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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 232, de 15/06/1994
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1994 V Legislatura Núm. 232
JUSTICIA E INTERIOR
PRESIDENTE: DON JAIME JAVIER BARRERO LOPEZ
Sesión núm. 29
celebrada el miércoles, 15 de junio de 1994
ORDEN DEL DIA:
Preguntas:
--Del señor Gil Lázaro (Grupo Parlamentario Popular), sobre creación de
la comisaría de policía de Xirivella, Valencia. (BOCG serie D, número 76,
de 22-3-94. Número de expediente 181/000607) (Página 7037)
--Del mismo señor Diputado, sobre medidas que van a ser adoptadas por el
Cuerpo Nacional de Policía para la lucha contra el tráfico de drogas en
el barrio del Carmen, de la ciudad de Valencia. (BOCG serie D, número 76,
de 22-3-94. Número de expediente 181/000608) (Página 7038)
--Del mismo señor Diputado, sobre medidas para garantizar una mayor
efectividad policial en la lucha contra el tráfico de niños y de recién
nacidos. (BOCG serie D, número 76, de 22-3-94. Número de expediente
181/000611) (Página 7041)
--Del mismo señor Diputado, sobre medidas para potenciar la presencia en
comisarías del servicio de atención a la mujer. (BOCG serie D, número 76,
de 22-3-94. Número de expediente 181/000613) (Página 7042)
--Del señor Gilet Girart (Grupo Parlamentario Popular), sobre trámite en
que se encuentra la elaboración de la plantilla del Cuerpo Nacional de
Policía. (BOCG serie D, número 76, de 22-3-94. Número de expediente
181/000615) (Página 7040)
--Del mismo señor Diputado, sobre motivos por los que no se ha elaborado
un anteproyecto de reglamento orgánico y de servicio del Cuerpo Nacional
de Policía. (BOCG serie D, número 82, de 12-4-94. Número de expediente
181/000684) (Página 7044)
--Del mismo señor Diputado, sobre opinión del Ministro del Interior
acerca de si se han instrumentado los mecanismos para dar cumplimiento a
la cláusula quinta del Acuerdo Marco para la mejora y modernización del
Cuerpo Nacional de Policía. (BOCG serie D, número 76, de 22-3-94. Número
de expediente 181/000616) (Página 7047)
--Del mismo señor Diputado, sobre cumplimiento por el Ministerio del
Interior de la cláusula séptima del Acuerdo Marco para la mejora y
modernización del Cuerpo Nacional de Policía. (BOCG serie D, número 76,
de 22-3-94. Número de expediente 181/000618) (Página 7047)
--Del mismo señor Diputado, sobre actuaciones de carácter social llevadas
a cabo por el Cuerpo Nacional de Policía, especialmente en Baleares.
(BOCG serie D, número 76, de 22-3-94. Número de expediente 181/000619)
(Página 7047)
--Del mismo señor Diputado, sobre cumplimiento del Acuerdo Marco para la
mejora y modernización del Cuerpo Nacional de Policía, en especial, en lo
que afecta a Baleares. (BOCG serie D, número 76, de 22-3-94. Número de
expediente 181/000617) (Página 7050)
--Del señor Pillado Montero (Grupo Parlamentario Popular), sobre
previsiones acerca del establecimiento del sistema del permiso de
conducir vehículos de motor «por puntos». (BOCG serie D, número 76, de
22-3-94. Número de expediente 181/000606) (Página 7051)
--Del señor Gil Lázaro (Grupo Parlamentario Popular), sobre medidas para
potenciar la actuación de las brigadas de asuntos internos de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado. (BOCG serie D, número 76, de 22-3-94.
Número de expediente 181/000610) (Página 7053)
--Del mismo señor Diputado, sobre motivos por los que no se notificó con
la diligencia debida a las autoridades portuguesas la orden de búsqueda y
captura dictada contra Antonio Anglés. (BOCG serie D, número 76, de
22-3-94. Número de expediente 181/000612) (Página 7054)
--Del mismo señor Diputado, sobre valoración de la capacidad operativa de
la banda terrorista Grupos de Resistencia Antifascista Primero de
Octubre, GRAPO. (BOCG serie D, número 76, de 22-3-94. Número de
expediente 181/000614) (Página 7056)
--Del mismo señor Diputado, sobre medidas para perfeccionar los métodos
de selección de los aspirantes a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado. (BOCG serie D, número 76, de 22-3-94. Número de
expediente 181/000621) (Página 7057)
--Del mismo señor Diputado, sobre reincorporación al servicio policial de
agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que han sufrido
desequilibrios de carácter psicológico. (BOCG serie D, número 76, de
22-3-94. Número de expediente 181/000622) (Página 7058)
--Del mismo señor Diputado, sobre medidas para perfeccionar los métodos
de seguimiento de conducta emocional y psicológica de los miembros de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. (BOCG serie D, número 76, de
22-3-94. Número de expediente 181/000623) (Página 7058)
--Del mismo señor Diputado, sobre medidas para acabar con el incremento
de los asaltos a gasolineras en la provincia de Valencia. (BOCG serie D,
número 76, de 22-3-94. Número de expediente 181/000624) (Página 7060)
--Del señor Baón Ramírez (Grupo Parlamentario Popular), sobre posibilidad
de que el Director General de la Policía haya recibido complementos
retributivos a cargo de los fondos reservados atribuidos al Ministerio
del Interior. (BOCG serie D, número 76, de 22-3-94. Número de expediente
181/000632) (Página 7062)
--Del mismo señor Diputado, sobre posibilidad de que el Subsecretario del
Ministerio del Interior haya recibido complementos retributivos con cargo
a los fondos reservados. (BOCG serie D, número 76, de 22-3-94. Número de
expediente 181/000633) (Página 7062)
Se abre la sesión a las nueve y treinta y cinco minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Señorías, tenemos con nosotros al Director General
de la Policía --a quien, una vez más, damos la bienvenida a la
Comisión--, para contestar a una serie de preguntas formuladas por SS.
SS., muy concretamente a las preguntas que aparecen en el orden del día
con los números 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13 y 20. (El señor Pillado
Montero pide la palabra.)
Señor Pillado.
El señor PILLADO MONTERO: Señor Presidente, yo he formulado la pregunta
número 1.
El señor PRESIDENTE: Señor Pillado, estoy enumerando únicamente aquellas
preguntas que van a ser contestadas por el Director General de la
Policía; con posterioridad vendrá la Secretaria de Estado del Ministerio
de Interior y Justicia para contestar a su pregunta.
CONTESTACION A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SOBRE:
--CREACION DE LA COMISARIA DE POLICIA DE XIRIVELLA (VALENCIA). FORMULADA
POR EL SEÑOR GIL LAZARO, GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de
expediente 181/000607.)
El señor PRESIDENTE: Iniciamos el orden del día con el debate de la
pregunta número 2, relativa a la creación de la comisaría de policía de
Xirivella (Valencia). El autor de la pregunta es don Ignacio Gil Lázaro.
Le recuerdo señoría que, como ocurrió en el día de ayer, las preguntas
tendrán una duración máxima de cinco minutos.
El señor Gil Lázaro tiene la palabra.
El señor GIL LAZARO: Señor Director General, planteamos hoy una cuestión
que ya ha habido ocasión de tratar a lo largo de anteriores momentos,
fundamentalmente de anteriores legislaturas. Yo mismo en los últimos
debates presupuestarios en el Senado en la anterior legislatura tuve
ocasión de plantear las correspondientes enmiendas solicitando la
creación de esta comisaría de policía en el municipio de Xirivella
(Valencia). Es una larga reivindicación que, como conocerá S. S., ha
motivado importantes movimientos vecinales, fundamentalmente ante la
situación de inseguridad que está viviendo desde hace algunos años este
municipio como consecuencia, esencialmente, de un desplazamiento, del
movimiento de tráfico y venta de drogas que, como consecuencia de la
presión policial ejercitada en determinadas zonas de la ciudad de
Valencia se ha trasladado a esta localidad muy próxima y, en concreto a
algún enclave urbanístico específico de esta localidad.
Como muy bien sabe S. S. con ocasión de la campaña electoral de las
últimas elecciones municipales y autonómicas, llegó a haber incluso
promesas casi firmes por parte de determinados responsables políticos en
cuanto a la inmediata puesta en marcha de este proyecto de creación de la
citada comisaría de policía, sin que hasta la fecha y transcurridos ya
casi tres años, se haya hecho nada al respecto. Por tanto, transcurrido
un tiempo más que prudencial, nosotros volvemos hoy a preguntarle al
Gobierno si tiene prevista la creación de la comisaría de policía de
Xirivella (Valencia) habida cuenta, además, de la necesidad manifiesta de
esta nueva estructura policial en el citado municipio.
El señor PRESIDENTE: El señor Director General de Policía tiene la
palabra.
El señor SECRETARIO GENERAL-DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA (Conde Duque):
Ciertamente existe un estudio de plantillas del Cuerpo Nacional de
Policía que prevé la creación de una comisaría de policía en el municipio
de Chirivella, con sede precisamente en esa localidad que debería dar
cobertura operativa a las de Alaquas y Aldaya, materialmente unidas, como
sabe S. S. De este modo se conseguiría, además, mejorar el servicio que
vienen prestando las comisarías de Quart de Poblet y Torrente, ya que del
ámbito territorial que éstas tienen asignado, la primera se desgajaría
hacia Chirivella y la segunda se desgajaría hacia los núcleos de Alaquas
y Aldaya.
Ciertamente la fecha de creación y puesta en funcionamiento de esta
comisaría de Chirivella está inevitablemente supeditada a la aprobación
de la normativa de las plantillas del Cuerpo Nacional de Policía. Este
tema se trata en las preguntas pertinentes a ese respecto y nos situarán
en el marco de reflexión de ese problema.
Por tanto, quiero decirle que está prevista la creación de esa comisaría,
pero no se puede poner en funcionamiento si no es en el marco de esa
construcción general sobre las plantillas del Cuerpo Nacional de Policía
que, por otra parte, están implicadas con las unidades estrictas, y, por
consiguiente, en este momento no puedo decirle a S. S. exactamente cuál
será la ocasión concreta en la que esa comisaría se pueda crear. Está
prevista en los estudios de todo orden que tenemos elaborados, pero no
puedo señalar una fecha explícita al respecto.
El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LAZARO: Quiero señalar muy brevemente, señor Presidente, que
la respuesta que nos ha dado el señor Director General de la Policía
viene a ser, esencialmente, la que se nos viene reproduciendo desde hace
tiempo, en concreto, básicamente, desde 1991.
Nosotros creemos que, como bien ha señalado el señor Director General de
la Policía, ese núcleo configurado básicamente por las poblaciones de
Quart de Poblet, Torrente, Alaquas, Aldaya y Xirivella precisan en estos
momentos, y ya desde hace mucho tiempo, de una mayor presencia policial.
Sabe muy bien el señor Director General --me consta es así-- que la
situación en el municipio de Xirivella en
algunos momentos se ha podido calificar como insostenible, y sabe
perfectamente que ha llegado a haber ciertas reacciones vecinales que
nosotros no podemos justificar, pero sí sabemos que responden a un estado
de preocupación, de crispación y de profundo sentimiento de inseguridad
en esa población.
Sabe muy bien el señor director general, como ya he señalado
anteriormente, que la implicación negativa de todo el submundo
delicuencial de la droga en este momento en la localidad de Xirivella
está alcanzando cotas alarmantes, y también sabe muy bien que esa
respuesta policial inmediata no puede quedar supeditada casi «in
aeternum» a la aprobación de un instrumento que parece ser nunca llega.
Nosotros entendemos que ya se podía haber dado respuesta a través de la
correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado de anteriores
ejercicios y, desde luego, desearíamos que se diera en la próxima, a esta
urgente necesidad. De verdad creemos que ya no se puede seguir por más
tiempo, no ya sólo por el efecto que produce en la ciudad de Xirivella
sino también --como ha señalado el señor director general-- en las
poblaciones colindantes, difiriendo la solución de este problema.
Desearíamos que el Ministerio de Justicia e Interior, con independencia
de ese instrumento que va a suponer la nueva plantilla del Cuerpo
Nacional de Policía, adoptara medidas concretas de cara a la próxima Ley
de Presupuestos Generales del Estado para 1995, puesto que, de continuar
las cosas como están, quizá algún día podamos lamentar un incidente
irreversible y demasiado desagradable.
--MEDIDAS QUE VAN A SER ADOPTADAS POR EL CUERPO NACIONAL DE POLICIA PARA
LA LUCHA CONTRA EL TRAFICO DE DROGAS EN EL BARRIO DEL CARMEN, DE LA
CIUDAD DE VALENCIA. (Número de expediente 181/000608.) El señor
PRESIDENTE: La tercera pregunta, también de don Ignacio Gil Lázaro, se
refiere a las medidas que van a ser adoptadas por el Cuerpo Nacional de
Policía para la lucha contra el tráfico de drogas en el barrio del
Carmen, de la ciudad de Valencia.
El señor Gil Lázaro tiene la palabra.
El señor GIL LAZARO: Creo que el señor director general conoce
perfectamente la cuestión que le vamos a plantear porque, sin duda, el
barrio del Carmen, de la ciudad de Valencia, que viene a recoger lo que
es el centro histórico de la ciudad, en estos momentos, por desgracia,
supone uno de los enclaves de mayor conflictividad en el ámbito de la
ciudad, e incluso me atrevería a decir que en el conjunto de lo que es la
actuación policial en la provincia de Valencia. En este barrio del
Carmen, de la ciudad de Valencia, se constata una ausencia prácticamente
total de presencia policial; las actividades de los vendedores de droga
son públicas y a plena luz del día y hay locales suficientemente
delimitados vinculados al tráfico y al depósito de este tipo de materias.
Además, según datos policiales, más del 90 por ciento de los traficantes
callejeros que han sido detenidos o han sido identificados en los últimos
meses en esta zona proceden de la ciudad de Marsella, lo que incluso a la
propia policía le ha hecho formular determinadas interpretaciones en
cuanto al carácter o al significado de este origen. Sabe perfectamente el
señor director general que ese tráfico callejero de droga está en manos
de ciertos colectivos profundamente violentos que han llegado incluso a
agredir a vecinos que han denunciado o han participado en acciones
reivindicativas de una mayor seguridad en la zona, habiéndose producido
también agresiones físicas entre presuntos narcotraficantes por su
posible vinculación a redes de información policial. La vida ciudadana en
este enclave, que es un enclave básico de la ciudad, está profunda y
negativamente condicionada por este hecho; las asociaciones cívicas con
locales abiertos prácticamente carecen de actividad porque la gente tiene
miedo de acudir; dos colegios de la zona han visto significativamente
reducido el número de matrículas porque los padres tienen miedo a que los
niños acudan a esos colegios; e incluso, si me permite S. S., podría
señalar como hecho significativo que la propia parroquia de la zona, una
de las más tradicionales desde el punto de vista popular en la ciudad de
Valencia, ha tenido que cerrar sus puertas porque no puede permanecer
abierta todo el día habida cuenta de los incidentes que dentro de la
misma se han producido. Esta situación aún es sostenible gracias a la
actuación realmente eficaz que viene desarrollando la Policía Municipal
de barrio, pero esa Policía Municipal de barrio, para poder cumplimentar
de manera adecuada su función, necesita apoyo de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, de la Policía Nacional que en este momento no
tiene.
En virtud de todo ello y habida cuenta de lo grave y peligroso de la
situación en la zona, habida cuenta del carácter ya absolutamente abierto
y público con que se produce este tráfico, habida cuenta de los grupos
que aparecen vinculados a este gráfico de drogas y habida cuenta de las
nefastas consecuencias que el mismo está teniendo para la normalidad
ciudadana y para la seguridad de los vecinos en sus personas y en sus
bienes, preguntamos al señor director general qué medidas urgentes van a
ser adoptadas por el Cuerpo Nacional de Policía para la lucha contra el
tráfico de drogas en el barrio del Carmen, de la ciudad de Valencia.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Director General.
El señor SECRETARIO GENERAL-DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA (Conde Duque):
Como S. S. conoce, el barrio del Carmen, ubicado en el casco antiguo de
la ciudad de Valencia, ha experimentado en los últimos años un progresivo
deterioro, si bien me atrevería a decir que, probablemente, entre la
visión un poco al límite que S. S. ha presentado y la que objetivamente
podrían presentar los responsables policiales, quizá haya una cierta
distancia que está en la propia naturaleza de las cosas,
aunque ciertamente es una situación deteriorada, fundamentalmente a causa
del estado ruinoso de una buena parte de los edificios, con la
consiguiente concentración en la zona de colectivos marginales que
aprovechan esos edificios en estado ruinoso o semirruinoso, si bien esa
degradación urbanística, que por otra parte es característica de algunos
centros históricos de nuestras ciudades, se está atajando ya con
operaciones municipales de rehabilitación y de nueva construcción. Es
decir, no todo son acciones policiales sino que también hay zonas urbanas
objeto de degradación y, por tanto, resulta necesario atajar esos
problemas desde otras perspectivas. En todo caso, desde nuestro punto de
vista, se ha producido una notable mejoría del barrio, lo que a su vez
genera efectos beneficiosos para la seguridad ciudadana; es un proceso de
regeneración global y no sólo de acción policial.
En cuanto al tráfico y consumo de drogas que S. S. ha mencionado, si bien
los índices de delincuencia del barrio del Carmen, sorprendentemente, son
inferiores a los de la mayoría de los barrios de Valencia en datos
absolutamente objetivos, hay que reconocer cierta incidencia del fenómeno
en lugares concretos del mismo, aunque resulta necesario aclarar que se
trata de operaciones de venta de estupefacientes a pequeña escala. Por
supuesto, policialmente, esta problemática viene siendo afrontada con las
medidas preventivas y de investigación que son usuales a este respecto y
que tienen las consecuencias que todos sabemos, es decir, ésta no es una
aplicación aritmética en la que se aplican unas medidas y se termina la
operación, cualquier expectativa en ese sentido siempre será
insatisfactoria; la lucha será larga porque presenta problemas de
marginalidad, problemas de la propia estructura social que no ha sido
todavía capaz de rechazar ese fenómeno. En cualquier caso, la función
preventiva está encomendada a las unidades de patrulla de la Brigada
provincial de Seguridad Ciudadana y hay que señalar que no por un exceso
de celo de la Policía Local sino por una función articulada adecuadamente
a través de la Junta de Seguridad la Policía Local del retén del Carmen
actúa muy adecuada y planificadamente con la Policía Nacional a partir de
las decisiones que a ese efecto se toman en la Junta Local de Seguridad.
Tanto desde el punto de vista de la investigación y de la represión es el
grupo de delincuencia urbana de la Comisaría de Catedral, como S. S.
conoce, el que preferentemente actúa en esta zona, desarrollando en la
misma una labor notable contra el tráfico de drogas, como lo demuestran
las múltiples intervenciones que se vienen llevando a cabo desde el
pasado año.
En cuanto al futuro inmediato, dependiendo de la evolución de los
acontecimientos, que en este sentido son de una movilidad notable, y de
la disponibilidad de efectivos policiales, quiero señalar que, a partir
de la última asignación de recursos en el último concurso general y ahora
a partir de la salida de los nuevos funcionarios de la Escuela de
Policía, se incrementará el número de policías en la ciudad de Valencia
y, en la medida en que las fuerzas policiales puedan actuar contra estos
fenómenos, conseguiremos mayor eficacia.
Hay que hacer notar que se ha creado recientemente, también en el seno de
la Junta Local de Seguridad, una comisión técnica de coordinación
policial de Valencia, que está integrada, a su vez, por mandos del Cuerpo
Nacional de Policía, de la Guardia Civil y de la Policía Local. Este
instrumento de la Junta local probablemente es el único que en este
momento permite articular las competencias de los diferentes marcos
institucionales. En esta comisión se analiza quincenalmente la realidad
delincuencial, las quejas y reclamaciones vecinales en un proceso muy
abierto de participación ciudadana y se proponen a la junta,
consecuentemente, los planes y los sistemas concretos de colaboración.
Finalmente, hay que señalar también que la potenciación de que ha sido
objeto el programa de contactos ciudadanos, al que hacía referencia, y
que desarrolla la Jefatura Superior de Policía de Valencia, tratando de
optimizar al máximo todos los recursos posibles, no sólo los policiales
sino los de respuesta vecinal, los de respuesta social de las entidades
cívicas y de todo orden, de cara a conseguir una mayor eficacia es
realmente el marco en el que se está moviendo la acción policial. Los
recursos son limitados, eso lo sabemos todos, y también sabemos todos que
la respuesta exclusivamente policial no parece posible. Por tanto, en el
marco de lo que son las competencias de la Jefatura Superior de Policía,
se están articulando acciones policiales, acciones de coordinación
institucional de las diferentes administraciones y, desde mi punto de
vista, quizás lo que es más relevante, la respuesta social y la respuesta
vecinal ante este fenómeno.
El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LAZARO: Muy brevemente, voy a señalar al señor director
general que lamento, con toda cordialidad pero al mismo tiempo, si me
permite la expresión, con cierta contundencia, no poder compartir el
sentido de su respuesta. La visión, que califica amablemente como visión
casi al límite que yo puedo estar dando de las consecuencias y situación
de este barrio, dice que no se corresponde con la visión de los
responsables policiales, y en eso estamos absolutamente de acuerdo,
porque creo que si los responsables policiales tuvieran otra
contemplación distinta de la situación del barrio probablemente actuarían
de manera diferente. Mi visión no es al límite; mi visión es la
experiencia cotidiana al contacto diario con los vecinos de este barrio,
entre otras por razones elementales de vecindad, y conozco muy bien la
situación que allí se está viviendo.
Ha aludido a la presencia de determinados colectivos marginales.
Efectivamente, son colectivos marginales profundamente violentos, como
sabe muy bien S. S.; colectivos marginales que, de hecho, en algunas
zonas del barrio controlan la calle, son los dueños de la calle y han
llegado a realizar hechos violentos de gran intensidad como el asalto al
retén mismo de la Policía Local y enfrentamientos notablemente violentos
con las propias Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Ha citado las operaciones municipales de rehabilitación que se vienen
desarrollando desde hace tiempo y, evidentemente, son operaciones muy
importantes. Ese es el secreto esencial del cambio de la realidad del
barrio, pero, como comprenderá muy bien S. S. estas operaciones
municipales de rehabilitación y el esfuerzo inversor que se está haciendo
quedan en nada si a la vez no hay una actuación pareja en el ámbito
policial precisamente para subvertir esa realidad que se está
produciendo.
No se engañe S. S. o no deje que le engañen --dicho cordialmente-- cuando
desde los ámbitos de la Delegación del Gobierno en la Comunidad
Valenciana le presentan como inferiores el número de delitos cometidos en
este barrio respecto de otras zonas, porque el criterio que se está
utilizando, como muy bien sabe S. S., es el del delito denunciado, y ése
es el quid de la cuestión; es decir, la gente, los vecinos del barrio del
Carmen no denuncian los delitos de que son víctimas constantemente,
diariamente, simplemente porque están sometidos a un estado de miedo. Es
absolutamente frecuente, es desgraciadamente «normal» --entre comillas--,
que se produzca el asalto al pequeño comercio, al pequeño
establecimiento, además, con la advertencia del que lo hace de que
volverá al día siguiente y que mucho ojo si se cursa la correspondiente
denuncia policial.
Quiero decirle, señor director general, con una profunda preocupación y
con una profunda insatisfacción, porque francamente me gustaría que esto
no fuera así y me gustaría no tener que plantear esta cuestión en el
ámbito de esta Comisión, que en esa zona se vive con miedo y que es una
zona, como usted muy bien sabe, eminentemente popular; es gente normal y
corriente, gente sencilla, gente que no tiene medios para, con carácter
privado, suplir esas deficiencias de la seguridad pública a través de
instrumentos privados de seguridad. Viven atemorizados por este tipo de
colectivos violentos, marginales y por todo el submundo delincuencial
generado alrededor del tráfico de drogas.
A mí me resulta sorprendente que, existiendo como existen locales que se
sabe están vinculados a este tráfico de drogas no se actúe hasta 48 horas
después de que este diputado o algún otro responsable político realicen
unas declaraciones diciendo lo que está pasando y cuando ya es
inadmisible que la cuestión continúe en estos términos, entonces se
actúa. Esas medidas, que pueden ser de parcheo o que se toman en un
momento determinado solamente para frenar un estado de opinión pública
legítimamente indignada, no son suficientes. Hacen falta medidas
estructurales profundas, y esas medidas estructurales profundas parten de
la voluntad política y de la aplicación de los medios adecuados para
mantener una presencia policial constante en ese barrio, para actuar de
manera decidida contra los grupos organizados, para actuar de manera
decidida contra el tráfico de droga.
Se están produciendo situaciones que los propios responsables policiales
declaran públicamente. Dicen que saben que el tráfico de drogas en el
barrio del Carmen, de la ciudad de Valencia, está esencialmente vinculado
a determinados colectivos de inmigración ilegal y los identifican pero no
los pueden trasladar al Centro de extranjería de Valencia porque está a
su vez profundamente saturado, y eso genera, señor director general, una
situación muy peligrosa en términos de seguridad ciudadana, incluso para
determinadas personas vinculadas directa o indirectamente a estos grupos.
En este momento la situación de intento de control o de monopolización
por algunos de esos grupos del mercado de la droga en el barrio del
Carmen, de la ciudad de Valencia, está produciendo hechos que son más
propios del relato de un film policíaco, pero en modo alguno de la
situación de normalidad ciudadana en un país de las características del
nuestro.
La respuesta social y vecinal que dice S. S. que se tiene que dar, ya se
ha dado, pero esa respuesta social y vecinal ha sido golpeada por estos
grupos. Quiero recordarle, por ejemplo, que cuando un colectivo
importante de vecinos comenzó a realizar una serie de concentraciones
absolutamente pacíficas, incluso me atrevería a calificar de festivas,
unas cenas en la calle para protestar contra la presencia de estos
traficantes de droga y pedir una actuación policial intensa, la respuesta
por parte de estos traficantes de droga fue que al día siguiente 40
vehículos identificados cuyos propietarios eran personas que habían
participado en esa protesta absolutamente pacífica y serena, ¡40
vehículos!, fueron robados, asaltados, golpeados y destruidos.
Así no pueden seguir las cosas. Es necesario, por tanto --y con esto
concluyo--, que la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana y
la Jefatura Superior de Política de Valencia se preocupen definitivamente
por cortar esta situación.
El señor PRESIDENTE: Señor director general.
El señor SECRETARIO GENERAL-DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA (Conde Duque):
Creo que podríamos tener un debate mucho más profundo que no me parece
sea pertinente en este momento por diferentes razones. En todo ese
análisis creo que hay un trasfondo en la consideración de lo que viene
hilado, es decir, los colectivos marginales están ahí, deberían
desaparecer; los colectivos marginales son emigrantes ilegales que
naturalmente se dedican al tráfico, deberían ser tratados de otra manera.
Estamos en otro referente. No voy a entrar ahora, porque me parece que es
de mucho más calado, en lo que es no la línea argumental de S. S., que me
parece absolutamente legítima, sino en lo que supone la inmigración, la
inmigración ilegal y la mezcla con colectivos marginales autóctonos
probablemente de todo tipo. Eso conlleva algún elemento de valoración
respecto de las actividades de los grupos marginales, la ocupación de la
ciudad por esos grupos, etcétera, lo que nos lleva a unas consecuencias
que probablemente no serían no sé si de esta Comisión, pero no de la
intervención del compareciente de hoy.
Creo que es un debate mucho más profundo. Creo que las Fuerzas de
Seguridad están haciendo lo que pueden hasta el límite de sus
posibilidades y que quizás el planteamiento que S. S. hace en este
momento tenga otro contexto y otras respuestas más acertadas que las que
yo hoy le pueda dar.
--MEDIDAS PARA GARANTIZAR UNA MAYOR EFECTIVIDAD POLICIAL EN LA LUCHA
CONTRA EL TRAFICO DE NIÑOS Y DE RECIEN NACIDOS. FORMULADA POR EL SEÑOR
GIL LAZARO, GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente
181/000611.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 5: Medidas para garantizar una mayor
efectividad policial en la lucha contra el tráfico de niños y de recién
nacidos. El autor es don Ignacio Gil Lázaro.
El señor GIL LAZARO: Recientemente el informe del Relator especial de la
Comisión de Derechos Humanos de la ONU para las libertades del niño ha
hecho un retrato preocupante de la situación que afecta al menor y,
especialmente, en lo que concierne a esta realidad del tráfico de niños y
del uso espurio de los menores para determinadas actividades
profundamente repugnantes.
Desde ese punto de vista y habida cuenta de que parece ser, por lo que se
deduce de informes internacionales, que España podría ocupar,
desgraciadamente, un enclave importante en este tráfico internacional de
niños y habida cuenta también de que en nuestro país, recientemente, se
han producido determinados acontecimientos que han causado un profundo
impacto en la opinión pública, nosotros preguntamos: ¿Qué medidas se van
a instrumentar para garantizar una mayor efectividad policial en la lucha
contra el tráfico de niños y de recién nacidos?
El señor PRESIDENTE: Señor director general.
El señor SECRETARIO GENERAL-DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA (Conde Duque):
Antes de hablar de las actuaciones policiales que se están llevando a
cabo en esta materia a la que alude S. S., habría que hacer referencia,
aunque sea de manera breve, al desequilibrio existente en nuestro país
entre personas demandantes de adopción y niños a adoptar que quizá es
donde está el «leitmotiv» de este tipo de problema. En ese sentido, son
numerosas las familias españolas con deseos de adoptar niños y que, por
distintas circunstancias, tienen escasas posibilidades de conseguirlo. En
nuestro país parece que el problema está centrado en ese punto.
Tal situación, en muchas ocasiones, lleva a algunas parejas o a algunas
personas a valerse o a utilizar medios ilegales para satisfacer sus
deseos de paternidad. Debo aclarar también que España, dada su baja tasa
de natalidad en este momento, debe considerarse como país demandante de
adopciones o de destino de niños procedentes de otros países y no al
contrario.
Aunque el fenómeno de la compraventa de niños en España, por las razones
expuestas y otras que por brevedad, en este momento, no voy a desarrollar
(podría hacer entrega a S. S., si el señor Presidente considera oportuno,
de un informe más amplio que a este respecto se ha elaborado), tiene
especial relevancia, sí cabe descartarse, no obstante, la existencia de
grandes redes organizadas dedicadas a esta actividad ilegal.
En el plano policial, que en este momento nos compete, la no tipificación
delictiva actual de la compraventa de niños como tal es quizá
aparentemente sorprendente, pero parece que va a corregirse en el nuevo
Código Penal que se está proyectando y constituye, además, una dificultad
notable a la hora de perseguir esta clase de hechos. Son otros tipos de
delitos, otros tipos delictivos, la suposición de parto, la usurpación
del estado civil, el abandono de familia, la sustracción de menores y
otros conexos, como la falsificación de documentos, las coacciones, las
amenazas, etcétera, en los que han de encuadrarse las conductas que
policialmente han de ser perseguidas en cuanto que deben ser corregidas
penalmente.
Hay que llamar también la atención sobre la práctica inexistencia de
denuncias a este respecto, precisamente porque las personas que en ellos
intervienen, por razones obvias, los realizan con absoluta discreción
para evitar su descubrimiento. Concretamente, en lo que se refiere al
Cuerpo Nacional de Policía, se tiene conocimiento de algún caso de estas
características y en ese momento se comunica inmediatamente al Ministerio
Fiscal, institución que tiene encomendada, como sabe S. S., las funciones
de protección de los menores. Se pone también en conocimiento de los
servicios sociales correspondientes a la comunidad autónoma de que se
trate, al objeto de que los mismos se hagan cargo del menor, si se tiene
conocimiento de esa situación, dado que legalmente también pueden asumir
la tutela automática. Sin perjuicio de lo anterior, si se aprecia la
presunta comisión de alguno de los delitos a los que antes hacíamos
referencia, se instruye el correspondiente atestado que se remite a la
autoridad judicial competente.
Dentro de la estructura policial, y en eso hemos de situar esta
contestación, son los grupos de menores integrados en las brigadas
provinciales de Policía Judicial los que específicamente tienen
atribuidas las funciones preventivas y de investigación respecto a los
menores que delinquen o son utilizados; en cuanto a este último cabe
englobar a los que son objeto de compraventa a efectos de adopción.
Asimismo, en estos y otros casos de menores victimizados, los grupos de
menores --los conocidos como Grume-- mantienen contacto permanente con
los servicios sociales, citados anteriormente, de las comunidades
autónomas o de los ayuntamientos a fin de coordinar las actuaciones en
las funciones comunes preventivas y asistenciales.
Debo informarle, finalmente, que existen este tipo de grupos que
naturalmente están relacionados en lo que es el ámbito estrictamente
policial --a otras actuaciones de otro orden no me voy a referir--;
existen grupos de menores o Grume en las ciudades de Madrid, Barcelona,
Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Valencia,
Zaragoza, Granada, Málaga, Pamplona, Bilbao, Palma de Mallorca y Vigo.
Como le decía, señor Presidente, si no tiene inconveniente, si le parece
oportuno, hay un informe un poco más exhaustivo y quizá digno de ser
leído, y no explicado por
mí, en este momento, que podría ser entregado al señor Gil Lázaro.
El señor PRESIDENTE: Es el señor Gil Lázaro quien debe decir si le parece
oportuno. ¿Le parece a usted oportuno que le entregue un «dossier» la
Dirección General de la Policía?
El señor GIL LAZARO: Me parece oportunísimo y voy a agradecer al señor
director general esa amabilidad, que a buen seguro nos ilustrará sobre la
cuestión que nos ocupa.
Quisiera añadir, agradeciendo nuevamente la entrega de ese informe, que
ésta es una cuestión que desde la óptica de nuestro grupo parlamentario
nos preocupa profundamente --estamos convencidos de que igualmente a
todos los grupos parlamentarios--, porque ya no se trata tan sólo de una
cuestión muy bien apuntada por el señor director general. Es decir, en
este momento se produce un desequilibrio entre la demanda de adopciones y
la oferta, si es que este concepto de demanda y oferta puede utilizarse;
para mí no sería una expresión en todo punto adecuada, pero sí gráfica.
El problema es que junto con esa situación, que muchas veces se alimenta
sorprendentemente desde las propias instituciones oficiales, estamos
hartos de ver cómo hay ciertas recomendaciones hacia la adopción
internacional; hay una adopción internacional absolutamente legítima y
legal, pero eso también puede determinar que se produzcan algunas
desviaciones.
No solamente es ésta la cuestión que nos ocupa, sino que como muy bien
sabe S. S. en estos momentos, en nuestro país, hay determinados fenómenos
que son consecuencia, además, de una situación internacional, como son la
utilización de los menores y de los niños para actos de naturaleza o de
desviación sexual, como es la utilización del niño o del cuerpo del niño
para un tráfico ilegal, e insisto repugnante, de órganos, y como son
muchas otras cuestiones que están, en este momento, afectando al menor.
Quisiera destacar algo. Estoy absolutamente convencido de que S. S. sabe
perfectamente, por más que en este momento no lo haya planteado en esos
términos, que nuestro país está siendo un punto intermedio en lo que
puede ser ese círculo de tráfico internacional de niños, especialmente
provenientes de regiones o zonas del centro y del sur del continente
americano.
El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro, su tiempo ha concluido.
El señor GIL LAZARO: Termino, señor Presidente, señalando que junto con
eso hay fenómenos como la desaparición de niños y de recién nacidos de
hospitales, algunos casos todavía no resueltos sobre los que hay que
prestar especial vigilancia.
El señor PRESIDENTE: Señor director general, (Pausa.)
--MEDIDAS PARA POTENCIAR LA PRESENCIA EN COMISARIAS DEL SERVICIO DE
ATENCION A LA MUJER. FORMULADA POR EL SEÑOR GIL LAZARO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente 181/000613.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 7: Medidas para potenciar la
presencia en comisarías del servicio de atención a la mujer.
El señor Gil Lázaro tiene la palabra.
El señor GIL LAZARO: Sin lugar a dudas, la iniciativa de la creación de
este servicio de atención a la mujer fue en todo punto una iniciativa
loable, una iniciativa inteligente y, además, adecuada a una necesidad
social evidente. Sin embargo, nos da la sensación de que este servicio,
esa iniciativa, ha quedado excesivamente delimitado a algunos aspectos
teóricos y, en todo caso, muy poco extendido en el conjunto de la
geografía nacional. Precisamente porque nos parece una iniciativa
singularmente interesante preguntamos qué medidas se van a adoptar para
potenciar la presencia en comisaría del servicio de atención a la mujer.
El señor PRESIDENTE: El señor Director General de la Policía tiene la
palabra.
El señor SECRETARIO GENERAL-DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA (Conde Duque):
Señorías, los servicios de la Dirección General de la Policía, además de
llevar a cabo las actuaciones e investigaciones oportunas para el
esclarecimiento de los delitos, siempre han prestado atención especial a
las víctimas. Está en la más ortodoxa de las concepciones filosóficas la
atención a la víctima, con carácter general, y con carácter especial a
las mujeres cuando son objeto de delito de agresiones sexuales o de
cualquier otro tipo de delincuencia. Por tanto, enmarcado en esa
filosofía no sólo represiva o de búsqueda del delincuente sino también de
una actividad, que entendemos debe ser una de las líneas de fuerza de la
actuación de un cuerpo policial, está también la atención a la víctima
del delito.
Respecto a las mujeres en concreto --ateniéndome a su pregunta--, y al
objeto de dispensarles el trato más adecuado posible cuando acuden a
formular denuncias a las dependencias policiales, se creó, ya en 1986 y
en Madrid, en primer lugar, el primer servicio de atención a la mujer
--también conocido por la sigla SAM-- integrado por mujeres policías. Se
pretendía de este modo facilitar una relación más fluida entre víctimas y
funcionarios policiales, salvaguardar, obviamente, la intimidad de las
mujeres afectadas y, en definitiva, generar un clima de confianza y de
seguridad en la víctima que permitiera una actuación policial lo más
eficaz posible, en la medida que, de esta forma, la inhibición de la
víctima no ocultaría datos que serían relevantes a la hora de llevar a
cabo la acción policial.
De forma paulatina y dados los evidentes y positivos resultados de esta
primera experiencia, se crearon posteriormente otros servicios de
atención a la mujer en las ciudades de Barcelona, Valencia, Bilbao,
Málaga y Santander. Estamos ya, materialmente en este momento, montando
otra oficina de esta naturaleza en la ciudad de Alicante.
Se está realizando por los servicios correspondientes de la Dirección
General de la Policía un estudio para extender progresivamente el citado
servicio a otras plantillas policiales en función de la incidencia
delictiva específica que sobre este tipo de delitos se pueden estar
apreciando en ellas y también naturalmente --¡cómo no!-- de la
disponibilidad de personal femenino policial, que si en los últimos años
está siendo estadísticamente relevante tampoco lo es tanto, y no con la
disponibilidad que sería conveniente, como para montarlo en todas y cada
una de las ciudades donde tenemos comisarías. En ese estudio --como
estaba señalando a S. S.-- se contempla también la reestructuración y
potenciación de estos servicios, de cara a conseguir la adecuada
homogeneización de su funcionamiento, de forma que la filosofía, la
manera y los métodos de llevar adelante este trabajo sean no sólo a
iniciativa intuitiva de algunos funcionarios sino, de una manera
sistemática, asistidos por psicólogos, sociólogos, etcétera.
En cuanto a las competencias, cabe señalar que la investigación de los
delitos o faltas contra la libertad sexual, los delitos o faltas por
malos tratos, fundamentalmente recibidos de los cónyuges o compañeros de
las víctimas, o los delitos o faltas contra el orden familiar, son los
que circunscriben el modo de actuación y de competencia de estas unidades
SAM a las que hacía referencia.
Querríamos dar a estos servicios carácter permanente, de forma que puedan
atender todo tipo de contingencias durante las 24 horas del día, pero,
insisto, los recursos de que se dispone todavía no son suficientemente
extensos como para hacerlo. Además, es una experiencia que hemos venido
llevando a cabo con el Instituto de la Mujer y con colectivos tanto de
víctimas como feministas, y esa experiencia, a pesar de llevar ya unos
años funcionando, se está permanentemente ajustando y creo que de forma
positiva.
Finalmente, habría que señalar que, en apoyo de todo esto y además de
advertirse las reformas ya operadas en el Código Penal con la Ley
Orgánica 3/1989, de 21 de junio, en el sentido de que cualquier persona
con independencia de su sexo puede ser sujeto pasivo de un delito de
violación o de otros contra la libertad sexual, estamos atendiendo de
alguna forma, y no de una manera convencionalmente policial sino siendo
punta de lanza, que sean las comisarías los lugares en los que
sociólogos, asistentes sociales y, en algunos casos incluso los propios
forenses o médicos de los servicios policiales, los que se concentren en
esas instalaciones para que ese servicio sea, primero, policialmente lo
más eficaz posible y lo menos traumático para las víctimas. En ese
sentido creo que los servicios policiales --no sólo yo mismo--, se
sienten satisfechos de la creación de ese servicio y así lo hemos
recogido en muchas comunicaciones que al respecto se han recibido.
El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro, tiene la palabra.
El señor GIL LAZARO: Simplemente quiero apuntar, de modo telegráfico,
seis ideas esenciales, a partir de lo dicho en la fundamentación de la
pregunta. Es decir, nos parece que ésta fue una buena iniciativa y, sin
embargo, nos parece también que en estos momentos carece, por así
decirlo, del cuerpo adecuado.
En primer lugar, se constata que existe una escasa extensión territorial
del servicio. En segundo lugar, falta una plantilla suficiente. En tercer
lugar, en muchas ocasiones, son absolutamente inadecuadas las
instalaciones materiales; incluso algunas veces algún sindicato policial
ha llegado a calificarlas de lúgubres en las que se ubica, en algunas
comisarías, este servicio de atención a la mujer. En cuarto lugar, parece
que el servicio mismo, en su concepción y en su vertebración, no está
teniendo en este momento una ordenación suficiente. Muchas agentes
policiales comparten la presencia en este servicio de atención a la mujer
con otras funciones de naturaleza policial y eso hace que en muchos
turnos, por ejemplo, no exista presencia de una agente cubriendo este
servicio, lo que determina que la denuncia que quiere interponer la mujer
víctima del delito tenga que esperar o ser trasladada a otra comisaría.
En quinto lugar, parece indispensable, en virtud de la propia naturaleza
del servicio y de lo que reclaman las propias profesionales vinculadas al
mismo, una ampliación de las funciones del propio servicio, que hasta
ahora viene realizando unas funciones humanitario-policiales de atención
y de recepción a la víctima, pero son muchas las agentes vinculadas al
servicio que reclamarían un papel posterior más activo en la propia
investigación del delito denunciado. En último lugar, precisamente porque
la iniciativa es interesante y tiene que corregir o de alguna forma
completar estas carencias que, desde nuestro punto de vista apuntamos, a
nosotros nos parece indispensable, mejorar o potenciar la propia realidad
de las agentes y de las funcionarias vinculadas al servicio, porque en
este momento muchas de ellas se sienten profundamente insatisfechas de
las funciones que están realizando y --como sabe S. S.-- en algún
servicio de atención a la mujer de alguna comisaría concreta, en donde
son cuatro las agentes policiales destinadas a cubrir ese servicio, se
producen bajas laborales muy constantes, la mayoría de las veces
producidas por situaciones de desánimo, de depresión o desmotivación
psicológica.
En definitiva, señor director general --y con esto concluyo-- éste es un
servicio muy interesante, un servicio absolutamente necesario y preciso,
que forma parte de la concepción de una policía moderna, pero que
conviene, en este momento y a partir de esa buena idea inicial, darle
cuerpo, la vertebración, la orientación y los medios indispensables para
que pueda desarrollarse en el terreno de lo práctico conforme a la
idoneidad del mismo en el terreno de la teoría.
El señor PRESIDENTE: Señor Director General de la Policía.
El señor SECRETARIO GENERAL-DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA (Conde Duque):
Señor Presidente, muy brevemente.
Yo creo que estamos haciendo ya casi monográficos estos temas entre el
señor Gil Lázaro y el Director General de la Policía, dada su
preocupación por alguno de los asuntos que se tratan y por su actitud muy
consistente de preguntas. Vale la pena señalar cómo muchos de los
problemas que la sociedad tiene (naturalmente, hemos hablado antes de los
niños, de la droga, cómo no de la policía, ahora sobre las mujeres), la
iniciativa siempre se ha tomado en la Dirección General de la Policía, es
decir, se han creado los grupos de menores, los grupos de atención a la
mujer, obviamente se creó en su momento la participación ciudadana para
la lucha contra la droga; no se crean en otros sitios, en otras
instituciones, no se crean en otros marcos institucionales, pero,
inmediatamente que se crean, se crean en los recursos disponibles que en
ese momento existen, son novedosos, todo el mundo señala la conveniencia
de que así se haya hecho, se denuncia que son insuficientes, que no se ha
llegado... No sé si me entiende lo que quiero decir.
Estamos ensayando con una sensibilidad, que creo ha sido reconocida en
todos los ámbitos, puestas en funcionamiento en lo que es estrictamente
el ámbito policial, sensibilidades notables respecto de problemas que no
son estrictamente policiales sino que son sociológicamente más complejos.
Quiero señalar, simplemente, esto.
Ya nos gustaría que por todas partes hubiera sensibilidades que, además,
duraran 24 horas al día, como las que en algunos casos la policía ha
hecho el esfuerzo de poner en funcionamiento.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Director General.
--TRAMITE EN QUE SE ENCUENTRA LA ELABORACION DE LA PLANTILLA DEL CUERPO
NACIONAL DE POLICIA. FORMULADA POR EL SEÑOR GILET GIRART, GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente 181/000615.)
--MOTIVOS POR LOS QUE NO SE HA ELABORADO UN ANTEPROYECTO DE REGLAMENTO
ORGANICO Y DE SERVICIO DEL CUERPO NACIONAL DE POLICIA. FORMULADA POR EL
SEÑOR GILET GIRART, GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente
181/000684.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 9, que se acumula con la número 20,
ambas de don Francisco Gilet Girart. La primera de ellas se refiere al
trámite en que se encuentra la elaboración de la plantilla del Cuerpo
Nacional de Policía; y la número 20, motivos por los que no se ha
elaborado un anteproyecto de reglamento orgánico y de servicio del Cuerpo
Nacional de Policía.
El señor Gilet tiene la palabra.
El señor GILET GIRART: Señor Presidente, señor Director General, con
fecha 29 de mayo de 1992, se suscribió un acuerdo marco para la mejora y
modernización del Cuerpo Nacional de Policía, de suma importancia y
trascendencia dentro de este Cuerpo y dentro del funcionariado, como lo
expresa y recogen sus mismas palabras en el texto íntegro de la orden
extraordinaria cuando menciona que cree el señor Director General que ese
documento recoge el sentir y la preocupación así como la opinión más
solvente del Cuerpo Nacional de Policía.
Las diferentes preguntas que formula este diputado van, precisamente,
encaminadas a conocer el cumplimiento de ese documento tan importante,
tan estimado incluso por el Director general de la Policía.
En ese repaso, en ese seguimiento nos encontramos, en primer lugar, con
la cláusula primera, donde se establece que en el plazo máximo de cuatro
meses desde la entrada en vigor del acuerdo, se habrá concluido la
elaboración de la correspondiente norma que determine la plantilla del
Cuerpo Nacional de Policía. Los principios que inspiran esa plantilla
son, a todas luces, sumamente importantes y trascendentes, como incluso
la perentoriedad del plazo que se autoconcede la Administración.
La cláusula cuarta menciona exactamente que en el plazo máximo de un año,
desde la firma del mismo acuerdo, la Dirección General de la Policía se
compromete a tener elaborado un anteproyecto de reglamento orgánico y de
servicio del Cuerpo Nacional de Policía.
Las cuestiones que debe reflejar dicho reglamento orgánico y de servicio
(promoción interna, reglamento de disciplina y régimen disciplinario,
etcétera) hablan bien a las claras también de la importancia para el
Cuerpo Nacional de Policía en las diferentes escalas de ese reglamento o
de ese anteproyecto de reglamento. (El señor Vicepresidente, Arquero
Orozco, ocupa la Presidencia.)
La pregunta en estos momentos es si, efectivamente, todavía se está
regulando el Cuerpo Nacional de Policía por el reglamento orgánico de la
Policía gubernativa, de 17 de julio de 1975, con la serie de circulares,
por lo visto no consensuadas, al menos en su 100 por ciento en forma
sindical, con los diferentes sindicatos, numerosos por cierto, en este
ámbito funcionarial.
Consecuentemente --y en aras de esa brevedad--, las preguntas que fueron
formuladas en su momento (febrero de 1994) y que se ven en el orden del
día de esta Comisión, son sumamente claras y específicas.
¿Puede el señor Director General expresarnos en qué trámite de
elaboración se halla la normativa determinada de la plantilla del Cuerpo
Nacional de Policía?
En segundo lugar, ¿en qué trámite de elaboración o por qué no se ha
finalizado esa elaboración --en junio de 1993 era el plazo concedido-- en
cuanto al anteproyecto de reglamento orgánico y de servicio del Cuerpo
Nacional de Policía? Y, si no se ha cumplido, ¿por qué razón y cuándo se
tiene previsto su cumplimiento?
El señor VICEPRESIDENTE: (Arquero Orozco): Tiene la palabra el señor
Director General de la Policía.
El señor SECRETARIO GENERAL-DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA (Conde Duque):
La acumulación que S. S. hace de estas dos preguntas, me va a permitir
que también haga una presentación libre del asunto, porque el tema es
bastante más complejo y si S. S. y el Presidente me lo permiten, creo que
vale hacer una cierta recapitulación para conocimiento de los miembros de
esta Comisión y, en cualquier caso, del interés que S. S. manifiesta al
respecto.
Efectivamente --como ya he expuesto en algunas ocasiones--, uno de los
problemas más cruciales en el orden policial, orden estructural y
orgánico de la Policía española, del Cuerpo Nacional de Policía, fue
precisamente la preexistencia de dos cuerpos policiales, el Cuerpo de la
Policía Nacional y el Cuerpo Superior de Policía, que se unifican a raíz
de la Ley Orgánica de 1986. Ello comportaba, naturalmente, no sólo la
unificación de dos colectivos de naturaleza bien distinta: uno de ellos,
como S. S. sabe, de estructura y naturaleza más o menos militar, cual era
la Policía Nacional, y otro, de estructura y naturaleza obviamente civil,
cual era el Cuerpo Superior de Policía.
A partir de ahí, se deriva una serie de problemas que suponen desde la
mera adaptación de los locales físicos en los que prestaban servicios
ambos cuerpos, unos de forma acuartelada y otros, las comisarías
convencionales; los símbolos, los nombres de los funcionarios de las
diferentes escalas, la creación de complejos elementos de regulación
interna, de elementos de formación y de promoción profesional distintos.
Todo ello ha creado, a su vez, con el referente de la aparición de las
organizaciones sindicales dentro del Cuerpo Nacional de Policía,
elementos muy complejos en la discusión de los problemas subyacentes que
estaban planteados. Naturalmente, algunos eran de naturaleza objetiva y
otros eran de naturaleza corporativa y hacían referencia muy profunda a
intereses muy concretos que provenían de los diferentes cuerpos y que
veían, en unos casos lesionados, y en otros alterados sus elementos
estatutarios preexistentes. Estos elementos hay que tenerlos en cuenta
siempre cuando se analizan estos problemas.
Básicamente a partir del año 1987 hay todo un proceso de unificación:
unificación normativa, unificación funcional, unificación en las propias
instalaciones. Todo ello sigue unos procedimientos más o menos complejos,
complicados, conflictivos y con unas alteraciones a lo largo de ese
tiempo.
A mí me parece que la llegada al acuerdo (al que usted ha hecho
referencia y que yo enfaticé, incluso, en su presentación), el
acuerdo-marco de 27 de mayo de 1992, supuso el esfuerzo, yo diría
esfuerzo muy significativo, en un clima --como digo-- tan diverso y tan
disperso de la problemática planteada por los preexistentes cuerpos
policiales, la muy compleja situación normativa también, con el marco de
referencia de la actividad sindical, de definir conjuntamente, en el seno
del Consejo Nacional de Policía --una institución que se crea con la Ley
orgánica--, de manera absolutamente consensuada y generalizada, de
acuerdo en cuáles eran los problemas que había que resolver como
consecuencia de todo este proceso.
Yo creo que es muy significativo, extraordinariamente significativo que
ese acuerdo se alcance el 27 de mayo de 1992, ya que, si S. S. recuerda,
el 28 de mayo había una huelga general planteada en el país por parte de
los sindicatos de clase, y estábamos enfrentados también al momento
inicial de lo que fueron los eventos del año 1992, que habitualmente
constituyen, digamos, un elemento siempre de palanca para presión de las
reivindicaciones más exacerbadas. Pues bien, quiero señalar que en aquel
momento no se hizo de esa forma. Creo que las organizaciones sindicales
tuvieron un alto sentido de la responsabilidad y lo que primó entonces
fue la responsabilidad de darnos cuenta todos de que estábamos ante el
análisis profundo de cuáles eran los problemas y cuáles iban a ser las
soluciones o al menos las tendencias de esas soluciones.
En ese sentido había cuatro elementos básicos que constituían, cuando
menos, el núcleo central de la preocupación tanto de la corporación como
de la administración. Uno de ellos era la ley de plantillas, a la que S.
S. ha hecho referencia explícita; otro la ley de segunda actividad, que
tenía normativas distintas respecto de los momentos en los que se entra
en la situación de segunda actividad; otro era la carrera profesional,
los modos en los que se produce la promoción interna, la forma en la que
se lleva a cabo la carrera profesional e incluso la propia definición de
la carrera profesional que es, naturalmente, desde el punto de vista
corporativo, un elemento de capital importancia para los policías, y, por
último, el reglamento de servicios de la policía.
Pues bien, se adoptó el criterio, y creo que con buen criterio --valga la
redundancia--, de que lo primero que había que resolver era el problema
de la ley de segunda actividad, que planteaba cuestiones que esta Cámara
conoce --ha sido aprobada y no me voy a extender en este aspecto--, uno
de cuyos elementos fundamentales era el tiempo de permanencia en el
servicio, y algunas de las características de esa condición y de otras
que se regulan en esta ley. Esa Ley se tramitó, naturalmente, con las
dificultades que siempre tienen este tipo de proyectos, pero finalmente
se encuentra ya casi en el tramo final del Parlamento.
El segundo elemento extraordinariamente significativo era también el de
la carrera profesional, lo que nosotros llamamos la promoción y formación
profesional. Ha sido elaborado un proyecto de reglamento que ha conocido
el Consejo de Policía y remitido a los órganos correspondientes del
Ministerio del Interior para su traslado al Consejo de Estado y posterior
aprobación por el Consejo de Ministros, con satisfacción, digamos, del
propio Consejo y aprobación unánime de todos los miembros del mismo.
Hay una serie de aspectos menores que también han sido regulados
parcialmente, y el conocido como reglamento de servicios es, al final,
una envolvente de todos aquellos aspectos parciales que se han ido
aprobando por el Consejo y más tarde por la Cámara o por el Gobierno y
que hacían conveniente no redactarlo hasta el final de todo el proceso.
Es decir, ese texto no se podría redactar si
previamente no se habían tomado acuerdos normativos, porque, si no,
tendríamos que haber vuelto a modificarlo. Es absolutamente así, no es
una situación de capricho, y los propios sindicatos representados en el
Consejo de Policía saben que si no se resuelven los otros problemas ese
tema no habría tenido sentido. Por tanto, siempre se dejó al final junto
con otros dos elementos claves a los que no he hecho referencia, y luego
hablaré de la ley de plantillas.
Había también lo que se ha llamado la relación de puestos de trabajo, que
está ligada con la ley de plantillas, y un elemento nuclear que era el de
la modificación --me parece que hay una pregunta de S. S. al respecto--
de las condiciones económicas o la mejora de esas condiciones en los
policías.
Como ocurre con carácter general, donde no hay harina todo es mohína, y
la crisis económica que el país sufrió a finales del año 1992 y a lo
largo de 1993, unida quizás a algunos otros acontecimientos, ha hecho que
se haya puesto permanentemente en el primer lugar del debate o en el
frontispicio de cualquier situación el tema de las condiciones económicas
y ha pospuesto en la atención --sin embargo se ha continuado el trabajo
en esos textos-- a otros problemas.
Por tanto, tenemos la ley de segunda actividad planteada, el reglamento
de formación y promoción planteado y aprobado, y en este momento (y si me
permite que le conteste a lo que sería la otra pregunta, porque, si no,
no se entenderá nada) está también planteado el elemento de modificación
económica de la retribución de los policías, y ello por una cuestión
fundamental y es la elevación de lo que se llama el complemento de
destino por la calificación de los funcionarios, es decir, pasar de los
grupos 12 y 14 a los grupos 14 y 16 y convertir complementos específicos
en complementos de destino. Ese es un elemento muy satisfactorio,
respecto del cual hemos hecho un enorme esfuerzo por alcanzar esa
situación, y que ha tenido todas las peripecias que S. S. conoce que es
necesario resolver en el seno de la Administración del Estado para
alcanzar con éxito una meta. En este momento creo que está en condiciones
de ser resuelto definitivamente y, por tanto, habrá, digamos, un
desbloqueo en la atención general respecto de otros problemas.
Por consiguiente, por lo que hace referencia al reglamento de servicios
no se podrá hacer (y en eso estamos todos de acuerdo, organizaciones
sindicales y nosotros mismos) hasta que los otros no estén terminados,
porque, si no, tendríamos que ir a un proceso probable de modificación
posterior de ese mismo texto y no es exactamente relevante, para decirlo
con toda claridad.
En el caso de la ley de plantillas, que es también un mandato de la Ley
Orgánica y es un elemento importante, digamos con toda claridad que se ha
cruzado otra reflexión que podría producir la aprobación definitiva de la
ley de plantillas y que se realiza como consecuencia de la unificación de
los dos cuerpos. No sé si soy muy concreto, quizás yo lo conozco
demasiado bien y estoy haciendo una exposición demasiado sintética y
quizás no suficiente. Pero la Ley Orgánica mandaba hacer la ley de
plantillas para conocer cuántos policías debería haber y en qué escalas y
categorías como consecuencia de la fusión. Ese es realmente el mandato,
no dónde tienen que estar los policías y cuántos policías tiene que
haber. Esta es una confusión que generalmente se plantea, pero, como
digo, ese número de policías, distribuidos en sus categorías y sus
escalas por el propio devenir de la actividad social y política del país,
se ha venido a cruzar con otros fenómenos, cual es el del despliegue de
la policía autonómica en el País Vasco, debate abierto en este momento.
Esta es una situación fluida, naturalmente sometida al debate directo en
cada tiempo. Hay un debate abierto también en este momento sobre otras
policías autonómicas, hay unas unidades adscritas del Cuerpo Nacional de
Policía a determinadas comunidades autónomas, la gallega, valenciana y
andaluza en este caso y alguna más. En definitiva, hay un debate
profundo, creo que de gran interés para la sociedad, sobre el modelo
policial.
Esto se une a otro debate que se abrió en su momento por parte de los
responsables de la Guardia Civil, que creo que fue muy relevante y del
que pienso que ha tenido conocimiento la Comisión y es el propio
despliegue de la Guardia Civil sobre el territorio. Todo ello hace que
ése sea un elemento excesivamente dinámico, una reflexión excesivamente
dinámica para haber podido concretar en este momento o en momentos
anteriores todo lo que se refiere a la ley de plantillas. Por tanto, hay
unos estudios elaborados de acuerdo también el Consejo de Policía con los
sindicatos por los que sabemos en qué márgenes se está produciendo, pero
que definitivamente no se ha concretado hasta este momento, y quizás
cuando ese debate sobre el modelo policial quede cerrado permita al
Ministerio cerrar los datos aritméticos de lo que va a ser el modelo
policial, de una parte, y la dichosa, si se me permite la expresión
coloquial, ley de plantillas, que es algo que de una u otra manera
debería ya tenerse sobre la mesa. Pero lo que son intereses corporativos
o concretos de una dirección general pueden estarse cruzando con otros
intereses sociales o nacionales que inciden en ese elemento.
Le diría que, en mi opinión --que es absolutamente personal, porque
conozco cómo están las cosas en este momento-- si ese debate sobre el
modelo policial se termina ahora como parece que se está produciendo, es
muy probable que esa ley de plantillas pueda estar terminada, ya que
todos los trabajos previos están hechos. Es un ajuste final simplemente
numérico lo que queda. Conceptualmente está definido como para que, en mi
opinión, repito, en este año la ley de plantillas esté terminada y pienso
que probablemente aprobada, dado que no tiene que tener rango legal, ya
que hay una autorización legislativa por la propia Ley Orgánica 2/1983.
Me he permitido, señor Presidente y señoría, hacer esa exposición
excesivamente global y quizás universalizada para poder explicar esos dos
temas, y quizás también el subsiguiente del cumplimiento del punto quinto
del acuerdo-marco; acuerdo-marco que yo valoro sobremanera. Me parece que
además hay toda una opinión generalizada en que es un documento de
referencia absoluta para cualquier cosa que haya que hacer. Los
sindicatos firmantes también lo consideraron así, aunque hay otro
sindicato,
de comportamiento bastante errático, que naturalmente se dedica de forma
permanente a descalificarlo porque no lo firmó, pero esto suele pasar
siempre, como los que no votaron la Constitución normalmente la están
criticando todo el rato; no obstante, a eso ya estamos acostumbrados.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE Arqueros Orozco): Tiene la palabra el señor
Gilet.
El señor GILET GIRART: Simplemente para tomar nota de la última parte de
la intervención del Director General en cuanto a esa dichosa, en sus
palabras, norma de plantillas, pero me parece que no por la dicha que le
produce, sino más bien por los problemas que le puede causar. Y, por otro
lado, dejar constancia de los esfuerzos del Director General de la
Policía para explicar lo que parece que es difícilmente explicable.
--OPINION DEL MINISTRO DEL INTERIOR ACERCA DE SI SE HAN INSTRUMENTADO LOS
MECANISMOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CLAUSULA QUINTA DEL ACUERDO MARCO
PARA LA MEJORA Y MODERNIZACION DEL CUERPO NACIONAL DE POLICIA. FORMULADA
POR EL SEÑOR GILET GIRART (GP). (Número de expediente 181/000616.)
--CUMPLIMIENTO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR DE LA CLAUSULA SEPTIMA DEL
ACUERDO MARCO PARA LA MEJORA Y MODERNIZACION DEL CUERPO NACIONAL DE
POLICIA. FORMULADA POR EL SEÑOR GILET GIRART (GP). (Número de expediente
181/000618.)
--ACTUACIONES DE CARACTER SOCIAL LLEVADAS A CABO POR EL CUERPO NACIONAL
DE POLICIA, ESPECIALMENTE EN BALEARES. FORMULADA POR EL SEÑOR GILET
GIRART (GP). (Número de expediente 181/000619.)
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Pasamos a la pregunta décima,
que tengo entendido que se acumula con la duodécima, sobre opinión del
Ministro del Interior acerca de si se han instrumentado los mecanismos
para dar cumplimiento a la cláusula quinta del Acuerdo Marco para la
mejora y modernización del Cuerpo Nacional de Policía. La siguiente es
referente a la cláusula séptima.
Tiene la palabra el señor Gilet.
El señor GILET GIRART: Quiero manifestar que es intención de este
Diputado acumular la pregunta decimotercera. Consecuentemente, serían la
décima, la decimosegunda y la decimotercera en este mismo bloque,
quedando exclusivamente pendiente la decimoprimera.
Seguimos con el Acuerdo Marco, señor Director General, para hacer
referencia en este caso a la cláusula quinta, que establecía, en cuanto a
actuaciones económicas, dos aspectos diferentes, pero no por ello menos
importantes: uno, los incrementos salariales en cuanto a obtener una
subida de las retribuciones por encima del IPC en los ejercicios
1993-1994 y un segundo aspecto, también importante, que es la
equiparación o asimilación con las retribuciones específicas de los
funcionarios de las diferentes escalas y categorías similares de los
cuerpos policiales dependientes de las administraciones autonómicas y
locales.
En estos momentos, y según nuestras informaciones, un funcionario de la
escala básica del Cuerpo Nacional de Policía, en su retribución, ronda
las 135.000 pesetas --hablaríamos de promedios--, mientras que los Mossos
dÕesquadra de la Generalitat están sobre las 190.000 pesetas, más o
menos.
No resulta extraño, entonces, las noticias que han aparecido hoy en algún
medio de comunicación en cuanto a una posible adscripción funcional a una
administración autonómica concreta, la Generalitat, y es que provocan una
cierta alegría en algunos funcionarios y las consecuentes colas de
peticiones para esta adscripción funcional.
Pasando a la cláusula séptima, referente a las condiciones de trabajo,
hay que hacer referencia a que sin duda alguna --esto es un éxito
achacable al Acuerdo-- se ha producido una mejora considerable en el tema
de los horarios, pero no podemos decir lo mismo en cuanto a la asistencia
letrada; las quejas por parte de los funcionarios son constantes. Y a esa
queja en cuanto a asistencia letrada por actos de servicio se añade una
circunstancia de los últimos días, si no semanas, que quizá el señor
Director General nos pueda especificar con más pulcritud y concreción: la
desaparición del gabinete de asuntos legales, parece ser que como
consecuencia de una decisión del ex Ministro del Interior, señor
Asunción, ha provocado el que las responsabilidades por actuaciones con
ocasión de servicio de funcionarios que se atendían con una partida
específica reservada, en estos momentos, al haber desaparecido ese
gabinete, se están produciendo unos embargos directos en los bienes de
esos funcionarios por dichas actuaciones con ocasión de servicio, lo cual
me trae de la mano el hablar del cumplimiento de la cláusula sexta en
cuanto a ese seguro de responsabilidad civil que se comprometió a
suscribir la Dirección General de Policía del antiguo Ministerio del
Interior.
Esa cláusula séptima también hace referencia a la seguridad e higiene
laboral y a otras cuestiones que merecerían un tratamiento diferente, y
hay que tener en cuenta que las circunstancias físicas o materiales
pueden ser absolutamente diferentes en las distintas comisarías. A título
de ejemplo, y sé que quizás es anecdótico para el Director General, la
Comisaría de Manacor, en Mallorca, tiene constantes quejas en cuanto a
situaciones de mantenimiento, higiene, etcétera.
Acumulando preguntas, llegamos a la cláusula sexta de cierta
transcendencia para el Diputado que les habla, representante de una
circunscripción como las Islas Baleares.
Esa cláusula sexta establece el compromiso de potenciación de las
dotaciones económico-presupuestarias del programa de acción social de la
Dirección General de la Policía, con especial referencia a los
funcionarios destinados en el País Vasco, Navarra, Canarias y Baleares a
partir del semestre segundo de 1992. Este programa de acción social tenía
una incidencia --y debiera tenerla-- específica en Baleares como
consecuencia de esa insularidad, y si hacemos un poco de historia vemos
que existía con anterioridad a 1986 unas órdenes de viaje que se
suprimieron posteriormente, y que con reivindicaciones sindicales fueron
objeto de reimplantación en el 1990, con sistemas de barco, de camarote;
después pasajes con destino a Valencia o Barcelona, bien en barco, bien
en avión, hasta que llega febrero de 1994 y se produce --según nuestras
noticias-- la supresión total, ya ni barco ni avión.
Según tengo entendido, hace escasos días se produce una reunión y se
habla de 15.000 pesetas por funcionario y familia e hijo menor de 18
años, siempre y cuando no esté trabajando. Esto nos trae como
consecuencia el intentar esclarecer, mediante la pregunta, algo que
entiendo que mereció una atención especial en el Acuerdo por alguna razón
y que precisa de una continuidad en esta atención, y es el tema de acción
social en cuanto a los funcionarios destinados en Baleares.
Hay que tener en cuenta que la incidencia de la insularidad, tema
recurrente para nosotros en este cuerpo de funcionarios, es muy
importante, sumamente trascendente. No solamente está la cuestión de los
desplazamientos y visitas a familiares residentes en la península, sino
también el tema de la vivienda, la carestía de la vida, la cobertura de
las vacantes, etcétera, lo cual provoca, sin duda alguna, el que en estos
momento, y casi de forma crónica según tengo entendido, la plantilla, o
la nómina en términos generales de funcionarios o vacantes destinados a
Baleares no esté cubierta ni en un 50 por ciento aproximadamente. De ahí
que se aprecie, entiendo yo, esa actuación de carácter social que se
refleja en el Acuerdo Marco para incentivar la cobertura de dicha
vacantes, que implicaría el reconocimiento específico de una problemática
también específica, como es la de la insularidad en nuestras Islas
Baleares.
Consecuentemente --y ya concluyendo--, las preguntas son las siguientes:
¿Considera el señor Director General que se han instrumentado los
mecanismos para dar cumplimiento a esa cláusula quinta? ¿Considera el
señor Director General que, desde la firma del acuerdo para la mejora y
modernización del Cuerpo Nacional de Policía, se ha dado cumplimiento por
parte del Ministerio a la cláusula séptima? Por último, ¿puede
especificar el señor Director General qué actuaciones de carácter social
se han llevado a término, por lo que afecta al Cuerpo Nacional de
Policía, tanto en Baleares como en el resto de España?
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Para contestar a las preguntas
formuladas por el Diputado, tiene la palabra el señor Director General.
El señor SECRETARIO GENERAL-DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA (Conde Duque):
Creo que hemos armado un cierto galimatías con la mezcla de las preguntas
y también quizás con la respuesta global y excesivamente sintética que yo
he intentado hacer; además, si me permite S. S., con una defensa casi
sindical. Me da la sensación de estar oyendo las mismas cosas que oigo a
mis representantes sindicales, lo cual quiere decir que tienen la
habilidad de llegar hasta donde también hay otros portavoces para sus
intereses, que me parece legítimo y razonable.
Repito lo que le dije respecto del tema de las retribuciones económicas.
Cabalmente, se produce el acuerdo en mayo de 1992 y todas las
restricciones económicas resultantes de la propia crisis de finales de
1992 y de 1993 hacen que se reduzcan las dotaciones presupuestarias al
respecto y cualquier, digamos, esperanza en ese sentido queda congelada
por las normas de carácter general que afectan a la función pública, y
naturalmente también a los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía.
Si se me permite la libertad, tengo que decir que yo soy un firmante y
estimulante de ese acuerdo y, por tanto, tengo también el grado de
frustración que supone no haberlo podido llevar a la práctica en todos
sus términos. Naturalmente, uno no lo firma para que no se cumpla; uno
firma para que se cumpla y para que pueda ser llevado adelante en todos
sus aspectos.
En concreto, en los temas económicos, como le he dicho antes, hay ya en
este momento, y de una manera muy precisa por los ministros sucesivos que
han ocupado la cartera de Interior, ahora Justicia e Interior, una
intención, una voluntad política profunda de llevar adelante el Acuerdo
Marco en lo que se refiere a los aspectos económicos. Y en este momento
concreto ya hay conocimiento, por parte de las organizaciones sindicales,
de que esa intención está plasmándose en acuerdos con el Ministerio de
Economía y Hacienda y con la Dirección General de Coste de Personal para
alcanzar lo que era uno de los elementos básicos: el reconocimiento de
una elevación del grado funcionarial. Como una referencia que ustedes
deben conocer, he de señalar que los funcionarios municipales tienen
nivel 14 y los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía tienen nivel
12. Eso está siendo ya objeto de tratamiento y, como creo que el propio
Ministro ha dicho en alguna comparecencia, se espera poderlo aplicar con
efectos del segundo semestre del año 1994. Pero en ese contexto de
dificultades económicas y de contención del gasto, etcétera, que son
políticas generales, no vamos a ser una pieza suelta de ese mecanismo, y
así se ha entendido, bien es verdad que con la natural preocupación por
parte de los que firmamos ese documento.
En lo que se refiere al punto 7, como usted ha dicho, en el tema de
jornada de trabajo y horario se han alcanzado algunas mejoras notables.
Yo creo que los horarios de los funcionarios de policía se han ajustado a
los horarios de los funcionarios civiles del Estado, y en aquellos
supuestos en los que hay horarios que nosotros llamamos turnos
rotatorios, se han establecido, de acuerdo con las organizaciones
sindicales y en el seno del Consejo de Policía, retribuciones que
compensan esa situación.
Respecto al tema de la asistencia letrada, que me parece relevante y al
que se ha hecho referencia, debo decir que no es cierto que haya un
desasistimiento en relación a la asistencia letrada de los funcionarios
de Policía. Recientemente, el Real Decreto 495/1994, de 17 de marzo, que
modifica la estructura y funciones de determinados órganos del entonces
Ministerio del Interior y ahora Ministerio de Justicia e Interior, asigna
esa competencia que antes estaba en la Secretaría de Estado, que, como
usted sabe, desapareció en su momento, a las direcciones generales de la
Policía y de la Guardia Civil, que, por otra parte, están en relación
directa con los funcionarios que son objeto de esa asistencia letrada.
Como consecuencia de esa modificación, desapareció el Servicio o Gabinete
de Asuntos Legales --no sé cómo se llamaba exactamente--, al que se ha
aludido y, si me permite también la libertad, creo que ésa es una crítica
que hacen los que se han visto afectados por la modificación de la
estructura --esto parece bastante obvio--, pero no se ha suprimido la
función. La función está encomendada a las direcciones generales, se ha
hecho cargo de ello el Servicio Jurídico del Estado, los facultativos
que, en el caso concreto de la Policía, tienen al respecto, y se están
articulando contratos con abogados externos para cuando esto es menester.
Esa es la situación. Quiero decir que no es una situación diferente, pero
que comprendo la inquietud no tanto de los clientes, por decirlo de
alguna manera, como de los que prestaban el servicio.
Por lo que se refiere al tema de la seguridad e higiene laboral, la
Dirección General de la Policía viene desarrollando un programa de
modernización de sus servicios de forma continuada y en el marco que le
he expresado a S. S. con anterioridad. Venimos de dos cuerpos que tenían
instalaciones completamente distintas, como las instalaciones
cuarteleras, por decirlo con toda claridad, y las instalaciones
comisariales, que eran las que todos hemos conocido en este país en su
tiempo. En la mayor parte de los casos estaban en los bajos de los
gobiernos civiles y, en otros, en lugares muy siniestros, pero se está
haciendo un esfuerzo continuado, profundo, yo creo que muy satisfactorio,
para reconvertir esas instalaciones policiales en instalaciones modernas,
con clara diferenciación de la atención al público de lo que es la
actividad investigadora y áreas de detenidos. Y a mí me parece que
cualquiera que tenga interés o, simplemente, haya visitado lo que son
dichas instalaciones, podrá comprobar que se está haciendo yo creo que de
una manera muy correcta. Pero han pasado sólo siete años, y no se puede
cambiar en ese tiempo la estructura general. Las instalaciones policiales
eran de naturaleza siniestra --para qué decir lo contrario--, algunos las
han visitado en calidad de clientes incluso, y saben que en este momento
han mejorado notablemente. Yo creo que eso es obvio y se conoce de forma
clara.
Lógicamente, hay problemas menores --usted ha citado el caso de Manacor,
el otro día vimos en esta Comisión una parte de las instalaciones
policiales en La Rioja--, pero yo creo, francamente, que las
instalaciones, en cuanto al contenido de las preguntas, que es la
seguridad e higiene en el trabajo, son muy suficientes y muy
satisfactorias.
Además, hemos creado dentro del Cuerpo Nacional de Policía la escala de
facultativos y técnicos, en la cual están integrados profesionales
sanitarios que actúan en calidad de médico de empresa, por decirlo de
alguna manera, y que atienden, en todas y cada una de las plantillas, lo
que es el servicio médico o sanitario de ese primer nivel. Sin embargo,
hay quien también, en rememoranza de algunas situaciones precedentes
--que desde luego yo no comparto--, querrían tener unos servicios médicos
autárquicos, por decirlo de alguna manera. Eso no es posible, como
tampoco es posible tener unos servicios igual que los que existían, como
peluquerías y economatos, lo que daba la sensación de que estos
colectivos estaban aislados en el mundo y que el mundo exterior no
existe, y pasa un poco con la acción social. Es decir, estos colectivos
han sido muy cerrados en una época pasada y pretendían satisfacer todas
sus necesidades en su propio contexto, de manera que, desde las
peluquerías, los economatos, las viviendas, la asistencia sanitaria, las
vacaciones, etcétera, parecía que todo eso lo debía de dar el Ministerio
de Interior o la Dirección General de la Policía, sin darnos cuenta de
que, afortunadamente...
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Por favor, señor Director
General, le ruego que vaya concluyendo.
El señor SECRETARIO GENERAL-DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA (Conde Duque):
Ya me gustaría; llevo toda la mañana. (Risas.) Muchas gracias.
Quiero decir que, afortunadamente, este país tiene un nivel de bienestar
suficiente y las becas para estudiar y las instalaciones de todo tipo
están en otros marcos.
Concretando, en relación con la última pregunta y atendiendo la petición
del Presidente, en lo que se refiere al País Vasco, Baleares y Canarias,
comunidades que estaban incluidas en su referencia al Acuerdo Marco, he
de decirle que en el País Vasco esas prestaciones se siguen manteniendo
de forma absoluta, tal y como se habían planteado, con el añadido de que
estamos en una situación de adecuación al despliegue de la Ertzantza y,
por tanto, no hay ningún problema.
Sí hay problemas respecto a Baleares y Canarias, donde, por instrucción
de la Intervención General del Estado, existe la dificultad de dar las
prestaciones económicas que se venían realizando en la Dirección General
de la Policía y que han sido sustituidas por otras fórmulas
administrativas que no satisfacen a los funcionarios, ya que quieren más
en este caso. Pero insisto en que las prestaciones tienen unos límites
señalados por la Intervención General del Estado y las tenemos que
aplicar porque son de obligado cumplimiento. No obstante, no es un
recorte cualitativo, sino que se ajusta a lo que para la generalidad de
los funcionarios está diseñado respecto de los que están destinados en
Canarias y Baleares.
Si me permite, y para terminar, le diré que es cierto que las plantillas
de Canarias y Baleares son siempre insuficientes. Este año de manera muy
particular --aunque ya se hizo el año pasado-- los funcionarios que
salgan de la
Escuela de Policía van a ser destinados en un paquete preferente a esas
dos Comunidades insulares. Y si me permite también S. S. --y espero que
estará de acuerdo conmigo--, nunca he comprendido cómo los funcionarios
de policía no eligen voluntariamente ir destinados a Baleares, porque es
algo paradisíaco y no acaba uno de entender exactamente, insisto, esa
situación. Pero como ciertamente es así, dentro de quince o veinte días,
repito, un paquete significativo de funcionarios van a ir destinados a
Canarias y Baleares, dentro de los límites de las retribuciones que el
Ministerio de Hacienda y la Intervención General nos permiten asignarles
para sus desplazamientos y para sus complementos en las islas como para
el resto de los funcionarios.
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Tiene la palabra el señor
Gilet por un tiempo máximo de un minuto.
El señor GILET GIRART: En primer lugar, no entiendo que haga una defensa
«sindical», entre comillas, de mi actuación, sino que pura y simplemente
nos gustaría que se hiciera un seguimiento del cumplimiento del Acuerdo
Marco.
En segundo lugar, y finalizando, en cuanto a que el Director General no
comprende cuál es la razón por la que no se cubren las vacantes en las
Islas Baleares y Canarias --sin hacer distinciones insulares--, la
respuesta creo que está precisamente en la carestía de vida y en la
insuficiencia de las retribuciones policiales, que sería conveniente
incrementar teniendo presente ese coste de la insularidad tan penoso para
todos nosotros.
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Tiene la palabra el señor
Director General.
El señor SECRETARIO GENERAL-DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA (Conde Duque):
Conozco gente que viviría gratis.
--SOBRE CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO MARCO PARA LA MEJORA Y MODERNIZACION DEL
CUERPO NACIONAL DE POLICIA, EN ESPECIAL, EN LO QUE AFECTA A BALEARES.
FORMULADA POR EL SEÑOR GILET GIRART. GRUPO POPULAR. (Número de expediente
181/000617.)
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Pasamos a debatir la pregunta
número 11, cumplimiento del acuerdo marco para la mejora y modernización
del Cuerpo Nacional de Policía, en especial en lo que afecta a Baleares,
ya que, aunque se acumuló, la quiere formular específicamente.
Tiene la palabra el señor Gilet.
El señor GILET GIRART: Esta pregunta tiene su razón de ser, en cierta
medida, en una especie de recapitulación de todo lo que ha sucedido en
esta sesión.
Me han llamado poderosamente la atención unas palabras del señor Director
General en su primera intervención, al mencionar que el acuerdo fue
firmado el 27 de mayo, es decir, un día antes, naturalmente, del 28, con
los acontecimientos que estaban previstos para ese día. El acuerdo,
quizá, fue firmado para salir del paso e intentar evitar lo evitable,
como así fue.
Digo esto porque repasemos. Las normas de la plantilla deberían haber
estado finalizadas en octubre de 1992, se incumplió; el reglamento
orgánico en junio de 1993, se incumplió; los incrementos salariales,
congelados; el IPC, no aplicado; la equiparación retributiva, con un
resultado negativo; el programa de carácter social, con un retroceso; la
relación de puestos de trabajo, caducado en el año 1992, y la vigencia
del contrato es hasta 1994, por tanto, quedan seis meses. La pregunta que
formulo es si efectivamente ese acuerdo tan importante fue firmado por
parte de la Dirección General de la Policía y por el Ministerio del
Interior con el mismo espíritu con que lo firmaron los restantes miembros
sindicales, a excepción concreta de un sindicato. Lo lamentable es que el
presente documento es el resultado de una reflexión que está presidida
por la voluntad de alcanzar la deseable conjunción entre la mejora del
servicio a la sociedad y de las condiciones de trabajo de quienes lo
prestan. En este marco se han diseñado una serie de medidas
interrelacionadas, integradas en un plan armónico. Es decir, el gran
espíritu de ese Acuerdo Marco era y es sumamente positivo, lo que sucede
es que quizá el 27 de mayo estaba demasiado próximo a ese 28, y era
absolutamente imprescindible llegar a un acuerdo con todas las fuerzas
sindicales policiales, excepción hecha, repito, de un solo sindicato.
En estos momentos, señor Director General, lo cierto y seguro que este
acuerdo, en su firma por parte de la Administración, es un acuerdo
incumplido, mayoritariamente incumplido. Son demasiadas las lagunas que
se han producido, demasiadas las lagunas que todavía siguen sin cubrirse
y que requieren, a todas luces, de unos esfuerzos especiales por parte de
la Dirección General de la Policía y del Ministerio en concreto.
Por tanto, después de toda ese seria de recapitulaciones todavía me
permito preguntarle al señor Director General si considera que se ha
cumplido satisfactoriamente ese acuerdo marco.
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Tiene la palabra el señor
Director General para contestar a la pregunta formulada por el señor
Diputado.
El señor SECRETARIO GENERAL-DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA (Conde Duque):
En primer lugar, ese acuerdo no se firmó el 27 de mayo porque el día 28
había lo que había; he destacado cabalmente lo contrario. En una
situación de confrontación no se firma, es obvio, y se mantiene al día
siguiente la situación que pueda producirse.
Remontándose a ese momento --y tengo la memoria histórica porque estaba
participando directamente en ello--, yo creo que fue lo contrario. Es
decir, el esfuerzo
que se había hecho por parte del Consejo de Policía, por los
representantes de los sindicatos y por la Administración, fue un esfuerzo
de análisis y de síntesis profundo de todos los problemas que ha habido,
por tanto, todo lo que está diseñado en el acuerdo sigue estando vigente
como norma de trabajo, tanto para unos como para otros.
Le decía también que cuando no hay harina todo es mohína, y
automáticamente se produce la crisis económica a finales de 1992, momento
en el que hay que empezar a cumplir el acuerdo, porque todos los eventos
de 1992 terminan exactamente en octubre de este año, y se empieza a
producir una inquietud profunda respecto de lo que son sólo los elementos
económicos y ponemos todos --y naturalmente los representantes sindicales
también-- en segundo nivel de atención lo que son aspectos más normativos
o más cualitativos.
Quiero decirle que dicho documento no se firmó con el más mínimo espíritu
torticero para alcanzar un acuerdo ante una situación que podía ser
evitable. En absoluto. Se firmó con un espíritu de responsabilidad
profundo por parte de las asociaciones sindicales y por parte de la
Administración, en un ejercicio de análisis de cuáles eran los problemas
que estaban subyacentes en la organización para alcanzar soluciones
realistas a esa problemática. De ninguna forma --y se lo digo con toda
franqueza-- fue esa la intención.
Naturalmente, el acuerdo, como he dicho ya anteriormente, se ha cumplido
en parte; no se ha cumplido en otras partes. En este momento el
Ministerio está, de una manera muy explícita, implementando los aspectos
económicos, que es una cuestión capital, y lo han dicho así todos los
representantes que han tenido ocasión de hacerlo en público, el Ministro
en particular. Hay un énfasis especial en alcanzar las retribuciones que
estaban contenidas en ese acuerdo y que son la aspiración de los policías
y de los sindicatos. Por tanto, hay que saber cuál ha sido la situación
coyuntural de la economía mundial y de la economía española en este
tiempo. Esta no es una campana de cristal en la que nosotros estemos
fuera. Esto lo han entendido las organizaciones sindicales durante todo
este tiempo, con el mismo espíritu de responsabilidad que entendieron el
año 1992 que había que firmarlo, ya que se alcanzaba un acuerdo
sustantivo respecto de las materias que ahí se han relatado, y creo que
la Administración actuó de esa forma.
Hay un comité de seguimiento del Acuerdo Marco, que sabe y conoce cuáles
son las dificultades y las materias que se están llevando adelante, yo
creo que con la natural frustración de no haberlo podido llevar a cabo en
sus plazos, pero las circunstancias sobrevenidas fueron de tal naturaleza
que también los miembros del propio Consejo de Policía y del comité de
seguimiento se han dado cuenta y han aceptado que esas situaciones son de
una importancia tal que han exigido una ralentización de algunas de esas
medidas.
Pero en lo sustancial yo creo que hay un entendimiento del proceso. Desde
luego, descarto absolutamente que se firmara de manera oportunista, igual
que le digo con toda claridad y rotundidad, a estas alturas de mi propia
trayectoria en la dirección, que hay una voluntad política del Ministerio
absolutamente clara para poner en práctica los elementos que están
incluidos en ese acuerdo, y en lo que respecta a las materias económicas
de forma muy particular.
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Para puntualizar, tiene la
palabra el señor Gilet por un minuto.
El señor GILET GIRART: Señor Director General, muchísimas gracias por sus
respuestas, por sus esclarecimientos y, naturalmente, por una parte de
esa historia que era forzoso que usted relatase aquí para salir, como le
fuese posible, de lo que, al final, ha tenido que reconocer, y es que se
ha producido un incumplimiento parcial, pero importante, en ese Acuerdo
Marco de mayo de 1992.
Yo finalizaría, porque así me lo requiere tanto el Reglamento como el
propio Presidente, mencionando la necesidad, desde la consideración de
este Diputado nuevo en estas materias y en estas lides, la necesidad,
repito, de profundizar en ese nuevo modelo de policía más efectivo, más
real, más ajustado a unas necesidades constitucionales, y, por
descontado, más ajustado a una necesidad de organización del propio
Estado; un modelo de policía efectivo, pero también realista, y que no se
busque de cara a una galería, en el término más amplio de la palabra y
sin ningún sentido peyorativo de la misma; que provoque, sin lugar a duda
alguna, una búsqueda y la consecución de un nuevo acuerdo marco, al
finalizar el año 1994, que creemos que es absolutamente necesario, pero
un acuerdo marco con una intencionalidad también manifiesta y
específicamente plasmada en ese propio documento, que es el cumplimiento
al cien por cien de las diferentes cuestiones que se puedan contemplar en
ese acuerdo.
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Muchas gracias, señor Director
General, por su presencia.
Se suspende momentáneamente la sesión hasta las once y media.
Se reanuda la sesión.
--PREVISIONES ACERCA DEL ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA DEL PERMISO DE
CONDUCIR VEHICULOS DE MOTOR «POR PUNTOS». FORMULADA POR EL SEÑOR PILLADO
MONTERO (GP). (Número de expediente 181/000606.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.
Tenemos con nosotros a doña Margarita Robles, Secretaria de Estado de
Interior del Ministerio de Justicia e Interior, a la que damos la
bienvenida a la Comisión, para contestar una serie de preguntas que
quedan pendientes del orden del día de la sesión de hoy. Son
concretamente las preguntas números 1, 4, 6, 8, 14, 15, 16, 17, 18 y 19.
La primera pregunta, cuyo autor es don Antonio Pillado Montero, se
refiere a las previsiones acerca del
establecimiento del sistema de permiso de conducir vehículos de motor
«por puntos». El señor Pillado Montero tiene la palabra.
El señor PILLADO MONTERO: Ante todo, quiero saludar la presencia en la
Comisión de la señora Secretaria de Estado del Ministerio del Interior.
La peligrosidad de la conducción de vehículos de motor, el elevado índice
de siniestralidad en las carreteras y las trágicas consecuencias de los
accidentes de circulación, hacen que por los responsables de la seguridad
vial, en los distintos países, se busquen diversos medios para conseguir
de los conductores la mayor prudencia y la mayor colaboración. Además de
las sanciones, ya penales ya administrativas, más o menos duras, se ha
puesto en práctica en algún país, por ejemplo en Estados Unidos, el
sistema de permiso de conducir por puntos: al obtener el permiso el
conductor tiene un «crédito» --entre comillas-- de una serie de puntos
que le van siendo descontados, deducidos, si comete infracciones, y
cuando agota su crédito se le retira el permiso.
En nuestro país es claro que los índices de siniestralidad son muy
elevados. Y es claro también que las medidas disuasorias, en principio,
parecen escasamente eficaces o insuficientes, pese a la última elevación
de la cuantía de las multas. Y parece que el sistema de puntos puede ser
o es un buen instrumento para ayudar a paliar el problema, pues resulta
altamente disuasorio de la imprudencia e infracciones de los conductores.
Por eso pregunto cuáles son las previsiones del Gobierno acerca del
establecimiento del sistema del permiso de conducir vehículos de motor
«por puntos».
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Secretaria de Estado.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DEL INTERIOR (Robles Fernández): Señor
Presidente, señoras y señores Diputados, en primer lugar, quiero
agradecer la bienvenida que se me ha dado. Y entrando directamente a la
contestación de la pregunta que formula, quisiera resaltar un doble
matiz. Comparto la preocupación que S. S. ha manifestado, por la
necesidad de incrementar la seguridad en el tráfico vial. Creo que es una
de las responsabilidades del Ministerio de Justicia y de Interior, en
concreto, de la Dirección General del Tráfico. Pero no comparto la
segunda parte de su análisis en el sentido de que las medidas que se han
tomado hasta la fecha no se habían traducido en una disminución
significativa del número de accidentes. Y digo que no lo comparto porque
no hay más que mirar las estadísticas para ver que en España, en los
últimos años, se ha producido una disminución importante del número de
accidentes de tráfico, lo que ha comportado, lógicamente, un incremento
de la seguridad vial.
En ese sentido, puede decirse que el Plan estratégico básico de seguridad
vial --que como saben se aprobó por el Consejo de Ministros en su reunión
de 5 de marzo de 1993-- supuso lo que yo creo que es un hito importante
en esa lucha necesaria contra todas aquellas causas que puedan comportar
una inseguridad del tráfico vial. Dentro de este plan estratégico de
seguridad vial--como ya dijo aquí el Ministro, señor Asunción, en una
comparecencia-- se estaba estudiando la posible implantación de este
sistema de carné por puntos. Así lo estamos estudiando en la Dirección
General de Tráfico; no hay todavía ninguna decisión tomada, aun cuando
los estudios están adelantados, y lo que sí me interesa poner de relieve
es que la seguridad vial es algo que nos afecta a todos y que, en la
medida en que nos afecta a todos, vamos a continuar la política que se
había iniciado en el Departamento de que exista el más amplio consenso
posible, tanto a nivel de grupos parlamentarios como a nivel de los
agentes sociales que tienen relación con la seguridad vial.
En ese sentido, no dude S. S. que, una vez que los trabajos estén
avanzados, se intentará estudiar o profundizar en el estudio con todos
los grupos políticos, repito, para que finalmente tomemos aquella
decisión que nos parezca más oportuna en esa línea importante de dar a
los ciudadanos una mayor seguridad en el tráfico vial que, insisto, es
una preocupación de nuestro Ministerio, aun cuando --como también decía--
no comparto ese análisis de que no ha habido resultados positivos en los
últimos años.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Pillado.
El señor PILLADO MONTERO: Muy brevemente, señor Presidente, para
referirme a ese aspecto de la contestación de la señora Secretaria de
Estado del Interior cuando dice que no comparte mi exposición en lo
relativo a la ineficacia de las medidas que se han tomado respecto a la
seguridad vial. Yo no puedo negar que, efectivamente, ha habido mejoras
en la seguridad vial, pero me interesa mucho matizar que han sido
relativas. Ha habido mejoras, quizá, en cuanto a la generalidad de los
conductores, quizá, respecto a la generalidad de la conducción en algunos
momentos, en algunas etapas o en algunas épocas, pero sigue ahí --y para
resaltar eso he hecho uso de esta réplica-- el grave problema, que quiero
señalar a la señora Secretaria de Estado, de la conducción durante los
fines de semana, por conductores normalmente jóvenes y en condiciones no
especialmente adecuadas para que las carreteras, en esas horas y en esos
días concretos, no sean especialmente seguras. Ese es un problema vivo,
sangrante, que constantemente está dando lugar a importantísimos
accidentes y a importantísimos riesgos.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Secretaria de Estado.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DEL INTERIOR (Robles Fernández): Como
decía anteriormente, no dude S. S. que por parte del Ministerio de
Justicia e Interior vamos a poner todo el esfuerzo y a tomar todas las
medidas necesarias para que los niveles de siniestralidad desciendan. Y
si en los estudios que ya estamos realizando se llega a esa conclusión,
en ese marco de consenso al que me
refería antes, de que el sistema del permiso de conducir «por puntos» es
una medida adecuada, lo adoptaremos.
--MEDIDAS PARA POTENCIAR LA ACTUACION DE LAS BRIGADAS DE ASUNTOS INTERNOS
DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO. FORMULADA POR EL SEÑOR
GIL LAZARO (GP). (Número de expediente 000610.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 4: Medidas para potenciar la
actuación de las brigadas de asuntos internos de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado.
El señor Gil Lázaro tiene la palabra.
El señor GIL LAZARO: El anterior titular del Departamento de Interior,
don Antonio Asunción, en su declaración de objetivos básicos formuló su
intención de adoptar una serie de medidas, que no llegó a precisar, a
concretar, a los efectos de potenciar la actuación de las brigadas de
asuntos internos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como
medida de carácter preventivo que pudiera evitar la repetición de ciertos
hechos, de ciertos actos, que habían causado una notoria alarma social y
que habían estado protagonizados, últimamente, por agentes de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado.
A nosotros nos parece que esta cuestión, hoy, en el inicio de la andadura
de un nuevo equipo ministerial, es singularmente oportuno volver a
plantearla y mucho más cuando en estas fechas hemos podido conocer a
través de los medios de comunicación que, por ejemplo, en el caso del
crimen de la discoteca «Four Roses» ya se conocían de antemano las
vinculaciones de alguno de los presuntos autores con determinados grupos
de carácter violento.
En todo caso, nos parece indispensable señalar que, en la garantía del
equilibrio entre libertad y seguridad y en la concepción de una Policía y
unas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad modernos, este aspecto es básico,
precisamente, para la adecuada consideración de la propia función
policial y, desde luego, para una mejor garantía de los ciudadanos frente
a posibles actuaciones ajenas al marco de legalidad.
Por tanto, preguntamos: Qué medidas concretas se van a adoptar para
potenciar la actuación de las brigadas de asuntos internos de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado, habida cuenta de que, parece que en
nuestra tradición policial --si se permite esa expresión--, estas
brigadas de asuntos internos no han tenido hasta la fecha el peso
específico y la dimensión que --insisto-- deben tener el conjunto de unas
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad modernos.
El señor PRESIDENTE: La señora Secretaria de Estado tiene la palabra.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE INTERIOR (Robles Fernández): Señor
Presidente, no dude S. S. de que el equipo ministerial que se ha hecho
cargo del nuevo Ministerio de Justicia e Interior va a continuar en su
integridad y va a profundizar en los planteamientos programáticos que
hizo el Ministro Asunción. Y, efectivamente, el Ministro Asunción, en su
comparecencia, puso de relieve la necesidad de potenciar esas brigadas de
asuntos internos. Yo no estoy de acuerdo con el planteamiento de S. S. en
el sentido de que no hayan funcionado estas brigadas de asuntos internos
hasta la fecha. Todo es mejorable, lógicamente; pero es cierto que en los
último años se ha hecho un esfuerzo importante de dotación de medios,
materiales y humanos, a esas brigadas. en concreto, la de la Policía
cuenta en este momento con 100 hombres y la de la Guardia Civil con 32.
Con independencia de esta matización que yo quería hacer, en el sentido
de que no se puede decir que no haya funcionado, han funcionado, aunque
todo --como decía anteriormente-- es mejorable en esta vida, es cierto
que al Ministerio de Justicia e Interior, continuando la línea que ya
había expuesto el señor Asunción, le preocupa enormemente potenciar esas
brigadas de asuntos internos.
Yo estoy en condiciones de decir en este momento que en el próximo
decreto de reestructura, por decirlo de alguna manera, de fusión del
Ministerio de Justicia e Interior, una de las cuestiones a las que,
específica y nominalmente, se va a prestar atención es lo relativo a
estas brigadas. Y puedo adelantar que es mi intención que, en el marco de
la Secretaría de Estado de Interior y dentro de la Dirección General de
la Policía, haya una subdirección específica de inspección, y dentro de
esa subdirección específica de inspección tenga una entidad y una
autonomía propia en el marco de la Policía esa brigada de asuntos
internos.
Por tanto, primero --y me estoy refiriendo al marco de la Policía--,
vamos a dotarle de una mayor entidad, enmarcándolo en una subdirección
específica y dándole, en ese marco, como decía, el mayor número de medios
personales y materiales.
Del mismo modo, por lo que se refiere a la Guardia Civil, es voluntad de
la Secretaría de Estado, y así pienso que se va a plasmar en el nuevo
decreto de estructura del Ministerio, que exista, dependiendo del
Director General de la Guardia Civil, una unidad especial de asuntos
internos. Creo que esto es importante porque, de alguna manera, vamos a
potenciar lo que hay, dándole una mayor autonomía, una mayor
independencia, un mayor rango jerárquico y como manifestación de la
preocupación, ya expuesta por anteriores Ministros, de potenciar al
máximo esas brigadas de asuntos internos.
El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LAZARO: Señor Presidente, señora Secretaria de Estado, yo no
he dicho que no hayan funcionado estas brigadas de asuntos internos; he
dicho que no han tenido la dimensión adecuada que deben tener en el
ámbito de una Policía moderna y democrática.
Yo quiero recordar, a propósito de esta argumentación, que, por ejemplo,
en los últimos informes anuales del Defensor del Pueblo, se viene
insistiendo en la necesidad de
que se desarrollen de una manera mucho más efectiva y más intensa las
tareas de investigación interna que en el ámbito de las Fuerzas y cuerpos
de Seguridad del Estado y por las propias Fuerzas y cuerpos de Seguridad
se puedan tener que cumplimentar sobre la base de supuestas
irregularidades cometidas por agentes de estas Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad. Y tengo que recordar que también, en los propios informes del
Defensor del Pueblo, se echa en falta una más rigurosa aplicación de la
Ley de Fuerzas y Cuerpo de Seguridad del Estado, en lo que afecta a la
aplicación de medidas cautelares sobre estos agentes investigados,
cuando, efectivamente, esa investigación interna se está llevando a cabo.
En todo caso, con esto, el mensaje que nosotros queremos dejar nos parece
muy claro. Hace unos días, el Secretario General del Sindicato
Profesional de la Policía, a propósito de todos estos asuntos que
últimamente han vinculado --quizá, con mayor publicidad o con mayor
intensidad, no queremos precisarlo, pero que, en todo caso, los han
vinculado-- a agentes de las fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a
la comisión de hechos presuntamente delictivos, este representante
sindical señalaba que era necesario agilizar determinadas
investigaciones, porque en este momento había policías trabajando que
debieran estar apartados. Nosotros no juzgamos esa manifestación;
simplemente señalamos que está dicha y muy recientemente.
En definitiva --como decía--, el mensaje que nos importa, en el tono
constructivo que queremos dejar señalado hoy aquí, es que, desde nuestra
concepción, estas brigadas de asuntos internos son un baluarte de
transparencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante la
sociedad, una garantía para las propias Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado y una garantía también para el conjunto de la sociedad en lo
que afecta a la prevalencia en todo caso de los contenidos del Estado de
Derecho. Simplemente eso es lo que nosotros hoy queremos apuntar y
confiamos que, en el programa de gestión de este nuevo equipo
ministerial, esas medidas o esa intención política de profundizar en la
función de estas brigadas de asuntos internos, tenga después concreción
en medidas adecuadas e inmediatas.
El señor PRESIDENTE: Señora Secretaria de Estado.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE INTERIOR (Robles Fernández): Señor
Presidente, resulta obvio que no puede haber ningún tipo de tolerancia
con determinadas conductas individuales absolutamente reprobables. Eso es
evidente y, en ese sentido, yo comparto el análisis de S. S. Lo que sí es
cierto es que no es justo que determinadas conductas absolutamente
individuales puedan elevarse a la categoría general. Nuestros Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado han demostrado su rigor y su
profesionalidad con independencia de esas conductas perfectamente
individualizadas.
En esa línea, que yo creo que compartimos, es evidente que el
planteamiento, al que me he referido, de elevar el rango y las
posibilidades de medios materiales, económicos y humanos de esas brigadas
que venimos mencionando, van a incidir en esa línea, que pienso que es en
la que todos debemos trabajar, porque, en definitiva, lo que todos
queremos son unos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad lo suficientemente
cercanas al ciudadano que cumplan la función constitucional que les está
asignada.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Secretaria de Estado.
--MOTIVOS POR LOS QUE NO SE NOTIFICO CON LA DILIGENCIA DEBIDA A LAS
AUTORIDADES PORTUGUESAS LA ORDEN DE BUSQUEDA Y CAPTURA DICTADA CONTRA
ANTONIO ANGLES. FORMULADA POR EL SEÑOR GIL LAZARO (GP). (Número de
expediente 181/000612.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 6, motivos por los que no se
notificó con la diligencia debida a las autoridades portuguesas la orden
de búsqueda y captura dictada contra Antonio Anglés.
El señor Gil Lázaro tiene la palabra.
El señor GIL LAZARO: Señor Presidente, con motivo del tristísimo
aniversario del crimen de Alcácer, con ocasión de cumplirse un año de
aquellos hechos, formulamos una pregunta en esta misma Comisión al señor
Director General de la Guardia Civil, solicitando que explicara cuál era,
en ese momento, el estado de la cuestión, es decir, en qué términos
avanzaban o no las investigaciones policiales orientadas a la detención
de Antonio Anglés.
En el transcurso de su contestación, el señor Director General de la
Guardia Civil llegó a afirmar que no había en ese momento unas pistas
suficientemente claras en el desarrollo de esta investigación, aunque se
estaba trabajando intensamente, nos dijo, y llegó a afirmar que se estaba
produciendo desde el momento mismo del descubrimiento de aquellos hechos
y hasta la fecha una notable cooperación y coordinación con otras
policías nacionales.
Eso para nosotros resultó sorprendente, habida cuenta de que unas horas
antes un portavoz oficial de la Policía judicial portuguesa, en un
programa de televisión de una de las cadenas españolas, afirmó que no se
había podido detener a Antonio Anglés durante su presencia en Portugal, a
pesar de estar localizado, precisamente porque se tardó, dijo él, treinta
días en cursar la notificación de la orden de busca y captura
internacional por parte de las autoridades policiales españolas.
Nosotros no podemos entrar a juzgar la veracidad o no de la declaración
de este portavoz oficial de la Policía judicial portuguesa; lo que sí que
anotamos es que no hubo a partir de ese momento ningún desmentido por
parte de las autoridades policiales españolas en relación con la supuesta
no veracidad o no exactitud de esa declaración policial portuguesa y, por
ello, nosotros, hoy, vista la situación de falta de coordinación entre lo
dicho aquí por el Director General de la Guardia Civil y lo dicho en
Portugal por el portavoz de la Policía judicial portuguesa,
preguntamos por qué no se notificó con la diligencia debida a las
autoridades portuguesas la orden de búsqueda y captura dictada contra
Antonio Anglés y, en todo caso, si es cierto que se tardaron, como
afirman las autoridades policiales portuguesas, más de treinta días en
cursar esa notificación.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Secretaria de Estado.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE INTERIOR (Robles Fernández): Yo,
naturalmente, ignoro esas declaraciones a que usted se refiere de las
autoridades portuguesas; lo que conozco son las declaraciones del
Director General de la Guardia Civil y me sorprende que S. S. dé mayor
credibilidad a las declaraciones de una autoridad portuguesa, en un marco
que ignoro, en un programa de televisión, que las que haya podido dar el
Director General de la Guardia Civil con el conocimiento detallado
precisamente ante esta Comisión. Me sorprende, me sorprende que dé mayor
credibilidad en un caso que en otro.
Por esa razón, me sorprende también que vuelva a repetir la pregunta. Lo
que le puedo decir es que, con los datos reales y contrastados que
tenemos, el Juzgado de Instrucción número 6 de Alcira, que como sabe
perfectamente es el que está instruyendo las diligencias, el día 13 de
marzo de 1993 expidió la orden de busca y captura internacional y ese
mismo día, el 13 de marzo de 1993, fue cumplimentada por el servicio de
Interpol de la policía, de tal forma que cuando el día 15 de marzo parece
ser que Antonio Anglés es visto en las proximidades de la playa Caparica
en Lisboa las autoridades portuguesas ya tenían esa orden de busca y
captura internacional que, como digo, se cursó, dando cumplimiento a lo
que había dicho el juez, el mismo día, el 13 de marzo.
Además, he de decirle que el 9 de marzo, es decir, con anterioridad a
esto, ya la Comisaría General de Policía Judicial, ante la posibilidad de
que Antonio Anglés pudiera estar en países limítrofes, como Portugal, ya
había remitido a las autoridades portuguesas fotos de Antonio Anglés,
para que pudieran informarnos de si estaba o no en territorio portugués.
Debo concluir que por la policía española se procedió con la debida
diligencia, que la orden de busca y captura se cursó a Interpol el mismo
día que lo pidió el juez y que me sorprende, vuelvo a repetir, que se dé
mayor credibilidad a las declaraciones de autoridades policiales
portuguesas en un marco que desconozco que a las que puso de relieve,
aquí en el Congreso, el Director General de la Guardia Civil.
El señor PRESIDENTE: El señor Gil Lázaro tiene la palabra.
El señor GIL LAZARO: Señora Secretaria de Estado, manteniéndome yo en el
tono absolutamente constructivo en el que deseo mantenerme, tengo que
decir que lo que me sorprende es el tono irritado de la respuesta de S.
S., porque en todo caso si algo tuvieran ustedes que agradecer es que hoy
les hayamos planteado esta cuestión y hoy les hayamos permitido, con el
planteamiento de la misma, decir lo que ha dicho S. S.
Aquí nadie ha dado mayor credibilidad a nadie. Creo que no ha escuchado
usted bien la fundamentación de mi pregunta. He dicho que nosotros no
podíamos valorar si era cierta o no la manifestación hecha por un
portavoz oficial de la Policía Judicial portuguesa, lo que sí que podemos
valorar es que cualquier estado de sospecha o de duda que se haya podido
producir, única y exclusivamente lo ha generado la falta de diligencia
del anterior equipo del Ministerio del Interior al no salir al día
siguiente a precisar esas informaciones o declaraciones en los términos
en que acaba de hacer S. S. Esas manifestaciones se produjeron en un
programa de gran audiencia de una de las cadenas privadas de televisión
en España y no fueron contestadas, no han sido precisadas hasta hoy y han
transcurrido casi cuatro meses desde entonces.
En todo caso, señora Secretaria de Estado, insisto en que nosotros no
hemos valorado la cuestión de veracidad o no, pero sí hay unos hechos
objetivos, un portavoz oficial de la Policía judicial portuguesa, de viva
voz y con su propia imagen, hizo unas determinadas manifestaciones y esas
manifestaciones, si realmente podían ser contestadas en los términos en
que S. S. acaba de hacerlo, debían haber sido contestadas, precisamente
para que la opinión pública española se sintiera tranquilizada, al día
siguiente. Han tardado ustedes cuatro meses y gracias a nuestra
iniciativa.
Volviendo al tono inicial, lo único que quiero señalarle es que cuando se
producen hechos como los que tuvieron que ver con el crimen de Alcácer,
que tantísimo horror y alarma social provocaron, conviene que los
servicios informativos o las autoridades policiales españolas estén en
todo punto muy atentos para que si hay que replicar declaraciones como
las efectuadas por la Policía Judicial portuguesa, se haga
inmediatamente. Creo que con eso salimos ganando todos.
El señor PRESIDENTE: La señora Secretaria de Estado tiene la palabra.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE INTERIOR (Robles Fernández): Yo,
ciertamente, no he expuesto ninguna irritación en la contestación, me ha
parecido apreciar más en la réplica de S. S. Lo único que he querido
decir es que usted hace referencia a unas declaraciones, usted habla de
una autoridad policial portuguesa, que no me ha dicho qué autoridad
policial portuguesa es; por tanto, ignoro quién ha hecho esas
declaraciones, ni siquiera en el marco que las realizó, en un programa de
televisión, dentro de una tertulia de amigos, no conozco la naturaleza
del programa de televisión.
Lo que yo creo es que lo que no puede hacer una dirección informativa de
cualquier Ministerio de España es estar pendiente de cualquier
comentario, no voy a entrar a valorar de qué clase, si con profundidad,
sin profundidad, si es puramente chascarrillo, ni siquiera eso porque
ignoro, ya digo, la cualificación de quien vertió esas declaraciones y en
qué marco lo hizo.
Creo que la respuesta es la lógica, no entrar en determinadas polémicas
con quien no se puede entrar, porque no tiene rango para ello y lo que sí
es evidente es que ahí están los hechos y las realidades, la absoluta
diligencia en cuanto al cumplimiento de la orden de busca y captura dada
por el juez. Eso no quiere decir que todos no lamentemos que
efectivamente Antonio Anglés no haya sido puesto todavía a disposición de
la autoridad judicial. Lo que puedo decir es que por parte del Ministerio
de Justicia e Interior todos los medios se están poniendo, se van a poner
y se ha instado la colaboración de otras autoridades de países
extranjeros.
--VALORACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA BANDA TERRORISTA GRUPOS DE
RESISTENCIA ANTIFASCISTA PRIMERO DE OCTUBRE (GRAPO), FORMULADA POR EL
SEÑOR GIL LAZARO (GP). (Número de expediente 181/000614.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 8, valoración de la capacidad
operativa de la banda terrorista Grupos de Resistencia Antifascista
Primero de Octubre (GRAPO).
El señor Gil Lázaro tiene la palabra.
El señor GIL LAZARO: Señor Presidente, creo que es de todos conocido el
fenómeno que se produce en relación con esta banda terrorista: que
periódicamente se anuncia su práctica y absoluta desvertebración y, sin
embargo, tristemente, cada equis tiempo vuelven a aparecer con una
cierta, más o menos, capacidad operativa.
No hace muchas horas, cuando prácticamente se daba ya nuevamente por
desarticulada plenamente a esta banda se han descubierto en la ciudad de
Valencia algunas infraestructuras de esta organización terrorista con no
solamente pisos francos, sino con una cierta cantidad de armamento y
sobre todo de información supuestamente preparatoria de un atentado
contra alguna autoridad de naturaleza judicial.
Previamente a este descubrimiento, el GRAPO había reaparecido con un
asalto acompañado de secuestro a una entidad bancaria, lo que determinó,
a su vez, que las investigaciones policiales condujeran a la
desarticulación de alguna pequeña infraestructura de este grupo en la
capital de España e igualmente alguna detención.
Lo cierto es que parece ser, según las propias informaciones policiales,
que en la infraestructura descubierta hace unas horas en la ciudad de
Valencia tenía una implicación muy directa uno de los cabecillas
históricos de esta organización.
Como permanentemente el GRAPO aparece y desaparece, nosotros queremos
preguntarle, en este caso al Gobierno, cuál es la situación actual, a
juicio del Gobierno, de la capacidad operativa de esta banda terrorista.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Secretaria de Estado.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE INTERIOR (Robles Fernández): Su señoría
sabe perfectamente que es muy difícil hablar de la capacidad operativa de
las organizaciones terroristas, porque, efectivamente, las organizaciones
terroristas se mueven en unos parámetros en los que es difícil, sobre
todo para un Estado democrático como el nuestro, poder saber en qué mundo
y en qué nivel de desarrollo se encuentran.
Lo que sí es cierto es que, en los últimos años, sobre todo a partir de
1990, el GRAPO ha disminuido sus niveles de actividad. Fue el 7 de agosto
de 1993 cuando tuvo lugar el último asesinato que realizó este grupo
terrorista a un vigilante jurado de Zaragoza.
Sabe que ha existido una constante presión policial en relación al GRAPO
que ha supuesto la detención y puesta a disposición judicial de 23
miembros activos del conjunto de la organización, Partido Comunista de
España Reconstituido, GRAPO. No hace falta que lo diga porque sabe
perfectamente que el GRAPO es el brazo armado del Partido Comunista de
España Reconstituido.
Lo que sí hemos constatado, y ha constatado también el Gobierno, es el
escaso apoyo que tiene esta organización que casi exclusivamente se
reduce al grupo de los familiares y amigos de los presos políticos.
Ultimamente existió una redada, los días 27 y 28 de enero del presente
año, que tuvo como resultado la detención de cuatro de sus miembros.
Podemos decir que, en definitiva, el GRAPO está más en la línea de
atentados contra medios materiales que contra personas. Sin embargo, yo
creo que el sentido de la responsabilidad que debe presidir la actuación
del Gobierno, como también, lógicamente, la de la oposición, no nos puede
llevar a conclusiones sobre capacidad operativa de grupos terroristas. Lo
que tiene que haber es un consenso entre todos los grupos para luchar
inequívocamente contra el terrorismo, venga de donde venga, y no bajar en
ningún caso la guardia.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LAZARO: Sin lugar a dudas, en esa última expresión de S. S.
no solamente estamos de acuerdo desde una formulación esencialmente
teórica o de principios. Estamos de acuerdo desde una dimensión práctica
y acreditada desde hace muchos meses, desde hace muchos años.
Ahora bien, sí que conviene, de alguna forma, llamar la atención del
Gobierno sobre la necesidad de que las actuaciones de esta banda
terrorista GRAPO no puedan considerarse, en lo que afecta a las tareas de
investigación policial preventiva, como una cuestión si acaso menor por
su dimensión en relación con otros fenómenos terroristas y singularmente
en relación con el fenómeno ETA, porque, efectivamente, de una manera
aislada, temporal, menos intensa, quizás, que otras bandas terroristas y
singularmente ETA, como decía, lo cierto es que el GRAPO golpea y lo
cierto es que en los últimos tiempos parece haberse observado, limitada o
no, una cierta recuperación de la capacidad de infraestructura de esta
organización terrorista. A
nosotros francamente nos sorprende y queremos simplemente dejarlo
apuntado como un hecho que exige una mayor dedicación, valga la
expresión, al control y seguimiento de lo que pueda ser el mundo social
próximo a esta banda terrorista, nos sorprende que el piso franco
recientemente descubierto en Valencia prácticamente colindara con uno de
los acuartelamientos de la Guardia Civil más importantes de la ciudad,
con lo que eso supone de riesgo, para dar seguridad, de las misiones y
miembros de dicho Cuerpo.
En todo caso, sabe perfectamente la señora Secretaria de Estado que desde
este Grupo parlamentario habrá siempre, como lo ha habido hasta la fecha,
una profunda colaboración con el Gobierno cuando se trate de estos
asuntos.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Secretaria de Estado.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE INTERIOR (Robles Fernández):
Efectivamente el terrorismo es una lacra para un Estado democrático como
el nuestro, con independencia del nombre, de las iniciales y de la
procedencia. Y en este sentido es la voluntad inequívoca del Gobierno, y
me consta que hay el apoyo de la oposición, para no bajar en ningún
momento la guardia y luchar contra el terrorismo. Una prueba de que no se
está bajando la guardia, de que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado están trabajando intensamente es el descubrimiento de ese piso
franco en Valencia.
--MEDIDAS PARA PERFECCIONAR LOS METODOS DE SELECCION DE LOS ASPIRANTES A
MIEMBROS DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO. FORMULADA POR
EL SEÑOR GIL LAZARO (GP). (Número de expediente 181/000621.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 14: Medidas para perfeccionar los
métodos de selección de los aspirantes a miembros de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado.
El señor Gil Lázaro tiene la palabra.
El señor GIL LAZARO: Esta cuestión que hoy le formulamos, del mismo modo
que ya la planteamos inicialmente referida a las brigadas de asuntos
internos, como algunas de las cuestiones que vendrán a continuación,
forma parte de lo que en su momento el equipo del señor Asunción
determinó como objetivos esenciales en una reforma de lo que podían ser
la vertebración de los métodos y organización de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado y, sin lugar a dudas, forma parte también de una
exigencia en el seno de las propias Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y del
conjunto de la sociedad española.
Es obvio que o bien algunos de esos métodos de selección de los
aspirantes a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no
han sido lo suficientemente eficaces, intensos, adecuados o modernos para
poder determinar presuntas anomalías de ciertas personas que no tenían
una construcción psicológica adecuada para poder acceder a estas Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad, o bien que se precisa una mejora sustancial en el
aspecto técnico, médico y psicológico de esos criterios de selección.
Sabe perfectamente su señoría que, por desgracia, en los últimos tiempos,
siendo una cuestión siempre individual, no afectando al conjunto de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, parece que han sido mayores, o
al menos han tenido una mayor trascendencia social, los fenómenos de
conductas emocional o psicológicamente desequilibradas protagonizadas por
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que les han llevado a
cometer determinados hechos delictivos, algunos de ellos de carácter
singularmente violento.
Por eso y porque al principio de esta legislatura nosotros formulamos
esta misma cuestión por escrito y se nos respondió de una manera
excesivamente vaga y general, queremos preguntar a este nuevo equipo
ministerial qué medidas concretas piensa adoptar para perfeccionar los
métodos de selección de los aspirantes a miembros de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, especialmente en lo que concierne a su
análisis de idoneidad emocional y psicológico.
El señor PRESIDENTE: Señora Secretaria de Estado.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DEL INTERIOR (Robles Fernández): Como
decía anteriormente contestando creo que era a la primera pregunta, el
nuevo equipo del Ministerio de Justicia e Interior ha asumido en su
integridad los planteamientos que expuso el Ministro Asunción en el
Congreso.
Igual que a él le preocupaba, a nosotros nos preocupa ir cada día
trabajando, más y mejor, en los procesos de selección y formación de los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Y no solamente en lo que hace
referencia a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, pues
entendemos que los procesos de formación en cualquier ámbito de la vida
son necesarios y, sobre todo, en el marco de aquellas profesiones que
desempeñan un servicio público destinado a la sociedad.
Hay que decir que en los últimos años se ha hecho un esfuerzo importante,
tanto en Policía como en Guardia Civil, en todo lo que hace referencia al
proceso de selección, al proceso de ingreso que yo le voy a obviar porque
usted lo conoce tan bien como yo o mejor, y también en lo relativo al
proceso de formación.
Se ha intentado profundizar más e individualizar más sobre todo en la
valoración de los aspectos personales de aquellos individuos que quería
ingresar en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Sin embargo, yo estoy de acuerdo en que hay que seguir profundizando en
esa línea, que tiene que haber una atención detallada y personalizada a
todo aquel que vaya a entrar y hemos de ser capaces de que esa respuesta
se dé de una forma que permita que determinados casos que, como yo he
dicho y usted también ha recogido, son
absolutamente individualizados, no trasciendan al resto de los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado.
Es intención de la Secretaría de Estado potenciar la división de
formación, tanto por lo que se refiere a la Policía como en el marco de
la Guardia Civil, porque pensamos que la formación permanente, una
formación abierta a la sociedad, en contacto con otros sectores de la
misma, lo único que va a hacer es redundar en beneficio de los
ciudadanos.
Naturalmente, yo pienso que en determinadas profesiones en las que existe
ese mayor contacto con los ciudadanos hemos de valorar ese «equilibrio»,
entre comillas, diría yo, personal para evitar conductas luctuosas. No
dude su señoría que, dentro de este nuevo planteamiento o reforzamiento
de la política de formación, vamos a seguir, de una forma muy exhaustiva,
esas posibles evoluciones a las que nos estamos refiriendo. Eso, unido a
la potenciación de la Brigada de Asuntos Internos a la que me he
referido, creo que va a permitir que lo que hoy en día son conductas
absolutamente excepcionales --quiero decirlo--, en la medida de lo
posible, se reduzcan más. Pero que quede muy claro que esas conductas a
las que nos venimos refiriendo son absolutamente excepcionales.
El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro, tiene la palabra.
El señor GIL LAZARO: Yo quería señalar que, efectivamente, como muy bien
dice S. S., estas conductas son de naturaleza excepcional. Lo que ocurre
es que, precisamente en función de la naturaleza también de las misiones
encomendadas a quienes en un momento determinado protagonizan estas
conductas violentas, irregulares y fuera completamente del marco de la
misión que les es propia, producen, como es natural, una alarma social
superior a la que pueda producir esa misma conducta protagonizada por
cualquier otro ciudadano individualmente considerado.
Nosotros no vamos a dudar, en modo alguno, de lo que puede ser la
declaración de intenciones formulada por la señora Secretaria de Estado y
por este nuevo equipo ministerial, pero sí que insistimos en la necesidad
--como además se verá después en algunas de las cuestiones que
plantearemos a continuación-- de concretar esto, y sabe perfectamente S.
S. que, al final, la concreción de esa aspiración política tiene una
referencia presupuestaria muy concreta. Por eso, nosotros urgimos al
Ministerio a que, en la jerarquización de gastos para el año 1995, estas
cuestiones ya se aborden de una manera definitiva, para no quedar
simplemente enunciadas en una mera declaración de buena intención o de
intención política, pero que después no se sirve de los medios
correspondientes. Quiero decir que ésta es una cuestión clave, como la
que apuntábamos antes en lo que afectaba a la Brigada de Asuntos
Internos, para avanzar hacia ese modelo policial que todas --yo estoy
convencido-- las fuerzas políticas y el conjunto de la sociedad española
deseamos, profundamente eficaz, profundamente comunicado con la sociedad,
profundamente transparente y, naturalmente, hacia un modelo de sociedad
profundamente democrático. Hace falta, en estos campos, abrir muchas
ventanas...
El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro, le ruego concluya.
El señor GIL LAZARO: ... y basta comprobar cuál ha sido hasta la fecha la
realidad.
El señor PRESIDENTE: Señora Secretaria de Estado, tiene la palabra.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE INTERIOR (Robles Fernández): Yo estoy
de acuerdo en que las grandes declaraciones de principio no bastan, pero
vamos a empezar a trabajar, estamos empezando ya a trabajar, es
fundamental la apertura a la sociedad. Y tampoco estoy muy de acuerdo con
que sea un planteamiento puramente económico. A veces, la formación no
exige de grandes cantidades de dinero, sino saber relacionarse con todos
los sectores de la sociedad, el marco universitario, determinados marcos,
que, a veces, no tienen por qué ir unidos a una cuantificación económica,
sino a la voluntad, traducida en hechos concretos.
--REINCORPORACION AL SERVICIO POLICIAL DE AGENTES DE LAS FUERZAS Y
CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO QUE HAN SUFRIDO DESEQUILIBRIOS DE
CARACTER PSICOLOGICO. FORMULADA POR EL SEÑOR GIL LAZARO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente 181/000622.)
--MEDIDAS PARA PERFECCIONAR LOS METODOS DE SEGUIMIENTO DE CONDUCTA
EMOCIONAL Y PSICOLOGICA DE LOS MIEMBROS DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE
SEGURIDAD DEL ESTADO. FORMULADA POR EL SEÑOR GIL LAZARO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente 181/000623.)
El señor PRESIDENTE: Preguntas números 15 y 16, cuyo autor es don Ignacio
Gil Lázaro, que se acumulan. La pregunta número 15 dice: Reincorporación
al servicio policial de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado que han sufrido desequilibrios de carácter psicológico. La número
16 dice: Medidas para perfeccionar los métodos de seguimiento de conducta
emocional y psicológica de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado.
Señor Gil Lázaro, tiene la palabra.
El señor GIL LAZARO: Como comprenderá S. S., estas cuestiones forman un
bloque de sentido con las ya enunciadas anteriormente, pero responden
además a algunas realidades muy concretadas que se están produciendo
en el seno de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado,
principalmente, por lo que tenemos entendido, en el ámbito del Cuerpo
Nacional de Policía quizá con mayor presencia que en el ámbito de la
Guardia Civil. Se han producido denuncias por parte de portavoces
sindicales señalando que agentes en situación de baja laboral han sido
reincorporados al servicio activo no siendo todavía adecuado su estado
clínico, simplemente por necesidades del servicio, para tener que cubrir
determinados puestos, digamos, de naturaleza auxiliar, no de servicio
directo en la calle, dada la cortedad de las plantillas, pero con lo que
esto supone en cuanto a que la reincorporación al servicio, como es
natural, comporta, entre otras cosas, tener que volver a portar su arma
reglamentaria. Y conocerá perfectamente la señora Secretaria de Estado
que, incluso, se han producido algunos casos en donde han sido los
propios agentes reincorporados al servicio los que han tenido que
realizar determinadas iniciativas, de naturaleza judicial, solicitando
que se paralizase esa orden de reincorporación y, en todo caso,
solicitando --dicho por los propios agentes-- que se les retirara el arma
reglamentaria, ya que no se encontraban --ellos mismos lo aducían en su
propia comparecencia ante la Administración de justicia-- en situación
personal anímica de poder, efectivamente, portar ese arma con todas las
garantías que ese hecho mismo requiere.
Es sorprendente, por tanto, si es que esto es así --en todo caso, ahí
están las afirmaciones de los sindicatos policiales--, que se pueda dar
esa situación de forzar de alguna manera la reincorporación al servicio
activo, si bien sea con carácter auxiliar, de agentes que no están en la
situación física o anímica adecuada, y mucho más sorprendente es cuando
la baja no viene motivada por un hecho estrictamente físico, sino que
tiene origen en la determinación de alguna enfermedad de naturaleza
psicológica. En todo caso, nos parece muy sorprendente que se haya podido
llegar a producir un hecho como el apuntado, que sea uno de los propios
agentes reincorporados el que tenga que solicitar de la autoridad
judicial que se le retire el arma reglamentaria porque no se considera en
situación de poderla portar adecuadamente. Y esto nos permite conectar,
en un marco ya mucho más amplio, con la segunda de las cuestiones.
Sabe perfectamente S. S. que una de las demandas que con mayor
insistencia vienen protagonizando en los últimos años los representantes
sindicales del Cuerpo Nacional de Policía es la que afecta a la necesidad
de contar con una atención médica especializada, permanente, de
naturaleza psicológica, a los efectos de poder cubrir de una manera
conforme las obvias tensiones, anímicas y psicológicas, que produce una
tarea de la naturaleza de la que prestan las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado. Cierto es que se ha avanzado en la determinación de
esa atención psicológica permanente en algunos focos muy concretos de la
geografía española, fundamentalmente y por razones obvias que no merece
la pena apuntar, en lo que afecta a aquellas Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, tanto Guardia Civil como el Cuerpo Nacional de
Policía, que prestan sus servicios en el Norte de España. Pero lo cierto
es que, sin embargo, al margen de esa localización geográfica específica,
parece que en el conjunto de la atención médica permanente hacia los
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hace falta
intensificar esta atención y, por otra parte, hace falta también crear,
al margen de los mecanismos estrictamente de atención médicos, mecanismos
administrativos vinculados probablemente a esas brigadas de Asuntos
Internos o a unas secciones de esas brigadas de Asuntos Internos, que
puedan tamizar y seguir las conclusiones de esos informes médicos, a
efectos meramente preventivos, cuyas consecuencias son obvias.
Desde este punto de vista, nosotros preguntamos si efectivamente se han
producido o se están produciendo reincorporaciones al servicio policial
de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que han
sufrido desequilibrios de carácter psicológico y que no están todavía en
situación de idoneidad para prestar el servicio, si se ha producido
forzamiento del alta en la prestación de servicio de agentes que estaban
en baja médica y, desde luego, y desde este contexto ya mucho más amplio,
qué medidas se van a instrumentar para perfeccionar los métodos de
seguimiento de conducta emocional y psicológica de los miembros de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tanto en la vertiente
estrictamente médica como en la vertiente que podríamos denominar
policial preventiva interna.
El señor PRESIDENTE: Señora Secretaria de Estado, tiene la palabra.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE INTERIOR (Robles Fernández):
Efectivamente, como decía S. S., esta pregunta hay que entenderla
enlazada con las que se han formulado anteriormente, en la medida en que
yo creo que constituyen un panorama general de lo que queremos que sea
una mejor prestación de los servicios de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, y efectivamente la atención médica de estos
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es fundamental.
Lo primero que yo quiero decir es que a la Secretaría de Estado de
Interior no le consta, en absoluto, que se estén reincorporando al
servicio policial agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando
los informes médicos aconsejan lo contrario. Yo creo que no es bueno
hacer referencia a declaraciones genéricas sobre lo que dicen unos, sobre
lo que dicen otros o sobre declaraciones de determinados funcionarios, si
no se han contrastado tales datos. El rigor en el tratamiento de los
temas exige, cuando se plantean problemas, que se concreten, que se
cuenten casos concretos para que, si ha existido un error, se tomen las
decisiones oportunas. Por lo tanto, cuando se hagan planteamientos
globales que no estén contrastados con la realidad, respeto a todo el
mundo, pero a mí eso no me sirve para dar mayor credibilidad al tema,
porque no va apoyado con datos reales. Por consiguiente, si existen esos
datos reales, me gustaría que se pusieran encima de la mesa y que no se
hiciera un planteamiento global, que no tiene una vinculación concreta ni
está plasmada con la realidad.
Me complace que S. S. diga que se ha producido --aunque lo quiera
circunscribir a algunos sectores del Estado-- un avance en la atención
médica permanente. Creo que, por su parte, es un gesto reconocer que en
determinados casos existe un avance. Porque ciertamente ese avance ha
existido y ha sido importante en los últimos años.
Efectivamente, todo es mejorable, pero no se puede decir en este momento
que los servicios médicos no estén funcionando. Se ha potenciado en los
últimos años los servicios médicos, tanto de la Policía como de la
Guardia Civil. Precisamente recordando de nuevo que no estoy de acuerdo
con esas declaraciones genéricas que no están contrastadas, no puedo
aceptar que se diga que se están reincorporando funcionarios en contra
del dictamen de los servicios médicos. Primero, porque ello no es así, yo
no tengo pruebas al respecto y, segundo, porque dudo mucho que cualquier
profesional que preste un servicio médico pueda considerar que cuando no
se reúnen las condiciones de sanidad necesarias, un funcionario se
reincorpore al servicio activo. Por lo tanto, me permitirá que yo escuche
lo que S. S. ha dicho, en la medida en que usted hace un planteamiento
global del problema, y pueda pensar que se pretende entrar en el terreno
de una especulación, pero con los datos que yo tengo hasta la fecha, no
me consta esa realidad. Todo ello sin perjuicio de que exista la voluntad
inequívoca de la Secretaría de Estado de Interior de mejorar en todos los
sentidos la situación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado,
mejorando la asistencia médica a los mismos y llegando hasta el final, en
su caso, dando la respuesta oportuna a aquellos desequilibrios que de
forma muy excepcional se estén planteando o puedan plantearse en el
futuro.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Gil Lázaro por un tiempo
de treinta segundos.
El señor GIL LAZARO: Señor Presidente, muy brevemente, aunque quizá
hablaré un poquito más para completar la respuesta sobre lo que la señora
Secretaria de Estado me solicita.
En primer lugar, tengo que decirle que no se sorprenda de que nosotros
digamos que en determinadas cosas está actuando bien, porque ése viene
siendo el estilo de nuestro Grupo parlamentario. Yo tengo aquí una
información de prensa, no desmentida, en la que se dice que ANPU asegura
que la policía da el alta laboral a algunos agentes enfermos por la
escasez de plantilla. La Asociación Nacional de Policía Uniformada ha
asegurado que la Dirección General de la Policía está dando el alta
laboral a agentes que tienen la baja médica por enfermedad par paliar las
graves carencias de plantilla que tiene en toda España y más
concretamente --era un periódico local-- en la ciudad de Valencia. Por
tanto, vea usted con esta fuerza sindical si este hecho corresponde o no
a la realidad; yo, en todo caso, planteo aquí algo que ha trascendido a
los ciudadanos.
En cuanto a la otra cuestión, tengo una noticia mucho más precisa si
quiere S. S. Un policía nacional, asignado en comisión de servicio a la
Jefatura de policía de Valencia desde hace varios años, ha interpuesto
una denuncia contra el jefe de personal de esta jefatura, el jefe de
Personal de división de la Dirección General de la Policía y contra el
Director General de la Policía, por un presunto delito de prevaricación e
imprudencia temeraria. Según esa denuncia, el citado policía ha sido dado
de alta administrativa y reincorporado al trabajo con su arma
reglamentaria, pese a sufrir graves trastornos psíquicos desde que su
compañero de patrulla fue abatido por un atracador en su presencia. El
agente ha tenido, incluso, que ser internado temporalmente en un
psiquiátrico y él mismo reconoce que su trabajo en la calle es un riesgo
para la salud pública y los ciudadanos. Y continúa. Pese a todas las
circunstancias --puedo hacerle llegar la información a S. S.--, la
Dirección General de la Policía le negó en fecha 18 de octubre de 1993 la
jubilación anticipada y le dio el alta médica administrativa,
incorporándole a la unidad de radiopatrullas de Valencia con su
correspondiente arma reglamentaria.
El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro, termine, por favor.
El señor GIL LAZARO: La información, en todo caso, señora Secretaria de
Estado, es lo concreta que me solicitaba S. S. Que podíamos estar ante un
caso más o menos generalizado, bien; hay una portavocía sindical que hace
una afirmación y nosotros nos limitamos simplemente a dar la oportunidad
al Gobierno en este acto de que la precise. Que en el caso que acabamos
de señalar podemos estar ante un caso absolutamente aislado, quizá, pero
es evidente que es un caso que no deja de ser llamativo, porque es el
propio sujeto afectado el que dice que no está en condiciones de poder
prestar un servicio y sobre todo de portar un arma. Son cuestiones,
evidentemente, que hay que atender, pero no se pueden descalificar o
insinuar que son inexistentes, porque nosotros lo único que hacemos es
trasladarlas aquí desde la realidad social y la realidad social ahí está
retratada, señora Secretaria de Estado, siempre con ese carácter
naturalmente de prudencia y de individualización de los casos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias señor, Gil Lázaro, por su prudencia.
Tiene la palabra la señora Secretaria de Estado.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA (Robles Fernández): Creo que
lo que he dicho anteriormente es suficiente. La declaración personal de
ese funcionario que ha puesto una querella ante un juzgado, que no me
dice S. S. si se ha archivado o no --yo estoy segura de que sí se ha
archivado--, no significa nada.
--MEDIDAS PARA ACABAR CON EL INCREMENTO DE LOS ASALTOS A GASOLINERAS EN
LA PROVINCIA DE VALENCIA. FORMULADA POR EL SEÑOR GIL LAZARO (GP). (Número
de expediente 181/000624.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 17: Medidas para acabar
con el incremento de los asaltos a gasolineras en la provincia de
Valencia.
Tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LAZARO: Yo espero que estos casos que inicialmente nunca
dicen nada no tengan consecuencias negativas o socialmente alarmantes,
porque entonces probablemente nos tendrían que decir a todos mucho.
Queremos apuntar que, últimamente, se ha observado en el ámbito de la
provincia de Valencia un notable incremento en el asalto a gasolineras.
Este incremento se produjo, fundamentalmente, en los últimos meses del
año pasado y primeros meses del actual en zonas singularmente
localizadas, como son, por ejemplo, las comarcas de LÕHorta, de La Ribera
y de La Safor.
Estos asaltos a gasolineras no suelen comportar unas pérdidas materiales
notables, entre otras cosas por las limitaciones que se establecieron en
su momento en cuanto a las cantidades máximas que podían portar los
trabajadores de este sector. Pero sí es cierto que este tipo de hechos,
algunos producidos con notable violencia, comportan un riesgo manifiesto
para los propios trabajadores del sector, fundamentalmente porque los
protagonistas de este tipo de actuaciones delictivas son personas en
muchos casos sujetas a un síndrome de abstinencia y, por tanto,
hipersensibilizadas en esa actuación violenta. Se ha dado el caso de
tratar de degollar a un empleado de gasolinera simplemente para poderle
robar algo más de 5.000 pesetas.
Las organizaciones sindicales del sector han hecho un llamamiento a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a las autoridades policiales,
para poder remediar con urgencia esta situación. Las propias
organizaciones empresariales se han sumado a ese llamamiento de las
organizaciones sindicales. Lo cierto es que, a partir de aquel incremento
observado a principios de año, se produjo un cierto decremento en la
actuación de este tipo de fenómenos delictivos en la provincia de
Valencia, fundamentalmente porque, como consecuencia de ese estado de
inquietud social, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
organizaron todo un dispositivo de controles preventivos, pero sobre
todo, porque las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pudieron
paliar una situación transitoria de falta de suficiente volumen de
carburante para poder desempeñar sus tareas de patrulla móvil y pudieron
organizar el correspondiente dispositivo preventivo. Ahora la situación
preocupante es que nuevamente, al menos en el ámbito de la provincia de
Valencia, se empieza a observar esa carencia de carburante suficiente en
los vehículos policiales como para poder de nuevo mantener el dispositivo
móvil creado en su momento. Por eso, nosotros le preguntamos, desde estas
consideraciones, qué medidas se van a adoptar para acabar con el
incremento de los asaltos a las gasolineras en la provincia de Valencia,
bien entendido, para que no sea ésa la respuesta de S. S., que se produjo
un incremento en los últimos meses del año anterior, que al comienzo de
este año, como consecuencia de la acción policial, se produjo un control
sobre este tipo de fenómenos delictivos pero que, sin embargo, en las
últimas semanas parece, precisamente por esas insuficiencias de medios
móviles de los que adolecen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
de la provincia, que el fenómeno vuelve a reproducirse.
El señor PRESIDENTE: La señora Secretaria de Estado tiene la palabra.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE INTERIOR (Robles Fernández): Me alegro
que S. S. en la propia exposición de la pregunta haya dado la
contestación que yo le iba a dar, porque efectivamente usted sabe que si
bien es cierto que existió un incremento, sobre todo a principios del año
93, en determinadas zonas de la Comunidad valenciana, sobre todo en el
ámbito de la Policía, no tanto en el marco competencial de la Guardia
Civil, en los últimos meses del año 93, sobre todo en estos primeros
meses del año 94, como usted reconocía, se ha hecho un esfuerzo
importante por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que ha
permitido que haya disminuido considerablemente el número de estos
atracos a gasolineras. Como dato, puedo decirle que en el año 1993, desde
enero a mayo, se habían producido 53 y en lo que va de año se han
producido 24. Por lo tanto, se ha producido una disminución importante
que, además, ha ido unida al hecho de una mayor efectividad en el sentido
de haberse puesto a disposición judicial a mayor número de personas
participantes en estos atracos a gasolineras. Coincido con usted en que
si bien existe ese incremento, ha habido una respuesta ágil por parte del
antiguo Ministerio del Interior o el Ministerio de Justicia e Interior
para dar esa seguridad y tranquilidad a los ciudadanos, lo que ha
comportado que haya disminuido ese número de atracos a gasolineras en lo
que va del año 94.
De lo que no cabe dudar S. S. es de que al Ministerio de Justicia e
Interior le preocupa enormemente la seguridad ciudadana, es una de las
prioridades en sus líneas de actuación, y en ese sentido vamos a poner
todos los medios materiales y económicos, juntamente con los humanos que
ya se están poniendo con la gran dedicación y entrega de las Fuerzas de
Seguridad, para que exista una disminución de la delincuencia en general.
Es un compromiso que nosotros asumimos, pero porque, en definitiva, es lo
que la sociedad nos pide y lo que tenemos obligación de darle.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Gil Lázaro, muy
brevemente.
El señor GIL LAZARO: Simplemente, entender que en la respuesta de la
señora Secretaria de Estado hay una cierta confirmación del fenómeno que
nosotros veníamos señalando al final de nuestro planteamiento, es decir,
que si aquel incremento se pudo producir precisamente por la carencia de,
en ese caso, suficiente combustible en los vehículos policiales para
poder realizar el correspondiente despliegue móvil que evitara este tipo
de fenómenos, ahora, en estas últimas semanas, cuando en la provincia de
Valencia se ha apreciado esas restricciones en el uso de vehículos como
consecuencia nuevamente de la carencia de
combustible, se puede explicar el fenómeno de incremento que en las
últimas semanas ha tenido este tipo de hechos delictivos.
En todo caso, esperamos que lo dicho por la señora Secretaria de Estado
tenga confirmación, es decir, que haya una dotación adecuada
presupuestaria en el año 1995, entre otras cosas porque los vehículos
policiales no están para estar parados sino para todo lo contrario.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Secretaria de Estado.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE INTERIOR (Robles Fernández): Quiero
pensar que yo me he expresado mal, porque si no tendría que pensar que
usted ha querido malinterpretar mis palabras. Yo no he dicho en ningún
momento que la razón del incremento de esos atracos que tuvo lugar a
principios del 93 fuera como consecuencia de una disminución en cuanto al
combustible. No lo he dicho para nada porque creo que eso no es así, y
usted sabe perfectamente que las razones sociológicas por las que aumenta
la delincuencia en un determinado sector muchas veces no tiene nada que
ver con esa labor de prevención. A lo mejor disminuyen los atracos a
bancos, pero aumentan en las gasolineras. Conoce perfectamente que la
composición de los delincuentes y del extracto sociológico de los mismos
hace que se generen determinados tipos de delitos en épocas concretas y
determinadas. Por lo tanto, o yo me he expresado mal o usted ha
malinterpretado mis palabras, porque creo que no ha tenido nada que ver
la posible disminución, que a mí no me consta en este momento, en cuanto
al combustible.
--POSIBILIDAD DE QUE EL DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA HAYA RECIBIDO
COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS A CARGO DE LOS FONDOS RESERVADOS ATRIBUIDOS AL
MINISTERIO DEL INTERIOR. FORMULADA POR EL SEÑOR BAON RAMIREZ (GP).
(Número de expediente 181/000632.)
--POSIBILIDAD DE QUE EL SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR HAYA
RECIBIDO COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS CON CARGO A LOS FONDOS RESERVADOS.
FORMULADA POR EL SEÑOR BAON RAMIREZ (GP). (Número de expediente
181/000633.)
El señor PRESIDENTE: Preguntas números 18 y 19, que son las últimas del
orden del día de la sesión de hoy y que se acumulan en este acto.
La pregunta número 18 se refiere a posibilidad de que el Director General
de la Policía haya recibido complementos retributivos a cargo de los
fondos reservados atribuidos al Ministerio del Interior, y la pregunta
número 19 se refiere a la posibilidad de que el Subsecretario del
Ministerio del Interior haya recibido complementos retributivos con cargo
a los fondos reservados. El autor es don Rogelio Baón, que tiene la
palabra.
El señor BAON RAMIREZ: En primer lugar, quiero formular mis mejores
deseos de éxito a la señora Robles, como Secretaria de Estado de
Interior, y se lo formula quien es portavoz de Interior en esta Comisión.
Entiendo que cuando viene a contestar a estas dos preguntas lo hace en
los términos de participar de esa solidaridad colegiada del artículo 108
de la Constitución de que el Gobierno, solidariamente, responde ante esta
Cámara, es decir, que va a subrogarse en la respuesta a dos personas, que
una permanece, pero otra, en cualquier caso, es del equipo anterior,
sobre todo en el tiempo en que fueron formuladas estas cuestiones.
Las formulo de forma muy clara --la explicitación no va a estar en la
pregunta sino en la respuesta--: si está en disposición de afirmar o
negar que se han pagado complementos retributivos en el Ministerio del
Interior con anterioridad a su llegada. Estoy seguro que desde que usted
ha accedido no ha sido así, pero le pregunto si usted se subroga en
afirmar o negar lo que he planteado.
El señor PRESIDENTE: Señora Secretaria de Estado, tiene la palabra.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE INTERIOR (Robles Fernández): En primer
lugar, agradecer al señor Baón sus palabras y, en segundo lugar, decirle
que él sabe tan bien como yo cuál es la naturaleza de los fondos
reservados. No hace falta que yo se lo recuerde porque creo que le
ofendería. Sabe precisamente, en cuanto a los fondos reservados, que toda
su regulación entra en el marco de la Ley de Secretos Oficiales, y yo no
podría, ni aquí ni en ningún sitio, hacer ninguna declaración sobre el
destino de los fondos reservados porque eso implicaría que yo incurriría
en un delito del Código Penal, y estoy segura que S. S. no quiere que yo
haga eso.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Baón.
El señor BAON RAMIREZ: Evidentemente, su doble condición de Secretaria de
Estado, de carácter político, y de Magistrada me permite reconocer y
convenir con usted que conozco la naturaleza y carácter de la reserva de
este tipo de fondos en su destino. Pero yo quiero hablar aquí de la
gestión y del control de esos fondos reservados. Usted no desconoce que
entre 1977 y 1990 hubo transferencias de créditos por importe de 3.800
millones de pesetas (del 77 al 90, que es lo que investiga la Comisión
Roldán y lo publican los medios de comunicación) y ha sido una práctica
habitual, perversa por supuesto, en la utilización de los presupuestos.
Yo pido aclaraciones sobre si desde que accede el equipo al que usted
pertenece al Ministerio del Interior se sigue con esa práctica viciosa.
En segundo lugar, me interesa saber, con respecto al control y la gestión
de esos fondos reservados, sin entrar en el carácter reservado
clasificado del destino, a qué confidente se paga, si ha advertido algo
que se haya separado del interés público, y hay pruebas más que
suficientes. Por desgracia, el señor Roldán, que es un huido de la
Justicia, ha pegado un tirón de la manta y, en cualquier caso, ha dejado
a las autoridades del Ministerio tambaleantes. De ahí la oportunidad de
esta pregunta.
Por otra parte, es el tercer punto, yo le informo, si no estaba informada
de ello, de que se va a discutir en esta Cámara una proposición no de ley
respecto del control parlamentario de los fondos reservados. Sobre ese
aspecto me interesa saber cuál es la opinión del equipo dirigente ahora
mismo del Ministerio del Interior.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Secretaria de Estado.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE INTERIOR (Robles Fernández); En
relación al tema de los fondos reservados con carácter general, es
evidente que el equipo que está en el Ministerio de Justicia e Interior
se ha mostrado abiertamente partidario de que pueda existir cualquier
tipo de control parlamentario, el que los representantes del pueblo
español estime más oportuno, y en ese momento, en el momento en que los
representantes del pueblo español decidan cuál es el tipo de control de
los fondos reservados, nosotros estaremos encantados de que exista ese
control, precisamente porque así lo ha querido la soberanía popular.
Mientras tanto, el Ministro de Justicia e Interior es quien controla
personalmente el destino de los fondos reservados.
Por lo demás, usted habla de prácticas habituales, del destino que se
daba con anterioridad a los fondos reservados; usted sabrá por qué hace
esas declaraciones y en qué se basa. Lo único que le puedo decir es que
respecto a los fondos reservados existe una obligación de secreto y mi
responsabilidad política en este momento y mi propia formación jurídica
me impiden hablar de ellos.
Usted ha hablado también de que el señor Roldán ha dicho o ha dejado de
decir. En el doble concepto al que me refería antes, el señor Roldán
tiene abierta actualmente una causa judicial, y espero que sean los
jueces los que en su momento, después de los trámites oportunos --porque
así lo quiere la Constitución española--, determinen cuáles son las
responsabilidades que pudiera haber o que no pudiera haber. Señorías, en
este momento no me corresponde hacer de juez de nadie.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Secretaria de Estado, por la
información dada a la Comisión.
Señorías, con este punto cerramos (El señor Baón Ramírez pide la
palabra.)
Señor Baón, ¿qué desea?
El señor BAON RAMIREZ: No ha contestado a lo que le he preguntado sobre
si va a haber transferencias. Quería recordárselo por si puede
rectificar. Es decir, le he pedido que responda si va a haber
transferencias, este año también, de otros capítulos a los fondos
reservados.
El señor PRESIDENTE: Señor Baón, no es objeto de la pregunta que usted
formuló de manera muy concreta. En cualquier caso, si usted se considera
insatisfecho por la contestación de la señora Secretaria de Estado tiene
motivos suficientes para hacer alguna interpelación o alguna pregunta con
posterioridad.
Señorías, agradezco su presencia, también a los medios de comunicación y
a los servicios técnicos por la asistencia dada a la Comisión.
Se levanta la sesión.
Eran las doce horas y cuarenta y cinco minutos del mediodía.