CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1993 V Legislatura Núm. 101
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA
PRESIDENTE: DON JOSEP PAU I PERNAU
Sesión núm. 6
celebrada el miércoles, 29 de diciembre de 1993



ORDEN DEL DIA:
Comparecencia del señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación
(Albero Silla) para informar:
--Sobre la repercusión que se producirá en la agricultura de cultivos
herbáceos de España con motivo de la nueva superficie asignada de
oleaginosas. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular. (Número de
expediente 213/000110) (Página 3230)
--Sobre la postura del Gobierno español en relación con las negociaciones
en el seno del Acuerdo General sobre los Aranceles Aduaneros y el
Comercio (GATT) y el Acuerdo de Balir House y sus efectos sobre la
agricultura española. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular.

(Número de expediente 213/000113) (Página 3230)

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Se abre la sesión a las doce del mediodía.




El señor PRESIDENTE: Se va a iniciar la sesión.

Antes de empezar la tramitación del orden del día, quiero expresar al
señor Ministro, en nombre de toda la Comisión, de la Mesa y del mío
propio, nuestros deseos de una rápida y feliz recuperación de las
secuelas de un accidente que, si bien no le han impedido atender sus
obligaciones, sin duda se las han dificultado, en unas semanas de intenso
trabajo, tanto nacional como comunitario.

Estas razones y las derivadas de los compromisos comunitarios antes
citados, el propio calendario de trabajo de la Cámara y las fechas en que
nos encontramos, han impedido la comparecencia del señor Ministro, como
era su deseo, en los días y horas más normales. De todos modos, la
importancia de estos temas merece la atención de la Comisión, y es por
ello por lo que, pidiendo de antemano excusas a todos los miembros de la
Comisión, este Presidente no encontró fecha mejor para acelerar esta
sesión informativa, que, sin duda, tiene el máximo interés para todos.

(El señor Ramírez pide la palabra.)
señor Ramírez.




El señor RAMIREZ GONZALEZ: Para una cuestión previa o de orden, como
quiera considerarla su señoría.

Habida cuenta de que esta comparecencia del señor Ministro incluso estuvo
pensada para celebrarse en dos días consecutivos, las razones que ha
expuesto el señor Presidente, tanto de carácter físico del señor
Ministro, cuya mejora todos deseamos, como las obligaciones que ha tenido
con relación a las negociaciones del GATT, hacen imposible, a nuestro
juicio, que, en el escaso tiempo que vamos a tener esta mañana,
consideremos todos y cada uno de los puntos que figuran en el orden del
día.

Nuestro Grupo expone, señor Presidente, la necesidad de que en esta
sesión no fueran objeto de tratamiento los puntos 2 y 4, íntimamente
ligados. Solamente las explicaciones del Gobierno sobre el alcance del
Acuerdo del GATT, previo al acuerdo de Blair House, y la repercusión que
en la superficie de cultivos herbáceos en España va a tener la reducción
de oleaginosas, en el bien entendido, señor Presidente, que, habida
cuenta de la importancia de los temas que quedan pendientes, todo lo
relacionado con los efectos que sobre la agricultura española,
especialmente la mediterránea, va a tener el futuro acuerdo con el Norte
de Africa, así como todo lo de la leche, esperamos de la sensibilidad del
Gobierno que habilite, si es posible, su presencia en esta Cámara y en
esta Comisión en el próximo mes de enero, de tal forma que alrededor del
Pleno que vamos a celebrar el día 20 pudiéramos contar con la presencia
del señor Ministro.

Señor Presidente, en resumen, rogaríamos que la sesión de esta mañana se
realizara sobre los puntos citados, que figuran en el orden del día,
entendiendo que los otros deben ser objeto de un urgente tratamiento en
esta Comisión no más tarde del próximo mes de enero.




El señor PRESIDENTE: Señor Ramírez, creo que no hay ningún tipo de
dificultad. En todo caso, puede facultarse a la propia Mesa para que
busque con el señor Ministro cuándo, parlamentariamente, sería posible
tratar los demás temas; además, siendo peticiones del propio Grupo
Parlamentario las demás comparecencias, si no hay inconveniente por parte
de ningún miembro de la Comisión, nos ceñiríamos a los temas que, en
definitiva, son propuesta del Grupo Popular.

Si le parece al señor Ministro, la comparecencia de hoy estaría ceñida a
los temas que ha citado el señor Ramírez. (Asentimiento.)
¿Están conformes los señores Diputados? (Asentimiento.)



COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION
(Albero Silla), PARA INFORMAR:



--SOBRE LA REPERCUSION QUE SE PRODUCIRA EN LA AGRICULTURA DE CULTIVOS
HERBACEOS DE ESPAÑA CON MOTIVO DE LA NUEVA SUPERFICIE ASIGNADA DE
OLEAGINOSAS. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de
expediente 213/000110.)



--SOBRE LA POSTURA DEL GOBIERNO ESPAÑOL EN RELACION CON LAS NEGOCIACIONES
EN EL SENO DEL ACUEDO GENERAL SOBRE LOS ARANCELES ADUANEROS Y EL COMERCIO
(GATT) Y EL ACUERDO DE BLAIR HOUSE Y SUS EFECTOS SOBRE LA AGRICULTURA
ESPAÑOLA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de
expediente 213/000113.)



El señor PRESIDENTE: Ya sin más, damos la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Albero Silla):
Señorías, quiero agradecerles sus buenos deseos, que espero que se
cumplan. Mi situación no me ha impedido estar presente en los dos
consejos del GATT, en un Consejo de Agricultura muy largo, pues ha durado
cuatro días y medio, y en un Consejo de Pesca bastante complicado, de los
que también me gustaría informar a SS. SS. lo antes posible; de los dos.

Como SS. SS. saben, la Ronda Uruguay se inicia en el año 1986. No voy a
hacer una larga descripción del contenido de la Ronda, porque ya se ha
celebrado un debate general en el Pleno, pero es la primera --y esto sí
que vale la pena resaltarlo-- en la que se incluye plenamente la
agricultura. El objeto era, lógicamente, introducir en este sector todas
las normas y disciplinas de este acuerdo.

Se inicia en la declaración de Punta del Este, que marca el inicio de la
Ronda Uruguay, y se establece para el grupo de negociación de agricultura
una serie de objetivos. El primero de ellos era la mejora del acceso a
los mercados, reduciendo los obstáculos a las importaciones;



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la mejora del clima de la competencia, mediante una mayor disciplina de
las subvenciones y de todas aquellas medidas que afectan, directa o
indirectamente, al comercio de productos agroalimentarios y la
armonización de las reglamentaciones fito-sanitarias y veterinarias, de
forma que se reduzcan al mínimo los efectos desfavorables sobre el
comercio agrario; en definitiva, el uso de estos instrumentos como
barreras comerciales no consolidadas. A lo largo de estos años, las
negociaciones han sido varias y ello ha provocado en la Cámara distintos
debates. Voy a recordar únicamente los últimos del Pleno del 29 de
septiembre y la moción que SS. SS. aprobaron el 26 de octubre pasado. Me
gustaría agradecerles públicamente el esfuerzo realizado, pues, de algún
modo, ha fijado --no ha sido así en todos los Parlamentos de la Unión--
una posición muy concreta en lo que se refería a la negociación
agroalimentaria en el marco del GATT, yo creo que con una cierta
anticipación y, al mismo tiempo, con una diferenciación con respecto a la
actuación de otros parlamentos. Otros sí lo han hecho, pero no todos los
de la Unión.

Haré algunas consideraciones previas antes de entrar en el objeto de la
comparecencia, que son los efectos que puede causar sobre nuestra
agricultura la finalización de la Ronda Uruguay. Quizá habría que dejar
bien claro que la negociación se produce haciendo cesión todos los
estados miembros de su soberanía en este marco en los órganos de la Unión
Europea y, en definitiva, en la Comisión, aunque, lógicamente, el mandato
que va teniendo la Comisión está influido por la opinión de los estados
miembros en el Consejo de Asuntos Generales y en el Consejo de
Agricultura.

La Unión Europea, como saben, es el principal importador de productos
agrarios del mundo y el segundo exportador. Nosotros utilizamos muchas
veces el argumento de que somos el primer importador, lo cual es
absolutamente cierto --Estados Unidos es el primer exportador--, pero eso
no deja de ocultar que somos el segundo exportador de productos agrarios.

Ello se ha basado, sobre todo, en una política agrícola común, que ha
tenido un carácter muy proteccionista, que sólo ha sido igualado por
algunos países industriales, muy pocos, Suecia, Noruega, Suiza y Japón, y
es superior, como valoración global en el sistema de protección, al de
Estados Unidos.

Este principio de preferencia comunitaria, que es uno de los soportes
básicos de la política agrícola común, lo que hace básicamente es detener
y filtrar los flujos de importación sobre el mercado de la Unión de
productos agrarios de países terceros, que, en contradicción con este
sistema, se ven, por otra parte, muy animados a entrar en nuestro
mercado, dado el nivel de precios internos y el poder adquisitivo de
nuestro mercado. Por tanto, ahí se produce una tensión permanente entre
nuestro sistema de protección y la apetencia que para los países terceros
tiene el mercado con un mejor nivel o más alto y más capacidad de consumo
prácticamente del mundo.

Las restituciones a la exportación han absorbido y absorben el 30 por
ciento del presupuesto del PAC y esto hace que los productos agrarios
comunitarios estén entrando permanentemente en una competencia dura en el
mercado internacional con productos de otros países, ya sea porque
también están subvencionadas de un modo u otro las exportaciones, como es
el caso de Estados Unidos, ya sea porque procedan de sistemas muy
especializados de producción --podríamos hablar de los productos lácteos
de Nueva Zelanda o de Australia o de otros países-- o por aquello que se
ha dado en llamar el «dumping» social, es decir, por unas exportaciones
debidas a mano de obra muy barata y a sistemas muy desregulados.

En segundo lugar, la complejidad de estas políticas agrarias, que se
practica en el mundo, ha hecho inevitable que la primera vez que se
incluia la agricultura en las negociaciones del GATT, que siempre había
sido excluida por sus especificidades, se intentara valorar todos los
aspectos de estas políticas, no sólo desde el estricto punto de vista de
los intercambios comerciales, sino también incluyendo cuestiones muy
importantes, de índole interna, de cada una de las áreas económicas. No
se trataba sólo de liberalizar sino de entrar a analizar cada uno de los
sistemas de apoyo en las distintas áreas económicas.

Desde esta doble perspectiva, la posición de la Unión Europea en los
aspectos agrícolas fue, desde el principio, siempre muy a la defensiva.

De hecho, en la reunión de Bruselas de diciembre de 1990, la Unión
Europea se quedó dramática y absolutamente sola. No tenía ningún tipo de
aliados, porque cada país había mantenido una estrategia que permitía
solidaridades atípicas. Había algún estado que estaba presionando
permanentemente con el mercado mundial y, en cambio, aparecía como líder
o cabeza de fila de los países del tercer mundo, porque, de algún modo,
justificaba la ausencia visible de los sistemas de ayuda.

Con esta referencia tan negativa, desde el punto de vista del aislamiento
de la Unión, la Unión tuvo que emprender la reforma de la política
agrícola comunitaria, básicamente, para cultivos herbáceos y los
principales productos ganaderos, que eran los que más interferían en el
mercado internacional; transforma el sistema de doble precio en un modelo
de precios internos reducidos y de ayudas compensatorias, por superficie
o por cabeza de ganado. Esto tenía ya antecedentes en la Comunidad, era
el modelo anglosajón; de algún modo permite esa duplicidad y tiene,
incluso, la ventaja de que los consumidores están accediendo a precios de
mercado internacional y, al mismo tiempo, se pueden mantener las rentas
de los agricultores.

Este planteamiento nuevo permitió a la Unión abordar con mayor soltura la
negociación de la Ronda, porque ya tenía un esquema semejante, parecido
al que tenía Estados Unidos, básicamente, y, por tanto, podía hacer una
presentación más correcta de su política agrícola. A partir de ahí se
desarrolla la negociación con Estados Unidos, los acuerdos de Blair
House. Estos acuerdos se han ido perfeccionando en el último mes y, una
vez modificados algunos elementos --de los que luego haré alguna mención
pero que SS. SS. también conocen--, nos permiten decir que la agricultura
comunitaria, europea, ha obtenido un resultado bastante positivo de esa
renegociación.




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Aquí se puede hablar de renegociación, aunque para los americanos no ha
sido renegociación, ha sido una interpretación de una serie de añadidos,
porque el concepto de renegociación se había descartado; ha habido una
readaptación de los acuerdos de Blair House.

Como saben SS. SS., se inicia esa presión para reinterpretar y añadir
elementos al acuerdo de Blair House, a iniciativa de la Unión, que tiene
sobre la mesa dos memorándum. No voy a establecer una comparación entre
los dos memorándum, el francés y el español, porque son distintos;
independientemente de la dimensión comercial de cada uno de los dos
países, lógicamente han tenido distinta valoración y mayor o menor peso.

Pero no sólo es por eso, sino porque el enfoque del memorándum francés
--sobre el que nosotros apoyamos algunos elementos importantes, como la
cláusula de paz, por tanto, la preservación de nuestra PAC, que no decae
inmediatamente, a partir del momento en que acaba el período de los seis
años de la Ronda Uruguay-- y el enfoque del español son distintos, aunque
no opuestos. Y esto tiene una lógica. La preocupación del Gobierno
francés se centra básicamente en las exportaciones a terceros países, en
la dificultad mayor o menor, en la restricción mayor o menor, del acceso
a otros países. Y nuestra preocupación --aunque también es ésa, porque
afecta a toda la Unión y, por tanto, nos va a afectar-- se centra, en
cambio, en aspectos intracomunitarios. El memorándum francés tiene una
orientación extracomunitaria y el memorándum español, apoyando algunos
elementos del memorándum francés, incide, en cambio, en los aspectos
intracomunitarios, dado que nuestro comercio internacional
agroalimentario es, básicamente, doméstico o intracomunitario. Creo que
el resultado de los dos memorándum ha tenido efectos bastante positivos y
nada desdeñables, si analizamos la situación de partida y la situación
final. Resaltaré al final los efectos que ha tenido el nuestro, el
memorándum español, porque la cuestión se centra en la repercusión sobre
nuestra agricultura.

Cuando se llega al acuerdo de Blair House las heridas internas, que son
consecuencia de la reforma de la PAC, se hacen compatibles con el
ejercicio del primer paso importante; se consigue que en la llamada caja
verde --aquella que no se cuestiona-- las ayudas a la hectárea, las
ayudas a la cabeza de ganado, sean compatibles y puedan entrar de un modo
consolidado, ya, en el acuerdo. Los compromisos de disminución de las
ayudas, que suponen un 20 por ciento, se van suavizando o laminando
durante seis años, manteniendo como período de referencia el período
1986-1988. La reducción se calcula globalmente para el conjunto de los
productos agrarios. Este es un salto importante porque da una gran
flexibilidad a la Comisión para reducir menos la ayuda en aquellos
productos que son más sensibles y, por tanto, esos dos aspectos, que se
pueda hacer una valoración global y que, al mismo tiempo, haya unas
ayudas que se compatibilizan perfectamente con los acuerdos, ayudas a la
hectárea o a las cabezas de ganado, nos dan una posición de salida más
sólida que la que se planteaba inicialmente.

El esquema de la valoración global de la ayuda tiene la importancia, a la
que he hecho referencia, de poder modular perfectamente o, si no
perfectamente, mucho mejor que si se hubiera hecho como se pretendía en
algún momento, sector a sector, porque esto podía, lógicamente, tener
efectos muy duros en algunos sectores, algunos sectores que eran más
apetecibles para las exportaciones de terceros países.

En cuanto al acceso al mercado, la arancelización, las reducciones
arancelarias y el compromiso de acceso mínimo son los tres acuerdos
fundamentales. Se aranceliza todo; con la excepción de frutas y
hortalizas, se mantiene los precios de entrada; se procede a una
reducción de estos aranceles y se llega a unos compromisos de acceso
mínimo. La arancelización --SS. SS. conocen perfectamente este concepto y
cómo se utiliza-- consiste en la eliminación de todas las medidas de
frontera, todas aquellas que no sean derechos de aduana; no hay
gravámenes variables, no hay prohibiciones, no hay calendarios, no hay
licencias de importación, no ya precios mínimos, y se sustituye todo por
los equivalentes aracelarios, que se calculan como la diferencia entre
los precios interiores y exteriores sobre la base de los años 1986-1988.

La Unión Europea, en la negociación final, ha conseguido que estos
equivalentes arancelarios se puedan calcular de una forma más
beneficiosa, que el precio interior, el precio de intervención sea
aumentado un 10 por ciento como elemento de preferencia comunitaria; hay
un 10 por ciento adicional al precio de intervención o al precio que se
constata en el mercado interior como colchón para hacer la valoración de
esos precios interiores. La reducción arancelaria media en el período de
seis años será del 36 por ciento. Se computa esta reducción no producto a
producto, volviendo de nuevo al mismo argumento que he dicho a SS. SS.,
sino sobre la media aritmética simple de los equivalentes arancelarios de
todos los productos. La respuesta que quedaba al final era si la
reducción que se ha producido, teniendo en cuenta todos los productos en
la media aritmética simple, era del 36 por ciento, no producto a
producto.

La flexibilidad nos va a permitir que en algunos sectores sensibles para
la Unión, el azúcar, las frutas y hortalizas, esta reducción sea sólo del
20 por ciento, aunque hay algunos casos --los mencionaré uno a uno--,
como los espárragos frescos, almendra cáscara, nueces, uva de mesa,
manzanas y zumo de naranja fresco, en los que es superior al 20 por
ciento.

Para los productos ganaderos se mantiene la reducción del 36 por ciento,
salvo algunas excepciones no excesivamente importantes, hígado de vacuno,
porcino y conservas de pavo, donde la reducción será superior al 36 por
ciento.

En el sector de frutas y hortalizas, del que después haré una mención más
específica, hay que señalar que la arancelización comunitaria prevé como
excepción el mantenimiento de un precio mínimo de entrada, por lo que
este sector quedará protegido de forma muy similar a como ocurre
actualmente con los precios de referencia. En definitiva, el precio de
entrada sustituye al precio de referencia. La cláusula de acceso mínimo
prevé la apertura de



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los mercados a las importaciones en condiciones preferenciales para un
volumen de productos equivalente al 3 por ciento del consumo interno en
el primer año, incrementándose tendencialmente hasta alcanzar el 5 por
ciento en el último año, el año final de vigencia del acuerdo. Para
aceptar este acceso mínimo, la Unión insistió en la aplicación de la
metodología de cálculo favorable para nuestros intereses que incluye una
determinada agregación de productos y la inclusión de los acuerdos
preferenciales que ya estaban en vigor, de tal forma que las cantidades a
importar afectarán sólo a un pequeño grupo, trigo, algunos productos
cárnicos, lácteos y huevos, en cantidades moderadas, que, en principio,
la Comisión no prevé que provoquen problemas importantes en el mercado
comunitario.

Respecto a la reducción de las exportaciones subvencionadas --tema que,
como saben, formaba parte importante del memorándum francés--, el acuerdo
prevé reducirlas el 21 por ciento en volumen y el 36 por ciento en
presupuesto, en ambos casos, a lo largo de un período de seis años y
partiendo de la media existente durante el período 1986-1990.

La negociación entre la Comisión y Estados Unidos ha permitido mejorar
sensiblemente las posibilidades de exportación comunitarias durante los
seis años de aplicación. La elección, en algunos casos, como base de
partida para la reducción cuantitativa de las exportaciones, la media del
período 1991-1992 en lugar del período 1986-1990, permitirá un incremento
sustancial de exportaciones de algunos productos, trigo, lácteos, carne
de vacuno, carne de pollo, huevos y tabaco.

El objetivo de cambiar estos períodos de referencia era que Estados
Unidos aceptara un planteamiento que le había hecho la Unión Europea, que
estaba presente en el memorándum francés; de algún modo, lo aceptaron sin
aceptarlo. Como saben, la preocupación era ver cómo conseguíamos colocar
nuestros stocks en el mercado internacional. Había un cierto veto en
cuanto a que eso se incorporara al acuerdo Blair House. Al modificar los
períodos de referencia, en la práctica la Unión va a poder exportar los
stocks que tiene en este momento.

Estos serían los resultados que afectan globalmente a toda la Unión.

Nosotros teníamos una serie de objetivos que se reflejan perfectamente en
la moción que aprobaron todos los grupos parlamentarios por unanimidad en
lo que afecta al GATT y creo que el análisis que se puede hacer de los
resultados que se han obtenido, que figuraba también como opción en el
memorándum, han sido bastante satisfactorios, teniendo en cuenta que
estamos en un proceso de liberalización de los mercados, que no estamos
en un proceso de protección de los mercados, que debe ser compatible con
la protección de los agricultores.

Nos planteamos la modificación de los calendarios de aplicación de los
precios de entrada, lo que ahora son precios de referencia, en algunos
subsectores de frutas y hortalizas. Básicamente habíamos planteado la
entrada, como calendarios, en los meses de enero, febrero y marzo, en el
caso del tomate, los calabacines o el pepino. Esos eran los tres
productos que nos preocupaban, sobre todo el tomate, desde el punto de
vista cuantitativo. Este movimiento de la Comisión con respecto al sector
de frutas y hortalizas nunca se había producido. En los últimos ocho
años, distintos países mediterráneos, pero sobre todo España, habían
intentado modificar estos calendarios, lo que nunca se había conseguido.

Posiblemente hubiera sido difícil en otras circunstancias, pero el efecto
de la negociación de la Ronda Uruguay ha tenido esa repercusión en el
sentido de abrir la sensibilidad de la Comisión, la sensibilidad, en
definitiva, del Consejo, a una serie de producciones que no habían tenido
o habían sentido con poca eficacia el concepto de preferencia
comunitaria. Por tanto, es una apertura importante para los productos a
los que afecta, pero, además, importante también por lo que representa de
modificación por primera vez del comportamiento de la Unión con respecto
al sector de frutas y hortalizas.

En la oferta comunitaria de acceso al mercado para productos agrarios,
que se presentó en Ginebra el 15 de diciembre de 1993, los actuales
precios de referencia se transformarán en precios de entrada y los
calendarios de aplicación se ampliarán, como ya he dicho, a los meses de
enero, febrero y marzo; actualmente no teníamos protección exterior.

Esto está asegurando la aplicación de esa preferencia comunitaria a esos
productos y --vuelvo a insistir-- ha sido la primera vez, como
consecuencia de la negociación de la Ronda, que el sector de frutas y
hortalizas, lo que después deberá desarrollarse con la nueva OCDM de
frutas y hortalizas de ese sector, empieza a beneficiarse del concepto de
preferencia comunitaria.

La reducción arancelaria en dos sectores que nos preocupaban, azúcar y
sector hortofrutícola, será del 20 por ciento. Baja del 36 que se
proponía a un 20 por ciento. Eran dos sectores que nos preocupaban. Se
amplía --ahí sí que creo que coincidimos en el tiempo y no fue ningún
tipo de apoyo adicional, sino que coincidimos en el tiempo y en la
preocupación con el memorándum francés-- el tiempo de aplicación de la
cláusula de paz en tres años más. Por tanto, no hay un decaimiento
inmediato, no acaba la Ronda Uruguay y a partir de ese momento la PAC
puede ser cuestionada. Por tanto, este objetivo que teníamos de evitar
ese automatismo, ese decaimiento inmediato del sistema, se ha cumplido,
no como lo planteábamos ni como lo planteaba el memorándum francés, que
era una inatacabilidad para siempre, pero, al menos, se deja un período
de tres años que nos deja seguir negociando.

Hay algunas cuestiones que van a ser consecuencia también del final de la
Ronda Uruguay, aunque todavía no están cerradas, pero sí creo que puedo
anticipar a SS. SS. que las vamos a poder resolver próximamente, como los
efectos de algunas retorsiones que todavía se vienen aplicando a
productos comunitarios, en el caso nuestro a productos españoles.

Esperamos que las consecuencias de la Ronda Uruguay afecten también a
esas retorsiones. Básicamente me refiero al tomate pelado y a sus
exportaciones a Estados Unidos, en las que creo que,



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en un período breve, podremos tener la eliminación de ese mecanismo de
retorsión; así nos lo han indicado las autoridades americanas y, además,
está ya fuera de toda lógica que se siguieran aplicando retorsiones una
vez finalizado el acuerdo.

En el sector del plátano --que, como saben, ha estado hasta el último
momento y sigue estando todavía sobre la mesa, pero con una parte
importante del problema resuelto-- se ha consolidado el arancel de 850
ecus/tonelada, que estaba previsto en la nueva Organización Común de
Mercado, con la reducción del 20 por ciento, que sigue siendo
suficientemente disuasoria para importaciones de este producto. Y al día
de hoy todavía no se ha podido llegar a un acuerdo con los países
latinoamericanos productores de plátano, a los que se ha ofrecido
incrementar el actual contingente, a derechos reducidos, de dos millones
de toneladas a 2.100.000 y 2.200.000 el siguiente, distribuidos por
países suministradores, a condición de que finalicen los contenciosos que
tienen planteados estos países en el GATT contra nuestra OCM.

En los debates internos instamos en varias ocasiones a la delegación
alemana que nos garantizara que no --no sólo a la delegación alemana,
sino a todas; iba dirigido a quien había presentado el recurso, aunque
también hay recursos privados--. Creíamos que, si estábamos pidiendo a
los países latinoamericanos que desistieran de los planes que tenían
presentados ante el GATT, lógicamente los estados miembros también debían
hacer lo mismo, con respecto a una norma que nos hemos dado nosotros
mismos.

El primer o segundo llamamiento, que iba dirigido a nuestro colega
alemán, no tuvo respuesta negativa, lo cual ya tenía su importancia; la
última respuesta que nos dio en el Consejo, y consta en sus actas, es que
el Gobierno alemán iba a respetar la Organización Común de Mercado del
Plátano y que no tenía intención de cuestionarla.

Hay una cuestión jurídica que debemos intentar resolver, y es que el
recurso está presentado, por tanto, la retirada del mismo sería la
manifestación más clara de que, efectivamente, se desiste de mantener esa
actitud. Espero que, si podemos eliminar alguna cuestión interna en
Alemania, esa retirada del recurso se pueda producir, al menos ésa es la
actitud del Ministro de Agricultura alemán y espero que pueda ser así.

Yo creo que el paso más importante, aunque quizá el más difícil de
cuantificar, ha sido el conseguir que en las conclusiones del Consejo
Jumbo, que no son muy largas --SS. SS. las conocen; creo que son dos
folios y medio--, en las que se da el mandato o las instrucciones al
negociador, se incorpore un texto bastante amplio, extraído directamente
del memorándum español, en el que el Consejo y la Comisión conjuntamente
se comprometen formalmente a garantizar las rentas agrarias y la
preferencia comunitaria en aquellos sectores cuyas organizaciones comunes
de mercado no han sido modificadas todavía (azúcar, frutas y hortalizas,
vino y arroz). Y ello teniendo en cuenta, como dice específicamente el
acuerdo, las condiciones y los principios financieros aplicables al
conjunto del sector agrario.

Tengo que decirles que de este compromiso los países mediterráneos
podemos estar satisfechos, porque ha sido bastante difícil de conseguir
que se incorporara ese texto, ya que era mucho más genérico y hablaba de
instrumentos comerciales y de otra serie de cuestiones que afectan a la
Ronda Uruguay. Se quiso incorporar una redacción específica que se
refería a productos mediterráneos más azúcar, que además son cuestiones
intracomunitarias y, por tanto, desde un punto de vista casi
procedimental tenían un encaje difícil, pero eran argumentos que
esgrimían algunas delegaciones. No obstante, ésa era una cuestión aparte,
y ya hablaremos después.

Todo esto nos hizo estar discutiendo bastantes horas. La delegación
española no se encontró sola, pero sí poco acompañada, tengo que decirlo
con toda claridad. El memorándum español era apoyado por los países
mediterráneos, pero cuando este texto, exactamente el que reproduce el
acuerdo, se propuso a la Presidencia para que lo hiciera circular --era
un texto, además, que no admitía, desde nuestro punto de vista, ninguna
modificación, como no la tuvo--, recibimos el apoyo de todos los países
mediterráneos, pero un apoyo, insisto, «a posteriori», que hizo que esta
cuestión fuera considerada como de no acuerdo. Y dado que los acuerdos se
toman por anunimidad, eso nos permitía tener un margen de resistencia
importante; de hecho, al final se consiguió que ese texto se aprobara.

Dicho texto va a ser la garantía de cada reforma, con todas las
negociaciones que habrá que hacer después y con toda la complejidad que
tendrá la negociación de cada una de sus OCM, pero es la primera vez que
tenemos una garantía política que incorpora el Consejo y la Comisión.

No voy a alargarme en la explicación, pero incluso cabía la posibilidad
en aquel momento de que ese acuerdo lo tomara sólo la Comisión o que lo
tomara sólo el Consejo. Si lo tomaba sólo el Consejo, como la Comisión es
la que propone, no servía para mucho, era sólo un acuerdo político, y si
lo tomaba sólo la Comisión, luego la aprobación la tenía que hacer el
Consejo. Había que conseguir que el acuerdo fuera del Consejo y de la
Comisión, y específicamente se menciona a los dos órganos políticos como
comprometidos en que la preferencia comunitaria se aplique a esos
sectores y los criterios financieros sean los mismos que se han aplicado
a las demás organizaciones comunes de mercado.

Cuando hablamos de preferencia comunitaria eso se entiende perfectamente
para estos sectores y para todos los demás. Quizá cuando hablamos de
principios financieros la explicación de ese concepto, que puede parecer
incluso innecesario, tiene en nuestro país, y para una producción
específica nuestra, una gran importancia, que es en el sector del vino.

Ese concepto o principio financiero se pone básicamente para garantizar,
en el debate de la OCM del vino, que la financiación corra al cien por
cien a cargo de la Comunidad, al igual que en los demás sectores, y por
eso se incorporó este concepto, que de algún modo no era muy bien
entendido por otras



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delegaciones, que no acababan de comprender por qué esa insistencia en
poner condiciones y principios financieros.

Este es un poco el resumen de los acuerdos, y de ellos se pueden deducir
los efectos. Me gustaría hacer alguna mención específica al sector de
frutas y hortalizas, porque ha tenido algunas modificaciones importantes,
y, además, en algún caso ha habido, más que descrestes, reducciones
arancelarias que me gustaría explicar.

Como saben SS. SS., la protección del sector hortofrutícola, ya lo he
dicho, está basada en los derechos de aduana (que resultan muy poco
eficaces como protección) y en los precios de referencia, que sí que son
la auténtica protección. Estos precios de referencia se aplican a un
total de veinte productos que son, básicamente, el grueso de la
explotación comunitaria, y, en caso de no respetarse, los productos
importados son sancionados con el cobro de la tasa compensatoria.

En la Ronda Uruguay, el sector hortofrutícola comunitario constituye una
excepción en lo relativo a la protección exterior. En efecto, la
arancelación se acepta con carácter general para todos los sectores
agrarios, y prevé la desaparición de las medidas aplicadas en frontera
diferentes de los derechos de aduana, todos los sistemas de protección a
los que he hecho mención antes. Sin embargo, en el sector hortofrutícola
se mantienen unos precios de entrada. Son, como ya he dicho, exactamente
igual que los precios de referencia, con los mismos calendarios, excepto
los que ya he indicado que se amplían. Aquellas partidas que se importen
a un precio inferior al de entrada, serán gravadas con un equivalente
arancelario, que será lo mismo que la actual tasa compensatoria.

Por tanto, el sistema de protección permanece con cambios en la
denominación, y no sólo en la denominación, es algo más. El precio de
entrada no es lo mismo que el precio de referencia; el efecto es igual,
pero habrá que vigilar que esos precios de entrada, y las facturas que
sirven de justificación a los mismos sean lo más efectivas posibles, con
todas las dudas que uno puede tener sobre ese funcionamiento, pero eso,
en definitiva, ya depende de nosotros, de los Estados miembros, de
nuestra capacidad para poder vigilar la verosimilitud de esa
documentación. También sucede ahora, todo hay que decirlo.

¿En qué productos ha habido una reducción arancelaria superior al 20 por
ciento? En manzanas, un 36 y un 50 por ciento, según los períodos; en uva
de mesa, un 36 por ciento. Y dado que estos productos, tanto la manzana
como la uva de mesa, tienen unos precios de referencia que van a ser
ahora precios de entrada bastante altos, que han sido suficientemente
disuasorios hasta ahora, esa protección, la de los precios de entrada,
tanto en manzana como en uva de mesa va a ser la auténticamente
disuasoria, no va a ser el arancel, ni lo era ni lo va a ser, aunque haya
una reducción superior a la media de los productos.

En espárragos frescos, como SS. SS. saben los problemas se deben
básicamente a las conservas. Por tanto, la reducción arancelaria sólo
afecta al espárrago fresco y no es precisamente ese espárrago fresco el
que nos crea problemas, sino las conservas.

La almendra en cáscara no es la vocación importadora de la Unión; estamos
importando, básicamente, almendra en grano. Hay una reducción de
aranceles en la almendra en cáscara, pero, como ya digo, básicamente las
importaciones se producen en almendra en grano. Ya existe, de todos
modos, en este momento un contingente de 45.000 toneladas con derecho
reducido, con un dos por ciento (prácticamente sin arancel), tanto con
cáscara como sin cáscara y, por tanto, la innovación que se introduce,
habiendo eliminado la almendra en grano de esa reducción, nos parece que
no debe tener un gran efecto sobre el mercado de almendra. Tiene, como
SS. SS. saben, mucho más efecto el resultado de las cosechas concretas de
algún territorio determinado que el esquema de produción arancelaria. En
cuanto a nueces con cáscara, la reducción es casi del 50 por ciento,
aunque no llega. Había un 6,4, que era un arancel muy bajo, y se queda en
un cuatro. En las nueces sin cáscara se ha bajado del 6,4 al 5,1.

El zumo de naranja natural tiene una reducción del 36 por ciento. Pasa
del 15,2, que hubiera quedado con el 20 por ciento que se ha hecho a
todos, al 12,2 por ciento. De momento --y digo de momento porque hay que
ser realista--, quizá por algunos años el efecto va a ser prácticamente
nulo, porque estamos hablando del zumo fresco, que no se importa, se
importa zumo concentrado congelado, y ése no tiene esta reducción
arancelaria, sólo la tiene el zumo fresco. Quizá en el futuro, depende de
cómo avancen las tecnologías, puede tener más efecto y debería ser tenido
en cuenta; yo estoy convencido que así es por parte de los operadores.

En todo caso, como saben, en este momento el zumo que se importa es
concentrado; es necesario, además, para poder utilizar el nuestro. Cuando
hago esta mención, la hago consciente de que incluso el propio argumento,
que es absolutamente válido, puede quedar devaluado, pero no me preocupa
porque, como digo, es válido. No importamos zumo fresco, esto es cierto,
pero, indudablemente, cuando alguien negocia para que se consiga una
reducción en el zumo fresco es porque en el futuro piensa que ese zumo
fresco puede tener acceso al mercado. Por tanto, simplemente hay que
saberlo y hay que tomar las medidas adecuadas. Una de ellas, que ya la
hemos tomado aunque es una decisión de la Comisión, ha sido plantear en
el Comité Star, donde se fijan los sistemas de ayuda a estructuras --en
este caso a industrias agroalimentarias-- el mantenimiento de los
sistemas de ayuda para la transformación de zumos de frutas, en general,
y específicamente de zumo de naranja, simplemente vinculándolo a que en
el futuro pudiera haber algún problema de competencia, que en este
momento no se va a producir.

Las exportaciones a países terceros que tienen restituciones se reducen
--hay que reducir el 21 por ciento en los próximos seis años--, pero,
como saben, nuestras exportaciones básicamente van a la Unión, y las que
no van a la Unión van al resto del mundo, pero se concentran en países
que van a estar en la Unión inmediatamente. Si sumamos los actuales
miembros de la Unión más



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Austria, Suecia, Noruega y Finlandia --que, por tanto, no van a estar en
esas condiciones de país tercero--, nuestra exportación hortofrutícola,
afectada por reducciones de exportaciones a terceros países, va a ser
absolutamente mínima y con muy poca incidencia en nuestro sector. Quizá
la va a tener más en la producción hortofrutícola de otros estados
miembros, que además, como saben, es muy importante. A veces polarizamos
excesivamente la importancia del sector en nuestro país --que es muy
importante, más que en otros países, en proporción a nuestra producción
agraria--, pero la producción hortofrutícola francesa u holandesa no es
nada desdeñable, es también muy importante, y una parte de esa producción
sí que va a terceros países y se va a ver afectada por la reducción.

Nuestros mercados son básicamente internos.

Como creo que después tendremos ocasión de seguir planteando alguna
cuestión adicional sobre los efectos de la Ronda Uruguay, de momento dejo
aquí lo que se refiere a este tema y voy a seguir con la explicación de
los efectos que sobre el sector de oleaginosas van a tener las medidas
que hemos adoptado internamente, y las nuevas que hemos acordado en el
último Consejo de Ministros.

Sus señorías saben que en la campaña 1992-1993 el régimen de oleaginosas
de la Unión se modificó como consecuencia de las conclusiones del grupo
especial del GATT, que declaró el sistema comunitario de ayudas a la
producción de oleaginosas incompatible con las reglas del GATT, ya que
discriminaba las importaciones procedentes de terceros países y cubría
totalmente a los productores de los efectos derivados de las variaciones
del mercado mundial y, por tanto, no era compatible. El régimen
transitorio aplicable a la campaña 1992-1993 contemplaba la concesión de
pagos compensatorios por hectárea como principal elemento diferenciador.

Para España, por aplicación del período transitorio, la ayuda media fue
muy superior a la comunitaria, 292 ecus/hectárea. A esa campaña se
acogieron 81.000 productores, que sembraron 1.450.000 hectáreas,
recibiendo globalmente alrededor de 85.000 millones de pesetas.

Los Estados Unidos consideraron que el nuevo régimen de apoyo
comunitario, si bien era conforme a las reglas del GATT, menoscababa el
valor de las concesiones arancelarias que había otorgado la Unión Europea
en el año 1962, por lo que el grupo especial del GATT pidió a la Unión
Europea que, o bien modificara el nuevo régimen, o bien renegociara la
concesión arancelaria. La Unión eligió esta segunda vía, la renegociación
de la concesión arancelaria, y después de varias negociaciones se llegó a
un texto de acuerdo entre las delegaciones de la Unión y Estados Unidos,
que se recoge en el memorándum de acuerdo sobre las semillas oleaginosas
que nos sirve de elemento de referencia para la reforma. Esto fue el
preacuerdo de Blair House, que aprobó el Consejo de la Unión el 8 de
junio de este año. Este acuerdo cristalizaba la superficie tradicional de
oleaginosas de la Unión y daba luz verde a las ayudas por hectárea que se
habían implantado en la reforma de la PAC. Es decir, se hacía el
equilibrio de fijar la superficie y, al mismo tiempo, garantizar el
sistema de ayuda por hectárea.

Simultáneamente se había puesto en marcha la reforma, según la cual la
campaña 1993-1994 no tenía limitaciones específicas a los cultivos de
oleaginosas, salvo los derivados del respeto a las superficies de bases
regionales. Esta circunstancia, conocida por todos, junto a la ayuda
mayor que en función del período transitorio tenía el girasol español
--295 ecus/hectárea--, y los efectos que además pudimos paliar y animamos
a que se paliaran utilizando esa circunstancia especial del sistema de
ayudas al girasol por los efectos de la sequía, hizo que la citada
superficie de girasol en nuestro país alcanzara un nivel de 2.100.000
hectáreas, no así la producción, que prácticamente ha sido la misma que
en la campaña anterior, pero sí, repito, la superficie. El número de
beneficiarios pasó de 81.000 a 125.000, y hasta este momento hemos pagado
un anticipo de 72.000 millones, lo cual quiere decir que la ayuda final
será de unos 150.000 millones. Sus señorías conocen también las normas
que, en función de la Orden Ministerial de 27 de noviembre, pusimos en
vigor sobre las siembras de girasol.

En cuanto al acuerdo del último Consejo, voy a hacer referencia a él
ahora. Las medidas y su eficacia luego en el debate podemos ver cuáles
son, pero el motivo sí que lo conocen SS. SS. perfectamente: hemos de
bajar de 2.100.000 toneladas a 1.411.000 menos el «set aside», es decir,
a 1.200.000 toneladas. Es un salto hacia atrás desde el punto de vista de
la superficie, y hacia adelante desde el punto de vista de la superficie
tradicional, que nunca ha sido de un 1.200.000. En todo caso, es una
superficie que no hemos sembrado normalmente, salvo una campaña; en todo
caso, el reducir esas expectativas requería, por responsabilidad, dar
unas normas y, por tanto, una señal a todos los agricultores de cuál iba
a ser el marco para evitar que las penalizaciones pudieran afectar no
sólo a aquellos que por oportunidad (o por obligación en el caso de la
sequía) estaban sembrando, sino a aquellos que tradicionalmente también
lo hacían y podían verse perjudicados con las penalizaciones.

En el último Consejo de Ministros, el que celebramos del día 13 al 17,
modificamos algunos elementos en lo que se refiere al régimen de apoyo a
las semillas oleaginosas. Tendremos próximamente el reglamento, que será
el que fije estos acuerdos y que, de algún modo, es la respuesta al
Acuerdo de Blair House entre Estados Unidos y la Unión. Las líneas
básicas de la próxima regulación se las voy a resumir muy brevemente, y
son las siguientes. Se establece una superficie máxima garantizada de
oleaginosas para la Comunidad de 5.128.000 hectáreas a partir de la
campaña 1995-1996. Esta superficie máxima garantizada se corresponde
exactamente con la superficie media de los cultivos de colza, girasol y
soja durante el período de referencia 1989-1991. Si la superficie de
oleaginosas en una campaña supera la superficie máxima garantizada
comunitaria, se aplicará una penalización a la ayuda o a la cantidad de
referencia regional de un uno por ciento por cada uno por ciento de
superación. Esta penalización se aplicará exclusivamente a los países que
hubieran superado las superficies de oleaginosas de referencia
nacionales. Estas superficies de referencia nacionales



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tradicionales ajustadas, que sería el concepto completo, si se superan
punto a punto, serán penalizadas punto a punto. Aquel Estado que no las
supere, aunque se supere la comunitaria, no tiene penalización.

Creo que esta fijación de superficies nacionales tradicionales a corto
plazo, inmediatamente a partir de la siguiente campaña que no de ésta, va
a suponer una mejora importante, por algunas cuestiones que iré
comentando, para nuestros intereses respecto a la propuesta inicial de la
Comisión. En concreto, ha supuesto la creación de un banco de superficie
de oleaginosas de 230.000 hectáreas, con aportación de superficies
tradicionales. Las superficies tradicionales que eran producto del
cálculo del período de referencia no eran superficies de las que nadie
fuera propietario. Distintos Estados miembros, como Francia, Italia y
Dinamarca, han aportado las 230.000 hectáreas para dotar a ese banco, que
ha sido repartido entre tres Estados, entre Alemania, España y Portugal.

A Alemania se le han incrementado, porque tenían un déficit muy
importante los nuevos «länder», 150.000 hectáreas, a España 65.000 y a
Portugal 15.000. Por tanto, la cantidad de referencia tradicional
española queda en 1.168.000 hectáreas para el conjunto de las
oleaginosas.

Hay que tener en cuenta que en el período de referencia de la reforma de
la PAC, la media de cultivo en España fue de 1.103.000. Por otra parte,
supone un máximo histórico, porque en la campaña 1990-1991 las lluvias
impidieron, en el otoño, la siembra de cereales, y eso hizo incrementar
la siembra de girasoles en esa campaña, por lo que la media en esos años
sale más alta de lo normal y es de 1.103.000. El incremento de 65.000
hectáreas, que nos da como resultado final una superficie ajustada de
1.178.000, es un factor de estabilidad si dejamos aparte esta última
campaña, es decir, lo que ha sido la superficie tradicional española es
un factor importante de estabilidad al alza superior a nuestra media.

Al mismo tiempo se toman medidas transitorias en España y Portugal para
cumplir lo que se dispone en el Tratado de Schengen. En la campaña
1994-1995 podemos sembrar las cantidades específicas y tener las ayudas
transitorias previstas y en concreto en esta campaña nuestra cantidad
máxima garantizada, ya la conocen SS. SS., será de 1.411.000 hectáreas,
de las cuales, deducido el 15 por ciento de «set aside», tendremos una
superficie cultivable de 1.200.000 aproximadamente. La ayuda específica
seguirá creciendo este año y será de 311 ecus por hectárea, de
rendimiento medio de cereal dos toneladas y media por hectárea, que al
cambio actual va a suponer una ayuda de 59.200 pesetas por hectárea tipo.

el memorándum de oleaginosas también posibilita el cultivo de semillas
oleaginosas en tierras retiradas de la producción. Para la fabricación en
la Unión de productos no destinados básicamente al consumo animal o
vegetal, productos «no food», hasta un millón de toneladas expresadas en
equivalente a harina de soja (lo que supone aproximadamente unas 700.000
hectáreas en toda la Unión), ahí podemos acceder. Estamos hablando con
las empresas extractoras o con las que tengan interés en poder utilizar
este producto y hemos de resolver cuestiones internas que no se les
escapan a SS. SS., que tienen que ver básicamente con la fiscalidad, para
hacer viable la producción de combustible con origen en semillas
oleaginosas.

Resueltas esas cuestiones, en la siguiente campaña podemos hacer una
cierta previsión de que de este fondo comunitario de 700.000 hectáreas,
una parte de la que no me atrevo a dar una estimación en este momento
podrá cultivarse en España.

Como saben, en lo que se refiere a los pequeños productores el memorándum
se aplica únicamente a los cultivos de semillas oleginosas que reciben
pagos específicos. Por tanto, los pequeños productores que no optan por
el régimen general, los que no asumen la obligación de retirada de
tierras, perciben por las oleaginosas que cultivan la misma ayuda que si
estuvieran cultivando cereales.

En el supuesto de que haya un volumen más o menos importante de pequeños
agricultores que no se acojan al régimen general, esa superficie no
incidirá sobre la máxima garantizada, sino que será adicional a la misma.

En esta campaña los pequeños cultivadores han percibido pagos específicos
de 243 ecus/hectárea --hectárea tipo siempre--, y para la campaña que se
tiene que sembrar todavía los pagos específicos para estos pequeños
agricultores serán de 260 ecus por hectárea.

El Consejo también ha aprobado la posibilidad de hacer un barbecho
voluntario, con el margen incluso de que sea cada Estado miembro el que
hasta un límite pueda autorregular ese barbecho, cuyo máximo se fija en
un 50 por ciento, y ese 50 por ciento ha de ser la suma entre retirada
voluntaria y retirada obligatoria; la indemnización se incrementa de 45
ecus/tonelada rendimiento a 57 ecus para esta campaña.

Hay un elemento que lógicamente no ha tenido mucha trascendencia a nivel
comunitario, pero sí la va a tener para nosotros, que ha formado parte
importante de la negociación y que creo que va a poder ser un elemento de
garantía, porque es una especie de OCM particular que sólo se va a
aplicar a España para estimular el cultivo de las legumbres de consumo
humano, lentejas, garbanzos, berzas, etcétera, que como saben tenía un
sistema especial de apoyo, pero excesivamente bajo en lo que se refiere a
la ayuda, una ayuda que no estimulaba y que había hecho que estuviéramos
en unas superficies reducidas, no superiores a 100.000 hectáreas en el
conjunto del país. Ese reglamento era de aplicación a toda la Comunidad,
pero en cambio, en el resto, por no tener tradición en el cultivo o por
ser poco estimulante la ayuda, sólo se estaban sembrando unas 5.000
hectáreas, muy poco, era irrelevante.

La negociación que hemos hecho con la Comisión ha consistido en que este
esquema de ayudas a las legumbres de consumo humano no vaya caducando
--ésta caducaba el año que viene y, por tanto, había que negociarlo, lo
cual es siempre incómodo en el marco del Consejo porque hay que estar
sacando temas específicos, sea el país que sea--; que el régimen sea para
siempre, deja de ser



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transitorio; que las ayudas sean de verdad estimulantes, y que, además,
se fije una superficie para España. Esa superficie objetivo que se fija
para España es de 400.000 hectáreas, lo que quiere decir que tenemos una
organización común de mercado aplicable sólo a España, que garantiza, sin
«set aside» (deben faltar algunos elementos que no se han tenido en
cuenta quizá en el análisis que se ha podido hacer), de 400.000 hectáreas
adicionales, con un esquema de ayudas, que, aunque no tengo la
confirmación, les puedo anticipar --a pesar de que eso me compromete,
pero en todo caso ése fue el compromiso que tengo con la Comisión y por
tanto se lo anticipo-- va a representar aproximadamente unas 30 ó 35
pesetas por kilo de una hectárea de rendimiento medio, lo cual equivale
casi al precio de entrada, un poco menos porque el precio al que está
entrando es de unas 40 pesetas.

En definitiva, la ayuda para este tipo de cultivo se inicia en esta
campaña con 130 ecus/hectárea, muy superior a la que había, y por eso nos
parece suficientemente estimulante. Pero hemos hecho la previsión, por si
no fuera así, de que para el año que viene, si no se alcanzan los
objetivos, si se queda muy lejos de los objetivos, de las 400.000
hectáreas, pasar inmediatamente, como mínimo, a 150. Ya sé que esto tiene
la explicación de que puede ser un arma de doble filo por aquello de
decir: no lleguemos porque así tendremos más ayuda. Pero aunque se
produzca ese efecto, tampoco será demasiado. Vamos a tener la posibilidad
de poder suplir una parte muy importante de nuestras importaciones. Si
consiguiéramos las 400.000 hectáreas prácticamente supliríamos todas
nuestras exportaciones, y lo que sí que va a requerir es una mucho mejor
organización interprofesional que comercialice, en mejores condiciones,
estos productos. Pero creo que ha sido un elemento importante. Tengo que
decir a SS. SS. que ha sido fuertemente contestado por algunas
delegaciones en el Consejo e, incluso, produjo la abstención de alguna
delegación cuando se discutió este elemento, que era muy defendible por
nuestra parte porque era un cultivo tradicional en España, que a pesar de
tener precios bajos y ayudas pequeñas seguimos cultivando y, por tanto,
teníamos fundamento para pedir este tipo de ayuda.

Volviendo a las finanzas --y este tema tiene relación con él por las
superficies en donde se va a cultivar--, la aplicación al cultivo del
girasol, a partir de la campaña 95-96, de las ayudas normales de la Unión
(195 ecus frente a 311) vamos a pasar en esta campaña que se va a sembrar
a 311 a la siguiente, a la ayuda normal de la Comunidad, que son 195, lo
cual, lógicamente, desestimula la posibilidad de que se puedan retirar
tierras, con un incremento importante de 45 a 57 ecus/tonelada. El hecho
de que los pequeños agricultores que se quieran acoger no al régimen
general, sino al de cereales, nos permite estar bastante tranquilos y
seguros en el sentido de que vamos a permanecer en el millón de
hectáreas, aproximadamente, sin sanciones, manteniéndonos en ese nivel de
producción que ha sido tradicional en España y, por tanto, sin crear
perturbaciones que vendrían básicamente de la reducción de la ayuda. No
en esta campaña sino en la siguiente nos podremos quedar en ese millón de
hectáreas. Quiero recordar que no hace falta explicar el resto de
hectáreas de la superficie de base (puede ser base de cereales, como es
lógico), pero que sí hace falta explicar que, además de poderse sembrar
cereales acogiéndose al sistema general, vamos a tener ese pulmón
adicional de alcanzar 400.000 hectáreas que serían, aproximadamente, unas
280.000-300.000 más de las que actualmente estamos cultivando en
legumbres de consumo humano.

Por mi parte, señor Presidente, señorías, estoy a su disposición.




El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo peticionario de la
comparecencia, tiene la palabra el señor Ramírez.




El señor RAMIREZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor Ministro por su
comparecencia. Le reitero nuestro deseo de curación de su accidente.

Vamos a pasar a analizar la información que nos ha proporcionado con
relación al objeto de la petición, así como a las consideraciones que
nuestro Grupo hará, no solamente de la información que hemos recibido de
S. S., porque la verdad es poco más allá de la que se haya publicado y
que ya conocíamos, sino de los temas que han sido formulados por las
organizaciones agrarias y que esperamos que en la segunda parte serán
objeto de un análisis más profundo, porque realmente lo que hemos
recibido en la primera introducción no va más allá de lo que ya
conocíamos.

Digamos, inicialmente, señor Ministro que el acuerdo agrario agrícola del
GATT ha sido rechazado por todas las organizaciones agrarias española y
por la Unión de Cooperativas. A ninguna de ellas le ha satisfecho el
acuerdo alcanzado y todas señalan el grave perjuicio que para la
agricultura española va a ocasionar la aplicación del contenido del
acuerdo. Se ha señalado que ha habido claros vencedores y claros vencidos
y que en este segundo aspecto somos nosotros, y especialmente nuestra
agricultura mediterránea, la que ha salido realmente dañada.

El acuerdo del GATT tiene algunos aspectos positivos. Qué duda cabe, cómo
no vamos a reconocerlo. Mínimamente, ha legitimado la reforma de la
política agraria común y, de alguna forma, tenemos que darnos por
satisfechos en ese pequeñísimo aspecto que, luego también tiene sus
sombras, como expondré para obtener la explicación del señor Ministro.

Por lo demás, señor Albero, el GATT, tal como ha sido acordado en el
capítulo agrícola, no es satisfactorio para nuestros intereses y, en
relación con el acuerdo unánime que adoptó esta Comisión, se separa
realmente de los postulados que en ella se contenían e incluso del
memorándum que el Gobierno español hizo llegar.

Hay algunas consideraciones, señor Albero, que necesitamos conocer
inmediatamente y, para aprovechar la sesión, vamos a intentar exponerlas
de una forma sucinta, por lo que esperamos --repito-- una contestación
clara. ¿Se va tener que renegociar, cuando termine el período



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de seis años, la excepción que se hace en el acuerdo del GATT de las
ayudas compensatorias o eso ha quedado sancionado de alguna forma? ¿O
solamente las ayudas compensatorias han sido reconocidas en el GATT
durante seis años? ¿Puede considerarse equilibrado un acuerdo cuando
solamente la paz, de respeto a la reforma de política agraria, se
establece por nueve años y, en cambio, las reducciones arancelarias se
establecen sin temporalidad alguna?
El GATT afecta mucho más a los productos no reformados, todos hemos
coincidido en esa cuestión. Los productos reformados, señor Albero, se
elaboran en el sur de la Unión. Los productores de productos
continentales menos afectados por el GATT están en el Norte y coinciden
con los países que más participan en la financiación de la Comunidad.

¿Qué garantía existe de que va a ser abordada con generosidad la
financiación que el acuerdo del GATT exige sobre los productos no
reformados?
El acuerdo de la Cumbre dice textualmente que se mantendrá una política
de apoyo de rentas a los productores de productos no reformados
--especialmente frutas, hortalizas, vino, aceite y arroz-- dentro del
equilibrio financiero y de los límites presupuestarios establecidos en la
Cumbre de Edimburgo. ¿Cómo va a casar esa limitación, señor Albero, con
las expresiones ya hechas por sectores profesionales afectados que
evaluán la necesidad de las reformas que se tienen que adoptar
urgentemente en los sectores no reformados entre 150.000 y 200.000
millones de pesetas solamente en España? ¿De dónde va a salir ese dinero
si ya tenemos el límite que nos establece la Cumbre y sabemos el acuerdo
de Edimburgo? ¿Vamos a encontrar la solidaridad financiera de los países
productores de productos continentales que han salido muy bien parados en
el GATT, especialmente esa referencia a la eliminación de «stockajes»,
durante el período transitorio, que en muy poco beneficia a España y que
en muy mucho beneficia a los grandes productores del norte de la Unión?
¿Qué garantía tenemos, señor Albero, para contar urgentemente con ese
dinero y de una forma expresa y con calendarios? ¿Por qué, señor Albero,
hemos aceptado en España la referencia individualizada de recibir las
exportaciones de maíz y sorgo norteamericano en nuestro territorio? ¿Por
qué ese tratamiento individualizado? ¿No estamos suscribiendo el acuerdo
del GATT, no hemos comunitarizado la llegada de productos externos a los
de la Comunidad, primero en el 3 por ciento, luego en el 5, la rebaja de
aranceles, etcétera? ¿Por qué ese tratamiento exclusivo para España? ¿Por
qué no hemos obtenido un tratamiento igual al de Portugal? En el caso de
Portugal, el importador del maíz es el organismo de intervención en el 70
por ciento, que regulará su salida al mercado en función de las
circunstancias económicas de ese mercado en Portugal. ¿Por qué hemos
dejado a las multinacionales el uso y abuso de esa institución en España?
¿Y por qué España ha recibido en solitario el tratamiento de los
2.300.000 toneladas? La cláusula de paz es solamente por nueve años.

¿Significa eso, señor Albero, que a los nueve años hay que renegociar la
cláusula de paz en el GATT, que no hay garantía, mientras --repito-- la
rebaja arancelaria se produce sin límite de tiempo? Son preguntas que nos
formulamos de una forma importante, por lo que pedimos su aclaración.

Ha hecho especial mención el señor Ministro a la modificación de
calendarios para el acceso al mercado comunitario de pepinos, tomates y
calabacines. Y punto, señor Albero; porque el señor Serra en su
intervención en el Pleno, el otro día, en este aspecto decía: etcétera.

Pero, no; es punto y aparte. Cuando se habla de fresas, pimientos,
espárragos, coliflores, ahí sí que hay un largo etcétera, y no han sido
modificados sus calendarios de acceso al mercado comunitario. Por tanto,
ha sido exclusivamente sobre estos tres productos. ¿Y por qué no se ha
hecho definitivamente una modificación de los calendarios de todos los
productos, habida cuenta de la importante modificación que se lleva a
efecto en la rebaja arancelaria de frutas y hortalizas, con carácter
general, etcétera? No sabemos por qué ese punto y aparte, ni por qué
quedan una serie de productos abiertos y sin fijación de sus calendarios.

Algo nos tendría que decir sobre esto el señor Ministro. De igual manera,
¿por qué en una serie de productos muy sensibles para España, repito, muy
sensibles para nuestra agricultura mediterránea, la rebaja arancelaria ha
sido del 50 por ciento, y estamos hablando de frutas y hortalizas?
Todos hemos conocido lo que ha sucedido en estos años, señor Ministro,
con los frutos secos: el desplazamiento de nuestras producciones por
aprovisionamientos procedentes de Turquía, Estados Unidos, Méjico,
etcétera, o la lectura que podemos hacer de las importaciones de
espárragos, en las que los productores de los Andes han desplazado
nuestra producción. ¿Por qué esa consideracion especial a esos productos
tan sensibles para nuestra agricultura mediterránea?
No tengo que recordar en la Comisión que España tiene aproximadamente
600.000 hectáreas plantadas de frutos secos, que realizan en nuestro
territorio una labor insustituible porque defienden el ecosistema. Ahora
que tan de moda está hablar de actitudes ecológicas, nuestros frutos
secos están realizando una labor insustituible, especialmente en el
Mediterráneo español. Y hay plantadas cerca de 600.000 hectáreas. En su
día, cuando nos integramos en la Comunidad Económica Europea, no supimos,
no quisimos o no pudimos defender una OCM que protegiera aquellas
producciones --debates ha habido en esta Comisión con relación a los
frutos secos, y en el «Diario de Sesiones» constan-- y ahora nos
encontramos con que, a pesar de los malabarismos que acaba de hacer el
señor Ministro explicando que no es la almendra en cáscara la gran
competidora sino la almendra sin cáscara, de inmediato, posiblemente, los
importadores puedan cambiar el eje de sus importaciones y sustituirlas
por almendras con cáscara.

Señor Ministro, tampoco ha quedado aclarado por qué se ha permitido que
los Estados Unidos sigan penalizando las exportaciones españolas de
tomate pelado y triturado. Son sanciones que se adoptaron en su día y que
normalmente --al igual que hemos hecho referencia al maíz y al sorgo--,
en un contexto nuevo, como es el nuevo



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marco del GATT, deberían haber desaparecido. Y sólo tenemos una vaga
promesa, que ha señalado el señor Ministro, de que se podrán considerar
en el futuro las marginaciones que están recibiendo nuestras
exportaciones de tomate pelado y triturado.

Señor Ministro, respecto a ese malabarismo --y perdone la expresión, pero
es que lo ha hecho en varias ocasiones-- que ha efectuado con relación al
zumo de naranja, efectivamente no estamos importando el natural sino el
preparado, pero indudablemente se puede cambiar. Quizá en el tratado
preferencial que estamos negociando con el norte de Africa --y que será
objeto de un tratamiento específico en esta Comisión en un futuro
inmediato-- podamos encontrar una respuesta. Quizá las empresas de
producción citrícola que se han instalado, o se van a instalar en
Marruecos piensen adecuar a su producción esta nueva posibilidad que les
permite el acuerdo del GATT, y sustituyan nuestras exportaciones de zumo
concentrado y preparado por zumo natural. De hecho es algo importante y
no hay que recordar --usted es valenciano de origen-- la importancia que
tienen nuestras producciones citrícola y de zumo de naranja.

Antes de abordar las cuestiones relacionadas con las oleaginosas y su
tratamiento, he de manifestar, señor Ministro, que nos preocupa
profundamente que productos no reformados hayan sido objeto de un
tratamiento tan específico en el GATT que, de alguna manera, hace
inexorable que esa reforma se lleve a efecto. Pero esa reforma vale
dinero, mucho dinero, y nos encontramos con que la Cumbre hace una
referencia a los límites presupuestarios que establece la Cumbre de
Edimburgo. Y eso no casa con nuestro planteamiento. ¿De dónde va a salir
ese dinero? ¿Va a salir, señor Ministro, como se está hablando ya, de la
reducción presupuestaria de las medidas de acompañamiento? ¿Es que la
Comunidad ha decidido no sufragar sus compromisos con las medidas de
acompañamiento? ¿Puede encontrarse respuesta a ese temor porque usted no
ha encontrado un aprobado para su plan de forestación presentado ante la
Comunidad y que, por tanto --dicho vulgarmente--, con la ropa de un santo
vayamos a intentar vestir a otro y nos quedemos sin los apoyos a las
medidas de forestación, a las medidas medioambientales, a las medidas de
jubilaciones anticipadas previstas en la reforma de la PAC porque ese
dinero, de acuerdo con el equilibrio de la Cumbre de Edimburgo, tengamos
que destinarlo a financiar las reformas de las OCM afectadas por el GATT
y no previamente reformadas? Yo creo que ahí está el nudo de la cuestión,
señor Ministro, y esperamos que nos responda a él, a ese planteamiento.

Nosotros creemos que hay que reformar el Acuerdo de Edimburgo. No podemos
abordar las reformas pendientes con las limitaciones presupuestarias en
él incluidas y, por tanto, difícilmente se pueden alcanzar esos objetivos
si no modificamos esas cuestiones en lo que respecta a nuestra labor como
Gobierno y representantes de los intereses españoles en la Comunidad.

Posteriormente hablaremos de las responsabilidades nacionales.

Por lo que hace referencia a las oleaginosas, señor Ministro, lo primero
que podemos y debemos criticar es que una ordenación de cultivos de esa
magnitud no puede publicarse el 27 de noviembre. Cualquier agricultor de
secano, el 27 de noviembre ya ha hecho su reparto de superficies y ha
dicho: Esto es lo que voy a sembrar de cereales, porque ya no tengo más
tiempo para sembrar, y esto es lo que voy a sembrar de oleaginosas. El 27
de noviembre usted le cambia absolutamente el cuadro de referencia y,
además, no tiene capacidad de reacción, porque el 27 de noviembre, es
decir, cuando es conocida la disposición, el 2 o el 3 de diciembre, ya no
hay capacidad para sembrar cereales en aquellas parcelas que se habían
reservado para oleaginosas, máxime, repito, señor Ministro, conociendo
las limitaciones desde junio, como usted ha señalado.

Segundo, yo creo que ha faltado sensibilidad por parte del Ministerio en
favor de las zonas que no tienen otras alternativas económicas, de las
zonas de montaña, de las zonas cuyos rendimientos no superan los dos mil
kilos de cereales por hectárea, a las que les ha cercenado absolutamente
cualquier posibilidad alternativa, porque las legumbres de consumo humano
--a las que hace referencia el señor Ministro-- en estas fechas también
se han sembrado y, en consecuencia, difícilmente a partir del 3, del 4 o
del 5 de diciembre se van a poder sembrar. A esas zonas la orden les
cercena cualquier posibilidad. Yo creo que ha faltado sensibilidad,
absolutamente, con el pequeño agricultor, el que no llega a los 92.000
kilos, señor Ministro, al que no liberamos del «set aside» respecto a
oleaginosas. Creemos que la orden debía ser rectificada en los términos
que han planteado las organizaciones agrarias porque creemos que
desgraciadamente no vamos a alcanzar la cantidad a la que tenemos derecho
este año. Como veremos, el año que viene bajaremos, porque ese equilibrio
que acaba de hacer S. S. respecto a que 1.168.000 es más que 1.200.000,
no me sale. Este año podremos sembrar con el «set aside» 1.200.000 y pico
de hectáreas; el año siguiente a 1.168.000 habrá que aplicarle el 15 por
ciento y nos quedaremos en 950.000 hectáreas. Por tanto, estaremos
sembrando 250.000 hectáreas menos que este año: 950.000 frente a
1.200.000 de este año. En consecuencia, no hay que hacer esa lectura tan
optimista que acaba de hacer el señor Ministro en relación con las
oleaginosas, porque en dos años hemos pasado de los 2.120.000 a las
950.000 que sembraremos dentro de dos años. Esa es la lectura, señor
Ministro. Creemos que está a tiempo de modificar la orden ministerial,
como le han pedido las organizaciones profesionales agrarias.

Volvamos a lo que nosotros entendemos, señor Albero, como acciones
internas, que su Gobierno y su Ministerio tienen que poner en marcha
inmediatamente para acomodar la política agraria española a la nueva
realidad. La realidad ha cambiado de forma absoluta y, por lo tanto,
dejaciones, olvidos e incumplimientos no pueden tener la más mínima
justificación.

Empecemos por uno que se cumple pasado mañana. En la Comisión de
Agricultura celebrada el mes de septiembre, señor Ministro, le pregunté
qué pasaba con el



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proyecto de ley que derogaba las peonadas teóricas como pago de la
Seguridad Social agraria y en el «Diario de Sesiones» figura que el señor
Ministro respondió que antes del 31 de diciembre el proyecto de ley
entraría en esta Cámara.




El señor PRESIDENTE: Señor Ramírez, ha agotado el tiempo. Le ruego que
termine.




El señor RAMIREZ GONZALEZ: Voy a terminar.

Quiero decir, señor Ministro, que estamos a día 29 y quedan dos días para
el cumplimiento de esa promesa formal del señor Ministro, que es
fundamental a la hora de corregir y de modificar el cuadro de referencia
que estas circunstancias producen en la agricultura española. La
modificación del sistema fiscal está pendiente y negociándose
constantemente, pero nos metemos en el año 1994 sin tener una referencia
concreta de un nuevo sistema fiscal. Tenemos unas declaraciones del señor
Subsecretario que dice que es mejor no modificarlo para 1994.

Tercero, el pago de las ayudas por superficie y de barbecho obligatorio.

Señor Ministro, la obligación era el 31 de diciembre, dentro de dos días,
y no se ha pagado. Solamente conocemos el adelanto de la tesorería de una
comunidad autónoma, Castilla y León, que, con cargo a su presupuesto, va
adelantando a sus agricultores el pago de unas obligaciones que son del
SENPA. Tenemos que conocer aquí y ahora, y que figure en el «Diario de
Sesiones», si el señor Ministro piensa comprometerse ante la Comisión de
Agricultura si se va a cumplir la obligación de que esos pagos estén el
31 de diciembre en manos de los agricultores.

Antes he abordado el tema de las garantías de la forestación y de la
jubilación anticipada. La previsión de su presupuesto para 1994, señor
Ministro, es que piensan auxiliar 55.000 hectáreas. Las previsiones del
presupuesto aprobado de la Comunidad Económica Europea sobre medidas de
acompañamiento de los Doce para 1994 difícilmente pueden esperanzarnos
respecto a ese cumplimiento. Insisto, sobre las limitaciones que el
Acuerdo hace respecto a Edimburgo, según fuentes autorizadas, han puesto
en peligro la financiación de las medidas de acompañamiento. ¿Hay
garantías? ¿Cuándo le van a aprobar al Gobierno español el plan de
forestación? Los agricultores que han recibido una contestación de su
comunidad autónoma aprobándoles el plan solicitado --le recuerdo que
solamente entre seis comunidades autónomas superan más de 200.000
hectáreas, que difícilmente van a casar con las 55.000 de su
presupuesto-- tendrán que tener respaldo en un acuerdo comunitario que dé
visto bueno a la forestación.




El señor PRESIDENTE: Señor Ramírez, le ruego que concluya.




El señor RAMIREZ GONZALEZ: Termino, señor Presidente.

En resumen, señor Albero, creemos que el Acuerdo del GATT exige una
evaluación de su Ministerio, sector por sector y región por región, que
es lo que están pidiendo los sindicatos. Entiendo que usted tiene que
proporcionar urgentemente a esta Comisión un documento oficial de su
Ministerio evaluando el acuerdo agrícola del GATT sobre los cítricos,
frutos secos, oleaginosas, vacunos, carne, sector por sector, porque
aquí, conforme se pregunta o se negocia con alguien, cada uno obtiene una
valoración diferente. Entendemos que esto no puede ser.

¿Es que solamente vale la expresión del Ministro de Comercio? Conocemos
dos manifestaciones del Ministro de Comercio con relación al GATT. Una:
«Las explotaciones de menor eficacia tendrán que salir del mercado.»
¿Cuáles son esas explotaciones, señor Ministro? Eso es muy duro. ¿Qué
explotaciones son las que no son eficaces? ¿Qué baremos de eficacia son
los que ha evaluado o ha tenido en consideración el Ministro de Comercio
para hacer esta manifestación? Es necesario conocerlo. «Los menos
eficaces saldrán del mercado.» Tenemos que conocer esas evaluaciones y
alertar a esos agricultores. O nos quedamos con la última expresión,
primera en el tiempo, del señor Gómez-Navarro: Lo que tenemos que hacer
en España, a partir del Acuerdo del GATT, es producir, bueno, bonito y
barato. Efectivamente es una expresión técnica, cualificada, que da un
mensaje sectorializado muy importante para los que van a recibir esa
cuestión.

Yo creo, señor Ministro --señor Presidente, le agradezco su
consideración--, que son muchísimas sombras las que se plantean sobre el
Acuerdo del GATT, muchísimas cuestiones que están pendientes de
actuaciones internas del Gobierno socialista español, en su doble
vertiente, en el contexto de la política agraria española y en la defensa
de nuestros intereses en la Comunidad Económica Europea, como para dar la
sensación que ha dado S. S. de una satisfacción por los acuerdos
alcanzados.




El señor PRESIDENTE: ¿Qué otros grupos quieren intervenir en el debate?
(Pausa.)
En nombre del Grupo de Izquierda Unida, la señora Rivadulla tiene la
palabra.




La señora RIVADULLA GRACIA: En primer lugar, quiero dar las gracias al
señor Ministro por su comparecencia.

Con toda cordialidad y en lenguaje coloquial, le diría, señor Ministro,
que se lo monta muy mal en la explicación, en la intervención que ha
tenido usted hoy, igual que en la que tuvo el Vicepresidente del Gobierno
el otro día en sesión plenaria. Dio entonces la sensación --que usted ha
transmitido también hoy-- de que, con alguna limitación, los acuerdos del
GATT en el capítulo agrícola son satisfactorios, porque algunas cosas que
eran bastante difíciles para la agricultura mediterránea se han sacado
adelante.

Digo que ustedes se lo montan mal en la explicación porque no sólo todas
las organizaciones agrarias, sino que la totalidad de los grupos
parlamentarios con excepción del Grupo Socialista, tuvimos ocasión en la
anterior sesión parlamentaria en Pleno, de explicar la visión



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negativa que teníamos sobre las repercusiones de estos acuerdos en la
economía, sobre todo en la mediterránea.

Cuando se habla con los afectados, con las organizaciones agrarias, se
comprueba que no solamente lo ven negativo, sino que no saben el alcance
que realmente estos acuerdos van a tener. No saben el alcance que van a
tener durante estos nueve años que durará la cláusula de paz, sobre todo
posteriormente cuando a partir del año 2003 esta cláusula ya no exista.

Ellos no lo saben, pero es que tienen la impresión de que el Gobierno
tampoco lo sabe. El Gobierno no ha evaluado las consecuencias que van a
tener para nuestra economía agraria estos acuerdos.

De hecho, se producen declaraciones triunfalistas, o por lo menos
positivas, como la que usted ha manifestado hoy, pero si leemos la
«Gaceta de los Negocios» de ayer, comprobamos que dice: El ministro
Albero ha reconocido que existe el riesgo de que esta reforma se aplace
si no existen recursos suficientes para ponerla en marcha.

Como también tenemos conocimiento de los Acuerdos de Edimburgo, en los
que efectivamente hay un compromiso siempre que no se rebasen los techos
presupuestarios fijados, la pregunta inmediata que nos hacemos es de
dónde van a salir los dineros que todo el mundo prevé que van a ser
necesarios para que la economía mediterránea no salga perjudicada.

En Francia, oscilaría el conjunto en 400.000 millones de ecus. Usted dijo
que para los productos mediterráneos estaría alrededor de los 1.000
millones de ecus. Espero, señor Ministro, que usted hoy nos diga de dónde
va a salir el presupuesto comunitario para hacer frente a la reforma de
estas organizaciones comunes de mercado que son tan importantes para que
este acuerdo no nos acabe de perjudicar del todo.

Yo quisiera hablarle de la preocupación que tiene nuestro Grupo respecto
a los frutos secos. Sabemos todos el esfuerzo que han hecho los
agricultores de estas comarcas, que coinciden con las comarcas más
deprimidas, que coinciden con las comarcas que son de secano y realmente,
con el desarme arancelario que se produce a través de estos acuerdos, van
a ser gravemente perjudicadas.

Hay otra cuestión de la que no hemos hablado. Usted ha dicho que nuestras
exportaciones en productos hortofrutícolas van a la Comunidad Económica
Europea y que, por tanto, no van a ser muy gravosos estos acuerdos, pero
también teníamos que ver el tema importaciones de frutas tropicales.

Todos sabemos que en un sistema, como en el que estamos viviendo de
extremo consumismo, los hábitos alimentarios cambian. Los agricultores ya
han visto cómo los hábitos alimentarios en una materia cotidiana que
todos conocemos como es el postre, han cambiado. Se ha pasado de la fruta
fresca a yogures, a pasteles prefabricados. Esto ya se ha producido. Pero
si nos comienzan a entrar frutos tropicales a precios muy baratos
(chirimoya y otro tipo de productos), sabemos que esto también puede
influir negativamente, ya no sobre nuestras exportaciones comunitarias
sino sobre las importaciones que recibiremos de otros países terceros a
la Comunidad.

Señor Ministro, la impresión de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
y que es compartida por otros grupos es que, una vez cerrados los
acuerdos del GATT, la pelea dura vendrá dentro de los países de la propia
Unión Europea. La pelea dura vendrá para ver cómo se distribuyen estas
ayudas compensatorias entre los distintos sectores afectados dentro de la
Comunidad. Francia ha querido comprometer a diversos sectores de la
sociedad francesa para implantar una comisión de vigilancia para que
estos acuerdos sean cumplidos estrictamente y los intereses franceses no
sean perjudicados mayormente. Sabemos que ha propuesto crear una comisión
de vigilancia en la que participasen parlamentarios, expertos de la
administración y representantes del sector primario para, precisamente,
ejercer esta labor de vigilancia. Por parte del Gobierno español, en el
que usted se integra, señor Ministro, no vemos que haya esta voluntad. De
hecho yo he hablado con organizaciones agrarias que todavía no tienen los
acuerdos del GATT. Tienen los acuerdos en el idioma inglés, pero no los
tienen traducidos y, por tanto, ni siquiera está en su conocimiento en el
momento actual cuál es el alcance y el contenido de estos acuerdos.

Me quiero centrar ahora, señor Ministro, sobre lo que usted ha hablado,
sobre la atacabilidad en el momento en que acabe esta cláusula de paz, a
partir de los 9 años. Las repercusiones ya van a existir durante este
período en que estará vigente la cláusula de paz, pero estamos ya en qué
pasará después del año 2003, sobre todo si tenemos en cuenta las
declaraciones del portavoz del grupo socialista, señor Solchaga, según
las cuales, aquejado de un ferviente librecambismo camuflado con una
solidaridad repentina hacia el Tercer Mundo, parecía que todos aquellos
grupos parlamentarios que nos estábamos preocupando por nuestra
agricultura y por las repercusiones que este acuerdo del GATT tendría
sobre nuestra agricultura nos habíamos vuelto absolutamente insolidarios.

Quiero decirle, señor Ministro, que es absolutamente ajeno a nuestra
ideología, a nuestros principios el hecho de la insolidaridad, pero que
pensamos que por parte del Gobierno español se ha de empezar a hacer
política agraria, y más en estos momentos en los que, a través del
librecambismo que establece ya de forma generalizada los acuerdos que se
han suscrito del GATT, habrá apertura absoluta de mercados.

Por tanto, dentro de los principios de que efectivamente tendremos que
ver qué tipo de política agraria será aquella que tenemos que desarrollar
para que la población agraria, aquella que vive de la agricultura, pueda
hacerlo de forma digna, pueda tener una renta garantizada, para dar
equilibrio y contenido a aquello de lo que nosotros estamos hablando, de
lo que todo el mundo habla, del mundo rural, tendrán que desaparecer las
ayudas indiscriminadas, y la ley de modernización que usted se propone
sacar adelante durante esta legislatura habrá de potenciar este tipo de
agricultura para que el Gobierno español deje ya, de una vez por todas,
de gestionar las consecuencias y empiece a hacer realmente política,
política planificada y política indicativa.

En relación con el siguiente tema, el de las oleaginosas, nosotros
pensamos que la Orden de su Ministerio es



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todavía restrictiva. Pensamos que tendría que ser una Orden que todavía
fijase más claramente hacia qué tipo de productores, a qué tipo de
agricultores deben ir encaradas estas ayudas y estas subvenciones.

Pensamos que es absolutamente discriminatorio el hecho de que en zonas
pobres, en las que tienen menos de dos toneladas por hectárea, se haya
exigido el requisito de ser productores tradicionales, porque, realmente,
si ustedes lo han planteado como una medida que vaya en contra de la
especulación, este año iremos contra los especuladores del año pasado,
pero no vamos en contra de los especuladores que puedan entrar este año.

En zonas con rendimiento superior a las dos toneladas por hectárea
debería haberse exigido los mismos requisitos, de ser cultivadores
tradicionales, que los que ustedes han planteado para las zonas pobres.

Y, por otra parte, en aquellas zonas de regadío afectadas por la sequía,
estoy hablando de los pequeños agricultores, los agricultores a título
principal, debían haber quedado exentos de la limitación del 50 por
ciento y, si más no, lo que tendría que haberse legislado, a través de la
Orden ministerial, es el que pudiesen compatibilizarlo con otro tipo de
cultivos que no estuviesen relacionados en el reglamento de herbáceos
comunitarios.

Por tanto, señor Ministro, cualquier orden, cualquier normativa que
ustedes saquen que vaya para combatir la especulación y para favorecer
las rentas agrarias de los agricultores que realmente hacen de su forma
de vida la actividad agraria contará con nuestro apoyo, y es en ese
sentido en el que decimos que se mantenga firme en esta Orden y que, en
todo caso, sean todavía más restrictivos para que las políticas de
especulación no vengan a desvirtuar las subvenciones y las ayudas que en
realidad han de ir para las personas que se dedican principalmente a la
actividad agraria.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Catalán, Convergència i Unió,
tiene la palabra el señor Vidal.




El señor VIDAL I SARDO: Señor Ministro, también quiero yo agradecerle, en
nombre del Grupo Parlamentario Catalán, Convergència i Unió, su
comparecencia y el esfuerzo que representa para usted realizarla cuando
aún no se halla totalmente restablecido del accidente y, por descontado,
le deseamos que se reponga rápida y totalmente.

Pienso que también merece nuestra gratitud la celeridad con que los
portavoces de esta Comisión y los grupos parlamentarios fuimos informados
por usted de las modificaciones introducidas en el preacuerdo de Blair
House y, por tanto, del contenido del Acta final de los acuerdos
agrícolas del GATT, cuyos efectos estamos analizando hoy en esta sesión.

En cuanto a nuestra valoración de los efectos que tendrá sobre la
agricultura española el acuerdo final agrario del GATT, permítame empezar
por decirle que hoy se acepta prácticamente por unanimidad en toda Europa
e incluso aquí, entre los partidos políticos y las organizaciones
profesionales, que el conjunto del sector agrario europeo ha salido
derrotado y que, en cierta manera, hay la sensación de que se ha
sacrificado en aras de un acuerdo global de liberalización del comercio
mundial. Si esto es así respecto a la agricultura española, que no ha
superado todavía con éxito, pensamos, los cambios bruscos y de adaptación
a la competitividad de los demás países del Mercado Común y de terceros
países con tratados preferenciales.

Señor Ministro, mi intervención estará llena de dudas y de sensaciones
bastante pesimistas que le ruego que las interprete así, como
sensaciones, a falta de seguridades. Claro que en la negociación se han
obtenido resultados positivos que incluso mejoran el preacuerdo de Blair
House, pero no son todas aquellas mejoras que esperábamos (por
descontado, algunas sí), ni siquiera las que proponíamos en la moción que
presentó mi Grupo Parlamentario y que fue aprobada en el Pleno y que
usted tan generosamente ha tenido la amabilidad de citar. Pienso que
había también un cierto compromiso por parte de usted en aquella comida a
la que tuvo la amabilidad de invitarnos, justo antes de finalizar la
negociación en Europa, cuando parecía que estaban predispuestos ustedes a
presionar y a mantenerse muy rígidos y muy duros en los aspectos que
surgían de aquellos acuerdos consecuencia de la moción y también del
memorándum con que se presentó a negociar el Gobierno español. Parecía
que, por ejemplo, si no se obtenía la cláusula de salvaguardia y de paz
sin límite de tiempo, esto podría suceder. Hemos tenido que conformarnos
con un incremento de 3 años, pasando de 6 a 9, pero yo dudo que sea
respetada la política agraria común europea. Qué ocurrirá luego es una
incógnita que pienso que se debe despejar. Cuando a todo el país le
faltan alicientes y aliento para seguir trabajando, pienso que nuestros
agricultores, más que nadie, necesitan garantías de su futuro más allá de
los 9 años previstos. ¿Quién va a dar estas garantías, señor Ministro?
¿En qué han quedado las exigencias de solidaridad financiera del sector
vitivinícola sin la cual la continuidad del sector puede quedar bastante
comprometida? Usted nos ha dicho, o a mí me ha parecido entender, que se
había asumido ya la financiación de la totalidad por parte de la
Comunidad, y que en cuanto a las denominaciones de origen, se hallan
reconocidas también en el Acta final.

Entendemos que la mayoría de los logros o ventajas obtenidos en el
acuerdo final benefician poco a la agricultura española, por ejemplo, la
posibilidad de exportar un mayor volumen de excedentes, cuando nuestro
país ciertamente no participa en generar estos excedentes. Usted ya dijo,
y hoy lo ha repetido en su intervención, que a España casi no le afectaba
la reducción de las exportaciones subvencionadas pactadas en Blair House.

Todos estamos de acuerdo en que donde radica la gravedad real del
problema de nuestra agricultura y donde recibirá el impacto más negativo
es por causa del incremento de las importaciones, a precios todavía
inferiores a los actuales, procedentes de terceros países y como
consecuencia, por una parte, de la obligatoriedad de abrir el mercado
europeo a estas importaciones, estimadas primero --usted lo



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ha dicho-- en un 3 por ciento y luego en un 5 por ciento, y, por otra, de
la importante reducción de los aranceles, en cereales, carnes, frutas,
frutos secos, que sin duda generará en el sector agrario español la
aceleración de la ya grave destrucción de empleo. ¿En cuánto va a
cuantificar el Gobierno español esta posible reducción del empleo debida
al impacto de los acuerdos del GATT?
Otro aspecto positivo del acuerdo final es el mantenimiento de los
precios de referencia, una menor reducción arancelaria en ciertos
productos y la modificación de la adaptación de los calendarios de
importación para algunas frutas y hortalizas. Sin embargo, en
contrapartida, se han adoptado concesiones y reducciones arancelarias,
exageradas a nuestro juicio, para otras frutas y hortalizas, como
espárragos, uvas, manzanas, zumos de naranja y frutos secos, que
perjudican gravemente --pensamos que especialmente-- a sectores y a
regiones con unos cultivos muy especializados.

Reconozco, señor Ministro, que hay repercusiones del acta final agraria
que se estiman hoy negativas y que pueden dejar de serlo porque se
encomiende a la política agraria común el hecho de compensarlas; incluso
puede que tengamos una información limitada y ello haga que ahora las
valoremos así, pero hay otros impactos negativos que son seguros. Nos
referimos también --no hago más que repetir lo que ya han dicho otros
intervinientes-- a la supresión o recorte importante de los derechos
arancelarios en almendras, avellanas y nueces, que acentuará la crisis de
los frutos secos en España. Lógicamente, le tengo que preguntar de forma
inmediata: ¿Qué medidas tiene previsto adoptar el Gobierno para compensar
y minorar este impacto negativo en los frutos secos? ¿Cuándo estará el
señor Ministro en condiciones de ofrecernos un cálculo aproximado del
impacto causado por el acuerdo del GATT sobre cada uno de los sectores
agrícolas y pesqueros? ¿Cómo podrá neutralizarse este impacto a través de
las compensaciones e incentivos intracomunitarios que al parecer se han
comprometido paralelamente al acuerdo agrícola del GATT? ¿Qué cuantía se
ha garantizado en subvenciones a los productos mediterráneos? ¿Serán los
1.000 millones, como parece que pretende el Estado español, o los 300 que
parece que valora la Comunidad? ¿Cómo y cuándo se regularán estas ayudas
entre los países comunitarios? ¿Qué fiabilidad tiene el compromiso
adquirido en la Comunidad si Alemania, país partidario del GATT sin
reservas, se niega a que el presupuesto agrícola de la Unión Europea sea
incrementado? Me parece que ésta es la pregunta del millón: ¿Cómo van a
garantizarse las rentas de los agricultores de los productos sin
reformar, frutos, vino y azúcar, con unos fondos comunitarios de momento
paralizados y pendientes de negociar, en una situación de crisis
generalizada como la actual, que afecta a toda Europa?
La sensación en el mundo rural, pienso yo que generalizada, es que España
ha jugado limpiamente, incluso podría decirse que quijotescamente, en el
conjunto de la Comunidad hasta ahora; que las reglas de la competencia
han sido claras pero no han sido respetadas por muchos de nuestros socios
comunitarios, lo que, junto a nuestra propia debilidad estructural, nos
ha conducido a una situación crítica que ahora puede agravarse por la
misma causa, es decir, el descontrol de las fronteras de la Unión
respecto a las importaciones de terceros países. Las reglas y las normas
serán claras, pero los controles seguirán tal vez vulnerándose en
provecho de países, por ejemplo Holanda o Dinamarca, que tienen mayor
vocación de ejercicio del comercio rentable que de asegurar las propias
estructuras internas de sus propios países o del conjunto de la
Comunidad. Ustedes, como Gobierno, tendrán que estar muy vigilantes a las
normativas comunitarias y en permanente guardia respecto de su
aplicación, de esta aplicación, así como de la gestión de la organización
mundial de comercio, que será la que tendrá atribuidas las competencias
de árbitro y sancionadoras para evitar el dumping y, a la vez, las
represalias unilaterales de muchos Estados.

El futuro de nuestra agricultura, independientemente del esfuerzo interno
que puede hacerse para estructurar su competitividad, dependerá
especialmente de los recursos globales que se asegure nuestro país a
través del Feoga-Garantía durante los próximos años y de las ayudas
directas a cada producción en compensación de la apertura de los mercados
europeos. La adopción de medidas internas deberá, también, contrarrestar
los efectos negativos del GATT actuando en el ámbito de la fiscalidad, en
la reconversión de cultivos, en la diversificación de actividades
económicas en el mundo rural, etcétera, para garantizar la viabilidad de
un sector agrario que sigue siendo, a nuestro juicio, imprescindible,
desde todas las perspectivas, económicas, sociales y de equilibrio
territorial.

Para seguir el orden de su intervención, voy a referirme muy brevemente a
las oleaginosas y a las nuevas superficies asignadas a España dentro del
conjunto de cultivos herbáceos, que a nuestro juicio significan una
importante reducción de superficie impidiendo la mínima expansión de
estos cultivos y manteniendo a cambio las ayudas comunitarias más la
ayuda complementaria a los cultivos de nuestro país. Señor Ministro,
nuestro Grupo es de los que piensa que la superficie sembrada en la
pasada campaña es, a todas luces, indefendible y que el sector debe
ordenarse. Es justo que los agricultores persigan de sus cultivos la
mayor rentabilidad, que es la suma de la producción más la de la
subvención, pero cuando la exageración por reiteración de cultivos
conduce a incorrectas prácticas agronómicas dentro de una misma finca o
dentro de una misma parcela, por falta de rotación de los cultivos o por
valoración prioritaria y única de la subvención en detrimento del
resultado, pensamos que es necesaria, que es imprescindible la ordenación
del sector. Las superficies asignadas sobre la base de los períodos de
referencia de 1989 nos parecen también insuficientes y debería buscarse
algún tipo de ponderación entre éstas y las practicas durante 1993.

Pensamos que precisamente estas superficies deberían ser distribuidas por
ámbitos de gestión autonómicos.

Debo referirme también a la Orden del Ministerio que aparte de haberse
publicado, entendemos que tardíamente



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--lo que imposibilita a muchos agricultores a decidir sobre reducir o no
la cantidad de superficie a sembrar--, sería para mi Grupo aceptable
siempre que se respeten las superficies sembradas de oleaginosas
históricamente --esto como mínimo-- en las distintas comunidades y que
fueran ponderadas, tal como había dicho anteriormente, con las cultivadas
en la última campaña, siempre y cuando se respeten estas superficies
también y prioritariamente a los pequeños agricultores.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Vasco, el señor
Gatzagaetxebarria tiene la palabra.




El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: En primer lugar, quiero agradecer al
señor Ministro las explicaciones que nos ha dado y desearle un pronto
restablecimiento de la lesión que en estos momentos padece.

En relación con la primera cuestión que ha tratado, referida a los
efectos del GATT, nuestro Grupo Parlamentario se congratula del consenso
alcanzado entre la Unión Europea y los Estados Unidos en un primer
escalón y, a renglón seguido, multilateralmente entre el resto de los
países. Creemos que ha prevalecido la sensatez y la responsabilidad, como
debía ser en un asunto de esa trascendencia, pues es más lo que tenían en
común las partes negociadoras que lo que les separaba, y, al final, se ha
pactado dejar fuera los puntos en los que existían diferencias, en
distintos sectores, como ha ocurrido en el transporte marítimo o los
servicios financieros.

Creemos, señor Ministro, que la liberalización del comercio mundial
supondrá un aumento de la actividad económica internacional y que la
reactivación de la economía europea y mundial será un elemento de
consideración. Tenemos que tener en cuenta que la Unión Europea es el
primer exportador mundial; las exportaciones suponen el 35 por ciento del
producto interior bruto; es decir, algo más de un tercio de la riqueza
que se produce en la Unión tiene en las exportaciones su razón de ser.

Por ello, al liberalizarse el comercio con carácter general, los europeos
estimamos que consolidaríamos una de nuestras principales fuentes de
riqueza. El mundo subdesarrollado será el segundo beneficiado del
acuerdo, pues las grandes áreas comerciales, como la Unión Europea y el
espacio libre norteamericano, a través del Tratado de Libre Comercio, y
Japón, eliminarán también medidas proteccionistas.

En definitiva, señor Ministro, entendemos que para España el acuerdo del
GATT es globalmente positivo, porque España también tiene un volumen de
importaciones considerables --el comercio exterior es el 24 por ciento
del producto interior bruto--, siendo en sector de los servicios donde se
puede producir un beneficio mayor, puesto que es un sector competitivo.

No obstante, apreciamos aspectos limitativos y negativos en el sector
primario agrícola o pesquero. En la relativo a este sector lo vemos con
cierto escepticismo y duda, ya que contiene aspectos sombríos para
nuestra agricultura, pero también hay que reconocer --y es justo
hacerlo-- que supone la consolidación y la compatibilidad de la reforma
de la política agrícola comunitaria con el acuerdo global del GATT
alcanzado. Nos parece también beneficioso que España haya obtenido el
compromiso político de la reforma de las organizaciones comunes del
mercado de las frutas y hortalizas, del azúcar y del vino, pero creemos
que quizás este compromiso se queda corto, pues no comprende, por
ejemplo, la creación de una organización común de la patata, tal y como
ya se acordó en esta Cámara. En cuanto al tema de la reducción
arancelaria nos parece también positivo, como usted ha indicado, que la
reducción sea del 20 por ciento en el ámbito de las frutas y hortalizas.

Respecto a otros aspectos limitativos, quiero señalar que, en referencia
al sistema de reequilibrio, se prevé un moderado incremento de las
importaciones agrarias desde el resto del mundo a la Unión Europea, y a
última hora se ha avanzado en defensa del principio de preferencia
comunitaria, al determinarse que la diferencia entre los precios de los
cereales importados y las precios oficiales en el ámbito de la Unión no
sea superior a un 55 por ciento, lo cual estimamos que es un avance
respecto al acuerdo inicial. Creemos, señor Ministro, que este aumento de
las importaciones no originará dificultades en los mercados agrarios de
la Unión, quizas a excepción del tema del azúcar. En la misma línea, si
la Unión Europea acepta reducir las exportaciones, es lógico que
disminuyan también las importaciones de productos sustitutivos,
consolidando el acuerdo las importaciones de sustitutivos de cereales a
los actuales niveles.

En lo referente a la cláusula de paz, por la que se evita que los Estados
Unidos emprendan las acciones unilaterales de represalia frente a los
productos agrícolas comunitarios, nos parece también que es un avance
positivo, ya que al período inicialmente pactado de seis años, se le
añade un período adicional de tres.

Quiero indicar al señor Ministro que lo que más preocupa al Grupo Vasco
es la reducción de las ayudas a las exportaciones en un 36 por ciento, y
la disminución del volumen de las exportaciones subvencionadas en un 21
por ciento, tomando como referencia la media más favorables, bien sean
los años 86-90 ó 91-92. Creemos, señor Ministro, que ésta es la medida
que más incidencia va a tener en nuestra agricultura, pues afecta a
productos como las oleaginosas, la carne, la leche, el azúcar; y ello
estimamos que va a originar un incremento de la oferta de estos productos
en el mercado agrícola europeo y, por tanto, en el español, que
conllevará una reducción de los precios, por ejemplo, en la carne, en la
leche, y que entendemos que tendría que ser compensada a través de un
sistema de ayudas directas de la Unión Europea. Por ello, señor Ministro,
esta situación nos preocupa, pues vuelve a generar incertidumbre e
inquietud en la agricultura de montaña de corte familiar, que es la que
más necesita del régimen de ayudas directas comunitarias, en
contraposición a los grandes cerealistas o productores de leche, que no
necesitan de las ayudas de la política agrícola comunitaria para
rentabilizar sus productos.

En esta línea --y termino, señor Presidente--, con



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relación a los efectos del GATT, quería hacerle también, señor Ministro,
unas sugerencias sobre un tema que nos preocupa, y es el desarme
arancelario en el ámbito de la pesca. Creemos que se ha regulado con
carácter general, en el capítulo relativo al acceso a los mercados, y el
efecto que puede producir en la flota española no es el mismo quizá que
produzca en el resto de la flota de la Unión Europea, en la medida en que
al día de hoy todavía la flota pesquera española está sujeta a unas
restricciones y a unas limitaciones en cuanto al acceso a determinados
caladeros, a la captura de diversas especies, al uso de las artes. Estas
limitaciones no las tiene el resto de los países de la Unión, lo cual
hace que desde el ingreso en la Comunidad Europea no dispongamos de los
mismos instrumentos de competitividad a la hora de ejercer la actividad
económico-pesquera que tiene el resto de los países miembros de la Unión
Europea. Por lo tanto, a la hora de la negociación del acuerdo, España se
puede encontrar en inferioridad de condiciones respecto al resto de los
socios de la Unión Europea en el ámbito pesquero.

Quizás en este momento, señor Ministro, no pueda detallarme o darme esta
información, pero me gustaría que, si no es posible hoy, lo hiciera con
posterioridad. A nuestro Grupo le gustaría conocer en qué medida se ha
cumplido el principio tradicional vigente que reina en el ámbito
comunitario de que el acceso a los mercados se produzca a cambio del
acceso a los recursos, es decir, que abramos el mercado, tanto de la
Unión como el español, al pescado de otros países, pero que en
contrapartida podamos acceder a caladeros de estos países, pues en otro
caso la flota pesquera española puede entrar en trance de desaparición al
diversificarse la misma en pabellones de conveniencia y nos quedaríamos
únicamente con la flota de los 300 en cuanto al sector de altura o con la
flota de cerco en la actividad pesquera de bajura.

Por ello, señor Ministro, quería conocer cómo se va a producir ese
desarme arancelario que entra en vigor progresivamente desde el 1 de
enero de 1995, es decir, qué cuantías de aranceles se van a mantener, de
qué manera se va a producir, y cómo queda el tema de los contingentes que
pueden existir sobre la caballa, el arenque o el atún, es decir, si se
mantienen o no. Nos falta información y le sugeriríamos que el Ministerio
tuviera informados a los grupos parlamentarios y en concreto al nuestro
que es el que le pide en estos momentos la información.

Señor Presidente, pasando a la segunda cuestión que ha planteado el señor
Ministro, relativa a la superficie asignada al Estado español para la
plantación de oleaginosas, quiero manifestarle que, al margen del acuerdo
del GATT entre 117 países, los Estados Unidos y la Unión Europea han
firmado un acuerdo bilateral sobre la limitación del cultivo de las
oleaginosas en el territorio de la Unión que limita este territorio a
5.128.000 hectáreas, como usted decía, lo que implica una reducción del
cultivo de algo más de 400.000 hectáreas, lo que viene a suponer una
retirada de tierras complementaria, un set aside complementario a lo
previsto en la reforma de la política agrícola común de mayo de 1992,
quedando, como decía, para el Estado español la superficie activa de
1.200.000 hectáreas.

Estimamos que la reducción en el cultivo de las oleaginosas, señor
Ministro, puede afectar a los agricultores españoles en la medida en que
las ayudas que actualmente perciben son mayores. No obstante, estimamos
que esto puede quedar mitigado, pues la reforma de la política agrícola
comunitaria tiende a equilibrar la productividad de las plantaciones de
las oleaginosas y de los cereales de forma que quizá la agricultura de la
Unión pueda tender hacia la plantación del cereal, manteniendo la
agricultura española la plantación de las oleaginosas.

En relación a la Orden ministerial aprobada por ustedes el pasado 26 de
noviembre, le queríamos hacer una crítica constructiva. Quizás no se ha
tenido información o no se ha consultado a las comunidades autónomas a la
hora de establecer los criterios para el reparto de las ayudas de la
política agrícola comunitaria del Feoga, cuando son las comunidades
autónomas las que luego participan a la hora de la gestión, a la hora de
la recogida de las solicitudes y, en definitiva, en toda la tramitación
administrativa. Por ello, le mostramos nuestra preocupación y apelamos
para que en el futuro no se produzcan actuaciones de este tipo y que, en
definitiva, haya una responsabilidad compartida a la hora de fijar los
criterios, tanto entre los poderes centrales, el Ministerio, como las
comunidades autónomas que son las que tienen competencias exclusivas
reconocidas en los estatutos de autonomía y que también han sido
definidas por el Tribunal Constitucional como la administración
territorial ordinaria en materia de ganadería y agricultura.

En esta misma cuestión relativa a la superficie de las oleaginosas,
queríamos hacer referencia, señor Ministro, a un tema que usted ha
tratado, que era la plantación de oleaginosas con una finalidad no
alimentaria, sino industrial. Nos parece que esta cuestión es muy
importante para la agricultura española; usted decía que pueden quedar en
el ámbito de la Unión Europea unas 600.000 hectáreas y una producción de
un millón de toneladas; en este momento decía que no tenía una
información o no podía fijarnos cuál podía ser la superficie
correspondiente a España. Y sí nos parece muy interesante porque, con
ello, el agricultor español podría compatibilizar las ayudas que tiene de
la política agrícola comunitaria con la productividad, podría hacer
efectivo, podría sacar rendimiento a estas tierras que quedan
improductivas para fines alimentarios; se podrían sembrar semillas de
oleaginosas no para obtener un aceite para fines alimentarios sino un
aceite para fines industriales.

Nos parece que ésta es una cuestión vital para los agricultores
españoles; incluso ya hay algunos proyectos en marcha. Nuestro Grupo
parlamentario tiene una iniciativa al respecto. Agricultores de Castilla
y León, de Palencia, de Avila, de Salamanca, de Navarra o del País Vasco,
incluso de La Rioja, están muy interesados en que se tienda a la
regulación de la utilización de biodiesel o biocombustible proveniente
del aceite de colza. Ello tiene tres efectos: tiene el efecto muy
beneficioso para el agricultor, por lo que decía anteriormente de poder



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compatibilizar los rendimientos que obtiene de estas tierras que
quedarían improductivas con la ayuda comunitaria; tiene el efecto
medioambiental de caminar hacia la posibilidad de poder utilizar, como
sustitutivo de los productos derivados del gasoil, carburantes derivados
de la colza; en tercer lugar, tiene también un efecto positivo que es
crear en España una industria que se dedique al tratamiento del aceite de
colza con la finalidad de que se convierta en carburante sustitutivo de
los provenientes del gasoil.

Nos parece que la superficie que corresponda a España para plantación de
oleaginosas con esta finalidad, debe ser suficiente porque, en
definitiva, por la información que nosotros tenemos, hay muchos
agricultores españoles interesados en este tipo de cultivos en zonas en
las que, por ejemplo, la colza sería productiva, zonas sombrías, zonas
frías de la geografía española. Por ello, señor Ministro, quería conocer
la posición que al respecto tiene el Ministerio. Sé que puede haber un
problema de fiscalidad, pero no muy grande puesto que la fiscalidad del
impuesto especial sobre los carburantes es muy pequeña; nosotros hemos
hecho una valoración de lo que podría afectar dentro de los presupuestos
generales del Estado, y en el año 1994 eran unos 800 millones, lo cual,
en el montante de los presupuestos generales del Estado, es una cifra
irrisoria. Quería terminar pidiéndole información sobre esta última
cuestión que usted ha tratado.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Canario, el señor
Mardones tiene la palabra.




El señor MARDONES SEVILLA: Quiero sumarme a este agradecimiento al señor
Ministro de Agricultura por su información en esta Comisión y desearle
los mejores augurios de recuperación.

En nombre de Coalición Canaria, señor Ministro, dicho esto, voy a centrar
mi intervención en los aspectos de su comparecencia relativos a las
producciones hortofrutícolas canarias, concretamente en los sectores del
tomate y del plátano, por razones obvias.

En primer lugar, mostramos nuestra satisfacción por lo conseguido. Quiero
agradecerle también en este momento, señor Ministro, la información
puntual que usted suministró a Coalición Canaria, estando en Bruselas,
sobre la negociación de los problemas del plátano.

Empezando por el tomate, nosotros valoramos muy positivamente que se haya
suprimido la gran preocupación que había en Canarias con el calendario de
precios de referencia; había un hueco, fundamentalmente entre enero,
febrero y marzo, hasta el 31 de marzo, donde la presión que en esta
última cosecha estaba haciendo Marruecos era muy preocupante, al haber
duplicado prácticamente las exportaciones marroquíes, en estos meses de
1993, lo que había exportado en 1992. Creo que es buena la fórmula de la
desaparición de los precios de referencia, pero con el mantenimiento de
la misma política, ya con el calendario ampliado, afortunadamente, de lo
cual todos debemos felicitarnos y sustituirlos por estos precios de
entrada --me ha parecido entender esta expresión al señor Ministro-- como
precios mínimos.

Sobre esto deseo pedir al señor Ministro una especial vigilancia, dentro
del área del GATT --y que esto lo recoja el comisario europeo
correspondiente, tanto de agricultura como Leon Brittan y los que han
llevado la negociación con el GATT--, para el espacio comercial y
aduanero europeo de los Doce, para evitar desviaciones atípicas con
respecto a estos precios mínimos de entrada y que entren los dispositivos
disciplinarios y aduaneros correspondientes. Creo que esto es muy
importante en este momento.

En segundo lugar, quiero pedir al señor Ministro que se estimule por su
Departamento, aunque podría entrar dentro de la competencia específica
del de Comercio y Turismo, la modernización de las estructuras
comerciales que vienen operando en el mercado del tomate producido en
España, tanto en la comunidad andaluza como valenciana, murciana o
canaria, en los mercados europeos. Por parte de productores canarios se
ha comenzado esta labor, sobre todo para reducir los costes de
intermediación. Usted sabe que los intermediarios europeos, que son los
que dominan los mercados, el alemán, el británico, etcétera, se llevan
unas comisiones muy altas. La presencia de oficinas del sector productor,
no de la Administración, sería un estímulo y un apoyo para ellos.

También deseo hacer una pregunta, para terminar con el tema del tomate.

Señor Ministro, en la comparecencia en esta Comisión del Secretario
General de Producciones y Mercados Agrarios, señor Barreiros, el 15 de
octubre, cuando se refirió a una pregunta mía sobre el tomate, anunció la
preparación de un borrador de real decreto con respecto a la mejora de
las instalaciones de producción del tomate en nuestro país. Dijo que el
Ministerio trataría de aprobar un decreto específico con respecto al
mismo para financiar tipos de interés, incluso habló de tipos de interés
de hasta cinco puntos. Más que subvencionar --decía-- a los productores,
subvencionaría al producto, a fin de hacerlo competitivo, mejorando sobre
todo cuestiones relativas a las instalaciones de producción del tomate.

Si el cultivo no estaba bajo plástico, llevarlo a él y si ya lo estaba, a
cultivo bajo cristal; supongo que se referiría a esas provincias
españolas en las que el diferencial térmico lo aconseja, algo que no se
hace en Canarias, debido a su estabilidad día-noche, en cuanto a
temperatura. Quería saber cuál es la situación porque, además, el señor
Seoane apuntó que, aunque estaba tocando un tema de estructuras, en
verdad el decreto de estructuras no servía para el cultivo del tomate,
por lo que trataría de buscar un decreto específico.

En cuanto al segundo punto, el plátano, señor Ministro, nosotros creemos
en este momento, en Canarias, que la cesión que ha hecho España de pasar
de los dos millones de toneladas a 2.100.000, en el primer año, y
2.200.000 después si sirve para negociar bilateralmente con los países
del Caribe, del área del dólar, bueno es y que dejen de organizar más
presiones intempestivas e inconsecuentes y, por otro lado, hacia
Alemania. Creo que ese 10 por ciento que supone pasar de dos millones a



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2.200.000 es para que el sector comercial alemán, si entiende que está
protegiendo a los consumidores alemanes, porque si no no sé a quién va a
proteger, se dé por satisfecho y, por otro, que retire los contenciosos.

En esa línea, le apoyaremos, señor Ministro, en el amplio campo de la
negociación política con la República Federal de Alemania --pues ya está
bien entre socios-- a que retire los contenciosos judiciales que tiene
contra la OCM del plátano, que deje el asunto tranquilo y se comprometa a
que no se modifique esa cifra y que se considere incluida en eso que yo
llamaría los nueve años de paz. Por lo menos que durante nueve años se
sepa a qué atenernos.

Termino con un ruego, señor Ministro. Junto al contencioso con Alemania,
no quisiera que hubiera un contencioso entre el Ministerio de Agricultura
y el de Comercio y Turismo; esto forma parte de la vida tradicional, como
sabemos quienes hemos trabajado con orgullo en ese Ministerio; nuestro
contrincante interno es el Ministerio de Comercio, sobre todo cuando
influye en la política de precios. Sobre las licencias de importación del
plátano del Caribe, señor Ministro, queremos pedirle que la Dirección
General correspondiente del Ministerio de Comercio, con las gestiones que
pueda hacer su Departamento, lo racionalice. Lo que es absurdo, y ha
producido tensión en Canarias, son las adjudicaciones de estas licencias
a quien ya no es productor de plátanos ni cooperativas productoras o
exportadoras y que hayan transformado el «hall» de algún hotel madrileño
en una especie de bolsa de contratación y de subasta de licencias de
importación de plátanos, de una manera que no consideramos de recibo.

El beneficio de estas licencias para productores, con el cupo que tengan
los importadores, distribuidores o maduradores en la península, que se
respeten unas reglas de juego, pero que beneficien al productor y al
agricultor canario. Usted me entiende perfectamente, señor Ministro, y
estaríamos en la misma línea de apoyo.

Nada más, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el
señor Roncero.




El señor RONCERO RODRIGUEZ: En nombre de mi Grupo, también quiero dar la
bienvenida al señor Ministro y agradecerle su comparecencia y las
explicaciones que nos ha dado, deseándole, por supuesto, el más pronto y
rápido restablecimiento y que entre con mejor pie en el año 1994.

Refiriéndonos a los objetos de la comparecencia, nuestro Grupo va a
intentar racionalizar y hacer una valoración global del acuerdo del GATT.

Sin hacer mucha historia, que ya ha sido hecha por el propio señor
Ministro, sí queremos insistir en algún recordatorio. No hay que olvidar
que para poder valorar el acuerdo del GATT hay que hacerlo globalmente
--no sólo en el sector agrícola, aunque estemos en la Comisión de
Agricultura-- y hay que recordar que, históricamente, no es hasta la
Ronda Uruguay, en el año 1986, cuando se empieza a hablar de agricultura
en el seno del GATT. Y eso hace que, frente al fuerte proteccionismo
existente en la Comunidad Europea, como también ha sido puesto de
manifiesto por el señor Ministro, la postura de la Unión Europea --la
Comunidad Europea, entonces-- fuera claramente defensiva. Se ha partido
de una posición claramente defensiva, dada esa situación de partida de un
fuerte proteccionismo. De esa postura defensiva cabe deducir que los
acuerdos finales tienen que ser con concesiones, es evidente, tanto de la
Unión Europea como del resto de las partes. Hay que tener en cuenta eso
para poder hacer una valoración objetiva y global de los acuerdos,
especialmente de los agrícolas.

Por otra parte, no hay que olvidar la propia formulación de la petición
de comparecencia, que es valorar la postura del Gobierno español, así
como los posibles efectos sobre la agricultura española. Me referiré
brevemente a estos dos aspectos.

La postura del Gobierno español hay que diferenciarla, en su sentido
general, respecto al acuerdo global o general del GATT, donde siempre ha
mantenido un criterio de que debía apoyarse la consecución de un acuerdo
global y equilibrado, y, dentro de la Unión Europea, ha aportado
criterios para conseguir una posición transparente y colegiada de la
propia Unión Europea. Es decir --y el señor Ministro se ha referido a
ello--, en esa cesión de la soberanía negociadora en nuestra política
comercial exterior, la aportación española ha sido de criterios de
transparencia y de una posición colegiada dentro de esa Unión Europea.

En cuanto al sector agrícola, los criterios son conocidos. Voy a hacer
gracia a SS. SS. de repetir aquí los criterios del propio memorándum
español, por todos conocido, pero sí me voy a detener, aunque sea
brevemente, en la posición --que también ha sido citada-- que mantuvimos
como Parlamento, con un apoyo unánime de todos los grupos políticos, a
una moción consensuada y que fue aprobada en esta Cámara, como
consecuencia de una interpelación sobre las negociaciones del GATT,
dentro de la Unión Europea, hacia las negociaciones del GATT en la Ronda
Uruguay.

En nuestra opinión, el Gobierno ha cumplido lo que exigíamos en esa
moción. Ha realizado un gran esfuerzo negociador para cumplir esas
exigencias que hacíamos en la moción, aunque es evidente que no se ha
conseguido al 100 por cien, porque siempre ha de haber cesiones, lo que
allí se pedía. Por ejemplo, la cláusula de paz no es sin plazo, pero se
ha ampliado el plazo. Es una consecución a medias de lo que exigíamos,
porque ha habido una cesión relativa por las dos partes. Lo que nosotros
hacíamos, como Parlamento, era exigir, a nivel comunitario, una
negociación para que la cláusula de paz y la salvaguardia no tuviera
límite en el tiempo. Exigíamos esa negociación; esa negociación se ha
producido, y en ella ha habido que ceder, con esfuerzo de todas las
partes. En consecuencia, creemos que, en general, todo lo que aquí
acordamos, punto uno, mantener la renta de los agricultores, defender el
mantenimiento de la renta de los agricultores, punto dos, solicitar en la
Unión Europea el mantenimiento de la preferencia comunitaria de los



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productos aún no reformados, punto tres, exigir una negociación para que
la cláusula de paz y de solidaridad no tuviera límite en el tiempo, todo
se ha exigido en la negociación, no ha tenido el fruto final apetecido
pero sí parte, y, punto número cuatro, en el que exigíamos el
mantenimiento de una postura firme y clara en defensa de las producciones
mediterráneas cuando éstas vayan a ser reformadas. En concreto, nos
referíamos a la aplicación de la preferencia comunitaria en frutas y
hortalizas, cuestión a la que todos hemos hecho referencia, así como el
propio señor Ministro, a la aplicación del principio de solidaridad
financiera en el sector vitivinícola y al establecimiento de ayudas en
los sectores de arroz y remolacha de efectos similares a las fijadas para
el conjunto de los cultivos herbáceos. En esa línea de modificación, que
se tendrá que producir en este primer semestre del año 1994, al igual que
se tendrá que producir la formalización y la concreción del Acuerdo del
GATT --estamos en un período en el que todavía hay muchas cosas que
concretar, aunque los grandes aspectos y las líneas maestras básicas del
Acuerdo están firmadas y hay un acuerdo final--, repito, hay muchas cosas
que concretar. Y no me referiré a otros aspectos de la moción que tienen
relación con el GATT y con nuestra política interna y que necesitarán ser
acordes con ese desarrollo posterior de los propios acuerdos del GATT, su
repercusión en la Unión Europea y, por supuesto, con su trasposición a
nuestro país. No me referiré a ellos.

Con esto quiero decir que esa moción aprobada por unanimidad en esta
Cámara, en la opinión de nuestro Grupo ha tenido un reflejo más que
razonablemente satisfactorio en la postura del Gobierno español, en la
defensa y en el gran esfuerzo negociador que ha hecho el Gobierno español
por aportar esa transparencia y esa posición colegiada de la Unión
Europea.

En cuanto a los efectos, evidentemente hay valoraciones negativas, aquí
ha sido puesto de manifiesto también; incluso los que aquí algunos
consideran ganadores, léase Francia o los agricultores franceses, en
Francia se consideran perdedores frente a este acuerdo final del GATT.

Las posiciones son relativas según desde dónde se miren y lo que nuestro
Grupo quiere solicitar de los demás grupos es que hagamos valoraciones,
como decía al principio, razonablemente objetivas, con criterios globales
y partiendo de esa historia de cuál era la situación de partida y hasta
dónde podíamos llegar con cesiones de todas las partes.

Para conseguir este acuerdo ha habido que ceder por todas partes. En
nuestra opinión, los resultados son muy razonablemente satisfactorios
para que la necesaria y continua adaptación de nuestra agricultura y, en
especial, de nuestros sectores más sensibles, se pueda producir de una
forma también razonable y progresiva. Esto, como también he apuntado, es
el inicio de un proceso y es difícil concretar valoraciones sectoriales
ahora, a bote pronto, puesto que, antes, hay que concretar en cada país y
en la propia Unión Europea, como he dicho, antes del 15 de febrero de
1994 o antes del propio acuerdo de Marrakech, la lista de compromisos del
propio GATT, qué significa eso para cada país, para la Unión Europea en
su conjunto, las reducciones arancelarias, los accesos al mercado, las
exportaciones; es decir, eso irá acompañado de un proceso largo, de una
avalancha de normativas, de normas de origen, de aduanas, etcétera, en la
propia UE y su trasposición a los estados miembros, que es un proceso que
va a continuar a lo largo de los nueve o diez años de vigencia del propio
acuerdo.

Es difícil hacer valoraciones concretas en este momento, pero sí hacemos
una valoración, como digo, muy razonablemente satisfactoria del conjunto
de los acuerdos. Y hacemos un llamamiento a los demás grupos a continuar
en posiciones razonables, como creemos que hemos estado con ese acuerdo
de la moción y continuamos estando con las valoraciones y preocupaciones
serenas que todos debemos tener por el futuro de nuestra agricultura, que
continuemos en la búsqueda del diálogo, del consenso, de las posiciones
razonables, de acercar posiciones y buscar lo que nos acerca para
mantener posiciones sólidas y firmes en este proceso que ahora se inicia,
como decía, y que nos va a hacer falta para obtener resultados también
satisfactorios en la adaptación continua a que tiene que someterse
nuestra agricultura dentro de esa liberalización del comercio mundial.

Por tanto, hacemos esa llamada a continuar en la búsqueda del diálogo y
del consenso. Huyamos del catastrofismo, no de la preocupación serena,
repito, sino del catrastrofismo, y busquemos esas salidas consensuadas
para hacer que la aplicación de los acuerdos y su concreción sean lo más
razonables posible para nuestra agricultura. (El señor Vicepresidente,
Hernández-Sito García-Blanco, ocupa la presidencia.)
Sobre las oleaginosas, nuestro Grupo también quisiera hacer un
llamamiento a que el análisis se haga de una forma racional, a que
racionalicemos la situación. A mí me parece que el Ministro ha hecho una
exposición bastante ajustada a la realidad, una exposición histórica de
la situación y de los acuerdos del GATT y su repercusión en el sector de
oleaginosas de la Unión Europea. Para racionalizar este análisis, lo
primero que debemos decir es que nadie, sensatamente, puede imaginar una
superficie de crucero de más de dos millones de hectáreas de girasol en
España. Eso es impensable. Razonablemente, no podemos pensar que eso
pueda mantenerse. Las limitaciones previstas y la ordenación que el
Ministerio ha realizado en la Orden del 27 de noviembre también nos
parecen razonables, porque permiten excepciones para las zonas de menor
producción o de menos de 2.000 kilogramos/hectárea y para aquellos
agricultores que se han acogido anteriormente a la sequía, permiten
excepciones para poder mantener la tradición de esos agricultores que han
estado en circunstancias excepcionales, en regiones excepcionales o en
condiciones excepcionales de sequía en regadío, etcétera. Creemos que
puede llevar a la racionalización de la superficie y a irnos acercando a
la superficie de crucero que deberemos mantener cuando termine el período
transitorio, que deberá rondar, como sabemos, el millón de hectáreas en
nuestro país, que es una superficie razonable.




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Nosotros nos sumamos a las peticiones de que en la ejecución de la propia
Orden, en su aplicación concreta, se tenga en cuenta la lucha contra las
siembras especulativas y las llamadas a la racionalización para conseguir
ese objetivo razonable de una superficie de crucero como la que nuestro
país tradicionalmente ha venido manteniendo. Nos parece que la situación
es perfectamente asequible para nuestros agricultores y tienen criterios
suficientes --y, en nuestra opinión, los han tenido en tiempo correcto--
para hacer las siembras de la siguiente campaña.

No alcanzamos a comprender algunas consideraciones en cuanto a que ya
hayan decidido sembrar girasol porque no han decidido sembrar cereal; eso
no va a conseguir disminuir la superficie. También se afirma que no vamos
a alcanzar la superficie. Son contradicciones que creemos que no valoran
correctamente la Orden y su aplicación. Para hacer esa valoración
objetiva y racional de la que hablábamos al principio, hay que valorar no
sólo esta Orden sino el conjunto de medidas globales a que el señor
Ministro se ha referido, y quisiera insistir en ellas, no sólo sobre las
leguminosas sino también sobre la posibilidad de retirada voluntaria de
tierras, con ayudas, sobre los pequeños productores; el conjunto de
medidas, esta Orden más esas otras medidas, permitirá que, en el futuro,
la superficie de girasol en nuestro país y las ayudas sean razonables y
equilibradas, las que se merecen los cultivadores tradicionales y que
pueda discriminarse positivamente en el sentido de proteger las
explotaciones familiares, como todos deseamos, principalmente los
agricultores.

Nada más, señor Ministro. Sí quiero desearle de nuevo ese
restablecimiento y un feliz 1994.




El señor VICEPRESIDENTE (Hernández-Sito García-Blanco): Tiene la palabra
el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Albero Silla):
Voy a intentar responder puntualmente, si puedo, a cada una de las
cuestiones que se me han planteado.

En primer lugar, me refiero a la intervención del señor Ramírez. Me dice
que no se ha aportado nada más que lo que se sabía.

Señor Ramírez, ésta es una declaración que no tiene secretos. Y entiendo
que la comparecencia del Gobierno es para hacer una evaluación o una
valoración, que es lo que he intentado hacer, y ahora voy a intentar
profundizar en ella, pero, desde luego, no iba a aportar nada. Sería un
poco absurdo. Algún comentario sí que he hecho en lo que se refiere a las
legumbres de consumo humano, y no es ningún secreto, pero, en todo caso,
lo dejo a la discreción del «Diario de Sesiones». Es una referencia a una
ayuda concreta que todavía no es conocida pero que he anticipado a sus
señorías. En todo lo demás no hay secretos, no hay ningun secreto. Por
tanto, difícilmente podía introducir elementos nuevos.

Quizá, cuando me refiero a negociaciones comunitarias --esto que voy a
decir ahora puede entenderse para todas las informaciones previas o
posteriores a negociaciones comunitarias que yo, al menos, como Ministro
les dé--, voy a tener siempre un cierto flanco débil, que yo no creo que
lo sea, porque me cuesta mucho --no es que me cueste, es que ni siquiera
lo acepto como planteamiento-- sentirme aquí como me siento con los
socios comunitarios. Aquí me siento muy a gusto, siento entre mis
compatriotas y los representantes de todos mis agricultores, nuestros
agricultores y, por tanto, algunas de las consideraciones que he hecho
incluso pueden ser --como he dicho-- analizadas como una precrítica que
no puedo hacer, pero permítanme que tenga esta posibilidad de
expansionarme aquí, en este marco, cosa que no me puede suceder,
lógicamente en el contexto comunitario. Eso no quiere decir, ni mucho
menos, que no se me pida ningún tipo de justificación por aquello que se
consiga o no se consiga en el marco comunitario, pero indudablemente
saben que en el Consejo de la Comunidad nadie va con el corazón en la
mano, ni mucho menos. Cada uno intenta defender sus intereses y uno tiene
que aportar todos los argumentos necesarios, pero, desde luego, no tiene
que explicar algunas cuestiones que aquí posiblemente sí que se puedan
explicar sobre todo «a posteriori», no «a priori».

Cuando hacen S. S. referencia a qué va a pasar con la PAC, en definitiva,
qué va a pasar con la cláusula de paz. Es cierto que con relación a la
cláusula de paz la Unión no ha conseguido que se prorrogue
indefinidamente. Se ha conseguido que sean tres años. Pero hay que tener
en cuenta que lo que se establece es que, al cabo de cinco años, dentro
de cinco años, se inicien las negociaciones para la revisión. Por lo
tanto, tenemos un año y tres más, cuatro años, para readaptar lo que haya
que readaptar y veremos si hay que readaptar mucho o poco. Tampoco habría
que anticipar --digamos-- un cierto derrotismo, porque, de algún modo,
eso también se transmite a los demás. También es importante que nos
sintamos fuertes y seguros como Estado miembro que, en gran medida,
condiciona las decisiones de la Unión. Nosotros, en principio, mantenemos
la misma posición. La paz es inatacable. Se ha dado esta prórroga
adicional de tres años, prórroga que es para los demás, no para nosotros;
para nosotros sigue siendo sin límite. Lo que pasa es que la negociación
nos va a permitir durante cuatro años prepararnos para una posible
atacabilidad. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
Me pregunta si es equilibrado. Yo no voy a citar el país porque está en
la mente de todos ustedes, pero señorías, hay un país, desde el punto de
vista agrario, que es el gran afectado --no quiero decir el derrotado--
por el conjunto de la negociación y lógicamente ha polarizado bastante la
atención. Sólo hay que ver los resultados finales para ver exactamente
las mejoras que se han introducido básicamente para que el perjuicio que,
a medio y largo plazo, representa para un país concreto, se reduzca algo.

Yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta cuando se habla del equilibrio,
del equilibrio norte-sur o del equilibrio productos
continentales-productos mediterráneos. Esa es la realidad económica
directa, porque estamos



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hablando de liberalización a nivel mundial y no a nivel comunitario, que
ya existe, y ése es el efecto más inmediato: lo que afecta a
exportaciones de terceros países.

Esa es la valoración. Yo tampoco quiero abundar demasiado en ella, no me
interesa ni nos interesa decir que hemos salido más beneficiados que
otros, no. La negociación comunitaria sigue y, por tanto, en todo aquello
que nos preocupa vamos a seguir insistiendo en que estamos más afectados
o podríamos estarlo si las reformas que se deben llevar a cabo no se
llevaran. No es que sea ninguna situación de esquizofrenia, pero
permítanme mantenerla un poco.

Espero que mi exposición no haya sido triunfalista. Ha sido bastante
descriptiva de lo que ha pasado; descriptiva, no solamente del texto del
Acuerdo --que, por cierto, lo vamos a distribuir ahora, para que obre en
poder de sus señorías-- sino, además, descriptiva del proceso de
negociación y de la posición española.

Quizá si no hubiéramos hecho un memorándum --saben que el origen del
memorándum español es agrario, porque es la preocupación básica, y luego
se va ampliando a otros sectores-- se podía haber hecho una crítica
importante, porque un memorándum ata, vincula de alguna manera, pero era
nuestra obligación plantearlo y no tuvimos demasiadas dudas.

Indudablemente, sí que analizamos las ventajas e inconvenientes políticos
que tiene cualquier elemento vinculante, pero aun a riesgo de ser
sometidos después a la crítica de si se habían conseguido o no los
objetivos del memorándum, se puso en marcha, y yo creo que ha sido de una
gran utilidad.

Su señoría ha hecho alguna mención a este desequilibrio. No vuelvo a
insistir en él, pero lo cierto es que las organizaciones comunes de
mercado de producciones mediterráneas no tenían visos, tal como
evolucionaba la situación de la Unión, de grandes reformas ni de reformas
que estuvieran vinculadas a principios tales como los financieros o
agrícolas y la preferencia comunitaria, y eso me gustaría resaltarlo
porque exactamente hay un texto de la Cumbre, pero al que me interesaba
hacer mención es al del Jumbo, al del Consejo de Ministros de Asuntos
Exteriores, de Agricultura --no todos, pero en todo caso estábamos
invitados-- y de Comercio, tampoco todos, pero muchos estuvieron allí. He
oído en algún sitio que quizá habíamos ido demasiados, yo creo que no,
porque los países grandes han ido con tres ministros, aunque algunos
otros no han ido con los tres.

En ese Consejo no se cita para nada Edimburgo, aunque Edimburgo es
vinculante y es un compromiso, eso es cierto, que está vigente siempre
para la aplicación de la PAC. Pero el compromiso que se adopta en el
Jumbo dice textualmente: para los sectores cuyas organizaciones comunes
de mercado no han sido modificadas todavía, el Consejo y la Comisión --me
interesa mucho resaltar el Consejo y la Comisión-- se comprometen a
adoptar las disposiciones necesarias para garantizar las rentas agrarias
y la preferencia comunitaria. Se tendrán en cuenta en estos sectores las
condiciones y principios agrícolas y financieros que se han aplicado para
el conjunto del sector agrícola.

Todo esto parece una redundancia, pero no lo es, es lo lógico. He
insistido en que quisimos hacer una mención explícita de los principios
financieros para vincular la reforma de la OCM con este compromiso
explícito, y así que no haya un desmarque de esa reforma de la OCM de lo
que son los principios financieros que se dice que se aplican a las
demás. Y también se tendrá en cuenta el contexto de la Ronda Uruguay, lo
cual puede tener dos lecturas: la lectura del vaso medio lleno y la
lectura del vaso medio vacío, como quiera verlo su señoría. Pero
indudablemente las reformas que se han hecho tenían en cuenta, hasta
cierto punto, los resultados o los efectos de la Ronda Uruguay; no los
podían tener en cuenta todos porque no se había terminado la Ronda.

Ventaja que tiene: que ya están hechas y que nos afecta a nosotros
también, como es lógico, nos afectan positivamente.

Además, en este compromiso, que es un compromiso cerrado pero abierto a
la negociación de esas OCM, lo que garantizamos es que los efectos que se
van a conocer, o que es más fácil conocer ahora que tenemos ya cerrada la
Ronda, van a analizarse también para tenerlos en cuenta en la reforma de
la OCM. Es decir, de algún modo añade otro elemento de cautela, otro
elemento de garantía que, por descontado, va a ser objeto de debate. Pero
es simplemente el máximo (y esto no lo quiero decir como elemento de
satisfacción) que se ha podido obtener en esta declaración. Ya digo, la
declaración realmente lo más trascendente que tiene es este texto.

Yo creo que, respecto a las legumbres, ha habido alguna cifra que quizá
no la he debido dar bien o no me he explicado bien. Yo no he dicho en
ningún momento que 1.168.000 sea más que 1.411.000; sería absurdo. Lo que
he dicho es que 1.168.000 con el «set aside» es exactamente no las
950.000 que dice S. S., tampoco el millón que yo redondeo, son 986.000
exactamente, repito, con «set aside» incluido, que es nuestra producción
tradicional. En cambio, lo que también he dicho, y vuelvo a repetir, es
que a esa cifra (esta campaña quizá no, pero la siguiente sí, que es para
cuando está pensada esta solución) hay que añadirle, voy a ser muy
exacto, no 400.000 hectáreas, sino 280.000 más; pero 400.000 con una
ayuda especial, y 280.000 «ex novo», absolutamente nuevas, ya que ésas no
existían. Por tanto, la cifra resultante creo que, desde el punto de
vista de la negociación, no ha quedado mal del todo; nunca voy a decir
que he quedado muy bien, porque luego en el Consejo voy a manifestar lo
mismo, que no ha quedado mal del todo.

Hace referencia S. S. al acuerdo del maíz y a una comparación respecto a
la petición de importación que ha hecho Portugal. Le puedo decir que la
mayor parte de las delegaciones, incluida la Comisión, no lo acaba de
entender, y con esto no hago ninguna crítica, por descontado, a las
decisiones del Gobierno portugués. Pero quizá se debe más a las
limitaciones del propio mercado, que SS. SS. conocen, porque saben el
acuerdo sobre sequía de Portugal y las posibilidades que se le dieron a
España de poder exportar a aquel país, que nunca se llevaron a efecto
porque los operadores no funcionaban y se quedó aquí el cereal; no
pudieron ni siquiera beneficiarse de



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algunas decenas de miles de millones que podían haber ayudado a la
agricultura portuguesa simplemente llevando cereal de España.

Nosotros hemos tenido una experiencia, hace algunos años, de importación
institucional de sorgo, concretamente, y no fue excesivamente buena,
porque un organismo estatal, o el Estado, es muy pequeño, y, o no tiene
otras alternativas, o no es el más indicado para dedicarse a operaciones
comerciales. Su señoría quizá esté de acuerdo conmigo, insisto, en que no
es el mejor sistema. Hemos hecho una experiencia con sorgo, creo que fue
en el año 1989, y la verdad es que no fue muy positiva, porque se
estropeó una parte importante, ya que el sistema de distribución no está
pensado para que un organismo estatal entre en esos canales.

Por tanto, la comparación que se hace con Portugal podría ser en ese
sentido al revés, positiva para España, porque tiene capacidad para poder
hacer ese sistema de distribución, ya que las empresas están implantadas
aquí (eso es absolutamente obvio), y en otros lugares no lo están. Y le
diría, por otra parte, que la delegación portuguesa estima que en un
próximo futuro va a obtener capacidad para poder dejar de hacerlo. Pero
yo no considero que sea un avance el que tenga que hacer
institucionalmente el Estado las importaciones de estos cereales.

En cuanto a la referencia que hacía de la cláusula de paz, ya he dado una
explicación de cuál va a ser el período de negociación: vamos a tener
cuatro años para negociar, es decir, antes de que acabe la ronda
empezaremos a negociar ya.

Respecto a los calendarios, hay una cuestión bastante clara. Teníamos
tres productos con precio de referencia: tomate, pepino y calabacín. Y
había otra serie de productos, fresas y otros, que no tenían precios de
referencia. Después de los acuerdos de Punta del Este no se podían poner
esos precios de referencia, no se podían poner protecciones «ex novo».

Por tanto, no teniendo precios de referencia no se podía negociar ese
tipo de puesta en pie de nuevas barreras, y menos en este momento. No le
digo a S. S. que eso no se podía haber hecho hace seis años, ocho o diez,
quizá, pero, en todo caso, ahora no hubiera tenido ningún sentido el
intentar vulnerar los acuerdos que se habían tomado en Punta del Este de
no poner en marcha nuevos sistemas de protección.

Referente a los frutos secos, señoría, aparte de mis condiciones físicas
intento no hacer malabarismos, en este momento menos aún. La realidad es
que estamos importando almendra en grano, que no estamos importando
almendra-cáscara, que, además, esa almendra-cáscara ya podía acceder,
porque tenía un contingente libre de derechos, pero a pesar de todo no
entraba, y estaba con un dos por ciento de derechos. ¿Que puede en el
futuro? Todo puede en el futuro, depende de la capacidad que tengamos.

Ahora, ¿cuál es nuestra situación en este momento? Nosotros en este
momento tenemos seis años por delante todavía de aplicación de una medida
transitoria (creo que llevamos cuatro) de ayudas específicas para el
sector de frutos secos.

¿Petición que hemos hecho a la Comisión? Los compromisos que se adoptan
intentamos que sean lo más claros posibles, se cumplan o no. Pero el
compromiso de la Comisión, compromiso verbal fuera del Consejo (eso es
exactamente así), es que, como tenemos tiempo todavía (y ésta es una
justificación que puede ser más o menos aceptable), en la reforma de la
OCM estos compromisos actuales sobre frutos secos se conviertan en para
siempre; es decir, que la OCM contemple a los frutos secos como una parte
más de esta Organización Común de Mercado, y que las medidas
excepcionales de las que nos estamos beneficiando ahora no tengan fecha
de caducidad; que dentro de seis años no decaigan, que sean para siempre,
e indudablemente, si puede ser, que se mejoren. Esa va a ser nuestra
negociación con respecto a los frutos secos.

En cuanto al tomate, no he hecho una vaga promesa. He dicho que he estado
con el Embajador americano en dos ocasiones, antes y después del GATT, y
su compromiso, como representante de su Gobierno, es que ese problema se
va a resolver inmediatamente. No tiene sentido político ni comercial que
permanezca esa retorsión consecuencia de la desgraciada guerra de las
hormonas. Por tanto, estoy convencido de que van a cumplir ese compromiso
y podremos recuperar nuestras exportaciones de tomate pelado o triturado.

Costará porque, lógicamente, no se retoma un mercado con tanta facilidad,
pero habremos desbloqueado esa situación. Y no es una vaga promesa, sino
un compromiso del representante del Gobierno americano en España, que no
me lo ha puesto en un calendario, pero sí con inmediatez, es decir, lo
antes posible. Hace dos smanas me he dirigido al Secretario de
Agricultura americano en el mismo sentido, y la respuesta me la ha
transmitido el Embajador verbalmente, pero espero una respuesta por
escrito, que se la comunicaré a SS. SS. cuando la tenga.

Respecto al zumo de naranja, vuelvo otra vez al inicio de mi
intervención, tampoco he intentado hacer un malabarismo, al contrario, he
intentado anticiparme un poco. No voy a caer en eso tan infantil del yo
lo dije primero, simplemente intento dejar bien claro que, en este
momento, el zumo fresco no es ningún peligro para nuestros productores de
zumo, que, como sabe, se suministran mayoritariamente, en un cincuenta y
tantos por ciento, de importaciones que mezclan con nuestra producción.

En este momento no lo es, pero hay que pensar que existe esa reducción
arancelaria, y que indudablemente tiene algún objetivo, aunque a veces se
queda sin efecto porque el impacto de los precios es mayor que el de esa
reducción arancelaria. En todo caso, hay que tenerlo en cuenta, hay que
saber que hemos de prepararnos para poder competir en buenas condiciones
con ese posible zumo de naranja fresco, que no creo que venga
precisamente del país al que ha hecho S. S. referencia, quizá venga de
otro, pero es para todos los miembros del GATT.

¿Quién va a financiar las futuras reformas? Esta cuestión me la han
planteado también los representantes de otros grupos y voy a intentar ser
lo más claro posible. Las reformas pendientes deben hacerse, como dice el
acuerdo del Jumbo, en el mismo contexto que los demás productos.




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Si falta dinero, si superamos la «guide-line», la superamos a todos los
efectos. Nadie ha previsto que la superación de la «guide-line» vaya a
penalizar a un producto o a otro, sino que tiene que resolverse para el
conjunto de la PAC. Es decir, yo intentaría superar esa especie de
complejo de inferioridad que podemos tener en los productos
mediterráneos. Cuando la reforma del vino, frutas y hortalizas esté en
marcha, con el sistema de protección que tiene actualmente, ¿quiere decir
que, porque falte dinero, la Comisión, en un momento dado, dirá que ya se
ha superado la «guide-line», que se van a seguir pagando las ayudas, las
restituciones de la mantequilla y no se van a pagar las ayudas a la
transformación de cítricos? No, en absoluto. No tiene dinero, por
supuesto, pero eso no tiene nada que ver con que se asuma que van a ser
precisamente estos productos los que no van a recibir las ayudas. Eso no
está escrito en ningún sitio, ni puede estarlo, como es lógico.

Por tanto, separemos las dos cuestiones, no abundemos nosotros mismos en
lo que alguien podría utilizar como argumento. La reforma de la PAC debe
terminar, los recursos son otra cuestión muy importante, por descontado,
pero los recursos afectan a la PAC, no afectan sólo y negativamente a
unos sectores y no a otros; afectan, insisto, al conjunto de la PAC. Esta
pregunta se la puede hacer cualquier sector: ¿Qué pasa cuando se supera
la «guide-line»? Pues en la Cumbre de Edimburgo se previó que se deberá
llegar a un acuerdo y reducir o incrementar; ésa es la decisión que habrá
que tomar.

De todos modos, la previsión para el año 1994 no va mal en cuanto al
cumplimiento de la «guide-line». Como botón de muestra le diré que una
reforma muy concreta que ya hemos hecho, que ha sido la de las legumbres
de consumo humano (que yo creo que va a tener importancia) prevé,
lógicamente, unas ayudas bastante fuertes, muy superiores a las actuales,
con una superficie mayor, y esa reforma ya está hecha --más que una
reforma, es una creación «ex novo» de esa OCM-- y va a tener recursos,
lógicamente, porque sin recursos no hay OCM que funcione.

Creo que algunos elementos, sobre los que hemos pasado un poco por
encima, muy rápidamente, consecuencia de este último acuerdo de la
negociación comunitaria, han sido dirigidos específicamente para España.

Me gustaría ponerlos de relieve porque tienen bastante relevancia. Hemos
consolidado la posibilidad de no afectación de la superficie de maíz con
el conjunto de la superficie de regadío (creo que eso es importante),
como consecuencia de la experiencia de este año, pero ya ha quedado para
siempre. Hemos conseguido que la Unión permita que nunca utilicemos
nuestros recursos en regadío y que, por tanto, pueda haber «Transfer». Ha
sido una meta importante que nos hemos planteado nosotros solos, es
decir, nadie la ha pedido. Me gustaría que ahí --estoy seguro que lo
hacen-- SS. SS. consideren que nosotros en el Consejo tenemos ocho votos,
y luego lo que podamos conseguir para llegar a los 23 que minoriza, pero
eso no es nada fácil.

Hemos conseguido cuestiones que eran específicamente españolas, es decir,
que alguien pueda hacer sus «set aside» en secano. Si lo hace dentro de
su propia explotación no pasa nada; lo puede hacer, incluso, fuera de su
propia explotación con la penalización adicional de un cinco por ciento,
lo que le da una flexibilidad tremenda. Lo puede hacer con una distancia
que --entre nosotros-- diría que es una distancia más que razonable, de
20 kilómetros; es una buena distancia para hacer «Transfer». La Comisión
tenía sus dudas de si eso era un «Transfer» --digamos-- normal, pero en
España puede ser considerado así; desde luego, cubre el 90 por ciento de
las expectativas en cuanto a los «Transfer» se refiere.

Se pregunta S. S. si eso va a afectar a las medidas de acompañamiento.

Las medidas de acompañamiento son un gasto obligatorio especial; es
obligatorio, insisto, pero es especial. Obligatorio quiere decir que un
día u otro se cobra, y especial quiere decir que no se sabe el día que se
cobra. Más o menos es así. Por tanto, hay que prever financiaciones
racionales, porque al final habrá retorno, pero habrá que ver cuándo
llega ese retorno.

Respecto al plan de forestación, hemos presentado nuestro plan --ya lo
saben SS. SS.-- y el compromiso personal del Comisario es que lo tendrá
aprobado antes del 15 de enero, que está encima ya. Consta en el «Diario
de Sesiones», pero sobre todo me consta a mí que es su compromiso, y
antes del 15 de enero me reuniré con el Comisario de Agricultura para que
me diga si ya lo tiene aprobado o si va a aprobarlo el día 17. Espero que
no vaya mucho más allá.

En cuanto a la ordenación del sector de oleaginosas, creo que la orden ha
salido a tiempo. Hubiera sido mejor que saliera antes, indudablemente,
pero sobre todo ha salido.

Su señoría hacía referencia a que el Gobierno conocía las limitaciones. Y
los agricultores también las conocen, como ciudadanos que son y que
tienen acceso a la información. Pero el problema no era conocer las
limitaciones. Los agricultores las conocen, insisto, el Gobierno las
conoce y, por tanto, en teoría con eso era suficiente.

La situación española era tan especial que había dos alternativas: dejar
que se desenvolviera el sector conociendo perfectamente las reglas del
juego y ver cuál era el resultado. Eso es lo que hubiera esperado, quizá,
la Comisión, lo que hubiera sido un desarrollo normal y a ver qué pasa,
pero la verdad es que nos hubiera complicado bastante las cosas
seguramente, y teníamos una responsabilidad y una obligación de sacar una
norma que fuera disuasoria para unos y, al mismo tiempo, fijara
exactamente cuáles eran las limitaciones que imponíamos para alcanzar esa
cifra que entre todos pretendemos lograr. Desde luego, es muy difícil
conseguir hacer una evaluación. La tenemos hecha medida a medida, con el
impacto que eso va a tener en la deducción, y nos encaja bastante. Va a
producir una siembra de un millón ciento y pico o un millón doscientas y
pico, en torno del millón doscientas, que es lo que necesitamos, y que es
bastante difícil. No se les escapa a SS. SS. que el que esa norma influya
sobre 120.000 agricultores en su capacidad de decisión para ajustar dos
millones cien o un millón doscientas es



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complicado, pero quizá me tranquiliza algo el que oigo conclusiones en
los dos sentidos opuestos, es decir, algunos piensan que a pesar de todo
vamos a ir muy lejos, y otros piensan que no lo vamos a alcanzar. Veremos
cuál es el resultado.

La orden, como cualquier norma humana, es perfeccionable, pero las
matizaciones o las modificaciones que me han ido llegando desde distintos
sectores u organizaciones de productores o autoridades territoriales se
van neutralizando; por tanto, no me hacen pensar que ésta sea la mejor
norma. Pero si tuviéramos en cuenta todas las posiciones, legítimas todas
ellas, que se plantean, unas a otras se neutralizan, porque
indudablemente uno quiere sembrar más y otro pretende que los demás
siembren menos; más o menos esto es así, simplificando mucho. Por eso
podemos pensar que había que sacarla necesariamente; que dado el tipo de
norma que es (es una norma en la que nos estamos implicando y asumiendo
una responsabilidad) debemos asumirla, porque las limitaciones a las que
S. S. hacía referencia eran conocidas y, por tanto, hasta cierto punto
era exigible.

Referente a las zonas a las que dice S. S. de que se les ha cercenado
absolutamente, me parece un poco excesivo. Los agricultores tradicionales
van a poder cultivar, independientemente del rendimiento y justificando
el que han estado sembrando en esas superficies; vamos a conseguir que
esas posibilidades no se cercenen tan absolutamente.

En cuanto a las legumbres de consumo humano, en algunas zonas sí que es
posible sembrar todavía, cuanto más al sur menos y cuanto más al norte
más. La posibilidad de que se amplíe algo el cultivo existe, porque lo he
contrastado con algunas organizaciones agrarias que me han dicho que cabe
la posibilidad de que crezca. En todo caso, estimulémoslo. Yo creo que es
necesario predicar eso, porque es un concepto nuevo, en el sentido, sobre
todo, de la permanencia de la norma. Pienso que los agricultores
básicamente no han expansionado ese cultivo porque la ayuda era
insuficiente y, por otra parte, porque eso se acababa, y un año u otro se
podía terminar. Sabiendo que la ayuda va a ser suficiente y, además, que
no se va a acabar, las expectativas se pueden generar, aunque no deberían
superar las 400.000 hectáreas; indudablemente si se superan tendrá que
haber una penalización, como es obvio.

Respecto al requerimiento sobre mi compromiso en lo que se refiere a la
ley de jornadas teóricas, no fue en esta Cámara, fue en el Senado. En mi
comparecencia en aquella Cámara ya dije que habíamos acordado con el
Ministerio de Trabajo que fuera una ley aparte, y que, acabado el debate
presupuestario de este año, inmediatamente, en el mes de enero o febrero,
el Ministro de Trabajo me ha garantizado que enviará a las Cortes el
proyecto de Ley de jornadas teóricas, que ha sido no consensuada al cien
por cien, pero bastante. Y sobre todo en lo que se refiere a los
calendarios, el Ministerio de Trabajo ha tenido contactos con las
organizaciones profesionales y con la CEOE, que están informados de que
va a ser en los próximos meses, cuando pase el mes de enero, cuando el
Ministerio de Trabajo traerá esa norma a esta Cámara.

En cuanto a las ayudas, que quizás hay un cierto desfase en la
información, por otra parte siempre comprensible. Tengo que decir que han
salido todos los recursos del Senpa, están transferidos a todas las
comunidades autónomas. Ayer mismo se transfirió la última que faltaba,
que era la de Extremadura. Se han pagado alrededor de 90.000 millones.

Nos quedan dos que, o por el territorio o por no tener una gran
importancia el cultivo, como es obvio, todavía no están terminadas, que
son la Comunidad valenciana y Cantabria. La Comunidad valenciana son muy
pocas hectáreas y Cantabria todavía no ha enviado la documentación.

Por otra parte, la referencia que hacía a Castilla y León no es exacta.

Es decir, Castilla y León no ha utilizado ni un solo céntimo en pagar ni
en anticipar nada. Está pagando con los recursos, como es lógico, de la
Comunidad a través del Ministerio. Las listas nos las envió el día 16 de
diciembre, y a partir del día 17 recibió los 27.000 millones con los
cuales tenía que pagar. Por tanto, Castilla y León está pagando con los
27.000 millones que el Senpa ha transferido. Las listas, como digo, se
remitieron el día 16, y el día 17 se enviaron los fondos. No ha habido
necesidad de que la Comunidad Autónoma hiciera ningún tipo de anticipo.

Me pide el Presidente que abrevie un poco y voy a intentarlo.

La señora Rivadulla me dice que nos lo montamos mal. Quiero insistir en
que no he hecho ninguna descripción triunfalista. Creo que he hecho una
descripción de cuál es la situación y qué conclusiones debemos sacar. En
todo caso, una negociación que se refiere a la liberalización del
comercio mundial no es una negociación que se refiera a la protección del
comercio, es lo contrario, es decir, es liberalización. Lo que pasa es
que nuestra política comunitaria nos permite hacer las dos cosas:
mantener un nivel de protección alto de la renta de los agricultores y,
al mismo tiempo, entrar en la negociación de liberalización del comercio.

Pero difícilmente se puede sacar la conclusión de que de una negociación
de liberalización se conseguirá una mayor protección, desde el punto de
vista de los precios de los productos. Sí que se puede conseguir una
mejor protección de las rentas agrarias, y ése ha sido el objetivo que
hemos intentado cumplir en este compromiso con respecto a estas cuatro
OCM que hemos obtenido en el Consejo Jumbo, es dcir, que de una
negociación de liberalización se obtenga en compensación una aplicación
de la preferencia comunitaria, por tanto, una mejor protección de los
sectores que todavía no están reformados, pero ése es el equilibrio.

Hacía mención a una información de prensa: no habrá reforma si no hay
dinero. Yo no la he dado; puede ser una mala interpretación. Recuerdo que
en alguna intervención, después de un Consejo de Agricultura, hubo una
pregunta que puede estar en la mente de todos, pero que es más global, y
es de dónde saldrán los recursos. Pues saldrán de la política agrícola
comunitaria. ¿Y qué pasará si se supera la «guide line»? Eso se puede
preguntar el año



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que viene, éste y el pasado; esa pregunta siempre está. Hasta ahora no
hemos superado la «guide line»; veremos cuál es el resultado del año que
viene. Hay que tener en cuenta las reducciones.

Por eso, cuando se habla de los efectos de los acuerdos en lo que se
refiere a reducción de exportaciones en volumen o a reducción de
exportaciones en ayuda, indudablemente tienen importancia para nosotros;
es decir, tiene un efecto sobre los presupuestos de la política agrícola
comunitaria y, por tanto, sobre todos nosotros. Habrá reducciones en
algún caso que permitirán compensar ayudas adicionales en otros sectores,
porque indudablemente, las restituciones las vamos a reducir y, como S.

S. sabe, representan la tercera parte de los recursos comunitarios. De
ahí el efecto que puede tener sobre las exportaciones de algunos países.

Agradezco que reconozca que va a ser una pelea dura. Indudablemente, en
el marco comunitario la pelea va a ser dura, pero eso sucede siempre, y
en este contexto de restricciones presupuestarias, o por lo menos de no
ampliación, puede serlo más, pero es nuestro trabajo.

En cuanto a la información a las organizaciones profesionales, les hemos
remitido los acuerdos al mismo tiempo que a sus señorías. A partir del
día 7 u 8 vamos a tener una reunión con todos ellos, con todas las
organizaciones para analizar los resultados conjuntamente, no para
explicarlos, aunque también lo voy a hacer, pero, en todo caso, creo que
la explicación ya la conocerán. Lo que debemos hacer, junto con la
Confederación de cooperativas, es una valoración conjunta de cuáles son
los efectos y las medidas estructurales que hay que tomar (ya estamos en
trance de tomar algunas de ellas, y el señor Mardones ha hecho referencia
a las mismas cuando hablaba de los tomates, y luego le responderé
exactamente a ello) que nos permitan ser más competitivos.

Respecto a la Orden del 27 de noviembre sobre oleaginosas, con ella no
hemos intentado combatir la especulación. Tampoco diría que ha habido una
especulación, ha habido un cultivo-refugio por el que los agricultores
han pasado de 80.000 a 120.000; no han sido hectáreas. Ha habido un
incremento notable de agricultores que han podido paliar su situación
gracias a ese marco en el que se desenvolvía el sector de oleaginosas. Lo
que sí podemos obtener, tanto de la orden como de la adaptación a la
nueva superficie, es una mayor productividad, una mayor competitividad,
una mejora en la calidad, porque vamos a obligar a utilizar semillas
certificadas y, por tanto, va a mejorar la calidad y la productividad del
subsector, que es uno de los grandes retos a los que hemos de hacer
frente. Una vez establecido el marco, que cada vez es más claro, nuestro
gran reto es conseguir que nuestros sectores tengan la mayor
productividad posible, la mejor presencia en los mercados y, por tanto,
la mejor competitividad con respecto a los otros agricultores
comunitarios o extracomunitarios.

Los pequeños agricultores van a poderse seguir acogiendo a la posibilidad
de estar en el régimen general, de no practicar el «set aside» y, al
mismo tiempo, tener las ayudas más reducidas aunque este año siguen
siendo considerablemente altas. Por otra parte, están más allá del
objetivo del 1.200.000 hectáreas, lo cual nos da también un colchón de
superficie. Al mismo tiempo, el volumen de ayudas a estos pequeños
agricultores sigue siendo, al menos este año, muy importante.

El señor Vidal hace una valoración del gran perjudicado. Hagamos un
análisis lógico. En un debate internacional en el que lo que se intenta
es mejorar los niveles de acceso, evitar barreras artificiales, ¿cuáles
son los sectores que pueden tener más afección? Aquellos en los que los
países pobres son más competitivos, eso es absolutamente lógico:
industrias con una utilización de tecnologías más bajas, con una
inversión menos intensa de capital, por descontado el sector primario...

Es absolutamente lógico que países muy ricos (porque en este contexto del
GATT no hemos hablado de países ricos sino de países muy ricos, como
pueden ser los países de la Unión) quieran acceder con esas producciones;
no van a acceder con servicios que todavía no están en condiciones de
prestar.

La diferencia que existe entre el sistema de protección para el sector
agrario y el sistema de protección para otros subsectores industriales es
que el sistema de protección de la política agrícola comunitaria
funciona, no está pendiente de ver cuáles son los efectos, está
funcionando ya; mientras que en otros sectores quizás eso esté más
sometido a otra serie de medidas estructurales que en el futuro se puedan
tomar. Por lo tanto, yo no diría que es el más perjudicado.

Hablar incluso de beneficios puede parecer --si se hace el planteamiento
de que es el más perjudicado-- casi triunfalismo.

Creo que una parte importante del sector y de la política agrícola común,
la política que se va a aplicar al sector, va a salir beneficiada en el
efecto que van a percibir los agricultores, porque va a haber toda una
serie de respuestas nuevas a problemas nuevos que se plantean como
consecuencia de la Ronda Uruguay y que en el marco de la política
agrícola comunitaria tiene solución. Después veremos si hay recursos o
no, pero tiene solución.

Yo no afirmaría drásticamente que es el más perjudicado. Tampoco que los
productos mediterráneos sean más que los productos continentales. El
efecto inmediato es comercio con terceros países. El comercio con
terceros países básicamente no afecta a los productos continentales. A
nosotros nos afecta porque producimos productos continentales, aunque no
exportemos demasiado a terceros países. En la bolsa común de la Unión nos
afecta también, pero no existe esa separación de que vaya a ser más
perjudicial para los productos mediterráneos.

Quisiera dejar claro que no he transmitido el compromiso de que la
solidaridad financiera, la financiación al cien por cien del sector
vitivinícola esté comprometida por la Comisión. Transmito sólo el
compromiso del jumbo, porque el citado compromiso dice que los
procedimientos, las disciplinas financieras que se aplican a todo el
sector se aplicarán a todas las organizaciones por reformar. Para
nosotros ése es el principio que no se puede vulnerar y que, si no es al
cien por cien, se vulnerará.




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La Comisión en ningún caso ha hecho mención de cada subsector o de cada
sector, diciendo: éste se va a financiar al cien por cien y éste también.

La idea es que todos deberán seguir los mismos criterios. A esto nos
hemos de aferrar y hemos de sacarlo adelante para que sea cierta esa
afirmación de que será financiado al cien por cien.

Cuando he hablado de la reducción de exportaciones me he referido a
frutas y hortalizas, a nuestras exportaciones. Lo que todavía llamamos
exportaciones --todavía lo son desde el punto de vista de la balanza
comercial pero ya son ventas intracomunitarias-- están menos afectadas
básicamente porque ese mercado tiene el acceso que tenía y no va a tener
ninguna limitación. No se diría lo mismo de otras exportaciones que van
dirigidas a terceros países, incluso de frutas y hortalizas no españolas
dentro de la Unión. Por eso creo que, según las estadísticas de
exportación, nuestro mercado es y va a seguir siendo el mercado
comunitario y por tanto menos afectado. Le puede afectar en parte,
teniendo en cuenta los límites de acceso que hay --y me remito de nuevo a
lo que decía la señora Rivadulla--, el acceso de nuevos productos
sustitutivos o alternativos de otros países; eso es cierto, pero en un
volumen muy pequeño. En todo caso, la capacidad de comercialización de
nuestros comerciantes es muchísimo mayor --espero que lo sea más
todavía--, tanto de imagen de marca como de imagen de producto. Eso tiene
además un segmento que puede ser creciente con respecto a bases muy
pequeñas, pero que siempre es relativo.

El señor Vidal me pide una valoración en cuanto a la posible reducción de
empleo. Voy a aprovechar para darle el avance que tenemos sobre los
resultados de este año con respecto a renta agraria, ocupados y renta por
ocupado. Yo creo que son bastante positivos porque lo que nos indican es
que la renta agraria, en pesetas corrientes, se va a incrementar --se ha
incrementado porque nos quedan sólo dos días--, según la estimación que
tenemos, en un 15,2 por ciento y los ocupados se han reducido en un 5 por
ciento, lo cual quiere decir que hemos conseguido un 15 por ciento más en
pesetas corrientes empleando menos horas de trabajo. Eso va a dar como
resultado un incremento de la renta agraria por ocupado, en 1993 con
respecto a 1992, de más de un 21 por ciento, que es un salto muy
importante que en el contexto comunitario lo justificaré con otros
elementos. No hace falta que SS. SS. --aunque tienen toda la libertad de
hacerlo-- lo rebajen, porque es cierto que recuperamos una pérdida de
renta del año anterior debido a la sequía. Al mismo tiempo, respecto a la
comparación que se hace de renta por unidad de trabajo-año (UTA) entre
los Once y España, España está saliendo muy favorecida porque esa renta
por UTA en la Comunidad se está manteniendo con tendencia a la baja, en
el caso de España está creciendo y, sobre todo, este año tiene un
crecimiento absolutamente espectacular.

Con respecto a las avellanas, no hay ningún tratamiento específico, no
hay ningún compromiso adicional en ese sentido. Unicamente me remito a lo
que he dicho de mantenimiento para siempre de la actual normativa que
protege al sector, pero sólo para los próximos seis años. En la reforma
de la OCM intentaremos --creo que lo conseguiremos-- que eso sea un
elemento fijo como un sistema de protección, independientemente de qué
volúmenes de ayuda consigamos con respecto a la situación actual.

Con relación a la valoración de los recursos necesarios, no he hecho esa
valoración de mil mecus ni conozco que la Comisión haya hecho una
valoración de 300 mecus. Se puede hacer una estimación de cuáles serán
los resultados de los ingresos para España. Los ingresos son todo,
incluida la restitución a la exportación. En la próxima campaña se prodrá
hacer una valoración y pensar que eso puede incrementarse en 150.000 ó
120.000 millones. Además, como saben de sobra SS. SS., la evolución de
las producciones en nuestro país no es tan uniforme como en otros países
y la estimación es un poco arriesgada, pero previsiblemente ése puede ser
el incremento en la próxima campaña sobre los 700.000 millones que hemos
recibido este año de la Unión Europea.

Ha hecho S. S. una referencia muy interesante. Una de las más importantes
preocupaciones en este momento va a ser aquella que se refiere a los
instrumentos de defensa comercial, a la aplicación de las medidas
«anti-dumping», a la protección en definitiva de nuestras producciones y
de nuestros mercados. Eso es absolutamente prioritario. No estábamos ni
estamos todavía bien preparados para eso como Unión. A veces hay gatts
que ya existían antes de la Ronda Uruguay. De hecho, nuestro sistema de
control de la Comunidad es poco eficaz. En eso hemos insistido mucho. El
Ministro de Comercio ha insistido mucho en el Consejo jumbo sobre esa
cuestión y hemos de hacer los dos llamamientos. No es un llamamiento
proteccionista. Hemos de hacer efectivos las normas y los compromisos;
que nadie aborde aquello que no puede abordar o en las condiciones en que
no puede hacerlo. Pero también hay un compromiso importante de nuestros
propios ciudadanos de la Unión, específicamente de España, en la defensa
de nuestra producción, y yo creo que eso es absolutamente legítimo.

Además, en nuestro caso, no sólo es legítimo desde el punto de vista
comercial sino también desde el punto de vista alimentario. Hemos de
garantizar mantener un nivel de alimentación que, posiblemente --como en
algún caso he dicho--, es el mejor del mundo y que se debe, básicamente,
a nuestros agricultores. Y eso la sociedad lo debe saber. Debe ser
consciente de que defender el consumo de nuestra producción es una de las
garantías de las que un Estado y una sociedad moderna se deben dotar. Se
debe dotar a sí misma de dicha garantía, sobre todo porque responde,
desde el punto de vista cualitativo, a una buena calidad y a unos buenos
productos. Hay que hacer las dos cosas: la defensa institucional,
utilizando los instrumentos necesarios, y, al mismo tiempo, la que
posiblemente sea la mejor defensa, que es la de los consumidores. Debemos
intentar entre todos conseguir que nuestros consumidores deslinden
perfectamente lo que son buenos productos de otro tipo de producciones.

El señor Vidal también hacía referencia a la garantía de



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que los productos sin reformar se acojan a estos principios. Vuelvo a
insistir en que ése es nuestro elemento de garantía y, en base a eso,
vamos a estar permanentemente repitiendo este principio, hasta que se
vayan produciendo las reformas de la OCM.

La valoración que hace del sector de oleaginosas se ajusta totalmente a
la realidad. Vamos a intentar entre todos que esa expansión, fuera de los
límites de superar las ayudas, no se produzca y nos garantice que vamos a
obtener los recursos sin penalizaciones adicionales.

El señor Gatzagaetxebarria ha hecho referencia a unos aspectos sombríos y
a otros que no lo son tanto. Quizás ha puesto más el acento en los
objetivos que se han conseguido por parte de la Unión. Conseguir que
nuestra PAC sea compatible, que nuestra PAC esté dentro del marco del
GATT, es en el fondo el gran triunfo y es lo que ha hecho que la Ronda
Uruguay no terminara hasta ahora. No terminó en el año 1990, por eso, lo
cual hay que valorar porque ha sido el esfuerzo que ha hecho la Unión
para conseguir que la PAC no se desmantelara, que indudablemente era uno
de los objetivos al inicio. Cuando se habla en Punta del Este se tiene
puesto el punto de mira en la PAC y se intenta, más o menos, que la PAC
desaparezca. Hemos conseguido que la PAC no desaparezca y que se
consolide. Es cierto que ése ha sido uno de los grandes objetivos.

Ha hecho una mención de la OCM de la patata y ya he tenido ocasión de
responder un par de veces a esta cuestión. La OCM de la patata saldrá,
pero no creo que pueda salir tal y como algunos desearíamos que saliera,
y previsiblemente tendremos que enfocarnos cada vez más a la puesta en
marcha de una buena interprofesión de la patata. Independientemente de
que la OCM salga y no sea lo suficientemente proteccionista desde nuestro
punto de vista, el enfoque que debemos darle es un buen sistema
interprofesional que salvaguarde los intereses de los productores de
patata, como hacen en otros países. Como esa experiencia ya existe, ahí
es donde deberemos concentrarnos más para que esa OCM, cuando salga --que
seguramente saldrá--, pueda ser lo más efectiva posible; pero es la vía
de la interprofesión la que nos puede resolver el problema.

El efecto que pueda tener de incremento de la oferta interior, por
reducción de exportaciones y reducción de las salidas a las
exportaciones, es una previsión que se hace indudablemente. Lo que ocurre
es que eso se distribuye, es decir, no va directamente al consumo sino
que en buena medida puede ir a «stocks» --de hecho, a ellos irá-- y se
irá laminando en los próximos años.

Hay alguna superficie importante de un país al que no he hecho mención
antes y ahora tampoco voy a hacerlo, que va a tener efectos bastante
relevantes. No los va a tener tanto en nuestro país; creo que serán
perfectamente absorbibles. En cambio, en alguna zona muy productiva
tendrá unos límites el «stock», y, por descontado, tendrá también algunos
límites el consumo. El efecto puede paliarse bastante con el traspaso
hacia los «stocks», con esta reducción de la producción que va a afectar
sobre todo a los grandes productores. Va a haber un efecto de una cierta
reducción.

En cuanto al sector pesquero se había acordado un descreste arancelario
automático que se ha aplicado a las conservas de sardina. Por lo que
hemos hablado con representantes del sector, el efecto no es de una gran
importancia, hay un descreste arancelario, se ha fijado el límite que se
había estipulado para todas las producciones, son seis puntos.

Posteriormente ha habido una reducción de arancel en merluza congelada
por el mismo efecto del descreste, que se ha hecho para todos. Por los
contactos tenidos con el sector --ahora mismo en el Consejo de pesca han
estado representantes de todo el sector--, hemos comprobado que no era
esto lo que más les preocupaba. Sí les preocupaban --esta cuestión puede
ser motivo para otra comparecencia-- nuestras limitaciones de acceso.

Les diré muy sintéticamente que en este último Consejo las tres
cuestiones graves que nos preocupaban eran las condiciones de adaptación
a la PCP de España, que no nos parecían correctas y que se nos había
puesto de alguna manera como fecha límite el mes de diciembre. Hemos
superado esa situación y no se ha producido esa integración plena porque
no era el modelo que nosotros deseábamos y tenemos tres o cuatro meses
para seguir negociando. Desde ese punto de vista, aun estando en minoría
--no en minoría, sino en soledad absoluta--, hemos conseguido, por la
dinámica mecánica de los votos, que no se llevara a cabo una integración
que no nos parecía correcta. Su señoría conoce cómo ha evolucionado ese
Consejo. En lo que se refiere a las limitaciones que consideramos que
deben asumir algunas flotas sobre las redes de malla a la deriva hemos
conseguido que el 31 de diciembre, dentro de dos días, esa derogación
decaiga y, en consecuencia, se abre un período de dos, tres o cuatro
meses hasta que empiece la nueva costera del bonito para ver hasta dónde
llegamos. Como les decía a SS. SS., en este caso estamos bastante en
solitario, no del todo, pero sí lo estamos a la hora de votar. A algunos
países no les preocupa demasiado, desde el punto de vista medioambiental
podían apoyarnos, pero en la práctica estamos en una situación no de
relativo aislamiento, pero sí de relativa soledad como opinión. Pero en
este Consejo hemos conseguido que ambos temas hayan pasado sin que se
cumplieran los designios de algunos Estados miembros que lo tenían
bastante cerrado.

En cuanto al Ifop, creo que hemos dado un buen salto. Va a tener efectos
sobre nuestra flota y sobre nuestros astilleros, que van a tener trabajo
para bastante tiempo. Es una buena noticia cómo se han concluido los
aspectos financieros del Ifop.

Por otro lado, las competencias autonómicas han sido respetadas porque,
como sabe su señoría, la limitación es estatal. Teníamos que elaborar una
norma que no supusiera discriminaciones territoriales, sino que hiciera
discriminaciones respecto a los agricultores. Desde el punto de vista
comunitario, no sería aceptable que se hiciera una territorialización y
que se fijaran unas subcuotas, porque eso no está previsto. Por
consiguiente, tenía que



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ser una norma que se refiriera a superficies y a agricultores. Esas
limitaciones nos debían conducir al objetivo de un millón doscientas,
pero no podíamos entrar en territorializaciones.

Respecto al uso no alimentario de los aceites, es cierto que tiene todos
los elementos positivos. Nos permite utilizar tierras que no están en
cultivo, es una energía no renovable, tiene todas las bendiciones desde
el punto de vista de la opinión pública y según criterio de los
agricultores, que en este caso es lo importante. Vamos a hacer ese
esfuerzo para conseguir que ese desajuste fiscal permita a las
extractoras utilizar el recurso y, sobre todo, garantizarlo hacia el
futuro. El problema del uso para combustible es que el utilizador ha de
tener la seguridad de que siempre va a tener un precio competitivo
porque, si no, no cambia el quemador o la instalación. Eso es lo que
estamos analizando ahora para, de esas 700.000 hectáreas que son
comunitarias, de acceso libre --ahí no tenemos limitación, lo cual no
quiere decir que vayamos a llevarnos las setecientas, pero, de momento,
nadie las ha agotado--, poder acceder a cien, doscientas o trescientas.

Dependerá de la evolución de la demanda de ese producto. Yo creo que
deberíamos insistir en el mismo.

El señor Mardones ha hecho referencia al tomate. Estoy de acuerdo con él.

Ya en mi respuesta al señor Vidal le he dicho que nuestros mecanismos de
protección, de vigilancia y de defensa son efectivamente débiles. Los
hemos de reforzar y hemos instado a la Comisión a que refuerce esos
mecanismos. Tenemos una Comisión interministerial --yo diría que más que
interministerial es interministros, porque a ese nivel nos hemos reunido,
tanto el Ministro de Sanidad como el de Comercio, el de Industria y yo
mismo-- para reforzar esos sistemas y buscar alguna fórmula para
simplificar algunos de ellos y que sean más eficaces. Esa sería la mejor
manera de garantizar que sus precios de entrada sean precios de
referencia y efectivos.

En cuanto al decreto para la mejora de las instalaciones de invernaderos
básicamente, es cierto que no se trata de una medida estructural. Tenemos
que esperar, no demasiados días, a que se aprueben los programas
operativos y poder poner en marcha, con recursos nacionales de la
Secretaría General de Producciones y Mercados, ese decreto para que
nuestra producción se adapte, desde el punto de vista de la productividad
de los costes, a la competencia no sólo extracomunitaria sino también
intracomunitaria.

El plátano responde exactamente a ese esquema. Hemos hecho una cesión
--todo hay que decirlo, es una cesión que ha hecho la Unión--, pero a
cambio y como contrapartida estamos pidiendo a los países
hispanoamericanos que renuncien a los planes del GATT. Hemos aportado
algún elemento adicional que ha sido incorporado en la decisión.

Intentamos que sirva para liberar a estos países del exceso de control de
las multinacionales. Ellos van a poder otorgar la licencia de
exportación, por lo que eso les libera en parte de esa presión de las
multinacionales, pero algunas discusiones internas entre estos países
todavía no nos han permitido alcanzar el acuerdo. Tenemos hasta mediados
de febrero para que lo acepten y esperemos que sea así.

Con respecto a nuestros socios, me remito a lo que ya he dicho. El
Ministro de Agricultura se compromete a no cuestionar de nuevo la OCM.

Entiendo que ese no cuestionar significa también lo que todavía está en
el Tribunal, y espero que retiren ese recurso si consideran que
jurídicamente eso se puede hacer. Yo creo que, por descontado, se puede
retirar un recurso. Voy a tener una visita, en devolución de la suya, con
el Ministro alemán dentro de unas semanas y uno de los temas que quiero
intentar clarificar totalmente son estos recursos del Gobierno alemán,
aunque no hay que olvidar que hay recursos privados que no los podemos
hacer retirar y que se mantendrán.

En cuanto a las licencias, sabe S. S. que el Ministerio de Comercio está
intentando llegar a un acuerdo para reducir ese efecto, negativo desde
todos los puntos de vista, que está teniendo sobre importadores o
exportadores de papel. Hemos mantenido contactos con el Ministerio de
Comercio y el tiempo juega a favor nuestro porque esos derechos se van
extinguiendo si no son cultivadores. No deberíamos jugar sólo con el
tiempo, deberíamos anticipar esa aplicación correcta de la norma, que
tiene ese hueco y que permite dar licencias a gente que no es cultivadora
o que no ha comercializado en los últimos años.

El señor Roncero nos pide a todos que hagamos una valoración global. Creo
que eso es fundamental. La valoración que vamos a hacer del Acuerdo GATT,
como muy bien decía el señor Gatzagaetxebarría, tiene que ver con un país
cuyo veintitantos por ciento de producción está vinculado a las
exportaciones, al comercio internacional, más todavía en el marco
comunitario. Por tanto, hemos de valorarlo todo globalmente. Aun en ese
marco de la valoración global, debemos hacer una valoración agraria, que
también cabe. Retoma algo que hemos comentado más de una vez respecto a
actitud defensiva de la Comunidad. Es cierto que el origen de la posición
comunitaria no era el más cómodo ni el más elegante, era quizá de los
peores.

El proceso de reforma ha ido bien y vuelvo a insistir en que ése ha sido
uno de los grandes éxitos que, aunque haya obligado a un cierto retraso,
nos permite haber pasado de esa actitud defensiva a una actitud normal en
la que podemos defender, no en plan defensivo sino bien, nuestra política
agrícola comunitaria.

El tiempo se nos va. Yo hubiera hecho un repaso --lo podemos hacer otro
día-- de todos los puntos que se acordaron en la moción, porque quizá
valdría la pena analizarlos muy rápidamente. Yo creo que básicamente sí
los hemos cumplido. El primero es muy genérico: defender la renta de los
agricultores. Está incorporado en el jumbo; el acuerdo del jumbo lo pone
exactamente; mantener la pertenencia comunitaria para los productos no
reformados está exactamente en el compromiso del jumbo.

El resultado de la cláusula de paz y la cláusula de salvaguarda lo
conocen SS. SS. perfectamente. Yo no sé si han sido año y medio o dos,
medio o uno. Desde luego, el que no haya sido un solo país el que lo haya
pedido, sino que



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hayan sido dos, indudablemente ha influido. No puedo hacer una valoración
de si el memorándum español ha añadido algo más; desde luego, no ha
restado. En todo caso, ha añadido para que esa cláusula de paz se haya
prorrogado tres años.

Hace una referencia también a los calendarios. Los calendarios que se
podían modificar se han modificado, aquellos que tenían precio de
referencia. Ese es un objetivo que se ha cumplido. No les quiero ocultar
a SS. SS. que se cumplió dos horas antes de que se cerrara la ventanilla
para depositar instrumentos en Ginebra; dos horas antes. Aun teniendo el
compromiso cinco días antes, hasta dos horas antes no tuvimos la garantía
de que esos calendarios estaban despositados en Ginebra.

La aplicación del principio de solidaridad financiera en el sector
vitivinícola está aquí también como principio general. Las ayudas al
arroz y a la remolacha son similares a las de los cultivos herbáceos. En
arroz tenemos ya dos compromisos reiterados de nuevo ahora y esperemos
que en la próxima negociación de precios se incorpore como otro cultivo
herbáceo. Para la remolacha tenemos de momento prorrogada la OCM por dos
años, no por uno; por tanto, tenemos dos años para seguir viendo cuál
será el régimen final. De nuevo, como en otros casos, la especificidad de
España volverá a salir. La situación española es específica y, por tanto,
tendremos un debate bastante intenso en lo que se refiere a la producción
de remolacha española.

Las demás cuestiones tenían más que ver con los aspectos generales del
GATT y yo creo que han sido, si no conseguidas al cien por cien, sí al
menos reflejadas en buena medida.

Su señoría hacía un llamamiento a una salida consensuada, a una posición
lo más consensuada posible. Hay cuestiones en las que necesariamente
tiene que haber posiciones distintas, más críticas o menos, dependiendo
de como reaccione cada uno, pero una vez alcanzado el acuerdo y valorado
si se ha hecho bien, regular, muy bien o muy mal, hecha esa valoración,
lo que sí es cierto es que éste es un acuerdo que ya está cerrado
extracomunitariamente e intracomunitariamente pero el que se lleve a cabo
va a requerir todavía un proceso largo de negociación.

El mejor mensaje que podemos enviar a nuestros agricultores, a nuestro
sistema agroalimentario y, sobre todo, a nuestra sociedad, que es la que
consume nuestros productos básicamente, es un mensaje de mucha confianza,
confianza en sí mismo; no sólo de confianza inconsciente sino confianza
en que vamos a ser capaces de asumir ese reto. Indudablemente es un
desafio más que un reto. El GATT es un gran desafío para nuestro mercado
y hemos de estar seguros y convencidos de que trabajando mucho vamos a
salir beneficiados. Yo estoy convencido de que se lo vamos a poder
explicar a las organizaciones agrarias y a todos los agricultores con la
suficiente capacidad para analizar los elementos del acuerdo y todos los
instrumentos que se ponen en marcha para proteger al sector, para
transmitir confianza. Necesitamos básicamente en este momento transmitir
al conjunto de la sociedad confianza en su sector agroalimentario y, al
sector agroalimentario, confianza en sí mismo. Eso es fundamental, porque
ahora ya no se trata de seguir discutiendo, sino que las reglas están
fijadas y las futuras reglas las iremos fijando también en función de esa
confianza que el sector tenga en sí mismo.

Nada más. Creo que teníamos otras cuestiones que tratar, pero será en
otra ocasión.




El señor PRESIDENTE: Agotado ya el orden del día, solamente me queda
agradecerles a todas SS. SS., a los servicios de la Cámara y a la prensa
su colaboración y desearles a todos un feliz Año Nuevo.




Eran las tres y treinta minutos de la tarde.