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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 186, de 28/04/1994
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1994 V Legislatura Núm. 186
SANIDAD Y CONSUMO
PRESIDENTE: DOÑA BLANCA GARCIA MANZANARES
Sesión núm. 10
celebrada el jueves, 28 de abril de 1994



ORDEN DEL DIA:
Comparecencia de la señora Ministra de Sanidad y Consumo (Amador Millán),
para informar:
--Sobre el Plan Nacional del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida
(SIDA) y explicar los motivos del cese del Secretario del citado Plan,
así como otros detalles relativos a la organización del «Día Mundial del
SIDA 1993». A solicitud del Grupo Parlamentario Popular. (Número de
expediente 213/000148) (Página 5782)
--Sobre el Plan Nacional del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida
(SIDA). A petición propia. (Número de expediente 214/000032) (Página 5782)
--Dar cuenta de las graves insuficiencias del Instituto de Salud Carlos
III en el desarrollo de las competencias que le atribuye la Ley General
de Sanidad. A solicitud del Grupo Parlamentario Federal IU-IC. (Número de
expediente 213/000169) (Página 5797)
--Del impacto que el Acuerdo General sobre los Aranceles Aduaneros y el
Comercio (GATT) tendrá sobre los diversos sectores de su competencia. A
solicitud del Grupo Parlamentario Popular. (Número de expediente
213/000187) (Página 5809)



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Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.




COMPARECENCIA DE LA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (AMADOR MILLAN),
PARA INFORMAR:



-- SOBRE EL PLAN NACIONAL DEL SINDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA
(SIDA) Y EXPLICAR LOS MOTIVOS DEL CESE DEL SECRETARIO DEL CITADO PLAN,
ASI COMO OTROS DETALLES RELATIVOS A LA ORGANIZACION DEL DIA MUNDIAL DEL
SIDA 1993. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de
expediente 213/000148.)



--SOBRE EL PLAN NACIONAL DEL SINDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA
(SIDA). A PETICION PROPIA. (Número de expediente 214/000032.)



La señora PRESIDENTA: Vamos a dar comienzo a la sesión de la Comisión de
Sanidad y Consumo, con el orden del día que conocen las señoras y señores
Diputados de la Comisión.

Se encuentra entre nosotros la señora Ministra de Sanidad y Consumo, para
comparecer sobre las cuestiones que figuran en el mencionado orden del
día.

Quiero recordar a SS. SS. que la primera comparecencia es en realidad la
agrupación de dos a propósito del mismo tema: por una parte, la
comparecencia de la señora Ministra de Sanidad y Consumo para informar
sobre el Plan nacional del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida)
y explicar los motivos del cese del Secretario del citado Plan, así como
otros detalles relativos a la organización del Día Mundial del Sida, a
propuesta del Grupo Popular; y, asimismo, la comparecencia ante la
Comisión, a petición de la Ministra de Sanidad y Consumo, para informar
sobre el Plan nacional del síndrome de inmunodeficiencia adquirida.

Tratándose del mismo contenido, con algunos matices o preguntas que
pueden y deben surgir en el curso de la comparecencia, vamos a proceder,
repito, a tratar estos puntos agrupadamente, como habíamos quedado en la
Mesa.

Aprovechamos para dar la bienvenida a la señora Ministra de Sanidad y
Consumo y le damos la palabra. Cuando quiera, señora Ministra.




La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán): Muchas gracias,
señora Presidenta.

Como saben, esta comparecencia sobre el Plan nacional del sida fue
solicitada el día 3 de diciembre del año pasado, y ello con objeto de
informar a SS. SS. sobre los hechos acaecidos en torno al día 1 de
diciembre, el Día Mundial del Sida, que llevaron a la destitución del
entonces Secretario del Plan nacional del sida. Uno de los propósitos que
me guiaron para solicitar la comparecencia era informar a SS. SS.,
despejar cualquier inquietud sobre la garantía de continuidad de todas y
cada una de las actividades del Plan nacional del sida, que no se iba a
ver afectado por el cambio de titular en la Secretaría, que entonces
decidí. Si entonces éste era un compromiso del Ministerio, ahora,
transcurridos estos meses, puedo darles cuenta de la labor realizada y
las perspectivas futuras.

Ya se ha nombrado un nuevo Secretario del Plan nacional del sida, el
doctor don Francisco Parra, y el día 20 de este mes se celebró la novena
sesión de la Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento de Programas
de Prevención del Sida, en la que, con participación de la administración
interesada, la Administración General del Estado, así como de las
administraciones autonómicas y locales, los colegios profesionales y las
organizaciones no gubernamentales, se consensuaron los objetivos y
actuaciones del Plan nacional del sida, a los que después me referiré.

En todo caso, antes de abordar la situación de la epidemia y de las
actuaciones y proyectos del Plan nacional, quiero darles la explicación,
la razón del cese del doctor Artundo, anterior Secretario del Plan
nacional del sida. El doctor Carlos Artundo tomó posesión del cargo el
día 17 de septiembre de 1993. Dentro de su ámbito de actuación, se
dedicó, entre otras cosas, a impulsar los actos conmemorativos del día 1
de diciembre, Día Mundial del Sida, efemérides en la que, como saben SS.

SS., se desarrollan diversos actos de solidaridad ciudadana con los
enfermos de sida, en algunos de los cuales suelen participar
generosamente conocidos personajes del mundo del arte o de la cultura.

Son actividades organizadas por las organizaciones no gubernamentales y
otros organismos ciudadanos que, en general, el Ministerio apoya y
alienta, porque sirven para que la sociedad tome conciencia de la
gravedad de la epidemia, de la necesidad de prevenir el contagio y de ser
solidarios con los que han contraído la enfermedad. Pero las iniciativas
ciudadanas de carácter privado, aunque imprescindibles en la lucha contra
el sida, no pueden ser confundidas, especialmente en el área de la
financiación, con las responsabilidades públicas de la Administración y,
en este caso, del Plan nacional contra el sida. Esta confusión fue lo que
detectó el Ministerio que se había producido y lo que determinó la
decisión de cesar al responsable del Plan. En ningún caso se puso en duda
la honorabilidad del doctor Artundo, un profesional de reconocido
prestigio en el mundo sanitario. Pero ocurre, señorías, que en la
Administración pública lo formal es esencia. El rigor formal es una
obligación irrenunciable para todo funcionario público y la forma en que
la Secretaría del Plan nacional contra el sida apoyó la recaudación de
fondos para la lucha ciudadana contra el sida podía inducir al error de
que el Ministerio de Sanidad y Consumo se responsabilizara, a través del
Plan nacional contra el sida, de la gestión de tales fondos.

Es evidente que esto no era así y que la actuación de la Administración
pública se basa en la financiación de los Presupuestos Generales del
Estado y con arreglo a sus programas de actuación pública y que la
colaboración



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ciudadana canalizada a través de organizaciones no gubernamentales, no es
responsabilidad de la Administración, aunque ésta la apoye y fomente.

El erróneo planteamiento de ese apoyo desde la Secretaría del Plan
nacional y la necesidad de deshacer nítidamente el equívoco que pudiera
haberse creado motivó el cese del Secretario del Plan nacional contra el
sida, don Carlos Artundo, antes de la celebración de los actos
conmemorativos en los que se iban a recaudar los fondos, de manera que
las personas que desearan contribuir a la noble causa de la lucha contra
el sida tuvieran perfectamente claro que su contribución iba destinada a
las organizaciones ciudadanas que lo requerían, pero no al Ministerio de
Sanidad y Consumo.

Reitero que estoy convencida de que el error de planteamiento respondió
exclusivamente al afán de apoyar, de manera entusiasta, las iniciativas
ciudadanas de lucha contra el sida, desde la buena fe del responsable del
Plan nacional. Pero también estoy segura de que su destitución fue
necesaria para asumir la responsabilidad de una actuación incorrecta, que
produjo confusión entre el ámbito de actuación del propio plan y el de la
iniciativa privada.

Aclarado este punto, y si me lo permiten, voy a hablarles del Plan
nacional contra el sida.

Desde que a comienzos de los años ochenta fuese diagnosticado por primera
vez el sida, no ha dejado de progresar, ante la ausencia de terapia
farmacológica efectiva o de vacuna preventiva. Sin embargo, nunca antes
se había llegado a saber tanto de una enfermedad epidémica y de sus
mecanismos de actuación y transmisión en tan poco espacio de tiempo.

Nunca la información sanitaria a la población había sido tan extensa,
intensa y científicamente orientada como en el caso del sida. Y nunca en
la historia una enfermedad había producido cambios de conducta tan
profundos y tan amplios en la sociedad. Y todo ello, si nos atenemos a
los resultados, dista mucho de ser suficiente. El sida es una enfermedad
nueva que ha cogido de improviso a la ciencia moderna. Aunque se ha
avanzado de forma espectacular en el conocimiento del virus causante y la
epidemiología, las lagunas son aún tan amplias que no se dispone de
remedio efectivo para atajar la enfermedad, y existe una gran
incertidumbre sobre el desarrollo futuro de la epidemia.

Nos enfrentamos a una enfermedad distinta, con nuevas características,
producida por un virus que se ha adaptado a la sociedad de la alta
tecnología con una evidente facilidad para burlar los medios terapéuticos
y de inmunización tradicionales que habían venido mostrando su eficacia
para el control y erradicación de las epidemias clásicas.

Hasta la llegada del sida, los azotes infecciosos estaban en su mayor
parte relacionados con la deficiente alimentación, las malas condiciones
de vida y de trabajo, la baja cultura y la inexistencia de organización
sanitaria. Es decir, con todo aquello que se da en los países pobres del
denominado Tercer Mundo. Es una más de las calamidades que han de
soportar estos pueblos.

Una de las principales novedades de la epidemia del sida es que afecta
también a los países socialmente avanzados y a todas las clases sociales.

La inicial tranquilidad que daba a la sociedad la existencia de los
llamados grupos de riesgo desapareció pronto. El esfuerzo de información
y educación sanitaria, de aceptación y cuidados solidarios de los
enfermos, es fundamental para controlar la progresiva extensión de la
enfermedad, mientras llegue el descubrimiento de la vacuna que la puede
prevenir eficazmente. Y por eso es importante que también aquí, en el
Parlamento, nos reunamos para tratar serenamente de ese gran tema de hoy
que es la infección de VIH-sida. Porque es un serio problema de salud,
una epidemia que está poniendo a prueba la capacidad de reacción de los
sistemas sanitarios, un importante problema que afecta a todos los
continentes y que requiere, más que muchos otros, la unión de todos los
esfuerzos y voluntades para encontrar un horizonte de esperanza.

La Organización Mundial de la Salud recoge en su informe epidemiológico
semanal número 2, de 14 de enero de 1994, un total acumulado de 851.628
casos notificados de sida en niños y adultos a nivel mundial. También
estima que para el año 2000 existirán entre 13 y 18 millones de enfermos
de sida y en torno a 30-40 millones de personas seropositivas en todo el
mundo. Se calcula en la actualidad que los costes directos del sida para
el sector sanitario se elevan ya a nivel mundial a 5.000 millones de
dólares-mes y los costes indirectos por pérdidas de productividad y
mercados podrían ser hasta diez veces superiores. Y, lo que es más
importante y no cuantificable, las repercusiones humanas, familiares,
sociales y psicológicas que la epidemia desencadena, tanto en los
afectados como en las personas que los rodean.

Desde que en 1981 se diagnosticó el primer enfermo de sida en España
hasta el 31 de diciembre de 1993, se han notificado al Registro nacional
de casos de sida un total acumulado de 22.655 casos, con una proporción
de fallecimientos notificada del 45,9 por ciento.

La notificación de casos nuevos al Registro sigue su ritmo creciente.

Desde 1988 se superan los mil casos declarados por año. En 1992, 5.000 y
en 1993 se declararon 5.606 casos nuevos al registro. Hay que tener en
cuenta que los casos notificados en un período son, en su mayor parte,
diagnosticados con varios meses de antelación. Y, así, de los 5.606 casos
notificados en 1993, sólo 3.113 fueron diagnosticados este año. El resto
corresponde a años anteriores.

Estos son los últimos datos de que podemos disponer en la actualidad, por
haberse producido un retraso en la notificación, retraso que estaba en
cierto modo previsto, debido a la nueva definición de caso que ha entrado
en vigor en España el día primero de enero, que requiere adaptaciones en
los sistemas de notificación y registros de las comunidades autónomas.

En el total de casos acumulados, existe un predominio de varones, el 82,1
por ciento, que son además jóvenes, ya que el 81,6 por ciento tenía en el
momento del diagnóstico entre 20 y 39 años.

En cuanto a los mecanismos de contagio, el 63,9 por ciento son usuarios
de drogas por vía parenteral y el 15,1 por ciento varones con prácticas
homosexuales. Además,



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otro 2,2 por ciento restante son varones bisexuales que, a su vez,
consumen drogas parenterales.

El 6,9 por ciento de los casos son atribuidos a la transmisión por
contactos heterosexuales. En el 6 por ciento no se ha obtenido
información suficiente para poderlos asignar a una categoría de
transmisión.

Los casos pediátricos menores de 13 años suponen el 2,4 por ciento del
total acumulado, 541 casos. El 84,8 por ciento de ellos son hijos de
madres seropositivas, pertenecientes a algunas de las categorías de
transmisión. El 10,3 por ciento de los casos pediátricos contrajo la
infección por VIH a través de hemoderivados y el 2,6 por ciento por
transfusiones de sangre.

Muchos de los casos de transmisión heterosexual y pediátricos,
transmisión madre-hijo, están asociados de forma indirecta al consumo de
drogas por vía parenteral.

De los casos de transmisión heterosexual en los que consta el grupo de
riesgo de la pareja, el 71 por ciento eran parejas sexuales usuarias de
drogas por vía parenteral.

Por otro lado, una gran parte de madres seropositivas son usuarias de
drogas por vía parenteral, el 72 por ciento de los casos de transmisión
madre-hijo, o parejas sexuales de varones usuarios de drogas por vía
parenteral.

Las diferencias geográficas entre provincias y comunidades autónomas son
muy marcadas. En algunas se han superado los 90 casos acumulados por
100.000 habitantes desde 1981, mientras que en otras no se han alcanzado
los 25. Las comunidades autónomas con mayores tasas de incidencia
comunada son Madrid, Cataluña, País Vasco y Baleares, y las menores se
registran en Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura. Tan sólo
un 0,54 por ciento de los casos notificados corresponden a residentes en
el extranjero.

La importancia relativa de los distintos mecanismos de transmisión de la
infección por VIH difiere de unas comunidades autónomas a otras. En todas
ellas los usuarios de drogas por vía parenteral son más de la mitad de
los casos, salvo en Canarias, donde únicamente supone un 29 por ciento.

En el conjunto de España se produce desde el año 1991 más de un caso al
año por cada 10.000 habitantes, y en las comunidades de Baleares,
Cataluña, Madrid, País Vasco y La Rioja se observan tasas aún mayores. La
tendencia es creciente en todas las comunidades, aunque la magnitud de la
incidencia anual difiere mucho entre ellas. El patrón epidemiológico del
sida en España ha ido cambiando con los años sin variaciones bruscas,
impropias, por otro lado, de una enfermedad con un período de incubación
tan largo. Analizando la evolución en el tiempo que se observa, se
concluye que la proporción de casos ha ido aumentando paulatinamente en
el grupo de 30 a 39 años, y también recientemente en el de 40 a 49 años,
mientras que la proporción de menores de 30 años ha disminuido.

En cuanto a las categorías de transmisión, se observa un aumento del
porcentaje de los casos de transmisión heterosexual, desde el 1,2 por
ciento en el año 1985 al 10,7 por ciento en 1993. También aumentó el de
usuarios de drogas por vía parenteral del 36 por ciento en 1984 al 62,3
por ciento en 1993, y hay una clara disminución del porcentaje de
receptores de transfusiones sanguíneas y hemoderivados. La práctica de
riesgo ligada a relaciones homosexuales representaba un 22 por ciento del
total de casos en 1984 y un 22,9 en 1985. Desde entonces no se han
producido incrementos, siendo de un 13,4 en 1993.

Comparando estos datos con los de otros países de nuestro entorno
continental, vemos que aunque la epidemia de sida tuvo un comienzo
relativamente tardío en España, la incidencia ha aumentado más rápido que
en los demás países de Europa, y desde 1990 presenta las tasas mayores
con excepción de Mónaco. España es el segundo país en número de casos
notificados después de Francia, pero es el primero en las categorías de
usuarios de drogas por vía parenteral y de hijos de madres seropositivas.

Las predicciones de casos realizadas para los próximos años indican que
la incidencia global del sida va a continuar aumentando al menos hasta
1998. El aumento más acusado se espera en los casos de transmisión
heterosexual. De los 22.655 casos acumulados, contenidos en el registro
nacional del sida, una proporción considerable ha fallecido. Hasta el 31
de diciembre de 1993 se ha notificado la muerte de un 45,9 por ciento del
número de personas afectadas. No obstante, se sabe que su notificación es
incompleta. Por estudios de supervivencia de los enfermos de sida
realizados en España y en otros países, se puede estimar que más del 60
por ciento de los casos notificados habrían fallecido.

De las características epidemiológicas de los casos de sida se pueden
extraer las siguientes conclusiones generales: primera, que si bien en
número de casos se sigue produciendo el incremento, en términos
porcentuales este crecimiento está descendiendo desde el comienzo de la
epidemia, y ello es debido a la naturaleza del registro y, además, a que
el diagnóstico de la enfermedad no coincide con el momento del contagio,
habiendo entre uno y otro de ocho a diez años de separación por término
medio; también por el resultado de las campañas de información y
prevención realizadas por las administraciones sanitarias y por las
organizaciones no gubernamentales.

En segundo lugar, si bien es cierto que España presenta la mayor tasa por
millón de habitantes, lo es también que nuestra tendencia es bastante
similar a la de los países de nuestro entorno socioeconómico y cultural.

Hemos tenido un comportamiento alcista, como también lo han tenido
Italia, Francia, Dinamarca, Bélgica u Holanda por la razón de estar
aflorando ahora los resultados de la epidemia durante la pasada década.

En tercer lugar, el patrón de la epidemia sigue en España vinculado
mayoritariamente al consumo de drogas por vía parenteral, si bien existen
indicios de una cierta contención en el crecimiento asociado a esta
práctica por el cambio de hábitos en usuarios de drogas, mostrando la
tendencia un ascenso de heterosexuales ligado indirectamente a la
categoría anterior, y un marco marcado descenso en los casos atribuidos a
receptores de transfusiones y hemoderivados. Lo que hoy conocemos sobre
la realidad de los casos de sida en nuestro país es suficientemente
elocuente, pero hemos de tener en cuenta que el número de casos de sida
va a aumentar en los próximos años, al igual



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que en todos los países, debido a las características epidemiológicas de
la infección por el VIH y su período de latencia, a la aplicación de la
nueva definición de caso de sida, ampliando los criterios diagnóstico de
caso, y a la mejora del funcionamiento del registro con una política
activa de búsqueda de casos y de incentivación de la notificación. Debido
a esto podemos encontrarnos en este año con un incremento significativo
en el número de casos, pero explicable en su mayor parte porque se ha
ampliado la definición de caso del sida, sin que esto quiera decir que se
haya incrementado el número de pacientes infectados por la epidemia.

En definitiva, desde el período de latencia del sida, lo que ahora
estamos viendo es, en términos generales, el resultado de las prácticas y
situaciones de riesgo ocurridas en los años 1984 a 1986. Desde entonces
es mucho más lo que sabemos de la enfermedad, muchas las medidas que se
han adoptado y muy superior el conocimiento que la población tiene del
problema. Sus consecuencias positivas en términos de evolución de la
enfermedad deberemos verlas en los próximos años.

El Plan nacional sobre el sida debe ser entendido como el conjunto de
actividades desarrolladas por las diferentes administraciones sanitarias
en orden a prevenir la enfermedad y a paliar sus efectos. Así fue como se
inició cuando se decidió su creación en acuerdo de Consejo de Ministros
de 5 de junio del año 1987, en el que se creó la Comisión Nacional de
Coordinación y Seguimiento de Programas de Prevención con el fin de
lograr la coordinación de los programas impulsados por las
administraciones sanitarias del Estado para la prevención y control de
las infecciones producidas por el virus de inmunodeficiencia humana, y
potenciada posteriormente por el Real Decreto de 1993, que definió de una
manera más precisa las funciones de la Secretaría del Plan nacional sobre
el sida y la actualización de las funciones y composición de la Comisión.

Esta Comisión, como he dicho anteriormente, celebró su última reunión la
pasada semana. La Secretaría del Plan presentó el balance de actividades
del año 1993 y un nuevo marco de objetivos que supondrá un importante
avance en la lucha contra el sida. A lo largo del año 1993 se ha
producido un gran esfuerzo de coordinación y consenso con las comunidades
autónomas y otros ministerios interesados, cuyo resultado ha sido el
marco de objetivos del Plan nacional. La Comisión nacional ha aprobado la
modificación de la estructura y funciones de los órganos de asesoría
técnica para darles un carácter más dinámico. Sus funciones recogen de
una forma específica el marco de objetivos antes citado. Los criterios de
selección de las personas integrantes se han regido por la acreditación
profesional, solidez científica, compromiso en la lucha contra el sida y
representación interterritorial, siendo flexibles en su composición.

Por otro lado, a propuesta de la Secretaría del Plan, fue aprobada la
creación del Comité asesor clínico, contemplado en el Real Decreto del
año 1993, cuya finalidad es la asesoría permanente en aspectos
relacionados con el manejo clínico de los pacientes VIH-sida en
cualquiera de las fases evolutivas de la infección. La aparición de
nuevos fármacos y el debate internacional sobre la efectividad de las
estrategias terapéuticas justifican, además, la creación de este grupo de
trabajo, buscando siempre la mejor asistencia y cuidado de los pacientes
con infección por VIH. Su composición también se rige por criterios de
acreditación científica y profesional en el campo de la asistencia
clínica. España entró en la nueva definición del caso de sida en Europa a
partir del pasado 1 de enero, incluyéndose entre las actuales
enfermedades indicativas la tuberculosis pulmonar, las neumonías
recurrentes en un período menor de doce meses y el cáncer invasivo de
cuello uterino.

En consecuencia, la Secretaría del Plan nacional ha tenido que gestionar
en un corto período de tiempo la adaptación de los sistemas informáticos
a la nueva definición y la adecuación en la dotación de recursos del
registro nacional de casos de sida. A instancia de la Secretaría del Plan
se ha facilitado a todas las administraciones sanitarias que integran el
plan los recursos logísticos necesarios en materia de programas y equipos
informáticos para su adaptación a la nueva definición, mantenimiento y
mejora de los registros de casos en las comunidades autónomas.

La aplicación de la Ley Orgánica del año 1992, de tratamiento
automatizado de los datos de carácter personal, ha supuesto, además, un
reto añadido para la Secretaría del Plan nacional, constituyendo un nuevo
tema monográfico de reuniones con las comunidades autónomas, que han
tenido que coordinar y fijar normas básicas en lo que se refiere a la
confidencialidad de la información y a la protección a la intimidad de
los ciudadanos. Por este motivo, a instancia de la Secretaría del Plan,
el Ministerio ha adquirido las licencias necesarias para la dotación de
medidas de seguridad y protección informática de los datos del Registro
nacional y de los registros de las comunidades autónomas.

Por parte de las subcomisiones se han elaborado dos documentos que
también se presentaron a la Comisión Nacional: el modelo de atención
sanitaria a pacientes VIH-sida y las normas de bioseguridad en el medio
sanitario, donde se hace hincapié en la implantación de las precauciones
universales en el ámbito hospitalario y de atención primaria.

Especial atención se ha prestado a las organizaciones no gubernamentales
de servicio en sida. Se ha logrado establecer una colaboración permanente
con estas organizaciones ciudadanas, cuya labor al frente de los
problemas de estos enfermos supone un complemento imprescindible de las
distintas administraciones.

También se ha contado con ellas desde la Secretaría del Plan nacional
para consensuar los objetivos prioritarios aprobados por la Comisión
Nacional.

Igualmente, el Ministerio mantiene la línea de subvenciones a las
organizaciones no gubernamentales de servicio en sida.

Para abundar en los programas de información a los jóvenes, el pasado mes
de diciembre, con motivo del Plan de Modernización de las
Administraciones Públicas y en su marco, la Secretaría del Plan ha
presentado un proyecto basado en la utilización de pantallas informáticas



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interactivas para la prevención del VIH-sida y otras enfermedades de
transmisión sexual, proyecto cuya combinación se prevé para el próximo
Día Mundial del Sida, fecha en la que estarán instalados ciento veinte
puntos interactivos en universidades y en centros de formación
profesional de todo el territorio español.

También participa nuestro país en la campaña europea de prevención del
sida para jóvenes viajeros, proyecto liderado por la agencia belga de
prevención del sida y financiado por la Unión Europea.

Desde diciembre de 1993, la coordinación del proyecto en España se lleva
a cabo por el Consejo de la Juventud, en colaboración con la Secretaría
del Plan.

En el área internacional, también ha sido de destacar el Programa Mundial
del Sida, de la Organización Mundial de la Salud, en el que España forma
parte de su Comité de Gestión desde hace dos años.

En lo que se refiere a la Unión Europea, en 1993, España ha participado
activamente en el futuro del Programa Europa contra el Sida, siendo
favorable a su prolongación en 1994.

La Secretaría del Plan ha informado a organizaciones no gubernamentales y
a administraciones sanitarias sobre las diez acciones del programa con el
fin de que se presenten proyectos de calidad.

En 1993 se ha incrementado el número de proyectos españoles financiados
--ocho de los diecinueve presentados-- y esperamos que a lo largo de este
año este número siga creciendo.

La actividad del Ministerio y del Plan nacional en el futuro inmediato va
a continuar basándose en las líneas en que se asienta la política sobre
el sida: la prevención y la información, la atención y el tratamiento, el
conocimiento de la realidad de la epidemia y la sistematización de los
esfuerzos destinados en las tres líneas anteriores.

Los objetivos prioritarios para 1994 y 1995 se resumen en los siguientes
epígrafes:
Primero, el conocimiento y análisis de la realidad de la epidemia. Se van
a realizar actividades dirigidas al perfeccionamiento del sistema de
registro y su adaptación a las necesidades de los distintos usuarios.

También se va a reforzar la vigilancia epidemiológica de la tuberculosis
en el conjunto del Estado y se analizará la evolución de la epidemia
mediante una encuesta de seroprevalencia previo acuerdo del Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Será la subcomisión de
Epidemiología la encargada de su impulso.

En cuanto a la prevención, las actividades se orientan a la información
de la población general, estando prevista una campaña específica dirigida
a jóvenes y colectivos con prácticas de riesgo en el segundo semestre de
este año.

Está prevista una intensa difusión a través de radio, folletos
divulgativos y carteles.

También se realizarán programas dirigidos a usuarios de drogas por vía
parenteral, dando facilidades para el cambio de jeringuillas, suministro
de preservativos y tratamientos con metadona.

Para los jóvenes y adolescentes, mediante programas intersectoriales de
intervención en distintos medios, el escolar con los padres y educadores
y los líderes de opinión.

Otros programas de información y prevención se dirigirán a colectivos
específicos: prisiones, parejas de toxicómanos y prostitución. La
Subcomisión de Prevención será la que dirija estos trabajos.

En cuanto a la formación y apoyo para el personal sanitario, será
coordinado el programa por la Subcomisión de Asistencia y formación y
está dirigido al personal médico y enfermería, tanto de hospitales como
de atención primaria y de instituciones penitenciarias, para la promoción
de medidas preventivas en el medio sanitario para VIH y hepatitis.

Otras actividades que van a representar la respuesta del sistema
sanitario y social ante la epidemia, se van a realizar mediante encuestas
anuales de atención a los enfermos y afectados, protocolos de derivación
y manejo de pacientes, identificación de necesidades y recursos,
valoraciones del impacto económico y asistencial de la epidemia, fomento
y desarrollo de programas de ayuda a domicilio y asistencia domiciliaria.

Nos informarán sobre las actitudes sociales y comportamientos
relacionados con la epidemia mediante encuestas sobre comportamientos
sexuales de distintos colectivos, evolución del conocimiento de las
prácticas de riesgo entre la población general y actitudes en la misma
ante personas seropositivas o enfermas de sida.

En definitiva, señorías, el sida continúa siendo no sólo una grave
enfermedad, sino también un problema social para cuya solución es
imprescindible contar con el apoyo de los ciudadanos. Apoyo que debe
estar basado en el principal medio de que disponemos para combatir la
epidemia, que es la información, y que debe traducirse en un cambio de
actitudes entre la población para las prácticas de riesgo y para aceptar
a los enfermos.

Como recuerda la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,
deben ir unidas la responsabilidad individual y la colectiva con los
deberes de las personas para con la comunidad, único ámbito en que se
puede asegurar la libre y plena realización del ser humano y, por
consiguiente, donde se podrá alcanzar el éxito en la lucha contra el
sida.

Muchas gracias, señorías, por su atención.




La señora PRESIDENTA: Señorías, les recuerdo que si lo desean, podemos
suspender la Comisión para que, tras la exposición de la señora Ministra,
preparen sus intervenciones y sus preguntas. (Pausa.) Parece que no.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Robles.




El señor ROBLES OROZCO: Señora Presidenta, le agradezco la amabilidad de
suspender la sesión, pero ni siquiera es por méritos del portavoz que en
este momento va a intervenir, sino porque al escuchar a la señora
Ministra nos ha sido extraordinariamente fácil poder sintetizar la
intervención que iba a hacer, ya que la única diferencia --permítame que
se lo diga en un tono más amable-- que



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hay entre su intervención y la que hace algunos meses tuvimos en esta
Cámara por parte del Secretario de Salud y anteriormente por el anterior
Secretario de Salud, la verdad es que difieren en muy poco y
lamentablemente en lo poco que difieren es en lo que nos gustaría que
difiriesen, que es en las cifras estadísticas. Quiero decir que nos
parece que el esfuerzo explicativo de la señora Ministra es repetir
exactamente lo mismo que se nos ha dicho en la anterior comparecencia del
Secretario de Salud, en la anterior comparecencia del Secretario de
Salud, aunque con otro titular, y así repetidas veces casi hasta el
comienzo de lo que desgraciadamente ha sido y sigue siendo la historia de
esta epidemia.

Con esto, ¿qué es lo que trato de poner de manifiesto y espero que sea
correctamente entendido? Es que, frente a la continuidad de las
afirmaciones de la Administración, también permanece la gravedad de la
enfermedad no en relación directa con lo que aquí se nos anuncia. Es
decir, aquí se nos anuncian una y otra vez campañas, acciones, reuniones,
nombramientos, que el tiempo se encarga, una y otra vez también, de
demostrarnos fracasados, incompletos, irrealizables o irrealizados y, en
definitiva, un proyecto permanentemente fracasado.

Permítame que precisamente al hilo de lo que fue la petición de esta
comparecencia, y aprovecho para decir que se pidió, como usted muy bien
ha mencionado, señora Presidente, a principios de diciembre del año 1993
y estamos a finales de abril, precisamente para hablar en aquel momento
de lo que a nuestro juicio era y sigue siendo un tema muy importante,
como ahora diré, que era el cese del Secretario del Plan Nacional contra
el Sida.

Estamos hablando cinco meses después de ese cese y cuando ha sido
nombrado hace escasamente unos días el nuevo Secretario. Tengo que
recordar que precisamente fue en la última comparecencia que hubo de la
Administración para hablar de este tema cuando se acababa de nombrar a
este señor responsable de este Plan, cuyo cargo había estado vacante
durante dos años. Por tanto, en una larga tradición de ceses-vacantes,
vacantes-ceses que se producen en el Plan Nacional contra el Sida, esto
no es más que una gota más de lo que, a mi juicio, insisto, es la
plasmación real de que falta un proyecto, de que falta una orientación,
de que falta una idea global de lo que se pretende, incluso acertando en
las personas que se ponen.

A mí me complace mucho la explicación que ha dado la señora Ministra
sobre el cese del señor Artundo sólo en un pequeño detalle, que cuando
alguien nombra a una persona parte de su equipo debe tener la suficiente
seguridad y confianza en que esa persona va a ejecutar las directrices
que responsables políticos de otro nivel tienen en ese Ministerio. Por
tanto, se entiende, señora Ministra, que cuando usted pone en su equipo a
determinadas personas no lo hace para que improvisen sobre la marcha o
para que hagan lo que en ese momento se les ocurra, sino que están para
ejecutar la política que usted como Ministra debe de marcar en ese
proyecto del Plan Nacional del Sida, como en otros temas.

En consecuencia, decir que se le sorprende en su buena fe o que se le
sorprende en la forma de actuar, me parece que es tanto como decir que no
se conocía lo suficiente al señor Artundo o el señor Artundo no tenía muy
claro para lo que estaba puesto ahí y tenía que explicar el Plan Nacional
contra el Sida. Después de haber tenido dos años para haber reflexionado
sobre la persona que había que poner al frente, digo yo que se podía
haber acertado un poco más en la persona que era la que tenía que
ejecutar las directrices políticas de los políticos del Ministerio de
Sanidad y Consumo.

Por tanto, creo que la explicación no es satisfactoria,
independientemente de que el procedimiento con que se hiciera o por las
causas por las que se hiciera fueran las que usted ha explicado aquí. Ha
habido una vacante mantenida durante largo tiempo que ha supuesto
ineficacia e inoperancia del Plan Nacional contra el Sida y nos
encontramos con que después se pone al frente a un señor que parece que
no tiene las ideas muy claras de qué es lo que tenía que hacer desde la
Secretaría Nacional de Lucha contra el Sida.

Insisto, este es un episodio, a mi juicio, lamentable de una falta de
proyecto global, que además coincide en un momento psicológicamente muy
significativo, que es precisamente el Día Mundial del Sida. Usted
recordará que algunas organizaciones reciben la noticia del cese del
propio Secretario estando preparando una rueda de prensa para anunciar
actos del Día Mundial del Sida. Creo que eso no es bueno para las
asociaciones gubernamentales, que eso no ha sido bueno para la idea que
hay que dar a la sociedad española de que hay un proyecto político y una
Administración firme y seria detrás luchando, sino más bien ha creado
desasosiego, desorientación y la sensación de que se estaba una vez más
improvisando. Por tanto, insisto, es un episodio que, a nuestro juicio,
no aporta seriedad ni claridad en el proyecto de lucha contra el Sida.

Como digo, lamentablemente, esta intervención que usted ha tenido hoy
aquí cargada de cifras, de datos y de orientaciones, que podría ser
exactamente la misma que tuvo el señor Gutiérrez Morlote, que he tenido
lógicamente que releerme para ver esta de hoy, es exactamente la misma,
con las mismas cosas, sólo que diferidas en el plazo. Se nos anunció en
esa comparecencia una serie de campañas que ahora se nos vuelve a
anunciar que se harán al final del siguiente semestre; se nos anunciaron
una serie de reuniones, que algunas se han realizado, otras no, y que, en
definitiva, vuelve a ser posponer para no sé qué semestre las mismas
cosas que se nos dijeron en el año 1993, que, a su vez, se nos habían
dicho en el año 1992. Insisto: no da la sensación de que haya agilidad,
de que haya proyecto, de que haya dirección política. Más bien da la
sensación de que lo que hay es una necesidad de actuar a impulso de la
opinión pública, tapando agujeros y tapando en este momento las
deficiencias que van surgiendo aquí y allá.

Por cierto, que, de la explicación que usted ha dado de la dimisión o del
cese, mejor dicho, del anterior Secretario del Plan, hay algunas cosas
que no han quedado suficientemente claras, porque es curioso --y tuve la
ocasión de decirlo ya en la propia comparecencia que tuvo el señor
Gutiérrez Morlote aquí-- que en las primeras declaraciones que hace el
señor Artundo a la prensa dice que hay que



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empezar por reconocer que en el Plan Nacional de Lucha contra el Sida no
siempre se ha acertado en las campañas de prevención y que ha habido
malas campañas de información. Tuve la ocasión de preguntarle sobre si
compartía el Secretario de Salud esa afirmación en aquel momento de lo
que decía el que acababa de ser nombrado Secretario Nacional del Plan.

Pero es que además, cuando cesa el señor Artundo dice, y le puedo leer la
cita literal: Mi cese va a servir para que todo el mundo sepa de dónde
vienen realmente los intentos de que no se hable del sida. Eso lo dice en
el momento de ser cesado el que era el responsable en ese momento
nombrado por el Gobierno. Da la sensación de que algo más hay o algo más
pasa o que realmente el señor Artundo también se ha encontrado con no
muchas facilidades dentro de la Administración o que se deja entrever que
el propio Gobierno no tiene interés en que se hable de este tema.

Creo que son aspectos no explicados de esta situación y que, además,
desgraciadamente, insisto, coincide con lo que después vemos todos los
días que es la acción del Gobierno en este tema.

Tengo que comentar, aunque sea muy de pasada, porque me parece que
tampoco aporta demasiado que nos detengamos en los datos estadísticos de
forma pormenorizada, pero sí tengo que comentar, como he dicho antes, que
comparecencia tras comparecencia lo único que cambia son precisamente las
cifras estadísticas. Ya son más de 23.000 los casos de sida declarados.

Por cierto, a pesar de que se nos anuncian ahora las dificultades por el
nuevo registro --que ya se nos habían anunciado también en noviembre del
año pasado--, que yo creo que ha habido tiempo suficiente como para que
en este momento tuviéramos datos más actualizados, pero dando por válidos
los 23.000 a diciembre del año 1993, sí me atrevo a decirle, como usted
bien se imagina y usted bien sabe, señora Ministra, que las cifras de
este primer trimestre desgraciadamente van a ser todavía bastante peores
que las que en este momento tenemos. Eso significa que esa tasa de
crecimiento de más de 500 casos mensuales se va a ver empeorada en el año
1994 y que nos sigue manteniendo a nuestro país en el lamentable récord
de estar a la cabeza de Europa en esta lamentable enfermedad. Algo
tendrán que ver también, digo yo, las políticas que aplican los
diferentes Gobiernos. He tenido también ocasión de decirlo más de una vez
en esta Comisión. Porque las campañas de información, las campañas de
prevención en determinados colectivos dan sus resultados si se hacen de
forma adecuada. De hecho, nuestro país se ha puesto de ejemplo como
colectivos bien organizados, como son las organizaciones de homosexuales
que han hecho campañas y las mantienen en el tiempo y han conseguido
determinados resultados preventivos que, como usted ha recordado, han
hecho bajar la tasa de incidencia en ese colectivo. No se puede decir lo
mismo en la población heterosexual; no se puede decir lo mismo en los
colectivos de personas de adicción a las drogas por vía parenteral; y sí
se puede decir lo mismo en otros países que han desarrollado campañas de
prevención, por ejemplo, en drogodependientes o en otros colectivos, y
que han tenido sus éxitos. Por tanto, alguna relación tiene que haber en
las acciones que toma el Gobierno en nuestro país con campañas, con
acciones formativas mantenidas en el tiempo y los resultados que
posteriormente se producen.

Eso lleva a pensar que no se ha hecho lo suficiente, y no se ha hecho lo
suficiente porque no se puede decir que lo suficiente sea haber hecho una
campaña de información divulgando, por ejemplo, folletos en las prisiones
españolas. Usted bien sabe que la población penitenciaria es
extraordinariamente móvil, que tiene unos hábitos de comportamiento
social, higiénico, enormemente deteriorados y que, por tanto, requiere un
esfuerzo permanente y constante y que no consiste en distribuirles
esporádicamente en un mes o dos meses un folleto o un «kit» sanitario,
sino que si eso no se plantea de una forma permanente, constante,
sistemática, estamos en el fondo, no iba a decir desperdiciando nuestros
esfuerzos, pero desde luego no optimizando los esfuerzos que se deben de
estar haciendo en uno de los colectivos más claramente afectados por este
problema como es la población penitenciaria.

Se han hecho campañas en nuestro país sobre información a la población
adolescente, pero se han hecho campañas aisladas, que no se han mantenido
en el tiempo, que no se les han dado un contenido formativo, que no han
tenido una continuidad con educadores y que no han tenido la continuidad
que permita, generación tras generación o curso tras curso, acceder a una
información realmente preventiva y realmente informadora y formadora de
los riesgos que en este momento conllevan determinados planteamientos de
vida sexual.

Creo que ésa es una mala acción y creo que hay que mejorar esos aspectos.

Por eso digo que tienen algo que ver las cifras y los datos estadísticos
en este momento con las acciones, mantenidas o no, en el tiempo que ha
tenido la Administración del Estado en la política de lucha contra el
sida.

Si no reconocemos esto, y si no partimos de la aceptación de esta
realidad, difícilmente vamos a poder corregir el rumbo. Por eso yo no lo
digo en tono de crítica, sino de conocimiento de la realidad, de detectar
cuáles han sido las deficiencias que hasta este momento se han producido;
que conozcamos, de los propios errores que se hayan podido cometer, la
forma de corregirlos para que en este momento podamos ser más eficaces,
que es lo que supongo que seriamente todos queremos.

Otra de las deficiencias que me permitirá la señora Ministra que le diga
y que yo esperaba que fuera casi la cita con la que hoy abriera su
intervención, es precisamente uno de los aspectos en los que más
incidencia ha hecho la Administración en su política de lucha contra la
extensión del sida, que es precisamente la política de información sobre
el uso de los preservativos, que es la distribución también de los
preservativos, porque es el elemento en este momento que consideramos,
junto con la prevención y la información, que puede ser realmente eficaz
en la disminución de la enfermedad. Usted sabe que estos días ha habido
noticias en los medios de comunicación extraordinariamente preocupantes,
proporcionadas por asociaciones de consumo, que pueden haber llevado en
este momento a mucha gente a sentirse desprotegida o desinformada, e
incluso engañada.




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Durante estos años se ha hecho una política de información en ese
sentido, y me atrevería a decir que por parte de la Administración casi
ha sido la única política, la de decir: Use usted el preservativo, que se
va a sentir usted protegido. Mucha gente que haya recibido y asimilado
durante estos años esa campaña probablemente estos días ha tenido que
poner cuanto menos en entredicho que esa protección haya sido real. Yo
creo que, por parte de la Administración, falta en este momento una
rápida aclaración de cuál es la situación, y yo creo que tiene usted hoy
la oportunidad aquí, en el Parlamento, de decirnos si conocía la
Administración, usted, como Ministra de Sanidad, estas deficiencias,
desde cuándo, si es que las conocía, qué se ha hecho por parte de la
Administración para subsanarlas o qué se piensa hacer a corto plazo para
garantizar la calidad de los preservativos y para que las personas que
accedan voluntariamente a su uso lo hagan con las máximas garantías
posibles, como digo, habida cuenta de que, junto con la información
plural de todas las opciones, ésta es una opción preventiva de la
posibilidad de extensión de la enfermedad. Por tanto, yo creo que usted
tiene que decir algo a esta Comisión y aprovechar para dar un mensaje, si
es que hay que dárselo, a la opinión pública sobre estos informes que han
aparecido estos días en los medios de comunicación.

Yo no quiero tampoco extenderme mucho más, porque prácticamente todo lo
que quería decir está dicho, pero sí quiero terminar mi intervención
reafirmando lo que nosotros consideramos debe ser una política global
contra el sida. Primero, debe hacerse desde el consenso real con todas
las administraciones y con todas las sensibilidades, no sólo políticas,
sino también sociales, religiosas y de toda índole para que realmente
pueda ser una acción preventiva eficaz y coherente de lucha contra el
sida. Debe hacerse, por tanto, partiendo de la base de que la prevención
y la información tienen que ser formativas; es decir que no podemos
contentarnos exclusivamente con acciones coyunturales, esporádicas, de
carácter informativo, sino que deben ser acciones formativas en las que
debe involucrarse a los padres, a los educadores, a las asociaciones y a
los colectivos de profesionales de los medios de comunicación, y que
deben partir de las diferentes sensibilidades y de las diferentes
opiniones de toda índole que tiene cada persona en el ámbito de su
libertad ideológica y religiosa para afrontar la lucha contra el sida.

Primera premisa fundamental.

Segunda, debe entenderse como una asistencia no sólo sanitaria, sino
social. Hay deficiencias importantes en el ámbito de la asistencia
social, en casas, en residencias, en atención a enfermos terminales. Debe
entenderse que la población penitenciaria es uno de los focos en este
momento prioritarios en los que tenemos que volcar nuestros esfuerzos y
que la atención en las prisiones debe partir del mismo principio que para
el resto de la población en general. Una persona que está en prisión no
está privada del derecho a la salud, sino de la libertad, y la afirmación
que el anterior Secretario de Salud hizo en esta misma Comisión
reconociendo que no todos los internos estaban siendo tratados con AZT,
por ejemplo, es un reconocimiento de que se está distinguiendo en dos
categorías de personas a la hora de afrontar el tratamiento de los
enfermos de VIH. Está dicho en un acta de esta misma Comisión por el
señor Secretario de Salud, y eso nos parece grave, porque además es una
población no solamente de riesgo, sino de un potencial de asimilación de
la enfermedad de VIH.

Tercero, hay que partir de la radiografía de lo que es el sida en nuestro
país, donde está creciendo. La población heterosexual está creciendo de
forma exponencial, hemos multiplicado por más de tres la tasa de
incidencia en la población heterosexual, y hay que hacer, por tanto,
campañas destinadas a la población en general sobre los riesgos que
ocasionan determinadas conductas, y hay que hacer también campañas
específicas entre la población que practica la prostitución, sea
masculina o femenina, pero no sólo, insisto, campañas esporádicas, sino
mantenidas en el tiempo, que permitan ser realmente preventivas.

Otro de los temas importantes de la política que debe seguir el sida en
nuestro país es el de la autosuficiencia en los bancos de sangre.

Nosotros no podemos seguir siendo un país dependiente de la importación
de sangre, tenemos que tender a la autosuficiencia y, por tanto, a las
máximas garantías, no solamente en los temas de donación de sangre, sino
también en el tema de trasplantes, sobre el que en este momento puede
haber alguna duda. Por tanto, prevención formativa, asistencia no sólo
sanitaria, sino social, atención prioritaria a instituciones
penitenciarias y a la población heterosexual, que en este momento tiene
una tasa de incidencia muy importante, y por último el tema, como he
dicho, de las donaciones de sangre, en el que tenemos que tender a la
autosuficiencia.

Creo que si se hiciera una política mantenida en el tiempo, con menos
cambios, con menos vaivenes y mucho más sistematizada, centrándonos en
estos temas, se podrían conseguir objetivos que, por lo menos, ayudarían
a que las tasas de incidencia en nuestro país no tuvieran en este momento
el porcentaje que tienen y que pudiéramos empezar a compararnos en otros
términos con los países de nuestro entorno.

Para terminar...




La señora PRESIDENTA: Le ruego, señor Robles, que vaya terminando.




El señor ROBLES OROZCO: Iba a decir, señora Presidenta que, para
terminar, esperaba que el plan trienal que nos anunció el Secretario de
Salud en la última Comisión del 2 de noviembre fuese hoy explicado por la
Ministra. Yo esperaba que ese plan trienal de acciones concretas, con
fechas, con proyectos, que anunció el Secretario de Salud hoy lo
anunciara la Ministra. No ha sido así y, por tanto, nos veremos obligados
a solicitar de nuevo información a la Administración de cuál es el
contenido de ese plan trienal, no desde el ámbito, una vez más, de las
acciones de reuniones o comisiones, sino de acciones concretas, con
fechas, con datos, con programas, que es lo que entendemos nosotros que
debe ser un plan de lucha contra el sida.




La señora PRESIDENTA: ¿Grupos que desean intervenir?



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Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor
Gazagaetxebarría.




El señor GAZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Primero queremos agradecer a la señora
Ministra de Sanidad y Consumo la información que amablemente ha aportado
a los Grupos Parlamentarios.

Señora Ministra de Sanidad, a juicio del Grupo Vasco, en la aplicación
del Plan nacional del sida se ha producido un funcionamiento débil y
estanco desde su creación el año 1987. Durante los años que han
transcurrido desde su puesta en marcha se han realizado, a nuestro
entender, pocas cosas, no funcionando debidamente en prevención ni en
asistencia. Ahora bien, es cierto que los últimos meses el Ministerio de
Sanidad y Consumo ha puesto en marcha una política de colaboración con
las Comunidades Autónomas, en la medida en que se pretende que éstas
participen en la responsabilidad de la ejecución y de la puesta en marcha
del Plan Nacional del Sida. Así sabemos que en el ámbito asistencial
juega un papel importante la Comunidad Autónoma de Madrid; en el ámbito
de la epidemiología, la Comunidad Autónoma de Cataluña, y en el ámbito de
la prevención los responsables sanitarios de Comunidades Autónomas como
la del País Vasco. No obstante, nos parece que también Comunidades como
Asturias y Galicia están desempeñando un papel importante en colaboración
con la Secretaría general del Plan, y nosotros estimamos como positivo
ese aspecto de colaboración y de trabajo en común entre la Secretaría del
Plan y las Comunidades Autónomas.

A nuestro juicio, señora Ministra, las acciones prioritarias que debería
desarrollar el plan se centrarían fundamentalmente en el ámbito de la
prevención, con el objetivo principal puesto en prevenir y evitar la
infección por el virus. Por ello, nosotros le sugeriríamos los siguientes
planteamientos. En primer lugar, en el Pleno de política general que tuvo
lugar la semana pasada se aprobó una propuesta de resolución del Grupo
Parlamentario Vasco en la que solicitábamos la incorporación oficial al
currículum de la enseñanza secundaria obligatoria de la educación sobre
el sida. Nos llamó la atención que el Grupo Parlamentario Socialista
votara en contra y que saliera con la posición favorable del resto de los
grupos de la oposición; no obstante, es un avance importante. Las
fundaciones, los movimientos que están participando en la lucha contra el
sida creo que han acogido con satisfacción la propuesta aprobada.

Confiamos en la sensibilidad del Gobierno para que se cumpla el mandato
parlamentario.

En segundo lugar, desde el Grupo Vasco, señora Ministra, entendemos que
se debe lograr que los fabricantes de los preservativos tendieran a un
modelo de elaboración de envases que contuviera dos unidades, que se
vendiera en el mercado a un precio asequible, más o menos a unas 100
pesetas, en farmacias, en máquinas expendedoras, en grandes superficies.

Ello exige, señora Ministra, la colaboración entre el Ministerio de
Sanidad, la Secretaría del Plan y el consenso y la participación de otro
Ministerio de la Administración central, de los colegios farmacéuticos y
también de los mismos fabricantes e importadores de preservativos, puesto
que esta medida, en definitiva, lo que pretende es que los jóvenes,
cuando empiezan a desarrollar una vida sexual, tengan la posibilidad de
adquirir los preservativos a un precio asequible, puesto que todos
sabemos el precio de los preservativos en las farmacias. Por ello,
planteamos el que, en estas campañas que puedan diseñarse desde la
Secretaría General del Plan en colaboración con las comunidades
autónomas, se fuera a ese modelo de colaboración también con los colegios
farmacéuticos y los fabricantes de los preservativos y hacer más exigible
la adquisición de los mismos, bien en establecimientos al público,
grandes superficies, etcétera.

Desde el Grupo Vasco le reiteraríamos que el ámbito de la prevención nos
parece que sería el fundamental, en función de los problemas que tenemos
actualmente con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida porque, en
primer lugar, parece que el sida va a existir siempre, de aquí en
adelante, visto el importante número de casos y de personas infectadas
por el mismo. En segundo lugar, como usted ha dicho correctamente, por
ahora no existe una vacuna adecuada y eficaz en perspectiva. Y, en tercer
lugar, España es el país europeo con mayor número de casos de sida por
millón de habitantes, teniendo en cuenta que en el conjunto del Estado
desde 1991 se produce más de un caso de diagnóstico al año por cada
10.000 habitantes. Se decía también por su parte que el número de casos
va a aumentar, y es cierto, en los próximos años, debido al período de
tiempo que tarda en desarrollarse el virus de la inmunodeficiencia
humana.

Nos parece muy llamativo el espectacular incremento que se ha producido
por la infección del virus en los usuarios de drogas por vía parenteral y
también nos llama la atención el incremento proveniente de casos de
relaciones heterosexuales, que usted bien decía que tenían una incidencia
por los usuarios de drogas por vía parenteral, así como un incremento
importante en cuanto a los receptores de hemoderivados en el conjunto del
Estado.

Por ello, señora Ministra, le reitero que entendemos que las actuaciones
de los poderes públicos, del Ministerio que usted dirige, de la
Secretaría del Plan y de las comunidades autónomas, han de ir dirigidas a
la prevención y, sobre todo, a concienciar a los jóvenes sobre esta
enfermedad para cuando verdaderamente se desarrollen y adquieran una
madurez para el inicio de sus relaciones sexuales.

A nuestro juicio, no tenía sentido la existencia del subcomité de
prevención, que estaba en la Secretaría del Plan, tal y como hasta ahora
era entendido. Pensamos que había que poner en marcha, que ejecutar todas
las medidas que anteriormente le he indicado puesto que, en definitiva,
ese subcomité de prevención efectuaba una labor un tanto genérica y
etérea que, a nuestro juicio, puede ser corregida por la decisión tomada
en la última reunión de la Comisión Nacional en la que se ha acordado
también la reforma de la estructura y de las funciones de la Secretaría
del Plan Nacional. Nos parece que hay que establecer un subcomité ágil,
decisivo, de carácter operativo que, de forma coordinada y en
colaboración con las comunidades autónomas, fije y concrete con los
responsables de las administraciones sanitarias las actividades a
realizar, a poner en marcha.




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Nuestro Grupo Parlamentario, señora Ministra, sin perjuicio de esos tres
grandes objetivos a los que hemos dado prioridad en la primera parte de
mi exposición, en un segundo plano le sugeriría, creo que usted lo ha
mencionado, otro tipo de actuaciones, como las relativas a que las
subvenciones y las campañas de ayudas dirigidas a las organizaciones no
gubernamentales vayan a cumplir objetivos prioritarios en el campo de la
prevención, de forma que estas organizaciones no gubernamentales cubran
aquellas parcelas, aquellas áreas a las que no llegan suficientemente o
en debidas condiciones las administraciones sanitarias, y que estarían
relacionadas, en primer lugar, con el mundo de los toxicómanos, con un
programa de intercambio de jeringuillas (puesto que el 60 o el 65 por
ciento de los infectados por el virus de la inmunodeficiencia adquirida
son los usuarios de drogas por vía parenteral); en segundo lugar, con los
grupos de autoapoyo y, en tercer lugar, con el grupo de la prostitución.

En un segundo orden de consideraciones, le indicaríamos también que la
realización de campañas de prevención de sida, que usted ha mencionado
que se iban a efectuar a lo largo del segundo semestre de este año, nos
parece que pueden ser válidas y efectivas. Creemos que no tienen que ser
muy genéricas sino referirse a temas muy concretos, de forma que el
mensaje llegue directamente al usuario y a quien pueda quedar infectado,
puesto que, en definitiva, podemos ser todos los ciudadanos, vistos los
diferentes casos, motivos y orígenes: por las transfusiones, por la
recepción de hemoderivados, por las relaciones heterosexuales y
homosexuales. Por lo tanto, todos somos hipotéticamente personas
susceptibles de poder haber adquirido el virus en alguna ocasión.

Señora Ministra, quiero señalar que el otro ámbito diferenciado e
importante, a nuestro juicio, es el asistencial. Usted no ha hecho
referencia al mismo, pero es un problema que se va a producir en el
Estado. En este momento, como se decía, en España hay 22.655 personas que
ya han desarrollado el virus, pero hay alrededor de unas 100.000 personas
que tienen el virus adquirido y que lo van a desarrollar en los próximos
años. Eso va a originar un problema asistencial muy importante, tanto
para el Instituto Nacional de Salud como para los servicios de salud
autonómicos. En definitiva, va a suponer un esfuerzo presupuestario
importante en materia de recursos sanitarios y, por lo tanto, yo creo que
también es un aspecto a tener en consideración.

Finalizo indicando que creemos que la política que se está realizando en
materia de prevención del sida, desde la colaboración, desde la ayuda y
la coordinación entre la Secretaría del Plan Nacional con las
administraciones sanitarias autonómicas, es adecuada y es la línea por la
que hay que seguir, con las correcciones o las sugerencias que nuestro
Grupo le haría en relación al aspecto fundamental de la prevención. En
definitiva, el camino y la salida para evitar la mayor adquisición de
este virus por parte de los ciudadanos creemos que es la que está
diseñada por parte de los poderes públicos sanitarios, centrales y
autonómicos, a través de la Secretaría General del Plan.




La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), tiene la palabra el señor Cardona.




El señor CARDONA I VILA: Señoras y señores Diputados, deseo agradecer, en
primer lugar, la comparecencia de la señora Ministra de Sanidad y hacer
hincapié una vez más, por entender que es conveniente recordarlo, en
alguno de los aspectos epidemiológicos del sida, sobre todo con la
finalidad de entender mejor tanto su incidencia actual como también la
que nos puede deparar en el futuro y, en consecuencia, las posibles
medidas a tomar en relación a su prevención, tratamiento adecuado de los
casos actuales --los que se han presentado-- y también las
consideraciones sociales que esa grave enfermedad comporta en los
momentos actuales. De manera que las mismas características de las vías
de contagio y mecanismo de transmisión, como se ha dicho, tienen un
período de incubación muy variable, no exacto, pero fundamentalmente muy
largo, pudiendo llegar incluso a más de 10 años. Además se carece de un
tratamiento etiológico causal que sea eficaz, estando en fase de
experimentación aún las vacunas. Pero, tal vez, sea lo más importante en
este sentido las actitudes y comportamientos sociales, tanto frente a la
infección por el virus de la inmunodeficiencia humana como las actitudes
y comportamientos sociales frente a la enfermedad del sida. Todo esto ha
hecho, está haciendo y aún hará que vayan aumentando los casos
registrados. Porque hay que recordar también, una vez más, que infección
y enfermedad no son lo mismo, y que en el camino que va de una a otra, es
decir, del contacto e infección del sujeto por el virus hacia el
desarrollo de la enfermedad del sida, sólo vemos una parte yo diría que
relativamente pequeña. Dicho de otra forma, los enfermos del sida que
desarrollan la enfermedad son relativamente pocos frente al mayor número
de infectados y, aún más, frente a la cantidad de personas que han
tenido, por lo menos, un contacto con el virus. Porque --y menos mal-- no
todos desarrollarán la enfermedad, pero --y esto es lo peor-- los
infectados sí que representan en buena parte, una importantísima fuente o
foco de infección. Por la importancia epidemiológica que representa,
conviene tener presentes los grupos de riesgo y sus hábitos. La
conveniencia de control analítico en la búsqueda y detección de
anticuerpos es la única forma de saber cuáles son los infectados y,
aunque no debe ser obligatorio, sería muy positivo someterse a las
pruebas analíticas por iniciativa propia. Por otra parte, los hábitos de
vida saludable, puesto que ayudan a que no se desarrolle la enfermedad en
el individuo infectado, también tienen importancia, así como --y es
preciso puntualizarlo-- la necesidad de más de una infección, es decir,
de reinfecciones, para que se desarrolle la enfermedad, de manera que
difícilmente con una sola infección desarrollaría la enfermedad un sujeto
normalmente sano y además con unos hábitos de vida saludables.

No es extraño, pues, ante estas situaciones y circunstancias, el aumento
e incidencia de la enfermedad, a lo que hay que añadir que con mejoras
sanitarias también se observará --como se ha dicho anteriormente-- un
aumento



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de la supervivencia que, como es lógico, comportará un incremento de las
necesidades asistenciales de todo tipo, de recursos humanos, así como,
por consiguiente, de mayores aportaciones de recursos económicos, de
forma que nuestra sociedad ha de adaptarse a convivir con el sida, de la
misma forma que, en otros momentos históricos, ha tenido que adaptarse a
convivir con otras enfermedades.

Hemos hecho hincapié en la diferenciación entre infectados y enfermos, de
tal manera que, incluso la definición de sida ha ido evolucionando --como
ha dicho la señora Ministra-- y se ha ido unificando por recomendación de
la OMS, y así, a partir del presente año --como se ha citado-- se han
incluido la tuberculosis pulmonar, la neumonía bacteriana recurrente y el
carcinoma invasivo de cuello de útero como criterios para considerar
enfermos a aquellos infectados --a aquellas personas sobreinfectadas que
decíamos anteriormente-- por un virus VIH.

Dicho esto, de los datos publicados en el Boletín Epidemiológico de
Cataluña sobre la vigilancia epidemiológica del sida que hace referencia
a la frecuencia, mortalidad y supervivencia, edad y sexo, enfermedades
indicativas, así como grupos de transmisión o bien los casos pediátricos
--considerados los que se desarrollan antes de los 13 años--, podremos
sacar una serie de conclusiones y hacer una serie de comentarios.

En primer lugar, se observa una estabilización en la tasa de incidencia,
aun cuando --y deducido de lo que se ha dicho anteriormente-- ello no
permite conocer si el número de infectados por el virus aumenta o
disminuye. Lo ideal sería, en este caso, hacer el control analítico que
hemos recomendado.

En segundo lugar, la mejora de la profilaxis de las infecciones
oportunistas y de la propia terapia antiviral en los asintomáticos, puede
haber motivado incluso un incremento en el período de incubación de la
enfermedad; aquel tiempo que va desde la infección al momento en que
aparecen ya los síntomas, lo cual también, a su vez, puede contribuir a
la mencionada estabilización de la tasa de incidencia.

En tercer lugar, las características demográficas y epidemiológicas
generales, por otra parte, no han variado sustancialmente, la epidemia se
concentra en áreas urbanas y la mayoría de los casos se han infectado por
uso de material contaminado al administrarse las drogas por vía
intravenosa, como se ha dicho.

En cuarto lugar, por otra parte, se confirma la tendencia del aumento de
edad en las mujeres diagnosticadas.

En quinto lugar, aun cuando el número de casos acumulados en los que la
vía de transmisión ha sido la heterosexual es relativamente bajo, en
comparación porcentual, en relación con los casos provenientes del uso de
material contaminado por la administración de drogas vía intravenosa, el
grupo de transmisión heterosexual ha experimentado en el año 1993 un
incremento porcentual más alto. Lo que pone de manifiesto la importancia
que tienen los hábitos en la población de riesgo. Actualmente, según los
datos que se tienen en la Generalitat de Cataluña, en el Departamento de
Sanidad y Seguridad Social, representa ya un 13 por ciento del total de
los casos.

En sexto lugar, las enfermedades más frecuentes en los casos
diagnosticados han sido la neumonía y la tuberculosis extrapulmonar.

Y finalmente, en séptimo lugar, se continúa corroborando una
estabilización en la tasa de letalidad --de 600 a 700 días--, en la
supervivencia, y un incremento en la media de supervivencia de esos
pacientes.

Por tanto, creemos que hay que tener en cuenta todo lo que se ha expuesto
como conclusiones o comentarios para poder hacer un plan que sea lo más
eficaz posible ante un hecho que difícilmente vamos a solucionar en un
corto plazo.

Quisiera reiterar nuestro agradecimiento a la señora Ministra por su
comparecencia.




La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Gimeno.




El señor GIMENO ORTIZ: Señora Presidenta, el Grupo Parlamentario
Socialista desearía agradecer, una vez más, la presencia de la señora
Ministra en esta Comisión de Sanidad y Consumo, valorando que esta
comparecencia se celebre a petición propia, para informarnos sobre la
situación de la infección VIH (SIDA), de los proyectos realizados o las
acciones desarrolladas por el Plan Nacional del Síndrome de
Inmunodeficiencia Adquirida y las acciones prioritarias a realizar para
este año 1994 o para el binomio 1994/1995; valoración que entendemos como
expresión de una clara voluntad política y sensibilidad social de su
Departamento, no solamente por darnos una información periódica sobre la
situación de la enfermedad, sino también por ir adaptando y coordinando
tanto los distintos niveles asistenciales o sanitarios dentro del Sistema
Nacional de Salud, como las diversas instituciones y las distintas
administraciones sanitarias implicadas competencialmente en la lucha
contra esta enfermedad; es decir, esa labor que el Ministerio, y usted a
la cabeza, vienen realizando encaminada a hacer unas políticas sanitarias
a través del consenso.

Ya en su primer contacto con esta Comisión, cuando expuso las líneas
prioritarias sanitarias del Ministerio, realizó una mención expresa al
síndrome de inmunodeficiencia adquirida. En noviembre de 1993, el propio
Secretario General de Salud, a petición del Grupo Parlamentario
Socialista, nos permitió adquirir un conocimiento más profundo sobre las
perspectivas de la política de salud en relación con esta enfermedad, y,
en realidad, esto es lo que confirma la voluntad expresada con
anterioridad.

Sin embargo, yo, señora Ministra, la quería felicitar porque lo que usted
nos ha expuesto hoy difiere, en parte, con lo que nos comentó el
Secretario General de Salud, en el sentido de que ha profundizado y
concretado medidas puntuales para desarrollar en los próximos años y, por
tanto, le felicito de que usted no nos cuente las mismas cosas que el
resto de su equipo. Lógicamente, ello indica que está clara la dirección
política que viene marcando su Departamento, donde hay una continuidad en
las ideas, una continuidad en los hechos y en la acción política.




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También la quería felicitar, señora Ministra --hoy, por lo visto, estamos
de felicitaciones--, así como al Gobierno, en el sentido de que los casos
postransfusionales han decrecido, lo cual indica que las medidas
factibles a corto plazo han dado su fruto. En una reciente intervención
en el Pleno del Congreso exponíamos que del número de casos acumulados
desde el año 1981 hasta diciembre de 1993 --de 22.655 en 1981 hasta ese
entonces-- el 1 por ciento correspondía a transfusiones y nos
preguntábamos qué ocurría mientras tanto en Europa, y se citaba que,
según datos del Centro Europeo para la Vigilancia del Sida, radicado en
París, la media de casos acumulados en el mismo período de tiempo, pero
con tres meses menos --los cálculos los tenían desde 1981 a septiembre de
1993, es decir, a falta de ese último trimestre de 1993-- era del 2,4 por
ciento.

Los datos de la situación actual de la pandemia VIH Sida en el contexto
internacional y en España, según usted nos ha explicado --cosa
fundamental para avanzar en la lucha contra la enfermedad-- a mí me han
servido desde el punto de vista pedagógico; desconozco si para otros
grupos han cumplido el mismo fin. ¿Por qué digo esto? En primer lugar,
porque, si yo no he entendido mal, los datos de incidencia, tanto
acumulada como anual, no indican que haya una tendencia a la regresión,
tanto en el contexto internacional como a nivel de España, si bien es
cierto que a consecuencia del largo período de latencia o de incubación
de la enfermedad no son un parámetro evaluador para ver la situación del
sida. Este período de latencia --a pesar del esfuerzo que está realizando
la administración sanitaria, totalmente coordinada con las distintas
administraciones autonómicas a través de la vía del consenso, así como
con otras instituciones, organizaciones no gubernamentales y
profesionales implicadas-- explica perfectamente por qué algunas personas
hablan de la extrema gravedad de la situación dentro de ese contexto, es
decir, que esto, desde el punto de vista epidemiológico, tiene una
explicación clarísima.

En segundo lugar, yo creo, señora Ministra, que sería necesario, a la
vista de lo que a veces se oye, explicar a los ciudadanos y a los medios
de comunicación, como colaboradores y difusores importantes de la
información sanitaria, que la nueva definición de casos de sida
incrementará el número de ellos, pero también es verdad que,
simultáneamente, permitirá realizar un diagnóstico precoz y, en
consecuencia, la adopción de medidas específicas. Creo que esto es cada
día más importante, en vista de lo que en esta propia Comisión se puede
oír a algún grupo político.

En tercer lugar, creo que los datos que usted ha facilitado nos permiten
a todos los grupos políticos tener un conocimiento mucho más profundo de
la importancia relativa de las distintas prácticas de riesgo o categorías
de transmisión, que permitirá al Ministerio, a las distintas
administraciones implicadas, continuar incidiendo en los colectivos más
vulnerables de la enfermedad.

¿Por qué se oye decir a veces que las medidas sanitarias en otros países
dan un fruto mejor que en nuestro propio país? Creo que usted, señora
Ministra, lo ha explicado perfectamente al darnos los porcentajes de
categorías de transmisión en España, donde el porcentaje superior
corresponde a los adictos a drogas por vía parenteral, que todos
conocemos que son un colectivo que tiene muchísimas dificultades, por la
misma idiosincrasia del colectivo, para tener acceso a los servicios
sanitarios. Por ello, una de las medidas que se han adoptado en muchas
comunidades autónomas es la incardinación de la lucha contra el sida
dentro del contexto general de programas contra las toxicomanías.

Por otro lado, el Grupo Parlamentario Socialista entiende que las
acciones a desarrollar a través del Plan Nacional del Sida, coordinadas y
consensuadas con las distintas comunidades autónomas, departamentos
implicados, etcétera, son un avance importante, un avance fundamental. Ha
sido un avance tanto la creación del Comité Asesor Clínico como toda la
reestructuración de las distintas subcomisiones de epidemiología,
prevención, asistencia, formación e información, así como otras de las
muchas medidas que usted ha anunciado: perfeccionamiento de los sistemas
de registro, análisis de la evolución de la epidemia a través de
encuestas de seroprevalencia --que también ha sido, digamos, validado por
los distintos portavoces--, programas específicos de prevención a
colectivos de adictos a drogas por vía parenteral y a colectivos
específicos --usted ha mencionado en concreto el colectivo de la
prostitución--, e independientemente de esto quizá sea bueno recordar que
no solamente en distintas comunidades autónomas, como puede ser la de
Madrid, sino que también en otras, por ejemplo en Extremadura, hay
estudios para valorar la mayor o menor importancia de la transmisión
sexual a través de la prostitución, pero siempre exceptuando el factor
del consumo de drogas por vía parenteral. Me parece francamente elogiable
el intento de coordinar todas estas acciones encaminadas a la formación e
información sobre estos colectivos y los estudios de seroprevalencia, así
como el desarrollo de programas de ayuda y asistencia domiciliaria,
etcétera. No voy a hacer una enumeración de todo lo que usted ha
expuesto, pero sí quiero decir que estas medidas expuestas por la señora
Ministra permitirán ir yugulando la transmisión de la enfermedad, mejorar
la asistencia a enfermos e infectados y un conocimiento más profundo de
la enfermedad y, en consecuencia, de su evolución.

Yo entiendo, señora Ministra, que el Ministerio hace bien al intentar el
consenso, así como que la prevención hay que hacerla a través de la
información; la formación es un paso distinto. Es decir, ¿puede una
persona llevar un mensaje a la esfera cognoscitiva? Por ejemplo, el
hábito de fumar tabaco es perjudicial para la salud; a pesar del
conocimiento que, por razones obvias, poseo, sigo fumando. La
consecuencia es que mi esfera volutiva dice que voy a seguir fumando.

Usted parece ser que intenta llegar a la esfera coercitiva, y, en ese
sentido, yo tengo que felicitarme por el hecho de que la labor del
Ministerio sea una labor clara de información para llegar, de manera
voluntaria, a esa formación sanitaria.

Si me permiten, desearía hacer dos pequeñas reflexiones y una pregunta.

Las dos reflexiones, que son muy sencillas, quizá podrían permitir que no
se viniera a la



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Comisión de Sanidad a decir siempre lo mismo sin cambiar ningún tipo de
argumento. Algún portavoz ha dicho lo mismo que se dijo en la
comparecencia de noviembre y ni siquiera se han cambiado las cifras
estadísticas que se emplearon en aquella comparecencia cuando, entonces,
el Secretario General de Salud empleó cifras hasta septiembre del año
pasado y usted, señora Ministra, las ha actualizado hasta diciembre de
1993.

Una primera reflexión --siempre con un interés constructivo-- estaría en
relación con la conveniencia en un futuro, si se estimase oportuno, de
fijar o definir indicadores en atención primaria para el seguimiento de
la infección por VIH, toda vez que es clara la voluntad del Ministerio de
ir incardinando en estos problemas de salud pública en sus aspectos
sanitarios sociales a los equipos de atención primaria.

La segunda estaría relacionada con el análisis de los estudios clínicos
sobre terapia precoz de seropositivo. Estos estudios podrían hacer
necesario, incluso prioritario, que la Administración sanitaria precisase
más --si usted quiere, podemos decir clarificase-- las autorizaciones de
uso de estos medicamentos, ya limitada su utilización en otros países
según los resultados preliminares que han sido confirmados
posteriormente. Dos reflexiones más en el ámbito totalmente constructivo
podemos hacer en este sentido, sin ser reiterativos con las otras dos que
se hicieron en la Comisión anterior. Una de ellas era la forma de tabular
los datos. Entendíamos que no tenían que ser exclusivamente datos
acumulados, sino que debían tratarse como en cualquier otra enfermedad;
hablábamos de la promoción de los retrovirales, tanto para la población
general como para distintos profesionales que están implicados en el
problema: sanitarios, farmacéuticos, etcétera.

La pregunta que quería hacer --ya finalizo, señora Ministra-- es si nos
podría informar de las líneas prioritarias para que los profesionales de
la atención primaria adquieran el protagonismo necesario en el abordaje
de esta enfermedad a que usted hacía referencia, limitación de cometidos,
coordinación con los recursos sociales y nivel especializado.

Sólo me resta expresar muy brevemente la satisfacción del Grupo
Parlamentario Socialista por la explicación que la señora Ministra ha
dado en relación con el cese, sin poner en duda, lógicamente, la
honorabilidad del señor Artundo. Entiendo que a veces pueden emitirse
opiniones partidistas, pero las razones expuestas de confusión, de error
de planteamiento, etcétera, han sido totalmente satisfactorias, y no
entendemos cómo grupos que tienen una aspiración urgente para llegar al
Gobierno pierden diez minutos en una Comisión de Sanidad para un tema de
esta categoría. En cualquier caso, señora Ministra, usted no se hubiese
escapado, puesto que si no le cesa estaría explicando los motivos de su
no cese.




La señora PRESIDENTA: Para dar respuestas a las preguntas y cuestiones
que han quedado pendientes o que han planteado SS. SS. en el turno de
réplica a la señora Ministra, volvemos a dar la palabra a la misma.




La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán): Voy a tratar de
ser breve, pero, al mismo tiempo, voy a tratar de contestar a algunas de
las cuestiones que aquí se han suscitado.

En primer lugar, contesto al portavoz del Grupo Parlamentario Popular.

Celebro, señor Robles, que mi intervención no le haya resultado difícil,
porque mi intención al venir aquí no era dificultarle nada a S. S., sino
hablar del sida. El alarde de conocimiento que S. S. ha hecho no hace
sino facilitarme la explicación. Sin embargo, cuando se escucha, con esa
valoración inicial, que nada nuevo va a oír S. S., a lo mejor pierde
algunas de las cosas que yo he tratado de explicar, sin perjuicio de que
seguramente tampoco he sido lo suficientemente clara.

Decir que he dicho lo mismo que venimos repitiendo, no es exacto,
señoría. Cuando yo he hablado, en general, de sanidad, pero en particular
hoy, por ejemplo, del sida --y lo he dicho en mi intervención--, trataba
de hablar con sosiego de un asunto tan serio que deberíamos evitar
utilizarlo para hacer chistes, frases fáciles o generalizaciones muy
ofensivas para todo el que está padeciendo las consecuencias de esta
enfermedad que también he citado. No estamos hablando sólo de un problema
médico, sino de problemas de extraordinaria trascendencia para muchas
familias, para muchos afectados, que constituye un problema social de
primera magnitud. Sintetizar que todo lo que ha hecho el Ministerio de
Sanidad en relación con el sida es la política de preservativos, como S.

S. ha dicho, haciendo referencia a esos eslóganes tan utilizados sobre el
preservativo, me parece una simplificación que le aseguro que a mí me
daña, en la medida en que, como digo, sí se han hecho muchas cosas. Si es
verdad que el Plan del sida le merece a S. S. la opinión de que ha ido
lentamente, de que no ha sido lo suficientemente eficaz, ahora debería
notarse más que sí se están haciendo más cosas.

Los datos que yo he dado --con la limitación de tiempo de que disponemos
en estas comparecencias y con la intención de no cansar demasiado-- se
han referido a objetivos perfectamente definidos para los años 1994 y
1995, que han sido aprobados en una comisión de coordinación celebrada el
día 20, y que son tan concretos como que se refieren a programas
determinados, aunque cuando los he enumerado he percibido poca atención
en lo que decía, señor Robles. Están planificados con fechas concretas,
son programas que he catalogado en distintos grupos y que hacen
referencia, en primer lugar, al conocimiento y análisis de la realidad de
la epidemia, que no es una frase, sino que se manifiesta en el
perfeccionamiento del sistema de registro, en la adaptación del sistema
de información a las necesidades de los usuarios, en el reforzamiento de
la vigilancia epidemiológica en el conjunto del Estado, en el análisis de
la evolución de la epidemia con las encuestas de seroprevalencia, cuya
fecha de realización y de terminación está perfectamente programada. (El
señor Vicepresidente, Blázquez Sánchez, ocupa la presidencia.) En el
segundo ámbito he hablado de la prevención, de los programas de
información dirigidos a la población en general, de los programas
dirigidos a la población de drogodependientes, de los programas
destinados a los jóvenes y a los



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adolescentes. He hablado del tercer ámbito de programas dirigidos a la
formación y apoyo del personal sanitario y también he dado detalles de
cómo se va a realizar. He hablado de los instrumentos, porque no son
meros pretextos administrativos, al menos esa opinión me merecen a mí. O
es que S. S. cree que la constitución del Consejo Asesor Clínico, de la
que he dado cuenta en mi información, no tiene trascendencia alguna para
el problema que estamos abordando? También he hablado de esos
instrumentos y de los subcomités y de los cambios que se han introducido.

He hablado de la coordinación entre el Plan Nacional contra la Droga y
del Plan Nacional del Sida, de las organizaciones no gubernamentales de
servicio en sida.

Finalmente, en un último apartado, que hace de cajón de sastre, he
hablado de otras actuaciones que tratan de encajar en la respuesta del
sistema sanitario social ante la epidemia, con la encuesta anual
hospitalaria sobre atención a enfermos de sida y seropositivos; con los
protocolos de derivación primaria especializada y viceversa; con el
establecimiento de protocolos de manejo clínico, psicológico y social
ante el enfermo de sida; con la identificación de necesidades de recursos
de media y larga estancia y casas de acogida para enfermos terminales;
con el fomento y desarrollo de programas de ayuda a domicilio, asistencia
domiciliaria a pacientes. Y he hablado del conocimiento de actitudes
sociales y comportamientos relacionados con el comportamiento sexual de
los jóvenes, el intercambio de jeringuillas. He hablado de las prácticas
de sexo entre la prostitución. He hablado de todas estas cosas que a S.

S. no le suponen nada nuevo ni le merecen ninguna valoración. Pero lo que
a mí me sorprende es que cuando me contesta y me dice las cosas que hay
que hacer, entonces sí me habla otra vez de prevención, de la labor que
hay que hacer con los padres y educadores, de trabajar en el ámbito de la
prostitución... Cuando S. S. lo dice, deben ser iniciativas muy
trascendentes y cuando lo dice la Ministra de Sanidad no es nada nuevo y
suena a conocido.

Por otra parte, señor Robles, es difícil decir grandes novedades sobre el
sida. Desde luego, yo no vengo al Parlamento a tratar de sorprender a
nadie al hablar del sida porque lo que se sabe del sida naturalmente que
S. S. lo sabe. Lo que he tratado es de informar con seriedad, con rigor,
con la más absoluta objetividad de cuál es la situación y de cuáles son
los datos que manejamos. Algún otro grupo sí ha sabido valorar el
esfuerzo que supone que ya estemos en condiciones de dar los datos a
diciembre de 1993. Esto no ha sido siempre así, señor Robles. Con el
registro y la información de todas las comunidades autónomas, no siempre
hemos estado en condiciones de dar los datos con este período de tiempo.

Nosotros sí valoramos los esfuerzos que se están haciendo. Creemos que se
ha mejorado en la información, creemos que la evolución de los datos, que
a S. S. le suenan idénticos, no lo son. Es más, creemos que contienen
algún signo esperanzador en la evolución, todavía pequeña, que se
aprecia, pero que nosotros sí seguimos con mucha atención y tratamos de
interpretar, por mínima que sea. Pero veo que a S. S. le han parecido
iguales.

Me ha hablado de los preservativos, con esa referencia general de que es
lo único que recomendamos. Si S. S. tiene otras recomendaciones que hacer
a la población, con carácter general, el Ministerio de Sanidad le
agradecería que se las sugiriera porque el Plan Nacional del Sida y la
Comisión Nacional del Sida fundamentalmente están para coordinar las
actuaciones de todas las administraciones públicas involucradas en este
asunto y ahí estamos todos. De manera que si además de recomendar el uso
de los preservativos hay otras sugerencias que hacer a la población, yo y
todo el Ministerio, le vamos a agradecer mucho que nos las diga.

En el asunto de los preservativos es verdad que hay problemas, como los
hay en todos los ámbitos; problemas que estos días se han manifestado con
alguna denuncia de asociaciones de consumidores sobre algunas marcas.

Según la información que tengo --a partir del momento en que se ha
formulado la denuncia--, las marcas de preservativos que se han
denunciado son clandestinas, no están homologadas. En el ámbito de la
Unión Europea se ha detectado con preocupación que hay defectos en
preservativos que están en el mercado. Es decir, no ocurre sólo en
España. El Ministerio lo ha puesto en conocimiento de las comunidades
autónomas, que son las competentes para el control de la comercialización
de los preservativos. Estamos trabajando en coordinación con ellas para
realizar algunos exámenes y controles de cómo está el mercado y de cómo
están los preservativos que están en el mercado. Tenemos ya casi todos
los datos procedentes de las comunidades autónomas. Puedo decirle a este
respecto que mañana viernes están convocados los 19 fabricantes de
preservativos que hay ahora mismo para analizar los resultados de los
controles de calidad efectuados en las comunidades autónomas y para
plantear el asunto que me ha indicado el señor Gazagaetxebarría, que es
esa propuesta de facilitar la adquisición a los jóvenes de envases de
preservativos más asequibles, que se aprobó en la Comisión de
Coordinación del sida. Va a ser analizado mañana para ver en qué
disposición están los fabricantes para atender esa petición del
Ministerio.

Sí hay problemas con algunos preservativos: unos porque son clandestinos,
otros porque se conservan en lugares inadecuados. El problema no es tanto
que estén mal fabricados, sino que los lugares donde se expenden, a veces
a la intemperie, no reúnen las condiciones adecuadas y se deterioran. Hay
otros que tienen defectos de origen que, como he dicho, estamos
analizando en coordinación con las comunidades autónomas. Vamos a estar,
dentro de muy poco tiempo, en condiciones de tener un informe completo.

De manera que, en el asunto de los preservativos, naturalmente he
conocido, como todo el mundo, lo que ha trascendido a la opinión pública,
pero conozco, como tiene que ser, alguna otra información de que dispone
el Ministerio de Sanidad.

Finalmente, voy a hacer algún comentario sobre la opinión que le merece
la explicación que he dado sobre la destitución del señor Artundo.

Coincido con la valoración que ha hecho el portavoz del Grupo Socialista.

He tratado de explicarle, señor portavoz del Grupo Popular, con seriedad,
las razones por las que fue destituido el anterior Secretario del Plan
del sida. Efectivamente, a usted las



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razones no le interesan. Lo que le interesa es hacer de un cese o de un
nombramiento un motivo de debate. El reproche de que cómo no acertamos
todos y que si he nombrado a una persona tengo que tener la garantía de
que acierta en todo lo que hace, me parece una broma. Desde luego, no es
así. Nosotros no estamos ungidos por la infalibilidad. Ni yo ni ninguna
de las personas que he designado tenemos garantía absoluta de acertar en
todos y cada uno de los planteamientos que hagamos. Me conformo con que
lo hagamos desde el convencimiento y la buena fe. Pero, sin duda, en su
Grupo no es así. Todo el que es nombrado para un cargo acierta siempre y
el que le ha nombrado no se ve en la necesidad de rectificar. No es mi
caso, señor Robles. Yo nombré al señor Artundo, lo reitero, profesional
de reconocido prestigio, y sigo manteniendo la misma opinión de él. No
estuve de acuerdo en una iniciativa y creí que mi obligación, por las
razones que he explicado --que tampoco le han interesado mucho--, era
cesarlo. De ello he dado cuenta porque me lo han preguntado, pero
constato que no es eso lo que le importa, sino hacer comentarios sobre
los nombramientos y los ceses. Por otra parte, cambiar a las personas de
sitio tampoco me parece una cosa criticable en sí misma --ha hecho usted
un chiste de tanto cese--; es normal y hasta creo que bueno. Siento que
no le hayan satisfecho mis explicaciones, pero es todo cuanto tengo que
decirle. Al portavoz del Grupo Nacionalista Vasco quiero agradecerle su
intervención. Me parece que lo fundamental de la Secretaría del Plan
Nacional del Sida, si hubiera que sintetizar en una función, es la
coordinación. En ese sentido, la coordinación con las comunidades
autónomas es fundamental. Creo que la coordinación con los responsables
de las comunidades autónomas está funcionando extraordinariamente bien.

Se está trabajando en un clima de cooperación que es eficacísimo. Por
tanto, coincido con S. S. en que esa labor de coordinación con las
comunidades es esencial.

En cuanto a la incorporación de la enseñanza del sida a la escuela, está
ya como asignatura transversal la Educación para la Salud. Parece que ésa
puede ser una explicación a esa interpretación. La Educación para la
Salud se incorporó como asignatura transversal a la Educación General
Básica. Seguramente se ha entendido que en esa asignatura de Educación
para la Salud está incluida la información y la educación sobre el sida,
de la misma manera que están incluidas otras informaciones sobre salud
que son fundamentales en esa etapa de formación. Si le sirve a S. S. esta
explicación, me parece que es la razón de lo que se produjo en el debate
de la moción. En todo caso, estamos de acuerdo con el fin, que es lo
importante, que es enseñar en las escuelas el sida. Buena prueba de ello
es que --aunque tampoco se haya valorado por algún grupo-- el Ministerio
ha suscrito un convenio con los Ministerios de Educación y de Asuntos
Sociales, dirigido a hacer más eficaz y más presente la educación
sanitaria en enfermedades de transmisión sexual y, por tanto, del sida.

Coincido con S. S. en lo importante que es la transmisión de información
a los adolescentes en la escuela.

Al señor Cardona le agradezco su intervención, que me ha resultado del
mayor interés. Comparto lo que ha dicho, por tanto, no me ha dejado
ninguna pregunta planteada.

Al señor Gimeno, Portavoz del Grupo Socialista, le agradezco su
intervención y sus amables comentarios. Le agradezco, sobre todo, una
cosa que no he querido decir porque no es fácil a veces valorar en
positivo algunos resultados. Es cierto --celebro que lo haya puesto de
manifiesto-- que el contagio de sida que ha disminuido ostensiblemente es
el debido a la administración de hemoderivados y a transfusiones. En esa
disminución algo ha debido tener que ver la actuación de la
Administración que, por fortuna, se ha generalizado, impidiendo estos
contagios. Le agradezco que haya sido usted quien haya puesto de
manifiesto ese dato, que ha sido irrelevante también para algún grupo,
pero que a mí me resulta esperanzador porque en esa vía de contagio es en
la única en la que la labor de la Administración, con la normativa, el
control y la buena práctica en los centros sanitarios, es donde más
capacidad tiene de hacerle frente, porque en los demás supuestos de
transmisión estamos hablando de conductas personales en las que no es
fácil incidir en corto plazo.

En cuanto a la información más detallada que me pide de cuál es la
traducción en asistencia hospitalaria, en asistencia primaria, de lo que
estamos haciendo, debo decir que está encargado al Subcomité de
Asistencia y Formación del Plan Nacional del Sida. Muy brevemente voy a
sintetizar la actividad. En primer lugar --los objetivos he tratado de
exponerlos antes, pero voy a ceñirme un poco más a cosas concretas--,
diseñar y realizar una encuesta hospitalaria sobre atención a enfermos de
sida y seropositivos e identificar el consumo de recursos generales por
los pacientes infectados por el VIH y en contacto con los servicios
sanitarios. En segundo lugar, valorar la puesta en marcha de los
documentos, ordenación de servicios para la atención sanitaria al
paciente con infección por VIH, y recomendaciones para el control de la
infección por VIH y otros microorganismos de transmisión sanguínea en el
medio sanitario. En tercer lugar, la monitorización y seguimiento de los
protocolos de derivación de pacientes con infección de VIH de la atención
primaria a la atención especializada, y viceversa. En cuarto lugar, el
diseño y realización de un programa en coordinación con la Dirección
General del Insalud y otros servicios de salud para la formación de
personal sanitario, diplomados universitarios de enfermería, médicos de
atención primaria y de prisiones, a través de las unidades de asistencia
especializada, para establecer una red de profesionales que puedan dar
asistencia de calidad a estos pacientes. En quinto lugar, identificación
de necesidades de recursos para pacientes con etapas evolucionadas de la
enfermedad. En sexto lugar, diseño de un programa de actualización y
mejora de la atención sanitaria de drogodependientes con infección de VIH
en el ámbito asistencial. En séptimo lugar, la revisión y puesta al día
del documento sobre realización de pruebas diagnósticas de infección por
VIH. Y en octavo lugar, el establecimiento de un grupo de trabajo
específico, en coordinación con el Subcomité, para valorar el impacto y
su repercusión



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asistencial de la elevada incidencia de pacientes infectados por VIH y
tuberculosis.

Respecto a los calendarios que le puedo dar a S. S. sobre estas
iniciativas, para la encuesta hospitalaria se ha propuesto diciembre de
1994; la valoración de aplicaciones de los documentos y asistencia y
precauciones universales --esos dos documentos a los que he hecho
referencia--, octubre de 1994; el grupo de trabajo para el estudio de la
repercusión asistencial de la tuberculosis en pacientes con infección por
VIH, en mayo de 1994. Esta es la concreción que en este momento le puedo
dar a su señoría.

Finalmente, quisiera aclarar que no hay dos tipos de pacientes de sida en
prisiones, ni dos tipos de tratamiento. Las personas que están en prisión
tienen, como el resto de los ciudadanos españoles, el acceso universal y
gratuito al AZT y al DDI. Lo que ocurre es que hay un porcentaje de
personas de las que están en prisión que han rechazado su uso por
decisión propia, como lo hay, por otra parte, fuera de las prisiones
también. De ninguna manera hay dos tipos de tratamiento. Los tratamientos
que se siguen en las prisiones están coordinados con los que se siguen en
otros sitios.

A estos efectos, me gustaría recordar que en el primer Consejo
Interterritorial que presidí como Ministra de Sanidad y Consumo y que se
celebró en septiembre, asistieron el Secretario de Estado de
Instituciones Penitenciarias y el Secretario de Estado Delegado del
Gobierno en el Plan Nacional sobre Droga, precisamente para coordinar la
atención a los enfermos de sida y a los drogodependientes. Asistieron al
Consejo, como digo, para tener la oportunidad de debatir allí con los
responsables sanitarios de todas las comunidades autónomas. De manera que
también manifesté alguna preocupación por esa coordinación en el tipo de
atención; prueba de ello es esa convocatoria que se celebró en el mes de
septiembre de 1993 y a partir de la cual hemos venido trabajando en la
coordinación de esa asistencia.

No sé si me dejo alguna cuestión por responder, señorías, pero creo que
esto es todo lo que me había anotado. (El señor Robles Orozco pide la
palabra.)



El señor VICEPRESIDENTE (Blázquez Sánchez): Señor Robles.




El señor ROBLES OROZCO: Rogaría un breve turno porque he sido
directamente aludido en alguna de las afirmaciones y de forma personal;
no en cuanto a los contenidos, sino a las intenciones de mis
afirmaciones. Creo que es conveniente que tenga la oportunidad de
aclararlo.




El señor VICEPRESIDENTE (Blázquez Sánchez): Sabe, señor Robles, que no
existe turno de réplica.




El señor ROBLES OROZCO: No es un turno de réplica, señor Presidente, es
un turno por alusiones.




El señor VICEPRESIDENTE (Blázquez Sánchez): Esta Presidencia no estima
que haya habido alusiones directas y personales.




El señor ROBLES OROZCO: Señor Presidente, ha hecho alusiones a
generalizaciones ofensivas que yo he hecho en mi intervención. Me
gustaría saber cuáles son y, sobre todo, aclarar que nada más lejos de mi
intención porque no las he hecho y porque no me permitiría, en ningún
caso, hacer ni chistes, ni generalizaciones ofensivas. Me he limitado a
hacer una afirmación que mantengo, y no en tono de crítica sino como
constatación de una campaña mantenida como política de la Administración
de fomento de la política de los preservativos. Me he limitado a pedirle
explicaciones sobre un tema que creo que es importante que la opinión
pública conozca y que el Ministerio aclare. No lo he hecho en términos de
crítica. Me parece importante poder aclarar este tema. Como me parece
importante también poder aclarar que, en ningún punto de mi intervención,
ha habido afirmaciones coercitivas, sino simplemente la petición de
mantenimiento de campañas de carácter formativo. Y añado que me parece
importante no perder diez minutos, sino incluso quince, hablando del cese
de un señor que es el responsable del Plan Nacional contra el Sida. No es
una cosa baladí, puesto que llevaba dos años sin ser nombrado, se le
nombra y a los dos meses es cesado. Señora Ministra, eso en toda tierra
democrática es fruto de debate en las comisiones políticas. Yo lamento...




El señor VICEPRESIDENTE (Blázquez Sánchez): Le pido que termine en diez
segundos.




El señor ROBLES OROZCO: Termino, señor Presidente.

Lamento que la señora Ministra tuviera la idea de que venía hoy aquí a
darnos una conferencia, pero las comparecencias en el Parlamento no son
una conferencia, eso se hace normalmente en las universidades de verano.




El señor VICEPRESIDENTE (Blázquez Sánchez): Señor Robles, no había turno
de réplica.




La señora MENDIZABAL GOROSTIAGA: Quiero que conste en acta que el señor
Robles ha utilizado un turno que no le corresponde.




--PARA DAR CUENTA DE LAS GRAVES INSUFICIENCIAS DEL INSTITUTO DE SALUD
CARLOS III EN EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS QUE LE ATRIBUYE LA LEY
GENERAL DE SANIDAD. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO IU-IC. (Número de
expediente 213/000169.)



El señor VICEPRESIDENTE (Blázquez Sánchez): Pasamos al siguiente punto
del orden del día: Comparecencia de la Ministra de Sanidad y Consumo para
dar cuenta de las graves insuficiencias del Instituto de Salud Carlos III
en el desarrollo de las competencias que le atribuye la Ley General de
Sanidad, a solicitud del Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya.

Tiene la palabra la señora Ministra.




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La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán): Señorías, el
Instituto de Salud Carlos III fue creado, como todos ustedes conocen por
la Ley General de Sanidad como órgano de apoyo científico-técnico de los
departamentos de Sanidad de la Administración del Estado y de las
comunidades autónomas. Para el desarrollo de sus funciones, la ley
dispone la coordinación con el Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud y la colaboración con otras administraciones públicas.

La estructura, organización y régimen de funcionamiento del Instituto
Carlos III se regulan en un decreto del año 1988, que lo define como un
organismo autónomo de la Administración del Estado y le atribuye las
mismas funciones que indicaba la Ley de Sanidad. La propia Ley de Sanidad
establece que el Instituto se formará a partir de la integración de
diversos centros procedentes de la Administración Institucional de la
Sanidad Nacional (AISNA), que tenían un origen y desempeñaban unas
funciones heterogéneas. Esto es importante a los efectos de aclarar
algunas cuestiones en esta comparecencia.

Por una parte, los centros nacionales actualmente situados en el área de
Majadahonda (el de Alimentación, el de Farmacobiología, el de Sanidad
Ambiental y el de Microbiología, Virología e Inmunología Sanitaria), que
tienen un carácter eminentemente científico-técnico. Por otra, el Centro
Nacional de Investigación Clínica y Medicina Preventiva, producto de la
fusión de los Hospitales del Rey, Victoria Eugenia e Infante Don Felipe,
y con una actividad fundamentalmente asistencial.

Estas diferencias de naturaleza y funciones de los centros integrantes
del Instituto de Salud Carlos III determinan una situación compleja sobre
la que se ha venido trabajando a fin de lograr la adecuación del
organismo en su conjunto a los fines que la ley le atribuye.

Creo que, a fin de que SS. SS. puedan valorar más exactamente la
actuación y las perspectivas futuras del Instituto de Salud Carlos III,
puede ser interesante destacar los principales rasgos de su estructura y
funcionamiento. El Instituto cuenta, en primer lugar, con una plantilla
de 1.638 personas, de las que realizan tareas de investigación algo más
de la mitad, mientras que más de un 35 por ciento tiene funciones
asistenciales en el ámbito del Centro de Investigación Clínica y Medicina
Preventiva. En materia presupuestaria, las dotaciones del Instituto han
evolucionado de forma diferente, en función del tipo de gasto al que han
sido destinadas y del momento en que se han producido las dotaciones
presupuestarias.

Así, en los créditos destinados a gastos de personal, el incremento medio
anual desde 1988 ha sido de un 6 por ciento, pasando de 4.330 a 5.999
millones de pesetas. Sin embargo, en el capítulo de gastos corrientes las
cifras han seguido un camino bien distinto, ya que los 1.011 millones con
que se contaba en 1988 ascendieron a 2.027 en 1990, para ir disminuyendo
después hasta los 1.054 millones presupuestados para el presente año.

Este dato es digno de subrayar ya que da una idea del esfuerzo adicional
y del rigor en la gestión presupuestaria que requiere mantener una
creciente actividad del organismo con unas disponibilidades similares a
las existentes hace seis años.

Es también interesante destacar que los gastos en inversiones fueron muy
importantes durante los primeros años de funcionamiento del Instituto,
para hacer frente a las necesidades que tenía planteadas en cuanto a
infraestructura y equipamiento. Pero, posteriormente, las asignaciones en
el capítulo de inversiones han ido disminuyendo hasta los 117 millones de
pesetas para el ejercicio de 1994, una cifra muy pequeña si se la compara
con los 1.135 millones del año 1988, o los 1.199 de 1990.

Las inversiones realizadas en esos años han hecho posible que se cuente
con una dotación de edificios, instalaciones e instrumental que
satisfacen los requerimientos de las tareas que ha de desempeñar el
Instituto. No obstante, la disminución presupuestaria ha conllevado que
los gastos de mantenimiento, renovación y nuevas inversiones hayan sido
sometidos a un estudio, evaluación y priorización muy estrictos en los
últimos años.

Un aspecto significativo a resaltar es que el Instituto, por ser un
organismo de apoyo y cooperación en materia de investigación y control,
realiza muchas de sus actividades por encargo de entidades públicas o
privadas, o en colaboración con ellas. Ello supone que debe ponerse
especial cuidado en determinar las vías de financiación de estas
actividades, diferenciando cuáles de ellas deben ser sufragadas, total o
parcialmente, con cargo a los presupuestos del organismo y cuáles han de
correr a cargo de otras entidades. De hecho, al ser el Instituto de Salud
Carlos III, desde 1989, un organismo público de investigación, está
legalmente habilitado para generar créditos en su presupuesto, bien por
ingresos derivados de los contratos celebrados para la realización de
trabajos de carácter científico o de asesoramiento técnico, bien por los
recursos aportados por el sector público dentro del Plan Nacional de
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico.

Es ésta una fuente de financiación que en 1993 ha supuesto 554 millones
de pesetas, un 17,6 por ciento superior a la del año 1992, y que
representa el 43 por ciento del conjunto de las partidas presupuestarias
de los capítulos II y VI del ejercicio de 1993. Pero sobre todo
representa cuál ha sido el incremento de esos encargos al Instituto de
Salud Carlos III.

Los objetivos que la Ley General de Sanidad asignaba al Instituto se han
dotado de una mayor concreción en diversas normas posteriores,
especialmente en el ya mencionado Decreto de 1988 y en el que en el año
1992 determinó la estructura orgánica del Ministerio de Sanidad y
Consumo.

Para el cumplimiento de estos objetivos, el Instituto mantiene una
variada gama de actividades, que pueden encuadrarse en tres grandes
áreas.

En primer lugar, desempeña tareas derivadas de su concepción como
organismo de referencia estatal en el diagnóstico, control de calidad,
documentación e información científico-técnica.

Tanto el Centro Nacional de Microbiología, Virología e Inmunología
Sanitaria como el Centro Nacional de Retrovirus vienen prestando un apoyo
muy importante en el campo del diagnóstico primario a hospitales y otras
instituciones sanitarias; no obstante, la demanda de esta



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actividad ha disminuido notablemente en los últimos años, seguramente
porque ha mejorado la dotación humana y técnica en los hospitales de la
red pública. De hecho, el número de muestras recibidas en el año 1989
para esta actividad fue de 34.753, disminuyendo paulatinamente los años
siguientes hasta ser en el año 1993 de 9.967.

Sin embargo, estos centros han ido desarrollando y aplicando tecnologías
más avanzadas que permiten llegar a un diagnóstico más preciso y a un
conocimiento más profundo de los agentes patógenos, por lo que los mismos
están actuando, cada vez en mayor grado, como laboratorios de referencia
de más de 150 hospitales y centros sanitarios casi exclusivamente de la
red pública. El número de muestras que se han recibido para las distintas
áreas de trabajo ha sido el siguiente: En bacteriología, 9.087 en el año
1985, y 17.013 en el año 1993; virología, 571 en 1991 y 715 en 1993;
parasitología, 1.348 en 1989 y 2.161 en 1993; en micología se inició la
actividad en el año 1992 con 693 muestras, que han pasado en 1993 a
1.254.

Las enfermedades para cuyo diagnóstico se presta apoyo científico-técnico
son la práctica totalidad de las infecciosas que se detectan en nuestro
país, más alguna otra no conocida o erradicada, como el paludismo.

Por otro lado, las determinaciones que se realizan en el Centro Nacional
de Biología Celular y Retrovirus en relación con el Sida han
experimentado un proceso similar al indicado anteriormente, disminuyendo
las correspondientes a un diagnóstico primario de la enfermedad a medida
que se ha dispuesto de los medios adecuados en la mayoría de los centros
hospitalarios de la red pública --en el año 1993, por ejemplo, se
recibieron 1.140 muestras-- y aumentando las dirigidas a la confirmación
diagnóstica por tecnología más avanzada de aquellas muestras que plantean
dudas a nivel primario de la red pública. En el año 1993 se recibieron un
total de 2.615 muestras para confirmación diagnóstica, más otras 425 de
diagnóstico pediátrico.

Con el fin de racionalizar y universalizar el uso de los procedimientos
diagnósticos avanzados de que disponen estos centros en relación con
hepatitis y sida, en el año 1993 se ha ofrecido a hospitales y bancos de
sangre, tanto del sector público como privado, la firma de un convenio en
el que se acuerdan las condiciones para hacer uso de estos servicios. En
este período se han suscrito ya 20 convenios.

En el Centro Nacional de Microbiología, Virología e Inmunología Sanitaria
existe una importante colección de cepas patrón de virología,
bacteriología parasitológica y micología. Esta colección, de un
incalculable valor y costosa de mantener, permite disponer de un
excelente control de referencia frente a un gran número de patologías.

Por su parte, el Centro Nacional de Biología Celular y Retrovirus posee
también un excelente banco de líneas celulares de VIH positivo, de enorme
utilidad para la homologación del material de diagnóstico frente a este
virus.

Asimismo, se dispone de patrones secundarios para el control de la
evaluación de medicamentos y de patrones específicos para el control de
contaminación en el terreno de la sanidad ambiental.

El segundo campo de actuación en el que trabaja hoy el Instituto de Salud
Carlos III son sus actividades como órgano de control en el área de los
medicamentos, productos sanitarios, productos biológicos, alimentos,
sanidad ambiental y productos químicos potencialmente peligrosos.

En el Instituto está ubicado el Centro Coordinador del Sistema Español de
Farmacovigilancia, que recibe e informa a la Dirección General de
Farmacia de las notificaciones de reacciones adversas a medicamentos. En
1993 se recibieron unas 6.000 notificaciones.

Al mismo tiempo, el Centro Nacional de Farmacología está realizando la
puesta al día del Registro de Medicamentos en cada una de sus fases,
pudiéndose trabajar sobre unos 500 expedientes al año, lo que permitirá
que en 1995 pueda estar totalmente actualizado.

También se realiza un estudio continuo de la evaluación y control de
mercado de productos biológicos --vacunas y hemoderivados-- con un tiempo
medio de evaluación de cada expediente de tres meses, que no plantea
retraso.

De acuerdo con los planes nacionales de control de alimentos, se analizan
anualmente más de 4.000 productos, con más de 12.000 determinaciones
microbiológicas, químicas y bioquímicas, en cooperación con las
comunidades autónomas.

El Centro Nacional de Sanidad Ambiental, en coordinación con la Dirección
General de Salud Pública y el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y
Medio Ambiente, controla la contaminación atmosférica e hídrica, los
radiocontaminantes en los alimentos y suelos y realiza el estudio
toxicológico de sustancias tóxicas y peligrosas.

Además, el Instituto realiza las mediciones mensuales de los dosímetros
de unas 4.000 personas profesionalmente expuestas a radiaciones y la
medición de la contaminación radiológica de productos alimenticios.

En el área de la vigilancia epidemiológica, el Centro Nacional de
Epidemiología, adscrito al Instituto, desarrolla múltiples actividades.

Entre ellas, la recogida, agregación, análisis y posterior difusión de
los datos suministrados por todas las comunidades autónomas sobre casos
de enfermedades de declaración obligatoria; la gestión del registro
nominal de los casos de sida y lepra; la vigilancia epidemiológica de las
enfermedades de transmisión alimentaria, de las sometidas a los programas
de vacunación, y enfermedades respiratorias, legionelosis en viajeros y
vigilancia de la zoonosis; la vigilancia de las enfermedades de
transmisión sexual y hepatitis vírica, y el análisis de enfermedades
importadas de vigilancia especial por la Organización Mundial de la
Salud.

Toda esta información recogida, procesada y analizada en el Centro
Nacional de Epidemiología, se traslada a las distintas autoridades
sanitarias competentes, al personal declarante, a múltiples instituciones
y a la comunidad científica en general a través del Boletín
Epidemiológico y Microbiológico y de las bases de datos existentes en el
Centro. Además, toda la información de la red nacional de vigilancia
epidemiológica es accesible para todos los organismos de salud pública.




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El Instituto participa, además, en seis programas de vigilancia
epidemiológica europeos y de la Organización Mundial de la Salud.

La tercera de las áreas de actuación del Instituto es la correspondiente
a su labor de investigación en apoyo del sistema nacional de salud en
relación con los problemas de salud y, en particular, en el campo de las
enfermedades infecciosas, inmunológicas y crónicas. En esta materia, el
Instituto ha venido potenciando su actividad, de forma que se ha pasado
de 19 proyectos de investigación con financiación externa en 1988, a 69
proyectos en 1993. De ellos, nueve tienen carácter internacional.

Por otro lado, el Instituto participa y colabora con otros organismos
públicos y privados, con los que establece convenios de trabajo para el
desarrollo de actividades técnicas en el marco de la innovación y
desarrollo tecnológico, siempre que ello no perturbe la realización de
sus funciones principales. El número de convenios ha aumentado desde los
29 suscritos en 1991 hasta los 51 concluidos en 1993.

Una mención expresa merece, a mi juicio, la labor del Centro de
Investigación Clínica y Medicina Preventiva.

Ciertamente, el marco legal del Instituto de Salud Carlos III no recoge
expresamente el desarrollo de tareas de asistencia sanitaria, pero la
adscripción de tres hospitales permitió la incorporación de personal con
tareas y formación de carácter asistencial en sectores muy
especializados. Ello ha abierto la posibilidad de transformar este Centro
en órgano de referencia para determinados procesos de relevancia dentro
del Sistema Nacional de Salud, como es el caso del sida, dado su elevado
nivel de conocimiento en el campo de las enfermedades infecciosas.

Como sus señorías pueden comprobar con los datos que he tratado de
enumerar sucintamente, la actividad del Instituto de Salud Carlos III ha
crecido en los últimos años, al tiempo que se ha ido adaptando a las
funciones que tiene encomendadas. Sin embargo, ello no significa que no
existan problemas, ni que puedan considerarse definitivamente perfilados
la estructura y el funcionamiento del organismo. Debe tenerse presente
que una institución de contenido científico-técnico no puede tener un
carácter estático, sino que ha de evolucionar casi permanentemente,
adaptándose al desarrollo de la ciencia y la tecnología, a las
necesidades de la sociedad y, en este caso concreto, a las demandas del
sistema nacional de salud. Por ello, la Dirección del Instituto de Salud
Carlos III ha elaborado un plan de actuación, cuyas líneas generales voy
a exponer brevemente a sus señorías.

El apoyo científico-técnico que presta el Instituto ha de priorizar los
aspectos que no puedan ser desarrollados por otros centros del Sistema
Nacional de Salud, así como aquellos que deban mantenerse centralizados
por su complejidad o escasa utilización, evitando duplicidades y
conflictos competenciales. A tal fin, el Instituto de Salud Carlos III
impulsará sus funciones como órgano de referencia, de investigación y de
apoyo científico-técnico en el diagnóstico, el control y la garantía de
calidad al servicio del Sistema Nacional de Salud.

En este sentido, se consideran fundamentales dos procesos. Por una parte,
una ordenación de la oferta de servicios del Instituto, de manera que se
delimiten los ámbitos en que podrá llevarse adelante esa función de apoyo
y colaboración con las administraciones públicas o con entidades
privadas; por otra, la adaptación interna del organismo a las necesidades
que su oferta de prestaciones determine.

Por lo que hace a la ordenación de los servicios del Instituto, un primer
paso consistirá en establecer un sistema que permita un acceso universal
e igualitario a dichos servicios desde cualquier institución del Sistema
Nacional de Salud. Para ello se ha elaborado una cartera de servicios,
mediante consultas a los órganos e instituciones del Sistema Nacional de
Salud potencialmente interesados, al objeto de poder conocer sus
necesidades actuales y de futuro. Las consultas se han llevado a cabo
mediante una encuesta presentada en la Comisión de Salud Pública del
Consejo Interterritorial y trasladada a todas las comunidades autónomas.

La excelente respuesta de las comunidades autónomas a tal encuesta ha
sido un elemento capital para configurar esa cartera de servicios desde
una óptica de máxima eficiencia. Sus resultados, unidos a la información
actualizada sobre las actividades científico-técnicas de los distintos
grupos de trabajo del Instituto, han permitido establecer, por primera
vez, una cartera de servicios real para el Instituto, que ya ha sido
presentada al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en
su reunión del pasado 25 de abril.

La primera finalidad de esta cartera de servicios es proporcionar a los
responsables de las comunidades autónomas una relación de las actividades
que desarrollan los laboratorios del Instituto, así como de los estudios
que sus servicios técnicos no laboratoriales pueden ofrecerles.

Pero tan importante como ello es el hecho de que en el diseño de estas
colaboraciones no sólo se ha tenido en cuenta el listado de servicios que
pueden prestarse, sino también las condiciones en que debe producirse el
acceso a los mismos, de forma que se logre la máxima eficacia en el
cumplimiento de los compromisos adquiridos. Con este objetivo, se
considera elemento central la formalización de convenios de cooperación
entre el Instituto y las comunidades autónomas interesadas.

Se propone que estos convenios incluyan cláusulas relativas a cuestiones
cuya definición previa se considera imprescindible para la correcta
ejecución de los programas que se establezcan. Entre éstas podríamos
citar cuáles son las actividades a realizar, distinguiendo los diferentes
tipos en función de las causas que las motivan (imperativos legales,
emergencias, programas preestablecidos, etcétera), los plazos de
recepción de las muestras; la ejecución de los análisis y la remisión de
resultados; los responsables e interlocutores válidos por cada una de las
partes; los criterios de prioridad para las diferentes demandas que se
puedan plantear, y la financiación de las actividades, también según su
causa. Y con el fin de adecuar esta oferta a los avances científicos y
técnicos, está previsto evaluar periódicamente los servicios que se
presten, para lo cual se realizarán consultas a expertos nacionales e
internacionales para



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determinar necesidades previsibles o actividades de indudable interés
sanitario no cubiertas en cada momento.

En la faceta del Instituto como organismo de referencia se va a potenciar
la elaboración y difusión de metodología avanzada para el diagnóstico de
enfermedades, especialmente cuando existan, respecto a las mismas, planes
nacionales, así como facilitar información actualizada sobre calidad de
reactivos y patrones para diagnóstico de enfermedades.

En la misma línea, el Instituto pretende establecer un sistema de calidad
de laboratorios, basado en el concepto de garantía de calidad que se está
implantando en el ámbito de las instituciones de este tipo de la Unión
Europea. La señora Presidenta ocupa la Presidencia.) El objetivo es
lograr que tanto los laboratorios del Instituto como otros laboratorios
públicos con los que colabora sigan una metodología de trabajo basada en
patrones de calidad normalizados, permitiendo así la obtención de
resultados comparables, basados en técnicas experimentales seguras,
reproducibles, documentadas y adecuadas a su finalidad.

Por último, se potenciará la transferencia de los resultados de la
investigación dentro del propio Instituto y hacia el exterior, incluyendo
los aspectos de innovación tecnológica y metodológica aplicables en la
actuación del Ministerio de Sanidad y Consumo, de los servicios de salud
de las comunidades autónomas y organismos e instituciones interesadas.

Para poder hacerlo, a finales del pasado año se creó la Oficina de
Transferencia de Resultados de la Investigación, dentro del marco del
Plan Nacional de Investigación y Desarrollo.

Es también fundamental establecer criterios claros y definidos en los
servicios a prestar por el Instituto Carlos III a solicitud directa de la
industria, de forma que se asegure que, en todo caso, éstos quedan
supeditados a las demandas de carácter institucional.

El Centro Nacional de Investigaciones Clínicas y Medicina Preventiva
desarrollará actividades de asistencia sanitaria e investigación con una
mayor coordinación con el Sistema Nacional de Salud. Para ello se va a
incrementar su colaboración con el Insalud.

Una especialidad en la que el Centro mantiene un nivel francamente bueno
son las enfermedades infecciosas, que en la actualidad suponen su
principal actividad.

Es obvia la importancia de la reaparición y/o incremento de la incidencia
de procesos infecciosos, en íntima relación con la inmunodeficiencia que
acompaña a los enfermos de sida. Hay también una creciente demanda
asistencial de pacientes con enfermedades tropicales prácticamente
inexistentes en nuestro país hasta hace poco tiempo. En todos estos casos
van a ser precisos mayores esfuerzos en asistencia e investigación a los
que el Centro puede contribuir de modo progresivo.

El Instituto, por tanto, señorías es un organismo que, en los últimos
años, ha conocido modificaciones significativas desde su creación a
partir de un conjunto de estructuras ya existentes. Es evidente que ello
ha producido problemas en el funcionamiento sobre los que llevamos
trabajando tiempo y sobre los que se seguirá actuando en el futuro.

Sin embargo, también es cierto que el Instituto se ha ido adecuando cada
vez con mayor precisión a los fines para los que fue creado, y que se
encuentra en mejores condiciones de asumir las nuevas responsabilidades
de apoyo científico y técnico que el Sistema Nacional de Salud exige.

Con la exposición de lo que hace el Instituto espero haber contestado al
sentido en que está formulada la comparecencia sobre sus insuficiencias.

Es verdad que podía haberlo planteado enumerando las competencias que la
ley atribuye de manera exhaustiva al Instituto de Salud Carlos III, pero
la sistemática de la exposición de cómo creemos que debe orientarse la
actividad y en qué la estamos potenciando, excluye funciones que están en
la ley y que, efectivamente, el Instituto no está desarrollando. Y no las
está desarrollando en la mayoría de los casos porque se está haciendo por
otros órganos del Ministerio de Sanidad y Consumo. Hay casos evidentes,
como, por ejemplo --por empezar por la primera--, la formación
especializada del personal al servicio de la gestión sanitaria, que
desarrolla la Escuela Nacional de Sanidad. En otros casos no es tan
evidente, pero en todos aquellos a que no haya hecho referencia ni
siquiera sucintamente es porque están siendo desempeñados por otras
instancias del propio Ministerio o de otras administraciones, y nos
resulta difícil plantear la duplicación de algunas funciones que se están
realizando en otro lugar.

Así pues, es verdad que hay lagunas en esta enumeración exhaustiva, pero
en cada una de ellas hay, por lo menos, una explicación de la razón por
la que no se ha mencionado en esto que constituye no sólo lo que está
haciendo, sino lo que creemos que debe hacerse mejor en el futuro.




La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra la señora Maestro.




La señora MAESTRO MARTIN: Gracias, señora Ministra, por su comparecencia,
aunque tengo que decirle que la relativamente exhaustiva relación de las
actividades concretas que realiza el Instituto de Salud Carlos III no
corresponden al objetivo de mi solicitud de comparecencia, que entiendo
que está adecuadamente formulada.

Quiero decir que la situación del Instituto de Salud Carlos III se
mantiene caótica, al margen de cualquier dirección de política sanitaria,
desde su creación. Por tanto, señora Ministra, creo que solamente le
corresponde una parte pequeña de la responsabilidad que el Ministerio de
Sanidad ha tenido en el desarrollo del Instituto de Salud Carlos III
hasta este momento.

Me parece que es muy difícil encontrar algún trabajador del Instituto de
Salud Carlos III, desde los mayores niveles de responsabilidad hasta los
menores, que no pudiera ratificar la sensación de que el Instituto está
trabajando a su aire, en función de su propia inercia, desde que se creó,
y que el papel central, a mi juicio, que le otorga la Ley General de
Sanidad en el desarrollo de la reforma sanitaria y



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en la configuración de un servicio integral de salud pública no ha sido
abordado.

Creo que es obvio, para cualquiera que conozca la situación sanitaria,
que los dos directores generales que ha tenido el Instituto de Salud
Carlos III han asumido una grave responsabilidad, pero también limitada
por la ausencia de directrices claras y concretas por parte del
Ministerio de Sanidad. La etapa de dirección del doctor Nájera se
correspondió con una dotación de recursos extraordinaria para la materia
en la que este señor tenía depositado su interés personal, dedicando
prácticamente ninguna atención a los otros centros nacionales de su
competencia. Situación caótica que llevó a su cese y que abrió esperanzas
de que eso supusiera un interés renovado por parte del Ministerio de
Sanidad acerca de la función del Instituto de Salud Carlos III y que se
abordara lo que ya era urgente.

El nombramiento del señor Borrell ha cambiado las características de los
intereses prioritarios, pero desde luego no ha servido para que el
Instituto encuentre el lugar que le corresponde dentro del sistema
sanitario. Como la señora Ministra y SS. SS. saben bien, el señor Borrell
procedía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y su
formación profesional como investigador le ha llevado a plantear un
desarrollo del Instituto de Salud Carlos III muy semejante al de una
estructura que tiene relativamente poco que ver con dicho Centro, como es
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

En este momento, la investigación --en ausencia de líneas prioritarias,
de objetivos y de criterios de evaluación-- se realiza en el Instituto de
Salud Carlos III al libre albedrío de las personas con capacidad de
presentar proyectos, que se financian, en una parte creciente, como la
señora Ministra ha dicho, por organismos externos al propio Instituto de
Salud Carlos III; por tanto, y como se deduce de la exposición que estoy
haciendo, la investigación que se realiza no está configurada en función
de objetivos básicos de salud pública, que no podrían ser determinados
por otra estructura que el propio Ministerio de Sanidad. Es decir, ha
cambiado la faz del Instituto de Salud Carlos III, pero, en mi opinión,
con un desarrollo arbitrario de otra de las funciones que la Ley General
de Sanidad le atribuye al Instituto, y desde luego afirmo (y lo hago con
toda responsabilidad y toda rotundidad) que al margen de criterios de
política sanitaria que definan objetivos en la investigación, objetivos
en el control y objetivos en el desarrollo de las actividades del
Instituto de Salud Carlos III.

Desde el punto de vista presupuestario, la historia ha evolucionado muy
negativamente para el Instituto de Salud Carlos III, y no solamente en lo
que se refiere a la disminución del presupuesto de inversiones --que es
lógico que en un primer momento el capítulo de inversión en obra nueva
fuera mucho más grande de lo que es años después--, sino en algo que
parece muy importante, que la señora Ministra ha calificado de rigor
presupuestario y que yo califico de ausencia de criterios
presupuestarios. Es decir, cuando la relación en un organismo de este
tipo, que se recomienda entre el capítulo 1 y el capítulo 2 es de que al
menos el capítulo 2 tenga el 30 por ciento de lo que supone el capítulo
1, el que el capítulo de gastos corrientes, es decir, del material
necesario para desarrollar las actividades apenas llegue al 11 por
ciento, no es rigor presupuestario, señora Ministra, es despilfarro de
recursos humanos, que no están funcionando por ausencia de posibilidades
materiales en el desarrollo concreto de sus actividades. El ahorro (y eso
es algo que afecta no solamente al Instituto de Salud Carlos III, sino a
otros aspectos de política sanitaria general) puede ser despilfarro de
recursos también, y no solamente disminución del gasto y eficacia en el
control presupuestario.

Por tanto, más allá de la relación entre el capítulo 1 y el capítulo 2,
el Ministerio de Sanidad, hasta la fecha, no ha definido objetivos,
criterios de evaluación, líneas generales de trabajo del Instituto de
Salud Carlos III, porque no ha habido desarrollo posterior de ese Real
Decreto en el que, de una forma genérica, se designan unas funciones que
hay que desarrollar y concretar, y que hay que concretar, a mi juicio, de
la única manera posible: en función de la evaluación de las necesidades
de salud de la población y de las funciones que, en consecuencia, le
corresponden a una parte fundamental del sistema sanitario.

El nuevo director, que abrió, sin duda, esperanzas a los trabajadores del
Instituto y a los demás, que en principio le concedimos un tiempo mínimo
para evaluar su trabajo, ha demostrado, en la práctica, lo que se suponía
de su formación: que no conoce en absoluto el sistema sanitario. Y lo que
es más grave: no se ha rodeado de personas que hayan sido capaces de
sustituir lagunas de formación que no tienen por qué ser determinantes si
realmente las personas en el ejercicio de sus competencias se asesoran
como es debido. Aunque hay que decir también que no es por falta de
plantilla, de asesores técnicos, ya que los consejeros y los asesores, es
decir los altos cargos, se han incrementado en un 5,7 por ciento,
mientras que los salarios del resto del personal han seguido el mismo
penoso camino que el del resto de los trabajadores del sector público.

Por ejemplo, esta persona desconoce qué es un laboratorio de salud
pública y la función prioritaria que en el sistema sanitario tiene, que
no es un laboratorio de investigación, que no es un laboratorio de apoyo
a proyectos de investigación, sino que es una estructura que tiene que
trabajar con criterios analíticos homologados, tanto por la Unión Europea
como por la legislación interna, y que tiene competencias y consecuencias
derivadas de su propia actividad desde el punto de vista legal.

Enlazo con una situación que me parece grave, y esto es algo bien
concreto que aprovecho su comparecencia para ponerlo en conocimiento de
la señora Ministra y de SS. SS.: esta confusión entre lo que es un
laboratorio de apoyo a la investigación y un laboratorio de salud pública
está teniendo consecuencias muy importantes desde el punto de vista legal
en el propio Instituto de Salud Carlos III y, en concreto, en el Centro
Nacional de Sanidad Ambiental.

Como usted sabe, señora Ministra, a este Centro Nacional de Sanidad
Ambiental se remiten muestras para análisis, calificadas de oficiales,
por comunidades autónomas, por la Guardia Civil, para el análisis de
diferente material, de cuyos resultados se derivan consecuencias
administrativas en el caso de infracción de la legislación vigente a



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través de ese mecanismo de control. Pues bien, hay una estructura
jerárquica, bien definida, encargada del proceso de realización de
pruebas, que está siendo desconocida sistemáticamente. Es decir, por
parte de la dirección del centro, y obviando la estructura que le
corresponde, como es la jefatura de área, se emiten directamente las
muestras a los facultativos, hecho que ha sido repetidamente denunciado
por los jefes de área de Toxicología. Para no extenderme demasiado, le
cito algunos datos concretos.

Actualmente, existe una estructura jerárquica --que no se puede
menospreciar-- por inclinaciones personales, aunque procedan de
estamentos superiores. Por ello, debe remitir las muestras oficiales a
esta jefatura de área y no a la de servicio. Las actividades
científico-técnicas aprobadas por la dirección general no deben
interrelacionarse con la estructura oficial de análisis para muestras
recibidas oficialmente y ser distribuidas por el cauce reglamentario.

Esto, señora Ministra, señorías, tiene una importancia legal valiosísima.

Recuerdo para quienes como yo, hasta este momento, desconocíamos este
tipo de procedimientos que la estructura jerárquica, que puede parecer un
aspecto formal, tiene una importancia grande desde el punto de vista
judicial. Recuerdo a SS. SS. lo que ocurrió con la muerte de patos en el
Coto Doñana, cuando el Instituto Nacional de Toxicología, radicado en
Sevilla, atribuyó la causa de la muerte a la presencia de pesticidas;
este proceso fue recurrido por los propios arroceros y el juez
descalificó las pruebas realizadas por el Instituto Nacional de
Toxicología porque no habían seguido el procedimiento adecuado. Es decir,
estamos hablando no de investigaciones, no de proyectos de investigación,
sino de situaciones que tienen consecuencias legales y administrativas.

Que en este momento --se lo digo, señora Ministra, con todos los
respetos--, por parte del Ministerio de Sanidad y Consumo se exhiban
numerosas actividades para justificar la función de un centro dentro del
Sistema Nacional de Salud, me parece que carece de toda solidez --se lo
he dicho en otra ocasión y se lo digo con todo el respeto--; que hagan
9.000 ó 18.000 muestras no quiere decir nada más que, probablemente, si
son más que en años anteriores, se haya incrementado su actividad, pero,
desde luego, no se deduce, en absoluto, que ésa sea la actividad que le
corresponde al centro desde el punto de vista de la concepción global del
sistema sanitario.

Quiero señalar, en primer lugar --y se lo digo por si tiene ocasión de
reflexionar sobre ello, porque me consta que no soy la única persona,
incluso dentro de su propio Ministerio, que piensa algo parecido--, que
me parece que es una aberración, desde el punto de vista de la política
sanitaria, haber desgajado la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto
de Salud Carlos III. La separación de la docencia y de la investigación
no se justifica desde ningún punto de vista, máxime cuando yo entiendo
que el Instituto de Salud Carlos III y, en concreto, la Escuela Nacional
de Sanidad, deberían haber cumplido un papel importantísimo en la
reestructuración de la formación del personal en materia de salud
pública, que se debería haber derivado de la reforma sanitaria que
plantea la Ley General de Sanidad.

En este momento, la Escuela Nacional de Sanidad --aparte de que también
sigue por derroteros desconocidos y más en función de los pensamientos de
los propios directores que respondiendo a líneas identificables de
política sanitaria-- pienso que está jugando un papel mínimo en la
formación de recursos humanos y en la educación para la salud. Las
actividades de los centros nacionales, sobre todo las actividades de
control, están en un claro retroceso. Por ejemplo, en el Centro Nacional
de Alimentación desaparece el Servicio de Nutrición y desaparecen
actividades fundamentales que yo creo que deberían haber sufrido un
incremento según las características del consumo de alimentos que se está
produciendo en este momento, máxime cuando esta falta de análisis de los
alimentos no solamente pudiera tener consecuencias latentes para la
disminución de la salud pública, sino para nuestros propios productos de
exportación. Por ejemplo, lo sucedido en un país de la Comunidad Europea
por la presencia de una cantidad de pesticidas detectada en alimentos
infantiles, que infringe determinadas legalidades nacionales de países de
la Comunidad, debería tenerse en cuenta a la hora de registrar o de
permitir la distribución de determinados alimentos porque --insisto-- no
solamente tiene consecuencias para la salud, sino también para la
actividad económica de nuestro país.

La investigación sobre genética y reproducción humana no existe, no
aparece en ninguno de los proyectos oficiales habidos hasta ahora ni en
los planes de futuro; tampoco existe el control de productos biológicos;
el desarrollo relacionado con las ciencias sociales y económicas
aplicadas a la salud ha desaparecido. La verdad es que no me extraña,
visto el tecnocratismo que corroe la administración sanitaria, que estos
aspectos sociales y económicos no existan. En el Centro Nacional de
Farmacobiología, señora Ministra, el hecho de que haya competencias que
la Ley General de Sanidad atribuye al Instituto de Salud Carlos III y que
estén dispersas en otras estructuras administrativas, yo pienso que no
habla en favor de la menor coherencia en el desarrollo de sus funciones;
no es entendible que funciones que antes unificaba el Centro Nacional de
Farmacobiología, en este momento, estén dispersas entre este propio
Centro y la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios; no es
comprensible que las actividades relacionadas con el registro previo de
medicamentos, corran por caminos administrativos separados de las
actividades de Farmacovigilancia. A lo mejor, señora Ministra, tiene algo
que ver esta dispersión, falta de dotación o vaya usted a saber qué, con
sucesos graves, que afortunadamente no han tenido repercusión o se han
detectado a tiempo, como la contaminación de inmunoglobulinas
antihepatitis por virus activos que, evidentemente, pudiera haber tenido
consecuencias muy graves. Me parece que la disminución de la dotación de
recursos para el Instituto de Salud Carlos III, la falta de definición de
objetivos y de criterios de evaluación corren parejos...




La señora PRESIDENTA: Señora Maestro, le ruego vaya concluyendo, por
favor.




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La señora MAESTRO MARTIN: Sí, señora Presidenta.

... con la falta de atención creciente del Ministerio de Sanidad y
Consumo en relación con actividades preventivas. Por ejemplo, analizando
la documentación, aparece el dato de que en la Unión Europea se gastan
2.550 millones de ecus en nefropatías inducidas por medicamentos.

Evidentemente, la incipiente red de Farmacovigilancia, los criterios de
registro de medicamentos y la dispersión de funciones administrativas
pudieran tener que ver, en la parte que corresponde a nuestro país, en
este tipo de situaciones.

No tengo más remedio, señora Ministra, que relacionar esta situación, que
en el caso del Instituto de Salud Carlos III se mantiene desde hace ocho
años, con la ausencia del plan integrado de salud, que, lógicamente,
debería ser el instrumento que, por un lado, se nutriera de la
información recabada fundamentalmente por el Centro Nacional de
Epidemiología, pero también por otros centros nacionales, y que, a su
vez, retroalimentara, indicando criterios, indicando objetivos, al
Instituto de Salud Carlos III. Recuerdo que hay promesas de que este plan
integrado va a ser elaborado en breve, espero que se cumpla; pero también
hay que señalar que no se ha producido hasta ahora.

En cualquier caso, la parte que al Instituto de Salud Carlos III le
correspondería en la configuración del diagnóstico de salud, no solamente
de salud humana, sino de salud medioambiental, alimentaria, etcétera, yo
creo que está sin desarrollar, con lo cual me permito dudar de la calidad
de la información con la que pueda contar ese plan integrado de salud.

Por ejemplo, señora Ministra, no existe mapa español...




La señora PRESIDENTA: Señora Maestro, le ruego concluya, por favor. La
señora MAESTRO MARTIN: Estoy terminando. No existe mapa español de suelos
contaminados, no existe mapa de riesgos sanitarios de cauces acuáticos,
no existen mapas de riesgo de salud laboral, no existen, por lo tanto,
funciones que se derivarían de las competencias de centros del Instituto
de Salud Carlos III a la hora de aconsejar cosas tan concretas como, por
ejemplo, el incremento del uso de la gasolina sin plomo, que no lleva
plomo pero lleva sustancias cancerígenas tan graves como el benceno o
como aminas aromáticas que pueden tener unas funciones mucho más graves
que las del plomo en la contaminación medioambiental. En definitiva, el
Instituto de Salud Carlos III no está ocupando el papel que le
corresponde en el control de las redes de vigilancia sanitaria en el
país.

Quería terminar diciendo que creía haber oído rumores, que
desgraciadamente no se han confirmado en la intervención de la señora
Ministra, sobre la voluntad del Ministerio en el sentido de tomar una
medida que yo creo que se reclama a gritos, y es la integración en la red
del Insalud del Centro Nacional de Investigaciones Clínicas, que fuera
del tratamiento del sida, que plantea muchos problemas en otros
hospitales y que tiene una demanda muy grande de enfermos, está
absolutamente subutilizado, no hay criterio alguno para determinar qué
enfermos se derivan allí y qué enfermos se derivan a otros hospitales, y
creo que una mínima medida de racionalidad en política sanitaria sería
integrar este hospital en la red del Insalud.

Finalmente, quería hacer una pregunta concreta sobre un tema al que no ha
hecho referencia en su intervención y, por lo tanto, entiendo que la
respuesta es negativa, pero dada la gravedad del asunto quiero
preguntarle si existe la voluntad política de plantear una desaparición
práctica del Instituto de Salud Carlos III, tal y como se ha rumoreado
por algún alto cargo de su Ministerio; bien es verdad que también corren
rumores de su cese próximo.




La señora PRESIDENTA: ¿Grupos que deseen intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor
Cardona.




El señor CARDONA I VILA: Señora Ministra, voy a ser muy breve. Señoras y
señores Diputados, nosotros compartimos la preocupación del Grupo que ha
formulado la petición de comparecencia en relación a la insuficiencia en
el desarrollo de las competencias que le fueron otorgadas al Instituto
Carlos III en el momento de su creación.

Nos han llegado diversas quejas --como también habrán llegado a otros
grupos parlamentarios--, incluso de los facultativos de la institución,
por la no optimización de los recursos con los que cuenta el Instituto y
también quejas que se elevaron en su momento a los medios de comunicación
y sobre lo que no vamos ahora a insistir. Desde nuestro Grupo
consideramos que sería conveniente promover la descentralización de las
actividades del Instituto Carlos III. Esta institución debería reducir, a
nuestro entender, su estructura y convertirse en un instrumento de
soporte administrativo para las unidades de referencia existentes o para
las que se vayan creando en las diversas comunidades autónomas.

Dicho esto, una cuestión puntual que queríamos someter a la consideración
de la señora Ministra es la siguiente. Con la desaparición del Patronato
de rehabilitación social de enfermos de lepra, por Real Decreto del
Ministerio de Asuntos Sociales, podría ocurrir que esta enfermedad dejara
de preocuparnos y pudiera dar lugar a un nuevo brote si se bajara la
guardia en el control de prevención. Tenemos entendido que se va a
suscribir un convenio marco entre los Ministerios de Sanidad y Consumo y
Asuntos Sociales para el futuro control de la enfermedad. Por otra parte,
en su momento, también se suscribió un convenio de colaboración entre el
Patronato de rehabilitación social del enfermo de lepra, próximo a
extinguir y el mismo Instituto Carlos III. Desearíamos saber si se va a
prorrogar dicho convenio o cómo va a quedar esta cuestión en relación al
informe sobre el registro estatal de lepra que corresponde al Instituto
de acuerdo con el convenio que terminaba a finales de 1993.




La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Hernando Fraile.




El señor HERNANDO FRAILE: No voy a imitar la brevedad sucinta a la que
nos tiene acostumbrada la señora



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Ministra, pero sí aprovechar la comparecencia solicitada por el Grupo de
Izquierda Unida para hacer varias reflexiones.

Sin duda, el Instituto de Salud Carlos III fue presentado como el buque
insignia, como una especie de vanguardia en la investigación socialista
de los años ochenta y estamos asistiendo, desgraciadamente, al
languidecimiento que se viene produciendo poco a poco. Esto, a nuestro
juicio, se debe, fundamentalmente, a dos causas. La primera, la situación
económica. Usted ha hecho aquí una exposición de los distintos parámetros
y ha intentado asimilar que la disminución en los gastos del capítulo II
se debe a un mayor control del gasto y a un mejor funcionamiento, sobre
todo en los temas relativos al control del gasto en material y
suministro. Nosotros tenemos que decir que eso no es así. A nuestro
juicio este ahorro en gasto se debe, sobre todo, a la falta de
funcionamiento del centro, a que cada vez va perdiendo más fuelle --como
decía antes-- y a que está en una situación de inanición que nos
preocupa. Todo ello lo avala también el capítulo de inversiones reales.

Usted ha dicho que no son ni han de ser las mismas que las de los
primeros años, los de la creación del centro, pero de 1993 a 1994 estos
gastos en inversiones reales han disminuido en un 40 por ciento.

Ha hecho referencia --y se felicitaba-- a que los gastos de personal
habían crecido en un 6 por ciento, pero el crecimiento de dichos gastos
se debe al crecimiento de las cuotas a la Seguridad Social y no a las
retribuciones que perciben los trabajadores. Además, señora Ministra, a
nuestro juicio, se ha producido un anquilosamiento, una excesiva
burocratización del centro y eso se ha debido a que no ha habido una
clara planificación, no ha existido un control sobre la consecución de
objetivos, derivados de la inexistencia de los mismos, pero no de otros
motivos.

Tras la reestructuración que se produjo recientemente, se han aprobado
escasas actividades y muchas de ellas ni tan siquiera se han transmitido
a los profesionales. Tampoco existe una gestión adecuada capaz de generar
ilusión entre el personal (aspecto básico para el funcionamiento de una
institución en la que precisamente el capital humano es el motor del
funcionamiento del mismo), en ningún momento por la falta de capacidad
científica demostrada por los trabajadores que allí prestan sus
servicios, sino más bien por todo lo contrario: por la infrautilización
de su potencial. Así, los 1.638 trabajadores repartidos en siete centros
no tienen directrices en la actualidad, no tienen objetivos claros,
existe una grave desmotivación --como decía antes--; la dirección,
además, está frecuentando --por las informaciones que nos han dado los
propios profesionales que prestan sus servicios allí-- el ocultismo
informativo, no hace públicos sus proyectos ni los planes y no contesta
tampoco a los escritos y reivindicaciones de los profesionales, lo que
demuestra que la nueva dirección ha dado la espalda a los mismos. Los
trabajadores continúan, frente a la falta de trabajo y competencias, con
algunas líneas de investigación que, en algunos casos, parece como si
fueran realizadas de forma clandestina. Existe un esquema organizativo
ineficaz en el proceso de toma de decisiones, debido al sistema de
jerarquización, al que hacía referencia anteriormente la representante de
Izquierda Unida, que en los últimos tiempos se ha adoptado y que provoca,
de forma pintoresca, que los profesionales lleguen incluso a desconocer
si van a obtener autorizaciones de gasto, aun en el caso de que los
mismos se encuentren aprobados.

El artículo 11 de la Ley General de Sanidad concebía este centro como el
instituto que debía ser órgano de apoyo científico de las comunidades
autónomas. Desgraciadamente, ese apoyo científico no se está llevando a
cabo en la actualidad. Tampoco se está cumpliendo el artículo 112 de la
ley General de Sanidad en muchos de los objetivos para los que fue
configurado este centro. No está formando especialistas en Salud y
Gestión Sanitaria --ya se ha dicho anteriormente que se ha desgajado la
Escuela Nacional de Sanidad--, ha desaparecido el Servicio de Nutrición,
no existe control de productos biológicos, los proyectos de investigación
genética y de reproducción humana han sido olvidados en los programas
oficiales, y las labores de vigilancia, promoción y control de salud han
perdido importancia, a pesar de ser una de las principales obligaciones
del centro.

Nuestra preocupación es ciertamente grave, señora Ministra, y creemos que
si no se adoptan medidas oportunas que sean capaces de dinamizar los
recursos humanos con los que cuenta este centro, desgraciadamente,
tendremos que acudir en pocos años al enterramiento del mismo. Deseamos
que esto no suceda, deseamos agitar de alguna forma la conciencia de la
señora Ministra para que este asunto sea tomado en serio y, por tanto,
mejorado en sus funciones.

A nosotros, sin duda, nos causa sorpresa oírle decir, después de seis
años, que todavía están ordenando la oferta de servicios y que lo están
adaptando a las necesidades que la ordenación de la oferta determine. Yo
creo que, después de este tiempo, tendrían que estar ya perfectamente
definidas las ofertas. Indudablemente la investigación no es una foto
fija, ni en España ni en ningún otro sitio, pero creemos que los
objetivos y la ordenación de los servicios tenía que estar mucho más
definido de lo que está en la actualidad.

Muchas gracias, señora Ministra, por su atención. Deseamos que nos aclare
alguno de los aspectos que hemos planteado y que adopte medidas que
sirvan para mejorar la gestión y para motivar, como decía anteriormente,
a los profesionales que ahora están bastante desmotivados.




La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora
Alberdi.




La señora ALBERDI ALONSO: Quiero agradecer especialmente a la señora
Ministra las explicaciones que nos ha dado en la comparecencia que, a
petición del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, está
teniendo lugar esta tarde, porque si solamente hubiera escuchado a los
portavoces que han hablado después de su explicación, hubiera creído no
ya que existen insuficiencias, sino que el Instituto de Salud Carlos III
era otra cosa, tendría que ser otra cosa y, además, que tenía una serie
de pequeñas cuestiones a discutir sobre si se hace esto o se hace lo
otro. Yo creo que usted nos ha explicado perfectamente --de sus



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propias palabras saco esa consecuencia clara-- cómo se crea el Instituto
Carlos III, que es un órgano de apoyo científico y técnico del
Departamento de Sanidad del Estado y de los distintos servicios de salud
de las comunidades autónomas que se contempla en el título VII de la Ley
General de Sanidad. Un Instituto que no es de nueva creación, sino al que
se le adscriben una serie de centros provenientes del antiguo organismo
de la Administración institucional, el de la Sanidad Nacional, con lo
cual se da una diversidad en el propio organismo entre centros o
unidades, unos con un carácter más científico, más técnico, otros con un
carácter más asistencial, poca labor de investigación, una serie de
personal, etcétera, iniciándose un proceso de desarrollo de la Ley
General de Sanidad --entiendo yo-- que lleva a ir concretando de manera
más específica las funciones de poyo científico y técnico de este
Instituto al Servicio Nacional de Sanidad y a las comunidades autónomas,
en el marco del Consejo Interterritorial. Poco a poco se van definiendo
de forma más clara las funciones y adecuando los recursos humanos ya
existentes, así como los recursos económicos a través de las
consiguientes dotaciones presupuestarias que el Instituto ha ido
obteniendo a lo largo de los ejercicios presupuestarios para las
funciones que de él se requerían.

Deduzco de su explicación que no ha habido insuficiencias. Es decir, el
Instituto Carlos III ha podido tener problemas de remodelación o de
integración de todos esos centros tan diversos que se le adscriben en la
Ley de Sanidad, ha podido tener situaciones presupuestarias distintas en
función de necesidades y objetivos distintos y de situaciones
presupuestarias de mayores recursos con que se puede dotar a este
Instituto en un momento determinado (porque así se prioriza) y en otro
menos, pero eso no ha impedido para nada que el Instituto Carlos III
asumiera las funciones que tenía que asumir. Me refiero directamente a
sus palabras. Usted ha hablado de las actividades que ha llevado a cabo
como instituto referencial --no las voy a repetir--, las que ha hecho en
su función de control de medicamentos, de productos sanitarios, de
productos biológicos, de alimentos, de sanidad ambiental, de productos
químicos potencialmente peligrosos, de vigilancia epidemiológica, toda la
actividad de investigación que ha hecho en apoyo del Sistema Nacional de
Salud, cómo han ido aumentando los proyectos, cómo incluso, cuando se une
a la Ley de Investigación, a través de la Ley Presupuestaria de 1989, el
Instituto adquiere un carácter que le permite generar recursos para
potenciar proyectos de investigación, todo el trabajo de convenios con
otras entidades... Evidentemente, yo no veo por ningún lado, en sus
explicaciones, que haya habido una insuficiencia. Ahora bien, es un
proceso de acomodación, yo entiendo que permanente, lo deduzco de sus
propias palabras en esta comparecencia. Es decir, es una institución
dinámica y cambiante, puesto que es un organismo de apoyo científico y
técnico a un departamento de sanidad y al conjunto de la sanidad del
Estado. El conjunto de la sanidad del Estado, evidentemente, no es algo
estático, que no cambia o que no varía; cambia y varía permanentemente.

Las demandas del Sistema Nacional de Salud, las demandas que para el
Instituto Carlos III puedan tener las distintas unidades sanitarias de
las comunidades autónomas varían con el propio cambio que se da en la
sociedad, y también influye todo el cambio que se da en un área como es
el área de la ciencia y de la técnica. Evidentemente, eso requiere un
proceso de acomodación constante que se duplica, de alguna manera, por el
propio origen heterogéneo y no nuevo de lo que fue el Instituto de Salud
Carlos III en su origen.

También veo interesante --me ha alegrado oírlo en sus palabras de
explicación-- que, a partir del decreto que reestructura internamente el
Ministerio de Sanidad, se prioricen una serie de funciones para el
Instituto Carlos III de prestación directa de servicios y realización de
investigación --priorizando los aspectos que no pueden ser desarrollados
por otros centros del Sistema Nacional de Salud--, que se esté intentando
evitar duplicidades o problemas competenciales, y, sobre todo, me resulta
absolutamente interesante lo que en los últimos tiempos está haciendo el
Instituto del que estamos hablando. Ustedes han buscado definir, a través
de la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial, de acuerdo
con todos los organismos de las comunidades autónomas a los que también
tiene que servir este Instituto de carácter nacional, lo que llaman
ustedes una cartera de servicios, es decir, que se tenga claro cuáles son
las demandas, cuál es la oferta que este Instituto puede hacer y en qué
condiciones de calidad se puede llevar a cabo y con qué prioridades. Por
otro lado, me parece muy interesante lo que ha hablado de que haya un
sistema de evaluación de los servicios que presta el Instituto; también
me parece interesante lo que ha citado en referencia a la garantía de
calidad de la Unión Europea y la creación de la oficina de transferencias
de resultados de la investigación, para que la investigación que se
realice en el marco de este instituto pueda ser transferida, puesta en
común y de alguna forma cotejada y contrastada con otras investigaciones
con las que pueda tener relación.

Por tanto, el Grupo Socialista no ve ninguna insuficiencia insalvable; sí
ve, evidentemente, que como cualquier organismo, y más uno de esta
complejidad, que tiene tal prestación de servicios, puede ser
absolutamente perfectible. Evidentemente, siempre se pueden racionalizar
los gastos, se puede racionalizar el personal, se puede conseguir una
prestación de servicios de mayor calidad, a más y más; pero yo no veo
ninguna situación, como dice la solicitud de comparecencia, de
insuficiencias insalvables. Sí veo, en la posición que han expuesto aquí
los grupos que me han precedido en el uso de la palabra, casi diría una
confusión entre el propio concepto de lo que es el Instituto de Salud
Carlos III, es decir, un organismo de apoyo científico y técnico, y
pretender quizá que tenga otra serie de funciones, porque el que pueda
haber funciones que en un momento se adjudicaron al instituto y que,
después, en la reorganización del Ministerio han pasado a otra unidad,
como es el caso del Centro Nacional de Sanidad, que se constituyó en
organismo autónomo, no veo que genere ninguna insuficiencia, sino que
orgánicamente ha venido a depender de otro sector o que en una
reestructuración diferente ocupa un lugar distinto en lo que es el
organigrama general del Ministerio de Sanidad, pero eso no genera por



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sí mismo insuficiencias, sino que significa que esa función se realiza
orgánicamente de otra manera, no quiere decir que deje de realizarse.

Por tanto, le agradezco especialmente sus palabras porque clarifican la
situación; si no la hubiera oído antes hubiera pensado que estábamos
hablando de otra cuestión diferente. Le animo a que siga trabajando en el
sentido de buscar el acuerdo con las comunidades autónomas, de que haya
claridad y transparencia en los servicios que se pueden percibir del
Instituto de Salud Carlos III y en todos los temas de transferencia de
resultados de investigación, de buscar una mayor calidad y de evaluar los
servicios que se prestan.




La señora PRESIDENTA: A continuación, para dar respuesta a las
apreciaciones, así como a las preguntas que le hayan formulado, tiene la
palabra la señora Ministra de Sanidad.




La señora MINISTRA DE SANIDAD (Amador Millán): Señora Presidenta, voy a
tratar de ser breve, aunque no sé si lo que se me pide es que sea más
breve aún. No se pueden despachar determinados asuntos en menos tiempo,
al menos yo no soy capaz. En todo caso, voy a tratar de aburrir a sus
señorías lo menos posible.

Señora Maestro, celebro que no se refiriera a esa interpretación que yo
he hecho en algún momento de las lagunas respecto a la enumeración que
hace de cometidos el artículo de la Ley General de Sanidad respecto a lo
que está haciendo, porque me parece que ése era un planteamiento menos
interesante del que hace, que se refiere no a lagunas sino a
deficiencias, porque discrepa del funcionamiento.

Yo no creo que podamos hablar de una situación caótica en el Instituto de
Salud Carlos III. Sin embargo, si repasa mi comparecencia, señoría, verá
que he tratado de explicar cuál es el origen de los problemas que
nosotros sufrimos más directamente que nadie y, desde luego, el Director
General del Instituto, que está aquí presente. Es evidente que la
asunción de esos centros heterogéneos, la asunción de un personal de
características peculiares (la mitad es laboral, la mitad es
funcionario), los regímenes distintos, los convenios heredados
complicados y alguna cultura sindical también es peculiar en el Instituto
de Salud Carlos III. He tratado de apuntar algunas de las causas que han
hecho que la situación del Carlos III como organismo vivo de
investigación, que no es una mera oficina administrativa, no sea fácil
para orientar las necesidades reales del momento. Por tanto, problemas ha
habido, sigue habiendo y habrá en ese instituto, pero no me parece que
pueda compartir la afirmación de que está en una situación caótica, sino
que realmente es un organismo no fácil de gestionar.

Tampoco me parece justa la apreciación de que por el currículum o por la
procedencia del Director General esté impregnada de unos objetivos la
dirección del centro y en cambio haya lagunas en otros, porque hoy la
investigación en el Carlos III no supera el 15 por ciento del conjunto de
la actividad. Además, con lo difícil que es hacer buena investigación en
la Administración, para una vez que tenemos un director que procede del
mundo de la investigación, el reproche de que le dedica demasiada
atención a la investigación... (La señora Maestro Martín hace signos
negativos.) Bueno, pues eso he entendido yo. En todo caso, en cuanto a
que haya lagunas creo que tampoco podemos suscribir esa afirmación. Es
verdad que el Instituto de Salud Carlos III, tal como ha dicho la
representante del Grupo Socialista, es un órgano de apoyo
científico-técnico, no debe suplir la realización de funciones que
corresponden a otras administraciones, y tiene que hacer ese apoyo
científico-técnico al Sistema Nacional de Salud. Un buen procedimiento
para saber qué apoyo necesita el sistema parece que es preguntar al
sistema --que es exactamente lo que ha hecho el instituto-- qué servicios
requiere el instituto y sobre la base --a la que me he referido en la
exposición-- de esa encuesta y de esa pregunta y de las respuestas que
han dado las comunidades autónomas se ha elaborado una cartera de
servicios, precisamente con las peticiones de las necesidades del
sistema, para hacer cumplir esa función esencial de órgano de apoyo
científico-técnico, que al señor Hernando le parece que hacemos tarde; yo
acepto el reproche, podía estar ya hecha, pero no lo estaba y se ha hecho
ahora. De manera que estar al servicio de las necesidades del sistema se
ha tratado de hacer por esa vía.

Por otra parte, las funciones de salud pública es verdad que están
compartidas con otros órganos en el Ministerio y que, por tanto, algunas
de las funciones que S. S. ha enumerado no se hacen, como por ejemplo la
referente a la investigación sobre genética y reproducción humana, que no
se hace, en absoluto, en el instituto porque no hay personas con la
formación adecuada para hacerlo y porque se hace en otros sitios con los
que estamos pensando contar, ya que si la función se está desempeñando
correctamente en otros sitios, no nos parece que debamos duplicarlo, como
le había dicho antes. Este es uno de los ejemplos en los que estaba
pensando. En el Instituto no existe personal formado en esta materia y,
por tanto, no se realiza la actividad. Lo que pasa es que en la red
pública de hospitales, en las universidades y en el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas sí existen grupos altamente cualificados que
están investigando sobre genética y reproducción humana, y nos parece que
lo que procedería sería reconocer el trabajo de esos grupos y utilizarlo
coordinadamente en lugar de duplicar esfuerzos. Por tanto, hay
actividades que no se hacen. Su señoría ha dicho, y es verdad, que hay
actividades que no se están haciendo, cada una por una razón diferente,
pero hay otras que sí se hacen desde otras instancias del Ministerio.

El Ministerio de Sanidad y Consumo tiene una larga historia de
reestructuraciones y cambios, pero lo importante es que hagan las cosas
bien, no importa tanto dónde se hagan. Las organizaciones administrativas
no son más que instrumentos al servicio de unos fines y deberíamos estar
atentos a ver si los fines los cumplimos o no, pero es indiferente que la
labor de formación de gestores y salud pública se haga en la Escuela
Nacional de Sanidad, que está en el Ministerio de Sanidad y Consumo. No
puede ser una descalificación del Carlos III que no se haga formación en
gestión y en salud pública si se está haciendo en



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otro órgano de la Administración. Se puede pensar --y yo respeto esa
opinión-- que deberían estar integradas y unidas la investigación y la
docencia. Es una opinión que, como todas, yo no discuto y además respeto
y me parece que tiene fundamento. Pero reprochar que no se hace en el
Carlos III, si se está haciendo en otro sitio, no me parece que sea
grave. Lo mismo sucede con las funciones de salud pública que se hacen en
la Dirección General y la coordinación que se hace a través de la
Comisión de Salud Pública.

Llegamos al presupuesto, señora Maestro, donde nunca nos entendemos
porque S. S. tiene la suerte de poder prescindir del dato presupuestario
y yo, en cambio, no puedo prescindir de él. ¿En qué cabeza cabe que voy a
presumir de haber reducido el gasto en el Carlos III? Nos enfrentamos a
unas dificultades grandes por haber reducido. He dado esas cifras para
transmitir que en la valoración de lo que se está haciendo también hay
que contar con que el presupuesto no está lo equilibrado que debiera.

Mantener un equilibrio entre el capítulo I y el capítulo II no es fácil,
señora Maestro, porque el capítulo I no hay forma de modificarlo, no es
fácil modificarlo. Y en el Carlos III la desproporción que se produce
entre el capítulo I y el capítulo II es una de las dificultades que yo he
puesto de manifiesto porque es evidente. Cómo se hace eso? ¿Subiendo el
capítulo II? No hemos tenido posibilidad. ¿Bajando el capítulo I? No
tenemos posibilidad. No es fácil mantener ese equilibrio, sobre todo en
el Carlos III, no sólo por el número de personas con que cuenta sino por
la cualificación de las mismas; también aludí en mi comparecencia a cuál
es la formación y el origen de esas personas. No es fácil gestionar el
Carlos III con la formación y el origen de los funcionarios y del
personal laboral que trabaja allí, que procede de distintos sitios y que
es el que tenemos. Son datos que yo trato de poner de manifiesto para
explicar cuáles son las bases de las que partimos. Claro que puede haber
despilfarro de recursos si no somos capaces de mantener esas
proporciones, pero eso no es fácil y le aseguro que no depende de una
decisión mía, pues las circunstancias presupuestarias son las que son.

No tengo ninguna noticia de que se haya aumentado el número de asesores
técnicos, señora Maestro, ni de que existan siquiera consejeros en la
dirección general del Carlos III. En todo caso, tomo nota de su
comentario, que para mí es nuevo.

Tampoco tengo noticia de lo que denuncia del Centro de Sanidad Ambiental.

Por tanto, le contestaré por escrito acerca de esta irregularidad en el
funcionamiento de la tramitación de los papeles a las autoridades que les
corresponden.

No me malinterprete. Cuando yo hablo del número de muestras que se han
analizado, no trato de justificar la existencia del centro, pero sí de
justificar que eso no se hace sin ir a trabajar. Sobre el Carlos III hay
una cierta tendencia, como en todos los centros que no son fácilmente
clasificables, en los que se investiga y se hacen cosas tan diversas, hay
una cierta tendencia a opinar que allí no se trabaja, que la gente está
desincentivada, que no se sabe qué es lo que hace. Algunas muestras sí
tenemos de lo que se hace porque no es lo mismo, aunque no sea
significativo ni decisivo, pero desde luego no es lo mismo analizar mil
muestras que analizar 30.000. Permítanme que haga uso de los números,
sobre todo porque trato de explicar que en la orientación de los análisis
que estamos haciendo estaban disminuyendo los primarios y estaban
aumentando los de contraste en relación con los que se hacen en la red
pública. Esa ha sido mi intención al hablar de cifras en el número de
muestras analizadas.

Ha hecho referencia S. S. al Centro Nacional de Alimentación en relación
con el asunto de la alimentación infantil en Alemania, que yo he tratado
de aclarar que no es un asunto de salud pública. No hay un asunto de
salud pública, sino que responde a problemas de mercado comunitario y de
intereses de mercado. Por tanto, con toda la prudencia que en estas
ocasiones debemos tener los responsables sanitarios --porque el lindano
no es una sustancia como para recomendar--, los restos de lindano de los
potitos están dentro de la normativa autorizada. Si no fuera así, no es
que lo tuviera que estudiar el Centro de Alimentación del Carlos III,
sino que tendríamos que haberlo denunciado, haberlos retirado y haber
tomado otras medidas. Es verdad que en el Centro Nacional de Alimentación
se puede contrastar ese tipo de problemas, pero desde luego no es un
problema de controlar desde ese centro que un producto español, fabricado
en España, cumple las normas y las garantías de lo que puede incorporar y
en qué límites.

Respecto a la desaparición del Instituto de la Salud, que alguien habla
de la desaparición del Instituto de Salud Carlos III --no sé si la he
entendido bien, señora Maestro--, no puedo comentarle nada.

Afortunadamente no leo todo lo que se dice de ese tipo de cosas, porque
no me quedaría tiempo para trabajar, y no sé por qué el mundo sanitario
suscita tanto cotilleo.

Señor Cardona, el asunto de la lepra y lo que me dice del convenio con
Asuntos Sociales es nuevo; es la primera noticia que tengo. No sé de
dónde ha salido, pero no soy consciente de tener un proyecto de convenio
con Asuntos Sociales para el patronato, del que me habla, de
rehabilitación de la lepra. El registro está en el Carlos III, pero
siento no poderle informar mejor porque no lo estoy yo y, por tanto, le
contestaré por escrito. Siento que siendo la única pregunta que me hace
no me la sepa, pero la verdad es que no lo sé.

Al señor Hernando le agradezco su intervención. Desde luego, no me
felicito de que hayan crecido un 6 por ciento los gastos de personal,
señor Hernando; un 6 por ciento no es un crecimiento en los tiempos que
corren. Lo he dicho como mero dato objetivo, desde luego no presumiendo
de ello. Además, en ese crecimiento seguramente tiene que haber algún
pago de cuotas de la Seguridad Social. No era mi intención presumir de
crecimientos presupuestarios.

Creo que sirven las contestaciones que he dado a la señora Maestro para
responder a algunas de las cuestiones que S. S. me ha planteado. Un
organismo de investigación no es fácil de estructurar y de organizar en
su funcionamiento y no me parece la mayor crítica que se le pueda hacer
al Instituto de Salud Carlos III que esté evolucionando en su forma de
prestar esa función esencial --que la señora



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Alberdi ha puesto de manifiesto y que a mí me parece que sintetiza a las
demás-- de ser el órgano de apoyo científico-técnico. Por tanto, la
crítica de que llegamos tarde o de que se hace tarde me parece que no es
muy relevante, en la medida en que lo que tenemos que hacer es tratar de
adaptar el funcionamiento del centro a las realidades del sistema.

Agradezco a la señora Alberdi la valoración que ha hecho de mi
exposición, ya que ha tratado de transmitir a SS. SS. una visión seria y
objetiva, en la medida de lo posible, de los problemas del instituto, de
lo que se ha avanzado en este tiempo. Yo creo que se ha hecho un trabajo
serio de ordenación en el Instituto Carlos III en los últimos tiempos, en
un ámbito y con unos datos del problema que --repito-- no son fáciles
porque la situación del personal, la situación de las instalaciones, los
centros que lo integran no han hecho que sea fácil esta labor de
sistematización de las funciones que yo he tratado de sintetizar y que en
unos casos ya está funcionando a pleno rendimiento y en otros manifiesta
una proyección de lo que queremos impulsar.

Respecto al plan al que he hecho referencia, que se anunció en marzo de
1993, algunas de las actuaciones ya están muy avanzadas y otras todavía
no ha dado tiempo a ponerlas en marcha, pero creo que el futuro del
trabajo de este tiempo ya se ve en parte y se seguirá viendo.

Muchas gracias por su atención.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Ministra.




--DEL IMPACTO QUE EL ACUERDO GENERAL SOBRE LOS ARANCELES ADUANEROS Y EL
COMERCIO (GATT) TENDRA SOBRE LOS DIVERSOS SECTORES DE SU COMPETENCIA. A
SOLICITUD DEL G. P. (Número de expediente 213/000187.)



La señora PRESIDENTA: Pasamos a la tercera comparecencia de la señora
Ministra de Sanidad y Consumo para informar del impacto que el Acuerdo
general sobre los aranceles aduaneros y el comercio (GATT) tendrá sobre
los diversos sectores de su competencia. Esta comparecencia ha sido
formulada por el Grupo Parlamentario Popular.

Tiene la palabra la señora Ministra.




La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán): Señora
Presidenta, trataré de ser breve pero no me pregunten cosas tan difíciles
como explicar esto del GATT.

Señorías, voy a informarles sobre los efectos previsibles de los acuerdos
de la Ronda Uruguay sobre las actividades incluidas en el ámbito de
actuación del Ministerio de Sanidad y Consumo, que es lo que me trae aquí
con mucho gusto. Las negociaciones y los acuerdos firmados el pasado día
15 no creo que sean objeto de esta Comisión. Por tanto, si me lo permiten
SS. SS., voy a centrar mi intervención en lo que afecta más directamente
a mi Ministerio, aunque necesariamente una referencia, por breve que sea,
voy a hacer a su significado global.

La Ronda Uruguay ha sido un proceso, como todos ustedes conocen, de
negociación multilateral que bajo los auspicios del Acuerdo General sobre
Aranceles y Comercio perseguía dos objetivos fundamentales: profundizar
en la liberalización del comercio internacional, avanzando en la
aplicación de los principios básicos del GATT, que data del año 1947 y
que había sido objeto de sucesivos ajustes en las rondas John Kennedy y
Tokio, y potenciar el propio Acuerdo general mejorando algunas de las
limitaciones detectadas en su funcionamiento y adecuándolo a las actuales
condiciones del comercio y la economía internacionales. Por una parte, se
mejoran los aspectos institucionales y procedimentales destinados a
garantizar el respeto a los acuerdos alcanzados. Se crea la Organización
Mundial del Comercio, que reemplaza a las anteriores estructuras
provisionales del GATT, y se perfeccionan, entre otros, los mecanismos de
solución de diferencias, examen de las políticas comerciales nacionales,
mecanismos de notificación y aplicación de medidas de salvaguarda,
antidumping y antisubvención. Por otro lado, se incorporan al sistema
GATT sectores productivos anteriormente separados de él como son el
agrario y el textil. Finalmente, se extienden los principios que el GATT
establece para el tráfico de mercancías a dos nuevos espacios
comerciales, el de los servicios, gracias a la conclusión del Acuerdo
General sobre Comercio de Servicios, el GATS, y el de la propiedad
intelectural, en virtud del acuerdo sobre los aspectos de los derechos de
propiedad intelectual relacionados con el comercio.

El fruto material de las negociaciones es una larga lista de acuerdos de
los que, en la medida en que pueden incidir en la actuación de mi
Departamento, resaltaría los siguientes: el Acuerdo GATT de 1994 y el
Protocolo de la Ronda Uruguay anexo al mismo, que contienen las
concesiones arancelarias y no arancelarias acordadas, el Acuerdo sobre
las medidas sanitarias y fitosanitarias y el Acuerdo sobre obstáculos
técnicos al comercio, dentro del conjunto de acuerdos interpretativos y
sectoriales, así como los citados acuerdos sobre comercio de servicios y
sobre derechos de la propiedad intelectual relacionados con el comercio.

Este rápido repaso del contenido y el alcance del Acta final de la Ronda
Uruguay muestra claramente cómo sus objetivos y sus posibles efectos se
relacionan siempre con los intercambios comerciales internacionales. Por
ello, al valorar su impacto en las materias propias del Ministerio de
Sanidad y Consumo deben tomarse en consideración los procesos de
importación o exportación de bienes o servicios con relevancia sanitaria,
las implicaciones sanitarias de una mayor liberalización de los
intercambios y la repercusión de esta liberalización sobre los
consumidores.

Como consideración previa al análisis de estas cuestiones hay que
destacar que España se adhirió al GATT en 1963, por lo que desde entonces
ha venido alineando su actuación en materia de comercio internacional con
los principios y disposiciones derivados del mismo. Además, nuestro país
forma parte de la Unión Europea, lo que supone que su protección exterior
frente a países terceros ha



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debido acomodarse, desde 1986, al régimen general comunitario y, sobre
todo, que los intercambios con los demás Estados miembros se producen sin
ningún tipo de traba arancelaria o no arancelaria. Por tanto, voy a
hablar del primero de los temas citados: la repercusión de una mayor
liberalización en el intercambio de bienes y servicios con incidencia en
el terreno sanitario, para referirme a los productos farmacéuticos y
sanitarios y a la prestación de servicios por profesionales sanitarios.

A pesar de la dificultad que puede entrañar valorar a priori un acuerdo
de la envergadura del GATT-94, puede anticiparse que su repercusión en el
sector de productos farmacéuticos y sanitarios será limitada desde la
perspectiva de los importadores y compradores de estos productos. Quizá
pueda detectarse algún efecto en cuanto a la exportación por las razones
que luego indicaré, y, desde luego, debe considerarse siempre el impacto
que sobre las recaudaciones obtenidas por el Estado, aunque actúe por
cuenta de la Unión Europea, puede tener cualquier reducción arancelaria.

Los compromisos en materia de disminución de aranceles y supresión de
barreras no arancelarias para productos industriales fue uno de los temas
más difíciles de las negociaciones de la Ronda. Tanto es así que
permaneció en una situación de práctico estancamiento hasta julio de
1993, fecha en la cual durante una reunión del Grupo de los Siete en
Tokio se logró llegar a un acuerdo que ha servido para desbloquear la
negociación y como base para las ofertas de los principales países o
grupos de países.

En concreto, la Unión Europea ha respetado íntegramente el contenido de
este Acuerdo en sus propuestas. Dentro del Acuerdo de Tokio y,
posteriormente, del GATT-94 se preveía la total eliminación de barreas
arancelarias y no arancelarias para cinco sectores concretos entre los
que se encuentran los productos farmacéuticos. Sin embargo, cuando se
analiza el comercio internacional que mantiene nuestro país, se observa
que esta plena supresión de barreras tendrá un alcance muy limitado. Por
una parte, en materia de productos farmacéuticos la mayoría de nuestras
importaciones proceden de los países comunitarios, un 59,3 por ciento en
materias primas y productos acabados, o de los países de la Asociación
Europea de Libre Comercio, de la EFTA, un 19,7 por ciento. El 21 por
ciento restante se importa de los Estados Unidos, un 11,3; de Japón un
5,3 y de otros países el 4,2. Por tanto, la rebaja arancelaria afectará
tan sólo a ese 21 por ciento, ya que las importaciones de la Unión
Europea y de la EFTA están libres ya de cualquier derecho aduanero o
barrera no arancelaria. Además, ese volumen de importaciones, que en 1991
ascendió a 26.651 millones de pesetas, está gravado con un arancel medio
del 7 por ciento, arancel que deberá suprimirse a lo largo de cinco años
en tramos anuales de aproximadamente un 20 por ciento anual sobre el
arancel base. Se trata, por tanto, de una disminución muy limitada y
progresiva que puede cifrarse económicamente en unos 370 millones de
pesetas anuales. Una cantidad que se hace aún menor, en torno a los 160
millones de pesetas, descontando las materias primas y considerando
solamente los productos acabados. Parece que estas variaciones no
constituyen por sí solas incentivos suficientes como para hacer variar
los flujos comerciales de estos productos. Adicionalmente, debe tenerse
en cuenta que estamos hablando de unos productos sometidos a intervención
administrativa y que presentan peculiaridades en cuanto a la estructura
de sus costes, lo que hace que la incidencia previsible del GATT en el
precio final sea prácticamente inexistente.

La exportación de productos farmacéuticos es más una cuestión de política
industrial que de política sanitaria. Por ello no estaría estrictamente
incluida en las materias propias de la responsabilidad de mi Ministerio.

No obstante, y por aportar a SS. SS. una visión completa del sector,
puedo indicarles que los efectos del GATT-94 pueden ser, como antes
apuntaba, algo más intensos y en principio favorables. Más del 54 por
ciento del total de exportaciones de materias primas y el 25 por ciento
de productos terminados se destinan a países distintos de los miembros de
la Unión Europea o de la EFTA, dirigiéndose, en la mayoría de los casos,
a países en vías de desarrollo. De ahí que el desarme arancelario por
parte de estos países, muchos de los cuales no eran anteriormente parte
del GATT, ofrecerá unas mejores oportunidades exportadoras a nuestra
industria farmacéutica.

Como señalaba, una de las principales novedades en la Ronda Uruguay ha
sido precisamente el inicio de las negociaciones y la obtención de los
primeros acuerdos para regular, con arreglo a los mismos principios que
el GATT, el comercio de servicios. El resultado definitivo, conocido por
sus siglas inglesas GATS, el propio Acuerdo general, donde se establecen
una serie de obligaciones y disciplinas generales aplicables a todos los
servicios y a todas las partes en el acuerdo, una serie de anexos que se
consideran necesarios para aplicar o interpretar las disposiciones del
GATS a ciertos sectores particulares y las listas nacionales de
compromisos iniciales de liberalización en forma de ofertas. Desde el
punto de vista del sector sanitario, interesan especialmente las listas
de liberalización o del comercio de servicios profesionales, ya que es en
ellas donde se plasma la voluntad real de los Estados de comenzar el
proceso de liberalización en los servicios, cuya prestación requiere la
posesión de un título académico. Esta liberalización no tiene un impacto
directo sobre los servicios sanitarios públicos, dado que se encuentran
excluidos, según la interpretación más común aceptada por los países
signatarios. De todo ello se desprende que, aunque el GATS supone un
primer paso y una manifestación de la voluntad de las partes de avanzar
en el camino y de dotar de una mayor fluidez a un sector de creciente
importancia como es el de servicios, por el momento no se producirán
variaciones sensibles, especialmente en el terreno de la sanidad pública.

La segunda de las cuestiones a analizar es el efecto que la voluntad
liberalizadora del GATT puede tener sobre la capacidad de los Estados
para actuar en defensa de sus intereses en el terreno de la salud
pública. Tradicionalmente, el GATT había abordado estos temas en el
capítulo de obstáculos técnicos al comercio, al que se dedican varios
artículos del acuerdo general y que, tras la Ronda Tokio fue objeto de un
acuerdo específico. El objetivo de estas



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disposiciones ha sido siempre el mismo: armonizar el derecho de los
Estados a proteger con medidas adecuadas la salud de sus ciudadanos, con
una mínima incidencia desfavorable de estas medidas sobre el comercio
internacional.

En la Ronda Uruguay se han tratado separadamente los obstáculos técnicos
en general y las medidas sanitarias o fitosanitarias en particular. El
interés por regular separadamente las medidas sanitarias y fitosanitarias
obedece a dos razones. Por un lado, a la propia naturaleza de ese tipo de
actuaciones, que con frecuencia hace de ellas un obstáculo engañoso y
difícil de impugnar. Por otro, a la existencia de una creciente tendencia
en los diferentes países para utilizarlos como elemento restrictivo del
comercio, en una época en que la situación económica promueve ciertas
actitudes proteccionistas que no pueden ampararse en otras barreras
arancelarias o contingentarias ya suprimidas. El objetivo fundamental del
Acuerdo es establecer criterios y procedimientos relativos a las medidas
sanitarias y fitosanitarias para lograr ese equilibrio entre el derecho
soberano de todo Estado a proporcionar el nivel de protección sanitaria
que estime apropiado y la deseada liberalización de los intercambios
internacionales.

El Acuerdo establece una definición común de medidas sanitarias o
fitosanitarias considerando como tales todas aquellas que se apliquen
para proteger, prevenir o limitar los daños sobre la salud y la vida de
las personas, animales o vegetales frente a los riesgos resultantes en la
entrada de plagas, enfermedades, organismos patógenos o portadores de
enfermedades, aditivos, contaminantes, toxinas y radiaciones.

En principio, el GATT autoriza este tipo de medidas, pero busca su
armonización a través de directrices y recomendaciones consensuadas
internacionalmente o, en todo caso, que puedan ser justificadas
científicamente.

Para conseguir el objetivo propuesto, el acuerdo propone seis principios
o criterios básicos.

En primer lugar, el aumento de la transparencia de las medidas, debiendo
los países basar sus decisiones en una evaluación apropiada de los
riesgos y notificar adecuadamente a las demás partes sus normas
nacionales.

Una reducción de la posible arbitrariedad de las decisiones que deberán
estar basadas en análisis y datos científicos objetivos y ser necesarias
para lograr la protección que se persigue.

El fomento de armonización de las normas, el respeto al principio de
proporcionalidad, el seguimiento del acuerdo por un comité especial, y
finalmente, la remisión al procedimiento habitual del GATT para la
resolución de diferencias.

Por lo que se refiere a los obstáculos técnicos al comercio, el acuerdo
específico que se ha suscrito contiene un compromiso similar al asumido
para las medidas sanitarias. En concreto, los Estados que forman parte
del acuerdo deberán velar para que los reglamentos técnicos o las normas
que puedan adoptarse por razones de seguridad, sanidad, protección de los
consumidores, defensa del medio ambiente u otros fines, así como los
correspondientes mecanismos de prueba y certificación, no creen
obstáculos innecesarios al comercio.

El acuerdo contempla cuestiones tales como la definición del obstáculo
técnico, el ámbito de aplicación, los principios de obligado cumplimiento
para las partes, la creación de un comité especializado y los
procedimientos de consulta y solución de diferencias.

En el ámbito de aplicación se incluyen no sólo los reglamentos técnicos,
sino también las normas relativas a procesos y métodos de producción.

En nuestro país el control sanitario de las mercancías y productos de
importación y exportación es competencia exclusiva del Estado, que se
desarrolla a través de los servicios de sanidad exterior. En este punto
hay que volver a mencionar que España actúa, en relación con el comercio
internacional, en el marco de la Unión Europea y que frente a productos
procedentes de países no miembros, nuestra frontera funciona a todos los
efectos como frontera comunitaria. Ello supone que si los productos
implicados han sido objeto de esa armonización comunitaria, los criterios
de control han de ser los establecidos para las normas de armonización,
mientras que en caso de no darse tal armonización se aplica la normativa
española.

Esta situación hace que los acuerdos sobre medidas sanitarias y sobre
obstáculos técnicos vayan a tener una repercusión mínima en este campo,
ya que las medidas sanitarias y las normas técnicas, vigentes actualmente
en la Unión Europea, responden a los principios del GATT.

Igualmente nuestra normativa es plenamente homologable con la de los
restantes Estados miembros de la Unión Europea en las materias no
armonizadas, actuándose en todos los casos conforme a las reglas ya
citadas de transparencia, rectitud, armonización y proporcionalidad.

Como último punto de mi intervención voy a referirme a la posible
incidencia del GATT-94 sobre los consumidores, en aspectos distintos de
los sanitarios, que estarían contemplados en la ya comentada repercusión
del acuerdo sobre medidas sanitarias.

En realidad el GATT es un acuerdo pensado para favorecer el comercio y
específicamente a los operadores económicos implicados en los
intercambios internacionales. Por ello los efectos sobre los consumidores
sólo pueden considerarse como un resultado indirecto del impacto que el
Acuerdo tenga sobre los flujos comerciales.

En este sentido una primera consecuencia presumible del GATT es el
aumento de la competitividad internacional como resultado de la supresión
de barreras que protegen artificialmente producciones menos eficientes.

Ello debiera traducirse, en teoría, en una mejora en los precios de los
productos, a la que habría que sumar los posibles beneficios que para el
crecimiento económico de los Estados puede tener de incremento en los
intercambios internacionales.

Puede esperarse también un aumento en la variedad de los productos y una
mejora en su calidad, debida igualmente al apuntado aumento de
competitividad a nivel internacional.

En todo caso se trata de unos efectos que, como puede observarse, están
condicionados por otras variables económicas y que, por tanto, deberán
confirmarse o no a medida



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que los acuerdos vayan poniéndose en práctica a partir de 1995.

Pueden preverse también algunos efectos no deseados, inducidos por la
apertura comercial que el GATT promueve. Uno de ellos sería el peligro de
que aparezcan en el mercado productos de dudosa o baja calidad o incluso
susceptibles de causar daños a la salud y seguridad a los ciudadanos.

En este supuesto ya me he referido a las facultades que el acuerdo
técnico sobre medidas sanitarias y el acuerdo sobre obstáculos técnicos
preservan a los Estados para determinar el nivel de protección que, desde
el punto de vista sanitario y de calidad, han de disfrutar los
ciudadanos.

Un problema muy debatido ha sido el de cómo ejecutar la garantía de un
producto en un determinado país y los medios a utilizar para resolver
reclamaciones o litigios en relación con productos procedentes de otros
Estados miembros.

Las dificultades que presentan este tipo de problemas, dificultades que
hacen que dentro de la propia Unión Europea sólo se haya comenzado a
darles respuesta, es posible ir adoptando medidas que tiendan a
evitarlas; pero una vez más hay que señalar que cualquier solución debe
producirse en el contexto de las actuaciones comunitarias en materia de
política comercial.

Hay que destacar el esfuerzo renovador que está emprendiendo la Unión
para mejorar sus mecanismos de decisión en el terreno de la política
comercial, de forma que respondan mejor al aumento y diversificación de
prácticas desleales por parte de terceros países.

Las reformas previstas se circunscriben a las prácticas más extendidas
como el «dumping» o las subvenciones y persiguen ante todo proteger las
producciones comunitarias, pero también es cierto que constituyen un paso
adelante en la actualización de los procedimientos de decisión
comunitarios en materias de gran interés para los Estados miembros y que
en ellas se ha tenido muy presente la realidad que se configura en los
acuerdos del GATT. Por tanto, es de esperar que se conviertan en un
precedente de la actuación comunitaria en otros terrenos relacionados con
el comercio internacional.

Creo, por tanto, que puede afirmarse con razonable seguridad que los
acuerdos derivados de la Ronda Uruguay no tendrán una repercusión
decisiva en ninguna de las áreas en que se proyecta la actuación del
Ministerio de Sanidad y Consumo.

La idea fundamental que, a mi juicio, debe extraerse de las pasadas
negociaciones del GATT-94 es que nos encontramos ante un entorno
internacional más competitivo, más abierto, que ofrece mayores
oportunidades pero que, para poder aprovecharlas, exige un esfuerzo mayor
de los agentes económicos implicados. En ese esfuerzo es en el que creo
que debemos implicarnos todos para aprovechar las ventajas que el nuevo
acuerdo ofrece.

Gracias, señora Presidenta.




La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Ministra de Sanidad y Consumo.

Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Hernando tiene la palabra.




El señor HERNANDO FRAILE: Nuestro grupo había planteado esta
comparecencia como informativa. Le aseguro, señora Ministra, que usted no
me aburre; tampoco me satisface. Entenderá que sólo satisfaga a los
miembros de su grupo socialista que le mantienen y a veces a algún otro
grupo que también de vez en cuando le apoya. Lo que sí me llama la
atención, incluso a veces me abruma, es el carácter didáctico de sus
exposiciones.

Nosotros habíamos pretendido que nos hiciera un resumen del impacto
porque cuando se aprobó el GATT es un acuerdo de gran importancia para
los países en vías de desarrollo de cara a favorecer el crecimiento del
Tercer Mundo. La conclusión, sin duda, es que el impacto es escaso; es
extenso por su propia exposición y que tan sólo va a afectar a 370
millones de pesetas anuales, al parecer, que es lo que importamos en
productos farmacéuticos y sanitarios siempre que entendamos que esa
importación afecta sólo a la actual relación, que es el 4 por ciento, de
esos otros países que no son la Unión Europea, la EFTA, ni USA, ni Japón.

A nosotros nos gustaría que nos precisara, ya que es el único impacto y
la única pregunta, es muy breve, si existe previsión de que ese 4 por
ciento crezca en nuestras importaciones, debido precisamente a la
reducción de los costes de algunos productos que se fabrican en estos
países.

En lo que a nosotros se refiere nada más. Yo creo que esta comparecencia
podía haber sido mucho más corta para lo que se ha expuesto.




La señora PRESIDENTA: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor
Cardona.




El señor CARDONA I VILA: Después de lo que acabo de oír, no sabía si
intervenir o no, pero en cualquier caso lo hago para no ser descortés
desde el punto de vista parlamentario.

Nosotros entendemos que los acuerdos a que se ha llegado en la Ronda
Uruguay del GATT tienen como consecuencia más destacada, como se ha
dicho, la liberación de mercados y, por tanto, el aumento de la
competitividad.

Por lo que hace referencia al sector sanitario estos acuerdos no tienen
efectos directos dadas las especiales características del sistema
sanitario en nuestro país, pero es preciso tener presente que
indirectamente estos acuerdos afectan a sectores industriales y
económicos que se encuentran inmersos en el ámbito sanitario, sea
farmacia, tecnología, etcétera. Ello quiere decir que dentro de un
sistema más abierto que se va a dar a partir de ahora, habrá un
incremento de esta competitividad.

Es precisamente en esta línea hacia donde va el mensaje que se quiere
impulsar desde la Generalidad de Cataluña en materia sanitaria. Este
mensaje se basa precisamente en la necesidad de utilizar técnicas de
gestión empresarial y



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utilizar los recursos --recursos siempre limitados en relación a las
necesidades-- de forma lo más eficaz y eficiente posible; en definitiva
hacer más competitivo nuestro sector sanitario.




La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Socialista, la señora Mendizábal tiene
la palabra.




La señora MENDIZABAL GOROSTIAGA: Sin ningún ánimo de entrar en polémica
y, desde luego, sin interferir en absoluto en la libertad y el derecho
que tienen todos los grupos de la Cámara para solicitar las
comparecencias que consideren oportunas, también tengo yo la obligación,
ejerciendo ese derecho y en este turno de fijación de posición, de
expresar precisamente que la esterilidad de determinados debates es
evidente.

Creo que es de todos conocido; me alegro que si la exposición de la
señora Ministra ha sido didáctica y a partir de ahora por lo menos será
conocido lo que significa el GATT. ¿Qué es el GATT? El GATT es un Acuerdo
General sobre Comercio y Aranceles; es un acuerdo que se hizo en un
determinado momento cuando el proteccionismo sobre el comercio exterior
era un proteccionismo fuerte, y me remonto al año 1947. Ha habido
múltiples negociaciones para que los aranceles fueran disminuyendo, para
que las barreras, las restricciones cuantitativas desaparecieran (éste
era uno de los objetivos del GATT), para que se aplicara la cláusura de
nación más favorecida y la cláusula de trato nacional, para que se
estableciera un código «antidumping», etcétera; es decir, miles y miles
de negociaciones.

Por tanto, por su propia naturaleza en el Acuerdo General sobre Aranceles
y Comercio (que no son más que las siglas inglesas de GATT) no hay un
acuerdo del GATT, sino que es un acuerdo que se va desarrollando en
diversas rondas durante muchos años, es un acuerdo muy complicado y que
afecta a muchas cosas. Los que nos dedicamos a la economía desde hace 22
años tenemos muy claro que afecta única y exclusivamente al comercio. El
acuerdo general sobre aranceles y comercio es un objetivo comercial. Al
ser un acuerdo comercial significa que entran múltiples mercancías y
múltiples partidas arancelarias, miles y miles de mercancías distintas y
de valores arancelarios diferentes y, por tanto, su negociación es
complicada sobre cuestiones que, de manera más global, afectan más a una
serie de productos, sobre todo desde el punto de vista de los productos
industriales, que a los países industrializados. Quisiera decir que este
acuerdo no tiene ninguna ventaja para los países subdesarrollados, sino
todo lo contrario; es un acuerdo que beneficia a aquellos países que
incorporan en sus mercancías mayor valor añadido, por tanto, países
desarrollados. El que haya libertad de exportación beneficia
fundamentalmente a estos países. Por tanto, yo creo que es una
comparecencia puramente de comercio.

Aprovecharía para aclarar algunas cosas a la señora presidenta. No creo
que los servicios de la Cámara se hayan equivocado. Quizá los servicios
de la Cámara hayan estado más listos que nosotros, Diputadas y Diputados,
al haber interpretado que la interpelación es para el Ministro de
Comercio. En cualquier caso quiero dejar claro en esta Comisión que,
además, hay una iniciativa parlamentaria pendiente, una interpelación del
Grupo Catalán (Convergència i Unió), que pretendía se hiciera un debate
general sobre este tema. En base a esta iniciativa del Grupo Catalán
(Convergència i Unió), el Ministro de Comercio se comprometió
públicamente a presentar un informe a esta Cámara para que haya un debate
sobre el tema; un debate en el ámbito que debe ser, que es en el ámbito
del Comercio y, además, en el Pleno de la Cámara.

Por tanto, no me queda más que felicitar a la señora ministra porque ha
sido capaz de dar una explicación didáctica que ha complacido al grupo de
oposición, por tanto ha debido de ser buena y decirle también que no se
preocupe, que si no es en el Ministerio de Sanidad está claro que en el
Ministerio de Comercio tiene mucho porvenir.




La señora PRESIDENTA: Señora Ministra de Sanidad y Consumo.




La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán): Me preguntaba el
señor Hernando sobre la incidencia de los acuerdos en la importación. Los
datos que puedo facilitarle son los siguientes: La rebaja arancelaria que
introduce el GATT afecta sólo, como ya he dicho, al 20,94 por ciento de
las importaciones; el arancel medio de estas importaciones de países
fuera de la Unión y de la EFTA es del 7 por ciento; la disminución
arancelaria, al cero por ciento, se producirá en cinco años con tramos de
un 20 por ciento anual sobre el arancel base; la disminución real
arancelaria anual será del 1,4 por ciento; repercutirá anualmente sobre
373 millones de pesetas de productos acabados en materias primas de
importación.

Respecto a la exportación, hay efectos favorables en la exportación de
productos farmacéuticos, pero su pregunta se ceñía a los efectos que va a
producir la importación, y éstos son los datos que puedo facilitar a S.

S.

A los demás intervinientes agradecerles sus comentarios.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Ministra de Sanidad y
Consumo, por sus tres comparecencias en esta Comisión, así como al equipo
del Ministerio, al que también damos las gracias por su asistencia.

Señoras y señores Diputados, cumplimentado el orden del día, se levanta
la sesión.




Eran las siete y cincuenta minutos de la tarde.