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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 114, de 22/02/1994
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1994 V Legislatura Núm. 114
JUSTICIA E INTERIOR
PRESIDENTE: DON JAIME JAVIER BARRERO LOPEZ
Sesión núm. 11
celebrada el martes, 22 de febrero de 1994
ORDEN DEL DIA:
--Comparecencia de la señora Secretaria de Estado de Asuntos
Penitenciarios (Fernández Felgueroso), para explicar las actuaciones
realizadas y previstas en relación con la cárcel que han decidido
construir en Zuera (Zaragoza). A solicitud del Grupo Parlamentario Mixto.
(Número de expediente 212/000366) (Página 3634)
--Pregunta del señor Martínez Blasco (Grupo Parlamentario Federal IU-IC),
sobre construcción de un centro penitenciario de grandes dimensiones en
la localidad de Zuera (Zaragoza). (BOCG, serie D, número 48, de 7-2-94.
Número de expediente 181/000398) (Página 3634)
--Comparecencia de la señora Secretaria de Estado de Asuntos
Penitenciarios (Fernández Felgueroso), para informar de las medidas
inmediatas que piensa adoptar para corregir las actuales graves carencias
de la política penitenciaria española. A solicitud del Grupo
Parlamentario Popular. (Número de expediente 212/000459) (Página 3645)
--Comparecencia del señor Ministro de Justicia (Belloch Julbe), para
explicar la existencia de sistemas permanentes de grabación en los
locutorios de los establecimientos penitenciarios españoles. A solicitud
del Grupo Parlamentario Federal IU-IC. (Número de expediente 213/000139.)
(En virtud de acuerdo de la Mesa de la Comisión, esta comparecencia será
cumplimentada por la Secretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios)
(Página 3658)
Preguntas:
--Del señor Ollero Tassara (Grupo Parlamentario Popular), sobre actitud
del Gobierno ante la realización de trabajos por internos de la prisión
provincial de Granada en el domicilio de uno de sus subdirectores, así
como circunstancias en que se llevaron a cabo. (BOCG, serie D, número 46,
de 28-1-94. Número de expediente 181/000338) (Página 3664)
--Del mismo señor Diputado, sobre razones por las que se ha planteado el
Gobierno el posible traslado del Subdirector de Tratamiento de la prisión
provincial de Granada a otro centro penitenciario. (BOCG, serie D, número
46, de 28-1-94. Número de expediente 181/000339) (Página 3667)
--Del señor Soriano Benítez de Lugo (Grupo Parlamentario Popular), sobre
derechos del Cabildo Insular de Tenerife, en el caso de ser desafectada
para uso penitenciario, sobre la antigua prisión Tenerife I, sita en la
Avenida Pérez Armas, de Santa Cruz de Tenerife. (BOCG, serie D, número
46, de 28-1-94. Número de expediente 181/000341) (Página 3668)
Se abre la sesión a las once y cinco minutos de la mañana.
--COMPARECENCIA DE LA SEÑORA SECRETARIA DE ESTADO DE ASUNTOS
PENITENCIARIOS (FERNANDEZ FELGUEROSO) PARA EXPLICAR LAS ACTUACIONES
REALIZADAS Y PREVISTAS EN RELACION CON LA CARCEL QUE HAN DECIDIDO
CONSTRUIR EN ZUERA (ZARAGOZA). A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO.
(Número de expediente 212/000366.)
--CONTESTACION A LA PREGUNTA SOBRE CONSTRUCCION DE UN CENTRO
PENITENCIARIO DE GRANDES DIMENSIONES EN LA LOCALIDAD DE ZUERA (ZARAGOZA).
FORMULADA POR EL SEÑOR MARTINEZ BLASCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL
DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente
181/000398.)
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Se abre la sesión. Según el
orden del día, comparece la señora Secretaria de Estado de Asuntos
Penitenciarios, doña Paz Fernández Felgueroso, a quien damos la
bienvenida a la Comisión, para, en la primera de las comparecencias,
explicar las actuaciones realizadas y previstas en relación con la cárcel
que han decidido construir en Zuera (Zaragoza). El grupo parlamentario
autor de la comparecencia es el Grupo Parlamentario Mixto.
Tiene la palabra la señora Secretaria de Estado.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE ASUNTOS PENITENCIARIOS (Fernández
Felgueroso): Señor Presidente, señorías, intervengo para explicar las
actuaciones realizadas y previstas por la Secretaría de Estado sobre la
implantación de un centro penitenciario en Zuera (Zaragoza). Voy a
relatarlas por orden cronológico.
Como SS. SS. conocen, el plan de amortización y creación de centros
penitenciarios aprobado por el Gobierno de la nación en julio de 1991
previó la construcción de un centro penitenciario para el área
territorial de Huesca-Zaragoza, con una capacidad de unas 950.000 plazas,
así como el cierre de los establecimientos que actualmente funcionan en
las citadas capitales. Para llevar a cabo la finalidad perseguida en el
mencionado plan se inició la búsqueda de posibles emplazamientos que
reunieran los requisitos de superficie, topografía, accesos, etcétera,
exigidos en el mismo, de forma que en diciembre de 1991 fueron estudiados
por una comisión creada «ad hoc», integrada por diversos funcionarios de
la Secretaría General de Asuntos Penitenciaios y en estrecha comunicación
tanto con las autoridades locales como con las autoridades autonómicas.
La mencionada comisión de emplazamiento elevó una propuesta a la entonces
Secretaría General de Asuntos Penitenciarios el 15 de enero de 1992,
seleccionando, de entre los posibles asentamientos, seis, inicialmente
estudiados. Uno, próximo a la localidad de El Temple, entre la N-330 y la
carretera local de Teruel de El Temple a Puilatos, si bien se consideró
que una alternativa que mejoraría el emplazamiento consistiría en
situarlo en la parte derecha de la carretera nacional. No les cuento con
detalle estas actuaciones por considerarlo innecesario; simplemente les
diré que el 5 de febrero de 1992 se mantuvo una reunión con la Delegación
del Gobierno a la que asistieron los distintos alcaldes de la zona del
Bajo Gállego, en la que se expusieron las características del centro
prototipo que se pensaba ubicar en esa área territorial y se deliberó
sobre el lugar concreto de su implantación.
El pleno del Ayuntamiento de Zuera, en su sesión extraordinaria de
carácter urgente, el 11 de febrero de 1992, adoptó, por mayoría absoluta,
el acuerdo que, a continuación, se transcribe: Atendido que, tras conocer
la decisión firme del emplazamiento elegido por la Administraión del
Estado en relación con el Centro Penitenciario del Bajo Gállego, la junta
de Ontinar del Salz, mediante acuerdo plenario de fecha 8 de febrero
actual, acordó solicitar del Ayuntamiento de Zuera que proponga a
Instituciones Penitenciarias un emplazamiento alternativo que aleje dicho
centro de la población de Ontinar del Salz, al objeto de mitigar los
perjuicios derivados de su proximidad a este núcleo de población.
En virtud de lo expuesto, el Ayuntamiento acuerda proponer a
Instituciones Penitenciarias el siguiente emplazamiento alternativo para
el Centro Penitenciario del Bajo Gállego, Paraje Monte Puilatos, situado
en la finca denominada registralmente Monte Puilatos, Sardas y Medianos,
titularidad que pertenece al Ayuntamiento de la Villa de Zuera, por
compra a la Iglesia de Monte Aragón.
Este acuerdo se remitió a través del Delegado del Gobierno en Aragón para
el conocimiento de la entonces Secretaría General de Asuntos
Penitenciarios, hoy de Instituciones Penitenciarias.
Más tarde, la Comisión de emplazamiento, en una segunda reunión, estudió
una nueva alternativa que se consideró más idónea que el asentamiento
inicialmente seleccionado por cuanto estaba situada en zona más elevada
y, a su vez, separada de núcleos urbanos. El nuevo asentamiento se ubica
en suelo no urbanizable igualmente en el municipio de Zuera, en el límite
con la provincia de Huesca.
Se eleva esta nueva propuesta a la Secretaría General de Asuntos
Penitenciarios con fecha 27 de febrero de 1992, mediante la cual, por
otra parte, quedaba atendida la petición formulada por el propio
Ayuntamiento de Zuera y la Junta vecinal de Ontinar del Salz.
Determinado ya definitivamente el emplazamiento, se procedió a la
depuración jurídica de los terrenos, obteniéndose las correspondientes
certificaciones catastral y registral. De ellas resultó la titularidad
del Ayuntamiento de Zuera y como bienes patrimoniales o de propios,
constando así en el Registro de la Propiedad de Zaragoza.
A lo largo de este proceso se han estudiado posibles fórmulas de
adquisición de los terrenos del municipio, si bien, dada la titularidad
jurídica y la legislación de régimen local, se ha optado, como fórmula
más idónea, por acudir a la expropiación. El procedimiento expropiatorio
ha sido iniciado mediante resolución de la Secretaría de Estado de
Asuntos Penitenciarios, con fecha 27 de septiembre de 1993, que ordenaba
la remisión a la Delegación del Gobierno en Aragón de la relación de
bienes y derechos afectados por la expropiación para que se realizare la
pertinente información pública. Con ello se daba cumplimiento a lo
dispuesto en los artículos 17 y 18 de la Ley de Expropiación Forzosa.
Cumplidos que han sido todos los requisitos legales de publicación en
diversos medios públicos y privados, el plazo para alegaciones finalizó
el pasado 3 de diciembre y he de decir que hasta la fecha se encuentran
alegaciones sin haber sido resueltas.
Seguido que sea el procedimiento expropiatorio por sus trámites, una vez
tomada la posesión de los terrenos, se realizan los pertinentes estudios
geotécnicos. Facilito a SS. SS. otra fecha importante en el proceso, que
es la decisión del Consejo de Ministros en su reunión de 29 de diciembre
de 1993, que reconoció la utilidad pública de las obras necesarias para
la construcción del mencionado centro penitenciario y declaró de urgencia
la ocupación de los bienes y derechos afectados por la ejecución de las
obras.
Por resolución de 12 de enero de 1994, publicada en el boletín del martes
18 de enero, la Delegación del Gobierno de Aragón, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de
diciembre de 1954, convocó a los propietarios, arrendatarios y titulares
de derechos afectados por la expropiación al levantamiento de los actos
previos a la ocupación para el día 31 de enero de 1994 en el Paraje Monte
Puilatos, del término municipal de Zuera.
Se prevé que a finales de febrero, dentro de unos días, estén
constituidos los depósitos y consignadas las indemnizaciones por rápida
ocupación; cumplimentado este trámite se podrá tomar posesión de la finca
e iniciarse los estudios geotécnicos previos a la construcción. En los
pasos posteriores que aún quedan pendientes, está éste de poder hacer los
estudios geotécnicos. Después, por el proyecto de implantación, conocen
SS. SS. que el centro-tipo es un centro que vamos ubicando en los
distintos asentamientos que se eligen y que, por tanto, no se hace un
nuevo proyecto por cada centro que construimos, sino que se hace un
proyecto de implantación del centro-tipo en el lugar estudiado y
adquirido por la vía jurídica que sea.
Sólo una vez hechos estos estudios geotécnicos, procede ya a hacer el
proyecto de implantación y tramitarlo administrativamente a través de la
comunidad autónoma correspondiente o, en su caso, si la comunidad
autónoma correspondiente no tiene a bien o no considera procedente la
modificación del planeamiento, la licencia se otorgaría con apoyatura en
el artículo 244.2 de la Ley del Suelo, es decir, por el Consejo de
Ministros.
Hasta aquí, señorías, es el relato de asociaciones administrativas que se
han hecho en relación con el centro penitenciario y, además de estas
actuaciones puramente administrativas, evidentemente, a lo largo de este
proceso que se ha dilatado en el tiempo, se han mantenido numerosas
conversaciones, numerosas reuniones con el Ayuntamiento de Zuera, con
organizaciones de ciudadanos, con la Delegación del Gobierno y con las
autoridades de la comunidad autónoma.
Pese a estas explicaciones, saben SS. SS. que hay una parte de la
ciudadanía de Zuera absolutamente a favor de la implantación del centro
penitenciario y también otra parte importante y resoluciones del
Parlamento autonómico que se oponen a él.
En todo caso, considerando que ha de prevalecer el interés general sobre
otros intereses, en cumplimiento del plan aprobado por el Gobierno de la
nación, como tendremos ocasión seguramente en esta misma sesión de
comentar, y la necesidad de creación urgente de centros
penitenciarios que permitan una relación adecuada entre centros y
necesidades de plazas, se ha seguido, precisamente en la defensa de ese
interés público, la construcción en Zuera (Zaragoza) del centro que
estaba previsto y planificado en el plan al que antes hice referencia,
aprobado por el Gobierno de la nación.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Secretaria de Estado.
A esta comparecencia se acumula la pregunta número 7 del orden del día,
cuyo autor es don José Luis Martínez Blasco.
¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
El señor Mur, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra.
El señor MUR BERNAD: Quiero agradecer a la señora Secretaria de Estado de
Asuntos Penitenciarios su comparecencia hoy en esta Comisión y sus
explicaciones. He de aclarar que, en nombre del Partido Aragonés y a
través de este Diputado integrado en el Grupo Mixto, solicité la
comparecencia del entonces señor Secretario de Estado de Asuntos
Penitenciarios con fecha 19 de noviembre; han pasado ya más de tres meses
desde aquella fecha y muchas cosas han cambiado. Ha cambiado hasta el
propio señor Secretario de Estado, que ahora es señora Secretaria de
Estado.
No solamente ha cambiado eso, sino que desde entonces en este proyecto de
la macrocárcel que se pretende instalar en Zuera también ha habido
acontecimientos importantes, que la señora Secretaria de Estado, con
habilidad dialéctica, ha pasado por alto; nos ha ilustrado con una buena
descripción topográfica de los terrenos y del proyecto, pero pocas cosas
ha dicho del trasfondo político que hay detrás de este asunto. Espero que
en su segunda intervención entremos de verdad en lo que nos interesa,
porque los estudios geológicos del terreno y si colinda con la iglesia de
no sé qué o con la vía del ferrocarril me parece que a las señorías de
esta Comisión les importa poco.
Quizá tendrían mucho más interés en conocer que, desde 1991, cuando se
hace pública la noticia de que el Gobierno de la nación quiere instalar
una macrocárcel en terrenos próximos a la villa de Zuera, en la provincia
de Zaragoza, se levanta una gran contestación, contestación como hacía
mucho tiempo que no se había visto en la provincia de Zaragoza. A tal
efecto, el día 14 de enero de 1992 ya se crea una coordinadora comarcal
del Bajo Gállego para canalizar y garantizar las acciones de protesta
contra la construcción de la macrocárcel. El día 18 de enero hay una
concentración ciudadana en Zuera frente al ayuntamiento para recoger
firmas. El uno de febrero hay una manifestación de más de diez mil
personas en Zaragoza. Recuerdo que la villa de Zuera no debe tener más
allá de cinco mil habitantes y logran convocar en Zaragoza más de diez
mil personas para protestar contra esa decisión. El 12 de abril más de
400 vecinos se manifiestan frente al Ayuntamiento de Zuera. El 29 de
mayo, representantes de la coordinadora se reúnen con el entonces
Presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, Emilio Eiroa, para hacerle
patente su oposición a este proyecto. Dicho Presidente en aquel momento
tiene que limitarse a dar traslado de esta inquietud al Gobierno de la
nación, puesto que hasta entonces no conoce oficialmente los proyectos
que tiene para este asunto. El Justicia de Aragón, entonces don Emilo
Gastón, también ha hecho público un informe en el que considera
inadecuada la fórmula de la macrocárcel en Zuera y considera más
aceptable la construcción de dos cárceles, dos prisiones de menor tamaño,
una en Zaragoza y otra en Huesca.
Como ven SS. SS., éste es un asunto que ha levantado mucha expectación,
mucha contestación y mucha preocupación en la zona afectada. Nada más hay
que recordar las declaraciones del Alcalde de Zuera, el socialista señor
Puyuelo, que, en noviembre de 1991, cuando se hace pública la noticia,
dice algo así como las siguientes frases recogidas por un medio de
comunicación: La instalación de una macrocárcel hipotecaría el desarrollo
de Zuera como zona industrial y de servicios. Zuera tiene enmarcado su
proyecto de futuro con instalaciones de industrias que tal vez no
vendrían si aquí hubiera una macrocárcel. El proyecto de la macrocárcel
no está dentro de los planes de expansión que queremos para nuestro
municipio. Bien es verdad que en noviembre de 1992 el mismo alcalde, por
lo visto ya suficientemente informado de los planes del Ministerio,
cambia de parecer y dice: En ocasiones hay que tomar decisiones políticas
que pueden no gustar a la mayoría, aunque sean las mejores posibles para
la localidad. Y dice también: No es un centro de contaminación
--refiriéndose a la macrocárcel-- ni de pestilencia. Como ven, hay
cambios de actitudes en este caso del alcalde que, poco a poco, se va
quedando solo, ya que la coordinadora acaba de aglutinar a la mayor parte
de la población de Zuera y de la comarca.
Esta coordinadora, que ha tenido un papel muy activo en la reivindicación
y en la oposición a esta construcción, ha llegado, incluso, a hacer
encierros, a hacer una consulta popular, llamada referéndum o consulta de
opinión que tuvo lugar hace muy pocos meses, con un resultado abrumador
en contra de la instalación de esta macrocárcel.
Pero todo ello, señorías, es porque nadie ha explicado --y tampoco se lo
he oído a la señora Secretaria de Estado-- cómo y por qué se toma esta
decisión, por qué se decide hacer una macrocárcel en ese sitio y a quién
sirve esa macrocárcel. Y, curiosamente, aunque el plan dice que es para
eliminar dos establecimientos penitenciarios, uno en Huesca y otro en
Zaragoza, ésa ha debido ser una decisión tardía y, a nuestro juicio,
equivocada, del Gobierno, porque no hacía muchos meses, antes de tomar
esta decisión, que el Ayuntamiento de Huesca, en un convenio firmado con
el Ministerio de Justicia, llegó al compromiso de adquirir una finca en
las cercanías de Huesca, invirtiendo por parte del Ayuntamiento una
cantidad importante de dinero, para ofrecerla a Instalaciones
Penitenciarias y que se hiciera la cárcel de Huesca, en sustitución de la
que actualmente está funcionando y que, al parecer, no reúne los
requisitos. Pues bien,
cuando se toma la decisión de construir esta macrocárcel en Zuera no se
le advierte al Ayuntamiento de Huesca, no se le dice qué va a ocurrir con
el terreno que ha comprado y que ha puesto a disposición de la Secretaría
de Estado de Instituciones Penitenciarias. Por tanto, se le ha obligado a
hacer un gasto que ahora, a la vista de esto, no va a servir para nada. Y
no sabemos si el Ayuntamiento de Huesca va a tener algún tipo de
compensación por aquel gasto que se le hizo hacer, en aquel momento, de
conformidad con el Ministerio.
También aquí habría que poner de manifiesto algo muy importante: las
actitudes del Gobierno de Aragón. Y las dividiría en dos períodos: uno,
las actitudes del Gobierno de Aragón antes del 15 de septiembre de 1993
y, otro, después del 15 de septiembre de 1993.
Antes del 15 de septiembre de 1993, y SS. SS. saben que hago referencia a
esta fecha porque es la fecha en la que el Gobierno de Aragón cambia --en
virtud de una moción de censura ganada por el candidato socialista, señor
Marco, con el apoyo del voto de un tránsfuga del Partido Popular-- hasta
entonces, como digo, el Gobierno de Aragón no sólo no ha sido
oficialmente informado, sino que había sido ignorado en sus peticiones. Y
el Gobierno de Aragón, lógicamente, que vio burladas sus competencias
exclusivas en ordenación del territorio, pretendía, de alguna manera, que
se le explicara cómo se puede ordenar el territorio de la Comunidad
Autónoma, competencia del Gobierno de Aragón, si, desde las instancias
del Gobierno central, se le impone una instalación como esta macrocárcel,
que, por las dimensiones, el volumen de inversión y las afecciones que va
a crear, puede desbaratar cualquier idea de ordenación territorial. Pero
es que el tema también va a las Cortes de Aragón, al Parlamento regional,
cuyos acuerdos han sido sistemáticamente deseoídos por las autoridades
del Ministerio y, en concreto, de la Secretaría de Estado, y la recuerdo
que el día 13 de febrero de 1992, es decir, con cierta rapidez desde que
se conoce el asunto, el Pleno de las Cortes de Aragón aprobó una
proposición no de ley que decía: las Cortes de Aragón se manifiestan en
contra de la instalación de macrocárceles en el territorio de nuestra
Comunidad Autónoma, por entender que no responden a una adecuada política
de reinserción social. Las Cortes de Aragón expresan su más enérgico
rechazo a la ubicación de cualquier tipo de instalación penitenciaria en
la comarca del Bajo Gállego; instan a la Diputación General para que
solicite del Ministerio de Justicia la realización; a la mayor brevedad
posible, de los estudios para la modernización y, en su caso, nuevas
ubicaciones de centros penitenciarios en la comunidad autónoma y expresan
su más enérgica protesta ante la decisión tomada por el Ministerio de
Justicia de instalar una macrocárcel en el término municipal, entonces de
Gurrea de Gállego, en la misma comarca y, posteriormente, en Zuera.
De esto supongo que el Ministerio tiene constancia porque así se le hizo
saber desde las Cortes de Aragón, pero no ha surtido ningún efecto y la
señora Secretaria de Estado no ha hecho ni siquiera mención a por qué no
se ha hecho caso a esto, si se ha contestado, si se ha argumentado, si se
han dado alegaciones en contra. Y eso ha llevado a que hace muy pocos
días, en noviembre de 1993, en las Cortes de Aragón, haya habido otra
iniciativa parlamentaria, que ha sido aprobada por la mayoría de los
votos de ese Parlamento, concretamente los del Partido Popular, del
Partido Aragonés y de Izquierda Unida, en contra de esta instalación. Es
decir, por segunda vez se reitera y por lo que veo, por segunda vez desde
las instancias del Gobierno central se desconocen o se hace caso omiso de
estos acuerdos parlamentarios de un Parlamento que lo que intenta es
velar por la defensa de los intereses de su territorio y recoger la
opinión mayoritaria de las fuerzas políticas representativas de Aragón.
Me gustaría que puediera informarnos sobre cuál ha sido la actitud del
Gobierno de Aragón después del día 15 de septiembre porque el ahora
Presidente, señor Marco, después de muchas dudas, tuvo que recibir a los
miembros de la coordinadora y, según decía la prensa de aquellos días, el
no a la macrocárcel llegará a Madrid, palabras del actual Presidente de
la Comunidad Autónoma de Aragón. No sé si ha llegado a Madrid ese no y,
si ha llegado, si ha sido oído, si ha sido escuchado o si ha sido
ignorado, como había sido hasta entonces. Pero, en el fondo, también hay
muchas dudas, señora Secretaria de Estado. ¿Qué tipo de cárcel se quiere
hacer allí? ¿Cumple esta cárcel la Ley General Penitenciaria? Hay serias
dudas por parte de colectivos importantes y representativos sobre esta
cuesión.
Deseo simplemente recoger aquí unas declaraciones de un informe de Jueces
para la Democracia, que dice que la Ley General Penitenciaria prescribe
que los establecimientos penitenciarios no deberán acoger a más de 350
internos por unidad y, por tanto, califica a esta macrocárcel de dudosa
legalidad. Esto lo dice Jueces para la Democracia; no lo dice la
coordinadora del Bajo Gállego. También nos ha dicho usted que todo este
trámite, que parece que se lleva a uña de caballo en cuanto a la
expropiación, a levantar las actas de ocupación, etcétera, se ha hecho
sin contestar las alegaciones que, por centenares, se han presentado en
la exposición pública de este proyecto.
¿Qué va a pasar entonces con estas alegaciones? Porque supongo que el
trámite jurídico y el trámite procedimental no están cerrados. El
Ministerio podrá contestar con el silencio administrativo o contestar
expresamente, pero la vía jurisdiccional quedará abierta para los
alegantes. Si los tribunales después dieran la razón, lo que no parecería
tan raro, a aquellos que alegan en contra de esta instalación ¿qué
ocurriría? ¿Estaríamos ante una política de hechos consumados? ¿Estaría
ya construida la macrocárcel y habría que apelar entonces al daño social
que podría causar esta cuestión?
Yo le pediría un poquito más de prudencia y esperar a que en este asunto
no solamente se escuchen los legítimos pareceres de los representantes
políticos de Aragón, sino incluso que demos por finalizado el
procedimiento jurídico legal, que en este momento está todavía abierto,
antes de acometer una obra de esta envergadura.
En definitiva y para terminar, señor Presidente, nadie
nos ha explicado por qué hay que hacer esta macrocárcel, por qué hay que
hacerla allí, por qué hay que hacerla en contra de la opinión de los
vecinos, por qué hay que hacerla en contra del Parlamento de Aragón y por
qué hay que hacerla en contra de la voluntad, manifestada en el
Parlamento Aragonés, de la mayoría de las fuerzas políticas que
representan al pueblo aragonés.
Si todas estas aclaraciones las pudiera hacer la señora Secretaria de
Estado, sabríamos un poquito más. Y, desde luego, algo más habrá que
hacer. Una de las cosas que le sugiero es dialogar un poco más porque,
hasta ahora, no ha habido absolutamente nada de diálogo. Hasta el 15 de
septiembre de 1993 --tengo los datos--, el Gobierno de Aragón había sido
sistemáticamente ignorado y los representantes de la coordinadora y otros
representantes de los vecinos de Zuera no han sido, no digo atendidos, ni
siquiera escuchados por el Departamento que ahora dirige la señora
Secretaria de Estado. Ya sabemos que el Gobierno central puede tener la
legislación a su favor, puede decretar urgencia, puede decretar utilidad
social y puede, efectivamente, mandar a la Guardia Civil para que vigile
la construcción de las obras durante todo el período que duren, pero no
es un buen procedimiento tener que hacer una obra de esta envergadura,
que debería satisfacer las necesidades y el deseo de los ciudadanos, en
contra de la voluntad manifiesta y reiterada de aquellos que van a tener
que convivir permanentemente, en el futuro, con esta instalación que hoy,
por lo que se advierte, no es ni deseada ni querida.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene
la palabra el señor Martínez Blasco.
El señor MARTINEZ BLASCO: Efectivamente, yo había presentado una pregunta
oral, que ha sido incluida en el orden del día, que comenzaba diciendo:
¿Mantiene el Gobierno la intención...? Porque no es ésta la primera vez,
señor Presidente, señora Secretaria de Estado, que se habla de la cárcel
de Zuera en esta Comisión; en la legislatura pasada ya se habló de esta
cárcel.
A nosotros nos parecía que, después del cambio de Gobierno, considerando
las características, incluso personales, el origen del señor Ministro,
podría haber un cambio en la filosofía respecto a esta cuestión. Me ha
gustado que la señora Secretaria de Estado haya intentado enfocar el
problema desde el punto de vista del interés general. Usted sabe que,
hasta ahora, no primaba el interés general en la construcción de las
macrocárceles; fue expresamente dicho en esta Comisión que el interés que
primaba era el económico. Puesto que los recursos del Ministerio de
Justicia están disminuyendo no sólo para completar la Ley de Planta y
Demarcación Judicial, sino también para las instalaciones penitenciarias,
al Ministerio, en 1991, se le ocurrió la brillante idea de vender las
cárceles viejas y con su importe hacer unas cárceles nuevas, y cuanto más
grandes, más baratas; es evidente. Creo que este ámbito del interés
general permite ahora entrar en el contenido de si eso corresponde al
interés general, tanto desde el punto de vista penitenciario como desde
el autonómico y me va a permitir la señora Secretaria de Estado que me
refiera a esas dos cuestiones.
La primera cuestión es si el interés general penitenciario en estos
momentos es hacer macrocárceles. Efectivamente, hubo un tiempo en nuestro
país en el que a los locos se les trataba en grandes instalaciones
psiquiátricas; después, la ciencia llegó a la conclusión de que pequeñas
instalaciones, pisos, incluso régimen abierto en las propias poblaciones,
era mucho más adecuado. También hubo tiempos en que en nuestro país se
hicieron grandes hospitales, cuanto más grandes mejor, porque parecía que
era más barato; ahora, la tendencia es otra. «
¿No cree la señora Secretaria de Estado que es volver hacia atrás
respecto al hito que supuso en nuestro país y en nuestro entorno la Ley
General Penitenciaria de 1979, que yo creo que es una extraordinaria Ley?
Evidentemente, necesita completarse --y así se dijo en aquel momento--
con una reforma del Código Penal, para evitar que vaya a la cárcel todo
el mundo y que sólo vayan los que sea necesario que vayan y de la forma
que sea necesaria; unos, con internamiento, otros con un régimen más o
menos abierto, buscando siempre el objetivo fundamental de la reinserción
y de la integración en la sociedad.
Ahora que teníamos la Ley General Penitenciaria, que diseñaba ese modelo
de integración de los reclusos en la sociedad, no apartándoles, como en
los antiguos penales, porque son irrecuperables, sino buscando la
integración, viene este modelo de 1991 que propone grandes cárceles,
alejadas de los núcleos urbanos --la señora Secretaria de Estado ha
empezado diciendo que el emplazamiento ha sido buscado para alejarse de
los núcleos urbanos--, donde estén presos de diferente condición, porque
van a estar los preventivos, los de cumplimientos de penas, los jóvenes.
Todas son categorías sobre las que la propia Ley Penitenciaria establecía
que debían hacerse instalaciones propias y adecuadas.
En la línea de la modificación del Código Penal que todos esperamos ¿qué
ocurrirá cuando se hagan arrestos de fin de semana? ¿También habrá que
cumplirlos en esta instalación en el monte? Supongo que entonces se
pondrá como premio porque, como está en medio del monte, en unos parajes
idílicos, es como irse a la sierra a estar el fin de semana. Creo que ésa
no es la filosofía de la Ley General Penitenciaria ni, como ya se ha
señalado, incluso de las normas mínimas que establecieron las Naciones
Unidas, en cuanto a dimensiones de los centros y demás.
Por tanto, a nosotros nos parece que la propuesta de 1991 de hacer una
macrocárcel va en contra de la Ley General Penitenciaria, de su espíritu
y también de su letra, más allá de las disquisiciones de si los 350
internos a que se refiere el artículo 12 son 350 por módulo o por cada
establecimiento. No debe haber ninguna duda de que va contra la
filosofía. Y la única razón que se ha dado en esta Cámara es económica.
Efectivamente, hacer los establecimientos más grandes resulta más barato,
porque hay una serie de servicios comunes, aunque sólo sea la seguridad,
servicios de electricidad, de lavandería, de
comedor, una serie de servicios, incluso de dirección, pero nuestro Grupo
no admite que se rebaje ni un ápice la Ley General Penitenciaria por mor
de que haya en estos momentos escasos recursos para atender las
necesidades de la Justicia y, más específicamente, las necesidades
penitenciarias.
La segunda cuestión también me parece fundamental. Igual que se
equivocaría la señora Secretaria de Estado si creyese que estamos
hablando de quitar la macrocárcel a Zuera para pasársela al pueblecillo
de al lado (no es ése el problema, en ningún momento la coordinadora y
todas las fuerzas sociales y políticas de Aragón, que han estado en
contra de la macrocárcel, han dicho que se quite de Zuera para llevarla
al pueblo de al lado, a Almudévar o a otro sitio; en ningún caso se ha
dicho eso; se está atacando el modelo), se equivocaría la señora
Secretaria de Estado si se empecina en poner una cárcel contra la opinión
de Aragón.
Aquí también tocamos un problema muy importante. Ha dicho la señora
Secretaria de Estado que, en un determinado momento, el Ayuntamiento de
Zuera acordó, para evitar que estuviese al lado de una pedanía que tiene
ese ayuntamiento, proponer como alternativa otro terreno. Eso es cierto,
pero ha habido dos resoluciones del Parlamento de Aragón, de 13 de
febrero de 1992 y de 9 de diciembre de 1993, y es el Parlamento de
Aragón, además de otras instituciones, como ya se ha señalado, o el
propio Justicia de Aragón, el que ha dicho que no.
Sabemos, y es cierto, que en estos momentos las competencias en materia
penitenciaria las tiene la Administración central; pero ¿de verdad cree
la señora Secretaria de Estado que es ir por el interés general imponerse
a la voluntad del Parlamento de Aragón, que ha sido explícita? ¿Cree
usted que en otras comunidades autónomas se trasladaría esta imposición?
Yo creo que no se toleraría en ninguna otra comunidad autónoma. Ha habido
un pronunciamiento neto y expreso por dos veces, y la segunda ha sido
porque, efectivamente, se empezó a ver que se movían los papeles para la
expropiación.
A mí me parece, señora Secretaria de Estado, que esto no es tolerable en
un Estado de las autonomías, que no se puede imponer, porque la
competencia la podrá tener la Administración central, pero el interés
general, el interés general de los presos de Aragón lo tiene también la
Comunidad Autónoma de Aragón, y quiere ser corresponsable.
Y termino, señor Presidente, señora Secretaria de Estado, con la
alternativa. La alternativa es la Ley General Penitenciaria. Háganse
centros diversos. Ya se ha señalado que el Ayuntamiento de Huesca llegó
incluso a iniciar la compra de un terreno. El Ayuntamiento de Zaragoza me
consta, puesto que en aquellos momentos yo era concejal de ese
Ayuntamiento, que hizo el ofrecimiento formal de terrenos para ubicar un
nuevo centro penitenciario, o nuevos centros penitenciarios --los que
sean necesarios, puesto que, evidentemente, la ciudad de Zaragoza, por
sus dimensiones, necesita más de un centro penitenciario-- en Zaragoza.
Háganse los centros de acuerdo con el diseño de la Ley General
Penitenciaria, donde los preventivos puedan estar en un régimen en el que
se supone su inocencia. Se supone porque lo dice la Constitución y porque
todos lo creemos hasta que sean condenados, y no tienen por qué estar en
esa ciudad militar que se ha diseñado, rodeada de siete líneas de
seguridad, que tienen las nuevas instalaciones. Yo creo que eso no tiene
que ver con los presos preventivos que están pendientes de juicio.
Diséñense centros para jóvenes, diséñense centros que permitan la
reinserción en régimen abierto, acudiendo al trabajo durante el día,
etcétera, y diséñense incluso, previendo la reforma del Código Penal,
centros donde se puedan hacer esos arrestos de fines de semana, etcétera.
Esa es la alternativa y a esa alternativa se apunta todo el mundo. Nadie
en Aragón está diciendo que no se modifique la situación en las cárceles
actuales de Huesca y de Zaragoza. Todos hemos pedido que se sustituyan
esas cárceles por otras, porque las que existen están obsoletas, porque
están hacinados; todos lo hemos dicho; pero la solución no es hacer una
macrocárcel de 7.000 millones de pesetas, con siete barreras de
seguridad, en medio de los montes, de los páramos aquellos del municipio
de Zuera, sino el cumplimiento de la Ley General Penitenciaria y el
cumplimiento del Estado de las Autonomías.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Gil
Lázaro tiene la palabra.
El señor GIL LAZARO: Nosotros vamos a ser muy breves, porque, desde
luego, no queremos profundizar en lo que podría ser el prólogo de esta
cuestión que nos ocupa, es decir, el sentido, la filosofía, la
concepción, la instrumentación y la ejecución del actual plan de
amortización de centros, y especialmente lo que significa y comporta la
figura del modelo típico de centro, el llamado macrocomplejo. Sobre eso
anunciamos ya que a lo largo de este período de sesiones íbamos a
promover un debate específico, y, efectivamente, tanto con la señora
Secretaria de Estado, como con el Presidente de la Sociedad de
Infraestructuras y Equipamientos, vamos a tener oportunidad de llevarlo
adelante a lo largo de los próximos meses, amén, naturalmente, de añadir
a ese debate nuestras correspondientes propuestas específicas.
Sí tenemos que reafirmar hoy nuevamente aquí lo que ya venimos diciendo
en la pasada y en la presente legislatura y lo que, en consecuencia con
esa postura sostenida por nuestro Grupo parlamentario, han sostenido
igualmente nuestros representantes en los diversos municipios y en las
comunidades autónomas: que esa figura del macrocomplejo no casa en
absoluto con los preceptos establecidos en la Ley Orgánica General
Penitenciaria en cuanto a la concepción de los centros y que, por tanto,
es un obstáculo determinante para poder ejecutar seriamente una política
de tratamiento y de reinserción, que es el sentido último del sistema de
penas privativas de libertad concebido en nuestra Constitución.
A esos argumentos que nosotros en su momento especificaremos con más
detalle, cabe citar hoy, como acompañamiento, lo dicho muy recientemente
por la jueza
Carmena que redunda en esta misma tesis y que señala, además, que esa
interpretación un tanto atípica que viene haciendo la Administración
penitenciaria, el anterior equipo, promotor de este plan y de esta figura
del macrocomplejo, en cuanto a que la ley orgánica establece 350 por
unidad, es en todo caso una interpretación que difícilmente casa con la
realidad del espíritu de la Ley Orgánica General Penitenciaria.
Entrando en concreto en la cuestión que nos ocupa, nosotros tenemos que
señalar que la señora Secretaria de Estado, con una habilidad
absolutamente elogiable, desde su óptica y desde sus intereses, ha hecho,
como decía el representante del Partido Aragonés Regionalista, un relato
de hechos que, desde un punto de vista técnico, puede tener su interés o
su curiosidad, pero que, desde un punto de vista político, en modo alguno
se ajusta al trasfondo real del asunto: la situación de conflictividad
que esa decisión, absolutamente unilateral de la Administración
penitenciaria, ha generado en una comarca y en el conjunto de una
comunidad autónoma.
Yo, muy brevemente, voy a dar a la señora Secretaria de Estado, como es
natural, otra relación de hechos, atenida a ese trasfondo político.
El 23 de diciembre de 1991 el Ayuntamiento de Zuera, por unanimidad,
aprueba el rechazo de la instalación de un posible centro penitenciario
en la comarca del Bajo Gállego. El 13 de enero de 1992, el Alcalde de
Zuera elude dar cualquier tipo de información, sobre la posibilidad de
que ese centro fuera instalado en su municipio, a los representantes de
los grupos de la oposición, y uno de los tenientes de alcalde,
perteneciente al Grupo Socialista, señala que todas las noticias que se
han publicado son meramente rumores de los periódicos. Sin embargo, el 14
de enero de 1992 «El Heraldo de Aragón», ya de una manera completa en su
información, sentencia que, efectivamente, la Administración
penitenciaria se propone llevar adelante la creación de esa macrocárcel
en Zuera. El 18 de enero de 1992 el pueblo de Zuera se concentra en su
Plaza de España y, tras haber despreciado públicamente en varias
ocasiones el manifiesto de la coordinadora que se había creado al efecto
días antes (manifiesto que en ese momento estaba firmado por más de
4.000, del total de 5.000 zufarienses), el alcalde firma ante toda la
población el manifiesto, señalando que lo hace, no como alcalde, sino
simplemente como ciudadano. El 24 de enero de 1992 todos los alcaldes de
la comarca y representantes de la coordinadora se entrevistan con el
Presidente de la Diputación General de Aragón y el alcalde de Zuera
abandona repentinamente la reunión, sin dar mayores explicaciones. El 1
de febrero de 1992 se produce una gran manifestación en Zaragoza, en la
que toda la comarca prácticamente se manifiesta en contra de la
instalación de este macrocentro penitenciario. Es curioso que esta
manifestación aparece encabezada por el propio alcalde de Zuera y por un
parlamentario nacional perteneciente al Grupo Socialista. Por cierto, el
Delegado del Gobierno en Aragón, que había comprometido una reunión con
los manifestantes para recibir el manifiesto, se niega a recibirles. El
11 de febrero, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Zuera aprueba, en
solitario, la cesión de terrenos. Los grupos de la oposición, precediendo
a la votación, abandonan el pleno, por entender que esa sesión está, en
su planteamiento, en manifiesta contradicción con lo que es la opinión
mayoritaria de la comarca y por entender, naturalmente, que, como
representantes municipales en un tema de esta envergadura, tienen en sus
posiciones y en su debate que ser fieles a una opinión manifiestamente
mayoritaria en el ámbito de esa comarca. El 13 de febrero el Partido
Popular presenta una proposición no de ley en las Cortes de Aragón, junto
con el Partido Aragonés Regionalista, y es respaldada por todos los
grupos de las Cortes, a excepción, naturalmente, del Grupo Socialista. El
30 de mayo, como ya ha recordado también el señor Mur, el Justicia de
Aragón tiene un pronunciamiento taxativo en relación con el proyecto de
construcción de esta macrocárcel y con lo que el concepto de macrocárcel
significa en el ámbito penitenciario.
Podíamos seguir así, explicando los pasos sucesivos que se han ido
produciendo en este asunto, en lo que afecta al planteamiento de la
opinión pública en relación con la decisión adoptada por la
Administración penitenciaria; hay que señalar que el 19 de diciembre,
como paso último, se celebró una consulta de opinión en Zuera, convocada
por la coordinadora del Bajo Gállego, y el resultado no pudo ser, desde
luego, más apabullante. Los votos en contra de la construcción de esa
macrocárcel fueron 2.222; a favor, 30; en blanco, nueve, y 20 nulos, y
participó un 52,9 por ciento de la población. Naturalmente no se trata de
un procedimiento que tenga, entre comillas, «un valor legal», pero sí se
trata de una consulta que refleja en este caso, sin comillas, un
clarísimo estado de opinión.
En definitiva, el sentimiento que existe en la comarca es que las
circunstancias de la misma impiden que la instalación de esa macrocárcel
pueda suponer un beneficio para las personas que, hipotéticamente, serían
internadas en ella ni un beneficio para la comarca. Entienden que,
difícilmente, un complejo que puede llegar a albergar a cerca de 2.000
personas, puede ser compatible con la situación de una comarca en ciertos
aspectos muy seriamente deprimida y con necesidades manifiestas, con un
total de población de 9.000 habitantes.
Yo no quiero traer a colación, y podría hacerlo, algunas de las citas
textuales del debate que se celebró, en su momento, en las Cortes de
Aragón, pero sí señalar, y a modo ya de conclusión, que este asunto ha
puesto de manifiesto, primero, una vez más, que ese modelo de
macrocomplejo y esa política de ejecución y concepción del plan de
amortización es una política que genera conflictos sociales, porque no es
una política adecuada a la realidad del sistema penitenciario, ni
convenientemente desarrollada conforme a las necesidades y a las
exigencias del entorno social. En segundo lugar, que aquí el anterior
equipo de la Administración penitenciaria volvió a hacer gala de una
especie de ordeno y mando, de dispongo, de ausencia de todo diálogo. Se
ha recordado, efectivamente, que para nada hubo un encuentro, una
negociación,
un intercambio de opiniones con los representantes del Gobierno aragonés.
Se ha dicho que para nada, en ningún momento, ninguna representación del
Estado quiso dialogar con los representantes de esa coordinadora que
gustará o no a algunos pero que, efectivamente, representaban un
clarísimo estado de opinión en la comarca.
Lo que decimos, lo confirmó en esta misma Cámara, en cuanto al
planteamiento de esa actitud de alguna forma secretista, el anterior
Secretario de Estado. Yo quiero recordar que en la pasada legislatura, a
pregunta de un Diputado de nuestro Grupo, don César Villalón, en relación
con el asunto que nos ocupa, la respuesta literal del señor Asunción fue:
Le diré en este caso que no sé exactamente el término municipal en donde
se va a ubicar esa macrocárcel, pero, aunque lo supiera, no se lo podría
decir hasta que tuviera formalizado con ese ayuntamiento un compromiso
que no dificultara esa formalidad. No creemos que tampoco sea ése el
planeamiento adecuado para poder dialogar la Administración penitenciaria
con el Parlamento.
En definitiva, y concluyo, señora Secretaria de Estado, usted inicia una
gestión «ex novo»; no sea prisionera, y de eso hablaremos más tarde, ni
de errores, ni de concepciones, ni de métodos anteriores. Tiene ahora
usted una magnífica oportunidad, en este asunto concreto de la cárcel de
Zuera, para empezar a demostrar que está dispuesta a introducir cambios.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Piquer.
El señor PIQUER JIMENEZ: Quiero aclarar algunos conceptos porque, al oír
algunas de las intervenciones, sobre todo en este último tramo del
debate, uno tiene la sensación de que alguien aquí toca de oído y,
además, se apunta a todos los conciertos, con lo cual desafina bastante.
Siendo de muy cerca de donde están ocurriendo los hechos que aquí se
relatan, pienso que alguien o no los ha vivido o se los han relatado mal.
En todo caso, querría decir lo siguiente: Puede dar la sensación de que
ha habido un cierto ocultismo en la actividad de la Administración y nada
más lejos de la verdad. En 1991, cuando se aprueba el plan de
amortización y de creación de nuevos centros penitenciarios, uno de los
sitios, en opinión del Grupo Parlamentario Socialista, donde había que
actuar era precisamente en la Comunidad Autónoma Aragonesa,
fundamentalmente, y aquí no se ha dicho cuál es la propuesta de solución,
porque, tanto en la ciudad de Zaragoza como en la de Huesca, existen unos
centros penitenciarios que requieren una actuación que permita que, desde
el punto de vista penitenciario, desde el poblacional y desde los
intereses de la Comunidad, se dé una actuación de la Administración que
permita ubicar una cárcel en un lugar apropiado.
A partir de ese momento existieron contactos entre la Administración de
Justicia, entre la Administración, y la Administración municipal. Se
produjeron varias reuniones e incluso, si la memoria no me falla, alguno
de los intervinientes también estuvo en alguna de aquellas reuniones en
las que al Ayuntamiento de Zuera, al Alcalde --que, además, sigue siendo,
por decisión democrática y legítima de los vecinos de esa población, la
misma persona-- le pareció conveniente solicitar la ubicación de ese
centro penitenciario en Zuera. Por tanto, nada más lejos de la realidad
que transmitir aquí la sensación de que ha habido un cierto ocultismo o
de que no se ha respetado la voluntad del Ayuntamiento de Zuera.
También me gustaría decir, a efectos de contestar y de ilustrar a la
Comisión, porque se ha hablado de que hay un cambio de posición --en el
Gobierno, por supuesto, claro que lo hay-- y también porque se ha puesto
un poquito en tela de juicio la legitimidad de que en este momento hace
gala el Gobierno de Aragón. Si hay que hablar de legitimidad habría que
hablar del Gobierno anterior en el que, sin ser candidato y sin tener los
votos una persona se proclama como Presidente de la Comunidad y... la
historia juzgará. No creo que juzgue por los hechos, seguramente juzgará
por lo no hecho.
Volviendo al tema que nos ocupa, quiero manifestar que el referéndum, al
que se ha hecho alusión en la Comisión, es un referéndum que no se
celebró con las garantías democráticas que exige cualquier consulta
popular. En todo caso, a mí me parece que el referéndum que deberíamos
tener en cuenta es el de las elecciones municipales y, por supuesto, el
de las elecciones legislativas que se han celebrado en nuestro país; en
los programas electorales figuraba la posición política de cada uno y esa
posición política es la que se ha mantenido.
En cuanto a las decisiones adoptadas por el Parlamento de la Comunidad
Autónoma Aragonesa, quiero mantener ante la Comisión la posición que
mantuvo el Grupo parlamentario que en este momento me honro en defender,
que no fue otra que el respeto a la autonomía municipal, la necesidad de
ubicar la cárcel en el lugar que en este momento se está planteando y
avanzar por el camino del diálogo y del entendimiento.
Y, señora Secretaria de Estado, desde el respeto a la autonomía
municipal, desde el respeto a lo que los ciudadanos han elegido, a lo que
el Ayuntamiento de Zuera soberanamente decida y desde el respeto, por
supuesto, a todas las instituciones, nosotros encontramos apropiado
seguir avanzando en el plan de amortización y creación de nuevos centros
penitenciarios y, en participar, en la Comunidad Autónoma de Aragón nos
parece una decisión apropiada, necesaria, que va a permitir
descongestionar dos centros penitenciarios, evidentemente muy necesarios.
A nosotros nos hubiera gustado haber oído alguna internativa a los
centros a los que en este momento todos los ciudadanos aragoneses están
demandando que se dé una solución. En todo caso, desde el respeto a la
autonomía de las Cortes de Aragón como desde el respeto a la autonomía
municipal, quiero decirle, señora Secretario de Estado, que nuestro Grupo
Parlamentario apuesta por avanzar en el plan de amortización y creación
de nuevos centros penitenciarios y apuesta decididamente por ese lugar, a
15 kilómetros de la ciudad de Zaragoza, prácticamente en el centro de los
dos centros
penitenciarios que en este momento hay en Huesca y en Zaragoza, porque
nos parece que es el apropiado. En este momento, si hubiera que hacer
alguna referencia a alguna consulta popular, sería simplemente a la
legitimidad democrática por parte de la corporación municipal que en este
momento existe en Zuera en la decisión que tomaron. Por tanto, en este
momento quiero exhortarle a usted a que continúe en el camino de avanzar
en ese plan de amortizaciones y creación de centros penitenciarios y a
que consiga que en las ciudades de Huesca y de Zaragoza, donde es tan
necesario, avancemos en esta dirección.
El señor PRESIDENTE: La señora Secretaria de Estado tiene la palabra.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE ASUNTOS PENITENCIARIOS (Fernández
Felgueroso): Ante todo, quiero pedir disculpas a SS. SS. por si no
contesto puntualmente a algunas de las cuestiones, pero no es porque no
me parezcan interesantes, sino porque han sido muchas las cuestiones que
han salido en el debate, y probablemente de algunas de ellas no he tomado
las debidas anotaciones, y de otras me faltan en estos momentos datos.
Pero desde ahora ofrezco a SS. SS. la remisión de cuanta documentación
consideren precisa para esclarecer este asunto.
Hecha esta salvedad, y reiterando mi disposición a cualquier aclaración o
contestación pormenorizada que SS. SS. entiendan, al hilo de lo que se ha
expuesto yo creo que hay que hacer una breve reflexión sobre cuestiones
que han sido coincidentes en algunos grupos, como es el tema del modelo
macrocárcel y el objetivo de lograr el consenso --sería lo ideal y lo
conveniente--, en aquellos lugares donde se vayan a edificar
establecimientos penitenciarios, respecto a esa ubicación. En el tema del
consenso, evidentemente, no puedo por menos que compartir esa
preocupación que han señalado sus señorías. Yo creo que hay que
consensuar hasta el final, pero en todo caso hay que mantener las
aclaraciones y las conversaciones oportunas, especialmente con las
corporaciones locales, con las comunidades autónomas, explicar hasta el
final, intentar convencer y, finalmente, si este convencimiento no se
produce, desde el Gobierno de la Nación vemos la imperiosa necesidad de
cumplir la obligación que éste tiene de ir haciendo instalaciones en
diversas ubicaciones. No debemos engañarnos. Hay ejemplos sobrados a lo
largo y ancho del cumplimiento del plan para asegurar que ya no es sólo
el tamaño de la cárcel lo que está en cuestión --a ello nos remitiremos
con posterioridad--. Yo creo que el término macrocárcel hay que colocarlo
incluso dentro de esos términos un poco, en mi opinión, peyorativos que
en este momento es habitual que emplee la sociedad española. Empecemos
por decir que todo es relativo, que cuando decimos macrocárcel en ese
sentido peyorativo nos estamos refiriendo, señorías, a una cárcel que en
el resto de la Comunidad Europea, salvo algunas excepcione de países
nórdicos, son cárceles pequeñas; es decir, estamos duplicando las
dimensiones de lo que son las antiguas cárceles en el centro de las
poblaciones. En todo caso, señorías, una macrocárcel es la cárcel que se
va a hacer ahora en las cercanías de París, que es un complejo
penitenciario de 4.000 ó 5.000 reclusos. Por tanto, todo es relativo. Yo
no estoy de acuerdo con que se llame macrocárcel, si es que se hace en
sentido peyorativo, al centro tipo, sino que es una cárcel de dimensiones
superiores a las cárceles antiguas que estaban en todo nuestro
territorio.
Como antes les comentaba, SS. SS. se tendrán que decidir o tendrán que
pronunciarse sobre si la oposición --porque esa oposición es fácil que se
produzca-- de las instituciones concernidas, como antes decía, de
ayuntamientos, comunidades autónomas, ha de llevar consigo el efecto
inmediato de que el Estado --porque esa oposición se puede producir no
sólo por la macrocárcel, sino por otras, como luego diremos-- renuncie a
esa obligación fundamental que tiene de ir construyendo centros nuevos
que incrementen la oferta de plazas, en este momento absolutamente
sobrepasada y saturada. Es evidente que --y volveremos a ello cuando
hablemos nuevamente del tamaño de las prisiones-- cuando hablamos incluso
de un tamaño mucho más pequeño, no podemos olvidar que incluso en la
hipóstesis --que acepto sólo como hipótesis-- de que me dijeran ustedes
que una cárcel debe ser para 400 personas, nunca estaremos hablando de
las actuales cárceles con 9.000, 10.000 ó 13.000 metros cuadrados;
siempre estaremos hablando de unas dimensiones que cuadruplican o
quintuplican esto. Por tanto, de ahora en adelante, si queremos progresar
en esa cuestión que SS. SS. también han puesto de manifiesto de
reinserción de los reclusos, tendremos que pensar que las instalaciones
tienen que tener talleres, espacios deportivos, espacios educativos y
toda una serie de servicios que no tienen las antiguas cárceles. Por
tanto, nunca hablaríamos de pequeñas dimensiones y nunca podríamos
situarlas en el centro de las poblaciones. Eso dentro de la hipótesis que
SS. SS. comentan. Incluso como detalle les diré que hemos tenido
últimamente la oposición frontal del pueblo de Ocaña que se mantenga lo
que alguna de SS. SS. ha puesto de manifiesto, un centro de reinserción
social en el centro de las poblaciones. Es decir, en una población de
alto carácter penitenciario como es Ocaña, con dos centros penitenciarios
en su demarcación, resulta que cuando queremos hacer un establecimiento
de reinserción social en el centro del pueblo, hay una oposición frontal,
y no es por la connotación de si es o deja de ser una macrocárcel, sino
porque, señorías, ustedes saben como yo que algunas veces en nuestra
sociedad mantenemos un doble lenguaje: queremos que haya cárceles,
queremos que las cárceles cumplan las previsiones de la Constitución, que
las cárceles cumplan la función que tienen en relación con los privados
de libertad, pero luego, al igual que todos queremos planes para combatir
la drogadicción pero nadie quiere una ubicación en la que se dé un
tratamiento de metadona a las personas adictas, tampoco nadie quiere que
se coloquen cerca de su vivienda o de su pueblo instituciones de esta
naturaleza. Yo creo que ésa es una reflexión que algún día tendremos que
hacer para entender que no sólo es el tamaño sino
que ocurre con cárceles de tamaños menores, como es el CIS, o como
ocurre, por ejemplo, con la decisión de eliminar de Santander, en
Cantabria, la vieja cárcel de Santander, en Santoña, en que se oponen
frontalmente también --y hay acuerdos del municipio-- a que se incremente
en menos de 200 plazas y dentro del mismo recinto el penal del Dueso. Por
tanto, no nos confundamos en el sentido de creer que la gente se opone
porque es una macrocárcel.
Por otra parte, también hay que decir que es importante que, en todo
caso, haya una clarificación y que respecto al plan de cárceles y de sus
ubicaciones haya un consenso parlamentario, porque es una cuestión básica
para el desarrollo del plan. Si los distintos grupos políticos les dicen
--cuestión con la que discrepo, y luego explicaré por qué-- a las
coordinadoras --y las coordinadoras evidentemente tienen que entender que
los políticos o las personas que participan en política tienen más datos
en sus manos-- que la macrocárcel no es legal, que contraviene la Ley
Orgánica General Penitenciaria --lo que tendremos ocasión de comentar,
porque ha vuelto a salir--, si se dice que no es útil para la
reinserción; si se va aseverando dogmáticamente, porque se hace
dogmáticamente y lo veremos luego --es decir, las leyes tienen
interpretaciones variadas hasta que hay una interpretación
jurisprudencial que clarifique algunas veces los contenidos--, si esto se
va expresando así y si además en la zona donde se va a establecer una
cárcel incluso se empieza a sugerir que hay una mayor peligrosidad, que
va a haber permisos penitenciarios, que sus hijos van a tener problemas
de seguridad física, de todo tipo, es natural que todas estas
organizaciones se opongan radicalmente. Lo digo así de claro. En los
papeles que reparten para expresar su oposición he visto reiteradamente
que dicen: nos oponemos porque es una ilegalidad, porque el tamaño de la
cárcel no es legal.
Es un asunto que me preocupa. Evidentemente, no comparto la
interpretación --he tenido ocasión de leer los Diarios de Sesiones de la
Comisión y del Pleno y he visto que esta cuestión ha surgido
reiteradamente y se ha explicado por parte del Gobierno de la Nación, por
parte de la Administración penitenciaria-- del artículo 12.2 de la Ley
Orgánica General Penitenciaria. Y no la comparto porque no se puede
analizar simplemente el artículo 12.2, sino que hay que ponerlo en
relación con el 8.3 y con el conjunto de los preceptos de la Ley Orgánica
General Penitenciaria. Esa no es una opinión. Si alguna vez, como ha
dicho algún grupo parlamentario, se produce un debate monográfico,
tendremos ocasión de profundizar. Simplemente, a modo de pincelada, diré
a SS. SS. que el profesor García Valdés, principal inspirador, como
ustedes saben, de la vigente Ley Orgánica General Penitenciaria, en su
libro «Comentarios a la legislación penitenciaria» manifiesta en la
página 60: El artículo 12.2 de la Ley no quiere decir que la capacidad
máxima de un establecimiento penitenciario sea de 350 internos, pues en
un establecimiento pueden existir varias unidades. Se trata de la
reiterada discusión de si lo que ordena o lo que orienta la Ley es una
unidad y si la unidad se puede identificar con un centro. Insiste García
Valdés --y yo creo que es un intérprete que hay que citar, puesto que ha
sido, como antes he dicho, el principal inspirador del vigente texto-- en
que el máximo es por unidad, no por establecimiento. Es en el reglamento
penitenciario, artículo 9.3 --dice--, donde encontramos que debe
entenderse por unidad, y el reglamento dice por unidad, siendo ésta un
departamento con completa separación física y regimental. Lo que nosotros
llamamos modelo tipo de cárcel y que se viene llamando por el conjunto de
la sociedad --los nombres en seguida pegan muy fuerte-- macrocárcel no
supone ninguna contradicción con la Ley.
Me gustaría que las organizaciones ciudadanas al menos tuvieran esa
información. Jueces para la Democracia dice que es de discutible
legalidad, no dice que sea ilegal. En el informe, que algún grupo también
mencionó, dice que es discutible su legalidad y también se refiere a si
unidad se puede equiparar a establecimiento carcelario o unidad es un
departamento con completa separación física y regimental, que es la
interpretación que hace Instituciones Penitenciarias y, señorías, con
toda humildad, creo que no la hacemos gratuitamente. Creo que hay razones
legales y de peso para decir que esta interpretación no es gratuita.
Sus señorías han dado muchas cifras, han señalado opinones concretas,
pero echo en falta que no hayan mencionado que en su momento también la
Coordinadora del Bajo Gállego se dirigió al Defensor del Pueblo para que
éste le comunicase si consideraba que el tipo de centro que se iba a
instalar en Aragón, en Zuera, se correspondía con la legislación o no.
Por decirlo en términos simplificados, si era legal o ilegal, ajustado a
Derecho o no, para expresarlo con mayor justeza. El Defensor del Pueblo
fue inequívoco en su contestación --no la tengo yo, pero supongo que la
tienen las organizaciones--, al considerar que no se vulneraba en
absoluto la Ley Orgánica General Penitenciaria y fue también claro al
decir a la Coordinadora que reconocía el esfuerzo organizativo y
presupuestario --viene recogido en una publicación del Defensor del
Pueblo-- que estaba realizando la Administración penitenciaria para
afrontar el problema de la masificación mediante la construcción de
nuevos centros, urgiendo también la colaboración y solidaridad de todas
las administraciones. (El señor Vicepresidente, Arqueros Orozco, ocupa la
Presidencia.)
Como después tendré ocasión de comentar, precisamente en este momento se
está hablando con tres comunidades autónomas y con los ayuntamientos con
competencia en las ubicaciones en principio elegidas y se está
produciendo absoluto consenso. Son Galicia, Andalucía y Castilla y León.
En ese ánimo de compartir con ustedes que el consenso es muy importante,
reitero, señorías, que la Administración penitenciaria tiene la
obligación, el deber, y el placer, diría yo, de intentar hasta el máximo
ese consenso. Pero, dicho esto, quisiera que SS. SS. se pronunciasen
sobre si en el supuesto de que la totalidad de las comunidades autónomas
no quisieran --porque unas veces, como antes decía, no quieren
establecimientos de la amplitud de los que hacemos-- establecimientos en
sus territorios, SS. SS. piensan que el Gobierno de la Nación debiera
desistir de su propósito de ir haciendo plazas carcelarias en el ámbito
temporal que se ha decidido.
Algunas de las cuestiones planteadas por el Grupo Mixto a través de su
Diputado señor Mur creo que han sido ya contestadas. Ha puesto de
manifiesto el tema de trasfondo de la macrocárcel, de la gran
contestación. Evidentemente, nos consta esa contestación. También nos
consta --no lo he dicho porque me he referido exclusivamente, como todas
SS. SS. han resaltado, a explicar exactamente qué es lo que se había
dicho desde el punto de vista de procedimiento administrativo-- que no
podemos ignorar, como ha dicho el señor Diputado, que existen esas tomas
de acuerdo en el Parlamento regional de Aragón. Tengo absoluto respeto
por la toma de este acuerdo. He sido Diputada regional durante siete años
y, por tanto, conozco cómo se pronuncian los parlamentos regionales con
el ánimo de defensa de los ciudadanos, pero los informes jurídicos de
toda naturaleza también ponen de manifiesto cuándo esos parlamentos se
pronuncian en cuestiones que no son de su competencia. Al Estado le
hubiera gustado que el pronunciamiento fuera distinto, pero sin duda eso
no puede ser impedimento, «lamentablemente» --y lo digo entre comillas--,
con todo el respeto que me merecen las resoluciones. Alguno de ustedes ha
comentado que una de esas resoluciones hacía relación a que no se quería
la macrocárcel. Es una especie de asunción capilar: se empieza a decir
que la macrocárcel es ilegal, que produce problemas, y a continuación eso
va subiendo y los representantes de los ciudadanos asumen ese sentimiento
y deciden que no hay macrocárcel; la decisión es porque no se quiere la
macrocárcel. Por tanto no hay desconocimiento; en todo caso existe la
obligación, como antes tuve ocasión de exponer, de la prevalencia del
interés general y la prevalencia organizativa del Estado respecto a las
instalaciones carcelarias, muy a pesar de estas decisiones, de continuar
con su proyecto de ubicación, en este caso en la Comunidad Autónoma a la
que estamos haciendo continuamente referencia.
Hay algún otro tema menor como es el de las alegaciones. Quiero decir que
hay algún precedente en Soto del Real, en el que los alegantes pidieron
la suspensión de la actuación administrativa, y hay un pronunciamiento
del Tribunal Supremo que basándose en el bien general, en la necesidad de
hacer estos establecimientos y en la discrecionalidad de la
Administración para hacerlos en el marco de las leyes de referencia, de
un tipo o de otro, no estima la suspensión del procedimiento, para una
cuantía muy importante de alegaciones que se han presentado en Soto del
Real.
En la contestación al señor Mur les quería comentar a SS. SS. un dato
curioso y es que esta unanimidad que aparentemente se produce tampoco es
tal. Existe un curioso escrito que yo creo que lo conocen SS. SS. porque
ha venido tanto directamente como a través del Parlamento, en concreto
por el Congreso de los Diputados, del Colegio de Abogados de Huesca en el
que hacen una serie de consideraciones en relación con las dificultades
que les produce el alejamiento de prisión y también dicen una cosa muy
significativa y es: no aleje usted la cárcel de Huesca porque las
instalaciones de las prisiones significan un movimiento económico muy
importante, tanto por su construcción como porque generan después riqueza
para el lugar donde se ubican. Por tanto, si la Administración aleja la
cárcel de Huesca, nos está creando un mayor agravio comparativo --que, al
parecer, ya tienen con Zaragoza--. Todo depende un poco del color del
cristal con que se mire. Luego ya tendremos ocasión de volver sobre ello
al hablar de si la macrocárcel --que también ha planteado el Diputado de
Izquierna Unida-- o es cárcel de tamaño medio, diría yo, impide o no la
reinserción o la resocialización de los reclusos, cuestión con la que
tampoco estoy de acuerdo. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
En relación con algún tema puntual planteado por el Diputado de Izquierda
Unida señor Martínez Blasco, poniendo de manifiesto que le gustaba
escuchar que se hablara de interés general y no sólo de interés
económico, quiero decir aquí que he tenido ocasión de oír opiniones --lo
recogen en general las coordinadoras que se van organizando por el
territorio nacional-- que tachaban la decisión del Gobierno de la Nación
de economicista. Yo creo, evidentemente, que el Gobierno de la Nación no
tiene más remedio que tener en cuenta los componentes económicos. Aquí yo
creo que se produce la misma distorsión que cuando decimos: queremos
cárceles, pero nadie las quiere a su espaldas. Aquí se produce también la
distorsión de que todos consideramos que hay que reducir el déficit
público, que hay que contraer el gasto público, pero a la hora de
situaciones puntuales, cuando alguien las plantea, se dice que se han
utilizado criterios economicistas. Yo creo que ese criterio economicista
que podría achacársele al Gobierno, a la Administración penitenciaria en
concreto, hay que verlo dentro del siguiente encaje. El Gobierno tiene la
obligación de contar con las mejores cárceles posibles, de atender lo
mejor posible a los reclusos, de que su alimentación, higiene, sus
condiciones sanitarias y ocupacionales
sean las mejores posibles, pero también con la mejor relación
calidad-precio, por decirlo en el lenguaje que todos compartimos. Por
tanto, hay que aplicar esos recursos, que han sido poco restringidos
--hay que reconocerlo así-- en los sucesivos Presupuestos Generales del
Estado, es decir, se ha hecho un gran esfuerzo para que los presupuestos
se fueran incrementando y no sufrieran la natural contracción que han
seguido los Presupuestos Generales del Estado, pero por eso hay que
aplicarlos de la mejor forma posible.
Me ha puesto de manifiesto también el representante de Izquierda Unida
los diferentes pronunciamientos del Parlamento. No se lo he dicho a SS.
SS., pero tengo también un listado, por orden cronólógico, de
manifestaciones públicas, porque alguna señoría ha comentado que las
decisiones se habían tomado subrepticiamente o a escondidas, y hay
manifestaciones de junio de 1992, del anterior Secretario de Estado, en
Zaragoa; de marzo de
1993, del propio Ministro De la Quadra-Salcedo, que asegura en Zaragoza
que la prisión se construirá en Zuera. Hay también numerosísimas
intervenciones públicas de quienes tenían la responsabilidad, lo que pone
de manifiesto que no es realista decir que no hubo transparencia y
claridad en cuanto a la toma de esa decisión y a llevarla a cabo.
Yo sí entraré, aunque no ahora, con muchísimo gusto en expresar por qué
la Administración penitenciaria piensa que esos objetivos que antes
comentábamos, que además son obligatorios por el texto constitucional, de
reeducación, etcétera, se compadecen con que existan estos centros
penitenciarios y con que haya unidades. Cuestión ya muy distinta es lo
que plantea S. S. referente a centros abiertos. Le he comentado antes que
eso también tiene contestación. Le he puesto como ejemplo el CIS de
Ocaña. Al terminar el plan y en la medida en que lo exija el nuevo Código
Penal habrá que ir más centros de la naturalea que S. S. plantea. Quiero
aclarar que los centros de tercer grado, los centros abiertos, no quedan
dentro del perímetro cerrado a que S. S. hizo alusión con grandes medidas
de seguridad, sino que la mayor parte de los centros abiertos van al lado
del complejo penitenciario pero extramuros del mismo.
Contestando al representante del Grupo Popular, señor Gil Lázaro, que
cuestionaba el modelo de cárcel, en la medida en que me lo permite esta
comparecencia, puesto que es realmente Zuera lo que se discute y no el
modelo, y como él ha dicho ya tendremos ocasión de debatirlo, doy por
contestada su inquietud en relación con el modelo de cárcel. Ha hecho
alusión al beneficio de la comarca. Le reitero la contradicción que antes
tuve ocasión de exponer a SS. SS. de que el Colegio de Abogados de Huesca
precisamente lo que cuestiona respecto a Zuera es que considera que se
perjudica a Huesca, dejándolo explícitamente reflejado en un párrafo de
su escrito, en el sentido de que genera un movimiento económico y, por
tanto, un beneficio para la comarca en la que se ubica.
Respecto a la intervención del Grupo Socialista quiero agradecer el apoyo
que presta a la instalación y compartir con él esa relevancia que da a la
autonomía de ese municipio, que si bien en principio tuvo una oposición,
o ha de extrañarnos que las corporaciones municipales cambien de
posición, porque en la medida en que avanzamos en el diálogo con ellas y
que podemos contestar pormenorizadamente a la información que demandan de
si en las ubicaciones que hemos ido haciendo de nuevos centros con mayor
número de reclusos se han producido problemas añadidos para los
municipios, comarcas, etcétera, en la medida en que deshacemos o
aclaramos esos recelos, por decirlo de alguna manera, va cambiando la
opinión de las distintas administraciones, como antes decía, relacionadas
con el tema.
Les pido de nuevo disculpas por si algunas cuestiones no han sido
contestadas. Estos son los temas que yo quería señalar en contestación a
las preocupaciones de los distintos grupos parlamentarios.
--COMPARECENCIA DE LA SEÑORA SECRETARIA DE ESTADO DE ASUNTOS
PENITENCIARIOS PARA INFORMAR DE LAS MEDIDAS INMEDIATAS QUE PIENSA ADOPTAR
PARA CORREGIR LAS ACTUALES GRAVES CARENCIAS DE LA POLITICA PENITENCIARIA
ESPAÑOLA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO.
(Número de expediente 212/000459.)
El señor PRESIDENTE: Punto segundo del orden del día, comparecencia de la
señora Secretaria de Estado, a instancias del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, para que informe de las medidas inmediatas que piensa
adoptar para corregir las actuales graves carencias de la política
penitenciaria española.
Tiene la palabra la señora Secretaria de Estado de Asuntos
Penitenciarios.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE ASUNTOS PENITENCIARIOS (Fernández
Felgueroso): Señor Presidente, para informar sobre la cuestión para la
que se ha pedido la comparecencia, quiero recordar, en primer término,
que en el pasado mes de diciembre, con la presencia de la Subsecretaria
del Departamento, se pusieron de manifiesto las líneas generales de
actuación y objetivos principales del Ministerio de Justicia para esta
legislatura; por tanto, en términos generales, me remito a aquella
comparecencia para insistir en que casi todas las cuestiones se trataron
en la misma, por lo que me voy a centrar aquí en lo que expresamente
considero el objetivo prioritario o, si se quiere decir de otra manera,
la carencia más importante en este momento de la política penitenciaria
española, que no es otra, señorías, que conseguir en un tiempo
razonablemente mínimo, en el tiempo que se previó en el plan de
amortización y creación de centros penitenciarios, el número de plazas
que previó aquel plan, ya que sin la consecución de ese objetivo
prioritario no tendrá solución realista la sobreocupación que en este
momento tienen los equipamientos penitenciarios. Sólo con el desarrollo
con la mayor celeridad posible del plan se podrá paliar, reducir o
solucionar la sobreocupación de los equipamientos. El Ministerio de
Justicia y esta Secretaría entienden que sin esa adecuación de
plazas-reclusos resulta difícil aplicar en toda su extensión e intensidad
programas de reinserción y programas de resocialización de los reclusos;
sin esa adecuación cualquier otro programa de los que se están haciendo y
que se van a intensificar, decaería o no se podría aplicar en toda su
extensión, como decía, para conseguir ese objetivo prioritario de la
política penitenciaria española. Todo lo demás es mejorable, todo es
perfectible; sin duda se ha hecho mucho a lo largo de los últimos cinco
años en la política penitenciaria española, y estoy segura que SS. SS.,
que realizan visitas frecuentes a las instituciones penitenciarias
españolas, han podido comprobar esa mejoría que les comento. En todo
caso, el problema es la grave carencia, y lo demás es perfectible. La
sanidad en las cárceles, la formación, la ocupación, todas esas
cuestiones son perfectibles y debemos perfeccionarlas. No podemos decir
que estamos absolutamente satisfechos con lo que hacemos, pues sería no
decir lo que pensamos. Creemos que no hay graves carencias, salvo en esta
cuestión fundamental para la aplicación de cualquier programa como es la
tensión entre la necesidad de plazas y la oferta de las mismas y el
cumplimiento del objetivo que indica la Ley General Penitenciaria de un
recluso, una plaza; objetivo que, por el momento, resulta absolutamente
imposible de alcanzar.
Al referirme al plan de cárceles quisiera informar a SS. SS., puesto que
como he dicho anteriormente es la grave carencia que en estos momentos yo
detecto en la política penitenciaria española, que en el momento actual
se encuentran en fase de construcción un centro en Soto del Real (su
finalización está prevista para este año); otro en Topas, en la provincia
de Salamanca, donde ha existido una perfecta sincronización, modélica,
entre las autoridades respectivas sobre su ubicación, Administración del
Estado, Administración autonómica y Ayuntamiento y los grupos políticos.
Quisiera aprovechar este punto para decir que existe una absoluta
disparidad entre lo que aquí dicen algunos grupos políticos cuando hablan
peyorativamente de macrocárceles como imposibilidad de llevar a cabo una
adecuada política penitenciaria, y los distintos criterios empleados por
esos mismos grupos en otros lugares; me refiero al conjunto de los grupos
políticos, sin hacer excepción alguna. Los otros centros son uno en
Huelva y otro en Dueñas, en la provincia de Palencia, cuya finalización
está prevista entre finales de 1994 y principios del año 1996. Asimismo,
se dispone de suelo para edificar otros dos centros, se está en proceso
de adquisición de terrenos en otros cuatro lugares y se están efectuando
los trámites oportunos para localizar terrenos en ocho lugares, teniendo
prioridad absoluta la construcción de un nuevo centro penitenciario en la
Isla de Gran Canaria, que no estaba previsto en el plan de 1991, para
evitar el desarraigo sociofamiliar de los internos de las islas al haber
crecido la sobreocupación que actualmente padecen los centros de Tenerife
y Gran Canaria en las zonas más turísticas por el crecimiento muchísimo
mayor que en el resto de la población penitenciaria, tanto de reclusos
nacionales como extranjeros.
El objetivo, por tanto, del plan para 1994 es la adquisición de todos los
terrenos necesarios para la construcción de los 18 centros proyectados,
que era la previsión genérica del plan, quedando así salvados los
obstáculos de índole sociopolítico que ha venido reflejando la ejecución
del mismo durante los años 1992 y 1993. El retraso que ha sufrido este
plan se ha debido precisamente al hecho de no encontrar en algunas
ubicaciones esa solidaridad que se viene demandando a las personas con
responsabilidades políticas para la construcción de esos centros; sin
embargo, ello no va a poner en riesgo la ejecución de este plan, cuya
finalización no sé si va a ser posible en 1997, que era el punto de
referencia inicial; en todo caso va a sufrir un deslizamiento poco
significativo, puesto que, si las cosas continúan como en los últimos
meses, es decir, con la posibilidad de contar con la colaboración de
otras administraciones, podrá estar finalizado en el año 1998.
Como antes les comentaba, ha sido necesario incrementar el número de
centros inicialmente previstos, dado que el crecimiento de la población
reclusa está siendo más rápido que las previsiones hechas en el año 1991,
debido no tanto al aumento de la criminalidad --como se ha tenido ocasión
de reiterar una y otra vez en esta Cámara-- sino a la eficacia de las
actuaciones policiales y judiciales. Por tanto, no parece conveniente ni
razonable dar por cerrado el plan hasta que se conozcan los efectos que,
sobre el volumen de la población reclusa, pueda tener la previsible
reforma del Código Penal. En previsión de esos deslizamientos del plan,
el acuerdo del Consejo de Ministros que lo aprueba, así como el acta de
constitución de la empresa pública que desarrollará el mismo, prevén que
las actividades comprendidas en el mismo puedan ampliarse. Esta es la
razón por la que, a la vista de cómo es la situación concreta de las
Islas Canarias, se haya decidido incluir en el plan un nuevo centro, y
espero que en muy pocos días, o por lo menos dentro del próximo mes,
podamos comunicar a SS. SS., puesto que algunos de ustedes han puesto de
manifiesto su interés por conocerlo, cuáles son definitivamente los
emplazamientos en los que se puede ubicar el centro de Gran Canaria.
Resumiendo, tenemos estos cuatro centros en construcción: suelo adquirido
para Segovia y Curtis, en La Coruña; suelo en trámite de adquisición en
Pontevedra, en Zaragoza, como hemos tenido ocasión de ver, en Albolote
(Granada), en Mansilla de las Mulas, en Aranjuez; y centros en fase de
localización del suelo en Canarias, en Algeciras, en Mallorca, en Córdoba
y en AlicanteMurcia.
Por tanto, señorías, ésta es la situación del plan que, como mencionaba
al inicio de mi intervención, es la preocupación fundamental y
prioritaria de la Administración penitenciaria, del Ministerio de
Justicia, y, en consecuencia, es razonablemente satisfactorio que el plan
no tenga, como parecía hace un año o año y medio, un retraso considerable
sino un simple deslizamiento que probablemente no irá más allá de un año
del previsto cuando se aprobó el mismo.
Probablemente pudiera comentarles a SS. SS. algunas cuestiones que, como
antes decía, no considero que constituyan, como se puede colegir de la
citación para la comparecencia, graves carencias, pero, no obstante, que
son objeto de preocupación para quien les habla y que he puesto de
manifiesto que serían en el ámbito de mi responsabilidad temas de trato
preferente. En ese sentido, quiero decirles que es preocupación de la
Secretaría el reforzamiento y la organización de los equipos de
observación y tratamiento de los centros penitenciarios, según criterios
de excelencia, en un objetivo también inmediato, porque la calidad de
tales equipos está determinada por su adecuada dotación para la
organización del trabajo y por la competencia de sus miembros. En varias
ocasiones, el Ministerio de Justicia ha puesto de manifiesto que la mejor
organización del trabajo y la mayor
perfección profesional de los integrantes de estos equipos de observación
y tratamiento tienen una relación muy directa con los temas de
calificación en grado, con los temas penitenciarios de permisos en los
que hay que extremar los informes que se le facilitan, en definitiva, a
quien tiene el control jurisdiccional de la ejecución de las penas, que
es el juez de vigilancia penitenciaria. Por tanto, para estos equipos que
SS. SS. habrán podido comprobar que en los últimos presupuestos se han
incrementado y para los que ha habido una dotación para incremento de
plazas significativo probablemente nosotros querríamos todavía más
plazas, pero en esa constricción de la oferta pública lo mejor es enemigo
de lo bueno y, por tanto, creemos que se nos ha tratado bien, y es
objetivo prioritario de la Secretaría de Estado reforzar e incentivar
estos medios humanos y técnicos porque tienen una clarísima relación con
lo que hemos venido hablando de la inserción social de los internos.
Otra preocupación, en la que creo que todavía estamos lejos o al menos a
medio plazo de conseguir el objetivo final, es intensificar en esta
legislatura lo que denominamos el POI, el Programa de Ocupación Integral,
que es un instrumento, como SS. SS. conocen, para la organización y la
racionalización de los incentivos y medios humanos y materiales y para la
ocupación positiva de los reclusos. Al respecto les indicaré que en el
año 1991, previamente a la implanción de este llamado Programa de
Ocupación Integral, se realizó una experiencia piloto que consistió en
pedir a cada centro penitenciario que elaborará su propio plan de
ocupación. En ese momento cada interno realizaba una media de 1,23
unidades de ocupación, entendiendo que la ocupación óptima al cien por
cien se alcanzaba cuando cada interno realiza diariamente tres
ocupaciones: una de tipo de educativo, otra laboral y una tercera de
carácter cultural, deportivo u ocupacional. Pues bien, a finales de 1992
se había alcanzado un nivel medio de ocupación del 55,4 por ciento (en el
año 1993 --todavía no tengo las cifras finales--), cada interno realizaba
1,6 unidades diarias de ocupación, y a finales de 1993, pero sin cerrar
las cifras, del 62,46 por ciento, es decir, 1,9 unidades de ocupación por
interno. Este es un objetivo y podría decirse que es una carencia el no
conseguir una ocupación integrada. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señora Secretaria de Estado.
Por favor, guarden silencio. (Pausa.)
Señora Secretaria de Estado, puede continuar.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE ASUNTOS PENITENCIARIOS (Fernández
Felgueroso): Probablemente es que soy demasiado prolija en la
explicación, pero como veo que SS. SS. tienen interés en muchísimos temas
puntuales, temo que después me digan que no he tocado cuestiones que son
realmente de interés penitenciario.
Finalmente y, por tanto, con la advertencia de que la explicación no ha
sido exhaustiva, precisamente porque ya se han producido en esta
legislatura varias comparecencias en las que se ha tenido ocasión, por
parte del Ministerio de Justicia, de explicar la amplia gama de objetivos
que pretende el Ministerio de Justicia, simplemente quiero decir que
dentro de ese Programa de Ocupación Integral también me preocupa la
potenciación --y sé que les preocupa a muchas de SS. SS.-- del organismo
autónomo penitenciario, es decir, conseguir que además se incremente su
función; el año pasado ya se incrementó a pesar de las dificultades que
ustedes comprenderán. El organismo autónomo penitenciario tiene que
trabajar para terceros y, por tanto, si las empresas en este momento no
consiguen o tienen dificultades en conseguir pedidos, el organismo
penitenciario, por sus propias características, igualmente las tiene o
las tiene a mayor abundamiento. Por tanto, ése es otro esfuerzo en
sentido positivo o, si lo quieren ver en sentido no positivo o en
términos negativos, es una carencia que no se alcancen mayores cotas de
incorporación de los reclusos al trabajo productivo, porque es la
fórmula, como sin duda tendrán en cuenta SS. SS., de que los reclusos no
solamente rediman sino que obtengan unos recursos económicos que son,
evidentemente, de su máximo interés.
Señor Presidente, ésta era la información o la expresión de las
preocupaciones que quería ponder de manifiesto con ocasión de esta
petición de comparecencia para informar sobre esas medidas inmediatas que
se propone la Administración penitenciaria.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
El señor Gil Lázaro, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra.
El señor GIL LAZARO: Gracias, señor Presidente. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Gil Lázaro.
Por favor, guarden silencio, señorías, o abandonen la sala. (Pausa.)
Señor Gil Lázaro, puede empezar.
El señor GIL LAZARO: Mi Grupo Parlamentario esperaba con sumo interés
esta comparecencia convencido de que la señora Secretaria de Estado no
defraudaría la expectativa de cambio en la política penitenciaria que
nosotros interpretábamos como motivación principal de su nombramiento.
Entendíamos que la decisión del Gobierno de poner al frente de la
Administración penitenciaria a una persona ajena al equipo de su
antecesor sólo podía explicarse desde la perspectiva de querer promover
un giro sustancial orientado a resolver las carencias y
disfuncionalidades presentes en el ámbito penitenciario, y ésa era, sin
duda, una buena noticia. Sin embargo, de la intervención de la señora
Secretaria de Estado no se deduce indicador alguno que asegure que ese
cambio se va a producir, sino que, por el contrario, todo parece que va a
seguir en el más puro continuismo, con lo que ese continuismo comporta en
cuanto a la profundización en
la muy preocupante vertebración actual de la política penitenciaria
española. Nosotros habíamos solicitado esta comparecencia bajo,
precisamente, la invocación de explicación de esos cambios urgentes, pero
la señora Secretaria de Estado ha confirmado esa política de continuismo
al remitirse a la comparecencia de finales del pasado período de sesiones
de la señora Subsecretaria del Ministerio, y eso, evidentemente, deja las
cosas como están. Pero, aún más, esa expresión de continuismo que hoy
hemos podido apreciar nos lleva a interrogarnos, con todo el respeto
personal y con toda cordialidad, acerca del porqué de su nombramiento,
pues es evidente que si lo único que se pretende es seguir las líneas de
actuación ya conocidas, hubiera parecido más lógico situar al frente de
la Secretaría de Estado a alguna de las personas que han venido siendo
responsables de esa ejecución anterior. Por eso, tampoco se entiende cuál
es la causa que ha impedido que ese continuismo tuviera, igualmente, esta
traducción.
No vamos a reiterar nuestra visión del actual estado de cosas en la
realidad penitenciaria española. Nosotros sí nos remitimos a lo ya dicho
en el anterior período de sesiones, y sobre ello iremos insistiendo a lo
largo de los próximos meses. Pero, señora Secretaria de Estado, sí
tenemos que recordarle, sin ánimo exhaustivo, que usted ha obviado hoy
toda referencia a aspectos esenciales que van a tener que abordarse a lo
largo de su mandanto y sobre los que, por tanto, nos quedamos sin saber
cuál es su criterio al respecto. No ha dicho usted si piensa o no
acometer una revisión en profundidad del plan de amortización y creación
de nuevos centros para adecuar ese plan a la realidad y a las exigencias
conceptuales de nuestro ordenamiento vigente, amén de introducir
racionalidad y transparencia en su gestión material. Usted prácticamente
ha confundido esta comparecencia con un esbozo de la comparecencia
específica sobre el plan, que tendrá lugar en su momento. Pues bien,
incluso en esa referencia singular que usted ha hecho al plan ha
establecido una serie de conceptos, que van a orientar su gestión y que
ya son, por definición, preocupantes, porque usted ha dicho que
precisamente esa carencia de plazas es en este momento el principal
problema, el principal obstáculo para el desarrollo de la política
penitenciaria española y que su objetivo principal es conseguir cuanto
antes hacer efectivas las previsiones del plan. Y yo tendría que
recordarle que las previsiones del plan son precisamente la consecución
de una dotación de plazas para 1997 de 41.000, y, evidentemente, parece
que ése ya es un objetivo que tiene que ser revisado cuando, como hemos
señalado y conforme a cifras oficiales, en 1993, es decir, en el año
finalizado, el total de la población reclusa española era de 40.000
personas en centros dependientes de la Administración del Estado.
No ha dicho usted cómo piensa optimizar las estructuras y recursos de la
política sanitaria penitenciaria a fin de garantizar la adecuada
rentabilidad de las inversiones ya realizadas, reducir el número de
salidas extrapenitenciarias y resolver tanto los problemas generales que
se están planteando en la ejecución de ciertos convenios asistenciales,
como las cuestiones específicas que dimanan del internamiento de presos
en los establecimientos de la red hospitalaria general, y, desde luego,
en la documentación que se nos remitió después del debate en Pleno que
tuvimos ocasión de celebrar en el pasado período de sesiones, tampoco se
dice nada de eso al respecto.
No ha dicho usted qué criterios va a aplicar para frenar la introduccón
de droga en las cárceles, ni de qué forma va a resolver las actuales
insuficiencias que el sistema de convenios plantea en relación con el
tratamiento y deshabituación de reclusos toxicómanos, ni con las
garantías de continuidad del tratamiento de desintoxicación para aquellos
que lo seguían antes de su entrada en prisión.
No ha dicho usted qué medidas urgentes se van a adoptar para dar una
respuesta acorde a lo que es la evolución del sida en el interior de los
establecimientos penitenciarios, puesto que no puede ignorar su señoría,
ni puede ignorar esta Cámara que el número de reclusos fallecidos por
esta causa en 1993 ha sido prácticamente el doble que en 1992, es decir,
192 muertes frente a 105; tampoco puede ignorar el avance espectacular y
preocupante de la enfermedad entre la población penitenciaria femenina.
Y, desde luego, no ha dicho usted cómo prevé introducir mecanismos más
rigurosos de control del gasto interno, ni cómo piensa afrontar las
cargas de la deuda contraída por la Administración penitenciaria con sus
proveedores, cuestiones éstas sobre las que ya hemos cursado las
correspondientes solicitudes de información.
Tampoco ha esbozado usted siquiera un avance de opinión en relación con
exigencias singulares que afectan al diseño y desarrollo de la política
penitenciaria, y sobre las que también va a tener que adoptar decisiones,
porque tiene usted que acabar con las contradicciones en los criterios
organizativos entre las disposiciones que emanan de la Secretaría de
Estado y las que emanan de los propios centros, contradicciones que han
sido manifiestas en los últimos años. Tiene usted que objetivar los
mecanismos reales de concesión de permisos y progresiones de grado para
que éstos no queden en demasiadas ocasiones en la mera discrecionalidad
de los responsables de los establecimientos en concreto. Tiene usted que
asegurar que se dé una auténtica clasificación de los reclusos en el
interior de los centros y que el tratamiento sea algo más, señora
Secretaria de Estado, que teoría y burocracia.
Tiene usted que promover una reforma en profundidad del Plan de Ocupación
Integral. Algo de eso ha dicho como expresión de su preocupación, pero
ese Plan de Ocupación Integral, en los términos en que actualmente está
formulado, presenta notabilísimas carencias y hay que ir, desde luego, a
su reforma. Tiene usted que asumir la necesidad de un plan orientado a la
educación de los internos más jóvenes y que sea de aplicación por igual
en todos los centros, y hacer de las tareas formativas el verdadero eje
de la organización del tiempo de los internos en la vida ordinaria de los
establecimientos, situación que usted sabrá que hoy no se está
produciendo sino que básicamente son otras actividades supuestamente
lúdicas las que centran esa organización básica del tiempo en el interior
de los establecimientos.
Tiene usted que lograr una ampliación del número de puestos de trabajo
para internos en los establecimientos penitenciarios para adecuarlos al
número total de la población reclusa, y se ha de plantear usted la
viabilidad del organismo autónomo Trabajos Penitenciarios; ha hecho una
somera referencia a ello en su intervención. Sabe usted perfectamente que
en este momento en el interior de los centros la oferta ocupacional es
sensiblemente inferior a las posibilidades reales, a las necesidades
reales que plantea la ocupación laboral de los internos, y sabe usted
también perfectamente que el organismo autónomo Trabajos Penitenciarios
--y yo supongo que se refería a ello cuando en su intervención hablaba
del organismo autónomo penitenciario-- está necesitado de una
profundísima revisión en su concepción, en la ejecución de sus cometidos
y, desde luego, en algunos aspectos rigurosamente contables.
Y, naturalmente, tiene usted mucho por hacer en lo que concierne a la
práctica de la política de personal, porque, mire usted, tiene que
abordar la limitación del uso de las comisiones de servicio. Tiene que
proveer de mayor agilidad a la convocatoria y resolución de concursos,
pues basta ver el período de tiempo que media entre los últimos
celebrados y los que le precedieron. Tiene usted que garantizar el
cumplimiento efectivo en todos los centros de la relación de puestos de
trabajo, que sistemáticamente se está incumpliendo. Tiene que dar una
solución a la situación de los funcionarios del extinguido Cuerpo B y ése
es un problema grave. Tiene usted que arbitrar medidas de promoción
profesional para el conjunto de los trabajadores penitenciarios y
estudiar la posibilidad de promoción horizontal de esos funcionarios en
el conjunto de la Administración. Tiene usted que terminar con las
situaciones que se vienen dando en virtud de las cuales se pagan
complementos específicos por puestos de trabajo que no se desempeñen y,
sensu contrario, no se pagan complementos específicos por puestos de
trabajo que efectivamente sí se desempeñan. Tiene usted que revisar el
plan de reciclaje para que éste se atenga a las verdaderas exigencias de
la formación continuada y asegurar además la universalidad... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Gil Lázaro.
Señor Cuesta, guarde silencio, por favor.
Señor Gil Lázaro, puede continuar
El señor GIL LAZARO: ... y asegurar la universalidad de ese plan a todo
el cuerpo funcionarial. Y tiene que replantearse muy seriamente la
concepción actual del sistema de formación inicial de los funcionarios,
porque la práctica acredita sus lagunas e insuficiencias, amén de que no
podemos comprender cómo se pueden dar, como se están dando, situaciones
de funcionarios con más de tres años en situación de prácticas.
No pretendemos agobiar a S. S. con un catálogo de actuaciones pendientes,
pero es obvio que esa Secretaría de Estado ha de abandonar ya la mera
estrategia de la imagen y de las relaciones públicas que ha podido
caracterizar épocas inmediatamente anteriores a la suya y debe, por el
contrario, resolver los muchos problemas que a usted le han dejado sobre
la mesa. Mire usted, tiene que concluir la red de informatización de los
centros, tiene usted que establecer una mayor precisión en las cuentas de
la Administración penitenciaria, para impedir que en muchos casos esas
cuentas se parezcan en exceso a las cuentas del Gran Capitán, y tiene que
hacer prevalecer un escrupuloso respeto a los mecanismos legalmente
establecidos en lo que concierne a adquisiciones y adjudicaciones.
Tiene usted que resolver el problema que suponen los mas de 3.000 presos
extranjeros ocupando plaza en nuestra red por la comisión de delitos
menores. La semana pasada, sin ir más lejos, el propio Fiscal General del
Estado señalaba esta cuestión como una cuestión preocupante y decía --se
decía una vez más, pero también se dijo hace dos años-- que se iba a
abordar junto con el Ministerio de Justicia, la administración
penitenciaria y la propia Fiscalía, a través de los correspondientes
planes conjuntos de actuación y de las propias instrucciones de la
Fiscalía, la búsqueda de una solución definitiva a este asunto.
Tiene usted que promover medidas efectivas que garanticen la seguridad en
los centros, señora Secretaria de Estado, y que equilibren la ratio
reclusos/funcionarios en servicios de interior. No nos sirve que se nos
esté diciendo sistemáticamente (o se nos ha dicho en los últimos meses)
que se ha incrementado el cuerpo funcionarial, porque sabe usted, o debe
saber usted, que la «ratio» funcionarios en servicio de Interior-reclusos
sigue siendo una de las más bajas, negativamente bajas, del conjunto de
los países de nuestro entorno, y tiene usted que abordar la siempre
asignatura pendiente de la situación en que se encuentran los
psiquiátricos penitenciarios y la especial problemática que rodea a los
internados en ellos, porque nos da la sensación...
El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro, concluya, por favor.
El señor GIL LAZARO: Termino en seguida, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: No, en seguida, no; concluya, por favor.
El señor GIL LAZARO: Yo, señor Presidente...
El señor PRESIDENTE: Lleva usted siete minutos más de su turno.
El señor GIL LAZARO: En todo caso, señor Presidente, le ruego la misma
benevolencia, menos benevolencia, que la que ha tenido con la señora
Secretaria de Estado en todas sus intervenciones a lo largo de esta
mañana. En dos minutos termino, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: La señora Secretaria de Estado no tiene turno, como
usted sabe, y usted sí, señoría. Concluya.
El señor GIL LAZARO: Muy bien.
Y tiene que revisar, señora Secretaria de Estado, la operatividad de la
Central de Observación, tiene usted que dotar adecuadamente a los equipos
(ha dicho que va a hacerlo; ya veremos) y tiene que establecer cauces
para que los funcionarios, especialmente aquellos que cumplen tareas en
servicios de Interior, puedan participar directamente en las tareas de
tratamiento, amén de conseguir que, de una vez por todas, el protocolo
inicial de personal de internos se realice con garantías suficientes para
determinar las características de aquél, y esto supone que lo realicen
técnicos especialistas, cosa que hoy no está sucediendo, y que no se
limite, como hasta ahora, a una encuesta hecha por educadores. Tiene
usted que dotar de una nueva dimensión a la asistencia social
penitenciaria y desarrollar un seguimiento efectivo de los internos
clasificados en tercer grado, situación que hoy está generando
determinadas situaciones de conflicto, algunas de ellas muy graves, que
están, por desgracia, en la mente de todos.
Y concluyo diciendo que tiene usted que poner fin a ciertas prácticas que
han venido siendo habituales en la dinámica de la Administración
penitenciaria y que reiteradamente, a su vez, han sido criticadas por los
jueces y fiscales, porque, en definitiva, señora Secretaria de Estado, le
corresponde a usted resituar el cometido de esa Administración
penitenciaria en el papel subordinado que ha de ejecutar respecto de la
Administración de Justicia en todo cuanto afecta al modo y duración de la
ejecución de las condenas.
Así, pues, le queda por delante mucha tarea por hacer, y nosotros no
tenemos más remedio que exigirle que en esa tarea se decida a emprender
urgentes cambios, los que motivaban hoy la solicitud de esta
comparecencia, cambios urgentes que, de entrada, acaben con la
paralización que viene arrastrando la Administración penitenciaria desde
hace tres meses, y que configure usted un equipo propio en el que no se
den las situaciones internas de enfrentamiento que se han vivido en la
época precedente a la que usted inaugura hoy con esta comparecencia.
Vamos a tener, a lo largo de su mandato, ocasión de vernos y de discutir
de estos temas, y nosotros la deseamos muy buena suerte en la medida en
que usted ponga coraje en su tarea. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán Convergència i
Unió, el señor Casas tiene la palabra.
El señor CASAS I BEDOS: En primer lugar, quiero saludar a la Secretaria
de Estado en esta su primera comparecencia y decirla de entrada, porque
no habíamos tenido ocasión, ni en privado ni en público, desde que es
Secretaria de Estado, de tener ninguna conversación, que nuestro Grupo
Parlamentario, al margen de la aritmética parlamentaria que naturalmente
pueda haber en esta legislatura, que este especial tema, y, entre otras
razones, porque tenemos competencias en la Comunidad Autónoma de Cataluña
y, por tanto, somos gobierno también, tenemos una visión quizá distinta
de lo que se ha venido diciendo hasta ahora y entendemos que la situación
es tan compleja y la problemática de suficiente alcance como para que
tengamos muy claro que nuestra posición debe ser la de intentar, desde la
búsqueda del consenso, colaborar al máximo para resolver los graves
problemas que afectan a la situación penitenciaria.
¿Esto qué significa? A nuestro juicio, significa (y este tema no se puede
aislar del conjunto general de la política del Gobierno) que hay que
tomar medidas legislativas y que hay que tener en cuenta también
posibilidades presupuestarias. En este sentido entendemos que, con la
reforma del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que el
Gobierno tiene previsto remitir a la Cámara en breve, podremos abordar
algunas de las cuestiones que afectan a la situación penitenciaria, y,
por supuesto --y ya lo dijimos con ocasión de una interpelación y la
moción consiguiente en Pleno hace un par de meses--, para nosotros es
fundamental cumplir el plan de amortización y creación de nuevos centros
penitenciarios.
Creo que con todas estas posibilidades a la vista, y teniendo en cuenta
las posibilidades que los Presupuestos Generales del Estado permiten para
este año y para los que vienen, que son las que son y no otras, no se
puede aislar este tema de la situación general de crisis económica que
vive el país, no podemos en quince días empezar a meter dinero en este
tema porque dejaríamos otros flancos de la acción del Gobierno y, por
tanto, hay que ser muy conscientes de dónde estamos y qué posibilidades
tenemos para marcarse unas prioridades y empezar a actuar. Para nosotros,
repito, las prioridades son: plan de amortización y, en el orden
legislativo, Código Penal y Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Dicho esto, quiero hacer una reflexión política, que es la que hace mi
Grupo aquí y en el Parlamento de Cataluña y que hará tantas veces como se
suscite este debate. Es imprescindible, para que podamos actuar de una
forma eficaz en la solución del problema, básicamente, de la masificación
de los centros penitenciarios, actuar con consenso, y el consenso implica
a la Administración municipal, a la Administración autonómica en algunos
casos y a la Administración central. Sin este consenso, es imposible que
podamos resolver los problemas. Si nosotros, los que tenemos
responsabilidades públicas, no hacemos pedagogía a los ciudadanos del
alcance del problema penitenciario y de que es imprescindible construir
nuevos centros, es imposible que la opinión pública entienda que, por
ejemplo, en su municipio le puede tocar que se construya un centro. Por
responsabilidades políticas que tenía en aquel momento, tuve la ocasión
de colaborar en la creación de estado de opinión para que se construyera
un nuevo centro penitenciario en Cataluña. Tuvimos muchísimos problemas
--manifestaciones, coordinadoras, todos los problemas--, pero el centro
está
hoy en funcionamiento y en esta población nadie sabe que hay un centro
penitenciario, no molesta en absoluto ni ha significado ningún problema
adicional para aquella población; todo lo contrario; en algunos casos
incluso ha sido una fuerte de generación de riqueza. Si nosotros no
hacemos esta pedagogía desde la responsabilidad pública que tenemos, es
imposible que la opinión pública entienda que es necesario construir
centros penitenciarios.
Por tanto, nosotros --y tampoco queremos que lo haga la Administración,
es decir, el Gobierno-- no queremos que se utilice el tema penitenciario
como arma arrojadiza en el debate político legítimo que pueda tener cada
grupo político. Es imprescindible el consenso, asumir la responsabilidad
y entender que, sin este mínimo de asunción de responsabilidades, es
prácticamente imposible que la sociedad haga suyo un problema que sí es
suyo, pues el problema de la construcción de centros penitenciarios es un
problema del conjunto de la sociedad, no solamente de la Secretaria de
Estado, del Gobierno o de los poderes públicos, y si no hay pedagogía por
parte de los que tenemos responsabilidades públicas, señorías, no vamos a
llegar a ninguna parte.
Por consiguiente, nuestro Grupo Parlamentario no va a participar en
ningún momento en debates duros que quieran resolver en una interpelación
de conjunto y en diez minutos toda la problemática penitenciaria, porque
además entendemos que hay que enmarcarla en una situación económica que
es la que es, y hay que tener en cuenta que hay aspectos legislativos que
tienen que pasar por esta Cámara y en los que, sin un esfuerzo de todos,
también va a ser muy difícil que establezcamos las normas necesarias para
que la situación vaya mejorando.
Por todo ello, repito que nuestro Grupo Parlamentario, desde su posición
de vocación de Gobierno (que la tiene donde está gobernando, en Cataluña,
y que también la tiene aquí; aunque seamos un Grupo pequeño en cuanto al
número, tenemos vocación de Gobierno y la hemos tenido incluso cuando ha
habido mayorías absolutas), siempre ha sabido distinguir cuándo hay que
mojarse en determinadas situaciones políticas, cuándo hay que votar que
no y cuándo hay que presentar alternativas, pero con un criterio muy
claro. Este es un tema complejo, en el que, a nuestro juicio, saber hacer
una política penitenciaria que pueda tener en cuenta todo lo que prevé la
Ley --desgraciadamente, hoy, por cuestión de masificación, no se pueden
abordar todas las políticas que prevé la Ley Orgánica-- es una política
progresista. Todo aquello que sea una política penitenciaria que tenga
muy presentes todos los aspectos de reinserción, a nuestro juicio, es
progresismo; todo lo que sean políticas que ayuden a los marginados a
integrarse en la sociedad es progresismo, y esto debe hacerse
necesariamente desde el diálogo tranquilo, desde la aportación de los
distintos puntos de vista, pero, por supuesto, asumiendo cada uno su
responsabilidad y, sobre todo, haciendo pedagogía. Por tanto, va a
encontrar en nuestro Grupo Parlamentario crítica cuando sea necesaria. Lo
que pasa es que nuestra crítica va a ser siempre constructiva y siempre
con alternativas encima de la mesa, y sepa que siempre tendrá nuestra
colaboración para intentar resolver un problema que, a nuestro juicio, es
muy importante, por cuanto afecta a capas marginales de la sociedad, y
esto para nosotros requiere una atención especial.
No queremos debates arrojadizos. No queremos polemizar sobre estos temas,
porque entendemos que el alcance de los mismos tiene otras vías de
solución y, sobre todo, insisto, lo importante es que cada uno de
nosotros sepamos hacer la pedagogía suficiente para que el conjunto de la
sociedad entienda que el problema es de todos y no solamente de los
poderes públicos.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, el
señor Romero tiene la palabra.
El señor ROMERO RUIZ: En primer lugar, para darle la bienvenida a la
señora Secretaria de Estado a esta Comisión de Interior y Justicia; es su
primera comparecencia en ella; ha hecho una exposición sobre las
carencias del sistema penitenciario y algunas ideas para abordar su
solución. Nosotros le deseamos acierto y, desde luego, vamos a estar aquí
pendientes de todo este tema. Comparecerá usted más veces y veremos cómo
van las cosas. Sinceramente, no le arriendo las ganancias, porque esta
Comisión es muy movida, como no podía ser de otra manera; es la Comisión
de Interior y Justicia; en ella se ven los problemas de las libertades
democráticas y los problemas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado y otros aspectos relacionados con la Administración de Justicia.
Por tanto, quizá sea una de las comisiones que más intensamente trabaja
del Parlamento. La veremos por aquí en más de una ocasión.
Nosotros queremos exponer, en ésta su comparecencia, a petición del Grupo
Popular, sobre temas que ya hemos debatido antes de que usted accediera
al cargo de Secretaria de Estado, que hemos planteado nuestra visión
sobre estos temas, e incluso sugiriendo la necesidad, como han pedido
algunos sindicatos que actúan en prisiones, de que se abordara una
negociación seria, una especie de libro blanco, para ver cómo se va
desarrollando la reforma penitenciaria que nos acerque, como país moderno
y democrático, al año 2000, solucionando una serie de problemas de
infraestructuras y de tratamiento en el campo penitenciario.
A nosotros no nos parece lógico que un orden y un criterio que se ha
puesto en marcha sobre todo basándose en datos económicos y en costes, se
plantee algo así como si en un país se ofertara como único recurso
asistencial en materia sanitaria, por ejemplo, un gran hospital, por muy
diverso que internamente se configure. Creemos que ese tipo de enfoque de
la macrocárcel y de la unidad con módulos diversos se homologa a este
ejemplo que para nosotros no es bueno, un gran hospital sin ningún tipo
de otros instrumentos de atención sanitaria; o, eligiendo otro ejemplo
gráfico, otro botón de muestra, apostar por una gran superficie comercial
en contra de la tradición de las tiendas de barrio.
Nosotros, en esa filosofía de fondo y en ese enfoque de
la macrocárcel, no estamos de acuerdo, por varias razones. Admitiendo que
hay que establecer un programa a medio y largo plazo para remodelar y
revisar los centros penitenciarios y que eso es positivo en líneas
generales, y que hay un ejemplo francés muy interesante sobre todo este
asunto de las instalaciones penitenciarias y de su modernización, la
solución a la criminalidad es necesario que se dé teniendo en cuenta la
evolución en Europa y en España. Tener más presos no significa que haya
menos delitos, sino que debe procurarse, y es difícil y muy necesario, el
que haya ajustes y equilibrios. Desde el punto de vista económico, es un
eje central, en el discurso oficial que usted ha planteado hoy aquí, el
ajustar y rentabilizar el costo de los centros antiguos por los nuevos, y
parece ley de vida el que los costos de las grandes superficies sean más
bajos que los de las pequeñas superficies también en otros planos de la
atención a la ciudadanía.
Ahora bien, las cifras necesarias de muchos ceros no pueden ocultar la
dimensión discutible de los ratios y de los ajustes que ustedes manejan
en el Gobierno y en la Administración penitenciaria.
Igualmente cierto es que esta fábula economicista aplicada al sistema
penitenciario se olvida de ciertos perfiles de los internos, como, por
ejemplo, colectivos de drogadictos con actuaciones delictivas muy
primarias; así, la ratio de 10 millones de inversión por plaza en la
prisión tipo y 4.000 pesetas día de mantenimiento pudiera tener mejor
utilización y acomodo en otras medidas asistenciales o soluciones
arquitectónicas más ajustadas a sus necesidades.
El plan de amortización que prevé rentabilizar el patrimonio de solares,
de edificios de viejas prisiones para ayudar a sufragar la inversión
prevista, creará graves problemas. Frente a la supuesta autofinanciación
del proyecto, que enarbola la Administración penitenciaria, tenemos que
este hecho se financia o bien vía presupuestos de los ayuntamientos, es
decir, por impuestos, o bien indirectamente a través de los compradores
de los futuros pisos, o arrendamientos o establecimientos construidos en
los solares de los antiguos centros, es decir, en operaciones
especulativas que habría que evitar. En cualquier caso, la operación
presenta un desagradable parecido con las prácticas semiespeculativas
tipo Renfe; también en las instalaciones de Defensa se ha llegado a
convenios con instituciones públicas primándolas sobre convenios con
operaciones de carácter inmobiliario, pero esos fenómenos se deberían
tener en cuenta.
En el plano humano --y voy terminando--, en este equilibrio de
rentabilidad del costo por plaza y de la dimensión, se ha situado el
proyecto de unas mil celdas convertibles en dos mil plazas, muy superior
a la recomendación de los organismos europeos de la Comunidad Europea,
que establece 350 plazas por prisión, y de un argumento del módulo de
convivencia. Es cierto que la dimensión humana en una organización de
2.000 personas se diluye en una complejidad de servicios y organización
de un sector tan sensible como el penitenciario, sobre todo si
desaparecen las prisiones pequeñas, que son funcionales en otro orden de
cosas, como en atenciones a colectivos específicos. También es necesario
el colectivo humano de 14.000 funcionarios de instituciones
penitenciarias, al definir qué tipo de prisión, qué espacio físico, en
qué lugar van a desarrollar su trabajo. Para mi Grupo Parlamentario es
muy importante perfilar las modificaciones que se vayan a introducir en
el estatuto del personal funcionario de instituciones penitenciarias, ver
qué carácter van a tener, si se van a introducir conducciones y
traslados, si van a asumir competencias que hoy son de la Guardia Civil o
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o no, y qué tipo de
funcionario, qué modelo, de acuerdo con la Constitución y con las
garantías democráticas de atención al colectivo penitenciario, van a
tener en ese perfil de reformas que se van a introducir en el estatuto
del personal.
En el terreno del diseño, por ejemplo, en lo que se refiere a los
funcionarios, no podemos recorrer un camino inverso al que se demanda en
Francia o en Italia, donde un funcionario militarizado se enquista en una
situación corporativa, paralizante y resistente a un cambio de una
participación mayor para lograr un trato con los reclusos distinto al
tratamiento que hoy tiene y la ley le establece al funcionario de
instituciones penitenciarias.
En relación con el diseño de la prisión, del plan y de la prisión-tipo,
yo creo que ese diseño no es sólo un problema de volumen y de forma, sino
todo lo que significan las personas que cumplen condena en conceptos como
horizonte, intimidad, luz, que adquieren una especial relevancia y que no
son problemas de carácter artístico o de estética fácil, sino de ver cómo
se establece y cómo se posibilita la reclusión de las personas que son
privadas de libertad.
En cuanto a las prestaciones, también se debe constituir un debate
político, qué cantidad, qué calidad de servicio se deben prestar y se
deben dotar a las prisiones en España. Se habló de que las piscinas
climatizadas y las pistas de «squash» no responden a unos estándares
homologados de la sociedad española, constituyéndose más bien en una mera
imagen propagandística, porque quedan sin discutir elementos tales como
la actividad laboral, normalizada en el interior de los centros
penitenciarios. Para nosotros es fundamental que antes de las piscinas
climatizadas y de las pistas del «squash», que no están al alcance de la
sociedad española en su conjunto, se dotaran de unas prioridades, como
son las escuelas talleres, la formación profesional, la actividad laboral
y otras tareas en el interior de los centros penitenciarios.
El problema de la seguridad como un valor clave, importante de estos
complejos sistemas de seguridad, de la ubicación de las nuevas
macrocárceles, debe tener siempre su equilibrio con objetivos razonables.
No debemos caer en el papanatismo del todo vale mientras que en el
capítulo de seguridad o en las prisiones el que no se vayan a producir
fugas sea lo fundamental.
Sobre la masificación --y termino--, se pretende con un plan acabar con
la masificación, pero eso se dijo anteriormente, y se pone la fecha cada
vez a más largo plazo, en 1996, en 1997, etcétera. Se trata de ser
realistas, porque
una cosa son los deseos de la Administración penitenciaria, sin nuevo
Código Penal todavía abordado, los arrestos de fines de semana, a
domicilio, y las figuras que se van a establecer como Código Penal
moderno van a estructurar una nueva concepción de la política
penitenciaria, y otra cosa es el traspaso de competencias a las
comunidades autónomas, que no está hecho todavía. Por ejemplo, en la
Comunidad Autónoma andaluza, de donde yo procedo como Diputado, al serlo
por la circunscripción de Málaga, se les manda que, de acuerdo con el
Estatuto, se transfieran las competencias en prisiones que debe tener la
Junta de Andalucía.
Finalmente, hay una serie de ideas que se deberían tener en cuenta con un
esquema básico como conclusión. No se debe vaciar de contenido la
Constitución mediante normas inferiores, de manera aislada por parte de
la Administración. Sería necesario decir: «Se modifica la legalidad
mediante un acuerdo parlamentario y con los colectivos de instituciones
penitenciarias, con los sindicatos, con objeto de que a través de las
circulares no se vaya alterando el respeto democrático que se debe
mantener en todos los casos.»
De la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de la agilización de
la Administración de Justicia, va a depender fundamentalmente el número y
el tiempo de permanencia de los presos en las cárceles españolas, de la
reforma del Código Penal y, secundariamente, de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, como ya se ha dicho anteriormente, así como de la transferencia
progresiva a las comunidades autónomas, en línea con ese proceso de
transferencia de la competencia general. Junto a estos ejes básicos y en
estrecha relación con ello, hay que considerar las diferentes
modalidades, las nuevas sanciones penales, que pueden coincidir --ya lo
habíamos hablado antes-- con arrestos de fines de semana, con medidas no
carcelarias que se apliquen a cierto tipo de delincuentes, voluntariado
social, toxicómanos, rehabilitación, etcétera, que parecen ir abriéndose
paso y que deberíamos contemplar.
Nosotros tenemos una serie de ideas que vamos a trasladarle; estamos
dispuestos que usted las considere y las estudie con sus asesores para
ver qué tipo de centros se hacen, cómo se dotan de mecanismos, para que
consigamos en España que la gente que está privada de libertad no esté
privada de los demás derechos que les asisten como ciudadanos y se haga
un gran esfuerzo para lograr su reinserción en la sociedad. Estamos
avanzando en una serie de temas gravísimos de delincuencia nueva,
moderna, informatizada, con influencia de los medios de comunicación
audiovisuales, con problemas generados con la droga y el tráfico de
drogas, delincuencia de carácter económico y fraudulento que se debe
abordar; hay que estudiar el tratamiento que se debe dar desde
Instituciones Penitenciarias a todos estos fenómenos.
Gracias por la atención prestada y, repito, nuestro Grupo está, como todo
el mundo sabe, en la oposición de izquierdas a la política de su
Gobierno, pero en este campo, como en otros, estaríamos dispuestos, si se
hace una política progresista y de izquierdas, a contemplar nuestra
colaboración con su delicada labor al frente de las instituciones
penitenciarias.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Rodríguez Zapatero.
El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: En primer lugar, como parece que exige la
cortesía parlamentaria, quiero saludar y dar la bienvenida a la nueva
Secretaria de Estado de Instituciones Penitenciarias, deseándole, desde
el Grupo Socialista, el éxito en una tarea siempre difícil y rodeada de
complejidad, ante la cual nuestro Grupo le anticipa la colaboración
lógica, no sólo como Grupo que sostiene al Gobierno, sino como Grupo que
piensa que estamos en una materia en la que el esfuerzo conjunto y la
máxima colaboración es siempre algo deseable.
La verdad es que en esta comparecencia para exponer lo que es un esbozo,
como no puede ser de otra manera, de las líneas generales de actuación,
lógicamente creo que no se puede proceder, como algún Grupo ha hecho, a
una especie de juicio sobre la posible gestión de la Secretaría de Estado
con una nueva titular. Ciertamente, el Grupo Socialista ha abordado en
muchísimas ocasiones este debate y la verdad es que tenemos una sensación
de cierta perplejidad. No sabemos si el Grupo Popular está en una
interpelación permanente, a través de su portavoz, que nos resulta, en
cierta medida, un interpelante monótono y reiterativo, puesto que la
verdad es que desde que se inicia esta legislatura ha habido ya en torno
a los mismos temas tres debates de características muy similares.
Uno tiene la sensación de si produce alguna fruición especial escucharse
tantas veces para decir las mismas cosas; si produce alguna fruición
especial leerse una y otra vez en los «Diarios de Sesiones», y si produce
alguna fruición especial tener una escasísima capacidad de diálogo;
diálogo que entendemos desde el Grupo Parlamentario Socialista que parte
siempre de la capacidad de escuchar los argumentos de los demás, en este
caso de la Secretaría de Estado, del Gobierno en su conjunto. Lo digo
porque en poco tiempo ha habido debates ya muy parecidos que han tenido
una contestación suficiente; eso sí, entendemos que ha sido una
contestación poco escuchada, y yo no sé si para los anales del
parlamentarismo o esta legislatura puede tener algún interés reiterar
tantas y tantas veces e imagino que muy poco para los medios de
comunicación.
Ello me lleva a hacer una intervención breve, simplemente manifestando
algunas de las cuestiones que me parecen más relevantes.
En primer lugar, yo creo que la descripción que a veces se escucha del
estado de las prisiones o del sistema penitenciario no es justa; no es
correcta a la realidad. Se habla mucho de las prisiones, seguramente sin
estar mucho en ellas y seguramente bastante alejado de la realidad.
Nuestro sistema penitenciario, como todo sistema penitenciario, tiene
problemas. Seguramente estamos en una de las áreas donde es imposible un
estado ideal de las cosas por sus propia naturaleza, pero, evidentemente,
la evolución de la situación en los últimos años apunta
hacia una dirección acertada que se manifiesta en el conjunto de los
nuevos aspectos que se han ido aplicando en previsión de la Ley General
Penitenciaria en todos los órdenes y que tiene como gran reto el plan de
amortización de centros para luchar contra el grave problema del
hacinamiento.
Yo no voy a exponer aquí ya ningún argumento más sobre ese plan, sobre
por qué el Grupo Parlamentario Socialista apoya ese plan. Ni siquiera
tampoco voy a poner el dedo en las contradicciones de algunas posturas de
los grupos. Ciertamente, cuando este plan se critica, con poco fundamento
desde nuestro punto de vista, lo que estamos haciendo es jugar a una
política de corto alcance, a una política que tiene unos ribetes
claramente demagógicos, que tiene el enganche de una clientela que puede
ser coyuntural de oponerse allí donde se establece un plan de instalar un
centro penitenciario, sea grande, sea pequeño --este grande nos parece
mucho más razonable-- porque eso puede tener algún aprovechamiento
electoral, insisto, coyunturalmente. Eso se hace desde grupos que, para
tranquilidad del Grupo Parlamentario Socialista, no tienen vocación de
gobierno real o, al menos, no tienen convencimiento de que son opción de
gobierno real; si no sería imposible que se hicieran estos planteamientos
tan demagógicos a los que estamos acostumbrados en buena parte del
territorio nacional.
Por tanto, yo creo que ese plan debe de seguir adelante. Aquí algún grupo
trae a colación otro tipo de argumentos, como la comparación con los
sistemas de la atención especializada en el mundo sanitario. Parece que
ése es un argumento que estaría más a favor de las posiciones del Grupo
Parlamentario Socialista y del Gobierno, puesto que yo creo que la
tendencia clara a que existan grandes complejos hospitalarios es un
método mucho más adecuado para esa atención especializada.
Se ha expuesto hasta la saciedad y no voy a repetir los argumentos a
favor del plan, pero yo les pediría a SS. SS. que se incorporaran un poco
al ritmo de la modernidad, que se incorporaran un poco al ritmo de lo que
exige una penalidad tan específica como es la que se produce en nuestro
país y que tuvieran la capacidad --ellos sí-- de cambiar algo en sus
discursos, de cambiar algo en su reflexión, de escuchar otras posiciones,
porque ciertamente nos parecería muy positivo.
Desde esa perspectiva insistiré en, para no reiterar, que algunas de las
cosas que se han dicho no son correctas. El tratamiento a los problemas
de drogodependencia, de toxicomanías, de sida en nuestras cárceles ha
mejorado notablemente, aunque ahí existe una gran problemática por
abordar. La tarea de formación ocupacional, de inserción educacional ha
mejorado notablemente en nuestro sistema penitenciario, igual que ha
mejorado la política de personal.
Yo quiero decir aquí que, aunque se ha hecho alguna alusión, llevamos
mucho tiempo sin ningún conflicto mínimamente serio en nuestras
prisiones, ni desde el punto de vista de reclamaciones de las funciones,
ni desde el punto de vista, incluso, de la propia situación de los
penados, a pesar de ese hacinamiento, y eso tiene que ser, más allá de
los datos, de las cifras, de los porcentajes, un índice a tener en
cuenta. Los incidentes son muy aislados y por fortuna llevamos tiempo en
una situación de bastante tranquilidad.
En definitiva, creemos que la línea es una línea acertada globalmente,
que habrá que reforzar con algunas de las posiciones que ha mantenido la
Secretaría de Estado y que por parte del Grupo Socialista sólo tenemos
dos deseos: uno, que, por supuesto, la Secretaría de Estado continúe en
buena medida y con la máxima intensidad ese plan de amortización que nos
parece absolutamente imprescindible y, dos, que algún grupo tenga la
capacidad de demostrar algo más de cintura política en sus
planteamientos, cosa que a tenor de los antecedentes históricos
parlamentarios va a ser ciertamente difícil, pero que, en todo caso, el
Grupo Socialista va a mantener la cortesía parlamentaria de intentar que
así sea en relación a una problemática tan compleja como la que nos
ocupa.
Le deseamos, pues, suerte en su gestión y reiteramos la plena
colaboración del Grupo Socialista más allá de las coyunturas electorales,
más allá de los posicionamientos de corto plazo que algunos parece que
tienen como único referente político. (El señor Gil Lázaro pide la
palabra.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LAZARO: Gracias, señor Presidente. Para una cuestión de
orden, si me lo permite.
Venimos observando desde mi grupo parlamentario ya con cierta reiteración
que siempre que se plantea el tema del ámbito penitenciario por la
fórmula parlamentaria de comparecencia de alguna autoridad, el Grupo
Socialista viene utilizando su turno, en vez de para prefijar, como
establece el Reglamento, una posición de grupo frente a la intervención
de la compareciente, para replicar directamente con argumentos políticos
y con alusiones personales a las intervenciones de los demás grupos
parlamentarios. No nos parece que esto se ajuste estrictamente al tipo de
intervención que el Reglamento prevé de los grupos en este turno
posterior a la intervención del compareciente. Queremos dejar constancia
de esto y, en segundo lugar, precisamente por eso, solicitar al señor
Presidente, al amparo de Reglamento, un brevísimo turno por alusiones.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro, es prácticamente inevitable que en
fijación de posiciones los distintos grupos se contradigan, toda vez que
su posición se supone distinta a cada uno de los grupos, pero sí ha
habido una alusión del portavoz del Grupo Socialista muy concreta y muy
directa que ha sido acerca de sus intervenciones monótonas y
reiterativas, para la defensa de lo cual, si usted quiere, tiene tres
minutos; sólo sobre esto.
El señor GIL LAZARO: Muchísimas gracias, señor Presidente, por la
benevolencia con la que acoge mi ruego.
Señor portavoz del Grupo Socialista, yo supongo que soy monótono y
reiterativo en función estrictamente del cumplimiento de una obligación
parlamentaria, dada la situación que estamos analizando. Probablemente a
usted le parecerá monótono y reiterativo el proceso lógico desde un punto
de vista intelectual, político y, desde luego, parlamentario, que hemos
seguido desde el inicio de la legislatura.
Aquí se planteó, primero, una comparecencia del Ministro de Justicia al
inicio de la legislatura para abordar esta cuestión con la consiguiente
oferta por nuestra parte de una relación, por la vía de moción, de
medidas urgentes y específicas para ser alternativas a la situación
actual; a continuación solicitamos una comparecencia en Comisión, una vez
finalizó la gestión de un equipo, el anterior al de la señora Fernández
Felgueroso, para que diera cuentas de esa gestión, lo cual nos parece
impecable desde un punto de vista parlamentario y democrático y hoy, que
un nuevo equipo se hace cargo de la responsabilidad de la Institución
penitenciaria, hemos solicitado esta comparencia para que, efectivamente,
la Secretaria de Estado nos explicara qué cambios piensa introducir. Esto
nos parece impecable y riguroso desde un punto de vista político,
intelectual y parlamentario.
Yo comprendo que al señor portavoz del Grupo Socialista esta cuestión del
ámbito penitenciario le resulte incómoda que se trate en esta Comisión,
pero créame que vamos a seguir planteando con rigor estos temas, sobre
los que, por lo demás, hoy no hemos formulado ningún tipo de juicio, sino
simplemente, en cumplimiento de nuestra obligación parlamentaria, le
hemos señalado a la señora Secretaria de Estado cuáles son los problemas
que tiene sobre la mesa; probablemente porque le hemos señalado cuáles
son el Grupo Parlamentario Socialista se ha sentido incómodo.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Rodríguez Zapatero.
El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: Quería, para que no parezca que hay
descortesía parlamentaria, decir que la autocalificación de «impecable
parlamentariamente en su actuación» en ningún caso es incompatible con
que ésa sea monótona y reiterativa; sobre todo, es monótona y reiterativa
cuando la contestación a la propia comparecencia de la Secretaría de
Estado está prefijada, sin haber escuchado lo que se ha dicho.
El señor PRESIDENTE: La señora Secretaria de Estado de Asuntos
Penitenciarios tiene la palabra.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE ASUNTOS PENITENCIARIOS (Fernández
Felgueroso): Señor Presidente, procuraré ser lo más breve posible, para
que SS. SS. tengan ocasión, más adelante, de plantear otras cuestiones.
En primer lugar querría agradecer, y no en forma protocolaria, sino muy
sinceramente, a todos los portavoces que he tenido ocasión de escuchar su
deseo de éxito en una gestión que, como todos han expresado, es delicada.
También agradezco su ofrecimiento de colaboración.
Indudablemente, la ejecución de las penas, las cárceles, son un eslabón
más, probablemente el último, del ámbito más genérico de la justicia. El
propio Ministro de Justicia, en ese pacto por la Justicia que ha
expresado ante SS. SS., ha incluido, como no podía ser menos, este ámbito
en ese, repito, ofrecimiento de pacto y de consenso. Por tanto, yo tengo
enorme y sincero interés no sólo en escuchar a SS. SS. en esta Comisión,
en el ámbito parlamentario, sino que también deseo intercambiar opiniones
y sugerencias con los grupos parlamentarios en el ámbito de mi
competencia, es decir, dentro y fuera de esta Casa.
Dicho esto, voy a intentar, brevemente, puesto que todavía queda bastante
materia objeto de la comparecencia, contestar a algunas cuestiones
puntuales, aunque hay cuestiones a las que no podré contestar con el
rigor que quisiera por carecer de los datos precisos.
En términos generales, quiero poner de manifiesto al Diputado señor Gil
Lázaro --contesto por orden de intervención-- una cuestión. Mi
comparecencia se ha ceñido precisamente al objeto de la misma: las graves
carencias de la política penitenciaria española. (El señor Gil Lázaro:
Graves cambios.)
El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro, no interrumpa a la compareciente,
por favor. (El señor Gil Lázaro: Perdón, señor Presidente.)
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE ASUNTOS PENITENCIARIOS (Fernández
Felgueroso): No sé si son cambios o carencias, pero, en todo caso, la
interpretación que yo he hecho no es la de pensar que se me pedía que
explicara las líneas generales de actuación de la Secretaría de Estado de
Asuntos Penitenciarios, porque eso sería objeto de una explicación
bastante más amplia, sino que me he ceñido a los aspectos que he
considerado y ello siguiendo un orden de prioridades. La carencia o
problema más importante de la política penitenciaria española es la que
he expresado en relación con los centros, y he dicho que la realización,
el llevar a término el resto de las actuaciones en relación con los
reclusos españoles tenía mucho que ver con este problema prioritario de
la grave carencia de plazas. Por tanto, siento que S. S. considere que no
he respondido a muchas de sus preocupaciones; ello no quiere decir que no
sean preocupaciones de la Secretaría de Estado, pero sí que no eran
objeto --al menos así lo he entendido yo-- de este establecimiento de
prioridades y carencias.
Ha hablado S. S. de continuismo. Para mí continuidad en un plan del
Gobierno, en un plan del Ministerio de Justicia, es bueno; me honro de
esa continuidad. Naturalmente, no pretendo que S. S. ni su Grupo
compartan los criterios y lo que el Gobierno socialista considera como
progresista; por tanto, evidentemente, continuidad con los planes del
Gobierno, con el proyecto del Ministerio de Justicia, en cuyo Ministerio
estoy ubicada, y, desde luego, continuidad con lo que consideramos
política progresista, sin perjuicio de que cada responsable político,
cada responsable público imprima su particular manera de hacer las cosas.
A lo largo de mi intervención he tenido ocasión de reiterar que hay
muchas cosas absolutamente perfectibles, que hay muchas cosas en las que
tenemos que insistir, que se ha mejorado, pero que todavía quedan
muchísimos aspectos por mejorar, algunos de ellos muy importantes, e
incluso se podría decir que esenciales. Por tanto, continuidad dentro del
proyecto global y aplicación de los criterios correspondientes a mi
responsabilidad, criterios que iré expresando en la medida en que vayamos
viéndolos puntualmente.
Su señoría ha puesto sobre la mesa numerosísimos datos y lo cierto es que
contestar puntualmente a cada uno de ellos nos llevaría una sesión
suficientemente larga, desde luego más de una hora; por tanto, le pido
disculpas por referirme tan sólo a algunas cuestiones muy concretas.
Al hablar de las carencias sanitarias --en esta Cámara se ha tenido
oportunidad de exponer cuáles son las actuaciones en materia sanitaria de
Asuntos Penitenciarios, actuaciones absolutamente en la línea de las
recomendaciones de las organizaciones internacionales, tanto en lo que
respecta al SIDA como a la drogadicción, y en total sintonía con las
actuaciones de las comunidades autónomas--, su señoría ha mencionado la
cifra de 192 fallecidos de SIDA, cuando en realidad han sido 146; si S.
S. ha utilizado datos míos habrá un error porque, desde luego, ésa no es
la cifra.
También ha hecho una serie de consideraciones sobre funcionariado,
reciclaje, comisión de servicios y promoción profesional que S. S.
entenderá que resulta imposible contestar en esta comparecencia. Sin
embargo, hay una cuestión que creo que sí merece un comentario especial,
y es la alusión que ha hecho a la autosuficiencia en materia sanitaria.
En este tema he de decirle que no pretendemos la autosuficiencia en
materia sanitaria, sino que la posición de Asuntos Penitenciarios es
precisamente mantener un cierto grado de autosuficiencia con respecto a
aquellos enfermos que puedan ser tratados en nuestras propias
instalaciones, pero siempre con el objetivo de ir incorporando a los
reclusos al sistema universalizado de la Seguridad Social. En este punto
volvería a pedir el consenso de SS. SS. y de sus respectivos grupos
políticos, puesto que, al igual que sucede en las instalaciones
carcelarias, en algunos centros hospitalarios se está produciendo un
rechazo a convertirse en centros de referencia donde, con las
instalaciones adecuadas, sean ingresadas personas reclusas; es como si la
sociedad considerase que son personas que no están dentro de ese ámbito
universalizado de la Seguridad Social. Por tanto, me permito pedir en
estos momentos el apoyo de SS. SS. para deshacer cualquier información no
clara con respecto a esta cuestión que no incorpora en absoluto ninguna
situación especial en esos centros sanitarios, porque lo que sí se
convino con las comunidades autónomas es el establecimiento de unas
medidas que impidan que se produzcan efectos no queridos o efectos
perversos por ese acudir de nuestros reclusos a los centros de la
Seguridad Social, porque comprenderán SS. SS. que es completamente
imposible que, con el avance de la tecnología y las necesidades de toda
índole que requiere una buena atención sanitaria, se produzca esa
autosuficiencia, aunque quizá no sea éste el término que ha empleado S.
S., si bien me ha parecido entender que sí lo ha sido.
Ha planteado también el tema de extranjeros. Supongo que tendremos
ocasión de hablar de esa cuestión con más detenimiento en otra
comparecencia o con ocasión de otra pregunta. Los que están en nuestras
instituciones son más de 3.000, casi se han duplicado. Sobre todo en los
últimos ingresos, es decir, en el año 1993, hay un incremento muy notable
de personas extranjeras. Las soluciones, como SS. SS. conocen, son
complejas. Instituciones Penitenciarias no puede solucionarlo por sí
misma. Ahí tiene que haber no solamente unas peticiones de los fiscales
en consonancia con la Ley Orgánica de Extranjería para protección de
estas personas, sino que además los tribunales son los que,
definitivamente, deben establecerlo o no en sentencia, ya que, como S. S.
sabe, son absolutamente independientes en cuanto a esa decisión. Es
decir, es un asunto complejo en el que se requiere petición del
Ministerio Fiscal, decisión por parte de los tribunales en penas
inferiores a seis años, del cumplimiento en sus respectivos países y, a
falta de todas esas cuestiones, acuerdos o convenios internacionales,
pero también decisión de los propios reclusos, que muchas veces bajo
ningún concepto se quiere ir a cumplir la condena a otros países. Ese
equilibrio difícil entre la autonomía judicial, la petición fiscal y la
autonomía de los propios reclusos es con el que tenemos que conjugar este
problema, que, evidentemente, como S. S. ha dicho, es importante.
Otra cuestión. He creído entender que cuestionaba el protocolo que
manejan los equipos de observación y tratamiento y que estos equipos no
estaban integrados por técnicos. Quiero poner de manifiesto ante SS. SS.,
por si acaso hay alguna duda, que están integrados por psicólogos, por
juristas, por asistentes sociales y por educadores. Creo que de ninguna
manera se puede decir que no son técnicos, sino todo lo contrario; es
decir, son unos equipos muy profesionalizados que, como antes he tenido
ocasión de decir, me propongo reforzar precisamente por ese papel
fundamental, pero que sin que se llegue a la conclusión de que en este
momento sus componentes no son técnicos especialistas. (El señor Gil
Lázaro: No he dicho eso.) A lo mejor no lo ha dicho, señor Diputado, pero
he tomado nota de ello en algún momento.
En relación con la intervención del Diputado señor Casas, por el Grupo de
Convergència i Unió, quiero agradecer muy sinceramente su intervención.
Me identifico plenamente con lo expresado, agradezco muy especialmente su
colaboración y el anuncio de crítica constructiva; ambas cosas me agradan
y me congratulan. Creo que ha expuesto cosas muy sustanciales. He tenido
ocasión también de comentar con anterioridad, cuando hemos hablado del
cumplimiento del Plan de centros, que había un diferencial entre las
previsiones que se hicieron en el año 1991 y las que, desgraciadamente,
tenemos ahora en
cuanto al crecimiento de la población reclusa, pero también he dicho algo
que es una cuestión que plantea, creo que muy acertadamente, el portavoz
señor Casas, que es la de que todo ello habrá que atemperarlo y habrá que
establecer con realismo las prioridades, en función también de la futura
reforma del Código Penal --también lo ha planteado el Grupo de Izquierda
Unida-- y, por tanto, no caben en este momento simplificaciones de todo
ese tema tan complejo, sino que habrá que ver cómo se plasman esas
modificaciones legislativas y qué incidencia tienen en la ampliación o
decrecimiento de las plazas carcelarias o en las instituciones
penitenciarias.
El señor portavoz ha resaltado algo que quiero reiterar, y es cómo a
pesar de que en algunos momentos iniciales de la construcción de cárceles
se produce una vibración y una oposición frontal de los ciudadanos del
área donde se hace la instalación, después esto cambia completamente,
especialmente cuando la población comprueba que no hay males adicionales,
por decirlo textualmente, y que, además, se produce reactivación
económica en ese espacio. Vuelvo a decirles a SS. SS. que tengo un
listado de ayuntamientos y alguno dice: he visto que ustedes van a
instalarlo en este municipio. Si no quieren, nosotros sí. Son casos
curiosos que SS. SS. tendrán que conocer. Por tanto, muchas gracias por
ese ofrecimiento. También compartimos la reflexión política, a mi juicio
muy atinada, que ha hecho el portavoz de Convergència i Unió.
En relación con el portavoz de Izquierda Unida, con el señor Romero, que
ha expresado la preocupación de los sindicatos de que tengan una
participación en todas estas modificaciones y novedades que incluye el
Plan, quiero reiterarle que, evidentemente, es una política de Asuntos
Penitenciarios el tener una relación estrecha con las organizaciones
sindicales más representativas. Ya he tenido una primera visita o una
primera reunión con estas organizaciones sindicales más representativas
para conocer de primera mano cuáles eran esas preocupaciones. He de
decirle que en relación con el Plan de Creación y Amortización, todas las
centrales sindicales han suscrito el Plan en lo que les afecta de
reubicación por amortización de algunos centros y no todas ellas tienen
la misma opinión sobre la bondad o no bondad del tamaño de las nuevas
cárceles. Ahí no hay identidad de pareceres, no hay criterios homogéneos,
pero, en todo caso, tenga la seguridad de que igual que se negoció algo
tan difícil y que supuso, ha supuesto y supondrá sacrificios por parte de
los funcionarios de trabajos penitenciarios, por parte de los
funcionarios de la casa, ahí tengo que resaltar que han tenido una
posición digna de encomio al suscribir, a pesar de que realmente les va a
suponer incomodidades, el Plan de Creación y de Amortización de Centros.
El señor Diputado ha puesto de manifiesto nuevamente sobre el tapete la
idoneidad o no de la cárcel mediana, como digo yo, y de la macrocárcel,
como dicen SS. SS., y ha hecho unas comparaciones que no comparto
exactamente, aunque creo que se pueden expresar, como es la del gran
hospital o el supermercado o la tienda de barrio. En el segundo de los
supuestos, inexorablemente, al final, creo que no es posible ponerle esas
puertas al campo y que ese mismo ejemplo puede servir para las
instalaciones de las cárceles. No es posible eliminar esas superficies
comerciales de gran tamaño porque, en definitiva, ofrecen una relación
precio-calidad que sin duda demandan también los consumidores. Y esto se
puede trasladar aquí con todos los matices, aunque no querría hacer
ninguna comparación porque creo que es un aspecto muy complejo y porque
el objetivo son factores humanos, seres humanos privados de libertad. Por
tanto, con las diferencias notables que existen, yo no quiero comparar
estos términos, como ha hecho el señor Diputado, y creo que podremos
tener ocasión de seguir insistiendo en cómo la cárcel de mil internos es
una cárcel que permite esa preocupación que ha expresado el señor
Diputado, que permite la preocupación de atender debidamente a los
internos en el conjunto de sus necesidades.
Ha hecho un comentario que puede parecer baladí, pero que no lo es, en
relación con que estas cárceles tenían previsiones de piscinas
climatizadas y que S. S. consideraba que eran más importantes las
cuestiones de actividad laboral, escuelas taller, etcétera.
Evidentemente, comparto su criterio de que tiene mayor relevancia que
este tipo de prisiones presten atención fundamental a todo lo que es
actividad laboral, actividad formativa, actividad educativa, pero también
ha de prestar consideración a la actividad deportiva porque no hay que
desdeñar esa actividad en las cárceles, y no hablemos de squash, no
hablemos de instalaciones muy sofisticadas; son instalaciones buenas,
pero no tan sofisticadas como pudiera creer S. S. o como han podido
llegarle a decir a S. S. Por tanto, compartiendo su preocupación de que
son más importantes estas cuestiones, quiero decirle que la actividad
deportiva tampoco es una cuestión a desdeñar.
Ha hablado también del estatuto de personal. Sobre esta cuestión en la
legislatura pasada se comentó una hipótesis de trabajo; sobre este punto
tan sólo hay conversaciones en términos muy vagos con las organizaciones
sindicales, en las que profundizaremos a lo largo de esta legislatura,
pero tenga la seguridad que se celebrarán las reuniones que sean
necesarias para llegar a acuerdos en esos aspectos, sobre los que las
centrales sindicales más representativas tampoco tienen un criterio
uniforme. Por tanto, habrá que estudiar con las centrales sindicales y en
el ánimo de lo que es mejor para el conjunto de la institución por dónde
ha de desarrollarse este estatuto de personal, que es un asunto pendiente
de la anterior legislatura.
Finalmente, ha comentado su preocupación por la cuestión de las
circulares. También es nuestra preocupación. Creemos --en parte estoy
concentrando mis esfuerzos en ese trabajo-- que hay que estudiar muy bien
toda la cuestión de circulares y probablemente elevarlas de rango e
incorporarlas al reglamento, como se ha sugerido por algunos grupos e
incluso por algunos jueces de vigilancia penitenciaria, no por todos; es
decir, hay autos muy diferentes de los respectivos jueces de vigilancia
penitenciaria, pero, en conjunto, es un asunto que nos preocupa;
compartimos esa preocupación, y le aseguro que
trabajaremos para clarificar todo aquello que no suponga una absoluta
seguridad jurídica en esta cuestión. Por tanto, compartimos su
preocupación y he de decirle que avanzaremos en esa cuestión y tendremos
ocasión de volver a comentarla.
En relación con la intervención del representante del Grupo Socialista he
de decir que me reitero en la identificación con sus razonamientos que
también he hecho respecto al Grupo Catalán, y también comparto que las
líneas generales del plan de actuación y de amortización de centros son
absolutamente necesarias y es indispensable desarrollarlas en un tiempo
relativamente corto. También comparto la idea de que esa política hace
una identificación con lo que ha expresado respecto del tratamiento de
toxicomanías referente a la ostensible mejora en estos aspectos, que son
aspectos muy preocupantes no sólo intramuros de las instituciones
penitenciarias, sino también en el conjunto de la sociedad civil.
Cumpliendo con mi ofrecimiento de brevedad, señor Presidente, termino.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Secretaria de Estado.
--COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA, QUE SERA CUMPLIMENTADA
POR LA SEÑORA SECRETARIA DE ESTADO DE ASUNTOS PENITENCIARIOS (FERNANDEZ
FELGUEROSO), PARA EXPLICAR LA EXISTENCIA DE SISTEMAS PERMANENTES DE
GRABACION EN LOS LOCUTORIOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
ESPAÑOLES. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 213/000139.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, la tercera comparecencia en el orden del
día solicita la explicación sobre la existencia de sistemas permanentes
de grabación en los locutorios de los establecimientos penitenciarios
españoles. El autor es el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.
La señora Secretaria de Estado tiene la palabra.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE ASUNTOS PENITENCIARIOS (Fernández
Felgueroso): Intervengo para responder al objeto de petición de
comparecencia. Quiero poner de manifiesto que, ciertamente, existen en
los establecimientos penitenciarios sistemas permanentes de grabación
para intervenir, en su caso --quiero ser muy cuidadosa con las palabras,
puesto que es un tema en el que creo que hay que ser rigurosos y
cuidadosos--, las comunicaciones de los internos. Es decir, dicho de otra
manera, existen medios técnicos cuyas instalaciones fijas, no operativas
en tanto no se activen, permiten intervenir cuando está en consonancia
con la legislación penitenciaria.
La existencia de estos sistemas se encuentra legitimada, a nuestro
juicio, por las previsiones que la legislación penitenciaria realiza al
respecto. El artículo 18.3 de la Constitución Española garantiza, como
SS. SS. conocen, el derecho al secreto de las comunicaciones y en
especial de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución
judicial.
Es cierto que la relación de sujeción especial en que se encuentran los
internos es también enjuiciada o descrita por el artículo 25.2 de nuestra
Carta Magna, que establece que el condenado a prisión gozará de los
derechos fundamentales, a excepción de los que se vean expresamente
limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena
y la Ley penitenciaria.
A su vez, la Ley Orgánica 1/79, de 26 de septiembre, General
Penitenciaria, regula en su artículo 51 las limitaciones al derecho al
secreto de las comunicaciones, estableciendo el régimen para su
intervención. Dispone en concreto, el artículo 51, que con carácter
general los internos estarán autorizados para comunicar periódicamente,
de forma oral y escrita, en su propia lengua, con sus familiares, amigos
y representantes acreditados de organismos e instituciones de cooperación
penitenciaria, salvo en los casos de incomunicación judicial. Estas
comunicaciones se celebrarán de manera que se respete al máximo la
intimidad y no tendrán más restricciones en cuanto a las personas y al
modo que las impuestas por razones de seguridad, de interés del
tratamiento y del buen orden del establecimiento. Además establece este
precepto, en su apartado quinto, el régimen general de suspensión e
intervención de las mismas, diciendo textualmente: Las comunicaciones
orales y escritas previstas en este artículo, podrán ser suspendidas o
intervenidas motivadamente por el director del establecimiento, dando
cuenta a la autoridad judicial competente.
En el apartado segundo del mismo precepto se establece un régimen
especial en relación con las comunicaciones con abogados, al disponer que
las comunicaciones de los internos con el abogado defensor o con el
abogado expresamente llamado de relación con asuntos penales y con los
procuradores que les representen, se celebrarán en departamentos
apropiados y no podrán ser suspendidas o intervenidas salvo por orden de
la autoridad judicial y en los supuestos de terrorismo.
El régimen de las intervenciones y suspensiones de las comunicaciones
orales se desarrolla igualmente en el artículo 91 del Reglamento
Penitenciario, que dispone: Cuando las comunicaciones deban ser
restringidas en cuanto a las personas o intervenidas a tenor, en ambos
casos, de lo previsto en el artículo 51.1 párrafo segundo de la Ley
Orgánica General Penitenciaria, el director del establecimiento, con
informe previo del equipo técnico si la razón fuere de tratamiento, lo
acordará así en resolución motivada que se notificará al interno ya sea
detenido, preso o penado. En ambos supuestos se dará cuenta al juez de
vigilancia.
La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sentencia
Golder, entre otras, ha establecido que la injerencia en los derechos de
los internos y en concreto en sus comunicaciones, puede estar justificada
en función de la defensa del orden o de la prevención de infracciones
penales, siempre que esté prevista por la ley.
Por su parte, el Tribunal Constitucional, en Sentencia 73/83, de 10 de
julio, ha considerado conforme a la Constitución, la facultad de los
directores de los establecimientos de suspender las comunicaciones con
abogados en los supuestos de terrorismo, si bien dando cuenta al juez. En
consecuencia, las anteriores previsiones legales justifican la existencia
y utilización de sistemas de escucha cuyo carácter permanente resulta
lógico por cuanto es garantía para su propia eficacia.
Este es, en resumen, señorías, el estado de la cuestión, insistiendo en
el marco de legalidad anteriormente reseñado y reiterando la cuestión con
que comencé mi intervención, es decir, que estos medios técnicos de
instalación fija --por si alguien pudiera entender lo contrario-- no
están operativos en forma automática y continuada y que sólo son
operativos en las condiciones que acabo de relatarles, es decir, con
absoluto control y ateniéndose a las prescripciones legales.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que deseen intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
el señor Romero tiene la palabra.
El señor ROMERO RUIZ: Seré breve, como ha sido la señora Secretaria de
Estado pero, al mismo tiempo que breve, contundente en lo que nosotros
consideramos derechos fundamentales.
Nosotros, como Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, hemos solicitado esta comparecencia específica a raíz de los
últimos sucesos en torno a las escuchas sin mandato judicial en las
instituciones penitenciarias de nuestro país.
La Constitución española establece que, salvo autorización judicial o
flagrante delito, no serán violadas las comunicaciones postales,
telegráficas o telefónicas. Si se tiene conocimiento de que los abogados
de los presos de ETA actúan como correos de la organización, si ustedes
tienen conocimiento y constancia de que su papel va más allá de las
atenciones y derechos que todo detenido tiene a ser tutelado y defendido
ante los tribunales, las autoridades penitenciarias deben saber que un
preso pierde su libertad pero no otros derechos que le asisten como
ciudadano en el Estado de Derecho, de acuerdo con la Constitución, con
las penas, con la sentencia que hayan recaído sobre él. Sean cuales sean
los crímenes por los que una persona se encuentre en prisión, incluyendo
su pertenencia a banda armada, hay que cumplir siempre las formas y el
fondo en los procesamientos democráticos; siempre.
Parece que hay una ingenuidad, parece también que puede ser una seria
temeridad intervenir la comunicación de un preso con su abogado sin
mandato judicial escrito. Digo esto, digo escrito (y pido que se subraye
«escrito»), porque desde instancias del Ministerio del Interior se ha
dejado caer que había una especie de autorización verbal de instancias
judiciales para proceder a escuchas (me refiero a la grabación, que luego
ha sido anulada por los tribunales de rango superior) de Gorostiza con
presos de ETA.
Usted ha dicho que hay unas instalaciones y unos sistemas en el interior
de las cárceles en España que no están funcionando de forma automática, y
que cumplen, de acuerdo con lo que establece la Ley General
Penitenciaria, lo que se estipula en la comunicación de abogados y
detenidos; es muy taxativa, no se pueden suspender, no se pueden
intervenir sin autorización judicial, sin orden judicial, sin
comunicación a la autoridad judicial. Es muy importante, como pilar
básico del Estado de Derecho, que estas comunicaciones existan siempre y
en todos los casos. Independientemente de los problemas de orden que se
puedan crear, de los problemas de inseguridad, o de las investigaciones
en torno a la gente que queda fuera de la cárcel en actividades
criminales o mafiosas, en actitudes delictivas ante la sociedad civil,
toda la investigación que se abra hay que ponerla en conocimiento de la
autoridad judicial, que puede autorizar la intervención telefónica, la
comunicación postal o escrita, lo mismo que se autoriza para cualquier
persona que, no estando privada de libertad, se investigue en torno a
ella la posible comisión de un delito. Hay infinidad de teléfonos
intervenidos con autorización judicial en España y en todos los países
democráticos de nuestro entorno y de la Comunidad Europea, en persecución
del narcotráfico, en persecución de delitos violentos o terroristas, en
descubrimiento de tramas, de delitos económicos, etcétera. Por eso
nosotros no nos oponemos a que se intervenga una comunicación telefónica,
siempre que se haga de acuerdo con la Constitución y las leyes, y en este
caso no se ha hecho; así lo ha demostrado la sentencia de los tribunales
en un asunto último que ha adquirido notoriedad y ha causado un gran
revuelo en la opinión pública española. Repito, independientemente del
carácter de banda armada, independientemente de la naturaleza por la que
son condenados los presos, siempre hay que observar (y lo establecen con
claridad la Ley General Penitenciaria, la Constitución Española y todos
los procedimientos democráticos) el mandato judicial, la comunicación
judicial a la hora de actuar. Luego hay una serie de medidas de carácter
disciplinario que sí puede establecer la dirección de los centros
penitenciarios, y puede suprimir encuentros, salidas, recibir visitas,
recibir determinadas comunicaciones que, por razones de seguridad, tienen
que ser revisadas, etcétera. Pero incluso en ese campo de las sanciones
disciplinarias para mantener el orden y para hacer cumplir la ley
penitenciaria, el preso que se vea privado de derechos fundamentales
puede recurrir al juez, y el juez puede determinar una decisión final
sobre si hay un abuso o un exceso de autoridad o de celo en este tema.
Para terminar, señora Secretaria de Estado, yo le diría que, dados su
biografía y su talante de abogada, de especialista en derecho y la lucha
por las libertades democráticas en nuestro país, que sea muy cuidadosa en
este tema con asuntos que no pueden seguir ocurriendo en nuestras
cárceles, en ningún caso, y cuando ocurren queda muy mal parada la
dirección administrativa de Instituciones
Penitenciarias que lo ha consentido, a raíz de las últimas sentencias que
hemos conocido.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Padilla
tiene la palabra.
El señor PADILLA CARBALLADA: De la intervención de la señora Secretaria
de Estado, a la que como portavoz de nuestro grupo en esta Comisión
también doy la bienvenida, no se deduce una inquietud especial por parte
de quien ocupa la responsabilidad a la que usted acaba de acceder.
Brevemente, por no abundar ni repetir lo que el portavoz de Izquierda
Unida ya ha expuesto, yo quisiera señalarle varios aspectos en los que se
centra la posición de nuestro grupo en este asunto.
En primer lugar, quiero decirle que, ya en el mes de diciembre, a
preguntas del Diputado de nuestro Grupo Parlamentario señor Gil Lázaro,
el Ministro de Justicia compareció ante el Pleno de la Cámara en una
sesión de control y mostró un optimismo que los derechos después no han
confirmado. A la pregunta que le hacía el señor Gil Lázaro en relación
precisamente con la instalación de aparatos, de dispositivos de escucha
en los locutorios de los centros y establecimientos penitenciarios
(concretamente, en este momento se refería a la prisión de Alcalá-Meco),
el señor Ministro dijo que, afortunadamente, la respuesta para él era tan
sencilla como decir que no era cierto. Parece ser --y eso, naturalmente,
ustedes lo deben saber-- que hay unas instalaciones permanentes que se
utilizan solamente en los casos en que se deben utilizar. Esa es la
respuesta sencilla en la que se materializa la postura del órgano
administrativo, del complejo orgánico, que usted dirige. Creo que, de ser
así, eso genera una enorme intranquilidad, porque yo entiendo que las
llaves de las prisiones --por denominarlo de alguna manera-- las tiene en
ellas quien las dirige, y si se ha acordado, con el fundamento
pertinente, la intervención de una determinada comunicación, basta con
preparar ese lugar, porque también suponemos que los presos e interinos
en las prisiones españolas no se comunican donde ellos quieren, sino que
lo hacen en el lugar al efecto señalado por la dirección de la prisión.
De tal manera, y como gráficamente se decía ayer en una intervención del
Decano del Colegio de Abogados de Madrid, en una tribuna de esta ciudad,
lo que no se puede es lanzar redes a ver qué sale y a ver qué se escucha,
en esa especie de lucha o competencia que tienen ustedes organizada de
super-escuchas y super-oyentes de todas las conversaciones de los
españoles. Nosotros creemos que no se puede aceptar, y no se puede ante
la duda de si un funcionario oculto está escuchando, en un momento
determinado, una conversación o una comunicación de un preso que no tenga
acordada la intervención de sus conversaciones por resolución judicial
motivada, o también en el supuesto que usted indicaba, con las
consecuencias que se puedan producir de ello.
Señora Secretaria de Estado, lo evidente es que la desafortunada
interpretación de una norma ha determinado que probablemente hoy un
presunto delincuente, o cientos de eventuales delincuentes, a lo mejor
escapen razonable y afortunadamente a la acción de la justicia por una
aplicación de la ley. Me voy a permitir decirle que la sentencia de la
Audiencia Nacional es tan contundente en un caso reciente en el que se
dice expresamente que la administración penitenciaria realizó una
vulneración del derecho fundamental garantizado en el artículo 18.3 de la
Constitución, en relación con el 55.2 de la misma, y es tan contundente
el análisis que hace el propio tribunal de sus potestades, que entendemos
que la administración penitenciaria también debe leer con atención esos
textos, reflexionar y, sobre todo, pensar que no es tan fácil como la
señora Secretaria de Estado nos ha explicado en su intervención de hace
unos minutos.
Nosotros deseamos que vuelva usted muchas veces para desarrollar, en esta
Comisión y en ella también usted su papel, la tarea necesaria de control
del Gobierno y de la Administración, pero le quiero decir que deseamos
que no vuelva usted (en este caso ya sería por una decisión adoptada
durante el ejercicio de su responsabilidad) para que en esta Comisión
tengamos que volver a analizar este asunto. Esperamos que no vuelva usted
en ninguna ocasión, porque deseamos que efectivamente se cumpla la ley y,
sobre todo, se respete lo que es nuclear en un Estado de Derecho, que son
las libertades fundamentales de los ciudadanos, las libertades públicas
fundamentales de los ciudadanos.
Quiero recordar que el artículo 55 de la Constitución establece,
precisamente para este derecho, unas pautas que ponen de relieve la
magnitud de lo que entiende el constituyente y, por tanto, de lo que
entiende la norma fundamental, que es el derecho a la libertad de las
comunicaciones. En ese texto, en el apartado segundo del artículo 55, le
quiero recordar que la utilización injustificada o abusiva de las
facultades reconocidas en la Ley Orgánica a que se refiere la
Constitución, quiere la Constitución que esa violación de derechos y
libertades tenga unas expresas consecuencias penales; consecuencias
penales que tiene previstas el Código Penal para todas las violaciones de
derechos fundamentales, pero expresamente la Constitución hace aquí una
remisión que pone de relieve la importancia que en la órbita fundamental
de la dignidad de los ciudadanos y de sus libertades establece para este
derecho.
Le querría decir, lo deduzco además de los hechos probados de esta
sentencia y probablemente de otras muchas, que si una Administración
pública conoce con bastantes horas de antelación --ahí se dice--, que la
coordinación de seguridad de prisiones había ya advertido que se iba a
producir una conversación, ¿será tan difícil pedir al Juez de guardia un
mandamiento? ¿Será tan difícil? ¿Será tan difícil entender que el control
judicial es una garantía para los ciudadanos y de las libertades
públicas? Pues no. Se buscan cauces donde naturalmente después las
consecuencias no son las mejores para el fin, a lo mejor bien
intencionado, de una determinada decisión.
Quisiera decirle que todas las medidas excepcionales son excepcionales y
deben ser interpretadas con carácter restrictivo. Creo que eso lo sabemos
todos y naturalmente
también lo tiene que saber la Administración penitenciaria; pero en
el ámbito de los hechos públicos fundamentales yo creo que justamente
todas las excepciones ya son unas excepciones que deben ser todavía más
estricta y restrictivamente interpretadas, porque en el orden de las
libertades lo que hemos de interpretar siempre es lo más favorable a la
libertad, y también en estos supuestos concretos hay que entender que
solamente se deben utilizar prerrogativas excepcionales cuando la
excepcionalidad, la urgencia, la necesidad y la imposibilidad de utilizar
los cauces ordinarios lo demanden. Todo lo demás es escuela de escuchas y
escuela de oyentes, a la que nosotros, desde luego, creemos que nadie
debe acudir. Yo le pido a la Secretaria de Estado que ella no sea
discípula de esa escuela en la que parece hay tan buenos profesores
dentro de la Administración dirigida estos años por un Gobierno
determinado, con un curso y un sesgo de determinadas actuaciones en este
orden de cosas. Se daña al Estado con estas actividades; se daña a la
lucha antiterrorista; se daña la eficacia y la credibilidad de esa lucha
antiterrorista; y, sobre todo, para los que tenemos un compromiso con la
libertad, entendemos que se daña ese compromiso con la libertad. Los
compromisos con la libertad no solamente se expresan con palabras, se
expresan, sobre todo cuando se tiene la responsabilidad de gobernar, con
un ejercicio del poder y de las responsabilidades públicas coherente,
naturalmente, con ese compromiso con la libertad. Todo lo demás son
expresiones de progreso vacías de contenido.
Termino, señora Secretaria de Estado, asegurándole que confío que en esta
Comisión de Justicia e Interior del Congreso de los Diputados no tengamos
que volver a encargarnos de sucesos y acontecimientos como éste, y sobre
todo confío que entienda las razones por las cuales consideramos que su
respuesta no ha sido satisfactoria. Esperamos que su actuación en el
futuro nos proporcione la tranquilidad de que la intimidad de todos
aquellos que tienen derecho a ella está preservada tambien en el ámbito
de las prisiones, y de que esa intimidad solamente será destruida cuando,
con razones suficientes y resoluciones fundadas, haya lugar a ello.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor
Pérez Mariño tiene la palabra.
El señor PEREZ MARIÑO: Realmente la comparecencia que estaba solicitada
para esta mañana se fundaba exclusivamente en la explicación de la
existencia de sistemas permanentes de grabación en los locutorios, y con
interesada o no interesada intención, el hecho cierto es que, por parte
de los dos intervinientes anteriores, se ha mezclado lo que es una
resolución judicial, que declaró que la prueba que versaba sobre unas
escuchas en el locutorio de una cárcel española era una prueba no válida.
Entonces, se han mezclado ahí dos elementos que es importante poner de
manifiesto. Las intervenciones parlamentarias no se pueden convertir en
una especie de tertulia en la que todo el mundo puede decir lo que
quiera. Así, el representante de Izquierda Unida se permite decir --y
quiso que se reflejase por escrito-- que había un mandato judicial
probablemente verbal, no escrito, y él quiere que sea escrito. A mí me
gustaría decirle que eso no existe en ninguna parte del ordenamiento
judicial español; que las resoluciones judiciales son por escrito; que no
puede crear la más mínima duda o tensión afirmando que puede haber un
mandato judicial no escrito y, en consecuencia, le querría dejar claro
que cuando sepa de la existencia de uno concreto, debe ponerlo de
manifiesto, pero entretanto no lo sepa, no puede sembrar la más mínima
duda ni amparado en la inmunidad parlamentaria, porque las cosas no son
así. Las cosas, señor Romero, no son así; los jueces no extienden esos
cheques en blanco a nadie, porque irían contra los principios que rigen
su profesión y contra el principio de legalidad.
En segundo lugar, el señor Romero ha dicho que en la sentencia de la
Audiencia Nacional, de la Sección Segunda, por lo que se ve, no se han
hecho las intervenciones con arreglo a la Ley. Si yo no conozco mal la
sentencia, lo que la sentencia dice es que por parte de Instituciones
Penitenciarias no se comunicó en el plazo adecuado la resolución y que
tardaron 17 días, pero no que la intervención no se haya hecho con
arreglo a la Ley, que son dos cosas absolutamente diferentes. Si se puede
decir todo y todo vale, pues efectivamente está muy bien.
En tercer lugar, y en eso sí estoy absolutamente de acuerdo con él, no
puso en entredicho, no puso en duda en ningún momento que puedan existir
unos sistemas permanentes de grabación en los locutorios de los
establecimientos penitenciarios españoles, que es lo único que se le ha
preguntado, es a lo único que ha respondido la señora Secretaria de
Estado, y es en lo único que nosotros estamos absolutamente de acuerdo
con ella, porque es lo único que se le preguntaba, lo único que es objeto
de esta comparecencia y de lo único que podemos hablar. Puede o no puede
existir esta red de escuchas institucionales para aplicarlas en aquellos
casos que sean precisos con los mandatos judiciales oportunos que están
contemplados en el Reglamento y en la legislación penitenciaria y, mucho
más allá, en la Constitución Española. Eso es lo único que queríamos
saber, si efectivamente los grupos que lo planteaban, en concreto
Izquierda Unida, quería poner algna objeción a esto para evitar que,
posteriormente, en caso que fuera oportuna su utilización, pudiera
llevarse a la práctica o no. Esos son los únicos términos posibles en los
que podemos hablar.
Por lo que se ve, Izquierda Unida está de acuerdo, pero por si acaso
mezcló una mala interpretación que ha hecho de la sentencia de la Sección
Segunda de la Audiencia Nacional, sentencia por otra parte no firme, pero
que probablemente, entre otras posibilidades, pueda ganar firmeza en su
día. Lo sabe muy bien la señora Secretaria de Estado, porque lo que le ha
reprochado la Audiencia Nacional y lo que algunos desde este propio grupo
le hemos reprochado es que le faltó la diligencia oportuna para haberlo
cumplido en menos de 17 días, pero de ahí a mezclar que ha hecho una mala
utilización de las posibilidades legales que le da en orden a la
intervención de las comunicaciones, es una mezcla interesada e injusta y,
además de injusta, incurre en graves responsabilidades políticas. No se
puede decir --como dice el señor Romero-- que cuando se va a tener
conocimiento y constancia de que con una determinada comunicación puede
llegar a cometerse un delito... Eso está absolutamente prohibido, gracias
a Dios, en el derecho español, ya que las conductas predelictuales no son
delictivas. En consecuencia, ningún juez español, si no existen sospechas
más que fundadas, podrá dar esa orden de intervención. No se puede estar
diciendo, por un lado, que es necesario perseguir los delitos de
terrorismo, etcétera, y, al mismo tiempo, manifestar que no se pueden
intervenir las comunicaciones. En este caso no se puede vestir a dos
santos al mismo tiempo.
Al señor Padilla, representante del Grupo Popular, si me lo permite le
diré que estoy de acuerdo en todo con él; lo que pasa es que ha
aprovechado para decir que desde el Gobierno, que lleva no sé cuántos
años gobernando, lo que se ha hecho es instalar unos super-escuchas y
unos super-agentes de todos los españoles. Me gustaría que cuando él sepa
de algún caso de una super-escuela, de un super-agente de todos los
españoles, con su deber ciudadano --aunque sólo fuera ciudadano-- lo
pusiera de manifiesto caso a caso y uno a uno. (El señor Soriano Benítez
de Lugo pronuncia palabras que no se perciben.)
El señor PRESIDENTE: Señor Soriano, le ruego que guarde silencio.
El señor PEREZ MARIÑO: Por mínima responsabilidad política y
parlamentaria de todos nosotros, no se puede sembrar la duda generalizada
de que aquí se escucha o se investiga a todo el mundo. Ningún aspaviento
tolera la injuria generalizada, por más teatro que pongamos en los
aspavientos o aperturas de brazos.
Estábamos hablando de los locutorios de las prisiones y aprovechando, por
si acaso, mezclamos otros temas, y supongo que se referirá a las escuchas
del Cesid, que es el primer caso y se está investigando en un juzgado
barcelonés. Ese es un buen lugar para personarse en los procedimientos si
alguien cree que, efectivamente, se ha vulnerado algún derecho individual
de los ciudadanos españoles y no en su conjunto. Ampararse en inmunidades
parlamentarias para sembrar, en dos ocasiones, esta especie de hálito de
duda sobre todos, me parece que, además de injusto, es irresponsable
políticamente, porque en el poder hoy estamos unos, pero mañana estarán
otros y la destrucción institucional, sin embargo, es para todos. No
parece que sea el camino más adecuado por el que seguir.
Al final, el representante del Partido Popular ha hecho un canto a la
libertad, a los derechos y libertades fundamentales, me gustaría añadir.
En ese canto estamos absolutamente de acuerdo; pero para que existan
derechos individuales tenemos que ser coherentes y responsables con
nuestra función política, porque si no lo somos estamos destruyendo eso
que costó tanto tiempo en este país. En toda la historia del
constitucionalismo español no ha habido un catálogo de derechos como el
que se estableció y se ha puesto en práctica en estos años de ese
Gobierno que presumiblemente escucha. Sepa usted, señor Padilla, que sólo
hubo seis años en la historia de España, de los siglos XIX y el XX, en el
sexenio revolucionario, en los que tuvimos algún catálogo que se podía
atener aquí. Eso lo pusieron en práctica las fuerzas progresistas, como
ocurrió en el período de los años 1931 a 1936 o en la Constitución de
1932, para ser más exactos. ¿No sería bueno que hiciera usted también un
canto de homenaje a la lucha de las fuerzas progresistas que han logrado
que los derechos y libertades rijan en este país, con no pocos esfuerzos,
ya que su puesta en práctica es complicada?
Nosotros queremos perseguir el terrorismo, el narcotráfico y todos los
delitos, no sólo algunos, como decía el señor Romero, sino todos en su
conjunto, por los medios que permita la legalidad y con una sola mira,
que es el respeto del principio de legalidad que rige para todas las
instituciones, para la Secretaría de Estado y para todas las
instituciones del país. Nosotros estamos aquí para apoyar todas las
medidas que no vulneren ninguno de los principios que están dentro de los
permisibles. Sepan muy bien los otros grupos que no defenderemos nunca
ninguna actuación de la Secretaría de Estado de Instituciones
Penitenciarias ni de ningún organismo de la Administración si ha
vulnerado alguno de los derechos. Y nos gustaría en esa medida, bien
entendido, que se nos dijera de las actuaciones de Instituciones
Penitenciarias cuál es la que ha vulnerado alguno de sus derechos. Lo que
pasa es que, a veces, en la colisión entre la seguridad y la libertad
puede haber zonas de fricción. Pero en este caso me gustaría afirmar que
no ha existido, tampoco, zona de fricción alguna, que lo que existe es
una previsión de posible necesidad de intervención de determinadas
comunicaciones y su instalación, porque, si no, el día que hubiera que
comunicar y tuviera Instituciones Penitenciarias que poner un magnetofón
encima de la mesa, dirían ustedes: ¡Qué gobierno! ¡Qué han hecho ustedes!
Por eso se han hecho esas previsiones.
Yo creo que mientras la señora Secretaria de Estado venga para responder
a estas fáciles preguntas que le han formulado, al revés de lo que usted
decía, señor Padilla, puede volver todas las veces que quiera.
Pregúntenle por problemas con más enjundia, con más fondo para no caer en
lo que decía mi querido compañero: la monotonomía del decir que no con
pocos fundamentos. (El señor Romero pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Romero ¿se siente ligeramente aludido? Tiene
tres minutos, que es lo que permite el Reglamento.
El señor ROMERO RUIZ: Me siento intensamente aludido, no ligeramente,
pero voy a ser breve. Muchas gracias por su amparo.
Voy a ser muy breve porque considero que el señor Pérez Mariño tiene
pocos trienios parlamentarios y poca experiencia política. Eso explica un
poco su actitud de aludirme personalmente y de decir algunas cosas en las
que se contradice a los cuatro minutos siguientes. Hemos venido aquí a
hablar de las instalaciones en los locutorios
y no se puede hablar de una escucha y de una sentencia reciente sobre
este tema, sin comunicar judicialmente el permiso adecuado, y a partir de
ahí entrar en la historia del constitucionalismo o hacer una intervención
abierta, que yo no le reprocho. En un parlamento se habla de todo. Esto
no es una tertulia; es un parlamento, el Parlamento de España. Nosotros,
que somos dueños de esta iniciativa, hemos querido decir que el mandato
judicial tiene que ser por escrito. ¡Pues claro! Pero ¿usted no ha
prestado atención cuando yo he dicho que desde el Ministerio del Interior
se ha dejado caer que había una especie de autorización verbal a este
tipo de práctica y que de haber sabido lo que iba a pasar con el caso
Gorostiza se hubieran tomado las medidas adecuadas, conforme a la Ley de
Procedimiento, para que los mandatos sean por escrito? ¡Pues claro que sé
que son por escrito los mandatos y deben serlo siempre! Por eso lo he
repetido, y lo he dicho con ironía; no lo he dicho con desconocimiento.
Es muy importante que se diga que aquí ha sucedido un hecho por el que ha
venido la Secretaria de Estado. Hay unas instalaciones adecuadas que no
son la grosería de poner el magnetofón sobre la mesa cuando haya una
autorización judicial para intervenir una comunicación, sino unas
instalaciones técnicas que permiten su utilización cuando se cumplan los
preceptos constitucionales. Hay que estar vigilantes y no se puede bajar
la guardia. No son preguntas fáciles de hacer a la Secretaria de Estado
de Instituciones Penitenciarias qué ha pasado con la conversación de
Gorostiza o qué ha pasado con otras conversaciones, cómo se graban y si
se tiene en cuenta siempre el mandato judicial.
Y no se puede hacer una frase afirmando que el señor Romero dice delitos
de narcotráfico y terrorismo. Nosotros decimos todos los delitos. Yo he
dicho todos los delitos cuando hay indicios claros de los mismos y
resolución judicial motivada. ¡Si tenemos una sentencia reciente sobre la
ley Corcuera! ¡Si tenemos una sentencia reciente sobre la Ley de
Seguridad Ciudadana! ¡Si tenemos que preservar todo y velar por el
desarrollo y el respeto de las instituciones democráticas, sobre todo los
que hemos sufrido mucho luchando porque esas instituciones democráticas
se consoliden y se abran camino! Le he dicho, además, a la Secretaria de
Estado que confío, por su biografía, que no suceda nada de eso durante el
período de su mandato. Pero aquí hay un hecho, que no nos inventamos, en
la forma y en el fondo, que está avalado por una resolución judicial y
por una preocupación ciudadana. Sobre el terrorismo no se puede decir lo
que usted ha dicho. No se puede decir que se debe luchar contra el
terrorismo y luego que no se intervengan las comunicaciones. Sí, pero
contra el terrorismo se lucha interviniendo las comunicaciones, como dice
el Estado de derecho, y no hay autorización de carácter administrativo
para que el Poder Ejecutivo intervenga las comunicaciones ni en el
terrorismo ni en el narcotráfico ni en ningún delito, por horrible que
sea. Esa es la grandeza de la democracia y del Estado de derecho, que no
puede utilizar métodos fácticos como los que utilizan los enemigos de la
democracia.
Yo comprendo que usted tenga poca experiencia parlamentaria y política,
pero debería ir aprendiendo a marchas forzadas porque le va a hacer
falta.
El señor PRESIDENTE: El señor Padilla tiene la palabra por tres minutos.
El señor PADILLA CARBALLADA: Brevísimamente, sólo quiero decir al
portavoz socialista que el Grupo Popular naturalmente que está interesado
en todos los asuntos; lo que sucede es que el Vicepresidente del
Gobierno, que ya ha sido calificado de superoyente y superescucha, no ha
comparecido en esta Cámara por la decisión y con los votos del grupo
mayoritario.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Pérez Mariño.
El señor PEREZ MARIÑO: Solamente quiero decir al señor Romero que le
agradezco los deseos que tiene de que aprenda rápidamente, pero no voy a
participar en ningún grupo corporativo de trienios ni aspiro a la
profesionalización política que, por lo que parece, es el principal
mérito que se puede tener aquí para saber.
Efectivamente, le oí muy bien lo de la autorización verbal. No sé a quién
achaca, porque se ha tirado la piedra y se ha escondido la mano, no sé a
quién achaca del Ministerio del Interior lo de que se ha dejado caer. El
que lo ha dejado caer aquí por si acaso, sin autor y anónimamente, es el
señor Romero. Y por si quedase alguna duda a alguien, la autoridad
administrativa podrá intervenir las comunicaciones orales --artículo
51,5-- siempre y cuando lo haga motivadamente el director y dé cuenta
posteriormente a la autoridad judicial. No está mal leer los reglamentos
porque a veces la experiencia deja lagunas.
Quisiéramos manifestar otra vez nuestro profundo acuerdo con la
intervención de la señora Secretaria de Estado.
El señor PRESIDENTE: Recuerdo a la señora Secretaria de Estado, antes de
darle la palabra, que la comparecencia se limita a informar sobre los
sistemas permanentes de grabación en locutorios penitenciarios españoles.
La señora Secretaria de Estado tiene la palabra.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE ASUNTOS PENITENCIARIOS (Fernández
Felgueroso): Señor Presidente, espero atenerme a la cuestión, como usted
sugiere. Con el permiso de la Presidencia me voy a permitir contestar
conjuntamente a todos los grupos, en vez de grupo por grupo, y hacer
alusión a las dos cuestiones que esencialmente se han tratado. Una, como
dice el Presidente, en relación con los sistemas permanentes. Yo creo que
el grupo que ha solicitado la comparecencia ha entendido perfectamente en
qué condiciones y de qué manera, en la medida en que existe esa
tecnología, se activa esa tecnología, que es de acuerdo con la
legislación, y me exige --yo soy la primera que me lo exijo--que
se haga siempre con todo rigor y dentro del mandato no sólo genérico
constitucional, sino el que remite también a la legislación
penitenciaria. Esta cuestión creo que ha quedado clara.
El Grupo Popular ha puesto de manifiesto una supuesta contradicción entre
una respuesta del Ministerio de Justicia y la que yo he dado en esta
Comisión. Sin tener delante el texto, pero sí habiéndolo leído, cuando su
grupo preguntó directamente al Ministro de Justicia si permanentemente se
escuchaba, éste contestó con un lacónico: No, evidentemente no. Las cosas
no hay que contarlas a medias, porque las medias verdades al final no
resultan verdades, sino que hay que contarlas como se produjeron, en qué
contexto, con qué pregunta determinada y la contestación. Por tanto
quería hacer esta aclaración.
Al Diputado del Grupo Popular quisiera trasladarle mi más firme y
respetuosa repulsa a la insinuación que ha hecho su grupo --lo ha puesto
también de manifiesto en su intervención el Grupo Socialista--, más que
malévola (no creo que sea correcto entrar en calificativos) sobre la red
de escuchas y otras cuestiones de esa misma naturaleza. Tenga usted la
seguridad de que en cuestión de defensa de derechos fundamentales, que es
de lo que estamos hablando, no me va a tener usted a su zaga, sino a su
cabeza; tenga la total seguridad. No sé si a su lateral; yo creo que a su
cabeza y en ningún caso a su zaga. Esto se lo digo para su tranquilidad y
por la manifestación que ha hecho.
Aun a riesgo de que el señor Presidente me retire la palabra y puesto que
ha salido aquí el tema Gorostiza, en el que no voy a entrar, y por tanto
me atengo a la cuestión, a comentar una sentencia, por otra parte no
firme, salvo en un simple aspecto, sí pongo de manifiesto a SS. SS. que
esa sentencia no cuestiona la constitucinalidad de la legislación
penitenciaria, y lo que dice --como alguien ha expuesto-- es que
considera que hay un exceso de tiempo transcurrido, lo que hace que no
deban tenerse en cuenta las grabaciones.
Para terminar, sí quiero --puesto que hemos estado hablando de
constitucionalidad, de Derecho constitucional, de derechos
fundamentales-- leer textualmente a SS. SS. (y no entrar en ningún
comentario, que cada uno, a partir de esa lectura, haga el comentario que
considere procedente) un párrafo de la sentencia 73/1983, del Tribunal
Constitucional --no estamos hablando de una sentencia no firme de la
Audiencia, sino del intérprete de nuestra Constitución--, sobre el
derecho de los letrados a comunicar con sus defendidos, porque creo que
es muy atinente al caso que nos ocupa. El fundamento jurídico séptimo de
la sentencia dice así: La interpretación de este precepto --se refiere al
artículo 51.2, que es el de la comunicación con los letrados-- ha de
hacerse en conexión con la regla quinta del mismo que regula la
suspensión o intervención motivada por el director del establecimiento de
las comunicaciones, orales o escritas, previstas en dicho artículo, dando
cuenta a la autoridad judicial competente. La interpretación lógica de
uno y otro apartado de dicho artículo, que en cuanto afecta a un derecho
fundamental puede hacer este Tribunal Constitucional, conduce a la
conclusión de que las comunicaciones de los internos de que trata el
número 2 sólo pueden ser suspendidas por orden de la autoridad judicial
con carácter general, si bien, en los supuestos de terrorismo, además
podrá acordar la suspensión el director del establecimiento, dando cuenta
a la autoridad judicial competente. Como he dicho, señorías, no voy a
comentarlo, pero sí quería dejar constancia en el «Diario de Sesiones» de
este párrafo tan expresivo del Tribunal Constitucional.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Secretaria de Estado para Asuntos
Penitenciarios.
PREGUNTAS (CONTINUACION):
--ACTITUD DEL GOBIERNO ANTE LA REALIZACION DE TRABAJOS POR INTERNOS DE LA
PRISION PROVINCIAL DE GRANADA EN EL DOMICILIO DE UNO DE SUS
SUBDIRECTORES, ASI COMO CIRCUNSTANCIAS EN QUE SE LLEVARON A CABO.
FORMULADA POR EL SEÑOR OLLERO TASSARA (G. POPULAR). (Número de expediente
181/000338.)
El señor PRESIDENTE: Iniciamos el trámite de preguntas. La primera está
formulada por el señor Ollero Tassara y dice lo siguiente: Actitud del
Gobierno ante la realización de trabajos por internos de la prisión
provincial de Granada en el domicilio de uno de sus subdirectores, así
como circunstancias en que se llevaron a cabo.
Tiene la palabra el señor Ollero.
El señor OLLERO TASSARA: Señora Secretaria de Estado, comprenderá que me
preocupe por un problema de este tipo, cuando ya existían antecedentes,
por ejemplo, en el caso del centro penitenciario Puerto II, donde fue
destituido el director, tras una auditoría de la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias, precisamente porque se habían concedido
permisos poco claros a internos y se les había utilizado para trabajos de
albañilería en algún domicilio particular. No muy distintos han sido los
hechos en el centro penitenciario de Granada y asombrosamente, sin
embargo, por el momento no han dado lugar a ninguna circunstancia
similar. Los hechos son muy simples. El subdirector de tratamiento del
citado centro lleva a su propio domicilio, a realizar unos trabajos de
albañilería, a un recluso que se hallaba en la situación prevista en el
artículo 43.2 y que, por tanto, sólo podía salir los fines de semana; sin
embargo, va al domicilio de este funcionario entre semana y realiza allí
unos trabajos por los que, según afirma el propio recluso, debería haber
cobrado unas 90.000 pesetas y acaba percibiendo solamente 25.000 pesetas,
de ellas 14.000 destinadas a pagar tres losas de mármol --según él afirma
también-- y 11.000 a gratificar a su hijo que le había ayudado en este
menester. Se trata de un funcionario con cargo directivo, de quien
dependían decisiones
relevantes sobre el grado de intensidad con que el interno habría de
vivir su situación penitenciaria. Por tanto, la situación nos parece
extremadamente grave.
Este Diputado, cuando planteó por escrito esta pregunta, hizo hincapié en
el hecho de que el interno estaba sujeto al artículo 43.2 y nunca al
artículo 45. A pesar de hacer esa referencia expresa en la pregunta, en
la respuesta se dice, sin más, que estaba clasificado en tercer grado,
sin abordar, por el contrario, esa circunstancia. A poco que usted haya
preguntado habrá constatado que no hubo ninguna decisión de la Junta de
observación y tratamiento, que no se ocupó en ningún momento de la
posible aplicación del artículo 43.2 al citado recluso. Por otra parte,
este Diputado se interesó sobre si se había producido el obligado
cumplimiento del pago fiscal correspondiente a un trabajo de este tipo y
la respuesta del Gobierno, que me deja asombrado como Diputado
representante de los españoles, es que al estar clasificado en tercer
grado --una vez más se ignora la diferencia entre el artículo 43 y el
45-- el recluso ejercía el oficio de albañil como trabajador autónomo y
el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y de afiliación a la
Seguridad Social son responsabilidad suya exclusivamente.
En primer lugar, está claro que las salidas de la prisión que el recluso
hace de manera reiterada no las ha hecho con la autorización del
director, sino con autorizaciones expedidas por el propio subdirector, en
impresos que no están normalizados siquiera, por tanto, de manera
absolutamente irregular y fuera de sus competencias. En segundo lugar,
también está claro --al menos eso me parece a mí-- que una persona que
realiza esa función, asumiendo esas responsabilidades, no solamente ha de
huir de toda conducta deontológica o penalmente reprobable, sino que ha
de actuar con ejemplaridad y respetar con especial escrúpulo las
previsiones reglamentarias que ellos mismos hacen observar a sus
subordinados. No parece que sea el modo de rehabilitar a un recluso el
ser cómplice con él, sea cual sea el tratamiento jurídico que su conducta
merezca, de la evasión fiscal, que en este caso, al parecer, no se ha
desmentido. A todo esto, al producirse estos hechos y al hacer el señor
Diputado esta denuncia, el director de la prisión, que conocía
perfectamente los hechos y que no sabemos por qué no les da importancia
alguna, preguntado por los periodistas sobre si iba a interponer una
querella contra este Diputado por mis afirmaciones, manifestó
paladinamente que no pensaba hacerlo. Sin embargo, al día siguiente,
quizá porque alguien de Madrid --es posible que sea alguien que hoy es
Ministro-- le llamó, manifestó a la prensa que iba a poner una querella
criminal contra el que en este momento está en el uso de la palabra;
querella criminal que este Diputado todavía está esperando sentado
--tiene esa buena costumbre-- que llegue a ponerse. Al parecer, desde
Madrid se le había aconsejado judicializar algo tan elemental como que un
diputado ejerza sus obligaciones y se le había aconsejado que fuera a la
prensa con ese pintoresco mensaje, que jamás llegó a hacer efectivo.
El informe que envía el director de la prisión al Ministerio Fiscal
oculta de manera igualmente cuidadosa cuál era la situación exacta del
interno y que entre semana no podía salir de la prisión. Vuelve a
referirse en términos genéricos a la existencia de un tercer grado según
el cual --así se afirma luego en la respuesta del Gobierno-- podía entrar
y salir de la prisión como quien lava porque, al fin y al cabo, no era
sino un trabajador autónomo más. Los hechos no son así. No se han
desmentido unos hechos según los cuales un subdirector se ha aprovechado
de un recluso para hacer obras en su propio domicilio --esa circunstancia
no se ha desmentido en ningún momento--; ese recluso sólo podía salir en
fines de semana y ha salido entre semana con documentos no normalizados
firmados por el propio receptor de ese trabajo y, como final, las
afirmaciones sobre el pago son las que han quedado en pie y a las que me
acabo de referir.
Me gustaría que hubiera sido el señor Asunción el que hubiera aclarado
esta situación, pero, ya que usted ha asumido esas responsabilidades, le
pediría que después de lo que ha oído abriera una investigación y
procediera, de confirmarse los extremos a los que me he referido, a
destituir al director de una prisión que encubre, con pleno conocimiento
de estos hechos, circunstancias tan irregulares.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Secretaria de Estado.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (Fernández
Felgueroso): Comparto la preocupación del señor Ollero porque en todas
estas cuestiones exista una transparencia total. Esta preocupación del
señor Ollero se ha plasmado, como él ha tenido a bien recordar, en varias
preguntas. Va a resultar difícil que le añada algunos otros datos, salvo
mi opinión personal en algún aspecto, pero quiero señalar al conjunto de
la Comisión, de la misma manera que se informó al señor Ollero, que por
parte de Instituciones Penitenciarias se reconoció que, efectivamente, un
recluso clasificado en tercer grado --el señor Ollero ha hecho una serie
de disquisiciones pero en todo caso tanto en el régimen restringido como
en el más amplio podría haber salido-- ha hecho unos trabajos en el
domicilio del subdirector de tratamiento. Es cierta la cuestión que
plantea el señor Ollero. Con ocasión de este tema se abrió por Inspección
Penitenciaria, cuando tuvo conocimiento del asunto --y así se ha hecho
saber al señor Diputado--, una investigación reservada, concluyendo que
la conducta de este señor no era tipificable como falta en los
reglamentos. Es verdad que no es falta. El subdirector podía haber
contratado a un recluso para hacer una obra en su domicilio, pagándola
como la pagó. Parece ser que la obra duró día y medio y desconozco por
completo esta reclamación del recluso de 90.000 pesetas, pero mal podían
reclamarse 90.000 pesetas. Pero dicho todo esto, que es verdad que podía
hacerlo, que le pagó, que pagó los materiales aparte, con independencia
de todo esto, es criterio de esta Secretaría de Estado que para evitar
confusiones y malas interpretaciones, en aras a esa claridad y
transparencia que tiene que tener la Casa, aunque sea legítima
toda esta ejecución, los cargos directivos, en mi opinión, no deben hacer
estos encargos, aunque no incurran en falta desde el punto de vista del
reglamento penitenciario ni desde cualquier otro punto de vista
adicional. No es menos cierto que, como sabe el parlamentario que formula
la pregunta, se han abierto diligencias por el Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, diligencias que fueron archivadas el pasado mes de
mayo, sin pronunciarse sobre una cuestión de responsabilidad respecto al
conjunto de los hechos.
Resumiendo, comparto esa preocupación que usted ha expresado. Creo que
estoy en condiciones de asegurar (como usted bien ha dicho no se
corresponde con mi mandato y, por tanto, los datos que tengo son los que
son) que no se conculcó la legalidad penitenciaria ni la civil general ni
ninguna otra. En todo caso, no son situaciones deseables y, desde luego,
no es mi criterio que estas situaciones se produzcan, en especial con
cargos directivos. Esta es mi respuesta. Mi tranquilidad reside en el
enjuiciamiento o en el archivo que ha hecho el Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, que si hubiera observado la más mínima
irregularidad creo que no hubiera archivado, el pasado mes de mayo, las
diligencias abiertas con ocasión de este asunto que ha hecho al señor
Diputado preguntar reiteradamente a la Administración cómo se había
producido.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ollero, por tiempo de dos
minutos.
El señor OLLERO TASSARA: Señora Secretaria de Estado, comparto
absolutamente su deseo de evitar confusiones; ahora bien, yo le rogaría
que sea usted la primera que las evite. No entiendo que un jurista pueda
haber hablado, como lo ha hecho usted, con ese desenfado de las posibles
disquisiciones entre el artículo 43 y el 45. ¿Qué es lo que usted
pretende insinuar, que aquí ha habido alguien que se ha dedicado a partir
un pelo en cuatro a la hora de hacer la normativa vigente y para que
hubiera más artículos, poner aquí uno y aquí otro, que dicen lo mismo, da
igual? ¿Qué es lo que usted quiere decir, que aplicando el artículo 43.2
sin que se reúna la Junta de observación y tratamiento puede salir, en un
día que no sea fin de semana, un recluso? ¿Quiere usted decir eso? Dígalo
aquí para que conste en el «Diario de Sesiones»; de lo contrario no me
hable usted de disquisiciones. ¿Qué disquisiciones? La ley contempla
clarísimamente dos modos de enfocar el tratamiento de un recluso; en un
caso se puede salir y en otro no.
Segundo asunto. Usted no se ha pronunciado sobre un hecho claro cuyos
papeles están en la prisión, si no los han roto, y si los han roto, yo le
doy fotocopias para que proceda como corresponda. En esos papeles consta
que es el propio subdirector el que firma los permisos de salida, sin ser
competente para ello, en papeles no normalizados. Allí están, y yo le doy
las fotocopias que usted quiera, si es que han roto los originales,
porque a lo mejor los han roto, en cuyo caso algo tendría que decir el
fiscal. Por tanto, no me hable de disquisiciones, hábleme de si se ha
aplicado o no la normativa vigente.
Usted ha dicho aquí que lo que ha ocurrido en este asunto es que se ha
estimado que no se ha producido una falta. No, señora Secretaria de
Estado. Tengo delante la respuesta del Gobierno, el Gobierno al que usted
ahora pertenece, en la que dice que no se ha apreciado en el señor Burgo
Fernández o en el equipo directivo de la prisión de Granada conducta
reprochable alguna, que no es lo mismo, y eso es lo que a mí me preocupa.
Usted ha hecho aquí reproches sobre esa conducta y, por tanto, usted está
desmintiendo al Gobierno al que sirve. Es un reproche decir que usted no
está de acuerdo en que alguien se comporte así; eso es un reproche.
Respecto a lo que ha dicho sobre la fiscalía --y con esto termino-- he de
decir que la fiscalía fue falsamente informada por el director que, como
usted misma ha dicho aquí, entendió que eran disquisiciones las
diferencias existentes entre el artículo 43 y el 45 y, evidentemente, con
ese planteamiento no tenía nada que decir la fiscalía. Pero ya lo ha
dicho usted aquí. Usted ha dicho que es reprochable algo que su Gobierno
decía que no lo era.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Secretaria de Estado.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE ASUNTOS PENITENCIARIOS (Fernández
Felgueroso): Señor Ollero, o no me ha entendido usted bien o me he
expresado muy mal. No he empleado para nada el término reprochable. Lo
que he dicho es que era mi criterio que, para no introducir confusión, no
convenía que algún recluso trabaje en el domicilio particular de algún
responsable de Instituciones Penitenciarias, que es una cuestión
completamente distinta. He dicho que se abrió una investigación reservada
por parte de Inspección Penitenciaria y, como consecuencia de que no
observó nada reprochable, desde el punto de vista del reglamento, cerró
la cuestión.
En cuanto a su aseveración, ya de mucho más grueso calibre, de que es
falsa la información al Ministerio Fiscal, permítame decirle que es una
aseveración que no se puede hacer. (El señor Ollero Tassara: ¡Falsa,
falsa!)
El señor PRESIDENTE: Señor Ollero, le llamo al orden por primera vez.
Puede continuar, señora Secretaria de Estado.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE ASUNTOS PENITENCIARIOS (Fernández
Felgueroso): Considero que no es una aseveración que se pueda hacer con
total tranquilidad y, evidentemente, ante una acusación de falsedad es
difícil decir que no es falso, pero le aseguro que la información fue más
o menos amplia, con la amplitud requerida, y si el tribunal hubiera visto
que la documentación era escasa, naturalmente habría pedido mayor
información. Además, nada impide que alguien que considere que la
cuestión no está suficientemente establecida se persone y pida al
tribunal mayor
información. Usted sabe como yo que nada impide que alguien se persone.
Su señoría ha comentado que alguien dio instrucciones para querellarse.
Lo desconozco absolutamente, pero no me creo la cuestión tal como usted
la plantea. Pero igual que usted ha hecho mención a este tema, yo le
puedo decir que si considera que el Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía no tuvo la suficiente información, abierto está el tema para
personarse y ponerlo de manifiesto ante el Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía. En todo caso, lo que sí quiero decirle es que la
información que se le dio al tribunal fue exactamente la que constaba en
el establecimiento. (El señor Cuesta Martínez: ¡Muy bien!)
--SOBRE RAZONES POR LAS QUE SE HA PLANTEADO EL GOBIERNO EL POSIBLE
TRASLADO DEL SUBDIRECTOR DE TRATAMIENTO DE LA PRISION PROVINCIAL DE
GRANADA A OTRO CENTRO PENITENCIARIO. FORMULADA POR EL SEÑOR OLLERO
TASSARA (G. POPULAR). (Número de expediente 181/000339.)
El señor PRESIDENTE: La pregunta número 5, de don Andrés Ollero Tassara,
se refiere a las razones por las que se ha planteado el Gobierno el
posible traslado del subdirector de tratamiento de la prisión provincial
de Granada a otro centro penitenciario. Señor Ollero, tiene la palabra
durante cinco minutos.
El señor OLLERO TASSARA: Señor Presidente, antes de proceder a la
formulación de esta pregunta --entiéndalo como una cuestión simplemente
de orden-- quiero hacer constar que la señora Secretaria de Estado no ha
contestado a dos cuestiones claras que le he reiterado dos veces:
diferencia entre artículo 43 y artículo 45, y si había firmado o no el
subdirector los permisos de salida. No ha querido contestar, y quiero que
ello conste en el «Diario de Sesiones».
El señor PRESIDENTE: Señor Ollero, todo consta en el «Diario de
Sesiones», incluso la posibilidad de los comparecientes de contestar lo
que les parezca más oportuno y ése es un derecho que usted no puede
vulnerar. (El señor Ollero Tassara: Yo creía que venía a contestar.) El
hecho de que usted se sienta insatisfecho por una contestación no
significa que no tenga otra vía parlamentaria (interpelación, etcétera)
que puede usar en cualquier momento.
Señor Ollero, en cuatro minutos formule la siguiente pregunta, por favor.
El señor OLLERO TASSARA: Me va a bastar con 10 segundos, señor
Presidente.
¿Por qué razones --decía en su primera formulación la pregunta-- se ha
planteado el Gobierno el posible traslado del subdirector de tratamientos
de la prisión provincial de Granada a otro centro penitenciario? La
pregunta estaba hecha en el mes de noviembre y, de hecho, el señor
subdirector está ya en Sevilla. He terminado la formulación de mi
pregunta, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Secretaria de Estado.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE ASUNTOS PENITENCIARIOS (Fernández
Felgueroso): Con igual brevedad, señor Presidente. En el cambio de
destino no ha habido un traslado del Subdirector de Tratamiento del
centro penitenciario de Granada; ha habido un cambio de destino que se
produce tras su nombramiento en comisión de servicios, de fecha 2 de
noviembre de 1993, como jurista del centro penitenciario de Sevilla-II, a
petición propia, debido, como expresa, a razones de índole personal
alegadas por el interesado.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ollero por un minuto, por
favor.
El señor OLLERO TASSARA: No; serán dos minutos, por lo menos.
El señor PRESIDENTE: Señor Ollero, dos minutos.
El señor OLLERO TASSARA: He consumido sólo diez segundos.
El señor PRESIDENTE: Señor Ollero, no mantenga, por favor, ningún tipo de
debate con la Presidencia, si no quiere que le llame al orden por segunda
vez. Un minuto a la vista del tiempo en que estamos.
El señor OLLERO TASSARA: Señora Secretaria de Estado, desde luego las
coincidencias a veces son elocuentes. No me negará usted que, después de
haber calificado aquí de inconveniente --me permitirá que diga que la ha
calificado de inconveniente-- la conducta del señor Subdirector, que
firmaba los propios permisos --cosa que usted no ha desmentido-- y que
confundía el artículo 43 con el 45 --como usted misma--, resulta que
casualmente este señor, que tiene un cargo de libre designación, decide
de pronto irse a Sevilla a un cargo de inferior rango administrativo
--espero que me lo confirme-- por cuestiones personales. Esto es una
consecuencia de la política que se está siguiendo de libre designación en
Instituciones Penitenciarias, porque un funcionario que se ha visto
incluso en la prensa expuesto a acusaciones como las que aquí se han
puesto de relieve merece, para salvar su prestigio y su honor, un
expediente disciplinario que le deje libre de toda sospecha, y sin
embargo no ha habido tal expediente disciplinario, sino que a este señor,
en comisión de servicios, se le catapulta, a petición propia para más
inri, a Sevilla a un cargo inferior. Esto es una sanción encubierta como
la copa de un pino, señora Secretaria de Estado. Esa es la situación. Así
está funcionando la Administración penitenciaria en España, y eso afecta
al honor y a la dignidad de los propios funcionarios.
Voy a terminar con una cuestión. Yo llevo aquí
suficiente tiempo como para saber lo que es un Diputado. Yo no sé si el
día que yo no sea Diputado, iré o no a los juzgados mucho o poco. Yo sólo
le digo una cosa, a usted y a todos los que han hablado antes: jamás,
mientras sea Diputado, iré a un juzgado para nada, porque sé que mi
función está en el Poder Legislativo, porque el control parlamentario no
se hace en los juzgados. (El señor Gil Lázaro y el señor Soriano Benítez
de Lugo: ¡Muy bien! ¡Muy bien! Un señor Diputado del Grupo Socialista:
Los delitos se denuncian.)
El señor PRESIDENTE: Señor Ollero, puede tranquilamente bajar un poco el
tono de voz, porque estamos en este momento quince personas y le
escuchamos perfectamente.
Tiene la palabra la señora Secretaria de Estado.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE ASUNTOS PENITENCIARIOS (Fernández
Felgueroso): Sin acritud por mi parte, señor Ollero, hace usted
aseveraciones absolutamente gratuitas. Con todos mis respetos, hace
aseveraciones absolutamente gratuitas y prejuzga el derecho en el sentido
siguiente --quiero aclarárselo antes de que se sienta molesto con esa
aseveración--, en el sentido de que prejuzga usted el derecho de
cualquier funcionario a tener una movilidad, a irse a un puesto de
inferior rango por razones familiares, y no tengo por qué desvelar qué
razones familiares son las que movían a este funcionario o las que
movieron a este funcionario a desear ir a Sevilla; no tengo por qué,
pero, por favor, no prejuzgue usted que cuando alguien se desplaza lo
hace porque es una sanción encubierta. Nadie ha sancionado
encubiertamente, porque, si no, lo habríamos hecho claramente, con luz y
taquígrafos; en absoluto. Es su información frente a la mía, pero no se
puede hacer esas aseveraciones, como antes he dicho, y prejuzgar que
alguien quiera moverse de su sitio e identificarlo con una sanción
encubierta. Yo le aseguro que ésa no es en este caso la cuestión, señor
Ollero.
--SOBRE DERECHOS DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE, EN EL CASO DE SER
DESAFECTADA PARA USO PENITENCIARIO, SOBRE LA ANTIGUA PRISION TENERIFE I,
SITA EN LA AVENIDA PEREZ ARMAS, DE SANTA CRUZ DE TENERIFE. FORMULADA POR
EL SEÑOR SORIANO BENITEZ DE LUGO (GP). (Número de expediente 181/000341.)
El señor PRESIDENTE: Ultima pregunta número 6 del orden del día, de don
Alfonso Soriano Benítez de Lugo, sobre derechos del Cabildo Insular de
Tenerife sobre la antigua prisión Tenerife I, en el caso de ser
desafectada para uso penitenciario, sita en la Avenida Pérez Armas, de
Santa Cruz de Tenerife.
El señor Soriano Benítez de Lugo tiene la palabra durante cinco minutos.
EL señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Por Real Orden del Ministerio de
Justicia y Culto, de 31 de mayo de 1929, Su Majestad el Rey se sirvió
aceptar el solar ofrecido al Estado por el Cabildo Insular de Tenerife
para la construcción de una prisión, teniendo en cuenta el propósito de
dicho Cabildo --se decía textualmente en dicha orden-- de contribuir con
alguna cantidad para su realización. El Cabildo, en sesión extraordinaria
de 20 de julio de 1929, adjudicó el concurso de adquisición de un solar
con destino a la construcción de la nueva prisión provincial que, por
escritura de fecha 24 de agosto de 1929, se cede y transmite
perpetuamente al Estado con destino a la construcción de la mencionada
prisión.
El proyecto de la prisión se realiza en 1934 y las obras se llevan a cabo
en la década de los cuarenta. Como es bien sabido, la nueva prisión fue
habilitada en el año 1987 y al construirse esta nueva prisión, conocida
por Tenerife II, el Cabildo Insular, en sesión celebrada el día 22 de
diciembre de 1987, teniendo en cuenta tal circunstancia, acuerda
solicitar de la Administración del Estado la reversión del inmueble
ocupado por la prisión provincial en Santa Cruz de Tenerife con todas sus
pertenencias y accesiones, alegando que en la escritura de cesión de la
adquisición del solar por el Cabildo de Tenerife quedó claramente
determinado que lo fue a los fines exclusivos de construcción de una
prisión, por lo que este cambio de destino supone ahora fundamento
jurídico bastante para operar una reversión del bien cedido, y he
transcrito literalmente el acuerdo.
Posteriormente, con fecha 7 de marzo de 1988, después de haberse
notificado el anterior acuerdo a la Dirección General del Patrimonio del
Estado, en un escrito del Delegado de Hacienda transcribiendo otro del
Director General de Patrimonio, se participa al Cabildo que procede la
reversión de la citada prisión. Posteriormente, con fecha 15 del mismo
mes, el Presidente del Cabildo Insular se dirige al Director de la
prisión solicitando los planos para llevar a cabo la valoración. Con
fecha 14 de abril, el Presidente del Cabildo contesta a un escrito del
Gobernador Civil en el que éste indicaba que era conveniente establecer
un procedimiento por medio del cual la antigua prisión quedara para uso
del Ministerio de Justicia, y le contesta el Presidente del Cabildo
significándole la imposibilidad actual de esta corporación de ceder o
renunciar a los derechos que le asisten sobre el mismo. Con fecha 30 de
noviembre de 1988 se contesta al Delegado de Hacienda el escrito del mes
de marzo anterior, trasladándole el informe sobre la valoración de la
edificación, que se cifraba en más de 70 millones de pesetas, para que se
llevase a cabo, en efecto, esta reversión.
Con todos estos antecendentes, este Diputado, en la Comisión celebrada el
día 1 de diciembre de 1993, solicitó información de la Subsecretaría del
Ministerio de Justicia indicándole que, según mis informaciones --porque
todavía no tenía la documentación de la que ahora dispongo--, el Cabildo
Insular de Tenerife cedió los terrenos precisamente para que fueran
destinados a la prisión, con lo cual, si no tiene este fin, posiblemente
el Cabildo podría pedir la reversión.
Sorprendentemente, y después de todos estos antecedentes, con escritos
del Patrimonio del Estado aceptando la reversión, valorándose el
edificio, etcétera, etcétera, sorprendentemente --digo-- la Subsecretaría
del Ministerio de Justicia me responde el día 1 de diciembre --y leo
textualmente el «Diario de Sesiones»-- lo siguiente: Dentro de la
política del plan de amortización y creación de centros penitenciarios,
es voluntad del Ministerio de Justicia hacer en este centro lo que se ha
hecho en otros, es decir, se va a proceder a su desafectación para uso
penitenciario, pasando a la Dirección General del Patrimonio, que a su
vez lo trasladará a la Sociedad de Infraestructuras y Equipamiento
Penitenciario, para poder proceder a su enajenación y, con el capital
obtenido, contribuir a la financiación de los centros de nueva creación.
Esto ocurría el 1 de diciembre, y el 3 de diciembre en toda la prensa de
Santa Cruz de Tenerife se recogió la protesta del Cabildo Insular
diciendo que la Subsecretaría desconocía por completo la situación y
asegurando que el Cabildo estaba dispuesto a llegar hasta los tribunales
para exigir sus derechos sobre estos terrenos comprados en su día por el
Cabildo y cedidos al Ministerio para la construcción de una prisión. El
propio Presidente del Cabildo decía en la prensa del día 3 de diciembre
--y la Comisión se celebró el día 1-- que: Resulta incomprensible que
Justicia pretenda sacar rentabilidad económica de unos solares destinados
a uso público y que no pueden utilizarse para otro fin.
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a mayor abundamiento, dentro
del plan de ordenación urbana, ha calificado ese terreno como un destino
de equipamiento público, con lo cual lógicamente la valoración de los
terrenos resulta sin duda muy minusvalorada.
A la vista de todo este cúmulo de despropósitos, con una Dirección
General del Patrimonio que dice que procede la reversión, con unas
declaraciones de la Subsecretaría del Ministerio de Justicia en esta
Comisión diciendo que va a enajenar la prisión para con ello contribuir a
la construcción de nuevas prisiones, a mí me gustaría saber si ya la
señora Secretaria de Estado ha visto los papeles de los antecedentes de
este asunto y nos puede dar una respuesta coherente y no en contradicción
con actuaciones anteriores de la propia Administración.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Secretaria de Estado.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE ASUNTOS PENITENCIARIOS (Fernández
Felgueroso): No voy a entrar en una contradicción de la relación de los
hechos porque son sustancialmente, en esencia, los que el señor Diputado
ha relatado, con la siguiente salvedad --y luego ya entro en el fondo de
la cuestión--: que al señor Diputado, ante unas respuestas que algunas
veces pudieran incluso --pudieran digo, con ese matiz-- parecer
contradictorias, y la más significativa de las que ha hecho mención es
una de 7 de marzo de 1988 del Delegado de Hacienda, que responde al
Cabildo en nombre de la Dirección General del Patrimonio, en esta que ha
mencionado sólo le falta un detalle: que esa información que se trasladó
en el año 1988 habla de la posibilidad de reversión, pero dice --que no
lo ha dicho SS. SS.-- que deberá satisfacer el valor que de dichas
edificaciones tengan en la actualidad. (El señor Soriano Benítez de Lugo:
¡Claro!) Sí, claro, pero es un matiz muy importante en todas esas
cuestiones. Entonces, vayamos al fondo de la cuestión.
Este planteamiento de reversión es coincidente en la mayor parte de las
situaciones, porque casi todos los centros penitenciarios a amortizar
estaban en las mismas condiciones que éste al que hace referencia el
Cabildo Insular; es decir, eran espacios físicos donados, regalados o
vendidos --donados en general-- por los ayuntamientos, por los cabildos
en este caso, a instituciones penitenciarias para determinado fin. Ahí
entramos ya en una serie de cuestiones y no es baladí que se hayan
firmado ya convenios con seis ayuntamientos en los que también
originariamente, en la mayor parte de ellos, se había hecho esta misma
transmisión al Estado, y en los que por las dos partes, especialmente por
haber transcurrido el plazo legal de reversión y de destino de los
centros, se ha considerado que, aunque en su inicio hubo esa transmisión
--y transmisión finalista--, los informes jurídicos ponen de manifiesto
que no existe ese derecho de reversión gratuito. En consecuencia, lo que
sucede es que los ayuntamientos y la Administración penitenciaria se han
venido poniendo de acuerdo. Y se lo fundamento en Derecho, señor
Diputado. Partiendo de esa base de que la mayoría de los terrenos sobre
los que se asientan los antiguos centros penitenciarios provienen de
cesiones realizadas por ayuntamientos, por diputaciones o por otras
corporaciones locales, la fundamentación en Derecho es la siguiente. La
paulatina asunción de competencias penitenciarias por el Estado y la
incorporación a sus presupuestos de créditos para tal fin dan lugar al
Real Decreto de 18 de octubre de 1922, que establecía en su artículo 3.º
la transferencia al Estado de la libre disposición de terrenos y
edificios cedidos o donados en cualquier forma por entidades oficiales,
con destino expreso al servicio de prisiones. Por otra parte, el Decreto
de 14 de marzo de 1933 obligó a diputaciones y ayuntamientos a ceder
gratuitamente, sin más condicionamientos, terrenos para la construcción
de nuevas prisiones cuando los edificios que las albergan no reunían
condiciones.
Indudablemente, pueden plantearse, y de hecho --como antes he puesto de
manifiesto-- se han planteado, peticiones de reversión por parte de las
entidades a que anteriormente se ha hecho referencia. Al respecto, el
posicionamiento jurídico establece que parece incongruente con lo
dispuesto en el Real Decreto de 1922, en el caso de cesiones formalizadas
con posterioridad al 14 de julio de 1955, fecha del derogado Reglamento
de bienes de las entidades locales; que la cláusula de reversión es
obligatoria, pero sólo será eficaz si no se hubiera dado el destino
previsto al bien cedido en el plazo de cinco años ni mantenido durante
los otros 30 siguientes. Si se alegara la aplicación del artículo 111 del
actual Reglamento de bienes de las entidades locales, de 1986, habría que
estar en lo que se dispone en el punto 2 del mismo que, en definitiva,
viene a reproducir lo que antes he comentado de las exigencias del
Reglamento de 1955. Abundando en lo dicho haré referencia, concretamente,
a un recentísimo informe de la Abogacía del Estado --que le transcribo
literalmente y que está referido en este caso al análisis de la escritura
de donación del Cabildo, informe que tengo muchísimo gusto en ofrecerle--
en el que se dice que, sentado lo anterior --hace todo un análisis de en
qué condiciones el Cabildo Insular de Tenerife otorgó la escritura de
cesión de esos terrenos-- y como quiera que en la escritura pública de
donación del inmueble, de 24 de agosto de 1929, nada se decía en cuanto
al plazo durante el cual el bien cedido habría de destinarse a la
ubicación de la prisión provincial, en cuanto que únicamente se limitaba
a estipular que la cesión de la finca se efectuaba con destino a la
construcción de aquélla, resulta de aplicación lo señalado en el apartado
2 del mencionado artículo 111 del Reglamento de 1986, que señala un plazo
de 30 años durante el que han de mantenerse los fines que dieron lugar a
la cesión, plazo que ya venía contemplado en el anterior reglamento de
bienes de las entidades locales, de 27 de mayo de 1955, artículo 97, y
que en el supuesto analizado, dadas las fechas en las que nos
encontramos, ha transcurrido sobradamente, lo que supone obviamente y con
lógica consecuencia concluir que el excelentísimo Cabildo Insular de
Tenerife no tendrá derecho de reversión sobre la finca en su día cedida
en el supuesto de que se proceda a la desafectación de la actual prisión
provincial de Tenerife.
Este es el informe jurídico que yo quería trasladar a S. S., ésta es la
cuestión que se nos plantea una y otra vez con las distintas
administraciones que en su momento cedieron estos terrenos, y estas
cuestiones se han comentado y, sobre todo, se han tenido en cuenta, como
decía anteriormente, con las localidades, que hasta este momento son
seis, de muy diverso signo --desde municipios gobernados por el Partido
Popular, o municipios gobernados por el Partido Socialista, o municipios
gobernados por partidos de distinto signo--, que han suscrito convenios,
en coincidencia con esta interpretación que acabo de comentarle del
transcurso del tiempo-- y, por tanto, de esa propiedad sin los límites
que inicialmente se tuvieron par parte de la Administración--, y han
considerado que de esa forma la cuestión está situada correctamente en el
plano jurídico y, en consecuencia, han llegado a acuerdos beneficiosos
para instituciones penitenciarias, que legítimamente quiere financiar en
parte, con la venta de estos terrenos, el plan de cárceles, y esos
convenios también recogen la aspiración absolutamente legítima de los
municipios de recuperar para sí y para el espacio público una parte de
esos terrenos que estaban ocupados por las prisiones que se ha decidido
cerrar.
Esta es la explicación, señor Diputado. Probablemente la enjundia
jurídica de la cuestión a lo mejor requeriría analizar párrafo por
párrafo, tanto la posición jurídica del Cabildo como la de este informe,
y, cuando quiera, lo comentamos más detenidamente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Secretaria de Estado. Señor
Soriano, le concedo la palabra por tiempo de un minuto.
El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Señor Presidente, intervengo muy
brevemente para decir que me produce confusión la exposición de la señora
Secretaria de Estado, porque en el escrito de 7 de marzo de 1988 la
Dirección General del Patrimonio dice textualmente: Se participa para su
conocimiento y el del Cabildo interesado que procede la reversión. Por
supuesto que se añade lo de la valoración, y yo he hecho referencia en mi
intervención --y, si no, que se consulte el acta-- que se había valorado
por los servicios del Cabildo en 70 millones de pesetas, y aquí tengo la
valoración realizada por el Cabildo. Es obvio que esa reversión tenía que
producir como consecuencia una indemnización.
En todo caso, la legislación que ha citado es una legislación muy
posterior, puesto que esto arranca del año 1929, y yo no sé hasta qué
punto sería cuestión de estudiar esto jurídicamente, pero lo que sí le
puedo garantizar es que, primero, el solar va a tener escaso valor,
puesto que, como digo, el uso para el que ha sido clasificado por el
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife no permite especular con él, y,
segundo, sospecho que el Cabildo Insular de Tenerife, desde luego, se va
a defender por todos los medios, porque no va a permitir que eso pueda
producirse. Y, en todo caso --y termino con este parecer de este
Diputado--, entiendo que estas cosas no se pueden hacer por las bravas;
es decir, que el Cabildo Insular de Tenerife se haya enterado por la
intervención de la Subsecretaria que la prisión se pretendía enajenar sin
que previamente se haya llevado a cabo una negociación me parece
improcedente. Me parece que si en este asunto se pudieran poner de
acuerdo la Administración de Justicia o la Administración del Estado con
el Cabildo Insular y con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que
algo tendría que decir, estoy seguro de que se podría llegar a un
arreglo. Lo que no es válido es que, después de haber dicho el Estado que
procede la reversión, a través de los escritos que he manifestado, de
golpe y porrazo, la señora Subsecretaria de Estado dijera aquí que se iba
a enajenar por el Estado. No me parece que sean ésos los procedimientos.
Siempre se logra más por un procedimiento dialogante que por uno de
imposición. Esto tendrá que reconocerlo conmigo la señora Secretaria de
Estado.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Secretaria de Estado.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE ASUNTOS PENITENCIARIOS (Fernández
Felgueroso): Sí, señor Diputado, coincido en que siempre la negociación
es mejor que la imposición, pero volvemos al primer tema de la
comparecencia del día de hoy, a la cuestión de ubicación de las cárceles.
Se da la circunstancia de que en estas cuestiones también existen
pronunciamientos municipales, incluso de comunidades autónomas, que dicen
que están en contra de llegar a ningún acuerdo que no sea
la devolución absolutamente gratuita de los terrenos que en su día se
cedieron. En esta cuestión, también existen posiciones de esa naturaleza.
Si aceptásemos posiciones de esa naturaleza, sin más, nos encontraríamos
con que no podríamos financiar el plan de cárceles. Ello no quiere decir
que no estemos dispuestos a volver a hablar, todo lo contrario. Acepto su
amable invitación de seguir dialogando, en vez de incluso por carta,
mucho más directamente, con el Cabildo Insular de Tenerife, pero que
quede bien claro que no sería lícito ni legítimo por nuestra parte, en la
medida en que se producen pronunciamientos, por supuesto muy legítimos,
de corporaciones locales o de comunidades autónomas diciendo que
reversión pura y dura, sin más... (El señor Soriano Benítez de Lugo: Yo
no he dicho eso.) Es un discurso mío, no lo pongo en su boca, es una
reflexión propia.
Sobre esa cuestión de la que usted habla, imposición, no, imagínese que
hay pronunciamientos de la naturaleza que le digo. Si eso nos obligara a
tener una actitud diferente, y no me refiero a la negociación, nos
encontraríamos con que los seis municipios que han suscrito convenio con
nosotros --y usted lo entenderá--, al suscribirlo, hubieran preguntado
claramente a la Administración penitenciaria si ése era el marco jurídico
en el que se movía, porque yo también querría; si me lo devuelven todo,
¿por qué no lo voy a tener? ¿Esta es la interpretación jurídica que
ustedes hacen de esas cesiones de las que han transcurrido más de treinta
años? Si no, habríamos engañado claramente a nuestros interlocutores.
Nuestro pronunciamiento jurídico ha sido el que le he trasladado. En todo
caso, le aseguro que seguiremos hablando con el Cabildo Insular.
Perdóneme que no le haya oído, probablemente lo ha dicho usted, hablar de
esos 70 millones, que supongo que será valoración del año 1988.
(Asentimiento.) Disculpe, no había entendido así esa cuestión de esos 70
millones. (El señor Soriano Benítez de Lugo:
Tengo aquí la valoración.) Me parece muy bien. Lo que le preguntaba es si
eran pesetas del año 1988.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Secretaria de Estado de
Asuntos Penitenciarios, por su intervención y por la información dada a
la Comisión.
Se levanta la sesión.
Eran las tres y veinticinco minutos de la tarde.