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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 208, de 18/05/1994
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1994 V Legislatura Núm. 208
POLITICA SOCIAL Y DE EMPLEO
PRESIDENCIA DE DON JORGE FERNANDEZ DIAZ,
VICEPRESIDENTE PRIMERO
Sesión núm. 14
celebrada el miércoles, 18 de mayo de 1994
ORDEN DEL DIA:
Comparecencias:
Del señor Director General del Instituto Nacional de Empleo, INEM (Elordi
Dentici), para informar:
--Sobre la transferencia de prestaciones por desempleo desde el INEM al
INSS. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular. (Número de expediente
212/000698) (Página 6368)
--Sobre la actual política de formación profesional y las estructuras de
gestión que hacen posible su desarrollo y aplicación. A solicitud del
Grupo Parlamentario Popular. (Número de expediente 212/000670) (Página 6368)
--De la señora Directora General de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social (Cazorla Aparicio), para informar del balance de actuación de la
Inspección de Trabajo en el año 1993, así como de los planes de trabajo
para el año 1994. A solicitud del Grupo Parlamentario Federal IU-IC.
(Número de expediente 212/000494) (Página 6386)
--De la señora Directora General de Trabajo (Córdova Garrido), para
explicar el despido de 240 trabajadores de la empresa «Duro Felguera» en
la provincia de Asturias. A solicitud del Grupo Parlamentario Federal
IU-IC. (Número de expediente 212/000364) (Página 6396)
Se abre la sesión a las once de la mañana.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Díaz): Buenos días, señorías.
En primer lugar, esta Presidencia en funciones, de acuerdo con la Mesa y
los portavoces, está seguro de interpretar el sentimiento de toda la
Comisión manifestando su solidaridad con el Presidente titular de la
misma, don Luis Martínez Noval, que saben que se encuentra ingresado en
el Hospital Clínico de Barcelona. Y al tiempo de manifestar esta
solidaridad, desearle un pronto restablecimiento y una muy pronta
reincorporación a la Presidencia de esta Comisión de Política Social y
Empleo del Congreso de los Diputados.
Si les parece a SS. SS. haremos constar en acta este sentimiento de
solidaridad y de deseo de restablecimiento y de reincorporación a la
Presidencia de la Comisión. Asimismo, quiero comunicar a SS. SS. que
expresaré estos sentimientos, en su nombre, enviándole un telegrama al
Hospital Clínico de Barcelona, donde se encuentra ingresado. ¿Le parece
bien a la Comisión? (Asentimiento.) Así se hará constar en acta y así lo
haremos.
CELEBRACION DE LAS SIGUIENTES COMPARECENCIAS:
--DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO (INEM),
PARA INFORMAR SOBRE LA TRANSFERENCIA DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO DESDE
EL INEM AL INSS, A SOLICITUD DEL G. P. POPULAR. (Número de expediente
212/000698.)
--DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO (INEM),
PARA INFORMAR SOBRE LA ACTUAL POLITICA DE FORMACION PROFESIONAL Y LAS
ESTRUCTURAS DE GESTION QUE HACEN POSIBLE SU DESARROLLO Y APLICACION. A
SOLICITUD DEL G. P. POPULAR. (Número de expediente 212/000670.)
El señor VICEPRESIDENTE: A continuación vamos a proceder a tramitar el
primer punto del orden del día de esta Comisión, que es la comparecencia
del Director General del Inem para atender a dos solicitudes expresadas
por el Grupo Parlamentario Popular. De acuerdo con las atribuciones
conferidas a esta Presidencia y con los portavoces, procederemos a
acumular las dos comparecencias.
La primera de ellas es para informar sobre la transferencia de
prestaciones por desempleo desde el Inem al Instituto Nacional de la
Seguridad Social, comparecencia que ya he señalado que fue solicitada por
el Grupo Parlamentario Popular, y la segunda, también solicitada por el
mismo Grupo, para informar sobre la actual política de formación
profesional y las estructuras de gestión que hacen posible su desarrollo
y aplicación.
Las tramitaremos, pues, de forma acumulada, y para atender a las mismas
tiene la palabra el Director General del Inem, al cual en nombre de la
Comisión doy la bienvenida a la misma y el agradecimiento por esta nueva
comparecencia.
El señor DIRECTOR GENERAL DEL INEM (Elordi Dentici): Señorías, desde que
la Ley 39/1992, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para 1993, estableciera en su disposición adicional decimoctava el
traspaso de la gestión de las prestaciones por desempleo al ámbito del
Instituto Nacional de la Seguridad Social, el análisis de los problemas
derivados de esta decisión del legislador ha constituido una de las
prioridades esenciales en la actuación del Instituto Nacional de Empleo.
Como SS. SS. recordarán, la inclusión de esta disposición en la citada
Ley sucedía en el tiempo al ofrecimiento realizado pocos meses antes por
el Gobierno a los interlocutores sociales de estudiar las condiciones más
adecuadas para posibilitar la gestión del sistema de protección a través
de una entidad autónoma y coparticipada por sindicatos y empresarios.
Todos recuerdan la respuesta de sindicatos y empresarios a este
ofrecimiento del Gobierno.
En el contexto del mantenimiento de un diseño para el servicio público de
empleo, que enfatizaba su carácter exclusivo y obligatorio en los
procesos de intermediación laboral, ambas propuestas, tanto la
determinada por el traspaso de las prestaciones por desempleo al INSS
como la de la creación de un ente autónomo y de gestión paritaria por los
interlocutores sociales, respondían a la necesidad de estimular la
dedicación prioritaria del Inem al ámbito de las políticas activas de
empleo.
Junto a ello, la inclusión de la gestión de las prestaciones por
desempleo en el ámbito del INSS propiciaba, «a priori», posibles
ganancias de escala al integrarse en una estructura estrictamente
especializada en el reconocimiento y gestión de prestaciones sociales,
fundamentalmente pensiones, y de un tamaño superior (seis millones
de pensionistas) al correspondiente a la estructura de gestión
equivalente y propia en el seno del Inem.
Desde esta perspectiva, el 12 de enero de 1993 --voy a relatar ahora todo
el trabajo que se realizó para dar respuesta a aquella decisión-- se
constituyó formalmente la Comisión de coordinación de las acciones para
transferencia de las prestaciones de desempleo del Inem a la Seguridad
Social. Desde su constitución, la Comisión funcionó en pleno y en
comisión permanente, con reuniones semanales desarrolladas en el período
enero-abril de 1993.
De una forma previa a la constitución de la Comisión, durante el mes de
diciembre de 1992 se mantuvieron reuniones técnicas en las que
participaron representantes del Inem, del INSS y de la Inspección General
de Servicios, reuniones en las que se debatió toda una serie de
cuestiones relativas a los trabajos a llevar a cabo para el desarrollo de
lo que entonces se denominó el Plan Predes.
El primer documento elaborado, denominado «Estado actual del sistema de
protección por desempleo y del modelo de protección», facilitaba con
claridad una síntesis de la caracterización normativa de la protección
por desempleo en España, definiendo el ámbito competencial, el modelo
organizativo y cuantificando los medios utilizados.
Junto a ello, concretaba el modelo de gestión utilizado y planteaba una
aproximación a la problemática y deficiencias del modelo vigente, para
finalizar con la exposición de los planes de mejora de gestión y control
desarrollados por el Inem en 1992 y las previsiones para 1993, diseñados
con el objetivo de corregir las deficiencias existentes.
Se aprobó también un segundo informe en la Comisión, denominado
«Estrategias alternativas básicas para la transferencia». Recogía éste
pormenorizadamente cada una de las alternativas, con sus ventajas e
inconvenientes sobre las cuestiones fundamentales objeto de consideración
y desarrollo de trabajos en el proceso de transferencias.
El último documento elaborado, «Plan de acción para la transferencia de
la gestión», desarrollaba de forma detallada las diferentes actividades
responsables y calendario de cumplimiento a desarrollar por cada área de
acción, para facilitar el proceso de transferencias de forma totalmente
efectiva con anterioridad al 31 de diciembre de 1993.
Como actividades más destacadas de este Plan de acción en las diferentes
áreas cabe resaltar las siguientes.
En cuanto al área de recursos humanos: determinación de los recursos
humanos necesarios para la gestión de las prestaciones por desempleo por
el INSS y de los precisos para la gestión por el Inem de las competencias
no transferidas; elaboración y aprobación de una nueva relación de
puestos de trabajo del INSS; adscripción a esta relación de puestos de
trabajo --a partir de ahora la denominaré RPT-- del personal del Inem a
transferir y dotación complementaria desde el exterior del proceso para
cubrir la totalidad de la RPT.
En lo referente a la red de oficinas: valoración de las necesidades de
red de oficinas del INSS y del Inem para el ejercicio de sus respectivas
competencias; cobertura de las necesidades de red del INSS mediante
cesión de parte de la red del Inem; acondicionamiento de la red propia
del INSS y habilitación de nuevas oficinas.
Desde el punto de vista del procedimiento o nuevo modelo de gestión de
las prestaciones, se analizó el diseño y desarrollo e implantación del
procedimiento administrativo e informático que debería sustentar la
gestión de las prestaciones en el nuevo ámbito competencial.
Por su parte, en cuanto al sistema de información e informática: Diseño
del nuevo sistema de gestión; contratación de equipos físicos;
instalación de líneas y equipamientos; desarrollo de pruebas e
implantación del nuevo modelo de características similares al utilizado
para la gestión de las pensiones, y estudio, diseño y desarrollo de la
necesaria interconexión de información entre la gestión del empleo, de la
Seguridad Social y de las prestaciones por desempleo.
Llegados a este punto de descripción de lo realizado, permítanme que, a
continuación, destaque alguno de los puntos críticos más conflictivos que
se suscitaron entonces en este proceso de análisis de la transferencia.
En primer lugar, en cuanto al proceso de inscripción de demanda y
solicitud de prestaciones, los aspectos más problemáticos residían en la
doble exigencia legal de inscribirse como demandante de empleo y de
solicitar las prestaciones. Esta cuestión, además de originar una
duplicidad de competencias en estos ámbitos motivada por la
transferencia, generaba indefectiblemente una distorsión al usuario, al
obligarle a formalizar los dos trámites en dos actos distintos y en
ventanillas también distintas; es decir, uno en el Inem y otro en el
Instituto Nacional de la Seguridad Social.
Las diferentes soluciones estudiadas para evitar esta duplicidad de
trámites, o bien no evitaban un perjuicio al usuario, o bien podían
generar una tramitación deficiente, y en cualquier caso obligaban al
montaje de un dispositivo de atención para ambos trámites, si no
duplicado, al menos sobredimensionado.
En segundo lugar, en lo que respecta al control de los trabajadores, la
transferencia de competencias a la Seguridad Social permitiría una
integración de los datos laborales precisos para la tramitación, pero,
por el contrario, generaría una desconexión de la comprobación permanente
por la entidad gestora de las prestaciones de la condición de desempleado
de los beneficiarios, con el consiguiente deterioro de la función y
resultados del control. Ello, junto a la evidente desvinculación de la
gestión de las políticas activas sobre los beneficiarios, con lo que
comparta respecto de la reinserción laboral de los protegidos, y en
especial en la distorsión generada en los procesos sancionadores
derivados del rechazo de empleo o formación profesional, añadía una
importante restricción sobre los resultados finales del proceso.
Un tercer aspecto de interés en esta reseña reside en el apartado de los
recursos humanos. Este aspecto ha constituido, en efecto, uno de los
puntos más débiles, más difíciles y delicados objeto de estudio por parte
de la Comisión. El problema fundamental residía, por una parte, en la
necesidad originada por la transferencia de incrementar a medio y largo
plazo las dotaciones de medios humanos en
el Instituto Nacional de Seguridad Social, o bien reducir
significativamente los recursos que permanecerían en el Inem para la
gestión de sus propias competencias. Por otra parte, en las dificultades
de adaptación del personal transferido del Inem, tanto desde el punto de
vista de su «status» personal retributivo, como desde la óptica del
cambio de cultura y organización, al incorporarse a la Seguridad Social
con los inevitables problemas laborales que se producirían en tal
proceso. En todo caso, el resultado final necesariamente supondría un
significativo incremento de los gastos de personal.
En lo que se refiere a la red de oficinas, cualquiera de las soluciones
posibles estudiadas por la Comisión, basadas en los principios de
racionalidad, funcionalidad y mantenimiento de la calidad del servicio,
obligaban a un incremento del gasto público para mantener una red con una
penetración equivalente a la existente antes del momento de la
transferencia; incremento de gasto que se produciría alternativamente,
bien en el ámbito de la Seguridad Social, bien en el ámbito del Inem.
En el sistema informático para la gestión, las deficiencias tradicionales
en el proceso de intercomunicación de información, necesario para la
gestión de prestaciones entre la Seguridad Social y el Inem (conocimiento
permanente de la vida laboral del trabajador, fundamentalmente), están
ocasionadas, como es sabido, por la inexistencia de una base de datos
única para ambos sistemas con conexión en tiempo real. Esta era la
realidad entonces. La transferencia solucionaría este problema, pero a
cambio generaría la desconexión, de notable importancia, entre la gestión
de la protección social y la condición de desempleado controlado por el
Inem, junto a la pérdida de información o dificultad de comunicación de
la información derivada de los resultados de la gestión de las políticas
de reinserción laboral, es decir, de las políticas activas.
Esta doble problemática debe quedar definitivamente solucionada con la
constitución de una base de datos única de persona física para los dos
entornos y con la conexión real de los dos sistemas, operativa
previsiblemente a partir del próximo mes de junio de este año.
Finalmente, respecto al sistema informático para la gestión, la solución
mejor prevista pasaba necesariamente por una previa conversión del
aplicativo del Inem de sistema Unisys a IBM, como consecuencia de la
incompatibilidad del primero con los sistemas de la Seguridad Social.
Esta alternativa, que garantizaría un servicio viable y adecuado,
comportaba un notable esfuerzo y un significativo incremento del coste
del proceso de transferencia.
Como pueden observar SS. SS., los problemas anejos a la ejecución del
traspaso de las prestaciones por desempleo al Instituto Nacional de la
Seguridad Social, aunque solubles en su mayor parte, no eran y no son
ahora, ni mucho menos, despreciables en cuanto a su nivel de complejidad
técnica, ni tampoco desde la óptica de sus repercusiones para la política
de empleo y para el conjunto de los usuarios del servicio público de
empleo.
Sin embargo, las razones por las que no se ha llevado a cabo aún esta
transferencia hay que buscarlas, más bien, en el ámbito del nuevo diseño
del servicio público de empleo, derivado de las reformas laborales
instrumentadas por el Gobierno durante los últimos meses y aprobadas por
esta Cámara, y que, como saben de sobra SS. SS. entrarán en vigor muy
pronto, es decir, las próximas semanas.
En mi opinión, las más destacables de todas ellas residen, de una parte,
en la ruptura del monopolio del Instituto Nacional de Empleo en los
procesos de intermediación laboral (ruptura derivada de la legalización
de la carta de naturaleza legal que se ha producido con las agencias de
colocación y con las empresas de trabajo temporal), y, de otra, en la
concentración de la estrategia activa de estímulos a la contratación
laboral en los parados de larga duración, en los mayores de 45 años, y
especialmente en los perceptores de prestaciones por desempleo.
En este nuevo contexto, determinado en lo que se refiere a la política de
fomento del empleo en el artículo 5 de la Ley de Medidas Urgentes de
Fomento de la Ocupación, y en los artículos 1 y 2 de la misma Ley en lo
referente a las agencias de colocación y a las empresas de carácter
temporal, la necesidad de contar con unos servicios públicos de empleo
que integren en su seno la gestión del conjunto de las políticas del
mercado de trabajo aparece completamente justificada.
De esta forma, el Inem debe alcanzar una completa integración de sus
diversas actuaciones. Esta integración comienza en la demanda de empleo,
continúa con las tareas de selección de los beneficiarios de prestaciones
en ofertas genéricas de empleo, el registro de la contratación, el
seguimiento económico de los beneficios otorgados a las empresas y las
consiguientes modificaciones en las situaciones de los beneficiarios.
Todo (no es necesario, creo, subrayarlo) hubiera sido prácticamente
imposible alcanzarlo de no estar integrada la gestión de las prestaciones
con el resto de las políticas de empleo en un único punto que no es otro
que la Oficina de Empleo del Inem.
Por su parte, la ruptura del monopolio del Instituto Nacional de Empleo
en favor de la existencia de agencias de colocación sin ánimo de lucro
supone una necesaria adaptación del servicio público de empleo a las
nuevas y cambiantes circunstancias del mercado de trabajo.
No cabe duda que de la multiplicación de los recursos empleados en la
agilización de los procesos de intermediación laboral y en la mayor dosis
de competitividad inherente a la desaparición de la intermediación
obligatoria del servicio público, deben incidir muy positivamente sobre
la calidad de los servicios, contribuyendo así a reducir al máximo los
desajustes entre la oferta y la demanda de trabajo.
Por paradójico que a primera vista pudiera resultar, el hecho final será
una elevación significativa de los niveles de cobertura de la oferta de
empleo, no sólo del conjunto de las instituciones dedicadas, junto con el
Inem, a la intermediación laboral, sino, lo que es más importante, de las
correspondientes al propio servicio público de empleo.
Hasta aquí lo que es la primera de las materias de la comparecencia. A
partir de ahora voy a comentar algunas cuestiones referentes a la
formación profesional.
En primer lugar, quiero decir que para el Gobierno, para el Ministerio de
Trabajo, la formación profesional ocupacional tiene un carácter
estratégico; es una política activa
que tiene un efecto directo en las capacidades de recolocación, de
reinserción laboral y en las propias de la colocación.
Centraré mi intervención en las líneas básicas más significativas y
diferentes o de desarrollo nuevo que en 1994 se van a implementar, porque
creo que en muchas ocasiones se ha hablado sobre la formación profesional
y quizá sea más interesante hablar ahora mismo de las novedades, aunque
no hay inconveniente en hacer un recorrido histórico sobre la formación
profesional.
Dentro del objetivo global de ordenación de la formación profesional
establecido en el Programa Nacional de Formación Profesional, se
encuentra, y a mi entender de manera importantísima, el establecimiento
del repertorio de certificaciones de profesionalidad por parte del
Instituto. Este proceso se establece en paralelo a la determinación del
catálogo de títulos de formación profesional reglada del Ministerio de
Educación y Ciencia.
El repertorio de certificados de profesionalidad se define como el
conjunto de certificados expedidos por la autoridad laboral que reconocen
la cualificación alcanzada a través del seguimiento de un curso de
formación profesional ocupacional o a través de la práctica profesional.
Pues bien, uno de los trabajos prioritarios del Instituto Nacional de
Empleo en 1994, con la voluntad de terminar este trabajo antes del 31 de
diciembre del mismo año, es la elaboración del repertorio de certificados
de profesionalidad, para el que se partirá del análisis del sistema
productivo llevado a cabo mediante diferentes estudios ocupacionales,
tales como los estudios sectoriales, el observatorio permanente de las
ocupaciones y otros estudios. Ello permitirá un mejor acercamiento al
mundo laboral, que conlleva la determinación de las ocupaciones reales
presentes en el sistema productivo.
Estas ocupaciones incluidas en los sectores económicos tradicionales
(agricultura, industria, construcción y servicios) son el punto de
partida para la ordenación de la formación profesional ocupacional, y
como saben ustedes se encuentran recogidas en el repertorio de
ocupaciones que pretende proporcionar, de forma sintética, homogénea y
unificada, la información sobre el contenido de las ocupaciones que
requieren la gestión de la formación profesional, la orientación
profesional y la gestión de empleo, tomando como referencia los
resultados de los estudios sectoriales.
El resultado del repertorio de ocupaciones es la base de datos formada
por las fichas de las descripciones de aproximadamente 4.000 ocupaciones
y de las 200 actividades de los 28 sectores existentes. Todos estos
productos, a través de una aplicación informática, estarán en las
oficinas de empleo y en los centros de formación ocupacional del Inem y
servirán de base para el trabajo de la unidad ministerial, unidad creada
por acuerdo del Consejo de Ministros del 18 de febrero de 1994 que tiene
por finalidad la coordinación de las funciones de la Administración
educativa y laboral en este proceso de elaboración del sistema de
certificaciones.
Las diferentes ocupaciones que integran cada familia profesional se
estructurarán formativamente en itinerarios que darán lugar a una
actualización de los cursos de formación ocupacional, cuyo seguimiento
con aprovechamiento conducirá a la obtención de un certificado de
profesionalidad o de un crédito ocupacional. Para conseguir este objetivo
se parte del catálogo de cursos existentes que recoge la oferta formativa
ocupacional. Este referente será modificado y actualizado en la medida en
que sea necesario en función del estudio de las ocupaciones y los
itinerarios formativos que se establezcan a partir de los mismos.
Asimismo, se establecerá su relación con el título de formación
profesional reglada correspondiente. La nueva oferta sobre formación
ocupacional actualizada servirá de base para el establecimiento de los
certificados de profesionalidad, que al incluirse en la ordenación del
subsistema de formación profesional ocupacional conformará, finalmente,
el repertorio de certificados de profesionalidad.
Como decía antes, el Programa Nacional de Formación Profesional establece
1994 como el período de tiempo en que este objetivo se tiene que cumplir
antes del 31 de diciembre, y en tal sentido la elaboración y aprobación
del repertorio de certificaciones profesionales ya ha iniciado sus
trabajos.
Consecuencia lógica y simultánea de los trabajos realizados para el
establecimiento del repertorio de certificaciones de profesionalidad es
la actualización y ordenación de la oferta formativa. Si como decía
anteriormente el punto de partida es el catálogo de cursos existentes de
formación profesional ocupacional, el punto de llegada es el
establecimiento de una nueva oferta formativa de cursos adecuados y
encaminados a la obtención de los certificados de profesionalidad.
Por lo que respecta a los estudios sectoriales, el trabajo fundamental
que se va a desarrollar durante 1994, concerniente a estudios
sectoriales, va a consistir en la actualización y revisión de algunos de
los 14 sectores ya publicados, así como la publicación de los 14
pendientes, ya finalizados y solamente en proceso de revisión y
actualización de algunos de estos últimos. La realización de estos
estudios es consecuencia de la Ley Orgánica de Ordenación General del
Sistema Educativo de 3 de octubre de 1990, la cual establece la necesidad
de la existencia de un instrumento de investigación que posibilite el
conocimiento de la situación del mercado de trabajo y su prospectiva, con
el fin de actualizar y adecuar la existente oferta formativa.
A tal fin, el 5 de diciembre de 1990, el Inem y el Ministerio de
Educación y Ciencia conjuntamente presentaron ante la Comisión Permanente
del Consejo General de la Formación Profesional un plan de actuación para
la realización de los estudios de necesidades de formación. El Inem
asumió esta responsabilidad y dividió la investigación en 28 sectores
productivos. El trabajo en estos 28 sectores está absolutamente terminado
y publicado en 14, y está terminado el trabajo de campo y pendiente
exclusivamente de su publicación en los 14 restantes.
Junto a lo anterior, siempre tendente a este proceso de crear el sistema
de certificaciones, el observatorio ocupacional constituye una base de
datos fundamental, estructurada a nivel local, provincial, autonómico y
nacional,
necesaria para gestionar las competencias que el Inem tiene asignadas en
materia de formación ocupacional. Los objetivos del observatorio
ocupacional se pueden concretar en conocer la situación coyuntural del
mercado de trabajo y los cambios que va experimentando anualmente;
detectar las necesidades de formación de la población activa ocupada y
desocupada desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo, y
proporcionar información sobre los requerimientos formativos y
profesionales que el análisis de los mercados territoriales está
demandando.
Por lo que respecta a su contenido, la base de datos estructurada y
explotada, la información, ofreciendo los resultados en diferentes tipos
de publicaciones en función de las aplicaciones y usuarios, recoge la
estructura del giro económico y el desarrollo empresarial, la situación y
evolución del mercado de trabajo, la oferta formativa ocupacional externa
del Inem y el seguimiento e inserción profesional de alumnos de formación
ocupacional.
En este año, 1994, se pretende mejorar aún más la estructura del
observatorio ocupacional, de la base de datos correspondiente, su
informatización, y sobre todo también del carácter necesario de difusión
del análisis de su información.
Los objetivos en cuanto a la gestión pura de la formación profesional
ocupacional en 1994 giran en torno a la mejora de la calidad de la
formación profesional ocupacional ofertada a través de una mejora de su
propia evaluación, hacer una oferta de formación más adecuada a las
necesidades formativas que demanda el mercado de trabajo, establecer un
mayor seguimiento y control de la gestión, agilizar y mejorar la gestión
y establecer una ocupación total de los centros nacionales de formación
ocupacional.
La formación profesional ocupacional se dirigirá, según lo establecido en
el Programa nacional de formación profesional, a 195.000 demandantes de
empleo --estoy hablando de 1994--, 110.000 de ellos perceptores de
prestaciones por desempleo y 85.000 no perceptores.
El capítulo cuatro, para alcanzar este objetivo de formación de 195.000
trabajadores, en 1994, y en lo que respecta a gestión directa del Inem,
alcanza los 27.665 millones de pesetas. Como saben ustedes, hay cinco
comunidades autónomas que tienen transferida la gestión en formación
profesional ocupacional y, por tanto, estas cinco comunidades autónomas
gestionarán 39.792 millones de pesetas. A esto hay que añadir el capítulo
dedicado a las actuaciones, competencia de la Administración General del
Estado, fundamentalmente la financiación del análisis del sistema y de la
concreción también del sistema de certificaciones, por lo que el gasto
imputable es de 5.080 millones de pesetas. Y hay una última partida en el
capítulo cuatro que supone 36.425 millones de pesetas, que es lo que
gestiona la Fundación de la formación continua tras el acuerdo tripartito
empresarios-sindicatos-Gobierno para dicha formación continua.
Los Presupuestos Generales del Estado, en el capítulo de formación
profesional, han tenido en 1994, para formar a estos 195.000 y atender a
la formación continua, un incremento del 32,86 por ciento con respecto a
1993, es decir, se ha pasado de 82.011 millones en 1993 a los ya dichos
108.963 de 1994.
Por lo que respecta a los instrumentos de gestión, los servicios
centrales del Inem tienen actualmente en la Subdirección General de
Gestión de la formación profesional ocupacional 257 trabajadores. El
personal destinado en direcciones provinciales adscritos a formación
profesional se eleva a 1.902, 1.406 de ellos en comunidades autónomas
donde no está transferida la gestión y 496 en las comunidades autónomas
donde sí está transferida esa gestión.
Referente a los centros colaboradores del Plan Nacional de Formación e
Inserción Profesional, estamos ahora mismo situados en un proceso de
mejora de la oferta de los centros colaboradores del Inem. Derivado del
Decreto del Plan FIP de 1992, se vive ahora mismo un proceso de
homologación de los centros que tradicionalmente venían trabajando con el
Inem para la búsqueda de una mayor calidad. Es un proceso que viene a
seleccionar la cantidad en aras de la calidad.
Como consecuencia de los requisitos de homologación, más rígidos ahora
que en el pasado, se prevé una cierta reducción de la oferta, que en
términos generales se puede estimar en torno a un 30 por ciento. Sin
embargo, esta reducción del número de centros colaboradores no tiene
ninguna incidencia en la oferta formativa, porque anualmente se viene
programando una media aproximada del 40 por ciento de la oferta que
recibe el Inem.
Se ha realizado un análisis de calidad en este proceso de homologación de
los centros colaboradores y el resultado es el siguiente. De los
existentes previos al proceso de homologación, un 9 por ciento podían
considerarse deficientes, el 77 por ciento tiene una calidad media alta
buena y el 14 por ciento muy buena.
Los criterios de homologación se han basado esencialmente en la necesidad
de garantizar unos estándares mínimos de calidad en los medios humanos,
técnicos y materiales, así como garantizar la mayor transparencia en la
gestión y seguimiento de sus actuaciones y de aplicación de las
subvenciones a los objetivos previstos.
En definitiva, se ha tratado de introducir elementos de mejora
cualitativa de las condiciones de impartición de la formación, que si
bien en un primer momento pueden suponer un esfuerzo inicial para los
centros, garantizarán a medio plazo la consolidación de una red formativa
adecuadamente homologada y desde el punto de vista de la calidad
ciertamente competitiva.
Los requisitos mínimos establecidos --no querría alargarme y cansarles,
pero diré algunos-- en el artículo 10 del Real Decreto del Plan FIP,
631/1993, son los siguientes. Los centros colaboradores deberán reunir
las condiciones higiénicas, acústicas, de habitabilidad y de seguridad
exigidas por la legislación vigente y disponer de licencia de apertura;
deberá disponer de una serie de instalaciones y deberá ofrecer unas
especialidades formativas suficientemente homologadas.
Señalaba que quizá un 30 por ciento de los centros actuales no podrán
alcanzar los requisitos exigidos, pero he
de decirles que el número de centros colaboradores actualmente en el Inem
son 3.891, con 13.906 especialidades.
Si bien no era motivo de la comparecencia la formación de los contratos
de aprendizaje, como es uno de los grandes elementos de trabajo del
Instituto en 1994, voy a referirme a ellos.
Con motivo del Real Decreto de diciembre de 1993, de fomento del empleo,
y de la Ley de Fomento del Empleo, saben ustedes que ha aparecido una
figura contractual, que es el contrato de aprendizaje, un contrato que
está funcionando francamente bien en el mercado de trabajo en la
actualidad y que nuestras previsiones dicen que funcionará aún mejor en
el futuro.
Saben ustedes que en el Decreto y en la Ley se considera que estos
contratos dedicarán un 15 por ciento de la jornada laboral a la
formación. Pues bien, el trabajo realizado en estos meses y a punto de
culminar con la propia aprobación de la Ley y de una orden ministerial
prevista para las próximas semanas, ha sido garantizar ese 15 por ciento
de formación.
Se ha producido ya un acuerdo firmado entre el Ministerio de Educación y
el de Trabajo para responder a algo que nace de las propias necesidades
del contrato, y es que el 38 por ciento de dichos contratos se han
realizado con trabajadores que no tienen la formación básica, formación
que será garantizada por el Ministerio de Educación en base a ese
acuerdo. Para el resto de los contratos, y también vía ese acuerdo
Ministerio de Educación-Ministerio de Trabajo, ambos Ministerios se
comprometen a poner a disposición de la formación teórica de los
aprendices un mapa de recursos formativos provincializado, que incluirá
tanto los centros públicos de formación como los centros privados
homologados o los que se acrediten por las administraciones educativa o
laboral, con inclusión, en cada caso, de los recursos siguientes:
escuelas taller y casa de oficios, centros de formación ocupacional,
centros colaboradores del Plan de Formación e Inserción Profesional,
centros del Ministerio de Educación y Ciencia, centros públicos de otras
administraciones, centros de organizaciones empresariales y sindicales y
centros privados acreditados.
Ambos Ministerios han acordado un sistema de funcionamiento coordinado
que permita la efectiva puesta en marcha de la formación de los
aprendices y su seguimiento y posterior justificación. El sistema de
funcionamiento acordado se basa esencialmente en las actuaciones
siguientes.
El mapa de recursos formativos provincializados será distribuido en la
red de oficinas del Instituto Nacional de Empleo para orientar e informar
a los empleadores de los recursos formativos existentes en la zona y la
forma de acceder a los mismos.
El Ministerio de Educación y Ciencia, en cumplimiento del artículo 10.5
del Real Decreto 2.317/1993, garantizará una oferta formativa dirigida a
completar la formación básica de los aprendices que no estén en posesión
del título de graduado escolar y, en su caso, dirigida a la obtención del
mismo.
Hay que destacar, como decía antes con respecto al volumen de este
colectivo, que estamos hablando del 38 por ciento de los contratos
realizados, y mes a mes ese porcentaje se mantiene, con muy ligeras
variaciones.
Una vez finalizada la formación, el centro acreditado confeccionará
listados de aprendices por períodos de formación cursados, con indicación
de horas, coste e identificación del contrato de aprendizaje registrado
en la correspondiente oficina del Instituto Nacional de Empleo, así como
certificados acreditativos de asistencia y aprovechamiento de la
formación recibida.
En las direcciones provinciales del Instituto Nacional de Empleo o del
Ministerio de Educación y Ciencia se visarán, una vez contrastados, tanto
los listados confeccionados por los centros como los certificados
expedidos por éstos.
Por lo que respecta al sistema de pago, de acuerdo con el artículo 10.4
del Real Decreto, y de acuerdo también con la Ley, las acciones de
formación previstas serán financiadas con cargo al acuerdo tripartito de
formación continua de los trabajadores ocupados.
Para dar forma a este sistema acordado entre los Ministerios de Educación
y Trabajo y Seguridad Social, hay en proyecto una orden ministerial que
está en el circuito de lectura interno del Ministerio y del Servicio
Jurídico del Estado, y espero que se publique en las próximas semanas. En
esta orden, además de especificar cuál es la oferta pública de formación
para este tipo de contratos, se dicta la reglamentación relativa a la
acreditación de los centros, necesaria para la impartición de la
formación, y se regula, asimismo, el procedimiento de expedición de
certificados de la formación recibida y de solicitud y tramitación, una
vez establecido el sistema de certificados de profesionalidad, como
comentaba antes.
Para finalizar --y creo que es importante-- voy a dar algunos datos sobre
los contratos de aprendizaje que nos permitirían analizar a quiénes y en
qué vamos a formar a partir del sistema creado; los datos se refieren al
31 de marzo de 1994 y son cifras sacadas del análisis contrato a
contrato, no son estadísticas, son reales sobre 54.904 contratos que se
realizaron entonces.
La distribución de los contratos por sexo es el siguiente: el 66,4 por
ciento son hombres y el 33,6 son mujeres. La distribución del contrato
por sectores económicos es del 0,7 en la agricultura, el 27,9 en la
industria, el 10,8 en la construcción y el 60,6 en los servicios. El peso
real de cada rasgo respecto al total de los aprendices supone que el
hombre es el 66,4; el 60,6 es el sector servicios, el 19 por ciento son
dependientes de comercio y el 69,5 no tienen experiencia laboral. En el
área geográfica, Cataluña ocupa el primer lugar con el 18 por ciento de
contratos y Andalucía el 17,8. Por ocupaciones, el primer lugar lo ocupa
el dependiente de comercio, y el segundo los empleados de servicios
administrativos, camareros, albañiles, carpinteros, tapiceros, etcétera.
A este colectivo será al que tendremos que formar aplicando el sistema
que les he comentado.
El señor VICEPRESIDENTE: Gracias, señor Director General por su
exposición.
Como decíamos, las dos comparecencias que se han tramitado de forma
acumulada habían sido solicitadas por el Grupo Parlamentario Popular.
Para intervenir en su nombre, tiene la palabra la señora Villalobos.
La señora VILLALOBOS TALERO: La verdad, señor Director General, es que
escuchándole a lo largo de su intervención me daba la sensación de estar
oyendo al anterior Ministro de Trabajo, señor Martínez Noval, al que le
deseo un pronto restablecimiento; incluso al ex Ministro de Trabajo --hoy
Presidente de la Junta de Andalucía--, señor Chaves. Porque lo cierto es
que la situación del Instituto Nacional de Empleo, la reforma del
Instituto Nacional de Empleo, la necesidad de adecuar el Instituto a su
auténtico sentido, es decir, a la formación y a la intermediación en el
mercado laboral, parecía un objetivo prioritario para el Gobierno
socialista, pero llevamos hablando de esto desde el año 1986, en la
primera comparecencia de don Manuel Chaves, cuando explicaba a qué iba a
dedicar durante esos cuatro años el trabajo de su propio Ministerio. Esto
es desilusionante, señor Elordi.
Yo comprendo que usted es un hombre que tiene grandes conocimientos en el
mundo de la comunicación, es un gran periodista --eso no lo dudo--, pero
me da la sensación de que de lo que se trae usted entre manos no sabe
demasiado. Le ha debido costar bastante trabajo, cuanto menos, entender
los términos en los que se está expresando en este momento. Yo creo que
el Inem hubiera necesitado una auténtica prioridad por parte del Gobierno
y no ha sido así.
Usted dice que la formación profesional para ustedes es un punto
estratégico en la política laboral; me hubiera gustado que lo fuese.
Usted dice que el Inem tiene una obligación en la intermediación del
mercado laboral; me hubiera gustado que fuera cierto. Pero es bastante
desilusionante, y desde mi punto de vista no es comprensible, que los
Presupuestos Generales del Estado contemplen la transferencia al INSS de
las prestaciones por desempleo, que una debe entender, en principio, que
si es una propuesta del Gobierno que viene en los Presupuestos Generales
del Estado debería responder a un análisis previo de la necesidad y de la
posibilidad de llevar a cabo esta transferencia; es bastante
decepcionante, decía, que apareciendo en los Presupuestos Generales que
se va a realizar esa transferencia, después se realicen unos análisis
para llegar a la conclusión --que desprendo de sus palabras-- de la
imposibilidad de hacer dicha transferencia. ¿Esa es la previsión del
Ministerio de Trabajo? ¿Así hacen ustedes trabajar a los funcionarios que
tiene el Ministerio? ¿Qué ocurre, que siguen ustedes poniendo el carro
antes que los bueyes?
Ustedes toman decisiones para vender a la opinión pública, para que
parezca frente a la opinión pública (en esa magnífica operación de
maquillaje que realizan en el Ministerio desde hace muchos años) y dé la
sensación a la sociedad de que ustedes están haciendo lo que hay que
hacer, que están realmente preocupados por los problemas, que saben
cuáles son esas soluciones y que las van poniendo por su orden, en cada
momento, en los diferentes proyectos de ley, presupuestos, reforma
laboral, etcétera; es decir, que ustedes están por el buen camino.
Pues bien, señor Elordi, lo que se desprende de sus palabras es todo lo
contrario. Y es decepcionante oírle decir a usted aquí que después de
múltiples estudios han llegado a la conclusión de algo que venimos
denunciando en esta Cámara hace muchos años, como por ejemplo que los
sistemas informáticos del Inem sean incompatibles con los sistemas
informáticos de la Seguridad Social en el mismo Ministerio. Y usted y yo
sabemos los miles de millones de pesetas que se han invertido en el
sistema informático del Ministerio de Trabajo, y cada vez que hemos
preguntado aquí a los ministros correspondientes por qué no eran
compatibles estos sistemas, desde el Secretario General de la Seguridad
Social, pasando por el señor Martínez, el señor Chaves y el señor Griñán,
qué estaba ocurriendo con ese sistema informático nadie ha respondido
porque la cuestión es muy simple: para evitar los fraudes de los que
ustedes hablan tanto en las prestaciones por desempleo en este momento,
hay que conseguir el cruce de los sistemas informáticos del propio
Ministerio. Y ahora usted reconoce en sus informes que son incompatibles.
¿No le parece algo totalmente increíble en estos momentos que a la hora
de planificar los sistemas informáticos del Ministerio de Trabajo lo
hagan ustedes incompatible? ¿Qué ha ocurrido ahí, señor Elordi? Me
imagino que tampoco sabrá de esto demasiado (rumores), pero sería lógico
pensar que era necesario que fuesen compatibles. Desde luego, creo que si
el objetivo final del Inem es dedicarse a las políticas activas del
mercado laboral, ustedes lo están haciendo imposible, y no hay más que
analizar para verlo.
Se ha referido usted a determinados informes realizados por su
Ministerio, pero es que ustedes han elaborado informes a mitad del año
1992 sobre las líneas de actuación, sobre la gestión del Instituto
Nacional de Empleo, que desde mi punto de vista debía haber sido un
documento básico para la reforma del Inem. Y en este documento reconocen
la propia incapacidad para conseguir que en las oficinas de empleo, en
los centros de formación propios, en los centros concertados, etcétera,
puedan, salvo en algunas direcciones provinciales, existir nexos que les
unan para hacer eficaz esa gestión.
Ustedes dicen que a la mayoría de los funcionarios del Inem los centran
en tareas burocráticas de registro de movimiento laboral y en la mera
tramitación de los derechos o prestaciones del subsidio de desempleo;
reconocen que el Instituto carece de un área eficaz de organización que
apoye la dirección general y la comunicación de sus estrategias básicas;
reconocen en sus propios documentos la imposibilidad de poner en marcha
un programa de formación profesional adecuado; reconocen en esta
documentación la imposibilidad de la descentralización de la gestión del
Inem debido a la ineficacia de la gestión de sus propios funcionarios, y
dicen que dos terceras partes se dedican, única y exclusivamente, a
tareas burocráticas de calificación, ni siquiera de clasificación.
Desde mi punto de vista parecería lógico que con este documento elaborado
por ustedes mismos hubieran sido capaces de resolver los problemas que
usted, de nuevo, viene a plantearnos aquí, que son exactamente los mismos
de los que llevamos hablando en esta Comisión desde hace
tres años. Y usted, como primicia, nos trae aquí ahora algo sobre lo que
más tarde entraremos a hablar, que es la formación profesional que
reciben nuestros trabajadores en contratos de aprendizaje.
Creo que el Inem ha demostrado su ineficacia en la intermediación del
mercado laboral, ya que el siete por ciento de las colocaciones que se
producen en dicho mercado se resuelven a través de sus oficinas. Parece,
repito, un fracaso bastante claro, y además son cifras que se han
mantenido a lo largo de todo este tiempo, no han variado. Y ustedes dicen
ahora que eso lo van a resolver con las oficinas de colocación sin fines
de lucro, y han hecho ya la orden que regula estas oficinas. ¿Cuáles van
a ser estas oficinas? ¿Qué control van a tener? ¿O definitivamente
ustedes abandonan la intermediación en el mercado laboral para colocarlos
en las oficinas sin ánimo de lucro? Repito, ¿quién va a dirigir estas
oficinas? ¿Cómo se van a organizar? ¿Abandonan ya una de las funciones
primordiales que debe tener el Instituto Nacional de Empleo?
Creo que están haciendo un flaco favor a nuestro mercado laboral, señor
Elordi (rumores) y pienso que el Ministerio de Trabajo debería tener esa
voluntad a la que usted ha hecho referencia en varios momentos de cumplir
no solamente los plazos que se han dado ustedes mismos, sino los plazos
que se han dado en las Comunidades Europeas.
Necesitamos tener el catálogo de cualificaciones profesionales antes de
finalizar el año 1994 y usted y yo sabemos que no va a estar. Dice que se
están preparando y realizando estudios, pero realmente lo que están
haciendo es perder el tiempo, señor Elordi, y está utilizando la
formación profesional ocupacional para lo que no debe ser. Usted sabe
igual que yo que los fondos sociales europeos, que han pasado de 20.000
millones a 150.000 millones, están dedicados a la formación de nuestros
parados. Y ya es preocupante la falta de cualificación de nuestros
trabajadores ocupados, pero usted y yo sabemos lo importante que es la
cualificación profesional de nuestros trabajadores parados; por eso es
decepcionante ver los datos de los parados del año 1993, según el propio
Ministerio; puesto que solamente el 0,03 por ciento reciben formación
profesional ocupacional. Y usted se siente profundamente orgulloso de lo
que hace su Ministerio y de lo que hace su organismo.
Además, la formación ocupacional en España se utiliza para los
trabajadores parados de mayores niveles de cualificación. Son ustedes los
que están dualizando nuestro mercado de trabajo, los que están
insistiendo en la exclusión de nuestro mercado laboral de colectivos de
trabajadores parados que no tienen una cualificación adecuada, y están
dedicando ese dinero a los trabajadores de un nivel de cualificación más
alta. No hay más que ver los datos de su propio Instituto para saber que
solamente se dedica a los de un nivel más bajo de estudio el 14 por
ciento de la formación profesional ocupacional, dándole un nivel de
instrucción mayor a los trabajadores parados que tienen estudios
universitarios, que provienen del BUP, o que tienen la EGB competa,
cuando en nuestra población total el 56 por ciento de nuestros
trabajadores son analfabetos o no tienen finalizados sus estudios
primarios. Luego el objetivo prioritario que debe tener la formación
profesional ocupacional no le están cumpliendo ni ahora, ni hace tres
años, ni hace cinco.
Ustedes están creando bolsas de paro con dificultades para introducirse
en el mercado laboral, y desde mi punto de vista están tirando el dinero
de todos los españoles. Y no me venga usted aquí en plan triunfalista a
decir que la formación profesional ocupacional se está dedicando a lo que
se tiene que dedicar, porque usted y yo sabemos que eso no es cierto.
Me dice que los contratos de aprendizaje van a completar una formación
profesional. ¿Pero de qué estamos hablando, señor Elordi? Ustedes están
vendiéndole a los ciudadanos españoles que las modalidades de
contratación introducidas en la reforma laboral son las panaceas de todos
los bienes; se están dedicando a maquillar los datos de la población
ocupada española y de nuestros parados para intentar vender, en un
momento de elecciones, que la situación de la población ocupada y la
situación de nuestros trabajadores es inmejorable. Mienten ustedes
descaradamente. Y tengo el convencimiento, señor Elordi, de que miente
usted sabiendo perfectamente lo que está haciendo. (El señor Arnau
Navarro: ¿Quién dice eso?) Ustedes niegan datos sistemáticamente a los
grupos parlamentarios de esta Cámara; desde el mes de enero ustedes están
ocultando datos sobre la situación de nuestro mercado laboral. (El señor
Arnau Navarro: El problema suyo es la ignorancia.)
Dice que el contrato de aprendizaje está funcionando bien, que está
resolviendo el problema de nuestros jóvenes, y usted y yo sabemos que eso
es mentira. Porque sabe que el contrato de aprendizaje ha sustituido al
contrato antiguo de formación, y sabe que hasta abril de 1992 los
contratos para la formación eran contratos subvencionados, exactamente
igual que el contrato de aprendizaje es un contrato barato y
subvencionado. En este momento, los contratos de aprendizaje no están ni
siquiera en los niveles de los contratos de formación que se realizaban
en España hasta que se les quita las subvenciones en el decreto de 1992.
En aquel momento se realizaban más contratos en formación de los que hoy
se realizan en aprendizaje. Por tanto, no lo vendan como una maravilla.
Ustedes han creado un contrato barato que no está, ni siquiera,
cumpliendo los mismos números que tenían los contratos en formación antes
del decreto de abril de 1992. Esta es la realidad, ahí están los datos, y
usted y yo lo sabemos perfectamente.
Usted dice que van a empezar ahora. Han firmado ustedes un acuerdo con el
Ministerio de Educación sobre la formación teórica en los contratos de
aprendizaje, pero llevan seis meses aplicándose esos contratos; seis
meses. ¿No le parece más lógico, igual que hablábamos antes de las
transferencias al INSS de las prestaciones por desempleo, que lo hubieran
hecho ustedes antes? ¿O es que ustedes han sacado un contrato de
aprendizaje, que no tiene nada que ver con el auténtico contrato de
aprendizaje, porque había que decir y vender algo a los ciudadanos
españoles? Usted y yo sabemos que este contrato va a ser una frustración
terrible para nuestros jóvenes. Usted sabe, igual que yo, que esos 58.000
contratos que se han firmado hasta ahora no tienen formación teórica, no
responden a ningún
catálogo de cualificaciones profesionales. No han medido ustedes, para
nada, ni han analizado la realidad de la capacidad formativa de las
empresas que están realizando estos contratos. ¿Responden a alguna
certificación o cualificación del catálogo nacional de cualificaciones
profesionales, que por cierto todavía no está hecho, estos contratos que
ya se han realizado y los que se van a realizar? ¿De qué forma el
Instituto Nacional de Empleo va a controlar la formación en esas
empresas? ¿Poniendo a disposición de los empresarios los centros que ya
existen? Pero si ya los tienen, señor Elordi. ¿Qué intenta decir hoy aquí
a los medios de comunicación? ¿Qué intenta usted vender? ¿Qué va usted a
hacer con esos contratos que se han realizado? ¿Va usted a acumular la
formación teórica al final de los tres años? ¿Cómo va a ser eso? ¿No le
parece más lógico que antes de aprobar ese contrato hubieran analizado la
realidad? ¿No hubiera sido mucho más lógico vincular a los empresarios, a
las organizaciones empresariales, a las organizaciones sindicales y a las
comunidades autónomas en este proyecto de cualificación, formación y
especialización de nuestros trabajadores?
Al principio usted ha dicho que la culpa de no haber hecho las
transferencias al INSS la tenía la falta de acuerdo con las centrales
sindicales y la patronal. Eso suena a antiguo en su Ministerio. Usted y
yo sabemos que era una locura y que no tiene absolutamente nada que ver
con estas transferencias. Ustedes han perdido una oportunidad más, de las
muchas que han perdido, para convertir al Inem en lo que realmente debe
ser. Y lo que más me duele, señor Elordi, es que cuando uno lee los
documentos internos del Ministerio tiene que decir que está de acuerdo
con esos informes, que está de acuerdo con ese objetivo de dedicar a los
funcionarios, a los grandes especialistas que tienen ustedes en el Inem a
lo que realmente debe ser: a la calificación y a la clasificación de
nuestros parados, al control y a la gestión de la formación profesional,
y que esos cientos de miles de millones que estamos dedicando a la
formación ocupacional tengan un sentido real. Y no me venga usted a
vender que a partir de ahora esos cursos de formación sí van a servir
para las certificaciones. ¿A partir de ahora? ¿A partir de año 1995,
señor Elordi? ¿Qué pasa con los más de 600.000 millones que hemos
dedicado a la formación profesional ocupacional? ¿Los tiramos a la basura
y los dejamos allí? Y a partir de ahora todo va a funcionar bien.
Sinceramente, dudo muchísimo de esa capacidad y siento mucho que venga
usted con tanto autobombo diciendo lo bien que está funcionando el Inem,
pero usted no ha dado ni fechas ni datos sobre cómo se van a adecuar los
cursos ocupacionales al catálogo de cualificaciones y al programa
nacional de la formación profesional, que es un buen documento. ¿Pero qué
ocurre? ¿Es que ya ni siquiera creen ustedes en sus propios objetivos y
son incapaces de llevarlos a cabo? ¿Cuándo se va a cumplir el objetivo
marcado por el plan FIP de que los parados de larga duración, con más
bajos niveles formativos, sean los que más se beneficien de estas
acciones formativas? ¿Qué porcentaje del plan FIP van a dedicar a
beneficiar a estos parados de larga duración? ¿Qué porcentaje de
presupuesto asignado en 1993 al plan de formación e inserción profesional
ha sido ejecutado y quiénes han sido sus beneficiarios? Al Plan de
formación continua dedican este año 38.000 millones de pesetas. De ahí
van a salir los fondos para la formación teórica de los contratos de
aprendizaje. Me gustaría saber con qué criterios se ha aplicado hasta
ahora el dinero del Plan de formación continua, quiénes han sido los
beneficiarios de estos fondos y qué tipo de control está llevando el
Ministerio sobre los fondos asignados a la formación continua.
A mí me da la sensación, señor Elordi, de que ustedes están utilizando
los fondos de la formación profesional para cuestiones que no tienen nada
que ver con el objetivo real de la formación, que ustedes no están
controlando, para nada, si este dinero se está aplicando realmente a la
formación profesional. No están ustedes controlando si las
certificaciones que se dan son las adecuadas y no saben ustedes (sólo
tengo que mirar la cantidad de respuestas que tengo a preguntas
realizadas por esta Diputada al Ministerio) qué tipo de control tienen
sobre los trabajadores parados que reciben esta formación y su posible
inserción en el mercado laboral. Ustedes responden que no tienen
capacidad para decirlo.
El señor VICEPRESIDENTE: Señoría, le ruego que vaya terminando.
La señora VILLALOBOS TALERO: Termino, señor Presidente.
Resulta triste, cuando uno examina los resultados del observatorio
ocupacional, ver cómo las ocupaciones sin cobertura, con más del 25 por
ciento, son las de dependientes, manipuladores de alimentos, camareros,
cocineros, agentes comerciales, conductores de camiones; en menos del 25
por ciento vendedores de comercio; entre el 15 y el 20 por ciento
ayudantes de cocina, peones, vigilantes jurados, y en el sector
industrial mecánicos y carpinteros. Este es el éxito real del Inem; ésta
es la auténtica realidad del instituto que usted dirige, señor Elordi.
Decir, como ha dicho su Ministro en los medios de comunicación, la gran
satisfacción que le produce la situación actual del Inem, la gran
satisfacción que le produce la aplicación de los contratos de
aprendizaje, no origina más que tristeza. Y desde luego, señor Elordi, me
da la sensación de que ustedes cada vez engañan a menos gente, por mucho
que pongan al frente del Inem a un especialista en medios de
comunicación. El Inem necesita auténticos expertos, auténticas personas
que sepan y quieran saber qué hacer con nuestra formación profesional,
qué hacer con nuestra intermediación en el mercado laboral, y cómo
transferir esas responsabilidades al INSS, que yo creo que son
perfectamente asumibles. La única dificultad, señor Elordi, es que usted
es Director General del Inem; ésa es la auténtica dificultad, no los
funcionarios del INSS o del Inem que tienen capacidad suficiente para
llevar a cabo estas transferencias. Siento muchísimo que usted se sienta
tan satisfecho, porque me da la sensación de que los resultados no
responden a esa satisfacción.
El señor VICEPRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.) Por el
Grupo Parlamentario de Convergència y Unió el señor Hinojosa tiene la
palabra.
El señor HINOJOSA I LUCENA: Señor Elordi, gracias por su comparecencia y
por su información.
En una intervención muy breve querría que aclarara un par de cuestiones.
La primera es, ya que no me ha quedado muy claro, si el Inem reclama para
sí continuar el servicio de las prestaciones a los desempleados. Es
verdad que hay un acuerdo y una ley que mandataba que esta gestión se
traspasase al INSS. Usted nos ha explicado todas las dificultades
técnicas que ha habido para llegar a cumplimentar esta disposición, pero,
al final, haciendo una referencia a la reforma laboral y en lo que afecta
al Inem, no me quedó claro si su propuesta es que continúe haciendo este
servicio el Inem, lo que a mí no me parece ni mal ni bien. Simplemente,
si no se puede cumplir una disposición, habrá que modificarla y no dar
largas al tema, porque podría crear más problemas del que descubrimos el
día que acordamos traspasar esta función a otra institución. Desearía que
me aclarara esto. Conste que no hay ninguna predisposición. Si el Inem
quiere continuar haciendo esta gestión, que la haga. Lo importante es que
se haga y que se haga bien. Si antes no podía y ahora puede, perfecto.
La siguiente cuestión se refiere al repertorio de calificaciones
profesionales, que es un tema en el que vamos atrasados. Usted ha puesto
una fecha que yo espero que no se dilate, y de esa manera no daría usted
la razón a quien duda de su capacidad personal y profesional y de la de
su instituto. Espero que no se dilate, repito.
Otra cuestión --en la que coincido con usted-- es la valoración que ha
hecho de los contratos de aprendizaje. Mi Grupo está satisfecho, muy
satisfecho de cómo va la marcha del contrato de aprendizaje. Mi Grupo no
ignora que hay debilidades en la aplicación del contrato, debilidades que
por otro lado se producen en cualquier normativa en la que se inicia una
andadura, y una andadura tan complicada como ésta. Cuando digo que mi
Grupo y yo personalmente, como su portavoz en este tema, estoy
satisfecho, lo digo porque desde que funciona la posibilidad de la
contratación de los aprendices hemos recibido muchas críticas públicas en
los periódicos, hemos recibido críticas de las fuerzas sindicales, pero
también hemos recibido de una manera más discreta, menos publicitaria,
más humilde en su forma pero que cala más hondo desde el punto de vista
humano, hemos recibido, repito, el sentir de algunos padres que nos han
dicho que era muy importante instrumentar una norma que permitiese que
sus hijos tuviesen algo más en su horizonte que dormir hasta la una del
mediodía, aburrirse durante la tarde, esperar a poder ir a la «boite»
durante la noche, para seguir durmiendo al día siguiente hasta la una.
Eso también tiene una cierta importancia. En este momento en que estamos
por las grandes frases y los grandes anuncios publicitarios y todo lo
confundimos con campaña electoral, a mí, humanamente, me satisface que
una organización de padres me diga que hemos hecho un buen trabajo;
trabajo que, además, no es ninguna sorpresa. Nosotros hace muchos años
que pretendíamos introducirlo en la normativa. Así lo hemos dicho por
escrito y figura en nuestro programa electoral con el que ganamos las
elecciones en Cataluña, y las elecciones estatales no las ganamos pero
casi; llevábamos este programa y fue perfectamente debatido en su
momento.
Digo que estoy satisfecho y querría que le diéramos una oportunidad a la
norma. La norma ha empezado a andar. Ni ustedes deben precipitarse en dar
datos atropelladamente para demostrar que la norma funciona, ni los demás
debemos criticar excesivamente rápido un tema que empieza a andar.
Serenémonos y démonos una oportunidad para que esto funcione. Las
organizaciones empresariales, evidentemente, están satisfechas también de
poder hacer este tipo de contratación por razones que luego criticará el
señor Peralta, pero, por las razones que sea, la cuestión es que hay
jóvenes que hoy están en contacto con el mundo laboral que no lo estarían
si no hubiera sido por este tipo de contratación.
Entre paréntesis quiero referirme a una cuestión. Usted ha hablado de una
serie de informaciones que su instituto está produciendo, entre ellas el
observatorio ocupacional que me parece un instrumento bueno para valorar
el clima como termómetro de la situación laboral del país. Recuerdo que
antes recibíamos los portavoces documentación, pero hace ya mucho tiempo
que no recibimos ninguna información de su departamento, al menos mi
Grupo. Se lo digo entre paréntesis en mi intervención.
Señor Presidente, tan sólo quiero animar a que se cumplan las previsiones
en cuanto a formación profesional, en cuanto al repertorio y en cuanto a
la observancia de que los contratos de aprendizaje se hagan para lo que
la norma indica, y no para otras cosas. En ello estaremos todos
vigilantes porque todos somos responsables del buen cumplimiento de la
norma, pero ustedes especialmente puesto que son los que la tienen que
aplicar.
El señor VICEPRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Señor Presidente, permítame que comience
agradeciendo la intervención del señor Hinojosa no sólo porque me ha
citado en su intervención, lo cual creo que es motivo suficiente, sino
porque ha introducido una cierta racionalidad en el desarrollo de esta
sesión. Hemos asistido, señor Presidente, a una intervención de la
representante del Grupo Popular que nos ha parecido propia quizá de los
tiempos preelectorales que vivimos, pero seguramente no adecuada al lugar
en que nos encontramos.
Quiero dejar claro que en el Parlamento (es verdad que en el Parlamento
español quizá falte todavía tradición, desde luego es como se practica en
el Parlamento Europeo, donde dentro de poco la portavoz del Grupo Popular
tendrá ocasión, sin lugar a dudas, de comprobar estos hábitos) se juzgan
políticas, no se juzgan personas concretas. No se juzga la sabiduría
personal de una persona o su ignorancia; se juzgan políticas y se pide
que comparezcan altos cargos del Gobierno para explicar la política que
lleva a cabo su
Gobierno. Lo que ocurre es que cuando no hay política distinta la única
manera de justificar mucho verbo es ese tipo de argumentos; es lo que
tradicionalmente se llamaba demagogia. Porque soltar una diatriba
tremenda contra la reforma laboral como la que hemos oído, y la semana
pasada apoyar con los votos esa reforma laboral, es seguramente
incoherencia, porque en el Parlamento no sólo se habla, se vota, y es muy
importante que los parlamentarios voten y que haya una cierta coherencia
entre lo que se habla y lo que se vota.
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Peralta, le ruego tan sólo que facilite la
tarea a esta presidencia. Como sabe, estamos no en un debate entre grupos
parlamentarios sino en una comparecencia del Gobierno. Le ruego que no dé
lugar a que después yo tenga que llamar al orden a la señora Villalobos
porque lógicamente le quiera contestar a usted. (La señora Villalobos
Talero: Por supuesto.) Cíñase a la comparecencia del Director General del
Inem, por favor.
El señor PERALTA ORTEGA: Señor Presidente, intentaré, una vez establecido
un marco determinado, sujetarme lo más posible a ese marco que se ha
creado no sólo con la comparecencia sino con las intervenciones que se
han producido. En todo caso, apelo a su benevolencia, señor Presidente.
Insisto en que son importantes los votos que se producen, que no se debe
criticar determinadas medidas de reforma laboral y no hablar con claridad
(a tenor de lo que dicen hoy los medios de comunicación, por ejemplo, en
relación con una empresa de Andalucía, donde dentro de poco hay
elecciones) de Gillette, que no ha cerrado porque todavía hay en este
país autorización de la administración laboral. Si se hubiera suprimido
la autorización en los expedientes de regulación de empleo --y es bien
conocido por todos que no es la posición de este Grupo, pero es la
posición de algunos grupos que han criticado esa reforma laboral porque
no suprimía la autorización previa--, Gillette legalmente estaría fuera
de España en estos momentos, a pesar de que tiene beneficios, a pesar de
que se le ofrece una importante ayuda económica para continuar y a pesar
de que plantea un problema social importante.
Decir que hace falta más dinero para el señor Elordi, no para él,
personalmente, para el Inem, para el Ministerio de Trabajo, ¿es
compatible con plantear recortes de gastos sociales reiterada y
sistemáticamente? Yo creo que se puede llegar al colmo de la
contradicción cuando se dice que el Inem necesita expertos y se pide la
comparecencia hoy para decir por qué no se ha transferido parte de las
competencias del Inem, porque de eso se trataba, de pedir que el Inem
transfiera las prestaciones al INSS. O acusar de que se liquida el Inem
cuando se ha estado defendiendo a las empresas de trabajo temporal y las
agencias de colocación, incluso las agencias de colocación con ánimo de
lucro, criticando que ésas siguen prohibidas en el proyecto del Gobierno.
Por tanto, yo creo que es necesario que utilicemos la razón en el
Parlamento y ajustemos las palabras, las afirmaciones, con lo que
votamos, que, insisto, es importante porque a través de los votos se
toman decisiones en este Parlamento tan importantes como los
presupuestos, con los que se dota de medios al Inem o la reforma laboral
que posteriormente tiene que gestionar el señor Elordi. Ahora bien, no me
cabe duda, señor Director General del Inem, que desgraciadamente, con
determinadas políticas, se da lugar a estos hechos concretos y a que hoy
observemos cómo determinados partidos de la derecha están eufóricos y
crecidos y digan cosas que realmente chocan con la razón. Pero es que se
han hecho cosas que dan pie a eso.
Señor Elordi, la explicación que me ha dado me parece muy bien en el
papel. Ojalá fuera realidad. Desgraciadamente, la realidad de este país
no va en esa dirección que usted dice. Ayer sin ir más lejos se conocía
la EPA. Y la EPA da datos que tienen un alto grado de fiabilidad y que
ponen de manifiesto cuál es la situación económica de este país, no al
día de hoy, porque tienen fecha de 30 de marzo, pero bastante cercana. En
el primer trimestre de este año creció el paro. Es verdad que creció
menos que en el año anterior, lo cual es positivo, pero lo preocupante y
lo importante es que en un país que tiene los niveles de paro que tiene
éste sigue creciendo el paro, hasta tal punto que estamos prácticamente
en los 3.800.000 parados, casi el 25 por ciento de nuestra población
activa. Esa es la realidad. Insisto en que no se destruye empleo como el
año anterior. Tengo ante mis ojos un informe del Ministerio de Economía
que dice que en el año pasado se destruyó empleo en este país como no se
conocía en los treinta años en que ha funcionado la EPA. Sin precedentes
fue la notable caída de empleo en 1993 desde que la EPA empezó a
realizarse hace treinta años. Este año 1994 no tenemos ese ritmo de
destrucción de empleo, pero todavía seguimos en esa situación, y hay que
reconocer esa realidad. Hay que saber ajustar a la realidad los mensajes
que se transmiten, porque es malo que no se produzcan coincidencias en
las afirmaciones con los votos, pero también es malo que se vendan
mensajes que la sociedad no entiende porque no coinciden con lo que la
sociedad dice. Ese dato que está dando usted, que se transmite de las
afirmaciones gubernamentales acerca de que las cosas van bien, es un
ejercicio de optimismo plausible pero irreal y que no contribuye a que
todos los agentes se sitúen en el terreno de la realidad. Por tanto,
bueno sería que ajustáramos a la realidad lo que decimos y los mensajes
que transmitimos y, sobre todo, adoptáramos medidas coherentes con esa
realidad. Yo creo que, desde ese punto de vista, hoy comparece usted en
relación con dos temas en los que difícilmente se puede decir que eso se
produzca.
La transferencia de las prestaciones de desempleo al INSS no responde,
señor Elordi, como ha pretendido usted decir, a que se produjo en el
contexto de una oferta a los sindicatos de que participaran en el Inem y
que todos conocemos la respuesta de los sindicatos. No. Esa oferta a la
que hace referencia la hizo el señor Solchaga de repente hablando un día
de los presupuestos; dijo eso en el Pleno del Congreso sin que antes se
hubiera planteado en ningún momento ni tampoco después, en unos
presupuestos en los que ya se preveía esa transferencia. Hoy reconoce
usted que cuando se ha estudiado mínimamente el tema hay
problemas técnicos importantes, que parecería lógico que se hubieran
tenido en cuenta antes de convertirlo en norma. Parecería lógico, pero
resulta que hoy ha reconocido usted que hay un planteamiento político
distinto del que había en aquellos momentos. En definitiva, señor Elordi,
una incoherencia tras otra, porque no sólo se adoptan medidas
legislativas cuya ejecución práctica no se tiene valorada ni prevista,
sino que además, en un plazo corto de tiempo, se cambia el planteamiento
político. Hoy sigue siendo norma vigente la de la transferencia de las
prestaciones de desempleo al INSS. Le podemos citar aquí todos los días
para que explique algo que es inexplicable, porque usted al final no ha
dicho qué va a hacer con ese tema, pero es norma vigente hoy en nuestro
país. Comparece usted hoy y mañana puede haber una pregunta en Pleno para
que la conteste usted, el señor Serra o quien sea, porque estamos en este
mundo de la incoherencia. Esta es la realidad.
La situación del Inem en estos momentos no es satisfactoria, de ninguna
manera. Esa es la posición de nuestro Grupo, la cual es coherente con
denunciar una determinada política económica que está recortando
competencias al Inem metiendo agencias privadas de colocación, empresas
de trabajo temporal (que eso otros grupos no lo critican), recortando
gastos sociales al Inem (que eso otros grupos no lo critican) y, desde
luego, diciéndole, como le tengo que decir, que en el tema del contrato
de aprendizaje sería bueno, señor Elordi, que recordara que está vigente
desde el 8 de diciembre. Ese acuerdo al que usted ha hecho referencia
entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Educación es bastante
posterior. Ustedes introdujeron un contrato de aprendizaje que
teóricamente tiene como objetivo la formación, sin tener previsto
garantizar esa formación. Conscientes de ello, en la reforma laboral se
ha previsto que, cuando no se proporcione formación al trabajador, la
sanción al empresario será pagar la diferencia hasta el salario mínimo.
Esa es la realidad.
Señor Elordi, que me diga usted, como ha reconocido, que buena parte de
los contratos de aprendizaje se están haciendo para dependientes de
comercio, camareros, etcétera, pone de manifiesto que realmente en este
país ese contrato no está sirviendo para modernizar nuestra industria y
no está sirviendo para crear una mano de obra adecuada a las necesidades
de un país que quiere ser competitivo. Como toda nuestra competencia en
el futuro se centre en dependientes de comercio, que es un sector que
pierde empleo--y ha habido que adoptar medidas de protección del pequeño
comercio, porque pierde empleo por la competencia tremenda de las grandes
superficies comerciales--, o camareros, difícilmente es previsible que
este país tenga ese futuro que yo estoy convencido de que todos los
grupos deseamos, pero especialmente desde la izquierda, donde se nota de
una manera especialmente grave la crisis que se está padeciendo.
Por tanto, señor Elordi, terminaré diciéndole que ésa es una perspectiva
en la que me gustaría que el grupo mayoritario de esta Cámara trabajara.
El señor Hinojosa, portavoz de Convergència i Unió, se felicitaba de que
los derroteros de este país vayan en esa dirección. Yo tengo que decirle,
señor Elordi, que el futuro que desde la izquierda deseamos para nuestro
país es bastante mejor que éste. Pero en definitiva, ustedes tienen que
pensarse con quién hacen el camino y a dónde les lleva ese camino.
El señor VICEPRESIDENTE: La benevolencia de esta Presidencia, a la que
apelaba el señor Peralta, está claro que es muy amplia, pero en todo caso
viene limitada por el Reglamento. Yo les recuerdo, señorías, que el
Reglamento no prevé una comparecencia de estas características para un
debate entre grupos parlamentarios y que el señor Director General del
Inem tendrá después oportunidad de contestar.
Tiene la palabra, en nombre del Grupo Socialista, la
Diputada señora Romero.
La señora ROMERO LOPEZ: Lamentamos todos que esta comparecencia, que el
Grupo Socialista agradece, se haya visto teñida del clima electoral que
hoy inaugura la Cámara con la intervención de la representante del
Partido Popular. Siempre hemos lamentado el tono electoral que la
representante del Partido Popular suele poner en sus intervenciones, pero
desgraciadamente hoy parece que la actividad en esta Cámara ha llegado a
un extremo francamente insoportable, yo diría que se ha llegado a
prostituir la intervención de un diputado únicamente con motivos
electorales. Francamente, me parece muy grave no entrar a fondo en los
problemas y utilizar esta Cámara como si fuera una plataforma para un
mitin electoral. Siempre se suele compensar con agresividad la carencia
de alternativas, la carencia de un marco para nuestra formación
profesional y para todo lo que rodea al Inem. Hoy, más que nunca, se ha
visto esa carencia y esa agresividad. Así que perdóneme, señor
Presidente, si nos vemos obligados todos los grupos a hacer este
comentario. Me ha precedido el representante de Izquierda Unida, en una
respuesta que me parece muy acertada, justamente con este mismo
comentario. Lamentamos todos los grupos que esta intervención haya tenido
que ser de esta naturaleza.
Pasando a la explicación de los temas que nos traen hoy aquí, quisiera
hacer algunas puntualizaciones. Mi Grupo considera que, después de todo
el problema que se suscitó acerca de la transferencia de las prestaciones
del desempleo al INSS, como consecuencia de una acusada petición por
parte de los grupos de la mejora de la gestión del Inem, ha surgido una
serie de dificultades, no vistas previamente, que se han analizado hoy en
la Cámara. Creemos que algunas de ellas pueden tener justificación.
Concretamente haré referencia a una de las que ha sido mencionada aquí
por la representante del Partido Popular. Cuando habla de los sistemas
informáticos, probablemente no tiene información de que los sistemas
informáticos del Inem proceden de un Gobierno de derechas, que fue el que
no estudió la compatibilidad de esos sistemas entre las distintas
administraciones. Es probable que sea la gestión de un Gobierno de
derechas la que lleve justamente a establecer sistemas informáticos
incompatibles en las administraciones. Lo único que hace el Inem es
arrastrar una mala gestión de un sistema informático que se previó
incompatible en todos los ministerios, no solamente en el Inem.
Después de esa pequeña apreciación, me gustaría decir que el Grupo
Socialista comparte la visión que tiene el Director General del Inem
acerca de que, en el nuevo marco de la reforma laboral, es menos urgente
el tema de las transferencias de las prestaciones por desempleo, no
siendo un problema a obviar. Es decir, el Grupo Socialista seguirá
insistiendo en que hay que mejorar las prestaciones por desempleo, pero
comprende que en el nuevo marco de reforma laboral, donde se liga la
prestación por desempleo a la formación, como es algo anteriormente
demandado por todos los grupos políticos ligar la formación a la
prestación por desempleo e ir hacia políticas activas, repito que como es
algo reclamado por todos los grupos seguiré insistiendo en este tema
porque nos parece prioritario, a pesar de que estaremos abiertos a entrar
en una discusión de este tipo. Como probablemente este tema volverá a
esta Comisión y los seguiremos viendo, lo dejo para otras comparecencias.
Respecto al problema suscitado acerca de la formación profesional,
quisiera decir que hace muy poco tiempo hemos tenido la comparecencia del
Ministro de Educación en la Comisión de Educación para hablar de la
anticipación de la reforma de la formación profesional en la Logse.
Existe el compromiso de conclusión del catálogo de títulos nuevos y un
presupuesto de 93.000 millones de pesetas para la anticipación de este
catálogo. Por cierto, señora representante del Grupo Popular, el catálogo
hace referencia a las titulaciones nuevas de formación profesional
reglada, no al repertorio. Es una pequeña matización, si me permite;
siempre existe esa confusión entre repertorio y catálogo. El catálogo
hace referencia a las titulaciones de formación profesional reglada y el
repertorio a las certificaciones del Inem.
Como digo, se destinan 93.000 millones de los fondos de cohesión
negociados en Edimburgo, muy importante que se recuerde por todos los
Diputados de esta Cámara. Creo francamente que esa intervención del
Ministro de Educación ha sido muy importante como compensatoria, como
correlato de esta intervención, porque es justamente esta intervención la
que complementa la formación profesional reglada con esta inversión en la
formación ocupacional. Como dice el Director General del Inem, hay un
aumento de presupuesto de más del 32 por ciento en la formación
ocupacional.
Traer un discurso preparado de antemano lleva a que no se diga nada
nuevo; probablemente es porque uno ni siquiera se detiene a escuchar lo
que se dice, cosa que también ha sucedido anteriormente. Estamos muy
acostumbrados a las descalificaciones; es más fácil descalificar a una
persona. Llevamos desde 1986 escuchando a los mismos representantes
--esta Diputada no está aquí más que desde 1989-- la misma intervención
descalificadora, sin avanzar en ninguna alternativa sobre este mismo
tema.
Hemos avanzado mucho respecto a anteriores comparecencias de otros
directores generales del Inem y de otros ministerios, hasta el punto de
que estamos fraguando un sistema de formación profesional inexistente en
España hasta estos momentos. Estamos coordinando dos subsistemas, la
formación profesional reglada y la ocupacional, y estamos poniendo en
marcha una serie de mecanismos que previamente no existían; problema muy
complejo y muy difícil que requiere tiempo porque necesita la
coordinación de administraciones educativas y laborales y, además, la
coordinación de agentes sociales, empresarios y sindicatos, cuyo diálogo
es muy importante para este Grupo, importantísimo en este tema.
Creemos que el compromiso para acabar el repertorio es un hecho.
Esperemos que realmente sea así y este Grupo no tenga que lamentar,
cuando lleguemos a final de 1994, la no terminación de este repertorio.
Felicitamos al Ministerio de Trabajo por este convenio que se ha firmado
con el Ministerio de Educación para los 30.000 jóvenes; compromiso para
dotar de contenido al contrato de aprendizaje, que es lo más importante
desde nuestro punto de vista. En lo referido al contrato de aprendizaje,
los datos que suministra nos demuestran la carencia en ciertos sectores
que ya preveíamos. De ahí nos interesa sobre todo el estudio del mapa de
recursos formativos. Desde nuestro punto de vista, los centros que van a
paliar esas carencias formativas deberían ubicarse sobre todo en aquellas
zonas donde no existe suficiente tejido empresarial que haga posible el
que esa formación se produzca. Por eso quisiéramos que, de alguna manera,
un organismo público sirviera para compensar carencias de desarrollo
regional y social. Ese es el objetivo, desde nuestro punto de vista, de
todos los centros públicos del Inem, no así de otros centros privados,
sobre todo de los centros públicos del Inem.
Seguiremos insistiendo en lo que se refiere al reforzamiento de la
tutoría en las empresas para dar un contenido a esas tutorías y para que
realmente exista esa formación no solamente básica, a la cual se ha
comprometido el Ministerio de Educación, en sus centros de adultos, sino
también la formación ocupacional derivada de los oficios aprendidos. Por
cierto, la intervención del Grupo Popular sobre este tema ha sido
descalificadora y completamente contradictoria respecto a su intervención
en el Pleno. La misma Diputada que habla ahora mencionó la necesidad de
establecer un consenso para aprobar la reforma laboral y lamentó que ese
consenso no hubiera existido. Probablemente tenía en la mente otros
modelos que tal vez son lejanos en el tiempo. Cuando hablaba de contratos
de aprendizaje, todos sabemos que la alternativa del Partido Popular era
el contrato temporal, porque lo discutimos en la Cámara, de los 21 a los
25 años, sin ningún tipo de formación prevista, que discutimos también ya
en la Cámara.
Y a propósito de la función primordial del Inem, hemos oído durante mucho
tiempo el ataque furioso, furibundo a la dirección del Inem, por esa
función monopolizadora, hablando de la poca efectividad de su función
intermediadora en cuanto a la búsqueda de empleo. Y hoy escuchamos, para
nuestra sorpresa, cómo, paradójicamente, la representante del Grupo
Popular habla de si el Inem va a abandonar la función primordial que
tiene, su función monopolizadora. Demagogias de este tipo, como ya ha
señalado el representante de Izquierda Unida, son muy habituales en la
Cámara. Frases gruesas que impiden entrar a fondo en los temas estamos
acostumbrados a oírlas; no es la primera vez que se usan algunas frases
que hoy hemos escuchado.
Quisiera terminar hablando de la financiación que sí me parece
importante, porque es algo sobre lo que tendremos que seguir
reflexionando. Nuestro Grupo ha pedido una ponencia de seguimiento de la
financiación de la formación profesional. Pediremos comparecencias de
representantes de empresarios y de representantes de sindicatos para
hablar sobre este tema. Creemos que debe haber una tutela pública en la
financiación de la formación profesional y estaremos al tanto y haremos
un seguimiento para que realmente esa financiación vaya a los fines
previstos. (La señora Villalobos Talero pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE: ¿Señora Villalobos?
La señora VILLALOBOS TALERO: Señor Presidente, creo que tengo cuanto
menos derecho, por alusiones, a contestar a la que parece ser la
auténtica compareciente hoy, que es la representante del Grupo
Socialista.
El señor VICEPRESIDENTE: Señora Villalobos, el Reglamento regula en el
artículo 71 el turno por alusiones. Yo se lo voy a conceder por un tiempo
no superior, en ningún caso, a tres minutos, y sí le ruego que, tal como
dice el Reglamento, no entre en el fondo de la cuestión y se limite a
contestar a las alusiones, porque si no encadenaríamos un debate
interminable.
Tiene la palabra, señora Villalobos.
La señora VILLALOBOS TALERO: Aquí da la sensación de que estamos rodeados
de grandes maestros de la acción parlamentaria que diseñan para qué y
cómo debe funcionar nuestro Parlamento. Yo no me atrevería a tanto.
Entiendo que cada representante de grupo que interviene tiene todo el
derecho a utilizar su tiempo en el mejor sentido que le parezca. Yo no
critico la intervención del representante de Izquierda Unida que, si
ustedes la analizan, a la postre ha dicho exactamente lo mismo que yo.
Tal vez le moleste coincidir con el Grupo Popular, pero las cosas son
como son, señor Peralta. No es un problema ni de demagogia ni de
incoherencia. Usted, que lleva tanto tiempo en esta Cámara (no puedo
hablar así de la representante del Grupo Socialista), sabe perfectamente
que esta Diputada, que lleva de portavoz desde el año 1986, ha dedicado
la mayoría de su trabajo a las iniciativas en torno a la formación
profesional, y proposiciones no de ley, proposiciones de ley en el Pleno,
comparecencias en esta Cámara creo que me avalan lo suficiente para decir
que la preocupación de mi Grupo por la situación de la formación
profesional y la necesidad de adecuarla a la realidad ha sido una línea
continuada desde 1986. Por tanto, no es nuevo lo que yo haya podido decir
aquí.
A mí me preocupa la situación de la formación profesional. En lo que se
refiere a las incoherencias en torno a la reforma laboral, me daba la
sensación de que en ese momento se estaba hablando de contratos de
aprendizaje, y el señor representante de Izquierda Unida sabe igual que
yo que nosotros hemos votado en contra de ese contrato de aprendizaje.
Así que no me sea usted demagogo; no intente retraer las cuestiones al
conjunto de la reforma laboral, que usted también en algunas cosas ha
apoyado. Aquí estamos hablando de algo diferente, que es la formación
profesional. Yo sigo pensando que ese contrato de aprendizaje no es el
más adecuado, y la realidad de los hechos me está dando la razón.
Siento muchísimo que la representante del Grupo Socialista hable de tono
electoral; cuando la estaba escuchando me preguntaba a mí misma de qué
tono estaba hablando. ¿No es utilizar datos electoralmente lo que está
haciendo del Ministerio de Trabajo? ¿No es electoral lo que ella ha hecho
aquí, el canto laudatorio al Instituto Nacional de Empleo? ¿No es tono
electoral la autocomplacencia en un modelo de formación profesional, que
ella considera el más adecuado y que yo sigo pensando que tiene grandes
defectos? La señora representante del Grupo Socialista (me imagino que
así se lo comentarán sus compañeros del Ministerio de Trabajo) está feliz
con la descoordinación entre la formación profesional específica y la
ocupacional. A mí me parece que es un problema que tendríamos que haber
resuelto. A ella la gusta; a mí eso no me gusta. Ella dice que no tenemos
modelo de formación profesional; yo creo que ella sabe que sí, y algunas
de las medidas que hemos propuesto aquí hace varios años precisamente las
han recogido después el Grupo Socialista y el Gobierno socialista y ha
contado con el apoyo del Grupo Popular, porque eran positivas. Pero si
usted quiere hablar de tono electoral, analice las declaraciones de su
Ministro de Trabajo o las del Director General del Inem, y conteste
realmente cuál es el tono electoral. La forma más o menos agresiva de la
intervención de un portavoz de un grupo no creo que sea usted la que
tenga que juzgarla. Me da la sensación de que usted, tal vez por su vieja
costumbre de ser profesora de instituto, tiende a juzgar lo que hacen los
demás. Yo no me atrevería a tanto. La respeto, simplemente, y mi análisis
personal me lo reservo.
Yo creo que por un desconocimiento absoluto, por esa manía...
El señor VICEPRESIDENTE: Señora Villalobos.
La señora VILLALOBOS TALERO: Acabo, señor Presidente.
Por ese último mensaje que llevan ustedes incluso en sus papeles
electorales, en sus guías electorales, de que todo lo malo que sucede en
este país lo ha hecho el centro-derecha, y todo lo bueno ustedes (parece
que se olvidan que llevan doce años gobernando), ya en el desiderátum
dice usted que la culpa de la no coordinación entre los sistemas
informáticos la tiene el Gobierno de la UCD. A mí esto me resulta
profundamente llamativo porque, efectivamente, el sistema informático del
Inem es del Gobierno de UCD, pero a posteriori es el Gobierno del Partido
Socialista el que monta el sistema informático de la Seguridad Social.
Parecería lógico haberlo adecuado al que existía previamente. Lo que pasa
es que ustedes tienden a echarle la culpa absolutamente a todo el mundo
menos a ustedes, olvidándose de que llevan doce años gobernando en
nuestro país, por la voluntad de los españoles, por supuesto, ésa es la
esencia de la democracia. Por favor, dejen ustedes ya
de acusar a los demás de sus propias responsabilidades y no intenten
enmascarar su ineficacia, su responsabilidad en la situación del
desempleo en nuestro país y su ineficacia en su política económica,
echándole la culpa a los demás, porque me da la sensación de que ese
mensaje ya cuela poco en la sociedad española. Les rogaría que tuviesen
ustedes un poco más de sosiego a la hora de defender sus propias
posiciones, que de las nuestras ya nos encargamos nosotros. (El señor
Peralta Ortega pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Peralta, ¿qué desea? (Risas.)
El señor PERALTA ORTEGA: No sé, señor Presidente, si está previsto que
conteste a esta referencia que ha hecho la señora Villalobos. En todo
caso, simplemente quiero agradecerle el tono de esta intervención suya,
felicitándola por haber empleado un tono muy distinto del que ha
utilizado anteriormente, y decirle que no me considero maestro, pero
tengo que reconocer que para algo ha servido mi intervención anterior a
la vista de cómo ha cambiado la señora Villalobos en ésta. (La señora
Villalobos Talero: Yo no he cambiado nada.--La señora Romero López pide
la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE: ¿También la señora Romero?
La señora ROMERO LOPEZ: Me parece que tengo un turno de réplica.
El señor VICEPRESIDENTE: No, turno de réplica no está previsto, señora
Romero; sólo es turno por alusiones. Dije en la anterior sesión de la
Comisión, y consta en el «Diario de Sesiones», que en los usos y
costumbres parlamentarios de esta Comisión, bajo la presidencia del
titular, señor Martínez Noval, está el que no hay turno de réplica. Yo
dije que, dado que estoy ejerciendo la presidencia con carácter interino,
no quería, lógicamente, romper esa tradición parlamentaria de la
Comisión.
La señora ROMERO LOPEZ: Respuesta por alusiones.
El señor VICEPRESIDENTE: Sólo le doy el turno por alusiones, pero, señora
Romero, es que vamos a encadenar un debate de manera interminable, como
dije. Sin entrar, por supuesto, en el fondo de la cuestión, le doy un
turno por un minuto, señora Romero.
La señora ROMERO LOPEZ: Sólo quiero decir que la palabra «eficacia», en
boca del Grupo Popular, a este Grupo Socialista le da miedo; le da miedo
al Grupo Socialista cuando habla de ineficacia porque llevamos durante
mucho tiempo en este tema hablando de la necesaria intervención de los
agentes sociales, el protagonismo que deben tener los agentes sociales al
mismo tiempo que las administraciones educativas y laborales en una
cuestión tan compleja como es la formación profesional. La representante
del Grupo Popular en la Comisión de Educación habló de problema añadido
refiriéndose a las necesarias conversaciones entre los agentes sociales
en un tema como éste. Por eso digo que me da miedo oír hablar de eficacia
al Grupo Popular con respecto a la formación profesional, porque es una
cuestión muy compleja como para que termine la intervención de la
Diputada del Grupo Popular como acabó en la Comisión de Educación
diciendo: fiat, Palabra que a todos nos hizo pensar, lógicamente, en una
empresa de automóviles, pero no se refería a la empresa de automóviles
sino a otra cosa. Por eso nos da un tanto de...
El señor VICEPRESIDENTE: Señora Romero, está entrando en el fondo de la
cuestión, que prohíbe taxativamente el Reglamento; no está contestando a
las alusiones. Está abriendo un debate con la portavoz del Grupo Popular
en la Comisión de Educación que, lógicamente, no está aquí.
La señora ROMERO LOPEZ: Lo siento, señor Presidente, pero estoy
respondiendo justamente a una palabra que ha sido fundamental en la
intervención de la representante del Grupo Popular, que ha sido la
palabra «ineficacia».
El señor VICEPRESIDENTE: Pero señora Romero, el Director General del Inem
está para contestar a la portavoz del Grupo Popular. No es un debate
entre grupos parlamentarios. Por tanto, termine ya, señora Romero, por
favor.
La señora ROMERO LOPEZ: Termino, señor Presidente. Solamente quiero decir
que nunca he usado la palabra «autocomplacencia». No está satisfecho este
Grupo Socialista --y compartimos la preocupación con el representante de
Izquierda Unida-- porque no creemos que sea satisfactorio lo que se ha
hecho. Se ha avanzado pero queda mucho por hacer. Estamos sentando los
cimientos y existen todavía muchísimos tramos por recorrer, pero eso no
nos puede llevar, de ninguna manera, a la descalificación a la que
estamos acostumbrados.
El señor VICEPRESIDENTE: Está claro que su intervención ha sido más
propia del Director General, pues estaba contestando a la portavoz del
Grupo Popular. Dije al principio que no aprovecháramos este turno para
hacer un debate entre grupos parlamentarios. Está claro que al final es
inevitable --yo también soy Diputado--, pero les ruego que colaboren con
la presidencia en el buen orden y desarrollo de la Comisión. (La señora
Villalobos Talero pide la palabra.) Señora Villalobos, ¿qué desea ahora?
(Risas.)
La señora VILLALOBOS TALERO: Señor Presidente, me da la sensación de que
me debería conceder un segundo para hacer referencia a lo que ha dicho la
señora Romero.
El señor VICEPRESIDENTE: Le doy treinta segundos, señora Villalobos.
La señora VILLALOBOS TALERO: Señora Romero, solamente da miedo lo que se
ignora y lo que se desconoce. A mí lo que me da miedo, sinceramente, es
que ustedes sigan utilizando la palabra «miedo» en política. Me parece
poco democrático.
El señor VICEPRESIDENTE: El señor Director General del Inem tiene la
palabra.
El señor DIRECTOR GENERAL DEL INEM (Elordi Dentici): Me van a perdonar
que haga una reflexión personal, pues dado el grado de las intervenciones
creo que no lo puedo obviar. Yo estoy críticamente orgulloso de mi
trayectoria como profesional del periodismo, y digo críticamente
orgulloso. Además, sé que volveré al periodismo y espero que algún medio
de comunicación me reciba algún día. Sin embargo, señora Villalobos, no
me niegue usted la posibilidad, que no negamos a ningún trabajador de
este país, de que pueda cambiar de trabajo y pueda orientar su profesión
en este sentido o en aquél. Tampoco niegue a aquellos que me han nombrado
el acto de responsabilidad en el momento de nombrarme y el acto de
confianza que han tenido conmigo. No se preocupe, señora Villalobos, que
cuando vuelva al periodismo --y volveré, lógicamente-- seguiré
manteniendo esta actitud también. Tómelo, por favor, no como una
respuesta sino como un comentario, exclusivamente.
Entrando en el fondo de lo que era el motivo de esta doble comparecencia,
me gustaría comentar algunas cuestiones. Es cierto que en un momento
determinado se propuso por el Gobierno a esta Cámara un proceso de
transferencia de las competencias en prestaciones por desempleo al
Instituto Nacional de la Seguridad Social. Sin embargo, aquel momento no
es el mismo que éste, y yo lo hacía como un acto de referencia, señor
Peralta. Inscribía esta decisión de entonces en un proceso previo que
había sido la oferta del Gobierno, por el Ministro de Economía y Hacienda
entonces, a los sindicatos y empresarios sobre el sistema. Era una
referencia solamente de situación, no era algo derivado de. Aquello
ocurrió en unas circunstancias determinadas que se producen en el tiempo,
y las circunstancias varían y cambian y hoy no son las mismas. Hoy
tenemos un elemento nuevo, que no existía entonces, que es una reforma
del mercado de trabajo de una profundidad que ustedes han estado
debatiendo durante meses. En esa reforma una de las cuestiones
fundamentales, por lo que respecta a lo que estamos tratando, es la
consideración de las prestaciones como una política activa más, y hay una
enmienda que se presentó en el Senado que así lo certifica. ¿Para
quiénes? Para los colectivos más desfavorecidos en el mercado de trabajo
en este país, para los parados más desfavorecidos --si se pueden hacer
diferencias-- que son los mayores de 45 años y los parados de larga
duración.
Sería poco factible, por no decir imposible, convertir las prestaciones
por desempleo en una política activa si ambas políticas no estuvieran
íntimamente relacionadas, si el acto de la prestación se convirtiera
exclusivamente en un acto administrativo y no tuviera consecuencias en el
empleo y en la formación y, viceversa, el empleo y la formación no
tuvieran consecuencias en el sistema de prestaciones. Esta es la nueva
reflexión en la que estamos. Sin embargo, a ello se añaden problemas de
carácter técnico analizados cuando se decidió el proceso de
transferencias. Yo he señalado cuáles han sido; lo ha citado usted,
señora Villalobos, y lo ha citado también el señor Peralta. Decir que los
sistemas informáticos son incompatibles no es hablar de un mal en sí
mismo. Ese es el problema de la informática, pero no de la informática
del Inem o de la Seguridad Social sino de la informática considerada en
su totalidad. Desde que existe la informática, las grandes compañías de
informática de este país y del mundo están buscando sistemas compatibles,
y son difíciles de encontrar. Evidentemente, hay un sistema que nace
antes y otro que nace después, pero les tranquilizaré. Los sistemas hoy
del Inem y de la Seguridad Social trabajan compatiblemente, trabajan
diariamente prácticamente en tiempo real. El único aspecto que falta para
cerrar la compatibilidad es el tiempo real; es decir, que lo que actúe el
Inem a las doce de la mañana tenga su efecto segundos más tarde en la
Seguridad Social. Es la única parte de la compatibilidad que resta. Pero
hablar de incompatibilidad de sistemas es decir mucho y es no decir nada.
Hablar de incompatibilidad de sistemas es decir lo que les está pasando a
las grandes compañías del mundo, IBM, etcétera, que no han encontrado
sistemas compatibles cuando estamos hablando prácticamente de monstruos,
como puede ser un sistema para seis millones de pensionistas o un sistema
para tres millones de desempleados, o dos millones setecientos mil, para
ser más concretos.
Evidentemente, la ruptura del monopolio del Inem crea unas nuevas
condiciones que hay que analizar. El Gobierno ha manifestado que en el
otoño de 1994 va a presentar una nueva ley de protección por desempleo,
que será una ley que venga a hacer una especie de lectura, en conjunto,
de todo lo producido legalmente sobre materia de desempleo desde la Ley
de 1984. Se van a considerar en ella una serie de cuestiones que hoy
están produciendo algunos desfases en el sistema y que, evidentemente, el
Inem vive en sus propias carnes. Estoy hablando de las prejubilaciones,
estoy hablando de las regulaciones de empleo, de jornada, etcétera. Yo
creo que esa ley será motivo para concretar definitivamente dónde están
las prestaciones, pero ya vamos a tener presentes algunas cuestiones: los
problemas técnicos que se derivan del proceso de transferencias, el
cambio radical en el mercado de trabajo y de la relación del Inem con el
mercado de trabajo, y el cambio radical en las políticas activas. Yo creo
que ese camino lo tenemos hecho. Y si bien podemos decir que no se
analizó previamente, cuando apareció la disposición en la ley
presupuestaria de 1993, yo creo que ahora sí, y estamos ante nuevas
circunstancias que hay que tener en cuenta.
Señora Villalobos, para no hacer muy larga mi exposición, usted ha dicho
una cosa que no puedo dejar pasar por alto. Ha dicho usted que el Inem
está maquillando los datos de paro, que el Ministerio de Trabajo está
maquillando los datos de paro. Primero, los datos de paro y de
colocaciones no se dan en campañas electorales, se dan todos los meses
del año de muchos años --desde el año 1984, por lo
menos--, con el sistema, y no todos los meses hay elecciones. Se dan en
torno al 10 y al 15 de cada mes y este mes ha sido así. Posiblemente en
el mes de junio se den entre el 10 y el 15.
En el Instituto Nacional de Empleo hay 15.000 funcionarios, una parte de
ellos dedicados a hacer la contabilidad del desempleo y de las
colocaciones. Yo, como Director General, no pongo en duda la
profesionalidad de esos trabajadores. Los datos que ofrece el Inem son
elaborados por esos trabajadores y con los medios técnicos que tienen a
su alcance.
Contratos de aprendizaje y contratos de formación en el pasado. Me dice
usted que se hacían más contratos de formación. Lo siento; es
radicalmente erróneo. Se está haciendo el doble ahora que en el año 1993
y las cifras están publicadas oficialmente. Yo enviaré a esta Comisión
con carácter urgente la comparación de los contratos formativos de 1993 y
los contratos formativos de 1994. (La señora Villalobos Talero: De 1991 a
1992.) Exactamente el doble.
Los 600.000 millones gastados en formación profesional. En su opinión,
mal gastados; en la mía, bien gastados. Habría que preguntar a todo
parado que ha recibido cursos de formación si le han servido o no. Mire
usted, el mero hecho de que un trabajador que ha perdido su puesto de
trabajo o trata de encontrar un puesto de trabajo reciba un proceso de
formación es una economía de escala en sus propias posibilidades para
encontrar trabajo. Solamente ese mero hecho: haberlo recibido. Si además
ese trabajador, por sus condiciones personales, tiene posibilidades de
acceso o reingreso en el mercado de trabajo, ese curso de formación le
garantiza el encontrar un puesto de trabajo acorde a sus necesidades. Por
tanto, yo no puedo compartir que los 600.000 millones que se ha gastado
no el Inem, sino la sociedad española con sus parados para formarles sea
un dinero baldío. No lo puedo aceptar, sinceramente.
Sería bueno preguntar a los parados que han recibido formación si les ha
servido o no. Nosotros hacemos encuestas internas --y no damos publicidad
por aquello de que no se nos acuse de autobombo-- de la realidad que
viven los trabajadores parados, que están en una situación personal muy
difícil, de cómo viven la posibilidad de ir a un curso de formación. Es
radicalmente distinto ser parado, habiéndose terminado una prestación
económica, sin tener ingresos y esperando en casa a que alguien le llame
o esperando tener la posibilidad de encontrar un trabajo a estar cobrando
una prestación y, al mismo tiempo, tener la posibilidad de un curso de
formación. Es radicalmente distinto desde el punto de vista personal. Por
tanto, no puedo compartir esa afirmación con usted.
Dice usted que nosotros hemos hecho el contrato de aprendizaje sin haber
analizado cuál era la situación. Pues hemos analizado tanto que hemos
hecho el contrato de aprendizaje. (La señora Villalobos Talero: Yo no he
dicho eso.) Sí, yo lo he apuntado; si no lo ha dicho, lo borro. (El señor
Cercas Alonso: Sí lo ha dicho.) Yo lo he apuntado, pero si no lo ha
dicho, lo borro.
Hemos analizado tanto que hemos hecho el contrato de aprendizaje. Y,
mire, lo que decía respecto al proceso de formación profesional se lo
digo también del contrato de aprendizaje. Lo que hay que hacer es
preguntar a los 80.000 muchachos que han conseguido un contrato si es
bueno, malo o regular. Lo evidentemente malo era su situación previa.
Porque, ¿sabe usted una cosa?, del cien por cien de los contratos de
aprendizaje realizados, más del 70 por ciento de los contratados no
habían tenido nunca un contrato de trabajo y no tenían posibilidad. El 40
por ciento de esos contratos se realiza con chavales, con muchachos que
no tienen ningún tipo de formación, no ya teórica profesional sino
formación básica, que es lo básico --valga la redundancia-- para
encontrar un puesto de trabajo en un país tan competitivo como éste. El
representante del Grupo Catalán (Convergència i Unió) lo recordaba:
nosotros sabemos no sólo lo que dicen los sindicatos o lo que pueden
decir los grupos parlamentarios sobre el contrato de aprendizaje;
nosotros también sabemos lo que están diciendo los empresarios y sabemos
lo que están diciendo muchos padres sobre el contrato de aprendizaje.
Yo creo que para una familia que tiene un muchacho entre 16 y 25 años que
no ha encontrado jamás un puesto de trabajo el que se le aporte una
posibilidad de contratarse es fundamental, importantísimo. Es más, yo
estoy convencido de que, a poco que mejore la actividad económica, a poco
que mejore la situación económica de este país, se van a hacer muchos más
contratos de aprendizaje, muchísimos más, y eso va a ser un problema
añadido para mí por mi situación personal como Director General del Inem,
porque voy a tener que formar a más. Pues es un reto que yo acepto, un
reto difícil, porque van a ser cientos de miles, pero va a haber muchos
contratos de aprendizaje. Yo creo que es enormemente positivo. Por tanto,
se reflexionó mucho sobre el contrato de aprendizaje que se hizo.
Dice usted que no formamos a trabajadores que están cobrando una
prestación, a los trabajadores de larga duración. Sobre los 195.000
trabajadores que va a formar el Inem en 1994, 110.000 son parados que
están cobrando una prestación, la mayoría de ellos, parados de larga
duración.
Me preguntaba si estamos controlando los fondos derivados a la formación
continua. Sí, 1993 ha sido el primer año en que ha habido esos fondos y
la formación continua. Tenían de plazo hasta el 30 de marzo para enviar
sus listados de la formación impartida por empresas y de los costes y
gastos. Acabamos de recibir a principios de abril esos datos y están en
proceso de análisis, en la Subdirección de Gestión Económica del Inem. Yo
estoy dispuesto a informarles cuando se cierre ese proceso.
Sobre el control de los fondos en la formación continua no solamente
actúa el Inem; actúa también la Intervención General del Estado y, en su
caso, el Tribunal de Cuentas.
Señor Hinojosa, su pregunta sobre si continuarán o no las prestaciones
por desempleo en el Inem la he contestado previamente, aunque no me he
dirigido a usted.
Yo he dicho que el sistema de certificaciones va a estar finalizado el 31
de diciembre. Eso de poner la mano en el fuego es difícil con los
volúmenes de trabajo y de afectados de los que estamos hablando. Esa es
la voluntad y se están poniendo los medios para alcanzarlo. Yo creo que
se
puede alcanzar, se debe alcanzar y tenemos que alcanzarlo. Sin embargo,
el proceso no se cierra el 31 de diciembre. A partir de ahí, se
habilitará el sistema de vasos comunicantes que tiene que existir entre
la formación profesional continua, la formación profesional ocupacional y
la formación profesional reglada.
Es un trabajo que en el programa nacional de formación profesional se
prevé para el año 1995. No me gusta decir estas cosas, pero en 1994
estamos en el plazo, señora Villalobos. Léase el programa de formación
profesional y el plan de inserción y formación. Estamos en plazo: 1994
para el sistema de certificaciones, 1995 para el sistema de
convalidaciones. Vamos a tratar de hacerlo, es un compromiso al que
tenemos que dar respuesta. Yo creo que lo haremos, pero, en fin, si el
día 1 de enero el sistema no está creado, vendré a esta Cámara a dar
explicaciones, lógicamente.
Señor Peralta, los datos de la EPA y los del Inem sobre este primer
trimestre coinciden en las tendencias. Cuando hemos dado los datos en
estos cuatro primeros meses no hemos hablado ni con optimismo ni con
pesimismo. Hemos hablado de la definición de una realidad, y la realidad
es que hay un cambio de tendencia en dos factores importantes que
configuran lo que se puede analizar del mercado de trabajo: en el grado
de desempleo y en el número de colocaciones. Hay un aumento muy
significativo del número de colocaciones. Mis datos, muy parcos y además,
sobre todo, no fiables porque son de un período muy pequeño de tiempo,
del mes de mayo, confirman también, desde el punto de vista de las
colocaciones, lo que ha sucedido en abril, en marzo, en febrero y en
enero. Yo dije en enero que podíamos empezar a estar en un momento de
cambio de tendencia y ese mes hubo más de 60.000 parados más registrados
por el Inem. Lo decía fijándome en las colocaciones lógicamente. El
número de parados no es un bien en sí mismo; el número de parados está en
función de las colocaciones. Si el incremento de colocaciones que estamos
viendo se mantiene, la tendencia de caída en el registro de paro está
cantada. Estoy convencido de que la EPA del segundo trimestre (que ya
recogerá lo que ha acontecido en abril y en mayo) y los datos del Inem
coincidirán aún más de lo que ya han coincidido en el primer trimestre.
La EPA también ha ofrecido una tendencia cambiante con el pasado. Además
--yo creo que esto lo hemos dicho muchas veces-- los datos de la EPA y
del Inem no tienen por qué coincidir porque se miden cosas distintas y
con métodos distintos. El Inem es un registro, es un acto voluntario (si
podemos decir que es voluntario que un señor se haya quedado en paro,
evidentemente, eso lo digo entre comillas), es un acto voluntario de un
trabajador que se inscribe en un registro, mientras que la EPA es una
encuesta que mide una actitud y una situación personal exclusivamente y,
aunque hay coincidencias, hay una diferencia importante entre el número
de cotizantes y la EPA, diferencia que hay que valorar y que estamos
estudiando y también se está estudiando en el Instituto de Estadística.
No, señor Peralta, no hay recorte de gastos en el Inem. El presupuesto
del Inem para todas sus partidas ha crecido en 1994 con respecto a 1993,
si bien es evidente que el mayor esfuerzo se ha hecho en prestaciones por
desempleo. Eso es de obligado cumplimiento, y para el Gobierno, al que
ahora mismo estoy representando aquí como Director General del Inem,
mantener la cobertura de desempleo que estamos manteniendo ahora es una
prioridad absoluta. Ahora mismo tenemos más de dos millones de
trabajadores cobrando una prestación por desempleo. Es el récord
histórico prácticamente. Varía mes a mes, eso es lógico, y va a variar a
mejor, porque el mercado de trabajo va a mejorar. Yo creo que el programa
de mayores de 45 años y parados de larga duración también va a hacer que
muchos trabajadores que están cobrando una prestación encuentren un
empleo por la bonificación de Seguridad Social y variarán las cifras y yo
espero que en el 95 varíen mucho más. Pero el esfuerzo de poner dos
billones de pesetas para la protección por desempleo yo creo que es un
esfuerzo compartido por todos los grupos. No creo que ahí tengamos
grandes diferencias.
Para terminar y no cansarles más, tengo que decir que yo tampoco soy el
hombre responsablemente feliz con el funcionamiento del Inem; es que
sería por mi parte una perfecta irresponsabilidad. El Inem tiene
problemas. El Inem es un macroinstituto. Hay más de 15.000 trabajadores.
Ha habido situaciones complicadas en el pasado. Está viviendo ahora mismo
un proceso de transferencias de la formación profesional, y hago un
paréntesis aquí y recuerdo que la formación profesional ocupacional en
estos momentos es responsabilidad del Inem, así como de la Generalitat de
Cataluña, de la Junta de Andalucía, de la Comunidad Valenciana, de la
Comunidad Canaria y de la Comunidad Gallega. Decir que es buena la
transferencia de la formación profesional (porque fue un acuerdo con el
Partido Popular, por si usted no lo recuerda) a las comunidades autónomas
y, luego, no recordar que se ha producido esa transferencia a los efectos
de las responsabilidades de los actos, a mí, por lo menos, no me casa.
Volviendo a lo que era mi última parte de la intervención, el Inem tiene
problemas. Tener en un instituto 2.700.000 trabajadores parados es ya un
problema en sí mismo. Pagar la nómina a dos millones de trabajadores
todos los meses ya es un problema enorme, y se paga muy bien, y se paga
religiosamente. Reconocer ahora el derecho a una prestación por desempleo
en 18 días naturales cuando se tardaba en 1990 casi 50 días, estar hoy a
tres días de lo que se consideró en la Ley de Protección por Desempleo de
1984 que era lo óptimo y lo que debía de cumplir el Inem, que eran 15
días, y saber que esos 15 días los vamos a alcanzar finalizando el 94 o
comenzando el 95, yo creo que hay que valorarlo. Es lo de la botella
medio vacía o medio llena. Vamos a tratar de verlo por los dos lados
también.
En cuanto a la formación profesional, tener un sistema de gestión de la
formación profesional para formar a 200.000 trabajadores en un año, es
complicado; tener 800 escuelas-taller con más de 40.000 jóvenes
formándose en un programa, que creo que es excelente, también tiene
problemas. Con 40.000 millones de pesetas mantener 800 escuelas-taller y
400 alumnos trabajadores, es complicado.
Tener programas para los minusválidos y para los ayuntamientos tiene su
dificultad.
Estoy firmemente convencido de que la ruptura del monopolio del Inem es
buena porque obedece a la realidad. El Inem hace una intermediación
laboral de entre el 7 --que son las cifras de 1993--, el 10 y el 11 por
ciento. Eso supone, si este año se hicieran cinco millones de
contrataciones, que el Inem estaría en torno a las 600.000 contrataciones
directas. ¿Son muchas? ¿Son pocas? No creo que sea un problema
cuantitativo, sino cualitativo. Esas 600.000 colocaciones afectan a los
trabajadores que más dificultades y más problemas tienen para
reinsertarse en un mercado de trabajo. Aquel que menos dificultades
tiene, encuentra su trabajo en relación directa con el empresario. Aquel
que más dificultades tiene, necesita que alguien le ayude, y ése es el
sentido central, ése es el perfil definitivo del Instituto Nacional de
Empleo. Por lo tanto, no veamos el número de colocaciones, sino la
calidad de las mismas: aquellas mujeres que tienen una enorme dificutad
para encontrar trabajo, aquellos jóvenes que tienen también una enorme
dificultad para encontrar trabajo, aquellos mayores de 45 años o aquellos
parados de larga duración. Esos son los colectivos que coloca el Inem,
que tiene que seguir colocando y que tiene que aumentar su colocación,
por supuesto. Vamos a ver --yo confío en que sí-- si la existencia de las
agencias de colocación y de las empresas de trabajo temporal van a
permitir que el Inem fije sus objetivos con estos colectivos más
desfavorecidos. Posiblemente, en los próximos meses o en el próximo año
el número no aumente, pero seguiremos colocando entre 500.000 y 600.000
trabajadores --400.000 el año pasado-- que son los que más dificultades
tienen para encontrar trabajo. Esa es la razón última de la existencia
del Instituto Nacional de Empleo: la defensa de la igualdad de
oportunidades y ser un instituto de solidaridad. Competir, hay que
competir, pero sepan que el Inem compite con los trabajadores que tienen
más dificultades, no con los que tienen, por ejemplo con su carrera
universitaria o sus formaciones posteriores, un puesto asegurado. No
trabajamos con los que tienen un puesto asegurado, sino con los que lo
han perdido.
El señor VICEPRESIDENTE: Agradecemos al Director General del Inem su
comparecencia. Damos por concluido con este trámite el primer punto del
orden del día.
--DE LA SEÑORA DIRECTORA GENERAL DE LA INSPECCION DE TRABAJO, PARA
INFORMAR DEL BALANCE DE ACTUACION DE LA INSPECCION DE TRABAJO EN EL AÑO
1993, ASI COMO DE LOS PLANES DE TRABAJO PARA EL AÑO 1994. A SOLICITUD DEL
GRUPO PARLAMENTARIO IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de
expediente 212/000494.)
El señor VICEPRESIDENTE: El segundo punto del orden del día es la
comparecencia de la Directora General de la Inspección de Trabajo, para
informar del balance de actuación de la Inspección de Trabajo en el año
1993, así como de los planes de trabajo para el año 1994. Solicitud de
comparecencia efectuada por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.
Invito a la Directora General de la Inspección de Trabajo a incorporarse
a la Mesa. (La señora Vicepresidenta, Rivadulla Gracia, ocupa la
Presidencia.) La señora VICEPRESIDENTA (Rivadulla Gracia): Señorías, para
exponer el objeto de la comparecencia, tiene la palabra la señora
Directora General de la Inspección de Trabajo.
La señora DIRECTORA GENERAL DE LA INSPECCION DE TRABAJO (Cazorla
Aparicio): Buenos días, señorías. Es para mí un honor y una
responsabilidad comparecer ante esta Comisión, máxime cuando es mi
primera comparecencia, y espero que por ese motivo sepan ustedes
disculpar los errores o los fallos que pueda tener en mi intervención.
No quiero abrumarles con excesivas cifras, pero el objeto de la propia
comparecencia en sí obliga a que tenga que utilizar esas cifras para
hacer una valoración de cuál ha sido la labor de la Inspección a lo largo
del año 1993, y sin más preámbulos paso a hacerles un resumen de ello.
El resultado de la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social, que, como en ocasiones anteriores, se ha presentado ante esta
Comisión, es consecuencia de la planificación de los objetivos anuales
establecidos por la Dirección General de Inspección de Trabajo y
Seguridad Social, que se realiza en concordancia con las previsiones y
compromisos adquiridos por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en
el programa 311 B de la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Se
recogen, asimismo, los resultados de la actividad inspectora no
susceptible de programación y a través de la cual se da la adecuada
respuesta a la demanda social existente en cada momento como función
inherente a los cometidos y competencias otorgadas a la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social de acuerdo con su propia ley ordenadora.
En la planificación en materia de seguridad e higiene se tiene en cuenta
y se consulta a las comunidades autónomas con competencia en esta materia
--Andalucía, Canarias, Cataluña, Galicia, Navarra, Comunidad Valenciana y
País Vasco-- para la planificación de la misma en sus respectivos
territorios y, por otra parte, en cumplimiento de lo establecido por la
orden de 17 de enero de 1991, también se solicita informe previo en la
planificación sobre actuaciones de control de la contratación, dándose
cuenta de los resultados obtenidos a las organizaciones empresariales y
sindicales con representación institucional.
El resultado de la actividad que globalmente aquí presentamos, además de
estar condicionado por los objetivos anuales planificados y la demanda
social existente en cada momento, también lo está, lógicamente, por la
dotación de medios técnicos y humanos para la realización del trabajo
encomendado, en el que es necesario el esfuerzo continuo, la formación
permanente, la actualización de los medios técnicos e incluso la mejora
para conseguir la mayor
eficacia en las funciones encomendadas a la Dirección General de la
Inspección de Trabajo.
Debo hacer una inexcusable pero muy breve referencia en este aspecto a
cuáles son los recursos humanos del sistema de inspección, que durante
1993 se ha integrado por 1.381 funcionarios, 565 inspectores y 816
controladores. Supone eso un incremento en las plantillas, respecto del
año 1992, del 7,72 por ciento. Pese a ello, si consideramos deseable que
se visiten aquellas empresas que haga al menos tres años que no han
tenido la visita de la Inspección, se precisaría aumentar necesariamente
estas plantillas, puesto que en la situación actual, dentro del volumen
de centros de cotización actualmente existentes, harían falta seis años
para que los inspectores de trabajo visitaran la totalidad de las
empresas, aun cuando no hubiera denuncias en este sentido, y unos tres
años aproximadamente para que los controladores visitaran aquellas que
tienen menos de 25 trabajadores.
Voy a hacer simplemente una breve referencia a la mejora informática y al
esfuerzo que ha supuesto el plan de informatización de la función
inspectora, con la dotación de ordenadores personales a un gran número de
inspectores --50 en 1993, y se completará hasta 500 en este año--, a fin
de acceder a los centros de gestión en tiempo real.
Se ha mantenido durante el año 1993 la política de todos los demás años
de colaboración y de desarrollo del acuerdo con las comunidades autónomas
y se ha llegado incluso a la firma de un nuevo convenio de colaboración
el 14 de enero de 1994 con la Comunidad Foral de Navarra.
Si pasamos a analizar la actividad realizada por la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social en el año 1993, podremos concluir con un alto grado de
cumplimiento de los objetivos comprometidos en el programa 311 B de la
ley de Presupuestos del Estado de 1993.
Se han inspeccionado durante 1993, 592.768 centros de trabajo. Supone el
92,28 por ciento de los objetivos programados. Esta desviación tiene como
causa el que se partía de una previsión de 175 nuevos funcionarios en el
sistema de inspección y, por efectos de la reducción de la oferta de
empleo público, han sido 99 los funcionarios que se han integrado en el
sistema. Con todo, el número de centros visitados en 1993, si tenemos en
cuenta esta proporción, se ha incrementado respecto del año 1992.
El mayor nivel de cumplimiento conseguido por la Inspección de Trabajo lo
ha sido en los aspectos liquidatorios en materia de Seguridad Social.
Habiéndose programado un objetivo de 70.000 millones de pesetas, se ha
alcanzado la cifra de cien mil millones 706.620 pesetas; un 143,87 por
ciento sobre el objetivo programado.
Se han superado también los objetivos comprometidos en cuanto al número
de actuaciones en las áreas de empleo y de Seguridad Social. Las 749.111
actuaciones en empleo suponen el 113 por ciento del objetivo y las
857.000 y pico actuaciones en materia de Seguridad Social suponen el 108
por ciento de las actuaciones programadas en dicha área.
El objetivo en materia de seguridad e higiene también puede considerarse
prácticamente conseguido, pues las 100.173 visitas realizadas suponen el
98,21 por ciento del objetivo de estas visitas. La causa de la reducción
también podríamos achacarla a lo que ya he manifestado con respecto al
número de visitas a realizar.
En cuanto a las actas de infracción se han practicado 80.770 actas en
materia de Seguridad Social, 29.147 en materia de empleo y 22.550 en
materia de seguridad e higiene en el trabajo.
Voy a pasar a hacer un análisis comparativo de la actividad de la
Inspección de Trabajo en el conjunto de las cuatro áreas competencia de
la Inspección. Durante 1993 la Inspección de Trabajo ha inspeccionado,
como hemos dicho, 592.768 centros de trabajo. Esto supone, aunque no se
haya logrado el objetivo por los motivos que ya he dicho, un incremento
respecto del año anterior del 9,17 por ciento. De estas visitas de
inspección se ha derivado un número muy elevado de actuaciones si
partimos de que la visita de inspección no solamente se centra en una
determinada cuestión sino que puede tratar áreas diferentes. Podemos
decir que han supuesto 2.431.000 actuaciones; es decir, ha habido del
orden de 212.000 actuaciones más que en el año anterior. Un incremento
del 9,51 por ciento.
Las actas de infracción en materia de orden social han sufrido también un
incremento del 83 por ciento respecto de las del año anterior, en cuanto
a la cuantía y en cuanto al total de las practicadas, 10.200 más que en
el año 1992 y un importe de 1.368 millones más que en el año anterior.
En el año 1993 también se han practicado 134.700 expedientes de
liquidación de cuotas debidas a la Seguridad Social, alcanzando ese
importe, como he dicho antes, más de 100 millones de pesetas. Lo que
supone el incremento del 17,55 por ciento sobre el año anterior.
En materia de relaciones laborales, he de manifestar que éstas no se
programan, sino que responden a una actividad rogada. Hay que destacar
que el mayor volumen de denuncias se ha producido en torno a los salarios
y materias salariales y supone un 34 por ciento más que en el año 1992.
También hay que destacar una importante elevación de determinadas
materias, como jornadas, horarios, descansos, vacaciones y horas
extraordinarias. Estas denuncias o reclamaciones han supuesto del orden
de un 15 por ciento sobre el año anterior, y, sobre todo, se ha
incrementado notablemente la actividad de la inspección, prácticamente en
un 82 por ciento en informes en materia de extinciones de contratos de
trabajo y en un 58 por ciento en suspensiones de contratos de trabajo.
Respecto al año anterior, en cuanto a la totalidad de expedientes de
regulación de empleo, la inspección ha dedicado el 13,70 por ciento de
sus actuaciones en materia laboral. También se han incrementado las
denuncias en materia de derechos básicos de los trabajadores, en torno al
8 por ciento, y actuaciones sobre movilidad geográfica y modificación de
las condiciones sustanciales de trabajo. Por todas estas materias se han
practicado más de 6.000 actas de infracción y la propuesta de infracción
está en torno a los 2.000 millones de pesetas. Se ha incrementado en un
3,9 por ciento respecto al año anterior.
En materia de seguridad e higiene se observa que, siendo muy similar el
número de actuaciones y de visitas,
así como el de actas practicadas, se ha producido una disminución en
cuanto a la cuantía de las actas. De las 100.173 visitas, un 3,13 por
ciento más que en 1992, se han derivado 210.000 actuaciones, un 5,8 más
que en el año anterior.
De todas estas actuaciones, la mayor incidencia, el 78 por ciento, ha
sido en relación con la actividad programada y del orden del 21,89 por
ciento en actividad rogada, especialmente en expedientes de apertura de
centros de trabajo, trabajos penosos, tóxicos y peligrosos y, por último,
denuncias producidas en esta materia básicamente a través de denuncias
sindicales. El resto de las actuaciones, el 11,47 por ciento, han sido
sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Las
infracciones detectadas han sido 25.965 y se han practicado 22.504 actas
de infracción. La propuesta de sanción, 2.773,9 millones de pesetas. El
número de actas en esta materia, como he dicho, es prácticamente idéntico
y la reducción en el volumen de las sanciones, el 13 por ciento,
entendemos que debe ser causa de que las infracciones muy graves se han
reducido respecto a años anteriores, igual que también, como luego
veremos, se ha reducido el número de accidentes respecto a años
anteriores.
Igualmente, disponemos de datos en cuanto a la distribución por sectores
de actividad, materias económicas, comunidades autónomas, etcétera, pero,
salvo que SS. SS. lo consideren oportuno y tengan interés en conocer esos
datos, voy a pasar sobre esas cifras e irme a las grandes magnitudes,
como ya estoy manifestando en este momento, en aras de acortar un poco mi
intervención e insistir en aquello en que ustedes tengan más interés.
Dentro de las actuaciones en seguridad e higiene es de destacar que ha
habido 587 paralizaciones o suspensiones de trabajo. En cuanto a
accidentes de trabajo, durante el año 1993 ha disminuido en un 14,44 por
ciento el volumen total de accidentes. No quisiera decir que el único
motivo sea la mayor incidencia de la actuación de la Inspección de años
anteriores, pero, indudablemente, ha tenido que existir una cierta
relación entre la mayor presión de la inspección en esta materia con
respecto al volumen de accidentes producidos.
Disponemos también de datos relativos a los accidentes, a los motivos y
causas de producción de los mismos, pero paso sobre ellos para no
cansarles.
En cuanto a la actividad inspectora sobre el origen de esos accidentes en
construcción, que ha sido objetivo específico de la propia Dirección
General, he de destacar que un 50 por ciento de las actuaciones se han
dedicado a este sector, ya que era en el que se detectaba mayor volumen
de incumplimiento de infracciones y también de accidentes. Durante el año
1993, las visitas han sido 41.000 en este sector, lo que representa el
48,46 por ciento del total de las actuaciones en materia de seguridad e
higiene, habiéndose practicado 14.351 actas de infracción, lo que supone
el 63 por ciento del total de las actas de infracción en esta área. El
importe ha sido del orden de 1.991,7 millones de pesetas, el 68 por
ciento respecto de las propuestas en materia de seguridad e higiene.
Al igual que he dicho en el caso anterior, las infracciones de seguridad
e higiene en el sector de la construcción también se pueden desglosar.
Pasamos a la actividad inspectora en materia de empleo. Se han realizado
773.707 actuaciones, lo que supone un incremento de 75.000 respecto del
año 1992, un 11,44 por ciento con respecto al año anterior. Es
destacable, dentro de esta actuación, la campaña que se ha realizado en
materia de economía sumergida, que se planificó de abril a diciembre de
1993, y que ha supuesto una realización de casi 115.000 visitas de
inspección a centros en los que se había detectado un significativo
incumplimiento en materia de control de empleo irregular y de
trabajadores extranjeros, habiéndose intensificado en toda la cuenca
mediterránea las actuaciones en este sentido. Las actas de infracción
practicadas han sido 27.904 y la propuesta de sanción 4.346 millones de
pesetas, lo que supone el 2,71 por ciento y el 0,32 por ciento,
respectivamente. La distribución por materias es la siguiente: en materia
de desempleo, el 55,49 por ciento; en materia de colocación, el 38,54 por
ciento, y en materia de contratación, el 5,97 por ciento.
Como he manifestado en las anteriores cifras, también existe desglose
respecto de estas actas, materias y sectores, y, si SS. SS. lo consideran
de interés, podríamos profundizar en ello, al igual que sobre las
regiones en las que ha habido mayor volumen de infracción.
En materia de prestaciones por desempleo y control de fraude, hay que
destacar el triple objetivo que esta campaña ha tenido. El control
directo del fraude en prestaciones por desempleo, el control del empleo
irregular de trabajadores extranjeros y el control de situaciones de
falta de inscripción de empresas y falta de afiliación o alta de
trabajadores en la Seguridad Social.
A todas las actas de infracción practicadas durante esta campaña, que han
sido un total de 16.169, habría que añadir una serie de efectos inducidos
y regularización que se ha producido inmediatamente después de las
visitas de inspección realizadas, pese a que ha habido un elevado número
de actas de obstrucción en todo lo que ha supuesto trabajo de inspección
en materia de economía sumergida, precisamente por el hecho de hallarse
en situación irregular. En todo caso, las bajas en prestaciones por
desempleo han afectado a 11.989 trabajadores, como consecuencia de ese
efecto de las propias campañas realizadas.
El ahorro estimado, también siempre partiendo del número de trabajadores
a los que se ha retirado la prestación, ha ascendido y está en torno a
los 18.000 millones de pesetas.
El índice de infracción en materia de control de prestaciones por
desempleo ha superado el promedio nacional. Está en torno a un 6,2 por
ciento.
En materia de inmigración de extranjeros, la actividad inspectora,
también dentro de esta campaña de economía sumergida, ha supuesto el 52,5
por ciento de las actuaciones y se han practicado 1.243 actas de
infracción, con propuesta de infracción del orden de 900 millones de
pesetas. El total de trabajadores extranjeros sin regularizar y afectados
ha sido de 1.738.
En materia de Seguridad Social, de las 857.000 actuaciones podríamos
decir que se han extendido del orden de 80.000 actas de infracción,
frente a las 71.000 del año pasado, lo que ha supuesto un aumento del
12,9 por ciento sobre aquéllas y los importes también han sufrido un
incremento del 17,6 por ciento, del orden de 6.000 millones de pesetas.
Como ya he dicho, el importe de los expedientes liquidatorios ha superado
los cien mil millones de pesetas.
Creo que con esta breve y, sobre todo, recortada intervención, por no
cansarles, porque considero que las cifras es lo más pesado de soportar,
les he dado un panorama muy somero de lo que ha sido la actividad de la
Inspección y luego profundizaremos en ella. Me interesa destacar lo que
está siendo y lo que va a ser la actividad planificada y los objetivos
previstos para 1994.
La planificación de objetivos para la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social ha partido también, como he indicado antes, del Programa 311 B, y
hemos comprometido la realización de 645.000 visitas de inspección a
centros de trabajo, partiendo de que este año vamos a incidir más en las
actuaciones con la mayor presencia física de la Inspección en los centros
de trabajo, sin olvidar que las comprobaciones se pueden hacer también
desde un despacho, pero nos ha parecido importante potenciar la visita a
los centros de trabajo.
De esta actividad se ha planificado el 44 por ciento, 285.000 visitas, y
el resto se ha dejado a la actividad no programada, es decir, denuncias,
peticiones de informe, mediaciones, conflictos, etcétera.
En el Programa 311 B existían unos objetivos comprometidos y hemos
procurado que esos objetivos respondan a la mayor demanda social o a lo
que nosotros entendemos que es en este momento la mayor demanda social.
Hemos polarizado la planificación en torno al fraude en sus dos
vertientes: el ingreso y la prestación y la seguridad e higiene en el
trabajo, en cuanto que ahí está en juego la salud y la integridad física
de los trabajadores y es uno objetivo al que en ningún caso debemos
renunciar.
Hemos eliminado objetivos sancionadores, porque, con independencia de que
se pueda hacer un estudio valorativo de la actuación de la Inspección a
través de las actas, lo deseable sería que levantáramos cada vez menos
actas, ya que eso supondría un mayor grado de cumplimiento por parte de
las empresas. En consecuencia, vamos a incidir también en aspectos como
los requerimientos, los asesoramientos y no exclusivamente centrarnos en
lo que es el aspecto sancionador, que, indudablemente, y dado el carácter
que tiene la Inspección de Trabajo, también habremos de acometer.
Hemos establecido, en función de lo anterior, un plan operativo de lucha
contra el empleo irregular de 175.000 visitas específicas en ese sector,
103.000 visitas en materia de seguridad e higiene, 7.000 visitas
integrales, y denominamos visitas integrales a la realización de aquéllas
a centros de trabajo, haya o no haya denuncias, empresas que no se hayan
visitado en los últimos años y que se haga una visita completa de todo
aquello que es competencia de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
y, a ser posible, trabajando en equipo inspectores y controladores.
Por último, se ha fijado como objetivo nacional de recaudación el ya
fijado en años anteriores de 70.000 millones de pesetas, porque
entendemos que, a mayor volumen de liquidación de un año respecto de
otro, indudablemente las cifras quizá tiendan a bajar y, por tanto, nos
hemos mantenido en las cifras que ya teníamos.
Por otra parte, se han programado en materia de seguridad e higiene como
objetivo nacional, ya he dicho, 103.000 visitas a centros de trabajo, y a
aquellas comunidades que habían asumido todas las competencias en materia
de seguridad e higiene se les ha remitido la previsión para esas
provincias, habiendo recibido respuesta de todas ellas, manteniendo, más
o menos, las previsiones que habíamos hecho y manteniéndose, si acaso, en
alguna comunidad como la catalana, que se han aumentado, porque nosotros
habíamos partido de los datos existentes de años anteriores y, en
consecuencia, la programación siempre se había realizado dentro de unos
límites razonables. El 22 por ciento de las visitas comprometidas quedan
reservadas para la actividad no programada, es decir, para tramitar
denuncias y toda la actividad rogada, como la investigación de
accidentes, informes, enfermedades profesionales y cualquier otro tipo de
denuncia que se pudiera presentar.
En materia de seguridad e higiene, que supone el 78 por ciento del total
de visitas comprometidas, se han establecido 51.500 visitas en
construcción, el 50 por ciento de la totalidad de las visitas previstas.
Se ha dejado a las provincias para que establezcan ellas campañas
provinciales en determinados sectores o actividades económicas en los que
haya un mayor índice de siniestralidad; estas campañas se han iniciado a
partir de abril de 1994, y se han mantenido lo que se llaman programas
especiales de seguimiento y control del cumplimiento de las directivas
comunitarias en materia de seguridad e higiene ya transpuestas. Son 5.150
visitas y de ellas se ha reservado el 5 por ciento a agentes específicos:
amianto, plomo, ruido, benceno, cloruro de vinilo y sustancias de
producción y usos prohibidos. En esta materia hemos colaborado
intensamente tanto el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo como la propia Dirección General de la Inspección, las
comunidades autónomas en todo caso, y esperemos que, fruto de esa
colaboración, podamos llegar incluso a ser más eficaces de lo que hasta
ahora he manifestado que creo hemos sido. Por último, las 7.000 visitas
integrales que se harán también en función, aunque se establezcan a nivel
nacional, de las necesidades y la realidad de cada provincia.
Esto es, señorías, esquemáticamente el panorama de lo que ha sido la
inspección y de lo que pretende ser en el año 1994. Espero que con esta
información haya respondido a la comparecencia que se me había
solicitado.
La señora VICEPRESIDENTA (Rivadulla Gracia): Gracias, señora Directora
General, también por su esfuerzo de síntesis.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, grupo proponente, tiene la palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias a la señora Cazorla por su
comparecencia, felicitarla porque en su primera comparecencia ha tenido
la brillantez que imponían las circunstancias horarias, que obligaban,
como ella ha entendido perfectamente, a una limitación. No obstante, yo
le pediría, en la medida de lo posible, que ese informe que ha utilizado
para su exposición pudiera remitirlo a los distintos grupos
parlamentarios, con el objeto de conocer con detalle lo que es la
actuación de ese conjunto de funcionarios, inspectores y controladores
que, en nuestra opinión, han llevado a cabo un trabajo necesario, en
primer lugar, desgraciadamente necesario en la realidad de nuestro país,
pero, en todo caso, brillante, y que pone de manifiesto un importante
esfuerzo llevado a cabo por los mismos.
Nuestro Grupo Parlamentario, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
concede una especial importancia a la labor de la Inspección de Trabajo y
de ahí que sea una cierta costumbre en esta Comisión que a petición
nuestra se produzca la comparecencia de quien ostenta la Dirección
General a efectos de hacer balance del año anterior y las líneas de
trabajo del año en el que se comparece. Le concedemos una especial
importancia porque la Inspección de Trabajo tiene como su objetivo
fundamental el cumplimiento de la legislación laboral, y la legislación
laboral, tal como se entendía tradicionalmente en este país, a pesar de
quiebras importantes que se puedan producir en los últimos meses, en las
últimas semanas, tiene como objetivo, en nuestra opinión, proteger al
trabajador y establecer una cierta igualdad en una relación que de por sí
es desigual en claro beneficio para el empresario. Desde ese punto de
vista, la labor de la Inspección de Trabajo para un grupo comprometido
con los intereses de los trabajadores tiene, evidentemente, una gran
importancia, y de ahí que solicitemos su comparecencia.
Nos gustaría destacar de su comparecencia distintos datos. En primer
lugar, que, a pesar de que en el año 1993 se produce una caída de empleo
espectacular, sin embargo la Inspección de Trabajo crece en su número de
actuaciones.
En nuestra opinión, eso pone de manifiesto cómo esa caída de empleo va
acompañada de un deterioro global del mercado de trabajo, incluso en
donde no se pierde el empleo, lo que da lugar a que, tal como ha dicho
usted, tal como lo ha puesto de manifiesto en su intervención,
efectivamente crezca el número de denuncias salariales o de jornada,
etcétera, que se presentan a la Inspección de Trabajo, lo que pone de
manifiesto no sólo que se produce una caída de empleo, sino una caída de
todo un conjunto de derechos de los trabajadores en el año 1993. Esto ha
dado lugar a un crecimiento importante de actividad por parte de la
Inspección de Trabajo. Y es de felicitar, y quiero reiterarlo, el dato de
que en algunos casos concretos se haya sobrepasado los objetivos
inicialmente previstos y en otros se haya estado prácticamente en el
límite de las previsiones que se habían llevado a cabo en los programas
presupuestarios del año 1993. Y eso a pesar de que, tal como reconocía
usted, existe escasez de medios. Nos ha dicho usted que manteniendo las
plantillas actuales harían falta tres o seis años para llevar a cabo
determinados programas previstos en la medida en que afectaran a todas
las empresas a las que se dirigían esos programas.
No cabe duda de que es necesario dotar de más medios (humanos, técnicos)
a la Inspección de Trabajo. Esa es nuestra reiterada pretensión, cuando
se producen las comparecencias en torno a las previsiones
presupuestarias, y nos satisface comprobar que por parte de la Dirección
General de la Inspección de Trabajo se comparte estas preocupaciones, y
desearíamos que, efectivamente, se pudiera trabajar en mejorar sus
previsiones en los próximos años.
Desgraciadamente, a pesar del papel brillante que se lleva a cabo por la
Inspección de Trabajo con tan escasos medios desde el punto de vista
gubernamental, la compensación que se da, por lo visto, es restar
competencias a la Inspección de Trabajo. La reforma laboral va a privar
de un importante plantel de competencias a la Inspección de Trabajo y
éste es un tema que nos parece que puede dar lugar a que ese deterioro
del mercado laboral, que se ha comprobado en el año 1993, se pueda
agudizar en el año 1994, en el que alguno de los datos positivos que
usted ha puesto de manifiesto, por ejemplo, el número de accidentes, qué
duda cabe de que no sólo era atribuible a una caída en el empleo, que
lógicamente daba lugar a que hubiera menos accidentes, sino también, como
usted indicaba, al trabajo llevado a cabo por la Inspección. Nos tememos
que esas menores competencias de la Inspección de Trabajo puedan dar
lugar a un deterioro del mercado laboral.
Dicho eso, señora Cazorla, agradeciéndole su comparecencia y explicación
detallada, reiterándole la petición de que nos la transmita porque creo
que podemos sacar datos de interés para la misma, pidiéndole que
transmita la felicitación a todos los inspectores y que haga los
esfuerzos oportunos para dotar de mayores medios, nos permitiríamos
pedirle algo que nos parece que es un instrumento idóneo para conseguir
el que la labor de la Inspección sea lo más útil posible, y es la
participación de los agentes sociales.
Usted ha hecho referencia a los contactos con las comunidades autónomas,
pero no le hemos oído --quizá sea un fallo de este portavoz-- el que se
mantenga contactos regulares con las organizaciones, especialmente
sindicales, de cara a conseguir que las líneas de trabajo de la
Inspección de Trabajo sean asumidas por todos los agentes sociales y se
pueda obtener el máximo de rentabilidad. Nosotros creemos que, por
ejemplo, se está prestando una importancia especial por parte de la
Dirección --lo ha dicho usted-- a la lucha contra el fraude, y a veces
esa lucha contra el fraude se centra, por ejemplo, en el tema del fraude
del desempleo, en el que reiteradamente se hace hincapié, y, sin embargo,
usted ha dado un dato especialmente importante. Se han levantado 11.000
actas, me ha parecido entenderle en su intervención, en materia de fraude
en la prestación por desempleo. Si tenemos en cuenta que, tal como nos
indicaba en su anterior comparecencia el Director General del Inem, hay
más de dos millones de beneficiarios actualmente de algún tipo de
prestaciones, del total
de prácticamente 3.800.000 parados de nuestro país, pues se han levantado
11.000 actas de fraude, que estadísticamente es el 0,5 por ciento del
total de beneficiarios. Da la impresión, por tanto, de que, aunque el
fraude haya que combatirlo en todos los terrenos --y nosotros creemos que
hay que combatirlo en todos los terrenos, incluido éste--, a tenor de las
actuaciones que se han llevado a cabo hasta la fecha, no es apreciable un
grado importante de fraude en este terreno. La existencia de 11.000 actas
de fraude en la prestación de desempleo sobre un total de dos millones de
beneficiarios, es verdad que no quiere decir que haya sólo ese nivel,
porque no se ha podido inspeccionar a todos los beneficiarios, pero sí
pone de manifiesto que el fraude en la prestación de desempleo es
porcentualmente muy bajo, el 0,5 por ciento. Sin embargo, nosotros
creemos que hay otros terrenos en los que se produce fraude y que sería
importante que, por la Inspección, se llevara a cabo un seguimiento
importante; a veces nos da la impresión de que no se lleva a cabo, por
ejemplo, en el tema del aprendizaje y de la formación de los aprendices.
Durante meses se han estado suscribiendo contratos de aprendizaje y no
había la menor previsión sobre el tema de su formación, y no tenemos
conocimiento de que la Inspección de Trabajo haya llevado a cabo un
seguimiento específico de esa cuestión. No nos atrevemos a decir que se
haya hecho lo contrario, no hacer el seguimiento, pero sí quisiéramos
llamarle la atención sobre este problema, porque nos parece que es un
problema importante. Cuando se insiste --y ha tenido usted ocasión de oír
al anterior Director General de Inem-- en que éste es un tipo de contrato
que va a tener una particular incidencia, creemos que sería muy oportuno
el que, por parte de la Inspección de Trabajo se tomaran medidas para que
a un contrato ya tan deteriorado, tan degradado como es el contrato de
aprendizaje, la ilegalidad no lo suma en la pura y dura explotación.
Creemos que por parte de la Inspección de Trabajo, insisto, se debería
hacer un seguimiento específico de este contrato, de figuras como las del
tutor, que existen en la letra de la Ley, pueden existir incluso en la
formalización inicial del contrato, pero que luego tenemos datos para
creer que no tienen ningún contenido real y esto, evidentemente, incide
en que ese contrato de aprendizaje sea una fuente de deterioro
especialmente preocupante, desde nuestro Grupo lo consideramos
especialmente preocupante. A veces se nos dice que es que no hay
alternativa. La alternativa es: el paro o ese contrato. Es triste que
algunos grupos planteen que no hay otras alternativas. Desde luego, desde
Izquierda Unida afirmamos que hay otras alternativas y estamos dispuestos
a trabajar, a comprometernos, incluso nuestro coordinador general hablaba
de quemarnos con otras alternativas, porque las hay. Aquellos grupos que
sostienen que las únicas alternativas son el paro o el aprendizaje, en
nuestra opinión, someten a la ciudadanía a unas alternativas que no son
reales; hay otras alternativas.
Finalmente, debo señalar que la seguridad e higiene laboral es un
problema muy grave en nuestro país. Se ha mejorado, se ha notado el
efecto de determinadas actuaciones llevadas a cabo por la Inspección en
años anteriores, muy positivas. También ha incidido, insisto, la caída de
empleo en que haya menos, pero seguimos teniendo unos datos muy notables
en relación con lo que en estos momentos existe en Europa, y muy notables
en sentido negativo. Este es un tema, señora Cazorla, en el que creemos
que el porcentaje de 103.000 visitas programadas para este año 1994,
inferiores a las 175.000 previstas en el plan de lucha contra el empleo
irregular, quizá debería incrementarse, porque la seguridad e higiene en
el trabajo, incluso desde el punto de vista de ahorro de gastos --y,
desde luego, no es el aspecto más importante, al menos para nuestro
Grupo--, puede dar lugar a unos resultados espectaculares. Pero si
atendemos a lo importante que es la salud y la integridad de los
trabajadores, los resultados son auténticamente alentadores, en la medida
en que se lleva a cabo una política eficaz.
Por todo ello, señora Cazorla, agradecemos su comparecencia, le pedimos
que nos detalle más esos datos y le animamos a que, con la escasez de
medios que tiene usted, con las competencias más recortadas que esta
reforma laboral le deja, continúe trabajando y transmita el aliento a los
funcionarios para conseguir que el mercado laboral de nuestro país no se
desequilibre de una manera particularmente grave, en beneficio de los
empresarios y en perjuicio de los trabajadores.
La señora VICEPRESIDENTA (Rivadulla Gracia): ¿Grupos que desean
intervenir? (Pausa.) En nombre del Grupo Popular tiene la palabra el
señor Fernández Díaz.
El señor FERNANDEZ DIAZ: Quiero dar las gracias a la señora Directora
General de la Inspección de Trabajo por esta su primera comparecencia,
como ha señalado. Le deseo muchos éxitos por el bien de la función
inspectora.
Señora Directora General, yo me sumo a la petición que ha efectuado, en
nombre del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, el señor
Peralta, que solicitaba, si pudiera ser --ya que usted lo ha ofrecido--,
ese informe que detalla con más precisión los datos tan interesantes que
usted ha expuesto aquí. Lo digo porque de esa manera ahorraríamos quizás
una comparecencia basada en cifras que, por otra parte, lógicamente al
tomar nota nos bailan. En concreto (porque es uno de los temas sobre el
que quería incidir he tomado nota en relación con las cifras que usted
daba, pero al final me ha sido imposible precisarlas), en el ámbito de la
economía sumergida, que es un objetivo que viene siendo prioritario en
los planes de la Inspección de Trabajo, como es lógico, esa economía que
está al margen de la legalidad, al margen de la legislación y que, sin
duda, es un cometido propio de la Dirección de Trabajo, ¿cuáles han sido
los resultados obtenidos en 1993? Yo he tomado nota --y usted me puede
corregir, si no es así, señora Directora General-- de 28.000 actas en
cifras redondas. Después ya me he perdido. Aludía a que las sanciones se
elevaban a 4.000 millones y pico de pesetas. Usted nos decía que podía
aludir de manera más concreta a la distribución espacial de esas
inspecciones. Unos datos grosso modo sí que me interesarían. En todo
caso, repito, interesaría mucho que nos pudiera desglosar, al Grupo
Popular por lo menos, esos datos desde un punto de vista espacial,
desde un punto de vista de los sectores productivos y los resultados que
en su caso se han conseguido. También en este ámbito de las estadísticas,
entiendo que el objetivo de los 70.000 millones de pesetas --y si no es
así me corrige usted-- son en actas de liquidación de cuotas de Seguridad
Social. Querría saber también los resultados obtenidos en el ejercicio de
1993 y qué previsiones hay para 1994 en relación con las actas de
infracción y las actas de obstrucción. Lo digo porque, sin duda, la
Directora General de la Inspección sabe mejor que yo el problema judicial
que al final aparece en relación con las actas de obstrucción, que me va
a llevar a plantearle después una pregunta en relación con ese tema.
Su señoría sabe que la reforma laboral amplía en gran medida las
posibilidades del arbitraje, y de este modo también evita que parte de
los conflictos laborales desemboquen en los tribunales de justicia.
¿Tienen prevista alguna actuación en especial en relación con la
Inspección de Trabajo para incrementar las labores del arbitraje y, en su
caso, la conciliación y mediación de la Inspección de Trabajo y evitar la
excesiva judicialización de los conflictos laborales? Todo ello en el
contexto de esta reforma laboral que esta Cámara acaba de aprobar y que
terminará en la sesión plenaria de mañana con la aprobación definitiva de
la ley que regula las empresas de trabajo temporal.
Sabe también la Directora General que hemos aprobado en el contexto de
esa reforma laboral una modificación del Cuerpo de la Inspección de
Trabajo. De acuerdo con el pacto autonómico y la ley correspondiente del
año 1992, va a ser transferida a las comunidades autónomas la competencia
de ejecución de la legislación laboral. Evidentemente, eso plantea un
reto al Cuerpo de la Inspección de Trabajo, que si pretende permanecer
como cuerpo único en todo el territorio nacional debía adaptarse a esa
nueva regulación. Las Cámaras, el Congreso y el Senado, han aprobado una
disposición adicional nueva en la Ley de Infracción y Sanciones al Orden
Social, del año 1988, en virtud de la cual va a haber una unidad de acto
administrativo, que es muy importante, dado que la Inspección de Trabajo
tiene la competencia en materia de Trabajo y Seguridad Social, con
independencia de la adscripción a una comunidad autónoma que tenga
transferida la competencia de ejecución de legislación laboral, si se
detectaba que había un incumplimiento en materia de legislación sobre
Seguridad Social, o un trabajador estaba sin dar de alta o no estaba
afiliado a la Seguridad Social, o había un descubierto de cotización por
parte de la empresa o un fraude en materia de desempleo, o lo que fuera,
efectivamente el inspector pudiera tomar todas las medidas que
procedieren con independencia del órgano administrativo al cual estuviera
adscrito y sin perjuicio, lógicamente, de darle el trámite
correspondiente al órgano administrativo, al centro directivo, a la
institución que tuviera la competencia en materia de resolución de esa
cuestión. Parecía que eso era muy importante resolverlo y lo hemos
resuelto. De la misma manera va a estar garantizada la unidad de acceso
al Cuerpo, la unidad de traslados a los distintos inspectores en los
concursos de traslado, por tanto, con carácter único. Todo ello con la
intención de que la función inspectora sea más eficaz, pero también para
conseguir facilitar la consecución de uno de los objetivos que la
Dirección General de la Inspección de Trabajo, en su comparecencia del
año anterior, señaló como uno de los más importantes, que es lograr una
unificación de criterios en la actuación de la Inspección de Trabajo en
todo el territorio nacional. Es evidente que con esta medida que se acaba
de aprobar la semana pasada en el Congreso pretendemos también facilitar
la consecución de ese objetivo. La legislación laboral es común para todo
el territorio nacional. La fiscalización y vigilancia del cumplimiento de
la legislación laboral, que está asignada a la Inspección de Trabajo debe
ser homogénea en todo el territorio nacional y es evidente que, con ese
instrumento, se va a facilitar a la Inspección de Trabajo la consecución
de ese tratamiento homogéneo y unificado en todo el territorio nacional.
Me gustaría que la Directora General de la Inspección en esta primera
comparecencia, y estando tan reciente esa aprobación, esa modificación de
la regulación de la Inspección de Trabajo, nos dé su valoración y nos
diga cómo van a instrumentalizar, cómo van a aplicar esa nueva regulación
que se ha efectuado en virtud de esa reforma del Estatuto de los
Trabajadores y atendiendo, lógicamente, a la modificación de la Ley de
Infracciones y Sanciones al Orden Social.
Por último, se ha referido también el señor Peralta a un tema en el que
nosotros tenemos mucho interés, que es el del contrato de aprendizaje. En
el debate subsiguiente a la comparecencia del Director General del Inem,
en el punto anterior del orden del día, hemos visto hasta qué punto
preocupa a los grupos parlamentarios que integran esta Cámara la cuestión
del contrato de aprendizaje. Nos ha dicho el Director General del Inem
que estaban formalizados cerca de 55.000 contratos y que ha sido suscrito
un convenio entre el Ministerio de Educación y Ciencia y el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social con vistas a cumplir ese 15 por ciento de
formación que contiene el contrato de aprendizaje. Ahí, sin duda, la
Inspección de Trabajo tiene una función muy importante. Me gustaría, si
es posible, que la Directora General nos dijera qué instrucciones tiene
previstas a este respecto o, en su caso, qué previsiones tiene efectuadas
la Inspección de Trabajo para poder conseguir que el contrato de
aprendizaje sea el que, en todo caso, está previsto en la ley, en el
texto legal, y que no se va a convertir en una manera de acceder de forma
barata al mercado de trabajo por parte de jóvenes que no tienen una
formación adecuada. Recuerdo que ha dicho el Director General del Inem
que no tienen formación básica un 38 por ciento de los trabajadores que
se han incorporado al mercado de trabajo en virtud de un contrato de
aprendizaje. Por tanto, es evidente que hay una bolsa potencial de muchos
miles de contratos sobre los cuales la Inspección va a tener que estar
muy vigilante, insisto, para no desnaturalizar ese contrato que es de
aprendizaje. Por tanto, que el cumplimiento de ese 15 por ciento en
formación ha de ser, como sabe la Directora General, inexcusable. Estamos
seguros de que la Inspección estará a la altura de las circunstancias y
de que, sin duda alguna, va a tener una atención especial sobre esa nueva
modalidad contractual.
Por último --ahora definitivamente--, señora Directora General, le diré
que han pasado ya muchos años desde la aprobación de la Constitución.
Todavía la ley ordenadora de la Inspección es preconstitucional, no digo
anticonstitucional, por supuesto. ¿Qué previsiones tiene la señora
Directora General de la Inspección de Trabajo o hasta qué punto considera
conveniente, o en su caso necesario, que haya ya una ley ordenadora de la
Inspección de Trabajo, no ya preconstitucional sino plenamente
constitucional?
Reitero mi agradecimiento y mi felicitación a la Directora General por su
comparecencia y le ruego que esos datos que nos prometía nos los envíe
para que podamos estudiar con más detenimiento las cifras que nos ha
suministrado.
La señora VICEPRESIDENTA (Rivadulla Gracia): En nombre del Grupo
Socialista tiene la palabra el señor Neira.
El señor NEIRA LEON: Muchas gracias, señora Directora General.
Sería yo un atrevido si hiciese aquí una valoración negativa de la labor
de la Inspección, habida cuenta de los insignes representantes de este
Cuerpo que tenemos en la Comisión. Sería también paradójico porque,
después de las intervenciones del resto de los portavoces, llamaría la
atención que el representante del Grupo Socialista criticase la gestión,
habida cuenta, digo, de la valoración tan positiva que ellos han
efectuado. Pero sería sobre todo una injusticia con la realidad de los
hechos y no reflejaría mi opinión ni la del Grupo Socialista al respecto.
Del conjunto de información que usted nos ha dado se pone de manifiesto
algo que a pesar de ser conocido vale la pena recordar, y es el papel
capital que la Inspección de Trabajo realiza en la función tuitiva del
Estado en las relaciones laborales, así como el papel capital también en
el control de la legalidad en las relaciones laborales; función tuitiva
menor que en el pasado, dado el proceso de mayor autonomía de las partes
en la determinación de las condiciones de trabajo y en la cada vez mayor
facultad de control y participación que tienen tanto los sindicatos como
los representantes de los trabajadores; pero función que sin duda no
desaparecerá --no puede desaparecer--, habida cuenta de la desigualdad
real que hay entre las partes que contratan en el ámbito laboral.
La Inspección de Trabajo tiene hoy --justo es decirlo-- un reconocimiento
y un prestigio; reconocimiento y prestigio que vienen dados por la
eficacia, el rigor con que los inspectores de trabajo han desarrollado su
labor y también --vale la pena comentarlo-- por un cierto contenido
progresista en su labor, no ya hoy, que quizá no sea difícil, sino
incluso en otras épocas en las que no estaba tan de moda ser progresista
y ayudar a los trabajadores. Casi todos, al menos en mi caso, hemos sido
testigos muchas veces, incluso beneficiarios de esta labor. Pero nosotros
no queremos ni vamos a hacer una valoración con fines electoralistas.
Tenemos una razonable satisfacción de lo hecho, pero entendemos que es un
camino y que en ese camino no nos podemos mantener excesivamente
satisfechos hasta el extremo de que no nos permita avanzar. Pensamos que
hay que seguir avanzando y que la Inspección tiene delante aún unos
grandes retos. La Inspección tiene que ir adecuándose cada vez más a la
realidad autonómica del Estado, donde la inmensa mayoría de las
comunidades autónomas ya tienen competencias en la materia sobre la que
actúa la Inspección de Trabajo. La lucha contra la economía sumergida no
es una lucha del pasado sino del presente y, sin duda alguna, una lucha
del futuro. Es muy desmoralizador, tanto para empresarios como para
trabajadores, ver que hay economías de este tipo porque perjudica a unos
y a otros y representa un coste injusto a veces para la Administración,
para el Estado, de manera que puede haber muchas veces trabajadores que
no tengan prestaciones porque otros la estén cobrando y también
represente una manera de competir injusta.
Ya se ha hablado aquí --y yo me uno a esas voces-- de la necesidad de
vigilar de cerca el fraude en la contratación --ahora no más que antes
pero tanto como antes-- y, por supuesto, de esforzarnos más aún en el
control de la aplicación de las normas de la seguridad e higiene. Se ha
valorado el gran avance que hay en estos temas, pero también es cierto
que nunca podremos manifestar una satisfacción total al respecto.
Tenía previsto hacerle una serie de preguntas, pero usted me las ha
contestado, fundamentalmente en lo que hacía referencia a elementos
comparativos del trabajo realizado en 1993 respecto de años anteriores,
que era lo que nos podía dar una perspectiva de en qué dirección
avanzábamos. De lo dicho por usted deduzco que la dirección es la
correcta. Voy a referirme solamente a una cuestión que no he debido
entender bien, al importe de las sanciones por cuestiones de seguridad e
higiene en la construcción. Me parece que ha hablado de un millón y pico.
Creo que es muy poco: o hay un gran cumplimiento o está equivocado el
dato.
La señora VICEPRESIDENTA (Rivadulla Gracia): Para responder a las
cuestiones planteadas por los grupos que han intervenido, tiene la
palabra la señora Directora General.
La señora DIRECTORA GENERAL DE LA INSPECCION DE TRABAJO (Cazorla
Aparicio): En primer lugar, quiero agradecer a SS. SS. la valoración
positiva que han hecho respecto de la labor de la Inspección de Trabajo y
recoger la parte que como Inspectora de Trabajo y Seguridad Social me
toca.
Voy a intentar dar respuesta a todas las cuestiones. Por descontado que
haré llegar a todos los grupos parlamentarios los datos que traía para
una comparecencia un poco más extensa y que he ido abreviando a marchas
forzadas. Quizás no haya sido tanto que no hayan comprendido SS. SS. como
que yo haya pasado excesivamente rápida sobre algunos datos, y de ahí la
dificultad para que hayan podido entenderlos.
En cuanto a los medios humanos y materiales de la Inspección, quiero
hacer notar que es una sensibilidad de las
sucesivas direcciones generales. De ahí que la oferta de empleo pública
no se haya limitado excesivamente en unos determinados años y que ahora,
a pesar de las restricciones y las limitaciones, a pesar de todo se haya
mantenido para los años sucesivos, aunque no en el número deseable, y
espero que se siga manteniendo, incluso aumentando. Bien es verdad que
sólo se ha producido respecto del cuerpo superior y no de los
controladores laborales, pero es de desear que en el futuro esa oferta de
empleo se pueda ver aumentada una vez superemos el momento presente de
restricciones presupuestarias.
Respecto a la quiebra de la protección y a la limitación de las
competencias de la Inspección, señor Peralta, realmente tampoco hay que
hacer una valoración como una limitación de competencias exclusivamente
de la Inspección, porque uno de los grandes males con los que nos
encontrábamos muchas veces, sobre todo en temas que ahora han pasado a la
jurisdicción, era que los denunciantes --los propios sindicatos-- nos
achacaban que habíamos puesto una sanción pero que con ello no habíamos
resuelto su problema y tenían que ir a la jurisdicción, sobre todo en
temas como la movilidad, la modificación de condiciones, etcétera. Es
evidente que se mantiene la protección puesto que pasa de la
Administración a la jurisdicción y yo creo que precisamente en virtud de
ese principio de legalidad, de que el autoritarismo de la Administración
deba ceder en aras de que sea la jurisdicción la que vaya entendiendo de
determinados temas. Por otro lado, si tenemos escasez de medios y no
podemos llegar a todo, no creo que se produzca una desprotección,
honradamente lo creo así. Indudablemente hay competencias que ya no se
tienen, pero ello no es obstáculo para que ahora podamos profundizar más
en las que tenemos, entre ellas la relativa a la seguridad e higiene, que
no se va a recortar.
Por lo que respecta a la lucha contra el fraude y el desempleo, las
cifras no son muy representativas si contamos el volumen total de las
infracciones a nivel nacional. Sin embargo, sí le puedo decir que las
actas de infracción a trabajadores con propuesta de extinción fueron
8.028 en el año 1992 y en este período han sido 11.008. Esto quiere decir
que los incumplimientos han aumentado un 37,12 por ciento y, por tanto,
no es gratuito que se incida en la lucha contra el fraude. Es verdad que
no es ahí donde exclusivamente debemos polarizar nuestras actuaciones. Ya
he insistido antes --aunque lo he mencionado muy rápidamente-- en que una
de las pretensiones de la Inspección era centrar la actuación no sólo en
la lucha contra el fraude en las prestaciones sino también en los
ingresos. Creo que es representativo del esfuerzo realizado el que
hayamos superado muy ampliamente los objetivos previstos, siendo del
orden de cien millones ochocientas mil las liquidaciones que se han
producido en un terreno tan importante como es el del fraude en los
ingresos. Tampoco hemos de olvidar que en el fraude en la prestación
siempre hay alguien que también está colaborando, normalmente. Pueden
darse situaciones en las que no haya esa colaboración y se pueda
sorprender la buena fe de aquel que da empleo, pero también hay una parte
que colabora y por eso no se debe abandonar.
En cuanto a las visitas de seguridad e higiene, si nos fiamos
exclusivamente de las cifras puede parecer desproporcionado porque para
mí lo más importante es la integridad física del trabajador y su salud,
pero tenemos que contar con el total de efectivos de que dispone la
Inspección. En seguridad e higiene sólo tiene competencia el cuerpo
superior, mientras que en materia de empleo y lucha contra el fraude
también tienen cabida los controladores laborales en sus actuaciones y al
ser mayor el número de efectivos también es mayor el número de visitas
previstas, pero es exclusivamente en función del número de personas que
van a realizar las visitas. En todo caso, si tuviéramos que hacer un
esfuerzo en todas las actuaciones integrales, aparte de las programadas y
otras actuaciones previstas en seguridad e higiene, lo haríamos
indudablemente en esta materia relativa a la seguridad e higiene en el
trabajo.
En materia de contratación no habíamos hecho previsiones, y no las
habíamos hecho porque, en la contratación, al regularse la participación
de los agentes sociales, especialmente la sindical en los contratos
formalizados por escrito (y casi todos los contratos y sobre todo las
nuevas formas de contratación lo son por escrito), y al existir unas
comisiones provinciales de contratación, preveíamos que a través de esas
comisiones se filtrarían las actuaciones en materia de contratación de la
Inspección, y de hecho ha venido siendo así. Por otra parte, se convocó a
los agentes sociales, calculo que a finales de año, hacia noviembre --no
recuerdo las fechas--, para establecer precisamente las actuaciones
prioritarias en materia de contratación de cara al año 1994. A esa
convocatoria sólo respondió Comisiones Obreras y en realidad lo que pidió
fue un aplazamiento, bien es verdad que las fechas eran malas. En ese
momento no se había producido todavía la ruptura en las negociaciones
sobre la reforma del mercado de trabajo, luego vino la reforma y quizá
ése haya sido el motivo por el que no se hayan plasmado esas aspiraciones
por parte de los agentes sociales. De todas maneras, espero y preveo una
vez que la reforma es ya un hecho, sólo a la espera del resultado de
mañana, volverme a dirigir a todos los agentes sociales, a los sindicatos
más representativos a nivel nacional yo y en las provincias aquellos que
tengan esa representación en cada comunidad, para planificar este tipo de
actuaciones. En todo caso, con independencia de que se deba seguir
cualquier tipo de contratación, la Inspección ha puesto el acento más
donde está el fraude ya manifestado que sobre presuntos fraudes, porque
no podemos presumir que los contratos que se celebren son ilegales y
partimos de que existe una presunción de inocencia traspuesta a los
términos penales al Derecho administrativo, pero indudablemente tendremos
que revisar aquellos que se produzcan. Le puedo manifestar que denuncias
en materia de contratos de aprendizaje se han producido muy pocas en lo
que va de año. Sin darle la cifra exacta, son del orden de las cien
denuncias, lo que no parece excesivamente significativo. Pero prefiero
incidir más en otros aspectos donde ya he detectado un volumen importante
de fraude y no en aquellos en los que he detectado menos. Y es porque
también confío en que a través de esas comisiones se nos hará
llegar aquello en lo que se tenga y se quiera hacer especial hincapié.
En cuanto al diálogo con los agentes sociales, siempre he sido una
persona abierta absolutamente al diálogo y el hecho de que hasta ahora no
hayamos tenido ocasión de que se produjera con un carácter amplio se ha
debido a la particular situación de este año. Pero una vez aprobada la
reforma --quería esperar a ver en qué términos se producía
definitivamente-- me proponía volver a tomar contacto con los sindicatos
y con las organizaciones empresariales. De hecho, todos me han contestado
y me han pedido un aplazamiento en las previsiones y en lo que iba a
hacer la Inspección en este sentido.
Creo que he respondido a todo lo que me planteaba.
Señor Fernández Díaz, en algunas cuestiones como la economía sumergida
(con independencia de que, como ya he manifestado con carácter general,
haga llegar estos datos) se han levantado 16.169 actas de infracción en
materia de fraude al desempleo; a empresas, 5.161, con un importe de
2.585.661 pesetas; con propuesta de baja a trabajadores, con propuesta de
extinción de prestaciones, 11.008; con propuesta de baja de prestaciones
pero sin sanción, 559; con propuesta de denegación de prestaciones de
desempleo sin sanción, 422; total de trabajadores afectados por
prestaciones por desempleo, 11.989. El ahorro estimado en desempleo es de
18.813.822.173 pesetas. Eso en lo que es fraude al desempleo
exclusivamente, prestaciones. Dentro de esa campaña, empleo regular de
trabajadores extranjeros, se han levantado 1.230 actas a empresas, con
propuesta de sanción por valor superior a 900 millones de pesetas
--900.582.340 pesetas--, y ha afectado a 1.738 trabajadores. En materia
de infracción por falta de afiliación o alta a trabajadores se han
levantado 29.986 actas. El incremento estimado en cuotas a la Seguridad
Social después de las visitas realizadas y por los 59.972 trabajadores
afectados, en una proyección estimatoria de dos trabajadores por acta, ha
sido del orden de 1.500 millones de pesetas. También podríamos hablar de
los efectos inducidos, donde sí se establece una valoración y una
relación muy directa porque inmediatamente después de la visita de la
Inspección se producía un número importante de altas en Seguridad Social,
y han sido 12.437 las altas que se han producido a continuación. El
incremento estimado en cuotas, también siempre partiendo de que el
promedio sería de dos trabajadores por acta, es del orden de 320 millones
de pesetas.
Hay que hacer notar aquí que las actas de obstrucción han sido
importantísimas: 1.772 obstrucciones se han producido a lo largo de esta
campaña de economía sumergida. Ello quiere decir que de todas las
comprobaciones que se han realizado se ha dejado un número importante sin
poder comprobar, porque además ni siquiera se tiene la garantía de que se
haya producido ese efecto inducido al carecer de datos respecto de ellas.
Con ello enlazo, aunque no sea por el orden de las preguntas que me ha
hecho, con lo que podamos hacer con las actas de obstrucción, lo que
piensa hacer la Dirección General de la Inspección con una norma no
inconstitucional, pero sí preconstitucional. Tenemos prevista una nueva
ley ordenadora de la Inspección para la que pretendíamos iniciar todos
los trámites necesarios inmediatamente después de que se hubiera aprobado
la reforma del mercado de trabajo, no sólo la ley sino también el
reglamento de actuación de la Inspección, porque era una parte importante
del sistema de Inspección que no está contemplada actualmente desde el
punto de vista legal la de los controladores laborales y, además, porque
hay figuras que, como pasa con la obstrucción y con otra serie de figuras
legales, requieren un estudio desde el punto de vista de la Constitución
y de su constitucionalidad. Realmente se ha producido alguna sentencia
respecto de la Inspección de Hacienda en cuestiones similares, y estamos
estudiando precisamente a la luz de la Constitución toda la nueva
ordenación de la Inspección de Trabajo.
En cuanto a los sectores afectados por la campaña de economía sumergida,
en todas las comunidades autónomas, excepto en La Rioja, Ceuta y Melilla,
se ha detectado un mayor número de infracciones de trabajadores por
fraude en el desempleo. Aunque Andalucía es la Comunidad Autónoma que
tiene mayor número de trabajadores en situación de fraude, su
participación en el fraude y en la situación irregular ha disminuido
respecto del año 1992. La Rioja es la que menor participación tiene en
situaciones de fraude por desempleo, con un 0,28 por ciento; le sigue
Baleares, con un 0,78 por ciento; Murcia, con un 0,89 por ciento, y el
País Vasco, con un 1,17 por ciento.
Si comparamos los resultados de 1992 con 1993, el mayor incremento de
infracciones a trabajadores, en materia de desempleo, curiosamente --y
digo curiosamente por lo que a continuación se verá--, en Madrid ha
supuesto el 200,7 por ciento y Murcia, a pesar de tener el menor número
de fraude, quizás porque se hayan incrementado las actuaciones, ha
ascendido al 164 por ciento; le sigue Galicia, con el 157 por ciento;
después, Canarias, con el 96 por ciento; Castilla-La Mancha, con el 80
por ciento; Castilla y León, con el 79 por ciento; Cataluña, 72 por
ciento; Navarra, 67 por ciento, y Asturias, 54 por ciento. (Rumores.)
Estas cifras pueden ser poco representativas si se tiene en cuenta,
quizás, el hecho de que en años anteriores no se hubiera incidido en
campañas de este tipo o no se hubieran contemplado en la provincia;
simplemente, puede ser el resultado de que se haya intensificado la labor
de la Inspección de Trabajo. En todo caso, el mayor detalle y el análisis
estará en la documentación que distribuiré a cada grupo parlamentario.
En cuanto a las actas de liquidación, a los 70.000 millones previstos en
expedientes liquidatorios, incluye todo tipo de liquidaciones, tanto por
descubierto, por falta de alta como por diferencias en la cotización.
(Rumores.)
No hemos hecho ninguna previsión cara al año 1994 en cuanto a altas de
infracción y de obstrucción; me refiero a que no hemos considerado
oportuno incluir objetivos sancionadores, porque desvirtúa mucho luego la
actuación de la Inspección, y hemos optado por la fórmula, más sensata,
de la visita de inspección; después, en función de cómo se desarrolle la
visita, se adoptarán o no medidas sancionadoras; pero no se ha previsto
de antemano ningún tipo de medida sancionadora. (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Rivadulla Gracia): Señorías, les ruego guarden
silencio.
La señora DIRECTORA GENERAL DE LA INSPECCION DE TRABAJO (Cazorla
Aparicio): En cuanto a cómo se van a unificar criterios, cuál va a ser el
resultado de la declaración, del carácter nacional de la inspección, del
mantenimiento de las competencias de la inspección, con independencia de
aquella comunidad a la que queden adscritas, la enmienda que se ha
introducido a la Ley de 1988 lo que hace es establecer un marco y unas
condiciones sobre las que se va a acordar y en las que se va a implantar
ese juego entre las cuestiones de competencias estatal y lo que son
competencias de las comunidades autónomas. Yo, desde luego, pienso que lo
deseable es que se mantenga ese principio de unidad de actuación y lo no
deseable sería la ruptura, porque es el principal motivo del
mantenimiento de unos criterios uniformes en todo el territorio nacional,
y contra ello tenemos que luchar y evitar que se produzca.
No hay todavía una fórmula, porque como queremos que surja y sea fruto de
un consenso, no está cerrada. Indudablemente, yo sí he partido de que hay
algo dentro de ese consenso que parece razonable, y es que se deje al
territorio, por tanto, a la comunidad, todo aquello que sean
reclamaciones, actuaciones rogadas de la inspección, sean de la materia
que sea, bien sea Seguridad Social, empleo, seguridad e higiene o
trabajo. Si no, indudablemente, si todo lo que fuera competencia estatal
debiera mantenerse dentro de la organización periférica por la que se
opte, o todo lo que fuera competencia de las autonomías se fuera a
plantear en ella, introduciría un elemento de caos no deseable por nadie.
De ahí que yo sería partidaria de llevar al territorio todo aquello que
suponga reclamaciones y actuaciones rogadas, y la planificación, en
aquello que es competencia del Estado, que se hiciera desde la Dirección
General y, por supuesto, desde el propio Ministerio y contando con las
correspondientes autoridades en la materia dentro del territorio.
En cuanto a arbitraje, mediación y conciliación, por su propia identidad,
eso requiere el acuerdo de las partes a la hora de plantear la solución
de los conflictos que se hayan producido. Lo que pasa es que, si se tiene
prestigio, si las actuaciones de la Inspección son correctas,
indudablemente, se acudirá a formas de arbitraje o de mediación, para
evitar jurisdiccionalizar excesivamente el marco del mercado en que se
producen las relaciones de trabajo.
Previsiones específicas no las hay, pero, indudablemente, hay que
mentalizar a la Inspección de que allí donde ha actuado con autoridad
ahora va a tener que actuar con la autoridad que le dé su propia
competencia profesional y su propia medida en la solución de esos
conflictos y no van a venir impuestas por otro motivo. Vamos a estar
preparados para ese reto y si acuden a nosotros en esa petición, estamos
dispuestos a dar respuesta. Y si eso nos va a suponer reducir objetivos
en otra materia o tenerlo en cuenta, sin duda. Lo que pasa es que, al ser
una actividad rogada, es muy difícil establecer programaciones en ese
sentido, sobre todo cuando estamos en un año que es de rodaje ante el
nuevo panorama del mercado de trabajo.
Respecto a la inspección tuitiva, que es una cuestión que me han
planteado todos, tengo que decir que la Inspección de Trabajo tiene un
núcleo de base, es aquello por lo que fue creada, y tiene que vigilar el
cumplimiento de las normas de trabajo. En toda parte débil, con
independencia de que, al tener más fuerza, más representación, o al
variar el panorama constitucional, sin duda, perderá fuerza esa actuación
tuitiva porque, a lo mejor, los agentes sociales, por la vía de la
negociación, solucionan problemas que antes venían, en todo caso, a la
Inspección de Trabajo. Pero es algo que no se va a perder porque, si no,
no sería la Inspección de Trabajo. No podemos olvidar que somos
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Tampoco podemos olvidar que la
Administración tiene que mantener una cierta imparcialidad y una cierta
objetividad a la hora de comprobar cuál es la situación que se produce
ante una determinada situación de fraude, conflicto o de posible
incumplimiento, imparcialidad que debemos manifestar cuando no tenemos
una norma que ampare o que dé la razón, ante un determinado supuesto que
pueda parecer injusto; pero no tenemos la capacidad de aplicar o de
juzgar, sino simplemente la de vigilar el cumplimiento de la norma y
aplicarla. No otra. Sin duda, nunca se pierde ese núcleo esencial, pero
tampoco hemos de olvidar otras funciones que tiene la Inspección de
Trabajo en aras del carácter tuitivo de la inspección, porque la
Administración, en sí, debe mantenerse con una cierta imparcialidad. Y
digo cierta, porque la parte débil no siempre está en condiciones de
defenderse como debiera; pero nunca podemos ir más allá de lo que dice la
norma.
Tengo una serie de datos desde 1988 en adelante, pero, como es muy tarde,
no voy referirme a ellos. Pienso que lo que más preocupaba era el aspecto
tuitivo de la Inspección y qué iba a hacer respecto de los nuevos
contratos y yo creo que he contestado a todo.
La señora VICEPRESIDENTA (Rivadulla Gracia); Gracias, señora Directora
General, por su comparecencia y por los datos aportados a esta Comisión.
--DE LA SEÑORA DIRECTORA GENERAL DE TRABAJO (CORDOVA GARRIDO) PARA
EXPLICAR EL DESPIDO DE 240 TRABAJADORES DE LA EMPRESA «DURO FELGUERA» EN
LA PROVINCIA DE ASTURIAS. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 212/000364.)
La señora VICEPRESIDENTA (Rivadulla Gracia): Señorías, vamos a proceder
ahora a tramitar el punto tercero y último del orden del día de esta
sesión, con la comparecencia de la Directora General de Trabajo, a
instancia del Grupo Federal Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
para explicar el despido de 240 trabajadores de la empresa Duro Felguera
en la provincia de Asturias.
Solicito a la Directora General que ocupe su puesto en la mesa.
(Pausa.--El señor Vicepresidente, Fernández Díaz, ocupa la presidencia.)
El señor VICEPRESIDENTE: Antes de dar la palabra a la Directora General
de Trabajo, recuerdo a los miembros de la Mesa y a los portavoces de los
grupos que, terminada la comparecencia de la citada Directora, estamos
convocados en esta misma sala para fijar el orden del día y la
convocatoria de la próxima reunión de la Comisión. Dado lo avanzado de la
hora, lo recuerdo para que nadie se olvide y se ausente.
Tiene la palabra la señora Directora General de Trabajo.
La señora DIRECTORA GENERAL DE TRABAJO (Córdoba Garrido): Gracias, señor
Presidente.
Buenas tardes. Voy a procurar, dado lo avanzado de la hora y el cúmulo de
trabajo que ustedes tienen, ser muy breve en mi comparecencia,
comparecencia que se ha solicitado para explicar el despido de 240
trabajadores de la empresa Duro Felguera en la provincia de Asturias.
Entiendo que con ello a lo que se hace referencia es a los expedientes
que en su día resolvió la Dirección General de Trabajo y que corresponden
a las empresas Felguera Construcciones Mecánicas, S. A., y Felguera Melt,
S. A.
El 9 de agosto del año pasado, la Dirección General de Trabajo dictó
resolución estimando los recursos de alzada presentados por la empresa
Felguera Construcciones Mecánicas y Felguera Melt contra las resoluciones
dictadas en primera instancia por la Dirección Provincial de Trabajo de
Asturias, revocando éstas en todos sus términos y autorizando a las
empresas a extinguir las relaciones laborales de 149 trabajadores y 83
trabajadores respectivamente.
La decisión tomada por la Dirección General de Trabajo se produce en el
marco del procedimiento previsto en el artículo 51 del Estatuto y dentro
del conjunto de obligaciones y facultades que la Ley confiere a la
Administración laboral.
Las motivaciones tenidas en cuenta por la Dirección General para la
estimación de los recursos, tal y como se expresa de manera clara y
precisa en la parte jurídica de dichas resoluciones, se centra
básicamente en la concurrencia de una grave crisis económica en las
empresas; ello se desprende de la prueba documental aportada en los
expedientes y en la que existen datos económicos de entidad suficiente
como para incardinar los supuestos de hecho contemplados en los mismos en
la causa económica que establece el artículo 51, estimándose, por tanto,
como adecuadas, coherentes y ajustadas a derecho las medidas de
regulación de empleo contenidas en los mencionados expedientes y
procediendo, en fin, a su autorización.
La situación de crisis económica y, en consecuencia, laboral ya fue
puesta de relieve por la propia Dirección General de Trabajo en febrero
del año 1992, que ya en aquel momento vino a estimar parcialmente un
recurso de alzada similar al que acabo de exponerles, si bien la medida
que entonces se autorizó fue la suspensión de los contratos laborales de
190 trabajadores en el centro llamado «Taller de Barros», como medida
puente para facilitar y propiciar durante el período de suspensión la
negociación y articulación con la representación legal de los
trabajadores de un conjunto de medidas de cobertura sociolaboral dentro
de un plan global de futuro que permitiera dar una solución definitiva a
la crisis económica que ya en aquella resolución quedó claramente
constatada.
A resultas de la mediación que, en su momento, llevó a cabo la Dirección
General --y estoy hablando del año 1992-- entre la empresa y las
federaciones Estatales y regionales de la Unión General de Trabajadores y
de Comisiones Obreras, éstas vinieron a abordar un proceso de negociación
y discusión de un conjunto de medidas no traumáticas de tratamiento de
salida de los excedentes existentes, medidas que consistían, básicamente,
en recolocaciones dentro de las otras empresas del grupo, según vacantes
que hubiera y finalizaciones de contratos temporales, bajas incentivadas,
prejubilaciones, movilidad y reciclaje de los trabajadores.
La puesta en práctica de todo este conjunto de medidas hubiera hecho
posible en aquel momento aliviar la situación de crisis de las empresas y
paliar las consecuencias sociales, pero no fue posible ante el
posicionamiento contrario de la representación de los trabajadores.
El fracaso de aquel proceso de negociación que se prolongó más de un año
dio lugar, con posterioridad, al planteamiento de los expedientes de
regulación de empleo que acabo de decirles, con un tratamiento de
excedentes menos favorable para los trabajadores que lo que hubiera sido
posible en el año 1992, consecuencia, entre otras cosas, de que se había
agravado la propia situación de la compañía y, al mismo tiempo, la
práctica inexistencia de vacantes permitía la recolocación del número de
excedentes que en aquel momento pudieran haberse planteado.
Como ya he dicho --y con esto ya acabo-- al inicio de mi intervención,
todo este proceso desembocó por parte de las empresas en la incoación de
los expedientes de regulación de empleo que, desestimados por la
Dirección Provincial de Trabajo, tuvieron favorable acogida en la
Dirección General ante la indubitada situación de crisis, a criterio de
la propia Dirección, entendiendo que, insisto una vez más, las medidas
propuestas por Felguera Construcciones Mecánicas y Felguera Melt eran
coherentes y adecuadas en orden a la superación de la situación económica
de las mismas y su repercusión respecto del propio grupo.
También he de decir que estas resoluciones están pendientes de sentencia
del Tribunal Contencioso-Administrativo ante el recurso planteado por los
propios trabajadores.
El señor VICEPRESIDENTE: Le agradecemos la brevedad a la señora Directora
General de Trabajo.
La comparecencia ha sido solicitada por el Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya y, en su nombre, tiene la palabra el señor
García Fonseca.
El señor GARCIA FONSECA: Comenzaré diciendo que lamento no poder ser, ni
de lejos, tan complaciente con usted como lo ha sido mi Grupo con otros
intervinientes anteriores, y concretamente con la Directora General de la
Inspección de Trabajo, en relación con el caso que nos ocupa. Mi Grupo no
puede ser en absoluto complaciente, ni mucho menos, doña Soledad Córdova,
felicitarla por las actuaciones que nos acaba de relatar sucintamente.
Usted, eso sí, tiene sobre su conciencia o sobre sus espaldas un hecho
histórico, al menos en la historia de la vida cotidiana de los
trabajadores: haber tomado la primera resolución de la Dirección General
de Trabajo que consolidaba un despido colectivo nada menos que de 232
trabajadores, 240 decían, en números redondos, de dos empresas
pertenecientes al mismo grupo Duro Felguera. No solamente eso, sino que,
para mayor abundamiento, usted volvió a fallar en contra del recurso de
reposición que los trabajadores presentaron el 30 de septiembre de 1993.
Además, toma estas decisiones, absolutamente insólitas en la Dirección
General y de consecuencias tremendas no sólo para los trabajadores
directamente afectados sino para el futuro de la propia empresa y, desde
luego, para Asturias, contraviniendo --lo dice usted literalmente-- en
todos sus términos a la Dirección Provincial de Trabajo.
Yo quiero explicitar aquí literalmente muchos de estos términos para que
SS. SS. puedan juzgar lo que contraviene la señora Directora General.
Pero no me resisto, antes de entrar directamente en materia, a exponer
con qué procedimientos formales realiza usted esta actuación, a mi juicio
absolutamente improcedente y penosa. Ustedes, en el anexo a su propia
resolución, publican la lista del personal afectado, de los 232, y no se
percatan, o no tienen el menor pudor de publicarlo simplemente haciendo
fotocopia de los propios papeles de la empresa, en uno de cuyos anexos,
al final, dice: En la presente relación se incluyen algunos miembros del
comité de empresa señalados con un asterisco, a reserva del ejercicio por
cada uno de ellos de las garantías --incluso en uno de los dos
expedientes se dice garantías y privilegios-- de prioridad de permanencia
que establece el artículo 68 b) del Estatuto de los Trabajadores. De
hacer uso de ella conforme a derecho serían sustituidos por otros tantos
trabajadores no incluidos en esta relación personal aceptada.
Indigno, doña Soledad Córdova. Indigno. Que haga esto la empresa es
indigno, que lo haga uste no tiene nombre. Que usted enfrente a algunos
miembros, señalados, del comité de empresa, cuando lo que tienen que
hacer es exigir la ley, no que la exijan ellos, quedando, además, como
agresores de otros trabajadores que los tendrían que suplir en el
despido.
Decía que usted hace todo esto contraviniendo, lo dice usted
literalmente, en todos sus términos la resolución de la Dirección
Provincial, resolución que quisiera que SS. SS. pudieran leer, porque,
desde luego, es un documento que a mí me parece bastante sorprendente e
insólito por la rotundidad, incluso la dureza, de los términos que
utiliza, realmente insólito, repito, en documentos de carácter
administrativo como éste. Hablando de una de las empresas, Felguera,
Construcciones Mecánicas, del mismo grupo, repito, Duro Felguera, dice
que desde hace años la dirección del grupo de Duro Felguera ha venido
reiterando la necesidad de afrontar la situación del taller de barros con
una serie de medidas de muy diversa índole. Su señoría dice que hay una
crisis grave, efectivamente, pero que, además, a usted le consta que la
empresa y el mencionado grupo ha realizado esfuerzos y acciones
encaminadas a resolver la misma. Y hoy lo ha vuelto a reiterar. Ya
veremos sobre qué base hace usted este tipo de argumentaciones.
Dice la Dirección Provincial de Trabajo de Asturias que efectivamente la
empresa hace esa especie de programa de objetivos y añade a estos
objetivos, industriales, financieros, tecnológicos y organizativos, la
necesidad de una regulación de empleo. Y dice: Lo que pasa es que éste es
el recurso que utiliza siempre la empresa. Dice: Así, desde 1985, los
trabajadores hubieron de soportar una veintena de estos expedientes, una
veintena, que, con el paso del tiempo, han demostrado de forma palmaria
--estoy citando literalmente-- que no fueron acompañados por parte de
Felguera, Construcciones Mecánicas, del grupo siderúrgico Duro Felguera,
de ninguna otra medida real de carácter sustantivo tendente a enderezar
la situación. Y sigue: Y no contento con esto, viene este expediente,
mucho más drástico que los anteriores, pues se busca frontalmente la
extinción definitiva de los contratos con 149 trabajadores, que son una
parte de los 232 totales. Y fíjense lo que dice, señoras y señores
Diputados, la Dirección Provincial de Asturias: La solicitud empresarial,
una vez más, viene acompañada de extensos y prolijos informes, estudios,
proyectos y planos siempre para el futuro, el presente son los despidos.
Y, de novedad, la advertencia, entre interrogantes: ¿Amenaza, nada
velada, dirigida a la autoridad laboral? ¿A otras autoridades? ¿A la
plantilla de trabajadores? ¿A la opinión pública? Estoy leyendo
literalmente. Si lo que la dirección de Felguera, Construcciones
Mecánicas postula no se concede, se quebraría la propia supervivencia del
grupo. Yo no diría advertencia o amenaza, como señala la Dirección
Provincial, yo diría chantaje. Y usted cayó en ese chantaje. Esto lo dice
en el expediente de Felguera, Construcciones Mecánicas. Y en el de
Felguera Melt dice las mismas cosas, o más duras, La Dirección
Provincial; por ejemplo, la falta absoluta de negociación por parte de la
empresa --lo dice literalmente-- que no aporta documentaciones
pertinentes, como que las cuentas que presentan no tienen la auditoría
del censor jurado de cuentas y un sinfín de documentos, no aportación de
datos, que señala la Dirección Provincial por parte de la empresa. Y
sobre esto usted dice que le consta que la empresa ha hecho los esfuerzos
encaminados a resolver la situación. Ni los ha hecho entonces ni los ha
hecho después de esta resolución de usted; no los ha hecho en absoluto.
No tengo tiempo, y siento muchísimo tener que dar a SS. SS. una
sobredosis de sesión, pero simplemente con repasar desde entonces y hasta
ahora, y lo que sigue, la prensa asturiana en general, se pone en
evidencia que eso que utilizaron como chantaje con usted realmente es un
propósito que cada vez se ha hecho más explícito y cada vez lo han
llevado más a efecto. Es decir, el grupo mayoritario de Duro Felguera, el
Banco Central Hispano, siempre y ya desde entonces, manifestaba su clara
voluntad de desligarse del grupo industrial, porque lo suyo era el tema
financiero, especulativo, como se quiera decir. El grupo
industrial, con un porcentaje pequeño y del cual tenía la mayoría, le
importaba un comino, y progresivamente se fue desprendiendo de él, hasta
ahora. En ese sentido, escogió la dirección adecuada, una dirección
gerencialmente incompetente y con procedimientos de la más dudosa
legalidad o moralidad.
Podía mostrarle y leerle el dossier con que cuento, pero, obviamente,
ello no es posible; por tanto, me voy a limitar a leerle algunos
titulares de prensa: El BCH emprenderá una reestructuración de sus
participaciones industriales, entre ellas Duro Felguera. Esto sucedía
después de su resolución que iba a solucionar, para eso se toma, lo que
parecía que era el núcleo fundamental de los problemas de la empresa.
Pues bien, el 11 de febrero de 1993, vendió su participación mayoritaria,
quedándose sólo con el 12,5 por ciento, y, desde el 12 de abril de 1994,
va soltando el resto.
Otro titular dice lo siguiente: Duro Felguera negoció la venta del
carrusel a una compañía china, carrusel de la línea de fundición en molde
metálico que, en su día, supuso una inversión de 2.200 millones de
pesetas con el equipo anterior. La misma hoja del mismo periódico
continúa diciendo: Las pérdidas de Duro Felguera superarán los 3.600
millones de pesetas en 1993, más del doble que el año pasado. A
continuación dice: La era de los fichajes. El aumento del personal
directivo y la contratación de consultoras dispararon los gastos de Duro
Felguera en los últimos cuatro años; en total, más de 150 directivos para
23 empresas. Los gastos originados por el incremento de personal
directivo y por el encargo de informaciones superaron los 1.000 millones
de pesetas. Duro Felguera tiene que pagar más de 75 millones de pesetas
por el cese de un alto directivo. Los consejeros de Duro Felguera
aumentaron sus retribuciones un 300 por cien en el plazo de un año, eso
teniendo en cuenta que en ese momento se están produciendo unas pérdidas
de 1.546 millones de pesetas, mientras que en el año anterior tenían
1.100 millones de pesetas de beneficios.
Señora Córdova, esto es una parte del resultado de toda una estrategia
del Grupo, en la cual usted ha jugado un papel importante en un momento
determinado, por cierto, inconscientemente, porque, en cuestiones de
motivaciones, por sistema, no entro, me atengo a los resultados y a los
datos objetivos, y lo único que espera mi Grupo es que la negociación,
que de nuevo se ha abierto, pueda resolver la situación que usted ha
contribuido a crear y que, tanto la Administración Central como la
autonómica, junto con los trabajadores y directivos, puedan realmente
buscar una solución de futuro para la empresa que no pase por lo de
siempre. A juicio de mi Grupo, y no sólo de mi Grupo, pasaría por una
recomposición de la actual mayoría accionarial y, por supuesto, por un
cambio radical de la dirección actual del Grupo Duro Felguera, empezando
por su Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Fernández González.
La señora FERNANDEZ GONZALEZ: La verdad es que éste es un tema
apasionante, que en Asturias, como decía el Portavoz de Izquierda Unida,
ha generado una situación social tremendamente grave, de gran conflicto,
que afecta la paz y la convivencia ciudadana, donde se han producido
hechos lamentables que atentaron contra personas, cosas y propiedades.
Esta es, señor García Fonseca, la otra parte de la historia, que yo creo
que deberíamos poner también sobre la mesa.
Yo creo, aunque no me consta, que la Directora general de Trabajo ha
sopesado las consecuencias tremendas que se derivaron de la resolución
administrativa en segunda instancia que se produjo revocando íntegramente
la anterior a que llegó la Dirección Regional de Trabajo de Asturias.
Esta Dirección Regional de Trabajo de Asturias ha hecho declaraciones, ha
dicho públicamente, a través de su Director, que era un hecho normal,
desde el punto de vista de procedimiento administrativo, pero que era un
hecho atípico y preocupante. Era un hecho normal en tanto en cuanto nos
fijemos en el articulado del Estatuto de los Trabajadores o en el Decreto
696/1980, de 14 de abril, que regula, como usted conoce perfectamente, la
tramitación de los expedientes de regulación de empleo. Pero la
proximidad de los hechos, de los acontecimientos, y el conocimiento de la
situación de Asturias, por aquello de la inmediación, creo que estaba
muchísimo más cercano a la Dirección Regional. Ha de tenerse en cuenta
también que el informe de la Inspección de Trabajo, con carácter previo,
preceptivo y no vinculante, ha sido también en el sentido de rechazar la
propuesta del expediente de regulación de empleo en los términos que
planteaba la empresa.
Lo que sucede es que han pasado tantísimas cosas desde que se inició
aquella andadura --creo recordar que aproximadamente en el mes de abril
de hace un año--, han pasado tantas cosas, decía, se han distorsionado
tanto los hechos, que hay que hacer un esfuerzo muy especial --y yo
envidio la capacidad de síntesis que ha demostrado el señor García
Fonseca--, para que a uno no le embarguen los acontecimientos y fije
única y exclusivamente la atención en lo que es un expediente
administrativo y su resolución. Yo voy a hacer ese esfuerzo porque
realmente la comparecencia de la Directora general de Trabajo no es para
hacer una evaluación de la cuenta de resultados o un balance de la cuenta
de pérdidas y ganancias de la sociedad «Duro Felguera, S. A.», importante
bloque industrial en Asturias por la generación de empleo y por el peso
específico que tiene dentro de cada economía asturiana, con importante
tradición, que creo que no es ni el momento ni el caso de hacer un examen
aquí, ahora.
Usted en alguna respuesta escrita, creo recordar, a una pregunta
formulada por el señor García Fonseca, no reflejaba la realidad de los
hechos, aunque si uno mira la legislación llega a la misma conclusión a
la que usted llegó. Efectivamente, cabe la petición por parte de la
empresa, porque no ha habido ningún tipo de acuerdo, pero hay que
acompañar una serie de documentos --que yo tengo que dar por hecho que se
han acompañado--, como la declaración del Impuesto de Sociedades de los
últimos tres años, la auditoría del censor jurado de cuentas, la relación
de
todos los trabajadores de la empresa, la expresión de los afectados por
la rescisión de los contratos de trabajo, etcétera. Yo tengo que dar por
hecho, insisto, que ha habido esa aportación de documentos, porque, si
no, el propio Real Decreto al que hice referencia establecía un plazo de
diez días para la subsanación de los aspectos materiales en que se
hubiese podido cometer algún tipo de error.
Se dice que es atípico que la Dirección Regional, la Inspección de
Trabajo de Asturias, rechace el expediente de regulación de empleo y la
Dirección General de Trabajo entre a revocar la decisión adoptada y
acepte los planteamientos de la empresa en su integridad. El Portavoz de
Izquierda Unida decía que se había planteado un recurso de reposición por
parte de los trabajadores, y usted prejuzgó también la solución a la que
se iba a llegar en el recurso de reposición a través de unas
manifestaciones donde señalaba que tenían abierta la vía para presentar
el correspondiente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, que sería el competente por razón de
territorio y por razón de la materia. A mí me sorprende esto, realmente
yo no sé si cuando se llegó a esta resolución administrativa se sabía
exactamente la repercusión que iba a causar en Asturias; no sé si esto se
valoró. Respecto a la valoración económica que hace la empresa cuando
acompaña la situación de balances y de resultados económicos y dice que
estas dos empresas --dentro del grupo de Duro Felguera, compuesto, creo
recordar, por un total de 22-- han tenido más de 3.000 millones de
pérdidas y se han sucedido 14 expedientes, creo recordar, de regulación
temporal en los últimos ocho años en Felguera Construcciones y seis
expedientes también de regulación temporal en Felguera Melt, no llegaría
a afirmaciones tan contundentes como las que ha hecho el señor García
Fonseca; no me atrevería a hacer ahora ese chequeo económico de la
empresa como para decir, poco más o menos, que la documentación aportada
no es fidedigna o no refleja la situación actual de la misma. Estoy de
acuerdo en que hay que hacer un esfuerzo. Cómo no lo iba a estar si ha
habido hasta aportaciones --llámese subvenciones o como quiera-- de la
Administración, concretamente en la creación de uno de los grupos,
Felguera Melt, que tiene aproximadamente unos cinco años de
funcionamiento de esta empresa. Cómo no va a haber que tener esos
controles y hacer esa labor de seguimiento que comprometa la inversión de
la empresa y que garantice la permanencia de los puestos de trabajo.
Ahora mismo, y se ha dicho también someramente, hay iniciados otro tipo
de contactos, de concertaciones, y el señor García Fonseca sabe que no ha
sido por falta de interlocutores. El tema está tremendamente endiablado,
y ha causado unos perjuicios notorios y notables en la convivencia
pacífica de los asturianos, con toda clase de actuaciones y de hechos
que, desde luego, yo no puedo compartir, y desde el Grupo Popular no se
pueden compartir, como no se compartió --y el señor García Fonseca lo
recordará-- cuando la Junta General del Principado hizo una declaración
institucional, entre otras cosas, y por poner una nota anecdótica, porque
quemaron el coche de uno de nuestros Diputados. Es decir, ha habido todo
tipo de actuaciones, de actividades y de pormenores. Yo creo que los
sindicatos tienen una función clarísima, que no la digo yo sino la misma
Constitución Española, pero tampoco conviene dar aliento a determinadas
situaciones que, insisto --y con ello finalizo--, no se pueden compartir.
Lo que sí quisiera, si se me permite por razones de tiempo, es formular
una pregunta a la Directora General de Trabajo, y no en el sentido de
hacer una estadística, que desde luego en nada solucionaría el problema
que se ha creado ahora mismo en Asturias. Le puedo asegurar que, dado el
volumen de expedientes de regulación de empleo, que en el año 1993 fueron
302 y afectaron a 4.555 trabajadores y trabajadoras asturianos; en el
primer trimestre de 1994 fueron 294 --la cifra empieza ya a ser
alarmante-- y afectaron a un total de 5.663 trabajadores asturianos,
realmente la resolución a la que se llegó en este expediente, tanto por
lo atípico de revocar la resolución administrativa de la Dirección
regional de Trabajo de Asturias, como por el volumen de afectados en esta
regulación no temporal sino de escisión en los contratos de trabajo, no
la entendemos. Me gustaría que hiciese alguna valoración o ponderación,
porque yo me imagino que habrá sido --y quiero pensar-- una decisión
difícil de adoptar, muy fundada --también lo quiero pensar--, y por ello,
insisto, a mí me gustaría que nos hiciese una exposición somera de esos
aspectos absolutamente contundentes y categóricos que a usted, dentro de
su Departamento, la llevaron a calificar la existencia de la causa
económica como suficiente y como actual, y consiguientemente a revocar la
resolución administrativa de la Dirección regional de Trabajo de
Asturias.
El señor VICEPRESIDENTE: Por el grupo Socialista, tiene la palabra el
señor González.
El señor GONZALEZ GARCIA: En primer lugar, quiero agradecer a la
Directora General su presencia en esta Comisión y su explicación sobre un
tema que, como han dicho quienes me han precedido en el uso de la
palabra, es verdaderamente importante para Asturias.
Quiero comenzar mi intervención hablando de la negociación reiniciada, y
manifestar el interés de nuestro Grupo en que esos nuevos contactos que
están actualmente vigentes --la semana pasada han tenido una reunión y
previsiblemente otra la que viene-- vayan por buen camino. Respetamos
absolutamente la autonomía de las partes para continuar con esa
negociación en Duro Felguera. La mediación del Principado ha facilitado
últimamente este hecho, después de larguísimas dificultades, y creemos
que puede llegar a buen final, porque la crisis industrial que está
soportando nuestra región requiere que haya acuerdos firmados por
aquellos que son los verdaderos representantes, los agentes sociales
implicados y que sirvan para dar continuidad a la actividad industrial,
que en este caso de Duro Felguera es, como ya se ha dicho, de larga
tradición en nuestra región y tiene, como viene demostrándose, un buen
futuro en la mayor parte del grupo, y por tanto debe consolidarse.
En segundo lugar, quiero denunciar --insisto, denunciar-- en nombre de
nuestro Grupo, lo desproporcionado
de las acciones y de los medios utilizados, a lo largo de estos últimos
meses, por grupos que no pueden escudarse ni justificarse en una
hipotética defensa de los intereses de los trabajadores, porque más que
esto, con sus acciones violentas lo único que están consiguiendo
realmente es dificultar las negociaciones y poner en peligro muchas más
cosas para la sociedad asturiana que incluso lo que pudiera ser un
acuerdo en una empresa determinada.
Por lo que se refiere al tema que hoy por iniciativa de Izquierda Unida
estamos tratando, quisiéramos decir, en cuanto al procedimiento seguido
para estos expedientes, que tenemos muy presentes las dificultades que
para una Dirección General como la de Trabajo, en procesos de crisis y en
situaciones más agudas como son las de nuestra región, tiene la toma de
decisiones, y en este sentido valoramos muy positivamente el hecho de que
se haya seguido con absoluto rigor --tal y como se desprende de los
expedientes que hemos leído, por razones obvias-- dicha toma de
decisiones. Hemos detectado, a lo largo de la lectura de estos
expedientes --sin ser expertos en el tema ni pretender sustituir la
decisión y la voluntad de la Administración que usted representa--
algunos fallos en los que se basa, quizá, la contradicción.
El hecho de que en Asturias se denuncien como no presentados determinados
documentos por parte de la empresa y que no hubieren sido recabados
--como después se dice-- por parte de la Dirección General, pudiendo
hacerse a lo largo del proceso esta exigencia de presentación de
documentos, nos parece que es un fallo grave y que lleva a pensar que en
primera instancia quizá no se tuvo el detalle necesario --no digo la
diligencia, pero sí el detalle-- para que ante la duda de que estuvieran
todos los documentos y que estuvieran suficientemente justificadas
determinadas actuaciones, no se hubieran pedido esas comprobaciones.
En cuanto a que exista o no una relación de personas afectadas, al margen
de que sean de un tipo u otro, en todos los expedientes de rescisión de
contratos que se celebran siempre la relación de personas que ocupan los
lugares tiene un efecto, y es indudable que cuando por la labor que
desarrollan en el trabajo profesional afecta a delegados sindicales, es
del mero conocimiento de todo el mundo que si ellos no se van porque
utilicen el derecho preferente que tienen a permanecer en la empresa van
a ser otros quienes les sustituyan, y yo no agravaría tanto esta
situación como ha hecho mi colega, el señor García Fonseca. Es así
siempre; es inevitablemente.
Quisiera decir también que después de la resolución han ocurrido muchas
cosas. Hubo hasta un preacuerdo firmado por parte de los legítimos
representantes sindicales, a nivel de Estado, que no fue materializado
porque volvió a empecinarse la situación de la negociación en Asturias.
Hubo, incluso, negociaciones como las que están actualmente en vigor, y
que esperamos que van a llegar a un buen final. En todo caso, la propia
decisión de la Dirección General está sometida --como no puede ser de
otra manera-- al recurso ante el contencioso-administrativo del
Principado de Asturias, al Tribunal Superior de Justicia, y, por tanto,
creo que sería una cuestión que habría que situar en los términos en que
este contencioso derive.
Señorías, quiero ratificar que no es nuestro papel entrar en los términos
de control ni administración de empresas, ya difícilmente justificable en
términos de empresas públicas, pero imposible de plantear, como empresas
privadas que son, en las que nos estamos ocupando. Tenemos nuestra
opinión al respecto, por supuesto que la tenemos, pero no es éste el foro
ni la comparecencia de una Directora general creemos que sea la ocasión.
Finalizo exponiendo públicamente el deseo de nuestro Grupo respecto a
estas negociaciones iniciadas a nivel de Asturias, con la mediación del
Principado y en las que están, insisto, representados todos los agentes
sociales implicados, que son quienes tienen la posibilidad de llegar a un
acuerdo, haciendo votos para que desde esa Dirección General que usted
preside, y desde cualquier otro lugar en el que pueda hacerse, se preste
esa ayuda y esa colaboración para que definitivamente se firme un acuerdo
por el que, con el mejor tratamiento, continúe la actividad de Duro
Felguera en Asturias.
El señor VICEPRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Directora General de
Trabajo.
La señora DIRECTORA GENERAL DE TRABAJO (Córdova Garrido): Antes de nada
quería hacer una pequeña aclaración en materia de procedimiento, señor
García Fonseca.
Usted me ha leído el informe de la Inspección de Trabajo, que yo también
conozco, ya que me lo he tenido que estudiar para después resolver. Como
usted sabe, el informe de la Inspección de Trabajo es un informe
preceptivo, pero no es un informe vinculante a la autoridad laboral que
tiene que resolver. La autoridad laboral tiene que hacerlo en el conjunto
de la documentación probatoria aportada en el expediente, y así se dice,
además, claramente en la propia resolución, que con mucho gusto yo
facilitaré a los distintos grupos, así como las resoluciones dictadas por
la Dirección General de Trabajo y las dictadas, a su vez y en su momento,
por la Dirección Provincial.
Mire usted, si de la documentación económica que entonces se aportó se
deducía alguna irregularidad --y así lo hubiera entendido la autoridad
laboral-- en ese oportuno momento --lo ha dicho también la señora
Fernández y lo dice claramente el procedimiento--, se hacía un
requerimiento a la empresa, y si ese requerimiento no es contestado,
sencillamente se archiva el expediente o bien se reponen actuaciones al
inicio del período de consulta. No se hizo así, y se entendió que se
podía entrar en el fondo del asunto. No obstante, y a la vista de todas
las alegaciones en los distintos informes practicados a lo largo del
expediente, también se entró a conocer en la parte dispositiva de la
resolución de la Dirección General, analizando y valorando la
documentación que ahí se había practicado.
Yo estoy muy tranquila respecto del pronunciamiento ante la situación de
una empresa. No nos tenemos que olvidar --y ésa es una de las partes más
desagradables de mi tarea, pero aquí estoy y tendré que asumirla-- que un
expediente de regulación de empleo no es nada fácil. Uno tiene que
ponderar muchas cosas: ponderar si es necesaria, si se
da la circunstancia y se da la causa y si esa medida es precisa o no para
que continúe un proyecto. A veces no somos capaces, con esa ponderación
que uno tiene en difíciles decisiones que se tienen que tomar, no somos
capaces, decía, de que ese discurso llegue a los propios trabajadores.
Señor García Fonseca, me he hartado de tener reuniones desde el año 1992,
y seguiré teniéndolas. Respecto al tema de Duro Felguera, con los
responsables del metal, tanto de la federación como del sindicato
regional, con acuerdos que habíamos alcanzado en mi mesa, presididas por
mí esas reuniones, acudida la propia empresa, y se fue incapaz de que
esas decisiones, de que esas salidas, en muchos casos incluso con ayudas
extraordinarias de la propia Dirección General para evitar las
situaciones de especial desprotección de los trabajadores afectados,
llegaran a buen término con el objetivo de poder acompañar un sistema de
jubilaciones para esos trabajadores. Fuimos, insisto, absolutamente
incapaces, ya no sé si la Dirección General o las otras partes que
estaban en la mesa, de hacerlo llegar a los representantes, a los comités
de empresa. Eso es tremendamente lamentable, y yo creo que es
responsabilidad de todos, posiblemente también de esta Directora, que no
la elude.
No sé si usted me pedía estadísticas en cuanto a las resoluciones que se
hayan podido revocar en Asturias; en Asturias y en el resto de las
provincias. Hay una cosa que es la revisión del acto administrativo, que
me parece que es un principio de seguridad jurídica, pero también está
pendiente de sentencia del Tribunal contencioso-administrativo la
resolución de la Dirección General de Trabajo, y a esa sentencia se
somete esta Directora.
Desde luego, lo que sí es cierto es que se ha valorado, se ha cuidado
mucho en la Dirección General de Trabajo la justeza del pronunciamiento
en virtud de las causas alegadas, y a mayor abundamiento le diré que
todos hemos estado mencionando y aquí y escuchando la serie de
expedientes de suspensión de contratos que se han venido pactando entre
empresas y comités durante catorce meses, que han dejado prácticamente
sin desempleo a los trabajadores, y en las propias resoluciones de la
Dirección Provincial, si usted hace una lectura detenida de las mismas
sobre las suspensiones de contratos, y de la última, que lo denegó, verá
que venían a decir que se trataba de un problema estructural, no
coyuntural. Nadie podemos engañarnos ante la situación de crisis de estas
dos empresas, situación de crisis y adopción de una postura
posteriormente ante la falta de recepción de una salida menos dolorosa
para los trabajadores, lo cual ha venido a poner en peligro a dichas dos
empresas en su conjunto y a afectar al propio grupo, y eso también lo
tiene que ponderar esta Directora cuando dicta una resolución.
Para finalizar, les facilitaré las resoluciones administrativas. (El
señor García Fonseca pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE: Señor García Fonseca, no está previsto el turno
de réplica en la comparecencia de un alto cargo de la Administración. Le
ruego que lo entienda y que se dé por satisfecho con las explicaciones de
la Directora General.
Muchas gracias, señora Córdova.
Se levanta la sesión.
Eran las tres y veinticinco minutos de la tarde.