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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 207, de 18/05/1994
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1994 V Legislatura Núm. 207
EDUCACION Y CULTURA
PRESIDENTE: DON JOSE LUIS MARTINEZ BLASCO
Sesión núm. 18
celebrada el miércoles, 18 de mayo de 1994
ORDEN DEL DIA:
Preguntas:
--Del señor Alegre Galilea (Grupo Parlamentario Popular), sobre opinión
del Ministro de Educación y Ciencia acerca de si la presentación de las
77 propuestas de reforma no constituye en sí misma el reconocimiento
manifiesto de la falta de calidad de la Ley Orgánica de Ordenación
General del Sistema Educativo, LOGSE. (BOCG, serie D, número 72. Número
de expediente 181/000589) (Página 6344)
--Del mismo señor Diputado, sobre medidas para prohibir totalmente la
venta de alcohol y tabaco en las cantinas de los centros escolares.
(Número de expediente 181/000722) (Página 6347)
--Del mismo señor Diputado, sobre anulación de las Ordenes Ministeriales
de 29 de junio de 1984 y 30 de septiembre de 1992 en las que se regula la
adscripción y renovación de funcionarios a la función inspectora. (Número
de expediente 181/000723) (Página 6349)
Comparecencias:
--Del señor Rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia,
UNED (Artés Gómez), para informar sobre actuaciones realizadas con motivo
de las denuncias recibidas en los últimos meses. A solicitud del Grupo
Parlamentario Popular. (Número de expediente 212/000668) (Página 6351)
--Del señor Rector de la Universidad de Murcia (Roca Guillamón), para
informar del estado actual de la planificación del campus universitario
de Cartagena, Murcia. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular.
(Número de expediente 212/000666) (Página 6356)
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
CONTESTACION DE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:
--SOBRE OPINION DEL MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA ACERCA DE SI LA
PRESENTACION DE LAS 77 PROPUESTAS DE REFORMA NO CONSTITUYE EN SI MISMA EL
RECONOCIMIENTO MANIFIESTO DE LA FALTA DE CALIDAD DE LA LEY ORGANICA DE
ORDENACION GENERAL DEL SISTEMA EDUCATIVO (LOGSE). FORMULADA POR EL SEÑOR
ALEGRE GALILEA (GP). (Número de expediente 181/000589.)
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señoras y señores Diputados.
Comenzamos la sesión correspondiente al día de hoy, que tiene como objeto
la contestación de diferentes preguntas y dos comparecencias.
Para contestar a las preguntas está aquí el señor Secretario de Estado de
Educación y para formular la primera pregunta, la número 589, tiene la
palabra el señor Alegre.
El señor ALEGRE GALILEA: Señor Presidente, señor Secretario de Estado,
antes de escuchar la opinión que se recaba en la pregunta, permítame,
señor Marchesi, que yo, de entrada, le dé la mía, y la mía, respecto a
estas cabalísticas y esotéricas 77 medidas, es que, tanto para mí como
para mi Grupo, no son más que un reconocimiento, no explícito, sino más
bien solapado, de que la Logse es una ley que hace agua por muchas
partes, y que aplicar esas 77 medidas, cuya dificultad nos parece que es
grande, no constituye, en el fondo, más que una reforma de la reforma, y,
acostumbrados a oír mensajes dobles, creemos que, si la reforma de la
reforma es como el cambio del cambio, estamos apañados. Yo pienso que es
bueno que, ante el alto índice de suspensos y los abandonos masivos en
los estudios --los dos aspectos son índices inequívocos de lo que
constituye el fracaso escolar y la descalificación que entraña del propio
sistema educativo--, surja la inquietud de plantearse la necesidad de
intentar mejorar la calidad educativa y, en cualquier caso, parar esta
marea incontenible de fallos que registra la Ley y que amenaza con
arrastrarnos a todos. Yo creo que la intencionalidad que late en las
medidas es buena, aunque su viabilidad va a resultar impracticable.
¿Por qué digo impracticable? Porque en la vida, para solucionar cualquier
problema, sobre todo si es complejo, entiendo que se requiere tomar pocas
decisiones. Cuando hay que tomar muchas es que el problema está mal
definido o es excesivamente grave.
No sabemos si esas 77 medidas se van a afrontar todas a una, como en
Fuenteovejuna, o se van a afrontar escalonada, separada y sucesivamente.
En cualquier caso, creemos que son excesivas en el número y que no ayudan
a clarificar los fallos concretos. Pero es que hay más. De las 77
medidas, tan sólo siete entran en el ámbito de aplicación dentro de la
escuela, porque hablan de profesores, de directores, de claustros o de
centros. Con la autonomía de estos últimos yo creo que estas siete
medidas, las números 5, 6, 13, 14, 15, 16 y 18, son las que únicamente
pueden hacerse viables por ser asequibles a quienes son los destinatarios
de ese cambio o de esa reforma. El resto de las medidas habla de que
habrá que tomar iniciativas, que se supervisará, que se legislará o que
se tendrá en cuenta los recursos de las administraciones públicas. Y
menuda ensalada tenemos en estos momentos de administraciones públicas,
entre ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas y el propio
Estado. Yo creo que no es la senda para abordar la solución a los
problemas que hoy tiene planteada la educación.
Si a pesar de todo ello, ustedes tienen el compromiso y el propósito
firme de hacer posibles estas medidas, es cuando surge mi pregunta sobre
si estas medidas no entrañan un reconocimiento de la falta de calidad de
la Logse o, lo que es lo mismo, a la vez suponen una reforma de la
reforma.
El señor PRESIDENTE: Para contestar a la pregunta, tiene la palabra el
señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCACION (Marchesi Ullastres): Muchas
gracias, señoría, por permitirme exponer la valoración del Ministerio de
Educación y Ciencia sobre el programa de mejora de la calidad de la
enseñanza contenido en el documento de las 77 medidas.
Comentaba usted que estas medidas suponen el reconocimiento de que no hay
calidad suficiente y que van a conducir a reformar la reforma. No es así.
Las medidas son un intento de mejorar la calidad y suponen un desarrollo
del Título IV de la Logse. Si relee usted, señoría, el Título IV de la
Logse, contemplará que se habla de la organización de los centros, de la
formación de los profesores, de la innovación, de la evaluación, de la
investigación, como criterios de calidad de la enseñanza. Lo que hemos
tratado de hacer es desarrollar ese Título, completar y concretar la
voluntad establecida en la Logse y ninguna de las medidas supone una
modificación de los artículos de la Logse, ninguna. En consecuencia,
difícilmente se puede decir que estas medidas son una reforma de la
reforma; son un desarrollo de la reforma, una concreción de la reforma.
Cuando escucho críticas como la que usted hace en relación con estas
medidas, reconozco que, salvo alguna, a la que voy a hacer referencia, me
sorprenden. Me sorprende especialmente que se hable de que son medidas
poco acertadas, que no contemplan la realidad del sistema educativo. Me
cuesta aceptar la valoración que usted ha hecho en relación con las
medidas. Porque ¿se puede pensar que un esfuerzo en los valores de la
educación, un esfuerzo por abrir los centros a su entorno, un esfuerzo
por conseguir que los centros públicos realicen actividades
extraescolares por las tardes y los fines de semana, un esfuerzo por
reforzar la formación de los profesores, un esfuerzo por conseguir una
mayor igualdad de oportunidades son medidas cabalísticas y esotéricas,
como usted ha dicho?
La única valoración adecuada, desde mi punto de vista, es la de aquellos
profesores que consideran que estas medidas suponen un esfuerzo y una
voluntad decidida de llevarlas a la práctica. En ese sentido, he de
coincidir con esa valoración. Pero creo que pocos ciudadanos preguntados
en relación con estas medidas manifiestan que son contrarias a la mejora
de la calidad de la enseñanza o que no son suficientemente explícitas.
Vamos a llevarlas a la práctica, en primer lugar, a partir de una
reflexión con el conjunto de la comunidad educativa, que es lo que
estamos haciendo, y después con las decisiones adecuadas y oportunas que
contemplamos en la propuesta.
A lo largo de estos meses, desde la presentación por el Ministro de
Educación de estas medidas, puedo asegurarle que centenares de centros
educativos, decenas de asociaciones y entidades han enviado al Ministerio
de Educación su valoración sobre las medidas, unas más a favor, otras más
reticentes, algunas que van más allá de estas medidas, otras que
solicitan mayor concreción. En todo caso, nuestro compromiso es hacer
público a lo largo de los próximos meses el documento que sintetice y
recoja todas las opiniones recibidas. Y le aseguro que son centenares los
documentos, de distintos colectivos, que nos han llegado.
Vamos a llevar a la práctica estas medidas y vamos a hacerlo de acuerdo
con el calendario previsto. El curso próximo, al menos era nuestra
pretensión inicial, 200 centros escolares abrirán por las tardes y los
fines de semana para realizar actividades extraescolares. Esta fue
nuestra intención inicial. En este momento puedo decirle que el número de
solicitudes para poner en marcha los centros por las tardes duplica las
previsiones iniciales.
Nos comprometimos también a impulsar los proyectos de evaluación y a
poner en marcha iniciativas para evaluar el funcionamiento del sistema
educativo. Ayer se constituyó el comité rector del Instituto Nacional de
Evaluación y estableció el plan de actuación para los próximos tres años,
basado en la evaluación de la reforma de la educación primaria, de la
reforma de la formación profesional y la elaboración de un sistema de
indicadores para evaluar la calidad de la enseñanza.
En las próximas semanas el Ministro de Educación va a aprobar una orden
que regula la participación voluntaria de ciudadanos en los centros
públicos o en los centros sostenidos con fondos públicos, en la que se
establece un conjunto de contraprestaciones por parte de la sociedad a
aquellos ciudadanos que voluntariamente y de forma altruista colaboren en
actividades extraescolares en los centros públicos, contemplado en otra
de las medidas.
En los últimos dos meses, las convocatorias que ha hecho el Ministerio
sobre programas de innovación, proyectos de formación o programas de
investigación han tenido siempre en cuenta y han primado a aquellos
centros que están en situaciones desfavorecidas, en la línea de lo que el
documento plantea.
Puedo asegurarle que, a partir del mes de octubre y terminado el debate,
vamos a proceder a impulsar los cambios necesarios que permitan el
refuerzo de la participación de la comunidad educativa, el refuerzo de
los claustros escolares y, al mismo tiempo, el refuerzo del papel de la
dirección, en línea con alguna de las resoluciones que esta Cámara aprobó
en el último debate del estado de la nación.
He de reconocer que lo que el Ministerio está haciendo es mejorar la
calidad de la enseñanza, conseguir cotas superiores en el funcionamiento
de los centros. En ese sentido, esta propuesta admite que quedan muchas
cosas por hacer, que queda una tarea importante por hacer. Y también he
de señalar que, cuando pongamos en marcha estas medidas a lo largo de los
próximos dos años --veremos con qué fortuna, la última de ellas contempla
la evaluación del conjunto del plan--, deberemos volver a hacer un
impulso para seguir mejorando la calidad de la enseñanza, porque la
calidad de la enseñanza está también en función de las demandas sociales,
de los cambios sociales y culturales. Por tanto, mejorar la calidad de la
enseñanza es una tarea que no termina. Estas medidas suponen un impulso,
una voluntad de mejorar la calidad y de resolver problemas existentes.
Dentro de dos o tres años deberemos hacer un análisis de cómo hemos
llevado a la práctica estas medidas, qué está sucediendo en el sistema
educativo. Y habrá que ofrecer nuevas iniciativas que tiendan a conseguir
solucionar los problemas, ilusionar a los profesores y favorecer la
participación.
En ese sentido, la intención del Ministerio es conseguir la máxima
participación, el máximo consenso, para este
objetivo que se contempla en la Logse, como es la mejora de la calidad de
la enseñanza.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Alegre.
El señor ALEGRE GALILEA: Señor Presidente, señor Secretario de Estado,
permítame que le diga que cuando he calificado las medidas de
cabalísticas o de esotéricas era simplemente por el número 77. Esos
centenares de documentos que usted está recibiendo no sé si son los
mismos que yo recojo en los periódicos profesionales y lo que transmiten
los profesionales de la docencia en la calle, porque, aunque en estos
momentos me dedico a la política, trato de no perder mi contacto con el
mundo de la educación. A mí me parece que los profesionales no están tan
expectantes ni creen tanto como usted en el resultado de estas 77
medidas; en primer lugar, porque son de mucha envergadura y aplicarlas
--como dice usted-- en dos años va a resultar un punto menos que
imposible cuando gran parte de ellas hay que depositarlas en manos de
otros agentes o de otras administraciones que son los que las han de
desarrollar. Qué duda cabe que en algunas medidas late el esfuerzo por
parte del Ministerio, la innovación y la voluntad de mejorar los aspectos
negativos que tiene la educación en estos momentos, pero otras lo que
pretenden es una reforma profunda en la concepción y en los
planteamientos de la educación. Por ejemplo, las medidas 31 a 36, donde
se hace referencia a la participación de los alumnos y los padres, qué
duda cabe que son un palo al sistema autogestionario que contemplaba la
LODE y que resultó un fracaso; ahí están los índices de participación en
los centros, un 18,5 por ciento de los padres y un 59 por ciento de los
alumnos. Ahora se dice que se quiere potenciar la presencia, no solamente
en los consejos, sino en el centro. Me parece bien, pero si quieren hacer
votar al padre y a la madre del niño para mejorar los índices de
participación, yo creo que eso es obvio.
En cuanto a la participación de los padres, he de decirle que, dentro de
los profesionales de la enseñanza, todo lo que sea participación va a ser
muy bien recibido, pero convendría que ustedes diferenciaran entre
participación e injerencia, porque muchas veces se producen injerencias
malsanas en los claustros y en la propia vida de los centros. Todo lo que
sea vía de participación, de apoyo y de mejora de agentes externos --y en
este caso no se pueden considerar agente externo a las familias-- debe
ser bien recibido.
Lo mismo ocurre con el mandato de dos años de los consejos escolares.
Creo que habrá que cambiar los Decretos 819/1993 y 929 y los artículos 10
y 11, sobre la duración de los órganos unipersonales, en concreto de los
directores. Las medidas de la 36 a la 51, que hacen referencia a la
dirección y gobierno de los centros, significan la modificación del
Título III de la LODE.
En relación con la Ley 30/1984, una vez que han transcurrido los seis
años y en el tema de los inspectores --que veremos en la siguiente
pregunta--, nos gustaría saber qué va a pasar. ¿Se van a mantener en esa
función inspectora o hay que reformar la decimoquinta de la Ley 30/1984 y
posteriormente la 23/1988?
No se dice nada de cómo va a quedar la administración; si va a haber que
modificar los artículos 29 y 30 del Real Decreto, que diseñan las
funciones de este administrador. Y podríamos seguir hablando, señor
Secretario de Estado.
Nosotros creemos, honrada y sinceramente, que las 77 medidas suponen --lo
cual no es malo, simplemente debe existir el reconocimiento-- una
modificación implícita de la Logse.
Es cierto que las sociedades son cambiantes y yo pienso que es muy
correcto que la educación trate de acoplarse y adaptarse en cada momento
a las situaciones que vive la sociedad, pero producir cambios educativos
con la celeridad que se está haciendo en este país, con la LODE, con la
Logse, con las 77 medidas y con otras que se van a evaluar de aquí a dos
años, es un proceso muy acelerado para establecer reformas,
modificaciones o innovaciones que el cuerpo docente del país y la propia
estructura del sistema escolar no pueden digerir ni deglutir.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCACION (Marchesi Ullastres): Voy a
comentar de nuevo mis valoraciones.
No considero que sean modificaciones drásticas, cambio o pensados,
cambios acelerados. Las propuestas que hemos hecho son propuestas para la
reflexión, para el debate y para la acción, pero a partir de la reflexión
con la comunidad educativa. Son propuestas que tienden --como decía-- a
reflexionar sobre problemas existentes en el sistema educativo y entre
estos problemas, como la sociedad ha destacado, está el funcionamiento de
los centros, el funcionamiento de los equipos directivos y su elección.
En ese sentido, hemos hecho una serie de propuestas, propuestas que
queremos estudiar con el conjunto de la comunidad educativa, propuestas
que refuerzan la participación, pero que quieren reforzar también el
funcionamiento de los equipos directivos y su labor. Todo ello supone una
reflexión sobre la manera en que se ha desarrollado el sistema de
elección de los directores. Yo estoy de acuerdo en que es una reflexión
que hemos abierto sobre un tema que preocupaba a la sociedad, a la
comunidad educativa. Y recuerdo también que los grupos parlamentarios de
esta Cámara urgieron, hace muy pocas semanas, al Gobierno --en este caso,
al Ministerio de Educación y Ciencia--, a reflexionar sobre ello.
Ahora bien, aceptando esto, vuelvo a decirle que en modo alguno en
ninguna de las medidas se plantea la modificación de la Logse, en ninguna
de ellas. Todas las medidas suponen el refuerzo y el desarrollo de la
Logse, ninguna propone el más mínimo cambio a la Ley de Ordenación
General del Sistema Educativo. Sí hay alguna que plantea una modificación
en relación con la LODE, cuando se dice que la duración del mandato sea
de cinco años, en lugar de tres, o cuando se dice que puedan valorarse
determinados aspectos para el acceso a la dirección.
Pero estos aspectos --me atrevo a decir-- no son sustanciales de la
apuesta fundamental de la LODE en relación con la participación para la
elección de la dirección y de la participación para el control
democrático del sistema público de educación.
En este sentido, nuestra perspectiva es seguir avanzando en estrecho
contacto con el conjunto de la comunidad educativa y modificando aquellas
situaciones que la sociedad y los propios agentes educativos nos están
haciendo ver que es necesario modificar. Hemos tenido siempre una actitud
reformista, una actitud favorable a introducir los cambios necesarios,
con prudencia y de forma gradual, que permitan que el sistema educativo
se adapte a la sociedad pero que, a su vez, contribuya al cambio social.
Esa perspectiva de reforma la queremos seguir manteniendo y si ello
supone modificar alguna de las leyes que a comienzo de los años ochenta
el propio Gobierno planteó, ha pasado tiempo suficiente para que sea
razonable, si queremos seguir --y queremos-- en una actitud de reforma
permanente para poder evaluar conjuntamente las implicaciones y los
resultados de esa legislación. Otra actitud supondría paralizarse en
relación con los cambios que se están produciendo y que se seguirán
produciendo en el futuro.
--SOBRE MEDIDAS PARA PROHIBIR TOTALMENTE LA VENTA DE ALCOHOL Y TABACO EN
LAS CANTINAS DE LOS CENTROS ESCOLARES. FORMULADA POR EL SEÑOR ALEGRE
GALILEA (GP). (Número de expediente 181/000722.)
El señor PRESIDENTE: Para formular la siguiente pregunta, la número 722,
tiene la palabra el señor Alegre.
El señor ALEGRE GALILEA: Señor Presidente, como le veo a usted un poco
inquieto, voy a intentar ser más breve en esta segunda pregunta.
Tengo aquí unos estudios, que supongo que son de todos conocidos, señor
Secretario de Estado. En el año 1992, de un estudio realizado por Sanidad
entre 4.000 estudiantes, el 30 por ciento de los escolares entre 11 y 18
años manifestaba haberse embriagado alguna vez. El estudio pertenecía a
cursos de 6.º y 8.º de EGB, 2.º de BUP y 2.º de formación profesional. El
estudio procedía de las conductas de escolares relacionadas con la salud.
Obra en mi poder otro estudio del año 1991, realizado por el Cidee, el
Centro de Investigación de Documentación y Evaluación Educativa, entre
alumnos de 116 centros públicos y privados de BUP, COU, FP1 y FP2, entre
una población de 14 y 19 años, en los que el 89,9 se declaraban bebedores
y el 46,7 se había embriagado alguna vez. Hay otro estudio más antiguo,
del año 1990, realizado por una comisión de la Comunidad Económica
Europea, en el que, por lo que se refiere a España, manifestaba que, a
los 15 años, el 96 por ciento de los chicos y el 90 por ciento de las
chicas han probado uno o varios tipos de bebidas alcohólicas y que dentro
de éstos, son los alumnos de formación profesional quienes se llevan yo
diría, más que el gato al agua, el gato al alcohol o a la barra. El 51
por ciento de los estudiantes de FP-2 encuestados consumen alcohol diaria
o semanalmente.
Dicho lo anterior, creo que estos estudios no hacen más que confirmar lo
que todos sabemos: que es un problema grave, acuciante, el que hoy hay en
la sociedad actual con el problema del alcohol en la juventud, en general
de las drogodependencias; pero pienso que el alcohol merece este capítulo
aparte que hoy le estamos dedicando.
Las soluciones que se han tomado desde las instancias del Ministerio creo
que han sido pocas, excesivamente teóricas y, por tanto, ineficaces y, en
definitiva, que los resultados no son buenos; yo diría que más bien
malos. Porque, por parte de la administración educativa, ya dentro de la
Logse, se refleja la educación para la salud, la prevención y el uso
indebido de drogas como uno de los objetivos dentro de la enseñanza
obligatoria, y habla del carácter transversal de la materia
interdisciplinar que debe impregnar la acción educativa en los centros
escolares y en sus proyectos curriculares. Como ve, esto es teoría pura;
pero esa teoría se lleva más allá en el convenio de cooperación que los
Ministerios de Sanidad y Consumo y Educación y Ciencia firman en mayo de
1989. Porque como subprogramas principales de dicho acuerdo aparecen la
formación del profesorado, los proyectos de educación para la salud y la
elaboración de materiales didácticos. Y tampoco se corrige el problema
con los convenios que el Ministerio de Educación y Ciencia tiene firmados
con las comunidades autónomas.
Llegados a este extremo, es donde surge la pregunta que yo le hago: ¿Qué
medidas piensa adoptar el Ministerio para prohibir totalmente la venta de
alcohol y tabaco en las cantinas de los centros escolares?
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCACION (Marchesi Ullastres): Señor
Presidente, el problema que usted plantea, señoría, es enormemente
importante. El Ministerio está dedicando un gran esfuerzo para conseguir
formar a los alumnos y disminuir el consumo de alcohol entre nuestros
jóvenes. Es un problema, por tanto, que nos preocupa y compartimos la
preocupación que ha manifestado.
¿Cómo abordar este problema? ¿Qué tipo de iniciativas hemos puesto en
marcha, conscientes de que hemos de mantener un proyecto de forma
estable, de forma permanente y también de que el sistema educativo tiene
un papel, pero asimismo lo tienen la familia y el conjunto de la
sociedad?
Desde el sistema educativo, hemos puesto en marcha --como usted ha
señalado acertadamente-- un cambio muy importante en el modelo de
enseñanza para nuestros niños y jóvenes. El cambio curricular que hemos
formulado a partir de la aprobación de la Logse contiene una de las
innovaciones más importantes que se han hecho en la educación española:
incorporar, como compromiso de
todos y cada uno de los profesores, de todo el equipo educativo, la
educación en valores, es decir, la educación ética, la educación cívica,
la educación para la salud, la educación para la defensa del medio
ambiente, la educación para la igualdad; incorporar esta educación
--insisto-- en todas las áreas y en toda la labor docente. Hace unos años
la formación ética era responsabilidad de un profesor en unas horas
determinadas. Sin perjuicio de que esta actividad siga siendo necesaria
en determinadas edades, como así está contemplado en el currículo de la
educación secundaria obligatoria como reflexión teórica sobre el
fundamento de la conducta humana y el valor de la actividad humana, hemos
creído necesario que la educación en valores sea responsabilidad del
equipo de profesores, que esté incorporada en el proyecto educativo y
curricular de un centro y que los profesores, desde su ámbito de
actuación, tengan también como referencia la educación en estos valores,
en concreto y en este caso, la educación para la salud. Por ello, hay
objetivos y contenidos específicos vinculados a la educación para la
salud y para la prevención del alcoholismo, para la prevención de la
drogodependencia, para el fomento de actividades de respeto del propio
cuerpo, en áreas tales como ciencias sociales, ciencias de la naturaleza,
educación física, incluso en las áreas vinculadas a toda la formación
humana.
Hay --y no me voy a extender, porque creo que usted lo conoce, señoría--
un conjunto de contenidos no sólo conceptuales, sino también de actitud y
de valor que tienden a que el alumno conozca la importancia de este tipo
de actividades, respete su propio cuerpo y considere más importante la
actitud contraria al alcohol que la actitud en favor de su consumo.
Junto con este cambio que quiero subrayar, el cambio curricular, hemos
puesto en marcha un conjunto de iniciativas, que están calando en la
sociedad: iniciativas a favor de la reflexión y el debate, iniciativas a
favor de la formación del profesorado, iniciativas a favor de la
elaboración de materiales para los profesores. Y, en este sentido, hay
que reconocer y constatar que los materiales y libros que se elaboran
incluyen ya estos elementos. Me gustaría que usted comparara los
materiales y libros que existen ahora a disposición de profesores y
alumnos con los que había antes de 1990, materiales y medios en los que
la educación para la salud todo lo más tenía un capítulo, al final, o un
apartado; ahora está presente en los distintos libros y en distintos
capítulos.
Pero si importante es la educación para la salud, hay otras iniciativas
que el Ministerio está poniendo en marcha, y una de ellas --usted lo ha
comentado-- es la ocupación de nuestros jóvenes, la presentación de
alternativas atractivas que sirvan para ocupar su ocio. En este sentido,
lamento que no haya valorado, en la pregunta anterior, alguna de las 77
medidas como vinculadas --porque así lo están-- a este problema. Usted
dice que la formación para el ocio de nuestro jóvenes --y lo plantea con
buen criterio-- es un elemento muy importante para ofrecer alternativas a
nuestros jóvenes y evitar las conductas que queremos que no se produzcan.
Pero para ello hace falta que nuestros jóvenes tengan lugares para el
deporte, tengan lugares para el contacto con la naturaleza, tengan
asociaciones y que apoyen este tipo de propuestas. Y la iniciativa del
Ministerio de que los centros públicos estén abiertos por las tardes y
los fines de semana, que haya actividades al aire libre, que haya
actividades deportivas y musicales no es ajena a estas preocupaciones. Se
trata de que existan alternativas para nuestros jóvenes. Queremos que
haya un esfuerzo del conjunto de la sociedad para que estas ofertas para
los jóvenes existan y, por eso, hemos planteado que las asociaciones de
padres, las asociaciones de vecinos, los ayuntamientos, las asociaciones
de antiguos alumnos colaboren con los centros, utilicen los centros. He
podido comprobar, en la práctica, en algunos institutos, cómo la
organización de actividades deportivas amplias y masivas entre los
jóvenes permite que el instituto sea un lugar de encuentro por las tardes
y los fines de semana. He podido hablar con las asociaciones de padres de
estos institutos y me han comentado que estas actividades son un motivo
de vinculación del joven al instituto y que generan una enorme
tranquilidad y una gran demanda de participación por parte de las
asociaciones.
Si importante es la labor educativa en favor de la educación para la
salud, si importante es la utilización del ocio para los jóvenes, no
hemos de olvidar que hay otras iniciativas más amplias que deben
colaborar con la educación para que se produzcan los resultaos deseados.
Tengo que hacer una referencia, aunque sea breve, al papel de la familia
como modelo de comportamiento para los jóvenes, hacer una reflexión sobre
cuál es el modelo que los padres, los adultos, la propia sociedad está
presentando a los jóvenes en relación con la educación para la salud y,
finalmente, decir que es preciso que la propia sociedad intervenga, a
través de todas sus instancias, para evitar situaciones tan lamentables,
tan dolorosas como las que se producen, a veces, al término de los
períodos lectivos con la oferta de determinados bares o establecimientos
para que los jóvenes con peores o mejores calificaciones puedan consumir
más alcohol del deseado. Hemos de trabajar activamente, y puedo
asegurarle el compromiso del Ministerio en esa dirección.
Y contesto a su pregunta específica. El Ministerio, por Orden de 7 de
noviembre de 1989, prohibió la venta y distribución de tabaco y bebidas
alcohólicas en los centros públicos dependientes del Ministerio de
Educación y Ciencia. Es decir, hay una orden ministerial de noviembre de
1989 por la que se prohíbe la venta y consumo de alcohol. Siendo ésta una
medida importante, creo que su pregunta y mi propia respuesta indican que
la tarea en favor del descenso del consumo de alcohol, de la erradicación
del consumo de alcohol y la prevención en este ámbito es mucho más amplia
y que, además de esa norma, vamos a continuar haciendo un esfuerzo para
que se cumpla a rajatabla esa norma y no haya ni un solo centro en el que
se pueda consumir tabaco o bebidas alcohólicas.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Alegre.
El señor ALEGRE GALILEA: Señor Secretario de Estado, yo, aun participando
de la opinión que a usted le merece el problema, me ratifico en que hay
excesivos aspectos teóricos sobre ese asunto y muy pocos prácticos. Yo,
que he sido un fumador empedernido, creo que nunca se ha hecho más por
sacar el tabaco de la vida de los escolares que el día en el que se
prohibió fumar en las aulas. Eso vale más que cien mil diapositivas sobre
los perjuicios que en los lóbulos y en los alvéolos pulmonares causa el
tabaco. Hoy en día la ruta del bakalao exige medidas inmediatas y están
muy bien los aspectos educativos, porque todo lo que conlleva educación
es, en definitiva, preventivo, pero las medidas preventivas dan
resultados a medio y a largo plazo y yo creo que las medidas hay que
tomarlas ahora y muy concretas, y nadie tiene más legitimidad para tomar
esas medidas que las propias familias y la propia escuela. Porque en el
momento en que nos trasladamos a otros ámbitos, los ayuntamientos, la
justicia, los ciudadanos, muchas veces operan por medio aspectos
políticos, que, lejos de contribuir a arreglar el problema, hacen oídos
sordos o defensa apriorística de los intereses que cada una de esas
instituciones tiene en un momento concreto. Nadie va con un interés tan
limpio como los padres de los jóvenes y la propia escuela. Y para ello
nada mejor, que es lo que a mí me sugirió formular la pregunta, que tener
en cuenta las conclusiones de la CEAPA en el encuentro anual --sexto ya--
celebrado el 22 de enero en Madrid; representaciones de 9.000 APA, de
todo el país, se han dirigido, me consta, al Ministerio de Educación. Yo
creo, y lo repito porque sería el objetivo fundamental de la pregunta,
que el Ministerio no puede decir que colabora con otras instancias, con
otros ministerios, etcétera; no, la escuela debe ser, junto con la
familia, quien ponga todos los medios a su alcance y, de la mano, llamar
a las puertas de las otras instituciones que tienen competencias en la
materia y exigir respuestas y soluciones a un problema de esta gravedad.
La CEAPA, en sus conclusiones, acordó exigir a las administraciones
educativas que se prohíba totalmente la venta de alcohol y tabaco en las
cantinas de los centros escolares. Si hay orden al respecto, no se
cumple; mayoritariamente, se incumple, ya que la cerveza circula en
cantidades industriales. La CEAPA exige una mayor coordinación entre la
Policía Municipal, la Policía Nacional y los jueces y fiscales. Vayan
ustedes de la mano con la CEAPA porque, si no, los unos y los otros se
pasan la pelota y la solución nunca llega. Pactos con los
establecimientos hosteleros, los que organizan fiestas para celebrar los
suspensos, que causan auténticos estragos; y eso está ahí. Que se haga
cumplir la legislación sobre la publicidad del alcohol. Lo que no se
puede desde el Ministerio es decir: que se cumpla la legislación sobre el
alcohol. Seamos nosotros los que exijamos el cumplimiento. Prohibición en
los campos deportivos, en pabellones y en los atuendos de los deportistas
de publicidad alguna sobre alcohol.
Yo creo que éstas y otras muchas medidas son las que hay que tomar de hoy
para mañana y no refugiarnos en que toda la labor docente está impregnada
de esa inquietud, de la educación en esos valores, porque, señor
Secretario de Estado, estando todo eso muy bien, los resultados los
veremos de aquí a mucho tiempo, como ocurre ahora con la remisión de la
drogadicción en algunos campos concretos, pero el daño está ahí, está
hecho, y estas actitudes de los jóvenes y esa ruta del bakalao exigen
medidas fulminantes, concretas y muy de hoy para mañana.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCACION (Marchesi Ullastres): Le
reitero de nuevo nuestra voluntad de trabajar firmemente en esta
dirección y nuestra concepción de que el trabajo a medio y largo plazo
supone un esfuerzo desde las edades más tempranas para la prevención en
relación con la salud, esfuerzo que hacen el sistema educativo, la
familia y el conjunto de la sociedad, y no podemos hacer recaer todos los
problemas que se pueden plantear sobre la sistema educativo
exclusivamente. Las distintas actuaciones deben abarcar desde las labores
docentes hasta las labores extraescolares.
Termino, para no extenderme, leyéndole la Orden de 7 de noviembre de 1989
en alguno de sus apartados específicos, para que vea que, no ahora, sino
va a hacer cinco años, el Ministerio de Educación y Ciencia ya fue
consciente de este tema y se adelantó a esta demanda. Leo: Por todo ello,
el Ministerio de Educación y Ciencia, en aplicación de las
recomendaciones y normas establecidas por los mencionados organismos,
consciente de la necesidad de colaborar en la promoción de la salud y de
que el centro escolar es un ámbito apropiado para la adopción de hábitos
de vida sana, ha dispuesto: Primero, se prohíbe vender y distribuir
tabaco y bebidas alcohólicas en todos los centros escolares públicos
dependientes del Ministerio de Educación y Ciencia. Segundo, esta
prohibición deberá incorporarse a los reglamentos de régimen interno de
los centros. Tercero, las direcciones provinciales, los equipos
directivos y los consejos escolares de los centros adoptarán las medidas
necesarias para asegurar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Orden. Puedo decirle que el Ministerio ha reiterado hace unos meses la
necesidad de cumplir esta normativa y que está supervisando de forma
generalizada el cumplimiento de la normativa. En esa línea seguiremos
actuando.
--SOBRE ANULACION DE LAS ORDENES MINISTERIALES DE 29 DE JUNIO DE 1984 Y
30 DE SEPTIEMBRE DE 1992 EN LAS QUE SE REGULA LA ADSCRIPCION Y RENOVACION
DE FUNCIONARIOS A LA FUNCION INSPECTORA. FORMULADA POR EL SEÑOR ALEGRE
GALILEA, DEL GRUPO POPULAR. (Número de expediente 181/000723.)
El señor PRESIDENTE: Para formular la siguiente pregunta, la número 723,
tiene la palabra el señor Alegre.
El señor ALEGRE GALILEA: Vamos a ver si a la tercera va la vencida y de
verdad ésta la hacemos brevemente. Para ello nada mejor que leer.
Ya va para tres años, señor Secretario de Estado, que la Sala V de la
Audiencia Nacional dictó sentencia de nulidad de una orden ministerial,
entendemos que bastante caciquil, por lo que conlleva de discriminatoria
y de discrecional. Me estoy refiriendo en concreto a la Orden Ministerial
del 5 de diciembre de 1988, mediante la cual se convocaba concurso de
méritos para la provisión de puestos de la función inspectora.
Transcurridos esos tres años, la sentencia está por ejecutar. Una vez más
el Ministerio se hace el remolón, se escuda en recursos de apelación
inadmisibles o se limita, como se ha limitado, simplemente a exponer la
sentencia, a publicarla en el «Boletín Oficial del Estado». En una
palabra, creo que el Ministerio está usando todo tipo de argucias
procedimentales para obstaculizar la eficacia de dicha sentencia, que,
por cierto, es inapelable. Y digo yo: si esto lo hace con algo tan
manifiesto como es una sentencia de anulación dictada por la Audiencia
Nacional, qué no hará por intentar mantener en pie las órdenes
ministeriales que hoy, con mi pregunta, pretendo que se anulen, es decir,
la de adscripción, de 29 de junio de 1989, y la de 30 de septiembre de
1992, de renovación de la función inspectora a esos mismos funcionarios.
Dentro de la más pura lógica, dichas órdenes debieran ser declaradas
nulas, porque, en la actualidad, las dos órdenes están regulando asuntos
que dimanan de la nulidad observada en la primera con esa sentencia, a
que yo hacía referencia, de la Audiencia Nacional. Por eso pregunto si el
Ministerio tiene intención de anular las órdenes ministeriales de 29 de
junio de 1989 (había un error en la pregunta) y 30 de septiembre de 1992,
en las que se regula la adscripción y renovación de funcionarios a la
función inspectora.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCACION (Marchesi Ullastres): Con la
misma brevedad y con la misma metodología de lectura de un texto, voy a
tratar de contestar a la pregunta leyéndole la resolución que el
Ministerio de Educación ha dictado en relación con este tema, para su
conocimiento y para precisar las razones que han llevado al Ministerio a
adoptar esta medida.
Dice así: Visto el expediente de nulidad planteado por las organizaciones
sindicales Anpe (Asociación Nacional de Profesores Estatales) y Usite
(Unión Sindical de Inspectores Técnicos de Educación), amparándose en el
artículo 109 de la Ley de Procedimiento Administrativo, solicitando la
nulidad de las órdenes ministeriales de 29 de junio de 1989 y 30 de
septiembre de 1992, por las que, respectivamente, se adscribe a la
función inspectora educativa a funcionarios de cuerpos docentes y se
renueva su adscripción por un período de tres años, teniendo en cuenta,
primero, que las alegaciones formuladas por los sindicatos promotores de
la acción de nulidad se concretan en los siguientes puntos: la sentencia
de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 15 de octubre de 1991, la
nulidad de la Orden de 5 de noviembre de 1988, que determina la de las
órdenes de adscripción y renovación, cuya nulidad se solicita. Se alega
la reiterada jurisprudencia y principios doctrinales sobre las
características de la nulidad de pleno derecho y, asimismo, se alega,
conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que el artículo 109 de
la Ley de Procedimiento Administrativo establece una verdadera acción de
nulidad y no una simple petición graciable. Segundo, que los informes
emitidos por el Servicio Jurídico en distintas fechas basan su postura
contraria a la declaración de nulidad de las referidas órdenes en los
siguientes extremos: las sentencias deberán cumplirse y ejecutarse en sus
propios términos (artículo 118 de la Constitución, artículo 17.2 y 18 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial, y artículo 103 y siguientes de la Ley
de Jurisdicción Contencioso-administrativa). El fallo de la sentencia se
limita a declarar la nulidad de pleno derecho de las órdenes
ministeriales, por lo que se introducen determinadas correcciones a la
anterior, y la Resolución de 13 de abril de 1989, que desestima el
recurso de reposición interpuesto por Anpe contra la Orden de 5 de
diciembre de 1988, todas las cuales hacen referencia a la convocatoria
del concurso de méritos para la provisión de puestos de función
inspectora educativa.
No declara la nulidad de la resolución del concurso, nuevo e
independiente acto administrativo, sobre el cual no existe
pronunciamiento en el fallo judicial, por lo que su ejecución en sus
propios términos exige que no se extienda el mandato del fallo más allá
de lo que el mismo dispone.
Tengo que decir también que los escritos enviados por los posibles
afectados en el presente expediente, a los cuales se notificó el
ejercicio de la acción de nulidad, ponen de manifiesto su postura,
manteniendo que no procede declarar la nulidad solicitada porque, de
hacerlo, se produciría su indefensión y lesionaría derechos legítimamente
adquiridos.
Y, finalmente, que, con fecha 22 de diciembre de 1993, el Consejo de
Estado, a partir de las solicitudes de información del Ministerio de
Educación, ha emitido el preceptivo dictamen, del cual se destaca lo
siguiente: Dice el Consejo de Estado que, con idéntica argumentación, las
entidades interesadas intentan alcanzar su pretensión a través de una
doble vía, solicitando de la Administración que declare la nulidad de las
órdenes ministeriales y promoviendo incidente en ejecución de sentencia,
para que la Sala manifieste que la Sentencia de 15 de octubre de 1991
afecta a las órdenes que traen causa de la propia Orden de 5 de diciembre
de 1988.
Segundo, dice el Consejo de Estado que no se considera viable
jurídicamente que, a través de una vía oblicua, pueda interferirse la
situación que pudiera derivarse del pronunciamiento jurisdiccional. Y,
tercero, dictamina que no procede la anulación de oficio solicitada,
debiendo estarse a lo que la Sala competente de la Audiencia Nacional
acuerde.
Por todo ello, el Ministerio, de acuerdo con el Consejo de Estado, ha
resuelto que no procede declarar la nulidad de las órdenes ministeriales
de 29 de junio de 1989 por la que se adscriben a la función inspectora
educativa a los funcionarios de cuerpos docentes seleccionados en el
concurso de méritos correspondiente, por la que se ruega por un período
de tres años la adscripción a la función inspectora educativa, debiendo
estarse, tal como establece el Consejo de Estado, a lo que la Sala
competente de la Audiencia Nacional acuerde al respecto.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Alegre.
El señor ALEGRE GALILEA: Señor Secretario de Estado, yo, de entrada,
quiero decirle que nosotros no estamos aquí ni defendiendo los recursos
de Usite ni de Anpe; simplemente estamos, como Grupo Popular, planteando
algo que entendemos que resulta anómalo: esa Orden de 5 de diciembre de
1988, en su momento, ya fue declarada nula por la Audiencia Nacional y
ahora lo que sí entendemos es que el Ministerio bien podría anticiparse a
lo que la Sala correspondiente declare en su día en función de estas dos
órdenes ministeriales, cuya anulación pedíamos hoy en la pregunta.
Nosotros entendemos que seguir manteniendo por parte de la Administración
a estos funcionarios con estas órdenes ministeriales en los puestos de
inspección educativa puede estar originando una cascada de actos nulos
que, de continuar produciéndose, no puede por menos que generar daños y
daños graves en un principio a la propia administración educativa e
incluso a los propios funcionarios adscritos y renovados en dicha
función.
Lo que usted ha manifestado en ese informe de manera más sucinta y
escueta ya lo contestan en la pregunta que a mi compañero Rodríguez
Espinosa se le dio el 26 de marzo del año pasado, en la que se viene a
decir que la nulidad de la primera Orden ministerial de 5 de diciembre de
1988 no implica ningún acto que pueda desprenderse de las órdenes
ministeriales a las que hoy estamos haciendo referencia. Es más, siguen
diciendo que quedarían en un grado de indefensión grande, si se produjera
esta anulación.
Yo creo que la anulación por vía de los tribunales llegará en su momento
y lo que nosotros pretendíamos hoy es simplemente anticiparse a algo que
para nosotros está muy claro y que pensamos que la Sala correspondiente
hará en su día.
El señor PRESIDENTE: Agradeciendo su presencia al señor Secretario de
Estado de Educación, damos por finalizado este primer punto del orden del
día.
COMPARECENCIAS:
--DEL SEÑOR RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA
(UNED) (ARTES GOMEZ), PARA INFORMAR SOBRE ACTUACIONES REALIZADAS CON
MOTIVO DE LAS DENUNCIAS RECIBIDAS EN LOS ULTIMOS MESES. A SOLICITUD DEL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente 212/000668.)
El señor PRESIDENTE: Damos paso al siguiente punto del orden del día, que
son las comparecencias.
En primer lugar, del señor Rector de la Universidad Nacional de Educación
a Distancia, a quien agradecemos su presencia entre nosotros.
Esta Comisión tiene acordado que si pudiese haber dudas, de la
literalidad de las solicitudes de comparecencia, sobre el contenido de
las mismas, se aclaren por parte del Grupo solicitante sus términos. La
solicitud formulada dice textualmente que es para informar sobre
actuaciones realizadas con motivo de las denuncias recibidas en los
últimos meses, y a la Mesa le ha parecido que sería conveniente que el
Grupo solicitante de la comparecencia en un primer turno, que rogaría
brevísimo, aclarase a qué se refiere cuando se habla de denuncias y de
últimos meses, para que todo el mundo sepamos de qué trata la solicitud.
En este sentido, tiene la palabra por el Grupo solicitante de la
comparecencia la señora Barrios.
La señora BARRIOS CURBELO: Buenos días, señor Rector, bienvenido en esta
legislatura a la Comisión de Educación.
En los últimos meses en el Grupo Parlamentario Popular hemos conocido no
sólo por la prensa, sino por documentación que nos ha enviado el señor
Alonso Furelos, titular de Derecho Procesal de la Universidad de
Salamanca, una serie de presuntas irregularidades respecto a un concurso
al que él se presentó para titular de Procesal en la UNED, así como otras
irregularidades que según él se estaban sucediendo respecto a la
organización y contratación de profesores y sobre la didáctica que está
desarrollando la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Por eso
hemos solicitado la presencia del señor Rector aquí. Para agilizar más su
comparecencia desearíamos que hiciera una intervención general y, en todo
caso, nosotros le haríamos alguna pregunta respecto a determinadas dudas
al final de su intervención.
El señor PRESIDENTE: Entonces, tiene la palabra el señor Rector para
informar sobre lo solicitado por el Grupo Popular.
El señor RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA
(Artés Gómez): Buenos días, señor Presidente, buenos días, señorías.
Efectivamente, para ordenar un poco el tema, yo creo que en primer lugar
habría que referirse al concurso-oposición de una plaza de profesor
titular de Derecho Procesal en la Universidad, porque yo creo que ha sido
el origen posterior de esas denuncias del aspirante señor Alonso Furelos,
como consecuencia de una resolución negativa para sus pretensiones de la
Comisión de reclamaciones de la Universidad.
El conjunto de asuntos que ha planteado se puede sistematizar en dos
bloques, un primer bloque es el que se refiere al expediente de esa
oposición de profesor titular y otro segundo sería el de las denuncias
presentadas, que a su vez se refieren a dos temas básicamente,
situaciones de incompatibilidad de algunos profesores y algunas
irregularidades en departamentos de la Facultad de Derecho.
Sobre el expediente del concurso-oposición a profesor titular yo puedo
informarles que los ejercicios comenzaron en noviembre de 1992 y a ellos
concurrieron dos personas, el señor Alonso Furelos, profesor titular de
la Universidad de Salamanca, y el señor Lozano Higuero, Catedrático de la
Universidad de Cantabria. Durante el desarrollo de los propios ejercicios
de la oposición ya el concursante señor Lozano Higuero presentó un
escrito de impugnación al propio tribunal de la oposición y,
posteriormente, presentó un escrito ante la Comisión de reclamaciones.
Alega el señor Alonso Furelos que la Universidad se ha negado a darle
posesión de su plaza. Debo decir que, tal y como establece el Decreto que
regula los concursos-oposición, la propia legislación establece
claramente, cuando se produce una reclamación, que se suspenderá el
nombramiento. El artículo 14.3 establece exactamente: Admitida a trámite
la reclamación, se suspenderán los nombramientos hasta su resolución
definitiva, de manera que aquí la Universidad no ha hecho sino aplicar la
legislación. Pero es que hay más, porque a raíz de esa resolución de la
Comisión de reclamaciones, que fue estimatoria para las pretensiones del
señor Lozano, como consecuencia de que se había celebrado la oposición
transcurrido el plazo que establece ese mismo Real Decreto para celebrar
los ejercicios, que es de cuatro meses desde la publicación del tribunal
de la oposición, de la comisión juzgadora, se presentaron distintos
recursos contencioso-administrativos en los tribunales de justicia tanto
por el señor Alonso Furelos como por el señor presidente del tribunal
juzgador, y como consecuencia de ellos se dictaron dos autos por el
Tribunal Superior de Justicia de Madrid de manera que suspendían
cautelarmente la resolución de esa Comisión de reclamaciones, y eso es lo
que realmente ha aplicado el Rectorado. Por esa razón se ha mantenido la
situación de no dar toma de posesión. Pero ante la insistencia del
aspirante señor Furelos con sus escritos reiterados ante el Rectorado,
nos dirigimos, la propia Universidad, el 5 de enero de 1994, promoviendo
un incidente de ejecución de sentencia ante el propio Tribunal Superior
de Justicia de Madrid para contrastar si efectivamente habíamos ejecutado
debidamente o no el auto de suspensión, incidente de ejecución al que
todavía no ha contestado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Por
eso en este momento la situación se mantiene en esos términos. Luego hace
referencia el señor Furelos a distintos incumplimientos de sus peticiones
de recusación de miembros de la Comisión de reclamaciones, los cuales son
inexactos por cuanto la Comisión examinó la recusación presentada por el
señor Alonso Furelos y no encontró ninguna prueba ni argumento que
justificase su abstención, y así consta en las actas de la Comisión. De
manera que ése sería un poco el primer bloque.
En cuanto al segundo bloque, el señor Alonso Furelos solamente cuando
conoce el resultado negativo de su concurso-oposición y de sus
alegaciones ante la Comisión de reclamaciones comienza a presentar esas
denuncias, no lo había hecho antes, sobre la situación de
incompatibilidad del Vicedecano de la Facultad de Derecho, que también es
profesor de Derecho Procesal, y respecto al letrado asesor de la
Facultad, profesor asociado de Derecho Administrativo. Sobre estas
denuncias el Rectorado inmediatamente inició las actuaciones
correspondientes, de manera que sobre la primera, sobre la referida al
señor Vicedecano de la Facultad de Derecho, la denuncia se presenta el 16
de marzo de 1993 y ya el 1 de abril de 1993 hay una resolución rectoral
decretando la apertura de una información reservada sobre dicha denuncia
y que se encomienda al Decano de la Facultad de Geografía e Historia de
la Universidad. El 28 de mayo de 1993 el instructor propuso el archivo de
las actuaciones. No obstante, como el 1 de diciembre de ese mismo año el
señor Furelos continuó insistiendo en sus denuncias y, además, las amplió
también al Ministerio para las Administraciones Públicas, el Ministerio
para las Administraciones Públicas envió todas estas denuncias al
Rectorado entendiendo que correspondía al Rectorado adoptar las medidas
correctoras pertinentes y que no eran competencia del Ministerio para las
Administraciones Públicas o de la Inspección General de Servicios.
Entonces, el Rectorado encargó nuevamente una investigación al
Vicerrectorado de Ordenación Académica para que iniciase actuaciones
relativas a comprobar todas estas supuestas incompatibilidades. Así se ha
hecho, y, finalmente, en fecha 11 de febrero de 1994 el Rectorado dictó
resolución de acuerdo con esas propuestas y dando traslado de la misma al
señor Furelos y al señor Ibáñez y al Ministerio para las Administraciones
Públicas, en la que se establecía que no parecían existir indicios claros
y probados que permitieran imputar fundadamente al señor Ibáñez, el
Vicedecano, las supuestas infracciones a la legalidad vigente en materia
de incompatibilidades que habían sido denunciadas. Esa fue la actuación
en el caso del señor Vicedecano, y una actuación similar se siguió en el
caso del letrado señor Cámara, en el que, además, existe un escrito del
Ministerio para las Administraciones Públicas en el que se le concede
compatibilidad para ejercer la abogacía mediante una resolución de 23 de
mayo de 1989.
Finalmente, en cuanto al segundo bloque, que son las irregularidades en
distintos departamentos de la Facultad de Derecho, a su vez básicamente
sus denuncias afectan a dos departamentos, el departamento de Derecho
Civil y el área de Derecho Penal, que está en el mismo departamento de
Procesal y Penal.
Las que se refieren al departamento de Derecho Civil, y sobre las que se
había hecho eco también la prensa en algunos artículos, eran relativas a
supuestos contratos, en virtud de la autorización del artículo 11 de la
LRU, del catedrático señor Lasarte. Debo decir que esos contratos nunca
han sido tramitados al Rectorado y que, hasta donde yo conozco, no han
sido realmente llevados a la práctica; no han pasado de ser intenciones
de hacerlo quizá, pero no se han tramitado ni se han llevado a la
práctica.
En cuanto a supuestas titulaciones, propias de la Universidad, de
administradores de fincas, tampoco se han tramitado a través de la
Universidad. Esto tendría que ser aprobado por la Junta de Gobierno y
nunca ha sido remitido expediente en este sentido; solamente sí sé que
existen acuerdos del departamento, pero no han pasado de él y no se han
cursado a través de los demás órganos de gobierno de la Universidad. Por
tanto, tal titulación ni se imparte ni es previsible que se imparta en un
período próximo en la Universidad.
Luego había otra denuncia referida a una supuesta contratación irregular
de una profesora asociada a ese departamento, la señora González, así
como una supuesta situación también de incompatibilidad de su puesto de
profesora asociada con la de agente de Aduanas. También obra en mi poder,
y está a su disposición, una resolución del Ministerio para las
Administraciones Públicas en la que se declara que los agentes de Aduanas
pueden actuar también mediante intermediarios y que no es incompatible,
en absoluto, con su puesto de profesores asociados.
En cuanto al área de Derecho Penal, se planteaba también el tema de la
desdotación de una cátedra en su momento. Esa cátedra estaba ocupada por
el profesor Stampa Braun, y al jubilarse el 19 de diciembre de 1991,
cuando la Junta de Gobierno decide minorar esa plaza, el número de
profesores en el área de Derecho Penal de la Universidad era de seis.
Como consecuencia de esa amortización, se permitió un aumento del número
de profesores, que en el momento actual es de diez, y además el propio
profesor Stampa Braun, al haberse jubilado, pasó a ser contratado como
profesor emérito. Por tanto, sí que existe un catedrático, un catedrático
emérito, en la Universidad.
Este es, en síntesis, el resumen de las actuaciones que ha llevado a cabo
la Universidad en relación con este caso de la titularidad de Derecho
Procesal.
El señor PRESIDENTE: Además del Grupo solicitante de la comparecencia,
¿algún otro Grupo va a intervenir? (Pausa.)
Tiene la palabra la señora Barrios.
La señora BARRIOS CURBELO: Quisiera hacerle una serie de matizaciones
basadas en su respuesta.
No sé si a usted le han podido llegar, pero a nosotros nos han llegado
como tres mil folios del señor Furelos respecto a la problemática, en los
cuales se nos dice que el presidente del tribunal, señor Almagro, en su
momento, recibió de usted el visto bueno para constituir el tribunal,
incluso fuera de plazo, y que aun teniendo el visto bueno, se sustituye
al señor Almagro, por lo que él ha presentado un recurso de revisión que
no ha sido respondido por la Universidad Nacional de Educación a
Distancia. Eso respecto al famoso recurso y a las resoluciones que se han
dictado.
Asimismo, se recoge en las diferentes denuncias del señor recurrente que,
sorprendentemente, el señor Lasarte, y usted tenía denuncias presentadas
de profesores del departamento de Derecho Civil, intentó, y casi firmó,
contratos con la Universidad de Las Palmas, con el propio departamento de
Derecho Civil y con los administradores de fincas, pero ya me ha
respondido usted al respecto. Igualmente se recoge que el profesor Stampa
Braun, emérito, aun teniendo un gran número de alumnos en la UNED, igual
que el doctor Hernández Gil, no acuden a sus clases en los horarios que
deberían.
Poco más he de preguntarle, puesto que usted nos ha dicho todo lo que
nosotros queríamos saber. Quizá sí nos gustaría que nos dijera si a usted
le consta o si ha exigido responsabilidad al señor Lasarte, puesto que él
y la señora González, que es su esposa, están tomando acuerdos sin
autorización de órganos de gobierno, y si incluso se están comparando las
cintas magnetofónicas de las reuniones del departamento de Derecho Civil
con las actas que después aparecen escritas.
El señor PRESIDENTE: Señor Lazo, tiene la palabra.
El señor LAZO DIAZ: El Rector de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia es ya casi un habitual en esta Comisión. Creo recordar que son
bastantes las comparecencias que ha tenido en la legislatura pasada e
incluso en la legislatura anterior. Esto, en principio, podría parecer
inquietante. Tantas veces acude el Rector de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia que uno estaría tentado de pensar que en esa
Universidad existen gravísimos problemas. Pero luego se comprueba, de
forma inmediata, que si el Rector es convocado con frecuencia en esta
Comisión, no es convocado por los grupos parlamentarios de la Comisión,
sino solamente por un Grupo parlamentario, una y otra vez, lo cual nos
tranquiliza y nos hace ver las cosas de una manera mucho más clara y
sencilla. En todo caso, nosotros le damos las gracias al señor Rector por
su presencia y por su paciencia.
Como el señor Presidente de la Comisión ha recordado, en el orden del día
escrito figura la comparecencia del Rector para informar sobre denuncias
recibidas en los últimos meses. El texto, expuesto así, tal como aparece,
resulta bastante tremendo: denuncias. Uno piensa en acontecimientos
gravísimos que pueden haber ocurrido en la Universidad Nacional de
Educación a Distancia. Después de lo escuchado, tanto al Grupo que pide
la comparecencia, como al señor Rector, resulta que no. Aquí se ha
hablado de una serie de anécdotas, de una serie de pequeños problemas, de
una serie de rencillas, propias de todo colectivo numeroso, incluso de
colectivos académicos; rencillas que, además, suelen darse de vez en
cuando después de una oposición frustrada y que cuando llegan a más
tienen su final lógico en los tribunales de justicia.
Lo que al Grupo Socialista no le parece normal, después de lo escuchado
aquí al Grupo Popular, y por lo que ya conocía, lo que nos parece una
exageración es pedir la comparecencia del Rector de la Universidad para
un asunto como éste. Si estas peticiones de comparecencia de semejante
tenor continuasen, amenazan con convertir a este Parlamento y desde luego
a esta Comisión en algo que no tiene nada que ver con la vida
parlamentaria. Hoy me ha parecido a mí estar en una especie de tribunal
que resuelve
sobre rencillas familiares, en este caso rencillas de familias
académicas.
En fin, señor Presidente, no creo que haya que añadir nada más. Una vez
más damos las gracias al señor Rector. Nos parece que sus explicaciones
han sido suficientemente claras. Por supuesto, nos damos por satisfechos
y esperamos verle pronto otra vez aquí. (El señor Ollero Tassara pide la
palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Ollero, ¿qué es lo que desea?
El señor OLLERO TASSARA: Señor Presidente, un mínimo turno que yo creo
que encaja en una cuestión de orden.
El señor PRESIDENTE: Señor Ollero, le advierto que si es para una
cuestión de orden, sí; si es para entrar en polémica con la opinión
sustentada en esta Comisión por otro Grupo, no es turno.
El señor OLLERO TASSARA: Lo que intento es explicar el sentido del orden
del día de hoy. Por tanto, es una cuestión de orden.
El señor PRESIDENTE: Señor Ollero, el orden del día no necesita
explicación.
El señor OLLERO TASSARA: Sí, al parecer sí.
El señor PRESIDENTE: Señor Ollero, no tiene S. S. la palabra.
El señor OLLERO TASSARA: Señor Presidente, creo que entre sus
obligaciones está la de que los turnos de esta Comisión se ajusten a su
sentido, y no es lógico que en una comparecencia el portavoz de un Grupo,
en vez de dirigirse al compareciente, sistemáticamente, una y otra vez,
hoy también, abra un debate con otro Grupo y, además, luego S. S. no
permita que haya réplica.
El señor PRESIDENTE: Señor Ollero, precisamente porque la misión de la
Presidencia es ordenar el debate, le he dicho a S. S. que no tiene turno
para entrar en debate con otro Grupo.
El señor OLLERO TASSARA: Se ha abierto ya.
El señor PRESIDENTE: Su Grupo tiene la oportunidad, porque de nuevo habrá
otro turno, de explicar las razones, de justificar la presencia del señor
Rector, lo que S. S. quiera o su Grupo quiera, pero en su turno.
Tiene la palabra el señor Rector, para contestar a las preguntas y
observaciones hechas por los diferentes grupos.
El señor RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA
(UNED) (Artés Gómez): En primer lugar, replicando a la señora Barrios,
que pedía unas ciertas precisiones, quiero decirle que no se llegó a
proceder a la sustitución del señor Almagro como presidente de la
Comisión juzgadora, del tribunal, como decimos coloquialmente, porque
entretanto llegó el auto de suspensión del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid y, por tanto, así se suspendió. No es en absoluto exacto que el
Rectorado autorizase la constitución fuera de plazo. Lo que el Rectorado
autorizó fue la sustitución de uno de los miembros del tribunal por otro,
hecho con gran premura --dos o tres días antes de constituirse--, y
consta así en el expediente mi resolución. Respecto al plazo de
constitución, evidentemente no podría pronunciarse de otra manera más que
aplicando la legislación.
En cuanto a los extremos relativos al departamento de Derecho Civil que
usted ha mencionado, yo no he hecho extensión de ellos en mi anterior
exposición, señoría, porque están en este momento sometidos a una
información reservada, encargada por el Rectorado con fecha 22 de
diciembre del año pasado, y el instructor del expediente informativo
sobre todas estas denuncias es el catedrático de la Facultad de
Económicas don Vitorio Valle. De manera que estoy pendiente de recibir
esas informaciones. No obstante, sí que puedo decir, en relación con la
denuncia de la contratación irregular de la profesora González --que
efectivamente es la esposa del señor Lasarte--, que cuando se hizo esa
contratación el señor Lasarte no figuraba como catedrático de la UNED,
sino que prestaba sus servicios en la Universidad Carlos III de Madrid, y
que en el tribunal correspondiente actuaron profesores que nada tenían
que ver y que no estaban vinculados por ninguna relación con esta
profesora.
En cuanto a la denuncia de abstencionismo, por así decir, por parte de
los profesores Stampa y Hernández Gil, yo creo que, de ser exacta, habría
originado grandes protestas del alumnado, y yo no he recibido ninguna
denuncia en ese sentido del alumnado, que es realmente el sujeto pasivo
en la educación; por tanto, si no recibiese la asistencia de estos
profesores, sería lógico que reclamara, como sucede en algunos casos, y
cuando es así, se adoptan las medidas correctoras precisas. Hay que tener
en cuenta que el señor Stampa está también contratado como profesor
emérito, y todos sabemos cuáles son las funciones de los profesores
eméritos, que no son estrictamente comparables con las de los profesores
en activo. Esto en cuanto a sus precisiones sobre este tema.
Por lo que se refiere al señor Lazo, quiero decir que yo siempre acudo
con gusto cuando ustedes me llaman y, además, porque es mi obligación. De
manera que no creo que pueda decir nada más.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún Grupo desea intervenir en este turno
excepcional? (Pausa.)
La señora Barrios tiene la palabra.
La señora BARRIOS CURBELO: Quiero darle las gracias al señor Rector
porque, efectivamente, quedan solucionadas todas las preguntas con las
respuestas que ha dado. Pero estoy sorprendido de la intervención del
señor Lazo y de que se haya puesto excesivamente nervioso por
la comparecencia del señor Rector. Consideramos que nuestra obligación,
cuando llegan denuncias de este tipo, es hacer comparecer al responsable
de la Universidad. Aquí no se está enjuiciando a nadie; sólo se está
preguntando e intentando resolver la problemática. Yo creo que es
responsabilidad de los parlamentarios --y más en la Comisión de
Educación-- toda la problemática académica, y la Universidad Nacional de
Educación a Distancia no puede ser una excepción. Lo que me ha llamado la
atención es que no tuviera ninguna pregunta que hacer. Debe ser que está
demasiado preocupado por otros problemas que debe tener.
El señor PRESIDENTE: El señor Ollero tiene la palabra.
El señor OLLERO TASSARA: En efecto, pienso que una de las obligaciones de
los parlamentarios es velar por el prestigio público de esta Cámara, y
ello se ve afectado por cuál sea la actitud de los parlamentarios
aislados o de los grupos ante determinadas cuestiones, muy especialmente
cuando éstas acaban revistiendo una notable relevancia pública. Eso
justifica entre otras cosas la comparecencia, aunque sólo sea para oír
aquí, como se ha oído, que para determinado grupo determinadas cuestiones
son anécdotas o rencillas familiares --en lo que puede tener razón por
una vez--. Es interesante que los ciudadanos lo sepan, y cuando se ha
dicho públicamente y se ha escrito que la Universidad Nacional de
Educación a Distancia depende de este Parlamento --eso se ha escrito
públicamente--, la pasividad de esta Cámara ante afirmaciones de este
tipo o el dejar siquiera la sospecha de que es que no se quiere entrar en
determinadas cuestiones, por no se sabe qué connivencias, no parece que
contribuya mucho a prestigiar nuestra Cámara. Comprendo que otros, más
preocupados del prestigio de su Partido y preocupados de que determinadas
comparecencias puedan servir de precedente para otras, intenten por todos
los medios bloquearlas. (El señor Lazo Díaz pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: De todas formas, advierto a SS. SS. que ésta es una
polémica que esta Presidencia entiende que no tiene excesivo sentido, por
dos cuestiones: primera, que la legitimidad y oportunidad de la petición
de la comparecencia ha sido evaluada por la Mesa y la Junta de Portavoces
y, por tanto, no es objeto de discusión; y segunda razón, que, como ahora
señalaba el señor Ollero, la relación del Parlamento con la Universidad
Nacional de Educación a Distancia es una relación especial, la propia Ley
de Reforma Universitaria establece que hay un vínculo especial, puesto
que el resto de universidades tienen instituciones u organismos, cuerpos
legislativos autonómicos, etcétera, de los que dependen, pero en este
caso hay una relación especial. Por tanto, yo solicitaría a SS. SS. que
no entrasen en exceso en esta polémica, puesto que ambos asuntos han sido
tratados por la Mesa y la Junta de Portavoces y la propia Ley establece
claramente esa relación especial entre este Parlamento y la LRU.
En todo caso, señor Lazo, estamos en un turno final excepcional para
completar preguntas, no para reabrir el debate. El señor Lazo tiene la
palabra.
El señor LAZO DIAZ: Señor Presidente, yo siempre me considero en este
terreno discípulo del señor Ollero y sigo fielmente el estilo de
intervención del señor Ollero, que ha planteado evidentemente preguntas;
hago las mismas preguntas que el señor Ollero. Señor Presidente, tiene
usted toda la razón, es completamente legítimo que cada grupo
parlamentario pida la comparecencia de quien desee, ya lo dije en otra
ocasión en una situación parecida. También es legítimo que por parte de
un grupo parlamentario se estime públicamente que en todo, y en la
política por supuesto, hay que tener sentido de la medida, y si no se
tiene sentido de la medida, pues las cosas resultan un poco desmesuradas
e incluso extravagantes.
En mi intervención anterior yo no he pretendido polemizar, aunque no
retiro ni una sola palabra, con ningún grupo. Simplemente he dado la
opinión del Grupo Socialista sobre una comparecencia que, a nuestro
entender, como se ha desarrollado al plantearse la comparecencia aquí,
resultaba a todas luces exagerada. Lo que sí quiero decir únicamente es
que, desde luego, el Grupo Socialista no acepta y no va a aceptar nunca
que nuestra opinión aquí pretenda ser censurada por otro grupo político.
El señor PRESIDENTE: El señor Rector tiene la palabra.
El señor RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA
(UNED) (Artés Gómez): Por mi parte simplemente quiero decir que, en todo
caso, cuando se ha puesto en algún momento en duda --como ha ocurrido en
los medios de comunicación-- la pulcritud con la que se desarrollan las
actuaciones en la Universidad, creo que no está de más que se aclare. No
hay ninguna reticencia por parte del Rectorado a dar toda la información;
la he hecho lógicamente sucinta por no aburrir a SS. SS., pero todos los
expedientes están aquí a su disposición por si alguno de ustedes desea
alguna aclaración más sobre ese extremo. En todo caso, quiero darles las
gracias y espero que efectivamente este control, como consecuencia de la
dependencia de nuestra Universidad del Parlamento, se extienda a otros
ámbitos de la Universidad en los que también tenemos muchos problemas.
El señor PRESIDENTE: Gracias al señor Rector por su presencia esta mañana
en la Comisión.
Vamos a suspender durante media hora la sesión hasta las 12 horas, en que
está prevista la comparecencia del señor Rector de la Universidad de
Murcia.
Se suspende la sesión.
Se reanuda la sesión a las doce del mediodía.
--DEL SEÑOR RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA (ROCA GUILLAMON), PARA
INFORMAR DEL ESTADO ACTUAL DE LA PLANIFICACION DEL CAMPUS UNIVERSITARIO
DE CARTAGENA (MURCIA). A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR.
(Número de expediente 212/000666.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, reanudamos la sesión con la comparecencia
del señor rector de la Universidad de Murcia a petición del Grupo
Popular.
Agradecemos la presencia del señor rector, y tiene la palabra para
informar del estado actual de la planificación del campus universitario
de Cartagena.
El señor RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA (Roca Guillamón): Muchas
gracias.
Ante todo, quiero decir que puedo contar la historia del campus de
Cartagena en diez minutos o en dos horas, según ustedes prefieran, pero
me imagino que la primera opción es la más razonable.
El señor PRESIDENTE: En principio, el tiempo previsto para la primera
intervención es más cercano a los diez minutos que a las dos horas.
El señor RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA (Roca Guillamón): Pues
entonces simplemente diré que en estos momentos la situación es la
siguiente. A partir del acuerdo a que llegó la Universidad de Murcia con
el Ayuntamiento de Cartagena para la reubicación del futuro campus
universitario (puesto que había habido una cesión anterior de terrenos en
el extrarradio de la ciudad departamental, en un paraje denominado
Torreciega, que no parecía cumplir de manera deseable lo que debía ser un
campus universitario digno), el Ayuntamiento, en una nueva corporación,
la actual, decidió cambiar esa ubicación y llevarlo al centro de la
ciudad, más concretamente hacia el entorno que conocemos
convencionalmente como el entorno del Hospital de Marina y Cuartel de
Antigones, o Antígones, nunca he sabido muy bien cómo era, creo que se
puede decir de las dos maneras. A partir de ahí, la cesión de esos
edificios, que iba a ser la primera fase de ese campus, entraba dentro
del convenio que el Ayuntamiento de Cartagena cerró con el Ministerio de
Defensa para la cesión de esas y otras instalaciones militares, y ese
convenio, después de negociaciones no fáciles, se firmó felizmente hace
unos meses, y posteriormente, de manera casi inmediata, el Ayuntamiento
de Cartagena cedió en escritura pública esos dos edificios, el antiguo
Hospital de Marina y el Cuartel de Antígones, a la universidad, que en
estos momentos ya dispone, por tanto, de la titularidad de los mismos.
Paralelamente, la universidad siempre planteó al Ayuntamiento de
Cartagena la necesidad de que el campus no se quedara en eso, sino que
fuera algo más, y después de presentar un programa de necesidades al
Ayuntamiento éste respondió con una oferta de terrenos que iría en torno
a las diez hectáreas (en realidad, la Universidad había planteado como
necesidades, de aquí a muchos años, unas ocho hectáreas, luego el
ofrecimiento cumplía suficientemente las pretensiones de la Universidad),
y eso implica una actuación urbanística, por parte del Ayuntamiento de
Cartagena, importante para la ciudad, me parece, porque supone la
posibilidad de revitalización del casco histórico, del centro urbano de
Cartagena, que hoy está muy degradado en esa zona. Efectivamente, el
Ayuntamiento encargó un plan de reforma interior, un PERI que llamamos
urbanísticamente, que está realizando un equipo de arquitectos,
concretamente el arquitecto don José María Torres Nadal es el que está
desarrollando esa planificación.
Decía antes que paralelamente la universidad tenía incluida dentro de su
programación plurianual de obras, con la Junta de construcciones
escolares del Ministerio de Educación (no hay que olvidar que esta
Universidad todavía no está transferida, por tanto depende a estos
efectos del Ministerio de Educación), la construcción de un edificio
dedicado fundamentalmente a acoger las enseñanzas de ingeniería
industrial y, a partir del nuevo planteamiento del Ministerio de
Educación y de esa Junta de construcciones para la financiación de estas
obras, que supuso que todas estas obras universitarias, a partir de 1994,
irían por el sistema de cofinanciación con Feder, con los Fondos Europeos
de Desarrollo Regional, se consiguió incluir en programación esta obra de
rehabilitación del Hospital de Marina, que aparece ya por primera vez en
los Presupuestos Generales del Estado en el Capítulo 7 en la parte que
corresponde financiar al Estado español.
Se han superado algunas dificultades iniciales que había en torno a eso,
a lo cual ha contribuido, a mi juicio de manera importante, el hecho de
que la construcción del campus universitario de Cartagena haya sido
incluida dentro del plan especial de Cartagena, que forma parte, de
alguna manera, del plan de reactivación de Murcia, es decir, que en ese
sentido fue aprobado por la Secretaría de Estado de Economía y en estos
momentos ésa es una obra claramente aceptada por parte del Ministerio de
Educación. Repito que está incluida en el Capítulo 7 la financiación por
parte del Estado español, y también está aceptada incluso por Bruselas,
me parece, la financiación Feder. Lo que pasa es que ignoro si en estos
momentos está absolutamente cerrado ese tema por parte del Estado
español, por el Ministerio de Hacienda, me imagino. Me parece que es un
tema que no tiene en estos momentos claro nadie; incluso en el propio
Ministerio de Educación se sabe que está todo aprobado en Bruselas, pero
no tenemos constancia, de manera oficial quiero decir, de que esa
financiación Feder haya sido aceptada también finalmente por el
Ministerio de Hacienda, aunque de hecho hay algún dato que avala que eso
es así, y puedo proporcionar las cifras de que dispongo respecto a esa y
a otras obras que afectan a mi universidad.
En cualquier caso, el proyecto denominado Rehabilitación del Hospital de
Marina, para Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, es un
proyecto a desarrollar en dos fases, por un importe de 3.000 millones de
pesetas, que se desagregan de la siguiente manera: En 1994, hay una
primera partida de 287 millones de pesetas, de los cuales corresponden
200,9 a Feder y 86,1 al Ministerio de
Educación; en 1995, la cantidad aumenta a 656,9, de los cuales
corresponden 459,8 a Feder y 197,1 al Ministerio de Educación; y en 1996,
600 millones, de los que corresponden 420 a Feder y 180 al Ministerio de
Educación. En la primera fase, este proyecto está incluido en la
programación Feder, pero por el programa I+D, mientras que en la segunda
fase es ya por el programa de educación. A partir de 1997, la
financiación ya se desagrega en partidas iguales de 500 millones de
pesetas; por tanto, son 500 en 1997, 500 en 1998 y otros 500 en 1999, que
completan los 3.000 millones de pesetas. Insisto que esta segunda fase ya
va por el programa de educación, mientras que la primera va por el
programa de investigación y desarrollo.
¿Cuál es el estado actual de ese proyecto? Pues exactamente el siguiente.
La universidad, contando con la colaboración de los arquitectos de la
Junta de construcciones, del Ministerio de Educación, planteó un programa
de necesidades, en estrecho contacto con los futuros usuarios de ese
edificio. Se ha realizado un proyecto básico, del cual la propia
universidad, por ganar tiempo, contrató las asistencias técnicas, y ese
proyecto básico está concluido, está siendo discutido en cuanto a su
distribución interior con los profesores, es decir, con los departamentos
interesados, que van a ir a ese edificio, y el proyecto llamado de
ejecución, la segunda fase del proyecto definitivo, está también
prácticamente concluido, de manera que esperamos que en torno a
septiembre u octubre pueda estar ya en concurso, de forma que puedan
comenzar las obras en este año 1994, con lo cual será posible consumir
esa cantidad de 287 millones de pesetas inicialmente prevista que es
aproximadamente lo que se va a poder gastar este año.
Eso es lo que hay respecto de ese edificio que, de alguna manera, es el
edificio emblemático del campus, el primero que debe ser realidad ya en
los albores del año 2000. De todas formas, el campus de Cartagena no se
agota en ese entorno, es algo más. En estos momentos, la universidad
dispone de instalaciones, algunas muy antiguas ya, en el Paseo de Alfonso
XIII que deben ser conservadas, de manera que la idea es que se produzca
un eje universitario que tendría su origen en esta zona de la que estamos
hablando, el Hospital de Marina, que de alguna manera urbanísticamente
entronca con las actuales instalaciones del Paseo de Alfonso XIII. Hay
que decir también que, por parte de los técnicos del Ayuntamiento, existe
una previsión para el futuro de hacer una suerte de reserva urbana --no
sé cómo se le puede calificar técnicamente-- al otro lado, en una zona
cercana a esta del futuro campus, con objeto de que en ningún momento la
Universidad pueda sentirse colapsada en su desarrollo, aunque ya estoy
hablando aquí a muy largo plazo, probablemente después del año 2025 o
quizá más. Eso por lo que respecta a infraestructuras.
No sé si será de interés de la Comisión conocer algunos otros datos, por
ejemplo, respecto al desarrollo universitario en sí mismo considerado,
desde el punto de vista académico: programación respecto de titulaciones
a impartir en ese campus universitario, etcétera. Si es así, estoy a
disposición de todos ustedes para lo que me puedan requerir.
Espero haber sido suficientemente breve, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Además del grupo solicitante, Grupo Popular, ¿qué
otros grupos van a intervenir? (Pausa.)
En primer lugar tiene la palabra, por parte del Grupo Popular, la señora
Cremades.
La señora CREMADES GRIÑAN: Bienvenido, excelentísimo señor, a este
Congreso y a esta Comisión de Educación.
Este asunto ha preocupado y preocupa al Grupo Popular por triple motivo:
en primer lugar, porque es una cuestión educativa universitaria que
refuerza nuestra oferta comunitaria; en segundo lugar, la creciente
demanda del alumnado universitario para realizar estos estudios en el
ámbito regional y, en tercer lugar, porque la necesidad es urgente, ya
que hay que regenerar el propio casco urbano de Cartagena, que ha sufrido
un fuerte deterioro e incide en el menoscabo de la seguridad ciudadana
debido a la delincuencia y a la drogadicción, menoscabo del turismo y
menoscabo del tejido productivo.
El pasado mes de noviembre se acometió esta cuestión en la Comisión de
Defensa. Las negociaciones entre el Ministerio de Defensa y la comunidad
autónoma estaban concluidas, tan sólo quedaban por asumir y por
desarrollar las competencias del Ayuntamiento de Cartagena, pero debemos
reconocer la lentitud, las efímeras promesas del equipo de gobierno
socialista para emprender acciones. Por tanto --he seguido su informe--,
a mí me gustaría que incida, no solamente en las cuestiones de
estructura, que están perfectamente tramadas, aunque observo que hasta
1995 no se van a emprender, ya que el año 1994 es de estudio, pero no de
realizaciones conjuntas y me gustaría saber si está previsto un estudio
respecto al alumnado; por supuesto, sobre titulaciones, ya que la
universidad recogió un informe, en 1993, y quisiera saber cómo están
estas titulaciones, si se han conseguido algunas de ellas o están
solamente en trámite.
Quedan algunas otras cuestiones sobre las que preguntaré después de su
informe, si me lo permite.
El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Federal de Izquierda Unida, el
señor Ríos tiene la palabra.
El señor RIOS MARTINEZ: La puesta en marcha del campus universitario en
Cartagena resulta de una voluntad de fortalecer el peso universitario que
esta ciudad tiene en el conjunto de la región. Ha habido un proceso de
discusión con el Ministerio de Defensa, que yo creo ya está terminado,
para la cesión de terreno.
A mí me gustaría centrar la pregunta o demanda de información al rector
(en tránsito de cesión de poderes al nuevo rector y reconociendo el
trabajo que ha hecho en la Universidad de Murcia) en si se ha producido
ya la cesión a la universidad, si se han firmado las escrituras sobre dos
grandes volúmenes de superficie: el Hospital militar y el cuartel de
Antigones, que no sé si se pronuncia así; desde luego, antiguo, es.
(Risas.) Quisiera saber si la universidad, que ya ha aceptado esos
terrenos, piensa usar todo el
volumen de terreno en las previsiones de desarrollo que tiene, incluido
Antigones, o piensa devolver parte de Antigones a la propia ciudad para
otras actuaciones, es decir, ¿todo el conjunto va a ser usado para las
infraestructuras o una parte puede ser devuelta aunque ya haya sido
cedida?
Segunda pregunta. Ahora mismo, dentro de lo que son las instalaciones de
Alfonso XIII, tenemos Ingeniería técnica industrial, Ingeniería
industrial superior, Ingeniería técnica de agrónomos, Ingeniería de
agrónomos superior, Ingeniería naval, Empresariales y Minas. Usted ha
hecho referencia a un eje universitario que compagine las dos cosas,
¿cuáles de estos estudios o carreras se instalarían en el nuevo campus,
el que se traslada hacia la parte de hospital militar, y cuáles quedarían
en estas infraestructuras? ¿Cuáles podrían ser las nuevas carreras, las
nuevas titulaciones, además de éstas, que se pueden implantar, ampliando
las actuales, diversificándolas, teniendo un mínimo de garantía de oferta
universitaria? Creo que ahora mismo para nadie es excusa que humanidades
se pueden centrar, más o menos, en Murcia, pero hay ese pulso con
comunidades limítrofes, sobre todo con la Universidad de Alicante que
está implantando carreras técnicas, y ver qué va a hacerse de ese volumen
universitario. Como tenemos aquí al alcalde de la ciudad, suponemos que
él tendrá más datos que nosotros en cuanto al volumen universitario.
En cuanto a las inversiones, el Plan especial recoge todas las
inversiones que va a tener esta universidad. Es verdad que los
compromisos son declaraciones de voluntad a partir de un determinado
momento y que la Comisión Europea irá fijando, en función del marco
comunitario de apoyo que se establezca según las demandas que el Gobierno
español ha mandado. El Gobierno español ha mandado una serie de
previsiones dentro de su PDR, compromete unos recursos y, en función de
eso, iremos actuando. Como estoy acostumbrado a oír muchos anuncios y que
luego, en lugar de tres años, se tarda seis en cumplir o en lugar de
seis, cinco, preferiría centrarme en lo comprometido realmente. Me
gustaría saber qué obras han salido a contratación, qué obras van a
salir, porque usted ha hablado de volúmenes, ha dicho que de aquí a
septiembre saldrá un volumen de tantos millones, lo que viene a ser eso
que usted decía, para el año 1994, 287 ó 288 millones. ¿Qué obras y por
qué cuantía cada una de ellas van a salir en 1994 y cuáles en 1995?
Después Dios dirá, porque ya veremos la evolución después de 1995; pero
en estas dos anualidades, ¿qué inversiones tenemos presupuestadas?
También me gustaría conocer, y con esto termino, señor Presidente, cuándo
estarán terminadas las obras del antiguo Hospital militar, qué obras se
van a hacer y qué se va a instalar en ese antiguo Hospital militar. Así
podríamos conocer la evolución posterior.
Estoy convencido de que la consecución del Plan especial de Cartagena fue
una buena noticia y también fue una buena noticia para la región y para
Cartagena la consecución de este campus universitario, campus que
debiéramos intentar consolidar, garantizar y definir como definitivo,
conquistado y conseguido para el futuro de esa ciudad.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor
Alonso.
El señor ALONSO CONESA: En primer lugar, quisiera agradecer la presencia
del rector de la Universidad de Murcia en esta Comisión, así como todo el
trabajo que ha realizado a lo largo de su mandato en desarrollo de la
Universidad de Murcia en sus tres campus: el de Cartagena, el de
Espinardo y el de la propia ciudad de Murcia.
Creo, señor Presidente, que es importante resaltar la voluntad decidida
de las administraciones públicas y, en concreto, del Gobierno de la
nación, en muy estrecha colaboración con la Universidad de Murcia, para
resolver el problema de las infraestructuras universitarias en Cartagena.
Como bien se ha mencionado esta mañana, el Plan especial para el
desarrollo de Cartagena, que en este mes hace tan sólo un año que se
aprobó por el Consejo de Ministros, ha significado un paso importante, no
ya en la infraestructura universitaria, sino en el intento decidido, en
la apuesta decidida del Gobierno de la nación por conseguir que esta
ciudad, perteneciente al eje del Mediterráneo, pueda salir del
estancamiento económico en que vive y las inversiones públicas incentiven
a la iniciativa privada para que desarrolle su actividad económica en la
zona.
Uno de los aspectos fundamentales que el Gobierno de la nación compromete
en ese Plan especial es el imprescindible desarrollo de las
infraestructuras universitarias y la formación de los alumnos de
Cartagena que, posteriormente, deben ser los principales agentes del
desarrollo económico de la zona. Por tanto, creo que en un año se ha
avanzado cualitativa y sustancialmente respecto de situaciones anteriores
y no sólo en la definición de la ubicación del campus.
He oído a algún grupo parlamentario hablar de lentitud, supongo que se lo
autoaplicarán, porque la lentitud ha procedido de ese grupo, que todavía
no tenía claro que el campus tenía que ir en lo que hoy dicen que va a
significar una rehabilitación del área urbana y defendieron hasta hace
muy poco que fuese en el extrarradio de la ciudad. Me alegro
profundamente de que definamos todos esos desarrollos en una misma idea,
porque va a beneficiar, como bien ha dicho el señor rector, a los
estudiantes y a la propia ciudad.
Por tanto, yo creo que es necesario resaltar ese compromiso, es necesario
continuar con ese esfuerzo común de cooperación que se viene
desarrollando que, como bien ha manifestado el señor rector, el trabajo
de redacción de proyecto básico y el de ejecución se ha hecho en un
tiempo récord, según afirman los propios técnicos del ministerio y la
propia universidad. En concreto ayer, por la mañana, hubo una última
reunión entre los técnicos municipales, la universidad y los técnicos del
ministerio, donde quedaron prácticamente resueltos los aspectos que
quedaban por concretar y yo espero y deseo, como ha dicho el señor
rector, que no en 1995, sino en 1994, estos doscientos ochenta y pico
millones puedan iniciarse, como así se tiene previsto.
El conocimiento que tiene mi grupo parlamentario, especialmente este
Diputado, es que los fondos europeos para esta inversión están ya
remitidos. Hay una primera confirmación positiva en cuanto al escenario
presupuestario hasta 1999, lo que significa que ya el Plan especial para
el desarrollo de Cartagena no es que se cumpla sino que se amplía. El
compromiso era de 1.500 y ya se amplía a 3.000 millones en el período de
vigencia del plan, lo que reitero pone de manifiesto que no era un papel
mojado, que no era un documento que se hacía para calmar una tensión
social que vivía Cartagena hace tan sólo un año.
Señor rector, quisiera que pudiera concretarnos muchas de las preguntas
que ya se han hecho por el portavoz de Izquierda Unida, que yo tenía
previsto hacerle, con lo cual no las reiteraré. Simplemente, mi grupo
parlamentario quisiera conocer si, entre las nuevas titulaciones, se
aborda definitivamente el carácter de titulaciones técnicas o la
previsión de un futuro tecnológico en lo que el desarrollo curricular de
Cartagena pueda significar, y las previsiones que la universidad tenga.
Conoce bien que una aspiración que la ciudad tiene, y creo que la región,
especialmente la Universidad de Murcia, es que el campus de Cartagena sea
un campus dedicado a titulaciones vinculadas con lo tecnológico, para que
en un futuro, con ese desarrollo que usted ha anunciado, en el próximo
siglo pudiéramos avanzar hacia la Universidad Politécnica que todos
deseamos y por la que todos tanto estamos trabajando. Por eso, digo que
me gustaría conocer si en las previsiones de desarrollo académico para
Cartagena es éste el horizonte y la línea de trabajo de la universidad y
qué posibilidad de concreción hay para los próximos años de nuevas
titulaciones, sobre todo en 1995-96.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor rector, para contestar las
preguntas de los diferentes grupos.
El señor RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA (Roca Guillamón): Como
algunas de las preguntas están repetidamente planteadas por los tres
intervinientes, voy a tratar de contestarlas conjuntamente.
Respecto a una cuestión de concreción, planteada por la señora Cremades y
que también ha planteado el señor Ríos, en cuanto a las inversiones del
año 1994, efectivamente, como he dicho al principio, quizás no he sido
suficientemente claro, pero lo reitero, en estos momentos. El proyecto
está en fase final y puede salir a concurso, como es la intención que
tenemos en estos momentos, entre septiembre y octubre, con lo cual las
obras no es que puedan sino que deberían comenzar este mismo año. Es
conveniente por no decir necesario gastar esos 287 millones de pesetas,
que es lo que realmente se puede gastar en este año y en esos dos meses,
en la práctica, va a haber para el comienzo de esas obras. Yo tengo el
convencimiento de que eso va a ser así; solamente con acopio de
materiales e instalación de maquinaria, etcétera, se consumen esos 287
millones en un mes, que puede ser, como tarde, en diciembre, con lo cual
la inversión empieza a hacerse efectiva este mismo año.
El resto de las cifras ya las he dado antes, señor Ríos, pero si quiere
se las repito o le puedo proporcionar después una copia del cuadro
correspondiente, advirtiendo, porque he querido o me ha parecido entrever
en su intervención, que hablaba de la programación en su conjunto, de las
inversiones en su conjunto. Quiero advertir o recordar que el campus de
Cartagena es un campus más de la Universidad de Murcia, por tanto hay
otras inversiones con cargo a estas partidas en la Universidad de Murcia,
aparte de ésta del campus de Cartagena, que es a la que yo me estaba
refiriendo porque era el motivo de mi comparecencia. Hay otras
inversiones previstas en la Universidad de Murcia para todo este período
durante estos años dentro de la programación general y la más importante,
sin duda, es el comienzo de la segunda fase de la rehabilitación del
edificio de la Facultad de Derecho, que es una obra de entidad, y está
también prevista su confianza vía Feder para esa segunda fase, puesto que
la primera está a punto de concluir y va a salir próximamente el concurso
para la segunda fase.
Respecto a la implantación de enseñanzas y al estado actual de las
mismas, tengo que recordar que en la programación general de la
Universidad de Murcia para la implantación de la reforma y el desarrollo
de las enseñanzas que hasta el momento se vienen impartiendo, había un
plan muy ambicioso que tuvo respuesta positiva por parte del Ministerio
de Educación parcialmente, pero quizá fue la universidad que más títulos
nuevos ha implantado en el año 1992 de todas las no transferidas (me
refiero ahora a enseñanzas absolutamente nuevas) y debo recordar que
había dos titulaciones superiores de ciclo largo, que eran Odontología e
Ingeniero Agrónomo superior, y tres titulaciones de ciclo corto, que eran
Gestión y administración pública, Fisioterapia y Optica y optometría, que
empezaron en el año 1992 y que están funcionando.
Al mismo tiempo, se abordó la transformación de otras titulaciones
adaptando los planes de estudio antiguos a los nuevos, lo que conllevaba
en ocasiones la implantación de hecho de estudios nuevos puesto que a
veces los estudios reformados, si bien en teoría se hacen sobre la base
de unos preexistentes estudios que a lo mejor cambian de denominación, lo
que en ocasiones proporcionan es un título absolutamente nuevo. Me
refiero ahora, porque afecta también a Cartagena, a la transformación,
por ejemplo, de las titulaciones de Ingeniería técnica industrial, que
alguna de sus especialidades ahora se transforma en títulos nuevos, que
son independientes, todas en el ámbito de Ingeniería industrial, y todas
esas titulaciones nuevas están solicitadas para el campus de Cartagena,
están autorizadas por vía de transformación a la Universidad de Murcia,
si bien en estos momentos no ha sido posible poner en marcha esos títulos
no por razones internas de la universidad, ni siquiera presupuestarias,
que en su momento también pueden generar algún tipo de dificultad, sino
simplemente porque el contenido académico de los planes de estudios de
Ingeniería Industrial está sometido a un debate que todavía sigue vivo de
alguna manera y hasta que no esté resuelto el tema de las directrices
generales, que está en vías de solución y prácticamente resuelto, pero no
del todo, no será posible abordar la implantación de esos estudios.
En las previsiones de la Universidad de Murcia entra desde luego la
implantación de algunos de estos títulos nuevos que proceden de la
reforma de los estudios de Ingeniería Industrial, y más concretamente en
el campo de las ingenierías técnicas, a mi juicio, pero recuerdo que yo
soy un rector cesante, por tanto en estos momentos no puedo responder más
que de la programación de la que yo me puedo hacer responsable, la que se
ha hecho bajo mi mandato, que tengo la seguridad de que va a ser
respetada por el nuevo equipo, que fue en su momento aceptada por toda la
comunidad universitaria y, por tanto, tengo la seguridad de que las cosas
van a seguir por el mismo camino.
No hay que olvidar que toda implantación incluso títulos reformados al
final cuesta dinero, aunque en teoría parezca como a costo cero, eso no
es verdad, siempre todo cuesta dinero y de esos títulos yo creo que
habría que priorizar por una serie de razones, algunas de las cuales han
sido aludidas por el señor Ríos, de oportunidad, también de interés, a mi
juicio, de interés máximo para la región, la implantación de títulos como
el Diseño industrial, que estaba solicitado y está prevista su
implantación en el futuro. Yo creo que habría que acometer cuanto antes
títulos como el de Telemática, un título nuevo del catálogo, que es una
mezcla de informática y telecomunicaciones que, a mi juicio, son estudios
de gran porvenir en el ámbito tecnológico y muy importante también para
la región. Igualmente me parece fundamental la implantación de la nueva
versión de los estudios de Ingeniería técnica industrial química (antes
llamada ingeniería técnica), que era una especialidad, que ya existía en
Cartagena, y que ahora en su nueva versión me parece que se va a poner en
marcha de manera casi inmediata. Es un título que procede del ámbito de
la ingeniería. No es como la Ingeniería química superior que procede del
ámbito de la química; es un título solicitado en Murcia donde existía esa
especialidad y me parece que habría que hacer un esfuerzo por que
comenzaran esos estudios cuanto antes, pero, en fin, como estamos
hablando de Cartagena, me refiero a esos tres títulos. Por tanto,
Telemática, Diseño industrial e Ingeniería técnica industrial química.
A mi juicio, esa prioridad debería materializarse de manera casi
inmediata. No sé si sería posible comenzar el próximo curso, me temo que
no, pero sí obtener los medios necesarios, las autorizaciones de hecho
existen ya, pero sería bueno conseguir las homologaciones de los planes
de estudios correspondientes de una manera rápida para poder comenzar
cuanto antes, porque, efectivamente, en la comunidad vecina, en la
comunidad valenciana existe un proyecto --yo tengo la impresión de que a
largo plazo-- de desarrollo de estudios tecnológicos de manera paralela a
los que ya viene impartiendo la Universidad Politécnica de Valencia, en
concreto con ubicación en el eje llamado Alicante-Elche-Santa Pola, y una
vez que la autovía Cartagena-Alicante sea una realidad, supone la
instalación para unos estudios que van a competir muy directamente con
los que ya se están impartiendo en Cartagena a media hora escasa de
tiempo real, lo cual, con la actual situación de demanda, ya que todos
estudios tienen bastante futuro, va a crear una competencia al final en
una zona suprarregional, si queremos, en teoría, pero regional con una
perspectiva realista. La clientela va a ser la misma, los alumnos van a
salir de la misma zona, da igual que hayan nacido en Orihuela, hayan
cursado su bachillerato en Orihuela o en Beniel, en la provincia de
Murcia, al final, hay diez o veinte kilómetros de distancia entre unos y
otros. En consecuencia, van a competir de alguna manera esas dos zonas
universitarias por un flujo de alumnos con un origen único, un origen
común.
A mi juicio, la universidad que consiga hacer una mejor oferta desde
muchos puntos de vista y, desde luego, para mí el más importante es el de
la calidad de la enseñanza que ahí se oferte, al final será la que salga
triunfante, por decirlo de alguna manera y sin ánimo de generar con esto
rivalidad interuniversitaria, porque esto es algo que se ve venir y es
inútil cerrar los ojos a esa realidad.
También quiero decir que en 1992 se implantó en Cartagena el título de
Ingeniero agrónomo superior que, ya está funcionando en su segundo curso,
este año saldrá la primera promoción y, al mismo tiempo, está reconocida
la capacidad de la universidad para impartir los títulos que surgen en el
campo de la Ingeniería técnica agraria, los antiguos títulos con sus
especialidades que ya teníamos. Eso lo tenemos reconocido en el Boletín
Oficial; por tanto, en cualquier momento puede hablarse también de la
implementación de los nuevos planes de estudio en ese área.
Se ha hablado de Universidad Politécnica de Cartagena, y se habla
constantemente. Quizá eso puede ser un final lógico y natural al que
pueden verse abocados los estudios de Cartagena. Yo no me atrevería a
poner en estos momentos un plazo temporal a esa aspiración legítima de
Cartagena. Lo que sí me parece importante es que los estudios se
impartan, pero no por interés de Cartagena. Para mí esto no es un ¡viva a
Cartagena!, es por interés de la región, y si los estudios tecnológicos,
que a mi juicio necesita la región, estuvieran en Lorca o en Yecla, lo
diría exactamente igual. Lo que pasa es que por razones históricas están
en Cartagena y ahí es donde deben desarrollarse. Sería absurdo
desmantelar aquéllos para centralizarlos en otros campus. ¿Que eso al
final termina en una segunda universidad de la región? Es posible. En
estos momentos no se dan todavía las condiciones necesarias ni siquiera
legales para eso y me parece que es perder el tiempo hablar ahora de ese
tema; lo importante es desarrollar lo que hay e implantar unos estudios
que son necesarios y convenientes para la región.
Probablemente me he dejado algunas cosas sin contestar. Como se han
solapado las preguntas, no sé si he respondido con fidelidad a lo que se
me requería, pero si he dejado de responder a alguna cuestión, me pueden
volver a preguntar.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún señor diputado o señora diputada quiere hacer
uso de este turno excepcional para matizar o completar preguntas?
(Pausa.)
La señora Cremades tiene la palabra.
La señora CREMADES GRIÑAN: He sido breve y también ahora seré breve.
Muchas gracias, señor rector, por su claridad y por la cantidad de datos.
Solamente me quedan dos cuestiones que, si me permite, le voy a exponer:
una en torno al balance económico y otra de otro tipo.
En primer lugar, quisiera saber si estos datos económicos que nos ha
ofrecido están englobados en su análisis diagnóstico, que presentó en
febrero de 1993. Lo digo
porque bien el MEC va a disponer una gran cantidad de millones, cosa que
me satisface plenamente, o es que se han reducido, lo cual me dolería
profundamente. Ustedes en su informe del año pasado hablan de que para
1993 la Universidad de Murcia debería recibir 85 millones para los nuevos
títulos, 340 para la mejora de las actuales enseñanzas; en 1994 tendría
850 millones distribuidos en 220 para nuevos títulos y 630 para mejora;
en 1995 serían 1.275 millones, con 405 para nuevos títulos y 870 para
mejora; finalmente, en 1996 tendría la Universidad de Murcia 1.480
millones distribuidos en 580 para nuevos títulos y 900 para mejora. En
total, los fondos que la Universidad de Murcia iba a recibir del
Ministerio de Educación y Ciencia serían 4.030 millones. No sé
--insisto-- si se trata de un presupuesto paralelo, porque, según los
datos que usted ha señalado, desde 1994 a 1999 el Ministerio daría a la
Universidad de Murcia 1.963,2 millones de pesetas. Aquí hay un desfase
grande. Quizá este estudio es anterior a las negociaciones con el
ministerio. Me gustaría que me resolviese esto.
La segunda cuestión que le quería plantear, a modo de despedida, es que
usted ha realizado satisfactoriamente su período de gobierno como Rector
de la Universidad de Murcia, y respecto al campus de Cartagena me
gustaría comentarle tres cosas: en primer lugar, qué logros ha conseguido
--insisto-- en el campus de Cartagena, qué objetivos se están realizando
actualmente y qué ilusiones se quedan en su hato.
El señor PRESIDENTE: Señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, voy a ser breve. Voy a
referirme a dos cuestiones que no he encontrado en la respuesta del señor
rector quizá porque ha dado más datos en el tema de carreras y estudios,
y a continuación voy a hacer un comentario que no pretendo que sea
justificativo pero sí más o menos de orientación sobre el porqué había
hecho este requerimiento.
Le he preguntado sobre el volumen de superficie, si parte del cuartel de
Antigones va a poder ser devuelto para uso a la ciudad o si se va a
integrar en su totalidad a las nuevas ubicaciones. No sé cuáles de las
nuevas carreras, de los nuevos estudios se van a trasladar a corto plazo
hacia el campus, cuando estén concluidas determinadas infraestructuras, y
cuáles se quedarían en Alfonso XIII. Yo sé que usted ha anunciado ahora
mismo como priorizadas tres nuevas carreras, el Diseño industrial,
Telemática e Ingeniería técnica industrial química, que fue una solución
salomónica para aquella discusión con la ubicación de General Electric en
Cartagena y la demanda de si Químicas debía de estar en Cartagena o debía
estar en Murcia, pues tanto necesita Químicas la industria conservera
como podría necesitarlo Cartagena, y parece ser que ésas son las tres
carreras. Me gustaría conocer si lo que usted ha manifestado quiere decir
que para el próximo curso pueden empezar estas carreras o cuál sería la
evolución temporal de ellas.
Por último, le he preguntado también sobre la terminación de la obra o
cuándo puede estar prevista, en la evolución de este programa de
inversiones, la conclusión de la obra del antiguo Hospital militar.
Termino, señor Presidente, con un comentario. A mí no me gusta poner
vallas al campo porque es imposible. Históricamente, a nuestra
universidad, a Magisterio, han venido estudiantes de Orihuela, de la Vega
Baja de Alicante, a determinadas carreras, y de nuestra ciudad también
han salido a Alicante para otras carreras. No es un problema de poner
vallas, pero sí es un problema, decía antes el alcalde de Cartagena, y yo
coincido, de unidad en una actuación de desarrollo de una comarca que
puede estar deprimida. Si hay perspectiva industrial en una comarca,
lógicamente la posibilidad de colocación industrial va unida con la
posibilidad de estudios. Por tanto, al margen de que en el eje de
Alicante se puedan desarrollar esos estudios universitarios, esa comarca
con perspectiva industrial, si se recupera, puede tener la posibilidad no
solamente de los 4.000 ó 5.000 estudiantes que puede tener ahora mismo la
comarca sino de estudiantes de comarcas limítrofes, la que usted ha
citado, de la Vega Baja de Alicante; hay que ver que San Pedro y el Pilar
de la Horadada están prácticamente a una distancia escasa, pero también
hay que mirar hacia otra comarca natural que siempre ha venido a Murcia
demandando servicios, que es la comarca oriental de Andalucía, todo lo
que son las comarcas de Vélez, de Huéscar, toda esa zona es demandante de
estudio en nuestra propia región, y de ahí la importancia de que se
pongan en marcha, por aquello de: «olivica comía, huesecico al suelo».
Más vale empezar poco a poco y después le ponemos el apellido. Si después
le ponemos el título de universidad politécnica, fabuloso; pero empecemos
paso a paso, y no está reñida una cosa con la otra. Como murciano, por
interés regional de nuestra comunidad, me parecería bien que culmináramos
con esa universidad politécnica; yo no renuncio a ella, además, yo
abogaría por ella, pero estoy convencido de que hay que empezar ya, y en
este sentido me gustaría conocer lo que demandaba antes.
Nada más, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Señor Alonso.
El señor ALONSO CONESA: Señor Presidente, también con brevedad para
agradecer la segunda información del rector.
Creo que en la filosofía de los grupos intervinientes queda de manifiesto
que el trabajo diario, para hacer posible que con lo concreto se pueda ir
a ese objetivo final, es lo que se está produciendo con intensidad por
parte de la universidad y también por parte del Ministerio de Educación y
Ciencia con las cifras que ya se conocen, que son prueba manifiesta y
clara de ese interés concreto.
De todas maneras, quisiera conocer del señor rector la información
respecto de algo que, como bien ha dicho, genera un futuro expectante
pero también incierto en cuanto a la posible competencia que haya entre
el área alicantina, ese nuevo eje, y el desarrollo de la Universidad de
Murcia en su campus de Cartagena. Quisiera conocer si ha habido hasta
ahora o hay un tipo de encuentros entre ambas universidades, Murcia y
Alicante, para organizar y planificar
lo que indudablemente puede y debe ser un área compatible y no un área de
divergencia en cuanto al desarrollo académico. Hay algunas titulaciones
que el señor rector ha mencionado y algunas otras que no ha mencionado y
que creo de interés para la Universidad de Murcia y para la región en su
conjunto, como es la de ingenieros técnicos en hidrología, algo de lo que
estamos tan necesitados en nuestra área no sólo comarcal del Campo de
Cartagena sino también en el área de la región de Murcia. Querría saber
su previsión respecto a esta nueva titulación en la propuesta de la
universidad, en qué fase se encuentra y, sobre todo, conocer, como digo,
qué ámbito de territorialidad y de desarrollo académico se puede
establecer entre las universidades de Murcia y de Alicante en lo que
afecta al campus de Cartagena, reiterando también que el horizonte de la
universidad politécnica para mi grupo parlamentario no deja de tener
importancia, pero hoy tiene más el desarrollo de esas titulaciones, el
cumplimiento exhaustivo y la vigilancia del cumplimiento de las
inversiones previstas y, muy especialmente, que la calidad de la
educación que se ofrezca en la Universidad de Murcia sea uno de los
principales atractivos para mejorar las titulaciones y para atraer a ese
alumnado que se puede desplazar en poco tiempo, cuando el PDI culmine las
inversiones que tiene previstas, tanto de Alicante para Cartagena como de
Cartagena para Alicante. Por tanto, el reto, como bien ha dicho el señor
rector, será fundamentalmente la calidad y las infraestructuras que las
universidades tengan para atraer a esos jóvenes, a esos potenciales
estudiantes.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Señor rector.
El señor RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA (Roca Guillamón): Lo que me
ha planteado la señora Cremades en su última intervención se sale un poco
del tema que nos traía, pero, por supuesto, le voy a responder.
Vamos a ver. Efectivamente, el equipo de gobierno que he dirigido durante
estos cuatro años realizó ese documento, que veo maneja en estos
momentos, al menos una parte, de análisis diagnóstico de la situación de
la reforma de las enseñanzas en la Universidad de Murcia, que fue
respuesta ante una situación, a mi juicio lamentable, sobrevenida en
cuanto a la financiación de la reforma que se había comprometido con el
Ministerio de Educación, justo antes de los recortes presupuestarios del
año 1992, para 1993, y después de haber comenzado con la implantación de
títulos, porque existía un compromiso por escrito por parte de la
Dirección General de Enseñanza Superior que luego no fue atendido, por lo
menos de manera inmediata, respecto a las cantidades y plazos
inicialmente acordados. Pero, en fin, en cualquier caso, la realidad era
que el Ministerio no podía cumplir, no iba a cumplir para 1993 la
financiación de los títulos a los que me he referido antes, cinco de los
cuales habían empezado en octubre y, una de dos, o anulábamos la
matrícula de los alumnos y cerrábamos esos estudios o reaccionábamos con
un plan que estableciera determinadas prioridades.
Fue un plan de ajuste duro que comenzó por el propio equipo de gobierno
de la universidad. Reduje al 50 por ciento los vicerrectorados; dejé esta
organización de ocho en cuatro y así sucesivamente todos los cargos que
existían en la universidad y, al mismo tiempo, se hizo, repito, un plan
de ajuste duro con objeto de poder atender a la financiación de esos
estudios que ya habían comenzado y que, desde luego, debían ser
prioritarios.
Esa cantidad a la que se refiere la señora Cremades, en torno a los 4.000
millones de pesetas, es la cantidad que la universidad estimaba y el
ministerio también, el costo de la reforma total de las enseñanzas en la
Universidad de Murcia, de acuerdo con un programa del propio Ministerio
de Educación. Eso implicaba la implantación de estudios nuevos, que había
pedido la universidad, entre los cuales se encontraban esos cinco, pero
también la reforma, porque la financiación de esos estudios nuevos
pasaba, como ahora se dice, por la previa reforma de nuestros planes de
estudio con objeto de dibujar un escenario real que nos dejara claro
cuáles eran los recursos, fundamentalmente humanos, disponibles. Es
decir, hay señores que hoy están impartiendo enseñanzas en determinadas
carreras que podían ser perfectamente aprovechados para estudios nuevos,
siempre y cuando supiéramos las necesidades de esos estudios en los que
ellos estaban prestando servicios, una vez que se hubiera reformado el
plan de estudios.
Claro, me parece que ése es el único escenario coherente sobre el que se
pueden hacer planes para el futuro, si hablamos de una reforma total de
las enseñanzas, que era el plan del ministerio. Lo que pasa es que al
ministerio, que nos obligó primero a responder a unos requerimientos que
había planteado, nosotros le respondimos con un trabajo de 2.000 páginas
que, por cierto, fue bastante alabado por parte de la Dirección General
de Enseñanza Superior; pero, claro, el ministerio jamás publicó un
documento de financiación de la reforma y no lo publicó probablemente por
razones que me parece no me corresponde a mí explicitar. En cualquier
caso, la realidad era que nos encontrábamos con estudios iniciados,
algunos planes de estudio ya reformados (en Murcia tenemos ya 18 planes
de estudio del sistema nuevo en marcha), con lo cual la situación era
realmente difícil, ya que había que responder, y la respuesta fue ese
documento de análisis de diagnóstico, y esa cantidad de cuatro mil y pico
millones se refiere al conjunto de los recursos necesarios para la
implantación de la reforma y nuevas titulaciones, con sus secuelas. Es
decir, eso está planificado como, nosotros lo llamamos en lenguaje
coloquial, en una escalera y en ella hay partidas que van a reforma,
partidas que van a financiación de los estudios curso a curso, partidas
de infraestructuras, etcétera. Si lo que me está preguntando es si esa
financiación se ha cumplido, no se ha cumplido obviamente; y si se va a
cumplir, me temo que jamás. Por parte del ministerio desde luego no,
puesto que en estos momentos estamos en un período de transferencias, con
lo cual corresponderá a la comunidad autónoma atender a esa financiación
o a otras, según el documento de financiación que pueda diseñar. La
Universidad de Murcia diseña su propio documento de financiación sobre
los recursos disponibles, naturalmente, y
el documento de plantilla de profesorado. Ante la ausencia, el
agotamiento del llamado documento 3 que es el que el Ministerio de
Educación puso en marcha en su momento, con unos criterios que se pueden
compartir o no, pero que eran coherentes para el establecimiento de las
plantillas de la universidad española, se aplicó a todas las
universidades no transferidas y también a las transferidas con matices
que ellos introdujeron. Lo que ocurre es que ese documento se agotó en
1992. A partir de ese momento las universidades del llamado territorio
MEC, si no nos lo hemos autoproporcionado como ha sido nuestro caso,
carecemos de un documento de plantillas. En estos últimos meses donde el
horizonte inmediato es el de las transferencias, es inútil entrar en
conversaciones con una Administración de la cual no vamos a depender
dentro de muy poco.
El gran reto, y lo he dicho muchas veces públicamente, incluso en la
prensa, es un plan de financiación de la universidad. El horizonte a que
vamos abocados que es el horizonte de toda la universidad española
transferida, excepto la UNED y la Menéndez Pelayo, obviamente han de ser
planes por comunidades autónomas. Ese es el primer reto y la primera
necesidad que hay que atender en nuestra comunidad autónoma en
particular. Hay que hacer un plan de financiación, que yo he defendido en
alguna ocasión, que ha de tener como base una ley por aquello de sujetar
un poco a la Administración, no tanto como para que no pueda luego
reaccionar frente a la coyuntura, porque la vida universitaria es muy
cambiante, desde el propio catálogo de títulos a las necesidades que se
plantean.
Por tanto, cuando me he referido a cifras me referí a las cifras de las
obras de rehabilitación del Hospital de Marina que son tres mil millones
de pesetas y la inversión culmina en 1999. A eso habrá que añadir lo que
cueste el equipamiento.
Respondo ahora al señor Ríos. La previsión es que ahí vayan todos los
estudios de Ingeniería industrial, que son los más masificados y que nos
permitirían, al mismo tiempo, obtener otros espacios en la instalaciones
de Alfonso XIII, que en estos momentos ocupan esos estudios, dedicarlos a
mejorar las condiciones de los ya existentes y a otros que se pudieran
implantar. En cualquier caso, repito, yo soy un rector cesante y es una
opinión puramente personal la que he transmitido respecto a los estudios.
A mi juicio, deberían implementarse en Cartagena, de manera casi
inmediata por razones que hemos repetido y en las que no voy a insistir,
aunque ahora diré algo más de ello.
Respecto del Cuartel de Antígones, en lo que se refiere a la posibilidad
de aprovechar los edificios existentes, no todo va a ser aprovechable.
Parece, y ahí coinciden los técnicos, que los edificios por el estado en
que se encuentran, no tengan ningún valor estimable desde el punto de
vista cultural, salvo quizá una pequeña zona que se podría respetar. La
idea es aprovechar toda esa zona para la instalación de laboratorios que
en algunos casos requieren superficies grandes al servicio de las
titulaciones que se impartan en el Hospital de Marina. Son zonas anejas.
No creo que en ningún momento haya pasado por la mente de la universidad
devolver terrenos de esa zona porque no vayan a ser necesarios. Es más,
he hablado antes de ocho hectáreas como superficie necesaria y entre el
Hospital de Marina y Antígones no hay ocho hectáreas, hay bastante menos.
Lo que pasa es que también he dicho que hay un Plan especial, una
actuación urbanística prevista que nos lleve a obtener esas ocho
hectáreas en ese entorno, y es a lo que me he referido; el PERI que está
redactando el arquitecto que ha recibido el encargo del Ayuntamiento de
Cartagena. Pero en esa superficie hay que instalar otras cosas; por
ejemplo, está prevista la instalación de servicios auxiliares propios de
cualquier campus universitario que sea acreedor a ese nombre, como
comedores, bibliotecas, etcétera. Todo eso habrá que instalarlo en esa
zona. ¿Con qué secuencia? ¿Con qué financiación? A eso no le puedo
responder, pero razonablemente en un horizonte de 25 años, todo eso se
debe ir instalando ahí.
A la pregunta concreta sobre terminación de las obras del Hospital, que
es de lo único que tenemos datos en este momento, la fecha es 1999 si las
cosas van como están previstas, y creo que sí porque la financiación
Feder sabemos que está aceptada por la Comisión Europea y aunque no
tengamos constancia en estos momentos --yo creo que ni siquiera la tienen
en el propio Ministerio de Educación-- de la respuesta del Ministerio de
Hacienda español, sabemos, de hecho, que es así y que con equipamiento
puede estar funcionando, como he dicho antes, al borde del próximo siglo,
hacia el año 2000, y a lo mejor con anterioridad en algunas de sus fases.
Es posible que puedan entrar antes alumnos o algunos departamentos si
paralelamente se va urbanizando el entorno como sería de esperar.
El hecho de que haya una comarca industrial revitalizada (en estos
momentos está algo deprimida y esperamos que el plan de reactivación
cumpla su objetivo y se vayan instalando otro tipo de industrias en
Cartagena y resolviendo un importante problema social o sociolaboral)
justifica aún más la implantación de estudios tecnológicos en esa
comarca. Yo supongo que eso va a ser así; en cualquier caso, repito, son
estudios que deben impartirse en la región, con independencia de que se
impartan en regiones vecinas.
El señor Alonso ha preguntado si existe una planificación
interuniversitaria. Señor Alonso, ha tocado un tema que se sale del
escenario puramente de la región de Murcia que motiva mi comparecencia,
del cual también puedo hablar. En estos momentos la situación, y es una
opinión puramente personal, es un absoluto contrasentido. No existe
ningún tipo de planificación suprauniversitaria, en cuanto a la
instalación de estudios en España. Cada comunidad autónoma con
competencias toma las decisiones que le parece de acuerdo a sus propios
planes, implementa los estudios en la universidad de su ámbito que estima
conveniente y los financia por el procedimiento que también estima
conveniente, con lo cual se puede dar el caso de que la Comunidad
Autónoma Valenciana decida, como parece ha hecho, instalar a 40 minutos
de una zona de estudios claramente tecnológicos como es Cartagena,
estudios del mismo ámbito, cuando en Valencia ya existe una
universidad politécnica, cuando hay estudios de Ingeniería agrícola en
Orihuela, más cerca de Murcia, que es de donde surge la mayor parte de
los alumnos que van a Cartagena; cuando en Alicante carecen de estudios
de Ingeniería industrial. En estos momentos en Alicante existe lo que se
llamaban antes Ayudantes de Obras Públicas y Arquitectura técnica, lo que
se llamaba antes aparejadores. Ahora se pretenden instalar estudios de
Ingeniería técnica industrial y me imagino que en algún momento posterior
también de otro tipo. En la provincia de Alicante existen, en Alcoy, pero
dependen de la Politécnica de Valencia, como también el centro de
Orihuela los llamados peritos agrícolas que también dependen de la
Politécnica de Valencia.
¿Conversaciones con la otra universidad? A nivel personal las relaciones
con el anterior rector de Alicante, puesto que se acaba de renovar, han
sido muy buenas. Yo fui catedrático de la Universidad de Alicante en mis
comienzos y las relaciones son magníficas. Tampoco depende de la
Universidad de Alicante tomar decisiones en cuanto a los estudios que va
a implantar; es una decisión que se toma en Valencia, naturalmente a
petición de Alicante.
El resultado, a mi juicio, no es deseable; pero eso mismos puede ocurrir
con Valencia respecto de Cataluña o con Andalucía respecto de
Extremadura. No existe una planificación a nivel nacional que creo
hubiera sido razonable. De hecho existía esa intención. El Ministerio en
el documento a que me he referido para la implantación de las enseñanzas,
que era un documento discutible pero bastante bien hecho, hablaba de la
necesidad de configurar un mapa de titulaciones, pero un mapa nacional,
no un mapa regional. Valencia, ¿qué ha hecho? Ha hecho un mapa de
titulaciones, pero regional, y ha decidido qué estudios se implantan en
Castellón, cuáles en Valencia y cuáles en Alicante. En Murcia, como es
una única universidad, el mapa lo puede decidir la propia universidad.
Hay estudios que van al centro de Cartagena, otros a Espinardo y otros
que se quedan en el centro de la ciudad. El mapa es mucho más fácil desde
el punto de vista regional; pero eso no soluciona, a mi juicio, el
problema de fondo de coordinación del sistema universitario superior en
España. Eso en estos momentos es algo hueco, algo vacío, no existe, y
puede producir situaciones absurdas de este tipo, de colisión de
intereses entre universidades muy próximas.
Me ha preguntado también por el título de hidrología. Efectivamente, ése
también es un título solicitado por la Universidad de Murcia, como otros
más, me parece que eran ocho los que se solicitaban para implantar en el
campus de Cartagena. Lo que pasa es que ese y otros títulos en estos
momentos duermen esperando tiempos mejores, es decir, esperando a que
haya una posibilidad de financiación, que ya no vendrá del Ministerio de
Educación, ya no vendrá de la Administración Central, sino que deberá
venir, en su caso, de la propia comunidad autónoma. Por tanto, de los
resultados del proceso de transferencias, es decir, de que se consiga que
las competencias en educación tengan un respaldo financiero que mire con
una perspectiva de futuro razonable, o que, por el contrario, se limite
al costo actual en 1994 ó 1995 de la universidad, dependerá que se pueda
desarrollar la universidad. Ese es el gran reto, el gran dilema que
tenemos en estos momentos ¿qué va a ocurrir? ¿Cuál va a ser el resultado
de este proceso de transferencias? Porque lo importante no es lo que
valga la universidad en los Presupuestos de 1995, sino que haya una
previsión de desarrollo, porque tendrá que atenderlo la Comunidad
Autónoma. Cuáles sean los mecanismos de la Comunidad Autónoma en sus
relaciones con el Estado para obtener respuesta a esos requerimientos,
eso se escapa a mis conocimientos. Pero es la situación dramática lo que
preocupa fundamentalmente en la Universidad de Murcia y en todas las que
van a ser transferidas; no se sabe muy bien qué va a pasar ni si se van a
mantener las perspectivas de desarrollo futuro o no, pero por esta razón
a la que estoy aludiendo suavemente.
No sé si he contestado a todo lo que me han preguntado. Espero que esta
vez sí.
La señora CREMADES GRIÑAN: A la segunda parte no. Solamente ha contestado
al balance económico, pero mis últimas preguntas se referían a qué se
había conseguido en el campus, qué es lo que se está realizando
actualmente y qué es lo que queda.
El señor RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA (Roca Guillamón): Respecto a
Cartagena, concretamente en estos años, y desde el punto de vista de la
infraestructura, la Universidad ha procedido a la construcción de un
edificio con medios propios, y además --tengo que decirlo públicamente, a
cada uno lo suyo--, con la colaboración inicial del Ayuntamiento de
Cartagena, por ejemplo, que pagó el derribo del edificio que había, que
significaba una cantidad importante, puesto que tenía que ser abordado
todo el conjunto, insisto, con medios propios.
El llamado Gimnasio de Cartagena --que no sé si llegó a ser un gimnasio
alguna vez o no, pero que era un edificio que estaba en estado de ruina--
se ha derribado, se ha construido uno nuevo y se ha previsto que se pueda
seguir construyendo; está prácticamente terminado para entrar en
funcionamiento. Es un edificio destinado a laboratorios y a
departamentos, hecho con medios propios de la Universidad y de alguna
forma con alguna ayuda financiera del convenio con la Comunidad Autónoma,
en parte por lo menos. En estos años se ha adecentado, digamos, todo el
campus de Alfonso XIII; se ha enlosado lo que antes era un barrizal y
ahora parece más transitable; se han adecentado edificios, y se han
mejorado instalaciones en la medida de lo posible, insisto, siempre con
medios propios de la Universidad.
Desde el punto de vista académico se ha intentado, por todos los medios,
potenciar el título de ingeniería industrial superior, que no estaba en
1990 en las mejores condiciones; prácticamente era una escuela de
ingenieros sin ingenieros superiores, al menos en los niveles deseables
de catedráticos de universidad. Ahora hay varios catedráticos de
universidad que ya son ingenieros. Se ha hecho un esfuerzo importante
desde el punto de vista del profesorado. Se puso en marcha también, en
1992, el título de ingeniero agrónomo superior, que como he dicho antes
está ya en su
segunda fase, con todas las dificultades que se quiera, pero funcionando.
Se incorporó, de alguna forma, al patrimonio de la Universidad una finca
que nos fue cedida por 25 años por la Fundación Tomás Ferro como campo de
experiencias agrícolas, que está en la pedanía de La Palma; ha tenido
algunos problemas de tipo jurídico que desconocíamos en el momento de
hacernos cargo de la misma, pero permitirá, en su momento, contar con un
campo de prácticas adecuado a lo que los tiempos requieren, y al mismo
tiempo se han hecho esfuerzos de convenios de colaboración que han
permitido a alumnos, por ejemplo, del campo de la ingeniería agrónoma
hacer prácticas en instalaciones que algunos organismos oficiales y
algunos privados poseen en la comarca de Campo de Cartagena.
Lo que se ha creado también --y creo que es importante-- es una escuela
politécnica superior. Es decir, el centro se ha reconvertido, y lo que
era la escuela universitaria más una escuela de ingenieros industriales
superiores, se ha reconvertido todo ello en una escuela politécnica
superior, en un centro único que ya tiene su reglamento, que está en fase
de elección de director y que es una experiencia de un nuevo modelo de
universidad. Eso también aparecía en el documento de que usted dispone, y
a mi equipo de gobierno y a mí mismo nos parece la única solución viable
si de verdad se quiere caminar por la senda de la reforma. Es decir, lo
que no es posible es que cada vez que se implanta un título nuevo en una
universidad, se cree un centro nuevo a la antigua usanza, o sea, con su
decano, con sus servicios de secretaría, etcétera, porque eso es
económicamente insoportable y no es necesario. Es más, es aconsejable que
no sea así, porque hoy en día, tal y como resulta el escenario tras la
implantación de los nuevos planes de estudios, los alumnos no está tan
claro que estén adscritos a un centro, puesto que pueden estar
matriculados en créditos en una determinada titulación, en otros créditos
en otra y en libre configuración en siete más. Por tanto, la gestión
académica tiene que estar centralizada. Eso ya lo hemos puesto en marcha
en la Universidad de Murcia, y no es un problema fácil.
También se ha extendido la red informática, eso no lo he dicho; se han
puesto salas de informática y se han llevado los sistemas de comunicación
hasta Cartagena. En ese sentido me parece que hemos avanzado bastante en
la medida de las posibilidades que hemos tenido en años de recesión
económica como han sido estos últimos. Porque al equipo de gobierno que
he dirigido durante estos cuatro años le han cogido todos los recortes
presupuestarios del mundo y parte del extranjero, empezando en 1991. A
pesar de eso, respecto de Cartagena, repito, se ha hecho todo lo que he
dicho.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rector, por haber querido
acompañarnos esta mañana en el análisis del campus de Cartagena.
Hemos concluido el orden del día. Quiero recordar a sus señorías que la
próxima semana tendremos sesión el martes y el miércoles.
Se levanta la sesión.
Era la una y diez minutos de la tarde.