CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1994 V Legislatura Núm. 192
INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE
PRESIDENTE: DON LEOPOLDO ORTIZ CLIMENT
Sesión núm. 19
celebrada el jueves, 5 de mayo de 1994



ORDEN DEL DIA:
Comparecencia del señor Presidente de la Compañía Telefónica de España
(Velázquez-Gaztelu Ruiz), para:
--Informar sobre el alcance y el contenido del sistema de contabilidad
analítica recientemente finalizado, que permite conocer los costes
imputables a los distintos servicios que presta la citada Compañía, así
como sobre los resultados conseguidos con los datos referidos al año
1993, y la valoración de las cuantías de las subvenciones cruzadas
detectadas según los mismos. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular.

(Número de expediente 212/000563) (Página 5963)
--Informar sobre los resultados obtenidos por la citada Compañía en el
año 1993 y, en especial, sobre el contenido de su marco tarifario. A
solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente
212/000640) (Página 5963)
--Explicar su posición en relación con la liberalización de las
telecomunicaciones en España y sus posibles efectos de la Compañía
Telefónica Nacional de España. A solicitud del Grupo Parlamentario
Federal IU-IC. (Número de expediente 212/000644) (Página 5963)

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--Explicar la política llevada por dicha Compañía en relación con la
empresa AMPER. A solicitud del Grupo Parlamentario Federal IU-IC. (Número
de expediente 212/000426) (Página 5984)
--Explicar la compra de la Compañía Telefónica de España, S. A. de Perú
por 3.300 millones de dólares. A solicitud del Grupo Parlamentario
Federal IU-IC. (Número de expediente 212/000602) (Página 5984)
Preguntas:
--Del señor Soriano Benítez de Lugo (Grupo Parlamentario Popular), sobre
fecha prevista para la habilitación del horario nocturno en el Aeropuerto
de la Isla de La Palma (Santa Cruz de Tenerife). (BOCG, serie D, número
46, de 28-1-94. Número de expediente 181/000330) (Página 5995)
--Del mismo señor Diputado, sobre instalación de tiendas libres de
impuestos en los aeropuertos canarios. (BOCG, serie D, número 72, de
14-3-94. Número de expediente 181/000590) (Página 5995)
--Del señor Camisón Asensio (Grupo Parlamentario Popular), sobre posición
del Gobierno ante las convalidaciones de licencias de pilotos comerciales
entre los Estados de la Unión Europea. (BOCG, serie D, número 52, de
11-2-94. Número de expediente 181/000450) (Página 5998)
--Del mismo señor Diputado, sobre medidas para hacer frente al desempleo
de los pilotos comerciales. (BOCG, serie D, número 52, de 11-2-94. Número
de expediente 181/000451) (Página 5998)
--Del mismo señor Diputado, sobre opinión del Gobierno acerca de si la
Sociedad para las Enseñanzas Aeronáuticas Civiles, S. A. (SENACSA) actúa
ajustándose a parámetros de competencia. (BOCG, serie D, número 57, de
21-2-94. Número de expediente 181/000490) (Página 5998)
--Del señor Hernando Fraile (Grupo Parlamentario Popular), sobre medidas
para acabar con el vertido incontrolado de los aceites usados. (BOCG,
serie D, número 57, de 21-2-94. Número de expediente 181/000479) (Página 6001)
--Del mismo señor Diputado, sobre razones por las que durante el año 1993
el Gobierno no elaboró la Orden Ministerial reguladora de las
subvenciones para la gestión de los aceites usados. (BOCG, serie D,
número 57, de 21-2-94. Número de expediente 181/000480) (Página 6001)
--Del mismo señor Diputado, sobre prioridades respecto del destino de los
aceites usados en el próximo Plan Nacional de Residuos Industriales.

(BOCG, serie D, número 57, de 21-2-94. Número de expediente 181/000481)
(Página 6001)
--Del mismo señor Diputado, sobre razones que han motivado el fracaso del
Programa P8 en el Plan Nacional de Residuos Industriales 1989-1994,
referente a los aceites usados. (BOCG, serie D, número 57, de 21-2-94.

Número de expediente 181/000482) (Página 6002)



Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.




El señor PRESIDENTE: Buenos días y bienvenidos todos.

Hoy, como todo el mundo sabe, tenemos una comparecencia del Presidente de
la Compañía Telefónica de España, que comparece a petición del Grupo
Parlamentario Federal Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya para
explicar la política llevada por dicha Compañía en relación con la
empresa Amper.

Igualmente, y a petición del mismo grupo político, comparece para
explicar la compra de la Compañía Telefónica de España, S. A., de Perú,
por 3.300 millones de dólares.

Hay otras tres comparecencias, que podrán observar SS. SS. en el orden
del día, que van a ser tratadas, según acuerdo de la Mesa, a
continuación.

Es decir, el Presidente de Telefónica contestará a las dos primeras
peticiones, y a continuación, en otro bloque, a las tres restantes, para
facilitar la coordinación y no la reiteración de sus respuestas y de las
posibles preguntas de los Diputados.

Empezamos por la primera, a petición del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. (El señor García-Arreciado
Batanero pide la palabra.)
Señor García-Arreciado, tiene la palabra.




El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Si no me equivoco, no hay en la sala
ningún miembro del grupo que pide la primera comparecencia. No sé si lo
que



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procede es que decaigan o alterar el orden del día. (El señor Posada
Moreno pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Señor Posada, tiene la palabra.




El señor POSADA MORENO: Señor Presidente, nuestro Grupo no tiene
inconveniente en alterar el orden del día, si así se considera, pero no
suprimir las comparecencias. Es decir, si se quiere empezar por las
generales para luego entrar en las otras, por nuestra parte no hay
inconveniente.




El señor PRESIDENTE: Señor García-Arreciado, tiene la palabra.




El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Pensamos igual, pero si en el momento
procesal en que corresponda realizar la segunda comparecencia tampoco
están en la sala, entonces deben decaer.




El señor PRESIDENTE: Propondría a la Comisión que empezara la
comparecencia del Presidente de Telefónica por el segundo bloque, porque
en él tenemos una petición del Grupo Popular y otra del Grupo Socialista,
que sí están, y la tercera es de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya. Vamos a darles unos diez minutos para que puedan llegar e
incorporarse.




COMPARECENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA TELEFONICA DE ESPAÑA,
S. A., PARA:



--INFORMAR SOBRE EL ALCANCE Y EL CONTENIDO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD
ANALITICA RECIENTEMENTE FINALIZADO, QUE PERMITE CONOCER LOS COSTES
IMPUTABLES A LOS DISTINTOS SERVICIOS QUE PRESTA LA CITADA COMPAÑIA, ASI
COMO LOS RESULTADOS CONSEGUIDOS CON LOS DATOS REFERIDOS AL AÑO 1993, Y LA
VALORACION DE LAS CUANTIAS DE LAS SUBVENCIONES CRUZADAS DETECTADAS SEGUN
LOS MISMOS. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO.

(Número de expediente 212/000563.)



--INFORMAR SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR LA CITADA COMPAÑIA EN EL
AÑO 1993 Y, EN ESPECIAL, SOBRE EL CONTENIDO DE SU MARCO TARIFARIO. A
SOLICITUD DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente
212/000640.)



--EXPLICAR SU POSICION EN RELACION CON LA LIBERALIZACION DE LAS
TELECOMUNICACIONES EN ESPAÑA Y SUS POSIBLES EFECTOS DE LA COMPAÑIA
TELEFONICA DE ESPAÑA, S. A. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL
DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente
212/000644.)



El señor PRESIDENTE: Rectificando, de acuerdo con todos, damos la palabra
al Presidente del Consejo de Administración de la Compañía Telefónica de
España, S. A., para explicar el sistema de contabilidad analítica
recientemente finalizado, que permite conocer los costes imputables a los
distintos servicios que presta la citada Compañía, así como sobre los
resultados conseguidos con los datos referidos al año 1993, y la
valoración de las cuantías de las subvenciones cruzadas detectadas según
los mismos.

Tiene la palabra don Cándido Velázquez-Gaztelu.




El señor PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA TELEFONICA DE ESPAÑA, S. A.

(Velázquez-Gaztelu Ruiz): Una vez más es para mí una satisfacción
comparecer ante esta Comisión de Infraestructuras y Medio Ambiente para
atender todas las cuestiones planteadas por los diversos grupos
parlamentarios, a los que agradezco el interés que vienen mostrando por
las actividades de Telefónica. También agradezco al señor Presidente la
posibilidad de haber agrupado, de las cinco comparecencias, tres en un
bloque y otras dos que contestaré a continuación, y espero que SS. SS.

hayan recibido una documentación que hemos enviado a esta Comisión para
facilitar el conocimiento de estas cuestiones, es decir, las memorias de
Telefónica, así como un documento sobre los resultados de la Compañía
anticipadamente.

Comenzando por el segundo bloque, en el que se agrupan tres
comparecencias, la primera de ellas solicitada por el Grupo Parlamentario
Popular, explicaré el alcance y contenido del sistema de contabilidad
analítica recientemente finalizado, que permite conocer los costes
imputables a los distintos servicios que presta la Compañía.

Antes de entrar en la explicación, si me permiten, quiero hacer unos
breves comentarios sobre esta interesante y yo diría que ciertamente
compleja cuestión.

En primer lugar, como SS. SS. conocen, la Ley de Ordenación de las
Telecomunicaciones establece ya, entre los principios generales a los que
habrá de ajustarse la previsión de los servicios portadores y finales, el
de adecuación de sus tarifas a los costes. Más concretamente, hay una
directiva del Consejo de Ministros comunitario del 15 de junio de 1992
que es relativa también a la aplicación de la oferta de red abierta a las
líneas arrendadas, y el artículo 10 fija, como uno de sus principios
básicos, el de la orientación de las tarifas de las líneas arrendadas a
sus costes, encargando a los Estados miembros garantizar este principio,
para cuya aplicación los organismos de telecomunicaciones deberían
formular y aplicar, antes del 31 de diciembre de 1993, un sistema de
costes apropiado.

Finalmente, el contrato del Estado con Telefónica, en su cláusula 8.ª,
apartado f), faculta al Delegado del Gobierno para el ejercicio de
medidas de control sobre la gestión de la Compañía y, en especial, sobre
la estructura de costes y su asignación a los servicios objeto del
contrato con el Estado.




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Pues bien, en base a esta facultad, por el Delegado del Gobierno se
requirió el año pasado a la Compañía Telefónica un informe descriptivo
del sistema de contabilidad de costes de aplicación a partir del 1 de
enero de 1994. Esta solicitud fue cumplimentada adecuadamente por la
Compañía Telefónica y se obtuvo la aprobación de la Delegación del
Gobierno con fecha 23 de diciembre de 1993. Es decir, se aprobó el
sistema de contabilidad analítica de explotación que le había propuesto
oficialmente la Compañía Telefónica.

Hago esta puntualización para aclarar dudas sobre la existencia en
Telefónica de un sistema que permita conocer la estructura de costes de
su servicio, que existe. Y no solamente existe, sino que, además, está
aprobado por la autoridad competente, y me atrevería a afirmar que es un
excelente sistema que ya quisieran para sí otras operadoras en otros
países. Gracias a que disponemos precisamente de esta contabilidad
analítica conocemos, por ejemplo, la existencia de subvenciones cruzadas
entre servicios. Esta aclaración no la hago de forma gratuita, ya que he
tenido la paciencia de revisarme los Diarios de Sesiones de esta Cámara y
en ellos se contienen algunas afirmaciones que pueden introducir dudas
sobre la seriedad, digamos, de nuestra Compañía a la hora de cumplir sus
compromisos y sus obligaciones. Por ello, señorías, me veía obligado a
aclarar este tema.

Pero aún puedo decir más. Estoy en condiciones de afirmar que Telefónica
ha sido una empresa pionera, dentro de las empresas de telecomunicaciones
(y añado que de las empresas de telecomunicaciones de todo el mundo), en
disponer de un sistema de contabilidad analítica de explotación, de un
sistema de contabilidad de costes que, probablemente, está marcando el
camino a seguir para otros operadores. Y me permito animar a comprobarlo
a quien esté interesado de manera especial en investigar la doctrina
contable y los manuales más representativos de esta materia en el ámbito
mundial, en donde se puede constatar la práctica inexistencia de
referencias de este tipo.

Yo puedo citar, por ejemplo, el libro más clásico de la literatura
contable norteamericana, el «Finney», que es un libro extenso donde
llegan a distinguirse entre los sistemas de contabilidad de una compañía
minera de carbón y una compañía minera de carbón bituminoso. Pues dicho
libro, que se considera el más detallado de contabilidad que existe en el
mundo, no tiene ni una sola referencia a una contabilidad analítica de
explotación en una compañía operadora de telecomunicación. Y es lógico
que así sea. Tampoco en ninguna literatura de los catedráticos de
contabilidad de las facultades de España figura el desarrollo de una
contabilidad analítica sobre una operadora de telecomunicaciones, y a mí
me parece, insisto, que es lógico que así sea. Es decir, no hay ninguna
referencia en la literatura universitaria sobre la acción comercial de
las operadoras telefónicas. Al estar sujeto a monopolio, bastaba con un
sistema de suficiencia global, un sistema de contabilidad general.

Pues bien, ante esta situación, el desarrollo de una contabilidad
analítica en un sistema productivo tan complejo como es una operadora de
telecomunicaciones comprenderán que no se pueden improvisar de la noche a
la mañana. Y he de citar que cuando yo llegué a la Compañía Telefónica en
el año 1989 tuve la oportunidad de comprobar el grado de avance que tenía
la contabilidad de costes por servicios, y además tuve la alegría de
comprobar también la celeridad profesional con que se estaban realizando
los trabajos correspondientes.

La construcción de un sistema de contabilidad de costes debe hacerse,
habida cuenta de que es un instrumento de carácter interno (se trata de
un proceso analítico para facilitar el análisis interno de las decisiones
que uno puede tomar en una empresa) de la forma que mejor sirva a los
objetivos de gestión de la Compañía. Así, en algunos casos puede
interesar el sistema de costes directos y en otros sistemas de costes
totales, dependiendo de los márgenes que quieran significarse. Y del
mismo modo puede atenderse a los costes históricos, a los costes
estándares, si se quieren poner de manifiesto las desviaciones sobre los
objetivos de los costes realmente producidos.

Digamos que en los extremos nos podríamos encontrar, por un lado, con un
sistema contable a costes históricos, con asignación y costes directos o
totales, y, en el otro, no ya con un sistema estándar, sino incluso, como
hoy dice la doctrina más moderna, con un sistema de costes ideales en
situación de máxima eficiencia, cuestión esta que ha surgido últimamente
y que, en mi opinión, es uno de los tópicos de fácil uso que se dirigen
fundamentalmente a poner en cuestión, de forma permanente, los criterios
generalmente aplicados.

Pero dicho esto, que es la teoría, Telefónica, como digo, dispone de un
sistema de costes que permite la imputación de los mismos a los
diferentes servicios en función de los datos históricos derivados de la
contabilidad general. Del mismo modo dispone de información contable
sobre los distintos márgenes de gestión y un sistema de control
presupuestario capaz de servir como instrumento de gestión mediante el
análisis de las desviaciones producidas. Asimismo, se dispone de toda la
información analítica necesaria para ayudar en cada momento al proceso de
gestión.

Por tanto, no ha de caber la menor duda de que Telefónica tiene como
objetivo estratégico permanente la convergencia con las mejores
operadoras, tanto en los aspectos de calidad como en los aspectos de
precios. ¡Pero cómo no iba a tener un sistema de contabilidad de costes
para ponerse en línea con las mejores operadoras del mundo!
En cuanto a los resultados concretos que estamos obteniendo en la
contabilidad analítica de costes, no hacen sino confirmar con mayor rigor
y objetividad lo que ya sabíamos a través de estudios menos sistemáticos
de los costes de los servicios comparados con las tarifas vigentes: la
profunda distorsión histórica entre los precios y los costes de
producción de los servicios telefónicos en España o, como antes decía,
señorías, la consagración del sistema universal de subvenciones cruzadas
que aún no ha sido superado en nuestro país.

De este modo, y de acuerdo con los resultados de la contabilidad
analítica de costes de 1993, los costes del servicio metropolitano han
superado este año a los ingresos en un 49 por ciento, sin incluir los
costes de oportunidad



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de los recursos propios de Telefónica, que si los incluyéramos, el
desfase podría ser superior al 60 por ciento.

Por otra parte, los precios y los ingresos de los servicios provinciales
habrían de bajar un 32 por ciento para igualarse con los costes de
producción. Por eso, Telefónica está proponiendo que se reequilibren las
tarifas. Pero si consideramos el conjunto del metropolitano y del
provincial, resulta que Telefónica está soportando unas pérdidas
equivalentes al 15 por ciento de sus costes, perdiendo, además, la
oportunidad de obtener un razonable beneficio con estos servicios de
corta distancia, que representan más del 80 por ciento de las llamadas y
menos del 25 por ciento de sus ingresos.

Los resultados de la contabilidad analítica de costes en el año 1993
ponen de manifiesto que estos servicios de larga distancia están
artificialmente encarecidos por las tarifas autorizadas actualmente en
vigor. Ello no es ninguna ventaja para Telefónica, ya que no hace sino
compensarla de las pérdidas antes aludidas y, muy al contrario, la coloca
en una situación de imposibilidad práctica de competir en el segmento de
mercado que mayormente consume servicios de larga distancia, que es
precisamente el segmento de profesionales y de empresas en el que la
competencia ya se está ejerciendo, anticipándose incluso a la
liberalización legal.

Por último, otra cuestión que pone de manifiesto los resultados de la
contabilidad analítica de costes en el ejercicio 1993 es que la
disponibilidad de acceso, esto es, la parte estática de la red básica que
sirve para que cada cliente se conecte a ella, independientemente de que
haga mayor o menor uso, o quizá ninguno de la misma, también es
deficitario en más de 90.000 millones de pesetas anuales comparándolo con
los ingresos, que son las cuotas de abono mensual actualmente
establecidas, las cuales, por otra parte, con su escasa cuantía de carga
fija en la factura telefónica, son las que han permitido la intensa
penetración del servicio básico en el 83 por ciento de los hogares
españoles, de los que aproximadamente la tercera parte dispone de
teléfono pero apenas lo utilizan.

Por tanto, no es que yo diga que este sistema de subvenciones cruzadas
entre servicios, que es un sistema histórico utilizado por todas las
telefónicas, sea malo o sea del todo malo, sino que sencillamente es así.

Y hay que añadir que los resultados de la contabilidad analítica de
costes, además de confirmar y cuantificar la profundidad de las
subvenciones cruzadas que generan las tarifas actuales, conforman también
la política de convergencia en precios con los países europeos más
avanzados, que Telefónica viene proponiendo y que estaba fundamentada en
las comparaciones internacionales de precios, según las cuales, aunque
Telefónica tiene una factura media de servicios básicos tan barata como
la de la operadora más eficiente entre los principales países de la Unión
Europea, resulta tener las tarifas menos adecuadas para poder competir.

Ello hace ineludible la reestructuración de precios como cuestión previa
a la liberalización del mercado, para lo que Telefónica está preparada
salvo en esta materia.

La referencia que acabo de hacer a la contabilidad de costes no quedaría
completa si no mencionase lo que para mí es un valor fundamental: la
contabilidad de costes es, sobre todo, un instrumento imprescindible para
la acción eficiente de los recursos y para que nuestra Compañía pueda
mantenerse en la posición competitiva que constituye nuestro principal
objetivo.

El detallado conocimiento que tenemos de los resultados por servicios,
por provincias, por ciudades y central por central, del que podría
informar a SS. SS. si tuviera un tiempo del que evidentemente no
dispongo, es la principal prueba del esfuerzo que hemos dedicado a la
contabilidad de costes, hasta el punto de que Telefónica hoy puede
presumir de ser una de las operadoras de telecomunicaciones pioneras de
este campo. Si alguno de ustedes tiene la curiosidad de saber la cuenta
de resultados de Telefónica de la central de su pueblo puedo decírselo
con todo detalle porque tengo la información aquí.

Y ahora, señor Presidente, paso al segundo tema. El segundo punto, a
petición del Grupo Parlamentario Socialista, es para informar de los
resultados obtenidos por la Compañía en el ejercicio 1993 y en especial
sobre el contenido de su marco tarifario. Es verdad que los tres temas
que el señor Presidente ha autorizado que se agrupen están relacionados
entre sí, por lo cual voy a tratar de evitar que haya repeticiones.

A nadie se le oculta que el ejercicio de 1993, en el final de un ciclo
económico, ha sido un año en baja, ha sido un año difícil, y el contexto
económico del país ha tenido naturalmente su reflejo en la actividad de
Telefónica. Así, la demanda neta de nuevas líneas se situó en unas
350.000, que es una de las cifras más bajas registradas en los últimos 15
años, y paralelamente el consumo medio por línea experimentó también una
disminución del 3,5 por ciento. Sin embargo, debo subrayar el continuado
crecimiento de las líneas en servicio de telefonía avanzada, como es
Ibercom o los servicios móviles, que a finales de 1993 ya habían
alcanzado, respectivamente, 572 líneas, con un crecimiento del 19 por
ciento, en el caso de Ibercom, y 257.000 en el caso de móviles, con un
incremento del 43 por ciento.

Mención aparte pueden merecer los esfuerzos realizados en la atención a
la demanda en el medio rural. La utilización de las técnicas de acceso
celular, y la equiparación de las condiciones económicas de acceso al
servicio con las áreas urbanas, se ha traducido en la puesta en servicio,
durante el año 1993, de más de 87.000 líneas en zonas rurales, de las
cuales 58.000 ya se han instalado con la tecnología mencionada de
telefonía de radio.

En resumen, al final del ejercicio de 1993, el grado de penetración de la
telefonía básica se situó en 36,4 líneas por cien habitantes, que coloca
a España por encima de la frontera del 35 por ciento, que se considera
universalmente divisoria entre los países desarrollados y los países no
desarrollados.

La mejora de la calidad y de la modernización y la diversificación de los
servicios, para responder de la forma más adecuada a las necesidades de
una sociedad desarrollada, ha constituido una de las preocupaciones
fundamentales de la Compañía durante el año 1993, dando continuidad a una
línea de acción emprendida de forma decidida y firme en pasados años.




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Los resultados han sido más que satisfactorios. El tiempo medio de espera
para la instalación de una nueva línea a final de año ha quedado reducida
a ocho días, cuando hace unos años el plazo era de varios meses. Pero no
es sólo esto. Se han registrado notables mejoras de la calidad en todas
las facetas del servicio: reducción del número de averías y del tiempo
medio para su reparación, disminución de los tiempos medios de respuesta
en los servicios atendidos por operadora, mayor eficacia de las llamadas
y un largo etcétera, sin olvidar, por supuesto, la emisión gratuita de
factura detallada. Con la entrega de la facturación detallada a más de
2.400.000 clientes a lo largo del año 1993, hemos puesto en marcha este
servicio que en Europa sólo facilitan un reducido número de países.

En cuanto a la diversificación y a la modernización de los servicios,
debo destacar que la oferta de servicios de inteligencia de red de
Telefónica es tan amplia como la de cualquier país desarrollado. Por otra
parte, en este año 1993 se ha iniciado el proceso de comercialización de
la red digital de servicios integrados de banda estrecha en catorce
provincias, al tiempo que hemos iniciado la constitución, en fase
experimental, de las redes corporativas internacionales.

La extensión y mejora de los servicios no hubiera sido posible sin una
modernización paralela de las redes. Por ello, del más del millón de
líneas instaladas durante el año 1993, 625.000 se han destinado a
sustitución, es lo que ha permitido alcanzar un grado de digitalización
de la planta urbana de conmutación del 41 por ciento y, por su parte, la
red de transporte se encuentra ya digitalizada en un 93 por ciento en la
red interprovincial.

Entrando ya en el terreno económico-financiero, conviene resaltar que la
cuenta de resultados ha evolucionado favorablemente, aun cuando el
crecimiento de los ingresos (un 5,7 por ciento) ha sido el más bajo de
estos últimos años.

En el año 1993 se ha intensificado la política de contención de gastos,
ya iniciada en períodos anteriores, consiguiéndose un ahorro cercano a
los 25.000 millones de pesetas en relación con la cantidad inicialmente
presupuestada. De esta forma, los gastos de 1993 sólo aumentaron el 2,1
por ciento frente al 12,3 que, por ejemplo, se habían incrementado el año
1992, dando lugar a que el margen por operaciones registrase un
incremento del 8,9 por ciento sobre el ejercicio anterior, situándose los
ingresos por encima del 61 por ciento.

Un año más, Telefónica ha obtenido un margen de operaciones
proporcionalmente superior al resto de las operadoras europeas. El ahorro
conseguido en casi todos los capítulos presupuestarios es consecuencia
del incremento de productividad de Telefónica, que, manteniendo el nivel
de empleo, ha consolidado, también un año más, una productividad similar
a la de los primeros países europeos. El resultado consolidado del grupo
en 1993, como consecuencia fundamentalmente de los excelentes resultados
obtenidos por Telefónica Internacional, ha mejorado de forma importante,
alcanzando una cifra de beneficios, después de impuestos, de 96.367
millones de pesetas, que representa un incremento del 19,3 por ciento
sobre el año anterior.

Como consecuencia de la coyuntura económica y de la contracción de la
demanda, las necesidades de inversión de la Compañía debían, lógicamente,
disminuir. Sin embargo, las necesidades de crecimiento y de modernización
de las redes y de los servicios, y los objetivos de mejora de la calidad,
han servido para atemperar esa disminución, y han permitido mantener la
inversión en un volumen de 381.507 millones de pesetas, cifra ciertamente
importante, aunque inferior a la de los ejercicios precedentes.

Esta circunstancia, unida al aumento de los recursos generados, explica
que Telefónica haya alcanzado durante el año 1993 un grado de
autofinanciación del 112,2 por ciento, lo que se traduce en una
reducción, lógicamente, de la deuda financiera, de cerca de 96.000
millones, lo que significa por primera vez en los últimos años una mejora
de más de un punto en el «ratio» de endeudamiento.

Como SS. SS. habrán podido comprobar, la actividad de Telefónica ha sido
especialmente intensa durante el año 1993 y sus resultados económicos
favorables, a pesar del difícil contexto económico que nos rodeaba.

Considero, no obstante, que estos resultados adquieren mayor relieve
cuando se incluyen en las perspectivas de las realizaciones de Telefónica
durante los últimos años, como SS. SS. podrán observar en el documento
--cuando les llegue-- «Telefónica 1982-1993. Principales magnitudes»,
previamente distribuido y que someramente paso a comentar.




El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Presidente de Telefónica.

Ante la reclamación o petición que han hecho algunos Diputados
anteriormente de esa documentación, me consta que llegó a la Oficina de
Secretaría ayer por la tarde y que ha habido instrucciones para
repartirla en los casilleros; es decir que todo el mundo tiene esa
documentación, que el Presidente de Telefónica ha dicho que teníamos, en
los casilleros.




El señor PRESIDENTE DE TELEFONICA DE ESPAÑA, S. A. (Velázquez-Gaztelu
Ruiz): Muchas gracias, señor Presidente.

Esta documentación la he mandado para ayudar a la información,
completarla, y para que ustedes tengan un mejor conocimiento.

Sencillamente, se trata del informe y memoria del ejercicio de 1993 y de
unos cuadros referentes a lo que citaba anteriormente, que son
principales magnitudes de la compañía telefónica en los últimos diez
años, para que tengan ustedes las perspectivas de una larga etapa.

En estos últimos años, los servicios --como ustedes podrán ver-- que ha
prestado Telefónica casi se han duplicado en cuanto al número de líneas
telefónicas en servicio. En los últimos diez años se han instalado más
líneas que en toda la etapa anterior. Se ha duplicado también el tráfico
cursado por la red medido en pasos. Las peticiones en curso, la famosa
lista de espera, ha desaparecido y la calidad ha mejorado notablemente
comparada con los niveles de hace diez años, lógicamente, una década; no
podría haber sido de otra manera, porque, si no, hubiera sido una década
perdida y, afortunadamente, no ha sido así. La



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penetración de nuestros servicios ha calado mucho más en la vida
española, de tal modo que el teléfono ya está presente --como decía
antes-- en el 83 por ciento de los hogares, cuando al comienzo de la
década sólo lo estaba en la mitad, si bien es verdad que tengo que
reconocer que hay regiones, como Baleares y Cataluña, que tienen más
líneas que hogares, y regiones o provincias, como, por ejemplo, Cádiz,
que solamente tienen teléfono el 75 por ciento de los hogares; es decir,
hay un 25 por ciento de hogares que todavía no lo tienen, aunque tienen
la facilidad para adquirirlo. El aumento de la densidad no ha sido
uniforme, como es lógico y natural. También creo que es importante que se
han beneficiado mucho más de este desarrollo de los últimos diez años las
regiones de menos renta, con lo que se han reducido las desigualdades
regionales que había hace diez años. Cabría señalar que regiones como
Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y Canarias han
duplicado, o más que duplicado, el número de líneas en servicio en el
período de los últimos diez años.

El desarrollo y la modernización de infraestructuras y de nuevos
servicios han sido notorios. Consideramos que en el último decenio hemos
instalado más líneas --como decía anteriormente-- de las que había en el
año 1982 y multiplicado por cuatro el número de enlaces.

Por lo que se refiere a la plantilla de productividad, he de incidir en
la política de apoyo al empleo especificada por un significativo aumento
de nuestra productividad y una mejor cualificación de los recursos. La
productividad de los últimos cinco años --como ustedes verán en los
gráficos-- ha aumentado un 4,5 por ciento acumulativo.

En el aspecto económico y financiero, debo reconocer que el endeudamiento
de Telefónica ha aumentado ligeramente, pasando del 51 por ciento de 1982
al 57 por ciento de la actualidad; pero ya ha iniciado --como hacía
referencia antes-- el año pasado una clara senda descendente. El aumento
del endeudamiento fue absolutamente necesario para permitir el gran
esfuerzo realizado entre 1988 y 1992 y conseguir acabar con la lista de
espera. Es también notable la sustancial mejora de los resultados
económicos, con una sensible mejoría en la capacidad de evolución de la
deuda, ya que antes se necesitaban diez años para devolverla y ahora
solamente cuatro.

No quiero abusar de la atención de SS. SS., pero en el documento que les
estoy comentando encontrarán también detalles sobre la presencia
internacional de Telefónica, las comparaciones internacionales con otros
países europeos, el balance de los compromisos y realizaciones contraídos
por Telefónica para el año 1993 y su cumplimiento, etcétera.

En relación con la segunda parte de la pregunta formulada por el Grupo
Parlamentario Socialista, he de indicar que el objetivo del marco
tarifario propuesto por Telefónica es reestructurar o reequilibrar las
tarifas de los servicios que presta o, lo que es lo mismo, adaptar las
tarifas a los precios de mercado en el menor plazo posible y, por
supuesto, antes del 1 de enero de 1998, fecha prevista por la Unión
Europea para la liberalización total de los servicios de
telecomunicación. Entendemos que mantener el monopolio legal más allá de
ese horizonte del 1 de enero de 1998 sería una medida puramente ficticia,
ya que la competencia se está instaurando en nuestro mercado por muchas
vías, básicamente a través de operadoras internacionales, de
autoabastecimiento de los grandes clientes y de la reventa de capacidad
excedentaria de entidades nacionales.

Los servicios locales metropolitanos se están vendiendo por debajo de su
coste, en tanto que las llamadas de larga distancia se venden con un
margen suficiente como para compensar las pérdidas anteriores, así como
las motivadas por la universalización del acceso. De esta forma, el marco
tarifario de Telefónica, de acuerdo con las recomendaciones de la Unión
Europea, plantea la evolución de las tarifas de los servicios hacia los
costes de producción a medio y largo plazo y establece la evolución de
dichos precios a partir de la tendencia observable en las operadoras de
nuestro entorno. Por tanto, nuestro objetivo es hacer converger nuestros
precios con los precios europeos actuales más competitivos, pero la
política de precios de Telefónica para alcanzar estos precios de
convergencia se basa en la búsqueda permanente de incrementos de
productividad y mejora de su posición competitiva. De poco le serviría
disponer de unos precios más ajustados al entorno europeo si no
consiguiera unos costes equilibrados que le permitieran obtener un margen
de beneficios adecuado para su futuro desarrollo.

La fórmula seleccionada por Telefónica para llevar a cabo todos estos
planteamientos es a la que tienden prácticamente todos los países y que
se conoce en el sector como el sistema de «break-up» a la baja, que
permite que los precios medios de los servicios, agregados por cestas de
servicios diferenciadas por las condiciones reglamentarias en que se
prestan, bajen todos los años en términos reales, es decir, permite
trasladar al mercado, por la vía de reducción de precios, las mejoras de
productividad obtenidas por nuestra Compañía. Las variaciones de precios
propuestas en nuestro marco tarifario definido hasta 1997 se pueden
resumir en que todos los precios de los servicios bajan, con la única
excepción del servicio metropolitano y de las cuotas mensuales de abono.

Si le parece al señor Presidente, entro en la tercera parte de la
cuestión, planteada por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, en lo
que se refiere a la posición de Telefónica sobre la liberalización de las
telecomunicaciones en España y sus posibles efectos en nuestra Compañía.

Para situar con la perspectiva adecuada la cuestión de la liberalización
del sector de las telecomunicaciones, es necesario considerar las
circunstancias históricas que están llevando universalmente al sector a
lo que globalmente y sin matices podemos llamar liberalización. En todos
los países desarrollados del mundo el sector de las telecomunicaciones
está pasando por un proceso de cambio en las fórmulas de regulación del
mercado de estos servicios; sencillamente, se está pasando de la fórmula
de regulación de monopolio a fórmulas y formas liberalizadas que
permiten, en mayor o menor medida, un mercado de libre competencia. No
parece necesario entrar a considerar las condiciones de monopolio natural
--economías de escala, costes decrecientes, etcétera-- que históricamente
avalaron una



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organización monopolística del sector tutelada por las correspondientes
administraciones públicas, pero sí resulta necesario situar el punto de
partida del momento actual de transición hacia la liberalización para
situar el debate que en estos momentos vive la sociedad española en torno
a esta cuestión. Para propiciar el desarrollo universal de los servicios
básicos de telecomunicaciones fue necesario constituir unas entidades,
públicas o privadas, pero siempre en monopolio, capaces de administrar
los recursos empleados en el desarrollo de los servicios, de forma que
alcanzaran el mayor número posible de hogares y la mayor extensión en los
ámbitos territoriales. Esta condición de universalización de los
servicios no podía desarrollarse por empresas en competencia, ya que
requería aplicar un sistema de precios tal que garantizara la suficiencia
global de los ingresos de la entidad operadora que permitiera el disfrute
de los servicios por parte, incluso, de las economías domésticas de
menores recursos con precios de los servicios inferiores a los costes de
producción. De esta forma se fueron generando en todos los países
estructuras tarifarias que representaban un sistema de subvenciones
cruzadas, es decir, unos servicios se cobraban más caros para poder
vender otros con pérdidas.

Esto ha sido así, repito, en la generalidad de los países hasta el
comienzo de la década de los 80. A partir de entonces se inaugura una
confusa etapa en el sector mundial de las telecomunicaciones, en la que
todavía nos encontramos, denominada de desregulación del sector, y en la
que se aborda por parte de los Estados la difícil tarea de abrir, de
forma ordenada y oportuna, su parcela nacional del mercado a la
competencia entre las operadoras tradicionales y nuevos agentes
productores. Ello es posible en razón del avance tecnológico del sector
que ha permitido una fuerte reducción de los costes de producción. Sin
embargo, la repercusión en los precios no ha sido equilibrada en relación
con el origen de los logros en las reducciones de los costes.

El sistema tradicional de subvenciones ha hecho que las ventajas
obtenidas en la larga distancia se aplicaran en beneficio de mayores
subvenciones a los servicios locales y de acceso. De este modo, al
principio de la década de los años 80, todos los países habían llegado a
un muy acentuado sistema de subvenciones cruzadas que algunos, los que
iniciaron la adaptación al mercado en competencia, empezaron a corregir.

La cuestión resulta muy fácil de entender en Estados Unidos, en donde el
legislador obligó a las operadoras a especializarse en uno u otro tipo de
servicio. Las de corta distancia, que continuaban y continúan en
monopolio para no entrar en pérdida, se vieron obligadas a subir los
precios locales y las de larga distancia, que fueron liberalizadas para
poder competir, tuvieron que bajarlo. Sencillamente eso.

En Telefónica no tenemos duda acerca de la necesidad de la
liberalización, pero no es que la liberalización del sector haya de
hacerse en razón de las virtudes propias de un mercado liberalizado
cualquiera. La razón es de otra índole: las telecomunicaciones, que
necesariamente hubieron de ser monopolizadas para cumplir su objetivo
histórico de universalización y extensión del servicio, hoy día tienen
que abrirse a la competencia, también necesariamente para desarrollar
todo su potencial de crecimiento.

Tampoco es posible levantar falsas barreras intervencionistas en el
sector. La mundialización de la economía exige la prestación de unos
servicios de telecomunicaciones potentes que necesariamente se prestarán
desde el sector nacional o desde otros ámbitos supranacionales. Las
telecomunicaciones son un mercado tan abierto como lo es la propia
actividad económica en general, que se abre cada vez más a la
globalización de los mercados. La cuestión, por tanto, no está en si
liberalizar o no, sino en qué condiciones hemos de competir.

Por otra parte, el compromiso de liberalizar total de los servicios de
telecomunicaciones es un compromiso del Estado español, ya que la
resolución del 22 de julio de 1993 del Consejo de Ministros de la Unión
Europea estableció un calendario de liberalización, según el cual la
telefonía local habría de quedar liberalizada en el ámbito comunitario el
1 de enero de 1998. No obstante, se estableció para algunos países, entre
ellos España, la posibilidad de prolongar hasta en cinco años el período
transitorio para dicha liberalización, justificando la eventual prórroga
en el insuficiente desarrollo de las redes básicas.

Telefónica ha realizado en los últimos años un esfuerzo intenso de
desarrollo en extensión y modernización de su red básica de
telecomunicaciones, además de en otros aspectos de gestión y relacionados
con la diversificación de servicios avanzados, que precisamente nos
coloca en estos momentos ante la posibilidad de que España renuncie a la
prórroga del período transitorio, tal como ha anunciado recientemente en
el debate sobre el Estado de la Nación el señor Presidente del Gobierno.

Telefónica está preparada para proseguir su actividad en competencia. El
nivel de desarrollo alcanzado en infraestructuras y redes ha superado ya
el mínimo necesario; incluso tenemos un nivel superior a lo que tenía
Estados Unidos, Japón y Reino Unido cuando iniciaron su proceso de
liberalización. Por otra parte, el grado de modernidad y oferta de
servicios de Telefónica es en la actualidad comparable con cualquiera de
esos países. Además, la productividad de Telefónica, con sus actuales 200
líneas por empleado, así como su capacidad de gestión, continúan estando
a la cabeza de los países de nuestro entorno.

En resumen, la posición de Telefónica ante el proceso liberalizador es
muy clara: primero, somos partidarios de la liberalización, ya que el
mercado competitivo no es ninguna amenaza para nosotros, sino una gran
oportunidad para mejorar nuestro negocio, es decir, generar más empleo y
ganar más dinero.

Segundo, nos alegramos mucho de la renuncia del Gobierno español al
período transitorio más allá del 1 de enero de 1998, reduciéndolo al
corto espacio necesario para adaptar las tarifas, requisito indispensable
para acabar de definir el modelo de telecomunicaciones de España dentro
del marco de la Unión Europea, y también suficiente para finalizar los
planes de extensión de la telefonía rural al final del año 1996, y el
plan de acceso para las personas con discapacidad antes del 1 de enero de
1998.




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Tercero, no obstante ello, me parece conveniente, y yo creo que
indispensable, que el modelo de liberalización cumpla unas determinadas
condiciones. En primer lugar, el modelo debería estar siempre basado en
el principio de simetría, es decir, que todas las compañías operadoras
puedan hacer todos los servicios que quieran; o sea que si Telefónica
deja de ser monopolio, pues deberá tener libertad para entrar en todos
los negocios del sector, sin excepción alguna, como cualquier otro.

También sería bueno y conveniente mantener el servicio universal, y para
ello habrán de establecerse las compensaciones a soportar bien por los
nuevos operadores que entren en el mercado o bien por el Estado para
absorber el déficit de los segmentos no rentables. La contabilidad
analítica de explotación tiene, por supuesto, una dimensión geográfica,
como ya he citado antes, y lógicamente hay provincias en donde el negocio
de Telefónica no es rentable; si entra un segundo operador tendrá que
verse qué solución se le da a este problema.

Por otra parte, no deberían ser otorgadas licencias --es un juicio
puramente personal-- para operar servicios de telecomunicación en
libertad, en libre competencia, a titulares de otros monopolios. También
se produciría ahí una cierta disimetría. Si se liberaliza, se liberaliza
para todos.

Por último, yo creo que tampoco deberían de obtener licencias aquellas
empresas u operadoras de países extranjeros que no apliquen el principio
de reciprocidad o desarrollen prácticas restrictivas de la competencia en
sus ámbitos nacionales, porque se está dando el caso de que compañías que
están defendiendo posiciones de monopolio a ultranza van a otros países a
ejercerlo cuando les dan la libertad de hacerlo. Me parece una situación
que no es recíproca.

En esto posiblemente los acuerdos del GATT, recientemente firmados por el
Gobierno español, cuando tengan su desarrollo concreto en el campo de las
telecomunicaciones y se establezcan unas reglas universales,
probablemente pueda ser la solución para resolver este problema general
de la reciprocidad.

Bajo estas condiciones, yo estoy absolutamente convencido de que
Telefónica está en condiciones de desempeñar en el nuevo contexto
competitivo el brillante papel de modernización de nuestro país que ya ha
desempeñado en el pasado.

Señor Presidente, siento haber sido un poco largo, pero las preguntas
merecían la pena dedicarles el tiempo suficiente y estoy a disposición de
SS. SS.




El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra, en nombre del
Grupo Popular, el señor Camisón.




El señor CAMISON ASENSIO: Estoy seguro, señor Presidente, de que el hecho
de la agrupación de los temas de esta comparecencia se va a traducir,
lógicamente, en cierta compresión respecto al tiempo, para analizarlos
dentro de un orden.

Desde el Grupo Popular agradecemos al Presidente de Telefónica la
explicación que nos acaba de ofrecer. Voy a intentar centrar la cuestión
en sus justos términos, ya que su explicación, si no me atrevo a
calificarla de triunfalista, sí, al menos, de ligeramente optimista.

De entrada, se aprecia que se alínea, lo cual no es noticia para
nosotros, con las tesis que viene manteniendo el Ministerio de Obras
Públicas y se aleja de las que viene defendiendo otra parte del Gobierno,
que es el Ministerio de Hacienda, sobre todo a través del organismo que
de él depende, que es el Tribunal de Defensa de la Competencia.

En este asunto de las subvenciones cruzadas vemos que se ha separado
prácticamente de las propuestas que el célebre informe del Tribunal hace
en cuanto a la conveniencia de inutilizar por el Poder Legislativo, el
poder controlador del Gobierno, los presupuestos de restricción a la
competencia. Para ello vamos a analizar muy someramente lo que propone
este Tribunal, que se separa radicalmente de lo que usted ha planteado,
sobre todo porque parte de un Ministerio del mismo Gobierno que preside
el señor González.

En un análisis comparativo, cuando defiende el Tribunal esta necesidad o
conveniencia de utilizar en esta Cámara los presupuestos de restricciones
a la competencia, se hace un estudio comparativo con el Reino Unido. Se
refiere en larga distancia, o sea, conferencias nacionales e
internacionales. Dado que los precios en España en esta materia son el
doble que en Inglaterra, el sector usuario ingresa en Telefónica, según
nuestros datos, 239.964 millones de pesetas más al año que ingresaría en
términos homogéneos el mismo sector en las empresas de telecomunicaciones
británicas.

En cuanto a las llamadas locales, que se supone han de ser subvencionadas
cruzadamente, con excedentes procedentes de la larga distancia, los
usuarios ingresarían anualmente 112.704 millones de pesetas menos que
ingresarían en términos homogéneos los mismos usuarios en el supuesto de
que hubieran utilizado las empresas británicas y sus tarifas más caras,
en este caso, que las de España. O sea, existe un excedente de 127.260
millones de pesetas procedente de usuarios de llamadas de larga distancia
que no se dedican a cruzar subvenciones en favor de los usuarios de
llamadas locales. Yo sé que esta cifra es discutible y en alguna
comparecencia de seminarios especializados por parte de algunas personas
de Telefónica se ha discutido, pero se ha aceptado, en algunos casos, la
cifra de 80.000 millones de pesetas. Luego la única beneficiaria de estos
80.000 ó 127.000 millones de pesetas es Telefónica, que no se ha dedicado
a cruzar o, en el peor de los casos, se ha dedicado a pagar la
ineficiencia en algunos campos de la operadora española.

Toda la teoría del Ministerio de Obras Públicas respecto a que se está en
la materia abonando este cruce se viene por tierra después de esto, ya
que se da el caso de que se están recabando más ingresos que no se
dedican a cruzar. Por otra parte, es otra prueba más de que no siempre un
monopolio, como en este caso, invierte sus beneficios en universalizar el
servicio. Por cierto, al hablar de universalizar el servicio me gustaría
que nos contestara, señor Presidente, a un tema que a mí me afecta
directamente, pero que puede ser sintomático, y es por qué en este
proyecto no se ha firmado aún el convenio para universalizar el servicio



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telefónico, por ejemplo, en dos provincias, en Cáceres y Badajoz.

En este tipo de comparecencias públicas muy reciente ha sido el seminario
de AUTEL --que le interesa mucho--, justamente el pasado 24 de febrero, y
en él el Director General de Planificación Corporativa de Telefónica, el
señor Blanco Losada, hizo algunas revelaciones importantes; por ejemplo,
en relación a la contabilidad analítica, que usted ha especificado y que
nos ha desvelado hoy que existe el sistema, que está aprobado el sistema
para llevarlo adelante, que está ahí, pero es que en la comparecencia de
este seminario se dijo que se conocían exactamente ya todos los detalles
de esa contabilidad, pero que eran temas absolutamente de la empresa
privada y que no los podía presentar, en absoluto, en un seminario
público. Yo me pregunto, señor Presidente, si el Parlamento, igual que lo
conocen estas personas de esta empresa, no tendría derecho a conocer
todos los detalles de esta contabilidad analítica.

Hizo un análisis exhaustivo de cómo se componen las partidas
fundamentales de los ingresos, si son por datos o por telefonía, si son
por clientes comerciales o residenciales, pero voy a llamar la atención
de un hecho que para mí fue significativo, y es que expuso que la media
de las llamadas, entre metropolitanas y provincial, era de 11 a 1,
repitiendo que no se debía tanto a la carestía de la provincial como a lo
barato de la metropolitana. La referencia 1 de esa ecuación --la ecuación
11 a 1-- equivale a las 8,75 pesetas de las llamadas de tres minutos
metropolitana, añadiendo --esto es importante-- que, tras la convergencia
de tarifas, deberá ser de 7 a 1, en lugar de 11 a 1. Nosotros aquí vemos
que el tiempo nos va dando la razón al Ministerio de Hacienda y al Grupo
Parlamentario Popular, porque el afirmar esto equivale a decir que admite
que el bajar tarifas, en algunos casos, aumenta el tráfico y el aumentar
el tráfico puede aumentar los ingresos de la operadora española. Ese
hecho está ahí.

En este debate también se hizo una crítica profunda sobre estudios tan
serios como los de la OCDE, sobre el propio de AUTEL, hecho por Andersen
Consulting, que afirman que España es el país con tarifas de las más
caras de la CEE, afirmando que se debía a esos datos que sólo conocían
estos señores y que no podían desvelar, y que yo creo que este Parlamento
tiene derecho a conocer.

Queremos saber, señor Presidente, esa contabilidad analítica para que
desvele, de una vez por todas, los costes por servicio y de verdad las
subvenciones cruzadas. La negativa a que esta Cámara lo conociera sería
una ocultación debida al miedo. Yo creo que la negativa supondría otra
vez dar la razón al repetido Tribunal cuando defiende que, antes de
reestructurar --que ésta es la diferencia de matiz importante del
Ministerio de Economía--, tenemos que mejorar la gestión, hay que bajar
costes, hay que eliminar costes --por ejemplo, los célebres costes del
Perú-- y hay que aumentar tráfico, porque nosotros, a quienes esta
cuestión nos viene preocupando, no acabamos de conseguir del Gobierno
toda la clarificación del tema.

Muy recientemente, el 16 de marzo, el Gobierno contesta a una iniciativa
nuestra, sobre porcentaje de las tarifas de los servicios de conmutación
de datos y de alquiler de circuitos dedicados a la subvención del
servicio básico telefónico, que Telefónica está realizando los análisis
técnicos. ¿Pero no quedábamos en que ya los conocían los señores
Ancoechea y Blanco Losada? ¿Por qué, si los conocían, el Gobierno, cuando
nos contesta, nos dice que ahora se están realizando?
En definitiva, vemos que el Gobierno, en este tema, sigue enviando
información banal a esta Cámara y, en el fondo, nosotros traducimos eso
en que hay miedo a que se conozca la realidad y, por tanto, se está dando
la razón al tribunal, o sea, al Ministerio de Economía y Hacienda.

También en esa fecha, el 16 de marzo, yo planteaba al Gobierno otra
cuestión importante, que era la adecuación de las tarifas de Telefónica a
los costes derivados de la liberalización de las telecomunicaciones en
nuestro país. El Gobierno vuelve a insistir en que existe un
desequilibrio estructural. No lo negamos, pero sí defendemos, igual que
defiende el Tribunal, que antes habrá que conocer a fondo las tarifas
para poderlas reestructurar. El Gobierno no desvela esos costes, está
erre que erre sin quererlo desvelar. Habla de la teoría tan fantástica de
que esas mejoras de productividad de la operadora hay que trasladarlas al
usuario, que suena tan bien, pero la verdad es que existe un
empecinamiento, no sé si de Telefónica --ahora lo veremos, si, por fin,
pone esos datos a disposición de esta Cámara--, pero sí del Gobierno,
porque estoy hablando de datos recientes. Se empeña en no desvelar los
costes reales, lo que interpreto como miedo a que la verdad sea conocida.

Más recientemente todavía, hace un mes o poco más, el 7 de abril,
volvemos a insistir en que nos aclare el Gobierno el reparto de los
gastos de los operadores de redes de telecomunicaciones, Telefónica,
sobre todo, y también, claro, algo, por lo que le afecta, Retevisión y el
organismo autónomo de Correos y Telégrafos. El Gobierno vuelve a decir
que la revisión prevista será inmediata y que tiene el propósito de
continuar en esta línea, de forma que se dé cumplimiento al principio de
orientación de costes de la célebre Directiva 92/44 de la Unión Europea.

Pero vuelve a ocultar los costes, a pesar de que --y usted lo ha
recordado hoy-- esa Directiva señala el 31 de diciembre de 1993 como
fecha para aplicar el sistema, no para decidir el sistema, sino para
aplicarlo. Y esa aplicación es la que queremos conocer.

Luego sigue con más banalidades, diciendo que el Gobierno llevará a cabo
en un plazo razonable la reestructuración. Vemos que, erre que erre,
sigue ocultando los costes y nos seguimos preguntando por qué será.

Telefónica, dice el Gobierno, viene realizando estudios de costes con
anterioridad a lo impuesto por las disposiciones de la Unión Europea,
sigue realizándolos, pero, señor Presidente, los guarda bajo siete
llaves. Queremos de una vez por todas conocerlos.

Nos dice también que, en un plazo razonable y en todo caso antes de 1998,
se llevará a cabo una reestructuración de las tarifas de los servicios
telefónicos, de forma que se orienten esos costes. Antes de 1998. ¡A
buena hora mangas verdes!



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Pasando al tema siguiente, los resultados de 1993, voy a intentar dar
algunas pinceladas para controlar un poco su excesivo optimismo en alguna
de las afirmaciones que ha hecho esta mañana en esta Comisión.

Señor Velázquez, mientras empresas, en Estados Unidos, se están
preparando para comunicarse por banda ancha, a una velocidad de 600
millones de bits por segundo, aquí, en Telefónica, la red Ibertex lo hace
a 1.200 bits por segundo. En materia telefónica, señor Velázquez, España
viaja en carretera y el monopolio, todavía es monopolio, actúa como
cortapisa a la creación de autopistas de la telecomunicación.

Los servicios telefónicos, señor Presidente, están en la cola de Europa,
puesto que estamos en menos de la media comunitaria. Tan sólo están por
debajo Portugal e Irlanda. Tenemos el 50 por ciento menos que Alemania y
el cien por cien menos que Dinamarca. La red de comunicación de las
empresas tiene que ir a la fibra óptica a la mayor velocidad posible.

Usted sabe que la principal dificultad para que Sony se instale en
Cataluña es la falta de comunicaciones. Antes de liberalizar, el Gobierno
quiere, repito, que Telefónica extienda --y está bien-- toda su
posibilidad de acción empresarial a los últimos reductos en beneficio
propio, pero es que vemos que recientemente --y hoy nos envía datos-- se
ha aprovechado la junta anual de accionistas para promover una campaña
enorme de publicidad, una campaña de imagen absolutamente
desproporcionada en estos momentos. A pesar de esa campaña, en esa junta
anual vemos que usted no quiso llegar a compromisos serios para el año
1994. Por ejemplo, hay que recortar que en las previsiones del PNT para
Telefónica ha habido una baja de previsión de inversiones para 1993 de
121.000 millones de pesetas, que es una cantidad realmente importante.

Ahí está el hecho reciente de que la inversión en el Perú se va
complicando cada vez más; la Agencia Moody's acaba de hacer público desde
Nueva York que sigue sin fijar su «rating» porque todavía existen
bastantes incógnitas que no están dilucidadas. Ahora, cuando se han
dilapidado 160.000 millones, más de mil millones de dólares, aparece la
noticia de que Telefónica anda buscando en el mercado internacional otros
mil millones de dólares, que no habría que buscarlos si no se hubieran
dilapidado en la operación escandalosa del Perú. Ahí está ese tema
reciente. Se están buscando otros mil millones de dólares cuando tenemos
un nivel de deuda en Telefónica que realmente es para preocupar.

En Telefónica, señor Presidente, seguimos con algo que ya hemos dicho
alguna vez. Hay 24 personas en el Consejo, 15 son nombrados por el
Gobierno, un 75 por ciento, y seis son representantes de los grandes
bancos. Seguimos sin saber dónde está la representación del medio millón
de pequeños ahorradores españoles que tienen sus ingresos y sus ahorros
en Telefónica.

Analizando las filiales de Telefónica vemos que abundan las que tienen
pérdidas: Amper, 7.000 millones --si luego tenemos tiempo de estudiar
este asunto, lo veremos con más detalle--; Hispasat, 3.800; Eritel,
2.369; Indelec, 433; Sofres, 265. Nos preguntamos por qué Patrimonio
quiere vender ahora su 24 por ciento de Telefónica Internacional, cuando
resulta que era la joya de la corona. No entendemos esto en absoluto.

Vemos que en estos resultados que ha especificado hay una dispersión
grande de las inversiones. En cuanto a las tarifas, ahí están estudios
serios, como el de la OCDE o el de Autel, que demuestran que son caras.

Hay una facturación detallada para muy poca cantidad, en proporción
solamente dos millones y medio de abonados; hay una escasa inversión en
formación; hay un crecimiento del gasto de manera permanente y hay unos
cambios organizativos frecuentes y sin sentido. Sigue sin identificarse
el abonado que llama. Repito lo del endeudamiento elevado, por supuesto
mucho más elevado que el de otras operadoras que están ahí, y la baja
productividad.

La opinión pública tiene sus preocupaciones respecto a la carestía del
servicio, sobre la atención de los servicios de información, sobre la
falta de cobertura de los servicios móviles, hasta tal punto que, en
algunos casos, por falta de esta cobertura, no pueden o están decidiendo
no utilizarlos.

Existen errores permanentes de previsión. Usted prometió en la Junta de
Accionistas del año pasado regalar el teléfono en los casos de un plazo
dilatado. Ese compromiso se fue nada menos que a 80.000. Es una cantidad
regalada muy importante.

Sobre la lista de espera, usted se ha manifestado con cierto optimismo y
yo quisiera volver a decir por enésima vez en esta Comisión que ahí está
la crisis económica aguda de este país y que ése es el vector fundamental
de esa bajada de la lista de espera. Además, hay que preguntarse por qué
había lista de espera. La había porque su antecesor llevó a cabo una
política de buenos resultados a la base de reducir inversiones. ¿Qué ha
ocurrido? Sigue evolucionando la empresa y nos encontramos ahora con un
nuevo problema y es que existen potenciales clientes que se desalientan y
que llegan, incluso, a pedir la baja.

Usted no nos ha dicho, por ejemplo, que el cómputo de bajas en 1993 fue
de 577.000, que ya es decir; pero no nos preocupa eso, nos preocupa mucho
más las previsiones que están ahí. Las previsiones del primer trimestre
de este año son que el número de bajas en enero es de 49.202 (El señor
Guerra Zunzunegui: ¡Qué barbaridad!), en febrero 51.931 y en marzo,
58.302; total del trimestre, 159.438. Ahí están las bajas. Y usted sigue
buscando mil millones, ahora en el mercado internacional, cuando
analistas de muy respetable prestigio, como don Carlos Winzer, acaba de
presentar su estudio analítico de la cuestión y demuestra los grandes
problemas que existen en la operación del Perú.

Si en el primer trimestre tenemos unas bajas de 159.000, sería congruente
pensar que en 1994 nos vamos a acercar a las 700.000 bajas en este país.




El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Camisón. Da la casualidad de que el
tema del Perú está en el primer bloque, que se ha dejado para segundo
lugar. El presidente de Telefónica podrá dar más detalles y mayor
información cuando lo tratemos.




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El señor CAMISON ASENSIO: Acato su sugerencia y no volverá en este
momento a hacer más especificaciones sobre esta inversión tan
controvertida del Perú.

Siguiendo en la línea, señor Presidente, a nosotros nos preocupa, dentro
de todo este proceso del año 1993, el hecho de que la legislación vigente
sobre planes y fondos de pensiones, que afecta al plan de pensiones de
empleados de Telefónica, establece como tope máximo para las aportaciones
de la empresa y del empleado 750.000; se aporta por Telefónica el 6,67
por ciento y por el empleado el 2 por ciento. Pero es que el artículo 21
del reglamento del plan de pensiones de empleados de la operadora fija,
para cuando se llega a este tope, un retorno de aportación según el
siguiente orden: primero, aportaciones obligatorias de empresa y segundo,
aportaciones obligatorias de los empleados. Sin embargo, la dirección de
Telefónica se ha autoliberado de lo establecido reglamentariamente y, por
el procedimiento de devolución mediante cheque, está abonando a sus
directivos, como concepto salarial, las cotizaciones no satisfechas por
Telefónica, en virtud de los topes que las normas establecen. Ello supone
una práctica de que a mayor retribución es menor la cuota que soportan
estos empleados privilegiados.

Entendemos que éste es un ejemplo de que todavía hay mucho que corregir
en Telefónica respecto a temas de personal.

Se ha referido al Plan operación del medio rural y, según iniciativas
parlamentarias de nuestro Grupo y las correspondientes cumplimentaciones
por parte del Gobierno, vemos que, en cuanto al programa de inversiones
previstas para llevar a cabo la atención integral de la demanda, de
acuerdo con lo que establece el Plan operación, se están observando
ciertas desviaciones. Me gustaría conocer, como visión de la operadora, a
qué se deben estas desviaciones. Por ejemplo, entre la demanda prevista
cuando se lanzó y la producida en 1933 --que son los datos que estamos
analizando--, hay una desviación grande; al iniciar el plan se hizo una
previsión de demanda de 441.154 y la realidad de 1993 es que se han
quedado en 109.000 solamente. Se trata de una desviación realmente
importante y queremos saber las causas, por qué se ha producido.

Usted ha hecho una larga exposición sobre el marco tarifario y yo
quisiera llamar la atención sobre los siguientes hechos. Nosotros mismos,
en el Pleno del Congreso del pasado 13 de abril, expusimos al Ministro de
Obras Públicas el hecho de que el Ministerio de Economía y Hacienda, a
través del Presidente del repetido Tribunal de Defensa de la Competencia,
había admitido, incluso en esta Comisión y, por supuesto, en el Senado,
que no debía admitirse ninguna subida hasta que Telefónica no clarificara
los costes, a los que me he referido muchas veces anteriormente. Si éstos
fueran exageradamente más altos que los de otras operadoras, antes
tendría que reducir costes. Nosotros creemos que esos gastos exagerados
están ahí; están ahí, por ejemplo, en el caso del Perú; están ahí, por
ejemplo, en el caso de planta superflua. En planta exterior ya sabemos
que tiene que haber un colchón importante, del 8 al 10 por ciento, como
es normal en toda operadora, pero es que sobre el óptimo de exceso hay un
exceso de 465.000 líneas, superfluas; ahí hay una inversión realmente
ociosa de 140.000 millones. Si vamos a la planta exterior, el problema se
agudiza, puesto que hay planta vacante exterior nada menos que por
13.500.000 pesetas, que también necesita un ideal, pero, sobre ese ideal
hay un exceso, según todo el mundo, de 6 millones. Vemos que hay un
desconcierto en estas inversiones, que se traduce en unos gastos que,
desde luego, influyen en que los costes de las tarifas no sean los que
corresponden a una gestión adecuada.

Otro caso que va en la misma dirección es lo ocurrido el 19 de diciembre
del pasado ejercicio, cuando Telefónica, a través de la Comisión de
Gestión de Compra y Suministro, autorizó la adquisición, a la empresa
Altos de Briján, S. A., de un solar de 20.575 metros cuadrados, situado
en la calle Fuente del Rey, de Madrid, con una edificabilidad de la mitad
aproximadamente, para construir el Centro Nacional de Supervisión y
Operación, el célebre CNSO. Nos llama la atención el hecho de que un mes
antes la Comisión Directiva hubiera aprobado la adquisición de otro solar
de similares características, pero mucho más barato. El precio de este
solar que se ha manejado es de 1.200 millones. Me gustaría que nos
confirmara o desmintiera esta cantidad, porque, sumada esa cantidad al
gasto de edificación, nos vamos a una inversión de 4.170 millones, que,
según profesionales, pudiera haber sido bastante más reducida.

En cuanto a gastos que habría que tener en cuenta a la hora de fijar las
tarifas, no olvidemos que éstos proceden no tanto de gastos de personal,
sino del endeudamiento. Y en este país, afortunadamente, ha habido en los
últimos meses una bajada de cinco puntos de los tipos de interés, que
debía traducirse en favor de los costes de Telefónica. No voy a entrar en
gastos superfluos, por ejemplo en la EXPO, etcétera, porque ya en más de
una ocasión se han tratado en esta Comisión.

En la eliminación de gastos improcedentes y la posibilidad de un ajuste
de tarifas a la baja, tenemos recientes casos que usted conoce con toda
seguridad. En Alemania, ha supuesto, en estos momentos, el incremento de
un millón de abonados y en otros países ha ocurrido exactamente lo mismo.

Vemos que se está abriendo un debate en los medios públicos entre los dos
factores de gobierno sobre la materia, con artículos que firman, por un
lado, los representantes del Ministerio de Hacienda y, por otro, los
representantes de Telefónica o el Ministerio de Obras Públicas. Pero es
que no se está tratando el tema en su verdadera dimensión, se está
intentando llevar al español a un concepto que se separa de la realidad.

Se está utilizando, por Telefónica, como línea de éxito, el concepto de
línea de servicios por empleados, cuando es un índice que carece de valor
porque puede haber líneas en servicio con mucha o poca actividad; es un
índice que realmente no conduce a nada.

En todo nuestro entorno comunitario, los índices que se manejan son los
de rentabilidad o productividad. Rentabilidad en cuanto a ingresos por
línea y, productividad en cuanto a ingresos por empleado. Pues bien,
según los datos últimos de la UIT --y no entro en si, en el libro de
empleados, Telefónica, siguiendo un poco la táctica de Correos, no
incluye todos los datos, por ejemplo los 8.000 empleados que están en las
filiales--, utilizando los coeficientes e



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índices, que es lo racional y los utilizados en su entorno, en cuanto a
ingresos de telecomunicación por línea principal, medidos en dólares USA
y para el año 1992, que son los últimos que ha publicado la UIT, tenemos
que estos ingresos son 818 dólares. Esta muy por debajo de Dinamarca,
Alemania, Irlanda, Japón, Suecia, Suiza y Estados Unidos; luego,
realmente, no es para presumir en los términos que usted lo hace.




El señor PRESIDENTE: Señor Camisón, le ruego concluya porque, como habrá
una segunda oportunidad de intervención en las otras dos demandas de
comparecencia, tendrá ocasión de completar su intervención, ya que está
lanzando una batería de preguntas, algunas de las cuales ya han sido
contestadas por el Gobierno en otras ocasiones, otras no y están
pendientes de contestación porque corresponde hacerlo al Presidente de
Telefónica. Con el fin de optimizar el tiempo de que disponemos, le
rogaría que termine; lleva ya media hora. El Presidente, con la máxima
flexibilidad, quiere dar satisfacción a todos, pero ustedes tienen que
ayudar a la Presidencia para poder conducir la reunión de una forma
eficaz y en la que todo el mundo puede participar activamente.




EL señor CAMISON ASENSIO: Señor Presidente, mi actuación es por varios
motivos: Primero, por la trascendencia del tema; segundo, porque ha
habido una agrupación de varias comparecencias y, tercero, porque de los
temas que yo estoy exponiendo es del máximo interés que esta Comisión
reciba el criterio de Telefónica. Ninguna cuestión que yo planteo, señor
Presidente, se refiere a datos que ya tuviera el Gobierno, sino a la
postura de Telefónica respecto a esos datos, que en muchos casos se
contradice. Le interesa por lo menos a este Grupo conocer exactamente
cuál es la verdad de la cuestión, para poder actuar en consecuencia.

No obstante, voy a intentar ir acortando. El otro coeficiente que se
utiliza en nuestro entorno es el de ingresos por empleado, que, en la
misma medida y para el mismo año, da para Telefónica 151,518 dólares; por
debajo de Austria, de Italia, de Japón, de Países Bajos, de Noruega, de
Suecia, de Suiza, de Estados Unidos, etcétera. El tercero, beneficios,
para medirlo habrá que utilizar el concepto de beneficio neto después de
imposición, pero en tanto por ciento. Este porcentaje, según la UIT, para
España es 7,3. Pues el de Japón es 15,8; el de Austria, 13,7; el de
Francia, 12,2. Luego, menos lobos, señor Velázquez, a la hora de exponer
sus impresiones.

Me gustaría tener tiempo, pero voy a reducir mi exposición, a la vista de
la sugerencia del señor Presidente de la Comisión, para hablar un poco de
los grandes problemas de las tarifas de alquiler de circuito, en cuanto a
su situación y en cuanto a la falta de cumplimentación de lo que
establecen las directivas comunitarias, pero otra ocasión habrá. No me
extraña nada que el Ministerio de Hacienda, según ha expresado su propio
titular y a raíz de la operación de Telefónica en Perú, haya endurecido
su posición respecto a la subida de tarifas telefónicas, lo cual se
alinea bastante con la postura que yo he mantenido, para intentar, antes
de nada, conocer los costes de verdad, disminuir el gasto, aumentar el
número de clientes, fomentando igualmente el tráfico de línea.

De la liberalización hemos hablado en esta Comisión largo y tendido.

Lamento no tener tiempo, porque hay aspectos que no hemos tratado --lo
haremos en otra comparecencia que solicitaremos-- que hubieran sido del
máximo interés. Por ejemplo, la postura de Telefónica frente a la
concesión del segundo operador del terminar, a la vista de la decisión de
Bruselas de recomendar que no se utilice el sistema de subasta, o si está
de acuerdo el señor Presidente en que si el segundo operador ha de abonar
un canon de 100.000 millones de pesetas, Telefónica se debe liberar de
ese canon.

Esto es todo, señor Presidente; un ligero bosquejo de lo que tenía que
decir.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el
señor Morlán. El señor MORLAN GRACIA: Muchas gracias, señor Presidente de
Telefónica, por su presencia y por la información que nos ha facilitado,
tanto en su exposición como en la documentación que nos ha aportado.

Mi primera reflexión es que aquí pasa como en todo, que depende de cómo
vea uno la botella, las cosas van de una manera o van de otra. Si la
botella la ves medio llena, parece que hay una cierta esperanza en que se
pueda llenar en un momento determinado; si ves la botella medio vacía, da
la impresión de que todo va mal y que no se está haciendo nada bueno en
un determinado sector.

En las tres comparecencias, solicitadas por tres grupos distintos, a
pesar de que pueden ser consideradas distintas en su forma, su contenido,
su fondo forma parte de un todo que viene a indicar cuál es la situación
actual de un sector tan importante como es el de las telecomunicaciones
y, desde luego, cuál es el estado de salud de su operador más importante
en estos momentos en España.

En esta Comisión, a lo largo de varias sesiones, hemos debatido, con
comparecientes muy cualificados, como el propio Ministro de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente o el Presidente del Tribunal de
Defensa de la Competencia, sobre el proceso de liberalización de las
telecomunicaciones; qué papel juega y va jugar Telefónica. ¿Qué sucede
con la aparición de nuevos operadores? ¿Hay que aumentar o hay que
reducir las tarifas porque las anteriores no han sido muy acordes? ¿Cómo
queda nuestra industria nacional a lo largo de este proceso y con las
perspectivas de futuro que este mismo sector tiene?
Hoy comparece usted como presidente de Telefónica, como presidente de una
empresa privada, con todas las connotaciones que ello trae consigo a la
hora de solicitar y facilitar información a esta Cámara sobre el
contenido de la gestión de la misma, en la que algo más de un tercio del
capital es público, y que en cuanto a terminales, a servicios de valor
añadido y a algunos otros aspectos más en razón de la aplicación de las
normativas comunitarias, se halla afectada por las más complejas reglas
del mercado. Hay que pensar que Telefónica en estos momentos tiene como



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monopolio la infraestructura del servicio telefónico básico y que toda la
capacidad que puede dar entra en el marco del funcionamiento del mercado
y, en consecuencia, la liberalización está en una fase de desarrollo muy
avanzado.

Si el señor Camisón fuera capaz de hacer abstracción en cuanto a alguno
de los temas que ha planteado y a la manera en que los ha presentado, se
podría entrar en un debate más propio, adecuado y acorde con lo que debe
ser esta Cámara, en el que tendríamos que considerar qué es Telefónica
--ya hemos dicho que es una empresa privada--; cómo funciona; qué es eso
de la contabilidad analítica de costes; si se pueden evitar o no las
tarifas cruzadas; cuáles tienen que ser los pasos de adaptación y de
adecuación de esas tarifas; y si el ritmo de la liberalización tiene que
ser más rápido o más lento. Hay una serie de temas en los que hay que
hacer una visión optimista de lo que tiene que ser el desarrollo de un
sector tan importante como el de las telecomunicaciones, porque nos
estamos jugando mucho en este país si no vamos todos en la misma
dirección, si no caminamos todos en el sentido de entender que las
telecomunicaciones es uno de los elementos importantes de presente y de
futuro para el desarrollo del país y la calidad de vida de los
ciudadanos.

Estoy convencido de que todos los grupos desean un buen comportamiento de
la cuenta de resultados de Telefónica; que esperan y requieren que, junto
a una universalización del servicio telefónico básico, haya un
aprovechamiento máximo de las posibilidades de desarrollo tecnológico que
existen; y que se utilice la capacidad excedentaria que se va produciendo
de acuerdo con los resultados de la investigación tecnológica que va
posibilitando el empleo de esos nuevos servicios. Entendemos que el
proceso de investigación y desarrollo que se está planteando en este país
en materia de telecomunicaciones y del cual Telefónica tiene una
importante responsabilidad y de hecho la está ejerciendo, que esas
capacidades deberían ser empleadas en beneficio del desarrollo de este
sector de las telecomunicaciones, en beneficio de los ciudadanos de este
país.

Desde luego, la mejora de la calidad de los servicios, junto a una
disminución y un ajuste de los mismos, está en función del más exacto y
preciso conocimiento del entramado económico-financiero de Telefónica. Yo
no soy, como algunos otros, experto en estas materias; no tengo ninguna
titulación relacionada con la economía y con los números, pero creo que
todos coincidiremos en que conocer la estructura de costes de los
servicios es un dato importante. Si de ahí se deduce el camino que ha de
seguirse para hacer que las subvenciones cruzadas vayan desapareciendo y
que el sistema tarifario vaya logrando su equilibrio, de forma y manera
que aminorar las diferencias entre las tarifas urbanas, interurbanas e
internacionales sea una realidad progresiva, debemos afirmar que el
programa que desarrolla Telefónica es positivo, y que la Memoria que ha
ofrecido a sus accionistas en fechas pasadas así como la documentación
que nos ha aportado son lo suficientemente explícitas para hacer un
balance positivo dentro de lo que es ir llenando poco a poco esa botella
que nosotros consideramos que está medio llena y no medio vacía.

Parece claro que de lo manifestado por el señor Velázquez se puede
desprender que los resultados de la contabilidad analítica de costes ha
supuesto buenas consecuencias para lo que ha sucedido en Telefónica
durante 1993, cuya Memoria ya he indicado que todos tenemos en nuestro
poder, y espero que tenga la misma credibilidad para la oposición que
cuando se utilizan algunos datos de este tipo de documentos para
justificar una determinada crítica cuando esos datos no son favorables
para la acción de Gobierno.

Yo le agradezco, como ya he indicado al principio, toda la información
que nos ha suministrado en su intervención y en la que cabe destacar, por
lo que se refiere a ese apartado relacionado con las tarifas, el
compromiso que asume de adaptar las tarifas a los precios de mercado
antes del 1 de enero de 1998 y también el que apoye que el Gobierno haya
renunciado a esa prórroga que se manifestó en los acuerdos de la
Comisión.

Todo ello, desde luego, va a suponer --y hay que hacerlo para evitar
algún tipo de acciones sesgadas-- que, como usted ha dicho, todos los
servicios bajan con la única excepción del servicio metropolitano, del
servicio urbano, y que las cuotas mensuales de abono tendrán que subir.

Es decir, tanto el servicio interurbano, como las cuotas de abono, son
servicios, son cantidades que están en una cuantía ínfima y que, según lo
que nos ha manifestado en su intervención, tienen que subir para
adecuarlas y actualizarlas a lo que sucede en otras partes.

De igual manera, nosotros manifestamos nuestra concordia sobre lo
expuesto en el proceso de liberalización de las telecomunicaciones que se
está desarrollando en España y en el que, junto a la prudencia de los
pasos que se van dando, hay que poner de manifiesto la decisión política
de caminar hacia una liberalización a fecha cierta, compatible con la
universalización del servicio telefónico básico y con la preparación de
la empresa para pasar del monopolio a la competencia.

No se puede dar un paso en falso en este sentido porque los perjuicios
que se pudieran ocasionar si no se actuara con prudencia tendrían una
repercusión negativa para lo que ha de ser la mejora de la calidad del
servicio, para los propios costes del servicio y, en definitiva,
repercutiría en que los ciudadanos españoles veríamos mermar un derecho
que es el de utilizar un teléfono, el de hablar con nuestros familiares,
con nuestros amigos, en las mejores condiciones de calidad y de precio
posibles.

Efectivamente, es positivo plantear la cuestión desde la óptica de las
condiciones en las que se va a competir y no indicar si se está o no por
la liberalización. Este es un tema que ya está perfectamente superado por
cuanto nuestra presencia en la Unión Europea y los compromisos que de
esta presencia se derivan no hacen necesario hablar de si tiene que haber
liberalización o no, sino cómo hemos de acudir a esa liberalización, qué
condiciones han de darse.

Desde luego, estamos de acuerdo en las condiciones que usted ha planteado
en su intervención, que lo que hacen es garantizar el mantenimiento de
una compañía como Telefónica, que ha de competir con empresas nacionales
e internacionales en unas condiciones que nosotros esperamos que, debido
a toda esa gestión que se está llevando a



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cabo y que viene reflejada en los datos que nos ha suministrado, permitan
que esa competencia sea la mejor para el desarrollo de la Compañía
Telefónica. Por tanto, el Grupo Socialista también está de acuerdo con la
posición de Telefónica de apoyar esas condiciones.

Para ir finalizando --porque no me voy a extender tanto como el señor
Camisón en esta intervención--, quería señalar que si al desarrollo de la
contabilidad analítica de costes que tiene incorporado el proceso de
adecuación tarifario, unimos los pasos dados para que Telefónica pueda
encontrarse en buena posición en el futuro mercado liberalizado de las
telecomunicaciones, nos encontramos con los resultados obtenidos en 1993
dentro del cuadro comparativo con años anteriores. Aquí sí me gustaría
detenerme en algunas cosas porque creo que las cifras son a veces más
significativas que las propias palabras. En este documento que se nos ha
hecho llegar sobre las principales magnitudes de Telefónica entre 1982 y
1993 estamos hablando de que existe un fuerte desarrollo de utilización
del servicio telefónico, por cuanto en 1982 había 8.018.000 líneas y en
1993 hay 14.326.000. Estamos hablando de la calidad de los servicios
telefónicos y nos damos cuenta de que las llamadas inefectivas en tantos
por ciento, en el servicio metropolitano, en 1993, son del 0,41, cuando
en años anteriores han llegado, en el caso, por ejemplo, del servicio
internacional, a ser superiores al 12 por ciento. O estamos hablando del
0,98 por ciento en servicio provincial, cuando en 1982 estaba en el 3 por
ciento. O estamos hablando del 1,26 por ciento en el servicio nacional,
cuando en 1989 estaba por encima del 6,04 por ciento. O hablamos también
de lo que son las peticiones en curso actualmente pendientes, que son
25.000, frente a las que había en 1988, que eran 569.000, o a las que
había en 1982, que eran 408.000. Con independencia de que se hayan
producido bajas en la utilización del servicio telefónico por razones
económicas, porque estamos en una situación de crisis económica, lo que
tengo muy claro es que estas peticiones son nuevas, son peticiones que
vienen a completar todo el entramado telefónico y que lo que hacen es dar
muestra de que existen necesidades que han de ser atendidas y necesidades
que se ven cumplimentadas con el desarrollo de la gestión de Telefónica.

Si hablamos de la generalización del servicio telefónico como elemento
básico de calidad, es bueno recordar que en 1982 llegaba a un 50,7 por
ciento de los hogares españoles, y que en el año 1993 llega al 83 por
ciento; o que las líneas de servicio por cien habitantes en 1982 eran
21,3 y en 1993 son 37,9; o ese desarrollo regional que se ha planteado,
al que ha hecho referencia el señor Presidente de Telefónica y en el que
ha incidido de forma clara diciendo que se han reducido las desigualdades
regionales, por cuanto se ha atendido a que fueran las regiones más
desfavorecidas las que tuvieran un mayor incremento en número de líneas.

Haciendo un estudio pormenorizado de este documento, nos podemos dar
cuenta de que la gestión de Telefónica ha mejorado sustancialmente
durante los últimos años; ha prestado y está prestando un mejor servicio
desde 1982 hasta ahora, y que, desde luego, esa botella que nosotros
pensamos que tiene que irse llenando poco a poco, está más bien llena que
vacía.

En definitiva, señor Presidente, señorías, sin lugar a dudas podemos
afirmar que la continuidad en esta gestión y en las coordenadas expuestas
va a ir, como ha pretendido siempre Telefónica, en beneficio de los
ciudadanos y en la consolidación de un sector económico que cada vez ha
de ser más competitivo y que mueve y moverá un volumen cada vez mayor de
recursos económicos en este país.

Por todo ello, agradeciéndole su información, le instamos a que siga en
la línea de ir mejorando la calidad de los servicios telefónicos en este
país, tendiendo hacia ese mercado de liberalización de las
comunicaciones, que tendrá su plena vigencia el 1 de enero de 1998, de
forma que en ese momento Telefónica se encuentre dentro del mercado
nacional e internacional en las mejores condiciones posibles de
competencia, con la finalidad de no perder cuotas de mercado y de que los
ciudadanos españoles veamos mejorados nuestros servicios telefónicos.




El señor PRESIDENTE: Me permito sugerir a la Comisión, si también el
compareciente está de acuerdo, la posibilidad de suspender la sesión, a
partir de las 12, durante un rato, de forma que nos permita escuchar al
Presidente del Gobierno en su rueda de prensa. (Varios señores Diputados:
Se ha aplazado hasta la una y media.)
Entonces vamos a intentar terminar, y si no hemos terminado a tiempo,
volverá a hacer la misma sugerencia.

El señor Velázquez-Gaztelu tiene la palabra.




El señor PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA TELEFONICA DE ESPAÑA
(Velázquez-Gaztelu Ruiz): Señor Presidente, voy a procurar ser lo más
breve posible, aunque S. S. (las he estado contando) me ha hecho más de
veinte preguntas. Procuraré contestar a todas.

A mí me pasa con el señor Camisón una cosa. Normalmente, yo coincido con
las críticas que se me hacen, porque, además, me son útiles, con lo que
no coincido nunca es con los calificativos. Comprendo que S. S. tiene el
estilo de la Cámara, que es probablemente distinto al de un gerente de
una compañía como yo, y los calificativos a veces me parecen excesivos.

Salvo eso, yo le diría, en primer lugar, que voy a tratar de contestar
brevemente a todas las preguntas; y, en segundo término, que muchas de
las que me ha hecho están ya contestadas --lo he leído en los «Diarios de
Sesiones»-- por el Gobierno, porque le fueron formuladas directamente,
aunque S. S. me ha aclarado que me hace la pregunta para que yo le dé mi
opinión, que puede ser en muchos casos diferente. Contestaré algunas
otras cuando responda a los puntos de la comparecencia de hoy, que se
refieren concretamente a la inversión en Perú y a la empresa Amper,
formulados por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.

En cuanto a la calificación de optimista, sensación que he podido dar
esta mañana, si he dado esa sensación pido excusas porque no he
pretendido serlo. Me gusta ser realista. Cuando uno está al frente de una
compañía, en cierto modo se apasiona con el proceso y con la marcha de la



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misma, por lo que puede parecer optimista. Creo que es una visión
realista.

En las contestaciones, a pesar de la especial naturaleza de empresa
privada, procuraré ser flexible y dar más información de la que, en
estricto cumplimiento del Derecho Mercantil, debería dar. Sin embargo,
seré lo más flexible posible, pero sin incurrir en incorrección legal
alguna en relación con la privacidad de nuestra compañía.

Yo comprendo que hay asuntos en los que, lógicamente, el Gobierno o los
que somos meros gestores de la compañía podemos tener visiones distintas
en la resolución de algunos temas. Pero no hay duda de que Telefónica en
este proceso --se pueden coger diez años o veinte-- sigue avanzando. Este
año --como ustedes saben--, más concretamente el mes pasado, se han
cumplido 70 años de la historia de la Compañía. En una reunión que
tuvimos los que fuimos Presidentes de Telefónica de España, el día que se
cumplían 70 años, llegamos a la conclusión de que la Compañía va
avanzando en todos los períodos históricos; a cada uno de los que tenemos
y asumimos la responsabilidad de la dirección nos tocan unos objetivos
diferentes. En todo caso, los objetivos y los resultados de la Compañía
Telefónica --se lo digo ya como una contestación general a un tema que
luego tocaremos-- no pueden ser distintos de los parámetros
macroeconómicos del país. Hay que comprender que nosotros tengamos menor
penetración en teléfonos que los Estados Unidos porque nosotros no
tenemos la renta «per capita» de los Estados Unidos. Pero dentro de
nuestra renta «per capita» sí que tenemos una gran simetría con la
posición de los países más avanzados.

Es verdad --y yo me lamento de ello-- que Extremadura no tiene la
penetración telefónica que tiene Cataluña, pero es que la renta «per
capita» de Cataluña es mayor que la de Extremadura. ¿Y eso es culpa de
los extremeños? No lo creo. ¿Es culpa de los españoles? No lo creo. Lo
importante no es hacer una fotografía y hacer una verdad absoluta de
ello; lo importante es seguir avanzando y caminando. Y puedo decir que la
Compañía Telefónica va avanzando y se va adaptando a cada uno de los
entornos.

Yo siempre recuerdo una famosa oración del ejecutivo, de un profesor de
la Universidad de Harvard, que decía: «Dios mío, ilumíname para analizar
con claridad los factores internos y externos que influyen en mi empresa;
pero, sobre todo, ayúdame a separar los unos de los otros.» Nosotros
podemos dominar los factores internos de nuestra compañía, pero lo que no
podemos dominar son los factores externos, porque esos nos vienen dados.

Lo que tenemos entre manos es una compañía importante, probablemente la
compañía más importante de España; una compañía privada con una
participación importantísima de accionistas no españoles --como todos SS.

SS. saben, se cotiza en las mejores Bolsas del mundo-- y, por tanto,
cualquier información que se dé sobre ella, cualquier manifestación que
se dé sobre ella, sea de los medios de comunicación sea de este
Parlamento --y pido esto encarecidamente-- debemos cuidarla en razón a la
delicadeza de lo que supone una compañía que se cotiza en todas las
Bolsas mundiales.

En cuanto a la afirmación de que nosotros mantenemos tesis iguales a las
del Ministerio de Obras Públicas, pero distintas a las del Ministerio de
Economía y a las del Tribunal de la Competencia, yo diría que con
relación al Tribunal de la Competencia hemos mantenido y seguimos
manteniendo posturas diferentes, pero nuestra compañía tiene posiciones
no necesariamente distintas, es que tiene lo menos que se puede tener
cuando uno es gestor de una compañía es la lealtad a su propia empresa.

Puede ser que a veces los intereses de la propia compañía sean distintos
a los planteamientos que pueda hacer un Gobierno o una oposición sobre el
tema. Por tanto, yo no me avergüenzo de coincidir unas veces y discrepar
de otras, porque mi obligación es la de no discrepar con mi conciencia
profesional, que es lo que a mí me importa.

En el estudio que se hace --yo agradezco todos los cálculos comparativos
con el Reino Unido-- la situación es muy sencilla. Telefónica es un
producto en el que en un momento determinado el Gobierno español, en el
año 1924, toma la decisión de constituir un monopolio. En España había
más de 100 compañías telefónicas que no se entendían entre sí y decidió
que éste era el modelo; pero decidió un modelo que era típico de los
Estados Unidos, no de Europa. En Europa los distintos Estados le
encargaron a un órgano de la Administración que desarrollara las
telecomunicaciones y en España se decidió darle la concesión
monopolística, en exclusiva, a una compañía privada en donde el Estado ha
tenido una participación; participación que inicialmente no era así, pero
a partir del año 1944 el Gobierno español decide tomar la participación
que era propiedad de la Standard Eléctrica Española, que era una compañía
filial de la ITT. Desde entonces es también accionista, pero siempre ha
sido una compañía privada.

¿Qué diferencia existe entre una compañía privada y un PTT, para decirlo
de una manera sencilla? Pues que nosotros hemos tenido que financiar
todas las inversiones con nuestro dinero, es decir, con el dinero de los
accionistas y con el endeudamiento, mientras que los PTT han estado
colgados al Presupuesto General del Estado, que es un procedimiento, cada
uno elige el modelo que sea; pero el nuestro es el que se está imponiendo
en el momento actual. En una sociedad moderna ya no es concebible que se
financie con dinero público el desarrollo de las telecomunicaciones.

Como consecuencia de ello, la única diferencia que tenemos, comparado con
los mejores operadores europeos, es sencillamente el que tenemos más
gasto financiero, porque el endeudamiento lo tenemos que pagar nosotros.

A mí me hubiera gustado muchísimo llegar a la situación de British
Telekom cuando se privatizó hace unos años, ya que la dejaron limpia de
deuda. Si los señores Diputados soberanamente determinan que se deje
limpia de deuda nuestra compañía estaríamos encantados, pero no es ése el
modelo. Nosotros sí reconocemos que nuestros gastos financieros son
mayores que los de otros, lógicamente tenemos un mayor nivel de
endeudamiento. Lo importante es que los márgenes de operación sean
buenos.

Es verdad que las comparaciones a veces son odiosas, porque hay que
perfilarlas mucho, pero es un índice general.




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Lo mismo que se habla de número de líneas por hogares, o de número de
líneas por habitantes, el índice que nosotros utilizamos con gran
regularidad para comparar unas empresas con otras es el número de líneas
por empleado porque es un índice sencillo. Además, con independencia de
la fotografía comparada con otro, si viéramos la película mirando hacia
atrás y no hubiéramos avanzado, estaría avergonzado, pero lo que sí le
digo es que la productividad de la Compañía va mejorando año a año, cada
vez hay más líneas por empleado. En los próximos cinco años vamos a pasar
de 200 líneas a 250. Este es nuestro objetivo y lo vamos a conseguir.

Creo que hay que conseguirlo y se puede lograr.

Sobre la universalización del servicio en Extremadura, tengo que decirle,
señoría, que yo lamento que el Gobierno de Extremadura todavía no me haya
aprobado la propuesta de contrato que le he hecho, porque se va a quedar
el último. Lo lamento por una razón: porque si a alguien le hace falta
tener un programa de extensión de la telefonía rural es a Extremadura. Lo
lamento mucho más porque ha sido la región española que más ha crecido en
los últimos diez años desde el punto de vista telefónico. Yo he dicho que
se ha crecido más del doble en Canarias y Andalucía, pero la que más ha
crecido ha sido Extremadura; es decir, las inversiones proporcionales que
se han hecho en Extremadura han sido muy grandes precisamente para que
tuviera una posición decente. En Extremadura fue donde se colocó el
primer teléfono de España, en Frejenal de la Sierra, a los tres años de
haberse inventado por Graham Bell. Es una anécdota curiosa. Pues bien,
desde que se puso el primer teléfono en Frejenal de la Sierra hasta hace
diez años se había instalado el 44 por ciento de los teléfonos, en estos
diez años se ha puesto el 56 por ciento. Es un dato de Extremadura. Lo
lamento mucho más después de que haya ofrecido a los Gobiernos de
Asturias, Valencia, Galicia o Cataluña la extensión de la telefonía
rural, que ha sido un éxito rotundo, y que con Extremadura todavía no
haya logrado un acuerdo. Pendiente de firmas nos quedan Cádiz y Sevilla,
pero ya acordadas; pendientes de firma nos queda Cantabria, pero
acordada; pendiente de concertación sólo nos queda Madrid y Extremadura,
no son dos provincias sino tres: Madrid, Cáceres y Badajoz.

De todas maneras, el programa está elaborado hasta el 31 de diciembre de
1996, si bien Galicia y Asturias lo terminan este año. Fueron los dos que
se anticiparon y son los dos con mayor demanda porque tenían mayor
población dispersa, que era lo importante. Pero, vuelvo a repetir que
estamos pendientes de que el Gobierno de Extremadura acepte nuestra
propuesta, que va en la misma línea de todos los gobiernos que han
firmado con nosotros el acuerdo de la extensión de la telefonía rural.

Para mí es delicado decir que no entrego una u otra información. Si no la
entrego es porque el Derecho Mercantil no me lo permite. Esto es una
empresa privada y no puedo exponer toda la información. Yo se la entrego
a la auditora --está auditada--, la junta general la ha conocido y la ha
aprobado. Le voy a explicar algo porque ha quedado la duda de que no
estamos entregando la documentación en el momento adecuado.

Lo que era obligatorio antes del 31 de diciembre de 1993 y se ha cumplido
--tengo aquí el oficio de la Delegación del Gobierno-- es entregar la
explicación de los criterios de imputación del sistema del 31 de
diciembre de 1993. Los datos de 1993 es imposible que se entreguen antes
del 31 de diciembre porque no existían. Los datos del ejercicio de 1993
los tenemos después, pero no vamos a entregarlos sin auditarlos. Lo
primero que hemos hecho ha sido tener la contabilidad cerrada, que se
auditen y que el ejercicio lo apruebe la junta general que se ha
celebrado el 15 de abril. Al día siguiente, el Ministerio de Obras
Públicas, con un oficio que le hemos enviado, tenía todos los datos.

Antes era imposible. No podemos mandar unos datos que no estén auditados
debidamente. Por lo tanto, los datos se han enviado y esta información la
tiene el que legalmente la tiene que tener. Si ustedes se la piden al
Gobierno y se la da, es un problema del Gobierno. Pero como Presidente de
la Compañía Telefónica yo no puedo entregar datos que son privados.

Quiero que me entiendan, son datos que ya pertenecen a la privacidad.

Como nos vamos a liberalizar yo no puedo dar estos datos que pueden caer
en manos de empresas, a lo mejor de mi competencia. Pero la Compañía
Telefónica tiene su información. Estos son los datos de la contabilidad
por centrales.

Le decía antes con cierto sentido del humor, para dar un ejemplo de que
estos datos no sólo existen sino que están auditados, que si me preguntan
los señores Diputados porque tienen curiosidad por conocer los datos de
su pueblo, yo se los doy. El mío lo tengo aquí, no tiene más que una
central y es fácil de ver la cuenta de resultados, los gastos financieros
imputables, todo. Le puedo dar, si quiere, los de Torresanmiguel y los de
Soria. Los tengo todos. Aquí están y existen. Además, existen por
servicios, sobre eso no hay ningún problema. El problema que se pone de
manifiesto es que al analizar la cuenta de resultados por provincias,
tenemos 22 que pierden dinero. Para compensar esta pérdida necesito 17
provincias más. Al final, el resultado de Telefónica lo tienen entre
cuatro o cinco. Cuando se habla de liberalización esto también hay que
tenerlo en cuenta, porque una vez liberalizado en las zonas donde pierde,
quién va a prestar el servicio? ¿Cómo se va a compensar a la operadora
actualmente existente de ese servicio? No es tan fácil llegar a un
acuerdo.

Nosotros estamos de acuerdo --lo he dicho antes-- en el sistema de
liberalización de los servicios y nos conviene que sea cuanto antes. Lo
único que pasa es que un gobierno tiene que tomarse su tiempo. Todos los
Estados pertenecientes a la Unión Europea acordaron en junio del año
pasado hacerlo el uno de enero de 1998, para tomarse tiempo y resolver
esta serie de problemas que no están resueltos y que requieren una
reflexión importante. No lo están ni en Inglaterra, que está liberalizado
el servicio hace más tiempo. Es el único país donde se liberalizaron las
tasas de acceso, cuál debía ser la estructura tarifaria, etcétera.

En cuanto a los datos de la relación precio-demanda, la contestación es
muy fácil: a cada precio le corresponde una demanda determinada y en una
modificación de precios, bien sea al alza o a la baja, lógicamente se
modifica la demanda del producto consiguiente. Esto lo tenemos, por



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supuesto, analizado y cuando decimos que bajaremos los precios de la
internacional perderemos una parte, qué duda cabe, de ingresos, pero, por
otra parte, también recuperaremos en tanto en cuanto la elasticidad de la
demanda nos lo permita.

En la Memoria que les hemos entregado vienen los datos comparativos con
Europa y quiero borrar la sensación de que somos los más caros de Europa.

No es verdad. La factura media telefónica es la más barata de Europa y
comparándonos con el Reino Unido, que es lo que citaba, nosotros somos
más caros en comunicación internacional y en transmisión de datos, en
alquiler de circuitos, en lo que son servicios de empresa, porque han
subvencionado tradicionalmente el servicio básico local, pero como
factura media somos más baratos. Indudablemente somos mucho más baratos
en la tarifa metropolitana, eso es obvio. Probablemente en esto lleve
razón el señor Morlán cuando dice que depende del cristal con que se
mira, pero los datos están ahí y son muy tercos.

Por tanto, créanme, no oculto los datos bajo siete llaves, porque los
datos están a disposición de todas aquellas personas que tienen derecho a
acceder a ellos, lo que pasa es que muchas veces no los puedo hacer
públicos, no debo de hacerlos públicos porque son datos confidenciales de
nuestra compañía en ese nivel de detalle, no digo los datos generales,
que están en la Memoria y son conocidos por todo el mundo. Si quieren
ustedes los datos en el sistema contable de los Estados Unidos también
los tenemos porque tenemos obligación de ello puesto que somos una
compañía que se cotiza en la Bolsa de Nueva York y tenemos que seguir las
reglas y también lo tenemos en datos de contabilidad norteamericanos, de
los cuales aquí no hablo porque son distintos y ahí, digamos, formalmente
los resultados son mejores, porque el sistema de contabilidad americano
es distinto y te da resultados mejores.

En cuanto a esa comparación de que en Estados Unidos hay autopistas de
información y nosotros vamos por veredas --no sé si exactamente ha dicho
S. S. veredas, pero da lo mismo, por un camino casi sin asfaltar--, no es
verdad. Señoría, pertenezco a un grupo asesor del Comisario Bangemann;
esta tarde tenemos en Bruselas una reunión y hace exactamente veintidós
días tuvimos otra en Nueva York, del Grupo Asesor del Comisario de
Telecomunicaciones de la Unión Europea con los responsables del programa
de las autopistas de información que el Vicepresidente Gore lleva bajo su
responsabilidad y que fue una de las grandes líneas de la campaña del
Presidente Clinton. Tuvimos ocasión de reunirnos no sólo con los
responsables de la Casa Blanca, sino también con los responsables de los
distintos operadores, industriales, usuarios de los Estados Unidos y
constatamos que en Europa no estamos tan lejos, ni mucho menos, yo diría
que en algunas cosas incluso estamos mucho más avanzados. En Europa hay
países como Suecia que están mucho más avanzados en telecomunicaciones
que los Estados Unidos.

Incluso hablando de autopistas de la información, señorías, cuando se me
dice que tenemos que poner fibra óptica, ¿usted sabe los kilómetros de
fibra óptica que tenemos? Más de 500.000 kilómetros hay en España de
fibra óptica, y dicho en términos de cable conjunto, es decir, que todas
las fibras van por dentro, tenemos más de 35.000 kilómetros. Por eso
cuando oigo a personas que dicen: «Es que vamos a montar una red paralela
con 5.000 kilómetros de fibra óptica», me quedo sobrecogido porque digo:
¿cómo lo van a hacer con 5.000 kilómetros, cuando la Telefónica de España
tiene instalados debajo de nuestro suelo más de 500.000 kilómetros de
fibra óptica? Pero es que este año con el Plan Fotón la fibra óptica
empezará a llegar a casa del cliente, a su casa, para prestar
multiservicios en su día o servicios multimedia como se llama ahora.

Tenemos muy clara la orientación de la compañía. En los años 70 la
Compañía Telefónica --y cito el año 1970, aunque ustedes comprenderán que
yo en ese año no estaba, no es mérito del equipo gestor actual ni mucho
menos-- tuvo clara una orientación: dejó de ser sólo una compañía para
hablar por teléfono y se convirtió en una compañía de transmisión de voz
y de transmisión de datos, y eso en el año 1972 tenía un mérito
extraordinario porque hay muchas operadoras que todavía no son operadoras
de transmisión de datos. Esto nos ha permitido que en España tengamos un
nivel de transmisión de datos muy alto, probablemente el más alto de
Europa comparado con Francia. Por ejemplo, en España hay más cajeros
automáticos y más datáfonos que en todos los países de Europa y eso ha
facilitado la utilización de la tarjeta de crédito y la modernización del
país, y eso no es mérito de los de ahora; eso es mérito de la propia
Compañía Telefónica que en su día tomó esa decisión.

Pues ahora estamos en un momento histórico de cambio. Primero, vamos a
entrar en un sistema liberalizado, tenemos que cambiar nuestra cultura a
un mercado más competitivo, pero, además, es necesario reorientar la
compañía. Ya no podemos ser una compañía de telefónos para hablar por
teléfono, ni siquiera para transmitir datos. Tenemos que ir a una red
digital de servicio integral de banda ancha, como usted citaba que se da
en Estados Unidos. ¡Hombre, y aquí! Cuando quiera le enseño nuestras
demostraciones en Colmenar, tenemos varias pruebas, no hay ningún
problema. Igual que en los Estados Unidos, exactamente igual, al mismo
nivel, pero ni un milímetro más atrás.

Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos que reorientar la compañía
hacia una compañía multimedia, que dé servicio de transmisión de datos,
de voz, de sonido, de imagen y de todo lo que se pueda meter por un cable
o se pueda mandar por una onda hertziana. Esa es, desde luego, la
orientación de la compañía y eso lo que también está tratando Europa de
desarrollar conjuntamente con el nombre de las autopistas de la
información que, en realidad, no es más que meter de manera integrada
todas las señales de telecomunicación por un solo cable de fibra óptica
de gran capacidad de velocidad y anchura de banda para transmitir. Esa es
nuestra red Fotón y lo que estamos haciendo.

En cuanto a que utilizara la junta general para hacer campaña de
publicidad, es mi obligación. Somos una empresa con 14 millones y medio
de clientes y tenemos que comunicarles nuestras cuestiones y hacer
publicidad de ello. Si el año pasado prometimos que íbamos a regalar un



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teléfono si tardábamos más de 20 días, este año hemos prometido que lo
regalamos si tardamos más de 15, y que regalamos 80.000 teléfonos. ¡Si
80.000 teléfonos son más baratos que un anuncio de televisión! Pero es
que pusimos un millón de líneas. Vamos a mirarlo, como decía, el señor
Morlán, de manera optimista, vamos a ver la botella medio llena. El año
pasado pusimos más de un millón de líneas. Este año nos vamos a
comprometer --y verán ustedes la publicidad el domingo, aunque les
adelanto el contenido-- a arreglar las averías antes de 24 horas, salvo
que el cliente quiera que se lo arreglen después. Tenemos que hacer
publicidad de ello porque si no nuestros clientes no se enteran, porque
son 14 millones y medio de clientes.

Señorías, no me puedo comprometer en una junta general, sobre lo que me
preguntaba antes, a decir cuánto vamos a ganar este año. Nadie
medianamente sensato puede decirlo. En el mundo internacional, el decirlo
le ha costado la presidencia a más de uno, porque luego no acertó y tuvo
que dimitir. No lo hago por no dimitir, sino sencillamente porque me
parecería imprudente decir hoy cuál va a ser el resultado de nuestra
compañía.

En cuanto a la inversión, mantenemos el nivel de inversión necesario para
cumplir nuestro servicio. Tampoco tiene ningún mérito haber quitado la
lista de espera, es nuestra obligación. ¿Cómo vamos a tener esperando a
un cliente que quiere comprar? Eso yo lo sé. Históricamente, las
compañías telefónicas han tenido listas de espera, en España, en el Japón
y en todos los sitios y, desgraciadamente, las siguen teniendo. En este
momento, cuando llegamos a Argentina había una lista de espera de siete
años. Ahora la lista de espera es de seis meses y los argentinos están
encantados. Y yo digo que es una barbaridad esperar seis meses. Tenemos
la misma estructura de demanda que tenemos en España.

Yo le decía antes, señoría --y se lo digo con todo respeto--, que algunos
calificativos son muy duros, como cuando se habla de dilapidar, y luego
contestaré a la hora de hablar de Perú. Nosotros no dilapidamos nada, de
verdad.

Se dice que son muchas las bajas de líneas. Le voy a decir una cosa.

Nosotros, el año pasado, hemos instalado más de un millón de líneas, que
son líneas que hemos puesto en servicio, sin embargo, el aumento de
líneas netas en servicio ha sido mucho menor, entre otras cosas,
desgraciadamente, porque hay muchas bajas. Digo desgraciadamente en una
parte, porque hay otra que son bajas lógicas. Cada vez que una persona se
cambia de vivienda, que es mucho más corriente de lo que yo me podía
imaginar, se da de baja en un sitio y de alta en otro, con lo cual no
perdemos el cliente. Como bajas definitivas se han producido realmente
pocas. Evidentemente también hay bajas, porque al que no me paga se le
corta el teléfono y punto. Lo tengo que explicar así de claro, como es
natural. Estamos autorizados por la ley y al que no paga se la da un
aviso, primero se le corta solamente la llamada de salida pero se le deja
una temporada que pueda recibir llamadas; se le vuelve a avisar y cuando
ya vemos que la mora sobrepasa los límites normales se toma la decisión,
se corta y nada más.

Esto es lo que yo puedo decirle en relación a ese tema. Sobre el número
de bajas de líneas hemos hecho un estudio entre todas las operadoras y
vemos que aumenta en cuanto aumenta la maduración del mercado, es decir,
aumenta el índice de penetración. Estamos teniendo muchas bajas en
aquellos lugares donde la penetración es más alta, como Cataluña y
Baleares, que en las zonas de penetración más baja. Probablemente en las
zonas de mayor renta per cápita --esto lo digo probablemente-- se cambia
más de vivienda que en las zonas menos desarrolladas. Además, hay otro
factor. Se ha «frivolizado», lo digo entre comillas, el pedir un teléfono
porque como lo ponemos, en un gran porcentaje de los casos, en
veinticuatro horas, dicen: me doy de baja y el mes que viene me doy de
alta. Se ha producido un incremento de las bajas porque hay una gran
facilidad. Por ejemplo en segundas viviendas hemos venido observando que
antes la gente no se daba de baja. Ahora, en segundas viviendas, después
del verano, en los meses de septiembre y octubre, tenemos una gran
cantidad de bajas que se vuelven a dar de alta en el mes de junio. Ese es
un procedimiento. Lo importante es que crezca la demanda neta, que el
número neto de líneas instaladas sea grande, y el año pasado no ha
crecido.

Voy a decirles una cosa. La variable de demanda neta de líneas es
indicativa del ciclo económico. El ciclo económico, según Telefónica,
está cambiando. Lo mismo que dijimos en el año 1989 que estaba cambiando
para peor, el ciclo económico de ahora está cambiando para mejor, porque
la demanda de nuevas líneas en el último semestre y en el primer
trimestre de este año está aumentando la demanda neta, ya deducidas las
bajas.

Pregunta si no estamos disfrutando la baja de los tipos de interés.

Muchísimo. Los gastos financieros van a disminuir. Lo estamos notando. Lo
que sucede es que, el año pasado, paralelamente a iniciarse un proceso de
baja de tipos de interés, que veníamos deseando que se produjera desde
hace años, porque es una compañía que ha tenido que tener un alto
endeudamiento y, lógicamente, los tipos de interés, no eran nada bajos,
hubo, como sabe, una devaluacion de nuestra peseta que hizo que se nos
encareciera el endeudamiento exterior (que, a pesar de eso, sigue siendo
mucho más barato que en España o, por lo menos en los años pasados, ha
sido más barato para Telefónica que el endeudamiento español),
endeudamiento extranjero que hemos tenido que aprovisionar inmediatamente
y, por supuesto, pasar al gasto aquello que ha vencido durante el
ejercicio, y también lo que está a punto de vencer hay que aprovisionarlo
de acuerdo con unas reglas que ha establecido el Instituto Nacional de
Contabilidad y que nosotros cumplimos. Una cosa ha compensado casi a la
otra pero, de todas maneras, a pesar de ello, los gastos financieros van
bajando y esperamos que en un futuro próximo nuestros gastos financieros
bajen de manera importante. Pero lo verdaderamente importante es lo que
decía antes, es que hemos llegado a la autofinanciación, es decir que el
cash flow ha sido ya superior a la inversión y la inversión va a
continuar. Este año vamos a invertir 500.000 millones de pesetas. Esta
cifra sí que la puedo dar y vamos a invertir y seguiremos invirtiendo. Lo
único que pasa es que, lógicamente,



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no podemos repetir las inversiones del año 90 ó 91 en que llegábamos a
invertir 732.000 millones de pesetas. No son necesarios porque la demanda
de nuevas líneas ya no lo exige así.

Nos dice también que tenemos un stock de líneas instaladas muy alto y que
el que estén ahí ha sido una inversión baldía. Mire señoría, esa reserva
es común en todas las operadoras del mundo civilizado; tenemos más líneas
instaladas que en servicio precisamente para cuando nos pidan una,
ponérsela, porque sin tener una reserva del 10 por ciento de las líneas
totales instaladas, sería imposible dar buen servicio a nuestros
clientes. Por tanto, no es que sea una inversión excesiva, sino que es
una inversión necesaria. Es lo mismo que con las mercancías: el que vende
una mercancía, necesita un stock de seguridad. Nosotros necesitamos un
stock de seguridad de líneas, para que cuando un cliente nos pida una
línea se la podamos poner inmediatamente. Esa es la razón. De todas
formas, también le digo que es precisamente una de las críticas que yo
hago continuamente en el interior de nuestra compañía cuando discutimos
este tema con mi equipo directivo. A mí me gusta apretar y apurar el
límite en cuanto a tener líneas instaladas sin estar en servicio con unos
coeficientes que sobrepasen, digamos, razonablemente lo que se entiende
por stock de seguridad de líneas. De todos modos, el exceso de líneas
instaladas sobre las que están en servicio responde a la necesidad de
prestar un servicio de más calidad a nuestros clientes.

También me decía que los empleados de las filiales no entran en el
coeficiente de las 200 líneas por empleado. Esto no ocurre en ningún
sitio del mundo. Yo no puedo incluir a los empleados de una compañía como
Cetesa, que se dedica a la explotación de las páginas amarillas, de los
directorios, que son cosas que no tienen nada que ver con el negocio
telefónico directo de la explotación de líneas básicas, como tampoco
entran los señores que están trabajando en la telefonía móvil, porque
tampoco cuento las líneas móviles, cuento solamente las líneas básicas y
las líneas Ibercom, es decir, las que prestan servicios básicos y
generales en relación con los empleados de la compañía. Es verdad que en
las comparaciones internacionales puede haber algunos pequeños errores de
interpretación, pero es un índice muy sólido y, sobre todo, como le dije
antes, lo importante es que se mueva.

Me dice que las ventas por empleado no son las mismas que en Estados
Unidos y Japón. Es que si tuviéramos la renta per cápita del Japón y
menos ingresos por línea, estaríamos preocupados, pero si los ingresos
están en la línea de la renta per cápita que le corresponde, estoy
encantado.

El gran drama de un negocio de telecomunicaciones es que la fábrica está
23 horas y 50 minutos parada y esto ocurre en el mundo, no en España,
sino en todos los lados. Esto quiere decir que la gente utiliza entre 10
y 12 minutos como promedio las líneas telefónicas y, como digo, eso pasa
en todos los países del mundo. Por eso, uno de los procesos que puede ser
positivo en el futuro para las empresas de telecomunicación es que su
fábrica empiece a fabricar otros productos, como la transmisión de
imágenes por televisión por cable, los servicios interactivos, los
videojuegos, etcétera, para que las fábricas, en vez de estar funcionando
sólo 10 ó 12 minutos al día, puedan estar funcionando mucho más tiempo.

Ese es uno de los logros y de los objetivos de cualquier empresa: tener
su fábrica funcionando durante más tiempo, que además le compren al mejor
precio y obtener el mayor número de ventas por empleado y por línea. El
problema es que las líneas --lo he dicho antes y lo demuestra la
contabilidad analítica de explotación-- no son todas rentables. Le puedo
dar la contabilidad por línea; sabemos qué número de líneas son rentables
y qué número de líneas no son rentables. Se lo puedo decir porque la
contabilidad analítica de explotación así nos lo exige; es decir, que,
repito, le puedo decir el número de líneas con las que ganamos dinero y
el número de líneas con las que perdemos dinero. Antes decía que eran 22
las provincias que pierden y ahora voy a rectificar, son 26, y 17 las que
compensan esa pérdida, y las siete restantes... Por líneas, no alcanzan
el umbral de rentabilidad 9.760.000 líneas, el 70 por ciento, y superan
el umbral de rentabilidad 4.146.000 líneas, que son el 29,8 por ciento.

Esta es la realidad. Por qué? Sencillamente, porque se ha tratado de
extender el servicio para que llegue a todo el mundo, aunque luego no
tienen capacidad de compra para la utilización del teléfono. Pero también
le quiero decir una cosa, y es que tampoco estos datos son absolutamente
ciertos, y voy a explicar por qué.

En todas las operadoras telefónicas del mundo se mide de esa forma la
rentabilidad por línea porque siempre se imputan los ingresos al teléfono
llamante, pero, a veces, líneas que aquí aparecen como no rentables,
gracias a que existen, son teléfonos llamados y suponen ingresos para las
otras que son rentables. Por tanto, tampoco se puede establecer un
concepto absoluto de la afirmación que estoy haciendo porque siempre hay
que tomarla con las limitaciones que tienen este tipo de conceptos.

Me ha preguntado qué opino sobre la segunda licencia. Señoría, yo no
opino nada, yo lo único que digo es que bendita sea la segunda licencia
de telefonía móvil, puesto que ello supone el inicio del proceso de
liberalización. Lo que sería deseable es que hubiera más de una segunda
licencia, porque aquí nos creemos que con la segunda licencia ya hemos
liberalizado; no sólo lo creemos aquí sino también en Estados Unidos. Yo
creo que vamos a pasar de un monopolio a un duopolio; es una concesión
que va a hacer que en lugar de uno sean dos; pues muy bien, bienvenido
sea. Cuál es el procedimiento a seguir? Ese es un problema a decidir por
las autoridades, yo en eso no tengo que participar. Ha insinuado que lo
vamos a someter a subasta y que vamos a pagar equis. No, Telefónica no
tiene que pagar, Telefónica tiene un contrato con el Estado con licencia,
por tanto, no tenemos que pagarla porque ya es nuestra, nosotros no
tenemos que pagar nada, eso lo tengo yo clarísimo. Ahora bien, cómo lo
hagan, ése es un problema en el cual yo no entro. Nosotros sí hemos
ganado muchas licencias de telefonía móvil en el extranjero participando
en subastas. Por ejemplo, en Colombia ganamos una licencia pagando más
que los demás, pero yo no enjuicio cuál va a ser el procedimiento porque
ése es un tema de carácter administrativo que a nosotros ni nos va ni nos



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viene. Lo que sí sabemos es que nosotros no vamos a pagar nada porque
tenemos ya la licencia y tenemos soportes jurídicos suficientes para
defender los intereses de nuestra compañía en este sentido.

Ha citado también el tema del Fondo de Pensiones y la limitación de las
750.000 pesetas. Lo primero que tengo que decir es que yo no estoy de
acuerdo con la limitación de esas 750.000 pesetas. Hoy, después de
transformar el sistema antiguo de pensiones, la tranquilidad de los que
trabajan en la compañía es grande porque se han dado cuenta de que el
nuevo sistema tiene sus ventajas sobre el anterior, pero también tiene un
inconveniente y es ese límite de las 750.000 pesetas --ojalá un día los
señores Diputados, que tienen la soberanía, puedan modificar ese límite y
subirlo--. No estoy satisfecho del nuevo sistema de previsión social y
creo que los directivos son los grandes perjudicados por el cambio del
sistema. Usted me decía que cuando no llega se les da la diferencia, pero
es que si no fuese así los directivos saldrían muy perjudicados, y cuando
hablo de directivos me estoy refiriendo a 3.000 personas, no a los tres
directivos de la cumbre. La limitación me parece poca. Estamos tratando
de mejorar el sistema porque es manifiestamente mejorable; lógicamente,
también hemos introducido alguna mejora en el convenio colectivo y
seguiremos trabajando en ello, pero, créame, tengo la sensación de que
los directivos de la compañía no son precisamente los beneficiados del
sistema del Fondo de Pensiones, e incluso tengo una cierta preocupación
por este tema que iremos estudiando tranquilamente porque tampoco hay que
hacer las cosas de forma rápida, pero lo haremos.

Contestando al señor Morlán, creo que el problema es acertar en el nuevo
modelo. Créanme --y en esto coincido con todos los colegas de las
operadoras internacionales--, el gran problema en el cambio de un sistema
de monopolio a un sistema de libertad, de liberalización, de mayor
competencia, es que el tránsito ha sido muy confuso, como he dicho en mi
exposición anterior. A lo mejor tenía que ser así, pero todos los
operadores de los Estados Unidos, de Inglaterra, están muy preocupados
porque no hay un marco definido y estable para nuestras compañías. Por
ejemplo, en Estados Unidos se acaban de deshacer operaciones concertadas
entre operadoras telefónicas y operadoras de televisión por cable,
incluso productoras de cine, porque de pronto la autoridad reguladora de
los Estados Unidos, que tiene soberanía para ello, ha decidido que tienen
que bajar los precios y los ha reducido en un 12 por ciento. En ese
momento, todos los estudios que se habían hecho para la integración se
han venido abajo.

Yo pediría que en el sistema de futuro no hubiera el menor espacio para
la arbitrariedad o la improvisación. Que hubiera un marco de libertades,
pero que las empresas tuvieran un marco jurídico definido, porque, si no,
nos puede pasar lo que en el Reino Unido, que se liberaliza y, ahora,
British Telecom se encuentra con que las tasas de acceso no estaban
definidas, ha tenido que pactar con los nuevos operadores y, como es
natural en este tipo de pactos, unos protestan porque es mucho y otros
protestan porque es poco.

Todo esto tiene que estar definido antes, por eso no me parece mal que no
estemos de acuerdo con el señor Presidente del Tribunal de la
Competencia, que quería privatizar mañana sin tener claro el marco. Y que
conste, vuelvo a decir, que para la posición competitiva de Telefónica,
en este momento, sería deseable que se hiciera cuanto antes, pero
comprendo que haya que hacerlo de una manera ordenada y sacrificar los
intereses de nuestra compañía, como es natural, en razón de los intereses
generales. Eso lo podemos entender perfectamente.

El período transitorio de tarifas --antes he contestado al respecto en
líneas generales-- yo creo que se va a hacer razonablemente bien. Lo
único que pasa es que, en cierto modo, hay que reconocer que se produce
un cierto traumatismo en el proceso. Pero no hay más remedio. En ningún
caso vamos a pretender los precios de Inglaterra, sino los precios que
creemos que va a tener Inglaterra dentro de cinco años --que es el
sistema que estamos siguiendo--, que serán más bajos que los que tiene
ahora.

Hay que hacer ese proceso paulatinamente. Por eso ese espacio, no muy
largo, que nos queda será bueno para todos. Entre tanto, nuestra compañía
está preparándose para el cambio, está cambiando su propia cultura. El
nivel profesional de la compañía es muy alto, el nivel técnico es muy
alto y, por tanto, no vamos a tener ningún problema en ese sentido,
aunque, por supuesto, no se pueda hacer en cinco minutos; es un proceso
de cambio cultural que tarda años, pero ha habido muchas empresas en
España que se han adaptado desde un sistema de monopolio a un sistema de
libertades, como el caso de Tabacalera, que hoy día compite en el mercado
como cualquier otra. Mucho más ésta, que es una compañía de más futuro
por el producto y el servicio que vende. Por tanto, no habrá ningún
problema.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, muy brevemente, el señor Camisón.




El señor CAMISON ASENSIO: De una manera rápida voy a aclarar algunas
cuestiones, pocas.

El señor portavoz del Grupo Socialista se ha referido a este Diputado en
el sentido de la conveniencia de que, ante una empresa de esta
importancia, la gran misión que tiene y a la que todos consideramos muy
española y muy nuestra, marcháramos en la misma dirección. Incluso en
dejar de una vez fijada la procedencia de su carácter privado.

El señor Presidente de Telefónica ha vuelto a insistir en el carácter
privado de la empresa y se ha amparado en este carácter para justificar
que no ha sido posible remitir estos datos o detalles de datos a esta
Comisión. Yo quisiera decir que en ese deseo, por nuestra parte, de
clarificar esta situación, quien tiene que aclararse primero es
justamente el Grupo Socialista, puesto que, por un lado, vemos que se
defiende la privatización de la empresa y, por otro, somos testigos (no
el señor Velázquez pero sí los diputados) de que cuando el Ministro
competente presenta los últimos Presupuestos Generales del Estado en el
Pleno, todos los datos sobre inversiones, sobre coeficientes, todos los
que expone son para su lucimiento, se los apropia el Gobierno



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y los presenta como una acción suya. Lo primero que tendremos que
aclarar, insisto, es si, por una parte el Ministro en Pleno se apropia de
algo y lo presenta como éxito de una acción del Gobierno y si, por otra
parte, a la hora de dar datos se considera privada. Esta es la
clarificación que tenemos que hacer de una vez por todas.

Nosotros estamos encantados de que, por ejemplo, a pesar de que
Telefónica sea una empresa privada, como usted dice, siga ondeando la
bandera nacional en el edificio de Gran Vía; eso nos produce una gran
alegría. Vemos que no ondea en la sede de Dragados. Estamos de acuerdo
con que la Presidencia de Telefónica la nombra el Consejo de Ministros y,
sin embargo, no sucede lo mismo con la de la empresa Dragados.

Por tanto, cuando nosotros pedimos este dato, a pesar de la privacidad
que usted alega para no darlo, es porque nos interesa mucho y porque
estamos ante un servicio público vital para el pueblo español.

Yo agradezco, señor Presidente, su manifestación de que entiende las
críticas que hace este Grupo Parlamentario. Se lamenta de los
calificativos que yo empleo, y yo lamento no haber sido capaz de
exteriorizar mi voluntad política en estos momentos, puesto que he
intentado, por todos los medios, una cierta dulcificación de esos
calificativos, hasta el punto de que la Comisión es testigo de que
incluso no me he atrevido a llamarle triunfalista; he bajado el diapasón
y me he quedado con la expresión de algo optimista, en un afán de
moderación a la hora de utilizar esos calificativos sabiendo que le
molestan al señor Presidente.

El ha reconocido su discrepancia con otras partes del Gobierno y ha dicho
una frase que también nos alegra, y es que discrepa con todo esto, pero
con quien no discrepa es con su conciencia. En eso coincide con nosotros.

Tenga la seguridad de que nuestra labor de oposición y de crítica a
Telefónica está en coincidencia con nuestro criterio y nuestra propia
conciencia, entendiendo que hacemos un trabajo que nos corresponde por
imperativo constitucional.

No tengo tiempo de analizar a fondo la larguísima y profunda exposición
que ha hecho el señor Presidente con su tremenda y conocida capacidad de
comunicación, que yo admiro y que es obvio que la tiene. Sólo voy a
llamar la atención sobre dos o tres puntos. En primer lugar, él, con esa
habilidad que tiene, se agarra con frecuencia a coger el rábano por las
hojas. Por ejemplo, él había prometido en la junta de accionistas del
pasado año el regalo de los teléfonos, y se ha llegado nada menos que a
80.000. Mi opinión no ha ido en el sentido que usted ha interpretado en
cuanto a que suponía mucho coste. Yo no he criticado el coste de esos
80.000. Mi opinión vertida es que a la hora de presentar eso en la junta
usted dijo que iba tan bien la reducción de las listas de espera que
incluso iban a regalar los teléfonos si no se pasaba de cierta fecha, lo
que quería decir que eran tan pocos que por eso los iban a regalar, y
resulta que han llegado a ochenta mil. Por tanto, yo me he ido al número
y no al coste.

Cuando me he referido a la publicidad, por supuesto no quiero ni intento
suprimirla en una empresa como Telefónica. Iba a emplear la palabra
despendolamiento, pero la retiro porque sé que no le gusta. Empleo la de
exageraciones en publicidad, porque todos los españoles estamos viendo
las dobles páginas de los periódicos, estamos viendo la televisión, y
estamos viendo un bombardeo. Justamente mi opinión y la de mi Grupo es
que coincide con una operación controvertida frente a una inversión que
no había que haber hecho de 160.000 millones; coincide con eso y, por
tanto, en esa crítica que nos corresponde y sin discrepar con nuestra
conciencia lo decimos.

Cuando habla del exceso de planta superflua, ha quedado bien claro que
hace falta un colchón; eso ha quedado claro. Mi crítica ha sido lo que se
excede de ese óptimo, que es a lo que he ido. No he ido a lo que debe
haber, que es el argumento que usted ha cogido.

Se ha referido también a que 26 provincias pierden. Eso enlaza y es
coherente con toda la filosofía de mi argumentación. A lo mejor hay que
rebajar esos costes que creemos conocer y que no conocemos para que esas
26 provincias no pierdan. A lo mejor está ahí el secreto, que es lo que
queremos averiguar, es lo que queremos saber.

He hecho una referencia al dato --no digo triunfalista, sino algo
optimista-- de la evolución de Telefónica. Según datos nuestros, señor
Presidente, hasta el año 1982, con las cifras de la OIT, el desarrollo
telefónico español fue consistente y convergente con Europa. No tenemos
tiempo para desarrollar ahora todos los ábacos que son conocidos. Es a
partir de esa fecha, y coincidiendo con los gobiernos socialistas, cuando
se ha producido, por sus políticas incoherentes, una situación que revela
los hechos siguientes.

En la década 1982-92, con un crecimiento del 72,03 por ciento en cuanto
al índice de fábricas principales, se consigue el menor desarrollo del
último medio siglo; ése es el hecho concreto. También con la tasa de
crecimiento de Telefónica ocurre algo parecido, y contrasta con que en
nuestro entorno, en el resto de los países, pasa lo contrario. Hay un
análisis europeo muy conocido, que es el nivel de comunicación, que
empieza por los países que más han evolucionado, y España aparece la
última, y se contrapone con el cuadro de crecimiento del gasto público,
que ocurre al revés, que España aparece la primera y la nación con más
extensión la última. En el informe de calidad no voy a entrar, pero ahí
están los datos de la OCDE.

Para terminar, señor Presidente, le diré que incluso con sus datos, los
que nos presenta hoy cuando habla de las líneas por cien habitantes, de
momento nos extraña que se incluya en este porcentaje lo de Ibercom; nos
extraña que se incluya eso. Pero es que, además, la cifra que se da del
37,9 por ciento, que es el porcentaje que está ahí, es bastante inferior
a lo que había previsto el Gobierno en el Plan nacional de las
telecomunicaciones. El Plan nacional fija casi un 42 por ciento, y, por
tanto, creo que es lógico que nosotros --le ruego que entienda nuestra
postura-- lo digamos en esta Comisión, que para esto venimos, como, por
ejemplo, entendemos las críticas que puedan surgir en una junta de
accionistas. Y para ir a una situación de más concordancia con sus
criterios tiene usted sus plantas nobles en Telefónica, donde podrán
estar más de acuerdo con sus criterios, pero esto, señor Presidente, es
una Cámara política, no lo olvide.




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El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra el señor Morlán. Le
ruego que sea más breve, si es posible.




El señor MORLAN GRACIA: No se preocupe, señor Presidente, que voy a ser
muy breve.

Señor Camisón, el Grupo Socialista tiene las cosas muy claras, y no hay
ningún signo de incoherencia en sus planteamientos ni respecto a la
política del Gobierno ni respecto a la política que está llevando la
Compañía Telefónica de España. El que sea una empresa privada no está en
absoluto en contradicción con que esté prestando un servicio público, y
de hecho lo está haciendo así. Lo que sucede es que si nosotros hablamos
de servicio público es porque entendemos que somos defensores del
servicio público telefónico, y somos defensores de universalizar la
prestación de ese servicio público telefónico. Esa compatibilidad que
usted pone en duda que exista entre lo que nosotros pensamos que tiene
que ser una compañía privada y un servicio público, creemos que está en
este momento suficientemente resuelto en España. Si usted analiza un poco
la historia de lo que ha sido Telefónica se dará cuenta de que de esa
situación de monopolio que había se está pasando a una situación de
liberalización, a una situación en la que la competencia está marcando
las reglas, el mercado está marcando las reglas, y me parece que todos
los grupos políticos debiéramos mostrar un poco más de apoyo a lo que es
nuestro, ya que no parece positivo que las críticas sean a veces
excesivas respecto a lo que supone el buen funcionamiento y el buen
desarrollo de una actividad económica como la de Telefónica.

En definitiva, nosotros pensamos que la Compañía Telefónica es una
empresa privada, con un tercio de su capital público, pero con gestión,
repito, de compañía privada; por tanto, en la junta de accionistas tendrá
que exponer todo lo que estime oportuno y conveniente, y ante esta Cámara
tendrá que dar cuenta de los resultados respecto al desarrollo de un
servicio público que entendemos tiene que ser universalizado, y desde
luego ese desarrollo tiene que estar complementado con la prestación de
todas aquellas capacidades que permitan también el desarrollo de las
infraestructuras que tiene actualmente Telefónica.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Presidente de la Compañía
Telefónica para contestar, muy brevemente, al señor Camisón.




El señor PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA TELEFONICA DE ESPAÑA, S. A.

(Velázquez-Gaztelu Ruiz): Muy rápidamente.

En primer lugar, el tema de la bandera puesta en la fachada de la
Compañía Telefónica. Sea una empresa privada (puesto que, vuelvo a decir,
el Estado no tiene más que el 32 por ciento) o pública, yo estoy
orgulloso de que la bandera de España esté en el balcón, y la he tenido
siempre, incluso en Coca-Cola de Málaga, cuando yo era director allí, y
Coca-Cola de Málaga no tiene nada que ver con el Estado. Es decir, estoy
muy orgulloso de tener la bandera de España, y me gustaría que Dragados
también la tuviera, porque a mí me da mucha envidia la costumbre que, por
ejemplo, tienen los estadounidenses de poner su bandera en las empresas.

A mí me parece que la bandera de España debe estar en todos lados.

Recuerdo siempre la anécdota cuando yo era director comercial de
Tabacalera, que se prohibió a los estancos utilizar la bandera de España
porque se confundían con las comisarías; el Gobierno dio una norma y
cambiamos la identificación corporativa, y a cambio de eso les regalamos
a los estanqueros una banderita de España para que la tuvieran dentro de
su estanco, porque no teníamos nada en contra de la bandera española.

¿Cómo íbamos a tener nada en contra? Al contrario, estamos muy a favor y
encantados de tenerla, pero no porque seamos una empresa pública, que
jurídicamente no lo somos.

Por supuesto le matizo una cosa: el Consejo de Ministros no nombra al
presidente de la Compañía Telefónica. Al presidente de la Compañía
Telefónica le nombra el Consejo de Administración. Bien es verdad que el
accionista principal, el que tiene el 32 por ciento, lógicamente, es el
que propone el nombre, eso sí, pero quien lo aprueba, repito, es el
Consejo de Administración, y luego, por supuesto, lo tiene que ratificar
la junta general, como es natural.

Para ser extraordinariamente breve le diré que el Plan nacional de
telecomunicaciones tiene un objetivo y nosotros estamos muy por encima de
él. Otra cosa es el objetivo que se plantea el Plan nacional en su
finalización, pero no ahora. Es decir, que en todos los parámetros
nosotros estamos cumpliendo el Plan nacional muy por encima.

A mí, de verdad, lo referente al despendolamiento no me preocupa. He
tenido la paciencia de recopilar todos los calificativos y luego se los
regalo, al final de la sesión, porque he tomado nota de ellos. Pero no es
que esté en contra de los calificativos; es que, aplicados a determinadas
actuaciones, lo que decía era (y yo comprendo que ésta es una Cámara
política, por supuesto) que a veces la posición de Telefónica es muy
difícil, porque somos una empresa privada, pero por otro lado hay que
reconocer que el accionista principal es el que propone. Eso lo sabemos
todos. La cuestión es que, como somos empresa privada, cuando llegan
noticias de una cierta trascendencia a las Bolsas a veces
internacionalmente no es fácil entender el problema.

Por supuesto, es opinable si el número de líneas instaladas --que es
superior al número de líneas en servicio, como es natural-- es mucho o es
poco; ésas son materias opinables. Yo en eso coincido con S. S., en tanto
que, aunque los técnicos me dicen que son las necesarias, yo siempre (se
lo he dicho antes), estoy pretendiendo que sea el menor número posible;
es decir, buscar siempre el óptimo, lo mismo que buscamos el óptimo en
existencias de almacenes, como es nuestra obligación.




El señor PRESIDENTE: Una vez dejado patente el patriotismo del Presidente
respecto a los símbolos y a sus aficiones a recopilar aspectos
gramaticales que pueden resultar muy curiosos para algunos de los
parlamentarios, pasamos a la última parte de nuestro orden del día.




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--EXPLICAR LA POLITICA LLEVADA POR DICHA COMPAÑIA EN RELACION CON LA
EMPRESA AMPER. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 212/000426.)



--EXPLICAR LA COMPRA DE LA COMPAÑIA TELEFONICA DE ESPAÑA, S. A., DE PERU
POR 3.300 MILLONES DE DOLARES. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO
FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de
expediente 212/000602.)



El señor PRESIDENTE: Esta última parte de nuestro orden del día, la
abordamos porque el señor Andréu, en representación de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, está en la sala. Señor Andréu, todos los
miembros de esta Comisión han acordado respetar sus peticiones de
comparecencia, y yo, en su nombre, agradezco esta deferencia que han
tenido.

Sin más dilación pasamos a que el Presidente de Telefónica aborde los dos
primeros puntos del orden del día que hemos leído con anterioridad. El
señor Presidente tiene la palabra.




El señor PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA TELEFONICA DE ESPAÑA, S. A.

(Velázquez-Gaztelu Ruiz): Señor Presidente, permítame, antes de referirme
concretamente a Amper, que explique cuál es la política industrial de
Telefónica, para una mejor comprensión de este caso concreto.

El objetivo principal de Telefónica, como operadora de
telecomunicaciones, es la satisfacción de nuestros clientes, y sobre este
objetivo pivota la política global de la Compañía y condiciona toda
nuestra actuación y nuestro esfuerzo por mejorar la estabilidad y reducir
el costo de los servicios. En la tarea por la consecución de este
objetivo, de la satisfacción de nuestros clientes, Telefónica enmarca su
actividad con el convencimiento de que la política de compra es un factor
decisivo y crítico para conseguir reducir el coste de los servicios.

Por otro lado, la pertenencia a la Unión Europea desde el año 1986 nos
obliga a una forma de actuación que impide aumentar la participación en
el accionariado de los proveedores, y recomienda, incluso, un proceso de
desinversión para evitar posiciones dominantes, que nosotros hemos venido
aplicando en los últimos años. Además, para el año 1996 va a entrar en
vigor en España la Directiva sobre el mercado sometido a licitación
pública, lo que va a exigir la necesidad ineludible de no tener intereses
accionariales en los suministradores.

No se puede olvidar, por otra parte, que Telefónica juega un papel muy
relevante en la economía nacional, puesto que su valor añadido equivale
prácticamente al dos por ciento del producto interior bruto, contribuye
algunos años hasta el 5,5 por ciento de la formación bruta de capital,
genera el 0,6 por ciento del empleo directo y absorbe el 2,5 por ciento
del ahorro nacional. Somos conscientes, por tanto, del papel que
Telefónica desempeña en la industria de telecomunicaciones, que se
cristaliza a través de nuestros planes de inversión, y somos también
conscientes de que la mejor forma de contribuir a la política industrial
es mediante las compras a la industria española. Ese es el mejor
procedimiento.

Las premisas anteriores otorgan un papel importante a Telefónica en el
desarrollo de la industria de telecomunicaciones, estando obligada a
contribuir al éxito de la política industrial del país, pero no podemos
olvidar que el objetivo de mejorar la calidad y abaratar el coste del
servicio pasa por no tener servidumbres con la propia industria; es
decir, el requisito imprescindible de ofrecer una adecuada transparencia
en las compras nos lleva a no estar en el accionariado del suministrador,
evitando, al mismo tiempo, la adquisición de una sobrecapacidad en
función de la demanda real, con el consiguiente sobrecoste y, por tanto,
repercutiendo en las tarifas y perjudicando el objetivo de la operadora.

Por otro lado, tampoco se puede olvidar la gran aportación de Telefónica
a través de su expansión internacional, que ha proporcionado nuevos
mercados a la industria española, a lo que más adelante me referiré con
ocasión de hablar del asunto de Perú. A todo ello se debe sumar el apoyo
constante y permanente que Telefónica presta a los procesos de
investigación y desarrollo, que son la base del efecto multiplicador de
la inversión en el mundo de las telecomunicaciones.

En resumen, la estrategia de Telefónica no está centrada en participar en
el accionariado de los suministradores. Es más, desde el año 1985 --antes
de nuestro ingreso en la Comunidad Económica Europea--, Telefónica ya
tomó la decisión de desinvertir en los grupos industriales que fuesen sus
proveedores, para evitar vinculaciones y servidumbres que pudieran
condicionar la consecución de sus objetivos básicos que son mejorar la
calidad y abaratar los costes de servicios a sus clientes. Esta política
de desinversión en el accionariado de los suministradores ha continuado y
va a continuar hasta su práctica desaparición.

Pues bien, entrando ya directamente en el caso Amper, tengo que decir, en
primer lugar, que esta empresa no es una empresa filial de Telefónica.

Telefónica sólo tiene una participación minoritaria del 15 por ciento de
su capital y no tiene, por tanto, la responsabilidad de su gestión. Sin
embargo, seguimos manteniendo una significativa relación como cliente de
las sociedades del Grupo Amper, que nos proveen de equipos y de sistemas
e instalaciones tanto en España como en el extranjero. Con mayor detalle:
la proporción de las compras del Grupo Amper con respecto al total de
compras de Telefónica se ha incrementado durante los últimos años,
pasando de un 2,7 por ciento en el año 1990, a un seis por ciento en el
pasado ejercicio de 1993. Pero, por otro lado, el porcentaje que sobre el
total de la renta del Grupo Amper representa Telefónica ha crecido en los
últimos años desde un 45,8 por ciento en 1991 hasta un 50,3 por ciento en
1993.

En resumen, la posición de Telefónica como cliente de Amper está siendo
de apoyo constante, manteniendo la máxima colaboración dentro de las
posibilidades y el



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margen de maniobra que ofrece al asegurar un suministro competitivo en
calidad y precio.

Antes, contestando a una pregunta del señor Camisón, decía que hemos
tratado de ajustar nuestra inversión lógicamente a nuestras necesidades.

Pero en este afán de cooperar con la industria española se ha mantenido
constante la cifra de 20.000 millones de pesetas de compra cada año a
esta Compañía, que para nosotros ha significado proporcionalmente, como
he dicho antes, un porcentaje mayor. Además, nosotros estamos
representando para esa empresa un porcentaje cada vez más grande; en este
año 1993 representamos ya más del 50 por ciento. También quiero decirle
que en el año 1994, en el que ya está aprobado nuestro presupuesto, vamos
a mantener este nivel de compras a la compañía Amper.

En la intervención sobre el tema de Perú citaré las exportaciones que se
están haciendo desde empresas españolas a todas aquellas operadoras en
las que nosotros participamos en Latinoamérica.

Continuando con otra de las preguntas de la comparecencia voy a explicar
la compra de la Telefónica de Perú por 3.300 millones de pesetas, a
solicitud del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.




El señor PRESIDENTE: Perdón, son 3.300 millones de dólares.




El señor PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA TELEFONICA DE ESPAÑA, S. A.

(Velázquez-Gaztelu Ruiz): La cifra estaba en pesetas, pero son 2.002
millones de dólares.

Para que SS. SS. puedan tener un mejor conocimiento de cuál ha sido el
proceso que ha llevado a Telefónica Internacional a participar y ganar el
concurso de privatización de las dos operadoras que existen en este
momento en Perú, creo que es imprescindible, a pesar de haberlo
manifestado ya en mi última comparecencia ante esta misma Comisión,
volver a explicar cuáles son los objetivos y las razones de nuestra
presencia internacional.




El señor PRESIDENTE: Perdón que le interrumpa de nuevo, pero hay una cosa
que quisiera que quedara clara, porque en mi texto se habla de 3.300
millones de dólares y usted habla de 3.300 millones de pesetas.




El señor PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA TELEFONICA DE ESPAÑA, S. A.

(Velázquez-Gaztelu Ruiz): La cuestión planteada dice exactamente por
3.300 millones de pesetas, pero ha sido un error que venía de esta
Cámara.




El señor PRESIDENTE: Pero en el texto que todos los Diputados tenemos se
habla de Telefónica Española, S. A., de Perú por 3.300 millones de
dólares. Esto es lo que reza en el orden del día.




El señor PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA TELEFONICA DE ESPAÑA, S. A.

(Velázquez-Gaztelu Ruiz): Como voy a aclarar exactamente la cifra en mi
intervención no creo que haya ningún problema en este sentido.




El señor PRESIDENTE: Confiamos en la aclaración de este tema a lo largo
de su intervención.




El señor PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA TELEFONICA DE ESPAÑA, S. A.

(Velázquez-Gaztelu Ruiz): Volviendo a mi exposición, decía que de manera
escueta voy a manifestar que Telefónica tiene tres objetivos principales
muy definidos en su actividad de expansión internacional y que son los
siguientes. En primer lugar, ganar más dinero; en segundo lugar, ganar
más tamaño, de tal forma que pueda hacer mejores alianzas
internacionales; y, en tercer lugar, colaborar con la industria española
comprando más. Esos son nuestros tres objetivos principales.

Hay otros motivos también importantes, como la defensa de nuestros
negocios comunes internacionales; la defensa de nuestras comunicaciones
internacionales; la defensa, incluso, de las comunicaciones
internacionales en lengua castellana, que es la principal lengua del
Estado español, la denominada lengua española, que con todos los respetos
para el resto es la más conocida en el área en que estamos.

Con independencia de estos objetivos, estamos en una situación
absolutamente nueva en el mundo del negocio de las telecomunicaciones, en
la que se pone de manifiesto tanto la necesidad de ampliar mercado
mediante participación en procesos de privatización de compañías
extranjeras como la conveniencia de adquirir un tamaño crítico
internacional. Esta internacionalización de los negocios de
telecomunicación viene propiciada también por la globalización de los
mercados y además por la tendencia a la privatización de los monopolios
estatales, así como por la progresiva liberalización de servicios, que en
numerosos países viene acompañada de la apertura de uno o varios
operadores extranjeros que participan en su propio mercado. Todo ello se
desarrolla en un marco que se caracteriza por las necesidades financieras
de los estados menos desarrollados, derivados de los objetivos de
modernización y de expansión del servicio telefónico, que constituye una
pieza clave para su desarrollo económico, social y cultural. En
consecuencia, surgen oportunidades globales y sectoriales de inversión, y
hay que estar presente para no quedar al margen de esta operación.

Ante esta situación de nuevas oportunidades de negocios internacionales,
derivados de los procesos de privatización y de liberalización de las
redes y servicios de telecomunicaciones, Telefónica definió como
prioritaria en sus actuaciones el área de la América española, de
Hispanoamérica o de la América latina, con el fin de alcanzar la mayor
ventaja competitiva, tanto en términos de mercado potencial como de
sinergia por tráfico internacional y sistemas comunes de explotación de
red. Esto no quiere decir que no tengamos presencia también en algunas
operadoras, como, por ejemplo, una empresa de radio-búsqueda en Portugal
o la telefonía móvil de Rumania.

Con carácter general, la selección de las inversiones internacionales ha
de basarse en una toma de consideración



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individualizada del perfil de rentabilidad/riesgo de cada proyecto, lo
que quiere y requiere una cuidadosa evaluación de los factores que
pudieran afectar a la recuperación de la inversión. Para comprometer
capitales y recursos hace falta estar dispuesto a asumir un conjunto de
riesgos e incertidumbres, pero con la expectativa siempre de obtener una
rentabilidad.

La acción de Telefónica Internacional, la compañía filial de Telefónica
de España para su actividad exterior, se manifiesta, hasta el momento, en
sus participaciones en operadoras de telecomunicaciones de Puerto Rico,
de Venezuela, de Colombia, de Argentina, de Chile y ahora de Perú.

También he citado antes, en Europa, Rumania y Portugal. Está teniendo
lugar esta toma de participaciones, desde hace unos años acá, en un
contexto de dura competencia con otras operadoras internacionales, muchas
de ellas más importantes que la propia Telefónica de España.

Al cierre de 1993, Telefónica Internacional presentaba una estructura de
balance con 215.982 millones de pesetas de activos totales, todas estas
cifras a valor contable no al valor de mercado. Por lo que respecta a la
estructura financiera, la Compañía Telefónica Internacional presenta un
claro predominio de los fondos propios, cuyo valor contable asciende a la
cifra de 153.344 millones de pesetas; el 49 por ciento por desembolso de
capital social y el 51 por ciento por reservas que se han generado en los
últimos cuatro años de existencia de esta compañía, lo que representa que
el 72 por ciento de los recursos totales son recursos propios.

Desde la perspectiva de la estructura accionarial de Telefónica
Internacional (que cuenta con un capital de 79.900 millones de pesetas
que se distribuyen entre la Telefónica de España, el 76,2 por ciento, y
el Patrimonio del Estado el 23,8 por ciento, que es el único dinero
desembolsado por sus accionistas, desde la perspectiva del mercado, el
conjunto de las inversiones exteriores realizadas por Telefónica
Internacional representa un valor aproximado de activos superior a los
600.000 millones de pesetas, con una rentabilidad media por plusvalías
latentes sobre costes de adquisición, del 305 por ciento, estimada a
partir de las cotizaciones bursátiles de las participadas que cotizan en
Bolsa, así como del valor contable de los activos para el resto de las
sociedades. Solamente cotizan en Bolsa la Telefónica Argentina, la
Compañía de Teléfonos de Chile, Entel de Chile, no sólo en las Bolsas de
Santiago y Buenos Aires, sino tanto CTC como la Telefónica Argentina se
cotizan también en la Bolsa de Nueva York; la Telefónica Argentina hace
un par de meses y la Telefónica de Chile hace dos años. El resto de los
activos, es decir, nuestra participación en la Telefónica de Venezuela o
en otros lugares, está al valor de adquisición y, por tanto, no está
revalorizado por el mercado.

En términos de rendimiento las inversiones de Telefónica Internacional
están generando una tasa interna de rentabilidad superior al 40 por
ciento, teniendo en cuenta el flujo de dividendos percibidos, así como
las plusvalías latentes en las respectivas inversiones que se han llevado
a cabo.

Dicha rentabilidad indica, desde la perspectiva económico-financiera, una
acertada política de selección de activos y ejecución de inversiones
internacionales de Telefónica, a la que desde esta óptica operativa y
desde el mercado se añade el hecho de estar presente en la operación
antes de Perú de 5,8 millones de líneas telefónicas en Latinoamérica, con
un crecimiento de la planta en servicio del 40 por ciento, desde las
respectivas fechas en que tomamos posesión de esta Compañía, con lo que
ello representa de eficacia en la gestión y respuesta a las demandas de
mercado con elevado potencial de crecimiento.

Como manifesté al referirme anteriormente a Amper, Telefónica está
sirviendo también de apoyo para la actividad exportadora de empresas
españolas que se están viendo impulsadas con la consolidación y expansión
de la presencia multinacional de Telefónica Internacional. Al margen de
los efectos indirectos, difíciles de cuantificar, está identificado un
volumen de exportación, de contratación a empresas españolas por parte de
las empresas participadas por Telefónica Internacional en Hispanoamérica
de 355 millones de dólares, en 1992, cifra que se incrementó a 580
millones de dólares, en 1993, con perspectivas, seguro, de un mayor
crecimiento aún en 1994, sobre todo con la incorporación de Perú.

Pasando al caso concreto de Perú, Telefónica Internacional ha resultado
adjudicataria del concurso para la privatización de las compañías
Entel-Perú y CPT-Perú, con una oferta de 2.002 millones de dólares y
pongo acento en esta cifra, señor Presidente, para evitar la confusión
que haya podido haber en algunas de las expresiones utilizadas con
anterioridad. La Compañía Peruana de Teléfonos, la CPT, opera en el área
de Lima y Callao, que es el área de mayor densidad de Perú, ofreciendo
servicios de telefonía local, celular, «paying», transmisión de datos,
páginas amarillas y televisión por cable, y también Entel-Perú que ofrece
servicios de larga distancia nacional e internacional sobre todo el
territorio peruano, además de prestar los servicios de la telefonía local
y celular, transmisión de datos y guías en todo el resto del país que no
pertenece a la Compañía CPT.

Pues bien, este concurso otorga licencia a estas compañías, de las que va
a participar Telefónica Internacional, para todos los servicios de
telecomunicación por un período de veinte años prorrogable por otros
veinte, y en el caso concreto de la larga distancia vamos a mantener el
monopolio durante un período en exclusiva de cinco años para estimular la
más rápida expansión de este servicio. En segundo lugar quedó la oferta
de la Southwestern Bell y de la Korean Telecom, que ofrecieron 857
millones de dólares; y, en tercer lugar, se situó un consorcio liderado
por la compañía GT norteamericana, con una oferta de 803 millones de
dólares.

Para cualquiera que se acerque al conocimiento de las empresas peruanas,
le tienen que sorprender estas dos ofertas por su alejamiento al valor
real de las operadoras peruanas y a sus capacidades de negocio.

Personalmente me sorprende porque ninguna de ellas cubre ni tan siquiera
el valor del servicio de la telefonía básica. En el proceso de
privatización participaron también otras empresas, como



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ATT, France Telecom, Cable and Wireless y Stet, que no llegaron a
presentar oferta. Las más directas competidoras de Telefónica en la zona,
como son France Telecom o Southwestern Bell, que también están presentes
en el área hispanoamericana, han quedado desmarcadas después del
resultado del concurso de Perú.

Telefónica desarrollará en Perú un importante plan de inversiones
destinado a la expansión y modernización de la red en el marco de su
importante presencia en los mercados de telecomunicaciones de
Latinoamérica, que engloba a 110 millones de habitantes. Esta operación
representa la consolidación de Telefónica Internacional en el área de
Latinoamérica y en los flujos de tráfico internacional de Latinoamérica
con Europa. Significa también un notable impulso a sus nuevas actividades
de celular, de páginas amarillas, de comunicaciones de empresas,
etcétera, incluido también el negocio de televisión por cable y
multimedia, que seguro generará unas sinergias que van a revalorizar de
forma notable su cartera de participaciones internacionales.

Al tratarse de una oferta que compite con las presentadas por otros
consorcios, la práctica habitual internacional se basa en fijar el precio
en el último momento para asegurar la confidencialidad y evitar
filtraciones indeseadas. He dicho que es la práctica internacional, pero
también es la nacional, como todos hemos podido observar muy
recientemente. Se contrastan así y entre sí las valoraciones internas y
asesoramientos externos y en base a ello se adopta una decisión. Nosotros
hemos estado asesorados por bancos internacionales, como aquí también han
estado asesorados los distintos bancos que se han presentado al concurso,
a la licitación por Banesto. De este contraste de valoraciones, que tiene
los componentes de la idoneidad empresarial de la oferta y de realizar
una oferta ganadora frente a las presentadas por consorcios competidores,
la fijación de ambos precios o de ambos elementos están sometidos a una
continua evaluación en función de la cambiante información disponible,
por lo que hasta el último momento no se puede concretar el precio final.

La valoración se realizó a partir de la elaboración de un plan de
empresa, fundado en el análisis de la información histórica y de las
proyecciones de mercado realizadas durante el proceso de análisis del
proyecto, lógicamente, con participación de expertos de Telefónica para
las distintas líneas del negocio. La metodología de valoración se apoyó
en el descuento de los flujos netos de caja y en la estimación del coste
medio ponderado del capital del proyecto, suponiendo la reducción
paulatina a lo largo del período de la prima del riesgo-país de Perú para
descontar el valor terminal del proyecto en el décimo año. Esta es la
técnica.

Como principales supuestos destacan: un crecimiento medio interanual de
la planta telefónica del 13 por ciento y unos crecimientos medios del 3
por ciento del tráfico por línea local, del 4 por ciento en larga
distancia nacional y del 8 por ciento en la internacional. Todos estos
incrementos reflejan un cálculo muy inferior a los que están teniendo
lugar en operadoras comparables de Argentina, de Chile, de Méjico y de
Venezuela.

La oferta presentada se encuentra dentro del rango de valoración estimado
para el proyecto y con la misma se prevé alcanzar una retribución similar
a la obtenida por las otras inversiones realizadas por Telefónica
Internacional hasta el momento. Con base en la metodología de valoración
expuesta, se realizó la presentación de la oferta por estas compañías CPT
y Entel-Perú y dicha oferta contaba con las autorizaciones del Consejo de
Administración de Telefónica Internacional, sociedad con capacidad para
ejecutar sus inversiones en el grupo internacional, en el grupo
Telefónica.

La adquisición del control del mercado de telecomunicaciones peruano
representa para Telefónica Internacional consolidar su posición en la
región latinoamericana frente a otras operadoras permitiendo maximizar
las ventajas competitivas para el conjunto del grupo empresarial.

Tráfico internacional; al combinar importantes flujos cruzados con
Argentina, Chile, Puerto Rico, Estados Unidos, así como ofrecer
oportunidades adicionales de reencaminamiento de tráficos de tránsito por
Europa y América del Norte por las redes del Grupo Telefónica.

Economías de escala y suministros de equipos; creación de oportunidades
de negocio para empresas del grupo, como nuestras propias empresas
filiales; conseguir tamaño para la generación de un mercado regional de
telefonía móvil celular en América del Sur en donde ya no tenemos
fronteras desde Venezuela hasta el extremo sur de América del Sur;
consolidar la posición de negocio en guías telefónicas y páginas
amarillas; creación de una empresa de ingeniería de sistemas y redes de
datos cuya viabilidad requiere de un mercado regional
Argentina-Chile-Perú; lograr tamaño de mercado mínimo para participar en
un mercado multimedia latinoamericano.

Además de todo lo anterior, el control del mercado peruano de
telecomunicaciones representa también una oportunidad de negocio para
suministradores españoles como ha sido tradicional hasta ahora.

Por último la oferta de Telefónica significa una oportunidad de
reforzamiento global de las relaciones económicas entre España y el
bloque latinoamericano que podría ser capitalizado en diferentes planos y
como en el resto de las inversiones vamos a ganar dinero.

Quiero por último aclarar, y aprovecho ya en cierto modo para contestar a
una pregunta de S. S., en relación a la financiación de la compra de Perú
y también en relación con unas informaciones que han aparecido en algunos
medios de comunicación esta mañana, y desmentir rotundamente que estemos
buscando financiación para Perú, puesto que ya la tenemos desde hace
bastantes días.

Como es habitual en estos casos la financiación de las compras se realiza
en un primer momento mediante una operación de crédito-puente, como
siempre, y para llevarlo a cabo la financiación puente de las operaciones
de Perú se hace mediante tres tramos. Para un primer tramo de 1.000
millones de dólares se solicitó oferta a todos los bancos internacionales
importantes y ha sido adjudicada, hace ya quince días por el Comité de
Inversiones nuestro, al Amro Bank, banco holandés, que es el séptimo del
mundo, en las siguientes condiciones: Primero, el Banco asegura la



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financiación. Segundo, el coste de la operación es el libor más un
diferencial que es el menor de todos los conseguidos por todas las
empresas españolas en los últimos tiempos. El banco ha sindicado la
operación entre instituciones españolas y extranjeras. Al día de hoy la
operación está cerrada, habiendo recibido el banco para podernos
suministrar estos 1.000 millones de dólares ofertas por un monto superior
a los 2.400 millones de dólares. Es decir, dinero no nos ha faltado, no
hemos tenido que buscar tanto; sencillamente con buscar un concurso
internacional nos ha bastado y hace quince días que se cerró el concurso.

Los socios locales han asumido su compromiso con un monto inicial de 200
y 300 millones de dólares en función de su propio acceso a la
financiación en este momento. El Grupo Telefónica aportará el resto, bien
como participación de CTC, la Compañía Telefónica de Chile, y Telefónica
Argentina, bien como deuda subordinada de Telefónica en las mismas
condiciones que las concedidas por el Banco Amro, de Holanda. Por tanto
no estamos buscando dinero; tenemos dinero.

Vuelvo a repetir. Esta es una muy buena operación y vamos a hacerla
rentable. Tomaremos posesión probablemente en la semana del 15 al 22 de
este mes de mayo e iremos dando cuenta a los medios de comunicación de
todos y cada uno de los pasos que vamos dando para que no haya ni la
menor duda y daremos muy buenas noticias, sin lugar a dudas, en los
próximos meses.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra el señor Andréu, en
representación del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.




El señor ANDREU ANDREU: A iniciativa propia, quería agradecer al conjunto
de la Comisión que haya mantenido estas comparecencias a pesar de haberme
retrasado debido a un error en el entendimiento de la convocatoria.

En cualquier caso, aunque la iniciativa sobre la liberalización
correspondía a Izquierda Unida, considero que habrá sido interesante que
el señor Presidente de Telefónica haya expuesto su opinión, que creo es
bueno que se contraste con la del Tribunal de Defensa de la Competencia
que mi grupo parlamentario no comparte en absoluto. No me refiero a su
opinión, señor Presidente de Telefónica, que leeré en el «Diario de
Sesiones», sino a la del Tribunal de Defensa de la Competencia.

Entrando con brevedad en los temas que nos ocupan, quiero manifestarle
que, en nuestro criterio, en lo que se refiere al tema Amper, creemos
conveniente (igual que creemos conveniente que en los temas de
liberalización del sistema de comunicaciones se defiendan los intereses
nacionales) que también se defiendan los intereses nacionales en lo que
se refiere a la compra y utilización de material por parte de Telefónica.

En este sentido, nuestras informaciones dicen que gran parte de los
componentes de Telefónica se están contratando con el sudeste asiático y
con muchos otros países y que se han ido abandonando proyectos que tenía
Telefónica con Amper y que podrían haber sido el acicate para que una
empresa que ahora está pasando importantes dificultades económicas
pudiera tener un futuro mejor que el que se le prevé. En ese sentido
creemos que Telefónica tiene una importante responsabilidad. Por otra
parte, eso es lo que están haciendo las empresas de telecomunicaciones
europeas, que, como no pueden tener participaciones accionariales en sus
proveedores en función de lo estipulado por la Unión Europea, se buscan
fórmulas para que Deutsche Telekom, British Telecom o France Telecom
compren material a empresas que tienen su residencia en Alemania, en Gran
Bretaña o en Francia. En este sentido, nosotros desearíamos una política
de mayor colaboración de Telefónica con la industria nacional y
concretamente con esta empresa.

En lo que se refiere a la compra de la Compañía Telefónica de Perú, diré
que hoy he tenido oportunidad de ver a un Presidente de Telefónica para
mí desconocido, un Presidente de Telefónica que da muchísimas vueltas
antes de entrar en la cuestión. Empieza contándonos cómo es todo el
sistema internacional que está montando Telefónica, un poco, creo, para
vestir la respuesta al tema concreto por el que le trae aquí mi grupo
parlamentario, porque, señor Velázquez-Gaztelu, considero que su gestión
es de todo punto indefendible a la hora de la compra de la Compañía
Telefónica de Perú. Usted que es extraordinariamente pragmático cuando
habla de su política de compras, cuando considera que Telefónica debe ser
fundamentalmente una empresa que genere beneficios, etcétera, tiene una
mentalidad estrictamente empresarial, que nosotros no despreciamos, ni
muchísimo menos, nos parece que tiene valores importantísimos, pero que
no compartimos en su totalidad por la importancia nacional que tiene la
empresa que usted dirige, a usted, que tiene esa mentalidad tan
pragmática para algunos aspectos, a la hora de justificar la compra de
una compañía como ésta se le llena la boca de grandes valores y,
sinceramente, esos grandes valores difícilmente pueden justificar que
haya una diferencia --son los números que usted nos ha dado; los otros
los había sacado de informaciones periodísticas-- de 1.150 millones de
dólares con la segunda oferta. Nos parece una diferencia abismal, más del
100 por ciento con la siguiente oferta, algo así como 150.000 millones de
pesetas al cambio haciendo una operación a vuelapluma. Creemos que esto
significa una responsabilidad importante. No sé si su Consejo de
Administración le habrá solicitado una explicación por cómo se ha
producido este tipo de compras; desde luego, mi grupo parlamentario se la
solicita y solicitamos que nos explique cómo se puede producir una
diferencia tan abismal. No simplemente que usted nos explique su sorpresa
porque haya habido ofertas tan distantes a la que ha planteado
Telefónica, sino que nos dé algún tipo de explicación más pormenorizada
de cómo se puede producir esto. Significa que las otras compañías son
extraordinariamente atrevidas, o significa que ha habido errores
importantes en los trabajos técnicos realizados por la Compañía
Telefónica?
En cualquier caso, le rogaría que nos dijese si su Consejo de
Administración ha pedido explicaciones, y si usted también se las ha
pedido a todo el grupo que le asesoró



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para hacer este tipo de ofertas. Nosotros, en principio, sin juzgar
definitivamente el asunto, creemos que resulta sospechosa de ser
considerada una mala gestión y merecería una explicación sobre el tema en
concreto, no sobre la filosofía general de Telefónica, sino una
explicación más pormenorizada para poder tener una opinión real sobre el
asunto.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra a continuación el señor Camisón. Lo
más breve que pueda, por favor.




El señor CAMISON ASENSIO: La sucesión de noticias sobre el tema Amper,
desde el pasado otoño, ha preocupado realmente a mi grupo, puesto que
cada vez eran más alarmantes; prueba de ello fue la presentación de una
serie de iniciativas al Gobierno para intentar clarificar la cuestión.

Ya en octubre pasado quedó claro que Amper no tenía quien le quisiera y
que Telefónica (creo que su primer accionista, con el 15,35 por ciento)
se negaba a ser la salvadora del grupo, que necesitaba 7.000 millones de
pesetas para evitar la suspensión de pagos de Amper Telemática y de
Cosesa y que había creado ya un grave problema social puesto que los
empleados llevaban tres meses sin trabajar, hasta el punto de que, el 19
de noviembre, Amper se vio forzada a presentar suspensión de pagos de sus
filiales Telemática y Cosesa.

En este tema, quisiera plantear un asunto para ver si nos lo puede
aclarar el señor Presidente de Telefónica, desde el punto de vista de
socio mayoritario de estas filiales, y es que, en noviembre de 1992, el
Presidente de Amper, don Antonio López, confirmó el interés de la empresa
multinacional Siemens por entrar en el capital de Amper. ¿Tiene
conocimiento de por qué se desperdició esta oportunidad, o no existió tal
oportunidad?
El problema siguió extendiéndose cada vez más, hasta el punto de que
recientemente el 19 de abril último, el juzgado ha declarado ya la
suspensión de pagos de Amper Telemática.

Habida cuenta de la evolución de esta empresa que, como usted sabe,
empezó como una empresa familiar y que se convirtió en un gran «holding»,
entre otras razones por los continuos e importantes apoyos, en forma de
encargos, que Telefónica le proporcionaba, nosotros empezamos a no
entender muy bien cómo algo que nació como efecto de estos encargos, de
pronto, una vez que maduro, se deja que se vayan al traste todos los
esfuerzos anteriores. Por ello, le preguntamos qué razones han podido
condicionar la decisión de Telefónica de no acceder a una participación
mayor. En algunas explicaciones que nos ha dado el Gobierno se nos dice
que se trata de una empresa de tipo privado, que es algo que huele más
bien a pretexto, porque antes, cuando se la apoyaba, no se tenía eso en
cuenta. Otra razón que se nos ha dado, por parte del Gobierno en reciente
iniciativa, es que, dentro de la política del Miner, se destaca que la
prioridades asignadas al sector de las telecomunicaciones tienen
prioridad dentro del Plan de actuación tecnológico-industrial y, como
prueba de ello, el Plan nacional de comunicaciones de banda ancha. Esto
ha sido expuesto por el Gobierno y, sin embargo, no se da ese paso.

En definitiva --y en esto coincidimos con la curiosidad que ha mostrado
el portavoz de Izquierda Unida-- todo esto también es una consecuencia de
la nueva política marcada por Telefónica en cuanto al lanzamiento del
nuevo teléfono Forma. Se distribuyeron los encargos y parece que a la
hora de llevar adelante esta fabricación no se hace aquí por Amper ni por
las otras concesionarias, sino que se está trayendo de Extremo Oriente.

Quisiera que aclarara si hay alguna relación entre la situación de
encontrarse desvalida y el proceso de importar estos terminales referidos
al modelo Forma que lanzó Telefónica con la situación dramática en que se
encuentra esta empresa filial.

Pasando al tema del Perú, señor Presidente, cada día que pasa nos
preocupan más --no lo llamaré derroche-- esos 160.000 millones de pesetas
que Telefónica acaba de gastar innecesariamente en la compra de estas
redes de Perú al pagar 1.145 millones de dólares más que el precio
ofrecido en la subasta correspondiente por el siguiente concursante, una
de las «baby bells» americanas.

Usted nos acaba de decir que todo el mundo estaba equivocado, estas
empresas que han ido a subasta, estas «baby bells», la propia Stet
italiana y la única que estaba acertada en esa fijación era la operadora
española. Pero es que se ha olvidado usted de decir que la fijación del
precio de salida en subasta, hecha por los propios peruanos, fue de
cuatrocientos y pico millones de dólares; luego, realmente, el precio de
salida supongo que fue fijado por quien conocía a fondo los entresijos de
estas redes peruanas. Dado que Telefónica pudo comprar lo mismo por 1.145
millones de dólares, cada vez nos extraña más, repito, el asesoramiento
de J. P. Morgan, el mismo que asesoró a Banesto, que todos sabemos cómo
ha acabado, y la circunstancia de que la oferta española se formalizara a
espaldas del Consejo de Administración de Telefónica.

Nosotros planteamos este tema en el Pleno del Congreso al Ministro de
Economía, el pasado 9 de marzo, y el señor ministro admitió todo esto que
estoy resumiendo aquí. En su comparecencia en esta comisión, el pasado 22
de marzo, volví a insistir y no voy a repetirlo en aras de la brevedad.

En el Pleno del 13 de abril pasado volvía a plantear el asunto al propio
Ministro de Obras Públicas, que tampoco pudo desmentirlo.

La cuestión, señor Presidente, es que en esta escandalosa situación de la
compra en Perú, que ha dejado estupefacto a gran parte del mundo
financiero, TISA pudo comprar, repito, por 160.000 millones menos. Esta
es la cuestión. Usted nos ha adornado aquí una serie de cuestiones de
todo el proceso de Telefónica, que ha quedado muy bien. Encantado de
oírlo, pero es un tema que yo no voy a tragar. En este momento nos
alegramos con usted de todas estas cuestiones pero yo no voy a entrar en
ello. El tema que nos preocupa ahora son esos 160.000 millones que se
pudieron ahorrar.

Coincidimos otra vez con el señor Ministro de Economía y Hacienda cuando
públicamente dice que cree muy arriesgada la inversión de 280.000
millones de pesetas de Telefónica en Perú. Esto no lo dice la oposición;
lo dice el



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señor Ministro de Economía. ¿Y por qué lo dice? Porque haciendo números
vemos que se ha cerrado la operación comprando el teléfono más caro del
mundo. Son 600.000 líneas, se compra la tercera parte, la operadora
española compra 200.000 y se pagan 2.000 millones, sale una media por
línea de 10.000 dólares, cuando el precio medio por esos mundos de Dios
--Telefónica también ha comprado así-- es diez veces menos en otras
ocasiones.

Lo que nos preocupa ahora es que la magnitud del error se agrava según
pasa el tiempo. ¿Por qué? Porque muy recientes están las noticias que nos
llegan desde Nueva York cuando se desvela que Telefónica debería en este
momento reducir sus costes para ganar flexibilidad frente a la
liberalización que se avecina. Por eso se ha hecho público el estudio de
la agencia de calificaciones Moody's que demuestra esa inquietud y uno de
sus autores fundamentales, don Carlos Vincent, analista de Moody's,
públicamente --y ha sido noticia difundida en todo el mundo financiero--,
dice que todavía Moody's no ha tomado la decisión de fijar la revisión a
corto plazo para Telefónica, a base del Prime 1, porque en estos momentos
existen cuestiones no completamente clarificadas y que habrá que
analizar, porque no tiene seguridades a nivel internacional, aunque usted
parece que ya la tiene.

Además, señor Presidente, también nos enteramos de que últimamente
Uruguay acaba de anular la licencia de telefonía móvil a Telefónica, por
no garantizar el apoyo técnico de la operadora española. Por tanto, el
consorcio participado por Telefónica y su filial argentina han perdido la
licencia, que ganaron en diciembre, para explotar el servicio de
telefonía móvil en Uruguay, tras una decisión de Amper. ¿Y Amper por qué
hace esto? Porque ha visto la observación que ha hecho el Tribunal de
Cuentas de aquel país y ha demostrado que no tiene el apoyo técnico.

Aquí tenemos --independientemente de lo que usted ha expuesto, de todas
esas partes positivas-- un fracaso reciente de Telefónica en su política
hispanoamericana. Y más recientemente todavía, públicamente, se ha
insistido en la postura de Moody's, quedando clarísimo que, estando ya
inmediato el pago, que se calcula para mediados de mayo, a nivel
internacional --y añadido a este fracaso, repito, del teléfono móvil
automático de Uruguay--, a estas alturas, Moody's está mostrando su
reticencia internacional. Efectivamente, hoy los medios de difusión han
dado la noticia de la búsqueda de esos 1.000 millones de dólares. Usted
matiza aquí que es una cosa que ya estaba acordada hace poco tiempo, el
plazo tampoco es importante.

Sin embargo, hay algunas cuestiones que debiéramos aclarar respecto a la
política en Hispanoamérica de Telefónica. Se nos ha dicho públicamente
que, en algún caso, Telefónica ha sido multada en Argentina con 163.000
dólares. Nos ha extrañado esta noticia y no nos la hemos creído. Por eso,
aprovechando que está aquí le preguntamos si eso que se ha publicado en
los medios internacionales es cierto o no. También nos gustaría que nos
clarificara --puesto que usted ha entrado en el tema y porque hay una
contradicción-- si los ingresos de la filial CTC de Chile, como han dicho
en los medios de comunicación, han sido de 33.000 millones, en 1993, o si
realmente han sido 101.154 millones. Es una duda que no tiene referencia
pero que me gustaría aclarar.

Sí quiero destacar, hablando de esta propaganda desbocada a que yo he
hecho referencia a lo largo de esta mañana, que le ha llamado la atención
a mi Grupo que en esta noticia que ustedes difunden, de carácter interno,
como es el Boletín Informativo del Gabinete de Prensa, el número
correspondiente a marzo de 1994 presenta esta operación como el gran
éxito de la Compañía. Basta ver los titulares que ustedes han repartido
entre los 75.000 funcionarios y en el mundo empresarial. Titula: «La
entrada de Telefónica en Perú consolida su estrategia internacional en
América». Luego --no detallo-- todo son parabienes; y pasan sobre ascuas
por estos 163.000 dólares, innecesarios, de Telefónica, que se han
gastado sin tener por qué. Entiendo que no conduce a ninguna parte este
tipo de información sectaria, porque no es procedente.

Termino, señor Presidente, con un tema que es trascendente para mi Grupo.

A la vista de esta financiación hay cierta inquietud sobre estas fuentes
de financiación. Hay una fuente de financiación de Telefónica, creo que
nada tiene que ver con esto, que son los fondos que se están recibiendo
de programas europeos, del programa Star, para utilización de fondos
Feder comunitarios en proyectos de servicios avanzados de
telecomunicación, SAT, y usted sabe que Telefónica ha tenido acceso a
estos fondos por dos cauces: uno, como subvenciones y otro, como
inversión directa. Nos gustaría conocer estos temas si es posible y, si
no, que nos enviara los datos a la mayor urgencia. Puesto que van a tener
incidencia en la financiación --tema fundamental en esta política de
compras que lleva Telefónica--, nos gustaría que nos especificara qué
subvenciones recibió Telefónica, número, relación e importe de cada una,
de estos programas Feder, para qué proyectos, cuál ha sido la evolución
de los mismos, qué inversiones directas ha realizado la Compañía, número,
relación e importe de cada una, y cuál ha sido la evolución de cada una
de ellas. ¿Por qué hago esto? Porque nos llegan noticias de que la
Comisión Europea ha solicitado a Telefónica la justificación detallada de
todos los fondos recibidos de estos programas. Me gustaría que usted me
dijera a cuánto han ascendido y su justificación, puesto que también nos
llegan noticias de que ahora se está intentando por todos los medios
buscar una explicación en todas las regiones españolas para justificar
esto. Es un dato que nos interesa mucho.

Usted sabe que una de las empresas internacionales que acudió a la
subasta del Perú fue la operadora italiana Stet, y parece ser, según se
ha hecho público, que esta operadora europea tiene sus recelos respecto a
las financiaciones de la operadora española. Incluso se ha llegado a
decir que tenía la intención de presentar una denuncia formal ante la
Comisión europea por esta financiación. Nos gustaría que, con toda
sinceridad, nos contara hoy en esta Comisión las relaciones que Stet haya
podido tener con esta financiación, ya que en algún momento se ha dicho
que esta operadora italiana tenía sus recelos sobre destinos no claros en
los fondos de financiación.




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Esto es todo, señor Presidente, de momento.




El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra el señor Martinón,
en nombre del Grupo Socialista.




El señor MARTINON CEJAS: Voy a intentar ser extremadamente breve. Creo
que es una buena noticia y una garantía para la estabilidad de la empresa
que el Presidente de Telefónica nos haya anunciado que Telefónica se
compromete en 1994 a mantener el nivel de compras de Amper, aunque no sé
si es suficiente para mantener la actividad de la misma.

En cuanto a la participación de Telefónica en los dos operadores de Perú
quiero felicitar a Telefónica. Con independencia de lo discutible del
precio que se haya podido pagar, parece obvio que es una buena operación.

Supone la consolidación de Telefónica en la América hispana, y no voy a
repetir muchos de los argumentos que el Presidente de Telefónica ha
esgrimido favorables a la presencia de Telefónica en Perú. Lo que ha
causado impacto en parte de los medios que siguen este tipo de asuntos y
en los propios grupos parlamentarios ha sido el precio. Tal y como se
configura la asignación de ese 35 por ciento del paquete de las
operadoras de Perú, casi parece inevitable que alguien haya pagado más de
lo debido. Desde el momento en que el adjudicatario haya pagado un dólar
más que el segundo, parece que ha pagado más de lo necesario; debía haber
pagado medio dólar y no un dólar, aunque, vistas las cosas a toro pasado,
resulta muy fácil hacer una crítica. Cuánto valen esas acciones que ha
comprado Telefónica?
En primer lugar, habría que entrar en la definición de cuál es el valor
de las cosas. Sobre eso se ha escrito mucho. Don Carlos Marx escribió
bastante, incluso hizo una aportación interesante, la teoría del valor.

Se podría hacer la siguiente pregunta: ese 35 por ciento de las dos
operadoras de Perú ¿vale igual para Telefónica España o para Telefónica
Internacional, Sociedad Anónima, que para una operadora americana, o para
una coreana? ¿Valen igual? ¿Vale el mismo objeto lo mismo para dos
personas distintas? Es evidente que no. Supongo que al que más le ha
dolido no haber sido capaz de adivinar lo que ofertó el segundo candidato
habría sido a don Cándido Velázquez, y a los accionistas de Telefónica,
sin duda, pero la pregunta formulada en esos términos me parece
esencialmente errónea. Me parece que no tiene sentido plantearnos si
Telefónica pagó mil y pico millones de dólares más que el segundo
candidato. Creo que la pregunta correcta sería: La operación,
globalmente, es buena, es positiva, es rentable, va a proporcionar
ganancias, no sólo desde el punto de vista de Perú sino desde el punto de
vista de la implantación global de Telefónica en Hispanoamérica y también
desde el punto de vista, como muy bien ha recordado don Cándido
Velázquez, del fomento de la producción nacional en equipos de
telecomunicación?
El segundo operador ofertó 857 millones de dólares, me parece. ¿Qué
habría ocurrido si Telefónica hubiera ofertado 856 millones de dólares?
Hubiéramos crucificado al Presidente de Telefónica por cicatero, por no
haber apostado un poquito más fuerte obteniendo un importante mercado con
una capacidad de expansión total, puesto que, si no recuerdo mal, el
índice de líneas de teléfono por cada cien habitantes está en dos y pico
en Perú, por lo que la capacidad de expansión de ese mercado es
impresionante. La posibilidad del negocio es espectacular. Ahora
estaríamos reprochando a don Cándido Velázquez haber sido cicatero, no
haber sido capaz de ofertar un poco más para haber obtenido esto.

Insisto en que la crítica a toro pasado es una crítica sin sentido. Lo
que sí es exigible, desde el punto de vista de los intereses nacionales
--y supongo que los accionistas serán los más interesados en así
exigírselo al Presidente de Telefónica--, es que esa inversión que se va
a realizar, que no acaba en los 2.002 millones de dólares --hay un
compromiso de inversión por 1.500 millones en los próximos cinco años,
para poner en funcionamiento millón y medio de líneas telefónicas--, sino
que es de 3.500 millones de dólares, va a ser rentable desde todos los
puntos de vista. Ese es, en mi opinión, el gran tema que deberíamos
discutir.

Se hace alusión a que se ha pagado por línea 10.000 dólares. Creo que es
también una concepción errónea. Nadie está comprando las viejas líneas de
teléfono que existen allí, lo que se está comprando es la posibilidad de
un negocio; se está comprando el 35 por ciento de un negocio, no se están
comprando las viejas líneas instaladas. Por cierto, si tanto sorprende
que Telefónica haya pagado 10.000 millones de dólares, el segundo
candidato ofertó 4.500 dólares por línea, que está muy lejos de los 1.000
por línea.

El Ministro de Hacienda ha dicho que la operación es muy arriesgada. Es
una opinión lícita, sin duda alguna, pero en el negocio de las
telecomunicaciones, si tengo que optar entre la opinión del Ministro de
Hacienda y la del Presidente de Telefónica, me fío más de la opinión del
Presidente de Telefónica, en el sentido de que parece una opinión más
experta en ese tema en particular.

Es verdad que Moody's ha anunciado una recalificación de Telefónica que
tampoco se ha producido. La adjudicación, si no recuerdo mal, se celebró
el 28 de febrero. Han pasado ya dos meses y, que yo sepa, Moody's no ha
recalificado a Telefónica.

Acerca de los expertos que opinan, como ustedes comprenderán hay
opiniones de expertos para todos los gustos. Por ejemplo, Warburg
Securites ha señalado que Telefónica ha pagado un precio que se
corresponde con el tremendo potencial de crecimiento futuro, y valoraba
las ofertas del segundo y tercer candidado como irrealmente bajas. Cuando
se citan argumentos de autoridad, por un lado, tampoco viene mal que se
diga que hay otros, en principio tan fiables como los primeros, que no
tienen esa concepción.

En esto de los expertos, habitualmente hay opiniones para todos los
gustos. Hay expertos que aconsejan inversiones en empresas telefónicas
situaban a Telefónica y a la compañía italiana Stet como las compañías
europeas con menor beneficio, con menor posibilidad de negocio y, sin
embargo, otras situaban a ambas compañías, a Telefónica de España y a
Stet italiana, a la cabeza de operadoras de telefónica con alta capacidad
de negocio.




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¿Qué sería razonable exigir, desde un punto de vista parlamentario, salvo
que estemos en una actitud simplemente de increpar, de forma injusta, a
quien tiene responsabilidad del negocio de Telefónica? Exigirles que este
tipo de inversiones sean rentables para Telefónica en primer lugar, que
de eso ya se encargarán sus propios accionistas, y, desde un punto de
vista nacional, que sean rentables e interesantes para la economía
nacional.

Para que la crítica sea digna de recibo debe ser coherente y, por lo
tanto, situada en una perspectiva global. No me parece lícito criticar
que Telefónica haya pagado más de lo debido en el sentido que ya he
explicado anteriormente, porque si a cualquiera de nosotros nos hubieran
preguntado cuánto hubiera sido razonable que se pagara supongo que no
hubiéramos sido capaces de aportar una cifra más ajustada.

Ya sabemos que a nosotros no nos corresponden esas funciones, pero como
ciudadano español y como Diputado representante del pueblo español, yo me
alegro y me siento orgulloso del importante papel que Telefónica está
desarrollando en un conjunto de países con los que mantenemos estrechas
relaciones históricas, como son los países de la América hispana. Desde
luego, quiero animar a Telefónica a que continúe desplegando la bandera
de España por esos otros mundos.




El señor PRESIDENTE: El Presidente de Telefónica me ha hecho saber que
tiene que coger un avión para Bruselas donde tiene una reunión
importantísima y, por lo tanto, va a tratar de contestar lo más rápido y
precisamente posible a las cuestiones manifestadas por todos los
diputados, si bien me anticipa que en el plazo de tres o cuatro semanas
estará en condiciones de comparecer de nuevo en la comisión si los
señores Diputados o los Grupos lo desean, probablemente --prefiero que lo
ratifique él-- para dar noticias más optimistas de las que hoy puede
ofrecer.

Tiene la palabra el señor Presidente de Telefónica.




EL señor PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA TELEFONICA DE ESPAÑA
(Velázquez-Gaztelu Ruiz): Señor Presidente, creo que tengo suficiente
tiempo para contestar. Tengo que coger un avión, ése es el problema. Yo
me he ofrecido a comparecer cuantas veces quieran los señores Diputados
que lo haga ante la Comisión.

Voy a tratar de resumir el tema del siguiente modo. En primer lugar,
contestaré a S. S., señor Martinón, con el cual tengo más coincidencia en
la forma de presentar este tema y luego contestaré conjuntamente, porque
veo que hay igualdad de opiniones, a los portavoces de Izquierda Unida y
Partido Popular respecto a Amper y Perú. Contesto a los dos y me ahorro
tiempo.

Señor Martinón, únicamente voy a discrepar con usted en una cosa, porque
en lo demás coincidimos. Efectivamente, los primeros que nos dolimos de
pagar la cifra de 2.002 millones de dólares frente a la oferta siguiente,
que era de 857 millones de dólares, como es natural, fuimos los de
Telefónica. Si nosotros llegamos a saber eso hubiéramos pagado menos. Lo
que sí digo es que el precio que hemos pagado es el que nosotros
consideramos razonable para obtener una rentabilidad alta.

Desgraciadamente, esto no se puede demostrar más que andando. El
movimiento se demuestra andando, y cuando yo presente las cuentas de
responsabilidad será la hora de demostrar que la inversión --no hay
gasto-- que hemos hecho en Perú es buena. La expresión que ha utilizado
es que estamos dolidos por pagar más. ¡Claro!, pero mucho más dolido ha
estado el otro por pagar menos. Eso también lo puedo asegurar. Y la
prueba de ello vendrá también con el tiempo.

La pequeña discrepancia consiste en que se ha afirmado que el señor
Ministro ha dicho que es una operación arriesgada. Yo eso no lo he oído
nunca. He leído los «Diarios de Sesiones» de esta Cámara con mucho
detenimiento y esa expresión no la ha dicho el Ministro de Hacienda. Yo
ruego que se compruebe esto.

Antes de contestar de forma común, tanto al tema Amper como al de Perú,
en el que, como digo, coinciden ustedes en la opinión, voy a responder a
un tema muy concreto que me ha planteado al final el señor Camisón sobre
las ayudas Feder y de una noticia que no llegó a producirse, que voy a
calificar de basura, sobre una denuncia que la compañía Stet italiana iba
a realizar en la Comunidad Económica Europea contra Telefónica. Es
absolutamente falso. Pero digo más, no es que sea falso, es que es una
noticia basura. Absolutamente falso. Eso no le ha pasado por la
imaginación al señor Presidente de Stet, al que conozco y con el que
tengo contactos periódicos. Ni se le ha ocurrido. Esa fue una falsa
noticia que se rumoreó.

Y no voy a esperar a mandarle los datos de la inversión en los fondos
Feder, porque parece que nosotros hemos cogido los fondos Feder y con eso
invertimos en Hispanoamérica. Es una afirmación absolutamente falsa. El
importe total de los fondos Feder recibido por Telefónica de España, en
el período 88-93, fue de 42.000 millones de pesetas. Nosotros hemos
invertido en programas regionales, de los que financia el Feder 117.000
millones de pesetas frente a los 42.000 millones de ayuda de los fondos
Feder. El grado de ejecución de los fondos Feder en infraestructuras de
telecomunicaciones es del 100 por cien; no del 98 por ciento. El grado de
ejecución de los fondos Feder en otro tipo de inversiones en
consecuencia, es cero, porque si todo lo hemos invertido en estos
programas, no lo hemos invertido en otro lado. Alguna inversión fuera de
España es un fondo Feder? Absolutamente ninguna. ¡Si nosotros no
necesitamos las ayudas del fondo Feder para invertir fuera! Es que ni se
nos ocurre.

Entrego al señor Presidente la información concreta por escrito de lo que
se ha invertido en el programa Star, en el programa Telemática, en el
programa Arco, en cada uno de los años, las ayudas recibidas y dónde se
han gastado. Aquí está la información.

Ahora voy a contestar sobre Amper y Perú, cuyas respuestas, como decía,
puedo unirlas. Comparto la preocupación por la situación de la compañía
Amper, en la que tengo el 15 por ciento. ¡Mucho más que nadie! Tenemos el
15 por ciento. Ya se puede imaginar usted que a mí lo que me gusta es
invertir ganando dinero. No coincide en este caso la opinión porque, a
pesar de todo, a alguien se le ha ocurrido decir que nosotros invirtamos
más en Amper.




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Primero, porque no podemos, ya lo he explicado en mi intervención. Lo
único que podemos hacer las empresas operadoras, dadas las reglas de
libertad de mercado que afortunadamente van a existir en la Unión
Europea, es comprar, y eso sí lo estamos haciendo, y manteniendo un nivel
de compra muy importante.

Los problemas de Amper los tiene que resolver Amper, no se los va a
resolver Telefónica. Pero voy a hacer una afirmación también. Se proclama
aquí que la liberalización resuelve todos los problemas, como una especie
de unción mágica, pero no es verdad. Tiene problemas graves y la
liberalización de los terminales telefónicos, que ya llevaban
liberalizados cuatro años, ha tenido un impacto en la industria española,
y de pronto se ha encontrado con que no era competitiva con la del lejano
Oriente, pero éste no es un problema nuevo. El Acuerdo del GATT ha estado
a punto de no firmarse porque los países desarrollados exigen a los
países no desarrollados que tengan la mismas prestaciones sociales y que
paguen los mismos sueldos que los países desarrollados, porque, si no, se
está haciendo una especie de competencia desleal. ¡Pues, claro que tienen
componentes del Oriente! Pero le voy a decir más. Nosotros no estamos
comprando en el Oriente. Las industrias españolas están comprando cada
vez más en el Oriente, pero no Telefónica de España que, al fin y al
cabo, es un comprador. ¡Y lo entendemos!, porque el coste de los
componentes en el Oriente es mucho más barato. Pero, señorías, éstas son
las consecuencias, en este caso malas, del proceso liberalizador.

Sencillamente eso: que los terminales telefónicos fabricados en
Hong-Kong, en Singapur, en Filipinas y en Corea, son más baratos que
aquí. Nosotros nos tendremos que ocupar de fabricar elementos con un
mayor componente tecnológico para poder seguir sobreviviendo en nuestra
industria.

La Compañía Telefónica de España no compra fuera. Compra fuera lo único
que aquí en España no se fabrica. Pero todo lo que se fabrica en España,
lo compra aquí, y tratamos de que nuestras compañías españolas, las
compañías industriales asentadas aquí, ganen los concursos
internacionales de nuestras empresas internacionales. Y la cifra que yo
he dicho antes no es una cifra pequeña. Aquí ninguna empresa ha exportado
598 millones de dólares, que yo sepa.

Una de las razones por la que nosotros fuimos a Hispanoamérica --y lo he
dicho al principio-- es para dar la oportunidad, porque era la única
manera de ayudar, en un mercado libre y competitivo, a la industria
española a ampliar el mercado. Lo hemos hecho brillantemente, porque yo
no he dado los resultados de Telefónica Internacional para ocultar la
situación de Perú. ¡Ni se me ocurre! Lo único que quiero dejar claro es
que Telefónica de España, cuando invierte fuera, nunca ha hecho ningún
disparate, ningún despilfarro, ninguna inversión mal hecha. Ha hecho una
inversión que ya la quisieran muchos, porque una compañía que en cuatro
años y medio se ha convertido en la primera multinacional española
comprando aquí productos españoles por valor de esa cantidad de millones
de dólares que he dicho, y obteniendo esa rentabilidad, eso no ha
existido en la historia de España nunca, ¡nunca! Por eso yo pido el mayor
respeto para los profesionales de la Compañía. Concederles al menos el
beneficio de la duda, para que la operación de Perú, con toda la
tranquilidad, la examinemos periódicamente, para que vean ustedes cómo ha
sido una gran operación que traerá beneficios mucho más grandes de lo que
yo he podido expresar aquí. Compra de productos españoles? Sí.

¿Componentes del sureste asiático? Yo eso no lo puedo intervenir; yo no
soy el dueño de la industria. Eso será un problema de competencia.

Volviendo al tema del Perú, yo creo que lo he explicado todo. Llega un
momento en que el problema es, cuando se paga un precio determinado en
oferta, si es bueno o es malo. El que pierde se queda descontento porque
cree que ha pagado poco, y el que gana se queda descontento siempre
porque ha pagado mucho. Eso es lo que nos ha pasado a nosotros. Pero no
quiere decir que el precio que hayamos pagado no sea un precio razonable
para el negocio que nosotros hemos captado. Nosotros no estamos comprando
a 600.000 pesetas la línea, ni a 500.000, ni a 300.000. Nosotros estamos
comprando la posibilidad de un negocio en un país en desarrollo. Hay
expresiones como la de que: «La Telefónica de Perú solamente gana 3.500
millones de pesetas... por ejemplo, al año. (Yo no sé si ésa es la
cifra). Mucho peor en Argentina. También se me criticó lo de Argentina,
porque habíamos pagado mucho dinero. Pues ahí está Argentina, produciendo
beneficios.

Repito --lo he dicho antes en mi intervención-- que todas las inversiones
internacionales exigen un riesgo empresarial, y yo seré el que daré la
cara siempre por haber tomado la decisión de haber acudido con ese precio
a Perú. Nunca negaré mi responsabilidad. Eso también lo afirmo
rotundamente. Vendré a la Comisión y lo explicaré (en el futuro, no digo
dentro de cuatro días, ni de veinte) cuando tengamos una información
mucho más clara y verán ustedes cómo actitudes de compañías
internacionales se ratifican.

Yo no quiero santificar a Moody's. Moody's es una compañía que no es como
el Papa, que habla «ex cathedra». Puede también equivocarse en sus
opiniones, pero es una compañía muy seria que da un rating. También le
podría decir que Standard & Poor's no lo ha confirmado. Lo único que ha
hecho Moody's ha sido que, ante una operación que tiene prudentemente (a
mi parecer, su actitud es muy positiva) que observar cómo se lleva a
cabo, pone en suspenso el rating anterior hasta tanto se clarifique toda
la situación. Yo confío en que hasta el mes de julio, en que tenga toda
la información, no vuelva, o bien a ratificar, o bien a disminuir. Pero
esto pasa en todas las operaciones de subasta señores. ¡Que hemos vivido
nosotros la subasta más importante que se ha celebrado en España, también
se ha modificado el rating de los que han participado en esta operación,
y eso no significa nada! Por qué? Sencillamente, porque ha habido un
acontecimiento de una naturaleza relativamente importante y los que
otorgan sus bendiciones para dar el rating de solvencia financiera a
estas entidades tienen que estudiarlo prudentemente y luego tomar su
decisión. No sacralicemos a las compañías de rating, que son muy
importantes, pero tampoco están en el cielo; no pertenecen al paraíso.




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Señor Presidente, no se me ocurre más que decir, porque entramos en el
terreno de las opiniones y eso es muy difícil de probar. Yo creo que el
movimiento solamente se puede demostrar andando y esperaremos a tener una
mayor información que yo pueda ofrecerles y que la ofreceré con muchísimo
gusto.

Por último, quería hacer alusión a algo que ha dicho S. S. y es que yo no
cuento lo negativo. Es decir, que después de haber ganado un concurso de
la telefonía móvil de Uruguay, ha habido una reclamación por parte del
perdedor, que ha sido la compañía Bell Canada, porque dice que no estaba
suficientemente explícito en nuestra oferta el apoyo técnico que íbamos a
prestar a Telefónica Internacional, que ha sido uno de los ganadores, y
voy a explicarme. El consorcio que nos presentamos a la licitación de la
telefonía móvil de Uruguay estaba formado por la telefónica de Argentina,
por Telecom de Argentina, por France Telecom, por Stet, por Telefónica
Internacional y por Telefónica de España. Yo creo que el apoyo técnico a
la compañía que se iba a hacer cargo de la telefonía móvil, con estos
componentes de operadora con carácter ya no sólo nacional sino
internacional, es más que suficiente, pero se dijo que no había quedado
explícito el apoyo a una compañía en donde tenemos el 76,2 por ciento del
capital y donde el resto, el 23,8 por ciento, lo tiene el principal
accionista de la Compañía Telefónica. Y dice que nosotros no íbamos a
prestar apoyo técnico suficiente? Ese ha sido un pretexto, señoría. Yo no
sé por qué razones, pero ha sido un pretexto para dejar desierto otra vez
el concurso, porque tampoco Bell Canada se ha beneficiado de esta
operación, porque si yo hubiera hecho una reclamación y, en vez de
dárselo a A, me lo dan a mí, que soy el B, todavía lo hubiera encontrado
razonable. Digo esto para que se tome nota de Bell Canada, que ha sido
una compañía que ha causado un gran perjuicio al proyecto que llevábamos
entre la operadora de Italia, la de Francia y la de España, junto con la
operadora de Argentina, en Uruguay. Tomen nota de Bell Canada para cuando
venga a España a querer obtener también una licencia. Tomen nota de ello
y no se olviden de esto que les estoy diciendo.




El señor PRESIDENTE: ¿Algún representante más de grupos políticos desea
tomar la palabra? (Los señores Andreu Andreu, Martinón Cejas y Camisón
Asensio piden la palabra.)
Reitero el interés manifestado por el Presidente de Telefónica, que me
está diciendo en voz baja que él vuelve otro día, pero que en estos
momentos le supondría un grave trastorno el no coger el vuelo que está
previsto para ir a Bruselas a una reunión importante. Repito que él está
dispuesto a venir otro día. A criterio de los grupos políticos dejo la
decisión, aunque la decisión final la tomaré yo en función del criterio
que ustedes expresen. (El señor Camisón Asensio pide la palabra.)
¿Señor Camisón?



El señor CAMISON ASENSIO: Puesto que hay esta petición in extremis del
señor Presidente para poder coger el avión y ha sido este Diputado el que
ha provocado este turno, no quiero cargar con la responsabilidad de que
pierda el avión y, por tanto, retiro mi petición de palabra, si el resto
de los grupos no intervienen. Ocasión habrá de debatir bastantes de las
cuestiones que el señor Presidente ha expuesto, con las cuales no estamos
en absoluto de acuerdo.




El señor PRESIDENTE: ¿Cuál es la opinión del resto de los grupos
parlamentarios?



El señor ANDREU ANDREU: Treinta segundos, señor Presidente.

No asumo el que el Grupo Popular y nosotros planteemos las cuestiones
desde el mismo punto de vista, como usted ha respondido. Dejaremos el
tema para otra ocasión, ya que usted tiene prisa, pero mis preguntas eran
bastante concretas, sobre los motivos y sobre las diferencias entre unas
propuestas y otras. Tampoco juzgaba. Simplemente pedía datos concretos
sobre las propuestas. Esperamos que usted pueda hacerlo en cualquier otro
tipo de comparecencia.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Presidente de Telefónica.




El señor PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA TELEFONICA DE ESPAÑA, S. A.

(Velázquez-Gaztelu Ruiz): Señor Presidente, voy a contestar muy
brevemente.

Yo no he dicho que haya coincidencia entre el PP e Izquierda Unida, yo no
he dicho eso. Lo que dije es que, en relación al asunto de Perú y en
relación al tema de Amper, me parecía que las críticas que se habían
hecho eran bastante similares y por ello he pedido la oportunidad de
contestarlas de forma conjunta.

Agradezco mucho que no se me hagan más preguntas hoy, pero, por supuesto,
siempre estoy dispuesto a venir a la Cámara cuando ustedes lo estimen
oportuno.

He olvidado una cosa. Se me ha dicho --y ahora mismo perdonen que no
recuerde quién me ha planteado este tema-- que se nos había montado a
Telefónica en Argentina. A Telefónica de España no se le ha montado jamás
en Argentina, jamás.

Perdónenme, porque lo que he pretendido es explicar todo con el máximo
detalle. Unicamente, quiero agradecer a la Presidencia que haya atendido
mi ruego de terminar a esta hora para poder tomar el avión, porque tengo
que ir a la reunión del grupo Bangemann.

Muchas gracias, señor Presidente, señorías.




El señor PRESIDENTE: Solamente he hecho lo que los grupos parlamentarios
han acordado entre ellos: facilitar su labor.

Señorías, se levanta la sesión.




Eran las dos y diez minutos de la tarde.




Se reanuda la sesión a las cuatro y treinta minutos de la tarde.




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CONTESTACION A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SOBRE:



--FECHA PREVISTA PARA LA HABILITACION DEL HORARIO NOCTURNO EN EL
AEROPUERTO DE LA ISLA DE LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE). FORMULADA POR
EL SEÑOR SORIANO BENITEZ DE LUGO, GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de
expediente 181/000330.)



--INSTALACION DE TIENDAS LIBRES DE IMPUESTOS EN LOS AEROPUERTOS CANARIOS.

FORMULADA POR EL SEÑOR SORIANO BENITEZ DE LUGO, GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR. (Número de expediente 181/000590.)



El señor PRESIDENTE: Siguiendo el orden del día fijado para hoy, esta
tarde tenemos la comparecencia de don Manuel Panadero López, Secretario
General para el Servicio de Transportes, a fin de que dé plena
satisfacción a los señores Diputados sobre las preguntas que vayan a
formular.

En primer lugar, y dado que las dos primeras preguntas hacen referencia
al mismo tema, pediría al señor Secretario General que, una vez
formuladas, contestara a las dos juntas, y a las tres siguientes también
de forma agrupada. Este es un acuerdo para facilitar la labor, porque
como los asuntos de que tratan son bastante comunes creo que se
facilitará la respuesta y se ahorrará tiempo por parte del señor
Secretario General.

¿Hay algún señor Diputado que no esté de acuerdo? (Pausa.) Gracias.

En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Soriano Benítez de
Lugo, para formular las preguntas al señor Secretario General.




El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: No tengo inconveniente en agrupar las
preguntas, pero realmente nada tienen que ver una con otra. Si quiere
leer el señor Presidente el contenido de las dos preguntas, porque no
tengo el orden del día aquí, lo verá.




El señor PRESIDENTE: Con mucho gusto.

La primer pregunta es: Fecha prevista para la habilitación del horario
nocturno en el aeropuerto de la Isla de La Palma (Santa Cruz de
Tenerife). Y la segunda pregunta es: Instalación de tiendas libres de
impuestos en los aeropuertos canarios.




El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Como muy bien se desprende de ambas
preguntas, son dos cosas totalmente diferentes, pero no tengo
inconveniente alguno en agruparlas.




El señor PRESIDENTE: Nuestro criterio ha sido que, al ser las dos
primeras sobre aeropuertos y las tres siguientes referentes a problemas
de pilotos, de personal, se daba de esta forma facilidades para contestar
al señor Secretario General.




El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: En todo caso, teniendo en cuenta las
noticias del día, dos preguntas sobre aeropuertos canarios no tienen
mayor entidad, ante los otros acontecimientos. Por ello trataré de ser
breve tanto en una como en otra.

Respecto al horario nocturno del aeropuerto de Mazo, en la Isla de La
Palma --y lamento no tener en este momento con todo detalle las
intervenciones habidas a lo largo de la anterior legislatura--, hemos
venido preguntando, en reiteradas ocasiones, sobre la fecha prevista por
el Ministerio de Obras Públicas y Transportes para habilitar en el
aeropuerto de Mazo el horario nocturno, dado que, hasta la fecha, este
aeropuerto se cierra a las 7 o a las 8 de la tarde, con graves
inconvenientes para los habitantes de la isla que tienen que pernoctar en
las otras islas, sobre todo en las dos islas mayores, en el supuesto de
no poder salir a su hora.

Tantas cuantas veces hice esta pregunta a lo largo de la anterior
legislatura, se me contestaba por el Ministerio de Obras Públicas que no
estaba previsto habilitar en horario nocturno el aeropuerto de Mazo, y
lamento no tener aquí las contestaciones, puesto que, como digo, me he
dejado toda la documentación en Tenerife. Pero tantas cuantas veces el
Ministerio me decía que no se pensaba habilitar en horario nocturno el
aeropuerto de La Palma, el Senador por la Isla de La Palma salía al día
siguiente en todos los medios de comunicación diciendo que eso no era
cierto, que a él el Ministerio le había garantizado que de inmediato se
iba a habilitar en horario nocturno este aeropuerto. Y así a lo largo de
varios años en la anterior legislatura, por lo menos durante los años
1992 y 1993. Por fin ha vuelto a haber noticias en el sentido de que ya
están encaminadas las obras necesarias para abrir este aeropuerto en
horario nocturno. Sin embargo, en la última contestación que me dio el
Ministerio, si mal no recuerdo, se me decía que todavía ni siquiera se
habían iniciado los expedientes de expropiación de fincas colindantes
conducentes a habilitar este aeropuerto en horario nocturno.

El Ministerio nos decía, por otra parte, que, dado el volumen de tráfico
de este aeropuerto, que no ha experimentado sustancial variación en estos
últimos meses, no parecía conveniente ni oportuno habilitar el horario
nocturno del aeropuerto, pero, como digo, en fechas recientes han salido
nuevas declaraciones de los dirigentes socialistas de la Isla diciendo
que esto ya era una cosa inmediata. A la vista de estos antecedentes, me
gustaría saber si el Ministerio realmente va a habilitar en horario
nocturno el aeropuerto de Mazo, en la Isla de La Palma, una isla que
tiene 80.000 habitantes, cómo están en estos momentos las tareas
conducentes a abrirlo y si los plazos se corresponden con esa celeridad
que los dirigentes socialistas de la Isla han venido diciendo en los
últimos tiempos. Esto por lo que se refiere a la primera pregunta.

Por lo que se refiere a la segunda pregunta, pasa algo similar.

Inopinadamente, se dijo...




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El señor PRESIDENTE: Rogaría a las personas que se encuentran a la
entrada de la sala que, si tienen que seguir hablando, por favor salgan
fuera, porque, de lo contrario, no nos podemos entender.




El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Por lo que se refiere a la segunda
pregunta, pasa algo similar. Sabido es que en las Islas Canarias, hasta
su plena integración en la Comunidad Económica Europea, existía un puerto
franco, y esto llevaba consigo la entrada de productos de las más
variadas procedencias, sobre todo japoneses y americanos, a unos precios
inferiores a los que regían en la Península. Esto comportaba que, dentro
de los atractivos de las Islas Canarias, para numerosos turistas, sobre
todo peninsulares, se incluyera el poderse traer el transistor, el
aparato de radio o cualquiera de estas cosas a un precio inferior. Hoy,
por desgracia, los precios ya no sólo se han asimilado con los de la
Península, sino que en muchos casos son incluso superiores, con lo cual
este atractivo ha desaparecido, por lo menos en gran parte, porque
todavía quedan algunos productos japoneses que, al no estar Japón
integrado en Europa, aún se consiguen algo más baratos. En fechas
recientes --y lamento no tener aquí la documentación-- se nos ha dicho
por autoridades del Departamento que se van a establecer en los
aeropuertos canarios, por lo menos en las islas mayores, tiendas libres
de impuestos, «duty free», lo cual ha producido un gran revuelo entre los
comerciantes de las islas, como consecuencia de que se entiende que, si
ya su mermado negocio está en estos momentos en una situación crítica, si
se abren tiendas libres de impuestos en los aeropuertos no cabe duda de
que esto va a repercutir gravemente en el negocio.

Yo hice la pregunta por escrito, y por escrito se me contestó que estaba
tomada la decisión y que de inmediato se iban a poner estas tiendas
libres de impuestos, con lo cual acepté el hecho como evidente. Sin
embargo, posteriormente --y lamento también no tener aquí los datos, pero
seguro que el señor Secretario General los conoce--, alguna autoridad del
Departamento dijo en la prensa que se estaba reconsiderando la apertura
de estas tiendas libres de impuestos, e incluso ha habido una proposición
no de ley aprobada en el Senado en virtud de la cual se posponía la
decisión para realizar unos estudios o algo por el estilo. Me gustaría
conocer exactamente cuál es la situación, si se van a abrir estas tiendas
libres de impuestos y si ha evaluado el Ministerio la repercusión que
esto puede tener en el comercio de las islas.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, para contestar a las dos
preguntas, el Secretario General.




El señor SECRETARIO GENERAL PARA LOS SERVICIOS DE TRANSPORTES (Panadero
López): En relación con los dos temas que ha planteado S. S., el primero,
el relativo a la habilitación del horario nocturno en el aeropuerto de La
Palma, le puedo decir que ya desde hace tiempo el Senador Manuel Pérez,
al que usted hacía referencia, nos ha venido presionando --en la mejor de
las acepciones-- y señalándonos la importancia que tiene, y precisamente
por las razones que S. S. ha dicho, una ampliación del horario del
aeropuerto de La Palma.

Por parte de AENA, a la vista de estas consideraciones, se iniciaron las
actuaciones necesarias para dotarse de medios de personal (controladores,
personal en general del aeropuerto) y acomodar los horarios. Le puedo
decir que en estos momentos están tomadas todas las medidas y está
preparada la plantilla para poder operar hasta las nueve y media de la
noche hora local, facilitando de esta forma los desplazamientos y,
creemos, potenciando, a través del aeropuerto, la actividad económica en
la isla. En cierto momento estuvo a punto de ponerse en marcha --quizá
estas son parte de las noticias a las que hacía referencia su señoría--,
pero a última hora surgieron una serie de problemas con la dirección de
operaciones de Binter, que nos planteó sus dudas sobre la operatividad
sin realizar una serie de operaciones de balizamiento --porque en esto
del transporte aéreo, como en todo, la seguridad es un elemento
fundamental-- por lo que se paralizó la puesta en marcha de ese horario
nocturno. Dado que el problema era, exclusivamente, técnico (la solución
del balizamiento de obstáculos en la costa y la prolongación de pistas
que, como le he dicho, solicitaban los pilotos de Binter Canarias), se ha
celebrado un concurso de obra que tiene por objeto poner en capacidad
operativa el aeropuerto de La Palma.

Este concurso se ha resuelto en el mes de diciembre del año pasado, con
un importe de unos 126 millones de pesetas, y tiene en total un plazo de
unos nueve meses para proyecto y ejecución de obra, con lo cual confiamos
en que este horario hasta las 21,30 hora local pueda ser operativo ya
desde la temporada de invierno de este año.

Puedo señalar a S. S. que es un compromiso del Ministerio, y en concreto
de mi Secretaría General, tratar de, sin menoscabo de la calidad de los
trabajos, de la seguridad y de todas las garantías necesarias, apurar al
máximo los plazos para que esta ampliación del horario, que es una vieja
aspiración de los habitantes de la isla de La Palma, pueda ser operativa
en invierno de 1994, con lo cual me parece que doy una buena noticia a S.

S., que sin duda alguna creo que se alegrará no menos de lo que yo me
alegro de podérsela dar.

Por lo que se refiere a la segunda pregunta, como muy bien ha explicado
S. S., efectivamente existía la decisión por parte de AENA de efectuar la
apertura de las tiendas «duty free» desde la filosofía de que esta
apertura no perjudicaría al comercio local, dado que se mueve en
segmentos totalmente diferentes. En definitiva, el cliente de «duty free»
gasta las últimas pesetas que le quedan en el bolsillo y difícilmente, en
nuestra opinión, compite con el comercio local; nadie deja de alguna
forma explícitamente las compras en las tiendas «duty free» para última
hora, sino que más bien gasta las últimas pesetas.

Dada la alarma a la que se refería S. S., el tema, como bien sabe, fue
objeto de una propuesta en el Senado, que le pidió al Gobierno que
paralizara la puesta en marcha de estas tiendas hasta que por parte del
Gobierno de la nación, en colaboración con el Gobierno de Canarias, se
hiciese un estudio que pudiese graduar, de forma lo más objetiva posible,
este tema y que, por tanto, permitiera tomar las



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medidas, en su caso, que fueran necesarias para paliar, si es que los
hay, los efectos negativos.

Esta proposición fue aprobada por el Senado y en cumplimiento de ella,
por un lado, se ha paralizado la puesta en marcha de estas tiendas «duty
free»; por otro lado, el Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente, se ha dirigido al Presidente de la comunidad autónoma para
notificárselo, para pedir su colaboración. Yo mismo me he dirigido a los
Consejeros de Economía y Transportes del Gobierno canario para
solicitarles que, si lo estiman conveniente --por supuesto es el Gobierno
canario quien tiene que decir quiénes pueden ser sus representantes, pero
nos parece lógico que fueran de estos departamentos--, colaboren en lo
que sería la contratación, dirección y realización de este estudio que
nos permitiera a todos evaluar los aspectos positivos, los negativos, si
los hay, y, consecuentemente, tomar las medidas necesarias para paliarlos
e incluso eliminarlos; así como utilizar --y éste es el objetivo que
pretendemos-- las tiendas «duty free» como un elemento de potenciación de
la actividad turística en Canarias, porque es bien conocido que la
existencia de estas tiendas que, por otro lado, normalmente venden, en el
caso de las españolas al menos, productos locales y con una fuerte
penetración y capacidad de desarrollo de la industria o la artesanía
local, nos puede permitir, a través de este mecanismo, potenciar el
desarrollo turístico en Canarias, porque puedo decirle a S. S. que
existen numerosos estudios que señalan la importancia que tienen estas
tiendas desde la atracción y fijación del turismo.

No obstante, en tanto este estudio no esté realizado, como digo, con la
colaboración plena del Gobierno canario, al cual nos hemos dirigido para
ofrecerle su más amplia participación, no se tomará ninguna decisión de
apertura de las tiendas «duty free». Confío en que una vez realizado el
estudio avale nuestras tesis y en caso de que nos señale aspectos que se
nos hubieran escapado, nos permita --que éste es el objetivo-- tratar de
eliminar esos problemas y, en todo caso, eliminar los problemas de
incertidumbre, alarma y preocupación que habían surgido en Canarias y, en
definitiva, que el resultado, sea el que sea, contribuya a mejorar la
actividad económica en las Islas.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Soriano para hacer alguna
puntualización, si lo estima oportuno.




El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Muy brevemente.

En primer lugar, para agradecer las buenas noticias que nos da el señor
Secretario General. Por lo que ha dicho, veo que las gestiones del
Senador Manuel Pérez han tenido más éxito que las de este Diputado de la
oposición, que vengo preguntando sobre este tema desde hace años y
siempre se me decía que no al horario nocturno de la Isla de La Palma. Al
parecer están las cosas encaminadas, porque ya en otras ocasiones
anteriores se ha dicho que en el próximo invierno --en concreto en los de
1992 y 1993-- habría posibilidades de tener el horario nocturno y no ha
sido así. Confío en que en el año 1994 se pueda disponer de este horario
nocturno.

En cuanto a las tiendas libres de impuestos, tengo que decir que la
proposición no de ley se aprobó en el Senado, creo recordar, hace tres o
cuatro meses. Por lo que veo se está pendiente de unos estudios a
elaborar conjuntamente por el Gobierno de Canarias y la Administración
central, y me gustaría saber si esos estudios están en avanzado estado de
tramitación y para cuándo se calcula que estén finalizados al objeto,
entiendo, de adoptar una decisión que ya no es tan drástica como me decía
el Ministerio cuando me replicaba diciéndome que se iban a implantar
exenciones libres de impuestos de inmediato, que estaban realizados todos
los estudios y que no iba a tener la más mínima competencia con el
comercio canario. Ahora veo que, por lo menos, se ha establecido una
pausa y me gustaría saber, si la administración autónoma canaria
informase negativamente sobre esas tiendas, si sería tenido en cuenta por
el Ministerio o si, por el contrario, sigue en su idea, como bien ha
expuesto el Secretario General, de que esas tiendas serían para el
comercio de Canarias y para el turismo, en definitiva.

Nada más que agradecer de nuevo la cumplida contestación por parte del
señor Secretario General.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Panadero.




El señor SECRETARIO GENERAL PARA LOS SERVICIOS DE TRANSPORTES (Panadero
López): Creo que todos nos debemos congratular de la puesta en marcha del
horario nocturno en el aeropuerto de La Palma. Es uno de esos casos en
que el Poder Legislativo, que manda mucho, acaba también influyendo en el
Poder Ejecutivo. Yo creo que es una buena decisión. Puedo decirle que,
efectivamente, estaba acordado con la compañía Binter, que es el operador
básico con la Isla, la puesta en marcha ya durante la última temporada.

Desgraciadamente a última hora surgieron problemas que no se habían
planteado y obligaron a un cambio. Sin embargo, como le he dicho, el
contrato está, en principio no hay ninguna razón para que no se cumplan
los plazos y por ello, racionalmente, en torno a octubre o noviembre
(aquí hay que dejar una cierta flexibilidad, porque yo creo que lo
importante es el objetivo y no tanto que sea un mes antes o un mes
después) lo tendremos en funcionamiento.

En cuanto al segundo tema, las tiendas libres de impuestos, nuestra
propuesta sería que formáramos un grupo de dirección del estudio,
compartido entre ambas administraciones; que ese grupo de dirección y de
trabajo seleccionara un pliego, una metodología; que contratara a quien
se estime más capacitado para realizar este estudio, de alguna forma que
fuera imparcial, que no dé lugar a valoraciones sesgadas y actuara con
absoluta objetividad; que ese estudio lo realizara una empresa
constructora lo más acreditada posible y con la mayor de las
independencias; que sobre esos datos objetivos, dirigidos coordinadamente
por representantes de ambas administraciones, dispusiéramos de una
plataforma no discutible --evidentemente



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todo es discutible, pero quiero decir en términos de objetividad, de
imparcialidad, de análisis sereno-- y que la decisión, que evidentemente
tiene componentes políticos, fuese tomada en base a datos objetivos que
tuvieran en cuenta la eliminación de todos los aspectos negativos.

Esta es la propuesta que hacemos. Esto es lo que estamos poniendo en
marcha. Estamos trabajando en borradores y en la evaluación del coste de
este estudio, que probablemente sería contratado por el ente público
Aeropuertos Nacionales --sin que eso suponga un nivel de dependencia,
sino que hay unos problemas presupuestarios que S. S. comprenderá
perfectamente--, que nos permitiera resolver a satisfacción de todos y
que las decisiones que se tomaran fuesen desde la seguridad de todos los
afectados en el sentido de que sólo producirían efectos positivos o, en
todo caso, que el saldo entre los positivos y los negativos, si no es
posible evitar algún negativo, fuese ampliamente favorable para los
intereses de Canarias y no para los intereses de ningún operador en
concreto.




--POSICION DE GOBIERNO ANTE LAS CONVALIDACIONES DE LICENCIAS DE PILOTOS
COMERCIALES ENTRE LOS ESTADOS DE LA UNION EUROPEA. FORMULADA POR EL SEÑOR
CAMISON ASENSIO, GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente
181/000450.)



--MEDIDAS PARA HACER FRENTE AL DESEMPLEO DE LOS PILOTOS COMERCIALES.

FORMULADA POR EL SEÑOR CAMISON ASENSIO, GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR.

(Número de expediente 181/000451.)



--OPINION DEL GOBIERNO ACERCA DE SI LA SOCIEDAD PARA LAS ENSEÑANZAS
AERONAUTICAS CIVILES, S. A. (SENACSA), ACTUA AJUSTANDOSE A PARAMETROS DE
COMPETENCIA. FORMULADA POR EL SEÑOR CAMISON ASENSIO, GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR. (Número de expediente 181/000490.)



El señor PRESIDENTE: A continuación, el Diputado señor Camisón tiene
formuladas tres preguntas, que puede plantear conjuntamente el señor
Secretario General.




El señor CAMISON ASENSIO: Efectivamente, señor Presidente, voy a intentar
sustanciarlas conjuntamente. Una se refiere al grave problema de
desempleo de los pilotos comerciales; la siguiente se refiere a la
convalidación de licencias de pilotos entre los Estados de la Unión
Europea, y la tercera, las implicaciones que en estas materias puede
tener o está teniendo Senacsa, la empresa pública.

En cuanto al paro en este colectivo, habida cuenta de que siempre es un
problema serio para los profesionales que lo sufren, en el caso de los
pilotos tiene un agravante, y es la pérdida de licencia que normalmente
se tiene por la incapacidad de renovarla desde el paro. Un piloto sin
empleo normalmente entra en una espiral degradante que acaba,
irremisiblemente, en la pérdida de una profesión que le costó mucho
trabajo conseguir.

A la vista de los datos oficiales que se nos están enviando, observamos
que el colectivo de parados va en proporción muy creciente, hasta el
punto de llegar a casi unos 500 pilotos al año, y, siguiendo a este
ritmo, sobre un colectivo de cerca de 2.600, vemos que se pueden
equiparar los ocupados a los parados para final de este año, e incluso se
puede duplicar la cifra en el año 1997. Son muchas las causas que
influyen. A los pilotos de transporte les afecta menos porque, como sabe
el señor Secretario General, solamente pueden alcanzar esta titularidad
estando dentro del empleo. Para los pilotos comerciales las causas son
varias y se están concentrando en la misma dirección. Las compañías
estatales están saturadas y cuando se vio venir la crisis se pusieron en
marcha los planes futuros, el PEF, e Iberia, a través de estos sistemas,
llegó a tener una cantidad superior a sus necesidades.

Las compañías chárter privadas están acusando la crisis porque también
influye. Las compañías de taxis no son significativas, pero el caso de
las cargueras, sí, no ya porque se haya incrementado su número, sino
porque la única importante es Carga-Sur y está perdiendo negocio porque
incluso está alquilando aviones que no son de nuestro país.

El caso de los helicópteros no afecta mucho porque son empresas pequeñas,
pero hay que añadir el problema de las escuelas que se ha creado como
consecuencia de la actuación absorbente de Senacsa porque se han visto
muy reducidas. De un total de veinte, solamente quedan siete. Como
seguramente sabe el señor Secretario General, se están realizando vuelos
gratis con tal de que los pilotos puedan hacer prácticas, lo que crea una
situación francamente preocupante.

Creemos que el Gobierno ha mostrado una cierta pasividad ante este
problema que se ha ido gestando, que está ahí con toda su importancia y
que, además, se complica bastante con la presencia de las titulaciones
que se están obteniendo a través de los países de la Unión Europea, sobre
todo en nuestro caso los provenientes de Portugal. En relación con este
tema nos gustaría conocer la opinión y postura del Gobierno ante estos
titulados que eligieron esa profesión con gran esfuerzo y que ahora se
encuentran en una situación que no tiene salida. También afecta a
aquellos pilotos formados en Estados Unidos o Canadá y a los que proceden
de los orígenes militares de complemento que se incorporan a la carrera
civil después de terminar los contratos del ejército. Ante esta
situación, no entendemos que Senacsa venga publicando en la prensa
nacional, previo pago de más de cinco millones y medio de pesetas, más
propaganda para formar más pilotos que incrementarán ese paro. Esta
campaña se está realizando recientemente y no lo acabamos de entender.

Las escuelas de formación de la Unión Europea han influido en el
agravamiento de este problema. Por ejemplo, para obtener el título de
piloto comercial de helicóptero hay un gran número de estudiantes
españoles que han hecho un esfuerzo tremendo en la escuela de Cascaes, en
Portugal, siguiendo lo que establecía la directiva del



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Consejo, que hacía una aceptación recíproca entre los diversos Estados de
la Unión. Pero ahora nos encontramos con que Aviación Civil a la hora de
arbitrar soluciones los está tratando con un ánimo bastante restrictivo.

Eso es lo que el sector nos comunica. Por ello, nos gustaría conocer la
opinión del Gobierno sobre esta situación lacerante que están sufriendo
estos pilotos formados fuera de nuestras fronteras, pero dentro de la
Unión Europea. Porque ellos alegan, por ejemplo, que de acuerdo con esa
directiva se podría establecer que el gobierno afectado hubiera pedido
una explicación de la situación, pero la Dirección General de Aviación
Civil no lo ha hecho, tomándose la justicia por su mano. Sin embargo, hay
otros Estados de la Unión que sí lo han hecho, por ejemplo, Francia, que
ha dado esa explicación.

En cuanto a este tema, que afecta directamente a ese paro, nos gustaría
conocer el criterio del Gobierno sobre si realmente está dispuesto, al
unísono con el resto de países de la Unión, a caminar hacia una licencia
única europea, que es un poco lo que parece desprenderse de esas
directivas. Y puesto que hay expectación sobre estos títulos provenientes
de Europa, y sobre qué se va a hacer con ellos, creemos que el Gobierno
debe adoptar una posición en una u otra dirección, pero teniendo en
cuenta el esfuerzo tremendo de formación que han hecho estas personas,
sobre todo en el caso de títulos procedentes de la Unión Europea. En el
caso de los provenientes de Estados Unidos mi pregunta va en la dirección
de si adaptarnos a las exigencias de FAA, de la Flight Aviation
Authority, es suficiente, dado el gran prestigio que tiene esta
institución en el Estado americano.

Se ve que en todo esto ha intervenido Senacsa y ha complicado más la
situación, porque de pronto se ha transformado (ENA) en Senacsa y ha
aparecido avasallando realmente toda la gran labor que se viene haciendo
por las escuelas privadas; de pronto se crea una empresa pública que sí
ha crecido, pero ha crecido a base de acogotar a un montón de empresas de
enseñanza que estaban funcionando perfectamente. No entendemos este abuso
de competencia que se ha hecho con algo que en este país estaba resuelto.

El hecho ha llevado a que haya ya cuatro denuncias formalizadas por la
AEFA, Asociación de Escuelas de Formación Aeronáutica en la misma
dirección: una ante el Ministerio de Hacienda, ante la Defensa de la
Competencia, en mayo de 1992; otra ante la Unión Europea, ante la
Dirección General de la Competencia, realizada en noviembre del mismo
año; la tercera incluso ante el Supremo, en la Sala de lo Contencioso, en
febrero de 1993 --hace poco más de un año--, y otra de nuevo ante la
Unión Europea en el otoño pasado. Quisiéramos saber el criterio del
Gobierno sobre la situación de estos recursos, porque el tiempo pasa.

Senacsa está haciendo un trabajo que ya se estaba haciendo y las cuotas
de mercado realmente se las ha llevado la empresa pública, pero de una
manera alarmante. En los años 1989 y 1990 tenía la ENA una cuota de
mercado del 28 y 30 por ciento, respectivamente, y a los pocos meses, al
crearse Senacsa se lo arrebató y pasó al 76 por ciento. Luego ha sido
hacer un esfuerzo que realmente no entendemos para qué.

Si tuviéramos tiempo plantearía que algo parecido ha ocurrido con las
fuertes inversiones con que se está dotando a Senacsa. Además se da el
hecho de que Senacsa sigue creciendo y ya no actúa sola. De acuerdo con
el informe último que tenemos ya tiene un holding de empresas
participadas con porcentajes importantes de Emaer, empresa de
mantenimiento filial de Senacsa y ésta a su vez participada en un 40 por
ciento por AISA, representante de Aeroespacial y de Gestair, que además
están conectadas y son las que se encargan, por un lado, de la
adquisición de todos los aviones de pruebas y, por otro, de vender los
aviones. Por cierto nos gustaría conocer qué relación puede haber en este
negocio de compra de aviones y de venta entre Senacsa y estas empresas
que, de pronto, las incorpora al holding. Creo que tendría interés
conocer la relación que existe entre la dirección de la escuela y estas
empresas filiales.

He intentado resumir, señor Presidente, un problema complejo que preocupa
a un colectivo importante, en el menor tiempo posible.




El señor PRESIDENTE: Para contestar a sus preguntas tiene la palabra el
señor Secretario General.




El señor SECRETARIO GENERAL PARA LOS SERVICIOS DE TRANSPORTES (Panadero
López): Señor Presidente, intentaré hacer un esfuerzo de síntesis como el
de S. S.

Por lo que se refiere al tema del desempleo, creo que debemos hacer un
cierto análisis histórico, y me parece que podríamos convenir en que el
proceso de expansión tan fuerte que se produce entre el año 1986 y el año
1992 en la actividad aérea produjo, al mismo tiempo que por las
características, digamos, de profesión nueva, una demanda de titulaciones
de pilotos realmente distorsionada respecto a las potencialidades que el
mercado posibilita. Eso, unido a la crisis mundial por la que atraviesa
la actividad de transporte aéreo, ha hecho que nos encontremos con un gap
importante, como ha dicho S. S., entre las posibilidades que el mercado
ofrece a los poseedores de la titulación de piloto y el número de
personas que desearían trabajar en esta actividad. En ese sentido, nos
parece que el esfuerzo fundamental que cabe hacer es para desarrollar la
actividad aérea y conseguir consecuentemente que se produzca la máxima
ocupación que esta actividad permita.

Las decisiones que quizás por no producir tensiones se han tomado de una
forma excesivamente suave --y lo digo en el sentido más favorable de la
expresión-- por el Gobierno de liberalización del espacio aéreo español,
sin que prácticamente se haya enterado nadie y que incluso se han
percibido en ciertos momentos como fenómenos aislados y episodios no
insertos en una política global, han tenido como efecto un crecimiento de
la actividad aérea, un crecimiento de la demanda y un incremento de la
demanda de pilotos, de tal forma que con los datos que yo tengo y que
luego voy a dejar al señor Presidente para que se los traslade, se
observa, por ejemplo, que en el año 1992 se contrató un total de 135
pilotos, de los cuales la ratio era de 62 en el sector privado y 73, si
no me fallan las cuentas, en el



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sector público; en el año 1993 este número baja a 67, de los cuales 55
corresponden al sector privado y de forma importante a dos empresas en
Europa. Con la apertura del mercado aéreo y la liberalización del
tráfico, que ya se había producido, pero con la apertura de la primera
línea regular de conexión con Tenerife básicamente, así como con el
desarrollo de otra compañía, en este caso chárter, Centenial, se contrata
un total de 67 personas, 55 de las cuales en el sector privado y 12 en el
sector público. Es evidente que es difícilmente pensable el incremento de
contratación, tanto en Aviaco como en Iberia, de forma significativa. En
el año 1994 --y creo que es un aspecto positivo-- en lo que poco que
llevamos desarrollado, el número de contrataciones es de 117 en el sector
aéreo privado y ligado de forma importante con las nuevas oportunidades
de desarrollo de la actividad que produce este nuevo marco, tanto en el
campo del tráfico regular como en el tráfico chárter. Nosotros creemos
que esta apertura, que ha producido, creemos, una mejora del
funcionamiento del espacio y del transporte aéreo, puede materializarse a
corto plazo en una serie de proyectos que se están larvando y solamente
hay que rogar porque lleguen a buen puerto, lo que podría contribuir a
reducir el desempleo. Creemos que éste es el camino. Estamos en él y
esperamos que, efectivamente, esta buena noticia de estas 117
contrataciones pueda suponer un mayor crecimiento a lo largo de este año
y que la aparición de nuevos operadores o el desarrollo de los operadores
que ya existen, aumentando sus servicios --y la constatación es que está
produciendo también un incremento de demanda--, contribuya a reducir el
paro.

Se refería S. S. al problema de las titulaciones, a la homologación
dentro del marco de la Comunidad Europea. Le puedo decir que nuestra
opinión y la que hemos contrastado con Bruselas es que consideran
correcta nuestra aplicación de la directiva comunitaria de reconocimiento
de títulos, si quieren en conversaciones off the record y oficiosas, pero
créame lo que le digo. Al mismo tiempo nos dice: Ustedes llevan razón, su
aplicación es correcta, pero aquí el principio fundamental es un
principio de libertad de movimientos y, por tanto, a la hora de la verdad
nosotros vamos a apostar claramente no tanto por la aplicación correcta,
jurídicamente precisa de los términos de la directiva, sino por aquella
interpretación que posibilite una mayor movilidad de las titulaciones. En
este contexto nos encontramos con un problema concentrado básicamente en
la formación en Portugal, en donde el nivel de exigencia respecto a las
que nosotros tenemos es sensiblemente más reducido, sin perjuicio de que
también existen factores de coste, de la fiscalidad sobre el carburante,
una serie de factores que hacen que el coste en Portugal sea inferior al
de España, pero no solamente es un problema de competitividad, también es
un problema de calidad de enseñanza.

En consecuencia, nos encontramos en una especie de fuego cruzado donde
tenemos una opción: jugar a la apuesta de reconocer los títulos
claramente y sin reservas, lo cual va a producir una degradación de las
enseñanzas en España, y en un momento en que la normativa internacional
parece apostar por que en un corto plazo de tiempo las exigencias de la
JAA se eleven para venir al encuentro de nuestra tesis. Consecuentemente
(en este momento tenemos una carta de emplazamiento de la Comunidad
Europea para contestar en un plazo de dos meses; no hay que alarmarse,
estas cartas son absolutamente normales), nosotros creemos que debemos
jugar, por un lado, a una profundización tanto en el caso de Senacsa como
de las restantes compañías privadas, debemos proceder a un análisis
profundo, a una revisión de las exigencias de enseñanza para podarlas de
aquellos flecos que sólo producen encarecimiento de costes y que no
tienen una realidad práctica, y seguro que hay posibilidades por ese
lado. También debemos propiciar un mayor nivel de presión de estas
compañías, especialmente de la compañía Senacsa, de ajuste de costes y,
al mismo tiempo, tenemos que defender que no se produzca una degradación
de las enseñanzas y defender estas tesis en Bruselas a capa y espada,
porque creemos que, además, las modificaciones en curso van a venir al
encuentro de nuestras tesis en un plazo de tiempo relativamente corto y,
como le digo, nos encontramos con problemas no sólo de competencia y de
competitividad, sino también de calidad de enseñanza. Podremos encontrar
una posición equilibrada de entendimiento con la Comisión Europea y, en
consecuencia, conseguir un punto de equilibrio entre aquellas personas
que realizan su actividad en España, que llevan a cabo sus enseñanzas en
España, y las que las realizan fuera. Lo que sí le puedo decir es que los
exámenes que se hacen, frente a lo que se ha dicho, no son
discriminatorios o por lo menos no lo pretende ser --creo que hay
realidades objetivas que lo señalan así-- en el sentido de desplazar
estudiantes hacia Senacsa. No es un tema de este tipo, sino de tratar de
garantizar que el nivel de exigencia, en tanto que éste no se modifique
--creemos que se puede revisar pero no modificar sustancialmente y menos
a la baja-- no premie la realización de este tipo de estudios simplemente
por unas razones de menor nivel. Debemos favorecer la movilidad, debemos
favorecer un intercambio, pero sobre parámetros homologables. Al mismo
tiempo, como le digo, éste es un tema que está en situación fluida por
las negociaciones que venimos teniendo con la Comisión Europea y que
supongo que se acelerarán adicionalmente por esta carta de emplazamiento
en la que nos dan dos meses para contestar. La hemos recibido ayer --se
lo digo como primicia-- pero ya sabíamos que se iba a producir.

Por lo que se refiere al tema de Senacsa y de las compañías privadas,
evidentemente no nos podemos pronunciar sobre ese conjunto de denuncias
que están planteadas. Una vez que se resuelvan estaremos a lo que de
ellas se decida. Pero sí quiero trasladar a S. S. nuestra firme
convicción de que Senacsa debe competir en igualdad de condiciones.

Además, creemos que el conjunto del marco comunitario y el propio marco
de competencia español se mueven en esa dirección. Es decir, que
plantearse otro objetivo sería absurdo porque sería ir a chocar contra un
muro.

Al hacer análisis comparativos hay que tener en cuenta un poco la
historia y en este sentido quiero recordar a S. S. cómo Senacsa nace de
la antigua Escuela Nacional de Aeronáutica, donde por cierto después de
una oposición a examen selectivo, como se le quiera llamar, la enseñanza



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era absolutamente con cargo a los presupuestos del Estado y sin cargo a
la persona que la realizaba y en estos momentos es con cargo a la persona
que los realiza. Por tanto, aunque es sensato y serio admitir que hay que
seguir clarificando su actividad, creo que hemos avanzado profundamente
en el sentido de mejorar las condiciones de competencia respecto a la
situación histórica preexistente. Bien es cierto que a la hora de hacer
la atribución de costes correspondientes a Senacsa, ésta desarrolla una
actividad que no es solamente la equivalente de las empresas privadas,
sino que tiene encomendadas otra serie de funciones, de prácticas, en
cuyo campo no compite y, sin embargo, son actividades absolutamente
positivas, como el desarrollo de la navegación a vela; es decir,
prácticas de alguna forma de fomento de las enseñanzas y de la actividad
aeronáutica que no compiten, pero que tampoco se puede decir que sea
posible mantenerlas sin aportaciones presupuestarias. Nuestro objetivo es
seguir profundizando en el modelo de separación entre unas actividades y
otras, a fin de evitar toda posible distorsión de concurrencia en las
enseñanzas y crear una adecuada competencia entre este tipo de empresas;
potenciar en todo lo posible el conjunto de empresas de enseñanzas
aeronáuticas cara al mercado comunitario. Creemos en este sentido que con
las máximas exigencias y con eliminación absoluta de toda práctica
restrictiva de la competencia, dado el carácter fluctuante y pese a que
hay que utilizar con mucho cuidado esto de los aspectos estratégicos (que
es una frase que utilizamos quizá demasiado), es cierto que en este
campo, por lo menos hasta el momento, ningún Estado ha hecho renuncia
clara a la posibilidad de seguir disponiendo de una actividad de
enseñanza y de formación de pilotos y, dada la coyuntura y el ciclo que
se produce de forma muy intensa en este área, entendemos que sería
conveniente seguir manteniendo la actividad de Senacsa en los términos
que le he señalado, en competencia, sin favoritismo y, como última ratio,
como garantía del mantenimiento de esta actividad en tanto se acaba
consolidando un sector potente en este sentido y, al mismo tiempo, con
esa clarificación de cuentas a la que le hacía referencia. Desde luego,
puedo decirle que nuestra voluntad no es distorsionar el mercado y crear
--la prueba es que nos hemos movido en el sentido contrario-- una especie
de financiación gratuita distorsionadora. Esta es nuestra voluntad, en
ese sentido nos movemos y quiero señalar a S. S. que evidentemente
tenemos ciertos problemas de separación de cuentas, incluso porque
Senacsa heredó una serie de compromisos. Sin más, en este momento,
Senacsa tiene asignado en los presupuestos un crédito de unos 200
millones de pesetas, creo recordar, que es para cumplir unos compromisos
derivados de la antigua Escuela Nacional de Aeronáutica, y aunque nuestra
tesis era dudosa sobre esos compromisos, la opinión de la institución del
Defensor del Pueblo en el sentido favorable a las tesis de los que
protestaban nos llevó a aceptarla, más en el plano moral de la
institución que en el del Derecho jurídico (me parece que ése es el gran
papel que puede tener la institución del Defensor del Pueblo) y los va a
dar Senacsa, evidentemente en los términos anteriores, sin cobrar. Ese es
un cargo que hay que satisfacer en el presupuesto, pero quiero
tranquilizarle en sus preocupaciones.

Respecto a los temas de ocupación de pilotos, yo me congratulo mucho de
este salto y espero que se consolide.

Por lo que se refiere a la movilidad, nosotros estaríamos totalmente de
acuerdo con una licencia única europea (es una tesis que defendemos) pero
con unos parámetros homogéneos y a un nivel suficientemente elevado en
todos los sentidos. Existe un problema de costes con Portugal, pero
derivado también de los niveles de enseñanza. Es un tema que se está
planteando únicamente con nuestro país, simplemente por razones de
proximidad geográfica. Pretendemos hacer un reanálisis de las enseñanzas,
una reevaluación de los costes y, por tanto, en ese contexto y sin
disminuir los niveles de calidad, afrontar el problema buscando un
acuerdo con la Comisión Europea.

Por último, y resumiendo, en el tema de Senacsa queremos movernos en una
clarificación de cuentas y en un funcionamiento sin distorsiones de
concurrencia y separando claramente, por decirlo así, lo que serían
obligaciones de servicio público, promoción de actividades, de lo que es
una enseñanza perfectamente realizada por otra empresa, donde solamente
la calidad debe funcionar.

Y respecto al tema de los anuncios, nosotros tenemos en este momento (y
lo hemos comentado con el presidente de Senacsa) una cierta duda de si
esos anuncios (que en el pasado han tenido una utilidad, incluso la de
descubrir a un público importante este tipo de nueva profesión, por
decirlo así, aunque sea ya un tanto antigua) en este momento sigue
teniendo sentido desarrollarlos y más en el contexto en el que nos
movemos.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Secretario General.

¿Señor Camisón? (Denegación.)
Agradecemos la presencia del señor Secretario General y damos paso a la
comparecencia de doña Cristina Narbona, Secretaria de Estado de Medio
Ambiente y Vivienda.




--MEDIDAS PARA ACABAR CON EL VERTIDO INCONTROLADO DE LOS ACEITES USADOS.

FORMULADA POR EL SEÑOR HERNANDO FRAILE (GP). (Número de expediente
181/000479.)



--RAZONES POR LAS QUE DURANTE EL AÑO 1993 EL GOBIERNO NO ELABORO LA ORDEN
MINISTERIAL REGULADORA DE LAS SUBVENCIONES PARA LA GESTION DE LOS ACEITES
USADOS. FORMULADA POR EL SEÑOR HERNANDO FRAILE (GP). (Número de
expediente 181/000480.)



--PRIORIDADES RESPECTO DEL DESTINO DE LOS ACEITES USADOS EN EL PROXIMO
PLAN NACIONAL DE RESIDUOS INDUSTRIALES. FORMULADA POR EL SEÑOR



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HERNANDO FRAILE (GP). (Número de expediente 181/000481.)



--RAZONES QUE HAN MOTIVADO EL FRACASO DEL PROGRAMA P8 EN EL PLAN NACIONAL
DE RESIDUOS INDUSTRIALES 1989-1994, REFERENTE A LOS ACEITES USADOS.

FORMULADA POR EL SEÑOR HERNANDO FRAILE (GP). (Número de expediente
181/000482.)



El señor PRESIDENTE: A continuación, como había dicho, comparece la
Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda, doña Cristina Narbona,
para responder a las cuatro preguntas formuladas por el señor Hernando
Fraile, dado que las dos últimas preguntas, de los señores Peralta y
García Fonseca, se ha solicitado a esta Presidencia que se trasladen a la
próxima reunión de la Comisión. Por tanto, es un tema monográfico sobre
el que la señora Narbona tendrá que contestar a las preguntas del señor
Hernando Fraile, quien tiene la palabra.




El señor HERNANDO FRAILE: Como conocerá la señora Narbona, seguramente
porque habrá tenido a bien informarse adecuadamente sobre este asunto, el
tema de los aceites que se producen como residuos derivados de la
utilización en motores, ya sea en vehículos, ya sea en transformadores,
se ha venido tratando en el Parlamento en diversas ocasiones; durante la
anterior legislatura en el Senado y también se hicieron algunas
iniciativas aquí, en el Congreso. Por tanto, éste es un tema sobre el que
en otras ocasiones hemos tenido oportunidad de exponer nuestros criterios
y de conocer cuáles eran los criterios y actuaciones de la Secretaría de
Estado de Medio Ambiente. Pero lo que nos ha movido esta vez a realizar
determinadas preguntas y a solicitar hoy su comparecencia para que
conteste a las mismas es precisamente que, ante muchas de las cosas que
se plantearon en la última comparecencia que tuvimos la oportunidad de
tener en el Senado con el Secretario de Estado, señor Albero (por cierto,
recientemente dimitido Ministro de Agricultura), se hicieron una serie de
afirmaciones por su parte sobre las posibilidades de funcionamiento y de
mejora de la situación por la que en esos momentos atravesaban los
aceites usados en España.

Como ustedes saben, España consume unas 400.000 toneladas de aceites, que
producen unos residuos de aproximadamente 280.000 toneladas. En 1982
había tres empresas que se dedicaban al reciclaje de este tipo de
aceites, las empresas Olivol, Ludesa y Ulibarri, que venían a reciclar,
aproximadamente, unas 50.000 toneladas. Con el paso del tiempo las dos
primeras, Olivol y Ludesa, la última en 1989, cerraron y la empresa
Ulibarri siguió desarrollando una actividad de reciclaje muy inferior a
la que se realizaba en el año 1982, que en los mejores años de producción
llegó incluso hasta 28.000 toneladas de aceite reciclado. Paralelamente,
en 1991, otra empresa llamada Petrolev se instalaba en Valencia y,
animada por las promesas de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y
por lo contemplado en el Programa VIII del Plan Nacional de Residuos
Industriales de previsibles dotaciones económicas para este tipo de
tratamiento, realizó --como decía-- una importante inversión que hacía
que España tuviera una capacidad de reciclaje de 35.000 toneladas. En
1992 --como decía con anterioridad--, nuestro Grupo planteaba el problema
de subsistencia de estas dos empresas. Hablábamos ya de que en aquel
momento Ulibarri había suspendido pagos y las medidas que se adoptaron no
sirvieron absolutamente para nada. Lo que es cierto es que en 1994 nos
encontramos con que Ulibarri está cerrada, que el reciclaje en el año
1993 fue muy escaso y que Petrolev, igualmente, mantuvo una escasa
actividad. Ello supone que durante 1993 no se reciclaran más allá de
5.000 ó 6.000 toneladas, lo cual es un paso decididamente hacia atrás en
la resolución de este problema; problema que ustedes, en su Plan Nacional
de Residuos Industriales, anunciaban que iba a ser solucionado y en el
que se establecían, además, unas previsiones ambiciosas, intentando
conseguir que fueran 96.000 las toneladas que se reciclaran al final del
Plan, es decir, en 1993, año en el que --como hemos dicho-- la cantidad
realmente reciclada ha sido mínima.

Por otra parte, las soluciones que se aportaban en aquel momento ante la
reducción de subvenciones, como era el establecimiento de una tasa o un
canon sobre los productores, tampoco hemos sabido que se hayan puesto en
marcha y, sin embargo, la doble imposición sobre el producto final ha
continuado gravando este proceso de reciclaje. Desde la propia Secretaría
de Estado se ha venido impulsando, con el sistema de subvenciones, otro
procedimiento de eliminación de estos residuos, el de la incineración,
que plantea serios inconvenientes y que, como usted sabe, ha sido puesto
en entredicho por la propia Agencia de Medio Ambiente alemana, por las
graves consecuencias que la incineración de estos aceites puede causar en
la salud humana. Usted sabe que, a pesar de que se han establecido en
numerosas comunidades autónomas centros de transferencia, en estos
centros no se realiza ningún tipo de pretratamiento y al igual que entran
a estos centros, que no son más que auténticos depósitos, salen al día
siguiente por la tubería con destino a cementeras e incluso a
instalaciones donde, con menor potencial calorífico, son incineradas y
siguen arrojando emisiones tóxicas con altos contenidos en PCB y PCT. Es
por eso por lo que queríamos preguntar a la señora Secretaria de Estado,
la señora Narbona, las razones que han motivado el fracaso del programa
P-8 en el plan nacional de residuos industriales, referente al tema de
los aceites usados. Y también nos gustaría que nos señalara por qué, en
1993, el Gobierno, según nuestras noticias, no elaboró la orden
ministerial reguladora de las subvenciones para la gestión de los aceites
usados, que era algo que se venía realizando hasta 1992; qué medidas
piensa el Gobierno adoptar para acabar con el vertido incontrolado de los
aceites usados, que todavía se viene realizando en gran manera, y cuáles
son las prioridades del Gobierno respecto al destino de los aceites
usados en el próximo Plan Nacional de Residuos Industriales, que ustedes
llevan bastante tiempo anunciando a esta Cámara que va a ser presentado y
del que sabemos que hay un anteproyecto en discusión, pero no sabemos
nada más.




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El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Secretaria de Estado,
para contestar a las preguntas.




La señora SECRETARIA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA (Narbona
Ruiz): He repartido a SS. SS. alguna documentación sobre los temas que me
formula el Diputado señor Hernando Fraile y voy a basarme en esas notas
para ampliar alguna información relativa a cuestiones puntuales, que ha
añadido en su presentación de las preguntas.

Por supuesto, dado que las cuatro preguntas tienen, todas, una enorme
relación entre sí, creo que lo lógico es hacer un repaso en el que,
básicamente, creo que coincidimos en cuanto a las cifras que definen la
problemática de los aceites usados en España. En estos momentos se estima
que se comercializan alrededor de 500.000 ó 510.000 toneladas año de
aceites lubricantes, de las cuales se transforma en aceites usados
aproximadamente la mitad. Esa es la estimación que sitúa, por tanto, en
unas 250.000 toneladas año el volumen de aceites usados.

La capacidad de recogida potencial de los aceites, que es, por supuesto,
el primer paso para que los aceites puedan ser tratados con los distintos
métodos que existen, ha aumentado de manera muy sensible durante los
últimos años. La cifra en 1988 en cuanto a capacidad de recogida
--insisto en que no estoy hablando en estos momentos de tratamiento, sino
de recogida-- estaba situada en torno a unas 30.000 ó 40.000 toneladas y
esa capacidad en estos momentos es de 135.000 toneladas año.

Evidentemente, esto no significa que este aumento de capacidad de
recogida por sí misma suponga una mejora en cuanto al destino final, pero
significa el primer paso para que el tratamiento que se dé a los aceites
usados pueda ser efectivamente controlado. Cuando no hay capacidad de
recogida, ni siquiera podemos saber qué es lo que sucede con el aceite.

Esto quiere decir que, por supuesto, en 1988, cuando se diseñaba el plan
nacional de residuos industriales, la situación era infinitamente peor
que ahora, dado que las comunidades autónomas han ido ya desarrollando en
el ámbito de sus responsabilidades centros de transferencia y empresas
gestoras para el tratamiento de los aceites.

Por lo que se refiere a las distintas órdenes que han regulado las
subvenciones a lo largo de estos años --y las he acompañado como uno de
los anexos para que tengan SS. SS. la información--, y remontándonos a
1960, es entonces cuando se autoriza por el Gobierno a la empresa
Ulibarri la gestión de aceites usados. Estamos en ese momento en una
situación de monopolio en el sector de los hidrocarburos y se hace viable
la actividad de Ulibarri precisamente mediante la fórmula de la fijación,
por vía administrativa, de los precios de los aceites y mediante
determinados acuerdos con Campsa. Esto es lo que hace que esta empresa
pueda mantener una actividad que, como señalaba el señor Diputado,
incluso llegó a situarse en el entorno del tratamiento de las 40.000 ó
50.000 toneladas año.

A partir de la entrada en la Comunidad Económica Europea, se inicia el
proceso de liberalización plena de nuestros mercados, que afecta, por
supuesto, a los mercados de lubricantes y que se traduce en una caída
notable de los precios hasta niveles que no hacen rentable la
recuperación del aceite usado para su regeneración o su reutilización.

Además, en 1988 se eliminan las diferencias fiscales existentes en ese
momento que discriminaban entre aceites nuevos y aceites usados. Esto
hace que desde 1988, desde el Gobierno, desde la Administración central,
comiencen a instrumentarse medidas de subvención, incluso antes de
aprobarse el Plan Nacional de Residuos Tóxicos y Peligrosos. A partir de
1989 y dentro de lo que el propio Plan Nacional establecía, comienzan a
regularse, mediante las órdenes de subvención que les acompaño, recursos
que se destinan precisamente a las empresas que trabajan en este sector.

Yo les rogaría a SS. SS. que vieran el anexo número 2, porque creo que es
importante llamar la atención sobre algunos temas. En el anexo número 2
se tienen recogidas, en primer lugar, las empresas que fueron
destinatarias en cada año de las subvenciones del Ministerio, en ese
momento de Obras Públicas y Urbanismo, que van afectando a unas
cantidades crecientes de aceites tratados y que en ningún año alcanzan la
cifra que el Plan Nacional de Residuos Industriales había estimado como
necesaria para que pudiera viabilizarse la regeneración de un porcentaje
significativo de aceites, que estaba en torno a los 960 millones de
pesetas anuales. Ningún año recogió en los Presupuestos Generales del
Estado cifras superiores a las que ustedes pueden ver aquí: 699 millones
en el año 1989, 500 el año siguiente, 270 en el año 1991 y 317 en el año
1992.

Esta es una primera cuestión que ahora comentaré, y una segunda cuestión
es que se ha señalado por parte del Diputado un impulso específico a la
incineración. Si ustedes ven, a partir de 1990 queda bien claro que las
subvenciones unitarias son distintas si el destino es la incineración o
la regeneración. La incineración, evidentemente, comporta una subvención
más baja, como indicador claro de que desde ese momento, y mucho más en
las circunstancias actuales de revisión del Plan, se entiende que es la
regeneración del aceite el destino prioritario que debe darse a este
residuo de carácter tóxico y peligroso. Por tanto, aquí tienen recogidas
las operaciones que se han hecho, incluso con detalle en cuanto a centros
de transferencia o las distintas plantas de tratamiento.

El Plan Nacional de Residuos Industriales es un programa que no ha tenido
los resultados deseados, no solamente en lo que se refiere al programa de
aceites usados; es un plan que se ha venido desarrollando en los años
pasados en unas circunstancias de escasísima integración con la actividad
llevada a cabo en el ámbito de sus propias competencias --plenas en
materia medioambiental-- por las Comunidades Autónomas, y ésta es una de
las principales razones de los resultados insatisfactorios del Plan
Nacional de Residuos Industriales, y ésta es la razón por la cual en
estos momentos todo nuestro esfuerzo se encuentra concentrado en la
negociación con las Comunidades Autónomas, a las cuales podremos, en la
próxima Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, plantear un avance del
nuevo plan que parta de los planes, de los programas y de las actuaciones
que las propias Comunidades Autónomas ya han desarrollado no sólo en
materia de aceites usados,



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sino también, por supuesto, en el resto de los temas que se refieren a
los residuos.

Por tanto, en cuanto a las razones por las que en 1993 se interrumpe la
publicación de órdenes de subvención, la razón principal es la de que se
aprecia que no es ésa la forma más eficaz de hacer frente al problema del
tratamiento de los residuos en esta materia en cuanto a los aceites
usados, y ello porque la propia experiencia en el ámbito de la Comunidad
Europea está señalando que los sistemas de gestión de residuos deben
apoyarse en la responsabilidad de los productores de residuos y, por
tanto, a principios de 1993, la entonces Secretaría de Políticas de las
Aguas y del Medio Ambiente se plantea el diseño de soluciones diversas a
las de la publicación de una orden que, independientemente de su eficacia
directa, no estaba dando una cobertura adecuada al desarrollo que ya se
estaba realizando con carácter general en todo el territorio de esta
actividad. Las soluciones en las que se trabaja durante la primera mitad
de 1993, y que entiendo que son también a las que alude en cuanto a
preguntas formuladas a mi antecesor en el cargo, preveían una nueva
regulación, que debe hacerse con rango de ley, que responsabilice a los
productores e importadores de aceites respecto a la posterior gestión del
mismo y respecto de los eventuales daños causados al medio ambiente en el
caso de que el tratamiento no sea adecuado.

Esa nueva regulación no es incompatible, sino más bien debe de apoyarse
en lo que en otros países está dando resultados satisfactorios, que son
los acuerdos voluntarios desde el sector industrial, acuerdo voluntario
entre las propias empresas productoras e importadoras de aceite para
asumir el coste de la recogida y reutilización de aceites.

Antes de las pasadas elecciones de junio de 1993 estuvo a punto de
alcanzarse un acuerdo desde la Secretaría de Estado de Políticas de las
Aguas y Medio Ambiente con las Asociaciones de ASELUBE y AYGID, a través
de unas conversaciones que se interrumpieron porque los empresarios al
final decidieron no asumir el compromiso, al margen de una normativa que
les obligara por la vía de la responsabilidad. Por tanto, se interrumpió
ese camino, el camino del acuerdo voluntario a nivel estatal, y en la
actual legislatura se ha vuelto a retomar la elaboración del proyecto de
ley que fije claramente la responsabilidad de los productores en esta
materia.

Como digo, la carencia de esta norma, que consideramos una de las
prioridades en la presente legislatura, no impide que en algunas
comunidades autónomas se estén realizando actuaciones muy satisfactorias
en esta materia, y citaré solamente el caso de Andalucía, que
recientemente ha sido la primera comunidad autónoma que ha alcanzado un
acuerdo con el sector productor e importador de aceites mediante la
fórmula de los ecobonos, por la cual las empresas productoras e
importadoras lo que hacen es cubrir el coste de la recogida y del
tratamiento de los aceites que realiza la empresa pública en masa de la
Junta de Andalucía. Ese es un paso adelante de una enorme trascendencia,
que vamos a intentar que se generalice en el conjunto del Estado español,
pero que entendemos que será, por supuesto, más fácil de generalizar en
la medida en que exista una norma que fije claramente la responsabilidad
de productores e importadores, como existe también en otros países.

Por tanto, en esta legislatura tenemos en marcha, por una parte, la
revisión del Plan Nacional, no solamente en lo que se refiere a los
aceites usados, sino al resto del mismo, y, por otra parte, la
elaboración del proyecto de ley que fije esa responsabilidad, además
negociaciones de nuevo en curso para intentar soportar con un acuerdo de
carácter voluntario, que quedaría adscrito ya con posterioridad a la
obligatoriedad de una ley, pero que puede introducirse con carácter
previo, como se ha dado en el caso de Andalucía, con las empresas de este
sector.

En cuanto a una de las preguntas específicas que me hacía de cuáles
serían las prioridades dentro del Plan Nacional de Residuos en el que
estamos trabajando, las conversaciones que ya hemos mantenido con las
comunidades autónomas nos sitúan a las Administraciones, tanto central
como autonómicas, en la misma línea de priorizar en el conjunto del Plan
Nacional lo que supone la reducción en origen de la producción de
residuos, lo que se denomina minimización de los residuos, y ello también
afecta al propio volumen de los aceites usados que se generen mediante el
fomento de tecnologías que, por ejemplo, permitan el alargamiento de la
vida útil de los aceites nuevos, o que reduzcan la utilización de los
aceites en la automoción o en otros ámbitos industriales.

Por tanto, en primer lugar, y como prioridad clara, suficientemente
consensuada ya con las comunidades autónomas, en esta y en otras materias
de residuos, reducción del volumen de residuo que se genera y, como
utilización preferente para el residuo que se genera, la regeneración del
aceite usado en condiciones medioambientales que sean las adecuadas.

Quiero decir aquí que las tareas de información a los usuarios y a los
productores del producto en su estadio inicial y en lo que es ya el
residuo y las tareas sobre todo de inspección, control y sanción
correspondiente a las comunidades autónomas y es de una enorme
importancia que se cumplan con eficacia, porque sólo desde la competencia
en materia de control, inspección y sanción se puede evitar el vertido
incontrolado que en estos momentos se produce en cantidades todavía muy
elevadas; se estima que casi 80.000 toneladas, de las 135.000 que se
recogen, van incluso a usos no deseables, como es la utilización en
calderas de calefacciones, y que, por tanto, no está sometiéndose el
tráfico de estos aceites usados a las necesarias medidas de control y de
inspección que corresponden a las comunidades autónomas.

En cuanto a un tema que no se ha tratado y sobre el cual existe también
documentación al final del dossier que les entrego, que se refiere al
programa Marpol, ésta sí que es una actuación donde creo que se ha
avanzado de una manera sustancial; nos referimos a los aceites usados que
se generan en el tráfico marítimo y que España ratificó en su momento el
Convenio Marpol y hace escasamente un mes o mes y medio el Consejo de
Ministros aprobó un Decreto, que les acompaño, sobre el programa de
instalaciones de Marpol que pretende ser un plan que cubra la totalidad
de los puertos españoles y que permita que la obligación que



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hoy día, por la Ley de Puertos de 1992, tienen los buques de entregar los
aceites usados a instalaciones adecuadas, pueda realizarse con mayor
eficacia que en estos momentos. Actualmente hay treinta y nueve
instalaciones que corresponden al programa Marpol y este programa prevé
que durante los próximos cuatro años se alcance una cifra algo superior a
las 130 instalaciones. Con ello se pone en marcha un plan ambicioso que
llevaría a poder tratar de manera adecuada todo el aceite usado que se
genera en el tráfico marítimo y que, por tanto, en el caso de no tener un
destino suficientemente controlado, podría contaminar gravemente nuestras
costas.

Por tanto, por lo que se refiere al programa Marpol, es un programa en
marcha, que además está siendo estudiado por la Comunidad Europea en el
ámbito de los fondos de cohesión para llegar a financiar el 85 por ciento
de la inversión total, que alcanza una cifra algo superior a los 9.000
millones de pesetas y que está ya consensuada con todas las comunidades
autónomas que tienen en estos momentos en su litoral puertos en los
cuales ya hay o habrá instalaciones de Marpol.

Por lo que se refiere a información complementaria que acompaño en el
anexo III del dossier, tienen ustedes las infraestructuras entre los
centros de transferencia actuales y las plantas de regeneración y
tratamiento de aceites usados.

Quiero añadir también, señoría, que, por lo que se refiere a la empresa
Ulibarri, los problemas que esta empresa tuvo en su momento no están
derivados exclusivamente de la falta de subvenciones por parte del
Ministerio. Hay que tener en cuenta que ésta es una empresa que nació en
un contexto de monopolio y después, evidentemente, se fue adaptando a una
situación muy distinta, pero que tuvo graves problemas económicos que la
llevaron a la suspensión de pagos y que también tuvo problemas por estar
almacenando un volumen de residuos, de PCB importante, que hizo que se
pidiera el cierre de las instalaciones por parte del ayuntamiento donde
está ubicada su planta. Puedo decirle que las circunstancias de la
empresa Ulibarri, afortunadamente, han mejorado sustancialmente, han
aparecido nuevos socios dispuestos a reflotar la empresa y en estos
momentos la Agencia de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Madrid
le ha concedido ya el título de gestor autorizado y también el título que
le permitirá regenerar aceite y tratarlo, por tanto, de la manera
medioambiental más adecuada posible.

Hay, además, plantas en proyecto de bastante envergadura en Cataluña, en
Aragón y en Andalucía. Por tanto, por lo que se refiere a las
infraestructuras, tanto en centros de transferencia como en instalaciones
en las que se pueda proceder a la regeneración, no solamente, por tanto,
a la incineración, estamos indudablemente en mejores condiciones que hace
unos años; desde luego, no por mérito de normas estatales que deberían
haberse desarrollado y no se han desarrollado y en las que estamos
trabajando.

Por tanto, en este sentido nuestro compromiso inmediato es el de cerrar
el anteproyecto de ley que deberá regular con nitidez las
responsabilidades en esta materia y, al mismo tiempo, cerrar también un
acuerdo con carácter general en todo el territorio que parte de la base
de ese compromiso asumido por los industriales, fórmula que en Europa se
está demostrando la más ágil, puesto que en un país como Francia, donde
se optó por la tasa, en estos momentos se está replanteando la validez de
esa fórmula y se está yendo a la fórmula del acuerdo voluntario con los
industriales. La tasa tiene toda una serie de problemas de rigidez en su
gestión y de complicación en el caso de un país con fuerte
descentralización como es el nuestro en materia de gestión
medioambiental.

Sólo terminar diciéndole, señoría, que Alemania incinera la mitad del
aceite usado que recoge. Naturalmente, bajo las condiciones que una
normativa muy estricta le impone, pero en estos momentos regenera el 53
por ciento exactamente y el resto se incinera. Por tanto, la
incineración, que, por supuesto, es un tratamiento discutible y que
debería reducirse al máximo, no es en absoluto una prerrogativa del
escenario español. Y si en estos momentos tenemos una capacidad de
recogida calculada en torno a las 135.000 toneladas/año, tenga en cuenta
que un país como Francia estaba el año pasado --las últimas cifras que
tenemos-- en una capacidad de recogida de 170.000 toneladas/año. Por
tanto, son cifras que indican que, aunque por supuesto, nos queda mucho
por hacer, yo insistiría en la importancia de la norma básica estatal, de
la corresponsabilidad del sector industrial y el control y la gestión
directa de las propias comunidades autónomas.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Hernando Fraile.




El señor HERNANDO FRAILE: Agradecer los datos que nos ha aportado la
señora Secretaria de Estado. Lamentar que hoy, exactamente, dos años
después, venga usted a decirnos prácticamente lo mismo que nos dijo el
señor Albero. La única diferencia es que ya tienen claro que el acuerdo
con los productores parece ser que no va a consistir en un canon o en una
tasa, pero que éste es el sistema que se va a emplear.

Nosotros no hemos defendido en ningún momento el tema de las
subvenciones. Lo que sí hemos dicho es que ustedes establecieron un plan
que marcaba unas subvenciones y, por tanto, crearon unas expectativas en
un sector industrial que luego, por incumplimiento presupuestario, de
alguna forma ha caído en la situación en la que está.

Indudablemente habrá habido los problemas de gestión que hayan existido.

En eso no voy a entrar. En lo que sí voy a entrar es en que ustedes
también tienen algo de responsabilidad en que en estos momentos estemos
hablando de reciclaje y mientras que Alemania, país al que usted ha hecho
referencia, esté reciclando, según los datos de la Comisión Europea de
Regeneración, un 53 por ciento del total de lo recogido, en España no
lleguemos ni al 4 por ciento. A mí eso me parece que es algo bastante
serio y grave. No ha hecho referencia a otros países, pero en Bélgica
también se está en el 46 por ciento, en Inglaterra en el 32 y en Italia
en el 24 por ciento. Sin embargo, usted sabe --así lo pone en el nuevo
anteproyecto del Plan Nacional



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de Residuos Industriales-- que ustedes establecieron como prioridad el
reciclaje.

Es evidente que no vamos por muy buen camino, aunque usted se alegra, y
yo también, de que existan posibilidades de que se implante una planta en
Cataluña, que sabemos que está muy avanzada, o que existan perspectivas
de que se instalen en las comunidades autónomas, porque no hay
posibilidad de que haya reciclaje, ya que no es rentable, según usted ha
dicho muy bien. Además, el sistema que se establece de incineración es
mucho más barato y sencillo y la diferencia que se sigue concediendo como
pago por kilo retirado en los centros de transferencia hace que
precisamente éste sea el sistema más barato y más utilizado.

Hablaba usted de que el control es responsabilidad de las comunidades
autónomas, pero yo le quiero decir que también existe de alguna forma una
responsabilidad importante del propio Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente cuando nos referimos al tema de los PCB y
PCT, ya que, como usted sabe, en España no existe ninguna planta de
tratamiento de estos elementos y, por tanto, deberían ser enviados a
otros países para su tratamiento. Este tipo de residuos se ha enviado
tradicionalmente a Francia. Por tanto, estamos hablando de un problema
que no atañe a las comunidades autónomas, sino que hay paso de estos
productos a través de distintas comunidades autónomas o de distintos
países y, por consiguiente, el control de los mismos está en el
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente o, cuando
menos, en las patrullas verdes que tan alegremente nos anunciaron ustedes
que iban a servir, a través de la Guardia Civil, para el control de este
tipo de asuntos.

No sabemos qué número de toneladas de PCB y PCT se han llevado a otros
países para su incineración o transformación y eso nos hace prever que
existe un grave problema de control por su parte y que siguen sin saber
qué se está haciendo con estos residuos, y siguen sin saberlo porque
siguen quemándose e incinerándose de forma incontrolada, a pesar de haber
pasado por esos centros de transferencia que, como le decía
anteriormente, no son más que centros de almacenaje en los que no se da
ningún pretratamiento a los combustibles antes de ser incinerados, con lo
cual pocas cosas estamos consiguiendo.

No hay separación de aceites. Usted sabe que no es lo mismo un aceite
transformador que un aceite mineral o que un aceite sintético, y eso es
algo que tiene que tener su diferenciación. Cuando ustedes plantean el
pacto con los productores, supongo que esto lo tendrán que tener en
cuenta, porque no es lo mismo reciclar ni incinerar un tipo de aceite que
otro.

Deseo que usted nos presente pronto ese plan nacional y que pronto
lleguen no sólo a acuerdos con los productores, sino también con las
comunidades autónomas. Porque no puede ser que, por establecer las
responsabilidades únicamente en las comunidades autónomas, vaya a suceder
que los aceites de Castilla-La Mancha no pueden ser reciclados porque no
existe planta en Castilla-La Mancha o que los aceites de Castilla y León
--son dos comunidades de gobiernos distintos; estoy poniendo un ejemplo--
no puedan ser tratados o puedan ser transferidos a otras comunidades
autónomas porque en dichas comunidades no existen estas plantas. Yo creo
que ahí tienen ustedes que intervenir de una forma directa y llegar a un
acuerdo con todas las comunidades autónomas, tanto en las plantas de
reciclaje de aceites como en otras plantas de tratamiento de residuos de
otro tipo, si no no habremos avanzado nada, no pueden crearse --y no es
rentable ni es factible-- diecisiete plantas de tratamientos de aceites
usados porque no es rentable y porque es absolutamente descabellado. Pero
sí conviene crear unos centros de reciclaje que puedan dar soluciones al
aceite producido en todas las comunidades autónomas, independientemente
de que éste se venda o se cambie en cualquier otra comunidad autónoma.

Termino diciendo que nuestro interés está en que se llegue a acuerdos
prontos y urgentes, que éste es un tema ciertamente grave, que se están
haciendo auténticas barbaridades y que no se trata sólo de que se queme
en yeseras o cementeras, que tienen un poder calórico bastante elevado y,
por lo tanto, podrían eliminar de alguna forma o provocar emisiones menos
contaminantes, sino que el grave problema es que se está quemando en
todos los sitios. Usted ha hecho referencia a las calefacciones, y no hay
más que darse una vuelta las tardes de invierno por algunas ciudades o
pueblos de España para darse cuenta que, desgraciadamente, a pesar del
tiempo transcurrido, éste sigue siendo un grave problema



El señor --PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Narbona.




La señora SECRETARIA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA (Narbona
Ruiz): No he eludido en ningún momento en mi contestación a sus preguntas
la responsabilidad que corresponde a esta Secretaría de Estado y que en
la distribución actual de competencias se sitúa, fundamentalmente, en la
elaboración de normas básicas que tengan validez para el conjunto del
territorio y no en la gestión directa en ninguna materia medioambiental.

Por tanto, quiero que quede claro que, como he señalado antes, nuestra
prioridad es llevar a cabo ese anteproyecto de ley. Y si, efectivamente,
se está quemando sin control, ahí no es que yo no quiera asumir mis
responsabilidades, es que en esos casos la responsabilidad está en los
cuerpos de inspección de las comunidades autónomas. Igual que nosotros
hemos tenido dificultades en los presupuestos generales del Estado en
tener partidas consistentes para destinar a temas medioambientales,
cualquier comunidad autónoma, incluso las que usted ha señalado y conoce
bien, tienen grandes dificultades para tener la dotación de recursos
humanos y materiales que le permita hacer la inspección, y la inspección
es competencia, en ese caso, de los gobiernos regionales.

Por lo que se refiere a tráfico de PCB o de cualquier otro residuo tóxico
peligroso, hay parte de ese tráfico que se nos escapa, porque se están
realizando transferencias, no sometidas a control, donde se están
burlando, efectivamente, controles tanto de las comunidades autónomas
como nuestros. Es cierto que de esos países que reciclan



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tanto y que son mucho más ecológicos que nosotros en las normas, también
nos llegan de vez en cuando basuras tóxicas que tenemos la obligación de
denunciar. Cuando esto sucede, está indicando que no es tan fácil dividir
Europa entre países ambientalmente perfectos y los que estamos más
retrasados --y esto sin dejar de reconocer que lo estamos-- en la normas,
en los comportamientos y en la responsabilidad de los distintos sectores
industriales.

Sólo me queda reiterar que toda la responsabilidad que recae sobre la
Secretaría de Estado es evidente en lo que se refiere a una norma básica
estatal y, por supuesto, en el ámbito del plan en el que por primera vez
estamos negociando ahora con las comunidades autónomas en esta materia,
se alcanzarán los acuerdos que permitan garantizar, para la totalidad del
territorio, no sólo este tema, sino todo lo que se refiere a residuos.

Tengo que congratularme de que algunas comunidades autónomas, en materia
de reciclaje, en estos momentos tienen proyectos de gran envergadura,
como es el caso de Aragón, donde está proyectada una planta que podría
tratar 25.000 toneladas/año, cuando Aragón sólo necesitaría tratar del
orden de 7.000 toneladas/año. Por tanto, es cierto que hay un proceso,
desde luego más avanzado que el que había hace algunos años; que el
mérito de ese avance es, sobre todo, el de la gestión realizada por
algunas comunidades autónomas y que, en estos momentos, tenemos que
integrar esos esfuerzos para que el territorio en su conjunto se vea
dotado de normas que sean eficaces. Ese es nuestro compromiso y el reto
en el que estamos trabajando.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Secretaria de Estado.

Con esto hemos terminado los puntos del orden del día previstos para hoy.

Se levanta la sesión.




Eran las seis y cinco minutos de la tarde.




CORRECCION DE ERROR.--En el «Diario de Sesiones» n.º 158, de 6 de abril
último, página 5.040, décimo párrafo de la primera columna, debido a un
error de imprenta aparece la cifra de 31 votos a favor de la enmienda n.º
85 del Grupo Popular al artículo 6, habiendo sido en realidad sólo 11.