar y debatir
aquella cuestión en el Consejo de Ministros, y por eso la desairada
intervención del Ministro francés, saliéndose de la reunión del Consejo
de Ministros muy enfadado. Nosotros le pedimos que también política y
diplomáticamente aúne las voluntades de países como Alemania, con una
gran sensibilidad medioambiental, y en definitiva, si llegamos a un
horizonte temporal, a un acuerdo político que prevea un horizonte
temporal de desaparición para el año 1998, pero que no prevea la
ampliación o la autorización de utilizar las redes de 5 kilómetros, nos
parece que podía ser un equilibrio adecuado, en la medida en que España
también tiene en el ámbito de la Unión Europea la fuerza que tiene, y que
de aquí al año 1998 desaparezcan definitivamente las redes de malla a la
deriva, como tiene usted obligación de defender de acuerdo con la
resolución parlamentaria aprobada por esta Cámara por unanimidad.

Por último, quiero referirme, señor Presidente, a dos temas. En el tema
del IFOP nosotros le pediríamos también sensibilidad política. Ustedes
han presentado un plan sectorial estatal para los años 1994-1995, y hay
comunidades autónomas como Galicia o el País Vasco que están muy
interesadas en tener un plan propio. Creo que el Grupo Popular también ha
presentado una iniciativa en este sentido. Nosotros le pediríamos que
tengan en este tema la sensibilidad que tienen con el tema de las medidas
medioambientales, con la reforestación, con la prejubilación, e incluso
con el programa de industrias agroalimentarias, donde han admitido la
posibilidad de programas regionales. Nosotros estamos dispuestos a llegar
a un acuerdo político en el tema. En definitiva, creo que habría mejor
relación con las comunidades autónomas en materia de pesca si ustedes



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tuvieran también esta sensibilidad para recoger que existan programas
específicos para aquellas regiones que no son del Objetivo 5 B sino del
1, como pueden ser Cataluña, Baleares o el País Vasco.




El señor PRESIDENTE: Señor Gatzagaetxebarria, vaya concluyendo, por
favor. Ha consumido el doble de tiempo.




El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Sí, finalizo, señor Presidente, muy
brevemente, refiriéndome al tema del GATT. Efectivamente, el comercio
internacional de los productos pesqueros en lo relativo a España y en lo
relativo a la Unión Europea se encuentra muy liberalizado. La aprobación
de los acuerdos de la Ronda Uruguay del GATT no va a tener gran
influencia en la medida en que ya había un desarme arancelario
importante, y nuestro Grupo Parlamentario le pediría que la Unión Europea
y el Gobierno español fueran muy conscientes y muy beligerantes en el
tema del control de la calidad de los productos del sector primario,
tanto agrícolas como pesqueros, de las condiciones higienicosanitarias de
los productos que son importados de terceros países ajenos a la Unión
Europea, y sobre todo en el sector pesquero en el tema de las tallas.

Usted sabe que nosotros tenemos una regulación específica a nivel estatal
y una regulación genérica a nivel europeo, y resulta que lo que es ilegal
en la comercialización de un producto de la pesca a nivel español o a
nivel europeo es perfectamente legal a nivel internacional, puesto que el
producto que viene de un país ajeno a la Unión Europea, al no tener una
reglamentación tan estricta como ocurre en la Unión Europea, no está
sujeto a los reglamentos comunitarios o a los reglamentos españoles. Por
tanto, estamos en el tema del dumping social. Es decir, ellos tienen unas
condiciones de producción, unas condiciones de acceso a los recursos muy
flexibles respecto a la flota española. Ese pescado capturado por la
flota española sería antirreglamentario, y capturado por la flota de
otros países no lo es. Luego establezcamos también un ámbito, un nivel de
preferencia comunitaria, de forma que los productos del sector primario
se adecuen a la calidad, a las condiciones higienicosanitarias y a las
tallas de comercialización que rigen en el ámbito de la Unión Europea y
en el ámbito estatal.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo de Coalición Canaria, el señor
Mardones tiene la palabra.




El señor MARDONES SEVILLA: Voy a ser muy breve en aras al problema de
tiempo en la Comisión y recogiendo la sugerencia de la Presidencia.

Quiero comenzar también sumándome, con un sentido entrañable de afecto
por mis vinculaciones funcionariales a su Departamento, señor Ministro,
al deseo de la mejor andadura posible en la responsabilidad que usted
tiene encomendada, con la colaboración que usted puede encontrar en
nosotros, y que yo personalmente y mi Grupo le ofrecemos.

Mi intervención la voy a centrar fundamentalmente en el aspecto canario.

Voy a dejar una parte sustancial del mismo, señor Ministro, para cuando
toquemos el bloque correspondiente al GATT, por estar ahí reflejado
principalmente. Le voy a hacer una pregunta: en la política de su
Departamento, ¿hay alguna medida, algún compromiso de relación con la
Comunidad Autónoma de Canarias para aquellos aspectos de nuestro régimen
específico, tanto desde el Poseicán, como los aspectos que se enmarcan en
el régimen económico y fiscal de Canarias, para esa traslación, tanto a
los organismos de la Unión Europea, como a la propia política del
Departamento? Dejo ahora aparte las repercusiones del GATT, de la OCM del
plátano, que no quiero tocar ahora, pero sí me centraría un poco en el
sector hortofrutícola compartido con la problemática del tomate con otras
provincias o comunidades autónomas del mediodía español que están también
implícitas en lo mismo, sobre todo frente a los productos hortofrutícolas
marroquíes o de otros países del Magreb.

Sobre el tema de la pesca, ya el segundo portavoz del Grupo Parlamentario
Popular, el señor Fernández de Mesa --y me congratulo--, ha planteado el
tema que afecta a la pesca en Canarias, fundamentalmente en que no nos
dejemos tampoco obnubilar por ese aumento de la dotación que ahora se
quiere llevar casi a algo más de 512 millones de pesetas, desde los 264,
pero que no va a poder tapar brechas de pérdidas, desde el punto de vista
que tenemos con las paradas biológicas en el banco pesquero
canario-saharaui, con los bancos pesqueros de la soberanía directa de las
aguas del Gobierno marroquí, como las otras implicaciones que tenemos en
la pesca. Pero como la pregunta ya ha sido formulada, me basta
perfectamente.

Finalmente, le quisiera hacer unas preguntas respecto a la política
interna de su Departamento en los aspectos organizativos. ¿Considera,
señor Ministro, que todas estas reformas que nos vienen implicadas tanto
en el ámbito de la Unión Europea como, sobre todo, del GATT, incluyendo
también el ya avanzado capítulo de ejercicio de las competencias
transferidas en agricultura a las comunidades autónomas, le obligará de
alguna manera a un cambio sustantivo de la organización interna del
organigrama del Departamento de Agricultura? Yo entiendo, señor Ministro,
que con todas las modificaciones que implica el GATT, por poner un
ejemplo, con lo que implica para Canarias el Poseicán, con lo que
implican las nuevas OCM que en el efecto GATT sobre la Unión Europea se
están produciendo, el funcionamiento de la gestión de esta política
agraria requiere un órgano de gestión adecuado. Esta era la pregunta que
le hacía. También me gustaría conocer los aspectos transferenciales o
funcionariales que pueden afectar a su Departamento, y, derivado de ello,
cuál es la política de su Departamento con respecto a ese sector
agrícola, pesquero, agroalimentario exterior que existe dentro de España,
que ustedes tienen en la relación directa, es decir, la parte
institucional, privada agraria, bien sea de derecho público o
corporaciones, cámaras agrarias, organizaciones de productores agrarios,
etcétera. Porque si la respuesta de su Departamento va a ser sólo la de
mantener congelada una serie de actuaciones, cámaras agrarias, etcétera,
y llevar adelante sólo el proyecto de ley reguladora de las
organizaciones interprofesionales agroalimentarias, me parece que es
deficiente, señor Ministro.




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Ya se verá cuando se discuta en la Cámara el proyecto de ley de las
organizaciones interprofesionales agroalimentarias, pero personalmente
creo que no es ése el camino para tener las colaboraciones
institucionales que se precisan. Unicamente le pido que nos explique cuál
es su posición en la política agraria, porque yo creo que este segmento
de las organizaciones que actúan en el sector, fundamentalmente en el
agroalimentario, como compendio de todos, es fundamental para potenciar y
hacer avanzar una racional política agraria, a la cual nosotros desde
aquí le brindamos nuestro apoyo.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Socialista, el señor Roncero
tiene la palabra.




El señor RONCERO RODRIGUEZ: En primer lugar, damos la bienvenida al señor
Ministro a la Comisión, le felicitamos en nombre del Grupo Socialista por
su nombramiento y le deseamos éxito en su gestión. Voy a fijar la
posición de nuestro Grupo sobre la información que el señor Ministro nos
ha facilitado sobre política general en una densa y ordenada
intervención, y posteriormente mi compañero, el señor Méndez, hablará de
los temas pesqueros.

Nuestro Grupo no puede estar más que satisfecho de la intervención que el
señor Ministro nos ha hecho en la mañana de hoy sobre los objetivos de
política general que tiene al frente de su Departamento, que coinciden
con los objetivos generales del programa electoral con el que se presentó
el Partido Socialista a las elecciones de hace un año ahora
prácticamente, y que al inicio de la legislatura ya fueron planteados por
su antecesor y debatidos en esta Cámara. En torno a esos grandes
objetivos en relación con nuestro mundo rural, que se pueden resumir en
una mayor renta y un mejor desarrollo, hay consenso y coincidencia de
todos los grupos. Donde quizá no haya tanto consenso, sino que pueden
surgir discrepancias es en la implementación de las medidas concretas
para conseguir esos objetivos. Como decía al inicio de la legislatura de
nuestro Grupo, no se nos puede escapar que la implementación de esas
medidas concretas necesita de un esmerado proceso de colaboración, de
diálogo, de negociación entre los grupos parlamentarios, las
organizaciones agrarias, la Administración, las comunidades autónomas, es
decir, entre todos los agentes políticos sociales y económicos implicados
en los problemas del mundo agrario.

En ese proceso es en el que hemos venido trabajando, señor Ministro,
señor Presidente, señorías, a lo largo de estos meses de legislatura, que
ha dado sus frutos. En este sentido, todos debemos felicitarnos, porque
hemos tenido acuerdos bastante globales por parte de todos los grupos y
de gran unanimidad en temas claves. No fue posible al inicio de la
legislatura un acuerdo en una proposición no de ley sobre política
general agraria, un acuerdo de mínimos, que posteriormente sí se reflejó
en una moción aprobada por unanimidad sobre GATT y aspectos de política
interna en la mayoría de los temas. Hemos conseguido un gran acuerdo
sobre la reforma del mercado del vino. Y en los momentos de la
negociación del GATT dentro de la Unión Europea, hemos conseguido un alto
grado de consenso en las posiciones y en las recomendaciones al Gobierno
español y en el apoyo a su memorándum en aquel momento.

Han sido circunstancias clave que han dado pie a que el Gobierno español,
el Parlamento, las organizaciones profesionales y el sector, hayan
negociado con fuerza porque se ha generado confianza y se han eliminado
incertidumbres. Eso es lo positivo que debemos resaltar y es en el camino
en el que debemos profundizar. Todos debemos trabajar en ese camino de
diálogo, de búsqueda de consenso, de destacar las prioridades y, como
decíamos entonces, renunciar a lo que no sean esas prioridades e
intereses generales, que siempre estarán por encima de los intereses
momentáneos, partidarios o sectoriales concretos. Ahí es donde debemos
profundizar y ahondar, en los grandes bloques que ahora tenemos dentro de
los grandes temas que el señor Ministro nos ha expuesto en esa
intervención densa y ordenada. Ahora tenemos grandes retos con la ley de
modernización, con la ley de interprofesionales, y con todos los temas
relacionados con las estrategias de conservación del medio natural y del
desarrollo rural.

Respecto a este tema quería hacerle alguna referencia concreta al señor
Ministro sobre el mundo rural y su desarrollo porque, como conocerá S.

S., recientemente se ha celebrado un debate en esta Cámara sobre los
problemas del mundo rural y, en concreto, sobre el plan de empleo rural,
cuestiones que están muy relacionadas con el desarrollo rural en sí, y en
dicho debate se puso de manifiesto --es una de las recomendaciones que se
hacía en esa Ponencia-- que hay que hacer un esfuerzo de coordinación
importante por parte de todas las administraciones públicas --la
Administración central, las comunidades autónomas, las fuerzas políticas
y sociales-- tendente a un aprovechamiento más integrado de los recursos
(que los hay) para el desarrollo de ese mundo rural, para poder absorber
esa mano de obra, esa población activa, que deberá seguir existiendo en
el mundo rural, para que pueda tener empleos alternativos y esperanzas de
empleos inducidos fuera del mundo agrario exclusivamente; que se intente
una mayor coordinación de la que ha habido hasta ahora entre todas las
administraciones públicas para que esas iniciativas de fondos europeos,
fondos nacionales, iniciativas locales de empleo de los ayuntamientos,
comunidades autónomas, etcétera, tengan un aprovechamiento más integrado,
porque ello coadyuvará a que esa mejora de la calidad de vida del mundo
rural y esa disminución, que todos sabemos que es necesaria, de la
población activa exclusivamente agraria, pueda producirse sin la
desertización del mundo rural, pueda integrarse en el medio y pueda
fijarse la población al territorio. Consideramos que eso es muy
importante. En ese sentido, le animamos a esa insistencia en la
coordinación y al trabajo en la conferencia sectorial con las comunidades
autónomas.

Poco me resta por decir en cuanto a esos objetivos generales en una
comparecencia que es sobre eso, sobre objetivos y líneas generales que,
desde luego, apoyamos y seguiremos apoyando. Hacemos ese llamamiento, que
hicimos entonces, al diálogo y al consenso en los problemas capitales
importantes que nos ocupan y en este continuo proceso de adaptación a la
liberalización de los mercados,



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en el que no se trata sólo del tema del GATT en este momento, sino que ya
estamos inmersos en él desde nuestra integración en la entonces Comunidad
Económica Europea, ahora Unión Europea.

Señor Ministro, ánimo en esa tarea. Hay que continuar en ese esfuerzo que
hemos venido desarrollando hasta ahora. Y por parte de nuestro Grupo
agradecemos a los demás grupos el tono en que han intervenido en esta
comparecencia y el tono en que hemos venido trabajando en estos meses y
les animamos a que sigamos en esa línea. Desde luego, queremos llamar al
Grupo Popular a la reflexión. A lo largo de estos meses hemos podido
experimentar un cierto giro de sus posiciones iniciales y un cierto
diálogo, una posición más tendente al diálogo en algunos momentos y
aspectos. Les decimos que no vuelvan al catastrofismo y a la
simplificación, que en algunas ocasiones les tienta y que no pueden
remediarlo. Lo comprendo, pero les llamo a esa reflexión porque hoy, con
toda cordialidad, el señor Ramírez nos ha hecho un genial resumen del
famoso plan integral agrario popular o la política regional agraria, que
es exposición de motivos, catastrofismo, y disposiciones: dinero, dinero,
dinero. Nos ha hecho una genial simplificación que no se corresponde con
la realidad, no es exactamente lo que se puede reflejar en medidas
concretas que tengan que resolver los grandes problemas estructurales que
todavía hay que resolver, que eliminen esa incertidumbre y que generen
confianza en el sector, que es lo que debemos hacer entre todos.

Por último, respecto a que ese programa haya generado algún resultado en
estas elecciones, quiero decirle que en este mundo agrario al que se
refería lo que se demuestra, en nuestra opinión, es que los socialistas
tenemos una base granítica y que lo que el Partido Popular tiene es un
techo también granítico, como una losa, en ese mundo. Por tanto, le
llamo, con toda cordialidad, a que haga esa reflexión también.




El señor PRESIDENTE: Señor Méndez, tiene la palabra brevemente.




El señor MENDEZ MARTINEZ: Quiero reiterar el agradecimiento que ya
formulaba el portavoz de mi Grupo a la comparecencia del señor Ministro,
felicitarle por su nombramiento y desearle todo tipo de éxitos al frente
del Departamento. Voy a ser muy sistemático y breve también.

El señor Ministro recogía tres ejes, tres líneas en materia de política
pesquera, y las expresaba diciendo: adecuación del esfuerzo pesquero a
las posibilidades de acceso a los recursos; concreción de una política
común pesquera; y políticas interaccionadas entre las políticas
propiamente nacionales y las políticas comunitarias.

Pues bien, debo decir que nuestro Grupo (ha sido una reflexión compartida
en otros debates y, en todo caso, es lo que expresa el sector marítimo
pesquero) cree que la política que gestiona su Departamento es correcta,
bien enfocada y que está obteniendo resultados. Pero debemos afinar los
objetivos en los que esa política pesquera debe ser realizada.

Al hilo de las intervenciones que se han formulado hoy, me gustaría
indicarle que esos tres objetivos esenciales deberían ser los siguientes.

En primer lugar, tratar de liderar las políticas pesqueras de la Unión
Europea. No hay que tener miedo a sumergir la política pesquera que
afecta a nuestro sector en particular dentro del conjunto de las
políticas comunitarias, si, en todo caso, estamos consiguiendo liderar
esas políticas pesqueras y enmarcarlas en función de aquellos objetivos
estratégicos que se pueden trazar para nuestras flotas.

El segundo objetivo sería superar definitivamente el proceso de
incorporación de España a la Unión Europea, con esa meta de aplicación
total del régimen general a nuestra flota a partir del 1 de enero de
1996.

En tercer lugar, aplicar correcta y coordinadamente los nuevos
instrumentos. En particular, me refiero a ese objetivo de practicar una
política común en materia de pesca y los instrumentos para la misma,
esencialmente el Ifop, y el propio plan sectorial de pesca, presentado a
finales de marzo por el Departamento en la Comisión, y con aplicación
1994-1999.

Estos tres objetivos, estas tres líneas en las que se debe de trabajar,
que entendemos son las líneas que presiden el trabajo del Departamento y
en las que le animamos a seguir perseverando, se deben de hacer de un
modo muy concreto: aplicando estas políticas y, en particular, el plan
sectorial de pesca de forma coordinada con los intereses que en materia
pesquera tienen las distintas comunidades autónomas. Hacerlo también de
un modo que se produzca un correcto apoyo al proceso de modernización de
las estructuras pesqueras. Es un proceso pendiente en el que se avanza
constantemente pero, en todo caso, el proceso de modernización de
estructuras es un tema no terminado y creemos que, a través del Ifop, de
los objetivos del plan sectorial de pesca, debemos apurar ese proceso de
modernización de nuestras estructuras.

En tercer lugar, practicar el objetivo de una pesca responsable en
materia de recursos. Lo estamos haciendo. Somos país pionero en materia
de pesca responsable, no solamente en términos retóricos o conceptuales,
sino en la aplicación concreta, en los instrumentos normativos concretos,
y creemos que tenemos que llevar a ese objetivo de pesca responsable el
conjunto de las políticas que se practiquen en nuestro país, pero también
el conjunto de las políticas que se pacten en el ámbito comunitario. En
cuarto lugar, conseguir, a través de ese plan sectorial, una garantía de
precios de mercados. Le quiero dejar anotadas algunas preocupaciones,
algunas de las cuales ya han sido expresadas aquí. En todo caso, quiero
reforzar las que lo han sido y elaborar alguna propia.

En particular, nos preocupa el desarrollo del acuerdo con Marruecos
respecto a la estabilidad para nuestras propias flotas en ese caladero y
a la reciprocidad de la actuación de distintas flotas que concurren en el
caladero en las paradas biológicas, y nos preocupa también el futuro de
las flotas que están vinculadas a la potencialidad de esos acuerdos.

Una segunda preocupación que quería expresarle es el esfuerzo de
diversificación de las flotas. Creemos que es



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una buena política, que se están produciendo avances sustanciales --en
particular, citaré el caso del pacto con Argentina--, por lo que esta
garantía de diversificación del trabajo de nuestras flotas nos parece un
elemento fundamental.

La tercera preocupación que le quiero suscitar es la armoniosa solución
de los conflictos que se producen sistemáticamente con algunas flotas
comunitarias. Citaba el representante del PNV los recientes conflictos en
materia de discusión de cuota de anchoa y el uso de algunas artes no
selectivas y condenadas por nuestra legislación.

Una cuarta preocupación, también compartida con el PNV, es practicar una
política de control del tamaño no con relación a los recursos que
obtenemos a través de nuestra flota, sino a aquellos productos que nos
llegan por vía de la importación de terceros países.

Vinculado con esto último, quiero hablarle de un tema puntual que
aparentemente no es de su Departamento, pero que está muy vinculado al
desarrollo de este plan sectorial de pesca, que es, en todo el esfuerzo
de renovación de flota, conseguir instrumentos reales financieros que
permitan a nuestros armadores el acceso al crédito en las condiciones en
las que finalmente puedan optar por la modernización de sus buques o por
la renovación de los mismos. Hay una proposición no de ley de nuestro
Grupo en materia de construcción naval, y vinculamos a la misma la
existencia de un conjunto de instrumentos financieros. Le quería citar
uno en particular: el Fondo de Garantías, que se convierte en un
instrumento decisivo para que empresas o personas físicas se decidan por
la utilización del conjunto de recursos que van a estar disponibles en
materia de renovación y modernización de flota, pero que lo hagan en
condiciones de viabilidad financiera.

Termino ya, señor Ministro, señor Presidente, con dos consideraciones.

Una muy vinculada a lo que decía el Portavoz de mi Grupo, relativo al
desarrollo rural. Hay un equivalente a esa búsqueda del desarrollo rural
como políticas armonizadoras de las cosas que suceden en torno al ámbito
de la política agrícola, y en este caso de la política pesquera. Yo le
sugiero que se practiquen políticas de acompañamiento sistemático, en
todo lo que es el esfuerzo en materia pesquera, para el desarrollo rural
en el ámbito de las comunidades pesqueras.

Ahí tenemos un amplio frente que compartimos posiblemente con iniciativas
de otros departamentos distintos al suyo, pero que nos deberían de llevar
a vigilar permanentemente que las condiciones de vida y de trabajo, las
condiciones de seguridad en la ejecución del trabajo, las condiciones de
calidad de vida en los asentamientos de la población pesquera, tengan la
dignidad y la calidad que se les puede proporcionar en un país moderno
como el nuestro. No abandone su Departamento la preocupación sobre el
desarrollo de las infraestructuras en esas comunidades pesqueras que
pueden garantizar esa mayor calidad de vida. Es un tema que ya citó el
representante del Grupo Vasco (PNV), pero, en todo caso, había omitido en
su intervención pronunciarse sobre la Ley de Pesca. Como lo han hecho,
tanto quien le ha precedido en su Departamento como el propio Secretario
General de Pesca Marítimo en comparecencias anteriores, yo entiendo que
ese objetivo sigue ahí, está presente, y le animo a que se convierta en
un objetivo esencial de su Departamento la elaboración de esa ley de
pesca y su discusión en este ámbito.

Finalmente, en materia pesquera le debo decir que en el ámbito de los
debates que se han producido en esta Comisión, e incluso en la Cámara en
general, en los plenos, normalmente hay un alto nivel de consenso sobre
los problemas, incluso diría que sobre las soluciones. Nos va a encontrar
enormemente receptivos como Grupo, evidentemente, pero, sin duda, también
como Comisión para acompañar la reflexión que mejor le permita elaborar
luego las propuestas políticas de su Departamento. (El señor Ramírez
González pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Señor Ramírez, tiene S. S. la palabra
brevísimamente. No sé si considerarlo incluso ni alusión.




El señor RAMIREZ GONZALEZ: Muy brevemente, señor Presidente. A mí, como
miembro de mi Partido, me satisface muchísimo que el Partido Socialista
siga diseñando esta política agraria de la que se sienten tan
satisfechos, que, afortunadamente para el Grupo Popular, les está
permitiendo hundirse, con la piedra atada a los pies, en las
profundidades mayores de la ignorancia y del desprecio de los
agricultores españoles. (Risas.)



El señor PRESIDENTE: Señor Roncero, tiene la palabra rapidísimamente.




El señor RONCERO RODRIGUEZ: Solamente quiero decir que se ha contestado
él solo.




El señor PRESIDENTE: Pasamos, a continuación, a la respuesta del señor
Ministro.




El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Atienza Serna):
Yo quiero, en primer lugar, agradecer las felicitaciones y los deseos de
éxito que han expresado los portavoces de los diferentes grupos, así como
el tono cordial de las intervenciones, porque considero que, incluso,
cuando éstas tienen un carácter de oposición, no dejan de ser
intervenciones de oficio de las que cada uno tiene ya una cierta práctica
y la tarea que cada uno tiene asumida. Sí me gustaría hacer alguna
reflexión de carácter general que considero que es importante porque se
refleja en muchas de las intervenciones y, a veces, con un carácter
contradictorio. Se refiere al Estado autonómico en el que nos
encontramos.

Hay veces en las que creo ver en algunas intervenciones una cierta
confusión respecto al papel que le corresponde al Ministerio de
Agricultura y a las comunidades autónomas. Hay intervenciones que parecen
reflejar que los consejeros de las comunidades autónomas son secretarios
generales del Ministerio de Agricultura, y no es así. Son consejeros que
asumen plenamente todas las competencias --en muchas áreas, competencias
exclusivas como les asignan los Estatutos-- y, por tanto, no es posible
defender



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al mismo tiempo que las comunidades autónomas tienen competencias
exclusivas y deben tener la totalidad de los medios para llevarlas a cabo
y, sin embargo, la financiación y la responsabilidad política del
ejercicio de esas competencias le corresponde al Ministerio de
Agricultura. No es ésa la realidad. Las competencias en materia de
agricultura y ganadería les corresponden a las comunidades autónomas.

Estoy de acuerdo en que tienen que desarrollarse los medios necesarios
para el ejercicio de esas competencias, que tenemos que conseguir el
máximo nivel de eficacia administrativa y, por tanto, evitar todo tipo de
duplicidades, el máximo nivel de colaboración; pero, en absoluto, podemos
mantener esa pequeña esquizofrenia política por la cual las competencias
son de las comunidades autónomas y las responsabilidades son del
Ministerio de Agricultura.

Dicho esto --seguramente algunos temas me habré dejado--, me disculparán
SS. SS., pero tendremos oportunidad de ampliarlos en posteriores
comparecencias--, me gustaría hacer una referencia en este momento al
incremento presupuestario. Los recursos que se destinan a la agricultura
española son los procedentes del Feoga-garantía, recursos que aportamos
con los Presupuestos Generales del Estado desde el Feoga-orientación,
desde todos los fondos comunitarios, desde el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación y desde las comunidades autónomas. Es necesario ver
cuál es el esfuerzo presupuestario global que se destina a la
agricultura. Dicho eso, el Ministerio de Agricultura hará el máximo
esfuerzo posible en las condiciones presupuestarias actuales, en el marco
de una discusión presupuestaria interna que todavía no ha comenzado, para
que se manifieste el apoyo del Gobierno a las actuaciones que desarrollan
las comunidades autónomas en el ejercicio de sus competencias, pero no
dejan de ser apoyo a las actuaciones que desarrollan las comunidades
autónomas en el ejercicio de sus competencias en materia agroalimentaria.

Quiero hacer una referencia, porque la representante de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya lo ha comentado al comienzo de su
intervención, sobre la disminución de los activos agrarios. Tengo que
reconocer que, como considero que los medios de comunicación reflejan
siempre correctamente lo que se les dice, ha debido ser un error en la
forma de expresarme por mi parte. Yo no tengo conciencia de haber dicho
nunca que se fuese a producir la disminución de 232.000 activos agrarios.

Me parece, además, tremendamente pretencioso cifrarlo, ni en esa ni en
ninguna otra cantidad.

Me permito precisar ahora lo que me hubiese gustado decir --no estoy
seguro de haber acertado en la exposición--: Que el sector agrario
español va disminuyendo sus necesidades de empleo como consecuencia de la
mejora tecnológica. Hace 40 años lo que producía un agricultor servía
para dar de comer a seis personas; hoy en día lo que produce un
agricultor sirve para dar de comer a 30 ó 35 personas, y la mejora
tecnológica hace que, quizá, dentro de unos años sirva para dar de comer
a 40 ó 45 personas, lo que hace que las necesidades de empleo del sector
agrario tiendan a reducirse.

¿Dónde se va a situar? ¿Con qué ritmo? Va a depender, en gran parte,
precisamente del modelo de agricultura que se consolide, si es una
agricultura a tiempo parcial o una agricultura a dedicación plena. Lo que
sí está claro es que, en función de la evolución que han tenido países
que han desarrollado un proceso de modernización del sector agrario, y de
acuerdo con la evolución que se ha producido en los últimos 40 años, el
peso de la población activa agraria tiende a disminuir. Yo no me
atrevería a cifrarlo. Al mismo tiempo, quiero decirle que no es eso lo
que me preocupa. Lo que me preocupa es el relevo generacional, algo que
ha mencionado en su intervención y algunos otros grupos. El problema
fundamental no es que se vaya produciendo una disminución de la población
activa agraria como consecuencia de la propia evolución de la pirámide de
población --porque tenemos un 60 por ciento de titulares de explotación
agraria mayores de 55 años--, sino que no tengamos suficientemente
garantizado un relevo generacional para un núcleo duro de agricultores
jóvenes con explotaciones de dimensión suficiente y con ganas de trabajar
en la agricultura del futuro, no en la agricultura de sus antepasados,
por tanto, innovadora en los productos, orientada fuertemente hacia los
mercados, innovadora en los procesos, con un deseo fuerte de participar
por la vía asociativa (puesto que, a nivel individual, es difícil que se
reúna la dimensión mínima suficiente) en las tareas de transformación y
de comercialización que van a consolidar su actividad agraria, a
rentabilizar sus propios productos y a mejorar, por tanto, sus
expectativas de renta. Al mismo tiempo, esta disminución en las
necesidades de empleo, que no tiene efectos traumáticos en el campo,
tiene que ir en paralelo con un proceso de fortalecimiento del tejido
económico en el medio rural. Eso se tiene que realizar a través de la
industria agroalimentaria.

Yo quiero destacar que la industria agroalimentaria, en este primer
trimestre respecto del primer trimestre del año pasado, en los últimos
doce meses, ha aumentado en 14.000 puestos de trabajo. No creo que sea
como para echar las campanas al vuelo. Me parece que una industria que se
ha comportado razonablemente bien a lo largo del año 1993, en una fase de
crisis económica profunda, está acelerando su crecimiento en 1994 y está
empezando a crear empleo neto cuando su comportamiento, en términos de
empleo, fue estable en 1993. Es necesario diversificar el tejido
económico del medio rural, fomentar actividades económicas en otros
sectores industriales, en servicios; mejorar las condiciones básicas del
medio rural en materia de infraestructuras, de accesibilidad, de
equipamiento, de servicios, de turismo, de ocio, culturales, etcétera,
para conseguir retener a la población en el medio rural, lo que
constituye un objetivo compartido por todos.

Por seguir el orden de las intervenciones, aunque dé algunos saltos,
querría referirme a sus comentarios sobre la industria agroalimentaria y
mi posición de defensa de un cierto nacionalismo industrial no
proteccionista. Me gustaría, además, exponerlo y puntualizarlo en la
Comisión suficientemente porque éste es un tema relativamente
resbaladizo.




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Tenemos, efectivamente, un sector industrial en el que un tercio es
propiedad de empresas multinacionales. No lo valoro en términos positivos
ni negativos; me parece que esas valoraciones tienen que ser muy
matizadas. Lo que sí está claro es que el carácter nacional o no de las
inversiones y dónde se encuentren los centros de decisión no es
irrelevante. Por tanto, está claro que tenemos que establecer una cierta
preferencia, compatible con las reglas comunitarias, para consolidar, en
la medida de lo posible, grupos industriales nacionales enraizados en
nuestra economía, en nuestro territorio. Al mismo tiempo, ese objetivo
está supeditado a otro más importante, la competitividad de nuestra
industria agroalimentaria. Ese es el objetivo prioritario. Si por apostar
por grupos nacionales conseguimos grupos no competitivos, estamos
fracasando en nuestra política industrial agroalimentaria. El objetivo
fundamental es conseguir grupos industriales competitivos, porque van a
permitir consolidar nuestra producción agrícola y ganadera e incrementar
nuestra capacidad exportadora y nuestra competitividad en los mercados
internacionales.

Sobre la base de que se cumpla esta condición, que los grupos
industriales en los que se apoye sean competitivos, es importante que
consolidemos en algunos sectores grupos inversores de carácter nacional,
grupos inversores que tengan vocación de estabilidad en los sectores, que
aporten capacidad financiera y capacidad de gestión. Al amparo de esta
reivindicación de un cierto nacionalismo industrial, no debemos apostar
por especuladores de corto plazo que quieren, bajo su etiqueta nacional,
comprar barato y vender caro en el plazo más corto posible.

Este es el equilibrio, primero, competitividad y, segundo, que los
inversores nacionales tengan auténtica vocación de estabilidad, que
tengan capacidad financiera y, además, tengan capacidad de gestión. Eso
es lo que quiero que apliquemos a la reestructuración del sector lácteo,
que es importante que se realice porque tenemos un sector excesivamente
atomizado, mal organizado en las recogidas de leche, mal organizado en la
reestructuración de los mercados, mal organizado en la diversificación de
sus productos, etcétera. En el sector azucarero, además, hay un elemento
que nos preocupa más a medio y largo plazo: la relación entre la
propiedad de la industria de transformación del azúcar y las
consideraciones sobre la evolución de las cuotas que se puedan producir
en el futuro en el marco comunitario. No queremos, en absoluto, que los
cambios que se produzcan en la industria transformadora contribuyan a
debilitar nuestra posición lo más mínimo en lo que se refiere a la
consolidación de esas cuotas para la producción agraria española. Estamos
dispuestos a apoyar siempre a grupos inversores que tengan, repito,
vocación de estabilidad --que no siempre se produce en todos los que se
postulan--, capacidad financiera y capacidad de gestión.

Sobre el asociacionismo agrario, comparto plenamente la necesidad de
prestarle una gran atención en el ámbito de las competencias que
corresponden al Ministerio y las que corresponden a las comunidades
autónomas. El proyecto de ley de modernización de explotaciones agrarias
ya mejora el tratamiento fiscal de estas asociaciones agrarias que pueden
ser consideradas prioritarias. Es, efectivamente, necesario darles un
buen tratamiento fiscal y financiero y promover la concentración de
segundo grado, es decir, la fusión de cooperativas, cooperativas de
segundo grado como mecanismo para alcanzar las dimensiones necesarias
para la mejor competitividad en mercados cada vez más abiertos y
liberalizados.

Sobre la medición de la representatividad de las organizaciones agrarias,
está discutiéndose en estos momentos en el Parlamento la posibilidad de
transferir a las comunidades autónomas la propia convocatoria de las
elecciones a cámaras agrarias. Esta es una forma de medir la
representatividad, compatible con otras que se utilizan en diferentes
países.

Respecto al control de las ayudas, quiero despejar algunas de las
inquietudes que se producen en este tema. Las comunidades autónomas
tienden a gestionar la totalidad de las ayudas, tanto de las
organizaciones comunes de mercado como de las estructurales, y el
Ministerio de Agricultura no tiene competencia de acuerdo con la
distribución de competencias y con las sentencias del Tribunal
Constitucional, para controlar el ejercicio de sus competencias por parte
de las comunidades autónomas; la tiene la Administración comunitaria, no
la tiene el Ministerio de Agricultura. Me van a permitir que, por lo
menos, me libere de esa responsabilidad porque no tengo capacidad para
realizar ese control. El Ministerio asume solamente un papel de apoyo,
tanto a los controles que realizan las comunidades autónomas como a los
que efectúa la Administración comunitaria.

También comparto que el programa de reforestación no es solamente un
programa de apoyo a las rentas de los agricultores. Puede jugar un papel
importante en el apoyo a las rentas de los agricultores, pero quiero
resaltar --seguramente tendremos oportunidad de comentarlo en posteriores
comparecencias-- que ha habido ya más de 10.000 solicitudes. Se trata de
un proceso de movilización desconocido en la política forestal española y
en la agricultura española que haya habido más de 10.000 solicitudes de
gente que quiere participar en este programa de reforestación, con una
suma de hectáreas solicitadas en la actualidad superior a las 250.000
hectáreas, y no tenemos recogidos todos los datos porque, como saben,
estos programas también son desarrollados y gestionados por las
comunidades autónomas. Tiene que existir una fuerte vocación de
conservación. Para la mayor parte del país, la reforestación tiene como
objetivo devolver al bosque las superficies que se le arrebataron durante
siglos, en los que la tierra de cultivo era un recurso escaso. En estos
momentos, esa tierra de cultivo es, en una parte, un recurso abundante y
tiene sentido que se lo devolvamos intentando recomponer las condiciones
naturales que se producían en estos bosques. A eso se dirige el programa
forestal que se elaboró en su momento, cuyo desarrollo y aplicación
corresponden a las comunidades autónomas, programa que ponía un énfasis
importante en las especies de crecimiento largo y de carácter autóctono,
que tenían un tratamiento diferenciado importante en las previsiones de
concesión de incentivos, pero la estrategia para la gestión de ese
programa les corresponde a las comunidades autónomas. Podemos realizar



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una labor de apoyo, pero le corresponde a las comunidades autónomas
garantizar que existan plantones, apoyo a los viveros, apoyo a la
industria maderera, etcétera. El Ministerio está dispuesto a prestar el
máximo apoyo, pero no a arrebatar a las comunidades autónomas el
ejercicio de unas competencias que les son propias.

Sobre seguros, la reforma que se realice de los seguros agrarios va a ser
compatible con la ampliación de la cobertura de una parte mayor de
nuestra producción agraria y la incorporación de nuevos riesgos. Es
importante que estos seguros concentren, en mayor medida, su apoyo a la
gente que vive de la agricultura. Se trata de sostener las rentas, pero
puesto que estamos sosteniendo las rentas mediante subvenciones a las
primas de los seguros agrarios, tiene sentido que realicemos un apoyo
discriminado hacia aquellos cuya renta depende más de la agricultura que
hacia aquellos cuya actividad agraria solamente representa una parte
marginal de sus rentas.

Hay algunas otras aportaciones del Partido Popular. Dinero, dinero,
dinero. Ya he comentado que el dinero hay que medirlo en términos
globales. Los presupuestos totales de las tres administraciones están
incrementando notablemente el apoyo a la agricultura. Esta va a ser una
tónica constante en los próximos ejercicios, pero no creo que debamos
considerar que lo que mide el apoyo a la agricultura sea lo que aparece
en los Presupuestos Generales del Estado de aportaciones del Ministerio
de Agricultura, que, por otro lado, está incrementando las transferencias
a las comunidades autónomas y, por tanto, disminuyendo también su
responsabilidad directa en la gestión de los programas agrarios.

Tendremos oportunidad de hablar, cuando tratemos del GATT, de cómo
afectan al sector agrario español las reformas de la política agrícola
común y las adaptaciones de las organizaciones comunes de mercado
reformadas.

Quiero expresar mi satisfacción por el hecho de que hayan sido bien
recibidos tanto el proyecto de ley de organizaciones interprofesionales,
como el proyecto de ley de modernización. Espero que se produzca un
debate en el Parlamento que incremente el consenso, que consiga un amplio
consenso sobre objetivos que, por otro lado, han sido fuertemente
discutidos en su proceso de elaboración. Son muchos meses, en el caso del
proyecto de ley de modernización de explotaciones agrarias, en el que
tuve oportunidad de participar en mi anterior etapa en el Ministerio de
Agricultura. El proceso de elaboración de ese proyecto de ley ha sido muy
abierto, participativo, con expertos de muy amplio espectro político que
habían participado, incluso, en otras épocas en la administración
agraria, con el fin de integrar el máximo de aportaciones y de criterios
sobre lo que constituían los retos de la política estructural de los años
90. Espero que el proyecto de ley de modernización, con las mejoras que
se produzcan a lo largo del debate parlamentario, constituirá una base
importante para la determinación de las condiciones estructurales de
nuestra agricultura en los próximos años.

No comparto, en absoluto, su criterio de que no estamos captando fondos
suficientes. No conozco ni un solo fondo que haya sido dejado de percibir
como consecuencia de la no disponibilidad de recursos presupuestarios
nacionales. España es el primer país receptor de fondos del
Feoga-orientación de toda la Comunidad Europea; indudablemente con
respecto a algunos indicadores, podemos considerar que hay otros que
obtienen más. Si contemplamos un conjunto amplio de indicadores que
consideren la población activa agraria, la superficie, el peso de la
actividad agraria en el PIB, etcétera, convendremos que España ha hecho
un progreso espectacular en la captación de los recursos, como ha sido
reconocido por todos los países, incluida la propia Comisión Europa.

Estamos en niveles de captación del 21 o el 22 por ciento. Hemos superado
a Francia y a otros países. Por tanto, ése es un falso mensaje que no se
corresponde, en absoluto, con la realidad.

Comparto los criterios --ya lo han comentado todos los portavoces-- sobre
la necesidad de hacer un auténtico esfuerzo en la cadena agroalimentaria.

Lo he expresado en los términos --espero no ser demasiado reiterativo--
de que la competitividad del sector agrario en el futuro depende, en gran
medida, del proceso agroalimentario, es decir, de la transformación y la
comercialización de los productos agroalimentarios, y que una parte de la
consolidación y de la mejora de las rentas del sector agrario depende de
que tenga, fundamentalmente por la vía asociativa, una mayor capacidad de
participación en las etapas de transformación y de comercialización.

Con relación a la sequía estructural en España, le voy a decir en un tono
completamente amable --porque es el que se corresponde con su
intervención-- que, efectivamente, soy de los que piensan que hay una
España húmeda y una España seca y que no tenemos que resignarnos a las
condiciones de la naturaleza. Quiero decirle que espero que sean
solamente desafortunadas las palabras del Presidente de su partido, del
señor Aznar, cuando dijo, en referencia al Plan Hidrológico Nacional, que
en este país había una España húmeda y una España seca y que lo que la
naturaleza nos había dado no tenía ningún sentido que lo modificásemos
con la fuerza de la ingeniería y de los hombres. No tenemos que tener esa
resignación respecto del desequilibrio entre la España húmeda y la España
seca. Le puedo decir dónde se han producido esas declaraciones. Me
parecen declaraciones desafortunadas, aunque quizá estén sacadas de
contexto o estén mal reproducidos por los medios de comunicación. Pero lo
que está claro es que estamos poniendo sobre la mesa el debate del Plan
Hidrológico Nacional que no es, en absoluto, faraónico, que no pretende
grandes inversiones, grandes construcciones, como dice en sus propias
declaraciones; en esas declaraciones que no tienen desperdicio sobre el
desequilibrio entre la España húmeda y la España seca.

Efectivamente, éste es un país que sufre dramáticamente de períodos de
sequía y, al mismo tiempo, de inundaciones y que, además, tiene las
ventajas naturales para una agricultura competitiva, que provienen
fundamentalmente de la temperatura y del sol en sitios donde no hay agua
y, por tanto, necesita realizar un proceso de regulación y de ordenación
hidrológica como ninguno en el mundo, como lo realizaron California y
otros países. No hay que resignarse al tratamiento de la naturaleza, así



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como hay que seguir insistiendo, como lo hemos hecho en el marco
comunitario, en que la Comunidad se dote de un mecanismo de apoyo para
catástrofes naturales en general. Eso ya lo hemos planteado
reiteradamente en la Unión Europea.

Sobre los fondos estructurales y la zona 5 B de Aragón, le diré que
Aragón ha sido la Comunidad Autónoma que ha salido más beneficiada de la
reasignación de fondos estructurales para el próximo período, con una
ampliación muy importante de la superficie afectada, con una ampliación
muy importante de la población acogida y con un incremento muy
importante, que casi triplica los fondos que habían recibido en el
período 1989-1993. Es bueno, porque, efectivamente, Aragón tiene una
realidad muy heterogénea, y aunque no cumple los indicadores objetivos
para ser región objetivo 1, porque su nivel de renta es superior al 75
por ciento de la media comunitaria, sí tiene amplias zonas que
necesitaban --ahora realmente tienen el tratamiento que les corresponde--
una mayor solidaridad comunitaria.

Sobre la reforma del Ministerio de Agricultura, soy partidario de la
máxima simplificación administrativa. Estamos continuando con el proceso
de transferencias, y esto está permitiendo reducir las dimensiones del
Ministerio. Hay que tener un proceso permanente de modernización y de
simplificación de la administración periférica y de nuestra estructura
administrativa. Al mismo tiempo, estoy totalmente abierto a que podamos
progresivamente discutir cuál es el diseño que el Ministerio de
Agricultura debe tener hacia el futuro, pero no pondría el énfasis --no
sé si es particularmente político-- en si tiene que haber más o menos
altos cargos, porque precisamente el papel que le corresponde al
Ministerio de Agricultura hacia el futuro es de rótula entre la política
agrícola comunitaria y la política agrícola de las comunidades autónomas,
por tanto, es un papel fundamentalmente de relación, de interlocución
ante las instituciones comunitarias, para lo que hacen falta responsables
capaces de realizar esta labor de interlocución en todos los ámbitos,
incluidos aquellos que se han transferido a las comunidades autónomas y,
al mismo tiempo, hace falta un papel de interlocución y de coordinación
de las comunidades autónomas en todos los ámbitos que se han transferido.

Esto quiere decir que, en el fondo, el Ministerio de Agricultura necesita
una estructura administrativa que se adelgace más por la base y menos por
la cúpula, si me permiten decirlo. Entiendo que esto puede ser difícil de
transmitir y, a veces, se puede utilizar de forma demagógica diciendo que
disminuye el número de funcionarios y no el de altos cargos. El papel
futuro del Ministerio de Agricultura es tener más cabeza y menos cuerpo;
es decir, con más capacidad de interlocución con la administración
comunitaria y con más capacidad de interlocución con las comunidades
autónomas, con más capacidad para realizar estas labores de coordinación,
de canalización de la voluntad comunitaria. Para eso, necesita altos
niveles y adelgazar lo habitual, lo que ha sido una tarea muy importante,
pero que ha perdido peso, que son las estructuras de gestión.

Sobre la agricultura y la conservación del medio natural, quiero resaltar
que el sector agrario es un sector económico y, por tanto, nos preocupa
la modernización, la competitividad, etcétera. Hoy día es mucho más que
un sector económico, es, además, un sector social, tiene una política de
conservación natural y constituye la base fundamental de la actividad
económica y social en el medio rural. Nuestro enfoque hacia el sector
agrario es muy integrado. Considero que el Ministerio de Agricultura no
es el Ministerio sólo de la agricultura, la pesca y la alimentación, es
el Ministerio del sector agroalimentario, es el Ministerio de la
ordenación del territorio rústico, es el Ministerio de la conservación
del patrimonio natural y es el Ministerio del medio rural. Son todas
éstas las vocaciones que es necesario integrar en las actuaciones del
Ministerio.

Sobre los espacios naturales protegidos ya he comentado que el Ministerio
tiene una estrategia de conservación que va mucho más allá de los
espacios naturales protegidos. Al mismo tiempo, considero que hay
espacios naturales protegidos cuya vulnerabilidad es hoy mucho mayor que
hace 1.000, 500 ó 300 años. ¿Por qué? Porque las prácticas agrícolas
tradicionales a veces no son tan tradicionales, sino que han cambiado
mucho en su concepción y en la utilización de los medios de producción.

En muchos casos --y yo soy un firme defensor de las prácticas agrícolas
tradicionales-- se está utilizando este criterio de mantenimiento de las
prácticas agrícolas tradicionales para defender otro tipo de intereses:
los de la caza y los de otros sectores económicos o los de determinados
propietarios de espacios naturales protegidos. Quiero reiterar que la
política de espacios naturales protegidos, en la parte que es
responsabilidad del Ministerio de Agricultura, que es estrictamente la
red de parques nacionales, tiene que buscar el máximo consenso con las
comunidades autónomas afectadas, con las administraciones locales y con
los sectores económicos y sociales afectados, pero siempre sobre la base
de que hay valores que tenemos que preservar, no solamente para nuestro
bienestar, sino para las generaciones futuras.

Respecto al saldo importador y exportador siento decepcionarle porque la
evolución de la balanza agroalimentaria seguramente ha sido demasiado
positiva para su gusto; eso siempre es un motivo de preocupación cuando
uno está en la oposición. La realidad es que si dejamos aparte al sector
de la pesca --después haré algunos comentarios--, el sector
agroalimentario ha tenido un comportamiento netamente favorable desde
nuestro ingreso en la Comunidad Europea. Ha pasado a consolidar, aunque
algunos años haya podido estar por debajo, tasas de cobertura superiores
al ciento por ciento. En el año 1933, ha llegado al 105 por ciento; hemos
exportado un 5 por ciento más de lo que hemos importado, lo que quiere
decir que estamos aprovechando razonablemente bien --en algunos sectores
diría que muy bien-- las ventajas de la apertura hacia un mercado
comunitario en el que en estos momentos tenemos una cierta preferencia
comunitaria; no podría decir si es suficiente o no, pero sí que tenemos
una cierta preferencia por parte de la Comunidad. Sin duda, el nuevo tipo
de cambio de la peseta ha supuesto un impulso notable.




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En lo que se refiere a la pesca tenemos que tener en cuenta que en torno
al 50 por ciento de nuestras importaciones, desde el punto de vista
estadístico, proceden de nuestra flota abanderada en otros países. El
hecho de que estemos procediendo a exportar una parte de nuestra flota,
que se abandera en otros países para tener acceso a nuevos caladeros, a
nuevas zonas de pesca, etcétera, y el hecho de que las descargas de esa
flota pasen a ser estadísticamente consideradas como importaciones, no
quiere decir que no sean capturas realizadas por nuestra flota. Por
tanto, estos datos estadísticos están un poco distorsionados, aunque no
digo que plenamente.

En relación con la reforma de la política agrícola común tendremos
oportunidad de comentar sobre el futuro. Yo creo que el balance de la
reforma de la política agrícola común del año 1992 ha sido razonablemente
positivo; así ha sido evaluado por la mayor parte de los agricultores
afectados, hasta tal punto que algunas comunidades autónomas que tienen
gobierno del Partido Popular se han preocupado mucho de que en la
resolución de las ayudas aparezca claramente que son otorgadas por la
administración autónoma y no por la administración comunitaria o por la
administración nacional. Seguramente es legítimo que así sea, pero esto
refleja que el enfoque catastrofista, apocalíptico sobre las condiciones
en las que se reformó la política agrícola común en los cultivos
herbáceos, en el ovino-caprino, en el vacuno, etcétera, no se ha
correspondido, en los dos años de vigencia de esa reforma, con la
realidad en la apreciación de los propios agricultores; no se ha
correspondido en las rentas percibidas por los propios agricultores, y
eso es lo que hace que ahora el enfoque sea más el de intentar apropiarse
de esas ayudas para que el agricultor identifique esas ayudas con una
gestión propia y no con una gestión ajena.

En lo que se refiere a la pesca, lo dejamos para responderlo --ya que hay
más intervenciones-- en la segunda parte. En cuanto a las redes de
enmalle y el cumplimiento de la normativa vigente, diré que la posición
del Gobierno español ha sido siempre muy clara: no se podía establecer
ninguna prórroga al Reglamento comunitario que prohibía las redes de
enmalle a la deriva superiores a 2,5 kilómetros. Esto no fue demasiado
bien asumido por el Ministro francés, que salió de la reunión diciendo
que iba a recomendar a sus pescadores que no se cumpliese. La realidad es
que ha dado marcha atrás de forma notable y pública en esas
manifestaciones; se ha procedido al sellado de las redes y se ha
comprometido públicamente ante el Ministro de Pesca y ante el Gobierno
español a cumplir estrictamente la normativa comunitaria en lo que se
refiere a artes de pesca y a otros aspectos de la normativa comunitaria.

La posición del Gobierno español en estos momentos es que ese reglamento
no puede relajarse en absoluto, en lo que se refiere a la petición de 5
kilómetros o más que ahora realiza el Gobierno italiano y que mantiene
todavía el Gobierno francés, sino que hay que ir hacia la desaparición de
esas artes de pesca. En estos momentos, ha sido devuelto al Coreper
después del Consejo de Ministros de Pesca de la semana pasada, una vez
que el Gobierno español manifestó una posición rotunda en favor de la
desaparición de esas artes de pesca.

Al mismo tiempo, quiero comentar las medidas que se adoptaron en el
pasado Consejo de Pesca referentes a las condiciones técnicas de la pesca
en el Mediterráneo. Es importante que se introduzcan en el Mediterráneo
medidas técnicas que supongan restricciones importantes en las
condiciones de la pesca en el Mediterráneo. Ese Reglamento no nos parece
suficiente, sobre todo porque establece algunas derogaciones hasta el año
1998 de carácter temporal, que nos hubiese gustado que no apareciesen en
él. Por esa razón, manifestando que considerábamos insuficientes las
restricciones de pesca establecidas, nos abstuvimos en la reunión de la
semana pasada, pero siempre teniendo en cuenta que considerábamos más
favorable que se aprobase ese Reglamento a pesar de las derogaciones, que
el que se aplazase la introducción de estas restricciones y, por tanto,
la discusión incluso de eventuales decisiones sobre derogaciones a partir
de un nuevo reglamento que se nos podría presentar dentro de uno, dos o
tres años. No queríamos dejar pasar la oportunidad. Algunos otros países
querían que nosotros obstaculizásemos la aprobación de ese Reglamento con
el argumento de que nuestras exigencias eran de carácter más restrictivo
y ni siquiera consiguiésemos lo que hemos logrado: unas medidas de
restricción de las condiciones de pesca con unas derogaciones temporales
para algunas prácticas, derogaciones temporales que no afectan, en
absoluto, a la aplicación de redes de enmalle a la deriva superiores a
2,5 kilómetros. A mí me gustaría que en el plazo considerado por el
representante del Grupo Vasco, para 1997 ó 1998, pudiéramos llegar a la
abolición plena.

Quiero decir que la presión de algunos criterios conservacionistas en
algunos Estados miembros no está siendo lo suficientemente fuerte como
para que la posición que luego defienden en el Consejo de Ministros sea
tan estricta como la que está defendiendo el Gobierno español.

Respecto a las negociaciones de las condiciones de adhesión, quizá
tengamos oportunidad de comentarlo posteriormente. Sobre la gestión del
Isop, efectivamente tenemos que llegar a una gestión muy ágil y bien
coordinada con las comunidades autónomas. Esta es mi intención.

En relación con el control de las flotas pesqueras diré que el reglamento
que se aprueba sobre el control de las flotas pesqueras, en el fondo,
extiende al resto de la flota comunitaria unos mecanismos de control que
nosotros ya tenemos. Tenemos que evaluar esto positivamente, no sólo para
los nuevos Estados miembros, sino para los actuales, para los cuales no
se aplicaba en las mismas condiciones que para España y Portugal.

Respecto a las primas al mercado canario tengo que decir que me parece
importante el incremento que se ha producido, de los 260 a los 512
millones de pesetas, sobre todo a la vista de lo difícil que resultó
conseguir su aprobación en el Consejo de Ministros de Pesca por la
oposición rotunda que tenían algunos países --Alemania, Holanda y algunos
otros-- a que se financiase con cargo al Feoga-garantía, como se aprobó.

Respecto a la intervención del representante de Convergència i Unió,
quiero reiterarle el espíritu de diálogo



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que quiero mantener con todos los grupos parlamentarios y con todos los
representantes del sector. He dicho en más de una ocasión que no traía al
Ministerio de Agricultura las respuestas a los problemas del sector, sino
la firme decisión de encontrar las respuestas entre todos. Por tanto,
estoy totalmente abierto a la integración de todas las aportaciones de
los grupos parlamentarios, de los representantes sectoriales, de las
organizaciones profesionales agrarias, de las cooperativas, etcétera,
para que pongamos en marcha y llevemos a cabo la política agraria mejor
adaptada a las condiciones y a las necesidades de nuestro sector.

Coincido plenamente en que es necesario modernizar los sistemas de riego,
es necesario ser más eficiente en la gestión del agua, no solamente por
ser la gestión de un recurso escaso, sino porque la introducción de
mejoras técnicas en la gestión del riego significa también la mejora de
la eficiencia y de las condiciones económicas de la aportación de
fertilizantes, de tratamientos fitosanitarios, etcétera, que se pueden
producir con mayor eficiencia, con menos contaminación difusa, con menor
impacto medioambiental y en mejores condiciones económicas con la
utilización de técnicas de riego más modernas. Al mismo tiempo, también
es cierto que la administración hidráulica tiene que hacer un esfuerzo de
inversión en la modernización de las infraestructuras de la canalización
de agua, sobre todo de los regadíos tradicionales, para evitar o para
disminuir las pérdidas.

Sobre el proyecto de ley de modernización tendremos oportunidad, sin
duda, de hablar cuando se produzca su presentación. Coincido en que es
importante que, utilizando medidas fiscales y financieras, realicemos un
esfuerzo que contribuya a la modernización de nuestras explotaciones, al
redimensionamiento de las explotaciones, al rejuvenecimiento de los
titulares de explotaciones agrarias y, por qué no decirlo, a una mayor
concentración en la gente que apuesta por la agricultura como su
profesión. Hacia ahí debe ir la parte más importante de nuestras
políticas no solamente fiscales o financieras, sino también de otras
políticas agrarias, porque una de las diferencias que ha caracterizado la
evolución de la agricultura en este país, en los últimos 40 años,
respecto de los cambios que se han producido en la agricultura francesa,
alemana o inglesa es que en esos países la disminución del número de
agricultores ha ido acompañada de una disminución en el número de
explotaciones y de un proceso de concentración de la actividad agraria en
un menor número de explotaciones. Nuestro país no ha ido, en absoluto, en
paralelo, lo que nos ha impedido consolidar un número más pequeño, pero
suficiente de explotaciones de dimensión media sobre una fuerte vocación
familiar, pero con una dimensión media que garantizase una renta
suficiente para esas familias y una mayor capacidad para adaptarse a las
nuevas condiciones de los mercados agrarios.

Creo que todo el mundo está valorando positivamente lo que puede suponer
el proyecto de ley de interprofesionales, que seguramente también
tendremos oportunidad de debatir y sobre el que espero conseguir el
máximo consenso parlamentario.

Sobre los incendios forestales quiero volver a insistir en algo que no me
gustaría que se interpretase como un intento de eludir la responsabilidad
del Ministerio de Agricultura o del Icona en los incendios forestales, en
que es una responsabilidad casi exclusiva de las comunidades autónomas.

En los decretos de transferencia el Ministerio de Agricultura no se
reservó más que la competencia de responsabilizarse de participar en la
información y en la concienciación ciudadana y el apoyo mediante medios
aéreos, que parecía más racional que pudiesen estar disponibles para el
servicio al conjunto del territorio nacional. Además de esto, realizamos
la intensa labor de apoyo a las comunidades autónomas en el plan de
prevención y de lucha contra los incendios forestales. Estamos
incrementando nuestros medios aéreos y lo que ha supuesto una innovación
en el sistema de ataque a los grandes incendios forestales, que está
empezando a ser copiada por otros países, como sucede en muchas de las
innovaciones que realizamos en la política de extinción de incendios
forestales, han sido las brigadas especiales para la lucha contra los
incendios forestales. Se han revelado notablemente eficientes en la lucha
contra los grandes incendios forestales que son responsables de la mayor
parte de las hectáreas que se queman en nuestro país, hasta tal punto que
el Icona ha ampliado el número de brigadas especializadas para la lucha
contra los grandes incendios forestales. Esto ha sido también acompañado
por la creación adicional de algunas de estas brigadas por parte de las
comunidades autónomas, que son las que tienen la responsabilidad de la
extinción en tierra y de los trabajos de prevención, de silvicultura y de
movilización de las más de 20.000 personas que trabajan en la extinción
de incendios forestales.

Quiero insistir una vez más, de acuerdo con la Ponencia sobre incendios
forestales aprobada unánimemente en el Senado, en que es necesario que
concienciemos a este país de que deje de utilizar el fuego en el medio
rural. En un país como éste, en el que se alcanzan temperaturas muy
altas, períodos de sequía muy prolongados y a veces fuertes rachas de
viento, es una gran responsabilidad encender fuego para múltiples tareas,
y en este país se prende fuego en el campo un poco para casi todo. La
realidad es que tenemos 15.000 incendios de los cuales solamente una
pequeña parte se traduce en grandes incendios cuando las condiciones
climatológicas contribuyen a que se propaguen, y no deja de ser
preocupante que no consigamos que se produzcan menos incendios. Es decir,
estamos avanzando en la eficiencia en la extinción de incendios y cada
vez disminuye más el número de hectáreas que se queman por cada incendio,
pero eso es porque desplegamos muchos medios y las comunidades autónomas,
que son las que desarrollan esta labor, están mejorando en la eficiencia
del proceso de extinción, pero apenas llegamos a cubrir unas necesidades
que se derivan de que cada vez se prende más fuego en el monte.

Se ha planteado el tema de la ley de pesca. Tengo que comentar que las
iniciativas legislativas que he puesto sobre la mesa son las de carácter
inmediato para el próximo período legislativo, como había sido la
petición de la representante de Izquierda Unida solicitante de la



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comparecencia. El Ministerio mantiene el objetivo de elaborar una ley de
ordenación de pesca dentro de la legislatura, pero no en el inmediato
futuro y, por tanto, no formaba parte del programa legislativo de
carácter inmediato. Esperemos que los trabajos que se desarrollen se
realicen, como creo que ha ocurrido con las otras iniciativas
legislativas, incorporando el máximo de aportaciones de los diferentes
sectores.

No me voy a referir a algunos comentarios que se han realizado. Ha hecho
referencia el Grupo Vasco a la reestructuración del sector lácteo, y ya
me he posicionado a favor de que se produzca, pero es necesario contar
con la colaboración de las empresas, que se conciencien de que es
necesario, que es bueno para todos esta reestructuración y que, de no
realizarse, al final el mercado la va a hacer de forma traumática. Creo
que es importante que realicemos un proceso de reestructuración de
carácter ordenado que al Ministerio le gustaría impulsar con los
instrumentos de que dispone, lo mismo que he comentado ya, porque es
aplicable al caso de la industria azucarera, mi posición respecto de la
necesidad de consolidar algunos grupos nacionales en el sector
agroalimentario.

Sobre el tema autonómico estamos avanzando, estamos haciendo camino para
conseguir una relación más fluida con las comunidades autónomas, una
mejor coordinación sobre la base de una gestión plenamente
descentralizada de la política agrícola. Estamos haciendo camino al andar
y ésta es la línea en la que vamos a seguir trabajando en el próximo
período.

He hablado de los fondos estructurales que son competencia del Ministerio
de Agricultura. No he hablado del Fondo de Cohesión porque es competencia
del Ministerio de Economía, aunque nos corresponde una parte de la
gestión de algunas cantidades que provienen de dicho fondo.

Sobre las condiciones de control del esfuerzo pesquero tenemos unas
posiciones comunes y seguimos defendiéndolas en lo que tiene que ser la
orientación de la política pesquera comunitaria hacia el futuro.

En cuanto al acuerdo pesquero hispano-francés, creo que ha permitido
reducir la tensión y conseguir, mediante ese intercambio de cuotas que
mantiene la exclusividad hasta el día 1 de junio, intercambiar unas
cuotas de anchoa no utilizadas por nuestra flota por unas cuotas de otros
productos que, sin duda, van a ser aprovechados por nuestra flota. Creo
que eso era positivo, teniendo en cuenta, además, que el propio acuerdo
introducía un compromiso formal del Gobierno francés para el cumplimiento
de la reglamentación comunitaria en materia de artes de pesca que, como
ustedes saben, ha provocado más de un conflicto al Ministro francés en
sus zonas de pesca porque ha tenido que dar marcha atrás --como ya he
comentado-- en sus manifestaciones, seguramente en sus compromisos.

Desconozco hasta qué punto había exteriorizado esos compromisos con las
organizaciones de pescadores franceses para el no respeto de la
reglamentación comunitaria. Se ha comprometido no solamente en el acuerdo
con nosotros, sino formalmente ante el Comisario de pesca que ha hecho de
testigo para ese compromiso al estricto cumplimiento de la normativa
comunitaria, y el Comisario de pesca se ha comprometido a reforzar los
controles de la Comisión para el mejor cumplimiento de esta normativa de
carácter comunitario. Por otro lado, ya he expresado que el Ministerio va
a defender la desaparición plena de la pesca con redes de enmalle a la
deriva en el horizonte de 1997-98 y esperamos conseguir el consenso
suficiente, pero repito que en estos momentos ese consenso todavía no
existe.

En lo que se refiere al acuerdo hispano-francés quiero también comentar
que es un acuerdo para un año, prorrogable. En eventuales prórrogas
futuras se ha introducido y es que nosotros queremos revisar las tasas de
conversión de las cuotas de anchoa que entregamos respecto a las cuotas
de otros productos que recibimos. Estas tasas de conversión consideramos
que tienen que ser revisadas para ejercicios futuros en beneficio de un
mejor intercambio en ulteriores acuerdos. Este fue un motivo de
discrepancia muy importante que nos retrasó la firma del acuerdo durante
muchas horas, y al final el Gobierno francés aceptó que la Comisión
Europea, sobre datos económicos objetivos, propusiera las nuevas tasas de
conversión que pudieran ser aplicables para la eventual prórroga, si las
dos partes así lo consideran, de este acuerdo para ejercicios futuros,
pero no existe ningún compromiso establecido para la prórroga de este
acuerdo más allá del 31 de mayo de 1995.

Respecto de las preguntas del representante de Coalición Canaria, aunque
no se encuentra en la sala, quería decirle que se mantienen los
compromisos del Ministerio en lo que se refiere al Poseican, que
establece un programa de opciones específicas derivado de la lejanía y de
la insularidad canaria. Hay una serie de ayudas para el mantenimiento de
determinadas producciones y eso está específicamente reconocido en este
programa. Canarias tiene también el régimen específico de abastecimiento
para mantener, como antes de su adhesión a la Comunidad, la importación
de una serie amplia de productos a precio internacional, y esto lleva a
que, si proceden de la Unión Europea, se establezca una ayuda equivalente
a la restitución a la exportación para que queden esos productos a
precios internacionales y, si proceden de fuera de la Unión Europea, la
exención de los derechos de aduana. Ya he comentado lo referente a los
aspectos organizativos y de reestructuración, y sobre las Cámaras
Agrarias también he hecho ya algunos comentarios. Del sector
hortofrutícola quizás podamos tratar en la segunda parte de la
comparecencia.

Respecto a la intervención del Grupo Socialista, ya he comentado la ley
de pesca. Reitero mi compromiso de diálogo y de consenso. Yo creo que
tenemos --como ha resaltado-- una coincidencia en los objetivos básicos,
aunque luego tengamos algunas discrepancias en los instrumentos, en quién
tiene que aplicarlos y de quién es la responsabilidad de aplicarlos.

Comparto plenamente --creo que ya lo he expresado-- su criterio de que
tenemos que impulsar la diversificación del tejido económico, que las
respuestas a las necesidades del mundo rural no pueden venir solamente
del mundo agrario sino de un fortalecimiento del tejido económico y
social en este ámbito, con programas de desarrollo rural como los que se
establecen con los fondos estructurales, con mejoras en las



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infraestructuras, en los equipamientos, con programas de apoyo a la
inversión, con programas de movilización del potencial endógeno como el
que se establece en las iniciativas Leader, etcétera.

Comparto plenamente --y creo que así está sucediendo-- la idea de que
vamos por delante de la Unión Europea en política pesquera, vamos
marcando la pauta, y en los reglamentos que se aprobaron la semana pasada
en lo que se refiere a medidas técnicas en el Mediterráneo, a sistemas de
control o a búsqueda de nuevos caladeros estamos empujando a la
Administración comunitaria permanentemente, y considero que es lo que nos
corresponde hacer dada la dimensión de nuestro sector pesquero. Es
necesario seguir reforzando la coordinación con las comunidades autónomas
en materia pesquera; es necesario que el acuerdo con Marruecos sea
equilibrado y que garantice nuestras condiciones de pesca; es necesario
seguir apostando por la diversificación de nuestras flotas, no solamente
en cuanto a caladeros sino en cuanto a orientación de pesca y en cuanto a
productos; es necesario seguir mejorando, como se establece en el IFOP,
en la modernización de la flota, en nuestras infraestructuras de puerto,
en nuestras infraestructuras de mercados pesqueros, en las inversiones en
la acuicultura, etcétera. Para ello no solamente contamos con los
instrumentos del IFOP, con los fondos comunitarios y con los fondos
presupuestarios nacionales, sino que yo estoy convencido de que
conseguiremos canalizar más recursos financieros del mercado para la
modernización de nuestra flota.

Quería hacer un comentario, porque se me ha pasado antes sobre si las
ayudas a los seguros agrarios están amparadas en el GATT, referencia
hecha por el representante de Convergència i Unió. El acuerdo sobre la
agricultura de la Ronda Uruguay prevé que queden en la caja verde, es
decir, exentas de compromiso de reducción, numerosas ayudas y entre ellas
se cita la participación financiera del Gobierno en los programas de
seguros de los ingresos y de red de seguridad de los ingresos de la
agricultura con determinadas condiciones. En principio, estas ayudas son
compatibles con el GATT y, por otro lado, también se prevé como
compatibles las ayudas derivadas de la atención a catástrofes naturales.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Atienza.

Si les parece, suspendemos la sesión dos minutos. Ruego a los portavoces
que nos reunamos un momento para comentar el desarrollo de la sesión.

(Pausa.)



--COMUNICACION RELATIVA A LA INCIDENCIA DE LA RONDA URUGUAY DEL ACUERDO
GENERAL SOBRE LOS ARANCELES ADUANEROS Y EL COMERCIO (GATT) EN LOS
SECTORES AGRARIO Y PESQUERO, PARA SU DEBATE EN LA COMISION DE
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA. (Número de expediente 200/000005.)



--DEL IMPACTO QUE EL ACUERDO GENERAL SOBRE LOS ARANCELES ADUANEROS Y EL
COMERCIO (GATT) TENDRA SOBRE LOS DIVERSOS SECTORES DE LA PESCA. A
SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente
213/000188.)



--DEL IMPACTO QUE EL ACUERDO GENERAL SOBRE LOS ARANCELES ADUANEROS Y EL
COMERCIO (GATT) TENDRA SOBRE LOS DIVERSOS SECTORES DE AGRICULTURA,
GANADERIA Y ALIMENTACION. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR.

(Número de expediente 213/000189.)



El señor PRESIDENTE: A continuación pasamos a debatir el segundo bloque,
la comparecencia del Gobierno para informar sobre la incidencia de los
acuerdos del GATT en el sector agrario, pues como saben SS. SS. son tres
comparecencias, pero una ya se ha sustanciado, por lo menos por parte del
peticionario, la relativa al tema de pesca. Hay una comunicación del
Gobierno, por lo que le doy la palabra al señor Ministro, rogándole que,
dado lo avanzado de la hora, nos podamos ceñir a los tiempos
reglamentarios. Quiero comentar también, para que los Grupos hagan sus
previsiones, que a esta comunicación se pueden presentar propuestas de
resolución que se debaten posteriormente. Por acuerdo de los portavoces
se ha fijado el plazo de presentación de estas propuestas el lunes 27 a
las 14 horas, y las debatiremos el miércoles 29, día que tenemos
convocada sesión de la Comisión.

Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Atienza Serna):
Señorías, el 29 de diciembre de 1993, 14 días después de acordarse en
Ginebra el resultado final de las negociaciones de la Ronda Uruguay, mi
predecesor en el cargo tuvo la oportunidad de comparecer ante esta
Comisión para informarles de los acuerdos adoptados y los efectos sobre
la agricultura española de dichas negociaciones. Se trataba de una
información de urgencia sobre acuerdos todavía no firmados oficialmente.

Ahora, una vez que los acuerdos han sido firmados oficialmente en
Marrakech, el pasado día 15 de abril, parece apropiado volver sobre el
tema para informar con más detalle y profundizar en la incidencia de la
Ronda Uruguay sobre los sectores agrario y pesquero. Para ello hace unas
semanas han recibido SS. SS. los documentos finales de la Ronda Uruguay
aprobados oficialmente en la conferencia de Marrakech. Concretamente,
respecto al sector agrario se ha distribuido la oferta definitiva de la
Unión Europea, los textos de los acuerdos sobre la agricultura y sobre
aplicación de las medidas sanitarias y fitosanitarias, la relación de
precios desencadenantes de la cláusula de salvaguardia especial, y las
modalidades para el establecimiento de compromisos vinculantes
específicos en el marco del programa de reforma. En lo relativo al sector
de la pesca se ha distribuido la oferta de la Unión Europea. Por otra
parte, el Gobierno, en base al artículo 196 del



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Reglamento del Congreso, envió un documento titulado «Comunicación previa
del Gobierno sobre incidencia de la Ronda Uruguay del GATT en los
sectores agrario y pesquero», que contiene un resumen de los acuerdos
adoptados, los compromisos adquiridos por la Unión Europea y unos
comentarios sobre las repercusiones sectoriales que son previsibles.

Finalmente, se van a distribuir a SS. SS. otros dos documentos más
completos titulados «Acuerdos de la Ronda Uruguay del GATT en el sector
agrario» y «Acuerdos de la Ronda Uruguay del GATT en el sector pesquero».

En estos nuevos documentos se recogen con mayor detalle los acuerdos
finales de la Ronda Uruguay sobre los sectores agrario y pesquero, los
compromisos adquiridos para el período de seis años 1995-2000 y las
consecuencias previsibles en cada uno de los diferentes subsectores. Con
esta documentación sólo pretendemos contribuir a que las resoluciones que
ustedes aprueben posteriormente nos ayuden a mejorar la acción del
Gobierno y, en definitiva, las condiciones de vida en el medio rural.

El Acuerdo del GATT supone un hecho histórico para la agricultura de la
Unión Europea y para la política agrícola común, ya que por primera vez
la agricultura y el comercio de productos agrarios van a estar sometidos
a unas reglas internacionales que implican compromisos de carácter
multilateral; es decir, para todos y no sólo para la Unión Europea.

Señorías, el Acuerdo era necesario para evitar una situación de
incertidumbre y de continuas represalias comerciales entre los
principales países industrializados. Hay que recordar que, en los últimos
años, cualquier conflicto comercial entre la Unión Europea y Estados
Unidos --por poner un ejemplo de los más frecuentes en enfrentamientos--
daba lugar a represalias peregrinas. El conflicto por las hormonas de la
carne, por ejemplo, suponía una amenaza para los exportadores de aceituna
de mesa o de cava a Estados Unidos. La nueva situación creada por el
Acuerdo, tiene, por tanto, la ventaja de establecer un marco de
referencia estable a medio plazo que permitirá, por una parte, adaptar la
PAC a las nuevas reglas internacionales, como ya se ha venido haciendo
desde 1992. Esta PAC, adaptada y aceptada en el GATT, no va a representar
un menor apoyo a la agricultura europea. Al contrario, la reforma hasta
ahora iniciada en los sectores de cereales, semillas oleaginosas y
producciones ganaderas significa un incremento del apoyo que el
Feoga-Garantía está concediendo a la agricultura europea, que ha pasado
de 32.300 millones de ecus en 1991 y 32.900 millones en 1992 a las
previsiones de un presupuesto de 38.200 millones de ecus para 1995.

Por otra parte, y a nivel nacional, poder desarrollar una estrategia de
ajuste y mejora de la competitividad de la agricultura española. Desde la
incorporación de España a la Unión Europea han pasado ya ocho años y
medio de continuo proceso liberalizador, no sólo desde la perspectiva
comercial, sino de reestructuración y ajuste estructural. No hay que
olvidar que para la agricultura española la parte sustancial de nuestro
comercio exterior, tanto importador --el 54 por ciento del total, en
1993--, como exportador --el 73 por ciento del total, en 1993--, se
efectúa básicamente con los países miembros de la Unión. Por esta razón
hay que considerar que la primera y más importante liberalización de
nuestra agricultura se adoptó el día en que España se incorporó a la
Unión Europea, en 1986.

Tampoco hay que ignorar que desde entonces la Unión Europea ha seguido un
doble proceso que ha profundizado en esta liberalización: por una parte,
se ha completado la liberalización interna intracomunitaria con la
realización del mercado único europeo el 1 de enero de 1993, y ahí España
ha estado presente. Por otra parte, los continuos acontecimientos
mundiales han obligado a la Unión Europea a un permanente proceso de
apertura comercial.

La Unión Europea no podía aislarse frente a los acontecimientos del
centro y del este europeos, ni a los problemas de la reconversión del
cultivo de la coca en los países andinos de América, ni a la evolución de
los acontecimientos en el norte de Africa. Todo ello se ha ido plasmando
en acuerdos de diversos tipos, con el denominador común de la apertura
comercial. Es más, la propia dinámica europea lleva su ampliación, en
primer lugar, a los países de la EFTA y, posteriormente, a algunos de los
países del centro y este europeos; y todo ello sin acuerdo GATT.

En este complejo proceso de apertura y liberalización, del que, como
decía antes, ya disponemos de la experiencia de ocho años y medio, la
agricultura española, señorías, se ha acomodado de un modo que podemos
calificar de notable. Permítanme que les suministre tan sólo un dato: la
tasa de cobertura del comercio exterior agroalimentario, que hasta 1984
fue siempre deficitaria, a partir de esta fecha se consolida en tasas
superiores al ciento por ciento, alcanzando incluso en 1987 una tasa del
130 por ciento. Este hecho debe darnos confianza en la capacidad de
adaptación de nuestro sector agrario. La experiencia del proceso de
liberalización en los pasados años es que la agricultura española está
ganando tasa de cobertura en el comercio exterior y ello supone la mejor
base de partida, la confianza en nuestras posibilidades para seguir en la
senda de la liberalización a través ahora del camino que establece el
acuerdo GATT, como en el pasado hemos recorrido satisfactoriamente la
senda del período de transición de la adhesión a la Unión Europea.

La ventaja del acuerdo GATT es que establece, de un modo muy claro, el
proceso de apertura que debe seguir la agricultura europea en los
próximos seis años, así como las ayudas y los mecanismos de apoyo a las
rentas de los agricultores y a la agricultura en general, que son
compatibles con el GATT y la liberalización del comercio mundial y que,
por tanto, podrán orientar la PAC y la política agraria española en el
futuro. Dicho proceso de liberalización habría tenido lugar en cualquier
caso, pero sometido a continuas presiones e incertidumbres.

A cuantos consideran que el acuerdo GATT ha sido un triunfo negociador
para los Estados Unidos y un fracaso para la Unión Europea, que se ha
visto, según dicen algunos, acorralada en su afán de defender el
proteccionismo agrario europeo, les aconsejaría que repasaran el proceso
de negociación de la Ronda Uruguay. Aun en diciembre de 1990, Estados
Unidos sostenía la necesidad de disminuir el apoyo a la agricultura en un
75 por ciento, y las



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subvenciones a las exportaciones en un 90 por ciento; y todo ello en diez
años. En aquellas fechas, la Unión Europea hizo públicas sus ofertas en
una toma de posición que implicaba la disminución del apoyo global a la
agricultura en un 30 por ciento, la «arancelización» de la protección en
frontera, con rebaja de un 30 por ciento, y la equivalente disminución de
subvenciones a las exportaciones; y todo ello en cinco años.

Teniendo en cuenta que el acuerdo final ha comprometido una disminución
del apoyo global de un 20 por ciento y de los aranceles en un 36 por
ciento, en seis años, habría que valorar de quién ha sido el éxito
negociador a la vista de estos datos. Ello, independientemente de que al
no contabilizarse las ayudas a las hectáreas y a las cabezas de ganado en
la medida global de ayuda a la agricultura, el futuro de la PAC tiene un
considerable margen de maniobra para sostener a la agricultura europea y
la renta de los agricultores y poder digerir adecuadamente el proceso de
liberalización comercial.

Por todo lo anterior, una vez definido el marco y el grado de la
liberalización comercial internacional, es evidente que las consecuencias
para la agricultura europea dependen sustancialmente del desarrollo de la
PAC. La reforma de la PAC se configura así como un complemento
imprescindible del acuerdo GATT. Hasta el momento presente, la reforma y
adaptación de la PAC al nuevo contexto mundial se ha centrado básicamente
en los sectores de cereales, semillas oleaginosas y producciones
ganaderas, aunque aún será preciso que se introduzcan algunas medidas de
ajuste, sobre todo en los sistemas de protección exterior.

Quiero señalar que tanto las rentas de los agricultores como la
preferencia comunitaria, han quedado garantizadas con las reformas
introducidas en estos sectores. Pues bien, no les oculto mi satisfacción
debido al hecho de que se trata de los sectores españoles que
tradicionalmente se consideraban como más sensibles a la liberalización
exterior, debido a que los expertos los consideraban como sectores sin
ventajas comparativas de ningún tipo, particularmente en el contexto
europeo y frente a los excedentes que de estos mismos productos tenía la
Unión Europea. El balance de la reforma de la PAC hasta ahora podemos
considerarlo como positivo y ello queda demostrado por el sustancial
incremento de ayudas recibidas por estos sectores, sin que hasta el
momento se haya podido registrar el menor deterioro en el comercio
exterior.

Ahora bien, el proceso --y lo sé-- aún no puede darse por concluido.

Vamos a vivir en los próximos meses la adaptación a la normativa
comunitaria de un conjunto de sectores básicos para la agricultura
española, como pueden ser el arroz, el azúcar, el vino, las frutas y
hortalizas y, tal vez más adelante, el aceite de oliva.

Cada uno de estos sectores tiene una problemática tan singular que
requiere un tratamiento específico. En primer lugar, en el caso del arroz
y del azúcar, las reformas que se aborden se deberán parecer mucho a las
ya emprendidas en el sector de cereales, pero aún no existen propuestas
de la Comisión.

En el caso de los productos mediterráneos, permítanme que haga una
reflexión general previa. Antes de la entrada de España en la Unión
Europea, el vino y el aceite de oliva españoles eran la referencia
inevitable para poder determinar el precio mundial de estos productos, si
es que se puede hablar de precio mundial en sectores con mercados tan
singulares. Posteriormente, con las subidas de precios que implicó la
adopción de la PAC en España, la situación se ha modificado pero más
aparentemente que en la realidad. España sigue siendo la primera potencia
mundial en aceite de oliva y en aceituna de mesa, y España puede ser el
único país de la Unión Europea que podría ser competitivo en vino en
relación calidad-precio frente a California y los nuevos países
emergentes en el mercado mundial de este sector.

Por lo que respecta a las frutas y hortalizas la problemática es más
compleja, por el sector en sí mismo y porque hay que hablar de dos
competitividades distintas: una, en el contexto europeo, en el que
tradicionalmente se han manifestado las ventajas comparativas de la
hortofruticultura española, y una segunda competitividad en el contexto
mundial frente a países con estructuras sociales y económicas tan
distintas a las europeas, donde la competitividad es imposible sin que
tercien filtros como los que se han introducido en el acuerdo GATT.

En definitiva, y sin que ello nos excuse de analizar con más detenimiento
la problemática concreta de la reforma de la PAC y del acuerdo GATT en
estos sectores de la agricultura mediterránea, me atrevería a decir que
se trata de una parte objetivamente más competitiva de la agricultura
española, no sólo en el contexto europeo, sino en el marco de la economía
internacional y en los que una prudente liberalización, como la acordada
en el GATT, podría reportar más beneficios que perjuicios a poco que la
adaptación de la normativa se lleve a cabo en la línea liberalizadora
interna y sin discriminaciones hacia España.

Sí me gustaría resaltar algunas de las condiciones que me parecen
importantes para abundar en las informaciones referentes al documento que
se ha repartido y a los que van a tener oportunidad de acceder SS. SS.

para la mejor preparación de sus mociones parlamentarias.

En lo que se refiere a los acuerdos del GATT yo destacaría no sólo la
cláusula de paz, que me parece particularmente importante para la
reducción de la incertidumbre sobre la evolución de la política agrícola
común y del sistema de apoyo a nuestra agricultura, sino la consideración
respecto de la ayuda interna de que, por una parte, la reducción aceptada
del 20 por ciento se evalúe globalmente y no producto a producto y, por
otra, que en la evaluación de la medida global de la ayuda no se incluyan
las ayudas por superficie para los cultivos herbáceos y las primas a la
ganadería, introducidas ambas por la reforma de la política agrícola
común.

Estas dos condiciones --la reducción de carácter global y el que las
ayudas por superficie y las primas a la ganadería de la nueva política
agrícola común no se incluyan en la medida global de ayuda-- permiten
prever a la Unión Europea que no deben existir problemas para el
cumplimiento de reducción del 20 por ciento, ya que tras la



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reforma la medida global de ayuda total es menor que el límite máximo
autorizado. Por tanto, no será necesario reducir la medida global de
ayuda, sino que incluso existe un margen para aumentarla. Además, el
hecho de que las ayudas introducidas por la reforma de la PAC queden
amparadas por la cláusula de paz, nos ofrece una garantía de continuidad
y de que no serán denunciadas ante la nueva Organización Mundial del
Comercio. Todo ello consolida estos importantes instrumentos de apoyo
para el sostenimiento de las rentas de los agricultores.

En cuanto al acceso al mercado, el elemento más destacable es que la
reducción arancelaria del 36 por ciento tampoco se computará producto a
producto, sino sobre la media de las reducciones aplicadas a cada línea
arancelaria, lo que permite compensaciones. Esto ha sido aprovechado por
la Unión Europea para aplicar reducciones menores del 20 por ciento en
los sectores más sensibles: frutas y hortalizas, aceite de oliva, vino,
leche en polvo, azúcar, etcétera.

También es destacable el esquema de «arancelización» aplicado en el
sector de frutas y hortalizas, que permitirá mantener un sistema de
protección exterior muy semejante al actual, con mejoras sensibles para
los tomates, pepinos y calabacines, que se amplía a los meses de enero,
febrero y marzo, y para clementinas, que se amplía al mes de noviembre.

Finalmente, dentro de este apartado de acceso al mercado, merece
igualmente señalarse el modo de cálculo de compromiso de acceso mínimo
para la Unión Europea, que solamente obligará a establecer condiciones
preferenciales para la importación de cantidades moderadas de varios
productos que, por lo limitado de las mismas, no es previsible que
provoquen perturbaciones en los mercados comunitarios.

En lo que se refiere a la competencia de las exportaciones, lo más
destacable es el acuerdo alcanzado con Estados Unidos los días 6 y 7 de
diciembre de 1993, que, para varios productos --trigo, queso y otros
productos lácteos, carne de vacuno, carne de aves y huevos--, permitirá a
la Unión Europea comenzar las reducciones del 21 por ciento de las
cantidades exportadas con subvenciones y del 36 por ciento de los
desembolsos presupuestarios desde niveles superiores a los previstos en
el Acuerdo de «Blair House». Ello posibilitará exportar, con
restituciones durante el período 1995-2000, cantidades sensiblemente
superiores a las previstas inicialmente, lo que contribuirá a aliviar el
problema de los excedentes comunitarios.

Otro aspecto a destacar es que la Unión Europea comenzará, a partir del
año 1995, a reducir su presupuesto de restituciones a la exportación,
ahorro que anualmente, a partir del año 2000, supondrá respecto a 1995 la
cantidad de 3.850 millones de ecus comerciales. Estos ahorros deben
constituir una buena base para afrontar otros gastos que van a ser
necesarios, como las reformas de las organizaciones comunes de mercado
pendientes.

Una vez repasados los aspectos generales del acuerdo, parece obligado
hacer alguna referencia a algunos subsectores agrarios. No me gustaría
extenderme excesivamente, puesto que la documentación adicional que se
les va a repartir realiza una información más detallada del impacto
previsible en algunos de estos susbsectores. En el sector de los
cereales, lo más destacable es que la protección exterior, tras la Ronda
Uruguay, es suficiente para mantener el principio de la preferencia
comunitaria, ya que será la misma que proporciona la reforma aprobada en
1992.

El consumo interno de cereales en la Unión Europea debe aumentar debido a
su mayor utilización en la alimentación animal. Las previsiones de la
Comisión son de que este incremento llegará a 10 ó 12 millones de
toneladas anuales, tendencia que parece que ha comenzado a confirmarse
durante el año 1993, en que dicho consumo se ha incrementado en 4,5
millones de toneladas respecto de 1992. Con la reciente reforma del
sector, los precios se irán aproximando a los del mercado internacional,
si bien los acontecimientos monetarios en 1993 están dificultando esta
aproximación.

En resumen, el principal reto que debe afrontar la Unión Europea en el
sector de cereales es el control de la producción, que debería mantenerse
entre 170 y 175 millones de toneladas, con lo cual las exportaciones
serían del orden de 25 ó 26 millones, que encajaría con los compromisos
asumidos en la Ronda de Uruguay. Parece que esta tendencia empieza a
cumplirse, ya que en 1993 la producción ha sido de 165 millones de
toneladas, estimándose que, de no haberse producido la reforma de la PAC,
la producción hubiera ascendido a unos 181 millones de toneladas.

En el sector de la carne de vacuno, la protección exterior, tras la Ronda
de Uruguay, será también suficiente para mantener el principio de la
preferencia comunitaria. El principal problema consistirá en la necesidad
de un reajuste que reduzca la producción en alrededor del 5 por ciento
para alcanzar una situación de cierto equilibrio en el mercado
comunitario. A ello debería contribuir la reciente decisión de la
Comisión de disminuir el peso máximo de las canales compradas para
intervención.

En el sector del porcino no es de prever que se produzcan dificultades
importantes en la Unión Europea para el cumplimiento de los compromisos
asumidos en la Ronda Uruguay, sobre todo gracias a la mejora sustancial
sobre la situación que hubiera planteado la aceptación del documento
«Dunkel», que representaba un compromiso de 500.000 toneladas de acceso
mínimo, que se ha reducido a 75.600 en la oferta definitiva de la Unión
Europea.

Por lo que se refiere al sector avícola, el compromiso de reducción de
las exportaciones subvencionadas de carne de ave y el previsible
incremento que se producirá en las importaciones de huevos, derivado de
la cláusula de acceso mínimo, provocarán reajustes productivos en unos
subsectores con superávit en sus niveles de autosuficiencia.

En el sector lácteo, la suma de la reducción de las exportaciones
subvencionadas y el incremento de las importaciones empeorará el
desequilibrio excedentario de la Unión Europea en estos productos,
centrado fundamentalmente en los quesos, por lo que se hace
imprescindible una aplicación eficaz y rigurosa de las medidas previstas
en la reforma de la PAC, así como un aumento del consumo



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interno y de las exportaciones sin restitución de productos de calidad.

En el sector del azúcar los compromisos asumidos van a requerir,
probablemente, la reforma de la actual OCM, que debería orientarse en la
misma línea que la de los cereales. Esta sería, para el sector español,
la forma más adecuada de afrontar la nueva situación, ya que su
diferencia de productividad con el sector comunitario haría difícil la
competencia de no introducirse algún mecanismo como el antes citado.

En el sector de las frutas y hortalizas, aunque la protección exterior se
mantiene con un esquema similar al actual, existen problemas que deben
encontrar respuesta en la próxima reforma de la OCM, tales como la
verificación de los precios de entrada, la aplicación efectiva de la
preferencia comunitaria a los productos sin precio de entrada, etcétera.

Igualmente, son importantes las modalidades internas para la gestión de
la reducción de exportaciones subvencionadas. Se trata, por tanto, de un
sector en el que la clave está en decisiones que deben adoptarse
próximamente.

En el sector del aceite de oliva un aspecto importante será la reducción
de exportaciones subvencionadas, que tendrán que soportarse mediante
exportaciones sin subvención de determinados productos, lo que debe ser
posible teniendo en cuenta que la Unión Europea es prácticamente el único
proveedor en el mercado mundial. En cuanto a las semillas oleaginosas, la
principal consecuencia de la Ronda Uruguay es el acuerdo alcanzado con
Estados Unidos, sobre el que ya se debatió ampliamente en esta Comisión
en diciembre de 1993.

Finalmente, en el sector vitivinícola el principal problema que puede
plantearse se deriva de la reducción de las exportaciones subvencionadas.

En este sector, al igual que en el de las frutas y hortalizas, la
solución de los problemas debe encontrarse en la próxima reforma de la
organización común de mercados. Prefiero no extenderme ahora en este
tema, ya que está previsto el debate de una interpelación en el Pleno del
Congreso esta tarde, que nos permitirá seguramente abundar en la
propuesta de reforma de este sector, pero sí quiero anunciar que
insistiremos enérgicamente para el cumplimiento del compromiso aprobado
en el Consejo jumbo del 20 de septiembre de 1993, en lo relativo a que en
las reformas de los sectores pendientes se tendrán en cuenta los
principios financieros y de mercado que se han aplicado para el conjunto
del sector agrario.

Como conclusiones, podemos decir que, para evaluar los resultados de la
Ronda Uruguay en materia de agricultura, hay que partir de algunas
consideraciones previas. En primer lugar, hay que destacar que la Unión
Europea es el principal importador y el segundo exportador del mundo de
productos agrarios, y ello basado en una política agrícola común de
carácter proteccionista, solamente igualada en este aspecto por algunos
países industriales y, desde luego, superior a la de Estados Unidos. En
segundo lugar, la complejidad de las distintas políticas agrarias
practicadas en el mundo ha hecho inevitable que se incluya por primera
vez la agricultura en las negociaciones del GATT, abarcando todos los
aspectos de dichas políticas y no sólo desde el punto de vista
estrictamente de los intercambios comerciales.

España ha conseguido en estas negociaciones la mayoría de los objetivos
prioritarios, y me voy a permitir resaltar algunos de ellos. En primer
lugar, la exclusión de las ayudas por hectárea y por cabeza de ganado del
compromiso de reducción. Desde un principio, España estuvo a la cabeza de
un grupo de países miembros que consideraba irrenunciable para la Unión
Europea que el nuevo sistema de ayudas por hectárea y por cabeza de
ganado, introducido por la reforma de la PAC, quedara excluido del
compromiso de reducción de la medida global de ayuda. La aceptación de
esta condición fue asumida, en primer lugar, por todos los países de la
Unión Europea y, posteriormente, su inclusión en los acuerdos del acta
final de la Ronda Uruguay consolida, con carácter permanente, un
importantísimo instrumento de apoyo para el sostenimiento de la renta de
los agricultores españoles.

En segundo lugar, un trato más favorable para los productos mediterráneos
al considerar como sectores sensibles algunas de estas producciones, como
frutas y hortalizas, aceite de oliva o vino, que ha permitido que la
reducción arancelaria que se les aplica sea del 20 por ciento, inferior a
la media del 36 por ciento establecida para el conjunto de los productos
agrarios.

En tercer lugar, la garantía de mantenimiento de la preferencia
comunitaria y de las rentas agrarias en las OCM de los productos
mediterráneos pendientes de reforma. En este sentido, quiero recordar de
nuevo que en la reunión jumbo del día 20 de septiembre de 1993 se
estableció un compromiso formal del Consejo de Ministros y de la Comisión
para garantizar las rentas agrarias y la preferencia comunitaria en la
aplicación de la reforma de las OCM de los productos mediterráneos, según
las mismas condiciones y principios agrarios y financieros que se
aplicaron para los demás sectores. Posteriormente, en la reunión del
Consejo Ecofín, de 23 de marzo de 1994, el Consejo y la Comisión
reiteraron el compromiso anterior y acordaron, asimismo, que las
dificultades financieras actuales y previsibles del Feoga no deberán
afectar de manera discriminatoria a la aplicación de la reforma de las
OCM de los productos mediterráneos.

En el sector de frutas y hortalizas se ha conseguido, como ustedes
conocen, una ampliación a los meses de enero, febrero y marzo de los
calendarios de los precios de entrada de tomates, pepinos y calabacines
aplicables a las importaciones de países terceros. Ello asegura que, tras
la Ronda Uruguay, dichos productos españoles se beneficiarán del
principio de la preferencia comunitaria, hasta ahora inexistente durante
los citados meses, en los que se concentra una parte importante de las
exportaciones españolas.

En el sector del plátano se ha consolidado el arancel de 850 ecus por
tonelada previsto en la nueva organización común de mercados, con la
correspondiente reducción del 20 por ciento, que sigue siendo
suficientemente disuasorio para las importaciones de este producto. En
cuanto a la denuncia presentada en el GATT por los países productores
latinoamericanos miembros del acuerdo contra la



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organización común del mercado del plátano, a finales de marzo de 1994 la
Comisión de la Comunidad Europea llegó a un acuerdo con Costa Rica,
Colombia, Venezuela y Nicaragua, según el cual el contingente se
incrementará hasta 2.200.000 toneladas a partir de 1995, con un derecho
reducido de 75 ecus por tonelada, en lugar de los 100 ecus actuales, y
una distribución porcentual entre dichos cuatro países y el resto de los
suministradores. Como novedad, se introduce la posibilidad de que los
países suministradores podrán expedir licencias de exportación hasta el
70 por ciento de su contingente, que serán preceptivas para la emisión de
los certificados comunitarios de importación. Con este acuerdo, los
cuatro países citados han dado por finalizado el contencioso planteado
ante el GATT, si bien el resto de los países suministradores --Guatemala,
Ecuador, Honduras, Panamá y Méjico-- siguen sin aceptar la OCM del
plátano.

Como novedad en este tema del plátano, y aunque no se refiere exactamente
a la Ronda Uruguay que ahora nos ocupa, creo conveniente señalar a SS.

SS. que el pasado día 8 de los corrientes se hicieron públicas las
conclusiones del Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea en relación con el recurso interpuesto por la República Federal
Alemana contra el Reglamento 494/1993, que establece la OCM del plátano.

En dichas conclusiones, el Abogado General propone al Tribunal que
desestime en su integridad el recurso alemán y condene a aquel país al
pago de los costes procesales. Aunque estas conclusiones no prejuzgan la
sentencia final del Tribunal, que se espera para el próximo mes de
septiembre, constituye un elemento de referencia importante y es, sin
duda, una noticia positiva con vistas al mantenimiento de la actual OCM
del plátano.

En resumen, puede decirse que los acuerdos finales de la Ronda Uruguay
han sido razonables para la Unión Europea, teniendo en cuenta que se
trata de un proceso de liberalización. En el caso particular de España,
hay que señalar que se han conseguido prácticamente los objetivos
incluidos en el memorándum que se presentó al efecto. Finalmente, quiero
enviar un mensaje de aliento a nuestros operadores para que no descansen
en la búsqueda de nuevos mercados para productos agrarios. Al iniciarse
un proceso de liberalización en todos los países, es necesario siempre
indagar las nuevas oportunidades que se van a abrir en mercados de países
con posibilidades de incrementar sus importaciones. En este sentido, el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación va a estudiar
detenidamente durante los próximos meses las ofertas presentadas por
diferentes países --Estados Unidos, Canadá, Japón, Corea, etcétera--, con
objeto de detectar si sus reducciones arancelarias ofrecen nuevas
posibilidades para nuestros productos agrarios, estudio del que tendremos
debidamente informado al sector.

En lo que se refiere al sector pesquero, y dando ya respuesta a
planteamientos realizados en una intervención anterior por algunos de los
representantes de los grupos, diré que el sector de la pesca no ha
tenido, como ustedes saben, un tratamiento específico en la Ronda
Uruguay, como ha ocurrido con la agricultura, sino que se ha enmarcado en
las negociaciones generales sobre aranceles con objeto de mejorar sus
condiciones de acceso a los mercados. Para analizar los resultados de la
Ronda Uruguay en este sector hay que recordar que en la Unión Europea más
del 60 por ciento de las importaciones de productos de pesca se realizan
ya a derecho reducido o nulo debido a los acuerdos actualmente suscritos
con diferentes países o asociaciones de países. Además, la Unión Europea
abre cada año contingentes arancelarios para una serie de productos de la
pesca, generalmente materias primas para suministro de las industrias de
transformación.

En este contexto, la Unión Europea presentó en la Ronda Uruguay una
oferta de reducción del 50 por ciento de los derechos de aduana para 92
posiciones arancelarias, del total de las 325 definidas en el arancel
aduanero común para productos de la pesca. Además, para otros 16
productos la Unión Europea ha ofrecido la posibilidad de reducir sus
derechos de aduana a cambio de derechos de pesca para la flota
comunitaria en aguas de los países exportadores al mercado europeo.

De las 325 posiciones arancelarias, 192 se podrían considerar crestas
arancelarias, es decir, derechos iguales o superiores al 15 por ciento,
por lo que la oferta comunitaria afectaba prácticamente a la mitad de las
posiciones que podrían ser susceptibles de rebaja. De las 92 posiciones
arancelarias en las que la Unión Europea ofreció una reducción de
derechos de aduana, por parte española se identificaron 13 posiciones
correspondientes a 10 productos considerados como sensibles para nuestro
país por el nivel de las importaciones o por los efectos que dicho
comercio tiene, tanto en la producción nacional como en las relaciones
pesqueras con países terceros a través de los correspondientes acuerdos.

El resultado final para estos productos considerados sensibles han sido
el siguiente. Para la merluza fresca y congelada y el rape congelado, el
derecho de aduana se mantiene sin reducción en su nivel actual del 15 por
ciento, lo que resulta claramente positivo, solamente se aceptarían
reducciones a cambio de concesiones de derechos de pesca. Para el
lenguado congelado, pez espada congelado y filetes de merluza congelados,
el derecho de aduanas se reduce el 50 por ciento, al pasar de 15 y al 7,5
por ciento. Para el lenguado congelado los efectos de esta reducción
serán muy limitados puesto que nuestro primer proveedor es Marruecos, que
ya se beneficia actualmente de la exención de derechos. En el caso de los
filetes de merluza congelados, se beneficiarán de la reducción tanto las
empresas mixtas con capital español que actúan en Argentina, como las de
elaboración españolas. Además, el 60 por ciento de nuestras importaciones
proceden de Argentina, país que actualmente se beneficia de un arancel
reducido del 5 por ciento, en virtud del acuerdo de pesca. Para los
crustáceos congelados el derecho de aduana se reduce el 33 por ciento, lo
que tendrá efectos muy limitados, pues actualmente el 70 por ciento de
nuestras importaciones se realizan ya con un derecho inferior al 5 por
ciento, mientras que lo normal es que el paso del derecho de aduana sea
del 18 al 12 por ciento. Finalmente, para las conservas de sardinas y
similares, el derecho de aduana se reduce el 50 por



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ciento, al pasar del 25 al 12,5. Evidentemente, no se trata de un
resultado positivo, pero sus efectos serán también muy limitados, dado
que el volumen de importaciones es muy reducido.

Como conclusión puede resaltarse que de las 92 posiciones arancelarias
para las que se reducirán los derechos de aduana sólo 10 productos se
consideran sensibles para nuestro país; de esos 10 productos, sólo cuatro
cambian significativamente en relación con la etapa anterior: filetes de
merluza congelados, demás carnes congeladas de merluza y preparados y
conservas de sardina. Los cuatro productos anteriores representan el 7
por ciento de nuestras importaciones de países terceros y de dicho
porcentaje más del 50 por ciento procede de sociedades mixtas españolas.

Por todo ello, señorías, considero que los resultados de la Ronda Uruguay
también en el sector pesquero son bastante razonables y no es de esperar
consecuencias negativas para el mismo.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Hernández-Sito.




El señor HERNANDEZ-SITO GARCIA-BLANCO: Antes de nada, quiero dar la
bienvenida al señor Ministro, a quien deseo los mejores éxitos en su
labor.

Yo creo que el tema de la pesca crea hábitos, porque cada vez que
hablamos de ello, cuando viene el señor Loira y hoy con la exposición del
Ministro, no sé por qué yo me tomaré un filete luego; salimos saturados
de lo extensas que son estas intervenciones. Siempre nos crea grandes
problemas.

Quería hacer una intervención breve. No estoy de acuerdo con el señor
Ministro --es su postura y, lógicamente, lo tiene que vender-- en cuanto
a que el acuerdo haya sido muy positivo. Yo creo que este acuerdo nos
establece más obligaciones, más deberes en la agricultura, pero en nada
altera la postura de los Estados Unidos. Las ayudas a los agricultores en
Estados Unidos son directas, se presta nuestro apoyo, sin embargo, a la
Comunidad; el sistema de fronteras, con el mecanismo que ha habido hasta
ahora, es mucho peor que el que tienen los americanos. Los americanos
tienen una protección en cuotas, precio de entrada, una cantidad de
burocracia, además, que prohíbe casi entrar productos; exigencia
sanitaria, incluso el Presidente de los Estados Unidos tiene la potestad,
como se ha visto hace un momento, de elevar las tarifas arancelarias en
cuanto cree que puede afectar a su agricultura o a su ganadería.

Nosotros, sin detallar lo que es la reducción y todo, perdemos un poco la
autonomía, Europa pierde un poco la autonomía en base a la influencia y a
la fuerza que tiene Estados Unidos en este acuerdo.

Sobre la reducción del 20 por ciento, usted ha dicho que la ayuda directa
se va a conseguir y que no se va a acarrear, pero cada vez se tendrá que
participar más. De todas maneras, en el presupuesto de la CEE se habrá
disparado el gasto y yo creo que la renta de los agricultores bajará un
poco en el sentido de cómo va a funcionar luego el tema de los
presupuestos de la CEE, que son anuales y que pueden reducirse en
cualquier momento.

La aplicación de las tarifas acabará con el principio de preferencia
comunitaria que ha sido hasta ahora el desarrollo agrario en los últimos
años. Habrá más importaciones de terceros países, en virtud de la
cláusula automática del 3 al 5, y esto supondrá, por razón de las
estructuras de algunos países, que no podremos competir en muchos temas.

Usted ha dicho, con razón, que habrá que tener una reunión, pero para esa
importación de terceros países, con la economía que tienen, con los
costos que tienen, tendríamos que subvencionar parte de la agricultura,
o, si no, no podríamos subsistir.

Hay unas reducciones, sobre todo en cuanto al vacuno y al porcino,
grandes problemas que vamos a tener en cuanto al tanto por ciento que se
ha dicho. Además, yo no estoy de acuerdo con el señor Ministro en cuanto
a la cláusula de la PAC, que ve usted como buena. Yo creo que, dentro de
seis años, a pesar de que hay un compromiso, se va a empezar casi otra
guerra sobre cómo se va a negociar, qué renegociación. Y al decir a
Estados Unidos que sea el árbitro del mercado prácticamente internacional
yo creo que nosotros hemos perdido autonomía.

Se aceptan heroicamente unas condiciones de importación en porcino, carne
de pavo, queso, leche, que yo creo que nos van a perjudicar en bastantes
sectores. Y esa liberalización en manos de un país que, al final, no
quiere subvenciones y está siempre castigando con las subvenciones
europeas. Sin embargo, usted bien sabe, señor Ministro, que el sistema de
subvenciones filtradas o bajo cuerda de Estados Unidos es muchísimo mayor
y muchas veces le hace más competitivo.

Para terminar, quizá arrimándome un poco, como no tengo pesca, yo le
diría que hay un tipo de ganado, que es el cerdo ibérico, nuestro, que en
toda la negociación con la Comunidad, como usted sabe, todavía seguimos
con el tema de la raya roja. Es un producto único en el mundo y habría
que ayudarle en subvenciones, lo mismo que al ovino o al vacuno; es un
producto que sostiene uno de los mayores hábitat ecológicos de Europa
--la dehesa de Extremadura o de la parte de Andalucía es importantísima--
y una sustentación de esa ganadería, a base de una ayuda, lo mismo que se
da para otro tipo de ganado, supondría una mejora, un cuido, de todo lo
que es el sistema de 1.700.000 hectáreas de monte que hay en nuestra
zona. Hoy día, como usted sabe, han caído los precios de este mercado;
hace tres años, cuando se habla de la renta de los agricultores, valía
4.000 pesetas una arroba y ahora vale 1.900 ó 2.000 pesetas; es una caída
importantísima de un sector que es fundamental para la zona del suroeste
español.




El señor PRESIDENTE: Señor Ramírez, brevemente, por favor.




El señor RAMIREZ GONZALEZ: Señor Presidente, habíamos intentado dividir
la intervención, porque nuestro compañero, señor Hernández-Sito, se tiene
que ir. Hay un tema de cultivos herbáceos y, luego, con el punto del
orden



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del día de frutas y hortalizas en Marruecos, abordaríanos la cuestión
relacionada con el GATT y frutas y hortalizas.




El señor PRESIDENTE: La verdad es que no nos va a dar tiempo, señor
Ramírez.




El señor RAMIREZ GONZALEZ: Voy a ser muy breve, señor Presidente.

Yo, señor Ministro, creía que usted iba a decir algo con cierta novedad,
pero se ha limitado a leernos textualmente, párrafo por párrafo, la
comunicación. Ya sabíamos cuál es la limitada y no explícita posición del
Gobierno, reflejada en esta documentación que nos han hecho llegar.

Realmente, ustedes no han hecho una valoración sectorial, regional, de
los efectos que el GATT va a producir en la agricultura española.

Digamos, en principio, que el GATT nuevamente ha beneficiado a la
agricultura del norte, que ya estaba reformada en 1992, que incluso, por
la firmeza de la defensa de sus intereses por parte del Gobierno francés,
ha logrado un tratamiento específico para la salida de los excedentes y
la referencia de cantidad a exportar con subvenciones, teniendo en cuenta
los intereses franceses. En estos momentos, el GATT ha venido a obligar a
efectuar unas reformas que incluso no estaban previstas. No estaba
previsto reformar el sector del arroz, no estaba previsto reformar el
algodón, ni tan siquiera entrar a reformar la remolacha, pero el GATT ha
puesto en marcha estas necesidades y nos tememos, señor Ministro, que los
efectos van a ser negativos para nuestros intereses.

El debate norte-sur está planteado aquí en este momento y la agricultura
española, caracterizada por su debilidad en los rendimientos de la
agricultura llamada continental, va a tener que pagar las consecuencias.

Por el contrario, no tiene la capacidad, reconocida en los compromisos
del GATT, de generar las sinergias positivas que le supondría la
agricultura del sur, habida cuenta que en las interpretaciones
sectoriales que usted no ha hecho y que yo voy a pretender hacer, no
salimos bien tratados, desgraciadamente.

En cereales, señor Ministro, tiene que valorar, a nuestro juicio, qué va
a suceder con ese millón y medio de hectáreas que la Comunidad va a tener
que dejar de sembrar. El excedente, que hasta ahora se ubicaba fuera de
las fronteras comunitarias, se va a quedar en el mercado comunitario, va
a tomar alguna dirección y nos tememos que va a tomar la dirección sur.

¿Qué va a pasar en el mercado español cuando tenga que competir con esas
toneladas de cereales franceses e ingleses que hasta ahora se ubicaban
fuera de las fronteras comunitarias, porque había unas generosas
dotaciones en las restituciones a la exportación y ahora se reducen? ¿Qué
va a pasar? Este documento no lo valora. En el primer y más tímido
documento que llegaron a elaborar ustedes, el librillo ese azul,
reconocen, incluso, que puede haber un elemento distorsionante en el
mercado de cereales español con la llegada de esas superproducciones del
norte no ubicadas en el exterior. Algo habría que decir y alguna posición
deberemos tomar, entendemos.

Con el azúcar se produce una reducción de precios entre el 12 y el 15 por
ciento. ¿Eso cómo va a repercutir en el azúcar español, que se obtiene,
prácticamente el 90 por ciento, en regadío? Tiene dificultades de
competir con el azúcar del resto de la Comunidad que, como bien sabe S.

S., se obtiene en unas producciones de secano y en unas dimensiones
estructurales mucho mejores que las nuestras. Alguna valoración habrá que
hacer. ¿O aceptamos lisa y llanamente la reducción de precio de la
remolacha o del arroz, señor Atienza?
De conformidad con los cálculos con los que va a poder entrar a partir de
este momento y hasta el año 2000, en la banda de comercialización, con la
rebaja arancelaria, nuestros precios interiores de la tonelada de arroz
tendrán que bajar en un 23 por ciento. Algo habrá que hacer y algo habrá
que decir. ¿Qué posición vamos a adoptar respecto a esta reforma que se
aproxima o respecto al algodón, que se le ha olvidado citar a S. S.?
¿Vamos a defender la diferenciación del cupo de algodón Grecia-España?
¿Nos vamos a situar seriamente respecto a esta cuestión o vamos a seguir
permitiendo que el contrabando sistemático de algodón turco, a través de
la frontera griega, esté desplazando la producción española y sancionando
nuestros intereses, cuando no alcanzamos jamás las producciones a que
tenemos derecho? ¿Qué vamos a hacer con el algodón? ¿Qué posición va a
adoptar el Gobierno español en relación con ese producto o con el aceite
de oliva? Dice S. S.: No nos afecta. Según y cómo. Hay una reducción
importante de las ayudas a la exportación. Estábamos entrando francamente
bien en el mercado norteamericano. Eso va a significar la evasión de
nuestros precios y, por tanto, no sabemos qué comportamiento va a tener
el consumidor de aquellos países a los que estábamos llegando. Italia
exporta el 65 por ciento del aceite comunitario, nosotros el 35 por
ciento. ¿Cómo va a componerse esa nueva situación? Usted ha despreciado
la capacidad de producción de aceite de oliva del norte de Marruecos; yo
no la despreciaría, señor Ministro, ¿Por qué teniendo nosotros un control
mundial y siendo los máximos productores y consumidores, el GATT ha
aceptado el 5 por ciento del aprovisionamiento de terceros países?
Insisto en que tenga usted información de cómo están creciendo las
plantaciones de olivo en el norte de Africa. Las frutas y hortalizas,
repito, van a ser objeto de tratamiento en otro momento.

Por lo que se refiere al vino, señor Ministro, vamos a ver si aclaramos
el tema, independientemente de la reforma de la OCM. No va a haber
arancelización. Perfectamente. ¿Pero esto excluye que tengamos que
aceptar el acceso mínimo al mercado? Le voy a dar un dato, el acceso
mínimo al mercado del 3 por ciento supone la llegada a la Comunidad de
6.500.000 hectolitros, sobre un consumo establecido. ¿Cómo se van a
comportar los mercados comunitarios? ¿Tenemos o no tenemos que aceptar el
acceso mínimo al mercado en el vino? La reducción de las restituciones a
la exportación sitúa el límite máximo en que podremos exportar 1.700.000
hectolitros, y tendremos que recibir, señor Ministro, 6.500.000
hectolitros. Esto es algo importante; alguna valoración habrá



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que hacer. En el documento ustedes no lo valoran, en absoluto.

Para ilustrar a la Comisión de agricultura del Congreso, para que nos
posicionemos en las propuestas de resolución, sería importante que los
servicios técnicos del Ministerio, que han tardado seis meses en hacernos
llegar este documento --y lo hemos pedido por escrito, hemos debatido, no
había documento, y, por fin, en junio lo tenemos--, valoraran los efectos
que suponen los compromisos del GATT.

Señor Ministro, lamento que en este trámite nuevamente echemos de menos
las valoraciones, los datos técnicos, los elementos objetivos que el
Ministerio debe haber tenido presente para recomendar la firma favorable
que su predecesor hizo de los acuerdos del GATT y del compromiso que
España acepta. Nosotros creemos, señor Ministro, que, o cambiamos
sustancialmente la estrategia española seguida hasta ahora, o los
compromisos del GATT van a ser altamente negativos para nuestra
agricultura y para nuestra ganadería.




El señor PRESIDENTE: A este punto del debate, si les parece, yo les
propondría, si el señor Pascual Monzo interviene ya en el tema de frutas
y hortalizas, que luego los demás grupos pudieran tener una intervención
más global respecto a esto. Lo que no nos dará tiempo ya de tramitar es
el punto sobre la ampliación de la Comunidad y el específico de
Marruecos.

En todo caso, yo lo que diría es que el señor Pascual, brevemente, por
favor, interviniera respecto del tema de frutas y hortalizas, y luego que
los demás grupos intervinieran sobre la globalidad del tema. Cuando
terminemos ya veremos qué hacemos.

Señor Pascual.




El señor PASCUAL MONZO: Yo quisiera, en primer lugar, protestar por los
órdenes del día tan amplios, sobre temas tan amplios. Aunque es
importantísimo que comparezca el señor Ministro y que se defina la
postura del nuevo Gabinete, me parece que tratar temas tan importantes
deprisa y corriendo, temas como el de la reforma de la OCM de frutas y
hortalizas, el tratado euro-magrebí...




El señor PRESIDENTE: Señor Pascual, si le parece, continuamos, y esto lo
dejamos para otro momento. No hay inconveniente. Que conste que el
problema supongo que es de la presidencia y de todos los intervinientes
en la comparecencia de esta mañana que, lógicamente, no hemos respetado
los tiempos establecidos en el reglamento. El Presidente lo ha entendido
con una cierta amplitud, dado que era la primera comparecencia de
carácter general del Ministro y todos los grupos tenían interés,
efectivamente, en fijar sus posiciones. En este sentido, quizá en la
prevención inicial nos excedimos, pero no hay ningún tipo de problema en
que esto se tramite en otro momento. Si usted quiere, tiene la palabra y
si no pasamos a los demás grupos, pero lógicamente después de las tres no
vamos a continuar la sesión.




El señor PASCUAL MONZO: Intervendré rápidamente, porque el verano se nos
echa encima y tal vez no haya tiempo para otra comparecencia.

Efectivamente, estamos hablando sobre el acuerdo del GATT, que también al
sector de frutas y hortalizas le va a traer graves repercusiones, no sólo
en cuanto a la disminución de las exportaciones de frutas y hortalizas
sino, sobre todo --y creo que es en lo que más nos va a afectar-- en el
aumento de las importaciones de frutas y hortalizas de otros países y
especialmente en el desmantelamiento arancelario que va a haber en
frontera. Protección en frontera que va a disminuir en un 20 por ciento,
aunque hay una serie de productos en los que va a disminuir el total de
la protección en frontera un 36 por ciento y no comprendo cuál ha sido el
motivo de discriminarlos.

Quiero denunciar una vez más el egoísmo de la Europa del norte, de la
Europa verde, donde se ha reformado una serie de productos, los que
produce principalmente, los continentales, dejando todo el sector de
agricultura mediterránea fuera de esta reforma, con lo cual vamos a
quedar en una situación de bastante dificultad, porque, una vez firmado
el Tratado del GATT, es muy difícil. Usted ha dicho que en la reunión
jumbo se comprometió el Consejo de Ministros a remodelar, a reformar los
productos pendientes pero una vez aprobado el acuerdo del GATT no tenemos
ninguna baza importante en la que basarnos para esto.

Por lo menos debo reconocer una cosa, que el Gobierno, en la futura
reforma de la OCM de frutas y hortalizas, ha presentado un documento de
reflexión, cosa que no ha hecho en otros productos, por ejemplo, en el
vino --y sobre ello creo que esta tarde se hablará más profundamente-- en
el cual habla de una serie de temas, importantes por supuesto, como las
normas de calidad, en las que, señor Ministro, en España se aplicó un
primer período de adhesión en frutas y hortalizas, hasta el año 1990,
precisamente para adaptar las normas de calidad, en lo que todavía
tenemos un retraso importante. Normas de calidad que creemos que son
importantísimas, sobre todo para competir con el resto de productos de
Europa, así como con los de terceros países.

Habla también de la ley interprofesional, ley que ya estamos debatiendo y
que viene también con bastante retraso, porque quizá se tenía que haber
hecho preparando la entrada en la Comunidad Económica Europea y no cuando
llevamos ocho años en ella, y de los regímenes de precios de intervención
en los que, después de ocho años, todavía no se ha conseguido adaptar
ninguna normativa europea a las características agrarias españolas.

Por fin, en este documento de reflexión ha introducido unos nuevos
calendarios, una ampliación de calendarios, para que los productos
españoles, debido a su climatología, tengan fechas distintas a los del
resto de países de la Comunidad, que, además, estaban fijadas
precisamente para defenderse de las exportaciones españolas y que se ha
tardado ocho años, por lo menos, en pedir que se modifiquen.

Otro tema importante al que me gustaría que contestara el señor Ministro
si le da tiempo --y espero que le dé-- es el que se refiere a las ayudas
de las rentas. Ayudas de las



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rentas que veo muy complicadas. Por un lado, tenemos la decisión de la
Cumbre de Edimburgo de no aumentar el presupuesto comunitario en cuanto
al tema agrario. Las ayudas a las rentas que figuran en este documento de
reflexión, ¿cómo se van a conseguir desarrollar? O que, al final, la
Comunidad escoja --si le sale bien-- el camino de la reforma del vino, de
arrancar, y empiece por arrancar frutales en España --igual que ha hecho
en el vino--, proceso que le sale bastante más barato, porque paga y ha
acabado y no tiene que estar manteniéndolo una serie de años. O ¿cómo
vamos a cobrar esas ayudas si --como pretende o induce-- el mismo
Ministerio quiere que se haga a través de las OPFH, organizaciones de
productores de frutas y hortalizas, en las que tenemos un índice muy bajo
en España y en las que se pone bastantes trabas para crearlas, con lo
cual cómo vamos a casar recibir las ayudas si al mismo tiempo estamos
creando dificultades y tenemos pocas asociaciones a través de las cuales
se pretende cobrar.

Otro tema importantísimo es el intercambio con terceros países, y hablo
también del Tratado euro-magrebí rápidamente, en el que los precios de
referencia se sustituyen por precios de entrada y por aranceles
equivalentes.

A mí me preocupa mucho, igual que al sector, el desarrollo de la
aplicación de estos aranceles; si se va a hacer importación y exportación
individualmente o si se va a hacer en el conjunto de un producto. Se cree
que hace falta un reglamento para aplicar estos aranceles y una
vigilancia muy estricta en fronteras, ya que podemos decir que están
entrando equis toneladas, pero, en realidad, pueden estar entrando muchas
más. Este es un tema importantísimo, porque, si se aprueba una cosa y
luego en realidad es otra, de poco nos sirve estar aprobando normas o
cosas que luego no se corresponden con la realidad.

Señor Ministro, otro tema importante es saber si se van a supeditar los
tratados preferenciales con terceros países a la conclusión de la reforma
de la OCM de frutas y hortalizas; si vamos dejando la OCM para el final,
bien poco vamos a tratar.

El tratado euromagrebí, que, de todos los tratados preferenciales, es el
que nos puede afectar más gravemente a España y a la agricultura española
(ya lo dije en el mes de febrero a su antecesor, señor Albero) creo que
es un tratado peligroso para los agricultores españoles, porque es un
país muy cercano a nosotros y tiene unos transportes muy fáciles. La
conclusión de este tratado va a afectar también a otros países de la zona
de Africa; sobre todo, nos preocupa el potencial que tiene Marruecos,
pues no en balde está aumentando considerablemente sus exportaciones, no
sólo en tomates; las ha duplicado en cinco años a la Comunidad Económica
Europea. Y no voy a entrar en la balanza hispano-marroquí por falta de
tiempo, pero sí quiero decir que están aumentando de una forma
considerable sus exportaciones a España.

Todos estos temas están ahí; el sector está muy escamado, viendo sobre
todo los precedentes de la reforma de la OCM del vino; ¿qué nos va a
pasar en el tema de frutas y hortalizas? Y también, y termino con esto,
señor Ministro, sobre la libre circulación de productos por la Unión
Europea, ya que una de las tres cláusulas principales que se aprobaron de
la Unión Económica Europea es la libertad de tránsito de mercancías por
Europa. ¿Cuál va a ser la postura del Gobierno ante el famoso vuelco de
camiones españoles de frutas y hortalizas en Francia? ¿Cuál va a ser la
postura del Ministro? ¿Va a ser la postura que el viernes pasado, en
pleno fragor electoral, declaró en Valencia, diciendo que no tolerará la
actitud francesa de cerrar su mercado y pugnar por todos los demás? No sé
cómo lo va a realizar, si va a hacerlo como «Superman» y va a llegar
allí, cuando vuelquen un camión, y lo va a salvar del compromiso, o qué
postura es la que va a adoptar el señor Ministro y el Gobierno español
con esta gangrena que tenemos en España; porque no es el mal de uno, dos
camiones o los que se vuelquen, sino los canales de comercialización que
estamos perdiendo muy aprisa y que son muy difíciles luego de recuperar.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, la señora Rivadulla tiene la palabra.




La señora RIVADULLA GRACIA: Mi intención es ser muy breve y el tema es un
poco amplio, pero me ajustaré lo máximo al tiempo.

Señor Ministro, nuestro Grupo no puede compartir su optimismo tan intenso
respecto a los acuerdos del GATT. Pensamos que ha habido un avance
respecto a lo previsto en el documento Dunkel y en los acuerdos de «Blair
House» pero, de cualquier manera, pensamos que la entrada en vigor del
Acta final puede tener un impacto negativo en el sector agrario, sobre
todo para las producciones mediterráneas.

Está claro que los efectos serán más o menos graves, depende de cómo se
llegue a la aplicación de los acuerdos, porque, efectivamente, hay
todavía un margen de maniobra a la hora de ver cómo se instrumentan los
recortes acordados en los mecanismos de apoyo.

Pensamos que debería haber hoy (parece ser que lo tenemos entre los
documentos que el Ministro nos ha aportado) un análisis más detallado
sobre las repercusiones sector por sector, análisis del que hasta ahora
los grupos parlamentarios no hemos dispuesto, para ver en qué profundidad
van a afectar los acuerdos.

Creemos también que debería abrirse un debate político, técnico y social
sobre las repercusiones por comunidades autónomas y por sectores.

Se ha referido usted, señor Ministro, al monto global de la ayuda,
diciendo que quedaban excluidas de la reducción del 20 por ciento las
ayudas por cabeza de ganado y las ayudas por superficie.

En el documento que nos presenta el Gobierno se habla de que, de acuerdo
con este compromiso, el montante global de la ayuda total comunitaria en
el año 2000 no deberá superar la cifra de 61.240 millones de ecus
comerciales, mientras que el monto total, tras la reforma de la PAC, se
estima en 57.000 millones de ecus.

Yo lo que quiero preguntarle y reflexionar en voz alta es si en este
momento global de la ayuda están --no deben estarlo-- contabilizadas las
reformas que se deben hacer



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de la organización común de mercado de frutas y hortalizas, la de azúcar,
la del vino, la del aceite y la de las otras que todavía quedan
pendientes. Estas cifras quizá --a lo mejor estoy equivocada-- habría que
revisarlas, por cuanto parece ser que no están consideradas.

En el tema que me quería centrar de forma más intensa es en el de frutas
y hortalizas. Yo también lamento tener que contradecirle pero, en base al
propio documento que nos ha presentado el Ministerio, la balanza
comercial en este sector no nos es favorable. En el documento de frutas y
hortalizas se dice que en el período de 1986-1992 la balanza comercial es
negativa, importaciones 6,5 por ciento, exportaciones 2 por ciento, si no
he leído mal. En todo caso, espero que me corrija porque quizá lo he
interpretado mal, pero yo me he leído el documento y creo entender que es
eso lo que se dice concretamente para el sector de frutas y hortalizas.

Otra cosa es la balanza comercial agroalimentaria.

En este mismo documento se habla de que ha habido una pérdida de la
eficacia de la OCM actual, porque ha habido una regresión en el principio
de preferencia comunitaria por importaciones que ha habido de países
terceros, todos lo sabemos, tomates, frutas tempranas de Magreb,
espárragos del Perú, manzanas, etcétera.

Se analiza la situación actual en lo que supone de competencia no clara
por el «dumping» social de otros países terceros que inciden directamente
en nuestro nivel de exportaciones y se incide también en la situación
difícil en que se encuentra este sector, por cuanto, así como otros
productos comunitarios fueron reformados, en el momento de la firma del
acta final de la Ronda de Uruguay quedan todavía por reformar sectores
importantísimos, cruciales, concretamente en frutas y hortalizas y todos
los que he nombrado anteriormente.

Por tanto, sin querer ser alarmista, podíamos prever, aparte de que, ya
digo, se ha mejorado, un descenso de las exportaciones, favorecer las
importaciones de países terceros. ¿En los precios de entrada que vienen a
sustituir los precios de referencia habrá que establecer mecanismos
claros de control para que no dé lugar a fraude? Este es un problema que
pienso que debe ser tratado en toda su amplitud. Y seguramente se va a
producir, a través de todos los mecanismos que prevé la Ronda Uruguay en
el sector agrario, un descenso de las rentas y de los precios para los
agricultores. Ello sin duda va a obligar (aparte de que la OCM de frutas
y hortalizas deberá recoger los mismos mecanismos de solidaridad
financiera que han tenido las demás reformas que se han producido hasta
ahora en la Unión Europea) a los productores a diversificar y a extremar
los controles de calidad.

Señor Ministro, por la experiencia que tenemos del primer documento que
ya está en nuestro poder sobre la reforma del vino, la verdad es que no
somos muy optimistas. Es cierto que nos hemos excedido en lo previsto en
la directriz comunitaria, pero no tenemos la culpa nosotros. Aquí se han
hecho todas las reformas que se han tenido que hacer y quedan unas
cuantas pendientes, para las cuales vamos a ver si habrá suficiente
financiación. De entrada, vemos que el principio de solidaridad
financiera en la reforma propuesta del vino ya no se produce. Se aplican
criterios claros de estatalización y pensamos que eso es absolutamente
inaceptable.

De cualquier manera, dentro de los fondos comunitarios, los destinados a
frutas y hortalizas no han experimentado un incremento durante los
últimos años; si tenemos en cuenta que el Feoga destinaba a frutas y
hortalizas, antes de la entrada de España y Portugal, el 8 por ciento,
ahora estamos a unos niveles del 4 por ciento de fondos del Feoga para
este sector. Por tanto, debe haber un esfuerzo comunitario en sintonía
con lo que, como usted bien ha dicho, acordó el Consejo Jumbo de 20 de
septiembre de 1993. Por eso, señor Ministro, nuestro punto de vista es
que hay que ampliar los productos a los cuales todavía no se les tiene
destinado precio de entrada.

¿Está prevista la ampliación del calendario? Se habla de que será para
1995, pero eso dependerá de la redacción de los textos jurídicos y, por
tanto, pienso que los productores de Almería y de otros sectores cuyas
producciones están siendo muy afectadas tienen que tener la garantía de
que esos precios de entrada tengan el calendario correspondiente para
cubrir y no estar en situación de riesgo. Debe haber un establecimiento
claro de mecanismos de comprobación de los precios de entrada para evitar
el fraude, y no debe bastar solamente con la factura, que se presta a
mucho fraude. Por otra parte, han quedado totalmente al descubierto las
conservas de tomate, que afecta a producciones de Murcia y Albacete y que
en los acuerdos finales de la Ronda de Uruguay no han entrado.

Tengo que decir que aquí aprobamos una proposición no de ley sobre los
criterios que debería tener concretamente la reforma de la OCM del vino,
pero pienso que los deberíamos hacer extensivos a las demás reformas.

Esta coherencia que manifestamos los grupos parlamentarios de esta
Comisión se debería llevar hasta las últimas consecuencias y, por tanto,
proyectos que se están llevando a cabo a nivel de todo el Estado sobre
iniciativas populares en el sentido de que se asignen dineros estatales
para programas regionales, que se está llevando a cabo por una gran
central sindical agraria, no sé si con el apoyo del Partido Popular o no,
rompe absolutamente lo que hemos acordado en una proposición no de ley
hace escasamente un mes. Por tanto, ha de haber una financiación al cien
por cien por parte de la Unión Europea de la reforma de estos productos.

Hemos de mantener la coherencia de los grupos parlamentarios y no romper
esta unidad porque pensamos que es fundamental.

Señor Ministro, por último, usted ha hablado de que tiene el máximo
interés en consensuar todo con las comunidades autónomas y con los
sindicatos. Me consta que no ha habido ninguna reunión del Ministerio
para examinar, debatir y negociar a fondo la reforma de la organización
común de mercado de frutas y hortalizas y la del vino. De hecho, los
sindicalistas agrarios de nuestro país se van a enterar de nuestra
postura a través de otros ministros de la Unión Europea. Podría darse ese
caso y, por tanto, señor Ministro, le insto a que emprenda esa vía, no
solamente de comunicación sino de negociación y debate con las
asociaciones agrarias.




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No sé, señor Presidente, si entramos en el tema del Magreb.




El señor PRESIDENTE: Como S. S. desee, que es la autora de la petición de
comparecencia.




La señora RIVADULLA GRACIA: No sabía si había tiempo, pero no voy a hacer
más que unas preguntas muy concretas.

Situación en la que se encuentra actualmente el acuerdo euromagrebí, está
pendiente de firma, pero queremos saber en qué situación está, si queda
algo que se pueda hacer todavía. Productos agrícolas españoles que se van
a ver más afectados por la supresión de aranceles y a qué niveles.

Corresponsabilidad comunitaria del coste del acuerdo. Nosotros, como
organización política de izquierdas, pensamos que debe haber un esfuerzo
solidario, pero desde luego no a costa de los países más pobres de la
Unión Europea y de los sectores que están en situación más débil, como
pueden ser todos los del área mediterránea, y por tanto queremos saber
qué corresponsabilidad comunitaria va a haber en el coste del acuerdo.

¿Qué medidas se van a tomar por parte del Gobierno para, en su caso, en
conjunto también con la Unión Europea, compensar las rentas de los
agricultores que se vean afectados por ese acuerdo euromagrebí.

Y después, aunque se lo he preguntado anteriormente, el calendario de
referencia de la ampliación, y en su caso, cuando llegue, los precios de
entrada para tomates, pepinos y calabacines, ¿para cuándo? Hay una gran
preocupación del sector en Andalucía y en otras regiones y esperamos,
señor Ministro, que sobre este tema nos pueda dar una respuesta.

Por último he de decir que no pueden seguir produciéndose las agresiones
contra los productos españoles. El año pasado solamente el sector de la
fresa nos costó 1.500 millones de pérdidas. No hemos excedido las
cantidades que podemos exportar a países de la Unión Europea. Por tanto,
señor Ministro, aunque ya ha habido por parte de esta Cámara y por parte
del Gobierno actitudes muy decididas, es claro que tendríamos que entrar
ya en el tema de exigir responsabilidades penales y compensaciones
inmediatas por todas estas cuestiones, ya que si no entramos en dinámicas
difíciles en las cuales yo creo que ningún Grupo Parlamentario ni el
Gobierno español quieren entrar.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), el señor Vidal tiene la palabra.




El señor VIDAL I SARDO: La incorporación de la agricultura en los
Acuerdos de Liberación de Comercio Internacional, con los condicionantes
del Acta Final, significan sin duda un cambio radical en el modelo de las
explotaciones agrarias y también de las producciones agrarias europeas en
relación con el que se había realizado hasta ahora, basado en modelos
totalmente intervenidos y tutelados por las políticas agrarias del Estado
o de las comunidades de Estados y también por las protecciones de las
importaciones.

Esta intervención estatal se justificaba en motivos económicos, por la
imposibilidad del sector agrario para aumentar su productividad y sus
rentas frente a otros sectores en la economía, y en motivaciones
políticas para asegurar el abastecimiento de la población disminuyendo la
dependencia de otras áreas económicas para asegurar el reequilibrio
territorial y ecológico.

Estos objetivos de renta digna, producción suficiente y equilibrio
territorial, a nuestro juicio, siguen siendo igualmente necesarios dentro
de las restricciones que imponen los acuerdos del GATT. Estas
dificultades sobrevenidas por los acuerdos del GATT obligarán al
Ministerio de Agricultura, y también a las demás administraciones, a
redoblar los esfuerzos para mejorar la competitividad del sector agrario
español dentro del contexto internacional, con la finalidad de garantizar
su futuro. A nuestro juicio, el GATT es por encima de todo un acuerdo
comercial que parte de un principio de reciprocidad de beneficios y
también de perjuicios, pero sin duda habrá países y sectores que resulten
más beneficiados que otros. Podría decirse que globalmente todas las
agriculturas se verán beneficiadas a largo plazo, pero nos tememos que a
corto plazo e individualmente, países y sectores, no será así. Tal como
reconoce el propio Gobierno en su informe, habrá países, como pueden ser
Australia, Canadá, Argentina, Nueva Zelanda, con agriculturas poco
intervenidas o con estructuras productivas mucho más eficaces, que serán
capaces de competir mejor en los precios y en los mercados
internacionales, o como los propios Estados Unidos que prevé que los
beneficios del GATT le permitirán incluso aumentar la supresión de las
cuotas de barbecho obligatorias que tenían en la actualidad. Consecuencia
inversa a la que ocurre en la Comunidad Económica Europea, que tendrá que
aumentar la retirada de tierras de producción. Hay que conocer cuanto
antes qué tipos de agriculturas pueden verse seriamente perjudicadas,
porque nos tememos que precisamente esto va a suceder a corto plazo, a
pesar de que la Unión Europea valora positivamente el tratado del GATT,
como lo hace también el documento que se nos ha facilitado por parte del
Ministerio, pero lo hace porque en los acuerdos de Blair House se han
obtenido mejoras con respecto a la integración de la PAC y el
reconocimiento de la PAC en los propios acuerdos del GATT. Usted las ha
citado y yo no voy a insistir más.

Sin embargo, a pesar del optimismo que reflejan estas valoraciones de la
Unión Europea y del propio comunicado del Gobierno, pienso que lo
realista sería afirmar que la Unión Europea ha conseguido un acuerdo de
mínimos poco equilibrado en determinados sectores, como, por ejemplo, en
productos de origen animal, hortofrutícolas y cereales, que tendrán
dificultades en competir en los mercados internacionales precisamente en
los sectores en que, por ejemplo, Estados Unidos espera aumentar sus
exportaciones en dos terceras partes antes del año 2000, lo que es muy
sospechoso y sintomático, sobre todo si se afirma en el comunicado que se
nos ha facilitado que la Ronda de Uruguay hará más necesario que nunca el
éxito de la



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reforma de la PAC en su aspecto capital de disminución de la producción
excedentaria.

Le ruego, señor Ministro, que nos tranquilice ante la duda de que la
Unión Europea, con el GATT, haya aceptado una importante pérdida de
mercado exterior, que lógicamente afectará al conjunto de los
agricultores europeos directamente o de forma inducida al tener que
consumir en el interior lo que antes se exportaba o porque la reducción
de los excedentes estará provocada también porque se han limitado los
techos máximos del gasto agrícola comunitario impuestos por el GATT a la
reforma de la PAC. Con estos ajustes económicos ¿cómo podrán arbitrarse
las ayudas adicionales, imprescindibles para compensar las adaptaciones
que deberá efectuar cada una de las agriculturas de los países europeos?
El propio informe del Gobierno acepta que la Ronda de Uruguay obligará a
modificar todas las OCM reformadas y dice textualmente que lo pactado en
el GATT permite instrumentalizar una nueva política de apoyo y fomento de
la agricultura, que no podrá ser denunciada internacionalmente. Esto está
muy bien, pero ¿cómo se financiará? Se dice que con incrementos
presupuestarios que garanticen las rentas. Yo le pregunto, señor
Ministro: ¿También las rentas de los sectores no reformados? Ya se ha
citado, pero ¿no basta el ejemplo de la OCM del vino, donde se preveía la
solidaridad financiera y la comunitarización de todo el gasto y, en
cambio, se nota ahora, con su proyecto de redacción, las dificultades que
habrá en cumplir los compromisos adquiridos en el Consejo de Ministros
Jumbo que usted ha citado?
¿Cómo influirá la ampliación de la Unión Europea de doce a dieciséis
países, cuatro países con un sector agrario extraordinariamente
protegido, como hemos podido comprobar por las malévolas acusaciones
contra los productos españoles que se han producido en la reciente
campaña del referéndum austriaco? ¿Cómo se armonizarán y controlarán las
medidas sanitarias y la homologación de los productos químicos y
farmacéuticos y finalizadores permitidos, sin cuyo control y homologación
es imposible competir?
Parece, señor Ministro, que a pesar de haber salvado la actual política
agraria comunitaria, ésta se verá abocada, como consecuencia de la
entrada en vigor de los acuerdos del GATT, a una nueva reforma en un
plazo medio, parece ser, si los abandonos de la actividad agraria son
superiores a los previstos actualmente, tal vez en un corto plazo. ¿Con
qué recursos se financiarán?
Si la Unión Europea debe importar cada año un volumen creciente, por
ejemplo, de maíz, trigo, huevos, queso, etcétera, a precios
internacionales ¿qué se hará con los excedentes producidos en su
interior? Si se deben aumentar las importaciones comunitarias con
aranceles reducidos, como en el caso de las almendras, nueces, uvas,
espárragos, manzanas ¿cómo se va a ajustar su producción interior?
Una vez planteados estos interrogantes sobre los efectos que tendrán los
acuerdos de Uruguay y del GATT de manera global en la Unión Europea,
quisiera hacer, aunque sea de pasada, un repaso a la situación de la
agricultura española después de la firma de los mismos y de las medidas,
tanto internas como de ámbito comunitario, que se deberán adoptar por
parte de las diferentes administraciones.

A nivel interno, en primer lugar, es imprescindible concienciar al sector
agrario español de que el inicio de la aplicación de los acuerdos del
GATT supondrá un cambio radical de escenario. Si cuando España se adhirió
a la Comunidad Económica Europea se pasó de operar en el mercado interior
para actuar a escala comunitaria, con los ajustes estructurales que
todavía se están llevando a cabo en este período, ahora, en el momento de
ver ampliado a alcance mundial el mercado, se exigirán nuevos ajustes
estructurales para el sector, con unos retos importantes de
competitividad, de eficacia y de calidad, que deberán ser superados si se
pretende conseguir que el sector agrario pueda sobrevivir con las
actuales posibilidades de subvención y así evitar un abandono masivo del
campo.

Ciertamente, el impacto negativo del GATT en el campo español se prevé
más grave por el aumento de las importaciones que por la disminución de
las exportaciones. Por ello, desde las instancias públicas se deberá
efectuar un importante esfuerzo de información, tanto de los efectos que
sobre los diferentes productos tendrá la aplicación del GATT como de los
mecanismos de penetración en los mercados no comunitarios. Pensamos que
se deberá divulgar extensamente este documento que hoy se nos ha
entregado.

En segundo lugar, el Ministerio debe actuar aumentando los recursos que
destina a la potenciación de las políticas de calidad, de modernización
de las infraestructuras, de comercialización de los productos agrícolas,
de fomento del cooperativismo, a la formación profesional de la
agricultura y a la difusión de las técnicas productivas, al objeto de
potenciar las explotaciones viables aumentando la competitividad y así
generar nuevos mercados.

En tercer lugar, el Gobierno debe completar un marco legislativo
favorable al desarrollo de la actividad agraria para evitar al máximo
posible los abandonos de las tierras por parte de las jóvenes
generaciones de agricultores. Esto debe traducirse en una reforma de la
fiscalidad, que ya hemos citado, para provocar concentraciones
parcelarias; yo diría forzar el aumento del tamaño de las explotaciones
agrarias y así su futura continuidad. Asimismo, se debe mejorar y
reformar la Ley de Arrendamientos Rústicos en el aspecto de la fiscalidad
que grava la obtención de los rendimientos procedentes de las actividades
agrarias y ganaderas, forestales y pesqueras, implantando lo más
rápidamente posible un sistema de tributación de rendimientos por
módulos, signos e índices, con un tipo diferenciado para cada producción,
que tenga en cuenta la estacionalidad de las mismas y que excluya de
tributación las ayudas procedentes de la Unión Europea destinadas a la
reestructuración de las explotaciones. En este aspecto, se debe facilitar
la financiación barata de las inversiones agrarias con créditos a bajo
interés, la refinanciación de los créditos vigentes y se deben agilizar
los reintegros de las cantidades cobradas por Hacienda en exceso, debido
a las diferencias entre los IVA reducidos cobrados por los agricultores,
cooperativas e industrias agroalimentarias y los devengados



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por «input» e inversiones. Las actuales demoras de un año causan un grave
quebranto a las economías de las empresas agrarias.

Respecto a frutas y hortalizas, esperamos que se mantenga el compromiso
de aprobar la reforma de la OCM antes de finalizar el año pero, en todo
caso, de poco va a servir para que la actual campaña no termine como la
pasada, con excedentes que ni siquiera fueron recolectados. Hay que tener
en cuenta que la fruta española no compite solamente con sus homónimas
del mercado mundial, sino que compite con el conjunto de las especies y
variedades y que el desmantelamiento del 50 por ciento de los aranceles
para 1995 puede agravar aún más las actuales dificultades por las que
atraviesa el sector. Finalmente, pensamos que se debe primar desde las
administraciones públicas las explotaciones familiares agrarias, que
constituyen el 80 por ciento de la agricultura española, y consolidar
como principal destinatario de las ayudas y subvenciones a los
agricultores profesionales.

No voy a seguir reiterando las medidas que usted ya ha anunciado en su
primera intervención. Además de estas medidas que se tomen a nivel
interno, la Administración española deberá defender, con más ahínco que
en la negociación del ingreso en la Comunidad Económica Europea y que
hasta ahora, los intereses agrarios españoles en el Consejo de Ministros
de la Unión Europea. Ante una perspectiva de disminución de la escasez de
los recursos destinados a la PAC, la evaluación de las compensaciones
económicas que corresponderán a los distintos Estados miembros en función
del sacrificio que sus agriculturas tengan que realizar como consecuencia
de la firma del acuerdo del GATT, será seguramente, señor Ministro, una
fuente de conflictos en la que las autoridades agrarias españolas deberán
negociar con el objetivo de obtener las compensaciones suficientes para
evitar, en el mayor grado posible, los efectos perjudiciales del GATT. En
este aspecto, se deberá asegurar una financiación adecuada para los
sectores que todavía no están reformados en el seno de esta nueva
política agraria común, entre los que se encuentran productos tan
sensibles en la agricultura española como el vino, el aceite, las frutas
y hortalizas, el arroz, todos ellos integrantes de la llamada agricultura
mediterránea.

Es cierto que España consiguió un compromiso formal del Consejo de
Ministros y de la Comisión de garantizar las rentas agrarias y la
preferencia comunitaria en la aplicación de la reforma de las
organizaciones comunes de mercado de los productos mediterráneos en las
mismas condiciones y principios agrícolas y financieros que se aplicaran
para los demás sectores, de manera que estos productos no se vean
afectados de manera discriminatoria ante las previsibles dificultades
financieras de la PAC. Pero no es menos cierto que existirán notables
presiones del resto de los miembros, y especialmente de Francia, que fue
la principal opositora a la firma de los acuerdos del GATT, para
conseguir más compensaciones, lo que puede crear una fuerte tensión en el
seno de la Unión Europea, de manera particular entre Francia y España.

Del ahínco que ponga la Administración española en la defensa de estos
intereses depende en buena parte el futuro de la agricultura. Estas son,
señor Ministro, algunas de las reflexiones del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió).

Seguramente, a largo plazo, la liberalización de los intercambios
comerciales será el factor que más decisivamente contribuirá a elevar el
nivel de vida de los agricultores que queden en el sector. Pero para que
esto pueda producirse de una manera efectiva es necesario que, desde
todas las administraciones públicas, junto con los agricultores,
ganaderos, forestales y pescadores y organizaciones profesionales, se
lleven a la práctica una serie de reformas estructurales que creen el
marco fiscal administrativo favorable a la actividad agraria, potencien
la calidad, la comercialización y la productividad de los diferentes
sectores que la integran, aseguren unas condiciones de vida favorables al
mundo rural y se consiga que en la Unión Europea se otorguen unas
compensaciones justas y equitativas a la agricultura de nuestro país.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Mardones, en nombre de
Coalición Canaria.




El señor MARDONES SEVILLA: Pido disculpas a la Presidencia y al señor
Ministro por la circunstancia en que nos encontramos hoy los portavoces
de los grupos parlamentarios por una reunión con el señor Presidente de
la Cámara.

Señor Ministro, agradeciéndole su información y atención, quisiera
centrar mi intervención, por la hora que es, en el tema fundamental para
la agricultura del archipiélago canario, que es la consolidación de la
OCM del plátano. Quisiera conocer solamente una opinión de posición del
Ministro y del Ministerio con respecto a la OCM del plátano. Yo no sé si
en las reuniones que está sosteniendo en este momento el señor Presidente
del Gobierno con los presidentes de los países iberoamericanos, al menos
de Guatemala, Ecuador, Honduras, Panamá y Méjico, que siguen sin aceptar
la OCM del plátano, podrán hacerle cambiar de idea con las presiones
políticas. Nosotros pediríamos al Ministro, desde el punto de vista de
los intereses legítimos de la agricultura canaria, una postura firme en
el mantenimiento de lo que es ya para nosotros la consolidada OCM del
plátano, sobre todo en el difícil entendimiento que puede haber con las
autoridades alemanas, porque se transforman en el socio de la Unión
Europea a favor de los intereses de modificar esta OCM del plátano.

No se le ocultan al señor Ministro las implicaciones que esto podía tener
en este momento para la economía agraria y medioambiental --por qué no
decirlo también--, por el papel tan positivo que juega el cultivo de la
platanera en la conservación medioambiental de zonas verdes en el
archipiélago canario, en aquellas islas, que son productoras de plátanos.

Nos gustaría saber si en este momento hay alguna variación, de acuerdo
con las presiones que están ejerciendo fundamentalmente los alemanes en
este sector, y pedirle únicamente el mantenimiento de la posición
española al respecto en la OCM del plátano.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Socialista, el señor Roncero
tiene la palabra.




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El señor RONCERO RODRIGUEZ: Muy brevemente, porque creo que el tema del
GATT ha sido ya bastante debatido, y hoy también, y solamente expondré
algunas ideas que luego nuestro Grupo intentará plasmar en las
resoluciones pertinentes, buscando el acuerdo y el consenso con todos los
grupos en ese intento de tener posturas comunes en temas importantes.

Yo creo que para hacer una valoración global objetiva del acuerdo del
GATT hay que hacerlo en el sentido en el que el Ministro y el Gobierno
han hecho la presentación, es decir, haciendo un poco de historia de lo
que esto ha significado y de lo que puede significar como un marco de
referencia estable y que además en el tema agrario es un marco compatible
con la reforma de la PAC, independientemente de que la propia reforma de
la PAC deba ser adaptada a las circunstancias nuevas que el acuerdo del
GATT introduce, pero, desde luego, el acuerdo del GATT y la creación de
una organización mundial de comercio es un elemento que debe considerarse
globalmente positivo para la economía mundial y también para la
agricultura a medio y largo plazo. Evidentemente, se plantean problemas,
que no se dejan de reconocer en el propio informe y en la comunicación
del Gobierno, en determinados sectores y subsectores, pero son problemas
digeribles por la economía de la Unión Europea y por la economía agraria
española si se producen las adaptaciones pertinentes en la línea que está
acordada por el propio Consejo Jumbo de la Unión y en la línea de lo que
se promueve desde el Gobierno español. Si se producen esas adaptaciones,
serán problemas digeribles por los sectores y subsectores afectados.

Por tanto, creemos que la valoración global es positiva para la economía
en su conjunto y estas valoraciones sectoriales, con los aspectos
negativos puntuales del corto plazo que pueden tener, podrán ser
subsanadas si las medidas que se toman van en la dirección adecuada, que
es en lo que tenemos que trabajar.

Respecto al tema de frutas y hortalizas, también muy brevemente, he de
decir que, en opinión de nuestro Grupo, en el tema del tratado
euromagrebí el verdadero elemento de la cuestión es dónde está la
protección comunitaria. La protección comunitaria está en los precios y
en los calendarios, y ahí es donde nuestro país ha trabajado y donde está
consiguiendo los acuerdos pertinentes. Es decir, el mandato de
negociación con Marruecos, que se refiere a la diversificación económica
de la producción agraria marroquí y al incremento de contingentes, no es
lo importante; eso es importante para el desarrollo de Marruecos, para
que no tenga una especie de monocultivo, etcétera, pero lo importante son
los elementos de protección comunitarios, que son los calendarios y los
precios de referencia, que es en los que hay que actuar. Ahí es donde se
está actuando y de donde vendrán las facilidades para que nuestras frutas
y hortalizas sean más competitivas dentro de la Unión Europea y sean
también competitivas con estas de Marruecos.

Nuestro futuro, también lo apuntaba el señor Ministro, está entre esos
dos modelos: el de Marruecos y el del norte de Holanda. Respecto a uno
tenemos ventajas comparativas y respecto a otro desventajas, pero que
pueden ser superables. Respecto al modelo de Marruecos tenemos las mismas
condiciones naturales prácticamente y tenemos ventajas técnicas y de
capacidad de formación humana y las desventajas que suponen los costes de
mano de obra respecto a la producción final, y respecto a Holanda tenemos
la ventaja de las condiciones naturales y climatológicas y las
desventajas que suponen los niveles de capitalización, de tecnificación,
de rendimientos unitarios de las producciones y de comercialización; es
decir, que estamos en un proceso intermedio de esas dos condiciones y que
deberemos aprovechar nuestras ventajas naturales y acercarnos a ese
modelo del Norte incrementando la inversión, tecnificación y
comercialización de nuestras empresas y de nuestras producciones. Por
tanto, ahí es donde hay que actuar, ése es el modelo que debemos seguir y
ése es el problema importante que hay que atacar. De hecho, ya ha habido
alguna iniciativa parlamentaria, que hemos aprobado en esta Comisión,
respecto a apoyos a las producciones de tomate, por ejemplo, y a la
mejora de explotaciones, etcétera. Creo que ése es el sentido que debemos
dar en este asunto a las medidas del tratado euromagrebí. Y en cuanto a
la reforma de la OCM de frutas y hortalizas, desde luego, estamos en la
línea de ese documento de reflexión y de los problemas y las posibles
soluciones que ahí se plantean.

Finalmente, quiero decir al señor Ministro que tiene el apoyo constante
de nuestro Grupo, y así lo hemos puesto de manifiesto recientemente, para
seguir manteniendo posturas firmes y ponderadas respecto a las
situaciones que se producen con los ataques a los transportes
hortofrutícolas en tránsito por Francia o con destino a Francia. En ese
sentido, creo que tiene el apoyo de toda la Cámara y de todos los grupos
políticos para que mantenga la firmeza que es necesaria en determinados
momentos, siempre con la ponderación de las circunstancias en las que
estamos dentro de la Unión Europea.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Atienza Serna):
Tengo que reconocer que cuando uno realiza una comparecencia de este tipo
siempre se debate entre hacer una comparecencia muy prolija y, por tanto,
muy concreta en detalles o hacer una comparecencia de carácter general.

En un caso puede resultar muy aburrida por exhaustiva y en otro puede ser
tachada de insuficiente porque no ha aportado la información necesaria
que, por otro lado, intentamos que sea proporcionada por documentos
escritos, que seguramente contribuyen mejor a que los grupos se
posicionen en las correspondiente mociones.

Sobre la evaluación global de los acuerdos quiero decir que estamos
hablando de un acuerdo de liberalización del comercio, por tanto la
evaluación nunca va a ser particularmente optimista. Es una evaluación
ponderada en la que consideramos que el acuerdo es razonable en la medida
en la que las reformas de la política agrícola común, de las
organizaciones comunes de mercado, permitan que las adaptaciones
derivadas de los acuerdos del GATT consoliden las rentas de los
agricultores, más positivo para algunos



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sectores en los que incluso los acuerdos del GATT y algunas de las
decisiones a ellos asociadas van a mejorar netamente su posición. Habría
que destacar como más importante, no sólo la cláusula de paz para nueve
años, sino el hecho de que hayamos consolidado un esquema de ayuda a la
agricultura europea plenamente compatible con las reglas del GATT. Hemos
consolidado esto y, además, lo hemos consolidado de forma que incluso
tenemos un margen de maniobra adicional, como consecuencia del no cómputo
de los nuevos mecanismos de apoyo establecidos en las primeras reformas
de las organizaciones comunes de mercado en la medida global de apoyo.

Tenemos ahí un margen de apoyo adicional, que es el que nos va a servir
para que en las reformas que todavía quedan pendientes de las
organizaciones comunes de mercado también podamos reorientar una parte de
las disminuciones en los precios que se derivan de los propios
compromisos del GATT hacia ayudas directas compatibles con los acuerdos
del GATT para los que tenemos este margen en la medida global de apoyo.

Me va a permitir una broma el señor Hernández-Sito. No creo que deba uno
hartarse demasiado de pescado en nuestro país; yo creo que es un sector
muy importante que, además, forma parte de nuestra dieta habitual y, por
tanto nunca debemos estar --por lo menos yo no lo estoy en absoluto--
saturados cuando hablamos de la pesca.

Sí me gustaría comentar específicamente algunas de las ideas que se han
planteado. Las nuevas tarifas ¿perjudicarán la preferencia comunitaria y
aumentarán las importaciones? Yo quiero decir que no, en los sectores ya
reformados naturalmente las nuevas tarifas mantienen la preferencia
comunitaria: cereales, vacuno, lácteo, etcétera.

Tenemos que conseguir que en las reformas pendientes se consolide la
preferencia comunitaria desde el punto de vista real, no desde el punto
de vista teórico. Ahí creo que estamos todos de acuerdo: tenemos que
conseguir el nuevo esquema de precios de entrada, la constatación de los
precios de entrada seguramente con algún sistema de precios-testigo,
similar al que actualmente funciona, para desencadenar el mecanismo de la
protección arancelaria equivalente. En esto yo creo que sí hemos
conseguido sensibilizar a la Comisión, que en su documento de trabajo
interno en estos momentos llama la atención sobre la necesidad de
garantizar que efectivamente se consolide la preferencia comunitaria y
que el nuevo mecanismo sea compatible con eso. ¿Se aumentarán o no las
importaciones? La verdad es que no necesariamente. El compromiso de
acceso mínimo que debe propiciar la importación afecta sólo a carne y
productos cárnicos, huevos, leche en polvo, mantequilla, quesos y
cereales. Por tanto, no afecta al vino ni al aceite de oliva, como
compromiso de acceso mínimo para otros productos.

Sobre la incidencia en algunos de los sectores a los que hacía referencia
el señor Ramírez, seguramente es cierto que la información que hemos
proporcionado hasta ahora, la que yo he expuesto no es una información
demasiado detallada. He apuntado algo en mi intervención sobre lo que son
las previsiones de equilibrio en el mercado comunitario. Hemos dicho que
las estimaciones de lo que puede ser el incremento en el consumo interno
de cereales, derivado de la propia reforma de la OCM de cereales y del
incremento en la cabaña en algunos productos, se ha estimado en torno a
10/12 millones de toneladas, lo que quiere decir que la producción
comunitaria durante los próximos años debería mantenerse en torno a los
170/175 millones de toneladas con lo que las exportaciones podrían ser en
torno a 25 ó 26 millones de toneladas, que es lo compatible con nuestros
acuerdos del GATT, 23,4 millones que se podrán exportar con subvención, y
en torno a 2,5 millones de toneladas de exportación en concepto de ayuda
alimentaria.

Por tanto, teniendo en cuenta que la aplicación del primer año de la
reforma nos ha proporcionado una producción en torno a 165 millones de
toneladas, y que efectivamente se está constatando el incremento en el
consumo de cereales en la alimentación animal, sin necesidad de medidas
adicionales de ajuste en el sector de cereales, es perfectamente posible
equilibrar los mercados sin ningún impacto adicional, sin retirada
adicional de producción o disminución adicional de las producciones.

Incluso existe todavía cierto margen respecto del nivel de producción
actual que se ha conseguido con la reforma y el que todavía podemos
alcanzar que mantenga el equilibrio en el mercado comunitario de
cereales.

En lo que se refiere al arroz, está claro que va a haber una reducción de
precios que tendrá que reformarse en la misma línea que se ha producido
con el sector de cereales, en el que es muy importante haber consolidado
el mecanismo de apoyo de las ayudas directas para el sector de cereales
porque éste nos abre la vía para su aplicación al sector del arroz, en el
que además la disminución de los precios internos derivada de la
introducción de estas ayudas directas como en los cereales, nos va a
reducir la competencia de las importaciones.

En lo que se refiere al azúcar, estaríamos en una situación parecida.

Efectivamente, se tiene que producir una disminución de los precios que,
en nuestro caso, tiene que ir obligatoriamente con una reforma de la
organización común de mercado que nos permita establecer ayudas directas
para el mantenimiento de esa actividad en España. Por lo que respecta al
aceite de oliva, quiero precisarle que no hay compromiso de acceso mínimo
del 5 por ciento del consumo, y tampoco lo hay en vino.

En lo que concierne al algodón, España pretende separar las cuotas
globales, de forma que existan cuotas por países. Con la presidencia
griega no ha sido el momento más oportuno para plantearlo, pero esperamos
que pueda prosperar en los próximos meses. Usted conoce ya estos
mecanismos y estos problemas.

Sobre el tema de frutas y hortalizas, creo que todos estamos de acuerdo
en que en el fondo la protección de las frutas y hortalizas actualmente
no se realiza mediante los aranceles; por tanto, el desarme arancelario
no tiene un impacto neto en el nivel de protección en frontera. La
protección se realiza actualmente por los precios de referencia en el
futuro por el calendario de aplicación de los nuevos precios de entrada.

Lo que hemos querido reflejar en el memorándum que se ha presentado,
entre otras cosas es que la



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propuesta de reforma de la OCM garantice efectivamente la preferencia
comunitaria, estableciendo, para lo que ya existe un compromiso expreso,
que para el 1.º de enero de 1995, con la entrada en vigor del acuerdo del
GATT, se amplíe el calendario de aplicación de los nuevos precios de
entrada o de los actuales precios de referencia a los tomates,
calabacines y pepinos; pero, además, que el mecanismo de constatación de
la preferencia comunitaria sea un mecanismo real, que no pueda ser
desvirtuado con falsas facturas o con el problema que se deriva de
algunas importaciones que no son compara-venta, sino depósitos de
mercancías. Creo que todos somos conscientes de este problema y de la
necesidad de estar muy vigilantes para que la aplicación de la
preferencia comunitaria sea eficaz.

Quiero aclarar a la representante de Izquierda Unida que las referencias
que realiza a la evolución de las exportaciones y de las importaciones de
frutas y hortalizas, el memorándum presentado por España se refiere al
conjunto de la Unión Europea, no a nuestra balanza en esta materia con el
resto de los países de la Unión Europea, con los que hemos tenido un
incremento importante. Desde 1985 a 1993 nuestras exportaciones de frutas
y hortalizas se han duplicado. Esa es la realidad.

En los cítricos, que era el sector en el que quizás teníamos una
presencia más consolidada, una hegemonía más importante, nuestro
incremento ha sido del 60 por ciento, tomando los datos de la última
campaña. Eso quiere decir que hemos ganado cuotas de mercado, que hemos
incrementado la penetración de forma notable en el caso de los cítricos.

¿A costa de quién? A costa, básicamente, de Marruecos y, sobre todo, de
Israel. La preferencia comunitaria ha funcionado. Nuestra cuota de
mercado en el sector de los cítricos, que es el dato que recuerdo ahora,
ha pasado del 47 por ciento, en 1985, a por encima del 60 por ciento, en
1993; es decir, hemos aumentado en más de 13 puntos nuestra cuota de
mercados comunitarios. Eso ha supuesto una reducción de la cuota de
Marruecos, en torno a tres puntos, creo recordar; y de la cuota de
Israel, entre los siete y los ocho puntos; reducción muy importante de
sus cuotas en estos mercados. Por tanto, a veces, la información que
proporcionamos sobre cómo se están comportando algunos de nuestros
sectores agrícolas en el marco comunitario no refleja completamente la
verdad, está excesivamente distorsionada con una visión muy pesimista,
cuando no demasiado catastrofista, de nuestra actividad agraria, que lo
único que hace es transmitir al conjunto de la sociedad una imagen
excesivamente negra y negativa de nuestro sector agrario, que no hace más
que reforzar precisamente la imagen del sector agrario como sector de
pasado y no como sector de futuro.

Estoy de acuerdo en las referencias a que las normas de calidad y el
control de las condiciones higiénicas y sanitarias de las importaciones
son el mecanismo de protección en frontera, que tiene que funcionar y,
por tanto, es necesario insistir en él.

Se ha planteado también por parte del señor Pascual el tema de las OPCH.

Efectivamente, he planteado ya en algunas reuniones con organizaciones
agrarias la necesidad de hacer una reflexión sobre si no teníamos que
realizar una cierta flexibilización de los requisitos para el
reconocimiento de las OPCH. Ocho años después del ingreso en la Comunidad
Europea, quizá tengamos que aspirar a que estén integrados en
organizaciones de productores una parte más importante de nuestra
producción. Ahora bien, también es cierto que no tenemos que renunciar a
que la asociación sea de carácter estable; es decir, a que exista una
asociación de carácter estable, que se produce de forma mucho más fuerte
en el caso de las cooperativas, sin ninguna duda y que, por tanto, no
abramos la posibilidad de retirada a cualquiera con carácter coyuntural
que quiere aprovechar unos determinados desajustes en el mercado como una
parte más de su negocio de carácter coyuntural. Por tanto, es una
reflexión que hay que realizar con cierto sosiego, buscando que podamos
integrar en organizaciones de productores una parte más importante de
nuestra producción de frutas y hortalizas pero, al mismo tiempo, dando
cierta estabilidad a las relaciones entre los agricultores y estas
organizaciones de productores, para que no reconozcamos a organizaciones
de productores con vocación excesivamente coyuntural en la organización
del mercado y que contribuya muy poco a la estabilidad de las estructuras
de organización del mercado.

Sobre la libre circulación de los productos en Francia, yo quiero
manifestar que la posición del ministro ha sido siempre muy firme desde
el punto de vista político, diplomático y jurídico; además, en un proceso
que yo creo tiene que ser --si me lo permiten-- de escalada continua. Es
decir, no hay que disparar todos los proyectiles en la primera pasada; es
necesario establecer cierta gradualidad, cierta progresión en la presión
sobre el Gobierno francés, que no solamente se realiza mediante las
protestas de carácter formal, sino que en este caso ya lo hemos llevado a
una denuncia de carácter formal para que la Comisión Europea abra un
procedimiento de infracción. Si hemos solicitado esto, no es razonable
que, en un plazo demasiado breve y sin dar tiempo a ver qué consecuencias
se derivan de este proceso que hemos emprendido, demos el siguiente paso.

Yo creo que estamos incrementando también el grado de conciencia de
muchos sectores económicos en Francia, porque son sectores económicos
sensibles al riesgo de renacionalización de los mercados agrarios por
parte de otros países. Si el sector agroalimentario francés es un sector
que se ha posicionado en otros mercados europeos, que se ha dimensionado
para el mercado comunitario en su conjunto en mayor medida casi que otros
sectores agroalimentarios de otros países, en este enfoque de
renacionalización de los mercados agrarios, del que ninguno salimos
beneficiado, ellos tienen seguramente más que perder, además de ser,
desde el punto de vista político, un grave error, porque, como he
comentado en alguna ocasión, supone una bomba de relojería sobre el
proceso de construcción europea que se ha sustentado como columna
vertebral sobre la política agrícola común durante muchísimos años. Yo
quiero ver en la reacción contundente de las autoridades francesas la
semana pasada en algunos incidentes que se han producido, cierto cambio
de comportamiento; una reacción muy contundente por parte de los medios
de la policía francesa en la



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represión de algunos de estos comportamientos que se tradujo en un
enfrentamiento yo diría casi brutal, de acuerdo con la descripción que a
mí me han realizado algunos testigos de aquellos enfrentamientos, en la
que hubo incluso utilización de arma de fuego por parte de las fuerzas de
seguridad, y en el que, además, ha habido detenidos que espero sean
puestos a disposición de la autoridad judicial. Hay una comunicación
realizada por el propio Gobierno francés de que van en serio para impedir
que se produzcan estos comportamientos.

Quiero también aprovechar para reprender de forma amable al Grupo Popular
por el hecho de que haya paseado al señor Giscard dÕEstaing durante la
campaña electoral. Ya sé que eso es posterior a la campaña. Como ya he
tenido oportunidad de decir, en unos momentos en los que nuestras frutas
y hortalizas estaban teniendo tales problemas, como consecuencia de
cierta pasividad por parte del Gobierno francés, a cuya mayoría pertenece
el señor Giscard, y teniendo en cuenta el comportamiento histórico del
señor Giscard dÕEstaing cuando se estaba negociando la adhesión de España
a la Comunidad Europea (El señor Ramírez González: Está fuera de
cuestión. ¡Ahora me va a oír!) y se bloquearon las negociaciones de
adhesión, creo que ha sido particularmente inoportuno, sobre todo cuando
se quiere transmitir el mensaje de la defensa firme de los intereses de
nuestros agricultores en el mercado comunitario. Lo digo porque se ha
planteado por S. S. Por S. S. se ha planteado el problema de la libre
circulación de los productos y se ha planteado el problema de qué era lo
que el Gobierno quería realizar; por tanto, el Gobierno está
perfectamente legitimado para considerar que han hecho un flaco favor a
la defensa de la libre circulación de las frutas y hortalizas presentando
al señor Giscard dÕEstaing como el aval de la defensa de los intereses de
la agricultura española en el marco comunitario. (Rumores.--El señor
Ramírez González: Quiero hablar, señor Presidente.)
Creo que he comentado ya las referencias a la ampliación de los
calendarios para aplicación de los nuevos precios de entrada y coincido
plenamente con la posición de la representante de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya en el sentido de que la reforma de las
organizaciones comunes de mercados pendientes sean financiadas, de
acuerdo con el compromiso del Consejo Jumbo, en las mismas condiciones
que las otras organizaciones comunes de mercado, es decir, al 100 por
ciento. Por tanto --y se lo he transmitido ya así a las organizaciones
agrarias-- no tiene sentido alguno, porque debilitan la posición
negociadora española y los intereses españoles en su conjunto en la
negociación comunitaria, que se plantee ninguna reivindicación de
compromiso del Gobierno español para que se realice una financiación
adicional de lo que no consiga en el marco comunitario, porque en estos
momentos tenemos que seguir peleando para que esa financiación sea no
discriminatoria, como se ha aplicado para otros productos.

Ha planteado el tema de si las conservas de tomate han quedado o no
incluidas en la Ronda Uruguay. Supongo que se refiere a la represalia
aplicada actualmente por Estados Unidos, como consecuencia de la guerra
de las Hormonas, a la que hacía referencia anteriormente cuando
consideraba la importancia del acuerdo del GATT para impedir esas
represalias que se producen en cualquier sector, como consecuencia de
guerras comerciales en otros sectores, entre Europa y Estados Unidos. En
estos momentos se está negociando el fin de esta represalia y espero que
se consiga en un breve plazo.

Respecto a si ha habido o no colaboración con el ministerio en la
elaboración del memorándum sobre las frutas y hortalizas, quiero decir
que para la elaboración de esa propuesta española se ha escuchado a todas
las comunidades autónomas, a organizaciones agrarias, a cooperativas, a
organizaciones sectoriales; se ha hecho un proceso de consulta, que
seguramente se puede mejorar pero creo que se ha realizado, como de hecho
se ha realizado y se está realizando estos días con comunidades autónomas
y con organizaciones agrarias en lo que se refiere a la posición a
mantener en la reforma de la OCM del vino, teniendo en cuenta que esa
reforma no ha sido todavía presentada formalmente al Consejo de Ministros
por parte de la Comisión y que, por tanto, no ha comenzado todavía su
proceso formal de discusión en el Consejo de Ministros.

Sobre el tema del acuerdo de Marruecos creo que, efectivamente, el
Gobierno español planteó que Marruecos tenía que realizar un proceso de
diversificación de la producción para dirigirse en mayor medida a su
autoabastecimiento alimentario, e incluso en sus exportaciones, para que
realizase una diversificación de las mismas que tuviese un menor impacto
sectorial y territorial y, por tanto, un reparto más equilibrado de las
condiciones de apoyo al desarrollo económico de Marruecos entre todos los
países de la Comunidad. Esto unido, además, a una aplicación efectiva del
calendario de precios de entrada, desde el 1.º de enero de 1995.

La realidad es que en 1993/1994 hay un dato que creo es revelador. Las
exportaciones de tomates de Marruecos a la Comunidad Europea han
disminuido el 3 por ciento y las exportaciones españolas de tomate, en el
mismo período 1993/1994, a la Comunidad Europea, se han incrementado el
18 por ciento. Esta es una línea que queremos efectivamente consolidar
--aunque tampoco se trata de echar a Marruecos de los niveles de acceso a
los mercados comunitarios-- que claramente beneficia a los productores
españoles de los incrementos que se produzcan en estos mercados. Esto
esperamos conseguirlo a través de una auténtica, de una real aplicación
del principio de la preferencia comunitaria desde el 1.º de enero, y no
solamente desde el 1.º de abril.

Por otra parte, como ha comentado el portavoz del Grupo Socialista, creo
que no todo tienen que ser cambios en la regulación comunitaria; creo que
hay una tarea importante a realizar para situarnos en este equilibrio
entre los dos modelos a que él hacía referencia: el modelo holandés y el
modelo marroquí. Tenemos algunas ventajas respecto del modelo holandés,
que hemos de aprovechar al máximo, de carácter climático, de
temporalidad, etcétera; y tenemos algunas ventajas respecto del modelo
marroquí. Tenemos una mayor capacidad tecnológica, un mayor



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nivel de formación, una mayor capacidad de comercialización, pero, en ese
sentido, estamos en desequilibrio respecto de los holandeses. Tenemos que
seguir haciendo un esfuerzo en mejora de la calidad, mejora tecnológica,
mejora en nuestras estructuras de comercialización para compensar el
problema de los menores costes laborales que tiene Marruecos, pero
siempre, sobre todo, sobre la base de una auténtica aplicación del
principio de la preferencia comunitaria.

Coincido con una parte muy importante de la exposición que ha realizado
el representante de Convergència i Unió, aunque seguramente eso nos
llevaría a tener que hacer otra vez el debate sobre la política agrícola
en su conjunto. Sabe que las líneas de trabajo que lleva el Ministerio
coinciden de forma muy importante.

En lo que se refiere a la responsabilidad del ministerio de nuevo vuelvo
a llamar la atención sobre el hecho de que el Ministerio de Agricultura
ya no es competente en muchas materias. Por ejemplo en formación, ya no
es competente en absoluto; no tenemos estructuras para realizar
formación. No hay ya escuelas de formación dependientes del ministerio
más que dos residuos que son muy poco representativos. Hacemos solamente
algunos cursos de formación de formadores y algunas tareas de
coordinación y de impulso de innovación en la formación, pero ya no
tenemos esa competencia que es interna de las comunidades autónomas.

Sobre la posición en la OCM del plátano quiero dar al señor Mardones la
garantía de que el Gobierno se va a mantener en su defensa, y espero que
finalmente sea aceptada por los países iberoamericanos que todavía no lo
han aceptado. Además, he manifestado ya en mi intervención anterior mi
satisfacción por el hecho de que las conclusiones del abogado general
que, aunque no garantizan una sentencia favorable, han sido contrarias al
recurso presentado por el Gobierno alemán y eso seguramente nos hace ser
optimistas respecto a la sentencia definitiva que permita confirmar y
consolidar esta OCM que es tan importante para la producción canaria. (El
señor Ramírez González pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Señor Ramírez, tiene la palabra a efectos de la
alusión concreta.




El señor RAMIREZ GONZALEZ: Señor ministro, le agradezco profundamente que
haya traído los temas de la campaña electoral a esta sesión. Se lo
agradezco profundamente porque me permite contestarle.

Efectivamente, señor ministro, nosotros elegimos a los acompañantes que
queremos en nuestra campaña electoral. Otros se han hecho fotografías, y
hay campaña, con Bettino Craxi, con Carlos Andrés Pérez, que están en la
cárcel por haber robado en los presupuestos de sus países. (Rumores.) Yo
se lo agradezco perfectamente, y le agradezco, señor ministro...




El señor PRESIDENTE: Señor Ramírez, cíñase exclusivamente a la alusión
concreta.




El señor RAMIREZ GONZALEZ: Perdón, señor Presidente. Hemos hablado de la
campaña electoral. Y yo le digo, señor Presidente, que otros partidos, el
suyo y su Presidente de Gobierno se ha hecho fotografías con dos ladrones
que están procesados en este momento. Por tanto, cada uno elige sus
acompañantes.

Se lo agradezco profundamente, señor ministro. No le iba a hablar de su
campaña electoral, pero gracias a sus intervenciones en los pueblos donde
ha estado hemos ganado. ¡Hemos ganado! Usted estuvo en Villarrobledo, en
mi provincia. No habíamos ganado nunca y gracias a su campaña electoral,
que más que una campaña era una estación de penitencia, hemos ganado las
elecciones.

Muchas gracias, señor Atienza.




El señor PRESIDENTE: Señor ministro.




El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Atienza Serna):
Creo que la intervención del señor Ramírez se contesta por sí sola.

En lo que se refiere a Villarrobledo, la verdad es que tengo que confesar
que el día que yo estuve el Partido Popular tuvo que suspender su
intervención por falta de público. (El señor Roncero Rodríguez pide la
palabra.)



El señor PRESIDENTE: Señor Roncero.




El señor RONCERO RODRIGUEZ: Señor Presidente, solamente para hacer una
intervención muy breve y, como decía al inicio de esta sesión, llamar a
la reflexión, al clima que debe existir y no la impertinencia.

Creo que la intervención del señor Ministro ha sido una intervención
moderada. Ha planteado un problema de campaña electoral, pero en términos
realmente moderados, que pueden venir a colación y que no tienen nada que
ver con la actitud y la impertinencia que ha mostrado el portavoz del
Partido Popular, a la que nos tiene acostumbrados. Yo le llamo, por
favor, a la reflexión, a la moderación y a abandonar esa impertinencia,
puesto que no estamos para aguantar impertinencias. (Rumores.--El señor
Ramírez González pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Señor Ramírez.




El señor RAMIREZ GONZALEZ: Señor Presidente, son juicios de valor. Si se
hacen, vuelvo a insistir.

Creo que la falta de pertinencia ha estado en el señor Ministro de
Agricultura, y tantas veces como hablemos de la campaña electoral,
hablaremos de los acompañantes del Partido Socialista. (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Señor Ramírez, siento que la Presidencia no haya
sido suficientemente ágil para cortar un debate de esta naturaleza.

De todos modos, conocen perfectamente que en esta y otras intervenciones,
tanto por parte de los señores diputados como por parte de los
comparecientes, existe suficiente capacidad para establecer un diálogo en
los



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términos cordiales en que normalmente siempre se producen en esta
Comisión.

De cualquier forma, no he llamado la atención al señor Ministro, porque
entendía que estaba en relación con el tema que ha desarrollado en la
comparecencia.

Algunas de las expresiones de S. S. creo que han estado fuera de lugar,
sinceramente se lo digo y, en este sentido, tampoco le he llamado la
atención, pero tengan en cuenta que, a partir de este momento, no voy a
permitir expresiones de esta naturaleza.

Agotado ya el orden del día (excepto la parte que no ha podido tratarse,
que la Mesa y los portavoces tratarán de ver el momento en que se
celebrará esta comparecencia), se levanta la sesión.




Eran las tres de la tarde.