Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 140, de 09/03/1994
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1994 V Legislatura Núm. 140
JUSTICIA E INTERIOR
PRESIDENTE: DON JAIME JAVIER BARRERO LOPEZ
Sesión núm. 15
celebrada el miércoles, 9 de marzo de 1994
ORDEN DEL DIA:
--Comparecencia del señor Director de la Agencia de Protección de Datos
(Martín-Casallo López), para informar sobre la puesta en marcha de lo
dispuesto en la Ley Orgánica reguladora del tratamiento automatizado de
datos de carácter personal, LORTAD. A solicitud del Grupo Parlamentario
Federal IU-IC. (Número de expediente 212/000452) (Página 4439)
--Comparecencia del señor Director General de Extranjería y Asilo (Axel
Ruiz Baudrihaye), para informar de las líneas generales a desarrollar por
dicha Dirección General. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular.
(Número de expediente 212/000453) (Página 4448)
Preguntas:
--Del señor Gil Lázaro (Grupo Parlamentario Popular), sobre tenencia
lícita de armas por los delincuentes que participaron en el tiroteo con
resultado de muerte producido en el barrio del Cabañal (Valencia) el día
11 de octubre de 1993. (BOCG, serie D, número 46, de 28-1-94. Número de
expediente 181/000335) (Página 4457)
--Del mismo señor Diputado, sobre información acerca de la evolución y
estado actual de las investigaciones policiales referentes al asesinato
de las tres niñas de Alcasser, Valencia. (BOCG, serie D, número 48, de
7-2-94. Número de expediente 181/000437) (Página 4459)
--Del mismo señor Diputado, sobre intención de proceder a la modificación
del Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, en lo que afecta a la
obtención de permisos de armas o su renovación para las personas mayores
de 60 años. (BOCG, serie D, número 48, de 7-2-94. Número de expediente
181/000441) (Página 4460)
--Del mismo señor Diputado, sobre iniciativas previstas para conseguir
que la prohibición de entrada en España de personas que pretendan
participar en actos de carácter neonazi, no se tenga que realizar
cometiendo «una ilegalidad». (BOCG, serie D, número 46, de 28-1-94.
Número de expediente 181/000334) (Página 4462)
--Del señor Michavila Núñez (Grupo Parlamentario Popular), sobre medidas
previstas para evitar la venta de alcohol a menores de 16 años. (BOCG,
serie D, número 46, de 28-1-94. Número de expediente 181/000368) (Página 4463)
--Del señor Gil Lázaro (Grupo Parlamentario Popular), sobre intención de
proceder a la modificación del Real Decreto-ley 4/1993, de 26 de marzo, a
los efectos de garantizar una justa valoración económica del importe de
las compensaciones ofrecidas por el Gobierno a los afectados por la
rotura de la presa de Tous. (BOCG, serie D, número 48, de 7-2-94. Número
de expediente 181/000440) (Página 4465)
--Del señor Peralta Ortega (Grupo Parlamentario Federal IU-IC), sobre
adopción de medidas policiales específicas para la prevención e
investigación de los hechos delictivos provocados en Valencia por grupos
minoritarios de carácter ultra. (BOCG, serie D, número 35, de 7-12-93.
Número de expediente 181/000270) (Página 4467)
--Del señor Romero Ruiz (Grupo Parlamentario Federal IU-IC), sobre
medidas a adoptar a la vista del incremento de la violencia de origen
ultraderechista detectado en los últimos meses. (BOCG, serie D, número
35, de 7-12-93. Número de expediente 181/000272) (Página 4467)
--Del señor Gil Lázaro (Grupo Parlamentario Popular), sobre medidas
previstas para garantizar la seguridad de los ciudadanos frente a las
agresiones violentas que vienen protagonizando grupos juveniles
radicales. (BOCG, serie D, número 48, de 7-2-94. Número de expediente
181/000439) (Página 4467)
--Del señor Romero Ruiz (Grupo Parlamentario Federal IU-IC), sobre
medidas previstas en relación con los hechos perpetrados por la
denominada «mafia china» en Gandía (Valencia). (BOCG, serie D, número 46,
de 28-1-94. Número de expediente 181/000312) (Página 4472)
--Del señor Gil Lázaro (Grupo Parlamentario Popular), sobre medidas
previstas para controlar la venta de productos técnicos, susceptibles de
ser utilizados en tareas ilegales de espionaje privado de comunicaciones
telefónicas. (BOCG, serie D, número 48, de 7-2-94. Número de expediente
181/000406) (Página 4473)
--De la señora Aguilar Rivero (Grupo Parlamentario Federal IU-IC), sobre
explicaciones acerca de las informaciones aparecidas en los medios de
comunicación sobre una posible misión encargada a Monzer Al Kassar por
los servicios secretos españoles. (BOCG, serie D, número 48, de 7-2-94.
Número de expediente 181/000407) (Página 4475)
--De la misma señora Diputada, sobre intervención del Gobierno en la
concesión por la Audiencia Nacional de autorización para abandonar el
país a Monzer Al Kassar. (BOCG, serie D, número 48, de 7-2-94. Número de
expediente 181/000409) (Página 4475)
--Del señor Gil Lázaro (Grupo Parlamentario Popular), sobre medidas
previstas para corregir la carencia de medios que padecen las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado que cubren servicios en el Area
Metropolitana de la ciudad de Valencia. (BOCG, serie D, número 48, de
7-2-94. Número de expediente 181/000438) (Página 4477)
--Del señor Romero Ruiz (Grupo Parlamentario Federal IU-IC), sobre
registro efectuado en las dependencias del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid el día 26 de enero de 1994.
(BOCG, serie D, número 48, de 7-2-94. Número de expediente 181/000447)
(Página 4478)
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
--COMPARECENCIA DEL DIRECTOR DE LA AGENCIA DE PROTECCION DE DATOS, PARA
QUE INFORME SOBRE LA PUESTA EN MARCHA DE LO DISPUESTO EN LA LEY ORGANICA
REGULADORA DEL TRATAMIENTO AUTOMATIZADO DE DATOS DE CARACTER PERSONAL
(LORTAD). DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA. (Número de expediente 212/000452.)
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Se abre la sesión.
En el orden del día de la sesión de hoy, de la Comisión de Justicia e
Interior, tenemos como primer punto del orden del día la comparecencia
del Director de la Agencia de Protección de Datos, don Juan
Martín-Casallo, a quien damos la bienvenida en nombre de la Comisión,
para informarnos sobre la puesta en marcha de lo dispuesto en la Ley
Orgánica Reguladora del Tratamiento Automatizado de Datos de carácter
personal.
El autor de esta iniciativa es el Grupo Parlamentario Federal Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.
El señor Director de la Agencia de Protección de Datos tiene la palabra.
El señor DIRECTOR DE LA AGENCIA DE PROTECCION DE DATOS (Martín-Casallo
López): Sean mis primeras palabras para expresar la satisfacción que me
produce comparecer ante esta Comisión, para informar a SS. SS. de lo que
hasta este momento ha venido realizando, y está realizando en la
actualidad, la Agencia de Protección de Datos y cuáles son las
perspectivas de futuro inmediato a fin de garantizar el cumplimiento de
la normativa prevista, tanto en la Ley Orgánica de 1989, de 29 de
octubre, como del Real Decreto que desarrolla o regula la Agencia de
Protección de Datos.
Me parece que sería conveniente reducir mis intervenciones a lo que es
pura intendencia, pura economía doméstica de la Agencia de Protección de
Datos y dar unas breves pinceladas de la misma, sin perjuicio de que
luego SS. SS., si lo considera oportuno, me formulen todas las preguntas
que crean deben hacerme, para concentrarme más en cuál va a ser y cuál
es, hasta este momento, el espíritu y la filosofía de la Agencia de
Protección de Datos, en aras al cumplimiento de las prescripciones que
establece la Ley Orgánica.
El nombramiento del director de la Agencia se produce a últimos de
octubre del año pasado, de 1993, y cuando yo me dirijo a los locales
donde provisionalmente está ubicada la Agencia --a ello me referiré
posteriormente--, la dotación de la misma estaba constituida por el
director de la Agencia y por una secretaria que me había cedido gustosa y
gratuitamente el Ministerio de Justicia para poder comenzar las
funciones.
A partir de ahí tuve que realizar los contactos previos y necesarios para
obtener una dotación presupuestaria para la finalización del año 1993, ya
que no estaba prevista, aunque la Agencia se había incluido ya en el
anteproyecto de Presupuestos para 1994, y tuve que realizar todas las
operaciones necesarias para dotar a la Agencia, aparte de esa partida
económica, del personal necesario mínimo para poder cumplir las
funciones. Ello determinó que se incluyera a la Agencia en una relación
de puestos de trabajo, que se calculó, según lo presupuestado en el
Capítulo I para el año 1994, en alrededor de 34-36 funcionarios, y que se
iniciaran los trámites, como es lógico, para cubrir dichos puestos de
trabajo. Hoy en día están trabajando ya en la Agencia los llamados cargos
o puestos de libre designación, y a partir de la semana que viene se
celebra la última reunión de la comisión de valoración, en la que han
participado las centrales sindicales de mayor implantación, para la
selección del resto del personal, el cual esperamos que se incorpore a la
Agencia a lo más tardar, y teniendo en cuenta que está por medio la
Semana Santa, a primeros del próximo mes.
Esto con relación al personal que, digo, va a ser, aproximadamente, de
unas 36 personas y van a nutrir, como es lógico, las tres secciones o
departamentos fundamentales de la Agencia: registro general, secretaría
general e inspección de la misma.
Con relación al edificio, provisionalmente, y gracias al Ministerio de
Justicia, tenemos un edificio, pero estamos casi en precario en el mismo.
Estamos situados en un lugar que, al modo de ver del director de la
Agencia, no sirve para cumplir las finalidades de servicio público que
entendemos que la Agencia debe desempeñar. De momento, el domicilio de la
Agencia se encuentra situado en la subdirección general de informática
del Ministerio de Justicia, en el barrio de Aluche, lo cual tiene dos
notas negativas. La primera de ellas es que al estar incardinada en un
edificio que pertenece a un Departamento ministerial, quizás no se
resalte en debida forma la nota de la independencia que debe presidir
toda la actuación de la Agencia. En segundo lugar, se condena al
ciudadano a que, cuando quiera ejercitar personalmente un derecho ante la
Agencia de Protección de Datos, tenga que desplazarse al barrio de
Aluche, que, con todos mis respetos para las personas que viven y residen
allí, creemos que no es el lugar más adecuado para facilitar que ese
ciudadano tenga el acceso normal que entendemos debe tener cara a la
relación con la Agencia de Protección de Datos. Este problema creemos que
está en vías definitivas de resolución, a través de la Dirección General
de Patrimonio, bien mediante la cesión de un edificio, bien mediante la
autorización del alquiler de las correspondientes oficinas en lugar
digno, no lujoso y por supuesto en lugar céntrico donde el ciudadano
pueda cumplir con los derechos que la ley le reconoce.
Esto con relación a lo que podríamos llamar la intendencia o la economía
doméstica de la Agencia de Protección de Datos: presupuesto, personal,
edificio. Pero creemos que más interesante que todo lo que he expuesto
hasta ahora es la filosofía que preside y va a presidir la actuación de
la Agencia de Protección de Datos. Deseo exponérsela
a ustedes para que me hagan las advertencias y las preguntas que estimen
oportunas.
Con relación a ello, debo significar en primer lugar que desde el inicio
del nombramiento del director de la Agencia ha sido voluntad de éste
apoyarse, en todas las decisiones fundamentales, en el consejo consultivo
de la Agencia. Para ello, si bien el Estatuto y la Ley autorizan o
imponen, como mínimo, una comparecencia del consejo consultivo una vez
cada seis meses, es voluntad --y así se va cumpliendo hasta este
momento-- del director de la Agencia que el consejo consultivo se reúna,
cuando menos, una vez al mes y desde luego todas las veces que sea
necesario y que las situaciones lo requieran. La última reunión, si mal
no recuerdo, se efectuó el 21 de febrero, creo recordar, y la próxima
reunión está convocada para el lunes de la semana que viene y tiene como
objetivo el de dar cuenta al consejo consultivo del proyecto de
Reglamento que ha elaborado el Ministerio de Justicia y que para esa
fecha tendremos en nuestro poder.
Por tanto, el director de la Agencia entiende que no sólo es conveniente,
sino que también es bueno y además es fructífero para el buen
funcionamiento y marcha de la Agencia apoyarse en las comparecencias del
consejo consultivo todas y cada una de las veces que sea necesario.
En este punto me gustaría resaltar que todavía nos faltan dos miembros de
ese consejo consultivo: el que debe designar el Senado y el que deben
designar las comunidades autónomas. Son razones de tipo político, a lo
mejor --yo lo ignoro--, pero desde luego el director de la Agencia lo
único que puede hacer aquí es recibir con toda la cordialidad del mundo a
las designaciones de esos miembros, pero, como ustedes saben mejor que
yo, no puede participar en el proceso de elección o de selección de los
mismos.
En cuanto a la actuación de la Agencia, el espíritu de la misma va a ser
tratar de coordinar un cumplimiento riguroso y exacto de la Ley, si es
posible con un respeto al sistema económico que viene estando
establecido. Yo no sé si esto puede sonar a sofisma o puede sonar a una
irrealidad, pero desde luego, en la medida de lo posible, éstos van a ser
los criterios fundamentales por donde la Agencia de Protección de Datos
va a tratar de encaminar su actuación. Es decir, va a tratar, por
supuesto, de tutelar todos los derechos que se le han confiado en defensa
de la intimidad de las personas, de los ciudadanos, en cumplimiento del
mandato constitucional, del artículo 18.4 de la Constitución y, por otro
lado, va a tratar de que esta tutela no rompa la economía ni distorsione,
en la medida no necesaria, el normal funcionamiento económico del país y
el normal funcionamiento económico de las empresas e incluso de la
Administración pública. En esta horquilla tan amplia --que yo reconozco
que es amplísima-- es donde pretendo mover la actuación de la Agencia de
Protección de Datos.
Estamos en el momento, prácticamente a punto de salir a la calle, la
Agencia existe, pero hasta ahora no está dotada de un Reglamento, por lo
que está en una situación híbrida, está en la situación, diríamos, como
el mayor de edad que tiene teóricamente la plena independencia y puede
hacer lo que quiera, pero le falta la plena autonomía económica y sigue
dependiendo de sus padres a efectos de un montón de cosas. Esta es una
comparación que puede definir de alguna manera cuál es la situación
actual de la Agencia. La Agencia es independiente, va a tener dinero --lo
tiene en los presupuestos; es un problema ya contable de intervención,
etcétera--, pero a la Agencia la falta en este momento todavía el
Reglamento para poder caminar y para poder empezar a tutelar los
derechos. Reglamento que, si ustedes repasan la Ley, verán que establece
por lo menos doce o catorce remisiones al desarrollo reglamentario de la
misma en materias tan importantes como procedimiento sancionador,
derechos de acceso, inscripción en registros automatizados de datos
personales, en el registro de la propia Agencia, etcétera. Es decir, si
nos faltan todos estos procedimientos para llevar a cabo la vida práctica
de la Agencia, aun cuando exista y desde luego esté en vigor la Ley
Orgánica y el Estatuto de la misma, difícilmente hasta este momento la
Agencia puede cumplir su objetivo. Digo esto, y me gusta recalcarlo,
porque tal y como está concebida la misma, se impide, mientras no exista
el Reglamento, el funcionamiento propio de la Agencia de Protección de
Datos. Afortunadamente vemos una salida a este túnel. Decía antes que el
consejo consultivo está convocado para el lunes que viene y el orden del
día del mismo es para tratar de informar jurídicamente el proyecto de
Reglamento que nos remite el Ministerio de Justicia, en uso de las
facultades que el Estatuto y la Ley confieren al director de la Agencia
de Protección de Datos. Por tanto, y si no existe ningún entorpecimiento
de tipo administrativo, cuando el Reglamento sea informado por el Consejo
de Estado, podremos decir que presumiblemente tendremos Reglamento entre
el 10 y el 31 de mayo próximo. Cuando lo tengamos, es cierto --y lo he de
reconocer aquí a SS. SS.--, el director de la Agencia de Protección de
Datos no tendrá ninguna excusa ni legal ni de otro tipo para comenzar a
actuar y que la Agencia cumpla con las finalidades que tiene encomendadas
y que son su obligación.
Para ello, paralelamente a esta elaboración reglamentaria que ha
efectuado el Ministerio de Justicia, y que debe ser informado por la
Agencia, ésta, además de irse dotando de su dinero y de su personal para
luego poder actuar, ha ido también efectuando otro tipo de actuaciones,
como un concurso entre empresas consultoras para que nos diseñen un
programa de actuación a efectos de la recogida de datos de todos los
ficheros existentes con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley, y
también la recogida de datos de todos los ficheros que se han creado
entre la entrada en vigor de la Ley y la entrada en vigor del Reglamento,
es decir, para nutrirnos de prácticamente la casi totalidad de los
ficheros existentes en este país al 31 de mayo. Se ha diseñado un
procedimiento doble, que nos parece el más conveniente. Este
procedimiento doble será la captura de datos, como dicen los
informáticos; es decir, la toma de conocimiento de todos los ficheros
existentes hasta ahora, que deberá o podrá hacerse por dos vías: bien por
una vía totalmente voluntaria, evidentemente, de soporte informático en
el que pretendemos cuando menos que la Agencia y, en definitiva, los
Presupuestos del Estado se puedan resarcir de los gastos económicos que
tal medio de producción pueda suponer. Se está trabajando en ello. Yo he
traído, si ustedes lo quieren ver, una cronografía que me ha suministrado
la empresa que se ha comprometido a efectuarme esta función, Andersen
Consulting, donde se comienza más o menos a primeros de marzo la
actuación con el análisis de los datos, se sigue con el diseño del
procedimiento de notificación (formulario en soporte papel o formulario
en disquete informático, como les he comentado a SS. SS. anteriormente),
un diseño del procedimiento de inscripción, modificación y cancelación,
un diseño del desarrollo de los programas de notificación y unas pruebas.
Todo eso, según este diagrama, deberá estar más o menos cubierto a fecha
18 de abril, es decir, un mes antes de lo que calculamos nosotros que
pueda entrar en vigor el Reglamento.
Después hay una fase segunda, que es la recepción de las notificaciones y
su posterior inscripción en los sistemas informáticos de la Agencia, lo
cual calculamos que puede tener una finalización aproximada entre el 9 y
el 12 del mes de mayo.
Siempre estamos suponiendo que el Reglamento va a entrar en vigor
aproximadamente a mediados de mayo. Desde luego al director de la Agencia
no le gustaría que entrara en vigor mucho más tarde, por una sencilla
razón: porque, cuando menos, piensa que debe dar al ciudadano obligado a
inscribir los ficheros de datos personales un plazo mínimo de dos meses,
y ustedes saben que por la prórroga de la disposición adicional ese plazo
de dos meses vence inexorablemente el 31 de julio de 1994. Por tanto (yo
creo que es un plazo que podemos calificarlo de bueno), el ciudadano que
venga obligado a inscribir su registro en la Agencia de Protección de
Datos, presumiblemente --y es el deseo del director de la Agencia--
tendrá un plazo de dos meses para cumplir con dicha obligación.
Poco más me queda por decir. Hay unas realidades y hay una especie de
deseos en el cumplimiento de la Ley, y empezar ahora a hablar de cómo voy
a hacer las inspecciones futuras creo que estaría en un puro terreno de
las ideas, pero no me estaría asentando en ningún criterio práctico. Sí
les tengo que decir que en el reparto de funcionarios que hemos efectuado
hasta ahora, de esos 34 ó 36 funcionarios de los que les hablaba a
ustedes, en este momento he dedicado una mayor parte de los mismos a lo
que se llama registro general; una mayor parte de los mismos que
obviamente son 14, o una cosa así. ¿Por qué? Porque es el que en este
momento va a soportar la carga mayor de la Agencia, que es la captura de
todos esos ficheros existentes hasta este momento en el país. En
realidad, esa carga de trabajo el día de mañana creo que se va a
desplazar desde el propio registro (porque se registrarán bastantes menos
ficheros, ya que se crearán bastantes menos que los que se han podido
crear de hoy a 20 años atrás) a la inspección. Es decir, una vez que
tengamos los datos, la labor de la Agencia será bien por denuncia, bien
por noticia, bien de oficio) la de actuar corrigiendo las medidas o las
actuaciones de titulares de ficheros que a nuestro juicio entendamos no
se corresponde o ajustan con lo que previene la ley.
Por tanto, podríamos hablar cara al futuro de que es posible que ya para
el mes de septiembre u octubre solicitemos una mínima --siempre hablamos
a nivel de la modestia que hasta este momento tiene la Agencia de
Protección de Datos-- ampliación de plantillas de niveles superiores para
que puedan constituir el auténtico cuerpo de inspección de la Agencia de
Protección de Datos, que hasta este momento tiene tres subinspectores y
un subinspector más, que es el jurídico, que va a hacer la tramitación de
los expedientes.
Antes de finalizar esta exposición, me gustaría significarles lo
siguiente. En primer lugar, la Agencia nace y va a actuar con toda la
buena voluntad del mundo, tratando de ser útil al ciudadano español y
desde luego no sacando conclusiones equívocas mientras no existan datos
que de verdad lleven al convencimiento --a la propia Agencia y a su
director-- de que hay una voluntad por parte de una empresa o por parte
de algún organismo de la Administración pública --cito a los dos por ser
justo y equilibrado, puesto que hay ficheros de titularidad tanto de una
como de otro-- de incumplimiento de las normas legales. Es decir, el
director de la Agencia, sin duda porque está acostumbrado a su tradicion
jurídica, va a respetar de una manera exquisita el principio de
presunción de inocencia. Ahora bien, una vez recabadas todas las pruebas
y acreditado que esa presunción de inocencia ha quebrado, porque existe
un montón de pruebas en contra, el director de la Agencia va a tratar de
poner las sanciones graduadas y proporcionales a lo que le viene
autorizado y establecido en la Ley.
La otra idea que quería dejar clara, antes de finalizar mi intervención y
por no cansarles a ustedes, es que hemos huido de hacer un diseño de la
Agencia piramidal. Queremos hacer una Agencia de una estructura muy
plana, donde haya tanto niveles superiores como personal auxiliar
informático. Es decir, pretendemos no crear una montaña, y me gustaría
que la Agencia pudiera funcionar plenamente cumpliendo todos sus
cometidos en un orden de unos 50 ó 55 funcionarios. Es muy difícil
determinar todas estas cosas y dimensionar en este momento la Agencia,
porque dense ustedes cuenta de que no sólo se ha creado el órgano --la
Agencia de Protección de Datos--, sino también la función, y en este
momento en el que vamos a salir a capturar los datos de los registros,
estamos planteando si podemos tener del orden de 500.000 registros, como
parece que tiene la Agencia de Protección de Datos francesa, o doscientos
y pico mil, como parece que tiene la Agencia de Protección de Datos
italiana. No sabemos ni los registros, ni las actividades, ni los
domicilios; no sabemos en este momento absolutamente nada y por eso es
fundamental que no nos quiebre esta primera operación que es la captura
de protección de datos que les he leído a ustedes muy someramente y para
no cansarles.
Muchas gracias y contestaré a las preguntas que ustedes me formulen.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir, además del autor de
la iniciativa? (Pausa.)
Por el Grupo parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra el señor López Garrido.
El señor LOPEZ GARRIDO: Muchas gracias, señor Martín-Casallo, por su
presencia en esta Comisión, a la que acude lógicamente por vez primera.
Esperamos tenerle aquí en el futuro, y sin duda le tendremos, porque como
nos ha dicho que hasta el momento no puede hacer absolutamente nada por
no tener el Reglamento, en el futuro habrá que tener algún otro
intercambio de información para que nos diga qué es lo que ha hecho a
partir del momento en el que ya haya un Reglamento.
De todas formas, yo creo que aunque todavía no haya un Reglamento --y
nosotros nos tememos que a lo mejor se incumple el plazo establecido para
ese Reglamento, plazo que ya se ha ampliado--, la Agencia de Protección
de Datos tiene muchas cosas que decir en este período sobre lo que piensa
hacer, cómo piensa organizarse, qué ideas tiene. Es un momento
especialmente importante porque es el momento fundacional y, como pasa en
todas las instituciones, el momento fundacional es el que da la impronta
a esa institución. Por tanto, estamos en un momento muy delicado y
dependiendo de cómo se enfoque el funcionamiento de esa institución, en
el futuro le preguntaremos de nuevo, cuando desarrollen las funciones de
la Agencia de Protección de Datos. Un futuro que, desde nuestro punto de
vista, debería estar inspirado fundamentalmente por tres características
en cuanto a la filosofía (a la que usted se ha referido en esta primera
intervención) de la Agencia de Protección de Datos: la independencia y la
autonomía de la Agencia, pues se supone que la Agencia tiene que nacer
con esa independencia y esa autonomía respecto de cualquier otra
institución; la cercanía a los ciudadanos y la desburocratización desde
un principio de la Agencia, y también una capacidad de iniciativa e
impulso propios. No limitarse, como yo he podido a lo mejor colegir de
sus palabras, al mero cumplimiento de la legalidad aséptica, sino
mantener una importante capacidad de iniciativa e impulso, sin los cuales
esta Agencia se convertiría rápidamente en una institución burocratizada,
administrativizada y sin tener en cuenta la función esencial de la misma,
que es nada menos que la defensa de un derecho fundamental de las
ciudadanas y los ciudadanos españoles como es la intimidad en relación
con una actividad tan dinámica, tan compleja, tan endiabladamente
tecnológica como es todo el asunto de los archivos informatizados.
Por cierto, debo decir que algunas de las propuestas que se han enviado a
la Agencia para que se incorporen al Reglamento futuro parece ser que
simplemente han sido reenviadas por la Agencia al Ministerio de Justicia,
sin una acción propia de la Agencia, sin un valor añadido de esa Agencia,
lo que desde nuestro punto de vista no es un indicio positivo de la
independencia de la misma respecto de la forma en que salga ese
Reglamento. Nos gustaría saber cuáles han sido las recomendaciones y las
posiciones que ha adoptado la Agencia de Protección de Datos,
fundamentalmente su director, en cuanto a ese Reglamento, y cuáles han
sido las recomendaciones que ha enviado al Ministerio de Justicia. Se
trata del Reglamento de una Ley que, como usted sabe, en estos momentos
está «bajo sospecha» --vamos a llamarlo sí, entre comillas--, ya que
existen diversos recursos de inconstitucionalidad y ya veremos cuál es el
resultado de los mismos. Diversos diputados de esta Cámara, el Defensor
del Pueblo y el Parlamento de Cataluña han recurrido esta Ley y habrá que
estar en un futuro a lo que resulte de la sentencia del Tribunal
Constitucional. Esto, naturalmente, no debe impedir que haya un
desarrollo adecuado de las funciones de la Agencia de Protección de
Datos, puesto que hasta ese momento esta Ley guarda toda su vigencia.
Por cierto, me gustaría saber cuáles son los planes que tiene la Agencia
de Protección de Datos en cuanto al desarrollo autonómico de la LORTAD
--la Ley Orgánica de Regulación y Tratamiento Automatizado de Datos--,
puesto que va a tener una derivación autonómica. De hecho, ya existen
algunos proyectos en algunas Comunidades Autónomas para realizar a ese
nivel algo parecido a lo que se propone en la Ley Orgánica aprobada por
el Parlamento español.
Quisiéramos hacerle algunas preguntas sobre algunas dimensiones de la
labor de la Agencia y de la forma en que va a enfocar usted su trabajo.
Me imagino que tendrá ideas y planes al respecto y, por tanto, no es
necesario que venga el Reglamento para que usted nos pueda decir qué
opina sobre esto que le vamos a preguntar. En primer lugar, en cuanto al
tema de la organización, seguramente la Agencia de Protección de Datos
deberá organizarse en un futuro (esto, naturalmente, es una decisión de
la Agencia) de una forma sectorializada. Sin que haya una organización
sectorializada seguramente no es posible que funcione de forma adecuada
la Agencia. A nosotros nos preocupan especialmente en este momento dos
sectores, los datos sanitarios y el sector laboral, donde las amenazas
para la intimidad de las personas son muy significativas. Nos gustaría
saber si ha pensado algo al respecto o qué iniciativas van a tomar, qué
impulso van a tomar en cuanto a esos dos importantes sectores. En cuanto
al sector laboral, tengo que señalar que ya hay algunas iniciativas
tomadas por la sociedad civil, que me imagino serán conocidas por la
Agencia de Protección de Datos y las tendrá muy en cuenta. Tengo aquí
delante una Guía para el delegado sindical, editada por la Unión General
de Trabajadores, que se llama «La negociación colectiva y la protección
de los datos personales informatizados». Es un trabajo realizado con la
colaboración de otros colectivos, como la Comisión de libertades e
informática, y se refiere a la necesidad de que en la negociación
colectiva los trabajadores tengan en cuenta todo el asunto relativo a la
protección de sus datos personales; por ejemplo, en la selección de
personal, en los controles de seguridad por parte de las empresas o en
los flujos transfronterizos de información. Imagino que la Agencia tendrá
noticias de estas iniciativas y me gustaría saber su opinión al respecto.
En cuanto a la inspección, que usted ha señalado como un aspecto muy
importante de su labor, nos gustaría saber cómo se va a organizar, cuáles
son las líneas de trabajo que se piensan desarrollar en la misma y si
piensan ustedes colaborar --porque la labor es ingente-- con determinados
colectivos o asociaciones de técnicos, que sería una línea de trabajo.
Otra línea podría ser ir más bien a la
contratación de consultoras externas o de empresas externas. Nosotros
pensamos que la primera es la línea más adecuada a seguir, pero nos
gustaría saber cómo piensan realizar esa labor de inspección y con qué
filosofía piensan llevarla a cabo.
En cuanto al registro, usted lo ha significado como una función muy
importante al principio, volcándose sobre esa función. Me gustaría saber
si han contado o cuentan con experiencia internacional. Hay que tener en
cuenta que esto que va a hacer la Agencia de Protección de Datos es algo
que se lleva desarrollando desde hace años en otros países. ¿Han contado
ustedes con esa experiencia? ¿Han tenido contacto con esas instituciones?
Respecto a los medios de que dispone, usted ha hablado de las plantillas
y ha mencionado incluso algunas cifras. Nos gustaría conocer exactamente
cuál es la plantilla de la Agencia de Protección de Datos --si puede
usted concretar algo más, aunque ya ha avanzado algunas cifras-- y con
qué criterios se van a proveer los puestos de trabajo en la Agencia, cómo
se ha utilizado la capacidad de libre designación para puestos de
confianza, con qué criterios han sido incorporadas esas personas. ¿Están
realmente incorporadas todas estas personas a la Agencia de Protección de
Datos?
Respecto al local, ha hablado usted de la falta de condiciones de ese
local. Compartimos absolutamente con usted esa impresión. No nos parece
que ése sea el lugar adecuado para una institución que tiene que estar
muy cercana a la iniciativa de los propios ciudadanos. Nos gustaría
conocer las previsiones al respecto.
En cuanto a medios, la Agencia, cómo no, tendrá que tener una importante
dotación informática. Nos gustaría saber con qué dotación informática
cuenta la Agencia y si existe ya un plan de información desarrollado en
la Agencia de Protección de Datos.
Igualmente nos gustaría que adelantara a la Comisión si ha tenido usted
relación con otros colectivos o instituciones homologables. Nos consta
que, por ejemplo, el director del Registro de datos de Holanda se ha
dirigido ya a la Agencia de Protección de Datos, ha habido algún contacto
con esa Oficina. Desearíamos conocer qué se ha hecho al respecto. Del
mismo modo, querríamos conocer si se va a seguir algún tipo de modelos,
bien el francés o el anglosajón, en cuanto a la organización de la
Agencia de Protección de Datos en un futuro.
Nos gustaría también saber si ha habido alguna iniciativa en cuanto a
casos muy concretos que se hayan producido de posible vulneración de la
intimidad de las personas. Teniendo en cuenta que ya se dispone de
algunos medios, querríamos saber si ha habido iniciativas concretas de
defensa del derecho a la intimidad vulnerado o supuestamente vulnerado,
como, por ejemplo, el caso --que sin duda conoce la Agencia-- de la
creación por el Ministerio del Interior del banco de datos GATI, que tuvo
hace algunos meses una relevancia importante en los medios de
comunicación --precisamente en esta misma sesión mi compañero señor
Romero va a hacer una pregunta al respecto al Ministro del Interior--.
Creo que éste es uno de los típicos ejemplos de acción de la Agencia de
Protección de Datos que puede actuar, aunque no tenga todavía el
Reglamento en funcionamiento, ya que puede actuar en base a la propia
ley.
El señor PRESIDENTE: Señor López Garrido, concluya por favor, terminó su
tiempo.
El señor LOPEZ GARRIDO: Voy terminando, señor Presidente. Hace algún
tiempo también se conoció un decreto del Ministerio de Hacienda, sobre
creación del Cuerpo de Inspectores, donde había algunos elementos
preocupantes (creo que también conoce la Agencia este tema), así como el
caso del ciudadano que solicitó datos a la Administración, al que no se
le han suministrado, y al que le ha dado la razón, a comienzos del año
pasado, una sentencia del Tribunal Constitucional. Nuestras noticias de
hace un mes es que todavía no se le habían dado estos datos, a pesar de
que el Tribunal Constitucional ha obligado a la Administración a hacerlo.
¿Ha tomado alguna iniciativa al respecto la Agencia?
Como usted sabe, está a punto de llegar un proyecto de Código Penal a
esta Cámara, y nos gustaría saber si ha existido alguna recomendación de
la Agencia de Protección de Datos al Ministerio de Justicia sobre cómo
regular en el Código Penal la defensa de la intimidad en relación con
archivos informatizados.
Estas son algunas de las preguntas que queríamos formularle, que
esperamos sean contestadas con toda profundidad por el señor director de
la Agencia de Protección de Datos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
el señor Baón.
El señor BAON RAMIREZ: Señor Presidente, quiero expresar igualmente
nuestra gratitud al señor Martín-Casallo en esta primera comparecencia
sobre algo que está en ciernes. Por ello me viene a la memoria, respecto
a esta comparecencia, eso que se decía en la Universidad cuando
iniciábamos cada curso: «prima non datur et ultima dispensatur». A pesar
de estar organizándose, como está todavía la Agencia, aunque el Decreto
de creación va a cumplir un año en marzo (entendemos que está en el
horno), ello no obsta para que, como ha hecho mi predecesor en el uso de
la palabra, le invitemos a que sea exigente y ambicioso en los
planteamientos por un lado, y por otro a que sea realista y que no monte
un órgano macrocefálico burocrático sino que, por el contrario, sea ágil
y operativo, como viene funcionando --y ha puesto los ejemplos-- sobre
todo el francés, con probada eficacia.
No me voy a referir a los aspectos organizativos formales, que por otra
parte están en su mano, teniendo ya partida presupuestaria mediante la
cual dependerá de usted, del director que está blindado por la ley en
cuanto a capacidad de iniciativa para el cumplimiento de los fines y
funciones de la Agencia, toda vez que se trata de un ente público con
personalidad jurídica y con plena capacidad de obrar en el ámbito público
y en el privado. Doy por bueno que el director de la Agencia, con todo
ese poder y además
con un mandato de cuatro años, muy difícil de remover, se sirva de ese
Consejo consultivo y sea exigente, y me parece bien que reclame todas
esas comparecencias mensuales para que así sea un órgano consultivo y
decisor en algunos casos, que pueda asistir a esa figura del director,
porque de lo contrario veremos que la Agencia se convierte en un
directorio tampón, y creo que es mejor hacerlo participativo en la
distribución representativa que se hace en el mismo decreto.
Por otra parte, en los aspectos organizativos no quiero abundar, y
debería ser muy preciso, muy breve, en lo que respecta al ámbito
funcional, pues si no hay Reglamento y se estima que va a estar redactado
en el mes de mayo, vamos a esperar. Por eso decía «prima non datur et
ultima dispensatur», pero como primera comparecencia no está mal.
Yo le haría estas dos indicaciones. Primero, que tome más impulso, todo
el impulso que le concede la ley, que ya se lo rebajará el paso del
tiempo y la colisión de intereses. Segundo, que no convierta esto en un
órgano burocrático.
Respecto a la filosofía, usted sabe las reservas que en el proceso
legislativo de la Ley Orgánica 4/1992 hizo mi Grupo, reservas que
mantenemos, en el sentido de que hoy los datos sensibles, los datos
calientes referidos a las personas no son los que afectan a los derechos
personalísimos, sino que por el cruce de información de datos se puede
vulnerar también la intimidad, vulnerar ese artículo 18.4 de la
Constitución con otros procedimientos. En ese sentido, también le pedimos
que dé un paso adelante siendo mucho más exigente, toda vez que tiene una
independencia configurada en la ley tanto frente al sector privado como
frente al sector público. Yo querría preguntarle qué tipo de conexión
internacional existe en la Agencia y qué asistencias va a tener, sobre
todo en el ámbito de la Comunidad Europea (la Unión Europea todavía no
tiene personalidad jurídica), en el ámbito del Convenio de Schengen, de
un convenio internacional, toda vez que ahí va a haber un soporte, un
archivo importantísimo en orden a estrechar la colaboración para la
persecución del crimen organizado, etcétera, ya que eso tiene conexiones
con la Agencia, cuestión a la que también se hace referencia en el
decreto. Eso por un lado.
Por otro, yo quisiera que en relación con los primeros pasos, los
primeros compases de la Agencia en preservar, en esa garantía, en esa
tutela de la intimidad de los españoles, también fuese muy exigente con
los archivos que hay de tipo económico y que utilizan los bancos, que no
sabemos por qué razón tienen un acervo documental importantísimo, pues no
hay nada más que ver la correspondencia que llega a nuestros buzones, y
también en el ámbito electoral hay datos muy importantes.
En ese aspecto tan sólo quiero subrayar que magnifique todo lo que pueda
su independencia en los términos que he expresado, porque yo creo que de
cara al futuro, sobre todo teniendo en cuenta el peligro que se cierne
con las nuevas tecnologías, pueden amenazar ese derecho fundamentalísimo
cual es el de la intimidad de las personas.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Navarrete.
El señor NAVARRETE MERINO: Me corresponde intervenir en representación
del Grupo Socialista y me encuentro en una situación un tanto paradójica,
porque por designación de esta Cámara soy miembro del consejo consultivo
de la Agencia y, por consiguiente, no voy a entrar en una especie de
tongo de controlar el organismo del que uno forma parte y en el que, por
supuesto, está uno con fidelidad al Grupo Parlamentario al que pertenece
pero, sobre todo, guarda fidelidad a la Cámara que es la que le ha
propuesto como representante. En esta lealtad de intereses me moveré en
mi actuación parlamentaria y aspiraría a ser la voz de cuanto de interés
puedan decir los parlamentarios sobre el funcionamiento de la Agencia de
Protección de Datos.
Quiero agradecer, como lo han hecho otros compañeros, la presencia del
director de la Agencia y corroborar lo que ha manifestado en cuanto a que
hoy la Agencia es responsable ante la sociedad española del cumplimiento
de los cometidos que la Ley Orgánica del Tratamiento Automatizado de
Datos Personales le confiere, pero al mismo tiempo la responsabilidad no
puede ser ejercida porque le falta --aunque cada vez menos,
afortunadamente-- el marco jurídico y el marco de los recursos técnicos y
humanos que acompañan inexcusablemente a la realización de su función y
que son el presupuesto del ejercicio de cualquier responsabilidad. Por
consiguiente, parecía que la Agencia de Protección de Datos no podía
afrontar --se debe agradecer al Parlamento que así lo haya entendido-- el
desempeño o el despliegue de esta responsabilidad en una situación en la
que ante cualquier documento, cualquier iniciativa que entrara en dicha
Agencia, la misma no disponía de funcionarios, ni de los elementos más
indispensables para el desarrollo de su cometido y, a pesar de ello, de
acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico administrativo, la Agencia se
convertía en responsable sin tener los medios para poder eludir esa
imputación de responsabilidad.
Como ha dicho el representante de Izquierda Unida, creo que la Agencia
está en su momento fundacional o constituyente y, por consiguiente, es
muy importante lo que se realice en estos momentos, cuando el árbol está
naciendo, para que tenga la dirección que todos deseamos en el futuro. El
acto constituyente de un organismo que ve la luz de la vida jurídica por
primera vez es en sí un precedente para el futuro. Además, los actos de
esta Agencia cada vez que toque una materia nueva van a constituir a su
vez un precedente para los futuros casos que de esa misma materia se
presenten al conocimiento o a la resolución de la Agencia de Protección
de Datos.
Creo que la Agencia tiene una ventaja: es de las últimas que han nacido
pero, al mismo tiempo, es de las pocas que existen y, por consiguiente,
se beneficia de su modernidad y de la experiencia de los precedentes que
existen en la legislación de otros países. Pienso que la ley por la que
se crea esta Agencia y que desarrolla el principio de protección de la
intimidad y el honor en lo que hace a la aparición
de esta nueva tecnología de los ordenadores es una buena ley, y considero
que será posible llevar adelante esta protección de esa intimidad en unos
momentos que en cierto sentido son inaugurales por la relativa modernidad
que tiene esa tecnología. Una vez que se haya creado esa frontera de lo
que es lícito en materia de ordenadores, tal y como sucede en el
ejercicio de otras libertades hoy protegidas por todos los ordenamientos
constitucionales democráticos, probablemente en el futuro se hablará de
un derecho a la expresión informática, como hoy se habla de un derecho a
la libertad de expresión, sin que eso implique la convalidación de todo
lo que se haga desde el punto de vista de la libertad de expresión o
desde el punto de vista de la libertad de expresión informática. El muro
o la definición de lo ilícito estará absolutamente claro dentro de unos
años, y desde esa claridad lo que se reivindicará será la libertad de
expresión informática.
Yo creo que hay una cierta protección de la intimidad que decae ante
determinados intereses generales y, por consiguiente, no nos debe
sorprender demasiado que los Ministerios de Economía estén dotados de
facultades de indagación más allá de esa frontera que representa la
protección de la intimidad. Precisamente uno de los motivos por los que
se demoró la elaboración de la Ley de Protección del Tratamiento
Automatizado de Datos Personales fue porque no había una jurisprudencia
constitucional en nuestro país que definiera hasta dónde podía llegar la
intervención de las Administraciones públicas y hasta dónde debía llegar
la protección a la intimidad. Esto se definió a propósito del análisis de
las facultades inspectoras del Ministerio de Hacienda, y el secreto
contable dejó de constituirse en un elemento ineluctable de protección de
la intimidad, quedando abierto el camino o, por lo menos, la definición
de los límites dentro de los que debía incurrir la protección de la
intimidad informática en nuestro país.
Creo que esta Cámara tiene la aspiración común --porque, además, así se
estableció en la ley-- de que los datos sensibles reciban una protección
garantizada y reforzada, y no dudo de que la Agencia de Protección de
Datos cuidará este extremo extraordinariamente importante.
Evidentemente, la Agencia de Protección de Datos debe ser un organismo
burocrático, pero lo que no debe hacer es incurrir en esa degeneración
que se conoce con el nombre de burocracia, donde parece que el impulso
personal, la capacidad de imaginación, quedan diluidos en esa vieja
costumbre de todas las Administraciones públicas de todos los países del
mundo, donde el funcionario intenta pasar inadvertido, como actitud
general, y no destacar ni por lo bueno ni por lo malo; no pone su
imaginación a trabajar y procura no incurrir en ninguna de las
infracciones que definen el límite negativo de su actuación personal.
Yo creo que por el planteamiento que desde estos momentos está teniendo
la Agencia, de contar con la estructura mínima indispensable para el
cumplimiento de sus funciones, y desde luego en lo poco que me ha sido
dado conocer hasta ahora, la manera de actuar del director de la Agencia,
debo decir que no veo en él las características peligrosas de un
burócrata, sino de una persona que está a la altura de su cometido.
El señor PRESIDENTE: El señor director de la Agencia de Protección de
Datos tiene la palabra.
El señor DIRECTOR DE LA AGENCIA DE PROTECCION DE DATOS (Martín-Casallo
López): Yo agradezco a SS. SS. sus palabras, así como las preguntas que
me han formulado, y en especial al señor Navarrete las cariñosas palabras
con las que ha terminado su intervención.
Me gustaría llegar con ustedes a una norma de actuación mía cada vez que
les parezca que debo comparecer ante SS. SS., y la norma es que piensen
que yo no voy a tratar de eludir nunca ninguna de las preguntas que me
formulen, y que además (debe ser así, pero tampoco está mal decirlo) voy
a informarles sobre todo lo que me pregunten con la total y absoluta
sinceridad que siempre ha caracterizado mi actuación profesional. Por
tanto, si en algún momento determinado, al tratar de contestar a todo lo
que se me ha preguntado omito alguna contestación, no piensen que es una
omisión maliciosa; ustedes me lo hacen llegar y yo les contestaré, si
puedo contestar; o si no puedo contestar, porque no tengo datos en ese
momento preciso, se lo haré saber.
Es cierto, y participo de la preocupación que tienen SS. SS., que si la
Agencia de Protección de Datos no comienza funcionando bien, tendrá un
funcionamiento lastrado y el ciudadano español perderá, una vez más, la
ilusión de ver protegidos una serie de sus derechos a través de un órgano
estatal, y hablo de estatal en un sentido amplio.
Por tanto, tengo mucho miedo a la salida al público de la Agencia; miedo
o vergüenza torera, tratando de eludir que se produzca una avalancha de
denuncias en la Agencia de Protección de Datos, que ésta, por el personal
que tiene, quede colapsada y que automáticamente el ciudadano diga: otro
organismo de este país que no funciona de la manera adecuada o de una
manera perfecta. (El señor Vicepresidente, Arqueros Orozco, ocupa la
Presidencia.)
Esta es una de las razones por las que yo solicité un aplazamiento de la
disposición adicional, y lo solicité porque, si la disposición adicional,
cuando yo fui nombrado, el 29 de octubre del año pasado, vencía
ineludiblemente el 31 de enero de 1994, si yo salgo en ese momento a la
calle tratando de recabar datos, no tenía medios y desde luego no tenía
posibilidad ninguna de atender la más mínima petición de ningún ciudadano
español en aras a la protección de sus derechos fundamentales en esta
materia de que estamos tratando. Esa fue la razón, no fue otra. Creo que
fue una decisión razonable, meditada, y que si hubiera adoptado la
decisión contraria, posiblemente en este momento la Agencia no digo que
estuviera totalmente desprestigiada, pero quizá hubiera comenzado el
inicio de su desprestigio por no poder atender las peticiones de los
ciudadanos.
Segundo punto: yo pretendo en ese momento (cuando tome noticia de todos
los registros de datos personales existentes en este país, y los tenga
inscritos en la Agencia) tener inscritos los datos mínimos
imprescindibles para poder empezar a ejercer la tutela de los derechos de
los
ciudadanos. Luego, mi sistema informático, según me dicen los técnicos,
me va a permitir sectorializar cada una de las actividades del país, y
después tengo pensado, a través de resoluciones del director de la
Agencia, a las que también le autoriza el Estatuto, empezar a exigir por
sectores aquellos datos que sean más precisos y más necesarios para
cumplir mejor mi misión. Pero debo advertir a SS. SS. que esto no se
logra de un día para otro; que, lógicamente, la captura de los 200.000
ficheros o de los que sean nos va a llevar tiempo; que el hacer el
expurgue de esos ficheros, colocarlos bien, precisar toda la informática
relativa a los mismos, como es lógico, puede ser una obra, no diré de
años, pero sí de unos cuantos meses más que este plazo que acaba el 31 de
julio de 1994. No se puede pretender (creo que nadie lo ha pensado) que
nada más venza el plazo del 31 de julio yo esté en las condiciones
óptimas para ejercer esa tutela de derecho. No, yo estaré en las
condiciones mínimas para comenzar a ejercer una mínima tutela de derechos
del ciudadano español. A partir de ahí, será también una de mis
obligaciones, y por supuesto asumo ir poco a poco mejorando el sistema,
poco a poco introduciendo una serie de datos y elementos por sectores
(sectores que sean más sensibles, sectores que sean menos sensibles,
mayores exigencias, menores exigencias, etcétera), a fin de ir
completando y perfeccionando el sistema.
Creo modestamente que esto debe hacerse así, y no puede hacerse de
ninguna otra forma. Pongo un ejemplo: con relación a las medidas de
seguridad, cuando el Reglamento las regule (porque parece que, en
principio, no va a regular el proyecto del Reglamento que remite el
Ministerio --digo parece, porque todavía no está en mi poder-- las
medidas de seguridad), yo no podré establecer unas medidas de seguridad
que sean iguales para el Ayuntamiento de Madrid que para el Ayuntamiento
de Villarcayo, con todos mis respetos para este segundo Ayuntamiento,
porque, si unifico las medidas de seguridad a los dos ayuntamientos,
puede ocurrir una cosa: que esté exigiendo muy pocas medidas de seguridad
para el Ayuntamiento de Madrid, dado el volumen informático que maneja, o
que esté hundiendo al otro Ayuntamiento, porque le estoy exigiendo unas
medidas de seguridad tan importantes que seguramente su presupuesto
municipal no pueda soportarlo.
Por tanto, creo que hay que andar con cautela, siempre que la cautela no
determine una parada por parte de la Agencia; que el caminar ha de ser
lento, seguro, cauteloso, en aras de esa finalidad de protección de esos
derechos fundamentales.
¿Cómo voy a organizar la inspección? Lealmente, no lo tengo diseñado
todavía, con toda la sinceridad que van a caracterizar mis
intervenciones. Aprovecho y hago un inciso: no he traído la relación de
puestos de trabajo de la Agencia, pero me comprometo a enviársela al
señor Diputado que me la ha solicitado para que no tenga un dato más o
menos preciso de lo que yo le pueda decir de memoria en este momento,
sino para que tenga un dato cabal de cuál es la distribución de la
relación de puestos de trabajo de la Agencia, en donde sí le puedo decir
que, salvo los tres contratados laborales de subalternos, para los que
todavía no se ha abierto el concurso, todas las demás plazas van a quedar
cubiertas aproximadamente el día 5 ó 6 de abril, salvo dos plazas, una de
ellas porque la RPT está equivocada, porque salen puestos de categoría A
y B, que no se corresponden con el nivel 22 y, por tanto, hay que
rectificar esa confusión que tiene la propia RPT, y luego porque hay una
plaza de jefe de sección, creo que de contabilidad, para la que quizá el
atractivo económico no ha sido suficiente y ninguna persona la ha
solicitado, con lo cual va a quedar desierta. Pero salvo esas, la Agencia
de Protección de Datos, a partir del 5 de abril, va a tener cubierta la
totalidad de su plantilla.
¿Qué criterios se ha seguido para la selección del personal? En cuanto a
los puestos de designación, yo abrí un concurso, porque no tenía a
ninguna persona establecida para los cargos de subdirector general; me
vinieron varios peticionarios, hice las entrevistas que creí oportunas y
la verdad es que, en el tiempo que llevan funcionando los puestos de
libre designación dentro de la Agencia, creo que he acertado plenamente
en la elección de los mismos, porque son unas personas jóvenes,
competentes (los informáticos llevaban mucho tiempo trabajando; uno de
ellos incluso había sido gerente de informática de la Seguridad Social,
con lo cual sus conocimientos informáticos parece que ya deben ser una
garantía de que son profundos) y, sobre todo, ilusionados, tan
ilusionados como el director, o incluso diría más, con las tareas y las
funciones que debe cumplir la Agencia.
Pero vamos al tema de la Inspección. No lo tengo diseñado, porque no sé
todavía ni los registros que voy a tener ni el número de denuncias. Lo
único que sé es que tengo muy escasamente dimensionada la inspección.
Tengo tres subinspectores (creo que son) nivel 26, y un subinspector
informático que va a tramitar los expedientes que los informáticos crean
que deben abrirse a determinadas empresas o a determinados organismos de
la Administración pública. Eso es, francamente, muy poco, poquísimo, pero
el dinero del capítulo I que tenía la Agencia, 208 millones de pesetas,
no daba para mayores alegrías en el año 1994. Es posible que me sobre
algo de dinero y que a últimos de año pueda reforzar esta inspección con
algún nivel 29 o algún nivel 30.
¿Por qué estoy tan preocupado por esos niveles? Porque cuando el
inspector tiene que inspeccionar a algún órgano administrativo, los
niveles hay veces que quizá no se corresponden con los conocimientos
informáticos de las personas; eso es cierto. Por ello, creo que un
inspector de la Agencia debe tener la suficiente personalidad cuando se
enfrente con un nivel de la Administración igual, porque si existe una
equivalencia de niveles la libertad por parte del inspector está mucho
más garantizada, pues si no, poniendo un ejemplo, sería como si un
sargento va a inspeccionar a un teniente coronel, valga este ejemplo para
que ustedes se den cuenta de lo que quiero transmitir. Por eso estoy
preocupado por dotar unos niveles superiores que cumplan con esa
equivalencia.
¿Cómo lo voy a hacer? Sinceramente, no lo sé. Piensen una cosa: nosotros
no tenemos Administración periférica, somos distintos de la Agencia
Tributaria o de cualquier
otro organismo del Estado. No somos inspección de trabajo, que tiene
inspecciones provinciales, ni somos Agencia Tributaria que tiene
delegaciones de Hacienda. Somos Agencia de Protección de Datos con
residencia o domicilio en Madrid y hemos de cumplir con las inspecciones
en todo el territorio nacional. ¿Qué criterio? Ni el propio Consejo
General del Poder Judicial nos puede servir como ejemplo o referencia,
que también parece que está en Madrid y se expande a todo el territorio
nacional, porque también los presidentes de los tribunales superiores de
justicia y los de audiencias provinciales tienen determinadas funciones
inspectoras. Por tanto, me encuentro con que, desde Madrid, tengo que
inspeccionar todo el territorio nacional y no puedo diseñar en este
momento la inspección sin saber, para empezar, en qué territorio estarán
ubicados la mayoría de los ficheros. No sé si será en Barcelona, en La
Coruña, en Madrid o donde sea, y yo tengo que llegar a toda España.
Quiero, cuando menos, manejar esos datos mínimos imprescindibles para, en
base a ellos, desarrollar el sistema y tratar de planificar cuál va a ser
la inspección.
En cuanto a las experiencias internacionales, por un lado, dentro de
quince o diecisiete días los dos funcionarios de la Agencia técnicos en
sistemas informáticos seguramente van a viajar a Francia, a Alemania y
posiblemente a Inglaterra para adquirir los conocimientos sobre cómo se
han establecido y organizado este tipo de agencias, como la española, en
otros países del entorno europeo y tratar de asimilar la experiencia
buena de ellos, o que entendamos buena, procurando hacer un diseño
personal, pero basándonos también en las experiencias de esta naturaleza.
Por otro lado, la Agencia se ha hecho notar ya mandando cartas acerca de
su existencia a todos los directores de agencia europeos en este país, e
incluso hemos logrado que todos ellos vengan a una reunión de directores
de agencia de protección de datos europeos, aproximadamente en las fechas
23 y 24 de mayo de este año, con lo cual prácticamente coincidirá la
publicación del reglamento y la salida al público de la Agencia con esta
reunión internacional, lo que creo vendrá muy bien a la Agencia a efectos
de obtener una publicidad indirecta y de que el ciudadano, el obligado a
cumplir y el que quiera ejercer los derechos que la ley le ampara o le
concede, sepa que la Agencia de Protección de Datos ya está en
funcionamiento en ese momento.
¿Cómo debo realizar mi tarea? Puedo decir que el Director de la Agencia
no ha estado, en absoluto, sentado en su despacho esperando a que llegue
la gente sino que ha salido a la calle. En primer lugar, usted hablaba de
la CLI. La CLI me ha solicitado dos veces una reunión y las dos veces ha
tenido reunión con el Director de la Agencia, habiéndoles contado, más o
menos, cómo iba la organización de la Agencia y cómo se estaba
estableciendo y realizando el desarrollo de la ley, el desarrollo del
Estatuto, del mismo modo que estoy informando a SS. SS. en la mañana de
hoy. Por tanto, estoy abierto a ellos. Igualmente he recibido a
organizaciones empresariales pertenecientes a la CEOE, a la patronal
bancaria, a Unespa, a las Compañías de seguros, a las Cajas de Ahorros.
El 21 de marzo tengo una reunión en Sevilla con la Federación Española de
Municipios y Provincias. He tenido reuniones con el Viceconsejero de
Justicia del Gobierno Vasco, con motivo de la implantación de la
informática judicial en el proyecto de la Ley Orgánica del Poder
Judicial. El lunes de Pascua estaré en la Comunidad Autónoma de Aragón
para una reunión. Creo que en esta semana recibiré al Director General de
Informática de la Comunidad Catalana, que viene a plantear una serie de
dudas acerca del cumplimiento de la ley. Es mi deseo retomar cuanto antes
comunicaciones, y si no lo he hecho hasta ahora es porque no sé si es de
mi competencia. No me gustaría hacer dejación de mis competencias ni
invadir competencias que no me corresponden.
Tratar de potenciar la creación de las agencias de protección de datos de
las comunidades autónomas: si hasta este momento no lo he efectuado --lo
digo lisa y llanamente-- es por temor a pasarme, a excederme y a asumir
competencias que no me correspondían. Pero es cierto que toda
conversación de tipo privado que he mantenido con órganos de las
comunidades autónomas que se han dirigido a la Agencia de Protección de
Datos siempre les he apoyado para que traten de cubrir cuanto antes este
puesto, pues creo que es esencial para la tutela de los derechos de los
ciudadanos reconocidos en la ley.
Por otro lado, mantengo conversaciones con el Consejo General del Poder
Judicial a efectos de elaborar un programa de conferencias de ilustración
a los jueces en materia de informática. Vamos a firmar un convenio con la
Universidad de Zaragoza para cursos de doctorado en materia informática.
He participado en el Consejo Superior de Informática del Ministerio de
Administraciones Públicas y mantengo reuniones periódicas cada siete o
diez días, aproximadamente, con el Subdirector General de Informática del
Ministerio de Administraciones Públicas, señor Víctor Izquierdo, acerca
de una mejor aplicación de la ley.
¿Qué más le puedo contar? Voy a recibir, en la última semana de abril,
nuevamente, a patronales bancarias para explicarles los problemas de la
aplicación de la Ley cuando ya tengamos noticias del reglamento, a fin de
facilitar la aplicación de la misma. Es decir --y esto se lo pongo a
título de ejemplo--, creo que la independencia no sólo no se consigue
quedándose enclaustrado dentro de lo que es el territorio de la Agencia,
sino que se consigue manteniendo reuniones donde uno tenga posturas
independientes, pero tratando de alcanzar a todas las facetas y a todos
los estamentos sociales.
Por último, simplemente para tres temas muy puntuales que me ha
planteado. Me preguntó usted por el GATT. Yo, junto con la Defensora del
Pueblo Adjunta, en funciones --tuve también una reunión con ella, al
principio--, nos dirigimos al Ministerio del Interior con relación a esas
noticias periodísticas que aparecieron en su momento en el diario «El
Mundo». El Ministerio del Interior, de una manera particular, me ha dicho
que estaban organizando este fichero, pero que, en cumplimiento de la
ley, estaban elaborando la correspondiente norma administrativa, orden
ministerial o lo que fuera, que estaba en trámite en el Consejo de Estado
y que cuando la tuvieran lista me lo comunicarían a efectos de
inscripción en la Agencia.
Usted me ha hablado también del acuerdo de resolución del Consejo de
Ministros del mes de agosto por el que se creaba una comisión antifraude
(creo que se refería usted a ella) con representantes de varios
ministerios: Trabajo, Sanidad, Agencia Tributaria o Economía y Hacienda.
También he mantenido reuniones con el Director de esa comisión antifraude
para despejar determinadas dudas acerca de la posibilidad o no de cesión
de datos entre las distintas administraciones.
Y, por último, conozco la sentencia del Tribunal Constitucional, pero,
desde luego, nadie ha venido ha solicitar el amparo para que yo, en base
a esa sentencia, tutele los derechos de ese ciudadano. Creo que el
Director de la Agencia no debe ofrecerse al ciudadano, y si al ciudadano
no se le efectúa de manera correcta la aplicación y el cumplimiento de
esa sentencia, será él quien tenga que venir a solicitar la tutela de la
Agencia, que, desde luego, le daré gustosamente.
Con esto creo que he contestado a la mayor parte de las preguntas, pero
si consideran ustedes que me he dejado alguna de indudable interés, les
agradecería que me la formularan.
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Muchas gracias, señor Director
de la Agencia de Protección de Datos, a quien despedimos afectuosamente
en esta Comisión, no sin antes recordarle que quedamos en espera de la
relación de puestos de trabajo de la Agencia que ha ofrecido al Diputado
señor López Garrido.
Suspendemos por dos minutos la sesión para despedir al señor Director de
la Agencia de Protección de Datos.
Se reanuda la sesión.
--COMPARECENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE EXTRANJERIA Y ASILO (AXEL
RUIZ BAUDRIHAYE), PARA INFORMAR DE LAS LINEAS GENERALES A DESARROLLAR POR
DICHA DIRECCION GENERAL. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN
EL CONGRESO. (Número de expediente 212/000453.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, reanudamos la sesión.
El segundo punto del orden del día de la sesión de hoy se refiere a la
comparecencia del Director General de Extranjería y Asilo, que está con
nosotros, al que damos la bienvenida a la Comisión para informar de las
líneas generales a desarrollar por dicha Dirección General. El Grupo
autor de la iniciativa es el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Señor Director General de Extranjería y Asilo, tiene la palabra.
El señor DIRECTOR GENERAL DE EXTRANJERIA Y ASILO (Axel Ruiz Baudrihaye):
Muchas gracias por la oportunidad que me brindan de exponer las líneas
más generales de actuación de nuestra Dirección General de Extranjería y
Asilo de reciente creación.
Voy a explicar en breve el marco en el que nos vamos a mover y descenderé
a algún detalle más adelante.
En primer lugar, quiero recordar, como SS. SS. saben, que los fenómenos
de la inmigración y de asilo son dos fenómenos recientes en España. Son
fenómenos positivos porque denotan, por un lado, el desarrollo económico
de nuestro país y, por otro, la estabilidad democrática que convierten a
España en un polo de atracción, tanto para trabajadores de otros países
como para perseguidos por razones políticas, religiosas, raciales,
etcétera.
Es un fenómeno también estructural, en el sentido de que, por mucho que
se atenúe la entrada de inmigrantes por razones económicas o por razones
del mercado laboral, va a ser un fenómeno con el que vamos a contar
siempre en el futuro y, por tanto, un fenómeno al que tendremos que
acostumbrar a nuestra sociedad y adaptar nuestra Administración.
Quiero recordar, no obstante, que las cifras de inmigrantes y las cifras
de refugiados en España están todavía muy por debajo de las de los países
de la Unión Europea. En este momento en España tenemos una población
extranjera en torno al 1,3 por ciento de la población española. Estamos
incluso por detrás en esta cifra de países con menor desarrollo
económico, como pueden ser Portugal y Grecia --quizá Irlanda es el único
país que no tiene tanta población extranjera--, y de esa población
extranjera tengo también que recordar que más de la mitad son de origen
europeo, son residentes en España, pero no inmigrantes laborales en
sentido estricto. Son, por tanto, cifras que nos permiten todavía actuar
con un margen de maniobra bastante bueno e ir previendo los fenómenos que
van a continuar de una manera creciente. Conocen SS. SS. de sobra que las
líneas fundamentales en materia de políticas de inmigración y de asilo
son políticas de interés nacional, políticas en las que el interés del
Estado prima sobre el interés de los partidos, sobre el interés
coyuntural que pueda tener un determinado Gobierno y que se basan en el
consenso. Así ocurrió cuando se aprobó la proposición no de ley el 9 de
abril de 1991, en la que se trazaron unas líneas directrices en las que
todavía estamos trabajando. Hay once líneas de actuación, tanto en
materia de inmigración, de asilo, como de cooperación al desarrollo.
Creo que esa línea trazada es muy positiva y en ella vamos a continuar.
Es un consenso que queremos que sea, además de político, a nuestro
pequeño nivel de la Dirección General, también un consenso institucional
con organismos similares, sobre todo en materia de integración, que no
afecta tanto a este Ministerio, pero que también nos puede interesar de
alguna manera, sino a organismos de comunidades autónomas que ya están
trabajando en relación con los inmigrantes e incluso con los refugiados.
También es de alguna manera un consenso social. Todas las reformas, todas
las iniciativas que nosotros tomamos, procuramos --siempre se ha hecho y
se va a continuar haciendo-- consultarlas, contrastarlas con
organizaciones no gubernamentales, con asociaciones que trabajan en el
mundo de los inmigrantes y en el mundo de los refugiados,
a fin de procurar que todas las medidas, tanto las que se propongan a
nivel legal o reglamentario como las medidas puras de actuación, cuenten
con el mayor respaldo posible.
También nos interesa fundamentalmente, interesa al Ministerio e interesa
a nuestra Dirección General, que las políticas de inmigración y asilo no
se politicen, no se conviertan en armas arrojadizas políticas; que prime,
sobre todo, el interés nacional y que prime la perspectiva a largo plazo
y la continuidad en esta política.
Por otro lado, voy a decir algo que es casi una contradicción, porque si
bien es verdad que las políticas de inmigración y asilo son políticas
clásicas en lo que respecta o corresponde a la soberanía nacional,
también somos conscientes de que son políticas que no se pueden abordar y
resolver separadamente. Sobre todo en el marco de la unión Europea es
cada vez más importante la cooperación y el adecuar nuestros
procedimientos, nuestras políticas, a las políticas generales que se van
estableciendo progresivamente en el marco de la Unión Europea.
Como ya saben SS. SS., el Tratado de Maastricht, el Tratado de la Unión
Europea, incorpora ya en su título VI un tercer pilar en el que las
materias de inmigración y de asilo tienen una importancia especial.
Ya descendiendo un poco al nivel de la Dirección General, en materia de
inmigración, diré que nuestra Dirección General es una Dirección pequeña;
es, sobre todo, una Dirección de impulso y vamos a continuar impulsando
estas políticas y perfeccionando los instrumentos con los que ya contamos
en materia de control de flujos.
Estos instrumentos no son, naturalmente, puestos en marcha solamente por
la Dirección General de Extranjería sino que es muy importante la
coordinación con otros ministerios y otros centros directivos de
departamentos ministeriales que también tienen competencias en materia de
inmigración. Concretamente ya saben que existe la Comisión
Interministerial de Extranjería, en la que participan el Ministerio de
Justicia, el de Asuntos Exteriores, el de Trabajo y el de Asuntos
Sociales.
Vamos a intentar seguir perfeccionando los instrumentos principales de
control de flujos migratorios. El primero de ellos, por razón de cuándo
se ponen en marcha, la política de visados. Una política de visados
correcta está consiguiendo que desciendan, por ejemplo, drásticamene los
rechazos en frontera de ciudadanos de determinados países iberoamericanos
o de países del Magreb. La implantación de visados para alguno de estos
países ha permitido mayor seguridad jurídica a los ciudadanos de estos
países que querían entrar en nuestro país y que, al estar bien
documentados en origen, no son rechazados en frontera.
En segundo lugar, una política de cupos o de contingentes, que tiene que
ser delimitada o trazada por el Consejo de Ministros, a propuesta de la
Comisión Interministerial de Extranjería, en la que nosotros también
tendremos que aportar nuestras ideas y nuestras experiencias.
Como saben, el año pasado el contingente, dada la razón del mercado
laboral, quedó prácticamente vacío. Habrá que reconsiderar un nuevo
contingente para el año 1994, pero teniendo en cuenta cuál ha sido la
experiencia anterior, dada la coyuntura económica.
En tercer lugar, control de fronteras. Debemos perfeccionarlo, debemos ir
a la adaptación al Manual Común de Fronteras que se establece en el
convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen. Como ya habrán oído
ustedes hablar, el sistema de información de Schengen en nuestro país ya
está prácticamente dispuesto para funcionar, y en eso creemos que estamos
bastante avanzados.
Ligado al control de fronteras, tendremos que abordar en algún momento la
represión y la adecuada sanción del tráfico ilegal de personas, que
preocupa no sólo a España sino a toda la Unión Europea, pero deberá ser
establecido a un nivel legal puesto que la sanción en este momento no
podría establecerse a nivel reglamentario.
En cuarto lugar, otro instrumento, ligado muy directamente al de tráfico
ilegal de personas, sería el control y represión del trabajo clandestino.
Sus señorías saben que acaba de aprobar la Comisión Interministerial de
Extranjería una instrucción conjunta para establecer unos grupos
operativos provinciales, en los que, si la Inspección de Trabajo lo
necesita, podrá requerir el apoyo de las Fuerzas de Seguridad del Estado,
tanto policía como Guardia Civil, según la zona, para detectar las zonas
y las empresas, así como los trabajadores que están trabajando
clandestinamente en perjuicio de la comunidad inmigrante legal y también
perjuicio de los trabajadores nacionales. De todas maneras, quiero
recordar que esta instrucción se aplica no sólo a los inmigrantes sino a
todo trabajo clandestino.
Otro elemento, accesorio y complementario pero que es absolutamente
necesario para cerrar --digamos-- el círculo de medidas de control de
flujos, es el sistema de expulsiones. El sistema de expulsiones tiene que
ser también mejorado. Tienen que establecerse, por supuesto, y mantenerse
las garantías que existen, pero habrá que trabajar también en su
progresivo engrase y adaptación para que funcione mejor de lo que está
funcionando.
Por último, otro aspecto que depende también mucho del Ministerio de
Asuntos Exteriores, pero en el que el Ministerio del Interior recibe
inmediatamente las consecuencias, es la cooperación intergubernamental,
concretamente lo que llamamos acuerdos de readmisión. Funciona ya uno
entre España y Marruecos; está funcionando bien. La cooperación con
Marruecos es excelente, aunque es prácticamente imposible impermeabilizar
absolutamente una frontera de 2.000 kilómetros. Las fuerzas de seguridad
marroquíes han logrado impermeabilizar, junto con la cooperación de las
nuestras en nuestras costas, para evitar el triste espectáculo de las
pateras que hace dos años llenaban las páginas de los periódicos.
El acuerdo de readmisión con Marruecos está funcionando y a lo que se
tiende en este momento en la Unión Europea es a incorporar acuerdos de
inmigración y, de alguna manera, el aspecto de readmisión en todos los
acuerdos de cooperación al desarrollo que se establezcan con países
terceros.
Una herramienta con la que queremos contar en la Dirección General de
Extranjería y Asilo para --digamos-- poder impulsar mejor iniciativas,
reformas, etcétera, es una buena estadística y una buena información en
materia de inmigración. Sus señorías tendrán --y, si no, yo
tengo más ejemplares aquí-- el Anuario de Extranjería de 1992, que acaba
de ser publicado. Tenemos intención de publicar el de 1993 antes del
verano, junto con la información que procede fundamentalmente de la
Comisaría General de Documentación, del Ministerio de Justicia, del
Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Asuntos Sociales. Son datos y
análisis que tenemos que seguir llevando y en los que tenemos que
profundizar para establecer las nuevas tendencias migratorias, no sólo en
nuestro país sino en el conjunto de la Unión Europea. Son datos que
también tenemos que contrastar y comparar con asociaciones y con
organizaciones no gubernamentales, que disponen, naturalmente, de otras
fuentes de información, pero en todo caso, acumuladas, contrastadas y
analizadas conjuntamente, pueden despejar algunas incógnitas y
permitirnos establecer previsiones y algunos pronósticos. Son datos que
nos pueden servir también para detectar lo que podríamos llamar la
inmigración inducida, sobre todo vía reagrupación familiar y crecimiento
demográfico de la población extranjera ya en España.
¿Reformas e iniciativas más inmediatas que nos proponemos actualmente? Yo
citaría en este momento sólo dos: la primera, en materia de inmigración,
la reforma del Reglamento de la Ley de Derechos y Libertades de
Extranjeros en España. El Reglamento es de 1986. Hay que adaptarlo a
normas y a directrices europeas; hay que adaptarlo también, en materia de
procedimiento, a lo establecido en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
la Administración del Estado y Procedimiento Administrativo Común. Hay
que adaptar los procedimientos para rechazo en frontera y los criterios
para restablecer este rechazo en frontera de acuerdo con el Manual Común
de Fronteras de Shengen. Tenemos también la intención de simplificar la
tramitación de los permisos de residencia y su renovación, e incluso
incorporar el permiso permanente, que fue un compromiso además del
Gobierno y ya estaba en el programa electoral del Partido Socialista.
Pensamos que podemos engancharlo a la frase «arraigo permanente» y
podemos incorporarlo en el Reglamento.
Por último, también incorporar la reagrupación familiar de alguna manera
al Reglamento, aunque ya estaba prevista, un poco en la línea en la que
va la instrucción, que es reciente, sobre reagrupación familiar, para
permitir que los inmigrantes legales en España puedan traer a sus
familias si cuentan con los medios adecuados de vida y con una vivienda
digna. Esto se va a incorporar también al Reglamento, porque además así
lo exige la Unión Europea, y hay un acuerdo de los ministros para que así
se haga en todos los países.
El aspecto relacionado --digamos-- con la simplificación de tramitación
--es decir, facilitar la vida y el contacto con la Administración de los
inmigrantes y de los extranjeros en general-- es continuar con la
apertura de las oficinas de extranjeros. Hay abiertas cuatro. Vamos a
intentar abrir antes del verano Madrid y Barcelona y probablemente
abriremos alguna más antes de final de año. Lo que pasa es que ahí
estamos limitados por las disponibilidades presupuestarias. Ya saben SS.
SS. que el aspecto informático es muy importante para la instalación y el
funcionamiento de esas oficinas y se ha preferido no ir muy deprisa pero
contar con una buena aplicación informática y con unos buenos materiales
para que, cuando se ponga en funcionamiento, no estemos en un permanente
rodaje, sino que entre realmente en funcionamiento y facilite la
tramitación.
El otro aspecto que limita la posibilidad de crear más oficinas, aunque
hay comprometidas hasta 11 en este momento, es también las relaciones de
puestos de trabajo, la aprobación de unas plantillas nuevas, que implica,
queramos o no, siempre un cierto aumento de gasto.
Por fin, en materia de políticas de asilo, la reforma de la ley --y nos
congratulamos-- ha sido aprobada en el Congreso sin ningún voto en
contra. Esperemos que la Ley sea promulgada pronto. Estamos ya trabajando
en el borrador del reglamento de la Ley de Asilo, que incorporará algunos
aspectos que ya la experiencia marca y las tendencias que hay en la Unión
Europea y en el conjunto de países que tienen políticas de asilo ya muy
rodadas se imponen. Por ejemplo, quiero mencionar la atención a las
personas que no son refugiados políticos a título individual, porque no
tienen una persecución personal, pero por razones de conflictos civiles o
conflictos religiosos o étnicos pueden estar desplazadas temporalmente.
En este sentido, tendremos que mejorar el sistema de documentación de
estas personas, de la misma manera que ahora se está haciendo con los
bosnios, utilizándose unos mecanismos, unos instrumentos que no estaban
previstos exactamente para ese supuesto. Además --y esto no es una
competencia sólo del Ministerio del Interior--, el aspecto de asistencia
a estas personas, tanto cuando son solicitantes como cuando ya han
recibido el estatuto del refugiado.
Vamos a duplicar en espacio la Oficina de Asilo y Refugio y vamos a
aumentar el personal de la Oficina. Quizá ésta es la Subdirección de la
Dirección General de Extranjería que, digamos, gestiona más. La
ampliación es modesta, porque incorporamos funcionarios que ya están en
el Ministerio y que, al suprimirse el Gabinete Técnico de la Comisión
Nacional del Juego, vamos a absorber; vamos a pasar de unas 35 personas a
cerca de 55, unas 15 ó 20 personas más. Reitero mi invitación para que
SS. SS. visiten la Oficina de Asilo y Refugio en cualquier momento; son
ustedes siempre bienvenidos porque creo que ver de cerca el trabajo que
se está haciendo en esa oficina es muy ilustrativo y muy gráfico para
saber a qué fenómeno nos estamos enfrentando. En este sentido, quiero
dejar patente que la vía de asilo, por cuestiones legales, ha estado
utilizándose hasta la fecha como vía de inmigración económica en muchos
casos.
También habrá que reformar, modificar y mejorar los locales de espera o
de retención --como se les quiera llamar-- en aeropuertos y fronteras,
sobre todo en cuanto entre en vigor la nueva ley de asilo.
No quiero terminar mi intervención sin referirme al problema de la
xenofobia y el racismo. Creo que hay que reducir el problema a sus justas
dimensiones. En la prensa a veces se lee que ha habido un acto racista
por el simple hecho de que en ese suceso intervenga una persona de
distinto color u origen; por ejemplo, que no sea europea.
Creo, repito, que el fenómeno hay que reducirlo a sus justas dimensiones.
La sociedad española está tolerando bastante bien, creo que mucho mejor
que muchos otros países vecinos, la presencia de población extranjera, y
en ese sentido hay que ser optimistas, seguir verdaderamente vigilantes
para que la absorción, la integración, se haga bien. En este aspecto
hemos de tener en cuenta que la capacidad de inmigración de nuestro país
vendrá determinada en buena medida por la capacidad de integración de
nuestra sociedad. No obstante, como digo, vamos a estar muy vigilantes
con los brotes de racismo o xenofobia que puedan existir, que algunas
veces vienen motivados no tanto por actitudes racistas predeterminadas
por una condición o una ideología política determinada sino porque se
mezclan una serie de ingredientes, como puede ser la ignorancia, como
puede ser el paro o la marginación, tanto en la sociedad como en algunas
comunidades de extranjeros que residen ilegalmente en España y que están
creando en algunas zonas urbanas algún problema y pueden perjudicar la
imagen de la población inmigrante en general. Creo que ése es un problema
totalmente separado de la inmigración, pero que hay que atajar con el
debido rigor, porque si no, lo que estamos haciendo, y ya se está viendo
incluso en prensa, que no es precisamente una prensa conservadora o
racista, es un atisbo de criminalización de la población extranjera,
hasta tal punto que en algunos momentos ya se puede hablar de argelinos,
de chinos o de centroafricanos, y la gente puede pensar inmediatamente
que están implicados en actividades delictivas. Hay que estar muy
vigilantes para evitar estos brotes y actuar con el debido rigor y sin la
alarma exagerada que pueden inducir algunos titulares de prensa.
Creo que un buen control de fronteras, un buen control de los flujos
migratorios, una buena política de integración una vez que los
inmigrantes legales estén ya en España, y, además, una persecución y una
vigilancia de las actitudes racistas y xenófobas, en conjunto es lo que
mejor garantiza la protección de la comunidad inmigrante en España, de la
comunidad extranjera, y lo que les permite acceder a los derechos y
libertades que tienen en este momento los españoles, excepto,
naturalmente, a algunos de carácter político.
Muchas gracias. Si quieren formular alguna pregunta, estoy dispuesto a
contestarla.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Jordano.
El señor JORDANO SALINAS: Al recibir a un nuevo Director General dentro
del organigrama del Ministerio esperábamos que el planteamiento de su
trabajo se apartara un poco, introduciendo alguna novedad, respecto al
contenido que en materia de extranjería marcó el Ministro señor Corcuera
en su comparecencia del 29 de septiembre del pasado año. Realmente los
puntos en los que el anterior Ministro del Interior creía que se podía
desarrollar el trabajo en materia de extranjería son prácticamente los
que ha desarrollado usted en la comparecencia de hoy, con una única
diferencia: el Ministro adelantaba la posibilidad de convertir la
Dirección General de Política Interior en Secretaría de Estado, pero, por
ahora, parece que no se ha querido incluir una nueva secretaría de Estado
en el Ministerio del Interior.
Quisiera, antes de entrar en diversos planteamientos, que hiciese una
precisión, porque podemos estar hablando de teoría en relación a la
inmigración, en relación al movimiento de extranjeros, y no llegar nunca
al fondo de la cuestión. Usted ha distinguido entre una prensa normal y
una prensa conservadora racista. Evidentemente, sobre esto hay que
preguntarle al nuevo Director General en esta materia y ser contundentes
en la pregunta. Si desde el Ministerio del Interior hay cualquier
apreciación de que en España existe una prensa, algún medio de
comunicación que tiene ya connotaciones racistas, no se entiende cómo el
Ministerio del Interior no ha tomado las medidas judiciales oportunas y
no ha puesto en marcha la denuncia. Por tanto, tengamos cuidado con los
calificativos, porque extranjería es precisamente una de las materias en
las que más cuidado hay que tener con los calificativos.
En cuanto a asilo, el Congreso de los Diputados ha hecho un esfuerzo
--hay que reconocer que todos los grupos políticos han hecho un esfuerzo
importante-- por intentar, respetando los compromisos internacionales del
Estado español, encontrar una normativa legal en España que sirviera para
atender el derecho de asilo. Existen determinadas reservas de algunos
grupos políticos sobre el contenido exacto de la Ley, pero lo cierto es
que el Ministerio y su Dirección General cuentan ya con un instrumento
legal adaptado a las circunstancias de este momento. Nosotros decíamos en
el debate de la Ley que el Ministerio ya contaba con un instrumento, pero
que ahora teníamos que estar muy vigilantes en lo que es la aplicación
concreta de este instrumento, y uno de los puntos importantes para saber
si se va a aplicar con el debido respeto a los derechos de los
solicitantes de asilo --estén o no fundadas esas solicitudes de asilo--,
y así lo viene denunciando reiteradamente el Defensor del Pueblo en todos
sus informes, es la necesidad de contar con centros de retención en
fronteras y con centros de acogida que merezcan este calificativo y que
no nos encontremos con instalaciones decrépitas, en malas condiciones y
con los solicitantes de asilo alojados en naves que no reúnen ninguna
condición de habitabilidad. La sociedad española estará fallando si no
invierte decididamente en esta materia. Este es uno de los compromisos
que tiene el Ministerio del Interior al establecerse la nueva Ley de
Asilo.
Respecto a la inmigración legal, nosotros plantearíamos una observación:
debe avanzarse nítidamente en el concepto de reagrupamiento familiar. Y
en cuanto a los contingentes, a lo mejor estadísticamente no nos sirve la
referencia del año en que se ha aplicado una política de contingentes,
pero he echado en falta la referencia a los contingentes temporales y a
la inmigración temporal, ya que realmente, por las enormes diferencias
salariales existentes en los países a los que nos estamos refiriendo, de
donde le viene el flujo principal de mano de obra, puede conseguirse una
mejora de la calidad de vida de una serie de personas de estos países,
probablemente sólo con un
trabajo temporal en España, lo que, por esas enormes diferencias
salariales, permitiría cubrir necesidades vitales de toda una familia el
resto del año.
En cuanto a la inmigración ilegal, tenemos el problema de las cifras y
tenemos el problema de saber de qué estamos hablando. Si esta mañana
cualquier lector de prensa --no sé si llamarla conservadora racista o
prensa a secas-- ojea las páginas de los periódicos, se encuentra con una
serie de noticias enormemente llamativas respecto a la situación de los
extranjeros ilegales. Las cifras que manejamos, 1,3 ó 1,5 por ciento del
número total de extranjeros, contempladas para todo el territorio y si
estuviéramos hablando de una distribución homogénea por todo el
territorio nacional, no serían llamativas ni nos preocuparían, sobre todo
en comparación con las cifras de otros países, pero la realidad concreta
es que cuando esta cifra se aplica a las poblaciones o ciudades en las
que se concentra el mayor número de inmigrantes ya no estamos hablando
del 1,5 por ciento, estamos hablando de mucho más. Y añadiría otra
precisión: si contemplamos las zonas de las ciudades que reúnen el mayor
número de inmigrantes, donde a su vez se concentran los inmigrantes, ya
no estamos hablando de un porcentaje que no deba preocuparnos. Cualquier
persona que pasee por la Puerta del Sol cualquier día, en el entorno de
la una y media de la tarde o de las ocho y media de la noche, no se
creerá las cifras que maneja el Ministerio del Interior porque las
concentraciones en esos puntos son, no ya del 1,5 por ciento, sino de
mucho más del 3 por ciento o incluso de otros porcentajes. Por parte de
su Dirección General sí hay que estar atentos al concepto de
distribución.
No me atrevo a dar, como algún sociólogo o aprendiz de sociólogo un tanto
exaltado ha dado recientemente, determinadas cifras para precisar el
porcentaje a partir del cual se produce el estallido racista o el
estallido xenófobo; no me atrevo a dar un porcentaje determinado ni a ser
concluyente al decir: a partir del seis por ciento, con una población
diferente se produce un estallido de racismo. Lo que sí sé es que hay
determinados momentos en que se supera un nivel y automáticamente se
produce el estallido de xenofobia o de racismo. Por tanto, hay que ser
conscientes de que eso pasa así y aplicar determinadas actuaciones para
lograr una distribución homogénea de los inmigrantes.
En relación con la inmigración ilegal también habría que preguntar algo
que lo pone de actualidad y es la filtrada circular de la Fiscalía
General del Estado. Hemos pedido que se nos remita el texto de la
circular. Una vez que ese texto llegue a poder del Congreso de los
Diputados podremos manifestarnos con más fundamento sobre qué es lo que
ha dicho realmente el Fiscal General del Estado, pero sí hay que hacer
una observación a su Dirección General.
La Ley de Extranjería permite una serie de instrumentos de expulsión de
extranjeros con entrada ilegal en España que han sido condenados en
firme, como también permite un intercambio de presos, llamémosle así,
cuando hay condena en firme y cuando lo solicita ese preso. Sin embargo,
las cifras que se han hecho públicas en esta materia no nos permiten
decir que se está actuando adecuadamente con el Ministerio.
Hacemos la observación de que hay esos instrumentos legales que pueden ir
aplicándose y situando poco a poco a una serie de extranjeros condenados
en firme en su país de origen, o en las cárceles de su país de origen,
porque una llamada a rebato como la hecha --si es ése el contenido de la
circular del Fiscal General del Estado-- por el Fiscal General del
Estado, «Expulsen a todos los presos que haya en las cárceles españolas»,
son llamadas a rebato que provocan la intranquilidad en la población y
que magnifiquemos determinados problemas.
Coincidimos en que nos enfrentamos a un problema no coyuntural, a un
problema permanente. La semana pasada se hizo público un informe de la
OCDE en el que se resaltaba el ritmo de crecimiento constante de la
inmigración hacia España, y da una cifra de haberse duplicado la
población de inmigrantes en los últimos 30 años. Es evidente que desde
1992 ese ritmo se ha incrementado considerablemente.
Yo no diría que éste sea un problema al que nos tenemos que acostumbrar,
lo que diría es: ¿Tenemos instrumentos en la sociedad española para
aprovechar lo que hay de bueno en el concepto de relación de los
españoles con el extranjero y con el diferente, que es un hecho
diferencial respecto a otros países de nuestro entorno? ¿Tenemos
posibilidades de aprovechar ese buen concepto o ese buen elemento
sociológico de relación con el extranjero para evitar que surjan
tendencias de xenofobia o de racismo en la sociedad española? Por tanto,
no es un problema al que nos tengamos que acostumbrar, no es un problema
para ponernos gafas de sol, sino para que el ciudadano español, el niño
español, pueda mirar con una mirada limpia a un extranjero sin necesidad
de poderse gafas de sol. La actitud de acostumbrarnos al problema
implicaría repartir gafas de sol para que no moleste el problema. Un
enfoque serio tendría que lograr que el ciudadano español pueda mirar con
tranquilidad al extranjero. Y enlazo lo de pueda mirar con tranquilidad
al extranjero con algo que sí es competencia pura del Ministerio del
Interior y en lo que parece que se está avanzando muy poco. Puede ser por
casualidad que hoy aparezcan en la prensa una serie de noticias
concentradas sobre actuaciones relativas a mafias chinas, sobre
actuaciones relativas a intimidación de determinados inmigrantes por
parte de otros, o los días que han precedido a éste aparezcan una serie
de noticias de delitos cometidos por extranjeros...
El señor PRESIDENTE: Señor Jordano, concluya, por favor.
El señor JORDANO SALINAS: Voy concluyendo, señor Presidente. Pero no
puede aparecer una noticia de la existencia de trama de mafia de
explotación de inmigrantes, de redes de trabajos clandestinos, sin que
paralelamente aparezca una actuación concreta del Ministerio del Interior
y de las Fuerzas de Seguridad en relación con esta materia.
Para terminar, le diría que, a nuestro modo de ver, compartimos casi en
lo esencial las conclusiones de un seminario celebrado por el Consejo de
Europa la semana pasada sobre racismo e intolerancia. Hay que resaltar,
de un lado, el papel de la educación y una serie de medidas urbanas --y
ahí echo en falta que en su Dirección General no se haya preparado
todavía un programa de esta naturaleza-- en colaboración con los
ayuntamientos para conseguir fomentar la integración de grupos sociales
minoritarios. Porque a ese nivel de primer peldaño de la Administración
más cercana al ciudadano es como se puede dar lugar al cambio o al
mantenimiento de la actual conciencia ciudadana en materia de
extranjería.
Por supuesto que hay que ser extremadamente vigilantes con actuaciones en
televisión o con actuaciones en medios escritos que puedan fomentar o
resaltar lo que al final se convierta en tendencias perniciosas para esta
sociedad. Todos los grupos de esta Cámara estamos comprometidos para
evitar que lo que ha aparecido en otros países de nuestro entorno europeo
no aparezca, ni por asomo, ni siquiera a nivel de anécdota, en la
sociedad española.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida tiene
la palabra el señor López Garrido.
El señor LOPEZ GARRIDO: Gracias, señor Axel por su presencia en esta
Comisión y nuestra felicitación por su reciente nombramiento y porque
exista una Dirección General, en el Ministerio del Interior, dedicada a
los temas de extranjería y asilo.
Su intervención, algo genérica y llena de buenas intenciones, no se
corresponde con lo que sucede en la práctica en relación con la
extranjería y el asilo. Es decir, una Dirección General de Extranjería y
Asilo puede ser la cara amable del problema, pero si no se refleja en las
actuaciones concretas de las Fuerzas de Seguridad, y sobre todo de
quienes ejecutan la Ley de Extranjería y Asilo, es muy difícil que sea
creíble esa actitud. Seguramente porque todavía en nuestro país no hay
una ley de inmigración. Y, por cierto, nos gustaría saber si esa
Dirección General piensa impulsarla.
Tenemos una Ley de Extranjería que concibe el problema del extranjero
como un problema pero no como una cuestión que tiene que ver con los
derechos humanos, y tampoco la concibe como un problema que necesita la
integración. Por lo tanto, no es una ley de integración, que es lo que
está necesitando nuestra sociedad, teniendo en cuenta que la cifra de
extranjeros en nuestro país va creciendo de forma natural. Lo que no es
natural es que tengamos unas cifras tan bajas, hasta hace poco, de
extranjeros en nuestro país; lo natural es que afluyan extranjeros, lo
cual es algo positivo. Por eso es por lo que esa expresión suya de que
los españoles toleran la presencia de extranjeros no nos parece muy
adecuada porque no es un problema de tolerar la presencia de los
extranjeros. La presencia de los extranjeros tiene una componente muy
positiva. Hay que sacar de una vez este problema de la tolerancia, o de
lo humanitario, o de lo paternalista, cuando resulta que estas personas
aportan muchas cosas positivas a nuestro país (por cierto, tenemos muchos
más españoles fuera de España que extranjeros en España), cuando estas
personas están trabajando en nuestro país, en la economía legal o en la
economía sumergida, en puestos de trabajo que en la inmensa mayoría de
los casos son los que los españoles no desean. Por ejemplo, en
agricultura, en servicio doméstico, en hostelería, cubren trabajos que
los españoles no desean cubrir. Y si estas personas están aquí es porque
existe trabajo en la economía legal o sumergida para que estén. Luego es
muy positivo que estén, no solamente no es negativo; es muy positivo que
estén porque aportan trabajo, además de otros valores culturales que
necesitamos en nuestro país.
La política de cupos, que usted ha mencionado, no ha sido un éxito. No
quiero ser muy duro y decir que ha sido un fracaso, pero no ha sido un
éxito. Los 20.000, me parece que fueron, o algo más de 20.000 puestos de
cupo del año pasado la verdad es que no se llegaron a cubrir y, sin
embargo, existen miles de personas en la ilegalidad. Luego no ha sido un
éxito esta política, porque no está inserta en una política integradora,
en una ley de inmigración, que se necesita urgentemente en nuestro país,
y porque toda la situación del extranjero, del emigrante económico, está
revestida de temporalidad, de precariedad, de inestabilidad. Los permisos
de trabajo tienen que renovarse todos los años, así como los permisos de
residencia. Está llena de inestabilidad, y ésta no es una situación que
se pueda mantener. No se debe mantener. Si a ello le añadimos ya la
situación de precariedad que tiene nuestro mercado laboral, pues es
albarda sobre albarda.
Por eso el problema de la xenofobia y el racismo, al que se ha referido
el anterior interviniente de esta Comisión, el señor Jordano, no es un
problema --y en esto discrepamos rotundamente de su opinión-- de
crecimiento de cifras o de niveles a partir de los cuales se produce el
estallido racista. Ese no es un problema; es decir, esa teoría de que en
cuanto sube un determinado nivel se produce el estallido racista y, como
consecuencia, parece que la culpa la tienen más bien los que vienen y no
los que están aquí, es inaceptable. Por poner un solo ejemplo: ustedes
recordarán el estallido racista, que sí que lo fue, en Alemania oriental,
en la población de Rostock, y algún otro que hubo de quema de casas de
inmigrantes en una población en la que solamente estaban esas personas
como inmigrantes, no había más y, sin embargo, se produjo el estallido
racista. En Francfort me parece que en estos momentos existe un 25 por
ciento de población extranjera; en Francfort, Alemania, no hay nada de
problema de estallido racista. Así que éste no es un problema de cifras
sino de actitud cultural y de actitud de los poderes públicos, de
pedagogía de los poderes públicos, es decir, de considerar que los
extranjeros tienen la culpa de los males y de la criminalidad.
Por ejemplo, la circular del Fiscal General del Estado, en la forma en
que se ha presentado, es mezclar una vez más al extranjero con el
delincuente, lo que no es
precisamente algo que ayude a disipar o a atenuar las dimensiones
racistas o xenófobas de nuestra sociedad.
Yo quisiera referirme, en cuanto a extranjería y en cuanto a asilo, los
dos componentes fundamentales de su Dirección General, a algunos ejemplos
concretos de problemática que en este momento resulta muy grave, muy
seria.
En cuanto al tema de la extranjería me voy a referir al tema de la
reagrupación familiar. No está solucionado, en absoluto, el tema de la
reagrupación familiar. Puede que en este momento sea el problema más
urgente, entre otras cosas porque no se ha regulado realmente el derecho
a la reagrupación familiar, a pesar de que en nuestra Constitución sí
existe el derecho de la unidad familiar, el derecho a que se mantengan
relaciones familiares, a la protección de la familia.
A la política de visados se ha referido usted, creo yo, de una forma
desequilibrada, porque ha hablado del visado que tiene que pedir en
origen la persona. Por tanto, se ha hecho mucho hincapié en el visado que
impide venir, pero no se hace ninguno en la política de visados que
permite estar. Me refiero a la exención de visados. En estos momentos se
están denegando sistemáticamente exenciones de visado, a pesar de que en
el Reglamento de Extranjería así se prevé, en situaciones en las que es
incomprensible que se denieguen. En casos de que el marido está en
situación legal y la mujer no, se obliga a la mujer a volver a su país de
origen para pedir desde allí el visado para poder venir aquí. Sucede no
solamente en estos casos, sino en los que incluso a los hijos de
matrimonios que están legales en España, pero que ellos no tienen la
situación de legalidad, se les obliga a volver a su país, llegando a
casos creo que anecdóticos, porque no parece que sea algo generalizado.
Se da la situación de que a bebés se les dice incluso que tienen que
volver a su país para pedir allí el visado y venir a España a reunirse
con sus padres.
Esta política de exención de visados o de ausencia de exención de visados
es una política que tiene todas las lacras de una acción burocratizada,
con tintes efectivamente nada favorables al reagrupamiento familiar ni a
la integración ni al arraigo. Porque toda la política que se está
llevando en la práctica sobre extranjería no va en la línea del arraigo
sino en la línea del desarraigo. Por tanto, todo lo contrario.
Por ejemplo, usted conoce que existen convenios internacionales con
Argentina, con Perú, con Chile, con algunos países hispanoamericanos.
Como consecuencia de ellos, el inmigrante no tendría ni siquiera que
pedir el permiso de trabajo sino que podría trabajar inmediatamente, y
esa posibilidad de trabajar inmediatamente se está denegando por la
Administración pública sin necesidad de pedir ni siquiera permiso de
trabajo, porque esperan a que llegue la sentencia del Tribunal Supremo,
que indefectiblemente se produce de modo sistemático porque se le da la
razón a esas personas, dado que hay un convenio bilateral, y, sin
embargo, la Administración desoye esa línea jurisprudencial consolidada y
hasta que no llega la sentencia no permite que esas personas puedan
trabajar.
En el caso del asilo, y ya voy terminando, se dan también circunstancias
que no ayudan a que esta política de inserción o de integración, que
siempre se dice que se tiene que tener, exista en la práctica. Por
ejemplo, el asilo humanitario, que va a desaparecer de la Ley de Asilo
como consecuencia del proyecto de ley que se está tramitando ahora mismo
en el Senado (nosotros nos hemos opuesto a que desaparezca el asilo por
razones humanitarias para los desplazados), pues este asilo por razones
humanitarias, sencillamente, desde hace meses no se aplica; no se da
asilo por razones humanitarias. Ya se está aplicando el proyecto de ley
por anticipado.
Le puedo citar un caso de ayer mismo. Ayer me enteré de que el expediente
de un iraquí que vino con 17 años a España huyendo de una persecución,
religiosa en este caso, pues pertenece a una familia cristiana --repito,
siendo perseguido contemporáneamente a la guerra del Golfo por el
Gobierno de su país-- ha tardado en tramitarse dos años o dos años y
medio y se le deniega, cuando es un caso evidente de asilo por razones
humanitarias. Es decir, no se está aplicando, sencillamente no se da
asilo por razones humanitarias. Me gustaría saber las cifras de
peticiones de asilo que se han concedido en este año, si usted las tiene,
y las que se han concedido el año pasado. Prácticamente, la concesión del
asilo es una «rara avis», es algo exótico ya, prácticamente no se concede
asilos en nuestro país, y desde luego tampoco por razones humanitarias.
Esta es una forma de vaciar una figura, por muchas buenas intenciones que
se tengan a ese respecto.
Además, se está aplicando la Ley de Extranjería a solicitantes de asilo,
en esa mezcla, ya imposible de evitar, de asilo y extranjería. Se están
incoando expedientes de expulsión a solicitantes de asilo por carecer,
supuestamente, de medios lícitos de vida, cuando es sabido que los
solicitantes de asilo no pueden trabajar porque les está prohibido por la
legislación. Se les deja trabajar en España, pero no pueden trabajar.
¿Cómo pueden vivir esas personas cuando se les acaba o no tienen el
estipendio que les pasa la Cruz Roja y, sin embargo, se les está incoando
expedientes de expulsión, aplicando la Ley de Extranjería a solicitantes
de asilo?
El señor PRESIDENTE: Señor López Garrido, termine, por favor.
El señor LOPEZ GARRIDO: Ya voy terminando, señor Presidente.
Sobre el asunto de las citas en las oficinas de asilo, en estos momentos
la persona que llama a la oficina de asilo y solicita una cita para pedir
asilo se le dice que vaya dentro de un mes o mes y medio. Pero en ese mes
y medio, ¿qué sucede? ¿En qué situación está esa persona? Esa persona
quiere solicitar asilo, pero es por razón de los problemas
administrativos, por razón de que la oficina de asilo le cita para mes y
medio después, no por su culpa, sino por culpa de la Administración, por
lo que no puede formalizar su situación. Y, sin embargo, en este tiempo
la policía le detiene, le incoa un expediente de expulsión y cuando se
entera de que va a ser un solicitante de asilo congela el
expediente de expulsión --no lo anulan, que sería lo lógico-- a la espera
de desencadenar rápida y automáticamente la expulsión en el momento en
que se le denegase sobre el fondo el asilo. Incluso algunas personas han
llegado a ser internadas en ese período, contraviniendo claramente la
legislación de protección del asilo.
Por último, el problema de los desplazados, cuya situación no está en
absoluto solucionada; desplazados a los que no hemos logrado incluir por
el momento --todavía tenemos esperanzas de que el Senado mejore el
proyecto de ley-- en las posibilidades del estatuto de asilado, que
tienen grandes dificultades para conseguir trabajo y residencia y que
también sufren discriminaciones. En estos momentos, la llamada tarjeta
permanente temporal --que es una expresión de lo más curiosa desde el
punto de vista de la lingüística, algo que es permanente y temporal--,
que la Comisión interministerial que examina las solicitudes de asilo
recomienda normalmente a la Comisaría General de Documentación, se
concede a los bosnios, pero, por ejemplo, no se concede a los liberianos,
que están en situación parecida. En este aspecto, hay una situación de
cierto privilegio, si es que se puede emplear esta expresión, aunque sea
sarcásticamente, respecto de algunos y no respecto de otros. El tema de
los desplazados es muy importante.
En el caso de los desplazados, se da la circunstancia de que la
precariedad de contratos laborales de nuestro país está incidiendo muy
fuertemente sobre su situación. Cuando esa persona pide un estatuto
especial resulta que tiene un precontrato, pero la tramitación
administrativa es tan larga y tediosa que cuando le van a conceder ese
estatuto esa persona ya no puede acogerse a su precontrato porque ha
caducado. Se dan esas situaciones de las que no son culpables estas
personas, sino la Administración. Es decir, hay bastante ineficacia a
este respecto.
El señor PRESIDENTE: Señor López Garrido, concluya, por favor.
El señor LOPEZ GARRIDO: Estas buenas intenciones que usted expresaba en
su intervención no se ven correspondidas por la actuación práctica de la
Administración Pública y, por tanto, serían inútiles esas líneas de
acción si no van acompañadas por la colaboración desde otras instancias.
El señor PRESIDENTE: La señora Del Campo, por el Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra.
La señora DEL CAMPO CASASUS: Ante todo, en nombre del Grupo Socialista,
quiero agradecer la comparecencia hoy en esta Comisión de don Jaime Ruiz
y las explicaciones que nos ha dado sobre la política a seguir por la
Dirección General de Asilo y Refugio; una política que se ha tachado aquí
de continuista, pero que tiene una continuidad lógica, a nuestro
entender. Tiene razón el señor Director General, porque en este país el
nivel de inmigrantes y de refugiados todavía es bajo y ello permite
prever y trabajar a medio y largo plazo con una cierta tranquilidad y,
por tanto, desarrollar una labor continuada en el tiempo y sostenida en
los objetivos; una labor --y mi Grupo está de acuerdo en ello-- en la que
debe mantenerse ese afán de consenso que hasta hoy han presentado las
políticas de inmigración, de asilo y de cooperación al desarrollo.
Queremos animar, por tanto, al Director General a llevar a cabo algunos
de los objetivos que ha plasmado hoy en su comparecencia,
fundamentalmente perfeccionar los instrumentos de control de extranjería,
lo que va a suponer, desde luego, evitar frustraciones y también una
mejora de la situación de los inmigrantes legales, especialmente en
aquellos aspectos que se refieren a visados, contingentes, control de
fronteras y represión del tráfico ilegal de personas --aspecto este que
no depende sólo de su Dirección General-- y de represión también del
trabajo clandestino.
Son muchas las noticias que vemos estos días sobre trabajo clandestino.
Creemos que la Dirección General está trabajando con eficacia en este
aspecto, pero que el trabajo debe seguir, debe incrementarse y también
perfeccionar aquellos instrumentos que no sirven sólo para el control de
extranjería, sino para mejorar la vida de los inmigrantes que ya se
encuentran en España. En este sentido, nos parece muy interesante la
iniciativa de reforma del reglamento de la Ley de derechos y libertades
de los extranjeros en lo que se refiere a simplificación de los trámites
y, sobre todo, a la posibilidad de conceder permisos de residencia
permanente a aquellos que tengan especial arraigo y de facilitar el
reagrupamiento familiar de estas mismas personas.
Quisiera hacer algún comentario sobre un tema que ha sido planteado aquí
por el representante del Grupo Popular al menos, y creo que también por
el de Izquierda Unida, y es la circular de la Fiscalía General del Estado
sobre posibilidad de expulsión de extranjeros implicados en delitos
menores. Mi Grupo no va a entrar en este momento en el fondo de esa
circular, puesto que todavía no es de conocimiento público de la Cámara,
pero quiero simplemente hacer notar a la Comisión que ni en las palabras
del Fiscal General del Estado, tal como han aparecido en la prensa, y
estoy segura que ni en la comparecencia solicitada ayer y que
próximamente tendrá en esta Comisión, ha habido ninguna llamada a rebato
para expulsar a todos los extranjeros, como aquí se ha querido dar a
entender. Se trata simplemente de aplicar, dentro de la ley, una
posibilidad que ya está contenida en la Ley de Derechos y Libertades de
los Extranjeros y que redundará también en facilitar la vida de los
inmigrantes legales.
Por otra parte, por los distintos Grupos se ha hablado mucho de
integración; una integración de los inmigrantes, un rechazo del racismo y
la xenofobia. Estamos de acuerdo con el señor López Garrido en que no es
solamente cuestión de números, no es cuestión matemática de mayor o menor
número de inmigrantes por lo que se producen o no casos de racismo o de
xenofobia. Sabemos que la Dirección General, el Ministerio del Interior,
está trabajando para facilitar la integración de los inmigrantes en la
sociedad española, pero sabemos también --y ésta es una llamada no sólo a
los miembros de esta Comisión y al Gobierno, sino a todos los
estamentos-- que el conseguir
una efectiva integración de estas personas, el conseguir que la sociedad
española reconozca esos valores que aportan no es sólo una labor de su
Dirección General ni del Gobierno español, sino de todos los ámbitos de
la sociedad y de todos los estamentos; es una difícil, pero necesaria y
quizás más lenta de lo que quisiéramos, labor de concienciación en la
que, desde luego, nuestro Grupo está dispuesto a colaborar en la medida
de sus fuerzas.
Por último, voy a hacer una breve referencia al asilo, el tema que han
tratado todos los Grupos en último lugar. El Grupo Socialista quiere
felicitarse por el amplio consenso que ha obtenido en esta Cámara la
reforma de la legislación; una reforma de la ley de asilo que, en nuestra
opinión, devolverá al derecho de asilo su auténtico sentido.
También quisiéramos instar al señor Director General a que esos trabajos
en el borrador del reglamento se aceleren lo más posible para conseguir
de esta forma una atención efectiva no sólo a los refugiados, sino
también a esas personas desplazadas, cuya situación habrá de contemplarse
con mayor detalle y con medios e instrumentos duraderos y adecuados
precisamente en ese reglamento. Instamos, por tanto, a la Dirección
General y al Ministerio en general a que aceleren sus trabajos para que
se pueda cumplir holgadamente ese plazo de tres meses que creo que
establecía la propia ley para su desarrollo reglamentario.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Director General.
El señor DIRECTOR GENERAL DE EXTRANJERIA Y ASILO (Axel Ruiz Baudrihaye):
Voy a contestar de una manera casi telegráfica --porque sé que SS. SS.
tienen un orden del día muy cargado-- según el orden de las
intervenciones.
Cuando hablaba de prensa racista y conservadora, no me refería a la
prensa española. Digo que en España, afortunadamente --y lo he dicho
antes también--, en nuestra sociedad no hay esos brotes. He dicho que
prensa que no tiene nada que ver con la prensa racista o conservadora a
veces presenta titulares sorprendentes, como «reyertas entre cubanos»,
«crece la violencia en la población china en España» o «un negro ataca».
Creo que hay algunos aspectos que no tienen nada que ver con el suceso en
sí y que no se tienen por qué subrayar porque no añade nada a la noticia,
como decir el color del ciudadano o de la persona que ha agredido o ha
sido víctima. Creo que hay que tener mucho cuidado y por eso he hecho esa
alusión. En ningún momento he querido señalar a ninguna prensa. Además,
me he referido a una prensa muy lejana a todos los contenidos o
ideologías racistas; me refiero incluso a prensa que se autoconsidera
progresista.
En cuanto a las expulsiones, voy a hacer una simple referencia. Las
expulsiones tienen que estar autorizadas por el juez en el caso en que se
hayan cometido delitos. Si no se ha podido actuar con mayor diligencia es
porque no ha habido autorizaciones. Es potestativo del juez el que se
proceda o no a la expulsión. Por tanto, no es una competencia
directamente policial.
Al señor López Garrido simplemente quiero señalarle dos cosas, aunque
podríamos hablar de muchas más. He sido muy genérico deliberadamente,
porque me han pedido planes genéricos. Si tuviéramos que entrar en los
detalles, hubiera sido mucho más aburrido y mucho más largo, aunque más
riguroso.
En cuanto a la reagrupación familiar, la instrucción ya está en marcha.
Hay una instrucción que va a ejercer de puente hasta que se incorpore al
reglamento. La instrucción ya está en marcha, ya se está empezando a
aplicar. Quiero decir que hay una disposición transitoria en esta
instrucción, que la conocen porque se la hemos comunicado a las
organizaciones no gubernamentales y a las asociaciones de inmigrantes,
que se ha incorporado gracias a las observaciones que hicieron, que dice
que a los familiares de inmigrantes legales en España que estuvieran con
anterioridad al 12 de noviembre en España se les eximirá de visado.
Tienen un plazo hasta el 30 de junio para hacerlo. Es decir, no van a
tener que volver a su país los que ya estuvieren en España.
Por lo que se refiere a la política de exención de visados internos, le
diría, primero, que sí se están concediendo, y demasiados. Y en muchos
casos se están concediendo --y usaré una palabra coloquial-- por enchufe.
Creo que la política de exención de visados tiene un problema, y es que
no están tasados los casos en que se dan, por lo que, a veces, depende de
un criterio muy personal y no da suficiente seguridad jurídica. Da más
seguridad jurídica establecer un visado con carácter general y fuera del
territorio. No obstante, en cuestión de reagrupación familiar, creo que
está solucionándose y quedará incorporado plenamente al reglamento.
En cuanto a las tarjetas de permanencia temporal, en efecto, estaban
creadas para otros supuestos. Se están utilizando para desplazados, y
quiero recordar que tenemos cerca de 4.500 desplazados bosnios. En el
programa estatal estamos en 600 y pico, porque son de los campos de
concentración. Luego tenemos el programa de heridos de guerra y después
los programas de iniciativa privada. Pero también tengo que hacer una
alusión, y aprovecho esta ocasión, a que comunidades autónomas y
ayuntamientos que, en principio, se hicieron cargo de población y de
familias bosnias ya manifestaron, el día 30 de noviembre, que a 31 de
diciembre de 1993 se quedaban sin fondos para seguir atendiéndoles. Es
decir, también depende de las posibilidades de absorción, ocupacionales o
de simple asistencia el que se pueda seguir admitiendo poblaciones
desplazadas.
En algunos casos, por ejemplo en el caso de los caldeos --que son
cristianos de origen caldeo, que hay en Irak y también algunos en Irán--,
en general, le puedo decir que la Comisión Interministerial de Asilo y
Refugio ha aprobado todas las peticiones de estatuto, en estos casos. En
los casos en los que se ha comprobado una persecución religiosa --lo
recuerdo porque son casos bastante singulares en general-- la tesis es
concederlo. Yo no sé si no estaba bien instruido el expediente o si no se
han aportado todos los datos, pero incluso en la Comisión
interministerial se tiene en cuenta no sólo la opinión del Alto
Comisionado de
las Naciones Unidas sino que, a veces, hay informes de Amnistía
Internacional que corroboran y respaldan las solicitudes. No es una
decisión puramente burocrática o administrativa, sino que se cuenta con
bastantes datos y se procura ampliarlos, en muchos casos, cuando no son
suficientes.
Por último, en cuanto al reglamento de la ley de asilo, tenemos un
borrador ya preparado al 80 por ciento, donde queremos incorporar
aspectos que no están recogidos en la ley, pero que tampoco están en
contradicción, para reforzar todo el aspecto asistencial a los
refugiados. En ese sentido espero que, además de buenas intenciones,
podamos ofrecer resultados concretos dentro de unos meses.
Muchas gracias y no les quiero entretener más.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Señor Director General de
Extranjería y Asilo, por la información dada a esta Comisión.
Vamos a suspender la Comisión durante dos minutos, antes de iniciar el
trámite de preguntas. (Pausa.)
CONTESTACION A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SOBRE:
--TENENCIA LICITA DE ARMAS POR LOS DELINCUENTES QUE PARTICIPARON EN EL
TIROTEO CON RESULTADO DE MUERTE PRODUCIDO EN EL BARRIO DEL CABAÑAL
(VALENCIA) EL DIA 11 OCTUBRE 1993, FORMULADA POR EL SEÑOR GIL LAZARO.
(Número de expediente 181/000335.)
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Iniciamos el trámite de preguntas. Oída la Junta de portavoces y los
distintos portavoces de los grupos parlamentarios presentes en la sala,
esta Presidencia ha decidido, en primer lugar, que la sesión termina a
las 14,15 horas, con el trámite de preguntas. Para conseguir que podamos
debatir todas y cada una de las preguntas, se dispondrá de un tiempo
máximo de cinco minutos para el compareciente y de otros cinco minutos
para el preguntante. Yo avisaré a SS. SS. si sobrepasan el tiempo al que
tienen derecho, de acuerdo con esta decisión de la Presidencia.
Para contestar las preguntas números 8, 13 y 17, tenemos con nosotros al
Director General de la Guardia Civil, don Ferrán Cardenal.
La pregunta número 8, cuyo autor es el Diputado don Ignacio Gil Lázaro,
dice: Tenencia lícita de armas por los delincuentes que participaron en
el tiroteo con resultado de muerte producido en el barrio del Cabañal
(Valencia) el día 11 octubre de 1993.
El señor Gil Lázaro tiene la palabra.
El señor GIL LAZARO: En la fecha citada se produjo un tiroteo en el
barrio valenciano del Cabañal, con resultado de una persona muerta y
cuatro heridas. El origen de los hechos tuvo que ver, según parece, con
una disputa entre familias vinculadas al tráfico de drogas. En este
tiroteo se emplearon, según datos que se han hecho públicos, un revólver,
cuatro pistolas semiautomáticas, tres escopetas, un fusil ametrallador,
una pistola de repetición marca BZ y otras cinco armas más.
Lo sorprendente es que una vez detenidos algunos de los participantes e
incautadas algunas de estas armas, algunas de ellas, al parecer, tenían
su documentación en regla. Según las primeras averiguaciones, parece ser
que las armas fueron solicitadas para la práctica de tiro olímpico y a
nombre de las esposas o compañeras de estos imputados, lo cual no
justifica, desde nuestro punto de vista, que se concedieran estas
licencias, ya que es preceptivo que la Guardia Civil informe sobre las
conductas penales de cualquier solicitante de licencia de armas y, de
haberse producido esa investigación parece ser también que no se hubieran
podido obviar las vinculaciones de estas mujeres con conocidos personajes
de la delincuencia profesional.
A la vista de esta anómala situación, según informaciones públicas, la
propia Guardia Civil abrió una investigación cuyo objeto era esclarecer
por qué estas personas tuvieron acceso a una licencia, pero por el
momento nadie ha dado una explicación, también pública, definitiva y
convincente, y ni siquiera sabemos cuál ha sido la conclusión final de
esa investigación, si es que está concluida, y qué eventuales
responsabilidades se han podido depurar, si es que efectivamente ha
habido alguna conducta o decisión irregular.
En virtud de todo esto, configuramos la pregunta que se señala en el
orden del día.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Director General de la
Guardia Civil.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL (Cardenal de Alemany): Como
exponía S. S., en la tarde del día 11 de octubre tuvo lugar en el barrio
de El Cabañal, de Valencia, una reunión entre dos grupos de personas para
tratar, posiblemente, sobre alguna diferencia existente entre ellos
originada presuntamente por cuestiones de tráfico de estupefacientes o
deudas contraídas como consecuencia de esta actividad irregular.
En un momento de la reunión se inició un enfrentamiento armado entre
algunos asistentes, resultando una persona muerta y varias heridas de
consideración.
Los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que intervinieron como
consecuencia de estos hechos instruyeron las correspondientes diligencias
que, junto con las personas detenidas, fueron entregados al Juzgado de
Instrucción número 16 de Valencia, que abrió un sumario.
Al ser informada la Dirección General de la Guardia Civil por la policía
de que varias personas detenidas y que intervinieron en la reyerta al
parecer estaban en posesión de licencia de armas de caza y tiro olímpico,
se ordenó, como ha expuesto S. S., una investigación sobre estos
extremos.
Como resultado de esta investigación, de los datos existentes en la
Intervención General de Armas y Explosivos se desprende que varias
personas relacionadas con el enfrentamiento estaban en posesión de
licencia de armas.
Ninguna de las mujeres, todos eran hombres. La información sobre la
titularidad de las mujeres no es correcta. Se les concedió esta licencia
porque reunían en el momento en que les fueron concedidas las condiciones
necesarias para estar en posesión de las mismas. Entre otras, carecer de
antecedentes penales, según certificación del Registro General de Penados
y Rebeldes, que si quiere puedo mostrar a SS. SS., y sin que del
expediente que en cada caso se instruyó para tramitar la solicitud
pudiera derivarse causa determinante que justificara su denegación.
A otra de las personas que intervino en la reyerta se le había denegado
el permiso de armas solicitado en el año 1986 por tener antecedentes
penales, y otra era titular de un arma, que en esta fecha estaba
depositada en la Intervención de Valencia a disposición judicial, aunque
carecía de la oportuna licencia.
De otra parte, cuando la Guardia Civil comprobó estos extremos, dispuso
la suspensión cautelar de todas las licencias de acuerdo con lo que
autoriza el nuevo reglamento de armas, que sí que prevé esta situación en
el artículo 97.5.
Por lo que se refiere a los implicados en la reyerta que tenían licencia
de tiro olímpico, considero necesario informarles que la obtuvieron
asimismo previo expediente en el que se les exigió, entre otros
requisitos, la carencia de antecedentes penales y la pertenencia como
socio a una federación de tiro, que tuvieron que acreditar por
certificación expedida por el Secretario de la Federación Territorial,
con el visto bueno de su Presidente, que también está a disposición de
SS. SS. si quieren comprobarla.
Quiero señalar a SS. SS. que el espíritu del nuevo reglamento de armas es
de carácter restrictivo en orden a la concesión de licencias, dado el
número de requisitos exigidos para su obtención. Y todo ello con el fin
de velar por la seguridad de los ciudadanos. Es voluntad de la Dirección
General aplicar estrictamente este reglamento porque en este tema debe
actuarse con absoluta seriedad por las consecuencias que pudiese tener.
El problema con que nos encontramos aquí es que hay una reiterada
jurisprudencia de los tribunales, y asimismo es criterio del Defensor del
Pueblo que no pueden utilizarse los antecedentes policiales, que no den
lugar a antecedentes penales a través de una sentencia, como causa de
negación de la licencia de armas. Este es un criterio con el que nos
venimos encontrando y son numerosas, insisto, las sentencias que en este
terreno establecen expresamente afirmaciones tales como: de los datos
recogidos en tal informe, solamente aparece como merecedor de
consideración el de poseer el solicitante antecedentes penales por un
delito de lesiones graves con condena a dos meses de arresto mayor y
multa de 30.000 pesetas, pena cumplida y antecedentes cancelados. Por
tanto, que en el caso que llegó a la Sala Tercera de lo
Contencioso-Administrativo, sentencia de 7 de mayo de 1992, existiendo
antecedentes penales pero ya cancelados, no se consideró que la decisión
de la Dirección General de la Guardia Civil de negar el permiso de armas
a este señor estuviese suficientemente justificada, por lo que la
resolución denegatoria fue revocada por el Tribunal Supremo.
Sentencias de éstas hay numerosas. Podría señalarle otra de 31 de marzo
de 1992, también de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo. Se
dice en el informe de la Comandancia de la Guardia Civil que se había
dedicado a caza en tiempo de veda sin seguro obligatorio, y que en el año
1983 fue detenido por estar en posesión de 117 kilos de carne de ciervo
en una montería, lo que no se considera causa suficiente para denegar la
licencia de armas.
Insisto en que la jurisprudencia ha estimado procedente revocar una
licencia por el hecho de tener el titular abierta una causa penal por
hurto, pero no por haber sido condenado por un delito de alzamiento de
bienes o por presentar brotes esquizoides, sentencia del Tribunal Supremo
de 12 de mayo de 1989.
Quiero con esto decir que, efectivamente, se exige certificado de
conducta, pero esta exigencia viene muy tamizada por los criterios
jurisprudenciales, que limitan de una forma muy considerable estos
criterios policiales a la hora de decidir el derecho o no a tener
licencia, sobre todo cuando se trata de licencia de caza, por considerar
que es una actividad deportiva que en algún momento debe ser reconocida
con carácter general y sólo las causas excluyentes deben aplicarse con
criterios muy restrictivos.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LAZARO: Señor Director General, coincidirá conmigo en que el
retrato de hechos que yo había formulado, siendo bastante exacto, era en
términos generales más benigno que la situación que S. S. ha relatado,
porque aquí lo cierto es que mientras que se dispone en nuestro país de
una legislación francamente restrictiva en materia de concesión de
licencia de armas --probablemente la más restrictiva de Europa-- un grupo
de personas, conocidamente vinculadas a la delincuencia profesional,
disponían de esas licencias de armas, no a través de personas
interpuestas, sino con titularidad propia, con titularidad de estos
delincuentes profesionales y ocasionaron el resultado que ocasionaron.
Yo tengo que deducir de sus palabras, aunque no lo ha dicho con claridad,
que esa investigación interna abierta en su momento por la Guardia Civil
ha quedado cerrada, ha quedado concluida. Y tengo que entender también
que no se ha determinado ningún género de responsabilidades internas
dentro del Cuerpo en cuanto a la concesión de estas licencias.
Yo creo que es un problema que se tiene que abordar con seriedad. Usted
ha citado una jurisprudencia que conocemos, pero nosotros instamos al
Gobierno a que, si es preciso, adoptando medidas de carácter normativo o
legislativo, intente de alguna forma cubrir este vacío de nuestra
legislación.
No es posible que las calles de una ciudad española se puedan convertir,
como sucedió en esa noche de autos, en una especie de escenario violento
de película que pudo ocasionar además, por el largo trayecto en que se
produjo esa persecución entre vehículos y ese tiroteo, muchas más
víctimas de las que hubo.
En todo caso, señor Director General, y con esto concluyo, parece también
absolutamente cierto que, a pesar del resultado interno de la
investigación realizada por la Guardia Civil, aquí alguien falló, porque
algunas de estas personas tenían antecedentes, incluso había una de ellas
con orden de busca y captura, dictada en su momento por el Juez Garzón.
Había denuncias contra ellas formuladas por vecinos de la zona
advirtiendo de las actividades que venían desarrollando y horas antes,
prácticamente horas antes, apenas unos días inmediatamente anteriores a
la sucesión de este hecho violento, se produjo entre estos clanes un
conato importante de estallido que después fue el que en el día de autos
ocasionó el resultado que conocemos.
Nadie intervino, en absoluto, para adoptar algún tipo de medidas
cautelares de orden policial. En el momento, además, en que estas
personas tuvieron que renovar sus correspondientes licencias, les fueron
renovadas.
Aquí, evidentemente, señor Director General, algo ha fallado, y ese fallo
no puede volver a reproducirse, por la seguridad de todos los ciudadanos.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Cardenal.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL (Cardenal de Alemany):
Insisto en los datos objetivos y en la documentación, que está a
disposición del señor Diputado si lo estima pertinente.
Hay certificados de que carecían de antecedentes penales los titulares de
las armas, los que tenían las licencias de armas, tanto los que tenían
escopetas como licencia de tiro olímpico. No podemos exigir
responsabilidades cuando la concesión de las licencias se ajustó a la
normativa legal.
Personalmente sería mucho más restrictivo en el tema de las armas.
Tenemos una normativa que marca unas pautas y una interpretación de la
misma en la medida en que consideran los tribunales que se juega con
derechos fundamentales de la persona a desarrollar determinadas
actividades. Tenemos que ajustarnos, como en cualquier Estado de Derecho,
a lo que fijan las normativas y a lo que fijan las interpretaciones
jurisdiccionales de estas normativas. Insisto, yo sería mucho más
restrictivo, pero no se trata de opiniones personales, se trata de
opiniones objetivas, opiniones normativas.
--INFORMACION SOBRE LA EVOLUCION Y ESTADO ACTUAL DE LAS INVESTIGACIONES
POLICIALES REFERENTES AL ASESINATO DE LAS TRES NIÑAS DE ALCASSER
(VALENCIA). FORMULADA POR EL SEÑOR GIL LAZARO (GP). (Número de expediente
181/000437.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 13. Información sobre la evolución y
estado actual de las investigaciones policiales referentes al asesinato
de las tres niñas de Alcasser (Valencia).
Tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LAZARO: Señor Director General, hace ahora algo más de un
año que se produjeron los asesinatos en Alcasser. Desde entonces hasta
ahora nada se ha conseguido en cuanto a la detención del principal
sospechoso, Antonio Anglés, y desde luego la opinión pública no entiende
cómo un solo hombre puede burlar la acción del conjunto de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado.
Durante todos estos meses, además, la sucesión de noticias
contradictorias ha sido constante. Se ha dicho que Anglés estaba en
Irlanda, que estaba en Hispanoamérica, que no había salido de España, que
está vivo, que estaba muerto, que él y Ricard no fueron los únicos
presuntos autores, que Ricard ofreció su colaboración en la investigación
y que fue rechazada, y así un largo etcétera.
Lo cierto es que los ciudadanos no comprenden ni este manifiesto fracaso
policial, por el momento, ni algunas otras cuestiones añadidas que
atribuyen este fracaso --se ha dicho-- a descoordinación en la
investigación y a rivalidades, incluso, entre los diferentes Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado en el desarrollo de esa investigación.
Hace unos días tampoco el Gobierno fue capaz de ofrecer una respuesta
clara en el Senado a esta cuestión y por eso nosotros preguntamos hoy qué
información puede aportar el Gobierno sobre la evolución y estado actual
de las investigaciones policiales referentes al asesinato de las tres
niñas de Alcasser.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Director General.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL (Cardenal de Alemany):
Respecto a este tema, señoría, me gustaría mucho poderle dar novedades
positivas, pero desgraciadamente no las tengo y, por tanto, lamento no
poder dar por concluido este caso.
Se trata de un caso --como sabe S. S.-- que está bajo secreto sumarial,
excepto para las partes implicadas, y, por lo tanto, la información que
yo puedo dar tiene que ser necesariamente limitada y condicionada por el
secreto sumarial. La última vez que se detectó al señor Anglés, como sabe
S. S., fue el 24 de marzo de 1993, a bordo de un barco de nacionalidad
inglesa, y allí fue cuando el capitán pidió apoyo a la policía irlandesa
para hacerse cargo del polizón, pero el polizón se había tirado al agua,
según se desprendió del salvavidas que fue localizado posteriormente, y a
partir de aquel momento no se han conseguido más pistas para la
localización del señor Anglés.
Esto no quiere decir que desde el punto de vista policial se hayan
finalizado las investigaciones, es un caso no concluido y, por lo tanto,
que no está cerrado de ninguna manera. Es un caso en el que tanto la
Guardia Civil como la policía continúan actuando, no sólo en el
territorio nacional, donde su actividad es más fácil, sino también en el
extranjero en coordinación con las policías portuguesa, irlandesa y de
Gran Bretaña, incluso facilitándoles posibles domicilios de otros
delincuentes conocidos del señor
Anglés que pudiesen estar en el extranjero y así poder recabar de estas
autoridades policiales una más intensa vigilancia --en el supuesto de que
continuase vivo, porque también existe la hipótesis que mantienen algunas
policías extranjeras de que pudiese haber fallecido como consecuencia de
su intento de escape del barco-- por si pudiesen facilitar la
localización del señor Anglés. Insisto en que tanto en España como en el
extranjero se siguen los contactos con las policías, se les está
facilitando constantemente información que nos permita llegar a la
localización de ese presunto responsable de las muertes de las niñas del
caso Alcasser, y esperamos que de alguna forma estas gestiones lleven a
buen puerto y nos puedan dar resultado. En ese momento, lógicamente, se
le notificará, en primer lugar, a la autoridad judicial, que es la que
está llevando el sumario, y después, en función de lo que ella determine,
se dará cuenta o no a la opinión pública.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Gil Lázaro por un tiempo
de dos minutos.
El señor GIL LAZARO: Señor Director General, el Gobierno continúa sin
aportarnos una explicación justificativa de la falta del éxito obtenido
hasta ahora y no ofrece una expectativa razonable de una solución
inmediata del caso. No parece tampoco que ese grupo especial, que se dice
que se va a crear ahora, vaya a conseguir lo que la sociedad española
reclama, es decir, la puesta a disposición de la justicia de Antonio
Anglés.
Mientras tanto, y por si sirve de reflexión a alguien, conviene recordar
hoy aquí lo que en fechas recientes ha manifestado Fernando García, el
padre de una de las víctimas, quien, entre otras afirmaciones, ha dicho
que juzga con escepticismo y desánimo las posibles acciones policiales
encaminadas a la detención del autor o autores de este triple crimen. Ha
dicho que tiene la sensación de que todo está como el primer día y que
cree que no hay demasiado interés por parte de la Administración. En su
opinión, hay más gente detrás de lo sucedido, y esa gente está poniendo
todos los medios para que no prosperen las investigaciones ni cualquier
otra iniciativa; ha dicho que en este asunto duda muchísimo que se esté
dando algo que se pueda calificar como labor policial; ha dicho que jamás
la Administración les ha informado del estado de las investigaciones y,
en su opinión, eso ocurre porque la investigación está en punto muerto;
ha dicho que, a pesar de todo, sigue dando un margen de confianza a la
policía, pero que llegará un momento en el que pedirá públicamente
explicaciones porque un delincuente o varios de estas características no
tienen tantos refugios ni apoyos como para convertirse en fugitivos
perpetuos; y ha dicho también que se les está impidiendo a los familiares
el acceso a las pruebas.
Frente a estas manifestaciones no cabe que la Administración quiera
quitar peso a esas declaraciones, aduciendo que son lógicas en el estado
emotivo de las familias de las víctimas, porque lo cierto, señor Director
General, es que una gran parte de la opinión pública piensa lo mismo y
por eso hay que decirle al Ministerio del Interior que, por el momento,
el fracaso de su actuación es notorio y que ese fracaso nos pesa a todos.
Es inconcebible que después de tantos meses Anglés siga en libertad, y
más inconcebible es --sobre todo después de ciertas invocaciones a
coordinación con otras policías que ha hecho S. S.-- que esa libertad se
deba, entre otras causas, a indolencias administrativas como las
cometidas por las autoridades españolas cuando Anglés estaba en Portugal,
y sabe el Director General perfectamente a lo que me estoy refiriendo.
En definitiva, nosotros hoy hacemos nuestra la afirmación básica de
Fernando García, es decir, que continuamos aún dando un margen de
confianza a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en este punto,
pero si transcurrido un tiempo razonable no hay resultado, exigiremos
públicamente unas explicaciones y, además, responsabilidades.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Cardenal por un tiempo de
diez minutos.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL (Cardenal de Alemany): Creo
que he insistido en que no es un caso que se deje cerrado, ni mucho
menos. Yo podría, si no estuviese el caso bajo el secreto del sumario,
incluso concretarle las actuaciones puntuales que se han venido haciendo
a lo largo del año 1994. Gestiones, insisto, en diferentes entornos que
puedan llevar a la detención por parte de la policía española --en el
supuesto de que estuviera en España-- y también por parte de otras
policías; en el supuesto más probable de vivir, podría estar en otros
países, así como la identificación del posible cadáver en el caso de que,
como sostiene alguna policía extranjera, se hubiese producido el
fallecimiento del señor Anglés.
No siempre los resultados son los que uno desearía y es injusto no
atribuir a la consecución de determinados resultados, o no reconocer los
esfuerzos que se están realizando para clarificar este terrible asesinato
con todas sus consecuencias. Creo que tanto la policía como la Guardia
Civil no sólo no han cerrado este caso, sino que están trabajando
intensamente en todas las vías posibles de investigación para intentar la
aclaración definitiva del mismo.
--INTENCION DE PROCEDER A LA MODIFICACION DEL REAL DECRETO 137/1993, DE
29 DE ENERO, EN LO QUE AFECTA A LA OBTENCION DE PERMISOS DE ARMAS O SU
RENOVACION PARA LAS PERSONAS MAYORES DE 60 AÑOS. FORMULADA POR EL SEÑOR
GIL LAZARO (GP). (Número de expediente 181/000441.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 17, formulada por el señor Gil
Lázaro, sobre intención de proceder a la modificación del Real Decreto
137/93, de 29 de enero, en lo que afecta a la obtención de permisos de
armas o su renovación para las personas mayores de 60 años.
Tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LAZARO: Estoy convencido que al señor Director General le
constará sobradamente, entre otras cosas porque los propios interesados
se han dirigido masivamente al Ministerio, el efecto de disgusto que el
Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, ha provocado en un amplio
colectivo de la ciudadanía española, en concreto en aquellas personas que
se encuentran en una franja de edad entre los 60 ó 70 años, o próximos a
esa franja de edad. Estos particulares aducen que ni la Directiva 91/477,
de la CEE, ni la propia Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana
preveían un requisito tan drástico como el que se les determina en ese
reglamento, en cuanto al período temporal de renovación de sus licencias
a los 60 años cada dos años, y a partir de los 70 años anualmente.
Aducen, además, que existe una situación de discriminación en relación
con otras previsiones legales en otro ámbito de la competencia del
Ministerio del Interior y que pueden afectar a personas más jóvenes.
Aducen, además, que sobre esa situación de posible discriminación legal
median también unas consecuencias claras de carácter económico para los
interesados y aducen. En defensa de su derecho manifiestan que la mera
contemplación de las estadísticas da un margen claro de seguridad en
cuanto al uso de estas armas deportivas o de caza que utilizan las
personas comprendidas en esta franja de edad, probablemente por razones
de experiencia y propia prudencia.
En definitiva, estas personas se han dirigido reiteradamente, a través de
sus correspondientes federaciones de casas y de otras entidades, al
Ministerio del Interior, solicitando la modificación del artículo 104 del
citado Reglamento. Por eso nosotros hoy preguntamos, ante el silencio con
el que el Ministerio del Interior ha dado por respuesta a las peticiones
de estos colectivos, si tiene intención de proceder a la modificación del
Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, en lo que afecta a la obtención de
permisos de armas o su renovación para las personas mayores de 60 años.
El señor PRESIDENTE: El señor Director general tiene la palabra.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL (Cardenal de Alemany):
Señores Diputados, efectivamente el nuevo Reglamento de Armas, que es
reciente, ya que se aprobó por Real Decreto de 29 de enero de 1993,
establece una serie de limitaciones o de condicionamientos para intentar
aplicar un criterio restrictivo, con el que creo que S. S. y yo estábamos
de acuerdo como consecuencia de la primera de las intervenciones a raíz
de su pregunta.
Las personas tienen que reunir las adecuadas condiciones de conducta, por
un lado, y a eso hacía referencia S. S. en la primera intervención, y
tienen que reunir las condiciones psicofísicas adecuadas también para que
esté garantizado el uso correcto del arma. En función de esto, se
establecía, según los aspectos mencionados, a partir de los 60 años de
edad la exigencia de un reconocimiento en un período de tiempo más
limitado, cada dos años a partir de esa edad, y cada año a partir de los
70, para garantizar que las condiciones psicofísicas que reunían los
solicitantes de la licencia de armas eran las adecuadas.
Esto no cabe duda que ha producido un aumento como consecuencia del coste
de certificados de aptitud psicofísica. De hecho tan sólo, dada la
vigencia del Reglamento hace un año, se podía plantear este coste para
aquellas personas de edad superior a los 70 años que, al haber pasado el
año, tuvieran que renovar la licencia de caza correspondiente.
En cualquier caso, la Dirección General y la Comisión interministerial
sobre el armamento están dispuestos a buscar fórmulas que permitan evitar
cualquier tipo de molestias o de mayores dispendios económicos, en la
medida en la que dependan de la propia Comisión o de la Dirección General
de la Guardia Civil.
Lo que no podemos renuncia es a los dos aspectos que se persigue con el
Reglamento, y es que la persona que utilice un arma carezca de
antecedentes penales, con la interpretación que los tribunales hacen de
este tema; es decir, que haya una cierta garantía de buena conducta y que
sus condiciones y sus aptitudes psicofísicas sean las adecuadas. Es
lógico que a partir de determinadas edades se solicite una renovación con
mayor frecuencia que en otras edades, donde esta pérdida de aptitud por
razones objetivas no tiene por qué producirse.
Estamos dispuestos a examinar el tema. Creemos que no es oportuno a un
año de vigencia replantearnos la modificación del Reglamento, pero
estamos mirando si existe algún tipo de solución que permitiese resolver
este tema.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Gil Lázaro. Le queda un
minuto.
El señor GIL LAZARO: En el contexto de esa última afirmación del señor
Director general, podemos estar absolutamente de acuerdo.
Lo que aquí hace falta es que el Ministerio del Interior establezca un
diálogo con los representantes de estas personas afectadas, precisamente
para que no se sientan, en primer lugar, discriminadas; en segundo lugar,
para que no se sientan desoídas o desatendidas en su reivindicación, y,
en tercer lugar, para que se establezcan medidas que complementen y
equilibren esas razones ineludibles de seguridad que debe tener cualquier
persona que sea titular de una licencia de caza en este caso, pero al
mismo tiempo sin que eso, para esas personas entre 60 y 70 años, suponga
un coste económico añadido.
Yo insto al señor Director general a que haga buenas esas manifestaciones
de diálogo y de búsqueda de una solución con estas entidades afectadas
que permitan establecer ese equilibrio.
Desde luego, yo transmitiré --a quienes me han requerido que formulara
esta intervención ante el silencio reiterado del Ministerio-- eso que
entiendo que es un compromiso de diálogo del Ministerio y veremos en los
próximos meses en qué se traduce.
El señor PRESIDENTE: El señor Director general, tiene la palabra.
El señor DIRECTOR DE LA GUARDIA CIVIL (Cardenal de Alemany): No tengo
nada que añadir.
El problema fundamental es que si es un tema económico, el costo de los
certificados de aptitud psicofísica no depende de la Guardia Civil, sino
de unos elementos extraños o ajenos a ella. Por lo tanto, es un problema
al que intentaremos buscar una solución, pero que no depende
exclusivamente de la Dirección General de la Guardia Civil. Será cuestión
de ver si hay alguna solución. En esta línea estamos y en este camino
intentamos avanzar.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Director general de la Guardia
Civil, por su presencia en la Comisión y por la información dada.
--INICIATIVAS PREVISTAS PARA CONSEGUIR QUE LA PROHIBICION DE ENTRADA EN
ESPAÑA DE PERSONAS QUE PRETENDAN PARTICIPAR EN ACTOS DE CARACTER NEONAZI,
NO SE TENGA QUE REALIZAR COMETIENDO «UNA ILEGALIDAD». FORMULADA POR EL
SEÑOR GIL LAZARO (GP). (Número de expediente 181/000334.)
El señor PRESIDENTE: El siguiente compareciente para contestar a las
preguntas números 7, 9 y 16 es el señor Subsecretario del Ministerio del
Interior.
Pregunta número 7, de don Ignacio Gil Lázaro, sobre iniciativas previstas
para conseguir que la prohibición de entrada en España de personas que
pretendan participar en actos de carácter neonazi, no se tenga que
realizar cometiendo «una ilegalidad».
El señor Gil Lázaro tiene la palabra.
El señor GIL LAZARO: Se observará que en la formulación de la pregunta,
la expresión «una ilegalidad» va entrecomillada, y es que el viernes, 1
de octubre, el Ministerio del Interior prohibió la entrada en España de
94 ciudadanos europeos que tenían previsto participar en una
concentración neonazi en Madrid. Igualmente, se decretó la expulsión de
nuestro territorio de un ciudadano francés. La prohibición de entrada fue
fundamentada legalmente, invocando las facultades atribuidas a la
Administación por la vigente Ley de Extranjería y por lo establecido en
el artículo 15 del Real Decreto 776/1992, de 26 de junio, y en este marco
de referencia se amparó también la citada orden de expulsión.
Ni que decir tiene que todos los grupos parlamentarios, todas las fuerzas
sociales respaldaron esa decisión del Gobierno. Sin embargo, en el Pleno
de la Cámara del pasado 28 de octubre el entonces Ministro del Interior
en funciones declaró que esa prohibición de entrada en España se realizó,
cometiendo una ilegalidad, y, en virtud de lo dicho, nosotros preguntamos
qué iniciativas tiene previstas el Gobierno para conseguir que en lo
sucesivo la prohibición de entrada en España de personas que pretendan
participar en actos de carácter neonazi --circunstancia ésta que nosotros
apoyamos absolutamente-- no se tenga que realizar cometiendo esa
ilegalidad a la que hacía referencia el señor Ministro del Interior en
funciones en la fecha citada.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DE INTERIOR (Puig de la Bellacasa y Aguirre):
señoría, las disposiciones, como usted las ha citado, ya existen en
nuestro Derecho y nos permiten prohibir la entrada en España a ciudadanos
de otros países que por sus actividades contrarias a los intereses
españoles, los derechos humanos o por sus notorias conexiones con
organizaciones delictivas, nacionales e internacionales, sean objeto de
tal prohibición.
Usted ya ha citado el artículo 14 del Real Decreto 1119/1986, de 26 de
mayo, que aprueba el Reglamento de ejecución de la Ley Orgánica de
Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y faculta al
Ministerio del Interior a dictar resolución prohibiendo la entrada en
España de las personas respecto a las cuales se den esas circunstancias.
Pero, además, en la misma línea, el artículo 15 del Decreto 766/1992, de
26 de junio, sobre entrada y permanencia en España de nacionales de
Estados miembros de las Comunidades Europeas autoriza también al
Ministerio del Interior a impedir la entrada en nuestro país de
ciudadanos comunitarios cuando así lo impongan razones de orden público o
seguridad pública.
En el ejercicio de dichas facultades, el Ministerio del Interior impidió
la entrada de 108 neofascistas europeos el pasado mes de octubre de 1993,
que pretendían participar en un homenaje a León Debray en Madrid. Por lo
tanto, debo decirle que con la normativa vigente disponemos de todos los
medios legales suficientes para prohibir la entrada en España de este
tipo de personas.
A lo que se refería usted es a la intervención del señor Corcuera, el
anterior Ministro del Interior, que hizo referencia a su intención de
emplear todos los medios a su alcance para evitar la entrada en España de
determinados elementos neonazis y que las medidas que se tomaran para
ello serían aplaudidas por la opinión pública, aunque ello supusiera una
ilegalidad. Se refirió en concreto a la demanda de prohibición de una
reunión en un local cerrado que, como S. S. conoce, no requiere la
autorización administrativa. Pero quiero tranquilizar a S. S. y a la
Cámara en el sentido de que tenemos todos los mecanismos legales para
poder impedir este tipo de actuaciones.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LAZARO: Comprendo que S. S. tenga que dar hoy aquí esa
explicación de matiz, pero ni en el ánimo de este Diputado, ni en el de
su Grupo parlamentario, ni en el de muchos miembros de esta Cámara se
realizó la interpretación de las palabras del señor Corcuera en los
términos en que usted lo ha hecho, porque el señor Corcuera fue expreso
--otra cosa es que fuera acertado o no en su manifestación-- señalando
que esta prohibición de
entrada se había cometido realizando una ilegalidad. Citó, además, el
caso de la reunión en local cerrado al que aludía S. S., diciendo que esa
ilegalidad había estado aplaudida por todos los Grupos de la Cámara y
que, efectivamente, éstas eran situaciones que no se podían volver a
repetir.
Creo que en este caso lo que hay que señalar, señor Subsecretario,
fundamentalmente es, en primer lugar, que urge que se instrumenten todos
los mecanismos legales que se puedan utilizar de los existentes y el
perfeccionamiento de nuestro ordenamiento jurídico en sentido restrictivo
para impedir no sólo la entrada en España, sino además la acción de estos
Grupos de carácter totalitario, xenófobo y antidemocrático; urge que se
instrumenten legítimamente por parte del Estado, sabiendo que va a contar
con un amplísimo consenso social y, desde luego, con el apoyo de todos
los Grupos de la Cámara. En ese contexto es preciso que las medidas que
se arbitren no solamente tengan un carácter nacional, sino que el propio
Gobierno español impulse en el conjunto de la Unión Europea medidas de
carácter supranacional que puedan --por ejemplo, en lo que afecta al
principio de libertad de personas en el seno de la Comunidad Europea, de
la futura Unión Europea-- tener excepciones tasadas en el caso de este
tipo de sujetos y de este tipo de grupos organizados.
Ahora bien, lo que también es imprescindible es que haya una prudencia
máxima por parte de los portavoces gubernamentales y, en general, de
todos los portavoces parlamentarios o de fuerzas sociales (cívicas,
ciudadanos, profesionales, etcétera) para no utilizar en ningún caso
ningún tipo de «manifestación» --entre comillas-- equívoca que, en
definitiva, lo único que podría hacer era favorecer a la propaganda de
estos grupos absolutamente detestables.
Urge que el Gobierno adopte iniciativas en el interior y en el conjunto
de la Unión Europea para reforzar la lucha contra este tipo de grupos,
pero también que haya una máxima cautela a la hora de hacer determinadas
afirmaciones, como la que hizo en su momento el señor Ministro del
Interior en funciones.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DE INTERIOR (Puig de la Bellacasa y Aguirre):
Quiero destacar el acuerdo sobre lo sustancial, y es que tenemos
mecanismos legales, tanto en legislación interna como en transposición de
legislación comunitaria, que nos permiten poder luchar contra este tipo
de grupos xenófobos, racistas, que en algunos países europeos pueden
tener un cierto desarrollo en estos momentos. Por ello, quiero
tranquilizar a S. S. en el sentido de que esto se ha hecho y se va a
seguir haciendo así.
No tengo nada más que añadir, señor Presidente.
--SOBRE MEDIDAS PREVISTAS PARA EVITAR LA VENTA DE ALCOHOL A MENORES DE 16
AÑOS, FORMULADA POR EL SEÑOR MICHAVILA NUÑEZ (GP). (Número de expediente
181/000368.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 9, del señor Michavila
Núñez, sobre las medidas previstas para evitar la venta de alcohol a
menores de 16 años.
El señor Michavila tiene la palabra.
El señor MICHAVILA NUÑEZ: ¿Qué medidas está aplicando el Gobierno y,
sobre todo, qué medidas piensa aplicar para evitar el alarmante
crecimiento de la venta de alcohol a menores?
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DE INTERIOR (Puig de la Bellacasa y Aguirre):
comparto con S. S., al igual que todo el Ministerio del Interior y, en
general, creo que toda la sociedad española, la preocupación que subyace
en la formulación de su pregunta sobre la venta de alcohol a menores de
16 años.
Como prueba de esta preocupación, hay que recordar que el Ministerio del
Interior dio una instrucción el 10 de enero de 1990 sobre la vigilancia y
control de la asistencia de menores a determinados establecimientos. En
ella se insta a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a extremar esas
medidas sobre aspectos tales como la asistencia de menores de 16 años a
determinados espectáculos, la venta de alcohol, su acceso a salones de
juego, utilización de máquinas recreativas, etcétera.
Hay que recordar también que la Ley Orgánica sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana también se hace eco de esta protección al establecer
que las actividades recreativas de carácter público quedan sujetas a
medidas de policía administrativa.
Creo que, en consonancia con todo ello, se tipifica como infracción en la
Ley de Seguridad Ciudadana la admisión de los menores a los
establecimientos públicos o locales en los que les estuviera prohibido,
así como la venta de bebidas alcohólicas a los mismos.
Hay que recordar que la competencia sobre esta materia ha sido
transferida a varias comunidades autónomas, en concreto Andalucía,
Canarias, Cataluña, Navarra, País Vasco y Valencia, y en el resto de las
comunidades, salvo Galicia --que no recoge los espectáculos públicos en
su Estatuto de Autonomía--, la está ejerciendo el Gobierno de manera
provisional, dado que la Ley Orgánica 9/1992, de 23 de diciembre,
transfiere esta competencia a esas comunidades que accedieron a la
autonomía por la vía del artículo 143.
Por lo tanto, previsiblemente, en los próximos meses, una vez ultimado
todo el proceso de transferencias, dicha competencia será ejercida por
las comunidades autónomas en la práctica totalidad del territorio
nacional.
En todo caso, esto no obsta para que se continúen tomando medidas
dirigidas a prevenir y evitar la venta de alcohol a menores. En este
sentido quiero hacer referencia, entre otras, a la campaña que se está
desarrollando en la capital entre el Ayuntamiento de Madrid y la
Delegación del Gobierno que ha tenido, yo creo, resultados muy
positivos y respecto de la cual se han pronunciado favorablemente todo
tipo de instituciones y de responsables políticos de ambas instituciones.
Con independencia de quien ostente la competencia, ya sea la
Administración Central del Estado, ya sea la Administración autonómica o,
en muchos casos, la local, con independencia también de la necesaria
colaboración con los ayuntamientos, creo que SS. SS. estarán conmigo en
que hay que evitar el consumo de alcohol por parte de los menores de 16
años. Es una cuestión que trasciende con mucho de puras medidas de
policía administrativa. En ella se debe implicar a la sociedad en su
conjunto, pues está íntimamente relacionado con el ambiente que rodea a
nuestra juventud y con su desarrollo educativo y cultural, incidiendo de
manera determinante la familia.
En ese sentido, le destacaría el hecho de que la Delegación del Gobierno
y el Ayuntamiento de Madrid han acordado que para recabar el apoyo de los
padres en este esfuerzo, cuando los menores han sido localizados en
locales públicos o con venta de alcohol se dirija también un escrito
personalizado a cada padre cuyo hijo menor ha sido sorprendido
consumiendo alcohol en las inspecciones efectuadas.
Yo creo que es importante tomar este tipo de medidas para concienciar
justamente a todos los sectores que están alrededor de un problema que,
evidentemente, a la larga no va a ser sólo solucionado con medidas de
tipo policial.
Como conclusión, quiero destacarle que ésta es una prioridad de una
autoridad gubernativa, que será desarrollada en función de esta
instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad en los próximos meses
y, desde luego, se hará en colaboración con aquellas autoridades que
tienen la competencia, que son las comunidades autónomas y, en muchos
casos, los ayuntamientos.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Michavila.
El señor MICHAVILA NUÑEZ: Agradezco la contestación, pero quizá hubiera
deseado que habláramos no sólo de qué medidas se están aplicando, sino
qué se piensa que se puede hacer para mejorar la situación.
Se ha hecho una descripción de lo que por parte del Gobierno se está
haciendo, pero la realidad arroja unos resultados enormemente negativos
respecto de los cuales ha manifestado usted la sensibilidad del Gobierno.
No basta con ser consciente de los problemas, sino que entendemos que hay
que adoptar soluciones.
No es ésta una cuestión, por lo delicado de la misma, para hacer
denuncias partidistas, sino para que busquemos esfuerzos comunes, de tal
manera que adoptemos soluciones.
En este momento la mayor causa de muerte de la juventud española, el 60
por ciento de los accidentes de tráfico, se debe al consumo de alcohol
entre la juventud.
Quiero recordar que el informe del observatorio permanente del consumo de
alcohol por parte de jóvenes, hecho en Italia y pagado por la Unión
Europea, destaca que España es el país donde mayor consumo de alcohol hay
por parte de los jóvenes y en el que más temprana es la edad de inicio en
el alcohol, lo cual muestra que las medidas actualmente vigentes no son
suficientes. Querría que el Gobierno se plantee la posibilidad de
clarificar y mejorar la normativa vigente; es cierto que hay competencias
con las comunidades autónomas, pero no en materia normativa.
Ha mencionado la circular de 10 de enero de 1990. Ya que ha puesto tantas
veces de ejemplo al Gobierno Civil y su colaboración con el Ayuntamiento,
quiero señalar que, en desarrollo de ésa, en Madrid en concreto, existe
la circular de la Delegación del Gobierno, de julio de 1990; sin embargo,
con posterioridad se promulga la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, en
la cual se tipifica. Quizás hay que adaptar esa normativa al desarrollo
de la tipificación de las normas. Habría que establecer normas de
clarificación para aplicación de esa normativa. En este momento, hay
delegaciones de Gobierno o gobiernos civiles en los cuales se entiende
como sanción leve la venta de alcohol a un grupo de menores y en otros,
como decía la Delegación del Gobierno en Madrid, simplemente la venta a
un único menor constituye una infracción. La forma de tipificar esa
infracción supone muy distintas consecuencias sancionadoras y, por tanto,
sería bueno clarificarlo.
La aplicación de esa normativa. Creo que es necesario requerir del
Gobierno un mayor esfuerzo. Se están siguiendo pocos expedientes
sancionadores; los ayuntamientos presentan muchos más casos de los que
dan lugar a un expediente y, sobre todo, cuando se cierra un local,
inmediatamente se levanta el precinto, en muchos casos, sin que haya
control sobre el seguimiento de la sanción que se aplica.
Pensamos a su vez (y el Grupo Parlamentario Popular lo querrá proponer en
su momento, pero quiere también que el Gobierno analice la cuestión), en
la posibilidad de agravar las sanciones. En este momento, es una falta
leve la venta de alcohol a menores de 16 años. Consideramos que la
sociedad española reclama aumentar la sanción y que debe tipificarse como
falta grave la venta de alcohol a menores de 16 años de forma continua,
de manera permanente en locales abiertos al público; asimismo, pensamos
que debería plantearse la posibilidad de sancionar gravemente la venta de
alcohol a menores de 18 años.
Agradezco la mención que ha hecho también a la familia. Quiero recordar
que en este momento --y estamos en el mes de marzo--, el Ministerio de
Asuntos Sociales podía haber tomado alguna iniciativa en este sentido.
Estamos en el Año Internacional de la Familia; todavía no ha presentado
el programa para este Año Internacional de la Familia y uno de los
elementos a considerar precisamente, sería ése: implicar --como bien ha
dicho usted-- a toda la sociedad, y básicamente a la familia, a educar en
este terreno, en el cual el perjuico a la juventud española está siendo
muy grave. El señor PRESIDENTE: El señor Subsecretario tiene la palabra.
El señor SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR (Puig de la Bellacasa
y Aguirre): Señor Presidente, simplemente, quiero decir dos palabras para
explicar que básicamente estoy de acuerdo con su intervención; aunque yo
creo que tenemos que actuar en diferentes líneas de trabajo.
Hace menos de dos meses hubo en el Ministerio del Interior una reunión de
coordinación con todos los gobernadores civiles en donde, con autoridades
del Ministerio de Sanidad y Consumo, se destacó como una de las líneas
fundamentales de trabajo a desarrollar justamente el tema de la venta de
alcohol a menores. Los responsables del Ministerio de Sanidad destacaban
que la venta de alcohol a menores, desde el punto de vista sanitario y de
la salud pública, tenía mayor importancia, en muchos casos, que el
problema de la droga; por tanto, le quiero decir que, desde luego, para
nosotros es una verdadera prioridad y que tienen instrucciones muy
claras, en el marco de esa recomendación de la Secretaría de Estado, para
actuar con todo rigor.
Otra línea de trabajo que yo creo se está haciendo y con resultados
positivos, es la línea de coordinación, es decir, que estas tareas sean
desarrolladas en coordinación con las autoridades autonómicas y las
autoridades locales. Por ejemplo, hay datos, como en Madrid, de que se ha
autorizado a funcionarios de la Policía Municipal para que presten sus
servicios sin uniforme reglamentario, en el ejercicio de esta función, lo
que facilita la labor inspectora de la Policía Municipal en este tipo de
establecimientos. Quiero destacar que ésta es una de las tareas yo creo
más importantes desde el punto de vista social y que puede plantear
problemas graves, vuelvo a repetir, de salud pública a medio plazo en la
sociedad española. Por tanto, coincido con S. S. en destacar la necesidad
de que esto se asuma no sólo, como ocurre muchas veces, única y
exclusivamente por la autoridad gubernativa o por los propios guardias de
seguridad, sino que sea algo asumido por el conjunto de la sociedad
española. -- INTENCION DE PROCEDER A LA MODIFICACION DEL REAL DECRETO-LEY
4/1993, DE 26 DE MARZO, A LOS EFECTOS DE GARANTIZAR UNA JUSTA VALORACION
ECONOMICA DEL IMPORTE DE LAS COMPENSACIONES OFRECIDAS POR EL GOBIERNO A
LOS AFECTADOS POR LA ROTURA DE LA PRESA DE TOUS. FORMULADA POR EL SEÑOR
GIL LAZARO, GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente
181/000440.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 16. Intención de proceder a la
modificación del Real Decreto-ley 4/1993, de 26 de marzo, a los efectos
de garantizar una justa valoración económica del importe de las
compensaciones ofrecidas por el Gobierno a los afectados por la rotura de
la Presa de Tous.
El señor Gil Lázaro tiene la palabra.
El señor GIL LAZARO: Señor Presidente, evidentemente, ésta es una de esas
preguntas que se contestan de una manera explícita y, desde luego, a este
Diputado y a su grupo les basta con que se nos responda con un simple sí
o no.
Por tanto, ¿tiene intención, sí o no, de proceder el Gobierno a la
modificación del Real Decreto-ley 4/1993, de 26 de marzo, a los efectos
de garantizar una justa valoración económica del importe de las
compensaciones ofrecidas por el Gobierno a los afectados por la rotura de
la Presa de Tous? El señor PRESIDENTE: Señor Subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR (Puig de la Bellacasa
y Aguirre): Señor Presidente, yo creo que éste es un tema suficientemente
complejo como para no contestar con un sí o con un no. A mí me gustaría
destacar lo que ha sido el desarrollo del problema de la Presa de Tous
desde su inicio.
Hay que recordar que el Gobierno, a partir del mes de octubre de 1982,
después de las lluvias torrenciales que provocaron la rotura de la Presa
de Tous, tomó una serie de medidas destinadas a paliar las consecuencias
de esta catástrofe, que no hay que olvidar se concretaron en
subvenciones, en créditos excepcionales, en devolución y exención de
impuestos, de cuotas a la Seguridad Social por importe de un total
cercano a 60.000 millones de pesetas.
Paralelamente, el Juzgado de Játiva instruyó causa penal para depurar las
responsabilidades en las que se hubiera podido incurrir, abriéndose pieza
separada de responsabilidad civil contra el Estado como responsable civil
subsidiario.
Como SS. SS. bien conocen, el procedimiento judicial ha sido
extraordinariamente complejo, dándose en el mismo una serie de
incidencias que culminaron con la anulación, por parte del Tribunal
Supremo, de la sentencia dictada en el mes de octubre de 1990, por la
Audiencia de Valencia. En tales circunstancias, habiendo transcurrido más
de 10 años desde que se produjo la catástrofe y continuando abierta la
vía judicial sin visos de pronta solución, el Gobierno, con carácter
excepcional, dictó el Real Decreto-ley 4/1993, de 26 de marzo --es decir,
hace un año--, por el cual se autorizaba al resarcimiento de los daños
causados como consecuencia de la rotura de la Presa de Tous. Dicho Real
Decreto-ley, posteriormente, fue convalidado por la Diputación Permanente
de esta Cámara, con los votos favorables del Grupo Popular, al que
pertenece S. S.
La fórmula arbitrada por el Real Decreto-ley para el resarcimiento de los
daños fue celebrar convenios transaccionales entre el Estado y los
damnificados con arreglo a lo que el mismo establecía, y que consistían,
básicamente, en la fijación de un importe máximo resarcible para los
supuestos de fallecimiento, fijado en seis millones de pesetas, y la
fijación, asimismo, de un importe máximo resarcible para los daños
materiales efectivamente producidos. De las cantidades a percibir, el
Real Decreto-ley establecía la deducción de las ya percibidas como
consecuencia de lo
abonado por otros conceptos por la Administración del Estado, así como la
compensación de las cantidades percibidas en concepto de créditos
otorgados por las entidades oficiales de crédito como resultado de las
inundaciones que estuvieran pendientes de amortización.
La fórmula del convenio transaccional supone otorgar a los damnificados
la posibilidad de acogerse voluntariamente a ella, renunciando,
evidentemente, a ulterior reclamación y llegando a un acuerdo con el
Estado sobre la cuantía del resarcimiento, todo ello sin necesidad de
esperar a la posible fijación de indemnización en el procedimiento
judicial.
En el año transcurrido desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley --y
creo que esto es lo importante a destacar--, tomando cifras de 28 de
febrero pasado, se han tramitado 27.594 expedientes, habiéndose ofrecido
un total de 24.687 acuerdos transaccionales, es decir, el 90 por ciento,
aproximadamente, de los expedientes iniciados, de los cuales 21.173 han
sido ya definitivamente firmados por los interesados, y, en su gran
mayoría, abonados (los últimos van a ser abonados en estas próximas
semanas), encontrándose pendientes de subsanar defectos, o aportar
documentación complementaria por los afectados, otros 3.514 expedientes.
Resumiendo, por tanto, debo decirle que la justa valoración económica del
importe de las compensaciones ofrecidas por el Gobierno, entendemos que,
a la vista de las listas expuestas, supone la aceptación del 90 por
ciento de los afectados. Espero que S. S. esté de acuerdo conmigo en que
se encuentra, yo creo, debidamente garantizada.
No obstante, como SS. SS. también conocen, en relación con el citado Real
Decreto-ley, se han presentado recientemente proposiciones, algunas de
ley, otras no de ley, por distintos grupos parlamentarios, por lo que el
Gobierno estará a la decisión que en su día se adopte en esta Cámara.
Simplemente, hacer una reflexión final. Con independencia de que se
proceda o no a la ampliación de los colectivos afectados, estaríamos
incurriendo en una contradicción al ofrecer «a posteriori» diferentes
resarcimientos para la compensación a ese 90 por ciento de los
damnificados que ya han firmado el acuerdo transaccional y, como decía
antes, en su gran mayoría percibido las compensaciones, actuando, por
tanto, conforme a los criterios fijados por el Gobierno y convalidados
por esta Cámara.
El señor PRESIDENTE: El señor Gil Lázaro tiene la palabra.
El señor GIL LAZARO: Creo que el señor Subsecretario no debe haber
entendido bien la pregunta que yo le he formulado, porque me ha hecho una
síntesis apretada de lo que ha sido la evolución del caso Tous y de las
posturas gubernamentales en este asunto y para nada ha aludido a la
cuestión central de mi pregunta y de este asunto, es decir, si el
Gobierno piensa o no modificar ese Real Decreto. Yo creo que además el
señor Subsecretario ha hecho una serie de referencias que están
absolutamente de más. En primer lugar, ha hablado, como efectivamente es
cierto, de una serie de iniciativas que en este momento están en
tramitación en esta Cámara, orientadas a solicitar la modificación del
Real Decreto, algunas de las cuales vamos a ver con cierta inmediatez,
pero yo creo que no se las debe haber leído el señor Subsecretario,
porque cuando habla, entre otros argumentos para justificar, sin decirlo,
una posible posición gubernamental de no modificación de ese Real
Decreto, dice: es que se podría dar la circunstancia de que, si
modificáramos ahora el Real Decreto, se produjeran diferentes
resarcimientos. Por lo visto, el señor Subsecretario no ha leído que en
esas iniciativas pendientes de tramitación en esta Cámara están
determinados una serie de mecanismos de compensación, precisamente para
que al final todo el mundo cobre igual, en cuanto a la valoración de las
indemnizaciones o compensaciones a percibir, y no de manera diferente.
Por tanto, ese argumento no puede justificar la no definición del
Gobierno en este asunto.
En cuanto al voto favorable del Grupo Parlamentario Popular en el trámite
de aquella sesión de la Diputación Permanente, está archiexplicado, y yo
creo que el señor Subsecretario debería conocerlo, porque, si no, no
haría referencia a ello en esta cuestión.
Vuelvo a insistirle que la cuestión clave es si se modifica o no ese Real
Decreto. No solamente somos nosotros, las asociaciones de damnificados y
otros grupos parlamentarios determinamos la necesidad de esa
modificación, sino que son los propios alcaldes socialistas de La Ribera.
Cuando usted me dice que el 90 por ciento de los damnificados iniciales o
censados en este momento han acudido a esa fórmula del vigente Real
Decreto, ése es un dato que no sirve, porque los propios alcaldes
socialistas de La Ribera, en una reciente reunión con el nuevo Ministro,
señor Asunción, ya le dijeron claramente que esa gente acudía en virtud
de un manifiesto estado de necesidad material y de cierta sensación de
desesperanza, es decir, vale más que me den lo que me den, aunque no sea
justo ni acorde al daño sufrido, que seguir esperando.
Tengo aquí las declaraciones en este sentido de los alcaldes de Alcira,
Algemesí y Carcagente y son ellos mismos los que además dicen, en esa
reunión con el Ministro del Interior, que este texto se tiene que
modificar. Pero es que además, señor Subsecretario, y usted no debe
desconocerlo, la nueva decisión de la Audiencia de Valencia,
estableciendo, como consecuencia de la decisión que toma respecto del
fondo del asunto, una larguísima presunta demora en cuanto a la
resolución final del proceso, deja inservible el propio Real Decreto,
porque el vigente Real Decreto determina que solamente será de aplicación
a aquellos que figuraban en la inicial relación procesal (bien porque
comparecieron defendidos por el ministerio fiscal, bien porque
comparecieron representados por la acusación particular), dando lugar a
que una serie de municipios y de personas físicas ya no puedan tampoco,
«per se», acogerse a los términos de ese Real Decreto. Si a eso añadimos
un sistema...
El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro, le ruego concluya.
El señor GIL LAZARO: Termino inmediatamente.
Si a eso añadimos un sistema de compensaciones que no se sostiene en pie,
porque es injusto económicamente pero además es técnicamente
sorprendente, comprenderá que hoy la cuestión central siga siendo la que
S. S. no ha querido responder, es decir, si el Gobierno va a modificar,
sí o no, este Real Decreto. De todas formas, en el próximo mes y en esta
Cámara, el Gobierno, ante nuestras iniciativas, va a tener que votar sí o
no a la modificación de ese Real Decreto, con las consecuencias sociales
que naturalmente después determinará la posición del Gobierno.
El señor PRESIDENTE: Señor Subsecretario, tiene la palabra por un minuto.
El señor SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR (Puig de la Bellacasa
y Aguirre): Creo importante colocar el problema en sus justas
dimensiones, porque éste es un problema que afecta a la estabilidad en
muchos casos de familias, de ayuntamientos, etcétera, y, por tanto, hay
que intentar localizarlo. Yo creo que es importante destacar --y que la
opinión pública sea consciente de ello-- que el 90 por ciento de los
afectados por la Presa de Tous han aceptado una transacción, que una
parte de ese 90 por ciento ya ha recibido la indemnización y el resto,
por un importe en torno a 3.254 millones --7.676 expedientes
concretamente--, están siendo pagados en estos momentos, y a lo largo del
mes de marzo podemos cerrar totalmente el pago de estas indemnizaciones.
Van a ser en torno a 22.000/23.000 personas; yo creo importante que la
opinión pública conozca esto, porque es algo positivo.
Evidentemente, hay que resolver problemas pendientes, como es el
colectivo que estaba alrededor de las dos asociaciones, Asiva y Apemeda,
que han ido por la vía de la acusación particular y que, en nuestra
opinión, por razones de todo tipo, sería enormemente deseable que
entraran por la misma vía que el 90 por ciento, para resolver lo más
rápido y de la forma más consensuada posible, a través de transacciones,
el problema de estas personas. Por tanto, habría que ampliar a estos
ayuntamientos que han podido ser perjudicados, en concreto tres
ayuntamientos: Alcántara de Júcar, Cárcer y Favara. Yo creo que la idea
del Gobierno es que, por las diferentes iniciativas parlamentarias que
hay en estos momentos, se pueda cerrar definitivamente el proceso de
Tous, pero teniendo en cuenta y siendo plenamente conscientes de que ya
más del 90 por ciento de los afectados han cobrado y, por tanto, el
problema hay que situarlo en su contexto.
El señor PRESIDENTE: Las siguientes preguntas son ya para el Director
General de la Policía.
Por tanto, gracias por su presencia aquí, señor Subsecretario, y por la
información dada a la Comisión.
--ADOPCION DE MEDIDAS POLICIALES ESPECIFICAS PARA LA PREVENCION E
INVESTIGACION DE LOS HECHOS DELICTIVOS PROVOCADOS EN VALENCIA POR GRUPOS
MINORITARIOS DE CARACTER ULTRA. FORMULADA POR EL SEÑOR PERALTA ORTEGA,
GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número
de expediente 181/000270.)
--MEDIDAS A ADOPTAR A LA VISTA DEL INCREMENTO DE LA VIOLENCIA DE ORIGEN
ULTRADERECHISTA DETECTADO EN LOS ULTIMOS MESES. FORMULADA POR EL SEÑOR
ROMERO RUIZ, GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA. (Número de expediente 181/000272.)
--MEDIDAS PREVISTAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS FRENTE
A LAS AGRESIONES VIOLENTAS QUE VIENEN PROTAGONIZANDO GRUPOS JUVENILES
RADICALES. FORMULADA POR EL SEÑOR GIL LAZARO, GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR. (Número de expediente 181/000439.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, está con nosotros el Director General de
la Policía, al que damos la bienvenida una vez más a esta Comisión, para
responder al resto de las preguntas que forman parte del orden del día.
Escuchados los autores de las mismas, vamos a acumular las preguntas
números 4, 5 y 15.
Para formular las preguntas, en primer lugar el señor Peralta tiene la
palabra.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Director General de la Policía
por su comparecencia.
La acumulación de preguntas pone de manifiesto que el tema de la
violencia de carácter ultraderechista, por utilizar una determinada
calificación, creo que es suficientemente amplio para abarcar un rico
surtido de actuaciones y de submotivaciones xenófobas, racistas,
puramente políticas, etc., preocupa con carácter general en nuestro país.
Sin perjuicio de las intervenciones que tendrán posteriormente algún otro
compañero de grupo, incluso de otros grupos, me voy a centrar
exclusivamente en lo que hace referencia a la situación de Valencia.
Recientemente, un diario de la ciudad de Valencia, de noviembre de 1993,
decía literalmente, y creo que es útil recordarlo ahora: Los nazis de
Valencia son los mejor organizados de España, integrados en varios grupos
con distintas siglas que se prestan apoyo entre sí. Esta afirmación que
se contenía en un medio de comunicación tenía como fundamento no sólo
distintas actuaciones, que creo se pueden producir con más o menos
frecuencia en otras ciudades (por ejemplo en el caso de Valencia la
celebración del denominado «Concierto de la Raza» del año 1992) sino
determinados hechos particularmente graves que se han producido en
nuestra comunidad.
En abril de 1993, tuvo lugar el asesinato de un chico, Guillén Agulló,
por parte de unos jóvenes de claro matiz ultraderechista. El 13 de
noviembre de 1993, días antes de esta noticia que citaba, se produce el
secuestro de un magrebí y el apuñalamiento de un testigo que se
encontraba junto al mismo. A raíz de este último suceso la policía lleva
a cabo un registro en la sede de una organización de carácter
ultraderechista como era Acción Radical. Los medios de comunicación
recogían la reseña de este registro diciendo: la sede del grupo neonazi
contenía una buena cantidad de material de guerra de este grupo. Los
bates de béisbol se entremezclaban con los libros sobre Hitler; los puños
americanos con las pegatinas racistas y las esposas con las revistas
nacional-socialistas. (La señora Vicepresidenta, Pelayo Duque, ocupa la
Presidencia.)
Más recientemente todavía, el 10 de enero de este año, se ha producido el
apuñalamiento de dos jóvenes por cinco miembros de ese grupo Acción
Radical.
Creo que todo esto da lugar a que en la opinión pública de nuestra
comunidad en concreto haya una preocupación sobre este tema de la
violencia de carácter ultraderechista.
Hemos conocido que por parte de la policía se ha intentado dar respuesta
a este tipo de actuaciones con la creación de grupos específicos de
trabajo contra la violencia ultraderechista, como ha ocurrido
recientemente en la capital, aquí en Madrid.
Hemos conocido también en nuestra comunidad declaraciones del Delegado
del Gobierno manifestando que esto no se podía llevar a cabo en la
Comunidad Valenciana. Justo en ese mes de noviembre a raíz de noticias de
este estilo que se publicaban el Delegado del Gobierno decía que eso no
era posible en Valencia primero, porque no había gente suficiente en la
brigada de información; y, segundo, porque en Valencia la situación no es
tan preocupante como en Madrid, donde sí se ha creado este cuerpo.
Creo que estas afirmaciones del Delegado del Gobierno contrastan con la
realidad de datos que he dado. No quiero entrar a comparar si es más
preocupante o menos, lo que no cabe duda es que en Valencia hay
preocupación por este tema y si hay preocupación por este tema y hay
hechos graves que justifican esa preocupación, creo que la respuesta
adecuada por parte de la policía puede ser la creación de un grupo, como
se ha hecho en otras ciudades, o puede ser otra. Me gustaría saber, en
definitiva, cuáles son las medidas que van a adoptarse por parte del
Gobierno para combatir este tipo de hechos que en definitiva no son más
que delincuencia, con el agravante de que al tratarse de delincuencia de
determinada orientación ideológica puede tener una base social, unas
determinadas organizaciones que la hagan más preocupante; pero, en
definitiva, son hechos delictivos.
La señora VICEPRESIDENTA (Pelayo Duque): Tiene la palabra, a
continuación, el señor Romero para formular la pregunta número 5 del
orden del día.
El señor ROMERO RUIZ: En primer lugar, quiero dar la bienvenida al
Director General de la Policía y decirle que la pregunta es muy concreta.
Se trata de conocer las medidas que piensa adoptar el Gobierno y el
Ministerio del Interior, las instrucciones concretas que se van a dar a
las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y en este caso a la
policía, a la vista del incremento de la violencia que se está
registrando en España, en las grandes ciudades, por actividades
ultraderechistas y neonazis.
Hay una publicación, que tengo en mis manos en este momento, que proviene
de Estados Unidos, titulada «Boletín de noticias nazis», edición
española, número 4, que se refiere a los combatientes
nacional-socialistas en Croacia, que tiene un buzón de suscripciones para
doce números de este boletín, por 2.000 pesetas o veinte dólares
norteamericanos, aceptando cualquier otra divisa y con una dirección
situada en Estados Unidos, Box 6414, en el distrito de Lincoln. Es un
documento donde se habla de las actividades de los neonazis en general,
con bastantes afirmaciones antijudías. Tiene pegatinas, cruces de
carácter nazi, y expresiones como: «Es muy jodío vivir bajo el judío»;
«abónese, únase, contribuya» o «muerto por la causa blanca en la guerra
de los Balcanes»; «caídos por nuestra Europa y la raza blanca como
voluntarios en la guerra de liberación de Croacia», con los nombres y
apellidos de la brigada o de la unidad neonazi que participa en la guerra
de los Balcanes. Todas estas publicaciones entran en España de manera muy
abundante y además se editan aquí algunas otras publicaciones que se han
puesto en marcha.
Concretando, señor Director General, Bases Autónomas lleva ya seis o
siete años de lucha callejera y de una violencia indiscriminada, sobre
todo hacia algunas minorías étcnicas; se descubrió que había alguna
conexión en el asesinato de la dominicana Lucrecia Pérez y, al mismo
tiempo, hay una sede en Madrid con un teléfono directo donde se llama y
el contestador automático hace una alocución contraria a la Constitución,
a la Corona, al Estado de las autonomías, a Cataluña y a Euskadi. Hay
pintadas en concreto refiriéndose a Cataluña diciendo: Vuestro destino
será el de Sarajevo o a Euskadi con pintadas de esas características, al
tiempo que hay conexión con grupos ultras que se dedican a participar en
altercados en torno a las competiciones futbolísticas de la Liga nacional
en algunos equipos de primera división. Eso ha llevado al anterior
Secretario de Estado para la Seguridad, don Rafael Vera, a decir que la
ideología ultra, el odio y la hostilidad hacia determinadas etnias se
está traduciendo en habituales incidentes y alteraciones de la paz
ciudadana y se dio una circular muy importante con instrucciones para que
se extremara la vigilancia y la información en torno a estos grupos que
se estaban reorganizando con una actividad cada vez más creciente y
numerosa, con asaltos callejeros a jóvenes, con incidentes como los de
Madrid, con apuñalamientos no hace mucho, o como los que acaba de
explicar mi compañero Ricardo Peralta, en relación con los sucesos de
Valencia.
Para terminar, señor Director General, sería necesario que se planteara
la unidad que dio a conocer don Arsenio López Huerta, Delegado del
Gobierno en Madrid, como una unidad dedicada a estudiar la violencia
juvenil y la expresión en el mundo universitario, futbolístico o en
ambientes juveniles, donde se observa que hay infraestructura, que hay
presupuesto, que hay publicaciones sin pie legal, sin saber dónde se
editan, circulando abundantemente, contrataciones con Telefónica o
contestadores automáticos incidiendo y llamando a la violencia contra el
Estado de Derecho, contra la Constitución, contra la democracia y por
tanto haciendo apología de actividades terroristas.
Sería muy importante que no nos acordáramos de Santa Bárbara cuando
truena, que se tomaran medidas para evitar que siga degenerando la paz
ciudadana, la convivencia pacífica. Hay que respetar todas las ideas, que
se impida esa violencia callejera, indiscriminada en relación con los
extranjeros, con los inmigrantes, con jóvenes de otras tendencias. Hay un
asalto en Madrid a la sede de Izquierda Unida, del barrio de Latina; se
publican folletos y hay una actividad sobre la que es necesario que el
Gobierno y la Dirección General de la Policía estudien medidas serias
para defender el Estado de Derecho y que conduzcan a la desarticulación
de estos grupos de carácter violento y delictivo por la alteración
gravísima de la paz ciudadana que ello supone.
La señora VICEPRESIDENTA (Pelayo Duque): Tiene, por último, la palabra el
señor Gil Lázaro para formular su pregunta número 15.
El señor GIL LAZARO: Aunque, evidentemente, estamos hablando de un asunto
muy serio y yo tengo, además, que hacer referencia a algunas de las
cuestiones que hemos abordado en una de nuestras anteriores
intervenciones esta mañana, dándolas por reproducidas también en esta
cuestión concreta, sí quiero, si me lo permite el señor Director General,
comenzar fuera de la cuestión felicitándole porque parece ser que es el
único superviviente del anterior equipo ministerial y eso, evidentemente,
tiene que tener algún intríngulis.
Volviendo a la cuestión que nos ocupa yo creo, señor Director General,
que será usted consciente de que al finalizar el anterior período de
sesiones, mi Grupo Parlamentario planteó esta cuestión referida a unos
sucesos acaecidos en Madrid, pero también por extensión, con una serie de
reflexiones amplias en torno a la acción de estos grupos, en el conjunto
de la vida ciudadana española y reclamamos entonces a S. S. acciones
urgentes y concluyentes.
Celebrábamos entonces que el señor Director General expresara su rotunda
preocupación por este problema y que básicamente coincidiera con los
argumentos y con el enfoque de la situación que nosotros en aquel momento
contemplábamos.
Sin embargo, lo cierto es que han transcurrido tres meses, sin que se
haya podido apreciar, y permítame usted la expresión entrecomillada «en
la calle», es decir, en el ánimo de los ciudadanos y en la realidad
ciudadana, un avance sustancial en la lucha contra este tipo de grupos.
Por el contrario, lo que sí que se ha podido apreciar, desgraciadamente,
es que continúan tal cual realizando sus acciones de tipo violento, sus
agresiones sistemáticas, algunas de las cuales, además, han rayado ya
límites absolutamente insospechados, porque si es inaceptable bajo todo
punto de vista que estos grupos, grupúsculos o individuos, se permitan la
agresión a ciudadanos, mucho más inconcebible, siendo inconcebible lo
anterior, son sucesos como los acaecidos hace unas horas prácticamente en
la ciudad de Valencia, en donde un grupo de treinta y tantas personas,
una banda, se permitió asaltar el retén de policía local de uno de los
barrios de nuestra ciudad. O situaciones, que hoy no son objeto de la
pregunta que formulamos al señor Director General, entre otras cuestiones
porque ya la hemos tramitado como pregunta sustancial, pero producida
recientemente en el interior de un establecimiento penitenciario español,
en donde un grupo de estos individuos se permitió dar una paliza a un
ciudadano de raza negra simplemente para «conmemorar», entre comillas, la
intentona golpista del 23 de febrero.
Es evidente, por tanto, que estamos no solamente en la misma situación
que retratamos hace tres meses, sino en una situación que ha avanzado en
sus términos reales de manera mucho más preocupante porque, evidentemente
también, en la medida en que no haya una respuesta policial concluyente
frente a este tipo de grupos el «envalentonamiento» también, entre
comillas, con el que estos grupos se permiten actuar, en función de una
sensación de cierta impunidad o dificultad por carencia de medios
materiales, por carencia de plantillas, por carencia de consignaciones
presupuestarias por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para
actuar frente a ellos, les permite ir cada vez más allá, cada vez más
lejos en sus repugnantes acciones.
El señor Peralta ha hecho una cita que es muy correcta pero me parece que
ha hecho simplemente la segunda parte de ella, probablemente no tenía en
su poder la primera parte.
El señor Delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, que es muy
aficionado a hacer determinado tipo de declaraciones, de vez en cuando,
que, al final, los hechos vienen a acreditar que son, cuando menos,
precipitadas o curiosas, dijo inicialmente que en la ciudad de Valencia
se iba a constituir, con carácter experimental, un grupo policial
destinado a la lucha contra este tipo de bandas violentas de cualquier
signo. La excusa de la definición política que estas bandas utilizan no
tiene mayor trascendencia. Hay fascistas y neonazis y hay también gente,
como, por ejemplo, los de los sucesos recientemente acaecidos en el
barrio del Carmen, de la ciudad de Valencia; en las últimas elecciones
europeas esos colectivos dijeron moverse en el entorno de cierta fuerza
radical y antidemocrática vasca que está en la mente de todos.
El señor Delegado del Gobierno primero dijo que se iba a hacer eso para
después, efectivamente, reproducir las declaraciones a las que ha hecho
referencia el señor Peralta.
Mientras se cruzan declaraciones, mientras que todos coincidimos en los
análisis, mientras que se invocan como excusas las dificultades
presupuestarias o materiales, lo cierto es que estos grupos neonazis,
fascistas o de cualquier otra invocación pseudo ideológica siguen
agrediendo a ciudadanos en la calle, siguen yendo muy lejos en sus
acciones frente a locales públicos de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad, frente a locales de entidades cívicas o profesionales o
sedes de partidos políticos y se permiten, incluso en el interior de
establecimientos penitenciarios, hacer lo que hacen.
Por eso, nosotros les preguntamos, señor Director General, qué medidas
hay previstas para garantizar la seguridad general de los ciudadanos
frente a las agresiones violentas que vienen protagonizando grupos
juveniles radicales, habida cuenta de que en el tiempo transcurrido desde
el último debate, en los últimos tres meses, no parece que se hayan
apreciado avances sustanciales en la persecución de este tipo de
delincuentes y, sin embargo, ellos sí han avanzado sustancialmente en la
persecución de los ciudadanos.
La señora VICEPRESIDENTA: (Pelayo Duque): Tiene la palabra el señor
Director General de la Policía.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA (Conde Duque): Dada la cantidad
de preguntas que teníamos y las horas que se suponía que íbamos a poder
utilizar, me he permitido traer algunas anotaciones escritas y va a ser
lo más conveniente, porque si no podríamos acabar utilizando el tiempo de
forma inadecuada. Lamento que sea más farragoso que un discurso, que
probablemente tampoco sería brillante, pero lo vamos a hacer de esta
manera con su permiso.
Pretendo dar contestación de forma conjunta, como ya se ha indicado por
la Presidencia. Quiero recordar una anterior ocasión que comparecí en
esta Comisión, el 20 de diciembre del pasado año; no quiero volver a
repetir todo lo que allí dije y que fundamentalmente hacía mención a
sucesos en Madrid, con una serie de temas estadísticos y análisis
sociológicos, que yo creo que me harán favor de no tener que leer de
nuevo y que estarán en el Boletín Oficial de la Cámara de días
siguientes. Por tanto, voy a limitarme a aquellos sitios donde se han
producido algunas actividades de este orden, fundamentalmente en Madrid,
Barcelona y, en este caso, Valencia de una manera particular, no sólo
porque se haya hecho la pregunta: aunque no se hubiera hecho sería un
tema que habría que tratar.
La circular del Secretario de Estado a que ha hecho referencia el
Diputado Romero, de diciembre de 1992, supuso una serie de prevenciones
por parte de los Cuerpos de Seguridad a las actividades violentas de
ciertos grupos radicales y quiero repetir, quizá de forma inevitable, que
son las siguientes: captación e información relacionadas con tales
individuos o grupos y el análisis o estudio para conocer su incidencia y
evolución; confección de archivos, álbumes fotográficos con
clasificaciones por tipos de movimientos a los que pertenecen; control y
vigilancia en establecimientos públicos, tales como bares, discotecas,
salas, manifestaciones musicales, etcétera; identificaciones selectivas;
prestación de servicio habitual de control y vigilancia en fines de
semana, festivos u otros días --aunque ya lo dijimos en aquella
comparecencia-- donde estas actuaciones se suelen producir. Aquello
connotaba de una determinada manera las características de esos propios
grupos con pertenencias a grupos sociales más o menos no marginales, por
decirlo de alguna manera y, por último, planificación de operaciones
específicas tendentes a impedir, perseguir, en su caso, los
comportamientos delictivos.
Este es el cuadro general en el que se mueve toda la actuación de la
policía con carácter general. Es una instrucción que ha de ser de
obligado cumplimiento y, si me permiten, como muestra, porque los dos
últimos Diputados han hecho referencia al caso de Valencia y quizá porque
su novedad es más relevante respecto a que lo de Madrid lo hemos tratado
con bastante intensidad en otro caso, les voy a decir lo que hemos hecho
ahí.
En la Jefatura Superior de Policía de Valencia las funciones de
coordinación, prevención, investigación y demás, las actuaciones
delictivas que desarrollan tales individuos o grupos están encomendadas a
un grupo operativo integrado en la Brigada Provincial de Información.
En la anterior comparecencia hacíamos referencia a que eran fundamentales
las actividades de inteligencia respecto de estos grupos. Así tiene que
ser. No lo digo con ningún tipo de connotación, pero no me gustaría
repetir una especie de brigada político-social respecto de estos
caballeros bajo ningún concepto. Por tanto, están dentro de las
actividades de inteligencia de las brigadas de información y, en el caso
concreto de Valencia, existe un grupo operativo dentro de la Brigada
Provincial de Información que, en colaboración con otros grupos o
unidades policiales de las Brigadas de Seguridad Ciudadana y de la
Policía Judicial, ejecutan las medidas que con carácter general define la
instrucción del Secretario de Estado para todo el territorio.
En referencia concreta a Valencia, como zona más especialmente afectada
por este problema y donde se está trabajando de manera más intensa, puedo
decir que están en las calles del distrito de Ruzafa, donde operan los
llamados «skin head» de extrema derecha, así como en Monte Olivete, en el
barrio del Carmen y en zonas aledañas al casar popular de la calle Flora,
lugar este último frecuentado por integrantes de un movimiento integrado
por nacionalistas de carácter pancatalanista que se definen como
antifascistas y que parece que también provocan algunos conflictos. En
esos lugares actúan con intensidad los grupos de la Policía que he
descrito anteriormente, así como los grupos y unidades policiales
especiales.
Como actuaciones concretas que ilustran la labor policial en este tiempo
y en esta materia en la ciudad de Valencia, debo mencionar la llevada a
cabo en noviembre de 1993, en la que se procedió al registro de la sede
de Acción Radical (organización de carácter neonazi) y a la detención de
dos significados militantes, incautándose material diverso y
documentación sobre su funcionamiento, estructura, actividades y
relaciones con otros grupos afines, por lo que se tiene información de
las actividades conexas de esos grupos. En lo que sí estaremos todos de
acuerdo es en que las actuaciones policiales tienen que ser con todas las
garantías; nosotros no vamos a hacerlo de otra forma.
En enero del presente año se ha procedido a la detención de otras cinco
personas --algunas de ellas vinculadas a la misma organización-- con
ocasión de una pelea que también tuvo lugar en la ciudad de Valencia.
Es todo lo que puedo manifestar al respecto, atendiendo a ese carácter
breve que nos ha pedido la Presidenta.
Por último, quería decirles que existe una buena información relativa al
organigrama y estructura de Acción Radical que puedo facilitarles, si es
que están interesados en ello.
La señora VICEPRESIDENTA (Pelayo Duque): Señor Director General, si es
tan amable, puede dárselo a la Presidencia para que lo traslade a los
grupos que estén interesados en esa información.
Por un tiempo de un minuto, voy a dar la palabra a los señores Diputados
que han intervenido en esta comparecencia, en el mismo orden en que lo
han hecho.
Tiene la palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Voy a procurar ser muy breve, señora Presidenta.
Por supuesto que las actuaciones de la Policía tienen que llevarse a cabo
respetando la legalidad; ésa debe ser una de las cosas que la distingan
de la antigua brigada político-social, porque la legalidad democrática se
tiene que respetar. También somos conscientes de que la actuación
policial ha de llevarse a cabo con reserva. Le agradezco los datos que ha
dado, no le voy a pedir más, y simplemente celebro que la Dirección
General de la Policía comparta la preocupación en torno a las actuaciones
de estas bandas delictivas en la ciudad de Valencia y en nuestra
comunidad.
Le animo a que se refuerce el trabajo de ese grupo operativo para que
efectivamente todos podamos ver que consiguen resultados y que se
disfruta de tranquilidad democrática.
La señora VICEPRESIDENTA (Pelayo Duque): Tiene la palabra el señor
Romero, también durante un minuto, por favor.
El señor ROMERO RUIZ: La respuesta que acaba de dar el Director General
de la Policía se ha concretado fundamentalmente en Valencia y en torno a
los hechos acaecidos en aquella ciudad. Sin embargo, mi pregunta tenía un
carácter más general. He aportado un dato que necesitaría una respuesta
precisa relativo a la actuación de Bases Autónomas (centralizado en
Madrid), de sus sedes, sus recursos, sus publicaciones neonazis, sus
actuaciones ligadas a alguna violencia ultra relacionada con actividades
futbolísticas, con un sector de gente que suele acudir los fines de
semana a esos acontecimientos deportivos. Sería bueno conocer los
primeros datos y el trabajo que desarrolla esa unidad no sólo en Madrid,
sino también en Barcelona, que es un lugar muy importante de actividad de
la ultraderecha en España y de los grupos neonazis, en concreto en el
campo de la edición y de las publicaciones que desde aquí se remiten a
Alemania y a otros lugares, así como la conexión con grupos neonazis
internacionales, como se ha puesto de manifiesto en esa publicación que
proviene de los nazis de Estados Unidos. Era en ese campo general en el
que mi Grupo quería conocer los pasos que se están dando en la línea de
la defensa del Estado de Derecho, porque, políticamente, todo el mundo
puede defender sus ideas, pero todo hay que hacerlo de acuerdo con la
legalidad. Es necesario que la agresión a los ciudadanos y la violencia
que se ejerce sea detectada y puesta a disposición de los tribunales de
justicia y, por supuesto, tomando medidas preventivas y policiales
eficaces para desarticular lo que es un cáncer que se extiende y que
alcanza grandes dimensiones en algunos países europeos de nuestro
entorno, aunque en España todavía no las tenga, aunque ya adquiere
síntomas graves de preocupación para la paz ciudadana.
La señora VICEPRESIDENTA (Pelayo Duque): Tiene la palabra el señor Gil
Lázaro, también durante un minuto.
El señor GIL LAZARO: Con toda brevedad, señora Presidenta.
Señor Director General, en esta cuestión que nos ocupa, al menos mi Grupo
Parlamentario no se siente en modo alguno satisfecho, digamos
partidistamente, cuando se produce una cierta falta de éxito en la lucha
contra este tipo de grupos. Por el contrario, ésta es una cuestión que
nos preocupa a todos y, por tanto, lo que queremos es que exista un marco
de acción normativa y un marco de acción material suficientemente
satisfactorio para conseguir los éxitos notables que son precisos en este
ámbito.
En segundo lugar, quería decirle que no podemos entender cómo se crea
primero una serie de expectativas, tanto en lo que afecta a la ciudad de
Valencia como en términos generales, aduciendo la creación de esos grupos
especiales para la lucha contra este tipo de bandas organizadas, sobre
todo en el momento en que se ha producido un choque en la opinión pública
como consecuencia de agresiones muy notables, para después decirnos que
esos grupos quedan sin efecto y que las tareas que podrían realizar
forman parte de las correspondientes a los grupos operativos de las
brigadas de información. Sabemos que es muy importante, cómo no, la tarea
de inteligencia, pero lo que queremos es que no se diga primero una cosa
para después hacer otra.
Finalmente, en el contexto de lo que acabo de decir, tengo que señalar,
señor Director General, lamentándolo profundamente, en virtud de lo dicho
en primer lugar, que en barrios como el de Monte Olivete, de la ciudad de
Valencia, o en el barrio del Carmen no se notan en absoluto avances
policiales frente a la acción de este tipo de grupos. Por el contrario,
el ciudadano nota cada día más que este tipo de grupos son dueños de la
calle. Evidentemente, eso es lo que no se puede consentir y lo que entre
todos tenemos que erradicar, aunque hará falta probablemente revisar
algunos aspectos de nuestro cuerpo jurídico normativo. No olvidemos la
existencia de ciertos informes europeos que señalan la debilidad de las
legislaciones nacionales, apuntando entre ellas la española, en la lucha
--mediante instrumentos jurídicos-- contra este tipo de bandas, pero no
olvidemos tampoco que la revisión de ese marco normativo tendrá que ir
acompañado de la suficiente
provisión de elementos materiales, tanto técnicos como de plantilla, para
poder hacer efectivo algo que es fundamental y en lo que coincidiremos
todos, y es que la libertad es algo que no puede estar en manos de los
violentos.
La señora VICEPRESIDENTA (Pelayo Duque): Tiene la palabra el señor
Director General.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA (Conde Duque): Con independencia
de los aspectos concretos, no tengo más remedio que pedir excusas o en
todo caso aclarar que me daba la impresión de que los temas generales que
fueron tratados en la comparecencia del 20 de diciembre habían situado el
marco de referencia general que funcionaba y que hoy el tema de Valencia
tenía una especial sensibilidad.
Por señalar algún aspecto, he de decirles que los grupos no son grupos de
inteligencia, sino grupos que están dentro de las brigadas de
información, son grupos operativos. La Policía no tiene diferenciados los
grupos de inteligencia de los grupos operativos; son grupos que están
actuando dentro de sus propias limitaciones, para qué vamos a decir lo
contrario, y hay que decir con absoluta claridad que éste es un fenómeno
preocupante.
Querría decir también al señor Romero que en la Comisaría General de
Información hay una brigada especial de bastante importancia que, por
decirlo de alguna manera, sería la brigada antiinvolucionista, que, para
su tranquilidad y para la mía, tiene bastante bien controlados los
problemas que a todos nos pueden preocupar.
Sin que venga al caso, y probablemente de forma innecesaria, quiero
decirle que, si no fuera porque el cargo es objetivo, yo sería un
combatiente antifascista; por tanto, no existe la más mínima necesidad de
apoyar ese espíritu, puesto que la realidad es ésa. El problema es que
tenemos unas actividades que son bastante marginales, unas actividades
que aparecen y desaparecen porque tenemos que actuar en casos concretos
que, además, debemos tener la habilidad de encontrar. Pero créanme que no
hay la más mínima inhibición, ni la más mínima bajada de guardia porque
en este país ya tenemos experiencia suficiente en esos disgustos.
--MEDIDAS PREVISTAS EN RELACION CON LOS HECHOS PERPETRADOS POR LA
DENOMINADA «MAFIA CHINA» EN GANDIA (VALENCIA). FORMULADA POR EL SEÑOR
ROMERO RUIZ (GIU-IC). (Número de expediente 181/000312.)
La señora VICEPRESIDENTA (Pelayo Duque): Tiene la palabra el señor
Romero, para contestar a la pregunta número seis.
El señor ROMERO RUIZ: Todavía no estoy en la fase de contestar, aunque lo
haré en breve, si mi Grupo Parlamentario adquiere un resultado electoral
que lo permita
La señora VICEPRESIDENTA (Pelayo Duque): Todo está escrito en las
estrellas.
El señor ROMERO RUIZ: Así es. Podía haberse dado en esta legislatura, si
no hubiesen preferido pactar con Convergència i Unió.
Para no seguir en esa línea a la hora que es, quiero concretar sobre los
hechos de Gandía y la alarma que se produjo en nuestro país, a raíz de la
publicación de ese crimen tan horrendo que afectó a personas de origen
chino, que administraban un restaurante en esa ciudad del País
Valenciano.
Hoy se publica una importante información en «El País» en su edición de
Madrid, sobre las bandas mafiosas que controlan la inmigración ilegal
china en nuestra ciudad. Se dan algunos datos. Independientemente de las
características que rodearon los sucesos de Gandía que, al parecer,
tenían una connotación concreta de relaciones personales y de otro tipo
que desencadenaron ese horroroso crimen, hay informaciones, sospechas y
preocupación en la ciudadanía en relación con la actividad de grupos
mafiosos en nuestro país relacionados con la colonia china.
Se ha abierto un debate. No es extraño que esto suceda --no conocemos sus
dimensiones-- porque ha sucedido en otros países donde hay colonias
procedentes de estos países y de otros que suelen organizarse y operar en
su seno con extorsiones, chantajes, falsificación de pasaporte o cobro
por visado. Hemos visto cómo se ha detectado y denunciado una actividad
de carácter mafioso en relación con la inmigración ilegal, relacionada
con personas ligadas a la República Dominicana, con prostitución, droga y
actividades de carácter mafioso.
La colonia china de nuestro país tiene una dimensión reducida. No tenemos
la colonia que existe en Francia, Italia o Estados Unidos, pero tiene
representación en todas las ciudades y pueblos importantes, dedicada
fundamentalmente a lavandería, recursos de fotografía, cadena de
restaurantes y servicio de hostelería; ahí es donde se ubica
fundamentalmente la colonia procedente de China en nuestro país.
Hubo unas primeras declaraciones del Gobierno y de la Dirección General
de la Policía diciendo que era un colectivo de muy difícil acceso, que
era muy opaco, que no se conocían sus mecanismos de funcionamiento y de
relaciones y que cualquier cosa que ocurriera en su seno era muy difícil
de detectar. Como quiera que el Estado de Derecho y la importancia de que
se respeten las relaciones humanas sin chantajes, sin mafias, sin
extorsiones y sin violencia afecta a todos los ciudadanos del país, hayan
nacido aquí o provengan de fuera, es necesario que se explique en esta
Comisión de Interior y Justicia qué datos concretos conoce el Ministerio
del Interior y la Dirección General de la Policía sobre las actividades
de estos grupos, qué colaboración se establece con la Embajada y, en
concreto, con otros países de esa zona de donde también proceden personas
que desarrollan estos trabajos, con objeto de diferenciar los sucesos
concretos de Gancía de lo que son connotaciones de actividades mafiosas.
La señora VICEPRESIDENTA (Pelayo Duque): Tiene la palabra el señor
Director General.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA (Conde Duque): La verdad es que
tenía unas notas que le pensaba leer, pero voy a hacer el favor de no
leérselas y le voy a explicar mi propia información.
Cuando se produjeron los hechos de Gandía y de Gavá, en Barcelona,
inmediatamente hubo una reacción, primero de asombro y luego de sensación
de riesgo, por parte de la ciudadanía y de las autoridades, ante un
fenómeno que hasta ese momento no había presentado mayores problemas. Hay
que decir, yo ya lo hice públicamente, que era una comunidad muy opaca,
que tenía unos comportamientos, por otra parte, nada agresivos y que, si
se producían algunas situaciones de conflicto o de delincuencia eran
dentro de grupos de ciudadanos que tienen una actividad muy endogámica y
muy poco permeable.
A eso había que añadir una situación de dificultad de colaboración, tanto
con los consulados como con la Embajada, que hacían más difícil el
conocimiento de los ciudadanos que podían estar en el país. Las cifras de
residentes son muy bajas, del orden de siete mil y pico, lo cual es muy
poco relevante y la propia Embajada no tenía mucho espíritu de
colaboración. Probablemente hay que aceptar siempre la censura de que se
reacciona ante el fenómeno. Con el dato objetivo de que siempre que se
producen colectividades chinas se producen las actividades de las mafias,
la realidad es que en España no había habido hasta ese hecho luctuoso
ninguna idea que pudiera ponernos ante la presencia de un peligro.
Inmediatamente que se produjo este fenómeno, las fuerzas policiales
empezaron a trabajar, tanto a nivel operativo como a nivel de
inteligencia, con una preocupación excesiva, que no ha llevado al
descubrimiento de mafias organizadas ni nada que se parezca, lo cual no
quiere decir que no las haya. Quiere decir que ese fenómeno de falta de
permeabilidad, después del tiempo transcurrido, no nos ha permitido
aclarar mucho, pero sí algo muy importante: Hemos hecho el censo de todos
los ciudadanos que hemos podido contactar; hemos hecho el censo de todos
los establecimientos. Se está inspeccionando todos los establecimientos,
tanto en función de sus actividades económicas como de su rentabilidad, y
hemos alcanzado, con el Ministerio de Asuntos Exteriores, un grado de
colaboración y cooperación con los consulados y con la Embajada
absolutamente notable. Quiero decirlo en esta Comisión porque ha sido de
una colaboración muy franca, entendiendo muy bien el fenómeno y la
preocupación de las autoridades españolas. Esa es la situación.
Así como en aquella ocasión la sensación de alarma venía más de la
posibilidad de que estuviéramos ante el elemento que hacía saltar, en
este momento no se han vuelto a repetir. El hecho a que se hace
referencia era, como todo el mundo sabe y como ha dicho el señor
Diputado, producto de celos de procesos sentimentales y no se ha visto
ninguna otra situación.
Las investigaciones que se han hecho nos permiten --insisto en la
colaboración de la Embajada-- tener un conocimiento más profundo y no
estamos en la misma situación de alarma que cuando se produjeron esos
hechos.
La señora VICEPRESIDENTA (Pelayo Duque): Señor Romero, ¿quiere formular
alguna pregunta más?
El señor ROMERO RUIZ: Sí, señora Presidenta, muchas gracias.
Un minuto. Agradezco la información. Se trata de un colectivo, ha dicho
el Diretor General, de más de siete mil personas, un colectivo pequeño.
Se habla de la necesidad de establecer un control para ver si en su seno
operan actividades mafiosas que serían ilegítimas en nuestro país y
perseguibles en el seno de su colectividad, independientemente de su
relación con los ciudadanos españoles. Cuando una colonia de un país vive
en otro, tiene que aceptar sus leyes, incluso en sus normas internas
cuando se violan derechos humanos, se cometen extorsiones o situaciones
de ese tipo. Que sea un colectivo muy opaco no debe impedir que se
averigüe y se habiliten labores de inteligencia para detectar en su seno
cualquier actividad de carácter mafioso, sobre todo en la línea del
blanqueo de dinero negro procedente de algunas actividades de carácter
extraño o ajeno a lo que son la hostelería, la restauración o las labores
que puedan desarrollar.
Sería muy importante seguir trabajando en esa dirección. Todo lo que se
ha hecho lo consideramos positivo. La colaboración final de las
autoridades, de los consulados y de la Embajada, el censo, las
inspecciones de los locales, su rentabilidad económica, la posibilidad de
blanqueo de dinero procedente de actividades delictivas, todo eso es
importante y hay que hacerlo en este caso y en otros. Lo que sería bueno
es estar presente, independientemente de que su actividad no haya
afectado a los residentes de nuestro país o de otras comunidades, y que
se mantengan en su seno situaciones que todavía no han sido detectadas
por la Dirección General de la Policía como pueden ser algunas redes de
carácter jerárquico y mafioso, ya que el que no hayan salido a la luz no
quiere decir que no existan. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Director General.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA (Conde Duque): No voy a ser
redundante. Puedo estar de acuerdo con lo que ha dicho el Diputado Romero
y abundar en esas argumentaciones.
No sé si lo quiere, pero tengo un documento sobre la inmigración ilegal
china en España que quizá le pueda interesar.
--MEDIDAS PREVISTAS PARA CONTROLAR LA VENTA DE PRODUCTOS TECNICOS,
SUSCEPTIBLES DE SER UTILIZADOS EN TAREAS ILEGALES DE ESPIONAJE PRIVADO DE
COMUNICACIONES TELEFONICAS. FORMULADA POR EL SEÑOR GIL LAZARO. (Número de
expediente 181/000406.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 10: Medidas previstas para controlar
la venta de productos técnicos
susceptibles de ser utilizados en tareas ilegales de espionaje privado de
comunicaciones telefónicas.
Señorías, quedan seis preguntas y vamos a terminar a las dos y cuarto.
Eso significa la sugerencia de ir reduciendo tiempo.
Tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LAZARO: Desgraciadamente, es ya demasiado frecuente que la
sociedad española se encuentre con escándalos vinculados a escuchas
telefónicas ilegales. Todas estas circunstancias comienzan a extender la
sensación en ciertos ámbitos de que hacer estas cosas es muy fácil, mucho
más con el soporte técnico de ciertos instrumentos que son también de
fácil acceso al público en el comercio. Incluso, todos hemos podido
comprobar cómo en periódicos o revistas se inserta publicidad normalizada
de este tipo de aparatos, acompañados de una clara incitación a su uso,
lo que podría entenderse, según el redactado de esa publicidad, incluso
como una invitación a la comisión de un presunto delito.
Como no se escapará al señor Director General, hoy, el comercio ofrece
emisoras en miniatura a precio no superior a 30.000 pesetas, ofrece
rastreadores de frecuencia para localizar y seguir números concretos de
teléfonos móviles, ofrece micrófonos direccionales para captar
conversaciones desde notables distancias, ofrece micrófonos que,
colocados en el interior del teléfono, se alimentan a la propia red
telefónica, y así un largo etcétera.
La clave de la cuestión es que todo esto puede hacerse no sólo por la
inadecuada tipificación actual de la sanción penal por este tipo de
escuchas ilegales, sino también porque no existe una normativa que
restrinja la comercialización de este tipo de productos ni parece que se
actúe frente a ciertas publicidades manifiestamente indebidas o
inadecuadas. Hay, pues, un déficit normativo, pero también, quizá desde
el ámbito de las responsabilidades policiales, puede haber un déficit de
investigación o de intervención preventiva de la comisión de este tipo de
delitos en conexión con el comercio de estos productos.
Por tanto, entendiendo que evidentemente nuestra cuestión afectaría tanto
al planteamiento del Ministerio de Justicia como al del Ministerio del
Interior, desde lo que es la estricta actuación o responsabilidad
policial, preguntamos qué medidas están previstas para controlar la venta
de productos técnicos susceptibles de ser utilizados en tareas ilegales
de espionaje privado de comunicaciones telefónicas.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Director General.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA (Conde Duque): Si tuviera que
darle una respuesta absolutamente sintética, le diría que ninguna. La
policía no puede requisar material que no está prohibido. Por lo tanto, a
partir de ahí, todas las otras consideraciones. Le diría otra cosa. Si
estuviera prohibido en España y no en la Comunidad europea, no habríamos
conseguido nada. Desde el punto de vista policial, yo no veo a la Policía
yendo a requisar material de ningún tipo si no está debidamente ordenado
por el juez o está prohibido por las leyes. Por lo tanto no hay nada que
hacer.
Le diré más, son materiales absolutamente baratos, que se pueden montar
con bastante facilidad y creo que traerán el problema de la interrupción
de las comunicaciones, de la garantía constitucional de la no
interrupción, que está creando un problema serio también en toda la
Comunidad. Lo único que puede hacer la Policía es investigar aquellos
supuestos de interrupción de las comunicaciones y, cuando tiene las
pruebas necesarias, detener a los culpables y ponerlos a disposición de
los jueces, como recientemente está ocurriendo.
No obstante, le diré que hay una preocupación creciente en el seno de la
Unión Europea. Hace veintitantos días he tenido ocasión de participar en
el Grupo II del llamado Grupo K-4, donde se ha puesto de manifiesto esa
doble preocupación: la preocupación por la facilidad de la interrupción
de las comunicaciones y la no garantía a los ciudadanos de su privacidad
y, al mismo tiempo --no está en relación con su pregunta, pero también lo
quiero poner de manifiesto--, la gran preocupación de las autoridades
políticas y policiales de los países de la Unión en cuanto que se produce
la fabricación de materiales de comunicación, teléfonos o mecanismos, que
son imposibles de interrumpir como consecuencia de actuaciones policiales
legítimas. Estamos ante un fenómeno extraordinariamente difícil y
complejo para la garantía de las libertades y de la privacidad de las
comunicaciones. Esa es la realidad. Volviendo al principio, quiero
decirle que, desde el punto de vista de la Policía, hacer algo para
evitar la venta de este material es imposible.
El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro, le queda un minuto, si quiere
utilizarlo.
El señor GIL LAZARO: Volviendo al principio, evidentemente nadie ha
planteado que la Policía tenga que ser la que se dedique a prohibir o a
incautar ese tipo de material. Ya he señalado en la exposición de mi
pregunta que estábamos ante un problema de enfoque multidisciplinar y
que, evidentemente, afectaba al Ministerio de Justicia y al Ministerio
del Interior. Ahora, en lo que sí coincidirá S. S. conmigo, precisamente
por la referencia que hacía en la pregunta anterior a los servicios de
información, es en que en la situación actual de déficit normativo, que
afecta tanto a nuestra legislación como a la legislación comunitaria,
donde hay que actuar con urgencia, y dentro del marco legislativo actual,
lo que la Policía sí puede hacer, naturalmente, y dentro de esas tareas
de los servicios de información, es extender sus trabajos preventivos
sobre los clientes habituales de determinado tipo de comercio que, por
otra parte (coincidirá conmigo el señor Director General, que tendrá
mejor información que yo, desde luego), no tienen una gran masa de
clientes, como puedan tenerla los grandes almacenes, sino que es un
cliente muy específico y un cliente, en muchos casos, que ha podido tener
algunas relaciones profesionales anteriores.
Yo creo que mientras que se produzca lo que se tiene que producir, que es
la acomodación del marco normativo
comunitario, y desde luego del nacional, a esta nueva realidad, hay que
hacer algo desde la vertiente estrictamente policial, algo con carácter
puramente de información, para la prevención del delito en este tipo de
clientela, sobre la información acerca de quiénes son aquellos que
habitualmente, si vale esa expresión, pueden estar accediendo a ese
comercio.
Por lo demás, señor Director General, para terminar, insisto, en lo que
dije al principio de mi intervención. Estamos ante una cuestión muy
grave. Estamos ante una cuestión que afecta globalmente a la acción de
Gobierno, porque es preciso urgir cambios profundos en la legislación, y
estamos ante una cuestión que afecta también al interés de la propia
Policía porque usted comprenderá que el ciudadano no entra en
disquisiciones teóricas ni legislativas y, al final, «paga el pato»
--entre comillas--, permítame usted esa expresión, quien no lo debe
pagar, porque los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad solamente actúan dentro
del marco legal posible, y ese marco legal posible es el que hay que
variar. Pero mientras tanto, impongan alguna medida de tipo preventivo
sobre comercios y publicidades.
El señor PRESIDENTE: Los minutos duran 60 segundos y no 150, señor Gil
Lázaro.
Tiene la palabra el señor Director General.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA (Conde Duque): Nos dedicamos a
eso, como usted ha podido ver en los tiempos recientes y no con falta de
complicaciones adicionales para buscar las escuchas. Pero quiero decirle
que el control sobre los compradores no es posible, entre otras cosas
porque los compradores de aquí comprarán fuera y los de fuera comprarán
aquí. Además, los materiales no son un «kit». Le he querido hacer el
favor de no leerle un informe estrictamente técnico, pero es que no hay
ni «kit», es que se fabrica el «kit» con componentes aislados y, por lo
tanto, el que compra un transformador para añadirle un decodificador...
No hay el «kit» del espía, por decirlo de alguna manera. Es francamente
complicado seguir al cliente, por decirlo así. Además, creo que de los
que usted sospecha no lo compran aquí. Por lo tanto, lo que me preocupa
es que la Policía sea eficaz en descubrirlo cuando se produzcan
interrupciones de las comunicaciones, y naturalmente descubrimos menos de
las que se hacen y no voy a ser ahora exultante al respecto, pero algunas
hemos descubierto y son bastante explicativas de una cierta actividad y,
por lo tanto, supongo que los que realizan ese tipo de prácticas se darán
cuenta de que la Policía no les va a dejar llevarlas a cabo. No cabe
tampoco hacer mucha más literatura para que el Presidente no me llame
también al orden.
--EXPLICACIONES SOBRE LAS INFORMACIONES APARECIDAS EN LOS MEDIOS DE
COMUNICACION ACERCA DE UNA POSIBLE MISION ENCARGADA A MONZER AL KASSAR
POR LOS SERVICIOS SECRETOS ESPAÑOLES. FORMULADA POR LA SEÑORA AGUILAR
RIVERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA.
(Número de expediente 181/000407.)
--INTERVENCION DEL GOBIERNO EN LA CONCESION POR LA AUDIENCIA NACIONAL DE
AUTORIZACION PARA ABANDONAR EL PAIS A MONZER AL KASSAR. FORMULADA POR LA
SEÑORA AGUILAR RIVERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 181/000409.)
El señor PRESIDENTE: Preguntas números 11 y 12, de doña Rosa Aguilar, a
quien sustituye en este acto el señor Romero.
Señor Romero, puede formular las preguntas, acumuladamente.
El señor ROMERO RUIZ: Señor Director General, se trata de un asunto
importante y de especial gravedad. Creo que en la mañana del día de hoy
podríamos saber, a partir de su respuesta, la verdad de lo que sucedió en
torno a la autorización que recibió el señor Monzer Al Kassar para salir
fuera de España, encontrándose en libertad bajo fianza, acusado de
gravísimos delitos, y desplazarse a Siria, donde se argumentó
públicamente que lo hacía, por razones humanitarias, para visitar a un
hermano enfermo. Con anterioridad, se dijo que había recibido visitas, en
nombre del Ministerio del Interior y de la Dirección General del Cesid,
para pedirles a los magistrados que tomaron esa decisión que autorizaran
esta salida temporal de Al Kassar, en libertad bajo fianza de mil
millones de pesetas en España, porque iba a desarrollar una misión de
interés para el Estado español. Los magistrados saben quién fue a
visitarle, los magistrados hicieron una resolución motivada, hubo tres
magistrados que participaron en esta decisión, que es una decisión del
Poder Judicial --así lo dijo el Ministro de Justicia--, y hubo un voto
contrario y dos favorables a la concesión de esta salida de España del
señor Al Kassar para viajar, durante los días de su autorización, a Siria
o al Oriente próximo.
Se habló del Ministerio del Interior y yo le pregunto en concreto si, a
través del Ministerio del Interior o a través del Ministerio de Defensa,
dando indicaciones al Teniente General don Emilio Alonso Manglano, que se
encuentra al frente del Cesid, o a través de la Dirección General de
Policía, se ha hecho alguna gestión ante el Poder Judicial. Le recuerdo
--usted ya lo sabe, lo sabe todo el mundo-- que estamos en sede
parlamentaria, en la Comisión de Interior y Justicia, y debería decir lo
que haya de cierto en este asunto porque todos sabemos que los poderes
son independientes --el Poder Judicial escucha y luego actúa como
quiere--, pero sería muy importante políticamente, por nuestra misión de
control parlamentario, que supiésemos si el Gobierno dio instrucciones,
si usted conocía esas instrucciones, si usted participó en ellas, si se
celebró esta entrevista, si se les pidió a los magistrados que
autorizaran la salida de Al Kassar para contactar con grupos que
pudieran dar indicaciones sobre el atentado del restaurante «El
Descanso», o sobre cualquier otro tema que fuese de interés para
servicios extranjeros como, por ejemplo, la CIA, o si hubo alguna gestión
de estas características.
Le formulamos estas preguntas porque creemos que es en el Ministerio del
Interior donde podemos encontrar la información más adecuada. Debo
señalar que lo que usted diga aquí tiene importancia, los magistrados lo
saben, es una información sobre la que ya se ha hablado mucho en los
medios de comunicación de nuestro país y quizás hoy podríamos saber lo
que pasó en realidad con el tema del viaje de Al Kassar y la
participación del Gobierno ante la Audiencia Nacional.
El señor PRESIDENTE: Señor Director General, tiene la palabra.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA (Conde Duque): No ha habido
ninguna intervención del Gobierno, que yo sepa --yo me tengo que remitir
al Ministerio del Interior y a la Dirección General de la Policía--,
ninguna presión para que los magistrados tomaran o no tomaran una
decisión concreta --primero, porque no se me ocurriría hacerlo en respeto
a su propia autonomía y a la separación de los poderes-- y ningún
conocimiento de una operación de ese tipo; y se lo digo con toda la
franqueza posible. Sí tengo el conocimiento cierto de la petición del
ciudadano Al Kassar para ir a ver a su hermano.
Lo que sí le puedo decir es que los policías responsables de determinados
servicios hablan con los magistrados, en relación con determinados casos,
con toda frecuencia. Y en el contexto de esa toda frecuencia, que se
produce a diario, cada cinco días, cada dos semanas, con ocasión de
determinados asuntos, es muy probable que los policías cambiaran
impresiones con los magistrados, respecto de esa situación o de cualquier
otra, y lo hacen con toda frecuencia en el desarrollo normal de sus
actividades, pero nada que hubiera supuesto un condicionamiento en la
decisión de los jueces, lo cual es absolutamente impensable --y desde
luego impensable de mi parte que tuviera esa finalidad--; de ninguna
manera, lo rechazo completamente. Y también le digo con toda claridad que
no tengo conocimiento alguno de que este ciudadano sea intermediario,
capaz de intermediar o haya producido intermediación o haya efecto alguno
de su acción. De lo que he tenido conocimiento, y no llevamos el control
policial al efecto, es de que el tiempo de estancia fuera fue breve, pero
no tengo conocimiento de que se haya producido ninguna circunstancia que
haga pensar que sea consecuencia de alguna acción que este ciudadano haya
llevado a cabo.
El señor PRESIDENTE: Señor Romero, consuma apenas un minuto
El señor ROMERO RUIZ: Señor Presidente, son dos preguntas acumuladas de
una gran importancia. Todas lo han sido, pero éstas revisten para mi
Grupo una mayor importancia.
Al señor Al Kassar se le puede asignar o no una misión por los servicios
secretos de nuestro país en relación con este viaje a Siria que él
justifica y que se explica ante la opinión pública que es para ver a un
hermano que estaba gravemente enfermo. Pero al señor Al Kassar también se
le pueden agradecer servicios prestados haciendo gestiones que conduzcan
a que se le facilite una salida de España encontrándose en libertad
condicional bajo fianza.
Hay dos policías que pueden hablar con frecuencia con los magistrados, y
pueden hablar de la destitución de Benito Floro, de asuntos que tienen
entre manos, de persecución de delincuentes, de gente que hay en libertad
provisional y de sus movimientos, pueden hablar de cualquier cosa. ¿Es
cierto que se ha producido esa conversación y que se ha dicho que, de
parte del Ministerio del Interior, sería conveniente que los jueces, en
su plena independencia, tuviesen en cuenta a la hora de desarrollar su
labor que para el Gobierno era de importancia que se le concediera la
autorización solicitada para viajar a Siria y visitar a su hermano?
Porque aquí está la clave de la posibilidad de que estos dos policías no
lo hayan hecho a título personal ni por el desempeño de sus funciones,
sino que hayan tenido que trasladar un mensaje a dicho magistrado. Se lo
digo porque, al final, todo se termina sabiendo, y estos magistrados
conocen la conversación que mantuvieron con los policías, porque se
mantuvieron. En esta línea, lo que queríamos saber exactamente era si
actuaban por su cuenta, si no habían recibido orientaciones de ningún
alto cargo del Gobierno ni del Ministerio del Interior, en este caso. No
se trata de presionar, de imponer o de condicionar al Poder Judicial. Se
trata de sugerir a los magistrados, para mejor información, que el
Gobierno avalaba la salida del señor Al Kassar por dos razones: por una
misión o por agradecimiento a los servicios prestados, que han sido
importantes en relación con la etapa anterior en su colaboración con el
Cesid.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Director General.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA (Conde Duque): Le contesto con
toda claridad y rotundidad. Para hacer una misión, que yo sepa no, y para
agradecer servicios anteriores, que yo sepa, tampoco. Yo no tengo
conocimiento de servicios anteriores. Para ninguna de esas dos
situaciones se hizo presión ni se contactó ni se trató de influir en el
ánimo de los magistrados. En el contexto de un asunto delicado, que sin
duda ninguna lo es, los policías responsables de los servicios cambian
impresiones con los magistrados ante la oportunidad, la conveniencia,
incluso la posibilidad de la autorización o no, las características del
personaje, etcétera, lo que encuentro completamente razonable. Se hace
todos los días que se dan situaciones de ese tipo. Si usted me pregunta:
¿instrucciones para que lo hicieran? Ninguna de mi parte. (El señor
Romero Ruiz: De su parte.) Uno responde de lo que responde, porque no
puedo responder de lo que no hago.
El señor PRESIDENTE: Señorías, son más de las dos y cuarto de la tarde y
quedan dos preguntas. Si están dispuestos a hacerlas en dos minutos,
continuamos.
El señor ROMERO RUIZ: Yo incluso retiraría una.
El señor PRESIDENTE: Sería muy de agradecer, señor Romero. ¿Retira la que
le queda?
El señor ROMERO RUIZ: Me quedan dos: una, la del centro informático de
datos, que es la que estoy dispuesto a retirar, atendiendo una amable
invitación del señor Director General para visitar dicho centro y ver
sobre el terreno cómo se están poniendo en marcha y su funcionamiento.
El señor PRESIDENTE: O sea, que retira la pregunta número 3 y mantiene
viva la 18. (El señor Director General de la Policía pide la palabra.)
Tiene la palabra el señor Director General.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA (Conde Duque): El Diputado tiene
más que ver con esta Cámara, pero he ofrecido ver el sistema GATI al
Diputado que había hecho la pregunta, no en una relación bilateral y que
pretenda ser secreta. Quiero decir que lo quería hacer con carácter
general para esta Comisión, dado que es un aparato informático lleno de
datos, lleno de determinadas complejidades que explicarlo aquí sería
bastante farragoso. En síntesis, para tranquilidad de los que quieran o
no quieran ir, es una mecanización de los conocidos libros, que algunas
veces habrán tenido ocasión de consultar en las comisarías, de
delincuentes habituales que tienen determinados rasgos físicos,
características, etcétera. Y que no tiene ninguna otra complicación más
que la que está en relación con la Agencia que esta mañana se ha
presentado en esta misma Comisión. Pero quería aclarar que no era una
cuestión que me había planteado el Diputado de manera personal, sino con
carácter general.
--MEDIDAS PREVISTAS PARA CORREGIR LA CARENCIA DE MEDIOS QUE PADECEN LAS
FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO QUE CUBREN SERVICIOS EN EL AREA
METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE VALENCIA. FORMULADA POR EL SEÑOR GIL LAZARO
(GP). (Número de expediente 181/000438.)
El señor PRESIDENTE: El señor Gil Lázaro tiene la palabra, por dos
minutos, para formular la pregunta número 14.
El señor GIL LAZARO: ¿Qué medidas están previstas para corregir la
carencia de medios que padecen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado que cubren servicios en el área metropolitana de la ciudad de
Valencia?
El señor PRESIDENTE: El señor Director General tiene la palabra.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA (Conde Duque): No me gustaría ser
tan esquemático y, al mismo tiempo, tampoco querría ser dramático, pero
la realidad --y lo expliqué en la otra comparecencia-- es que tenemos un
país en el que las Fuerzas de Seguridad, por razones casi históricas,
están concentradas en el centro del país y con mala dotación en la
periferia. Ese es un mal endémico de los últimos veinte años, y así son
las cosas.
Estamos, a su vez, asistiendo a un proceso de crecimiento urbano
importante, precisamente en la periferia del país. Las áreas
metropolitanas están creciendo en la periferia del país, municipios
pequeños se han convertido en aglomeraciones urbanas importantes y pasan
a ser responsabilidad de la policía, en lugar de serlo de la Guardia
Civil, en cuanto que anteriormente tenían carácter rural. (La señora
Vicepresidenta, Pelayo Duque, ocupa la Presidencia.)
Nos encontramos con el dichoso dilema de tener que ir proveyendo de
nuevos funcionarios a esas plantillas que se van creando como
consecuencia de pasar a ser áreas urbanas y responsabilidad de la
policía, con las dificultades de todo orden que tenemos en ese punto,
tanto en creación de infraestructuras, como en dotación de nuevos
policías, en una situación en la que las plantillas van creciendo en un
elemento casi de sustitución, y no tenemos facilidad, por los propios
mecanismos internos de garantía de los derechos de los funcionarios, de
trasladarlos del centro del país a la periferia.
Esa es, en síntesis, la situación. Quiero decirle que según las
previsiones de salida de la escuela y de acomodación de las llamadas
unidades de intervención policial, que antes estaban todavía más en el
centro del país y las hemos conseguido situar en Barcelona, en Valencia,
Sevilla, Málaga, etcétera, un primer tramo de solución estará en junio de
este año, cuando salgan los funcionarios que están en prácticas y a su
vez los funcionarios que salen de la escuela, una solución razonablemente
equilibrada, no llegando a la óptima, que no será posible, en el
siguiente verano. Pero muy difícil antes de ese tiempo, en términos
humanos.
Y, en términos materiales, tenemos una situación razonablemente
dificultosa. Estamos tratando de concentrar en el Cuartel de Zapadores,
me parece que se llama, todas las instalaciones dispersas de la ciudad de
Valencia y de hacer una transformación patrimonial que nos permita
reconducir recursos a las comisarías de los municipios del área
metropolitana. Eso en un contexto de limitaciones económicas serias que
usted espero que no desconozca.
La señora VICEPRESIDENTA (Pelayo Duque): El señor Gil Lázaro tiene la
palabra por un minuto.
El señor GIL LAZARO: Dos, señora Presidenta, porque antes dijo el
Presidente que tenía dos minutos para formular la pregunta y consumí
cinco segundos.
La señora VICEPRESIDENTA (Pelayo Duque): Un minuto y no me pierda el
tiempo.
El señor GIL LAZARO: Con mucha brevedad.
Yo agradezco al señor Director General la franqueza con la que ha
planteado la situación real hoy aquí, franqueza que coincide con las
apreciaciones de este Diputado, de los sindicatos policiales, de los
ciudadanos, de los ayuntamientos, de las propias autoridades policiales
valencianas, etcétera.
Lo sorprendente es que esta pregunta es consecuencia de una respuesta
parlamentaria recibida muy recientemente a cuestión planteada por este
Diputado en la que, frente a ese retrato de la realidad que ha hecho
usted, y en el que yo coincido, el Gobierno me contestaba --yo supongo
que por un afán puramente administrativo de disfrazar esa realidad,
cuestión que no comprendo--, que la dotación de medios materiales y
humanos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el área metropolitana de
Valencia se consideraba la adecuada.
Simplemente quiero señalar, señor Director General, algo que usted no
desconoce y con lo que coincide en su análisis. La provincia de Valencia,
según datos de la Fiscalía General, ha sido una de las que han sufrido un
mayor incremento de delitos en el último año; ha sido, es, una de las más
bajas en el esclarecimiento policial de delitos, y, habida cuenta de que
la mayor parte de la población de la provincia se concentra en este área
metropolitana, con las dificultades que usted ha señalado de evolución de
estos municipios, es evidente que aquí las carencias graves que están
sufriendo estas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad son mucho más notables.
No voy a ser exhaustivo, y concluyo, pero hay situaciones que exigen de
su Dirección General un remedio urgente. En municipios tan conflictivos
como Paterna y Burjasot la Policía Nacional no patrulla por las noches
por falta de medios. En municipios como Quart de Poblet se ha
incrementado de forma alarmante el número de atracos. El número de
atracos a gasolineras en la zona del área metropolitana se ha disparado.
Continúan los asaltos a los automovilistas en la autopista A-VII, en el
tramo de territorio que cruza por este área metropolitana. La situación
en Aldaya, Manises y Alacuás es insostenible. La necesidad de una
comisaría de policía en el municipio de Chirivella es notable y así, en
un suma y sigue, hasta el punto de que el propio Jefe Superior de Policia
ha reconocido que hacen falta plantilla y medios. Por tanto, le urjo a
que, a partir de ese sincero reconocimiento de la realidad que usted hoy
ha hecho, comience a aplicar los medios para solventar esta cuestión y,
en todo caso, reclamo de su sensibilidad que transmita al conjunto del
Ministerio del Interior que cuando ésta es la realidad no se le puede
contestar a un Diputado diciendo que los medios materiales y humanos son
adecuados, porque después viene el Director General de la Policía y, con
muy buen criterio, reconoce que esos medios materiales están dotados de
graves carencias.
La señora VICEPRESIDENTA (Pelayo Duque): Tiene la palabra el señor
Director General.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA (Conde Duque): Sospecho que no
serán tan distantes las dos contestaciones. Probablemente usted habrá
entendido una dotación adecuada a la situación. Y yo, como tenía un
minuto más, he dicho algo más. Pero probablemente la contestación del
Gobierno es que era una dotación adecuada a la situación.
En cualquier caso le voy a decir --y podríamos chequearlo dentro de un
par de meses-- que hemos hecho una convocatoria de concurso para cubrir
plazas en esas comisarías, hasta un número de 57, y tal vez no se cubran.
Y entra dentro del mecanismo de los propios derechos de los funcionarios
el que saquemos plaza y no se cubran. Si es así, tendremos que ir a las
plazas de nueva salida de la escuela. Por tanto, estaremos ante una
realidad social, la de si los policías quieren ir destinados allí cuando
saquemos las vacantes.
En cualquier caso, le diré que tenemos un total de 1.285 policías en
Valencia; 81, en Alcira; 30, en Burjasot; 48, en Quart de Poblet; 33, en
Mislata; 41, en Paterna, y 72, en Torrente, lo cual tampoco supone una
situación catastrófica. Creo que es una situación a mejorar pero no
catastrófica.
--REGISTRO EFECTUADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
IZQUIERDA UNIDA EN LA ASAMBLEA DE MADRID EL DIA 26/1/94. FORMULADO POR
DON ANTONIO ROMERO RUIZ (G. IU-IC). (Número de expediente 181/000447.)
La señora VICEPRESIDENTA (Pelayo Duque): Por último, tiene la palabra el
señor Romero, para formular la pregunta número 18.
El señor ROMERO RUIZ: Tengo sobre la mesa un acta de la Mesa y de la
Junta de Portavoces de la Asamblea de Madrid, que dice, de manera muy
breve: La Junta de Portavoces de la Asamblea de Madrid, ante los graves
incidentes ocurridos el pasado 26 de enero en la sede de los grupos
parlamentarios Socialista y de Izquierda Unida, en Princesa número 3, con
ocasión de la inspección no autorizada que realizaron dos personas que no
se identificaron y que decían ser policías, expresa lo siguiente:
Primero, su rechazo y protesta ante los hechos aludidos, por cuanto los
mismos se produjeron sin el oportuno conocimiento previo y la necesaria
autorización de la Presidencia de la Cámara o de los representantes de
los grupos parlamentarios citados.
Segundo, su total y absoluto amparo al derecho de todos los Diputados y,
en concreto, a la Diputada doña Dolores García-Hierro, portavoz adjunta
del Grupo Parlamentario Socialista, a la realización de cuantas
actuaciones y declaraciones estime necesarias en su función, y al mismo
tiempo, en particular, sobre los hechos provocados por personas que
inspeccionaron sin autorización la sede del Grupo Parlamentario
Socialista el 26 de enero.
Tercero, el apoyo de la Presidencia y de la Mesa de esta Asamblea para
que se prosigan las actuaciones necesarias
para el total esclarecimiento de los hechos y el establecimiento de
responsabilidades en que hayan podido incurrir y, en concreto, para
dirigirse a la Delegación del Gobierno al objeto de que se explique lo
que haya sucedido.
Mi grupo parlamentario en la Asamblea de Madrid me ha enviado el acta
oficial firmada por la Mesa y la Junta de Portavoces de la Asamblea de
Madrid para pedir también aquí, al mismo tiempo que se ha pedido a la
Delegación del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid, al Ministerio
del Interior, y a usted, como Director General de la Policía, que
explique qué sucedió y cómo se actuó en un hecho que, a primera vista,
por los datos que conocemos, resulta de extrema gravedad.
La señora VICEPRESIDENTA (Pelayo Duque): Tiene la palabra el señor
Director General de la Policía.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA (Conde Duque): Quiero hacer una
advertencia previa, en cualquier caso, y es que la Dirección General de
la Policía que engloba orgánicamente a todas las unidades del país,
funcionalmente y sobre todo en los aspectos más menudos, dependen de las
delegaciones del Gobierno y de los gobiernos civiles. Por tanto, como no
tengo conocimiento directo de ese asunto, no tengo más remedio que leer
una nota, nota producida por los servicios de la Jefatura Superior de
Policía de Madrid de ese día. En cualquier caso, en la medida que no han
salido, algunos aspectos podrían resultar esclarecedores y sospecho que
la Delegación del Gobierno lo hará en estos mismos términos. Se la voy a
leer.
El día 26 de enero pasado, sobre las 13 horas, tuvieron lugar sendas
explosiones de artefactos en la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, situada en la calle Guzmán el Bueno 139, y en la Agencia del
Inem, de la calle Josefa Valcárcel número 40. Fueron colocados por la
organización terrorista Grapo que desde hace algún tiempo viene
desarrollando este tipo de acciones, sobre todo en locales relacionados
con el Ministerio de Trabajo.
Sucesos semejantes ya se habían producido en la sede central del
Departamento, en fecha 30 de abril de 1992, y en la propia Delegación de
Trabajo, el 3 de marzo de 1993, con ocasión de acontecimientos de
carácter laboral.
En previsión de nuevas explosiones en centros oficiales y a petición del
Delegado Provincial de Trabajo, la Delegación del Gobierno en Madrid
dispuso la práctica de una requisa, por parte de personal especializado
del Tedax, en la sede de la Delegación de Trabajo de la calle Princesa.
Las oportunas instrucciones fueron transmitidas al correspondiente equipo
de desactivación de explosivos, de los Tedax, a través de la sala del
091.
Una vez en el lugar referido, los integrantes del Tedax contactaron con
los vigilantes de seguridad pertenecientes a la empesa Hexágono-3, que
tienen a su cargo la custodia del edificio. Como en ocasiones anteriores
en las que se habían producido amenazas de bomba en la referida
Delegación de Trabajo, por razones exclusivas de seguridad procedieron a
revisar todo el edificio, iniciando la requisa a las 20,10 horas desde la
planta superior. Sobre las 20,55 horas llegaron a la planta quinta,
ocupada por los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid, única en
la que presta servicios de seguridad la empresa Vinsa, con cuyo vigilante
contactaron. Este les manifestó estar enterado de la requisa que se
efectuaba, añadiendo que la planta estaba vacía, excepto dos despachos en
los que mantenían reuniones miembros de los grupos PSOE y PP. Les
preguntó también si era preciso interrumpir las reuniones y desalojar los
despachos, a lo que los funcionarios policiales contestaron que no era
necesario, que revisarían las dependencias no ocupadas y después, cuando
terminaran las reuniones, continuarían con las restantes.
Así pues --estoy leyendo--, acompañados siempre por los vigilantes de
seguridad, los funcionarios del Tedax revisaron los despachos vacíos. Al
llegar a las dependencias ocupadas por el Partido Socialista se les unió
otra persona que les esperaba a la puerta de las mismas y que les dijo
tenía abiertos y visitables los despachos, excepto aquéllos en los que se
desarrollaba la reunión.
Todos ellos procedieron a inspeccionar estas dependencias, siendo
interrumpidos, cuando ya finalizaban, por una mujer, también vinculada al
lugar, que les exigió una explicación sobre el motivo de la actuación.
Los funcionarios policiales dieron la explicación oportuna, versión que
les fue confirmada más tarde, ante su insistencia, por el Jefe de la sala
del 091. Inmediatamente después hizo acto de presencia una parlamentaria
de la Asamblea de Madrid, doña Dolores García-Hierro, a quien repitieron
las mismas explicaciones y, tras manifestarles ésta su deseo de que no
continuaran la requisa, el Jefe de la sala del 091, consultado al efecto,
dispuso que cesaran la misma. Con posterioridad los funcionarios
policiales continuaron la revisión del edificio, sin otra incidencia.
Esta es una lectura de un informe con ocasión de estos supuestos en los
que yo, a su vez, pedí información reglamentaria, todavía no concluida.
Quiero señalar, en cualquier caso, que los funcionarios que estaban allí
no eran funcionarios de policía de información, investigación, etcétera,
sino que eran funcionarios de los Tedax; nada más lejano a una
investigación o algo parecido que los funcionarios de los Tedax, que son
unos especialistas que no vengo yo aquí a aclarar --son bastante
conocidos--, y que tienen la misión exclusivamente de, ante una amenaza,
buscar explosivos y desactivarlos. Por tanto, no eran de ninguna de las
brigadas; eran de los Tedax ligados a Seguridad Ciudadana, al 091, que
los había llamado y mandado ir allí ante el requerimiento del Delegado
Provincial que, como sabe, está en la planta tercera, me parece.
Esa es toda la información de que yo dispongo en este momento. No se ha
concluido esa otra información reglamentaria que le indico y, por decirlo
de alguna manera y si se me permite, me parece creíble. Tampoco quiero
emitir ningún otro juicio mayor, pero conociendo el tipo de funcionarios,
el día concreto, las situaciones concretas, me parece razonable.
Que luego se produjera allí un «quid pro quo» por desconocimiento o por
sorpresa, por el día, la amenaza, el tipo de funcionarios, etcétera, no
me conduce seriamente --lo
digo con toda honestidad-- a creer que hubiera un intento de entrar en
las sedes con otra finalidad, francamente.
La señora VICEPRESIDENTA (Pelayo Duque): El señor Romero tiene la
palabra.
El señor ROMERO RUIZ: En la documentación que obra en nuestro poder, de
la reunión de la Mesa de la Asamblea de Madrid y de la Junta de
Portavoces, a petición del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, se recoge efectivamente, una narración
de los hechos que indica que se ha actuado mal, que se ha cometido un
error serio. Es una planta ocupada por grupos parlamentarios de la
Asamblea de Madrid y no habían llamado a los servicios especiales de
desactivación y encuentro de explosivos como había hecho el Delegado de
Trabajo.
Si en una urgencia, porque haya posibilidades de colocación de una bomba
o de un artefacto explosivo, hay que desplazarse a un edificio e
inspeccionar la sede de los grupos parlamentarios por el Delegado del
Gobierno, por las personas que tienen esa responsabilidad a la hora de
dar la orden a un operativo de este tipo, se consulta urgentemente a la
Mesa de la Asamblea de Madrid y se le dice que si hay algunos despachos
donde no hay personas dentro, si bajo su responsabilidad se pueden hacer
las inspecciones correspondientes.
Al tratarse de una actuación de estas características, había riesgos,
pero había una demanda. Había un aviso telefónico de amenaza de bomba,
había una llamada del Delegado de Trabajo pero los grupos parlamentarios
no habían hecho llamada y se produce una entrada en sede parlamentaria
que no es de recibo sin aviso previo. Ante el problema de un artefacto
explosivo no se trata de exigir un mandato judicial, porque se trata de
una operatividad concreta a la que la gente no puede poner pegas si se
comunica previamente.
Hubo mal estilo, hubo un enfrentamiento, no se acreditaron, no dieron su
número, no revelaron su identidad, no había ninguna persona al mando para
decir de qué se trataba, sino personas que dijeron ser policías sin
acreditarse después, lo que indica que se dedicaban a la localización de
explosivos, que no querían asumir su responsabilidad personal porque
habían recibido instrucciones de sus superiores de penetrar en todo el
edificio y en un apartado del mismo había grupos parlamentarios.
Si las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no pueden hacer
incursiones en cualquier domicilio, los grupos parlamentarios tienen un
especial significado y sensibilidad, por lo que sería bueno que se
explicara con claridad qué ha sucedido y se depuren las responsabilidades
a que hubiere lugar. No se pueden tomar decisiones de ese tipo sin
comunicarse por el Delegado del Gobierno a las autoridades parlamentarias
de Madrid que esa inspección se va a producir en los despachos de los
grupos parlamentarios, que son sede parlamentaria.
Es muy importante que esa comunicación se haga, porque se produjo una
situación muy desagradable que no pueden asumir ni los dos miembros del
Tedax ni el responsable de seguridad privada, que tampoco puede andar por
esos edificios sin consultar a los responsables del Grupo Parlamentario
Socialista y del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida en la Asamblea de
Madrid.
La señora VICEPRESIDENTA (Pelayo Duque): Tiene la palabra el señor
Director General para contestar.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA (Conde Duque): Estoy de acuerdo
en que formalmente hay una actuación inconveniente --no quiero con eso
incorporar ningún otro elemento-- pero insisto que me parece es debida a
las características de los funcionarios y a que probablemente cuando
inician la requisa no saben que se produce en sede parlamentaria. Cuando
tienen conocimiento de ello, llaman a la sala del 091 y el responsable de
la sala, que ya es un comisario, les dice: Retírense de ahí; si hay una
persona que no admite la entrada, naturalmente no entren.
Me da la sensación, y lo digo con toda franqueza, que es una
circunstancia desdichada producto de los nervios y del día, de las
amenazas; son unos funcionarios muy especializados en lo que están
especializados y no en la sutileza o en el conocimiento de que se tenía
que haber hecho ese tipo de llamada. Probablemente cuando se ordena que
vayan no se piensa que allí, en un edificio de la calle Princesa, están
los grupos parlamentarios. Pienso que no se sabe, y cuando se conoce, la
propia sala dice que no.
Me da la sensación de que es así. Estamos ante un supuesto no de
comportamiento negligente con conocimiento cierto de lo que está pasando,
sino de una situación desdichada en la que intervienen, además, unos
funcionarios que no están habitualmente conectados con estas situaciones.
Se ha producido una situación formalmente desagradable y lo que hay que
hacer, en cualquier caso, es pedir disculpas, porque yo, francamente, no
creo que tuvieran el más mínimo ánimo de entrar allí con otra finalidad
que averiguar si había algún explosivo.
Lo digo tal como lo entiendo. No sé si habrá otros aspectos que salgan de
esa investigación que está abierta y nos permitan llegar a otra
conclusión, pero en lo que yo sé de las cosas, me da la sensación que no
cabe pensar en otro tipo de escenario.
En cualquier caso, estoy dispuesto a admitir otros, si ellos lo prueban,
naturalmente.
La señora VICEPRESIDENTA (Pelayo Duque): Agotado el orden del día, no
quisiera levantar la sesión sin dar las gracias a todos por la
colaboración para que concluyéramos el orden del día y al señor Director
General por su presencia y por sus respuestas.
Se levanta la sesión.
Eran las dos y cuarenta y cinco minutos de la tarde.