Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 210, de 23/05/1994
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1994 V Legislatura Núm. 210
REGIMEN DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
PRESIDENTE: DON FRANCISCO GILET GIRART
Sesión núm. 8
celebrada el lunes, 23 de mayo de 1994
ORDEN DEL DIA:
Comparecencia del señor Ministro para las Administraciones Públicas
(Saavedra Acevedo), para informar sobre gestiones y reuniones con la
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), así como de
posibles acuerdos sobre el pacto local. A solicitud del Grupo
Parlamentario Federal IU-IC. (Número de expediente 213/000241) (Página 6418)
Preguntas:
--De la señora Fernández González (Grupo Parlamentario Popular), sobre
previsiones acerca del envío al Congreso de los Diputados del proyecto de
reforma de la Ley de Bases de Régimen Local. (BOCG, serie D, número 79,
de 28-3-94. Número de expediente 181/000653) (Página 6430)
--De la misma señora Diputada, sobre aplazamiento del nuevo sistema de
financiación local para el próximo quinquenio. (BOCG, serie D, número 79,
de 28-3-94. Número de expediente 181/000663) (Página 6430)
Comparecencia del señor Ministro para las Administraciones Públicas
(Saavedra Acevedo), para dar cuenta:
--De la posible utilización de fondos públicos para sufragar los gastos
de desplazamientos particulares del Ministro y otros miembros de su
departamento. A solicitud del Grupo Parlamentario Federal IU-IC. (Número
de expediente 213/000309) (Página 6434)
--De las incidencias producidas en el concurso ordinario para la
provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional, especialmente
en cuanto a la actitud de dicho Ministerio en relación a la determinación
de méritos específicos. A solicitud del Grupo Parlamentario Federal
IU-IC. (Número de expediente 213/000210.) Esta comparecencia será
cumplimentada por el señor Secretario de Estado para las Administraciones
Públicas, por acuerdo de la Mesa de la Comisión de 8 de marzo de 1994
(Página 6442)
Preguntas (Continuación):
--De la señora Amador Guillén (Grupo Parlamentario Popular), sobre
posibilidades de que se revise la congelación salarial de los
funcionarios públicos en el supuesto de que el Indice de Precios al
Consumo (IPC) sobrepase el 3,5 previsto para 1994. (BOCG, serie D, número
79, de 28-3-94. Número de expediente 181/000646) (Página 6448)
--De la misma señora Diputada, sobre tratamiento que piensa dar el
Gobierno a los funcionarios interinos, al personal laboral, así como
planes de empleo. (BOCG, serie D, número 79, de 28-3-94. Número de
expediente 181/000647) (Página 6450)
--De la señora Montseny Masip (Grupo Parlamentario Popular), sobre
aumento del número de puestos correspondientes a los niveles 26 a 30,
durante los años 1991 a 1993 en la Administración General del Estado, en
los Organismos Autónomos de ella dependientes, así como en las entidades
gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social. (BOCG, serie D,
número 79, de 28-3-94. Número de expediente 181/000648) (Página 6453)
--De la misma señora Diputada, sobre previsiones acerca de la
implantación de la jubilación voluntaria anticipada a los 60 años, con 30
de servicio, para los funcionarios integrados en el régimen general de la
Seguridad Social. (BOCG, serie D, número 79, de 28-3-94. Número de
expediente 181/000649) (Página 6455)
--De la misma señora Diputada, sobre datos en que se basa el Gobierno su
afirmación sobre la existencia de un ahorro de 4.000 millones de pesetas
en gastos corrientes y de una mayor recaudación ejecutiva de 55.000
millones en la Seguridad Social como consecuencia del plan de
modernización de la Administración del Estado. (BOCG, serie D, número 79,
de 28-3-94. Número de expediente 181/000650) (Página 6456)
--De la señora Amador Guillén (Grupo Parlamentario Popular), sobre forma
en que se tiene en cuenta, a la hora de asignar el complemento de
productividad, la contribución de cada puesto de trabajo a la consecución
de los resultados y objetivos asignados al correspondiente programa.
(BOCG, serie D, número 79, de 28-3-94. Número de expediente 181/000654)
(Página 6458)
--Del señor Peñarrubia Agius (Grupo Parlamentario Popular), sobre
configuración de los sistemas de carrera profesional y promoción de los
funcionarios. (BOCG, serie D, número 79, de 28-3-94. Número de expediente
181/000659) (Página 6459)
--Del mismo señor Diputado, sobre opinión del Gobierno acerca de si el
vigente sistema de carrera profesional de los funcionarios es base
adecuada para cimentar la llamada «segunda carrera profesional» del
personal directivo. (BOCG, serie D, número 79, de 28-3-94. Número de
expediente 181/000660) (Página 6461)
--Del mismo señor Diputado, sobre colectivos de funcionarios que quedarán
sometidos a un régimen diferenciado de personal. (BOCG, serie D, número
79, de 28-3-94. Número de expediente 181/000661) (Página 6462)
--Del señor Soriano Benítez de Lugo (Grupo Parlamentario Popular), sobre
previsiones acerca de la descentralización por Comunidades Autónomas, y
especialmente en Canarias, de las pruebas de selección para el ingreso en
determinados cuerpos de funcionarios de la Administración Pública
estatal. (BOCG, serie D, número 90, de 25-4-94. Número de expediente
181/000717) (Página 6463)
Se abre la sesión a las cinco y cinco minutos de la tarde.
--COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
(SAAVEDRA ACEVEDO), PARA INFORMAR SOBRE GESTIONES Y REUNIONES CON LA
FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FEMP), ASI COMO DE
POSIBLES ACUERDOS SOBRE EL PACTO LOCAL. A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO
FEDERAL IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente
213/000241.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, buenas tardes.
Se abre la sesión para tratar el orden del día reflejado en la
convocatoria. Damos la bienvenida, una vez más, al señor Ministro, y
entramos en el primer punto del orden del día: Comparecencia del señor
Ministro para las Administraciones Públicas ante la Comisión para
informar sobre gestiones y reuniones con la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP) así como de posibles acuerdos sobre el
Pacto Local.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Saavedra Acevedo):
Gracias, señor Presidente.
Señorías, comparezco ante ustedes a iniciativa del Grupo Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya para informar sobre la situación en la que
se encuentran las conversaciones conducentes a lo que hemos denominado
Pacto Local, así como para manifestarles las actuaciones que se han
desarrollado con respecto al mismo.
El denominado Pacto Local constituye un ofrecimiento realizado por el
Gobierno de la nación para el diálogo y el consenso político sobre
diversas materias del régimen local. No hay que olvidar que los partidos
políticos en sus programas electorales, y con independencia de la
cuestión financiera como preocupación común en todos ellos, formularon
también compromisos de actuación sobre las materias apuntadas.
El propio Presidente del Gobierno, durante el debate de investidura,
señaló la prioridad de algunos de los aspectos contenidos en el Pacto
Local. Cito: La definición de nuevas funciones para las entidades locales
y la modificación del régimen local básico de las grandes ciudades.
Por mi parte, en mi comparecencia del pasado 29 de septiembre ante esta
misma Comisión me refería a algunas de ellas como objetivos preferentes
durante la legislatura.
La propuesta gubernamental de un pacto institucional para la potenciación
de las instituciones locales fue formulada ante la asamblea
extraordinaria de la FEMP, celebrada en La Coruña en noviembre pasado,
apuntándose en ese foro los problemas de partida y la necesidad de
cooperación entre administraciones, de cara a la formulación del pacto
municipal.
La idea del consenso desde diversas perspectivas institucionales cobró
solidez con la moción aprobada por la práctica totalidad de los grupos
parlamentarios de esta Cámara el 23 de noviembre de 1993 y con la
posterior moción unánime del Senado de 23 de febrero de ese mismo año,
donde se manifiesta el deseo de las fuerzas políticas de aportar
soluciones imaginativas a los problemas que actualmente aquejan a las
corporaciones locales.
Tras los compromisos manifestados por el Gobierno, el primer documento
sobre el Pacto Local elaborado a modo de propuesta inicial fue entregado
a finales de diciembre y comienzos de enero a los portavoces de los
diversos grupos parlamentarios del Congreso, a los Diputados del Grupo
Mixto y a la Ejecutiva de la FEMP.
Dicho texto constituía una propuesta de diálogo comprensiva de diversas
materias cuya redefinición normativa parecía susceptible de ser incluida
en el Pacto. Entre ellas se podrían contar, a título meramente
enunciativo, las siguientes: sistema electoral de las corporaciones
locales, mociones de censura, transfuguismo, descentralización
competencial, reconsideración del mapa municipal potenciando la
agregación de corporaciones con proporciones minúsculas,
perfeccionamiento de la autonomía local, modernización de la
Administración local dentro de un plan general del que ya se han
desprendido rendimientos muy interesantes, normativa sobre grandes
ciudades.
Sin embargo, la consecución del pacto no depende exclusivamente del
Gobierno de la nación. Este debe concentrar su esfuerzo en propiciar el
adecuado consenso, así como en la elaboración de la documentación técnica
que sirva de base para el análisis y a procurar los contactos con los
grupos políticos e instituciones.
El previo acuerdo con las fuerzas políticas sobre los contenidos y la
actitud de consenso de los partidos políticos y las administraciones en
las negociaciones determinarán el desarrollo del pacto, por lo que
resulta difícil prefijar calendarios cerrados.
Posteriormente se han celebrado varias reuniones con la Federación
Española de Municipios y Provincias. Estos encuentros han permitido
concretar el interés de esta asociación sobre determinados extremos, en
particular los que se refieren a la asunción de mayores responsabilidades
por parte de las entidades locales e igualmente el desinterés en abordar
materias institucionales.
Dada la competencia de las comunidades autónomas sobre determinadas
materias y a fin de respetar su autonomía institucional, el proceso
descentralizador debe venir propiciado desde un adecuado consenso entre
los diversos partidos políticos, trasladándose posteriormente a las
comunidades autónomas y corporaciones locales de su ámbito.
En todo caso, es opinión del Gobierno que un contacto permanente y fluido
con la FEMP es del todo inexcusable. Está previsto celebrar el próximo
jueves un encuentro a efectos de fijar determinados aspectos de carácter
técnico sobre las materias competenciales susceptibles de
descentralización en las entidades locales.
En los últimos días del mes de marzo fue presentado el documento marco
sobre el pacto local y remitido a los grupos parlamentarios y a la propia
FEMP. En este documento se recogen tanto los criterios para analizar y
valorar los tipos de competencias que podrían ser objeto de un proceso de
descentralización como un primer análisis de aquellas materias en las que
la FEMP ha manifestado que podrían ser asumidas por las corporaciones
locales. Sucintamente estas materias son las siguientes: Deportes: En
particular la planificación, diseño, ejecución de la construcción de
instalaciones deportivas y la gestión de las mismas. Educación: En lo que
se refiere a la participación en la programación de la enseñanza y la
posibilidad de suscripción de convenios en materia educativa. Empleo:
Participación en
ciertos programas y seguimiento de centros de empleo. Servicios sociales:
Gestión de determinados servicios, como son la ayuda a domicilio o el
acogimiento familiar, así como la gestión de centros dirigidos a diversos
colectivos, como pueden ser discapacitados o drogodependientes.
Juventud: Gestión de todos los equipamientos, tales como albergues o
campamentos, así como la participación en programas locales mediante
comisiones mixtas, ayuntamientos y comunidad autónoma. Mujer: Gestión de
servicios específicos o ejecución de programas de actuación en esta
materia. Urbanismo: Aprobación de los planes municipales en los
municipios mayores de 50.000 habitantes, autorizaciones de usos en suelo
no urbanizable, aprobación de ciertos expedientes en materia de
expropiación o mayores facultades en cuanto a sanción y regulación de
actividades clasificadas.
Además, y en un intento de profundizar y ampliar el marco, se apuntan
otras materias que, si bien no han sido planteadas por la Federación, se
considera que pueden ser incluidas en aras a una mayor eficacia
administrativa. Estas últimas son: Cultura y deporte, donde cabría una
participación en la planificación de promoción de nuevas instalaciones y
participación en la protección del patrimonio histórico. Consumo, en lo
que se refiere a configurar el sistema de arbitraje a nivel local y
participación en materia de consumidores y usuarios. Sanidad, en lo
relativo a la atención primaria de salud, salubridad pública y, en
particular, saneamiento de aguas y control de alimentos y bebidas.
Finalmente, en medio ambiente, con especial referencia a la contaminación
de aguas y vertidos.
Este documento, contando con las modificaciones normativas que la
aprobación del Pacto y su posterior desarrollo podrán precisar,
manifiesta la posición inicial del Gobierno con respecto al Pacto Local.
Al mismo tiempo, creo que muestra suficientemente el enorme interés
existente en potenciar la posición de los entes locales en el marco del
sistema competencial general, así como el esfuerzo realizado en orden a
producir avances del proceso descentralizador.
Por otra parte, incidiendo en la materia que estamos tratando, quiero
informarles de las conversaciones que tanto con los representantes de las
grandes ciudades como con la FEMP se están manteniendo actualmente, de
cara a la redacción de una normativa propia de aquéllas. En estos
momentos, se dispone de un documento con los criterios básicos para la
futura ley que, en la medida en que la FEMP colabore activamente en su
redacción, podría ser presentada en esta Cámara antes de que se inicie el
próximo período de sesiones.
No obstante, quedan por perfilar algunos aspectos ciertamente no menores,
como son los relativos al ámbito objetivo de su aplicación normativa en
relación con el concepto de grandes ciudades y, sobre todo, el impulso
que a la iniciativa legislativa pueda proporcionarse desde los distintos
grupos políticos. Todo ello nos impide concretar un calendario
definitivo.
Para finalizar, debe resaltarse que el Pacto Local supedita su existencia
al consenso entre los grupos políticos e instituciones y no a actuaciones
unilaterales del Gobierno. Por eso mismo urge reclamar de esas
instancias, que de una u otra forma se han pronunciado sobre la necesidad
de un pacto local, que concreten sus respectivas posiciones sobre los
contenidos del acuerdo político e institucional y manifestar, al mismo
tiempo, que el Gobierno es receptivo al estudio de cualquier propuesta.
Sólo cuando estas propuestas se hayan producido, efectivamente podrá
originarse el debate y apuntarse al consenso, hoy por hoy imprescindible,
para allanar el camino sobre una materia tan sensible de nuestra
configuración político-administrativa.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo autor de la iniciativa, el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene
la palabra la señora Aguilar.
La señora AGUILAR RIVERO: Gracias, señor Ministro, por su comparecencia
ante esta Comisión, con el objetivo, entre otras cosas, de discutir sobre
el discurrir del pacto local, el pacto institucional.
Hay que remontarse en el tiempo para poder hacer una descripción
cronológica de lo que ha acontecido y de cuál ha sido la actitud del
señor Ministro en relación a todo el tema local.
En este sentido, hace ya siete meses que debatíamos en el Parlamento, en
aquel momento con usted ausente, una interpelación del Grupo
parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya que
tuvo una posterior concreción en una moción, en otro Pleno parlamentario,
que fue aprobada prácticamente por unanimidad, en tanto en cuanto
precisamente hicimos un esfuerzo todos los grupos parlamentarios por
buscar el consenso.
En aquel momento todos los grupos políticos coincidíamos en que la
situación de los ayuntamientos era insostenible, que los ayuntamientos no
podían soportar más, tanto desde el punto de vista financiero como desde
el punto de vista político, y esto era un diagnóstico en relación a la
situación local que hacíamos todos los grupos unánimemente.
Con posterioridad a aquel momento de debate en el Parlamento y de
aprobación de la moción a la que me he referido antes, se celebró la
Asamblea extraordinaria de la Federación Española de Municipios y
Provincias, en la que estuvo presente el señor Ministro, que, en su
discurso ante la referida Asamblea, habló del pacto local y del
compromiso de diálogo con la Federación Española de Municipios y
Provincias.
Ha transcurrido el tiempo. Hace ya siete meses que tuvo lugar el Pleno
del Parlamento en el que se debatió nuestra propuesta y efectivamente ha
habido varias reuniones con los representantes de la Federación Española
de Municipios y alguna puntual con los grupos políticos. Se han realizado
por parte del Ministerio dos borradores en relación al pacto local, pero
lo cierto y verdad es que todo continúa igual, exactamente igual de mal
para los municipios españoles que cuando debatíamos la moción que fue
objeto de aprobación por unanimidad del Parlamento español.
La situación continúa exactamente igual de mal y de preocupante que
cuando tuvo lugar la celebración de la Asamblea Extraordinaria de la
Federación Española de Municipios y Provincias. Es más, desde el punto de
vista de nuestro Grupo parlamentario, creemos que la situación está aún
peor que en aquel momento en relación con el Ministerio de
Administraciones Públicas. Mientras que hay signos evidentes de un mínimo
entendimiento con el Ministerio de Economía y Hacienda en todo lo
relativo a la financiación de los ayuntamientos, desde luego la situación
no ha avanzado ni mucho menos en relación a su propio Ministerio. Yo
pienso que eso es producto de que el Ministro es alguien lejano y
desconocedor del ámbito local y, además, con la actitud política que está
manteniendo, se está creando en el ámbito municipal incluso dudas que,
desde nuestro punto de vista, son legítimas de a dónde va la política
municipal, la política local del Ministro de Administraciones Públicas,
qué política realmente hay trazada desde el Ministerio para el ámbito
local, hacia qué objetivo se va en función de las actitudes políticas que
está manteniendo el propio señor Ministro.
Hay que decir con absoluta claridad que prácticamente no se ha avanzado
nada a estas alturas en todo lo relativo al ámbito competencial. Es más,
desde nuestro punto de vista, por parte del Grupo parlamentario Federal
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que valoramos inicialmente
como interesante o como positivo lo que se recogía en el primer documento
al que ha hecho alusión el señor Ministro relativo al pacto local, el
primer documento que envió a los grupos desde el Ministerio --lo que se
planteaba en relación a un modelo flexible o abierto, a un modelo basado
en una amplia operación descentralizadora, una redefinición competencial
en base al principio de subsidiariedad-- que, como le digo, en unos
primeros momentos nosotros valoramos positivamente, con posterioridad
hemos visto cómo el segundo documento que ha remitido el Ministerio no
supone un avance en la dirección que estaban reclamando los propios
municipios españoles, sino que incluso, comparándolo con el primer
documento del Ministerio, es un retroceso. No hay una claridad en lo
relativo a las transferencias de competencias al ámbito local y su
financiación adecuada para poder ejercerla con garantías y con seguridad
desde el ámbito local y, por tanto, nos preocupa muy mucho ese cambio de
orientación política que ha sufrido en este ámbito el segundo documento
remitido por el Ministerio en relación al primero.
Además, nos parece que en estos momentos se está dando un signo
tremendamente preocupante en relación a la actitud política del Ministro,
porque creemos que hay una organización que es la que representa a todos
los municipios españoles, que se llama Federación Española de Municipios
y Provincias. Es el instrumento solidario de los propios municipios y,
por tanto, el interlocutor válido para con el señor Ministro y para con
el Ministerio para las Administraciones Públicas. Sin embargo, la
presencia del señor Ministro en organizaciones que se generan al margen
de la propia Federación Española de Municipios, organizaciones, desde
nuestro punto de vista, nada solidarias, incluso desvertebradoras de lo
que es hoy el instrumento necesario para los municipios, cual es el
espacio de la Federación Española como es la organización del grupo de
las siete, nos hace pensar que el Ministro no tiene ni mucho menos claro
hacia dónde va, políticamente hablando, en relación a los municipios
españoles, no sólo porque, desde el primer documento que se remite por el
Ministerio al segundo hay un cambio cualitativo, políticamente hablando,
sino porque la propia actitud política de quien está al frente del
Ministerio, respaldando iniciativas, desde nuestro punto de vista, nada
afortunadas para el conjunto de los municipios. Sencillamente, señor
Ministro, nos preocupa en ese marco no saber cuál es la política del
Ministerio en relación a los municipios y cuál es su actitud en relación
a la propia Federación Española de Municipios y Provincias.
Nosotros creemos que con su presencia en algunos momentos y con su
actitud se están reforzando, desde nuestro punto de vista, planteamientos
equivocados, planteamientos equivocados en relación al grupo de las siete
grandes ciudades, entre otras cosas, porque nosotros consideramos que no
sólo tienen una problemática específica estas siete grandes ciudades,
sino que hay un concepto mucho más amplio, que es el que tendríamos que
estar barajando, que es el de municipios urbanos, que irradia esas
problemáticas específicas a muchos más municipios de todo el Estado
español, no sólo a los siete grandes, aunque los siete grandes vean estas
problemáticas específicas, que son de muchos más municipios, además,
agravadas por su propia peculiaridad. Pero no creemos, ni mucho menos,
que se tenga que respaldar desde el Ministerio un movimiento de las siete
grandes ciudades insolidario y que no beneficie para nada una solución
global de lo que es una situación real de los municipios españoles y un
impulso decidido del pacto local.
Nosotros creemos que las siete grandes ciudades tienen problemáticas
específicas pero no son exclusivas de esos siete grandes municipios,
aunque estos siete grandes municipios las tengan por su dimensión más
acentuadas, pero no son problemáticas exclusivas de estos siete grandes
municipios.
Nosotros creemos, señor Ministro, que no se ha avanzado prácticamente
nada en relación al pacto local y que, además se está contribuyendo de
manera muy directa a la insolidaridad municipal. Esto nos preocupa porque
estos rasgos que aparecen a partir de comportamientos concretos en el
ámbito de su Ministerio pueden dar al traste con el necesario consenso en
el ámbito de los municipios y en el de los partidos políticos para llegar
a ese tan deseado y necesario, ya imprescindible en estos momentos, pacto
local.
A nosotros nos parece que hay una cuestión que hay que modificar y es
cómo se ha venido manteniendo hasta ahora la relación con la Federación
Española de Municipios, por un lado, y con los partidos políticos, por
otro. Nosotros creemos que ya es el momento adecuado para generar una
especie de mesa de diálogo donde todos podamos exponer cuáles son
nuestros planteamientos en torno al pacto local para que realmente se
pueda avanzar. No pensamos que sea una fórmula idónea que se dé al
Ministerio todos los planteamientos que cada uno de los grupos
políticos conformemos para que sea el Gobierno quien, ante la Federación
Española de Municipios y Provincias, administre las propuestas que le
hayamos hecho llegar los grupos parlamentarios, las organizaciones
políticas, sino que tiene que haber un espacio común de todos para
contrastar opiniones, para generar el diálogo suficiente que dé, a través
del consenso, unos resultados inmediatos.
Creemos que hasta ahora han sido escasos los contactos que se han
mantenido con los grupos parlamentarios, no sé si porque en el fondo no
se quiere avanzar en lo que debe ser un inminente pacto local o si, por
el contrario, es simplemente porque se ha estado esperando a que los
grupos parlamentarios hagamos algunas aportaciones en relación a los
documentos que se han enviado. A nosotros esta segunda fórmula no nos ha
parecido, después de valorarla oportunamente, positiva, toda vez que nos
parece que tiene que haber un espacio de diálogo para todos y que no sea
el Gobierno el que esté permanentemente administrando las propuestas que
los demás les remitamos, como si no fuese éste un problema del Gobierno,
sino algo ajeno al propio Gobierno, que el Gobierno simplemente
administra e intenta que las partes --grupos parlamentarios,
organizaciones políticas, Federación Española de Municipios,
representantes legítimos de los municipios-- se pongan de acuerdo.
El Gobierno tiene que asumir su responsabilidad en este tema y la
responsabilidad es que es necesario ya, de inmediato, concluir todo el
diálogo relativo al pacto local. La realidad exige que el Ministerio, con
absoluta claridad, diga qué pasa con las transferencias, no delegación,
de competencias a los municipios, con todo lo relativo a la financiación
de dichas transferencias, que deben ser suficientes para poder ejercerlas
y que el Ministerio plantee con claridad si va a entender, en esta
transferencia de competencias, en base al principio de subsidiariedad o
ya es algo olvidado. En el segundo documento que nos ha remitido el señor
Ministro ha desaparecido este principio, absolutamente necesario e
imprescindible, desde nuestro punto de vista, para definir todo lo que es
el marco competencial.
A nosotros nos gustaría que en esta comparecencia el señor Ministro
dejara claro, en primer lugar, si se va a generar un espacio común de
diálogo de todos los grupos parlamentarios de las organizaciones
políticas con la Federación Española de Municipios y con el Gobierno
presente en esa mesa de diálogo, para intentar llegar, de verdad, al
consenso y a la conclusión de todo lo relativo al pacto local. En segundo
lugar, si por parte del Ministerio se va a actuar con claridad en
relación a la Federación Española de Municipios y lo que está suponiendo
la conformación del grupo de las siete grandes ciudades. Si por parte del
Ministerio, por otra parte, se va a dar pábulo a ese grupo de siete
grandes ciudades para que, desmarcándose de quien es el instrumento
legítimo de representación de los municipios, es decir, la Federación
Española de Municipios y Provincias, vayamos a una regulación específica,
exclusivamente para esos siete grandes, y no la hagamos extensiva a un
conjunto de municipios que tienen las mismas problemáticas que esos siete
grandes, aunque éstos más acentuadas por su peculiaridad y por su
singularidad.
Queremos saber, en definitiva, cuál es la posición del señor Ministro y
qué plazo se fija para concluir todo lo relativo al pacto local. Porque
--y con esto concluyo-- podemos sorprendernos al ver que la Federación
Española de Municipios, en un tema tan importante como la financiación
municipal, llega a un acuerdo con el Ministerio de Economía y Hacienda y
todavía estamos esperando la conclusión de todo lo que tiene que englobar
el pacto local, porque desde el Ministerio de Administraciones Públicas
no se haya tenido la diligencia política debida para, a través del
diálogo y el consenso en una serie de puntos que ya hemos manifestado en
nuestro acuerdo, poder concretar y llenar de contenido el tan traído y
llevado pacto local.
El señor PRESIDENTE: Para contestar, tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Saavedra Acevedo):
Señor Presidente, yo me quedo sorprendido ante lo manifestado por la
portavoz del Grupo de Izquierda Unida, porque da la sensación de que el
Ministerio no ha hecho absolutamente nada, que no tiene política
municipal, que no existen documentos y que todo empieza a partir de la
moción del 23 de noviembre que, erróneamente, sitúa con anterioridad a la
celebración de la asamblea extraordinaria de La Coruña, que tuvo lugar
los días 4 y 5 de noviembre. La moción es de 23 de noviembre, como dije
en mi intervención.
Tanto en el documento entregado en diciembre-enero como en el posterior,
mucho más amplio, del mes de marzo --este segundo ya se ajustaba a la
respuesta que recibimos de la Ejecutiva de la Federación Española de
Municipios--, fueron precisamente los miembros representantes de su
Partido en dicha Ejecutiva los que dijeron, junto con otros partidos, que
no querían oír hablar del tema institucional, que no querían hablar del
tema de elección de alcaldes, mociones de censura y todos los aspectos
institucionales que se contenían como una agenda abierta en el primer
documento entregado por el Ministerio.
Han transcurrido prácticamente dos meses y hoy nos encontramos aquí con
su intervención en la que dice que no le gusta el documento; me hubiese
gustado y hubiéramos avanzado mucho si su Grupo parlamentario hubiese
trasladado por escrito al Ministerio sus propuestas críticas con el fin
de ir avanzando. El pasado jueves, en Valladolid, yo manifesté mi
preocupación ante el silencio tanto de todas las fuerzas políticas, sin
excluir ninguna, a las que se entregó el documento en el mes de marzo,
como de la Federación Española de Municipios. Hoy he tomado la iniciativa
de solicitar una reunión con la Ejecutiva de la Federación Española de
Municipios y hemos quedado para el próximo jueves. Según palabras
textuales de su Presidente, quieren trabajar ya para cerrar, para
consensuar. Por consiguiente, no estamos ante una carencia de política
local por parte del Ministerio, sino de un desinterés, por motivos
coyunturales, por la situación política en general, por los motivos que
sean, por parte de las fuerzas políticas que no
quieren abordar un tema que exige necesariamente consenso institucional y
consenso político.
En cuanto a la mayor diligencia del Ministerio de Economía y Hacienda
--de lo que me alegro-- será porque la Ejecutiva de la FEMP ha
considerado prioritario centrar su negociación y sus reuniones con la
Comisión de Asuntos Económicos de la Ejecutiva o de la FEMP y están
aproximando posiciones en relación con ese tema que afecta al próximo
quinquenio. En todo lo demás, repito, lamento que no haya habido ninguna
respuesta específica sobre la cual establecer luego un diálogo, una
negociación, una crítica o un rechazo de posibles posiciones del
Ministerio en relación con el pacto local.
El reconocimiento del interlocutor me parece que está fuera de duda, a
pesar de que, por lo visto, considera que es una infidelidad que el
Ministro se reúna con grupos de municipios que tienen una problemática
distinta o que me reúna con las mancomunidades de municipios, que también
me he reunido, para hablar del pacto local.
Olvida la portavoz del Grupo de Izquierda Unida que en esos siete
alcaldes de las grandes ciudades hay tres miembros de la Ejecutiva de la
FEMP y, por consiguiente, no hay un divorcio. Si hay problemas internos
no me corresponde a mí entrar en la vida y en la autonomía de una
asociación; simplemente me corresponde atender las peticiones de diálogo
que me vengan solicitadas por parte de cualquier grupo, institución,
persona o asociación. Respecto a las reuniones a que ha aludido de los
siete alcaldes de los principales municipios españoles, únicamente me he
limitado a recoger las propuestas de criterios básicos que me entregaron
en la reunión de Sevilla y forma parte, como he indicado en mi
intervención, de la negociación global que el pacto local requiere con la
Federación Española de Municipios.
Calificar de insolidaridad, desvertebración, etcétera, son adjetivos
suyos particulares en los que no entro ahora a valorar, porque tengo un
gran respeto a todos los alcaldes y a todas las instituciones de este
país y no me corresponde a mí ahora entrar en un juego de si son siete,
o, en lugar de siete, son nueve, o si son diez las críticas cambiarían y
las descalificaciones se convertirían en elogios. El tema --lo he
reiterado en mi intervención-- es definir el concepto de gran ciudad y el
Ministerio no se ha pronunciado al respecto. Por consiguiente, ya es
partir de una presunción de entender como gran ciudad, desde el punto de
vista del Ministerio, exclusivamente las siete grandes capitales
españolas. Será en la negociación donde se determine el criterio
cuantitativo; en definitiva, será por comunidad de problemas, por número
de ciudadanos, o por áreas metropolitanas; son diversas las alternativas
que cabe manejar y será en la negociación donde se determine hasta dónde
llega el concepto de gran ciudad. Sé la posición que tiene la Ejecutiva,
o, por lo menos, el Presidente de la Ejecutiva de la FEMP, que la
manifestó hace meses, la respeto, y puede satisfacer su posición u otra
intermedia que surja a lo largo de la negociación.
En cuanto a la propuesta de constituir una mesa de diálogo para celebrar
estas negociaciones, parece que quiere una especie de asamblea. Creo que
debemos tener bien claro que la Ejecutiva de la FEMP no es una ejecutiva
asexuada, ideológicamente hablando, y que si yo me reúno con la Ejecutiva
de la FEMP y ahí están presentes los principales grupos políticos debo
entender que hablan no por libre, sino en función del partido al que
pertenecen. Y en esta fase inicial de intercambio de papeles y de reunión
de negociaciones preparatoria tiene que ser bilateral la reducción que
tiene que establecerse con cada una de las fuerzas políticas y también
con las instituciones existentes, que es la FEMP. Posteriormente, podré
tomar en consideración la conveniencia de una mesa de diálogo final
ratificador o los objetivos que se estimen más oportunos, si se quiere
dar una mayor fuerza a la ratificación o al acuerdo del pacto local que
estamos intentando llevar adelante.
Por último, entra usted en un tema ya jurídicamente polémico como es el
de que no quiere delegaciones, sino transferencias. Si empezamos aquí con
un debate constitucional no sé dónde llegaríamos. Vamos a decir que se
trata de aproximar los servicios al ciudadano al máximo posible, haciendo
realidad ese principio de subsidiariedad.
No sé qué gracia le hacen mis palabras pero respeto su sonrisa. (La
señora Aguilar Rivero pronuncia palabras que no se perciben.) ¡Ah!, bien,
es que es muy optimista y sonriente; me parece muy bien.
En cuanto a si es traspaso, si es transferencia, si es delegación de
servicios o si es encomienda, el Derecho Administrativo está lleno de
análisis sobre esos conceptos jurídicos y sobre el marco y el esquema
constitucional vigente en nuestro país.
Finalmente, quiero repetir que no es posible fijar un calendario rígido,
pero yo sí deseo que antes del mes de agosto el pacto local esté cerrado
o esté fracasado.
El señor PRESIDENTE: Para un último turno de puntualizaciones, tiene la
palabra la señora Aguilar.
La señora AGUILAR RIVERO: Por nuestra parte le tengo que decir con
absoluta claridad, señor Ministro, que también nos quedamos sorprendidos,
sorprendidos precisamente porque, transcurridos siete meses, estamos
prácticamente no igual, sino peor que en aquel momento, en relación a la
situación de los municipios. Y no es responsabilidad de los grupos
parlamentarios hacer la política de su Ministerio. La responsabilidad
política de trazar unas líneas generales de actuación desde el Ministerio
es suya, no es nuestra; asúmalo así, porque está planteando un plano
equívoco de debate, de discusión y de diálogo. El Ministerio tiene que
hacer su propia política y tiene que tener sus propuestas y, en relación
a esas propuestas o a esa política trazada desde el Ministerio, los
grupos parlamentarios, las organizaciones políticas y la propia
Federación Española de Municipios, desde su independencia total, tendrán
la opinión que tengan y en función de esa opinión, a partir de una
política trazada por el Ministerio, repito, se podrá ir, a través del
diálogo, nucleando el consenso. Es todo lo contrario de lo que el señor
Ministro está hablando. El señor Ministro no nos puede decir que va a
elevar a categoría política del Ministerio de Administraciones Públicas
el resultante del diálogo establecido con los grupos y con la
Federación Española de Municipios y Provincias, que lo que resulte será
la política del Ministerio. El Ministerio debe tener alguna política en
relación a los municipios. Vuelvo a repetir, señor Ministro, desde
nuestro punto de vista, usted es una persona lejana al ámbito local;
conoce mucho más el ámbito autonómico, tiene mucho más determinada y
delimitada cuál es la política autonómica en el ámbito de las
administraciones públicas y mucho menos cuál es la política en relación
al ámbito local.
Ahora bien, tengo que hacerle una pequeña precisión: no es que hayamos
ubicado mal la fecha, es que entre la interpelación que se hace en el
Parlamento hasta la concreción y debate de la moción, en medio de esas
dos fechas, está la asamblea extraordinaria de la Federación Española de
Municipios y Provincias; son dos plenos diferentes. Por eso, antes,
cuando hablaba del Pleno donde se debatió la interpelación, al estar el
señor Ministro ausente, en aquel momento el debate lo hizo el Ministro de
Economía y Hacienda; y hubo un Pleno posterior, ya celebrada la Asamblea
extraordinaria de la Federación Española de Municipios y Provincias,
donde se concretó la moción.
En este sentido, yo le tengo que decir que no esgrima los silencios de
los grupos parlamentarios o los silencios de la propia Federación
Española de Municipios y Provincias; se han recibido unas propuestas
totalmente de carácter global por parte del Ministerio, a partir de los
contactos políticos habidos con la Federación y con los propios grupos
parlamentarios, pero yo insisto, si, a partir de ese momento en que el
Ministerio hace esa propuesta como consecuencia del diálogo habido con
los grupos y con la Federación Española de Municipios y Provincias no se
nuclea un espacio, no una asamblea, sino un espacio de diálogo, donde
estemos todos representados, difícilmente se va a poder avanzar en todo
el tema del pacto local. De lo que se trata no es de que el Gobierno, o
el Ministerio, o el señor Ministro administre la información, las
críticas o los acuerdos que en relación a esos documentos le hagamos
llegar los grupos, sino de que, como se suele decir, nos veamos en una
mesa todos la cara para, a través del diálogo, poder avanzar. No
necesitamos que el señor Ministro o el Ministerio de Administraciones
Públicas sea el intermediario; necesitamos que realmente ejerza como
Gobierno y que, a partir de una política, de verdad el diálogo y el
consenso.
No estamos hablando ni yo me he referido al término de infidelidad porque
el señor Ministro hable con los representantes de las siete grandes
ciudades. Yo creo que el hecho de que haya tres personas de la Ejecutiva
de la FEMP en ese grupo no quiere decir nada; las siete grandes ciudades
están negociando «per se», para ellas mismas; están negociando
entendiendo que tienen problemas específicos y lo que nosotros estamos
diciendo es que, efectivamente, esas siete grandes ciudades tienen
problemas específicos pero que los problemas de esos siete grandes son
extensibles a muchos más municipios del conjunto del Estado español. Que
lo tienen más agravado los siete grandes, sí, pero que no se puede hacer
un aparte con esos siete grandes, porque eso produciría en el ámbito
local la insolidaridad municipal. Y es más, usted debe conocer, señor
Ministro, que, a nivel de Europa, se está hablando en el Comité de las
Regiones de todo lo relativo a la problemática de los núcleos urbanos, de
los municipios urbanos y se está hablando de municipios urbanos a partir
de 100.000 habitantes. Por ahí va el debate en el ámbito europeo. Si
somos europeos, seámoslo coherentemente para todo, también para el ámbito
municipal, y, por tanto, téngase en cuenta los planteamientos que se
están haciendo en el ámbito europeo por parte del Ministerio. Téngase en
cuenta eso para definir las problemáticas de los municipios urbanos a
nivel del conjunto del Estado español.
Insisto, nosotros reconocemos que esas siete grandes ciudades tienen
problemáticas, pero que no son problemáticas exclusivas; las tienen más
acentuadas, pero no son únicas de esos siete grandes, sino que son
extensibles a muchos más municipios del conjunto del Estado español.
Por último, hay que plantear una cuestión con claridad. No confunda,
señor Ministro en su intervención, o, al menos, no lleve a nadie a la
confusión, cuando habla de la FEMP y cuando habla de las organizaciones
políticas. Efectivamente, los representantes de la Federación Española de
Municipios y Provincias son cargos institucionales que, lógicamente,
pertenecen a fuerzas políticas, pero cuando la Federación Española de
Municipios y Provincias va a hablar con usted, va a hablar en función de
que es el órgano representante a nivel institucional de los municipios
españoles. Es decir, cuando el señor Trigo, Alcalde de Córdoba y miembro
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, va como ejecutivo de la FEMP
va como cargo institucional, no va como cargo de partido. Los partidos
políticos tienen sus responsables, que son, lógicamente, los legitimados
para hablar como fuerza política con el Ministerio. Y puede ser la misma
persona, pero, desde luego, no en un mismo acto, sino en dos actos
totalmente diferenciados; no vayamos a mezclar lo que es una
representación institucional con lo que es una representación partidaria.
Vamos a distinguir y vamos a diferenciar perfectamente, porque, si no,
seguramente que ni en agosto, ni en septiembre, ni el año que viene
tendremos pacto local; no lo tendremos si, al final, no hay una política
concreta que trace el Ministerio y no hay una voluntad decidida del
Ministerio de aclarar cuáles son las representaciones de uno y de otro y
en qué momento se ejercen y de verdad para llegar hasta el final en todo
lo que es el ámbito local y en todo lo que son los puntos, cada uno de
ellos, que se aprobaron en la moción, que, por cierto, están todavía
inéditos, todavía están por desarrollar por parte del Ministerio de
Administraciones Públicas; una muestra más de lo que nosotros creemos que
es una falta de voluntad de avanzar y de dar un impulso, imprescindible
ya, al pacto local y a todos los acuerdos relativos a los municipios
españoles.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Saavedra Acevedo):
Brevísimamente, señor Presidente.
Dos cuestiones. Usted se empeña en que yo carezco de sensibilidad
municipal. Le debo decir que, como Presidente de la Comunidad Autónoma de
Canarias, en noviembre de 1992, negocié con la Federación Canaria de
Municipios la creación de un fondo de cooperación municipal, que es el
más importante de los que hay en toda España, por su cuantía. En 1993
continúa y se ha establecido un plan de saneamiento de todas las
corporaciones locales, mediante acuerdos hechos en base a unas auditorías
elaboradas previamente. Luego, en cuatro años, se mantienen esas
cantidades y aquellas que estén saneadas podrán disponer libremente de
las cantidades que les corresponden, en función de los criterios de
distribución establecidos por la Federación Canaria de Municipios.
Segundo, no he negociado con el grupo de los siete; no se empeñe, yo no
he negociado nada con el grupo de los siete alcaldes de las grandes
ciudades. Insisto, quiero negociar con las fuerzas políticas y quiero
negociar con la Federación Española de Municipios. Creo yo que los que
defienden posiciones como miembros de la ejecutiva de la FEMP, alguna
disciplina de partido tendrán. Entonces, ¿qué es antes, la institución
representativa? Pienso que, en estrecho contacto con los responsables
políticos de cada una de las organizaciones a las que pertenece, estarán
ahí, expresándose, sin perjuicio de que luego estén también presentes los
representantes de los distintos partidos políticos, para que manifiesten
su posición.
Yo, en definitiva, lo que estoy pidiendo es que cuanto antes me mande por
escrito lo que usted entiende por pacto local. Se lo agradecería
enormemente, porque estoy esperando desde el mes de marzo.
El señor PRESIDENTE: ¿Restantes grupos que deseen intervenir? (Pausa.)
Por parte del Partido Popular, tiene la palabra el señor Fernández.
El señor FERNANDEZ DIAZ: Muchas gracias, señor Ministro, por su
comparecencia y sus explicaciones. En relación con las mismas, relativas
a las dificultades y el estado de las conversaciones, gestiones,
negociaciones, con la Federación Española de Municipios y Provincias y
demás instituciones representativas de los ciudadanos, en orden a llegar
a un pacto local, si se me permite, «mutatis mutandis», equivalente, de
alguna manera, análogo, al que se suscribió el 28 de febrero de 1992
entre el Gobierno, el Partido Socialista y el Partido Popular en el
ámbito autonómico, tengo que decir que yo creo que existen dos tipos de
dificultades para concretar ese pacto; unas de tipo objetivo, a las que a
continuación me referiré, pero también otras de tipo subjetivo, a las que
me referiré con posterioridad.
Dificultades de tipo objetivo, porque es evidente que la Constitución de
1978 no es por casualidad que ha pasado y está pasando a la reciente
historia nuestra como la Constitución que define, organiza y estructura
el Estado de las autonomías, y no dice lo mismo en relación con el Estado
de los municipios; por algo será. Es evidente que si el Estado definido
en el Título VIII de la Constitución de 1978 es el Estado de las
autonomías es porque, efectivamente, las autonomías tienen un
protagonismo enorme en esa Constitución. Lo cierto es que no tienen el
mismo protagonismo las corporaciones locales y los ayuntamientos, en
particular. No hago ahora un juicio de valor por este motivo en relación
con la Constitución, que, en todo caso, merece un juicio global positivo
para mi Grupo parlamentario, para la fuerza política a la que pertenece
mi Grupo parlamentario y que representa en este acto, y para el conjunto
de las fuerzas políticas representadas en este Congreso. Pero es lo
cierto que la autonomía local --reconocida en el artículo 137 y otros de
la Constitución, para la gestión de los intereses que les son propios a
las corporaciones locales --no permite, después, un listado exhaustivo de
competencias para las corporaciones locales, en donde se concretara esa
autonomía a los distintos ámbitos materiales en los que esos intereses
propios de las corporaciones locales deberían ser defendidos,
organizados, gobernados y administrados por las corporaciones locales,
partiendo del supuesto previo de que, efectivamente, tienen autonomía
para gestionar los intereses que les son propios, siendo así que, sin
embargo, sí existe un artículo 149.1 de la Constitución, donde se
establecen cuáles son las competencias del Estado, en temas de Estado,
como Administración central, o un artículo 148 donde se enuncian las
competencias que las comunidades autónomas, siempre y cuando fueran
recogidas en sus respectivos estatutos de autonomía, podrían concretar su
ámbito de autonomía o autogobierno. Inclusive --como saben muy bien el
señor Ministro y los demás comisionados-- hay jurisprudencia del Tribunal
Constitucional donde se determina claramente que la autonomía local, en
todo caso, es de inferior grado, en el ámbito político, al de la
autonomía política por excelencia que tienen recogidas las comunidades
autónomas, en el Título VIII, fundamentalmente, por no referirnos a otros
artículos como el 2.º, donde se establece claramente un nivel político
para la autonomía de las nacionalidades y regiones y no se hace, repito,
de forma similar para las corporaciones locales, sean éstas ayuntamientos
o de ámbito superior, como pudieran ser mancomunidades, comarcas, entes
metropolitanos y provincias.
Efectivamente, hay una dificultad de tipo objetivo para concretar ese
pacto municipal, derivada de que hay una dificultad constitucional para
que el Gobierno, de acuerdo con la competencia de iniciativa legislativa
que tiene, pudiera enviar a esta Cámara un proyecto de ley donde se
dijera: Las competencias de las comunidades autónomas son éstas. Eso es
sabido que no puede ser, dado el carácter bifronte, que, en ocasiones,
degenera en esquizofrénico, que tienen las corporaciones locales, que
tienen que estar mirando al Estado y a las comunidades autónomas, para
ver cuál es su interlocutor en cada momento. Insisto en que una cosa es
el carácter bifronte de las comunidades autónomas y otra cosa es que las
corporaciones locales, en ocasiones, estén en un marco bastante
esquizofrénico, puesto que han de esperar a que el Estado o las
comunidades autónomas, o los dos, determinen, mediante leyes sectoriales,
cuál es la atribución concreta en cada ámbito material de competencia en
el que las corporaciones locales
pueden desarrollar ese ámbito de autonomía que les reconoce de manera un
tanto imprecisa la Constitución, aunque lo ha ido precisando --bien es
cierto-- el Tribunal Constitucional en sus distintas sentencias. Por otra
parte, en la Ley de Bases de Régimen Local de 1985, ya tenemos ese núcleo
mínimo e irreductible al que hace referencia el Tribunal Constitucional.
Por tanto, las dificultades objetivas las aceptamos, pero, señor
Ministro, después hay dificultades yo creo que de tipo subjetivo, y me
explicaré. Hace una semana se celebraba en esta Comisión un debate en
relación con el proceso autonómico. No quiero faltar, por supuesto, a la
cortesía parlamentaria, en absoluto, y por eso quiero que quede
constancia expresa, pero recuerdo que estaba el portavoz del Grupo de
Convergència i Unió, de manera insólita, porque no es habitual que ejerza
de portavoz en la Comisión, ejerciendo casi como de portavoz del gobierno
en el asunto. Sin embargo, hoy me parece que el Grupo de Convergència i
Unió no está presente, en uso de su derecho, no lo cuestiono, y por eso
aludí a la cortesía parlamentaria. ¿Pero por qué me refiero a ese Grupo?
Porque ese Grupo tiene algo que ver con el Gobierno. Porque es evidente
que ese Grupo es quien está apoyando parlamentariamente al Gobierno de la
nación. Referirme a un grupo que en la práctica es determinante y
absolutamente imprescindible para que siga siendo gobierno de la nación
el Gobierno que en estos momentos, legítimamente, está aquí representado
por el señor Ministro para las Administraciones Públicas, le parece a mi
Grupo que es conveniente y necesario. El señor Pujol, cuando se refiere a
las cosas que él considera preciso que haga el Gobierno para seguir
apoyándole parlamentariamente --inclusive en una eventual cuestión de
confianza después del día 12 de junio, aunque ya ha dicho que no es
necesaria, en esa especie de telemando que hace respecto del Gobierno--,
ha hablado del impulso, autonómico, señor Ministro, y no ha hablado del
impulso municipal. Ha hablado del impulso autonómico y, en concordancia y
en coherencia con esa actitud de ese Grupo --legítima, por lo demás--, el
señor Roca estaba aquel día apoyando, en un asunto que afectaba al
proceso autonómico, al Gobierno y al Grupo Parlamentario Socialista, pero
hoy no acude. Porque todos sabemos que es descriptible el entusiasmo del
Grupo de Convergència i Unió por el municipalismo, en particular, y por
lo que afecta a las corporaciones locales, en general. Y lo digo, si me
permite la inmodestia, desde la posición personal de un Diputado electo
por Barcelona, que ha estado unos cuantos años en el Parlamento catalán y
que ha escuchado, en muchas ocasiones, promesas de ese grupo donde
gobierna, en la Generalitat, relativas precisamente a su voluntad y
vocación municipalista, que se han concretado en una nula iniciativa.
No es éste el ámbito para recordar eso, puesto que estaríamos hablando de
otra instancia de gobierno y de otra instancia parlamentaria pero,
insisto, ese grupo parlamentario da apoyo al Gobierno y su ausencia en
una Comisión como ésta --haciendo uso legítimo de su derecho a no
asistir-- tiene una lectura política indudable, sobre todo en contraste
con aquella asistencia tan extraordinaria del señor Roca.
Si se pide lucha contra la corrupción, medidas económicas adecuadas e
impulso o giro autonómico, como condiciones para seguir apoyando al
Gobierno socialista, es evidente que hay un silencio clamoroso en
relación con el pacto local y con el impulso al municipalismo, en
particular, y eso, qué duda cabe, va a afectar al Gobierno. Y entendemos
que el señor Ministro del ramo se encuentra con dificultades subjetivas
adicionales para llegar a un pacto local. Dificultades subjetivas sobre
las objetivas que ya tiene este proceso, a algunas de las cuales he hecho
referencia al inicio de mi intervención. Porque hay otras en el pacto
autonómico. El pacto autonómico se suscribió entre el Gobierno, el
Partido Socialista y el Partido Popular. Aquí es evidente que el concurso
de las comunidades autónomas es imprescindible, no sólo porque tienen
recogidas y reconocidas en sus estatutos y en la Constitución
competencias en relación con el régimen local, con carácter general, sino
porque es cierto que, en los distintos ámbitos sectoriales en los que se
concreta la acción de gobierno, tienen competencias de desarrollo
legislativo y ejecución, cuando no exclusivas, en muchos supuestos
ejecutivas. Por tanto, es imprescindible su concurso y es evidente que
con el Partido Socialista, el Partido Popular e Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, que ya se ha pronunciado, podían estar
indirectamente representadas muchas de esas comunidades autónomas y
muchísimas de las corporaciones locales presuntamente afectadas y
destinatarias de un eventual pacto local. Faltarían las comunidades
autónomas gobernadas por fuerzas nacionalistas que, insisto, demuestran
con hechos parlamentarios como su inasistencia a esta Comisión la
vocación municipalista que tienen. Por eso comprendemos que el Gobierno
se encuentra con dificultades adicionales para culminar ese pacto local.
En todo caso, señor Ministro, me aceptará que le diga que esas
dificultades no pueden ser pretexto para que no se lleve adelante ese
pacto local, sino que han de ser un estímulo para que el Gobierno procure
hacer las cosas mejor.
Desde aquí le reitero, en nombre de mi Grupo parlamentario, la
disponibilidad del Partido Popular para llegar a ese pacto local. Sabe
usted que el señor Rajoy, en nombre del Partido y en nombre del Grupo
parlamentario, le ha reiterado la disponibilidad de nuestro Grupo
parlamentario y de nuestro Partido en muchas ocasiones. Yo, hoy, le hago
una nueva oferta y reitero, nuevamente, en nombre de nuestro Grupo
parlamentario, esa disponibilidad, pero dos no se casan si uno no quiere
y tengo la impresión de que en las filas del Gobierno hay dificultades
importantes para llevar a cabo este pacto local.
Por lo demás, señor Ministro, siempre hay un cosido para un roto, siempre
hay explicaciones y no tengo la menor duda de que sus explicaciones «in
vitro» son convincentes, en la práctica, al final, obras son amores,
señor Ministro, y tiene que aceptarme --aunque usted no me lo reconozca,
y está en su derecho y casi en su obligación-- que, evidentemente, se
nota a faltar esa voluntad política que había, por ejemplo, con ocasión
del pacto autonómico. Se nota a faltar esa voluntad política. Tenemos la
impresión de que en sus propias filas y en sus propios apoyos
parlamentarios, a los que ya me he referido, el Gobierno tiene
dificultades, e importantes, para poder culminar --fíjese lo que le
digo-- ya en esta legislatura un pacto local en condiciones, con lo cual
seguirá deteriorándose la vida local a lo largo de esta legislatura.
Nuestro Grupo parlamentario está preocupado por esta situación de las
corporaciones locales y por eso ya --inclusive en fecha anterior a la
solicitud de esta comparecencia efectuada por otro grupo parlamentario--
había formulado dos preguntas que mi compañera de Grupo María de las
Mercedes Fernández, a continuación, sustanciará, relativas tanto al
desarrollo de esa eventual lectura conjunta de la Ley Reguladora de las
Bases de Régimen Local, de 1985, que ofrecía el señor Ministro, cuanto en
lo que hace referencia a la financiación. Yo no me extenderé en esos
aspectos porque, efectivamente, le corresponderá a ella tratarlos con S.
S., pero deseo que quede constancia expresa de que las peticiones, en
forma de preguntas, de nuestro Grupo parlamentario habían sido
anteriores, para reflejar, para apoyar y demostrar, insisto, esa
preocupación que siente.
¿Y por qué digo que se va deteriorando --y termino enseguida, señor
Presidente-- la vida local? Porque usted sabe, señor Ministro, que ha de
ser el legislador estatal, y sobre todo el autonómico, quien, por la vía
de leyes sectoriales, debe ir llenando la vida local de contenido,
mediante competencias en los distintos ámbitos materiales en los que se
concreta la acción política.
Y si a la falta de voluntad política de las comunidades autónomas --que
ésa sí que existe-- le sumamos la inactividad o falta de iniciativa
legislativa también del legislador estatal en su ámbito respectivo, es
evidente que si por la vía de la política de hechos consumados, derivada,
entre otras cosas, de la inmediatez de las corporaciones locales a los
ciudadanos, de tal suerte que los ayuntamientos, en general, y los
alcaldes, en particular, son los que sufren de manera más directa las
inquietudes y reclamaciones ciudadanas y por esa vía, de hecho, van
asumiendo competencias para las que no tienen una vía legal habilitada
que les dé legitimación activa para ejercer esas competencias, y, por
otra parte, por la vía de leyes sectoriales también se les asignan
competencias sin la correspondiente financiación, es lo cierto que sumado
eso a los ámbitos materiales en los que existen competencias concurrentes
del Estado, comunidades autónomas y corporaciones locales, se va
degradando la ida local hasta límites insostenibles. Por tanto, señor
Ministro, ese pacto local es inexcusable, es inexcusable en el tiempo que
se materialice.
Usted nos ha dicho, señor Ministro, dos cosas muy concretas en su
comparecencia de hoy, entre otras muchas, variadas e interesantes. Ha
dicho: No hay calendario. Segundo: El consenso es imprescindible. Señor
Ministro, a estas alturas, el calendario en cuanto a manifestación de
voluntad política por parte del Gobierno para cerrar unos plazos
determinados con o sin socios convenientes, que no imprescindibles, ese
pacto local nos parece inexcusable. En segundo lugar, consenso. Repito,
¿quiere decir que la ausencia de determinadas formaciones nacionalistas
representadas en esta Comisión, que son el apoyo del Gobierno, dada su
minoría mayoritaria parlamentaria, tiene una lectura política como la que
hace mi grupo parlamentario y que, en consecuencia, esa realidad sería
tanto como decir que no va a haber pacto local en esta legislatura?
El señor PRESIDENTE: Concluya, señor Fernández, por favor.
El señor FERNANDEZ DIAZ: Termino ya, señor Presidente.
Esa es la situación que tenemos en estos momentos. Nos gustaría, de
verdad, que esa inconcreción se pudiera concretar en una eventual réplica
del señor Ministro. En todo caso, creo que ha quedado bastante clara y
explicitada la posición de nuestro Gobierno... Perdón, de nuestro grupo
parlamentario. (Risas.) Me dice mi portavoz que no rectifique; ha debido
ser un «lapsus linguae» con carácter subliminal. En todo caso, señor
Presidente, señor Ministro, de verdad, repito, las dificultades, que
reconocemos que existen, como le he dicho antes, no pueden ser pretexto,
sino estímulo para que el Gobierno utilice la iniciativa política y
legislativa que le corresponde para llegar lo antes posible a ese pacto
que los ayuntamientos, las corporaciones locales, en general, de España
están demandando desde hace mucho tiempo y que ya es imperioso en estos
momentos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Rodríguez Bolaños.
El señor RODRIGUEZ BOLAÑOS: Señor Ministro, señorías, lo primero que
quiero hacer es felicitar sinceramente al Gobierno de la nación, al señor
Ministro por su comparecencia, que me parece importante, oportuna y
acertada. En cuanto a la oportunidad, evidentemente, tendré que referirme
a Izquierda Unida, que ha solicitado la comparecencia, pero importante y
acertada, porque en este momento en la comparecencia --y el señor
Ministro nos lo ha dicho-- no estamos hablando en el vacío de promesas
incompletas, sino que estamos hablando de un proyecto de pacto local que
precisamente ha sido remitido por el Gobierno de la nación en marzo de
1994. Lo que me sorprende enormemente es haber escuchado a otras fuerzas
políticas hablando de falta de iniciativa, de falta de política
municipalista, etcétera.
Quiero hacer una breve exposición de la última etapa de las corporaciones
locales remitiéndome a la Asamblea de la Federación Española de
Municipios y Provincias celebrada en La Coruña. Esta tenía dos aspectos
fundamentales: uno, la situación financiera de las corporaciones locales
y, otro, la necesidad de abordar un pacto local en el que la idea de la
subsidiariedad situara el mayor número de competencias en las
corporaciones locales. En la primera parte, respecto a la situación
financiera, se establecieron inmediatamente contactos con el Ministerio
de Economía y Hacienda que resolvieron en parte una situación de deuda
contraída por parte del Gobierno con las corporaciones locales, y en este
momento se mantienen contactos
para situar la financiación de las corporaciones locales en el próximo
quinquenio, y en materia de pacto local desde el primer momento se habló
de que un pacto local o se hacía por la vía de un consenso de las fuerzas
políticas y de las comunidades autónomas con las corporaciones locales o
era impensable la posibilidad de materializar ese pacto local.
En la comparecencia del señor Ministro del día 14 de diciembre de 1993
sobre la situación financiera de las corporaciones locales, hubo un
compromiso del Gobierno de remitir, en primer lugar, a la Federación
Española de Municipios y Provincias un documento sobre el posible pacto
local.
Pues bien, no se puede alegar que el Gobierno no ha actuado cuando en
este momento estamos ante un documento concreto, que fija unos criterios
y, por tanto, fija una política del Gobierno en materia de
descentralización.
Podrá ser discutible el contenido del documento, qué duda cabe, y me
consta que desde la Federación Española de Municipios y Provincias se
hacen, ¡cómo no!, observaciones al contenido de dicho documento. ¿Qué es
lo que tienen que hacer las fuerzas políticas ante un documento que
remite el Gobierno? Estudiarlo y elaborar los contenidos que desde su
posición política entiendan que están desacertados en cuanto a la
filosofía o al contenido mismo.
Me alegro enormemente de que el señor Ministro haya urgido tanto a las
fuerzas políticas como a la Federación Española de Municipios y
Provincias, porque es verdad que este documento, remitido en marzo de
1994, hasta el día de la fecha, hasta hoy, no ha sido contestado
oficialmente, que yo sepa, por parte de nadie. Por tanto, no hay ninguna
alegación. Si tuviéramos que hacer la crítica al Gobierno tendríamos que
hacernos, en todo caso, la autocrítica, porque ninguna de las fuerzas
políticas aquí presentes ni la propia Federación Española de Municipios y
Provincias hemos remitido documento alguno que conteste a la política que
fija el documento sobre el pacto LOFCA.
Por tanto, yo creo, sinceramente, que estamos ante una iniciativa del
Gobierno, bien es verdad que a instancia de la Federación Española de
Municipios y Provincias, que sí que está en la línea de lo que los
municipios españoles quieren. Lo que es cierto es que el documento no
valdrá absolutamente de nada si no se cumple una de la premisas: que
exista el adecuado consenso.
Decía el portavoz del Partido Popular si faltan o no fuerzas políticas.
El consenso es el consenso, y el compromiso que yo tengo entendido del
consenso es reunir a las comunidades autónomas, a las fuerzas políticas y
a la Federación Española de Municipios y Provincias, interlocutora y
representante de los municipios españoles, para que se llegue al máximo
acuerdo posible. Lo que me sorprende --lo digo sinceramente-- es algunas
posturas de la oposición, tanto por parte de Izquierda Unida como por
parte del Partido Popular. Por parte de Izquierda Unida porque está
manifestando permanentemente que no hay política del Gobierno en torno a
las corporaciones locales, cuando el único documento existente en este
momento es del Gobierno de la nación, es del Ministerio para las
Administraciones Públicas. No conozco otro documento de Izquierda Unida
en torno a las materias a descentralizar o a la situación del posible
pacto local o a las competencias que deben de tener las corporaciones
locales. No lo conozco. Sí conozco un documento, insisto, que debe ser la
base de negociación, pero no conozco un documento de Izquierda Unida. Y
yo creo que hay que ser objetivos. La descentralización requiere
voluntades políticas, y la voluntad política hay que materializarla a
través no de palabras, no de que aquí digamos: ¿por qué no se
descentraliza?, o de que por parte del Partido Popular se diga: Hombre,
ustedes no hacen nada, o que el señor Pujol hace o no hace.
Yo tengo una experiencia concreta: soy el alcalde de la ciudad de
Valladolid, y el propio señor Aznar, cuando era Presidente de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León --por si no lo recuerda-- prometió
que iba a iniciar un proceso de descentralización. Creo recordar que el
señor Aznar ha dejado de ser Presidente de la Comunidad Autónoma hace
muchos años. Bueno, pues, eso no se ha materializado, quizás porque su
sucesor no estaba en la misma onda; lo desconozco.
En torno al documento sobre las grandes ciudades yo quiero decir una
cosa. Desconozco que haya ningún documento del Gobierno en materia de
grandes ciudades. Lo que conozco es un documento elaborado por las siete
grandes ciudades remitido al Gobierno. Acepto, y me parece
extraordinaria, la postura del Ministro al decir que ese documento debe
de trasladarse a la Federación Española de Municipios y Provincias,
representante del conjunto de los ayuntamientos españoles, y luego
trasladarse a iniciativa legislativa en función de lo que el Parlamento o
las fuerzas políticas digan en torno a qué creen que es un proyecto de
grandes ciudades. Por tanto, no confundamos las cosas y no digamos que el
Gobierno está llegando a acuerdos con las siete grandes ciudades, cosa
que no es cierta. Las siete grandes ciudades, por su cuenta, han
elaborado un documento llamado «proyecto de grandes ciudades» que han
remitido al Gobierno, y éste, hasta ahora, me consta, no ha hecho ninguna
manifestación en torno a esa valoración sobre él.
Por tanto --y termino--, cuando he manifestado al principio mi
agradecimiento al señor Ministro, y le felicito, lo digo con absoluta
sinceridad y en nombre de mi Grupo, porque existe documento para el pacto
local a iniciativa del Gobierno. No existe por parte de ninguna otra
fuerza política contestación a dicho documento. Espero que, en función
del compromiso adquirido aquí hoy por todos, nos pongamos a trabajar en
base a este documento, importantísimo para resituar o residenciar las
competencias allá donde deban ser situadas para mejor gestión, en vez de
estar siempre, venga o no a cuenta, diciendo que el Gobierno lo ha hecho
mal; tomemos ejemplos de otras comunidades autónomas y que se pongan a
trabajar, porque no es necesario --también quiero decirlo-- que haya
ningún documento oficial sobre pacto local para que las comunidades
autónomas inicien vías de transferencias a las corporaciones locales.
Creo que ninguna, o casi ninguna, lo ha hecho. Desde luego, en la que yo
estoy no han hecho absolutamente nada, ni de fondo de cooperación local
ni de
transferencias en ninguna materia a las corporaciones locales.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Saavedra Acevedo):
Quiero contestar brevemente al Portavoz del Grupo Popular, compartiendo
totalmente su intervención en cuanto que hay dificultades objetivas. No
sé si hay dificultades subjetivas, pero las objetivas ciertas son y están
recogidas en el documento segundo que entregamos a los partidos y a la
Federación Española de Municipios.
En cuanto a la presencia o no de un determinado Grupo, no voy a hacer
ningún juicio de valor. Por consiguiente, me abstengo en relación con ese
tema. Creo que la ausencia no supone ningún obstáculo apriorístico.
Sabemos que el tema competencial nos remite forzosamente a la autonomía
de cada Parlamento legislativo autonómico. En consecuencia, el consenso
puede hacerse, con independencia de que no participen todos, con el
respeto máximo a lo que los parlamentos autonómicos decidan
posteriormente, pero nuestra pretensión es que el consenso sea lo más
amplio posible.
En cuanto a las referencias como posibles dificultades objetivas en
relación con las leyes sectoriales, sé que el Ministerio correspondiente
comienza a trabajar sobre una modificación de la Ley del suelo, porque,
evidentemente, este pacto lleva a adoptar medidas legislativas
sectoriales, si queremos potenciar las competencias urbanísticas de los
municipios. Esa sería una vía por la que el protagonismo de las
corporaciones locales se incrementaría.
Siendo justo, porque me gusta ser justo también, debo señalar que presumo
que el Grupo Popular tiene propuestas concretas que hacer en relación con
el documento, porque he tenido conversaciones telefónicas, incluso citas
concertadas, con el Portavoz responsable de política municipal, el señor
Rajoy, que no se han podido celebrar precisamente a petición mía por
problemas de agenda. Por consiguiente, está pendiente el contacto para
conocer la posición del Grupo Popular en relación con el segundo
documento facilitado a dicho Grupo. Creo que la posición de obtener
consenso en esa materia ha quedado ratificada hoy a través del Portavoz
del Grupo Popular. Me siento satisfecho con ello y creo que en ese mes y
medio al que he aludido, hasta el mes de agosto, después de las
elecciones europeas, hay tiempo suficiente para cerrar el pacto local, si
nos empeñamos políticamente en conseguirlo.
También quiero agradecer al Portavoz del Grupo Socialista la aclaración
que formula en relación con la actuación del Ministerio respecto al grupo
de los siete grandes municipios. Efectivamente, con anterioridad se había
enviado al Ministerio un texto articulado de un anteproyecto o borrador
de un proyecto de ley de grandes ciudades, que luego ha sido sustituido
por el documento elaborado en la reunión de Sevilla, en el que se habla
de criterios básicos en relación con los problemas de grandes ciudades,
que debería abordar una ley específica. Yo fui quien trasladó a la propia
ejecutiva de la FEMP dicho documento, con el fin de que no hubiera
ninguna sospecha de trabajo paralelo, sino que existe trabajo conjunto y
de colaboración con la organización que representa al mayor número de
municipios en nuestro país.
El señor PRESIDENTE: Para puntualizaciones, tiene la palabra el señor
Fernández Díaz.
El señor FERNANDEZ DIAZ: Señor Presidente, para puntualizaciones,
efectivamente, si bien tengo que decirle que yo he entendido que el
portavoz del Grupo Socialista me ha replicado. Quisiera que el señor
Presidente me dijera hasta qué punto yo puedo replicar a quien me ha
replicado, sin desnaturalizar el Reglamento, pero que permite un turno
que... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señor Fernández, he dado un turno para
puntualizaciones al señor Ministro; nada más.
El señor FERNANDEZ DIAZ: Bien. Muchas gracias. He entendido
perfectamente.
Señor Presidente, creo que el señor Ministro ha entendido mejor que otro
portavoz que no estamos ante un trámite judicial cuando hablamos de
plazos para contestar al documento del Gobierno; no estamos en un foro
judicial en el que hay un plazo para contestar, para hacer un turno de
alegaciones. Estamos en un foro político y las negociaciones para llegar
a un pacto local no son negociaciones perjudiciales, sino son
negociaciones políticas y, por tanto, en concreto, que mi partido
político no haya contestado por escrito al documento se explica
perfectamente, puesto que hay una voluntad clara de carácter político de
coadyuvar a ese pacto, y el señor Ministro ha hecho referencia a
conversaciones que ha tenido con el portavoz habitual de mi partido para
estas cuestiones, don Mariano Rajoy, e inclusive ha aludido a
convocatorias, que después han sido desconvocadas a petición de la parte
gubernamental. Por consiguiente, está claro que, sin perjuicio de que no
hayamos contestado por escrito --cosa que, insisto, parece más propia de
trámites judiciales--, existe la voluntad política, reiterada en este
acto, de mi Grupo parlamentario, de mi partido político, de coadyuvar a
ese pacto.
Lo que nos preocupa --y a ello he hecho referencia en mi primera
intervención-- es que la falta de consenso, el Gobierno, dada la
situación de minoría parlamentaria en la que gobierna, la interprete en
estos momentos de una manera distinta a lo que podría interpretarla en
otras ocasiones. Yo he hecho referencia, por ejemplo, al pacto autonómico
para dar a entender que, sin perjuicio de que ese consenso era deseable
que fuera lo más extenso y lo más intenso posible, bastó el acuerdo de
dos fuerzas políticas, como el Partido Popular y el Partido Socialista y
los Grupos parlamentarios respectivos en esta Cámara, para que la Ley
Orgánica correspondiente de Delegación de Competencias y de Titularidad
Estatal y la reforma de los estatutos de autonomía directamente afectados
salieran adelante con un amplísimo apoyo parlamentario en las Cortes
Generales y en los Parlamentos autonómicos correspondientes.
Yo puedo y tengo que decir, sobre todo teniendo presente --y hago
referencia, porque ha habido una intervención anteriormente en ese
sentido en este mismo acto parlamentario-- que el Grupo Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya también está por el pacto, que
habría base parlamentaria suficiente, salvo que se entienda que la no
presencia de los apoyos parlamentarios habituales del Gobierno hagan
inválido el consenso al que pudiéramos llegar otros y, sinceramente, hay
silencios que llaman a rebato por su elocuencia; el silencio hoy de esos
grupos nacionalistas, especialmente del catalán, que sí que estuvo
presente cuando se habló del proceso autonómico. Precisamente, porque
ambos procesos van íntimamente unidos, es por lo que nuestro Partido y
nuestro Grupo parlamentario ha ofertado un acuerdo nacional para culminar
el proceso autonómico, en el contexto del cual se ofrece el pacto local,
porque entendemos que, efectivamente, es precisa, conveniente, necesaria
la concurrencia de las comunidades autónomas y de las fuerzas políticas
representativas a nivel parlamentario para llegar, junto con la FEMP,
obviamente, a ese pacto local. Pero, insisto, señor Ministro, nos
preocupa que interpreten ustedes, a nuestro juicio, ese consenso de esa
forma, sobre todo cuando he oído a algún otro portavoz que, al aludir yo
al señor Pujol, le ha dado por meterse con el señor Aznar, lo cual quiere
decir que hay algunos que son más papistas que el Papa.
Entiendo que los debates autonómicos han de tener su asiento habitual en
los Parlamentos autonómicos respectivos. Yo no he hecho referencia a
ninguna comunidad gobernada por el partido socialista y, por tanto,
entiendo que esa referencia demuestra bien a las claras quién está
gobernando de verdad en este país, lamentablemente.
Y, por cierto, voy a aludir a una figura retórica, que se me entienda
bien...
El señor PRESIDENTE: Señor Fernández, por favor, concluya.
El señor FERNANDEZ DIAZ: Ya concluyo, señor Presidente.
Esa actitud de Convergència i Unió de estar ausente del pacto municipal
está bloqueando la posibilidad de llegar a un pacto local. Y esa manera,
además, de dar apoyo al Gobierno me recuerda a esa otra forma de entender
los apoyos y las colaboraciones que tienen algunos, cuando, en relación
con otra cuestión, decía uno: Mire usted, yo no me hablo con los cerdos,
pero me como sus jamones. Mire usted, yo estoy apoyando al Gobierno a mi
manera y, evidentemente, exijo acuerdos en determinados ámbitos. En el
municipal está claro que no piden ese apoyo y, en consecuencia, el pacto
local parece mutilado desde las filas de Convergència i Unió y, por
tanto, desde el Gobierno.
Sinceramente, señor Ministro, nos gustaría que la voluntad política del
Gobierno quedara explicitada que no pasa por ese visto bueno, a la vista
de lo que hasta ahora han sido los antecedentes en esa materia en el
ámbito parlamentario.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández.
CONTESTACION A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SOBRE:
--PREVISIONES ACERCA DEL ENVIO AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DEL PROYECTO
DE REFORMA DE LA LEY DE BASES DEL REGIMEN LOCAL. FORMULADA POR LA SEÑORA
FERNANDEZ GONZALEZ (GP). (Número de expediente 181/000653.)
--APLAZAMIENTO DEL NUEVO SISTEMA DE FINANCIACION LOCAL PARA EL PROXIMO
QUINQUENIO. FORMULADA POR LA SEÑORA FERNANDEZ GONZALEZ (GP). (Número de
expediente 181/000663.)
El señor PRESIDENTE: Finalizado el primer punto del orden del día,
pasamos al segundo, contestación a las preguntas: Sobre previsiones
acerca del envío al Congreso de los Diputados del proyecto de reforma de
la Ley de Bases del Régimen Local.
Para formular la pregunta, tiene la palabra la Diputada del Grupo
parlamentario Popular señora Fernández González.
La señora FERNANDEZ GONZALEZ: Señor Presidente, yo le quisiera comunicar,
en primer término, que voy a proceder a la agrupación de las dos
preguntas que he formulado en nombre de mi Grupo, por tener un claro
denominador común.
El señor PRESIDENTE: Esta Presidencia se lo agradece.
La señora FERNANDEZ GONZALEZ: Nosotros habíamos planteado, como dijo mi
compañero el señor Fernández Díaz, con carácter previo a la comparecencia
que ha discurrido con anterioridad, la formulación de estas preguntas.
Esto lo quiero poner de manifiesto en base a lo siguiente: en primer
lugar, para manifestar nuestro máximo interés en aquello que, de forma
global, se tiende a denominar en la actualidad como un pacto local. No se
trata de un concurso para ver quién llega el primero, pero sí es verdad
que la intervención que nosotros habíamos preparado en relación a estos
dos temas, es decir, a una posible nueva redacción de la Ley de Bases de
Régimen Local y a una regulación nueva de la Ley de Haciendas Locales, en
base a la nueva financiación para el próximo quinquenio, se ha visto
afectada por la comparecencia a la que acabamos de acudir.
Por tanto, yo voy a tratar de redefinir mi propio discurso, de no hacer
reiteraciones innecesarias y a poner de manifiesto aquellos aspectos que
nosotros consideramos importantes y que, sin duda alguna, nos han
motivado a la formulación de estas preguntas.
Efectivamente --creo que lo decía el señor Ministro--, la Ley de Bases de
Régimen Local tiene una andadura cercana ya a los diez años y la Ley de
Haciendas Locales de 1988 tiene también una cierta andadura en nuestra
democracia. Se recordará también --y lo digo únicamente como detalle para
que se pueda hacer una cronología correcta-- que desde el Grupo
Parlamentario Popular, en su día, estuvimos interesados en llegar a un
acuerdo en la ley de Bases de Régimen Local y ello no fue posible.
Igualmente estuvimos interesados en llegar a un acuerdo en la Ley de
Haciendas Locales, y ello tampoco fue posible. Por tanto, yo quiero
reiterar aquí, una vez más, que entendemos que hay determinada
legislación, que podríamos calificar prioritaria, muy importante de
desarrollo y de implicaciones muy concretas en la vida de todos los
ciudadanos españoles, que nosotros creemos que no debe someterse al
vaivén de los cambios de gobierno. Creemos que es necesario hacer un
pacto de Estado, como se puso de manifiesto en el pasado Pacto
Autonómico.
Pero, señor Ministro, aunque usted haya hecho alguna referencia a este
aspecto, yo quisiera recordar tanto sus propias palabras como las
palabras del Presidente Felipe González; aquél en el debate de
investidura y usted cuando compareció por primera vez ante esta Comisión
para explicarnos las líneas maestras de actuación en su nueva andadura
ministerial. Entonces, ambos políticos, el Presidente González y el
Ministro Saavedra, ponían su acento y su interés en lo que se denominaba
entonces el Libro Blanco del Régimen Local. A mí me gustaría que se
aclarase, si es un problema de definición de carpeta o de título única y
exclusivamente o si, por el contrario, se han alterado los contenidos.
El Ministro Saavedra, usted, decía en aquella comparecencia que era un
proyecto que se encontraba en un estado muy avanzado, que prácticamente
estaba concluido y que sería un documento de enorme utilidad, tanto para
el trabajo de los partidos políticos como del propio Ministerio y de la
Federación Española de Municipios y Provincias. Luego hemos podido saber,
a través de una respuesta (porque hemos formulado desde nuestro Grupo
Parlamentario preguntas escritas al señor Ministro, concretamente un
Diputado, compañero mío por Asturias, don Juan Luis de la Vallina
Velarde, acerca de la intencionalidad del Gobierno en relación al
denominado Libro Blanco) que se nos notificaba, digamos «de forma
oficial» --entre comillas-- que era un proyecto que había quedado blanco,
que no había llegado a encuadernarse, porque el Gobierno, por motivos de
coyuntura y por razones prácticas, había abandonado aquella idea para
centrarse nuevamente en lo que ahora se pasaba a denominar el pacto
local.
Créame si le decimos desde el Grupo parlamentario Popular que tenemos un
tremendo respeto, como no puede ser de otra forma, a la Federación
Española de Municipios y Provincias, a la importantísima Asamblea
extraordinaria que se ha celebrado en la ciudad de La Coruña, a los
acuerdos tremendamente importantes y, seguro, de trascendencia política
que allí adoptaron todos los alcaldes y municipalistas de España
preocupados por solucionar un problema que está enunciado en términos de
problema y, por tanto, tenemos que aunar esfuerzos para buscar
soluciones. Siendo muy respetuosos con aquellos acuerdos y con lo que
significa la Federación Española de Municipios y provincias, a mí me
gustaría retomar las propias palabras del Ministro, que creo recordar en
el acto de clausura de la Conferencia extraordinaria de La Coruña decía
que era importante residenciar en el Parlamento todos los acuerdos que se
pudiesen adoptar en lo que se denomina el futuro pacto local.
Creemos que la colaboración entre el Gobierno, entre la FEMP y entre los
partidos políticos no solamente es legítima, sino que es deseable, pero
creemos también, Ministro (y aquí me permito hacerle una pequeña crítica
a su gestión, o grande, según usted lo quiera estimar), que en esta
Comisión, siguiendo con palabras muy de moda, no se han residenciado lo
suficiente los contenidos del pacto local, y los que creemos que el
Parlamento debe tener un protagonismo indudable reclamamos con energía y
con contundencia que sea justamente en esta Comisión de las
Administraciones Públicas, a través de su presencia o a través de
Subsecretarios de Estado, donde se nos vaya teniendo al tanto de esta
importantísima andadura, de la cual parece llevar la bandera la
Federación Española de Municipios y Provincias. (El señor Vicepresidente,
Peñarrubia Agíus, ocupa la Presidencia.)
Por tanto, nosotros reivindicamos, y creo que es legítimo, correcto y que
no se entendería de otra forma, desde esta Comisión que exista,
paralelamente a las negociaciones, al hilo de las negociaciones, con las
negociaciones, un seguimiento político desde esta Comisión
importantísima, en la cual usted tiene un peso político indudable como
Ministro de Administraciones Públicas.
Usted hacía referencia, igualmente, a un problema de competencias, que yo
comparto, como compartía el señor Fernández Díaz. Conocemos sentencias
del Tribunal Constitucional que plantean algún problema a la hora de
definir nuevas competencias para los Municipios. La propia Ley de Bases
de Régimen Local establece algún artículo donde se prevé la posibilidad
de completar labores de otras Administraciones siempre que haya la
compensación financiera correspondiente, en el supuesto de que esto sea
hecho de forma obligatoria, hecho por ley y no fijado voluntariamente.
Nosotros creemos, y creo recordar también que lo decía el Ministro, que
estaba en la onda, que estaba creyendo en la necesidad de explorar todas
las potencialidades de la Ley de Bases de Régimen Local y que no
descartaba en ninguna medida la posibilidad de una modificación de este
texto por excelencia de ayuntamientos y corporaciones locales, en
definitiva. Por tanto, nosotros creemos que, efectivamente, puede llevar
aparejada esta modificación.
Usted sabe --yo lo decía antes-- que no hemos compartido la filosofía ni
la práctica de esta Ley cuando en su día no pudimos votar favorablemente
a este proyecto porque había aspectos que nos diferenciaban de las tesis
que se sostenían entonces. Por tanto, estaríamos abiertos a esa
posibilidad. Pero aquí también --y yo discrepo nuevamente de las palabras
del Ministro-- creo que es obligación por parte del Ministerio establecer
un calendario;
luego usted podrá decir que hay culpables en el incumplimiento de este
calendario, pero creo, sin ningún género de dudas, que los Gobiernos y
los Ministros están llamados a dar impulso a las gestiones y que los
partidos políticos, los Grupos Parlamentarios, por importantísimos que
sean, como es el mío, el mayoritario en el Parlamento de la Nación,
aunque a veces a una le entren dudas, pero el mayoritario en el
Parlamento de la Nación, creemos que podemos tener iniciativas también, y
lo establece el propio Reglamento, pero no nos quiera usted transferir en
ningún momento un impulso, señor Ministro, que yo creo que es obligado
por ley, y no sólo por ley, sino por definición política, a los Gobiernos
y a los Ministros que componen el Gabinete.
En relación con el tema competencial (quizás me extienda un poco más,
señor Presidente, pero lo hago por agrupar las dos preguntas y porque
entendemos que es de una trascendencia vital para los ayuntamientos; los
que estuvimos muchos años en los ayuntamientos quizás ponemos un excesivo
énfasis en estos temas, pero creo que sería incluso escaso) hay un asunto
importantísimo, lo sabe el señor Ministro y creo que lo saben todos los
presentes en esta Comisión, que es el relativo a la financiación.
Sin lugar a dudas, la Ley de Haciendas Locales (donde se establecen
muchos aspectos polémicos que no es el momento ni el caso de referirme a
ellos ahora porque probablemente serán motivo de otras preguntas que en
su momento formulemos) tiene un aspecto clarísimo, lo sabe el señor
Ministro y lo saben SS. SS., que es la laguna en la cual quedó esta Ley
al haber finalizado el quinquenio que se establecía al llegar el 31 de
diciembre de 1993. Efectivamente, se establecía que durante el quinquenio
1989-1993 habría una serie de parámetros, una serie de criterios
establecidos para posteriormente llegar a una financiación conjunta y a
los repartos consiguientes entre los diversos ayuntamientos, provincias e
islas. Efectivamente, este plazo ha sido superado.
Quiero recordar también el acuerdo al cual se ha llegado por parte del
Presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias y el
propio Ministro de Economía y Hacienda a través, si mi memoria no me
falla, de un acuerdo que establecía un protocolo de siete puntos que se
firmaba el 28 de diciembre pasado.
Tenemos noticias acerca de un calendario no cumplido de forma exhaustiva
ni rigurosa y en este sentido preguntamos al Ministro, y nos gustaría que
aquí nos respondiera, acerca de la liquidación definitiva de 1993 y de la
liquidación definitiva del año 1992.
Nos gustaría también, señor Ministro, una respuesta en orden a este
aspecto tan importante, que hay que unir inequívocamente a la prestación
de servicios --porque, desgraciadamente, uno no puede invocar a la
imaginación en los tiempos que corremos si no hay financiación--, que es
la financiación, una pieza clave para que los ayuntamientos puedan
residenciar estas competencias, puedan hacerlo suyo y puedan prestar esos
servicios al ciudadano que sin duda alguna el ciudadano reclama de ellos
por esa proximidad, por ser la administración local la más próxima a
todos los ciudadanos españoles.
En la Ley de Presupuestos Generales del Estado conoce el señor Ministro y
también SS. SS. que se establece en el artículo 84 un compromiso que, a
nuestro juicio, es de indudable cumplimiento, es decir, que los
calendarios hay que acelerarlos si queremos oír compromisos por parte del
Ministerio. Se decía que, liquidados los presupuestos generales del
Estado para 1994, se procederá a efectuar la liquidación definitiva de la
participación de los municipios en los tributos del Estado para 1994,
conforme a los criterios que se acuerden, y aquí, señor Ministro, he de
decir, tal vez porque han dado más difusión, no lo sé, hemos conocido de
forma más abundante los criterios o las propuestas que han puesto sobre
la mesa desde la Federación Española de municipios y Provincias y hemos
tenido más silencios por parte de su Ministerio o por parte tal vez del
Ministerio de Economía y Hacienda respecto a este tema tan importante de
financiación para el próximo quinquenio. Se establece también en el
propio artículo 84 «in fine» que en su caso se fijen en las
correspondientes normas legales aprobadas por las Cortes Generales para
ser aplicados en el quinquenio 1994-1998.
Sobre estos aspectos, nosotros creemos, insisto con respecto a todos los
marcos y todas las legitimidades, que el Parlamento de la nación, su
Ministerio, el Gobierno tienen que tener una claridad meridiana, deben
tener una transparencia que he de decirle que, a nuestro juicio, faltó en
el pasado quinquenio, lo que motivó, con modificaciones, con efectos
retroactivos de disposiciones contenidas en la Ley de Haciendas Locales,
con disposiciones que impidieron que los ayuntamientos tuviesen la
suficiente seguridad jurídica y financiera que la mayor parte de los
ayuntamientos españoles se vieran inmersos en una carga financiera que
califico de desmedida y desmesurada, por las improvisaciones de
financiación que partían, no llegaban o llegaban tarde del Ministerio de
Economía y Hacienda.
Estas son, señor Ministro, señorías --y con ello finalizo--, sin duda los
aspectos --quizá se me queda alguno en mi tintero particular--, más
importantes, los más significativos de las preocupaciones que desde el
Grupo Parlamentario Popular tenemos en relación a la posible reforma de
la Ley de Bases de Régimen Local y a la nueva financiación tan necesaria
para el próximo quinquenio, que llega ya, señor Ministro, con retraso.
El señor VICEPRESIDENTE (Peñarrubia Agius): Tiene la palabra el señor
Ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Saavedra Acevedo): Señora
Fernández, le agradezco la unión de las preguntas.
En mi respuesta a la primera me voy a limitar a los aspectos nuevos que
ha planteado, por cuanto ya se le había aclarado que en el Libro Blanco
se sustituyó por la expresión de pacto local que se lanza en la asamblea
de La Coruña por ambas partes. No sé quién es el padre de la criatura,
pero creo que fue coincidente la actitud de la FEMP en aquella asamblea
con la posición que en nombre del Gobierno me tocó trasladar allí.
Estoy completamente de acuerdo con su sugerencia de residenciar aquí una
información paralela detallada de los pasos que se vayan dando en
relación con la elaboración de ese pacto local. Si no es por mí, a través
del Secretario de Estado con mucho gusto le facilitaremos esa
información, al igual que, si no han tenido acceso, este segundo
documento que ha exhibido el portavoz del Grupo Socialista también por
parte del Ministerio se lo podemos facilitar a todas las personas
interesadas miembros de esta Comisión.
En cuanto a la modificación de la Ley de Bases de Régimen Local del año
1985, yo creo que será una consecuencia, se verá si es necesario acudir a
una modificación o, por el contrario, no es imprescindible. Eso depende
del nivel de consenso, de la profundidad en las materias que se aborden
allí y si eso lleva a llenar de contenido aquellos mínimos de
competencias a que hace referencia la Ley de Bases de Régimen Local, que
únicamente concreta algo en materia de servicios sociales, pero todo lo
demás queda muy vagamente señalado y podría ser incorporado a esta ley.
Pero, repito, no es una condición previa en el trabajo a desarrollar para
la consecución del pacto local. Si fuera conveniente, evidentemente se
procedería a la modificación de la Ley de Bases.
En cuanto a la fijación del calendario, al que ya he hecho referencia,
antes del 31 de julio del presente año, he esperado un plazo prudencial a
que los grupos políticos y las instituciones llamaran. Si no lo han
hecho, he llamado y seguiré requiriendo a los grupos para que formulen
sus propuestas concretas alternativas al documento elaborado por el
Ministerio.
Respecto a la financiación local, permítame que conteste de una forma un
poco más genérica, porque no sólo ha hecho referencia a la participación
en los tributos, sino al sistema general de financiación local, que es
más amplio, entendiéndolo como el conjunto de los recursos de que
disponen las corporaciones locales.
Recordarán que en la asamblea de La Coruña se hicieron peticiones
específicas que fueron luego plasmadas en la propia Ley de presupuestos
y, así, en la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, de medidas fiscales de
reforma del régimen jurídico, etcétera, algunas medidas suponen el inicio
de la revisión de algunos aspectos del sistema financiero local, tales
como la posibilidad de asunción por los ayuntamientos de la gestión
censal del Impuesto sobre Actividades Económicas o las medidas tendentes
a facilitar el logro de equilibrio financiero, medidas ya aplicables en
1994.
Actualmente, el Ministerio de Economía y Hacienda continúa trabajando en
la elaboración de los documentos necesarios para acometer la reforma de
otros aspectos del sistema, documentos que deberán ser con posterioridad
discutidos con los responsables municipales.
Entre estos aspectos cabe destacar los siguientes: respecto al IBI
(Impuesto sobre Bienes Inmuebles), deberán abordarse medidas para adecuar
la gestión a la realidad, tales como la potenciación de la cooperación o
la redistribución de competencias en materia catastral.
Respecto al Impuesto sobre Actividades Económicas, debe acometerse la
adaptación de la actual normativa para facilitar la gestión censal y la
adecuación de las tarifas al ejercicio de ciertas actividades.
Con relación al Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, ha de
apuntarse a la modificación del cuadro de tarifas y de coeficientes de
incremento.
Por tanto, existe una firme voluntad de potenciar el papel de los
municipios y de introducir aquellas medidas que supongan la mejora y
flexibilidad del sistema financiero local.
En lo que respecta a la participación en los tributos del Estado, como
usted sabe perfectamente, se han mantenido esas reuniones con la Comisión
de Hacienda o con la Ejecutiva de la FEMP, la última de ellas hace tan
sólo diez días, habiéndose elaborado documentos por ambas partes que
manifiestan una coincidencia en numerosos aspectos y están pendientes de
acordar algunos otros, lo que se continuará negociando una vez estudiado
dicho documento.
En esta materia es de advertir que, una vez asegurada por la propia ley
la continuidad de las entregas a cuenta durante el año, ha de
considerarse que la obligación de proceder a la liquidación de la
participación sólo puede ser imputada al ejercicio de 1995 por imperativo
del principio de anualidad que se propugna en la propia Ley General
Presupuestaria.
Debe considerarse, además, que para que una obligación en firme pueda ser
imputada al Presupuesto, es absolutamente imperativo su determinación en
cuantía exacta; una determinación que sólo puede estar disponible en el
ejercicio siguiente, una vez cerrados y liquidados los Presupuestos
Generales del Estado, todo lo cual necesariamente habrá de producirse en
el año 1995, y me estoy refiriendo a la liquidación del año 1994, como
antes señalaba.
En este contexto, la aprobación de la metodología aplicable al próximo
quinquenio habrá de estar disponible en el momento de la discusión
parlamentaria de la Ley de Presupuestos Generales para el año 1995, de
modo que, racionalmente centrada así esta necesidad, no puede hablarse,
en las fechas actuales, de un aplazamiento en la toma de decisiones o de
acuerdos sobre el particular. En dicha reunión, celebrada hace
escasamente diez días, como sabe, se concretaron dos posiciones acerca de
una propuesta de base, que sería el año base, y luego unos incrementos
para el quinquenio, donde, aplicando estos criterios que la FEMP propone,
sería que Hacienda estatal modifique su año base, cifre la participación
en los 1.083 billones propuestos por los municipios y aplique una
evolución en los años siguientes del 7,36 por ciento acumulativo, que es
lo que el Ministerio prevé que crecerán los ingresos del Estado.
La otra alternativa que podría ser acordada es aceptar los 1.023 billones
para el año base --propuesta inicial del Ministerio de Economía y
Hacienda-- y aplicar un sistema de devolución basado en el incremento
anual acumulativo medio del último quinquenio, es decir, un 9,57 por
ciento.
Para salirnos de estas cifras, la diferencia entre una y otra persona
llevaría para el año 1994 a 60.236 millones aplicando el sistema señalado
y en el año 1997 la diferencia sería de 74.548; es decir, la diferencia
entre la propuesta del Ministerio de Economía y Hacienda y alguna de
las alternativas que se están negociando por parte de la Comisión de
Hacienda de la FEMP.
El señor VICEPRESIDENTE (Peñarrubia Agius): La señora Fernández tiene la
palabra.
La señora FERNANDEZ GONZALEZ: Efectivamente, cuando el señor Ministro
plantea que la fijación de criterios para el próximo quinquenio va mucho
más allá de la participación en los tributos del Estado, eso es así. Al
respecto yo quiero recordar una cuestión que preocupa bastante en los
ayuntamientos, que es cuando, a través de una ley estatal, se establecen
exenciones o bonificaciones fiscales que posteriormente tienen que asumir
los ayuntamientos, y «sufrir», si me permite --entre comillas--, ya que
las compensaciones llegan tarde, mal y nunca. Efectivamente, hay
bastantes aspectos dentro de la financiación.
Por lo que se refiere a los extremos o a las posibilidades de actuación a
las que el Ministro ha hecho referencia, decirle que seguiremos con
atención este aspecto, que es muy importante. Creemos, sinceramente, que
hay que meter la cuarta en este tema y hay que acelerar sin dilación. Me
dicen que la quinta, pero es que mi coche sólo tiene la cuarta. (Risas.)
Metemos la quinta.
El señor Ministro y SS. SS. compartirán nuestro desvelo, por la
importancia que tienen las arcas municipales, pero este deseado y
anhelado ingreso de participación en los tributos del Estado, que, todo
hay que decirlo, en los últimos años no ha experimentado un incremento
acorde con el que han experimentado las necesidades y, por consiguiente,
los presupuestos municipales de los diversos ayuntamientos.
Por lo que se refiere, señor Ministro --y finalizo--, a la posible
modificación o no de la Ley de Bases de Régimen Local, quiero decirle que
es un aspecto a estudiar con mucho detenimiento; nadie quiere incurrir en
ninguna supuesta inconstitucionalidad y, por tanto, habrá que hacer
lecturas y reflexiones atentas, pero no lentamente, es decir, la atención
no lleva aparejada la lentitud. Nosotros creemos que si ello es así --y
nos tememos que puede ser--, que no se haga nuevamente la política de
parcheo, que se aborde de forma sistemática y que las leyes puedan tener
esos principios generales tan anhelados antaño y tan escasísimos en la
actualidad, donde las reformas y modificaciones parciales echan al traste
cualquier sentido genérico que se ha de predicar siempre de un texto
legal. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Saavedra Acevedo):
Unicamente quiero decirle a la señora Fernández González que todavía
quedan tres años de legislatura (La señora Fernández González: ¿Sí?) y,
si no nos lo impiden SS. SS., podremos abordar con seriedad (Risas.) y
con tranquilidad la modificación de la Ley de Bases.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
(SAAVEDRA ACEVEDO) PARA DAR CUENTA:
--DE LA POSIBLE UTILIZACION DE FONDOS PUBLICOS PARA SUFRAGAR LOS GASTOS
DE DESPLAZAMIENTOS PARTICULARES DEL MINISTRO Y OTROS MIEMBROS DE SU
DEPARTAMENTO. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 213/000309.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Acumulado el punto 2.º con el 3.º, pasamos al punto 4.º del orden del
día: comparecencia del Ministro para las Administraciones Públicas ante
la Comisión para dar cuenta de la posible utilización de fondos públicos
para sufragar los gastos de desplazamientos particulares del Ministro y
otros miembros de su Departamento, a instancias del Grupo parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Saavedra Acevedo):
Señoras y señores Diputados, comparezco ahora también a petición del
Grupo parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya para dar
cuenta a SS. SS. --reproduzco el tenor literal de la solicitud de
comparecencia-- «de la posible utilización de fondos públicos para
sufragar los gastos de desplazamientos particulares del Ministro y
miembros de su Departamento».
Sin embargo, lo hago con cierta perplejidad, por cuanto no ha podido
dejar de sorprenderme la singularización en la persona de este Ministro y
en la de miembros de mi Departamento de la utilización de un dispositivo
normativo: el de la regulación de los desplazamientos de miembros del
Gobierno, altos cargos y personal nombrado por el Gobierno o por los
ministros. Y ello, sencillamente, porque ésta es una regulación que
concierne a todos estos cargos públicos con carácter general y no
exclusivamente a quienes prestan servicios en el Ministerio para las
Administraciones Públicas.
En efecto, mucho más comprensible me hubiera resultado que S. S. hubiera
requerido mi presencia en esta Comisión para que le informara, en
términos generales, del régimen de indemnizaciones que contempla la
normativa vigente y, en su caso, del uso que los titulares de los
correspondientes derechos vienen haciendo, de acuerdo con lo dispuesto en
el Real Decreto 236/1988. Con todo, procedo a informarles rigurosamente
sobre el asunto que interesa al Grupo solicitante de esta comparecencia.
En lo que se refiere a mi persona, forzoso me parece dejar claro que este
Ministro, como los demás miembros del Gobierno, dispone, de acuerdo con
la normativa vigente, del llamado «pase de gobierno»; un pase, como muy
bien saben SS. SS., que permite a sus titulares la utilización gratuita
de las líneas aéreas españolas. Por consiguiente, los
desplazamientos de este Ministro, ya sean en razón de su cargo, ya sean a
título particular, no generan gasto de viaje con cargo a los presupuestos
ni de éste ni de ningún otro Departamento. Así ocurre también con los
desplazamientos del resto de los miembros del Gobierno y otros altos
cargos.
Saben bien SS. SS. que todos los Diputados, al igual que los Senadores,
también disponen de un pase similar, un bono de libre circulación, un
pase que les permite desplazamientos, motivados en razón de su cargo, por
todo el territorio nacional, aunque en estos supuestos y con diferente
alcance, según la normativa aplicable del desarrollo del correspondiente
reglamento, los gastos corren a cargo de la Cámara. En particular
reseñaré que la Mesa del Senado, en sus reuniones de 4 de abril de 1984 y
5 de diciembre de 1989, acordó --y cito textualmente-- «hacer entrega a
los Senadores canarios de un talonario con billetes de avión primera
clase» (ya no existe), «una vez presentado certificado de residencia en
las Islas».
En cuanto se refiere al pase que ostentan los miembros del Gobierno, debo
añadir que se trata de un derecho tan antiguo como la propia compañía
concesionaria de las líneas aéreas y que, consiguientemente, no es algo
que me haya inventado yo ni, desde luego, un derecho que yo utilice de
manera diferente a quienes también lo tienen atribuido
reglamentariamente, entre ellos la totalidad de los ministros y otros
muchos cargos del Estado. Con el fin de que SS. SS. puedan comprobar el
alcance de estos pases del Gobierno, les remito al Real Decreto de 23 de
enero de 1941 y a sus posteriores modificaciones, la última de las cuales
se produjo el 24 de julio de 1975.
Con independencia de este asunto, quiero recordar también que la
disposición adicional segunda del Real Decreto 236/1988 establece, y cito
textualmente, que «los miembros del Gobierno de la nación, secretarios de
Estado, jefes de misión acreditados con carácter de residentes en el
extranjero u organismo internacional, subsecretarios, capitanes generales
y cargos legalmente asimilados a los anteriores, cuando realicen algunas
de las funciones que según el presente Real Decreto dan derecho a
indemnización, serán resarcidos por la cuantía exacta de los gastos
realizados». Este régimen, señorías, podrá asimismo ser autorizado, según
reza la misma disposición adicional en su párrafo segundo, y cito
textualmente, «en cada ocasión por los ministros en relación con el
personal directivo bajo su dependencia funcional». Esta previsión
responde, indudablemente, al hecho de que los ministros no viajan solos y
que, de acuerdo con las circunstancias que en cada caso motivan su
desplazamiento, suelen contar con la asistencia bien del director general
correspondiente, bien del director de su gabinete o de alguno de sus
miembros.
Entiendo que el precepto es claro en los dos supuestos que en él se
contemplan. En consecuencia, sólo me resta hacerles una aclaración, que,
no por obvia, en circunstancias normales, resulta ahora menos pertinente.
Este Ministro realiza, no por pretendidos asuntos particulares, sino en
razón de su cargo, numerosos, frecuentes y, desde luego, necesarios
desplazamientos por todo el territorio nacional, entre otras razones
porque ostentar responsabilidades de Gobierno en materia autonómica y
local acarrea intensas relaciones tanto con las comunidades autónomas
como con las corporaciones locales y acarrea también, señorías, numerosas
invitaciones para que intervenga en infinidad de actos públicos:
seminarios, jornadas, conferencias, encuentros, debates, etcétera,
organizados tanto por instituciones públicas como por asociaciones e
instituciones privadas, invitaciones que procuro atender por sentido de
mis obligaciones, y cuando no puedo atenderlas he procurado que lo haga
en mi nombre y en mi representación alguno de los cargos públicos,
directivos o colaboradores más representativos del Ministerio. Pero es
que creo, sinceramente, que mis funciones como ministro ni deben ni
pueden limitarse a la mera gestión de los asuntos de la competencia del
Departamento. Hay intensas exigencias de representación de comunicación
institucional de todo tipo y hay también exigencias de comunicación con
los ciudadanos, de relación con la sociedad civil, con sus instituciones
y agencias más representativas, que uno no puede ni debe desconocer.
Insistiré, en cambio, en un hecho que considero conveniente destacar. Las
invitaciones para participar en actos provienen de todos los lugares de
España y también de la Comunidad Autónoma de Canarias. De 1977 a 1983 fui
miembro de esta Cámara por una de las provincias canarias; he sido
durante un mes Senador por dicha Comunidad Autónoma y he tenido el honor
de ser Presidente del Gobierno en dos legislaturas distintas, como SS.
SS. saben perfectamente. Si a alguien le parece que este Ministro sí debe
participar en actos que se celebren en Toledo, Valladolid, Viena,
Barcelona o Sevilla --cito algunos desplazamientos recientes y cuya
documentación puedo aportarles por completo y sin ningún tipo de
problemas--, pero por el mero hecho de ser canario debe abstenerse de
viajar al Archipiélago, que lo diga abiertamente, porque una
consideración semejante merecerá de mi parte, y creo que de parte de la
mayoría de los canarios, y no sólo de los canarios, algún género de
contestación, máxime si cuando se hace se vierte algún tipo de carga
discriminatoria contra la oportunidad de las actividades que puedan
desempeñarse por un ministro en Canarias frente a cualquier otra
actividad en Córdoba o en Murcia o en cualquier otro lugar de la
geografía española.
Entiendo, señoras y señores Diputados, que no es razonablemente exigible
a éste ni a ningún Ministro, como a ningún responsable político
autonómico o local, someter a una suerte de extemporáneo control de
legalidad el conjunto de criterios con los que organiza su agenda de
prioridades. Pero lo haré de todos modos. Quiero dejar bien claro que
este Ministro no deja de serlo los fines de semana, por más que alguien
esté empeñado en considerar particular lo que de ninguna manera es
simplemente particular. Les confesaré, sólo porque la comparecencia me lo
solicita, que aprovecho también los sábados y los domingos para atender
compromisos que entre semana me sería materialmente imposible cumplir.
Como Canarias, además, no está cerca --son dos horas y media de vuelo--,
he procurado desde el comienzo de mi
mandato acumular cuidadosamente en el fin de semana cuantos actos
reclaman mi presencia en el Archipiélago, siempre que mis funciones o la
existencia de otros compromisos no requieran mi permanencia en Madrid o
mis desplazamientos a otros lugares de la geografía española.
Soy muy consciente, señorías, que, desgraciadamente para ciertas
personas, Canarias es una Comunidad a la que únicamente se va de
vacaciones. Yo también vuelvo a mi casa sólo en períodos vacacionales
para descansar, pero, aunque algunos lo ignoren, lo cierto es que
Canarias puede ser, y de hecho es, un lugar de trabajo, al menos para mí,
y, con independencia que allí se encuentre mi casa de siempre, mi
residencia habitual, Canarias es, ante todo, un lugar de trabajo. Ya he
explicado, por tanto, que viajo regularmente con el pase de Gobierno y
que mis desplazamientos a Canarias, como a otros tantos destinos, no
generan gastos a sufragar por el Departamento.
En cuanto al personal de mi Departamento, sólo diré que la gran mayoría
de los altos cargos del Ministerio y personal de Secretaría y de mi
gabinete tienen su residencia en Madrid, aunque no siempre son
madrileños. Esa era la situación cuando llegué al Ministerio, y así sigue
manteniéndose dentro de un organigrama que no he querido cambiar. En
consecuencia, sólo se desplazan con cargo a fondos públicos cuando por
motivadas razones, en razón de servicio, dichos cargos públicos deben
hacerlo, y lo que perciben en tal caso son sólo y exclusivamente los
resarcimientos por cuantía exacta de los gastos ocasionados por los
desplazamientos establecidos para quienes formen parte de las
delegaciones oficiales presididas por los ministros (artículo 8.1 del
citado Real Decreto del año 1988 y disposición adicional segunda), y ello
tanto a Canarias como a cualquier otro destino, y tanto residan
habitualmente en Canarias como en cualquier otro punto del territorio
nacional, y tanto en mi Ministerio cuanto en cualquier otro departamento
de la Administración general del Estado.
Es imprescindible tener en cuenta, además, que la disposición adicional
sexta del Real Decreto 236/88 establece una indemnización del 10 por
ciento de las retribuciones totales en concepto de gastos de instalación
para quienes hayan sido designados para cargos reservados al libre
nombramiento del Gobierno o ministro competente, previo acuerdo favorable
del Consejo de Ministros, cada vez que por este motivo instalen nuevo
domicilio por no tener su residencia en el mismo término municipal en
donde radique la residencia oficial. Esta indemnización está prevista,
por tanto, para aquellos nombramientos, altos cargos y cargos nombrados
por el Ministro que recaen en personas residentes en lugar diferente al
destino, en este caso fuera de Madrid, que, como consecuencia de su
nombramiento, se ven obligados a instalar nueva residencia familiar en el
término municipal en donde se encuentre la residencia oficial.
Y sigue la disposición adicional sexta: Esta indemnización no podrá
desembolsarse en dos supuestos: «Cuando tuvieran en el lugar de destino
alojamiento o residencia oficial a expensas del Estado o cuando
continuasen manteniendo su residencia familiar en un término municipal
distinto, en cuyo caso» --estoy citando textualmente-- «tendrán derecho a
ser resarcidos de los gastos de viaje que realice el interesado como
consecuencia de dicha distinta residencia en la clase que corresponda y
por la cuantía exacta de los mismos, previa justificación con el billete
original».
Añadiré, para despejar cualquier género de dudas, que son dos los
miembros de mi Departamento que, con ocasión del desplazamiento a su
residencia familiar en Canarias, y con independencia, además, de que en
muchas ocasiones viajan con el Ministro en estricta razón del servicio,
son resarcidos conforme a la disposición adicional sexta que acabo de
leerles, mediante el procedimiento legalmente establecido. Se trata, por
tanto, de un derecho que trae causa en el Real Decreto 236/1988, y que,
consecuentemente, es aplicable a todos los que cumplen los requisitos
establecidos, insisto, cualquiera que sea el ministerio en el que presten
servicios y cualquiera que sea la ciudad española, canaria, balear o
peninsular, en la que se encuentre su residencia familiar. Así pues, de
ninguna manera es una práctica irregular y menos aún una suerte de
mecanismo que se haya inventado este ministro en razón de circunstancia
singular alguna.
Por lo demás, fácil es comprender que lo que quiere el Real Decreto es
exclusivamente atender a una finalidad justificada y razonable: permitir
la incorporación de personas que residen fuera de Madrid al desempeño de
cargos públicos que, por su propia naturaleza, están sujetos a un alto
grado de eventualidad, sin que la asunción de estas responsabilidades
suponga para estas personas una penalización, claramente irrazonable,
respecto de quienes sí tienen su residencia habitual en la capital.
Si es necesario suscitar un debate a este respecto, que se suscite en la
forma adecuada; si hay que revisar la normativa, plantéese; si hay que
cambiar las disposiciones sustantivas relacionadas con el desempeño de
cargos a determinado nivel, cámbiense. Cámbiense todas estas
disposiciones por medio de normas democráticamente debatidas e incluso
aprobadas, si es necesario, por estas Cámaras; pero no para excluir de un
determinado sistema normativo a los canarios que se desplazan a Madrid o
a Canarias, bien en razón de su cargo bien como consecuencia del
mantenimiento de su residencia familiar en lugar diferente al de su
puesto de trabajo, sino para todos, con carácter general y por medio del
procedimiento legalmente establecido, huyendo de la crispación y de la
demagogia.
En todo caso, el grupo solicitante de mi comparecencia ha requerido
también informes sobre los desplazamientos de miembros de mi
departamento, por lo que no será difícil a SS. SS. verificar la
corrección y la absoluta legalidad de los resarcimientos efectuados en
estos casos. A tal efecto pongo a disposición de la Presidencia y de SS.
SS. una relación pormenorizada de los viajes realizados por mí mismo y
por el personal aludido en la comparecencia, donde también se detalla el
objeto del viaje, el medio de locomoción, el itinerario, las fechas y los
importes de los desplazamientos.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Por el grupo autor de la solicitud de comparecencia, tiene la palabra la
diputada, señora Aguilar.
La señora AGUILAR RIVERO: Espero, señor ministro, que su acritud para con
este grupo parlamentario en el punto anterior no tenga concordancia con
lo que ahora vamos a ver y a debatir.
Me ha sorprendido a mí ahora el señor ministro --igual que en la anterior
ocasión le sorprendí yo a él-- cuando no ha dado las gracias a nuestro
grupo parlamentario por darle la oportunidad de aclarar este tema, por
otra parte importante, en el ámbito de la comisión parlamentaria
correspondiente, es decir, en el ámbito de esta Comisión. Creo que el
señor ministro tendría que haber empezado su intervención dando las
gracias a un grupo parlamentario que le brinda la oportunidad de dejar
claro si, efectivamente, ha habido o no comisión de irregularidad en la
actuación del señor ministro.
A nosotros nos gustaría que el debate se produjera con absoluta claridad
pero, a la vez, con sosiego y tranquilidad. En este sentido nos gustaría,
lógicamente, que quedaran perfectamente delimitados los que son ámbitos
de lo público y de lo privado y que no intentáramos hacer un «totum
revolutum» que, lógicamente, nos llevaría a la confusión total de las
conclusiones que pretendemos extraer de esta comparecencia del señor
ministro.
Por otra parte, también le vamos a plantear otra cuestión, señor
ministro. Creo que no es de recibo que, de manera demagógica, se esgrima
por usted el hecho de ser canario para hacer una serie de alusiones que a
lo largo de su intervención ha realizado, como si la comparecencia
llevara implícita una discriminación a cualquier persona por el hecho de
ser de Canarias. Creo que no es de recibo que demagógicamente se utilice
eso. Es igual de lícito, legítimo y lógico ser de una comunidad que de
otra y, por consiguiente, no por el hecho de su condición de canario es
por lo que se ha pedido esta comparecencia aquí. Por tanto, dejemos de
esgrimir ese argumento tan reiterado a lo largo de su intervención y
ciñámonos realmente al objeto de la comparencia. Como le digo, no tiene
nada que ver su procedencia canaria con esta comparecencia y que usted se
tenga que desplazar en avión a Canarias con cierta asiduidad con el
objeto en sí de la comparecencia. Vayamos poniendo en orden todas y cada
una de las cuestiones.
En primer lugar, creo que es un hecho indiscutible (usted mismo lo ha
corroborado en sus planteamientos en relación a esta comparecencia en su
intervención anterior) que prácticamente la totalidad de los fines de
semana usted, junto con el jefe de la Secretaría particular, el Asesor
Ejecutivo de Comunicación y el Director General de Servicios viajan a
Canarias. Vuelvo a reiterarle que viajan a Canarias porque son de allí;
no tiene ninguna singularidad el hecho canario como para que se ampare en
él ningún argumento de los que se nos han dado. Está también claro que
los funcionarios citados hacen los desplazamientos con el único objetivo
de visitar a su familia; no van en comisión de servicios, no van a
realizar ningún trabajo de carácter oficial del ámbito del ministerio,
sino que todo parece indicar que sus viajes y desplazamientos tienen
carácter familiar. Y todos los datos que usted mismo nos ha ofrecido en
su intervención también parecen indicar que lo hacen a costa del erario
público.
Si determinamos las cosas y hacemos un orden cronológico de los
acontecimientos, estamos ante viajes de estricto carácter personal,
abonados con fondos públicos, como consecuencia de un compromiso del
señor ministro con estas personas para que se desplazaran de Canarias a
trabajar a su ministerio, aquí en Madrid. Desde nuestro punto de vista,
señor Saavedra, no parece legal esta situación, ni mucho menos ético que
usted adquiera compromisos a cargo de fondos públicos. A nosotros no nos
parece que esto sea lo lógico, lo normal o la pauta de comportamiento
habitual que, desde el punto de vista ético, se tenga que plantear en el
ámbito de la Administración pública.
Además, creemos que el decreto a que ha hecho referencia, el 236/1988, no
ampara todo este tipo de viajes. Podemos estar parcialmente de acuerdo
con la interpretación que usted ha hecho de ese Real Decreto, pero desde
nuestro punto de vista no ampara todos y cada uno de los viajes que se
están realizando por parte de las personas a que me he referido y que son
funcionarios de su ministerio.
Debe convenir usted con nosotros en que este uso y abuso de los fondos
públicos, políticamente no tiene explicación lógica alguna. Nosotros
también creemos que, sin duda, hay caminos legales y regulares, cuales
son las propias retribuciones, para prever circunstancias de estas
características, pero no nos parece ni mucho menos regular, ético y legal
que los viajes de estos funcionarios se utilicen como un sobresueldo para
estas personas que realizan unas funciones determinadas en el ámbito del
ministerio. Creemos que el viaje, vista su habitualidad, visto que se
realiza con carácter permanente, asiduo, semanalmente, se está
contemplando como sobresueldo, pues a costa del erario público se abonan
este tipo de viajes de los funcionarios.
Consideramos que el decreto que usted ha mencionado no es, como se suele
decir, un paraguas que lo cubre todo. Efectivamente, el decreto regula
inicialmente lo que es el pago por comisión de servicios, deja claramente
establecido en qué consiste la comisión de servicios, plantea en alguna
de las disposiciones a que usted ha hecho referencia algunos elementos
que, vuelvo a repetir, pudieran ser de aplicación aquí, pero desde
nuestro punto de vista no con carácter permanente y habitual, como es en
este caso. Hay una disposición adicional a la que ha hecho mención el
señor ministro en su intervención, concretamente la disposición adicional
segunda, donde se dice que el régimen de resarcimiento podrá ser
utilizado en cada ocasión por los ministros en relación con el personal
directivo bajo su dependencia funcional. ¿Quiere esto decir que el señor
ministro en cada ocasión, semanalmente, está autorizando los viajes de
estos funcionarios a los que nos estamos refiriendo? No hablamos del
señor ministro; hablamos de los funcionarios a los que yo he hecho
mención al comienzo de mi intervención. Nos gustaría, lógicamente, que se
aclarara mucho más la interpretación que se da al Real Decreto del que se
ha hecho mención, porque creemos que es una interpretación excesivamente
general para amparar
precisamente lo que desde nuestro punto de vista es una situación
manifiestamente irregular.
Nosotros creemos que el Real Decreto no es un marco en el que cabe, como
se suele decir, la mayor y la menor, es decir, que cabe prácticamente
todo, sino que justamente cabe lo que expresamente ha regulado el Real
Decreto en su espíritu y en su letra.
Lo que está pasando, y ésta es la gravedad del asunto del que estamos
hablando, es que situaciones anómalas, irregulares o no éticas se están
intentando elevar a categoría de normalidad durante una etapa
determinada, en el ámbito de la Administración pública. Ahí es donde,
desde luego, nuestro grupo Parlamentario no está ni mucho menos de
acuerdo; por ahí es por donde no vamos a pasar; no lo vamos a consentir,
se lo decimos con claridad, dentro, lógicamente, de lo que debe ser la
interpretación general de la norma, pero nos parece que lo que no se
puede hacer es estar elevando a categoría de normalidad lo que no es, ni
mucho menos, normal. En ese sentido es en el que nosotros hemos
solicitado su comparecencia para aclarar todos y cada uno de los términos
en que se realizan los viajes por parte de estos funcionarios de su
ministerio porque es, lógicamente, objetivo fundamental de este grupo
parlamentario que prevalezca la transparencia, la ética y la honestidad
como modo de comportamiento en el ámbito de lo público y que no haya ni
un halo de duda absolutamente sobre nada. Como nos parecía que era un
tema importante, hemos considerado conveniente que el señor ministro
compareciera a efectos de aclararlo, y no mostramos conformidad en
relación a la totalidad de su intervención, porque creemos que hay una
interpretación no adecuada del Real Decreto que reiteradamente el señor
ministro ha mencionado.
Esperamos que el señor ministro nos diga en su réplica a nuestra
intervención qué medidas piensa tomar; si piensa continuar con esta
situación, desde nuestro punto de vista irregular o cuando menos anómala,
y, si va a tomar algunas medidas, que nos diga cuáles son para evitar que
estas circunstancias se sigan produciendo con carácter semanal. De lo
contrario, si no hay medidas, si no hay voluntad política por parte del
ministro de cambiar su actitud, que hasta ahora él entiende amparada en
el ámbito de lo legal, nosotros lógicamente tendríamos que llegar a una
conclusión a la que «a priori» no queremos llegar hasta que conozcamos la
opinión del señor ministro, y es que no hay voluntad para desterrar de
verdad las irregularidades que en el ámbito de la Administración pública
se vienen dando y que tampoco hay voluntad, por consiguiente, de luchar
contra la mayor, que es la corrupción, que nosotros no decimos que en
este caso se esté dando, pero sí manifestamos que hay una serie de
elementos anómalos o irregulares en relación a los que hay que tomar toda
una serie de medidas, que nosotros esperamos nos explicite en su
intervención posterior el señor ministro para no llegar a ninguna otra
conclusión de índole mayor. (El señor Marcet i Morera: ¡Increíble!)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor ministro.
El señor MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Saavedra Acevedo):
Sin ningún tipo de acritud, señora Aguilar.
Decía que debería darle las gracias, y estaba pensando en dárselas --fue
un olvido, efectivamente--, pero el desarrollo posterior de su
intervención, el tono de presunciones, de valoraciones y de
interpretaciones subjetivas que usted hace me lleva a no tener que
agradecerle lo más mínimo. Además, las referencias a la canariedad o no
canariedad se han puesto de relieve igualmente, porque estamos hablando
de una disposición de ámbito general que se viene aplicando, desde 1988,
a todos los altos cargos que se encuentren en esa situación, vivan donde
vivan, siempre que tengan su domicilio familiar en otro lugar y cuando
únicamente a usted se le plantea la duda, la interpretación del uso
inadecuado con un caso de residentes en Canarias, pues, efectivamente,
sospecho que la intencionalidad está clara en su intervención.
El Presidente tiene a disposición de S. S. documentación acerca de los
viajes, y como junto a esta solicitud de comparecencia viene otra acerca
de todos los desplazamientos efectuados por los altos cargos del MAP, al
parecer sin exclusión, los va a tener en el plazo reglamentario, que creo
concluye el 12 de junio, para que así pueda saber usted todos los
desplazamientos y los gastos generados por los altos cargos y
funcionarios del Ministerio de Administraciones Públicas.
Parte de la base de que todos los viajes son de carácter familiar. Esa es
una presunción. Yo le puedo decir que no. También me da la sensación de
que usted tiene muy poco conocimiento de la realidad de un archipiélago,
porque yo puedo ir a una isla y otro miembro de mi gabinete puede estar
desarrollando en nombre mío y en otra isla, unas tareas que no las puedo
hacer yo en un fin de semana. O sea, que otro ejemplo de su
desconocimiento de la problemática de los españoles que vivimos y tenemos
la residencia en Canarias, y también, a lo mejor, en otro archipiélago.
Con fondos públicos, como consecuencia del compromiso del señor Ministro
para realizar esos gastos. ¿De dónde se saca usted ese compromiso; qué
elementos probatorios tiene? Pero ¿por qué viene a lanzar ya la sospecha
de que yo me he comprometido? Es decir, para nombrar a alguien, ¿tengo yo
que comprometerme a decir: los fines de semana puedes irte a tu casa?
¿Qué pretende, que imponga a los colaboradores que trasladen su domicilio
y su familia a Madrid? ¿Eso es lo que está proponiendo como única
alternativa ética, de su monopolio de la ética, muy propio de
determinadas personas de su grupo (no de todas, afortunadamente)? No
necesito ningún tipo de lección de ética. Puedo hablarle aquí de ahorros
que, sin ningún tipo de esfuerzo, realizo a favor de la Administración:
cuando voy de vacaciones a mi tierra, me voy sin escolta, y durante las
vacaciones de Navidades y de Semana Santa estoy usando mi coche. O sea,
que no venga aquí con lecciones de ética, porque vamos a empezar a
indagar ahora el destino y el uso de cada uno de los boletos que tiene
usted en su talonario como parlamentario, y no quiero entrar en ese tema.
Es decir, de compromiso, en absoluto. La gente viene a colaborar conmigo
porque confía en mí, porque son asiduos colaboradores míos desde hace
muchos años, y lo menos que se puede permitir a una persona que viene de
ministro al Gobierno de la nación, es que elija las personas con las que
tiene que despachar muchos asuntos. Esa es una cosa elemental, su
planteamiento lo niega de raíz, y es, por consiguiente, un planteamiento,
no voy a decir anti qué, no, porque no quiero entrar en ello, pero que
demuestra una falta de sensibilidad por su parte hacia lo que significa
ser insular. Siento tener que decírselo. (Risas.) ¡Sí, ríase! Pero en
Canarias estamos cansados de esas muestras de insensibilidad de los
ciudadanos de la península. ¡Estamos cansados! Sirva esta comparecencia
de llamada de atención a muchos que, como usted, siguen pensando con esa
mentalidad. Por eso, cuando hablaba yo de que a Canarias se va de
vacaciones, es porque siguen con esa mentalidad de que a Canarias sólo se
va de vacaciones, y que a Canarias se va como se iba antes a Cuba. Esa es
la mentalidad que sigue funcionando en determinados ámbitos de la
sociedad peninsular, y lamento que todavía esto ocurra. Espero que con
esta comparecencia contribuyamos a eliminar tales tipos de
discriminación.
Llega a calificarlo hasta de sobresueldo, pero todo sobre la base de que
usted interpreta una disposición adicional 6.ª, párrafo segundo, a su
aire. No sé si será jurista o quién la ha asesorado, pero, desde luego,
aquí no hay ninguna distinción en la norma. Ya lo he dicho: si la norma
está mal hecha, cámbiese. Debátase todo lo que sea necesario debatir y
regúlense las situaciones como éstas, que espero no sean las últimas,
porque otros ministros habrá que tengan su residencia oficial en
Canarias. Lo deseo fervientemente, pero que no tenga que pasar por estas
pruebas de supuesta falta de ética que su intervención ha puesto sobre la
mesa. Usted interpreta a su aire. Pues bien, yo lo único que puedo hacer
es poner a disposición, también, de la Comisión y del Presidente el
informe elaborado por el Abogado del Estado, Jefe de los Servicios
Jurídicos del MAP, que analiza, uno a uno, los distintos supuestos del
Director General de Servicios, del Asesor ejecutivo en el Gabinete del
Ministro y el jefe de la Secretaría del Ministro. Como es bastante
extenso --son diez páginas--, no voy ahora a cansarles con su lectura y
lo pongo, igualmente, a disposición del Presidente de la Comisión, para
que elimine cualquier duda acerca de la corrección, de lo ético y de los
demás adjetivos que usted ha puesto en duda con su intervención.
Nada más, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Los documentos entregados por el señor Ministro
estarán a disposición, naturalmente, de los diferentes grupos.
Para un turno, tiene la palabra la señora Aguilar.
La señora AGUILAR RIVERO: Señor Presidente, deseo aclarar varias
cuestiones al hilo de la intervención del señor Ministro.
Señor Ministro, por una parte, yo entiendo que, si usted cree que está en
posesión de la razón en función de la disposición legal que ha invocado
reiteradamente en su intervención, no ha lugar a tanta irascibilidad por
parte del señor Ministro cuando estamos hablando de un tema como éste, si
es que acaso le asiste la razón, como usted viene a plantear una y otra
vez, a través del Real Decreto que menciona. Por otra parte, señor
Ministro, hay una cuestión a la que usted ha aludido en su intervención y
le tengo que responder con absoluta claridad. Nuestro grupo
parlamentario, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, en su totalidad, sí tenemos legitimidad
suficiente para hablar de ética. Nunca hemos dicho que tengamos el
monopolio, se ha confundido usted de grupo a la hora de respondernos,
pero sí tenemos legitimidad, desde la ejemplaridad de nuestra actuación
en la vida pública. Por tanto, sí tenemos esa legitimidad y tiene que
quedarle absolutamente claro al señor Ministro. No hemos dicho que seamos
los únicos; decimos que tenemos la posibilidad de hablar de
comportamiento ético. Sabemos muy bien distinguir el ámbito de la ética
--ya le he dicho antes--, como modo de comportamiento en la vida pública,
de otras cosas. Por tanto, no haga ni siquiera división a la hora de
hablar de uno u otro miembros del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, como ha realizado el señor
Ministro, distinguiendo una parte u otra de miembros del grupo. Yo creo
que eso sí que no es ético. Lo lógico es referirse a los grupos
parlamentarios en su conjunto y hacer la mención a que usted crea que
haya lugar, pero desde luego nadie de mi grupo parlamentario ha esgrimido
que tiene el monopolio de la ética; eso que le quede claro, señor
Ministro. Sí hemos hablado de la legitimidad que tenemos para hablar de
la transparencia, de la ética, de la honradez, de la honestidad, de
valores que nosotros creemos que ustedes han echado en saco roto, en
términos generales, y hay que recuperar para velar por el bien de la
sociedad y de la institución a la que estamos representando.
En segundo lugar, yo creo que usted sigue confundiendo los extremos y los
términos. Se ha planteado por su parte si acaso el señor Ministro no
tiene capacidad o potestad de elegir a las personas que crea conveniente
para que sean colaboradores suyos, independientemente del lugar de su
residencia. ¿Quién ha cuestionado esto, señor Ministro? ¿Quién ha
cuestionado que usted pueda determinar quiénes deben ser sus
colaboradores en el ámbito del Ministerio? No estamos hablando de eso.
Nosotros no hemos puesto en cuestión ese tema en concreto. Es lógico que
cada miembro del Gobierno elija, como equipo colaborador, a personas que
son de su confianza, que han trabajado con ellos y que creen pueden hacer
un buen trabajo dentro del ministerio, de cada uno de los respectivos
ministerios; pero no es de esto de lo que estamos hablando; estamos
hablando de unos viajes que se producen. Y no vuelva usted a la arenga
nacionalista, en plan demagógico y en términos de discriminación, porque
le insisto: algunas personas, cuando han ido a Canarias, han ido a
trabajar, también a trabajar, no han ido de vacaciones. Sabemos lo que
supone el hecho insular, sabemos las dificultades que entraña todo lo que
es la relación y el trabajo dentro del archipiélago, y nos merecen todo
el respeto tanto los compañeros que
están en el ámbito del Parlamento, que todos y cada uno de ellos son de
Canarias, con su trabajo, como el que usted pueda realizar; pero es que
tampoco estamos hablando de eso. Estamos hablando de un hecho concreto;
estamos hablando de unos viajes que realiza el señor Ministro (sobre los
que nosotros no hemos entrado y se lo he reiterado en mi intervención
anterior) acompañado de tres funcionarios del Ministerio.
Desde su punto de vista, usted ha expresado aquí que entiende son
perfectamente regulares y legales los viajes que realizan esos
funcionarios al amparo de un Real Decreto que ha citado de manera
reiterada en su intervención; desde nuestro punto de vista, son viajes
que no están amparados en su totalidad por ese Real Decreto que usted ha
invocado y, por consiguiente, nos parece que se comete con ello una
manifiesta irregularidad. Estamos hablando, lógicamente, de puntos de
vista distintos, que no tienen nada que ver con la procedencia canaria
del señor Ministro ni de los señores funcionarios de los Ministerios.
La verdad es que tenemos una realidad ya constatada, y es que hay una
interpretación bastante laxa de la norma jurídica por parte de su
Ministerio y, si quiere, le puedo poner ejemplos. Me puedo remitir
perfectamente a las circunstancias que están ocurriendo con la
utilización de los pisos por parte de altos cargos de la Administración
y, concretamente, de altos cargos de su Ministerio. Podemos hablar de
ello cuando usted quiera, señor Ministro, dentro de esa interpretación
absolutamente laxa que se hace de la norma en el ámbito del Ministerio de
Administraciones Públicas. Podemos hablar del piso del Ministerio, en la
Plaza de España, que se está utilizando por parte del Subsecretario,
cuando nosotros entendemos que los subsecretarios no tienen derecho a
vivienda. Es decir, hay una interpretación de la norma totalmente
abierta, totalmente laxa, que parece ampara todo y que, desde nuestro
punto de vista, ni lo ampara ni lo cubre todo. Hay algunos elementos que
procede deslindar perfectamente, y hay que deslindar lo que se hace en
cuanto a función, a ejercicio en el ámbito público, como funcionario o
como cargo público, y lo que se hace en el ámbito de lo privado, y eso
que se hace en el ámbito de lo privado, desde nuestro punto de vista, no
se puede amparar por la normativa que usted ha invocado.
Entienda, pues, el señor Ministro que hay dos formas de ver las cosas y,
al menos, respete lo que este grupo parlamentario piensa y opina, que lo
hace, lógicamente, en el ámbito institucional adecuado, que es la
Comisión de Régimen de las Administraciones Públicas. Hemos hecho la
solicitud de su comparecencia con el objetivo de clarificarlo, lo que
ocurre es que el señor Ministro se ha puesto a la defensiva, ha creído
que aquí había una comparecencia buscada de propósito, para ir en contra
de él, en su condición de canario, y nos ha contestado en un nivel que,
desde luego, nosotros creemos no ha estado, ni mucho menos, afortunado.
Nuestro tono --ya se lo he dicho-- era de sosiego, de serenidad; nuestra
intención era aclarar absolutamente todo y nuestra posición era y es la
de expresar que el Real Decreto (al que usted ha hecho mención en
reiteradas ocasiones a lo largo de su intervención) no ampara todo y en
función de esa interpretación, saber si coincidíamos en ella, qué medidas
iba a tomar el señor Ministro o si, por el contrario, iba a seguir
actuando igual.
Usted nos dice que cambiemos la norma si no nos gusta, porque de sus
palabras también se desprende que en todos los ámbitos de la
Administración se hace exactamente lo mismo que hace usted en el ámbito
del Ministerio para las Administraciones Públicas. Pues, desde luego, el
señor Ministro nos ha dado una magnífica idea para que no se sigan
cometiendo lo que, desde nuestro punto de vista, son abusos manifiestos,
por lo que, lógicamente, plantearemos iniciativas parlamentarias, las que
hagan falta, para cambiar esa norma que, desde nuestro punto de vista,
nos lleva a situaciones totalmente irregulares, y no desde nuestro punto
de vista sino desde el suyo, que nosotros no compartimos. Desde luego
iremos a cambiar la norma para que no haya posibilidad de interpretarla
de tal manera que, al final, se esté amparando la irregularidad y se esté
elevando a categoría de normalidad.
El señor PRESIDENTE: Señor Ministro.
El señor MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Saavedra Acevedo):
Señor Presidente, decía que quería aclararse, pero yo creo que aquí es
inútil intentar aclararle.
Sólo le pregunto lo siguiente: ¿Ampara el decreto que un alto cargo, en
circunstancias similares a las de estos colaboradores míos, pueda
desplazarse los fines de semana a Asturias --por no citar otra región
implicada en este debate--, sí o no? Esta es la cuestión. Si lo ampara y
lo ha amparado, sigue siendo tan amparador este decreto, a pesar de sus
interpretaciones.
No tengo nada más que añadir.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que deseen intervenir?
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Soriano.
El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Aun a riesgo de ser mal interpretado
por la señora Aguilar, que me merece todos los respetos, estoy seguro de
que, si en el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya hubiera
un solo diputado procedente de Canarias, no estaríamos hoy en presencia
de este desagradable debate, porque, se quiera o no, la comparecencia ha
sido pedida, para el Ministro de Administraciones Públicas, en relación
con la administración de fondos públicos para sufragar los gastos de
desplazamientos particulares del Ministro y otros miembros de su
departamento, que da la casualidad residen en Canarias. Lo único que pone
esto de manifiesto es que, así como hay otros muchos ministros y altos
cargos que se pueden trasladar a Cuenca o a Asturias, como ha dicho el
señor Ministro, o a cualquier otro punto de la geografía nacional, sin
que trascienda y sin que tenga la menor importancia, el viaje a Canarias
repercute tremendamente y los medios de comunicación entienden que hay un
trato de favor en relación con los altos cargos que van a
Canarias. Esto pone de manifiesto una vez más el desconocimiento tremendo
que se tiene, como ha dicho bien el señor Ministro, de lo que comporta la
lejanía y la insularidad de las Islas Canarias, que viene reconocido en
la Constitución y que exige de los poderes públicos un trato de igualdad
en relación con las Islas Canarias y con las personas que residimos en
ellas. Esto se demuestra en todo.
No sé si usted sabe que en Portugal, donde también tienen una situación
similar con los archipiélagos de Madeira y Azores, los parlamentarios de
Madeira y Azores tienen un plus específico en materia de dietas --cosa
que no tenemos los parlamentarios canarios--, derivado de la insularidad
y la lejanía. Y no digamos nada del régimen específico que tienen en
Francia respecto a los territorios de Martinica y Guadalupe. Con esto
quiero insistir en que, se quiera o no por parte de la señora Aguilar,
estamos hoy aquí juzgando la actuación de un Ministro que va a Canarias,
porque posibilidades ha tenido de hacer la misma pregunta respecto a
otros ministros que se trasladen a sus lugares de origen o de haberla
planteado con carácter general.
En cualquier caso, yo quisiera dejar claro que este es un sistema que se
establece en idénticos términos en Canarias. En Canarias puede haber
consejeros que residan en una isla menor, que tengan allí a su familia y
que, sin embargo, tengan que trabajar en la capital, bien Las Palmas o
bien Tenerife, en razón de sus servicios. Estos consejeros se desplazan
en las Islas Canarias como es lógico, todos los fines de semana a su
lugar de origen. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Queremos condenar a
Canarias a no tener un Ministro en el Gobierno o a no tener ningún alto
cargo en el Gobierno? ¿Qué alto cargo acepta un puesto para un cargo
político en Madrid, cuya fecha de cese es incierta, que puede cesar a los
quince días de ser nombrado, si tiene que trasladar a toda su familia,
con lo que comporta de colegios de hijos, etcétera?Sería disparatado.
Lógicamente, su familia tiene que quedarse en Canarias, y este alto cargo
debe desplazarse a Canarias, pero no por razón del servicio --que
también, por supuesto, bien entendido--, sino por razones de tipo
familiar. Otra cosa sería si el canario tuviera que pagarse de su
bolsillo los gastos de desplazamiento, porque sería no ver a su familia
durante tres o cuatro meses, puesto que el importe del billete de Madrid
a Cuenca, por ejemplo, es muy inferior a lo que cuestan los pasajes a
Canarias.
Por consiguiente, insisto en que hay que comprender el caso canario. Los
comisarios europeos van a sus países de origen los fines de semana y no
pasa absolutamente nada, se da por perfectamente válido. En consecuencia,
yo quisiera terminar mi intervención pidiendo y exigiendo de esta Cámara
una mayor sensibilidad con los problemas derivados de la lejanía y de la
insularidad de las Islas Canarias. Nosotros aspiramos a que haya altos
cargos en la Administración central, ministros del Gobierno, etcétera,
que puedan defender nuestros intereses, y exigimos que se les compense
adecuadamente en lo que suponen los desplazamientos a las Islas Canarias.
Estoy convencido, en todo caso (y le hago una sugerencia al señor
Ministro; alguna vez nuestro grupo lo ha solicitado) de que es precisa la
elaboración de un estatuto del alto cargo, es preciso que lo redactemos.
Aprovechando la sugerencia que ofrecía el señor Ministro, creo que sería
muy conveniente elaborar un estatuto de los altos cargos donde quede
clara y diáfanamente regulado que en el supuesto de los altos cargos de
procedencia de Canarias, y tal vez de las Islas Baleares, han de tener un
trato especial, puesto que si no tienen este trato especial resultaría
imposible que una sola persona, como no sea rico por su casa, acepte
venir destinado a Madrid, para no poder ir los fines de semana a las
Islas Canarias, o gastarse el sueldo en los traslados a las Islas
Canarias.
Termino, en consecuencia, diciendo que ese estatuto de los altos cargos
viene también relacionado con la necesidad, que el señor Ministro
prometió en su primera comparecencia en esta cámara, del Estatuto de la
Función Pública. Hay preceptos que están obsoletos. Está vigente un
precepto que establece la obligación de los funcionarios públicos de
residir en el término municipal donde radique la oficina. Está vigente
este precepto; no se modificó en la Ley de 1984 y esto hoy resulta
totalmente obsoleto porque, con los medios de comunicación, ya no se
tiene en pie y toda la legislación entra en contradicción con este
precepto.
Por eso termino mi intervención recomendándole al señor Ministro la
conveniencia de traer el Estatuto de la Función Pública modernizando la
legislación sobre la Función Pública, y, a través de un estatuto de los
altos cargos, elaborar una norma que sea de general obligación, de
general conocimiento, incluso con rango de ley, donde se dé el trato
adecuado a aquellos altos cargos de procedencia de Canarias.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Marcet.
El señor MARCET I MORERA: Para expresar, en primer lugar, la satisfacción
del Grupo Socialista por la respuesta dada por el señor Ministro en esta
comparecencia, solicitada para aclarar unos hechos, y manifestar también
mi acuerdo, sin que ello sirva de precedente, con la intervención que ha
realizado el señor Soriano, por el Grupo Popular. Me ha parecido una
intervención atinada y puesta en su lugar por el ámbito de lo que estamos
discutiendo. Mi satisfacción en doble en esta ocasión, dado que el señor
Ministro no solamente ha dado respuesta oral a lo que se le planteaba,
sino que ha puesto a disposición de la Comisión, si no he entendido mal,
un conjunto de datos, que se solicitaban también por el grupo que ha
presentado la solicitud de comparecencia, relativos a la relación de
gastos por desplazamientos efectuados con cargo al presupuesto del
Ministerio. Por tanto, con antelación a lo que prevé el propio Reglamento
de la Cámara, con mucha antelación, se ponen a disposición de la Comisión
estos datos.
Dicho esto, señor Presidente, quiero manifestar mi perplejidad por la
solicitud de comparecencia que se ha planteado (lo decía el señor
Ministro al inicio); una perplejidad porque parece que se está planteando
o se está demandando sobre algo que es oscuro, cuando se está dando por
probado lo informado por un medio de comunicación y en la intervención
que ha dado lugar a la comparecencia se están dando continuas acusaciones
de irregularidades.
Ya sabemos, señor Presidente, que tenemos entre nosotros aquellos
ciudadanos justos y benéficos que algunas constituciones nos planteaban;
los tenemos ya entre nosotros. Por suerte hay algún grupo parlamentario
que, evidentemente, tiene legitimidad para hablar de ética, como todos;
pero, además, son todos ellos ciudadanos justos y benéficos. Y yo me
pregunto, señor Presidente, si es desplazamiento oficial o desplazamiento
particular viajar a Sevilla para ver un partido de fútbol. Yo me lo
pregunto, señor Presidente. ¿Es ético viajar a Sevilla con cargo a este
Congreso de los Diputados, en una semana de discusión parlamentaria de
Presupuestos, para ver un partido de fútbol? Me hago esta pregunta porque
es una pregunta que, sin duda, ha estado en la mente de muchos señores
comisionados a lo largo de esta tarde. Sin duda, la perplejidad viene más
cuando la iniciativa que se ha realizado parte de una mera información
periodística no contrastada, de un medio de comunicación, el único que se
ha hecho eco de una situación que se ha calificado de irregular, y quiero
recordar que irregular no es sinónimo de ilegal.
¿Se está vulnerando, me pregunto, el Real Decreto 236/1988? ¿Se está
vulnerando? Si se está vulnerando este Real Decreto acúdase a los
tribunales de justicia y dígase que se está vulnerando. Si no se está
vulnerando el Real Decreto y se está actuando conforme al mismo, entonces
estamos no en una situación de irregularidad, no en una situación,
evidentemente, de uso abusivo, sino en una utilización lógica y clara de
las previsiones de este Real Decreto.
Señor Presidente, la comparecencia que hoy se ha pedido y lo que hemos
escuchado por parte del grupo que la ha solicitado es una visión
centralista donde las haya. Efectivamente, sólo se podrá ser miembro del
Gobierno, alto cargo del Gobierno o persona de confianza del Gobierno si
se es de Madrid o de 50 kilómetros alrededor, no mucho más allá, puesto
que, en cuanto nos desplacemos un poco, o hay que desplazar, como decía
el señor Soriano, toda la familia, si es que ésta quiere desplazarse,
porque normalmente el otro cónyuge tendrá un trabajo que realizar, sea la
mujer o sea el marido, los hijos quizá no querrán desplazarse, o se
estará abocado a no realizar ningún tipo de convivencia familiar.
Simplemente quiero manifestar, señor Presidente, estas perplejidades
porque son las que han llegado a mi cabeza a lo largo de este debate que
hemos tenido; debate que nunca hubiera tenido que darse porque creo que
en la práctica habitual del Gobierno está la utilización cabal de este
Real Decreto y de las anteriores previsiones legales que hacían posibles
los desplazamientos de ministros y altos cargos a su lugar de residencia
familiar, de la misma forma que diputados y senadores cada fin de semana
nos desplazamos a nuestros domicilios, no sólo para tener una relación
con nuestro electorado, cosa lógica, sino también para convivir con
nuestra familia; también parece lógico que los ministros, altos cargos,
personal de confianza del Gobierno puedan tener unas formas de
convivencia lo más normalizadas posible.
El señor PRESIDENTE: Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Saavedra Acevedo): Muy
brevemente, para agradecer al portavoz del Grupo Popular su identidad y
sus palabras. Creo que ha sido muy oportuno, en relación con algunas
afirmaciones que hemos oído anteriormente, para señalar que también los
que no somos nacionalistas sabemos defender a Canarias. Una coincidencia
importante a subrayar en este caso.
Tomo nota favorablemente de la propuesta de elaborar un estatuto de altos
cargos, o bien que cuando se aborde la ley de organización de la
Administración general o el Estatuto de la Función Pública se recojan
estas peculiaridades y se eliminen la dudas o sospechas que hemos tenido
que escuchar hoy aquí.
Por último, al portavoz del Grupo Socialista quiero manifestarle
igualmente mi agradecimiento por sus palabras y decirle, por si no ha
quedado claro, que he aportado los datos que con la mayor prontitud se
han elaborado por los servicios del Ministerio, y que el resto de los
solicitados serán remitidos a esta Comisión dentro del plazo
reglamentario, pero que por el número grande de personas afectadas en la
solicitud de datos, requiere un mayor tiempo de elaboración de los
mismos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
Agotado el trámite del punto 4, se suspende la sesión durante cinco
minutos.
Se reanuda la sesión.
--DEL MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (SAAVEDRA ACEVEDO) PARA
DAR CUENTA DE LAS INCIDENCIAS PRODUCIDAS EN EL CONCURSO ORDINARIO PARA LA
PROVISION DE PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS A FUNCIONARIOS DE
ADMINISTRACION LOCAL CON HABILITACION DE CARACTER NACIONAL, ESPECIALMENTE
EN CUANTO A LA ACTITUD DE DICHO MINISTERIO EN RELACION A LA DETERMINACION
DE MERITOS ESPECIFICOS. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE
IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente
213/000210.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión y pasamos al punto 5
del orden del día: comparecencia del Ministro para las Administraciones
Públicas, don Jerónimo Saavedra, ante la Comisión para dar cuenta de las
incidencias producidas en el concurso ordinario para la provisión de
puestos de trabajo reservados a funcionarios
de la Administración Local con habilitación de carácter nacional,
especialmente en cuanto a la actitud de dicho Ministerio en relación a la
determinación de méritos específicos.
Por acuerdo de la Mesa de la Comisión, de 8 de marzo pasado, y de
conformidad con el grupo parlamentario peticionario, en lugar del
ministro, comparece el señor Secretario de Estado para la Administración
Pública, don Justo Zambrana. Dándole la bienvenida esta Presidencia, le
concede la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA (Zambrana
Pineda): A estas horas de la tarde y para no cansar a SS. SS. voy a
tratar de ser breve, casi telegráfico.
Por lo que respecta a la cuestión que plantea el Grupo de Izquierda
Unida, en relación con los méritos específicos, la fijación de los cuales
compete a los ayuntamientos, es una determinación que se ha tomado en las
últimas modificaciones legislativas en la materia, ya que se entiende
desde el Gobierno que al ser el secretario o el interventor, en
definitiva los cuerpos nacionales, funcionarios adscritos a
ayuntamientos, era conveniente y necesaria la participación de estos
ayuntamientos en la fijación de los méritos por los cuales se cubrían las
plazas. (El señor Vicepresidente, Sanz Díaz, ocupa la Presidencia.)
Esta valoración no es exclusivamente gubernamental sino que es idea
mayoritaria de los grupos parlamentarios, hasta el punto de que el propio
Grupo de Izquierda Unida presentó una enmienda, la número 18 creo
recordar, que coincidía literalmente con el propósito del Gobierno,
indicando que las corporaciones locales aprobarán las bases del concurso,
incluyendo, en su caso, los méritos específicos. Por consiguiente, creo
que en lo básico estamos de acuerdo.
Como a veces algún ayuntamiento puede aplicar unos méritos específicos no
del todo correctamente articulados, la Dirección General de la Función
Pública remitió, en su día, una circular a todos los ayuntamientos,
fijando una serie de criterios por los cuales era conveniente, puesto que
no tenía fuerza normativa tal circular, que los ayuntamientos organizasen
sus concursos. En dicha circular se indicaban una serie de criterios para
la fijación de los méritos específicos.
Somos conscientes de que ha habido algunos ayuntamientos que han
propuesto como méritos específicos para el acceso a los puestos de
trabajo de los mismos, reservados a habilitados nacionales, méritos que
no son los habituales o que no merecen la consideración de aceptables por
parte del ministerio. Sólo puedo decir al grupo que solicita mi
comparecencia que habiendo de desarrollarse el texto legal que ampara la
fijación de estos méritos específicos por un decreto que en este momento
está sometido a consulta en el Consejo de Estado y, posteriormente, por
una orden ministerial, es propósito del ministerio reforzar los criterios
para que los méritos guarden una relación directa con los puestos de
trabajo. En este momento la única vía posible para el ministerio, en caso
de no estar de acuerdo con los méritos que algunos ayuntamientos han
fijado, era recurrir ante la justicia indicando a los gobernadores
civiles que plantearan recursos contencioso-administrativos en contra de
la valoración establecida por los ayuntamientos, sistema que nos parecía
contraproducente desde múltiples puntos de vista. Somos los primeros
interesados en garantizar la imparcialidad, la objetividad en los
concursos de funcionarios de habilitación local. Creo que la mayor parte
o todos los grupos de la Cámara podemos estar de acuerdo en que una parte
de estos méritos debe ser atribuida por las corporaciones locales. En
concreto, y según la última redacción legal, el Estado fija con carácter
general el 65 por ciento de los méritos, las comunidades autónomas fijan
el 10 por ciento y el 25 por ciento restante lo fijan las corporaciones
locales. Por consiguiente, la responsabilidad por parte del Gobierno,
salvo en lo que le compete legislar, es nula en la fijación de esos
méritos, lo único que le queda, como he indicado, es la posibilidad de
recurrirlos legalmente ante los tribunales, bien es verdad que en las
normas de desarrollo no ya para el concurso que se está efectuando en
estos momentos hay la posibilidad, vía decreto y orden ministerial, de
ajustar más los criterios, que nunca podrán ser tan ceñidos que impidan
la libre valoración por parte de los plenos de las corporaciones, de
manera que los méritos específicos que las mismas atribuyen sean lo más
próximos posibles a aquellas características que guarden una relación
directa con los puestos que han de ocupar los funcionarios.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Díaz): Tiene la palabra el señor Martínez
Blasco, por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
El señor MARTINEZ BLASCO: Gracias, señor Secretario de Estado.
Una de las ventajas de que esta comparecencia se haya visto después de
estar en el orden del día varias sesiones es que la mayor parte de los
municipios ya han efectuado las propuestas para los puestos en este
primer concurso ordinario de 1994 y lo que eran temores ahora ya son
granizadas; es decir, ya ha ocurrido lo que no temíamos. En muchas de
estas convocatorias sólo faltaba poner el nombre y apellidos; en algunos
casos no tanto porque le faltasen méritos al concursante que ahora ha
sido adjudicatario, sino porque se intentaba levantar una barrera en la
que absolutamente nadie pudiese entrar.
En razón a lo mismo que ha dicho el señor Secretario de Estado, de la
brevedad, no voy a hacer anécdotas de los concursos, están efectivamente
en el «Boletín Oficial del Estado», pero evidentemente cuando en un
municipio se da un montón de puntos por pertenecer el municipio al que
hubiera prestado sus servicios a la red europea de ciudades fabricantes
de automóviles y a su vez haya sido secretario de un consejo de
administración que tenga unas determinadas condiciones. Hice el esfuerzo
de ver si había algún otro municipio en el Estado español que cumpliese
ambas dos circunstancias que completaban los 7,5 puntos, y no había
ninguno en el Estado español. Ese podría ser un ejemplo como otros muchos
que evidentemente se han producido.
¿Cuál es el problema? Dice el señor Secretario de Estado que el Grupo de
Izquierda Unida propuso que los ayuntamientos participasen. No es esa la
discusión; no se discute que los municipios, los ayuntamientos puedan
participar en los concursos. El problema surgió ya en 1991, en el
anterior concurso y por eso la comparecencia está solicitada para ver la
actitud del Ministerio. Estos lodos vienen de aquellos polvos. El
Ministerio en 1991 inicialmente creo que recurrió algunos de los
concursos de los baremos específicos, pero después la cosa se olvidó, yo
no sé si lo retiró o qué ocurrió; el caso es que los municipios han visto
fortalecido este impulso de poner a los que querían. Como el Ministerio
en 1991 no dijo nada de las barbaridades que se pusieron en los concursos
específicos, esta vez han dicho que ancha es Castilla y que van a poner
estas cosas que, repito, hago gracia de enumerarlas. Ahora dice el señor
Secretario de Estado que todavía estamos a tiempo, puesto que vía decreto
u orden ministerial se puede hacer. Yo sólo espero que ese decreto u
orden ministerial venga antes, por lo menos, del segundo concurso
ordinario que, como todos sabemos, tiene fecha de junio de 1994, si es
que se cumplen los plazos; es decir, el mes próximo los municipios, los
ayuntamientos deben empezar a hacer todo el trámite de aprobación de los
méritos específicos y demás. En todo caso, me parece tremendamente
insatisfactoria la actitud del Ministerio. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor Secretario de Estado reconoce que son méritos no habituales, no
aceptables; no ha dicho esa palabra, pero yo creo que son absolutamente
ilegales. Cuando sólo falta poner el nombre y apellidos de aquel al que
se le va a adjudicar son ilegales, puesto que ninguna norma, por muy
amplia que sea su interpretación, permite eso, y hay jurisprudencia,
incluso del Tribunal Constitucional, en materia de oposiciones y de
concursos donde cuando sólo falta poner el nombre y los apellidos, no es
legal. Por tanto, a los adjetivos empleados por el Ministerio creo que le
falta el de ilegal.
¿Qué hacer frente a eso? El señor Secretario de Estado dice: «El recurso
sería contraproducente.» No, yo creo que lo contraproducente es esa
actitud de dejar pasar, porque generan malestar en todos los ámbitos las
irregularidades cometidas, primero, en la fijación de los méritos
específicos, las irregularidades cometidas en los tribunales, etcétera,
porque ha hablado el señor Secretario de Estado de la libre valoración de
los plenos. Ya me gustaría a mí que fuese libre valoración de los plenos.
La valoración libre la han hecho esos tribunales, y también, si quiere el
señor Secretario de Estado, le enumero alguno de los tribunales que se
han creado por ahí. Lo que no debería hacer el Ministerio es permitir lo
que se ha hecho, porque, insisto, es malo para los municipios, lleva a la
conclusión de que se pueden vulnerar las leyes, los decretos que regulan
todo esto, y que aquí no pasa nada y que el que quiera que vaya al
contencioso-administrativo. Todos sabemos que la vía del
contencioso-administrativo supondrá, en el mejor de los casos, que dentro
de tres o de cuatro años haya una sentencia donde se diga que,
efectivamente, se han vulnerado todos los principios constitucionales en
esta materia. Pero creo que también es contraproducente esta actitud del
Ministerio de dejar pasar para con los funcionarios. Se convierte esto en
una especie de lucha, de codazos y cuando un funcionario de habilitación
nacional consigue sentarse en un municipio, en un ayuntamiento que le
gusta, hace a su imagen y semejanza los baremos para garantizar que pueda
permanecer en ese puesto de trabajo. Creo que por eso es malo para todos.
Me gustaría que el compromiso del Ministerio, además de ser el del
decreto y la orden ministerial --que en todo caso celebro--, sea algo
más. Si el señor Secretario de Estado confirma que esta regulación puede
salir antes del próximo concurso ordinario de junio o julio, lo celebro,
pero creo que se debería reclamar, en defensa de la legalidad, una
actitud más contundente del Ministerio y proceder a recurrir no sólo ya
las bases específicas, sino las adjudicaciones que se han producido.
Creo que la regulación incluso daría pie al Ministerio para hacer algo
más de lo que según el Secretario de Estado se va a hacer. Como dice el
decreto, las resoluciones de los concursos se remiten al Ministerio para
las Administraciones Públicas para, previa coordinación, evitar la
pluralidad de adjudicaciones simultáneas, etcétera. Yo creo que en este
trámite, por lo menos a nivel informativo, el Ministerio debería hacer la
labor de leerse los baremos específicos, de comprobar cómo se han hecho
las adjudicaciones, porque en algunos casos incluso se han falseado los
datos en el sentido más puro y duro. Estaba en las propias bases el que
en algunos casos el mérito se probaba por declaración jurada; en otros
por un certificado por el profesor de esa memoria presentada en una
facultad, que daba un montón de puntos. Es decir, en algunas ocasiones yo
creo que se han violentado todos los principios de nuestro derecho y el
Ministerio debería recurrir. También hay que ser realistas; es cierto que
de los 30 puntos globales que admite el concurso, los específicos son
sólo 7,5, pero yo también puedo recoger de los concursos que en la
práctica los 7,5 puntos específicos representan un porcentaje muy alto en
el concurso, porque, sobre todo en los pequeños municipios de menos de
2.000 habitantes, no acceden funcionarios que tengan por méritos
generales ni 20 ni 15 ni 10 puntos y los 7,5 puntos de los méritos
específicos representan un porcentaje muy alto en el concurso.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Zambrana.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA (Zambrana
Pineda): Voy a ser telegráfico. Quisiera recordar al señor Martínez que
en el Ministerio solemos hacer las normas junto con las organizaciones
afectadas. En este caso, nuestro principal interlocutor, por dirigirme a
la mayor del problema que se ha planteado, es la Federación Española de
Municipios y Provincias, a la cual se le plantean no pocos problemas,
muchas veces de encaje entre la corporación y los funcionarios
habilitados que están prestando servicio. Era una vieja reivindicación de
la Federación --y creo que en esta sala seguramente hay alcaldes y
concejales que saben lo
que estos problemas suponen-- el tener funcionarios con los cuales
pudiese existir una capacidad de diálogo.
Hubo personas de diferentes grupos políticos --y de su Grupo yo he oído a
algunas-- que cuando en un momento determinado se discutió y se negaba
incluso la necesidad de que hubiera habilitación nacional, propusieron
que la habilitación se redujese a la selección y que una vez obtenido el
título habilitante, cada ayuntamiento escogiera de entre los habilitados
al secretario que estimara pertinente, por los criterios que juzgara
oportunos. Obviamente, no estamos apoyando ese tipo de criterios, puesto
que el Gobierno no ha ido a esa vía tan extrema que, como digo, han
propuesto incluso algunos miembros de su Grupo, si bien es verdad que he
de confesar que no lo he oído en este Parlamento; pero he tenido
conversaciones y he oído algunas manifestaciones, si no públicas cuasi
públicas, de miembros de su Grupo en otras oportunidades en que han
solicitado este tipo de actuación.
En cualquier caso, para su tranquilidad he de decirle que, efectivamente,
el decreto que en estos momentos está en el Consejo de Estado va a fijar
una serie de parámetros, porque si se opta por otro modelo sería más
conveniente que fuera definitivamente, pero mientras estemos en éste, es
necesario dotarle de un cierto rigor. No tengo inconveniente en poner en
su conocimiento cuáles son los criterios que estamos en este momento
discutiendo internamente en la Administración tanto a nivel de decreto
como, posteriormente, de orden ministerial, que bajará más al detalle,
con el fin de encauzar este asunto, pero no parece que haya que hacer
tampoco una acusación grave contra las corporaciones locales --que han
sido democráticamente elegidas y que mientras no se demuestre lo
contrario se atienen también a la legalidad-- haciéndolas con carácter
general sospechosas. Es posible que se haya producido alguna situación,
como he dicho, no recomendable en cuanto a la fijación de méritos. La
mayor parte de los méritos específicos se ha fijado de modo razonable por
la inmensa mayoría de las corporaciones y se trata de corregir por medida
normativa lo que de no recomendable se pueda producir.
Cuando he hablado del recurso, S. S. justamente ha indicado que se
recurriera todo. Me parece que su posición parte posiblemente de un
desconocimiento de la mecánica de cómo se mueven los concursos. Comprenda
S. S. que los fallos que se puedan producir con meses o con años de
atraso en lo contencioso arrastrarían una cadena enorme, que repercutiría
no solamente en el ayuntamiento afectado sino en otros múltiples derechos
individuales de funcionarios. Por eso es un tema, cuando menos, bastante
complejo de abordar, una vez que se falla el concurso, y la única
posibilidad abierta es la que hay. Ya le he dicho que hemos enviado en su
momento una circular de la Dirección General de la Función Pública a los
ayuntamientos, justamente para evitar que pudiera producirse cualquier
tipo de anormalidad. Para el próximo concurso --que posiblemente no será
en julio porque la propia Federación de Municipios nos ha pedido un solo
concurso anual en lugar de dos-- ya estarán en vigor los decretos. En
todo caso, aunque fuese en junio o en julio, esperamos que en unas
semanas, más bien pocas que muchas, estén en el «Boletín Oficial del
Estado» los dos decretos y una orden ministerial con posterioridad que
acoten bastante que se pueda producir este tipo de situaciones, con una
serie de mecanismos: limitando lo que un mérito específico dentro del
conjunto de los 7,5 puntos pueda suponer, etcétera. Es decir, estimamos
que este problema puede encauzarse, al mismo tiempo que permitimos
también que las corporaciones locales, que son a las que va a afectar y
donde va a trabajar el funcionario, también tengan mucho que decir en su
selección.
El señor PRESIDENTE: El señor Martínez Blasco tiene la palabra.
El señor MARTINEZ BLASCO: Yo no sé si habrá otro colectivo de
funcionarios cuyo sistema de concursos tenga tantas modificaciones como
éste, porque lo que acaba de decir el señor Secretario de Estado es que
no hemos estrenado todavía el sistema de tres concursos anuales, dos
ordinarios y el concurso «escoba» del Ministerio, y todavía no lo hemos
agotado en el primer ejercicio, y ya está diciendo que en lugar de dos
concursos anuales ordinarios va a haber uno solo --yo no sé qué pasará
con el «escoba»--. En todo caso, me importa resaltar una cosa que ha
dicho el señor Secretario de Estado y es si optamos por otro modelo.
Efectivamente, hemos pasado en poco tiempo del 15-25 por ciento de los
baremos al 65-10-25. Ahora no sabemos si con este nuevo decreto
aprovecharán para dar otro impulso. Que quede clara una cosa, y así
figurará en el «Diario de Sesiones», y es que nuestro Grupo no se opone a
la participación de los municipios, de los ayuntamientos en la
adscripción en los concursos. Como dice el señor Secretario de Estado, lo
más radical sería que solamente hubiera una habilitación nacional en la
selección y después fuera de libre decisión del municipio. No me apunto a
ese modelo, pero en todo caso, que la participación de los municipios
fuera con criterios objetivos de mérito y capacidad. Yo no me opongo a
que participen los municipios, y si de mis palabras se ha podido deducir
que hay una reprimenda con carácter general a todos los municipios, no es
así. He dicho que me parecen sangrantes y vergonzosos algunos de los
baremos específicos, que atentan contra la Constitución, contra todo el
sistema y la estructura legislativa de provisión de algunos puestos de
trabajo en nuestro país. Lo que pregunto es que ante eso ¿qué se hace?
Dice el señor Secretario de Estado: No recurrimos porque, efectivamente,
una sentencia --con lo que presupone el señor Secretario de Estado, igual
que este Diputado, que la sentencia sería condenatoria para el municipio
o el ayuntamiento-- al cabo de dos o tres años produciría un destrozo
general en los movimientos que hubieran tenido lugar; sobre todo, si hay
tres concursos anuales, podría originar una situación en cadena en esos
municipios. El propio Secretario de Estado está reconociendo que esto
sería, sin demasiado debate por el Tribunal, declarado nulo. Pero, ante
eso, ¿qué hacemos? El Ministerio para las Administraciones Públicas
comprueba que los concursos no se están ajustando ni a su circular ni a
los decretos ni a nada, pero
como reponer el estado jurídico en su situación originaria traería
consecuencias de no sé qué tipo, nos quedamos con los brazos cruzados.
Por tanto, yo creo que no es un problema de la generalidad de los 8.000
municipios españoles. Es un problema de determinadas infracciones que se
cometen en determinados municipios, y le sugiero una solución intermedia,
señor Secretario de Estado. Igual que hicieron ustedes una circular,
porque lo veían venir, intentando matizar y explicar en castellano qué
méritos específicos son méritos específicos y cuál debe ser la relación
entre méritos específicos y los méritos generales del baremos, pues
aunque no sea un recurso, ¿sería muy costoso que a título de ejemplo el
Ministerio hiciera un informe de cuántas son las barbaridades que se han
cometido en los baremos específicos? Lo digo porque la circular tampoco
era de obligado cumplimiento, por lo menos podía servir para ilustrar
diciendo: como la primera lección no ha tenido sus efectos y se han
cometido de nuevo una serie de irregularidades, aquí advertimos, a título
de ejemplo, cuáles son esas irregularidades. Para que en el futuro, en el
concurso de junio o en el de enero del próximo año, los ayuntamientos ya
tengan un catecismo de que evidentemente no se pueden poner algunos de
los méritos específicos que aquí se incluyen.
Termino diciendo que me parece que no es buena la política por las
consecuencias que está trayendo y que efectivamente trajo ya la actitud
pasiva en el último concurso celebrado en 1991; no me parece buena para
nadie, ni siquiera para esos munícipes que dice el señor Secretario de
Estado que en la Federación presionan... Presionan para participar, pero
si presionan para tener al amigo que no les dice nada y que les lleva
todo tal cual quieren algunos gestores, yo creo que ahí la actitud del
Ministerio debería ser contundente e inflexible, porque, en definitiva,
estamos haciendo una labor en beneficio de todas las administraciones y
específicamente de las administraciones locales. Yo podría relatarle,
aunque no lo voy a hacer porque la semana que viene o la siguiente voy a
hacerlo en el juzgado, por qué lo han hecho así en el caso de uno de esos
secretarios que efectivamente estaba de forma provisional y para el que
han hecho el baremo específicamente para que pudiera quedarse de forma
permanente, cuáles han sido las contraprestaciones de forma irregular e
ilegal que se han hecho de este tipo. Entonces, evidentemente, cuando
estamos tomando medidas, lo estamos haciendo en beneficio de los propios
ayuntamientos.
El señor PRESIDENTE: El señor Secretario de Estado tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA (Zambrana
Pineda): Quiero señalar que evidentemente no estamos hablando de
ilegalidades --en cuyo caso estaríamos todos, y en primer lugar el
Ministerio, obligados a intervenir-- sino simplemente de interpretaciones
que podemos considerar más o menos adecuadas. En segundo lugar, más que
un recordatorio o una especie de anuario que proponga un listado de
irregularidades, va a existir un decreto y una orden ministerial en el
«Boletín Oficial del Estado» --ya se lo he avanzado-- y por consiguiente
no parece que sea muy útil.
Además, hablando de cambios, con independencia de que van a ser siempre
dos concursos --veremos si tres--, en todo caso, para cambio, el que se
ha producido en el discurso de Izquierda Unida entre el anterior portavoz
parlamentario, alcalde de importante ciudad catalana, y S. S. en este
momento, porque el discurso de su antecesor era justamente el contrario
del que acaba de hacer S. S. en cuanto al fondo del asunto.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Núñez.
El señor NUÑEZ PEREZ: Señor Secretario de Estado, bienvenido otra vez
aquí a su Comisión natural. Venga usted con frecuencia. Le haremos venir
para que no pierda usted forma parlamentaria.
Esta comparecencia la ha provocado otra vez lo mismo, es decir, las
lagunas legislativas, y otra vez vuelven ustedes a buscar una coartada en
la FEMP, entre otras. Dejen ustedes a la FEMP en paz, porque aquí sí que
no tiene nada que ver en el asunto, con independencia de que por supuesto
tenga sus criterios, muy respetables, sobre todas las cuestiones que
afectan a la vida local.
Ha dicho usted en la primera respuesta que ha dado al señor Martínez,
portavoz de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, una cosa que le
honra por el reconocimiento de la grave responsabilidad del Gobierno y
concretamente del Ministerio: «Tenemos que...» --lo dijo en perifrástica
activa-- «... reforzar los criterios para que los méritos específicos
guarden relación directa con los puestos de trabajo.» Palabras textuales.
O sea, que ahora no guardan relación directa o pueden no guardarla.
Entonces, la primera pregunta que se le ocurre a cualquier que la haya
escuchado es: y esto, ¿cuántas veces ocurre? ¿Muchas, pocas, algunas? ¿Es
un daño general para todos los ayuntamientos-- los 8.070, me parece que
son ahora, más o menos-- o simplemente ocurre por casualidad y porque el
buen tino o el buen criterio o el buen juicio o, sencillamente, el no
abuso de la discrecionalidad en las distintas corporaciones locales evita
lo que pueden provocar las lagunas y las deficiencias del Ministerio para
las Administraciones Públicas?
Si espigamos por los boletines oficiales encontramos muchos casos --yo
tengo aquí un montón de ellos; antes nos ha hecho gracia el señor
Martínez de no escuchar las anécdotas, pero yo tengo aquí algunas
espectaculares, incluso amenas, que a lo mejor les cito-- y si los
reducimos al común denominador nos llevan a una conclusión tremenda,
señor Zambrana: la utilización del procedimiento del concurso específico
como vía para la discrecionalidad y la arbitrariedad. Eso es lo grave.
Por mecanismos sumamente confusos y carentes de toda objetividad e
imparcialidad se viene facilitando la posibilidad de actuar con absoluta
discrecionalidad en las asignaciones de puestos de trabajo convocados por
concurso específico de méritos.
Basta el sencillo truco de reservar a los méritos específicos, que quedan
a la absoluta discrecionalidad de los responsables políticos, a menudo
mediante una simple entrevista, los suficientes puntos como para que su
valoración resulte decisiva. Aquí se ha citado la normativa actual, que
es efectivamente el Real Decreto 731/1993 y la Orden de 7 de junio de
1993, si mal no recuerdo. Dicen que los méritos específicos directamente
relacionados con las características del puesto de trabajo serían los que
tendrían que tenerse en cuenta, pero si uno va a espigar en los
boletines, resulta que en gran número de convocatorias se puntúa como
mérito específico la posesión de determinados títulos académicos, con lo
cual se valoran dos veces las mismas circunstancias, como mérito general
y como mérito específico. En Coria del Río (Sevilla) se valora con 2,5
puntos solicitar plaza en primer lugar. (La señora Fernández González:
Espabilados.) Explíquemelo usted, porque yo no lo entiendo. Estas no son
anécdotas, son datos que mueven a la reflexión. Tengo muchísimos
ejemplos, luego voy a coincidir con el señor Martínez para pedir una cosa
al Gobierno. En Huéscar (Granada) se valora con 5,5 puntos un título de
master en asesoría jurídica de la Universidad de Lovaina; en cambio, el
ejercicio de la abogacía mínimo de un año, 2 puntos. Estoy leyendo el
Boletín Oficial. Así tengo ejemplos muy pintorescos como el del Rincón de
la Victoria, en Málaga, en Huelva, para un profesor titular o profesor
asociado de la Universidad, de Derecho Administrativo, al menos un año,
2,5 puntos, etcétera. Casi casi se les pone los nombres y apellidos. No
quiero entretener el tiempo de SS. SS. en una sesión que empieza a
resultar larga.
Sí quiero decir, señor Secretario de Estado, que es absolutamente
necesario introducir una norma que sirva, por lo menos, para enmarcar en
unas abscisas y en unas ordenadas perfectamente conocidas por todos por
dónde va la valoración objetiva de los méritos específicos y la relación
directa que tienen que guardar con todos y cada uno de los puestos de
trabajo. Para eso ustedes tienen que hacer una cosa a la que están
obligados, y es legislar. Casi siempre que venimos a esta Comisión nos
dicen ustedes: o que van a traer una ley, o que el decreto está pendiente
de dictamen del Consejo de Estado, o que dentro de cuatro meses habrá una
circular o una orden clara y objetiva. Siempre estamos con las mismas
respuestas y ya no sirven, no ya a nosotros como respuesta política, que
sería lo de menos, aunque es muy importante; no sirven sobre todo para
que las corporaciones locales puedan asignar los puestos de trabajo a las
personas a las que con arreglo a los principios de mérito y capacidad
--léase Constitución española-- haya que adjudicárselos. Yo por eso creo
--repito--, señor Secretario de Estado, que no basta, ni muchísimo menos,
con circulares que usted mismo reconoce que no tienen fuerza vinculante.
Quiero repetir lo de la otra comparecencia y recordarle el Estatuto de la
Función Pública, la buena regulación de una carrera administrativa, los
sistemas de adjudicación de puestos de trabajo con arreglo a principios
de mérito y capacidad, todas esas cosas, y yo creo que en esta
legislatura, si dura lo que tiene que durar y ustedes no cumplen con ese
cometido, esta vez sí que les vamos a enviar nosotros el proyecto de
Estatuto de la Función Pública, porque creo que ya no podemos esperar
más.
Me sumo a una petición que me parece muy ajustada y muy puesta en razón.
Son tantos los casos que, efectivamente, a título de ejemplaridad y para
que sus normas tengan una más fácil aceptación, deberían ustedes hacernos
un estudio, un análisis o un informe, pero como no lo van a hacer motu
proprio, se lo vamos a pedir por escrito. Mi Grupo le va a pedir por
escrito al Gobierno que nos envíe la relación de todos los casos en que
se han producido valoraciones de méritos específicos que a ojo de buen
cubero son excesivas y producen arbitrariedad y discrecionalidad.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Varela.
El señor VARELA FLORES: Brevemente, para dejar constancia de la
satisfacción que al Grupo Socialista le merece el informe que ha hecho el
Secretario de Estado sobre este asunto que se repite con cierta
frecuencia en los ayuntamientos no sólo con este tipo de funcionarios de
habilitación nacional, porque yo he estado doce años de concejal en el
Ayuntamiento de Lugo y recuerdo los concursos que allí se han hecho para
todo tipo de funcionarios, donde, como decía el señor Núñez, sólo faltaba
poner el nombre del funcionario, a la sazón interino, para que cubriera
la plaza vacante.
¿Cuál es el fondo de este problema? Para mí reside en la búsqueda de una
limitación entre las competencias que el Estado tiene en esta materia con
respecto a este cuerpo específico que mantiene su habilitación nacional
basándose en la protección de su independencia por las importantes
funciones que realiza, más importantes históricamente que en la
actualidad, como aquella advertencia de ilegalidad que tiene conferida
este tipo de cuerpos.
Es evidente que son los ayuntamientos los que desde siempre están
tratando de tener una competencia absoluta con respecto al personal que
está a su servicio. En esto se están produciendo las lógicas colisiones,
pero me parece que una interpretación ajustada del principio de autonomía
local, consagrada por nuestra Constitución y también por la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional, nos lleva a calificar la
posición de la Secretaría de Estado en esta materia como prudente y
respetuosa con dicho principio. Evidentemente, no se puede producir sobre
la base del mismo una desprotección de estos funcionarios que concurren a
estos concursos --valga la redundancia--, pero también hay que tener en
cuenta que la tutela de las decisiones que adoptan los ayuntamientos u
otros entes autonómicos, como son las propias comunidades autónomas, con
reconocimiento constitucional para ello, no corresponde al Estado, sino
que la tutela es residenciada en los órganos de la jurisdicción
contencioso-administrativa. Es ahí donde se tiene que producir, son ellos
los que han de dictar las resoluciones a este respecto y serán los
afectados --los que se consideren negativamente afectados con este tipo
de comportamientos, lógicamente inaceptables, por parte de algunas
corporaciones locales-- los que deban recurrir y no el Ministerio. Por lo
menos cuando yo era concejal, mi
corporación siempre rechazaba la intervención del Ministerio o de la
Comunidad Autónoma en asuntos que considerábamos propios y siempre
pedíamos el amparo jurisdiccional.
Para terminar quiero decir que habría que habilitar unos baremos que
fueran respetados, pero como ya he dicho anteriormente, el respeto sólo
puede venir de los propios órganos judiciales y para ello será necesario
--y coincido con el señor Martínez Blasco-- efectuar --como se reconoció
en el debate del estado de la Nación-- una aceleración de los recursos y
del procedimiento contencioso-administrativo para que la solución a estos
temas no cause posteriores perjuicios a terceros.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA (Zambrana
Pineda): Francamente, sin ánimo de polemizar y con toda la estima que
tengo a mi antiguo colega señor Núñez en la Cámara, tengo que decir que
el problema de la tutela de la Administración central --que no existe
prácticamente salvo la que establece el Parlamento sobre los
ayuntamientos y que en cambio es más amplia sobre estos mismos por parte
del Gobierno directamente-- es un tema que hay que tratar con cierta
prudencia. Ustedes han recurrido por inconstitucional el tema de la libre
designación. ¿Saben quién ha sido el primer ayuntamiento de España que ha
utilizado la libre designación? Valencia, con seis plazas. (El señor
Núñez Pérez: Eso no significa nada.) Es importante dialogar con los
grupos de la Cámara, pero es necesario que tengamos una interlocución muy
directa con una Administración que se representa a través de la
Federación Española de Municipios y Provincias, y normalmente los textos
--y hay legislación abundante y seguimos legislando en esta materia--
están pactados con la representación de todos los partidos políticos y
con los gestores directos: alcaldes, etcétera. Son textos que salen
consensuados con la Federación Española de Municipios y Provincias y que
se mueven en ese equilibrio. También la Federación Española de Municipios
y Provincias está dispuesta a apoyar siempre que se corrijan los abusos
que pudieran producirse, pero entienda también el señor Núñez que la
tutela que puedan ejercer, por una parte, las Cámaras --pero obviamente
las Cámaras tienen la necesidad de gobernar para todo el país-- y sobre
todo el Gobierno sobre una Administración constitucionalmente
diferenciada tiene que ser una tutela prudente, y es en esta prudencia,
intentando consensuar los decretos con los representantes de los
municipios, en el marco en el que nos movemos. Creemos que se va a
producir un acuerdo para que estos textos legales a que he hecho
referencia y que pronto estarán en el Boletín Oficial del Estado salgan
con un grado de consenso apreciable que mejore la gestión de los
ayuntamientos en beneficio de ellos mismos y de los funcionarios que los
sirven.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, muy brevemente, el señor Núñez.
El señor NUÑEZ PEREZ: Brevísimamente.
Por si acaso queda alguna duda, señorías, diré que no hay más tutela que
la que se pueda derivar de los buenos decretos a los que usted ha hecho
referencia, pero buenos decretos, rápidos decretos y, desde luego, no a
destiempo, como ha ocurrido ahora. No hay más tutela que ésa; por lo
tanto, que nadie vea mayores fantasmas en mi intervención anterior,
porque se entendía claramente que estábamos echando de menos la ausencia
de una normativa que no trata, ni muchísimo menos, de hacer más tutela de
la que se deriva de la que le corresponde al Gobierno de acuerdo con las
normas vigentes. Eso por un lado. Y, por otro lado, quiero decir que
nosotros no somos incoherentes por el hecho de que determinados
ayuntamientos actúen a lo mejor entendiendo la autonomía en un sentido,
digamos, amplio; no somos incoherentes con nuestras posiciones, y la
prueba está en que seguimos manteniendo lo mismo cuando ustedes
convirtieron la disposición adicional octava en ley. Cuando ustedes
convirtieron en ley la disposición adicional octava volvimos a repetir el
recurso de inconstitucionalidad, porque nos parece que está mal, y no
solamente utilizamos nosotros esa posibilidad, sino que usted sabe muy
bien que también lo hicieron otros ayuntamientos. Pero, en este caso
concreto, ni los casos que nos afectan ni los que les afectan a ustedes
van a servir para hacer comparaciones; van a servir para decir que es
absolutamente necesario establecer una regulación que ustedes no han
hecho.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA (Zambrana
Pineda): Antes del verano, me atrevería a decir que en el mes de junio,
posiblemente estará en el Boletín Oficial del Estado. (El señor Núñez
Pérez: Me alegro mucho.)
CONTESTACION A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SOBRE (Continuación):
--POSIBILIDADES DE QUE SE REVISE LA CONGELACION SALARIAL DE LOS
FUNCIONARIOS PUBLICOS EN EL SUPUESTO DE QUE EL INDICE DE PRECIOS AL
CONSUMO (IPC) SOBREPASE EL 3,5 PREVISTO PARA 1994. FORMULADA POR LA
SEÑORA AMADOR GUILLEN, DEL GRUPO POPULAR. (Número de expediente
181/000646.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto sexto, preguntas. Rogaría a SS. SS.
que no hiciesen uso de todo el tiempo que el Reglamento permite, porque
nos quedan nueve preguntas.
Para formular la pregunta número 6, tiene la palabra la señora Amador
Guillén, del Grupo Parlamentario Popular.
La señora AMADOR GUILLEN: Intentaré ser breve, señor Presidente.
Señor Zambrana, permítame que le recuerde en primer lugar que más de
medio millón de empleados públicos subalternos y auxiliares
administrativos tienen salarios entre 80.000 y 100.000 pesetas al mes,
inferiores, por supuesto, a muchas pensiones y prestaciones por
desempleo. Cuando ustedes pretendieron justificar la congelación salarial
para el año 1994 en los Presupuestos Generales del Estado diciendo que
los funcionarios ya tenían estabilidad en el empleo olvidaban uno de los
principios básicos en que se asienta la regulación de la Función pública,
la imparcialidad del funcionario al servicio de los intereses de los
ciudadanos, así como el flagrante incumplimiento de acuerdos firmados por
los funcionarios, guiado todo esto por la urgencia de contener el elevado
déficit público. En segundo lugar, señor Zambrana, quiero decirle que no
existe justificación económica ni razones de justicia social para que
ustedes les hayan impuesto una radical congelación para paliar el déficit
público y justificar así su mala gestión a lo largo de doce años, si me
permite, de gobernar con altanería sin hacer caso ni de las enmiendas ni
de las propuestas del Grupo Popular.
Ya mi compañero, el portavoz del Grupo Popular en esta Comisión, señor
Núñez, con fecha 15 de noviembre de 1993, en las enmiendas al Título III
de los Presupuestos Generales del Estado para 1994, propuso un aumento
del 3,5 por ciento en retribuciones básicas y complemento de destino,
propuesta, por supuesto, a la cual ustedes no hicieron ni caso. Ustedes,
señor Zambrana, desde 1982 en que accedieron al Gobierno, han conseguido
para los funcionarios que la pérdida del poder adquisitivo haya ido
creciendo y creciendo hasta superar los 20 puntos. Brevemente intentaré
hacérselo notar.
En el año 1984, aumentaron ustedes los sueldos públicos el 6,5 por
ciento, y el IPC se situó en diciembre de 1984 en el 9 por ciento, una
pérdida, por tanto, de 2,5 puntos. En el año 1985, aumentaron ustedes los
sueldos otro 6,5 por ciento, y el IPC se situó en diciembre de 1985 en el
8,2 por ciento, pérdida, por tanto, de 1,7 puntos. En 1986 aumentaron
ustedes el 7,2 por ciento, y el IPC quedó al final en el 8,3 por ciento,
pérdida de un 1,1. Y así podría seguir, señor Zambrana, hasta el año
1993, pero no lo hago por no consumir más tiempo. Han conseguido ustedes,
por tanto, devaluar, como le decía anteriormente, el poder adquisitivo de
los funcionarios en más de 20 puntos. Y para colmo, en 1994 imponen
ustedes la congelación salarial. Pero es que, además, no sabemos qué
pasará con el IPC del año 1994. Sus previsiones de que no supere el 3,5
por ciento ya no se las cree nadie, lamentablemente.
Mire usted, tiene que erradicar, de una vez, la perversa idea de que los
funcionarios son las constantes principales del déficit público y que la
congelación de sus salarios resulta decisiva para el control del mismo.
Ustedes aplican la congelación salarial a los funcionarios con fines
político-partidistas y para mostrar a la opinión pública incalificables
gestos de austeridad. Con ello no han conseguido reducir el déficit
público, que en 1993 ya se disparó por encima de los dos billones de
pesetas.
Señor Zambrana, permítame que le diga que los agujeros del déficit
público están en su mala gestión, en los gastos de funcionamiento, en los
asesores que pueblan la Moncloa y otros ministerios. Señor Zambrana, ¿van
ustedes a seguir engañando a las fuerzas sindicales diciéndoles que si
hay pacto revisarán los sueldos de los funcionarios, para después seguir
incumpliendo los acuerdos? Eso ya lo hicieron ustedes en el año 1988.
¿Cree usted que es justo seguir sometiendo a los funcionarios públicos
durante dos años consecutivos, 1993 y 1994, a la congelación salarial?
¿Es así como incentivan ustedes a los funcionarios para llevar a cabo la
reforma de la Administración pública? Con este panorama y el retraso que
lleva la misma no van a conseguir convencer a nadie y mucho menos, señor
Zambrana, a los empleados públicos.
Para terminar, se atreve usted a decir en Valencia a los medios de
comunicación que podría haber una subida salarial en 1995 para los
funcionarios públicos. ¿Cuál es la posibilidad, pues, de que se revise la
congelación salarial de los funcionarios públicos en el supuesto más que
posible de que el índice de precios al consumo supere el 3,5 por ciento
para 1994? ¿No encontraría lógico el Gobierno aplicar esa cláusula de
revisión a los funcionarios para el supuesto de que el IPC supere el 3,5
por ciento? Desde luego con esto no se arreglaría el daño ocasionado a
los funcionarios en los años que ustedes llevan gobernando, porque les
han exigido un sacrificio desproporcionado para contribuir a paliar el
descontrol de los últimos años.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA (Zambrana
Pineda): Señor Presidente, le recomendaría a la señora Amador que se
busque mejores asesores, desde el punto de vista informativo, acerca del
número de funcionarios que ganan menos de 100.000 pesetas, que ella
parece que lo sitúa en, al menos, 500.000. No coinciden esos datos, en
absoluto, con la realidad, no digo ya con los datos de que dispone el
Secretario de Estado. De la misma forma ha hecho un curioso discurso
acerca de la pérdida de poder adquisitivo de 20 puntos, comparando, con
un procedimiento bastante simple, los crecimientos que se establecen con
carácter general en los Presupuestos Generales del Estado con el IPC,
pero, como S. S. conoce bien, y si no se puede adentrar en eso sobre lo
que Alejandro Nieto indicaba que era necesario estudiar una carrera
universitaria para conocerlo, el proceloso mundo de las retribuciones de
los funcionarios públicos, eso no es así, y aunque debo reconocer que en
los dos últimos años los funcionarios públicos, con carácter general, han
perdido poder adquisitivo porque el Gobierno les ha pedido ese sacrificio
de modo formal, le puedo ofrecer todo tipo de cifras que demuestran la
ganancia que se venía manteniendo por parte de esos mismos funcionarios
en los años anteriores. Si, a título demostrativo, tomamos el segmento
que va del año 1988 al año 1994 todavía, a pesar de la pérdida de poder
adquisitivo de los dos últimos años, ha habido una ganancia general de
poder adquisitivo, especialmente destacada en los docentes, con un 15,6;
Correos, con un 4,9; funcionarios de la Administración
general, 3,7; personal laboral, 1,7; y un colectivo que ha perdido poder
adquisitivo, que han sido los funcionarios de la Seguridad Social. Podría
extenderme por colectivos, por un conocimiento estricto de lo que ha
ocurrido. Evidentemente, el déficit existe, y lo que es necesario es que
los grupos políticos indiquen dónde hay que cortar, porque,
indudablemente, los gastos de funcionamiento, que suponen el 3,9 de la
Administración y en los que creo que se viene haciendo un esfuerzo
importante en los últimos tiempos para reducirlos aún más, no resuelven
el problema.
Por responder directamente a la pregunta y no entrar en la argumentación
larga y prolija que veo que va asimilando en torno a los enormes males de
politización de la Administración, etcétera, le diré que no tiene
previsto el Gobierno reconsiderar la subida retributiva para este año,
pero, en cambio, sí hay perspectivas razonables de incremento salarial
para el próximo año en el que la mejor recaudación y la situación del
déficit ya consienten que se puedan atender las necesidades.
Al Gobierno le interesa una Administración bien pagada, en la medida que
el país lo pueda consentir, para que la eficiencia y el buen
funcionamiento e incluso el grado de satisfacción personal de quienes
trabajan en la Administración permita un funcionamiento correcto de los
servicios públicos. Hay circunstancias en las cuales se les pide un
sacrificio, y era necesario pedirlo, a los pensionistas o a los parados;
se les ha pedido por razones políticas, evidentemente, pero de equidad en
el seno de la sociedad, este sacrificio a los funcionarios, que, por otra
parte, lo han aceptado de bastante buen grado, lo que es necesario
agradecerles.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Amador.
La señora AMADOR GUILLEN: Como siempre, señor Zambrana, usted no ha dado
contestación cumplida a mi pregunta. Lo que sí que ha quedado claro es
que van a seguir ustedes congelando el salario de los funcionarios. Lo
que hay que hacer, señor Zambrana, es congelar las retribuciones de los
altos cargos y de los puestos directivos de la Administración central y
de los entes públicos. Ya sabemos lo que le interesa al Gobierno, pero
nosotros lo que estamos diciendo es lo que les interesa a los
funcionarios. Podrían ustedes prohibir la discrecionalidad y la
ambigüedad en la fijación de los complementos de productividad y en el
complemento específico que perciben los subsecretarios y directores
generales por encima del mínimo establecido en los Presupuestos Generales
del Estado; también podrían rebajar un 50 por ciento los gastos de
representación que perciben todos ellos, y podrían también, señor
Zambrana, eliminar la percepción de dietas y cualquier otro tipo de
retribuciones por asistencia a los consejos de administración de las
empresas públicas.
A mí, señor Zambrana, lamento tener que decirle que no me tiene que
explicar el sentir de los funcionarios porque he sido funcionaria, he
convivido muchos años con los funcionarios y he trabajado directamente
con ellos desde un grupo municipal en el que todavía estoy trabajando.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA (Zambrana
Pineda): Señoría, si conoce usted tan bien a los funcionarios, yo le reto
a que esa pérdida de poder adquisitivo la autocompruebe con sus
familiares o con amigos que tenga para ver si realmente se ha producido,
porque mucho me temo que si toma las nóminas del año 1982 y las compara
con las de 1992, le cueste muchísimo trabajo encontrar a alguien que en
la Administración, aunque algún caso puede darse, haya tenido una pérdida
de poder adquisitivo.
No hay complementos específicos superiores ya por ley --es algo que los
colegas parlamentarios de su Grupo tienen a gala decir que han
conseguido--, puesto que, por ley, no está autorizado que existan
complementos específicos. Para su tranquilidad, le diré que el Presidente
del Gobierno ha perdido un 44 por ciento --ése sí-- de poder adquisitivo,
desde el año 82 hasta ahora; también han perdido poder adquisitivo los
ministros; también han perdido poder adquisitivo los secretarios de
Estado, no los subsecretarios y directores generales, que evidentemente
han tenido otras compensaciones, pero, en cualquier caso, han ganado
menos que el promedio de los funcionarios.
Por consiguiente, no incida por ese terreno, porque no están precisamente
los altos cargos públicos (ya ha habido estudios de la Comunidad
Económica Europea, como, por otra parte, los parlamentarios así lo
demuestran) mejor pagados que sus colegas europeos, sino que estamos en
una situación --y me parece bien, porque el país tiene muchas
dificultades--, en la cual las retribuciones de los altos cargos públicos
españoles, todos incluidos, son bastante inferiores a las de sus
homólogos en Europa.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Amador.
La señora AMADOR GUILLEN: Si me permite, señor Presidente, solamente voy
a decirle al señor Zambrana que acepto el reto.
--TRATAMIENTO QUE PIENSA DAR EL GOBIERNO A LOS FUNCIONARIOS INTERINOS, AL
PERSONAL LABORAL, ASI COMO A LOS PLANES DE EMPLEO. FORMULADA POR LA
SEÑORA AMADOR GUILLEN (GP). (Número de expediente 181/000647.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 7, formulada por la señora Amador
Guillén, que tiene la palabra.
La señora AMADOR GUILLEN: Empezaré en esta ocasión por hacer una
exposición que no por delicada puede pasar por alto el Partido Popular,
dado que en el ámbito de la Administración provoca una gran preocupación.
Se refiere, señor Zambrana, a los distintos procesos
abiertos en las administraciones de todo el territorio nacional como
consecuencia de la mala gestión y falta de previsión del Gobierno
socialista respecto a los planes de empleo, cuya configuración fue
aprobada con motivo de los Presupuestos Generales del Estado para 1994,
en la Ley 22/1993, de acompañamiento con previsiones en materia de
personal, que afectan asimismo al personal interino y laboral en proceso
de funcionarización. A pesar de la urgencia de la medida, se sabe muy
poco de los planes de empleo. Sí sabemos el incumplimiento que supone por
parte del Gobierno sacar adelante para 1994 una oferta pública de empleo
fuera del contexto de los planes de empleo, como exige la mencionada Ley
22/1993.
Usted, señor Secretario de Estado, manifestó en la presentación de la
oferta pública de empleo para 1994 que ésta era más restrictiva y que se
limitaría básicamente a consolidar los puestos de trabajo que cubre el
personal eventual en la Administración del Estado. ¿No sería más lógico
elaborar los respectivos planes de empleo y, una vez se supiera qué
puestos de los ocupados interinamente son susceptibles de supresión o
pueden ser cubiertos mediante la reasignación de efectivos, actuar en
consecuencia? Se hace al revés, lo que nos hace pensar que se está
tratando más de consolidar a personal interino y eventual, con menoscabo
de los derechos del personal fijo susceptible de reasignación en los
planes de empleo, que de consolidar puestos de trabajo estrictamente
necesarios. Da la sensación de que poco les interesa resolver los
conflictos que está provocando en toda la Administración pública, y
especialmente en el colectivo afectado.
Señor Zambrana, no quiero ni pensar --se lo digo con el máximo respeto--
que por razón de su actual cargo haya olvidado usted ya su época de
sindicalista, como fervoroso defensor de los funcionarios al servicio de
la Administración y de todos sus derechos, derechos que usted ahora desde
la Administración que dirige parece estar ignorando, ya que cada vez más
se ven conculcados estos derechos, como se demuestra con el mantenimiento
de una situación de interinidad que no sólo no se resuelve, sino que más
bien se está provocando.
Otro tanto cabe decir en relación con el proceso de funcionarización de
determinados grupos de personal laboral. Ya fue un disparate que ante la
resolución del Tribunal Constitucional de que determinados puestos de
trabajo habían sido cubiertos irregularmente por personal laboral y que
estaban reservados a funcionarios, el Gobierno decidiera funcionarizar a
quienes irregularmente contrató; pero es más disparate que, puestos en
vigor planes de empleo con objeto de reordenar los objetivos de
funcionarios, el Gobierno siga adelante con el proceso de
funcionarización, con grave quebranto para los derechos de los
funcionarios susceptibles de reasignación, e incluso de expulsión de la
actividad vía excedencia forzosa regulada en la Ley 22/1993.
¿Sabe usted, señor Zambrana, cuál es el número total de interinos y
personal laboral al servicio de las comunidades autónomas? Estos son
datos referidos a 1992, publicados por el INSS, en los que se excluye al
personal docente: interinos, 16.112; personal laboral, 115.518. ¿Por qué
congelan ustedes la oferta de empleo pública y no convocan oposiciones?
¿Cómo es posible, señor Zambrana, que sigan cubriendo plazas con personal
interino cuando según la ley articulada de funcionarios civiles del
Estado --y le cito textualmente-- son funcionarios interinos los que por
razón de necesidad o urgencia --y digo necesidad o urgencia-- ocupan
plazas de plantilla, en tanto no se provean por funcionarios de carrera?
¿Considera usted necesario o urgente que exista esa bolsa acumulada de
interinos y personal laboral?
Cuando ustedes hablan de modernización y buen funcionamiento, ¿no se
estarán refiriendo a la continua y permanente situación de inestabilidad
laboral que han creado? ¿Conoce usted, señor Zambrana, los procesos que
tienen abiertos las distintas administraciones en materia de oposiciones?
¿Son ustedes partidarios de llegar a un proceso de funcionarización del
personal laboral mediante algún curso de adaptación como fórmula de
solución del mencionado problema?
El señor PRESIDENTE: El señor Secretario de Estado tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA (Zambrana
Pineda): Francamente, me ha parecido entrever bastantes equívocos en el
discurso de S. S. que no acierto a interpretar bien, porque por una parte
parece que no quería que hubiera interinos y eventuales, es decir, que
había que integrarlos, y, por otra parte, nos criticaba que los hubiera.
Sobre todo hay una confusión tremenda en cuanto al personal laboral.
Mire, señoría, hay administraciones modélicas en Europa que están
funcionando al cincuenta por ciento personal laboral-personal
funcionario; la alemana, por ejemplo. No creo que sea ningún demérito el
que haya un número elevado de personal laboral trabajando para las
administraciones públicas. Es más, la jurisprudencia en este momento del
Tribunal de Luxemburgo de las Comunidades Europeas está tendiendo a
separar claramente lo que son funciones de autoridad ejercidas por la
policía, los jueces, etcétera, que serían funcionarios en sentido
estricto, para los cuales no impone la libre circulación de personas, y,
en cambio, tareas como la docencia, correos, todo tipo de comunicaciones,
la sanidad, etcétera, las considera asimiladas al estatuto del personal
laboral del Estatuto de los Trabajadores, con la libre circulación de
personas. Por consiguiente, no creo que tenga nada de negativo que haya
116.000. Hay un sistema de concurso y de oposición para acceder a los
puestos de personal laboral en la Administración, y, sobrevenido sobre
esto y debido a una interpretación de la sentencia del Tribunal
Constitucional sobre la Ley de Función Pública, hay una serie de puestos
ocupados por personal laboral fijo que se estiman susceptibles de
funcionarización. Para estos puestos hay un proceso en marcha, lento,
complejo, porque afecta a los intereses de los que ya son funcionarios,
para que, mediante concurso y pruebas de oposición, ese personal fijo
laboral pueda acceder a puestos que están siendo ocupados en este momento
por funcionarios. Y esto no tiene nada que ver con la
situación de los interinos y del personal laboral eventual. Los
interinos, que son bolsas residuales, especialmente en la enseñanza, han
tenido un sistema de acceso en la enseñanza especial, en el resto de la
Administración también, pero derivado de normas de hace bastantes años;
en este momento no existen, es una figura en extinción en la
Administración del Estado, porque se contratan laborales eventuales que
están bastante estabilizados porque pretendemos que la congelación de
oferta pública que estamos aplicando se traduzca en una reducción
progresiva.
A mí me alienta mucho el ver que S. S. considera que los planes de empleo
son un buen mecanismo para racionalizar las estructuras de personal en la
Administración pública --nos hubiera gustado contar con el apoyo de su
Grupo para sacar adelante esta ley--, en esa tarea estamos, pero en
cualquier caso eso no incide sobre el personal laboral fijo ni sobre los
derechos de los eventuales o de los interinos. Los interinos tienen que
pasar por una oposición para convertirse en funcionarios. El Tribunal
Constitucional autorizó en la docencia alguna prima para estos interinos
que estaban contratados. El personal eventual contratado laboral se
somete a oposición libre, en igualdad de condiciones con las personas que
acceden desde el mercado habitual en nuestro país.
El señor PRESIDENTE: La señora Amador tiene la palabra.
La señora AMADOR GUILLEN: Señor Zambrana, lamento que no me haya
contestado a la pregunta que yo tenía interés que usted me respondiese,
que era la de si estaba de acuerdo en que se accediese a través de un
convenio o de un acuerdo firmado. Yo le voy a decir, por si usted no
tiene conocimiento, que aquí tengo --y luego si quiere se lo dejo-- un
acuerdo firmado entre la Consellería de la Función Pública y las
centrales sindicales de la Comunidad Valenciana sobre la funcionarización
del personal laboral mediante un simple curso de adaptación. Yo no sé si
usted tenía conocimiento o no, pero en todo caso no me venga a decir que
las reformas que ustedes hacen no conculcan los principios
constitucionales.
Después, señor Zambrana, usted dijo textualmente --y consta en acta-- en
fecha 4 de noviembre de 1993, refiriéndose a un recurso interpuesto a la
Administración: Es la primera vez que en los dos años y medio, ya largos,
de ejercicio del cargo tengo que responder a una cuestión de éstas, y
sinceramente desearía que fuese la última. Lamento que ni aquélla fuera
la última vez ni que ésta lo sea tampoco seguramente. Aquí tengo --y si
quiere después se las mostraré-- un conjunto de sentencias, a algunas de
las cuales haré referencia. En primer lugar, hay una sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía contra una convocatoria de
oposiciones en enseñanza secundaria, que se recurre por conculcar
derechos fundamentales y que está perdida por la Consejería de Educación
en Andalucía, anulando la convocatoria. Todo esto por vulnerar los
artículos 14, 23.2 y 103 de la Constitución. Hay otra sentencia, señor
Zambrana, del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana,
sobre una convocatoria de oposiciones al Cuerpo de Maestros de la
Comunidad Valenciana, que se declara contraria a Derecho al vulnerarse
derechos fundamentales del artículo 23.2 de la Constitución. Otra
sentencia, también del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana, sobre convocatoria de pruebas selectivas al Cuerpo de
Maestros, recurrida por vulnerar los artículos 14 y 23.2 de la
Constitución, que anula y deja sin efecto la convocatoria. Otra, también
de la Comunidad Valenciana, sobre Decreto del Consell de la Generalidad
valenciana sobre relaciones de puestos de trabajo. Hay otra de la misma
Comunidad --y por no alargarme más voy a terminar con ésta-- por la que
se declaran contrarias a Derecho y anulan y dejan sin efecto las
convocatorias 153 a 158, ambas incluidas. Y así podría estar, señor
Zambrana, horas y horas diciéndole todas las sentencias que ustedes han
perdido por no hacer las cosas como las deben de hacer. A mí no me sirve
de nada, señor Zambrana, que me diga que en cuanto a los funcionarios
interinos y los funcionarios laborales están llevando a cabo los procesos
de funcionarización como se habían marcado en la normativa, puesto que le
puedo demostrar --y aquí tiene las sentencias a las que he hecho
referencia-- que en todas las comunidades en las que gobiernan están
ustedes infringiendo la legislación vigente, infringiendo la Constitución
y conculcando los principios de igualdad, mérito y capacidad.
Por tanto y para terminar, señor Zambrana, le diría que no entren ustedes
en más contradicciones, que convoquen ustedes oposiciones y que hagan
algo. No sé por qué no las convocan, y no me ha contestado usted a por
qué han congelado la oferta pública de empleo, cuando existen vacantes
debidamente presupuestadas, y por qué se están cubriendo con personal
interino.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA (Zambrana
Pineda): Mi confusión se eleva de nivel, porque había entendido algo de
comunidades autónomas, pero qué más quisiera este modesto Secretario de
Estado que tener competencias sobre las comunidades autónomas, y por el
rosario que S. S. ha desgranado ya se nota que debe ser Diputada por la
Comunidad Valenciana. Si recurrimos al anecdotario de sentencias, créame
que, conocedor experto de la Administración española, podría extenderme a
las que ha habido en Galicia o en Castilla y León, etcétera, en otro tipo
de situaciones. Es conocida la situación gallega de que los delegados
provinciales, directores provinciales de los ministerios, pueden ser no
funcionarios, es decir, lo puede ser el tendero de la esquina. Pero no me
voy a dedicar a ese tipo de argumentaciones políticas (El señor Núñez
Pérez: Vete a Andalucía), sino que simplemente le he de responder que no
es de la competencia de la Secretaría de Estado el juzgar ni a la
Comunidad Valenciana ni a ninguna otra comunidad autónoma --eso cae fuera
de nuestras competencias--, y por consiguiente no podemos intervenir.
Sin embargo, tomo nota de que su Grupo parece ser que apoya la ampliación
de la oferta de empleo público y el que haya más funcionarios en España.
(La señora
Fernández González y el señor Núñez Pérez: No ha dicho eso.) Dígaselo al
señor Aznar para la próxima campaña.
--AUMENTO DEL NUMERO DE PUESTOS CORRESPONDIENTES A LOS NIVELES 26 A 30,
DURANTE LOS AÑOS 1991 A 1993 EN LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, EN
LOS ORGANISMOS AUTONOMOS DE ELLA DEPENDIENTES, ASI COMO EN LAS ENTIDADES
GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL. FORMULADA POR LA
SEÑORA MASIP (GP). (Número de expediente 181/000648.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 8. Para formularla
tiene la palabra la señora Montseny Masip, del Grupo Parlamentario
Popular.
La señora MONTSENY MASIP: Bienvenido, señor Secretario de Estado.
De todos es conocida la denuncia que mi Grupo Parlamentario hace, a
través de su portavoz y en virtud de las diferentes comparecencias o
preguntas solicitadas por los señores Diputados, de la inflación de altos
cargos que se ha venido produciendo durante las distintas legislaturas
socialistas, desde que ustedes ostentan el Gobierno de la Nación. Por dar
cifras propias podríamos decir que el número de altos cargos reconocidos
en lo que es la Administración directa del Estado, excluidos organismos
autónomos y entidades gestoras de la Seguridad, es de 5.151, y si
incluimos todos esos organismos autónomos y entidades gestoras de la
Seguridad Social y servicios comunes, en el Registro General de Personal
llegamos a tener 9.000 altos cargos, correspondientes a niveles 27, 28,
29 y 30.
Señor Zambrana, nosotros creemos que se ha acabado un poco con el
funcionario de carrera, porque una denuncia que tenemos que hacer es que
estos niveles contemplados en las distintas relaciones de los puestos de
trabajo, que han venido siendo aprobadas en los distintos ministerios,
corresponden básicamente no a jefes de servicio, no a jefes de sección,
no a jefes de negociado, no a subdirectores generales, sino a vocales
asesores, asesores ejecutivos, consejeros técnicos, coordinadores,
subdirectores adjuntos, adjuntos a una subdirección, adjunto a una
dirección general y asesores técnicos nivel 1, que son personas que no
contribuyen de una forma directa a manejar el servicio público que debe
afectar a los ciudadanos.
En relación con todos estos asesores, todos estos cargos, a veces da la
impresión, señor Zambrana, de que ustedes tienen primero a la persona y
luego crean esa asesoría para que dicho funcionario pueda llegar a tener
un determinado nivel sin que se potencie de verdad a tal funcionario de
carrera. Pero, lo que es más grave, señor Zambrana, podríamos decir que
entre estos asesores, estos asesores ejecutivos, los consejeros técnicos,
los adjuntos a direcciones generales, etc., haya funcionarios ricos y
funcionarios pobres. Funcionarios ricos porque en los medios de
comunicación se ha publicado, se ha afirmado que existe un grado de
crispación entre los funcionarios. No es verdad que estén contentos, por
lo menos en lo que se refiere a los funcionarios pobres, cuya congelación
salarial por segundo año consecutivo les ha afectado en igual medida que
a los funcionarios ricos, y ésos, evidentemente, no se ríen.
Hay diferencias retributivas en el Gobierno, señor Zambrana, dentro del
Cuerpo A, que pueden afectar a unos 2.500.000 de pesetas de media. Eso no
hace reír al funcionario del ministerio pobre, Agricultura, Cultura,
Trabajo, Sanidad, y quizá ha sido menos pesado o menos oneroso para el
funcionario que está ubicado en los ministerios ricos, la Agencia
Tributaria, el Ministerio de Economía y Hacienda, Presidencia del
Gobierno, el Ministerio de Justicia.
En consecuencia, me gustaría que usted nos aclarara si tienen intención
de elaborar este estatuto de la Función Pública, cuyas palabras
efectuadas por el portavoz de mi grupo yo hago mías, y qué grado y qué
intención tienen de ir adecuando todos esos niveles, menos asesores, a
puestos efectivos dentro de lo que es la Administración para que los
servicios que revierten en el ciudadano sean llevados a cabo de manera
efectiva, ya que muchas veces ni siquiera se pueden atender. También
desearíamos que nos aclarara el señor Secretario de Estado cómo van a
reducir ese número tan alto de altos cargos de niveles 27, 28, 29 y 30
dentro de la Administración del Estado.
El señor PRESIDENTE: El señor Secretario de Estado tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA (Zambrana
Pineda): Señoría, los niveles 26, 27, 28, 29 y 30 corresponden a la parte
directiva de la Administración profesional, en ningún caso son altos
cargos. Su señoría sabe muy bien que jurídicamente el concepto de alto
cargo no tiene nada que ver, lo nombra el Consejo de Ministros; después
de los jefes de gabinete, de los Secretarios de Estado, en este momento
son 380 personas, aproximadamente las mismas. Señor Núñez, podremos
mantener sobre esto una discusión. Los datos que habíamos recibido
anteriormente corresponden a otra etapa anterior, han sido revisados y
faltaba mucho personal asimilado que en estos momentos tenemos computado.
Como decía, contamos prácticamente con el mismo número de personas que
había, con una ligera diferencia, unos 20 ó 25 puestos más. Esto no tiene
nada que ver con el concepto de alto cargo. Estamos hablando de 380
personas, en relación con los miles que indica S. S., que estoy cansado
de repetir que son los funcionarios profesionales que ocupan los niveles
directivos, que son los puestos de élite de la Administración. Su señoría
sabe que los Abogados del Estado el día que hacen la oposición y la
aprueban tienen nivel 28 todos, los Inspectores de Finanzas el día que
aprueban la oposición, y son por miles, tienen todos nivel 28, los
Técnicos de Administración Civil el día que aprueban la oposición tienen
nivel 26. Se puede poner en duda si es la carrera administrativa
correcta. Es posible que
haga falta una carrera administrativa más larga, sobre ese problema se
puede discutir, y también la dificultad que tienen todos los gobiernos
para combinar la prima al funcionamiento correcto, al esfuerzo --que
ustedes están pidiendo en otra de las preguntas de hoy-- con la prima a
la antigüedad. Desde el Estatuto Maura hasta ahora hemos tenido muchas
dificultades en la Administración española en articular sistemas que
combinen ambas cosas.
En el sistema actual, los funcionarios de los altos Cuerpos de la
Administración, que evidentemente se cuentan por miles, ocupan esos
niveles. Teóricamente, tienen una carrera establecida entre el 20 y el
30. Bien es verdad que se ha desplazado progresivamente y que hay en
estos momentos acumulación, por motivos de retribuciones y de carrera
profesional, entre el 16 y el 30. Posiblemente fuese conveniente, en
aquellos Cuerpos donde entran muy arriba, que tuviesen articulada una
carrera administrativa --el señor Núñez dirá que por eso es el estatuto
de la Función Pública--, aunque no son temas fáciles de abordar.
En cualquier caso, lo que quiero indicarle a S. S. es que ésos son los
profesionales de una Administración pública que es de las más pequeñas de
Europa, a pesar del Estado de las autonomías, que estamos ocupando menos
del 15 por ciento de la población activa del país, que no tenemos una
administración sobredimensionada, que posiblemente sea necesario
adecuarla en unos sitios y en otros y acoplar bien los efectivos, que es
la Administración que había cuando llegó el Gobierno socialista y será la
Administración que haya cuando se produzca un cambio de Gobierno en este
país y que es una Administración profesional y plural ideológicamente,
como corresponde a un país moderno.
Su señoría incide en que hay muchas diferencias entre lo que ganan unos
colectivos y otros. Ciertamente, la hay dentro del grupo A, etcétera. Ha
ocurrido siempre en la Administración española. Los Inspectores del
Timbre siempre ganaron más que otro tipo de funcionarios y, en ejercicio
comparado, según las áreas y el tipo de trabajo que se está llevando a
cabo, se gana más en unos sectores que en otros. Se puede estimar que las
diferencias son muy elevadas o poco elevadas, siempre es un asunto
discutible; lo que sí le digo es que no creo que la armonización total y
absoluta de retribuciones sea una práctica retributiva correcta.
Va a aparecer próximamente un libro de una persona que no tiene ningún
tipo de connivencia con el Gobierno socialista diciendo que hay que
reducir todavía más la parte fija de salarios de los funcionarios y que
hay que dar más fuerza a la parte variable de los mismos. Ya le digo que
ha sido alto cargo en diferentes administraciones, no en la
Administración socialista.
No he dicho en ningún caso que los funcionarios estén contentos. He dicho
que los funcionarios han sabido aceptar el sacrificio que el Gobierno les
ha pedido en estos últimos tiempos, no que estén contentos con la
situación, en absoluto, me imagino que estarán lastimados por una
situación económica que no les es en absoluto favorable.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Montseny.
La señora MONTSENY MASIP: Yo hice una pregunta en el Pleno de los
miércoles al señor Saavedra, que quedó en el vacío. Le pregunté el porqué
de esas diferencias retributivas y me dijo que se la formulara más
adelante, que no tenía datos suficientes. La pura verdad es que hay
funcionarios de los distintos ministerios que dicen que entre empresas
privadas del mismo sector no existen tantas diferencias de sueldos. O
sea, los funcionarios están descontentos.
Desde luego, señor Zambrana, entre una retribución de 6.421.000 pesetas
de promedio en la Agencia Tributaria y una de las inferiores, en el
Ministerio de Cultura, de 3.980.000 pesetas, es evidente que existe una
diferencia sustancial. Da la casualidad de que en la Agencia Tributaria
hay muchos más asesores técnicos, adjuntos a los directores generales,
adjuntos a los subdirectores generales, coordinadores de área, vocales
asesores, asesores técnicos. Han hecho todo un galimatías de
nombramientos. Si emplearan todas esas personas a racionalizar el
servicio público, quizá la Administración pública funcionaría mejor.
No tengo ningún inconveniente en dejar de llamarles altos cargos y
denominarles funcionarios de alto nivel. Qué más me da, si el fondo es el
mismo. Son personas que ustedes han ido seleccionando para determinadas
ubicaciones, que no se adecuan a la realidad de una racionalización en la
gestión de la Administración pública.
Le voy a decir otra cosa, señor Zambrana. Usted me habla de cuerpos
especiales. Me ha citado a los Inspectores de Finanzas del Estado; me ha
hablado de los Abogados del Estado. Pues bien, yo le voy a decir que hay
un colectivo especial al cual se accede por oposición libre, dura, con
trescientos y pico temas orales, que tiene nivel 24, en el Ministerio de
Trabajo, que es uno de los ministerios pobres. ¡Nivel 24! Si a usted esto
le parece racional... No puede ser que luego venga un señor, un
funcionario que ha accedido al Cuerpo de Gestión y que al día siguiente
se le nombre asesor técnico con nivel 28; ni el grado requerido para
acceder a ese cuerpo es el mismo ni, por supuesto, el número de temas
para acceder a la Función Pública dentro de su ámbito.
También he echado en falta que usted me dijera que este número de 9.000
altos niveles, altos cargos que figuran inscritos en el Registro General
de Personal, quizá cuando se vayan adecuando las transferencias de
determinados organismos a las comunidades autónomas irían también
transferidos. Al parecer usted no tiene ninguna noción sobre esto, puesto
que no lo ha citado y nosotros creemos que sería una de las posibles
formas de ir vaciando de tanto alto nivel y, con esa posibilidad, ir
adecuando y homologando un poco más esas retribuciones. Evidentemente, yo
le digo que si se le ofreciera dentro de la Función Pública la
posibilidad de ir a uno de los Ministerios ricos o a uno de los pobres,
posiblemente usted, como todo el mundo, elegiría estar en uno de los
ministerios ricos.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA (Zambrana
Pineda): Perdóneme, señoría, pero realmente hay un desconocimiento.
Ha puesto el ejemplo de la Agencia Tributaria. La Agencia Tributaria,
evidentemente, es la que mejor pagada está, pero ahí no hay asesores ni
nombramientos de éstos. Son todo inspectores. Es un cuerpo lineal. Tiene
usted un desconocimiento de la auditoría española. Son los mejor pagados
del Estado. Son los que entran con más nivel, por el tipo de oposición.
Son miles. Están mejor pagados que en otros niveles, pero son cuerpos
lineales. Son los inspectores de finanzas del Estado. Ahí no hay asesores
que valgan. Ahí no hay nombramientos políticos de estos que S. S. indica.
Por tanto, hay un desconocimiento de fondo de la cuestión.
Cita también un cuerpo del Ministerio de Trabajo. Es verdad que entra por
un nivel 24, pero no son los peor pagados; créame, no son los peor
pagados. Tal vez si se comparan inspectores de trabajo con inspectores de
finanzas salgan peor pagados, pero en la media con la Administración
española no son los peor pagados, a pesar del nivel 24, y dudo mucho que
nadie del cuerpo de gestión tenga una situación mejor.
Hay que tener un conocimiento un poco de fondo. Evidentemente, a S. S. le
asesoran unas personas que se pueden considerar agraviadas. Esta es una
empresa muy compleja, con mucha gente. Ha puesto el ejemplo de las
transferencias. Se han transferido 430.000 funcionarios a las comunidades
autónomas. En la medida en que sigan traspasándose competencias, se van a
ir transfiriendo personas a las comunidades autónomas, es decir, que el
Estado ha disminuido sensiblemente el número de personas que tenía.
--PREVISIONES ACERCA DE LA IMPLANTACION DE LA JUBILACION VOLUNTARIA
ANTICIPADA A LOS SESENTA AÑOS, CON TREINTA DE SERVICIO, PARA LOS
FUNCIONARIOS INTEGRADOS EN EL REGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL,
FORMULADA POR LA SEÑORA MONTSENY MASIP, DEL GRUPO POPULAR. (Número de
expediente 181/0000649.)
El señor PRESIDENTE: Para formular la pregunta número 9, tiene la palabra
la Diputada señora Montseny Masip.
La señora MONTSENY MASIP: La siguiente pregunta va encaminada a saber qué
previsiones existen en los colectivos de funcionarios, unos regulados por
Clases Pasivas y, otros, que están inscritos en el régimen general; es
decir, los funcionarios de las entidades gestoras de la Seguridad Social
y el servicio común correspondiente a la Tesorería General de la
Seguridad Social y los funcionarios que provienen de la Munpal y que
acaban de estar inscritos u homologados dentro de su régimen general.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA (Zambrana
Pineda): Es una pregunta puntual, importante, y he de decirle a S. S. que
no se puede producir un cambio como el que ella solicita. Yo estoy muy
satisfecho de la operación de la Munpal. Creo que ha sido una gran
operación la que hemos hecho. Prueba de ello es que el colectivo la ha
recibido con satisfacción mayoritariamente, porque han ganado bastante en
las pensiones de jubilación, un 30 ó 40 por ciento de promedio.
Los funcionarios, por si S. S. no lo conoce, tienen derecho en Clases
Pasivas, en este momento, a jubilarse a partir de los 30 años de servicio
y con 60 años sin ningún tipo de minusvaloración en la pensión que
perciben. En el Régimen General de la Seguridad Social, en el cual se han
integrado los provenientes de Munpal, existe el mismo sistema, pero con
una minoración del 8 por ciento por cada año que le falta para tener los
65 y siempre que se haya estado en activo antes del año 1967. Su señoría
comprenderá que no vamos a cambiar el Régimen General de la Seguridad
Social para un colectivo y no para otro. Están en el Régimen General de
la Seguridad Social con todas las consecuencias y no le podríamos
explicar al camionero o al minero que hay gente que tiene un régimen, un
sistema privilegiado, sobre todo cuando es una operación de cálculo
billonario y de un enorme esfuerzo por parte de los ayuntamientos, que
van a tener que estar pagando un 8,14 por ciento de retribución adicional
desde 1995 hasta el año 2017 para financiar, precisamente, esta
importante subida de pensiones que ha recibido el personal que estaba en
Munpal. El personal que estaba en Munpal tiene que comprender que no
puede aspirar también a tener las ventajas del personal que estaba en
Clases Pasivas.
Por consiguiente, es un problema que no tiene solución, salvo que se
cambie el Régimen General de la Seguridad Social con carácter general
para todos los ciudadanos que están integrados en él. Otra posibilidad
sería cambiar el régimen de Clases Pasivas en el sentido de acercarlo al
régimen general, pero no creo que ésa sea la propuesta de S. S.; si no,
formúlela.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Montseny.
La señora MONTSENY MASIP: A nosotros nos parece, señor Zambrana, que
existe una cierta discriminación. Y yo le agradecería que no mire al
señor Núñez cuando hable conmigo. Antes se ha dirigido al señor Núñez por
la pregunta que yo le he hecho y una se siente un poco discriminada a
nivel feminista. (Risas.)
Existe una cierta discriminación, señor Zambrana. Los funcionarios de las
entidades gestoras de la Seguridad
Social anteriores a la publicación de la ley que unificó el sistema de
Seguridad Social de 1967 se podían jubilar a los 60 años, con 30 años de
servicio, y en la actualidad no. También es cierto que ellos tenían una
serie de medidas complementarias, que sin duda usted debe conocer, en la
denominada Mutualidad de la Previsión del INP, y muchos, a los que conocí
personalmente, se marcharon encantados porque tenían garantizada la
pensión con arreglo a la última retribución que habían percibido en el
extinguido Instituto Nacional de Previsión, al igual que los funcionarios
de Clases Pasivas, y luego se encontraron con una merma en su pensión de
un 30 por ciento que les ha costado sangre, sudor y lágrimas. En esas
mutualidades no cotizaron porque sí, ni voluntariamente, fue porque
estaban obligados, y en esos casos habría que haber tenido otra
consideración y una especial sensibilidad porque muchos de ellos vieron
recortado en gran medida su presupuesto familiar.
A lo largo de estudios que he efectuado, sobre un texto constitucional
que fue consensuado, aprobado por todas las fuerzas políticas que dieron
luz a la Constitución, pero básicamente pactado por los dos grupos
mayoritarios, ustedes y el Gobierno de UCD, leí, a partir del análisis
del artículo 41 de la Constitución, que es el que regula la Seguridad
Social, que el legislador en ese consenso lo que quería era adecuar tres
grandes colectivos dentro del sistema de la Seguridad Social: el de
funcionarios, autónomos y régimen general.
El otro día esbocé una idea similar cuando compareció en la Comisión de
Política Social el señor Jiménez, Secretario General para la Seguridad
Social, y él argumentó que ni siquiera tres colectivos, sino dos:
autónomos y régimen general. El da mucha importancia a los autónomos,
pero tres colectivos nos parecería razonable. Nos parecería razonable
también que todos los funcionarios tuvieran similar regulación, que no
hubiera esa paradoja de que unos con 30 años de servicio se pueden
jubilar a los 60 años con la última mensualidad y que otros estén
discriminados por no haber entrado con anterioridad a la Ley de 1967 y
que a éstos se les obligue a trabajar 35 años, cumplimiento de los 65
años obligatorios para la edad de la jubilación, cuando antes había la
posibilidad de poder ejercer esa función pública hasta los 70 años y,
además, tengan una pensión de jubilación distinta por el cómputo, muchos
de ellos, de lo que han venido cotizando.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA (Zambrana
Pineda): Señoría, en primer lugar, perdóneme; es que me había distraído
con el señor Peñarrubia; no la miraba, pero prometo estar atentísimo y
responderla en directo.
La Munpal fue una mutualidad que integramos en el Régimen General de la
Seguridad Social porque no era viable a medio plazo, y antes de que
hubiera un problema, nos adelantamos a los acontecimientos. Una vez que
esto ha supuesto un incremento de pensión para la inmensa mayoría de los
funcionarios de los ayuntamientos que, como la he dicho, tenemos los
estudios hechos, van a ganar un promedio en pensión de 30, 40 ó 50.000
pesetas (solamente el grupo A, porque tiene el tope de la pensión
pública, no va a mejorar su situación; los demás, amplísimos colectivos
van a mejorar su situación), evidentemente sería un desiderátum pedir
esto o lo otro.
¿Por qué hemos hecho esta operación? ¿Se podía haber integrado en el
régimen de Clases Pasivas? Difícil, porque los ayuntamientos cotizan
ahora más a la Seguridad Social; es su responsabilidad, son sus
trabajadores. Como usted sabe, en el régimen de Clases Pasivas no hay
cotización, es el Estado el que aporta cada año las cantidades, con
independencia de que el trabajador esté cotizando una mínima parte. Por
consiguiente, parece razonable, ya que todo el personal de las
comunidades autónomas y el personal laboral de los ayuntamientos, que es
el 50 por ciento, está en la Seguridad Social, que la operación sea para
la Seguridad Social.
Se ha venido hablando durante años con los sindicatos, etcétera, para
haber hecho una integración en Clases Pasivas, pero era muy difícil, casi
imposible, hacerlo en la práctica. Por eso, se ha optado por una solución
mucho más viable, que es la que se ha practicado. Que se comparen esos
funcionarios de la Administración local, no con otros funcionarios del
Estado, sino con los trabajadores normales del resto del país, y verán
que están en igualdad de condiciones con ellos; y para ellos ha sido un
desiderátum eso; prueba de ello es que la inmensa mayoría ha ido muy a
gusto y que el acuerdo se tomó por unanimidad de todos los sindicatos,
incluida la CEM, y de todos los agentes participantes. Nos ha llevado año
y medio de trabajo una operación con unos cálculos de un billón
cuatrocientos mil millones de pesetas, cálculos actuariales. Es decir,
que no ha sido ninguna pequeña operación, y creo que ha sido en beneficio
de la inmensa mayoría de los funcionarios que están en los ayuntamientos.
Se hubiera podido pedir, pero es el régimen general que hay en estos
momentos, y ya sabemos que puede crear pequeños agravios comparativos,
pero, indudablemente, en relación con todos los trabajadores del país,
están en igualdad de condiciones, y en el régimen de Clases Pasivas (por
cierto, no muy utilizado) S. S. puede tener acceso a datos que demuestran
que son muy pocos los funcionarios que, aun teniendo derecho, se jubilan
a los sesenta años, y no solamente de las capas superiores, que pierden
salario, sino de las categorías inferiores, que no pierden prácticamente
ningún salario, alguno incluso gana cuando se jubila; sin embargo, no se
ejerce.
Tomar una medida de estas características en el Régimen General de la
Seguridad Social sería para el país, y para el saneamiento de la
Seguridad Social pública, una cuestión de un calado completamente
diferente.
--DATOS EN QUE BASA EL GOBIERNO SU AFIRMACION SOBRE LA EXISTENCIA DE UN
AHORRO DE 4.000 MILLONES EN GASTOS CORRIENTES Y DE UNA MAYOR RECAUDACION
EJECUTIVA DE 55.000 MILLONES EN
LA SEGURIDAD SOCIAL COMO CONSECUENCIA DEL PLAN DE MODERNIZACION DE LA
ADMINISTRACION DEL ESTADO. FORMULADA POR LA SEÑORA MONTSENY MASIP.
(Número de expediente 181/000650.)
El señor PRESIDENTE: Para formular la pregunta número 10, tiene la
palabra la señora Montseny Masip.
La señora MONTSENY MASIP: Señor Zambrana, el portavoz de mi Grupo, en el
debate sobre los Presupuestos Generales del Estado para este ejercicio,
pidió control del gasto corriente dentro del ámbito de la Administración,
y nuestra petición iba encaminada a que ese gasto por gestión corriente
no aumentara. Pero hemos tenido la sorpresa de que ustedes dicen que sólo
en gestión de Seguridad Social se pueden ahorrar 4.000 millones de
pesetas (¡4.000 millones de pesetas!) y, en consecuencia, adecuar una
mejor racionalización en el gasto corriente de las entidades gestoras y
el servicio común de la Seguridad Social.
Asimismo, pusieron de manifiesto que la Seguridad Social tendría también
una mayor compensación en cuanto a las áreas de recaudación ejecutiva,
que asume la Tesorería General de la Seguridad Social, como consecuencia,
todo ello, del plan de modernización de la Administración del Estado.
Mi pregunta va encaminada a que usted nos aclare esto y después ya le
formularé alguna pregunta complementaria.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA (Zambrana
Pineda): Señoría, yo creo que quizá lo mejor que podría hacer la
Comisión, los diputados que lo deseen, es hacer una visita al Cendar, que
es el centro de cálculo de la Tesorería de la Seguridad Social en
Torrejón de Ardoz, para que comprueben los sistemas que van a permitir,
porque ya están trabajando con una parte del material, el tratamiento por
disco óptico de los millones de TC-1 y TC-2, etcétera, que cada mes está
produciendo la Seguridad Social, cómo se va a producir esta relación
entre las empresas y la Seguridad Social, para que vean que se produce un
ahorro de 4.000 millones de pesetas en gestión por la informatización por
lectura en disco óptico. Hay una inversión relativamente importante, pero
amortizable en un brevísimo plazo de tiempo. Francamente, creo que sería
una visita recomendable porque se puede comprobar que hay áreas de la
Administración que están funcionando no digo ya bien, sino de forma
bastante espectacular. Merece la pena perder una mañana e ir a visitar el
Cendar, el centro de cálculo de la Tesorería de la Seguridad Social.
Apoyado también en este nuevo dispositivo informático, algo que viene ya
mejorando sensiblemente la recaudación como son las UREs, en los sistemas
de cobro ejecutivo por parte de la Seguridad Social, nos hacen estimar
que podría haber una recaudación adicional de 55.000 millones de pesetas.
No estamos hablando de cosas que sean despropósitos; son cosas fácilmente
encuadrables dentro del esfuerzo de modernización de la Tesorería de la
Seguridad Social.
El señor PRESIDENTE: Señora Montseny, tiene la palabra.
La señora MONTSENY MASIP: Señor Zambrana, yo conozco bastante bien la
gestión de la Seguridad Social porque he pasado por todos los Cuerpos de
la Seguridad Social y tengo un conocimiento relativo de lo que ocurre
ahí, pero le voy a decir una cosa. Yo admito que se ha hecho una buena
gestión en Seguridad Social, en cuanto a tecnificación, en el INSS, en
cuanto a aprobación de las pensiones en un plazo de tiempo muy reducido,
pero tengo mis dudas sobre que se haya llevado a cabo una buena política
de personal. Lo de personal lo dejo para otra pregunta más adelante,
porque desde luego voy a entrar a fondo en lo que está ocurriendo en las
entidades gestoras de la Seguridad Social: seis años prometiendo la
publicación de la relación de puestos de trabajo, que se ha vivido ahí de
una forma muy triste, mes a mes, trimestre a trimestre, con la promesa,
como usted conoce muy bien, y eso lo dejo para una comparecencia, quizá
con el señor Ministro o quizá con usted, ya veré, pero para hablar
concretamente de ese problema.
Pero le voy a decir otra cosa. Si es verdad que se han informatizado las
entidades gestoras, en este caso las no transferidas o las que no
dependen del Ministerio de Sanidad o del Ministerio de Servicios
Sociales, le diré que el INSS ha barrido mucho para casa. Yo he discutido
esto incluso con personas vinculadas a su propio Grupo Socialista, que
reconocen que el INSS, después de la informatización, no ha menguado en
cuanto al número de funcionarios, y yo le digo que en la Tesorería de la
Seguridad Social faltan funcionarios. Y no estoy hablando de incremento
de funcionarios, señor Zambrana. Estoy hablando de que, por provincias,
se pongan de acuerdo, de una vez por todas, el INSS y la Tesorería y
adecuen una mayor racionalización en el destino de los funcionarios. Le
voy a dar un dato como anécdota: asesoría jurídica de Barcelona:
diecisiete letrados en el INSS, tres en la Tesorería de la Seguridad
Social. Pero no hablo sólo de un Cuerpo especial, hablo a nivel general.
En Barcelona, en la Tesorería en este momento hay los mismos funcionarios
que hace cinco años, y usted sabe muy bien que se ha iniciado una
descentralización administrativa, buena para el administrado, pero que
necesariamente conlleva una adecuación distinta en cuanto al número de
funcionarios adscritos a las administraciones de la Seguridad Social, que
creo recordar que son veinticuatro en Barcelona, veinticuatro en Madrid,
y a las unidades de recaudación ejecutiva, y es imposible que éstas
puedan funcionar, reconociendo todos los actos que reconoce la Tesorería
General de la Seguridad Social, con el mismo número de funcionarios de
hace cinco años. O sea que si la eliminación de los gastos corrientes es
porque ustedes no saben adecuar los funcionarios del INSS a la Tesorería
y han puesto más informática, pero no se liga con la gestión,
creo que tampoco es la forma de racionalizar el funcionamiento de la
Administración.
Y en cuanto a las áreas de recaudación ejecutiva, ese incremento de
55.000 millones de pesetas, derivado del procedimiento de apremio, quizá
ese gran aumento en la cotización derivada de esa recaudación ejecutiva
no venga tanto de la efectividad de los servicios de recaudación
ejecutiva, sino como, desgraciadamente y debido a la crisis, a los
impagados que hay en la gestión corriente de la Seguridad Social. Vamos a
ver cuáles son los impagados de la Seguridad Social en la cotización
corriente y si es verdad que se recauda más, en general; evidentemente,
en la vía ejecutiva, sí, pero porque las empresas en crisis han dejado de
pagar muchos miles de millones en la cotización corriente. De ahí, lo que
no cabe es confundir a esta Cámara diciendo que, por un lado, se ahorran
4.000 millones en los gastos corrientes --porque yo ya me veo a los
funcionarios escribiendo con el dedo, que no habrá papel, no habrá
bolígrafos, no habrá gomas (El señor Secretario para la Administración
Pública, Zambrana Pineda, hace gestos denegatorios con la cabeza.) Eso ha
ocurrido, señor Zambrana, y yo lo he vivido en ocasiones. Se nos ha
intentado vender la película de que se incrementan en 55.000 millones las
áreas de recaudación ejecutiva de la Seguridad Social. Es bueno que se
incrementen, porque, desde luego, los impagados quintuplican esa
cantidad.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA (Zambrana
Pineda): Señor Presidente, me alegra ver este tipo de reflexiones. Es una
pena que haya que esperar a las nueve y media, porque me parece que son
sensatas y atinadas. Son problemas de gestión alejados de la demagogia.
Espero que si volvemos a tener 500 personas más a partir del nivel 26,
con más complemento específico o con más productividad, su Grupo lo
apoye, porque soy sensible de que, efectivamente, hay un problema
retributivo en la Seguridad Social y soy proclive a que se aborde en el
momento en que haya una cierta disponibilidad. Soy también consciente y
opino que se ha producido una mejora importante de gestión; creo que la
informatización ha sido absolutamente necesaria para que la buena gestión
se produzca en los términos en que se ha desarrollado.
Con independencia de la crisis económica, si usted conoce bien la
Seguridad Social, sabrá que ha mejorado muchísimo la recaudación, por la
puesta en funcionamiento de la sistemática de control y de ejecución; la
falta de cotización, etcétera, todo eso ha mejorado muchísimo.
Lo otro no quiere decir que se vaya a reducir. Es en el tratamiento de
los TC-1 y TC-2 en los que estimamos que se va a producir un ahorro de
4.000 millones, con el funcionamiento del Cendar, cuya visita le
aconsejo, para que visualice que realmente se pueden producir esos
millones de ahorro.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Secretario de Estado.
--FORMA EN QUE SE TIENE EN CUENTA, A LA HORA DE ASIGNAR EL COMPLEMENTO DE
PRODUCTIVIDAD, LA CONTRIBUCION DE CADA PUESTO DE TRABAJO A LA CONSECUCION
DE LOS RESULTADOS Y OBJETIVOS ASIGNADOS AL CORRESPONDIENTE PROGRAMA.
FORMULADA POR LA SEÑORA AMADOR GUILLEN. (Número de expediente
181/000654.)
El señor PRESIDENTE: Para formular la pregunta número 11, tiene la
palabra la señora Amador Guillén.
La señora AMADOR GUILLEN: Señor Presidente, señor Zambrana, nos
encontramos en una etapa que debería estar caracterizada por rasgos de
dinamización y regeneración democrática, que son los que deben de
impregnar la vida política, con objeto de que los ciudadanos viesen una
Administración ágil, eficaz, transparente y abierta, que es, ni más ni
menos, lo que hará el Partido Popular cuando gobierne. Por ello me voy a
permitir, antes de formular la pregunta, hacer una reflexión como
fundamentación.
El objeto de mi pregunta tiene relación con las bases del régimen de
retribuciones, Ley 30/1984, de Medidas para la Reforma en la Función
Pública, relativas al complemento de productividad destinado a retribuir
el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés e
iniciativa con que el funcionario desempeña su trabajo.
Señor Zambrana, citando textualmente la Ley, su cuantía global no podrá
exceder de un porcentaje sobre los costos totales del personal de cada
programa y de cada órgano, que se determinará en la Ley de Presupuestos
de cada año. El responsable de la gestión de cada programa de gasto
determinará, de acuerdo con la normativa establecida en la Ley de
Presupuestos, la cuantía individual que corresponda a cada funcionario.
En todo caso, las cantidades que perciba cada funcionario por este
concepto serán de conocimiento público de los demás funcionarios del
departamento u organismo interesado, así como de los responsables
sindicales.
Así pues, el sistema retributivo relativo al complemento de productividad
entendemos, desde el Partido Popular, que genera temor y frustración en
los funcionarios, debido a la discrecionalidad con que se aplican en
algunos de los organismos de la Administración, más si tenemos en cuenta
que puede darse el caso entre dos funcionarios que tienen el mismo grupo,
el mismo nivel y puestos de trabajo, que realizan además la misma
función, que uno cobra productividad y otro no.
Para mi partido, señor Zambrana, la falta de transparencia convierte este
concepto retributivo en un elemento distorsionador, por no decir
escandaloso, cuando se destina en el presupuesto de 1994 en torno a los
mil millones de pesetas para subsecretarios, directores generales y
asimilados. Según mis fuentes, parece ser que la banda de
productividad oscila entre 15.000 y 500.000 pesetas al mes, que
corresponde a funcionarios del nivel 30 para abajo.
¿Podría usted confirmarnos estos datos? Mucho me temo que no, señor
Zambrana --ya veo que dice que no con la cabeza--, pues el portavoz de mi
partido en la Comisión, don Manuel Núñez, ya recabó de su Gobierno una
pregunta, el día 11 de febrero de 1993, sobre las cantidades percibidas
en concepto de complemento de productividad por los subsecretarios,
directores generales y asimilados durante el año 1992, y ustedes, como
siempre, no contestaron.
Nos dieron los datos globales, por Ministerios y organismos autónomos.
Por tanto, seguimos igual que en el año 1992, señor Zambrana. Se incumple
la ley, no conocemos las cuantías individuales de los directores
generales, ni de los subsecretarios ni de nadie. Además, ¿quién mide la
contribución de sus puestos de trabajo a la consecución de resultados y
objetivos del correspondiente programa? ¿Conoce S. S. el montante del
complemento de productividad que tienen asignados los distintos
Ministerios y sus organismos autónomos en los presupuestos del año 1994?
¿Me podría, pues, informar sobre dichos datos? ¿Conoce, señor Zambrana,
qué normas de reparto, qué criterios y qué cuantías se aplican a cada
Ministerio? ¿Sabe usted o puede informar a qué puestos de trabajo o
grupos de la Administración --A, B, C, D o E-- se destina el complemento
de productividad del año 1994? En definitiva, señor Zambrana, ¿en qué
forma se tiene en cuenta, a la hora de asignar el complemento de
productividad, la contribución de cada puesto de trabajo a la consecución
de los resultados y objetivos asignados al correspondiente programa?
El señor PRESIDENTE: Señor Secretario de Estado, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA (Zambrana
Pineda): Señoría, evidentemente es imposible adentrarse en un tema tan
complejo. Simplemente quiero señalarle que esto de que haya personal en
la Administración Pública que cobra 500.000 pesetas mensuales de
productividad está totalmente alejado de cualquier realidad. En estos
momentos, los créditos de personal se distribuyen por Ministerios, la
mayor cuantía, casi el 50 por ciento del crédito, va al Ministerio de
Sanidad, y con él se está pagando un concepto fijo al personal sanitario,
esencialmente a los médicos. La mayor parte del crédito de productividad
está dedicado en este momento a premiar la mayor dedicación; por tanto,
un baremo perfectamente objetivable, porque son las personas que trabajan
en los ministerios por la tarde, y hay algunas áreas de la Administración
donde el complemento de productividad, como ocurre en la Inspección de
Finanzas o de Trabajo, está ligado al desempeño en el puesto de trabajo y
a los objetivos que se marcan para ese puesto de trabajo.
Estamos intentando, en la medida de lo posible, introducir la evaluación
del desempeño, que es algo siempre complicado, para ligar algunas
partidas de productividad, pero en cualquier caso ya le digo que la mayor
parte de la cuantía está siempre afecta a la mayor dedicación --horario
prácticamente ilimitado para los funcionarios que lo perciben-- y, en
algunas áreas, como son las inspecciones, está aplicándose ligado a los
objetivos que se enmiendan a esos funcionarios. Esto es, «grosso modo, lo
que le puedo contestar.
En cuanto a preguntas que se han formulado en términos concretos, creo
que hemos ido ya respondiendo a lo largo de sesiones anteriores.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Amador.
La señora AMADOR GUILLEN: Señor Zambrana, le formularé las preguntas
anteriormente citadas por escrito, pero le diré --y seré breve--, para
que usted salga de su asombro, que en el Ministerio de Justicia los
directores generales, subsecretarios y asimilados, en el año 1992, se
repartieron 30 millones de pesetas --y aquí está en su respuesta al
portavoz de mi Partido, en esta Comisión, don Manuel Núñez--, sin haber
facilitado qué criterios de reparto y qué normas se les habían aplicado.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA (Zambrana
Pineda): Entra dentro de lo posible que en un Ministerio la totalidad de
los altos cargos --habría que dividir para saber qué cuantía se percibe--
tengan una cantidad afecta a su Productividad de 30 millones de pesetas.
Eso puede suponer un equis por ciento en función del número de altos
cargos. En este momento ni desmiento ni confirmo ese dato. Si lo he
facilitado por escrito, es que evidentemente así será.
--CONFIGURACION DE LOS SISTEMAS DE CARRERA PROFESIONAL Y PROMOCION DE LOS
FUNCIONARIOS. FORMULADA POR EL SEÑOR PEÑARRUBIA AGIUS, DEL GRUPO POPULAR.
(Número de expediente 181/000659.)
El señor PRESIDENTE: Para formular la pregunta duodécima, tiene la
palabra el señor Peñarrubia Agius.
El señor PEÑARRUBIA AGIUS: Voy a intentar ser breve por tres razones: la
primera, para redimir la parte de culpa que me corresponde en la
redacción del presente orden del día; la segunda, para compensar la buena
noticia que nos ha dado el señor Zambrana de que es posible que el año
que viene se revise la congelación salarial de los funcionarios, y la
tercera, e importante, porque no son horas.
Comprenderá usted, señor Secretario de Estado, que en este momento uno
puede aquilatar al máximo el planteamiento, pero no se va a ir de esta
sesión sin formularle tranquilamente las tres preguntas que contiene el
orden del día. Con motivo de la primera comparecencia del señor
Ministro en esta Comisión, el pasado mes de septiembre, manifestó que se
va a continuar avanzando en todas las materias señaladas en el acuerdo
sindicatos-Administración del año 1991 para modernizar ésta y mejorar las
condiciones de trabajo, tales como la carrera profesional y la promoción
y las condiciones de salida de los empleados públicos.
Decía el señor Ministro que todo ello se haría dentro de un proceso de
negociación racional y eficaz. Sin embargo, estos buenos propósitos no
han sido tenidos muy en cuenta, ya que la Ley 22/1993, que de manera tan
decisiva afecta a la carrera profesional, a la promoción y a las
condiciones de salida, no fue sometida a un racional y eficaz proceso de
negociación.
Por otro lado, señor Secretario de Estado, remitirse, como lo hizo en
aquella ocasión el señor Ministro, al acuerdo Administración-sindicatos,
parece que no tiene en estos momentos mucho sentido. En primer lugar, por
el clima creado tras sucesivos incumplimientos de anteriores acuerdos en
materia de retribuciones y, en concreto, el del año 1990, que estableció
la cláusula de revisión salarial y que ha sido unilateralmente incumplida
por el Gobierno. Bienvenida sea, en cualquier caso, la promesa de revisar
para próximos ejercicios esa cláusula. En segundo lugar, porque el
precitado acuerdo termina su vigencia en 1994 y, en consecuencia, no nos
queda mucho tiempo para que en su contexto pueda solucionarse el
problema.
Lo que sucede, señor Zambrana, es que la carrera profesional de los
funcionarios públicos quedó rota con la arbitraria aplicación --lo hemos
dicho muchas veces-- de la Ley 30/1984, mediante el abuso del excepcional
procedimiento de la libre designación, continuando, más tarde, con el uso
de los concursos específicos en los que el baremo subjetivo, en manos de
la Administración, era y es decisivo.
En cuanto a promoción, el mecanismo de la reserva de plazas, las
convocatorias de ingreso han funcionado, y usted lo sabe, con tacañería
--se ha dicho esta noche aquí--, cicateramente y no se han abierto vías
ágiles a tal fin. Son escasísimos los funcionarios que han logrado vía de
promoción interna, pasar a un cuerpo o escala superior.
Y no digamos nada de la promoción horizontal, prevista igualmente en la
Ley 30/1984. No hemos asistido ni al estreno, como se ha repetido muchas
veces en esta Comisión. Es verdad que ahora, al cabo de los años, en una
resolución del 25 de febrero pasado, se hace público el acuerdo del
Consejo de Ministros, autorizando la convocatoria de pruebas selectivas
durante 1994, que autoriza precisamente convocatorias específicas de
promoción horizontal. Pero ¿es que no estaba en sus manos, señor
Zambrana, a lo largo de estos años y en base al artículo 22.2 de la ya
citada Ley, haber avanzado algo a este respecto?
Y qué decir, y con esto acabo, señor Presidente, de la alegría con que,
desde 1982, se ha procedido a las contrataciones laborales para puestos
que, según sentencias posteriores del Tribunal Constitucional, debían
estar reservadas a funcionarios, poniendo en peligro los criterios de
carrera profesional. Cuestión ésta, señor Secretario de Estado, que se
complicó aún más con la aplicación del artículo 15 y la disposición
transitoria decimoquinta de la Ley, modificada posteriormente por la
23/1988, lo que ha originado un proceso de funcionarización del personal
laboral que, además de chocar con la racionalidad de un programa de
reordenación de efectivos, ha supuesto un tapón para miles de
funcionarios en sus legítimas aspiraciones de formación profesional.
Por estas razones, señor Secretario de Estado, le formulo la pregunta
contemplada en el orden del día de esta sesión.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA (Zambrana
Pineda): El proceso de negociación con los sindicatos ha sufrido una
cierta paralización, nunca una eliminación, porque mantenemos
permanentemente abiertos los cauces hasta límites que SS. SS.
posiblemente no imaginan, pero el diálogo permanente de la Secretaría de
Estado con todos los sindicatos está garantizado y les pueden ustedes
preguntar a ellos: evidentemente, unas cosas les agradan más y otras
menos. Vamos a abrir pronto nuevamente el marco negociador --ya he dicho
las perspectivas de las retribuciones para el próximo año-- y de paso
abordaremos una serie de temas cualitativos. De hecho, estamos tratando
con ellos en estos días una serie de temas cualitativos, relativos a las
preguntas que S. S. establece.
El abordar un sistema de carrera diferente entra dentro de lo que será
una reordenación general de la Administración Pública. Ya he señalado, en
algún momento, los criterios que serían convenientes aplicar,
posiblemente, yendo a una vectorialización, desde mi punto de vista,
mucho mayor de la que hay en este momento. Esta vectorialización de
colectivos diferenciados tiene mucho que ver también con la situación que
están viviendo en estos momentos de traspaso a las comunidades autónomas,
etcétera.
No quiero adentrarme por este mundo complejo sin señalarle que las libres
designaciones han quedado bastante reducidas, actualmente el 2,5 por
ciento, en la Administración, aunque tengan una velocidad de rotación
superior y, por consiguiente, en cómputo anual sean más las personas pero
no los puestos; se rota más deprisa en esos puestos, y la promoción
interna que se produce, salvo para el grupo A, es relativamente
importante. Hay en estos momentos concursos en cuerpos de la
Administración y oposiciones que se están cubriendo de forma largamente
mayoritaria por la promoción interna. Donde se produce el bloque por la
promoción interna es cuando se trata de pasar desde los niveles
inferiores a los grupos de titulación A, sobre todo en los cuerpos de
élite, los cuerpos prestigiosos de la Administración. Y eso tiene que ver
con otra serie de factores bastante más complejos, posiblemente, de
política administrativa y sociológica, en general, del país, que los que
S. S. señala.
En cuanto al problema de los laborales o de los funcionarios, es
discutible --ya lo señalé-- en relación con la función pública que hay en
otras administraciones públicas. Justamente, por la complejidad de la
situación, es por lo que estamos poniendo a las diferentes partes de
acuerdo cuando se trata de funcionarizar al personal laboral fijo. Se
está haciendo mediante pruebas bastante severas y procurando no lastimar,
en ningún caso, los legítimos intereses de los funcionarios que ya están
trabajando en ámbitos colindantes a los que se funcionarizan.
El señor PRESIDENTE: Señor Peñarrubia.
El señor PEÑARRUBIA AGIUS: Brevísimamente, para no repetir argumentos,
dada la hora.
Usted sabe, como yo, que el procedimiento de libre designación ha llevado
a situaciones tan absurdas, tantísimas veces denunciadas por el Grupo
Popular, como casos de funcionarios recién ingresados que alcanzaban y
consolidaban, por esa vía de la libre designación, el nivel 30; o
funcionarios con dos años de antigüedad que terminaban su carrera
profesional de manera rapidísima y otros, a lo mejor, con más de 30 años
de servicios en la propia Administración, cazados, de alguna manera, por
la aplicación de la Ley 30/1984, permanecían hundidos en los niveles
inferiores, con el único aliciente de cumplir algún trienio más, al no
estar, precisamente, en la órbita de quien podía tirar de ellos como
puestos de libre designación. Este es un hecho que se da en la
Administración. Es deseable que vaya reduciéndose. Las cifras que usted
da las vamos a comprobar nosotros a ver si, efectivamente, se han
reducido, aunque me temo, señor Zambrana, que no se ha hecho ningún
esfuerzo importante en este sentido. No voy a cansarles más.
El señor PRESIDENTE: Señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA (Zambrana
Pineda): Como he indicado hasta la saciedad, indudablemente el sistema
puede tener sus defectos. Es posible que se haya producido alguna
situación de exceso de rapidez en determinada carrera administrativa. Su
señoría, que conoce bien la Administración, sabe que la reducción de los
puestos de libre designación a un 2 ó un 3 por ciento, que son los que
están clasificados en estos momentos, supone un enorme avance sobre lo
que había anteriormente, en que todos los puestos eran de doble
designación. No me parece deseable, si ocurre alguna vez, que alguien que
entra consolide el máximo de la carrera administrativa en poco tiempo.
Bien es verdad que si hay cuerpos que ya por oposición tienen un nivel 28
de salida, llegar al 30 les cuesta poco trabajo. Evidentemente, agotan
demasiado pronto la carrera administrativa.
Por consiguiente, el problema es, como tantas veces ha ocurrido en la
Administración española, la sobrecarga que se produce en los niveles
terminales de nivel de carrera, aunque ya digo que no es fácil conjugar
el criterio de antigüedad con el de mérito y capacidad a la hora de
articular una carrera administrativa. Los viejos sistemas de las
notaciones belgas o francesas están en desuso porque era el superior el
que tenía que clasificar cada año el trabajo del inferior para ver si
ascendía más o menos deprisa. Eso tampoco era una tarea excesivamente
fácil, como S. S., estudioso de la Administración, conoce.
--OPINION DEL GOBIERNO ACERCA DE SI EL VIGENTE SISTEMA DE CARRERA
PROFESIONAL DE LOS FUNCIONARIOS ES BASE ADECUADA PARA CIMENTAR LA LLAMADA
«SEGUNDA CARRERA PROFESIONAL» DEL PERSONAL DIRECTIVO. FORMULADA POR EL
SEÑOR PEÑARRUBIA AGIUS, DEL GRUPO POPULAR. (Número de expediente
181/000660.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta decimotercera.
Tiene la palabra el señor Peñarrubia.
El señor PEÑARRUBIA AGIUS: Esta cuestión guarda relación con la anterior,
ya que si el Gobierno, a nuestro juicio, no ha sido capaz de garantizar
una mínima carrera profesional y una adecuada promoción de los
funcionarios públicos con criterios de racionalidad y objetividad, qué
cabe esperar acerca de una carrera profesional del personal directivo.
Yo le tengo que decir una vez más qué entiende el Grupo Popular por
personal directivo en la Función Pública. Se trata de aquellos
funcionarios que por su capacidad, por su experiencia y méritos acuden a
los puestos de dirección en la Administración en base precisamente a los
principios constitucionales de mérito y capacidad e independencia en el
desempeño de sus funciones, algo que no ha ocurrido, y usted lo sabe
bien, tras la entrada en vigor de la ya anteriormente mencionada Ley
30/1984, ya que, a través de una abusiva interpretación de la vía
excepcional de la libre designación, los puestos directivos han venido
siendo asignados discrecionalmente. En ocasiones, señor Zambrana, todo
hay que decirlo, la asignación ha recaído en funcionarios capaces y con
méritos. En otras muchas, también hay que decirlo, ha primado la sintonía
política y, en todo caso, la confianza del responsable político,
asignaciones éstas realizadas sin el control que significa el concurso de
mérito.
Es loable el propósito manifestado ante esta Comisión el pasado mes de
septiembre por el señor Ministro, en el sentido de considerar la etapa
profesional directiva como una segunda carrera profesional. Pero ¿dónde
está la primera, señor Zambrana? Nosotros creemos que no está consolidada
ni suficientemente racionalizada. Al fallar ésta, la segunda carrera, la
de los directivos, termina también viciándose.
Con estas premisas resulta muy difícil entender la pretensión del
Gobierno de configurar la carrera directiva y parece lógico preguntarse
sobre qué nuevas bases lo piensan hacer.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA (Zambrana
Pineda): Estamos trabajando en lo que podría ser la configuración de un
estatuto del personal directivo de la Administración Pública.
Créame S. S. que no es fácil. Otras Administraciones Públicas tienen el
tema resuelto por la escuela inicial de procedencia de selección de los
funcionarios, caso de la francesa o del servicio civil británico.
La multiplicidad corporativa tradicional de nuestra Administración hace
que sea difícil articular criterios de fijación, porque tendría que ser
sobre una base multicorporativa, y en qué condiciones y quién
constituiría el personal directivo de la Administración Pública.
Entendemos que sería bueno, no obstante, para la Administración española
disponer de un cuerpo de personal directivo de la Administración con
criterios objetivos, al margen de los avatares del juego político en cada
momento. Ya digo que esto otros países lo tienen resuelto por sus
escuelas de formación de origen. No es el caso de España, ya que los
intentos que se hicieron a principio de los años sesenta no prosperaron.
Por consiguiente, tenemos un panorama más complejo.
Me gustaría que, en la medida en que propongamos ideas a las Cámaras,
esto se hiciera sobre la base de un amplio consenso parlamentario, porque
es la única forma de que tengamos una Administración que sea del Estado y
no del partido que por turno vaya gobernando. Creo sinceramente en lo que
acabo de manifestar. Me gustaría que este tipo de cosas las pudiéramos
hacer con un amplio consenso.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Peñarrubia.
El señor PEÑARRUBIA AGIUS: Bienvenida sea, señor Secretario de Estado,
esa voluntad, también manifestada por el Ministro, de unas nuevas bases
que permitan esa carrera profesional, porque la verdad es que lo que está
ocurriendo hasta ahora es como si la Liga de Fútbol Profesional
pretendiera que jugara la Copa de Europa no el equipo campeón, sino el
que se designara desde el despacho. Hasta el momento, en esa carrera
profesional ustedes han tenido muchísimas ocasiones en donde no han
atendido precisamente a méritos y capacidad de los propios funcionarios.
--COLECTIVOS DE FUNCIONARIOS QUE QUEDARAN SOMETIDOS A UN REGIMEN
DIFERENCIADO DE PERSONAL. FORMULADA POR EL SEÑOR PEÑARRUBIA AGIUS, DEL
GRUPO POPULAR. (Expediente número 181/000661.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta 14, del señor Peñarrubia.
El señor PEÑARRUBIA AGIUS: Señor Presidente, ya es la última.
Tengo que referirme también a la comparecencia del pasado mes de
septiembre del señor Ministro, ya que en aquella ocasión, al hablar de la
motivación de los funcionarios por los resultados de su trabajo, adelantó
el propósito de analizar los problemas derivados de la actual uniformidad
del régimen de personal y avanzar criterios para una diferenciación de
regímenes, atendiendo a las peculiaridades de determinados colectivos. La
cuestión es preocupante.
Como usted sabe, existen grupos de funcionarios que por su trabajo
cuentan ya con peculiaridades en su régimen de personal. La Ley 30, en su
artículo 1.2, ya prevé esta eventualidad cuando señala que, en aplicación
de esta ley, podrán dictarse normas específicas para adecuarlas a las
peculiaridades del personal docente e investigador, sanitario, de los
servicios postales y de telecomunicaciones y del personal destinado en el
extranjero. La enumeración, a nuestro juicio, señor Zambrana, es taxativa
y clara. No nos parece oportuno abrir la espita por la que puedan salir
del ámbito de la precitada ley determinados grupos de funcionarios, salvo
que ello se aborde con motivo de una decidida reforma y puesta al día de
la legislación en materia de función pública, que también se lo estamos
reclamando a través de nuestro portavoz. Reforma que, de llevarse a cabo,
debería hacerse con ocasión del pendiente y también reclamado Estatuto de
la Función Pública.
De ahí que resulte preciso conocer cuál es la voluntad del Gobierno al
respecto y si se han dado algunos pasos en este sentido.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA (Zambrana
Pineda): Veo que últimamente, y me congratulo de ello, el Grupo Popular
hace seguimiento de las declaraciones que efectúo públicamente en torno a
esta materia. También veo que algunas veces incluso ideas de fondo de las
que vengo manifestando comienzan a ser recibidas, lo cual me produce ya
un enorme placer.
En relación con esto, he de manifestar que no se prevé que en un corto
plazo estos colectivos fuesen en principio los indicados para ir a
regímenes diferenciados, aunque se podría sumar algún otro; pero cuando
he hecho declaraciones en este sentido --acabo de manifestar aquí la
necesidad de vectorializar la Administración más de lo que está--, tanto
la de 1964, como la de 1984, son leyes muy horizontales en el tratamiento
de los problemas de los diferentes colectivos. Pues bien, esta
vectorialización podría afectar en principio a los colectivos que ya
indica la Ley de 1984 y que no se ha desarrollado con un grado de
especificidad suficiente. Creo que hay algún otro colectivo también en la
Administración que merecería un tratamiento diferenciado.
En cualquier caso, deberíamos partir de una ley que dijera qué colectivos
para, a continuación, organizar una carrera administrativa o un sistema
de retribuciones diferente en unos colectivos u otros; es decir, lo que
tengan que cobrar por los mismos conceptos el sanitario, el docente, el
postal, el de prisiones, por poner un ejemplo. Y que las carreras
administrativas tengan que ir asimiladas también con los 30 niveles
porque posiblemente tienen especificidades.
Esas son las materias que se podrían abordar en una reorganización de la
Función Pública. En el anterior estatuto estuvo a punto de llegarse a un
acuerdo, como S. S. conocerá bien. En aquel momento, como Diputado tuve
la oportunidad de discutirlo entre los dos grandes grupos de la Cámara.
Finalmente, no se logró la vía de acuerdo, aunque estuvimos trabajando
durante días y días en poner de acuerdo a los dos grupos parlamentarios.
Sería deseable que esto se hiciera con un amplio consenso.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Peñarrubia.
El señor PEÑARRUBIA AGIUS: Señor Secretario de Estado, sólo volverle a
preguntar para cuándo el Estatuto de la Función Pública.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA (Zambrana
Pineda): En cuanto al Estatuto de la Función Pública --he visto que
recogen algunas ideas SS. SS.-- sería conveniente atender primero a la
organización y al funcionamiento de la Administración para acoplar los
recursos humanos. Para no caer en lo que ha ocurrido tantas veces en la
Administración española, que primero se hacen las leyes de función
pública y se organiza el personal sin conocer la estructura. Y la
estructura depende, no únicamente de la voluntad del Gobierno, sino de
que el Estado está cambiando. Ya veo que están ustedes atentos a esa idea
y todo vendrá por sus pasos.
Evidentemente se puede decir que hay libro blanco, hay ley de
organización, que los trabajos están muy avanzados y que hay muchas ideas
sobre función pública. Espero que como el tema autonómico se está
despejando con relativa rapidez podamos tener el cuadro competencial
desde el que abordar la organización y el funcionamiento. Sería
conveniente que todos viésemos la necesidad de un funcionamiento ágil de
los órganos administrativos y acoplemos los recursos humanos a ese Estado
que tendremos entre las manos ya porque se habrá quedado definitivamente
configurado.
--PREVISIONES ACERCA DE LA DESCENTRALIZACION POR COMUNIDADES AUTONOMAS, Y
ESPECIALMENTE EN CANARIAS, DE LAS PRUEBAS DE SELECCION PARA EL INGRESO EN
DETERMINADOS CUERPOS DE FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
ESTATAL. FORMULADA POR EL SEÑOR SORIANO BENITEZ DE LUGO (GP). (Número de
expediente 181/000717.)
El señor PRESIDENTE: Para formular la decimoquinta y última pregunta,
tiene la palabra el señor Soriano Benítez de Lugo, don Alfonso.
El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Señor Presidente, a estas horas y
siendo el último de los preguntantes es fácil caer pesado; de manera que
voy a procurar serlo lo menos posible.
La cuestión que planteo la he venido formulando en diversas ocasiones en
esta Cámara. En concreto, en la Comisión de Justicia e Interior el 20 de
diciembre de 1993 ponía de manifiesto que el Tribunal Superior de
Justicia de Canarias, a través de sus memorias anuales, viene
refiriéndose al fenómeno de los traslados masivos solicitados por los
funcionarios de la Administración de Justicia en Canarias y el excesivo
porcentaje de interinos existentes. Esta movilidad de los funcionarios,
decía yo entonces, limita la productividad de los órganos judiciales y
varias han sido las voces que se han oído pidiendo que las oposiciones se
celebren en el archipiélago canario para evitar que vengan a Canarias los
últimos de las listas de aprobados que se van en cuanto sale el primer
concurso de traslados y que ocasiona, como es lógico, el nombramiento de
interinos, que a su vez están rotando permanentemente en el puesto
concreto de trabajo. Ya en el Parlamento de Canarias, el 26 de octubre
del año pasado, se aprobó una proposición no de ley instando la
convocatoria de los concursos y oposiciones precisos para cubrir todas
las plazas vacantes en Canarias de magistrados, jueces, secretarios,
oficiales, auxiliares y agentes de la Administración de justicia,
realizándose en el ámbito territorial de la comunidad autónoma los
concursos y oposiciones de secretarios, oficiales, auxiliares y agentes
de la citada Administración de justicia.
Decía yo que se trataba de aplicar el mismo sistema que el adoptado hace
ya bastante tiempo por la Administración civil del Estado, concretamente
para el cuerpo auxiliar y para sus cuerpos generales, en los que quedan
afectadas las plazas desiertas al ámbito geográfico de cobertura, por lo
que el lugar de examen elegido por cada opositor en su solicitud de
admisión a las pruebas selectivas conlleva, caso de resultar aprobado,
que tal opositor habrá de obtener destino necesariamente dentro del
ámbito geográfico al que correspondiera el lugar del examen elegido. Esto
sucede también con otros cuerpos. Hay una iniciativa también en el
Parlamento de Canarias en relación con los cuerpos de Correos y
Telégrafos. En el año 1985 se realizaron unas pruebas en Canarias que
luego se suspendieron. En estos momentos hay numerosas vacantes que hay
que cubrir deprisa y corriendo con personas de las islas para que luego
vengan unos señores que han ingresado a través de unas pruebas nacionales
a sustituir a éstos que prestaban servicio con carácter interino o
temporalmente, creando una serie de problemas que permanentemente generan
el mal
servicio de los organismos correspondientes. Por eso creo que sería bueno
que por parte del Ministerio de Administraciones Públicas se hiciera una
especie de catálogo de los cuerpos. Comprendo que no con todos los
cuerpos es posible celebrar esta prueba descentralizada, supongo que será
más difícil a medida que el nivel del cuerpo sea superior, pero hay
ciertos niveles como los oficiales y agentes de la Administración de
justicia, funcionarios de Correos y Telégrafos sin una especial
cualificación y otros puestos de más fácil provisión, en los que se
podría establecer un sistema descentralizado de pruebas selectivas, de
tal forma que se aconseje al opositor que si quiere obtener destino en la
comunidad autónoma donde reside se presente a las pruebas que se convocan
en esa comunidad autónoma, obligándole a, en un plazo de dos o tres años,
no pedir destino en una comunidad diferente. Este es un procedimiento
para hacerlo en debida forma. Por supuesto, ya sé que es un derecho del
funcionario irse a otra comunidad autónoma al cabo de dos o tres años,
pero sin duda alguna por este procedimiento se podría disminuir mucho el
riesgo de las permanentes vacantes que se ocasionan. Por supuesto
también, estas oposiciones tendrían que ser al mismo tiempo en todas las
comunidades autónomas, al objeto de que los opositores no estén yendo a
cada comunidad autónoma. Creo que el Ministerio de Administraciones
Públicas debe hacer un catálogo de cuerpos en los que es posible hacerlo,
y hay antecedentes en algunos cuerpos. Por cierto, en el Real Decreto de
17 de marzo de 1994, que se publicó el 12 de abril, sobre el Reglamento
orgánico de los Cuerpos de oficiales auxiliares y agentes de la
Administración de justicia, se dice que las comunidades autónomas podrán
instar del Ministerio de Justicia la convocatoria de pruebas selectivas
en estos cuerpos. Es decir, parece que por fin en la Administración se
está abriendo camino esta posibilidad.
Por todo ello pregunto al señor Secretario de Estado si ve con buenos
ojos o cree que hay posibilidad de que se descentralicen las pruebas de
ciertos cuerpos de funcionarios, que el Ministerio de Administraciones
Públicas tome la iniciativa sobre el particular, que establezca en un
catálogo cuáles son estos cuerpos y se disponga un procedimiento para que
estas pruebas se celebren en las comunidades autónomas al mismo tiempo,
de tal forma que los opositores que se presenten y aprueben las
oposiciones en esa comunidad autónoma obtengan destino allí mismo, pero
con una serie de cautelas, por ejemplo, obligándoles a prestar servicio
durante dos o tres años sin cambiar de destino, a fin de no dejar sin
validez el efecto que se pretende conseguir.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA (Zambrana
Pineda): Señor Benítez de Lugo, sólo le puedo decir que estamos en
sintonía con su propuesta. En los cuerpos que dependen directamente de la
Secretaría de Estado del Ministerio de Administraciones Públicas, no en
el cuerpo superior donde las plazas son contadas, su señoría sabe que lo
estamos haciendo ya, y estamos impulsando que también se haga en los
cuerpos en que las convocatorias son numerosas.
Establecer un catálogo de cuerpos es idea que anoto, aunque a priori la
encuentro un poco compleja si no metemos otras variables como el número
de plazas. Con oposiciones muy pequeñas como las que se están convocando
ahora, de nada vale que sea un cuerpo numeroso; al final, si se convocan
30 ó 50 plazas es muy difícil centralizarlas por comunidades autónomas.
Evidentemente, si la convocatoria es de 500 ó de 800 plazas, tiene pleno
sentido lo que dice y comparto su opinión. De hecho estamos impulsándolo.
Frases como la que su señoría ha citado de ese decreto no están ahí por
casualidad, son documentos que han pasado previamente por la Secretaría
de Estado. Estamos apoyando esa política porque, sobre todo, hay algunas
zonas del territorio nacional en las que este problema es especialmente
delicado, no solamente en las islas Canarias, también hay algunos otros
lugares donde faltan funcionarios de los, digamos, cuerpos estatales.
Por consiguiente, comparto su propuesta y tomo nota de ese catálogo de
cuerpos, pero creo que se trata más bien de ir impulsando en cada una de
las situaciones que eso se produzca. Repito que en los cuerpos que
dependen directamente del Ministerio de Administraciones Públicas así lo
venimos efectuando.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Soriano.
El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Me alegra que el señor Secretario de
Estado manifieste estas buenas intenciones del Departamento. Comparto el
criterio de que no sólo debe hacerse en función del cuerpo, sino que hay
que barajar otras variables como pueden ser, por ejemplo, el número de
plazas a convocar, el número de opositores, etcétera. Me parece que sería
un paso importante para evitar el colapso de muchos servicios. En
concreto, en la Administración de Justicia en Canarias y en Correos y
Telégrafos, que son quizá los dos puntos más fundamentales, se están
produciendo graves problemas porque se presentan pocos opositores
canarios a esas plazas; las obtienen, pero tienen que venir a examinarse
a Madrid y los pocos que las obtienen van de la Península, están
generando continuamente problemas y los servicios no terminan de
funcionar.
El señor PRESIDENTE: Cumplimentado el orden del día, esta Presidencia
agradece la colaboración de sus señorías y, con promesa de no
reiteración, se levanta esta maratoniana sesión.
Eran las diez y diez minutos de la noche.