CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1994 V Legislatura Núm. 172
INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO
PRESIDENTE: DON JOAQUIM MOLINS I AMAT
Sesión núm. 16
celebrada el lunes, 18 de abril de 1994



ORDEN DEL DIA:
Comparecencia del señor Ministro de Industria y Energía (Eguiagaray
Ucelay), para:
--Informar en relación a la revisión del marco legal estable, intercambio
de activos y tarifas eléctricas. A solicitud del Grupo Parlamentario
Socialista. (Número de expediente 213/000202) (Página 5426)
--Explicar las consecuencias para el sector eléctrico de los recientes
acuerdos sobre intercambio de activos entre las empresas del sector y la
modificación del marco legal estable. A solicitud del Grupo Parlamentario
Popular. (Número de expediente 212/000484). En sustitución del Secretario
General de la Energía, según acuerdo adoptado por la Mesa y Portavoces de
la Comisión de Industria, Energía y Turismo, en su reunión del día 23 de
febrero de 1994 (Página 5426)

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Se abre la sesión a las cuatro y treinta y cinco minutos de la tarde.




El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.

Quisiera, en nombre de la Comisión, dar la bienvenida al señor Ministro
de Industria y Energía, que comparece, según el orden del día
establecido, a petición de varios grupos parlamentarios y por dos
distintos motivos. De acuerdo con la Mesa, el orden en el que se va a
realizar esta comparecencia es, en primer lugar, el primer punto del
orden del día y, en segundo lugar, en acto aparte, los puntos 2 y 3 del
orden del día, que se verán conjuntamente.

Así pues, iniciaremos la comparecencia del excelentísimo señor Ministro
de Industria y Energía para dar a conocer la justificación y criterios
utilizados para la venta de la Empresa Nacional del Gas (Enagas) a Gas
Natural, comparecencia solicitada por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. (El señor Gámir Casares pide la palabra.)
Señor Gámir. Tiene la palabra.




El señor GAMIR CASARES: Señor Presidente, por un problema puramente de
ordenación del debate, este Grupo Parlamentario desea solicitar un
cambio: que se tratara en primer lugar el segundo y el tercer tema y,
después, el primero. La razón es que el ponente del primer tema, por
otras obligaciones parlamentarias, se incorporará un poco más tarde a la
Comisión.




El señor PRESIDENTE: ¿El Grupo Parlamentario proponente de esta primera
comparecencia, que es el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene algún inconveniente?



El señor GARCIA FONSECA: No, señor Presidente. Conoce usted sobradamente
la buena disposición de mi Grupo y, en todo caso, por razones de cortesía
hacia el Grupo que solicita este cambio en el orden del día, nosotros lo
aceptamos de buen grado.




El señor PRESIDENTE: Dado que el señor Ministro de Industria y Energía
tampoco tiene inconveniente, se procede, pues, a invertir el orden. ¿No
tiene inconveniente ningún Grupo Parlamentario? (Pausa.) Procederemos,
entonces, en primer lugar, a ver los puntos 2 y 3 del orden del día.




COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (EGUIAGARAY
UCELAY) PARA:



--INFORMAR EN RELACION A LA REVISION DEL MARCO LEGAL ESTABLE, INTERCAMBIO
DE ACTIVOS Y TARIFAS ELECTRICAS. A PETICION DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA. (Número de expediente 213/000202.)
--EXPLICAR LAS CONSECUENCIAS PARA EL SECTOR ELECTRICO DE LOS RECIENTES
ACUERDOS SOBRE INTERCAMBIO DE ACTIVOS ENTRE LAS EMPRESAS DEL SECTOR Y LA
MODIFICACION DEL MARCO LEGAL ESTABLE. A PETICION DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR. (Número de expediente 212/000484.)



El señor PRESIDENTE: Para informar sobre el punto 2, en relación a la
revisión del marco legal estable, intercambio de activos y tarifas
eléctricas, a solicitud del Grupo Parlamentario Socialista, y el punto 3,
para que explique las consecuencias para el sector eléctrico de los
recientes acuerdos sobre intercambio de activos entre las empresas del
sector y la modificación del marco legal estable, a petición del Grupo
Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Ministro de Industria y
Energía.




El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay): Muchas
gracias, señor Presidente.

Es bueno que impere la cordialidad y la cortesía entre los grupos, a lo
que el Gobierno también quiere contribuir no poniendo ningún
inconveniente a las modificaciones en el orden del día. Por tanto, con la
inversión realizada, supongo que tendremos después la ocasión de hablar
también del gas, para que pueda estar presente la persona responsable del
Grupo Popular en esta cuestión.

Permítanme, señorías, que al hacer referencia a los problemas derivados
de las modificaciones en la regulación del marco legal estable del sector
eléctrico y a las consecuencias derivadas también de los intercambios de
activos entre empresas del sector, trate de establecer, primero, un
panorama que les pueda servir, en la medida de mis fuerzas, para
comprender qué es lo que de verdad hemos venido haciendo y qué
consecuencias pueden tener en relación con la normativa anterior las que
se han puesto en marcha después de los acuerdos que tuvieron lugar en
diciembre.

El sistema de retribución de las empresas gestoras del servicio de
suministro de energía eléctrica, antes de la última modificación, era un
sistema establecido mediante el Real Decreto 1.538/87, de 11 de
diciembre, conocido comúnmente como marco legal estable, definiéndose la
tarifa eléctrica como la retribución global y conjunta del sistema
eléctrico nacional.

El sistema de retribución de las compañías eléctricas tiene tres
componentes esenciales: por un lado, el nivel de ingresos del sector, que
se determina por la tarifa media; en segundo lugar, la estructura misma
de tarifas, que determina la recaudación de cada empresa, debiendo
tomarse en cuenta el que, dadas las diferencias, tanto en generación como
en distribución y en mercados de las empresas, no tiene por qué coincidir
con los ingresos que, de acuerdo con la normativa de retribución, les
corresponde. Y en tercer lugar --derivado de lo que acabo de decir--, la
redistribución de ingresos que se produce en función de los costes
estándares reconocidos a cada empresa y que se



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determina por aplicación del sistema de compensaciones entre las
empresas.

Por tanto, hay una tarifa media, hay una estructura de tarifas y hay un
procedimiento de redistribución de ingresos entre las diferentes
compañías. La tarifa eléctrica media se establece como relación entre el
ingreso previsto y la previsión de la demanda de energía eléctrica,
siendo el ingreso previsto para cada ejercicio igual al coste total del
sistema, incluyéndose la corrección de desviaciones de ejercicios
anteriores, en su caso.

Este Real Decreto de 1987 establece que la retribución de las empresas
eléctricas integrantes del sistema eléctrico nacional, es decir, aquellas
sometidas a explotación unificada, resultará de la aplicación del sistema
de compensaciones entre subsistemas eléctricos y otras compensaciones
vigentes, actualmente las derivadas del carbón nacional y su transporte y
almacenamiento, y prevé un régimen para las empresas o subsistemas
eléctricos de ciclo completo y que se establezca, asimismo, el sistema de
retribución para las empresas productoras no incluidas en ningún
subsistema que tengan una especial importancia en la cobertura del
sistema en su conjunto, al no recaudar de los abonados finales. Con esto
estoy haciendo referencia a la situación peculiar de una empresa
importante dentro del sistema como es Endesa que, no obstante, no tenía
una relación directa con los abonados finales, sino, fundamentalmente,
con los distintos subsistemas eléctricos.

Los objetivos del sistema de retribución así descrito, en líneas
generales, objetivos que, por otro lado, mantienen su total vigencia
después de los cambios a los que posteriormente voy a hacer referencia,
son los siguientes. En primer lugar, fomentar la eficiencia. Es obvio que
cualquier sistema de retribución no puede ser insensible a la
introducción de mecanismos de incentivación de la eficiencia. El
instrumento fundamental que utiliza nuestro sistema es el establecimiento
de costes estándares que no tienen por qué coincidir, en la medida en que
son costes estándares, con los realmente incurridos por la empresas, de
manera que las empresas tengan siempre un incentivo importante para
situar sus costes reales, sus costes efectivos por debajo de los
estándares fijados, si esto les es posible, con lo cual, en tanto en
cuanto mejoren sus costes efectivos en relación con los estándares,
podrán obtener, naturalmente, un incremento de sus retribuciones y, en
consecuencia, de los beneficios. Esto es un incentivo importante a la
gestión, un incentivo que está en el sistema, en el marco legal estable
anteriormente vigente y en las modificaciones posteriormente producidas.

En segundo lugar, el sistema pretende eliminar las reducciones de
variaciones bruscas en la tarifa media anual como consecuencia,
fundamentalmente, de nuevas incorporaciones de equipo generador o de
distribución. El instrumento para la consecución de este objetivo ha sido
la determinación de anualidades de coste real para la retribución de las
inversiones en generación y distribución y la aplicación de tasas reales
de retribución diferentes para el cálculo de las anualidades
correspondientes a los activos de generación cuya entrada en explotación
se produjo con posterioridad a 1983 y para el cálculo de las anteriores a
dicho año. Les quiero resaltar, señorías, que en nuestro sistema, en
términos históricos, entre los años 1985 y 1988 se produjo una
importantísima incorporación de equipo generador al sistema,
incorporación que, de haberse tenido en cuenta instantáneamente y no a
base de anualidades periodificadas, hubiera significado una elevación
absolutamente brutal de los costes de producción del sistema y, en
consecuencia, también de las tarifas. Baste recordar que entre esas
fechas --1985 y 1988--, entraron cuatro centrales nucleares de 1.000
megavatios de potencia cada una (Ascó II, Cofrentes, Trillo I y Vandellós
II); una gran central de bombeo de 1.000 megavatios (Cortes-La Muela) y
otros grupos hidráulicos, con una potencia conjunta de 1.200 megavatios y
2.300 megavatios de nueva potencia térmica de carbón. En consecuencia, el
sistema debía --y así lo hacía-- prever una gradación en la incorporación
de los costes incurridos, especialmente en los primeros años de entrada
en funcionamiento del nuevo equipo de generación.

El tercer elemento del que parte el sistema es el de la recuperación del
valor estándar reconocido a las inversiones de generación en su período
de vida útil. Y, según el sistema de retribución, los ingresos
reconocidos a cada empresa deben ser suficientes para la recuperación del
valor de las inversiones realizadas, computadas de forma estándar,
permitiendo que las empresas puedan, a la vez, realizar nuevas
inversiones en condiciones de equilibrio financiero y económico.

En cuarto lugar, en un sector de la naturaleza del eléctrico, uno de los
objetivos implícitos en el sistema y explícitamente, por otro lado,
confesados es la reducción sustancial de la incertidumbre empresarial
derivada del largo período de maduración de las inversiones y del mayor
automatismo en la determinación de la tarifa media anual. Reducción de la
incertidumbre que, me importa insistir, es fundamental en un sector en el
que la planificación a medio y largo plazo es esencial y que, por otro
lado, está dependiendo permanentemente de la confianza de los agentes
financieros y de los inversores.

En este sistema de determinación de la tarifa eléctrica, establecido,
como les decía, por Decreto 1.538, de 1987, junto con sus órdenes de
desarrollo, había permitido alcanzar ya objetivos muy positivos en el
funcionamiento global del conjunto del sistema. Los logros, que sin duda
alguna son difíciles de discutir, se pueden sintetizar, creo yo, en los
siguientes: Dotar de una cierta estabilidad al sector eléctrico, siempre
en términos comparativos y especialmente en relación a períodos pasados,
a un sector preñado de las características que les he dicho: inversiones
con moderación a muy largo plazo y dependencia financiera muy acusada. En
segundo lugar, ha permitido que la determinación de la tarifa eléctrica
se haya realizado desde el año 1987 sobre bases objetivas y conocidas.

Téngase en cuenta que los valores estándares fueron objeto de aprobación
y de publicación mediante las correspondientes órdenes ministeriales, lo
que ha dado lugar, por una parte, a la consolidación de algo que bien
podemos llamar un modelo de funcionamiento horizontal, según las
distintas actividades que forman parte del negocio eléctrico (generación,



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transporte, distribución), de acuerdo con el esquema de funcionamiento de
la ley sobre explotación unificada que otorga una retribución específica
a cada una de estas actividades.

El marco legal estable así configurado ha dado lugar, como ya he tenido
ocasión de señalar, a lo que se conoce en la literatura económica como el
mecanismo de competencia contra el estándar, o si me permiten en
expresión anglosajona «yardstick competition». Se trata, por tanto, de
establecer un baremo suficientemente bien establecido, suficientemente
bien comprobado, que fuerce a la competencia para mejorar la posición
relativa de cada empresa en relación con el estándar de costes, de
inversiones, de eficiencia, en general, admitido como media del sistema.

No obstante, dicho todo esto, que es, quizá, una larga introducción pero
que me parece fundamental para entender los cambios, la experiencia sobre
el funcionamiento del sistema ha dado lugar también al reconocimiento de
imperfecciones y de aspectos manifiestamente mejorables en relación con
algunos parámetros, con algunos procedimientos, así como a hacer frente a
alguna de las principales críticas que, no entraré en este momento en su
justificación o en su pertinencia, se habían puesto de manifiesto en un
ambiente, quizás enrarecido, de relaciones entre las distintas empresas
del sector eléctrico, derivada de esa singularidad que ciertamente tenía
una empresa tan importante como Endesa, mucho más una empresa de
producción, una empresa, por otro lado, sin mercado, sin relación directa
con los abonados finales y tratada de una manera específica también en
ese marco legal.

Quiero aprovechar, no obstante, para decir que el origen de ese
tratamiento singular que tenía en el marco legal anteriormente vigente
hasta las últimas modificaciones la empresa Endesa derivaba, en primer
lugar, del hecho de que, antes de su aprobación, el establecimiento de
una retribución especial para esta empresa se asentaba en dos factores:
en primer lugar, en el hecho de que existía un contrato privado de Endesa
y el grupo de empresas integrado en Unesa, según el cual Endesa hubiera
obtenido una retribución superior, derivada de ese contrato privado, a la
que le otorgó el nuevo sistema, y en segundo lugar, a la consideración
que en la fecha mereció el que Endesa hubiera participado en los
intercambios de activos de 1985, con un esfuerzo singular que se entendió
debiera tener también un reflejo en la ordenación de ese marco legal
estable.

No obstante, había también otros aspectos, dentro de la ordenación del
marco legal estable, que podían ser mejorados. Muy en particular el marco
legal aplicado a dos tasas distintas de retribución reales a los activos
de generación, y el propio sistema de determinación de la tasa monetaria
que servía de base a las tasas reales tenía elementos susceptibles de
producir alteraciones, quizás erráticas, dependiendo fundamentalmente de
cuál fuese la evolución del índice de precios de consumo, la evolución
del índice de precios industriales que servían de referencia para algunas
de las tasas de retribución monetaria real.

En tercer lugar, la revisión de la recuperabilidad de los fondos
invertidos en el intercambio de activos del año 1985, que estaba previsto
en la Ley de Explotación Unificada por parte de las empresas compradoras
de activos de generación, de tal manera que se garantizase una
rentabilidad similar para todas ellas y también en relación con los
activos que no habían sido objeto de intercambio en aquel proceso de
1985, lo que daba lugar, de hecho, a una diferencia de tratamiento de
unos activos respecto de otros.

Simultáneamente, algunos elementos que se habían puesto de manifiesto
como susceptibles de perfeccionamiento, eran determinados parámetros,
coeficientes del sistema --que por no hacer esto demasiado prolijo no
detallo-- que servían también como elementos de incentivación o de
tratamiento de aspectos, como podían ser la hidraulicidad, etcétera.

Finalmente, el marco legal estable anterior requería también algunas
modificaciones con nuevos desarrollos para su adaptación a las
previsiones contenidas en el PEN 1991-2000, especialmente como
consecuencia del incremento de nueva potencia del sistema con gas natural
y especialmente, también, de la necesidad de un tratamiento que encajara
dentro del marco legal estable del contrato de importación de energía a
largo plazo, suscrito con Electricité de France, que, como saben,
significaba 1.000 megavatios de potencia en base durante diez años.

En ese marco de la configuración del sistema y de algunos de los
problemas de su perfeccionamiento es en el que tiene lugar la reforma que
me pedían que comentara y su significación. La reforma del marco legal
estable persigue los siguientes objetivos. En primer lugar, y derivado de
algunas de las imperfecciones que he señalado, alcanzar una mayor
homogeneidad retributiva y un amplio consenso sectorial sobre la
distribución de los ingresos que derivan de la tarifa entre las
diferentes empresas del propio sector. En segundo lugar, perfeccionar
algunos elementos técnicos que en el funcionamiento del marco se habían
revelado susceptibles de mejora, y hacer todo esto compatible con una
minimización del impacto en la tarifa eléctrica para el año 1994 y para
los años siguientes.

Estas modificaciones son las que se introducen por la Orden Ministerial
de 3 de diciembre de 1993, conocida ya en la jerga del sector como de
modificaciones del marco legal estable, que ha permitido, en primer
lugar, el establecimiento de un complemento retributivo para las
inversiones realizadas en el intercambio de activos de 1985, basado en
retribuciones calculadas sobre idénticos criterios para todas las
empresas que participararon como compradoras y en relación también con
las instalaciones que no fueron objeto de intercambio. Se trataba, por lo
tanto, de hacer frente a elementos de agravios reales o supuestos, pero
que, en todo caso, implicaban distinto grado de tratamiento con distintas
tasas en relación con los diferentes activos intercambiados y con los
activos que no fueron objeto de intercambio. Dentro de este mismo
apartado, la homogeneización de la tasa de retribución y una definición
más precisa del procedimiento para su determinación, incluido el
tratamiento de las diferencias de cambio y, por último, la eliminación,
como ya he tenido ocasión de adelantar, de lo que de singular podía haber
en el tratamiento retributivo específico de Endesa, tanto por el hecho de
que el marco diferencial, la retribución especial, el llamado FER,



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es una partida que en este momento afecta a todas las empresas, como por
el hecho de que los costes de estructura y de gestión comercial, que
tenían también un tratamiento singular, derivada de la singularidad
empresarial de Endesa, una empresa sin un mercado y sin abonados finales,
se contemplan en el marco de una forma distinta.

En segundo lugar, se ha otorgado un tratamiento también más adecuado a la
retribución de las inversiones de distribución en baja y media tensión
con el fin de estimular la mejora en la calidad del suministro eléctrico,
a la que por cierto hacíamos una amplia referencia con ocasión de mi
última comparecencia en esta Comisión, con criterios objetivos, de nuevo,
para su incentivación. Y, en tercer lugar, se ha otorgado un tratamiento
diferenciado a los costes de estructura, asignándose costes diferenciados
para la estructura de generación y para la de distribución, con el fin de
avanzar, como saben que pretendemos hacerlo, en línea con las propias
orientaciones comunitarias, hacia la separación de estas actividades.

Finalmente, quiero también señalar algunos otros elementos que han sido
objeto de consideración en la reforma. La mejora del procedimiento de
aprobación de inversiones extraordinarias, con objeto, principalmente, de
que encuentre cabida adecuada dentro del marco del sistema, del marco
legal estable, la inversión en «repowering» y en adaptación a ciclo
combinado, que se deriva de las previsiones del propio Plan Energético
Nacional, así como el que tenga el tratamiento adecuado, o simplemente
que el marco legal prevea la posibilidad de una retribución por aquella
generación de potencia o por aquellos contratos que provienen de
electricidad de otros países, como la que se deriva de la necesidad de
hacer frente a la forma de compensación del coste del contrato con
Francia.

Como complemento de las modificaciones realizadas por el Ministerio de
Industria y Energía a finales de 1993, y plasmadas en esa Orden, se ha
producido también un conjunto de modificaciones en la estructura de
tenencia y propiedad de los activos entre las diferentes empresas
eléctricas. Se ha acordado entre las empresas un conjunto de intercambios
que dio lugar al protocolo de intenciones de las compañías eléctricas
integradas en Unesa y que se firmó en mi presencia el 2 de diciembre de
1993, que fue objeto de una amplia difusión en los medios de comunicación
y que tiene básicamente como objetivo mejorar definitivamente el
equilibrio económico-financiero de las empresas, el equilibrio entre
producción y mercado, en otros casos, y la continuación, nunca
suficientemente acabada, del diseño de un sector eléctrico, por cierto,
sometido a permanente evolución. Un proceso que se había iniciado,
además, en años anteriores con fusiones y adquisiciones de diferentes
activos por diferentes empresas.

Se trató, y se sigue tratando, naturalmente, de lograr la estabilidad del
sector en todos los ámbitos, conseguir un sector eléctrico competitivo,
tanto ante el nuevo desarrollo legal del sector que se avecina, como ante
la construcción y los primeros pasos del mercado interior de la energía,
proceso en el que los países europeos estamos unidos.

La cuantía de los intercambios, por darles algún detalle --que por otro
lado no será, seguramente, demasiada novedad para ustedes a estas
alturas-- es evidentemente menor que la que tuvo lugar como consecuencia
del intercambio de activos en el año 1985. Aquel intercambio de activos
ascendió a unos 850.000 millones de pesetas, sin contar la compra de
Hidruña en su momento por Hidroeléctrica Española; el importe de los
intercambios, siendo importante en todo caso, asciende en este momento,
según nuestras estimaciones, a unos 271.400 millones de pesetas. Si a
esos intercambios estrictamente de activos se les unen otras operaciones,
como la venta de las acciones de Cantábrico por parte de Union Fenosa y
la asignación de la deuda de Hidruña a Endesa, la cifra de alteraciones
patrimoniales se situará en el entorno de los 345.000 millones de
pesetas.

Quizá un pequeño repaso de algunos de los más importantes pueda ser últil
para darles la información que ustedes me demandaban.

Las principales operaciones son: Unión Eléctrica Fenosa vende el 1 por
ciento de la central nuclear de Trillo a Endesa junto con la central
hidroeléctrica de Ribadelago, lo que representa 17.000 millones de
pesetas. Vende simultáneamente el 8,5 por ciento de Trillo y varias
centrales hidráulicas por valor de 64.300 millones de pesetas a
Hidroeléctrica del Cantábrico y, por último, se desprende del 2,5 por
ciento de la tantas veces citada central nuclear de Trillo a favor de
Iberdrola, S. A., por un importe de 15.000 millones de pesetas.

La cifra total resultante para Unión Fenosa asciende a 96.300 millones de
pesetas, con lo que, además de lograr prácticamente un equilibrio entre
producción y mercado, ve reducida su deuda y, en consecuencia, sus gastos
financieros en dicho importante valor. A su vez, se logra un nuevo
equilibrio en el sector nuclear al vender Unión Fenosa el 12 por ciento,
que es la suma de los dos porcentajes que les he ido diciendo, de la
central nuclear de Trillo.

Iberdrola, por su lado, vende el 11,5 por ciento de Aguas de Barcelona y
el 4 por ciento de su participación de Fecsa a Endesa por valor de 20.900
millones de pesetas. Vende a Eléctricas Reunidas de Zaragoza centrales
hidráulicas y mercado por valor de 15.200 millones de pesetas. Vende, por
último, su 25 por ciento de Guadisa a Eneco por valor de 4.800 millones.

Por tanto, todo hace un total de unos 40.900 millones de pesetas.

Compañía Sevillana de Electricidad vende a Eneco un 25 por ciento de
Guadisa y la central térmica de Puertollano por un importe de 17.200
millones de pesetas e Iberdrola, mediante la segregación de
Hidroeléctrica de Cataluña, vende al grupo Endesa activos por valor de
62.000 millones, asumiendo dicho grupo esa deuda por 64.000 millones de
pesetas. Iberdrola absorbe el resto de la sociedad segregada por un
importe de 55.000 millones de pesetas. Iberdrola, con esta operación de
Hidroeléctrica de Cataluña, posibilita la racionalización del mercado
catalán y obtiene simultáneamente una notable mejora de su «cash-flow».

Endesa, por su parte, realiza de nuevo en este proceso una importante
contribución al saneamiento del sector y a la racionalización de los
mercados y de las producciones. Más allá de las opiniones que se puedan
tener sobre cada una de las empresas y del conjunto de operaciones



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que no hago más que describir en los términos que no son obviamente
objeto de ningún secreto, en conjunto me parece que hay un aumento
ostensible de la racionalidad general del sector, un mayor equilibrio
entre producción y mercado, lo que elimina en buena parte también la
necesidad de procesos de compensación entre empresas y, a la vez, un
saneamiento importante, ciertamente, de aquellas compañías que estaban en
una menos buena --digamos eufemísticamente-- situación que otras.

Les he dicho antes que este proceso ha sido --y pretendíamos que así
fuera-- compatible con una moderación en la tarifa eléctrica, derivado de
algo que me parece de una enorme importancia (hacer posible en el medio
plazo una elevación de las tarifas eléctricas compatible con la
competitividad de nuestra economía), y, en consecuencia, que los procesos
adecuados o no siempre adecuados en las empresas del sector eléctrico de
gestión y de funcionamiento no se deriven en permanentes peticiones de
elevación de tarifas tendentes a resolver problemas, sean financieros,
sea de gestión, sea de estructura del propio sector.

A las empresas eléctricas, y especialmente a las más importantes, incluso
a aquellas que habían llegado a principios de acuerdo, el Gobierno y el
Ministerio de Industria les trasladó el que ningún paso que se diera
pudiera ser hecho a costa de los consumidores y a costa de la tarifa
eléctrica en general y, especialmente, de la tarifa que habían de pagar
los consumidores y de modo específico, quizá, la industria.

Por lo tanto, este proceso ha podido hacerse no sólo sin repercusiones
ostensibles en la tarifa, sino, como ahora mismo les voy a explicar, con
modificaciones muy modestas en la tarifa que en buena parte, además, ni
siquiera tienen que ver con estos cambios, sino fundamentalmente con las
desviaciones de las previsiones de 1993, en relación con las
realizaciones de ese mismo ejercicio 1993, lo que ha determinado una
cierta revisión al alza de la tarifa.

El incremento, como saben, para 1994 ha sido de un 2,06 por ciento de
media sobre las tarifas vigentes en el año 1993. Quiero decirles que éste
es uno de los porcentajes más bajo de toda nuestra reciente historia
eléctrica de incremento de tarifas. Dicho incremento se descompone en un
1,98 por ciento que corresponde, como les acabo de decir, a desviaciones
del año 93, y un 0,08 por ciento derivado de la aplicación del nuevo
marco legal estable a las previsiones del ejercicio 1994 con el carácter,
como saben, de provisionalidad que tiene hasta la liquidación definitiva
en el ejercicio siguiente.

Esta subida de la tarifa eléctrica para 1994 es inferior a la inflación
prevista para 1994, obviamente, y significa, por lo tanto, una reducción,
no solamente en términos reales, sino incluso en términos nominales, de
las tarifas industriales, que por primera vez en la historia decrecen un
0,20 por ciento.

Quiero decirles --para hacerlo con toda exactitud-- que desde 1973, que
es la fecha de creación del sistema integrado de facturación de energía
eléctrica, el SIFE, es la elevación de la tarifa eléctrica más baja
conocida. Por lo tanto, ha sido posible hacer una modificación del marco
legal; hacer una redistribución de los ingresos; perfeccionar el sistema;
objetivarlo más; eliminar eventuales o reales agravios de tratamiento
entre unas y otras compañías; hacerlo en consecuencia aceptable para el
conjunto de empresas del sector eléctrico, sin que esto vaya en
detrimento de la competitividad y al mismo tiempo del mecanismo de
incentivación del propio sistema.

Quiero terminar esta información diciéndoles que es ésta exactamente la
línea en la que queremos seguir en los próximos años. No se trata de que
en el año 1994 el crecimiento de la tarifa del sector eléctrico sea
moderado; pretendemos exactamente que siga siendo moderado también en los
próximos años y que, así como hemos mejorado en nuestra posición relativa
en relación con la tarifa eléctrica de los demás países europeos, ésta
pueda ser una senda constante en los próximos años.

No estoy muy feliz todavía de cuál es la tarifa eléctrica media en este
país en relación con otros. Seguramente podríamos coincidir en que no
tenemos demasiadas razones para la autosatisfacción. Luego les daré,
quizás, algunas cifras --si les parece-- sobre la posición relativa en la
que en este momento nos encontramos, pero la senda que está trazada y las
previsiones que hemos hecho nos permiten compatibilizar un marco legal
estable que garantice equilibrio financiero, rentabilidad económica y
proceso de generación de nueva capacidad de producción de electricidad
compatible con la demanda del sistema y, al mismo tiempo, una moderada
evolución de la tarifa, si nuestras previsiones son correctas, para los
próximos años; moderación que, por lo tanto, debe situar a España en una
posición más ventajosa en la tabla comparativa de las tarifas eléctricas
de la que todavía hoy nos situamos.

No obstante, sin entrar en demasiadas polémicas, quizás me adelanto a
decirles que en términos relativos, con los últimos datos disponibles de
enero de 1993 (naturalmente es bastante difícil un análisis comparativo a
pesar de las apariencias de las tarifas eléctricas de un país con los de
otros y hacerlo con rigor), y para tarifas domésticas España tiene una
tarifa media de 24,81 frente a 29,35 --estoy hablando de pesetas-- en
enero de 1993. Si quieren luego podemos entrar en ponderaciones.

Por lo que hace referencia a tarifas industriales nos situamos, en
relación con la media europea, en 14,92 frente a 17,84. Naturalmente,
cuando se analiza por distintos tipos de grupos industriales los
resultados se pueden obtener de distinta forma, pero les quiero dar esta
aproximación, de momento global. Si quieren luego podemos entrar en estos
análisis después de sus intervenciones.

Con esto les estoy diciendo que no estamos todo lo bien que debiéramos
estar. Creo que tenemos que seguir esta senda de mejora de la
competitividad, compatible con la estabilidad financiera y con la
situación económica de las empresas del sector eléctrico.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.

A continuación, van a hacer uso de la palabra los grupos parlamentarios
que han solicitado esta comparecencia.




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En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra
don José Félix Sáenz Lorenzo.




El señor SAENZ LORENZO: Muchas gracias, señor Ministro, por su
comparecencia.

A nuestro Grupo le parece muy oportuno que el Ministro de Industria venga
a la Comisión a informar sobre las reformas que se están llevando a cabo
en el sector eléctrico, y, aprovechando su comparecencia, que nos
explique también, de alguna manera, las previsiones que tiene de futuro.

(El señor Vicepresidente, Dávila Sánchez, ocupa la Presidencia.)
En el marco del Plan Energético Nacional de 1991 un sector como el
eléctrico es necesariamente regulado. Los dos últimos planes energéticos
que se han debatido en esta Cámara han tenido un problema de fondo. El
problema de fondo con el que nos hemos encontrado en el sector eléctrico
ha sido el de los altos costes financieros, por tanto, con la necesidad
de un saneamiento y la dificultad de lograr ese saneamiento al mismo
tiempo que se procuraba no incidir excesivamente en los costes de un
«input» fundamental en el sector industrial para su competitividad como
es el de la tarifa eléctrica, el coste de la energía. Por ello, creo que
la andadura de los últimos años de los planes energéticos se ha realizado
con una dificultad permanente, y es hacer compatible el objetivo de que
la tarifa no crezca para que no tengamos un «input» energético de coste
de energía muy grande para el sector industrial y, al mismo tiempo,
lograr el saneamiento de un sector con un coste financiero altísimo y que
ha tenido dificultades para superar esta situación.

En este sentido, nos parece que los intercambios de activos que se acaban
de producir tienen un efecto beneficioso. Efectivamente, las empresas más
saneadas adquieren más activos, más carga financiera, que reciben de las
empresas que tienen mayores dificultades. Por tanto, nos parece que ese
intercambio de activos es necesario y que va a incidir --está incidiendo
ya, como el señor Ministro acaba de informarnos-- en que el crecimiento
de las tarifas sea moderado y que cada vez más puedan situarse en valores
de competitividad comparativamente con los países de nuestro entorno.

El planteamiento de nuestro Grupo es que, efectivamente, se mantengan los
objetivos, que son coste mínimo de la energía, calidad y seguridad, al
mismo tiempo que el de diversificación de fuentes. En este sentido,
pensamos que la reforma del marco legal estable debe realizarse
introduciendo, en la mayor medida posible, factores de eficiencia --así
se está haciendo--, para lo cual parecería lógico que, puesto que es un
sector que difícilmente puede estar en régimen de competencia, se pueda
avanzar hacia el mismo en la mayor medida posible. En este sentido,
parece necesario buscar que el sector de generación tenga los menores
costes posibles y, por tanto, que haya una diferenciación de la gestión
de las empresas entre lo que es generación de lo que es distribución, y
que, efectivamente, se busque con ello remunerar lo más posible la mejora
de la eficiencia, el ahorro de energía y, en definitiva, la disminución
de los costes que puedan producirse.

Desde nuestro punto de vista nos parece fundamental, de cara al futuro,
el mantenimiento de la explotación unificada del sistema eléctrico,
puesto que esta explotación unificada es la que permite buscar siempre
esos objetivos que tenemos como punto de referencia en todas las
actuaciones del sector: coste bajo de la energía, calidad y seguridad en
el suministro y, al mismo tiempo, diversificación de fuentes para
disminuir riesgos.

Los planteamientos que se debatieron en esta Cámara con ocasión del Plan
Energético Nacional, desde mi punto de vista, eliminaron una buena parte
de las incertidumbres inversoras del sector; la senda que se está
produciendo de evolución de la demanda está haciendo que las necesidades
de inversión se alejen en el tiempo y, por tanto, no supongan en estos
momentos nuevos costes adicionales para el sistema, y pensamos que el
marco legal estable que se acaba de aprobar va a suponer un avance en
esta dirección. Desde el punto de vista del Grupo Socialista, se están
manteniendo, por parte del Gobierno, los objetivos deseables, los
objetivos marcados en el Plan Energético Nacional: objetivos de coste, de
calidad y de seguridad. Consideramos, por tanto, que la actuación, tanto
de intercambio de activos como de reforma del marco legal estable, ha
supuesto una actuación positiva en estas direcciones.




El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): El otro Grupo solicitante de la
comparecencia es el Grupo Popular, en cuyo nombre tiene la palabra el
señor Gámir.




El señor GAMIR CASARES: Una vez más, aunque sea reiteradamente, quiero
expresar mi agradecimiento y el de mi Grupo al Ministro por su
comparecencia.

Voy a formular una serie de preguntas con comentario, es decir, no son
preguntas puras, pero sí tiene una fuerte parte de pregunta lo que se va
a formular.

En primer lugar, ¿considera el señor Ministro que la esencia de los
intercambios de activos, no su totalidad sino su esencia, ha sido la
compra por el grupo Endesa de otras empresas? Debido al diferente grado
de endeudamiento de las empresas eléctricas, no quiero decir que no haya
habido unas operaciones más, sino si la columna vertebral, si la
estructura ha sido que Endesa ha comprado otras empresas, y si eso se ha
debido al diferente grado de endeudamiento para sanear más a los más
endeudados. Indudablemente, en ese saneamiento estaba muy saneada Endesa,
con un grado de endeudamiento muy superior a aquellas empresas que lo que
han hecho es una operación típica de vender activos para buscar el
saneamiento en relación con su deuda. Relacionada esa pregunta de si
considera que ésta ha sido una forma de escribir --simplificada, sin
duda-- el fenómeno del intercambio de activos, ¿de qué depende el
endeudamiento relativo de estas empresas? ¿No depende en parte de los
llamados privilegios de Endesa --utilizo la terminología tradicional que
ha sido empleada, tanto en el ámbito político como del sector, en
relación con Endesa-- el que se haya producido ese endeudamiento
diferencial de unos y otros a lo largo de la historia?



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La siguiente pregunta sería la siguiente. ¿Cuál es su opinión como
Ministro de Industria, en suma, cuál es la opinión del Gobierno sobre
esos argumentos históricos (fórmula B, contratos de suministro, el famoso
1,38, etcétera), y cuáles son los privilegios actuales? Habiendo
disminuido esos privilegios, ¿considera el Ministro que actualmente
siguen existiendo privilegios en Endesa, por ejemplo? No es el problema
del 1,38, pero los activos tienen unos valores que dependen de unos
«standard» que han sido criticados; por ejemplo, Iberdrola los ha
criticado en muchos momentos, aunque, claro, ahora Iberduero tiene su
conexión con Iberdrola... La pregunta que voy a formularle a continuación
es más de tipo político. ¿Considera el Ministro que el hecho de que el
sector privado formule menor cantidad de quejas sobre este tema se debe a
una diferente estrategia de Iberdrola al pensar que por la vía de la
negociación entre los presidentes de Iberdrola y Endesa se puede obtener
más para Iberdrola que por la vía de la confrontación? Dado su
conocimiento del sector, ¿le parecería eso una estrategia? Si eso fuera
así, no sería una respuesta adecuada a que no hubiera un problema, porque
los intereses generales de la sociedad pueden ser distintos a los cambios
estratégicos de una empresa. En todo caso, según nuestras noticias,
tampoco es que a Iberduero e Iberdrola en su día le parecieran adecuados
los estándares con los que se han valorado los activos de Endesa. ¿Qué
otros de los, entrecomillas, «privilegios» cree que subsisten en esta
situación diferenciada que aún permanece, aunque sea por razones
históricas?
Aunque algunas declaraciones ya ha hecho, creemos que sería muy
interesante que esta Comisión supiera su opinión sobre la titularidad de
la moratoria. ¿Le parece que tiene algunas ventajas objetivas? Dejo
aparte el hecho de que me podría contestar que como hay titularidad en la
moratoria, y eso beneficia más a las empresas privadas que al grupo
público, podría producirse una entrecomillas «compensación» al grupo
Endesa, de lo antes dicho. Aparte de ese tema, ¿es una política que se va
a seguir, qué ventajas tiene, aparte de estos otros elementos de factor
parcialmente o compensatorio? Digo parcialmente en el caso de que diera
una medición del otro tipo de ventajas «compensadas», entrecomillas,
parcialmente por esa titularización.

En un proyecto de ley que la verdad es que ha corrido ampliamente por muy
diversos sectores, tanto políticos como de las empresas, se habla de la
Comisión Nacional de Regulación del Sector Eléctrico, aunque no es
público que se vaya a crear esta comisión nacional; simplemente digo que
en un proyecto, en un anteproyecto, en un documento, no entro en la
calificación jurídica del papel en cuestión, ¿qué opina sobre la
polémica, sobre el grado de independencia de esa comisión nacional de la
que se ha hablado en algún documento y de la posibilidad de que haya un
regulador profesionalizado que sea el que realmente actúe? La red
eléctrica actúa desde la optimización, pero la optimización no es libre;
la optimización depende de una serie de restricciones. Las restricciones
las decide el Gobierno. Hay una alternativa, ¿qué opina sobre ella? Estas
restricciones, que indudablemente disminuyen la optimización, las
decidirá el Gobierno genéricamente y luego el regulador puede ser más
profesional. Quizás si se publicaran fueran más regladas, menos
discrecionales y a lo mejor menores, lo cual no quiere decir que no
atendieran aquellas restricciones que necesita la sociedad.

La situación de red eléctrica es un tanto especial, y esto no es ninguna
crítica a la profesionalidad de los directivos de red eléctrica, sino a
la estructura de su funcionamiento. Recordemos que tiene, por una parte,
marcadas las restricciones por el Gobierno y que su socio mayoritario es
Endesa. Aquí podría haber una sospecha. Porque, en el fondo, ¿qué ocurre
con Endesa? Ya se discutió, hablando de privatizaciones, de empresa
pública, etcétera, y así ha sido reconocido por altos cargos de la
Administración, como el vicepresidente del INI, el papel tan importante
que Endesa cubre en la financiación de Teneo, por ejemplo. Si nos
encontramos, por una parte, con que las restricciones de la red eléctrica
las marca el Gobierno y que tiene determinados privilegios, y, por otra
parte, con que la red eléctrica tiene una mayoría pública, porque tiene
un 50 por ciento de Endesa y un 1 por ciento del INI, ¿la suma de todo
ello no haría pensar (no quiero decir que se esté haciendo, al menos en
este turno me limito a plantearle al Ministro si él no pensaría que
pudiera ser posible que otros analistas de la economía española pensaran
que podía ser un sistema no adecuado) el que, dados los problemas de
Teneo, se llegaran a utilizar estos sistemas de que en red eléctrica
tiene mayoría Endesa, cuando Endesa tiene el 40 por ciento y no tiene
mayoría dentro del sector --Endesa más el 1 por ciento del INI es el 51
por ciento--, que la suma de todo ello pudiera llegar a utilizarse para
que la optimización tuviera un suave sesgo favorable a Endesa?
No digo en esta intervención que esté ocurriendo, sino que el sistema se
podría prestar a ello. ¿Considera que se podría prestar a ello?
¿Consideraría que eso podría estar ligado al hecho de que Endesa es una
pieza fundamental para que Teneo no tenga que pedir dinero al sector
público? Porque, al final, nos encontramos con un sistema poco
transparente; Teneo se desgaja del INI y debe tener resultados positivos,
que, luego, los tiene o no los tiene. Además, como figura en el «Diario
de Sesiones» que dijo el señor Ministro en la última comparecencia en
esta Comisión, resulta que para los gastos de funcionamiento
de Teneo algunas veces se venden las joyas de la abuela --esas de las que
hablaba el señor Ministro Borrell--, para gastos de funcionamiento,
repito, no para disminuir el endeudamiento público, en vez de financiarlo
directamente, incluso desde el Estado, cosa que no es que nos parezca
adecuada, puesto que Teneo debía ser rentable, pero sería más
transparente. El buscar esa financiación indirecta a base de vender
trozos --usted me entiende-- de Endesa o, quizá, obtener algunas ventajas
añadidas a través de todo este sistema tan complejo, ¿no es eso lo que, a
su vez, puede permitirle al Grupo Teneo presentar los mejores resultados
y, sobre todo, hacer menos transparentes las posibles pérdidas del Grupo
Teneo, incluida Endesa, por la suma de las privatizaciones para gastos de
funcionamiento y este complejo sistema al respecto? ¿Qué opina --éste es
un tema distinto-- sobre la mayor transparencia pública de



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las tarifas? Y digo pública en el sentido de que hay un concepto en la
partida que pone precisamente «recargos», pero todos sabemos, mejor
dicho, no todos sabemos, ése es el problema (el público, en general,
cuando le llega su recibo de electricidad no sabe que ahí está pagando
muchas cosas), qué elementos políticos, al final, no los paga el español
por ser español, sino los consumidores o los industriales que utilizan la
energía. Aparte de la discusión sobre si éste es el mejor procedimiento
en relación con estos elementos, que no son externalidades, sino
decisiones políticas, ¿no sería conveniente un primer paso y que hubiera
una gran transparencia sobre lo que es la tarifa eléctrica? La moratoria
está incluida en el recargo, pero yo me refiero a que se introdujera más
claramente que ahí se está pagando la moratoria, las deudas de organismos
oficiales, etcétera. Por ejemplo, el especial sistema de la Empresa
Nacional del Aluminio se está pagando a través de la tarifa, de la
subvención implícita que implica su tarifa. ¿No sería mejor que esa
empresa tuviera, si se considera adecuado, una subvención directa, que el
hecho de que no se conozca realmente cuál es esa subvención porque se le
dé a través de una tarifa muy especial, que creo que se denomina G-4? En
el caso de Hunosa es también claro que no se explicita la tarifa.

Hay un decreto de tarifas que habla de estos temas. El problema es que su
plasmación podría, sin duda, ser un primer paso hacia la trasparencia y
podría abrir una especie de gran polémica nacional, no sobre los temas de
fondo, no sobre si hay que proteger o no a Hunosa o incluso sobre la
moratoria; no estoy atentando sobre los estados de fondo, sino sobre qué
es lo que se dedica a esas finalidades; que hubiera una transparencia,
que fuera público y conocido y, luego, la polémica de fondo sería sobre
si han de ir esa serie de gastos por la vía fiscal o por la vía de la
tarifa. Algunas de las externalidades tipo Enresa --Enresa hoy, en la
práctica, es una sociedad más bien financiera que de cumplimiento de sus
objetivos concretos; eso es otro tema-- parece que es claro que entran en
la tarifa. Algunas otras cosas son más discutibles que puedan entrar, y
pueden entrar, pero quizá su alternativa de fiscalizarlas tenga un coste
elevado. La transparencia, como digo, permitiría una polémica pública que
posiblemente fuera eficiente y útil. Estamos en una época en que las
tarifas de las distintas entidades, algunas de ellas monopolistas, se han
vuelto más transparentes. ¿No se puede hacer un esfuerzo en este caso?
Se habla del tema --me dirá que no está directamente ligado con todo
esto, pero lo está-- de Red Eléctrica, de la posibilidad de que realice
otras funciones, incluso como segundo operador, y ha habido noticias en
prensa. Ya me ha dicho usted muchas veces que no me debo creer lo que
dice la prensa en relación con los temas del Ministerio de Industria. Por
eso no me lo creo y se lo pregunto a usted, pero ha habido declaraciones
distintas sobre la posibilidad de un segundo operador, a veces se decía
que con Retevisión, a veces no y a veces se hablaba de posturas
diferentes sobre ese tema entre algunos Ministros. Indudablemente, tiene
fibra óptica suficiente para serlo, pero, ¿cuáles son las ideas del
Ministerio de Industria al respecto, si las tiene ya concebidas, sobre
ese otro papel de Red Eléctrica? Red Eléctrica no llega al cliente con su
sistema de fibra óptica. Al final quien llega al cliente son las empresas
privadas y, por tanto, eso tendría que basarse en un sistema muy
complejo, pero ampliaría Red Eléctrica a otra serie de funciones que no
serían éstas.

¿Cuál es su opinión, al final --no sé si he dejado la pregunta lo
suficientemente clara--, sobre la titularidad de Red Eléctrica? Es decir,
¿considera que se debería modificar la titularidad de Red Eléctrica de
forma que respondiera al peso real de ese 40 por ciento? No sé tampoco
cuál es la claridad del uno por ciento del INI y el 60 por ciento del
resto de las empresas. No sé si se considera adecuado un delegado de
Gobierno o cualquier fórmula parecida.

También se ha oído hablar de la posibilidad de que Red Eléctrica llegase
a colocar acciones en Bolsa, con lo cual se llegaría a otras actividades
de Red Eléctrica. Incluso tiene unos beneficios importantes que luego
vuelven al sector, según el peso que tiene cada uno de los titulares de
acciones. Son unos beneficios importantes --digamos-- en valores
absolutos, y no hago juicio de valor sobre que sean desmesurados, es un
coste más del sistema, en todo caso.

Ya que se lo he preguntado antes a medias, se lo acabo de preguntar
ahora: ¿Qué opinión de futuro tiene usted sobre la fiscalización de las
llamadas --entre comillas-- «externalidades», es decir, sobre el paso al
sistema fiscal de decisiones políticas en cuya adecuación no entro, como
la moratoria o como, sin duda, la necesidad de proteger a Hunosa? ¿No
sería mejor que figurara como una subvención directa y no a través del
sistema de la tarifa? Comprendo la problemática del tema y por eso aquí
sí me limito a la pregunta: ¿Cuál es su opinión sobre este campo?
Por último, en esta intervención voy a hacerle un ruego, y es que las
preguntas de origen parlamentario de nuestro Grupo sobre estos temas
pudieran tener una mayor rapidez en la respuesta. Me refiero, en
concreto, a una pregunta de 1 de febrero de 1994, que era sobre muchas de
estas cuestiones. Me dicen que está en el límite, y no hace falta llegar
a ese límite. Muchos temas se podían haber contestado, aunque son muy
cuantitativos y comprendo que a lo mejor algunos de ellos los pueda
contestar ahora directamente el señor Ministro, pero otros probablemente
lo tienen que hacer los servicios.

El Diputado por Barcelona, don Sergio Gómez-Alba presentaba una pregunta,
con registro de entrada del 1 de febrero, sobre los términos y
condiciones en que se ha realizado la adquisición de activos por parte de
la Empresa Nacional de Electricidad, S. A., y a qué sociedades; en
concreto, se solicitaba incluir detalle de relación nominal de los
activos intercambiados, especificando porcentaje de los activos de
generación y distribución; valor actualizado bruto al 31 de diciembre de
1992; fondo de amortización actualizado al 31 de diciembre de 1992;
precio actualizado neto en estándar al 31 de diciembre de 1992; coste
estándar fijo de amortización y retribución a 31 de diciembre de 1992;
producciones detalladas de estos activos en los años 1990, 1991 y 1992;
especificar de dónde proceden los



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datos de referencia de 10,41 pesetas kilovatio/hora y 11.357 GWH.

Comprendo que son temas de detalle, pero si sobre alguno de ellos nos
puede adelantar la respuesta en esta comparecencia y podemos aprovecharla
para tener oralmente la respuesta a la pregunta escrita, magnífico, y, si
no, le rogaría que sus servicios, si pueden, den una cierta celeridad a
este tipo de contestaciones.

La pregunta es: ¿También en el futuro va a haber estos tiempos, o ha
ocurrido por alguna razón especial que se haya tardado tanto en la
respuesta --en la no respuesta hasta el momento-- sobre estos datos?
En esta primera intervención éstas son las preguntas con comentario que
el Grupo Parlamentario Popular quería plantear al Ministro.




El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): Corresponde ahora el turno al
señor Ministro para contestar a los grupos solicitantes de su
comparecencia. (El señor Molins i Amat pide la palabra.) Veo que SS. SS.

prefieren otra economía de tiempo.

Hacemos, entonces, el turno siguiente, correspondiente a los grupos no
solicitantes de la comparecencia, para que luego el señor Ministro, sin
hacer distinción entre la distinta característica de las solicitudes
presentadas, conteste a todos ellos.

Tiene la palabra el señor Molins, por el Grupo Catalán (Convergència i
Unió).




El señor MOLINS I AMAT: Intervengo brevemente, en primer lugar, para
agradecer al señor Ministro su intervención primera, sobre todo porque, a
pesar de que, como él muy bien ha dicho, en este año 1994 las tarifas
eléctricas han sufrido el menor de los incrementos habidos en los últimos
años, ha afirmado que no se siente muy feliz todavía sobre la tarifa
eléctrica del sector. Creo que es muy justo decir que este año el
incremento de tarifas ha sido inferior a lo que estábamos acostumbrados,
pero aun así no debemos sentirnos --y me congratulo de que el señor
Ministro tampoco lo esté-- felices por la situación de la tarifa
eléctrica.

Como decía, la revisión del marco legal estable ha venido condicionada
fundamentalmente por la situación, objetiva o no, de privilegio por parte
de Endesa. De hecho, algo habría de ello, por cuanto Endesa, si mis
números no me engañan, con un 28 por ciento de la producción total, ha
conseguido, a lo largo de estos años, el 55 por ciento de los beneficios
en el año 1989, y el 42 por ciento de los beneficios en el año 1988. Es
decir, que algo habría de distorsión en el sistema eléctrico por el
sistema específico de retribución a Endesa. En cualquier caso, insisto,
se ha intentado hacer esa reorganización o redistribución
(homogeneización de la retribución, decía el señor Ministro, y esto es lo
exacto) entre las empresas productoras y distribuidoras, de tal manera
que cambiara esa situación entendida por muchos como de privilegio por
parte de Endesa, sin, por contra, incidir en un incremento de la tarifa
que hiciera todavía más difícil la competitividad de nuestras empresas.

Nuestro Grupo, y yo personalmente, querría, señor Ministro, que nos
pudiera orientar sobre cuáles son los objetivos de su Ministerio con
referencia a los problemas que, a nuestro entender, subsisten todavía en
las tarifas eléctricas; si en el próximo proyecto de ley podrían
solucionarse algunos de ellos respecto al establecimiento de un nuevo
marco legal estable o de cambios en la tarifa en algunos sentidos sobre
los que ahora voy a comentarle.

En primer lugar, el establecimiento de un marco legal estable intentaba,
fundamentalmente, hacer frente, como recordaba el señor Ministro en su
intervención, a uno de los problemas más graves del sector, que era el
grado de endeudamiento de las empresas del mismo. Pues bien, en los años
que lleva de vigencia este marco legal estable ese endeudamiento no ha
mejorado, sigue siendo de cuatro billones de pesetas, de tal manera que,
de la factura eléctrica, un tercio va a retribuir a dicho endeudamiento.

Parece como si ese marco legal estable las únicas cosas que hasta ahora
ha provocado hayan sido, entre otros, un beneficio del Estado, claramente
(y no dejo de recordar que el Estado somos todos y que, por tanto, a
todos nos ha beneficiado), en el sentido de que, a través de los
beneficios de Endesa, ha incrementado su participación en los activos del
sector. Ha beneficiado también a la banca, porque un tercio de la factura
eléctrica ha ido a retribuir el endeudamiento de las empresas eléctricas;
un tercio, por tanto, de la factura eléctrica va al sistema financiero.

Pero ha perjudicado, a nuestro parecer, al consumidor final, que padece
unas tarifas que, a pesar de ese corto incremento de este año, son muy
caras y no son competitivas con el exterior.

Quisiera pedirle al señor Ministro, si, además de los datos que nos ha
dado, en que se compara nuestra tarifa respecto a nosotros mismos en 1994
y 1993, nos pudiera dar los datos que nos comparen con el exterior. Nos
ha dado una mejora aproximada de un 20 por ciento, que coincide
prácticamente con la devaluación; por tanto, quisiera saber cómo está
evolucionando nuestro sistema consigo mismo. Y, sobre todo, cómo y qué
podemos hacer respecto a la evolución futura de la tarifa eléctrica. Cómo
y qué se tiene pensado para mejorar la estructura financiera de las
empresas del sector, unas empresas que, con un inmovilizado fijo de cinco
billones de pesetas (sumas totales, si no me equivoco, de los
inmovilizados fijos del sector), tienen, insisto, como decía antes, un
endeudamiento de cuatro billones de pesetas (no me parece una estructura
financiera excesivamente saneada), con un tercio de la factura eléctrica,
repito, que debe ir para el pago al sistema financiero de ese
endeudamiento.

Y dos puntos muy concretos (a alguno ha hecho referencia ya un
interviniente anterior a mí), el del coste de la política del carbón
(también obviamente, como ha hecho el señor Gámir, sin entrar a discutir
la necesidad de la reestructuración de ese sector, sí en clarificar quién
debe subvenir a los costes de esa necesaria, insisto, política de
reestructuración del sector del carbón), y lo mismo para otro tema, que
incide sobre la tarifa eléctrica y de forma muy importante (un 20 ó un 30
por ciento aproximadamente de la tarifa eléctrica deviene de ese factor),
que es el coste de la moratoria nuclear. Moratoria nuclear que no es



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debida a decisiones del propio sector, pero que carga exclusivamente
sobre el mismo. Quisiera conocer la opinión del Ministro respecto a si
esa moratoria nuclear debe ser estrictamente soportada por la tarifa
eléctrica o pudiera subvenirse con otros mecanismos de costes del sistema
general. A fin de cuentas, es una decisión política que excede al propio
sector, que había tomado sus decisiones autorizadas de inversión, pero
después esas inversiones fueron reconvertidas o prohibidas, de tal manera
que los costes en que incició el sector no son «culpa» --entrecomillado--
del mismo, sino de una decisión política, que no pongo en discusión pero
que, repito, excede al sector. Veamos si no estamos, con estos costes que
debe soportar la tarifa eléctrica, haciendo imposible que permita la
competitividad de nuestras empresas.

Estos serían los asuntos respecto de los cuales nuestro Grupo
Parlamentario desearía conocer la opinión del señor Ministro.




El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): Me informan que el portavoz del
Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya sufre una indisposición
momentánea que le ha obligado a abandonar la sala. Guardaría el turno de
su intervención si se incorporase a la Comisión en tiempo y forma y, por
tanto, paso a dar la palabra al señor Ministro, para que responda a las
exposiciones hechas por los grupos.




El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay): Señor
Presidente, deseo que se pueda incorporar cuanto antes el portavoz del
Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Son muchas las
cuestiones que han surgido como consecuencia de sus intervenciones, y
supongo que me obligarán a consumir algunos minutos tratando de atender a
ellas.

Quiero, en primer lugar, congratularme de que al Portavoz Socialista,
señor Sáenz, le parezca que algo que se ha venido haciendo va en la buena
dirección, buena dirección que habíamos apuntado y que me atrevo a
recordar que con ella todo el mundo había estado: búsqueda de un coste
mínimo de la energía, búsqueda de la seguridad de unos abastecimientos y
búsqueda de la calidad, como objetivos que ya figuraban en el Plan
Energético Nacional y que, ciertamente, están muy presentes --como les he
explicado-- en la política que el Ministerio de Industria y Energía ha
venido haciendo en estos últimos meses de saneamiento financiero, de
reducción de costes financieros, de intercambio de activos, de propiciar,
por tanto, un sector más saneado, más estable, con mayores o mejores
garantías, incluso con más calidad de la propia deuda del sector, y, en
todo caso, en una perspectiva que nos permite avanzar hacia objetivos
todavía más exigentes, como los que tienen que ver con la eficiencia, que
me parece que, incluidas las limitaciones que en un sector claramente con
componentes monopolísticos, bien sea porque era un monopolio natural en
la distribución o bien sea porque hay monopolios, de hecho, regionales, e
históricamente los ha habido de todo tipo y condición, ciertamente la
dificultad de introducir competencia en el sector eléctrico es algo que
debe ser sustituido convenientemente por mecanismos que inciten, no
obstante, la competencia donde es posible y que, en todo caso,
introduzcan incentivación a la eficiencia.

Una de esas líneas --a la que, ciertamente, tendremos que referirnos en
discusiones que espero que sean próximas también dentro de esta Cámara--
es la que pretenderá, desde luego, el proyecto de ley de ordenación del
sector eléctrico, cómo avanzar hacia un sector cada vez más eficiente, en
el que introduzcamos competencia allá donde se pueda y toda la que sea
posible, y, simultáneamente, tomemos en cuenta una realidad del sector,
en la que hay limitaciones al funcionamiento derivadas de las propias
restricciones en las que opera y de la naturaleza, incluso técnica y
económica, de sus actividades, pero que no por ello debemos olvidar la
introducción de estos nuevos factores. Sin embargo, este es un debate,
quizá, de otro momento.

Quiero agradecerle, señor Sáenz, que haya puesto realmente el acento en
algo que es lo que me parece importante: no hemos hecho todavía, no
estábamos discutiendo en este momento, la ley de ordenación del sector
eléctrico. Muchas cuestiones espero que tendrán una respuesta mucho más
cumplida de la que yo hoy podré dar cuando ese proyecto de ley llegue a
esta Cámara. Pero es verdad que era muy importante, a la vista de la
experiencia del pasado, perfeccionar lo que teníamos, introducir mayor
objetividad, menos elementos reales o imaginados, en todo caso sentidos,
que pudieran entenderse como factores discriminatorios y, a la vez, hacer
esto compatible con el avance y la prefiguración incluso de un sector que
tiene que ser un sector en el que --si me lo permiten-- cada palo aguante
su vela y la regulación no se convierta permanentemente en el instrumento
de solución de las ineficiencias ciertas que existen en el sector.

El señor Gámir me ha hecho una batería de preguntas llenas de
comentarios; algunos eran no solamente comentarios, sino afirmaciones
hechas en tono de pregunta, con una cierta confusión entre lo que se
afirma, lo que se pregunta o lo que se sugiere. En todo caso, le quiero
contestar con la mayor de las cordialidades.

Me ha preguntado: ¿Ha sido fundamentalmente el intercambio de activos una
compra de Endesa a otras empresas, derivado de que Endesa tenía un menor
nivel de endeudamiento? Pues no sé siquiera si las cantidades hacen
pensar que eso es la principal lectura; de todas formas, no me parece la
más relevante, aunque ciertamente es una.

En el intercambio de 1985, antes de que el marco legal estable, tan
denostado por algunos, estuviera en funcionamiento, Endesa ya tuvo que
hacer un esfuerzo financiero mucho más importante que el de otras
empresas del sector, y lo hizo. Todavía no existían factores especiales
de retribución que después se convirtieron en esto que usted llamaba la
terminología tradicional, que, por cierto, habrá que decir que es la
terminología tradicional de Iberdrola, pero no necesariamente la del
sector y, desde luego, nunca ha sido la tradicional del Ministerio, que
ha pretendido el máximo de objetividad, incluso en la terminología
utilizada. Pues bien, sobre los sugeridos privilegios de Endesa quiero
recordar un poco la historia, pero no quiero hacer en este momento una
polémica sobre si existían o dejaban de



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existir. Prefiero hablar en términos de singularidades, que algunos
interpretaban de una manera y que tienen la explicación que anteriormente
he dado.

Endesa se podía haber beneficiado de un contrato suscrito con las
empresas que le aseguraban mayor retribución que la que después le
garantizó el marco legal estable, e incluso de aquel esfuerzo financiero
especial que tuvo que hacer también en 1985. ¿Se puede caracterizar el
intercambio de activos ahora como una operación en la que Endesa
contribuye al saneamiento? Ciertamente. Pero no es solamente Endesa quien
contribuye al saneamiento; también Iberdrola contribuye al saneamiento de
otras empresas. Y no es sólo (como quizá por alguno se presentó) una
especie de acuerdos entre los dos grandes; es un acuerdo en el que el
Ministerio no ha querido prejuzgar si en el sector eléctrico habrá una,
dos, tres, cuatro o diecisiete patas. Por el contrario, como hacíamos un
análisis realista sabiendo que el mundo no termina en el año 1994 sino
que esperemos que termine dentro de muchos siglos, entretanto cada uno
tendrá en el marco de una regulación que se pretende objetiva, que
avanzar hacia un sector que ofrezca las condiciones necesarias y las
garantías también suficientes como para no ser objeto de preocupaciones,
ni para el poder público, ni para el sistema financiero, ni para, en
general, los agentes económicos.

Es verdad que Endesa ha hecho un gran esfuerzo también en este período.

¿Deriva esto de lo que usted calificaba como privilegios y que yo llamaré
permanentemente las singularidades? Pues yo creo que deriva de muchas
cosas, pero me parece que no es éste el mejor momento para hacer el
análisis de esa historia. Unicamente me permitiré sugerirle algunas vías
de investigación.

Primero, además, de la regulación, algunas decisiones estratégicas del
pasado de las empresas del sector, contra todo criterio o contra toda
visión, se convirtieron en decisiones extraordinariamente útiles en
términos nacionales y también en términos de la apuesta estratégica, que
casi obligadamente, y por influjo del propio sector público, tuvo, en su
momento, que hacer Endesa.

Segundo, algunas inversiones muy masivas, derivadas de libres decisiones
del sector eléctrico, se convirtieron después, por voluntad de la
soberanía nacional si quieren ustedes, en decisiones que tuvieron un
porvenir mucho más incierto. Y, en tercer lugar, y no ya solamente por
las decisiones de moratoria nuclear, alguno de los cálculos que hace unos
cuantos años hacían muchas empresas del sector eléctrico sobre los
enormes beneficios y los escasísimos costes que a medio plazo había de
tener la energía nuclear, se han revelado, como saben ustedes, más allá
de decisiones sobre moratoria nuclear, absolutamente falsos. Tan falsos
que en una buena parte de la Europa continental, quizá con la excepción
de un país (incluso dentro de ese país que es Francia, alguna cosa más
que las que generalmente circulan) habría que decir que las opciones por
la energía nuclear absolutamente convencional no parece que gocen en este
momento del máximo predicamento. Y no quiero con esto hacer ningún tipo
de aproximación favorable o contraria; quiero simplemente constatar una
realidad que proviene de buena parte de los organismos de la propia Unión
Europea y de la evidencia de lo que está ocurriendo en algunos de los
países. Por tanto, hay muchas más pistas para explicar por qué ciertas
empresas se han encontrado en esa situación y otras se han encontrado en
otra, sin tratar, obviamente, de polemizar sobre algo en lo que
seguramente tendríamos bastantes matices usted y yo.

Creo que ha habido también decisiones financieras en este proceso y
determinadas políticas que no siempre han sido políticas que, digamos, un
honesto padre de familia y un honrado administrador de sus recursos
debiera haber seguido. No todo el mundo ha seguido, insisto, las
políticas financieras con igual grado de ortodoxia respecto de las de un
adecuado «pater» familia bien informado del funcionamiento del sistema
financiero. Pero, por favor, no me hagan en este momento dar juicios
específicos sobre cada una de las empresas que forman parte de
informaciones que sólo en ocasiones conozco confidencialmente, y no seré
yo quien las revele en una comparecencia, salvo que deba hacerlo por
obligación legal. Es obvio que esto forma parte de un análisis del
mercado, y no todo el mundo se ha comportado de la misma manera. Por
decir algo que es objetivo, no todo el mundo ha llevado la misma
política, por ejemplo, de reparto de dividendos; no todo el mundo ha
hecho el mismo esfuerzo todos los años, no importaba cual fuere la
situación económica en la que en cada año estuviera.

Hay muchas cosas, por tanto, que sirven para explicar por qué en el año
1993 unos tenían más posibilidades de inversión y otros estaban más
endeudados. Es un análisis que se puede hacer y que conviene que se haga
por expertos, especialmente si esos expertos, hasta donde es posible,
están exentos de connotaciones o de apriorismos que lleven a distinguir
entre las empresas del sector eléctrico fundamentalmente por su
caracterización pública o privada.

Al Ministro de Industria lo que le importa es que todas las empresas del
sector eléctrico, públicas o privadas, estén bien; le importa que tengan
salud financiera; le importa que no den lugar a sobresaltos; le importa
que sean eficientes; le importa que sigan políticas competitivas en el
medio plazo; le importa que, además, sean fuente de un negocio eléctrico
e industrial importante en el futuro; le importa que tengan una
actividad, si es posible, internacional que les coloque en una mejor
posición competitiva en el medio plazo. Esto es lo que le importa al
Ministro de Industria, y yo me atrevo a pensar que esto es lo que nos
importa a todos.

Las modificaciones que se han hecho en el marco legal tienden a
perfeccionar ese marco, y eso está reconocido por todo el mundo. La pugna
que sigue y que seguirá entre empresas que compiten por otro lado
estratégicamente al menos, es una pugna que a veces se alimenta de
visiones en las que todo el mundo tiene suficientes razones como para
sentirse a veces maltratado, lo cual casi siempre es una forma de
compensar y una forma de sentirse relativamente tranquilo de que no todo
el mundo ha salido de un proceso igual diciendo: yo he sido ganador de
las modificaciones en el marco legal.

Pero si en términos cuantitativos midiéramos objetivamente quién es el
principal beneficiario de las



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modificaciones legales habidas, habría bastantes razones para pensar que,
más allá de que al Ministerio de Industria y al Gobierno les parecía que
el marco legal estable, tal y como estaba configurado, era el resultado
de una historia y no hecho con ningún afán discriminador, si alguna
empresa resulta beneficiaria de las modificaciones del marco esta no es
Endesa.

Sobre la titulación de la moratoria, señor Gámir, si me lo permite me
niego a entrar en una contestación como la que me pide. Este es un
intento de compensar al sector privado por la subsistencia, que yo no
acepto, de discriminaciones o de privilegios. A mi juicio no es la forma
de tratarlo.

Sigue existiendo un problema que a este Ministro y al Gobierno nos
preocupa, y a todos los ciudadanos también, a todos los que conocen la
situación del sector eléctrico, que es un nivel de endeudamiento como el
que cifraba el señor Molins. Debiera encontrarse una solución, y
encontrar una solución significa buscarla primero y hacerla operativa.

Como esto depende de una decisión de las Cortes Generales sobre si la
moratoria se convierte en definitiva y, en consecuencia, qué se hace con
la deuda que está en este momento plasmada en los balances (con una gran
incidencia, por cierto, en los de algunas empresas, las que tuvieron
mayores opciones nucleares y las que sufrieron el proceso de
paralización), me parece que es bueno, insisto, que encontremos una
solución a esto. Estoy a favor --para contestarle positivamente-- de ese
proceso, y lo he dicho muchas veces en público, porque creo que es un
proceso que está debidamente concebido, a reserva, naturalmente, de
retoques, como para que pudiera eventualmente ser discutido en los
términos que el Gobierno en su momento planteará ante las Cortes con
motivo del proyecto de ley de ordenación del sector eléctrico.

Sobre la Comisión Nacional del Sector Eléctrico tengo que decir que este
es un debate para la discusión del proyecto de ley. Pero, señor Gámir,
una cosa es la Comisión Nacional del Sector Eléctrico y otra cosa es
quién tiene la función de la explotación unificada, que son dos cosas
distintas. Una función, que es la de transporte (función que quizá es un
descubrimiento desde el momento de la creación de Redesa, función con
sentido económico), y la distribución, pero básicamente, repito, el
transporte, son materias que hay que tratar separadamente.

Estoy de acuerdo con usted, señor Gámir, en una cuestión. Creo que quien
tiene que hacer la explotación del sistema unificado tiene que tener,
desde luego, todas las garantías. En este momento me consta, y creo que
usted no lo ha puesto en cuestión, que eso se realiza con criterios
estrictamente profesionales, entre otras cosas porque cualquiera que
conozca como opera la explotación del sistema unificado sabe que es
imposible hacer entrar o beneficiar a una empresa respecto de otra
haciendo que opere más o menos horas una u otra, simplemente porque daría
lugar a la protesta correspondiente y porque el sistema es perfectamente
transparente entre los operadores de Redesa y las centrales de operación
de cada una de las empresas eléctricas.

Por tanto, ese es un criterio estrictamente profesional de optimización
que se puede seguir mejorando, como naturalmente se viene haciendo. En
algún momento tendré la oportunidad de decirles cuánto puede significar
un mecanismo de explotación unificada, en términos de ahorro, en relación
con cualquier mecanismo que tienda precisamente a la eliminación de esa
explotación unificada, que es uno de los avances que ha tenido nuestro
sistema, que ha servido incluso de guía en países que anteriormente no lo
tenían y que, en parte, no digo totalmente, ha sido copiado de nosotros
no sólo en países latinoamericanos, sino que incluso ha servido de
inspiración en algún país europeo.

Pero ésta es una cuestión y otra distinta es la Comisión Nacional del
Sector Eléctrico. Creo que en el proyecto de ley, señor Gámir, tendremos
ocasión de discutir sobre ello. Tenemos una idea muy clara de lo que
queremos. Pienso que es posible avanzar también en ese sentido en
criterios de profesionalidad y, por el contrario, me parece bastante más
difícil pensar que la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico tiene que
ser una Comisión solamente de participación de las empresas de dicho
sector eléctrico, como alguien quizá en algunos debates ha pretendido, o
como algunos interesados dentro del sector están defendiendo; no puede
ser nunca una materia de las reguladas. Por tanto, creo que tenemos que
encontrar un equilibrio en cuáles son los elementos mínimos de
regulación, los elementos de objetividad y quiénes participan
precisamente dentro del sistema.

De todas formas, señor Gámir, le haré una puntualización en relación con
las restricciones en la optimización. Usted afirmaba que éstas las decide
el Gobierno. Se equivoca. Las restricciones no las decide el Gobierno.

Hay un conjunto de restricciones para la optimización que las deciden las
Cortes, básicamente todas aquellas que tienen que ver con cuál es el
horizonte de garantía de abastecimientos, de diversificación de fuentes
de suministros y preferencias por unas u otras fuentes energéticas. Esto
es lo que constituye las principales restricciones del sistema, y éstas
no las decide el Gobierno; el Gobierno sólo las propone, en general.

Luego hay otras decisiones que son parte del mecanismo en el cual se
tiene que producir la optimización del sistema, que también vienen
decididas por las propias empresas del sector eléctrico, que son
relativamente libres en ese marco general de escoger unas u otras
opciones de generación, de distribución, etcétera.

Le daré quizá una satisfacción, señor Gámir --espero dársela--, pero yo
soy de los que cree que en Redesa no puede haber una participación
privilegiada de una empresa pública o privada. Espero que sea muy claro
lo que he dicho.

Respecto a la trasparencia ciertamente podríamos tener una discusión. Se
pueden hacer más explícitos unos y otros elementos de los que
generalmente se llama externalidades del sistema, en el carbón, tarifas,
la moratoria, Enresa, el ciclo de los residuos, etcétera. Yo no sé si a
los ciudadanos como tales les gustaría demasiado tener la suma de cosas
que están exactamente incluidas ahí. Hace tan extraordinariamente
complejo el entender finalmente cuánto tiene que pagar uno el
kilovatio/hora que no sé si ganaríamos



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mucho. Como creo que la discusión en el nivel en el que se tiene que
mantener ciertamente es, en todo caso, bastante explícita, yo sí soy
partidario de avanzar hacia mayores niveles de trasparencia, si cabe.

Obviamente se han hecho muchos esfuerzos para que los ciudadanos puedan
entender las tarifas, básicamente binómicas, con un término de potencia y
un término de consumo. Algunos recargos aparecen también explícitos y
cada vez más en los recibos de la luz que pagan los ciudadanos.

Yo creo que lo que usted pretendía básicamente era una discusión sobre si
algunas de las externalidades deben ir por la vía de la tarifa o por la
vía de la fiscalidad. Creo que es un debate procedente y quizá debiéramos
hacerlo. Personalmente, y en relación con algunos problemas que derivan
de decisiones que son también decisiones de política económica --por
ejemplo, aquella decisión según la cual queremos tener un cierto grado de
autonomía energética asentado en fuentes de producción propia, como es el
carbón, a pesar de reconocer que el carbón de nuestro país no es
competitivo internacionalmente, decisión que este país ha tomado y ha
venido sosteniendo, aunque con un horizonte de descenso que, como saben
SS.SS., tiene consecuencias sociales y regionales importantes y
dolorosas, pienso que es una discusión que sí es posible hacer. Ahora
bien, la experiencia de otros países hace pensar que tiene bastante
sentido el que, dentro del propio sector, el coste de la energía
eléctrica sea internalizado. Esto es lo que ocurre ciertamente con el
carbón. La República Federal de Alemania, donde tienen un problema
similar al nuestro, tiene un mecanismo para hacer trasparente lo que
cuesta el carbón en la tarifa de la electricidad, quizá de manera más
explícita de lo que en este país puede resultar. En todo caso, lo
pongamos en el recibo o no, estoy muy dispuesto a ir en la línea que
usted propone, señor Gámir, porque creo que este país tiene que saber
exactamente cuánto le cuesta mantener --tenemos que saberlo todos, tienen
que saberlo los ciudadanos, los que lo pagan y los que se benefician de
que se pague--, por razones sociales, por razones regionales,
determinadas opciones de política económica. Y esto me parece que es
fundamental en esto como en las demás cosas. Los ciudadanos deben saber
--de hecho es público y notorio y se habla de ello, lo pongamos con
claridad o no en el recibo de la luz-- que la moratoria nuclear no es
solamente una decisión del pueblo soberano, que lo es, sino
simultáneamente es una decisión que cuesta y que hay que pagarla, que
naturalmente la pagamos entre todos y que implica un sobrecoste, como nos
recordaba posteriormente en su intervención el señor Molins, y así otra
serie de cosas.

Por tanto, yo soy absolutamente partidario de avanzar en líneas de máxima
transparencia. La discusión sobre si es posible sustituir los costes que
son realmente del sector, aunque provengan de restricciones en ocasiones
políticas, o de opciones de política económica, o de opciones
estrictamente de fiscalidad --después me referiré a ello contestando al
señor Molins--, yo creo que es una discusión complicada y, en todo caso,
aunque se puede entender, por el efecto que puede tener, en el sentido de
traslación de una parte de la carga desde quienes pagan las tarifas y
quienes influyen en ellas hacia el conjunto de los ciudadanos, equivale a
hacer una traslación del coste al conjunto de los ciudadanos, en este
caso, que puede ser legítimo desde un punto de vista industrial el que se
reclame, pero obviamente es una transferencia de la carga hacia los
consumidores en beneficio de la industria. Es una forma también de
subsidio cruzado en este caso planteado de otra forma.

Sobre Redesa, señor Gámir, habrá muchas cosas que discutir. Me decía
usted algo que yo jamás le he dicho. Yo no he sido el que le he
recomendado que no se crea lo que dicen los medios de comunicación. Le he
dicho que si quiere saber lo que yo pienso me lo pregunte a mí, pero no
me atribuya lo que a veces dicen los medios de comunicación como si fuera
lo que yo digo, porque los medios de comunicación a veces opinan y otras
veces recogen lo que yo digo. Cuando opinan ellos, opinan ellos, no yo.

Por tanto, si quiere saber lo que yo pienso me tiene que preguntar a mí,
sobre todo sabiendo, como sabe, que estoy siempre disponible y dispuesto
a decirle, con la claridad de la que soy capaz, lo que yo pienso.

¿Qué pienso sobre Redesa? Se lo he dicho antes con claridad. Creo que
Redesa tiene que ser una institución básicamente pública o, si quiere,
exclusivamente pública que haga de operadora del sistema. Es verdad que
debiéramos avanzar --y es una de las ideas en las que estamos
trabajando-- en no dar siquiera la apariencia, señor Gámir --apariencia,
no realidad, porque ésta no existe--, de que una empresa particular, por
el hecho de ser pública --que no lo es en este caso--, pueda dar la
apariencia, a la que usted hacía referencia, de tener más influencia en
la actuación del explotador unificado del sistema.

Sobre segundos operadores de telecomunicaciones, naturalmente de ilusión
también se vive, pero obviamente hablar de segundos operadores es algo
muy delicado si sabemos de lo que estamos hablando, y una cosa es que
Redesa tenga en este momento cables de fibra óptica con un excedente de
capacidad que puedan ser perfectos carriers de necesidades de los
operadores, y otra cosa es el que al menos este Ministro piense que se
tiene que ser el segundo operador, para dar tranquilidad a sus
inquietudes.

Finalmente, en relación con sus ruegos, daré a mis Servicios
instrucciones para que, a pesar de que cumplan estrictamente el
Reglamento de la Cámara, den máxima prioridad a las preguntas que por
escrito sean formuladas por su grupo parlamentario.

Señor Molins, quiero manifestarme sobre algunas de las ideas que usted
también expresaba sobre la tarifa eléctrica. Creo que tenemos y podemos
seguir todavía mejorando. Es verdad que uno no se puede sentir satisfecho
ni en esto ni en otras muchas cosas, que avanzar en la competitividad
significa permanecer no quieto, sino seguir por tanto trabajando, pero es
verdad que no es fácil pensar que en unos meses, y sobre todo habiéndose
producido un fenómeno tan importante como el de las devaluaciones, los
progresos puedan provenir de mejoras de eficacia que superen incluso las
que se producen por un cambio de la devaluación. Por tanto, en términos
porcentuales es difícil esperar cambios proporcionalmente mayores a los
que derivan de los cambios en la paridad de la peseta.




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Por darle algún detalle más a los que con carácter general ya he
expresado le diré que con tipos de cambio de 30 de septiembre de 1993,
pero que fundamentalmente son los mismos, y refiriéndome a las tarifas
actuales, esto es, a las que se han derivado de la modificación del marco
legal estable y del marco de tarifas para el año 1994, antes les decía
que en usos domésticos la media española se situaba en 24,81 pesetas y la
media europea era de 29,35. Esta cifra corresponde a la tarifa A, esto
es, la tarifa hasta 600 kilovatios/hora de consumo. Para la tarifa B, B
2, hasta 1.700 kilovatios/hora, la media española es de 22,80 y la media
europea 22,09. Para la C1, 3.500 kilovatios/hora, es de 22,63 en España y
22,08 en Europa. Para la D nos situamos de nuevo por debajo, es entre 7,5
y 2,5 megavatios/hora, entre 17,77 España y 18,57 media europea,
etcétera. Por tanto, en términos medios estamos hablando de que la cifra
más aplicable es la correspondiente a la tarifa A, que es en la que se
sitúa una buena parte de los consumidores domésticos y comerciales. En
consecuencia, es verdad que estamos por debajo de la media. Naturalmente,
si se hacen análisis singulares con unos y otros países, nos encontramos
con sorpresas en el sentido de que en un grupo estamos muy por debajo y
en otro, en cambio, en tal o cual grupo nos supera. Esto es importante
decirlo.

En relación con las tarifas industriales, para consumidores, medidas en
los mismos términos, es decir, enero de 1993 y con los tipos de cambio
que se derivan de las últimas modificaciones en la paridad de la peseta,
la media española en la tarifa A, hasta 160 megavatios/hora, es 14,92 y
la media europea 17,84; para la tarifa B, hasta 1.250 megavatios/hora,
España 13,71 y Europa 14,61, por tanto estamos por debajo; para la C2,
hasta 4.000 megavatios/hora, 11,47 España y 12,09 Europa; para la E1,
hasta 16.000 megavatios/hora, 11,47 España y 11,61 Europa (me refiero al
resto de los países europeos de la Unión, para ser más exacto); para la
F2, 70.000 megavatios/hora, 9,28 España y 8,80 Europa. Esto es una
aproximación a las comparaciones. Se pueden hacer mucho más complejas y,
sin duda alguna, se pueden matizar siempre. Es extraordinariamente
complicado, incluso para el Ministerio que está siguiendo permanentemente
los análisis comparativos, y, dependiendo de quién los haga, se obtienen
unos u otros resultados. Hay una institución europea que hace estas
comparaciones por grupos relativamente homogéneos de consumidores, y
seguimos estos estudios. Creo que es verdad, esto se puede decir con
objetividad y es la posición del Ministerio, que hemos mejorado. Estamos
en este momento, en general, algo por debajo de la media, pero
ciertamente esto no nos autoriza, de ninguna manera, a la
autosatisfacción, porque otros países europeos también este año van a
hacer el esfuerzo, que nosotros estamos haciendo, de no subir las tarifas
o de subirlas lo mínimo posible y lo mínimo indispensable.

Le daré alguna buena noticia, señor Molins. El horizonte del marco legal
estable, con las previsiones de evolución de la demanda que tenemos, nos
permitiría situarnos en niveles incluso más modestos de crecimiento en el
año 1995. Si esto, que en este momento es una previsión razonada,
razonable y calculada, se lo puedo confirmar cuando llegue el mes de
diciembre, momento al que me tendré que referir, creo que será de nuevo
una contribución a este descenso, en términos nominales y reales, de las
tarifas eléctricas, que me parece que es nuestro objetivo.

Algunas de estas modificaciones del marco legal estable pueden irse
plasmando en el proyecto de ley. El proyecto de ley creo que tiene que
establecer un marco general. No es, a mi juicio, en el proyecto de ley
donde tienen que establecerse los mecanismos de fijación de las tarifas,
puesto que legalizarlos sería seguramente introducir una rigidez
innecesaria. Creo que los perfeccionamientos que se han producido, la
situación del sector y la aceptación, además, de lo que son los
parámetros básicos de la fijación de tarifas y, por tanto, de la
retribución de las empresas hoy son enormemente pacíficos entre las
principales empresas del sector, felizmente para todos. En consecuencia,
creo que es más el mecanismo de incentivación, al que usted también se
refería, en términos de calidad, de seguridad, etcétera, en el que
tendremos que poner énfasis en el proyecto de ley.

¿Es verdad que hay todavía demasiado endeudamiento? En parte le he
contestado refiriéndome al señor Gámir. Es verdad. Hay un endeudamiento
importante en el sector y una parte de eso deriva --no quiero volver a
efectuar otra vez el análisis-- de decisiones de las propias empresas,
quizá de insuficiencias en el marco, lo puedo aceptar como hipótesis, y
ciertamente de decisiones, algunas de tipo político, por ejemplo la
moratoria nuclear, y naturalmente otras que derivan también de opciones
específicas de las propias empresas, incluidas las opciones de
capitalización, etcétera, que han venido realizando en los años
anteriores.

¿Cómo disminuir el endeudamiento? ¿Se puede disminuir el endeudamiento?
Creo que ésta es la aproximación realista al problema. Ciertamente el
principal problema, no nos engañemos, el que actúa como un auténtico peso
muerto sobre la posición de algunas empresas es el de la moratoria
nuclear. Hay otros problemas y, evidentemente --lo digo aquí como se lo
vengo diciendo a los presidentes de todas las empresas eléctricas--, no
pueden esperar, sin esfuerzos por su parte, que la regulación o la ley
solucione problemas que no son sólo de la regulación o de la ley. En
consecuencia, estoy pidiendo permanentemente un esfuerzo a las propias
empresas en esta dirección, y no trasladar a los presupuestos públicos
problemas que derivan de otro conjunto de cosas, e incluso de un marco
legal que era un marco cierto y un marco de seguridad jurídica en su
propio comportamiento. Como saben, una tentación a la que no son nunca
ajenas las empresas del sector eléctrico de todo tipo y condición es
pretender que todos sus problemas se resuelvan por la vía de la ley, pero
todos los problemas no se resuelven por la vía de la ley. Por eso creo
que cada palo tiene que aguantar su vela, aunque hay algunas velas que,
ciertamente, necesitarán algún apoyo, y uno de ellos es el que se refiere
básicamente al problema de la moratoria nuclear; problema que este
Ministerio planteará al Gobierno para que forme parte de las propuestas
que serán naturalmente sometidas a la consideración del Congreso y del
Senado.




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El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): Corresponde ahora un turno
breve y último por parte de los grupos. ¿Qué grupos desean hacer uso del
mismo? (Pausa.) Por el Grupo Catalán, Convergència i Unió, tiene la
palabra el señor Molins.




El señor MOLINS Y AMAT: Simplemente quiero agradecer al señor Ministro su
intervención y decirle que en este último tema de la moratoria nuclear me
ha parecido entender, en un momento determinado, que quizá podría
incluirse dentro del nuevo proyecto de ley y, en otro momento, que
recibiría tratamiento aparte. Es la única aclaración que desearía
solicitar del señor Ministro.




El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): Por el Grupo Popular tiene la
palabra el señor Gámir.




El señor GAMIR CASARES: Señor Ministro, la argumentación de la mejor
eficacia de la gestión en el caso Endesa es una argumentación que, desde
el punto de vista de la teoría de las probabilidades, es curiosa porque,
con todos los gobiernos, distintos equipos de personas muy diferentes en
Endesa han tenido magníficos resultados, mucho mejores que los de otras
empresas. Luego podría parecer, por cálculo de probabilidades, que
siempre el Gobierno nombra mejor que los accionistas privados --yo no
discuto que en ciertos casos lo realice--, siempre hay algo que parece
suponer que existen otras razones, aparte de la gestión --sin discutir la
gestión de tal o cual gestor público en este momento--, y en general --es
un breve brochazo en el que no voy a profundizar-- se supone que, a
menudo, cuando se tiene el contraste de la cuenta de resultados, a los
gestores se les elige mejor, y por tanto el accionista privado elige a
veces mejor que cuando el contraste es el peso político de la persona,
como a veces, no siempre, para las personas que lo apoyan políticamente o
para los políticos que pueden tener esa colocación determinada, puede ser
un criterio más imperfecto para la selección del gestor. Usted me podrá
dar nombres de gestores públicos buenos y gestores privados malos, pero
eso sería pragmatismo sin teoría, como diría un economista que usted y yo
conocemos bastante bien, Luis Angel Rojo, pero el soporte de la teoría es
que, en general, esto ocurriría así.

Yo he lamentado profundamente que, en la Comisión de Economía, al
solicitar que el Gobierno presentara los costes y beneficios de las
empresas públicas, porque una de las razones de la existencia de la
empresa pública muchas veces es que el beneficio social es mayor que el
privado y suele no serlo la eficiencia en la selección de los gestores en
la teoría de la empresa pública, su grupo se opusiera a suministrarnos un
análisis de costes/beneficios de las empresas públicas en pérdidas, que
era de las que solicitábamos información, para hacer un primer avance en
ese terreno. A mí me parece que es más creíble, que tiene más
credibilidad pensar que Endesa ha tenido una serie de ventajas. La
expresión de privilegios no la utilice solamente en una determinada
empresa privada. Usted conocerá perfectamente, seguro que mejor que yo,
la literatura al respecto --yo conozco solamente algo de ella-- y he
encontrado en analistas no necesariamente relacionados con esta empresa,
a no ser que caigamos en teorías de conspiración global, esa expresión, y
sin duda en el lenguaje político en personas no relacionadas directamente
con esa empresa. Todo lo comentado, la fórmula b, contratos de
suministro, 1,38, valores de activos que dependen de unos muy criticados
estándares, etcétera, parece orientarse a que hubiera ventajas en el
mercado de esa empresa determinada.

Por otra parte (ya se lo he comentado alguna vez, señor Ministro) usted,
con un tono muy suave siempre --y se lo agradezco--, tiene una tendencia
a crear un maniqueo. Yo no he dicho, en absoluto --y aquí el vídeo me
temo que serán los taquígrafos y el «Diario de Sesiones», yo no he dicho,
en absoluto, que ustedes van a titularizar la moratoria nuclear como un
sistema de compensación. He dicho que puede que resultara algún sistema
de compensación, pero no es ésa la razón. Le he preguntado si lo iban a
hacer porque objetivamente --he dicho-- puede haber razones para hacerla
y quería, en ese caso, conocer su opinión.

Respecto a las funciones de optimización de la red a través del
transporte y REE estoy de acuerdo con ellas. Lo que he planteado es el
tema de las limitaciones. ¿Las marca el Gobierno con su propuesta a las
Cortes? Sí, lo que ocurre es que, en un momento determinado, por las
horas que hay que consumir de carbón nacional, ¿cuánto?, el cuánto es una
decisión que hay que tomar y eso no lo marcan las Cortes. Es bueno tener
la seguridad de que el sistema no puede basarse en que al Gobierno le
conviene que Endesa, para las cuentas totales del sector público, gane
dinero y un operador, que a su vez es público, sea el que tome las
decisiones. He planteado el tema desde la perspectiva de que un analista
podría plantear un sistema de que ése no es el procedimiento mejor, que
podría haber procedimientos de imagen y de realidad más profesionales y
sobre los que no cupieran sospechas al respecto. Por cierto, no le he
entendido cuando en algún momento ha dicho que va a proceder a un cambio
de titularidad en Red Eléctrica, de forma que parece que no hay una
empresa dominante, y luego ha dicho que en todo caso será una empresa
pública. ¿Quiere decir que lo que usted plantea va a ser una empresa
mixta, pública pero mixta, en que no tendrá mayoría Endesa, pero que en
todo caso será mixta, con minoría pública, me figuro, con un delegado del
Gobierno o algo así? Porque le he oído las dos afirmaciones. Me casaría
con ese enfoque de empresa mixta con minoría pública, pero quiero
preguntarle, para no tener jeroglíficos en la conversación, si ésa es la
respuesta a las dos afirmaciones distintas que en dos momentos ha
realizado usted.

Estoy totalmente de acuerdo con usted en la transparencia y le agradezco
que se haya definido por ella. Transparencia, una vez al año, no hace
daño. Que una vez al año el consumidor conociera --no digo cada vez que
manden una factura-- de qué se compone su factura, a lo mejor no es malo.

Puede que le extrañe. No digo en todas las facturas de todos los meses,
sino como un paso hacia ello: a lo mejor no es malo que lo conozca, y que
conozca algo que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el señor
Molins que es necesario, la ayuda a Hunosa, etcétera, pero que



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conociera realmente lo que en solidaridad nos está costando a los
españoles. Esa transparencia estoy seguro de que la llevará usted al
sistema de la Empresa Nacional del Aluminio, porque si pasamos a que no
damos subvenciones a las empresas públicas, pero luego les concedemos
tarifas especiales, muy especiales, como es este caso de electricidad, en
el fondo es una falta de transparencia, es encubrir. Como usted sabe muy
bien por sus conocimientos de economía, la subvención puede ser un precio
diferenciado en la práctica, como puede ocurrir en este caso. Démosle
claramente una subvención, si es necesaria, pero no utilicemos la técnica
del precio diferenciado. Yo la verdad es que, en general, preferiría que
las privatizaciones fueran a Deuda y que cuando hubiera necesidad de una
subvención se diera, y no utilizáramos estos sistemas complejos de venta
de empresas para gastos de funcionamiento. Esto también incrementaría la
transparencia a la que usted, con toda razón, ha aludido.

Otra vez, me temo que muy suavemente, tendría que hablar de maniqueo. Le
comenté en otra ocasión, y aquí he hecho relación a ello muy de pasada,
que hubo una frase que apareció entrecomillada en todos los periódicos
como frase suya y que usted decía que no había dicho. O todos los
periodistas se equivocaban o usted había cambiado de opinión. A mí me
parecía que una posibilidad es que usted hubiera cambiado de opinión en
relación a esa frase que, como digo, entrecomillaban todos los
periodistas, creo recordar que el 1 de marzo, en relación con unas
declaraciones suyas el día anterior. Ya sé que usted es mejor fuente de
información que la prensa, pero en ese caso todos los periodistas decían
que usted había dicho una determinada cosa y la entrecomillaban. Podía
suponer, por tanto, que a lo mejor otra alternativa de que usted me
dijera algo distinto en Cortes era que en uno de los dos momentos no
había dicho exactamente lo ocurrido o un cambio de opinión al respecto.

Lo del segundo operador se lo pregunto por la misma razón y me ha
parecido muy interesante su opinión. En prensa, que también es una fuente
de información --no única--, se ha dicho que otros dos ministros que no
son usted, Borrell y Solbes, han discutido sobre el tema del segundo
operador y sobre las posibilidades de Red Eléctrica al respecto. Y dado
que no aparecía usted en lo que decía la prensa, quise, aparte de esa
información imperfecta porque proviene de prensa, que la fuente más
veraz, el Ministro de Industria, me aclarara el tema. Me parecía útil al
respecto.

Un último punto, referente a un tema complejo. La comparación de las
tarifas eléctricas nos llevará mucho tiempo en sucesivas discusiones
porque es un tema importante. Y tenía usted razón cuando decía que con
las devaluaciones la media le sale mejor, pero para determinadas
industrias --y yo le pregunto lo que piensa al respecto-- lo importante
no es la media, sino que lo importante puede llegar a ser el más bajo.

Por ejemplo, todo el problema de Tarragona; estando más bajo Holanda o
Francia puede haber un proceso de deslocalización industrial importante
al respecto. Usted conoce el problema de una inversión de 30.000 millones
prevista para Tarragona, que se trasladó a Amberes, e incluso temas
técnicos que a veces podrían ayudar sin necesidad de tocar tanto la
tarifa. Por ejemplo, bastaría con la ampliación de las franjas horarias
en las que hay descuentos, lo que podría ser otra alternativa, sobre lo
cual considero también muy interesante recabar su opinión.




El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): Por el Grupo Socialista tiene
la palabra el señor Sáenz.




El señor SAENZ LORENZO: Comenzaré diciendo que para nuestro Grupo el
introducir criterios de profesionalidad y transparencia en los criterios
de optimización, cosa que ya se está haciendo, parece lógico, teniendo en
cuenta los principios que determina el Plan Energético Nacional. En
cualquier caso, a mí me parece que una fórmula, por muy compleja que sea,
según a quien vaya dirigida, es totalmente transparente. Una fórmula muy
compleja es transparente para las empresas eléctricas; quizá no sea
transparente o haya que buscar un mecanismo distinto cuando se dirija a
los consumidores, pero para una empresa una fórmula, por compleja que
sea, es totalmente transparente. En este caso, si va dirigida a las
empresas eléctricas, me parece que supone una transparencia total.

La conveniencia de que Redesa dependa del Estado más que de una empresa
pública ya la ha señalado el Ministro, y lo que quisiera decir es que,
por las intervenciones de algunas de SS. SS., me da la impresión de que
parece que nos olvidamos del punto de partida de la situación del sector
eléctrico en estos momentos, que no es un punto de partida cercano, sino
un poco más lejano en el tiempo; determinadas apuestas que se hacen desde
hace mucho tiempo, decisiones que se tomaron por gobiernos antes de que
hubiera democracia en nuestro país y apuestas que han resultado costosas
para nuestro país. Hay que recordar que en los años setenta se apostaba
por potenciar el sector siderúrgico, por traer a España el aluminio,
aumentar el tamaño de la construcción naval, y todo esto construyendo
centrales nucleares para abastecer de energía eléctrica esas grandes
inversiones, que todas estaban en reconversión. Por tanto, desde entonces
estamos todavía soportando esos costes. Se hizo una apuesta nuclear y yo
creo que cuando a Endesa se la dejó fuera de esa apuesta nuclear no fue
por hacerle un favor, sino por dejarla fuera del presunto negocio que ahí
se iba a plantear. Pero se fue a un fuerte endeudamiento, con unos costes
de las centrales nucleares por encima de los de otros países de nuestro
entorno. Se abordó con escasos recursos propios, con fuerte
endeudamiento, con un endeudamiento exterior en momentos de debilidad de
la peseta y con decisiones financieras discutibles. Es decir, que se
mantiene una alta retribución del capital a lo largo de todos los años a
pesar de un endeudamiento muy fuerte. Por lo tanto, yo creo que sí que
hay una serie de razones por las cuales el saneamiento del sector se
mantiene como una necesidad, pero no de todo el sector, sino de
determinadas empresas del sector. Me parece que ahí está la raíz de las
diferencias y no tanto en la distribución de la tarifa. Nuestro grupo,
desde luego, no está en absoluto de acuerdo con la utilización de la
palabra «privilegios». Yo creo que ahí hay una gestión, en relación con
el



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tema financiero, en la que el Gobierno a lo largo de los años siempre ha
estado diciendo que el sector retribuía demasiado al capital y que eso
hacía mucho más difícil el saneamiento del sector, entre otras razones.

Yo creo que ésa es una de las razones de fondo de una apuesta que todavía
estamos pagando en el sector industrial y en el sector energético,
también vía tarifa. También tenemos una tarifa alta por determinadas
razones que yo creo que hay que poner de manifiesto y a mí, como
representante de mi Grupo, me corresponde hacerlo. Porque, claro, dice:
¿Cuál es el coste de la moratoria? La decisión de la moratoria la toman
estas Cortes o el Gobierno, pero el coste, ¿quién lo soporta? Vamos a
ver, si no se hubiera tomado la decisión de la moratoria tendríamos 4.000
megavatios más y hubiéramos tenido que invertir casi un billón de pesetas
más. En este momento todavía no hemos absorbido nuestra capacidad de
producción, por tanto, tenemos capacidad excedente. Tendríamos --como
digo-- 4.000 megavatios más de capacidad que hubiéramos tenido que
financiar y que tendríamos que retribuir con esas tarifas. Por tanto,
tendríamos unas tarifas mucho más altas.

Desde luego, la decisión la tomaron las Cortes, la tomó el Gobierno
acertadamente, acertadísimamente, porque si no tendríamos una situación
financiera mucho peor de las empresas, una repercusión en tarifas mucho
mayor. Que cada palo aguante su vela y, por tanto, que el Gobierno
aguante lo que le corresponda, pero que los que han tomado las otras
decisiones también aguanten y echen una mano.

Si hay que ir a un intercambio de activos y alguna empresa tiene que
tomar responsabilidades... Pues ya se está haciendo, en una ocasión, en
dos ocasiones, ¡pero que encima se diga que hay privilegios! ¡Hombre! Se
están tomando responsabilidades. Hay que buscar equilibrios y hay que
buscar acuerdos. Yo creo que el Gobierno va por la vía del acuerdo.

Nosotros nos alegramos de que esa vía sea la que se lleve, pero siempre
tratando de que sea con la máxima transparencia. Para nosotros la máxima
transparencia es que no se hagan filigranas, sino que los costes reales
se traduzcan en las tarifas, que no se oculten los costes reales y que no
se desvíen por otro lado. Esa ha sido nuestra preocupación, en términos
generales, siempre con la flexibilidad con que ese criterio debe
plantearse. Deseamos que no ocurra como ocurre en otros países de nuestro
entorno, en los que hay tarifas bajas porque realmente se están
introduciendo costes por otra vía distinta y entonces parece que es un
sistema mucho más barato y resulta que es un sistema en el cual no todos
los costes afloran por la vía de las tarifas.

Por tanto, nosotros pensamos que el tratamiento de la moratoria debe
hacerse dentro del proyecto de ley y, desde luego, creemos que es
positivo el que nos encontremos en estos momentos en una posición
comparada como la que ha señalado el Ministro respecto de los costes de
la energía de otros países. Porque yo creo que, a pesar del fuerte
endeudamiento, a pesar de los costes de decisiones pasadas...

El señor Gámir se refiere --y perdón por decir un nombre propio-- al tema
de la tarifa del aluminio. A lo mejor el señor Gámir tiene más
conocimiento que nosotros respecto a esa tarifa especial, porque puede
ser que estuviera en el Gobierno cuando se tomó la decisión de la tarifa
del aluminio y nos pueda informar bien de cómo se tomó, con qué
criterios, porque los gobiernos posteriores socialistas lo que han hecho
ha sido ratificar una decisión.

Nada más. (El señor Gámir Casares: Pido la palabra por alusiones. Yo
estoy aquí porque represento al Grupo Popular.)



El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): Evidentemente ha sido usted
aludido «nominatim», en un exceso por parte del señor Sáenz que quiso
corregir. Tiene usted derecho, brevemente, a hacer uso de la palabra.




El señor GAMIR CASARES: Solamente quería dejar muy claro que estoy aquí
en representación del Partido Popular. Simplemente quería decir esa
frase. Quizá también, cuando se hacen argumentos «ad nominem» es porque
uno suele tener menos razón en los argumentos objetivos.

Nada más.




El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): Señor Ministro, tiene la
palabra para cerrar con sus comentarios a las intervenciones de los
grupos esta comparecencia sobre el tema que nos ocupa.




El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay): Voy a ser
muy breve, señor Presidente, porque me parece que ya no es realmente
momento de utilizarlo con dúplicas y menos con alardes oratorios.

Señor Molins, me preguntaba usted, porque al parecer no ha quedado claro,
cuál era mi posición. Quiero ratificar lo que acaba de decir el portavoz
del Grupo Socialista. La posición del Gobierno es que el tema de la
moratoria y el de la eventual titulación pueda tratarse en el marco del
proyecto de ley.

Señor Gámir, con brevedad, igualmente. No discutamos ahora sobre los
gestores públicos, la cuenta de resultados, etcétera. No abramos ahora el
debate sobre la empresa pública y la empresa privada, que no estábamos en
eso, me parece. Pero si usted piensa que, de todas formas, siguen
existiendo elementos, dígalo y diga cuáles. Yo le rogaría que dijera
cuáles, lo digo con toda cordialidad. Es verdad que usted no ha hecho
afirmaciones tajantes: ha dicho que podría parecer, que tal vez hay la
apariencia, que, no obstante, algunos otros elementos explicativos,
algunos resultados mejores tendría que haber, no solamente los de la
mejor gestión, sino que quizá de ahí se podría derivar... Siempre me
parece que cuando no se dice exactamente por qué, uno, en el fondo, está
lanzando algunas sospechas, y yo creo que es malo lanzar sospechas, señor
Gámir. Yo le rogaría (se lo digo con cordialidad) que si le parece que la
reforma del marco legal estable que se ha hecho es inadecuada, no es
objetiva, mantiene privilegios, me dijera dónde, cuándo y por qué, pero,
por favor, no sigamos permanentemente así, porque yo tendré a
continuación que seguir pensando que usted está haciendo, no un discurso
general, sino tal vez un discurso de defensa de intereses particulares,
salvo que me demuestre lo contrario. Y como



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eso proviene de una larga historia (en la que, por cierto, en el sector
eléctrico, por primera vez, por lo menos temporalmente, y tal vez sin que
sirva de precedente, hay una cierta paz), me parece que no es bueno
revivir fantasmas de una discusión, difícil, que ha enfrentado al sector,
generado inestabilidad y al mismo tiempo comprometido muchas decisiones
políticas. Pero este es un ruego que le hago en justa contraprestación al
ruego que me hacía usted de que tramitemos las contestaciones con mayor
urgencia. Si tiene de verdad alguna cuestión que objetivamente le merezca
dudas sobre la regulación del marco legal, diga dónde está, diga por qué
hay discriminación, diga por qué no es este el tratamiento que hay que
dar a las distintas empresas, pero por lo menos a mí me parece que desde
la responsabilidad política no debiéramos seguir alimentando discursos
que son defensa de intereses económicos, legítimos --nunca lo pondré en
duda--, pero que seguramente no tienen demasiado que ver con el interés
general, a mi juicio, desde luego, dicho con cordialidad y con toda
prudencia.

Sobre la optimización, señor Gámir, ha habido quizá algunos problemas de
entendimiento, pero sostengo que la optimización se hace con criterios
profesionales. Creo que eso es incontestable. Tal vez, si no han tenido
ocasión, puede ser extraordinariamente útil que (es una invitación que me
permito hacerles, si hace tiempo que no la reciben por parte de Red
Eléctrica Española, empresa pública, por cierto, de mayoría de capital
público) tengan ocasión de ver cómo opera, de verdad, el sistema de
optimización. Y como me parece que es imposible, simplemente, que una
empresa como Redesa quiera beneficiar a uno en contra de otro, tal y como
opera y con los criterios técnicos que opera, también me permitiría pedir
que no se levantaran sospechas sobre cosas que ni siquiera se objeta por
parte de las propias empresas del sector eléctrico en lo que se refiere a
la calidad de la gestión que desde ese punto de vista se hace.

Cosa distinta es cómo tenemos que configurar en el futuro el sistema de
optimización y cuál es el papel (que es a lo que antes me he referido) de
una eventual comisión del sistema eléctrico, en tanto que regulador, y al
papel de la explotación del sistema unificado.

El Gobierno y el Ministerio de Industria tiene sus opciones, las
presentará en el proyecto de ley y espero que las puedan discutir. A lo
que me he referido es a algo con lo que pretendía, señor Gámir, darle
alguna satisfacción. Es verdad que en esa empresa, Redesa, que tiene una
función fundamentalmente de optimización, hay un peso notable de una
empresa del sector eléctrico, que es Endesa, un peso superior al que
tienen otras empresas del sector eléctrico. No digo que eso signifique
ningún tipo de discriminación, tal y como opera. Lo que le he dicho es
algo que forma parte de mi criterio: creo que es bueno que eso no
subsista en el futuro. Dicho de otra manera: que la participación que
pueda corresponder a las empresas eléctricas por el hecho de ser públicas
no sea mayor que la que pudiera derivarse de su propia presencia en el
sistema.

Sobre la transparencia, de acuerdo. No sé si una vez al año o todos los
días. Yo llevo bastantes meses dedicándome a explicar algunos de los
costes implícitos en la tarifa del sector eléctrico, en moratoria
nuclear, en ciclo de residuos o en coste del carbón, y explicándolo en
términos que, a veces, no me granjean especialmente las simpatías de
algunos, porque a algunos no les gusta que se sepa cuánto hay de
subvención implícita a determinadas actividades económicas y cuánto de
apuesta, si quieren ustedes, por una política social y regional. Yo
siempre soy y seré partidario de que las cosas se sepan; otra cosa es que
decidamos mantenerlas, pero que las cosas se sepan.

Sobre las privatizaciones o no y si es bueno que por la vía de las
privatizaciones se atienda a gastos de funcionamiento es otro debate en
el que me va a permitir que ahora no entre.

Sin embargo, le voy a hacer una única referencia a la comparación que
hacía usted con el tema del aluminio, en el que, ciertamente, hay una
tarifa muy especial, que significa una minoración de costes dirigida a
grandes consumidores, no solamente a la empresa de Aluminio, que sabe que
no es el único beneficiario. Siempre me ha llamado la atención que, sin
embargo, en un caso al que en el Ministerio de Industria y Energía
dedicamos bastante atención, como es el de la industria química, sugieran
fórmulas que, en el fondo, no son más que otra forma de tratar, en forma
de subvenciones cruzadas, a determinadas producciones. Quiere decir que
si establecemos descuentos especiales para determinadas actividades
solamente por mejorar la competencia, quizás, tal vez (si cree usted que
esto es una imputación, la retiro), uno pudiera pensar que se está
proponiendo que con algunos sectores hagamos tratamientos también
singulares. Creo que los tratamientos singulares que no estén objetivados
pueden ser susceptibles de la misma crítica que usted ha lanzado sobre
alguna tarifa que en este momento existe, como AG4, para consumidores
enormemente importantes, como son los de Aluminio. Tal vez, en el futuro,
nos tengamos que plantear ese tema. Tal vez nos tengamos que plantear, en
la línea del perfeccionamiento del sector y en la línea también del
saneamiento del propio sector público empresarial, qué es lo que hacemos
con eso y qué es lo que hacemos con algunas producciones que en este
país, por mor del mantenimiento de la competitividad, han tenido tarifas
o tienen tarifas determinadas. Es un problema de racionalización y un
debate que obviamente yo acepto y que me parece que es muy legítimo que
usted lo plantee.

Le quiero decir algo sobre el tema de Tarragona fundamentalmente, tema al
que he referido en varias ocasiones, creo, en la Comisión de Industria y,
en todo caso, en público. Hemos venido tratando un importante polo
químico e industrial como el de Tarragona con una enorme atención y es
verdad que se han producido problemas de competitividad de las empresas
del sector químico como consecuencia de los problemas en la tarifa
eléctrica, y no sólo de esa tarifa, sino, eventualmente, de otras tarifas
de servicios pongamos que portuarios. Hemos trabajado con el Ministerio
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente para producir
modificaciones en la tarifa portuaria que puedan ser compatibles con la
competitividad de Tarragona --nos parece importante Tarragona-- y de



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otros lugares donde hay, obviamente, determinadas actividades que
compiten, en términos europeos, en condiciones especialmente exigentes. Y
una de las modificaciones que se han hecho, y a la que hoy no he tenido
tiempo de hacer referencia en la regulación de las tarifas para 1994, es,
como saben, una tarifa específica, experimental, que pretende exactamente
lo que creo que usted, en el fondo, me estaba diciendo: Por qué no
utilizar mecanismos especiales que amplíen las horas valle, etcétera,
para tratar de abaratar, para determinados consumidores, fundamentalmente
consumidores planos, su coste de electricidad. Esto es lo que hemos hecho
con una tarifa específica, experimental, que tiene entre otros
destinatarios potenciales las industrias químicas que actúan en unas
condiciones más especiales. Se ha ampliado el número de días, el número
de horas, etcétera, en las cuales pueden beneficiarse en algunos --no les
llamemos descuentos-- de los costes estimados del sistema, que puede
redundar, en consecuencia, en una mejor utilización de la modulación de
la producción eléctrica dentro de nuestro país, y esperemos que eso tenga
un efecto positivo; está calculado para que signifique varios puntos
porcentualmente, dependiendo del grado de utilización que cada una de las
empresas pueda hacer, de la tarifa de reducción en sus costes actuales.

De esa experiencia sacaremos conclusiones. Tal vez al año que viene
tengamos, de nuevo, que perfeccionar eso en una línea de rebaja, o de
mantenimiento de esa tendencia a la baja en el coste real de la
electricidad, con modulaciones como la que acabo de mencionar.

Quiero ser breve, pero no quería dejar de explicarle algunas cosas
cordialmente al señor Gámir. Yo no estoy tratando de polemizar con usted
y muchísimo menos por la atención de los medios de comunicación. Yo trato
de explicar honestamente lo que pienso. Es verdad que yo, a veces --ya a
usted le habrá ocurrido alguna vez--, he dicho algunas cosas que no
siempre he visto debidamente reflejadas, cosa que la mayor parte de las
veces no ocurre, ya que me veo, casi siempre, bien reflejado en los
medios de comunicación. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de problemas
de los que usted se ha hecho eco, como el de si con Redesa se puede hacer
un segundo operador, tengo que decir que en el marco de las discusiones
sobre las telecomunicaciones, en el Gobierno hemos hablado de muchas
cosas. Hoy, un medio de comunicación se hace eco de posibilidades y,
quizá, también --y me permito decirlo con toda prudencia-- se confunde lo
que puede ser el qué hacer con los distintos activos públicos con otra
cosa que es un poquito más seria, que es el segundo operador. El segundo
operador no son los distintos activos públicos, aunque hay activos que
puedan ser utilizados, tal vez, en un proceso de liberalización de
telecomunicaciones de Redesa y de otras empresas o de otros entes
públicos, como puede ser Retevisión, etcétera, y otros que puedan
existir, como los de Correos, pero no estamos hablando, al menos no es
ésta la posición de ningún miembro del Gobierno, de un segundo operador
público en esta dirección. Son cosas distintas. Me he permitido hacerle
una puntualización que no resistía. Usted se ha hecho eco de una cosa que
hoy viene en un medio de comunicación, dentro de un conjunto de posibles
opciones. La posición, en todo caso, del Ministerio de Industria --y de
esto hablaremos en otro momento-- es la de que tenemos que ser capaces de
utilizar en beneficio de nuestro país un proceso que se avecina como el
de la liberalización de las telecomunicaciones, y es bueno que en el
Gobierno se debata, se debata también con la oposición y que hagamos un
proceso que contribuya también a poner en valor la propia industria de
nuestro país ante una oportunidad que seguramente no se presenta todos
los días. Pero, en fin, permítame que esto sea un intento de clarificar
por lo menos posiciones.

Finalmente, señor Sáenz, no puedo sino expresarle mi acuerdo con lo que
usted ha dicho. Yo creo que ha dado usted otra versión de la historia y
me parece muy atinada. Esto me ahorra a mí a entrar de nuevo a explicar
la historia de Endesa y del marco legal. Es verdad que hay decisiones que
yo creo que han tenido su coste, naturalmente, pero son decisiones que
han sido acertadas para este país. Creo que no es una decisión
desacertada la que propuso el Gobierno y tomaron las Cortes de moratoria
nuclear. Creo que ésta no ha sido una decisión desacertada por muchísimas
razones y, sin embargo, es verdad, que tiene también sus consecuencias
económicas y financieras. Pero, sobre todo, es verdad que la historia se
puede escribir de muy diversas formas, dependiendo del punto de vista con
el que se adopte la decisión. Hay muchas versiones de lo que ha ocurrido
dentro del sector eléctrico; algunas de estas versiones obedecen a las
visiones legítimas de empresas, de sectores, de grupos de interés, de
presión, etcétera. Yo creo que no es bueno seguir manteniendo la polémica
sobre un pasado, que hoy está en trance de ser superado, en términos de
los agravios entre unas y otras empresas. Por eso le doy las gracias por
lo que usted ha dicho, confirmando que la solución a los problemas
financieros derivados de la moratoria nuclear tendrá que venir, y espero
que pronto, en el marco del proyecto de ley que me gustaría que pudiera
estar en esta Cámara en poco tiempo.




El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): Con su intervención damos fin a
los puntos 2 y 3 del orden del día.

Ahora, señorías, señor Ministro, con el ruego de que no abandonen la
sala, suspendo momentáneamente la sesión, para que la Mesa pueda tomar
decisión respecto a lo que procede hacer en relación con el primer punto
del orden del día que habíamos dejado aplazado.

Se suspende momentáneamente la sesión. (Pausa.) El señor PRESIDENTE:
Vamos a reanudar la sesión, si les parece, y va a ser por muy pocos
momentos.

El Grupo solicitante de la comparecencia que figura como primer punto del
orden del día es el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya. Como ya conocen SS. SS., el señor García Fonseca, en su
representación, ha sufrido una indisposición que persiste y no le hace
posible comparecer en este momento.




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Reglamentariamente es imposible proceder a la sustanciación de ese primer
punto del orden del día y debería decaer del orden del día. De común
acuerdo, tanto el señor Ministro, que debía comparecer, como los
distintos grupos han decidido que subsista y persista en los órdenes del
día y procederemos a su sustanciación en una próxima comparecencia del
señor Ministro. Estoy seguro que expreso la opinión de todos los miembros
de la Comisión si deseo un muy pronto restablecimiento al señor García
Fonseca, asiduo asistente a las reuniones de esta comisión.

Agradeciendo al señor Ministro de Industria y Energía su comparecencia y
sus explicaciones, se levanta la sesión.




Eran las seis y cincuenta minutos de la tarde.

CORRECCION DE ERRORES. En el «Diario de Sesiones» de Comisiones número
111, correspondiente a la sesión celebrada por la Comisión de Industria,
Energía y Turismo el día 16 de febrero de 1994, aparecen algunas
imprecisiones debido a dificultades de audición en la intervención del
Director General de Minas y de la Construcción, señor Carbajo Josa. Así,
en el párrafo 4.º, líneas 13, 15 y 22, columna derecha de la página 3557,
donde dice: «de sulfuración», debe decir: «desulfuración». En la página
3565, columna izquierda, línea 13 del párrafo 4.º, debe sustituirse la
palabra «directo» por «indirecto». Y finalmente, en la página 3566,
columna izquierda, línea 11, en lugar de «que no se admita» debe
entenderse «que nos admita».