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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 124, de 01/03/1994
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1994 V Legislatura Núm. 124
SANIDAD Y CONSUMO
PRESIDENTA: DOÑA BLANCA GARCIA MANZANARES
Sesión núm. 7
celebrada el martes, 1 de marzo de 1994
ORDEN DEL DIA:
Comparecencia de la señora Ministra de Sanidad y Consumo (Amador Millán),
para informar:
--Acerca de la ordenación y oferta de las prestaciones sanitarias del
Sistema Nacional de la Salud. A solicitud del Grupo Parlamentario
Socialista. (Número de expediente 213/000151) (Página 3916)
--Sobre los recortes asistenciales que introduce en el documento sobre
ordenación de prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud, y
las consecuencias que tendrá la obligación de permitir expresamente al
Ministerio de Sanidad y Consumo «la inclusión de nuevas prestaciones,
técnicas o procedimientos». A solicitud del Grupo Parlamentario Popular.
(Número de expediente 213/000167) (Página 3917)
--Sobre las muertes producidas en el Hospital Ramón y Cajal del Instituto
Nacional de la Salud (INSALUD) presuntamente relacionadas con la
utilización de un suero adquirido en función de medidas de ahorro. A
solicitud del Grupo Parlamentario Federal IU-IC. (Número de expediente
213/000131) (Página 3932)
Preguntas:
--Del señor Peralta Ortega (Grupo Parlamentario Federal IU-IC), sobre
posición del Gobierno en relación con la recomendación del Defensor del
Pueblo sobre la conveniencia de adoptar las medidas
oportunas para compensar los gastos ocasionados por el desplazamiento de
los usuarios del sistema sanitario público en ambulancia desde un centro
sanitario de Comunidad Autónoma distinta a la de su residencia, en
aquellos supuestos en los que el traslado y el medio de transporte son
decididos por los especialistas médicos de dicho sistema, para la
atención médica del paciente en su localidad de residencia. (BOCG, serie
D, número 26. Número de expediente 181/000159) (Página 3940)
--Del mismo señor Diputado, sobre posición del Gobierno en relación con
la recomendación del Defensor del Pueblo sobre la conveniencia de
modificar la Circular 15/1989, de 19 de diciembre, por la que se aprueba
el Catálogo General de Especialidades de Material Ortoprotésico,
incluyendo en el grupo de «varios», subgrupo «silla de ruedas», de la
citada Circular, las sillas de ruedas eléctricas, siempre que concurra la
circunstancia de que se precisen por no ser posible el uso de las sillas
de ruedas de tracción manual y que hayan sido prescritas por facultativos
especialistas del Instituto Nacional de la Salud, INSALUD. (BOCG, serie
D, número 26. Número de expediente 181/000162) (Página 3943)
--Del señor García Fonseca (Grupo Parlamentario Federal IU-IC), sobre
justificación que da el Instituto Nacional de la Salud (INSALUD) para
tener en Asturias un servicio de ambulancias precario. (BOCG, serie D,
número 39. Número de expediente 181/000297) (Página 3945)
--De la señora Maestro Martín (Grupo Parlamentario Federal IU-IC), sobre
medidas a adoptar por el Instituto Nacional de la Salud (INSALUD) para
conseguir que el tiempo de espera para consultas en el Hospital 12 de
Octubre de Madrid no supere los seis meses. (BOCG, serie D, número 39.
Número de expediente 181/000301) (Página 3945)
--Del señor Fernández-Miranda y Lozana (Grupo Parlamentario Popular),
sobre influencia del diseño curricular propuesto por el Ministerio de
Educación y Ciencia para la Diplomatura de Enfermería sobre la calidad
asistencial del Sistema Nacional de Salud. (BOCG, serie D, número 46.
Número de expediente 181/000342) (Página 3945)
--Del mismo señor Diputado, sobre opinión de la Ministra de Sanidad y
Consumo acerca del diseño curricular de la Diplomatura de Enfermería
presentada por el Ministerio de Educación y Ciencia. (BOCG, serie D,
número 46. Número de expediente 181/000344) (Página 3945)
--Del mismo señor Diputado, sobre previsiones acerca de la modificación
del actual diseño curricular de la licenciatura de Medicina. (BOCG, serie
D, número 46. Número de expediente 181/000343) (Página 3948)
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
La señora PRESIDENTA: Señorías, buenos días.
Vamos a comenzar la sesión de la Comisión de Sanidad y Consumo.
Antes de iniciar la sesión, quiero informar a SS. SS. que me traslada el
letrado un acuerdo de la Mesa por el cual el desarrollo de comparecencias
como las que van a tener lugar el día de hoy debemos hacerlo ajustándonos
al artículo 202 del Reglamento y no al 203. Voy a explicar a SS. SS.
brevemente en qué consiste esa modificación. La modificación consiste en
que el miembro del Gobierno u otro compareciente expone el tema objeto de
la comparecencia y a continuación se suspenderá la sesión. El Reglamento
plantea que puede ser hasta un máximo de cuarenta y cinco minutos, es
posible que pudiéramos cumplir el precepto reglamentario suspendiendo
dos, cinco o diez minutos, pero hay que suspender un momento la sesión de
manera que los grupos puedan preparar las distintas preguntas o
aclaraciones, así como sus respectivas intervenciones. Reanudada la
sesión, plantean los distintos grupos tanto su posición como las
preguntas a que hubiera lugar y, finalmente, responde el miembro del
Gobierno o compareciente, sin que haya lugar a ulteriores intervenciones
de los grupos. La única diferencia con lo que contempla el artículo 203,
que era el que habitualmente utilizábamos, es que no había suspensión de
la sesión, pero el acuerdo de la Mesa nos aconseja que lo desarrollemos
así, y esto es lo que haremos en el día de hoy.
CELEBRACION DE LAS SIGUIENTES COMPARECENCIAS DE LA SEÑORA MINISTRA DE
SANIDAD Y CONSUMO (AMADOR MILLAN) PARA INFORMAR:
--ACERCA DE LA ORDENACION Y OFERTA DE LAS PRESTACIONES SANITARIAS DEL
SISTEMA NACIONAL DE SALUD, A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA. (Número de expediente 213/000151.)
--SOBRE LOS RECORTES ASISTENCIALES QUE INTRODUCE EN EL DOCUMENTO SOBRE
ORDENACION DE PRESTACIONES SANITARIAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, Y
LAS CONSECUENCIAS QUE TENDRA LA OBLIGACION DE PERMITIR EXPRESAMENTE AL
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO «LA INCLUSION DE NUEVAS PRESTACIONES,
TECNICAS O PROCEDIMIENTOS». A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR.
(Número de expediente 213/000167.)
La señora PRESIDENTA: En segundo lugar, vamos a proceder a un pequeño
cambio en el orden del día de la sesión de la Comisión, de tal manera que
el primer punto será la comparecencia de la señora Ministra de Sanidad y
Consumo, doña Angeles Amador Millán, para informar acerca de la
ordenación y oferta de las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional
de Salud, a solicitud del Grupo Parlamentario Socialista y la
comparecencia de la señora Ministra de Sanidad igualmente para explicar,
según consta en el orden del día, los recortes asistenciales que
introduce en el documento sobre ordenación de prestaciones sanitarias del
Sistema Nacional de Salud y las consecuencias que tendrá la obligación de
permitir expresamente al Ministerio de Sanidad y Consumo la inclusión de
nuevas prestaciones técnicas o procedimientos, solicitada por el Grupo
Parlamentario Popular. Ambas comparecencias, aun con matices diferentes,
tienen un mismo contenido y una misma solicitud. ¿Les parece a SS. SS.
que las agrupemos en una única? (Asentimiento.)
Por tanto, iniciamos el orden del día con estas comparecencias agrupadas
en una para lo cual se encuentra entre nosotros la señora Ministra de
Sanidad y Consumo, doña Angeles Amador, a quien damos la bienvenida a
esta Comisión.
Cuando quiera, señora Ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán): Señorías, quiero
ante todo agradecer la oportunidad que me brinda la solicitud de los
grupos parlamentarios Popular y Socialista para exponer, ante esta
Comisión, el estado actual de los trabajos que está llevando a cabo mi
ministerio en relación con la ordenación de las prestaciones sanitarias
del Sistema Nacional de Salud, del sistema público.
En septiembre pasado, con ocasión de mi primera comparecencia ante el
Congreso para presentar las previsiones y las líneas generales a
desarrollar por el departamento durante el presente mandato, tuve
oportunidad de señalar que uno de mis propósitos fundamentales era
definir las prestaciones de nuestro sistema de salud, un propósito que
coincide con el interés manifestado por esta Cámara que en una resolución
de mayo de 1992 instaba al Gobierno a proceder a la ordenación de las
prestaciones sanitarias cubiertas por el Sistema Nacional de Salud.
Subrayé entonces que esta definición me parecía un elemento básico para
que el ciudadano ejerza sus derechos conociendo perfectamente el alcance
de éstos, para estar seguros de que se están recibiendo en iguales
condiciones en todo el país y para corresponsabilizar a los distintos
sectores implicados en la consolidación y mejora del sistema sanitario
público. Estos son los objetivos principales del proyecto de ordenación
de prestaciones y servicios del Sistema Nacional de Salud que está
desarrollando el Ministerio de Sanidad y Consumo.
La sanidad universal y gratuita es hoy uno de los valores estables que
define la sociedad europea y todas las fuerzas políticas defienden este
postulado al menos en su formulación teórica. Lo escasamente previsible
del riesgo de enfermar y el enorme coste de las modernas tecnologías
médicas impiden que la solución de los problemas de salud se obtenga en
el mercado. Por ello, la universalidad en la cobertura no sólo hace
efectiva la igualdad básica de todo ciudadano en materia de salud, sino
que garantiza algo que escapa a las posibilidades exclusivas de la
iniciativa privada: que la aparición de la enfermedad no supondrá un
acontecimiento catastrófico para la vida o la hacienda del afectado.
En la Europa Occidental el desarrollo de la medicina moderna ha sido
posible gracias a la extensión de los seguros sociales obligatorios o de
los sistemas nacionales de salud. Los sistemas han ido incorporando todas
las opciones que la ciencia, la técnica y la industria posibilitaban a la
medicina en cada momento. Que no exista hoy esa definición de
prestaciones, supone un vacío en cuanto a indefinición del derecho a
protección de la salud y asistencia sanitaria del ciudadano que tiene su
raíz en la particular forma en que se ha desarrollado y se ha socializado
la medicina en nuestro ámbito europeo.
Por otro lado, la ausencia de una relación positiva de prestaciones no es
tampoco ajena a la dificultad técnica que presenta su realización en
tiempos de vertiginosos procesos y progresos tecnológicos de la medicina.
El reconocimiento de este vacío y la necesidad de cubrirlo se plantea
ahora, en un momento histórico determinado de desarrollo de los servicios
sanitarios públicos por las razones ya mencionadas de seguridad jurídica,
de garantía de la equidad, de organización y gestión de los servicios y
de clarificación financiera.
La definición que se pretende es ahora posible, y a mi juicio
conveniente, porque la medicina ha llegado a un alto grado de madurez
tecnológica y porque los sistemas han desarrollado ampliamente su
estructura de servicios y, sobre todo, porque hoy es preciso consolidar
lo conseguido y fortalecer los cimientos del Sistema Nacional de Salud
para que sea una realidad, no sólo ahora y en los próximos años, sino
también para las generaciones futuras. El objetivo último, es por tanto,
clarificar el sistema, su organización, su alcance, sus actuaciones y su
naturaleza de seña de identidad del Estado social de derecho.
De lo que se trata es, como ya insistí en mi anterior comparecencia, de
hacer explícito el conjunto de prestaciones que hacen efectivo el derecho
a la protección de la salud para que cada ciudadano conozca a qué tiene
derecho en el sistema sanitario público. Entonces señalé, y creo
conveniente reiterarlo, que ésta es una tarea de
envergadura y de notable complejidad técnica que requiere las
aportaciones y colaboración de los sectores implicados, profesionales
sanitarios, agentes sociales, suministradores, etcétera, para que el
resultado final sea riguroso y nazca con la garantía de un amplio
consenso. Por ello, el foro donde, a mi juicio, debía iniciarse esta
tarea no podía ser otro que el Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud y así el día 27 de septiembre pasado, pocos días
después de anunciar tal iniciativa ante esta Cámara, propuse al pleno del
Consejo la creación de una Comisión para el estudio de la ordenación de
las prestaciones sanitarias integrada por representantes de las
comunidades autónomas interesadas en participar y por representantes del
Ministerio de Sanidad. Esta Comisión, que ha presidido el Subsecretario
del departamento, recibió el mandato de elaborar una propuesta de
catálogo de prestaciones sanitarias que sería posteriormente elevada al
pleno del Consejo. Como pudo comprobarse, todas las comunidades autónomas
tuvieron interés en formar parte de esta Comisión.
En la primera reunión de la misma se constató un amplio acuerdo sobre los
objetivos generales y se decidió elaborar un extenso cuestionario cuyo
propósito fundamental era determinar la valoración de cada una de las
prestaciones que hoy día proporciona el Sistema. Todas las comunidades
autónomas respondieron al cuestionario y una segunda reunión de la
Comisión pudo conocer y discutir los resultados, constatándose elevados
grados de consenso en la inmensa mayoría de los apartados. Con esta base
se elaboró, a continuación, una propuesta inicial de ordenación y
catálogo de las prestaciones sanitarias, que fue presentada al Consejo
Interterritorial en su reunión del pasado día 20 de diciembre. Esta
propuesta que constituye un documento de trabajo ya muy elaborado, aunque
abierto a sugerencias y observaciones, incluye, en primer lugar, un
apartado relativo a los criterios básicos para la definición de las
prestaciones; un epígrafe específico sobre atención socio-sanitaria; una
clasificación de las modalidades de prestación de servicios sanitarios;
una descripción general de la forma en que han de prestarse los servicios
de atención primaria y especializada; una referencia a la prestación
farmacéutica y a los modos en que dicha prestación puede obtenerse; un
capítulo dedicado a otras prestaciones sanitarias como son la
ortoprotésica, el transporte, la dietoterapia, la oxigenoterapia a
domicilio; otro dedicado al procedimiento de inclusión de nuevas
prestaciones; y uno, final, que se refiere al desarrollo de los derechos
y deberes de los usuarios.
Lo primero que deseo destacar, señorías, es que el documento pretende, y
en mi opinión consigue, recoger lo que hoy día se hace en las
instituciones del Sistema Nacional de Salud. De hecho, si se compara con
normas vigentes, por ejemplo la Ley General de la Seguridad Social, en su
texto refundido del año 1974, se observa que incluye prestaciones que el
Sistema ha ido incorporando «de facto» a lo largo de los últimos años sin
una adecuada traducción normativa. Es el caso de la asistencia
psiquiátrica, de determinadas prestaciones de salud bucodental, de las
revisiones periódicas del niño sano --incluidas las vacunaciones--, es el
caso, en el ámbito de la atención a la mujer, del diagnóstico precoz del
cáncer ginecológico y de mama o el control médico de la menopausia, o
también el caso de la dietoterapia para determinados trastornos. En suma,
se trata de formalizar como derecho positivo todas aquellas prestaciones
para las que exista suficiente evidencia científica de seguridad y
eficacia clínica y que contribuyan, de forma probada, a la mejora de la
esperanza de vida, al autovalimiento o a la disminución del sufrimiento.
El documento refleja, igualmente, el acuerdo existente sobre determinadas
atenciones que no deben ser incorporadas al sistema y, en concreto, se
excluyen la cirugía puramente estética y de cambio de sexo, sin causa
patológica, los tratamientos en balnearios, las curas de reposo, el
psicoanálisis y la hipnosis, el transporte no indicado por causas médicas
que impidan desplazarse en medios ordinarios.
Un segundo aspecto que me parece especialmente importante es la atención
que el documento dedica a la introducción en el sistema de nuevas
técnicas o procedimientos. La incorporación de nuevas prestaciones,
técnicas o procedimientos ha de ser valorada en función de su eficacia y
de su eficiencia, en relación con el cumplimiento de los siguientes
requisitos: la utilidad terapéutica, la eficacia y seguridad y la no
existencia de alternativas mejores o iguales para la misma afección a
menor precio o inferior coste de tratamiento. La autorización de
inclusión corresponderá al Ministerio de Sanidad y Consumo.
Las tecnologías sanitarias, como SS. SS. saben, presentan una complejidad
creciente y su uso puede arrastrar repercusiones que afectan a los
valores éticos, a la responsabilidad profesional y a las capacidades
financieras de los sistemas de salud. No siempre se introducen nuevas
tecnologías con suficiente soporte experimental previo en el ámbito
territorial o funcional adecuado o contando con personal suficientemente
formado para atenderlas.
El constante avance tecnológico, a la vez motor y consecuencia de un
desarrollo industrial y de mercado gigantescos, ofrece a la práctica
médica la ampliación sin límites de lo que es técnicamente posible y, sin
embargo, no existen técnicas ni procedimientos inocuos y, antes de su
introducción generalizada, debe procederse a evaluaciones cuidadosas.
Semejante situación obliga hoy al médico a un riguroso ejercicio de
razonamiento clínico para elegir de entre lo técnicamente posible, lo
realmente necesario y útil para cada uno de sus pacientes. La yatrogenia
y la responsabilidad legal del médico no son problemas nuevos, pero sí es
un fenómeno actual el requerimiento de más y mejor información de los
ciudadanos y la máxima seguridad que deben garantizar los poderes
públicos.
Evaluar cuidadosamente cada procedimiento, servicio o prestación, cada
nueva tecnología en suma antes de su generalización al conjunto del
sistema es una exigencia de racionalidad y un derecho de los usuarios. Si
hubiera que definir con una sola frase el principio que probablemente ha
de caracterizar la práctica médica rigurosa en los próximos años, éste
sería la evaluación crítica permanente.
Se prevé, por otra parte, que se puedan autorizar por tiempo indefinido
para determinados centros y sometidos
a los adecuados protocolos, prestaciones o servicios que tengan carácter
experimental, pero donde esto suceda los pacientes deberán ser
previamente informados y consentir explícitamente su aplicación. Mención
especial merece, por último, la atención socio-sanitaria en la que habrán
de promoverse actuaciones coordinadas entre las administraciones
sanitarias y responsables de las áreas sociales en una serie de
circunstancias. En esa dirección se inscribe el Acuerdo-marco de 14 de
diciembre, suscrito por los Ministerios de Sanidad y Consumo y de Asuntos
Sociales y el Convenio que lo desarrolla en el terreno específico de la
atención a las personas mayores. Este convenio pretende desarrollar un
sistema progresivo de cuidados, que tienda a evitar la innecesaria
institucionalización de las personas mayores, con especial énfasis en el
fomento de las residencias asistidas, los hospitales de día y la atención
domiciliaria. En él se contempla la puesta en práctica de varias
experiencias piloto de coordinación socio-sanitaria en dos áreas de
Madrid, una de Valladolid y una de Murcia. Será la evaluación de estas
experiencias la que nos indicará el sentido y el ritmo de las medidas a
implantar en este campo en un inmediato futuro.
Con la aprobación de esta propuesta inicial, el Consejo Interterritorial
ha culminado la primera fase del trabajo. Los ciudadanos, a mi juicio,
tienen derecho a comprobar que asuntos tan esenciales como éste son
abordados y discutidos a la vez con el mayor rigor técnico y el mayor
sosiego político; que hay concordancia entre los objetivos que se
proclaman y los medios con que se cuenta para conseguirlos, y por eso el
ministerio, tras fijar un objetivo que considera adecuado y establecer
unos planteamientos de partida, ha querido facilitar una amplia reflexión
sobre el contenido de esa ordenación de las prestaciones de nuestro
sistema sanitario público. Por ello, hemos realizado una amplia serie de
consultas con los interlocutores sociales, colegios profesionales,
sociedades científicas, asociaciones de consumidores y usuarios.
Creo que es fundamental la aportación de los expertos para alcanzar
soluciones viables a los complejos problemas de valoración o elección
entre procedimientos y técnicas alternativas; prueba de ello es que, con
independencia de las consultas que ahora todavía estamos manteniendo,
durante los últimos dos años se ha venido trabajando desde el Ministerio
para crear una amplia red de conferencias de consenso y paneles de
expertos que han ido aportando revisiones actualizadas sobre otras muchas
cuestiones.
Uno de los efectos necesarios de todo el proceso de ordenación de las
prestaciones será, sin duda, la ampliación y extensión de esta
sistemática de trabajo. Una vía a través de la cual centenares de
profesionales sanitarios de alta cualificación están participando, y lo
seguirán haciendo, en la elaboración de criterios de política sanitaria y
de distribución de una parte sustancial de los recursos puestos a
disposición del sistema. Simultáneamente, el documento ha sido enviado a
los portavoces de los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado, y
mi comparecencia hoy aquí forma parte esencial de ese proceso de
reflexión y debate sobre el contenido que ha de darse a la atención
sanitaria en nuestro sistema de salud.
Concluida la actual fase de consultas, el ministerio está elaborando una
disposición de carácter general que incluye los criterios básicos que
definen las prestaciones, las modalidades de prestación, los
procedimientos de inclusión de nuevas prestaciones y un desarrollo
específico de los derechos y deberes de los usuarios, enunciados en los
artículos 10 y 11 de la Ley General de Sanidad.
Estos son, señorías, los objetivos que se persiguen con el proyecto de
definición de las prestaciones y servicios en que actualmente trabaja el
Ministerio de Sanidad y Consumo en colaboración con el Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y los aspectos más
sobresalientes del proyecto normativo en el que estamos trabajando.
El proyecto viene a consolidar los niveles de cobertura existentes y no
pretende ni ha pretendido nunca la exclusión de prestación o servicio
sanitario de los que hoy se ofrecen en la sanidad pública.
El derecho de los ciudadanos a conocer los servicios sanitarios a los que
pueden acceder, a disponer de ellos por igual, con independencia de
cualquier circunstancia personal, social o geográfica y a que todo el
sistema funcione satisfactoriamente para ellos y para los profesionales
que trabajan en él, son los principios que guían esta tarea.
La universalidad y gratuidad de nuestro sistema como pieza clave en el
derecho de los ciudadanos a la protección de la salud, hacen de él uno de
los mecanismos redistributivos básicos del Estado de bienestar y uno de
los logros más valiosos. Por tanto, todos nuestros esfuerzos deben
dirigirse a reforzarlos y garantizarlos ahora y en el futuro.
La señora PRESIDENTA: Para que los señores portavoces preparen la
réplica, las preguntas y las dudas que puedan tener, aplicando el
Reglamento, suspendemos la sesión por cinco minutos.
Se reanuda la sesión.
La señora PRESIDENTA: Señorías, reanudamos la sesión. En este trámite, al
que no hace referencia el artículo 202 del Reglamento, vamos a utilizar
el procedimiento habitual en cuanto al orden de intervención de los
grupos. Por tanto, comenzaríamos por el Grupo Popular.
El señor Fernández-Miranda tiene la palabra.
El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Señora Ministra, hemos escuchado,
como es lógico, con máxima atención su exposición, que lamentablemente no
va más allá del documento que, efectivamente, conocíamos. En definitiva,
vuelve a leernos algo que ya hemos tenido ocasión de leer porque en torno
a las Navidades últimas su Subsecretario envió al Grupo Parlamentario
Popular, como al resto de los grupos, tal cual ha expresado usted, el
documento que se titula: Propuesta inicial de ordenación y catálogo de
las prestaciones sanitarias. La señora Ministra lo ha planteado, además,
como el intento de una gran reflexión, una reflexión en voz alta de toda
la sociedad en torno a la sanidad, en su concepción más amplia.
Querría hacer también una primera reflexión en voz alta porque, del
planteamiento que S. S. ha hecho y del que se deduce del propio
documento, sería bueno poner de manifiesto que este documento quizá
pretende hacer una reflexión en torno a la utilidad o al grado de fracaso
de un modelo determinado de asistencia sanitaria. Creo que no sería bueno
pretender que, con este documento, se genere en España un gran debate en
torno a la medicina en sí misma como ciencia o incluso a la capacidad de
los profesionales para aplicar correctamente esa ciencia y los
conocimientos que poseen.
Ciñéndonos al propio documento, consideramos que esta reflexión es
absolutamente sustancial porque, al contemplar dentro del apartado de
criterios básicos para definición de las prestaciones, es complicado, al
menos, basar en torno al consenso científico, cuáles son las actividades
y los servicios sanitarios que pueden ser proporcionados a través del
Sistema Nacional de Salud, no la medicina como ciencia. El consenso
científico no es fácil de alcanzar, lo que se alcanza científicamente son
nuevos conocimientos, conocimientos innovadores, que aportan un nuevo
conocimiento de la ciencia en sí misma. Por tanto, los consensos, incluso
los acuerdos democráticos, en torno a la ciencia son prácticamente
imposibles porque se basan en experiencias aportadas por equipos o por
científicos determinados, muchas veces en contradicción con otros
conceptos y criterios perfectamente arraigados y también adquiridos por
vía experimental, que es como se consigue hacer avanzar a la ciencia.
Al leer esta frase, recordaba la propuesta que hizo hace ya años, cuando
yo ejercía activamente la medicina, un profesional de la sanidad,
diplomado en enfermería más concretamente, para alcanzar este consenso.
Llegó a afirmar que todas las personas que participábamos en la
asistencia sanitaria, independiente de nuestro grado de cualificación
profesional y de nuestra titulación otorgada por el Estado, deberíamos
acordar democráticamente incluso las dosis de antibióticos que se
proporcionaban a los enfermos. Creo que es entender mal la ciencia, la
profesión y entender mal la titulación que el Estado da a una serie de
ciudadanos que han demostrado que poseen unos conocimientos que tienen la
responsabilidad de aplicar y de ejercer. Por tanto, insisto en que no
vaya a ocurrir que lo que debe contemplarse como una reflexión en torno a
la viabilidad, al éxito o a la utilidad de un modelo, el modelo de
asistencia, sanitaria que el socialismo concreta en la Ley General de
Sanidad, se pretenda hacer aparecer, como decía antes, como un debate en
torno a la medicina en sí misma como ciencia y a la capacidad de los
profesionales para aplicarla.
El documento, señora ministra --y entramos en detalle en él--, en alguno
de sus apartados, al principio y al final termina tal cual empieza o
empieza tal cual termina; es, como poco, preocupante porque, en
definitiva, al hacer esta reflexión en voz alta, afirmando que no será
considerada una actividad o servicio como prestación propia del Sistema
Nacional de Salud el hecho de que no exista suficiente evidencia
científica para demostrar su seguridad y su eficacia, que no esté probada
su contribución a la mejora eficaz de la esperanza de vida, etcétera, no
sé si lo que se pretende con este documento es afirmar que hasta ahora, a
través del Sistema Nacional de Salud se estaba ejerciendo esta acción
profesional por parte de alguno de los profesionales, o si los
profesionales españoles estaban, por un lado, derrochando recursos
públicos y, por otro lado, lo que es más preocupante si cabe, aplicando
una serie de técnicas que no son útiles y que incluso pueden llegar a ser
hasta perjudiciales para la salud de los ciudadanos o de los pacientes,
ya que estamos dentro de la asistencia sanitaria. Francamente, creo que
esto no es así porque, a partir de ese momento, el propio documento
cuestiona no solamente la eficacia misma de los profesionales, que sin
duda ninguna los hay mejores o peores como en cualquier otra actividad,
sino hasta la fiabilidad de la titulación académica que, para licenciados
o diplomados, otorga el Estado.
El resto del documento no descubre nada nuevo. No deja de ser
sorprendente que, en torno a todas esas reuniones, en torno a toda esa
actuación del propio Consejo Interterritorial (que por cierto en unas
ocasiones utiliza el documento, por tanto el Ministerio de Sanidad y
Consumo que es el que lo firma, para justificar unas actuaciones y en
otros casos para justificar una falta de actuación, cuando el Consejo
Interterritorial no pasa de ser un órgano consultivo, un órgano de
coordinación, un órgano en que el ministerio debe ponerse de acuerdo con
los consejeros), nos descubre, en ocho o nueve páginas, nada menos que
los niveles asistenciales, niveles, no modalidades asistenciales, que
pueden ser las que planteemos cuando el prestador del servicio no ostenta
la titularidad pública como es el caso del Insalud y nos habla de la
asistencia primaria, de la asistencia especializada. En definitiva, creo
que no constituye, ni mucho menos, una aportación sustancial a algo que
todos sabemos, que saben los ciudadanos, y que no deja de ser un
ejercicio para refrescarnos la menoria, sin duda ninguna útil, porque
tenemos en un documento breve todos los niveles de asistencia posibles;
pero estaban contemplados de igual forma en la Ley General de Sanidad y
en la sanidad en sí misma, contribuyendo, por tanto, bien poco a esta
necesidad de información que usted plantea, y que después consideraremos,
para los propios ciudadanos.
Además, tiene una serie de afirmaciones que a mí me gustaría que la
señora ministra nos aclarase, afirmaciones algunas de ellas sorprendentes
y en sí mismas contradictorias, como la que aparece en la página 6, en la
cual, al hablar de asistencia ambulatoria en el hospital de día,
prácticamente en el último renglón habla de la realización de cirugía
mayor que no genera estancia. Yo creo que en sí mismos, desde el punto de
vista sanitario, son conceptos contradictorios; es decir, si es cirugía
mayor, sí genera estancia, y si no genera estancia, no es cirugía mayor,
con lo cual empieza a ponerse de manifiesto la falta de rigor en alguno
de los conceptos que se manejan en el propio documento.
En la página 7, por ejemplo, hay también otra afirmación sorprendente: en
el apartado b), atención en régimen de internamiento, se habla de las
prótesis, siempre que estén incluidas en el correspondiente catálogo
oficial del
hospital. ¿Esto quiere decir que habrá algunos hospitales que no puedan,
dentro del nivel terciario, proteger la salud de los ciudadanos mediante
algún tipo de prótesis? Es decir, ¿no se podrán poner prótesis de cadera
en unos sitios, en otros sitios no se podrán poner prótesis de rodilla?
¿El catálogo entra formalmente a decir qué hospitales y en qué zonas, por
tanto, y qué ciudadanos podrán acceder a este tipo de cirugía, o a lo que
se está refiriendo es al catálogo oficial respecto a marcas que puedan
manejar, dentro de todas las prótesis posible (a los modelos, por tanto,
fruto de investigación y de las patentes correspondientes) en uno u otro
hospital?
También al final de esa página se habla de alimentación según dieta
prescrita, sin incluir extras. ¿A qué se refiere el documento, señora
ministra? Primero, ¿qué se entiende por extras, al hablar de
alimentación? ¿Estamos diciendo que los enfermos ahora puedan elegir si
el postre es helado o es flan, si pueden elegir el sabor del helado, o si
va incluido el puro al final de la comida? ¿Qué son extras en la
alimentación hospitalaria? Si los extras suponen una indicación
terapéutica de sobrealimentación, como consecuencia de la situación
patológica del enfermo, el concepto de extras no es tal o sí debe
incluirse, y yo no creo que haya extras en este momento en las dietas de
los pacientes de la sanidad pública española, ni mucho menos. Su señoría
habrá tenido conocimiento, incluso, por parte del gerente del Hospital
San Agustín, en Avilés (según dicen los medios de comunicación), de haber
quitado la sopa de la dieta, que sin ninguna duda consideraba ya, de
forma premonitoria, un extra, porque además decía que los enfermos no se
la tomaban. Me gustaría que la ministra nos aclarase si efectivamente va
en la misma línea de tan preclaro gerente anticipándose incluso al propio
documento, o si cuando hablamos de extras hablamos de otras cosas.
Asimismo, en la página 8, dice que la estancia en habitación compartida o
individual, en los casos que sea preciso (compartida en ocasiones hasta
por seis enfermos; y sería bueno pensar en eliminarlas del Sistema
Nacional de Salud, porque no son deseables para el paciente ni, en
ocasiones, para la propia actividad sanitaria), no se incluyen en la
prestación los servicios complementarios de carácer hostelero.
¿Televisión en color, televisión en blanco y negro, teléfono inalámbrico,
paipai para las épocas de calor, aire acondicionado? ¿De verdad la
sanidad pública en este momento está dando alguna prestación de carácter
hostelero? Es decir, dentro de lo que puede ser la comodidad o la
confortabilidad en las habitaciones de la sanidad pública, ¿hay algo que
sea superfluo en este momento y que no se deba incluir en la prestación?
¿El hecho de no incluirlo supone que van a tener que pagarlo como extra?
¿Se va a quitar alguno de esos extras que considera, no solamente a
efectos de la alimentación, sino de carácter hostelero, de servicios
complementarios? ¿Va a recortar la sanidad pública eso que el propio
documento considera superfluo?
Si avanzamos en el documento, entramos a continuación en la página 8;
especialidades. Las especialidades, señora ministra, no son prestaciones,
efectivamente; por tanto, en el documento, catálogo de las prestaciones
sanitarias, no se habla en ningún momento de prestaciones en sí mismas.
Se recuerdan de nuevo (y de ahí la utilidad de este documento como
listín) las especialidades oficiales de la medicina española, que no de
la sanidad pública; es decir, lógicamente, no hay nada que aparezca en
este documento que no aporte la medicina como ciencia, y sí se marcan una
serie de limitaciones y de recortes formales, algunos de ellos ya
existentes, poniendo de manifiesto que la sanidad pública, el modelo de
sanidad socialista en este momento, no es capaz, por ejemplo, después de
doce años de aportar, la asistencia odontológica para los ciudadanos
españoles. Es decir, la salud bucodental se limita a la extracción de
piezas dentarias y a la fluoración tópica (es decir, los buches de flúor)
para niños, en algunos programas experimentales, y para embarazadas, en
algunos programas experimentales. El documento ratifica la limitación y,
por tanto, sigue dejando fuera, formalmente, la asistencia bucodental
para los ciudadanos españoles que, por cierto, como bien sabrá la señora
ministra, poseen la peor salud bucodental de toda la Unión Europea.
Hace hincapié, lógicamente, en la exclusión de la estética: cirugía
plástica y reparadora, excluida la estética; cirugía maxilofacial,
excluida la estética, marcando ya el inicio de lo que es el documento y
precisamente el peligro que tiene. No solamente eso, sino que ahonda en
la exclusión de algunos tratamientos y de algunas medidas diagnósticas en
psiquiatría. La señora ministra no ha mencionado (yo no sé si porque la
propuesta que hace no se corresponde con este documento, si ha habido
documentos posteriores que lo rectifican) que en la asistencia
psiquiátrica la psicoterapia de larga duración tampoco va a ser aportada
por el Sistema Nacional de Salud. No lo hace con el psicoanálisis y no lo
hace con la hipnosis; es decir, recorta también estas prestaciones, pero
no deja de ser sorprendente que matice la psicoterapia como de larga
duración. ¿La corta duración sí va a proporcionarse? ¿Por qué sí la de
corta duración y no de la larga duración? ¿Hasta dónde marcan las
fronteras de la asistencia, que condena a los enfermos que siguen
necesitando esa psicoterapia, cuando, desde el punto de vista
administrativo, el término que se utiliza es el de larga duración?
En definitiva, en la página 10, invocando en este caso la falta de
consenso del grupo de trabajo del Consejo Interterritorial, no incluye la
reproducción asistida. Sí incluye los temas de planificación familiar,
consejo genético, vasectomía, ligadura de trompas, interrupción
voluntaria del embarazo en los supuestos contemplados por la ley; pero
deja fuera la reproducción asistida; reproducción asistida que, sin
ninguna duda, es una acción terapéutica para conseguir que, mujeres que
han tenido previamente patología sobrevenida o bien malformaciones
congénitas, al no poder tener hijos, por problemas físicos, digamos, sí
se contribuya desde la medicina como ciencia a que puedan tener un
embarazo.
La señora PRESIDENTA: Señor Fernández-Miranda, le ruego vaya concluyendo.
El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Voy terminando, señora Presidenta.
Las mujeres españolas que no tengan capacidad adquisitiva ¿tendrán que
renunciar a tener hijos porque el Sistema Nacional de Salud no aporta
ninguna solución que la medicina como ciencia sí puede aportar?
Obviamente, entra a continuación en las prestaciones farmacéuticas, que
ya están definidas en sí mismas como recorte formal de prestaciones. El
Real Decreto, eufemísticamente llamado del uso racional del medicamento,
ya marca aquellas medicinas a las cuales sí tiene acceso el beneficiario
de la Seguridad Social y aquellas a las que no tiene acceso, con lo cual
ratifica efectivamente el recorte formal de esta asistencia sanitaria.
Además, se incide, como decía antes, en las especialidades que
comentábamos, y se suple la decisión del médico por la decisión
administrativa, del Ministerio en este caso, para afirmar qué
prestaciones contribuyen a proteger la salud y cuáles no contribuyen.
En definitiva, al final del documento --y con ello concluyo, señora
Presidenta-- vuelve a hablarse de las prestaciones complementarias, y
hace de nuevo un catálogo de todo aquello que pueda dar en este momento
la medicina como ciencia, insisto. La pregunta sería: ¿con este catálogo
se acaba con la costumbre del Sistema Nacional de Salud de que los
pacientes tengan que anticipar el precio de las prótesis externas, de las
ortosis, etcétera, para que se les devuelva al cabo de un año como muy
pronto por la sanidad pública, o no? Es decir, ¿esto supone, como usted
decía, que tendrán acceso --y es uno de los objetivos del documento--
todos los ciudadanos en gratuidad a esta asistencia sanitaria, o vamos a
seguir como estábamos, en otra forma de recorte, sin duda ninguna sutil,
pero real, puesto que habrá algunos pacientes que no puedan ni siquiera
anticipar esa cantidad para las prótesis externas?
Acaba el documento, efectivamente, como empezaba, poniendo de nuevo en
cuestión que para la incorporación de nuevos avances hayan de tener esa
utilidad terapéutica, que no existan alternativas mejores. El punto
tercero dice: necesidad de determinados colectivos. Obviamente. También
es un nueva forma, para hablar de los pacientes o de los enfermos, hablar
de los colectivos. Podemos hablar entonces de enfermos de sida o de
enfermos con secuelas de polio, pero los colectivos yo creo que,
desafortunadamente, son problemas individuales difícilmente
colectizables, por mucho que el documento de la señora ministra pretenda
hacerlo así. Habla de eficacia y seguridad, de disponibilidad de la
tecnología adecuada y de profesionales suficientemente entrenados para
prestar el servicio. ¿Esta frase supone que en este momento el sistema
MIR no es el adecuado para que la formación de los médicos sea fiable
para la sociedad española? Es decir, ya no solamente para considerarlos
como asistencia, sino para incorporar nuevas tecnologías, ¿de nuevo, el
Ministerio de Sanidad va a hacer una especie de venia a la titulación
previa como licenciado o diplomado o a la titulación posterior como
especialistas de los médicos a través del sistema MIR? En definitiva,
señora ministra, con todas estas decisiones se toma un camino
preocupante.
Si se cataloga, quiere decir que algo quedará fuera, porque, si no,
explíqueme la señora ministra para qué sirve recordar lo que la medicina
es capaz de aportar, y si no es la medicina como ciencia la que se
cataloga, si es la asistencia sanitaria, las prestaciones, como enuncia
el documento, ¿cuáles son las que van a quedar fuera? Es decir, ¿todo lo
que no aparezca aquí, a partir de ahora, contando con que aproximadamente
hay más de 100 innovaciones diarias en medicina, todo eso va a precisar
de ese visto bueno que la ministra nos comunica en el documento? ¿Se
cierra el Sistema Nacional de Salud a los avances de la medicina? ¿Se
impone ese visto bueno administrativo? ¿Sabe la señora ministra que el
AZT, por ejemplo, para el tratamiento del sida, tardó simplemente una
semana en aplicarse desde su descubrimiento? ¿La agilidad del Ministerio
va a ser ésa o va a ser la misma que está demostrando, por ejemplo, para
dar el visto bueno a los fármacos de nueva incorporación al mercado por
la Dirección General de Farmacia, que tarda en torno a los seis meses?
¿Ese visto bueno va a retrasar formalmente entonces el acceso de los
ciudadanos españoles a avances tan sustanciales como pueden producirse en
el tratamiento del sida o de otras muchas enfermedades? ¿No va a ser el
criterio de los profesionales, en función de sus conocimientos, de las
publicaciones científicas, de los congresos o de los simposios
profesionales y científicos que se celebren, los que puedan incorporar
libremente esos avances a la medicina? Para incorporar formalmente esos
avances científicos, ¿va a crear la señora ministra comisiones
científicas para valorarlos?
La señora PRESIDENTA: Señor Fernández-Miranda, le ruego concluya.
El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Termino brevísimamente, señora
Presidenta, con una serie de preguntas que quiero formular a la señora
ministra.
¿Va a crear esas comisiones? ¿Esas comisiones van a ser científicas o va
a participar también el componente administrativo del ministerio opinando
en ello? ¿Serán esas consideraciones meramente científicas o serán
también de tipo económico, de capacidad del sistema para financiar esas
nuevas incorporaciones tecnológicas, de procedimiento, terapéuticas, de
diagnóstico, etcétera? En esta decisión que se tomará, ¿la señora
Ministra asumirá también la responsabilidad de los profesionales en
cuanto a la aplicación o no de medidas terapéuticas que pueden favorecer
la salud de los ciudadanos, o las decisiones administrativas las tomará
el Gobierno y, sin embargo, la responsabilidad del éxito o el fracaso de
ese análisis seguirá estando solamente en manos de los médicos, como
hasta ahora, afortunadamente?
A efectos financieros, y con ello termino, ¿cuál es la aportación de este
documento? En ningún momento se esboza siquiera, o se intuye en ninguna
de sus páginas, cuál es el costo de esta asistencia. Si efectivamente
hubiese hecho ese catálogo, sería bueno, en cuanto a las prestaciones,
que lo hubiese acompañado además del costo real en la sanidad pública,
con unas medidas de higiene
financiera, lo que habría sido tremendamente positivo, pero me temo que
el propio ministerio es incapaz en este momento, por tanto, no deja de
ser un ejercicio de reflexión en voz alta, un documento que a lo largo de
quince folios nos permite tener resumida la propia Ley General de
Sanidad, lo que aporta la medicina como ciencia, pero poco más. Por
consiguiente, no entendemos el título y no somos capaces --no sabemos si
por limitación personal-- de sacar ninguna conclusión positiva en cuanto
a la viabilidad de la sanidad pública desde el punto de vista financiero
y si efectivamente con esto el concepto de universalidad, de que el
ciudadano puede acceder a toda la medicina como ciencia, financiada con
fondos públicos, sigue siendo una realidad o ustedes, como nos tememos
muy mucho, empiezan a romper el concepto de sanidad pública que tiene la
sociedad española en este momento y, por tanto, deja de ser universal,
deja de ser gratuita, porque algunas cosas que hay que pagarlas fuera de
la cotización que se hace, y deja de ser solidaria, por consiguiente,
porque los más débiles van a ser los más perjudicados por este
planteamiento absolutamente injusto, que en definitiva refleja no la
necesidad de reflexionar en torno a la medicina, sino en torno a un
modelo que ha dejado de ser útil para la sociedad española.
La señora PRESIDENTA: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
Tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría, por el Grupo Parlamentario
Vasco (PNV).
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Previamente, queremos agradecer a la
señora Ministra de Sanidad y Consumo su comparecencia en la Comisión y
las explicaciones que ha ido otorgando a los miembros de la misma
respecto a los principios generales y aspectos concretos que contiene el
documento que nace del Consejo Inteterritorial de Sanidad. Desde el Grupo
Parlamentario Vasco, le haríamos un conjunto de consideraciones que
basaríamos en la colaboración y en la necesidad de conseguir un consenso
sobre el modelo sanitario que queremos disponer.
Señorías, el Boletín de estadísticas laborales, del Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social, señalaba que en los seis primeros meses de 1993 el
número de cotizantes a la Seguridad Social había disminuido en 472.986
personas respecto al mismo período de 1992; en cambio, el conjunto de la
tecnología sanitaria continúa encareciendo los servicios. El índice de
vida de las personas es cada vez mayor, al igual que el número de
ancianos empieza a reflejar en el papel epidemiológico enfermedades
crónicas y degenerativas como nunca hasta ahora lo habían hecho, y los
ciudadanos cada día demandan mayor asistencia.
Nosotros, señora ministra, entendemos que se hace preciso conciliar esta
creciente demanda social con la imposibilidad de seguir expandiéndonos al
ritmo de los últimos años, y por ello consideramos precisa una
reorganización de nuestro sistema sanitario. Constatamos la necesidad de
que haya una ordenación del sistema sanitario, porque además ésa es la
tendencia que se sigue en la generalidad de los países occidentales
modernos. Si queremos garantizar la pervivencia y la solidez de un
sistema sanitario público, si pretendemos reforzar los pilares de la
equidad, la solidaridad, la universalidad y la capacidad, al igual que
mejorar su ámbito de prestaciones, nuestro grupo parlamentario considera
que es necesario que se concrete y se defina el contenido y las
condiciones de la relación pública sanitaria que liga a la Administración
con los ciudadanos en materia de protección de la salud.
En la reunión de Pleno del Consejo Interterritorial del pasado día 20, se
estudió el documento de ordenación de las prestaciones. Nuestro grupo
entiende que es mejor tener un documento que no tener nada; es decir, que
carecer de una delimitación del contenido del sistema sanitario público.
Abordamos, pues, la discusión del documento con una visión constructiva,
por los aspectos generales positivos que contiene y que creemos son más
que las críticas que está sufriendo dicho texto.
Señora Ministra, sabemos que después de la reunión del Consejo
Interterritorial, y usted lo ha dicho así, el Ministerio de Sanidad ha
dado a conocer el documento para la realización de sugerencias o
alegaciones a diferentes sectores, bien sean colegios profesionales,
asociaciones de consumidores, organizaciones profesionales, etcétera.
Ello nos parece un elemento positivo. No obstante, nosotros le
sugeriríamos que el documento todavía necesita de una mayor maduración,
análisis y, sobre todo, cierto poso para lograr un consenso político,
como usted decía, al respecto. Por lo que nosotros le pediríamos al
Gobierno que siguiera trabajando en este tema con el resto de las
administraciones sanitarias y más quizá en el órgano que decía que era el
grupo de trabajo o la comisión que se habría creado en el Consejo
Interterritorial. Sería oportuno, a nuestro juicio, un nuevo análisis
antes de la aprobación definitiva en este órgano interadministrativo.
Señora Ministra, a juicio del Grupo Parlamentario Vasco, deberíamos
caminar, en primer lugar, por la vía de la definición de las prestaciones
y servicios que incluye el sistema sanitario y de las condiciones que ha
de reunir la relación público-sanitaria que vincula al ciudadano con cada
uno de los poderes públicos sanitarios. Por ello, a nuestro juicio, el
sistema sanitario debe mantener todos los servicios capaces de producir y
restaurar la salud, priorizando la eficacia y la calidad de los servicios
en relación al coste. En segundo lugar, el medio para la ordenación de
las prestaciones nos parece que tiene que ser algo flexible y dinámico,
no caracterizándose el catálogo por su encorsetamiento o por disponer de
una naturaleza rígida. Creemos que la ordenación de las prestaciones
puede implicar, a la hora de la definición del ámbito, la modificación de
alguna prestación, pero también, por su naturaleza flexible, deberá
reforzar servicios que tienen un impacto positivo para la salud de la
población, como la educación sanitaria y otros que se incluyan en el
futuro y que no se prestan actualmente que van a resultar relevantes para
la salud de los ciudadanos. Por ello, vemos la ordenación de las
prestaciones como un elemento garantista en la relación pública
administración sanitaria-ciudadano que relacione la actuación de los
poderes públicos sanitarios con un
sistema en el que las prestaciones se caractericen por ser sanitarias,
efectivas y relevantes para la mejora de la salud de los ciudadanos.
Señora Ministra, si analizamos con profundidad y rigor la cuestión que
ahora debatimos, podemos decir que la gran mayoría de los expertos de las
administraciones públicas sanitarias están de acuerdo en caminar hacia la
ordenación del sistema de prestaciones. En la gran mayoría de los países
existe o bien un sistema positivo o negativo de listas o bien un sistema
mixto o cruzado, como es el que plantea el documento de ordenación nacido
del Consejo Interterritorial. Creo que ésa es la experiencia que se ve en
los países modernos. En Estados Unidos están definiendo ahora el ámbito
de protección del servicio público sanitario. Primero se delimita hacia
dónde vamos, qué queremos y qué nivel va a estar protegido. Nos parece
que la inconcreción o la generalidad con que el texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social hace referencia a la prestación de la
asistencia sanitaria necesita de una delimitación. Es mejor que tengamos
un documento que lo delimite a que no tengamos nada, como hasta ahora
ocurría.
Termino, señora Ministra, diciendo que, a nuestro juicio, debemos
profundizar en el análisis y consenso del catálogo derivado del Consejo
Interterritorial. Sin perjuicio de la disparidad de pareceres que pueda
haber sobre la metodología que se ha seguido, nos parece que la
ordenación de las prestaciones es un ejercicio necesario de racionalidad
y a la larga también un ejercicio de solidaridad para poder dar más a
quien más lo necesita.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene
la palabra el señor Cardona.
El señor CARDONA I VILA: Agradezco a la señora Ministra, tanto su
comparecencia como su exposición en relación a la ordenación y oferta de
las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud y quisiera
hacer algunas consideraciones.
De hecho, con la universalización del acceso al sistema público todos los
españoles tienen derecho a recibir todas las prestaciones sanitarias que
el sistema ofrece. Esto va desde la atención médica y farmacéutica más
elemental y más sencilla a los tratamientos e intervenciones quirúrgicas
más sofisticadas, incluso trasplantes de órganos. Este logro social, y
además irrenunciable, es el que caracteriza esencialmente la situación
actual del, podríamos llamar, todo para todos.
Nuestra opinión respecto a que se relacione el conjunto de las
prestaciones sanitarias en un catálogo, llámese como se quiera, se basa
en la necesidad de que el sistema sanitario público sepa precisamente
cuáles son las prestaciones que ofrece a los usuarios del mismo. El hecho
de que no se haya establecido hasta ahora un catálogo de estas
prestaciones ha supuesto que determinados tratamientos se hayan dado en
algunos centros, mientras que en otros no. Parece raro pero así lo tengo
entendido. Circunstancia que no favorece la equidad necesaria e
imprescindible que, además, dificulta una correcta política
presupuestaria.
En relación a la evolución presupuestaria, en los últimos años hemos
comprobado cómo, a pesar de los incrementos anuales de un 10 ó un 12 por
ciento con respecto al año anterior, siempre se ha ido produciendo una
desviación también de un 10 ó un 12 por ciento, incluso algún año de un
14 por ciento. De manera que, a pesar de los aumentos anuales en
posibilidades económicas de que se les iba dotando, siempre, de forma
casi constante, han ido por delante los incrementos de las necesidades.
Ahora bien, ¿hasta dónde se podrían ir aumentando las partidas
presupuestarias? Podríamos convenir en que lo ideal sería que fueran
suficientes para poder sufragar las necesidades que nuestra sanidad
demanda --eso es un deseo, un desiderátum--, pero también podríamos
convenir, desde un punto de vista más real, en que destináramos unos
recursos económicos en sanidad, aunque sea relativo, un porcentaje del
producto interior bruto similar al que destinan los países de nuestro
contexto geopolítico, y acercarnos así a este siete por ciento del
producto interior bruto. Actualmente, como sabemos, no se llega. Queda,
pues, un margen que hay que aprovechar, aunque esto tiene unos límites,
es decir, el aumento presupuestario será limitado en unos márgenes más o
menos amplios, pero siempre limitados. Por tanto, nuestro Grupo, aun
estando de acuerdo en la realización de un catálogo de prestaciones, como
he dicho anteriormente, no aceptaría, en ningún caso, que ello fuera un
mecanismo, una estrategia o un subterfugio para recortar prestaciones,
por lo menos hasta que no se llegara a este porcentaje en relación al
producto interior bruto.
No entraremos a debatir si se contemplan todas las prestaciones o faltan
algunas. Entendemos que se ha llevado a cabo una buena metodología para
llegar a ese catálogo, y será el propio Consejo Interterritorial quien
decidirá en definitiva, aparte, como es natural, del Ministerio de
Sanidad.
En relación a la incorporación de nuevas tecnologías y tratamientos en el
catálogo de prestaciones es preciso seguir el correspondiente proceso de
evaluación, pero integrándolas una vez se haya demostrado su utilidad y
evitando que en cualquier momento puedan excluirse por motivos meramente
económicos.
En definitiva, señora Presidenta, señora Ministra, señorías, entendemos
que el catálogo de prestaciones sanitarias es un instrumento
imprescindible para saber, primero, dónde estamos, qué ofrece el sistema
y, en segundo lugar, un buen punto de partida para saber qué es lo que se
podrá ofrecer en un futuro. Sería inadmisible que se quisiera utilizar
como una estrategia de recortes. Antes habría que incrementar, a nuestro
entender, los presupuestos hasta un nivel aceptable y, sobre todo, sería
exigible mejorar la gestión de los recursos humanos y técnicos, de lo
contrario, sería el usuario quien pagaría las consecuencias de una
gestión, tal vez heredada en sus consecuencias negativas en algunos
aspectos, de la que no tiene ninguna culpa; eso sería doblemente injusto.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, tiene la palabra la señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTIN: Gracias, señora Presidenta.
Gracias, señora Ministra por su comparecencia para hablar de un tema que
ha generado, sin duda, una gran inquietud social.
En opinión de mi Grupo Parlamentario la filosofía de fondo que sustenta
la elaboración de un catálogo de prestaciones en el sistema sanitario
público supone una vuelta de tuerca en el alejamiento de los principios
fundamentales de la Ley General de Sanidad y, a su vez, de la
Constitución Española, que afirman el derecho de todos y todas a una
atención integral de salud.
Hablar de un catálogo de prestaciones entra de lleno dentro de una
filosofía de oferta y demanda característica de un sistema de mercado y
ubica a la sanidad pública, al derecho a la atención sanitaria, en un
terreno que le es esencialmente ajeno. Las personas que requieren
atención sanitaria no son sujetos capaces de decidir por sí mismos qué
tipo de atención sanitaria requieren, sino que fundamentalmente es el
criterio de necesidades el que debería regir todo el funcionamiento del
sistema sanitario público. Insisto, el catálogo de prestaciones coincide
fundamentalmente con una de las recomendaciones básicas del «Informe
Abril Martorell», presidido por un banquero, que utiliza criterios de
mercado, de oferta y demanda en sustitución del sistema de necesidades.
En este sentido, señora Ministra, usted sabe que diez años después de
haberse promulgado el Real Decreto de Reforma de Estructuras Básicas de
Salud, ocho años después de haber puesto en vigor la Ley General de
Sanidad, la extensión, no de la cobertura teórica de la sanidad, sino de
la cobertura real de programas de atención primaria a la salud, es,
excepto en lo que se refiere a las vacunaciones, muy inferior al 50 por
ciento. Es decir, no hay equidad real en el sistema sanitario público,
por cuanto, por ejemplo, el programa de control del niño sano apenas
alcanza al 25 por ciento de los equipos de atención primaria, el programa
de prevención de enfermedades crónicas a penas llega al 20 por ciento, el
programa de atención al anciano, excepto en lo que se refiere a
vacunaciones, apenas existe en el sistema sanitario público. Es decir, la
equidad, como título, no es una realidad cuando menos del 30 por ciento
de los equipos existentes de atención primaria, que suponen el 50 por
ciento de la población, están haciendo programas reales de atención
primaria; cuando la salud bucodental, señora Ministra, primer problema de
salud de la población española, según la última encuesta --en la que se
está haciendo no lo sabemos--, no está incluida dentro del sistema
sanitario público; cuando la salud mental continúa siendo la pariente
pobre en un sistema sanitario en el que apenas se contemplan servicios
suficientes. El cáncer de mama, señora Ministra. Nos ha repartido
amablemente el libro «Indicadores de salud». El cáncer de mama, la
mortalidad por enfermedades prevenibles aumenta en nuestro país sin que
existan programas de detección universales; la mortalidad por cáncer de
mama ha aumentado en los últimos 12 años de un 16,5 por cien mil a un
20,8 por cien mil; es decir, hay un 30 por ciento de sobremortalidad por
cáncer de mama evitable de las mujeres españolas que no están pudiendo
acceder en la práctica a estos servicios.
Se toman criterios exclusivamente economicistas, señora Ministra. En su
primera comparecencia ante esta Comisión se lo dije en relación con la
cirugía estética. Evidentemente, la cirugía estética que responda
exclusivamente a criterios de consumo de imagen no debe incluirse dentro
del sistema sanitario público, ahora, la cirugía estética que responda a
malformaciones, que responda a accidentes o que por diferentes causas
condicione problemas de salud mental, porque eso es real, debe incluirse
dentro del sistema sanitario público.
Algo parecido pasa con el psicoanálisis. El psicoanálisis es una forma de
abordar los problemas de salud mental de la población. Insisto, ¿quieren
decir las palabras del señor Fernández Miranda que la psicoterapia de
larga duración, de contenido psicoanalítico (porque el psicoanálisis es
una escuela, no es un tratamiento, es una forma de enfocarlo), va a ser
excluida del sistema sanitario público?
La reproducción asistida, cuando la tasa de natalidad en España está
decayendo a los niveles a los que lo está haciendo, ¿va a excluirse
también del sistema sanitario público?
No compartimos el catálogo de prestaciones, pero sí uno de los criterios
incluidos para que un tipo de tratamiento o de diagnóstico se incluya o
no en la atención sanitaria. Es decir, la dudosa eficacia y seguridad de
un determinado método diagnóstico o de tratamiento. Pero, señora
Ministra, ¿qué pasa con la sanidad privada? ¿Es que el Ministerio de
Sanidad, que es el garante de la calidad de la atención sanitaria de
todos los españoles, va a permitir que un método de dudosa eficacia y
seguridad se esté utilizando en la sanidad privada, cuando, insisto, los
pacientes, las personas, no están en condiciones, en su inmensa mayoría,
de evaluar qué se está haciendo con sus necesidades de atención
sanitaria? ¿Es que el Ministerio de Sanidad solamente va a introducir
limitaciones de tipo técnico, limitaciones absolutas, diría yo, dentro de
la sanidad pública? Usted sabe, señora Ministra, que si eso no se produce
a los dos niveles se están introduciendo criterios de mercado, por los
cuales, con instrumentos de tipo publicitario, la sanidad privada va a
intentar conseguir clientes de la sanidad pública en función de la oferta
a veces de criterios diagnósticos y terapéuticos de dudosa eficacia.
Por otra parte, ¿quién va a evaluar, señora Ministra, eso en lo que
nosotros estamos de acuerdo, que es la eficacia y la seguridad? ¿Por qué
no una comisión como la Comisión Nacional de Uso Racional del
Medicamento? Señora Ministra, tiene usted que entender que, en el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida por lo menos, pensemos que hay un riesgo
evidente de que el catálogo de prestaciones sea un instrumento
economicista de disminución del gasto. Estamos este año ante unos
presupuestos sanitarios que, como quedó demostrado, creo, suponen una
disminución del gasto sanitario global y una disminución del gasto en
inversiones. Que esto no sea un instrumento de recorte real
de prestaciones tiene que garantizarlo una comisión nacional
independiente, en la que, por supuesto, esté la Administración, pero en
la que también estén los interlocutores sociales y personalidades de
reconocido prestigio en el ámbito de la sanidad pública.
La enorme diferencia entre las palabras y los hechos creo que puede
evaluarse en un aspecto: atención sociosanitaria. Es evidente que en
nuestro país hay una escasez enorme de servicios sociales, datos de la
Comunidad Europea hablan de que el gasto del Estado en servicios sociales
en relación al producto interior bruto es de un 7 por ciento en la
Comunidad Europea --estoy hablando de servicios sociales, no sanitarios--
y de un 1,7 por ciento en España. Es decir, tenemos servicios sociales
anecdóticos. ¿Qué va a pasar, señora Ministra, con la derivación de la
demanda sanitaria en proporción diversa hacia la atención sociosanitaria,
cuando, según palabras de la señora Ministra de Asuntos Sociales, no hay
ni una peseta de incremento del gasto en servicios sociales por parte del
Ministerio de Asuntos Sociales? Estamos hablando de espejismos, estamos
hablando de fantasmas. ¿Dónde están esos servicios sociosanitarios que no
tienen reflejo presupuestario alguno? ¿Dónde están esas residencias
asistidas? ¿Dónde están los servicios sociales para atención
domiciliaria? ¿De dónde va a surgir esa atención que, evidentemente, es
una necesidad, sin que haya el reflejo presupuestario correspondiente?
Señora Ministra, nosotros no compartimos el fondo de lo que supone un
catálogo de prestaciones. Son criterios de mercado, insisto; el catálogo
recuerda a unos grandes almacenes o al catálogo de un menú de un gran
restaurante donde la población elige libremente lo que desea,
evidentemente en función de su presupuesto individual. La salud no tiene
comparación, no es un objeto de consumo, y es la filosofía que subyace en
este catálogo de prestaciones que, insisto, va en dirección contraria a
lo que plantea la Ley General de Sanidad como derecho de todos a una
atención integral de salud y que, enmarcada en un contexto evidente de
recortes presupuestarios, parece ir en la dirección de utilizar en el
futuro los criterios más o menos ambiguos que se pueden enunciar para la
inclusión de nuevas prestaciones para limitar el acceso de los españoles
a lo que en función de sus necesidades deben esperar de una sanidad
pública. Insisto, los criterios de eficacia y seguridad que, a juicio de
nuestro Grupo Parlamentario, deben presidir la incorporación o no de una
nueva técnica diagnóstica o terapéutica al sistema sanitario, deben ser
evaluados por una comisión nacional con participación social y
profesional y, por otra parte, debe incluirse a la sanidad privada, pues
de lo contrario carecería de credibilidad el que esos criterios de
eficacia y seguridad fueran los que realmente están limitando el acceso a
la atención en función de un determinado medio diagnóstico.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra la señora Mendizábal.
La señora MENDIZABAL GOROSTIAGA: Señora Presidenta, quiero expresar en
nombre de mi Grupo nuestro agradecimiento a la señora Ministra por su
comparecencia en esta Comisión.
El Grupo Socialista se planteó la solicitud de esta comparecencia para
informar acerca de la ordenación y oferta de las prestaciones sanitarias
del Sistema Nacional de Salud, primero, porque estamos convencidos de la
importancia de la definición de las prestaciones para que el ciudadano
pueda conocer perfectamente sus derechos y así poder ejercer su derecho a
la salud. Este ha sido, sin duda, el motivo principal de la solicitud de
esta comparecencia. Pero además de la importancia del tema, creo que era
preciso, una vez más, aclarar que sólo desde un punto de vista no exento
de algunos intereses puede hablarse de recorte de prestaciones. Hay, por
tanto, también, en nuestra solicitud, un interés informativo, diría yo
casi pedagógico, que ha sido el que nos ha motivado solicitar aquí, una
vez más, su presencia.
Entrando en el tema que hoy nos ocupa, quiero señalar, en primer lugar,
que coincidimos plenamente con el objetivo principal de la ordenación de
las prestaciones sanitarias, que es clarificar el sistema, conocer su
alcance, organización, actuaciones, como señalábamos ya en su anterior
comparecencia cuando vino a explicar las líneas generales de actuación de
su Departamento. En segundo lugar, consideramos necesaria la realización
de esta ordenación para dar cumplimiento tanto a una resolución de este
Parlamento de abril de 1992, en el Plan de Convergencia, como para poner
en marcha el acuerdo del Parlamento Europeo que señala la necesidad de
clarificar los contenidos de los sistemas sanitarios.
Dicho esto, vamos a pasar a lo que hoy nos trae aquí, que es, por una
parte, valorar un proceso todavía no concluido y, por otra, unos
resultados que todavía no son definitivos hasta que no se culmine con
todos los trámites preceptivos. Y voy a referirme a estos dos aspectos:
al aspecto del procedimiento y al aspecto de los resultados.
En cuanto al aspecto del procedimiento, quiero resaltar que desde nuestro
punto de vista ha resultado impecable, y así lo demuestra el amplio
consenso alcanzado dentro del Consejo Interterritorial en cuanto al
Sistema Nacional de Salud, tanto desde el inicio del proceso, respecto a
los objetivos que suponía la ordenación de las prestaciones, como en la
presentación de la propuesta inicial de ordenación y catálogo de las
prestaciones en la última reunión que tuvo el Consejo Interterritorial,
contando durante todo el proceso con la participación de las comunidades
autónomas en la elaboración del cuestionario. Por tanto, nuestra
felicitación, tanto en lo que respecta al procedimiento como al amplio
consenso alcanzado.
Entrando en el segundo punto, que es el análisis de los resultados del
documento de trabajo presentado, nos parece además de clarificador
completo y que, efectivamente, recoge lo que se hace en el Sistema
Nacional de Salud, preservando, sin duda, lo más esencial --que es, desde
nuestro punto de vista, la equidad y la solidaridad-- al garantizar lo
mismo para todos, incluyendo, además, prestaciones que no eran habituales
y reforzando el sistema con un peso específico importante de las
actuaciones de prevención y promoción de la salud.
Otro aspecto que ha apuntado la señora Ministra y que sin duda también
tiene una especial importancia, sobre todo para algún grupo, es el que se
refiere a la introducción en el sistema de nuevas técnicas o
procedimientos. Las explicaciones que se han dado nos parecen más que
suficientes; evaluar las prestaciones o servicios, o las nuevas
tecnologías en definitiva, para una aplicación generalizada del Sistema
Nacional de Salud nos parece algo tan evidente y de un mínimo sentido
común que creemos no ha lugar a la discusión. En definitiva, es un
procedimiento de toma de decisión que no es producto del capricho sino de
una necesidad de eficacia en la gestión por una parte, pero, sobre todo,
es una toma de decisión en base a la aplicación de una serie de criterios
que no son los de mercado, como se ha señalado, sino que aparecen ya en
el documento propuesto y que me permito recordar: primero, que exista
suficiente evidencia científica para demostrar su seguridad y eficacia
clínica y, segundo, que esté probada su contribución a la mejora eficaz
de la esperanza de vida, el autovalimiento o la disminución del
sufrimiento.
También nos parece correcto y prudente el tratamiento que se ha dado a la
atención sociosanitaria promoviendo acciones coordinadas entre las
distintas administraciones responsables, y esperamos que la evaluación de
las experiencias piloto que nos ha señalado la señora Ministra, dentro
del marco del convenio con el Ministerio de Asuntos Sociales, nos permita
seguir avanzando y mejorando en este campo. Estamos, desde luego, como se
ha señalado, dentro de un proceso de reflexión sobre el contenido de la
ordenación de las prestaciones del sistema sanitario público por parte de
los diferentes colectivos sanitarios y políticos y creo que el objetivo
es alcanzarlo con el mayor consenso posible.
No quiero finalizar mi intervención sin recalcar una vez más, quizá de
manera machacona, que el modelo sanitario socialista considera como sus
piezas claves la universalidad y la gratuidad y que en la defensa de este
modelo, para que queden las cosas claras, como uno de los fundamentos del
Estado del bienestar, nos tendrá, señora Ministra, a todo el Grupo
Socialista detrás.
La señora PRESIDENTA: Para dar respuesta a las intervenciones y preguntas
de los grupos, tiene la palabra la señora Ministra de Sanidad y Consumo.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán): Muchas gracias,
señorías, por sus intervenciones y su valoración de la información que he
dado. Voy a tratar de contestar a las cuestiones que se me han planteado.
Sin perjuicio de la contestación que haga a cada punto, me gustaría hacer
una reflexión inicial, que no sólo se refiere a un grupo concreto, sino
que trata de extraer alguna conclusión acerca del debate que se ha
producido a raíz de la presentación de esta iniciativa. Porque yo creo
que el Parlamento, que es un sitio que yo respeto mucho, es el lugar
adecuado para que cada uno asuma la responsabilidad de sus propias
actuaciones.
Cuando presenté esta iniciativa expliqué --y me esforcé en explicar-- que
se trataba de una iniciativa tendente a mejorar el funcionamiento del
sistema, las garantías de los ciudadanos y que en ningún caso se hacía
para recortar nada, ni de manera expresa ni oculta ni subrepticia.
Aquello generó una recepción, por parte de algunos grupos políticos,
absolutamente escandalosa, planteando que se trataba de una iniciativa
enmarcada en un ámbito presupuestario restrictivo, que naturalmente
significaba el recorte de la sanidad pública. Estábamos en el mes de
septiembre, y es verdad, como ha resumido la portavoz del Grupo de
Izquierda Unida, que ha generado una enorme inquietud social. Inquietud
social que yo me he esforzado en tratar de disminuir, sobre todo desde la
convicción de que ésta no era una iniciativa para recortar. Ahora, seis
meses después --y como he dicho, agradezco la oportunidad de venir a
explicarlo--, tengo que recordar que aquí está el catálogo --y es verdad,
señora Maestro, que «catálogo» no es una palabra afortunada, pero también
es verdad que no debemos dejarnos llevar de los nominalismos; ojalá
encontremos otra palabra más adecuada--, pero aquí está el trabajo hecho,
en el que se ha buscado el consenso, se ha buscado de verdad la crítica
constructiva, sobre todo en la preocupación de que todos aquellos que
interpretaron inmediatamente esta iniciativa como un recorte nos digan
dónde está el recorte y qué es lo que falta.
Celebro escuchar hoy, por ejemplo, la intervención del portavoz del Grupo
Popular y comprobar cómo hemos pasado de aquel planteamiento, tan
apocalíptico como carente de fundamento, a discutir hoy sobre la sopa o
sobre los extras. Lo celebro porque a mí lo que me importa es la
ordenación de las prestaciones, me importa hacerla lo mejor posible y me
importa hacerla en un ámbito de sosiego político --lo he dicho en mi
primera intervención-- que de verdad permita mejorar el funcionamiento
del sistema sanitario público, que es lo que de verdad me importa. Pero
para que el sistema sanitario público funcione bien --y una de las
funciones que tiene es dar satisfacción a los ciudadanos que más lo
necesitan-- sería bueno que no alarmáramos, que no creáramos esa
inquietud social, que no favoreciéramos la sensación de inseguridad que
se genera en las personas que más lo necesitan en una materia tan seria
como es la de la sanidad pública, una sanidad pública que yo, desde el
primer día que vine aquí y he tenido ocasión, he manifestado mi decidida
voluntad de consolidar en un sistema que creo que constituye un logro
evidente, asombroso, lo he dicho, de la sociedad española y, desde luego,
del Gobierno socialista y que estoy dispuesta a consolidar y mantener. Y
eso pasa por afrontar la realidad en épocas de crisis económica y, por
tanto, pasa por tomar una serie de decisiones que yo he tratado de
explicar con toda claridad y de manera explícita siempre. Por tanto, a la
hora de valorar las intervenciones de los distintos grupos sobre esta
iniciativa, lo primero que tengo que decir es que he mantenido y he
cumplido lo que aquí dije cuando presenté esta iniciativa, pero algunas
afirmaciones que entonces se hicieron sobre que esto suponía un recorte y
el final de la sanidad pública y la vía subrepticia por la cual se
recortaban las prestaciones, quien aquellas manifestaciones hizo hoy
también debería reflexionar sobre lo improcedente, lo imprudente y
seguramente lo
injusto de la desconfianza con que se abordó mi planteamiento.
La iniciativa de hacer el catálogo o la carta de derechos de los
pacientes, que esto pretende ser, no es, como casi todo en sanidad,
ninguna idea original, y desde luego no mía. En sanidad casi todo está
inventado, lo dije también el primer día. De lo que se trata es de tener
la voluntad decidida de llevar a término las cosas, que es lo que yo
modestamente trato de aportar. Pero en sanidad casi todo está inventado.
La necesidad de ordenar las prestaciones de los sistemas tiene algunas
decisiones y resoluciones que la avalan. He citado en mi intervención
inicial una Resolución de esta Cámara exhortando al Gobierno a hacer ese
elenco de prestaciones sanitarias, pero existe también una Resolución del
Parlamento Europeo del año 1992 en la que se insta a los Estados miembros
a definir el contenido de las prestaciones sanitarias de sus sistemas de
salud. La importancia de instituciones como el Parlamento Europeo y del
Parlamento español, me parece que no son iniciativas que debiéramos
ignorar, por lo menos no creo que yo deba ignorarlas; de manera que la
iniciativa de hacer esta ordenación está fundamentada en requerimientos
previos. Pero, además, hemos consultado a los ciudadanos por medio de
encuestas que el Ministerio de Sanidad hace periódicamente para seguir la
valoración que las personas hacen de los problemas sanitarios y de los
servicios sanitarios, y en el barómetro sanitario --que se llama así-- de
noviembre de 1993, y que SS. SS. conocen, porque facilitamos los datos
con periodicidad, la práctica totalidad de los ciudadanos, el 95 por
ciento, son partidarios de que las autoridades sanitarias elaboren un
listado de las prestaciones y servicios que ofrecen. Es verdad que no son
las personas las que deciden qué prestación sanitaria necesitan y qué
tratamiento médico, pero también es verdad que estamos en un país con la
suficiente madurez, con el suficiente conocimiento, con la suficiente
inquietud, con el suficiente grado de conciencia de los propios derechos
como para que, si se conocen mejor, se esté en mejores condiciones de
exigir todos esos programas de medicina preventiva que ha citado la
señora Maestro. Y yo dudo de que haya una sola madre en España que si
conoce que existen estos programas de atención al niño sano no los
utilice y que no esté en condiciones de valorar que eso es bueno. De
manera que el mejor conocimiento, por parte de los ciudadanos, de las
prestaciones, sobre todo, de medicina preventiva, que ofrece el Sistema
Nacional de Salud me parece que va a mejorar el acceso de los ciudadanos.
De manera que sigo pensando que la iniciativa de ordenar las prestaciones
mejora el funcionamiento del sistema, porque va a ordenar sus contenidos,
que mejora el grado de información de los ciudadanos y, por tanto, va a
mejorar el acceso, en condiciones de igualdad, a todas esas prestaciones
y que es una iniciativa absolutamente positiva. Y no es en ningún caso,
señor Fernández-Miranda, un debate sobre el modelo sanitario ni es un
debate sobre la sanidad o la medicina. Lo que constituye es una
iniciativa seria, a mi juicio, de avanzar en la ordenación del contenido
del sistema.
Critica S. S. el consenso científico, que yo he tratado de explicar como
un aspecto positivo del trabajo que se ha hecho en estos meses; trabajo,
por cierto, que cuando se planteó la iniciativa también se impugnó la
posibilidad de hacerlo en poco tiempo, por su complejidad técnica, pero
lo cierto es que aquí está y sujeto, como he dicho al principio, a las
observaciones que lo mejoren. Pero S. S. duda de la posibilidad de
obtener el consenso científico. El consenso científico en cuanto a la
descripción de las prestaciones del sistema, por ejemplo, en la
referencia que ha hecho S. S., también críticamente, a las prestaciones
de la psiquiatría, significa que la Asociación Española de
Neuropsiquiatría ha dado la redacción final al elenco que ahí se
contiene. Por ejemplo, ha sido la que ha corregido la psicoterapia de
larga duración, que me parece que preocupaba a S. S., explicándonos que
hay psicoterapia, pero ni de larga ni de corta duración, sino la que sea
necesaria. Por tanto, la referencia a la larga duración no era necesaria.
Por tanto, mi referencia al consenso científico se refería a que, además
de la propuesta inicial que se elaboró en el Ministerio, las distintas
sociedades científicas y personalidades de la medicina han ido
aconsejando sobre cómo se debía enunciar finalmente ese tipo de
tratamientos. Me parece que eso también refuerza la seriedad y el rigor
del documento.
Por cierto, S. S. maneja un texto que no es el último. (El señor
Fernández-Miranda y Lozana: El que me ha mandado el Subsecretario. Si me
quiere engañar...) El Subsecretario le ha debido remitir el último. En
todo caso son correcciones de matiz. Algunas de sus observaciones me
hacen ver que se refiere a un texto anterior que se ha mejorado en las
sucesivas revisiones. (El señor Fernández-Miranda y Lozana: Pues podían
habérmelo mandado.) Por ejemplo, ha desaparecido la referencia a los
extras, que a S. S. le llamaba la atención. Es decir, algunas de las
observaciones que ha hecho S. S. de carácter menor, me parece, sobre ese
texto están corregidas ya en una última versión que yo siento que no
tenga; en todo caso, contiene modificaciones de carácter menor.
Señor Fernández-Miranda, yo no quiero entrar en juegos semánticos ni
dialécticos ni hacer chistes sobre el documento. Evidentemente, el que
aquí diga que hay que valorar técnicas útiles y no perjudiciales no
significa que afirmemos que hasta ahora lo que se hace sean técnicas
perjudiciales. Permítame S. S. que no entre en ese tipo de argumentación,
porque me parece que no es preciso.
La cirugía mayor a que hace referencia S. S. sí quiere decir cirugía
mayor sin ingreso. Parece que tenemos ejemplos como el de las cataratas o
las hernias inguinales, consideradas cirugía mayor y que, sin embargo,
las sociedades científicas que han participado en el comité de expertos
en una guía de cirugía mayor sin ingreso sostienen que no necesitan
ingreso. En todo caso, yo tomo nota de su discrepancia sobre este
concepto técnico, que tampoco pretendo aclarar aquí ni agotar
definitivamente.
Al hilo de los comentarios sobre la alimentación y los servicios
complementarias, sí voy a hacer una reflexión que me parece esencial en
el catálogo. Se trata, como he explicado reiteradas veces, de determinar
qué prestaciones
hacen efectivo el derecho a la protección de la salud y, desde luego, de
clarificar que desde el sistema sanitario público y, por tanto, con los
fondos públicos, no se paga todo, ni prestaciones complementarias, ni
prestaciones extraordinarias, hoteleras, etcétera. Efectivamente nos
estamos refiriendo aquí a la televisión, a esta serie de cosas que en
ningún caso nos parece que sean garantizadoras del derecho a la
protección de la salud y desde luego el sistema sanitario público debe
plantearse con seriedad el delimitar lo que sí y lo que no, porque si no
esos crecimientos, en los que supuestamente se dice que sí a todo y todo
es gratis y se siguen incorporando cosas, lo que hacen es llegar a un
punto en que las cuentas no salen. A mí me parece que las cuentas tienen
que salir. Las cuentas son un instrumento, pero se convierten en un
instrumento esencial cuando lo que están poniendo en peligro es el
objetivo y, por tanto, si para conseguir el objetivo de consolidar la
sanidad pública hay que hacer cuentas, yo estoy dispuesta a hacer las
cuentas que haga falta.
En la salud bucodental, señor Fernández-Miranda y en la odontología se ha
hecho alguna generalización de los tratamientos que hoy se dan, de manera
que tímidamente el documento último --veo que no es el que S. S. tiene--
sí hace una generalización de tratamientos preventivos de salud
bucodental que trata de ser más general de lo que hoy es, aunque es
verdad que no se puede abordar hoy, desde el sistema sanitario público,
la atención bucodental en toda su extensión. Como es así, así se lo
reconozco. No podemos abordar en este momento la generalización de la
atención bucodental a toda la población por razones económicas.
La reproducción asistida está en discusión. Es una prestación que no ha
obtenido consenso en el grupo de trabajo. Hay argumentos científicos, de
eficacia, éticos y financieros a favor y en contra y, por tanto, todavía
no está decidido si la reproducción asistida va a seguir manteniéndose
como prestación gratuita en el sistema sanitario público.
Tenemos, por otra parte, la obligación de desarrollar las previsiones
contenidas en la ley del año 1988 que preveía la constitución de un
comité en el que estamos trabajando, porque debemos constituirlo cuanto
antes, para atender los aspectos éticos y regular el desarrollo de esta
cuestión. Así pues, estamos trabajando en la reproducción asistida, pero
sigue en discusión si es una prestación que deba estar incluida en el
sistema sanitario público de manera gratuita.
No se ha modificado el sistema de reembolso de prótesis, sigue igual. Es
más, se ha modificado por alguna comunidad autónoma que no lo tenía y lo
ha instaurado, porque parece que tenía dificultades con el sistema
anterior.
Vamos a un tema que al portavoz del Grupo Popular le preocupa y en el que
ha hecho especial énfasis. Es la novedad que introduce esta regulación
sobre la necesidad de autorizar con carácter previo la introducción en el
sistema de cualquier nueva técnica o procedimiento.
Debo decirle, señor Fernández-Miranda, que tampoco aquí hemos sido
originales ni es una iniciativa nueva. La Ley de Ordenación del Sistema
Sanitario de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, promulgada el 6 de
abril del año 1993, dice en su exposición de motivos, por ejemplo, que se
establece una relación de actividades y servicios comprendidos y, en
especial, la exigencia de evaluación previa y financiación separada de
las nuevas prestaciones y servicios que pueden incorporarse. Y en el
desarrollo del articulado se dice expresamente que la inclusión de nuevos
servicios y prestaciones en el sistema de salud de Castilla y León será
objeto de una evaluación previa de su eficiencia en términos
tecnológicos, sociales y de salud y llevará asociada una financiación
específica. Lo digo por si el hecho de que la Comunidad Autónoma de
Castilla y León considere imprescindible esta evaluación le merece más
crédito que el que lo considere el Ministerio de Sanidad.
En todo caso, es una necesidad evidente (y yo agradezco y me conforta que
la representante de Izquierda Unida comparta ese planteamiento), por
razones de seguridad, por razones de garantía de los pacientes en esta
época efectivamente de avances vertiginosos en la medicina, el que se
proceda a evaluar, desde un punto de vista científico, sosegadamente, la
utilidad de generalizar en un sistema sanitario público las nuevas
técnicas o procedimientos.
Como S. S. conoce, éste es un problema que se debate en todos los ámbitos
sanitarios, no sólo en España sino en el mundo, y se habla de la tercera
revolución de la medicina para llamar la atención y alertar sobre ese
fenómeno. No todo lo que hoy está disponible en la tecnología médica es
generalizable y su aplicación no es miméticamente trasladable al
tratamiento de todos los pacientes en todas las ocasiones, y yo creo que
introduce un factor de garantía y de seguridad evaluar técnicamente esos
procedimientos. Entonces, me encuentro con la desconfianza hacia cómo se
va a hacer esa evaluación. Pues veremos, cuando lo hagamos y lo
desarrollemos, si lo hacemos bien o mal, pero de momento la intención es
que esa evaluación se haga, naturalmente, por razones que se explican en
el documento, por razones científicas. Me parece que entre los criterios
se dice expresamente: no existencia de otras alternativas mejores o
iguales para la misma afección a menor precio o inferior coste de
tratamiento. De manera que cuando S. S. me pregunta que si esto va a
tener componentes financieros he de contestarle que sí. Se dice
expresamente. No me produce ninguna preocupación explicar las cosas que
estoy haciendo. Lo que me resulta difícil es explicar las que no hago y
no pienso hacer; en eso tengo más dificultad. Se dice que naturalmente el
factor económico va a ser uno de los factores. Lo va a ser y se explica
aquí: utilidad terapéutica, eficacia y seguridad y no existencia de otras
alternativas mejores o iguales para la misma afección a menor precio.
Aquí enlazamos con el debate eterno y el reproche que viene a
continuación en las notas que he tomado sobre la financiación selectiva
de medicamentos. Yo creo que ésa es la obligación de un gestor público.
La obligación de un gestor público es valorar que no exista otra
alternativa mejor o igual para la misma afección a menor precio. Cuando
resulta que un gestor público compra a más precio del que debe, yo creo
que se le deben pedir responsabilidades. De manera que, efectivamente,
consideraciones de
este tipo están en la misma filosofía del Decreto de financiación
selectiva de medicamentos y en esa valoración de qué nuevas técnicas y
procedimientos se incorporan al sistema. Naturalmente que esa evaluación
tiene que ser ágil, tiene que ser seria y tiene que estar garantizada. Un
elemento fundamental a estos efectos, que preocupa también a la señora
Maestro, es la Agencia de evaluación de tecnologías sanitarias, que tiene
que ser un órgano al servicio del Sistema Nacional de Salud, en el que
estén los expertos y las personas de ámbito nacional, independientes y
con criterios científicos que van a valorar previamente. Para eso se crea
la Agencia de evaluación de tecnologías sanitarias, entre otras razones,
para evaluar esos procedimientos. Y naturalmente que tiene que haber un
consenso científico. De la misma manera que cuando se deciden los
medicamentos no los decide el Ministro de Sanidad --¡estaría listo!--,
los decide una comisión nacional, la Comisión Nacional de Evaluación de
Medicamentos, en la que no tiene mayoría la Administración, es la que
decide sobre la utilidad de los medicamentos, señora Maestro. Esto es
así. Con mucho gusto, lo vemos cuando quiera, detalladamente, en las
actas de la Comisión. De manera que las prestaciones no se van a decidir
a la ligera ni en función de criterios economicistas.
Yo le rogaría un poco de confianza --no eternamente, pero un poco--,
porque este sistema de evaluación, que S. S. comparte en sus orígenes, en
su razón, en la necesidad de que exista, no va a ser --y lo vuelvo a
decir aquí, que es un sitio donde digo las cosas con una cierta
solemnidad y creyéndome lo que digo-- ni a constituir un elemento para
recortar nada en el sistema sanitario público, y lo que va a tratar es de
conseguir lo que aquí se dice, que es garantizar que los procedimientos y
técnicas que se incorporan van a tener utilidad terapéutica, eficacia y
seguridad y van a ser los mejores en cuanto a costes.
En cuanto a que esa autorización tiene que ser flexible, tiene que ser
rápida y no puede demorar tratamientos, le diré que no está pasando hoy y
no puede pasar eso. No puede ocurrir que pasar un trámite administrativo
vaya a poner en riesgo la salud de nadie, señor Fernández-Miranda. De
hecho, como S. S. verá en el documento, se prevén autorizaciones
provisionales, con carácter experimental, para los supuestos en que sea
planteable la inmediatez de la puesta en práctica de una nueva técnica,
con los requisitos que ahí se explican. De manera que no desconfíen de
que eso va a tratar de hacerse lo mejor posible.
Agradezco las manifestaciones de apoyo, de evaluación positiva o de
valoración de que hay más aspectos positivos que negativos del señor
Gatzagaetxebarría, y la visión constructiva que aporta a todas las
iniciativas que estamos, entre todos, tratando de poner en práctica, con
el horizonte de mejorar el sistema que tenemos. Como también le preocupa
la naturaleza flexible de la autorización, lo que acabo de explicar es de
aplicación.
Al señor Cardona también le agradezco la clarificación que ha hecho, que
naturalmente comparto y que he expuesto al principio de mi intervención,
porque, efectivamente, en ningún caso esta iniciativa se ha planteado
como un subterfugio para recortar nada y aquí está la prueba.
A la señora Maestro le preocupa que la terminología nos sitúe en un
criterio de oferta, en un criterio de mercado. Yo creo que esto no es
así. Como le he dicho, le confieso que «catálogo» tampoco me parece una
palabra especialmente afortunada, pero ojalá encontremos otra. En todo
caso, las palabras no pueden ocultar las realidades. Aquí se trata de
atender a un criterio de necesidades, y yo no veo la incompatibilidad
entre la atención integral que prevé la Ley de Sanidad y la enumeración,
la explicitación, el desarrollo de en qué consiste esa atención integral.
Sí vería alguna dificultad si faltara alguna prestación de las que se
están haciendo y que esté suponiendo una limitación o una visión
diferente a la que la Ley de Sanidad prevé, pero no me parece que sea un
planteamiento contradictorio y, desde luego, en ningún caso está hecho
para contradecir lo que establece la Ley General de Sanidad.
Con la cobertura de atención primaria, señora Maestro, siempre tenemos un
contencioso --entre comillas--, porque nosotros decimos que en la
atención primaria estamos llegando al 70 por ciento y S. S. siempre me
reprocha que estamos en menos del 50 por ciento. Al margen de que nos
pongamos de acuerdo sobre eso, que es una realidad física y que, por
tanto, deberíamos ser capaces de clarificarlo, insisto en que me parece
bueno que el conocimiento de los tratamientos, sobre todo en el ámbito
preventivo, que hoy se dan en la sanidad pública, va a generalizar su
demanda en el territorio. Por tanto, la intención de ponerlo por escrito
y de hacerlo explícito al ciudadano no es limitar nada, no es recortar
nada, sino que tiene el objetivo contrario.
De la cirugía estética sólo se excluye la que no es reparadora, y se dice
expresamente. Algunas veces hemos repetido que la mayor lista de espera
en el Hospital La Paz es la corrección de las orejas en soplillo de los
niños y, por tanto, en ningún momento se nos ha ocurrido excluir cirugía
estética que no sea sólo estética, sino que sea reparadora o que tenga
otras consecuencias en otros ámbitos. Si no está suficientemente claro en
el documento, lo aclararemos, porque no es ésa la intención.
En cuanto a la reproducción asistida, ya he hecho referencia a cómo está
el asunto. Respecto a quién va a evaluar, yo creo que una comisión
nacional con los agentes sociales, señora Maestro, evidencia una
desconfianza hacia la autoridad sanitaria, hacia el sistema, que yo tengo
que reprochar. (La señora Maestro Martín: Existen otros ámbitos.) Existen
otros ámbitos, pero aquí estamos hablando de criterios científicos. Yo
creo que la Agencia de evaluación de tecnologías sanitarias es el ámbito
adecuado en el que se debe situar ese tipo de decisiones. El Consejo
Interterritorial es el foro donde todos los responsables sanitarios
debaten. De manera que yo creo que no deberíamos desconfiar de que eso
vaya a ser así.
De sus palabras deduzco, señora Maestro, que la iniciativa de hacer la
ordenación de las prestaciones en el contexto de un presupuesto
restrictivo, naturalmente, se entiende como un recorte. Yo creo que no
debemos entenderlo así, y lo digo en la medida en que me preocupa mucho
el eco que en la población tiene lo que aquí decimos, a la hora de
trasladar inseguridad y preocupación a
quien más necesita esa seguridad y esa atención sanitaria, de la que
tenemos obligación de ocuparnos todos. Que los Presupuestos del año 1994
sean restrictivos, es una cosa y que tratemos de plantear iniciativas por
vías «non sanctas» para recortar, es otra. Los Presupuestos del año 94
son restrictivos --yo he venido a explicarlo-- y además son restrictivos,
con toda claridad, en inversiones. He explicado que se han reducido en
inversiones con la expectativa de que en el año 1995 podamos recuperarlo
por los fondos Feder, que, como S. S. sabe, por primera vez prevén para
inversiones sanitarias una cantidad importantísima, que además no es sólo
para nueva inversión, sino para reposición. Y con esa expectativa de que
los fondos están ya aprobados para sanidad y, como se supone, hay que
complementarlos como presupuesto nacional, tengo la legítima expectativa
de que en el año 95 podamos compensar algo de esta restricción en las
inversiones en sanidad. El otro gran capítulo donde se recorta el gasto
sanitario en el año 94 es la farmacia. Eso es así. He tratado de
explicarlo; es más, a veces hablo de eso más de lo que me gustaría,
porque parece que no hablo de otra cosa y me preocupan muchas otras cosas
de la sanidad. Pero lo cierto es que ése es el presupuesto. Eso no tiene
nada que ver con que, en un ámbito de presupuesto restrictivo, yo ponga
encima de la mesa una iniciativa como ésta, que estoy convencida que va a
mejorar el funcionamiento del sistema, que va a definirlo mejor, que va a
evitar fugas, que va a evitar que se carguen sobre el sistema sanitario
cosas que no son del sistema sanitario y que avalan esa crítica
permanente a la mala gestión, al agujero de la sanidad, que yo rechazo de
plano. Yo no acepto que se diga que la gestión en Sanidad es ineficaz,
que en Sanidad se produce un agujero. No es verdad. Es injusto, es
incierto y no es verdad. Lo que se ha producido en Sanidad son unos
desfases entre el gasto efectivo y el presupuesto inicial porque se han
introducido a siete millones de personas en el sistema, porque se ha
construido una infraestructura sanitaria que no existía, porque se
afrontan todos los días, en virtud de la universalidad, nuevas
enfermedades, nuevas prestaciones y nuevos medicamentos costosísimos, y
todo eso tiene explicación. También he dicho --y lo mantengo-- que se han
cargado sobre la Sanidad costes, muy legítimos, que yo no impugno, pero
que no se han puesto en la columna debida al hacer las cuentas, y digo
que cada vez que se aprueba un expediente de reconversión, cada vez que
se aprueba una jubilación anticipada, cada vez que se tiene a un enfermo,
una persona mayor, en larga estancia en un hospital, nadie contabiliza lo
que eso cuesta. Todo eso lo digo no para impugnarlo, que yo no pienso
sacar de los hospitales a ninguna persona mayor mientras no haya otro
sitio donde llevarle, sino para que se contabilice y se contabilice bien.
Por tanto, cuando se hacen las cuentas bien y se repasa todo eso, se
comprueba que la gestión en Sanidad no sólo no es un desastre, como
alguien quiere afirmar, sino que es muy eficaz, que los resultados son
muy buenos, que cuando comparamos el número de personas asistidas en
España, el número de enfermedades que se atienden y el porcentaje del
producto interior bruto que se gasta en Sanidad, los resultados son muy
buenos. Ahí están todos los demás países para hacer las comparaciones de
qué porcentaje del PIB tenemos. Mi aspiración es crecer en gasto
sanitario. No podría ser de otra manera. No creo que un Ministro de
Sanidad pueda aspirar a otra cosa, sí a crecer cuando sea posible.
Mientras no sea posible y tengamos el presupuesto que tenemos, lo que sí
me propongo, con enorme convicción, es que las cuentas salgan, porque no
quiero que esos añadidos al gasto sanitario, esas indefiniciones del
gasto sanitario, esas confusiones que a veces se quieren propagar den al
traste, pongan en cuestión o sigan poniendo en cuestión la eficacia, la
viabilidad y la necesidad de un sistema sanitario público que yo defiendo
y que me parece indiscutible.
Por tanto, yo creo que hay que hacer las cuentas, hay que cumplir un
presupuesto restrictivo y hay que hacer los esfuerzos que hagan falta,
concentrados en los ámbitos presupuestarios en que se han concentrado,
para que no se dañe el nivel asistencial ni se tengan que limitar
prestaciones. Esta iniciativa no debía esperar, pensando como yo pienso
que es una buena iniciativa, a que vengan tiempos presupuestarios
mejores. ¿Cuál es la alternativa? Como se va a entender, por un ámbito
presupuestario restrictivo, que esto es para recortar ¿no hacemos nada?
Yo sabía, cuando lo planteé en septiembre, que estábamos discutiendo el
presupuesto, y no tengo miedo a explicar las cosas cuando estoy
convencida de que lo que estoy diciendo es lo que se corresponde
exactamente con los objetivos. Cuando planteé hacer un catálogo de
prestaciones sanitarias no estaba pensando en recortar ni una sola
prestación, y tuve que recordar (no quiero ser pesada con eso, pero
bastaría mirar la hemeroteca para recordar las cosas que se dijeron
entonces) los elencos de prestaciones que iban a salir del sistema y
hacer una reflexión sobre cómo en sanidad deberíamos ser un poco más
respetuosos con el sentimiento de las personas que reciben esas
informaciones con enorme inquietud, y eso es difícil de reparar. La
inquietud y la inseguridad que se han producido en las personas mayores,
en las personas enfermas, sobre el hecho de que íbamos a quitar las
prótesis, etcétera, tiene mal arreglo, pero lo cierto es que está
absolutamente injustificado. (El señor Fernández-Miranda y Lozana pide la
palabra.)
La señora PRESIDENTA: ¿Quiere decirme, señor Fernández-Miranda, para qué
pide la palabra?
El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Señora Presidenta, para una cuestión
de procedimiento.
La señora PRESIDENTA: ¿A qué cuestión de procedimiento y respecto de qué
procedimiento? He comunicado a SS. SS. que estas comparecencias las
iniciábamos de acuerdo con el artículo 202 del Reglamento y, por tanto,
no había lugar a posteriores intervenciones de los grupos.
El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: No es una intervención respecto a la
comparecencia.
La señora PRESIDENTA: Puede hacer uso de la palabra.
El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Quiero exponer, por parte del Grupo
Parlamentario Popular, que nos parece impresentable, poniendo de
manifiesto el grado de credibilidad de la Ministra, el hecho de afirmar
el respeto hacia este Parlamento y hacernos debatir sobre un documento
que no es sobre el que debemos debatir, según sus propias palabras, con
lo cual, en cuanto al planteamiento de esta comparecencia, que debería
basarse en un documento del Ministerio, ese documento, según las palabras
de la señora Ministra, no es el último que el Ministerio ha redactado.
La señora PRESIDENTA: Si me permite, señor Fernández-Miranda, recogiendo
el sentir de todos los grupos parlamentarios, tenía previsto trasladar a
la señora Ministra de Sanidad el deseo de que envíe a esta Comisión, a
través de esta Presidencia, la última versión que pueda tener del
documento que --entiendo-- está en proceso de elaboración, que no se
trata de un documento cerrado. Si lee usted bien, señor
Fernández-Miranda, verá que la solicitud de comparecencia era para que
nos informara sobre la ordenación y oferta de prestaciones, no de un
documento que estuviera cerrado. No obstante, solicito a la señora
Ministra que tenga a bien enviarnos cuantas modificaciones, cuantas
versiones de este documento se puedan producir. (La señora Maestro Martín
pide la palabra.)
Tiene la palabra, señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTIN: Quiero hacer una solicitud a la señora
Ministra. Como una de las partes de mi intervención no ha sido
respondida, solicito que, por favor, lo haga por escrito. Me refiero a la
posible extensión o no a la sanidad privada de la exclusión de medios
diagnósticos y terapéuticos por razones de seguridad o de eficacia. (El
señor Fernández-Miranda y Lozana pide la palabra.)
La señora PRESIDENTA: Será respondida por escrito.
¿Para qué solicita la palabra, señor Fernández-Miranda?
El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Para aclararle, con el permiso de la
señora Presidenta, que no solamente hay una petición de comparecencia,
que es la que S .S. ha leído, sino que hay una segunda, del Grupo
Parlamentario Popular, en cuyo planteamiento se entrecomillan frases del
documento que poseemos. Por tanto, quiero insistir en que no es
presentable que nos descubra la señora Ministra que el documento que
hemos manejado, enviado por su secretario en el mes de diciembre, no es
sobre el que tenemos que debatir, por mucho que sea cuestión de matices.
Los matices muchas veces son sustanciales y, en el tema que nos ocupa,
más aún, si cabe.
--SOBRE LAS MUERTES PRODUCIDAS EN EL HOSPITAL RAMON Y CAJAL DEL INSTITUTO
NACIONAL DE LA SALUD (INSALUD) PRESUNTAMENTE RELACIONADAS CON LA
UTILIZACION DE UN SUERO ADQUIRIDO EN FUNCION DE MEDIDAS DE AHORRO, A
SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO IU-IC. (Número de expediente
213/000131.)
La señora PRESIDENTA: Concluidos estos puntos del orden del día, pasamos,
señorías, si les parece, al siguiente punto. Quiero aclarar un pequeño
error, también de matiz pero tremendamente importante. Este punto dice:
Comparecencia del señor Ministro de Sanidad y Consumo. El señor Ministro
de Sanidad y Consumo no existe; por tanto lo corregimos. Este punto hace
referencia a la comparecencia de la señora Ministra de Sanidad y Consumo
para informar sobre las muertes producidas en el Hospital Ramón y Cajal,
del Instituto Nacional de la Salud, presuntamente relacionadas con la
utilización de un suero adquirido en función de medidas de ahorro. Esta
comparecencia es a solicitud del Grupo Parlamentario Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. Para responder a la misma tiene la
palabra la señora Ministra de Sanidad y Consumo, doña Angeles Amador.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán): Señorías, en el
texto de la solicitud de comparecencia, presentada por el Grupo de
Izquierda Unida, se contienen explícita o implícitamente tres
afirmaciones que creo deben considerarse separadamente y que, además,
deben ser matizadas. Se dice, por una parte, que existe una presunta
relación entre una serie de muertes ocurridas en el Hospital Ramón y
Cajal y el uso de un suero que entiendo se trata el utilizado durante
determinadas intervenciones de cirugía cardíaca y conocido como suero
cardiopléjico. Se afirma también que este suero fue elegido en función de
medidas de ahorro y se añade, por fin, que su adquisición se produjo en
ausencia de los correspondientes controles de calidad. Pues bien, deseo
comenzar mi intervención contestando las tres afirmaciones. La primera,
con la información que hoy disponemos no se puede concluir, con evidencia
científica, la relación causa-efecto entre las muertes producidas y la
utilización del suero; luego me referiré al fundamento de esta
afirmación. En segundo lugar, el empleo de ese suero concreto en ningún
caso, señora Maestro, se decidió con una finalidad de ahorro económico.
En tercer lugar, en relación con los correspondientes controles de
calidad, se están instruyendo los expedientes sancionadores
correspondientes para determinar las responsabilidades a que ha habido
lugar por el control de calidad.
Voy a referirme, en primer lugar, a estas dos últimas cuestiones, la
adquisición del suero y los controles de calidad, dejando para el final
la más importante, es decir, lo actuado para apreciar la existencia o no
de relación entre la utilización del suero y el fallecimiento de cuatro
personas. He señalado ya que la compra de este suero no obedeció a
razones económicas (algo que, por otro lado, tampoco es
necesariamente irregular o criticable en otros ámbitos), sino que se
decidió la compra de este suero atendiendo a criterios de estricta
utilidad terapéutica y con el objetivo de asegurar una mejor
disponibilidad de este producto. En noviembre del año 1992, el servicio
de cirugía cardíaca infantil del Hospital Ramón y Cajal consideró
necesario cambiar el suero cardiopléjico, que hasta entonces venía
utilizando, denominado St. Thomas-I, por otro más acorde con los nuevos
avances en la materia, conocido como St. Thomas-II. Esta demanda es
atendida por el servicio de farmacia del hospital, que elabora y
suministra la nueva solución St. Thomas-II. En este punto debo indicar
que la fabricación por el servicio de farmacia es adecuada para este tipo
de productos, ya que se trata de preparados especiales de uso restringido
a ciertas áreas hospitalarias que cambian constantemente en su
composición y tipos; y coincidiendo en el tiempo, el servicio de cirugía
cardíaca de adultos solicita la misma solución, en este caso bajo la
denominación comercial de Plegisol. Hasta entonces, el suero empleado por
este servicio era adquirido al laboratorio Ibys. El servicio de farmacia
prepara y suministra entonces el suero a ambos servicios, adultos e
infantil, al tiempo que, en enero de 1993, comienza a comprar Plegisol,
de acuerdo con la petición del servicio.
Conviene aclarar, para entender el proceso, que la solución Plegisol,
fabricada por los laboratorios Abbot, tiene la consideración de
medicamento extranjero, cuyo suministro requiere una tramitación especial
que puede, en ocasiones, dificultar la continuidad en el suministro. Por
ello, y a consecuencia del aumento en la demanda de fabricación, que
desbordaba las posibilidades de preparación del servicio de farmacia y
las de continuidad en el suministro de Plegisol, se decide encargar parte
del suero a un laboratorio nacional. Según la información obtenida por la
dirección del centro, el laboratorio Ibys, que era el proveedor de la
solución anteriormente empleada, no preparaba esta nueva solución
cardiopléjica, por lo que se optó por solicitar el producto a
laboratorios Navarro, que ya venían produciendo otros preparados
especiales y que, además, acreditaban una suficiente agilidad en el
servicio. La solución elaborada en el servicio de farmacia del hospital,
la denominada Plegisol, y la solución cardiopléjica encargada a
laboratorios Navarro tienen idéntica composición. Pues bien, los costes
de los dos preparados suministrados por los laboratorios, Plegisol y
Solución Cariopléjica Navarro, son casi exactos. Mientras que la primera,
Plegisol, tiene un precio de 4.000 pesetas para el envase de 1.000
mililitros, la segunda cuesta 1.500 pesetas en envases de 500 mililitros.
Como SS. SS. pueden comprobar, la diferencia es irrelevante desde el
punto de vista económico, sobre todo teniendo en cuenta el uso tan
limitado de este producto, y no justificaría, en ningún caso, un cambio
de uno a otro laboratorio; un cambio que se comprende mucho mejor si se
fundamenta en la garantía de una mayor agilidad en el suministro que
ofrecía el laboratorio nacional. Por otra parte, la eventualidad de un
encargo por el servicio de farmacia hospitalaria como el que analizamos
se encuentra recogida en el artículo 76.2 de la Ley del Medicamento, que
prevé que pueda encomendarse alguna fase de la producción o del control
analítico de una preparación concreta a una entidad legalmente autorizada
por el Ministerio de Sanidad y Consumo; y la elaboración de fórmulas
magistrales debe realizarse, como señala el artículo 35 de la misma ley,
con observancia de las normas de correcta fabricación y control de
calidad, y en todo caso, según lo previsto en el artículo 91.2.a), el
servicio de farmacia tiene que garantizar y asumir la responsabilidad
técnica de la adquisición, calidad, correcta conservación, cobertura de
necesidades, etcétera. Este es el marco de la actuación del servicio de
farmacia.
Como consecuencia del error detectado en la composición del suero
suministrado, al que me referiré después, se iniciaron dos expedientes:
uno, de carácter disciplinario, para determinar las posibles
responsabilidades derivadas de la actuación del jefe del servicio de
farmacia del hospital; y otro, de carácter sancionador, para esclarecer
las irregularidades detectadas en la elaboración del suero por parte del
laboratorio fabricante.
He preferido, como decía, señorías, referirme en último lugar a la
presunta relación entre la utilización del suero y las muertes producidas
en los servicios de cirugía cardiaca del hospital, porque creo que es en
este asunto donde debemos concentrar nuestra atención, dado que
lamentablemente está en medio el fallecimiento de unos pacientes, y el
relato de los hechos, para analizar qué ha ocurrido, es el siguiente. El
5 de agosto de 1993, el jefe de servicio de cirugía cardiaca de adultos
informa al servicio de farmacia que parecen existir anomalías en la
solución cardiopléjica empleada y solicita el análisis de la misma para
su comprobación. Se da, además, la circunstancia de que el servicio había
registrado una mortalidad que consideraba anormalmente alta en el período
en que se había usado este suero. A la vista de ello y con esa misma
fecha se decide la suspensión del empleo de la solución. Tras el análisis
efectuado por el servicio de farmacia se comprueba que, efectivamente, el
suero en cuestión presentaba una concentración de sodio diez veces menor
que la que debería tener. A partir de ese momento se emprenden diversas
actuaciones encaminadas, por un lado, a verificar la irregularidad en la
solución y las circunstancias en que se produjo y, por otro, sus posibles
efectos sobre los pacientes en los que se hubiera empleado. En cuanto a
la primera cuestión, a los análisis que se han llevado a cabo por los
servicios del hospital, que como he indicado confirmaron la baja
concentración en sodio de la solución, se unió el análisis efectuado por
los laboratorios Navarro. Este laboratorio se dirigió al hospital Ramón y
Cajal, el 17 de septiembre, afirmando que tras su análisis --y cito
textualmente-- se han detectado concentraciones anormalmente bajas del
ion sodio, estando el resto de los iones de la composición en las
cantidades perfectas. Estudiada la guía de fabricación en profundidad,
hemos encontrado un lamentable error en el proceso de transcripción de la
fórmula, que inexplicablemente ha pasado por todos los controles del
departamento de calidad. Hasta aquí, lo que dice el laboratorio en su
contestación.
Posteriormente, el 17 de enero del presente año, el Centro Nacional de
Farmacobiología de Majadahonda, tras
analizar muestras del suero, emitía el siguiente dictamen, y cito
textualmente: De acuerdo a los resultados obtenidos, se considera que la
fórmula magistral Solución Cardiopléjica es no conforme por los
siguientes motivos: por la dosificación del principio activo cloruro
sódico, 9,42 por ciento, que está por debajo del valor declarado; por el
ensayo de osmolaridad resulta ser hipotónico cuando debería ser
isotónico. Hasta aquí la cita del dictamen del Centro de Farmacobiología
de Majadahonda. Este suero procede de un lote de 126 unidades de las que
38 se encontraban en stock en el momento de producirse la detección de la
anomalía y, por tanto, entre el 14 de julio y el 4 de agosto de 1993 se
habían consumido 88 unidades.
Respecto al segundo punto, es decir, la posible relación entre el suero y
los fallecimientos producidos en el servicio de cirugía cardíaca de
adultos, la comisión de dirección del hospital decide, el 23 de
septiembre, tres tipos diferentes de actuaciones: La primera de ellas es
la de encargar a la dirección de gestión del hospital un informe
pormenorizado de los hechos. La segunda, encomendar a la subdirección
quirúrgica de la división médica un análisis comparativo de la mortalidad
en el servicio de cirugía cardíaca de adultos durante los años 1990 a
1993, y de la registrada en el período entre el 14 de julio y el 4 de
agosto de este último año. Y finalmente decide constituir una comisión de
expertos, ajenos al servicio de cirugía cardíaca de adultos,
pertenecientes a los servicios de cardiología y cirugía cardíaca infantil
del hospital para que estudie, caso por caso, la historia y la evolución
de los fallecidos. El informe estadístico realizado por la subdirección
quirúrgica concluye que la mortalidad, en 1993, está en relación con el
diagnóstico, la severidad de los casos y la urgencia de los mismos, y que
desde el punto de vista clínico no puede atribuirse, de forma fehaciente,
a la cardioplejía el aumento de la mortalidad durante el mes de julio.
Por su parte, la comisión presenta su informe, a mediados del mes de
noviembre, estimando que, analizados todos los casos de mortalidad en el
período del 14 de julio al 4 de agosto de 1993 en que se utilizó la
Solución Cardiopléjica, se detecta que en ningún caso hay relación
causa-efecto entre cardioplejía y mortalidad. El informe señala que todos
los casos analizados tienen causa justificada de muerte en relación con
su cardiopatía de fondo y su proceso clínico quirúrgico. La gerencia del
hospital Ramón y Cajal considera, además, oportuno contrastar esta
opinión con un informe procedente de medios externos al hospital. Para
ello, el 15 de noviembre de 1993, se dirige a la Sociedad Española de
Cirugía Cardiovascular, que designa una comisión integrada por cuatro
expertos, todos ellos cirujanos y profesores de universidad de reconocido
prestigio. La comisión ha estudiado no sólo los casos de fallecimientos
ocurridos durante el período comprendido entre julio y agosto, sino
también los de todos los pacientes intervenidos quirúrgicamente en
circulación extracorpórea durante los meses de abril a diciembre de 1993.
Ello supone una muestra de 431 pacientes, de los cuales 138 fueron
operados por el servicio de cirugía infantil, mientras que los otros 239
lo fueron por el de adultos. En el período específicamente objeto de
investigación fueron intervenidos 25 pacientes: 10 niños y 15 adultos. De
los 10 niños falleció únicamente un paciente, en el que no se había
empleado la solución cardiopléjica en estudio. De los 15 adultos
intervenidos se produjeron ocho fallecimientos. En su análisis los
expertos constataron, como en su momento ya hicieran los miembros de la
comisión del hospital, que en tres de los ocho pacientes fallecidos se
empleó un método de cardioplejía distinto a la solución objeto de
estudio. Asimismo, en un cuarto caso no se utilizó ningún tipo de
cardioplejía. De manera que ello supone que el número de casos en que la
solución podría haber tenido incidencia es de cuatro. En su informe, la
comisión destaca, por una parte, las especiales características de todos
los pacientes intervenidos en julio y principios de agosto. Su edad media
era avanzada, 63 años, con una patología cardiaca variada, con una
importante presencia de factores de riesgo sobreañadidos a la patología
de fondo. Se subraya expresamente en el informe que, entre los pacientes
operados en julio y agosto de 1993, la proporción de intervenciones de
urgencia llegó a ser del 26 y del 30 por ciento respectivamente, lo que
incrementa los factores de riesgo.
Las conclusiones del estudio al que me estoy refiriendo, realizado sobre
la base de toda la información manejada por la comisión, que incluía
todos los informes que hasta ahora les he citado más las entrevistas
mantenidas con el personal hospitalario vinculado con los servicios de
cirugía cardíaca y el estudio de la historia de los pacientes, las
conclusiones, como digo, son las siguientes, y me van a permitir SS. SS.
que las lea para que no haya valoración ajena a lo que dicen las
conclusiones de este dictamen. El informe es extenso, pero yo transcribo
las últimas conclusiones, que me parecen las más gráficas: Primera, el
comité valora que los resultados desfavorables registrados durante el
período considerado pueden estar inherentemente condicionados por el
acúmulo de factores de riesgo en esos pacientes, sin necesidad de invocar
otras causas adicionales. Segunda, el comité tiene unánimemente la
impresión, difícil de sustanciar objetivamente, de que no puede
descartarse una posible influencia, junto a otras causas concomitantes,
entre la utilización de la Solución Cardiopléjica cristaloide Navarro y
la elevación de las tasas de morbilidad y mortalidad durante el período
analizado. Tercera, sin embargo, el comité no ha encontrado ninguna
evidencia científica que demuestre una relación directa de causa-efecto
entre la utilización de la solución cardiopléjica errónea y la mortalidad
de los pacientes. Esta es la última de las conclusiones y aquí termina el
informe.
Por tanto, señorías, éstos son los hechos por los que comparezco para
informarles, de los que sin duda se derivan responsabilidades que están
siendo analizadas en los expedientes sancionadores a los que he hecho
referencia. El resultado de estos expedientes determinará la adopción de
las medidas necesarias para evitar que puedan repetirse hechos como los
que han sido objeto de este informe. Esta es, señorías, toda la
información que al día de hoy puedo facilitar.
La señora PRESIDENTA: Por un tiempo máximo de tres minutos, si les parece
a SS. SS., suspendemos la
sesión, que volveremos a reanudar. Es la costumbre del 202 que
inauguramos hoy.
Se reanuda la sesión.
La señora PRESIDENTA: Señorías, se reanuda la sesión.
Quiero recordar a SS. SS. que el tiempo acordado por la mesa para las
intervenciones de los distintos portavoces no superará los diez minutos,
aunque es suficientemente conocida la amplia superación de esos diez
minutos en la que habitualmente incurrimos; por ello les ruego que se
ajusten lo más que puedan a esta sugerencia de diez minutos como máximo
por intervención.
Tras la información facilitada por la señora Ministra, tiene la palabra,
por parte del Grupo proponente, la señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTIN: Gracias, señora Ministra, por su comparecencia.
En primer lugar, quiero señalar que la información que ha aportado la
señora Ministra coincide en gran parte con la que yo poseo. Sin embargo,
el análisis posterior que de esa información efectúa mi Grupo
Parlamentario sí arroja diferencias de fondo en la valoración de un caso
especialmente singular, pero que, como intentaré argumentar
posteriormente, puede ser un desgraciado indicador, por las consecuencias
de muerte que ha tenido, de algunas deficiencias importantes en la
sanidad pública que han podido estar en la base de la situación que
analizamos.
Es evidente que el laboratorio Navarro que fabrica el suero preparó mal
una partida de suero cardiopléjico; no es un error de matiz sino que es
un error que supone que la cantidad de cloruro sódico del suero es el 10
por ciento del necesario. Conozco informes de expertos y parece evidente
que una solución de este tipo hiposmolar perfundida durante largo tiempo,
como es el caso de intervenciones quirúrgicas de este tipo, altera
fundamentalmente el mecanismo de transporte de la membrana celular y
supone un aumento muy importante de la entrada de calcio en la célula que
puede tener una relación muy estrecha con alguno de los casos de muerte
ocurridos. Estamos hablando de cuatro casos. Comparto la valoración que
hace la señora Ministra de que el resto de ellos no fueron perfundidos
por ese suero y que por tanto quedan fuera del objeto del análisis.
En al menos uno de los casos, según la información que ha proporcionado
el hospital y según el análisis de los expertos, parece haber una
relación directa con la utilización del suero. Es el caso de una paciente
de 42 años que se somete a una intervención que, según el propio equipo y
la propia Sociedad Española de Cardiología evalúa, entraña un riesgo
moderado, del 10 por ciento, y sin embargo se produce la muerte de manera
muy cercana en el tiempo a la perfusión del suero cardiopléjico por
tetania o corazón de piedra que, precisamente, es el efecto que produce
la entrada masiva de calcio en la célula.
Yo quiero llamar la atención sobre varios hechos. En primer lugar, es
verdad que el nivel de ahorro producido por la sustitución del
laboratorio puede no ser espectacular (es un 25 por ciento más barato);
sin embargo, es un laboratorio, señora Ministra, bajo sospecha. En el
mismo laboratorio que fabricó el suero utilizado en el hospital de la
Seguridad Social de Toledo, un suero contaminado que produjo muertes
puerperales en mujeres y muertes en niños que habían utilizado un suero
contaminado por este mismo laboratorio. El laboratorio, evidentemente, no
realizó los controles de calidad debidos y el servicio de farmacia del
hospital tampoco. A mí se me ocurre que el resultado de muerte --que a mí
me parece, al menos en uno de los casos, producido-- debería tener
tratamiento de delito contra la salud pública; es decir, es una
imprudencia temeraria en ausencia de controles de calidad en una
situación de máximo riesgo.
Sin embargo, hay otros factores sobreañadidos en el caso que a mí me
interesa destacar por lo que pudieran tener de generalizables. La
mortalidad producida entre el 12 de julio y el 4 de agosto fue una
mortalidad superior al 50 por ciento; una mortalidad, probablemente, como
estamos analizando, no mayoritariamente relacionada con el suero
cardiopléjico, pero sí una mortalidad desproporcionada a todas luces. No
se realizó ningún estudio de necropsia, máximo elemento en auditorías de
control de calidad en la asistencia sanitaria: ni una sola necropsia. No
se realizó ni una sola biopsia miocárdica postoperatoria que permitiera
identificar la posible relación con el suero.
Hay una pregunta que yo quiero hacerle. El equipo que realizó las
intervenciones a lo largo de este período ¿es el mismo o cambió?
Independientemente ya de la mortalidad posiblemente relacionada con el
suero, hay una sobremortalidad injustificada que habla de casos de
posible mala práctica, es decir, perforación del tabique interauricular
como causa de muerte, excesiva duración de la circulación extracorpórea y
de la isquemia, desgarro de sutura de aneurisma de aorta, hemorragia
masiva sin localizar origen. Es decir, hay situaciones en las cuales
pudiera haber casos de mala práctica médica o, lo que me parece mucho más
importante, situaciones en el hospital en los meses de verano que
exageran de una manera importantísima la mortalidad habitual de un
servicio.
Los resultados del servicio de cirugía cardíaca de adultos del hospital
Ramón y Cajal de mortalidad entre abril y noviembre --son los meses de
los que se tiene noticias, según el informe de la Sociedad Española de
Cardiología-- son los siguientes: abril, 26,81 por ciento; mayo, 0;
junio, 16,3; julio, 34,8; agosto, 35,3; septiembre, 7,7; octubre, 13,3;
noviembre, 10. Es decir, en los meses de verano y en el mes de abril, en
el que está incluida la Semana Santa, la mortalidad se dispara. Hay una
situación cuyo conocimiento ha llegado al Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida en repetidas ocasiones y es la enorme precariedad de
recursos humanos durante los meses de verano o durante los períodos de
vacaciones por otro tipo. El mes de diciembre, con la Navidad, no está
incluido en el análisis.
Yo pregunto a la señora Ministra. ¿No son estos datos suficientes como
para que, independientemente de otras razones, no se analice cuáles son
los orígenes de la
sobremortalidad que se produce en meses en los que la proporción de
trabajadores en la sanidad pública con respecto a los períodos habituales
a veces se sitúa en torno al 30 o al 35 por ciento? Es decir, usted sabe
que en función de medidas de ahorro no se están produciendo sustituciones
por vacaciones, al menos no en la medida suficiente, y en un servicio en
el que por casualidad se investiga a la luz de otra causa aparece una
mortalidad elevadísima, al menos el triple de la habitual en meses de
verano. Es verdad, me puede decir, señora Ministra, que hay más urgencias
en este tiempo, pero cualquier planificador de la sanidad pública o de la
sanidad en general entiende que si hay una mayor demanda, por los motivos
que sea, en un período determinado, lo lógico es aumentar el personal por
encima de los niveles habituales y no, por el contrario, disminuirlo
drásticamente como se ha producido aquí.
Por ello, señora Ministra, yo le pregunto: ¿cuál es la cantidad de
personal del servicio de cardiología durante los meses de verano y el que
se incluye la Semana Santa en el Hospital Ramón y Cajal? ¿Cuál es el
personal en el servicio de farmacia de dicho hospital durante estos
meses? Yo creo, señora Ministra, que estos datos, obtenidos a la luz de
un caso muy grave de falta de controles de calidad, de toma de decisiones
en la sustitución de un laboratorio, que han podido a todas luces, en uno
de los casos, estar detrás de la muerte de una persona --a mí me parece
que eso es suficiente como para que una mujer de cuarenta y dos años
muera sin tener que morir por un error--, han dado ocasión a poner sobre
el tapete en qué condiciones se está prestando la asistencia sanitaria en
la sanidad pública en períodos de vacaciones y como consecuencia directa,
en este caso sí, señora Ministra, de medidas de recorte del gasto
sanitario y medidas de ahorro, que están llevando a que en la sanidad
pública no se esté contratando personal para sustituir al habitual cuando
disfruta de su período reglamentario de vacaciones.
Insisto, señora Ministra, en que, a juicio del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida, el error producido tiene carácter de delito contra la
salud pública, en la posible relación con una de las muertes, y tenemos
la grave sospecha, señora Ministra, de que ese delito contra la salud
pública, mucho más difuso en responsabilidades pero muy mayoritariamente
en resultados, esté detrás también de los recortes en gasto producidos en
la no contratación de personal en la medida necesaria, lo que se ha
traducido indirectamente, a la luz de los escasos datos --es decir, la
Sociedad Española de Cardiología no ha pedido o no ha obtenido series
cronológicas que hubieran permitido analizar las diferencias en la
mortalidad en el año 1993 y años anteriores-- en una señal de alarma muy
importante de qué está pasando en la sanidad pública, señora Ministra, en
este caso sí, como resultado de medidas de ahorro y de recorte de gasto,
en este caso no respecto a un suero sino respecto a la dotación de
personal.
La señora PRESIDENTA: ¿Qué otros grupos desean intervenir? (Pausa.) Por
el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Villalón.
El señor VILLALON RICO: Señoras y señores Diputados, señora Ministra de
Sanidad, como es habitual en usted, lo hemos visto en la comparecencia
anterior y lo vamos viendo en las distintas comparecencias que hace usted
ante esta Comisión, su forma de expresarse es de buenas palabras,
conciliadora, agradable, diríamos que usted viene aquí con un talante
conciliador, como decía antes, pero a mí me parece que no es el momento
de decir palabras conciliadoras, sino de hacer frente a los hechos. Y yo
creo que en política, como en muchas otras cosas de la vida, las
palabras, por muy buenas que sean o por muy buenas intenciones que se
tengan, se deben acompañar de los hechos o, por lo menos, de antecedentes
de cómo se ha comportado un responsable político, para que los ciudadanos
tengan ciertas garantías y seguridades fundamentalmente a la hora de
política sanitaria como la que ahora estamos tratando.
Digo esto porque yo creo que usted ha dado una explicación
fundamentalmente médica o científica, ha venido usted aquí a
transmitirnos un informe científico elaborado fundamentalmente por la
Sociedad Española de Cirugía Cardiovascular, y ahí se ha detenido. Yo
creo que ése es el primer error que ha cometido usted en esta
comparecencia. La Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los
Diputados es una Comisión política y, por tanto, las explicaciones que
tiene que dar usted aquí a esta Comisión, a estos Diputados, son unas
explicaciones políticas o, cuando menos, explicar desde el punto de vista
administrativo cuáles han sido los aciertos, los fallos que se han podido
cometer desde el punto de vista de los responsables en la administración
de los centros sanitarios, en este caso los responsables de la sanidad
pública, los responsables del Hospital Ramón y Cajal. Es lo que creo que
usted confunde. No es éste el foro para recibir las explicaciones que ha
dado usted, no somos nosotros los que debemos atender a estas
explicaciones cuasi científicas, porque es sabido por todos que dentro de
esta Comisión hay Diputados que son médicos, otros que no lo son, pero a
todos nos queda un poco lejos la materia científica que ahora estamos
tratando. En resumidas cuentas, no es el lugar para esas explicaciones,
no somos nosotros los que debemos recibir esas explicaciones ni es usted
quien debe dar esas explicaciones.
¿Quién debería haber dado esas explicaciones? Se deberían haber dado en
el Hospital Ramón y Cajal, las debería haber dado el gerente de dicho
hospital. ¿Cuándo las debería haber dado? Las debería haber dado en el
mes de agosto o, como mucho, a principios de septiembre, pasado un mes
desde que ocurrieron estos tristes hechos. Por ello no nos resultan
válidas las explicaciones que usted acaba de dar, ni vamos a entrar en si
la concentración de sodio era mayor o menor, si las intervenciones
quirúrgicas --unas intervenciones altamente especializadas-- estaban
siendo realizadas por unos u otros equipos quirúrgicos y, por supuesto,
no vamos a entrar en si se han realizado o no se han realizado
necropsias, porque no creo que sea nuestra competencia.
¿Cómo consideramos nosotros que usted debería haber intervenido a lo
largo de esta comparecencia? En primer
lugar, lógicamente, a solicitud del Grupo parlamentario que ha requerido
su comparecencia, respondiendo a las cuestiones que este Grupo, a través
de la Diputada la señora Maestro, le ha planteado. Nosotros creemos, en
contradicción con lo que acaba de decir la portavoz de Izquierda Unida,
que no ha sido por una cuestión de ahorro. La gestión socialista ante el
Ministerio de Sanidad y los diferentes centros sanitarios se puede
calificar --es conocido por todos-- de mala. Creemos que no es el ahorro
lo que ha primado en la gestión de la política sanitaria, y todos nos
tenemos que remitir, lógicamente, al gran déficit y a ese pozo sin fondo
de la sanidad pública, pues en estos momentos se calcula que está en
torno a un billón de pesetas la deuda del Sistema Nacional de Salud. Por
tanto, creemos que no es eso lo que ha originado este penoso accidente,
el fallecimiento de estos enfermos en el Hospital Ramón y Cajal, sino la
política de nombramientos. Creemos que ustedes persisten, después de once
años de gobierno, en la política sanitaria en nombrar a malos gestores, a
personas que no están capacitadas para gestionar los hospitales; que han
primado, como hemos dicho en anteriores ocasiones, los criterios de
amiguismo a la hora de proceder a los nombramientos.
En resumidas cuentas, esto es lo que nosotros creemos que usted debería
haber explicado. Después de haber hecho una breve referencia a los hechos
en sí, a los fallecimientos --como ha hecho usted, pero se ha extendido
más de lo adecuado-- en el mes de julio y en el mes de agosto de 1993,
nosotros consideramos que debería haber contestado a las interrogantes
que se hacen los facultativos, los médicos que tienen conocimiento de
estos asuntos y que se hace la sociedad en general cuando fueron
denunciados estos tristes sucesos.
Nosotros le transmitimos esas preguntas. ¿Por qué la comisión
investigadora no se constituye hasta el mes de noviembre, cuando ya han
pasado tres meses de estos sucesos? ¿Por qué el comité de expertos que
nombra la Sociedad Española de Cirugía Cardiovascular no se constituye
hasta diciembre? ¿Por qué la Junta Técnico-Asistencial se reúne por
primera vez para tratar este tema el 19 de noviembre de 1993 y la mayor
parte de los miembros de esa Junta Técnico-Asistencial dice en el acta
que nosotros poseemos de esa reunión que desconocen oficialmente las
características del asunto y manifiestan que se han enterado a través de
diferentes medios de prensa y radio? ¿Qué criterios se siguen para abrir
expediente y suspender cautelarmente al jefe de servicio de farmacia del
hospital y qué criterios se siguen para que apenas transcurridos siete
días se revoque la decisión anterior de la suspensión cautelar sin que
haya dado tiempo a investigar las posibles infracciones cometidas por
este jefe de servicio? ¿Qué cuota de responsabilidad considera la señora
Ministra que tiene el gerente del Hospital Ramón y Cajal en este asunto?
Estas son las preguntas que se hacen en los hospitales, que se hace la
gente que conoce el tema y que nos hacemos nosotros y, por tanto, se las
trasladamos. Estas son las explicaciones que nos debería haber dado
usted. Yo creo que lo demás es quererse mover en la espesura del bosque
que le originan los conceptos técnicos, los criterios supercientíficos
que nosotros, lógicamente, no podemos alcanzar.
Voy a expresarle nuestro punto de vista con respecto a los hechos en sí.
Nosotros no consideramos que en los meses de julio y agosto haya mala
praxis médica. A la vista de los informes técnicos, es muy difícil
establecer la relación directa causa-efecto de la solución cardiopléjica
de 500 centímetros cúbicos del laboratorio Navarro como mecanismo
desencadenante del fallecimiento. Parece que puede haber sospechas, pero
no hay una relación directa, como dicen los expertos.
Hay que plantearse que cualquier administración, en este caso la
sanitaria, debe exigir y, por supuesto, debe depurar las
responsabilidades de aquellos directivos que cuando ocurre un incidente o
un accidente --en este caso en un hospital-- no toman ninguna medida.
Nosotros decimos: Si ustedes no toman ninguna medida con estos directivos
hospitalarios, lógicamente se van a trasladar a ustedes, a los
responsables del Ministerio, a cuyo frente está usted, a su equipo
directivo dentro del Ministerio y en el Insalud, las responsabilidades de
todo lo que ha sucedido.
Un poco a vuelapluma habría que decir que la evolución de los
acontecimientos --lo ha manifestado usted, así como la portavoz de
Izquierda Unida-- es el aumento de fallecimientos en aquellos pacientes
que durante los meses de julio y agosto son objeto de unas intervenciones
quirúrgicas de alto riesgo, pues podemos decir que se trataba de personas
entre la vida y la muerte y, por tanto, va implícito el riesgo de
fallecimiento.
La Junta Técnico-Asistencial, como decía antes, se convoca en el mes de
noviembre de 1993 y en ella el gerente manifiesta lo siguiente: Durante
el mes de julio se detectó el problema, se determinó que era irrelevante
y se puso la solución.
Nosotros decimos: Si ésas son las manifestaciones del gerente, ¿cuál era
el problema? ¿Cuál es la solución que se adoptó? ¿Por qué fallecieron más
pacientes en el mes de agosto, cuando anteriormente --tengo que hacer
hincapié-- el gerente hablaba del mes de julio?
La señora PRESIDENTA: Señor Villalón, le ruego que concluya.
El señor VILLALON RICO: En seguida termino, señora Presidenta.
Si está solucionado cuando reúne a la Junta Técnico-Asistencial, ¿por qué
reúne a la Junta en el mes de noviembre? ¿Por qué no convocó dicha Junta
en su momento, en el mes de agosto o, a lo sumo, en el mes de septiembre?
Todas éstas son preguntas que nosotros planteamos. El gerente del
hospital concluye: No hay relación causa-efecto. Todos los casos de
fallecimiento son de causa cardiaca y la solución cardiopléjica no es
relevante.
Nosotros nos preguntamos: ¿Por qué ante esas manifestaciones se solicita
el informe a la Sociedad Española de Cirugía Cardiovascular y no se
solicita en el mes de agosto? ¿Por qué se solicita si parece ser que el
gerente tiene conocimiento de todos los hechos y ya señala cuáles son las
causas, cuáles son los efectos y que no hay ningún
problema? No está constituida la comisión de bioética en el Hospital
Ramón y Cajal. No hay controles de calidad por parte de la dirección
hospitalaria sobre la asistencia sanitaria que se da en este hospital.
A modo de conclusión, señora Presidenta...
La señora PRESIDENTA: Conclusión de verdad, no a modo de.
El señor VILLALON RICO: Brevemente.
Se produce el fallecimiento, como decíamos antes, de varios enfermos de
alto riesgo. Podríamos decir, como antes, que es un riesgo inherente y
que a lo largo de estos meses nuestro portavoz en esta Comisión ha
realizado varias preguntas al Gobierno, que son algunas a las que en este
momento nos referimos y que no han sido contestadas.
Nosotros, como decía antes, no les hemos considerado responsables a
ustedes en concreto al hablar de responsabilidades desde el Ministerio,
desde el Insalud. Nosotros consideramos que en ese hospital, en el Ramón
y Cajal, prevalece el criterio que decía antes de amiguismo y, por lo
tanto, eso origina que la Dirección sea incompetente, que la Dirección
haya tenido tendencia al ocultismo en este caso y que se hayan tomado
decisiones aleatorias sin criterio científico. ¿Qué es lo que esto
origina? Lo que origina es que se ha puesto en peligro la credibilidad de
unos profesionales muy cualificados como son estos cirujanos. Se ha
puesto de manifiesto cierto recelo y temor en aquellos enfermos que
pueden estar en una situación parecida a los fallecidos o de los
familiares o allegados, pensando qué es lo que les puede pasar de ahora
en adelante.
Por eso, nosotros creemos que el responsable de todos estos hechos, el
responsable máximo, es el gerente del Hospital Ramón y Cajal, que si
tuviera un mínimo de cordura y un mínimo de decencia, este señor,
lógicamente, tendría que dimitir como gerente del Hospital Ramón y Cajal.
Si este señor no dimite y si ustedes no le destituyen, nosotros
trasladaremos las responsabilidades de todo este asunto al Ministerio de
Sanidad, a la señora Ministra, al señor Subsecretario de Sanidad y al
Director General del Insalud por mantener a un incompetente al frente de
un hospital como es el Ramón y Cajal.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la
palabra la señora de Vicente.
La señora DE VICENTE GARCIA: Señora Ministra, en primer lugar nuestro
Grupo quiere agradecerle su comparecencia ante esta Comisión de Sanidad y
Consumo, así como su información, amplia y detallada, sobre el problema
que se planteó o suscitó en el Hospital Ramón y Cajal, en su Servicio de
Cirugía Cardíaca de Adultos, por la utilización entre las fechas del 12
de julio y 4 de agosto de 1993 de una solución cardiopléjica preparada
por el laboratorio Navarro, produciéndose lamentablemente durante este
período de tiempo un aumento de la mortalidad en el Servicio de Cirugía
Cardíaca.
Tengo que decir, señora Ministra, que después de escuchar su
intervención, sumamente objetiva y que resulta esencial para esclarecer
problemáticas de este tipo, es de destacar, a nuestro entender, la
rapidez y transparencia con la que se procede a esclarecer los hechos por
parte de los responsables del Hospital Ramón y Cajal.
Nada más detectarse esta composición anómala de la solución
cardiopléjica, ésta se retiró inmediatamente, al mismo tiempo que se
constituye una comisión de expertos del hospital, pero ajena al Servicio
de Cirugía Cardíaca de Adultos, con el fin de analizar las posibles
consecuencias para los pacientes por el uso de dicha solución.
Una vez concluido el informe de esta comisión, se constituye, a solicitud
de la Gerencia del hospital y de la Sociedad Española de Cirugía
Cardiovascular, otra comisión, y en este caso externa, al objeto de
elaborar un nuevo informe.
Entendemos, señora Ministra, que ambos informes a los que usted se ha
referido con detalle y que han sido elaborados, como hemos dicho antes,
por dos comisiones de expertos --una de ellas ajena al hospital, lo que
nos parece sumamente importante-- son altamente clarificadores. En ambos
casos, y después de una exhaustiva investigación, se llega a conclusiones
similares. Efectivamente, por un lado se demuestra la composición
anómala, que consiste en una concentración anormalmente baja de sodio en
la solución cardiopléjica, y por otro --y es una de sus conclusiones--,
según dice el informe, «sin embargo, el Comité no ha encontrado ninguna
evidencia científica que demuestre una relación directa causa-efecto
entre la utilización de la solución cardiopléjica anómala y la mortalidad
de estos pacientes».
Es importante destacar, como ha preferido la señora Ministra, que de los
15 pacientes intervenidos en el período objeto de investigación --es
decir, entre el 12 de julio y el 4 de agosto de 1993-- todos presentaban
factores de riesgo preoperatorio sobreañadido. Hay otra circunstancia
importante, a la que se ha hecho referencia también, y es que en esos
meses de julio y agosto la proporción de pacientes operados de urgencia
respecto a los operados con carácter electivo fue bastante superior a lo
que es habitualmente, lo que añade otro factor de riesgo.
De los ocho pacientes fallecidos en este período sólo en cuatro de ellos
se utilizó la solución cardiopléjica en cuestión y también, según el
informe, tenían suficientes factores de riesgo para justificar una mala
evolución posoperatoria. En definitiva, creemos que de estos informes se
deduce que no existe una relación evidente entre la utilización de la
solución cardiopléjica 500 mililitros y el aumento de mortalidad durante
el tiempo que se utilizó esta solución. Esto no lo digo yo, ni lo dice el
Grupo Socialista ni lo dice usted, sino que lo dicen dos comisiones de
expertos que, creo yo, están formadas por profesionales de reconocido
prestigio.
Por ello no entendemos la desconfianza y el empeño de algunos grupos en
que sea de otra manera, a no ser que lo que realmente persigan sea el
desprestigio del sistema público de sanidad, consiguiéndose con esto
únicamente fomentar la inquietud en los ciudadanos.
No quisiera terminar sin manifestarle nuestra preocupación e interés,
como no podía ser menos, porque se
esclarezcan las posibles responsabilidades, si las hubiera, tanto en lo
relativo a la fabricación de la solución anómala como en el control de
calidad. Desde luego, confiamos que hechos similares no se vuelvan a
producir en lo futuro.
La señora PRESIDENTA: Para responder a las distintas intervenciones de
los grupos tiene la palabra la señora Ministra de Sanidad.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán): Señora Maestro,
yo comparto su preocupación, su inquietud --y la ha extendido a cuatro
casos en lugar de a uno--, y es evidente que es difícil que desde aquí
estemos en condiciones de llegar a conclusiones claras, pero me parece
que la contestación más seria a ese planteamiento y al estudio de la
relación causa-efecto entre la utilización del suero y las muertes
producidas es la transcripción textual del informe, para no añadir
ninguna valoración, no mía, que en ningún caso la haría porque no tendría
interés, sino del propio Ministerio. De manera que, compartiendo su
preocupación, yo le reitero el contenido de las conclusiones del informe
del comité, en el que se dice que no puede establecerse evidencia
científica de esa conexión, con el máximo respeto a la preocupación que
usted ha manifestado, circunstancia al caso de la señora de 42 años que
ha citado.
Lo que no puedo compartir es alguna apreciación sobre lo que supone esto
de valoración de la sanidad pública. Este es un desgraciado asunto que
puede ocurrir en la medicina, en la sanidad, no con mucha frecuencia pero
sí con una frecuencia que nosotros no desearíamos. Pero no puede S. S.
extraer de ahí una conclusión de descrédito de la sanidad pública o de
consecuencias de ahorro en la sanidad pública.
Respecto de la adquisición del suero, en ningún caso. Ese porcentaje que
S. S. cita de que es más barato este suero que el otro, si se conjuga con
la cantidad que se compra y se sitúa en el presupuesto del Hospital Ramón
y Cajal, es ridículo, absolutamente ridículo. Por tanto, le ruego que
acepte mi rechazo al planteamiento de que ese suero se decidió por
razones económicas porque eso no tiene el más mínimo fundamento.
Respecto a las razones de ahorro en la provisión de los servicios en los
meses de verano y de Semana Santa le aseguro que esa manifestación me
inquieta y me preocupa mucho, sobre todo si se vincula de esa manera tan
rotunda al aumento de mortalidad. Yo creo que no se puede establecer
relación de escasez de personal-aumento de la mortalidad con la
programación de las vacaciones del personal que atiende un servicio como
nada meno que el de cirugía cardíaca.
Su señoría sabe que en verano sólo se atienden, o muy mayoritariamente,
urgencias, que casi nadie se quiere hacer una intervención cardiovascular
en los meses de julio y agosto, y eso se recoge en el informe que he
leído. De manera que el número de casos que ingresa en los meses de julio
y agosto en el servicio de cirugía cardíaca son casos de urgencias
mayoritariamente. Su señoría ha resaltado unos datos obtenidos del
análisis de los casos, pero yo también le he relatado algunos,
fundamentalmente la auditoría interna que se hace comparando los últimos
tres años, en los que se concluye que no hay aumento en ese concreto mes.
En todo caso, yo tomo buena nota de su preocupación en relación al
funcionamiento del servicio de ese hospital.
No puedo decirle ahora quién era el personal en los días de julio porque
no traigo el dato y no lo conozco, pero yo se lo mandaré por escrito.
No se realizó biopsia ni necropsia. Me dicen que las posibles
consecuencias del suero en el corazón no son detectables en una
necropsia. Me dicen también que parece que hubo dificultades de
autorización por parte de los familiares en algunos casos para
practicarla. En todo caso es una información que a S. S. le interesa y yo
se la facilitaré por escrito, ya que no la tengo aquí.
Respecto al laboratorio bajo sospecha, es verdad el precedente del
laboratorio Navarro, en Toledo, que S. S. ha citado, y también es verdad
que después de eso el laboratorio cambió de titular y de instalaciones,
hizo una inversión muy importante y que el laboratorio Navarro que ahora
estaba funcionando tenía muy poco que ver con el anterior, salvo el
nombre. De manera que en la Dirección General de Farmacia consta el
cambio de titularidad y las inversiones que se exigieron en el
laboratorio para autorizar su funcionamiento y que se han hecho. Por
tanto, no debería pesar eternamente el asunto de Toledo, que fue muy
grave, salvo que se demuestre en los sucesivos asuntos. Por tanto, dicho
eso, que es una información de hechos, yo no tengo más que añadir al
fallo en la elaboración del suero, que en ningún caso he tratado de
minimizar. He dicho que ha sido un error en la composición porque es lo
que dicen ellos textualmente, pero en ningún caso lo he minimizado.
De manera que --insisto-- en que de aquí se derivan responsabilidades
para los fabricantes de la solución y para los que tenían que haber hecho
el control de calidad. Esas responsabilidades se están depurando en unos
expedientes sancionadores que están en tramitación muy avanzada y de
cuyas resultas saldrán las decisiones para evitar, como digo, que estos
hechos vuelvan a producirse.
En todo caso, le facilitaré por escrito la información del personal que
atendió el servicio en esos días y los datos que tenemos, de los que yo
he extraído la comparación respecto a mortalidad en las intervenciones
quirúrgicas en ese período.
Respecto al portavoz del Grupo Popular, espero que no sea un reproche el
que yo tenga un tono conciliador en esta Comisión. (El señor Villalón
Rico: ¡Todo lo contrario!) Además, lamento que S. S. considere que me he
extendido más que lo adecuado. Por ello me excuso.
En todo caso, para contestar a lo que sí se me preguntaba, nadie menos
que yo puede tener pretensiones aquí de utilizar argumentos científicos,
pero cuando se me pregunta por las causas de las muertes es difícil,
señor Villalón, que yo busque causas políticas. Por tanto, de lo que he
tratado es de informar sobre los informes científicos y médicos de que
disponemos para explicar qué ha ocurrido con esos fallecimientos y esas
intervenciones.
Tengo que rechazar, señoría, que se sintetice este problema tan serio,
que ha ocasionado fallecimientos, en esa imputación de amiguismo que el
Grupo Popular gusta de repetir y que algunas veces produce más escándalo
que otras. Hoy a mí me escandaliza que se impute al amiguismo el
fallecimiento de unos pacientes en el Ramón y Cajal y la utilización de
un suero erróneamente elaborado. Le aseguro, señoría, que me produce
escándalo desde un punto de vista político, que es obviamente el que nos
corresponde analizar en esta Cámara.
Me produce escándalo porque yo creo que no podemos sintetizar ni
despachar con estos eslóganes problemas tan serios, que afectan en este
caso nada menos que a algunas personas que han fallecido y que, por
tanto, lo que aquí digamos preocupa a sus familiares, preocupa a la
sociedad y preocupa a los pacientes que siguen yendo a los hospitales.
Nos preocupa a todos como responsables y desde luego aseguro a S. S. que
jamás tomaré una decisión del tipo de la que S. S. plantea, esto es, el
cese de un responsable para que no me alcance a mí la responsabilidad. La
responsabilidad de lo que ocurre en la sanidad española es mía y por ello
jamás voy a interceptarla por la vía de cesar a nadie en el camino
intermedio si yo considero que no es lo procedente. Y cesar al Gerente
fulminantemente es posible que hubiera impedido que el Gerente pudiese
haber hecho todo lo que ha hecho en este tiempo, y lo que ha hecho ha
sido actuar con prudencia en un asunto en el que no conviene ser
imprudente. Lo que ha hecho es suspender la utilización del suero el
mismo día que se tiene sospecha de que el suero está alterado, antes de
tener los resultados, y a partir de ahí se inicia una serie de análisis y
de comprobaciones y una serie de informes de expertos, que es verdad que
se han ido sucediendo. Su señoría se extraña de que, a pesar de que ya
hay un informe que dice que no hay relación causa-efecto, se vuelva a
pedir otro. Pues porque estamos nada menos que tratando de dilucidar si
un fallo en un componente utilizado en una intervención quirúrgica ha
tenido algo que ver con el fallecimiento de algunos pacientes, y a mí me
parece --al Gerente también, y yo creo que ésa es la vía-- que sí merece
la pena seguir profundizando en el estudio de esta cuestión. Por tanto, a
pesar de que los informes que se van obteniendo dicen que no se puede
establecer esa relación causa-efecto, encarga nuevamente, en el mes de
noviembre, un informe externo, a personas ajenas al hospital, pero
significadas en la especialidad, y yo creo que ha hecho bien en pedir ese
informe y que el informe es ilustrativo.
Prueba de que la cuestión es difícil es que las conclusiones que yo he
leído aquí textualmente son medidas y prudentes, porque es un asunto
serio sobre el que tenemos obligación de ser serios. Los tiempos de
investigación han sido, por tanto, los necesarios. Es verdad, podríamos
haber corrido más; en todo caso yo creo que no tenemos prisa, sino que
tenemos que hacerlo bien, depurar las responsabilidades correctamente y
no equivocarnos.
¿Por qué se ordena la incoación de un expediente al Jefe del Servicio de
Farmacia y se le suspende cautelarmente de funciones? Cuando se comprueba
que ha habido la utilización de un suero alterado en su composición, se
inicia un expediente al Jefe del Servicio de Farmacia, que según la Ley
--he citado los artículos pertinentes-- es el responsable de garantizar
la calidad de lo que se está utilizando allí, por lo que se abre ese
expediente y se le suspende de funciones, porque parece que los hechos
pueden ser suficientemente serios. A continuación, el instructor del
expediente, que inicia la tramitación, decide que no hay causa para la
suspensión cautelar y levanta la suspensión. Eso está en la
responsabilidad del juez instructor del expediente, que es quien lo está
tramitando. Esos son los hechos, que yo creo que se explican con
claridad.
No hay amiguismo en la designación de cargos en la responsabilidad
sanitaria, señor Villalón. Le aseguro que la responsabilidad de dirigir
un hospital como el Ramón y Cajal es un asunto de la suficiente
envergadura como para que la designación de su Gerente se haga atendiendo
a criterios de eficacia, de capacidad, y yo lamento la descalificación
que S. S. hace del director del Hospital. Lo que le ruego es que
esperemos a la culminación de las actuaciones que van a aclarar cuáles
han sido las responsabilidades, los errores, las imprudencias o las
conductas, cualquiera que sea su calificación, antes de abreviar de esa
manera tan rotunda y de descalificar o de hacer imputaciones a personas
hacia las que yo aquí tengo que decir que lo que siento es una enorme
gratitud, porque son responsables sanitarios que están trabajando
seriamente en el día a día. Usted conoce el Hospital Ramón y Cajal y no
es un sitio fácil de manejar. Por tanto, no hagamos imputaciones
apresuradas por razones «políticas» --entre comillas-- que pueden
resultar extraordinariamente injustas.
Muchas gracias a la portavoz del Grupo Socialista por su intervención,
por el resumen y la valoración que ha hecho de nuestro informe hoy ante
la Comisión.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Ministra de Sanidad y Consumo.
Concluido este primer punto del orden del día de trámite de
comparecencias, despedimos a la señora Ministra y pasamos al segundo
punto, contestación a preguntas.
PREGUNTAS:
--SOBRE POSICION DEL GOBIERNO EN RELACION CON LA RECOMENDACION DEL
DEFENSOR DEL PUEBLO SOBRE LA CONVENIENCIA DE ADOPTAR LAS MEDIDAS
OPORTUNAS PARA COMPENSAR LOS GASTOS OCASIONADOS POR EL DESPLAZAMIENTO DE
LOS USUARIOS DEL SISTEMA SANITARIO PUBLICO EN AMBULANCIA DESDE UN CENTRO
SANITARIO DE COMUNIDAD AUTONOMA DISTINTA A LA DE SU RESIDENCIA, EN
AQUELLOS SUPUESTOS EN LOS QUE EL TRASLADO Y EL MEDIO DE TRANSPORTE SON
DECIDIDOS POR LOS ESPECIALISTAS MEDICOS DE DICHO SISTEMA, PARA LA
ATENCION MEDICA DEL PACIENTE EN SU LOCALIDAD DE RESIDENCIA. FORMULADA
POR EL SEÑOR PERALTA ORTEGA (G. P. IU-IC). (Número de expediente
181/000159.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, pasamos al segundo punto del orden del
día, como les he anunciado.
Se encuentra entre nosotros el Subsecretario del Ministerio, don José
Conde, que responderá a cuatro de las preguntas que constan en el orden
del día. También se encuentra entre nosotros, y posteriormente se
incorporará a la Mesa, el Secretario General de Salud, don Jesús
Gutiérrez Morlote.
Iniciamos, por tanto, las preguntas según consta en el orden del día y en
el mismo orden.
La primera pregunta es sobre la posición del Gobierno en relación con la
recomendación del Defensor del Pueblo acerca de la conveniencia de
adoptar las medidas oportunas para compensar los gastos ocasionados por
el desplazamiento de los usuarios del sistema sanitario público en
ambulancia desde un centro sanitario de comunidad autónoma distinta a la
de su residencia, en aquellos supuestos en los que el traslado y el medio
de transporte son decididos por los especialistas médicos de dicho
sistema, para la atención médica del paciente en su localidad de
residencia. Esta pregunta la formula el señor Peralta Ortega, del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Quiero dar la bienvenida --que se me ha olvidado al principio-- al señor
Conde.
Tiene la palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: En primer lugar, quiero adherirme a su
bienvenida al Subsecretario y, muy brevemente, paso a exponerle el tema
que, por supuesto, es conocido perfectamente por él y por los restantes
miembros de esta Comisión.
El Defensor del Pueblo, en su informe del 92, pone de manifiesto que ha
recibido distintas reclamaciones de beneficiarios de la Seguridad Social
que se dirigen a él planteándole un supuesto hecho común, en los
siguientes términos. Se trata de beneficiarios de la Seguridad Social que
son objeto de internamiento en institución sanitaria de comunidad
autónoma distinta a aquélla en la que residen y que por prescripción
médica deben regresar a la comunidad autónoma de su residencia, debiendo
efectuarse este desplazamiento en ambulancia y se encuentran con que la
Seguridad Social no cubre este desplazamiento en ambulancia.
La razón que se alega por parte de la Seguridad Social para negarse a la
cobertura de este desplazamiento es que actualmente sólo está regulado
que se haga cargo cuando el inicial ingreso en una residencia o en centro
sanitario de comunidad autónoma distinta a la de su residencia se ha
producido por prescripción médica. Como los casos a los que hace
referencia el Defensor del Pueblo el ingreso inicial en centro sanitario
de comunidad autónoma distinta a la de su residencia no se había
producido por prescripción médica, entiende que no está prevista la
cobertura de ese desplazamiento a su comunidad de residencia y no lo
cubre.
Esta decisión de la Seguridad Social, evidentemente, deja sin cubrir toda
una serie de supuestos, de hecho muy frecuentes. Pensemos los casos de
viajes esporádicos que se llevan a cabo por razones distintas: los
supuestos de vacaciones, los de desplazamientos laborales de
beneficiarios de la Seguridad Social que se desplazan a otra comunidad
autónoma distinta a la que ellos residen y allí sufren un infarto de
miocardio o cualquier tipo de enfermedad o de accidente que da lugar a su
internamiento en un centro sanitario de esa comunidad autónoma que no es
la de su residencia. Transcurrido el período inicial de atención en ese
centro sanitario los médicos de la Seguridad Social disponen que vuelva a
su comunidad de residencia, sin que esté en condiciones de efectuar este
desplazamiento si no es mediante ambulancia, encontrándose con que la
Seguridad Social no cubre esta situación.
El Defensor del Pueblo entiende que esta actuación por parte de la
Seguridad Social desconoce el que este desplazamiento a la comunidad de
residencia se lleva a cabo por prescripción médica, que puede obedecer a
factores tan diversos como el dato de la conveniencia de que el enfermo
sea atendido en su propia comunidad de residencia, con todos los factores
que eso conlleva, y también teniendo en cuenta que puede suponer un
ahorro importante para la Seguridad Social el hecho de que sea atendido
en su comunidad de residencia.
En atención a todo ello el Defensor del Pueblo formuló una recomendación,
de fecha 17 de julio de 1992, pidiendo que por parte del Ministerio de
Sanidad y Consumo se valorara la oportunidad y conveniencia en adoptar
las medidas oportunas para compensar esos gastos. Me gustaría saber, y
éste es el contenido de la pregunta, cuál es la posición del Ministerio
en relación con esa recomendación del Defensor del Pueblo.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Subsecretario del
Ministerio de Sanidad.
El señor SUBSECRETARIO DE SANIDAD Y CONSUMO (Conde Olasagasti):
Efectivamente, con fecha de 17 de julio de 1992 el Defensor del Pueblo
dirigió al excelentísimo señor Ministro la recomendación a la que se
alude, que fue contestada en el mes de octubre del mismo año. En la
respuesta se señaló que el contenido de la recomendación del Defensor del
Pueblo se viene cumpliendo, si bien la Administración, en el uso de sus
competencias y velando por un servicio mejor para los usuarios del
sistema nacional de salud ha adoptado medidas de inspección y
procedimiento que creemos resultan indispensables para conseguir del modo
más adecuado el cumplimiento de la normativa vigente.
En conclusión, la posición del Gobierno quedó patente en la respuesta
aludida. Sin embargo, buscando una mayor aclaración, diré que, como S. S.
probablemente sabe, de acuerdo con la normativa vigente pueden
presentarse las siguientes situaciones: a) El desplazamiento de pacientes
por motivos asistenciales autorizados por el Insalud para recibir
tratamiento en provincia distinta a la de residencia. En este caso el
procedimiento está perfectamente previsto
y regulado en la Instrucción V de la Circular 6/81 del Insalud. b), que
es probablemente a la que usted alude: El traslado en ambulancia desde un
centro sanitario de provincia distinta a la de residencia, cuando el
traslado y el medio es decidido por especialistas médicos del sistema
nacional de salud para continuar la asistencia sanitaria del paciente en
su localidad o provincia de residencia. Así, en el segundo supuesto el
traslado a la provincia de residencia, bien para ingreso en otro centro
sanitario de la Seguridad Social o bien por alta, no tiene, en cuanto a
prestación, un tratamiento diferenciado del que existe cuando el traslado
se realiza dentro de la misma provincia. Esta es la cuestión de principio
y con carácter general.
En conclusión, y sin perjuicio de las competencias de inspección y
supervisión de la gestión asistencial encomendadas a la Inspección
médica, el hecho de que una persona se encuentre desplazada en otra
provincia, con independencia del motivo del desplazamiento, no da lugar a
pérdida del derecho al traslado en ambulancia, siempre que las
circunstancias clínicas así lo requieran. Derecho reconocido en el
artículo 33.3 del Decreto 2766/1967.
Sin embargo, somos conscientes de que conviene clarificar este segundo
supuesto para evitar, en la medida de lo posible, diferencias de
interpretación entre provincias del Insalud y lo que a veces sucede entre
el Insalud y comunidades con competencias transferidas que podrían
menoscabar este derecho.
En este sentido, el documento sobre ordenación de las prestaciones del
sistema nacional de salud que ha conocido el Consejo Interterritorial, y
del que esta mañana se ha estado hablando, recoge el derecho de los
usuarios al transporte sanitario en aquellos supuestos en los que exista
necesidad sanitaria e indicación clínica, ambas cosas, prescrita por un
facultativo del sistema nacional de salud.
Es lo cierto que la solución concreta a cada uno de los problemas que se
está dando en cada una de las provincias no es exactamente la misma y es
lo que nos gustaría ordenar y regular, porque el principio está
reconocido y admitido. (La señora Vicepresidenta, Novoa Carcacia, ocupa
la Presidencia.)
¿Qué sucede? Por ejemplo, cuando hay una situación, como vamos
desarrollando progresivamente, de contratos integrales de transporte
sanitario de una provincia A a otra provincia B, y en la provincia B se
va a dar el alta, lo que esos contratos establecen es que la provincia B
debe llamar a la de origen, A, para reclamar que la ambulancia vaya a
recoger a ese paciente en la provincia en cuestión y se lo lleven a la
suya de origen. En otros casos, el sistema que se ha establecido es
invocar cualquiera de los conciertos vigentes en una o en otra provincia
para pagarle directamente el traslado, y en otros, por último, se ha
utilizado el procedimiento del reintegro de gastos.
En todo caso, lo que yo quisiera que quedara claro es que el derecho está
reconocido en ambas circunstancias: tanto cuando se va como cuando se
vuelve tiene una categoría de derecho exactamente igual. En consecuencia,
habremos de encontrar el procedimiento por el cual se cumpla ese
principio y no haya lugar a algún tipo de discrepancias por
interpretaciones diversas de este asunto en diferentes provincias.
La señora VICEPRESIDENTA (Novoa Carcacia): El señor Peralta tiene la
palabra.
El señor PERALTA ORTEGA: Señor Subsecretario, efectivamente ha dicho
usted que hay dos supuestos. El primero es cuando el desplazamiento a una
comunidad autónoma distinta de la residencia viene motivado por
prescripción facultativa, para ser atendido en aquella comunidad autónoma
distinta de la que se reside. En ese supuesto ha dicho usted que está el
tema perfectamente regulado: una circular del año 1981, creo que ha dicho
usted exactamente, regula perfectamente el tema.
Ese no es el supuesto conflictivo. El supuesto conflictivo es el otro,
cuando un trabajador está desplazado en una comunidad autónoma distinta
de la de su residencia por razones diversas: laborales, de vacaciones, de
viaje de fin de semana, etcétera, y allí sufre una enfermedad que da
lugar a su ingreso en un centro sanitario lo más cercano posible, que es
de comunidad autónoma distinta de la de su residencia. Atendido
inicialmente, se plantea que tiene que volver por prescripción médica ya
a su residencia. En este caso concreto me dice usted, señor
Subsecretario, que el tema está claro a nivel de derecho, pero que en la
práctica no está tan claro (éste es el caso que plantea el Defensor del
Pueblo en su recomendación) y que reconoce que hay dificultades, pero que
se van a resolver en el futuro. ¡Si lo tiene usted muy sencillo! ¿Por qué
no se hace lo mismo que en el primer supuesto, una circular? Porque
estamos hablando de prestaciones de Seguridad Social, que es normativa
estatal. De la misma manera que hay una circular que resuelve los
problemas del primer caso, puede dictarse una circular en los términos
que hagan realidad eso que dice usted: que en el segundo caso el
trabajador que está desplazado fuera de su comunidad autónoma por razones
muy diversas pueda volver a su comunidad por prescripción médica y
haciéndose cargo la Seguridad Social de este desplazamiento. Hoy hay
dificultades prácticas --lo ha dicho usted, lo ha reconocido-- y se trata
de resolverlas. Yo creo que el mecanismo es el mismo que se utiliza en el
primer supuesto, al que usted ha aludido y que no plantea ningún
problema, que no es al que hace referencia el Defensor del Pueblo. Es así
de sencillo. Yo creo que no tiene sentido que esperemos a posibilidades
de futuro, a hipótesis de futuro; hay realidades que están ahí, hay
derechos que usted dice que son, efectivamente, hoy reconocidos, y de lo
que se trata es de hacerlos viables en la práctica.
La señora VICEPRESIDENTA (Novoa Carcacia): El señor Conde tiene la
palabra.
El señor SUBSECRETARIO DE SANIDAD Y CONSUMO (Conde Olasagasti): Muy
brevemente, quiero decirle de nuevo que el derecho a la prestación, con
carácter general y entendiéndola así, está reconocido. No es tan
sencillo, como usted dice, el que por una circular
regulemos cómo ha de cubrirse ese derecho, cómo ha de resarcirse
económicamente en comunidades que tienen competencias transferidas en
materia de asistencia sanitaria. Es decir, esto podríamos regularlo
internamente, a nivel de Insalud gestión directa; no es tan fácil
regularlo cuando el problema afecta a comunidades con competencias y
responsabilidades en materia de asistencia sanitaria transferida. En todo
caso, insisto, el principio está reconocido. Por consiguiente, el
procedimiento, el que sea, tendrá que dar respuesta a ese derecho. Es
decir, tendrá que suceder que cuando el traslado de retorno se haya
producido por prescripción facultativa, o bien mediante los
correspondientes conciertos el ciudadano reciba la asistencia, o si se
produjera por reintegro de gastos, se reintegre adecuadamente y en tiempo
debido. Es decir, que la única dificultad que tenemos para ese asunto es
menor desde el punto de vista político, pero administrativamente --cosa
que a veces es más compleja-- se trata de articular el cumplimiento de
ese mandato, de ese derecho en todo el territorio del sistema nacional de
salud con competencias transferidas a otras comunidades autónomas.
La señora VICEPRESIDENTA (Novoa Carcacia): Muchas gracias, señor Conde.
--SOBRE POSICION DEL GOBIERNO EN RELACION CON LA RECOMENDACION DEL
DEFENSOR DEL PUEBLO SOBRE LA CONVENIENCIA DE MODIFICAR LA CIRCULAR
15/1989, DE 19 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE APRUEBA EL CATALOGO GENERAL DE
ESPECIALIDADES DE MATERIAL ORTOPROTESICO, INCLUYENDO EN EL GRUPO DE
VARIOS, SUBGRUPO SILLA DE RUEDAS, DE LA CITADA CIRCULAR LAS SILLAS DE
RUEDAS ELECTRICAS, SIEMPRE QUE CONCURRA LA CIRCUNSTANCIA DE QUE SE
PRECISEN POR NO SER POSIBLE EL USO DE LAS SILLAS DE RUEDAS DE TRACCION
MANUAL Y QUE HAYAN SIDO PRESCRITAS POR FACULTATIVOS ESPECIALISTAS DEL
INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD. FORMULADA POR EL SEÑOR PERALTA ORTEGA,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA.
(Número de expediente 181/000162.)
La señora VICEPRESIDENTA (Novoa Carcacia): Pregunta sobre posición del
Gobierno en relación con la recomendación del Defensor del Pueblo sobre
la conveniencia de modificar la Circular 15/1989, de 19 de diciembre, por
la que se aprueba el Catálogo General de Especialidades de Material
Ortoprotésico, incluyendo en el grupo de Varios, subgrupo Silla de
Ruedas, de la citada circular las sillas de ruedas eléctricas, siempre
que concurra la circunstancia de que se precisen por no ser posible el
uso de las sillas de ruedas de tracción manual y que hayan sido
prescritas por facultativos especialistas del Instituto Nacional de la
Salud.
Esta pregunta ha sido formulada por el señor Peralta Ortega, que tiene la
palabra.
El señor PERALTA ORTEGA: Señor Subsecretario, el mismo año 1992 el
Defensor del Pueblo dirigió otra recomendación a este mismo Ministerio
relativa, tal como se indicaba al enunciar la pregunta, a los supuestos
de personas minusválidas que necesitan sillas de ruedas para desplazarse
pero que no están en condiciones físicas de utilizar sillas de ruedas de
tracción manual y que, en consecuencia, necesitan, y así es prescrito por
los correspondientes facultativos de la Seguridad Social, sillas de
ruedas de tracción eléctrica. Estas sillas de ruedas de tracción
eléctrica no son proporcionadas por la Seguridad Social, puesto que en la
Circular 15/1989 se prevé la dotación de las correspondientes sillas de
ruedas con exclusión expresa de las sillas de ruedas de tracción
eléctrica. Se remite a los ciudadanos interesados al Instituto de
Servicios Sociales y en muchos casos se encuentran con que se les deniega
esta prestación por dificultades presupuestarias.
El Defensor del Pueblo hizo un estudio de los fundamentos legales
aplicables, partiendo del artículo 49 de la Constitución que dice que
compete a los poderes públicos realizar una política de rehabilitación
integral de los disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales, a los que
prestará la atención especializada que requieran; de lo dispuesto
asimismo en la Ley de Integración Social de Minusválidos, que obliga a
los poderes públicos a dotar de los recursos necesarios, así como a
prever la rehabilitación adecuada, y de la Ley de Seguridad Social, que
en su artículo 108 prevé que la Seguridad Social facilitará los vehículos
para los inválidos cuya invalidez así lo aconseje, sin hacer distinción
ni limitación de ningún tipo. Basándose en todo esto el Defensor del
Pueblo estima que esa Circular 15/1989, que excluye las sillas de ruedas
de tracción eléctrica, no es adecuada a esos fundamentos legales y
sugiere que se estudie la conveniencia de modificar la misma con
inclusión de esas sillas de ruedas en los supuestos que los facultativos
especialistas del sistema público de salud así lo recomienden.
Me gustaría saber cuál es la posición del Gobierno en relación con esta
recomendación del Defensor del Pueblo.
La señora VICEPRESIDENTA (Novoa Carcacia): Tiene la palabra el señor
Subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DE SANIDAD Y CONSUMO (Conde Olasagasti): Con fecha
11 de octubre de 1992 la institución del Defensor del Pueblo dirigió al
Director General del Instituto Nacional de la Salud la recomendación a la
que se alude, que fue contestada el 9 de diciembre del mismo año. Por
consiguiente, no podemos responder de manera distinta de lo que hicimos
entonces.
En esa respuesta se señalaba que en esas fechas se estaba finalizando la
revisión y actualización del Catálogo General de Especialidades de
Material Ortoprotésico, que entraría próximamente en vigor. Se indicaba
asimismo que en la revisión se había pretendido la ampliación máxima de
contenido que las disponibilidades crediticias permiten,
teniendo además muy presentes los mandatos legislativos. Sin embargo, y
desgraciadamente, tengo que decir que en relación a las sillas de ruedas
eléctricas se aclaraba que, desde una perspectiva realista, en las
actuales circunstancias económicas no había resultado posible su
inclusión en el catálogo, por lo que nuevamente era preciso remitirse al
Instituto Nacional de Servicios Sociales para que supla estas carencias
presupuestarias concediendo las ayudas necesarias para la adquisición de
este tipo de vehículos.
Con fecha 25 de febrero de 1993 el Defensor del Pueblo se dirigió
nuevamente al Director General del Insalud, comunicándole que daba por
finalizadas las actuaciones practicadas en relación con la queja a la que
había dado lugar la recomendación. No obstante, quisiera ampliar esta
información aclarando que cuando nos referimos al catálogo de
prestaciones de material ortoprotésico nos estamos refiriendo en este
caso al catálogo de prestaciones ortoprotésicas y vehículos de carácter
extrahospitalario, es decir, aquellas que pueden suministrarse en el
ámbito extrahospitalario y tienen su regulación.
Hay que aclarar a S. S. que las sillas de ruedas eléctricas están siendo
suministradas para lesionados medulares severos con cargo al sistema en
régimen de ingreso hospitalario y de esta forma el beneficiario puede
usarla con posterioridad al alta, pudiendo ser en su caso respuesta con
ocasión de la preceptivas revisiones en centros especializados.
En efecto, tal como señalaba la Circular 15/89, en estos casos la
prescripción es responsabilidad del servicio hospitalario y su coste
asumido como prestación hospitalaria, o sea, en los casos absolutamente
excepcionales en los que sea imprescindible el uso de este tipo de
vehículo de inválido de tracción eléctrica, cuando así se indique por el
centro especializado correspondiente, se suministrará con cargo, no ya al
concepto y capítulo de prestaciones extrahospitalarias, sino de
prestaciones del catálogo hospitalario. Ello debe valer no sólo para la
primera prestación --y me estoy refiriendo al alta de un lesionado
medular, por ejemplo--, sino a la reposición de ese vehículo una vez
cumplida su vida natural y haya que reponerlo. (La señora Presidenta
ocupa la Presidencia.) Esto lo que hace es vincular y hacer análoga esta
prestación en esos casos a otro tipo de prestación de carácter muy
hospitalaria. Le pongo como ejemplo para ilustrar lo que quiero decir: el
que, a mi modo de ver, una silla de tracción eléctrica en un
cuadripléjico es tanto como un marcapasos en un paciente con un trastorno
cardíaco importante. Si es una prótesis que se implanta en un hospital y
que una vez que ha cumplido su vida ha de reponerse, otro tanto pensamos
de una silla de tracción eléctrica en estas condiciones.
Por consiguiente, creemos que el tratamiento que hay que dar a este tipo
de prestación tan especial es el de una prestación directamente
hospitalaria y que ha de regularse por la vía de las prestaciones de los
catálogos de prótesis y vehículos de los hospitales y no de la prestación
extrahospitalaria. Creo que esto cubre suficientemente los supuestos
realmente graves en los que esta prestación resulta absolutamente
imprescindible y no podíamos introducir la prestación de la silla de
tracción eléctrica con carácter general como vehículo de inválidos en el
catálogo de prestaciones extrahospitalarias, que es al que hacíamos
referencia.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Señor Subsecretario, creo que esa diferenciación
que ha hecho, como usted dice, permite llegar a la conclusión de que,
efectivamente, no todas las personas que necesitan la silla de tracción
eléctrica no la reciben con cargo a la Seguridad Social. Hay una parte de
ellos, aquellos que son objeto de tratamiento hospitalario y a los que
les es prescrita por el centro hospitalario, que sí la reciben. Sin
embargo, creo, señor Subsecretario, que esa diferenciación es
relativamente artificial. Lo importante es si un beneficiario lo necesita
realmente o no lo necesita, con independencia de que se lo prescriba el
centro hospitalario, o con independencia de que haya sido objeto de
internamiento hospitalario previo, como ocurrirá normalmente, o no lo
haya sido. Si un beneficiario de la Seguridad Social, una persona
minusválida, requiere, y se acredita por el organismo público competente,
una silla de tracción eléctrica, parece lógico que se le proporcione. Es
verdad que hay dificultades presupuestarias y que siempre tenemos que
jugar con esa cuestión, pero estamos hablando de las personas más
necesitadas y, dentro de las personas más necesitadas, de los casos
realmente extremos. Es decir, si a una persona que necesita una silla de
tracción eléctrica no se le proporciona, se le condena a que piense que
sobra realmente en esta vida. Tenemos casos recientes de personas que han
llegado, desgraciadamente, a esa conclusión, cuando creo que deberíamos
hacer un esfuerzo por demostrar lo contrario: que sirven en esta
sociedad. Creo que para demostrárselo hace falta que la sociedad se
preocupe realmente de esas personas y las haga ver que las necesita. Creo
que debemos hacer un esfuerzo para que a estos minusválidos que necesitan
una silla de tracción eléctrica, si se acredita que realmente es así, con
independencia de que la acreditación se haga o no vía hospitalaria, se
les proporcione. Comparto plenamente los argumentos que daba el Defensor
del Pueblo en su recomendación y le estimularía a que haga un esfuerzo
para que se pueda proporcionar esa silla de tracción eléctrica a todas
las personas que lo necesiten.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DE SANIDAD Y CONSUMO (Conde Olasagasti): Sólo un
breve comentario para decir que comparto su criterio, es decir, hay que
darle la silla a quien realmente la necesite, con independencia de que se
esté moviendo en el ámbito intra o extrahospitalario. Lo que sucede es
que el tipo de paciente que tiene esa necesidad absolutamente imperativa,
por la propia naturaleza de su padecimiento, está muy vinculado al mundo
hospitalario, y no quiero decir que tenga que estar ingresado en un
hospital sino que su vida, el manejo de sus
problemas, está siempre muy vinculado a terrenos de especialistas que
están constantemente atendiéndolo, recibiéndolo, volviéndole a atender, y
es en ese sentido en el que nosotros creemos que debe estar incluido, en
todo caso, pero que su vehiculización más adecuada es el ámbito
hospitalario.
Tengo alguna pequeña experiencia sobre este asunto. He sido gerente del
complejo hospitalario de Toledo, en el Centro de Parapléjicos, y, por
ejemplo, cosas que hacíamos era que esa silla de ruedas, con la que el
paciente venía a su revisión, era revisada, al igual que el paciente. Se
verificaba su funcionamiento, se reparaba si había que repararla y si se
llegaba a la conclusión de que la silla debía ser repuesta, se reponía.
Esos son los casos más comunes, o alguno parecido de alguna enfermedad
neuromuscular, pero en todo caso van a estar siempre muy vinculados al
hospital y por eso creemos que debe vehicularse por ese centro.
En cualquier caso, estoy completamente de acuerdo con su idea de que el
que necesite silla debe tenerla.
--SOBRE JUSTIFICACION QUE DA EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PARA TENER EN
ASTURIAS UN SERVICIO DE AMBULANCIAS PRECARIO. FORMULADA POR EL SEÑOR
GARCIA FONSECA (G. P. IU-IC). (Número de expediente 181/000297.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta sobre justificación que da el Instituto
Nacional de Salud para tener en Asturias un servicio de ambulancias
precario, formulada por el señor García Fonseca del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa por Cataluña. (Pausa.)
No se encuentra en la sala el señor García Fonseca.
Decae la pregunta.
--SOBRE MEDIDAS A ADOPTAR POR EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INSALUD)
PARA CONSEGUIR QUE EL TIEMPO DE ESPERA PARA CONSULTAS EN EL HOSPITAL 12
DE OCTUBRE DE MADRID NO SUPERE LOS SEIS MESES. FORMULADA POR LA SEÑORA
MAESTRO MARTIN (G. P. IU-IC). (Número de expediente 181/000301.)
La señora PRESIDENTA: La siguiente pregunta está formulada por la señora
Maestro Martín, que ha solicitado a esta Mesa que queda pospuesta para la
próxima sesión de la Comisión, a lo cual hemos accedido.
Por tanto, damos las gracias al señor Subsecretario del Ministerio de
Sanidad y Consumo, don José Conde, y rogamos al señor Secretario General
de Salud, don Jesús Gutiérrez Morlote, que tome asiento en esta Mesa.
(Pausa.)
Buenos días, señor Gutiérrez Morlote. Bienvenido a esta Comisión.
--SOBRE INFLUENCIA DEL DISEÑO CURRICULAR PROPUESTO POR EL MINISTERIO DE
EDUCACION Y CIENCIA PARA LA DIPLOMATURA DE ENFERMERIA SOBRE LA CALIDAD
ASISTENCIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. FORMULADA POR EL SEÑOR
FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA (GP). (Número de expediente 181/000342.)
--SOBRE OPINION DE LA MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO ACERCA DEL DISEÑO
CURRICULAR DE LA DIPLOMATURA DE ENFERMERIA PRESENTADA POR EL MINISTERIO
DE EDUCACION Y CIENCIA. FORMULADA POR EL SEÑOR FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA
(GP). (Número de expediente 181/000344.)
La señora PRESIDENTA: Tiene noticias también esta Presidencia que de las
tres siguientes preguntas, formuladas por el señor Fernández-Miranda, dos
las presentará el señor Burgos Gallego, la primera y la tercera, que va a
unificarlas en una. La primera es sobre influencia del diseño curricular
propuesto por el Ministerio de Educación y Ciencia para la Diplomatura de
Enfermería sobre la calidad asistencial del Sistema Nacional de Salud; la
segunda, sobre opinión de la señora Ministra de Sanidad y Consumo acerca
del diseño curricular de la Diplomatura de Enfermería presentada por el
Ministerio de Educación y Ciencia. Ambas, como digo, han sido formuladas
por el señor Fernández-Miranda y las va a plantear el señor Burgos
Gallego.
El señor BURGOS GALLEGO: En todo caso, y dada la naturaleza de las
preguntas, creo que es perfectamente lógico que tanto el planteamiento
como la contestación se hagan de forma unificada.
Señor Gutiérrez Morlote, gracias por su presencia. Sin duda nos
transmitirá fielmente la opinión de la señora Ministra, ya que ella, por
lo visto, no considera procedente su comparecencia en esta Comisión al
objeto de responder estas preguntas, cuya redacción no era baladí ni
superflua e iba en el sentido de que fuera la propia señora Ministra la
que nos contestara.
Sin duda, las repercusiones que tiene el diseño curricular presentado por
el Ministerio de Educación y Ciencia va a necesitar un compromiso del
Ministerio en su conjunto y, por supuesto, de su titular, en aras a
resolver un contencioso que en estos momentos supone una situación, creo
yo, de preocupación generalizada en el estamento de la enfermería
española.
Como SS. SS. conocen, el plan vigente de estudios de enfermería en
nuestro país, tanto en la duración real del propio curso en el tiempo
como en el número de semanas al año en que se imparte ese curso, así como
en el número de horas por semana que se establece, e incluso en cuanto al
número total de horas de que consta, es muy inferior a cualquier otro de
los países de nuestro entorno. Sin embargo, y aun teniendo en cuenta esta
situación de
perjuicio notable con respecto a la formación de nuestros profesionales
de enfermería, la posición del Ministerio de Educación y Ciencia ha sido
rebajar aún más el diseño curricular en estos parámetros y llevar a la
propia profesión de enfermería a una situación ciertamente muy delicada,
incumpliendo además, yo creo que de una forma burda y manifiesta, la
propia Directiva 77/453 de la Comunidad Europea, que precisamente
establecía la necesidad de incrementar el número de horas lectivas y
acercarlo, en la medida de lo posible, a las 4.600 horas. Sin duda, esta
situación va a tener repercusiones asistenciales muy importantes, porque
lo que aquí nos estamos jugando entre todos es conocer cuál es el modelo
de enfermería que queremos para nuestro país en los próximos años: si es
un modelo devaluado, si es un modelo de peor calidad que el que teníamos
hasta este momento, o si es un modelo, en definitiva, sin homologación
europea.
Precisamente para conocer esa vertiente asistencial, para conocer la
opiniones del Ministerio y cuáles son las actitudes que el propio
Ministerio está tomando en relación con esta problemática es por lo que
pedíamos la comparecencia de la señora Ministra. Sin duda, la toma de
decisiones en un Consejo de Ministros es una toma de decisiones colegiada
y a nosotros nos gustaría conocer no solamente la posición actual sino,
sobre todo, cómo puede afectar al planteamiento del propio Ministerio de
Sanidad la aprobación del diseño curricular tal y como está planteado por
el Ministerio de Educación y Ciencia. En ese sentido le transmitimos
estas dos preguntas, refundidas en una.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Burgos Gallego.
Tiene la palabra el señor Gutiérrez Morlote.
El señor SECRETARIO GENERAL DE SALUD (Gutiérrez Morlote): Quizá
convendría, como paso previo a mi respuesta a esta pregunta, establecer
el terreno en el que se desenvuelve tanto la pregunta como la respuesta,
por cuanto lo que se requiere del Gobierno, y en este caso del Ministerio
de Sanidad y Consumo, es su opinión sobre un diseño curricular --decía el
señor Diputado-- propuesto por el Ministerio de Educación y Ciencia.
Quizá conviniera recordar previamente que la Ley Orgánica del 25 de
agosto de 1983, de Reforma Universitaria, establece muy claramente cómo
se elaboran los diseños curriculares. Así, por ejemplo, dice que son las
universidades, y no el Ministerio de Educación y Ciencia, quienes
elaboran y aprueban los planes de estudio e investigación, estableciendo
en su artículo 28 que el Gobierno, a propuesta del Consejo de
Universidades, establecerá los títulos, etcétera, así como las
directrices generales de los planes de estudio. De ahí que todos los días
veamos en el «Boletín Oficial del Estado» reales decretos que, a
instancia del Ministerio de Educación y Ciencia, pero a propuesta del
Consejo de Universidades, establecen las directrices generales y que
todos los días veamos en el «Boletín Oficial del Estado» resoluciones
mediante las cuales las universidades establecen sus planes de estudio.
Por tanto, habría que repartir en todo caso las responsabilidades.
Me alegra, eso sí, poder contestar al señor Diputado que el plan vigente
va a cumplir la Directiva 77/453. Creo que ha sido incluso afortunado el
que se haya retrasado la respuesta a esta pregunta, porque ha sido
precisamente el viernes pasado cuando el Consejo de Universidades ha
aprobado, con un solo voto en contra, una modificación del Real Decreto
1.497/87, y en el nuevo Decreto que ha visto el Consejo de Universidades,
que próximamente el Gobierno aprobará, se señala, entre otras cosas, en
su artículo 6, que se modifica la directriz segunda del anexo del Real
Decreto 1.466/90. ¿En qué sentido? En el sentido de decir que la carga
lectiva total, que no podrá ser inferior a 205 ni superior al máximo de
créditos para los estudios del primer ciclo, estableciéndose
correspondencias de créditos extraordinarios. Es decir, que los créditos
tendrán distinta validez, que tendrán que proponer cada una de las
universidades, según se trate de horas lectivas, de prácticas clínicas o
de prácticas, con lo cual se da cumplimiento a la directiva y se da
cumplimiento también a lo establecido en las directrices para los planes
de estudio.
Resuelto, creo, afortunadamente para todos y reconocido, por lo tanto, el
desarrollo de la enfermería en nuestro país, en consonancia con los demás
países europeos, quizá convendría contestar a la otra parte de la
pregunta, que creo recordar, señoría, era la opinión del Ministerio de
Sanidad y Consumo, de la Ministra, sobre la influencia en la calidad
asistencial del sistema nacional de salud español del diseño curricular
de la diplomatura de enfermería.
Naturalmente, nuestra respuesta es claramente positiva. Si bien la
responsabilidad en materia educativa corresponde al Ministerio de
Educación y Ciencia, no cabe duda de que, como S. S. dice en la pregunta,
la formación de los profesionales de enfermería incide directamente en la
calidad de los servicios que se han de prestar al sistema sanitario,
incremento que irá avanzando gracias a la última revisión realizada en
los planes de estudio de diplomados de enfermería, que ha permitido, con
la colaboración de los propios profesionales y del Consejo General de
Colegios de Enfermería, aportar al mismo aquellas modificaciones que
consideraron necesarias los propios interesados, a fin de dar respuesta a
la demanda de cuidados de la sociedad a través del sistema sanitario.
Yo quiero recordar que la formación y la prestación de cuidados de los
profesionales de enfermería españoles destacan en este momento entre los
primeros de los los países miembros de la Unión Europea, así como por ser
el único en que sus enseñanzas se desarrollan en un ámbito universitario.
La señora PRESIDENTA: El señor Burgos tiene la palabra.
El señor BURGOS GALLEGO: Señor Gutiérrez Morlote, sin duda no nos vamos a
introducir en un camino de delimitación de las responsabilidades entre el
Ministerio de Educación y Ciencia o el Consejo de Universidades. Lo que
sí hay que recordar es que el incumplimiento de las
directivas comunitarias supone una infracción a los gobiernos, no a los
Consejos de Universidades que en este momento existen en los países
comunitarios.
En ese sentido, la responsabilidad de adaptar la actual legislación, la
actual normativa en esta materia, como en otras muchas, a la legislación
comunitaria corresponde al Gobierno, y al Gobierno le compete
precisamente ordenar, por supuesto en colaboración con las universidades
españolas, el sistema de formación de nuestros profesionales.
Yo me alegro de que se haya producido esa modificación en el Decreto
sobre esta materia, pero sigo sin tener exactamente conocimiento de cuál
es el contenido de esas modificaciones. ¿Se va a aumentar realmente el
número total de horas lectivas del diseño curricular de la diplomatura de
enfermería y hasta qué nivel? En este momento estamos en 2.700 horas, que
es aproximadamente la mitad, en algunos casos hasta un tercio, del total
de horas lectivas de otros países de nuestro ámbito. Le recordaría
simplemente los más cercanos a nosotros, que son Alemania, con 4.600
horas, es decir, prácticamente el doble; Italia, con 4.600 horas, el
doble; Luxemburgo, con 4.600 horas, por no hablar del Reino Unido con
5.480; de Grecia, con 5.047; de Dinamarca, con 5.504, o el caso extremo
de Holanda con 7.280 horas lectivas en la diplomatura de enfermería.
Nadie cuestiona, evidentemente, la profesionalidad de nuestros diplomados
de enfermería, pero sí cuestionamos hasta qué punto la formación que
están recibiendo les permite una homologación europea, no a la baja, sino
en la medida de lo posible. Tampoco pedimos el máximo, pero al menos que
se respete una media comunitaria, que creo es el objetivo a conseguir. Es
evidente que las carencias de la diplomatura de enfermería no se quedan
solamente aquí, habría que hablar mucho también sobre por qué en este
país no se están desarrollando las especialidades en enfermería, pero eso
sería objeto de otra pregunta de distinta consideración.
En este sentido, me gustaría conocer más en profundidad cuál va a ser el
contenido real de ese diseño curricular, en qué medida las opiniones del
Ministerio de Sanidad han contribuido a esa modificación, si es que ha
habido alguna contribución, si es que ha habido alguna opinión
transmitida por el propio ministerio o por sus responsables, porque
entiendo que sólo desde la falta de coordinación entre el Ministerio de
Educación y el Ministerio de Sanidad se puede explicar que en su día se
produjera aquella propuesta tan negativa para los profesionales de la
enfermería y que tanta preocupación ha generado en los últimos meses. A
nosotros nos parece que, sin duda, parte de la responsabilidad de que esa
preocupación se haya generado la tiene su ministerio. Está bien que se
haya rectificado, pero sin duda no es ésa la vía oportuna para generar en
la opinión pública debates sobre modificaciones que afectan a un
colectivo muy importante de profesionales de la sanidad, lo cual tiene su
importancia, pero la tiene de forma mucho más acusada puesto que no es un
hecho aislado, y en la próxima pregunta tendremos ocasión de contemplar
cómo afecta también una situación de estas características a otro diseño
curricular.
En definitiva, desde el Grupo Parlamentario Popular queremos transmitir
nuestra preocupación porque se pongan ante la opinión pública
determinadas propuestas, determinados proyectos que afectan a colectivos
muy relevantes de nuestra sanidad que generan inestabilidad, que generan
preocupación, que suponen cierta descoordinación y, lo que para nosotros
sería todavía más preocupante, cierta falta de criterio sobre el diseño
de la formación de nuestros profesionales, que es lo que, en definitiva,
nos tiene que preocupar a todos.
Esa preocupación es la que queremos transmitirle con esta pregunta y, en
espera de una mayor profundización en las explicaciones, mi grupo hará un
seguimiento muy pormenorizado de en qué medida en ese país se está
avanzando realmente hacia la homologación europea en la cualificación de
nuestros profesionales sanitarios.
La señora PRESIDENTA: El señor Secretario General de Salud tiene la
palabra.
El señor SECRETARIO GENERAL DE SALUD (Gutiérrez Morlote): Muy brevemente,
señoría.
Quisiera contestarle muy rápidamente, pero con tres aspectos que me
parecen importantes. El primero, afirmándole que no se trataba de eludir
responsabilidades, sino de delimitar el papel de cada uno en el
establecimiento de los planes de estudios. Creo que hablar genéricamente
de la Administración o referir al Gobierno la responsabilidad íntegra
tampoco sería justo. Si las directrices generales las establece el
Gobierno, a propuesta del Consejo de Universidades, me permito recordar a
S. S. que la composición del Consejo es la siguiente: Los responsables de
enseñanza universitaria de los consejos de Gobierno de todas las
comunidades autónomas, nombrados por un período de cuatro años, entre
personas de reconocido prestigio o especialistas en los diversos ámbitos
de la enseñanza universitaria y de la investigación, que son designados
cinco por el Congreso de los Diputados, cinco por el Senado y cinco por
el Gobierno. Esta es la composición del Consejo de Universidades que
propone al Gobierno las directrices generales de los planes de estudio.
En segundo lugar, le querría transmitir de manera más concreta el
contenido del proyecto del Real Decreto que el pasado viernes fue visto y
aprobado por el Consejo de Universidades. Las modificaciones que se
recogen en el proyecto son las siguientes: Los distintos planes de
estudio determinarán en créditos que la carga lectiva total no podrá ser
inferior a 205 en créditos ni superior a los 270 previstos para los
estudios de primer ciclo universitario. Las universidades establecerán en
sus planes de estudios, las correspondencias extraordinarias de los
créditos relativos a las enseñanzas clínicas, de tal manera que el valor
de los mismos pueda ser superior al de los de las enseñanzas teóricas.
Teniendo en cuenta que un crédito de enseñanza teórica tiene una
equivalencia a diez horas lectivas, se interpretará que los créditos
correspondientes a las enseñanzas clínicas podrán ponderarse con un
número mayor de horas, todo esto en razón de la especificidad de las
enseñanzas de las profesiones en ciencias de la salud. Asimismo, se
especifica que estas correspondencias extraordinarias de los créditos
garantizarán la formación a tiempo completo. Igualmente, en el contenido
del artículo 6.º del proyecto se reitera la obligatoriedad de que los
planes de estudios que aprueben las universidades deberán estar de
acuerdo con la opción prevista en la directiva 77/453, modificada por la
89/595.
Por último, en las disposiciones transitorias se prevé el mecanismo para
que en los planes de estudio correspondientes a titulaciones que deban
adaptarse a directivas comunitarias y que hayan sido homologados con
anterioridad a la entrada en vigor del proyecto del decreto, las
universidades, antes del comienzo de curso 1994-1995, procederán a
establecer las correspondencias extraordinarias de créditos.
Además, he de añadirle que el Ministerio de Educación y Ciencia, a través
de los contratos establecidos con la Comisión de la Comunidad Europea, ha
recibido escrito de que dicha Comisión, a la vista del proyecto del
decreto sometido el pasado viernes al Consejo de Universidades, adquiere
el compromiso de retirar el proyecto de infracción abierto en su día.
Digo todo esto para tranquilizar al grupo que representa sobre la
situación de la profesión de enfermería en el conjunto de la Unión
Europea.
Muy brevemente también quiero recordar a S. S. que, como desarrollo de la
Ley de Reforma Universitaria, el Ministerio de Educación y Ciencia, por
medio del Consejo de Universidades, constituyó unos grupos de trabajo.
Uno de ellos, el grupo 9, estudiaba profesiones en ciencias de la salud,
entre otras la diplomatura de enfermería. En este grupo participaron el
Ministerio de Sanidad y otros organismos públicos, como el propio Consejo
general de Colegios de Enfermería. Como consecuencia de ello, el
Ministerio de Educación y Ciencia estableció esas directrices generales
de los planes de estudio de enfermería.
Por tanto, yo creo que podemos decir, primero, que, afortunadamente, se
ha resuelto el problema a que se refería S. S.; y, en segundo lugar, que
en todo el proceso de establecimiento de los planes de estudio y de las
directrices generales se ha dado participación, creo que ejemplar, de
todas las instancias interesadas o afectadas por los planes de estudio en
ciencias de la salud; por supuesto, también del Ministerio de Sanidad y
Consumo.
--SOBRE PREVISIONES ACERCA DE LA MODIFICACI--N DEL ACTUAL DISEÑO
CURRICULAR DE LA LICENCIATURA DE MEDICINA. FORMULADA POR EL SEÑOR
FERN--NDEZ-MIRANDA Y LOZANA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de
expediente 181/000343.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta sobre previsiones acerca de la
modificación del actual diseño curricular de la licenciatura de medicina,
formulada por el señor Fernández-Miranda y que plantea, en su lugar, el
señor Burgos.
El señor BURGOS GALLEGO: Señor Gutiérrez Morlote, la aplicación de la
directiva comunitaria para médicos generalistas ha sembrado, sin duda, la
incertidumbre en todas las facultades españolas de medicina.
El Gobierno, por lo que nosotros hemos conocido, no ha tomado aún ninguna
decisión respecto a la fórmula por la cual los licenciados en medicina
van a recibir los dos años de formación complementaria que se exigen por
parte de la directiva comunitaria para el ejercicio de la profesión de la
sanidad pública dentro de la Unión Europea. El propio Consejo de
Estudiantes de Medicina ha anunciado movilizaciones en toda España en
rechazo a una actitud que ellos mismos están calificando de peloteo
permanente entre el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Educación.
Sin duda, a menos de diez meses --casi nueve-- de la entrada en vigor de
esta directiva comunitaria y después, ni más ni menos, señorías, que de
ocho años desde que esa directiva fue publicada, seguimos en una
situación de incertidumbre, seguimos en una situación de desconocimiento
por parte de los estudiantes de medicina, por parte de los futuros
profesionales de la sanidad en relación con lo que va a ser su futuro más
inmediato y, sin duda, uno de los aspectos más relevantes que van a
condicionar su actividad profesional para los próximos años.
La verdad, señor Gutiérrez Morlote, es que resulta un tanto inconcebible
que a estas alturas del año y ante esa fecha que se nos anuncia, del 1.º
de enero de 1995, no se haya tomado aún ninguna decisión en este sentido.
Usted probablemente me dirá que no le compete exactamente al Ministerio
de Sanidad la definición del nuevo diseño curricular de la licenciatura
de medicina, pero yo tengo que decirle que la aplicación de esa directiva
implica unas repercusiones muy importantes desde el punto de vista
asistencial, porque los estudiantes de medicina van a tener que realizar
esas prácticas en el Sistema Nacional de Salud. Ellos mismos están
exigiendo que el Sistema Nacional de Salud dé cumplimiento a las
necesidades de formación de todos y cada uno de los licenciados de
medicina en el propio Sistema Nacional de Salud español, como ocurre en
el resto de los países europeos adaptados a esa directiva. Eso, como
digo, está generando incertidumbres, manifestaciones y, probablemente, si
no lo corregimos a tiempo, importantes movilizaciones en las facultades
de medicina. Queremos conocer si la posición de la ministra, en este caso
de su representante en esta Comisión, es modificar el actual diseño
curricular para prevenir las posibles dificultades que se van a generar
para la práctica de estos profesionales en el futuro, dificultades que
ellos mismos han puesto de manifiesto, fundamentalmente desde dos puntos
de vista: uno, el agravio comparativo que se establecería respecto a
otros países de la propia Comunidad en los que, en estos momentos, es
suficiente el título de licenciado en medicina para comenzar la formación
como médicos generalistas y poder ejercer, por tanto, como médicos en
cualquier lugar de la Comunidad Europea, a diferencia de lo que ocurriría
en España si no adaptamos esta normativa, como se nos está exigiendo.
La segunda repercusión (muy importante también, desde nuestro punto de
vista) afecta a la imposibilidad material de que los licenciados
españoles en medicina puedan acceder a una formación posgraduada mientras
se mantenga el sistema MIR conteniendo todas las posibilidades de
especialización, incluidas las de medicina familiar y comunitaria,
homologable a la de medicina generalista. Teniendo en cuenta que en este
momento aproximadamente sólo pueden superar las pruebas del MIR una de
cada cuatro personas que se presentan a esa prueba selectiva, se
condenaría a tres cuartos de los estudiantes de medicina a no poder
ejercer su profesión en los próximos años, con las consiguientes secuelas
de frustración y cercenamiento de una vocación que, sin duda, no está en
su deseo ni, por supuesto, en el nuestro.
En ese sentido, queremos conocer la opinión del ministerio respecto al
diseño curricular y, en el mismo sentido que dábamos a nuestra anterior
pregunta, cuáles son las modificaciones, o cuáles son los puntos de vista
desde el Ministerio de Sanidad a tener en cuenta a la hora de la
adaptación de esa normativa europea.
La señora PRESIDENTA: El señor Gutiérrez Morlote tiene la palabra.
El señor GUTIERREZ MORLOTE: De nuevo tengo que recordar que no estamos
hablando de diseño curricular, señoría. El currículum se define en un
Real Decreto, de 27 de noviembre de 1987, el que habla de las directrices
generales comunes de los planes de estudio, y dice, en su artículo 2, que
currículum es el conjunto de los estudios concretos superados por el
estudiante en el marco de un plan de estudios conducente a la obtención
de un título; y el título de licenciado en España es el que se consigue a
través de un currículum. De lo que está hablando S. S., si he entendido
bien la pregunta, que no se correspondía con el enunciado inicial, es de
la Directiva 93/16, que habla de la libre circulación, el reconocimiento
mutuo de diplomas, certificados y otros títulos.
Afirma S. S. que el Gobierno no ha tomado decisión, y el Gobierno sí ha
tomado decisiones. Me permito recordarle que el año pasado, por ejemplo,
publicamos un Real Decreto que reconocía los derechos adquiridos a todos
los médicos que terminasen antes del 1.º de enero de 1995, el Real
Decreto 853/1993 sobre ejercicio de las funciones de médico de medicina
general, médico general, como le gusta decir a la propia sociedad
española y no generalista, que es una traducción incorrecta (que al
principio incluso acabó en el «Boletín Oficial del Estado») de los
términos empleados en la Unión Europea. Sí se han tomado decisiones.
¿Peloteo permanente? Afortunadamente, de nuevo el retraso en la respuesta
a la pregunta, o en la formulación de la pregunta, me permite aportar
hechos que yo estoy seguro que son esperanzadores y que serán de
satisfacción del grupo que representa. Se han reunido, en conjunto, los
dos ministerios afectados, el Ministerio de Educación y Ciencia y el
Ministerio de Sanidad y Consumo, con el Consejo de Estudiantes de
Medicina. Por tanto, no puede hablarse de peloteo; hablamos, como no
podía ser de otra manera, de una voluntad coordinada del Gobierno.
En cuanto al agravio comparativo con otros países, puesto que la
directiva establece esa formación complementaria como necesaria para
ejercer en el sistema público de Seguridad Social, también tengo que
decir a S. S. que hay otros países que no garantizan esa formación a
todos los estudiantes y entienden que el estudiante, el licenciado ya,
que no haga esa formación complementaria, tiene otros ámbitos de
ejercicio que no es el sistema público. Pero no pienso eludir la
respuesta. Nosotros pensamos --y lo contestó el Reino de España hace ya
muchos años-- que esa formación se adquiere a través de la formación
específica como médico especialista en medicina familiar y comunitaria, a
través, por tanto, del sistema MIR. Por cierto, recuerdo que, con motivo
de una comparecencia cuando yo estaba de Director General de Ordenación
Profesional, encontré un gran consenso en torno al sistema MIR por parte
de todos los grupos parlamentarios. Me preocupa --permítame que se lo
diga-- la posibilidad de que su grupo apoye otras opciones distintas de
formación especializada al margen del sistema MIR.
Dice S. S., y no sin razón: ¿Y los que no puedan entrar a través del
sistema MIR? Habría dos respuestas. La primera, la oferta de plazas MIR,
que se hace año tras año, supera ya al número de estudiantes que hay en
las facultades de medicina y nada impide, creemos, que esos estudiantes
que terminan en el año tuvieran en su baremo algún derecho preferente,
una baremación especial que les permitiese acceder antes de los que,
procedentes de generaciones anteriores, quieren volver a presentarse al
MIR, quieren cambiar de especialidad o quieren presentarse a un MIR que
entonces no aprendieron. Pero ¿y si aun así no todos los estudiantes,
licenciados ya, acceden al sistema MIR? ¿Cómo les va a dar usted la
formación específica? La respuesta que hemos dado, entre otros, al
Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, de común acuerdo los
Ministerios de Educación y Ciencia y de Sanidad y Consumo, es que se
establecerá una formación más breve, de dos años, que garantizará, a
quienes no accedan a través del sistema MIR, la formación específica que
requiere la directiva comunitaria. Estamos en el tema y hemos tomado
varias medidas desde que sabíamos que se publicaba la directiva, pero
--repito-- la directiva no habla del diseño curricular ni ha habido
descoordinación entre los dos ministerios.
La señora PRESIDENTA: Señor Burgos.
El señor BURGOS GALLEGO: Señor Gutiérrez Morlote, el diseño curricular no
se detiene en la consecución de una licenciatura, sino que también
--imagino que usted lo conoce perfectamente, como también SS. SS.-- se
hace extensible a la obtención de los títulos de especialista, etcétera.
A mí me parece que pensar que el diseño curricular en una profesión
sanitaria es, simple y llanamente, la consecución del título de
licenciado, en este caso licenciado en medicina, es no entender
excesivamente lo que es el diseño curricular de una profesión como la
sanitaria.
En todo caso, creo que va a ser muy escaso el número de personas que, al
menos en la carrera de medicina, pretenden obtener un título de
licenciado para otra cosa que no sea ejercer como médico. Yo creo que ése
es el principal factor de preocupación en estos momentos y lo que nos
trae aquí en el día de hoy. Evidentemente, lo que debe de procurar
nuestra atención es cómo vamos a conseguir que todas aquellas personas
que hayan mostrado su vocación, que hayan realizado los estudios
necesarios para conseguir ejercer como profesionales de la medicina,
puedan hacerlo a través de un sistema de formación de calidad homologado
con las necesidades europeas. Eso es lo que me parece que todavía no está
precisado en nuestro país. Usted dice que han tenido una reunión con los
estudiantes de medicina, conjuntamente, el Ministerio de Sanidad y
Consumo y el Ministerio de Educación y Ciencia. Evidentemente, yo no
niego que esas reuniones han tenido lugar; el problema es que no han
alcanzado ningún éxito; no se ha conseguido todavía fijar con claridad
cuál va a ser el contenido de esos dos años de formación posgraduada, no
lo sabemos exactamente no lo saben los estudiantes de medicina, ni cuáles
van a ser los programas de esa formación, qué contenidos van a tener, ni
en qué plazas de los hospitales públicos o de los ambulatorios de nuestro
país esas personas van a tener posibilidades de establecer esa misma
formación. En definitiva, los estudiantes no saben a qué atenerse
todavía, a estas alturas, respecto a las decisiones del Ministerio de
Educación y Ciencia y del Ministerio de Sanidad y Consumo. Yo insisto en
la responsabilidad del Ministerio de Sanidad para dar salida a esta
situación y para enfocar el asunto desde la vertiente asistencial. En
definitiva, esas personas van a tener un protagonismo asistencial
importante durante esos dos años y van a fundamentar el resto de su
profesión en lo que sean capaces de conocer, de aprender y de ejercer en
estos dos años.
Mi grupo parlamentario --se lo aclaro a todos los efectos-- no pone en
cuestión el sistema MIR; en absoluto. Nos parece un buen sistema, aunque
no tiene por qué ser el único sobre especialización y aunque, a lo mejor,
no tendría por qué incluir como una de sus especialidades, y como única
vía, la de especialista en medicina familiar y comunitaria. Precisamente,
una de las demandas más importantes de los estudiantes en estos momentos
es extraer del sistema MIR la especialización en medicina familiar y
comunitaria, por la imposibilidad del sistema MIR de dar especialización
a todas las personas con titulación de licenciado en medicina. Usted sabe
perfectamente que el problema no se genera con los titulados que salen
cada año, sino con la inmensa bolsa de profesionales acumulada a lo largo
de los últimos años a los que les va a ser muy difícil encontrar una
salida profesional.
En ese sentido, valoramos positivamente que se haya conseguido
incrementar el número de plazas MIR, pero sigue siendo tremendamente
insuficiente para absorber la demanda de esos jóvenes profesionales. Si
lo que nos dice usted es que van a condenar a una situación de
discriminación, en función de quienes hayan desarrollado su carrera antes
o después del año 1995; que van ustedes a condenar a un número muy
relevante de licenciados a que no puedan ejercer su vocación o que van a
suprimir plazas médicas precisamente por la vía de imposibilitar el
acceso a la profesión a un montón importante de personas, es conveniente
que se diga en este momento.
En todo caso, a nosotros nos preocupa que, a estas alturas, sigamos sin
conocer exactamente los criterios para esos dos años de formación; nos
preocupa cuáles van a ser las posibilidades de ejercer esos dos años de
formación; cuáles van a ser los medios que ustedes van a arbitrar para
hacer posible una formación de calidad, y eso, por mucho que usted
pretenda convencernos de lo contrario, es muy complicado pensar que, en
el poco tiempo que queda hasta el 1.º de enero de 1995, van a ser capaces
de hacer lo que no han hecho desde que la directiva fue publicada, en
1986. Vuelvo a insistir que son ocho años sin que ustedes hayan podido
resolver este problema. Usted me dice que ha tomado medidas y,
evidentemente, puede que así sea; pero el asunto sigue estando pendiente,
no hay visos de que tenga solución a corto plazo, y, desde luego, nuestra
voluntad es instar al Gobierno y a sus representantes educativos y
sanitarios para que, en el plazo más breve posible, que en todo caso
tiene que ser a lo largo de los próximos meses, se ponga fin a esta
situación de incertidumbre y preocupación generalizadas en las facultades
de medicina de nuestro país.
La señora PRESIDENTA: Señor Secretario General.
El señor SECRETARIO GENERAL DE SALUD (Gutiérrez Morlote): Señora
Presidenta, contestaré muy brevemente.
Voy a terminar con el compromiso que somos capaces de asumir, pero,
anteriormente, yo creo que apelando a esa reflexión que nos hacía antes
su grupo de que los comparecientes en nombre del Gobierno debían hablar,
sobre todo, lenguaje político, le voy a hacer algunas reflexiones en
lenguaje político, sobre esa frustración y ese riesgo que todos vemos de
frustración y de drama personal, profesional y social por parte de muchos
licenciados en medicina. Estoy seguro de que los vamos a compartir,
aunque, desgraciadamente, el Gobierno haya estado muy solo a la hora de
defender una solución coherente.
España tiene más médicos por habitante que los Estados Unidos de América
o que el Reino Unido, y eso forma parte de la legítima autonomía de las
universidades a la hora de hacer su convocatoria anual. El Gobierno, a
través de los Ministerios de Educación y Ciencia y de Sanidad y Consumo,
ha sido el que ha presionado, año tras año, para que esa oferta fuera
menor, porque más médicos no significa más salud ni mejor sanidad y
porque se generan muchas frustraciones.
En ese camino el Gobierno ha estado muy solo. Lo único que se ha dicho es
que cuantos entren, sin ninguna limitación, deben tener enseñanza
gratuita, deben acceder a una especialización remunerada, deben terminar
con un puesto de trabajo fijo y hasta hay que elevar las retribuciones.
Esa mezcla compleja de un planteamiento leninista, por un planteamiento
liberal es muy difícil, señoría.
Tenemos que ser coherentes y hay que empezar por decir que en España hay
demasiados médicos y tenemos que ajustar el número de médicos, cuya
formación es tremendamente gravosa para este país, a las verdaderas
necesidades. En segundo lugar, hay que decir que el MIR, que es una
formación especializada cuyo prestigio se reconoce en toda la Unión
Europea, no se estira como el chicle. El MIR depende del número de plazas
acreditadas para formar; no se puede formar en un quirófano un número
infinito de cirujanos, sino el número de cirujanos que pueden operar con
una responsabilidad progresiva, tutelados, con un programa docente,
etcétera.
Dicho esto, que yo creo es el marco general, hay que decir que el número
de plazas MIR ha ido creciendo; que también sería un riesgo formar
demasiados especialistas, riesgo que están combatiendo países como
Estados Unidos y Canadá que incluso han cerrado escuelas de medicina,
porque tampoco generan más salud y sí generan más gasto sanitario; y
tener especialistas en paro es tan preocupante y tan frustrante para
ellos, como tener licenciados en medicina que no pueden ejercer en el
sistema sanitario público.
Dichas estas reflexiones iniciales, que creo tienen un importante
contenido político acerca de la responsabilidad que todos juntos
quisiéramos asumir, le tengo que reiterar el compromiso, compromiso del
Gobierno, de los dos ministerios, del de Educación y Ciencia y del de
Sanidad y Consumo, de que se cumplirá el artículo 31 de la Directiva: la
exigencia de una formación específica en medicina general. Tenemos más de
un año para hacerlo hasta que termine la primera generación de
estudiantes, incluso cabría reconocer los derechos adquiridos.
¿Qué es lo que se exige? Dos años a tiempo completo y bajo control; un
contenido más práctico que teórico; una participación personal en la
actividad y responsabilidad progresiva. Eso se puede hacer, a través de
la medicina familiar y comunitaria, del sistema MIR de especialización o,
si es necesario, porque no pueden acceder todos, y ése sería el
compromiso del Gobierno, abriendo una vía específica para aquellos
estudiantes que no superen la prueba MIR que puedan realizar esos dos
años de formación, de manera que garanticemos, cosa que, por cierto, no
se garantiza en toda Europa, que los licenciados en medicina y cirugía
que terminen después de 1995 puedan acceder al sistema sanitario público
de seguridad social, que ése es el campo en el que nos movemos, y no
otros; es decir, no es que un médico tenga cerradas todas las puertas,
entendemos que vamos a abrir ésa y que nuestro compromiso es abrirla,
pero un médico puede trabajar en la docencia, puede ser médico forense o
puede tener un ejercicio libre sin necesidad de esa formación específica
a que se refiere la normativa 93/16.
La señor PRESIDENTA: Agradeciendo al Secretario General de Salud su
comparecencia en esta Comisión y, una vez cumplimentado el orden del día,
se levanta la sesión.
Eran las dos y treinta minutos de la tarde.