Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 107, de 15/02/1994
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1994 V Legislatura Núm. 107
P R E S U P U E S T O S
PRESIDENTE: DON RODOLFO MARTIN VILLA
Sesión núm. 10
celebrada el martes, 15 de febrero de 1994
ORDEN DEL DIA:
--Comparecencia del señor Secretario de Estado de Hacienda (Martínez
Robles), para informar sobre el déficit de caja y la ejecución del
presupuesto del Estado durante el ejercicio 1993. A petición propia.
(Número de expediente 212/000469) (Página 3410)
--Ratificación de la Ponencia encargada de informar el proyecto de ley
sobre concesión de un crédito extraordinario por importe de
10.475.298.000 pesetas, para compensar los déficits de explotación de los
Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE), correspondientes a los ejercicios
1989 y 1990. (BOCG, serie A, número 38, de 7-12-93. Número de expediente
121/000024) (Página 3432)
--Dictamen, a la vista del informe emitido por la Ponencia, del proyecto
de ley sobre concesión de un crédito extraordinario por importe de
10.475.298.000 pesetas, para compensar los déficits de explotación de los
Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE), correspondientes a los ejercicios
de 1989 y 1990. (Número de expediente 121/000024) (Página 3432)
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
--COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA (MARTINEZ
ROBLES), PARA INFORMAR SOBRE EL DEFICIT DE CAJA Y LA EJECUCION DEL
PRESUPUESTO DEL ESTADO DURANTE EL EJERCICIO 1993. A PETICION PROPIA.
(Número de expediente 212/000469.)
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Diputados, comenzamos la sesión de
la Comisión de Presupuestos, cuyo primer punto del orden del día es la
comparecencia, a petición propia, desde el punto de vista formal, del
Secretario de Estado de Hacienda para la ejecución y liquidación del
presupuesto de 1993.
De acuerdo con las normas que SS. SS. conocen, habrá una primera
intervención del señor Martínez Robles, seguidamente un turno brevísimo
para todos y cada uno de los grupos parlamentarios simplemente para
denotar, si las hubiere, en su criterio, omisiones en relación con la
intervención del señor Secretario de Estado de Hacienda; y después de las
intervenciones de los grupos, la contestación del señor Martínez Robles,
de acuerdo con las normas internas de la Comisión.
Tiene la palabra el señor Secretario de Estado de Hacienda.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA (Martínez Robles): Señor
Presidente, en el año 1993, la ejecución del Presupuesto del Estado se ha
saldado con un déficit de caja no financiero que asciende a tres billones
774.000 millones, lo que supone exceder en un 101,4 por ciento al déficit
alcanzado en el ejercicio precedente.
Tras este fuerte incremento en el déficit subyace un descenso en la
recaudación de las principales figuras impositivas y un significado
aumento de los gastos por desempleo como consecuencia de la crisis
económica general presente en 1993. Sin embargo, a finales de septiembre
del pasado año, el Gobierno ya anticipó el desenvolvimiento de la
actividad económica y presentó ante las Cortes unas previsiones de
liquidación del Presupuesto de Estado para el final del ejercicio que,
como podremos ir comprobando a lo largo de esta intervención, han
resultado en sintonía con la realidad ya conocida de 1993.
En el cuadro que aparece en la página 4 del informe de la Intervención
General que hemos remitido a esta Comisión, podrán observar que el
déficit de caja de 1993 supera en un billón 900.000 millones al
registrado en 1992, lo que supone que este indicador absorbe el 6,2 del
PIB nominal, es decir, tres puntos más que el año anterior. Los pagos por
operaciones reales crecieron un 16,2 por ciento y se situaron en 16
billones 458.000 millones, principalmente por la expansión de las
transferencias corrientes e intereses de la deuda pública.
Por su parte, los ingresos no financieros tan sólo crecieron un 3,2 por
ciento, hasta ascender a 2 billones 684.000 millones, si bien este
modesto avance responde a la caída de ingresos impositivos, ya que el
resto de los ingresos aumentaron algo más del 50 por ciento.
Si al déficit de caja no financiero se le añaden los flujos monetarios
derivados de la adquisición y enajenación de activos financieros, se
obtiene la necesidad de endeudamiento o, dicho de otra forma, los
recursos que el Estado necesita para financiar el conjunto de actividades
reales y financieras que ha ejecutado a lo largo del año.
En el cuadro de la página 6 aparece un gasto por activo financiero de
546.000 millones, lo que provoca que la necesidad de endeudamiento del
Estado alcance, en 1993, cuatro billones 320.000 millones, es decir, un
79,1 por ciento más que en 1992.
El comportamiento en la variación neta de activos financieros está
condicionado por una evolución de signo opuesto en dos de sus
componentes. Si se fijan, en el cuadro de la página 6, el epígrafe «Otros
préstamos» disminuye, en relación a 1992, un 37,6 por ciento. Esta
circunstancia obedece a que a 31 de diciembre de 1991 la deuda acumulada
no imputada a presupuestos en el Insalud ascendía a 560.000 millones.
Para sanear la situación financiera del Insalud, el Estado concedió un
préstamo a la Seguridad Social repartido en tres anualidades: la primera
tuvo lugar en 1992, por 280.000 millones, y el resto se distribuyó en dos
anualidades de 140.000 millones cada una. Por tanto, el importe del
préstamo otorgado por el Estado al Insalud en 1993 fue la mitad del que
tuvo lugar en 1992.
Sin embargo, en este mismo cuadro, el epígrafe «Otras variaciones netas
de activos financieros» crece un 153 por ciento en relación a 1992. Este
aumento se explica por la inclusión de 135.000 millones correspondientes
a participaciones y suscripciones en organismos internacionales, que
hasta ahora lucían exclusivamente en el balance del Banco de España. De
esta forma, el Estado registra un crédito concedido por el Banco de
España que, de acuerdo con la Ley de Presupuestos vigente, al ir dirigido
a financiar a organismos internacionales permanecerá en el activo del
balance del banco emisor y, además, se asegura el cumplimiento del
artículo 51 de dicha Ley, por el que se prohíben los descubiertos o la
concesión de cualquier tipo de crédito del Banco de España al Estado a
partir de 1 de enero de 1994.
En consecuencia, de no haber sido por esta excepcional operación la
variación neta de activo financiero hubiera sido inferior a la de 1992.
En el cuadro de la página número 10 pueden ver los detalles de los
distintos instrumentos que ha utilizado el Estado durante 1993 para
financiar los cuatro billones 320.000 millones de necesidad de
endeudamiento que antes les comentaba. En este cuadro resaltan dos
efectos de claro signo favorable.
En primer lugar, el Estado ha conseguido que la deuda, a medio y largo
plazo, se constituya en el principal instrumento de financiación, con lo
que no sólo obtiene un mayor ahorro en los costes financieros al
aprovechar los menores tipos de interés, sino que, además, se garantiza
una financiación estable para el Tesoro Público. En
segundo lugar, el importante volumen de fondos captados por las emisiones
de pasivo financiero ha permitido una desapelación del Estado al Banco de
España en algo más de dos billones. Así, por primera vez, el Estado tiene
frente al banco emisor una posición acreedora cifrada en algo más de un
billón de pesetas. Con lo que no sólo se ha cumplido el límite de recurso
al Banco de España sino que, además, se genera un adecuado margen para
garantizar la ausencia de descubiertos expresamente prohibidos, como les
decía antes, a partir de 1 de enero de 1994.
En efecto, con los cinco billones 856.000 millones obtenidos a través de
la deuda pública a medio y largo plazo y con los 395.000 millones
captados a los mercados financieros del exterior, el Tesoro Público ha
podido disminuir en algo más de un billón de pesetas su financiación, a
través de Letras del Tesoro, reducir en más de dos billones el recurso al
Banco de España y financiar su necesidad de endeudamiento.
Los aspectos generales de la liquidación del presupuesto de ingresos del
Estado aparecen en el cuadro de la página número 14. El importe de los
derechos reconocidos durante el año ha ascendido a 13 billones 185.000
millones y los ingresos en caja, derivados de estos derechos, se han
situado en 12 billones 340.000 millones, lo que supone una realización
del 93,6 por ciento, o, lo que es lo mismo, unos derechos pendientes de
cobro, a fin de este año, de 844.000 millones. Los datos anteriores son
fiel reflejo del impacto de la crisis económica sobre la recaudación
tributaria. La desaceleración económica se traduce en un fuerte
incremento de los aplazamientos y fraccionamientos solicitados y, en
consecuencia, los derechos reconocidos a favor del Estado no llegan a
materializarse durante el año en su totalidad como ingresos en caja.
Si pasan al cuadro de la página 17 podrán comprobar las desviaciones en
la ejecución del presupuesto de ingresos, tanto respecto a las
previsiones iniciales como a la revisión que hizo el Gobierno al
presentar ante las Cortes el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales
del Estado para 1994. Como ya les anticipé al principio, a finales de
septiembre, ante la evolución negativa del empleo, el aumento de los
aplazamientos solicitados y la caída de beneficios empresariales, el
Gobierno revisó a la baja en unos 374.000 millones la recaudación por
impuestos directos y, ante el descenso general del consumo privado, se
redujeron las previsiones de ingresos por impuestos indirectos en unos
735.000 millones. Sin embargo, los mayores beneficios del Banco de
España, derivados de las plusvalías obtenidas en la gestión de las
divisas, como consecuencia de la devaluación de nuestra moneda, facilitó
una revisión al alza en unos 600.000 millones de la recaudación por
ingresos patrimoniales. El resultado de estos y otros ajustes se concretó
en una recaudación prevista inferior en 592.000 millones a la
inicialmente presupuestada.
Como puede observarse, las previsiones efectuadas en septiembre se
ajustan a la recaudación efectivamente obtenida a final del año, puesto
que ésta sólo se desvía de la estimación en unos 44.000 millones.
Entrando ya en la recaudación efectiva de 1993, en este mismo cuadro de
la página 17, pueden observar que el total de ingresos no financieros ha
ascendido a 12 billones 684.000 millones, un 3,2 por ciento más que la
obtenida a final del año 1992. Este débil crecimiento en los ingresos se
explica por la caída del 6,9 por ciento en los impuestos indirectos y la
práctica congelación de los ingresos por impuestos directos que
descienden en un 0,1 por ciento.
Este empeoramiento se hubiera acentuado incluso más de no ser por la
positiva evolución de los restantes capítulos presupuestarios y, sobre
todo, por el incremento del 71,9 por ciento en los ingresos
patrimoniales, tanto por los elevados beneficios del Banco de España, que
han permitido un ingreso superior a un billón de pesetas, como por los
dividendos procedentes del INH, por la privatización parcial de Repsol y
de la sociedad estatal Patrimonio Uno, en virtud de la privatización
parcial de Argentaria que, en conjunto, han permitido unos ingresos
adicionales de 128.000 millones.
En el cuadro de la página 19 aparece desglosada la recaudación por
impuestos directos. Dentro de la imposición directa, los ingresos por
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas crecen un 2,4 por ciento
y los correspondientes al Impuesto sobre Sociedades disminuyen un 10,6
por ciento, alcanzándose importes de cuatro billones 742.000 millones y
un billón 125.000 millones respectivamente.
Me gustaría reseñarles las principales causas que han incidido en el
moderado crecimiento de la recaudación del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas. En primer lugar, los ingresos por retenciones sobre los
rendimientos del trabajo han podido contrarrestar su tendencia a la baja,
motivada por la caída del empleo, como consecuencia de los 291.000
millones que ha ingresado la Seguridad Social para hacer efectivas sus
deudas de 1993 y de liquidaciones pendientes del ejercicio anterior, año
en que, por este mismo concepto, la Seguridad Social sólo ingresó 82.000
millones.
Otros elementos que explican el comportamiento del tributo se encuentran
en los 373.000 millones de mayores devoluciones realizadas en 1993, tanto
por la mayor agilidad en la gestión de las mismas, como por los 250.000
millones de devoluciones correspondientes a las liquidaciones de 1991 que
se efectuaron en 1993. Por último, un aumento en torno al 33 por ciento
de los aplazamientos y el estancamiento de los ingresos por pagos
fraccionados, consecuencia de la negativa evolución de la actividad
económica y de la reducción de los mismos en estimación objetiva por
módulo explican el moderado avance en la recaudación del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas.
Los ingresos acumulados por Impuesto sobre Sociedades han ascendido a un
billón 125.000 millones, lo que supone 133.000 millones menos que los
recaudados en 1992. El claro empeoramiento de estos ingresos está
influido por la caída de los beneficios empresariales de 1992 por los que
se tributa en 1993 y que, según los últimos datos obtenidos de la
Comisión Nacional del
Mercado de Valores, se minoraron en un 15 por ciento, y también por los
16.000 millones de mayores devoluciones practicadas en este tributo
durante el año pasado.
Pasando al cuadro de la página 23, en lo que se refiere a los impuestos
indirectos, la recaudación se eleva a cuatro billones 511.000 millones,
un 6,9 por ciento menos que la efectuada en igual período de 1992. En
este decrecimiento ha influido el descenso del IVA en un 11,2 por ciento,
así como la caída en un 51,4 por ciento de los ingresos procedentes del
tráfico exterior. La recaudación por IVA ha alcanzado dos billones,
764.000 millones de pesetas, un 11,2 por ciento menos que en diciembre de
1992, siendo las siguientes razones las que principalmente explican esta
evolución: El consumo privado, principal componente de la base imponible
en este Impuesto estaba inicialmente previsto que creciera en torno al 7
por ciento y, finalmente, se ha situado alrededor del 4,2 por cieno;
especialmente en el sector del automóvil el comportamiento ha sido muy
negativo, con una caída en las ventas en torno al 24 por ciento en 1993.
También cabe destacar el moderado crecimiento de las importaciones en
torno al uno por ciento, frente al 5,2 por ciento en 1992, unos 126.000
millones de mayores devoluciones y un aumento de los aplazamientos en
torno al 83 por ciento.
Por último, la nueva figura de las adquisiciones intracomunitarias
desplaza ingresos anteriormente recogidos en IVA-importaciones, estimados
en 61 por ciento de los mismos hacia IVA-operaciones interiores. Esta
circunstancia incide en una ligera minoración de la recaudación al
desplazarse a las diputaciones forales del país Vasco y Navarra ingresos
por adquisiciones intracomunitarias de las entidades con domicilio fiscal
en estos territorios, ingresos que en 1992 estaban incluidos en la
rúbrica «IVA-importaciones».
Los impuestos especiales sobre fabricación con una recaudación de un
billón 461.000 millones se ven afectados por la elevación de los tipos en
el Impuesto sobre Hidrocarburos, aplicables a las gasolinas y gasóleos a
partir de agosto. La reducción del consumo de alcohol y bebidas derivadas
explica la disminución del 18,9 por ciento en la recaudación del tributo
que grava estos productos y, por el contrario, los impuestos sobre la
cerveza y labores del tabaco ven aumentada su recaudación en un 66,4 por
ciento y en un 10 por ciento, respectivamente, en virtud del aumento de
tipos recogidos en la Ley de 28 de diciembre de 1992, de Impuestos
Especiales.
Si volvemos al cuadro de la página 17, podemos ver que el resto de los
capítulos del presupuesto de ingresos no financieros del Estado aportan
una recaudación de menor importancia cuantitativa. No obstante, cabe una
especial consideración del capítulo de transferencias corrientes, con
unos ingresos de 345.000 millones, que aumenta un 15,3 por ciento
respecto al año anterior. Las partidas más significativas de este
capítulo son las transferencias del organismo nacional de Loterías y
Apuestas del Estado con unos ingresos de 196.000 millones y las
correspondientes a las contribuciones del país Vasco y Navarra por 54.000
y 32.000 millones, respectivamente.
Las operaciones de capital han aportado una recaudación de 202.000
millones. Entre ellas destaca el aumento en un 63,7 por ciento en las
transferencias de capital, las cuales proceden casi en su totalidad de
las aportaciones del presupuesto comunitario que se elevaron a 194.000
millones. Estas aportaciones, al igual que el resto de los datos del
informe, se refieren exclusivamente a lo recibido por el Estado. No
obstante, muchas de las aportaciones comunitarias son percibidas por
organismos y entes distintos del Estado tales como el Forppa, el Inem o
bien por las comunidades autónomas y por los entes territoriales. En este
sentido, los ingresos totales percibidos por España de la Comunidad
Económica Europea durante 1993 se situaron en un billón 136.000 millones,
entre ellos las aportaciones comunitarias derivadas del Feoga-garantía,
Feder, Fondo Social Europeo, así como del instrumento financiero de
cohesión, que explican la práctica totalidad de este importe, casi un
billón los tres primeros y 32.000 millones el Fondo de Cohesión.
En el ámbito del gasto, al igual que desde la perspectiva del ingreso, en
septiembre del año pasado el Gobierno modificó las previsiones para el
final del ejercicio, teniendo en cuenta las circunstancias acaecidas a lo
largo de los meses que habían transcurrido. En la presentación del avance
de liquidación ante las Cortes las estimaciones de gastos no financieros
excedían en casi dos billones al presupuesto inicial del ejercicio. Esta
considerable desviación tenía su origen en la conjunción de varios
factores que, en líneas generales, se concentraban en el desbordamiento
de los gastos por desempleo a raíz de la crisis económica, la necesidad
de una mayor aportación al sistema sanitario y en la tramitación iniciada
en 1992 del proyecto de ley de créditos extraordinarios que se atendieron
como anticipos en su día, pero que se aprobaron y reflejaron como gasto
en 1993. A todo ello me referiré más tarde. En principio, me gustaría
recalcar que las previsiones de gasto no financiero realizadas en aquel
momento se situaban, aproximadamente, en unos 16 billones 700.000
millones. El gasto real al final del ejercicio ha sido de unos 16
billones 600.000 millones, lo que prueba que también en materia de gasto
las nuevas previsiones hechas en septiembre guardan consonancia con la
realidad observada a finales de año.
En el cuadro de la página 29 tienen el detalle de la ejecución del
presupuesto de gastos, el cual parte de unos créditos, inicialmente
aprobados por las Cortes para el ejercicio 1993, de 14 billones 752.000
millones, cifra superior en un 7,7 por ciento a la registrada en 1992.
Durante todo el año se han autorizado modificaciones de crédito por
importe de dos billones 319.000 millones. En consecuencia, el volumen de
créditos finales a diciembre de 1993 asciende a 17 billones 72.000
millones, cuantía que supera en un 14,6 por ciento a la alcanzada en
igual período del ejercicio anterior.
Como pueden ver en el cuadro de la página 31, los créditos
extraordinarios y suplementos de crédito constituyen las modificaciones
presupuestarias de mayor importe, un billón 292.000 millones, y además
son la principal explicación de las desviaciones de gastos, a las que
antes he aludido, y que fueron la base de las nuevas previsiones de
septiembre. En concreto, a lo largo del año pasado se han tramitado
créditos extraordinarios destinados a cubrir las insuficiencias del Inem
durante 1991 y 1992 en materia de gestión de prestación por desempleo por
importe de 222.000 millones y 237.000 millones, respectivamente. Además,
al objeto de dar cobertura a los gastos de desempleo de 1993, fue
necesario un crédito extraordinario adicional de 456.000 millones.
Por otra parte, en 1992, se aprobaron anticipos de tesorería para atender
el nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas. El coste
supuso el cambio de índices del cálculo de la financiación de
ayuntamientos y diputaciones y deuda por la Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre. Todos estos anticipos de tesorería, que en conjunto ascienden a
algo más de 100.000 millones, se pagaron en 1992, pero el crédito
extraordinario se concedió en 1993, por lo que aun no teniendo incidencia
monetaria alguna en este año, sí está reflejado como mayor gasto de 1993.
Por último, los gastos de personal también han necesitado créditos
extraordinarios por valor de 80.000 millones, cuya finalidad ha sido la
actualización de las retribuciones del personal al servicio del sector
público y, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto-ley de Medidas
Urgentes, se han aprobado créditos extraordinarios por valor de 50.000
millones, al objeto de financiar programas de inversión en
infraestructuras.
Para acabar con el cuadro de la página 31, cabe mencionar las
incorporaciones de remanente, que han incrementado los créditos en
514.000 millones. La mayor parte de estas incorporaciones se refieren a
operaciones de capital, ya que sólo en inversión civil se han incorporado
créditos por 326.000 millones. En lo que se refiere a las ampliaciones de
crédito, las aportaciones del Estado al Insalud para financiar sus
operaciones corrientes --157.000 millones--, las necesarias para
practicar la liquidación definitiva de años anteriores en la
participación de las comunidades autónomas --94.000 millones--, y las
destinadas al pago de intereses de la deuda pública --39.000 millones--
explican el 63 por ciento del gasto total, que ascendió a 461.000
millones.
Entrando en la clasificación económica del presupuesto de gasto, en el
cuadro de la página 36, se observa que las obligaciones reconocidas se
han situado en 16 billones 581.000 millones, es decir un 18,5 por ciento
más que en 1992. De estas obligaciones reconocidas, los pagos
correspondientes a gastos incurridos en 1993 han ascendido a 15 billones
467.000 millones. Lo que supone que las obligaciones pendientes de pago
son un billón 114.000 millones. Si a los pagos anteriores les añaden
991.000 millones correspondientes a los pagos de presupuesto cerrado y de
operaciones extrapresupuestarias, tendrán los 16 billones 458.000
millones que aparecen en el cuadro de la página 47. Es decir, los pagos
totales hechos efectivos durante 1993.
Volvemos al cuadro de la página 36. Los gastos de personal, con algo más
de dos billones y medio, han tenido un ligero avance del 3,8 por ciento,
respecto de 1992. Si bien, hay que señalar la diferente evolución de los
gastos de personal activo y pasivo que aumentaron un 2,7 por ciento y un
6,1 por ciento, respectivamente. Los gastos en bienes corrientes y
servicios, con 461.000 millones, han crecido un 29 por ciento,
correspondiendo casi la totalidad de este avance a las incorporaciones de
remanente de ejercicios anteriores que absorbieron 48.000 millones.
El análisis de los gastos financieros puede ralizarse con mayor detalle
si acuden a los datos contenidos en el cuadro de la página 45, donde se
desglosan los datos por intereses de la deuda pública que a finales de
1993 ascendieron a dos billones 325.000 millones, lo que supone un 16,3
por ciento más que en 1992. En la evolución de estos gastos queda patente
que los tipos de interés asociados a la Deuda Pública presentan una
nítida tendencia a la baja, que viene acompañada por las reducciones en
los tipos de interés del mercado interbancario y que da estabilidad en la
financiación del Tesoro y queda cada vez más fortalecida en virtud de la
reestructuración de la deuda en favor de los instrumentos a medio y largo
plazo. Así, por ejemplo, los bonos a tres y cinco años empezaron 1993
emitiéndose en torno al 13 por ciento y han finalizado las subastas
celebradas en diciembre con un tipo de interés medio en torno al 8 por
ciento. Las obligaciones a diez años comenzaron el ejercicio con un tipo
medio de aproximadamente el 12,5 por ciento y lo han finalizado con un
interés algo superior al 8 por ciento. Por último, en diciembre de 1993
se ralizó la primera emisión de obligaciones a 15 años, colocándose la
subasta a un tipo de interés medio en torno al 8,7 por ciento.
Las consecuencias inmediatas de la reestructuración de la deuda hacia el
medio y largo plazo, como puede observarse en este cuadro, determinan que
los intereses de este tipo de deuda hayan crecido un 21,5 por ciento,
mientras que la carga financiera de la deuda a corto lo ha hecho sólo en
un 8,3 por ciento. Por último, los intereses y demás gastos asociados a
la deuda exterior han crecido un 63,5 por ciento, si bien la carga
financiera de dicha deuda es cuantitativamente muy poco representativa
respecto del total.
El ejercicio de la labor redistributiva que desempeña el Estado justifica
que el capítulo de transferencias corrientes que aparece detallado en el
cuadro de la página 38 sea el de mayor importancia cuantitativa, 9
billones 270.000 millones, lo que supone un 23,6 por ciento más que en
1992. Este capítulo es sin duda alguna el que mayores desviaciones ha
experimentado respecto a los créditos inicialmente presupuestados, ya que
a través del mismo se han materializado los gastos para financiar el
desempleo y la asistencia sanitaria, que son las principales razones de
las desviaciones de gasto en 1993. Así, las modificaciones
presupuestarias aprobadas para hacer efectivo el pago de estas
transferencias fueron algo más de un billón y medio de pesetas.
Atendiendo a los agentes perceptores de estas transferencias se puede
comprobar que el principal destino de las mismas ha sido la aportación
dirigida a financiar la asistencia sanitaria por algo más de un billón
novecientos
mil millones y el complemento de pensiones mínimo por 214.000 millones.
Las comunidades autónomas han recibido casi dos billones, lo que supone
un 34,7 por ciento más que en 1992, si bien es cierto que este aumento se
deriva de la inclusión a partir de este año en la participación de estos
entes en los ingresos del Estado de los fondos destinados a garantizar la
gratuidad de la enseñanza en comunidades con competencia en educación.
Esto provoca un crecimiento anómalo en este tipo de gastos que se
compensa con la disminución del 15,4 por ciento en las transferencias a
familias e instituciones sin fines de lucro que, por la razón anterior,
ven reducido sus fondos destinados a la gratuidad de la enseñanza.
Por último, las transferencias corrientes a los organismos autónomos
administrativos, con un billón 687.000 millones crecen un 85,3 por ciento
respecto a 1992. Este hecho se debe a las transferencias realizadas al
Inem por aportación al desempleo por casi un billón y medio, que en su
mayor parte están registrados en los créditos extraordinarios a los que
de forma más extensa acabo de hacer referencia.
Por lo que respecta a las operaciones de capital, volviendo al cuadro de
la página 36, las obligaciones reconocidas fueron dos billones de
pesetas, reflejando un crecimiento del 17,8 por ciento, porcentaje que
contrasta con el que figura en el cuadro de la página 47 donde para unos
pagos de similar importe el crecimiento es tan sólo del 11,3 por ciento.
El motivo principal de esta divergencia obedece simplemente al mayor
importe de pagos por presupuestos cerrados que tuvieron lugar durante
1992.
Para finalizar quisiera darles los resultados de las relaciones
financieras entre España y las Comunidades Europeas durante 1993. Si
recuerdan, al hablar del presupuesto de ingresos les comenté que los
recursos recibidos de la Comunidad Económica Europea ascendieron a un
billón 136.000 millones; por otra parte, los pagos realizados por España
a la Comunidad Económica Europea
están situados en unos 740.000 millones, lo que supone que el ejercicio
de 1993 ha presentado un saldo favorable a nuestro país de
aproximadamente 396.000 millones, siendo un 19,5 por ciento más que en
1992, y en definitiva continuar la tendencia positiva de años anteriores.
El señor PRESIDENTE: Como he dicho a los grupos, doy un turno por si
entendieran que algún aspecto que debiera haber estado incluido en el
informe del señor Secretario de Estado no lo estaba.
Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Arias-Salgado tiene la
palabra.
El señor ARIAS-SALGADO MONTALVO: Muchas gracias, señor Secretario de
Estado por sus aclaraciones.
Para cumplir las normas de la Presidencia, me voy a limitar a formularle
una serie de preguntas, posponiendo el comentario crítico a la luz de su
contestación.
Como es lógico, la primera batería de preguntas está relacionada con el
déficit de caja no financiero y una pregunta final en relación con el
déficit del sector público medido en términos de contabilidad nacional.
La primera pregunta es: ¿cuál es la estimación última que tienen sobre el
crecimiento real del PIB? ¿Va a caer en un 0,8 por ciento? ¿Mantienen esa
previsión? ¿Está más cerca la previsión de la que hace el Banco de España
del 0,9 por ciento? ¿Por el contrario, la caída va a ser superior al 1
por ciento como han estimado otras instituciones solventes? Naturalmente
que la cifra de caída del PIB es importante porque el déficit sería mayor
si efectivamente la previsión de caída del PIB fuera mayor que la
inicialmente formulada por el Gobierno.
Segunda pregunta en relación con la misma cuestión. El déficit de caja no
financiero supone un 6,2 por ciento medido en términos de producto
interior bruto, sin embargo, en algunas informaciones se ha filtrado la
cifra del 6,1 por ciento, medido en términos de PIB también, diciéndose
que es debido a transferencias realizadas en 1993 por operaciones
pendientes de 1991 y 1992 en relación con la Seguridad Social y el Inem
en concreto, lo que supondría que el Estado habría dado al Inem más
dinero del que necesitaba en 1993, es decir, que se registraría un cierto
superávit que vendría a disminuir el déficit del 6,2 a 6,1, y en relación
con ello le hago las dos preguntas siguientes. ¿Cuál es la estimación en
este supuesto del superávit de caja, si es que lo ha habido, en la
Seguridad Social? ¿Cuál es el déficit provisional de las administraciones
centrales en su conjunto en 1993, es decir, Estado y Seguridad Social?
Porque una de las mayores deficiencias de este informe, señor Secretario
de Estado, es que ni siquiera nos da un pequeño avance del consolidado.
Creo que aunque técnicamente es correcto lo que se hace, sin embargo, de
alguna manera, en el preámbulo, en la introducción o en las conclusiones
sería positivo dar información sobre el déficit de las administraciones
centrales.
Por último, en relación ya con el déficit público en términos de
contabilidad nacional de 1993, quisiera, señor Presidente, que me
permitiese hacer el siguiente razonamiento para poder explicar la
pregunta. Si el déficit de las administraciones centrales asciende al 6,2
por ciento --si es ésta la previsión y cabe confirmarla--, si el déficit
en relación con las administraciones territoriales, que se ha lanzado
regularmente por el Gobierno, es aproximadamente del 1 por ciento (de
mantenerse esa previsión, toda vez que lógicamente la recesión ha debido
afectar también a los ejercicios presupuestarios de las administraciones
territoriales), ¿cuál es entonces el déficit público? Porque a poco que
el PIB haya caído algo más de lo previsto, nos estaríamos aproximando
probablemente al 8 por ciento de déficit del sector público, medido en
términos de contabilidad nacional, sumados todos los componentes.
En relación con la necesidad de endeudamiento, formularía al señor
Secretario de Estado las siguientes preguntas. En cuanto a los 135.000
millones de carácter excepcional a los que ha aludido en su intervención
y que en el informe se especifican como 48.900 millones por aportación,
cuotas o suscripciones del Banco Europeo de Inversiones, 24.100 millones
al Banco Interamericano de Desarrollo, sin embargo faltan por detallar
62.800 millones. ¿Adónde han ido o a qué tipo de organismos
internacionales? La pregunta de fondo sería la siguiente: ¿Por qué se
contabilizan como activos financieros? ¿No son gastos no financieros? En
realidad se están pagando atrasos a algunos de estos organismos.
Respecto a la financiación de la necesidad de endeudamiento, la pregunta
sería la siguiente: ¿Cuál es la última estimación de deuda pública para
el conjunto de las administraciones centrales que tiene el Ministerio de
Economía y Hacienda? ¿Se mantiene la previsión de la OCDE o se ha
superado también esta previsión del 57,4 por ciento, medida en términos
de PIB?
En relación con los gastos no financieros, con las modificaciones
presupuestarias, querría, señor Secretario de Estado, si es posible, que
me hiciera las siguientes aclaraciones.
En la página 38 del informe --y se ha referido a ello--, en las
desviaciones que se especifican por transferencias corrientes del Estado
a las comunidades autónomas, se hace una mención a la necesidad de
garantizar la gratuidad de la enseñanza en aquellas comunidades con
competencias en educación. Realmente, esta línea no se entiende bien,
porque la gratuidad de la enseñanza tendría que estar financiada con
carácter global en todo el Estado, cualquiera que sea el ente público que
ejerce la competencia en materia de educación. En todo caso, no se
compensa con la disminución a que ha hecho referencia de la transferencia
a familias e instituciones sin fines de lucro.
En la página 35 --y ésa sería una pequeña aclaración-- se hace referencia
también a una transferencia de 3.200 millones a empresas con las que se
ha contratado por procesos electorales. Se refiere exclusivamente a las
elecciones generales del 6 de junio y parece una cuantía importante:
3.200 millones de pesetas, aun cuando no tenga una gran relevancia en el
conjunto de los Presupuestos del Estado. Es el último párrafo de la
página 35 del informe.
En relación con los ingresos, las preguntas serían las siguientes.
Primera de ellas. ¿Realiza o no realiza la Seguridad Social el ingreso de
las retenciones que practica? Porque de acuerdo con el informe y de
acuerdo con lo que cabe deducir del informe, parece que se han hecho unos
ingresos correspondientes a 1992 en el ejercicio de 1993 y no se
desprende claramente del informe
si la Seguridad Social ha ingresado las retenciones correspondientes al
ejercicio de 1993.
Respecto al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el señor
Secretario de Estado señaló en su comparecencia anterior que estaban
firmados unos acuerdos de compensación de deudas con las comunidades
autónomas por los que deberían ingresarse las retenciones pendientes de
ese año y que ascienden a 182.000 millones de pesetas. En el informe no
se hace referencia a estos acuerdos de compensación de deuda. ¿Se han
producido finalmente?
Con ello, señor Secretario de Estado, concluyo el turno de preguntas por
el momento.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Almunia.
El señor ALMUNIA AMANN: Señor Presidente, señor Secretario de Estado,
además de agradecerle su presencia y su comparecencia ante nosotros,
quiero hacerle tres preguntas simplemente de aclaración al informe que
nos ha proporcionado y al texto escrito que nos envió a finales de la
pasada semana.
La primera de ellas coincide prácticamente con una de las preguntas que
le ha dirigido el señor Arias-Salgado. Quería saber si la Secretaría de
Estado tiene ya estimaciones sobre el déficit del sistema de Seguridad
Social para el año 1993 y estimaciones de por dónde puede situarse el
déficit de las demás administraciones públicas, comunidades autónomas y
corporaciones locales para este mismo ejercicio, en la medida en que el
déficit del conjunto de las administraciones públicas se estimaba en el
7,2 por ciento en la documentación que nos entregaron junto con los
presupuestos.
Otras dos preguntas en relación a los ingresos. La primera de ellas se
refiere a los aplazamientos. En el informe se hace referencia en dos
ocasiones al menos a la merma de ingresos que ha sufrido Hacienda durante
el año 1993 por el incremento fuerte que han tenido los aplazamientos
solicitados tanto en el Impuesto sobre la Renta como en el Impuesto sobre
el Valor Añadido.
Me gustaría saber si tiene alguna estimación sobre el plazo medio de
vencimiento de esos aplazamientos y por cuánto tiempo se están
concediendo para valorar si parte de los ingresos no percibidos por
aplazamientos en el ejercicio de 1993 pudieran ser ingresados por
Hacienda en el ejercicio del año 1994.
En torno a esa misma pregunta, me gustaría saber si, a la luz de
experiencias de ejercicios anteriores, hay alguna relación que pueda
establecerse como estimación entre el aumento de los aplazamientos y el
aumento de los fallidos o cantidades incobrables. ¿Cuál es esa relación,
si es que existe algún estudio o alguna experiencia al respecto?
También en relación a los ingresos, una tercera pregunta se refiere a las
devoluciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. En el
ejercicio de 1993, una parte del fuerte aumento que han tenido las
cantidades por devolución tiene que ver con las correspondientes al
ejercicio de 1991. Mi pregunta sería qué cuantía de devoluciones
correspondientes a las declaraciones del ejercicio de 1992 no se habían
realizado a finales del ejercicio de 1993 y quedan todavía por satisfacer
en este ejercicio presente de 1994.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), tiene la palabra el señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Señor Secretario de Estado, quisiéramos también
trasladarle nuestra preocupación en estos momentos por la situación del
déficit público. Quizás es uno de los temas de mayor importancia que se
plantean «ad futurum». Creo que es una de las magnitudes económicas a que
debiéramos prestar mayor atención a lo largo de este ejercicio para ver
cómo se reorienta el déficit público. La economía tiene unas buenas
perspectivas si reconducimos el déficit público; si no se reconduce,
podría cuestionarse la efectividad de todas las medidas que se están
tomando y la reorientación de la política económica, cosa que no
deseamos. Por tanto, nuestro Grupo cree que debemos insistir más en esta
cuestión.
Se han adoptado unas medidas en la Ley de Presupuestos para 1994, como
usted sabe, pero, en todo caso, ya que tenemos un ejercicio de 1993
cerrado que nos permite un análisis, quisiéramos que usted nos recordara
cuál es el peso que tiene en estos momentos pensiones más sanidad en la
desviación del déficit público. Quisiera tener la certeza de cuál es,
dentro de la magnitud de desviación que ha tenido el déficit público, el
peso de pensiones más sanidad, porque quizás en ese tema radica la mayor
atención de cualquier reflexión que tengamos que hacer sobre el déficit
público.
La segunda cuestión se refiere a los gastos. ¿Cuál es el peso que en ese
déficit público tienen los déficit que generan las administraciones
locales y las comunidades autónomas? A menudo escuchamos que se
centrifuga a las administraciones locales y las comunidades autónomas la
responsabilidad de la desviación de este déficit, cuando sabemos que en
materia de pensiones o en materia sanitaria quien tiene la capacidad
económica para poder reconducir estos gastos es la Administración central
del Estado y no estas comunidades autónomas ni la administración local.
Por tanto, yo quisiera conocer por el Secretario de Estado cuál es el
peso real que tienen en la desviación, la que pudieran haber generado la
administración local y las comunidades autónomas.
En cuanto a los ingresos, quisiera indicarle que se apunta a menudo en
esta Cámara por parte de Grupos parlamentarios que debiéramos
reconsiderar la presión tributaria y reducir los impuestos. Sin duda ésta
ha sido una posición que mi Grupo ha defendido muchas veces en las
intervenciones económicas, pero en estos momentos, atendida la situación
que tiene el déficit público, creemos que lo único que se puede abordar
es una reducción selectiva de la presión tributaria, y la reducción
selectiva debe preferentemente orientarse a la estimulación de la
actividad económica productiva, aquella que puede generarnos creación de
puestos de trabajo.
Yo quisiera plantearle si en estos momentos podemos considerar que hay
alguna medida de reducción de ingresos selectiva para crear más puestos
de trabajo, para dirigir el impacto de la reducción hacia la estimulación
de los puestos de trabajo y si la situación del Presupuesto en 1993 nos
permite esto. Estoy pensando en medidas que pudieran estimular la
contratación, medidas que pudieran ir acompañadas de las reformas
laborales, pero para estimular la contratación. ¿Podríamos asumir algunas
reducciones selectivas para estimular la contratación? ¿Permite el
Presupuesto adoptar unas decisiones en este orden?
Si se adoptaran, probablemente se generarían más puestos de trabajo,
podríamos sacar gente de la nómina del paro y podía ser incluso una buena
medida desde la perspectiva presupuestaria. Por eso, la reflexión que le
pido es si unas medidas selectivas de reducción de presión tributaria, en
lo que pudieran ser los impuestos vinculados al acto de contratación,
podrían ser presupuestariamente rentables, podrían contemplar efectos
positivos para el Presupuesto, porque nos liberaría de gastos --digamos--
sociales en el Presupuesto, lo que podría ser positivo.
La última cuestión que le quiero plantear es en relación con la Deuda
Pública. ¿Puede usted darnos algunos datos sobre cómo ha ido la evolución
de la contratación de la Deuda Pública? Porque sabemos los datos globales
macros de la evolución de los ingresos y quisiera conocer cómo ha ido en
estos momentos la evolución de la Dueda Pública.
Finalmente, señor Presidente, pedirle al Secretario de Estado que me
indique si su Secretaría está en estos momentos contemplando algunas
medidas de acción de control de la morosidad en el pago de impuestos, por
decirlo de alguna forma. Es decir, si ustedes están actuando bajo alguna
orientación, bajo algún plan, bajo unos criterios generales para poder
incidir en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Quisiera
saber cuáles son esos criterios que se están desarrollando, qué medidas
están ustedes haciendo para poder ser más efectivos en la lucha contra el
fraude fiscal y de qué naturaleza son esos criterios.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra el señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: A mí me gustaría solicitar tres precisiones sobre
lo que han sido las previsiones iniciales del Gobierno, puesto que a
nadie se nos escapa que el año 1993 fue un año electoral y es el de mayor
desajuste presupuestario. En este sentido, las previsiones iniciales del
Gobierno sobre el producto interior bruto estaban en 6,8 billones de
pesetas y nos gustaría saber la evolución definitiva para después conocer
todos los porcentajes en función del déficit público y en función de
déficit de las administraciones.
La segunda pregunta iría dirigida a la previsión inicial del Gobierno en
torno al déficit de caja, que estaba en 2,3 por ciento sobre el PIB y,
sin embargo, en la liquidación estamos en 6,2. También me gustaría
precisión sobre lo que viene a significar la financiación del conjunto de
las administraciones públicas. En la previsión inicial estaba en 3,6 por
ciento del PIB y, sin embargo, hoy, la necesidad de financiación de las
administraciones públicas está situada en torno al 7,2 del PIB.
Todas estas preguntas sobre las previsiones iniciales del Gobierno, cómo
se ha ajustado la política presupuestaria del Gobierno, viene a hacer
incidencia en lo que son los planes de convergencia con Europa. Desde
luego, la gestión presupuestaria de 1993 no nos acerca a esos planes de
convergencia con Europa, en principio, marcados por el propio Gobierno.
¿Tiene el Gobierno previsto resituar la evolución, la velocidad de ese
proceso de convergencia en función de estos resultados, que son: la
evolución del déficit público, la evolución de la necesidad de
financiación de las propias administraciones públicas?
En cuanto a los datos que usted nos ha aportado, ha hecho hincapié en que
en este año presupuestario se ha recaudado menos y se ha gastado más. La
evolución de ese déficit de caja lo ha cifrado en esos dos parámetros:
ingresar menos y gastar más, pero lo cierto y verdad es que aparece
también un porcentaje alto de remanente, de evolución de años anteriores.
En este sentido, me gustaría conocer, si es posible, cuál ha sido la
afloración de deudas asumidas por la Administración en años anteriores.
Las cifras que baraja el Presupuesto son 514.000 millones de pesetas en
gastos, mientras que en ingresos los remanentes han sido de 373.000
millones nada más, por lo que no han evolucionado igual los ingresos que
los gastos.
Respecto al tema de recaudación, la inicial ha caído no precisamente en
lo que son impuestos por renta del trabajo, en el IRPF; ha caído por
ejemplo en el Impuesto de Sociedades casi un 10,6 por ciento. Nos
gustaría saber cuál ha sido la razón de esa caída del Impuesto de
Sociedades.
En cuanto al IVA, en los datos que usted ha dado, ha descendido un 11,2
por ciento su recaudación, a pesar de que el tipo general en España subió
del 13 al 15 por ciento. Pero no es ésa la pregunta más importante que yo
le quería hacer, sino la evolución de lo ingresado por importación y la
relación con el fraude fiscal que pueda existir. La mayor caída en el año
1993 en los ingresos ha sido precisamente el IVA referido a la
importación.
Me gustaría solicitar, a ser posible, que entre la documentación a
aportar a la Comisión, hubiera una evolución de las modificaciones
presupuestarias. Viene una liquidación de las modificaciones
presupuestarias circunscrita a lo que pudiéramos llamar funciones, pero
nos hubiese gustado recibir los datos también por secciones. Nos gustaría
conocer las modificaciones presupuestarias --2,3 billones de pesetas han
sido las modificaciones presupuestarias-- y también conocer los créditos
no utilizados. Cuál ha sido la evolución de esos créditos no utilizados,
si es que han existido. En suma, hay una evolución presupuestaria, tanto
en los ingresos como en los gastos, que nos choca.
Termino con una pregunta dirigida a algo que nos ha chocado en cuanto a
la evolución del gasto, porque en la evolución del gasto, tanto en los
créditos definitivos como en lo que significa los pagos realizados,
aparece un incremento en inversiones de casi el 40 por ciento en las
Fuerzas Armadas, una evolución de casi 80.000 millones de pesetas. Es
verdad que parece ser que vienen de remanente --unos 40.000 millones van
a programas de apoyo logístico y 35.000 millones a modernización de las
Fuerzas Armadas--, pero nos ha chocado porque la liquidación
presupuestaria en Educación y Sanidad, por ejemplo, es de reducción en
comparación con el año 1992.
El señor PRESIDENTE: El señor González Lizondo tiene la palabra.
El señor GONZALEZ LIZONDO: Muy rápidamente en esta primera parte porque
se han hecho ya muchas preguntas sobre el PIB que no voy a repetir,
Seguridad Social, déficit de las administraciones públicas, y me centro
en tres preguntas muy concretas.
Primero, el porcentaje por devolución del Impuesto sobre la Renta que se
ha practicado en 1993 correspondiente a las declaraciones de 1992.
Segundo, qué porcentaje suponen en el déficit las transferencias a las
administraciones locales y autonómicas y qué variación existe respecto de
1992.
Por último, dos preguntas por si es posible que se pudieran contestar.
Una, si se conoce por parte del Secretario de Estado el porcentaje de
impagados sobre los créditos otorgados por el Gobierno a terceros países
y amortizados dentro de 1993, y otra, cómo nos sitúa la ejecución real
del Presupuesto de 1993 respecto de la convergencia de Maastricht y de
una serie de condicionantes que nos obligan dentro de ella.
El señor PRESIDENTE: El señor Secretario de Estado tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA (Martínez Robles): Intentaré
responder a todas las preguntas que se me han formulado, aunque ya indico
desde ahora que una buena parte de ellas trascienden el ámbito de esta
comparecencia que, en principio, estaba limitada, si entiendo bien, a la
liquidación del Presupuesto del Estado para 1993.
El señor Arias-Salgado me pregunta, en primer lugar, si se sigue
manteniendo la estimación del crecimiento del PIB en el año 1993.
Efectivamente, se sigue manteniendo la cifra que ya se avanzó en
septiembre de decrecimiento del 0,8 por ciento. Recientemente hemos
conocido la evaluación del Banco de España a la que se refería el señor
Arias Salgado, que era el 0,9 por ciento. Pensamos que esa evolución
negativa es superior al 1 por ciento, sino que está más bien en la
estimación que hacía el Gobierno en su momento.
En cuanto al déficit, yo creo que es necesario distinguir los distintos
conceptos. Efectivamente, el déficit de caja no financiero del Estado en
términos presupuestarios es del 6,2 por ciento. Esta es la cifra que he
dado hoy y en la que, en principio, hemos centrado la explicación. Aparte
de esto, se ha avanzado en la nota de prensa cuál es el déficit, la
primera aproximación, porque éste es un cálculo que todavía no está
cerrado, es un avance de la estimación del déficit en contabilidad
nacional de las administraciones públicas centrales. Este déficit, como
seguramente conocen SS. SS., ha sido cifrado, en primer lugar, con
respecto al Estado, en torno al 5,8 por ciento; con respecto a las
administraciones de la Seguridad Social, en un 0,3 por ciento, y, por
tanto, para las administraciones públicas centrales el déficit en
contabilidad nacional para 1993 es del 6,1 por ciento.
Aquí la estimación que se tiene del déficit de las restantes
administraciones públicas, administraciones autonómicas y
administraciones locales es, como he dicho otras
veces, aproximadamente de un 1 por ciento. En los escenarios que se
venían barajando durante el año 1993 este déficit estaba estimado,
aproximadamente, entre el 0,75 por ciento y el 1 por ciento. Por tanto,
si se mantienen estas previsiones (en estos momentos no conocemos todos
los datos para saber cuál va a ser finalmente la necesidad de
financiación de los presupuestos de las comunidades autónomas y las
entidades locales), pero, suponiendo que se mantengan las previsiones,
estaría situado entre el 0,75 y el 1 por ciento, que, unido al 6,1 por
ciento de las administraciones centrales, daría una cifra global del 7,1
por ciento para todas las administraciones públicas; esto que digo es en
términos de contabilidad nacional.
Me preguntaba después el señor Arias-Salgado sobre la cifra de 135.000
millones que aparecen recogidos en el informe como unas cantidades
concretas. Estas cantidades corresponden a cuotas ingresadas por el Banco
de España en diversos organismos internacionales. No tengo aquí la lista
de organismos internacionales, pero todos ellos, no sólo la cifra de
48.900, sino todos, 135.000, van destinados a organismos de la misma
naturaleza. Sobre el pago de estas cuotas existía una divergencia de
algunos años entre el Banco de España y la Intervención General del
Estado, porque se discutía a quién correspondía el pago de estas cuotas,
si al Banco de España o al Presupuesto del Estado, siendo así que en la
mayoría de los casos estas cuotas correspondían al pago de participación
en organismos internacionales que tenían la consideración de organismos
bancarios o financieros. Finalmente la cuestión se ha zanjado, y así
aparece recogido en el Presupuesto de 1993, mediante la consideración del
otorgamiento por el Banco de España de un crédito singular, que, por
tanto, se consolida, al Tesoro público por el importe de estos 135.000
millones. Esta creo que es la respuesta a la pregunta que me hacía el
señor Arias-Salgado. No tengo aquí la lista de los restantes organismos,
pero son de la misma naturaleza que los que aparecen referenciados en el
informe.
En cuanto a la financiación de la deuda pública del Ministerio, me
preguntaba --me imagino-- si se sigue manteniendo la previsión sobre la
financiación del déficit que se había mantenido hasta ahora. Me imagino
que se refiere a cuál era el porcentaje en relación al PIB que significa
la financiación. Tengo que decirle que para el año 1994, en relación al
déficit del Estado, la deuda de las administraciones públicas centrales
alcanzará la cifra de 28 billones, un poquito más; eso representa, con
respecto al PIB, un 46,1 por ciento. Esperamos que el endeudamiento de
las administraciones territoriales sea del orden de 5 billones 800.000
millones, lo que representa un 9,5 por ciento. En total, por tanto, el
endeudamiento, en relación al PIB, va a representar para el año 1993, en
este primer avance, una cifra cercana al 56 por ciento, probablemente un
55,5 por ciento o un 55,6 por ciento.
Después hacía referencia a la consideración de la gratuidad de la
enseñanza en relación a la financiación de las comunidades autónomas y su
inclusión o no en el porcentaje de participación de las comunidades y el
mantenimiento de esta política global --le he querido entender-- con
respecto a la financiación de la gratuidad de la enseñanza en los
Presupuestos del Estado. Si recuerda el señor Arias-Salgado, aquí había
una cuestión que aparecía pendiente por lo que en su momento se llamó la
metodología para calcular el coste efectivo de los servicios que se
transferían a las comunidades autónomas. Si recuerda bien, en aquellas
metodologías se incluían, en el concepto de coste efectivo, el Capítulo
I, el Capítulo II y la inversión de reposición. No se incluían, en primer
lugar, las subvenciones que aparecían en el Capítulo IV del Presupuesto.
En el Capítulo IV de los Presupuestos aparecían la gratuidad de la
enseñanza. Por tanto, durante los primeros años de aplicación del sistema
de financiación de las comunidades autónomas, en el período que se llamó
transitorio y durante el primer quinquenio en el que se fijó la
financiación de acuerdo con lo dispuesto en la LOFCA, las subvenciones a
la gratuidad de la enseñanza se remitían a las distintas comunidades
autónomas, fuera de lo que es la financiación normal que estas
comunidades venían recibiendo. Pero, a partir del acuerdo de 1992, las
comunidades autónomas y la Administración del Estado decidieron incluir
estas subvenciones dentro de la participación en los ingresos del Estado,
y esto de forma gradual. Por ello ésta es la variación que se recoge este
año cuando aparece la gratuidad de la enseñanza incluida en el porcentaje
de participación de las comunidades autónomas que tienen asumida
competencia en relación a la educación y, sin embargo, siguen apareciendo
como transferencias a las familias con respecto a aquellos territorios en
los que las comunidades autónomas no han asumido la competencia en
educación. Eso no impide que la política sobre esta cuestión siga siendo
una política de carácter general, si bien su remisión a las comunidades
autónomas se instrumenta de esta forma variada.
Hay una referencia en la página 35 a procesos electorales. No tengo en
este momento más datos, pero serán pagos efectuados a empresas, como
señala el informe, por procesos electorales ocurridos en 1993.
Respecto a los ingresos, me pregunta si efectivamente se produjeron los
ingresos por retenciones que anuncié en mi anterior comparecencia en esta
Comisión, ya que en aquellos momentos se estaban negociando y que era la
compensación entre las comunidades autónomas y la Administración del
Estado y que, efectivamente, se han producido. Ello permitió --como vimos
en aquel momento-- alcanzar las cifras de ingresos en el Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas que aparecían en las previsiones de
ingresos.
Con respecto al déficit de la Seguridad Social en 1993 --creo que es la
siguiente pregunta que me ha hecho; es una de las preguntas que
desbordaban un poco el contenido estricto de esta comparecencia--, le
señalaré que, con el primer avance de datos que se conocen, en 1993, el
déficit global del sistema de Seguridad Social --como les decía
anteriormente--, en términos de contabilidad nacional, ha alcanzado un
0,3 por ciento. Este déficit está integrado por dos componentes: por un
lado, un déficit
en la Seguridad Social de un 1 por ciento y un superávit en el INEM de un
0,7 por ciento.
Anteriormente se refirió a la aparición de esta figura de superávit en el
INEM y a si el INEM había tenido un superávit de tesorería en 1993. Como
he olvidado aclarárselo en mi contestación anterior, se lo explico ahora,
pues pienso que es aquí donde encaja. Como hemos dicho en las
explicaciones de hoy y en otras ocasiones, durante 1993 se han dotado
unos créditos extraordinarios para financiar en el INEM los déficits o
los mayores gastos que tuvieron lugar en el INEM en 1991 y en 1992. Esos
gastos, sin embargo, habían sido financiados en su momento, con lo cual
el INEM, cuando recibe esta nueva transferencia, cuando recibe estos
créditos, tiene un superávit en sus cuentas. Este superávit se compensa
en todo el sistema de financiación, en todo el sistema de Seguridad
Social con el déficit de la Seguridad Social, porque en años anteriores
esos gastos del INEM se financiaron por el sistema de la Seguridad
Social. Por tanto, no hay un superávit de caja en el INEM. En años
anteriores, estos gastos se pagaron directamente por la Seguridad Social
y ahora se devuelven estos gastos a la Seguridad Social y, en conjunto,
representa este déficit, en contabilidad nacional, un 0,3 por ciento,
como le he dicho anteriormente. Por consiguiente, en contabilidad
nacional, el Estado, Administraciones centrales, representan un déficit
de un 6,1 por ciento, que, unido al 1 por ciento que estimamos sea de las
Administraciones territoriales, nos determinará un 7,1 por ciento para
1993.
En cuanto a los ingresos de las retenciones de la Seguridad Social, en
1993 se ingresaron las retenciones correspondientes a 1991 y 1992, que
estaban sin ingresar, y también la de 1993. Yo creo que están contestadas
todas las preguntas del señor Arias-Salgado.
El señor Almunia me preguntaba, en primer lugar, sobre la estimación del
déficit en contabilidad nacional, que es esta cifra --que ya le he
explicado al señor Arias-Salgado-- total de un 7,1 por ciento, con el
detalle que también me he referido.
Después, tengo aquí anotado que me preguntaba S. S. por los aplazamientos
en 1993. En 1993, como he dicho en la explicación general, el número de
aplazamientos solicitados y concedidos se ha incrementado notablemente
con respecto a 1992. En principio, ha habido 348.000 solicitudes en 1993;
en 1992 se solicitaron unas 138.000; por tanto, ha habido un aumento de
solicitudes del 150 por ciento. De estas solicitudes se concedieron, en
1993, 246.000, mientras que en 1992 se habían concedido sólo 69.000, lo
que supone un incremento en concesiones del 254 por ciento. El importe
total de aplazamientos solicitado ha sido, en 1993, de 493.000 millones,
que, con referencia a los 324.000 habidos en 1992, supone un incremento
de un 51 por ciento. El importe de lo concedido en 1993 ha sido de
301.000 millones de aplazamientos, frente a 195.000 que se habían
concedido en 1992, lo que supone un 54 por ciento de aumento en el
importe de concesiones.
En cuanto al importe general o al plazo en que se recuperan o en que se
ingresan estas cantidades, en principio el esquema que se tiene es que el
51 por ciento se recauda al año siguiente, el 22 por ciento en el segundo
año y el 26 por ciento a partir del tercer año. Creo que he respondido
con ello a una de sus preguntas.
En las cifras que hemos visto sobre ingresos en 1993 ya se aprecia cómo
se ha realizado una labor importante de ingresos de esos aplazamientos, y
aparece un crecimiento muy importante de las cifras de ingresos de
recursos tributarios que corresponden no a los derechos reconocidos en
este año de 1993, sino derechos reconocidos en años anteriores.
Con respecto a las devoluciones del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, efectivamente, en 1993 --como hemos tenido ocasión de
ver en otras comparecencias-- se ha devuelto un importe total de 250.000
millones que correspondían a las devoluciones de 1991, que se devolvieron
en enero de 1993. Después, a 31 de diciembre, también se devolvieron
520.000 millones, que representa el 71 por ciento de las devoluciones del
Impuesto sobre la Renta correspondiente a 1992, que fueron presentadas en
1993. Estas cifras --como también hemos tenido ocasión de conocer-- se
han visto complementadas con las devoluciones que se han realizado,
dentro del plazo previsto en las normas, durante el mes de enero de 1994,
con lo cual, una vez concluido el plazo, se ha devuelto, de las
declaraciones presentadas en 1993, un total de un 93,2 por ciento, que
significa un importe de 683.000 millones. Creo que éstas eran las
cuestiones que me había planteado el señor Almunia.
El señor Homs me pregunta un dato muy concreto --que no lo tengo aquí, a
mano--: qué porcentaje significan en el déficit de 1993 las desviaciones
ocurridas en pensiones y en sanidad, que creo que era la pregunta. No
tengo aquí los datos, pero se los haré llegar.
Asimismo, me pregunta cuál es el peso previsible de las Administraciones
locales y autonómicas en el déficit de 1993. Ya he dicho --en relación
con la pregunta de otro señor Diputado-- que, en principio, en este
momento no tenemos todos los datos para evaluar cuál es la necesidad de
financiación de estas Administraciones territoriales en 1993. Suponemos
que van a actuar dentro de la senda que se había acordado con ellas y
que, por tanto, tendrán aproximadamente un déficit entre el 0,75 por
ciento y el 1 por ciento del PIB.
En cuanto a una tercera pregunta --que desborda un poco la estricta
materia de esta comparecencia--, me dice que si en estos momentos se está
examinando la posibilidad de establecer alguna medida tributaria que
colabore a estimular la contratación (son las palabras que ha utilizado
el señor Homs). Estamos ahora asistiendo a la aplicación de las medidas
tributarias que se regularon en las leyes de presupuestos y en la ley
financiera para 1994. Lógicamente, en la Secretaría de Estado de Hacienda
se vienen realizando todo tipo de estudios sobre los temas tributarios y
aún es pronto para señalar cuáles son las medidas que se puede pensar que
se van a poner en funcionamiento, más que para el año 1994, para 1995.
Todavía es pronto para hablar en esta dirección.
Por último, en cuanto a la contratación de la deuda
pública, no sé si hacía referencia a cuál es el importe de la
contratación de la deuda pública. (El señor Homs i Ferret: Decía que si
se están colocando las emisiones de deuda pública.)
En cuanto a si se están colocando las emisiones de deuda pública,
efectivamente, en términos generales, el Tesoro realizó unas colocaciones
importantes de deuda pública al finalizar el año. También se vienen
cumpliendo con normalidad los programas de emisiones de deuda pública
durante los meses de enero y febrero. Las previsiones son que las
condiciones generales de la economía española permiten, hasta estos
momentos, que la contratación de la deuda pública se pueda realizar, y de
hecho se vienen realizando, de acuerdo con los programas previstos sobre
esta cuestión y en algunos casos consiguiendo alguna rebaja de tipo de
una cierta importancia.
Adquiere una gran importancia, como hemos visto, el tema de la solicitud
de aplazamiento y, por tanto, la morosidad en el pago de impuestos. En
este sentido se vienen realizando acciones concretas, por parte de la
Agencia Estatal Tributaria, para combatir el fraude fiscal que pueda
aparecer a través de estos aplazamientos y fraccionamientos. Hemos
observado cómo en alguna parte los aplazamientos y fraccionamientos de
los contribuyentes constituyen un aspecto más de una actividad
fraudulenta con respecto al pago de los impuestos. Por tanto, también en
este caso existe un plan de inspección concreto por parte de la Agencia
Estatal Tributaria que incide en estos aspectos. El pago de los
aplazamientos y fraccionamientos no se considera como exclusivamente una
parte del proceso de recaudación, sino como una parte muy importante de
la gestión a través de la cual también aflora el fenómeno de déficit. Se
están haciendo inspecciones, con respecto a las garantías que se ofrecen
por los distintos contribuyentes, para obtener estos fraccionamientos y
aplazamiento a los posibles levantamientos de bienes, etcétera. Hay una
actuación concreta en este sentido, porque pensamos que, efectivamente,
una parte importante del fraude puede estar apareciendo a través de este
fenómeno de los aplazamientos y fraccionamientos.
Creo que éstas son todas las preguntas que me ha hecho el señor Homs.
A continuación el señor Ríos se refiere, en principio, a una serie de
cuestiones generales sobre las previsiones iniciales que se tenían, tanto
económicas como presupuestarias para 1993. Entiendo también que me
preguntaba cómo han derivado estas previsiones en los resultados que hoy
se presentan aquí.
Tengo que decirle que, en gran parte --y éste es el objeto de nuestra
comparecencia--, hemos ido analizando globalmente y por cada uno de los
conceptos cómo se han ido produciendo esas alteraciones, entre las
previsiones que se tuvieron en el momento inicial entre los ingresos y
los gastos, cómo estas previsiones se corrigieron en el mes de septiembre
y cómo, finalmente, la ejecución del Presupuesto se ha configurado, en
gran parte, de acuerdo con estas previsiones que ya se habían avanzado en
septiembre de 1993.
Lo que sí puedo indicar, y ya lo hemos comentado también en otras
ocasiones en esta Comisión, es que en 1993 la realidad económica desbordó
considerablemente las previsiones que tenía el Gobierno sobre el
desenvolvimiento general de la economía y, en particular, sobre el
desenvolvimiento del Presupuesto. También hemos comentado en otra ocasión
en esta Comisión cómo este desbordamiento de las previsiones era algo que
no sólo ocurría en España con respecto a las previsiones del Gobierno,
sino que también había ocurrido en los gobiernos de otros países y que
también ha ocurrido con instituciones internacionales que hacen
previsiones económicas. Francia tuvo que modificar en el mes de mayo sus
previsiones presupuestarias y otros países, como Alemania, Italia,
etcétera, han visto también sus previsiones económicas o presupuestarias
variadas por la realidad a lo largo de 1993.
El final de estas preguntas se refería a cómo se va a financiar el
conjunto de las administraciones públicas. La financiación de este
déficit de las administraciones públicas lo hemos visto en el cuadro que
viene en el informe sobre financiación. Ahí hemos observado cómo la
financiación aparece en el año 1993 calificada por dos fenómenos: por un
lado, por la variación de una financiación a corto a una financiación a
medio y largo plazo, por la variación en el tipo de interés de la deuda,
que a principio de año estaba cercana al 13 por ciento y que al final del
año está por debajo del 8 por ciento, y después también cómo se encaja
este año la financiación, si en una financiación ortodoxa o de acuerdo
con los criterios de Maastricht, de tal forma que se sustituye una
financiación, mediante estos instrumentos normales de financiación, por
la financiación anterior que había con cargo a los recursos del Banco de
España. Yo creo que ésas son las características generales. No sé si el
señor Ríos se refiere a alguna concreción más específica que, en todo
caso, aparece recogida en el informe o a estas características más
generales de la financiación del conjunto de las administraciones
públicas en 1993.
Aquí yo creo que la conclusión fundamental --y se lo decía antes al señor
Arias-Salgado-- es que hemos pasado de un endeudamiento que teníamos en
1992 de un poco más del 47 por ciento con respecto al PIB (el 55,5 por
ciento de endeudamiento en 1993) al 58 y 60 por ciento que estaremos en
1994. Esto nos va a llevar --y con esto enlazo con la siguiente pregunta
que hacía el señor Ríos-- a establecer un plan importante para todas las
administraciones de control del déficit público y, por tanto, de
reducción del gasto público que permita tener los criterios de Maastricht
en torno al volumen de este déficit público y también a la financiación
del déficit público. Como lo ponía de manifiesto ayer el Ministro de
Economía y Hacienda, en estos momentos se está trabajando en el
Ministerio de Economía y Hacienda en la confección de unos planes para el
control del déficit público y de reducción del gasto público de tal forma
que, partiendo de un déficit que hemos visto para 1993 para todas las
administraciones públicas que va a alcanzar la cifra de un 7,1 por ciento
con respecto al PIB, podamos alcanzar en
1993 la cifra del 3 por ciento que señala el criterio recogido en el
Tratado de Maastricht. En este sentido se va a realizar un plan para los
presupuestos de la Administración central y tambien se van a redoblar las
actuaciones con respecto a las comunidades autónomas y a las
corporaciones locales para la consecución de este objetivo, que, como
bien saben SS. SS., es un objetivo que afecta a todas las
administraciones públicas españolas.
Me hacía una pregunta el señor Ríos con respecto a si estaban igualados
los remanentes de gastos con los de ingresos. No sé si ésa era la
pregunta. Señalaba cómo no coincidían exactamente. Yo creo que no tienen
por qué coincidir, porque, con respecto a gastos, lo que se recoge es que
todos los años se pagan, y aquí estamos viendo la gestión presupuestaria
en términos de caja de un ejercicio. En el de 1993 se pagan obligaciones
que habían sido reconocidas en 1992. Eso parece que está recogido en el
cuadro que aparece en la página 14, con respecto a los ingresos, y
también aparece recogido con respecto a los gastos en el cuadro que
aparece en la página 99.
Cuando estamos viendo la gestión del presupuesto en términos de caja, en
uno y en otro caso, en derecho reconocido en 1993, según el cuadro de la
página 14, hay una recaudación de 373.000 millones, que corresponden a
derechos reconocidos en el ejercicio anterior. Si observamos el ejercicio
1992, donde sólo recaudaron 120.000 millones, aparece el fenómeno que le
señalaba antes el señor Almunia de la importante labor que se está
haciendo en 1993 para el cobro de los aplazamientos y fraccionamientos de
pagos. Crece en un 209 por ciento la recaudación de derechos reconocidos
en ejercicios anteriores.
Por otro lado, en el cuadro de la página 29 podemos ver qué parte de los
pagos que se realizan en 1993 se corresponden con obligaciones
reconocidas en 1992. En este caso se trata de un billón 109.000 millones.
Pero no hay correspondencia entre una y otra cifra.
Me pregunta las causas por las que decae la recaudación en el Impuesto
sobre Sociedades. He tenido ocasión de explicar antes en la exposición
general de la gestión presupuestaria y en otras comparecencias ante esta
Comisión cómo la causa fundamental de la baja recaudación en el Impuesto
sobre Sociedades tiene que ver con la caída que experimentan los
beneficios de las sociedades. El Impuesto sobre Sociedades es un impuesto
sobre los beneficios de estas sociedades. Por tanto, si el beneficio cae,
las estimaciones de las caídas del beneficio en el año 1992, al que
corresponde el impuesto recaudado en 1993, se estima en un 15 por ciento.
Esa es la causa de la caída de la recaudación en 1993 del Impuesto sobre
Sociedades.
También en el Impuesto sobre el Valor Añadido, la causa fundamental de la
caída de su recaudación en principio es por un menor consumo, aunque en
la recaudación del IVA ya hemos visto cómo indicen también otros
fenómenos, especialmente el fenómeno por el cual varían los
procedimientos a través de los cuales se recauda el impuesto en las
importaciones. Hemos pasado de un sistema donde en el año 1992 el tráfico
intracomunitario era considerado como importaciones y se recaudaba el
ingreso al paso de las mercancías por las aduanas y en 1993 este tráfico
tiene un procedimiento especial de recaudación, que es nuevo, es un
tráfico intracomunitario. Aparece como una operación interior, no pagan
al paso por las aduanas, sino que el importador compensa las posibles
devoluciones o hace los ingresos en los plazos normales de las
importaciones. Por tanto, las importaciones aparecen en la cifra de IVA
por operaciones.
El señor Ríos preguntaba fundamentalmente por el posible fraude que haya
podido emerger en 1993 con respecto a la desaparición, me imagino, de ese
control que se realiza en las fronteras. Efectivamente, hemos estado
atentos en 1993 a las operaciones de importación. Por un lado, hemos
estado vigilando las obligaciones de información que las empresas
importadoras deben realizar a la Administración tributaria. Ya saben que,
aunque no tengan que presentar declaraciones tributarias por las
importaciones que se realizan, sí deben hacer una información de estas
importaciones a efectos estadísticos y a efectos de control europeo.
Hemos estado vigilando el cumplimiento de las obligaciones formales de
estas empresas de informar sobre sus importaciones. Hemos controlado
también el sistema europeo puesto en vigor en 1993 para cruzar los datos
de las exportaciones de cada uno de los países con las importaciones, en
este caso en España, y hemos estado atentos a este fenómeno. De todas
formas, hemos realizado un plan especial de inspección de cumplimiento de
las obligaciones formales. Pensamos que el fraude no es de la naturaleza
que se había pensado al principio que podría ser, pero, por otro lado,
tampoco se descarta que la desaparición de estos controles inmediatos
haya producido la aparición de algún tipo de fraude en relación con estas
importanciones.
Solicita información sobre las modificaciones presupuestarias del 2,3 por
ciento. La mayoría de ellas aparecen recogidas en el informe donde se
detallan cuáles son los créditos extraordinarios que se han dotado y
cuáles son los remanentes donde se han utilizado. Aparece dónde están
estas modificaciones en los casos de incorporciones, aparece una
información exhaustiva por capítulos, y después aparece también, al final
del libro, una información exhaustiva por funciones. El señor Ríos
pregunta por una información por secciones presupuestarias, que en este
momento no tengo aquí, pero creo que con la información que tenemos nos
podemos hacer una idea importante sobre esta cuestión.
Después me hace una pregunta que creo que es muy importante. Me habla de
los créditos no utilizados y me pregunta por ellos. En el año 1993 el
porcentaje de realización, el reconocimiento de obligaciones con respecto
a los créditos finales es un porcentaje del 97,1 por ciento. Este
porcentaje es el más alto de reconocimiento de obligaciones que se ha
dado en los últimos años de gestión presupuestaria. Este índice
normalmente suele estar alrededor del 93 ó 94 por ciento.
También aquí hay una diferencia, y ya se la avanzo, entre los datos que
habíamos adelantado del déficit del Estado en contabilidad nacional, que,
si recuerdan bien,
en las previsiones que se habían avanzado el déficit del Estado era un
6,2 por ciento, la diferencia entre este 6,2 por ciento y el 5,8 por
ciento que finalmente ha resultado es precisamente la diferencia en el
porcentaje de reconocimiento de obligaciones. El avance de liquidación
del presupuesto que se hizo al presentar el presupuesto de 1994, el
porcentaje de reconocimiento de obligaciones que se utilizaba era el 98
por ciento, y, como le digo, finalmente ha sido sólo el 97,1 por ciento.
El señor Ríos hace una consideración, más que una pregunta, en donde
señala que le choca el incremento de inversiones en Defensa, pero no me
pregunta nada. Simplemente hace una consideración y, por tanto, no tengo
nada que responderle.
Paso entonces a las cuestiones que planteaba el señor González Lizondo.
Me hablaba del porcentaje de devolución en 1993 de 1992, que es la
respuesta que antes le había dado al señor Almunia.
Después me habla de las transferencias a las corporaciones locales y
variación respecto a 1992. No tengo aquí exactamente este dato a mano; le
enviaré, si es posible, la variación que ha habido en las transferencias
a las corporaciones locales en 1992, 1993. Hemos visto al principio de
1993 cómo entre los créditos extraordinarios que se habían aprobado
durante el ejercicio figuraba uno para pagar la liquidación de
corporaciones locales de ejercicios anteriores, que en realidad habían
sido pagados mediante una operación de tesorería, una vez que el proyecto
de ley había sido informado por el Consejo de Estado, pero el crédito
extraordinario no se aprobó por las Cortes Generales hasta 1993. Como le
digo, señor González Lizondo, le haré llegar las cifras que me pide, que
son la comparación entre las transferencias a corporaciones locales entre
1992 y 1993.
Tampoco tengo datos aquí de los impagos de créditos a terceros países. Me
imagino que se referirá a los créditos FAD, pero no tengo aquí en estos
momentos los datos, porque son muy concretos, pero se los puedo hacer
llegar también. No creo que haya impagos de créditos, pero los datos que
haya sobre los pagos de 1993 se los haré llegar.
Por último hace una consideración general sobre la posibilidad, entiendo,
de alcanzar los objetivos de Maastricht, especialmente, me imagino, los
objetivos presupuestarios, puesto que estamos en una comparecencia en
relación al presupuesto.
Le he dicho anteriormente que, como es lógico, la consecución de los
objetivos de Maastricht (en razón a los dos aspectos que inciden en el
ámbito presupuestario, que son: alcanzar el criterio de déficit, por un
lado, y, por otro, alcanzar el criterio de endeudamiento) es una
preocupación y un objetivo constante del Gobierno. Ya en el presupuesto
de 1993 se contenían medidas importantes encaminadas al control del gasto
y, por tanto, a la reducción del déficit para 1994 y, como bien saben SS.
SS., se ha presentado un presupuesto que reduce el déficit a un 5,7 por
ciento y he avanzado también cómo se están preparando en estos momentos
en el Ministerio unos escenarios presupuestarios para que la actividad
presupuestaria durante los años 1994, 1995 y 1996 permita alcanzar el
objetivo de Maastricht en estos dos aspectos: acercarnos al objetivo de
tener un déficit global para todas las administraciones públicas del 3
por ciento y que nuestro endeudamiento no supere el 60 por ciento del
PIB.
El señor PRESIDENTE: Iniciamos el turno de intervenciones de los Grupos.
En primer lugar por el Grupo Parlamentario Popular, el señor
Arias-Salgado tiene la palabra.
El señor ARIAS-SALGADO MONTALVO: Muchas gracias, señor Secretario de
Estado, por las contestaciones y por la información que nos ha
suministrado, complementaria a la del informe remitido a esta Comisión.
Desde una perspectiva general, señor Secretario de Estado, diría que éste
ha sido un muy mal año presupuestario; creo que esa opinión sería
coincidente, pero de la lectura de un informe técnico y aséptico no
siempre se puede deducir con facilidad la gravedad de la situación
económica en la que vive el país. Es verdad que estos presupuestos, se
puede afirmar, son reflejo de la crisis económica por la que atraviesa
España, pero no es menos cierto también que la mala gestión
presupuestaria o la configuración de unos presupuestos poco acordes con
la situación han contribuido a su vez a agravar la crisis económica.
Resulta curioso que en una sesión en la que se hace un balance global
sobre la ejecución presupuestaria, prácticamente las cifras iniciales del
presupuesto aprobadas por esta Cámara se pierden en el túnel del tiempo y
la casi totalidad de la exposición y del informe termina por centrarse en
la revisión de las cifras iniciales que hace el Gobierno en septiembre
del año 1993 con motivo de la presentación del proyecto de presupuestos
del año 1994, con el fin, a efectos dialécticos, de que la situación
parezca menos grave de lo que es, pero, en términos rigurosos, es preciso
referirse permanentemente a las cifras iniciales, a las cifras que
aprueba esta Cámara y a las cifras finales, porque solamente de esa
manera se tiene clara conciencia y conocimiento más riguroso de lo que
está ocurriendo en la economía del país.
Los elementos esenciales para valorar el proceso presupuestario podrían
ser los siguientes, a mi juicio: en el ámbito de los ingresos, las
previsiones de recaudación; en el ámbito de los gastos, las
modificaciones presupuestarias realizadas en el transcurso del ejercicio,
y en el ámbito de lo que podríamos denominar la cuenta de resultados, la
situación del déficit. Del análisis de estos tres planos se podrían
obtener dos conclusiones iniciales: el Gobierno y la mayoría que lo apoya
--porque realmente existe, como es lógico, una corresponsabilidad entre
el Gobierno y la mayoría con la cual el Gobierno saca adelante los
presupuestos-- han hecho una mala presupuestación, hasta el punto de que
las desviaciones puede decirse que baten algunos récords históricos.
De otro lado, cabe decir que, por muchos esfuerzos de buena voluntad que
se hagan, resulta cada vez más difícil
creer en los presupuestos del Gobierno, y hay por ello una pérdida de
credibilidad. Yo me remitiría desde esa perspectiva al efecto producido
por los presupuestos que acabamos de aprobar para el ejercicio de 1994,
que no han sido capaces de incidir positivamente en las expectativas de
los agentes económicos y, por consiguiente, no han sido un instrumento
positivo en esta situación de crisis donde el Gobierno tiene la principal
responsabilidad a la hora de afrontarla.
En relación con el déficit, señor Secretario de Estado, mantienen,
medidos en términos de contabilidad nacional, el 7,1 por ciento. Yo me
permito dudar de esa cifra final teniendo en cuenta que la OCDE en su
reciente informe --informe que hay que insistir una y otra vez en que se
hace, en cierto modo, en colaboración con el propio Gobierno-- mantiene
esta cifra de déficit para el año 1994, asumiendo que va a haber un
cierto esfuerzo de reducción o un intento de reducción del déficit por
parte del Gobierno durante el ejercicio de 1994, algo que habrá de
demostrarse en el transcurso del ejercicio. Cálculos solventes, teniendo
en cuenta el conjunto de circunstancias, aproximan el déficit más hacia
el 8 por ciento del producto interior bruto que hacia el 7,1, que es la
cifra con la que se ha comprometido el señor Secretario de Estado en esta
sesión. Ello se pone en el fondo de relieve si se analizan otras
dimensiones del presupuesto. Aquí habría que introducir, a efectos de
dialéctica parlamentaria, no tanto a efectos técnicos, lo que podríamos
denominar déficit formal y déficit real. Porque si se analiza la
necesidad de endeudamiento y aceptada la cuantía que figura en el informe
de 4.320.000 millones, que equivale a un 79,1 por ciento más que en 1992,
hay, sin embargo, en esa necesidad de endeudamiento dos renglones que
suponen en el fondo un mayor déficit real; suponen, desde una cierta
perspectiva, el manejar la contabilidad para que no aflore en cifras
formales un déficit mayor.
La llamada concesión neta de préstamos, como los 140.300 millones que se
dan a la Seguridad Social para la cancelación de deudas del Insalud, es
en el fondo una forma de demorar la afloración de déficit, porque parece
difícil que el Insalud pueda llegar nunca a devolver esos préstamos. Por
consiguiente, es en el fondo una forma de financiación que figura como
activo financiero que en términos reales no lo es.
Algo parecido podría decirse de los 70.200 millones que se presupuestan
para incrementar la cartera de títulos-valores, bien sea para acudir a
ampliaciones de capital o para otras operaciones semejantes. Muchas o al
menos algunas de estas ampliaciones de capital que suscribe el Estado son
en el fondo subvenciones para empresas en pérdida, con lo cual de alguna
manera se contabilizan bajo una cierta perspectiva, pero encubren un
déficit real mayor.
Algo parecido podría decirse en relación con la financiación de la
necesidad de endeudamiento. Y vaya por delante que hay un rasgo positivo
en el ejercicio presupuestario correspondiente al año 1993, y es la
cancelación de la financiación privilegiada, es decir, de la deuda con el
Banco de España, y, por tanto, la iniciación de un camino de financiación
ortodoxa en aplicación del Tratado de Maastricht. Ello es sin duda un
rasgo positivo. Naturalmente, al lado de este rasgo positivo hay un rasgo
negativo también de una extraordinaria importancia para el conjunto de la
economía española: es el fuerte incremento de la deuda pública en
circulación consecuencia del fuerte déficit, es decir, del agravamiento
del déficit.
La fuente principal de financiación, el 91,5 por ciento, es la deuda
interior negociable a medio y largo plazo, que viene a aumentar, señor
Secretario de Estado, el 256,3 por ciento. Eso es reflejo, naturalmente,
de un ejercicio presupuestario que se hace más bien al margen de la
crisis y no para corregirla. Por eso decía en mis primeras palabras que
el presupuesto contribuye en algunas de sus dimensiones a agravar la
crisis y no para combatir la crisis.
Si pasamos a los gastos no financieros y analizamos las modificaciones
presupuestarias, veremos que aquí la gestión presupuestaria no permite
otro calificativo más que el de pésima, señor Secretario de Estado. El
hecho de que haya saltado el límite del tres por ciento, de que haya
habido que derogar la Ley de Presupuestos Generales del Estado mediante
Decreto-ley porque se han sobrepasado esos límites legales, implica una
gestión presupuestaria extraordinariamente deficiente.
Pero si se analiza cómo se desglosan esas modificaciones presupuestarias,
veremos cómo emerge, efectivamente, una mala gestión presupuestaria. En
créditos extraordinarios y suplementos de crédito ha habido un billón
291.200 millones de pesetas. Es una tasa de variación sobre el año 1992
del 463,4 por ciento.
Naturalmente, cabría remitir a efectos dialécticos esta tasa de variación
al crecimiento del desempleo, pero no es así. No es que el crecimiento de
las prestaciones de desempleo no sea muy importante, pero a través de
créditos extraordinarios y suplementos de crédito solamente ascienden a
916.000 millones los conferidos al Inem, sobre un total de dos billones
319.000 millones.
Hay que tener en cuenta también --y de ahí una gestión presupuestaria
deficiente-- las ampliaciones de crédito, que han ascendido en el año
1993 a 461.000 millones de pesetas, y las incorporaciones de créditos a
las que se ha hecho referencia, pero sin poner énfasis suficiente en la
cantidad que significan y que han ascendido a 514.400 millones de
pesetas.
Estas cifras ponen de relieve que es absolutamente imprescindible una Ley
general presupuestaria que de verdad imponga unos límites mucho más
rigurosos al ejercicio presupuestario anual y, por consiguiente, a las
leyes anuales de presupuestos. Porque, a través de estas técnicas que se
utilizan al amparo de la necesaria flexibilidad presupuestaria, lo que se
hace es incrementar un agujero cada vez mayor que termina, como es
lógico, por incrementar el volumen de déficit y por perjudicar la
situación económica.
Pero ejemplos de mala presupuestación se dan también en renglones en los
que no deberían producirse unas desviaciones tan graves como las que se
han producido. En gastos de bienes y servicios es muy difícil justificar
una desviación de 113.200 millones de pesetas sobre los créditos
inicialmente aprobados por este Parlamento.
Un 35 por ciento de desviación sobre los créditos iniciales en gastos en
bienes y servicios parece, efectivamente, excesivo y ejemplo de mala
presupuestación o de mala gestión presupuestaria.
Algo parecido cabe decir en relación con las transferencias corrientes.
En créditos iniciales, 7 billones 800.000 millones; créditos finales, 9
billones 378.000 millones, que es un 20,2 por ciento de variación.
También ahí necesariamente hay que aceptar unas desviaciones
presupuestarias ejemplo de mala presupuestación o de mala gestión
presupuestaria.
Finalmente, en relación con los ingresos, señor Secretario de Estado,
querría hacer dos consideraciones, y con ello concluyo.
Los presupuestos de 1993 que hemos analizado en su ejecución hoy se
elaboraron partiendo de una valoración equivocada de la situación
económica. Naturalmente, los resultados finales me eximen de cualquier
demostración, pero me importa llamar la atención, porque está ocurriendo
algo semejante en los momentos actuales. Yo creo que hay una equivocada
actitud en el Gobierno en transmitir a la opinión pública un falso
optimismo en un intento desesperado de crear un clima de mayor confianza
que favorezca la recuperación económica. Sinceramente, yo creo que es un
camino equivocado. No creo que desde un falso optimismo que tiene pocos
puntos de apoyo se pueda generar un clima de confianza y menos el
Gobierno. A mi juicio, un gobierno tiene posibilidades de generar un
clima de confianza desde el rigor. Ni optimismo ni pesimismo: desde el
rigor en el planteamiento presupuestario y desde el rigor en el
planteamiento de la política económica. Y cuando un gobierno asume con
rigor sus presupuestos y asume con rigor una política económica se
empiezan a dar las condiciones para crear un clima de confianza que
permite un proceso de recuperación.
Una segunda consideración. Al menos debería el Gobierno aceptar que
gracias a los ingresos extraordinarios, particularmente beneficios del
Banco de España y, en menor medida, los ingresos procedentes de
privatizaciones, han podido presentar una situación menos mala. Habría
que decir que los beneficios del Banco de España al Gobierno le ha venido
Dios a ver, utilizando un lenguaje coloquial, porque, si no hubiera sido
por esos ingresos extraordinarios, nos habríamos encontrado con un
déficit de 4 billones 426.000 millones de pesetas, lo cual refleja
realmente la situación económica y permite un análisis más riguroso.
Contar con unos ingresos extraordinarios es lógico desde una perspectiva
técnica, naturalmente, para presentar las cifras finales, pero para
analizar la realidad de una situación económica y la realidad de un
ejercicio presupuestario esos ingresos extraordinarios permiten,
particularmente a efectos dialécticos, ser descontados.
En todo caso, en el ámbito de los ingresos hay que poner de relieve una
fuerte caída de los ingresos sobre las previsiones iniciales, lo que no
es sino una vez más el reflejo de una situación de recesión, de una
situación de crisis económica grave. Con ello concluyo, señor Presidente.
Hemos aprobado muy recientemente unos presupuestos para 1994. La
situación es tan negativa y al mismo tiempo tan fluida (habría que decir
tan negativamente fluida) que el señor Ministro de Economía cambia con
una cierta regularidad las previsiones que sirvieron para elaborar los
Presupuestos de 1994. Yo no puedo dejar de llamar la atención sobre que
recientemente se ha revisado la tasa de inversión, la formación bruta de
capital fijo, y que en el cuadro macroeconómico que presenta el Gobierno
para los Presupuestos de 1994 se da una cifra de crecimiento del 1,6 por
ciento. El Ministerio de Economía acaba de rebajar esa previsión al 0,8
y, sin embargo, mantiene la tasa de crecimiento del PIB en el 1,3. Yo
creo que ya empiezan los desajustes. Es difícil mantener, por una parte,
que no va a crecer, de acuerdo con lo previsto, la inversión, y que, sin
embargo, se mantiene la tasa de crecimiento del producto interior bruto.
Realmente, por este camino van a empezar pronto los desajustes, señor
Secretario de Estado, y no querría acertar en mis previsiones porque
acertar en ellas significaría que marcha mal la economía del país, pero
me temo que en el primer trimestre, cuando analicemos la liquidación del
Presupuesto que hemos aprobado, vamos a empezar a encontrar un proceso
presupuestario si no tan grave, al menos tan igualmente negativo como el
del año 1993.
El señor PRESIDENTE: El señor Ríos tiene la palabra.
El señor RIOS MARTINEZ: La verdad es que la liquidación del Presupuesto
de 1993 viene a demostrar que el Gobierno ha carecido de una política
presupuestaria ajustada y es más, creemos que la voluntad de presupuestar
por programas no sólo no se ha cumplido, sino que ha sido un fracaso
tanto en la previsión y en la gestión como en la liquidación del propio
Presupuesto.
El fracaso de una política presupuestaria no es el fracaso de una
política de gestión técnica. Es el fracaso de la política del Gobierno y
el fracaso de las políticas que cada una de las secciones del Gobierno se
ha planteado, pero es que además este Presupuesto iba encuadrado en dos
grandes marcos: Uno, una política de austeridad por parte del Gobierno
marcada en el año 1993 inclusive para el proceso electoral, austeridad
que no se ajusta a lo que es la propia liquidación del Presupuesto. Y no
se ajusta a la previsión del Presupuesto porque precisamente lo que pueda
significar el gasto en servicios de carácter general no sólo no se ha
reducido sobre el año 1992 sino que ha crecido. El volumen destinado a
gastos generales está situado en 370.000 millones de pesetas más que en
el año 1992. Han crecido los gastos generales, han crecido en la
ejecución del Presupuesto que ustedes nos liquidan los gastos de personal
y los gastos corrientes, por tanto, no se ha realizado esa austeridad
anunciada.
Y luego la credibilidad. La credibilidad viene a estar quebrada, puesto
que ese plan que el Gobierno marcó a las distintas administraciones,
aquel plan para ajustarse al nivel de convergencia, tanto en déficit
público como en
inflación, ese calendario que nos llevaba al 3 por ciento y que el
Secretario de Estado decía ahora que al final del año 1993 lo que
pudiéramos llamar la necesidad de financiación de las administraciones
públicas estaba situado en el 7,1 por ciento del PIB y que los parámetros
de Maastricht nos marcaban el 3 por ciento. Anunciaba el señor Secretario
de Estado que va a haber un plan de control del déficit público, un plan
de reducción del gasto público, un plan de financiación de ese gasto
público que nos va a llevar a esos parámetros. Yo creo que la
credibilidad del Gobierno del Estado no es un ejemplo para las demás
administraciones. Desde luego, si estuviéramos en comparación de
empresas, la situación de la Administración central del Estado no sé qué
calificación tendría. No sé si suspensión de pagos u otra calificación.
Lo cierto y verdad es que es una situación bastante deficiente.
En todo caso, yo creo que sería bueno plantearse, como lo han hecho otros
países a nivel del concierto europeo, a la vista de estos datos (tampoco
me ha respondido antes sobre la posibilidad de resituar el proceso de
España en la Unión Europea), la velocidad de ese proceso de Unión
Europea. Yo creo que la liquidación del Presupuesto de 1993 nos tiene que
hacer más realistas. Estamos viviendo en declaración de voluntad por
parte del Gobierno. No estamos siendo realistas en nuestra propia
actuación y en nuestra propia previsión. Sería bueno, para poder abordar
el Presupuesto del año 1994 con un nivel de mayor solvencia, plantearse
unos parámetros más realistas. Tenga en cuenta S. S. que en el recurso a
lo que es la modificación presupuestaria no sólo se han superado aquellas
previsiones iniciales que antes tenían del 3 por ciento, sino que hemos
crecido casi el 3.000 por ciento en créditos no previstos.
Por eso, me gustaría hacer unas consideraciones en tres vertientes sobre
la liquidación que se nos presenta: Una, es que hay una concentración. La
deuda interior que ha negociado el Gobierno en el año 1993 ha pasado de
1,6 billones en 1992 a 5,8 billones en el año 1993. Es verdad que esta
deuda es a largo y medio plazo. En todo caso es bueno trasladar la deuda
a corto, a medio y largo plazo, pero estamos proyectando en intereses de
esa deuda, sin seguridad, un déficit para todos los años futuros. No
sabemos qué año. A mí me gustaría, por ejemplo, conocer qué años tenemos
en esos 5,8 billones de pesetas, en lo que llama medio y largo plazo.
Cuál es el frontal de esa amortización y liquidación.
En cuanto a la política de ingresos, en realidad, la liquidación sólo
manifiesta un grado de cumplimiento, menos de lo que ha sido la
inflación, en el IRPF. Yo creo que tanto en lo que son impuestos directos
como en lo que son impuestos indirectos tenemos necesidad de una gestión
bastante mejor. Me gustaría conocer qué medidas hay para mejorar esa
recaudación, porque yo no soy de los que piensan que hemos gestionado
todo lo que podíamos gestionar en ingresos. Yo creo que no se ha hecho
una política diligente en política de ingresos y me gustaría conocer si
el Gobierno está trabajando en figuras impositivas que faciliten mayores
ingresos para parte del Estado, porque si no hay más ingresos y seguimos
con esta velocidad de gastos, tendremos que echar mano del recurso de la
deuda para poder pagar la evolución que tenemos a nivel de gasto. La
liquidación dice que los ingresos patrimoniales se deben fundamentalmente
--esos 600 millones de pesetas de alza-- a lo que han sido los beneficios
del banco emisor. Yo no sé si es fundamentalmente o exclusivamente. Si
hay otro tipo de ingresos patrimoniales, me gustaría conocerlos.
En cuanto a lo que ha sido la evolución de transferencias corrientes, la
verdad es que las transferencias corrientes que nos liquidan en la página
38 vienen a significar un incremento altísimo, una tasa de variación de
casi el 85 por ciento en organismos autónomos administrativos, y una
reducción en lo que pudiéramos llamar familias e instituciones sin ánimo
de lucro, una reducción de gasto corriente y, por tanto, de
funcionamiento. Sin embargo, la evolución de las transferencias de
capital no anda igual. En la liquidación de las transferencias de capital
de la página 40 hay un incremento de las mismas a familias e
instituciones sin ánimo de lucro y se da una reducción altísima a las
comunidades autónomas en lo que es el Fondo de Cooperación
Interterritorial, que es la capacidad de inversión. Es verdad que esto
obedece a lo que es el Acuerdo de financiación de las Comunidades, donde
ha habido una evolución mayor hacia el gasto corriente que hacia lo que
es la transferencia finalista, por así decirlo.
Por último, en lo que es el funcionamiento del gasto, la clasificación
funcional de la página 42, en un año en el que ha crecido el desempleo,
en el que han crecido parcelas de situación difícil para la sociedad, nos
choca precisamente lo que el Estado ha gastado, puesto que en seguridad,
protección y promoción social el gasto se ha reducido si lo comparamos
con los créditos iniciales de 1992 y de 1993. Han crecido los créditos en
Defensa en el mismo porcentaje en que ha decrecido el de seguridad y
promoción social y lo que podríamos llamar gasto de servicios de carácter
general. Según esta liquidación funcional la tasa de variación es de 6,8
en lo que es gasto general. Si es posible, me gustaría --no sé cuál es la
evolución de estas transferencias internas-- conocer esta evolución tan
alta, el 28,7 de la tasa de variación, si comparamos el cuadro número 3
con el número 1 y si comparamos el cuadro número 4, que se refiere a las
obligaciones reconocidas en el año 1993 respecto de las reconocidas en el
año 1992 y que suponen el 32,9 por ciento. Esas transferencias internas y
esa evolución, tanto en lo que fue previsiones como en lo que es
obligación reconocida, no sabemos a qué se debe y cómo ha evolucionado.
Por último, tengo que lamentar que la liquidación presupuestaria esté
llevando a lo que yo llamaba en un principio --el señor Secretario de
Estado ha dicho que era más bien una opinión que una demanda de
información, es verdad--, las razones de por qué se ha provocado, y que
me habría gustado conocer. Al comparar la liquidación presupuestaria con
lo que ha sido la liquidación de otros años, vemos que mientras otras
políticas han crecido, la política de educación infantil y primaria con
relación al año 1992 se ha reducido. Mientras en el año 1992 se
invirtió en educación primaria e infantil 412.000 millones, este año se
han invertido 332.000, lo que supone una reducción bastante importante.
En educación secundaria ocurre igual y esto choca cuando estamos en una
etapa de desarrollo de la Logse, el desarrollo de todo el sistema nuevo a
nivel de educación. Pero igual puede pasar con otras partidas.
Por último me referiré a la gestión. La gestión no diría yo que no ha
sido brillante en la liquidación presupuestaria, en todo caso, no se
puede culpar a esta Cámara. El año 1992 gastamos en dirección y servicios
generales de Economía y Hacienda 16.000 millones de pesetas, este año el
gasto ha subido a 52.000 millones. Hemos gastado más en servicios
generales de Hacienda pero ustedes han gestionado peor. Algo falla y no
se soluciona con más madera, con más personal o con más administración.
Me imagino que esto obedecerá a una relación distinta y nueva.
Yo no creo que en los presupuestos esté proyectándose la situación de
crisis. Yo creo que hay una dejación del Gobierno en lo que significa,
desde la política presupuestaria, incidir para salir de la crisis. Lo que
está fracasando es la idea política de que los presupuestos deben
limitarse a la Administración pública y a los servicios públicos y no
incidir en la realidad productiva. En realidad lo que está significando
ese fracaso es que la crisis se proyecta también en la crisis de gestión
presupuestaria, y este volumen no lo vamos a poder mantener para los
próximos ejercicios. En todo caso, en el devenir del año 1994 lo vamos a
poder ver en función de las comparecencias o de la gestión temporal. Dice
el Presidente del Gobierno que se divisa ya, que otea una recuperación;
espero que esa recuperación también sea para la política presupuestaria.
Desde luego para la política social y económica no está siéndolo porque
están creciendo las situaciones de desempleo y las situaciones de empleo
precario en este país. En todo caso, esperemos a la liquidación y
entonces hablaremos.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: La verdad es que nuestro Grupo Parlamentario,
sobre esta liquidación del Presupuesto de 1993, tiene que constatar que
el balance que nos ofrece el Presupuesto ejecutado del año 1993 es
negativo. No vale la pena que utilicemos muchos esfuerzos en razonar y
justificar esta situación. Es evidente que es un balance negativo. El año
1993 ha sido un mal año, lo ha sido para toda la economía española y,
como no podía ser de otra forma, en el Presupuesto de 1993 se refleja esa
crisis económica que nuestro país tiene.
Son unos presupuestos --quiero dejar constancia de ello y hacer recordar
a algún portavoz que me ha precedido-- que no aprobó mi Grupo
Parlamentario. Por lo tanto, no estuvimos, en el momento de la
elaboración, participando en la redacción de estos presupuestos de los
que hoy consideramos su liquidación. Por consiguiente, tengo que decir
que no compartimos en su momento la aprobación y el contenido de esos
presupuestos y no compartimos la liquidación, por supuesto. Ahora bien,
comprendemos por qué ese presupuesto refleja la situación que refleja. No
deseamos, sin duda, que este balance negativo del año 1993 se mantenga o
pueda ser el que pueda ofrecer este año 1994 o los años siguientes.
Estamos francamente preocupados por la situación del déficit público,
creo --como he dicho anteriormente-- que es una de las magnitudes a las
que tendremos que prestar más atención en los próximos dos o tres años,
porque ahí estará la clave de la consolidación de una posible
recuperación de la economía española.
También tengo que decirle al señor Secretario de Estado que cuando asumió
su responsabilidad, esos presupuestos ya estaban aprobados y llegó a la
responsabilidad que está administrando cuando ya prácticamente estaban
incluso bastante gastados. Por lo tanto, mi Grupo Parlamentario no quiere
utilizar más tiempo en profundizar sobre las causas, las razones y los
análisis sobre la gestión. Este es un mal balance, la liquidación del año
1993 ofrece una mala perspectiva, no estamos nada satisfechos de este
balance y de esa perspectiva que ofrece y lo que tenemos que decidir
ahora es lo que hay que hacer para evitar en los años siguientes que este
balance pueda mantenerse. No obstante, quiero recordar --y lo reitero--
que se hizo una mala previsión. Como mínimo queremos constatar que los
gestores que definieron este presupuesto hicieron una mala previsión. Yo
recuerdo que la elaboración de estos presupuestos se realizó pocos meses
después de terminar las Olimpiadas en Barcelona y la Expo de Sevilla. El
país estaba inmerso todavía en aquella euforia de un final de fiestas, de
unos eventos internacionales, y yo creo que en aquel contexto no se tuvo
el acierto de saber la situación real en que se encontraba el país,
cuáles eran nuestras posibilidades y la previsión presupuestaria se hizo,
quizá, con demasiada alegría. La realidad es que el castañazo ha llegado,
la realidad se ha impuesto, tenemos una crisis económica muy fuerte,
coyuntural y estructural, ambas superpuestas, y creo que a partir de
ahora hay que tomar mucho más en serio y con más rigor todo el ejercicio
de la política económica, para poder tomar las medidas que eviten en un
futuro evolucionar de la forma que evolucionamos.
Por otra parte, posiblemente no se podía hacer otra cosa que parar el
impacto de esa crisis en el presupuesto. ¿Es que no se tenían que pagar
las pensiones de paro que ha generado esa crisis? ¿Es que no se tenía que
hacer frente a las obligaciones que se han ido generando durante este año
de crisis? Probablemente no se podía hacer otra cosa. Eso explica algunos
de los créditos extraordinarios que se reflejan. Pero los problemas no
vienen del año 1993. Los problemas vienen de una política económica
inadecuada que se ha generado durante los años anteriores a 1993. Por
ello, nosotros, señor Secretario de Estado, queremos que en este año se
tomen unas primeras medidas de contención. El capítulo II, contención de
gastos corrientes, este año 1994 contiene una reducción de un 3,5 por
ciento, casi 50.000 millones. Sé que es una
decisión modesta, pero creo que se debería intensificar en los próximos
años.
Nuestro Grupo cree que deberíamos limitar más el gasto en el futuro y
creo que deberíamos sacar conclusiones de este debate de liquidación del
ejercicio de 1993 para poder tomar más medidas de control y de rigor en
el gasto público. Creo --y reitero-- que la preocupación por el déficit
debe ser, a partir de ahora, la principal preocupación del Gobierno,
puesto que si no consolidamos una recuperación de ese déficit,
difícilmente la economía podrá consolidar la superación de la crisis. Hay
que limitar más el gasto, hay que reformar las administraciones públicas,
hay que tomar medidas estructurales dentro de las administraciones
públicas para evitar el gasto, hay, señor Secretario de Estado, que
estimular el crecimiento económico. Discrepo de las medidas generales de
reducción de los impuestos y de los tributos porque en estos momentos no
se pueden asimilar estas medidas, pero sí se pueden asimilar medidas
selectivas, que vayan dirigidas a la única finalidad que deben perseguir
las medidas de rebaja de la tributación selectiva, que es estimular la
actividad económica que cree puestos de trabajo. También hay que fomentar
medidas que sean más efectivas para luchar contra la morosidad. No se ha
sido efectivo en la lucha contra la morosidad fiscal. Creo que hemos de
volver a poner este tema sobre la mesa, ser sensatos y ser eficaces en
esa acción. Yo creo que en estos momentos la crisis económica está
gravando todavía más una problemática no bien resuelta en nuestra
economía. Creo que hay que considerar también la privatización de
determinados activos y realizar, por parte del sector público, recursos
extraordinarios para hacer frente a esos gastos extraordinarios a que la
crisis nos lleva.
Estas son nuestras consideraciones en torno a ese balance del ejercicio
de 1993. Es un mal año, es un mal año presupuestario y es una mala
liquidación. No queremos entretenernos más en ello, queremos poner todo
nuestro acento en que a partir de ahora las conclusiones de este debate
de esa liquidación del año 1993 nos sirvan de ejemplo para no caer en los
mismos errores en el año 1994 y siguientes.
Quiero decir al Secretario de Estado que aprovechen las medidas de
reducción de los tipos de interés que se están adoptando. Es una buena
medida de política económica. La política monetaria ya no es la política
monetaria restrictiva de años anteriores. Ese es uno de los elementos más
sustantivos del cambio de la política económica que se está operando. No
es lo mismo una economía con unos tipos de interés como los que tenemos
en estos momentos, que los que teníamos hace un año y medio. Por tanto,
esa variación de la política monetaria va a revertir en el presupuesto
público de una forma muy importante. Sepamos aprovechar esa reducción de
gasto en 1994 y en 1995, y administremos bien esta posibilidad que nos da
ese cambio de política monetaria.
Creo, señor Presidente, que éstas son, en síntesis, nuestras
consideraciones, aunque deseo poner el acento, señor Secretario de
Estado, en que las conclusiones de ese balance nos sirvan, por lo menos,
para poder orientar un buen presupuesto para 1994 y, si puede ser, para
los siguientes años.
El señor PRESIDENTE: El señor González Lizondo tiene la palabra.
El señor GONZALEZ LIZONDO: Señor Presidente, señor Secretario de Estado,
yo comprendo que no sea usted el artífice de la liquidación de todo este
presupuesto, pero, lógicamente, gajes del oficio le obligan a estar ahí y
a aguantar las críticas que entendemos que son oportunas porque forma
usted parte de este Gobierno.
Anteriormente hemos hablado de lo que entiendo que nos aleja de
Maastricht al galope. Las medidas que se contemplaban en el año 1993 no
se cumplieron y se pasó de una previsión de déficit de 2,3 a 4 billones
de pesetas, con lo que, en el plano presupuestario, nos vamos alejando de
Maastricht mucho más rápidamente de lo que se pudiera pensar.
A la vista de la liquidación --y yo lo siento--, habría que decir aquello
de que no han acertado ni una, porque son todos y cada uno de los
componentes los que han tenido desviaciones en algunos puntos
verdaderamente importantes. Hay una cosa realmente curiosa, que puede ser
la causa de su llegada a esta Secretaría de Estado, y es que de la
desviación se enteran en septiembre, nueve meses después de que esté en
marcha el presupuesto. En cualquier empresa privada, naturalmente, la
gerencia hubiera durado 24 horas y, posiblemente, de ahí viene que
tengamos un nuevo Secretario de Estado, porque es inconcebible que se
tarden nueve meses en enterarse de que nos estamos desviando. ¡Así
funciona el país! ¿Que efectivamente hay una crisis a nivel mundial? Pues
sí, pero bastante menos. Yo, dentro de mi modestia, recorro bastantes
países y veo que los índices no son los nuestros y que se van superando
las crisis, y además bastante.
Dentro de la explicación de la liquidación, que la obtención de recursos
se cifre en más deuda, la verdad es que me desilusiona un poquito. Es
igual que decir que como no tengo, me dan más dinero, no importa que deba
más, ya veremos en qué forma llego al final... Que todo lo que se obtenga
sea a través de más deuda, la verdad es que no lo entiendo. Tampoco
entiendo que la plusvalía del Banco de España sea gracias a la
devaluación de la peseta. Devaluación que, por otra parte, nosotros hemos
aplaudido, pero que ya dijimos en su día que entendíamos que se tenía que
haber hecho con anterioridad y no obligados desde fuera, sino desde
dentro, lo que nos hubiera representado mucho más.
Sobre los descensos en ingresos, está claro. En cuanto al IVA, es verdad
que se vende menos al influir la nueva situación de la Comunidad
Económica Europea, con las importaciones, tiene usted razón, es un dato
además bastante importante. El Impuesto sobre Sociedades ha bajado;
lógicamente, hay menos beneficios al estar en crisis. El comercio
exterior también baja, pero baja y aumentan las importaciones porque no
somos competitivos. Yo no sé cuándo se van a dar cuenta de que --y soy
empresario-- hay que obligar al empresario a que reinvierta y hacerlo
con todas las consecuencias; pero al mismo tiempo hay que desgravar esa
inversión, no penalizarla como ahora. Yo creo que los empresarios, si se
nos obligara a todos a mantener unos niveles de inversión superiores a
los que autoriza ahora la Ley, firmaríamos todos. Pero la desgravación a
esa inversión tendría que ser una realidad que hoy en día no lo es puesto
que está penalizada.
En conjunto, la liquidación del presupuesto es mala. Ya he dicho que no
se le puede culpar a usted personalmente, pero tiene usted que aguantar
las críticas, porque, entre otras cosas, son ciertas.
En estos momentos no sólo tendríamos --como decía el señor Homs-- que
esperar. Ahora, más que esperar habría que rezar, para que sean ustedes
capaces --que, en definitiva, son los que tienen la obligación y las
posibilidades-- de poder enderezar esto que está muy torcido.
Naturalmente, la bajada de intereses es importante, pero si no se aplican
otras medidas, si no se ve definitivamente que hay que fomentar la
inversión y reducir el gasto corriente, yo creo que no vamos a parte
alguna.
No quiero hacerme pesado. Muchísimas gracias, señor Secretario de Estado,
por su comparecencia en esta Comisión.
El señor PRESIDENTE: El señor Secretario de Estado tiene la palabra. (El
señor Almunia pide la palabra.)
Perdón, señor Almunia. Tiene la palabra.
El señor ALMUNIA AMANN: Perdone, señor Presidente, que colabore con usted
en la organización de los debates, pero había pedido la palabra también
en este turno.
Coincido con valoraciones de anteriores portavoces de los distintos
grupos sobre que el resultado del déficit público es un mal resultado.
Creo que así opina también el Gobierno, el Secretario de Estado y
cualquiera que conozca la diferencia que hay entre las previsiones
iniciales del ejercicio, aprobadas por esta Cámara, mejor dicho, por la
Cámara existente en la legislatura anterior, y los resultados finales que
nos ha presentado hoy el señor Martínez Robles. Sin embargo, creo que
conviene decir que, desde que el Gobierno elaboró las previsiones de
liquidación, allá por el verano de 1993, y que fueron acompañando al
proyecto de presupuestos que debatimos aquí hace unos meses, en otoño,
esas previsiones de liquidación no han empeorado, la liquidación se
ajusta mucho a las previsiones de hace seis meses, lo que no debe servir
de compensación a la valoración negativa del resultado, pero sí de toma
de conciencia de que las causas que llevaron a la desviación estaban
operando mucho más al principio del ejercicio de 1993 que en la segunda
mitad de su gestión. Por tanto, es de esperar que, basándose en esas
previsiones realistas formuladas hace unos meses con relación a los
resultados que nos trae el Secretario de Estado, se haya elaborado un
presupuesto de 1994 --al que luego me referiré un minuto-- bastante más
fácil de ser cumplido de lo que fue el presupuesto de 1993.
En todo caso, el déficit público es hoy el escollo principal de la
política económica; el problema principal es el desempleo, pero el
escollo principal para encarar una nueva fase de crecimiento y para
obtener más empleos como fruto de ese crecimiento es, sin duda, el
déficit público, un déficit público de esta dimensión.
En absoluto puede ser un consuelo que conozcamos las causas que han
llevado a ese déficit: causas de recesión económica y crecimiento
negativo, causas derivadas de aumentos de protección social que se han
venido produciendo en nuestro país en los últimos años, causas que, en
buena medida, también están siendo poco agradecidas con los déficit
públicos de otros países de nuestro entorno europeo. Eso es así, pero no
debe ser, en ningún caso, un consuelo, como no lo ha sido en el análisis
de ninguno de los intervinientes en este debate, empezando por el
análisis del propio Secretario de Estado.
Conocer las causas no quiere decir tener ya en la mano los resultados. La
corrección de este déficit público, qué duda cabe, no tiene una solución
fácil ni inmediata. En alguna intervención anterior hemos escuchado, no
como solución única pero sí como una solución dotada de poderes mágicos,
el elaborar una nueva ley presupuestaria. Eso sería como decir que la
fiebre baja si los termómetros no pueden medir más allá de 37,5 grados.
Las causas del aumento del gasto público o de la disminución de ingresos
que llevan a este déficit, muy superior al previsto al inicio del
ejercicio, no están --a juicio del Grupo Socialista-- en la legislación
presupuestaria o en la legislación del gasto público o del ingreso
público. Las causas están en otros lados: en parte, en un crecimiento
económico negativo; en parte, en políticas seguidas en los últimos años
que han llevado a que tengamos un déficit público de naturaleza
estructural que requiere de medidas estructurales para ir disminuyendo en
los próximos años. Cuando hay que atender aquí y en el entorno económico
en el que nos movemos a una recesión importante y cuando hay que atender
a reformas estructurales que no tienen unos efectos inmediatos, no sería
lógico esperar que de la noche a la mañana, sea quien sea quien gestione
los presupuestos, éstos fuesen a encontrar el equilibrio. Pero el hecho
de que la respuesta no sea ni fácil ni inmediata, no quiere decir que no
haya respuestas, y respuestas se están dando. Debo decir que en los
Presupuestos aprobados en esta Cámara para este ejercicio de 1994 hay ya
respuestas que, a juicio del Grupo Socialista, van a impedir que en el
ejercicio presente se reproduzcan las causas que han estado detrás del
aumento del déficit público en el ejercicio anterior.
En primer lugar, los Presupuestos de 1994 tienen una presupuestación
bastante más realista en cuanto a los ingresos; una presupuestación
realista que exige, a nuestro juicio, ser completada, como ha dicho ya
algún interviniente anterior, con un celo extremo por parte de la Agencia
Tributaria en la persecución del fraude fiscal y en la exigencia del
cumplimiento de las obligaciones de los ciudadanos y de las empresas
respecto de la Hacienda; y también realismo en la previsión de ingresos
porque, a la vez que se persigue el mantener la presión tributaria en
relación con determinadas bases imponibles y
determinados impuestos, también se es consciente en los Presupuestos de
1994 que debe haber incentivos a la economía productiva y así han sido
aprobados, generando, como conjunto, una previsión para el año de 1994 de
reducción de la presión tributaria respecto a la realmente verificada en
el año 1993.
El realismo a la previsión de los ingresos le lleva a mi Grupo a exponer
en este momento un comentario. Tan ingreso público, a efecto de financiar
los gastos y de impedir un aumento del déficit por encima de las
previsiones, son los ingresos ordinarios (tributarios, tasas o de otras
características) como los ingresos extraordinarios, porque, si no
valiesen los ingresos extraordinarios, no sé qué podría hacer el Banco de
España, por ejemplo, con los resultados de operaciones de venta de
divisas que le producen beneficios. Los beneficios del Banco de España
bienvenidos sean cuando se producen y aprovechémoslos para reducir el
déficit público y no simplemente para descalificarlos como tales
ingresos. Porque si se descalifican los ingresos extraordinarios, los
ingresos patrimoniales procedentes de los beneficios del Banco de España
y se trata, como hace, por ejemplo, el Grupo Popular en una moción que
vamos a debatir esta semana en el Pleno del Congreso, si se trata,
repito, de reducir en todas las direcciones, y sea cual sea el origen de
los mismos, los ingresos ordinarios, proponiendo, como nos van a proponer
en el Pleno de esta tarde, 14 medidas para bajar ingresos ordinarios, no
sé qué rigor, qué coherencia hay después en las lamentaciones que el
portavoz del Grupo Popular se hace en voz alta en relación al déficit
público.
El realismo en la previsión de ingresos también debe ser completado,
lógicamente, con realismo en la previsión de los gastos. Creo que el
Presupuesto de 1994 ha hecho un esfuerzo de realismo, de pragmatismo
superior al que habían hecho presupuestos anteriores. Por tanto, hay que
confiar en que las previsiones de gastos de 1994 sean cumplidas de forma
mucho más clara, mucho más nítida que lo que se podía esperar hace un año
de los Presupuestos de 1993. En el Capítulo I hay una congelación de
retribuciones. El Instituto Nacional de Empleo ha visto saldado su
déficit de los últimos años mediante créditos extraordinarios; el aumento
de las prestaciones económicas de la Seguridad Social se ajusta a las
posibilidades económicas del sistema y de la Hacienda pública para este
año; hay medidas de control que ya están produciendo efectos en los
gastos sanitarios, etcétera.
Por tanto, creemos --para ir concluyendo-- que el rigor que algunos
portavoces de la oposición pedían está no en sus propuestas o en sus
consideraciones alternativas a la política presupuestaria para el año
1994, sino en los Presupuestos del año 1994 y, en cambio, la falta de
credibilidad yo creo que recae en estos momentos en quienes alegan que el
déficit público es excesivo y sólo se les ocurre proponer reducciones de
ingresos ordinarios, descalificar los ingresos extraordinarios y no
acordarse para nada de los gastos más que para decir que evolucionan de
forma negativa, pero sin apuntar con el dedo dónde evolucionan de forma
negativa y cuáles serían las medidas alternativas que ellos propondrían
para que evolucionen de forma más contenida.
Por tanto, partiendo de una valoración negativa del ejercicio de 1993, de
ese déficit público superior a las previsiones, excesivo para las
necesidades de nuestra economía, creemos que la situación en estos
momentos del debate está enderezada con los Presupuestos del año 1994 que
aprobamos en diciembre; creemos que con esos Presupuestos se contribuye,
se está contribuyendo ya a mejorar las posibilidades de crecimiento de
nuestra economía, a la vez que se va a reducir el déficit público con
relación al registrado en el ejercicio del año 1993; se va a reducir al
ritmo que es racionalmente posible, se va a reducir a un ritmo que se
acelerará en la medida en que el crecimiento genere más ingresos y menos
presión sobre determinados capítulos de gasto que han estado creciendo
por encima de la media en estos últimos ejercicios, y si a ello añadimos
la bajada importante de tipos de interés a que se ha hecho referencia por
parte del Secretario de Estado, creemos que se puede confiar en que,
cuando venga usted dentro de un año a explicarnos la liquidación del
ejercicio presupuestario del año 1994, muchas de las consideraciones
negativas que hoy hemos formulado sobre el ejercicio anterior formen
parte de la historia.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA (Martínez Robles): Haré en esta
última intervención unos comentarios generales sobre las intervenciones
que han tenido a bien hacer los distintos portavoces de los Grupos.
Yo creo que el señor Arias-Salgado ha puesto de manifiesto una opinión,
que después también ha repetido algún otro Portavoz, en el sentido de
caracterizar el año presupuestario 1993 como un mal año presupuestario.
Yo creo que todos podemos estar de acuerdo con esta opinión sobre el año
1993. De todas maneras, para el señor Arias-Salgado este resultado se
debe a dos condiciones previas, según he podido anotar: por un lado, a
una mala presupuestación, basada en una mala previsión de la realidad
económica, y, por otro lado, en general, a una mala gestión
presupuestaria. Yo creo que en estos aspectos concreta el señor
Arias-Salgado que ha sido un mal año presupuestario.
Yo puedo estar de acuerdo con él en que el año 1993 ha sido un muy mal
año presupuestario. Tenemos una cifra de déficit que es muy grande y
tenemos un crecimiento del endeudamiento de todas las administraciones
públicas muy grande también. Sin embargo, yo creo que las causas no deben
buscarse simplemente en estos aspectos, es decir, en el aspecto de si la
previsión que se hizo era buena o mala o si la gestión que se ha hecho
era buena o mala, con independencia de que eso también se haga, pero
probablemente éstas no son las causas fundamentales de cómo ha sido la
gestión presupuestaria de 1993. Es imposible hablar de la gestión
presupuestaria en 1993 sin hacer referencia a cuál ha sido la situación
económica en
1993. Además, aunque esto no sea un recurso para encontrar una excusa
fácil, es necesario también hacer referencia a cómo ha sido en términos
económicos este año 1993, no sólo en España, sino también en la economía
de la Comunidad Económica Europea. Tenemos una economía, como es bien
sabido, perfectamente integrada en la Comunidad Económica Europea y
nuestra realidad económica tiene que ver y está afectada de forma
fundamental por la realidad económica europea. Partiendo de este dato
deberíamos hacer cualquier consideración sobre el Presupuesto de 1993 en
base a la situación económica de 1993, cuál ha sido el decrecimiento de
la economía española en 1993 y cuál ha sido el decrecimiento de la
economía en los restantes países de la Comunidad Económica Europea, donde
debemos recordar que países como Francia o Alemania tienen un
decrecimiento más acusado que el decrecimiento español.
En base a esto, como señalaba en mi intervención anterior, las
previsiones económicas y presupuestarias que se realizaron a mediados del
año 1992 han resultado que no se han plasmado en la realidad. No quiere
decir que nuestros equipos, o los equipos de los gobiernos de Alemania o
Francia, fueran equipos que hicieron mal las previsiones, sino que la
realidad económica, la gravedad de la crisis (asistimos, sin duda, a una
de las crisis económicas más importantes habidas en los últimos años en
Europa) ha resultado de tal naturaleza. Lo importante es ver cómo, a
pesar de ello, se ha hecho frente a esta realidad económica y cómo, a
pesar de ello, el Presupuesto ha podido gestionarse durante 1993. En ese
sentido es donde debe examinarse la gestión del Presupuesto en 1993, más
bien que en pensar que simplemente se debía a que estaban hechas mal las
previsiones o que la gestión presupuestaria estuviese mal, sin dejar por
ello de reconocer que la gestión presupuestaria haya podido ser mejor o
peor, pero, sin duda, no es éste el dato que incide fundamentalmente. Por
eso creo que, aunque el señor Arias-Salgado dice que se debe hacer una
consideración política de este asunto, la verdad es que cuando hace
consideraciones políticas sobre estos temas creo que hace unas
consideraciones muy técnicas porque incide en decir que si el resultado
de la economía es un 0,8, un 0,9, un uno o si es más o menos; eso, con
ser importante, es un aspecto técnico que no es tan importante como la
consideración política de este dato. En 1993 hemos asistido a un
decrecimiento de la economía que ha afectado a los distintos sectores
sociales de la economía de forma diferente y que ha puesto de manifiesto
necesidades sociales importantes que han tenido que hacerse cargo desde
el Presupuesto del Estado, como hemos visto también en otras
comparecencias y sobre lo que no quisiera incidir.
Al hilo de esto, el señor Arias-Salgado, habida cuenta de las previsiones
que se hicieron para el Presupuesto de 1993, las pasa a la situación de
1994 y considera que en 1994 las previsiones que se hacen por el Gobierno
tampoco son creíbles. Eso es lógico si estas consideraciones se hacen
sólo desde el punto de vista que lo hace el señor Arias-Salgado, porque
si se hacen con las mismas técnicas las previsiones serán las mismas y de
la misma naturaleza. No se puede hacer referencia a ese razonamiento si
no se considera previamente cuál es la situación económica y qué
conocimento de la misma se tenía cuando en 1992 se hicieron las
previsiones de 1993 y cuando en 1993 se hicieron las previsiones de 1994.
Este razonamiento le lleva a una apreciación de la realidad que creo que
no es muy correcta cuando dice que el presupuesto --se refiere al de 1994
o, en general, a los presupuestos del Gobierno-- es difícil de creer. En
este sentido dice que el presupuesto no incide en las expectativas de los
agentes económicos. Creo que aquí no es muy acertada, si me lo permite,
la apreciación de la realidad del señor Arias-Salgado, porque, por
ejemplo, el presupuesto de 1994 sí que ha provocado una expectativa
determinada en los distintos agentes económicos. Ello se pone de
manifiesto si tenemos en cuenta la relación que pueda existir entre la
presentación, aprobación, etcétera, del presupuesto y la variación de
determinadas magnitudes macroeconómicas, como son las de los tipos de
interés, ocurridas en 1993, desde que hemos presentado el presupuesto
hasta que finalmente se ha aprobado.
Por ello, esta definición o diferencia que hace entre el déficit formal y
el déficit real es una definición técnica. Y me permitirá decirle que
además no es muy acertada. Ya hemos tenido ocasión de discutir en otros
momentos cómo se hace y cómo se debe encajar en contabilidad nacional la
cuestión de la financiación de los 560.000 millones de la Seguridad
Social y su financiación a través de un déficit, si esa financiación
debió hacerse una vez conocida esta situación mediante la modificación de
la contabilización de los años anteriores o si se debió imputarse todo al
año 1992, como parece que dice el señor Arias-Salgado, o si parece más
correcto, como finalmente se hizo, imputarlo en los distintos ejercicios
a medida que se ha ido financiando. Esto es simplemente una cuestión
técnica que se puede discutir y de hecho se ha discutido, y esta opinión
probablemente no sea la mejor opinión técnica.
En este mismo aspecto señala otro tipo de cuestiones, como la relativa a
los ingresos del Banco de España y su consideración sobre qué hubiese
sido del presupuesto si no se hubiesen podido ingresar estas cantidades
por ingresos del Banco de España. Aquí no asistimos a una cuestión
técnica. La contabilización y la consideración de los ingresos del Banco
de España es absolutamente correcta. El resultado económico de los
ingresos del Banco de España es también producto de la mala situación
económica, en este caso para la peseta, en 1993, y es un efecto como otro
cualquiera. Lo que parece un ejercicio muy complicado es pensar qué
hubiese ocurrido si no hubiesen existido esos ingresos, pero no se sabe
si hubiesen cambiado o no el resto de las magnitudes macroeconómicas.
Para hacer un ejercicio como éste deberíamos considerar muchos más
aspectos.
En cuanto a los ingresos, también hace una serie de consideraciones sobre
las valoraciones que se hicieron en su momento sobre las previsiones de
los ingresos. Termina haciendo una referencia a los ingresos de este año,
empezando por poner de manifiesto que hay un falso
optimismo en la recuperación económica, que tiene carencia de rigor. Creo
que el señor Arias-Salgado, y no sé también si su grupo parlamentario, es
de los pocos que no se han enterado de que la situación económica ha
cambiado y que la recuperación se ha iniciado. No es posible, después de
los datos que se han publicado y se han considerado sobre la situación
económica, a partir del último trimestre de 1993, seguir manteniendo que
estamos en una situación económica que no ha cambiado su signo. Cuando se
dice que la situación económica ha cambiado se hace con datos de rigor.
¿Que significa que aún no ha cambiado todo? Eso es evidente. La situación
económica ha cambiado el signo de su actividad, y va a mejorar. Ya hemos
puesto de manifiesto en multitud de ocasiones cómo los distintos datos
macroeconómicos irán cambiando su signo a lo largo de la evolución
económica en distintos momentos y cómo, a pesar de que haya cambiado el
signo de la actividad económica, sus efectos sólo se sentirán en algunas
variables, como, por ejemplo, el paro, a partir de un determinado momento
y a partir de que esa recuperación económica tenga un determinado signo.
Por tanto, no podemos señalar que cuando hablamos de esta cuestión se
esté hablando de este tema con falta de rigor, sino más bien al
contrario. En este sentido, creo que el señor Arias-Salgado terminó su
punto de vista sobre esta cuestión haciendo referencia a una modificación
pequeña en el cuadro macroeconómico de 1994, presentado por el
Ministerio, en donde presentaba como una incongruencia que este cuadro,
que, como bien saben, ha sido elaborado en septiembre de 1993, lo ponía
como ejemplo de falta de rigor, ya hubiese sido cambiado para 1993.
Además, señalaba que se había cambiado en alguna de sus partes y que, sin
embargo, no se cambiaba el resto. Pero el señor Arias-Salgado no ha hecho
dos referencias: primera, que el dato que se ha cambiado tiene sólo una
importancia relativa y, segunda, que, cuado se cambia este dato,
lógicamente, porque éste es un cuadro cerrado donde los datos globales
dependen los unos de los otros, también se cambia otro dato, como es el
del consumo público, donde la caída en la inversión en construcción
aparece compensada por una menor caída del consumo público.
Esos son datos técnicos que tienen su importancia, pero el espacio
político que interesa destacar del presupuesto de 1993 ha sido cómo se ha
hecho frente a este presupuesto, en qué situación de gravedad deja a la
gestión presupuestaria española a partir de 1993 y, a partir de aquí,
cómo se hace frente a esta situación para alcanzar los objetivos de 1993
tal como han considerado otros portavoces de otros grupos.
El señor Ríos hace también una serie de referencias a la gestión del
presupuesto, algunas de ellas han sido cuestiones muy concretas de
comparación entre los distintos cuadros, hechas muy rápidamente y casi no
he tenido ocasión de considerar. Podría darle, aunque fuese después,
datos sobre esta cuestión. Ahora estamos en un turno de consideraciones
generales sobre la gestión presupuestaria. También señala el señor Ríos,
por lo que tengo aquí apuntado, que en términos generales ha habido una
mala gestión, que ha habido una mala presupuestación e incluso que ha
habido una falta de política de austeridad. Aunque bien es verdad que
cuando se ha referido a esta falta de política de austeridad lo ha hecho
a los capítulos I y II del presupuesto de gastos, creo que no ha sido un
ejemplo muy feliz. Porque, efectivamente, el capítulo I crece sólo un
3,22 por ciento. Este 3,22 por ciento ya sabe que es en personal activo,
crece en un 2,5 por ciento, y en personal pasivo, clases pasivas, crece
un 6,5 por ciento. Creo que es un crecimiento muy ajustado. Ya sabe que
en el año 1993 el sueldo de los funcionarios estuvo congelado y que las
plantillas también estuvieron congeladas. Sólo hubo una oferta pública de
empleo con grandes limitaciones y, además, no ha producido ningún ingreso
casi en 1993.
También la gestión presupuestaria del capítulo II creo que es bastante
austera y la diferencia que se manifiesta en el informe, que creo que es
de 116.000 millones, es en relación al Ministerio de Defensa que, como
bien sabe, algunos de los consumos que se realizan por los ejércitos
están representados presupuestariamente en el capítulo II. No hay, por
tanto, creo, una falta de austeridad en la gestión presupuestaria. Hemos
tenido oportunidad de tratar en otras ocasiones en esta Comisión cómo las
desviaciones que tienen lugar en el presupuesto de 1993 no tienen su
razón de ser en falta de austeridad o en una dimensión exagerada de la
administración, sino que sus causas son otras y generalmente por la
financiación de algunos de los temas que también hemos comentado en otras
ocasiones.
Hace referencia también a los ingresos patrimoniales del Banco de España
y a los ingresos por privatizaciones y se refiere a por qué aumentan
considerablemente las transferncias a los organismos autónomos
administrativos y creo que no se da cuenta de que ahí están incluidas las
transferencias al INEM, que ya hemos dicho que tienen un crecimiento muy
grande en este año 1992.
Después hace una pregunta de fondo y me dice que no le he contestado,
aunque creía que sí, en relación al tema de si había posibilidad o no de
retomar, de variar el proceso previsto de cumplimiento de los criterios
de Maastricht. Le había dicho que no se variaban y había dicho también al
señor Ríos en otras intervenciones que se va a hacer un esfuerzo en los
temas presupuestarios, que ya se inician en el presupuesto de 1994,
tendente al cumplimiento de estos criterios, tanto en relación al
criterio de déficit como con relación al criterio de endeudamiento.
Incide en los temas de gestión y habla de la gestión de hacienda. Dice
que la actividad económica presupuestaria no incide en la realidad
presupuestaria. El señor Ríos considera que la realidad presupuestaria, a
pesar de su importancia y de que probablemente otros Grupos
Parlamentarios la consideren excesiva, no incide en la realidad
productiva, pero la realidad es que es difícil pensar que eso es así,
habida cuenta de la importancia de la actividad presupuestaria en sus dos
aspectos de gastos a través de las transferencias que tienen como
finalidad incidir en la economía productiva y también en su aspecto de
ingresos en las distintas formas en que los impuestos o las
modificaciones y las técnicas de incentivación dentro de los impuestos
inciden en la actividad productiva.
Se está intentando hacer llevar dentro de la actividad presupuestaria una
dirección de política económica tendente al objetivo de política
económica más importante, que, como han puesto de manifiesto algunos
portavoces, y hemos tenido ocasión de ver en esta Comisión otras veces,
es la recuperación de la economía, por consiguiente la detención del
desempleo y la creación de empleo, toda la política presupuestaria tiene
esa dirección, tanto en su consideración general, ahora enfrentada al
objetivo fundamental de controlar el déficit y de reducir el gasto, como
al objetivo de tratar de instrumentar una política tributaria que incida
de manera positiva en la economía real del país y en la economía
productiva. Por tanto, creo que sí que se hace una actuación
presupuestaria desde esta perspectiva. Todo ello, además, sin olvidar los
aspectos sociales que inciden en las prioridades de gastos que se
instrumentan en estos presupuestos.
Al señor Homs le agradezco que no incida especialmente en los aspectos
negativos que se ponen de manifiesto en la gestión del presupuesto de
1993, aunque, como le he dicho al señor Arias-Salgado, estoy de acuerdo
en considerar con generalidad que el balance presupuestario de 1993 ha
sido negativo, y señala una serie de razones que deben orientar la
política tributaria, la política presupuestaria y la política económica
en general a partir de aquí encaminada a la consecución de los
equilibrios macroeconómicos, al desarrollo de la actividad productiva,
etcétera. No tengo más que decir que estoy de acuerdo con los objetivos
que ha señalado el señor Homs y también con él decir que ya estos
objetivos se instrumentan en el presupuesto de 1994 y también estarán
presentes en la actividad presupuestaria que haya de desarrollarse en los
años siguientes a través de estas actuaciones a las que he hecho
referencia en intervenciones anteriores que se van a desarrollar para la
contención, en términos generales, del déficit; por consiguiente, para
alcanzar la reducción del gasto y conseguir esto manteniendo lo que son
las prioridades de gastos establecidos por el Gobierno y tratando, al
mismo tiempo, de conseguir, de la mejor manera posible, el mantenimiendo
de los equilibrios macroeconómicos.
También estoy de acuerdo con las consideraciones que hace el señor
Almunia. Le agradezco lo que ha dicho sobre la gestión que se hace en
1993, la adecuación de esta gestión a las previsiones que ya se hicieron
en 1994 y también las consideraciones que hace sobre las características
del presupuesto de 1994, que está basado, como bien ha señalado, en unas
previsiones realistas sobre los ingresos. Creo que aquí, como le decía
antes al señor Arias-Salgado, estas previsiones no están basadas en
aquello de que unos mejores técnicos hacen mejores previsiones, sino en
una situación que permite conocer mejor que en 1992 cómo va a ser la
evolución de la economía y también en un realismo mayor en relación a los
gastos. Todo ello permitirá, creo, alcanzar, en 1994, como ha señalado el
señor Almunia, los objetivos que se plantearon en el presupuesto de 1994
en relación al déficit, en relación al endeudamiento y en general a la
consecución de los demás objetivos enómicos.
El señor PRESIDENTE: ¿Desea algún Grupo un pequeño turno o damos por
terminada la comparecencia? (Pausa.) Ningún Grupo lo desea.
Damos por terminada la comparecencia del señor Secretario de Estado de
Hacienda y le agradecemos su colaboración. (Pausa.)
--RATIFICACION DE LA PONENCIA ENCARGADA DE INFORMAR EL PROYECTO DE LEY
SOBRE CONCESION DE UN CREDITO EXTRAORDINARIO POR IMPORTE DE
10.475.298.000 PESETAS, PARA COMPENSAR LOS DEFICITS DE EXPLOTACION DE LOS
FERROCARRILES DE VIA ESTRECHA (FEVE), CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS
DE 1989 Y 1990. (Número de expediente 121/000024.)
El señor PRESIDENTE: Continuamos la sesión. En primer lugar, de
conformidad con el Reglamento, hemos de ratificar el nombriento de la
Ponencia. ¿Se ratifica el nombramiento de la Ponencia? (Asentimiento.) Se
ratifica por unanimidad.
--EMITIR DICTAMEN, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA, DEL
PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESION DE UN CREDITO EXTRAORDINARIO POR IMPORTE
DE 10.475.298.000 PESETAS, PARA COMPENSAR LOS DEFICITS DE EXPLOTACION DE
LOS FERROCARRILES DE VIA ESTRECHA (FEVE), CORRESPONDIENTES A LOS
EJERCICIOS DE 1989 Y 1990. (Número de expediente 121/000024.)
El señor PRESIDENTE: A continuación tenemos que emitir dictamen en
relación con este proyecto de ley.
Hay una enmienda del Grupo Popular. El señor Camisón tiene la palabra.
El señor CAMISON ASENSIO: Desde el Grupo Parlamentario Popular,
efectivamente, hemos presentado una enmienda a este proyecto de ley
referida a gastos no previstos o, más bien, gastos atípicos o de difícil
justificación.
Hace aproximadamente un par de años que en el Pleno de esta Cámara tuvo
lugar el debate de totalidad de un proyecto de ley de un crédito
extraordinario para FEVE correspondiente al ejercicio de 1988. En esa
ocasión el Grupo Parlamentario Popular dejó claras dos cuestiones: una,
que nuestro Grupo está en contra de utilizar la vía de los créditos
extraordinarios para compensar déficit de explotación; en segundo lugar,
quedó patente que era bastante deficiente la gestión en la explotación de
los ferrocarriles de vía estrecha.
No obstante, durante aquel debate en el Pleno, repito, produjo a nuestro
Grupo cierta satisfacción parlamentaria el contrastar que el portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista en aquella ocasión, y refiriéndose a este
debate, coincidió con algunas de nuestras apreciaciones. Estoy citando
literalmente.
Pues bien, han pasado dos años y se repite la historia, pero agravada. En
efecto, por ejemplo, analizando el tema que en varias ocasiones nuestro
Grupo ha planteado, el de la seguridad de los ferrocarriles de vía
estrecha, contrastamos que en los últimos años y en estos dos que afectan
al proyecto de ley que hoy debatimos realmente ha estado marginado
permanentemente. Ya en la Comisión de Infraestructuras del pasado 28 de
septiembre planteamos al Gobierno la calidad de esta seguridad
ferroviaria referida a tres aspectos: Primero, seguridad en la
circulación, mejora de señalización de puntos críticos, ampliación de los
CTC (control de tráfico centralizado), telemandos y plan de iluminación
de emergencia en túneles. La segunda cuestión fue el incremento de la
puntualidad del operador por la conexión de los CTC con SITRA (sistemas
de información de tráfico ferroviario). En tercer lugar, el desarrollo de
implantación de los sistemas informáticos.
Pues bien, de aquel debate se dedujo que esto no se estaba cumpliendo y,
por tanto, quedó patente que la seguridad de FEVE está lejos de lo
deseable.
También en aquella ocasión, siendo coherente con esta preocupación
permanente del Grupo Parlamentario Popular, tras comprobar las
instalaciones de baliza de ASFA, las señales de protección de semibarras
automáticas y sobre todo la proporción que hay del sistema ASFA en la red
de FEVE --no tratábamos en aquella ocasión lo que afectaba a Renfe, sino
a FEVE--, quedó claro que FEVE está realmente abandonada en lo que se
refiere a este sistema de control. Y ahí está la serie de accidentes
habidos en esta red de vía estrecha, que no tengo ocasión de detallar por
escasez de tiempo, pero cabe recordar el último, por ejemplo, que fue el
ocurrido este verano en Asturias, con varios muertos justamente en el
tramo entre Grado y Trubia, concretamente en la vega de Alsa.
Por otra parte, también se han hecho públicos en muchas ocasiones
defectos de la explotación y sobre todo irregularidades en FEVE, como son
las que pueden afectar a los planes de pensiones, a la venta de terrenos,
venta de material móvil y a los contratos a dedo, contratos efectuados
directamente y, por supuesto, a los contratos blindados, a los famosos
blindajes de contratos. FEVE ha estado a la cabeza de las empresas
públicas españolas en este abuso de remuneración.
Afecta, por ejemplo, según datos que constan en últimos debates, al
Director de Material y a la Jefa de Recursos Humanos. La propia
Presidenta de Renfe tuvo, hace bien poco, que cesar a un directivo
incorporado a Renfe que provenía de FEVE después de haber cobrado una
sustanciosa cantidad por un blindaje de este tipo.
Ha habido casos en que estos blindajes han afectado a personas de FEVE
que luego han pasado a ser asesores del Ministro de Transportes. En dos
casos a la empresa pública Binter; en otro caso, al asesor del Delegado
del Gobierno en la REE, la Red Eléctrica Española; en otro caso ha
pasado, después de cobrar el blindaje, al grupo provincial que soporta al
Gobierno de la Diputación de Sevilla; en otro caso, un consultor pasado
directamente para asesorar al propio Ministro de Obras Públicas.
Ahí está también otro ejemplo de ingresos...
El señor PRESIDENTE: Señor Camisón, me da la impresión de que su
intervención, con seguridad estimo que acertada, sería propia de la
Comisión correspondiente. Comprenda que en el marco del Reglamento está
defendiendo su enmienda. Ya comprendo que es difícil poner puertas al
campo, pero lo que el señor Camisón está exponiendo la verdad es que se
relaciona muy poco con el texto literal de la enmienda que tengo delante.
El señor CAMISON ASENSIO: Señor Presidente, respetando su insinuación --y
por supuesto voy a intentar ajustarme a ella--, creo que no es
enteramente como dice el señor Presidente, dado que la enmienda se
refiere exclusivamente a gastos producidos en esta empresa pública y de
difícil justificación. Luego cabe perfectamente.
El señor PRESIDENTE: Señor Camisón, aparte de otras coincidencias que
impiden a esta Presidencia seguramente poner puertas al campo en relación
con su intervención, está defendiendo una enmienda que ni siquiera es al
articulado del proyecto de ley. Es la modificación de un párrafo concreto
de la exposición de motivos, del preámbulo.
Le rogaría que, dentro de lo posible, hubiera una cierta adecuación --ya
sé que no estamos en una ciencia exacta-- entre la exposición que está
haciendo de defensa de esa enmienda y el tenor literal de esa enmienda,
que le vuelvo a recordar que es solamente la modificación de un párrafo
concreto de la exposición de motivos.
El señor CAMISON ASENSIO: Lo intentaré efectivamente, dentro del campo,
sin ponerle puertas.
Termino la frase que estaba diciendo: se trata de un gasto que no produce
ingreso, como es la práctica de la Directora de comunicación de FEVE en
cuanto a invitaciones al tren turístico, el Transcantábrico, a través de
la red de FEVE.
Resumiendo, razones para oponernos a este proyecto de ley las hay y
poderosas. Abunda también en ello el hecho de que el propio Consejo de
Estado, al informar este proyecto de ley, significa que está ocurriendo
lo que en otros expedientes análogos. Insiste el Consejo en la necesidad
de que los Presupuestos Generales del Estado recojan con la mayor
fidelidad posible las necesidades que han de satisfacerse y, por tanto,
la conveniencia de reducir las modificaciones presupuestarias a supuestos
realmente excepcionales para los que legalmente se previó la concesión de
créditos extraordinarios o suplementos. De lo contrario, se desvirtuarían
injustificadamente el sentido y alcance de la institución presupuestaria.
En este caso se está desvirtuando esa institución. Termina
opinando sobre este proyecto de ley el Consejo de Estado que en todo caso
hubo tiempo sobrado de haber incluido la previsión de este crédito en los
Presupuestos Generales de 1993 y no se hizo. Luego queda claro que
intencionadamente se ha practicado por parte del Gobierno esa práctica
perversa.
Dicho todo esto, nuestro Grupo, hoy, otra vez, no quiere introducir un
factor que dificulte la situación económico-financiera de los
ferrocarriles de vía estrecha y ésta es la razón --el señor Presidente ha
hecho referencia a ella-- por la que no ha querido incluso enmendar de
totalidad este proyecto de ley de crédito extraordinario y se ha limitado
únicamente a presentar una enmienda.
Por tanto, a la vista de esto y para no complicar más la situación
económico-financiera de FEVE es por lo que solamente se ha presentado
esta enmienda parcial, entendiendo y confiando en que por última vez haya
un propósito de enmienda por parte del Gobierno en cuanto a que intente
mejorar la explotación de FEVE, corregir la serie de irregularidades
detectadas durante estos años y cortar de una vez el abuso de créditos
extraordinarios.
Esto es cuanto tengo que decir, señor Presidente, en la defensa de esta
enmienda que mi Grupo presenta a este proyecto de ley.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Dávila.
El señor DAVILA SANCHEZ: Después de la intervención del señor Presidente
es probable que fueran más que suficientes los argumentos dados para
expresar la dificultad de aceptar una enmienda, incluso aunque fuese a la
exposición de motivos. Sin embargo, si en nombre del Grupo Parlamentario
Socialista debo hacer una argumentación suplementaria, la haría muy breve
y rápida, en el sentido de que, abstracción hecha de que como las
consideraciones respecto a los problemas de gestión y de funcionamiento
de la red FEVE es objeto de estudio y tratamiento en las Comisiones
correspondientes, allí podremos contrastar entre los Grupos nuestras
opiniones. En estos momentos lo que estamos considerando es un proyecto
de ley para la aprobación de un crédito extraordinario.
Entonces, ante ello parece de toda evidencia, y es el aspecto que me
gustaría resaltar, que toda esta tramitación de este proyecto de ley ha
tenido perfecta concordancia con lo previsto en la legislación para los
casos correspondientes. No olvidemos --y éste es el matiz que me importa
resaltar-- que la iniciativa de este expediente surge desde la propia
Dirección General de Explotación de FEVE cuando, en uso del artículo 58
del Estatuto de FEVE, se tiene en cuenta lo que dice literalmente al
establecer que si los créditos consignados en Presupuestos del Estado con
destino a FEVE resultasen insuficientes según la liquidación de
explotación, el Gobierno gestionará el oportuno expediente de suplemento
de crédito. Por tanto, el origen de esta iniciativa tiene un fundamento
tan preciso como es el artículo 58 del Estatuto de FEVE.
La Intervención General de la Administración del Estado ha hecho toda la
verificación y auditoría de esta tramitación. La Dirección General de
Presupuestos, ante estas dos posiciones, lo eleva al Consejo de
Ministros, y en ese trámite viene la apoyatura del Consejo de Estado, en
que se verifican las dos condiciones que el artículo 64 de la Ley General
Presupuestaria exige como mínimas para poder hacer la proposición de un
crédito extraordinario, como son la evidente necesidad y urgencia --ambas
cosas son tan obvias que ni las comento-- y, por tanto, digamos que toda
la tramitación de este proyecto de ley de crédito extraordinario parece
tan razonable e impecable que difícilmente es concebible una oposición a
ello como no sea en el otro carácter no presupuestario sino de gestión.
Sin embargo, en un ánimo de comprender si no la forma tal vez el fondo de
lo que el Grupo Parlamentario Popular ha expresado, y no adscribiéndolo
sólo al tema de FEVE sino a una filosofía general de cómo deban ser
tenidas en cuenta las propuestas de créditos extraordinarios, si el señor
Presidente me lo permite, en nombre de mi Grupo propondría al digno
representante del Grupo Popular, señor Camisón, una enmienda
transaccional que corrigiese lo que nos parece inadecuado de la filosofía
que podría subyacer en el texto que ellos han propuesto. Ellos proponen
que se añada como precisión «en razón a que se efectuaron gastos no
previstos». Nos gustaría, desde el Grupo Parlamentario Socialista, que no
quedase esa sensación de que se ha incurrido en gastos que han
sobrevenido de la forma que fuere, incluso accidental, y se tuviese en
cuenta ese espíritu del artículo 58 del Estatuto de FEVE en el que se
conciben las subvenciones fijadas en los Presupuestos del Estado como
subvenciones a cuenta de la liquidación que se haga cuando la explotación
esté terminada y se haya realizado la auditación correspondiente de las
cuentas.
Por tanto, si ese matiz aclaratorio estuviese en un texto que leo ahora y
que traslado inmediatamente después a la Mesa, nuestro Grupo querría
proponer esta enmienda transaccional. Donde dice solo «en razón a que se
efectuaron gastos no previstos», que se dijera: «en razón a que se
efectuaron gastos en cuantía superior a las cantidades anticipadas con
carácter de a cuenta en las leyes de Presupuestos Generales del Estado de
los ejercicios indicados».
Esta sería la enmienda transaccional que, con permiso de SS. SS.,
elevaríamos al Grupo Parlamentario Popular para poder llegar a una
transaccional entre las posiciones de los dos Grupos. (El señor Dávila
Sánchez entrega el texto a la Mesa.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Camisón.
El señor CAMISON ASENSIO: Señor Presidente, efectivamente, y en razón a
lo expuesto de colaborar a no complicar más la situación
económico-financiera de FEVE, aceptamos la enmienda transaccional que nos
propone el portavoz del Grupo Socialista y, en consecuencia, en este
momento retiramos nuestra enmienda.
El señor PRESIDENTE: ¿Hay algún Grupo Parlamentario, distinto del Popular
y del Socialista, que quiera intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida tiene la palabra el señor
Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Nosotros íbamos a respaldar el proyecto de
crédito extraordinario al margen de la crítica que tenemos sobre el
funcionamiento de la propia FEVE y de la decisión que está teniendo a
nivel presupuestario. Además, la enmienda que se ha hecho va dirigida a
la exposición de motivos, a la filosofía de que hay créditos para gastos
no previstos, y creemos que la transacción también va a suplir lo que en
su momento proponía la enmienda. En todo caso, la exposición de motivos
ni siquiera se publica después dentro del proyecto de ley.
Por tanto, no es lo más importante. En cualquier caso, como hemos estado
diez minutos discutiendo esto, quiero dejar claro que nuestra posición es
apoyar este crédito para que FEVE pueda salir adelante en lo que fueron
los gastos ya ejecutados en los años 1988-89.
El señor PRESIDENTE: Sometemos en primer lugar a votación el texto con la
enmienda transaccional ofrecida por el Grupo Parlamentario Socialista en
relación con la enmienda del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Sometemos a votación ahora el texto del proyecto de ley, incorporada esta
enmienda en la redacción transaccional antes aprobada.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Se aprueba por unanimidad.
Se levanta la sesión y muchas gracias.
Era la una y veinte minutos de la tarde.