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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 197, de 09/05/1994
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1994 V Legislatura Núm. 197
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA
PRESIDENTE: DON JOSEP PAU I PERNAU
Sesión núm. 12
celebrada el lunes, 9 de mayo de 1994
ORDEN DEL DIA:
Debate y aprobación, en su caso, del informe elaborado por la Ponencia
Especial para estudiar la reforma del actual sistema del Plan de Empleo
Rural (PER) y el subsidio agrario. (Número de expediente 154/000005.)
Se abre la sesión a las cinco y cinco minutos de la tarde.
El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, señorías. Se inicia la sesión.
Como saben SS. SS., el Pleno del Congreso de los
Diputados aprobó, en su día, una moción consecuencia de interpelación por
la que se instaba la creación de una comisión que elaborase un informe
sobre la reforma del actual Plan de empleo rural y del subsidio agrario.
En la misma moción se aprobó un plazo de dos meses y medio para que dicho
informe estuviera concluido. En ese sentido, pues, y así se indicaba en
el telegrama que han recibido SS. SS., inicialmente estaba convocada en
el día de hoy una sesión de la Comisión con la comparecencia del señor
Ministro de Agricultura para informar de los acuerdos del GATT y sus
repercusiones sobre la agricultura, y para aprobar el informe elaborado
por la Ponencia relativo al Plan de empleo rural y el subsidio agrario.
Por las circunstancias de todos conocidas, esta Presidencia, en consulta
con los
restantes portavoces, acordó dejar solamente este punto del orden del día
dado que preceptivamente teníamos que aprobar el informe en el plazo que
se había establecido en el Pleno del Congreso.
Si les parece, para la tramitación del debate y aprobación de este
informe, daría en primer lugar la palabra al ponente que se ha designado
para su presentación, luego a los grupos parlamentarios que han
presentado enmiendas al informe y después a los restantes grupos
parlamentarios para fijar la posición, si así lo desean, respecto a su
contenido. A continuación pasaríamos a la votación de las enmiendas y del
texto del informe. Como saben SS. SS., con posterioridad, los grupos que
deseen mantener algún tipo de enmiendas o votos particulares para
defenderlos en el Pleno tendrán un plazo de veinticuatro horas para
presentarlos en el registro de la Cámara.
La Ponencia ha designado al señor Roncero para presentar el informe.
Señor Roncero, tiene la palabra.
El señor RONCERO RODRIGUEZ: Como ya recordarán SS. SS., el Pleno del
Congreso de los Diputados, en sesión celebrada el día 22 de febrero de
1994, con motivo del debate de una moción consecuencia de una
interpelación del Grupo Popular sobre el Plan de empleo rural, en los
términos de una transacción propuesta por el Grupo proponente a una
enmienda formulada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, aprobó, con el apoyo de todos los grupos
parlamentarios, lo siguiente: El Congreso de los Diputados acuerda la
creación de una Ponencia especial en el seno de la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca, con participación de todos los grupos
parlamentarios con presencia en la misma, al objeto de estudiar la
reforma del actual sistema del Plan de empleo rural (PER) y el subsidio
agrario, concluyendo sus trabajos en el plazo de dos meses y medio; plazo
que está recientemente concluido y que esta Ponencia ha cumplido en sus
previsiones de trabajo y tiene aquí este informe para su debate y
votación en el día de hoy.
La Ponencia especial se constituyó el 10 de marzo de 1994 con la
siguiente composición: tres miembros del Grupo Socialista, tres miembros
del Grupo Popular, un miembro de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, un miembro del Grupo Catalán (Convergència i Unió), un miembro
del Grupo Vasco (PNV), un miembro de Coalición Canaria y un miembro del
Grupo Mixto.
La Ponencia celebró su primera reunión de trabajo el mismo día de su
constitución y, posteriormente, ha ido celebrando varias reuniones hasta
concluir los trabajos. Estas primeras reuniones estuvieron dedicadas al
establecimiento de las reglas internas de su funcionamiento, del método
de trabajo, fuentes de documentación e información, etcétera. Una de las
características a destacar, y que interesa mucho destacar a la Ponencia
en su conjunto, es la complementariedad de las propuestas efectuadas por
los grupos parlamentarios para la ordenación de los trabajos, por lo que
no ha sido necesario efectuar votación alguna para establecer el
calendario de reuniones, las relaciones de documentación solicitada y de
autoridades y personas llamadas a comparecer, así como el plan general de
trabajo. Es decir, han sido propuestas complementarias adoptadas de
consenso y de mutuo acuerdo, sin llegar en ningún momento a votación
alguna para establecer estos planes de trabajo y las comparecencias. Se
ha utilizado abundante documentación facilitada tanto por los servicios
de la Cámara como por la Administración y por los señores comparecientes;
documentación que figurará como anexos al informe, así como la relación
de comparecencias que se estableció con el criterio general de garantizar
el conocimiento de las opiniones de las administraciones públicas
concernidas y de la práctica totalidad de los agentes sociales,
profesionales y funcionariales que intervienen en la materia objeto del
estudio. La Ponencia quiere destacar y valorar muy positivamente los
informes orales expuestos por los comparecientes, cuya relación figura en
un anexo al propio informe, así como los escritos aportados por varios de
ellos, simultánea o posteriormente a sus comparecencias y que se recogen
en otro anexo. La Ponencia quiere agradecer expresamente el espíritu
constructivo con el que todos y cada uno de ellos han abordado los
problemas de la materia objeto de estudio, los problemas del sistema de
protección integrado conocido como Plan de empleo rural.
Una vez constituida la Ponencia y con este consenso y acuerdos iniciales,
el objeto del informe, conforme al acuerdo del Pleno de la Cámara citado,
ha sido el estudio en profundidad del sistema de protección de los
trabajadores eventuales agrarios de Andalucía y Extremadura, su
naturaleza, evolución, la estructura de los beneficiarios, el
funcionamiento y gestión del sistema y los mecanismos de control e
inspección del mismo. A partir de este análisis y de la evaluación de los
problemas que el sistema plantea, el informe formula distintas
recomendaciones dirigidas al perfeccionamiento tanto de su marco
normativo como de su gestión, inspección y control. La estructura del
informe se divide, pues, en varios apartados que vienen a abordar el
marco normativo vigente del sistema de protección integrado conocido como
PER en su origen y su evolución histórica. Aborda posteriormente el
análisis y la evolución del sistema, así como el control y la inspección
del mismo. Efectúa luego el informe una evaluación global del sistema y
una identificación de los problemas del mismo. Y, por último, plantea
unas conclusiones que recomiendan líneas de actuación al Gobierno y a los
agentes sociales para la reforma y las modificaciones pertinentes que
puedan mejorar el sistema. Voy a destacar muy brevemente algunos aspectos
de estos apartados del informe.
En cuanto al marco normativo es de destacar sus antecedentes y evolución
histórica. Hay que recordar que el inicio de la normativa sobre
protección de trabajadores eventuales agrarios en nuestro país data del
año 1970, de la Ley 41/1970, del denominado empleo comunitario, que sufre
una reforma en el año 1984 con la implantación de las bases del actual
sistema en el Plan de empleo rural, que sufre varios retoques a lo largo
de los años 1987-1989, y que sufre una reforma quizá más profunda en el
año 1990, como consecuencia de un acuerdo entre Gobierno y sindicatos,
que se produce el 20 de febrero de dicho año. Es un
sistema integrado de protección que tiene tres elementos, que son: el
subsidio agrario, el Plan de empleo rural y la formación ocupacional
rural. De todos son conocidos estos tres elementos. Quizá cabe destacar
de estas reformas la citada del acuerdo del Gobierno con los sindicatos
en febrero de 1990, que viene a introducir algunos aspectos más rigurosos
en cuanto a la segmentación de edades --los tratamientos diferenciados
por edades de los beneficiarios--, al tratamiento de las rentas
familiares y de las incompatibilidades en la percepción, y a la mayor
protección de los trabajadores de mayor edad. También una novedad
importante es la creación de los consejos comarcales para colaborar en la
gestión del sistema.
En cuanto al análisis y la evolución del sistema hay algunos datos que la
Ponencia estima relevantes para el conocimiento generalizado, puesto que,
como es conocido, ha existido cierta confusión en los análisis que desde
distintos medios se han podido hacer del sistema integrado PER. Conviene
recordar --y el informe así lo hace-- que, según los datos estadísticos
objetivos, respecto a la estructura de los beneficiarios en la media de
los diez años, primero, su media de beneficiarios se ha mantenido
estable, hay una media de 239.000 beneficiarios mensuales a lo largo de
los diez años de vigencia, con un mínimo en el año 1985 de 184.000, un
máximo en el año 1989 de 296.000, y una cifra en el año 1993 de 223.000.
Es decir, hay una estabilidad en el número de beneficiarios a lo largo de
los años. En cuanto a la distribución de los beneficiarios por la edad,
menores de 25 años hay en 1993 un 16,7 por ciento y un 83,3 mayores de 25
años. En cuanto a la distribución por sexo, había en el año 1984 un 10,65
de mujeres y en el año 1993 aproximadamente la mitad. Es decir, que se
refleja en esta estructura una estabilidad, como digo, en el número de
beneficiarios. Por otra parte, se refleja que el subsidio REA tiene un
marcado carácter protector de los colectivos más necesitados, de las
personas de mayor edad, que no ha conducido a la inamovilidad profesional
de las capas jóvenes, puesto que su porcentaje ha disminuido hasta esa
cifra del 16,7 por ciento, y ha contribuido a la incorporación al trabajo
y al sistema de protección de las mujeres.
Hay otros datos estadísticos objetivos, en cuanto a la evolución del
gasto público en el subsidio REA, que también son importantes destacar.
Es un gasto que ha pasado del año 1984 a 1993 de 42.130 millones a
100.745 millones, con un incremento interanual del 15,4 por ciento. Si
esto se compara con el conjunto de los sistemas de protección por
desempleo en nuestro país, cuya evolución ha sido pasar del año 1984 de
580.000 millones, redondeando, a 2,12 billones de pesetas, con un
incremento interanual del 29,6 por ciento, se ve que hay una diferencia
de 14 puntos de menor crecimiento en la evolución del gasto del subsidio
agrario, lo cual quiere decir que ha habido una contención importante del
gasto en el subsidio agrario y que se manifiesta en que del año 1984 al
1990 --si desagregamos los datos en tramos de años se ve más claramente
esta situación-- se pasa de 42.130 millones a 95.000, con un incremento
interanual del 21 por ciento, y del año 1990 al 1993, después de la
reforma pactada con los sindicatos, se pasa de 95.322 millones a 100.745,
con un incremento interanual de solamente el 1,9 por ciento.
Hay datos que voy a ahorrar a SS. SS., y que están en el informe, que
también permiten afirmar que la imagen de subsidiación que podría
desprenderse de algunas informaciones o algunos clichés de informaciones
sobre el subsidio agrario en Extremadura y Andalucía no es la realidad.
Esos datos suponen que mientras en Andalucía y Extremadura se dedicaron
en protección por desempleo, en 1993, 760.000 pesetas por parado, en el
resto de España la cantidad fue de 863.000, con un desequilibrio negativo
en perjuicio de estas dos comunidades autónomas y que representa una
menor protección inferior en 12 puntos porcentuales respecto al resto del
país. También, y a pesar del subsidio agrario que ha supuesto un
indudable mecanismo positivo de redistribución de rentas, en el período
analizado de su vigencia, en protección por desempleo, la aportación
económica total por desempleado para Andalucía y Extremadura ha crecido
notablemente menos que la del resto de España, el 24,4 por ciento anual
frente al 30 por ciento, lo que ha agravado en 1993 la diferencia
existente en 1984, a pesar de la existencia del subsidio agrario. Por
otra parte, el coste medio por beneficiario del subsidio agrario ha
pasado de 219.000 pesetas en 1984 a 450.000 en 1993. No obstante este
aumento, el coste total de la protección a los trabajadores agrarios
eventuales en las comunidades andaluza y extremeña, en relación al gasto
total en todas las prestaciones por desempleo, ha experimentado un
considerable descenso pasando a representar del 7,3 en 1984 al 4,7 en
1993.
Quizá la forma más gráfica de medir la importancia de la protección al
colectivo de trabajadores eventuales agrarios es comparar la tasa de
cobertura de la protección por desempleo en Andalucía y Extremadura
teniendo o no en cuenta el impacto de subsidio agrario. Ello significa
que la importancia relativa del subsidio agrario como elemento añadido a
la cobertura por desempleo de los demandantes de empleo en Andalucía y
Extremadura ha ido disminuyendo con el paso del tiempo, aportando en la
actualidad el subsidio agrario sólo la séptima parte de la cobertura del
desempleo, en la perspectiva ampliada que estamos utilizando de todos los
sistemas de protección, frente a casi la mitad que aportaba el subsidio
agrario en el año 1984. Son datos importantes que pueden objetivamente
romper esos clichés de subsidiación y de excesiva --entre comillas--
protección que han podido acuñarse respecto a la situación de los
trabajadores eventuales agrarios en Andalucía y Extremadura.
Otro elemento del sistema del que también conviene hacer alguna mención
específica de sus datos evolutivos es el Plan de empleo rural, que ha
tenido una evolución en estos diez años en que se ha invertido en obras
de infraestructura una cantidad aproximada de un billón de pesetas. El
mayor esfuerzo corresponde a las administraciones autonómicas, con una
cantidad algo superior al medio billón de pesetas. Los convenios
INEM-corporaciones locales suponen 160.000 millones de pesetas y las
inversiones de la Administración del Estado 337.000 millones de pesetas,
aproximadamente, es decir, hay que diferenciar y entender
claramente que cuando se habla de un billón de gasto en el Plan de empleo
rural se trata de inversiones en infraestructuras de las que 160.000 son
inversiones de convenios INEM-corporaciones locales para contratación de
trabajadores en estos convenios, medio billón son de inversiones de las
comunidades autónomas en esos planes de empleo rural, también con
contratación de trabajadores, y 337.000 millones son inversiones de la
Administración del Estado en esas comunidades autónomas con obras
afectadas al Plan de empleo rural. La mayoría de los dos millones de
contratos que se han producido en estos años, el 90 por ciento, se ha
debido a los convenios INEM-corporaciones locales, que han sido los más
efectivos en la generación de contratos, pero no es desdeñable la cifra
de contratos que ha producido el resto de inversiones, que es de un 10
por ciento. También es un dato significativo a destacar que sólo el 25
por ciento de los beneficiarios del subsidio acceden al mismo mediante
jornadas realizadas por el PER cuando antes de las últimas reformas esa
cifra casi se triplicaba y era alrededor del 70 por ciento. Es un dato
positivo de la evolución que han supuesto las reformas y la gestión del
Plan en los últimos años.
Por último, la tercera pata del sistema es el programa de formación
profesional ocupacional rural. El informe da las cifras absolutas y
posteriormente hablaremos de los aspectos negativos de la misma. Se ha
hecho un esfuerzo importante en formación, siendo los colectivos más
beneficiados los jóvenes menores de 25 años --un 60 por ciento del total
en Andalucía y un 63 por ciento en Extremadura-- y las mujeres, con una
media del 55 por ciento en Andalucía y 63 por ciento en Extremadura, con
una inversión, por ejemplo, en los últimos tres años de alrededor de
38.000 millones de pesetas. Ello no quiere decir, como luego apuntaremos
en las valoraciones finales del informe, que ese dinero y esa formación
se hayan rentabilizado al máximo como hubiera sido posible y como cabe
esperar si se introducen las reformas recomendadas.
El informe aborda a continuación, después de esta descripción de la
evolución de los elementos del sistema, la evolución del control y la
inspección que se ha producido en la gestión del sistema. Se describen
con bastante detalle los métodos de actuaciones directas a cargo de la
Inspección de Trabajo y también los controles indirectos que realiza el
INEM como órgano gestor del sistema. Cabe destacar, respecto a las
impresiones que también podrían haberse trascendido de clichés respecto a
posibles situaciones de fraude generalizado, que tanto los datos de la
propia Inspección de Trabajo en sus controles directos como los datos de
controles indirectos del INEM hacen ver, y así se manifiesta en el
Informe, que los porcentajes de irregularidades son mínimos respecto al
total de inspecciones realizadas y estadísticamente no son significativos
para poder hablar de fraude generalizado.
En cuanto a la evaluación del sistema el informe distingue dos partes.
Destaca, en primer lugar, los efectos positivos que el sistema de
protección integrado de los trabajadores eventuales agrarios, conocido
como PER, ha tenido en Andalucía y Extremadura y posteriormente
identifica los problemas que el sistema ha tenido y tiene en su
aplicación con el objeto de recomendar después, como decía al principio,
conclusiones de modificaciones que puedan mejorar el sistema y su
gestión.
Como aspectos positivos, muy brevemente, hay que tener en cuenta el
componente de elevada equidad social que ha tenido el subsidio y el
sistema PER en su conjunto al incidir con sus aportaciones directamente
en los trabajadores eventuales agrarios de Andalucía y Extremadura. Hay
que tener en cuenta también que se ha conseguido fijar la población al
territorio en estas dos comunidades autónomas, registrándose por primera
vez en 1986 un crecimiento positivo de la población. También que se han
mejorado infraestructuras básicas y la calidad de vida de la población
rural en virtud de las obras y servicios llevados a cabo en áreas como
infraestructuras básicas, centros sociales educativos, puesta en
actividad de terrenos baldíos, actuaciones de mejora en el medio ambiente
y apoyo a la economía social. El subsidio agrario ha supuesto un elemento
de protección adicional que ha permitido elevar las tasas de cobertura de
protección por desempleo en Andalucía y Extremadura, aproximándolas a la
media nacional.
Sin embargo, como decía, el sistema puede y debe sin duda ser mejorado y,
además, complementado con planes específicos tendentes a la creación de
empleos estables. Estos planes han de tener una componente estructural
estratégica mucho mayor, han de ser elaborados principalmente por las
autoridades y órganos representativos de las comunidades autónomas
respectivas y han de movilizar, de acuerdo con los nuevos planteamientos
sobre el mundo rural, auspiciados por las instituciones de la Unión
Europea en el medio y largo plazo, recursos e iniciativas que en muchos
casos habrán de proceder del sector privado. Para que ello pueda lograrse
es preciso, como decía también antes, identificar los problemas que sin
duda se manifiestan en este sistema de protección. Hemos dividido estos
problemas en función de las tres patas o tres elementos mencionados. En
relación con el subsidio cabe destacar, muy brevemente, los siguientes:
la inexistencia de un censo de trabajadores eventuales agrarios,
desconocimiento que ha llevado a la incorporación progresiva de algunos
colectivos no directamente vinculados a la actividad agraria. También se
ha detectado el desconocimiento de un censo de explotaciones agrarias,
así como de las necesidades cualitativas de mano de obra por comarcas y
épocas del año que precisa la producción agraria. Es decir, un
desconocimiento en su conjunto con estos dos factores del mercado de
trabajo en estas zonas, tanto en sus aspectos de oferta como de demanda y
en las producciones agrarias y su posible estacionalidad o distribución
geográfica.
Por otra parte, también se detecta que las relaciones laborales agrarias
y el funcionamiento del mercado de trabajo en el mundo rural no disponen
de un marco normativo procedimental adecuado. Esto posibilita, con
importantes dificultades de detección, la prestación de jornadas entre
subsidiados, el cómputo de jornadas no realizadas entre parientes o el
falseamiento y compraventa de jornadas para acceder al derecho. Asimismo
se detecta que la normativa reguladora del subsidio obliga a procesos
administrativos
de especial complejidad, lo cual también plantea determinadas
disfunciones y problemas en el sistema.
Por último, hay que añadir la dispersión y la relativa fiabilidad y
dificultad de acceso a las informaciones estadísticas precisas para
comprobar los requisitos de obtención y permanencia en el subsidio, ello
añadido a la insuficiencia de coordinación entre organismos con
información relacionada con posibles incompatibilidades, así como las
dificultades ocasionalmente planteadas en algunos casos por problemas de
confidencialidad en la información. También se ha detectado en ocasiones
falta de voluntad de colaboración y apoyo de diferentes entes implicados
directa o indirectamente en la configuración, funcionamiento y
erradicación del fraude existente en el sistema, llegando en ocasiones a
que en ciertos ámbitos no se evite el acceso irregular al mismo y no se
colabore activamente en la denuncia del fraude. Por otra parte, también
se puede destacar la mentalidad del colectivo afectado, que
progresivamente ha devenido en considerar el subsidio como un derecho
explotable al máximo, llegando a estimar que algunas de las prácticas
seguidas para tener derecho al mismo son admisibles y no existe una
conciencia de comisión de fraude en muchos casos.
Los problemas detectados en el PER son los siguientes. No se obtiene el
máximo aprovechamiento posible de los fondos disponibles en la
consecución de cambios estructurales en el medio rural que generen empleo
estable, como se ha apuntado, en detrimento de otros proyectos orientados
a infraestructuras ligadas más directamente al empleo. No se ha
potenciado convenientemente un enfoque integral de inversiones del PER,
de los convenios INEM-corporaciones locales con otros recursos bien del
propio PER, bien de otras administraciones públicas, bien de los propios
municipios. Tampoco se ha promovido convenientemente la conexión con el
desarrollo local y la promoción de empresas públicas mancomunadas de
ámbito comarcal a proyectos dirigidos a un efectivo desarrollo económico,
ni con la necesaria participación e integración con otros programas como
escuelas-taller, casas de oficios, iniciativas locales de empleo,
etcétera, de manera que todos los programas se potenciasen entre sí y
mejorasen la eficacia de los proyectos. También en algunos proyectos que
se han desarrollado con mayores expectativas para la creación de empleos
inducidos se ha puesto de relieve la inexistencia de una infraestructura
y de unos mecanismos de gestión empresarial que aprovechen la mejora de
las condiciones proporcionadas por los proyectos. Por último, la
selección de los trabajadores se ha realizado en ocasiones con criterios
no totalmente homogéneos y básicamente orientados a complementar
salarialmente las rentas.
En relación con la formación ocupacional rural, he de destacar la escasa
vinculación de la programación de esa formación a la consecución de un
empleo bien en el sector agrario, bien en otros sectores productivos, lo
que desincentiva la participación en la misma por parte de los afectados.
También he de destacar que la coordinación entre las distintas
administraciones que imparten esta formación debe ser mejorada
sustancialmente. A pesar de la mejora de la situación educativa general,
que se ha producido en el mundo rural, la formación profesional no ha
dado de sí --como apuntábamos anteriormente-- todo lo que cabría esperar
de las inversiones realizadas, por lo que todo ello obliga a potenciar la
coordinación y racionalización de los programas de acciones formativas
para obtener esa mayor rentabilidad de los mismos.
Finalmente, señor Presidente --y con ello termino--, el informe hace una
valoración global positiva del sistema puesto que se considera totalmente
necesario como sistema específico, dada la situación de especial
precariedad de los trabajadores eventuales de Andalucía y Extremadura y
dados los efectos positivos que el sistema ha tenido en el conjunto del
ámbito rural de las dos comunidades autónomas. La valoración que hace el
informe en cuanto a las mejoras y cambios que paulatinamente se han ido
introduciendo en la gestión del sistema, en su control e inspección, no
permite hablar de fraudes generalizados. Sin embargo, subsisten
deficiencias que conviene atajar y tomar medidas en los diferentes
ámbitos que muy brevemente voy a enumerar.
En cuanto al conocimiento del mercado de trabajo, se hace necesario
ajustar los criterios generales de acceso al sistema de protección a cada
realidad comarcal y, por tanto, es necesario el conocimiento del mercado
de trabajo tanto por parte de los trabajadores eventuales agrarios
existentes en cada comunidad, en su censo y en la definición de los que
lo tienen como su medio fundamental de vida, así como en la
cuantificación, cualificación y localización geográfica y temporal de los
requerimientos o demandas de trabajadores eventuales agrarios y de su
oferta efectiva a la población y, por tanto, de los excedentes existentes
en la misma en la actualidad. Se ha puesto de manifiesto que es necesario
establecer criterios más claros y homogéneos, así como mecanismos de
control sobre la inscripción, la permanencia y la baja en el censo del
régimen especial agrario de la Seguridad Social de los trabajadores
eventuales, de forma que queden acreditados los requisitos de
habitualidad y medio fundamental de vida que condicionan la inclusión y
la permanencia de los trabajadores en dicha región. Respecto al
conocimiento de los días trabajados, se ha puesto de manifiesto que hay
que modificar los sistemas de comunicación de las colocaciones --la
situación de cada trabajador--, que actualmente tiene un plazo hasta el
día 8 del mes siguiente y que debería realizarse automáticamente desde el
primer día de trabajo, como se recomienda en el informe.
En el informe también se recomienda el perfeccionamiento y la
potenciación de los consejos comarcales como órganos de participación
institucional y como órganos a los que se añadan funciones de gestión y
control en materia de empleo, formación ocupacional rural, subsidio por
desempleo y colaboración en la elaboración y control de los censos que
afectan a colectivos de los trabajadores eventuales agrarios. En atención
a la diversificación de problemas se recomienda una traslación progresiva
a las inversiones del Plan de empleo rural y en especial de la de los
convenios Inem-corporaciones locales, orientándolas prioritariamente
hacia otros proyectos que con la confluencia de otros recursos públicos
garanticen, más que la
cobertura temporal, la creación de empleo estable en los ámbitos de
actividad óptimos para permitir un mayor desarrollo integral en el medio
rural. Se proponen, igualmente, diferentes medidas de intensificación de
la mejora de la gestión administrativa y del control del subsidio por
desempleo, tanto en la simplificación de la gestión administrativa como
en la potenciación de la exigencia de acreditación de habitualidad en el
trabajo agrícola, así como un mayor control de la disponibilidad para el
trabajo, también la potenciación y priorización selectiva de las
actuaciones de inspección y control y coordinación y colaboración de las
administraciones públicas implicadas, en especial el Ministerio de
Economía y Hacienda y el Instituto Nacional de la Seguridad Social y de
la Tesorería General de la misma, estableciendo planes integrados que se
desarrollarán a través de actividades de verificación, requisitos,
control de presencia, contrastes informáticos y actuaciones directas de
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Se recomienda también el
establecimiento de una nueva regulación que permita promover trabajos o
servicios de colaboración y utilidad social, incluyendo expresamente
entre los desempleados que deben efectuarlos a los trabajadores
eventuales agrarios perceptores del subsidio por desempleo como fórmula
de contraprestación a la sociedad. Por último --y la Ponencia lo ha
considerado muy importante--, el perfeccionamiento y el desarrollo de la
formación ocupacional rural se ha de lograr mediante planes específicos
coordinados con los gobiernos autónomos que han de perfeccionar dicha
formación, orientándola a la cualificación en labores agrarias y a la
reconversión, profesional o sectorial, de los excedentes de población
activa en el medio rural, en especial de los más jóvenes, estableciendo
la posible obtención de becas o ayudas en función de las características
personales de los distintos colectivos.
Aquí terminan las recomendaciones de las conclusiones del informe, señor
Presidente, pero quisiera volver a poner de manifiesto el espíritu de
colaboración constructiva que se ha producido en las comparecencias de
todos los miembros representantes de la Administración o de los sectores
afectados, así como de los miembros de los diferentes grupos
parlamentarios que han participado en la Ponencia. Quiero decir, por
último, que el informe intenta reflejar lo que globalmente, como cuerpo
fundamental de los trabajos de la Ponencia, se ha podido deducir que
puede ser apoyado por todos los grupos políticos y que lógicamente se
podrá someter a distintas posibles enmiendas parciales o matizaciones,
pero la Ponencia ha querido reflejar en este informe lo que es el cuerpo
fundamental que se deduce del análisis en profundidad del sistema que
puede ser apoyado por todos los grupos parlamentarios, independientemente
de esas enmiendas ya presentadas y que discutiremos a continuación, así
como las matizaciones que puedan realizarse. Este es el informe, señor
Presidente, que ha elaborado esta Ponencia en el plazo que se le había
encomendado.
El señor PRESIDENTE: A este informe se presentaron inicialmente tres
enmiendas. Una de ellas, la del Grupo Catalán (Convergència i Unió) ha
sido aceptada, por lo que si les parece le concederé la palabra
posteriormente para fijar la posición respecto a la totalidad del
informe.
A continuación tiene la palabra el representante del Grupo Popular, señor
Jordano, para defender su enmienda y expresar también su posición
respecto al informe.
El señor JORDANO SALINAS: Señor Presidente, la primera parte del informe
que ha sido objeto de exposición por el representante del Grupo
Socialista es compartida, puesto que recoge, por un lado, los trabajos de
la Ponencia y, por otro, lo sustancial, los datos estadísticos y
económicos de los diez años de aplicación del sistema de protección. La
opinión discrepante de nuestro Grupo surge en los apartados relativos a
la evaluación del sistema y a las conclusiones.
En cuanto a la evolución del sistema, la valoración conjunta de los tres
elementos del sistema de protección de los trabajadores eventuales del
campo, es decir, obras PER, formación profesional ocupacional y subsidio
agrario del REA, es negativa para nuestro Grupo, porque ni ha resuelto el
paro estructural, ni ha capacitado a los trabajadores para dirigirse a
especialidades agrícolas o hacia otros sectores productivos, ni ha
generado infraestructura productiva en las zonas agrarias. No obstante,
habría que plantearse --y eso lo hacemos en el primer punto de nuestra
evaluación-- si debe o no continuar un sistema especial para los
trabajadores eventuales del campo de Andalucía y Extremadura. En este
aspecto hay que decir que el fracaso histórico de la industrialización en
Andalucía y Extremadura, que convirtió ambas regiones en abastecedoras de
mano de obra y de capital para el desarrollo económico de otras regiones
de España y otras regiones europeas, está realmente en la raíz del atraso
económico de ambas comunidades y ha provocado la existencia de un paro
estructural. Unido este fracaso industrial al hecho de que el sector
agrario no pueda ya generar más empleo, entendemos que se hace
obligatorio mantener el sistema que, de un lado, tiene que dar cobertura
social a las poblaciones desempleadas de estas zonas y, de otro, tiene
que tender a la generación de empleo estable y a la cualificación
profesional, principalmente de los jóvenes. Debe decirse --y creo que
ésta es una conclusión común de todos los grupos-- que los núcleos
rurales andaluces y extremeños han mejorado gracias a las obras acogidas
a los convenios Inem-corporaciones locales en cuanto a la calidad
urbanística de los núcleos rurales, pero estas obras que se han realizado
no han servido realmente para resolver carencias de infraestructura,
electrificación, caminos rurales, depuración de aguas residuales,
etcétera. Por otra parte, las obras en sí han resultado costosas y con un
ritmo de ejecución muy lento.
Es verdad que el sistema en su conjunto ha servido para mantener a la
población en el mundo rural en Andalucía y Extremadura y este dato es
positivo; ha servido para garantizar un mínimo vital a personas que no
podrían haberse acogido a otros sistemas de protección o que no habrían
podido encontrar otras fuentes de ingresos cuando ya han finalizado en
España los grandes ciclos migratorios. Pero también en el debe del
sistema hay que decir que se ha
generado fraude. De un lado, un fraude por necesidad, entre comillas,
motivado por la exigencia de un mínimo de 60 jornadas trabajadas, de
personas a las que les ha sido muy difícil alcanzar otro nivel. De otro,
un fraude penal originado por la facilidad de acceso al sistema y el nulo
o un reducido control administrativo durante muchos años.
En cuanto al llamado fraude por necesidad en algunas zonas, hay que decir
que el control ejercido sobre determinados ayuntamientos por la
Inspección de Trabajo, en situaciones auténticas de abuso manifiesto, ha
permitido enjuiciar, por los tribunales, conductas en las que, alejándose
los regidores públicos de una labor humanitaria, han obtenido un lucro
personal a costa precisamente de los ciudadanos más humildes de su
municipio. Objetivamente --hay que reconocerlo y decirlo también con
claridad--, el nivel de fraude de este sistema especial no está
demostrado que sea superior al de otros sistemas especiales de la
Seguridad Social e incluso al régimen general, pero ha alcanzado cotas de
desprestigio muy altas y difícilmente la sociedad en general va a
entender que se mantenga el sistema actual con ligeros retoques. Por otra
parte, el sistema se ha inclinado por un carácter regresivo del subsidio,
de forma que a más jornadas trabajadas se reduce el nivel de prestación y
se aleja al perceptor de trabajar en las obras del PER. Evidentemente, el
trabajador no ha tenido ningún incentivo para trabajar más, y en muchos
casos --y lo pone de manifiesto la parte expositiva del informe-- el
trabajo realizado por encima de los 60 días ha sido opaco o se ha
acreditado a nombre de una tercera persona, bien el cónyuge, bien los
hijos, bien algún otro familiar. Puede pensarse, y así lo ha manifestado
algún sindicato, que un sistema de incentivos reducido, en términos muy
simples, a más trabajo más subsidio rompe el espíritu de solidaridad o
dificulta incluso a los menos capaces para encontrar trabajo, que
acapararán los más activos. Pero lo cierto es que no puede admitirse
tampoco una situación como la actual que produce falta de trabajadores,
en época de cosecha, en zonas en las que hay perceptores del subsidio, y
que quien supera las 60 jornadas no pueda verse doblemente penalizado,
por una parte, con la reducción del subsidio y, por otra, situándose a la
cola en la lista del PER.
La formación profesional ocupacional la verdad es que hay que reconocer
que no ha funcionado. Lo único que ha funcionado, aunque colateralmente
relacionado con el sistema, han sido las escuelas taller, pero con un
número muy reducido de alumnos. Ni la selección de especialidades ni el
nivel alcanzado en ellas han servido para obtener una cualificación
profesional y, en muchos casos, los cursos no han tenido ninguna relación
con la mano de obra que demandaban los sectores productivos ni con el
desarrollo económico de la comarca a través de iniciativas locales de
empleo, como recomienda la OCDE y la Unión Europea.
Lo más preocupante del sistema, a nuestro entender, es que ha propiciado
que se introduzca en el mundo rural de Andalucía y Extremadura una
cultura de inactividad que ha bloqueado, en buena medida, las iniciativas
de desarrollo y ha desactivado el afán de trabajar. Por ello entendemos
que es necesario introducir correcciones importantes en el sistema. Los
esfuerzos de las distintas administraciones (tengamos en cuenta que han
intervenido, sobre todo en las obras PER, todas las administraciones,
unas aportando financiación de mano de obra y otras financiación de
materiales) no se han conjuntado. Parece que es necesario avanzar en esa
conjunción de esfuerzos, en la buena relación entre las administraciones,
en el intercambio de datos entre las mismas y, a nuestro entender,
también en dar entrada, como ofertantes de proyectos, a la iniciativa
privada siempre que se trate de obras que, si bien de propiedad privada,
sean de interés general y, por supuesto, con arreglo a un catálogo
preestablecido y con criterios de publicidad y libre concurrencia.
He de reconocer que la inexistencia de un censo de trabajadores
eventuales agrarios condiciona la efectividad del sistema y que se han
incluido en él personas que no tenían nada que ver con el mundo del paro
agrícola y que, sin embargo, han tenido la oportunidad de beneficiarse
del sistema. Coincidimos en que las normas han sido poco claras, han
faltado instrucciones y se han aplicado criterios heterogéneos en
distintas provincias, incluso en distintas comarcas.
El mercado agrario y las relaciones laborales es verdad que encuentran
importantes problemas debido a defectos en la aplicación de los marcos
normativos y que es necesario clarificar y controlar la actividad que se
desarrolla en este mundo rural. Ello nos lleva --por aligerar y no
repetir lo que ya es objeto de la redacción de lo que podríamos llamar
nuestro voto particular-- a las conclusiones que formulamos. La primera
es que el alto número de trabajadores que hay en el mundo rural en
Extremadura y en Andalucía hace necesario la existencia de un sistema de
protección específico. En eso creo que somos coincidentes todos los
grupos. Creemos que el sistema necesita una profunda revisión, tanto en
el aspecto normativo como en los objetivos que debe perseguir. Deben
separarse los conceptos de parado rural y parado agrícola, ya que el
parado rural no es un parado del sector agrícola sino del sistema
económico en su conjunto, que tiene una incapacidad estructural para
ofrecerle un puesto de trabajo. Eso conlleva la necesidad de realizar un
censo de trabajadores eventuales agrarios.
El criterio de acceso al sistema no puede ser exclusivamente la
realización de 60 jornadas en los 12 meses anteriores. Se ha planteado y
se está planteando hoy en día por los sindicatos del campo de Andalucía
la necesidad de eliminar totalmente el número de las 60 jornadas.
Nosotros no somos partidarios de esa eliminación, porque si no se
sustituye por ningún otro criterio para la entrada en el sistema
generaría mayores problemas que los que trata de evitar. Pero es evidente
que consideramos que el límite de las 60 jornadas tiene que ser flexible,
atendiendo a las posibilidades reales de trabajo en cada comarca y
también a las circunstancias climatológicas que afectan a las
producciones agrícolas. Es evidente que, en una comarca en la que no se
puede regar por carencia de agua, probablemente no se puede dar el número
de jornadas que se dan en un año de riego y que, por tanto, en estas
comarcas hay que atender a esos criterios. También hay que atender a
criterios más amplios en el reparto del trabajo y a una movilidad
geográfica de los trabajadores. Las administraciones,
bien las autonómicas bien la central, deben contemplar un sistema de
compensaciones en los gastos de transportes para facilitar la movilidad
geográfica.
Creemos que el cobro del subsidio agrario debe estar vinculado a la
realización de actividades sociales de interés comunitario, con
dedicación a tiempo parcial a trabajos demandados por los ayuntamientos u
organizaciones privadas de interés social. Pero discrepamos en los
principios de la propuesta que en este mismo sentido se hace en el
informe de la Ponencia. El informe de la Ponencia configura la dedicación
a una actividad social a cambio del subsidio como un castigo que se
aplica a aquellos trabajadores que han rechazado ofertas de empleo. Para
nosotros, debe ser otro concepto el que rija. No se trata de un castigo a
nadie. Se trata, pura y simplemente, de intentar romper la cultura de
inactividad y de introducir el principio de que quien recibe algo de la
sociedad debe dar algo a la sociedad a cambio de ese dinero que percibe.
Hay actividades muy amplias que pueden desarrollar los ayuntamientos y
que ahora no se realizan por falta de medios económicos y por no contar
con medios adecuados para cubrir esos objetivos de interés social y que
el trabajador que percibe el subsidio pueda sentirse realizado al estar
haciendo algo para la sociedad y no, pura y simplemente, estar parado en
una calle esperando que le caiga trabajo o esperando que llegue el día
del cobro del subsidio.
En cuanto a la formación profesional proponemos, para los trabajadores de
menos de 25 años, una obligación de recibir formación profesional. No
podemos situar a una persona de más de 16 años en el umbral de que ya es
parado agrícola y que va a estar percibiendo el subsidio hasta que se
jubile. Para esa persona de menos de 25 años, que tiene capacidad y ha
tenido una formación primaria para acceder a formación, si quiere
mantenerse en el sistema entendemos que debe configurarse como
obligatoria la formación profesional, tanto para especialidades agrícolas
como para dirigirlo hacia otros sectores productivos.
Proponemos también, y nos separamos del informe de la Ponencia en ese
aspecto, un sistema de prejubilaciones flexible para trabajadores que
hayan cumplido más de 55 años en determinadas zonas en las que sea
imposible, por la evolución de la política agraria comunitaria y por el
desarrollo de la agricultura y de la ganadería, cubrir las 60 jornadas de
trabajo. Entendemos que, a partir de esa edad, en vez de acudir a la
afición actual de permanencia indefinida en el subsidio, debe adaptarse a
algo que todavía no se ha adaptado en el mundo agrícola, que es a
acometer un proceso de reconversión; proceso de reconversión que se ha
utilizado en otros sectores como en la minería, en la construcción naval,
en la construcción de bienes de equipo, incluso en el sector de la banca,
pero que no se ha aplicado al campo, a pesar de la enorme reducción de
las jornadas que se trabajan en el campo. Creemos que debe primarse al
trabajador que extrema la búsqueda activa de trabajo y, por tanto, debe
modificarse el sistema en el sentido de introducir un incentivo moderado
en el importe del subsidio para aquellos trabajadores que acrediten más
de 60 jornadas trabajadas. En cuanto a la declaración de las jornadas
trabajadas coincidimos con el informe en que hay que modificar el
sistema, y que la declaración hasta el día 8 del mes siguiente lo único
que produce es abrir una ventanilla a posibles fraudes tanto por parte de
las empresas como por parte de los trabajadores.
Introducimos también como novedad, que no se recoge en el informe, la
regulación de la situación de incapacidad laboral transitoria. Tal y como
está regulada actualmente obliga al trabajador enfermo o accidentado a
fingir un alta laboral para poder entrar en situación de incapacidad
laboral transitoria. Pensamos que debe introducirse un sistema diferente,
con los debidos controles, por las especiales características del trabajo
agrícola eventual, ya que no se trabaja continuadamente sino
alternativamente, e incluso con espacios muy amplios entre cada uno de
los períodos de trabajo.
En la reordenación de los proyectos del PER coincidimos con las
propuestas del informe respecto a un ámbito superior al actual, incluso
proyectando obras plurianuales, saliéndonos del ámbito de los núcleos
urbanos y yendo más a infraestructuras. Introducimos como novedad dar
entrada a la iniciativa privada en las ofertas de proyectos de interés
general en la forma que ya expresé; proyectos que serían subvencionados
en las cotizaciones a la Seguridad Social y en los salarios de personal
no cualificado.
En cuanto a la modificación administrativa coincidimos sustancialmente
con el punto diez del informe y asumimos la mayoría de las propuestas que
se realizan en dicho punto.
Coincidimos en el criterio de potenciar los consejos comarcales del Inem.
Creemos que es el Inem el único que puede dar las listas de beneficiarios
y que debe avanzarse en el desarrollo de consejos locales que deben
asumir funciones de control de la realización efectiva de la obra y de la
permanencia de trabajadores en el sistema.
Con el conjunto de propuestas que hacemos, que entendemos que son
razonables y la mayoría de ellas no han sido inventadas por el Grupo
Popular, sino recogidas de las iniciativas que han aportado a la
Comisión, a lo largo de todas las comparecencias, tanto los expertos
económicos como alcaldes y representantes de sindicatos, de empresarios
agrícolas e incluso algunas autoridades del Ministerio de Trabajo,
consideramos que se puede configurar un nuevo sistema, que podemos
superar el desprestigio actual del sistema y facilitar una mayor
información sobre el mismo para que no recaiga un baldón sobre el mundo
agrícola y el mundo rural de Andalucía y de Extremadura. También queremos
dejar claro que no proponemos un sistema idéntico al planteado en el
informe a instancias del Grupo Socialista. De los nueve puntos que sobre
la evaluación del sistema contiene el informe de la Ponencia sólo
asumimos uno, el número nueve. De las conclusiones sólo asumimos parte de
la diez y la once, y son doce. Por tanto, hay notables diferencias en las
propuestas. Creemos que debe producirse un acercamiento entre los
distintos puntos que plantean los diferentes grupos políticos para
intentar conjuntar una recomendación al Gobierno de reforma del sistema
que vaya respaldada por el mayor número posible de grupos políticos. No
obstante, si esto no fuera así, si tuviera que plantearse en el Pleno una
multiplicidad de
votaciones sobre puntos diversos, consideramos que todo el trabajo
realizado no ha sido en balde y que hay una aportación de ideas y de
documentación suficientes para configurar un sistema justo que logre
llevar a los auténticos trabajadores eventuales del campo no una pequeña
limosna o un complemento de renta, sino un auténtico subsidio en cuantía
equivalente a la de cualquier parado de otros sectores productivos.
Nuestro objetivo sería conseguir una equiparación total de la percepción
correspondiente al parado agrícola con la de otros sectores productivos.
Sabemos que es difícil, es costoso y es un camino que hay que emprender,
pero para iniciar ese camino se necesita una profunda reforma del sistema
actual, y en esa línea se manifiesta nuestro Grupo Parlamentario.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, el señor Alcaraz tiene la palabra.
El señor ALCARAZ MASATS: Señor Presidente, con su venia, he de manifestar
que nosotros hemos presentado una enmienda de totalidad a las propuestas
del informe de la Ponencia. Proponemos una alternativa a la forma de
funcionar del sistema ateniéndonos al título del propio informe: mejora y
reforma del sistema PER y del plan de formación ocupacional. En primer
lugar, queremos insertar el sistema en la realidad. Por ello pretendemos
la eliminación tajante del requisito de 60 jornadas realizadas porque eso
es imposible y, como decía el torero, lo que no puede ser, no puede ser y
además es imposible. Por tanto, si no se pueden conseguir 60 peonadas,
¿cómo se mantiene en una ley? De ahí que los jueces ya ni puedan condenar
a los jornaleros porque saben que no se pueden conseguir sesenta peonadas
al año en el campo con la política agraria comunitaria, nefasta a nuestro
juicio, con la mecanización del campo y con la sequía que aumenta año
tras año.
Nos oponemos de manera rotunda, tal y como se recoge en las propuestas
del Partido Popular, en la del Partido Socialista Obrero Español y yo
creo que en la asunción de todo el sistema por Convergència i Unió, a la
necesidad de realizar un censo tecnocrático por arriba, que separe mundo
rural y mundo agrario en un momento en que se está limitando
fortísimamente la agricultura andaluza, no la holandesa o la marroquí, la
andaluza específicamente, que nos llevaría paralelamente a la reforma
radical del mercado laboral que estamos a punto de aprobar en esta
Cámara, de vuelta del Senado, a una reconversión, a una reducción
drástica de perceptores y de cantidades que ahora van a Andalucía y a
Extremadura en un volumen mensual de unos 8.500 millones de pesetas, para
subsidios y para PER, 7.800 para subsidios y el resto para el Plan de
empleo rural, lo que significaría que casi tendríamos que cerrar
Extremadura y Andalucía si se produce un enfriamiento serio de estas
cantidades que puede tener lugar como consecuencia del censo que se nos
anuncia. Queremos que haya una participación de abajo arriba de los
sindicatos, de los ayuntamientos, del Inem, por tanto participación
institucional y de los representantes de los ciudadanos a la hora de
elaborar un censo humano, comisiones locales a pie de obra formadas por
gente que conozca de verdad quiénes deben estar y quiénes no, y se evite
este desprestigio creciente que se ha enunciado aquí y que se ha
aumentado a través de declaraciones de portavoces que, por cierto,
después no han comparecido en los trabajos de la Ponencia que acaban de
concluir. En este mismo sentido, teniendo en cuenta que sólo se perciben
por PER unos seis o siete jornales al año --en este año se han destinado
al Plan de empleo rural aproximadamente 11.900 millones--, planteamos el
aumento de los fondos para que se perciba un mes de jornales por PER ya
en este año, e ir aumentándolo en el horizonte de cuatro meses cuando sea
adecuado, oportuno y conveniente.
Creemos que en estos momentos hay que clarificar mucho las cosas para
superar este desprestigio, cuya responsabilidad se intenta atribuir al
medio rural y agrario andaluz, y por extensión a toda Andalucía. Incluso
se ha dicho que se habían destinado dos billones de pesetas a Andalucía
en estos diez últimos años. Esto no es cierto. Se han destinado 160.000
millones en diez años para el Plan de empleo rural, aproximadamente un
billón para subsidios (teniendo en cuenta todos los subsidios agrarios y
de paro, esta cantidad está por debajo de la media nacional y muy por
debajo de comunidades como Cataluña, Baleares, Madrid o Valencia) y otro
billón de pesetas que se dice que va a cubrir inversiones del PER,
confundiendo totalmente a la gente. Se trata de inversiones normales,
carreteras, la cárcel del Puerto de Santa María, la de Jaén, el centro de
alto rendimiento de Sierra Nevada, que llevan la etiqueta PER. Es decir,
que si un obrero del campo trabajó en esto, ese requisito le sirve para
sumar un jornal de los 60 que necesita para cobrar las 32.000 pesetas
mensuales de subsidio, y consta como si hubiese en Andalucía un billón de
pesetas en el horizonte de 10 años para Plan de Empleo Rural, y eso no es
cierto. Por eso pedimos que estas obras no lleven la etiqueta PER, que se
desafecten esas inversiones del PER, para que esa enorme confusión que
hay hoy en España se disuelva y evitemos el desprestigio que se intenta
echar sobre Andalucía.
Y, desde luego, no vamos a defender la percepción de estos fondos y su
aumento (que actualmente son de 11.900 millones para este año, un 20 por
ciento menos que el año pasado, sin que se haya prorrogado aún el decreto
de la sequía) con ningún complejo. Hemos pagado las reconversiones de la
siderurgia, de una serie de sectores, de la banca privada, y en Andalucía
no se ha hecho nunca la reconversión, la reforma agraria. Si al sector
agrario de Andalucía se suma ahora la política agraria comunitaria y
estos planes estratégicos que nos han anunciado, singularmente el Plan de
Desarrollo Rural, el PDR, por la Junta de Andalucía, que suponen la
reducción drástica de la agricultura andaluza, quiere decir que podemos
ir a un enfriamiento y a una reconversión del llamado censo, que aquí se
nos anuncia por parte del PP y del PSOE, que redunde en perjuicio directo
y radical de toda la estructura social agraria y rural (agraria y rural,
a la vez) de Andalucía.
Nosotros no estamos de acuerdo, yo diría, que con las coincidencias
profundas entre Convergència i Unió, que sólo hace una enmienda de ocho o
diez líneas y ha sido
asumida por la Ponencia (nos ha dejado un poco perplejos la coincidencia
de Convergència i Unió con el sistema del PER, porque creíamos que iban a
pedir la eliminación); la coincidencia también profunda entre el Partido
Popular y el Partido Socialista Obrero Español, profunda, sólo hay una
diferencia real, junto a otras diferencias muy matizadas, muy singulares
y muy reducidas. La diferencia es que entre la economía privada, como
adscrita al sistema del PER, en algunos casos; ésa es la única diferencia
real; todo lo demás es igual. Por tanto, nos oponemos al mantenimiento,
tal cual, de un sistema que es mejorable, y para eso se creó esta
Ponencia. Nos oponemos a no corregir sino temas accidentales. Nos
oponemos a mantener la dependencia, a través del requisito de las 60
peonadas, de empresarios o ayuntamientos-empresarios; de mantener esta
especie de neocaciquismo, esta dependencia que hace que la gente busque
los 60 imposibles jornales de una manera o de otra. Nos oponemos a
mantener el origen del desprestigio. Y, desde luego, nos oponemos a ese
censo tecnocrático que se nos anuncia, correlativo a la reforma del
mercado laboral, que puede traer serios perjuicios para el medio rural y
el medio agrario, que no son fáciles de separar. Además, la ley dice que
pertenece al medio agrario no sólo aquel que tiene esta vinculación
laboral como prioritaria, sino también aquel que pide trabajo en el medio
agrario. No sé de qué manera se va a hacer este censo, si no se cuenta
con las comisiones locales de empleo que nosotros planteábamos. Y también
nos oponemos, indudablemente, a que no se aumenten los fondos del PER ni
haya voluntad para que se reedite el decreto de la sequía.
Nuestras protestas son muy concretas. No hemos hecho un discurso
ampuloso, sino tremendamente concreto en once puntos, para que se vean
las diferencias y no se diga que sólo hay matices. Y aquí van los once
puntos, expresados en corto y por derecho, muy concretamente.
Primero: eliminación del requisito de las 60 peonadas. Hay que meter el
sistema en la realidad. ¿Por qué no condenan los jueces a los jornaleros?
¡Porque es imposible condenarlos! ¡Si están llegando a seis o siete
peonadas al año! ¿Cómo van a conseguir 60? Esto es imposible. Y, además,
las consiguen aquellos a los que menos falta hace, porque tienen amigos,
o porque hay gente con un libro que les firma las peonadas. Por tanto, lo
que se hizo para evitar el fraude es precisamente la fuente de todo el
fraude. Hay que quitar de en medio el requisito de las 60 peonadas.
Segunda propuesta: se crearían las comisiones locales de empleo con los
sindicatos, ayuntamientos, el Inem, con alguna otra representación
administrativa, la que se quiera, para que vean la forma de acceso al
subsidio, después de trabajar en el campo o en el medio rural, y de
manera participativa, de manera real y adecuada.
Tercer punto: nosotros pedimos la equiparación del importe del subsidio
agrario al salario mínimo interprofesional. Hoy sólo cobran el 75 por
ciento del salario mínimo interprofesional. Hay que subir.
Cuarta propuesta: planteamos la sustitución de los criterios de renta
familiar, porque no se percibe individualmente en muchos casos el acceso
al subsidio, sino que se considera la unidad familiar, y nosotros
pensamos que esto estaba bien en la Edad Media, pero ahora los ciudadanos
cada uno es uno y seis media docena, y no debe contar para nada la unidad
familiar, que limita en muchos casos la percepción del subsidio o su
cuantía.
Pedimos en el mismo sentido la creación de verdad, esta vez sí, de los
consejos comarcales, que se crearon sobre el papel, pero que no se han
puesto (no había voluntad política, ni, al final, tampoco fondos) en
funcionamiento, ampliando sus competencias y uniéndolos al funcionamiento
de las comisiones locales de empleo, en el sentido de aprobar las
resoluciones de éstas sobre el acceso al subsidio.
Estimular inversiones de carácter intercomarcal, planificar como
elementos de planificación democrática las inversiones comarcales y,
naturalmente, sobre la base de una ordenación territorial comarcal que, a
nuestro juicio, es fundamental, no sólo en Andalucía, pero en este caso,
singularmente, en Andalucía.
En sexto lugar, pedimos aumento de los fondos del PER. Hoy hay fondos del
PER para siete jornales al año de cada uno de los 223.000 perceptores del
subsidio. ¡Sólo siete jornales al año, ni uno más! Por tanto, nosotros
pedimos que se aumenten los fondos para que se pueda percibir un mes de
jornales este año. ¡Un mes! Con la perspectiva de ir aumentando, porque
naturalmente son jornales que se trabajan: trabajo a cambio de dinero
público, que se trabajan y no se firman, no son jornales de bolígrafo, no
son firmas falsas, son jornales reales; por tanto, hay que aumentar esos
fondos exiguos, que este año son un 20 por ciento menos que el año pasado
y que van a quitar de en medio a mucha gente, en un momento, como aquí se
ha dicho, en que el 51 por ciento del censo son mujeres, y van a quedar
(fundamentalmente mujeres y jóvenes) en una situación de enfriamiento que
no se explica si no es aprovechando un desprestigio falso que se ha
creado sobre la situación de una tierra supuestamente subsidiada, que se
ha demostrado sobre los números que no es así.
En séptimo lugar, planteamos una formación ocupacional para los jóvenes y
trabajadores del campo en general, pero no ligada y como castigo, como
control, de cara al acceso al subsidio. Ahí tenemos también algunas
diferencias con cosas que se han propuesto aquí anteriormente.
Pedimos, porque tiene mucha relación con los fondos a los que me he
referido anteriormente, la aprobación urgente del decreto contra la
sequía y que se aplique este decreto y los fondos concernientes al mismo
a través de una mesa de la sequía con participación, integrada, de los
afectados, para que se haga una distribución real del agua, que hasta
ahora está creando problemas muy serios.
En noveno lugar, planteamos la desafección del PER de otras inversiones
del Gobierno --lo he explicado anteriormente--, inversiones del Gobierno,
de las Juntas de las comunidades autónomas o de la Comunidad Europea,
cuya finalidad es la consecución de objetivos generales pero que aparecen
como inversiones del PER, ligadas al PER de una manera no explicada, que
genera múltiples confusiones. Habría que desagregarlas para evitar lo que
he dicho antes.
En décimo lugar, hablamos de la necesidad de potenciar proyectos en
inversiones locales y comarcales que
modifiquen el actual grado de dependencia tecnológica de la agricultura
andaluza. Unas perspectivas, una situación estratégica para desarrollar
la investigación agraria, para potenciar la industria agroalimentaria,
para favorecer el desarrollo asociativo y cooperativo en el sector
agrario. Nosotros pensamos que las inversiones del PER, que ya han
servido para completar muchísimo la infraestructura básica de los
pueblos, ahora hay que llevarlas a inversiones productivas
intercomarcales; habrá que insistir mucho en esta dirección de cara al
futuro.
Y en último lugar, planteamos la necesidad (también tiene mucha conexión
con la lógica del discurso, en el sentido de la creación de las
comisiones locales de empleo o del funcionamiento real de los consejos
comarcales) de elecciones sindicales en el campo, para ver los
representantes reales, y elecciones a cámaras agrarias. Cuando pedimos
una dialéctica, una fórmula participativa, hay que basarla necesariamente
en los votos. Por eso hablamos, en la lógica de este discurso, aunque se
nos pueda decir que no tiene nada que ver con el PER y con el subsidio
--nosotros pensamos que sí que tiene mucho que ver-- de la necesidad de
elecciones sindicales.
Termino, señor Presidente. Nosotros, de manera muy concreta, hemos
planteado once puntos. Pensamos que hay que decir sí o no a los mismos y
no englobarlos en un debate abstracto, genérico, difuso, que pueda
confundir las propuestas reales. Sinceramente, nos parece que las
propuestas del Partido Socialista Obrero España, quitando alguna
especificidad, algunos matices, y este tema de fondo de la participación
de la iniciativa privada en los fondos del PER a través de una fórmula
específica de confluencia, que ya se vería, y la fórmula que va a votar
Convergència i Unió son idénticas, son las mismas; es mantener el sistema
tal cual. Quizá la petición, lo voy a llamar así, de Convergència i Unió
de la elaboración de un censo, que elimine una parte importante de los
223.000 perceptores actuales.
Yo creo que el asunto puede ir por ahí, con lo cual, consecuentemente, se
elimina una parte importante de esos 8.500 millones mensuales que van a
Extremadura y a Andalucía para fondos del subsidio y del PER. Nosotros
planteamos esta fórmula alternativa muy concreta, en once puntos. Aparte
del discurso que se pueda hacer --y yo puedo coincidir con cosas que aquí
se han dicho, fundamentalmente en el nivel descriptivo, en el nivel
cuantificado y objetivo del informe de la Ponencia--, son diferencias que
están ahí sobre el tapete y sobre las que yo pido que esta Cámara se
pronuncie.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que no hayan presentado enmiendas y que
quieran participar en el debate? (Pausa.)
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor
Baltá.
El señor BALTA I LLOPART: Señorías, en primer lugar, permítanme expresar
mi satisfacción por el trabajo en sí mismo desarrollado por la Ponencia
especial para estudiar la reforma del actual sistema del Plan de empleo
rural. Considero que hemos sido capaces de cumplir el calendario que nos
fijamos en el primer momento, prestando la debida atención a las
opiniones, datos y sugerencias que han ido desgranando en sus
intervenciones la totalidad de los comparecientes que han sido
convocados. La voluntad de que la Ponencia se circunscribiera al estudio
de la reforma del PER ha facilitado la tarea de los diversos ponentes y
la comunicación con la realidad, configurándose una posición que valoraba
lo constructivo y anotaba los aspectos que es importante, si no
imprescindible, modificar, que han sido expuestos esta tarde por los
ponentes de los grupos con base electoral en los territorios afectados.
Mi Grupo ha querido participar en la Ponencia activamente, desde la
dimensión de que, aun no teniendo base electoral en Andalucía y en
Extremadura, el millón largo de andaluces y extremeños que ha echado
raíces en Cataluña nos obliga a un acto de responsabilidad que va mucho
más allá de la que todos los grupos parlamentarios adquieren desde el
voto positivo o negativo a los presupuestos del Estado, que incluyen los
caudales que se han dedicado al PER.
Sentadas estas premisas, la de la satisfacción de haber participado en la
tarea y la de haber sido consecuentes con una responsabilidad, debo decir
que el informe que pusieron en manos de los ponentes los representantes
del Grupo Socialista, en su condición de grupo mayoritario, recoge los
puntos fundamentales en los que ha surgido la discrepancia, tras la
lectura de los textos de los restantes grupos, y plantea la solución
desde la óptica de quien puede aplicar sus criterios porque sustenta al
Gobierno. No obstante, analiza desde la autocrítica los puntos débiles
del sistema aplicado, los cuales no requieren, como expresa nuestra
enmienda, otra investigación parlamentaria que la que hemos realizado.
En el texto que comentamos y que asumimos, ya desde la misma definición,
de forma ambigua, entre la protección por desempleo y el fomento del
empleo, se observa la autocrítica, sobre todo, si tenemos en cuenta que
se trataba de un sistema integrado de protección de los trabajadores
eventuales agrarios que ha producido subsidiados permanentes y ha
propiciado la inclusión de trabajadores procedentes de otros sectores
productivos.
Nos preguntamos si no ha sido esto causa de la ambigüedad mencionada.
Unámosla a la tolerancia, que ha producido una cierta moralina colectiva,
detectada por la prudencia, y añadamos la escasa reglamentación a la que
también se alude, la aplicación de fondos destinados a infraestructuras
agrarias, a mejoras urbanísticas de las comunidades ubicadas en las áreas
del PER, objetivo que no siempre se pretendía, la insuficiencia de
control y vigilancia de los requisitos exigidos, que el informe adjetiva,
de funciones más propias del orden público, y desconocimiento de la
exactitud censal de los trabajadores agrarios y de las explotaciones
agrarias. En conjunto, han producido el agravio comparativo y propiciado
el falseamiento de los derechos que el plan concedía al sector al que
realmente iban destinados los fondos del PER.
Desde nuestra distancia, no queremos entrar en más detalles. Pero si
unimos al conjunto de criterios resumidos en
el informe que comentamos la descoordinación entre los organismos
implicados, será fácil considerar, después de valorar en positivo el
plan, que son necesarias una serie de reformas para que el PER sea más
eficaz y también más justo. Porque si bien es cierto que no se ha de
generalizar el fraude detectado, razón embrionaria de la Ponencia,
también es cierto que el porcentaje detectado en relación al controlado
merece una justa respuesta de la Administración por cuanto se debe
erradicar la posibilidad del «aquí no pasa nada», pase lo que pase,
filosofía de los pícaros de turno.
Mi Grupo, señor Presidente, valora positivamente el PER como aportación a
una problemática social, insólita en Europa --ni el sur de Portugal ni el
de Italia son comparables, como se nos ha explicado en la Ponencia--, que
es consecuencia de la historia del conjunto del país, que ha dejado esta
situación en Andalucía y en Extremadura. No cabe duda que el problema de
los jornaleros merece la solidaridad a nivel de nuestro Estado, al igual
que la Unión Europea plantea la solidaridad hacia el desarrollo
equilibrado de la nueva Europa que entre todos estamos creando. En la
misma línea en que lo lleva a cabo la Unión Europea hemos de ir al
encuentro de la creación de una economía productiva que desarrolle las
posibilidades naturales de Andalucía y Extremadura. No podemos seguir
avanzando por la economía del subsidio o de la inactividad. Sería una
irresponsabilidad que los andaluces y extremeños, socialmente
responsables, nos reprocharían y, sobre todo, merecería el reproche de
las generaciones venideras.
Nos complace recalcar que este criterio es compartido por todos los
ponentes, cualquiera que sea el grupo parlamentario que representan, como
nos complace observar que la discrepancia es puntual y sobre aspectos
concretos que a todos nos preocupan.
Los datos del informe son una magnífica aportación a la realidad social
y, junto con la evidencia sobre alguno de los errores de funcionamiento
del PER, pueden ser la base de la rectificación del Plan hacia una más
eficaz coordinación de las diversas administraciones, hacia la creación
de una economía productiva absolutamente necesaria, la mejora de
infraestructuras agrarias desde una visión clara de lo que es el mundo
agrícola y el mundo rural, la mayor y mejor inversión en planes de
formación profesional, mejora de los mecanismos de control, sobre todo de
la interrelación o cruce y cotejo de los datos en posesión de los
diversos organismos estatales y regionales, el rigor de la inspección;
también cabe un análisis técnico más riguroso; etcétera.
Finalizo, señor Presidente, con una llamada a la colaboración, que en el
seno de la Ponencia se ha producido, que nos parecería altamente
constructiva, si supiéramos aplicar idéntico espíritu al plantear, desde
el Ejecutivo, las soluciones que debieran conducirnos a poner fin a una
estructura social que tiende a eternizar los esquemas de una comunidad
subsidiada. Desde estos criterios desearíamos que esta Ponencia sirva
como piedra fundamental para un plan de reformas del PER. Lo que nos
parece difícil de reformar son las estructuras de una sociedad rural en
las que todavía no han entrado los conceptos de convivencia social que
caracterizan la Europa de la que formamos parte. Esa reforma no tiene
reflejo en los presupuestos que alimentan el PER, pero se halla en el
fondo o en el origen del problema.
Quizá también estos criterios lleven a la perplejidad a algún portavoz.
Más de un millón de andaluces y extremeños que tuvieron que emigrar nos
empujan a una política constructiva que, desde la posibilidad de ser
ejecutada, sea una aportación constructiva a los problemas de la tierra
que dejaron atrás. Ellos y nuestro sentido de la responsabilidad, señor
Alcaraz, nos empujan a dar soporte a la reforma propiciada por el Grupo
Parlamentario que sustenta al Gobierno.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el
señor Martín Mesa.
El señor MARTIN MESA: En primer lugar, debo poner de manifiesto, en
nombre del Grupo Socialista, el enorme provecho obtenido por el trabajo
realizado por la Ponencia durante los más de dos meses en que ésta viene
desarrollando las tareas que le encomendó el acuerdo plenario del pasado
día 22 de febrero y que fundamentalmente se ha concretado en el informe
que hoy debatimos y que nuestro portavoz, el señor Roncero, presentaba al
principio de la sesión.
En segundo lugar, debo hacer constatar --y creo que esto es importante--
la gran diferencia existente entre el crispado clima que presidió la
defensa de la interpelación urgente el pasado día 16 de febrero y la
consiguiente moción el 22 de febrero, por parte del entonces portavoz del
Grupo Popular, y el ambiente sosegado en que la Ponencia ha desarrollado
sus trabajos hasta el día de hoy; incluso el ambiente sosegado en que
esta Comisión se está celebrando. Ello se ha debido, señorías, a que la
Ponencia ha podido constatar, yo diría que en todas y cada una de las
comparecencias realizadas, la muy alta valoración que los diferentes
comparecientes tienen sobre el sistema integrado de protección de los
trabajadores eventuales agrarios de Andalucía y Extremadura. Ha habido
una alta coincidencia en sindicatos, alcaldes, inspectores de trabajo,
técnicos y profesores universitarios, técnicos de la Administración
central y autonómica y representantes políticos, presidentes de las cajas
de ahorros, etcétera.
Y es que, como el informe recoge, estas valoraciones positivas pueden
concretarse. Por una parte, en que parece evidente que se ha producido
una reanimación del ciclo económico en Andalucía y en Extremadura como
consecuencia de las aportaciones económicas realizadas al amparo del
sistema integrado.
Se ha conseguido fijar la población al territorio. Hoy podremos hablar de
mayor nivel de paro en Andalucía o en Extremadura en el sector agrario,
pero también de una mayor población; si en otras comunidades autónomas el
nivel de paro es menor probablemente sea porque no han logrado retener la
población al territorio.
En tercer lugar, se han mejorado las infraestructuras y la calidad de
vida de la población, en virtud de las obras y servicios llevados a cabo.
El perfil, el panorama de
nuestros pueblos, es indudable, y en eso han coincidido la práctica
totalidad de los comparecientes, que ha mejorado enormemente, como
consecuencia del Plan de empleo rural.
En cuarto lugar, el subsidio agrario ha supuesto un elemento de
protección adicional, que ha permitido, en muchos casos, aproximar la
cobertura a la media nacional.
Señor Presidente, cada vez son menos los que se atreven a criticar
generalizadamente al PER; hoy son cada vez menos los que hablan
indiscriminadamente de efectos perversos del sistema integrado de
protección; hoy son cada vez menos los que hablan de Andalucía y de
Extremadura como comunidades subsidiadas.
Como más de un compareciente ha señalado en la Ponencia, yo diría que de
forma más o menos literal, si el PER, señor Presidente, no existiera,
habría que inventarlo para Andalucía y para Extremadura. No obstante, el
sistema de protección integrado, subsidio agrario, REASS, el PER y la
formación ocupacional rural pueden y deben, sin duda, ser mejorados y,
además, completados con planes específicos de creación de empleo estable.
Me interesa señalar especialmente que el PER nunca ha pretendido ser un
instrumento de creación de empleo estable, señor Jordano. Probablemente
aquí radique alguna de nuestras diferencias. Permítame que le diga que
sólo torticeramente se puede achacar al PER no haber conseguido un
objetivo que nunca se ha planteado. El PER no es sino un elemento de
corrección de estados de necesidad, es un elemento de creación de empleo
eventual que ha de limar, que ha de mitigar la angustia de la gente que
no tiene empleo fijo. Y esto --creo que todos lo consideramos-- se ha
conseguido ampliamente.
Pues bien, señorías, para mejorar el sistema, lo primero que ha hecho la
Ponencia, y que nosotros compartimos, ha sido identificar los problemas.
Los problemas creo que están claramente identificados en el propio texto
de la Ponencia y yo aquí, muy someramente, voy a resaltarlos. En relación
con el subsidio agrario, la inexistencia de un censo de trabajadores
eventuales agrarios, quizá ha permitido la inclusión de personas cuyo
medio fundamental de vida no es el trabajo agrario. Tampoco se conoce con
exactitud un censo de explotaciones agrarias ni la realidad de las
necesidades cualitativas de mano de obra, por comarcas y épocas del año,
que precisa la producción agraria. Ello, probablemente, ha facilitado el
falseamiento de jornadas reales e imposibilita la cuantificación de la
mano de obra y el control del subsidio.
En tercer lugar, diría que existe una insuficiente coordinación entre los
organismos con información relacionada con posibles incompatibilidades
entre los perceptores del subsidio REASS. Quizá no se colabora en la
medida necesaria activamente en la denuncia del fraude; no existe --y
éste es otro problema identificado-- en el colectivo afectado una
conciencia de comisión de fraude. Por eso, quizá todo ello aconseja
reforzar los mecanismos de intervención del Inem en la gestión de la
oferta y de la demanda de empleo y en la contratación.
En relación con el PER, no se obtiene el máximo aprovechamiento de los
fondos disponibles en la consecución de cambios estructurales en el medio
rural o no se ha potenciado convenientemente un enfoque integral de las
inversiones del PER ni su conexión con el desarrollo local. La selección
de los trabajadores se efectúa con unos criterios no totalmente
homogéneos y básicamente orientados a completar salarialmente las rentas
obtenidas a través del subsidio y ayudar a la consecución de las jornadas
precisas para acceder al mismo, etcétera.
Por último, en relación con el Plan de formación ocupacional rural, es
escasa la vinculación de la programación de la formación ocupacional con
la consecución de un empleo o quizá también la coordinación entre las
distintas administraciones que imparten formación en el medio rural deba
ser mejorada.
Identificados los problemas, que el Grupo Socialista comparte plenamente,
se pueden aportar soluciones y éstas, señor Presidente, no son otras que
las propias conclusiones que, a nuestro juicio, incluye la Ponencia. La
valoración global es positiva, la situación de desempleo estacional y la
especial precariedad que padecen los trabajadores eventuales agrarios de
Andalucía y de Extremadura hacen necesaria la existencia de un sistema de
protección específico, aunque eso sí, y tengo interés en ponerlo de
manifiesto, en ningún caso se puede hablar de fraude generalizado.
Efectivamente, el Inem realiza controles de peonadas, el Inem realiza
controles de requisitos aproximadamente en una media anual de 100.000.
Sin embargo, señorías, el índice de irregularidades es reducido. En el
año 1990, se situaba en un 14 por ciento, que se ha visto descender,
hasta 1992, al 6,5 por ciento. Ello no impide que se deban introducir
cambios en la gestión y en el control del sistema.
En cuanto al acceso al sistema, me permitirán que diga que éste es quizá
el aspecto más difícil de arreglar. Por eso, nosotros propugnamos, y
vamos a ofrecer una transacción, que la elaboración del censo, la
cuantificación y cualificación de las explotaciones agrarias y su posible
producción, permitan la definición de un procedimiento de acceso al
sistema de protección que ajuste los requisitos exigidos con carácter
general a cada realidad comarcal. Ello exigiría, previamente, un adecuado
conocimiento del mercado de trabajo.
Hay que establecer también criterios homogéneos y claros, así como
mecanismos de control sobre la inscripción, permanencia y baja en el
REASS, de forma que quede acreditada la habitualidad y el medio
fundamental de vida de los perceptores. Hay que mejorar el conocimiento
de los días trabajados. Probablemente la comunicación del trabajo por
cuenta, bien sea propia o ajena, que suponga una inclusión en cualquiera
de los regímenes de la Seguridad Social debería ser previa al inicio del
trabajo efectivo. Así se evitaría la situación en la que aun existiendo
trabajo el trabajador lo abandona por haber causado ya el subsidio o
continúa trabajando sin declarar las jornadas ni cotizar por ellas.
Habría que perfeccionar los consejos comarcales. Izquierda Unida insiste
en su idea preconcebida de los consejos locales; sin embargo, entiende la
Ponencia, entiende el Grupo Socialista y lo apoya en sus justos términos,
que,
añadiendo a las funciones actuales de los consejos comarcales otras
tendentes a la gestión y control en materia de empleo, formación
ocupacional rural, subsidio por desempleo y colaboración en la
elaboración y control de los censos que afecten al colectivo de los
eventuales agrarios, se podrían potenciar y resolver muchos de los
problemas hoy existentes.
Habría que reordenar los proyectos del PER con una traslación progresiva
hacia otros proyectos que garanticen, con la confluencia de otros
recursos públicos, la creación de empleo estable, sistema, en cualquier
caso, complementario, nunca alternativo; mejorar la gestión
administrativa y de control. El señor Roncero ya ha expresado ampliamente
las propuestas de la Ponencia, por lo que yo no voy a insistir en ellas.
Creemos que es importante, en el punto 8 de las conclusiones, la
promoción de servicios de utilidad social, estableciendo quizá una nueva
regulación que permita promover los trabajos o servicios de colaboración
y utilidad social que incluyan entre los que deban efectuarlos a los
trabajadores eventuales agrarios perceptores del subsidio por desempleo.
Habría, en definitiva, que perfeccionar la formación ocupacional rural.
Ello, probablemente, mediante un plan específico que oriente esta
formación a la cualificación en labores agrarias y a la reconversión
profesional o sectorial de los excedentes de población activa del medio
rural.
Señor Presidente, en relación al escrito de enmiendas que presenta el
Grupo Popular debo señalar, de entrada, una cierta perplejidad por parte
de mi Grupo ante la aparente contradicción, al menos así lo percibimos
nosotros, entre el preámbulo, en el que reiteradamente se habla de
aspectos negativos del PER, y las propuestas, propuestas que si yo no he
entendido mal, tanto en la lectura detenida del escrito del PER como de
la defensa que aquí ha hecho su portavoz, se concretarían prácticamente
en la iniciativa privada y la flexibilidad. De hecho, ya, los mayores de
55 años, como SS. SS. conocen, tienen un sistema más flexible que permite
el alargamiento en el período de percepción del subsidio e incluso la
reducción importante del número de peonadas.
De cualquier forma, parece contradictorio, en este sentido, la afirmación
de que se ha generado fraude; sin embargo, a continuación, el portavoz
del Partido Popular señala que no está demostrado que sea superior al de
otros regímenes. Esta es la conclusión de la Ponencia y lo que nosotros
compartimos totalmente. Desde luego, lo que no compartimos es la
afirmación relativa a la creación de una supuesta cultura de inactividad
en Andalucía ni en Extremadura.
En relación a las propuestas que realiza el Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, hablan de un censo tecnocrático, pero yo
no entiendo lo que es un censo tecnocrático; será, en cualquier caso, un
censo que permita determinar las dos condiciones de habitualidad y medio
fundamental de vida para los perceptores del subsidio, del REASS.
Comprendo perfectamente que el señor Alcaraz, en unas declaraciones en el
diario «Ideal» del pasado día 27 de abril, diga que el trabajo inútil
conduce a la melancolía y a la impotencia, porque él tenía preconcebidas
dos ideas claras: eliminación de las 60 peonadas y comisiones locales.
El trabajo de la Ponencia, desde luego, no ha llevado a esta conclusión y
el no ver reflejado en el mismo las dos conclusiones previamente asumidas
por su Grupo le llevan a este sentimiento de impotencia. Tengo que
decirle que, por una parte, en la eliminación de las 60 peonadas, en unos
u otros términos, los diferentes grupos hemos puesto de manifiesto que
éste es un tema que habrá de modificarse previsiblemente en el futuro;
sin embargo, en este sentido ofrecemos una enmienda transaccional al
Grupo de Izquierda Unida, igual que al Grupo Popular, que pudiera mejorar
la redacción inicial del informe de la Ponencia.
Señor Alcaraz, realmente incrementar el subsidio al 100 por cien del
salario mínimo implica un incremento del 33 por ciento; sobre los fondos,
nosotros también seríamos partidarios de cualquier tipo de incremento,
pero la situación actual de la economía española no nos puede hacer
olvidar el incremento indiscriminado de partidas. En cualquier caso
también, permítame que le diga, que la diferencia que usted pueda
apreciar en los fondos de este año, respecto al ejercicio pasado,
fundamentalmente van en el Decreto de la sequía. Tanto el Gobierno como
la comunidad autónoma lo tienen actualmente en estudio y no podemos
descartar, en absoluto, que este año se produzca un nuevo decreto que
incremente los fondos.
Las comisiones locales, señor Alcaraz, pienso que no son garantía de que
las pequeñas corruptelas o los fraudes que se hayan podido producir
tiendan a eliminarse. En cualquier caso, en muchos pequeños municipios no
existen representaciones empresariales, ni, a veces, sindicales, que
permitieran constituirlas. Creo --así lo cree el Grupo Socialista-- que
el reforzamiento de las comisiones regionales sería la solución adecuada,
porque, con una visión más global del problema, podríamos encontrar vías
de solución para el sistema.
Apreciamos, y quiero ponerlo especialmente de manifiesto, la valoración
positiva que el Grupo Catalán (Convergència i Unió) realiza del Plan de
empleo rural, del sistema integrado, en su conjunto y, desde luego, señor
Baltá, tenga en cuenta que Andalucía sabrá apreciar los términos de su
valoración.
Para terminar y no hacerme excesivamente extenso, señor Presidente, debo
decir que el Grupo Socialista presenta dos enmiendas transaccionales,
que, de ser aceptadas por los grupos respectivos, Grupo Popular e
Izquierda Unida, las incluiríamos en el texto de la Ponencia o
propondríamos que su no inclusión permitiera convertirlas en enmiendas
técnicas al propio texto de la Ponencia.
En concreto, presentamos una enmienda transaccional al texto presentado
por el Grupo Popular en el número 4 de las conclusiones, texto que tanto
la Presidencia como los diferentes grupos tienen en su poder. Va en el
sentido de la flexibilización de las peonadas; transar en el sentido de
que los estudios que se realicen con posterioridad a la elaboración de
censo permitan ajustar las realidades
comarcales a la exigencia del número de peonadas correspondientes.
Igualmente presentamos una enmienda transaccional al texto presentado por
Izquierda Unida en el número 8 de las conclusiones, para reforzar los
mecanismos de intervención del Inem en la gestión de la oferta y demanda
del empleo y la contratación. Ello permitirá, junto al reforzamiento de
las comisiones comarcales, a nuestro juicio, solventar muchos de los
problemas.
En cualquier caso --y ahora sí que termino, señor Presidente-- no se
puede decir, como afirmaba el portavoz de Izquierda Unida, que la
pretensión del Grupo Socialista sea, en absoluto, dejar el sistema como
estaba. Creo que ha quedado claramente puesto de manifiesto, tanto por la
exposición de las conclusiones de la Ponencia como por mi propia
intervención, que el sistema adolece de determinados defectos y que,
manteniendo lo esencial, exige su modificación. El amplio número de
conclusiones y propuestas que en el informe de la Ponencia se contienen
estamos seguros que facilitarán la mejora del Plan de empleo rural.
El señor PRESIDENTE: En todo caso, yo propondría al señor Martín Mesa
que, dado que la enmienda transaccional que propone es a los textos
originales del Grupo Parlamentario Popular y de Izquierda Unida, indicara
en los puntos concretos del texto de la Ponencia en los que se
concretarían.
Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Popular señor
Jordano.
El señor JORDANO SALINAS: La verdad es que la intervención del portavoz
bis del Grupo Socialista, señor Martín, que ha empezado hablando de
ambiente crispado y ambiente sosegado, distinguiendo dos tipos de
ambientes, no ha añadido nada a la primera intervención del señor Roncero
y lo que ha hecho es crispar el ambiente. Por mi parte, ni acostumbro
crisparme ni acostumbro alterarme. Pero tengo que decirle al señor Martín
que la referencia a intervenciones de parlamentarios no presentes en este
momento en la comisión, evidentemente, sobra. En nuestro Grupo nos hemos
planteado un trabajo en equipo de los Diputados asignados a esta Ponencia
y asumimos las intervenciones de la totalidad de nuestros Diputados en
los distintos ámbitos. Quisiera recordar al señor Martín que la
solidaridad entre los miembros de un Grupo no es exclusiva de nadie, sino
que es práctica de bastantes grupos.
Se empeñen o no se empeñen los representantes del Grupo Socialista,
existen discrepancias básicas. Y la primera discrepancia básica es que
ustedes no quieren asumir los errores del sistema, no quieren reconocer
esos errores. Ustedes, por un lado, no hablan de fraude, hablan aquí de
fraude y pequeñas corruptelas, pero en la página 26 del informe se
plantean como objetivo la erradicación del fraude del sistema, llegando,
en ocasiones, a que, desde los ámbitos administrativos, no se evite el
acceso irregular al mismo y no se colabore activamente en la denuncia del
fraude. Evidentemente, si no existe fraude, no sé a qué vienen estas
referencias. Si no existe fraude, no sé a qué han venido determinados
procesos judiciales que han acabado con sentencia. Asumamos la realidad,
porque, asumiendo la realidad, será más fácil conseguir mejorar el
sistema.
Una valoración global del sistema en forma positiva, como hace el Grupo
Socialista, no puede partir de un concepto de que el sistema de subsidio
agrario y de obras PER ha servido para una reanimación económica de
Andalucía y Extremadura. Hay dos datos objetivos, que no los ponemos
nosotros ni se los inventa nadie sino que los da el propio Gobierno, y
esos datos dicen que ambas comunidades, Andalucía y Extremadura, eran
hace 10 años las últimas comunidades de España en renta per cápita y lo
siguen siendo ahora, y buena parte de las provincias andaluzas y
extremeñas que no estaban situadas en la cola de la renta per cápita
española, lo están ahora mismo. El índice de paro en Andalucía es 10
puntos más alto que la media nacional y 20 más que la media europea, y el
número de parados en estos 10 últimos años, prácticamente, se ha
duplicado en Andalucía y en Extremadura; por tanto, admitamos que el
sistema no ha servido para crear empleo estable.
Se insiste en el concepto asistencial del sistema. El sistema se
configura en una forma asistencial porque no podía ser puramente
contributivo como el resto de los sistemas generales de la Seguridad
Social, y como no podía ser puramente contributivo y la percepción del
subsidio no podía estar en relación con los ingresos obtenidos los días
de trabajo por los trabajadores es por lo que se configura un sistema en
el que prima lo asistencial sobre lo contributivo, pero no es un sistema
estrictamente asistencial, puesto que los trabajadores y los empresarios
agrícolas cotizan a la Seguridad Social; por tanto, estamos ante un
sistema mixto.
Se insiste en el censo de explotaciones agrarias. El censo de
explotaciones agrarias por sí no sirve para ningún sistema de control;
hay que conjugarlo con el cultivo que se practica en cada una de esas
explotaciones agrarias. Por otra parte, hemos insistido a lo largo de las
comparecencias, e insistimos en las propuestas que realizamos, en que
actualmente los datos están disponibles por parte de la Administración y
el Ministerio de Agricultura tiene un censo exacto de todas las parcelas
que hay en explotación en España, por la vía de las declaraciones para
cobrar subsidios comunitarios. Por tanto, existe el dato, pero no de
explotaciones agrarias, sino de lo que se cultiva en esas explotaciones
agrarias; no es lo mismo cultivar lechugas en una hectárea que cultivar
trigo ya que las jornadas que se dan en una y otra, evidentemente, son
diferentes.
El sistema no ha creado empleo, aunque quizá no era uno de sus objetivos
básicos. El gran fracaso del sistema está en que el que era obrero sin
cualificar hace 10 años, sigue siendo hoy obrero sin cualificar, tanto en
el campo como en otros sectores. Esto no es algo que nosotros nos
inventemos, sino que es una queja continuada de los alcaldes, que no
pueden realizar determinadas obras, o les salen muy costosas, porque no
encuentran en sus municipios personal cualificado para realizarlas. Ahí
está uno de los grandes fracasos del sistema.
Quería también aprovechar para contestar la enmienda transaccional
ofertada. Creemos que con la transacción
que se ofrece no se asume, ni siquiera en parte, el punto que se pretende
sustituir. Lo que decimos en ese punto --relacionado también con lo que
dice Izquierda Unida-- es si debe desaparecer o no el límite de 60
jornadas trabajadas. Izquierda Unida se manifiesta radicalmente en el
sentido de que debe desaparecer. A nuestro modo de ver, aun reconociendo
la dificultad en determinadas zonas y en determinados momentos para
llegar a cubrir ese límite de las 60 jornadas, entendemos que no se puede
plantear la eliminación pura y simple sin sustituirla por otra serie de
criterios, tanto para la entrada en el sistema como para la permanencia
en el mismo. Si combinamos desaparición de las 60 jornadas trabajadas con
elevación del subsidio al salario mínimo profesional, quiero preguntar al
representante de Izquierda Unida ¿qué incentivos damos al trabajador para
que trabaje transparentemente y acredite las jornadas que ha trabajado?
Evidentemente, ninguno. Por eso introducimos nosotros un criterio
flexible en la apreciación de la necesidad de 60 jornadas, según la zona
y la estacionalidad del campo. Este criterio no se ve ni siquiera
reflejado en la enmienda transaccional que nos ofrecen; por tanto, no
podemos aceptarla.
En cuanto a las coincidencias --y con ello contesto al representante de
Izquierda Unida--, es nuestro propósito votar a favor cinco conclusiones
de las que propone Izquierda Unida y sólo cuatro de las que propone el
PSOE. Y sobre los criterios de evaluación, votaremos prácticamente el
mismo número de criterios de las propuestas socialistas que de las de
Izquierda Unida, con lo cual parece que las coincidencias del Grupo
Parlamentario Popular con Izquierda Unida son superiores a las
coincidencias con las propuestas del PSOE.
Con respecto al punto de la elección sindical en el campo y de la
elección a cámaras agrarias, nos agrada que Izquierda Unida plantee la
necesidad de celebrar elecciones a cámaras agrarias, como nos agradaría
que, cuando se vea en el Pleno la proposición de ley presentada por el
Grupo Popular para transferir la potestad de convocatoria de elecciones a
cámaras agrarias a las comunidades autónomas y, de esa forma, aligerar el
proceso de elección de cámaras agrarias, vote el Grupo de Izquierda Unida
a favor de la misma.
Para finalizar, señor Presidente, a pesar de las discrepancias últimas
que han surgido en la segunda intervención del Grupo Parlamentario
Socialista, continuamos manteniendo nuestro criterio de que el trabajo de
la Ponencia ha servido para algo y que queda un documento que es útil. Se
pueden admitir o no las conclusiones de los distintos grupos, pero lo que
sí es cierto es que todos los grupos parlamentarios que han prestado su
trabajo en esta Ponencia lo han hecho con un criterio positivo. Por
tanto, no distingamos etapas en todo el proceso que va desde la
aprobación por el Pleno de la moción --con la enmienda sustancial
introducida por el Partido Socialista-- y el final de esta Ponencia,
porque si empezamos a distinguir distintas etapas y a entrar en criterios
o valoraciones personales, evidentemente, vamos a echar por tierra el
buen trabajo que, al modo de ver del Grupo Parlamentario Popular, se ha
realizado hasta ahora.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Quería comentar algunos aspectos del debate y
hablar de la enmienda transaccional que se nos ofrece desde el Grupo
Socialista.
He de aclarar al señor Jordano que se trata no de que dejen de trabajar
los jornales necesarios o adecuados, los que se puedan dar, los reales,
llegar a un estudio del mercado de trabajo real, no en la perspectiva del
censo que aquí se nos ofrece y con el que no estamos de acuerdo, y
transferir el poder que hoy tienen los empresarios, «stricto sensu», o el
alcalde-empresario que firma las peonadas, que firma la cartilla de la
Seguridad Social y que firma hasta la baja por enfermedad, a un ente
participativo, que son las comisiones locales de empleo. Estas comisiones
locales de empleo tienen en cuenta cómo funciona el mercado de trabajo,
sin pasar por ese filtro antidemocrático e irreal que convierte las
relaciones, en muchos casos --y usted lo sabe--, en neocaciquismo. Y de
ahí vienen todas las acusaciones de clientelismo, etcétera. Se debe
trasladar el poder, repito, a un ente participativo, que serían las
comisiones locales de empleo. Eso es lo que planteamos. Con el
conocimiento de todo, controlándose todo, como cualquier entidad de tipo
democrático, se evitaría todo lo que está pasando en estos momentos y
llegaríamos a un censo humano, humanamente fabricado, no como lo que se
nos plantea aquí, sobre la base de dos ejes: el de la habitualidad en el
trabajo y el del medio fundamental de vida. Si estos dos ejes para
fabricar un censo se combinan con el hecho de la política agraria
comunitaria, del PDR que se nos está ofreciendo, y que el señor Planas
defendió en la ponencia, «full time», a tope, y en el marco de que no
tiene virtualidad para ciertas políticas económicas la agricultura
andaluza, este censo, lógicamente, se va a quedar muy reducido ¿o no?
Teniendo en cuenta todo, habitualidad y medio fundamental de vida.
En muchos aspectos, en el PDR, el medio fundamental de vida del sector
rural, no es la agricultura andaluza, y ya lo hemos denunciado en la
Ponencia. No aparece como eje fundamental de Andalucía; sí en otras
comunidades, en otras naciones, por ejemplo, Marruecos. Pero en Andalucía
se quita como eje fundamental de lo que va a ser su economía de futuro.
Por tanto, si aplican estos dos ejes, el censo va a hacer una
reconversión radical de la estructura social del medio rural y agrario
andaluz. En eso no podemos estar de acuerdo. No se trata de ideas
preconcebidas o de dogmas de fe, no; se trata de un discurso lógico que
tiene una concatenación con la realidad que estamos viviendo a diario.
(Rumores.) Por eso...
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Alcaraz.
Señorías, ruego silencio. (Un señor Diputado: La tertulia de la Cope.)
Continúe, señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Sin embargo, vemos, señor Presidente, que se nos
anuncia aquí --y, por tanto, empezamos a salir discreta y moderadamente
de la melancolía-- que pueden reducirse las peonadas en un cierto
plazo. No vamos a bajar la guardia en el sentido de nuestra propuesta de
quitar radicalmente las 60 firmas, el requisito de 60 peonadas firmadas,
pero vemos que podemos haber abierto ciertas fisuras en las propuestas
del Grupo Socialista. No lo sé. Estas fisuras o esta nueva sensibilidad
habría que llevarlas a negociación con todos los sindicatos del sector y
ver si esto concuerda o no con la posibilidad de un acuerdo sindical. De
todas formas, nuestra posición política, naturalmente, es la misma,
porque creemos que es justa la eliminación radical, ahora mismo, de las
60 peonadas como requisito.
Termino, señor Presidente, con otros dos detalles. Si no se suben los
fondos del PER --nosotros planteamos la subida al doble, aproximadamente,
para que hubiera veintitantos jornales, un mes-- y, a la vez, se intenta
mantener el mismo censo, por ahora, a lo que realmente vamos es a una
estructura de jornales a tiempo parcial. Vamos a conseguir que los
perceptores, supuestamente, van a ser los mismos pero van a trabajar a
tiempo parcial. Es otra de las perspectivas, que no se anuncia en la
exposición del Grupo Socialista pero que, analizando las propuestas que
nos ofrecen y combinándolas, se deduce fácilmente. No estamos de acuerdo.
Nosotros pensamos que hay que ir a una estructura real, por lo que yo no
concuerdo con otras apreciaciones que se han reiterado aquí en el sentido
de que si hay subsidio en Andalucía se crea una conciencia de no querer
trabajar. Y no estamos uniendo esto a la realidad del informe de la
ponencia, en función de los datos oficiales. Andalucía está menos
subsidiada que el resto de España; Extremadura está menos subsidiada que
la media nacional, mucho menos que ciertas comunidades autónomas. ¿Es que
los subsidiados de Andalucía tienen menor conciencia de querer trabajar
que el resto de los subsidiados de Barcelona, de Valencia o de Madrid?
¿Por qué se aplica a los subsidiados de Andalucía esta dialéctica injusta
y no a los subsidiados del paro --aunque no sea agrario-- de otras
comunidades autónomas, cuando el subsidio de la media nacional está por
encima del subsidio agrario más el subsidio de paro en Andalucía y el
subsidio de ciertas comunidades autónomas muy por encima de la media
andaluza o de la media extremeña? Por tanto, no utilicemos criterios que
inevitablemente nos llevan al concepto reaccionario de que realmente no
hay tantos parados, lo que pasa es que no quieren trabajar. Concepto
reaccionario usualmente utilizado en la vida cotidiana: No hay tanto
parado, es que no quieren trabajar; se les ofrece trabajo y no quieren
trabajar. No estamos de acuerdo con esa dialéctica.
En cuanto a la enmienda transaccional, el Grupo Socialista, da casi tanto
como una piedra, casi nada. Es una enmienda de matiz técnico, que, si se
añade al punto 8, de cierta evaluación general que nosotros hacemos no
estaría mal, pero es poquísimo lo que añade, no llega ni a una propina
dialéctica. (Risas.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Martín Mesa.
El señor MARTIN MESA: Muy brevemente, señor Presidente.
En primer término, para decir al señor Jordano que en mi ánimo no ha
estado, en absoluto, alterar el clima con que la Ponencia se ha
desarrollado. Precisamente si he hecho referencia a la diferencia
--probablemente en la forma dialéctica de expresión no he sido muy
afortunado, así lo reconozco-- ha sido para poner de manifiesto la
diferencia con aquella intervención. Por cierto, me ha sorprendido --y no
se lo tome a mal-- en su segunda intervención, porque ha recordado
algunos de aquellos elementos: ser los últimos de la renta per cápita en
Andalucía o Extremadura o tener el doble de parados, cuando realmente lo
que estamos tratando nada tiene que ver con ello, en absoluto.
Sin embargo, señor Jordano, valoro en sus justos términos el clima
positivo de los trabajos de toda la Ponencia, que es lo que
indudablemente ha permitido alcanzar un texto final que creo que tiene
bastantes elementos de consenso por parte de todos los grupos. Usted se
empeña en poner de manifiesto, al contrario de las apreciaciones, tanto
del portavoz de Izquierda Unida como de nosotros mismos, que sus
coincidencias son mayores con el texto de Izquierda Unida que con el de
la Ponencia, y yo únicamente le digo --y no es cuestión de recordarlo
aquí, probablemente al final de la comisión tengamos oportunidad de
hablar de ello--: no vayan ustedes a votar en contra de algunos párrafos
de nuestro informe de ponencia, que literalmente ustedes reproducen.
Tengan cuidado con ello, porque sería una contradicción.
De cualquier forma, señor Jordano, el límite de las 60 peonadas, creemos
que, con la transacción que se le ofrece --actualmente no hay un
conocimiento auténtico de la realidad comarcal--, nuestra propuesta va en
el sentido de profundizar en ese conocimiento real. Por otra parte, no es
que existan fisuras en el Grupo Socialista, como señalaba el señor
Alcaraz, ni reconversión de ningún tipo. Desde el primer momento, tanto
los miembros del Grupo Socialista en la Ponencia como algunas
personalidades comparecientes, de idéntica adscripción ideológica, hemos
venido poniendo de manifiesto que es un problema que habría que atajar y
yo he dicho hoy aquí que el criterio de acceso al sistema quizá sea uno
de los temas más complejos. De ahí que nuestra propuesta vaya en el
sentido de conocer cuál es la realidad y cuáles son los mecanismos y
nuestra propuesta al Gobierno, nuestra instancia al Poder ejecutivo de
que en este terreno se debe avanzar.
De todas formas, señor Alcaraz, igual que en el año 1990 la profunda
reforma del sistema se realizó de acuerdo con los sindicatos, las
reformas que al respecto hayan de realizarse, no se preocupe usted, que
por parte del Grupo Socialista e igualmente por parte del Gobierno se
procurará que se hagan por acuerdos consensuados.
Y a requerimiento del señor Presidente, en cuanto a las enmiendas
transaccionales o, en su caso, de mejora técnica, respecto a la del Grupo
Popular, se incluiría --al no aceptarla como transaccional-- como mejora
técnica, en el apartado 2 de las conclusiones del informe de la Ponencia,
con el texto de que SS. SS. disponen. En cuanto a la enmienda
transaccional, en este caso, puesto que Izquierda unida sí la admite, al
texto presentado por ellos en el número 8 de las conclusiones, se
incluiría en el apartado 6, es
decir, en evaluación del sistema, dentro del apartado 1 y concretamente
al final del inciso tercero.
El señor PRESIDENTE: Creo que aclarados estos extremos, si el Grupo
Socialista las formula como enmiendas técnicas se incorporan --si así se
acepta por todos los grupos-- como mejoras técnicas en el texto del
dictamen que vamos a votar, porque la enmienda transaccional conllevaría
forzosamente tener que retirar el punto concreto que se enmendaba. ¿Le
parece bien al Grupo de Izquierda Unida? (Pausa.) Se formulan como
enmiendas técnicas, y se incorporan al texto del informe, porque, en el
caso de ser una enmienda transaccional, repito, conllevaría que el grupo
parlamentario correspondiente tuviera que retirar la parte de la
enmienda.
Pasamos, a continuación, a votar las enmiendas. ¿Algún Grupo solicita
alguna matización? (Pausa.) Tiene la palabra el señor Jordano.
El señor JORDANO SALINAS: Nos gustaría que se votaran separadamente, en
cuanto a las conclusiones del informe de la Ponencia, los puntos 1.1, 4,
6, 7 y 9.
Si se va a votar también la parte relativa a evaluación del sistema, pido
votación separada para los puntos 1, 2 y 3 de la página 25. La valoración
del sistema en el informe de la Ponencia empieza en un punto 6, que está
en la página 24, y a partir de la página 25 se incluyen los puntos 1, 2 y
3, dentro de ese apartado c). Pediría votación separada de esos puntos 1,
2 y 3.
En relación a Izquierda Unida, que utiliza una fórmula distinta para
identificar las dos partes de su texto, cuando se habla de conclusiones,
en la página 3 de la enmienda, pediríamos votación separada de las
conclusiones 1 y 5, y de las propuestas de Izquierda Unida pediríamos
votación separada de las números 7, 8, 9, 10 y 11. Todas ellas
conjuntamente.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro Grupo? (Pausa.)
Tiene la palabra el Grupo Socialista.
El señor RONCERO RODRIGUEZ: Señor Presidente, dado que efectivamente,
como ha sido puesto de manifiesto antes por el señor Martín Mesa, hay
algunos párrafos de la enmienda Grupo Popular que son coincidentes
literalmente con algunos de los apartados de la Ponencia, rogaríamos que
al votarse su enmienda se voten los restantes puntos y no esos que serán
votados en el propio informe. Concretamente, si no me equivoco, son el
punto 9 de su evaluación del sistema y las conclusiones 10 y 11, y quizás
haya alguna matización en un párrafo que se podría votar por separado.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Jordano.
El señor JORDANO SALINAS: Señor Presidente, hago la matización de que en
la parte relativa a la evaluación del sistema se incluye una frase en el
tercer párrafo del punto 9 en el que se dice: La falta de rigor en estas
estadísticas y datos podría subsanarse, ya que en los últimos años
existen datos fiables en poder del Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca. Esto es añadido de nuestra cosecha.
Y en el punto 10 de las conclusiones se incluye un último párrafo, que
nos encantaría que lo votaran a favor, que es: Debe darse entrada a la
iniciativa privada en las ofertas de proyectos, siempre que sean de
interés general.
El señor RONCERO RODRIGUEZ: Se votarían separadamente esos párrafos que
no son coincidentes con el informe y el resto no haría falta votarlo,
puesto que está contenido en el informe. A eso es a lo que me refería.
En cuanto a Izquierda Unida, sus tres primeros puntos de evaluación del
sistema, que son también coincidentes con el informe, imagino que tampoco
deberían ser sometidos a votación en su enmienda sino a la hora de votar
el propio informe, porque hacen una valoración del sistema sobre las
necesidades, que coincide con las propias conclusiones del informe de la
Ponencia.
Por tanto, nuestro Grupo votaría separadamente las enmiendas de los dos
grupos.
El señor PRESIDENTE: Pondremos, en primer lugar, a votación las enmiendas
del Grupo Parlamentario Popular. En cada votación será el momento para
que los grupos fijen su posición, porque si no será un lío tremendo para
la Presidencia y para los Servicios poder aclarar todos los extremos.
Por lo tanto, el Grupo Socialista ha pedido en cuanto a las enmiendas del
Grupo Parlamentario Popular votar separadamente el punto 9 de la
evaluación del sistema, excepto el párrafo 3 que ha citado, y en las
conclusiones el 10 y el 11, excepto el último párrafo del punto 10.
¿El Grupo de Izquierda Unida solicita alguna votación separada de las
enmiendas del Grupo Parlamentario Popular? (Denegaciones.)
Señorías, les ruego una cierta atención.
Ponemos en consideración las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular
excepto el punto 9, evaluación del sistema, excluido el tercer párrafo.
El señor RONCERO RODRIGUEZ: Señor Presidente, creo que sería mejor al
revés: votar solamente el párrafo que fuese diferente del informe. Votar
el párrafo 3 del punto 9 y el último párrafo de la conclusión 10.
El señor PRESIDENTE: No hay inconveniente, pero de todos modos yo creo
que se trata, en definitiva, de votar en un solo bloque aquellos extremos
sobre los cuales el Grupo Socialista va a tener una posición distinta.
En ese sentido yo creo que es el punto 9, excepto el último inciso, y en
las conclusiones el punto 10, menos el último párrafo, y el 11.
El señor RONCERO RODRIGUEZ: Que literalmente son los que aparecen en el
informe de la Ponencia y a los que vamos a votar favorablemente.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo, pero tenemos que votarlo, y luego el
resto.
El señor ALCARAZ I MASAT: Pero ¿consta que se votarían aparte los tres
primeros puntos de la evaluación? (Rumores.--Protestas.)
El señor PRESIDENTE: No nos liemos excesivamente.
Votamos, en los extremos que hemos dicho, la enmienda del Grupo
Parlamentario Popular, y luego votaremos el resto.
El señor RONCERO RODRIGUEZ: Señor Presidente, una cuestión procedimental
o de concepto. Si hay un informe que tiene determinados apartados y éstos
se van a votar como informe, y algunas de las enmiendas, literalmente los
apartados que hemos separado, son exactamente lo que dice el informe, no
parece razonable que se voten esas enmiendas al informe. Se debería votar
los párrafos no coincidentes con el informe. Parece lo lógico
conceptualmente.
El señor PRESIDENTE: Si el Grupo Parlamentario Popular está de acuerdo en
este sentido, me parece correcto.
El señor JORDANO SALINAS: Entiendo que lo que se somete a votación es el
conjunto del texto propuesto por el Grupo Popular, salvo los apartados
coincidentes.
El señor PRESIDENTE: En esos extremos creo que finalmente se ha llegado a
un acuerdo. Salvo en los apartados que son coincidentes, votamos las
enmiendas del Grupo Parlamentario Popular en un solo bloque.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 11; en
contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas del Grupo
Parlamentario Popular.
Las que son coincidentes ya no las sometemos a votación.
A continuación votaremos las enmiendas del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida. Sobre las enmiendas de Izquierda Unida se ha formulado
por parte del Grupo Parlamentario Socialista la petición de una votación
separada al punto 3.
El señor RONCERO RODRIGUEZ: El mismo sistema: votar globalmente todo,
excepto lo coincidente, y si hay alguna petición de votación separada se
votaría separadamente.
El señor PRESIDENTE: ¿El Grupo Parlamentario Popular desea votación
separada? (Pausa.)
Si les parece, pues, pasamos a continuación a votar los puntos
solicitados por el Grupo Parlamentario Popular, que son el 1 y el 5 de
las conclusiones y las propuestas 7, 8, 9, 10 y 11.
El señor RONCERO RODRIGUEZ: Las conclusiones de Izquierda Unida 1 y 5
separadamente.
El señor JORDANO SALINAS: Creo que lo que proponía el Grupo Socialista
era que se votaran separadamente las conclusiones. (Denegaciones.)
Perdón.
El señor RONCERO RODRIGUEZ: No hay que votar las que son literales con
las del informe.
El señor JORDANO SALINAS: Es decir, primero la conclusión número 5.
El señor PRESIDENTE: Como la número 1 está literalmente recogida en el
informe, votamos la conclusión número 5, del Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en
contra, 19.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación, pasamos a la votación de las propuestas números 7, 8, 9,
10 y 11.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en
contra, 19.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a continuación a votación los distintos puntos de la enmienda,
excepto los puntos 1, 2 y 3, que son coincidentes con el informe.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en
contra, 30.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados.
A continuación, pasamos a la votación del informe. En este sentido, el
Grupo Parlamentario Popular ha solicitado ya distintas votaciones
separadas.
¿Otros grupos que deseen votaciones separadas? (Pausa.)
El señor Alcaraz tiene la palabra.
El señor ALCARAZ MASATS: ¿Se vota el informe en su conjunto?
El señor PRESIDENTE: No. El Grupo Parlamentario Popular ha solicitado ya
votación separada de distintas propuestas y puntos.
El señor ALCARAZ MASATS: Nosotros pedimos separar el punto 6 y el 7 del
resto, toda la parte descriptiva del informe.
El señor PRESIDENTE: Si les parece, votamos del punto 1 al 5, que no se
ha solicitado votación separada por parte de ningún Grupo y parece que
existe acuerdo. (El señor Jordano Salinas pide la palabra.)
El señor Jordano tiene la palabra.
El señor JORDANO SALINAS: Señor Presidente, respecto a las conclusiones,
nosotros hemos pedido...
El señor PRESIDENTE: La votación es respecto a la primera parte, a los
antecedentes, constitución y plan de trabajo, hasta evaluación del
sistema.
Efectuada la votación, fueron aprobados por unanimidad.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados por unanimidad.
Punto número 6, evaluaciones. Existe la petición, por parte del Grupo
Popular, de votar separadamente los apartados 1, 2 y 3 del punto número
6, que es evaluación del sistema. Segregamos los apartados 1, 2 y 3, y,
si les parece, votamos el punto número 6 excepto esos apartados.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en
contra, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el punto 6 menos los apartados 1, 2 y
3.
Pasamos a continuación a la votación de los apartados 1, 2 y 3 del punto
número 6.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 30; en
contra, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados los puntos 1, 2 y 3 del punto
número 6.
A continuación, entramos en el punto número 7, conclusiones. En las
conclusiones, el Grupo Parlamentario Popular ha pedido votación separada
de los puntos 1.1, 4, 6, 7 y 9.
¿El Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya pide alguna
votación separada? (Denegaciones.)
Votamos las conclusiones, menos los puntos que he citado anteriormente.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en
contra, 13.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las conclusiones excepto los
apartados 1.1, 4, 6, 7 y 9 del punto 7, que votamos a continuación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 30; en
contra, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados los puntos citados anteriormente.
Agotadas las votaciones y entendiendo que se ha votado con las
incorporaciones técnicas que ha formulado el Grupo Socialista, recuerdo a
los grupos que deseen mantener vivas algunas enmiendas o votos
particulares, que tienen un plazo de 24 horas para presentarlas en el
Registro de la Cámara, es decir, hasta mañana a las ocho de la noche, en
que cierra el Registro.
Se levanta la sesión.
Eran las siete y veinte minutos de la tarde.