Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 189, de 04/05/1994
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1994 V Legislatura Núm. 189
EDUCACION Y CULTURA
PRESIDENTE: DON JOSE LUIS MARTINEZ BLASCO
Sesión núm. 15
celebrada el miércoles, 4 de mayo de 1994
ORDEN DEL DIA:
--Comparecencia del señor Ministro de Educación y Ciencia (Suárez
Pertierra), para informar sobre el programa de formación profesional de
su Departamento. A petición propia. (Número de expediente 214/000044)
(Página 5874)
Preguntas:
--Del señor Ollero Tassara (Grupo Parlamentario Popular), sobre medidas
para superar los obstáculos que paralizan la nonata Universidad
Euroárabe. (BOCG, serie D, número 57. Número de expediente 181/000483)
(Página 5891)
--Del mismo señor Diputado, sobre inversión para impulsar el proyecto de
Universidad Euroárabe. (BOCG, serie D, número 57. Número de expediente
181/000484) (Página 5893)
--Del señor Gómez-Alba Ruiz (Grupo Parlamentario Popular), sobre nivel de
información de que disponía el Ministerio de Cultura sobre los sistemas
de seguridad del Teatro del Liceo de Barcelona. (BOCG, serie D, número
57. Número de expediente 181/000491) (Página 5895)
--Del mismo señor Diputado, sobre aportación prevista por el Ministerio
de Cultura para la reconstrucción del Teatro del Liceo de Barcelona.
(BOCG, serie D, número 57. Número de expediente 181/000492) (Página 5898)
--Del señor Gil Lázaro (Grupo Parlamentario Popular), sobre razones por
las que, para la inscripción de obra literaria en el Registro ISBN, aún
no figura la casilla correspondiente a la lengua valenciana. (BOCG, serie
D, número 61. Número de expediente 181/000535) (Página 5899)
--Del mismo señor Diputado, sobre intenciones del Gobierno acerca de
permitir que en la Carta Europea de lenguas regionales y minoritarias no
se respeten los derechos sustantivos de la lengua valenciana, conforme a
lo establecido en el ordenamiento vigente. (BOCG, serie D, número 61.
Número de expediente 181/000536) (Página 5901)
--Del señor López Garrido (Grupo Parlamentario Federal IU-IC), sobre
estado de ejecución de las obras de remodelación del Teatro Real de
Madrid. (BOCG, serie D, número 46. Número de expediente 181/000313)
(Página 5903)
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
--COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez
Pertierra) PARA INFORMAR SOBRE EL PROGRAMA DE FORMACION PROFESIONAL DE SU
DEPARTAMENTO. A PETICION PROPIA. (Número de expediente 214/000044.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, comenzamos la sesión correspondiente al
día de hoy, que tiene dos partes. En primer lugar, la celebración de la
comparecencia del Ministro de Educación y Ciencia y, en segundo lugar, la
contestación de diferentes preguntas correspondientes a temas de
educación o de cultura.
Para el primer punto, comparecencia del Ministro de Educación y Ciencia
para informar sobre el programa de formación profesional de su
Departamento, tiene la palabra el señor Ministro de Educación y Ciencia.
El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra): Muchas
gracias, señor Presidente.
Con motivo de la presentación y aprobación de la LOGSE, el Gobierno
resaltó, en sus diversas manifestaciones sobre el alcance y el
significado de la ley, el papel capital que correspondía desempeñar a la
reforma de la formación profesional respecto del conjunto de la reforma
del sistema educativo. Es más, esta reforma constituye, junto a la
extensión de la escolarización obligatoria hasta los 16 años y la
renovación de los contenidos pedagógicos para alcanzar una mayor calidad
de la enseñanza, uno de los objetivos prioritarios, sin duda, de la ley.
En efecto, la reforma de la formación profesional constituye una pieza
decisiva del nuevo sistema educativo diseñado por la LOGSE en una serie
de cuestiones clave, que en mi criterio son las siguientes: En primer
lugar, la configuración de la nueva educación secundaria obligatoria y de
los nuevos bachilleratos que incorporan en sus respectivos currículos la
denominada formación profesional de base, que a partir de la LOGSE deben
cursar obligatoriamente todos los alumnos y no sólo los que se orienten
hacia la formación profesional específica.
En segundo lugar, otra de las claves es la renovación de los contenidos
formativos de la propia formación profesional, superando el enfoque
academicista y alejado del mundo productivo, atendiendo las demandas de
cualificación de los diferentes sectores e involucrando en su diseño a
los agentes sociales.
En tercer lugar, la configuración de una red de centros integrada en la
que coexistan las ofertas formativas del tronco común y las de formación
profesional específica, rompiendo de esta forma la actual doble vía
constituida por institutos de bachillerato e institutos de formación
profesional.
En cuarto lugar, hacer compatible un grado de exigencia mínimo en el
nivel de enseñanzas profesionales con la atención necesaria al abandono
de los estudios, a través de la organización de programas de garantía
social.
En quinto lugar, la incorporación y desarrollo en el sistema educativo
del espacio académico profesional existente entre las enseñanzas
secundarias y las universitarias mediante la formación profesional de
grado superior, espacio cubierto por diversas ofertas formativas en todos
los países desarrollados de nuestro entorno y que en nuestro país fue
meramente postulado por la Ley General de Educación, la llamada formación
profesional 3, pero que nunca fue desarrollada.
En sexto y último lugar, el establecimiento, con carácter obligatorio y
dentro del currículo de las enseñanzas de formación profesional
específica, de una fase de formación práctica en los centros de trabajo.
Pero aún más importante, si cabe, que el papel estructurador de los
estudios de formación profesional en el conjunto de la reforma es su
vinculación, esta vez de la mano de la formación profesional ocupacional,
a una de las reformas estructurales pendientes más necesarias en la
actualidad para nuestro país debido a su inequívoca relación con el
empleo.
A este respecto debe señalarse, como a nadie se le oculta, que la
formación profesional o su reforma por sí misma no genera propiamente
empleo. El empleo sólo es creado por el aparato productivo, es decir, los
propios sectores productivos y de servicios.
No obstante, la formación profesional como instrumento que adapta y
flexibiliza la relación entre la oferta y la demanda de empleo
constituye, sin duda, el factor más adecuado para hacer compatibles los
nuevos requerimientos del empleo con las capacidades y competencias de
los recursos humanos. Dicho en otros términos, la formación profesional,
si se halla actualizada, aunque no genere empleo por sí misma, optimiza y
ajusta al máximo la relación oferta-demanda de empleo, tanto en términos
de acceso al mismo, como en términos del mantenimiento del empleo. De ahí
que la reforma de la formación profesional sea tan necesaria en épocas de
crisis económica, como en épocas de bonanza económica. Y de ahí también
el énfasis reiterado de todos los programas formativos europeos cuando
destacan la ya por nadie discutida relación entre la formación y el
empleo.
Esta dimensión capital de la nueva formación profesional, es decir, su
relación con el empleo, tiene como principales señas de identidad en mi
criterio las siguientes. En primer término, la elaboración de unas nuevas
enseñanzas que de verdad atiendan las demandas del sistema productivo. La
propia LOGSE ha tenido buen cuidado en establecer un mandato según el
cual en el diseño y planificación de la formación profesional específica
se fomentará la participación de los agentes sociales, de la misma manera
que la programación de los estudios deberá tener en cuenta el entorno
socioeconómico en que estos estudios hayan de producirse.
El proceso de elaboración de las nuevas enseñanzas, ciertamente complejo,
requiere una metodología inédita en nuestro país de la que quisiera
destacar dos aspectos: en primer lugar, que la definición de las
enseñanzas o contenidos formativos se produce con posterioridad a la
identificación, por parte de los agentes productivos, de las
cualificaciones y perfiles profesionales. Es decir, que las enseñanzas
sirven a los objetivos de cualificación, las destrezas y habilidades, que
previamente han identificado los expertos del correspondiente sector, con
lo que se supone que quienes cursen estas enseñanzas alcanzarán
capacidades y competencias profesionales con valor y significado en el
empleo. En segundo lugar, que se está prestando especial atención a la
caracterización polivalente de estas enseñanzas también, tal y como
establece la LOGSE, a fin de permitir a quienes las cursen una adaptación
a las modificaciones laborales que puedan producirse a lo largo de su
vida activa.
Asimismo, hay que tener presente que el catálogo de títulos profesionales
se está concibiendo como pieza de un edificio cuya columna vertebral es
el sistema nacional de cualificaciones. Este sistema nacional es, en
definitiva, quien debe inspirar las diferentes ofertas formativas de
enseñanzas profesionales, regladas o no, en combinación con el repertorio
de certificaciones profesionales, que debe acreditar competencias
profesionales adquiridas a través de la formación profesional ocupacional
o a través de la experiencia laboral. Esta tarea la está llevando a cabo
en estos momentos el Ministerio de Trabajo de acuerdo con uno de los
objetivos del Programa Nacional de Formación Profesional.
En conclusión, el engranaje de todas estas piezas posibilitará el
establecimiento de un sistema de correspondencias y convalidaciones entre
la formación profesional reglada, por un lado, y la formación profesional
ocupacional y la experiencia laboral, por otro, logrando la necesaria
coordinación entre ambos subsistemas, tal como señala la LOGSE.
Consecuentemente, se ordenará toda la oferta formativa correspondiente e
indirectamente contribuirá a clarificar las diferentes cualificaciones y
perfiles profesionales en el sistema productivo.
Estas actuaciones orientadas a renovar la oferta de las enseñanzas
profesionales serían incompletas si al mismo tiempo no se crea un
instrumento que garantice la actualización y renovación permanente de las
mismas, en función de la constante evaluación de las cualificaciones que
produce la innovación tecnológica.
Por acuerdo del Consejo de Ministros se creó recientemente una unidad
interministerial sobre las cualificaciones dirigida a este objetivo, así
como al anteriormente mencionado de conjugar el sistema nacional de
cualificaciones con el catálogo de títulos profesionales y con el
repertorio de certificaciones profesionales.
Un segundo rasgo de esta dimensión de la reforma de la formación
profesional se refiere a la necesaria adaptación que debe producirse
entre la oferta concreta de enseñanzas profesionales y las necesidades
reales de cualificación del entorno socioeconómico. En este sentido, y
por primera vez en su historia, el sistema educativo no está tomando
decisiones en la planificación a partir exclusivamente del parámetro de
las necesidades de escolarización de la población infantil. Los agentes
sociales, tal como también establece la LOGSE, están interviniendo
decisivamente en la planificación de la oferta de la formación
profesional. Las comisiones provinciales de formación profesional, de la
que forman parte como miembros de pleno derecho y que son las encargadas
de estudiar y analizar las demandas y necesidades de cualificaciones de
cada provincia, propondrán a la Administración educativa la oferta de
estudios más adecuada, teniendo en cuenta el entorno productivo real y
los planes de desarrollo económico locales.
En tercer lugar, y dada su indiscutible conexión con el empleo, la
formación profesional reglada no puede descuidar la atención a la
población adulta, ofreciendo a ésta oportunidades de recualificación
profesional, en el caso de la población con experiencia laboral o incluso
de acceso a cualificaciones, en el caso de la población demandante por
primera vez de empleo. Con ello, desaparece el carácter de formación
inicial dirigida exclusivamente a la población escolar, que ha estado
clásicamente asociado a la formación profesional reglada.
La estructura modular que define la nueva formación profesional
específica, así como las diferentes vías para
que acceda a ella la población adulta que lo desee convierten a la nueva
formación profesional, gestionada por las administraciones educativas, en
un instrumento importantísimo al servicio de la formación continua y de
la recualificación permanente de la población activa.
Finalmente, y por destacar sólo las principales características de la
formación profesional en su relación con el empleo, es necesario hacer
mención del sistema de orientación profesional asociado al nuevo modelo
de formación. Si la orientación psicoeducativa constituye el instrumento
imprescindible para afianzar la calidad de todo sistema educativo, la
orientación profesional es el soporte insustituible de los itinerarios de
inserción profesional, es decir, el mecanismo más eficaz para hacer
realidad la aproximación entre la formación y el empleo.
La orientación profesional como tarea pendiente del sistema educativo
pretende además coordinarse institucionalmente con los sistemas de
orientación profesional desarrollados por otras administraciones o
instituciones, principalmente por la administración laboral, a fin de
sumar esfuerzos y recursos y servir no sólo a la población escolar, sino
también a la población activa.
El desarrollo de estas dos dimensiones básicas de la reforma de la
formación profesional reglada: por una parte, sus relaciones con el
conjunto de la reforma del sistema educativo y, por otra, con el empleo,
se ha venido gestando desde la aprobación de la LOGSE y ha adquirido ya
un cierto grado de formalización. En efecto, a pesar de las dificultades
existentes, el objetivo permanente del Ministerio de Educación y Ciencia
ha sido la progresiva implantación de un sistema de formación
profesional.
El balance de la progresiva implantación de la nueva formación
profesional a que me he referido es, en síntesis, el siguiente. En la
actualidad se dispone ya de 48 títulos profesionales, de los cuales 25
son títulos de grado medio y 23 son títulos de grado superior; títulos
que corresponden a seis familias profesionales: químicas; hostelería y
turismo; edificación y obra civil; madera y mueble; textil, confección y
piel, y actividades marítimo-pesqueras.
Por otra parte, existen más de 350 centros --el 35 por ciento de la red
correspondiente al ámbito de gestión del Ministerio-- que están
impartiendo la formación profesional básica y en los que asimismo se han
puesto en funcionamiento más de 500 módulos profesionales experimentales
de nivel 2 y de nivel 3, equivalentes a ciclos formativos de grado medio
y de grado superior.
Simultáneamente a la anticipación ordinaria de la reforma, el
Departamento puso en marcha desde hace algún tiempo una anticipación
específica de módulos profesionales de nivel 3, dirigida fundamentalmente
a alumnos de COU. En la actualidad esta oferta asciende a unos 280
módulos, establecidos con carácter experimental.
Por lo que se refiere a los programas de garantía social, objetivo
específico de la LOGSE, el Ministerio de Educación y Ciencia ha
desarrollado dos modalidades de estos programas, la modalidad denominada
de iniciación profesional, que son programas de garantía social que se
realizan en los propios centros educativos y que cuenta con 140 grupos de
15 alumnos cada uno; y la modalidad formación-empleo, que son programas
que se realizan en colaboración con los ayuntamientos y que en su
dimensión laboral adquieren como marco jurídico el contrato-aprendizaje,
y que en el presente año alcanza una oferta de aproximadamente 2.000
plazas.
Señorías, no obstante este balance, los ritmos de la puesta en marcha de
la formación profesional no han podido ser siempre los deseados. Estos
ritmos estaban condicionados por la resolución de tareas específicas de
la propia reforma de la formación profesional. En efecto, parece claro
que el modelo de la nueva formación profesional requiere la existencia de
un número suficientemente amplio de nuevos títulos profesionales; es
decir, hay que ir completando el catálogo de títulos profesionales
previsto por la legalidad. También hay que elaborar, con un relativo
grado de definición, el nuevo mapa de oferta de enseñanzas profesionales,
a fin de que su implantación se corresponda con las necesidades reales de
cualificación de las diferentes zonas donde están ubicados los centros
educativos.
Debe existir, por otra parte, un número mínimo de profesores que haya
tenido la oportunidad de actualizar sus conocimientos para poder impartir
con suficiente calidad las nuevas enseñanzas profesionales. Hay que
establecer, además, un sistema desarrollado de orientación profesional,
con profesorado formado y cualificado en esta materia tan fundamental
para la formación profesional.
Finalmente, se debe crear un modelo claramente definido de formación en
centros de trabajo --el componente práctico de la formación profesional--
que trascienda la experiencia meramente voluntaria de las llamadas
prácticas en alternancia.
La solución progresiva de las cuestiones anteriormente apuntadas, que
venían condicionando los ritmos de implantación de la reforma, permite
plantear en estos momentos un escenario mucho más ambicioso y éste es, en
definitiva, el motivo fundamental de la sesión que hoy nos ocupa.
La idea del Ministerio de Educación y Ciencia es anunciar el propósito de
dar a la implantación de la reforma de la formación profesional un
impulso importante, de forma que en el plazo máximo de tres años se haya
podido aplicar en todas sus dimensiones la nueva formación profesional,
salvo su carácter generalizado que queda condicionado, naturalmente, a la
aplicación del calendario de la reforma del conjunto del sistema
educativo.
Este propósito del Ministerio de Educación y Ciencia se fundamenta en los
siguientes argumentos. En primer lugar, porque actualmente están
disponibles las principales premisas que posibilitan la realización de
este salto cualitativo y cuantitativo, premisas que acabo de relacionar y
que se refieren a la resolución de tareas y objetivos específicos del
Plan de reforma de la formación profesional reglada.
En segundo lugar, porque la sociedad en general, y la comunidad educativa
en particular, vienen demandando con urgencia la aplicación sin más
dilación de la reforma de la formación profesional.
Al tomar esta decisión el Ministerio no hace sino ejercer la
responsabilidad de conjugar esta urgencia, expresada por las demandas
sociales, con la existencia de unas
condiciones que permiten garantizar la calidad necesaria de este proceso
de implantación, evitando con ello precipitaciones voluntaristas que
pudieran haber resultado enormemente costosas para el desarrollo de la
propia reforma.
Así pues, el compromiso que el Ministerio de Educación y Ciencia asume
consiste en que durante la presente legislatura todos los nuevos estudios
de la formación profesional derivada de la reforma educativa se impartan
y puedan estudiarse en el mayor número de centros posible, en función de
la anticipación de las enseñanzas generales.
Sin embargo, es preciso traducir este compromiso en propuestas de
actuación. En otras palabras, quisiera relacionar a SS. SS. el alcance
concreto de las medidas que el Departamento pretende llevar a cabo en los
próximos tres años como compromiso real que supone la anticipación
definitiva de la reforma de la formación profesional.
En primer lugar, y por lo que se refiere a la renovación de la oferta de
las enseñanzas profesionales, ésta se irá produciendo mediante la
aprobación, a lo largo del presente año 1994, de la práctica totalidad de
los títulos profesionales correspondientes a las familias identificadas
por los sectores productivos. En consecuencia, las administraciones
educativas y el propio Ministerio de Educación y Ciencia en sus
respectivos ámbitos de gestión tendrán que proceder a aprobar los
correspondientes ciclos formativos, tal como ha sucedido ya en el caso de
las familias profesionales aprobadas.
Junto a la sucesiva aprobación dentro de cada familia profesional de los
títulos y de sus correspondientes ciclos formativos, se plantea la
necesidad de elaborar y producir el correspondiente material didáctico de
apoyo, tanto para el profesorado como para el alumnado, a fin de disponer
de los instrumentos suficientes para que las nuevas enseñanzas se
impartan y se cursen con las debidas garantías de calidad.
A este respecto, el Ministerio de Educación y Ciencia ya ha puesto en
marcha los mecanismos necesarios para hacer posible la elaboración de
este material, mecanismos que entran en funcionamiento a medida que se
van aprobando los diferentes ciclos formativos, de manera que estén
disponibles para el momento de la implantación concreta de estas nuevas
enseñanzas.
A su vez, ello permitirá que a partir del próximo curso 1994-95 se
impartan los nuevos ciclos formativos comenzando por aquellos centros
educativos que han venido impartiendo en los últimos años los módulos
profesionales de nivel 2 y nivel 3, para posteriormente aplicarla a
aquellos centros que vayan completando la implantación anticipada de la
educación secundaria obligatoria y del bachillerato y que requieran
respectivamente la oferta de formación profesional específica de grado
medio o de grado superior.
Para el próximo curso 1994-95 está previsto que la oferta de módulos
profesionales o ciclos formativos supere la cifra de setecientos, que
constituye aproximadamente el 20 por ciento de las enseñanzas
profesionales previstas para el conjunto del mapa formativo
correspondiente al ámbito de gestión del Ministerio, cuando la formación
profesional se generalice. En definitiva, el objetivo que el Ministerio
se plantea no es otro que el ofertar, a lo largo de los tres próximos
años, la práctica totalidad de las titulaciones del catálogo de títulos
profesionales.
Al mismo tiempo, y como desarrollo singular de los módulos profesionales
de nivel 3, el Departamento se ha marcado el objetivo de ampliar la
oferta de ciclos formativos de grado superior que atienda la demanda
específica de esta oferta educativa en aquellas capitales de provincia o
distritos universitarios en las que se detecte, de modo que, a lo largo
de los próximos tres años, el número de plazas ofertadas no sea inferior
a diez mil.
Esta oferta de estudios de grado superior o de nivel 3 en la actual
sistemática de los módulos experimentales, tendrá efectos, por una parte,
sobre la satisfacción de los requerimientos sociales existentes y, por
otra, contribuirá a descargar la presión sobre un sistema universitario
sobredimensionado.
En segundo lugar, la implantación de la enseñanza de las nuevas
titulaciones requiere como instrumento básico la elaboración de un mapa
en el que se incluya tanto la oferta de ciclos formativos, según familias
profesionales, cuando su ubicación territorial.
En su definición hay que conciliar el parámetro habitual de las
necesidades de escolarización con la necesaria adaptación de la oferta al
contexto socioeconómico y a las perspectivas locales o regionales de
desarrollo económico y de empleo. La identificación de las necesidades de
formación profesional en cada provincia se está llevando a cabo, según lo
dicho, por las comisiones provinciales de formación profesional,
constituidas por representantes de las administraciones educativas y
laborales, de los agentes sociales, asociaciones empresariales y
sindicales, y de los propios centros educativos. Estas comisiones han
elevado sus propuestas atendiendo a los siguientes indicadores:
Análisis demográfico o demanda potencial de escolarización de formación
profesional específica.
Análisis de la oferta y demanda del factor trabajo en cada uno de los
sectores productivos.
Análisis del tejido empresarial de la zona para estimar la oferta
potencial de puestos formativos en centros de trabajo.
Análisis del grado de expansión o regresión de los diferentes sectores
productivos.
Análisis de la inserción laboral de los alumnos titulados en formación
profesional.
Finalmente, estudio de los recursos educativos existentes en la zona.
A partir de esta información se está configurando una propuesta de mapa
actualizado de oferta de formación profesional, que será sometido a
conocimiento y consulta de las comunidades autónomas ubicadas en el
territorio gestionado por el Ministerio. La finalización de este proceso
está prevista para el curso 1994-95.
Finalizado dicho proceso de consulta y de consenso, el Ministerio de
Educación y Ciencia considera que la publicidad del mapa incrementará el
compromiso con la reforma, tanto de las administraciones públicas como de
la comunidad educativa y de la sociedad en general. De esta forma, el
mapa de oferta de enseñanzas se convertirá en un instrumento de
referencia estable que deberá guiar,
orientar y hacer comprensibles las decisiones que se vayan tomando en
materia de infraestructuras, equipamiento, recursos humanos, formación
del profesorado, etcétera.
En definitiva, se convertirá en un instrumento relativamente objetivo de
la planificación educativa de los próximos años, teniendo en cuenta
lógicamente que un mapa educativo es siempre dinámico en el sentido de
que puede estar sujeto a modificaciones parciales debidas a las
correcciones que pueden sufrir las estimaciones sobre los flujos de la
demanda escolar y, en el caso de la formación profesional, debido a las
propias reorientaciones que pueda sufrir el desarrollo de las economías
locales que, en definitiva, es el que determina las necesidades de
cualificación profesional.
En tercer lugar, y respecto a la formación y actualización de
conocimientos del profesorado de formación profesional, se ha iniciado un
plan especial para el profesorado que ha de impartir estas nuevas
enseñanzas. El referente para la definición de estos cursos de formación
son los diferentes perfiles que se derivan de cada familia profesional,
de acuerdo con las exigencias formativas. El objetivo es garantizar que,
en un plazo de tres años, todo el profesorado haya realizado un curso de
formación de larga duración, un curso de 200 horas, concertado con
empresas de los diferentes sectores productivos. Estas actividades de
formación se complementan mediante programas de formación permanente para
el profesorado, que accede a impartir los módulos profesionales mediante
la realización de cursos de 60 ó 90 horas de duración.
Finalizado este plan, el profesorado que se incorpore en el futuro para
impartir la nueva formación profesional específica se someterá a los
nuevos planes de formación permanente que establezca el Ministerio a
través de nuevos conciertos con empresas o a través de los propios
centros de formación, innovación y desarrollo de la formación
profesional.
La creación de estos centros correspondientes a las familias
profesionales más características permitirá que el profesorado pueda
realizar planes de formación permanente. En la actualidad existen centros
especializados en mecánica y mantenimiento, y en administración y
gestión.
Es objetivo prioritario la puesta en funcionamiento, en el plazo de la
legislatura, de otros centros de las familias profesionales más
características, como son las de química, hostelería y turismo,
automoción, agricultura y ganadería, electrónica e industrias de la
alimentación.
Una cuarta concreción de la anticipación definitiva de la reforma de la
formación profesional es la extensión de los programas de garantía
social. La oportunidad educativa y social de estos programas ha quedado
claramente puesta de manifiesto en el éxito y en la demanda que han
planteado la práctica totalidad de las provincias del ámbito de gestión
del Ministerio de Educación y Ciencia.
La progresiva desaparición de la formación profesional de primer grado en
zonas escolares cada vez más amplias y las dificultades manifestadas por
algunos alumnos para incorporarse al segundo ciclo de la educación
secundaria obligatoria optando por la no deseable solución de la
desescolarización, exigen una urgente solución transitoria de incremento
de estos programas al menos hasta que todas las medidas de apoyo a la
diversidad previstas por la LOGSE estén en pleno funcionamiento.
Si en el presente curso académico el número de plazas ofertadas de estos
programas se aproxima a las 4.000, el objetivo del Ministerio de
Educación y Ciencia para los próximos tres años se sitúa en alcanzar una
oferta no inferior a las 15.000 plazas.
Como quinta ilustración del programa de actuación que vengo exponiendo a
SS. SS., el Departamento tiene el propósito de asociar a los nuevos
ciclos formativos la entrada en funcionamiento del módulo de formación en
centros de trabajo.
La formación concertada entre centros educativos y centros de trabajo
constituye una de las claves fundamentales del nuevo modelo de formación
profesional. La necesidad de comprometer a los agentes sociales en el
sistema de formación profesional exige igualmente la definición del
modelo de formación práctica en las empresas.
A estos efectos, el Ministerio de Educación y Ciencia ha elaborado un
documento guía cuyo contenido básico viene referido a cuestiones como las
siguientes: la definición de un programa formativo que establezca los
objetivos, contenidos y criterios de evaluación del módulo de formación
en centros de trabajo, que pasa a ser un módulo específico del currículo;
el procedimiento de selección de empresas colaboradoras; la elaboración
de un prototipo de convenio entre el centro educativo y las empresas; la
identificación de las funciones que corresponden a los diferentes agentes
e instituciones que participan en la implantación de la formación en los
centros de trabajo, así como otras cuestiones de interés, tales como la
financiación de las prácticas, la formación de tutores y monitores, o el
ajuste entre oferta y demanda.
Este documento será debatido con los responsables educativos y con los
responsables de formación de las organizaciones camerales y empresariales
y de las propias empresas. El resultado de este debate permitirá la
aplicación, ya en el próximo curso 1994-95, del módulo de formación en
centros de trabajo en términos de calidad muy superiores a los de la
actual modalidad voluntaria de prácticas en alternancia.
Finalmente, en un plazo muy breve, se presentará el documento sobre
formación en centros de trabajo, orientaciones generales para su
desarrollo, realizado conjuntamente con el Consejo Superior de Cámaras de
Comercio, Industria y Navegación de España.
La consolidación de un sistema de orientación profesional también forma
parte de las medidas estructurales asociadas a la reforma de la formación
profesional. La orientación profesional, al igual que la educativa, es un
servicio necesario para mejorar la motivación del alumno y, por lo tanto,
un instrumento decisivo para la calidad de la formación profesional.
El conjunto de actuaciones relacionadas con este objetivo se refiere a
las siguientes cuestiones: implantación obligatoria del módulo, formación
y orientación laboral en todos los ciclos formativos de la nueva
formación profesional específica; finalización del Plan de formación del
profesorado responsable de la orientación profesional; incorporación de
este profesorado a los departamentos de orientación que se vayan creando
en los centros educativos; obtención de una base de datos suficiente que
actúe de fuente de información eficaz en materia de cualificaciones,
formación e inserción profesionales; establecimiento de una coordinación
institucional estable con las administraciones laborales y con las
instituciones competentes en la formación profesional ocupacional; en
definitiva, elaboración de un material propio que funcione como soporte
informativo actualizado de las diferentes iniciativas sobre orientación
que se vayan llevando a cabo.
En relación con esto último será necesario que las administraciones
educativas, en colaboración en su caso con las laborales, realicen un
serio esfuerzo de información dirigido a la sociedad para que ésta
conozca las ofertas que se están llevando a cabo en materia de formación
profesional reglada. Esta labor de divulgación deberá basarse en hitos
informativos que se harán públicos periódicamente en una campaña
organizada a través de los medios de comunicación y deberá utilizar un
lenguaje sencillo que permita, al conjunto de los ciudadanos, disponer de
una información rigurosa sobre objetivos y posibilidades de la oferta de
formación profesional.
Quisiera ahora, señorías, enunciar, cuando menos, dos medidas de carácter
normativo que hacen referencia a la ordenación del profesorado y que
resultan necesarias para la implantación de los estudios de formación
profesional, según el programa que estoy exponiendo. Ambas regulaciones
se llevarán a cabo en el plazo del presente año.
La primera es la aprobación de un real decreto por el que se regule la
adscripción de profesorado de formación profesional a las nuevas
especializaciones. Esta disposición viene requerida en aplicación de la
LOGSE y va a resolver la situación transitoria que ha vivido dicho
profesorado desde su aprobación. Su elaboración ha estado condicionada
por la aprobación de los títulos profesionales, toda vez que en los
mismos se determinan las diferentes especialidades del profesorado.
La segunda disposición consiste en la aprobación también de otro real
decreto por el que se regule la importante figura del profesor
especialista, esto es, profesionales que desarrollan su actividad en el
ámbito laboral y colaboran en la impartición de la formación profesional.
Esta disposición constituye el desarrollo del artículo 33.2 de la LOGSE y
su aprobación viene exigida al estar contemplada la figura del profesor
especialista en algunos de los nuevos ciclos formativos aprobados que se
impartirán ya el próximo curso 1994-1995.
Finalmente y como colofón de las medidas que comprometen la decisión de
avanzar decididamente en la implantación de la reforma de la formación
profesional, permítanme SS. SS. un breve comentario sobre la aplicación
de otro de los objetivos implícitos en el modelo de reforma de la
formación profesional diseñado en la LOGSE, objetivo que se integra
plenamente en el programa nacional de formación profesional. Me refiero a
la apertura de la formación profesional reglada a la población adulta. Al
respecto, la reforma prevé dos vías de desarrollo de este objetivo. Por
un lado, la oferta de formación profesional a distancia, que lleva dos
años de implantación experimental con notable éxito y que, por tanto,
seguirá ampliándose en los próximos años en términos tanto cualitativos
como cuantitativos. La segunda vía no es otra que la oferta de formación
profesional reglada a la población adulta a través del régimen
presencial, oferta que quedará enormemente facilitada gracias a la
estructura modular de los nuevos ciclos formativos, que permite que las
enseñanzas puedan ser cursadas parcialmente en función de las necesidades
específicas de recualificación de la población adulta y trabajadora.
En relación con esta segunda vía y sin perjuicio de que se inicien las
experiencias necesarias en algún sector productivo concreto, considero
más prudente que su desarrollo se produzca cuando se halle consolidada la
implantación de la nueva formación profesional entre la población
escolar. Ello, no obstante, con independencia de la colaboración que
pueda prestar el sistema educativo a los programas de formación continua
que gestionan los propios agentes sociales u otras administraciones o
instituciones, o con independencia igualmente del aseguramiento, por la
estructura de la red de adultos, de la formación básica requerida por los
aprendices, para lo que el Ministerio de Educación y Ciencia establece
una oferta de 30.000 plazas ampliables que satisface suficientemente la
demanda hoy en presencia.
No quisiera, señor Presidente, señorías, concluir hoy mi exposición en
esta comparecencia sin insistir en el significado financiero derivado de
esta decisión. Gracias a la posición que nuestro país logró comprometer
en la Cumbre Europea de Edimburgo, en diciembre de 1992, existe una
disponibilidad de cofinanciación por parte de los fondos estructurales
europeos que garantiza suficientemente, junto con las consignaciones
presupuestarias, la aplicación de las medidas anteriormente señaladas. En
concreto, está ya prevista para su inclusión en el correspondiente marco
comunitario de apoyo la concesión de un crédito para cofinanciar con el
Fondo Social Europeo, acciones relacionadas con la formación profesional
reglada durante el sexenio 1994-1999. Para el próximo trienio al que se
refiere la decisión del Ministerio de Educación y Ciencia de implantar la
reforma de la formación profesional, las cantidades presupuestadas y
objeto de cofinanciación son, aproximadamente, 83.500 millones de
pesetas. Estas acciones objeto de cofinanciación son, de acuerdo con los
campos de aplicación aprobados por el Fondo Social Europeo, cuestiones
tales como la formación profesional específica de los ciclos formativos,
la formación profesional básica de la educación secundaria obligatoria y
del bachillerato, la formación del profesorado, la orientación
profesional, los programas de garantía social y la formación profesional
a distancia. Estas son las acciones fundamentales que deben materializar
la implantación definitiva de la nueva formación profesional como he
tenido ocasión de exponer a SS. SS.
Señoras y señores Diputados, creo, sinceramente, que debemos felicitarnos
todos por ser capaces de plantearnos estos escenarios y estos objetivos
relativos a la reforma de
la formación profesional. Y digo todos porque el Gobierno nunca ha
entendido la reforma del sistema educativo como un proceso realizado
aisladamente por el mismo, sino como un esfuerzo colectivo y solidario de
todas las fuerzas políticas, Gobierno y oposición, que desde sus
respectivas responsabilidades están contribuyendo a hacerlo posible y, en
general, de toda la sociedad que, a través de sus demandas, nos obliga a
responder y a arbitrar soluciones eficaces para convertirlo en una
realidad que nos interesa a todos.
Señorías, señor Presidente, muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: ¿Desean los diferentes grupos un tiempo para poder
preparar las preguntas o no es necesario? (Pausa.) ¿No necesitan tiempo?
(Denegaciones.)
¿Grupos que desean intervenir en este turno? Ruego a los diferentes
grupos que si va a intervenir más de un Diputado, que lo diga ahora con
el fin de ordenar el turno.
Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor González.
El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Decía el señor Ministro que nos teníamos que
felicitar todos hoy. Efectivamente, si las palabras y promesas que ha
hecho el señor Ministro para los próximos años, en cuanto a la FP se
refiere, fueran como él ha dicho, sin duda nos felicitaríamos. Pero hay
que recordar aquí, señor Ministro, que usted es el tercer Ministro --que
yo recuerde, primero fue el señor Solana, después el señor Pérez
Rubalcaba y ahora usted-- que viene a decirnos al Parlamento que este año
empezaba el año definitivo de la formación profesional.
Usted ha reconocido que los ritmos no han sido ni los adecuados ni los
prometidos. Porque hay que tener en cuenta que la conclusión de todos los
títulos de las 26 familias estaba prevista para el curso 1992-1993 --creo
recordar--, por lo tanto, ha habido notables retrasos en el calendario.
Me han sorprendido favorablemente algunas de sus manifestaciones en el
sentido de que su Ministerio tenía la intención de contar con la
participación efectiva de los agentes sociales para definir el futuro de
la reforma. Es necesario, a mi juicio, evaluar la experimentación
realizada hasta ahora de forma pública antes de trazar las directrices de
la nueva FP, porque si no, para qué hubieran servido los módulos, señor
Ministro? Si no se evalúa de forma pública y con la participación y el
contraste de pareceres de los entes sociales, seguramente no sabríamos
nunca si las conclusiones obtenidas serán las adecuadas.
Voy a formularle alguna pregunta, señor Ministro. ¿La decisión de situar
al final del ciclo formativo el módulo de formación en centros de trabajo
se ha tomado teniendo en cuenta los problemas que genera a los centros
educativos para encontrar empresas adecuadas? ¿No hubiera sido mejor,
dada la estructura productiva del país, situar el módulo a lo largo del
ciclo formativo, permitiendo así una mejor utilización de las empresas?
El diseño del ciclo formativo que dura quince meses, ¿es compatible con
los intereses del alumnado para proseguir otros estudios, por ejemplo, en
la universidad?
Se comenzó diciendo, y parece irrefutable, que los ciclos no deberían
atenerse a la duración clásica de un curso escolar, sino que su duración
podía ser mayor o menor, en función únicamente de los contenidos
formativos. Sin que se reconozca abiertamente, este criterio se ha
modificado ahora, creando dos únicos tipos de ciclo: el tipo A, un curso
y dos meses más, y el tipo B, dos cursos.
Es cierto que los ciclos formativos variables presentan problemas de
organización, pero mi Grupo estima, señor Ministro, que podrían
solucionarse si se estudiaran otras propuestas; por ejemplo, un cómputo
anual de la jornada lectiva en lugar del cómputo semanal --no es nada
innovador, esto se hace en la universidad con los cuatrimestres--
aprovechar los períodos sin actividad lectiva para la formación en
servicio y la experimentación. En cualquier caso, los problemas que
presentan los ciclos de duración variable son de igual calado que los que
presenta el modelo A --nueve meses más dos-- del Ministerio, en el que
hay problemas de horario del tutor del módulo de formación en centros de
trabajo y problemas de la posibilidad misma de realizar las prácticas en
provincias con pocas y pequeñas empresas de un sector.
Es indudable que la argumentación de la Administración es sólida: el
módulo de formación en centros de trabajo es un módulo de aplicación de
los conocimientos teórico-prácticos que se han adquirido en los otros
módulos y no tiene sentido realizarlo con anterioridad. Pero, señor
Ministro, una cosa es la teoría y otra la práctica. La propuesta del
Ministerio va a ser, a nuestro juicio, irrealizable en multitud de
lugares y sectores si no hay mayor flexibilidad y si se realizan también
durante el segundo y tercer trimestre.
La verdad es que la realización de estos módulos de formación tiene una
ventaja pedagógica, pues permite al profesorado compatibilizar durante la
impartición del ciclo las enseñanzas que se están dando con los
requerimientos de las empresas, adecuando así los contenidos a los
problemas prácticos. Creo, señor Ministro, que el proyecto debería
recuperarse sobre esta hipótesis, como forma de verificar que se han
asumido los diferentes módulos impartidos, y podía tomarse en
consideración que no hubiese un único tutor del módulo de formación en el
centro de trabajo, sino que todos los profesores del ciclo se
distribuyesen los alumnos y las alumnas tutorizados.
La experimentación también ha puesto de manifiesto, aparte de lo dicho
por usted, señor Ministro, la necesidad de una estructura administrativa
y pedagógica de apoyo provincial que se ocupe y centralice la oferta de
puestos formativos, informes a centros educativos y empresas, y
distribuya al alumnado. Estimamos que no debe consentirse que la búsqueda
de empresas recaiga sobre el profesorado, como está ocurriendo hasta
ahora en algunos casos.
No menos importante sería, a nuestro juicio, encontrar vías alternativas
claras para la pequeña empresa: las profesiones emergentes y las comarcas
con un desarrollo económico limitado. El hincapié en la relación con el
entorno productivo no debe hacerse para la industria o los servicios de
una comarca, olvidándose de una perspectiva de futuro
y desarrollo regional. Para ello habría que contemplar algunas
posibilidades: realizar la formación en centros de producción alejados
del entorno del centro educativo, apoyándolos a veces con becas o
estancias en residencias de estudiantes; cambiar la formación en centros
de trabajo por la formación en otros centros educativos, como, por
ejemplo, los centros de innovación; crear empresas especializadas, como
cooperativas; establecer programas alternativos para realizar en el
centro educativo; para suplir la formación en centros de trabajo,
etcétera.
Además, insistimos en la necesidad de que el profesorado que participe en
estos módulos tenga una formación específica --usted lo ha dicho, pero
insistimos en ello--; en que se establezca un marco legal que determine
las responsabilidades y garantías de las partes que participen en la
formación, y que se cumplan unos requisitos mínimos comunes que
garanticen que el alumnado no será utilizado en puestos productivos y no
formativos.
La experimentación ha demostrado también la importancia que tienen los
itinerarios formativos previos del alumnado para evitar la heterogeneidad
de niveles y conocimientos que dificultan enormemente el desarrollo de la
FP específica. Hay que garantizar que existe una FP básica de calidad
durante la ESO, como usted ha prometido, y que la alumna o el alumno
llegan a los ciclos con las enseñanzas básicas aprendidas: áreas
instrumentales, matemáticas, lengua y optativas o el bachillerato
necesario para cada ciclo.
La nueva FP no puede tener premódulos ni debe dedicar su tiempo a
objetivos que deben cubrirse en otros niveles del sistema educativo. Esto
debe implicar además una disminución del academicismo también en esos
niveles y no sólo en la FP.
Asimismo, la experimentación también está señalando uno de los peligros
que corre, a nuestro juicio, la formación profesional: el abandono y
marginación de los módulos 2, menos atractivos que los módulos 3, que son
también una vía para el acceso a la universidad. Sería necesario invertir
esta tendencia, e invertir esta tendencia exige ofrecer mayor y mejor
información a la sociedad en general y a los padres y alumnos en
particular sobre los objetivos de la nueva formación profesional y sus
salidas profesionales y académicas, lo que, a nuestro juicio, sería
recuperar el prestigio de toda la formación profesional. Para recuperar
ese prestigio, entendemos, señor Ministro --y en este sentido le damos un
consejo--, que hay que popularizar la formación profesional a través de
la información.
Hay otros ejes, tres fundamentalmente, que permitirán que la reforma se
lleve a cabo en condiciones de calidad: la necesidad de incrementar y
planificar la formación; la dotación, no sólo de medios, sino también de
recursos pedagógicos y materiales de apoyo, y la adecuación de la jornada
para facilitar la coordinación y el trabajo en equipo.
En otro orden de cosas hay que tratar también el problema de la
planificación de la oferta. A pesar de existir unas comisiones
provinciales de formación profesional --a las que usted se ha referido--
con participación de agentes sociales y con labores consultivas que,
efectivamente, elaboraron una propuesta de mapa provisional de FP, la
Dirección General de Formación Profesional los ha recortado casi al 50
por ciento, simplemente con criterios de restricción presupuestaria y sin
tener en cuenta que esos estudios provisionales, en los que participaba
la Administración educativa a través del director provincial y del jefe
de programas, inspección, etcétera, habían hecho una valoración de las
necesidades productivas de desarrollo económico de cada provincia.
Es necesario también conocer concretamente la red de centros para que la
sociedad, los municipios y las familias conozcan dónde va a estar la
oferta para cada familia.
Igualmente es necesario señalar que se están produciendo algunas
disfunciones para el alumnado. Tengamos en cuenta, señorías, señor
Ministro, que conviven tres sistemas educativos simultáneamente: la FP
antigua, los módulos y la anticipación de la reforma. Así, hubo casos de
chavales que querían ir a FP que tuvieron que ir a la nueva ESO y cuando
han terminado se han encontrado sin los nuevos ciclos formativos y han
tenido que ir otra vez a la vieja FP, todo un galimatías, un desbarajuste
en el que muchas veces los alumnos y los padres no saben bien qué hacer.
Se ha referido también a la formación. La formación, señor Ministro, no
es un problema de cantidad de gente formada, sino, fundamentalmente, de
planificación y, por tanto, de itinerarios formativos. La Administración
debe partir del profesorado actual, del perfil que éste tiene en la
actualidad, no sólo por el Cuerpo de experiencia profesional o laboral y
formación en servicio para diseñar las estrategias formativas que les
encaminen al perfil del profesorado que se va a necesitar. Parece ser que
esto no es lo que se ha realizado en el pasado curso; más bien parece
haber habido una cierta improvisación muy voluntariosa, sin que se
conozca ningún mapa de necesidades, ningún plan para superarlas,
etcétera. Yo sé, señor Ministro, que el pasado curso el Ministerio --y
voy terminando-- puso en marcha la formación profesional a distancia con
carácter experimental. Concretamente, 17 centros y cuatro módulos:
mantenimiento en línea, instalador-mantenedor eléctrico, auxiliar de
comercio interior y auxiliar de administración y gestión. Usted sabe,
señor Ministro --refiriéndome ya al profesorado--, que esta
experimentación se está haciendo en base de horas extras del profesorado
y aumentando su horario lectivo; que a veces, según la normativa, se
pagan las horas que exceden de las 21 horas semanales. En algunos casos
se realizan denuncias sobre este tema que a lo mejor no eran del todo
rigurosas.
Señor Ministro, le hemos hecho las preguntas sobre la formación
profesional que a nosotros nos parecían fundamentales y hemos expresado
también algunas dudas sobre el futuro de la reforma. Usted nos ha venido
a decir --sin decirlo-- que el próximo año va a ser el año definitivo de
la FP, y no quisiéramos que ocurriera la mismo que con sus predecesores.
Permítame, para terminar, que más que un consejo le diga que no actúe
usted de la misma forma que se está actuando últimamente en la
Administración. Ya sabe usted que a partir de ayer --y puesto que estamos
en Madrid conviene ponerlo como ejemplo-- se ha puesto en marcha
una nueva forma de actuar en las Administraciones por parte del Alcalde
de Madrid --como digo estamos en Madrid-- que es lo que se llama
declaración de intenciones. Se dice: Voy a hacer grandes obras, voy a
hacer grandes programas, grandes planificaciones, pero no tengo dinero
(no dice a quién pedírselo). Toda la reforma irá adelante, tanto en la FP
como en otras áreas de la educación, si finalmente se cuenta con los
recursos necesarios para ello; de lo contrario será una simple
declaración de intenciones, como la que me refería anteriormente y
ejemplarizaba en el caso de ayer en Madrid.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora
Cremades.
La señora CREMADES GRIÑAN: Bienvenido, señor Ministro, a la Comisión de
Educación. Nos satisface plenamente su comparecencia, centrada
específicamente en un tema tan crucial y espinoso como la formación
profesional. Mucho se ha escrito sobre esta problemática. Al Ministerio
de Educación y Ciencia le ha preocupado, le preocupa y le preocupará,
pero no sabe resolver esta ecuación utópica, como lo demuestran los diez
perfiles que sobre la formación profesional se han elaborado
reiteradamente desde 1983 por el Ministro Maravall en un principio.
Los ideales objetivos se engrosan hasta la saciedad; las pautas son casi
perfectas. Sería el modelo ideal para realizar unos estudios competentes
y pragmáticos para la vida profesional de hoy, lejos de otras
titulaciones universitarias. Tan sólo si nos centrásemos en el diseño
estructural de los centros de formación profesional, según la aplicación
de la Logse, quedaríamos sorprendidos por la detallada distribución de
laboratorios y aulas taller, ocupando una superficie de 895 metros
cuadrados, independientemente de aulas de clase y dependencias
burocráticas, un ámbito notablemente superior al que disfrutan muchos
alumnos universitarios (téngase en cuenta las facultades de Derecho y
Económicas principalmente). Este Ministerio comete un error grave --no
usted, señor Ministro, que ha ocupado recientemente este cargo-- porque
plantea este reto europeo de la formación profesional de una forma tan
caótica, lejos de una metodología coherente, que supone un grave
sacrificio para el profesional. Equiparar soluciones como la mejora de la
docencia, paliar la crisis de las salidas profesionales con la fácil
solución de aportar elevadas sumas de dinero destinadas principalmente a
estructuras es un grave error que impregnan todos los ámbitos de la
educación pública. Se ha dicho y se ha comentado reiteradamente que los
sectores más beneficiados con la reforma educativa del Gobierno
socialista son los de construcción e imprenta; y aquí lo observamos de
nuevo porque se reiteran las publicaciones.
Hoy nos presenta un nuevo complemento a la anhelada reforma de la
formación profesional. Observamos de nuevo un proyecto bien redactado,
posible candidato a un concurso literario, pero lejos del rigor
metodológico y pragmático que requiere la formación profesional, que
puede homologar a los estudiantes españoles con los de otros países de la
Unión Europea. De los problemas que subyacen de su presentación, y que
están imbricados a los objetivos indicados, tan sólo me centraré en diez.
En primer lugar, necesidad urgente de la solidez de una formación básica,
puesto que el alumno se incorpora a los 16 años para el estudio de la
formación profesional.
En segundo lugar, si se desea alcanzar una formación profesional
específica de calidad, se debe configurar todo el sistema de adaptación
apoyado en instrumentos y metodología adecuados de las formaciones a los
requerimientos dinámicos.
En tercer lugar, se subraya que la reforma de la formación profesional es
un instrumento de desarrollo regional y local. Pero usted sabe, señor
Ministro, que esto no es cierto. No obstante, le aconsejo que estudie
detenidamente los anexos que se han publicado, los datos sobre la
anticipación de la reforma y el número de centros en que se imparten
módulos por provincias. Yo no sé cómo se ha realizado esa selección,
Usted ha expuesto aquí que se va a hacer un análisis regional atendiendo
a los sectores productivos, etcétera. Le ruego que lo haga, porque
atendiendo tan solo dos regiones uniprovinciales, Asturias y Murcia, cómo
me puede explicar usted que en Asturias haya un total de 17 centros de
formación profesional y en Murcia, con la variante economía existente,
solamente existan dos? La población es prácticamente igual, me parece que
difiere en unos 2.000 habitantes. Reitero mi sorpresa e insisto que son
dos provincias elegidas al azar, pero posteriormente me he dedicado a
seguirlo y hay más sorpresas que desde luego yo no entiendo.
En cuarto lugar, se ha centrado en la formación profesional ocupacional,
pero hay que insistir en la consolidación de los lazos de cooperación
entre las empresas y los centros educativos impartiendo una titulación
complementaria. Se sabe que la oferta existe, que las empresas lo
realizan, que incluso las consejerías de fomento ofrecen una gama de
cursos increíbles, pero el problema es que nunca se adapta la formación
profesional reglada con la ocupacional, y este problema existe.
En quinto lugar, se busca y se habla de una nuevo perfil del profesor.
¿Me quiere usted decir, señor Ministro, dónde, cómo y cuándo se forman
esos idílicos profesores? ¿En los famosos CEP? Ya de han señalado aquí
algunos inconvenientes, que no reitero, pero que apruebo totalmente.
En sexto lugar, y en torno a la evaluación sistemática y permanente,
todavía se está esperando una reglamentación sobre la misma. Es
indignante, señor Ministro, y se lo digo como ciudadana, no como
profesional o como política, el enorme descontento que existe en la
calle, y es un clamor popular. De hecho, ahora mismo se está produciendo
una manifestación en las puertas de su Ministerio; me imagino que cuando
termine esta comparecencia tendrá usted la protesta en la calle.
En séptimo lugar, se menciona que el nuevo proyecto de reforma de la
formación profesional --de qué año, porque todo esto se va ampliando-- es
un sistema integrado de amplia participación, lo que supone una
recualificación y reinserción, pero sobre todo implica el establecimiento
de un sistema de correspondencias y convalidaciones, como demuestra el
siguiente texto. Aludo a este punto porque aunque no es lo que ha
dispuesto usted, sin embargo está recogido y manifiesta una complejidad
tal que los profesores me la han hecho llegar: La estructura modular del
diseño curricular de los futuros ciclos formativos deberá contribuir en
forma decisiva a la implantación de los sistemas de correspondencias. Le
quiero comentar, señor Ministro, que los profesionales de la docencia son
personas humanas, han hecho unos estudios, pero no se dedican a
desentrañar textos como estos. Por favor, en las próximas redacciones
elijan textos muchos más claros porque, si no, la complejidad aumenta.
En octavo lugar, un problema añadido es el de la participación de los
agentes sociales, que usted acaba de señalar, pero no creo que usted
desconozca que la selección es arbitraria, y se está abusando tanto para
impartir la docencia de la formación profesional como en las comunidades
autónomas en las consejerías de fomento. Este es un hecho que existe y
hay que denunciarlo.
En noveno lugar, las cifras nos bailan; nos bailan las cifras de los
módulos, de los títulos concedidos, los años de espera, las cantidades
financieras, nos baila todo, señor Ministro. No sé si ha tenido la
paciencia de leer todos los textos que se han escrito sobre la formación
profesional, le comento que es para hacer una tesis doctoral sobre el
estado caótico de esta reforma tan anhelada de la formación profesional.
En cuanto al décimo punto, he encontrado una laguna importantísima. Creo
que está en su ánimo porque ha aludido a la educación de adultos. Si bien
ha insistido mucho en la enseñanza a distancia, las cifras y los
comentarios también dejan que desear, puesto que el Inbad y el Cenebad
han reducido mucho su actividad. Me refiero, sobre todo, a un punto
crucial y que socialmente es importante ahora que se ha habla tanto de la
reinserción social: ¿qué me dice de la formación profesional en los
centros penitenciarios? Aquí se está impartiendo. El problema es que los
que a los reclusos que salen a veces no les sirven para nada esos años se
experiencia o de trabajo que han realizado en los centros y que es muy
plausible.
En resumen, hoy nos ha planteado un nuevo análisis de formación
profesional. El diagnóstico es alentador, esperanzador, futurible; ahora
bien, ¿creíble? Lo dudo. Examinando los anteriores proyectos sobre
reforma de formación profesional observo, como en tantos otros textos de
Gobierno socialista, la constante obsesión del tiempo verbal futuro: se
hará, se procederá, en un plazo no superior a tres o cinco años. ¿De
cuántos años, señor Ministro? No lo sé, pero este futuro es inalcanzable
como la tortuga de Zenón, y usted sabe muy bien a lo que me refiero. Qué
desea expresarle el Grupo Popular con esto, señor Ministro? El Grupo
Popular desea transmitirle la enorme decepción de miles de padres de
jóvenes entusiasmados con un proyecto social y la desorientación de un
gran número de profesores con una gran vocación docente. Todos ellos
observan que las orientaciones del MEC no se plasman en la realidad, que
la calidad de la enseñanza queda reducida a la buena voluntad, que los
recursos humanos y materiales no se ajustan a las necesidades, que unos
expertos encargados para completar la docencia son elegidos a dedo y con
una singular tendencia política, y estamos en un Estado democrático en el
que todos tienen que participar. España necesita que este motor arranque,
que se potencie. Todos conocemos la situación perentoria de jóvenes y
adultos para incorporarse al mercado laboral. La disfunción existente
entre contenidos y empresas es grave y la solución la tiene usted en sus
manos, pero no en vanas promesas, sino ejerciendo la puesta a punto en
unas directrices bien marcadas.
Helmut Köhl, en Berlín, en 1990, anunciaba a su pueblo, al pueblo recién
incorporado, que era necesaria la formación profesional y se indicaba en
unos grandes carteles el siguiente texto: Para el trabajo que viene,
cualificación ya. ¿Usted sabe los meses que tardó Helmut Köhl en ponerlo
en práctica? Estamos en 1994 y se han cumplido los objetivos, y el reto
de Alemania era mucho mayor que el nuestro. No quiero ahora exponer los
incentivos fiscales, etcétera, pero se puede hacer. Sé que está con un
ánimo muy positivo, por lo cual le felicito, pero fuera la utopía, y le
doy un consejo: analice detenidamente ese cerebro gris que se mueve entre
las líneas de los continuos proyectos y decídase, señor Ministro, a que
se haga este eterno proyecto. Para que este logro se realice sólo hay un
imperativo: ¡fiat! (Rumores.) He dicho fiat.
El señor PRESIDENTE: También por parte del Grupo Popular tiene la palabra
el señor Ollero.
El señor OLLERO TASSARA: Quisiera hacer uso del turno graciable para los
Diputados.
El señor PRESIDENTE: Puede intervenir brevemente.
El señor OLLERO TASSARA: Si no estoy equivocado, es después de los
portavoces.
El señor PRESIDENTE: Todavía no sabemos si habrá turno después. Usted
hace ya presunción de lo que va a contestar el señor Ministro.
El señor OLLERO TASSARA: No. Lo único que señalo es que creo que, según
el Reglamento, este turno graciable es posterior a la intervención de los
portavoces.
El señor PRESIDENTE: Si S. S. ya tiene las preguntas que quiere formular
al Ministro, puede hacerlo porque su Grupo todavía no ha consumido todo
el tiempo. Le quedan dos o tres minutos. Por eso se lo decía.
El señor OLLERO TASSARA: Con mucho gusto. Simplemente era un problema
formal; al fin y al cabo uno es jurista.
Señor Ministro, mi bienvenida a título personal. Quiero formularle una
pregunta muy concreta. Se ha referido en un momento de su intervención a
que al empezar el próximo curso habrá unos cientos de titulaciones que se
van a llevar a la práctica. Lo que pasa es que ese número sin algún tipo
de referencia comparativa no dice mucho. En
principio, cien no suena mal. Luego ha indicado, si no he oído mal, que
supone un 20 por ciento del total de las titulaciones previstas, lo cual
da alguna referencia menos optimista, aunque cabría pensar que estamos en
un proceso gradual y que poco a poco irá mejorando ese porcentaje. Pero
creo que falta un elemento comparativo que no entiendo cómo se le ha
escapado --no creo que lo haya hecho advertidamente--, y es que, si no
estoy mal informado, hay unas familias de módulos profesionales que más o
menos van señalando las temáticas básicas. Si no recuerdo mal, eran 23 y,
si no estoy mal informado, me parece que hasta este momento se han
publicado seis, lo cual significa la cuarta parte del total. No sé si se
han distribuido luego otras dos para consulta, en las fases iniciales.
Esto quiere decir que hay tres cuartas partes de los ámbitos de formación
profesional, desde el punto de vista temático, que en estos momentos está
absolutamente en un cuello de botella que les impide funcionar. Además,
como usted bien sabe, no se debe ni mucho menos a que esos ámbitos de
formación profesional sean menos urgentes, menos interesantes o cuenten
con menos oferta. El problema está simplemente en que todavía no se ha
hecho algo que el Ministerio se comprometió a terminar en junio del año
pasado. Entonces, lo que le quería preguntar es: cuándo estarán
terminadas? Por lo menos, ¿cuándo estarán todas las familias
profesionales con alguna titulación en marcha, sin perjuicio de que luego
entremos en la fase que usted involuntariamente ha aparentado hoy que
estábamos, que es en la fase de ir mejorando porcentajes de desarrollo de
titulaciones? Porque todavía falta una fase previa, y es que todos los
ámbitos de formación profesional estén en marcha, y, si mis datos no son
inciertos, estamos en estos momentos en la cuarta parte nada más. ¿Cuándo
estaríamos con todas las familias en funcionamiento, sin perjuicio de que
entremos en una segunda fase de mejora de porcentaje de titulaciones?
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora
Romero.
La señora ROMERO LOPEZ: Quiero agradecer, en primer lugar, la
comparecencia del Ministro para explicarnos los planes específicos de
educación respecto a uno de los temas que más preocupan al Grupo
Socialista, que más ha preocupado en la anterior legislatura y que más
está preocupando en esta legislatura: la formación profesional. Y quiero
agradecer su comparecencia después de un reciente debate sobre las
medidas de fomento de la ocupación, en cuya ley se incluye otro
compromiso importante del otro Ministerio implicado, el Ministerio de
Trabajo, que se resume en la finalización del repertorio de
certificaciones en el plazo de un año, previsto así en esta ley. Tanto el
catálogo de títulos, cuya finalización acaba de fijar el Ministro, como
el repertorio fijan el marco imprescindible sin el cual ninguna
coordinación es posible. Ha sido éste el caballo de batalla de nuestro
Grupo en todas las intervenciones que han tenido lugar en esta Cámara. La
escasa conexión que existe entre la formación reglada, por una parte, y
la formación ocupacional, por otra, y entre ambas formaciones y el
empleo. Esta escasa coordinación es de siglos. Por lo tanto, es difícil
implantar un sistema coordinado eficaz y rentable a corto plazo. Tenemos
que pensar que es una perspectiva en la que tenemos que ir trabajando
poco a poco.
Abordamos esta polémica en un país en el que los empresarios no han
comprendido la importancia de invertir en formación profesional y
cualquier aprendizaje o práctica en la empresa se considera más un favor
al centro escolar o un requisito obligado más que una inversión de
futuro. Los sindicatos, por otra parte, no han considerado este tema como
prioritario y han sacrificado acuerdos en este campo a otro tipo de
acuerdos. Las administraciones laborales y educativas nunca han tenido
cultura de coordinación. Por eso las comisiones provinciales de FP han
tenido escasa vigencia. Implantar, por lo tanto, esta cultura es difícil
y requiere tiempo.
No vamos a entrar en nuestra intervención en temas específicos y
concretos como han hecho otros grupos, que se podrán ir viendo en
sucesivas comparecencias que mi Grupo irá reclamando. Eso sí, no vamos a
descalificar haciendo aseveraciones del tipo que hemos escuchado aquí:
ecuaciones utópicas, sumas de dinero a estructuras, proyectos bien
redactados literariamente, lejos del rigor metodológico... Esas nos
parecen más bien descalificaciones que lo que encubren, en realidad, es
la ausencia de un marco teórico por parte de otros grupos. Y no digamos
cuando se habla de problemas añadidos referidos a la participación de
órganos que en toda democracia creo que es interesante destacar, sobre
todo cuando las responsabilidades en este campo son compartidas, porque
no son responsabilidades de un solo ministerio ni solamente de
ministerios, sino también de empresarios, agentes sociales en general,
sindicatos, asociacionismo en general, por no hacer también referencia al
profesorado, padres, etcétera.
Mi Grupo querría resaltar la implantación anticipada de la formación
profesional específica, adelantando el calendario de la Logse --porque es
lo que nos parece una noticia crucial y una medida de mucha importancia--
para que se puedan impartir los nuevos estudios en la mayoría de centros
posibles y estableciendo una prioridad social que mi Grupo comparte y
celebra. Sería obvio resaltar la importancia que tiene el asumir esta
prioridad debido a la crisis económica y a la necesidad que se tiene en
nuestro país de una serie de profesiones, algunas nuevas y otras que es
preciso reciclar y fomentar para, al mismo tiempo, hacer posible el
empleo y el crecimiento económico. Por tanto, estaremos atentos a todas
las medidas derivadas de ordenación económica, las que se refieren al
profesorado, las que se refieren a los nuevos centros de formación para
el profesorado, etcétera, pero ya anticipo al señor Ministro que
estaremos especialmente atentos en tres temas: primero, la implantación
del sistema de orientación profesional; segundo, el módulo de formación
en centros de trabajo y, tercero, los programas de garantía social. Y
esto por razones que mi Grupo considera importantes. En primer lugar,
porque los departamentos de orientación son clave para el futuro de los
alumnos y pueden centrar las aspiraciones de los jóvenes sin crear las
frustraciones de un mal
llamado fracaso escolar. En segundo lugar, el módulo de formación en
centros de trabajo nos parece especialmente importante y su esbozo puede
recibir las experiencias de las fórmulas que hoy se pongan en marcha para
abordar los contenidos formativos del contrato de aprendizaje. En tercer
lugar, los programas de garantía social, porque sus destinatarios pueden
ser susceptibles de ser contratados para aprendizaje, y en ese contexto
se deberá ir avanzando. También pediremos comparecencias futuras para ir
tratando de todos estos temas.
Por último, queremos destacar la importancia de ese mapa inicial de
formación que seleccionará las comisiones provinciales de formación
profesional. Tenemos en cuenta todas las preocupaciones sociales que
puedan derivarse de ese mapa y, evidentemente, tendremos que estudiar
fórmulas compensatorias que palien las dificultades que puedan
presentarse, y que se van a presentar, en zonas no desarrolladas. Desde
nuestro punto de vista, la iniciativa pública debería financiar
justamente todos los mecanismos que posibiliten el equilibrio social y el
equilibrio regional. Pero nos parece muy importante el objetivo ambicioso
de este mapa inicial de formación profesional de destinar más de 80.000
millones de pesetas (aquí no bailan las cifras, son cifras que acompañan
la intervención del señor Ministro y que, además, tienen unas raíces que
todos conocemos parlamentariamente porque en varias ocasiones se ha
hablado en esta Cámara de cuál es su fuente) en tres años a esta
prioridad social. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, este mapa de
formación no será operativo si no se ajusta a un mapa de los distintos
sectores económicos que lo hagan posible. Por eso creemos que este
objetivo necesita igualmente un gran facto, una gran apuesta empresarial
por la formación, por lo que anuncio que mi Grupo pedirá comparecencias
en esta Comisión de las organizaciones empresariales y representantes de
las Cámaras de Comercio, que no están en su Departamento. Hemos reiterado
en distintas ocasiones, con documentos del Consejo de Cámaras de
Comercio, que las empresas españolas destinan siete veces menos que las
empresas europeas a la formación profesional. Por ello mi Grupo pedirá
dicha comparecencia e intentaremos que la cooperación de los empresarios
haga posible la colaboración con este plan de formación que mi Grupo
considera sustancial en estos momentos.
El señor PRESIDENTE: Para contestar a las preguntas y a las cuestiones
planteadas por los diferentes grupos, tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra): Intentaré
contestar a las cuestiones que SS. SS. me han planteado, sobre todo en la
vía de un intento de clarificación ulterior del programa que he
presentado en mi primera intervención.
El señor González Blázquez plantea una cuestión de carácter general --si
bien he entendido-- y un conjunto de cuestiones concretas. Respecto de lo
primero, señoría, el planteamiento novedoso, reformista, en España, de la
formación profesional viene incluido en la Logse, como sabe perfectamente
S. S., pero me perdonará que como recurso dialéctico lo recuerde en este
momento. Es tan novedoso que innova profundamente el planteamiento de la
formación profesional, que en algunos de sus extremos ni siquiera estaba
desarrollado, de la Ley General de Educación de 1970, que, en la medida
en que aún no se ha puesto en práctica la nueva formación profesional,
todavía subsiste en parte en nuestras aulas de estudio. Desde 1990 hasta
la actualidad, es decir en el tiempo en que lleva vigente la Ley de
Ordenación General del Sistema educativo, puede parecer que no se ha
hecho nada en materia de formación profesional. Sin embargo, señoría,
entiendo yo que nada más lejos de la realidad. Sucede que la formación
profesional nueva no puede ponerse en práctica si no hay una red de
centros única (que me parece uno de los elementos sustanciales de
innovación del antiguo sistema) y si no hay un conjunto de nuevas
titulaciones suficientes que la hagan andar con arreglo a criterios de
conexión con la realidad, porque, en definitiva, de lo que se trata es de
satisfacer las demandas sociales a través de la implantación de unos
nuevos planes de estudio, por así decirlo. No se puede poner en práctica
en la medida en que no haya un profesorado suficientemente formado tanto
para impartir la formación profesional básica, ya integrada plenamente en
el currículo de la enseñanza secundaria obligatoria y del bachillerato,
cuanto para impartir la formación profesional específica, ya de grado
medio ya de grado superior. Y no se puede poner en marcha si no se define
correctamente algo que me parece uno de los pilares fundamentales de la
reforma --seguramente nos lo parece a todos--, cual es la definición del
nuevo módulo de formación en centros de trabajo, que éste sí que innova
profundamente el sistema anterior. Todo eso por no hablar de problemas
derivados de la propia aplicación progresiva del calendario de la reforma
educativa general, por cuanto la nueva formación profesional se define,
entre otras circunstancias, por la imbricación directa de ese subsistema
educativo en el sistema educativo general de la enseñanza secundaria
obligatoria y del bachillerato.
Pues bien, durante el tiempo que media entre la aprobación de la Logse y
este momento, el trabajo ha recaído en ir preparando las circunstancias
para que en un determinado momento --que yo considero que es éste-- pueda
asumirse un conjunto de compromisos ante esta Cámara desde la perspectiva
de llevar adelante la implantación efectiva de la nueva formación
profesional.
Por eso he tenido buen cuidado de hacer, siquiera sea someramente, un
pequeño balance de lo realizado hasta aquí. La aprobación de las nuevas
titulaciones es tan compleja --como luego tendré ocasión de indicar-- que
exige años de trabajo. Ya está suficientemente avanzada --como luego diré
también-- la definición de las nuevas titulaciones como para que se
puedan asumir determinados compromisos. Ha habido que comenzar con un
plan de choque de formación del profesorado que adelantan las cifras que
luego tendré ocasión de aludir, que adelantan los planes de formación que
pretendo programar en el plazo de los próximos tres años. Los estudios
para definir el módulo de prácticas en centros de trabajo, de formación
en centros de
trabajo están tan adelantados que en este momento se puede ofrecer un
proyecto que dentro de muy poco tiempo --creo que la semana que viene,
aunque no tengo la fecha exacta-- presentaré con las Cámaras de Comercio.
Es sólo en este momento (pero porque se ha hecho un trabajo anterior
oscuro y que no dará resultados hasta que los estudios se pongan
realmente en práctica a partir del curso que viene) cuando se puede
asumir una serie de compromisos que son hijos del trabajo --como digo--
realizado hasta ahora. Por eso ahora lo que se pretende es establecer un
plan de implantación de la formación profesional en su conjunto a lo
largo de los próximos tres años, que es el plazo de la legislatura.
Desde un punto de vista general y conectado con lo anterior también se
preguntaba S. S. por el proceso de definición de las titulaciones
profesionales. Es un proceso complejo que ha producido dificultades a
partir del momento en el que se pone en marcha; es un proceso en el que
interviene, por una parte, el Inem y, por otra, los organismos semejantes
de las comunidades autónomas con competencia plena; es un proceso en el
que intervienen, en diferentes estadios, grupos de trabajo de expertos
tanto tecnológicos como educativos; es un proceso de elaboración en el
que intervienen organizaciones empresariales, sindicales y profesionales,
que son los únicos elegidos de cada sector. Cuando están realizados los
trabajos previos --de los que hago gracia a S. S. porque hasta siete
fases cabría diferenciar en el proceso complejo de elaboración de estas
titulaciones--, cuando esos títulos están definidos, pasan por un proceso
de aprobación enormemente complejo, como probablemente no tiene ninguna
otra disposición de rango reglamentario de las que existen en nuestro
ordenamiento jurídico. Cada titulación recibe el informe preceptivo del
Consejo General de la Formación Profesional y del Consejo Escolar del
Estado, y se tramitan para informe a la Conferencia de Consejeros de
Educación, a los colegios profesionales, a las organizaciones sindicales,
a las organizaciones empresariales más representativas y al Consejo de
Universidades. Todo ello da como fruto una titulación que aprueba el
Gobierno y a la que ha de seguir la determinación de un ciclo formativo
que, en el ámbito de las competencias del mal llamado territorio MEC, se
establece a través igualmente de una norma reglamentaria con rango de
real decreto. En todo este proceso, tanto en la fase de elaboración de
las titulaciones como en la fase de informe a través de los órganos
pertinentes, están interviniendo, de una manera permanente, los agentes
sociales, lo cual, señoría, no es ningún mérito, sino un exacto
cumplimiento del mandato previsto en la Logse que, como decía en mi
primera intervención, tuvo buen cuidado en establecer, y ello a los
efectos, que a todos se nos ocurren, de que este conjunto de titulaciones
que pretenden satisfacer directísimamente demandas sociales no se alejen
de la realidad.
Su señoría plantea igualmente un conjunto de cuestiones de carácter
concreto, a las que voy a procurar referirme en la medida en que haya
podido tomar nota. Por razones de organización, por razones de mayor
facilidad, sobre todo en la primera fase, o, lo que es lo mismo, en el
momento en que hay que echar a andar los estudios de formación
profesional, que ya son directa consecuencia y desarrollo de la Logse y
que no están establecidos sólo a título experimental, se ha determinado
situar la fase de formación en centros de trabajo al final de de cada uno
de los ciclos formativos. Esto no quiere decir que pueda o deba ser la
única solución posible. Sí me parece que en este momento es bastante
adecuado tratar de esta manera la cuestión en tanto en cuanto no se vean
las dificultades, en tanto en cuanto las ventajas percibidas pudieran
consolidar el sistema establecido, en tanto en cuanto, en definitiva, no
esté funcionando de una manera consolidada el sistema nuevo de la
formación profesional. Por consiguiente, a este título y con todas las
debidas cautelas, el módulo práctico estará situado al final de los
estudios teóricos, sin perjuicio de que puedan tener otra organización.
Lo mismo cabría decir de los diferentes sistemas en los que los estudios
de formación profesional pudieran establecerse. Ciertamente hay que decir
que no se establecen haciéndolos coincidir directamente con el curso
escolar. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que alguna coincidencia
--incluso una íntima coincidencia-- seguramente es siempre necesario que
exista. A diferencia de otros sistemas de formación profesional de los
que podría hablar y que existen en otros países, incluso que pueden
servirnos de referencia, lo cierto es que los estudios de formación
profesional específica están diseñados por nuestra legalidad como
estudios que se realizan dentro de una única red de centros para evitar
la consideración como de segunda fila de los estudios de formación
profesional, que es algo contra lo que la Logse reacciona de una manera
directa. En cualquier caso, todo este planteamiento viene facilitado por
la innovación fundamental, desde el punto de vista del contenido de los
estudios, que es su organización a través de un sistema de módulos que
incluso facilita la posibilidad de realización de estudios de forma
discontinua o, en su caso y en su día, la posibilidad de realización del
módulo de prácticas en el centro de trabajo en otro momento de los
estudios, cosa que entiendo que ahora es preferible no hacer. Si se
quiere que el sistema funcione correctamente y que el sistema de
prácticas, que ahora ya son obligatorias, funcione también correctamente,
es preciso establecer determinadas estructuras a nivel descentralizado
que no engrosen las existentes, pero que se dediquen justamente ellas, y
no los profesores, a la selección de las empresas, a la determinación de
los objetivos o, mejor dicho, los requisitos que las empresas tienen que
cumplir para que puedan impartir este módulo de formación en centros de
trabajo, etcétera. Con esto quiero decir que doy plenamente la razón a S.
S. en lo que se refiere a la necesidad de buscar un sistema perfectamente
estable que permita descargar las labores administrativas a aquellas
personas que solamente tienen una labor docente, que ya en esta materia
será muy importante, sustancial y engorrosa.
También estoy de acuerdo, señoría, en lo que indica acerca de poner
atención a las pequeñas empresas, cosa que hasta ahora, si se ve el censo
de empresas que han trabajado en el sistema de prácticas en alternancia,
incluso en el sistema de prácticas en alternancia se puede demostrar,
pero, efectivamente, el interés es trabajar no sólo con las
grandes empresas que pueden producir una mayor facilidad, sino trabajar
también con empresas de pequeño o mediano tamaño. Hay que poner atención
a las profesiones emergentes. La atención al entorno socio-económico creo
que con el sistema de elaboración --al que me he referido-- de las
titulaciones ya comienza a poder darse por supuesto, incluso está
previsto, señoría, un sistema de financiación de las prácticas en empresa
que conllevará la necesidad de satisfacer los gastos de desplazamiento
para aquellos alumnos que lo necesiten, la necesidad de satisfacer los
gastos de manutención en el mismo supuesto, e incluso en algunos casos
los gastos de vestuario. Estoy de acuerdo por consiguiente, señoría, y
está previsto en nuestro sistema.
Me preocupa, como a S. S. --y es la obligación de S. S. y mía también,
cada uno desde su responsabilidad--, que exista un marco que garantice
ciertamente la imposibilidad de empleo en puestos productivos de aquellos
alumnos de formación profesional que, en tanto que alumnos, están
realizando un sistema de prácticas ahora plenamente incluido en el
currículo. Sin embargo, señoría, yo creo que aquí sí existe marco legal
suficiente. Otra cosa es que haya que implementar determinados
procedimientos de carácter administrativo y ejecutivo para conseguir que
las normas jurídicas se cumplimenten en un terreno que pudiera llegar a
constituir, si no se cuida suficientemente, una zona gris con la
ocupación indebida de determinados puestos de trabajo. Creo, por
consiguiente, que disponemos en la Administración de los necesarios
instrumentos para que esta inquietud pueda despejarse en la medida en que
los responsables administrativos y políticos consigamos que funcionen
bien.
También estoy de acuerdo con S. S. acerca de la necesidad de una mayor
información hacia la sociedad española, sea usuaria o no del servicio
público de la formación profesional, sobre los objetivos de la nueva
formación profesional reglada, lo que significa, y las posibilidades de
salida profesional que los estudios de formación profesional tengan,
tanto que está incluido en el plan de trabajo, bien es verdad que al hilo
de los sistemas de orientación profesional, que también me parece, como
luego diré, una cuestión sumamente importante. Pero yo creo que esto es
de las cosas que merece la pena estructurar a través de un sistema de
hitos informativos periódicos, como he dicho en mi intervención, que es
algo prepensado, por así decirlo, y a través de una campaña bien
estructurada que ponga de manifiesto a nuestros ciudadanos lo que es la
nueva formación profesional, fundamentalmente, señoría, porque creo que
en materia de formación profesional reglada o no reglada es necesario que
la sociedad española produzca un cambio en su entendimiento, por así
decirlo. Es decir, hay que poner de manifiesto a la sociedad española que
cuando hablamos de una nueva formación profesional, con las
características a las que estamos aludiendo a lo largo de esta mañana, no
estamos hablando de una formación profesional que constituye estudios de
segundo orden, que no van a tener posibilidades de acceso al mercado de
trabajo o que, en definitiva, no sirvan para lo que queremos que sirvan.
Por consiguiente, importante campaña de información.
Su señoría entiende que hay unos cuantos elementos que constituyen,
efectivamente, ejes de la calidad de la enseñanza en materia de formación
profesional. Me parece que S. S. ha dicho tres; yo he listado cuatro o
cinco. Hay que actuar en equipos e infraestructura. Es evidente que si no
existen para la formación profesional de carácter básico, es decir, la
integrada en el currículo, aulas tecnológicas, por decir algo gráfico, el
sistema no podrá funcionar, y esto exige la aportación de una serie de
recursos amparados o no por los sistemas a los que me he referido de
cofinanciación, soy consciente de ello, señoría, de la misma manera que
es importante dotar a los centros de formación profesional específica de
un conjunto de recursos de material, equipos, infraestructura y otros
bienes, en función de los cuales habrá que desarrollar la enseñanza. Creo
que el planteamiento prudente del plan de actuación que cubre los tres
años que restan de la presente legislatura permitirá ir equipando a los
centros y, por consiguiente, salvar este problema.
Se ha venido realizando, en relación con el mapa escolar de la formación
profesional, que me parece un objetivo muy importante del plan de trabajo
de la legislatura en esta materia, un conjunto de trabajos previos, con
participación también de los agentes sociales. Lo que pretende el
Ministerio es contar con un sistema de base que le permita redefinir
--luego diré con qué cautelas-- dónde van a estar ubicados los estudios
de formación profesional y qué estudios de formación profesional van a
estar situados en cada lugar. Es un trabajo de base, y este trabajo
supone la constitución de un mapa de carácter genérico que habrá que
adaptar en función de determinados ritmos, que no sólo --aunque estaría
dispuesto a decir que fundamentalmente sí-- estarían condicionados por el
recurso financiero, sino también, y de una manera fundamental, por la
anticipación de la reforma, toda vez que, en la medida en que no se vaya
anticipando la reforma general del sistema educativo, no podrá ponerse en
marcha la nueva formación profesional. Es normal, por consiguiente, que
desde una perspectiva de planificación --y ya me gustaría que se aplicara
en todos los casos-- se produzcan unas líneas de delimitación del mapa
previamente construido, que, repito, es un mapa general que habrá que
concertar, por un lado, con las comunidades autónomas que van a adquirir
a partir del curso 1996/1997 --es decir, cuando se acaben los tres años
de planteamiento de la nueva reforma profesional-- las competencias
plenas en esta materia, al que habrá que dar publicidad --éste es un
compromiso público que asumo con todas las consecuencias-- y que servirá
de instrumento de planificación, no sólo de instrumento de conocimiento
por parte de los sectores de la comunidad educativa, para el Ministerio
ahora y, más adelante, la administración educativa correspondiente.
Claro que hay dificultades --otro de los ejes básicos que definen la
calidad de la reforma-- en relación con el tratamiento del alumnado, no
propiamente con el tratamiento del alumnado sino con la posibilidad para
el alumnado de realizar estudios de formación profesional de manera
continuada en todas sus etapas y niveles. Su señoría lo ha puesto muy
correctamente de manifiesto. Están
coexistiendo en estos momentos en nuestro sistema de estudios tres
diferentes sistemas de formación profesional. Por eso es muy urgente, en
una urgencia demandada no sólo desde una perspectiva social de que se
pongan en práctica una serie de estudios de carácter nuevo y muy
conectados con el entorno socioeconómico, con las demandas sociales, sino
incluso desde una perspectiva de coherencia del sistema y de
posibilidades de gestionarlo. Coexisten el sistema de enseñanza
profesional de 1970, de la Ley General de Educación, en la que, por
ejemplo, no hay prácticas obligatorias y que sigue un número muy
importante de estudiantes españoles, en torno a unos 190.000 del ámbito
de gestión del Ministerio de Educación y Ciencia; existe el sistema de
módulos profesionales implantado a título experimental y para preparar
las experiencias que luego recoja la Logse a partir de 1986, módulos
profesionales que acogen a un número que en estos momentos seguramente
estará situado en torno a 13.000 alumnos--éstos sí, ya con prácticas
obligatorias--; y existe el sistema de la formación profesional de base
integrada en el currículo de aquellos centros que anticipan la reforma
general del sistema educativo. Forzosamente tiene que haber disfunciones
en la posibilidad de que los estudiantes realicen un currículo continuado
y coherente de formación profesional, justamente por eso es urgente la
puesta en práctica de la nueva formación profesional.
Por último, en materia de formación a distancia considero que se ha
realizado un esfuerzo muy importante, precisamente por las dificultades
que esta cuestión supone. Me parece que he indicado en mi intervención
que deseo consolidar la fase de educación propiamente a distancia antes
de pasar a poner en marcha, con carácter generalizado, la formación a
distancia en su modalidad de carácter presencial. Ello no quita para que
la red de adultos o determinados centros puedan o deban estar
comprometidos en la organización de determinadas enseñanzas, como las
enseñanzas básicas, para aquellas personas acogidas al contrato de
aprendizaje.
Aunque ya me gustaría, señoría, no he dicho que el próximo año será el
definitivo de la formación profesional. Me parece que ésta es una reforma
de tanta envergadura que sólo se podría decir en estos términos aplicando
un voluntarismo que debe estar ausente de una prudente gestión de los
recursos públicos. Lo que sí he dicho, aunque no con estas palabras, es
que ésta sí que será la legislatura de la formación profesional, porque
las cuestiones previas que era necesario despejar, hasta asumir un
compromiso de esta índole, ya están suficientemente despejadas y porque
en la Cámara asumo el compromiso de implantar, en tres años, el sistema
de formación profesional en todas sus titulaciones y en la mayor parte
posible de los centros, sin perjuicio de que su generalización --matiz
que conviene que quede claro también-- no será posible hasta que toda la
reforma educativa esté implantada. Desde esta perspectiva, aunque
referido al plazo de la legislatura, no me muevo, en absoluto, en una
declaración de intenciones, entre otras cosas porque S. S. y los miembros
de esta Comisión no me van a dejar.
La Diputada señora Cremades me plantea un conjunto de cuestiones de las
que creo haber tomado nota de todas menos de una, puesto que me salen
nueve puntos y no diez. En cualquier caso, me plantea también una
cuestión de carácter general a la que no quiero dejar de aludir, pero a
la que sí creo haber contestado, naturalmente desde mi perspectiva, en
respuesta al planteamiento del Diputado señor González. Creo haber
clarificado el trabajo realizado hasta ahora y el grado de compromiso que
a partir de este momento se asume. Creo haberlo hecho ya y se puede
aplicar mi respuesta a lo que S. S. indicaba. Sólo quisiera hacer una
referencia a una cuestión que ha introducido en ese planteamiento general
--si lo he entendido bien-- porque puede contribuir a poner de manifiesto
las dificultades de poner en marcha todo el sistema de formación
profesional.
Precisamente por la importancia que hemos conseguido dar, desde los
planteamientos del Gobierno, en la cumbre de Edimburgo de 1992, tenemos
la posibilidad de que muchos de los recursos del marco comunitario puedan
ser aplicados a cuestiones tales como la formación profesional que
inciden directamente sobre la reforma y la renovación del sistema
educativo de cualquier Estado moderno. Sucede, sin embargo, que esos
recursos pueden aplicarse, por disposición comunitaria, a lo que pueden
aplicarse. Con esto quiero decir, y lo repito, que si pueden aplicarse al
conjunto de cuestiones que están incluidas en lo que constituye el
programa de actuación del Departamento para esta legislatura en materia
de formación profesional; no pueden aplicarse, sin embargo --aunque
confieso que también me gustaría porque liberarían mis presupuestos para
el sistema educativo general de niveles anteriores a la Universidad--, a
la construcción de infraestructuras. Quiere decirse con esto que, desde
la perspectiva de la red única, estoy asumiendo también un compromiso
colateral, aunque no haya sido explicitado hasta este momento, de
anticipar la reforma de la enseñanza del sistema educativo general,
priorizando, eso sí, la formación profesional, para lo cual vienen
recursos del Fondo Social Europeo.
Pasando a las cuestiones concretas, estoy de acuerdo, señoría, en que al
desaparecer la formación profesional de grado uno, prevista desde 1970,
es necesario que exista una buena formación profesional de base, lo cual
plantea dificultades. Quizá aquí las dificultades más importantes serían
producto de la formación del profesorado. Por eso el plan específico de
formación del profesorado no va a incidir sólo en la formación
profesional específica, sino también en la formación profesional de base,
y ya está incidiendo. En otros términos, en la medida en que hemos
definido que el planteamiento tecnológico o el que hasta ahora era
contenido de la formación profesional de grado uno pase a formar parte de
los curriculos de la enseñanza secundaria obligatoria y del bachillerato,
no podemos permitirnos que nuestros jóvenes, alumnas y alumnos de estos
niveles educativos, no tengan una formación profesional de base digna. En
este momento, como se ha emprendido el plan de choque, al que creo que me
refería hace un instante, de formación del profesorado de la formación
profesional en las dos modalidades, hay algunos miles de profesores que
han recibido ya estos cursos de adaptación o de
reciclaje en algún caso. En el ámbito de la formación profesional
específica, a finales de curso, serán más de 2.000 de los 6.845 que hay,
y otros 2.500 profesores han recibido cursos de impartición de formación
profesional de carácter básico, en estos cursos de menor duración.
La definición de la formación profesional específica hay que apoyarla en
instrumentos adecuados. Por supuesto. Esos instrumentos adecuados son el
trasunto de lo que opinen los sectores productivos a los cuales la
formación tiene que satisfacer. Sinceramente creo que han venido
funcionando bien no sólo las comisiones provinciales de formación
profesional, sino los diferentes sectores y organismos públicos de la
Administración central y de las administraciones autonómicas. En la
elaboración de estas titulaciones la clave será mantener, a partir del
momento en que esas titulaciones estén aprobadas, la tensión suficiente
como para convertirlas en titulaciones de carácter dinámico. Es decir,
será necesario que aparezcan con el tiempo nuevas titulaciones, que
desaparezcan o se adapten algunas de las existentes y, por consiguiente,
que exista un correcto sistema de conexión que se implementará con los
sectores productivos. Esto ha venido funcionando para la definición de
las nuevas titulaciones; ha venido funcionando menos, porque la
metodología no estaba determinada, para la aplicación de los módulos
profesionales. Pero los módulos profesionales, que como antes he dicho
ahora deben afectar a unos 13.000 estudiantes, se organizan a partir de
1986 con un carácter experimental y de ellos se van extrayendo las
experiencias necesarias que luego se vierten en la Logse, desde un punto
de vista general. Se constituyen para preparar la reforma y, por
consiguiente, no se constituyen con este planteamiento tan exigente con
el que hacemos las nuevas titulaciones profesionales.
Soy inocente en el planteamiento del desarrollo de la formación
profesional comparado entre Asturias y Murcia. Sin que pueda contestar en
este momento con fijeza, como es natural, probablemente esto se debe a
las condiciones de anticipación de la reforma educativa general, para lo
cual ha sido necesario buscar centros muy específicos que reunieran
requisitos de una determinada índole, y probablemente --no sabría decirlo
en este caso, seguramente sí-- esto ha obligado a incidir más en alguna
comunidad autónoma que en otra. Me consta que en Asturias --no sé si en
Murcia-- existía algún tipo de estructura básica muy ligada a la
siderurgia o a otras zonas industriales, muy aprovechable desde la
perspectiva de encontrar, pongo por caso, profesorado de formación
profesional. Quizá esto contribuya a explicar la cuestión dado que yo no
puedo dar una explicación exacta en este momento. El planteamiento de
futuro es la generalización, siempre contando con el entorno productivo.
Me he centrado en la formación profesional reglada, pero he tendido
alguna vía al ámbito de la formación profesional ocupacional cuando se
habla del sistema de formación profesional reglada en relación con el
empleo. En cualquier caso, esas vías están definidas hace ahora
aproximadamente un año, y funcionando a través del Plan general de
formación profesional que se aprobó --creo-- en mayo del año pasado.
La formación del profesorado, en cuarto lugar, es ciertamente un
problema, pero un problema que es necesario resolver porque si no se
resuelve no funcionará el sistema de de formación profesional. Dicho
problema está situado en la radicalidad del funcionamiento del plan que
he presentado. Se han hecho esfuerzos importantes desde la perspectiva
del plan de choque y se continuarán haciendo.
De todas formas, no conviene minimizar la perspectiva de la formación del
profesorado. Desde hace dos años --y aquí tengo la publicación
correspondiente a 1993-- se oferta un conjunto de formación del
profesorado de formación profesional que afecta a muchas empresas, que
sin duda S. S. conoce, y que supone, por cierto, una implicación de los
sectores productivos en materia de formación del profesorado que habrá
que desarrollar, pero que, desde luego, hoy alcanza ya un cierto grado
cuantitativo y cualitativo. Si hay oscuridad en el lenguaje al hablar del
sistema de correspondencias y convalidaciones habrá que salvarlo, porque
desde luego lo que no puedo negar es que me parece una cuestión sumamente
importante, como le parece a su señoría. Un sistema tan implicado como es
la nueva formación profesional no funcionará si no hay una adecuada
explicación, y ojalá sea solamente una cuestión de clarificación de
lenguaje.
También participan los agentes sociales, y habría que ver cuáles son las
cifras a las que se refiere S. S. para ver si estas cifras bailan o no.
En cualquier caso, yo he ofrecido las mías, que creo contrastadas con la
realidad.
Antes ya me he referido a la cuestión de la educación de adultos. Se
adoptará una fórmula que en su momento precisará determinada formación en
circunstancias muy específicas, como es el caso de los centros
penitenciarios. Ya veremos si esta formación se arbitra a través de la
vía de la formación profesional de carácter reglado o no, pero en
cualquier caso no estará desatendida. Es complejo el sistema de los dos
organismos a que S. S. se ha referido, y hay que tener en cuenta que en
este momento no es que se haya bajado el tono de formación en materia de
adultos, sino que su naturaleza ya ha comenzado a ser otra en función de
determinadas disposiciones de carácter administrativo.
En definitiva, señoría, claro que empleo el futuro. ¡Cómo no lo voy a
emplear! De todas formas, ya hemos empezado, que es algo que no se puede
desconocer. Cuando digo --y luego me referiré a ello-- que los títulos de
formación profesional van a estar --espero-- aprobados en su parte
sustancial --y ahora lo aclaro-- a lo largo del presente año, no hay que
desconocer que en este momento, y por las circunstancias de que sólo es
hoy cuando comparezco ante esta Comisión, ya hay 48 títulos aprobados;
que se ha avanzado en materia de formación del profesorado con
determinados planes; que se ha avanzado en la anticipación, etcétera. Es
decir, que se emplea el futuro para definir un planteamiento planificado
de un programa de actuación que SS. SS. entiendo yo que deben conocer.
Desde luego, por mi parte no hay desánimo en llevarlo a cabo, ya que
considero que no es utópico, sino realista, y procuraré que sea creíble.
Por ello no quisiera que quedara
flotando la idea de este desánimo general en el conjunto del sistema
educativo que según algunos se produce.
Toda reforma de una envergadura como la que existe, cuanto más si se
enfrenta con problemas de crisis social y crisis económica como los que
está padeciendo todo el conjunto de la sociedad española y no sólo el
sistema educativo, provoca problemas de adaptación; problemas de
adaptación que tienen que ser problemas de crecimiento, que tienen que
ser crisis de crecimiento, de adaptación a la modernidad, de puesta en
práctica de un sistema moderno, progresivo y progresista de educación,
que es el que todos pretendemos.
Voy a intentar, con datos concretos, contestar a las preguntas que el
Diputado señor Ollero me ha planteado.
Dice S. S. que yo manifesté que a comienzos de curso unos cientos de
titulaciones se iban a llevar a la práctica. No creo haberlo dicho así;
no creo haber hablado de cientos de titulaciones, y si lo hubiera hecho
me corrijo. A comienzo de curso está previsto que la nueva formación
profesional afecte a un conjunto de entre 18.000 y 20.000 alumnos,
incorporando a esa nueva formación profesional los alumnos que hasta
ahora están recibiendo los módulos profesionales experimentales y los
nuevos que incorporaremos a comienzos de curso.
Las titulaciones que se pondrán en práctica, en el ámbito donde estamos
explicando hasta hora los módulos experimentales y en algunos otros
nuevos, serán las que hemos definido hasta el momento o las que hayamos
definido en el plazo de los próximos dos meses, y que, por consiguiente,
puedan contar con material didáctico suficiente a comienzos del curso
próximo. El resto de las otras titulaciones se van a definir, en su
práctica totalidad, a lo largo del año 1994 y se irán poniendo en marcha
progresivamente durante los tres años que este programa de actuación
comprende.
Dicho programa afecta a un 20 por ciento aproximadamente de la demanda de
formación profesional que va a existir en el futuro cuando el nuevo
sistema de formación profesional esté generalizado, es decir, a partir
del año 2000, porque a comienzos del próximo curso los nuevos estudios se
van a aplicar, como decía hace un momento, a un número de estudiantes
situado entre 18.000 y 20.000, y la demanda que prevemos para el año
2000, después de los estudios que se han llevado a cabo, asciende, para
lo que hoy llamamos territorio gestionado por el Ministerio de Educación
y Ciencia, a unos 100.000 estudiantes, de los cuales 60.000 seguirían
estudios de grado medio y 40.000 seguirían estudios de grado superior. La
demanda de formación profesional en todo el territorio del Estado se
situaría probablemente en unos 250.000 estudiantes. Téngase en cuenta que
estoy hablando de la demanda de formación profesional de los nuevos
estudios, donde ya no está la formación profesional de base, que habrá de
estar integrada en los currículos de la secundaria obligatoria y del
bachillerato.
Con esto creo que contesto a todas las cuestiones englobadas en la
pregunta de S. S., salvo a una.
Espero que pueda tener aprobados la práctica totalidad de los títulos de
formación profesional a lo largo de este año, compromiso que creo haber
asumido ante esta Comisión en mi primera comparecencia. Puedo decir a S.
S. que en este momento, efectivamente, se han aprobado seis familias que
S. S. conoce, a pesar de la complejidad del sistema. Los diferentes
órganos a los que me he referido están informando a las familias, que
comprenden varios títulos de grado medio y superior cada una de ellas, de
automoción, construcciones metálicas, comercio y marketing y
administración y gestión. En los próximos días comenzará la propuesta
para informe directivo de los títulos de las familias de mecánica, artes
gráficas, electricidad y electrónica. El resto de las familias, hasta una
veintena --porque todavía no están definidas todas ellas--, espero que a
lo largo del año puedan estar aprobadas en los términos que he indicado.
En contestación a lo que me ha planteado la diputada señora Romero, creo
que, sin perjuicio de que haya que avanzar más en el futuro, estamos
desarrollando en estos momentos un trabajo muy intenso con las empresas y
con los sindicatos, como se ha pretendido por parte de los sectores
productivos y por parte también de la administración educativa poner de
manifiesto, por ejemplo, en la presentación de los primeros títulos, de
las primeras familias profesionales a la opinión pública con los
sindicatos y los empresarios. En cualquier caso, me parece un elemento
sustancial, teniendo en cuenta que no sólo afecta a una cuestión de
contenidos, sino que estaríamos obviando e incumpliendo un mandato legal
en el supuesto de que no trabajáramos con empresas y con sindicatos en
todas las fases de este programa de formación profesional.
Aquí se ha hablado --y es una cuestión que me interesa aclarar de una
manera concreta-- en términos exactos, con alguna referencia lanzada a la
materia empleo, de la formación profesional reglada, y ello porque estoy
exponiendo un programa de trabajo del ámbito educativo que constituye un
subsistema de la formación profesional. Pero eso no quita para que sea
obligatorio tener en cuenta la conexión con la formación profesional
ocupacional, que, por otra parte, está garantizada, asegurada y prevista
en el plan general de formación profesional al que antes me refería. Pero
la formación profesional de carácter reglado es un subsistema de la
formación general profesional, y desde esa perspectiva la política
incluso que afecta a la formación profesional reglada es una política no
sólo de departamento, no es sólo una política sectorial, sino que es una
política de gobierno que ha tenido ocasión de conocer la semana pasada el
plan que hoy presento a sus señorías.
Efectivamente, señoría, me parece que la clave del problema, lo que me
parece que S. S. ha llamado idea fundamental, es que anticipamos la
formación profesional en la medida en que podamos anticipar la reforma
del sistema educativo general de los niveles anteriores a la universidad.
Por sí misma, esta anticipación de la formación profesional ya tiene la
entidad que creo que ha quedado confirmada y que todos conocemos, a lo
largo de esta mañana. Pero, además, el centrarse precisamente, dentro de
la anticipación general del sistema educativo, en la de la reforma de la
formación profesional, creo --y ya lo he dicho más de una vez-- que es el
gran servicio que el Ministerio de
Educación y Ciencia en estos momentos puede rendir a la sociedad
española.
Su señoría ha destacado tres cuestiones concretas a las que entiende que
hay que estar muy atento: sistema de orientación profesional, sistema de
formación en centros de trabajo y programas de garantía social. En todos
ellos, señoría, hay compromisos concretos en mi intervención respecto de
cuyo cumplimiento con mucho gusto iré informando a SS. SS. y para ello me
gustaría permanentemente contar con el concurso, con el apoyo y el
acuerdo de sus señorías.
Yo creo que el plan presentado es un objetivo ambicioso, pero antes
negaba que en mi consideración fuera utópico. Desde luego, creo que es un
objetivo posible, aunque habrá que echarle mucho esfuerzo. Buena parte de
su éxito dependerá de ese compromiso general por la formación que S. S.
quiere llevar a los agentes sociales, por lo cual yo no podría más que
felicitarme llegado el caso.
CONTESTACION A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:
--SOBRE MEDIDAS PARA SUPERAR LOS OBSTACULOS QUE PARALIZAN LA NONATA
UNIVERSIDAD EUROARABE. FORMULADA POR EL SEÑOR OLLERO TASSARA (GP).
(Número de expediente 181/000483.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro, por su presencia en
esta Comisión. Con ello damos por concluido el primer punto del orden del
día, y vamos a pasar al segundo, que es la contestación a diferentes
preguntas.
En este segundo punto, las dos primeras preguntas las va a contestar el
señor Secretario de Estado de Universidades e Investigación. Para
formular la primera pregunta, tiene la palabra el señor Ollero.
El señor OLLERO TASSARA: Mi bienvenida, ante todo, al señor Secretario de
Estado.
La primera pregunta, como sabe, tiene como objeto conocer qué medidas
está adoptando para superar los obstáculos que paralizan la nonata
universidad euroárabe.
Para facilitarle la respuesta, le plantearía, como se hace a veces en las
preguntas tipo test, cuatro posibles respuestas, a ver con cuál de ellas
se identificaría.
Una primera sería afirmar que la universidad euroárabe es una realidad.
Una segunda, decir de ella que es un conjunto de ideas vagas y que es
preciso llenarlas de contenido. Una tercera, afirmar que su situación no
se puede mantener y que es un proyecto vendido en exceso. Y una cuarta
sería afirmar que es un proyecto viable pero no inmediato, y que quizá en
cinco años podría realmente considerarse que existe la universidad.
Tras esta gama de posibles respuestas que dejo a su elección, le
preguntaría ya detalles concretos sobre los efectivos actuales de la
universidad. ¿Cuántos profesores tiene la universidad euroárabe? ¿Cuántos
alumnos hay matriculados en ella? ¿Desde cuándo se dispone de criterios
de selección de alumnos? ¿Cuándo comenzará a funcionar efectivamente la
primera facultad? ¿Quizá en junio de este año? ¿Quizá en enero del año
que viene?
¿Qué otros centros previstos hay y cuándo comenzarán a ponerse en marcha?
¿Quizá antes de fin de año? ¿Cuándo se expedirán las primeras
titulaciones? ¿Cuándo se nombrará al rector? ¿Por qué dimitió el
secretario del actual centro de documentación y seminario permanente? ¿Ha
abandonado la nueva secretaria, la señora Fenoll, sus actividades
docentes y de investigación? Estoy intentando facilitarle la información.
Para ir terminando, respecto a la sede definitiva, si tiene noticia de la
pregunta del diputado griego Kostopoulos sobre la posible ubicación de la
universidad en Creta. Y si de establecerse, como parece previsto, en
Granada, el campus de la universidad euroárabe allí estaría en los
edificios previstos para museo hispanomusulmán, actualmente sin
utilización conocida. ¿Hay gestiones al respecto? ¿Con quién? ¿Cuál es el
papel de la ciudad de Córdoba en el proyecto? ¿Han surgido problemas en
este sentido? ¿Cuáles son las funciones del profesor José Ignacio Cubero
al respecto? Cuántos centros asociados existen de esta universidad y
cuáles son sus funciones actuales?
En cuanto a los obstáculos de origen europeo, me gustaría conocer cuál es
la actitud de Francia, en concreto, sobre este proyecto. ¿Es verdad lo
que afirma algún representante de países árabes de que hay un veto
europeo a la intervención de determinados países árabes en el proyecto?
¿Han supuesto en algún momento un obstáculo las peripecias urbanísticas
de la posible construcción de una mezquita en Granada, en el Albaicín?
Respecto a actividades, ¿se puede afirmar que se ha producido un giro
tecnológico en las actividades de la universidad euroárabe, si es que
existe? ¿Las actividades consisten en aprovechar cualquier iniciativa que
pueda surgir de otro titular para hacerlas en la sede del seminario
permanente, o realmente hay un programa más consistente?
Finalmente, en cuanto a los encuentros euroárabes de Almuñécar, que ya
van por su novena edición, ¿no tienen ninguna conexión con este proyecto?
El señor PRESIDENTE: Para contestar a la pregunta sobre medidas para
superar los obstáculos que paralizan la nonata universidad euroárabe,
tiene la palabra el señor Secretario de Estado de Universidades.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION (Fereires
Castiel): Señor Diputado, me permitirá que de las cuatro opciones que
presenta sobre cuál es la situación actual de la universidad euroárabe
plantee una quinta, que es la siguiente. El proyecto de la universidad
euroárabe no es un proyecto español exclusivamente y, por tanto, no puede
ser llevado a cabo unilateralmente por España. El origen de la
universidad, como sabe bien el señor Diputado, es una resolución del
Parlamento Europeo sobre su creación en marzo de 1984. Resolución que el
Gobierno español aceptó en el año 1985 creando una delegación oficial
española para dicha
universidad, y en el año 1987 el Consejo de Ministros español adoptó el
acuerdo de que la citada universidad euroárabe se ubicase en la ciudad de
Granada, con un inciso de que los estudios del área de agronomía --decía
textualmente el acuerdo del Gobierno-- se impartirán en la ciudad de
Córdoba.
Hasta el año 1990 la Comisión general del diálogo euroárabe reunida en
Dublín no asigna un comité de trabajo para realizar los estudios previos
necesarios para el proyecto de la universidad euroárabe. Lamentablemente,
estos estudios se ven truncados por la guerra del golfo del año 1991, y
cuando accedí a la Secretaría de Estado, en junio de 1992, el proyecto
estaba en una situación de recesión, principalmente debida a las
consecuencias políticas de interrupción del diálogo euroárabe entre la
Comisión, la Comunidad Europea y los países árabes. Vuelvo a repetir que
la universidad euroárabe es un proyecto que está formado por tres
componentes: la Comisión europea impulsada por el Parlamento, España y
los países árabes, que han mostrado siempre interés en este proyecto.
La situación actual es la siguiente, y con esto informo de los avances
realizados desde el pasado año. El pasado año anuncié --y se han llevado
a cabo-- que se iban a realizar una serie de seminarios para impartir en
la universidad euroárabe unos estudios de postgrado. Esos seminarios se
celebraron en el último trimestre de 1993 y principios de 1994, y ya hay
unas propuestas concretas, una de las cuales se va a poner en marcha
probablemente en el otoño de 1994, si bien el proyecto definitivo no está
ultimado. Me refiero al máster en energías renovables impulsado por el
Profesor Antonio Luque, que es uno de los máximos expertos europeos en
energía solar fotovoltaica y que ha diseñado, junto con una serie de
expertos árabes y europeos --en el seminario al que he hecho
referencia--, un programa de máster que será el primero que impartiría la
universidad euroárabe y que esperamos poner en marcha bien en otoño de
1994 bien a principios de 1995.
La primera escuela que se desarrollará en la universidad euroárabe va a
ser la escuela de alta dirección. Esta escuela es un proyecto cuya
viabilidad se ha valorado ya positivamente en un primer estudio realizado
por una consultoría de prestigio, contratada por la Comisión Europea, y
el estudio definitivo de viabilidad será presentado el próximo día 16 de
mayo a la Comisión y a los representantes españoles de dicha universidad.
Por tanto, se cuenta ya con un proyecto definitivo, y es intención de la
Comisión Europea --para lo cual dispone de presupuesto tanto para este
año como para el siguiente-- la puesta en marcha definitiva de los
estudios en la mitad del año 1995.
Esta escuela de negocios se espera que en una primera fase tenga
aproximadamente cincuenta alumnos, entre ejecutivos árabes y europeos, y
va a impartir una titulación similar al clásico Master and Business
Administration, máster en gestión de negocios. Pero tiene un proyecto más
ambicioso, también diseñado en este estudio de viabilidad y máximo
prestigio, realizado por una consultora europea en colaboración con
ESADE. La segunda fase consiste en la puesta en marcha de una red de
estudios en el ámbito de la gestión de empresas a nivel europeo y árabe.
Por tanto, se trata de un proyecto ambicioso, del que luego daré algún
detalle en relación con los presupuestos previstos para la universidad
euroárabe.
Contestando a alguna de sus preguntas de forma concreta, le diré que la
primera facultad será la escuela de alta dirección, que empezará a
funcionar en la segunda mitad del año 1995 impartiendo un título de
máster en dirección de empresas. Previamente --no se lo puedo asegurar
hoy porque estamos terminando los estudios necesarios de financiación
para darle viabilidad--, se pondrá en marcha el estudio de máster en
energías renovables. Esta es la situación real.
Respecto a las dos sedes, Córdoba y Granada, ya me he referido al papel
que debe jugar Córdoba, según el acuerdo del Consejo de Ministros. Le
recuerdo que el Profesor José Ignacio Cubero fue nombrado coordinador de
las actividades de la Universidad euroárabe en Córdoba por el propio
rector de la universidad, sin haber sido sancionado este nombramiento
hasta ahora por la Comisión española para la universidad euroárabe, que,
por otra parte, ve siempre positivo cualquier esfuerzo para generar
interés y actividad en este proyecto. Las actividades que pueda realizar
este profesor nos serán comunicadas a la Comisión por acuerdo del propio
rector, pero hasta ahora no las conocemos de forma oficial.
El giro tecnológico al que se refiere el señor Diputado no es una
vocación de la parte española que integra la universidad euroárabe, sino
un deseo, un requerimiento de los países árabes, que son los que quieren
recibir la formación de alto nivel y que insisten decididamente en que
sean temas científicos y tecnológicos los que conformen, al menos en una
primera fase, el proyecto de universidad.
Por consiguiente, la Comisión Europea y la española responden a estas
demandas de formación ofreciendo una serie de temas que se han acordado
previamente con representantes de la Liga árabe, pero que no excluyen que
se impartan también temas humanísticos si son de interés para las tres
partes integrantes del proyecto.
En cuanto a los motivos de dimisión del profesor Montaves, son de índole
personal, según comunicó por carta a la Comisión, y el nombramiento de la
prestigiosa catedrática Purificación Fenoll responde también al interés
de impulsar la universidad, habida cuenta de su prestigio profesional y
de sus amplios contactos en el ámbito del mundo árabe en las disciplinas
de su campo, que es el referido a los yacimientos geológicos
concretamente.
Creo que he contestado a todo. Pero si ha quedado alguna duda estaría
dispuesto a concretarla.
Resumiré diciendo que se trata de un proyecto de universidad; que el
proyecto está avanzando a un paso marcado por las tres partes implicadas;
que el Gobierno intenta impulsarlo al máximo; que hay compromisos, que
luego si quiere mencionaré en la contestación a segunda pregunta a la que
hace referencia, de las tres partes en cuanto a la financiación y que el
proyecto se hará realidad cuando se ponga en marcha la primera escuela,
que será en la segunda mitad del año 1995, para la que ya existe un
proyecto de viabilidad que será presentado dentro de unas semanas.
El señor PRESIDENTE: El señor Ollero tiene la palabra, pero muy
brevemente, ya que entre los dos han consumido en exceso el tiempo
previsto para esta pregunta.
El señor OLLERO TASSARA: Señor Feredes, de las cuatro respuestas que le
sugerí la primera era de usted mismo y no la ha suscrito. Usted dijo en
septiembre que la universidad es ya una realidad Comunidad Escolar,
órgano de propaganda de su Ministerio, lo tituló: «La Universidad
Euroárabe inicia sus actividades», y recogió esa declaración, y no sólo
la recogió, sino que luego le dedicó una generosa información en la que
habla de dicha universidad como si existiera hace 20 años, ya que dice:
«La Universidad Euroárabe, con sede central en Granada, constituyó el
lugar de encuentro. La promoción del curso actual presenta una
orientación científico tecnológica.» Son ellos los que dicen lo del giro
tecnológico, no yo, que sé perfectamente que todo esto no es verdad. Son
ellos los que dicen que hay centros asociados en Francia, Túnez y
Marruecos, de los que usted no me habla. Son ellos los que dicen que los
estudiantes proceden tanto de los estados árabes como de los europeos en
proporción equitativa, es decir, conocen hasta la proporción, y no existe
ni uno, usted lo sabe perfectamente. Son ellos los que dicen que las
plantillas de profesores estables de la universidad están constituidas
por ciudadanos de los estados participantes en proporción equilibrada, y
usted sabe que no hay ninguno.
Es la revista de propaganda del Ministerio la que afirma todas estas
cosas, mientras que la prensa independiente dice que el Estado español ha
tratado de animar la fantasmagórica universidad trayendo a Granada
cuantos cursos, reuniones y congresos científicos tenían relación con el
mundo árabe, además --le diría yo--, ofreciendo la sede actual para que
organice ahí actividades quien sea, por ejemplo, el Patronato de la
Alhambra, que acaba de organizar una que se llama «Encuentros en la
Alhambra» y la hace allí porque es un lugar céntrico y cómodo, pero no
tiene nada que ver con los planes de la universidad.
Lógicamente, no me puede usted contestar ni cuántos profesores hay ni
cuántos alumnos, por lo que ya he dicho.
De su respuesta deduzco que el proyecto, que lleva ya diez años de
gestación --esto es el parto de los montes--, acaba de perder un año,
porque usted afirmó que la escuela de gestión, a la que se acaba de
referir, empezaría --y también lo afirmó el señor Montaves-- en octubre
de 1994 o quizá en enero de 1995, y usted dijo que habría titulaciones ya
en el curso 1994-1995. De sus palabras deduzco que hasta el curso
1995-1996 no va a empezar a funcionar, luego hemos perdido un curso,
repito si no he entendido mal.
No me ha dicho nada sobre si el Campus de Granada va o no en el museo
hispano-musulmán. No me ha dicho --esto la verdad es que no se lo he
hecho notar-- por qué estuvo la universidad ausente en el Salón
Internacional del Estudiante del mes de abril pasado en Córdoba, donde se
le esperaba hasta el último momento, según se afirmó.
No me ha confirmado tampoco si es cierto lo que dice el señor Darane de
que hay vetos europeos a determinados países árabes, y esto es lo que
está bloqueando el proyecto en buena medida. Le agradecería que me
contestara sobre estas cuestiones.
El señor PRESIDENTE: Con mucha brevedad.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION (Fereres
Castiel): Son muchas preguntas, pero intentaré ser lo más breve posible.
En cuanto a la ubicación de la universidad euroárabe, en estos momentos
estamos negociando con la Diputación, y llevamos muy avanzadas esas
negociaciones. Yo desconozco el museo hispano-árabe al que se refiere el
señor Diputado; de lo que se está hablando es del Colegio de las Niñas
Nobles, ¿es lo mismo? (El señor Ollero Tassara: No tiene nada que ver.)
Entonces, el Colegio de las Niñas Nobles es el edificio que el grupo que
hizo el estudio de viabilidad identificó como más apropiado para la
ubicación, al menos temporal, de la escuela de negocios, y en eso es en
lo que estamos ahora en fase muy avanzada de negociación.
En cuanto al retraso de la puesta en marcha de la escuela de gestión, es
atribuible a los estudios de viabilidad y a la decisión de la Comunidad
Europea. Repito que se trata de un proyecto a tres bandas, y las pautas
las marcan los tres participantes.
Respecto a vetos a determinados países árabes, desconozco que en el
diálogo euroárabe se hayan planteado esos vetos. Bien es verdad que, como
ha apuntado el señor Diputado, hay alguna reticencia por parte de países
ribereños, como Francia. Por otra parte, hay el interés de Italia en
participar y las reticencias con Francia están siendo limadas por la vía
de incorporar al proyecto las distintas enseñanzas de postgrado. De
hecho, en el proyecto de máster de desarrollo rural, que también se está
elaborando, esperamos una amplia participación francesa que permita su
incorporación, repito, a ese proyecto.
--SOBRE INVERSION PARA IMPULSAR EL PROYECTO DE UNIVERSIDAD EUROARABE.
FORMULADA POR EL SEÑOR OLLERO TASSARA (GRUPO POPULAR). (Número de
expediente 181/000484.)
El señor PRESIDENTE: Para formular la segunda pregunta, tiene la palabra
el señor Ollero.
El señor OLLERO TASSARA: Señor Secretario de Estado, es fácil entender
que todos estos proyectos dependen de la existencia o no de financiación
y de precisar los objetivos de esa financiación, porque lo que le acabo
de decir del museo hispano-musulmán no es un invento mío, lo dijo el
señor Rector de la Universidad de Granada que, como usted sabe, forma
parte de la delegación, y que aseguró, el mismo día que dimitió el señor
Montaves, que se pretendía poner el primer campus, el de Granada, en el
museo de arte hispano-musulmán, aunque no se habían iniciado
negociaciones con el Ministerio de Cultura. De sus palabras deduzco que
todavía no se han iniciado. Esto era
en febrero y ahora, en mayo, usted tampoco ha comenzado negociaciones ni
parece que pretenda comenzarlas.
Pasamos a los aspectos de financiación. Quería preguntarle, por un lado,
en cuanto a financiación europea, ¿qué ha aportado Europa en 1993 para
este proyecto? Tengo algunos datos, que me gustaría que me confirmara o
precisara, según los cuales la hoy Unión Europea, entonces con otra
contextura, habría aportado unos 65 millones de pesetas al cambio del ecu
de entonces, pero para diálogo y universidad euroárabe. A mí lo que me
interesa es la universidad, sin perjuicio de que todo el mundo dialogue,
incluso aunque sea pagando. Pero lo interesante para mí, repito, es la
universidad y quiero saber qué se han gastado en diálogo y qué se han
gastado en universidad, porque el diálogo da para muchos gastos según
como uno lo acompañe. Quisiera que me aclarara un poco qué ha aportado
Europa en 1993.
En los presupuestos de 1994 nos encontramos con lo mismo. Por un lado,
según mis noticias, habría 850.000 ecus --no sé si el cambio acertado
serían 113 millones de pesetas-- también para diálogo y universidad. Me
gustaría que me precisara qué pasa con la universidad.
El señor Montaves, en julio del año pasado, había afirmado que había una
posible partida de 700 millones de pesetas para la Escuela de Gestión.
¿Se mantiene realmente ese compromiso por parte de los europeos?
Respecto a los países árabes, parece que en 1993 se comprometieron a
aportar un tercio de lo que aportaban los europeos (o sea, 20 millones de
pesetas, si no calculo mal) para viajes, lo cual quiere decir que a la
universidad no aportan nada, simplemente ayudan a que lleguen visitantes,
que no sé realmente si han llegado en tan gran medida.
¿Qué compromisos tienen los países árabes para 1994? El señor Montaves se
refería a una reunión en El Cairo, el 19 de julio de 1993, donde se
habría comprometido, según sus palabras, un modesto apoyo económico a la
Escuela de Gestión. ¿En qué consiste el apoyo económico? Ya nosotros
juzgaremos si es modesto o no, pero en concreto.
En cuanto a España, sí sabemos lo que va a aportar y nos produce enorme
perplejidad, porque, según los presupuestos que pasan por esta Cámara, el
Gobierno español va a aportar en 1994 casi 14 millones de pesetas, que es
algo así como la décima parte de lo que aportaría si estuviera
funcionando la universidad; en concreto, la décima parte prácticamente de
lo que va a aportar este año 1994 para el Instituto Universitario Europeo
de Florencia, en el que, por otra parte, no colaboramos especialmente.
Allí pagamos y los italianos no nos han dado ningún tipo de prima
especial porque colaboremos. Pagamos diez veces más de lo que está
pagando el Gobierno español para una universidad en su propio territorio.
Creo que, si se quiere tomar en serio el proyecto, el Gobierno español
debería empezar por dar a esta universidad por lo menos el mismo dinero
que da para una universidad situada en suelo extranjero, sobre todo
cuando se habla de unas necesidades de financiación que andarían, una vez
en funcionamiento, alrededor de los 14.000 millones de pesetas al año.
Lógicamente, como no está en funcionamiento, no hacen falta.
También se habla de un fondo de endeudamiento de 105 millones de ecus,
unos 1.300 millones de pesetas largos. ¿Se ha empezado ya a constituir
ese fondo? Porque, tal como está la situación, no es cuestión de dejar
pasar el tiempo. Se podría ir constituyendo un fondo que permita luego
obtener de ahí una base de funcionamiento, porque cuando por fin se
superen los problemas políticos, a lo mejor resulta que la famosa crisis
que nos invade, que es como la sequía, impide que se lleve a la práctica
cuando a lo mejor ahora se puede hacer algo. Piensa que es suficiente la
aportación del Gobierno español para este proyecto?
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION (Fereres
Castiel): Brevemente le transmito las inversiones y las aportaciones
previstas de las tres partes.
La Comisión europea, durante el año 1993, para los seminarios y talleres
que se realizaron con vistas al diseño de estos programas de máster
aportó, finalmente, 108.000 ecus, según mis datos, aunque creo que era
algo más porque 108.000 ecus son 17 millones de pesetas y es más que
esto. Si no le importa, le suministraré este dato por escrito, pero en mi
memoria son treinta millones y no sesenta, ya que los otros los
aportábamos desde España.
Efectivamente, existe una partida de 850.000 ecus para el año 1994 que
está asignada, según mi información, al estudio de viabilidad y puesta en
marcha de la escuela de alta dirección y no al diálogo euroárabe. Esto
está confirmado en una carta que recientemente he recibido del Director
General encargado de las Relaciones Norte-Sur, donde anuncia que este
dinero está comprometido para este año y se congratula del progreso
realizado en poner a disposición de la futura escuela de negocios
euroárabe el Colegio de Niñas Nobles de Granada. Esto es lo que se
refiere a Europa.
En lo que se refiere a la Liga de estados árabes, sus noticias eran
correctas respecto a que había un compromiso también por escrito de
aportar un tercio de lo presupuestado para el desarrollo. Este tercio se
iba a aportar financiando viajes y estancias de expertos y estudiantes
árabes a la universidad, y se ha aportado, en parte, para algunos viajes,
pero no se ha concretado en una aportación, aunque sea modesta. Es decir,
hasta el momento la Liga de estados árabes no ha transferido ninguna
cantidad a la universidad euroárabe para contribuir a su mantenimiento.
Está pendiente, en cuanto este estudio de viabilidad se presente dentro
de unas semanas, hacer un viaje a los países árabes, a la oficina de la
Liga de estados árabes en El Cairo para establecer un acuerdo formal y
cuantitativo de manera que haya un compromiso numérico, que por otra
parte ha sido expresado verbalmente y por escrito, pero sin cuantificar y
sin materializar hasta la fecha.
España aporta, por un lado, la infraestructura en cuanto a edificaciones
y en cuanto a instalaciones. Como sabe el señor Diputado, se invirtieron
1.207 millones de pesetas en
la adaptación de un edificio para el seminario permanente en la calle San
Jerónimo, 27, y en estos momentos se está ultimando el acuerdo para poner
a disposición de la escuela de negocios unos tres mil metros cuadrados,
que son los que tiene el edificio del Colegio de Niñas Nobles. Bien es
verdad que se está explorando la instalación de distintos campos
definitivos, pero no se ha hecho ningún acuerdo concreto, aunque de
momento, insisto, es el Colegio de Niñas Nobles el que temporalmente
ubicará la escuela de negocios.
En cuanto a la aportación para el mantenimiento del edificio y de la sede
como seminario permanente, la cantidad presupuestada es de 13.860.000
pesetas. Por cierto, 850.000 ecus son aproximadamente 120 millones de
pesetas y no 13, según el cambio actual. Pero España aporta, repito, unos
14 millones, más una cantidad que aporta la Universidad de Granada para
personal auxiliar que está asignado a la universidad euroárabe, más una
cantidad no determinada que supone el funcionamiento, viajes y demás de
los funcionarios implicados en este proyecto.
El señor PRESIDENTE: El señor Ollero tiene la palabra.
El señor OLLERO TASSARA: En cuanto a los aspectos contables, es
interesante la información que he recibido. Solamente queda una cuestión,
y es la siguiente: los encuentros euroárabes de Almuñécar ¿tienen algo
que ver con esto?
El señor PRESIDENTE: El señor Secretario de Estado tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION (Fereres
Castiel): Según mis noticias no hay una conexión, pero sí sería deseable
que la hubiera, dada la naturaleza de la universidad euroárabe. Se lo
haremos notar a la actual Secretaria para que conste con los
organizadores y, si es viable y deseable, se auspicien los medios también
por parte de la universidad euroárabe.
El señor PRESIDENTE: Con esto damos por terminadas las preguntas que
debía contestar el señor Secretario de Estado, y pasamos a las preguntas
del Ministerio de Cultura, que va a contestar el señor Subsecretario.
--SOBRE NIVEL DE INFORMACION DE QUE DISPONIA EL MINISTERIO DE CULTURA
SOBRE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD DEL TEATRO DEL LICEO DE BARCELONA.
FORMULADA POR EL SR. GOMEZ-ALBA RUIZ (GP). (Número de expediente
181/000491.)
El señor PRESIDENTE: Para formular la pregunta sobre nivel de información
de que disponía el Ministerio de Cultura sobre sistemas de seguridad del
Teatro del Liceo de Barcelona, tiene la palabra el señor Gómez-Alba.
El señor GOMEZ-ALBA RUIZ: Bienvenido, señor Subsecretario. Mi pregunta es
la siguiente: ¿cuál era el nivel de información de que disponía el
Ministerio de Cultura sobre los sistemas de seguridad del Teatro del
Liceo de Barcelona?
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Subsecretario de Cultura.
El señor SUBSECRETARIO DE CULTURA (Linde Paniagua): Señor Presidente, si
me permite, quiero iniciar mi intervención diciendo que a la Ministra de
Cultura le hubiera gustado comparecer en esta Comisión para responder a
las preguntas, pero se encuentra de viaje en Argentina, hoy era recibida
por el Presidente de la República, y ayer inauguraba un certamen de las
letras de España en Montevideo. Y esto, a su pesar, le ha impedido estar
aquí con nosotros.
El Ministerio de Cultura es miembro del Consorcio del Gran Teatro del
Liceo desde 1987, y como saben SS. SS. participa en sus órganos de
Gobierno. Por tanto, es en las correspondientes reuniones de estos
órganos, patronato y comisión ejecutiva, y a través de la Dirección
General del Teatro y de los informes técnicos, como hemos podido tener
oportunidad de conocer la gestión y funcionamiento de dicho Teatro del
Liceo. En este sentido, la Dirección del Teatro del Liceo y los técnicos
han estado informando en distintas ocasiones sobre la situación de los
sistemas de seguridad desde, ya digo, 1987.
Era evidente, por otra parte, que la antigüedad de edificio y la carencia
de reformas durante una larga etapa como teatro privado exigían una
reforma muy profunda de unas condiciones estructurales y de seguridad que
eran muy precarias. No obstante, tengo que decir que se fueron
acometiendo una serie de reformas urgentes. Desde 1986 podemos señalar
que, en cifras redondas, se dedicaron 800 millones de pesetas a paliar
problemas de seguridad, y cien de estos 800 millones citados se
invirtieron durante el verano de 1993. Concretamente, esos cien millones
se destinaron a reparación de la marquesina de la entrada principal; a
refuerzo de la estructura de hierro de la cubierta de la sala, a reforzar
la estructura de hierro del techo de la caja escénica; a reforzar,
igualmente, el peine del teatro; a reforzar los soportes de madera en el
entarimado del escenario, y, finalmente, al refuerzo del telón
cortafuegos.
Anteriormente, es decir con cargo a esos 700 millones restantes, se había
procedido a la ignifugación de las moquetas de los pasadizos y espacios
generales del teatro; dotación de equipos de extinción adecuados a la
normativa vigente; señalización de las vías de evacuación; instalación de
la iluminación de emergencia y de las puertas cortafuegos; al cambio de
las instalaciones eléctricas y cuadros generales de luces; a vaciado de
materiales que se encontraban en el foso del escenario; al traslado de
los fondos escenográficos del Liceo a unas naves fuera del recinto (esto
evitó que cuando se produjo el incendio se perdieran dichos fondos
escenográficos), así como al desmantelamiento de la maquinaria obsoleta
de la caja escénica.
A pesar de que se había llevado a cabo esa inversión de 800 millones, los
miembros del Comité Ejecutivo del Patronato éramos conscientes de la
importancia de la seguridad, hasta tal punto que decidimos concentrar los
recursos, sobre todo en la última etapa, y dar prioridad a la seguridad.
Así, pedimos a la dirección del Liceo que se encargara la elaboración de
un programa específico al respecto, y, efectivamente, en 1973 se presentó
por la dirección del Liceo un proyecto del arquitecto Fla Morales que
contemplaba distintos aspectos, pero uno muy especialmente: el relativo a
la seguridad. Proyecto de seguridad que incluía sectorización de
incendios, detección, extinción, extracción de humos, electricidad,
protección de materiales y seguridad antirrobo. El Comité Ejecutivo
estudió este proyecto de Fla Morales entre septiembre y diciembre de
1993, y en esta última fecha aprobó previamente, para elevar al patronato
del Liceo, esta reforma, fundamentalmente en lo que se refiere a la
seguridad; reforma que implicaba la expropiación de algunas fincas
limítrofes, ya que como SS. SS. saben, el Teatro del Liceo está
encajonado en una manzana colindante con las Ramblas de Barcelona. Pero
las reformas que se intentaban acometer para mejorar la seguridad del
teatro exigían la expropiación de algunos inmuebles colindantes, y
lamentablemente, pocos días después de esta decisión del Comité Ejecutivo
se produjo el desgraciado incendio que ha impedido llevar a cabo la
repetida reforma que entonces se había planeado y propuesto.
A nuestro juicio, dicha reforma (me refiero a la consistente en mejorar
las condiciones de seguridad o, en su conjunto, lo que se puede denominar
un proyecto de seguridad) debe incluirse en el proyecto de reconstrucción
del Liceo, pero también hay que decir que, desgraciadamente, nunca se
puede garantizar de forma absoluta la seguridad de ningún edificio,
aunque cuente con los sistemas más actuales y eficaces, los cuales, sin
duda alguna, habrá que prever para dotar de los mismos al futuro Liceo.
Nada más, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: El señor Gómez-Alba tiene la palabra.
El señor GOMEZ-ALBA RUIZ: El desastre del incendio que ha acabado con uno
de los teatros más importantes y más emblemáticos del mundo nos pone ante
la obligación de responder a algunas preguntas: ¿Por qué se quemó el
Liceo? Incluso, ¿quién es el responsable, si es que los hay?
En primer lugar, queremos decir que el Liceo era como una caja de
cerillas. El señor Jordán Casaseca, antiguo Jefe de Bomberos desde el año
1961 a 1982, tenía una auténtica obsesión por el peligro de incendio del
teatro y por la falta de medidas de prevención de incendios. Desde
entonces, el Cuerpo de Bomberos de Barcelona ha ido avisando
reiteradamente sobre el peligro de incendio y, con ello, de las posibles
consecuencias humanas y materiales que se derivaban de unas instalaciones
en las que faltaban las condiciones mínimas necesarias para garantizar la
seguridad en caso de siniestro, tanto de público como de trabajadores,
junto con el enorme patrimonio cultural que albergaba el edificio, que
también era necesario resguardar.
La reiterada, hasta la saciedad, elaboración de informes y avisos por
parte de los bomberos, de los cuales debían tener plena constancia todas
las instituciones consorciadas, demuestran la grave irresponsabilidad de
los componentes del consorcio.
Mientras el Liceo continuaba programando temporada tras temporada, ni se
modificaban ni se tomaban las medidas de seguridad oportunas para
prevenir el riesgo potencial de incendio, al mismo tiempo que elementos
de seguridad, como puertas de emergencia o las mangueras habilitadas en
el edificio, se iban degradando por falta de mantenimiento. Prueba de
ello es que la presión de las mangueras era de dos kilogramos centímetro
cuadrado en el momento de producirse la tragedia, cuando lo habitual, tal
como destacó el Jefe de Bomberos de Barcelona el mismo día, tendría que
haber sido de ocho kilogramos por centímetro cuadrado. Esta misma opinión
la sostuvo el Jefe del Servicio de Bomberos en el año 1984, en otro
informe técnico que emitió. Decía: «Las lanzas instaladas son de tipo
antiguo, de chorro lleno, con llave en las del sótano y sin la misma en
otros puntos, como por ejemplo en el escenario. Se considera oportuno
sustituirlas por lanzas difusoras, mucho más eficaces y fáciles de usar,
especialmente por el hecho de poder lanzar el agua indispensable y
pulverizarla, si fuera conveniente.» Las lanzas difusoras nunca fueron
instaladas. Esto ya lo decían en el año 1984.
En ese mismo informe se hacía constar que en el segundo sótano hay
almacenada, con orden y limpieza, la madera utilizada para los decorados,
hecho que constituye un peligro complementario que sería preciso evitar,
lo que demuestra la gran cantidad de material inflamable que había en el
Teatro, consecuencia directa de que el Liceo ardiera como una tea o
--como dijo el Jefe de Bomberos-- como una falla valenciana.
Les digo más. El 20 de enero de 1982 --que es el primer informe del que
tenemos constancia--, el Jefe accidental del Servicio de Bomberos ponía
de manifiesto en otro informe, y todos estos informes los tengo aquí: «La
actual sala de calderas no cumple el artículo 26 de la vigente ordenanza
de prevención de incendios, debiéndose inspeccionar los locales y patios
de ventilación colindantes.» Aquí tampoco se tomaron las medidas
oportunas.
El 29 de marzo del mismo año, el Subdirector accidental de Intervención y
Asistencia del Cuerpo de Bomberos dirigía otra carta al señor Subdirector
accidental de Investigación y Prevención, poniéndole de manifiesto, según
palabras textuales: «Lo que supone un riesgo inminente de incendio en el
conducto de humos de aquélla.» Es decir, que la primera llamada que
recibieron los bomberos no resultó ninguna sorpresa, y falsas alarmas se
habían ido repitiendo con cierta asiduidad durante los últimos años.
El 15 de noviembre de 1988, el Director Jefe del Cuerpo de Bomberos, José
Luis Sangüesa, dirigía otra carta a José María Busquets, administrador
general del Gran Teatro, en la que, en su último párrafo, decía
textualmente: «Al propio tiempo, le comunico que habiendo tenido noticias
a través de los medios de comunicación de
que se proyecta modificar profundamente el Gran Teatro del Liceo, estimo
de todo punto necesario incluir entre las actuaciones a realizar la
adecuación de su conjunto a la normativa vigente en materia de seguridad
contra incendios, corrigiendo las deficiencias que actualmente son de muy
difícil solución atendidas las limitaciones físicas.» Esta fue una de las
pocas advertencias que no cayó en saco roto, entre otras cosas porque los
arquitectos que habían presentado propuestas de remodelación del coliseo
recalcaban la grave ausencia de medidas de seguridad existente, la
antigua administración del Consorcio del Liceo se dio cuenta de los
gravísimos riesgos que sufría el Liceo, y entonces, el 19 de noviembre de
1992, en unas declaraciones ampliamente recogidas por los medios de
comunicación, aseguraba que las obras de remodelación del Teatro, que
iban a empezar al año siguiente --y a las que usted ha aludido--, tenían
como principal objetivo, en su primera fase, cambiar radicalmente las
medidas de seguridad del edificio.
El debate entre los que defendían una reforma del Teatro que no implicara
su ampliación expropiando a los vecinos y los que, por el contrario,
querían convertir el Liceo en un teatro lírico, además de galerías
comerciales, coincidía en un solo punto: que una y otra acción eran
necesarias para evitar el peligro latente que corría el Teatro. Era
urgente cambiar y adecuar las medidas de seguridad, pero una vez más no
se hizo caso.
Entre estas medidas, el 26 de enero de 1991 el Jefe de Bomberos de
Barcelona ponía de manifiesto lo siguiente referente a las puertas de
emergencia que conducen a La Rambla a través del vestíbulo de la finca
número 53, denominada coloquialmente salida de artistas: «Presenta un
grave problema en caso de tener que ser usada como vía de evacuación en
cualquier día que no haya función cara al público o en horario distinto
al de ésta.» En concreto, el problema reside en que la puerta de madera,
de dos hojas, que comunica directamente La Rambla con el vestíbulo, no
puede ser abierta desde el interior si no se dispone de la llave
correspondiente. Ello es inadmisible en una vía de emergencia,
agravándose aún más la situación por el hecho de que la otra puerta, que
recae en el citado vestíbulo y que lo comunica con una caja de escalera,
es antipánico sirviendo de salida en caso de siniestro.
Como puede comprenderse, es gravísimo el hecho de que una vía de
evacuación, señalizada como tal, disponga de una primera puerta, con
dispositivo antipánico, que conduce a un espacio donde las personas
encontrarán cerrada la puerta que da directamente a la calle; es decir,
se encontrarían atrapadas en el vestíbulo, con el riesgo añadido de
acumulación de personas en el mismo y posibles accidentes por
aplastamiento.
Así pues, es mi criterio la imperiosa necesidad de requerir las
modificaciones adecuadas en la puerta de la finca número 53 de La Rambla,
para hacerla utilizable como salida de emergencia.
Todo esto es textual del citado informe. O sea, que fíjese usted si esto
venía siendo cantado, anunciado, pronosticado, sin que haga falta ser
ningún profeta.
¿Qué queremos decir con todo esto? En primer lugar, ponemos de manifiesto
que se había avisado hasta la saciedad de los peligros de incendio y de
todo tipo que existían en el Teatro y, afortunadamente, y podemos dar
gracias a Dios, en el último drama que se representó en el Liceo no era
día de función, porque si no no solamente hubiéramos perdido el Gran
Teatro, sino que casi, con toda seguridad, habríamos lamentado muchas
pérdidas humanas, mientras que todos los informes a los que nos estamos
refiriendo reposaban tranquilamente en el Ayuntamiento, en la Generalidad
y en las oficinas del Consorcio.
El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Barcelona se sumó, en varias
ocasiones, a las advertencias y presentó alegaciones en su momento,
además de distintas interpelaciones.
Con respecto al día de autos, se tardó casi media hora en avisar a los
bomberos y lo que es más curioso es que, como dice el informe técnico de
intervención del cuerpo de bomberos, avisados por múltiples llamadas
simultáneas, en el momento de producirse el primer atisbo de incendio no
avisara el propio Liceo, como aquí consta, ni que el cuerpo de bomberos
de Barcelona tuviera constancia de las dimensiones del incendio, lo que
propició que, en primera instancia, solamente acudiera al lugar del
siniestro una dotación mínima. Eso provocó, al darse cuenta de la
magnitud del incendio, que acudieran al mismo, posteriormente, 13
autotanques, cuatro escaleras, una ambulancia, seis vehículos de
asistencia técnica, más los bomberos de la Generalidad, que,
evidentemente, tardaron más de media hora en llegar. Por ello, cuando la
total dotación de los bomberos estaba a pleno servicio la situación ya
era irreversible.
El señor PRESIDENTE: Señor Gómez-Alba, le ruego concisión.
El señor GOMEZ-ALBA RUIZ: Termino, señor Presidente. Conociendo los
responsables del Liceo --y abrevio, porque podía seguir dando pruebas
durante muchísimo más tiempo-- el peligro del incendio ¿por qué no
tomaron medidas de prevención? ¿Por qué no estaba presente algún
responsable del Gran Teatro, que, lógicamente, hubiera llamado a los
bomberos recalcando la importancia del incendio?
Hay muchas más cosas, repito, que me harían extenderme en exceso.
Resumiendo, lo que quiero decir es, primero, que yo creo que el Gran
Teatro del Liceo se les ha quemado en las manos a la Administración
pública; segundo, que el habitual enfrentamiento y las peleas constantes
entre las distintas administraciones han sido la causa directa del
incendio de Barcelona; tercero, que, a pesar de tantos
informes-denuncias, no se hizo nada, porque nunca una tragedia había sido
anunciada con tanta antelación y tantas veces. La indefinición de las
administraciones, la lentitud en llegar a acuerdos institucionales, la
falta de una autoridad única en este tema es lo que comporta que el Liceo
estuviera mucho tiempo sin director. Se decía: como hemos de renovarlo
todo, ya lo haremos en su momento. El
hecho de que el pleno del Consorcio estuviera dos años sin reunirse, dice
también mucho al respecto.
Todo ello nos lleva a la conclusión, como ya puso de manifiesto el
Ministro Solé Tura, que el Liceo tenía que haberse cerrado, arreglado y
vuelto a abrir. La falta de valentía de cerrar el Liceo por ausencia de
las más elementales medidas de seguridad es la causa directa de este
incendio y de esta muerte anunciada son culpables las administraciones
públicas.
Quiero decir también que en Barcelona y en otros ámbitos se desató una
campaña contra el Partido Popular, por el simple hecho de pedir
transparencia, transparencia que era necesaria; el fiscal jefe de
Cataluña ha solicitado varios informes relativos a la seguridad del
Liceo, con el fin de conocer por qué no se adoptaron medidas, si eran
necesarias, para evitar situaciones de riesgo, y ver si existen conductas
constitutivas de delito por negligencia grave. A ello nos remitimos, sin
descartar la petición, en el futuro, de responsabilidades políticas, dada
la enorme negligencia demostrada en este caso.
El señor PRESIDENTE: Como S. S. ha agotado en exceso el tiempo previsto
para la pregunta y las contestaciones, ruego al señor Subsecretario que
si quiere completar, dos o tres minutos, lo haga.
El señor SUBSECRETARIO DE CULTURA (Linde Paniagua): En dos o tres minutos
poco voy a poder decir, aunque sí quería hacer algunas observaciones.
En primer lugar, las responsabilidades jurídicas que se deriven las
determinarán los tribunales, por lo que no voy a entrar en ellas. Usted
confunde lo que son medidas de seguridad y condiciones de seguridad. Si
no hubo desgracias personales no es, como usted dice, gracias a Dios. No
hubo desgracias personales porque había medidas de seguridad oportunas
que se implementaron desde 1986 y que, como le he referido, supusieron,
nada menos, que la cifra de 800 millones de pesetas desembolsados. Por
consiguiente, no hubo desgracias personales porque había medidas de
seguridad.
En lo que estaba empeñado el Comité ejecutivo y el Patronato no era en
medidas, sino en condiciones de seguridad que eran implícitas al propio
edificio del Liceo y cuya subsanación sólo era posible a través del
proyecto que le he indicado que habíamos aprobado y que estábamos a punto
de acometer. Proyecto, por otra parte, cuyo plazo de realización exigía,
al menos, dos años y la necesidad de acometer expropiaciones de edificios
colindantes. De modo que, insisto, las medidas de seguridad estaban todas
adoptadas, las condiciones de seguridad eran deficientes e implícitas a
un edificio construido el siglo pasado, y estaba haciéndose por el
consorcio --por cierto, hay que decir que no tuvo enfrentamiento de
ningún tipo--, que lo iba a aprobar el mes de enero o febrero, no sólo el
proyecto de seguridad, sino otros complementarios.
--SOBRE APORTACION PREVISTA POR EL MINISTERIO DE CULTURA PARA LA
RECONSTRUCCION DEL TEATRO DEL LICEO DE BARCELONA. FORMULADA POR EL SEÑOR
GOMEZ-ALBA RUIZ (GP). (Número de expediente 181/000492.)
El señor PRESIDENTE: Para formular la segunda pregunta sobre el tema,
tiene la palabra el señor Gómez-Alba.
El señor GOMEZ-ALBA RUIZ: Señor Presidente, intentaré ser más breve en
este caso.
El señor PRESIDENTE: Señor Gómez-Alba, el tiempo es para la pregunta y la
contestación. Sepa S. S. que si agota el tiempo con las preguntas, el
señor Subsecretario no podrá contestar.
El señor GOMEZ-ALBA RUIZ: Es verdad, señor Presidente, tiene razón. Paso
a la pregunta directamente. ¿Qué aportaciones tiene previstas el
Ministerio de Cultura para la reconstrucción del Gran Teatro del Liceo de
Barcelona?
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Subsecretario de Estado.
El señor SUBSECRETARIO DE CULTURA (Linde Paniagua): El Ministerio de
Cultura no ha previsto ninguna cantidad para la reconstrucción del Gran
Teatro del Liceo en el momento en que les hablo. Ello se debe a que aún
no existen datos ni condiciones precisas para poder hacerlo.
Permítanme que les informe que la comisión ejecutiva del Liceo ha tomado
todas las medidas necesarias para que dispongamos cuanto antes de dichos
datos. A partir de ese momento, que puede estar entre junio y septiembre
de este año, podremos hacer las previsiones presupuestarias
correspondientes, de acuerdo con la voluntad ya manifestada de colaborar
en la reconstrucción, siempre que se cumplan ciertas y determinadas
condiciones previas.
Respecto a las medidas en cuestión, comunico a S. S. que, de forma
inmediata al desgraciado accidente que destruyó el Liceo, la comisión
ejecutiva encargó el plan y presupuesto de reconstrucción a un equipo
profesional dirigido por el arquitecto Solá Morales, equipo que está
trabajando con plena dedicación en la elaboración de este plan de
reconstrucción. El plan es complejo y debe señalarse que contempla, no
sólo la obra civil, ingeniería escénica, sino también el equipamiento
general. Se ha nombrado una comisión técnica, integrada por dos
representantes de cada una de las administraciones, representantes de
carácter técnico, a los efectos de asesorar al arquitecto que tiene
encargado dicho proyecto. Esta comisión técnica va a cumplir una
importante función, que me gustaría resaltar: apoyar y seguir la
elaboración de dicho plan que nos permita determinar en un plazo
razonable la aportación necesaria, que es el objeto de su pregunta. Les
reitero que no es posible conocerlo en este momento, ya que, con
independencia de cual sea su cuantía definitiva, exige el cumplimiento de
ciertas condiciones previas que hemos señalado en distintas ocasiones.
Se trata, en primer lugar, por nuestra parte, de la necesidad de que las
administraciones sean las titulares del Gran Teatro del Liceo. Como usted
sin duda conoce, hemos propuesto la creación de un consorcio, integrado,
en este caso, sólo por administraciones públicas, y una fundación, que
sería la encargada de la gestión del teatro, en la que se integrarían
tanto los propietarios como las empresas y entidades patrocinadoras.
Y, finalmente, según ya he dicho, hemos puesto como condición para
determinar la participación del Ministerio de Cultura contar con dicho
plan de reconstrucción y con un presupuesto que sea firme y cerrado.
En definitiva, hasta que no se cumplan estas condiciones --la titularidad
tiene que ser definitivamente de las administraciones públicas
consorciadas, debe contarse con un plan de reconstrucción detallado y con
un presupuesto firme-- el Ministerio de Cultura no entrará a discutir con
el resto de las administraciones la cantidad que destinará en su momento
a la reconstrucción de dicho teatro.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Gómez-Alba.
El señor GOMEZ-ALBA RUIZ: Señor Subsecretario, yo no me refería
exclusivamente a aportaciones dinerarias, sino a aportaciones de todo
tipo.
Yo lo que les tengo que decir, a la luz de lo que tenemos visto, es que
de momento ya sabemos cómo no van a ayudar. Se negaron recientemente a
dar tratamiento fiscal, a las aportaciones privadas y corporativas. Y no
se puede decir, como me dijeron, que la ley de mecenazgo contempla este
supuesto, porque la ley de mecenazgo todavía no ha salido, después de
doce años de gobierno socialista; es decir, que no está en la calle
porque no han querido. El señor Maragall y el señor Pujol estaban de
acuerdo en que había que captar fondos privados; por este camino, pocos
fondos privados van a captar.
Destacados miembros de su partido están preocupados por la titularidad
del teatro y lo expresaban sosteniendo --a menudo lo oímos-- que cómo iba
a mantenerse la titularidad privada en el futuro habiendo por medio
subvenciones públicas para la reconstrucción.
Pues bien, yo quiero decir aquí lo siguiente: Primero, que los estatutos
que regulan la cesión de uso del Liceo y que rigen la vida del consorcio
del Gran Teatro del Liceo, aprobados por Decreto de la Generalidad en el
año 1980, aún estaban en vigor y están en vigor. Segundo, en el artículo
3 de estos estatutos se establece la obligación del consorcio de
mantenimiento y reparación de los edificios ocupados y sus instalaciones.
Tercero, en el artículo 4 se reitera la obligación del consorcio de
conservarlos y mantenerlos por todo el tiempo de duración del consorcio
hasta el año 2000, según el artículo 20. Cuarto, el artículo 5 expresa
claramente la capacidad de obligarse jurídicamente el consorcio, en
cuanto a tal. Quinto, el incendio del Liceo obliga, de acuerdo con
nuestro ordenamiento jurídico, a la restitución a sus legítimos
propietarios (la Sociedad del Gran Teatro del Liceo) de la cosa cedida en
uso y pérdida por negligencia del ente jurídico que tenía ese uso. Al
contrario que la sociedad propietaria, el consorcio público no tenía
constituido seguro alguno para cubrir esa posible necesidad de
restitución a sus propietarios en caso de accidente, cosa que no vamos a
calificar. Por tanto, no puede hablarse de subvenciones públicas, como
hemos oído a diestro y siniestro, sino de indemnizaciones debidas. Pues
bien, todos los que clamaban por la titularidad pública hoy la tienen,
tras la cesión de los legítimos propietarios, después de haber sufrido
mil tipos de presiones y acusaciones de toda índole.
Y yo quiero decir: ahora, ¿qué? Con la administración pública era el
inmenso déficit, con la administración pública se incendió el teatro. La
iniciativa privada lo creó y lo sostuvo durante 150 años y cuando se
quemó en una ocasión en un año lo levantó. La administración pública lo
ha tenido escasamente 10 años; veremos lo que tarda en construirlo en
esta segunda ocasión. Esperemos que la titularidad pública tenga la misma
diligencia al reconstruirlo como indiferencia tuvo ante su posible
destrucción.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DE CULTURA (Linde Paniagua): Ha hecho usted un
canto a la iniciativa privada y de eso se deduce --yo, por primera vez,
lo veo claro-- que ustedes no quieren que el teatro del Liceo sea una
teatro público. Parece que se apartan ustedes de la opinión generalizada
de la población, de las administraciones públicas, en fin, de todos los
que, solventemente, han opinado en esta materia; particularmente se
apartan ustedes, incluso, del propio criterio de sus actuales
propietarios que, desde hace muchos años, no han sido capaces de
gestionarlo, de mantenerlo en funcionamiento, y que no han hecho
reclamación de ningún tipo en el sentido de querer asumir su
reconstrucción.
--SOBRE RAZONES POR LAS QUE, PARA LA INSCRIPCION DE OBRA LITERARIA EN EL
REGISTRO ISBN, AUN NO FIGURA LA CASILLA CORRESPONDIENTE A LA LENGUA
VALENCIANA, FORMULADA POR EL SEÑOR GIL LAZARO (GP). (Número de expediente
181/000535.)
El señor PRESIDENTE: Para hacer la siguiente pregunta, tiene la palabra
el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LAZARO: Una de las más largas reivindicaciones que ha venido
planteando la sociedad valenciana, y el señor Subsecretario lo conoce
sobradamente, es la que afecta a la obtención del reconocimiento
registral ISBN para la producción literaria en lengua valenciana. Bajo
ningún concepto resultaba justificable que este efecto registral,
reconocido a las demás lenguas cooficiales españolas, fuera negado a los
autores valencianos, cuando el cuerpo de Derecho que da contenido a la
cooficialidad de la lengua valenciana es de rango idéntico al del
gallego,
catalán y vasco, y estas lenguas sí gozan de la referida constancia
registral.
Lo acaecido, pues, en este asunto, acredita, desde nuestro punto de
vista, la caprichosa desproporción con la que ustedes desde el Ministerio
de Cultura, en los últimos años, se ha estado dejando de lado la
legalidad vigente para establecer categorías distintas entre lenguas a
las que ampara un mismo bagaje normativo. La igualdad de rango legal
entre la lengua valenciana y las demás ha sido el argumento central sobre
el que hemos estado construyendo nuestra reivindicación, y daré alguna
muestra de ello al señor Subsecretario. Pero, además, a ello se unía otra
consideración de singular trascendencia práctica, porque no disponer de
ese ISBN para la producción literaria en lengua valenciana comportaba
que, a efectos oficiales, dicha producción no existía como tal, de modo
que se propiciaba la creación de un vacío en torno a la lengua valenciana
que sólo coadyuvaba a la imposición a dicha obra de un asiento registral
forzado que no se correspondía ni con la intención de los autores ni con
la denominación que el estatuto de autonomía de la Comunidad Valenciana
da a su propia lengua.
El 22 de septiembre de 1992 formulamos una pregunta al Gobierno en la que
nos interesábamos por las medidas que pensaba adoptar el Ministerio de
Cultura para el establecimiento de un ISBN correspondiente a la
producción escrita en lengua valenciana. Es un ejemplo clarísimo de
diligencia, el Ministerio de Cultura tardó siete meses en contestar a esa
pregunta escrita, respondiendo en fecha 11 de marzo de 1993 y concluyendo
en su respuesta que el Ministerio de Cultura no ha considerado
conveniente, hasta la fecha, abrir un espacio especial en el ISBN para el
valenciano, lo cual, evidentemente, suponía una interpretación muy «sui
generis», dicho de manera benigna, de lo que es el conjunto de la
legalidad vigente por parte de ese Ministerio.
En fecha 29 de junio de 1993 el Ministerio de Cultura, centro del libro y
de la lectura, dirigía carta, firmada por la jefe del Servicio de la
Agencia Española ISBN, a uno de los reclamantes en los siguientes
términos literales: En relación a su instancia de fecha 22 de junio de
1993, le comunico que aún no hemos recibido, como ya le indiqué en carta
de 25 de febrero de 1993, las fichas ISBN necesarias para inscribir en la
base de datos la obra «Resum historic» (Resumen histórico), del autor
valenciano Alfons Ramon, que usted ha adaptado. Si desea que dicha obra
quede reflejada como escrita en lengua valenciana, lo puede hacer
indicando, a continuación del título, la expresión «valenciano». En la
actualidad, estamos confeccionando una nueva ficha bibliográfica más
amplia que la actual, en la cual existirá un campo concreto que permita
inscribir las obras escritas en valenciano.
En fecha 26 de noviembre de 1993, la misma jefe del Servicio de la
Agencia Española del ISBN se dirigía al anterior reclamante, señalándole
literalmente: Adjunto le devolvemos la ficha de solicitud recibida aquí
el día 25 de noviembre, ya que no está sellada y firmada por la
editorial, como es necesario para su validación.
Por el asunto que nos ocupaba, añadía: Por otro lado, nos sorprende que
haya tachado en la casilla 77 la letra uve, que corresponde al vascuence.
Le ruego nos confirme si la obra está impresa en esa lengua. En relación
a la pregunta sobre cuándo estarán disponible las nuevas fichas de
solicitud, lamento comunicarle que aún no puedo informarle exactamente.
Es decir, persistía la desinformación, entrecomillada, del Ministerio de
Cultura hacia los reclamantes pero, sobre todo, había una respuesta
claramente contradictoria con las indicaciones que el propio Ministerio
de Cultura había formulado al reclamante meses antes.
Y, finalmente, el 21 de abril de 1994, fecha muy reciente, un portavoz
anónimo del Ministerio de Cultura, porque no se cita expresamente quién
es, pero sí a través de entrecomillados, declaraba en la prensa
valenciana lo siguiente: Los editores valencianos tienen abierta, a
partir de ahora, una posibilidad, ya que el valenciano es una
denominación oficialmente reconocida en el Estatuto de Autonomía y como
tal ha de plantearse. Nada más podemos decir. Y añadía este portavoz: El
propio editor será quien tome la decisión de elegir el idioma que debe
encabezar su obra. Es él quien decide; el Ministerio lo único que ha
hecho es dar esa posibilidad a quienes deseen que figure como valenciano
y que no se vean con la imposibilidad de hacerlo. Y concluía señalando:
El valenciano es una lengua tan oficial como otra y debe estar reconocida
y ocupar el puesto que le corresponde.
Esta declaración del Ministerio de Cultura, que contradice,
afortunadamente, toda la política seguida por anteriores titulares del
Departamento durante los últimos años, viene, al fin y al cabo, a recoger
como propio el argumento que nosotros hemos estado manteniendo, desde un
punto de vista estrictamente de atenerse a la legalidad, que es el que
importa.
En el momento de formular nuestra pregunta, tal y como reza en el orden
del día, finales del pasado año, principios de éste, esta declaración
tajante, nueva, del Ministerio de Cultura no se había producido.
Por tanto, nosotros creemos que hoy es una buena ocasión para que lo que
ha sido una mera declaración anónima tenga rango de oficialidad en la
respuesta que ante esta Cámara pueda dar el señor Subsecretario. Por eso,
formulamos la pregunta en los términos en los que está en el orden del
día, indicando que, en definitiva, el sentido de la misma es la urgencia
ya, después de una larguísima demora de años, de dar normalidad registral
a algo que no es interpretable ni opinable, sino que nace estrictamente
de la observancia justa de un ordenamiento diferente.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DE CULTURA (Linde Paniagua): Yo tengo la impresión
de que usted ha llegado tarde con esta pregunta y ha querido enmendarla,
porque no me formula ninguna pregunta y usted sabe perfectamente que
desde principios de 1994 es posible que los
editores valencianos hagan figurar, si así lo desean, el valenciano como
lengua en la que se expresan los libros que ellos presenten, con la ficha
correspondiente en el registro ISBN.
Eso es lo único que puedo y debo responderle. No existe esa anomalía y,
por consiguiente, su pregunta carece de fundamento, en la medida en que
es posible desde principios de 1994, y no en función de una declaración,
como usted dice, sino en función de la modificación de la ficha en la que
antes, en el apartado correspondiente al 185, se establecían unas
determinaciones, sólo se podían incluir unas denominaciones; ahora han
desaparecido esas limitaciones y es posible la introducción de la
denominación del valenciano.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LAZARO: Yo creo que si alguien ha llegado tarde en este
asunto, que, felizmente, al final se ha resuelto como debía haber sido
desde un principio, es, desde luego, el Ministerio, porque ha tardado
algunos años en comprender que la ficha ISBN tenía que atenerse
escrupulosamente a lo que establece la legislación vigente y no ha sido
así durante mucho tiempo.
Por tanto, señor Subsecretario, si nos ponemos en términos de tardanza,
crea S. S. que me ganan con creces.
En segundo lugar, yo espero que la modificación que se ha producido en la
ficha ISBN no comporte situaciones como las que yo ya he citado a S. S.
en la fundamentación de esta pregunta, porque hay que recordar también
que el Ministerio invitó, en su momento, a los autores valencianos a que,
antes de la modificación del cuerpo de la ficha, pudieran hacer constar
que querían que su obra fuera inscrita en tal lengua valenciana y
después, una vez que estos autores siguieron la indicación misma del
Ministerio, se produjeron respuestas por lo menos tan paradójicas
--insisto, para calificarlas benignamente-- como la que he citado a S.
S., es decir, que la propia Directora de la Agencia del ISBN contestaba
si es que la uve significaba que la inscripción de la obra se quería
hacer en vascuence.
En definitiva, yo espero, señor Subsecretario, que este feliz camino,
iniciado con cierto retraso por parte del Ministerio a partir de 1994,
deje definitivamente zanjada la cuestión. Es importante que hoy la
hayamos planteado aquí, porque, como usted comprenderá, nosotros, que
aplaudimos, sin lugar a duda, esa decisión del Ministerio, tenemos que
tener un cierto recelo de que en el futuro por parte de alguien pueda
haber presiones para que en esto pueda haber de nuevo ciertos trucos, que
ya hemos sufrido con anterioridad, en etapas sucesivas.
Esperemos que este camino del Ministerio no tenga retorno. Ese es, desde
luego, el signo que esperamos todos, fundamentalmente, al margen de otras
consideraciones, porque así lo impone la legislación vigente.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DE CULTURA (Linde Paniagua): No le quepa la menor
duda de que la decisión que se adoptó a principios de 1994 es firme y se
fundamenta en que creemos que es más rigurosa la ficha tal como está
diseñada hoy que como lo estaba anteriormente.
También tengo que decirle que las razones de que se haya producido esta
modificación no sólo son la necesidad y el reclamo de que el valenciano
pudiera figurar como lengua oficial, sino otras razones técnicas, que no
es el caso exponer aquí. Las razones de esa modificación fundamentalmente
son técnicas. Y en lo que atañe al valenciano --y así lo hemos hecho
constar; no sé si ese portavoz informal anónimo era el Director General
del Libro y Bibliotecas, me imagino que sería él, o la responsable de
dicho Registro--, no le quepa la menor duda de que se basa en criterios
técnicos, y se fundamenta en el reconocimiento por parte de la
Constitución y el Estatuto de Autonomía del valenciano como una lengua
oficial, así como otras lenguas oficiales del Estado que tienen perfecto
derecho a poder figurar en la casilla del registro ISBN.
--SOBRE INTENCIONES DEL GOBIERNO ACERCA DE PERMITIR QUE EN LA CARTA
EUROPEA DE LENGUAS REGIONALES Y MINORITARIAS NO SE RESPETEN LOS DERECHOS
SUSTANTIVOS DE LA LENGUA VALENCIANA, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL
ORDENAMIENTO VIGENTE. FORMULADA POR EL SR. GIL LAZARO (GP). (Número de
expediente 181/000536.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Gil Lázaro para formular
la siguiente pregunta.
El señor GIL LAZARO: En el mismo contexto de la pregunta anterior, es
evidente que el marco de legalidad que sustancia el reconocimiento
específico de la lengua valenciana, dentro del ordenamiento
constitucional básico y en igualdad de rango legal respecto de las demás
lenguas cooficiales, es una expresión que no ofrece ninguna duda, aunque
algún Ministerio, como el de Cultura, haya tardado algunos años en llevar
eso a sus consideraciones prácticas, como hemos visto en la cuestión
anterior.
Sin embargo, la política del Gobierno ha venido consagrando una especie
de exclusión de hecho de la lengua valenciana, en lo concerniente a su
consideración, pareja a la que la Administración del Estado viene dando
al gallego, catalán y vasco y en este sentido los anteriores titulares
del Ministerio de Cultura --y queremos subrayar lo dicho, por dar un
margen de confianza al actual equipo-- han sido especialmente
beligerantes, hasta el punto de no importarles lo más mínimo ejecutar una
caprichosa estrategia de agravio que se venía reflejando desde hace años
en muy concretas decisiones de ese Departamento.
Con independencia de los argumentos, opinables, naturalmente, que la
historia, la razón, el sentimiento y la voluntad del pueblo valenciano
aportan a la autocerteza de ese mismo pueblo en orden a lo que es, y a lo
que quiere
seguir siendo, resulta indiscutible que el enfoque esencial de la
cuestión parte de afirmar que el imperativo jurídico que protege el
derecho a ser de la lengua valenciana tiene un valor absoluto que no
admite interpretación y mucho menos posibilita que se adopten criterios
prácticos contrarios al sentido de aquél.
Como es natural, los valencianos no estamos dispuestos a que se nos burle
la legítima pretensión de ver garantizados todos aquellos reconocimientos
y contenidos inherentes al lugar mismo que la lengua valenciana tiene en
el desarrollo normativo del Título VIII de la Constitución, merced a su
incorporación singular en el estatuto de autonomía, y, como es natural,
tampoco estamos dispuestos a que lo que la ley dice quede supeditado
luego a las conveniencias o pactos políticos del Gobierno. Y, desde
luego, los valencianos tenemos la sensación, señor Subsecretario, de que,
desde el Ejecutivo, en este asunto, se está haciendo dejación de sus
obligaciones respecto de nuestra lengua por mor exclusivo de las
pretensiones que sobre la misma mantiene alguna fuerza parlamentaria que,
hoy por hoy, le resulta imprescindible a este mismo Gobierno para
mantenerse en La Moncloa.
No deja de ser triste, señor Subsecretario, y paradójico que en el
contexto de una sociedad en libertad y en el concierto jurídico del
llamado Estado de las Autonomías, los valencianos tengamos que estar
sistemáticamente reivindicando el hecho lingüístico que nos pertenece,
habida cuenta de que otros se encuentran con que desde la Administración
del Estado se les abona el terreno en su intención de apropiárselo.
Recordemos que han sido casi diez años de lucha, y vuelvo a remitirme a
la cuestión anterior, administrativa, para que, efectivamente, nuestra
lengua pueda tener la misma consideración en el registro ISBN que las
demás lenguas cooficiales.
Bastaría recordar cuál ha sido el trato deparado a la lengua valenciana
desde el Ministerio de Cultura por parte de anteriores equipos en
aspectos tan concretos como la contribución presupuestaria a tareas de
normalización lingüística, la exclusión de dicha lengua en la composición
de los jurados de los premios nacionales de literatura, mientras se
concedía representación propia a las demás lenguas cooficiales, o los
agravios infringidos con ocasión de las sucesivas ediciones de la Feria
del Libro de Francfort o de la elaboración del informe sobre el libro
español. Y así serían muchas las vicisitudes que podríamos reseñar y que
acreditan lo que venimos diciendo. Insisto en lo que es el balance de los
anteriores equipos y queremos dar un margen de confianza en la cuestión
al presente.
Sin embargo, la cuestión que hoy nos trae aquí es, sin duda, la de más
notoria trascendencia de las que se han podido suscitar en los últimos
meses a propósito de esa negativa carga que arrastra la lengua valenciana
por causa de la posición del Gobierno. Y esta cuestión es la que afecta a
la inclusión de la lengua valenciana en el documento final que, como
propuesta española, se incorpore, tras su ratificación, a la Carta
Europea de Lenguas.
En este asunto el Gobierno viene manteniendo una actitud tan equívoca
como preocupante, porque si bien es cierto que el discurso oficial
argumenta, como no puede ser de otra forma, que la ratificación se hará
conforme a lo dicho en el ordenamiento vigente --y así lo reafirmaba
recientemente la señora Ministra ante el Pleno de la Cámara--, los hechos
parecen andar en otra dirección y ésa es la incógnita que en estos
momentos queda por desvelar. Y decimos esto porque, a pesar de la
declaración de la Ministra, no hemos apreciado cambio cualitativo alguno
frente a sucesos que han indignado a la sociedad valenciana, tales como
el intento de dejar fuera del documento preparatorio de la Carta a la
lengua valenciana o el hecho de que el Gobierno no haya tenido acción ni
opinión ante la rectificación del Informe Killilea, con lo que eso supone
en cuanto a consentir que el Parlamento Europeo presumiblemente vaya a
debatir un documento que prescinde del amparo que la legalidad española
determina en pro de la lengua valenciana. Así pues, la sociedad
valenciana reclama del Gobierno que la importante iniciativa cultural del
Consejo de Europa no termine convirtiéndose para ella en una nueva
frustración que, de espaldas al derecho, sirva tan sólo para satisfacer
combinaciones ajenas a lo que es el respeto al hecho lingüístico
valenciano. La sociedad valenciana reclama también, señor Subsecretario
--y usted la conoce bien--, diligencia gubernamental para que, ante
maniobras como las auspiciadas en torno al informe Killilea, maniobras
que pretenden claramente que el Parlamento Europeo se pronuncie de
antemano de forma distinta a como pueda hacerlo en su caso el Gobierno
español, no sólo escuchemos del Ministerio palabras tibias, sino que se
nos acrediten garantías suficientes de que el Ejecutivo no cederá a
presiones internas ni mantendrá o consentirá pronunciamientos equívocos u
omisiones ambiguas que pudieran dejar sin constancia efectiva lo que
recoge nuestro ordenamiento.
En definitiva, por todas estas cuestiones, nosotros preguntamos, habida
cuenta de la ya gran demora del Gobierno en la resolución definitiva de
este asunto, si va a mantener una actitud firme y decisiva, a efectos de
que en el documento que se traslade al Consejo de Europa como propuesta
española para la ratificación de la Carta Europea de Lenguas Regionales y
Minoritarias se garantice en todos sus términos el derecho sustantivo de
la lengua valenciana, tal y como viene recogido en la legislación
vigente.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DE CULTURA (Linde Paniagua): Créame, señoría, que
no me consta la larguísima lista de agravios que usted cita; no obstante,
agradezco su confianza.
Si antes le decía que se retrasaba en su pregunta, ahora le digo que se
adelanta, porque usted está reprochando al Gobierno algo que no le puede
reprochar. La ocasión para verificar si las promesas del Gobierno se
cumplen o no será cuando se firme la citada Carta. Yo creo que no cabe
ninguna duda, ni hay ningún dato que imagine ni que usted haya citado que
nos ilustre sobre esas amenazas que se ciernen sobre esa Carta y sobre el
valenciano.
Como usted sabe, el Gobierno ha manifestado en varias ocasiones esa
voluntad de incorporar al documento de adhesión las distintas lenguas
oficiales españolas. Como también a usted le consta, el señor Lizondo
hizo esa misma pregunta en el Pleno del Congreso, donde le contestó la
Ministra, y yo aquí no puedo hacer otra cosa que repetir los argumentos
que allí se dieron, y es que, como usted sabe, es en el instrumento de
ratificación de la carta donde el Estado firmante puede y debe, sólo
allí, hacer constar las lenguas a las que que desea aplicar dicha Carta,
que no entrará en vigor hasta que cinco estados miembros la ratifiquen.
Por consiguiente, el Estado español no está tan atrasado, puesto que
todavía no se ha producido la firma por cinco estados miembros; hasta el
momento sólo la ha ratificado Noruega, el 10 de noviembre de 1993. Por
tanto, no está en vigor. Como digo, sólo Noruega ha comunicado
oficialmente al Consejo de Europa el listado de lenguas que quiere
incluir en la citada Carta. Por eso, puedo afirmar, señoría, que el
Gobierno, en su momento, mantendrá la misma postura que manifestó la
Ministra y, antes que ella, otros responsables del Ministerio: incluir
las lenguas reconocidas en los estatutos de autonomía y que se ajusten a
la definición de lengua regional o minoritaria contenida en el artículo
primero de la Carta.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LAZARO: Lamento que al señor Subsecretario no le consten los
agravios, pero comprendo que otra cosa no puede decir. Le invito, como es
natural, a que repase los archivos del propio Ministerio y podrá
establecer perfectamente, con toda rotundidad y claridad, cuál ha sido la
política claramente discriminatoria de los anteriores titulares del
Departamento de Cultura en relación con decisiones administrativas y
gubernamentales concretas que afectaban al conjunto de las lenguas
cooficiales españolas, siempre con la exclusión de la lengua valenciana.
Creo que ésa es una cuestión sobre la que no vale la pena discutir
especialmente, porque obran suficientes antecedentes documentales.
Me dice S. S. que en esta cuestión me adelanto a lo que pueda ser la
posición del Gobierno. Yo creo que no, porque tengo en mi poder una
respuesta del Gobierno, de fecha 23 de octubre de 1992, a pregunta sobre
esta misma cuestión, iniciativas desarrolladas por el Gobierno para
conseguir la inclusión de la lengua valenciana en la Carta Europea de
lenguas regionales y minoritarias elaboradas por el Consejo de Europa,
que, en sus términos literales, casa exactamente con lo que yo decía en
el preámbulo de mi intervención, con la respuesta dada recientemente por
la señora Ministra de Cultura ante el Pleno de la Cámara. Pero eso forma
parte, como también decía en ese preámbulo, de lo que es el discurso
oficial; el discurso oficial del Ministerio no puede ser otro, el
discurso oficial del Ministerio no puede ser contrario a lo que es la
legalidad vigente.
Sin embargo, señor Subsecretario, la realidad está siendo muy otra,
porque aquí se ha filtrado un anteproyecto de instrumento de ratificación
por parte del Gobierno español de esa Carta Europea de lenguas, en el que
venía consignada toda la relación que el Gobierno español proponía, y no
figuraba la lengua valenciana. Yo no sé si esa filtración responderá o no
a la realidad, pero lo cierto es que sobre eso no hubo una inmediata
respuesta del Gobierno aclarando la veracidad o la falsedad de esa
posible filtración; tuvo que responder el Gobierno sólo y en la medida en
que los grupos parlamentarios planteamos esta cuestión.
Por otra parte, tampoco hemos visto, como yo citaba también en mi
pregunta, ninguna reacción gubernamental ante la rectificación del
informe Killilea, que en este momento se está debatiendo en el Parlamento
Europeo, y que supone una dejación sin efecto de los contenidos reales de
la legalidad vigente española en materia de cooficialidad de lenguas. Y
parece que el tema es suficientemente importante, sobre todo en cuanto
que se implica con la iniciativa desarrollada en el Consejo de Europa, y
de alguna forma son complementarias, como para que el Gobierno español
también hubiera tenido que decir algo en torno a esa, para nosotros,
interesada rectificación, porque el documento original del informe
Killilea se expresaba en unos términos adecuados a la legalidad vigente
española y absolutamente diferentes a lo que ha sido esta segunda
edición.
En definitiva, señor Subsecretario, nosotros seguimos teniendo recelos de
que el Gobierno vaya a resolver esa cuestión final y felizmente de la
única forma en la que lo puede hacer, es decir, ateniéndose estrictamente
a la legalidad vigente que sistemáticamente se nos recuerda pero que
después no tiene una traslación concreta al ámbito de los hechos.
Esperemos, como es natural, que esta cuestión, que ya viene demorando el
Gobierno en su resolución --y es extraña esa demora cuando el sistema
jurídico español es claro, muy claro y avanzado en materia de
cooficialidad de lenguas--, que cuando esta cuestión se sustancie
definitivamente por el Gobierno se sustancie de la única forma posible,
porque lo contrario, como bien comprende el señor Subsecretario, amén de
antijurídico, provocaría una crispación social importante en algunos
ámbitos, y, desde luego, en el ámbito de esa sociedad valenciana que,
insisto, el señor Subsecretario y la señora Ministra conocen a la
perfección.
El señor PRESIDENTE: El señor Subsecretario tiene la palabra.
El señor SUBSECRETARIO DE CULTURA (Linde Paniagua): Me temo, señoría, que
no voy a poder disuadirle de sus recelos diga lo que diga, pero sí debo
decir que el Gobierno no ha cambiado su postura desde que la enunciara
hace tiempo, y se la ratifico en este momento. Cuando se produzca la
ratificación de ese instrumento, allí se hará constancia de las distintas
lenguas oficiales españolas.
--SOBRE ESTADO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE REMODELACION DEL TEATRO
REAL DE MADRID. FORMULADA POR EL SEÑOR LOPEZ GARRIDO (GIU-IC). (Número de
expediente 181/000313.)
El señor PRESIDENTE: Para formular la pregunta que figura en el orden del
día sobre ejecución de las obras de remodelación del Teatro Real, tiene
la palabra el señor González.
El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: La verdad es que esta pregunta llevaba mucho
tiempo aparcada en la Comisión y la realizo hoy en nombre de mi compañero
Diego López Garrido, que no puede estar presente por otras razones de
trabajo en el Parlamento.
Es verdad que, aunque llevaba mucho tiempo aparcada, ciertas
contradicciones que se observa en las contestaciones a diversas
iniciativas que se han producido en el Parlamento por parte de la señora
Ministra de Cultura, y quizá de usted mismo, la hacen estar de
actualidad, puesto que parece ser que el Ministerio de Cultura, por los
datos que obran en mi Grupo, ha obtenido, al 1 de enero de 1994, en torno
a 12.000 millones de pesetas, 12.400 concretamente, 2.000 procedentes del
Ministerio de Obras Públicas y 10.400 de los Presupuestos Generales del
Estado, de los que sólo se han invertido --según se confirma, también--
unos 7.285 millones. Queda todavía la duda, a pesar de que ustedes han
intentado explicarlo muchas veces, sobre la desviación de esos 5.000
millones que faltan.
Por otra parte, el Ministerio de Cultura ha afirmado, en sucesivas
ocasiones, que pretende obtener para la ejecución definitiva de las obras
del Teatro Real, para su reconversión en Teatro de la Opera, en torno a
21.620 millones, y la señora Ministra de Cultura, ya la he oído en esta
Comisión, afirma que sólo va a gastar 16.000 millones.
Como ve, hay todo un proceso de ciertas contradicciones que nosotros
observamos que conviene que se aclaren.
La última novedad referente a esta reconversión del Teatro Real en Teatro
de la Opera viene derivada también de alguna información sobre las
licencias o permisos que hubiera que solicitar para finalizar las obras o
no están solicitadas en su totalidad o no hay una total regularidad en
esa solicitud. Ese es el motivo por el que renovamos hoy la pregunta
sobre un tema que siento que sea tan recurrente continuamente, pero que a
lo mejor conviene contestar en pro de la transparencia en la realización
de una obra tan importante y que, evidentemente, exige un gasto notable
del dinero presupuestario de todos los españoles.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DE CULTURA (Linde Paniagua): Trataré de aclarar
algunas de las incógnitas que se plantean. A veces, es muy desagradable
intentar razonar sobre suposiciones de las que no conozco su origen. La
verdad es que, cuando usted ha dicho que pensamos obtener 21.000
millones, no reconozco esa afirmación por ningún responsable del
Ministerio. Y cuando usted hace referencia a las cifras que se han
gastado o no, no tengo otro remedio que repetir lo que he dicho ya en dos
ocasiones en esta Cámara. Hasta diciembre de 1993, el gasto fue de 7.750
millones de pesetas. Esto es lo que se ha gastado en el Teatro Real.
Desde el nuevo Gobierno, desde agosto de 1993, hasta diciembre, se
gastaron 1.521 millones, es decir, se hizo un esfuerzo considerable ya en
el presupuesto de 1993, particularmente en su última fase. Y la previsión
presupuestaria para 1994 es de 4.150 millones. Estas cantidades dan la
cifra de 11.901 millones. Esto es lo que se ha gastado y se piensa gastar
durante 1994. Insisto, 7.750 millones es lo que se gastó exactamente
hasta el 31 de diciembre de 1993.
Lo que ocurre es que ustedes manejan las cifras que figuran en el
proyecto de presupuestos correspondiente a 1993, y anteriores, y esa
cifra, como ocurre con todas las que se refieren a los capítulos de
inversiones, es diferente. Una cosa es la cifra prevista y otra es la
ejecución del presupuesto. Y la ejecución del presupuesto es distinta a
la previsión presupuestaria. Esto ha inducido, lo sabemos, a cierta
confusión en la Cámara, pero esta información que estoy facilitando ahora
la he facilitado en otras ocasiones y está a disposición de todos
ustedes. No existe, por consiguiente, ahí nada extraño.
En lo que se refiere a cuestión de fondo, a cómo se encuentra en la
actualidad la obra, por responderle muy rápidamente, esperando que usted
si quiere alguna aclaración me la pida, y se la daré gustosamente, nos
ratificamos en que esta obra se va a finalizar entre finales de este año
y principios de 1995. Esas afirmaciones que estamos haciendo
reiteradamente aquí desde el mes de agosto podemos seguir manteniéndolas.
Y si el ritmo, si los presupuestos de 1995 prevén cantidades similares a
las que se han previsto para 1994, consideramos que la obra quedará
finalizada entre finales de 1994 y principios de 1995.
Por consiguiente, en 1955, como hemos afirmado en repetidas ocasiones,
creemos que el Teatro estará en funcionamiento.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor González.
El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Agradezco al señor Subsecretario que haya
dado unas cifras tan concretas, serán éstas que él dice. Le quiero
recordar que el último apartado de mi pregunta, que verdaderamente tiene
que ver con la ejecución, se refería a si estaban solicitadas todas las
licencias convenientes para la finalización de las obras y si había algún
problema en ese sentido. Si no está en disposición de contestar en este
momento, me manda la información y me daré por satisfecho.
El señor PRESIDENTE: El señor Subsecretario tiene la palabra.
El señor SUBSECRETARIO DE CULTURA (Linde Paniagua): En términos generales
le puedo contestar.
Esta es una obra de enorme complejidad, como es conocido por todos y en
particular por los Diputados que visitaron con nosotros el Teatro Real.
Sí le puedo decir que,
en la actualidad, está gestionada ante la Gerencia de Urbanismo y, como
suele ocurrir en estos casos, nos encontramos con la circunstancia de que
algunos detalles finales están perfilándose, los relativos a los acabados
de los interiores, pero creemos que estamos dentro de la legalidad y que
la licencia primera, solicitada y obtenida, ampara todas las actuaciones
que se están llevando a cabo en el Teatro Real, con independencia de que,
en el más escrupuloso cumplimiento de la normativa urbanística, cualquier
modificación que se produzca, como resultado de la complejidad del
desarrollo y la ejecución final de la obra, la someteremos a las
autoridades municipales.
Nada más, Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Concluido el orden del día, se levanta la sesión.
Era la una y cincuenta minutos de la tarde.