CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1994 V Legislatura Núm. 198
POLITICA SOCIAL Y DE EMPLEO
PRESIDENCIA DE DON JORGE FERNANDEZ DIAZ,
VICEPRESIDENTE PRIMERO
Sesión núm. 13
celebrada el martes, 10 de mayo de 1994



ORDEN DEL DIA:
Comparecencia del señor Secretario General para la Seguridad Social
(Jiménez Fernández), para:
--Informar acerca de las mejoras en la gestión del sistema de la
Seguridad Social. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (Número
de expediente 212/000024) (Página 6136)
--Hacer balance del cumplimiento por las Mutuas de Accidentes de Trabajo
y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social de los requisitos
establecidos en el número 2 de la adicional decimocuarta de la Ley de
Presupuestos para 1990, una vez cumplido el plazo de 3 años establecido
en el número tres de la misma. A solicitud del Grupo Parlamentario
Federal IU-IC. (Número de expediente 212/000332)) (Página 6150)

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Se abre la sesión a las once y diez minutos de la mañana.




El señor VICEPRESIDENTE: (Fernández Díaz): Se abre la sesión.

En primer lugar, quiero disculpar la no presencia entre nosotros del
Presidente de la Comisión, don Luis Martínez Noval. Me corresponde, de
acuerdo con el Reglamento, en mi condición de Vicepresidente primero,
presidir esta sesión de la Comisión de Política Social y Empleo. En todo
caso, estoy seguro de que interpreto el sentimiento de SS. SS. si le
deseamos al Presidente de la Comisión que pueda reincorporarse lo antes
posible a sus tareas habituales de Presidente de la Comisión. ¿Les parece
a SS. SS. que hagamos constar en acta este sentimiento? (Asentimiento.)



COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL PARA LA SEGURIDAD SOCIAL
(JIMENEZ FERNANDEZ), PARA INFORMAR:



--ACERCA DE LAS MEJORAS EN LA GESTION DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Núm. de expediente
212/000024.)



El señor VICEPRESIDENTE: En la sesión del orden del día de hoy tenemos la
petición de comparecencia del Secretario General para la Seguridad
Social, solicitada por el Grupo Parlamentario Socialista, para informar
acerca de las mejoras en la gestión del sistema de la Seguridad Social,
así como la comparecencia de la misma autoridad, solicitada por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, para hacer
balance del cumplimiento por las mutuas de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales de la Seguridad Social de los requisitos
establecidos en el número 2 de la disposición adicional decimocuarta de
la Ley de Presupuestos para 1990, una vez cumplido el plazo de tres años
establecido en el número tres de la misma.

Estaba solicitada también, por parte del Grupo Parlamentario Popular, la
comparecencia del Director General del Instituto Nacional de Empleo, para
informar acerca de la transferencia de prestaciones por desempleo desde
el INEM hasta el Instituto Nacional de la Seguridad Social. El Gobierno
ha solicitado el aplazamiento de esta convocatoria, por lo que la Mesa,
de acuerdo con la Junta de Portavoces, decidirá acerca de su inclusión en
la próxima reunión de la Comisión de Política Social y Empleo.

Para informar de la comparecencia solicitada por el Grupo Parlamentario
Socialista, ruego al Secretario General para la Seguridad Social, don
Adolfo Jiménez, que tenga a bien acompañarnos e incorporarse a la mesa.

De acuerdo con el artículo 203 del Reglamento, y a los efectos de
informar en relación con la petición del Grupo Parlamentario Socialista,
tiene la palabra el Secretario General para la Seguridad Social.




El señor SECRETARIO GENERAL PARA LA SEGURIDAD SOCIAL (Jiménez Fernández):
Buenos días, señor Presidente, señorías. A petición del Grupo Socialista,
en cuanto a la comparecencia sobre la situación y las mejoras realizadas
en la gestión de la Seguridad Social, quiero señalar que en los últimos
años la Seguridad Social ha experimentado un proceso de profunda
transformación hasta la configuración de un nuevo modelo protector más
acorde con el diseño constitucional y más ajustado, sin duda, a los
requerimientos de la sociedad actual.

Esta transformación, que ha operado tanto en el ámbito de la protección
como en el de la financiación, se ha extendido también al ámbito de la
gestión desde la convicción de que el sistema de Seguridad Social, para
ser debidamente apreciado por los ciudadanos que son sus destinatarios,
no sólo debe proporcionar una protección adecuada, sino que, además, debe
hacerlo de forma ágil, eficaz, eficiente, rigurosa y transparente. Ello
tanto en lo que se refiere a la protección misma, como en lo relativo a
la obtención de los recursos precisos para hacerla posible. Además, esta
tónica de profunda modernización de la gestión de la Seguridad Social
venía exigida por su propia complejidad y el volumen que alcanza. No hay
que olvidar que la Seguridad Social afecta prácticamente al conjunto de
la población, con un presupuesto de cerca de 10 billones de pesetas, con
una población afiliada de 13,6 millones de trabajadores, con un millón de
empresas, con 6,7 millones de pensionistas, con un conjunto de altas y
bajas en pensión de más de medio millón de personas, con 1.700.000
subsidios que se tramitan y pagan anualmente, con 2.200.000 subsidios por
prestaciones familiares, con 1.600.000 altas o bajas y modificaciones de
otras prestaciones, en donde se registran 78 millones de documentos
recaudatorios que suponen 30.000 millones de datos que se llevan a cabo
en los actos informativos anualmente del sistema de Seguridad Social. Es,
por tanto, una tarea muy compleja que requiere, para el cumplimiento de
los objetivos que antes señalaba, acometer acciones desde una confección
cada vez más global, con programas más integrados, más omnicompresiva de
todos sus diferentes ámbitos, lo que se ha llevado a efecto a través de
los sucesivos planes de acción de la Seguridad Social que, de forma
efectiva, y a través de las medidas que a continuación voy a exponer, han
supuesto importantes mejoras en su gestión en sus diferentes aspectos,
que voy a centrar en cinco áreas: En el marco normativo, en el marco
económico y presupuestario, en el área de la gestión de las prestaciones
económicas, en el área de la gestión recaudatoria y en los medios
instrumentales para llevarlos a efecto. En el primer área, en el marco
normativo, era de gran importancia disponer de un texto refundido de la
Ley General de la Seguridad Social que fuese posterior a la Constitución.

Pues bien, con este texto refundido se pretenden armonizar, sistematizar
y aclarar todas las disposiciones con rango de ley referidas a materias
de Seguridad Social, incluyendo el desempleo, adecuando esta legislación
a la Constitución, al señalar que el texto anterior data de 1974. Vamos a
citar un ejemplo: el actual texto, que está en vigor, hace referencia a
la antigua organización sindical; incluso



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el anterior texto refundido hacía referencia, en su artículo 5.º, a la
aprobación por el Gobierno de las cuentas y balances de la Seguridad
Social a instancia del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
obviamente nada coherente con un esquema democrático ni con el papel del
Tribunal de Cuentas.

Todas esas modificaciones, que se han introducido en la Ley de
Presupuestos y en otras leyes, serán sistematizadas en el nuevo texto
refundido, con lo cual se eliminarán los efectos negativos que venía
produciendo la anterior complejidad normativa. Además, dicho texto
producirá una mayor seguridad jurídica. Tenemos un plazo para su
promulgación hasta el 30 del próximo mes de junio, plazo que, sin duda,
vamos a cumplir. Es un nuevo texto realizado con el concurso de los
servicios técnico-jurídicos de la Seguridad Social, en cuya elaboración y
dictamen ha cooperado la Asociación de Catedráticos de Derecho del
Trabajo y de Seguridad Social, ha sido sometido a los preceptivos
informes del Consejo Económico y Social y, en el momento actual, del
Consejo de Estado. Es un texto refundido muy importante porque, por
decirlo de alguna forma, constitucionalizará la norma básica por la que
se rige la Seguridad Social.

Su proyecto consta de 234 artículos, distribuido en tres títulos, 20
disposiciones adicionales, 13 disposiciones transitorias, una disposición
derogatoria y seis disposiciones finales. En el momento actual está
pendiente, como decía, del dictamen del Consejo de Estado y espero que en
el próximo mes de junio sea una realidad en el «Boletín Oficial del
Estado».

A su vez, dentro del marco normativo, se ha publicado el Reglamento sobre
el patrimonio de la Seguridad Social. Era necesario cubrir un vacío que
no estaba regulado, con rango de decreto. Se ha unificado el régimen
jurídico de los bienes patrimoniales de la Seguridad Social que hasta
entonces carecían de regulación jurídica propia, estando disperso en
normas anteriores, especialmente en lo relativo a su titulación e
inscripción, modos de adquisición, adscripción, enajenación,
arrendamientos o cesiones con determinación de facultades y obligaciones
de cada entidad gestora, servicio común o entidad colaboradora de la
Seguridad Social.

Dentro del ámbito normativo, tenemos vigente ya el Reglamento general de
recaudación, norma muy importante de los recursos del sistema que
establece los fundamentos básicos en materia recaudatoria, tanto en vía
voluntaria como ejecutiva, y sistematiza toda la normativa sobre la
materia antes dispersa, integrando las novedades y modificaciones
operadas en la gestión recaudatoria. Ha posibilitado una mayor seguridad
jurídica y una regulación más completa y clara, en términos similares a
la recaudación de los ingresos de la Hacienda pública.

En fase de tramitación, ya como objetivo muy avanzado en su elaboración,
tenemos el proyecto de reglamento de inscripción de altas y bajas de
trabajadores, que procederá a la refundición y sistematización de la
normativa actualmente dispersa por regímenes y contenida en normas de
distinto rango, relacionada con la inscripción de las empresas y la
afiliación de las altas y bajas de trabajadores. Igualmente, se encuentra
muy avanzado el proyecto de reglamento de cotización y liquidación que
persigue idénticos objetivos que el anterior, si bien referido a materias
de cotización y liquidación de otras deudas. Está pendiente su conclusión
de que finalice los trabajos de la ponencia creada en el Senado para el
análisis del régimen especial agrario de la Seguridad Social, puesto que
le podrá afectar.

Tenemos un anteproyecto --lo digo como avance en la consecución de
objetivos de gestión-- del reglamento de prestaciones económicas;
reglamento cuyo antecedente data de 1966, el cual está muy separado de la
realidad actualmente de gestión y de protección del sistema de Seguridad
Social. Dicho reglamento intenta remediar situaciones en las que
legislaciones de efectos sustanciales de protección, base reguladora,
porcentaje a aplicar y cuantía de prestaciones, estén reguladas o
contenidas en normas de rango inferior al decreto, incluso algunas a
través de disposiciones de ínfimo rango como son las circulares y
corregirá la enorme dispersión de estas normas. Este reglamento, sin duda
de gran importancia para la gestión y la seguridad jurídica del sistema,
introducirá una mayor certeza jurídica a la protección de la Seguridad
Social, unificando en una sola norma la regulación de todas las
prestaciones económicas, con independencia del régimen de la Seguridad
Social o de su naturaleza contributiva o no contributiva.

En definitiva, en el conjunto de acciones o programas en relación con el
marco normativo, podríamos señalar que, en breve, va a estar muy avanzada
la configuración normativa; todo el armazón normativo básico de la
Seguridad social estará igualmente actualizado y se eliminarán las
lagunas que históricamente han existido en este campo dentro de la
Seguridad Social.

Dentro del plan de acción otra importante línea abordada ha sido en el
marco económico presupuestario. En este aspecto, los objetivos de gestión
se priorizaron esencialmente en relación con las cuentas y balances de la
Seguridad Social. Hay que señalar que a partir de la reforma
institucional de la Seguridad Social, realizada por el Decreto 36, en el
año 1978, se había producido en materia económica una cierta confusión
contable derivada de la distribución de balances de las antiguas
entidades a las nuevas, situación que se vio agravada por algunos
procesos de transferencias no realizados al final de un ejercicio, como
fue la transferencia del Insalud a la Generalitat, en el año 1981.

A partir de 1987, se creó una comisión para el estudio de las cuentas y
balances de la Seguridad Social, presidida por la Secretaría General y
compuesta por el interventor general de la Seguridad Social, por los
directores generales y personal cualificado de entidades gestoras y de la
Dirección General de Planificación y ordenación económica que ha
realizado, en mi opinión, una importante tarea en este sentido.

Como resultado de todo ello, y ya como objetivo logrado, el Tribunal de
Cuentas ha informado por unanimidad recientemente de forma positiva las
cuentas y balances de la Seguridad Social correspondientes al año 1990, y
comprensiva de todos los anteriores, como es lógico en un



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balance que es un estado financiero acumulativo. Igualmente, estas
cuentas y balances han sido ya aprobadas por la Comisión Mixta del
Congreso y del Senado, estando pendiente únicamente de la ratificación
del Pleno de la Cámara. Con ello se dota de mayor estabilidad y
transparencia a la gestión económica y contable de la Seguridad Social.

El siguiente proyecto que teníamos, dentro del marco económico, era la
implantación del sistema integrado de contabilidad de la Seguridad
Social, el Sicoss. Hay que señalar que, a su vez, la puesta en
funcionamiento del sistema integrado de contabilidad de la Seguridad
Social coincidía con la actualización del plan contable que data de 1976
y que se aplicaría el primero de enero de 1993. Pues bien, este plan y
este sistema integrado de contabilidad, ya en funcionamiento desde enero
de 1993, constituye un proceso integrado de gestión presupuestaria y
contable que garantiza la uniformidad de las actuaciones que se realizan
en este ámbito. Conocido es que, en general, muchas veces la secuencia de
contabilización en la contabilidad financiera o patrimonial era distinta
de la contabilidad presupuestaria. Así pues, el registro de los hechos
contables se realiza por el Sicoss en base a un documento único que
permite realizar las anotaciones que procedan en las distintas áreas
contables, así como en los diferentes centros que puedan verse afectados.

Ello supone la desaparición de los antiguos procesos de conciliación de
cuentas, tanto en lo relativo a centros y entidades del sistema como en
la dicotomía de contabilidad presupuestaria-contabilidad patrimonial.

El sistema contable comprende las siguientes áreas: la contabilidad
patrimonial y estados actuales derivados de ella, balance, cuenta de
resultados, puesto que la Seguridad Social tiene cuenta de resultados, y
cuadro de financiamiento; contabilidad presupuestaria, en su vertiente de
ingresos y gastos; contabilidad de las operaciones extrapresupuestarias;
contabilidad de terceros que facilita información sobre los acreedores
presupuestarios de forma personalizada y en tiempo real; contabilidad de
tesorería en la que se engloba el circuito financiero de ingresos y pagos
que facilita, además de los datos relativos a dichas operaciones, una
visión por centro de gestión y otra por entidades bancarias de la
situación de las disponibilidades líquidas de la Seguridad Social en
tiempo real.

Presenta la aplicación del Sicoss, del sistema integrado de contabilidad
de la Seguridad Social, una serie de ventajas que habíamos previsto, como
la posibilidad de desconcentración de funciones sin merma de la
información precisa para el seguimiento de la actividad gestora; el haber
evolucionado en el área contable desde un sistema de registro disperso y
no informatizado hasta un sistema integrado y totalmente informatizado,
capaz de suministrar información a tiempo real sobre múltiples aspectos
de máximo interés. Se ha ampliado notablemente la información y mejorado
su cantidad y calidad respecto a las cuentas a rendir al Tribunal de
Cuentas, asegurando, además, la exactitud de las relaciones de acreedores
presupuestarios. Facilita a los responsables de la gestión (tema
relevante al considerar como un papel más importante de lo tradicional a
los sistemas contables) informes precisos sobre la ejecución del
presupuesto, en su doble vertiente de gastos e ingresos, a todos los
niveles. En cada centro se obtienen las cuentas, balances, libros, en
definitiva, todos los estados contables y en cada entidad se dispone de
los datos consolidados.

Facilita, además, dentro de la información estadística, un conjunto
básico de datos en las cuarenta y ocho horas siguientes al día a que se
refiere la información, que se envía con frecuencia quincenal. Los costes
de transmisión son mínimos, ya que por la misma red de comunicaciones
viajan multitud de datos de otras aplicaciones informáticas de la
Seguridad Social.

Insisto en que el Sicoss, que es un instrumento de gran importancia en el
control y gestión económica-presupuestaria, está en funcionamiento, en
vigor, desde enero de 1993. A su vez, la Seguridad Social se ha
caracterizado siempre por presentar sus presupuestos en términos de
programas y hacer una gestión en términos de objetivos, lo cual nos
exigía un seguimiento del cumplimiento de dichos objetivos. Este
seguimiento se ha mecanizado e informatizado a través del procedimiento.

Síos, seguimiento de indicadores y objetivos, que es un proceso
informático de seguimiento presupuestario que mediante el tratamiento
conjunto de dos bases de datos independientes, ejecución de los créditos
presupuestarios y desarrollo de los indicadores de los objetivos
programados, permite conocer los grados de eficiencia y eficacia
alcanzados durante el ejercicio.

Los datos derivados de la contracción de obligaciones presupuestarias se
obtienen del Sicoss y la información de la gestión económica, en términos
de indicadores de los objetivos programados, se graba mensualmente desde
los terminales disponibles en los distintos centros de gestión del
sistema. Los resultados obtenidos han sido los siguientes. Costes
presupuestarios en los distintos programas para su análisis y estudio;
posición relativa de la gestión económica de los distintos centros en
relación con las de los más afines por tamaño y función desarrollada; la
información se explota mensualmente y permite constatar el coste y nivel
de gestión presupuestaria realizada por los responsables de los
diferentes programas que componen el presupuesto de la Seguridad Social y
control, a su vez, en su ejecución con valoración de rendimientos.

En definitiva, en el área de contabilidad, con la aplicación del plan de
contabilidad actualizado a 1993 y con la puesta plenamente operativa en
la vertiente de gastos e ingresos del Sicoss, así como con el
funcionamiento del programa Síos, se ha dado un paso decisivo en la
modernización de la gestión contable y presupuestaria, que no sólo cumple
funciones muy importantes y clásicas de contabilidad y del presupuesto de
registro y control, sino también de las de información de gestión para
facilitar la consecución de los objetivos fijados en el plan económico de
la Seguridad Social.

En el área de la gestión de las prestaciones económicas hay que señalar
que uno de los grandes objetivos que nos habíamos marcado en Seguridad
Social es que no se produjese interrupción de percepción de rentas en el
paso de



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una persona de activo a pasivo; es decir, que cuando terminase su período
de activo, por ejemplo, final de un mes, al mes siguiente tuviese ya
disponible y al cobro la pensión de jubilación. Pues bien, había que
sustituir todo un proceso manual para el reconocimiento de las
prestaciones económicas por un procedimiento organizativo e informático
que permitiera reducir el tiempo de tramitación en el reconocimiento y el
pago de las pensiones que garantizase este objetivo de que no se
produjese interrupción de rentas, de percepción de ingresos, al pasar de
activo a pasivo y que a su vez diese mayor uniformidad en la resolución
de los expedientes y, consiguientemente, mayores garantías de seguridad
jurídica a los ciudadanos.

Esto lo ha conseguido el procedimiento que llamamos progespres que tiene
una característica: es un procedimiento sin papel que permite prescindir
de los documentos físicos en la tramitación de los expedientes. Todas las
unidades que intervienen en el mismo, centro de contacto, centro de
tramitación, informe de cotización e intervención, se hallan conectadas
informáticamente entre sí. Cada expediente se asigna a un solo
funcionario, que se responsabiliza de su desarrollo hasta su resolución.

El expediente se visualiza en la pantalla del ordenador desde cualquier
punto del proceso, permitiendo llevar a cabo un seguimiento a tiempo real
de cada paso que da aquél. Es un proceso que tiene una fase de iniciación
que se lleva en un centro de atención e información de la Seguridad
Social, en un Caiss; el funcionario de contacto recibe la solicitud y los
datos de forma muy simplificada, que introduce en el esquema del
ordenador; se adjudica y se responsabiliza a un funcionario, que es el
que realmente tiene la responsabilidad ante el ciudadano hasta la fase
final de su resolución.

Los efectos del progespres han sido que se ha producido una reducción muy
importante del tiempo empleado en el reconocimiento de prestaciones, de
manera que la jubilación ha pasado de 115 días, que se empleaban en el
año 1987, a ser reconocida y pagada en 24 días. Hay que señalar que es el
período más corto de reconocimiento de prestaciones de jubilación dentro
de los países de nuestro entorno. En muerte y supervivencia, en viudedad
y orfandad, se tardan 14 días en el reconocimiento y pago de una pensión.

Insisto en que con ello se ha hecho realidad el objetivo de que no se
produzca interrupción en la percepción de rentas al pasar de activo a
pasivo, que era una forma de desprotección.

La responsabilización de los expedientes implica una distribución directa
de cargas de trabajo de cada tramitador y una mayor productividad en
rendimiento individual y colectivo de las unidades de trámite. La
ausencia de documentos físicos en todas las fases de trámite ha supuesto
la eliminación de cuatro millones de comunicaciones internas al año,
permite informar al interesado a tiempo real del estado concreto en que
se encuentra su solicitud y el plazo estimado para su resolución. Se
produce un mayor rigor, como señalaba al principio, en el reconocimiento
de prestaciones al automatizarse las operaciones aritméticas y de cálculo
y normalizarse gran parte de las resoluciones administrativas. Se
encuentra implantado en 41 provincias en el momento actual, que aglutinan
más del 90 por ciento de la gestión. A finales de 1994 se extenderá a las
11 provincias restantes.

Dentro de la gestión y atención al ciudadano, uno de los programas
prioritarios que se había marcado desde la Seguridad Social eran las
medidas de agilización y simplificación en el trámite de documentos. Hoy
podemos decir que se han suprimido siete de los diez documentos que se
exigían para solicitar una pensión. Actualmente basta con el documento
nacional de identidad, un certificado de la empresa de las últimas
cotizaciones y, en su caso, el libro de familia. Se han eliminado
igualmente, ya hace algún tiempo, los 14 millones de talonarios de
desplazados que se tenían que articular para tener derecho a la
asistencia sanitaria cuando un ciudadano se trasladaba de una provincia a
otra.

La Seguridad Social actualmente hace un mejor uso de la información de
que dispone, interrelacionando las distintas bases de datos y contactando
directamente con otras administraciones cuando es necesario, lo que ha
eliminado del circuito administrativo, además de lo anterior, más de
cinco millones de documentación.

Actualmente está en marcha un sistema de emisión diaria de primeros
pagos, que permite realizar el pago en cinco días, lo que en otro tiempo
se tardaba treinta días, y, además, se remite, junto con la notificación
de la resolución, un talonario con el primer pago al domicilio del
interesado.

Paralelamente a esta simplificación, igualmente prestamos mucha atención
a lo que consideramos que era la mejora de la atención al ciudadano. En
estos últimos tiempos se ha llevado a cabo un conjunto de medidas
dirigidas a mejorar la calidad de los servicios, que ha tenido una
magnífica aceptación por el ciudadano.

Se ha generalizado el sistema de atención personalizada, que conlleva:
trato individualizado y garantía de confidencialidad; ayuda en la
cumplimentación de la documentación; la identificación del funcionario;
el incremento de la cualificación del funcionario de contacto; y la
utilización progresiva de las lenguas vernáculas. Se han racionalizado y
simplificado las notificaciones y resoluciones administrativas con nuevo
catálogo de modelaje más sencillo. Se ha ampliado la red de centros de
contacto, situándose en 1.108, en 1993, frente a los 815, de 1982. Se han
modernizado las instalaciones y se han dotado de introducción de sistemas
electrónicos de gestión de tiempos de espera. Se ha implantado el
servicio de información telefónica gratuita --la línea 900-- que, entre
1992 y 1993, ha recibido cerca de 600.000 llamadas. Se ha realizado una
política de anticipación a la demanda de los usuarios, mediante el envío
anual de informes de vida laboral a los trabajadores cercanos a la
jubilación para que puedan valorar sus expectativas de pensión. En 1992
se han enviado a los trabajadores todos los informes de vida laboral de
aquellos que nacieron en los años 1932 y 1933, aquellos que estaban ya en
la edad de 63 y 64 años, a punto de jubilarse. Se han remitido más de
ocho millones anuales de comunicaciones individualizadas a los
pensionistas, informando de



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la revalorización de las pensiones y de otras cuestiones de interés.

La participación de los usuarios se ha articulado para lograr una
iniciativa en cuanto a la mejora de los servicios mediante sugerencias o
aportaciones depositadas en los buzones de sugerencias y el cumplimiento
de cuestionarios de evaluación de calidad de los servicios, que se
reciben con ocasión de los actos más significativos.

Como resultado de las distintas medidas de agilización, simplificación y
atención enunciadas, puede decirse que los índices de satisfacción de los
usuarios son hoy más elevados, como lo demuestra el hecho de que de
85.000 personas encuestadas, el 96 por ciento valoran positivamente la
atención recibida en la gestión de las prestaciones económicas, el 88 por
ciento consideran sencilla la tramitación del expediente así como la
cumplimentación de los escritos, y el 90 por ciento estiman correcto el
tiempo transcurrido en la resolución de las pensiones.

En el área de la gestión de la recaudación quiero señalar que uno de los
planteamientos que nos hicimos dentro del plan de acción era el
reforzamiento de los instrumentos jurídicos y normativos en el ámbito de
la recaudación. Así, se estableció el procedimiento unificado de
recaudación, mediante el Reglamento General de Recaudación; se consideró
la posibilidad de los créditos de Seguridad Social con un concepto de
créditos privilegiados de los deudores con la Seguridad Social, al igual
que ocurría con las deudas tributarias; se posibilitó el acceso al
conocimiento de los depósitos bancarios de los acreedores de la Seguridad
Social, de los morosos de la Seguridad Social; se responsabilizó
solidariamente a los depositantes de los bienes embargables y se
estableció la obligación de todos los funcionarios de suministrar
información con transcendencia recaudatoria.

A su vez, se desarrolló una estructura administrativa más idónea mediante
la implantación de 162 administraciones de la Seguridad Social, sobre una
red máxima prevista en varios años de 250 en todo el territorio nacional.

Se han instalado en módulos correspondientes a 50.000 cotizantes y se han
llevado a cabo todas las funciones propias de gestión desarrolladas por
la Tesorería General en estos módulos o administraciones en relación con
la inscripción y afiliación, recaudación voluntaria y recaudación
ejecutiva.

En cuanto a la recaudación ejecutiva, que no existía en la Seguridad
Social, se han implantado las llamadas Uress, funcionando actualmente un
número de 271, que han multiplicado por cinco la capacidad recaudatoria
ejecutiva de la Seguridad Social. En los últimos tres años se han
recaudado más de 220.000 millones de pesetas, 82.000 sólo en 1993, frente
a los 15.000 millones de media anual que se obtenían en ejercicios
anteriores cuando la recaudación se llevaba a cabo mediante conciertos
con la Magistratura de Trabajo o los servicios de recaudación de
Hacienda. Además, las Uress generan un efecto inducido de reducción de la
morosidad, en período voluntario, estimado en una cuantía similar a la
recaudación voluntaria.

Quiero señalar que, incluso en los cuatro primeros meses de este año, se
ha incrementado la recaudación ejecutiva en un 37,5 por ciento sobre el
período anterior, por lo que no solamente en 1994 pensamos que se
cumplirán los objetivos presupuestados, sino que se superarán,
recaudándose algo más de 100.000 millones de pesetas en vía ejecutiva.

A su vez, uno de los problemas que teníamos y tenemos en los sistemas de
Seguridad Social de gestión no es solamente los procesos informatizados,
sino la captación de información de tantos miles de millones de datos que
debemos procesar. Es una especie de cuello de botella puesto que la
grabación es muy costosa y muy laboriosa. Para obviar este problema,
paulatinamente creamos hace poco tiempo el centro de control de
recaudación, el Cendar, cuyo objetivo es el tratamiento integral del
proceso recaudatorio a través de un centro de control de recaudación, que
incorpora la tecnología más moderna en la lectura óptica de caracteres y
cintas magnéticas para la grabación y tratamiento de los datos contenidos
en los distintos documentos de cotización, TC-1, TC-2 y TR, y que actuará
como sujeto receptor de los datos recaudatorios remitidos por las
empresas a través --algo a lo que después me referiré-- del correo
electrónico.

El Cendar unifica y centraliza todo el proceso recaudatorio del Estado,
prescindiendo de la grabación manual de datos, que se realizaba por las
direcciones provinciales de la Tesorería General o por empresas externas
a la Administración. La información recaudatoria, una vez grabada, se
cruza con la base de datos a fin de detectar omisiones, totales o
parciales, de recaudación y generar los oportunos documentos de
reclamación de deuda. Estos son emitidos de forma descentralizada y se
incorporarán al fichero de morosidad para el control de su ejecución.

Los efectos son importantes. Se ha reducido el tiempo medio de
tratamiento de la documentación recaudatoria, que se va a situar entre 20
y 25 días. Se ha reducido en más de dos meses el tiempo empleado en la
emisión de requerimientos y todo lo que se reduzca en este campo
significará mayor posibilidad de cobro de las deudas con la Seguridad
Social. Se ha reducido la morosidad por la rápida emisión de la deuda. Se
ha eliminado de la grabación y archivo manual 78 millones de documentos,
lo que supone más de 2.500 millones de datos al mes, 30.000 millones de
datos al año. El incremento de la calidad de la información recaudatoria
y la agilización de su tratamiento favorecerá, sin duda, la gestión de
las prestaciones económicas y aportará un mayor rigor y celeridad en los
procesos aún de contabilización de los recursos del sistema. Su
implantación se ha puesto en marcha en enero del 93 con la grabación de
todos los documentos de cotización de los regímenes especiales. Se han
tratado ya más de 33 millones de documentos. En el año actual, en 1994,
ha comenzado la grabación del régimen general de algunas provincias,
entre ellas Toledo, y a final de año estarán captando la información de
los TC-1 de todas las provincias del Estado. Es conveniente señalar que
el coste de implantación del centro de control de recaudación ha sido de
3.618 millones, para ser exacto.

Pues bien, en los dos años que lleva funcionando el Cendar se ha
amortizado la inversión de este coste del



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centro de control de recaudación. Se estima que el centro de control de
recaudación va a producir un incremento anual en la recaudación de 18.000
millones de pesetas; 12.000 millones procedentes de recaudación
voluntaria y 6.000 de recaudación ejecutiva.

Paralelamente a la implantación del centro de control de recaudación, uno
de los objetivos que nos obsesiona en Seguridad Social es cómo prescindir
de las ingentes masas de papel teniendo en cuenta que todos los meses un
millón de empresas, además de los regímenes especiales, presentan los
TC-1 y los TC-2 en donde en los TC-2 está la relación de los más de 13
millones de trabajadores de la Seguridad Social.

Con esta finalidad hemos comenzado un programa piloto, el Proyecto RED,
remisión electrónica de datos, que va a permitir que los agentes sociales
y las grandes empresas puedan transmitir los datos recaudatorios por
medios electrónicos sin necesidad de presentar los documentos
acreditativos de los mismos. Es un proyecto que supone la posibilidad de
que las empresas puedan transmitir, a través de la red telefónica, los
datos relativos a la afiliación, altas, bajas y cotización de sus
trabajadores.

Para poder transmitir los datos será necesaria la previa autorización de
la Seguridad Social, la instalación de los correspondientes modem, que
permitirá al sujeto emisor incorporarse a la red telefónica. Las grandes
y medianas empresas podrán transmitir los datos directamente, mientras
que las pequeñas empresas lo harán con la mediación de agentes sociales
que actuarán como sujetos emisores de datos. Cada emisor dispondrá en la
red de un buzón informático en el que quedará depositada la información
que transmita y periódicamente en minutos, o incluso horas, esta
información se validará por la Tesorería General y se incorporará a la
base de datos del sistema.

El proceso va a permitir imprimir a los sujetos autorizados los
documentos transmitidos y disponer de distintas medidas de seguridad para
evitar la transmisión de datos por sujetos no autorizados. Sus efectos se
estima que en este proyecto afectará a la mayoría del conjunto de las
empresas; permitirá conocer a tiempo real los ingresos efectuados en las
oficinas recaudatorias; reducir en un alto porcentaje los errores que se
producen en la grabación y en la elaboración de las liquidaciones; la
emisión casi inmediata de los documentos para la reclamación de la deuda;
la actualización permanente de la base de datos; la optimización del
reconocimiento de las prestaciones económicas y, sobre todo, una
reducción importante del volumen de público que acude a las
administraciones para la tramitación de documentos, tales como afiliación
o los relacionados con la recaudación.

Se ha implantado, a modo de proyecto piloto, en provincias como Baleares,
Barcelona, Madrid, Valencia y Zaragoza a través de 20 agentes sociales y
varias empresas y se está aplicando a la transmisión de datos de unas
25.000 personas afiliadas. No requiere ninguna inversión por parte de la
Seguridad Social puesto que los sistemas informáticos para transmitir,
los ordenadores o los modem, serán por cuenta de los sujetos emisores.

Por último he de señalar que en el campo de la afiliación, recaudación y
gestión estamos trabajando con un nuevo documento de afiliación, una
nueva tarjeta de afiliación que tiene como objetivo sustituir el actual
documento de afiliación a la Seguridad Social por uno nuevo dotado de un
chip que permite su explotación informática y que se va a constituir en
una herramienta esencial de gestión.

Como saben SS. SS., el actual documento de afiliación, el llamado modelo
A-1, es de papel, se deteriora rápidamente y es fácilmente manipulable y,
por tanto, falsificable. Es imprescindible, por tanto, proceder a la
identificación de las distintas modalidades de afiliación en la gestión
desde la Seguridad Social: activos, pensionistas, convenios, empresas
colaboradoras, y que los beneficiarios de la Seguridad Social, no sólo
los titulares, dispongan de un documento que acredite su condición y los
derechos inherentes a ellas.

Se justifica igualmente porque su utilización en la gestión de las
prestaciones económicas va a permitir una agilización y un mayor rigor en
su reconocimiento y mantenimiento.

Este documento nuevo de afiliación es una tarjeta, un documento de
plástico con caracteres impresos que incorpora, como decía, un chip e
incluso una banda magnética para su tratamiento informático. Además de
los mismos datos personales que el documento actual podrá contener datos
biométricos y claves de identificación personal para garantizar la
confidencialidad y evitar su utilización fraudulenta como otras
necesarias para la gestión, como la situación de alta o no del usuario,
la adscripción a una mutua de accidentes de trabajo o enfermedades
profesionales, entre otras. Será acreditativa de la condición de afiliado
a la Seguridad Social o de beneficiario de la misma.

Así pues creemos que el nuevo documento de afiliación, la tarjeta de
afiliación, va a evitar o dificultar el fraude en la falsificación del
documento de afiliación; va a permitir una identificación mediante los
datos grabados en el chip de las distintas modalidades de afiliación,
acreditando la condición de beneficiario de la Seguridad Social. Podrá
ser utilizada en dispensadores e informadores interactivos, que planeamos
articular para la gestión y que permitirán recibir información general o
cualificada de la Seguridad Social, vida laboral, bases de cotización en
su día, simulación del cálculo de pensiones, oficinas de hecho de
información, que permitirá la gestión de los trámites más esenciales de
la Seguridad Social: solicitud de prestaciones, certificado de IRPF de
pensionistas, domiciliación de la pensión, notificación de traslado de
pensionistas, control de evidencia de pensionistas que va a permitir --y
vamos a hacer una prueba en una provincia-- la información y gestión de
los trámites más usuales del Inem; renovación de la demanda de empleo;
petición de «curriculum vitae»; solicitud de inscripción de cursos de
formación y control de personación.

La aplicación del nuevo procedimiento para la gestión y pago de la ILT
conllevará la utilización de esta tarjeta de afiliación, aportando un
mayor rigor en el reconocimiento y control de esta prestación.




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Insisto que da paso a lo que podríamos llamar la cuarta generación en la
gestión del sistema de Seguridad Social previendo, en el futuro, una
buena parte de esa gestión a través de una especie de cajero o
dispensadores de información interactivos. Todo ello acercando
esencialmente la Seguridad Social al ciudadano porque permitirá disponer
de un dispensador o cajero en cada uno de los pueblos del Estado español.

¿Qué medios instrumentales hemos utilizado para conseguir todos estos
objetivos? El primero es el sistema integrado de gestión de información
de la Seguridad Social, el llamado Sigeiss, que tiene como objetivo crear
un sistema integrado que aglutine la totalidad de la información de
Seguridad Social y sobre el que interrelacionan las principales
aplicaciones y medios informáticos de las distintas áreas de gestión.

Consta de una sola base de datos que cuenta con un núcleo raíz, que
garantiza la integridad del sistema, y cuatro núcleos funcionales que
recogen la totalidad de la información de trabajadores y empresas,
cotización, recaudación y prestaciones, que hasta ahora se encontraban
dispersas en bases de datos independientes.

Las principales aplicaciones de gestión se agrupan en cuatro dominios
interrelacionados en los que se integran todos los procesos de gestión de
cada una de las áreas, como es el subsistema de inspección de empresas y
afiliación de trabajadores; el subsistema de cotización y recaudación; el
subsistema de prestaciones económicas, y el subsistema de gestión
económica y recursos humanos de la Seguridad Social. De estos cuatro
subsistemas sólo resta por concluir el de prestaciones económicas.

El subsistema de inscripción de empleo y afiliación de trabajadores
cuenta ya con la vida laboral de todos los trabajadores desde el año 1967
hasta la fecha y se está procediendo a la grabación de las antiguas
fichas del seguro obligatorio de vejez a invalidez y del mutualismo
laboral, las llamadas fichas A-10.

A-1 D-11, y los registros del retiro obrero, con lo que el próximo año se
concluirá este proceso, quedando registrada informáticamente la totalidad
de los datos de la vida laboral de todos los trabajadores desde el inicio
de la Seguridad Social en 1919. ¿Qué ventajas representa este proceso
llamado Sigeiss? Mejora la calidad de la gestión de los distintos
servicios como consecuencia de la depuración automática de datos
ocasionados por el cruce permanente de información. Hay una prestación de
la mayoría de los servicios a tiempo real debido a la descongestión de
redes y a la agilización de las comunicaciones; se ha reducido el tiempo
de espera en la recepción de datos informáticos a 3,2 segundos; se ha
duplicado la capacidad de transporte de la red informática.

Por último, otro de los instrumentos importantísimos en la mejora de la
gestión de la Seguridad Social es todo lo relacionado al personal. En los
últimos diez años ha habido un aumento considerable de gestión que, sin
embargo, no se ha correspondido con un crecimiento de los recursos
humanos de la Seguridad Social; me estoy refiriendo al ámbito de las
prestaciones y al ámbito de la inscripción, afiliación y recaudación,
incluyendo en este ámbito la gestión del Instituto Social de la Marina.

Frente al año 1982, con un número de 10.134.000 afiliados, en 1993
estamos en 13.600.000 afiliados, a los que habría que añadir los que se
han generado en el año 1994; con un número de pensiones de 4.800.000,
redondeando, en el año 1982, en 1993 hay que gestionar una nómina de
6.598.000; y frente a los 2,3 billones de gestión en el año 1992 ha
habido que gestionar en el año 1993 más de 9,2 billones de pesetas. Pues
bien, el número de efectivos que en el año 1993 se dispone respecto al
número de efectivos de 1992 en el ámbito de la gestión de las
prestaciones económicas Instituto Social de la Marina y Tesorería General
es ligeramente inferior, un 11 por ciento inferior.

Las medidas que han hecho posible atender este crecimiento de la gestión
con una disminución de efectivos humanos han sido de dos tipos: una, la
racionalización de la gestión mediante la simplificación de los
procedimientos administrativos a que me he referido, la supresión de la
documentación administrativa y necesaria, la racionalización de la red de
servicios, el desarrollo y optimización de los medios instrumentales,
especialmente de los informáticos. A su vez, se ha racionalizado la
gestión de los recursos humanos redimensionando las estructuras
organizativas internas; y pongo a título de ejemplo el esquema
organizativo de la Seguridad Social. En 1979, la Seguridad Social se
gestionaba a través de la secretaría de estado con cinco direcciones
generales y 29 subdirecciones generales, en total 35 áreas directivas
entre secretaría de estado, direcciones generales y subdirecciones
generales. En 1992, para hacerlo homogéneo, sin incluir la integración de
la MUNPAL, la Seguridad Social no se gestiona con una secretaría de
estado, sino con una secretaría general, con iguales direcciones
generales y una subdirección general menos que en el año 1979. Se ha
dedicado una especial importancia para mejorar la gestión del sistema de
Seguridad Social a la formación de los recursos humanos, al incremento de
las actividades formativas de los funcionarios. Durante los últimos años
se está llevando a cabo un esfuerzo formativo dirigido no sólo al
reciclaje del personal sino, principalmente, a la formación selectiva
para cualificar a los funcionarios destinados en aquellas tareas que han
sido objeto de importantes programas de mejora en la gestión. En este
sentido, de los 3.673 cursos celebrados en los dos últimos años, 1.252
cursos han sido sobre atención al ciudadano y 1.453 sobre materias
informáticas. Asimismo se ha llevado a cabo una importante labor de
formación de los cuadros directivos, a nivel territorial, en técnicas de
presupuestación y dirección de objetivos, habiéndose celebrado diez
cursos hasta el momento presente.

En conclusión, señorías, como resumen de lo expuesto se puede decir que
en muy breve plazo contaremos con un nuevo marco normativo completo
debidamente informatizado y adaptado a la realidad vigente, conformado
por el nuevo texto refundido de la Ley General de Seguridad Social y su
Reglamento de desarrollo; que disponemos de una presupuestación que, con
carácter general, viene mereciendo la calificación de positiva de esta
Cámara y de una contabilidad ajustada, transparente y precisa que además
de obtener el respaldo del Tribunal de Cuentas y del Parlamento
constituye un instrumento útil para el gestor;



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que las prestaciones se reconocen en plazos adecuados que hacen realidad
la garantía de no interrupción en la percepción de rentas al pasar de
activo a pasivo; que la recaudación de los recursos, tanto en vía
voluntaria como instrumentos como el Cendar o el nuevo proyecto de
remisión electrónica de datos, como en la vía ejecutiva a través de las
unidades de recaudación ejecutiva, se realiza de manera, en mi opinión,
cada vez más eficaz; que existe un alto grado de satisfacción de los
usuarios por la calidad de los servicios en prestaciones económicas y la
atención recibida, como refleja el seguimiento de las opiniones
manifestadas por los mismos y de los cuales se da rendimiento
periódicamente al Consejo General del Instituto Nacional de la Seguridad
Social y de la Tesorería, donde están presentes los agentes sociales; que
se han perfeccionado en gran medida los bancos informativos necesarios
para avanzar en la automatización plena de los procedimientos, de manera
que en uno o dos años estarán plenamente informatizados todos los datos;
y que se están poniendo en marcha nuevos medios como el documento de
afiliación en forma de tarjeta inteligente o los dispensadores de
información que constituyen el avance de lo que en breve plazo, y en
composición con el perfeccionamiento de los bancos de datos, constituirá
un nuevo salto acreditativo de inmensas posibilidades en la gestión de la
Seguridad Social en el campo de las prestaciones económicas y de la
inscripción, afiliación y recaudación. Todo ello sin olvidar la
existencia de algunos temas que requieren aún la adopción de medidas
específicas de mejora, como son el control de las prestaciones por
incapacidad temporal, en las que esperamos que el proceso de mecanización
y el nuevo documento de afiliación produzcan sustanciales mejoras a
través de su utilización.

En definitiva, creo que en el período al que me he referido se ha dado un
avance importante en lo que era la gestión del sistema de Seguridad
Social, pasando de una gestión manual y compleja a una gestión con
tecnología de punta, la más moderna que en la prestación de servicios se
dispone actualmente en el mercado.




El señor VICEPRESIDENTE: Esta primera comparecencia la había solicitado
el Grupo Parlamentario Socialista. En su nombre tiene la palabra el señor
Arnau.




El señor ARNAU NAVARRO: Efectivamente, el Grupo Parlamentario Socialista
solicitó la comparecencia del Secretario General para la Seguridad Social
con la finalidad de que informara a la Comisión sobre las mejoras en la
gestión introducidas en el sistema de Seguridad Social.

El señor Secretario General ha dado cuenta de estas mejoras de una manera
detallada, precisa y completa, y entiende el Grupo Parlamentario
Socialista que también satisfactoria. Hemos tomado muy buena nota de
todas las mejoras introducidas en la gestión, desde las mejoras en el
marco normativo con el importante anuncio del nuevo texto refundido de la
Seguridad Social que producirá, con toda seguridad, una menor complejidad
en el actual mar de normas que supone toda la normativa del sistema de la
Seguridad Social, el anuncio también del reglamento de inscripción de
altas y bajas de los trabajadores, el reglamento de cotizaciones, el
reglamento de prestaciones económicas, etcétera. También nos ha dado
cuenta el señor Secretario General del nuevo marco económico
presupuestario del sistema de la Seguridad Social y de la gestión de
prestaciones económicas. Reducir el tiempo de reconocimiento de las
prestaciones es un objetivo importante y entendemos que se ha conseguido
una mejora notable para que no se produjera esa interrupción, de la que
hablaba el Secretario General, de rentas del paso de activo a pasivo de
un trabajador.

Para el Grupo Parlamentario Socialista todas estas mejoras tienen una
indudable trascendencia porque, en el impulso de la política de
bienestar, no sólo hay que incluir el aumento de la acción protectora de
la Seguridad Social, sino también los necesarios avances en la mejora de
la gestión mediante la utilización de las técnicas informáticas,
fundamentalmente, que permitan a los beneficiarios, en primer lugar,
conocer detalladamente en todo momento la situación de las cotizaciones;
en segundo lugar, acceder con prontitud a la prestación solicitada y a la
cual se ha reconocido el derecho; en tercer lugar, la atención
personalizada con la utilización de las lenguas vernáculas --nos ha dicho
el Secretario General--, lo que también consideramos que es una
importante mejora en la gestión que, en definitiva, permita a los
ciudadanos aprovecharse de las técnicas modernas de administración para
una mayor seguridad de los mismos.

En esta misma dirección, señor Secretario General, señor Presidente, se
situó el programa electoral del Partido Socialista del año pasado, del 6
de junio de 1993. Este programa electoral proponía, en primer lugar,
garantizar el reconocimiento y el pago de las pensiones en el plazo
máximo de treinta días desde la solicitud, o desde la fecha de su
declaración en el caso de invalidez permanente. El Secretario General no
nos ha hablado hoy de plazos de 30 días, sino de plazos de 24 días en el
caso de la pensión de jubilación, y de plazos de 14 días en los casos de
pensiones de viudedad, muerte y supervivencia. Por tanto, entendemos
plenamente cumplido este objetivo enmarcado en el programa electoral del
Partido Socialista. En segundo lugar, facilitar a todos los trabajadores
con periodicidad anual información de las bases de cotización, ingresadas
en el último año, para que puedan conocer su situación respecto a la
Seguridad Social y las expectativas de derecho a pensión que vayan
consolidándose. La otra cara de la gestión afecta también a la
recaudación de las cotizaciones, los circuitos de recaudación y la
evolución del control de recaudaciones. Los efectos de las mejoras
introducidas, de las que nos ha hablado el señor Secretario General, son
y van a ser importantes y deben traducirse en incrementos en la
recaudación y en reducciones de la morosidad y de las deudas de la
Seguridad Social. Efectivamente, la racionalización de la gestión permite
importantes ahorros, de los que se están beneficiando ya todos los
ciudadanos.

Agradecemos su comparecencia, señor Secretario General, y su información
detallada, precisa y, repito, satisfactoria para el Grupo Parlamentario
Socialista.




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El señor VICEPRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.) Por el
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) el señor Hinojosa tiene
la palabra.




El señor HINOJOSA I LUCENA: En primer lugar, he de manifestar que me
adhiero a su deseo de que el Presidente titular de la Comisión se
incorpore cuanto antes a la misma. En segundo lugar, tomo nota de la
información que nos ha dado el Secretario General de la Seguridad Social,
don Adolfo Jiménez. Es digna de tenerse en cuenta la mejora que nos ha
explicado el Secretario General del funcionamiento de una administración
tan intensamente compleja como la Seguridad Social. Esta mejora, que va
en beneficio de los ciudadanos o usuarios de sus servicios, era reclamada
y pedida por ellos y por todos nosotros. En consecuencia, le felicitamos
porque va avanzando en el terreno de dar satisfacción a esa petición de
los ciudadanos. Quiero advertirle que, de todas maneras, no conviene
estar satisfechos nunca del logro momentáneo de perfección que se alcanza
porque, inmediatamente, las demandas sobrepasan esa inicial perfección
que se logra. En consecuencia, siempre hay que mejorar el servicio al
ciudadano y quiero incitarle a que no ceje en mejorar los servicios a
todos los beneficiarios de la Seguridad Social.

Quería hacerle dos preguntas. Una de ellas casi la ha contestado. Me
refiero a las gestiones que se están haciendo para el cobro de la
morosidad del sistema. Como usted ha explicado algo de lo que ya se está
haciendo, no le formularé esa pregunta, sino otra que es la siguiente:
¿Puede decirnos el nivel que alcanza la deuda de las empresas públicas y
de las privadas, por separado, en este momento? Si no dispone del dato,
le pediría que lo enviara por escrito.




El señor VICEPRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Peralta.




El señor PERALTA ORTEGA: Por supuesto que nos adherimos al deseo de que
el Presidente titular se reincorpore cuanto antes y agradecemos al señor
Secretario General de la Seguridad Social su comparecencia y los datos
que ha proporcionado. Nos parece del máximo interés que los ciudadanos
conozcan el esfuerzo que se está haciendo por parte de los gestores de la
Seguridad Social para conseguir que el servicio funcione lo más
adecuadamente posible. Nosotros valoramos muy positivamente ese esfuerzo,
queremos transmitírselo a través del Secretario General a todos los
funcionarios, y consideramos que sería bueno que ese esfuerzo llegara al
conjunto de los ciudadanos, que vieran cómo es posible conseguir que
funcionen servicios públicos con tanta capacidad de afectar a la
población (se han dado datos de millones de afiliados, de millones de
pensionistas, millones de documentos a tramitar) y no sólo se consigue
que funcionen sino que se mejoran las ratio constantemente. Es verdad que
nunca podremos estar satisfechos del nivel alcanzado, pero no podemos por
menos de reconocer los avances que se producen. Como digo, consideramos
muy importante que estos avances se produzcan y lleguen al conocimiento
de todos los ciudadanos. Cuando hay una ofensiva muy fuerte contra la
Administración pública, especialmente en el campo de la previsión social
y en favor de fórmulas distintas, bueno es que los ciudadanos sepan que
desde la Administración pública es posible dar respuestas positivas a su
situación.

Desde este punto de vista, señor Jiménez, quede clara nuestra
felicitación en estos aspectos concretos a los que usted ha hecho
referencia y nuestra petición de que, en la medida de lo posible, se
hagan llegar estos datos a los ciudadanos porque creemos que es bueno que
se puedan apreciar. Los viven diariamente, sin lugar a dudas, pero
también es bueno que puedan tener una visión global más allá del campo
limitado de su contacto día a día o en las fechas concretas en que se
produce ese contacto. Creemos, insisto, que en estos momentos en los que
seguramente por error --no quisiéramos creer que por voluntad clara del
Gobierno-- se pone en cuestión el actual sistema de Seguridad Social,
bueno sería que los ciudadanos tuvieran estos elementos de juicio para
poder hacer una valoración más exacta y más completa de lo que es el
actual sistema público de protección social, cuáles son los problemas
reales que plantea el mismo y cuál es su capacidad de dar respuestas
positivas, en definitiva, tenga mejores datos para plantear una reforma
que nosotros creemos que parte de mantener lo que hay y mejorarlo, nunca
de intentar terminar con lo que se ha conseguido con grandes esfuerzos no
sólo de los funcionarios, sino también de todos los trabajadores
españoles.




El señor VICEPRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la
palabra la Diputada señora Montseny.




La señora MONTSENY MASIP: Al igual que el resto de los grupos
parlamentarios de esta Comisión, esperamos la incorporación del
Presidente de la Comisión lo más pronto posible, y agradecemos al
Secretario General de la Seguridad Social la amplia exposición que nos ha
hecho en cuanto a la mejora en la gestión del sistema de Seguridad
Social; mejora que conocemos en su verdadero valor. No obstante, me
gustaría formular algunas preguntas y presentar algunas objeciones en
cuanto a esa extensión en esta mejora que nos ha ido exponiendo a lo
largo de esta comparecencia.

Es cierto que los presupuestos de la Seguridad Social han aumentado de
una forma vertiginosa, diez billones de pesetas, ésos son unos caudales
públicos muy importantes en los Presupuestos Generales del Estado. Es
cierto que ha habido un aumento considerable de pensionistas: 6,7
millones de pensionistas, nos decía el compareciente en su exposición,
1,7 millones de subsidios, 1,2 millones de prestaciones familiares.

Nos congratula que se haya procedido a agilizar un nuevo texto refundido
que adecue toda la normativa, evitando mencionar la antigua organización
sindical, al esquema constitucional actual. Parece ser que se cumplirá el
plazo para antes del 30 de junio de 1994.




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Nos ha hablado también de que se gestionará una norma que reconozca el
patrimonio de la Seguridad Social; patrimonio que he entendido que
pertenecía a alguna de las otras entidades gestoras del sistema de
Seguridad Social. En mi modesta opinión, este patrimonio único está
configurado dentro de la Tesorería General de la Seguridad Social y será
bueno que se agilice ese esquema, que está poco actualizado, para que
podamos ver con qué cuenta la Seguridad Social, tanto las posesiones
directas, aquellas que han sido cedidas a comunidades autónomas para su
uso, no su propiedad, como la forma de adquisición, transmisión o
enajenación, etcétera, de todos los bienes inmuebles de la Seguridad
Social, cuya titularidad, repito, ostenta la Tesorería General de la
Seguridad Social.

Nos hablaba asimismo del vigente reglamento de recaudación, de 1991. A mí
me gustaría hacer aquí una objeción en cuanto a la orden ministerial de
desarrollo, porque nuestro Grupo conoce ese reglamento y sabe que en el
mismo no se contempla una de las modificaciones sustanciales, de suma
importancia, que ha regulado la orden ministerial de su desarrollo: nada
más y nada menos que la posibilidad de vender por adjudicación directa
bienes inmuebles derivados del procedimiento de apremio en ese proceso
recaudatorio de la Seguridad Social. Nos parece un lapsus normativo
importante que no se contemple en el decreto esa posibilidad y que se
regule la forma de llevarlo a cabo en la orden de desarrollo. Creemos que
es una cuestión de suma importancia y le agradeceríamos que nos aclarara
ese punto relativo a la posibilidad de vender por adjudicación directa
bienes inmuebles, en muchos casos sustanciosos, que vienen de
procedimientos de apremio que han quedado desiertos en las subastas que
se han llevado a cabo como parte final de ese procedimiento de apremio.

Nos congratula también que la fase de tramitación de las altas y bajas de
la Seguridad Social, inspección de empresas y afiliaciones se vea
ultimada en breve. No he apuntado la fecha, pero creo haber entendido que
se llevaría a cabo dentro de un plazo breve. (Rumores.) Señor Presidente,
por favor.




El señor VICEPRESIDENTE: Ruego, señorías, que mantengan silencio porque
es difícil, en algunos momentos, escuchar desde la Presidencia lo que
dice la Diputada que está interviniendo. Gracias.




La señora MONTSENY MASIP: Me gustaría hacer especial hincapié sobre un
principio constitucional, el contenido en el artículo 41, que los
estudiosos del Derecho constitucional, los constitucionalistas de nuestro
país, interpretaron como que el legislador quería ver plasmada una mayor
refundición de los regímenes especiales de la Seguridad Social, cosa que
se ha hecho en parte; se ha suprimido, por ejemplo, el régimen especial
de representantes de comercio. Pero yo creo recordar que los
constitucionalistas pensaban que el cauce hacia el que se derivaba la
normativa de la Seguridad Social conducía a que se llegara a tres grandes
colectivos, a tres grandes regímenes: el régimen de autónomos, el de
funcionarios y el régimen general, sin importar que se pudiera ubicar,
dentro de este régimen general, una ampliación que contuviera los
sistemas especiales que integran el actual sistema de Seguridad Social.

Me gustaría saber si a este respecto hay alguna idea de estudio
conducente a proceder a esa refundición de regímenes, lo que significaría
una mayor simplificación de todo el sistema de Seguridad Social.

Quería hacer especial mención a una circular de la Tesorería de la
Seguridad Social que ha venido a traer un gran conflicto jurídico en
cuanto a lo que se regule sobre la inclusión de los socios de las
distintas sociedades que integran nuestro Derecho positivo (es decir,
sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades
regulares civiles, etcétera), siempre que del espíritu de esa actividad
de esos socios se presuponga que llevan a cabo una actividad por cuenta
propia. A nosotros nos parece que lo que se regula en un real decreto,
obligando a incluir a los socios de estas sociedades dentro del régimen
general, no puede ser desvirtuado por una simple circular de la Tesorería
del ejercicio pasado, del año 1993. A este respecto quiero avanzar que mi
Grupo estudia presentar en breve una proposición no de ley para instar al
Gobierno a que adecue la inclusión de esos socios en el régimen general
con una situación asimilada al alta y con la exclusión de la cuota de
desempleo, que ha sido el verdadero problema de este cambio tan radical
en virtud de esa circular contraviniendo los principios establecidos en
el real decreto que obligaba a la inclusión de los socios. Por tanto,
repito, pongo ya de manifiesto que mi Grupo presentará en breve esa
proposición no de ley.

Quiero hacer mía también la pregunta que ha hecho el señor Hinojosa sobre
el verdadero déficit de la Seguridad Social y la deuda que tiene el
sector público con las empresas del sector privado y, en general, todo lo
referente a la deuda.

Nos congratulamos de los procesos de informatización y queremos hacer un
breve comentario. Mi Grupo entiende que ha habido una agilización dentro
de ese proceso informático en el Instituto Nacional de la Seguridad
Social y que en la Tesorería General de la Seguridad Social está mucho
más atrasado. También haré una breve referencia al personal integrado en
una entidad gestora y en el servicio común.

Solicito información sobre si se han llevado a cabo las publicaciones
sobre gestión en materia de Seguridad Social correspondiente a los
períodos de enero y febrero de 1974, puesto que mi Grupo Parlamentario no
tiene conocimiento de ellos.

Nos parece bien la simplificación de documentos. Creemos que también aquí
se ha hecho un esfuerzo importante, así como en la gestión de las
pensiones dentro del INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social).

Queremos hacer una referencia también a la gestión de la recaudación,
tanto en período voluntario como en período de apremio. Se han implantado
271 unidades de recaudación ejecutiva de la Seguridad Social que, según
ha dicho el señor Jiménez, multiplica por 5 la capacidad de recaudación
en materia ejecutiva. Luego haré referencia a que aquí ha habido un
desfase en la gestión de personal, que usted ha



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esbozado muy brevemente, y sobre el que yo quiero ahondar porque existe
un grave problema dentro de las entidades gestoras de la Seguridad
Social.

Quiero hacer especial hincapié sobre la deuda colectiva de la Seguridad
Social en los cinco últimos años y poner de manifiesto que quizá no se ha
hecho el esfuerzo suficiente para adecuar los medios personales en un
área importantísima como las asesorías jurídicas de la Tesorería General
de la Seguridad Social. Le puedo dar un dato, señor Jiménez. En el INSS
de Barcelona hay 17 letrados y en la Tesorería, durante el período
1990-93, 3 letrados para llevar a cabo todos los conflictos
jurisdiccionales, en el ámbito social, en el ámbito civil y en el ámbito
contencioso-administrativo, correspondientes a más de un billón de
recaudación de cotizaciones que lleva a cabo la Tesorería General de la
Seguridad Social de esta provincia. Nos parece un dato, no quiero emplear
la palabra arbitrario, pero sí una dejación total de funciones en materia
de personal.

Deseo preguntarle también sobre una noticia que ha aparecido en los
medios de comunicación en relación a la posibilidad de que las empresas
que no han llevado a cabo las cotizaciones en período voluntario
presenten sus documentos respectivos como información complementaria a la
Seguridad Social. Queremos saber si eso sería posible y en qué grado se
contemplaría esa presentación de documentos, al margen del período
voluntario, para que tuviera efectividad plena en materia de recaudación,
así como si es previsible, independientemente de que tengamos noticia de
que se va a incorporar la falta de cotización en determinados casos como
delito penal (se va a tipificar en el Código Penal a partir de una falta
de cotización de 15 millones), que el mínimo sancionable en la actualidad
por falta de cotización se vaya a aumentar.

Nos ha hablado de la sustitución mediante chip o tarjeta de los
documentos tradicionales, pero no nos ha hablado del costo que va a
suponer esa implantación o sustitución de esos documentos que afectará a
los 13 millones de afiliados de la Seguridad Social y al millón de
empresas existentes en la actualidad.

Me gustaría ahondar un poco en el tema de personal. Como es bien sabido,
en materia de personal salieron publicados los catálogos de las entidades
gestoras de la Seguridad Social en abril de 1988, con carácter
provisional --se dijo--, para adecuar las verdaderas necesidades y ver el
nivel correspondiente al grado de responsabilidad que había en dichas
entidades gestoras; hablo del ISM, del Instituto Nacional de la Seguridad
Social y de la Tesorería General de la Seguridad Social como servicio
común del resto de las entidades gestoras. A lo largo de estos seis años
se ha ido prometiendo, mes a mes, a partir del año siguiente, trimestre a
trimestre, la publicación de dichos catálogos, que son los últimos que
quedan para su implantación o aprobación, cosa que ha ocurrido hasta en
el Inem, cuyos niveles de los funcionarios que tienen encomendadas
gestiones de mucha responsabilidad sobrepasan los niveles del INSS, de la
Tesorería General de la Seguridad Social y del ISM. En relación a estos
niveles tengo que decir que afectaban básicamente a los cuadros
directivos. Hace poco pregunté al Ministro de Administraciones Públicas,
en el Pleno, por qué había una diferencia retributiva entre los cuerpos
de hasta dos millones y medio de pesetas anuales por persona, de
promedio, si tenemos en cuenta aquellos ministerios que tienen una mayor
retribución y los que tienen una menor retribución. Es de todo el mundo
conocido, yo creo que hasta la opinión pública sabe que el Gobierno ha
propiciado una mayor retribución a la Agencia Tributaria y al Ministerio
de Economía y Hacienda, le sigue el Ministerio de Industria, me parece,
pero el Ministerio de Trabajo, señor Jiménez, tiene una de las peores
retribuciones del conjunto de funcionarios de los ministerios españoles;
también los ministerios de Cultura y de Agricultura. Esa baja retribución
de los funcionarios de las entidades gestoras de la Seguridad Social, sin
tener en cuenta que el grado de responsabilidad por recaudación de la
Tesorería General de la Seguridad Social viene a ser la misma que la de
la Agencia Tributaria, por algo ha seguido los pasos en casi toda la
materia normativa, a pesar de la diferencia impositiva y contributiva de
que provienen los ingresos en el ámbito de la Agencia Tributaria o de la
Tesorería General de la Seguridad Social. Pues bien, la Tesorería mueve
diez billones de pesetas. La responsabilidad es la misma, señor Jiménez.

Y le tengo que decir que sólo se ha potenciado a nivel retributivo a los
jefes de las unidades de recaudación ejecutiva, que en muchos casos ya no
ganan más que los subdirectores provinciales, sino que llegan a tener una
retribución mayor que los propios directores provinciales. Entendemos que
se produce una discriminación notable y grave en cuanto a la retribución
media del personal de las entidades gestoras de la Seguridad Social.

Finalmente debo decir que, en cuanto a esta mayor informatización que ha
habido en el INSS, en la Tesorería General de la Seguridad Social, yo
tampoco he vislumbrado una disminución de funcionarios que hubieran
podido ser destinados a la Tesorería General de la Seguridad Social, cuyo
nivel de tramitación de expedientes quintuplica al del Instituto Nacional
de la Seguridad Social. Ahí se ha producido no sólo la implantación de
las unidades de recaudación ejecutiva, sino también la de las
administraciones de la Seguridad Social, lo que, al ser una
descentralización buena, que acerca la Administración al administrado en
todas aquellas localidades importantes y no es necesario que el
administrado se desplace a la capital de provincia, ha significado un
mayor presupuesto optativo previsible de personal funcionario, que no se
ha visto menguado en el INSS habiendo culminado este proceso, del cual le
felicito por el período en que se resuelven todas las prestaciones y
pensiones del INSS, pero que no ha supuesto que la Tesorería se haya
visto favorecida en cuanto a un posible trasvase de funcionarios de la
entidad gestora al servicio común.




El señor VICEPRESIDENTE: Antes de dar la palabra al señor Secretario
General para la Seguridad Social para que conteste, en su caso, las
intervenciones de los portavoces, quiero decir que esta Presidencia ha
intentado mejorar las condiciones ambientales de la sala, sintiéndose
solidario con SS. SS., pero razones de tipo técnico impiden que el aire
acondicionado funcione. Lo digo para general



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conocimiento y para que algunos de ustedes no me lo soliciten, puesto que
ya lo habíamos intentado.

Tiene la palabra el señor Secretario General para la Seguridad Social.




El señor SECRETARIO GENERAL PARA LA SEGURIDAD SOCIAL (Jiménez Fernández):
Me han reiterado una pregunta los representantes del Grupo Catalán
(Convergència i Unió) y del Grupo Popular en cuanto al nivel de deudas
públicas y privadas que les contestaré por escrito, porque la verdad es
que no lo recuerdo en este momento. En este sentido, en cambio, sí me
gustaría hacer una consideración, y es que, cuando estemos hablando de
deudas, hay que señalar que, a diferencia de otra administración pública,
la Seguridad Social no da de baja las deudas históricas. Lo digo porque
yo creo que a veces una cifra muy abultada puede asombrar. ¿Por qué no
las damos de baja y hacemos todos los procedimientos para que no
prescriban? Para evitar la sucesión de empresas. Preferimos que una
empresa esté en nuestro registro como deudora siete o diez años, aunque
aparentemente haya desaparecido, para que no nos surja en otro momento
otra empresa similar a ella, pudiéndose dar la sucesión de empresa. Es
una garantía para evitar una situación de fraude mantener esa deuda
histórica. Podría ser más fácil hacer unos procedimientos rápidos de
cobro ejecutivo y, al no existir la empresa, darla de baja. Pues bien,
como hay posibilidades de sucesión de empresas, que desaparece una
empresa y aparece otra que realiza la misma actividad, no eliminamos esta
deuda, porque entonces la tendrá que pagar en el momento actual la
empresa nueva, que es una sucesión de empresa. Si ya la hubiéramos hecho
desaparecer del registro, por decirlo de alguna forma, si la hubiéramos
quitado como deudora a la Seguridad Social, no podríamos cobrarla. Por
tanto, creo que es importante que cuando se hable de la deuda histórica
se esté pensando que la Seguridad Social, a diferencia a lo mejor de otra
administración, acumula históricamente las deudas con la finalidad de que
en su mayoría no prescriban y se mantengan vivas. Insisto en que es un
elemento de seguridad en la gestión de los obligados al pago frente a la
Seguridad Social.

Decía el representante de Izquierda Unida que hiciéramos llegar a los
ciudadanos el esfuerzo que se está haciendo. Lo intentaremos. Pero creo
que hay un instrumento --aunque no está presente lo digo para que quede
constancia-- a través del cual intentamos hacerlo llegar, y es el mejor
instrumento, los interlocutores sociales, que nos controlan mes a mes en
comisión ejecutiva y trimestre a trimestre en consejo general. Para poner
de manifiesto la percepción de la mejora en la gestión hay que decir que,
en los últimos tres años, a propuesta de los interlocutores sociales --y
consta en las actas--, se felicita a los funcionarios de la Seguridad
Social --no a los directivos, evidentemente, a los funcionarios-- por la
buena gestión realizada cada año. Por tanto, queda constancia entre los
sindicatos y los empresarios, y es una propuesta conjunta de todos los
interlocutores sociales: UGT, Comisiones Obreras, ELA-STV, CEOE y CEPYME,
en definitiva, todos los los componentes por unanimidad del Consejo
General, insisto, en los últimos tres o cuatro años en que estamos
avanzando en la modernización de la gestión. Hay algo que podría tener un
mayor calado. Es verdad que es más difícil decir las cosas que se hacen
bien que las cosas que a lo mejor tienen un fallo, y eso por una razón
que creo que es evidente y que recogía la advertencia que me hacía el
representante de Convergència i Unió, que necesariamente un gestor no
puede quedarse ensimismado en las cosas que se van haciendo bien y tiene
que prever los retos que en el futuro se van a producir. La observación
de la realidad es que la población digiere fácilmente los avances en la
gestión y plantea de inmediato nuevos retos o demandas de prestación de
servicios.

En cuanto al patrimonio, sobre el que me preguntaba la representante del
Grupo Popular, no estuvo regulado nunca y actualmente ya lo está por el
Decreto 1.221 del año 1992, de 9 de octubre, en donde por primera vez se
da un tratamiento homogéneo a todas las cuestiones que se plantean. Por
tanto, tenemos un campo normativo ya cubierto donde existía una amplia
laguna.

En cuanto a la referencia al reglamento de recaudación y la orden,
nosotros tenemos, como siempre, y por aquello que decía el representante
de Convergència i Unió, la idea de que no se ha terminado aquí la gestión
de la Seguridad Social; tiene multitud de vertientes para ser mejorada y
para caminar en algo que sin duda hay que hacer. Pero una de las
cuestiones que tenemos pendiente es cómo en los bienes acumulados, muchas
veces por embargo, evitamos la práctica del subasteo. Es decir, cómo
evitamos caer en la práctica de las subastas --que sucede en todos los
ámbitos públicos e incluso en entidades financieras privadas-- que en mi
opinión dejan mucho que desear, aunque legalmente estén muy bien
articuladas, pero a precios muy económicos. No me atrevería a decir que
hay una mafia, pero es cierto que hay una práctica particular privada
complicada en todo el proceso de subastas. Nosotros estamos haciendo la
modificación del rango normativo adecuado si se fuese a una ejecución en
venta diferente a la de subasta, que no es el mejor método para una
entidad pública ni para una entidad financiera, desgraciadamente, con la
práctica que hay en el mercado en ese sentido. Por tanto, tendremos que
abordar algún tipo de solución.

En cuanto a la mayor simplificación, en la Ley 26 del año 1985,
vulgarmente llamada ley de pensiones, de doce regímenes se pasó a seis
regímenes en la Seguridad Social. Tema muy importante. Con la experiencia
de asimilar los distintos regímenes: toreros, representantes de comercio,
etcétera, dentro del régimen general, hay que ir con mucha prudencia
porque, si no, al final se convierten dentro del régimen general en
regímenes especiales con las mismas características que en los regímenes
anteriores. Por consiguiente, creo que hay que caminar con mucha
prudencia y con mucha transitoriedad. Participo plenamente de lo que se
opina en el Ministerio de Trabajo respecto a que debería dirigirse --me
alegra la afirmación de S. S.-- a dos regímenes de Seguridad Social:
trabajador por cuenta ajena y trabajador por cuenta propia y en un
sistema público de pensiones nada más. Ello podría ser articulado por
todos los miembros de la Ponencia de reforma del Régimen



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Especial Agrario, en el Senado, si lo considerasen transitorio para que
los agricultores estuviesen o en el régimen por cuenta ajena o en el
régimen por cuenta propia. Ese es uno de los grandes objetivos que ha
tenido el Partido Socialista desde el año 1982: simplificar los regímenes
especiales y convertirlos en dos: trabajadores por cuenta ajena y
trabajadores por cuenta propia. Por tanto, esa coincidencia creo que es
plena, pero pienso que es necesario ir con toda prudencia porque, si no,
podríamos incrementar drásticamente la presión contributiva de los
agrarios, por lo que, repito, habría que hacerlo con prudencia a lo largo
del tiempo y habría que considerar también el régimen de hogar, que tiene
un planteamiento que no podría resistir la presión contributiva del
régimen general o del régimen de autónomos. En definitiva, como filosofía
creo que hay una plena coincidencia.

En cuanto a los socios administradores el tema es más complejo. ¿Qué es
lo que ha hecho la Seguridad Social? Ni más ni menos que poner en vigor
una consolidación de sentencias que se han ido produciendo por los
tribunales, no otra cosa. No ha modificado. Y lo ha hecho por resolución
de la Dirección General de Ordenación Jurídica. Es verdad que hay
circunstancias de varios órdenes, entre ellos la de prestación de
desempleo, pero también hay aspectos fiscales que no competen a la
Seguridad Social. El problema es más complicado. Pero lo que hemos hecho
es adecuar la normativa y la práctica de la Seguridad Social a las
distintas sentencias que se han ido produciendo en este campo. Hay que
señalar que una resolución aclaratoria de la Dirección General de
Ordenación Jurídica indicaba que no se verían perjudicados aquellos
socios que estaban en un régimen y que ahora deben estar en otro en
cuanto a sus expectativas y capacidad de mejora de las pensiones. Por
consiguiente, si es en relación con el tema de las pensiones está
resuelto. Honradamente creo que es muy difícil que puedan tener derecho a
prestación por desempleo; creo que no pueden tener derecho a prestación
por desempleo.

Respecto al verdadero déficit (sobre las deudas le contesto exactamente
lo mismo que al representante de Convergència y Unió) quiero hacer
solamente una precisión terminológica: ¿Cuál es el déficit de la
Seguridad Social? Yo creo que aquí hay una gran mentira o una gran
imprecisión terminológica. ¿El déficit de la Seguridad Social se asocia a
la transferencia del Estado a la Seguridad Social? No; evidentemente no.

Sería algo verdaderamente equívoco cuando la Ley General de la Seguridad
Social, incluso la que está aprobada por el texto refundido de 1974,
prevé que el Estado tenga que aportar a la Seguridad Social, como una de
las fuentes originarias de ingresos; cuando la reforma de la estructura
financiera del año 1989 en la Ley de Presupuestos, y si no recuerdo mal
en el artículo 9, establece que la Seguridad Social se financiará de
determinadas formas en cuanto a la asistencia sanitaria. Digo esto porque
se utiliza generalmente la transferencia del Estado como una aportación a
cubrir la insuficiencia. Esto no es cierto; si no, no se hubiera
producido aquella disminución de tipos de cotización del 32,3 al 29,3 en
el período 1982/1994. Por tanto, creo que el déficit de la Seguridad
Social habrá que precisarlo diciendo que si en los seis últimos años --no
incluyo 1993-- se han producido excedentes, no se ha producido déficit.

Cuando sí se ha producido una insuficiencia de ingresos, y
consiguientemente déficit, por primera vez en muchísimos años es en 1993
y en breve tendremos el dato cierto porque hay que presentar a esta
Cámara las cuentas y balances del año 1993. Situación que afortunadamente
--avanzo a SS. SS.-- espero no se produzca en el año 1994, que se cumplan
los presupuestos, porque en los últimos meses, enero, febrero, marzo y
abril, hemos tenido un incremento del número de afiliados a la Seguridad
Social de 171.000. Por cierto que es el mayor crecimiento --supongo que
todo el mundo se alegrará-- en los últimos cuatro años en los meses de
febrero, marzo y abril, incluyendo el año 1991. Esperemos que esa
tendencia tan positiva se consolide y se produzca también en los meses
siguientes. Evidentemente, con el mayor crecimiento de la recaudación
ejecutiva y también con la ejecución de los presupuestos en la voluntaria
espero que 1994 ya no sea igual que 1993.

Respecto a que el INSS está más avanzado o, dicho de otra forma, que la
Tesorería está más atrasada en el proceso informático, yo creo que no. Es
una percepción. La verdad es que el INSS lo tiene más sencillo porque es
la gestión de prestaciones y la Tesorería General realiza un conjunto de
volúmenes que podríamos decir que es la equivalente a la Agencia
Tributaria y a la Dirección General del Patrimonio e incluso a las
oficinas pagadoras de los distintos ministerios. No cabe la menor duda de
que la Tesorería General tiene entre sus manos un volumen de actividad
impresionante. Pero también hay que decir que el Centro de Control de
Recaudación, además de tener ordenadores en todas las direcciones
provinciales tiene dependiendo de la Tesorería General la Gerencia
Informática. La Gerencia Informática es el mayor parque informático de
todo el Estado, incluyendo cualquier área pública. No he hecho referencia
a la Gerencia Informática por no aludir a la gestión de redes y a la
gestión de bancos de datos; solamente me he referido a aquella gestión
informática que tenía una relación directa con el producto final, con lo
que obtienen los ciudadanos. Pero yo creo que no. Yo diría, si me permite
el símil, que el INSS está en una tercera generación y la Tesorería está
empezando a avanzar ya en la cuarta generación de gestión. Es
espectacular. Yo invito a todos los miembros de esta Comisión --lo
podríamos articular-- para que conozcan los procedimientos de gestión de
la Tesorería General y vieran en el Centro de Control de Recaudación
todos los procesos que están en el proyecto RED y todos los procesos de
archivo automatizado. Por darle un ejemplo, donde antes teníamos 600
personas en el manejo de papel (y yo creo que S. S. lo conoce)
actualmente un archivo inteligente lo utilizan y manejan dos personas.

Son millones y millones de documentos TC-1 y TC-2, cuyo manejo y archivo
resulta muy complicado.

La Tesorería General, insisto, está avanzando a un ritmo que me atrevería
a decir que es puntero --y así nos lo dicen los especialistas-- en todos
los sistemas de gestión de la Seguridad Social. Se lo digo porque
técnicos de la Tesorería han estudiado y han estado presentes en la
gestión informatizada de todos los sistemas importantes del



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mundo, incluyendo el norteamericano. Nosotros estamos más cerca del
norteamericano, que gestiona un volumen de 300 millones, que de los
centroeuropeos que gestionan menos volumen. Insisto, si el Presidente lo
estima oportuno, y concreto la invitación a los miembros de esta Comisión
para que giren una visita y conozcan lo que es la gestión de circuito
financiero, la gestión de todo el proceso de recaudación. Tendríamos el
honor de recogerles y trasladarles al Centro de Control de Recaudación de
Torrejón de Ardoz y en una mañana podrían estudiar, analizar y darse
cuenta de los niveles de gestión e informatización de la Seguridad
Social.

En cuanto a la posibilidad de las empresas de presentar información
complementaria, no sé si hay aquí un pequeño error. La llamada ley de
acompañamientos de la Ley de Presupuestos introdujo la modificación de
que si una empresa no presentaba la documentación tenía un recargo,
además de los recargos de mora, si mal no recuerdo, del 35 por ciento, y
se indicaba que si la empresa presentaba después la documentación se
reducía este 35 por ciento. Eso está ya en vigor a partir de enero de
1994. Es, ni más ni menos, una apelación, que ahora voy a subrayar, para
evitar el fraude a la Seguridad Social, que es un fraude a los
trabajadores, y también el fraude que supone la economía sumergida. Fue
un primer paso. Debería recoger claramente los perceptores de este
mensaje que el no presentar la documentación a la Seguridad Social, ya en
vigor, lleva además de los intereses de recargo, además del recargo de
mora, un 35 por ciento más. Pero, como ha señalado muy bien S. S., se han
hecho las gestiones para que en la futura modificación del Código Penal
se incluya el delito contra la Seguridad Social, que, si el proyecto sale
como inicialmente se ha redactado, supondrá que una deuda anual de más de
quince millones de pesetas sea un delito fiscal. Por consiguiente, se lo
tienen que pensar muy bien aquellas áreas de economía sumergida que
puedan estar afectadas por esta circunstancia. Va a ser un elemento
importante de lucha contra el fraude si esta Cámara y el Senado aprueban
ese proyecto de reforma del Código Penal en el área de la Seguridad
Social.

Se ha referido al personal. Yo, como Secretario General, estoy
permanentemente insatisfecho. Quisiera pagar mejor a todos los
funcionarios. Y quiero que conste aquí que creo que son, sin menoscabo de
ninguno, de los mejores funcionarios que tenemos en el sector público. No
me atrevo a decir que están en el primer escalón, porque no sería
apropiado, pero de los mejores porque hacen una gran labor de equipo,
tienen una gran profesionalización y están muy identificados con la labor
social que realizan en su función. Por consiguiente, todo lo que sea
mejorar sería extraordinariamente acogido por mi parte. Es cierto que el
clima de austeridad en los presupuestos no ha favorecido la actualización
de la relación de puestos de trabajo. Y como yo no me caracterizo --y lo
saben los funcionarios-- por irles prometiendo mes a mes, les he dicho
que desde hace un año que no era el momento para actualizar la relación
de puesto de trabajo, pero que en una situación de menos austeridad se
afrontará prioritariamente la actualización de la relación de puestos de
trabajo. Hemos hecho algunos esfuerzos, vía productividad, para mejorar y
suplir algunas circunstancias; lo hicimos con los informáticos, con los
directores provinciales y con los letrados. En el momento actual los
letrados tienen un plus de productividad que les compensa una retribución
que creo que es insuficiente, no sólo la retribución sino la
cualificación. Por tanto, en una futura reforma de la relación de puestos
de trabajo será uno de los tantos colectivos de la Seguridad Social que
tiene que ser mejorado. Creo que es verdad que todos los funcionarios del
Ministerio de Trabajo no tienen los mayores niveles retributivos, sino
que están más bien en la escala más baja. Pero ha sido por un criterio de
gestión austera que concretamente ha imperado en la dirección de ese
Ministerio, no sólo actualmente sino antes y antes. Me atrevería a decir
(lo sé porque trabajo en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
desde el año 1978) que esencialmente se ha tenido una gran prudencia para
que los gastos de gestión, sean informáticos o de gestión de personal, se
ajusten a lo que debería ser la gestión de una protección social.

Quiero señalar --y con esto termino-- que en este sentido en el
presupuesto de 1994 todos los gastos de gestión del Instituto Nacional de
la Seguridad Social no sobrepasan los 60.000 millones, con un volumen de
gestión de 6,3 billones de pesetas. Si lo comparamos con el total del
sistema es el 0,60. Por ponerle un ejemplo, si mal no recuerdo, las
gestoras de los fondos de pensiones reclaman como gastos de gestión el
2,6 por ciento. Se está gestionando bastante más económicamente en el
INSS y en la Tesorería, incluyendo ambos gastos, que en cualquier esquema
de gestión privada. Por darle otra referencia le diré que las mutuas de
accidentes de trabajo están en gestión en un 10 por ciento frente a ese
0,60 por ciento del INSS; pero eso es algo que nos reclama la Cámara: que
gestionemos con mucha economía, con mucha eficiencia. También podemos
hablar de las empresas de seguros, que están en porcentajes parecidos a
los señalados en relación con las mutuas. Podemos añadir que disponemos
de unos 14.000 funcionarios en el INSS, si mal no recuerdo, para
gestionar 6,3 billones, una nómina de 6,7 millones de pensionistas, 2,2
millones de perceptores de prestaciones familiares, 1,7 de subsidios de
ILT, es decir, repito, 6,3 billones, y las mutuas de accidentes de
trabajo disponen de doce mil y pico empleados para gestionar 400.000
millones de pesetas. Por cierto, señoría, estamos gestionando con una
gran austeridad de medios. Lo que le puedo decir es que cualquier
programa adicional que nos demande la sociedad y que tengamos que mejorar
pasará por el filtro ineludible, al menos mientras yo esté, del análisis
coste-beneficio para que, concretamente, a aquellos que deben ir los
recursos del sistema los sigan recibiendo en plenitud, como en el momento
actual; es decir, las transferencias a familias, que suponen el 75 por
ciento de todo el dinero de Seguridad Social, sin dejar de reconocer y
apoyar que cualquier mejora retributiva de los funcionarios de la
Seguridad Social, concretamente los que dependen de mí, del INSS, del
Instituto Social de la Marina y de la Tesorería General, porque se lo
merecen extraordinariamente por su trabajo, por su profesionalidad y,
repito, lógicamente apoyaré esa propuesta.




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El señor VICEPRESIDENTE: Gracias, señor Secretario General para la
Seguridad Social.

Con esta información adicional del compareciente damos por cumplimentado
el primer punto del orden del día. Quiero agradecer, en nombre de la
Mesa, al señor Secretario General la invitación oral que ha formulado en
relación con esa eventual visita a las instalaciones correspondientes a
centros directivos y organismos de la Seguridad Social que él dirige. Le
rogaría que, si lo tiene a bien, formalizara por escrito esa invitación
para que también de manera formal esta Mesa pudiera, de acuerdo con los
portavoces de los grupos parlamentarios representados en la Comisión, dar
la respuesta que proceda, sin perjuicio, insisto, de agradecerle por
anticipado esa invitación.




--PARA HACER BALANCE DEL CUMPLIMIENTO POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE
TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS
REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL NUMERO 2 DE LA ADICIONAL DECIMOCUARTA DE LA
LEY DE PRESUPUESTOS PARA 1990, UNA VEZ CUMPLIDO EL PLAZO DE 3 AÑOS
ESTABLECIDO EN EL NUMERO TRES DE LA MISMA. A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de
expediente 212/000332.)



El señor VICEPRESIDENTE: Como está claro que el señor Jiménez desea
proseguir sin solución de continuidad, vamos a pasar al segundo punto del
orden del día que es también una comparecencia del señor Secretario
General para la Seguridad Social, solicitada en este caso por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, a
cuyos fines le doy la palabra.




El señor SECRETARIO GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Jiménez Fernández):
Se formulaba una pregunta relativa a si se había cumplido el apartado
número 2 de la disposición adicional decimocuarta de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 1990 en relación con las mutuas de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Efectivamente, la disposición adicional decimocuarta de la Ley, en su
apartado 2, modificó el artículo 203 de la Ley General de la Seguridad
Social en el sentido de que, para constituirse y desarrollar la
colaboración en la gestión a que se refiere el artículo anterior --se
refería a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en la
gestión de prestaciones por accidentes de trabajo--, las mutuas habrían
de reunir los siguientes requisitos: uno, que concurran como mínimo 50
empresarios y 30.000 trabajadores esencialmente.

Pues bien, además del apartado 2 de esa disposición adicional
decimocuarta, el apartado 3 señalaba que las mutuas de accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales que estén autorizadas para colaborar
en la gestión de la Seguridad Social y no reuniesen o reúnan las
condiciones con los mínimos de empresarios asociados y/o trabajadores
protegidos --a que se refería el artículo 203 modificado-- habrán de
adecuarse a lo dispuesto en el mismo en el plazo de tres años a partir de
la fecha de entrada en vigor de esta Ley. El plazo finalizó,
consiguientemente, en 1993.

Quiero señalar que las modificaciones normativas contenidas en la
disposición adicional citada venían a prestar un nuevo impulso a un
proceso que ya estaba en marcha desde hacía bastantes años anteriormente
y dirigido a propiciar un redimensionamiento del sector de mutuas, con la
finalidad de lograr una mejor cobertura protectora de los trabajadores y
garantizar esa protección.

Se había podido constatar que la excesiva atomización del sector,
incluida una cierta tendencia al gremialismo, dificultaba esas mejoras
protectoras e incluso, en algunos supuestos, ponía en peligro la
protección por falta de solvencia de alguna de aquellas mutuas. Hay que
recordar que había mutuas con 2.000 trabajadores protegidos en los
tiempos actuales.

Así, desde 1983 a 1989, antes de la modificación señalada, se había
logrado pasar de 169 mutuas a 110 mutuas por impulso de la Secretaría
General de la Seguridad Social, con una reducción importante,
consiguientemente, de su número y un incremento de su solvencia. Pero
creíamos que, aun así, era necesario continuar avanzando en este proceso
que estaba prácticamente ya estancado, motivo por el cual se hacía
necesaria una reforma normativa que le prestara, en mi opinión, nuevos
impulsos.

En el año 1989, de las 110 mutuas existentes, 69 aún contaban con menos
de 30.000 trabajadores protegidos y 14 solamente tenían entre 30.000 y
50.000 trabajadores.

El cambio normativo efectuado en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado de 1990, modificando la redacción de la Ley General de la
Seguridad social, dio plenos resultados, cumpliéndose, dentro del plazo
establecido --1993--, los nuevos requisitos exigidos, de manera que, a
finales de dicho año, el número de mutuas se situaba ya en 41, ninguna de
las cuales protegía a menos de 30.000 trabajadores y de las que sólo ocho
estaban en el tramo de 30.000 a 50.000, superando a las restantes de
dicha cuota. En consecuencia, el cumplimiento de la norma legal dentro
del plazo establecido ha sido prácticamente satisfactorio.

En el momento actual --abril del presente año-- se puede decir que este
proceso ha tenido su continuación hasta situar el número de mutuas en 37,
recordando que en 1983 había 169. Si tomamos un período temporal más
amplio y comparamos los datos referidos al año 1983 con los actuales, nos
encontramos que el sector de mutuas ha sufrido la siguiente redimensión.

El número de mutuas ha pasado de 169 a 37; de 148 mutuas con menos de 50
trabajadores a sólo 6; ninguna, evidentemente, con menos de 30.000. De 11
mutuas, entre 50 y 100.000 trabajadores protegidos, a 13. De 8 mutuas,
entre 100.000 y 500.000 trabajadores protegidos, a 16. De dos que
existían en el 83, de más de 500.000 trabajadores protegidos, a 5.




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Se trata ya, por tanto, de un conjunto de entidades en número mucho más
reducido y con la dimensión mínima adecuada para garantizar y mejorar la
protección de los trabajadores, no sólo en la acción reparadora de las
lesiones sufridas, como consecuencia de accidentes de trabajo que
requiere instalaciones sanitarias, y, consiguientemente, una de 2.000
trabajadores no tenía capacidad financiera para ello, sino también muy
significativamente en acciones preventivas con respecto a los mismos que
las mutuas tienen encomendadas.

Creo que es interesante señalar que, además, el proceso de adecuación de
las mutuas a los requisitos exigidos en la Ley de Presupuestos de 1990 se
ha llevado a cabo de forma no traumática, sin que en ningún supuesto haya
habido desprotección de los trabajadores ni tampoco disminución del
personal empleado. De 10.056 trabajadores que tenían en el 89 con 169
mutuas han pasado a 12.488 en 1992.

En consonancia con el incremento de evolución, este crecimiento del
número de empleos, el volumen de gestión experimentado, en conjunto las
mutuas abarcaban en 1989 un colectivo de 7,8 millones de afiliados y en
1992 dan una cobertura a 9,2 millones, con un volumen de cuotas que ha
pasado en esos años de 238.000 millones de pesetas a 357.000 millones de
pesetas en 1993.

¿Cómo se ha realizado este proceso de redimensionamiento tan drástico? Se
ha producido utilizando los mecanismos de fusiones o de absorciones.

Fusiones de mutuas ha habido 13 procesos desde 1990 hasta la fecha y
absorciones, por una mutua u otra, de 49 procesos en este período y en un
sólo caso se ha producido la disolución de una mutua, la de Maestros
Pintores, de carácter gremial y cuyo colectivo protegido era únicamente
de 2.200 trabajadores y que ha preferido disolverse antes que integrarse
o fusionarse con otra mutua.




El señor VICEPRESIDENTE: El Grupo parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya es el que ha solicitado esta segunda
comparecencia, y para intervenir en su nombre tiene la palabra la señora
Rivadulla.




La señora RIVADULLA GRACIA: Señor Secretario General, nuestro Grupo
consideró oportuno convocarle para que nos informara sobre todo este
nuevo sistema de las mutuas de trabajo y enfermedades profesionales.

Usted nos ha dado cuenta del nivel de cumplimiento del punto 2 de la
disposición adicional decimocuarta en cuanto al cumplimiento de los
requisitos, pero yo quisiera hacerle algunas preguntas puntuales en
relación a este proceso.

Por lo que usted nos ha dicho, efectivamente, no queda ya ninguna empresa
que no cumpla las condiciones requeridas en el punto número 2, pero ¿qué
valoración hace el Ministerio en relación con este proceso tan fuerte que
se ha producido de fusión y absorción de empresas-mutuas? ¿Qué
repercusiones considera que ha tenido en el campo de la asistencia
sanitaria y de los gastos corrientes?
En su anterior comparecencia ya ha dado una relación respecto a la
comparación entre el sistema privado de mutuas y el INSS, pero quisiera
que me concretase un poco más en qué relación se encuentran los gastos
corrientes de estas empresas-mutuas después del proceso de absorción y de
fusión con referencia al sistema público del INSS.

La misma disposición adicional decimocuarta prevé un sistema de
auditorías anuales. En relación con estas auditorías, ¿nos podría
informar qué resultados han dado en el terreno económico?
Asimismo, también le solicito información sobre el grado de cumplimiento
de las incompatibilidades que prevén los puntos 9, 10 y 11 de la
disposición adicional decimocuarta y respecto también a las medidas
cautelares que la misma disposición adicional contempla en el punto
número 6.




El señor VICEPRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que desean intervenir?
(Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Camps
Devesa.




El señor CAMPS DEVESA: Quiero, en primer lugar, agradecer la
comparecencia del Secretario General para la Seguridad Social, así como
los datos, aunque en principio sólo era uno el que se solicitaba por el
Grupo Popular en este caso, en concreto respecto a la disposición
adicional decimocuarta, punto 2: lo que podíamos denominar --y él mismo
así lo ha denominado-- el redimensionamiento de las mutuas de accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social. Esto, a
nuestro juicio, ha sido satisfactorio y, evidentemente, estamos dentro de
los marcos legales que se establecían en dicha disposición adicional en
su punto 2, lo que denota, al menos a nuestro juicio, lo acertado de los
parámetros utilizados. Si no hubieran sido los adecuados, ahora
estaríamos en un momento de incumplimiento y, evidentemente, poniendo en
riesgo la viabilidad del sistema de mutuas y, por tanto, la cobertura a
los asegurados.

Pero por el hecho de que los parámetros hayan sido los adecuados no deja
de ser, a nuestro juicio, incorrecto lo que en ese momento ocurrió
mediante estas disposiciones adicionales de la Ley 4/1990, de
Presupuestos Generales del Estado: que operaron sobre lo que era el
objeto material de las mutuas con una compleja técnica jurídica, que, al
menos a nuestro juicio, resulta criticable y que se ha utilizado hasta
nuestros días. Se reformaron varios artículos de la Ley General de la
Seguridad Social, pero también hay ciertas previsiones en dicha
disposición adicional que quedan incorporadas al ordenamiento en una
norma con rango de ley, como fue la Ley 4/1990, asistemática y diversa en
relación con lo que son las normas de Seguridad Social, aparte de que el
contenido de dicha ley no era innovador, sino el resultado de elevar a
rango de ley algunas previsiones hasta entonces reglamentarias, al tiempo
que ciertas prescripciones que también se recogen en dicha disposición
adicional inciden de forma directa sobre el sistema hasta ahora vigente,
sobre el reglamento hasta ahora vigente de colaboración de las mutuas,
que es también norma reglamentaria, aparte de dicha disposición
adicional. Se alteró también, a nuestro juicio de forma poco clara, lo
previsto en la Ley 8/1988, respecto a las sanciones e infracciones de
carácter administrativo que podían



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imponerse a las mutuas, así como, de manera general, entendimos y
entendemos que no era una ley «ómnibus», una ley de Presupuestos
Generales del Estado, el encaje de esta reforma, que era necesaria y que
se produjo en dicho momento.

Por ello, señor Secretario General, todo parecía, y parece en estos
momentos, instar a una inclusión de dicho texto en un proyecto de ley,
así como es imprescindible a nuestro juicio --no sabemos si estará en
mente del Ministerio-- adecuarlo --ya se ha hecho mención por su parte en
la anterior comparecencia-- a lo que es el texto refundido de la Ley
General de Seguridad Social, que, evidentemente, se ve afectado.

Asimismo, es necesario el tan esperado reglamento de colaboración. En
este caso sí quiero formular una pregunta expresa: ¿qué previsiones tiene
en estos momentos el Ministerio respecto al futuro reglamento de
colaboración de las mutuas de accidentes de trabajo, que además es parte
importante de esta reforma en la que se incluye el redimensionamiento. Lo
cierto es que esta reforma, aunque jurídicamente es criticable cómo se
realizó, llevó hacia unos puntos fundamentales y a nuestro juicio
positivos, como fue la liberalización del sector en cuanto al ámbito
geográfico de actuación --se eliminó, fue una eliminación taxativa-- y la
supresión de la reserva de aseguramiento, lo que incluso ha traído la
creación de mutuas «ad hoc» únicamente de empresas públicas y que,
evidentemente, traen muchas posibilidades al sector de mutuas en orden al
negocio, por decirlo claramente. Esto también debe ir acompañado, y nos
parece lo adecuado, del incremento de los controles, uno de ellos el
punto central de esta comparecencia: el redimensionamiento. Al exigir un
mayor número de empleos y de trabajadores se aumentaba la viabilidad y el
número reducido de mutuas, que eran más fácilmente controlables desde los
poderes públicos.

Una pregunta que también me gustaría formular al señor Secretario es si
en esos progresos en tal dirección de control se tiene estudiado aumentar
el importe de la fianza que a día de hoy está regulado para las mutuas de
accidentes de trabajo. Junto con ello, y hago mención de las palabras del
anterior interviniente, de Izquierda Unida, se instaló también un sistema
de incompatibilidades, facultades fiscalizadoras de la Administración,
así como medidas cautelares que la autoridad laboral podía adoptar ante
situaciones irregulares de las mutuas. Me gustaría conocer cuál ha sido
su desarrollo durante todo este proceso de redimensionamiento de las
citadas mutuas. Sin embargo, creo que se le olvidó, en este proceso que
estamos comentando, un problema básico, a nuestro juicio, y del que se ha
hecho mención de manera indirecta por el propio Secretario General cuando
habla de las instalaciones sanitarias necesarias para el nuevo
funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo, no sólo en su área
preventiva (que son menos) sino en su área puramente asistencial, y es el
hecho de que hoy únicamente hay ocho mutuas, de las 37 existentes, que
tienen un hospital propio, y sólo hay dos mutuas que tienen una red
asistencial propia a nivel nacional. Ello trae consigo que se presenten
problemas de tipo jurídico, o al menos reconocidos por los Tribunales
Superiores de Justicia, como es el hecho de que se estén, no prohibiendo,
pero sí declarando nulos convenios asociativos de determinadas empresas
con ciertas mutuas por entender que la red asistencial de dicha mutua no
es suficiente en el ámbito geográfico que se quiere contratar; de esa
manera hemos eliminado el ámbito geográfico de la disposición adicional
de 1990, pero nos estamos encontrando con que la jurisprudencia de los
Tribunales Superiores de Justicia lo están volviendo a imponer, si bien
con un criterio distinto, basándose en la red asistencial y no ya en el
criterio de la obligación formal en virtud de ley de un ámbito local
provincial o superior autorizado para ello.

A mí me gustaría conocer las previsiones, si es que en este momento se
pueden realizar por parte del Secretario General, con respecto a lo que
es la red asistencial de las mutuas y su adecuación a su
redimensionamiento y a su funcionamiento dentro del sistema de Seguridad
Social.

Es evidente que resulta importante la aprobación del reglamento que,
además, se debe adecuar a la actuación de las instancias rectoras de la
seguridad en los términos antedichos para proseguir la reestructuración
necesaria, a nuestro juicio, del sector de las mutuas de accidentes de
trabajo y de enfermedades profesionales, fortaleciendo sus estructuras
financieras que están en relación con una mejor viabilidad de las mismas,
y resaltar la incardinación de estas mutuas dentro del sistema de
Seguridad Social y su independencia de cualquier compañía que opere en el
ramo del seguro o de tipo mercantil. Es por ello que entendemos que
estamos en un camino adecuado, que podemos mejorar en vía
técnico-jurídica lo que, a nuestro juicio, ya empezó mal con la Ley de
1990, pero que sus logros de hecho son positivos y que, además, las
mutuas, ya redenominadas, redimensionadas, reforzadas y estrechamente
tuteladas --todo hay que decirlo--, han mostrado una vez más su capacidad
para adaptarse a nuevas circunstancias, a lo que no es ajena su
trayectoria desde hace mucho tiempo. Evidentemente, quedan diversas
cuestiones de interés, de aclaración y de desarrollo por parte de ese
futuro reglamento de colaboración, a nuestro juicio muy importante. Sin
duda, cuando ese reglamento se apruebe, habrá llegado el momento de
plantearnos entre todos el hablar de un nuevo régimen jurídico de las
mutuas y de lo que ello puede traer consigo.




El señor VICEPRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Arnau, por el Grupo
Parlamentario Socialista.




El señor ARNAU NAVARRO: Muy brevemente, señor Presidente.

La disposición adicional decimocuarta de la Ley de Presupuestos de 1990
tenía por objeto una redimensión del sector de mutuas para procurar una
mejor cobertura de los trabajadores, porque, como ha dicho el señor
Secretario General para la Seguridad Social, la atomización y tendencia
al gremialismo podía poner en peligro la protección por las contingencias
de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Solamente
constatamos el cumplimiento de esta norma y el dato esclarecedor, más que
cualquier discurso, de que el número de mutuas haya pasado de 169 en 1983
a 37 en abril de 1994, y, además, que este proceso se



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haya producido sin ningún traumatismo para las mutuas, para las entidades
aseguradoras de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Agradecemos, señor Secretario General, su información y su comparecencia.




El señor VICEPRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario General
para la Seguridad Social.




El señor SECRETARIO GENERAL PARA LA SEGURIDAD SOCIAL (Jiménez Fernández):
Me preguntaba S. S. sobre la valoración de este proceso. Evidentemente,
es positiva. Es un proceso que hemos ido impulsando decididamente, y
solamente cuando nos hemos encontrado ante la falta de que ese impulso
pudiera continuar de forma voluntaria es cuando hemos hecho la
modificación de la reforma que contenía la Ley de Presupuestos de 1990,
también con un convencimiento --y con ello abordo una cuestión
posterior--, y es que era necesario quitar una limitación que a nosotros
nos parecía obsoleta y propia de otros tiempos. Por lo tanto, modificamos
también aquellas cuestiones que dificultaban el que una empresa tuviera
unas obras con el sector público y esos trabajadores tuvieran que estar
afiliados o cubiertos por el INSS y el resto de los trabajadores, por
ejemplo, en una mutua. Por consiguiente, hemos creído que todo el proceso
abordado en la reforma de 1990 era extraordinariamente positivo y, por
tanto, valoramos muy positivamente este esfuerzo. Creemos que hay que
hacer un poquito más. No le oculto que en el ámbito de la Secretaría
General creemos que debe continuar algo más y, sobre todo y
especialmente, en cuanto a seis mutuas que, aun cumpliendo los requisitos
legales, se sitúan en un tramo cercano a los 30.000. Creemos que, para la
protección que se debe otorgar a los trabajadores, es necesaria una
determinada dimensión y una determinada capacidad financiera. Se puede
poner el ejemplo, que yo he vivido desde hace mucho tiempo, de cómo una
mutua se encontraba en una situación casi de quiebra porque había tenido
un trabajador que desgraciadamente había fallecido y tenía que darle la
indemnización correspondiente. Un solo trabajador, con un accidente
mortal, desgraciadamente, ponía en quiebra o en situación de
inestabilidad financiera a una mutua. Eso era motivado por la escasa
dimensión del sector. Por lo tanto, me gustaría decir que desearíamos que
el número de mutuas se situase no en torno a 37, sino a 30. Por ahí
estamos trabajando con el conjunto del sector para ver si, vía fusiones o
absorciones, consiguen superar la dimensión más baja.

¿Qué repercusión ha tenido en la asistencia sanitaria? A mayor dimensión,
mayor capacidad de establecimientos asistenciales, sin la menor duda. Se
ponía de manifiesto por la última intervención, y es cierto: a mayor
dimensión, mayor capacidad de contener instalaciones propias o incluso
conjuntas y comunes a varias mutuas que se puedan gestionar
mancomunadamente.

En cuanto a los gastos corrientes, por decirlo con más precisión, los más
elevados, generalmente, los teníamos en las mutuas de menor dimensión, no
en las mutuas de mayor dimensión. Yo hacía una media de un 10 por ciento,
que en algunas mutuas grandes se sitúa o queremos que se sitúe en 9, pero
hay algunas mutuas pequeñas que se situaban en el 12 y en el 15 por
ciento. Por consiguiente, en cuanto a eficacia, mucha mayor, sin la menor
duda.

Hemos establecido en la reforma que todas las mutuas tienen que ser
auditadas por la Intervención General de la Seguridad Social, porque no
hay que olvidar que, por muy mutuas que sean, gestionan exclusivamente
fondos públicos, tan públicos como los del Ministerio de Educación. En
este sentido, no le podría hacer ahora el resumen, pero sí que es verdad
que en casi todas las auditorías el auditor hace observaciones sobre
imputación a gastos de gestión, si considera prácticas irregulares
comisiones a intermediarios, etcétera. Todo eso se va corrigiendo o se va
intentando corregir dentro de la gestión del sector de mutuas de
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. La auditoría es
imprescindible, como imprescindible es la inspección que hacen los
inspectores de Trabajo y de Seguridad Social, que tienen una actividad
«ad hoc» para revisar toda la gestión, no sólo en el orden económico del
sector de mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales,
porque están comprendidas, lógicamente, dentro del sistema de Seguridad
Social.

Yo creo que el grado de cumplimiento de las incompatibilidades es el que
prevé la ley. Si nos enterásemos de que no fuese así o tuviésemos alguna
denuncia, actuaríamos en consecuencia, el primero el inspector de Trabajo
que revisa anualmente la mutua; el segundo, los mismos auditores, que
tendrían que ponerlo de manifiesto y, en tercer lugar, concretamente, la
autoridad administrativa del Ministerio de Trabajo, que tiene encomendada
la tutela y vigilancia de ese sector.

Sin entrar en lo que puede ser un juicio de valor sobre la técnica
jurídica o no empleada, lo que es cierto es que, como se han modificado
los artículos correspondientes a la Ley General de la Seguridad Social,
quedan recogidos y actualizados o modernizados dentro del futuro texto
refundido del sistema de Seguridad Social.

Es verdad que hay un elemento muy importante pendiente, que lo tengo en
mi mesa hace mucho tiempo. Es el Reglamento. ¿Por qué no ha salido el
Reglamento? Porque en un momento dado, conociendo el anteproyecto de una
ley de riesgos laborales, pensando en que podía afectar al sector fui
prudente para ver si se perfilaba. Finalizó una legislatura y estamos en
otra, y es necesario conocer las líneas maestras por lo menos de la nueva
normativa en seguridad e higiene para ver qué tratamiento se da o si se
da algún tratamiento al sector de mutuas de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales. Cuando tenga conocimiento, habrá dos
opciones: o esperar a que salga y se apruebe dicho texto legal o, si no
le afecta grandemente, sacar el reglamento de colaboración; un Reglamento
que es clave, tan importante como las reformas establecidas en el año
1990 y que el sector lo conoce porque lo hemos discutido con el mismo
reiteradas veces.

Evidentemente, por aquello que decía de la dimensión de las mutuas,
solamente las más grandes tienen la posibilidad de tener instalaciones
propias a nivel de hospitales o redes a nivel de todo el Estado, pero
aquí hay que



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plantearse otra cuestión: cuando una mutua formula un deseo o una
solicitud de hacer una instalación sanitaria, el requisito clave --sin
perjuicio de que nosotros en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
evaluamos después todo el expediente y las posibilidades financieras que
tienen-- es el informe de la autoridad sanitaria. Si se refiere a
Valencia, será la Generalitat en su área sanitaria, o Cataluña, o el País
Vasco, o Andalucía la que nos dice la conveniencia o no para evitar que
haya solapamientos, o una infrautilización de un hospital, o la
implantación de un hospital en una zona que no corresponde porque haya
otras redes públicas. En consecuencia, este requisito va dirigido
esencialmente a una utilización más eficaz de la red pública, porque al
final es red pública y es patrimonio de la Seguridad Social la inversión
de la mutua, y en ese sentido tenemos muy en cuenta el informe de la
autoridad sanitaria para autorizar o no autorizar, y, entre otras cosas,
porque tenemos la experiencia de centros en los que en algún tiempo
alegremente algunas mutuas invirtieron; por poner un ejemplo diré un
centro que había en Ubani, en Navarra; dijeron que era la clínima mejor
de Europa y, sin embargo, tuvo que cerrar prácticamente o quedársela la
comunidad autónoma porque no había forma de darle ocupación. Para evitar
esas ineficiencias en la gestión de recursos de otros tiempos es por lo
que pedimos el informe de la autoridad sanitaria, y después nosotros
evaluamos si desde el punto de vista financiero tiene la capacidad para
hacer esa inversión.

Coincido plenamente en que las mutuas deben tener una fortaleza
financiera. Le avanzo que mi intención es actualizar la cuantía de la
finanza, y le avanzo que mi intención es posiblemente actualizar los
niveles de reserva con la finalidad, esencialmente, de que tengan una
fortaleza financiera, máxime ahora en donde, a través de la última Ley de
Presupuestos, se les ha abierto un campo de actuación nueva a las mutuas,
aprobado por esta Cámara, que es la gestión de la ILT de los autónomos.

Por consiguiente, son entidades colaboradoras de la Seguridad Social,
porque también en aquella reforma del año 1990 se cambia la denominación
de las mutuas, y fue un cambio importante, porque a partir de entonces se
denominan mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de
la Seguridad Social. Por ese planteamiento de gestión de fondos públicos,
por mi parte creo que es necesario fortalecer el sistema financiero y
creo que es un sector que puede jugar un papel muy importante en el
sistema de Seguridad Social. (La señora Rivadulla Gracia pide la
palabra.)



El señor VICEPRESIDENTE: Señora Rivadulla, los usos y costumbres de esta
Comisión son que no procede turno de réplica. El turno excepcional
previsto en el Reglamento no ha sido utilizado normalmente en esta
Comisión, y yo, ejerciendo en funciones la Presidencia, no quiero romper
esos usos.

Antes de levantar la sesión, quiero recordar a los miembros de la MESA y
a los portavoces que nos reuniremos en esta misma sala para fijar el
orden del día y la fecha de la próxima reunión de la Comisión, por lo que
les ruego que no se ausenten.

Muchas gracias, señor Secretario General para la Seguridad Social.




Se levanta la sesión.




Era la una y treinta minutos de la tarde.