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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 155, de 24/03/1994
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1994 V Legislatura Núm. 155
ECONOMIA, COMERCIO Y HACIENDA
PRESIDENTE: DON ANGEL MARTINEZ SANJUAN
Sesión núm. 15
celebrada el jueves, 24 de marzo de 1994
ORDEN DEL DIA:
--Ratificación de la Ponencia encargada de informar la proposición de ley
de modificación de los aspectos económicos del Régimen Económico y Fiscal
de Canarias y actualización de los puertos francos. (Número de expediente
125/000008) (Página 4960)
--Aprobación por la Comisión, con competencia legislativa plena, a la
vista del Informe emitido por la Ponencia, de la proposición de ley de
modificación de los aspectos económicos del Régimen Económico y Fiscal de
Canarias y actualización de los puertos francos canarios. (Número de
expediente 125/000008) (Página 4960)
Se abre la sesión a las siete y cinco minutos de la tarde.
--RATIFICACION DE LA PONENCIA ENCARGADA DE INFORMAR LA PROPOSICION DE LEY
DE MODIFICACION DE LOS ASPECTOS ECONOMICOS DEL REGIMEN ECONOMICO Y FISCAL
DE CANARIAS Y ACTUALIZACION DE LOS PUERTOS FRANCOS. (Número de expediente
125/000008.)
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión de la Comisión de Economía, con el
orden del día que SS. SS. conocen. El primer punto es la ratificación de
la Ponencia encargada de informar la proposición de ley de modificación
de los aspectos económicos del REF y actualización de los puertos
francos.
¿Dan SS. SS. su conformidad a la aprobación de la Ponencia?
(Asentimiento.) Queda ratificada.
--APROBACION POR LA COMISION, CON COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA, A LA
VISTA DEL INFORME EMITIDO POR LA PONENCIA, DE LA PROPOSICION DE LEY DE
MODIFICACION DE LOS ASPECTOS ECONOMICOS DEL REGIMEN ECONOMICO Y FISCAL DE
CANARIAS Y ACTUALIZACION DE LOS PUERTOS FRANCOS CANARIOS. (Número de
expediente 125/000008.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día:
Aprobación por la Comisión, con competencia legislativa plena, a la vista
del informe emitido por la Ponencia, de la proposición de ley a que he
hecho referencia.
Es criterio de la Presidencia, de la Mesa, y creo que de todos los
portavoces y miembros de la Comisión, concluir el debate en la tarde de
hoy. Para ello la Mesa va a ordenar el mismo concediendo a los grupos
parlamentarios que mantengan vivas sus enmiendas o que deseen fijar su
posición respecto a los cuatro bloques en que se va a dividir el debate,
de acuerdo con los señores portavoces, un turno de ocho minutos. La
Presidencia será flexible, ya que veo algunas caras que parecen reflejar
que este margen es un tanto estrecho, pero me gustaría que tratasen de
ajustarse a los tiempos establecidos y, si es necesario, se concederá una
réplica por un tiempo en torno a tres minutos. Creo que el tratar de
concentrar las intervenciones no debe llevar en absoluto a una merma en
la claridad del debate y, como he dicho anteriormente, la Presidencia y
la Mesa serán lo suficientemente flexibles para que este debate se pueda
desarrollar perfectamente bien y que el proyecto de ley pueda ser
dictaminado a lo largo de esta tarde.
Los cuatro bloques en los que se va a dividir el debate parlamentario en
la Comisión son: un primer bloque, los títulos preliminar, I, II y III;
un segundo bloque, el título IV; un tercer bloque los títulos V, VI y VII
y disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y final. Por
último, se hará una intervención respecto a la exposición de motivos, a
la que queda viva una enmienda, que puede servir también para fijar la
posición de los grupos parlamentarios respecto al contenido global de la
ley.
Las votaciones serán al final del proyecto de ley. La Presidencia quiere
indicar que no se producirán antes de las ocho y media de la tarde.
Sin más preámbulos, señorías, concedo la palabra, en primer lugar, al
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya para la
defensa de las enmiendas que tiene vivas a este primer bloque que he
hecho referencia. Tiene la palabra el señor Ríos para la defensa de las
enmiendas 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15 y 16.
El señor RIOS MARTINEZ: Brevemente, señor Presidente, porque vamos a
intentar economizar en este debate. Como ya defendimos en el debate de
totalidad un texto alternativo, ahora intentamos proyectar la filosofía
de ese debate de totalidad a estos apartados con enmiendas concretas,
procurando mejorar el texto que venía del Parlamento canario con nuestras
aportaciones. Es verdad que muchas de nuestras enmiendas son de
modificación y en algunos casos de sustitución o supresión, pero
manteniendo la filosofía de la enmienda alternativa al texto que se
presentó en la Cámara por el Parlamento canario, nuestro objetivo es el
de mejorarlo en este trámite de enmiendas al articulado.
La enmienda número 4, al artículo 1, tiene como objetivo sustituir el
texto que proponía el Gobierno por uno distinto para dotar a las islas
Canarias de un conjunto de instrumentos de política regional y garantizar
una eficaz inserción en la economía mundial, y especialmente europea, a
través de la transformación productiva requerida y de la ruptura de las
limitaciones impuestas por la insularidad y la lejanía del territorio
continuo del Estado.
La segunda enmienda que voy a defender es la número 6, que pretende la
supresión del artículo 3.
La enmienda número 7 pretende suprimir en el artículo 5 el apartado 2.
La enmienda número 8, que va dirigida al artículo 4, pretende la
supresión de los apartados 3 y 4 del artículo 6.
La enmienda número 9 pretende la supresión, al final del apartado 1, de
la palabra «mínima», para fijar adecuadamente el porcentaje de la
reducción.
La enmienda número 10 va dirigida al artículo 7 y pretende sustituir en
el apartado 1 «al Continente Europeo» por «la Comunidad Europea»,
limitando el sistema de compensación a los países de la Comunidad Europea
y no a todos los del Continente europeo.
La enmienda número 12 va dirigida al artículo 14 y pretende la supresión
del apartado 2 de este artículo.
Las enmiendas números 15 y 16 van dirigidas a la creación de dos nuevos
artículos. El artículo 17 tendría el siguiente texto: Los edificios de
nueva construcción estarán obligados a instalar energía solar térmica
para obtener agua caliente y se aprobará un plan de financiación para la
rehabilitación de edificios antiguos.
La enmienda 16 pretende la introducción de un artículo 18 que llevaría
consigo dos puntos. El primero para impulsar de forma decidida el estudio
y uso de energías renovables; y el segundo, que en el caso de crear
nuevas centrales eléctricas por necesidades comprobadas, éstas serán de
ciclo combinado y de gas natural.
No sé si terminará aquí el primer bloque de los que ha dicho el
Presidente.
El señor PRESIDENTE: Señor Ríos, de acuerdo con la información que yo he
podido organizar respecto a los bloques en los que se va a dividir el
debate, la última enmienda viva del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida era la número 16, dado que las números 18 y 31 forman parte del
bloque siguiente, que es el título IV.
Antes de dar la palabra al representante del Grupo Popular, señor
Villalobos, quería referirme a algo que no he dicho anteriormente. Como
el informe de la Ponencia ha cambiado respecto al texto original de la
proposición de ley, la numeración de los artículos, todas las enmiendas
del señor Ríos se referían al texto anterior, por lo que, a efectos de
los servicios taquigráficos, cuando se está hablando de los artículos
respecto a las enmiendas se está refiriendo al primitivo texto y no al
informe final de la Ponencia, que ha modificado sus artículos de forma
que, de acuerdo con la información suministrada a los diferentes
comisionados, se correlacionan números antiguos con números actuales.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular a este
primer bloque, que son las números 36 a 46, ambas inclusive, tiene la
palabra el señor Villalobos.
El señor VILLALOBOS DE PAIZ: Nuestro grupo ha presentado en este bloque
unas enmiendas relativas al título preliminar y otras relativas al
capítulo I del Título I.
El título preliminar establece cuáles son las finalidades y los objetivos
de la ley, que son perfectamente asumibles por nuestro grupo en tanto en
cuanto manifiestan esos principios rectores y se limitan a una mera
declaración de intenciones en el plano de lo teórico, si bien es verdad
que justamente --y esa es la crítica esencial que tenemos que hacer a esa
parte del texto de la Ponencia-- esos principios son de alguna manera
contradichos en el desarrollo de todo el texto de la Ponencia. Por esa
razón nuestro Grupo, sin perjuicio de mantener sus enmiendas 36 a 39, va
a centrar este turno en la defensa de las enmiendas relativas a los
transportes y telecomunicaciones.
Los transportes y comunicaciones son un servicio esencial en todo Estado
moderno, en cuanto constituyen el armazón vertebrador que da cohesión e
integra a los diferentes territorios de un Estado en lo político y en lo
económico. Y si esto es válido en términos generales, en el caso de
Canarias se eleva ese interés público a la máxima potencia, puesto que en
el transporte de Canarias se manifiestan los llamados costes de la
insularidad; ahí es donde quedan reflejadas las desventajas económicas de
situación que se traducen en un encarecimiento de sus abastecimientos
exteriores, que suponen el 58 por ciento en términos de producto
regional, y que constituyen unas auténticas barreras y obstáculos a la
exportación de sus producciones por cuanto tienen que pagar elevados
fletes. Por eso la regulación de los transportes y comunicaciones
constituye una pieza fundamental en el Régimen Económico-Fiscal de
Canarias.
Las enmiendas del Grupo Popular propugnan --y en eso coinciden con el
resto de los grupos-- la liberalización y la desmonopolización del sector
de los transportes y comunicaciones en cuanto que, al abrirse a la libre
concurrencia, va a significar una mejora de las condiciones de precios y
también una elevación de la calidad de los servicios prestados. Sin
embargo, hemos de manifestar que la liberalización no va a ser materia
exclusiva de Canarias, puesto que este es un proceso que se va a
generalizar a toda España, vinculado a la normativa de la Comunidad
Europea. Por esa razón nuestras enmiendas se enfocan preferentemente
hacia una formulación más comprometida y más ambiciosa de la subvención
al transporte con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
Una regulación legal de la subvención al transporte estimamos que debe
partir de un principio o regla que sirva para determinar y cuantificar la
necesidad que se pretende cubrir y el grado de satisfacción que se le
pretende dar. En definitiva, una directriz que articule de forma concreta
el sistema de compensación y el esfuerzo presupuestario que debe realizar
el Estado. Todos los grupos políticos han coincidido en reconocer que
este principio debe ser el llamado de continuidad territorial, si bien es
verdad que, salvo nuestro grupo, los restantes se quedan en la mera
enunciación o declaración formal de este principio. El texto de la
Ponencia efectúa un salto lógico, sin ninguna justificación explícita, y
desde ese principio se limita a determinar un porcentaje fijo de las
tarifas a subvencionar, que es el diez por ciento para los transportes
interinsulares de viajeros y el 33 por ciento en el caso de las líneas
aéreas y marítimas Canarias-Península. Nosotros entendemos que esta
fórmula tiene un carácter rígido, inflexible, y es inadecuada a un texto
legal de esta naturaleza. Una ley tiene vocación de permanencia, de
estabilidad, y debe marcar los grandes parámetros; y esta disposición
tiene más bien un carácter de tipo administrativo. Sin embargo, se ha
tratado de subsanar esta rigidez que supone la fijación de un porcentaje
determinado, a través de una facultad conferida al Gobierno para
modificar la cuantía de las subvenciones y el sistema de compensación, a
lo que nosotros hemos manifestado nuestro criterio en contra porque
entendemos que el tema es de tal importancia para Canarias que no puede
quedar al arbitrio y a la discreción de una decisión de Gobierno.
Por ello, el Grupo Popular ha formulado de manera concreta un concepto
que significa el desarrollo y la aplicación de ese principio de
continuidad territorial que, justamente entendido, no puede significar
más que situar a Canarias en las costas del sur peninsular, trasladar
imaginariamente las islas a las costas de Huelva y de Cádiz. Respetando
este concepto, nuestro grupo ha expresado una fórmula concreta que
resumidamente viene a decir que las subvenciones al transporte de
viajeros de Canarias a la Península o entre islas debe ser de tal cuantía
que, en el caso de las islas, la tarifa resultante no sea superior a
aquella
que rige entre los dos puntos más extremos de una misma comunidad
autónoma; para el caso de los transportes entre Canarias y la Península,
la subvención debe ser de tal cuantía que la tarifa resultante no sea
superior a aquella que rige entre los puntos más extremos de la Península
Ibérica, entre las dos provincias peninsulares más alejadas. Junto a
esto, nosotros mantenemos el mínimo de porcentaje actualmente existente y
proponemos una implantación gradual por las repercusiones presupuestarias
que pudiera tener; y en principio nuestras estimaciones son que no
tendrían una incidencia apreciable.
En lo que se refiere al transporte de mercancías, nuestro grupo también
se compromete claramente con una expresión nítida: que la cuantía de las
compensaciones debe garantizar el principio de continuidad territorial;
además, debe aplicarse a todo el año, cosa que actualmente no ocurre en
lo que se refiere principalmente a las exportaciones de productos
hortofrutícolas desde los puertos canarios a los de la Unión Europea.
Frente a esto, nosotros entendemos que el texto de la Ponencia trasluce
una voluntad de resistencia y obstaculización a la subvención a la
compensación del transporte de mercancías. Así, en su artículo 7 utiliza
una expresión, cuanto menos críptica, en cuanto que califica las ayudas
al transporte de mercancías entre Canarias y la Península como una medida
complementaria a la aplicación del Derecho comunitario, cosa que a
nosotros no se nos alcanza a entender qué significado puede tener.
También, y es importante, condiciona la compensación al transporte de las
exportaciones dirigidas desde Canarias a la Unión Europea a lo que
disponen los artículos 92 y 93 del Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea. Yo creo que no viene ni mucho menos al caso en cuanto está
contemplando las posibles distorsiones en el funcionamiento de los
mecanismos de mercado y la competencia desleal que se puede producir por
vía de subvenciones. Entendemos que este es un supuesto absolutamente
diferente y no podemos menos que ver en estos condicionamientos una
voluntad de resistencia, una voluntad de obstaculización. Frente a la
expresión clara y comprometida de nuestro texto, que pretende que se
garantice ese principio de continuidad, el artículo de la Ponencia a que
me refiero habla, en expresión huidiza, de que se tendrá en cuenta el
principio de continuidad territorial. La diferencia es notoria y creo que
de alguna manera deja de manifiesto cuál es la intención de este texto.
Por último, nuestro grupo quiere manifestar el rechazo a la enmienda
incorporada a la Ponencia por el Grupo Socialista en cuanto que retrasa
la tan reclamada liberalización y desmonopolización de las
telecomunicaciones y confiere al Gobierno una amplia facultad para
decidir el momento en que sea implantado, en ningún caso antes del 1 de
enero de 1998. Nosotros entendemos que esta medida frustra una
reivindicación largamente sentida, una reivindicación planteada desde
todos los sectores económicos y sociales del archipiélago. Creemos,
además, que afecta al nervio sensible de la condición geográfica de
nuestro archipiélago de insularidad y lejanía.
El señor PRESIDENTE: Antes de dar la palabra al portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista... (El señor Mauricio Rodríguez: Pido la palabra
para una cuestión de orden.)
Sí, señor Mauricio.
El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Nosotros teníamos un voto particular sobre
el tema del artículo 9, sobre las telecomunicaciones. No sé si está
registrado. Es decir, manteníamos el texto original que la Ponencia
modificó. Ahora me están diciendo que no está. Los que estuvieron en la
Ponencia recordarán el mantenimiento por nuestra parte, en este primer
bloque, del texto original que fue modificado por la enmienda del Grupo
Socialista.
El señor MARTINON CEJAS: Señor Presidente, todos los textos que la
Ponencia suprimió del texto originario del Parlamento de Canarias,
Coalición Canaria los convirtió en votos particulares.
El señor PRESIDENTE: Señor Mauricio, en el informe que obra en poder de
la Presidencia viene una relación de las enmiendas con números de
artículos y enmiendas enmendadas, podríamos decir. En dicho texto no
están los votos particulares, pero como pensaba dar la palabra a los
grupos parlamentarios que no teniendo enmiendas vivas deseaban fijar su
posición respecto al texto que estamos discutiendo, que es el informe de
la Ponencia, le doy la palabra antes de dársela al señor Martinón.
El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Como ha dicho muy bien el portavoz del Grupo
Socialista, nosotros mantuvimos todos los textos originales que fueron
enmendados, pero, a efectos de la agilización de este trámite,
quisiéramos mantener nuestras enmiendas y un solo voto particular, aparte
de que es verdad que mantuvimos cuatro. Si nos lo permite la Mesa,
mantenemos como voto particular lo referente a las telecomunicaciones, al
artículo 9.º, y daríamos por decaídas las restantes.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Martín para la defensa del
voto particular.
El señor MARTIN MENIS: Gracias, señor Presidente.
Vamos a mantener el texto que venía en el artículo 9.º, que se refiere a
la liberalización de las telecomunicaciones.
La situación del régimen de monopolio ha producido en Canarias un
aislamiento secular en el campo del transporte y en el de las
telecomunicaciones. Los últimos acontecimientos de la liberalización del
transporte en España, que han tenido una incidencia muy positiva sobre
Canarias, y el propio texto que se recoge en el informe de la Ponencia,
dan una vía de solución al transporte, pero el mundo de las
telecomunicaciones ha seguido en régimen de monopolio y seguirá gravando
lo que es esencial en la insularidad.
Cuando hablamos de costo de insularidad y queremos transformarlo en algo,
la insularidad se transforma en un costo económico. En la historia fue un
tema de tiempo,
espacial, geográfico, pero hoy se ha transformado en un tema económico.
Es posible transportarse en corto espacio de tiempo o tener cualquier
sistema de telecomunicación con cualquier parte del mundo, pero las
posibilidades tarifarias son las que al final convierten eso en un
gravamen económico. El camino para solucionarlo, creemos, corriente en
todo el mundo y de esa forma opina el Tribunal de la Competencia, es la
liberalización de esos mercados.
Canarias ha tenido que desarrollarse en el mundo turístico como única
oportunidad para poder combatir las elevadas tasas de paro que tiene;
existe un grado importante de comunicaciones internacionales y todos
sabemos que las comunicaciones internacionales en España son las más
grandes. Pero no estamos hablando sólo de las telecomunicaciones vía voz,
estamos hablando de todos los servicios digitales integrados hoy en la
comunicación, de todos los servicios telemedia que son los que nos van a
dar oportunidad de acercarnos realmente a los mercados, fundamentalmente
a los europeos. Para ello, en esa línea, volvemos a repetirlo, creemos
que la liberalización de las telecomunicaciones es un elemento
fundamental para poder desarrollarnos.
Hay que tener en cuenta que en la década 1981-1991, cuando Canarias tuvo
un gran crecimiento económico que llevó a un crecimiento importante de
población ocupada, sin embargo fue la región en la que más creció el
paro, con mucha diferencia con el resto del territorio nacional,
exactamente el 107 por ciento contra el 39 por ciento en el resto del
Estado. ¿Por qué? Simplemente porque los cortes de la población nos
llevan a una población activa que ha crecido desmesuradamente. La única
oportunidad de desarrollo que hemos tenido ha sido en el sector
turístico; oportunidad que grava después de forma muy importante al
territorio canario, porque lo ha gravado con la masificación turística,
con un deterioro importante del medio ambiente. Ayer veíamos en una
comparecencia del Ministro que éstas son las dos principales objeciones
de todos los turistas que nos visitan.
Siendo eso así, necesitamos seguir creciendo, por ese enorme incremento
que tenemos de población activa, para que el paro no llegue a límites
auténticamente insostenibles. Para ello, tenemos que resolver en Canarias
la lejanía y la insularidad. Esto está contemplado en el Título
preliminar, en el Título primero, en el segundo y en el tercero. Se han
conseguido en estos capítulos propuestas, aunque no óptimas, que pueden
dar una oportunidad de desarrollo, pero quedaría por resolver entrar
definitivamente en esta liberalización que permita adelantar lo que se va
a producir, en cualquier caso, en el resto de España. Si se produce al
mismo tiempo que en el resto de España, nos encontraremos con que las
oportunidades de desarrollo se darán en las zonas más cremosas del
mercado, fundamentalmente en las grandes concentraciones, y Canarias
volverá a quedar otra vez relegada en este campo tan necesario de
desarrollo.
Por eso vuelvo a repetir que nos parece fundamental mantener esa opción
dentro de este posible nuevo régimen para Canarias.
El señor PRESIDENTE: Dado que en el informe de la Ponencia no había
ninguna referencia escrita al mantenimiento de un voto particular de la
Ponencia a la Comisión, podría ser considerada la intervención de S. S.
como un trámite de Comisión a Pleno en el sentido de que actuamos con
plena competencia legislativa. Podríamos decir que S. S. ha consumido un
turno en contra del artículo 9.º tal y como está formulado. Creo que de
esta forma queda salvado perfectamente el Reglamento. Sus señorías han
fijado su posición respecto al nuevo texto en que se ha convertido el
artículo 9.º en el tema de las telecomunicaciones y, de esta forma,
cuando el Grupo Parlamentario Socialista fije su posición, podrá también,
si quiere, referirse al turno en contra del informe de la Ponencia que S.
S. ha consumido.
Antes de dar la palabra al señor Martinón, representante del Grupo
Parlamentario Socialista, la Presidencia tiene una ligera duda. En el
informe de la Ponencia no encuentro como aceptada, sino que más bien
parece que está viva, la enmienda número 260, pero con relación al
informe de la Ponencia creo que está recogida, excepto el segundo párrafo
del punto 4. ¿Es así?
El señor MARTINON CEJAS: Así es.
El señor PRESIDENTE: Luego está incorporada al informe de la Ponencia
textualmente la enmienda número 260, del Grupo Parlamentario Socialista,
con excepción del último párrafo del punto 4.
El señor MARTINON CEJAS: Nosotros retiramos la enmienda 260 por estar ya
contenida básicamente en el informe.
El señor PRESIDENTE: Lo digo a efectos de posteriores votaciones.
Para consumir un turno de fijación de posiciones respecto a las enmiendas
que se han planteado por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya y por el Grupo Popular, así como a la
intervención del señor Martín, de Coalición Canaria, el señor Martinón
tiene la palabra.
El señor MARTINON CEJAS: La enmienda 127, de Coalición Canaria, con el
trastoque de la numeración del articulado yo creo que va dentro de este
bloque.
El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Está en el siguiente bloque, en el Título
IV.
El señor PRESIDENTE: Por la información que tiene la Presidencia, están
en el Título IV. Son las enmiendas números 127 y la 128, las dos únicas
que permanecen vivas al Título IV.
El señor MARTINON CEJAS: Por otra parte, señor Presidente, nosotros
también queríamos introducir una enmienda «in voce» de modificación del
título de la ley. No
sé si el momento más adecuado es cuando discutamos la exposición de
motivos.
El señor PRESIDENTE: En la exposición de motivos.
El señor MARTINON CEJAS: En relación a lo expuesto por el portavoz de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, yo creo que las enmiendas que
se refieren a este bloque han sido en buena parte incorporadas, no al 100
por ciento, pero a través de un conjunto de enmiendas transaccionales me
parece que ha habido un grado de acuerdo en la línea que hemos estado
defendiendo de procurar que esta ley goce del mayor consenso posible.
Sobre el tema de los transportes, defendido por el Grupo Popular, voy a
hacer una precisión, si me lo permite dicho grupo. El coste de la
insularidad en Canarias no es sólo el transporte. Otra de las esencias
fundamentales que condicionan la economía regional canaria es estar
alejados de nuestro entorno político y cultural, que es Europa, y ser
además una isla fragmentada en siete. Yo creo que eso también, sin duda,
contribuye a precisar lo que se puede entender por el coste de la
insularidad.
El principio de continuidad territorial, al que ha hecho referencia el
portavoz del Grupo Popular, está recogido en el artículo 7.º3 del informe
de la Ponencia.
Sobre las consideraciones que ha hecho acerca de las tarifas y la
comparación de tarifas dentro de la comunidad canaria en comparación con
tarifas en el resto de las comunidades españolas, o bien de tarifas de
Canarias con el resto del territorio nacional en comparación con tarifas
de dos comunidades peninsulares, simplemente quiero decirle que, en
opinión del Grupo Socialista, el nivel que se ha alcanzado en esta ley
nos parece razonable. El nivel de subvención al transporte nos parece
razonable. Quisiera dar un dato para desmitificar la idea que en
ocasiones se tiene de que es muy caro el transporte por barco y que es
más barato el transporte en la península. Por ejemplo, el transporte de
un contenedor por carretera Barcelona-Madrid cuesta 143.000 pesetas, que
es el mismo precio que para un contenedor --lógicamente por barco-- en el
trayecto Tenerife-Bilbao. Si siguiéramos los criterios expuestos por el
Grupo Popular lo que haríamos sería encarecer el transporte en Canarias
en lugar de abaratarlo.
Desde luego lo más importante para abaratar el transporte en Canarias, en
nuestra opinión, más que un asunto estrictamente de tarifas es, como ya
ha señalado el portavoz de Coalición Canaria, la liberalización del
tráfico. Eso ha supuesto ya una apreciable disminución del coste de los
transportes, en torno al 25 ó 30 por ciento y quiero recordarle que en el
artículo 72 del informe de la Ponencia figura la posibilidad de que
aquellos buques que cubran un tráfico interinsular o bien tráfico
Canarias-península, aunque no pueden registrarse en el segundo registro
de buques sí se beneficien de un conjunto de medidas previstas para
aquellos buques que sí están en el segundo registro de buques. Es decir,
aunque el sistema de compensaciones en las tarifas de forma específica en
la ley es el que es y aunque a alguno le pueda resultar insuficiente, me
gustaría que se contemplara el tema del transporte de forma global, tal
como la ley en su conjunto lo contempla, y desde luego, creemos que va a
suponer un abaratamiento sustancial del transporte.
Sobre el tema de las telecomunicaciones, y tal como informamos en la
Ponencia, quiero decirles que el Grupo Socialista en su momento
presentará una enmienda «in voce» modificando la disposición transitoria
quinta, de forma que como muy tarde la liberalización de las
comunicaciones en Canarias será el 1.º de enero de 1998. Permítanme dos
consideraciones. Cuando hablamos de liberalización de las
telecomunicaciones o de los servicios finales de telecomunicación, a
veces queremos referirnos a la desmonopolización del servicio. Yo creo
que nadie está defendiendo, o al menos no se lo he oído expresar, un
sistema que no esté regulado por los poderes públicos, sometido al
control público, a regulación pública y simplemente lo que se está
defendiendo es una desmonopolización, que puedan actuar varios
operadores. Pero no es eso lo que dice el texto del Parlamento de
Canarias; el texto del Parlamento de Canarias no sólo dice que puedan
existir varios operadores actuando, sino que va más allá al decir que no
debe considerarse servicio público esencial.
¿Por qué no somos partidarios de liberalizar desde ahora el servicio
internacional de telecomunicaciones? Porque en el sistema tarifario
español actual, el que en estos momentos está vigente y que, como bien
conocen SS. SS., está en un proceso de modificación a medio plazo, las
tarifas internacionales están subvencionando las tarifas urbanas.
Si se produjera una desmonopolización del servicio de telefonía
internacional en Canarias se produciría automáticamente una alteración
grave en el mercado de la telecomunicación internacional en España, de
tal forma que para llamar desde cualquier punto de la península al
exterior se haría vía Canarias y, por tanto --si me permiten esta
expresión-- se destrozaría completamente el servicio internacional de
Telefónica, que está sosteniendo las tarifas urbanas; también las tarifas
urbanas que tenemos en Canarias.
Si esta ley es básicamente una ley de solidaridad del resto de España
para con Canarias yo creo que esta solidaridad no puede alcanzar niveles
de egoísmo y de insolidaridad para con el resto del territorio nacional.
No tengo duda de que sería bueno para Canarias que las comunicaciones
internacionales se liberalizaran en el sentido de que se desmonopolizaran
mañana, pero también debemos medir la consecuencia que eso tendría en el
resto del territorio nacional. Estamos obligados, en mi opinión, a
medirlo y a sopesarlo y sería grave, descompensaría completamente el
actual sistema tarifario y, por tanto, estaríamos devolviendo con
ingratitud lo que en el resto de esta ley es un acto de solidaridad y de
justicia también para con el archipiélago canario.
Por todas estas consideraciones, señor Presidente, el Grupo Parlamentario
Socialista votará en contra de todas las enmiendas que han sido
presentadas por el resto de los grupos.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo parlamentario desea consumir un segundo
turno? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Villalobos tiene la palabra.
El señor VILLALOBOS DE PAIZ: Señor Presidente, simplemente voy a hacer
algunas precisiones porque en la intervención del portavoz socialista
creo que se ha introducido un elemento de confusión en relación a cuál ha
sido nuestra postura.
Coincido y comparto con él que no son los transportes solamente la
manifestación del llamado coste de la insularidad, en definitiva, las
condiciones geográficas o el hecho económico justifica toda nuestra
especialidad fiscal desde remotas épocas históricas. No cabe la menor
duda que justamente en el transporte es donde se manifiesta de forma más
clara y patente, porque la lejanía y el aislamiento en el que vive el
archipiélago obliga a importar desde lejanos puertos el 58 por ciento de
su abastecimiento y se convierte en obstáculo a las explotaciones de sus
bienes y productos por los que tienen que pagar elevados fletes para
llegar a sus mercados de destino.
En relación al principio de continuidad territorial, ya he dicho que en
eso hemos coincidido todos los grupos, lo que ocurre es que ustedes se
quedan en el mero orden de enunciación teórica y nosotros queremos llegar
más allá. Ustedes saltan desde esa expresión del principio de continuidad
territorial a la fijación de unos porcentajes de subvención concretos y
nosotros lo que hemos dicho es que la naturaleza de la ley exige que nos
esforcemos en concretar y dar un desarrollo práctico a ese principio.
Nosotros entendemos que ese desarrollo es el que proponemos.
Hemos dicho que estamos de acuerdo --y en eso hemos coincidido todos los
grupos-- en la necesidad de introducir la liberalización en el transporte
y las comunicaciones, pero he dicho también que no nos confundamos, que
eso no es algo ocioso en la ley, pero yo considero que es redundante,
porque de alguna manera el proceso de liberalización se está
introduciendo en toda España y, por tanto, no va a ser una especialidad
de nuestro histórico régimen económico-fiscal.
En cuanto a la liberalización de las telecomunicaciones, creo que es
perfectamente separable el proceso de liberalización que se sigue para
España, y en el que nosotros como partido político podremos o no
coincidir, pero en el caso de Canarias es perfectamente separable. En
cuanto a la objeción de orden técnico que se ha puesto de manifiesto en
el sentido de que se puedan producir desviaciones de las
telecomunicaciones, sin ser técnico en la materia creo que existen
mecanismos o dispositivos para evitarlo.
Nosotros insistimos en que el factor de aislamiento y lejanía es la clave
de todo el edificio, de toda nuestra singularidad y especialidades
económico-fiscales, que se manifiesta de forma muy importante tanto en el
transporte como en las telecomunicaciones y es en esos aspectos en los
que debe incidir prioritariamente nuestra ley.
El señor PRESIDENTE: El señor Martín tiene la palabra.
El señor MARTIN MENIS: Estando de acuerdo, básicamente, con lo que ha
expresado el señor Martinón, queda claro que el concepto de insularidad y
lejanía tiene multitud de implicaciones en la actividad canaria. La
fragmentación de un archipiélago, la lejanía física y económica son los
grandes «handicaps» para un desarrollo equilibrado. En los tres Títulos
que analizamos en este primer paquete están recogidas buena parte de
aquellas cuestiones que pueden ayudar a resolverlas.
Quiero dejar muy claro que cuando hablamos de la desmonopolización de las
telecomunicaciones no estamos hablando de posiciones de insolidaridad.
Hoy ya, en estos momentos, Telefónica está ofreciendo servicios
internacionales a precios internacionales. El avance tecnológico ha sido
tan importante que empresas que se han establecido en este momento dan
servicios de llamadas dirigiendo primero con un código una llamada
internacional a Estados Unidos, que no computa, y desde allí se devuelve
la llamada a cualquier parte del mundo. La tecnología es la que está
haciendo que en este momento Telefónica tenga que estar ofreciendo
tarifas internacionales obligatoriamente a las grandes empresas que
facturan cantidades importantes.
No nos preocupa sólo el tema de los precios, que es una de las
consideraciones económicas en este coste de insularidad; nos preocupa
muchísimo el servicio, no tener competencias, no tener un segundo
operador hace que se pierdan multitud de nuevas oportunidades de
desarrollo, de nuevas actividades de negocio, de nuevas fórmulas para
acercar Canarias a sus mercados principales, que no se aprovechan porque
sólo un régimen competitivo, donde cada uno intenta ofrecer una
oportunidad más y un nuevo tipo de negocio, es capaz de darle la
dinamicidad suficiente.
Hay un ejemplo sencillo. Para Canarias su principal actividad es el
sector turismo que está, en estos momentos, en manos de grandes grupos de
intermediación de «tour» operadores. Es importante que poco a poco
vayamos teniendo clientes, turistas que consigan ir directamente a
Canarias bien por un sistema de cita «only», una reserva en avión que con
la liberalización de transportes lo tenemos, o con un sistema de contacto
suficientemente fuerte, rápido y barato para poder hacer la reserva de
hotel, los servicios que quiere, etcétera. Esa oportunidad de irnos
independizando de la intermediación, aunque sea poco a poco, la tendremos
si logramos un gran desarrollo de las telecomunicaciones, no sólo en
precio sino --recalco--, en calidad de servicio y en servicios prestados.
Sobre eso hoy día y en los próximos años, si uno deja correr la
imaginación, puede encontrar resultados tan espectaculares como queramos.
Por eso seguimos manteniendo que es fundamental desmonopolizar el
servicio de las telecomunicaciones para una ciudad y para un archipiélago
donde la lejanía se traduce al final, como digo, en un costo económico y
las telecomunicaciones son vitales para resolverlo.
El señor PRESIDENTE: El señor Martinón tiene la palabra.
El señor MARTINON CEJAS: Señor Presidente, centrándome fundamentalmente
en el tema de las telecomunicaciones, que veo es en el que más se ha
insistido, no quiero parecer pesado y omito repetir el mismo razonamiento
de antes. No hay forma técnica de evitar que se establezcan
comunicaciones internacionales desde cualquier punto de España con el
exterior, vía Canarias, salvo una, que es la subida de las tarifas
telefónicas entre Canarias y la península. No creo que nadie esté
dispuesto a aceptar ese coste; es decir, creo que no estamos a favor de
que se incrementen los costes de la tarifa telefónica entre Canarias y la
península, que como bien saben SS. SS. coincide con cualquier otra
llamada interprovincial que se pueda producir en el territorio nacional,
porque hay que mantener, y eso es obligación del Estado --el Estado está
obligado--, a través del sistema tarifario, el equilibrio financiero de
Telefónica.
Por tanto, la fórmula que se propone, que es la desmonopolización
inmediata del servicio de la telecomunicación internacional, si es que no
interpreto mal lo que se dice, eso trastocaría completamente el actual
sistema de tarifas telefónicas y, por tanto, desde nuestro grupo se ve
como un acto de manifiesta insolidaridad con el resto del territorio
nacional. ¿Sería ventajoso para Canarias? Sin duda, pero sería ventajoso
a costa de crear un grave problema en el resto del territorio nacional.
Me atrevo incluso a pedir a los grupos que están defendiendo esta
posición que, por coherencia con la solidaridad que se demuestra en el
resto de la ley, retiren su propuesta.
El señor PRESIDENTE: Concluido el debate del primer bloque, pasamos al
segundo bloque, que hace referencia al Título IV.
A este Título IV permanecen vivas enmiendas del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, del Grupo Parlamentario Popular
y del Grupo de Coalición Canaria.
Para defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya a este Título IV, el señor Ríos tiene la
palabra.
El señor RIOS MARTINEZ: La primera enmienda del Grupo Federal Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya que queda viva en orden de presentación al
antiguo artículo 13, aunque ahora en el dictamen es el artículo 23, es la
número 11, que pretende sustituir el texto del actual artículo 23 por el
siguiente:
«Régimen de imposición indirecta de los servicios de telecomunicaciones.
«Los servicios de telecomunicaciones quedarán exentos de la imposición
indirecta autonómica y/o local.»
La motivación es impedir la ausencia total de imposición indirecta para
este tipo de servicios.
La enmienda número 18 va dirigida al antiguo artículo 22. Pretende
sustituir el texto del antiguo artículo 22 por el siguiente:
«Artículo 22. Aumento del empleo y programación de la inversión pública.
«1. El Gobierno Autónomo promoverá el aumento del empleo directo e
indirecto mediante sus programas y proyectos de inversión pública.
«2. A tal efecto establecerá un sistema de preparación, evaluación y
seguimiento de la inversión pública que valore positivamente la creación
de empleo, en proyectos ambientalmente sostenibles.»
La enmienda número 19 dirigida al antiguo artículo 23 --actual artículo
25-- pretende introducir una de nuestras propuestas en todos estos
debates, que ha sido el reparto del trabajo, para que las empresas, cuya
actividad y producción se instalara en las Islas Canarias, pudiesen
obtener una bonificación del 75 por ciento de la cuota patronal de la
Seguridad Social, siempre que disminuyeran su jornada laboral en un 25
por ciento, aumentaran la plantilla al menos un 15 por ciento, o
cubrieran las plazas con parados registrados.
La enmienda número 20, al igual que todas las demás enmiendas --las
números 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28--, va dirigida a la introducción
de una filosofía que Izquierda Unida ha estado defendiendo en todos estos
debates, tanto a nivel de Estado como ahora en esta ordenación fiscal
para Canarias, que era buscar exenciones y facilitar la producción de los
fondos de inversión obligatorios en las distintas empresas, con el fin de
generar empleo en actividades económicas, sociales y medioambientalmente
útiles. Esa sería la finalidad de todo este paquete de enmiendas.
Con la enmienda número 20 pretendíamos que el antiguo artículo 21
--actual 26-- fuese modificado para que los sujetos pasivos del Impuesto
sobre Sociedades, con domicilio social en Canarias, pudieran minorar la
base imponible del mismo por un importe igual a las cantidades que,
procedentes de beneficios contables del período anterior, se destinaran a
la reserva especial denominada Reserva Especial para Inversiones
Productivas. Es decir, el objetivo que pretendía esta enmienda era
potenciar esa figura que nosotros habíamos introducido tanto en el debate
del Estado como en esta ordenación fiscal para Canarias.
Las enmiendas números 29 y 30 incorporan dos nuevos artículos que
Izquierda Unida quería aportar, dirigidos hacia la incentivación de la
inversión relacionada con la exportación, introduciendo, por tanto, que
los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades pudieran realizar
deducciones de la cuota líquida del 25 por ciento de las inversiones que
realizaran para crear o establecer sucursales permanentes fuera del
territorio del archipiélago y el 25 por ciento de los gastos satisfechos
en el extranjero para asistencia a ferias, etcétera. Esto estaría
relacionado con lo que el Icex viene realizando desde el propio Estado.
La enmienda número 30 incorpora un nuevo artículo, también dirigido a
fomentar las inversiones en investigación más desarrollo, facilitando
exenciones a las empresas que en las islas Canarias realizaran este
proceso de apuesta por la investigación y desarrollo. No va a haber
posibilidad de desarrollo futuro de un país ni, por supuesto, de
Canarias, si no se invierte en investigación y desarrollo.
La enmienda número 31 es de adición de una serie de exenciones, ayudas,
incentivos a la pequeña y mediana
empresa y a las cooperativas, a las empresas de economía social.
Proponemos un Título II que diga: «Apoyo a las pequeñas y medianas
empresas, empresas de economía social y artesanos.»
Por último, con la enmienda número 33 se pretende la supresión del Libro
V de la Ley. No sé ahora mismo su ubicación exacta en el texto de la
Ponencia. El objetivo de Izquierda Unida con estas enmiendas era
estimular la inversión, favorecer el reparto del trabajo, fomentar el
empleo y buscar incentivos hacia la comercialización o lo que significa
exportación dentro de las islas Canarias.
El señor PRESIDENTE: Señor Ríos, el Libro Quinto de la ley al que hacía
referencia ha sido suprimido en el informe de la Ponencia.
El señor RIOS MARTINEZ: Queda retirada la enmienda 33.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de las enmiendas del Grupo
Parlamentario Popular, números 47 a 59, tiene la palabra el señor
Cabrera.
El señor CABRERA PEREZ-CAMACHO: Señorías, si me permite el señor
Presidente haré una defensa global de todas nuestras enmiendas.
El régimen fiscal que se plantea por parte del Grupo Parlamentario
Popular en el contenido de todas las enmiendas parte de dos
consideraciones esenciales. La primera de ellas es la disminución
progresiva, casi práctica desaparición, del tradicional diferencial
fiscal en la imposición indirecta que por historia ha existido siempre en
Canarias. La segunda consideración es de justicia. Consiste en no
considerar defendible el que se discrimine sólo y exclusivamente en
beneficio de las rentas empresariales, olvidando los demás conceptos que
confluyen en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
El primero de los postulados o consideraciones es un hecho fácilmente
constatable en Canarias. En los últimos años se ha encontrado el
consumidor canario, tradicionalmente amparado por un régimen de
franquicia secular, con que esa defensa fiscal desaparecía; que ese
turismo, especialmente atraído por la defensa fiscal, ya no venía a
Canarias; que los productos en algunos casos salían más caros que en la
península, y en otros un poco menos. Hoy, con el IGIC en Canarias, a
pesar de los diferentes tipos en relación al IVA, el consumidor canario
ha visto cómo lo del sueño fiscal es ya una historia que pertenece más al
siglo pasado o a principios de éste que a nuestros días. En consecuencia,
creemos que es justo compensar esta progresiva desaparición de esa
defensa fiscal.
La segunda consideración decía que era de justicia. Efectivamente,
nosotros pensamos que nunca se puede defender con sentido de la justicia,
con sentido de la equidad y con un punto de mira puesto en nuestro texto
constitucional, el que solamente sean las rentas empresariales las que
obtengan beneficios fiscales, reducciones tributarias, reducciones en la
base imponible o reducciones en las cuotas tributarias, y esto es lo que
está ocurriendo.
En el texto que estamos debatiendo nos encontramos con que las únicas
rentas a las cuales se aplican beneficios fiscales es a las
empresariales. Nos estamos encontrando con que en dicho texto se olvidan
las rentas del trabajo, las rentas que están sujetas a retención y, en
consecuencia, las rentas que están más perseguidas tributariamente y a
las cuales les es casi imposible escapar, precisamente en pos de esa
retención. En cambio, aquellas que no están sujetas a retención, aquellas
que pueden tener vías libres incluso de fraude --que existe y que el
Ministerio de Hacienda no lo oculta--, es a las que beneficia el Partido
Socialista y las enmiendas que pretende aprobar.
Solamente las rentas empresariales son para ellos las que merece la pena
modificar, las que merece la pena reducir y fomentar desde el punto de
vista tributario. Eso, señor Presiente, ni es justo ni es defendible ni
el Partido Popular va a hacer una bandera de tal régimen fiscal para las
empresas canarias. Si todavía dijéramos que el sistema de incentivos
fiscales que ha introducido el Partido Socialista es coherente, podría
ser un tema sujeto a debate, pero es que ni siquiera lo es.
El Partido Socialista ha impuesto un régimen de vacaciones fiscales hasta
el año 2001 que, además de profundamente injusto, es discriminatorio y,
el tiempo lo dirá, posiblemente inconstitucional. Porque, ¿cómo se
defiende que las empresas nuevas tengan una reducción del 95 por ciento
hasta el año 2001 y, en cambio, a los empresarios que llevan cinco, diez,
quince, veinte o treinta años trabajando y partiéndose la espalda en
sacar sus empresas adelante se les diga que ellos no tienen derecho a esa
reducción? ¿Cómo se puede defender esto? Serán ellos los responsables de
defenderlo, no nosotros.
Los empresarios canarios ya han puesto el grito en el cielo cuando les
han dicho que los que monten nuevas empresas serán beneficiados por esas
reducciones. Lo que están haciendo los socialistas con estas vacaciones
fiscales hasta el año 2001 es fomentar el fraude, porque la ley, en su
actual redacción, es una técnica tributaria pésima que dará lugar a
múltiples liquidaciones de empresas, constitución de otras nuevas de
manera fraudulenta, que no podrán evitar de ningún modo. Si a la
injusticia le unimos una pésima técnica tributaria, tenemos que defender
como segunda consideración que es intolerable el planteamiento de las
vacaciones fiscales que hace el Partido Socialista hasta el año 2001.
Es obvio, por otra parte, que el planteamiento del Partido Popular tiene
que concretarse de alguna manera. Esta ha sido clara tanto en las
enmiendas particulares como en las contenidas de forma general y de texto
alternativo. Tanto la primera consideración del diferencial fiscal en la
imposición indirecta, como la no declaración de las rentas que posean de
otros conceptos en el IRPF, nosotros pretendemos compensarlas mediante lo
que ya hemos dicho y repetido: un diferencial fiscal del 20 por ciento en
la cuota de los impuestos directos. La imposición indirecta hay que
compensarla. ¿Por qué? Porque la imposición indirecta, y ese diferencial
que antes existía, grava hoy de manera regresiva a quienes menos tienen.
La imposición indirecta no distingue. La imposición indirecta, esa que
ahora ha
subido en Canarias de forma notoria, afecta mucho más a las clases menos
privilegiadas que a los que pueden disponer de dinero. Por ello nosotros
queremos que ese diferencial, que ese 20 por ciento de reducción en la
cuota, en los impuestos directos sea una medida que favorezca a todos,
que se mantenga la progresividad del impuesto, que no se diga luego que
es una medida regresiva, que no se diga tampoco por el Grupo Socialista
que es indefendible por ser un tratamiento excesivamente diferenciado.
Ellos lo introdujeron en la Ley del año 1991, que fue una ley cocinada en
el horno de la calle Ferraz, para territorios mucho más próximos a la
península que Canarias. Que no se excusen diciendo que son costumbres que
vienen del franquismo, etcétera. La Ley del IRPF de 1991 es una ley
propia de ellos.
Que no se diga en ningún caso, pues, que lo que es defendible en un 50
por ciento para Ceuta y Melilla no lo es en un 20 por ciento para
Canarias. Nosotros lo consideramos como una manera de compensar los 2.000
kilómetros de distancia, de compensar la pérdida en los impuestos
indirectos y como una manera de aplicar una justicia tributaria que ellos
hasta ahora han perdido la oportunidad de defender.
Nada más, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de las enmiendas número 127 y 128,
del Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mauricio.
El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Señor Presidente, por supuesto vamos a
invertir el menor tiempo posible. Por lo tanto, vamos a ser muy breves.
Supongo que todos los compañeros diputados me lo agradecerán.
En primer lugar, hay que decir que todo este capítulo de medidas
económicas y fiscales es un conjunto verdaderamente positivo.
Nosotros tenemos que señalar que con algún pequeño retoque este capítulo
sería muy satisfactorio para los intereses generales de Canarias.
Nosotros queremos decir también que en los Grupos de esta Cámara hemos
encontrado una especial sensibilidad para apoyar un conjunto de
propuestas e iniciativas que benefician hoy a Canarias, en el sentido de
que su aislamiento, su lejanía y su crisis económica exigen un conjunto
de medidas como el que aquí se está planteando. Están los problemas
medioambientales, la promoción comercial, la exportación, la promoción
turística, los incentivos económico-regionales, los de inversión, los de
producción, un artículo muy interesante de Formación Profesional y
medidas fiscales, cuya pieza maestra está en el artículo 27, que es la
reserva de inversiones, y que nosotros apoyamos clarísimamente.
Frente a todo este conjunto del Título IV, Capítulos I y II, medidas
económicas y fiscales, nosotros sólo tenemos dos pequeñas enmiendas, pero
que tienen un particular significado. La primera se refiere a la
necesidad de apoyo a la creación de empleo. Creo que todo el articulado
de la ley está dirigido fundamentalmente a dar respuesta a la situación
de crisis, de desempleo gravísimo que existe en Canarias, teniendo en
estos momentos el índice de desempleo registrado más alto de España. Ante
las dificultades de una población joven en unas islas que tienen una
situación gravísima de marginación, de aislamiento, es necesario
introducir un conjunto de medidas. En esa línea, nosotros estamos
dispuestos a mantener esta enmienda, o bien a transaccionarla, en el
sentido de que quede muy claro que hace falta un plan de empleo integral
para Canarias que articule y coordine un conjunto de medidas que están
dispersas en diferentes Administraciones, en la Administración central,
en la Administración canaria, en diferentes Consejerías canarias o
Ministerios de la Administración central, y que su desarticulación lo
único que produce es una falta de eficacia en los resultados y en la
inversión.
Por eso esta primera enmienda, que es la número 127, nos gustaría que
encontrara una particular sensibilidad, porque si en el artículo 24,
también de este bloque, se habla de un programa integral de formación
profesional, con más razón ese programa integral de formación profesional
debe estar coordinado con otras medidas de empleo. Todo el mundo sabe (y
el libro Delors, el libro blanco de la Comunidad Europea, lo deja muy
claro) que sólo la articulación de medidas económicas, fiscales, de
formación profesional, de incentivos a la inversión y de inversión
pública harán posible la generación de empleo. Abiertos, por tanto, a
este primer debate, pedimos encontrar fórmulas que realmente completen
este segundo bloque del REFC.
Por otra parte, en el artículo 23 se establece que hay una serie de
bonificaciones en el Impuesto sobre Sociedades para la exportación, y
aquí sólo hay una diferencia entre las propuestas que ofrecen otros
Grupos, concretamente el Grupo Socialista, y nosotros, y es la
desaparición de la pesca de altura, como uno de los sectores que deben
beneficiarse de esta bonificación.
En Canarias hasta ahora ningún grupo político ha puesto reservas a la
necesidad de que la pesca de exportación se incluya en la agricultura, la
ganadería y el sector pesquero de bajura, por lo que es lógico pensar que
esto también debería estar incluido, pero aparece la dificultad de que se
pueda crear una situación de discriminación, de atracción de flotas por
una situación de privilegio, etcétera. Por eso nosotros siempre hemos
estado abiertos a todas las cautelas, controles, mecanismos que
garanticen que, de ninguna manera, Canarias puede ser competitiva con
otras comunidades del propio Estado español. De lo que se trata sólo es
de que sea competitiva con otros países africanos o de la Comunidad
Europea. Por ello, en la enmienda decimos lo de la pesca, pero
introducimos que sólo pueden beneficiarse de estas bonificaciones los que
acrediten domicilio social en Canarias y que lleven realizando esta
actividad como mínimo tres años a la entrada en vigor de la ley y sólo en
el marco de los volúmenes tradicionales de captura. Este es un elemento
al cual nosotros le damos muchísima importancia.
Y de paso, queremos decir que el tema que han planteado algunas otras
enmiendas, como las de Izquierda Unida, que hablan de la necesidad de que
haya programas de investigación y de promoción económica, nosotros vemos
que son complementarias, incluso alguna coincidente con las presentadas
por otros Grupos, porque los
programas de investigación en Canarias son de una particular importancia.
Por eso nosotros habíamos pedido que los temas medioambientales --en un
pacto del PSOE e Izquierda Unida, en algunas enmiendas que al Grupo de
Coalición Canaria le parecen positivas-- tuvieran algún tipo de
desarrollo en alguna enmienda transaccional. La Unión Europea, el lunes
pasado, ha aprobado ya los acuerdos del IV Programa-marco de
investigación durante el período 1994-1999, que coincide con los fondos
de cohesión y los fondos estructurales. En ellos se establece que en los
primeros años del programa se potenciarán los sectores de tecnología
punta para facilitar la recuperación económica y la creación de empleo, a
lo que se van a destinar del orden de 700 millones de ecus y para el
conjunto de los programas la dotación será de 144.000 millones de
pesetas. Nosotros pensamos que la investigación tecnológica de energías
alternativas --en lo que se refiere a la desalinización del agua,
etcétera, Canarias tiene una especialidad-- debería integrarse en estos
programas y, por tanto, desarrollarse en estas enmiendas de carácter
transaccional, algunas de las cuales, concretamente las que se refieren a
investigación, promoción económica, etcétera, que han sido planteadas por
otros grupos, nosotros vamos a apoyar. En definitiva, ésta es la defensa
de la enmienda del empleo, de la pesca como sector exportador y el apoyo
claro y decidido a algunas enmiendas que creo que completan muy bien esta
parte, central y sustancial, del REFC.
Termino por donde empecé, agradeciendo a los otros grupos de la Cámara la
sensibilidad que están demostrando con un tema específico de Canarias, lo
que dada la situación verdaderamente dramática que en este momento viven
las islas hace necesario una política de Estado para la sociedad canaria,
que en definitiva entra a través del nuevo REFC, de la reforma del
Régimen Económico y Fiscal de las islas.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), tiene la palabra el señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Señor Presidente, intervengo muy brevemente para
anunciar que nuestro Grupo deseará, al final de la defensa de todas las
enmiendas, consumir un breve turno de fijación de posición. Habiendo
escuchado la intervención del representante de Coalición Canaria en la
defensa de sus enmiendas, quisiera anunciar que sería deseo de mi Grupo
formular una transaccional a la enmienda número 127. En mi intervención
posterior ya la plantearé.
El señor PRESIDENTE: Señorías, tendremos que buscar un encaje en lo
referente a la enmienda 127, porque está formulada al antiguo artículo 22
que, según el informe de la Ponencia, ha sido suprimido.
El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Señor Presidente, sobre el empleo hay un
montón de enmiendas; lo podemos incluir en cualquier sitio.
El señor HOMS I FERRET: Señor Presidente, tiene usted toda la razón. No
obstante, la 127 es una enmienda viva y, por lo tanto, a ella se le
pueden formular cuantas transaccionales se deseen. En el supuesto de que
las transaccionales fuesen aceptadas por la Comisión, esa enmienda se
incorporaría entonces al informe de la Ponencia, aun siendo verdad lo que
usted dice. El artículo inicial ha sido suprimido en el informe, pero ese
informe todavía no ha sido votado. Por consiguiente, en el trámite
parlamentario se pueden plantear esas transaccionales, aunque usted tiene
razón, es cierto.
El señor PRESIDENTE: Trataremos de buscar un encaje. (El señor Ríos
Martínez pide la palabra.)
¿Señor Ríos?
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, igual sucede con la enmienda
número 18 que yo he defendido, que se refiere al aumento del empleo y la
programación de la inversión pública, que iba dirigida al antiguo
artículo 22, que había sido suprimido. En todo caso, podríamos buscar un
camino que facilitara la inclusión de las enmiendas y de la transacción.
El señor PRESIDENTE: Rogaría que colaboraran con la Presidencia y en el
trámite hasta el final de la sesión, que es cuando se produce formalmente
la presentación de la enmienda transaccional, pudiéramos pensar, en el
caso de que la votación fuera favorable a esa enmienda transaccional,
dónde podría ser encajada, bien como un artículo nuevo que se
incorporaría al Título IV que estamos discutiendo, bien en algún otro
apartado que SS. SS. podrían sugerir a la Presidencia.
Para consumir un turno de fijación de posición, por parte del Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Padrón.
El señor PADRON DELGADO: Señor Presidente, aunque estamos en una carrera
contrarreloj, no quiero iniciar mi intervención sin hacer un...
El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Padrón. No hay prisa, no hay ninguna
contrarreloj ni ninguna cronoescalada. Estamos tranquilamente discutiendo
y S. S. puede utilizar el tiempo que considere oportuno, de acuerdo con
las normas de la Presidencia.
El señor PADRON DELGADO: ¡Mejor me lo pone, señor Presidente! Muchas
gracias, señor Presidente, por su amabilidad.
En primer lugar, quería dedicar un pequeño recuerdo a una serie de
compañeros que hoy no son diputados y que trabajaron intensamente en la
otra ley que tiene referencia con ésta. En la primavera del año 1991
intervinieron los Diputados Oscar Bergasa y Angel Luis Sánchez Bolaños,
por el Grupo Socialista, al igual que el señor Mardones, aunque en ese
caso era del Grupo Mixto, y los señores Baeza y Soriano, en la Ley de
modificación de los aspectos fiscales.
En aquel momento, durante la discusión en el Pleno, me comprometí con el
señor Baeza a que en un plazo breve vendría la ley de los aspectos
económicos, razones por las cuales en aquel momento el Grupo Popular se
oponía, si no de una manera radical, a la tramitación de la modificación
de los aspectos fiscales.
Dicho esto, señor Presidente, paso a contestar a las diferentes enmiendas
planteadas, manifestándole al representante de Izquierda Unida, señor
Ríos, que muchas de sus enmiendas, las defendidas desordenadamente en
cuanto al título, referidas a los artículos 16, 17 y 18, creo que vienen
a dar cumplida respuesta en el informe de la Ponencia, que ha recogido su
planteamiento de preocupación por la política de ahorro en el consumo
energético y del agua en el artículo 17, así como en el artículo 16.
Respecto a otros puntos defendidos también por el señor Ríos,
manifestarle que algunas de sus preocupaciones por el sector exportador o
por el apoyo a la pequeña y mediana empresa, o por la creación de unos
fondos de reserva especial de inversión productiva, se encuentran
ampliamente recogidas en las enmiendas presentadas en unos casos
conjuntamente por el Grupo Socialista y por Coalición Canaria, y en otros
casos por el propio Grupo Socialista en solitario, aunque en definitiva
van en el sentimiento o en la filosofía que el Grupo Socialista ha
dedicado a todo este proyecto de ley, que no es sino uno claro y
sencillo, señoras y señores Diputados.
Estamos muy preocupados, igual que lo están otras señorías de otras
regiones, por la situación del desempleo. En el caso de Canarias, aquí se
han dado cifras, estamos con una tasa del 25 ó 26 por ciento de
desempleo. Pero lo más grave de todo esto es que el desempleo afecta
especialmente a una población juvenil que tiene la tasa de España
--creo-- más alta de crecimiento. No quiero dramatizar en este tema
porque yo creo que todos, en una forma u otra, tenemos esta preocupación.
En este sentido, desde el primer momento, la posición del Grupo
Socialista, al redactar este proyecto de ley o al presentar las
enmiendas, era buscar la fórmula adecuada en un texto legal que
propiciara la inversión productiva en Canarias, que estableciera y
corrigiera los defectos, aquí señalados por otros Grupos, de la lejanía,
de la insularidad, de los costes, etcétera, que inciden en los factores
productivos de Canarias.
Por tanto, yo creo que lo que recoge el informe de la Ponencia, y lo que
espero que salga esta tarde de aquí, viene a dar cumplida respuesta en
este sentido a las demandas de un parte importante, la mayor parte de la
población canaria, que es estimular y favorecer todas aquellas
actividades productivas generadoras y creadoras de puestos de trabajo.
En consecuencia, rechazamos frontalmente los planteamientos que ha hecho
el Grupo Popular, porque además no se corresponden con la realidad. El
hecho es que cuando se llevó a cabo la modificación del REFC, en el año
1991, bien nos cuidamos de establecer tipos impositivos que fueran
diferenciados con los existentes en la Península. El hecho de que algunos
productos hoy cuesten lo mismo en Canarias que en la Península no es
consecuencia de la presión fiscal existente en Canarias, que es menor,
señor Pérez Camacho, sino de que el desarme arancelario producido en la
Península y la desaparición de los impuestos de compensación de
gravámenes interiores ha hecho que muchos productos pierdan una carga
fiscal que antes tenían y que ahora no tienen. Esa no es la razón. Otra
cosa es que se entienda también --y en eso el Grupo Socialista ha
presentado una enmienda-- que hay que abaratar los costes de transporte y
todos los costes que influyen en la insularidad.
Yendo al tema concreto, usted ha dicho una parte de su verdad, señor
Cabrera Pérez Camacho, porque dice: Nosotros creemos que hay que
favorecer no solamente a las rentas empresariales, sino a las rentas
personales, y para eso hacen su famosa propuesta de una disminución del
20 por ciento en la cuota del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, pero lo extiende también al Impuesto sobre Sociedades, en una
articulación bastante difícil y muy complicada, porque no lo extiende a
las sociedades que operan estrictamente en Canarias, sino a las
sucursales de las empresas que, con sede social en la península, tienen
allí una parte de su negocio, con lo cual sería un entramado tan
complicado y tan difícil que se requerirían legiones de inspectores para
determinar la parte del beneficio empresarial obtenido en esa actividad
en Canarias.
Por otra parte, usted, que nos critica esa ventaja que vamos a establecer
en el Impuesto sobre Sociedades siempre ligada a la actividad productiva,
no oculta que, en una enmienda de su Grupo, establece esa reserva. Por
tanto, usted establece el 20 por ciento en IRPF, el 20 por ciento en el
Impuesto sobre Sociedades, pero también propugna, en la enmienda al
artículo 26, el establecimiento de una reserva de inversión, con lo que
obtendrían el beneficio en caso de hacer la inversión.
Nosotros rechazamos ese planteamiento y creemos que lo que ha propuesto
el Grupo Socialista en sus enmiendas correspondientes es lo más adecuado,
porque se establece una reserva de inversiones, con la cual se puede
desgravar hasta el 90 por ciento de la inversión realmente efectuada o,
en su caso, destinada a la suscripción de deuda pública que puedan
admitir las Corporacionales Locales canarias --que necesidades tienen de
financiación--, con lo que estamos dando un estímulo a la actividad
empresarial y económica, que es la que, en el fondo, tenemos interés en
que se desarrolle, porque es la única forma que vemos de crear puestos de
trabajo.
Por otro lado --y paso a contestar al señor Mauricio, de Coalición
Canaria--, dentro de lo que son actividades productivas en Canarias, no
cabe duda de que el sector agrícola siempre ha merecido toda nuestra
atención; que incluso la modificación que se hizo del «status» que
Canarias tenía dentro de la Unión Europea es consecuencia de una defensa
a ultranza del sector agrícola; que tiene una importancia no solamente
por el montante económico que tiene repercusión en el producto interior
bruto, sino que es también un elemento cultural, de atracción turística
--que es la principal actividad en el archipiélago-- y que necesita de
esa especial protección. De ahí los esfuerzos que se hicieron en su
momento para obtener la OCM sobre el plátano y de ahí las permanentes
llamadas de atención para la
defensa del sector exportador de tomates ante la competencia de otros
países. Por tanto, debido a todo esto, se establece en una de las
disposiciones, una medida favorecedora de estos sectores exportadores,
que puede llegar hasta el 50 por ciento de los beneficios en el Impuesto
sobre Sociedades en estas actividades económicas.
Tenemos que rechazar la defensa que ha hecho del voto particular el señor
Mauricio, de Coalición Canaria. Hemos estado estudiando lo que planteaba
en su enmienda de extender este beneficio a las exportaciones de la pesca
de altura. El problema que se plantea con este tema, de difícil control y
que podría originar deslocalizaciones de empresas pesqueras, es que no
hemos podido encontrar un encaje que, de forma categórica y racional,
pudiera resolver este tema. Es un asunto del que sabemos que el Grupo de
Coalición Canaria y otros Grupos han hecho una defensa a ultranza, por lo
menos, si no aquí, en la prensa. Creemos que es de muy difícil encaje
determinar las rentas cuando se producen entradas de productos pesqueros
en fuertes cantidades, de los que una parte se queda en el territorio y
otra sale fuera, y los posibles trasvases de unas empresas que pueden no
estar radicadas en Canarias a otras radicadas en Canarias. Es difícil
hacerlo, aunque lo seguimos estudiando. No quiero decirle que no
radicalmente, pero, hasta el momento, no nos ha sido posible encontrar
una solución técnica fiscal y una solución técnica política también para
este planteamiento. Por tanto, sentimos rechazar el voto particular del
señor Mauricio en este tema.
Para finalizar, señor Presiente --no sé si ya se me ha agotado el
tiempo--, quiero decir que esta proposición de ley, que espero que sea
aprobada con el voto mayoritario de todos los aquí presentes, tiene una
serie de elementos, de subvenciones, de creación de planes específicos
para determinados sectores, incluso el de la pesca, señor Mauricio, donde
se habla de líneas de créditos especiales, de subvenciones y de planes
para la pesca en otros caladeros, que yo creo que muestran la voluntad
del Grupo Socialista, así como del resto de los grupos, de buscar
soluciones concretas, específicas y reales para potenciar sectores
económicos, para favorecer la inversión productiva en Canarias, que
tiendan, como he dicho anteriormente, al fin primordial de toda nuestra
filosofía en esta ley, que es empezar a corregir el fuerte desempleo que
existe en Canarias y que a todos nos preocupa, no sé si en el mismo
grado, pero al Grupo Socialista le preocupa mucho.
Por todas estas razones, señor Presidente, y añadiendo tan sólo que en el
artículo 17 del informe de la Ponencia no figura el título del mismo, al
igual que sucede en los demás artículos --el título que corresponde es el
de plan de ahorro energético; lo digo por si se puede efectuar la
corrección técnica--, esperamos la propuesta que ha anunciado el Grupo
Catalán (Convergència i Unió) en el tema del empleo, ya que, si dan una
solución y el Grupo de Coalición Canaria la admite, el Grupo Socialista,
aunque toda la ley va destinada al empleo, también votaría esa enmienda
transaccional.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean utilizar un breve turno de
réplica? (Pausa.)
Antes de dar la palabra a los señores portavoces de los dos Grupos que la
han solicitado, tengo que pedir disculpas al señor Ríos por cuanto que la
enmienda número 33, que ha manifestado que se retiraría, ha de mantenerla
viva porque la Presidencia se ha equivocado. No es que esté suprimida,
sino que, al hacer referencia esa enmienda 33 a la supresión del Libro V,
y puesto que en el informe definitivo de la Ponencia han desaparecido las
referencias a los libros y han sido reubicadas todas en relación con los
títulos, eso ha inducido a la Presidencia a ese error. Debe mantenerla
viva, puesto que creo que lo que S. S., en definitiva, está pidiendo es
la supresión de todo el Libro V antiguo, que es el Título V actual,
referido a la zona especial canaria, para que pueda fijar su posición en
el tercer bloque del debate.
Tiene la palabra el señor Cabrera.
El señor CABRERA PEREZ-CAMACHO: Simplemente quería hacer dos o tres
precisiones a lo dicho por mi querido amigo, el señor Padrón. El propio
exponente del Grupo Socialista ha dado la mejor prueba de que ni él mismo
se cree algunos de los planteamientos fiscales que ha hecho su partido.
No ha sido capaz de contestar a ninguna de las críticas rotundas que se
hicieron en el tema de las vacaciones fiscales, no ha mencionado para
nada la posible discriminación que implica el tratamiento de las personas
fiscales, no ha hablado para nada de su posible inconstitucionalidad y,
por supuesto, ha omitido cualquier referencia a su extensión al año 2001,
en perjuicio de las empresas ya existentes.
Por otra parte, señor Padrón, no inventamos nada nuevo en lo que es,
fiscalmente hablando, un establecimiento permanente. No solamente está
perfectamente configurado en la doctrina qué se entiende por renta
obtenida en un territorio concreto, con independencia de dónde esté el
domicilio social de la entidad; también está clarísimo lo que es un
establecimiento permanente en la doctrina, en la jurisprudencia y en la
propia legislación. Sí, señor Padrón. La ley socialista del año 1991 del
IRPF configura perfectamente qué se entiende por rendimiento obtenido en
un territorio concreto, no hay ninguna problemática al respecto; y cuando
existe problemática, por dudosa redacción o por la incapacidad del
legislador en algunos supuestos para redactar con buena técnica las
leyes, es resuelta por los tribunales, que para eso están, tanto los
tribunales a nivel ordinario como el propio Tribunal Constitucional.
Por último, cuando usted ha hablado de lo que realmente opinan de lo que
ocurre en Canarias con la fiscalidad indirecta y su innecesariedad de
compensación, créame, le oigo hablar de lo que pasa en Canarias, de lo
que siente la gente en Canarias y pienso que usted debe tener constituida
su propia zona especial, porque no es eso lo que piensa la gente en
Canarias. La gente en Canarias piensa que en Canarias es caro consumir,
es caro vivir, se acabó el sueño de estar viviendo más barato, se acabó
el sueño de no pagar impuestos al consumo, constitucional y
estatutariamente constituido. Y no le extrañe, está en vía de recurso
ante el Tribunal Constitucional el propio Real Decreto referido a la
franquicia sobre el consumo. No le
extrañe un pronunciamiento que diga que el IGIC es inconstitucional. Yo
con ello no quiero decir que mi partido propugne la abolición del IGIC en
modo alguno. Quiero decir que yo mismo tengo dudas, porque si el Estatuto
de Autonomía, en el artículo 45, dice que Canarias basa su régimen fiscal
en un régimen de franquicia aduanera sobre el consumo, no me diga usted
ahora que el IGIC no ha venido a constituir una distorsión, por lo menos
conceptualmente hablando y en la práctica cotidiana, de esa, de siempre
ya, acumulada experiencia fiscal canaria. Por tanto, tengo que pensar que
usted ya vive en su propia zona especial. El señor PRESIDENTE: Tiene la
palabra el señor Mauricio.
El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Muy brevemente, señor Presidente.
Con respecto a la propuesta que nos ha hecho el señor Homs, del Grupo de
Convergència i Unió, tengo que decir que nosotros estamos abiertos y
receptivos a esta propuesta sobre una transaccional en los temas de
empleo y la recibiremos con la mayor atención y disposición a aceptarla,
siempre y cuando responda al espíritu de las enmiendas presentadas,
aunque no exactamente a la letra. De lo que se trata es de dar respuesta
a un problema que el propio señor Padrón ha señalado.
Me parece haber oído decir al señor Padrón que nosotros hemos hecho en la
prensa, en los medios de comunicación, una defensa dura del tema de la
pesca. Lo único que yo quisiera decir al señor Padrón es que su propio
Grupo en Canarias ha estado defendiendo esta propuesta. Yo creo que en la
intervención del señor Padrón (y tengo interés en dejarlo claro en esta
pequeña réplica) no se ofrece ningún argumento, a excepción de problemas
técnicos. Ha dicho que no hay ningún argumento en contra de la necesidad
de que la pesca esté también calificada como sector exportador, junto al
sector agrícola. ¿Esto puede tener algunos problemas técnicos? Es
evidente que los puede tener. ¿Que el Grupo socialista está dispuesto a
estudiarlos? Pues que lo estudie, que lo estudie el Gobierno. Es una pena
que no lo hayamos estudiado antes, para aprobarlo hoy. Nosotros estamos
abiertos a que se realice el pertinente estudio para evitar los efectos
perniciosos que se pudieran producir, de competitividad desleal; estamos
de acuerdo en que este tipo de bonificación no puede generar ningún tipo
de competencia desleal. Por tanto, como el problema tiene solución
técnica, lo único que hace falta es un poco de tiempo y atención que
quizá no hayamos podido tener hasta ahora, para encontrar la solución,
porque siempre que haya algo que sea de fondo razonable, siempre tiene
solución técnica. Si este tema lo vamos a llevar al Senado y allí tampoco
tendremos mucho tiempo, mañana por la mañana tendremos que empezar a
estudiar las soluciones técnicas de fondo que puedan resolver un asunto
que creará una situación de discriminación con un sector en Canarias que
no está boyante, sino que está en crisis, en grave crisis. Y si está en
crisis será porque la actual situación, el actual marco fiscal no le
favorece. Y si se da a la agricultura, ¿por qué no a la pesca? Que unas
islas atlánticas tengan en crisis total su sector pesquero, cuando ha
sido una de las tradiciones, dentro de la poca actividad, no sólo de la
captura, sino de la industria canaria, en las que se ha movido la
actividad económica en el archipiélago, es de lógica suponer que, en una
situación de crisis tan grave, algo está pasando cuando, además, la
actividad pesquera es la que alimenta, en gran parte, la actividad
portuaria de Canarias, que es otro de los factores claves en que se ha
movido tradicionalmente la economía de las Islas.
Por tanto, aceptamos la voluntad de estudio que expresa el Grupo
Socialista, mantendremos, por supuesto, nuestra enmienda, que lo único
que busca es el acicate de que terminen de encontrar las soluciones
técnicas, que tenemos un Gobierno en condiciones y capaz de, si hay una
razón de fondo en el problema, encontrar las razones de forma para que
esta enmienda, totalmente justificada, sea aprobada.
El señor PRESIDENTE: Por último, el señor Padrón, muy brevemente.
El señor PADRON DELGADO: Muy brevemente, señor Presidente, para contestar
al señor Pérez-Camacho y al señor Mauricio.
El señor PRESIDENTE: Señor Padrón, es el señor Cabrera.
El señor PADRON DELGADO: ¿Qué dije yo, perdón?
El señor PRESIDENTE: Pérez-Camacho.
El señor PADRON DELGADO: Es que Pérez-Camacho es el segundo apellido.
Señor Cabrera Pérez-Camacho, corrijo. (Risas.)
Señor Cabrera Pérez-Camacho (Risas.), sabe que las vacaciones fiscales en
la Ley que acompaña a los Presupuestos para 1994 se establecen a nivel
estatal, y lo que hace esta ley específica para Canarias es extender el
plazo de poder acogerse a esa ventaja, ya establecida a nivel estatal, en
Canarias. Por tanto, yo creo que aquí no hay una discriminación, puesto
que las empresas ya existentes tienen y van a seguir teniendo a través de
esta ley una serie de posibilidades de acogerse a unos beneficios de
hasta el 90 por ciento.
La nueva empresa no cabe duda de que necesita un estímulo aún mayor,
porque tiene que hacer un desembolso determinado y, además, lo establece
la ley; tiene que tener la decisión empresarial de ejercer una cierta
actividad económica garantizada, hasta un cierto tiempo, bien es verdad
que siete años más que lo establecido a nivel estatal. En consecuencia,
discriminación ninguna; discriminación positiva al estímulo, a la
creación de actividades económicas para la creación de empleo. No
entiendo cómo S. S. pone en duda la posible constitucionalidad de la ley.
Usted habla de una exención del 20 por ciento. En caso de aceptar su
propuesta tendríamos que retirar la nuestra. Nosotros creemos que la
propuesta efectuada por el Grupo
Socialista, junto con Coalición Canaria, en este tema, es más estimulante
y establece una ventaja de difícil cálculo, económico incluso, con
perjuicio de los ingresos estatales en el Impuesto de Sociedades. Es un
sacrificio que hace el Estado para compensar y estimular la creación de
empleo en el archipiélago, que llega hasta el 90 por ciento, señor
Cabrera Pérez-Camacho, y es mucho más estimulante que una simple
reducción del 20 por ciento, aunque es verdad que usted lo extiende al
consumidor. Pero a mí me parece que ahora mismo lo que más interesa en
Canarias, más que beneficiar al consumidor, es estimular y crear puestos
de trabajo.
Yo creo que por ahí debería estar también el interés preferente suyo,
puesto que, desgraciadamente, no hay fórmulas hoy en día para recaudar si
no es a través de la imposición directa y la indirecta. Usted, incluso,
ha criticado la imposición indirecta; la imposición indirecta establecida
en Canarias sabe que se queda allí íntegramente y que va para las
corporaciones locales que tienen necesidad de financiación. No podemos
tampoco ser insolidarios --antes lo decía el señor Martinón y ponía un
ejemplo--, como sería suprimir la imposición indirecta, y decir: la
imposición indirecta que se pague en península y de esa imposición
indirecta que pagan todos los consumidores en península una parte vaya,
que ya está yendo, pero que vaya la totalidad de los recursos de los
ayuntamientos canarios a través de esa imposición indirecta. Eso sí sería
un verdadero acto de insolidaridad y, desde el punto de vista socialista,
nosotros lo rechazamos rotundamente, aunque esto suponga un cierto
encarecimiento.
Por otra parte, Canarias nunca tuvo una franquicia total. En la Ley
30/1972, que se derogó por las aprobaciones anteriores, existía el
arbitrio a la entrada de mercancías, existía el arbitrio sobre el lujo.
Por tanto, en este tema comprenderá que no le dé la razón.
El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señor Padrón.
El señor PADRON DELGADO: Concluyo, señor Presidente.
En el tema de la pesca, quiero decir al señor Mauricio que las empresas
pesqueras se pueden acoger a la reserva de inversiones. Según los
estudios realizados por el Grupo Socialista, es precisamente un sector
que permanentemente necesita realizar inversiones, los avituallamientos
de las artes habituales en la pesca, reparaciones, etcétera; son
inversiones que van a tener la correspondiente desgravación. Si no
efectúan la inversión, porque un año no la necesitan, pueden acogerse
también a la suscripción de deuda pública y, por tanto, estar recibiendo
una rentabilidad por la suscripción de la deuda pública y, al mismo
tiempo, no pagar la parte correspondiente del Impuesto de Sociedades.
Por todas estas razones, y a pesar de que he dicho que lo seguimos
estudiando, vemos un difícil encaje del planteamiento que ha formulado el
señor Mauricio en esta ley.
El señor PRESIDENTE: Concluido este bloque segundo, pasamos al tercero
que hace referencia a los Título V, VI y VII, y disposiciones
adicionales, transitorias, derogatorias y finales.
A este bloque tiene presentadas enmiendas el Grupo Parlamentario
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, las número 33 y 34.
Tiene la palabra el señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Muy brevemente, señor Presidente.
La enmienda 33 ya la he explicado antes. Voy a explicar la 34, que hace
referencia a la disposición transitoria tercera, donde se plantea una
autorización al Gobierno autónomo de Canarias para, en el marco de LOFCA,
durante un período máximo de diez años, establecer un recargo de hasta el
diez por ciento sobre las cuotas líquidas, tanto del Impuesto de
Sociedades como del IRPF. Lo que nosotros proponemos suprimir no es eso,
sino el apartado tercero, que dice: El producto de ese recargo deberá ser
obligatoriamente destinado a la financiación de carreteras. Creemos que
debe destinarse a todo tipo de inversión productiva y no sólo a
carreteras. Por eso pedimos la supresión del punto tres de esta
disposición transitoria tercera.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de las enmiendas 60 a 126, del Grupo
Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Cabrera Pérez-Camacho.
El señor CABRERA PEREZ-CAMACHO: Simplemente unas palabras ya que, dado el
contenido de las enmiendas, se puede imaginar la Presidencia que no vamos
a dedicar mucho tiempo al tema de la zona ZEC.
La filosofía de nuestro Grupo en el Título V es la desconfianza profunda
hacia la zona ZEC, tal como está configurada. Pensamos que el Título V de
la ley, la Zona Especial Canaria, puede ser la frustración más grande que
contenga la nueva ley de Régimen Económico y Fiscal. Por lo que ocupa en
el articulado de la ley, es la más larga, puede pensar el ingenuo que lee
la ley en el momento en que sale de las Cámaras que su trascendencia
económica y el beneficio que va a producir en la economía canaria puede
ser importante. Nosotros pensamos que no, que la zona ZEC se va a quedar
en un mero proyecto. Entendemos que han quitado importantes reducciones
fiscales que venían del Parlamento de Canarias, como el tema de las
entidades bancarias y los consiguientes créditos que tenían
bonificaciones fiscales. Por todo ello creemos que la zona ZEC va a
constituir la parte más endeble, la menos sólida y, a lo mejor, la «non
nata» del REF canario. Su aplicación práctica va a ser mínima, y que
dentro de unos años, cuando se haga el nuevo REF, habrá que reconducir
totalmente la Zona Especial Canaria o incluso suprimirla. O se extienden
los beneficios de la Zona Especial Canaria a toda Canarias y se suprime
gran parte de los principios de esta entidad que se contienen en la misma
o la zona ZEC, pensamos, tristemente, no va a servir para mucho.
También quiero hacer una llamada de atención en cuanto a algo que ya
comentamos en la ponencia y que el
Partido Socialista no ha admitido. Por propia iniciativa del Partido
Socialista, incluso de Coalición Canaria, además del Partido Popular, se
ha establecido un régimen favorable a las comunidades de agua canarias,
régimen que consiste en que se considera gravable el régimen de aguas en
cuanto a los beneficios que se obtengan por parte de los otros comuneros,
pero nunca las comunidades. Hubiese sido un gesto que corregiría una
equivocación haber considerado también un hecho imponible exento las
entidades de prospección y de perforación de las galerías. Tengan en
cuenta que el Estado jamás se ha gastado un duro en las comunidades de
agua. En Canarias no tenemos ríos, en Canarias no tenemos lagos, el agua
procede en un 90 por ciento de lo que se extrae de las galerías y de los
pozos canarios. Esta actividad, que es ancestral, que lleva más de tres
siglos practicándose, se ha hecho siempre por la iniciativa privada, se
ha hecho siempre por el particular, por el que ha perforado su galería o
ha excavado su pozo. Las administraciones, ni la autonómica ni la
central, han incentivado de manera alguna las galerías canarias.
Solamente una ley del año 1956 intentó, de alguna manera, promocionarlas,
pero ya debemos considerarla una ley obsoleta por el tiempo en que fue
publicada. Reconozco que se ha hecho un esfuerzo, pero deben reconocer
ustedes que hubiese sido mucho más deseable completar ese régimen fiscal
haciendo a las comunidades de aguas unos entes --porque lo son por la ley
de 1956-- especialmente protegidos, ya que, hasta ahora, jamás lo han
sido.
El señor VILLALOBOS DE PAIZ: Querría hacer una defensa, aunque sea en
términos muy breves, de las enmiendas números 103 a 119 y de la 122, si
es que estamos en el tiempo que nos ha asignado a nuestro Grupo.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Villalobos.
El señor VILLALOBOS DE PAIZ: Con toda la brevedad posible.
Nosotros hemos presentado unas enmiendas que creo que tienen una
importancia considerable. Por un lado, unas de adición, por las cuales se
crea un Registro especial de empresas marítimas. Por otro, introducimos
una disposición adicional instando al Gobierno para que trate de hacer
efectivas las especialidades canarias en su integración en la Comunidad
Europea.
Es innecesario resaltar la importancia que para Canarias tienen sus
puertos. Todo lo que es la especialidad y el régimen económico y fiscal
de Canarias debe, de alguna manera, considerarse desde la óptica de su
condición geográfica, de sus circunstancias geográficas. No cabe la menor
duda de que la insularidad marca una importancia extraordinaria respecto
a sus puertos. Por los puertos y aeropuertos de Canarias tienen que
entrar, es paso obligatorio, todas las mercancías con las que se
abastece, que, dada su pequeña dimensión, representan una parte
importante de su producto regional --es el 58 por ciento--, y por sus
puertos y aeropuertos deben salir las mercancías hacia sus mercados
exteriores. Es evidente que unos puertos ágiles, eficaces y baratos son
una condición «sine que non», un requisito imprescindible para rebajar
los llamados costes de insularidad y para hacer posible la competitividad
de sus exportaciones. Esta es la razón por la que nuestro Grupo ha
presentado estas enmiendas y ha creado el Registro de empresas marítimas.
Se trata de introducir un principio de libre concurrencia que haga
eficaces y baratos los servicios portuarios y establecer una serie de
ventajas y de beneficios a las empresas vinculadas con la operativa y la
actividad de los puertos a efectos de rebajar sus costes. Empresas que
pueden ser consignatarias, navieras, de remolque marítimo, como son las
empresas prestadoras de los equipos de grúa y manipulación de mercancías,
como pueden ser las de pertrechos y avituallamiento de buques, como
pueden ser las de reparación naval.
A todas estas empresas nuestra propuesta pretende otorgarles una serie de
beneficios en el orden, por ejemplo, de una reducción de la cuota de
cotización a la Seguridad Social, que puede ser del 50 o del 25 por
ciento, según que la plantilla de trabajadores sea fija o temporal, que
puede ser también una exención, bien total o parcial, del Impuesto
General Indirecto Canario. También, y de forma importante, una
bonificación en la aplicación de las tarifas por el uso de las
instalaciones portuarias que establezca el Ministerio de Obras Públicas.
En este punto tenemos que decir que nosotros rechazamos --porque lo
consideramos inadecuado-- el condicionamiento que impone el texto de la
Ponencia, en el sentido de que esa bonificación de las tarifas portuarias
debe estar sujeta a los objetivos de rentabilidad de autofinanciación que
se fijen para el conjunto de los puertos nacionales. Entendemos que para
Canarias los puertos significan mucho más que lo que puedan significar,
lógicamente, para una región peninsular.
Dicho esto, quisiera hacer unas breves consideraciones respecto al
Registro especial de buques. Nosotros aceptamos básicamente el texto de
la proposición de ley que remite el Parlamento de Canarias, pero
rechazamos todas las enmiendas que se han incorporado, vía acuerdo, entre
Coalición Canaria y el Grupo Socialista, al texto de la Ponencia. Creemos
que es un gravísimo error limitar el Registro de las empresas navieras y
de los buques a lo que se llama la navegación exterior y la navegación
extranacional, en definitiva, a la navegación que cubre la línea entre
dos puertos extranjeros. No es eso. Los beneficios que Canarias requiere
son, justamente, incentivar y facilitar las líneas de navegación que
enlazan Canarias --son las de cabotaje-- entre las islas, entre el
archipiélago y la península y otros puertos del resto del mundo.
Nosotros no lo rechazamos, pero no cabe, desde luego, poner el énfasis,
como hace la proposición de ley, en la navegación exterior y
extranacional. A lo único que eso va a dar lugar es a que se establezcan
ficticiamente unas empresas que no van a ser operativas, que no van a
tener su gestión, que van a cubrir unas líneas de Hong Kong a Honolulú,
que no se pertrechan en los puertos canarios, que no se abastecen en
ellos, que no enrolan a su tripulación allí; en definitiva que no generan
riqueza ni creación de empleo en Canarias, ni facilitan, de alguna
manera, lo que
es la motivación de todo régimen especial de Canarias, que es justamente
la superación de su insularidad y su lejanía.
Muy brevemente también, quisiera hablar de nuestra enmienda 122 en
relación a las especialidades de la integración de Canarias en la
Comunidad Económica Europea.
La libertad de comercio exterior y la franquicia aduanera han sido el
elemento caracterizador por antonomasia del «status» especial canario,
que dio incluso nombre a su régimen: el régimen de puerto franco, debido
a un insigne estadista, Bravo Murillo, en 1852. El régimen de puerto
franco o la franquicia aduanera y de libertad de comercio es la
plasmación histórica más clara, el mecanismo más eficaz de compensación
de esos costes de insularidad, de esas desventajas geoeconómicas de
situación. Naturalmente, a través de las franquicias aduaneras los
canarios podían paliar el sobrecoste de sus abastecimientos exteriores,
pudiendo comprar en los mercados internacionales en las condiciones más
baratas que les fuera posible y, además, sin necesidad de pagar ningún
tipo de arancel aduanero.
Pues bien, la integración de España en la Comunidad Económica Europea ha
supuesto la quiebra de ese régimen de franquicias aduaneras; Canarias ha
entrado, de alguna manera, dentro del territorio aduanero comunitario y,
por tanto, se aplica a las importaciones procedentes de terceros países
el arancel aduanero comunitario.
Bien es verdad que, afortunadamente, a través del Reglamento 1.911/91, de
la CEE, que regula la aplicación del derecho comunitario a las Islas
Canarias, al desarrollo de una decisión del Consejo, llamada Poseican,
Programa de Opciones Específicas para la Insularidad y Lejanía de las
Islas Canarias, así como a través de una serie de reglamentos que regulan
el REA, Régimen Específico de Abastecimiento, se abren unas
especialidades y unas excepciones a la integración de Canarias en el
Mercado Común. Pero estas especialidades y estas excepciones tienen un
carácter provisional, temporal. El mismo preámbulo del Poseican dice que
las medidas podrán tener un carácter temporal que podrá de alguna manera
vincularse al proceso de integración, al proceso transitorio o, por el
contrario, podrán prolongarse en función de los condicionamientos de
carácter permanente.
Eso es lo que a nosotros nos ha llevado --termino brevemente-- a proponer
esa enmienda, que pretende incluir una disposición adicional nueva, por
la cual se imparte un mandato al Gobierno para que haga valer ante las
instancias comunitarias esas especialidades que están recogidas, como he
dicho, en el Poseican y en el REA y que --brevemente-- no consisten nada
más que en la libertad de importación, sin sujetarse al pago de derechos
arancelarios, de aquellos productos agrícolas procedentes de terceros
países que se consideren esenciales para el abastecimiento del
archipiélago o de aquellos productos manufacturados que se consideren
sensibles para los sectores productivos o para el abastecimiento final.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de las enmiendas 129 a 133, del
Grupo Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mauricio.
El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Pido, como siempre, disculpas a mis
compañeros de la Comisión por la hora y por lo cansados que deben estar
los señores Diputados después de una sesión tan larga...
El señor PRESIDENTE: No se preocupe, señor Mauricio, todavía son las ocho
en Canarias. (Risas.)
El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Está bien, pero yo estoy animando a los
compañeros a ver si alguno de los del Grupo de la mayoría se dan cuenta
de que son las nueve en hora peninsular, se van y así ganemos la votación
posterior. Me lo está estropeando, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: ¿Sabe, señor Mauricio, que tiene ocho minutos para
defender sus enmiendas?
El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Tengo menos tiempo, pero supongo que lo de
las ocho en Canarias queda fuera del cómputo de mi tiempo.
Voy a ser muy breve. La visión que nosotros tenemos de todo este debate
y, por tanto, de las enmiendas que ahora presentamos a este bloque
tercero, es que el bloque central del texto del proyecto de ley que se
trae hoy aquí es bueno, pero que con unas cuantas reparaciones y algunas
enmiendas y correcciones puede quedar bastante mejor.
En esta dirección, nosotros damos mucha importancia a dos enmiendas que
hemos presentado y que completan, por así decirlo, el marco fiscal. No
estamos planteando comparación con ningún sistema fiscal continental.
Todo el espíritu de la ley se basa en que en la economía mundial de hoy
(no la de 1852, cuando la Ley de puertos francos canarios, sino en la de
hoy), en un proceso de globalización, los espacios continentales tienen
unas ventajas comparativas que los espacios insulares no tienen, sobre
todo cuando están a mil kilómetros de ese continente.
Nosotros ofrecemos un marco fiscal, porque aunque ya hay avances
importantes en la ley, creo que hace falta completarla, sobre todo para
la pequeña empresa canaria. De ahí la importancia de esta enmienda que
nosotros presentamos a la disposición adicional que hace que no sea
comparativamente gravosa, en cuanto a los estímulos fiscales, para la
empresa de nueva creación.
Estamos hablando fundamentalmente de la empresa de menos de 30
trabajadores, y nuestras enmiendas, además, condicionan la bonificación
fiscal al mantenimiento de empleo, que es una forma de garantizar
precisamente el espíritu de economía social y el espíritu de no
establecer privilegios para ningún empresario, que únicamente supondrían
beneficios para evadir capital de las islas y no para invertirlo allí. En
esa dirección van nuestras dos disposiciones adicionales nuevas, que creo
que mejoran, insisto, el marco fiscal.
También presentamos una enmienda relativa a esa preocupación que ha
expresado el Grupo Popular sobre la zona especial canaria, y unas
exenciones que por el principio de estanqueidad nosotros consideramos
importante introducir para dar viabilidad a esta zona económica.
Una enmienda importantísima que en Canarias tiene hoy día un consenso
enorme es la que se refiere a la mejora de la financiación de las
corporaciones locales canarias.
El Parlamento de Canarias, por acuerdo no en esta ley, sino
anteriormente, ha pedido sistemáticamente, con el apoyo de todos los
grupos políticos de Canarias, la equiparación de las corporaciones
locales insulares a las del resto del Estado.
Se dice con razón desde el Estado, en la negociación de este asunto, que
Canarias tiene cedida --lo acaba de decir el señor Padrón y lo repite con
frecuencia-- la imposición indirecta por todo ese marco fiscal propio que
tenemos desde hace siglos y que estaba en el anterior régimen
económico-fiscal, que precisamente ahora es el que estamos reformando.
Nuestra propuesta tiene perfecta solución si recogemos las palabras tal
como se dicen aquí y tal como se dicen constantemente desde el Gobierno.
Se dice que si tenemos cedida la imposición indirecta --el Estado sigue
recibiendo la imposición directa--, que las corporaciones locales
canarias participen en el porcentaje de la imposición directa y no de la
indirecta. Ese es el argumento que se expone. Nosotros lo aceptamos, y
siendo consecuentes con él lo único que decimos es que como de la
imposición indirecta hay todavía una compensación de Canarias al Estado
--en esta misma ley ya se cede un 50 por ciento para la inversión en
infraestructuras--, simplemente se ceda el otro 50 por ciento de esa
imposición indirecta de compensación al Estado, que no sabemos qué le
compensamos, porque después nos lo quitan en la financiación de las
corporaciones canarias. Precisamente por esa misma línea las
corporaciones locales canarias deben conseguir una equiparación, que
nosotros incluso estaríamos dispuestos a que fuera gradual. Pero a lo que
no estamos dispuestos es a aplazarla indefinidamente, porque hay una
reciente sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso de
la Audiencia Nacional que ya abre vía para la discusión de este asunto.
En la asamblea reciente de todas las corporaciones locales de España, la
asamblea de la FEMP celebrada en La Coruña, se ha aprobado por razón de
justicia esta propuesta. Si lo han aprobado todos los grupos
parlamentarios canarios; si en Canarias nadie se atrevería, por razones
de lógica, de coherencia y de justicia a enfrentarse a esta propuesta; si
todos los ayuntamientos españoles la acaban de apoyar en la asamblea de
La Coruña y la aprobaron antes en la asamblea de Zaragoza y antes aún en
la asamblea de Valencia y como siempre se dice que esto hay que
resolverlo, por qué no aprobar esta enmienda y dejar cerrado ya lo que
sería un magnífico REF, una mejora del proyecto de ley de Régimen
Económico y Fiscal canario, con lo cual Canarias se articularía, porque
históricamente --y con esto termino, señor Presidente-- no se ha hecho a
lo largo de sus cinco siglos de historia moderna, porque Canarias no
tiene otra historia, desgraciadamente, le pasa como a los países
latinoamericanos, que accedió a la historia moderna en el siglo V.
Nosotros, en nuestros cinco siglos de historia, hemos tenido cuatro o
cinco momentos en que el espacio continental del Estado español y ahora
más, de integración en el Espacio Económico Europeo, la articulación de
Canarias ha quedado mal hecha y ha necesitado de un proceso de ajuste,
que son nuestras leyes especiales.
Ahora estamos en uno de esos momentos históricos y necesitamos esa
integración, porque es preciso ser parte del Estado español y del
proyecto europeo, eso es clarísimo. No hay en Canarias ningún tipo de
nacionalismo coherente, racional que no vea el mundo no sólo desde el
marco chiquitito de Canarias, sino que lo vea en su proyección
internacional como ciudadanos de España, ciudadanos de Europa y
ciudadanos del planeta. En ese marco están este conjunto de medidas que
se proponen.
Por tanto, nosotros defendemos estas enmiendas, pero al mismo tiempo
queremos decir --porque estamos abiertos y somos flexibles no sólo a ver
nuestros razonamientos sino a intentar que esta ley salga por el máximo
consenso posible de todos los grupos parlamentarios-- que aquí hay
enmiendas propuestas por el Grupo Popular, como las que se refieren al
tema de los heredamientos, de las empresas del agua, las que se hacen de
la incorporación del Poseican, que es una garantía que ha ganado
Canarias, como opción específica de una región alejada del continente
europeo, y lo que queremos decir aquí, repito, es que lo que estamos
planteando en esta ley, los europeos nos lo han reconocido con el famoso
Poseican y con el Estatuto Especial de Canarias en la integración
europea.
En esa misma línea, esas enmiendas presentadas por el Grupo Popular, y
las que antes presentó Izquierda Unida, que es todo lo relativo a los
incentivos a la producción, las mejoras económicas, la investigación,
etcétera, completarían una magnífica ley, en nuestra opinión, que sería
un motivo de júbilo y de fiesta mañana en Canarias si se aprobaran.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Trujillo.
El señor TRUJILLO ORAMAS: Esperemos que ese deseo de que esta ley sea
jubilosa para todos los canarios y para todos los españoles lo
consigamos, pero sin lugar a dudas probablemente el camino para ello será
bastante diferente en alguna de las propuestas que hemos escuchado en
estos momentos.
Por seguir un poco el orden de lo que han sido las distintas
intervenciones en las enmiendas de los diferentes grupos, con respecto al
Grupo Popular, que presenta una batería de enmiendas desde la 60 hasta la
110, referentes a la Zona Especial Canaria, quiero decirles lo siguiente.
Plantean un modelo que fundamentalmente de lo que trata es de eliminar
esa Zona Especial Canaria y un cuadro de medidas que son las cuentas
exentas en divisas y el régimen especial de inversiones extranjeras en
Canarias. Es difícil comparar ambos modelos, el de la zona «off-shore»
con este que plantea el Grupo Popular, pero he de decirles a SS. SS. que
la zona «off-shore» lo que pretende es facilitar la instalación de
empresas comerciales financieras e industriales en Canarias, y cuya
actividad estaría destinada principalmente a relaciones con los no
resientes, para lo que se concede las ventajas fiscales que contiene el
texto.
Por tanto, lo que se busca es potenciar la economía productiva.
El esquema que presenta el Grupo Popular se limita a determinadas mejoras
en la legislación sobre fiscalidad de las cuentas corrientes de no
residentes y de las inversiones extranjeras, como he señalado.
Respecto a la primera propuesta, no se acaba de ver cuál es el objetivo
de la misma. Lo único que permitiría sería que los no residentes
depositasen sus fondos en bancos domicialiados en Canarias, y eso tiene
poco que ver con lo que es la actividad productiva. Pero además
tendríamos que tener en cuenta que si un no residente deseara invertir en
una empresa o en un proyecto radicado en Canarias, debería realizar todos
los trámites de transacciones exteriores y estaría sometido a la
regulación fiscal, como cualquier residente. Frente a ello, el proyecto
socialista, como SS. SS. comprenderán, es mucho más avanzado.
Respecto al régimen especial de inversiones extranjeras en Canarias,
apenas supone una ventaja, porque da la impresión que pretende agilizar
el funcionamiento de uno de los organismos administrativos que ahora
tienen un mejor funcionamiento, como es la Dirección General de
Transacciones Exteriores. Por tanto, el planteamiento que hace el Partido
Popular al ofertar este esquema frente al de la zona especial canaria nos
parece pírrico en sus objetivos y mucho menos ambicioso que el que
estamos planteando en el texto.
Referente a sus enmiendas relativas al establecimiento del registro de
empresas marítimas, convendría señalar lo siguiente. En el esquema que ha
planteado el representante del Partido Popular hace especial mención a
compaginar este registro con el Registro especial de buques, incluso
lamentándose de que se hayan producido correcciones respecto del texto de
la proposición de ley del Parlamento de Canarias. Afortunadamente,
señoría, el texto de la proposición de ley del Parlamento de Canarias ha
sido corregido, porque, si no, hubiese producido efectos poco deseados
por los distintos grupos que tenemos un planteamiento claro en relación a
la situación de la Marina Mercante y de nuestros propios marinos. Usted
plantea que se debe abrir a todo tipo de navegaciones, y precisamente lo
que hacemos nosotros es que, sin que se tenga que modificar la
disposición adicional decimoquinta de la Ley de Puertos respecto al tipo
de buques y navegaciones, concedemos una serie de exenciones y
bonificaciones que hacemos extensibles al cabotaje entre isla y entre
islas y Península. Por tanto, aquellos beneficios que deben trasladarse
como clara disminución de los fletes, se pueden producir de una manera
directa y sin efectos indeseados en la internacionalización de las
tripulaciones de los buques.
Ahondando en esa propuesta novedosa que incorpora al registro especial de
buques --que es el denominado registro de empresas marítimas--, quiero
señalar lo siguiente. Con independencia de algunas de las propuestas
concretas, como el pago de inactividad con cargo a las sociedades
estatales y no a las estibadoras, volviendo a la situación de la vieja
OTP pero con algunas ventajas de bonificaciones a la Seguridad Social o
lo que significa establecer disminuciones tarifarias que ya se contemplan
en la propia Ley de Puertos, parece evidente que para conseguir ese
objetivo que S. S. señala es mucho más claro, contundente y racional el
planteamiento o la estrategia que el Gobierno socialista está llevando a
cabo en los puertos y aeropuertos, y que se refleja de una manera clara
en la disminución de los costes de las distintas actividades que se
realizan en ambos espacios portuarios y aéreos. Por tanto, quiero decirle
--sin extenderme mucho-- que su propuesta lo único que incorpora son más
beneficios fiscales todavía a un régimen de empresas, incluso a algunas
en las que difícilmente podríamos separar cuál es o no su actividad con
relación a la actividad portuaria, como puede ocurrir con los
provisionistas de buques.
Han hecho especial mención a las comunidades de agua y heredamiento. El
esquema que hemos planteado es el de exenciones en el IRPF y en el
Impuesto de Sociedades. Para nosotros ello conlleva un trato bastante
favorable para dichas comunidades, y lo que SS. SS. plantean, entre otras
cosas, es ampliar esas exenciones en impuestos, como por ejemplo el de
Actividades Económicas. Nosotros pensamos que la extracción tiene que
estar gravada de alguna manera, y no nos parece conveniente modificar un
impuesto cuyo rendimiento va dirigido a las propias corporaciones
locales.
Respecto a la enmienda presentada a la disposición adicional que hace
mención al «status» comunitario, tanto desde el punto de vista político
como desde el punto de vista jurídico, parece muy poco sólido que
nosotros pretendamos, en una ley elaborada en el Parlamento de las Cortes
Generales, establecer lo que debe ser el «status» comunitario de
Canarias.
Pero con independencia de ese razonamiento, creo entender la pretensión
de S. S. en un doble aspecto. Por una parte, comprometer al Gobierno a
que vele por los intereses de Canarias en cualquier relación con un
organismo supranacional --les recuerdo a SS. SS. que ese precepto lo
recoge el propio Estatuto de Autonomía y, por tanto, no hace falta
insistir en ello-- y, por otra, consagra una foto fija en el «status»
comunitario de la Comunidad Autónoma que creo que no es deseable para
Canarias. Imagínense SS. SS. si estuviésemos discutiendo esta ley hace
pocos años, cuando Canarias gozaba de otro régimen de adhesión especial a
la Comunidad Europea, y hubiésemos pretendido en esta ley fijar aquel
«status» que teníamos. No parece conveniente ni adecuado --y eso no
significa que no estemos contentos con el actual «status»-- fijarlo en
una ley, sobre todo cuando hay un dinamismo importante en las relaciones
del mundo económico.
Quisiera señalar, señor Presidente, que con respecto al artículo 72.2,
que regula el registro de buques, mi Grupo tiene intención de presentar
una enmienda de corrección técnica, por cuanto no recoge exactamente lo
que pretendíamos en la enmienda presentada, y además tiene algunos
errores al referirse a los distintos artículos de las bonificaciones
fiscales a los que hace mención.
Respecto a las enmiendas presentadas por Coalición Canaria, y por empezar
por la número 129, quiero señalar lo siguiente. Ha manifestado usted,
señor Mauricio, que este grupo de enmiendas lo que viene es a completar o
a
reparar la batería de bonificaciones y exenciones fiscales que hemos
tratado en el título anterior. Creo que usted no hace una afirmación
correcta cuando realiza esta aseveración. Lo que ustedes plantean con
estas enmiendas es un sobrecargo importante, incluso llegando en algunos
casos --no lo han llegado a medir-- a beneficios fiscales sobre
beneficios fiscales.
La enmienda número 129, que plantea las exenciones con relación a los
incrementos de patrimonio que se pudieran producir como consecuencia de
enajenación de activos entre residentes y no residentes de la zec lo que
viene a significar en la práctica es quitar la obligatoriedad de la
reinversión del incremento patrimonial que establece la actual Ley del
Impuesto sobre Sociedades. Si usted, y me lo creo, está porque esta ley
busque como fin el promocionar el desarrollo de Canarias, no creo que su
intención sea establecer un beneficio a cambio de que no sea reinvertido
tal y como está actualmente. Se establecen los casos en los que se puedan
realizar operaciones con residentes, evidentemente las deseables, y en
este caso, como le digo, se obliga, con la Ley del Impuesto de Sociedades
a que esos incrementos patrimoniales sean reinvertidos. Ustedes, en su
enmienda, lo único que dicen es que se convierta en un beneficio para la
persona que lo tiene, sin ningún otro compromiso.
En la enmienda número 131, que tiene que ver con lo que popularmente se
ha venido a denominar en la Ley de Acompañamiento a la Ley de
Presupuestos de 1994, las vacaciones fiscales, vuelven a plantear, dentro
de esa redundancia de cascada de incremento de beneficio, que a la
prolongación de la temporalidad de dichas vacaciones fiscales para el
territorio canario, que es lo que hace la enmienda que ha presentado el
Partido Socialista, estos beneficios del 95 por ciento en el Impuesto de
Sociedades se trasladen a cualquier tipo de empresa, en este caso
señalando unos límites de empresas pequeñas, etcétera. Parece que se
olvida, como decía, que en el título anterior hemos estado discutiendo
incentivos concretos, incentivos económicos regionales donde se priman
las pymes; incentivos a la producción donde se priman también las pymes,
incluso olvidando los propios incentivos para este tipo de empresas que
tiene esa Ley de Acompañamiento a la Ley de Presupuestos del año 1994, o
incluso determinadas medidas adoptadas también para este tipo de
empresas, que son muy oportunas y que están contenidas en las propias
leyes que conforman la reforma laboral. Por tanto, esta cascada de
sobreexceso de beneficios y bonificaciones fiscales sin medición alguna
nos parece un auténtico despropósito, al menos con lo que hasta ahora
hemos ido manteniendo y el objetivo que estamos persiguiendo.
La enmienda siguiente, que va en esta línea de cascada de beneficios, la
número 132, plantea distintas cuestiones. Por una parte, la libertad de
amortización, así como la aceleración de la misma. Se supone que el
objetivo de estas dos medidas es estimular la inversión. Parece que está
claramente conseguido ese objetivo en el artículo 94 de la actual Ley 20,
de 1991, que modificó los aspectos fiscales del REF, porque como S. S.
recordará se establece un porcentaje de deducción por inversiones que
será superior en un 80 por ciento al del régimen general con un
diferencial mínimo de 20 puntos porcentuales. Además, podrían ser objeto
de este incentivo fiscal los activos usados cuando signifiquen una
evidente mejora tecnológica. Por tanto, parece que tenemos perfectamente
recogido lo que parece ser la intención de esas dos medidas.
Luego planteaba una medida más, añadida a todas las que ya tiene el
texto, de bonificar en el Impuesto sobre Sociedades el mantenimiento del
empleo.
En primer lugar, como técnica, no parece adecuado que el incentivo no
tenga ninguna relación con el factor con el cual pretende establecerla.
En este caso, el incentivo está relacionado con el factor capital, cuando
lo que se pretende es reducir el coste de la utilización del sector
trabajo.
En cualquier caso, le recuerdo que en la línea de lo que se está
planteando en otras normas colaterales a ésta en esta propia Cámara, se
están estableciendo por el Gobierno determinados incentivos destinados al
empleo, y fundamentalmente a la pequeña y mediana empresa, ligados con
colectivos que tienen dificultades de inserción.
El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señor Trujillo.
El señor TRUJILLO ORAMAS: Concluyo, señor Presidente. Quiero señalarle,
con relación a la enmienda que hace mención a las corporaciones locales,
en primer lugar, que tiene poco que ver el final de su intervención con
lo que es su contenido propio, que pretende equiparar la participación en
los tributos a las corporaciones locales sin más. No tiene nada que ver
con esa otra reflexión que se hacía con relación a posibles
compensaciones de otras imposiciones.
También parece poco acertado, porque no es correcto, utilizar el
argumento de la Sentencia de la Audiencia Nacional tal y como ustedes lo
establecen, porque recordarán que básicamente lo que ha hecho esa
Sentencia es declarar la nulidad absoluta, pero fundamentalmente porque
cuestiona la insuficiencia de rango de la normativa que regulaba los
principios para establecer los tributos.
Quiero señalarles, de una manera muy concisa, que actualmente la
participación de las corporaciones locales canarias en los tributos del
Estado, si adoptáramos la propuesta tal y como la plantea el Grupo de
Coalición Canaria, significaría incrementar, en pesetas del año 1994,
11.300 millones. No olvidemos que, frente a esta cantidad, las
corporaciones locales gozan hoy de un incremento, por la vía de la
imposición indirecta --como tienen el resto de las corporaciones del
Estado--, de 48.000 millones de pesetas.
En cualquier caso --y ése es el cuadro en el que los municipios canarios
actualmente en pesetas por habitante ocupan el séptimo lugar de todo el
Estado--, anuncio también la voluntad o la intención de nuestro Grupo de
presentar una enmienda transaccional a este asunto, por cuanto
consideramos que sería conveniente que el descreste fuese tratado entre
el Gobierno de la nación y el gobierno de Canarias.
Por último, señor Presidente, quiero anunciar también la presentación de
una transaccional sobre la disposición transitoria quinta en línea con lo
que manifestó el portavoz de nuestro Grupo, relacionado con mejorar la
pretensión de los otros grupos con respecto al período transitorio de
aplicación de la competencia en los servicios finales de
telecomunicaciones.
El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar al bloque último, que es la exposición
de motivos, en la que hay solamente una enmienda viva, que es la del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
pero los grupos parlamentarios me han manifestado su deseo de fijar su
posición sobre el global de la ley --espero que sea breve--, para luego
entrar en el tema de la presentación formal de enmiendas transaccionales,
enmiendas «in voce» y técnicas que se han manifestado a lo largo del
debate.
En primer lugar, le doy la palabra al señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Muy breve, señor Presidente.
En la defensa de la enmienda a la exposición de motivos va recogida la
filosofía o la globalidad de nuestra propuesta.
Como decía al principio de la defensa de nuestras enmiendas, el texto
presentado es alternativo a lo que venía de la Asamblea canaria. La
propuesta que nosotros ofrecemos es que la respuesta a las limitaciones
de las Islas debiera abordarse en dos claves estratégicas: la
articulación de la política compensatoria, con movilización de recursos
endógenos, y la potenciación allí de un modelo de desarrollo social,
económico y ambientalmente sostenible. Ese era el objetivo que nos
planteábamos dentro de las enmiendas a esta ley.
Por tanto, lo que nosotros podríamos ofrecer para conseguir este objetivo
eran dos opciones estratégicas: por un lado, la inserción y potenciando,
facilitando las telecomunicaciones y la accesibilidad de productos y
viajeros, junto con incentivos a la exportación y a determinadas
actividades de servicio, especialmente las transferencias tecnológicas y
el asesoramiento; por otro, la movilización de recursos, creando factores
de desarrollo y aprovechamiento de recursos endógenos. Ese era el
objetivo de nuestras enmiendas, y por eso hemos mantenido una de
sustitución a la exposición de motivos, con lo que estamos exponiendo
cuál es la posición de Izquierda Unida en este debate.
En todo caso, nosotros creíamos que debíamos unir a cualquier tipo de
exención fiscal, llámese Impuesto sobre Sociedades, llámese IRPF, avances
sociales y desarrollo sostenible, es decir, mejora ecológica o
medioambiental. No estábamos de acuerdo con exenciones fiscales del
carácter que estaba planteando el Partido Popular e inclusive la propia
Coalición Canaria. Por eso no vamos a respaldar en la votación esas
enmiendas.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ríos.
Para fijar la posición global en torno a la exposición de motivos, es
decir, al conjunto de la ley, tiene la palabra, en primer lugar, el señor
Cabrera, por el Grupo Parlamentario Popular.
El señor CABRERA PEREZ-CAMACHO: El Grupo Popular lamenta profundamente
que tres de los pilares que se manifiestan en la exposición de motivos
(uno de ellos la llamada al consenso, otro a la articulación de unas
medidas coherentes para Canarias y un último al deseo de que éste vaya a
ser el régimen económico-fiscal que llegue en Canarias hasta el siglo
XXI) estamos convencidos de que no van a ser realidad.
Por mucho que digan los portavoces del Partido Socialista, nunca ha
existido una voluntad real de consenso por parte de dicho Grupo
Parlamentario. No ha habido consenso ni voluntad de formarlo con el
Partdo Popular, y la prueba de ello es que solamente estamos de acuerdo
en algo que vamos a plantear «in voce» aquí de común acuerdo, es decir,
en el título que se le va a dar a la ley, que ya denominamos de común
acuerdo como Ley de modificación del régimen económico y fiscal. Ninguna
otra de nuestras enmiendas ha sido admitida o considerada por el Partido
Socialista, ni una sola. Es decir, ha habido una también practicada «in
voce» sobre modificación referida a «oído el Gobierno de Canarias». Esa
es la mejor prueba de que no ha existido, en modo alguno, voluntad de
consenso.
Por tanto, que no se engañe a la opinión pública. El Partido Socialista
no ha querido consensuar una ley en la cual esté presente la voluntad del
partido que en las últimas elecciones generales fue la fuerza más votada
de Canarias.
Lamentamos también que el esfuerzo que ha hecho el Partido Socialista
para, después de nueve años de cuando debía, llegar a aprobar un régimen
económico y fiscal completo, haya llegado no sólo tarde, como ya he
dicho, sino además mal. Creo que han perdido una oportunidad histórica,
tanto para Canarias como para su partido; creo que han tenido ocasión de
ser más generosos en materia de transportes, en incentivos a la
producción, en incentivos fiscales, de agua, etcétera. Canarias deseaba
otra cosa y, además, tenía derecho a desearlo, después de nueve años de
larga e infructuosa espera.
En cualquier caso, yo pienso que esta ley no va a ser una ley para muchos
años; esta ley van a tener que modificarla otros; esta ley van a tener
que hacerla de manera muy distinta y en breve plazo, porque consideramos
que es un apaño, y es una lástima --lo digo con sinceridad y con el
corazón-- que a lo largo de su tramitación nosotros hayamos observado que
el Partido Socialista ha estado más pendiente de los dictados del
Ministerio de Hacienda que de los intereses canarios. El señor
PRESIDENTE: Será consciente S. S. de que el turno del Grupo Parlamentario
Socialista no sólo será, me imagino, sobre la introducción, sino que hará
una valoración de sus palabras, pero no concederé un nuevo turno de
réplica. El señor CABRERA PEREZ-CAMACHO: Salvo por alusiones, que son
cosas distintas.
El señor PRESIDENTE: Así será. Para fijar la posición del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Martín.
El señor MARTIN MENIS: Creo que estamos llegando al final de un debate
que indudablemente es muy importante para Canarias; debate de una ley que
debía haberse actualizado hace muchos años, en 1985, cuando se produjo la
adhesión de España a la Comunidad Económica Europea. En ese momento
tendríamos que haber actualizado el régimen económico-fiscal que quedaba
obsoleto por esa circunstancia de la adhesión de España a la Comunidad
Económica Europea. Pero más vale tarde que nunca, y nos alegramos de que
hoy estemos aquí.
Este es un derecho histórico de Canarias que le viene desde hace
muchísimos siglos y no estamos obteniendo una prebenda ni intentamos
buscar ningún tipo de situaciones de privilegio. Lo que hemos de
garantizar es lo que se dice en su título preliminar, que es la lejanía y
la insularidad, que sean compensadas a través de políticas específicas y
suficientes. Para ello están las mejoras en el transporte interinsular y
nacional y las mejoras que pueden significar la producción de agua y
energía. Espero que el esfuerzo del Gobierno en la aplicación de esta ley
pueda llevar a resolver en una parte esas compensaciones de lejanía e
insularidad.
Quedan temas por resolver, a los cuales quedamos abiertos, como las
telecomunicaciones.
En cuanto a que también se debía imponer un conjunto estable de medidas
económicas y fiscales encaminadas a aprovechar el desarrollo económico y
social de Canarias, faltan unas medidas de empleo. Vamos a ver si se
puede llegar a algunas transaccionales que lo permitan. Hemos conseguido
mejorar y entrar en una zona ZEC. Y se consagran algunos principios
tradicionales en Canarias, como son el de libertad comercial, y no el de
monopolios de bienes y servicios en el caso de transporte. Pero, repito,
no queda resuelto en el caso de las telecomunicaciones.
El título preliminar decía también que el coste de la actividad económica
no debe situar un archipiélago en desventaja con las restantes regiones.
Ese es uno de los objetivos básicos a conseguir en una ley de este tipo.
Porque no podremos desarrollar nunca nuestra economía si por condiciones
endógenas de una fragmentación en siete islas y por lejanía no somos
competitivos. Para ello la única forma que se entiende hoy de posible
compensación son las bonificaciones fiscales. Ya no es época en la que se
aplicaba «dumping» para resolver esos problemas, y parece que el camino
más claro debe ser las bonificaciones fiscales. En eso nos quedamos a
medias. En la ley se abren caminos importantes, indudables, como son la
reserva de inversiones, pero debía de haber un incentivo, una
bonificación fiscal a las empresas establecidas para que pudieran
competir en igualdad de condiciones. Y digo lo mismo: no es un
privilegio, es competir en las mismas condiciones. Los costos de la
producción de cualquier producto en Canarias son mucho más caros. Es un
mercado pequeño que no tiene dimensión y está fragmentado. Para ello
habrá que seguir insistiendo, y llamamos al consenso, para obtener esas
ventajas.
Y el último de los principios del título preliminar hablaba de que la
existencia del régimen económico y fiscal específico no debe dar origen a
disminuciones del volumen de gasto público estatal corriente de
inversión. Y ahí parece que queda encuadrado perfectamente por qué los
ayuntamientos canarios no tienen una participación en los tributos del
Estado igual que todos los demás. Se alude a que tienen unos ingresos
derivados del IGIC, del que sólo queda la mitad en Canarias, porque la
otra mitad, en principio, el Estado la deduce en función de las
percepciones que había obtenido por el ITE hasta la entrada en vigor de
la primera parte del Régimen Económico y Fiscal, y sólo los ayuntamientos
y corporaciones locales canarios reciben la parte derivada y en la misma
cuantía que los arbitrios de entrada de mercancías que históricamente han
recibido.
Por otro lado, el costo de la inseguridad, que reconoce la propia ley, es
un costo que también se da al prestar los servicios o al realizar las
inversiones.
El que conozca Canarias verá que cualquier infraestructura que se
desarrolle tiene unos costos mucho más elevados que la infraestructura
que se desarrolla en un territorio continental, porque el principio de la
falta de espacio es consustancial con la isla.
Ese aumento de costo de los servicios que tienen los ayuntamientos para
prestar los mismos servicios, no pretendemos que se preste más servicios;
ese derecho histórico a recibir los impuestos derivados de los arbitrios
de entrada hace que parezca lógico que los ayuntamientos participaran de
la misma cuantía, y que puede ser en una fórmula transitoria larga. Los
ayuntamientos canarios lo único que quieren es que no salga todos los
años en los Presupuestos del Estado excepto las corporaciones locales
canarias, que sean tratadas igual, y que haya una fórmula transitoria en
un número de años suficientemente flexible para que no repercuta en el
resto de los ayuntamientos españoles.
El señor PRESIDENTE: Señor Martín, está utilizando un turno, ciñéndose
fundamentalmente a la enmienda 133, a la que precisamente ha sido
anunciada una transaccional por parte del Grupo Popular.
Le rogaría que concluyera con una valoración de conjunto, que era para lo
que tenía este turno.
El señor MARTIN MENIS: Concluyo. Considero que la ley tiene buenos
avances. Creo que hay que trabajar todavía mucho; esperar consenso en su
trámite. Hay un trámite preceptivo, que debe existir, por el Parlamento
de Canarias, ya que está en el Estatuto, y volverá al Senado. Estamos
abiertos a trabajar en los incentivos para que la pesca consiga estas
exenciones y para que el resto de las enmiendas que hemos presentado se
aprueben, bien directamente o bien a través de enmienda transaccional, y
se cumplan los objetivos de esta ley.
Nada más, señor Presidente, muchas gracias, y espero que ese consenso lo
logremos al máximo posible para que hoy pueda ser una fiesta en Canarias.
El señor PRESIDENTE: El señor Homs tiene la palabra.
El señor HOMS I FERRET: Muy brevemente, para exponer la posición de
nuestro Grupo.
Hemos asistido al debate de este proyecto de ley con una posición
observante, puesto que los Grupos parlamentarios que han presentado
enmiendas han ido exponiendo sus distintas posiciones y nuestro Grupo no
ha propuesto ninguna modificación. Hemos respetado, sí, la iniciativa
legislativa del Parlamento canario, y en ese sentido quiero recordarla en
estos momentos: ésta es una proposición de ley que nace como consecuencia
de la iniciativa propuesta por el Parlamento Canario, por tanto, con una
mayoría ya política en Canarias, que ha recogido buena parte de un
consenso y de un diálogo establecido entre el Gobierno del Estado y el
Gobierno de la Comunidad Autónoma, y me alegra observar que se han
incorporado muchísimas enmiendas, como consecuencia de muchas enmiendas
planteadas por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria y del Grupo
Socialista, enmiendas presentadas conjuntamente, que han venido ya a
completar y a mejorar dicho texto.
Por consiguiente, resumimos que ésta es una buena ley. ¿Es todo lo buena
que se desearía? Ahí está la opinión de algunos otros Grupos y ahí está
la posibilidad de discrepancia. Pero, en cuanto al marco hoy vigente,
ésta es una ley que es un avance, como se ha dicho anteriormente; una ley
que plantea un marco más favorable para Canarias, y en este sentido creo
que debemos alegrarnos todos los que estamos en estos momentos en estas
altas horas de la noche debatiéndola y analizándola.
Incluso creo que en algunos aspectos es una ley que irá más allá de la
incidencia que ha tenido el capítulo fiscal y financiero del Estatuto de
autonomía para Canarias. Ahora bien, también he de comentar, señor
Presidente, que, en relación con varias enmiendas que se han ido
defendiendo, algunas de ellas ya las desearíamos nosotros también para
nuestra Comunidad Autónoma; ya las desearía también yo para la Comunidad
Autónoma catalana, así como para la extremeña, para la andaluza y la
castellano-manchega.
Por tanto, el debate político que se pueda haber suscitado está en si se
va o no se va mucho más allá de lo que ya se va en esta ley en beneficio
de Canarias. Y quiero alegrarme, y me gustaría invitar a todos los
portavoces a que, no por haber discrepancias puntuales todavía en
aspectos concretos, que las hay, no dejaran ustedes de valorar que se da
un paso histórico importante, que se da un paso muy positivo para
Canarias y que ustedes, no por mantener discrepancias legítimas en
aspectos concretos y desear ir mucho más allá de lo que esta ley va,
dejen ustedes de valorar la trascendencia y la importancia positiva que
va a tener esta ley para Canarias.
Señor Presidente, refiriéndome muy concretamente a la enmienda de
Coalición Canaria, la número 127...
El señor PRESIDENTE: Señor Homs, después de terminar el debate voy a
abrir un breve turno para la presentación formal de las enmiendas
transaccionales «in voce» o técnicas que han sido anunciadas. Si le
parece, terminamos este debate y luego le doy la palabra para que
presente la enmienda transaccional con la 127.
El señor HOMS I FERRET: Pues lo hago luego, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Martinón.
El señor MARTINON CEJAS: Sin duda, el factor esencial que justifica
históricamente la singularidad especial del Archipiélago canario, en los
aspectos económicos y fiscales, es su situación geográfica. Se ha hecho
referencia aquí esta noche a esa situación geográfica de forma abundante,
y casi siempre nos referimos, los que somos canarios, a esa situación
geográfica como la causa de muchas de las desventajas de nuestro
Archipiélago. Pero yo quiero recordar que también es razón de muchas de
las ventajas de nuestro Archipiélago. No nos obsesionemos tanto con las
desventajas que supone nuestra situación geográfica y veamos también las
ventajas que supone. Porque el REF existe precisamente para paliar las
desventajas, pero no nos olvidemos también de que esa situación
geográfica ha reportado a Canarias, y reporta hoy, ventajas importantes;
ventajas de las que los canarios hemos sabido aprovecharnos y usarlas
para nuestro beneficio, para nuestro lícito beneficio.
Llevamos años discutiendo esta ley. En la discusión de esta ley han
participado centenares de personas, técnicos, políticos, de toda clase, y
el resultado es una buena ley, incluso algunos, algunos que no son
socialistas, dicen --no lo dicen en los periódicos, pero sí nos lo dicen
en los pasillos-- que es un magnífico REF, que es una magnífica ley. Eso
es así pese al origen de la ley. Ya insistimos en el debate de totalidad
en el Pleno de esta Cámara que el origen era malo. La ley ha llegado aquí
sin ningún consenso, la ley vino aquí exclusivamente apoyada por un grupo
político, vino apoyada exclusivamente por la mitad escasa del Parlamento
de Canarias. Se nos pide consenso, y yo creo que se ha hecho un esfuerzo
considerable de consenso. Una ley que no venía consensuada en absoluto,
sólo apoyada por un grupo político, yo espero que, finalmente, sea
aprobada por más de uno y, al menos, que otros, que tenían una actitud
manifiestamente hostil, adopten una actitud de mayor apoyo a la ley. Por
lo tanto, se ha hecho un esfuerzo enorme de consenso. ¿Con todos igual?
Evidentemente, no ha sido posible hacer un esfuerzo igual con todos los
grupos parlamentarios, no, porque las posiciones en relación con esta ley
eran muy distintas, porque el núcleo esencial de esta ley ha sido un
acuerdo entre el Gobierno de la nación y el Gobierno de Canarias, entre
la voz política más cualificada a nivel nacional y la voz política más
cualificada a nivel regional. Insistíamos en que ése era el procedimiento
ordinario para abordar esta ley. Por lo tanto, el acuerdo esencial entre
ambos gobiernos se ha traducido en
un amplísimo conjunto de enmiendas, conjuntas, de Coalición Canaria y el
Grupo Socialista.
Desde luego, advierto --si se me permite este paréntesis-- que el Grupo
Socialista posiblemente no adopte la misma actitud que ha adoptado con
esta ley si la modificación del Estatuto de Canarias entra en esta Cámara
con el nivel de desacuerdos con el que llegó esta ley. Creemos que la
modificación del Estatuto de Autonomía exige un mayor consenso en el
Archipiélago y que debe venir a esta Cámara con el acuerdo de las tres
grandes fuerzas políticas que hoy existen en el Archipiélago.
Las Cortes ponen hoy en manos de los canarios un buen instrumento y yo
creo que los canarios debemos aprovechar bien este instrumento. Se habla
a veces de que ha faltado generosidad. No me gusta hablar de generosidad
cuando se legisla. Yo creo que es mejor hablar de justicia y hablar de
comprensión; comprensión al hecho diferencial canario. Y yo espero que
hoy acabe un mito que aún persiste en muchas cabezas de los canarios: es
el mito de la incomprensión de las instituciones nacionales respecto a la
singularidad del Archipiélago. Yo creo que, a partir de hoy, ese mito
está absolutamente injustificado, si es que alguna vez lo ha estado. Hoy,
el Congreso de los Diputados demuestra que comprende la singularidad del
Archipiélago y que eso que a veces se dice, con tanta insistencia, de que
en Madrid no nos comprenden, espero que a partir de hoy sea una frase que
se use menos en el Archipiélago y, desde luego, si se usa, se hará con
mucha menos justificación. El Presidente del Gobierno de Canarias lo ha
dicho públicamente: El principal objetivo del Gobierno de Canarias
durante este año debe ser vender esta ley fuera de Canarias y fuera de
España. Hay que aprovechar este instrumento, hay que conseguir que este
instrumento sea un instrumento útil para potenciar el desarrollo
económico y social del Archipiélago. Y yo espero que la ley, una vez que
sea publicada en el Boletín Oficial del Estado, sea una ley de todos los
canarios, de todos, hayan votado al Partido Popular, a Coalición Canaria,
a Izquierda Unida o al Partido Socialista, debe ser una ley de todos los
canarios. Y la ley durará lo que las circunstancias, variables, fijen, lo
que la voluntad política de los canarios fije. Yo creo que sería malo que
un grupo político se empeñe en jugar un papel agorero de fijarle un plazo
corto a la ley. Quizá las circunstancias obliguen a que ésta no sea una
ley de larga duración. Es posible. No nos negamos a esa posibilidad, pero
creo que, antes de jugar a que esta ley dure poco, debemos insistir en
aprovechar los instrumentos que la misma pone en nuestras manos y que
cada fuerza política, en el ámbito de su influencia razonable, consiga
que estos instrumentos de la ley sean utilizados para lo que los
socialistas es nuestra primera obsesión, que es la creación de empleo en
el Archipiélago.
El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Socialista ha anunciado la
presentación de una enmienda «in voce» al artículo 17, incorporando un
texto que dijera: «Plan de ahorro energético.»
El señor MARTINON CEJAS: Como título.
El señor PRESIDENTE: Como título.
Al artículo 72.2, una enmienda técnica, que dice textualmente: «Los
tripulantes y las empresas de los buques que estén adscritos a los
servicios regulares entre las Islas Canarias y entre éstas y el resto del
territorio nacional, en tanto éstos no puedan inscribirse en el Registro
Especial, de conformidad con lo previsto en el apartado anterior, podrán,
no obstante, disfrutar de la exención del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales, Actos Jurídicos Documentados y de las bonificaciones sobre
la renta de las personas físicas, Impuesto sobre Sociedades y
cotizaciones a la Seguridad Social establecidas en los artículos 73, 74,
75 y 77.»
Asimismo, ha anunciado la presentación de una enmienda «in voce» a la
transitoria quinta, con el siguiente texto: «Los servicios finales de
telecomunicaciones dejarán de prestarse en Canarias en régimen de
monopolio en la fecha en que queden liberalizados en el conjunto del
territorio nacional y, en todo caso, en fecha no posterior al 1 de enero
de 1998.»
Igualmente, el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario
Popular han anunciado la presentación de una enmienda «in voce» al título
de la ley, que pasaría, en el caso de ser aprobada, a denominarse «ley de
modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias».
También ha anunciado la presentación de una enmienda transaccional con la
número 133, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, que diría:
«Teniendo en cuenta la progresiva disminución de ingresos que se
producirán en las corporaciones locales canarias en lo relativo al
arbitrio sobre la producción e importación en las Islas Canarias, el
Gobierno de la Nación y el Gobierno de Canarias estudiarán la forma de
resolver adecuadamente dicha disminución.»
El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, ¿retira la enmienda 133 para
mantener el trámite de la enmienda transaccional? (Denegaciones.)
No retirándose la enmienda 133, no puede ser tramitada la enmienda
transaccional en los términos previstos.
El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha anunciado la
presentación de una enmienda transaccional con la número 127, del Grupo
de Coalición Canaria.
El señor HOMS I FERRET: Rezaría de la siguiente manera, señor Presidente.
Proponemos un artículo 121 bis, con la titulación «Creación de empleo».
El señor PRESIDENTE: En caso de ser aprobado, sería el número 21 y
correlativamente los servicios jurídicos de la Cámara modificarían todos
los demás.
El señor HOMS I FERRET: Exacto.
Diría así: «El Gobierno del Estado y el Gobierno de Canarias, con el
objetivo de promocionar al máximo el empleo, coordinarán sus esfuerzos y
recursos fijando las correspondientes actuaciones en el marco del Plan
Económico Regional de Canarias para el período 1994-99.»
Esa sería la enmienda transaccional. El título, «Creación de empleo», ya
lo había dicho antes.
El señor PRESIDENTE: Señor Mauricio, ¿retiraría la enmienda 127?
El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Sí, aceptamos esa propuesta.
El señor PRESIDENTE: Retirada la enmienda 127, se tramitará la enmienda
transaccional como artículo 121 bis.
La enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Catalán, ¿podría ser
transada con la enmienda 18?
El señor RIOS MARTINEZ: Sí.
El señor PRESIDENTE: Se retira la enmienda 18.
El señor MARTINON CEJAS: Señor Presidente, sobre esta transaccional, le
planteo al Grupo Catalán (Convergència i Unió) si le da igual que en
lugar de hablar del Gobierno del Estado, que me parece que no tiene un
encaje en el lenguaje ordinario de la Constitución, si le da igual que en
lugar de hablar del Gobierno del Estado, que me parece que no tiene un
encaje en el lenguaje ordinario de la Constitución, si le da igual poner
el Gobierno de la nación. (Risas.-Rumores.)
El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Es un problema doctrinal muy complicado,
señor Presidente.
El señor HOMS I FERRET: Considero, señor Presidente, que el lenguaje del
Gobierno del Estado español es un lenguaje ordinario perfectamente
constitucional. Yo creo que deben ser las altas horas las que nos llevan
ahora a hacer estas matizaciones. (Risas.)
No obstante, si lo desea, como vamos a tener un trámite posterior en el
Senado, esas matizaciones...
El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Se puede poner «el Gobierno de España».
El señor HOMS I FERRET: Pues el Gobierno, si le parece a usted. ¿No es
importante el Gobierno de España?
El señor MARTINON CEJAS: No. No quiero complicar en absoluto, y créame el
señor Homs que no es un problema de horas de la noche; es un problema de
ideas, no de horas de la noche, como supongo que SS. SS. comprenderán
perfectamente. Pero, desde luego no quiero complicar el asunto.
Si el señor Homs considera que es importante que diga el Gobierno del
Estado, el Grupo Socialista lo acepta, aunque, desde luego, nos resulta
más razonable la otra redacción. (Un señor Diputado: Se puede poner el
Gobierno central.) El Gobierno central, el Gobierno de España...
El señor PRESIDENTE: Señor Homs, ¿mantiene los términos de su enmienda
transaccional?
El señor HOMS I FERRET: Sí, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Así será votada.
Si les parece, señorías, vamos a votar las enmiendas que han sido
presentadas.
¿Pueden avisar al resto de los compañeros de la Comisión?
Señorías, ¿podemos votar en un único bloque la enmienda al título del
artículo 17 propuesta como enmienda técnica a la número 72.2, a la
transitoria quinta, al título de la ley y a la transaccional con la
número 127?
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, yo pediría separación de la
transaccional que hace referencia al plazo de las telecomunicaciones. No
recuerdo cuál es.
El señor PRESIDENTE: ¿La transitoria quinta, señor Ríos?
El señor RIOS MARTINEZ: Exactamente, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Vamos a votar la enmienda técnica de incorporación
de un título al artículo 17, que se llamaría «plan de ahorro energético».
¿Votos a favor?...
El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Perdone un momento, señor Presidente;
perdone la cuestión del método. ¿No vamos a votar por los mismos bloques
que hemos discutido?
El señor PRESIDENTE: No. Pensaba votar globalmente.
El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Señor Presidente, es que pensaba pedir un
montón de votaciones separadas.
¿Por qué no votamos por bloques, como los hemos discutido? (Un señor
Diputado: Todos juntos.)
El señor PRESIDENTE: No hay ningún problema, señor Mauricio.
El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Nos armamos un lío, porque vamos a pedir
separación del cinco, del cuatro, del tres... (El señor Martinón Cejas
pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: El señor Martinón tiene la palabra.
El señor MARTINON CEJAS: Señor Presidente, una última enmienda «in voce»,
si me permite.
En la expocición de motivos, en el primer párrafo, última línea, habla
del «entorno económico interior». Es una especie de contradicción, porque
los entornos no son interiores.
Sugerimos eliminar la palabra «interior», si al resto de los Grupos les
parece razonable, y que quede simplemente «en el entorno económico».
El señor PRESIDENTE: Vamos a votar el primer bloque.
El señor CABRERA PEREZ-CAMACHO: A nosotros nos gustaría que se votara el
título de la ley, la enmienda «in voce» consensuada. El título de la ley
separadamente del resto de las enmiendas...
El señor PRESIDENTE: Sí, no se preocupe, señor Cabrera; así pensaba
hacerlo.
Vamos a votar las enmiendas que permanecen vivas a los Títulos Preliminar
I, II y III.
Enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya números 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15 y 16.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres;
en contra, 34; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular
números 36 a 46.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en
contra, 22.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda «in voce» del Grupo Parlamentario Socialista de
incorporación del título «plan de ahorro energético» al artículo 17.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22;
abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
A continuación votamos la enmienda transaccional a la enmienda número
127, de Coalición Canaria, que sería un nuevo artículo 21 bis.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23;
abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda transaccional, que
supondrá un nuevo artículo 21 bis en el texto de la proposición de ley.
Pasamos a votar el articulado del Título Preliminar y de los Títulos I,
II y III. ¿Desea algún Grupo Parlamentario votación separada de algún
artículo específico? (Pausa.)
Votamos los Títulos Preliminar I, II y III.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en
contra, 12; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados los Títulos Preliminar I, II y III,
junto con el artículo 21 bis votado anteriormente.
Enmiendas al Título IV. En primer lugar, votamos las enmiendas números 11
y 18 a 31, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya. (El señor Mauricio Rodríguez pide la palabra.)
Tiene la palabra el señor Mauricio.
El señor MAURICIO RODRIGUEZ: ¿Puede ser una votación separada de las
enmiendas números 28 a 31, ambas inclusive?
El señor PRESIDENTE: Votamos las enmiendas números 28 a 31, ambas
inclusive, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro;
en contra, 31.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Seguidamente votamos las enmiendas números 11 y 18 a 27, ambas inclusive.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres;
en contra, 32.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
A continuación votamos las enmiendas números 47 a 59, del Grupo
Parlamentario Popular.
El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Por favor, señor Presidente, ¿se pueden
votar separadas las enmiendas 42 a 46?
El señor PRESIDENTE: Las enmiendas 42 y 46 han sido votadas anteriormente
porque formaban parte de los títulos preliminar I, II y III.
Votamos las enmiendas 47 a 59, del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en
contra, 23.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
A continuación votamos la enmienda número 128, del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en
contra, 16; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
A continuación vamos a votar los artículos del título IV de la
proposición de ley.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en
contra, 12; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados los artículos.
A continuación votamos las enmiendas de los Títulos V, VI, VII,
disposiciones adicionales transitorias, derogatoria y final.
En primer lugar votamos las enmiendas números 33 y 34, del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres;
en contra, 32.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
A continuación votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, de
la número 60 a la 126, ambas inclusive.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en
contra, 22.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
A continuación votamos las enmiendas números 129 a 133, del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, pido votación separada de la
enmienda 133.
El señor VILLALOBOS DE PAIZ: Solicito votación separada de la 131.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo. Votamos en primer lugar las enmiendas
números 129, 130 y 132.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en
contra, 31; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
A continuación votamos la enmienda 131.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en
contra, 19; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Votamos la enmienda 133.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en
contra, 16; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
A continuación votamos la enmienda técnica del Grupo Parlamentario
Socialista al artículo 72.2.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en
contra, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Votamos la enmienda in voce a la transitoria quinta, del Grupo
Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en
contra, 12; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Vamos a pasar a votar los artículos de los títulos V, VI, VII,
disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y final, con los
textos incorporados por anteriores votaciones afirmativas.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en
contra, 12; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados los textos citados.
Vamos a votar la enmienda número 3, a la exposición de motivos, del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres;
en contra, 32.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
A continuación votamos la enmienda in voce al título de la proposición de
ley presentada por los grupos parlamentarios Socialista y Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34;
abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda in voce.
A continuación votamos la enmienda in voce, del Grupo Parlamentario
Socialista, que propone eliminar la palabra «interior» en el primer
párrafo de la exposición de motivos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22;
abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda in voce.
Vamos a votar la exposición de motivos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en
contra, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la exposición de motivos.
Concluidas las votaciones, se da por dictaminada la proposición de ley
que, como SS. SS. conocen, con competencia legislativa plena pasará al
Senado.
Antes de levantar la sesión, quiero agradecer a los portavoces de los
grupos parlamentarios las facilidades que han dado a esta Mesa en el
trámite parlamentario de una ley que ha sido bastante complicada en su
realización y en su debate por la cantidad de modificaciones técnicas que
ha tenido. Quiero agradecer también a los servicios técnicos de la Cámara
el trabajo que han desarrollado a altas horas. Y quiero desear a SS. SS.
que, después de un arduo trabajo, pasen excelentes días y que la
aprobación de esta ley, aun con las matizaciones de los diferentes grupos
parlamentarios, pueda llenar de satisfacción al pueblo canario en el
desarrollo posterior y en el trámite parlamentario de la aprobación de
este proyecto de ley. Por último, comunico a SS. SS. que la Comisión no
se reunirá hasta el día 12 de abril. ¡Que pasen unos buenos días!
Se levanta la sesión.
Eran las diez y quince minutos de la noche.