CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1994 V Legislatura Núm. 188
ASUNTOS EXTERIORES
PRESIDENTE: DON JORDI SOLE TURA
Sesión núm. 17
celebrada el martes, 3 de mayo de 1994



ORDEN DEL DIA
Comparecencias:
--Del señor Secretario de Estado para las Comunidades Europeas
(Westendorp y Cabeza), para explicar los términos y el alcance del
Acuerdo sobre cooperación entre los Gobiernos de España, Francia,
Marruecos, Portugal y la Comunidad Europea (CE) para la protección de las
costas y de las aguas del Atlántico del Nordeste contra la polución,
anexos, acta final y dos resoluciones firmadas en Lisboa el 17 de octubre
de 1990. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular. (Número de
expediente 212/000499.) Esta comparecencia será cumplimentada por el
señor Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para
Iberoamérica (Página 5833)
--Del señor Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para
Iberoamérica (Dicenta Ballester), para informar sobre el Plan Anual de
Cooperación Internacional para 1994. A solicitud del Grupo Parlamentario
Popular. (Número de expediente 212/000547) (Página 5838)

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Preguntas:
--Del señor Rupérez Rubio (Grupo Parlamentario Popular), sobre contactos
mantenidos por el Ministerio de Asuntos Exteriores con la Comunidad y el
Ayuntamiento de Madrid para proveer los cargos vacantes en la Casa de
América. (BOCG serie D, número 52, de 11-2-94. Número de expediente
181/000456) (Página 5851)
--Del señor Martínez Casañ (Grupo Parlamentario Popular), sobre
estrategia a adoptar en los distintos organismos internacionales frente a
la situación en la que la devaluación del franco de la Comunidad
Financiera Africana (CFA) coloca a Guinea Ecuatorial. (BOCG serie D,
número 57, de 21-2-94. Número de expediente 181/000459) (Página 5852)
--Del mismo señor Diputado, sobre consecuencias de la devaluación del
franco de la Comunidad Financiera Africana (CFA) en las relaciones
comerciales entre España y Guinea Ecuatorial. (BOCG serie D, número 57,
de 21-2-94. Número de expediente 181/000460) (Página 5852)
--Del mismo señor Diputado, sobre consecuencias de la devaluación del
franco de la Comunidad Financiera Africana (CFA) en la cooperación de
España con Guinea Ecuatorial. (BOCG serie D, número 57, de 21-2-94.

Número de expediente 181/000461) (Página 5852)
--Del mismo señor Diputado, sobre consecuencias de la devaluación del
franco de la Comunidad Financiera Africana (CFA) en el reembolso de la
deuda de los países pertenecientes a dicha Comunidad y, en concreto, en
el reembolso de la deuda de Guinea Ecuatorial. (BOCG serie D, número 57,
de 21-2-94. Número de expediente 181/000464) (Página 5852)
--De la señora Maestro Martín (Grupo Parlamentario Federal IU-IC), sobre
presencia en España de uno de los militares supuestamente implicados en
la desaparición de diez personas en la Universidad de La Cantuta en Lima
(Perú). (BOCG serie D, número 67, de 4-3-94. Número de expediente
181/000548) (Página 5856)
-- De la misma señora Diputada, sobre medidas o actuaciones previstas en
relación con las violaciones de derechos humanos que se están produciendo
en Perú. (BOCG serie D, número 67, de 4-3-94. Número de expediente
181/000550) (Página 5856)
--De la misma señora Diputada, sobre revocación del exequátor a la actual
Cónsul de la República Dominicana en España, en virtud de las fundadas
sospechas de su implicación en la red de inmigración ilegal y
proxenetismo de ciudadanos de ese país. (BOCG serie D, número 67, de
4-3-94. Número de expediente 181/000563) (Página 5860)
--Del señor Rupérez Rubio (Grupo Parlamentario Popular), sobre visita a
España del Ministro cubano de Asuntos Exteriores. (BOCG serie D, número
72, de 14-3-94. Número de expediente 181/000595) (Página 5861)
--Del mismo señor Diputado, sobre aceptación por el Gobierno cubano de
fórmulas económicas o políticas de transición hacia la democracia. (BOCG
serie D, número 72, de 14-3-94. Número de expediente 181/000596) (Página 5861)
--Del mismo señor Diputado, sobre modificación del respeto a los derechos
humanos y a las libertades fundamentales en Cuba, como consecuencia de
las gestiones realizadas por el Gobierno español. (BOCG serie D, número
72, de 14-3-94. Número de expediente 181/000597) (Página 5861)
Dictámenes sobre:
--Primer Protocolo relativo a la interpretación por el Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas del Convenio sobre la Ley aplicable
a las obligaciones contractuales, abierto a la firma en Roma el 19 de
junio de 1980, hecho en Bruselas el 19 de diciembre de 1988. (BOCG serie
C, número 89-1, de 14-3-94. Número de expediente 110/000067) (Página 5866)
--Acuerdo para la promoción y protección recíprocas de inversiones entre
el Reino de España y la República de Corea, hecho en Seúl el 17 de enero
de 1994. (BOCG serie C, número 85-1, de 7-3-94. Número de expediente
110/000077) (Página 5867)
--Tratado de extradición entre el Reino de España y la República de
Corea, hecho en Seúl el 17 de enero de 1994. (BOCG serie C, número 86-1,
de 7-3-94. Número de expediente 110/000078) (Página 5867)



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--Convenio entre el Reino de España y la República de Corea para evitar
la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos
sobre la renta, hecho en Seúl el 17 de enero de 1994. (BOCG serie C,
número 87-1, de 7-3-94. Número de expediente 110/000079) (Página 5868)
--Reformulación de la Declaración española al Convenio Europeo número 112
sobre traslado de personas condenadas, celebrado en Estrasburgo el 21 de
marzo de 1983. (BOCG serie C, número 88-1, de 7-3-94. Número de
expediente 110/000080) (Página 5868)
--Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la
República de Honduras sobre modificación del Convenio de doble
nacionalidad de 15 de junio de 1966. (BOCG serie C, número 95-1, de
21-3-94. Número de expediente 110/000083) (Página 5869)
--Adhesión de España al Protocolo de 1992 que enmienda el Convenio
Internacional sobre responsabilidad civil nacida de daños debidos a
contaminación por hidrocarburos, 1969, hecho en Londres el 27 de
noviembre de 1992. (BOCG serie C, número 96-1, de 21-3-94. Número de
expediente 110/000085) (Página 5870)
--Quinto Protocolo modificatorio de la Constitución y Resoluciones de la
Unión Postal de las Américas, España y Portugal (XV Congreso de la
UPAEP), hecho en Montevideo el 23 de junio de 1993. (BOCG serie C, número
97-1, de 25-3-94. Número de expediente 110/000087) (Página 5871)
--Convenio Básico de Cooperación entre el Reino de España y la República
de las Seychelles, hecho en Madrid el 15 de noviembre de 1990. (BOCG
serie C, número 98-1, de 25-3-94. Número de expediente 110/000088)
(Página 5871)
--Adhesión de España al Protocolo de 1992 que enmienda el Convenio
Internacional sobre la constitución de un fondo internacional de
indemnización de daños debidos a contaminación por hidrocarburos, 1971,
hecho en Londres el 27 de noviembre de 1992, así como Declaración que
formulará el Gobierno español. (BOCG serie C, número 99-1, de 25-3-94.

Número de expediente 110/000089) (Página 5872)



Se abre la sesión a las nueve y treinta y cinco minutos de la mañana.




COMPARECENCIA:



--DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO PARA LAS COMUNIDADES EUROPEAS, PARA QUE
EXPLIQUE LOS TERMINOS Y EL ALCANCE DEL ACUERDO SOBRE COOPERACION ENTRE
LOS GOBIERNOS DE ESPAÑA, FRANCIA, MARRUECOS, PORTUGAL Y LA COMUNIDAD
EUROPEA (CE) PARA LA PROTECCION DE LAS COSTAS Y DE LAS AGUAS DEL
ATLANTICO DEL NORDESTE CONTRA LA POLUCION, ANEXOS, ACTA FINAL Y DOS
RESOLUCIONES, FIRMADOS EN LISBOA EL 17 DE OCTUBRE DE 1990. A SOLICITUD
DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente
212/000499.)



El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a dar comienzo a la sesión de la
Comisión de Asuntos Exteriores.

En primer lugar tenemos la comparecencia del señor Secretario de Estado
para la Cooperación Internacional, para que explique los términos y el
alcance del Acuerdo (anexos, acta final y dos resoluciones, firmados en
Lisboa el 17 de octubre de 1990) sobre la cooperación entre los Gobiernos
de España, Francia, Marruecos, Portugal y la Comunidad Europea para la
protección de las costas y de las aguas del Atlántico del nordeste contra
la polución. El autor de la petición de comparecencia es el Grupo
Parlamentario Popular.

Tiene la palabra, en su nombre, el señor Soriano.




El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Si le parece bien a la Presidencia,
sería preferible que el señor Secretario de Estado nos explicara el
contenido del tratado, e intervendríamos posteriormente.




El señor PRESIDENTE: Muy bien; entonces, tiene la palabra el señor
Secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA
IBEROAMERICA (Dicenta Ballester): Gracias, señor Presidente.

Señorías, este Acuerdo de cooperación para la protección de las costas y
de las aguas del Atlántico del nordeste contra la polución es el llamado
Acuerdo de Lisboa. Se firmó en Lisboa el 17 de octubre de 1990 y son
partes de



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este tratado España, Francia, Marruecos, Portugal y la entonces llamada
Comunidad Económica Europea.

El objeto es establecer modalidades de cooperación regional y de
asistencia mutua en la lucha contra la contaminación por hidrocarburos u
otras sustancias nocivas en esa zona del Atlántico nordeste. La
iniciativa partió de Portugal, y España se mostró desde el primer momento
predispuesta a recibir ese tratado, puesto que el objeto básico era
cubrir una laguna geográfica en la cooperación contra la contaminación
producida en espacios marítimos españoles y en otros espacios no
españoles pero próximos a los mismos, puesto que existían ya dos
acuerdos, también de carácter regional, que establecían disposiciones
para cooperar en la prevención y lucha contra la contaminación por
hidrocarburos u otras sustancias nocivas en otras dos importantes
regiones marítimas: una, el Mar Mediterráneo, que estaba cubierta por el
Convenio de Barcelona de 1976, del que España es parte y Estado
depositario, y, otra, el espacio marítimo del Mar del Norte, objeto del
Acuerdo de Bonn del año 1983, suscrito por los países del norte de Europa
y en el que España es observador.

El accidente sufrido por el buque-tanque español Aragón y los daños de
contaminación medioambiental que ocasionó en el archipiélago portugués de
Madeira pusieron en evidencia ante las autoridades portuguesas el hecho
de que, a diferencia de las dos regiones marítimas que hemos mencionado
en estos dos acuerdos anteriores, no existía un acuerdo
intergubernamental que estableciera medidas de cooperación para combatir
los daños ocasionados por hidrocarburos u otras sustancias nocivas en las
aguas y costas del nordeste del Atlántico, aguas en parte coincidentes
con los espacios marítimos del oeste y del sur de la Unión Europea.

Tras una serie de reuniones de trabajo, el 16 de octubre de 1990 tuvo
lugar en Lisboa la conferencia preparatoria internacional, en la que
participaron los países que hemos mencionado antes, y el acuerdo se firmó
el 17 de octubre de 1990. Tras dicho acto transcurrió un cierto lapso de
tiempo antes de que se solicitare al Consejo de Ministros y a las Cortes
Generales la aprobación de la firma, que se había efectuado ad
referendum, con objeto de permitir conocer datos adicionales sobre el
centro internacional que preveía el acuerdo. Resuelta esta cuestión se
preparó el expediente del Consejo de Ministros para aprobación de la
firma, pero el expediente tuvo que ser retirado y quedar a la espera de
poder ser presentado ante el nuevo Parlamento por la disolución de las
Cortes para las elecciones del pasado mes de junio de 1993. El 26 de
noviembre de 1993 el Consejo de Ministros aprobó la firma ad referendum
del Acuerdo y en la actualidad se está a la espera de recibir la
autorización de las Cortes Generales para que el Estado pueda verse
obligado por este tratado. Cuando se reciba esta autorización se
comunicará a Portugal, como Estado depositario del tratado, y España
pasará a ser Estado parte definitivamente del mismo.

La zona geográfica de aplicación del Acuerdo, lo que se llama el
Atlántico nordeste, se extiende por el este hasta la zona marítima
cubierta por el Convenio de Barcelona y por el norte hasta las aguas y
costas que son atendidas por el Convenio de Bonn. Los límites oeste y sur
coinciden con los límites de la zona económica exclusiva de las partes
contratantes. Es un Acuerdo que trata de facilitar y fomentar la
cooperación regional en todas las ocasiones en que se produzcan o haya
riesgo de que se produzcan vertidos de hidrocarburos u otras sustancias
nocivas. En su momento se eliminó el requisito de que los derrames objeto
del Acuerdo fueran solamente aquellos de carácter accidental para ampliar
el ámbito de aplicación del Acuerdo, lo cual es importante puesto que los
vertidos voluntarios, los que se producen por ejemplo por el lavado de
tanques, causan también daños ecológicos. La condición es que procedan de
buques o de plataformas fijas o móviles.

En virtud de este Acuerdo, cada Estado parte debe establecer un sistema
nacional de prevención y de lucha contra los incidentes de polución
marítima, incluyendo un plan nacional de intervención, que España tenía
ya y que sigue teniendo, que es la Sociedad de Salvamento y Seguridad
Marítima. Cualquier Estado parte puede solicitar la cooperación de las
otras partes para hacer frente a un incidente de contaminación, y en ese
caso la parte que solicitó la ayuda deberá reembolsar a la otra parte los
costes invertidos por su acción.

El Acuerdo obliga a los países miembros a dotarse de material eficaz y
eficiente para la lucha contra la contaminación, así como a almacenar el
mismo en puntos determinados. Se ha aceptado la posible formación de un
stock internacional, siempre que sea financiado con fondos procedentes de
la Unión Europea o de otros organismos internacionales.

Por último, el Acuerdo establece la creación de un centro internacional,
domiciliado en el Estado depositario, que tiene por función asistir a los
Estados parte en las acciones a tomar ante incidentes de contaminación,
organismo que se hará cargo al mismo tiempo de las funciones de
secretaría del Acuerdo. Los gastos de esta secretaría son sufragados en
un 2,5 por ciento por cada una de las partes, y de la cantidad restante
dos tercios corresponden a Portugal, como Estado depositario, y el tercio
restante se divide en la forma siguiente: el Reino de España paga el 40
por ciento de ese tercio, Francia otro 40 por ciento y el Reino de
Marruecos un 20 por ciento. La contribución anual española, en total, es
de alrededor de 20.000 dólares americanos. Ese sería el contenido básico
del Acuerdo sobre el que S. S. me solicitaba información. Hay dos anexos
al Acuerdo, el Anexo 1, que es un anexo muy breve, que manifiesta que las
zonas que se distinguen a los fines de cooperar en el ámbito de este
Acuerdo se corresponden con las zonas económicas exclusivas de cada
Estado contratante, y el Anexo 2, que se refiere a las funciones del
centro internacional de Lisboa, en el que se recuerda que su función es,
básicamente, coordinar las acciones nacionales y regionales de formación
y de cooperación técnica en caso de urgencia, así como recoger y difundir
información sobre incidentes de polución.

En cuanto a las resoluciones, el mismo día en que se firmó el Acuerdo de
Lisboa se firmaron dos resoluciones, una que recomienda que el Acuerdo
sea ratificado lo antes posible y que mientras se produzca esta
ratificación los



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Estados parte se esfuercen por asegurar el buen funcionamiento del
Acuerdo y en especial garanticen el establecimiento del secretariado, y
una segunda resolución que se refiere a la protección de zonas marítimas
sensibles. Solicita la cooperación de las partes para proponer a las
instancias competentes internacionales la adopción de medidas en las
zonas de especial sensibilidad de los archipiélagos de Canarias y de
Madeira. Se pide también que se reduzca el tráfico de buques que
transporten hidrocarburos u otras sustancias nocivas, así como la posible
creación de zonas en las que se evite el tráfico.

El acta final se limita a señalar que se ha adoptado el Acuerdo en Lisboa
y las dos resoluciones que acabo de señalar.

Ese sería básicamente el resumen de este Acuerdo.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Soriano Benítez de Lugo.




El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: En primer lugar, quiero agradecer la
presencia del Secretario de Estado para la Cooperación, aunque sin duda
nosotros hubiéramos preferido que hubiera estado presente hoy aquí el
Secretario de Estado para las Comunidades Europeas, quien sin duda parece
que en principio es el que más directamente tendría la competencia con
este tratado.

Mi Grupo quiere dejar claro que no discutimos el fondo del Acuerdo, la
protección del medio ambiente humano en general y del medio marino en
particular, como se dice en el propio preámbulo de Acuerdo. Sin embargo,
yo creo que el Secretario de Estado ha pasado como sobre ascuas sobre el
problema capital del tratado, que es el ámbito de aplicación y que para
nuestro Grupo y para un Diputado de las Islas Canarias como es el caso de
la persona que está en el uso de la palabra en estos momentos resulta de
capital importancia.

El artículo 3 señala el ámbito de aplicación del tratado que viene
constituido por las zonas económicas exclusivas de los Estados
contratantes. El artículo 8.1 del Anexo 1, apartado 1, determina
concretamente dicho campo de aplicación y tiene en cuenta los eventuales
tratados bilaterales que pudieran ser concluidos por las partes al objeto
de fijar o modificar los límites de sus respectivas zonas económicas
exclusivas. Esta precisión es lógica, ya que el derecho internacional
público permite una extensión de la zona económica exclusiva hasta las
200 millas, y en aquellos supuestos de Estados situados frente a frente o
con islas o archipiélagos o dada la configuración geográfica de la costa
pudiera ocurrir que fuera imposible la extensión a 200 millas. De ahí la
necesidad de acuerdos que fijen exactamente los límites respectivos o, en
su caso, la línea media equidistante.

Definidas las líneas generales de la cuestión, se nos plantean concretos
en el acuerdo: en primer lugar, las aguas marroquíes y, en segundo lugar,
las aguas españolas de Canarias, dado que las Islas Canarias están
situadas geográficamente a la altura de la línea divisoria entre el Reino
de Marruecos y el antiguo Sahara español.

Refiriéndonos al problema de las aguas marroquíes, el artículo 3.c) del
tratado establece el límite sur de la zona de aplicación del mismo y dice
exactamente que el límite sur de las aguas dependientes de la soberanía o
de la jurisdicción del Reino de Marruecos, que es precisamente el límite
sur establecido en el contrato, en relación con el Anexo 1, apartado 1,
lo constituye la zona económica exclusiva de Marruecos. Habrá que tener
en cuenta que el concepto de mar territorial o de aguas jurisdiccionales
ha ido ampliándose de manera paulatina y gradual. Actualmente y tras la
III Conferencia del Mar de 1982 en Uruguay, su límite es de 12 millas.

Por consiguiente, ninguna zona económica exclusiva de un Estado puede
invadir el mar territorial de otro Estado. El problema es que si
Marruecos ha fijado su zona económica exclusiva y España no lo ha hecho,
se da la circunstancia de que frente al mar territorial español existiría
a continuación la zona económica exclusiva marroquí y no una zona
económica exclusiva española, dada la cercanía de las costas, si bien en
todo caso la zona económica exclusiva marroquí tendría su límite en el
mar territorial español.

El problema del artículo 3.c) y del Anexo 1 es que no dice expresamente
cuál es la zona económica exclusiva de Marruecos, concretamente, si
comprende o no las zonas adyacentes al antiguo Sahara español. Sin
embargo, de una lectura atenta de la terminología utilizada parece
deducirse que sí se han incluido tales aguas y ello por las siguientes
razones. Dicho artículo fija como límite sur del ámbito de aplicación del
tratado el límite sur de las aguas marroquíes. Si tenemos en cuenta la
situación geográfica de Canarias, las islas se encuentran frente a la
frontera que separa Marruecos y el antiguo Sahara español, como he
indicado anteriormente, y esto implica lo siguiente. Si España fija la
zona económica exclusiva de Canarias, sus aguas estarían situadas frente
al Sahara occidental. La consecuencia de lo expuesto sería que, por
lógica, el límite sur del ámbito de aplicación del convenio debería ser
el límite sur de la zona económica española en Canarias. Pero el
problema, de hecho, es algo más complicado dada la existencia, a
continuación del mar territorial, de la denominada zona contigua cuya
extensión máxima es de 24 millas. Ello quiere decir que en todo caso la
zona económica exclusiva marroquí encontraría su límite en dicha zona
contigua española. Obviamente, habría que acudir a la legislación interna
marroquí, pero lo que parece evidente es que Marruecos considera el
Sahara territorio marroquí, luego también sus aguas.

En síntesis, España es el país situado más al sur de todas las partes
contratantes, a través de las Islas Canarias, y sin embargo los términos
del artículo 3.c) parecen por el contrario indicar que las aguas de los
países firmantes situadas más al sur son las aguas marroquíes, y esto no
sería posible si no se incluyese el Sahara occidental, y ya veremos luego
cómo la referencia a Canarias en una de las resoluciones pone de
manifiesto esta especie de complejo de los tratadistas en no mencionar y
en dejar en la más absoluta ambigüedad la delimitación del ámbito sur del
tratado.

¿Qué importancia tiene esta cuestión? Es cierto que los artículos 8.1 y
11.2 establecen de manera clara que la



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división en zonas lo es a los solos efectos del tratado y que, dice
textualmente, en ningún caso puede ser invocada como precedente o
argumento en materia de soberanía o jurisdicción. Esto es cierto, esta
cláusula es sin duda importante, ya que en Derecho Internacional público
la costumbre constituye una fuente importantísima de derecho. Es claro
que los redactores del tratado tuvieron en cuenta la actual situación del
Sahara occidental y, al mismo tiempo, se admite tácitamente que las aguas
del Sahara, a efectos de tratado, son considerados marroquíes.

España, que debería haber aclarado la situación por la especial
importancia de las Islas Canarias, ha optado por la mayor de las
ambigüedades, lo que viene caracterizando las relaciones del Gobierno
español con el de Marruecos. Bien es cierto que España puede en todo caso
proceder a fijar su zona económica exclusiva señalando la línea media
equidistante, como de otra parte ha intentado nuestro Grupo en reiteradas
ocasiones en esta Cámara, en concreto cuando presentó en la legislatura
anterior una iniciativa para fijar una zona económica exclusiva en
Canarias, que fue rechazada por el Grupo Socialista en esta misma Cámara,
hasta tanto se firme un tratado internacional con el Sahara occidental,
puesto que no olvidemos que la situación actual del Sahara es la misma
que ha existido a partir del momento en que se establecieron sus
circunstancias específicas pendientes del famoso referéndum de las
Naciones Unidas que no termina de celebrarse. En definitiva, el Gobierno
Español considera, a efectos de este tratado, que las aguas de referencia
son marroquíes y ahí está nuestra oposición.

En segundo lugar, ¿cuál es la trascendencia de este tratado en las aguas
canarias? Teniendo en cuenta el ámbito de aplicación del convenio, es
obvio que éste no se aplica a la zona económica exclusiva de Canarias, ya
que ésta no existe, por lo que más allá del mar territorial se encuentra
la alta mar e incluso entre las islas al existir entre ellas una
distancia superior a las 24 millas.

¿Qué significa la resolución relativa a la protección de las zonas
sensibles? En la primera de las resoluciones citadas por el señor
Secretario de Estado se habla de que es consciente igualmente de la
sensibilidad especial de los archipiélagos de Canarias y de Madeira,
cuyas aguas están comprendidas en el campo de aplicación del Acuerdo de
Lisboa, y la resolución lleva por título Resolución relativa a la
protección de las zonas marítimas sensibles. ¿Qué significa esta
resolución relativa a la protección de las zonas sensibles? Qué es eso de
la sensibilidad especial de los archipiélagos de Canarias y de Madeira,
cuyas aguas están comprendidas en el campo de aplicación del Acuerdo de
Lisboa? ¿Qué significa sensibilidad especial? ¿A qué se refiere la frase
«cuyas aguas están comprendidas»? Lógicamente, por definición, sólo se
pueden referir al mar territorial y a la zona contigua, ya que no existe
una zona económica exclusiva, lo cual es a su vez incompatible con el
ámbito de aplicación del tratado fijado en el artículo 3.º ¿Se ha querido
decir con ello que a pesar de que no existe una zona económica exclusiva,
no obstante el tratado sí se aplica en dichas zonas?
El tratado es de 17 de diciembre de 1990. No he podido comprobar si
Portugal tiene fijada ya la zona económica exclusiva de Madeira, que
según informaciones parece que sí, pero de hecho no lo he podido
confirmar, porque además creo que es de fecha reciente, y no olvidemos
que el tratado es a iniciativa de Portugal. Tampoco he podido comprobar,
en el caso de que esté aprobada la zona económica exclusiva de Madeira,
si lo ha sido siguiendo el régimen de las islas o el del perímetro
archipielágico. Me gustaría que el señor Secretario de Estado nos
aclarase estos extremos, porque sin duda tiene su importancia en relación
con la indefinición del ámbito sur del tratado. El problema, como ya se
decía en una proposición de ley de nuestro Grupo, de 18 de noviembre de
1991, a la que me he referido anteriormente, por la que se modificaba la
Ley 15/1978, de 20 de febrero, sobre la zona económica exclusiva, es que
España mantenía la aplicación del principio archipielágico, lo que
chocaba con lo acordado en la III Conferencia sobre el Derecho del Mar de
1982, que sólo permitió su aplicación a los Estados archipielágicos, como
Indonesia, Filipinas, etcétera, no a los archipiélagos de Estados, que es
el caso de Canarias, Madeira o Azores. Según la convención, el régimen a
aplicar es el de las islas consideradas individualmente. De aquí que
España en 1982 se negara a firmar el convenio resultante. Ello explica
que las pretensiones de los países con archipiélagos se vieran
desatendidas, aprobándose únicamente el concepto de aguas archipielágicas
tan sólo respecto de los Estados archipielágicos.

En definitiva, creemos que el problema de la zona económica exclusiva de
Canarias sobre la base del principio archipielágico vendría a depender de
su aceptación por los países de la zona: Portugal, Marruecos y el Sahara
occidental. En todo caso, hubiera podido reconocerse en este tratado una
zona económica exclusiva de Canarias basada en el principio
archipielágico a los solos afectos de este convenio --artículo 8.1--, lo
que no se ha hecho y se ha optado, como digo, por la mayor de las
indefiniciones y de las ambigüedades.

No puedo por menos aquí que recordar la intervención del Grupo Socialista
y del señor Marín, actual Comisario en la Comunidad Europea, cuando se
debatía el Tratado de pesca de España con Marruecos, debiendo precisarse
que en estos momentos la situación continúa siendo exactamente igual.

Aquello fue utilizado por el Grupo Socialista. Yo era entonces Diputado
de las constituyentes y recuerdo muy bien la virulencia con que fue
tratado este convenio del Gobierno de UCD con el Reino de Marruecos para
la pesca y me acuerdo muy bien de la virulencia con que fue planteado el
tema de las Islas Canarias. Decía entonces el señor Marín que España,
como potencia colonizadora, sólo cedió la administración temporal del
Sahara y en ningún caso transfirió la soberanía. Si el propio Gobierno lo
afirma en el Parlamento por qué --decía el señor Marín-- el Gobierno ha
aceptado que en el acuerdo pesquero figure la expresión «aguas sujetas a
jurisdicción marroquí»? (La misma terminología que tanto criticaba
entonces el señor Marín es la que hoy se encuentra incluida en este
tratado.) ¿Por qué el Gobierno --decía el señor Marín--,



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respetando los términos del acuerdo tripartito y sus actas anejas
anteriores en el tiempo al acuerdo de pesca, no ha mantenido la expresión
«aguas del Sahara»? ¿Qué pasará el día en el que el Gobierno se decida a
cumplir con el ordenamiento jurídico español en materia de publicidad de
tratados internacionales, etcétera? Continuaba el señor Marín: La
expresión «aguas sujetas a jurisdicción marroquí nos parece correcta
cuando el acuerdo habla de las aguas al norte del cabo Nun, que es
inequívocamente territorio marroquí. Sin embargo, esta expresión es
equívoca en relación con las aguas al sur del cabo Nun. Al sur del cabo
Nun --decía el señor Marín-- Marruecos sólo dispone de unas 60 millas del
territorio hasta la frontera del Sahara. Qué sucede entonces con las
aguas situadas a lo largo de las costas del territorio saharaui que están
precisamente al sur del cabo Nun? Que el Gobierno español parece que está
admitiendo implícitamente, a través de un acuerdo de pesca, la
jurisdicción marroquí en un territorio que ni el Acuerdo de Madrid ni sus
actas anejas ni las declaraciones del propio Gobierno reconocen como
marroquí. El Gobierno español --finalizaba el señor Marín-- admite que la
jurisdicción marroquí se extiende incluso a las zonas mauritanas.

Estas mismas palabras pueden repetirse hoy exactamente en relación con el
Tratado que es motivo hoy de la comparecencia del Secretario de Estado.

Por consiguiente, quiero advertir que el Grupo Popular se reserva la
posibilidad de presentar las enmiendas pertinentes, pero, en cualquier
caso, me gustaría que el señor Secretario de Estado nos precisase y nos
aclarase sobre todo --y es el punto para nosotros importante-- en el
artículo 3, hasta dónde alcanza el ámbito de aplicación del tratado en su
zona sur, porque se dice que por el límite sur de las aguas dependientes
de la soberanía o de la jurisdicción del Reino de Marruecos. Hasta dónde
llega esta soberanía o esta jurisdicción del Reino de Marruecos? ¿Se
encuentra incluido el Sahara? ¿No se encuentra incluido el Sahara? ¿Por
qué razón no se hace ninguna referencia a las islas Canarias y, sin duda,
los firmantes del Tratado algún complejo de culpabilidad tenían cuando se
vieron obligados, en una resolución, que tampoco viene muy a cuento a
continuación del Tratado, a una mera declaración de intenciones, relativa
a la protección de las zonas marítimas sensibles, que no sabemos qué
quiere decir, y se limita a decir, como de pasada, consciente...




El señor PRESIDENTE: Señor Soriano, vaya terminando, por favor.




El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: ... consciente --termino en seguida,
señor Presidente-- de la sensibilidad especial de los archipiélagos de
Canarias y de Madeira? Eso, fuera del Tratado, es no decir nada y, desde
luego, lo único que denota es que las partes contratantes se vieron en la
obligación de hacer alguna referencia al archipiélago canario.

Todas estas cuestiones querría que quedaran debidamente aclaradas por el
señor Secretario de Estado y nos hubiera gustado que hubieran sido
explicitadas en el propio Tratado, por la importancia y la trascendencia
que tienen en relación con las Islas Canarias.




El señor PRESIDENTE: ¿El Grupo Socialista desea intervenir?



El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: Después de la intervención del señor
Secretario de Estado.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Dicenta.




El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA
IBEROAMERICA (Dicenta Ballester): En cuanto a la pregunta concreta de
cuál es el ámbito de aplicación del Tratado en la zona Sur, a la que se
refiere el artículo 3.º, aunque no dispongo aquí del texto literal del
Tratado, lo que he comentado en mi exposición es que la zona geográfica
se extiende al Sur, hasta los límites de la zona económica exclusiva de
las partes contratantes. Esta delimitación que hace el artículo 3.º del
Tratado, en la segunda resolución, tiene una precisión complementaria que
se refiere a la protección de zonas marítimas sensibles y que se extiende
a los archipiélagos de Canarias y de Madeira.

Esto es lo que yo puedo decir a esa precisión que me solicita, señoría,
sobre ámbito exacto de aplicación del Tratado en la zona Sur.




El señor PRESIDENTE: Si otro grupo desea hacer uso de la palabra, después
daremos un turno diferente.

¿El Grupo Socialista desea hacer uso de la palabra?



El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: Sí, Presidente.

Solamente deseo señalar algo que no quisiéramos que quedara sin subrayar
en el «Diario de Sesiones». Nos parece importante este Convenio por lo
que tiene de dar solución a uno de los temas que más preocupan a la
opinión pública, como es la preservación medioambiental de las aguas de
una amplia zona que afecta a varios países y cuya dificultad de acuerdo
entre países de diversas regiones y zonas no se oculta a los señores
Diputados.

Uno de los avances importantes en los últimos años en los convenios y
tratados entre países es abordar el tema de la polución, el tema
medioambiental aunque pueda haber dificultades de delimitación, de tipo
jurídico o de interpretación posterior sobre lo que se está hablando de
aguas territoriales o de asignación de unas aguas determinadas a un país
concreto, eso no debe hacer olvidar la mayor. La mayor es la importancia
que, desde el punto de vista ecológico, tienen esas aguas y la traducción
económica, especialmente en lo referente a la pesca. Dicho de otra
manera, lo importante del Tratado es dar solución o establecer los cauces
para preservar esas aguas de la contaminación y, en su caso, reaccionar
con mayores instrumentos jurídicos si hay algún accidente o problema que
afecte a esas aguas. Eso me parece importante.




Página 5838



Asimismo, en mi modesta opinión, y con todos los respetos a las
posiciones, por cierto, cuidadas, que ha hecho el portavoz del Partido
Popular, no es demasiado riguroso hacer referencia a debates de hace nada
más y nada menos que quince años, porque en tres lustros han pasado,
hablando de aguas, muchas aguas por debajo de los puentes. Puede haber
situaciones distintas, puede haberse producido una evolución de los
acontecimientos que permita tener posiciones matizadamente diferentes con
relación a las que se establecían en una discusión del Convenio de Pesca
de 1978 ó 1979, al que hacía referencia el portavoz del Grupo Popular.

Nosotros consideramos --y con esto termino-- que el Tratado no prejuzga
ninguna resolución posterior, en el caso concreto del Sáhara occidental,
de acuerdo con las resoluciones o la mediación de Naciones Unidas en el
futuro de ese territorio y su definitiva descolonización.




El señor PRESIDENTE: Señor Soriano. Ha habido una pequeña confusión por
mi parte, tenía que haberle dado la palabra primero a usted.




El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: No hay el menor problema, señor
Presidente, porque así aprovecho y replico también a la intervención del
representante del Grupo Socialista.

En primer lugar, tengo que decir que me sorprende la falta de precisión,
o mejor dicho, la imprecisión absoluta y total con la que nos ha
respondido el señor Secretario de Estado. Esto ya me lo temía y por eso
dije que me extrañaba que no estuviera aquí el Secretario de Estado para
las Comunidades Europeas, que, lógicamente, era el competente, en
relación con el Tratado. La realidad es que el señor Secretario de Estado
de Cooperación no ha resuelto ninguno de los problemas que le he
planteado y ha venido a cumplir un puro trámite, sin haber tenido ni tan
siquiera la precaución de haber pensado las causas o los motivos por los
que el Grupo Popular había pedido la comparecencia del Ministro o del
Secretario de Estado competente en esta Cámara para explicarnos el
alcance del Tratado, que no podía ser otro más --insisto en que ésa es
nuestra única preocupación-- que la indefinición en que queda el
territorio español de las islas Canarias en el ámbito de aplicación del
Tratado, puesto que nosotros ni vamos en contra del fondo del acuerdo,
como he señalado anteriormente, ni ponemos en cuestión las aguas de la
jurisdicción marroquí. Nosotros lo único que decimos es que, en relación
con Canarias, el Tratado deja esta zona en la más permanente de las
indefiniciones y tenemos que añadir, en contestación a lo señalado por el
portavoz del Grupo Socialista, que la indefinición internacional del
territorio del Sáhara es, en la actualidad, exactamente igual, no ha
cambiado absolutamente nada, que la que existía hace quince años. Y las
palabras del señor Marín en relación con el Tratado de Pesca del Gobierno
de la UCD con el reino de Marruecos son de aplicación exactamente igual
hoy que entonces. La indefinición internacional sigue siendo la misma,
puesto que aún no se ha celebrado el referéndum en el Sáhara y las
circunstancias no han variado.

Estoy de acuerdo con que las aguas habrán pasado por debajo de muchos
puentes desde entonces, pero las aguas de Canarias están ahí, están en el
mismo sitio, no se han movido o han circulado alrededor de las islas, y
el problema que se plantea como consecuencia de la aplicación de este
Tratado puede ser y puede tener en Canarias una repercusión mucho mayor.

Supongamos que haya buques que transporten petróleo, que se produzcan las
habituales averías y se inunde el territorio circundante a las islas
Canarias, qué barcos van a poder entrar ahí, en aplicación de este
Tratado, a resolver el problema? Eso queda en la más completa de las
indefiniciones.

Por eso, y para no alargar más mi intervención, puesto que, como digo, el
señor Secretario de Estado no ha aclarado ninguna de las dudas de mi
Grupo sobre esta cuestión, vamos a presentar las enmiendas
correspondientes. Somos conscientes de lo que comporta presentar
enmiendas a un Tratado internacional en el que no queremos crear el menor
problema, pero, indudablemente, a nuestro Grupo le preocupa mucho la
situación de indefinición en que quedan las islas Canarias en este
Tratado y, por ello, nos vemos obligados, antes de que finalice el plazo,
a presentarlas.




El señor PRESIDENTE: Señor Secretario de Estado, ¿quiere intervenir?



El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA
IBEROAMERICA (Dicenta Ballester): Sí, señor Presidente.

Yo entiendo, señoría, que si los específicos términos en que se plantea
la pregunta, que son los términos del Acuerdo sobre la Cooperación entre
el Gobierno de España, Francia, Marruecos, Portugal y la Comunidad
Europea, así como anexos, acta final dos resoluciones y alcance del mismo
se hubieran hecho más específicamente refiriéndose a la indefinición
internacional del Tratado, a las posibles repercusiones para Canarias,
etcétera, la preparación hubiera sido distinta, como usted señala.

Lo que se ha intentado aquí es explicar un Tratado cuyos términos son los
que he señalado resumidamente y cuyo objetivo básico es buscar una forma
de cooperación internacional para luchar contra la contaminación. Que de
ese Tratado se puedan o no derivar incidentes o problemas de carácter
internacional no lo pongo en entredicho, y posiblemente puede ser objeto
de revisión, de modificación o de reconsideración, pero los términos del
Tratado son básicamente los que he venido a explicar y que he mencionado
en mi exposición anterior.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Secretario de Estado.




--DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA
IBEROAMERICA (DICENTA BALLESTER), PARA INFORMAR SOBRE EL PLAN ANUAL DE
COOPERACION



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INTERNACIONAL PARA 1994. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN
EL CONGRESO. (Número de expediente 212/000547.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos al segundo punto del orden del día,
comparecencia del señor Secretario de Estado para la Cooperación
Internacional y para Iberoamérica ante la Comisión de Asuntos Exteriores,
para informar sobre el Plan Anual de Cooperación Internacional para 1994.

El autor de esta petición de comparecencia es el Grupo Popular y, por
tanto, ¿algún Diputado del Grupo Popular quiere hacer uso de la palabra?
(Pausa.)
Tiene la palabra el señor Secretario de Estado, para que inicie su
exposición.




El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA
IBEROAMERICA (Dicenta Ballester): Señorías, una vez más, me resulta grato
comparecer ante SS. SS. para informarles del Plan Anual de Cooperación
Internacional para el año 1994, aprobado por el Consejo de Ministros del
11 de febrero de este año. Incluso hubiera deseado presentarlo antes a
esta Cámara, pero la versión final está aún en imprenta, por lo que
imagino que no la tienen en sus manos.

Como saben SS. SS., este Plan Anual de Cooperación Internacional (PACI)
es un documento elaborado por la Comisión Interministerial de Cooperación
Internacional, la CICI, aprobada por el Consejo de Ministros, que recoge
todas las actividades que en materia de cooperación internacional tienen
previsto desarrollar las distintas entidades públicas españolas en este
próximo ejercicio. Y una parte de estas actividades, de estas acciones,
se califica como de ayuda oficial al desarrollo, calificación que se
atribuye, como SS. SS. conocen, siempre que la cooperación provenga del
sector público, en forma de donaciones, préstamos o créditos blandos; que
el elemento de liberalidad de los créditos blandos sea, al menos, de un
25 por ciento; que el objeto esencial de la cooperación sea la mejora del
desarrollo económico y del nivel de vida de los países en vías de
desarrollo, y, por último, que el país beneficiario esté incluido en la
lista de países en vías de desarrollo elaborada por el Comité de Ayuda al
Desarrollo de la OCDE.

Evidentemente, este instrumento de planificación tiene una importancia
grande para la política española de cooperación internacional, cuya
utilidad se puso de manifiesto en el informe de esta Cámara sobre
objetivos y líneas generales de la política española de cooperación y
ayuda al desarrollo, aprobado por unanimidad el 27 de noviembre de 1992.

Las funciones básicas que cumple este plan son tres. En primer lugar, es
el principal mecanismo de coordinación y control, ya que contiene los
datos esenciales de la cooperación española desarrollada por los
distintos ministerios y entidades públicas. Desde el año 1987 contamos
con este instrumento, que anualmente se ha ido elaborando por todas las
entidades implicadas. Y me gustaría subrayar que ningún país europeo
elabora un plan detallado y cuantificado de su cooperación internacional
a un año vista, por las dificultades que esta tarea entraña,
especialmente las relativas a coordinar la planificación de todos los
ministerios.

En segundo lugar, en un solo documento se recoge toda la información
sobre la ayuda oficial al desarrollo, se describen de manera detallada
los mecanismos, tanto bilaterales como multilaterales, a través de los
cuales se va a articular esta ayuda, con lo cual se pretende garantizar
la transparencia de la gestión de los fondos públicos que se destinan al
área de la cooperación. Precisamente esta función de informar de un modo
claro y transparente sobre la cooperación internacional es una de las
prioridades de la Secretaría de Estado, ya que estamos convencidos de que
es el primer paso para lograr sensibilizar a la opinión pública española,
tarea en la que me consta que está altamente implicada toda esta Cámara.

Por último, el PACI es la principal fuente de información para la
elaboración de informes sobre la cooperación española, que son remitidos
periódicamente a los principales organismos internacionales.

Centrándonos en el objeto de esta comparecencia, el PACI de 1994 fue
aprobado por Consejo de Ministros de 11 de febrero de 1994. La edición de
la versión completa del PACI está a punto de ser finalizada y quisiera
destacar que la elaboración de este plan ha sufrido un cierto retraso
debido a la incidencia de algunos recortes presupuestarios que a lo largo
del año 1993 se sucedieron en la preparación del anteproyecto de los
Presupuestos Generales del Estado para 1994. Para ese año la previsión de
gastos de cooperación internacional se eleva a 255.831 millones de
pesetas. De este monto global, tienen la consideración de ayuda oficial
al desarrollo, de acuerdo con las características que antes he precisado
para que una cooperación pueda ser considerada ayuda oficial al
desarrollo, 167.197 millones, lo cual representa un incremento del 6,6
por ciento en relación con el año 1993, incremento que, como veremos,
tiene su origen en, por una parte, las aportaciones a la Unión Europea,
al presupuesto comunitario y fondo europeo de desarrollo, y, por otra,
las contribuciones a organismos internacionales no financieros y también,
aunque en menor medida, a organismos internacionales financieros. Sin
embargo, estos aumentos han sido parcialmente neutralizados por los
recortes sufridos en los proyectos-programas de los distintos
ministerios.

De acuerdo con los datos provisionales facilitados por el Servicio de
Estudios del Banco de España, el PIB previsto para el año 1994 asciende a
63,838 billones de pesetas, por lo que el porcentaje ayuda oficial al
desarrollo/producto interior bruto sería del 0,26 por ciento. Hay que
tener en cuenta que esta «ratio» se facilita ahora a título indicativo,
puesto que tanto las previsiones del PIB como las realizaciones en ayuda
oficial al desarrollo pueden sufrir modificaciones a lo largo del año.

Esta cooperación internacional tiene dos grandes capítulos: la
multilateral y la bilateral. En 1994, el gasto en cooperación bilateral
se estima en 120.229 millones de pesetas, de los cuales 101.980 millones
se consideran ayuda oficial al desarrollo. La cooperación multilateral se
sitúa en 135.602 millones de pesetas y de éstos es ayuda oficial al
desarrollo 65.216 millones. La cooperación bilateral al



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desarrollo representa un 60,99 por ciento de la ayuda oficial al
desarrollo y, consiguientemente, el componente multilateral significa un
39 por ciento.

¿Cuáles son los principales instrumentos multilaterales y bilaterales con
que cuenta la cooperación española? Multilaterales. Como les señalaba
antes, los gastos de cooperación multilateral previstos para 1994
ascienden a 135.602 millones de pesetas, con una disminución de 48.749
millones en relación con 1993, disminución debida fundamentalmente a que
durante 1994 no se prevé ninguna aportación al Fondo Monetario
Internacional, a diferencia de lo que ocurrió en el año 1993. En términos
de ayuda oficial al desarrollo, la cooperación multilateral se sitúa en
65.216 millones. España desarrolla este tipo de cooperación a través de
los siguientes instrumentos: aportaciones a la Unión Europea,
contribuciones a organismos internacionales financieros y aportaciones a
organismos internacionales no financieros. La contribución global de
nuestro país a la política comunitaria de cooperación al desarrollo, el
FED, más el presupuesto comunitario, alcanza 62.919 millones de pesetas,
de los cuales 48.557 son considerados ayuda oficial al desarrollo. Por
tanto, en este capítulo hay 8.893 millones más que en el año 1993. El
aumento de esta partida se debe en buena medida a las devaluaciones que
en el último año ha sufrido la peseta, puesto que la contribución a la
Comunidad se realiza en ecus. Como saben SS. SS., la política comunitaria
de cooperación al desarrollo se articula a través de dos mecanismos
básicos, el Fondo Europeo de Desarrollo, el FED, fondo que tiene un
carácter extrapresupuestario y que canaliza la ayuda de la Comunidad
hacia los países signatarios de la Convención de Lomé, pertenecientes a
Africa, Caribe y Pacífico. Las previsiones de gastos del FED para 1994
ascenderán para toda la Comunidad a unos 1.880 millones de ecus, de los
cuales 450 corresponderán al sexto FED y el resto, 1.430, irá destinado a
financiar programas correspondientes al séptimo FED. España participará
en la financiación del sexto y séptimo FED con 18.500 millones de
pesetas.

El otro mecanismo de la política comunitaria de cooperación es el
presupuesto comunitario ordinario. La Comunidad destina diversas partidas
de su presupuesto ordinario, fundamentalmente el capítulo VII, a la
financiación de programas de cooperación con los países en vías de
desarrollo no considerados ACP. A saber, los países de América Latina y
Asia, los países de la cuenca mediterránea, los países de la Europa del
Este y los programas de ayuda alimentaria. La contribución española al
presupuesto comunitario destinado a la cooperación se estima en 44.419
millones de pesetas, lo que representaría un 8,13 por ciento del
presupuesto comunitario en su conjunto. De esta cifra, se consideran
ayuda oficial al desarrollo 30.057 millones, dado que en los programas
destinados a países europeos no se computan como ayuda oficial al
desarrollo ni siquiera los países de Europa del Este porque no están por
el momento incluidos en la lista del Comité de Ayuda al Desarrollo de la
OCDE.

En segundo lugar, las organizaciones internacionales financieras. Nuestro
deseo de aliviar el peso de la deuda y de los graves problemas
estructurales que sufren las economías de los países en vías de
desarrollo se refleja en la contribución de España a estos organismos
internacionales financieros. España es país miembro del Banco Mundial y
del Fondo Monetario Internacional desde el año 1958 y de todos los
grandes bancos regionales de desarrollo, Interamericano de Desarrollo,
BID, desde 1976, Asiático de Desarrollo, desde 1986, Africano de
Desarrollo, desde 1984 y Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, desde su
constitución.

La previsión de la contribución de España a dichos organismos para 1994
se eleva a 15.256 millones de pesetas. En el año 1993 se aportaron 649,4
millones de derechos especiales de giro al Fondo Monetario Internacional
y, en cambio, en el año 1994 no se prevé realizar aportación ninguna a
este Fondo. En general, el monto destinado a organismos internacionales
financieros suele variar sensiblemente de un año a otro, dado que los
desembolsos a estos organismos no tienen carácter anual, sino que varían
en función del calendario que establecen sus órganos rectores.

De aquellos 15.256 millones, 10.995 tienen la consideración de ayuda
oficial al desarrollo. De éstos, se destinarán 2.038 millones al Banco
Africano de Desarrollo, 889 millones al Banco Asiático de Desarrollo,
4.949 millones al Banco Iberoamericano de Desarrollo y 3.117 millones al
Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo.

En tercer lugar, en cuanto a los organismos internacionales no
financieros, para 1994 se prevén, como aportación de nuestro país a estos
organismos, unos gastos que alcanzan los 57.426 millones de pesetas,
29.000 millones más que los previstos en el año 1993. Sin embargo, hay
que tener en cuenta que muchas contribuciones que estaba previsto
realizar en 1993 se van a materializar en 1994, por lo que el incremento
responde, en gran medida, a un retraso en el calendario de desembolsos.

En términos de ayuda oficial al desarrollo, esta partida se sitúa en
5.663 millones. La parte de la ayuda oficial al desarrollo de este gasto
se refiere, sobre todo, a nuestras contribuciones al sistema de Naciones
Unidas.

Pasando a la cooperación bilateral, los gastos para 1994 ascienden, como
dije antes, a 120.229 millones, de los cuales 101.980 son ayuda oficial
al desarrollo.

Los tres componentes básicos de esta cooperación bilateral son, el Fondo
de Ayuda al Desarrollo, que para 1994 tiene previsto que el monto global
de estos créditos se sitúe en torno a los 80.000 millones de pesetas, que
coincide con la cifra prevista para el año anterior. La totalidad de este
desembolso es considerada ayuda oficial al desarrollo, puesto que, a
diferencia de otros años, todos los créditos van a destinarse a países en
vías de desarrollo.

Como SS. SS. pueden observar, el peso de este componente del crédito FAD
o el total de la ayuda oficial al desarrollo es muy considerable, ya que
representa el 78 por ciento de la ayuda oficial al desarrollo bilateral.

El segundo mecanismo son los programas proyectos. Descontados los
créditos FAD, la mayor parte de la cooperación bilateral se realiza a
través de los proyectos programas, en los que incluimos los proyectos de
asistencia técnica, cultural, científica, ayuda alimentaria, ayuda de



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emergencia, ayuda de equipamiento, subvenciones y ayudas a las
organizaciones no gubernamentales.

La previsión para 1994 se establece en 36.429 millones de pesetas, lo que
supone una disminución de más de 2.000 millones en relación con lo
previsto a 1993, debido a la reducción de las dotaciones presupuestarias
para 1994.

De este importe de algo más de 36.000 millones de pesetas, la ayuda
oficial al desarrollo se sitúa en 19.280 millones de pesetas. La mayor
parte de este total lo gestiona directamente el Ministerio de Asuntos
Exteriores, a través de la Secretaría de Estado de Cooperación
Internacional y para Iberoamérica, y el órgano ejecutor, la Agencia
Española de Cooperación Internacional, es la encargada de este capítulo.

De los 19.280 millones, 10.668 se ejecutan por la Agencia Española de
Cooperación Internacional y 3.394 por la Secretaría de Estado de
Cooperación Internacional.

También la Secretaría de Estado cuenta con un programa de subvenciones a
ONG al cual se va a destinar este año un total de 3.068 millones. (El
señor Vicepresidente, Curiel Alonso, ocupa la Presidencia.)
Quisiera destacar la necesidad de incrementar el peso de la cooperación
técnica, dentro del gasto total de la cooperación, por varias razones. En
primer lugar, porque es un componente de alta visibilidad dentro de la
cooperación, con una rentabilidad política muy elevada. Buena prueba de
ello es que la mayoría de los países donantes dedican a este capítulo un
porcentaje mayor de recursos que el que hasta ahora aportamos nosotros,
un 18,9 por ciento, como decía, de la ayuda oficial al desarrollo
bilateral.

En términos absolutos, el monto destinado a la cooperación técnica,
19.280 millones, es bajo, lo cual impide optimizar el impacto de nuestros
programas, ya que, dado el alto número de compromisos de cooperación
técnica asumidos por España, especialmente en Iberoamérica, se fomenta el
fenómeno de la dispersión de recursos y la existencia de microproyectos.

En este momento, España cuenta con la infraestructura adecuada, a través
de la Agencia, para llevar a cabo proyectos de cooperación destinados a
sectores y poblaciones más necesitados. Un porcentaje muy elevado del
gasto en cooperación técnica es ayuda oficial al desarrollo, frente a
otros capítulos en los que la ayuda oficial al desarrollo tiene mucho
menor peso, como es el caso, por ejemplo, de las contribuciones a
organismos internacionales.

Por consiguiente, es el instrumento idóneo para mejorar con rapidez el
porcentaje español de ayuda oficial al desarrollo sobre el producto
nacional bruto.

En cuanto a la cooperación oficial descentralizada, que es el último
componente de la cooperación bilateral, está integrada por el conjunto de
programas y proyectos desarrollados y financiados por las comunidades
autónomas y por las entidades locales. Cooperación que se inició, al
igual que en otros países de Europa en el ámbito local, a través de los
hermanamientos entre municipios y a mediados de la década de los ochenta
las comunidades autónomas se incorporan al campo de la cooperación
internacional. Los programas de cooperación al desarrollo de entidades
locales y comunidades autónomas crecen rápidamente en los últimos años y,
ante la importancia que han ido adquiriendo estos programas, desde 1991
las comunidades autónomas y entidades locales participan en la
elaboración de los planes anuales de cooperación, especialmente en los
seguimientos de los mismos, puesto que estas entidades tienen
dificultades para realizar previsiones de otra forma. La estimación del
gasto global de cooperación descentralizada para 1994 se sitúa en 3.800
millones, de los cuales 2.700 pueden considerarse ayuda oficial al
desarrollo, teniendo estas cifras carácter provisional.

En cuanto al destino de la ayuda, Iberoamérica sigue siendo al área
geográfica que ocupa el primer lugar, representa el 38 por ciento del
gasto en cooperación internacional y el 68 por ciento de la ayuda oficial
al desarrollo. La segunda en importancia --a cierta distancia-- es al
Africa subsahariana, con un 21 por ciento del gasto en ayuda oficial al
desarrollo y, en tercer lugar, el Norte de Africa con un 5 por ciento en
la ayuda oficial al desarrollo.

Los países receptores de ayuda oficial al desarrollo con un mayor volumen
de recursos son Guinea Ecuatorial, Perú, México, Colombia, Marruecos y
Mozambique. Estos datos se refieren únicamente a la cooperación técnica
bilateral, dado que en este momento de previsiones no disponemos aún de
información sobre la distribución geográfica ni sectorial de los créditos
FAD ni de la cooperación multilateral. Advertencia que es también válida
a la hora de analizar la distribución sectorial de la cooperación para el
año 1994 ya que disponemos sólo de información de la cooperación técnica
bilateral, donde, al margen de los costes de personal e infraestructura,
los principales sectores a los que se dirige nuestra ayuda oficial al
desarrollo para 1994 son servicios e inversiones educativas, con más de
3.000 millones; apoyo a las ONG, con 3.060 millones; cooperación
cultural, con 1.603 millones; salud común, con 13 millones; y ayuda
alimentaria con 1.000 millones.

Por último y en cuanto a la participación de los distintos ministerios,
quisiera destacar, en primer lugar, que en la elaboración del plan para
1994 han intervenido 14 departamentos, si bien con un peso muy desigual.

La mayor parte del gasto en ayuda oficial al desarrollo --19.159
millones--, lógicamente es ejecutada por el Ministerio de Asuntos
Exteriores, lo que representa el 68 por ciento del total de todos los
ministerios. Sigue en volumen de recursos al Ministerio de Asuntos
Exteriores el Ministerio de Educación y Ciencia, con un 4,3 por ciento y
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

El Ministerio de Asuntos Exteriores prevé destinar 57.433 millones a
cooperación internacional, de los cuales 19.159 son para ayuda oficial al
desarrollo. La mayor parte de este capítulo, en cuanto a ayuda oficial al
desarrollo se refiere, corresponde al ente especializado en la
cooperación, la Agencia Española --a la que antes me he referido--, con
10.892 millones. Los gastos generales de la propia Agencia son de 3.484
millones, en personal e infraestructura; 2.900 millones van destinados al
Instituto de Cooperación Iberoamericano; 2.274 millones al Instituto de
Cooperación para el Desarrollo y 578 millones al Instituto de Cooperación
con el mundo árabe. Además, el gabinete de la Agencia gestiona los
programas de ayuda



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alimentaria, al que se dedicarán 1.000 millones este año y ayuda de
emergencia, con 250 millones de presupuesto.

La Secretaría de Estado cuenta, como dije antes, con un programa de
subvenciones a las ONG, por un importe de 3.068 millones. La Dirección
General de Relaciones Culturales y Científicas prevé la realización de
programas por un importe total de 930 millones, de los cuales un tercio
aproximadamente se destina a la ayuda oficial al desarrollo y,
finalmente, la Dirección General de Organizaciones y Conferencias
Internacionales tiene previsto destinar 37.525 millones a contribuciones
a organismos internacionales no financieros, de los cuales 4.871 millones
tienen la consideración de ayuda oficial al desarrollo.

Espero, señorías, que estos datos aportados por la Secretaría de Estado
les sean de utilidad. La Secretaría queda a su disposición para aclarar
cualquier duda o complementar la información que se contiene en el PACI
1994.




El señor VICEPRESIDENTE (Curiel Alonso): Tiene la palabra el señor
Hernando, por el Grupo peticionario de la comparecencia.




El señor HERNANDO FRAILE: Quería agradecer los datos que nos ha
facilitado, a los cuales habíamos tenido la posibilidad de tener acceso a
lo largo de estos días y decirle, para comenzar, que lo que nos ha
presentado hoy, según usted con algo de retraso, lo ha sido con bastante
retraso.

Usted sabe que el Real Decreto de 21 de febrero de 1986, del Ministerio
de Asuntos Exteriores, que crea la Comisión Interministerial de
Cooperación Internacional dice en su artículo 4.º que esta Comisión
someterá a la aprobación del Gobierno, a través del Ministerio de Asuntos
Exteriores, dentro del primer semestre de cada año natural y previamente
a la presentación en Consejo de Ministros del anteproyecto de ley de
presupuestos generales del Estado, propuesta del PACI del ejercicio
siguiente, así como de los recursos presupuestarios necesarios para su
buen fin. Y vemos que este PACI ha sido aprobado por Consejo de Ministros
el 11 de febrero de 1994 y que, realmente, las explicaciones que ha
pretendido dar el Secretario de Estado hablando de un cierto retraso no
justifican a nuestro entender este enorme retraso, porque la realidad es
que hoy usted tendría que estar pensando en presentar al Consejo de
Ministros el PACI, no del año 1994, sino de 1995, señor Dicenta.

Nos llama un poco la atención el que usted haya hecho una comparación del
PACI, precisamente ahora que estamos en el mes de mayo de 1994, con lo
previsto en el PACI del año 1993. Entendíamos que usted, dado lo avanzado
del año, podría haber hecho una comparación de lo realmente realizado en
el año 1993. Es indudable que eso no daría esas cifras ciertamente
optimistas sobre una ligera disminución respecto al año anterior, porque
si solamente analizamos el Fondo de Ayuda al Desarrollo, los famosos
créditos FAD, veríamos que en el año 1993 no fueron 77.000 millones lo
gastado, como se dice, sino 99.270; es decir, que hubo una desviación de
más del 25 por ciento sobre lo previsto. Indudablemente para el año 1994
esta presupuestación de 80.000 millones es absolutamente irrealizable,
más que nada porque existe ya un desfase de más de 150.000 millones sobre
autorizaciones realizadas por el Consejo de Ministros en proyectos para
el Fondo de Ayuda al Desarrollo. Por tanto, el PACI tiene la virtualidad
de ser un mero papel donde se ponen unas cifras, pero que no van a ser
cumplidas.

Ha hablado usted del recorte presupuestario y ha cifrado este PACI en un
0,26 sobre el PIB. Yo le recuerdo que en 1992 el tanto por ciento del PIB
fue 0,29 y que para el año 1995 el propio Parlamento ha aprobado que se
llegue hasta el 0,35. Nos gustaría saber de qué forma piensa usted --para
avanzarnos algo de 1995-- llegar a alcanzar esa cifra.

Otra de las cosas que nos preocupa, y que tiene relación con el informe
que se presentó y que aprobó esta Cámara por unanimidad el 26 de
noviembre de 1992, son algunas de las referencias que se hacían en
algunos puntos, sobre todo el referido a la unidad de acción. Como hemos
hablado del FAD, queremos mezclarlo con lo que debe ser el conjunto de la
cooperación. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.) En aquellas
fechas se decía en el punto 41 lo siguiente: El órgano del Gobierno
competente para dirigir y coordinar la política de cooperación debe
disponer de suficiente rango, medios y atribuciones para garantizar la
más perfecta sintonía de todos los agentes administrativos actuantes en
el logro de los objetivos fijados. La totalidad de la AOD dependiente del
Gobierno se someterá a la dirección y coordinación centralizada del
órgano antes citado. Por ello, el órgano de Gobierno competente para
dirigir y coordinar la política de cooperación debe serlo también para
administrar el Fondo de Ayuda al Desarrollo.

Sin embargo, señor Secretario de Estado, vemos que éste no es el camino
por el que ustedes están avanzando, sino que siguen insistiendo y que no
hay proyecto de unificar las dos Comisiones de cooperación que existen en
la actualidad y, desgraciadamente, vemos que año tras año funcionan de
forma separada e independiente e incluso a veces cada una a su aire. Una
buen muestra de ello es que usted, al hablar del Fondo de Ayuda al
Desarrollo en el PACI, dedica cuatro líneas y no tiene en cuenta
siquiera, como he dicho antes, lo que se gastó en el año 1993.

A nosotros nos gustaría que usted hoy nos pudiera avanzar, como
instrumento básico de coordinación del PACI, algo sobre la ley de
cooperación que, como usted sabe, este Parlamento recientemente ha pedido
al Gobierno que elabore. Me gustaría que nos dijera para cuándo es
posible tener esa ley de cooperación, de qué forma va a impactar esa ley
de cooperación en los PACI y si alguna vez han tenido en cuenta la
necesidad de que la planificación de nuestra cooperación internacional se
haga a más largo plazo y podamos tener una planificación plurianual que
sirva de marco básico tanto para las organizaciones no gubernamentales
como para el Gobierno e incluso también para muchas empresas que
participan en este tipo de proyecto, ya sea a través de la ayuda
alimentaria, de los fondos multilaterales o del propio FAD.

A nosotros nos siguen preocupando los sistemas de identificación de
proyectos, porque vemos que para eso



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son mucho más efectivas las organizaciones no gubernamentales que la
Agencia Española de Cooperación Internacional y la propia Secretaría de
Estado, y ha habido recientes muestras de ello.

Por entrar en las partidas que usted nos ha venido a presentar hoy aquí,
quiero decirle que por lo que se refiere a la ayuda oficial al desarrollo
y sobre todo la bilateral, sin tener en cuenta el Fondo de Ayuda al
Desarrollo, coincidimos con usted en que éste es un instrumento de máxima
importancia en nuestra política exterior. Sin embargo, hemos visto cómo
año tras año, desde 1992, ha venido cayendo la presupuestación. En 1993
--dato que usted no ha dado-- eran 25.404 millones y disminuye a 19.280
en 1994, dato este último que sí ha dado, lo cual supone una disminución
de algo más del 25 por ciento. A pesar de lo que usted ha señalado aquí
de la alta rentabilidad de este tipo de cooperación internacional, lo que
es evidente es que se ha pasado del 19,47 en 1992, al 16,2 por ciento en
1993 y al 12 por ciento del total de nuestra ayuda oficial al desarrollo
para 1994. Además, señor Dicenta, se sigue observando una gran dispersión
geográfica por los datos que ustedes han aportado.

Ha hablado usted de los microproyectos, pero es que con estos 19.280
millones ustedes pretenden llegar a 88 países; a 50 países en ayuda
oficial al desarrollo, lo cual provoca que en muchos casos, hasta en
doce, no se superen tan siquiera los proyectos que están por encima de
los cinco millones de pesetas. Creo, señor Secretario de Estado, que
tendríamos que ser algo más rigurosos. Es evidente que estas pequeñas
cifras a veces no suponen más que calidad, y yo creo que nuestro Gobierno
no debe hacer en cooperación internacional calidad sino que debe hacer lo
que usted dice y, por tanto, reforzar nuestra concentración geográfica,
algo que nos parece clave para que sea efectiva nuestra política
exterior.

Quiero recordarle también a usted que ha hecho manifestaciones muy
parecidas a las de su antecesor en el cargo respecto a la necesidad de
reforzar nuestra cooperación bilateral y a reforzar la ayuda no
retornable; sin embargo, los caminos presupuestarios vemos que no van por
ahí.

Ha hablado usted de ayuda alimentaria y, año tras año, hemos visto cómo
la ayuda alimentaria directa viene disminuyendo, con gran preocupación de
nuestras empresas que se dedican a estos menesteres y no sólo por lo que
les pueda afectar, sino porque muchos países utilizan también la ayuda
alimentaria como una forma de eliminar excedentes agrícolas. Yo no voy a
ser aquí excesivamente jacobino a la hora de utilizar estos mecanismos,
pero entiendo que esto es un «do ut des» y que también tiene que
sacársele rentabilidad a la cooperación.

Seguimos con preocupación el hecho de que ustedes hayan establecido
instrumentos para eludir los mecanismos de la Ley General Presupuestaria
en lo que se refería a la adjudicación mediante concurso y adjudicación
transparente de los distintos proyectos, y hemos visto cómo a lo largo de
estos dos últimos años, basándose en disposiciones transitorias, ustedes
siguen adjudicando más de 1.500 millones todavía a programas sin que
pasen ningún tipo de evaluación previa, no ya posterior porque, como le
manifestaré ahora, en ningún caso ha habido evaluación posterior. Por lo
que se refiere a las ONG también se produce una caída, a pesar de que ya
en el año 1993 hubo un recorte. Nos preocupa enormemente que siga si
haber evaluación de los programas que vienen desarrollando nuestras
organizaciones no gubernamentales.

En el año 1992 su antecesor nos ofreció un sistema de evaluación
compuesto por tres organizaciones no gubernamentales. No sabemos qué ha
sido de las evaluaciones realizadas por esas tres ONG. Lo que sí sabemos
es que parece ser que el sistema va a ser modificado.

Aquí yo quería destacar algo más. Yo sé que les molesta que en el reparto
de las subvenciones les acusemos de que son sectarios, pero, señor
Dicenta, tengo que decirle que eso no es un invento nuestro, eso es
evidencia. En el año 1993, año de recortes presupuestarios, dos
organizaciones no gubernamentales muy vinculadas al Partido Socialista,
una de ellas Solidaridad Internacional, muy vinculada a la secretaria
provincial del Partido Socialista en Sevilla, obtenía 391 millones; el
año anterior había obtenido sólo 154. Y la MPDL, vinculado a una senadora
socialista por Madrid también pasaba a tener 180 millones en el año 1993,
frente a los 67 de 1992. Indudablemente, en un año de recortes, en un año
en el que han tenido que padecer todas las organizaciones no
gubernamentales serias estrecheces y apretones de cinturón, no parece muy
justificado que sean precisamente las más vinculadas al Partido
Socialista, señor Dicenta, las que haya recibido estos importantes
incrementos, en un caso de más del 150 por ciento y en el otro caso del
200 por ciento. Desearíamos saber si también para 1994 va a seguir esta
política referente a las organizaciones no gubernamentales.

La ayuda al equipamiento se sitúa en cifras muy escasas. Nosotros sí
coincidimos con usted en que la ayuda al equipamiento es un instrumento
muy importante, porque facilita y provoca que también las empresas de los
países perceptores de ellas se involucren en programas de cooperación
para sus propios territorios. Pero, como decíamos antes, no vemos que
haya un impulso definitivo o importante por parte de la Secretaría de
Estado de este mecanismo y cooperación.

Por lo que se refiere a la ayuda multilateral, ya lo ha dicho usted, el
incremento se produce fundamentalmente por las aportaciones a la Unión
Europea debido a la devaluación de la peseta, al incremento del valor del
ecu. En la ayuda multilateral nos sigue preocupando enormemente el tema
de retornos. Si hablamos del Fondo Europeo al Desarrollo, para el que
este año se prevén 18.500 millones, nuestras aportaciones contrastan con
los retornos que se producen, que en el año 1993 fueron de un 1,3 por
ciento sobre el sexto FED y de un 4,5 por ciento tan sólo sobre el
séptimo FED. Es evidente que la parte del león la siguen llevando en este
aspecto las empresas italianas y francesas sobre todo, y que seguramente
no tendrá nada que ver eso con que la mayoría de los funcionarios
situados en la administración del FED sean de origen francés. En este
sentido ustedes deberían hacer un esfuerzo mayor. Sé que lo han hecho,
por ejemplo en la ayuda alimentaria, pero yo no sé qué les pasa a
nuestros funcionarios que cuando llegan



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a Europa se sienten más europeos que nadie y luego nuestros empresarios
en vez de encontrar un mecanismo de apoyo se hallan con una especie de
enemigo. Eso es lo que ha pasado en la ayuda alimentaria. Nosotros, para
1994, aportaremos en ayuda alimentaria y de emergencia unos 11.000
millones de pesetas, un poco más, no mucho, de lo que aportamos en 1993.

Pues bien, en 1993, lo que supuso de retorno frente a nuestras
aportaciones no llegó a superar el 1,2 por ciento, 800 millones de
pesetas fue lo que obtuvieron de retorno nuestras empresas españolas.

Sin duda tiene que ver...




El señor PRESIDENTE: Señor Hernando, por favor, concluya.




El señor HERNANDO FRAILE: Voy a ir concluyendo, rápidamente. Sin duda,
ello tiene que ver en que este tipo de adjudicaciones se realizan en un
60 por ciento por el sistema «de gré à gré», que es una especie de dedo
corregido en el que, como decía antes, existen importantes funcionarios
españoles en puestos de responsabilidad. El problema es que luego estos
funcionarios no prestan este servicio, que no pretendemos que sea de
favoritismo con las empresas españolas sino que, por lo menos, sirva para
mejorar los canales de comunicación que no se están realizando. Quizás
también la despreocupación de la Agencia Española de Cooperación
Internacional en este aspecto tenga algo que ver con eso.

Entendemos que es necesario reforzar los mecanismos que favorezcan el
acceso de las ONG a los fondos de la Unión Europea, que para este año la
aportación del Estado español va a ser de 1.477 millones. En definitiva,
señor Secretario de Estado, creemos que hay que reforzar la ayuda
bilateral, la ayuda destinada a aliviar la pobreza y atender las
necesidades humanas básicas.

Para acabar, yo quería realizarle una serie de preguntas. En el
memorándum que ustedes han presentado al Comité de Ayuda al Desarrollo,
que ha venido a realizar una evaluación este año por primera vez, decían
ustedes que los programas de ayuda que realiza España se someten a un
escrutinio sobre su impacto ambiental. Como no sé en qué consiste, me
gustaría que me diera alguna explicación sobre este asunto.

También me gustaría que me contestara a alguna de las preguntas a que se
refería el propio Comité de Ayuda al Desarrollo. Ha hablado usted de la
Agencia Española de Cooperación Internacional y nos ha dicho que el 36
por ciento del presupuesto va destinado a gastos de personal. El Comité
de Ayuda al Desarrollo preguntaba si se pensaba reorganizar el ICMA o el
ICD. Preguntaba cómo se va a lograr esto y qué medidas se tomarán para
conseguir una efectividad mayor de los proyectos y programas de estos
Institutos. Cuál es la ventaja de disponer de tres Institutos aparte de
la Agencia? Preguntaba, por último: ¿No sería preferible disponer de
direcciones regionales dentro de la AECI en vez de unas instituciones por
separado? Nosotros entendemos que quizás sí, y que convendría disminuir
todo el aparato administrativo que en algunos momentos se está mostrando
ciertamente anquilosado y poco eficiente.

También nos gustaría que nos contestara sobre la evaluación de la ayuda.

Ustedes señalaron que se iba a crear una especie de comités conjuntos
para evaluar los proyectos, comités en los que iban a participar España y
los países afectados. A mí me gustaría saber al día de hoy cuántos y para
qué países se han creado estos comités conjuntos y cuántas oficinas
técnicas de cooperación han sido creadas en el exterior para mejorar los
proyectos de cooperación de ayuda al desarrollo.

En definitiva, señor Secretario de Estado, a nuestro juicio, siguen
existiendo demasiados datos ocultos y demasiada falta de transparencia,
sobre todo en los mecanismos de adjudicación y en la evaluación de los
proyectos que se realicen. Lamentamos que siga existiendo sectarismo
ideológico y que en algunos casos prevalezcan intereses de partido en vez
de los intereses de España.

Para acabar --aunque lo he dicho varias veces, voy a resultar pesado--
quiero mencionar una serie de reflexiones que hacía un importante
dirigente guineano que preguntaba sobre este aspecto. Decía el señor
Severo Moto que ha habido un desmadre total con la cooperación en Guinea.

Me gustaría que me aclarara si el señor Severo Moto lleva razón o no
sobre este aspecto y de qué forma los cambios que se han anunciado
también por parte del Ministro de Asuntos Exteriores sobre el nuevo marco
de nuestra cooperación internacional con este país van a influir para
avanzar en la democratización del mismo.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA
IBEROAMERICA (Dicenta Ballester): Quisiera empezar por aclarar que
comparezco aquí para informar sobre el Plan Anual de Cooperación
Internacional para 1994, es decir, el PACI 1994. Voy a informar sobre lo
que ha ocurrido respecto al PACI 1995, aunque no sea éste el objeto de la
comparecencia que hoy me trae aquí.

Hemos cumplido con los requisitos de que en el primer semestre de 1994, y
concretamente a finales del mes de febrero, si no recuerdo mal, se
reunieran los distintos departamentos involucrados en la cooperación
internacional para que, dentro del marco de la Comisión interministerial
de cooperación internacional, que en este caso presidió, además,
personalmente el Ministro de Asuntos Exteriores, se trasladaran las
orientaciones que, a través de la Comisión, se hicieron llegar a los
distintos departamentos relacionados con la cooperación y se solicitara,
después de dar las orientaciones oportunas, que, a ser posible, antes de
concluir el primer semestre del año 1995, tuviéramos las acciones y
programas previstos por cada uno de los departamentos para, como está
previsto, poder presentar el PACI de 1995 en 1994.

Hay algunas de las consideraciones que ha hecho S. S. con las que
coincido y, en el fondo, a mí, como Secretario de Estado, muchas de las
críticas que se hacen a la



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cooperación, como es natural, me sirven y me ayudan. Creo que la
cooperación internacional española es un fenómeno, como todos ustedes
saben, bastante reciente y en el que, de vez en cuando, habrá que ir
aplicando las correcciones necesarias para hacer que nuestra cooperación
sea correcta. Es verdad que estamos en un porcentaje del 0,26 por ciento
de ayuda oficial al desarrollo respecto al producto interior bruto. Ese
porcentaje, que todos desearíamos que el año que viene fuera del 0,35 por
ciento, como se señaló en estas Cámaras hace algún tiempo, no está muy
alejado de lo que es la media de los países del CAD, del Comité de Ayuda
al Desarrollo, que son los países que prestan mayor ayuda oficial al
desarrollo. Tienen una media del 0,33 por ciento. Es verdad que el 0,26
no es el ideal, pero es verdad también que no está excesivamente alejado
del 0,33 y que nuestro proyecto es llegar no solamente al 0,35, sino al
0,7 por ciento.

En cuanto a la ley de cooperación y el estatuto de cooperante, son dos
temas en los que estamos trabajando desde la Secretaría de Estado y desde
la Agencia. Tenemos ya casi terminado un proyecto para perfilarlo,
definirlo debidamente y poderlo traer a debate en estas Cámaras. Seguimos
los sistemas de identificación de proyectos que se han impuesto hoy en
día en la Unión Europea. Lo estamos haciendo porque uno de los propósitos
de la cooperación comunitaria es llevar al ánimo de todos los países de
la Comunidad la idea de que la cooperación tiene que hacerse de una forma
homologable entre todos los países miembros de la Unión Europea.

Nosotros, por tanto, acabamos de adoptar los mecanismos de identificación
y de evaluación de proyectos que la Comunidad ha sugerido.

Es cierto que hemos tenido unos retornos pobres por unas razones muy
lógicas: en primer lugar, porque en un principio había falta de
información; en segundo lugar, porque tampoco había una experiencia en
ese tema, lo que hacía que muchos proyectos que posiblemente pudieran
haber sido adjudicados y se hubieran contabilizado como retornos a
empresas españolas, no lo eran por falta de esa costumbre en las empresas
españolas de acudir a los mecanismos comunitarios para ver en qué medida
pueden ser competitivos; y, en tercer lugar, porque no se atrevían a
entrar en competencia con otras empresas en zonas donde no tienen
costumbre de estar. A este propósito, quiero señalar que los porcentajes
que S. S. ha mencionado han sido sensiblemente mejorados. He tenido un
particular interés en ver de qué manera se podía mejorar el tema de los
retornos y la última información que me ha suministrado la Comunidad,
adonde he ido personalmente para ver cuáles eran nuestros niveles de
retorno, muestra unos resultados muy distintos en el último año respecto
de los del anterior.

Concretamente, en áreas en las que tenemos una presencia importante, como
es el área centroamericana, somos el país con mayores retornos en todos
los programas que realiza la Unión Europea en cooperación, y esos
retornos se aproximan a la cifra del 8 por ciento. Queda mucho camino por
recorrer en otras áreas distintas a la cooperación, que lleva a cabo la
Unión Europea, pero también hay que dejar constancia de que se va
avanzando y de que en algunas áreas el avance ha sido muy sustancial.

Hemos sido objeto de un análisis por parte del Comité de Ayuda al
Desarrollo, todavía no tengo el resultado final de nuestros examinadores,
pero lo que sí puedo decirle es que la persona que presidió la
representación española, que fue el Director General del Instituto de
Cooperación Iberoamericana, que regresó el viernes, por lo que no puedo
tener una información exhaustiva del desarrollo de la reunión del día 29
en París, me transmitió la impresión de que el resultado había sido
positivo; de que del informe que va a realizar el CAD sobre la
cooperación y la ayuda oficial al desarrollo que lleva España va a ser
básicamente positivo, lo cual no quiere decir que no contenga, como es
lógico, elementos de crítica, pero el informe, globalmente, es positivo.

Por último, en cuanto a los institutos de Cooperación, quiero señalar que
hasta ahora han sido tres los institutos de Cooperación que han trabajado
en todo el área de la Agencia de Cooperación, y de los tres van a quedar,
si la reforma propuesta se aprueba, dos: el Instituto de Cooperación con
Iberoamérica y los otros dos se refundirán en una sola Dirección General.

La pregunta que me hace S. S. respecto a las aseveraciones de Severo Moto
la contestaré con otras que tengo pendientes en esta misma comparecencia
sobre nuestra cooperación en Guinea. No coincido en absoluto con las
apreciaciones que hace el señor Severo Moto.

En cuanto a la pregunta que me hacía el señor Yáñez sobre el impacto
medioambiental, sí es verdad que es una de las puntualizaciones que hemos
introducido en el análisis de cualquier proyecto de cooperación que se
presenta --cuál es la incidencia benéfica, positiva que ese proyecto
puede tener en el medio ambiente--, así como otros varios elementos de
calificación en la evaluación de los proyectos, porque en la medida en
que los proyectos, además de ayudar al desarrollo, tengan un impacto en
el medio ambiente, la calificación del proyecto será más elevada.

Quiero concluir esta intervención señalando que sí es cierto --repito, y
lo dirá el CAD, negro sobre blanco, dentro de unos días-- que hay muchos
elementos en la cooperación a corregir. Pero quiero subrayar que las
correcciones que se han hecho en pocos años son importantes, que la
cooperación y la ayuda al desarrollo que se lleva a cabo, dentro de las
limitaciones de nuestras posibilidades económicas, tienen un nivel no
despreciable, ya que somos el décimo país en el mundo en ayuda oficial al
desarrollo, lo cual no está mal en un país que hasta hace doce años no
hacía ningún tipo de ayuda oficial al desarrollo y estaba incluido en las
listas del Banco Mundial como país que podía recibir ayuda oficial al
desarrollo. Repito, hay mucho camino por delante, pero el camino se está
haciendo y uno de los mecanismos que más nos puede ayudar a hacer ese
camino correcto, para que la evaluación de los proyectos y su seguimiento
y para que la transparencia de la acción de cooperación sea mayor, es
precisamente el mecanismo de los PACI, que, como señalé en mi
intervención, no es un mecanismo que tengan todos los países, sino que es
un mecanismo de una gran apertura y que hasta ahora, a los que estamos
trabajando en cooperación, nos está resultando de



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suma utilidad. (El señor Hernando Fraile pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Si el señor Hernando quiere, puede hacer uso de la
palabra por cinco minutos.




El señor HERNANDO FRAILE: Simplemente deseo decirle al señor Secretario
de Estado que ha pasado muy por encima de los datos comprometidos que le
he aportado. Asimismo, que, al igual que para él, para el Grupo Popular y
para esta Cámara es muy importante el tema de la cooperación
internacional y que indudablemente ha cambiado --antes éramos un país
receptor y ahora somos un país donante--, pero no sólo desde hace doce
años, sino más. Yo diría que hace 17 años que se produjo ese cambio.

Tienen ustedes la tendencia a hablar únicamente de cooperación
internacional de la etapa del Partido Socialista en el Gobierno y quiero
recordarle también --como hice con el Ministro-- que esa etapa empezó con
anterioridad (indudablemente, con unas medidas bastante diferentes,
bastante distintas) a la que ha ido mejorando, a la que ha ido creciendo
en la actualidad.

Para acabar, quiero decirle que he observado en algunos medios de
comunicación la tendencia por parte del Ministerio a señalar que el
problema de nuestra cooperación internacional, en cuanto a sus
dotaciones, es un problema de opinión pública. Creo que el problema de la
opinión pública está simplemente motivado porque en muchas ocasiones los
fondos se han administrado sin transparencia y eso ha impedido que la
opinión pública pueda percibir qué es lo que se ha estado realizando por
parte de nuestras organizaciones no gubernamentales o por parte de
nuestra cooperación y cuáles han sido los resultados, si han sido
eficientes o no.

Usted ha hablado de que se han modificado los sistemas de evaluación y no
nos ha hablado tampoco de qué sistemas de evaluación. Parece ser que va a
intervenir ahora una firma auditora que se va a encargar de esta
evaluación. La verdad es que usted no nos ha descubierto muchas de la
cosas en las que parece ser están trabajando. Por tanto, tengo que
decirle que usted ha venido hoy aquí, sin duda alguna, con desconfianza.

Simplemente he pretendido remarcar --y creo que contundentemente-- el
hecho de que presentan un PACI que ya es papel mojado. Ustedes hacen unas
comparaciones que no soportan la realidad de que ya ha habido una
evaluación sobre el PACI 93, que tendremos oportunidad de traerle a usted
a esta Cámara para hablar sobre el PACI 93 y que no hemos querido
hacerlo, precisamente, porque los acuerdos del 26 de noviembre decían que
debía venirse en dos ocasiones a hablar a esta Cámara: una, sobre la
evaluación del PACI del año anterior y, otra, sobre la presentación del
PACI del año siguiente. Por tanto, he de anunciarle que vamos a presentar
la solicitud para que usted venga a informar sobre los resultados del
PACI 93. Cuando venga a informar veremos que las desviaciones
presupuestarias hacen que el PACI 94, en lo que se refiere a su
comparación con el año anterior, no sea en ningún caso virtual.

No nos ha aclarado si ustedes van a seguir las directrices marcadas por
esta Cámara en lo que se refiere a intentar conseguir una unidad de
acción, a disminuir y a eliminar esa duplicidad de comisiones
interministeriales y a que toda nuestra cooperación internacional siga o
esté marcada por un mismo organismo, hecho éste que ha puesto en
evidencia también el Comité de Ayuda al Desarrollo, como usted muy bien
sabe, tanto el día que usted estuvo con el representante del Parlamento,
como en las distintas preguntas que le formulaban a sus informes.

Para acabar, quiero decirle que, aunque se ha venido avanzando algo,
quedan muchísimas cosas por desarrollar, que esperamos con atención esa
ley de cooperación, de la que usted nos anuncia que ya existe una especie
de anteproyecto, y que deseamos, ya definitivamente, que se regule y se
racionalice cuál va a ser la protección jurídica de las personas que
trabajan en proyectos de cooperación en el exterior y que actualmente
tienen una situación realmente preocupante en cuanto a protección, en
cuanto a Seguridad Social, en cuanto a saber en qué marco se mueven y,
sobre todo, a saber si están formados con la suficiente profesionalidad
como para que su trabajo en el exterior sea realmente rentable para
España.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor González Lizondo.




El señor GONZALEZ LIZONDO: Señor Secretario, desde mi condición de
representante de Unión Valenciana, partido nacionalista, me preocupa
saber en qué forma se ha producido una coordinación con las comunidades
autónomas --si es que ha existido--, y con qué comunidades se han
mantenido conversaciones, puesto que entiendo que la España de las
autonomías se debe practicar en todos sus sentidos.

Le agradecería información a este respecto.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán (convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Casas.




El señor CASAS I BEDOS: Con mucha brevedad, señor Secretario de Estado
quiere, en primer lugar, agradecer su comparecencia y las explicaciones
que ha dado.

También quisiera hacer una intervención muy breve diciendo lo siguiente:
Esta Cámara se ha dotado de un instrumento, que el Pleno aprobó, que son
los trabajos de una ponencia que enmarcan lo que debería ser la
cooperación española. Al mismo tiempo, está en trámite de constituirse
--o va a hacerlo pronto-- una comisión específica para tratar estos
temas. Por lo tanto, creo que tenemos el instrumento adecuado, desde el
punto de vista del marco de funcionamiento, que es la aprobación por el
Pleno de los trabajos de esta ponencia, además de una comisión
específica, para que se pueda formalizar de forma habitual la relación
entre la Secretaría de Estado el Congreso de los Diputados, con el fin de
conseguir que exista una estrecha colaboración entre los grupos
parlamentarios y la



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Secretaría de Estado y para que, entre todos y teniendo en cuenta
evidentemente los distintos puntos de vista esta política sea lo más
consensuada posible. Es decir, en la medida en que la actuación de la
Secretaría de Estado tenga el apoyo mayoritario de la Cámara --y
mayoritario no en cuanto a números sino en cuanto a que cuantos más
grupos parlamentarios mejor-- mejor será la labor que haga España en
estos temas de cooperación. Por otra parte, creo que en política exterior
cuanto más cerca estemos todos a la hora de marcar las líneas, mejor.

Por tanto, creo que los instrumentos existen, que es cuestión de ponerlos
en funcionamiento, a través de la comisión específica, y que será un
marco adecuado para hacer un seguimiento exacto, riguroso y para que cada
grupo pueda hacer las aportaciones que considere oportunas. Por eso,
repito, creo que hemos avanzado. Ha habido debates en la anterior
legislatura sobre temas de cooperación francamente desagradables, con
asuntos duros, por ejemplo, el recurrente tema de Guinea, y, en cambio,
creo que hoy, con el marco que tenemos, hay temas nuevos. Y nuevos no
porque sean nuevos sino porque las circunstancias, quizá, nos son más
favorables, y me refiero, por ejemplo, a Cuba, donde se puede generar un
marco de cooperación francamente interesante, en un doble sentido, no
sólo económico sino también de apoyo a una transición política, que algún
día tendrá que empezar, a la que creo que nuestro país, a base de una
cooperación económica, puede contribuir.

Por tanto, creo que en esta Comisión, y con el marco de lo que aprobó el
Pleno, hay un buen instrumento de trabajo en el que nuestro Grupo
Parlamentario estará siempre aportando soluciones e ideas para coordinar
al máximo esta política de Estado de la cooperación.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Vázquez.




El señor VAZQUEZ ROMERO: Quiero empezar por agradecer al señor Dicenta,
Secretario de Estado de Cooperación Internacional, las informaciones que
nos ha suministrado, y, aunque de forma breve, quisiera hacer algunas
reflexiones a propósito de algunos extremos de su intervención. Aunque
algunos de ellos ya han sido tratados, no me resisto a hablar del famoso
porcentaje del PIB.

Como usted ha dicho, para el año 1994, el 0,26 del PIB dedicado a la
cooperación internacional se aleja bastante de los objetivos previstos.

Es inferior al 0,29 del año 1993 y está lejos del compromiso más reciente
del Gobierno del 0,35 para el año 1995. Compromiso que existía ya
explicitado en su progresión hasta el año 2000, en que llegaría al 0,7
por ciento, según ese documento elaborado por una ponencia de esta
Comisión --que ha sido antes citada-- en el que se pretendía fijar las
bases e informar de lo que debería ser la política española de
cooperación. Sin embargo, repito, las circunstancias actuales no sólo de
la crisis --aunque también de la crisis-- dificultan el cumplimiento de
los compromisos que el Gobierno había adoptado, no sólo en ese documento
sino, más recientemente, a partir de esa movilización ciudadana exigiendo
lo antes posible ese 0,7 por ciento del PIB para la ayuda al desarrollo.

Esa necesidad de llegar lo antes posible al 0,7 por ciento del PIB no
está basada únicamente en razones de tipo moral o político, como
expresión de solidaridad de nuestro país con el tercer mundo, o por
razones altruistas, sino incluso, como usted ha señalado muchas veces, en
nuestro propio interés, y no en el corto plazo y pensando exclusivamente
en los retornos, a los que se ha hecho antes mención, a cómo a partir de
ciertas formas de cooperación nuestras empresas pueden verse
beneficiadas, que me parece una visión a cortísimo plazo, sino porque a
medio y largo plazo es imposible plantearse un futuro de desarrollo
armónico del planeta Tierra si los países entre los que afortunadamente
nos encontramos no dedican cantidades importantes, cada vez crecientes, a
esa necesaria cooperación para el desarrollo del tercer mundo. Repito, no
sólo por razones altruistas o solidarias, sino incluso por razones
estrictamente de necesidad objetiva.

Quisiera hacerle alguna pregunta porque, por ejemplo, usted ha citado que
los fondos de ayuda al desarrollo, los FAD, disponen dentro del capítulo
de la cooperación bilateral de 80.000 millones de pesetas para 1994. Me
gustaría saber qué porcentaje de esos 80.000 millones en realidad son
créditos para la compra de armamento. En ese informe al que antes nos
referíamos, elaborado por la ponencia, se señalaba una aparente paradoja
--y hablo de memoria-- que venía a decir que los países en vías de
desarrollo que dedican más del 4 por ciento de su PIB a la compra de
armamento son los que reciben aproximadamente el 80 por ciento de los
fondos FAD a nivel mundial, no habla de España exclusivamente. Había una
aparente contradicción --sólo aparente--: los que más gastaban en
armamento eran los que recibían más ayuda al desarrollo. Difícilmente, al
menos desde el punto de vista de mi Grupo, podemos hacer equiparable la
compra de armamento con la realidad de la ayuda al desarrollo. Me
gustaría saber esos porcentajes a los que me he referido.

Nos alegramos mucho de que exista ya ese proyecto del estatuto del
cooperante, o que esté avanzada la redacción del mismo, que, sin duda,
está haciendo muchísima falta para aclarar funciones, competencias,
responsabilidades, etcétera, y esperemos que esté en esta Comisión o en
esta Casa a lo largo de esta legislatura, aunque sobre la misma, como
todos ustedes bien saben, se ciernen otros avatares.

Señor Dicenta, usted no ha hecho mucho hincapié en ello, pero en
cualquier papel de cualquier organismo, tanto del Parlamento español,
como del Parlamento Europeo, como de Naciones Unidas como de cualquier
organismo internacional que hable de las ONG, se las valora
magníficamente, nuestro propio Gobierno también las valora
magníficamente, todo el mundo dice, como se señala en ese propio informe
del Parlamento Europeo, que son las más capaces de movilizar recursos
privados, las que generan un mayor entramado social; en la práctica, son
las que llevan la solidaridad a sus últimas consecuencias, las que
aumentan la eficacia de esos fondos o de esas ayudas al desarrollo y, sin
embargo, a pesar de esas valoraciones siempre positivas, también nos
encontramos con la paradoja de



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recortes importantes año tras año, incluso de incumplimientos de
compromisos, por ejemplo de 1993 y parcialmente de 1994, que, como usted
bien sabe, dificultan a no pocas de estas ONG el abrir la puerta para
poder empezar a hacer entramado social, a movilizar recursos privados y
hacer prácticas de solidaridad, prácticas de desarrollo. Esas
valoraciones positivas por parte de todo el mundo se compadecen mal con
esa poca asignación económica al funcionamiento de las mismas,
circunstancia que se viene señalando reiteradamente.

Respecto a las financiaciones de las ONG y a la acusación que se ha hecho
por parte de otro grupo del sectarismo ideológico a la hora de primar
unas u otras, siendo, al menos como imagen, importante el tema, yo creo
que más que la afinidad ideológica o política con unas u otras, lo que
hay que intentar es afinar al máximo los mecanismos que comprueben la
eficacia de esas ONG.

Se ha citado también, me parece que es obligatorio referirse mínimamente
a ello, en el capítulo de la cooperación bilateral, sobre todo en la
cooperación técnica, esa dispersión de recursos y esa cantidad de
microproyectos que acaban significando poco en la práctica; es decir,
nuestro país es un país de talla media, no somos una gran potencia, y
probablemente fuera necesario y útil seleccionar, concentrar las ayudas
en aquellos proyectos en los que de la manera más racional posible la
utilidad fuera mayor, y no dispersar hasta el punto de tener que atender
con unos fondos muy escasos a gran cantidad de cosas que, en la práctica,
acaban desperdiciando gran cantidad de dinero, porque la mayoría de los
proyectos, aunque pocos, en los que se invierte poco dinero acaban siendo
inviables, acaban siendo absolutamente ineficaces. Probablemente sería
más sensato priorizar y concentrar ese tipo de ayuda, sobre todo en ese
aspecto de la cooperación bilateral, para rentabilizar aquellos recursos
que se dedican a este tipo de actividades.

Acabo, señor Presidente. Considerando que es bueno que nuestro país haya
pasado de ser potencialmente perceptor de ayuda a ser emisor de ayuda en
los últimos años, creo que nadie --usted lo ha dicho y estoy de acuerdo
con eso-- se puede sentir satisfecho de nuestro nivel de esfuerzo en ese
terreno y, como decía al principio, nos parece que estamos lejos de
alcanzar los compromisos que se tienen. No es sólo un problema de deseo
personal. El deseo personal de un dirigente político se tiene que
explicitar en la voluntad política de llevar a cabo ese deseo, y ustedes
están donde están precisamente para hacer realidad ese deseo. Si así lo
hacen, contarán con nuestro apoyo, si empujan en la dirección de intentar
acortar los plazos para llegar lo antes posible a ese 0,7 por cien,
contarán con nuestro apoyo; en caso contrario, con nuestra crítica.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Yáñez.




El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: En primer lugar, quiero reiterar nuestro
agradecimiento al Secretario de Estado de Cooperación Internacional por
su comparecencia, en este caso con ocasión del PACI-94.

Quisiera empezar por elogiar el enorme esfuerzo de síntesis que supone un
trabajo de esta naturaleza, que --por experiencia propia lo conozco--
supone muchísimas horas de trabajo, muchísimas personas involucradas y
muchos departamentos, catorce concretamente, que tienen que colaborar en
la elaboración de un documento de esta naturaleza que el propio Gobierno
se autoobligó a hacer en su día, y también se autoobligó a unos plazos
determinados para su elaboración y presentación. En cualquier caso, creo
que en el futuro, señor Presidente, señoras y señores Diputados,
tendríamos que buscar una fórmula para debatir el PACI de acuerdo con
otras previsiones reglamentarias, como, por ejemplo, la comparecencia en
cada período de sesiones del Secretario de Estado para la Cooperación
Internacional --cosa que aprobamos no hace mucho tiempo--. Una de esas
comparecencias podría dedicarse monográficamente a un debate sobre el
PACI, previamente establecido, contando con la documentación necesaria
para poder hacer un debate reglado del mismo.

Creo, y surge siempre en todos los debates en relación a la cooperación
internacional, que es inevitable hacer una pequeña historia. Esto ocurre
en cada ocasión, y seguirá ocurriendo, es bastante inevitable, como digo,
porque en éste como en otros temas, pero especialmente en éste, la foto
estática de un momento determinado sirve de poco si no se sabe de dónde
venimos y mucho menos si se compara con la situación ideal que a todos
nos gustaría. Lo importante de todo ello es saber la evolución, saber qué
ha venido ocurriendo en los últimos años para llegar al momento en el que
estamos.

Modestamente, creo conocer bien el tema, y hace diecisiete años no había
nada de nada; o sea, no sirve hablar de diecisiete años, ni siquiera de
doce. En realidad, en esa época había, si se puede hablar de cooperación,
que es discutible, unas acciones dispersas, caóticas, espontáneas,
arbitrarias y raquíticas en su cuantificación total. Ni siquiera se
hablaba --podemos recurrir a los «Diarios de Sesiones», si es en el
ámbito parlamentario, o a los medios de comunicación-- de la cooperación
al desarrollo. Ese concepto no estaba en el ámbito del debate político ni
en la opinión pública ni en los medios de comunicación ni parlamentarios.

No se hablaba de porcentajes, no se sabía qué era; sobre el 0,7 por
ciento evidentemente existía una Resolución de Naciones Unidas del año
1972, pero en nuestro país no comienza ese debate hasta bien avanzados
los ochenta. Por tanto, no hay ninguna tendencia a hablar del período del
Gobierno socialista, es que es la verdad, es así. Cuando empieza a
hablarse de ello es cuando están solucionadas o superadas otras
situaciones anteriores. Evidentemente, en la transición había
prioridades--hay que decirlo-- mucho más importantes, mucho más
perentorias que afrontaron los gobiernos anteriores en colaboración con
los partidos, con el Parlamento, etcétera. Después incluso, en 1982,
había una crisis económica que duró, hay que recordarlo, hasta bien
entrado 1985. Difícilmente se podía afrontar una tarea de cooperación que
tenía una traducción presupuestaria importante en plena crisis económica,
que, insisto, se superó a partir de 1985, 1986. Es entonces cuando
comienza la salida de la crisis, una vez



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superados otros problemas de política exterior e interior. Se empezó a
debatir y se inició no ya la reforma, sino la creación --no se estaban
reformando, sino creando-- de instituciones administrativas y políticas
para la cooperación y desarrollando conceptual y presupuestariamente la
cooperación hasta llegar al momento actual.

Sin embargo, como decía el Secretario de Estado, y todos estamos de
acuerdo, hay aspectos todavía, evidentemente nada funcionales, que hay
que modificar, que hay que reformar de acuerdo con la propia experiencia
o porque simplemente no se han hecho bien las cosas. Por ejemplo, algunos
de los intervinientes han citado la existencia de dos polos de la
cooperación, uno, el de la llevada a cabo por el Secretario de Estado y
la Agencia a sus órdenes y, otro, el de la administración de los fondos
de ayuda al desarrollo, que son fundamentalmente pilotados por la
Secretaría de Estado de Comercio, que tenemos que afrontar tanto en el
plano gubernamental como en el parlamentario, para buscar soluciones que
garanticen los instrumentos del fomento a la exportación, pero que
también garanticen instrumentos crediticios para una verdadera ayuda al
desarrollo.

Otro problema que también ha afrontado el Secretario de Estado, señor
Dicenta, es el de los retornos. Me consta que el Gobierno ha hecho
esfuerzos ingentes; tienen que hacerlos también las propias empresas
españolas, poco habituadas a la proyección exterior, sobre todo en los
países en vías de desarrollo. Hace falta todo un desenvolvimiento y una
especialización de las empresas de nuestro entramado industrial en el
exterior, sobre todo en ese tipo de países.

También estamos de acuerdo en que hay que avanzar en la planificación
plurianual. Hay muchas dificultades, pero eso no debe arredrarnos y
tenemos que conseguir avanzar en esa dirección. El Secretario de Estado
ha informado que sus colaboradores y sus servicios están trabajando para
llegar a una ley de cooperación en el momento procesal en que podamos
abordarlo desde el punto de vista parlamentario.

Saliendo al paso de algunas afirmaciones, el estancamiento cuantitativo
de la cooperación en los últimos años una vez más se corresponde con la
crisis económica. Cuando hablamos con una perspectiva histórica, vemos
que en épocas bajas del ciclo, evidentemente, la cooperación está tocada;
esto es inevitable. Ocurrirá --estamos seguros-- con otras partidas
presupuestarias de otros departamentos, también del Ministerio de Asuntos
Exteriores. Es difícil mantener un aumento sostenido cuando en el resto
de las partidas se está recortando el gasto. Y lo dice alguien que es un
ferviente partidario del aumento sostenido de los presupuestos de la
cooperación.

En segundo lugar, me van a permitir una reflexión muy breve. En las ONG
se ha pasado --recordando la historia y no la foto estática-- de unas
subvenciones de 60 millones --no 600 ni 6.000, sino 60-- a mediados de
los ochenta a 3.000 millones de pesetas al final de esa década, en sólo
un quinquenio. Es decir, que eso significa un esfuerzo en el sentido de
fomentar la creación de ONG, de mejorar sus estructuras y su
profesionalización. Es un esfuerzo cuantitativo considerable, un reto
para cualquier administración. Por tanto, no hay que infravalorar ni
tampoco idealizar las ONG. Insisto en que soy partidario y he ayudado a
muchas ONG, a su mejora e incluso a la creación de ONG y a avanzar en su
dirección, porque somos decididos partidarios de la cooperación a través
de las ONG. Pero tampoco creo que hay que caer en la idealización de que
lo bueno, lo privado, por no decir que lo no gubernamental es lo perfecto
y lo público --cosa que en otros debates también ocurre-- siempre es lo
malo. Yo creo que desde el Parlamento no podemos caer en esa tentación.

En segundo lugar, sobre las ONG...




El señor PRESIDENTE: Señor Yáñez, le ruego vaya terminando.




El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: Voy terminando, señor Presidente.

Creo que en relación con este tema tenemos la tentación de desprestigiar
y sobre todo el Partido Popular en otros debates distintos a éste utiliza
--y aquí también los ha utilizado-- comentarios despectivos sobre lo
partidario. Los partidos políticos son instituciones constitucionales de
primer orden. Por qué desde los partidos vamos a desprestigiar a los
partidos políticos, si los partidos políticos son tan importantes como
otros organismos constitucionales y las organizaciones surgidas de los
partidos políticos no tienen menor valor, en relación a la opinión
pública, que las surgidas de la Iglesia católica o de otras entidades que
son igualmente respetables. No sé por qué aquellas ONG confesionales
crean mejor opinión en el seno del Partido Popular que aquellas que
surgen de los partidos políticos. (El señor Hernando Fraile: Nosotros
somos serios.) Esa será su opinión, si es que se puede intervenir así en
el debate. Yo no...




El señor PRESIDENTE: Aquí no hay más debate que el que el Presidente
autoriza.




El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: Yo no lo creo. La seriedad se ve en el
funcionamiento y en el seguimiento. Por cierto, las que tienen una
inspiración partidaria suponen el 10 por ciento de las subvenciones y el
90 por ciento se destinan a esas otras ONG, que también son serias, pero
que no son más serias que las que tienen inspiración partidaria y que en
todos los países europeos de nuestro entorno funcionan adecuadamente, sin
que desde los partidos se las trate de destruir desde el punto de vista
parlamentario.

Termino, señor Presidente. Creo que hay que seguir haciendo un esfuerzo
para lograr el 0,7 por ciento del PIB de Ayuda Oficial al Desarrollo,
pero tenemos que ser conscientes de que ello supondría, en el plano
presupuestario, 500.000 millones de pesetas del año 1994. Considero que
esto es algo que no nos podemos permitir ahora mismo, pero habrá que
hacer un esfuerzo y conseguir, en el plazo más breve posible, el objetivo
del 0,7 por ciento.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.




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El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA
IBEROAMERICA (Dicenta Ballester): Voy a tratar de responder a las
preguntas y observaciones que me han planteado SS. SS.

Quiero responder, en primer lugar, al portavoz del Grupo Popular a la
observación que ha hecho respecto a que la opinión pública, en relación
con la cooperación, puede tener la impresión de que los fondos son dados
sin la suficiente transparencia y que ése es el problema que afecta a la
sensibilización de la opinión pública. Yo creo que no; no estoy de
acuerdo. Yo creo que hay que sensibilizar a la opinión pública hacia la
cooperación, porque muchas personas no creen en este tema. Cuando se
habla de cooperación muchas personas se preguntan por qué se está
realizando en un momento en que nosotros estamos atravesando una crisis
económica y que los dineros destinados a cooperación podrían emplearse en
otros sectores. Ese es el comentario más generalizado, no el de la no
transparencia o el del destino final posiblemente incorrecto de los
fondos de cooperación. Yo siempre encuentro la crítica, en ese terreno,
de por qué hay que realizar la cooperación cuando hay posibilidad de
invertir esos dineros en solucionar problemas que nos afectan a nosotros.

Este tema creo que puede solucionarse por la vía de la sensibilización de
la opinión pública. Convendría explicar a la opinión pública la
importancia que tiene en todos los terrenos el tema de la cooperación. Yo
he hecho la observación sobre la cooperación, en los últimos años, sin
ninguna otra intencionalidad salvo la objetiva de precisar que a
principios de los años ochenta --no recuerdo si fue en 1981 ó 1982--
nuestro país sale de las listas que tiene el Banco Mundial de posibles
receptores de ayuda oficial al desarrollo; no sale en 1976 ni en 1978,
sino, como digo, en 1981 ó 1982, no recuerdo exactamente.

Su señoría ha hecho de nuevo una observación sobre el papel mojado del
PACI 1994 --que repito que es el tema que me ha traído a esta
comparecencia-- y ha hecho una observación que me parece muy oportuna
sobre si estamos o no convencidos de la conveniencia de la unidad de
acción y si trabajamos en esa dirección. Así lo hacemos y creemos que es
importantísimo que haya unidad de acción. La Comisión Interministerial de
Cooperación Internacional apunta en esa dirección de que haya una mayor
coordinación entre los distintos sectores que hacen cooperación y la
Secretaría de Estado, que debe coordinar esa cooperación, y aún debería
incrementarse más la unidad de acción en ese terreno de la cooperación.

Esa es una de las razones por las que, contestando a la pregunta del
señor González Lizondo, del Grupo Mixto, hemos querido desde el principio
tratar de coordinar más también las acciones de cooperación con las
comunidades autónomas y entes locales. A esos efectos, desde mi llegada a
la Secretaría de Estado, una de las primeras cosas que he hecho ha sido
visitar las distintas comunidades autónomas --he visitado buena parte de
ellas-- para hablar con las autoridades que se ocupan del tema de
cooperación y ver la forma de encontrar mejores o más efectivos
mecanismos de intercambio de experiencias, de coordinación de trabajos
entre comunidades autónomas, entre locales y Secretaría de Estado, y ésta
es también la razón que me impulsó hace escasamente tres semanas, a
principios del pasado mes de abril, a tener una reunión aquí, en Madrid,
con representantes de todas las comunidades autónomas, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional y de la Secretaría de Estado para,
entre todos, tratar de encontrar esos mecanismos que permitan hacer mejor
y mayor la coordinación en el terreno de la cooperación internacional.

Se me preguntaba por el Grupo de Convergència i Unió sobre la
colaboración entre las Cámaras y la Secretaría de Estado. Creo que es un
muy buen resorte de acción el que tenemos con este diálogo
Cámaras/Secretaría de Estado, no sólo para mejorar y perfeccionar la
cooperación, tal como hacemos hoy en día, sino para que la Secretaría de
Estado conozca cuáles son las aspiraciones de la Cámara y, a su vez, la
Cámara conozca la dirección que la Secretaría de Estado está dando al
tema de la cooperación internacional, para, así, hacer entre todos que se
concilien y se unifiquen los criterios de la mejor manera posible. Esta
es la forma de que la cooperación no se vea diluida, no se solape y no se
pierda efectividad.

En relación con el objetivo del 0,7, sobre lo que me preguntaba el
Diputado de Izquierda Unida, diré que es efectivamente un objetivo al que
quisiéramos acceder en el año 2000. Creo que es una de las aspiraciones
que tienen no solamente todos los representantes en esta Cámara, sino
todos los que trabajamos en la cooperación desde el Gobierno y,
evidentemente, el pueblo español en general, que cada vez se está
sensibilizando más hacia ese objetivo del 0,7 por ciento. Es un objetivo
difícil, no es fácil de alcanzar. Hoy en día son pocos los países que han
conseguido llegar a ese objetivo --son dos o tres países--, pero lo que
sí puedo asegurarle es que desde la Secretaría de Estado trabajamos a
fondo y empujamos todo lo que podemos para que se acorten los plazos que
nos permitan llegar cuanto antes a ese objetivo de Naciones Unidas del
0,7 por ciento.

En cuanto a los porcentajes que se destinan por los créditos FAD a
armamento, yo he señalado en mi intervención que los 80.000 milllones de
pesetas que se atribuyen en este presupuesto de 1994 a créditos FAD
--cifra que es exactamente la misma que en 1993-- son considerados ayuda
oficial al desarrollo porque, a diferencia de lo que ha ocurrido en años
anteriores, todos los créditos se destinarán única y exclusivamente a
proyectos de desarrollo en países en vías de desarrollo y no habrá
ninguna asignación a programas tales como el de suministro o provisión de
armamento a terceros países.

Con las ONG tenemos una muy buena relación. Debo decir que el monto de
nuestra contribución a la acción de las ONG, como señalaba el señor
Yáñez, está un poco por encima de la cifra de 3.000 millones de pesetas,
y lo que tenemos que hacer es coordinar todo lo que se pueda las acciones
de las ONG con las acciones de la Secretaría de Estado. Creo que no se
puede hacer cooperación desde las ONG como una rueda suelta y al margen
de las directrices que se han señalado o de las orientaciones indicadas
en la Comisión Interministerial de Cooperación Internacional



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como si, repito, las ONG fueran una rueda suelta e hicieran cooperación
sin contacto alguno con esas orientaciones. Estamos tratando incluso de
encontrar una forma de diálogo permanente entre la coordinadora, como
representante de todas las ONG, y la Secretaría de Estado para que
mutuamente tengamos conocimiento de cuáles son las orientaciones de cada
uno y los deseos que tienen las ONG, en qué puntos les ayudamos bien, en
qué puntos posiblemente les podríamos ayudar más y no se hace. Yo creo
que eso se puede arreglar por la vía de un diálogo fluido y constante,
diálogo en el que, por supuesto, tratamos y trataremos de implicar cada
vez más al sector privado porque pensamos que debe verse también
comprometido, y comprometido importantemente, en este tema de la
cooperación internacional, como lo está ya, de hecho, en otros muchos
lugares.

Coincido con la consideración que ha hecho el Diputado del Partido
Socialista sobre el aumento sostenido; es lo que queremos todos.

Efectivamente, todos deseamos que cada vez haya un aumento mayor en el
porcentaje AOD/PIB, pero no parece que eso sea fácil y no solamente aquí
ni en condiciones de crisis económica. La experiencia de otros países,
incluso en momentos en que la crisis no era de la importancia que es
ahora, es que ha habido también altibajos. Este fin de semana, sin ir más
lejos, estaba leyendo el último informe de cooperación que ha publicado
Holanda y veía que en los últimos siete años hay altibajos en ese
porcentaje, como los que está habiendo posiblemente en casi todos los
países y desde luego también en el nuestro. Sería un ideal a alcanzar el
que no hubiera en este terreno específico altibajos, que nunca la
cooperación ni los fondos asignados a cooperación se vieran afectados por
situaciones coyunturales de crisis, pero desgraciadamente no es ése el
caso, repito, ni aquí ni en otros países.

Me reitero en lo que he dicho respecto a la relación entre la Secretaría
de Estado y la coordinadora de ONG y las ONG en general. Hay un buen
diálogo y una buena relación y hay un deseo de incrementar y afianzar más
este diálogo para que conozcamos recíprocamente hasta dónde podemos
trabajar juntos y de qué manera podemos hacer ese trabajo con mayor
eficacia.

Muchas gracias, Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Secretario de Estado.

Pasamos al siguiente punto del orden del día, el capítulo de preguntas.

Como SS. SS. saben, en el orden del día se han programado once preguntas.

Yo sugeriría a SS. SS. que vayamos, si es posible, ordenando su defensa y
su discusión en torno a unos cuantos bloques que a mí se me antoja que
podrían ser cinco. Un primer bloque correspondería a la primera pregunta
del señor Rupérez, que tiene un sujeto específico; otro bloque lo
compondrían las preguntas números 4, 5, 6 y 7, del señor Martínez Casañ,
que se podrían defender también en un solo turno; otro bloque lo podrían
constituir las preguntas 8 y 9, de la señora Maestro Martín, que se
refieren a un mismo país; otro sería la pregunta número 10, de la señora
Maestro, que tiene también características propias, y el último bloque lo
compondrían las preguntas 11, 12 y 13, del señor Rupérez.

¿Les parece que procedamos de esta manera? (Asentimiento.) Muchas
gracias.




CONTESTACION A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SOBRE:



--CONTACTOS MANTENIDOS POR EL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES CON LA
COMUNIDAD Y EL AYUNTAMIENTO DE MADRID PARA PROVEER LOS CARGOS VACANTES EN
LA CASA DE AMERICA. FORMULADA POR EL SEÑOR RUPEREZ RUBIO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente 181/000456.)



El señor PRESIDENTE: Para exponer su pregunta sobre contactos mantenidos
por el Ministerio de Asuntos Exteriores con la Comunidad y el
Ayuntamiento de Madrid, para proveer los cargos vacantes en la Casa de
América, tiene la palabra el señor Rupérez.




El señor RUPEREZ RUBIO: Señor Secretario de Estado, esta pregunta, como
fácilmente habrá podido colegir, tenía una determinada fecha. Los
retrasos que se producen, por culpa de nadie, en la tramitación de las
mismas hace que quede ligeramente fuera de contexto, pero me parece que
es importante que hablemos aquí de la Casa de América. Posiblemente fuera
de los aspectos puramente presupuestarios no se ha hablado de lo que es
la Casa de América.

Como usted sabe mejor que nadie, la Casa de América es un consorcio del
que forman parte tres administraciones públicas: el Ministerio de Asuntos
Exteriores, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. No
sabemos exactamente cuáles son los términos en los que funciona el
consorcio, cuál es el reparto de las cargas materiales correspondientes y
cuál es el reparto de las funciones correspondientes. La pregunta también
tenía un contexto determinado: cuál es la participación de las tres
administraciones públicas en el momento de proveer los cargos, de nombrar
los responsables de dicha Casa de América. De manera que si en su momento
hubo una preocupación sobre cómo se iba a producir el nombramiento del
nuevo director de la Casa de América y de los cargos correspondientes, en
estos momentos esa pregunta queda englobada en una más amplia que es cuál
es el funcionamiento del consorcio, cuáles son las responsabilidades que
cada una de las administraciones adquiere en ese consorcio y cualquier
otro tipo de consideración que a usted le parezca pertinente sobre la
distribución que, no únicamente por ser madrileña, también por ser
madrileña, puede llegar a adquirir en la vida madrileña, en la vida de la
capital del Reino y en la vida nacional, una significación grande.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.




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El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA
IBEROAMERICA (Dicenta Ballester): Efectivamente, como ha dicho S. S., la
Casa de América es un consorcio en el que participan tres entes
distintos: el Ministerio de Asuntos Exteriores a través de la Secretaría
de Estado de Cooperación, el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de
Madrid. La presidencia, según se organizó desde el principio --así está
fijado en los estatutos--, es rotatoria. Los dos primeros años la
presidencia la tuvo la Secretaría de Estado, a partir del primero de
abril de este año 1994 ha pasado a la Comunidad Autónoma de Madrid y la
próxima presidencia la ostentará el Alcalde de Madrid. Este es el
mecanismo de funcionamiento del consorcio a nivel de presidencia.

En cuanto al reparto de cargas, desde un principio también se estableció
un reparto desigual puesto que el Ayuntamiento contribuyó con el edificio
a su participación en este consorcio; la Secretaría de Estado de
Cooperación contribuye anualmente con un fondo de 300 millones de
pesetas; la Comunidad con aproximadamente 50 millones de pesetas y el
Ayuntamiento contribuye con personal, gente que realizan distintos
trabajos en la Casa de América, y tiene también una contribución
económica que se fija anualmente. Los cargos se atribuyen por consenso.

Ahora mismo, cuando ha habido que cambiar una serie de responsables de la
Casa de América porque los contratos terminaban precisamente a finales de
marzo, un poco antes de tomar posesión el nuevo presidente de la Casa de
América, se ha reunido la junta y se han consensuado los cargos. Se
presenta una serie de propuestas y, al final, por consenso o
mayoritariamente se aprueba quiénes son los responsables de las distintas
áreas que la junta de la Casa de América se encarga de nombrar. En las
últimas dos semanas, concretamente, se han reunido varias veces los
miembros de la Comisión delegada que representan a las distintas
instituciones, a esas tres instituciones del consorcio, para que se
produjera este acuerdo sobre los nombramientos y para que se pudiera
producir también una pequeña modificación en la estructura del personal
de la Casa de América destinada a que tengan la mayor eficacia los
trabajos de la Casa de América. La modificación de los estatutos para que
se pudiera introducir esta variación fue aprobada por unanimidad y
también fueron aprobados los nuevos cargos. Este es básicamente el
esquema sobre el que funciona la Casa de América.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Rupérez.




El señor RUPEREZ RUBIO: Brevísimamente, señor Presidente, quiero
agradecer al Secretario de Estado su información y decirle que nosotros
concedemos una importancia grande al funcionamiento de la Casa de
América. En su momento fue un acierto por tantas razones, una de ellas la
razón urbanística madrileña: salvar el edificio que alberga en este
momento la Casa de América fue una importante decisión. Y yo creo que es
importante que esa tripleta de funcionamiento se mantenga: se mantenga el
consenso, se mantenga cada una de las responsabilidades de las
instituciones correspondientes y se mantenga el espíritu vivo de una
institución que, siendo hispanoamericana, es también de todos, y
consiguientemente que cualquier tipo de dudas sobre el funcionamiento sea
adecuadamente solucionado en el contexto de ese consenso, de ese acuerdo
entre las tres administraciones, con independencia de quien sea el
responsable de cada una de ellas.




El señor PRESIDENTE: Señor Secretario de Estado, ¿desea añadir algo más?



El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA
IBEROAMERICA (Dicenta Ballester): Quiero señalar simplemente que coincido
en la apreciación que hace su señoría respecto a la importancia de la
Casa de América. Nosotros tratamos de revaluar todo lo que podemos la
importancia de la Casa de América, incluso de estimular un poco su
posible papel cara a las reuniones de las cumbres iberoamericanas; tiene
un gran prestigio la Casa de América, es un foco que fácilmente cataliza
la presencia de personalidades importantes. De manera que coincido en que
hay que, por una parte, mantener y destacar aún más la importancia de la
Casa de América y, por supuesto, mantener la coordinación de las tres
partes que componen el consorcio de esta institución.




--ESTRATEGIA A ADOPTAR EN LOS DISTINTOS ORGANISMOS INTERNACIONALES FRENTE
A LA SITUACION EN LA QUE LA DEVALUACION DEL FRANCO DE LA COMUNIDAD
FINANCIERA AFRICANA (CFA) COLOCA A GUINEA ECUATORIAL. FORMULADA POR EL
SEÑOR MARTINEZ CASAÑ (GP). (Número de expediente 181/000459.)



--CONSECUENCIAS DE LA DEVALUACION DEL FRANCO DE LA COMUNIDAD FINANCIERA
AFRICANA (CFA) EN LAS RELACIONES COMERCIALES ENTRE ESPAÑA Y GUINEA
ECUATORIAL. FORMULADA POR EL SEÑOR MARTINEZ CASAÑ (GP). (Número de
expediente 181/000460.)



--CONSECUENCIAS DE LA DEVALUACION DEL FRANCO DE LA COMUNIDAD FINANCIERA
AFRICANA (CFA) EN LAS COOPERACION DE ESPAÑA CON GUINEA ECUATORIAL.

FORMULADA POR EL SEÑOR MARTINEZ CASAÑ (GP). (Número de expediente
181/000461.)



--CONSECUENCIAS DE LA DEVALUACION DEL FRANCO DE LA COMUNIDAD FINANCIERA
AFRICANA (CFA) EN EL REEMBOLSO DE LA DEUDA DE LOS PAISES PERTENECIENTES A
DICHA COMUNIDAD Y, EN CONCRETO, EN EL REEMBOLSO DE LA DEUDA DE GUINEA



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ECUATORIAL. FORMULADA POR EL SEÑOR MARTINEZ CASAÑ (GP). (Número de
expediente 181/000464.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente bloque de preguntas, cuyo autor
es el señor Martínez Casañ, del Grupo Popular, quien tiene la palabra.




El señor MARTINEZ CASAÑ: Quiero agradecer al señor Secretario de Estado
su presencia en esta Comisión, y paso seguidamente a las preguntas.

Señor Secretario de Estado, ésta es la segunda vez en la legislatura que
abordamos el tema de Guinea Ecuatorial en la Comisión de Asuntos
Exteriores, y desgraciadamente tampoco lo hacemos esta vez para
regocijarnos por lo que allí está sucediendo. Como usted sabe, Guinea,
que se encuentra en la zona de influencia del franco CFA desde 1985, ha
visto devaluada su moneda, el ecuele, el día 12 de enero pasado, en un 50
por ciento, y no en beneficio propio como Gabón, Camerún o Nigeria, sino
en su perjuicio. Como salida a la depresión económica que tal medida
produjo en los países afectados, Francia y la Comunidad Europea
decidieron ofrecer a estos países compensaciones económicas; en el caso
de Francia se habló incluso de una condonación total de la deuda, dejando
fuera de este alivio a Guinea Ecuatorial, Congo y Togo. Mientras tanto,
España mandó a Guinea una ayuda alimentaria, posiblemente respondiendo a
la petición de la oposición guineana de que el castigo al dictador no
afectase a las constantes vitales del pueblo y del país africano.

El día 9 de febrero pasado compareció en esta Comisión, muy cortésmente,
el señor Abelló Díaz del Corral, Embajador de España en Guinea, que había
sido llamado a consultas por el Gobierno, y a la pregunta de don Javier
Rupérez, portavoz de mi Grupo, de cuáles son, en opinión del señor
Embajador, las reacciones que las autoridades españolas podían adoptar al
respecto, el señor Abelló contestó que el futuro de las relaciones entre
España y Guinea eran competencia del Gobierno y del Ministerio de Asuntos
Exteriores, y por eso hemos formulado estas preguntas.

Yo creo, señor Secretario de Estado, que a estas horas el Gobierno debe
conocer perfectamente las consecuencias de la entrada y permanencia de
Guinea en la zona económica del franco CFA. ¿Piensa usted que de su
continuidad en esta área le beneficiará a largo plazo, ya que a corto
plazo no la ha beneficiado, y contribuirá a crear un clima de confianza
en el que el inversionista extranjero y el español en particular
continúen presentes en el país? ¿Qué estrategia piensa adoptar el
Gobierno en los distintos organismos internacionales, como el Fondo
Monetario Internacional y el Banco Mundial, frente a esta situación
desastrosa en la que la devaluación del franco CFA coloca a Guinea?
Pienso que éste es el momento en el que el Gobierno español tiene que
hacerse valedor de Guinea Ecuatorial, ahora, cuando Francia parece
haberla dejado de lado. Qué medidas de ayuda --y esto conecta un poco con
la intervención anterior de mi compañero de Grupo-- piensa proponer y
apoyar España en el marco de la Unión Europea para aliviar la situación
de Guinea? ¿Qué consecuencias va a tener la situación catastrófica de la
devaluación en cuanto a la cooperación, las relaciones comerciales y el
reembolso de la deuda que Guinea pueda tener concertada con España? ¿Va a
tener la devaluación alguna repercusión en el desarrollo del tercer plan
marco que comenzó este año? Por último, señor Secretario de Estado, la
presencia en España en estos últimos días del Ministro de Economía
guineano, coincidente con un cierto clima de negociaciones entre el
Gobierno de España y Guinea, haría quizás necesaria una cierta claridad
informativa a este respecto sobre si los parámetros en los que el
Gobierno piensa establecer las relaciones entre ambos países han cambiado
o continúan siendo los mismos que el Gobierno tenía cuando tuvo lugar la
última comparecencia?



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA
IBEROAMERICA (Dicenta Ballester): Contesto, señorías, a las preguntas del
Grupo Popular en relación con Guinea Ecuatorial.

El cuanto a la pregunta relacionada con la estrategia que el Gobierno
español podría adoptar en los distintos organismos internacionales frente
a la situación en que ha colocado a Guinea Ecuatorial la devaluación del
franco CFA, creo que la posición del Gobierno español respecto al régimen
de Guinea Ecuatorial ha sido clara y transparente. Desde el momento en
que se produjo una serie de acciones que violaban sistemáticamente los
derechos humanos, el trato a la población guineana, actos continuos de
hostigamiento contra España --recuerden ustedes la expulsión de nuestro
cónsul--, condiciones de miseria, de mal reparto en que tiene sometido el
Presidente Obiang a su pueblo, recibieron inmediatamente un rechazo y una
reprobación no solamente del Gobierno español, sino de todos los
gobiernos democráticos europeos.

Las medidas que el Gobierno ha venido adoptando y la estrategia que ha
venido desarrollando ante las distintas organizaciones internacionales se
basan en dos premisas. En primer lugar, apoyo a todas las medidas que
representen un beneficio directo o inmediato para el pueblo guineano; no
se quiere hacer víctima al pueblo guineano de las medidas que haya que
adoptar en relación con esas violaciones de derechos humanos,
irregularidades a las que me refería antes del Gobierno guineano. Y en
segundo término, rechazo de cualquier actuación que suponga de cualquier
forma un respaldo al Gobierno o que por lo menos pueda ser interpretado
así por las autoridades locales. Dos posturas, por consiguiente, que no
son siempre fáciles de conciliar, pero de las que es perfectamente
consciente el Gobierno guineano. Sabe que no va a contar con un apoyo del
Gobierno español mientras no se produzcan unos avances claros hacia un
correcto modelo de gobierno y de sociedad. Esta estrategia se traduce, en
el marco del Fondo Monetario Internacional o del Club de París, apoyando
programas o medidas que faciliten el ajuste económico y el tratamiento de
la deuda más favorable. En el Banco Africano de Desarrollo



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y en otras instituciones financieras internacionales apoyamos la
organización de programas o concesión de créditos que incidan
directamente, como decía antes, en una mejoría de las condiciones de vida
de la población y rechazamos todas las que supongan o puedan suponer o se
pueda interpretar que suponen apoyos directos al Gobierno de Guinea. En
otras instituciones u organizaciones se sigue una política de ayuda que
plantea menos problemas en la dicotomía ayuda al pueblo guineano y
rechazo a determinadas prácticas de su Gobierno. Es cierto que Guinea
Ecuatorial es uno de los países del área del franco CFA que va a obtener
menos beneficios de la devaluación, mientras que el impacto de la misma
va a empeorar sensiblemente la ya de por sí bastante catastrófica
situación económica del país.

Por consiguiente, y concluyendo esta primera respuesta, España apoya los
planes de ayuda lanzados por el Fondo Monetario Internacional y por el
Banco Mundial y tratará, en la distribución de la ayuda que se facilite a
Guinea por las distintas organizaciones internacionales de las que
formamos parte, que se tome en consideración la grave situación que las
medidas de devaluación provocan en algunos países de esta área, muy
concretamente en Guinea Ecuatorial, para que la población guineana se vea
lo menos perjudicada posible por ellas.

En cuanto a la pregunta sobre las consecuencias que tendrá la devaluación
del franco CFA en las relaciones comerciales entre España y Guinea, en el
supuesto de que todos los demás factores de esa relación España-Guinea se
mantuvieran invariables, la devaluación del franco CFA va a tener dos
consecuencias directas. Por una parte, va a encarecer, inevitablemente,
los productos importados, que automáticamente van a experimentar en
francos CFA un incremento en una proporción semejante a la producida por
la propia devaluación, elemento que juega no sólo contra las
importaciones que proceden de España sino por supuesto contra las que
tienen su origen en cualquier otro país fuera del área del franco CFA. El
impacto de la devaluación en su factura exterior, en este como en otros
casos, dependerá mucho de la elasticidad de las importaciones. Pero, en
principio, y dada la muy escasa producción local guineana, la mayoría de
las importaciones de Guinea consisten en bienes de equipo,
imprescindibles para su desarrollo industrial en productos alimenticios,
en combustibles, por lo cual, aunque se produzca una cierta contracción
de la demanda, no es previsible que disminuya de manera sustancial esa
demanda, sin grandes dificultades económicas adicionales. En la medida en
que Guinea tenga capacidad de adaptación y dependiendo de sus
posibilidades de suministro en otros países del área del franco CFA, el
esfuerzo que tendrá que realizar y el impacto económico será de mayor o
de menor dureza. En pura lógica económica, se debería producir también un
repunte inflacionario, por la inflación importada, y una contracción en
la demanda, como decía antes, en la medida en que no experimenten
evolución positiva los salarios reales.

En lo que se refiere a las ventas de Guinea Ecuatorial al exterior, es
posible y además es lógico prever que se produzca un incremento de las
exportaciones guineanas, siempre que dispongan de una capacidad
productiva suficiente, con la incógnita que representa la política de
exportaciones que puedan adoptar otros países con producciones similares
a las de Guinea en el área del franco CFA.

En el campo de las relaciones ya puramente bilaterales convendría apuntar
dos o tres elementos. En primer lugar, los intercambios comerciales
hispano-ecuatoguineanos son muy reducidos, tanto en valor como en
volumen. En 1993, por ejemplo, las exportaciones españolas fueron de
2.146 millones de pesetas, habiendo aumentado muy importantemente
respecto a las que se produjeron en el año 1992, que fueron de 1.414
millones de pesetas. Y las importaciones españolas de Guinea se han ido
reduciendo moderadamente a lo largo de los cuatro últimos años, pasando
de 2.360 millones en 1990 a 1.678 en 1993.

Por último, hay que señalar que las importaciones españolas se concentran
en el cacao y en la madera y que cabe esperar que se produzca un aumento
de compras de estos productos, al reducirse sensiblemente el precio de
ellos. Y, por lo que respecta a las ventas de España a Guinea, es de
esperar que se reduzcan, por la escasa capacidad financiera y económica
de ese país a las que me refería antes, aunque esto signifique una
reducción en sus producciones, tanto agrícola como industrial.

En relación con la pregunta planteada sobre las consecuencias de la
devaluación del franco CFA en la cooperación específicamente de España
con Guinea Ecuatorial, hay que señalar que esa devaluación ha contribuido
a deteriorar el panorama socioeconómico en Guinea, como decía, ya de por
sí muy delicado antes de la devaluación porque a la compleja situación
política en la que se encuentra ese país habría que sumar el progresivo
aislamiento internacional en que está y el recorte de la cooperación, en
un 50 por ciento, decidido por el Gobierno español en diciembre del año
pasado y que ha supuesto de rechazo también la pérdida de puestos de
trabajo y de otros beneficios de la cooperación para muchos guineanos;
concretamente en puestos de trabajo, 184 guineanos que trabajaban en los
proyectos suspendidos han tenido que ser despedidos.

Este deterioro de las condiciones de vida de la población en Guinea se
reforzará por el hecho de que debido a la escasa producción propia y a la
relevante importancia de bienes de consumo básico que señalaba antes,
Guinea Ecuatorial participará muy poco de los efectos beneficiosos de la
devaluación que se derivan del reforzamiento de sus eventuales ingresos
por exportaciones. Aunque aún es pronto para conocer la previsible
evolución de los precios internos, ya que es complejo conocer la
evolución de los precios en países como Camerún o Gabón, también
sometidos a la devaluación y de donde proceden una buena parte de las
importaciones guineanas, los indicios apuntan a que en su mayoría se
duplicarán.

Por otro lado, el pequeño tamaño del mercado guineano y el carácter
oligopolístico de algunos sectores favorecen subidas diferentes y
desordenadas de los productos que no obedece a ninguna tendencia
previsible. Se está a la espera de que el Gobierno dicte la normativa
correspondiente sobre la evolución de los salarios, ya que hasta ahora
sólo ha establecido subidas en algunos productos y servicios como



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el ga-soil, una subida del 25 por ciento, y teléfono, una subida del 75
por ciento. En esta situación, en otros países --el Gobierno francés, por
ejemplo-- han diseñado un plan de ayuda para los catorce países de la
zona franco que consistirán en un esquema de condonación de su deuda con
Francia y en un fondo social de ayuda. Guinea Ecuatorial, por ser uno de
los países más pobres de la zona, verá condonada su deuda de dieciocho
millones de dólares con Francia y recibirá del Gobierno francés en torno
a 70 millones de pesetas para adquisición de medicamentos y algunas otras
actuaciones de emergencia. El Banco Mundial y el Fondo Monetario
Internacional ya han elaborado también un programa económico especial
destinado a paliar aquellos efectos negativos que se centrará en la
concesión de facilidades crediticias adicionales para Guinea Ecuatorial.

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, está también
identificando acciones que financiará con fondos adicionales y que aún no
han sido definitivamente definidos. La cooperación española tiene ya
diseñado un envío de ayuda humanitaria por un total de 20 millones de
pesetas en medicinas y en alimentos que se distribuirán a través de las
organizaciones religiosas españolas que operan en el país, la FERSC y la
FERE, la Federación Española de Religiosas Sanitarias y de Cáritas y la
Federación Española de Religiosos de la Enseñanza y que se destinan
básicamente a hospitales. Es un envío que se materializará
inmediatamente.

En cuanto a la fijación de los salarios del personal guineano que depende
de la cooperación española, tema que es importante porque la cooperación
española es la segunda empleadora de Guinea después del sector público,
se ha optado por un incremento del 50 por ciento en los salarios, lo cual
esperamos que contribuya a mejorar la capacidad adquisitiva de los
trabajadores guineanos sin contribuir a aumentar los procesos
inflacionistas. Y esta solución la hemos adoptado considerando las que
han dado otros donantes como Francia, la Unión Europea o el PNUD y las
que ha dado el propio sector privado.

En relación con la pregunta sobre las consecuencias que tendrá la
devaluación del franco CFA en el reembolso de la deuda de estos países,
en concreto en el reembolso de la deuda de Guinea Ecuatorial, habría que
distinguir dos tipos de deuda. La deuda que Guinea mantiene en francos
CFA, con Francia o con otros países del área, es una deuda que no se verá
afectada y, aunque valorada en otras divisas, su importe se ve reducido a
la mitad. Algunas empresas situadas en el área CFA, ante los insistentes
rumores de devaluación, procedieron a tiempo a modificar la composición
de su deuda y la trasladaron de divisas a francos CFA, con lo que la
devaluación ha supuesto un importante alivio para esta deuda. Sin
embargo, las empresas con deudas en divisas que no hayan tomado las
medidas adecuadas van a experimentar serias dificultades para hacer
frente al pago de las mismas. En cuanto a la deuda pública es indudable
que va a suponer un coste adicional muy importante para la mayoría de los
países del área, doblándose el número de recursos necesario para hacer
frente a su servicio.

Por su parte, el Gobierno español considera que cualquier medida de
alivio de la deuda por los países acreedores debería hacerse en un marco
multilateral, de forma que se vea afectada la totalidad de la deuda
externa de un país, única vía para encontrar soluciones duraderas a ese
problema. En el caso concreto de Guinea, España ha participado en las
anteriores refinanciaciones de la deuda externa de Guinea Ecuatorial en
el Club de París, apoyando el tratamiento más concesional de los
previstos en este foro, y en el momento actual Guinea Ecuatorial está
negociando un nuevo programa de ajuste con el Fondo Monetario
Internacional, que una vez terminado permitirá a este país acudir al Club
de París para tratar de nuevo el reescalonamiento de su deuda externa con
los principales países acreedores, España, Italia y Francia. Durante este
nuevo reescalonamiento, que se tendrá que consensuar entre los países
acreedores, se establecerá el tratamiento de la deuda que más se ajuste a
las condiciones y necesidades del país, si bien, dadas las circunstancias
actuales, es previsible que Guinea obtenga el «menú» concesional más
favorable del Club de París, lo que supondría la condonación del 50 por
ciento de la deuda tratada o bien la reducción de un 50 por ciento del
servicio de su deuda.

La deuda de Guinea Ecuatorial con España a finales de febrero de este año
ascendía a 7.101 millones de pesetas. La dificultad tradicional de Guinea
para el pago de su deuda se agrava por la reciente devaluación del franco
CFA, en un cien por cien respecto al franco francés, y se duplica para
Guinea Ecuatorial el importe en moneda local, como decía antes, para
dicha deuda.

Creo que éstas eran todas las preguntas que había sobre Guinea.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Martínez Casañ.




El señor MARTINEZ CASAÑ: Le agradezco al señor Secretario de Estado las
respuestas que me ha dado y quizá le agradecería también que me hiciese
llegar, por el procedimiento reglamentario, información más concreta
sobre la actuación y las medidas que piensa apoyar España en los
organismos internacionales, respecto a lo cual la exposición del señor
Secretario de Estado ha sido un poco vaga, así como sobre la última
pregunta, que estaba fuera de las presentadas, con relación a la
presencia, en estos últimos días, del Ministro de Economía guineano. Creo
que es interesante que continuemos ocupándonos de este tema porque,
efectivamente, todas las funciones propuestas por el Fondo Monetario
Internacional y el Banco Mundial pasan por una profunda reestructuración
de las economías nacionales de estos países, en concreto de Guinea, que
es uno de los más afectados, según un plan regional y diversos planes
subregionales. Las estrategias de adaptación están vinculadas a una
reestructuración del sector privado. Para ello se debe hacer atractiva la
inversión en unas condiciones de fuerte competencia por la transferencia
de unos recursos que en estos momentos son bastante reducidos.

Un tema importante que hay que tener en cuenta en todo este tipo de
negociaciones, y no es la primera vez que lo decimos, es el tema de la
participación popular. La ausencia de participación popular en la toma de
decisiones y



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en el ejercicio del poder político conduce a la mala gestión de las
economías africanas, a la fuga de capital a gran escala, uso improductivo
de los recursos, a prejuicios contra el ámbito rural a una insuficiente
explotación de los recursos y prioridades distorsionadas, así como a la
injerencia generalizada en la política interior de instituciones
internacionales y multilaterales, financieras también, de ayuda al
desarrollo. Pero creo que es el momento en que España debe continuar
presente en Guinea Ecuatorial, es una prioridad, como el señor Secretario
de Estado sabe, de nuestro Grupo y aprovechamos todas las ocasiones para
reafirmar nuestro apoyo al Gobierno en cualquier acción que dentro de
esta línea tienda a ayudar a este país, con el cual creo que tenemos una
deuda moral.

También creo que ésta es una situación en la que, aunque no se ha
mencionado hasta ahora, deberíamos continuar teniendo como una de las
prioridades negociadoras la defensa de los derechos legítimos de todos
los españoles, no solamente de los cooperantes, sino de todos los
españoles, tanto a nivel individual como a nivel de empresas, que están
haciendo todo lo posible para mantener la presencia de España en un país
que más que nunca la necesita.

Agradecería, como he dicho antes, que me pudiese enviar una información
más detallada sobre actuación de España en los distintos organismos
internacionales y en la Unión Europea en cuanto al apoyo, ayudas y
participación en programas regionales y subregionales y, sin más, le
agradezco de nuevo su presencia en esta Comisión, señor Secretario de
Estado.




El señor PRESIDENTE: Señor Secretario de Estado, ¿quiere decir algo más?



El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA
IBEROAMERICA (Dicenta Ballester): Yo creo que en cuanto a ayuda
multilateral y a las acciones que eventualmente adopte el Gobierno
español respecto a la ayuda multilateral las precisiones que he dado son
muy claras. Vamos a apoyar, como dije, todos los planes de ayuda, a los
que me he referido, que tienen previstos tanto el Fondo Monetario
Internacional como el Banco Mundial, y en las demás organizaciones
internacionales de las que formamos parte llevaremos a cabo, la estamos
llevando, una política de llevar al ánimo de otros países miembros de
esas organizaciones que tomen en consideración la grave situación que se
provoca por la devaluación, en todos los países del área pero muy
específicamente en Guinea Ecuatorial, para que las acciones que emprendan
esos organismos perjudiquen en la menor manera posible y, es posible,
beneficien a la población guineana. Por consiguiente, dentro del marco de
las acciones que cada uno de esos organismos internacionales vaya a
adoptar --algunos ya han aprobado unos fondos y unas ayudas específicas--
mantendremos esa línea.

Yo coincido con S. S. en cuanto a la conveniencia de la presencia de
España en Guinea Ecuatorial. El Gobierno tiene asumido que es conveniente
que España siga en Guinea Ecuatorial. Yo creo que incluso estar en Guinea
Ecuatorial es una obligación, pero una obligación que a veces hace
difícilmente conciliables nuestros deseos con la realidad. Desearíamos
que la realidad nos permitiera hacer una cooperación internacional más
intensa, más voluminosa, más importante, y el hecho concreto que
evidencia esto es que los presupuestos para 1994 aprueban una ayuda para
Guinea Ecuatorial de casi 1.600 o de más de 1.600 millones de pesetas, y
que después la realidad del desarrollo y de la evolución política de
Guinea obligan, siendo consecuentes también con otro tipo de principios
con los que hay que ser absolutamente coherentes, a hacer un recorte que
no hubiéramos deseado. Hubiéramos deseado que las elecciones se hubieran
celebrado con normalidad, las de noviembre de 1993, que no hubiera habido
ningún tipo de violaciones de derechos humanos, que el proceso hubiera
transcurrido de la mejor manera posible para hacer efectiva una
cooperación que ya estaba aprobada. No ha sido posible porque realmente
los hechos han sido muy tozudos y se han impuesto sobre los propósitos
que el Gobierno español tenía respecto al monto de la cooperación con
Guinea, pero ha mantenido no solamente la cooperación, sino que además,
en el recorte de cooperación, como creo que expliqué a SS. SS. en alguna
comparecencia anterior, lo que quisimos en todo momento fue que dicho
recorte se produjera en aquellos sectores en donde la incidencia del
mismo fuera menor sobre los ecuatoguineanos, sobre la población de Guinea
Ecuatorial. Esa fue la directriz básica sobre la que se diseñó el recorte
de casi un 50 por 100 de la cooperación con Guinea para este año 1994.




--PRESENCIA EN ESPAÑA DE UNO DE LOS MILITARES SUPUESTAMENTE IMPLICADOS EN
LA DESAPARICION DE DIEZ PERSONAS EN LA UNIVERSIDAD DE LA CANTUTA EN LIMA
(PERU). FORMULADA POR LA SEÑORA MAESTRO MARTIN (GIU-IC). (Número de
expediente 181/000548.)



--MEDIDAS O ACTUACIONES PREVISTAS EN RELACION CON LAS VIOLACIONES DE
DERECHOS HUMANOS QUE SE ESTAN PRODUCIENDO EN PERU. FORMULADA POR LA MISMA
SEÑORA DIPUTADA. (Número de expediente 181/000550.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos a las preguntas números 8 y 9, formuladas
por la señora Maestro Martín. Tiene la palabra para exponerlas.




La señora MAESTRO MARTIN: Señor Secretario de Estado, señorías, como se
deduce del texto, las preguntas que formulo se refieren ambas a la
situación de los derechos humanos en Perú. La primera trata en concreto
de un hecho que está alterando y preocupando profundamente a la población
peruana y sobre el que podría darse la posibilidad de la presencia en
España de uno de los implicados.

En concreto, un fiscal provincial del Ministerio público acusa a un mayor
del Ejército y a un número sin especificar de subalternos, posiblemente
once, de los cargos de



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secuestro, desaparición forzada y homicidio de un profesor y nueve
estudiantes de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y
Valle, conocida habitualmente como la Universidad de La Cantuta. Según
todos los indicios, miembros del Ejército peruano secuestraron, entre la
una y las tres de la madrugada del día 18 de julio de 1992, al mencionado
profesor y a los estudiantes. Hugo Muñoz fue secuestrado en su domicilio
universitario y los nueve estudiantes, dos mujeres y siete hombres,
fueron sacados a la fuerza de sus residencias estudiantiles, todas ellas
ubicadas en el campus universitario. A ninguno de ellos se les ha vuelto
a ver con vida. En aquellos momentos, la Universidad de La Cantuta estaba
ocupada por un destacamento militar que controlaba los terrenos del
campus, incluidas todas sus entradas y salidas. Asimismo, el campus
estaba sometido a un toque de queda controlado por los militares, entre
las diez de la noche y las seis de la mañana.

Durante los meses siguientes, los familiares de las víctimas intentaron
insistentemente localizar a los desaparecidos. Sin embargo, las
diferentes acciones de habes corupus presentadas en su favor resultaron
infructuosas, y los intentos que los familiares realizaron por atraer la
atención pública en torno a las cuestiones sin respuesta sobre la suerte
de sus seres queridos quedaron sin ser atendidas. En concreto, el
Gobierno de Perú transmitió al Centro de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas, en octubre de 1992, una comunicación del Ministro de Defensa en
la que se decía: El Comando conjunto de las Fuerzas Armadas, luego de
concluir las investigaciones, informó que los mencionados estudiantes y
profesor no han sido detenidos ni capturados bajo ninguna circunstancia
por parte de efectivos militares.

Posteriormente, el 2 de abril de 1993, el parlamentario peruano Henry
Pease, de Izquierda Unida, anunció ante el Congreso que había recibido un
documento sin firmar. Este tipo de documentos, que proceden de comandos
clandestinos de apoyo a los derechos humanos existentes dentro de las
Fuerzas Armadas de Perú, ha permitido esclarecer y delimitar con bastante
nivel de seguridad las responsabilidades de los militares. En este
documento sin firmar se decía que las personas secuestradas lo habían
sido por miembros del Ejército adscrito al Servicio de Inteligencia del
Ejército. En el documento se decía, además, que esa información había
sido proporcionada por los oficiales disidentes a que hacía mención
anteriormente.

El Congreso de los Diputados peruano constituyó una comisión especial
investigadora sobre los supuestos secuestros. Esta Comisión publicó un
informe de mayoría y otro de minoría a mediados de junio de 1993. En el
informe de mayoría se concluía que la Universidad de La Cantuta se
encontraba bajo toque de queda, es decir, reafirmaba las palabras con las
que he iniciado mi intervención, y que los secuestros habían sido
realizados por personal armado, con vestimenta militar, que entró en el
campus durante las horas de toque de queda y que personal armado no
identificado seleccionó y detuvo al grupo de estudiantes y al profesor.

Sin embargo, en el informe de minoría se aseguraba que el Ejército
peruano y el Servicio de Inteligencia nacional no han tenido ninguna
responsabilidad en los hechos materia de investigación. Por otra parte,
sorprendentemente, el Pleno del Congreso de los Diputados que debate el
informe realiza una votación que se salda con el rechazo del informe de
mayoría y la adopción del informe de minoría.

Otro hecho de relevancia es que el 5 de mayo de 1993 el general Rodolfo
Robles Espinosa, el tercer general de más alto rango del Ejército
peruano, hizo público un documento firmado en el que aseguraba que el
crimen de La Cantuta había sido cometido por un destacamento especial de
inteligencia que operaba bajo las órdenes directas del asesor
presidencial y virtual jefe del Servicio de Inteligencia Nacional y cuyo
accionar se coordina con el Servicio de Inteligencia del Ejército y con
la dirección de Inteligencia, pero que es aprobado y conocido siempre por
el comandante general del Ejército. Después de hechas estas
declaraciones, este general se refugió en la embajada de Estados Unidos
en Lima y actualmente se encuentra refugiado en Argentina. Después de
estos hechos se han encontrado restos humanos en las fosas de la
Cieneguilla y de Huachipa y todos los indicios apuntan a que pudieran
corresponder al profesor y a los estudiantes secuestrados, ya que los
familiares han identificado llaves, restos de ropas, etcétera.

Como usted quizá sepa, señor Secretario de Estado, hay un conflicto entre
la jurisdicción civil y la jurisdicción militar a la hora de determinar
las competencias sobre el caso y hay una serie de contradicciones muy
graves a partir de la información del Ministro de Defensa, según la cual
hay al menos cuatro miembros del Ejército arrestados en relación con el
caso. No revela los nombres ni los rangos de los detenidos, a excepción
de Santiago Martín Rivas, mayor del Ejército peruano, etcétera. Otra vez
el clandestino grupo Comaca, de las fuerzas armadas, afirma que en los
penales militares de Lima no hay ningún detenido por los crímenes de los
estudiantes y que en el cuartel de Pisco sólo hay cuatro alojados, pero
entre ellos no aparece el nombre del mayor Santiago Martín Rivas, el
único que el Ministerio de Defensa reconoce que pudiera estar implicado.

El contenido concreto de mi pregunta, señor Secretario de Estado, es en
relación con las informaciones de medios de comunicación peruanos, que
hablan de la presencia de uno de los implicados en territorio español
desde finales del año 1993, si bien el nombre concreto no coincide, pues
en unos casos se habla del teniente Agregú y en otros casos se habla de
Luis Pérez Documet en una información que no sé si obra en su poder; en
cualquier caso, se la puedo proporcionar. La pregunta concreta es si el
Gobierno español tiene noticia de la presencia en territorio español de
esta persona y, en caso positivo, si piensa adoptar algún tipo de medida
relacionada con la cuestión.

La segunda pregunta en relación con Perú generaliza la situación de las
violaciones de los derechos humanos en este país, a pesar de que, como
diversos organismos internacionales han reconocido, la disminución de las
violencias de los derechos fundamentales en Perú es un hecho que se ha
producido en el último tiempo y se relaciona directamente con la fuerte
presión internacional ejercida



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sobre el Gobierno peruano para que pusiera fin a la política sistemática
de violaciones de los derechos humanos iniciados en 1983 como parte de la
estrategia antisubversiva. Sin embargo, el descenso de estos crímenes es
una evidencia contundente en sí misma de que el Gobierno puede controlar
y poner fin a esta política y que no se trata de excesos aislados
producidos por individuos que escapan al control social. Sin embargo,
esta voluntad se muestra aún sujeta a necesidades coyunturales y, lo que
es peor, mantiene invariable la política de impunidad hacia los miembros
de las fuerzas armadas que cometen estos crímenes; hasta hoy, y no
solamente en el caso de La Cantuta, ningún alto oficial militar ha sido
procesado en la justicia civil por cometer estos crímenes. Por el
contrario, cuando la presión pública les ha hecho comparecer ante
tribunales militares han sido tratados benévolamente, han sido juzgados
por delitos «de función», entre comillas, y han continuado sus carreras
dentro de la organización militar.

Es posible afirmar que existen escuadrones de la muerte dentro de las
Fuerzas Armadas, hecho que se evidencia a través no solamente --insisto--
de casos como los de La Cantuta, Barrios Altos, Huacho, el Valle del
Santa o Huancayo, y que demuestra que la violación de los derechos
humanos en Perú no cesará mientras no se erradique la impunidad de las
Fuerzas del orden.

En este momento la legislación antiterrorista crea una dinámica terrible
en la que las personas inculpan a seres inocentes como medio de conseguir
la libertad, la tortura y las violaciones sexuales continúan siendo una
práctica rutinaria de las Fuerzas del orden, etcétera.

No quiero abusar de la benevolencia del señor Presidente. Sin embargo, es
importante constatar que la militarización de la sociedad continúa
produciéndose, que los estados de emergencia han continuado y se han
extendido en zonas en las que no existe actividad subversiva, como ha
sido el caso reciente de las provincias altas del Cuzco. La hostilización
y satanización del Gobierno hacia los organismos no gubernamentales que
trabajan en la promoción y defensa de los derechos humanos continúa
invariable.

En este orden de cosas, la segunda pregunta que yo quiero formular al
Gobierno es la siguiente: ¿Piensa el Gobierno español desarrollar algún
tipo de actividad que permita presionar al Gobierno peruano en favor del
respeto a los derechos humanos en ese país? En concreto, ¿piensa
condicionar la ayuda económica a Perú a un respeto irrestricto de los
derechos humanos en ese país?



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA
IBEROAMERICA (Dicenta Ballester): En relación con la primera pregunta,
relativa a los hechos de La Cantuta, hechos que S. S. ha descrito muy
puntualmente, como es lógico, preocuparon desde el primer momento al
Gobierno español, que quiso seguir muy puntualmente el desarrollo del
proceso judicial contra el grupo de militares peruanos que fueron
acusados de haberlos llevado a cabo y que, por consiguiente, estaban
involucrados en la muerte de nueve estudiantes y de un profesor, en el
mes de julio del año 1992, en la Universidad de La Cantuta, de Lima.

Se planteó efectivamente un conflicto de competencias entre la
jurisdicción civil y la jurisdicción militar del Perú. Al producirse
dicho conflicto, el Congreso peruano, en febrero de este año 1994, aprobó
una norma que permitía que se le atribuyera el conocimiento de este
asunto de La Cantuta a los tribunales militares. Los tribunales militares
juzgaron con toda rapidez y condenaron a un general y a varios jefes y
oficiales del ejército peruano. Este rápido juicio y esta condena
provocaron la inmediata protesta y denuncia de la inconstitucionalidad de
la decisión del Congreso, tanto por parte de la oposición política como
de una serie de colectivos sociales y de juristas de reconocida talla
internacional.

La Unión Europea reaccionó entonces en una acción concertada y España con
sus socios europeos para transmitir a las autoridades peruanas la
preocupación de la Unión Europea por el hecho de que la medida que se
había adoptado pudiera suponer un retroceso en el supuesto retorno de
Perú a la democracia. Al mismo tiempo, la Unión Europea abogó porque los
asuntos de esa naturaleza fueran sometidos al conocimiento de tribunales
que actuasen sometiéndose a los principios básicos de transparencia y de
publicidad.

El tribunal militar fijó las condenas de esos militares implicados en los
hechos de La Cantuta, pero, por el momento, ni la justicia castrense ni
la civil han determinado que harán algo más ni que existan otras personas
que las condenadas involucradas en este asunto.

En cuanto a si alguno de los involucrados en los hechos de La Cantuta
estuviera aquí, diré que el Ministerio de Asuntos Exteriores desconoce la
presencia en España de militares peruanos supuestamente implicados en el
tema de La Cantuta.

Respecto a las medidas que el Gobierno español pueda adoptar en relación
con el Gobierno peruano o las iniciativas ante organismos internacionales
para restablecer la vigencia de los derechos humanos en Perú, tengo que
manifestar que es evidente que desde el golpe del Presidente Fujimori, el
5 de abril de 1992, la situación interna peruana es una situación
confusa, es una situación en la que se mantiene, aunque aparentemente
reducida, la violencia y, por otra parte, se mantienen las violaciones a
los derechos humanos.

Es cierto que la violencia de Sendero Luminoso en los años de su apogeo,
por así decirlo, fue muy grave --se cuenta en cerca de 27.000 el número
de asesinatos cometidos por Sendero Luminoso en el período de los últimos
12 ó 13 años-- y el Gobierno decidió poner en práctica, después del golpe
del 5 de abril de 1992, lo que llamaron la política de pacificación. Bajo
esta política de pacificación se adoptó una serie de medidas: medidas
jurídicas, como fue la intervención de la justicia militar en la vista de
los delitos de terrorismo, lo cual supone la actuación de los jueces sin
rostro, la realización de procesos sumarísimos y medidas de tipo militar,
que iban desde los registros o



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rastreos a ofensivas en todos los barrios del cinturón de Lima o en las
zonas declaradas de emergencia. Estas medidas, en general, han sido
criticadas tanto dentro como fuera del Perú. Por ejemplo, la Coordinadora
de Derechos Humanos de Perú fue muy dura en la denuncia de numerosos
casos de violaciones de derechos por las Fuerzas armadas y ha elaborado
informes muy críticos sobre la política antisubversiva que está llevando
a cabo el Gobierno del Presidente Fujimori.

España, como SS. SS. conocen, cuando se produjo el golpe del 5 de abril
lo condenó con energía y decidió suspender la cooperación bilateral, pero
no la ayuda humanitaria. Se suspendió la ayuda bilateral con Perú, así
como las negociaciones que se estaban llevando a cabo entonces para
concluir un tratado de amistad y cooperación, al tiempo que se decidió
que se redujeran al mínimo posible los contactos con las autoridades
oficiales peruanas. Desde entonces se ha procurado que las relaciones,
los contactos fueran recuperando gradualmente un nivel que se aproxime a
la normalidad, en la medida en que se produzca también un proceso
--estamos un poco en lo mismo que decía antes respecto al caso de Guinea
Ecuatorial-- de avance significativo en el respeto a los derechos humanos
y la aceptación y respeto de la legalidad instituida. Sin embargo, tanto
bilateralmente como a través de acciones en el seno de la Unión
Económica, el Gobierno ha hecho llegar a las autoridades peruanas en
repetidas ocasiones nuestra preocupación por esa reiteración en la
violación de los derechos humanos cometida por las fuerzas de seguridad
peruanas y por elementos militares, muy especialmente en el caso de La
Cantuta, que tuvo, como SS. SS. conocen, una extraordinaria repercusión
en toda la comunidad internacional.

También se transmitió en su día al Gobierno peruano la valoración
negativa que el Gobierno de España hacía de la decisión, que luego fue
ratificada en referéndum constitucional, del Gobierno de restablecer la
pena de muerte. Por otra parte, España ha cooperado con distintas ONG,
como es Amnistía Internacional, en dar refugio no solamente a aquellas
personas que se han sentido o han estado realmente amenazadas por
organizaciones terroristas, sino también a aquellas otras que, siendo
injustamente vinculadas a Sendero Luminoso o a otros grupos subversivos
peruanos, han sufrido persecución o tratos degradantes por parte del
Ejército o de las Fuerzas de Seguridad peruanas.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Maestro.




La señora MAESTRO MARTIN: Gracias, señor Secretario de Estado por su
respuesta. Sin embargo, de la primera pregunta concreta que le he
realizado, me ha sorprendido la respuesta, que el Gobierno no tiene
noticia de la existencia en España de ningún militar implicado en los
asesinatos de La Cantuta.

En este segundo turno yo querría que el señor Secretario de Estado me
ampliara, si fuera posible, esa respuesta, en el sentido de --hay
publicaciones peruanas que lo reflejan-- si esto ha sido motivo del
inicio de algún tipo de investigación. No le ha llegado la noticia, pero
sí, a partir de la existencia de estas denuncias por parte de medios de
comunicación peruanos, el Gobierno español ha iniciado alguna medida para
determinar si son falsas o hay algún elemento de verdad en la llegada a
España de este militar. Hay dos nombres en juego --a lo mejor son los dos
falsos, o uno de ellos--, pero la pregunta es si, a raíz de estas
denuncias, se ha iniciado algún tipo de investigación específica.

En el segundo tema, la respuesta es parcialmente satisfactoria nada más.

Al inicio de la pregunta yo insistía en la relación que puede constatarse
entre el incremento de la presión internacional y la disminución objetiva
de la violación de los derechos humanos que ha habido en Perú que, en los
últimos tiempos, a pesar de que el número pudiera haber disminuido, la
gravedad de los hechos, como se señala en los acontecimientos de La
Cantuta, y la persistencia de legislaciones especiales que dificultan
enormemente la plena realización de los derechos humanos en ese país,
debería, quizá, a mi juicio, hacer replantearse al Gobierno español esa
progresiva normalización de las relaciones con el Gobierno de Perú,
entendiendo que parece que la presión internacional puede ser el único
instrumento eficaz desde un Estado democrático para intentar que los
gobernantes puedan encontrar alguna dificultad en llevar a cabo políticas
de este tipo, que están conculcando gravemente el derecho a la seguridad
y a la vida de muchas personas.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA
IBEROAMERICA (Dicenta Ballester): En relación con la investigación
específica, quiero decir que se ha hecho la investigación hasta donde
nuestros medios nos lo permiten. Nuestra Embajada en Lima está alertada.

En el caso de que se produjera el eventual intento de llegar aquí o
desplazar aquí a algún elemento que se conozca que tiene o que puede
tener relación con los acontecimientos de La Cantuta adoptaríamos
inmediatamente una actitud de rechazo de esa persona. Ha habido una
noticia --quizá usted se refiera a ésa--, que ha trascendido a algunos
medios de comunicación, sobre el posible envío de una persona, que,
supuestamente, está vinculada a esos hechos de La Cantuta, cuya llegada,
anticipándonos a que efectivamente se pudiera plantear, ha sido
rechazada. Por consiguiente, repito, en la medida en que nosotros
conocemos la composición de los miembros de la representación peruana
aquí, la posible presencia de miembros del Ejército o personas vinculadas
a los hechos de La Cantuta, no tenemos constancia de que haya ninguno.

Desde luego, rechazaríamos que se pudiera enviar aquí a alguno de ellos.

En cuanto al replanteamiento y la progresiva normalización de nuestras
relaciones con Perú, lo que yo he querido decir es que, en la medida en
que se produzca un avance en el proceso de recuperación de la democracia,
de las libertades fundamentales y del respeto a los derechos humanos,
etcétera, en Perú por parte de las autoridades



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peruanas, paralelamente se producirá una recuperación gradual de la
normalidad de nuestras relaciones con Perú, pero eso lleva implícito que,
en la medida en que no se produzca, no se producirá esa normalización.

Por consiguiente, hay temas en los que nuestra contraparte peruana
quisiera avanzar con mayor rapidez, pero lo imposibilita el hecho de que
la normalización no se esté produciendo al ritmo que sería deseable y
mientras se sigan produciendo hechos como el de La Cantuta esa
normalización va a ser realmente muy difícil.

Por eso, nosotros mantenemos en Perú una presencia significativa, además,
de lo que llamamos una cooperación humanitaria con Perú, país muy
necesitado de cooperación, dicho sea de paso, pero, al mismo tiempo,
tenemos un escaso intercambio hasta la fecha de lo que son visitas
oficiales, la recuperación de un tráfico de visitas oficiales en las dos
direcciones es muy pobre y sigue congelada también, por otra parte, la
negociación de un tratado de amistad y cooperación, que se congeló en su
momento, como decía antes, cuando se produjo el 5 de abril de 1992 el
llamado fujimorazo.

Ese es el planteamiento que nos hacemos y en esa línea vamos a seguir en
nuestra relación bilateral con Perú.




--REVOCACION DEL EXEQUATUR A LA ACTUAL CONSUL DE LA REPUBLICA DOMINICANA
EN ESPAÑA, EN VIRTUD DE LAS FUNDADAS SOSPECHAS DE SU IMPLICACION EN LA
RED DE INMIGRACION ILEGAL Y PROXENETISMO DE LOS CIUDADANOS DE ESE PAIS.

FORMULADA POR LA SEÑORA MAESTRO MARTIN (GIU-IC). (Número de expediente
181/000563.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 10, de la señora
Maestro, de Izquierda Unida, que tiene la palabra.




La señora MAESTRO MARTIN: Señor Secretario de Estado, la pregunta que
quiero hacerle, en relación con el descubrimiento por parte del Grupo
primero de la Brigada de Documentación de Madrid en una operación
denominada «Los cónsules» de una red de proxenetismo y de estafas
relacionadas con el consulado de la República Dominicana en Madrid, es
producto de la insatisfacción en la respuesta que recibí del Gobierno en
una pregunta semejante realizada en el Pleno.

En ese caso, la voluntad de la pregunta iba dirigida al Ministerio de
Asuntos Exteriores. La respuesta la hizo el señor Ministro del Interior y
no sé si debido a la falta de tiempo con que se producen las preguntas en
el Pleno no obtuve una respuesta satisfactoria.

Por otra parte, la actitud del Grupo primero de la Brigada de
Documentación de Madrid me parece un trabajo excelente realizado con
plena eficacia y por parte de mi Grupo parlamentario sólo merece
alabanzas.

El objetivo de mi pregunta está relacionado con la evidencia de la
participación de funcionarios dominicanos en la realización de las
actividades delictivas, en concreto, de la Cónsul y de la Vicecónsul.

Parece un hecho probado, ya que la persona implicada es una de las que
están en la cárcel, que un falso abogado español, José Carlos Galeano,
actuaba dentro de las dependencias del consulado de la República
Dominicana en Madrid; que la persona más conectada con Galeano, que
parecía el jefe de operaciones, es Francisco Antonio Alvarez de la Mota,
sobrino de la Cónsul. Parece confirmado, según mis noticias, que esta
persona es un delincuente prófugo buscado por la justicia de Estados
Unidos en relación con redes de tráfico de drogas y que, además, alguna
gestión realizada por la Cónsul ante el Ministerio de Asuntos Exteriores
para que se confiriera a este último --me refiero a Francisco Antonio
Alvarez de la Mota-- «status» consular, fue rechazada por parte del
Ministerio de Asuntos Exteriores y sólo se consiguió permiso temporal de
residencia y trabajo como administrativo.

A mí me parece que la cantidad de personas, sobre todo mujeres, de la
República Dominicana que han sido gravemente estafadas por estas personas
en actividades delictivas pudiera relacionarse con una supuesta pérdida
de una cantidad importante de pasaportes dominicanos en blanco,
denunciada por la Cónsul de la República Dominicana al Ministerio de
Asuntos Exteriores.

Otra actividad de esta persona, que ha llamado la atención, tanto a los
ciudadanos de la República Dominicana como a las propias autoridades del
Ministerio del Interior, es un incremento espectacular y desproporcionado
de su fortuna personal que llevó a que el 30 de septiembre de 1992, según
mis noticias, el propio Embajador pidiera el traslado de la Cónsul a su
Gobierno por falta grave en relación con estafas de dinero en gastos
consulares.

Mis conocimientos de la posibilidad de aplicación de medidas en relación
con la responsabilidad de la Cónsul de la República Dominicana en España
pudiera permitir, en mi opinión, la revocación del exequátur, según los
artículos 12 y 25 del Convenio de Viena al que se adhirió España el día 3
de febrero del año 1970. En concreto, en su artículo 12.2, dice que el
Estado que se niegue a otorgar el exequátur no está obligado a comunicar
al Estado que envía los motivos de esa negativa. Y el artículo 25 habla
de que la terminación de las funciones de un miembro de la oficina
consular simplemente puede producirse, es uno de los supuestos, por la
revocación del exequátur que, insisto, el Gobierno español no tiene que
justificar ante el Gobierno de la República Dominicana.

Evidentemente, la pregunta que le realizo de si hay alguna intención de
la revocación del exequátur está relacionada con la presunta comisión de
graves delitos según la legislación española, aprovechándose de la
situación de necesidad e indefensión de hombres y, sobre todo, de mujeres
de la República Dominicana que acuden a nuestro país a la búsqueda de
salidas a su desesperada situación económica y el propio «status»
consular es un muro ante el cual se encuentran las autoridades del
Ministerio del Interior para proseguir sus investigaciones.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.




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El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA
IBEROAMERICA (Dicenta Ballester): Respondiendo a su pregunta sobre si se
puede revocar el exequátur a la Cónsul de la República Dominicana en
España, en función de esos hechos que S. S. ha relatado, quiero empezar
por decir que la persona a que se refiere su pregunta no ha sido
acreditada en ningún momento por el Ministerio de Asuntos Exteriores como
Cónsul de la República Dominicana en Madrid; por consiguiente, esta
persona carece del oportuno exequátur, no tiene el exequátur necesario
para cumplir legítima y legalmente con su función consular en España.

La persona en cuestión tiene la condición de consejera diplomática de la
Embajada de la República Dominicana en Madrid y se acreditó como
consejera diplomática por el Ministerio de Asuntos Exteriores el 1 de
febrero de 1988. Por tanto, goza del «status» diplomático que concede la
Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas de 1961.

Cuando el Ministerio de Asuntos Exteriores recibió el preceptivo informe
del Ministerio del Interior convocó al Embajador de la República
Dominicana en Madrid, el día 9 de febrero de este año, para informarle de
esta cuestión. El Juzgado número 9 de Madrid, tras realizar las oportunas
investigaciones policiales, ordenó la apertura de diligencias
preliminares, a fin de iniciar, en su caso, el procedimiento penal al que
dieran lugar las presuntas actividades ilegales de esta consejera
diplomática.

El 25 de marzo de 1994, la Embajada de la República Dominicana en Madrid
comunicó oficialmente al Ministerio de Asuntos Exteriores el cese de la
consejera, señora De la Mota, y el nombre de la persona que la
reemplazaba. De acuerdo con el artículo 39.2 de la Convención de Viena
sobre relaciones diplomáticas a la que me he referido antes, de 1961, se
comunicó oficialmente a la Embajada de la República Dominicana, el día 28
de marzo, que la señora De la Mota gozaría de los privilegios e
inmunidades inherentes a su «status» diplomático sólo los diez días
siguientes a contar desde la fecha en que se informó oficialmente al
Ministerio de su cese y la señora De la Mota abandonó territorio español
ese mismo día 28 de marzo. Por consiguiente, creo que aquí hay un
malentendido, una confusión, por cuanto no se puede retirar el exequátur
a alguien que no lo tiene. Esta señora, que sí estaba acreditada como
consejera diplomática y gozaba de los privilegios que ese «status» le
otorgaba, abandonó el país el 28 de marzo de este año.




El señor PRESIDENTE: ¿Tiene algo más que añadir, señora Maestro?



La señora MAESTRO MARTIN: Muchas gracias por su respuesta, que, en este
caso, ha sido plenamente satisfactoria, y quiero mostrarle la
satisfacción de mi Grupo porque las circunstancias se hayan producido en
el sentido que el señor Secretario de Estado manifiesta.




--VISITA A ESPAÑA DEL MINISTRO CUBANO DE ASUNTOS EXTERIORES. FORMULADA
POR EL SEÑOR RUPEREZ RUBIO (GRUPO POPULAR). (Número de expediente
181/000595.)



--ACEPTACION POR EL GOBIERNO CUBANO DE FORMULAS ECONOMICAS O POLITICAS DE
TRANSICION HACIA LA DEMOCRACIA. FORMULADA POR EL SEÑOR RUPEREZ RUBIO
(GRUPO POPULAR). (Número de expediente 181/000596.)



--MODIFICACION DEL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y A LAS LIBERTADES
FUNDAMENTALES EN CUBA, COMO CONSECUENCIA DE LAS GESTIONES REALIZADAS POR
EL GOBIERNO ESPAÑOL. FORMULADA POR EL SEÑOR RUPEREZ RUBIO (GRUPO
POPULAR). (Número de expediente 181/000597.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos al último bloque de preguntas, números 11,
12 y 13, presentadas por el señor Rupérez, a quien doy la palabra.




El señor RUPEREZ RUBIO: Señor Secretario de Estado, seguramente recordará
que el 22 de diciembre de 1993 compareció usted ante esta misma Comisión,
también a petición nuestra, precisamente para hablar del tema que ahora
nos ocupa, que es el de las relaciones --no sé exactamente cómo
calificarlas-- político-económicas entre España y Cuba, como consecuencia
de algunas iniciativas tomadas por el Gobierno español, por lo que
parece, a iniciativa del Gobierno cubano y también con la pretensión de
ejercer algún tipo de asesoría internacional que, eventualmente,
desembocara en una mejora de las condiciones económicas del régimen
cubano, de la situación en la isla de Cuba.

En aquella ocasión, usted dijo --y cito literalmente-- que no es posible
confiar en una evolución democrática exclusivamente a través de reformas
de naturaleza económica; somos también plenamente conscientes de las
limitaciones a las libertades individuales y de las transgresiones a los
derechos humanos en Cuba, por lo que consideramos que es inevitable
mantener una presión continuada sobre las autoridades cubanas en torno a
la defensa de los derechos humanos y a la práctica efectiva de las
libertades individuales.

Añadía usted también que, si se profundiza en las reformas económicas y
sociales con unos objetivos claros y con un plan previo y bien
estructurado, hay unas buenas posibilidades en Cuba de que se produzca
una transformación social y política que favorezca una transición
pacífica.

En las citas que quería realizarle de sus propias palabras también se
incluye la manifestación de que existía, supuestamente, una voluntad de
los cubanos de poner en marcha ciertos cambios sustanciales en su sistema
económico.

Por mi parte, en aquella misma ocasión, y explicando las razones por las
cuales habíamos pedido su comparecencia y que tenían que ver con el viaje
del señor Solchaga en el curso del verano pasado, a la isla de Cuba,



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precisamente para proceder a la realización de esos primeros estudios
sobre la viabilidad de la economía cubana, le dije que ningún dirigente
cubano ha admitido que, tras la necesidad de poner al día unas
estructuras económicas caducas, hubiera la más mínima intención de
proceder a la democratización del sistema y, consiguientemente, a
contemplar una liberación de la situación en Cuba. Y le expresé también
nuestro temor de que lo que estaba buscando exclusivamente el Gobierno de
la dictadura cubana es proceder a determinados maquillajes de tipo
económico que, en el fondo, tuvieran como finalidad exclusiva la de
permitir la supervivencia de la dictadura.

Por último, le dije también que en este caso concreto se había producido
una conspicua falta de transparencia por parte del Gobierno español, al
explicar lo que estaba produciendo y lo que se iba a producir, porque en
aquellos primeros viajes se dejó claro que debía haber una continuación.

Continuación, efectivamente, ha habido. Y acababa mi intervención en
aquel momento diciéndole que querríamos que, en el inmediato futuro,
cualquier tipo de continuación, como previsiblemente había ese tipo de
contacto, fuera referida a esta Cámara, en el contexto no ya de lo que
decimos en este Grupo Parlamentario, sino de lo que ha dicho la Cámara
con respecto a lo que es la política exterior española, basada, entre
otras cosas pero fundamentalmente, en el respeto a los derechos humanos y
a las libertades fundamentales.

Pues bien, por una parte, usted comparece en este momento porque le hemos
realizado una serie de preguntas para que comparezca, no porque el
Gobierno haya querido comparecer para ilustrarnos, para informarnos de la
continuación de esos contactos; contactos que efectivamente se han
producido, por otra parte --lo digo con preocupación y con claro interés
crítico--, con una opacidad voluntaria por parte del Gobierno español y
del Gobierno cubano que a nosotros no nos deja de preocupar y de alertar.

Porque no solamente no se ha producido esa transparencia que yo reclamaba
en la última comparecencia suya al respecto, sino que se ha producido
prácticamente de manera clandestina. No sólo nosotros, sino los mismos
medios de comunicación se enteraron de que estaban en España unos
responsables de la economía cubana. Mientras tanto, como era de temer,
las manifestaciones públicas de los líderes cubanos, a todos los niveles,
no sólo han puesto en solfa esos intentos del Gobierno español de
asesorar una determinada evolución de la economía, sino que se han
manifestado radicalmente en contra.

No hace falta que le repita, por ejemplo, que el informe que en su
momento sometió, a lo que parece, el señor Solchaga al Gobierno cubano,
que no ha tenido entrada oficial en esta Cámara, tuvo, sin embargo, la
correspondiente filtración y publicación en los medios españoles de
comunicación. Esos mismos medios se han hecho claramente eco del hecho de
que Castro rechazaba la llamada reforma Solchaga. Todavía a principios de
este año, 1994, hace todavía pocas semanas, Castro decía que el futuro de
Cuba está en la dictadura democrática, como ocurre en Vietnam y China,
que no han abandonado el marxismo-leninismo. Mientras tanto, y en una
decisión que nosotros aplaudimos, el Gobierno español reclamó a Cuba la
liberación de varios presos políticos antes de marzo. Calculamos que esa
liberación todavía no se ha producido, y el mismo Gobierno cubano, que
tanto interés tiene en racionalizar sus estructuras económicas, sin
embargo, se manifestaba de manera claramente ofendido por esa petición.

Es decir, que en gran parte estamos donde estábamos, desgraciadamente.

Se han producido esos contactos económicos, incluso se anuncia una
próxima visita del canciller cubano a España --me imagino que éste será
uno de los temas básicos, por no decir fundamentales, de los cubanos al
respecto--, y nuestros temores siguen exactamente donde estaban. Es
decir, que España colabore al intento, por demás crepuscular, cuando no
abiertamente otoñal --y no me refiero precisamente a «El otoño del
Patriarca»--, en buscar algún tipo de justificación económica a un
régimen que no lo merece, porque no tiene capacidad o voluntad alguna de
alteración de sus planteamientos.

Si me lo permite el señor Secretario de Estado, quiero decir que la
situación de la economía cubana parece catastrófica hasta el punto de que
el propio Fidel Castro ha dicho que esa economía es comparable a un
cáncer. Nos encontramos hoy mismo con que la prensa española refleja el
hecho de que Castro anuncia la confiscación de bienes de los
especuladores y de los nuevos ricos. Dice esa misma prensa --y cito la
noticia, tal como es reflejada en el diario «El País»--: «El presidente
cubano, Fidel Castro, anunció ayer que en los próximos días su Gobierno
promulgará un decreto-ley para confiscar el dinero y los bienes de todos
aquellos cubanos que se hayan enriquecido ilegalmente en los últimos
años...» Añade que «se tratará de una regulación simple que sin trámites
complicados sirva para confiscar los bienes de aquellos que se han
enriquecido de forma rápida y escandalosa. Son como las medidas» --añade
el señor Castro-- «de los primeros años de la revolución, cuando se
dictaron leyes para confiscar los bienes mal habidos de aquellos que se
enriquecieron con la tiranía». Argumenta el mismo Presidente cubano que
«esta medida se tomaba con un gran sentido de justicia social, pues hasta
ahora los más honrados y revolucionarios, los que más han trabajado, son
los que han sufrido la crisis y no han podido ni comprar casas ni coches,
mientras que los delincuentes se han dedicado a adquirir bienes y a
beneficiarse con las viviendas...»
No sé si éstas son las recomendaciones que el señor Solchaga le ha hecho
a la economía cubana, o son las recomendaciones que el señor Castro le
hace al Gobierno español. En cualquier caso, señor Presidente, señor
Secretario de Estado, éste es un tema que por la opacidad del tratamiento
que está recibiendo por parte del Gobierno, por la falta de claridad de
los propósitos que ha manifestado el Gobierno al seguirla, por la falta
de obtención de objetivos claros en esos propósitos y por la manifiesta
incapacidad que tiene el régimen cubano en este momento para proceder no
ya únicamente a una reforma económica que no sea puramente confiscatoria,
como nos acaba de decir el Comandante Castro, sino que además, traiga
consigo una reforma general de todo el sistema cubano, seguimos
expresando nuestras profundas dudas sobre lo que el Gobierno está
haciendo al respecto.




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Así como en otros terrenos de la política exterior, afortunadamente para
nosotros, se han producido significativas confluencias que hacen posible
que esa política exterior pueda tener en el presente y en un futuro, cada
vez más próximo, una continuación lógica que haga posible el que este
país que se llama España tenga una consideración internacional basada,
entre otras cosas, en la previsión de sus propios comportamientos
exteriores, en este terreno el Gobierno no sólo está actuando con
opacidad y casi con clandestinidad, sino en contra de ese principio que a
nosotros nos parece básico, que se consulten datos fundamentales de la
política exterior.

Por todo ello, señor Presidente, señor Secretario de Estado, nos hemos
permitido realizar estas preguntas, que seguramente no serán las últimas
que sobre este tema planteemos y que, ciertamente, no son las primeras.

Tengo que lamentar en este momento que las preocupaciones que expresé al
respecto el 22 de diciembre de 1993, no sólo no se hayan clarificado,
sino que se hayan profundizado.




El señor PRESIDENTE: El señor Secretario de Estado tiene la palabra.




El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA
IBEROAMERICA (Dicenta Ballester): No sé si quieren que conteste a la
pregunta número 11 que hacía relación a la previsible visita a España del
Ministro cubano de Asuntos Exteriores. Lo que tendría que decir es que se
aplazó esa visita y que no está determinada en este momento la fecha
concreta de su realización.

En cuanto a las dos siguientes preguntas, relativas a si el Gobierno
español cree que el Gobierno cubano está dispuesto a aceptar las fórmulas
económicas o políticas de transición hacia la democracia que
supuestamente habían sido transmitidas por el Gobierno español, y si el
Gobierno español cree que el respeto a los derechos humanos y libertades
fundamentales ha sufrido alguna alteración positiva en Cuba, deseo
señalar en cuanto al primer punto que el Gobierno español, como es
lógico, puede pecar de generosidad con Cuba, pero no de ingenuidad ante
las autoridades cubanas ni de pasividad frente al sufrimiento del pueblo
hermano de Cuba. El Gobierno español mantiene un respeto escrupuloso por
la soberanía y la independencia nacional de todos los Estados y sigue
considerando que todas las reformas económicas o políticas que el
Gobierno cubano lleve a cabo son responsabilidad única y exclusivamente,
del Gobierno cubano.

El Ministro Solana en anteriores ocasiones ha respondido ya a varias
preguntas sobre este mismo tema en el sentido de expresar que España no
puede permanecer indiferente ante el sufrimiento y la situación por la
que atraviesa el pueblo cubano. Tenemos una especial relación con los
países iberoamericanos en general, y tenemos un vivo interés por el tema
de Cuba. Vivo interés que nos lleva a insistir, cuantas veces sea
necesario, en la firme voluntad que tiene el Gobierno de cooperar, en la
medida en que se les solicite, para que Cuba salga de la situación de
crisis actual y se pueda incorporar cuanto antes al concierto de los
países libres, democráticos y de una economía próspera.

El diálogo político con las autoridades de Cuba y la cooperación
económica hasta el momento han demostrado ser las vías más efectivas en
el camino de la evolución, no de Cuba sino de cualquier sociedad
iberoamericana, hacia su democratización y hacia su desarrollo integral.

Estos son los mismos instrumentos de que se vale el Gobierno español en
sus relaciones con el Gobierno cubano: el diálogo político abierto y la
cooperación económica. Después, el Gobierno cubano utilizará las
fórmulas, propias o ajenas, que estime más convenientes para responder a
todas las necesidades, urgentes muchas de ellas, a las que se está
enfrentando. Lo que sí está claro --o parece estarlo-- es que no hay
vuelta atrás, que no es posible reconstruir el mundo anterior a la
desaparición del bloque del Este y que Cuba, por tanto, deberá buscar y
encontrar medios --medios nuevos o medios antiguos-- que le permitan
enfrentarse a su nueva posición en el mundo y a la peculiar situación por
la que atraviesa internamente.

El Gobierno español, a través de este diálogo amplio y más abierto
posible con las autoridades cubanas pero también con miembros de la
disidencia democrática al régimen cubano, ha expresado en todo momento
sus opiniones con claridad y ha manifestado cuáles eran sus puntos de
vista sobre la situación de Cuba. Insiste en la conveniencia y la
necesidad de que se elabore cuanto antes un plan definido que permita un
proceso pacífico hacia la transición y de transición para ir a una
sociedad más libre y más democrática que garantice y respete plenamente
los derechos humanos. Además, estamos dispuestos --como dije en mi última
comparecencia-- a asesorar a las autoridades cubanas en los temas
concretos en lo que soliciten y que puedan colaborar a esa transformación
económica y política que todos los españoles deseamos para Cuba. Esta es
la actitud que mantiene el Gobierno español respecto a las fórmulas
económicas y políticas de transición hacia una mejor situación, hacia una
situación democrática en Cuba.

Respecto a los avances que se hayan podido producir en Cuba sobre las
libertades fundamentales y de los derechos humanos señalaré que, en
algunos momentos, ha habido respuestas positivas por parte de las
autoridades cubanas a gestiones que se han realizado por motivos
humanitarios, tanto en favor de presos de conciencia, como en caso de
ciudadanos cubanos que deseaban abandonar el país por motivaciones
políticas o familiares. En esos casos, el Gobierno ha hecho las gestiones
pertinentes para tratar de aliviar o de solucionar la situación de estos
ciudadanos.

Consideramos que hay una cierta mejora --relativa, pero mejora-- en la
situación de los disidentes en el interior del país en cuanto a recibir
menos ataques personales directos, como los ocurridos a finales del año
1992, los llamados actos de repudio, y en algunos casos se ha permitido
la salida del país a conocidos disidentes y su retorno al país, como es
el caso de Lisardo Sánchez Santa Cruz, de la Comisión cubana de Derechos
Humanos y Reconciliación Nacional, que durante su visita al España el año
pasado fue recibido tanto por el Presidente del Gobierno español como por
el Ministro de Asuntos Exteriores. Hay otros casos, que



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SS. SS. conocen y que han obtenido una resolución positiva en los últimos
meses, también tras gestiones del Gobierno español. Puedo mencionarles
los de la excarcelación y acogida en España de Eduardo Vidal, de
Rigoberto Carceller y de Jorge Vázquez, del Movimiento Cristiano de
Liberación y de sus familias; la salida del país de Moisés Asís, líder de
la comunidad judía en Cuba y de su familia, y del profesor Roque Malherbe
de la Corriente Cívica cubana, entre otros casos. Quiero destacar que
estas gestiones han venido a sumarse a las realizadas por el Presidente
de la Xunta gallega, don Manuel Fraga y por otras instituciones públicas
y privadas españolas, que han manifestado su preocupación por la
situación de muchos ciudadanos cubanos por todas las vías que estuvieran
a su alcance.

Todas estas gestiones de contenido estrictamente humanitario, que se
vienen realizando de forma habitual y continuada, son, por su propia
naturaleza --y también por razones de eficacia--, de carácter discreto y
no son hechas públicas en la mayoría de las ocasiones hasta que no se
obtienen resultados o respuestas claras por parte de los interlocutores,
puesto que actuar de otra forma podría ir en perjuicio de los propios
interesados. Aparte de ello, siempre van unidas a la expresión de nuestra
postura y opinión sobre el necesario respeto a los derechos humanos y a
las libertades individuales.

Recientemente se ha dado el caso de un juicio contra el disidente cubano
Rodolfo González, y en el proceso, por primera vez desde hacía mucho
tiempo, pudieron estar presentes sin dificultad representantes
diplomáticos y prensa extranjera. Sin embargo, la condena ha resultado de
extrema dureza: siete años de prisión por el supuesto delito de
propaganda enemiga. El Gobierno español ha seguido solicitando en
diversas ocasiones su libertad, al igual que la de Sebastián Arcos y
otros muchos que se encuentran en situaciones similares.

En cuanto al respecto de los derechos humanos, la situación interna
cubana está aún muy lejos de ser satisfactoria. El Gobierno español lo ha
estimado así cuando ha apoyado las resoluciones condenatorias aprobadas
por Naciones Unidas, y así también se lo manifiesta a las autoridades
cubanas en todos sus contactos, como ya señalaba anteriormente. La crisis
económica y las carencias vitales de la población confieren unos tintes
de mayor dramatismo a situaciones concretas como la de las condiciones
materiales en el interior de las cárceles cubanas, que también es motivo
de preocupación constante por el Gobierno español. El drama de los
llamados balseros, en sus intentos desesperados de buscar mejores
oportunidades de subsistencia fuera de su país, es otro ejemplo claro de
lo que estoy diciendo.

El Gobierno cubano no puede rehuir su responsabilidad ante esta
situación. Creemos que la apertura de un diálogo político interno, que
incluya a la disidencia democrática de dentro y de fuera del país y que
amplíe los cauces de participación popular, es la vía obligada para
emprender una transformación social y política en la que el respeto de
los derechos humanos esté plenamente garantizado. Los pasos dados hasta
el momento como, por ejemplo, las últimas elecciones a la Asamblea
Nacional del Poder Popular, que fueron las primeras celebradas en Cuba
con votación directa, o la Conferencia de la emigración, que se celebró
recientemente en La Habana, resultan claramente insuficientes y no nos
mueven a desistir de nuestras objeciones y denuncias ante las autoridades
cubanas.

No creemos, pues, que la preocupación y la defensa de los derechos
humanos supongan injerencia alguna en los asuntos internos de otro país.

Desde este punto de vista y desde la posición que nos da nuestro nivel de
diálogo abierto y franco con las autoridades cubanas, así como la
importancia de nuestras ayudas para la población y nuestra postura
contraria al embargo y a las políticas coercitivas contra la isla,
estamos en una disposición más favorable para tratar de influir y de
promover avances positivos en este terreno.

El Gobierno español está, pues, firmemente comprometido con la defensa de
los derechos humanos en el mundo y es especialmente sensible cuando esta
defensa hace referencia a países hermanos, a países de Iberoamérica. No
permanecemos ni permaneceremos indiferentes ni pasivos en casos de otros
países de Centroamérica y de Sudamérica, ni tampoco lo hacemos, por
supuesto, en el caso de Cuba. Pueden SS. SS. tener la seguridad de que
todos los casos que llegan a nuestro conocimiento son escuchados y
atendidos, y que no se escatima ni ahorra ningún tipo de esfuerzo ni de
medio para la promoción activa del debido respeto a los derechos humanos
en Cuba.




El señor PRESIDENTE: El señor Rupérez tiene la palabra.




El señor RUPEREZ RUBIO: Gracias, señor Secretario de Estado, por estas
últimas palabras que contribuyen, al menos parcialmente, a alejar alguna
de las sospechas que pudiera tener alguien de connivencia o simpatía
ideológica del Gobierno español con respecto al Gobierno cubano. Es
importante que se diga con esa contundencia y, sobre todo, que se ponga
en práctica.

En segundo lugar, el señor Secretario de Estado sigue, parcialmente al
menos --no en la última pregunta, pero sí en la penúltima-- el método
«Ollendorf», y lo he podido observar a lo largo de esta sesión. Como el
señor Secretario de Estado habrá podido observar, no se trata únicamente
de dar una respuesta puntual a las preguntas que se le plantean sino que,
en torno a esas preguntas, hay consideraciones políticas que usted, en
nombre del Gobierno, tiene que transmitir a esta Cámara. Esas
consideraciones políticas son las que en el fondo tienen sentido en el
contexto de esta Comisión. Lo digo porque el objeto de esas tres
preguntas tratadas conjuntamente era precisamente investigar de nuevo
cuáles eran las propuestas que el Gobierno español había realizado al
Gobierno cubano para proceder eventualmente a una modernización de la
economía cubana y, al mismo tiempo, examinar dos consecuencias: una, cuál
había sido la aceptación de esas fórmulas por parte del Gobierno cubano,
que no conocemos; y, la segunda, si esas fórmulas --como entiendo y he
oído de su boca, señor Secretario de Estado, que es la pretensión del
Gobierno español-- habían tenido una serie de consecuencias, no ya sobre
la evolución económica sino sobre la evolución política.




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Entiendo que sobre la evolución política no ha tenido absolutamente
ninguna trascendencia y me alegra saber que el Gobierno español considera
que los últimos movimientos realizados por el Gobierno del señor Castro,
desde el punto de vista de la supuesta democratización de la isla, no han
pasado de ser --y utilizo mis propias palabras, no las suyas-- nada más
que efectos de puro maquillaje y claramente insuficientes.

Hay más cuestiones que convendría que examináramos nosotros y el
Gobierno. Si efectivamente se trata de racionalizar o ayudar a la
racionalización económica con la vista puesta en la racionalización
política y ésa no se produce, conviene que el Gobierno se replantee cuál
es el sentido de la racionalización económica, no vaya a ser que no sólo
sea generoso sino también ingenuo, en contra de los mismos deseos del
propio Gobierno.

Por otra parte, querríamos saber, y hasta ahora no lo hemos sabido, si el
Gobierno cubano acepta esas fórmulas que seguimos sin conocer; cuáles son
los resultados que la exposición de esas fórmulas han tenido sobre la
economía cubana, cuál es el grado de aceptación que esas fórmulas han
tenido en los responsables cubanos correspondientes. Nos consta que han
estado aquí en España, de manera que le debería constar al Gobierno
español y al señor Secretario de Estado si las aceptan o no, si las
aceptan de boquilla, si las ponen en práctica, si no lo hacen, y cuál es
la declaración que esos altos responsables hacen sobre el período final
de la racionalización política, que debe ser al fin y al cabo el contexto
general donde se producen.

Esas son las cuestiones que quedan todavía pendientes. Hay datos
importantes que recogemos positivamente, son esas declaraciones
contundentes sobre la falta de evolución democrática en Cuba. Hay
declaraciones importantes en lo que supone la realización de tareas
humanitarias, pero todos comprendemos que eso no es suficiente, porque
cuando uno está realizando ese tipo de tareas humanitarias, lo hace
exclusivamente porque existe una dictadura; si no, no habría necesidad de
realizarlas. Consiguientemente, nos parece que ese juicio, que nosotros
compartimos, tiene que ser también contrastado con la evolución de esas
fórmulas económicas.

También recibimos con interés la noticia de que no se le espera al señor
Canciller cubano en fechas próximas. Es una visita que ha sido aplazada.

Querríamos saber también por qué razones fue aplazada.

Nos gustaría, señor Secretario de Estado, subrayar este dato. Para
nosotros, las relaciones con Cuba, como las relaciones con todos los
países iberoamericanos, son enormemente importantes, son relaciones
sensibles, pero querríamos que los esfuerzos generosos, y esperemos que
no ingenuos, del Gobierno español se tradujeran no únicamente en una
racionalización económica del comportamiento de la tiranía sino en el
final del túnel, la luz de la libertad para todo el pueblo cubano, que al
fin y al cabo es lo único que nos debería preocupar.




El señor PRESIDENTE: ¿Desea añadir algo el señor Secretario de Estado?



El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA
IBEROAMERICA (Dicenta Ballester): Los esfuerzos de ayuda o el
asesoramiento que eventualmente el Gobierno español, a instancias de las
autoridades cubanas, pueda llevar a cabo no va únicamente destinado, como
he dicho antes, a que haya una mejoría o una racionalización del sistema
económico cubano, sino que va dirigido a una democratización del régimen,
y de ahí que constantemente renovemos nuestra insatisfacción cuando hay
que hacerlo, o manifestemos nuestra repulsa cuando hay que hacerlo. No se
ha recatado nunca el Gobierno español en señalar al Gobierno cubano, en
los casos en que ha sido procedente, que no hay avance suficiente o que
ha habido violaciones y estamos dispuestos a condenarlas.

Nuestro espíritu es el de que el avance se produzca en los dos terrenos,
en el económico y en el político. No encontramos una vía mejor para que
ese avance de la Cuba de hoy se pueda producir que mantener abiertas esas
puertas del diálogo en todos los terrenos. Hablaba S. S. de unas
relaciones político-económicas. Tenemos relaciones diplomáticas con Cuba
que, por tanto, abarcan todo: lo político, lo económico, lo cultural, la
cooperación, etcétera. Nada mejor, sobre todo cuando se trata de terminar
con la penuria y la angustia por que atraviesa la población cubana y
ayudar a la salida de un régimen que necesita, evidentemente, acercarse a
unas fórmulas de respeto a los derechos y a las libertades de las que hoy
carece, no encontramos mejor fórmula, repito, que la de mantener abierto
constantemente ese diálogo.

Respecto a si surtirá efecto o no, ya he señalado a lo largo de mi
exposición que no estamos satisfechos ni en el terreno económico ni en el
político, aunque en última instancia son los cubanos los llamados a
decirlo. No estamos satisfechos con las medidas que se han adoptado hasta
el momento, que creemos que son claramente insuficientes. Se debe
profundizar en las reformas, porque de otra forma no será posible una
verdadera transformación económica y política del sistema.

Por consiguiente, hemos sido los primeros en manifestar que los avances
son escasos. Es verdad que los ha habido; hay que reconocer que ha habido
ciertos avances, pequeños, tímidos si se quiere, en el terreno económico
y en el político. Que los avances se deban a la coyuntura internacional o
que pueda influir el asesoramiento de países que tienen un diálogo más
estrecho con Cuba que otros, no sabría decirlo, pero el hecho está ahí y
hay que tenerlo en cuenta aunque nos siga, repito, pareciendo
insuficiente.

No creo, por otra parte, que los cambios se puedan producir de una manera
inmediata. Su señoría me citaba la referencia que hice en la anterior
comparecencia. Creo que los cambios llegarán gradualmente con un proceso
que no se puede esperar que sea de la noche a la manaña.

Por último, debo decirle que la visita del Ministro de Asuntos Exteriores
cubano ha sido aplazada por razones de calendario de este Ministro, que
no se ajustaba bien a



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las fechas que se le habían propuesto desde aquí. Por consiguiente, se ha
decidido aplazarla hasta que se encuentren fechas recíprocamente
convenientes.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Secretario de Estado. Terminado este
punto del día, le agradecemos muchísimo su presencia y le dejamos libre
para atender otras actividades.




DICTAMENES SOBRE:



--PRIMER PROTOCOLO RELATIVO A LA INTERPRETACION POR EL TRIBUNAL DE
JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS DEL CONVENIO SOBRE LA LEY APLICABLE
A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, ABIERTO A LA FIRMA EN ROMA EL 19 DE
JUNIO DE 1980, HECHO EN BRUSELAS EL 19 DE DICIEMBRE DE 1988. (Número de
expediente 110/000067.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día,
dictámenes. El primero de ellos es el señalado en el orden del día con el
número 14: Primer protocolo relativo a la interpretación por el Tribunal
de Justicia de las Comunidades Europeas del Convenio sobre la ley
aplicable a las obligaciones contractuales, abierto a la firma en Roma el
19 de junio de 1980, hecho en Bruselas el 19 de diciembre de 1988.

¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Martínez
Casañ.




El señor MARTINEZ CASAÑ: Quiero expresar mi sorpresa por el hecho de que
la semana pasada procediésemos a la votación del segundo Protocolo por el
que se atribuyen al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
determinadas competencias en materia de interpretación del Convenio sobre
la ley aplicable a las obligaciones contractuales, abierto a la firma en
Roma el 19 del VI de 1980, hecho en Bruselas el 19 del XII de 1988, y
esta semana procedamos al estudio y votación del primer Protocolo
relativo a la interpretación por el Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas del Convenio sobre la ley aplicable a las
obligaciones contractuales, abierto a la firma en Roma el 19 del VI de
1980 y hecho en Bruselas el 19 del XII de 1988. Creo que, desde el punto
de vista del procedimiento, hubiese sido muchísimo más adecuado estudiar
en primer lugar el primer protocolo y después el segundo.

Dicho esto, me reafirmo en lo que, en nombre de mi Grupo, dije la semana
pasada en la última reunión de la Comisión y, por supuesto, votaremos a
favor de la ratificación de este Convenio que supone un paso más en la
construcción europea.




El señor PRESIDENTE: Señor Martínez Casañ, seguramente en este caso, como
en otros muchos, el orden de los factores no altera el producto, pero
tiene razón S. S.

Tiene la palabra el señor Jover.




El señor JOVER PRESA: Yo creo que no solamente no altera el producto,
sino que es bueno que hagamos ahora el primer Protocolo. Es bueno porque
el segundo Protocolo lo que hace sencillamente es conceder genéricamente
una competencia al Tribunal de Justicia y ahora, con el primer Protocolo,
fijamos de qué manera se ejercerá esa competencia. Luego, aunque el orden
sea diferente, me parece que era lógico y que hizo bien la Mesa al decir
que se aprobara primero el segundo y ahora el primero.

Lo que hicimos la semana pasada fue aprobar un segundo Protocolo que
pretendía resolver los problemas que podían surgir como consecuencia de
interpretaciones diferentes, contradictorias incluso, entre las
jurisdicciones nacionales a la hora de aplicarle.

Como sabemos el Convenio de Roma es uno de los convenios comunitarios que
firman los Estados miembros de las Comunidades Europeas con el fin de
resolver y aplicar determinados aspectos relativos a los objetivos de las
Comunidades pero que no forma parte del ordenamiento jurídico comunitario
y, por tanto, en sí no está sujeto al conocimiento del Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas, lo cual significa --como dijimos la
semana pasada-- que de hecho surjan diferencias de interpretación,
contradicciones entre sentencias de Estados contratantes, y por ello se
previó, a la hora de firmar el Convenio de Roma, la posibilidad de que
mediante protocolos posteriores se atribuyesen estas competencias de
interpretación uniforme al Tribunal de Justicia. Eso es lo que hacen
estos protocolos.

El segundo Protocolo decide, pura y simplemente, que los Estados
contratantes transfieren --por así decirlo-- al Tribunal de Justicia de
las Comunidades Europeas la competencia para decidir sobre la
interpretación uniforme del Convenio de Roma, y en este primer Protocolo
lo que hacemos es definir de qué manera se realiza esa competencia que se
transfiere.

Quiero recordar que el Protocolo establece dos procedimientos muy
simples, que son eficaces. En el artículo 2 se establece un reenvío
prejudicial casi idéntico al que funciona en el Derecho Comunitario,
artículo 177 del Tratado de las Comunidades Europeas, con la única
diferencia de que aquí se establece que este reenvío prejudicial
corresponderá no solamente a los órganos jurisdiccionales superiores de
los Estados miembros, en el caso español al Tribunal Supremo, sino
también a todo tipo de órgano jurisdiccional cuando resuelva de la
apelación.

En el artículo 3 se establece otro mecanismo que consiste en presentar un
recurso en interés de la ley. Un recurso que podrán efectuar las
autoridades competentes --las autoridades de cada Estado contratante,
dice el artículo 3-- cuando los órganos jurisdiccionales de dicho Estado
miembro hubiesen dictado sentencias que estuviesen en contradicción con
la interpretación dada por el Tribunal de Justicia o con sentencias de un
órgano jurisdiccional de otro Estado contratante en relación con el
mencionado artículo 2.




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Yo creo, señor Presidente, que estos dos mecanismos establecidos por el
Protocolo son suficientes y, por lo tanto, también mi Grupo va a votar a
favor del Protocolo.




El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación de dicho Protocolo.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.




--ACUERDO PARA LA PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCAS DE INVERSIONES ENTE
EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE COREA, HECHO EN SEUL EL 17 DE ENERO
DE 1994. (Número de expediente 110/000077.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto número 15 del orden del día:
Acuerdo para la Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones entre el
Reino de España y la República de Corea, hecho en Seúl el 17 de enero de
1994.

Si quieren ustedes, agrupamos en el mismo turno de intervención los
puntos 15, 16 y 17, puesto que se refieren a diversos convenios, todos
ellos entre el Reino de España y la República de Corea y todos realizados
en la misma fecha. Quizá sería interesante que se pudiesen agrupar, si
ustedes lo desean. (El señor Guerra Zunzunegui hace signos denegatorios.)
El Grupo Popular no quiere agruparlo y desea hacer uso de la palabra en
este número 15.

¿Grupo Socialista?



La señora PLA PASTOR: Nuestro Grupo no tiene inconveniente en agrupar los
tres convenios o tratados referentes a Corea, no sé lo que opinarán los
señores comisionados de otros grupos. Nosotros agruparíamos los tres, tal
y como ha sugerido el señor Presidente, para ganar tiempo. No sé qué
dirán los portavoces de los restantes grupos.




El señor PRESIDENTE: El Grupo Popular ya ha indicado que prefiere
discutir los puntos uno por uno.




La señora PLA PASTOR: Entonces, señor Presidente, vamos al primero de los
puntos de este grupo de tratados, convenios, acuerdos, que regularizan e
intensifican nuestras relaciones con la República de Corea.

Este que nos ocupa tiene por objeto fomentar las relaciones financieras
entre los dos países y favorecer los intercambios comerciales, alentando
a los empresarios españoles a situarse en los mercados de la zona. Desde
el punto de vista de la promoción, se pretende captar inversión coreana
en España; se espera que sobre la base de este Acuerdo se incrementen las
inversiones mutuas entre España y Corea. Este Acuerdo es similar a otros
acuerdos de promoción y protección recíprocas de inversiones firmados por
España con otros países, siguiéndose en todos ellos el modelo elaborado
por la OCDE. Por tanto, el Grupo Socialista votará afirmativamente la
ratificación de este Acuerdo que intensifica la cooperación económica
entre ambos países.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Guerra.




El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Nuestro Grupo va a votar favorablemente.

Este es un Acuerdo más, en la misma línea de los múltiples que tiene
firmados España con otros países, para proteger, como se ha dicho, las
inversiones españolas y, recíprocamente, las coreanas en nuestro país.

Tiene el objetivo fundamental de evitar los graves riesgos que supone
para la inversión, tanto de españoles allí como de coreanos aquí, el
posible cambio de régimen político o de Gobierno. El cambio de régimen no
es el caso español, pero sí lo puede ser en algunos casos, como el de
Corea, y además sirve para evitar situaciones como la que acabamos de ver
o hemos visto múltiples veces respecto de bienes españoles, de
inversiones españolas que se hicieron en Cuba y cuyo tratamiento por
parte de la dictadura cubana todos conocemos.

Los artículos más importantes son el 4, que trata de compensación de
pérdidas derivadas de situaciones excepcionales, y el 5 y el 6, que
garantizan la transferencia de rentas y de los posibles beneficios de
estas inversiones.

Nada más, señor Presidente, salvo reiterar que nuestro Grupo va a votar
favorablemente.




El señor PRESIDENTE: Pasamos, por consiguiente, a la votación.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Se aprueba por unanimidad.




--TRATADO DE EXTRADICION ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE
COREA, HECHO EN SEUL EL 17 DE ENERO DE 1994. (Número de expediente
110/000078.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto número 16: Tratado de Extradición
entre el Reino de España y la República de Corea, hecho en Seúl el 17 de
enero de 1994.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Puche.




EL señor PUCHE RODRIGUEZ-ACOSTA: España es el primer país europeo con el
que Corea firma un tratado de este tipo, con el fin de hacer mucho más
efectiva la cooperación entre ambos países, tanto en la prevención como
en la represión de actos delictivos. Para la elaboración de este Tratado
se ha tomado como base un proyecto coreano que se inspiró en el Convenio
europeo de extradición y en el Convenio modelo de las Naciones Unidas,
que se aprobó por la Asamblea General en el año 1990. El Tratado recoge
los principios tradicionales en esta materia, como es la doble
incriminación, la intrascendencia de la diferencia de calificación, la
inclusión de delitos fiscales, la no extradición de nacionales y, por
supuesto, el



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principio de especialidad. Por tanto, el Grupo Popular va a votar
favorablemente este Tratado.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Pla, en nombre del Grupo
Socialista.




La señora PLA PASTOR: Señor Presidente, después de la explicación que ha
dado el señor representante del Grupo Popular, el Grupo Socialista
ratifica sus palabras y la intención de votar afirmativamente este
Tratado.




El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Se aprueba por unanimidad.




--CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE COREA PARA EVITAR
LA DOBLE IMPOSICION Y PREVENIR LA EVASION FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS
SOBRE LA RENTA, HECHO EN SEUL EL 17/01/94. (Número de expediente
110/000079.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 17 del orden del día, Convenio
entre el Reino de España y la República de Corea para evitar la doble
imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la
renta, hecho en Seúl el 17 de enero de 1994.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Pla.




La señora PLA PASTOR: Señor Presidente, este es el tercer convenio que
ratificamos hoy sobre las relaciones con Corea. Para evitar la doble
imposición y prevenir la evasión fiscal se constituye este instrumento
útil de cooperación para ambos países, dado el aumento que han
experimentado las relaciones económicas bilaterales de los dos países,
como ha quedado demostrado en los convenios que hemos tratado con
anterioridad. Su objetivo es impedir la discriminación entre los
contribuyentes en la esfera internacional y ofrecer un marco de seguridad
jurídica y fiscal en el cual puedan realizarse las operaciones económicas
internacionales.

A tal efecto, el Convenio, que consta de 29 artículos y un protocolo
interpretativo establece a qué personas afecta, qué impuestos concretos
de una y otra parte contratante se ven afectados por el mismo y cuál será
el régimen fiscal aplicable a los distintos supuestos que contempla:
rentas inmobiliarias, beneficios empresariales, dividendos, intereses,
cánones, ganancias de capital, pensiones, etcétera.

El Convenio entrará en vigor a partir de la fecha en que los Estados
contratantes intercambien los instrumentos de ratificación. Una vez más,
el Grupo Socialista votará afirmativamente este Convenio.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Robles Fraga.




El señor ROBLES FRAGA: Señor Presidente, para reiterar la importancia y
la actualidad que tienen estos fascinantes convenios (Risas.) con la
República de Corea para impedir la doble imposición, prevenir la evasión
fiscal y conseguir la extradición de aquellos que no cumplen con sus
obligaciones. Sin embargo, todos estos convenios tienen también un lado
positivo que no hay que olvidar. Se trata de fomentar las inversiones
mutuas, por lo que quiero resaltar dos pequeñas observaciones que no
obstaculizan nuestro parecer conforme y nuestro voto afirmativo. En
primer lugar, que este último Convenio, del que hablamos ahora, ha
tardado diez años en venir a esta Cámara, desde que se iniciaron las
negociaciones. Estamos hablando de 1984, cuando el PSOE gobernaba este
país, hace muchísimos años (Risas.), partiendo, naturalmente, de la
distinción entre que una cosa es gobernar y otra cosa es estar en el
Gobierno. Pero en fin, sin más tardanza, quiero señalar que hay una
pequeña cosa que quizá se ha escapado a los negociadores que tantos años
han tardado en traer a esta Cámara el Convenio y es que no contiene
ninguna regla específica para evitar la evasión fiscal cuando se trata de
personas jurídicas residentes intervenidas por no residentes en alguno de
los dos Estados contratantes o por residentes de países declarados
paraísos fiscales. Es una importante laguna que estoy seguro podrá ser
corregida si dentro de diez años vuelve a llegar a esta Cámara otro
convenio con la República de Corea.




El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Se aprueba por unanimidad.




--REFORMULACION DE LA DECLARACION ESPAÑOLA AL CONVENIO EUROPEO NUMERO 112
SOBRE TRASLADO DE PERSONAS CONDENADAS, CELEBRADO EN ESTRASBURGO EL
21/03/83. (Número de expediente 110/000080.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 18 del orden del día, reformulación
de la declaración española al Convenio Europeo número 112, sobre traslado
de personas condenadas, celebrado en Estrasburgo el 21 de marzo de 1983.

¿Grupos que desean hacer uso de la palabra? (Pausa.)
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Fabra.




El señor FABRA VALLES: Señor Presidente, en cuanto al Convenio que acaba
de citar S. S. vaya por delante una pequeña explicación acerca de qué
trata, ya que puede extrañar el título.

Este Convenio no trata más que de poder trasladar a una persona de un
país a otro. Dentro del Convenio la persona



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condenada en un país, al país al que se la traslada es el Estado de
condena, y puede ser transferida a otro país, que es parte del Convenio,
para cumplir la condena que se le haya impuesto, y a este segundo país es
al que se le llama Estado de cumplimiento. Pues bien, el motivo de la
reformulación es que la declaración española tiene por objeto excluir la
aplicación del artículo 9.1.b) del Convenio europeo número 112 sobre
traslado de personas condenadas cuando España sea Estado de cumplimiento.

Esta nueva declaración produce efectos similares a los de una reserva. Se
modifican obligaciones que España había asumido mediante convenio
internacional, y por ello es de aplicación el artículo 94 de la
Constitución. La materia sobre la que versa la nueva declaración está
atribuida a la ley y, por tanto, queda dentro de lo dispuesto en el
artículo 94.1.e).

Estas motivaciones son más que suficientes para que el Grupo Popular
apruebe dicha reformulación del Convenio y, por tanto, votará a favor.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Palacios.




El señor PALACIOS ALONSO: Intervengo muy brevemente en la misma línea de
apoyo a este Convenio y en los términos que aquí se han dicho.

De lo que se trata es de hacer exclusión de ese apartado b) del artículo
9.1 en cuanto que dice que las autoridades competentes del Estado de
cumplimiento deberán: un apartado a) que se sigue, y por lo tanto no es
objeto de lo que aquí tratamos, y, un apartado b), que es el que se
excluye, y que se manifiesta en los términos de: o bien convertir la
condena mediante procedimiento judicial o administrativo en una decisión
de dicho Estado que sustituya...




El señor PRESIDENTE: Señor Palacios, le ruego que se acerque más al
micrófono porque no se le oye.




El señor PALACIOS ALONSO: ... que sustituya así la sanción impuesta en el
Estado de condena por una sanción prevista por la legislación del Estado
de cumplimiento --ya se apuntaba previamente-- para la misma infracción
en las condiciones enunciadas en el artículo 11. Al artículo 11 remito y
por no ser cansino para SS. SS. termino reiterando el apoyo a este
Convenio.




El señor PRESIDENTE: Señor Palacios, mucho me temo que las señoras
taquígrafas y estenotipistas no hayan podido captar sus palabras.




El señor PALACIOS ALONSO: Señor Presidente, lo siento mucho.

Apoyamos el Convenio y lamento que las dificultades hayan impedido...

Remito a las señoras al artículo 11 y al artículo 9.1.b) del Convenio.




El señor PRESIDENTE: Espero que hayan captado las palabras que lo
explican, porque no se han captado las otras.

Vamos a proceder a la votación.

Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.




--CANJE DE NOTAS CONSTITUTIVO DE ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA
REPUBLICA DE HONDURAS SOBRE MODIFICACION DEL CONVENIO DE DOBLE
NACIONALIDAD DE 15-6-66. (Número de expediente 110/000083.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto número 19 del orden del día, Canje
de Notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la República
de Honduras sobre modificación del Convenio de doble nacionalidad de 15
de junio de 1966.

¿Qué Grupos desean hacer uso de la palabra? (Pausa.)
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Yáñez.




El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: Intervengo muy brevemente porque se trata
de la modificación del Convenio de doble nacionalidad hecho entre España
y Honduras el 15 de junio de 1966. No sé si hay que decir que era en
pleno franquismo, pero eso no le quita validez jurídica.

Ahora se establece una modificación muy elemental en el párrafo primero
del artículo 2 porque se ha creado el Registro Nacional de Personas en
Honduras, donde deben ser registradas las personas que se inscriban de
acuerdo con este Convenio de doble nacionalidad. Antes se inscribían en
el Ministerio de Asuntos Exteriores hondureño.

La segunda modificación es que se suprime la frase correspondiente al del
lugar de domicilio, por no ajustarse al sistema registral español que
prevé la inscripción en el Registro Central o consular competente por
razón del lugar de nacimiento de los interesados.

Esas son, simplemente, las dos modificaciones del Convenio de doble
nacionalidad de junio de 1966 de España con Honduras.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Puche.




El señor PUCHE RODRIGUEZ-ACOSTA: Señor Presidente, como muy bien acaba de
explicar el Portavoz socialista, se trata simplemente de un cambio de
relevancia jurídico-administrativa y no merece más explicación. En
Honduras es obligatorio ahora el inscribirse en el Registro de Personas y
en España se quita la referencia al domicilio habitual, por lo tanto, no
merece más explicación. Ratificamos lo expuesto por el señor portavoz
Socialista, y mi Grupo votará favorablemente este Canje de Notas.




El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación.




Efectuada la votación, dijo:



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El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.




--ADHESION DE ESPAÑA AL PROTOCOLO DE 1992, QUE ENMIENDA EL CONVENIO
INTERNACIONAL SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL NACIDA DE DAÑOS DEBIDOS A
CONTAMINACION POR HIDROCARBUROS, 1969, HECHO EN LONDRES EL 27-11-1992.

(Número de expediente 110/000085.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto número 20 del orden del día:
Adhesión de España al Protocolo de 1992 que enmienda el Convenio
Internacional sobre responsabilidad civil nacida de daños debidos a
contaminación por hidrocarburos, 1969, hecho en Londres el 27 de
noviembre de 1992.

¿Grupos que desean hacer uso de la palabra? (Pausa.)
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Robles Orozco.




El señor ROBLES OROZCO: El tráfico marítimo internacional de petróleo es
evidente que tiene importantes riesgos, no solamente desde el punto de
vista ecológico sino también desde el punto de vista económico. La mejor
forma de responder rápidamente ante el perjuicio causado es el
establecimiento de las correspondientes responsabilidades civiles. En
este sentido, el Protocolo de enmienda lo que hace es ampliar los límites
de la responsabilidad y la cuantía de las indemnizaciones. También hace
un cambio en lo que se refiere a la unidad monetaria patrón, que deja de
ser el tramo para la denominada unidad de cuenta.

Este Protocolo de enmienda no solamente obliga a los manipuladores de
hidrocarburos sino que también establece obligaciones a los Estados
firmantes que adquieren unas series de responsabilidades al firmar este
Protocolo. En todo caso, nos parece que es un instrumento válido, que
vamos a apoyar, pero queremos también dejar claro que este sistema
establece una serie de responsabilidades por parte de la Administración
que es necesario implementar, y que si no se implementan por parte de la
Administración es un Convenio que prácticamente queda en papel mojado.

Por lo tanto, vamos a apoyarlo, pero hacemos un llamamiento y un
recordatorio a que es necesario después proceder a la implementación de
las medidas que contempla este Protocolo.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Palacios.




El señor PALACIOS ALONSO: Este Convenio nos parece realmente muy
importante; no hay que olvidar que, según las estimaciones, se
transportan unos 500 millones de barriles de petróleo diariamente por
todos los mares del planeta, teniendo en cuenta que cada barril contiene
158,99 litros de crudo, aunque es cierto que la siniestralidad de los
buques petroleros sólo contribuye, aunque es una medida importante, al
10,12 por ciento de la contaminación marina por crudos.

Este Convenio tiene importancia en cuanto a que no sólo produce una
enmienda del Convenio sino que establece unas nuevas terminologías y unos
nuevos conceptos, como puede ser el de hidrocarburos, en términos de que
se acogen a él no solamente las pérdidas por fugas sino aquellas otras
derivadas por el propio concepto de hidrocarburos, es decir fuel-oil,
aceites pesados como el diesel, etcétera, que, bien por otro tipo de
fugas o por daños en motores, puedan contaminar.

El Convenio vamos a apoyarlo, teniendo en cuenta que además hace un
especial énfasis en los daños de alguna manera brevemente citados por mi
antecesor en la palabra sobre la contaminación, y establece también las
responsabilidades del propietario con las limitaciones al mismo. Consta
de un preámbulo, 17 artículos y un anexo en el cual se da amplia
referencia a los nuevos planteamientos.

Como decía, señor Presidente, por la importancia que tiene, desde mi
Grupo vamos a apoyar este Convenio.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el
señor Vázquez.




El señor VAZQUEZ ROMERO: También de forma breve, para mostrar la posición
favorable de mi Grupo a este Protocolo que enmienda el Convenio
Internacional sobre responsabilidad civil por contaminación de
hidrocarburos, y fundamentalmente para señalar que no es la primera vez
que hablamos en esta Cámara o que firmamos o que ratificamos convenios
que tienen que ver con diferentes tipos de contaminación y, en concreto,
con este de hidrocarburos, que tampoco es el primero que ratificamos. Es
necesario no sólo que se ratifiquen, sino que exista la verdadera
voluntad política de llevar a la práctica las medidas que en éste o en
otros parecidos se contemplan, fundamentalmente las dedicadas más que
--siendo importante-- a señalar la responsabilidad civil cuando un hecho
fortuito se produce, a evitar los hechos no fortuitos, los que producen
contaminación por hidrocarburos todos los días del año en todos los mares
del mundo. En concreto, en el mar nuestro, en el Mare Nostrum, en el
Mediterráneo esa contaminación no es debida a ningún accidente, sino a la
acción cotidiana de limpieza de fondos de depósitos de los fluidos
petroleros, a las actividades poco controladas en el terreno ecológico de
extracción de petróleo y a multitud de actividades que están generando la
muerte biológica progresiva de ese mar nuestro.

Es decir --y acabo con esto--, no se trata tan sólo, siendo importante,
de fijar la responsabilidad civil de un accidente, sino de generar los
medios para que el accidente no se pueda producir, o al menos que no se
pueda producir lo que no se considera un accidente, el hecho cotidiano.




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El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Se aprueba por unanimidad.




--QUINTO PROTOCOLO MODIFICATORIO DE LA CONSTITUCION Y RESOLUCION DE LA
UNION POSTAL DE LAS AMERICAS, ESPAÑA Y PORTUGAL (XV CONGRESO DE LA
UPAEP), HECHO EN MONTEVIDEO EL 23/06/93. (Número de expediente
110/000087.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto número 21 del orden del día, Quinto
Protocolo modificatorio de la Constitución y Resoluciones de la Unión
Postal de las Américas, España y Portugal, decimoquinto Congreso de la
UPAEP, hecho en Montevideo el 26 de junio de 1993.

¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Fuentes.




El señor FUENTES GALLARDO: El 23 de junio de 1993 tuvo lugar el
decimoquinto Congreso de la Unión Postal de las Américas, España y
Portugal, que aprobó el Quinto Protocolo. Esta aprobación del Quinto
Protocolo es lo que nos trae aquí, hoy, a la Comisión de Asuntos
Exteriores.

En el Quinto Protocolo se da una nueva redacción al preámbulo de la
Constitución, se establece que las partes forman un solo territorio
postal en condiciones mucho más ventajosas que para los clientes de la
establecida Unión Postal Universal. En todo este territorio estará
garantizada la libertad de tránsito y se expresan, además, los objetivos
esenciales de esta modificación: coordinación, promoción de empresas
postales, etcétera, definiendo también las estrategias para conseguir
esos objetivos, que son fundamentalmente tres: la cooperación técnica, el
desarrollo de los servicios informáticos y la cooperación económica.

Por todo ello, vamos a votar favorablemente este Convenio.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Milián.




El señor MILIAN MESTRE: Esta constitución de la Unión Postal de las
Américas, España y Portugal se aprobó en el Congreso de Santiago en el
año 1971 y luego ha sufrido una serie de modificaciones, como ha sido el
Protocolo de Lima del año 1976, el de Managua del año 1981, el de La
Habana del año 1985 y, finalmente, en el año 1990 el de Buenos Aires.

A partir de aquí se ha introducido en la reunión de la Convención de
Montevideo, de 23 de junio de 1993, una serie de modificaciones a las que
no voy a referirme, puesto que mi colega anterior lo ha hecho con
absoluta precisión. Sin embargo, sí quisiéramos subrayar que en este
Protocolo se estima oportuno señalar que la reforma no recae sobre puntos
menores, sino que da nueva redacción nada menos que al preámbulo, lo que
sugiere una nueva orientación general de la organización como tal, y al
artículo 1.º, que contiene la definición del territorio postal, su
libertad de tránsito, sus objetivos y estrategias.

Llama, por nuestra parte, la atención el que se haya dedicado un carácter
tan específico y tan marcado a lo público en este tema postal, sabiendo
que hay aspectos que, precisamente en la praxis actual, demuestran que el
sector privado tiene una mayor compresión de eficacia al valorar y
ejecutar ciertos aspectos de la relación postal. Votaremos a favor.




El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Se aprueba por unanimidad.




--CONVENIO BASICO DE COOPERACION ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA
DE LAS SEYCHELLES, HECHO EN MADRID EL 15/11/90. (Número de expediente
110/000088.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto número 22 del orden del día,
convenio básico de cooperación entre el Reino de España y la República de
las Seychelles, hecho en Madrid el 15 de noviembre de 1990.

¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Durán.




El señor DURAN NUÑEZ: Nuestro Grupo considera importante la aprobación de
este convenio de cooperación con la República de Seychelles por estar
encuadradas estas islas dentro de los países de la ACP, zona prioritaria
para la cooperación de los países miembros de la Unión Europea. Creemos,
además, que es importante por las especiales relaciones pesqueras que
nuestro país mantiene con esa república, con sus ricos caladeros de
túnidos para buques españoles, especialmente. La amplitud de este acuerdo
básico de cooperación creemos que permitirá dotar de base jurídica
cualquier aspecto puntual de la colaboración económica, turística,
cultural y de cualquier otro tipo que nuestros países deseen llevar a
cabo.

Sin embargo, una vez más tenemos que llamar la atención sobre que este
acuerdo fuera firmado el 15 de noviembre, aprobado por el Consejo de
Ministros el 20 de diciembre de 1990 y que más de un año y medio después
se produzca su aprobación en esta Cámara. Se podrá argüir que se dependía
del dictamen del Consejo de Estado, pero el dictamen es de octubre o
noviembre de 1991 y han seguido pasando muchas fechas entre la aprobación
y la traída a esta Cámara. Creemos que, de forma exhaustiva, no sólo este
Diputado sino otros honorables colegas de ambos lados de la Cámara hemos
repetido que se deben traer con más diligencia los tratados al
Parlamento, a esta Comisión, pues de otra manera parece que se hace un
pequeño desaire a esta Comisión y a la Cámara.




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El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor
Santos.




El señor SANTOS JURADO: Por nuestra parte sólo nos queda apoyar las
razones de fondo que ya han sido expuestas por el portavoz del Grupo
Popular en relación con este convenio con la sugerente República de las
Seychelles. La única matización que deseamos hacer es en cuanto a la
fecha de remisión a las Cortes. Realmente no se pueden esgrimir esas
razones porque fue aprobado por el Consejo de Ministros el 18 de febrero
de este mismo año. Por tanto, nos parece que no ha habido un excesivo
retraso.

Finalmente, apoyamos la elaboración del convenio por las razones que ya
antes se han expuesto.




El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación de este convenio.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.




--ADHESION DE ESPAÑA AL PROTOCOLO DE 1992 QUE ENMIENDA EL CONVENIO
INTERNACIONAL SOBRE LA CONSTITUCION DE UN FONDO INTERNACIONAL DE
INDEMNIZACION DE DAÑOS DEBIDOS A CONTAMINACION POR HIDROCARBUROS, 1971,
HECHO EN LONDRES EL 27-11-92, ASI COMO DECLARACION QUE FORMULARA EL
GOBIERNO ESPAÑOL. (Número de expediente 110/000089.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto número 23 y último del orden del
día: Adhesión de España al Protocolo de 1992 que enmienda el Convenio
Internacional sobre la constitución de un fondo internacional de
indemnización de daños debidos a contaminación por hidrocarburos, 1971,
hecho en Londres el 27 de noviembre de 1992, así como declaración que
formulará el Gobierno español.

¿Grupos que desean hacer uso de la palabra? (Pausa.) Por el Grupo
Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Palacios.




El señor PALACIOS ALONSO: Intervengo para apoyar desde mi Grupo este
protocolo para la creación de un fondo internacional para salir al paso
de los daños producidos por la contaminación por hidrocarburos
fundamentalmente en transportes marítimos. En el protocolo se acompaña
una declaración por parte de nuestro país que dice los siguiente: De
acuerdo con lo previsto en el artículo 30, apartado 4, del Protocolo de
referencia, España declara que el depósito de su instrumento de adhesión
no surtirá efectos a los fines del artículo 30.4 hasta que haya terminado
el período de seis meses estipulado en el artículo 31 del referido
Protocolo. Debo decir, además, señor Presidente, que este protocolo pone
un límite a la contribución de las partes del fondo y que en España no es
el Estado el que contribuye sino las refinerías de petróleo. Nos parece
de suma importancia este hecho, señor Presidente, puesto que, como antes
hablábamos al tratar del anterior protocolo, los daños que se pueden
producir, desde un punto de vista ecológico y desde un punto de vista
económico, son importantes. Todos tenemos en la cabeza los siniestros
producidos por petroleros en los mares del mundo como el Torrey Canyon
frente a las islas Seychelles, el Exxon Valdez que está hoy mismo en la
prensa en relación con el recurso judicial, el Amoco, el Porte Santo, el
Egean Sea, del que tratamos unos días atrás respecto a los daños que
produjo en las costas cercanas a Galicia, el Western Winner lo mismo, los
que se produjeron hace unos días en el mar del Bósforo con pérdida de
crudos, o los que chocaron en el golfo Pérsico recientemente.

Señor Presidente, nosotros tenemos también muy cerca este problema. Por
el Estrecho de Gibraltar cruzan todos los años doce mil barcos con una
media de cien mil toneladas de crudo en las bodegas, y puede decirse que
la contaminación anual de este mar por crudo es de unas 640.000 toneladas
al año, bien sea por la limpieza de los escapes o por los accidentes que
allí se producen, como han podido ser, retrotrayéndonos al pasado, en
1967 el Egeo, en 1970 el Orhello, el petrolero Urquiola en 1976, también
el Conway, el Gino y el Independencia en 1979, así como el Juan
Lavalleja. Por tanto, señor Presidente, que exista un fondo internacional
de compensación de todos los daños, que además a nuestras costas afectan
de una manera muy directa, nos parece motivo suficiente para que apoyemos
sin ningún tipo de fisuras el Protocolo.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor
Robles Orozco.




El señor ROBLES OROZCO: Es innecesario profundizar más en los argumentos
que ya se han expuesto y que suscribimos plenamente en la línea de lo que
ha expresado el portavoz socialista. Quiero insistir en que nos parece un
mecanismo interesante que completa el anterior convenio de
responsabilidad civil en cuanto que crea este fondo y que no solamente
contempla la aportación a este fondo por parte de las empresas
relacionadas con el comercio de hidrocarburos, sino que también
establece, a través del artículo 15, la posibilidad de que cada Estado
firmante pueda indemnizar a este fondo si se sufriera una pérdida
financiera imputable al Estado. Por tanto, nos parece muy positivo en
ambos casos y porque, además, a través del párrafo ocho del artículo 4.º
establece la posibilidad de utilizar créditos que permitan medidas
preventivas. En todo caso, nos parece un instrumento válido y lo vamos a
apoyar.




El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación de la adhesión de
España al Protocolo de 1992.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.

Señorías, se levanta la sesión.




Eran las dos y diez minutos de la tarde.