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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 94, de 21/12/1993
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1993 V Legislatura Núm. 94
ASUNTOS EXTERIORES
PRESIDENTE: DON JORDI SOLE TURA
Sesión núm. 8
celebrada el martes, 21 de diciembre de 1993
ORDEN DEL DIA:
Comparecencia del señor Ministro de Asuntos Exteriores (Solana
Madariaga), para informar:
--Sobre la situación en que se encuentran en España los refugiados
procedentes de otros países y, en especial, los de la antigua Yugoslavia.
A solicitud del Grupo Parlamentario Popular. (Número de expediente
213/000078) (Página 2990)
--De la política de su Ministerio en relación con el Estado de Andorra a
raíz de su Constitución recientemente aprobada, su ingreso en las
Naciones Unidas y las elecciones previstas para el mes de diciembre. A
solicitud del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente
213/000130) (Página 2995)
Se abre la sesión a las nueve de la mañana.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (SOLANA
MADARIAGA), PARA INFORMAR:
--SOBRE LA SITUACION EN QUE SE ENCUENTRAN EN ESPAÑA LOS REFUGIADOS
PROCEDENTES DE OTROS PAISES Y, EN ESPECIAL, LOS DE LA ANTIGUA YUGOSLAVIA.
A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de
expediente 213/000078.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a dar comienzo a esta sesión de la
Comisión de Asuntos Exteriores.
El orden del día de esta mañana, como ustedes saben, tiene un límite de
tiempo porque a las once empieza la sesión plenaria, y está formado por
dos comparecencias, puesto que la número 2 que figura en el orden del
día, que sin duda tienen ustedes en sus manos, ha sido retirada.
Por consiguiente, vamos a comenzar con la comparecencia del Ministro de
Asuntos Exteriores para que informe sobre la situación en que se
encuentran en España los refugiados procedentes de otros países y, en
especial, los de la antigua Yugoslavia. Esta petición de comparecencia ha
sido presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Por dicho Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Robles.
El señor ROBLES FRAGA: Señor Ministro... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego silencio.
El señor ROBLES FRAGA: Señor Presidente, gracias por su amable amparo.
El Consejo de Ministros, el 22 de octubre de este año, acordó la
suspensión temporal de la exención de visados para los ciudadanos
bosnios, de la misma manera que ya había sido hecho para los ciudadanos
serbios. Según el portavoz del Gobierno --y me refiero a la declaración
oficial que hace el Gobierno para explicar esta medida--, «esto se debía
a que era alarmante la tasa de inmigración de ex-yugoslavos no canalizada
por el Gobierno español aprovechando la no exigencia de visado», y cierro
las comillas. Según el Gobierno, tenía lugar lo que ellos denominaban
efecto de llamada y multiplicador de esta inmigración. La verdad es que
se hacía también una valoración política y jurídica sobre la necesidad de
mantener los programas de acogida de los ciudadanos de la antigua
Yugoslavia, respetar las cuotas prefijadas de ciudadanos de la antigua
república yugoslava, que sobre todo --y luego lo explicaré-- son
ciudadanos bosnios, como es natural, y armonizar nuestra legislación en
materia de visados con las medidas adoptadas por otros países europeos.
Lo que pasa es que, detrás de toda esa filosofía que aparece como fondo
de una medida aparentemente banal, subyace la idea de la Administración
española de que es preferible ayudar «in situ» a las víctimas de la
guerra, para evitar desplazamientos traumáticos, expatriaciones
impuestas, cualquier tipo de colaboración --y subrayo lo de
colaboración--, aunque sea involuntaria, con las intenciones de limpieza
étnica. Todo esto tiene, señor Presidente, un hilo argumental complicado.
La anulación de la no exigencia de visado para los bosnios, que se basa
en el mantenimiento de los subprogramas, públicos y privados, de acogida
y recepción de desplazados por la guerra, fundamentalmente bosnios, se
contradice con la decisión de la Comisión Interministerial de
Extranjería, que se ocupa del seguimiento de programas de acogida a
ciudadanos ex-yugoslavos, a través de un grupo interministerial en el que
están implicados varios ministerios, Trabajo, Interior, Exteriores,
Sanidad y Asuntos Sociales, que el 6 de abril decide declarar concluido
el programa privado de acogida a ciudadanos bosnios, permitir el trabajo
de acogidos en el programa privado y conceder, caso por caso, tarjeta de
permanencia a los ciudadanos bosnios, no repetir el programa de
vacaciones de menores y mantener abierto el programa oficial, de tal
manera que nos encontramos con que se implanta un visado arguyendo el
mantenimiento de programas públicos y privados cuando hace meses que los
programas privados, digamos, han sufrido la declaración del Gobierno que
estimaba era necesario concluir con estos programas privados. Además, se
hace una relación argumental directa entre la labor humanitaria de las
tropas españolas de UNPROFOR y la política de admisión y recepción.
El Gobierno establece una fecha de vinculación en la política de visado,
política de cuotas y programas de acogida temporal que, sin embargo --y
permítanme la expresión-- se ve cercenada por esa declaración de fin de
programas privados y esa imposición de visado a los ciudadanos bosnios.
La verdad es que el principal argumento para la imposición de visado a
los bosnios --no entendiendo la clausura de los programas privados-- por
parte del Gobierno se refiere a la armonización con las demás políticas
de los países europeos. Sin embargo, el grupo «ad hoc» de la Comunidad
Europea sobre inmigración, que se reúne en Bruselas, el 5 de octubre de
1993, publica un documento y recoge los datos suministrados por los
propios países, donde señala que en España, según los datos del propio
Gobierno, ha habido una considerable disminución del número de entradas
de ciudadanos ex-yugoslavos y que, como conclusión, la imposición de
visado a los bosnios o ex-yugoslavos en general no ha tenido influencia
apreciable en los países europeos. Además, recoge las grandes diferencias
de países europeos entre aquellos que tienen visado y aquellos que no lo
tienen o que lo exigen y aquellos que no lo exigen, para los antiguos
ex-yugoslavos, y aquellos que tienen sistema de cuotas y los que no
tienen sistema de cuotas. España tiene una de las cuotas más reducidas.
Permítanme recordar que Italia, Francia,
Grecia, Holanda, Reino Unido y Portugal no tienen sistema de cuotas.
De manera que, si me permite, señor Ministro, le haré algunas preguntas.
Ya que decía el Gobierno que la situación es alarmante. ¿Por qué el grupo
«ad hoc» europeo, recogiendo informaciones del Gobierno, dice que el
número de entradas ha disminuido, cuando el aumento de entradas es lo que
se arguye para imponer el visado a los bosnios? ¿Por qué se declara, en
abril del presente año, concluido el programa privado de acogida, cuando
este programa privado --y el Gobierno se había encargado de recalcarlo--,
esta multiplicidad y multitud de iniciativas privadas era una muestra de
la participación de la sociedad civil en la labor humanitaria y, desde
luego, un noble ejemplo de solidaridad española para los ciudadanos
bosnios o para las víctimas de la guerra en Bosnia?
Permítame que le haga otras preguntas: ¿Cuántos bosnios llegados fuera de
los programas establecidos han recibido tarjeta de permanencia? Y, ¿por
qué España tiene un sistema de cuotas? Hay países que no lo tienen y
funcionan, igualmente, sus programas de acogida aparentemente sin graves
problemas. ¿Por qué el programa oficial de acogida en España no se aplica
a otras víctimas directas de la guerra, por ejemplo a las mujeres
violadas, como hace Alemania? ¿Por qué no existe una política articulada
--y si existe, me gustaría que el señor ministro me lo aclarase-- de
visados para mantener el vínculo cultural entre Sarajevo y Europa, como
han pedido numerosos intelectuales reunidos no hace mucho tiempo en una
ciudad europea? ¿Por qué se ha decidido no repetir el programa de
vacaciones a menores? ¿Cómo está funcionando el programa especial de
acogida de heridos en hospitales españoles, que veo que en estos días
trae nobles frutos y permite recoger a jóvenes y niños de Mostar?
¿Cuántos de estos bosnios acogidos temporalmente han solicitado y, en su
caso, recibido el status de asilado? ¿Es ésta, en definitiva, una
política deliberada (la de imposición de visados unida a la clausura de
los programas privados de acogida) para impedir o delimitar en mayor
medida que hasta ahora la acogida en España de los ciudadanos bosnios?
Además, la imposición de visado sería una medida ridícula si uno pensase
en las formalidades jurídicas (y yo, que he sido cónsul de España, puedo
asegurar que para pedir un visado hay que ir a un consulado, presentar
unos formularios, etcétera), y detrás de esta acogida inexplicada e
inexplicable, desde mi punto de vista, de los programas privados desde
abril, hay un argumento que yo, como poco, llamaría falaz, en el sentido
benthamiano de la palabra falaz, que consiste en decir que, para
ayudarles, lo mejor es no ayudarles aquí, sino solamente allí, porque si
les ayudamos aquí estamos ayudando a desplazar a los que ya estan
desplazados, a los que ya han sido purificados o expulsados de su tierra
por la violencia de las armas.
Creo que hace falta un poco más de generosidad y un poco menos de
confusión. Esta es, quizá, no una falacia por maldad, sino una falacia
por confusión, como diría el viejo Bentham, que consiste, probablemente,
en no ver --no sé si desde un punto de vista administrativo, espero que
no sea desde un punto de vista político-- la generosidad de la sociedad
española, que desea ayudar allí y aquí a los ciudadanos bosnios, desea
participar en la labor humanitaria allí y aquí y, desde luego, creo que
estas dos medidas --el visado y la clausura de programas privados-- no
sirven con eficacia a los fines manifiestos y a la generosidad
manifiesta, no solamente de la política española, sino de la misma
sociedad española, respecto a la guerra en Bosnia-Herzegovina.
El señor PRESIDENTE: Señor Ministro, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Solana Madariaga): Trataré de
contestar a las preguntas que ha formulado el diputado señor Robles
Fraga, y para hacerlo le daré una breve información sobre la situación en
que se encuentran en España los refugiados procedentes de otros países,
en especial de la antigua Yugoslavia, pero permítame que, antes de
iniciar mi intervención, refute con la máxima intensidad las afirmaciones
de S. S. sobre la generosidad o no de la sociedad española en relación
con la ayuda a la antigua Yugoslavia. Creo que S. S. y su grupo
parlamentario, como lo ha dicho en múltiples ocasiones su portavoz,
estarán de acuerdo conmigo en que la labor que está realizando España en
relación con la antigua Yugoslavia es una labor generosa, que ha puesto
de manifiesto la talla moral de nuestra sociedad, ayudando a un complejo
y terrible problema desde el punto de vista de todas las instancias,
tanto gubernamentales como de las administraciones públicas de cualquier
índole e instancias de la propia sociedad civil. Parto de esa base porque
ha sido la que ha mantenido el consenso en esta Cámara desde el inicio, y
por tanto entiendo que ésa es la posición fundamental y básica de todos
los que nos sentamos en el arco parlamentario, así como del conjunto de
la sociedad.
Sobre la pregunta fundamental que S. S. formulaba acerca de la situación
en que se encuentran los refugiados procedentes de otros países, y en
especial de la antigua Yugoslavia, que es la base de su solicitud de
comparencia, le diré lo siguiente. Primero, la Ley de 1984, la que
regula... (Se producen fallos en la megafonía. El señor Rupérez Rubio: Se
oye muy mal. El señor Curiel Alonso: Se trata de la sala, que es de
incómoda condición.) Con sumo gusto trataré de suplir las dificultades
acústicas de la sala con la potencia de mi voz, si esto es necesario.
Volveré a decir que la pregunta razón de la comparecencia, por la que
solicita mi presencia aquí el Grupo Parlamentario Popular, entiendo que
está ligada a la situación de los refugiados procedentes de otros países,
y en especial de la antigua Yugoslavia. He hecho una primera reflexión
que no creo sea necesario volver a repetir.
La Ley de 1984, que regula el derecho de asilo y la condición de
refugiado, establece la condición y la competencia en materia de asilo,
que se atribuye al Gobierno a propuesta de la comisión interministerial a
que S. S. ha hecho referencia, en el seno del Ministerio del Interior,
compuesta por representantes de los Ministerios de Asuntos Sociales,
Justicia, Interior y Asuntos Exteriores. La participación del Ministerio
de Asuntos Exteriores en materia de asilo se desprende del hecho de ser
una actividad de la política exterior fundamentalmente en su vertiente
consular, por tanto, es una cuestión relacionada con la política de
visados y, junto a ésta, es el instrumento con que el ministerio
participa en la labor del control de la inmigración ilegal.
Las competencias del ministerio no se extienden al seguimiento de la
situación en que se encuentran en España los refugiados de otros países,
como bien conoce el diputado preguntante. ¿En qué se ha concentrado la
actuación del Ministerio? Fundamentalmente en dos ámbitos. Por un lado el
Ministerio participa en el procedimiento establecido en la vigente ley
para el estudio de las solicitudes de asilo y de refugio, conforme a la
ley y a los convenios suscritos por España, en especial la Convención
sobre el Estatuto de Refugiado, de Ginebra, del año 1951. Por otro lado,
los representantes españoles en el exterior tramitan, lógicamente, las
solicitudes de asilo que les son presentadas.
De acuerdo con las estadísticas de que dispone la comisión
interministerial, y era una pregunta que me formulaba el señor diputado,
al 31 de diciembre de 1992 el número de asilados en España ascendía a
2.685, de un total de 29.339 solicitudes, y el de refugiados ascendía a
2.202, de un total de 34.900 solicitudes. En el período de enero a
septiembre de 1993, se han concedido 1.125 estatutos de asilado o
refugiado y se han presentado un total de 9.486 solicitudes, lo que
revela un incremento considerable en el número de solicitudes y de
reconocimiento del estatuto de asilado o refugiado.
El Ministerio de Asuntos Sociales, a través del órgano correspondiente,
el Inserso, gestiona esos fondos que se destinan a las ayudas a los
asilados o refugiados directamente o a través de las organizaciones no
gubernamentales que dicho ministerio subvenciona.
Esta es la filosofía en general. Me remito ahora a la filosofía
específica y concreta en relación con Yugoslavia. En cuanto a la política
de acogida de los desplazados del conflicto de la antigua Yugoslavia el
Ministerio de Asuntos Exteriores lleva a cabo una labor de coordinación
de la actuación de la Administración, para el cumplimiento del objetivo
del Gobierno y de la sociedad española, de aliviar en lo posible el
sufrimiento de esa población desplazada por dicho conflicto. Desde el
inicio del conflicto todos los países comunitarios se plantearon la mejor
manera de contribuir a aliviar ese sufrimiento de la poblacón desplazada,
cuya situación ha ido empeorando desgraciadamente con la prolongación del
conflicto y con las prácticas ligadas a la denominada limpieza étnica.
Se ha aceptado el principio de que la ayuda directa a las personas
desplazasas es preferible. Con ello se intenta evitar, como no reconocía
S. S., el desplazamiento traumático de poblaciones o la colaboración,
aunque sea involuntaria, con las prácticas de limpieza étnica. Como se
sabe el Gobierno español participa en el programa de envío de ayuda a la
población desplazada y mantiene en la zona, como ya es bien sabido, un
batallón integrado en UNPROFOR que coopera en esa tarea de distribución
de ayuda humanitaria. Se ha convenido la necesidad de acoger a
determinadas personas desplazadas y, por circunstancias especiales, se ha
estimado más conveniente facilitarles un entorno más seguro aquí en
España. En ese sentido el Gobierno español ha tomado dos decisiones:
Primero, organizar una serie de programas oficiales de acogida de
determinadas personas desplazadas, que SS. SS. conocen; y, segundo,
apoyar y coordinar algunos programas puestos en pie por la propia
iniciativa privada, una iniciativa social.
Los programas oficiales promovidos por el Gobierno, y que el Ministerio
ha coordinado, han sido los siguientes: Primero, un programa de acogida
de personas particularmente vulnerables, de acuerdo con una decisión
tomada en el seno de la Comunidad Europea; en concreto la acogida de
hasta 1.000 ex-prisioneros de campo de internamiento y sus familias. Una
colaboración con el Alto Comisario de las Naciones Unidas para los
refugiados y con el Comité Internacional para la Cruz Roja y se ha
elaborado una lista de 602 personas (191 ex-detenidos), de los que 380
están ya en España. Siguen llegando personas incluidas en las listas y se
está a la espera de que estos organismos internacionales aporten nombres
a dichas listas hasta el número de 1.000, que he mencionado
anteriormente.
Segundo, un programa especial de acogida de bosnios de origen
judío-sefardí, que conocen también SS. SS. En cooperación con la
comunidad judía española hemos participado en una operación que trajo
hasta 120 personas y que está abierta a casos concretos que todavía
pudieran plantearse.
Tercero, un programa especial de acogida de heridos para tratamientos en
hospitales españoles. En las últimas horas todavía hemos visto algunos
ejemplos notables de generosidad, tanto en niños como adultos, decididos
por el Gobierno para atender casos muy graves que han llamado la atención
de la opinión pública española. Intentamos coordinar este programa a
partir de las peticiones para el tratamiento de algunos casos de heridos,
que ya han empezado a presentarse por parte de las organizaciones
internacionales humanitarias.
Respecto a los programas de carácter público tengo que decir que los
programas privados tutelados por el Gobierno han sido los siguientes, y
se los relato muy brevemente: Un programa de acogida temporal de 1.500
personas desplazadas de la antigua Yugoslavia. Dentro de este programa
diversas organizaciones no gubernamentales, con el apoyo de comunidades
autónomas, autoridades locales y ayuntamientos, han traído a España,
hasta ahora, unas 1.378 personas, de un total de 1.500 autorizadas. El
Gobierno ha considerado que este programa, amparado por la
Administración, no es posible ampliarlo en este momento en ese contexto
de la intervención de S. S., por lo que no parece conveniente admitir
iniciativas distintas que pueden surgir y que no cuenten con el visto
bueno y la coordinación del Ministerio de Asuntos
Exteriores y de la comisión interministerial, y ello para evitar
situaciones indeseadas, como menores separados de sus familias,
desamparados, o como la acogida de personas que las autoridades locales
en la antigua Yugoslavia desean limpiar --entiéndase el término limpiar
entre comillas-- de una zona.
En el segundo bloque de programas privados, el Gobierno ha considerado
conveniente no repetir el programa de acogida de jóvenes para vacaciones
estivales que soportaron una incómoda situación de desarraigo, como ha
sido probado por la propia ACNUR, tanto por lo que concierne a los
programas oficiales como a los privados tutelados por el Gobierno, que
compete a distintos órganos de la Administración y a organizaciones
privadas y a administraciones autonómicas y locales que han tomado la
iniciativa, o cuanto se refiere a la acogida y a la atención que estas
personas desplazadas reciben.
Conviene, no obstante, resaltar que el Gobierno, a través de esa comisión
a la que antes hemos hecho referencia, la Comisión Interministerial de
Extranjería, a propuesta de la Comisión Delegada para Política de Visados
y Cooperación Internacional, ha decidido crear un grupo de trabajo
interministerial de seguimiento de estos programas de acogida a
ciudadanos ex-yugoslavos. Este grupo de trabajo vela por la eficacia de
los programas públicos y también por la eficacia de los programas
privados en aquello que puede, y principalmente, por el cumplimiento de
los criterios elaborados por el Gobierno.
La acogida de estas personas tiene siempre un carácter lógicamente
temporal, a fin de evitar, como he dicho anteriormente, ser cómplices
involuntarios de operaciones de limpieza étnica, tal y como también
decidieron los demás países de la Comunidad Europea.
Se ha concedido a estas personas un permiso temporal de residencia, que
será renovado previsiblemente mientras las circunstancias lo aconsejen,
hasta que quepa plantearse una solución de carácter definitivo.
Se ha permitido el trabajo a aquellas personas acogidas que así lo han
solicitado. Se ha facilitado, en la medida de lo posible, la reagrupación
familiar de parientes próximos de las personas acogidas, en particular de
las que vienen con los programas de carácter privado. Se permite que las
personas acogidas soliciten el asilo. De hecho, las personas acogidas por
el programa oficial son documentadas como solicitantes del refugio.
Por último quiero mencionar que el Gobierno, al margen de estos programas
de acogida a desplazados de la antigua Yugoslavia, ha mantenido una
política, entiendo que generosa, de entrada en nuestro país de personas
procedentes de las zonas en conflicto. Han sido importantes razones de
compromisos internacionales y de evitar cooperar involuntariamente con
prácticas que todos hemos definido como viciosas, que han surgido con el
conflicto yugoslavo, las que han movido al Gobierno a considerar la
necesidad de ir implantando el visado a los nacionales de algunos de
estos países.
En todo caso, entiendo que se ha sido generoso con la permanencia en
nuestro territorio de aquellos que han venido, al margen de los programas
mencionados, o que ya se encontraban en territorio español; un número
significativo de estas personas, 997, han solicitado asilo. Con todos
ellos se ha creado una pequeña colonia de ciudadanos ex-yugoslavos en
nuestro país que entiendo están viviendo, dentro de las dificultades de
su propia condición, con las máximas condiciones de felicidad que se les
puede aportar en España.
En conclusión, señorías, tanto en el caso de los refugiados de terceros
países como en el de la acogida de desplazados del conflicto de la
antigua Yugoslavia, el Gobierno y el Ministerio de Asuntos Exteriores, a
través de los distintos órganos de sus servicios centrales y de la labor
desempeñada con gran esfuerzo por la misión diplomática en la zona,
realiza, en coordinación con otros departamentos ministeriales y dentro
de su capacidad, todo lo que puede para aliviar el sufrimiento de
aquellas personas que lo necesitan, tal y como cabe interpretar que es el
sentir general de la población española.
Su señoría me preguntaba sobre el programa de acogida. Le quiero decir
que se ha cubierto el cupo aprobado de 1.500 personas y que el programa
se enfocaba --parece que es lógico-- a conseguir la integración de ese
colectivo en nuestro país, teniendo en cuenta la desgraciada situación
que persiste todavía en la región.
Por ello, mantenemos estable el programa que previamente se ha tutelado
por el Gobierno y no hay inconveniente en seguir aceptando los casos de
reagrupación familiar con los requisitos establecidos.
No sé si con esto contesto a S. S., pero lo he intentado hacer.
El señor PRESIDENTE: Abrimos el turno de grupos parlamentarios.
¿El Grupo Popular desea formular algunas preguntas?
El señor ROBLES FRAGA: Gracias, señor Presidente.
El señor Ministro, que ha hecho un resumen de las distintas iniciativas
que existían, sin embargo no ha contestado a una parte fundamental de una
de mis preguntas: por qué el grupo interministerial encargado del
seguimiento de los programas de acogida en España de los ciudadanos de la
antigua república yugoslava, el 6 de abril de este año no sólo no lo
declaró ampliable, sino que dijo que el programa privado de acogida y
recepción en España quedaba concluido, cosa que no sólo quienes seguimos
estos temas y conocemos cómo funciona la Administración, sino que incluso
desde asociaciones u organizaciones no gubernamentales se han dirigido a
la Administración para proponer iniciativas de este tipo y en varias
ocasiones la Comisión Española de Ayuda al Refugiado ha contestado por
escrito en el sentido de que la operación de acogida privada estaba
cerrada.
De manera que hay cierta contradicción, y me gustaría que se me aclarase,
entre esa voluntad manifiesta de coordinar los esfuerzos generosos de la
solidaridad de la sociedad española de ayudar aquí a quienes ya están
desplazados y buscan refugio lejos de las zonas de guerra, y esa decisión
de la comisión interministerial a través de su grupo interministerial de
seguimiento de programas
de acogida a ciudadanos de la antigua república yugoslava de declarar
concluidos o cerrados los programas privados.
Por otra parte, hay una serie de cuestiones menores que me gustaría
conocer. Qué motivos llevan al Gobierno a implantar un sistema de cuotas
cuando no es éste un sistema generalizado en toda Europa. Por qué dentro
de la cuota oficial, ya que es la única que se mantiene y queda abierta,
la fundamental, que es la de los 1.000 ex-prisioneros bosnios, no se
contemplan otros casos que creo también han llamado la atención de la
opinión española y europea como es el caso de las mujeres violadas en la
guerra, que necesitan tratamientos, seguramente muy especiales, y que
España estaría en situación de suministrar. ¿Por qué esta cuota no está
fija y cerrada y no se contemplan estos casos con la misma generosidad
con que se ha contemplado el de los ex-prisioneros bosnios y sus
familias.
Permítame, señor Ministro, que discrepe de esa idea que parece subyace en
la política oficial de que organizar mejor y en mayor grado la acogida en
España de ciudadanos víctimas de la guerra en la antigua Yugoslavia
significa colaborar involuntariamente con la limpieza étnica, cuando
existe una generosidad que en modo alguno puede significar contribuir a
lo que está haciendo fundamentalmente Serbia en Bosnia-Herzegovina de
limpiar las zonas conquistadas por la fuerza de ciudadanos que no
pertenecen a su etnia.
Creo que esto, como decía antes, es un argumento erróneo que no
convendría mantener. Es bueno que haya salido a la luz, pero permítame el
señor Ministro que discrepe de esa filosofía general que en el fondo no
lleva sino a una restricción, como ya hemos visto, a decisiones tomadas
por la Administración de declarar concluidos programas que en modo alguno
contribuyen a la limpieza étnica y que convendría rectificar
argumentalmente. Y dentro de las limitaciones que sin duda tiene nuestro
país, debemos abandonar esta tesis de que España o la sociedad española,
cuando acoge, contribuye a los fines militares y políticos de los
agresores en Bosnia. Dicho esto, tengo que manifestar también mi profundo
malestar porque este argumento me produce una cierta desazón. Es decir,
yo no creo que la solidaridad social pueda en ningún caso ser
interpretada por la Administración española como colaboración
involuntaria con la limpieza étnica. Yo creo que podemos aducir
limitaciones de tipo presupuestario, de tipo organizativo, de cualquier
naturaleza, pero no ésa, señor Ministro.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean hacer uso de la palabra? (Pausa.)
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Vallejo.
El señor VALLEJO RODRIGUEZ: Yo tengo que decir en esta comparecencia del
Ministro que, después de la intervención del señor Ministro a la primera
interrogante o interpelación del portavoz del Grupo Popular, tenía la
impresión de que estaba contestada y además aclarada la postura del
Gobierno español y de España respecto de los refugiados de la antigua
Yugoslavia, desde el punto de vista de que el Ministro ha refutado con
rotundidad las preguntas, que eran en ocasiones afirmaciones, que ponían
en cuestión el papel que el Gobierno español y la sociedad española había
jugado en este gravísimo problema de los refugiados bosnios y de la
antigua Yugoslavia.
Yo creo que hay una cosa que queda patente, y es cómo España ha jugado,
por primera vez quizá en su historia reciente con un país lejano en el
que no tenía antecedentes de intervención, un papel tan importante, desde
el punto de vista de la presencia física de soldados españoles para
defender, de manera pacífica, a la población civil, y no sólo jugándose
teóricamente la vida, sino que, efectivamente, la han perdido algunos,
pero también desde el punto de vista de la acogida y del papel
desinteresado no sólo del Gobierno español, sino del conjunto de la
sociedad española, para abrir las puertas a los posibles refugiados que
voluntariamente, naturalmente, quisieran entrar en nuestro país. De
manera que difícilmente puede haber un papel tan completo, actuación «in
situ», para proteger a los ciudadanos, y también abrir las fronteras para
que pudieran venir los refugiados. El problema es que da la impresión de
que hay que desmentir una y otra vez afirmaciones, a pesar de que desde
el Ministerio se dice con rotundidad que la actuación es clara y que es
abierta.
De cualquier forma, tenemos que felicitarnos porque, curiosamente, no hay
nadie, afortunadamente, ningún grupo parlamentario, ninguna
representación política con presencia parlamentaria, que esté en contra
de acoger a los refugiados bosnios. Yo creo que esto ya resulta llamativo
y sería un motivo de satisfacción para todos, porque no siempre ha sido
así ni en España ni en otros países. Ha habido algún espectro político en
otros países y también España en otros momentos en los que alguien podía
poner trabas desde alguna representación ideológica a que se abriera la
frontera a los refugiados, sea de Bosnia o de cualquier otro país.
Afortunadamente, en este caso y en estos momentos no ocurre así; por
tanto, es motivo para felicitarnos todos.
Pero también debe saber el representante del Grupo Popular que ha
intervenido que no es sólo --y así lo he dicho-- un papel del Gobierno
español, sino que justamente, por poner un ejemplo, en la provincia por
la que él ha sido elegido se ha hecho no sólo una acogida y un homenaje a
la Agrupación Málaga en su día, que estuvo en la antigua Yugoslavia, sino
también la oferta por parte de instituciones que representan a la
provincia por la que ha sido elegido, pero también otros ayuntamientos,
de acoger a refugiados bosnios.
De manera que no hay ninguna duda, creo, sobre el papel no sólo del
Gobierno, sino del conjunto de la sociedad española, un papel
desinteresado y solidario.
Como, por otra parte, las posibles dudas o afirmaciones del Grupo Popular
han sido desmentidas por el Ministro, la verdad es que no cabe otra cosa
que felicitarnos todos, seguir en ese camino y profundizar en la
solidaridad internacional.
El señor PRESIDENTE: ¿Para qué solicita el uso de la palabra, señor
Robles?
El señor ROBLES FRAGA: Para una cuestión de orden, señor Presidente,
porque me parece que yo no soy el que comparece, no estoy sentado donde
el Ministro. El señor Vallejo tiene perfecta razón en darme toda la caña
que pueda, pero me gustaría que, por lo menos en una fracción de segundo,
interpelara al señor Ministro, no a mí; ya me gustaría a mí ser el
Ministro de Asuntos Exteriores, pero siento darle un susto al señor
Vallejo; no soy el Ministro de Asuntos Exteriores, es el señor Solana.
En cualquier caso, no estamos discutiendo sobre la generosidad de la
provincia de Córdoba, que el señor Vallejo conoce muy bien cómo funciona,
porque es Presidente de la Diputación, además de ser Diputado; lo que
estamos discutiendo es que se ha declarado concluido el programa privado
por el Gobierno y a eso es a lo que me gustaría que se me contestara y
sobre eso no se me ha contestado.
El señor PRESIDENTE: Va a contestarles el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Solana Madariaga): Con sumo
gusto reitero algunas de las afirmaciones que he hecho para la mayor
claridad del representante del Grupo Popular preguntante.
Le vuelvo a insistir una vez más en que había dos programas abiertos: uno
de carácter privado, que existe todavía, de 1.500 personas, y uno de
carácter público, que alcanza a más de 1.000 personas, con las
condiciones o en las circunstancias que he tenido a bien informarles a
SS. SS. hace unos minutos.
El programa privado en estos momentos está saturado con las 1.500
personas que están, y la obligación que tiene el Gobierno es ayudar a que
esas 1.500 personas no solamente reciban la asistencia básica mínima de
ser recibidos en nuestro país, sino que, por el contrario, se les integre
ahora en la sociedad española. Ese es el esfuerzo que se está haciendo
por parte de acciones públicas y privadas que han asumido su
responsabilidad. Por tanto, ese es el procedimiento que nos habíamos
planteado, es el esquema de trabajo que desde el inicio se conocía que se
iba a hacer y es el planteamiento que se sigue teniendo.
Su señoría sabe bien, por él o por personas afines, que en otros países
desgraciadamente lo que está ocurriendo es que muchas de estas personas
que han sido incorporadas inicialmente a su país, al cabo del tiempo, por
iniciativas privadas se encuentran absolutamente marginadas en el país
donde han sido acogidas.
Creo que es importante que ese proceso no se dé en España y, por tanto,
con los recursos limitados que hay, con el esquema que nos habíamos
planteado, en este momento las asociaciones privadas que han recibido
estas 1.500 personas se han puesto como obligación, en colaboración con
el Gobierno, que esas personas que están aquí se integren de una manera
definitiva en una proporción muy alta en la vida colectiva española; es
decir, escolarización, sanidad, posibilidades de trabajo, etcétera.
Como sabe S. S. bien --y si no lo sabe se lo vuelvo a repetir, porque se
lo he dicho al inicio de mi intervención--, está abierta todavía la
posibilidad de los reagrupamientos familiares. Esta es la situación en la
que nos encontramos en este momento, y están abiertas también otras
posibilidades excepcionales de personas que desgraciadamente todavía
están sometidas a un sufrimiento insoportable.
Por tanto, el planteamiento que el Gobierno ha tenido es razonable: fijar
unas dimensiones de la acogida posible, tanto pública como privada, y no
abandonar esa acogida con el estricto mecanismoo de acogida, sino dar
después las posibilidades a esos ciudadanos para que se integren en la
sociedad española.
Comprendo que a S. S., de conciencia sensible, le produzca malestar el
que se produzca limpieza étnica, a mí también y mucho, y me parece
también que, como me ha diho en múltiples ocasiones la representante de
Acnur, hay que hacer todo lo posible en los distintos países para que no
se colabore ni voluntaria ni involuntariamente en ese procedimiento. El
Gobierno español, que entiende que no debe cooperar a ese procedimiento,
ha fijado unas dimensiones de la posibilidad de aceptación en España de
refugiados, lo mismo que han heho otros países de la Comunidad Europea, e
insisto en que lo que tienen a gala los sectores privados que los han
acogido, en colaboración con el sector público, es que no se queden esas
personas que desgraciadamente han tenido que emigrar o que han tenido que
ser acogidos en España abandonadas a su suerte, como desgraciadamente
está pasando en varias ocasiones en otros países, sino que hay que poner
a disposición de todos ellos la posibilidad de integrarse en la sociedad
española.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Damos por terminada esta comparecencia.
La comparecencia número 2, referida a los hechos ocurridos en Somalia y
la política seguida por la Organización de las Naciones Unidas en dicho
país, ha sido retirada por el Grupo Popular, que es el que la había
planteado.
--DE LA POLITICA DE SU MINISTERIO EN RELACION CON EL ESTADO DE ANDORRA A
RAIZ DE SU CONSTITUCION RECIENTEMENTE APROBADA, SU INGRESO EN LAS
NACIONES UNIDAS Y LAS ELECCIONES PREVISTAS PARA EL MES DE DICIEMBRE. A
SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente
213/000130.)
El señor PRESIDENTE: Tenemos la comparecencia número 3, a petición del
Grupo Parlamentario Mixto, para informar de la política del Ministerio en
relación con el Estado de Andorra, a raíz de su Constitución
recientemente aprobada, su ingreso en las Naciones Unidas
y las elecciones previstas, es decir, ya realizadas hace unos días.
Esta comparecencia ha sido solicitada por el Grupo Parlamentario Mixto,
pero no veo que esté en la sala ningún miembro de dicho Grupo.
Tiene la palabra el señor Rupérez.
El señor RUPEREZ RUBIO: En el caso de que la Presidencia y el señor
Ministro así lo estimaran, nosotros propondríamos el mantenimiento de
esta comparecencia y, si fuera necesario, nos haríamos cargo de su
titularidad para mantenerla.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Martínez.
El señor MARTINEZ MARTINEZ (don Miguel Angel): La verdad es que desde mi
Grupo entendemos que reglamentariamente esto no es posible, por lo menos
no se ha hecho hasta ahora. Si se hiciera, puede no ser inconveniente que
el Ministro contara brevemente cuál es la política del Gobierno en una
materia que no es indiferente para nosotros.
Como, por otra parte, entiendo que el señor Ministro tiene la
documentación muy actualizada, entiendo el planteamiento del señor
Rupérez en el sentido de no desaprovechar una oportunidad en un tema que
nos concierne.
De todas formas, lo cierto y verdad es que reglamentariamente no sé cómo
lo podrá canalizar la Mesa. Yo apoyaría, desde luego, la propuesta del
señor Rupérez de que fuera una petición generalizada de los Grupos que se
tocara, quizá sin mayor debate, la información que pueda proporcionar el
Ministro.
El señor PRESIDENTE: Señorías, según entiendo el artículo 203, el Grupo
es el que toma la iniciativa para que se produzca la comparecencia, pero,
una vez aceptada la comparecencia por la Mesa y por el Gobierno, creo que
ésta tiene entidad propia.
Lo único que va a ocurrir aquí, por consiguiente, es que el Grupo Mixto
que ha tomado esta iniciativa no va a intervenir en el debate. Creo que
podemos seguir con esta pregunta.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Solana Madariaga): Gracias,
señor Presidente.
Entiendo que es un tema de una cierta importancia, relacionado con los
últimos acontecimientos que han tenido lugar en Andorra. Por tanto, con
sumo gusto les doy la información, la visión que el Gobierno tiene en
esta hora sobre los últimos acontecimientos que han tenido lugar en
Andorra, a la vez que una pequeña valoración de las relaciones entre
nuestro país y Andorra.
Por tanto, agradezco a la Presidencia la oportunidad que me brinda,
incluso a pesar de la ausencia de los señores Diputados demandantes de la
pregunta, para que los que sí deseen escucharme lo hagan.
Andorra, como saben sus señorías, tiene unas relaciones privilegiadas con
España por muchas razones, pero a esos vínculos de todo orden
desarrollados con España a través de una historia ya larga, de más de 700
años, se ha añadido en 1993 la aprobación de una Constitución que, como
sus señorías recordarán, entró en vigor el 5 de mayo pasado, por la que
el Principado se dota de un sistema parlamentario con la afirmación de la
soberanía popular, la separación de poderes y las garantías para el
respeto de los derechos fundamentales.
Cabe recordar, señor Presidente, la influencia tan decisiva que ha tenido
en este proceso el Copríncipe español, el Obispo de La Seu d'Urgell,
Monseñor Martí Aramís, para que hace unos años se introdujera en el
ordenamiento jurídico de Andorra la Declaración de los Derechos Humanos
de Naciones Unidas. Todo ello ha facilitado más, si cabe, el
entendimiento mutuo apoyado por un escrupuloso respeto del principio de
soberanía del Estado y que ha permitido el reconocimiento internacional
de este microestado pirenaico.
Como SS. SS. conocen bien, las relaciones especiales de España con
Andorra, de Andorra con España, se basan esencialmente en dos realidades:
una realidad de hecho y otra realidad de derecho.
En relación con las cuestiones de hecho, lógicamente toda la vertiente
sur de los Pirineos pertenece, salvo el Principado, a España, lo que ha
creado vínculos históricos, culturales, económicos y de todo tipo con
España. Las comunicaciones andorranas con nuestro país son relativamente
fáciles y la casi totalidad de los nacionales de Andorra tienen lazos
familiares estrechos con españoles en buena parte como consecuencia de la
misma composición demográfica del propio Principado, en la que sus
nacionales constituyen el 18 por ciento, los españoles el 60 por ciento,
los portugueses el 10 por ciento y el seis por ciento los franceses.
Por tanto, la presencia de más de 30.000 residentes españoles, a los que
se añaden, lógicamente, las visitas de nuestros compatriotas cada año,
constituye un factor de relevancia particular.
Además, señorías, a través de la cooperación establecida de antiguo entre
la mitra y el Estado español, en Andorra la escuela española funciona
como en España, actúan los correos españoles y jueces españoles vienen
impartiendo justicia en su nombre. Por tanto, la interrelación económica
viene siendo igualmente intensa, como he dicho anteriormente, y puede
ilustrarse por el hecho de que, aunque circulan indistintamente la moneda
francesa y la moneda española, el presupuesto nacional viene establecido
todos los años en pesetas.
Por otra parte, además de los aspectos políticos, demográficos, sociales
y económicos, la cultura andorrana es esencialmente una cultura española,
cultura de origen catalán o castellano, habiéndose establecido en la
Constitución el catalán como lengua oficial.
Si a este telón de fondo se añade la ausencia de conflictos, señor
Presidente, es evidente que las relaciones bilaterales se apoyan en
vínculos intensos, en vínculos cordiales y, por tanto, pueden calificarse
de excelentes.
Miembros insignes de esta Comisión tienen relaciones estrechas también
con ese país.
Sobre este fundamento de hecho ha actuado la evolución del ordenamiento
jurídico de Andorra desde los primeros convenios, en 1278 y 1288, hasta
las reformas de 1866, en la que se dispuso el sufragio para las cabezas
de familia, y la reforma de 1981, que puso fin al coprincipado absoluto e
inició el camino hacia el coprincipado parlamentario, en el que los
poderes ejecutivo y legislativo ya no dependían enteramente de los
copríncipes, aunque todavía poseían, como saben SS. SS., el poder
judicial y seguían siendo los únicos soberanos.
Sobre este trasfondo, donde las reminiscencias del ordenamiento casi
medieval eran aún importantes, se inició a partir de 1991 el proceso de
constitucionalización. Una comisión tripartita, en la que participaban
representantes de ambos Copríncipes y del Conseill General, se encargó de
redactar ese proyecto.
España apoyó en todo momento el desarrollo de ese proceso de
modernización política y puso a disposición del Copríncipe espiscopal las
asesorías jurídicas y técnicas que fue requiriendo y tambien recibió del
mundo académico español, al tiempo que mantuvo a nuestro Gobierno y
nuestra Administración, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores,
informados de la evolución del proceso de la redacción constitucional.
El Ministerio español de Asuntos Exteriores ha seguido, por tanto, paso a
paso, desde el principio y muy cerca de los centros de decisión, el
desarrollo de este proceso.
La Constitución de Andorra fue aprobada en referéndum el pasado 8 de
marzo por una mayoría abrumadora y supone la asunción plena de la
soberanía interna y externa por los andorranos y ha establecido el
sistema de democracia occidental, de democracia clásica con la forma de
coprincipado parlamentario, porque, como he señalado, viene sin duda a
reforzar nuestros lazos y nuestras relaciones bilaterales que ahora se
establecen, como con cualquier otro país, de Estado a Estado y no como
antiguamente, a través del Copríncipe soberano. Esta Constitución
mantiene la
Jefatura del Estado bicéfala tradicional en la que uno de los copríncipes
es español, elemento que a lo largo de la historia ha poseído y posee una
capital importancia a la hora de fijar nuestra acción exterior con el
Principado.
El texto constitucional dispone que los dos Copríncipes, aun siendo
monarcas parlamentarios, guarden alguna facultad adicional, como el
derecho de vetar aquellos tratados y disposiciones relativas a las
relaciones de Andorra con sus vecinos, lo que, evidentemente, tiende a
salvaguardar la independencia del Estado y determina que cada uno pueda
nombrar un Magistrado del Tribunal Constitucional --les recuerdo que el
conjunto de los Magistrados asciende a cuatro-- y un miembro del Consejo
Superior de Justicia, de un total de cinco. Un elemento esencial de la
política que estamos llevando a cabo se caracteriza por el respeto a las
disposiciones constitucionales o disposiciones de otro rango que adopten
los órganos cualificados del Principado.
Quisiera decir, por otra parte, señor Presidente, quisiera llamar la
atención de SS. SS. sobre dos elementos de la Constitución de 1993 que se
refieren de modo directo a las relaciones exteriores del Principado: el
primero es que con la nueva Constitución la soberanía ya no reside en los
Copríncipes, sino en el pueblo, lo que implica un cambio sustancial en lo
que se refiere a la acción exterior de Andorra. Antes de la Constitución
siempre se consideró que las relaciones internacionales eran propias de
los Copríncipes y que debían ejercerse bien de forma paritaria, según la
tesis del Copríncipe español, que España compartía, o sólo a través del
Copríncipe francés, criterio mantenido por Francia, al ser éste persona
jurídica internacional. A lo largo de los años el Copríncipe francés se
oponía a la acción internacional de Andorra e intentaba, con la oposición
del Copríncipe español episcopal, que Francia representara al Principado
en el exterior. Hoy, después de la Constitución, es el Ejecutivo de
Andorra quien dirige las relaciones exteriores, asumiendo en el Derecho
Internacional una capacidad que el Príncipado ha ejercido, aunque de
forma limitada, a lo largo de su historia, como lo demuestra el hecho de
que su neutralidad fuera siempre respetada.
El segundo extremo que me gustaría subrayar es el que se establece en la
disposición adicional primera de la Constitución, por la que se dispuso
la conclusión de un tratado trilateral entre Andorra, España y Francia
para fijar el marco de las relaciones con los dos países sobre la base
del respeto a la soberanía, la independencia y la integridad territorial.
La necesidad de este tratado viene dictada por la situación tan peculiar
del enclave físico y geográfico del país andorrano.
Por tanto, se ha negociado y se ha firmado el 1 de junio de 1993 un
tratado de buena vecindad, de amistad y de cooperación entre los tres
Estados, disponiéndose en el mismo su aplicación provisional a partir del
momento de su firma en razón de los plazos de entrada en vigor de la
Constitución. Como consecuencia de ello, España y Francia han reconocido
formalmente al Estado andorrano y han establecido relaciones diplomáticas
con Andorra. España dispone ya de una embajada instalada en la sede de la
antigua veguería episcopal, que desaparece con la entrada en vigor de la
Constitución. El Embajador, como saben SS. SS., ha presentado
credenciales ante los dos Copríncipes y España tiene también en este
momento un consulado general, dirigido por dos diplomáticos de carrera,
que han comenzado a realizar sus funciones en el mejor entendimiento con
aquellas autoridades.
España y Francia se han comprometido, por otra parte, en el mencionado
tratado a apoyar la actividad diplomática y consular de Andorra en
terceros Estados en los que Andorra no esté representada. Andorra podrá
solicitar indistintamente y de forma equilibrada a España o a Francia el
ejercicio de dicha protección de sus intereses en el exterior.
En relación con este punto, puedo señalar a SS. SS. que tanto la
población andorrana como sus representantes conocen la buena disposición
de España para encargarse de la gestión de aquellos asuntos
internacionales que el Principado estime oportuno confiarle. Debo señalar
a
SS. SS. que a lo largo de este proceso constitucional y también durante
la negociación del Tratado, la relación de nuestros funcionarios, de
nuestro personal diplomático con los franceses ha sido excelente,
perfilándose con rapidez un entendimiento de fondo y un espíritu de
colaboración en todo lo que afecta a Andorra, que refleja el buen estado
de nuestras relaciones. Hasta aquí me he referido, señorías, a aquellos
elementos esenciales de la Constitución de Andorra que de un modo u otro
repercuten en las relaciones bilaterales entre los dos países.
Ahora bien, señorías, señor Presidente, una consecuencia de la aprobación
del texto constitucional de 1993 ha sido el ingreso de Andorra en la
Organización de Naciones Unidas como miembro 184, en la OIT y en la
UNESCO. El Tratado trilateral prevé en su artículo 6 que España y Francia
faciliten el ingreso de Andorra en todas las organizaciones
internacionales, lo que el Ministerio de Asuntos Exteriores hizo
puntualmente una vez que se aprobó la Constitución.
De la misma manera, el Principado desea formar parte de la OMS y de la
UPU, y tras las elecciones generales del 12 de diciembre Andorra será
invitada a ingresar en el Consejo de Europa, acciones que el Ministerio
de Asuntos Exteriores apoya con todo interés. Tanto en función de este
Tratado trilateral, al que he hecho referencia, como del buen estado de
nuestras relaciones, entendemos que todos estos pasos redundarán en su
beneficio.
En tercer lugar, para no interferir en los asuntos internos del
Principado, será preciso conocer los intereses y las orientaciones del
Gobierno nacido de las elecciones generales de hace unos días, de 12 de
diciembre, para desarrollar nuestras relaciones bilaterales a todos los
niveles, pero, señor Presidente, señorías, me atrevo a asegurar que se
caracterizarán, como ha sido hasta ahora, por la cooperación, cooperación
basada en la comprensión mutua, y en un tono siempre de cordialidad.
Las elecciones generales del día 12 han culminado el proceso
constitucional en ese Principado con una participación que SS. SS.
conocen, que ha sido amplia, en un clima de normalidad, ratificado por
los observadores enviados por el Consejo de Europa y, por lo tanto,
elecciones que se han producido con la normalidad que todos deseamos y
que han arrojado unos resultados caracterizados ciertamente por una
cierta dispersión de votos que sin duda obligará a la formación de un
gobierno de coalición.
El bloque constitucional aglutinado en torno al denominado AND ha sido la
fuerza más votada, pero no ha conseguido los votos suficientes para
formar un gobierno en solitario.
A pesar de las primeras elecciones constitucionales que acaban de tener
lugar y aún se está en la etapa de formación de gobierno, puedo indicar a
SS. SS. los elementos básicos de nuestra política con Andorra en la nueva
situación.
En primer lugar, y en lo que respecta a los cauces institucionales, el
Tratado al que antes he hecho referencia, el Tratado de Buena Vecindad,
al acordar el establecimiento de relaciones diplomáticas mediante nuestra
embajada, permite que nuestra presencia oficial en el Principado sea
ahora directa, con las evidentes consecuencias, entendemos que positivas,
de todo orden que ello debe acarrear. Permite la asistencia técnica a las
autoridades andorranas en lo que respecta a su posición internacional,
acción difícil con el ordenamiento jurídico anterior.
Esperamos también que la actuación de Andorra en las organizaciones
internacionales a las que se adhiera pueda ser con frecuencia favorable a
las posiciones de España, así como que nuestro país tratará de defender y
de promover los intereses andorranos en todos estos foros.
Por otra parte, señorías, el mencionado Tratado trilateral prevé la
conclusión de acuerdos específicos bilaterales técnicos entre España y
Andorra en aquellas materias que puedan ser de interés para los dos
países y que empezarán a negociarse y a firmarse en cuanto el nuevo
gobierno, el nuevo Conseill salido de las urnas empiece a funcionar
plenamente.
La labor de asesoramiento se extiende a un buen número de materias: obras
públicas, patentes, marcas, abanderamiento de buques, temas educativos y
culturales, financieros, laborales, de protección civil, sistema
judicial, etcétera, sin olvidar el relativo a la ampliación del Acuerdo
de 1991 entre Andorra y la Comunidad Europea, en el que se estableció una
unión aduanera para productos de carácter industrial.
Se mantiene, asimismo, una relación especial de apoyo al Copríncipe,
Copríncipe episcopal, en esta nueva etapa, por razones evidentes, dada su
nacionalidad española.
Por último, señor Presidente, garantizamos la mejor protección de los
intereses de la importante colonia española, la que antes he cifrado en
más de 30.000, a través del Consulado General en el Principado.
En conclusión, señor Presidente, señorías, la intensidad y la extensión
de los vínculos que existen de España con Andorra, el seguimiento del
procedimiento por el que se ha dotado con el apoyo español de un sistema
democrático, nuestra colaboración en su ingreso en las instancias
internacionales, todo lo que acabo de decirles, parece que redundará en
unas relaciones beneficiosas para Andorra y para España.
Por último, señor Presidente, señorías, permítanme que les adelante que
tengo intención de hacer una visita oficial al Principado respondiendo a
una invitación del Caps de Govern en cuanto hayan concluido los trámites
de constitución formal del Conseill y la formación del nuevo gobierno
para marcar también el lanzamiento o relanzamiento de las relaciones de
una nueva etapa entre España y Andorra.
El señor PRESIDENTE: ¿Qué grupos desean hacer uso de la palabra?
En nombre del Grupo Mixto, tiene la palabra el señor González Lizondo.
El señor GONZALEZ LIZONDO: Señor Presidente, únicamente deseo intervenir,
ya que, al parecer, hay una propuesta del Grupo Mixto, aunque no es
concretamente
de Unión Valenciana, para agradecer al Ministro la deferencia de que se
haya procedido a su discusión.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra el señor Espasa.
El señor ESPASA OLIVER: Señor Presidente, realizada la comparecencia, el
acceso de Andorra a la constitución de un Estado plenamente democrático
merece la atención de todos los grupos parlamentarios y en este sentido
queremos pronunciarnos. Queremos hacerlo en la línea en que lo hacía el
Ministro de Asuntos Exteriores, aunque quizá con alguna matización,
pidiéndole algún impulso a la cooperación hispano-andorrana y que la
pueda protagonizar el propio Ministro, como después se verá.
Estoy de acuerdo con él cuando dice que básicamente lo que ha sucedido es
que Andorra ha pasado de un coprincipado de origen feudal y, por tanto,
en un régimen de derecho que podríamos calificar de absoluto, a un
coprincipado parlamentario con la residencia de la soberanía en el pueblo
de Andorra. Esto nos produce una enorme satisfacción, puesto que es
abandonar, sin embargo, no del todo, como veremos, una constitución
feudal, por la que se regía este país pirenaico, para entrar en la senda
de las democracias parlamentarias. Todo lo que sea avanzar en esta línea
es saludado por nuestro Grupo Parlamentario, aunque, como digo, quedan
aún algunas reminiscencias que merece la pena señalar o que, al menos,
nosotros queremos señalar.
También quisiera aprovechar la ocasión, señoras y señores Diputados, para
recordar que en esta Cámara, en esta Comisión de Asuntos Exteriores, a
instancias de este Grupo Parlamentario y también de otros, en otras
iniciativas, se ha abordado repetidamente lo que un ilustre Diputado, que
ahora no se sienta en esta Cámara, decía de Andorra al calificarlo de
estado distinto. Hablaba de Andorra como de un estado distinto. Recuerdo
cómo se han presentado proposiciones no de ley, mociones de esta Comisión
de Asuntos Exteriores, instando a que Andorra se convirtiese plenamente
en un Estado de Derecho para defender los intereses de los nacionales
españoles que allí viven y trabajan, sobre todo preocupados por la
enorme, dada la población de derecho andorrano, población laboral de
origen español que trabajaba en Andorra y que, en cambio, estaba privada
de los más elementales derechos sindicales de asociación y de reunión.
Hasta que no se ha aprobado la Constitución y hasta que no se desarrolle
alguna de las leyes previstas en la propia Constitución el derecho de
asociación sindical no estará plenamente reconocido. Esto se debatió en
esta Comisión de Exteriores. Y yo creo que las mociones que aprobó esta
Comisión, en nombre de la soberanía del pueblo español, no han sido
ajenas, no han sido inútiles a un proceso democrático andorrano. Pienso
que, modestamente, algo hemos contribuido a ello, como también al hecho
de que muchos nacidos en Andorra puedan acceder al derecho de
nacionalidad, cosa que estaba enormemente restringida, demasiado
restringida, en el ordenamiento, repito, feudal y preconstitucional que
tenía Andorra hasta ahora que, en ejercicio del derecho de
autodeterminación de su pueblo, se ha dotado de una constitución
democrática que reconoce todos los derechos que la pueden homologar a
cualquier otra democracia parlamentaria.
En el plano de la cooperación, y aquí viene la mención que hacía el
Ministro de Asuntos Exteriores, aunque evidentemente este asunto no quita
el sueño al Diputado que les habla, señorías, yo creo que no estaría de
más ayudar a que el proceso andorrano culminase, culminase en el sentido
de que los copríncipes fuesen lo que deben ser en una democracia
parlamentaria, es decir, plenamente laicos. No es mi intención salvar
almas de nadie --no sé si la del Ministro lo es--, pero es evidente que
la situación de un obispo sometido a los peligros de simonía y otras
tentaciones por detentar el poder terrenal... Si pudiésemos, en alguna
forma, si el Ministro pudiese, en alguna forma, contribuir a mejorar la
salud espiritual de ese alma, no estaría de más, no sería sobrero. Invito
al Ministro a que, si le parece bien, avance en esta línea. Sabe que
tendría nuestro pleno apoyo para conseguir la plena laicidad de los
copríncipes andorranos. Todos sabemos la simetría que se produce en la
situación de estos copríncipes, uno de ellos es el Presidente del Estado
francés y el otro es un obispo de una sede; un dignísimo obispo, una
dignísima persona, pero obispo al fin y al cabo, y yo no sé si la Iglesia
católica estaría en mejores condiciones si no tuviese este anclaje al
poder terrenal tan peligroso para la vida de las almas que forman parte
de esta colectividad.
Quiero señalar también, como ha dicho el Ministro, que la lengua que se
habla en Andorra es una lengua española, es el catalán, lengua oficial en
Andorra, cosa que, como Diputado por Barcelona, por Cataluña, me
satisface. También como miembro de esta Comisión y como español creo que
debemos estar satisfechos de que una de las lenguas oficiales en nuestro
país, el catalán, sea lengua oficial en Andorra y de que haya sido
pronunciado un discurso, por primer vez en un organismo oficial, en las
Naciones Unidas, en catalán.
Voy a terminar, señor Presidente, manifestando, una vez más, el total
respeto a las decisiones soberanas del pueblo andorrano. Nuestro Grupo
parlamentario, y estoy seguro de que todos los demás, apoyará y respetará
totalmente su identidad en tanto que país y Estado, su derecho a la
autodeterminación y a la identidad como país y eso lo haremos en el marco
de la concepción de una constitución parlamentaria y si pudiera ser con
plena laicidad de todos sus mandos estaríamos aún mucho más satisfechos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo parlamentario Popular tiene la palabra
el señor Fabra.
El señor FABRA VALLES: Quiero agradecer al señor Ministro su exposición,
así como que ésta no solamente haya sido histórica, sino que, al final,
nos haya
mencionado las líneas que se piensan seguir. Lo que me preocupa es que
dice que piensa seguir con la misma cordialidad. Yo creo que debería ser
mayor la conexión que existiera entre España y Andorra, ya que hasta
ahora --no sé a qué ha sido debido-- se han oído muchos discursos, ha
habido diversidad de discursos en el Gobierno, a pesar que eran pocas las
veces que hablaba de Andorra el Gobierno. Basta ver el coleccionable, y
es de agradecer que nos lo remita, de intervenciones del señor Ministro,
donde durante el año 1993 no consta Andorra para nada. Yo espero que a
partir de ahora haya una mayor cooperación, cooperación que en estos
momentos está pidiendo también el pueblo andorrano, que ayude a su
desarrollo institucional y económico. En relación con el desarrollo
económico me gustaría hablar de las comunicaciones, comunicaciones que
favorecerían también a España y sobre todo a una parte de España que
necesita de buena comunicación con Francia. Por otro lado, que coadyuvase
al progreso social y principalmente --y esto es de gran interés para el
pueblo andorrano-- que preservase la identidad andorrana.
No hay que olvidar que tal vez la lentitud que haya podido haber en esta
nueva etapa de Andorra haya sido debida al miedo del pueblo andorrano,
primero, por poder llegar a perder su identidad y, segundo, por perder
algo tan importante como es, dentro de la historia andorrana, el
equilibrio. Usted mismo ha mencionado la población que existe en Andorra
--los votantes eran nueve mil y pico--, esto hay que considerarlo, y que
se encuentra entre dos países muy grandes respecto a ella, como son
Francia y España. Por tanto, el equilibrio era importante.
También hay que tener en cuenta, en esa diferenciación que se va a hacer
a partir de ahora con Andorra, con una mayor cooperación, ese sistema
antiguo, el famoso sistema feudal, que a quien conozca bien Andorra no se
le escapará que era un problema más de formas que de fondo. Conozco
bastante bien Andorra y, a pesar de los ataques que haya podido tener
este país como vulnerador de los derechos humanos, la verdad es que quien
ha paseado por sus calles no los ha visto por ningún lado. De todas
formas, nos felicitamos de que haya entrado en este club selecto de
países que están conformados como Estados de Derecho. Tampoco creemos que
haya sido debido a una falta de voluntad de los copríncipes. Desde luego,
está claro que no ha sido falta de voluntad del Copríncipe eclesiástico,
de la mitra, ya que ha sido el primero que dejaba rienda suelta al futuro
de Andorra y que han sido los mismos andorranos los que le han dicho que
no se marche y que continúe allí. En más de una ocasión ha habido grandes
presiones de otros grupos, como pueden ser los sindicatos, y creemos que
no había nada que ocultar porque a partir de ahora pocos van a ser los
cambios que pueda haber en este sentido.
Por tanto, señor Ministro, sólo quiero agradecerle una vez más su
comparecencia y pedirle que, como responsable del Ministerio, haga lo
posible para que esta cooperación entre España y Andorra sea real y
efectiva y ¡cómo no! que apoyemos al máximo la petición que en breve hará
Andorra de entrada en el Consejo de Europa. Eso, dicho en esta sala en la
que, además, tenemos entre nosotros al Presidente de la Asamblea del
Consejo de Europa, creo que tiene un mayor eco.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo socialista, tiene la palabra el señor
De Puig.
El señor DE PUIG I OLIVE: De la exposición del señor Ministro, que
agradece nuestro Grupo, se demuestra que la actitud de su Ministerio y de
España con respecto a Andorra ha sido extraordinariamente positiva en el
seguimiento de todo el proceso, porque viene de lejos. Llevamos unos años
siguiendo los cambios políticos, las propuestas de cambios políticos en
Andorra, también los cambios económicos --el señor Ministro se ha
referido al acuerdo tan importante con la Comunidad Europea--, y hemos
seguido el proceso ayudando. Cualquiera que se haya acercado a las
autoridades andorranas --y éste ha sido el caso del Diputado que les
habla, a quien le ha tocado en el Consejo de Europa ser ponente sobre la
evolución política de Andorra durante cierto tiempo-- se habrá dado
cuenta de que la opinión que tenían ellas y el pueblo andorrano sobre la
actitud de España era la mejor que habían percibido jamás; eso en
palabras de la propia Mitra, en palabras del Jefe de Gobierno. Han estado
absolutamente encantados con el trabajo de apoyo razonable, positivo y
ponderado, sin injerencias, desde luego, del Gobierno de España y del
conjunto del Estado español, también de las Cortes, que nos hemos
pronunciado alguna vez en cuestiones relacionadas con Andorra, con
respecto a su proceso.
Lo importante del hecho de constituirse como Estado es, en primer lugar,
que el pueblo se convierte en soberano; esto sería quizá lo más
destacable. En segundo lugar, el reconocimiento internacional, porque en
muchas ocasiones se hablaba de Andorra como si fuera un Estado y, sin
embargo, no había sido reconocido, no era tal su situación en el Derecho
internacional. Por otra parte, esta constitución conlleva, a mi juicio,
un proceso de modernización y de homologación, con respecto a otros
países europeos, que dará lugar a mejoras y al perfeccionamiento de la
situación esbozada en el proceso constituyente.
Entiendo que nuestro Gobierno ha hecho lo que tenía que hacer: buenas
relaciones --inmejorables, a mi juicio--, se ha creado un buen clima y
hemos cooperado. Además, creo que podremos constatarlo rápidamente. Los
tratados, los acuerdos bilaterales y trilaterales de los que ha hablado
el señor Ministro han entrado ya en la Cámara, los vamos a discutir y a
aprobar, espero que por unanimidad, en las próximas semanas y creo que
con ello no sólo hemos ayudado a un país que acaba de ser reconocido en
el concierto internacional, sino que hemos cumplido con una obligación.
El hecho de que estos 30.000 españoles estén ahí no es un hecho
desdeñable, desde luego. El Estado español ha tenido y tiene obligaciones
en Andorra; hay vínculos incluso más allá de los de carácter cultural,
con ser importantes, de carácter lingüístico, como se ha señalado aquí.
No en vano, la actual lengua oficial de
Andorra es una lengua fundamentalmente española, el catalán. Pero más
allá, como digo, de estos vínculos culturales, familiares, de
comunicaciones y de cercanías existen otros vínculos políticos y
jurídicos vigentes hace muchos años, como, por ejemplo, la colaboración
en materia de justicia, en materia de defensa, la realización del
servicio militar en el Ejército español desde Andorra, la enseñanza,
etcétera.
Debíamos cumplir también con obligaciones de acuerdos anteriores. Creo
que esto se ha hecho y, en este sentido, lo que debemos seguir haciendo
es apoyar el proceso, un proceso iniciado; habrá que firmar acuerdos
específicos de todo tipo, como decía el señor Ministro. También deberemos
hacerlo aquí y me parece que hay una proposición no de ley que
discutiremos mañana sobre eso. Es decir, las Cortes, el Congreso de los
Diputados tendrá sus posibilidades de pronunciarse en este proceso de
modernización de Andorra que todos celebramos.
El señor PRESIDENTE: Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Solana Madariaga): Con la máxima
brevedad, pero no quisiera dejar pasar esta oportunidad para agradecer su
intervención a los portavoces de los grupos parlamentarios y para hacer
unas reflexiones.
Empezaré por decir que los Diputados intervinientes son conocedores de la
problemática de Andorra desde hace muchos años y con gran intensidad y,
por tanto, poco les puedo decir sobre lo que acontece en Andorra más allá
de los cambios, desde el punto de vista jurídico-formal, que han tenido
lugar. Pero me constan las relaciones tan estrechas que SS. SS. tienen
con este país tan próximo físicamente, culturalmente y desde tantos
aspectos.
Al Diputado señor Espasa le diría que tiene razón, que hay que seguir
impulsando la cooperación, una cooperación que quizá hoy tiene unas
posibilidades, unos caminos mejores que los que ha tenido nunca. He
tenido el privilegio ya de recibir aquí en Madrid al «Cap de Govern» en
dos ocasiones; espero, como les he dicho, poder visitar oficialmente
Andorra a la mayor brevedad, en cuanto el proceso de constitución del
nuevo gobierno se finalice; tuve ocasión también de recibir en Nueva
York, en el ámbito de la Asamblea General de Naciones Unidas, al «Cap de
Govern». Por tanto, creo que no hay dificultad en que ese proceso de
profundización de las relaciones se realice y se realice bien.
Ciertamente, como S. S. decía, el Estado distinto cada vez se va haciendo
un poco menos distinto, en el sentido en que S. S. lo decía. Yo le
aseguro que trataré de ayudar a la salvación de las almas de los
ciudadanos de Andorra, dentro de mis capacidades, que son escasas para
esos menesteres, pero trataré de hacerlo. Lógicamente, comparto su
preocupación, su preocupación potencial, futura, hacia una laicidad total
del sistema. Sin duda ninguna, lo comparte todo el mundo, para que la
culminación del proceso sea definitiva y real. Por tanto, coincido con la
mayor parte, por no decir todas, de sus afirmaciones.
Al Diputado portavoz del Grupo Popular, señor Fabra, le agradezco
muchísimo su intervención, el tono y el contenido. Cuando he dicho la
misma cordialidad es porque entiendo que la cordialidad es máxima. Es
difícil hacerla más cordial. Otra cosa son las relaciones entre unos y
otros, pero, desde el punto de vista de la cordialidad, como S. S. conoce
bien, la cordialidad es mucha y trataremos de mejorarla, aunque creo que
es difícil. Otras cosas se pueden mejorar, la cooperación, por ejemplo.
Su señoría ha dicho, y ha dicho bien, que se debe --y el Diputado señor
Espasa ha insistido en ello-- que es un momento para intensificar la
cooperación en todos los aspectos; cooperación que tiene mucho que ver
con las comunicaciones, como S. S. ha indicado bien. Tenemos que hacer
ahí un esfuerzo, en las dos partes; en las comunicaciones en toda su
dimensión, no solamente en las físicas, a través del terreno, sino
también en otras comunicaciones y preservar la identidad andorrana, que
ha sido el equilibrio al que S. S. hacía referencia y que creo que está
en la mente de todos hacer.
Me interesa subrayar, y lo quiero decir, la cooperación financiera. En el
ámbito de la cooperación financiera hay un trabajo que hacer y creo que
el Gobierno nuevo que surge de estas elecciones estará en disposición de
cooperar con España, y España con él, en estas, a veces, dificultosas
relaciones de carácter financiero que España y Andorra tienen en común.
Gracias por su intervención.
Al Diputado señor De Puig, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista,
también quiero agradecerle su intervención. Sé su papel, el papel que ha
jugado el Consejo de Europa respecto a las relaciones de España y Andorra
a través del Consejo de Europa, que ha sido muy bueno. Es verdad que
hemos cumplido no solamente con un deseo, sino también con una
obligación, una obligación que tenía España de cooperar a este proceso de
culminación del desarrollo constitucional de Andorra. No solamente
tendremos que terminar los acuerdos ya firmados, sino abrir la
posibilidad de firmas de nuevos acuerdos en las materias que muchas de
SS. SS. han mencionado, una de ellas comunicaciones; otras, las he
mencionado en mi intervención, en materia jurídica, etcétera.
Nada más, señorías, sino decir, una vez más, que es verdad que hemos
hablado poco sobre Andorra en esta Comisión. Espero que si tenemos que
hablar más sea por razones positivas, que no sea por razones de tensiones
o conflictos. Estoy seguro de que, con la calidad de los representantes
de esta Comisión, que conocen bien y tan profundamente la realidad
andorrana, solamente podremos tener noticias buenas, desde la perspectiva
de esta Comisión de Asuntos Exteriores. (El señor Martínez Martínez (don
Miguel Angel) pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Martínez.
El señor MARTINEZ MARTINEZ (don Miguel Angel): No sé si es para una
cuestión de orden, señor Presidente, pero, como portavoz del Grupo
Socialista y como el señor Ministro no estará mañana en la Comisión,
querría desear al Ministro, a sus colaboradores y, por supuesto, a todos
los miembros de los demás grupos que se reúnen con nosotros en esta
Comisión, un año nuevo lleno de prosperidad y unas fiestas felices.
Podríamos haberlo hecho mañana, pero lo hacemos hoy al tiempo de saludar
al Ministro, señalando a él y a todo su personal nuestra solidaridad y
nuestros mejores deseos.
El señor PRESIDENTE: Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Solana Madariaga): Señor
Presidente, no sé si compete hacer un turno de réplica a semejante
afirmación. (Risas.)
Si el señor Presidente me lo permite, quiero agradecer a los señores
Diputados sus deseos para el año 1994. Y aprovecho para decir que,
desgraciadamente, no estaré mañana aquí, pero el mejor regalo que
pudiéramos tener unos y otros es que el impulso que mañana se pueda dar a
las negociaciones de paz en Bosnia, desde las nueve de la mañana, tenga
un final que todos deseamos. El optimismo, como he dicho tantas veces, en
ocasiones parece incompatible con el término Yugoslavia, pero esperemos
que las fiestas navideñas ayuden al buen sentido y que mañana podamos dar
un impulso de una cierta envergadura a esas negociaciones.
El señor PRESIDENTE: Después de estos intercambios de saludos navideños,
damos por terminada la sesión.
Se levanta la sesión.
Eran las diez y veinticinco minutos de la mañana.