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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 93, de 20/12/1993
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1993 V Legislatura Núm. 93
JUSTICIA E INTERIOR
PRESIDENTE: DON JAIME JAVIER BARRERO LOPEZ
Sesión núm. 9
celebrada el lunes, 20 de diciembre de 1993
ORDEN DEL DIA:
--Comparecencia del señor Ministro de Justicia (Belloch Julbe), para
informar de las medidas que se van a adoptar para corregir las
deficiencias que se detectan en el funcionamiento del servicio público de
la Administración de Justicia en la Comunidad Valenciana. A solicitud del
Grupo Parlamentario Federal IU-IC. (Número de expediente 213/000093.)
Esta comparecencia ha sido cumplimentada por la señora Subsecretaria de
Justicia (Página 2922)
Preguntas:
--Del señor Peralta Ortega (Grupo Parlamentario Federal IU-IC), sobre
estado en que se encuentran las gestiones encaminadas a conseguir una
ubicación definitiva centralizada de los órganos judiciales en la ciudad
de Valencia. (BOCG, serie D, número 17, de 8-10-93. Número de expediente
181/000093) (Página 2922)
--Del mismo señor Diputado, sobre previsiones acerca de transferencias de
competencias en materia de Justicia a la Comunidad Valenciana. (BOCG,
serie D, número 20, de 25-10-93. Número de expediente 181/000120) (Página 2922)
--Del señor Torres Gómez (Grupo Parlamentario Popular), sobre destino que
piensa darle el Ministerio de
Justicia a la antigua prisión provincial de Jaén. (BOCG, serie D, número
31, de 29-11-93. Número de expediente 181/000262) (Página 2931)
--Del señor Soriano Benítez de Lugo (Grupo Parlamentario Popular), sobre
opinión del Ministro de Justicia acerca del funcionamiento de la oficina
encargada de expedir certificaciones de antecedentes penales, últimas
voluntades, nacionalidad, etc., sita en el edificio del Ministerio, con
entrada por la calle Manzana. (BOCG, serie D, número 17, de 8-10-93.
Número de expediente 181/000085) (Página 2931)
--Del mismo señor Diputado, sobre razones que impiden a las oficinas del
Registro Civil expedir las certificaciones de defunción o de matrimonio
con mayor celeridad. (BOCG, serie D, número 31, de 29-11-93. Número de
expediente 181/000257) (Página 2931)
--Del mismo señor Diputado, sobre previsiones del Ministerio de Justicia
acerca de la celebración de oposiciones en el Archipiélago Canario, a fin
de facilitar que se cubran con rapidez las numerosas plazas vacantes.
(BOCG, serie D, número 17, de 8-10-93. Número de expediente 181/000086)
(Página 2934)
--Del señor Gil Lázaro (Grupo Parlamentario Popular), sobre medidas para
organizar adecuadamente todos los aspectos de gestión que tienen relación
con el desarrollo de la prestación social sustitutoria del Servicio
Militar. (BOCG, serie D, número 22, de 29-10-93. Número de expediente
181/000141) (Página 2935)
--Del mismo señor Diputado, sobre reforzamiento de la protección legal
del menor en España. (BOCG, serie D, número 29, de 22-11-93. Número de
expediente 181/000167) (Página 2938)
--De la señora Aguilar Rivero (Grupo Parlamentario Federal IU-IC), sobre
medidas para corregir las deficiencias de funcionamiento de la
Administración de Justicia. (BOCG, serie D, número 29, de 22-11-93.
Número de expediente 181/000204) (Página 2941)
--Del señor Gil Lázaro (Grupo Parlamentario Popular), sobre opinión del
Gobierno acerca de los datos contenidos en la Memoria de la Fiscalía
General del Estado relativos a la evolución de los delitos y de la
delincuencia en la provincia de Valencia durante el año 1992. (BOCG,
serie D, número 29, de 22-11-93. Número de expediente 181/000218) (Página 2943)
--Del señor Soriano Benítez de Lugo (Grupo Parlamentario Popular), sobre
desplazamiento de la titular del Juzgado de Granadilla de Abona
(Tenerife) a la Isla de La Gomera, para asistir a una Vista oral en un
helicóptero de la Guardia Civil el día 24 de julio de 1993. (BOCG, serie
D, número 32, de 30-11-93. Número de expediente 181/000258) (Página 2945)
--Del señor Gil Lázaro (Grupo Parlamentario Popular), sobre explicación
en relación con la presencia de personas condenadas a penas de privación
de libertad que trabajan en la sede de los Juzgados de Madrid. (BOCG,
serie D, número 31, de 29-11-93. Número de expediente 181/000263) (Página 2947)
--Comparecencia del señor Ministro del Interior (Asunción Hernández) para
dar cuenta de las medidas adoptadas y a adoptar por el Gobierno respecto
de la situación por la que atraviesan los aproximadamente 130 ciudadanos
africanos demandantes de asilo y refugio que se encuentran alojados, de
forma precaria, en el antiguo hospital de Cruz Roja en Melilla. A
solicitud del Grupo Parlamentario Federal IU-IC. (Número de expediente
213/000099.) Esta comparecencia ha sido cumplimentada por el señor
Subsecretario del Ministerio del Interior (Página 2949)
Preguntas (Continuación):
--De la señora Maestro Martín (Grupo Parlamentario Federal IU-IC), sobre
autorización de actividades que tienen como contenido y objetivo la
apología del racismo. (BOCG, serie D, número 17, de 8-10-93. Número de
expediente 181/000074) (Página 2953)
--Del señor López Garrido (Grupo Parlamentario Federal IU-IC), sobre
razones por las que se ha denegado asilo a los diez niños marroquíes que
lo pidieron por vez primera el día 30 de septiembre de 1993 en el puerto
de Valencia. (BOCG, serie D, número 17, de 8-10-93. Número de expediente
181/000092) (Página 2958)
--Del señor Gil Lázaro (Grupo Parlamentario Popular), sobre motivos por
los que no fueron acogidos en el puerto de Valencia los polizones del
buque «Eva del Mar». (BOCG, serie D, número 29, de 22-11-93. Número de
expediente 181/000169) (Página 2958)
--Del mismo señor Diputado, sobre medidas para garantizar el derecho de
los habitantes del municipio de
Gavarda (Valencia) que reclaman una solución legal que les permita seguir
residiendo en el antiguo casco urbano de la citada población. (BOCG,
serie D, número 32, de 30-11-93. Número de expediente 181/000259) (Página 2965)
--Comparecencia del señor Ministro del Interior (Asunción Hernández),
para que dé cuenta y explique la actuación, desmedida y desproporcionada,
efectuada por las fuerzas antidisturbios de la Guardia Civil el día 12 de
agosto de 1993 en Alhabia (Almería). A solicitud del Grupo Parlamentario
Popular. (Número de expediente 213/000065.) Esta comparecencia ha sido
cumplimentada por el señor Director General de la Guardia Civil (Página 2967)
Preguntas (Continuación):
--Del señor Peralta Ortega (Grupo Parlamentario Federal IU-IC), sobre
previsiones acerca del despliegue permanente de la Guardia Civil del Mar
en la Comunidad Valenciana. (BOCG, serie D, número 13, de 4-10-93. Número
de expediente 181/000031) (Página 2971)
--Del señor Gil Lázaro (Grupo Parlamentario Popular), sobre valoración de
la incidencia del tráfico y consumo de drogas en la llamada «ruta del
bakalao». (BOCG, serie D, número 31, de 29-11-93. Número de expediente
181/000260) (Página 2973)
--Del mismo señor Diputado, sobre medidas para mejorar el vigente sistema
de obtención y renovación del Documento Nacional de Identidad, DNI.
(BOCG, serie D, número 29, de 22-11-93. Número de expediente 181/000168)
(Página 2977)
--De la señora Rahola i Martínez (Grupo Parlamentario Mixto), sobre
medidas de investigación interna que se piensan aplicar en el presunto
fraude del cobro de dietas, realizado por agentes de las Fuerzas de
Seguridad del Estado. (BOCG, serie D, número 31, de 29-11-93. Número de
expediente 181/000240) (Página 2977)
--Del señor Alegre Galilea (Grupo Parlamentario Popular), sobre medidas
para mejorar las condiciones de seguridad e higiene de los miembros del
Cuerpo de la Policía Nacional. (BOCG, serie D, número 31, de 29-11-93.
Número de expediente 181/000114) (Página 2977)
--Del mismo señor Diputado, sobre fin de traslado de policías en comisión
de servicio de Logroño a Madrid. (BOCG, serie D, número 20, de 25-10-93.
Número de expediente 181/000115) (Página 2979)
--Del señor Peralta Ortega (Grupo Parlamentario Federal IU-IC), sobre
facilitación a los ciudadanos víctimas de un delito de la interposición
de las correspondientes denuncias, conforme a la recomendación del
Defensor del Pueblo de 2 de abril de 1992. (BOCG, serie D, número 26, de
8-11-93. Número de expediente 181/000160) (Página 2981)
--Del señor Gil Lázaro (Grupo Parlamentario Popular), sobre valoración
del grado de cumplimiento de las instrucciones emanadas desde la
Secretaría General Técnica y destinadas a las Jefaturas Superiores y
Comisarías Provinciales relativas a la atención y trato al público en
Comisarías. (BOCG, serie D, número 29, de 22-11-93. Número de expediente
181/000170) (Página 2981)
--Del señor Villafranca Bosch (Grupo Parlamentario Popular), sobre fase
en que se encuentra el proyecto para la construcción de la Comisaría de
Policía de Ciudadella de Menorca. (BOCG, serie D, número 29, de 22-11-93.
Número de expediente 181/000177) (Página 2983)
--Del mismo señor Diputado, sobre medios humanos y recursos materiales de
que dispondrá la nueva Comisaría de Policía de Ciudadella de Menorca.
(BOCG, serie D, número 29, de 22-11-93. Número de expediente 181/000178)
(Página 2983)
--Del señor Baón Ramírez (Grupo Parlamentario Popular), sobre
esclarecimiento de los hechos llevados a cabo por grupos de jóvenes en la
calle Fuencarral y Puerta del Sol (Madrid), así como las poblaciones
madrileñas de Leganés, San Sebastián de los Reyes y Alcobendas. (BOCG,
serie D, número 29, de 22-11-93. Número de expediente 181/000219) (Página 2984)
--Del mismo señor Diputado, sobre medidas ante la proliferación de
agresiones en la Comunidad de Madrid por parte de grupos de jóvenes con
la cabeza rapada y «punkies» durante los primeros días de noviembre, para
prevenir este tipo de actos violentos. (BOCG, serie D, número 29, de
22-11-93. Número de expediente 181/000220) (Página 2984)
--Del señor Soriano Benítez de Lugo (Grupo Parlamentario Popular), sobre
situación en que se encuentra el proyecto de construcción de una nueva
Comisaría de Policía en Adeje (Tenerife). (BOCG, serie D, número 31, de
29-11-93. Número de expediente 181/000233) (Página 2987)
Se abre la sesión a las once de la mañana.
--COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA (BELLOCH JULBE) PARA
INFORMAR DE LAS MEDIDAS QUE SE VAN A ADOPTAR PARA CORREGIR LAS
DEFICIENCIAS QUE SE DETECTAN EN EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO PUBLICO DE
LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN LA COMUNIDAD VALENCIANA. A SOLICITUD DEL
GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA.
(Número de expediente 213/000093.)
CONTESTACION A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:
--SOBRE ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN LAS GESTIONES ENCAMINADAS A CONSEGUIR
UNA UBICACION DEFINITIVA CENTRALIZADA DE LOS ORGANOS JUDICIALES EN LA
CIUDAD DE VALENCIA. FORMULADA POR EL SEÑOR PERALTA ORTEGA (GIU-IC).
(Número de expediente 181/000093.)
--SOBRE PREVISIONES ACERCA DE TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE
JUSTICIA A LA COMUNIDAD VALENCIANA. FORMULADA POR EL SEÑOR PERALTA ORTEGA
(GIU-IC). (Número de expediente 181/000120.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.
Iniciamos los debates del orden del día con la comparecencia de la señora
Subsecretaria del Ministerio de Justicia, doña Margarita Robles, para
informar sobre las medidas que se van a adoptar para corregir las
deficiencias que se detectan en el funcionamiento del servicio público de
la Administración de justicia en la Comunidad Valenciana, a petición del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
El debate se realizará de acuerdo con el procedimiento marcado en el
artículo 203 del Reglamento.
La señora Subsecretaria tiene la palabra.
La señora SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA (Robles Fernández):
Gracias, señor Presidente.
Respecto al objeto de la comparecencia, medidas que el Ministerio de
Justicia tiene previsto tomar para corregir las deficiencias que se
detectan en el funcionamiento del servicio público de la Administración
de justicia en la Comunidad Valenciana, el Ministerio de Justicia no
tiene --y además así se ha constatado-- una especial conciencia de que el
funcionamiento del servicio público de la Administración de justicia en
Valencia sea distinto o presente unas peculiaridades diferentes a las del
resto de las comunidades autónomas. Entendemos que un análisis cuidadoso
de la situación de la Administración de justicia en España no nos hace
ver que haya deficiencias coyunturales en determinados sitios, sino que
creemos que el problema y el planteamiento han de ser de tipo
estructural. Evidentemente --nosotros lo hemos dicho muchas veces--
queremos una Administración de justicia más ágil, más cercana al
ciudadano y que, en definitiva, dé una adecuada respuesta a las
pretensiones que éste puede tener, pero entendemos que eso no se puede
diferenciar por comunidades autónomas porque, en definitiva, el
planteamiento ha de ser necesariamente global. Eso unido a que, como
digo, la realidad demuestra que no existen unas peculiaridades especiales
en la Comunidad Valenciana hace que el tratamiento de esta Comunidad haya
de enmarcarse en el ámbito genérico de las medidas que el Ministerio de
Justicia pretende estudiar y poner en práctica para un mejor
funcionamiento de la Administración de justicia.
Dicho esto --me parecía absolutamente necesario poner de relieve que no
existían deficiencias coyunturales propias de la Comunidad Valenciana--,
me gustaría, precisamente para dar más contenido al objeto de la
comparecencia, hacer siquiera un somero análisis de cuál es la realidad
en dicha Comunidad.
Desde el punto de vista de los órganos judiciales hay que tener en
cuenta, por lo que se refiere al Tribunal Superior de Justicia, que tiene
una planta de cinco magistrados en la Sala de lo Civil y Penal, 18 en la
Sala de lo Contencioso y diez en la Sala de lo Social. Todas estas plazas
se encuentran dotadas y, por tanto, hay que decir que respecto al
Tribunal Superior de Justicia están cumplidas las previsiones de la Ley
de Planta. En materia de audiencias provinciales, la planta de la
Audiencia Provincial de Alicante está constituida por 16 magistrados, la
de Castellón por seis magistrados y la de Valencia por 30 magistrados.
También hay que decir que todas estas plazas están dotadas, con excepción
de la Audiencia Provincial de Valencia, donde faltan por dotar dos plazas
de magistrados. En materia de órganos unipersonales, las previsiones de
la Ley de Planta son que la Comunidad Valenciana tenga 262 órganos
judiciales. Hasta este momento se encuentran constituidos y funcionando
228 órganos
judiciales en dicha Comunidad. Ya hemos dicho varias veces que una de las
asignaturas pendientes del Ministerio de Justicia para el año 1994 es
hacer un estudio detallado de la Ley de Planta y ver en qué lugares es
necesaria la creación de nuevos juzgados y en qué lugares puede ser
necesaria la supresión de los mismos. Por tanto --insisto--, dentro de
este reto de estudio de la Ley de Planta y Demarcación se analizará lo
relativo a la Comunidad Valenciana, pero --también lo digo-- no porque
presente peculiaridades especiales, sino dentro de lo que nosotros
pensamos que ha de ser el contexto del análisis global de la
Administración de justicia en España. Como también somos conscientes de
que puede haber vacantes en órganos colegiados que puedan incidir de
forma negativa en el funcionamiento de la Administración de justicia, en
este momento y para la Comunidad Valenciana tenemos nueve magistrados
suplentes en el Tribunal Superior de Justicia y 17 suplentes en las
audiencias provinciales de la Comunidad. Asimismo se encuentran
designados 29 jueces de provisión temporal y 78 jueces sustitutos. En lo
que se refiere al personal al servicio de la Administración de justicia
(oficiales, auxiliares y agentes), también dentro del planteamiento
global de la Administración de justicia, el Ministerio ha dado
instrucciones muy concretas a los gerentes, y naturalmente también al
Gerente de Valencia, para que tengan la mayor agilidad posible a la hora
de designar esos interinos y que con respeto a lo que dice la Orden
Ministerial se intente que se adscriba a los interinos a aquellos órganos
judiciales que tengan una relación con su competencia y su anterior
contenido profesional. Queremos hacer también un esfuerzo importante,
dentro de las limitaciones que nos establecen los recortes
presupuestarios, en el ámbito informático. En ese sentido, hay que hacer
especial mención al convenio que se está estudiando con la Diputación
Provincial de Alicante para dotar de 30 PC a distintos órganos de aquella
Comunidad.
Esto es lo que hay hasta ahora, los medios con los que se cuenta. Insisto
en que no podemos aislar el planteamiento de la Comunidad Valenciana del
resto de lo que nosotros consideramos que es fundamental, que es hacer un
diseño del servicio público de la Administración de justicia en el resto
del Estado.
Sé que preocupan también dos cuestiones por lo que se refiere a la
Comunidad Valenciana: el proceso de transferencias y la ubicación de los
órganos judiciales en un mismo edificio. En cuanto al proceso de
transferencias de medios materiales y medios económicos a dicha
Comunidad, como a todas las comunidades, es también sabido, y así lo
explicitó el Ministro en su comparecencia precisamente ante esta
Comisión, que una de las prioridades del Ministerio de Justicia para el
año 1994 es iniciar las negociaciones con las distintas comunidades
autónomas para llevar a cabo o culminar, en su caso, los procesos de
transferencias de medios materiales y medios económicos. Con la Comunidad
Valenciana, en concreto, se había iniciado ya un procedimiento de
transferencia que había culminado en un principio de borrador del que
tenía conocimiento la Comunidad Valenciana, en concreto la Consejería de
Administración Pública. Se va a seguir trabajando en esta línea. En
concreto el Director General de Relaciones con la Administración de
justicia ha iniciado ya, y están bastantes adelantadas, las gestiones con
los representantes políticos de la Consellería de la Generalitat
Valenciana precisamente en esta línea que, como digo, no es sino llevar a
la práctica el programa del Ministerio de Justicia en materia de
transferencias a las comunidades autónomas.
La otra cuestión que sé que preocupa en Valencia es la reubicación de los
órganos judiciales en un único edificio. Esto preocupa no sólo en
Valencia, sino en muchas poblaciones donde una de las opciones que se
mantiene es que todos los órganos judiciales deben estar agrupados en un
único edificio porque, se dice, de esa manera se facilita la actuación de
los profesionales. Desde esta filosofía en el Ministerio de Justicia se
habían realizado gestiones en el marco de la Comunidad Valenciana, sobre
todo por lo que se refiere a Valencia capital, de cara a encontrar un
solar que permitiera agrupar todos los juzgados y tribunales de Valencia.
Dentro de las gestiones que se habían hecho se había identificado, más o
menos, un local de 23.000 metros cuadrados que en este momento tiene la
Gerencia de Infraestructura para la Defensa. Querría decir dos cosas. Una
primera es que la situación presupuestaria no nos permite en el año 1994
afrontar la adquisición de un solar en Valencia con esta finalidad. Pero
también creo que hay que hacer una reflexión, que debe hacerse dentro del
marco de participación que el Ministerio de Justicia propone, sobre si ha
de considerarse una técnica adecuada que todos los órganos judiciales
estén ubicados en un mismo edificio. Es evidente que la ubicación en un
mismo edificio plantea aspectos positivos, sobre todo desde el punto de
vista de los profesionales, pero me permito hacer esta reflexión en el
sentido de que hay que considerar que la Administración de justicia
necesariamente ha de estar cercana al ciudadano; acercamiento al
ciudadano también desde el punto de vista de la ubicación física. Por eso
yo creo que en ese marco de reflexión que en el Ministerio de Justicia
nos hemos propuesto hay que analizar si no sería conveniente no ir al
modelo de grandes ciudades judiciales sino, por el contrario, a una
cierta descentralización de los órganos judiciales en el sentido de que
hubiera un mayor acercamiento de éstos al ciudadano; que el ciudadano
supiera que en su barrio, en su distrito, sobre todo en las grandes
ciudades, existe la proximidad de ese órgano judicial. Para concluir esta
cuestión digo que desde el Ministerio de Justicia se han hecho gestiones
para intentar localizar en Valencia un solar donde pudieran estar
ubicados todos los órganos judiciales, que en el año 1994 no es posible
afrontar una adquisición de un solar de estas características, pero que
queda pendiente la reflexión, que habrá que hacer dentro del marco de la
oficina judicial que queremos, sobre cuál es el modelo de edificio
judicial y sobre si hemos de optar, a lo mejor, por una mayor
descentralización de éstos y un mayor acercamiento de la justicia a los
ciudadanos desde el punto de vista físico.
Estas son las notas básicas en relación a la situación actual en la
Comunidad Valenciana y aquellas medidas que el Ministerio de Justicia
tiene previsto abordar en la misma, pero dentro del marco global de dar
respuestas genéricas a un mejor funcionamiento del servicio de la
Administración de justicia.
El señor PRESIDENTE: ¿Se entiende, señora Subsecretaria, que al informar
sobre la comparecencia lo ha hecho también sobre las preguntas 4 y 5, que
se acumulaban?
La señora SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA (Robles Fernández):
Sí, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ESPAÑA: Gracias a doña Margarita Robles por su
comparecencia y por su inteligencia al contestar a las dos preguntas que
formaban parte formalmente distinta del orden del día, pero que guardaban
íntima relación con el tema genérico de la comparecencia, y que ha hecho
bien en analizar en el conjunto de su intervención.
Señora Subsecretaria, ha hecho hincapié, reiteradas veces, en que los
problemas que tiene la Administración de justicia en el caso de la
Comunidad Valenciana no son distintos de los que se presentan en el resto
del Estado español. Yo le agradezco esa afirmación, pero en la medida en
que va dirigida a una intervención de este Diputado quiero precisarle que
no es mi filosofía establecer comparaciones entre unas comunidades y
otras, sino simplemente descender al terreno concreto para conocer mejor
la realidad; de ahí que le planteara analizar la realidad de la
Administración de justicia en una comunidad autónoma y ver qué medidas
concretas, en relación con la situación que hay en esta comunidad
autónoma, se van a adoptar por parte del Ministerio para darle solución.
Por tanto, no voy a hacerle comparaciones --que se podrían hacer, pero no
es mi filosofía-- sobre lo que se hace en otras comunidades autónomas.
Voy a analizar la realidad de lo que hay en la Comunidad Autónoma, y a
partir de esta realidad ver si existen deficiencias y qué medidas son
necesarias para cubrirlas o para subsanarlas, en su caso. Porque no le
quepa la menor duda --y yo creo que usted ya en su intervención ha hecho
referencia a algunas cosas-- de que el funcionamiento de la
Administración de justicia está de actualidad en la Comunidad Valenciana;
está de actualidad por algunos casos concretos cuya trascendencia va más
allá de la Comunidad Valenciana. Pienso, por ejemplo, en el caso Tous,
cuyas innumerables complicaciones legales dieron lugar a que finalmente
este Parlamento adoptara una solución política mediante un real
decreto-ley con el que, en nuestra opinión, siendo la vía adecuada, la
vía correcta, no hemos conseguido dar solución satisfactoria al conjunto
del problema, pero éste no es el momento adecuado de discutir este tema.
Sí hay que reconocer que es un tema de actualidad, tan de actualidad que
recientemente el Delegado del Gobierno dedicaba a la Administración de
justicia la mayor parte de una entrevista que concedía a una agencia
informativa y en la que realizaba afirmaciones en algunos casos extrañas
y sorprendentes. Denotaba --decía él-- que se podía constatar un falta de
entendimiento entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, y consideraba que
los jueces deben abandonar el encierro que mantienen en su burbuja de la
independencia. Son cosas que sorprenden en ocasiones. Efectivamente,
estas declaraciones de fecha reciente, el 12 de diciembre, guardaban
relación con las últimas incidencias del caso Tous. Y sorprendía también,
en relación con este tema, que el Delegado del Gobierno echara toda la
responsabilidad sobre los tribunales, siendo así que la solución política
que decía él que era necesaria, durante mucho tiempo, el Gobierno al que
representa este Delegado en la Comunidad había rechazado --digo-- esa
solución política que al final afortunadamente hemos conseguido alumbrar,
aunque con insuficiencias que todavía no permiten la solución definitiva
de este tema.
Pero yo creo que podemos descender a problemas más concretos, problemas
más específicos de nuestra Comunidad, problemas que guardan relación en
ocasión con medios económicos, como efectivamente ha puesto usted de
referencia en su intervención. Yo le quiero decir que esos problemas se
arrastran desde hace tiempo. A primeros del año 1993, la entonces
Directora General de Justicia e Interior de la Comunidad Valenciana hacía
público un informe del que se desprendía que los juzgados valencianos
exigían una inversión de 3.000 millones de pesetas. En concreto se decía
que los juzgados de Sueca, Masamagrell y Valencia eran los que estaban
ubicados en los inmuebles más deteriorados. Por hacer referencia a un
punto concreto de los que ha dicho usted, se manifestaba literalmente que
había que buscar un nuevo edificio para albergar los juzgados de
Valencia, amontonados en el edificio de la calle Navarro Reverter, una de
las actuales ubicaciones. Esa reivindicación de la Generalitat valenciana
en relación con inversiones para la situación de la Administración de
justicia en la Comunidad contrasta con las previsiones presupuestarias
para el año que viene. Yo tengo aquí los cuadros del anexo de inversiones
reales para 1994, y desde luego conoce usted perfectamente que en el
apartado 142.A, Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal, el artículo
62, inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los
servicios, está el año 1994 absolutamente en blanco. Son dos hojas que
resultan significativas porque vienen las previsiones de los años 1993,
1994, 1995, 1996 y 1997 y los años 1993, 1995, 1996 y 1997 tienen algunas
casillas cubiertas, dependiendo de cada sitio, pero el año 1994 no tiene
absolutamente ninguna en ninguno de los juzgados de la Comunidad
Valenciana. En el artículo 63, inversión de reposición asociada al
funcionamiento operativo de los servicios, las casillas de los años 1993,
1995, 1996 y 1997 tienen previsiones presupuestarias, pero la del año
1994 está absolutamente en blanco. Dentro del propio Ministerio hay otros
programas, el 144.A o el 144.B, que hacen
referencia a trabajos penitenciarios, en los que las inversiones son del
orden de 20 millones de pesetas, que es prácticamente el conjunto de
previsión de inversión que se va a realizar en este año 1994 en la
Comunidad Valenciana.
Por tanto, hay problemas concretos, reales, de una mala situación, de una
mala dotación de la Administración de justicia, y frente a esto unas
respuestas por parte del Ministerio insuficientes en el caso de esta
Comunidad, insisto, que no voy a comparar con otras comunidades. Las
previsiones de inversión para el año próximo a inversión nueva y a
inversión de reposición en tribunales y en justicia es cero pesetas.
Estos son los datos que se desprenden de las previsiones presupuestarias
iniciales. No me consta si al día de hoy en el Senado se han producido
modificaciones, quizá tenga algún dato más actualizado, pero me temería
que no fueran en la línea de incrementar este programa.
Frente a estas previsiones y a las afirmaciones de la señora
Subsecretaria hay un informe elaborado por el Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana, a mediados del año pasado, en el que
se ponen de manifiesto realidades concretas que tiene la Administración
de justicia en nuestra comunidad. Usted ha dicho, por ejemplo, que las
plantillas del Tribunal Superior de Justicia están completas. En ese
informe se reconoce que eso efectivamente es así, pero no es menos cierto
que se dice literalmente por lo que se refiere a la Sala de lo
Contencioso-Administrativo la realidad ha desbordado las previsiones;
Sala de lo Social, la realidad ha desbordado las previsiones.
Por lo que se refiere a las audiencias provinciales, usted ha dicho, por
ejemplo, que hay vacantes en el caso concreto de la de Valencia, pero no
es menos cierto que en el caso de Alicante la plantilla está completa
pero se dice en el informe que la realidad ha desbordado las previsiones;
en el caso de Castellón, la realidad ha desbordado las previsiones. Por
lo que se refiere al caso concreto de Castellón, recientemente se
producían unas manifestaciones del Presidente de la Audiencia de
Castellón, el 25 de octubre pasado, en las que decía que los datos
estadísticos de la Inspección del Consejo General ponían de manifiesto
que es la que más trabajo tiene de toda España y la que más altos tiene
los niveles de productividad, pero reclamaba la constitución de una nueva
sección ante la situación de agobio que tenía esa audiencia.
En otro informe del Consejo General del Poder Judicial se reconocía, por
ejemplo, que las instalaciones de la Audiencia Provincial de Valencia son
insuficientes y corresponde acometer la pronta dignificación y adecuación
de la dependencia a los efectos encomendados. Estos son informes del
Consejo General del Poder Judicial, de organismos tan cualificados como
el Tribunal Superior de Justicia y del Presidente de la Audiencia
Provicial.
Qué decirle en relación con los juzgados unipersonales que usted ha
tratado en su intervención. Hay una diferencia importante,
aproximadamente cuarenta órganos unipersonales por constituir.
Por lo que se refiere a informática, otro aspecto importante del
funcionamiento de la Administración de justicia, usted ha dicho
simplemente que está en estudio un convenio con la Diputación Provincial
de Valencia. Pues bien, señora Subsecretaria, en ese informe del Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana se dice que en el año
1993 se han llevado a cabo cero actuaciones en materia informática y pide
para el año 1994 la realización de lo que se presupuestó para el año
1993. No pide nada nuevo; pide simplemente que aquello que se presupuestó
para 1993 se haga realidad porque hay deficiencias importantes. Frente a
eso usted nos ha dicho que está en estudio un convenio con la Diputación
Provincial de Alicante. No sabemos qué soluciones tienen ustedes ante la
situación de Valencia y de Castellón.
Por lo que se refiere a la plantilla de personal auxiliar, oficiales,
agentes, etcétera, me dice usted que se han dado instrucciones de que se
contrate con agilidad personal interino. Me imagino que es en el marco de
restricciones presupuestarias y de contratación de plantilla que existe
en este momento en la Administración pública, con lo cual la verdad es
que las deficiencias que ahora tienen en este apartado los tribunales de
Valencia difícilmente cabe pensar que van a tener solución real, aparte
de las buenas intenciones y de las palabras.
Otro tema peculiar --éste sí que puede ser peculiar en el caso de la
Comunidad Valenciana como consecuencia de la incidencia del turismo-- es
la contratación de peritos e intérpretes, en la medida en que nos
encontramos con que demandan los servicios de la Administración de
Justicia mucho personal extranjero. Este es un tema que en el informe del
Tribunal Superior de Justicia se ponen de manifiesto las notables
dificultades con que se encuentran para llevar a cabo estas
contrataciones, en muchos casos por incumplimiento en el pago de
honorarios por parte del Ministerio, que dan lugar a que se produzcan
retrasos importantes en el funcionamiento de esos órganos judiciales.
Por tanto, señora Subsecretaria, no se trata de decir si el
funcionamiento de la Administración de Justicia en la Comunidad
Valenciana está mejor que en la de Madrid o peor que en las de Andalucía,
Cataluña o cualquier otro sitio. No. Se trata simplemente de descender al
terreno concreto, de reconocer esa realidad y de, partiendo de esa
realidad constatada, encontrarle soluciones. Yo he intentado describirle
la realidad no con palabras mías o incluso con palabras que puedan
aparecer en los medios de comunicación. Recientemente, en agosto de este
año 1993, un titular de un periódico decía: Los usuarios tachan de mala,
lenta e ineficaz la Administración de Justicia en Valencia; lo decía en
base a un informe del Decanato de Juzgados de Valencia, que tiene una
oficina de reclamación de los ciudadanos. He procurado darle datos
intentando que fueran objetivos: un informe del Tribunal Superior de
Justicia, un informe de la Inspección del Consejo General del Poder
Judicial, e informes de los propios órganos judiciales y datos
presupuestarios que se desprenden de los datos oficiales. Yo creo que de
todo esto se desprende que realmente tenemos una serie de deficiencias
importantes, que yo no calificaría en
relación con otras comunidades autónomas sino sencillamente en relación
con la realidad; importantes deficiencias porque inciden de manera
negativa en el funcionamiento que todos deseamos de la Administración de
Justicia, que es un pilar esencial del Estado de derecho. Por tanto, creo
que hacen falta medidas. Desgraciadamente, creo que las palabras de la
señora Subsecretaria no se corresponden con esas necesidades, ni en esa
valoración genérica ni tampoco en la valoración concreta de algunas de
las preguntas, aparte, que yo le hacía.
Entrando en el tema de la ubicación centralizada de los órganos
judiciales en la ciudad de Valencia, nos ha dicho usted muy claramente
que en el año 1994 no hay prevista solución a ese tema. Incluso nos ha
dicho usted algo más preocupante, que hay que reconsiderar la filosofía.
Yo le quiero recordar que el 17 de junio de 1992 --y no a preguntas de
este Diputado ni de ninguno otro de este Grupo, a preguntas de un
Diputado Socialista-- el entonces señor Ministro de Justicia decía:
Señoría, desde hace ya varios años, sobre todo desde la Ley de
Demarcación y Planta Judicial, uno de los ejes de la política del
Ministerio ha sido el de dotar a las grandes capitales de edificios
judiciales más modernos y mejor equipados que agrupen a la multidud de
órganos jurisdiccionales de nueva creación que estaban previstos en la
Ley de Planta y Demarcación; éste es el caso concreto de la ciudad de
Valencia. Eso se decía literalmente en esta respuesta, de junio de 1992,
en la que además se añadía: En cuanto a la fecha, si todo se tramita con
rapidez, a partir de que esté hecha la aprobación del plan de reforma
interior se tardaría alrededor de año y medio o dos años en ejecutarse la
obra. Año y medio ya ha transcurrido y nos encontramos con la noticia que
usted nos da de que otro año más y no sabemos nada, e incluso parece que
este año más se va a dedicar a reflexionar sobre si ponemos en cuestión
toda la filosofía que se ha hecho hasta ahora. Filosofía por la cual, por
ejemplo, se trasladaron determinados órganos judiciales en la ciudad de
Valencia y se llevaron a la calle a la que hacía referencia
anteriormente, donde --y son palabras de la propia Directora General de
Justicia de la Comunidad Valenciana-- nos decía que estaban amontonados.
Pero se aceptó aquella solución porque era provisional, en tanto se ponía
en práctica la solución definitiva. Y ahora nos dice usted que no, que
vamos a replantearnos toda la filosofía de fondo. Realmente, habrá quien
considere que se ha impuesto una solución provisional por una vía de
enseñar un señuelo, que al final era un puro engaño, el de decir que
estamos trabajando en una solución definitiva, cuando esa solución
definitiva al final no se va a llevar a la práctica.
Yo creo, de verdad, que desde el punto de vista de los usuarios de la
Administración de Justicia y, sobre todo, de los canales profesionales a
través de los cuales esos usuarios acceden a la Administración de
Justicia, que no olvidemos que son unos determinados canales impuestos
por ley --abogados, procuradores, etcétera--, sin lugar a dudas es mucho
más inmediato el acceso a través de ese planteamiento, con el que se ha
venido trabajando hasta ahora por parte del Ministerio, con el que se
venía trabajando en el caso concreto de la ciudad de Valencia y que de
repente, yo no sé si agobiado por razones presupuestarias y en la medida
en que no puede hacer frente a esa filosofía, ahora se pretende
cuestionar. Yo creo que hay que seguir trabajando en esa dirección y hay
que poner los medios adecuados para que ese proyecto realmente se lleve a
la práctica. No le quiero recordar lo que se nos decía en el año 1991 en
relación con este mismo tema por parte también del Ministro: que faltaban
pocas cosas, aclarar con algunos propietarios que tenían derecho de
reversión, y en seguida se pondría en práctica. Eso lo decía en diciembre
de 1991 en relación con ese edificio, al que usted hacía referencia, que
ya estaba localizado y que pertenecía a la Gerencia de Defensa. Todo
esto, en definitiva, señora Subsecretaria, nos pone de manifiesto que
efectivamente hay deficiencias importantes en el caso de la Comunidad
Valenciana que inciden negativamente. Una de las posibles soluciones,
aparte, desde luego, de las medidas que se tomen desde la Administración
central, sería que por parte de las otras administraciones se abordara el
tema. De ahí que nosotros planteáramos las previsiones en torno a la
transferencia a la Comunidad Valenciana, porque esto podría dar pie a que
otra Administración pública, la Generalitat valenciana, que lógicamente
debe preocuparse también de unos problemas tan importantes para los
valencianos como es la administración de justicia, colaborara en la
solución de estas deficiencias.
El problema de transferencia a la Comunidad Valenciana de las
competencias en materia de justicia se arrastra también desde hace
tiempo. A primeros de este año se hizo público que había un retraso
importante, se decía que el Gobierno central aplazaba en tres años el
traspaso de competencias en justicia. Usted ha reconocido que en el caso
concreto de la Comunidad Valenciana, y precisamente por su estatus de
comunidad cercana al 151, el proceso de transferencia estaba ya iniciado
hace tiempo. Incluso hubo un borrador que podría ser la base de un
acuerdo y no se ha explicado por qué razones quedó bloqueado. Se ha
entablado una discusión en la Comunidad Valenciana sobre si era porque se
había llevado a cabo mal la negociación por parte de la Generalitat
valenciana o si se había producido un bloqueo por parte del Ministerio de
Justicia en un intento de englobarlo en el marco de transferencia a las
restantes autonomías del artículo 143. En cualquier caso, lo bien cierto
es que al día de hoy no se ha producido la transferencia. Ese retraso en
la transferencia de las competencias ha dado lugar a que por parte de la
Generalitat valenciana quizá se esté reconsiderando su voluntad de
abordar la transferencia. De hecho, en una reciente remodelación llevada
a cabo en la Generalitat valenciana ha desaparecido la persona concreta
que ocupaba la Dirección General de Justicia. En este momento sigue
existiendo en el organigrama una Dirección General de Justicia, pero está
vacante; lleva vacante meses y parece que lo va a estar durante mucho
tiempo. Esto políticamente tiene una lectura y es la de que no parece que
realmente se confíe en una pronta transferencia de competencias a la
Comunidad Valenciana.
Ese planteamiento por parte del Ejecutivo valenciano contrasta con
recientes acuerdos de las Cortes Valencianas, que, por los datos de que
dispongo, en octubre de este año reclamaban la transferencia de
competencias de la Administración de Justicia.
En definitiva, nos gustaría saber en el caso concreto de la Comunidad
Valenciana, del que estamos hablando, dejando al margen las otras
comunidades, que lógicamente tienen su propia dinámica y su propia
autonomía para abordar este tema, qué previsiones son las que tiene la
Administración central en relación con la transferencia de competencias
en materia de justicia a la Generalitat valenciana. Yo creo que los datos
que ha proporcionado la señora Subsecretaria son extraordinariamente
vagos y nos hacen pensar que se pretende incluir la transferencia a la
Comunidad Valenciana en un marco global de negociación de transferencias
del artículo 143, que precisamente por su amplitud cabe pensar que sea
extraordinariamente lento.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
El señor Gil Lázaro, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra.
El señor GIL LAZARO: Voy a ser muy breve porque no quiero reiterar los
datos que obran también en nuestro poder y de los que ya ha hecho mención
el señor Peralta. Lo cierto es que esos datos pueden sintetizarse en un
diagnóstico que es ciertamente real y que, por real, es preocupante. La
realidad, como se dice en los informes citados por el señor Peralta, ha
desbordado las previsiones que se tenían en su momento y eso está
produciendo una sensación de agobio y de insuficiencia de medios en los
profesionales y, desde luego, un descontento amplio entre los usuarios.
Basta repasar tan sólo las manifestaciones que en este sentido vienen
haciendo asociaciones de consumidores y usuarios, colegios profesionales,
las asociaciones profesionales de la Magistratura, centrales sindicales,
etcétera. No son distintos los problemas que presenta la Administración
de justicia de la Comunidad Valenciana de los que presenta en el resto
del Estado, lo ha dicho así la señora subsecretaria y nosotros estamos de
acuerdo con ella; no son distintos estructuralmente pero sí presentan
algunos acentos singulares. Baste, por ejemplo, repasar lo que han sido
las menciones en los informes del Defensor del Pueblo de estos últimos
años respecto a la situación singular de algún órgano jurisdiccional de
la Comunidad Valenciana y hace falta tan sólo hacer referencia a las para
mi grupo elogiables palabras de la señora subsecretaria por su sinceridad
en su reciente comparecencia en el trámite presupuestario ante esta
Comisión cuando, efectivamente, la propia señora subsecretaria
--insisto--, con una sinceridad para nosotros francamente elogiable,
afirmó que, efectivamente, la Comunidad Valenciana en los últimos años
venía adoleciendo de una suficiencia de inversiones por parte del
Ministerio de Justicia, no sólo en lo que concernía a las necesidades en
sí desde un punto de vista puramente objetivo de nuestra Comunidad, sino
en un término comparativo en relación con las inversiones que se estaban
haciendo en otras comunidades.
Básicamente la situación pasa en estos momentos por el reconocimiento de
algunos presupuestos que para nosotros son esenciales. Es una realidad
incuestionable que los medios de la Administración de justicia en la
Comunidad Valenciana necesitan de una urgente modernización y de una
dotación suficiente. El señor Peralta ha citado un problema que,
efectivamente, es manifiesto, problema, por ejemplo, que afecta a la
contratación de intérpretes en los órganos jurisdiccionales, del que
también hacía referencia no solamente en su mención expresa a la
Comunidad Valenciana sino en un término mucho más general, mucho más
amplio en todo el Estado el informe del Defensor del Pueblo de este
último año. Es urgente la tarea de informatización de esos órganos
jurisdiccionales, sin los cuales, evidentemente, no se puede pensar en
una ágil tramitación a efectos materiales de toda la documentación
judicial. Yo quiero citar, por ejemplo, lo sucedido en relación con la
informatización de los juzgados de la ciudad de Valencia, en donde se nos
dice exactamente que terminar la informatización de estos órganos
judiciales de la ciudad es una urgencia y que en la actualidad, sin
contar los órganos jurisdiccionales que se encuentran en los compromisos
de informatización del año 1990, aún hoy sin informatizar, quedan
pendientes de dotación informática los juzgados de lo social número 1 al
16; los juzgados de primera instancia número 12 al 22; los juzgados de
menores número 1 y 2; el juzgado de vigilancia penitenciaria; y los
registros civiles números 1 y 2. Probablemente para esto también hace
falta dotar de mayor capacidad de actuación y de decisión a la propia
Gerencia territorial.
Se nos dice que actualmente la Gerencia territorial no dispone de la
suficiente maniobrabilidad a la hora de dotar a los juzgados de bienes
calificados como inventariables --lo que no quiere decir de gran
cuantía--, por lo que se demora en exceso la adecuación de dichos bienes
por depender de la correspondiente autorización del Ministerio de
Justicia. Naturalmente esta cuestión viene relacionada con otra que
veremos muy brevemente después, que es la cuestión que afecta al proceso
de transferencias a la Comunidad Autónoma. Hace falta, desde luego,
incentivar los canales de formación para los propios agentes de la
Administración de justicia. Es de destacar que durante el año 1993 el
Ministerio de Justicia no ha realizado ni autorizado un solo curso de
formación dirigido a los funcionarios de los juzgados de Valencia. Esa es
una situación realmente preocupante, en la que suponemos que mediará
exclusivamente un inconveniente de carácter presupuestario que no de
voluntad política, pero evidentemente ese inconveniente de carácter
presupuestario hay que remediarlo como fuere, porque en una situación
como la que atraviesa en estos momentos la Administración de justicia y
especialmente en lo que nos estamos refiriendo, la Administración de
justicia en la Comunidad Valenciana, no parece lógico que
durante este año que ahora terminamos no se haya realizado ni autorizado
un solo curso de formación.
Nos parece imprescindible también adoptar determinadas medidas de
agilidad en cuanto a la determinación de criterios para la creación de
órganos nuevos, órganos que están siendo demandados por la propia
realidad social, que están siendo demandados por los profesionales, que
están siendo demandados por algunas instituciones. Podría hacer
referencia a algunos de ellos, pero me limito simplemente a apuntar una
vez más, porque llevamos años haciéndolo, a la necesidad de la creación
de un juzgado de lo penal en la ciudad de Gandía.
Es igualmente necesario, como antes decíamos, abordar un programa capaz
de efectuar el complemento de dotaciones materiales necesarias.
En cuanto a sedes, sabe perfectamente la señora subsecretaria que sedes
provisionales de órganos jurisdiccionales no sé en el conjunto del
Estado, pero desde luego en el tema que ahora nos ocupa, en la Comunidad
Valenciana, sedes que se han determinado en su momento como sedes
provisionales están convirtiéndose de hecho en sedes definitivas,
precisamente por el largo tiempo en abordar una solución definitiva a lo
que era en principio sede provisional.
Tengo que reconocer también que se ha avanzado en algunos otros aspectos
y, por ejemplo, es de destacar el esfuerzo que el Ministerio ha hecho en
cuanto a la creación de un edificio que creemos es digno y en condiciones
de poder ser convenientemente utilizado para estos fines, para la nueva
dotación de los juzgados de la ciudad de Liria.
Es imprescindible, señora subsecretaria, remediar la precarísima
disponibilidad de medios materiales con que actúa la Fiscalía. Yo no
quisiera en este momento tener que hacer algunas especificaciones, pero
ha habido determinados momentos en que la Fiscalía ha podido acogerse a
una determinada inscripción, a una determinada publicación científica que
le interesaba o remediar algún problema de tipo material en cuanto a
disponibilidad de sedes para poder actuar, por ejemplo, en materia de
fiscalía de menores y se han podido resolver exclusivamente gracias a la
buena voluntad de alguna otra autoridad o alguna otra institución del
Estado, habida cuenta la falta de respuesta que, en cuanto a la
correspondencia de esos medios materiales, ha encontrado en el
ministerio. Cierto es que nos estamos refiriendo a una etapa reciente,
pero distinta a la del actual equipo ministerial.«
Hace falta resolver definitivamente y con urgencia el problema de la
ubicación en sede única de los juzgados de la ciudad de Valencia. Yo
comparto la sorpresa de que ha hecho mención el señor Peralta por el
planteamiento que hoy nos hace la señora subsecretaria, porque es un
planteamiento que rompe todo lo que se ha dicho como eje de la política
ministerial de estos últimos años en relación con este asunto y, además,
es un planteamiento que probablemente como debate teórico puede estar
bien, pero como respuesta a una necesidad real está fuera del marco de
esa realidad.
Es imprescindible dotar de una vez por todas a la ciudad de Valencia de
una sede única para sus juzgados. No es problema determinar si en la
dotación de sede única de los juzgados puede prevalecer el interés de los
profesionales sobre el interés de los ciudadanos. Creo que ésta es una de
las cuestiones en la que confluyen de manera clara y contundente el
interés de los profesionales y el interés de los ciudadanos que vienen
expresando, desde hace muchos años, por lo menos en el caso de la ciudad
de Valencia, la necesidad de poder contar con esa sede única. Es
evidente, como ha hecho mención el señor Peralta de ello, que los
retrasos en las previsiones ministeriales en este asunto son muy notorios
y es evidente también, por lo que la señora subsecretaria nos ha dicho
esta mañana, que sigue siendo un tema que no va a ser resuelto con
prontitud. Nosotros pensamos que la no resolución de ese asunto con
prontitud incide de manera determinante en perjuicio de ese servicio
público judicial en la ciudad de Valencia.
Creo que al final hay que hacer una referencia a lo que vienen siendo
cuestiones que efectivamente influyen también en la determinación de ese
servicio como, por ejemplo, los vaivenes que ha venido sufriendo el
proceso de transferencias. Se ha hecho mención también a ello. Todos nos
pudimos ver sorprendidos recientemente ante determinadas informaciones
periodísticas que parece venían inspiradas en la filtración de alguna
instancia oficial, sea de carácter central o autonómico, en virtud de la
cual el proceso de transferencias de Justicia a la Comunidad Valenciana
había sido poco menos que charlotesco en virtud del cual el nuevo equipo
autonómico y el nuevo equipo ministerial habían tenido que cortar y
empezar a partir de cero. Esa es la imagen, al menos, que se dio como
consecuencia de esas informaciones periodísticas que, insisto, en muchos
casos parecía que tenían ribetes de apunte o de inspiración oficial. Lo
cierto es que esta cuestión también debe ser ya planteada con absoluta
urgencia y determinar, tanto por parte de la Administración central como
--aunque no sea éste el caso-- por parte de la Administración autonómica,
qué se quiere hacer en este ámbito de cosas.
Yo creo, señora subsecretaria --con esto termino-- que también en la
Comunidad Valenciana se hace sensible la necesidad de algo que, como
usted decía al principio de su intervención, es también una necesidad de
la Administración de justicia en su ámbito general, estatal, por ejemplo,
la elaboración de un catálogo de puestos de trabajo que además de definir
las funciones del puesto recoja las aptitudes necesarias de la persona
que debe desempeñarlo y que es necesario, desde luego, establecer un
sistema de control de calidad en el trabajo que no debe pasar, desde
nuestro punto de vista, exclusivamente por la fijación de objetivos
cuantitativos, control estadístico que convierta a los juzgados en una
mera máquina de quitarse papeles, sino que este objetivo de calidad debe
tenerse en cuenta en todo momento y ahora, frente al nuevo reto del
modelo de oficina judicial que se propone, tiene que ser también un
motivo de discusión dentro de ese ámbito general al que hacía referencia
de problemas estructurales la señora subsecretaria y que, en
definitiva, tiene que permitir transformar el viejo esquema de
compartimientos estancos dentro de la Administración de justicia en un
sistema abierto y basado en una cadena de oficinas y servicios comunes.
Tengo que terminar diciendo, señora subsecretaria, que las cosas no están
peor en la Comunidad Valenciana merced al ingente esfuerzo, a la gran
profesionalidad y yo me atrevería incluso a decir también a la ilusión y
dedicación de todos los agentes judiciales, desde aquellos que realizan
unas labores más elementales dentro del ámbito de la Administración de
justicia a quienes tienen la responsabilidad última de la decisión en
virtud de su representación jurisdiccional y tengo que terminar diciendo
que sus palabras, señora subsecretaria, nos han parecido pletóricas de
buenas intenciones, unas palabras, además, acentuadas en ese estilo, que
ya le hemos alabado en otra ocasión, de franqueza en la exposición y de
tono dialogante, pero nos parece que son unas buenas intenciones que en
este momento no casan con la realidad y que no casan tampoco con las
previsiones que usted misma nos ha dicho que a corto y a medio plazo
tiene el Ministerio de Justicia.
Coincidimos --y terminamos con ello-- que evidentemente los problemas de
la Administración de justicia en la Comunidad Valenciana son problemas
que se enmarcan en el propio tono y contexto general de los problemas de
la Administración de justicia en el conjunto del Estado, pero sin lugar a
dudas hoy estamos hablando de esto y sobre todo tenemos que poner los
acentos en una serie de cuestiones que no marchan y que por no marchar
causan la frustración de los profesionales y el descontento de los
ciudadanos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor
Jover tiene la palabra.
El señor JOVER PRESA: Voy a intervenir con brevedad puesto que las
explicaciones que nos ha dado la señora subsecretaria nos parecen
satisfactorias, no tanto en relación con los problemas que tiene la
Administración de justicia en Valencia, que los conocemos y que son
mayores de lo que nos gustaría, pero sí en relación con la voluntad del
Gobierno para afrontarlos con los medios limitados de que dispone. Por
tanto, en un par de minutos, yo voy a referirme solamente al problema que
me parece tiene mayor calado político de los que aquí se han planteado,
que es el problema de las transferencias de medios materiales, personales
y financieros a las comunidades autónomas en materia del servicio público
de la justicia.
Es bueno --ya nos lo dijo en su momento el señor ministro-- que este año
1994 el Gobierno se plantee abordar este tema en su globalidad. Yo espero
y deseo que la señora subsecretaria en su segunda intervención amplíe
algunos datos sobre de qué manera, con qué metodología, con qué ideas el
Gobierno va a afrontar esta cuestión sabiendo de antemano que es un tema
difícil y complejo. Será complejo realizar estas transferencias, no tanto
porque no haya voluntad por las dos partes para hacerlo --no cabe duda
que la hay, tanto por parte del Gobierno como de las comunidades
autónomas--, como porque en un momento como el actual el problema
fundamental es presupuestario y la transferencia de servicios se
convierte básicamente en un problema de valoración de estos servicios.
Por tanto, es de esperar, desgraciadamente, que muchos gobiernos
autonómicos no estén muy animados a avanzar en este proceso de asunción
de nuevas transferencias si la valoración correspondiente no es la que a
ellos les gustaría, y me temo que muchas veces esta valoración no podrá
serlo. Por consiguiente, yo espero que el Gobierno tenga la máxima
imaginación para poder hacer frente a este problema puesto que no será
fácil. (El señor Vicepresidente, Arqueros Orozco, ocupa la Presidencia.)
Para terminar, señor Presidente, quiero expresar una preocupación.
Estamos todos a favor de las transferencias, queremos que se hagan cuanto
antes, pero no sería bueno que su consecuencia se tradujera en
diferencias disparatadas en los medios materiales y personales de que
dispone el Ministerio de Justicia en cada comunidad autónoma, según cuál
sea su sistema de financiación y según cuál sea también la voluntad
política de cada una de ellas.
Nada más, señor Presidente. Una vez más quiero dar las gracias a la
señora subsecretaria por su comparecencia.
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Para contestar, tiene la
palabra la señora subsecretaria.
La señora SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA (Robles Fernández): De
las intervenciones de todos los Diputados que han tomado la palabra, me
complazco en ver que todos asumen la misma preocupación que tiene el
Ministerio de Justicia y que yo decía anteriormente que para nosotros era
prioritaria, en el sentido de lograr dar a los ciudadanos ese servicio
más ágil, más eficaz, más constitucional, en definitiva. Es evidente, que
eso no es sólo patrimonio de la Comunidad Valenciana, sino de todo el
Estado. Ciertamente comparto lógicamente la preocupación que pueda haber
en ese sentido en la Comunidad Valenciana como en todas las demás
comunidades.
Asumiendo, como digo que asumo, ese planteamiento que yo creo tienen
todos los grupos parlamentarios y asumiendo que todos somos conscientes
de que la Administración de justicia hay que mejorarla, porque
evidentemente nos jugamos mucho (queremos que la Administración de
justicia funcione porque es una de las piezas claves en un Estado de
Derecho), hay que considerar que quizá en el momento actual la solución a
todos los problemas de la Administración de justicia no se puede centrar
exclusivamente en una respuesta de incremento de medios materiales y
económicos. Es sabido que en todo el Estado y naturalmente también en la
Comunidad Valenciana, en los últimos años se ha hecho un esfuerzo muy
importante en el incremento de plazas, en el incremento de órganos
judiciales nuevos y en el incremento de personal judicial. Es evidente
que hay mucho por hacer --y lo vamos a hacer--; pero no podemos perder la
perspectiva de lo que ha sido el pasado y el esfuerzo económico que se ha
hecho en todas las comunidades, incluida la Comunidad Valenciana.
En mi anterior comparecencia en esta Comisión en relación con el tema de
presupuestos, yo decía que en los últimos once años se ha invertido en
medios materiales y en medios personales de una forma considerable. Sin
embargo (y yo creo que eso nos debe hacer reflexionar, como decía
perfectamente el señor Peralta), todavía el ciudadano de la calle,
incluido el ciudadano de la Comunidad Valenciana, exige que la
Administración de justicia funcione mejor. Por tanto, no es que yo diga
que los medios materiales y económicos no son importantes, por supuesto
que lo son; pero ese esfuerzo se ha hecho y se va a hacer en la medida de
lo posible. Lo que más preocupa al Ministerio, analizada la trayectoria
de los últimos once años, con un incremento muy importante en el número
de plazas judiciales, es ver si eso ha tenido una respuesta en esa mayor
agilidad y en esa mayor eficacia.
Decía el señor Peralta --y lo decía yo también en mi comparecencia ante
esta Comisión en el tema de presupuestos-- que importándome, como me
importa mucho, el tema de los medios materiales, creo hay algo que incide
mucho más y que causa una peor imagen en el ciudadano y en la respuesta
que la Administración de justicia debe dar. Decía también el señor
Peralta --y yo también lo comenté en mi comparecencia en Comisión-- que a
mí me preocupaban enormemente temas como los de la presa de Tous. Eso
influye mucho más negativamente, creo yo, en el ciudadano. Por eso decía
que, sin abandonar todo lo demás, el ministerio, a la hora de fijar las
prioridades, entiende que en el año 1994, en un contexto de crisis
económica, hacen falta no unas grandes inversiones, sino cierta
racionalización de los procedimientos. Por eso, nosotros decíamos que era
prioritario dar un marco normativo que permitiera una mayor agilidad en
los procedimientos, lo que comportaría necesariamente una reducción de
muchos costes económicos e incluso de dotación de órganos judiciales y de
planta. Decía, y lo repito, que creo no es en absoluto admisible, desde
el punto de vista de lo que tiene que ser un servicio público ágil y
eficaz, que procedimientos como los de Tous tarden 11 y 12 años en
desarrollarse. Por tanto, la prioridad del ministerio, repito para
Valencia y, en general, para toda España, es dar un marco normativo que
nos permita que esas dilaciones no se lleven a la práctica.
Evidentemente, si el marco normativo procesal es mucho más ágil, eso
comportará también la reducción de muchos costes económicos.
En consecuencia, para el año 1994, hemos de priorizar el estudio del
marco normativo procesal que lleve a esa agilización de la Administración
de justicia. No queremos procedimientos como el de Tous. Insisto en que
si eso es así va a comportar una agilidad y una disminución en cuanto a
los costes de otros medios económicos y materiales, y no es que yo diga
que los medios económicos y materiales no sean indispensables. Se ha
hecho un esfuerzo y en la medida de lo posible se va a seguir haciendo,
pero vamos a priorizar, vamos a intentar que el marco normativo sea mucho
más adecuado y mucho más ágil.
Evidentemente, en Valencia se han hecho inversiones en los últimos años
y, como reconocí también en mi comparecencia, el año 1994 no va a ser un
año bueno para inversiones en la Comunidad Valenciana, desde el punto de
vista de construcción de nuevos edificios. En cuanto que somos
conscientes de esto somos conscientes también de la reflexión que yo he
hecho. Los medios materiales no son la única base fundamental para que el
ciudadano vea una mejor respuesta a sus pretensiones. Por tanto, sin
prescindir de lo otro, vamos a priorizar y vayamos al marco normativo que
nos parece es absolutamente fundamental. Ciertamente, decían los señores
Peralta y Gil Lázaro, serían necesarios más peritos y más intérpretes.
Estamos absolutamente de acuerdo, pero eso, dentro de un marco
procedimental que agilice los trámites, es evidente que comportará
necesariamente una reducción de los costes. Ya digo que asumo que el año
1994 es un año presupuestariamente difícil, desde el punto de vista de
las inversiones en la Comunidad Valenciana, pero de ahí el compromiso
político de dar aquellos otros medios que, en definitiva, lleven a la
agilización de la Administración de justicia y a una mejor satisfacción
de las pretensiones de los ciudadanos.
En cuanto al tema que se planteaba de filosofía de la agrupación de los
edificios, no digo que se deba cambiar la filosofía que se ha mantenido
de que todos los órganos judiciales han de estar en un mismo edificio --a
lo mejor ésa es la filosofía correcta--, pero lo que quiero decir desde
una experiencia personal que yo también he tenido es que ese tema no es
pacífico. Por eso, decía que es un marco de reflexión que hemos de hacer
entre todos. Insisto en que el Ministerio de Justicia pone de relieve
hasta la saciedad la necesidad del pacto de Estado en la Administración
de justicia y que entre todos hagamos la reflexión y lleguemos a las
conclusiones. A lo mejor, después de la reflexión y de las conclusiones
consideramos que el diseño que queremos de oficina judicial y de edificio
judicial es uno en una ciudad judicial, pero también a mí me gustará oír
a los ciudadanos a los que yo en ocasiones y antes de mi experiencia
había oído en otros marcos, que estaban por una cierta descentralización
geográfica y física; es decir, tener que desplazarse en las grandes
ciudades y coger unos medios de transporte que al ciudadano tal vez no
compensa y, sin embargo, le da la impresión que la justicia está más
cercana a él si el edificio del juzgado está en la proximidad de su
barrio. No digo que ésta sea la decisión que haya que tomar ni digo que
no sea correcta la que se haya defendido. Creo que en ese marco hemos de
hacer entre todos del diseño que queremos, debemos analizar los pros y
los contras y si, finalmente, se llega a la conclusión de que el diseño
que da una mayor respuesta a las necesidades del ciudadano es el gran
edificio judicial, vayamos a ello, pero me gustaría que hubiera esa
reflexión y ese debate previo. Eso no es cambiar una trayectoria; es
poner sobre la mesa los distintos posicionamientos y planteamientos que
pueden presentarse y que, en definitiva, todos han de valorarse desde la
óptica
que a mí me parece fundamental de dar un mejor servicio al ciudadano que,
no nos olvidemos, es el destinatario último de la Administración de
justicia.
Se ha hablado aquí de algo que a nosotros nos ha preocupado enormemente,
que es el tema de formación de los funcionarios. Ciertamente, haremos una
Administración de justicia mejor si todo el que trabaja en el marco de la
Administración de justicia tiene una mayor formación y una mayor
sensibilidad. Por eso, creo que la actuación que hizo el Consejo General
del Poder Judicial, y que está haciendo, en el tema de formación de
jueces es un modelo que queremos copiar desde el Ministerio de Justicia.
Por eso, como novedad, este año tenemos una partida presupuestaria de 100
millones de pesetas para el tema de formación de todos los funcionarios
que, naturalmente, repercutirá también en el marco de la Comunidad
Valenciana.
Por último, en cuanto al tema de transferencias, decía perfectamente el
diputado del Grupo Socialista que es un tema que el Gobierno ha
considerado prioritario y es un tema en el que estamos empezando
gestiones con todas las comunidades autónomas. Lo que pasa, es que creo
que hay que analizar el tema con mucha prudencia para evitar que luego
pueda hablarse de calificativos y charlotadas que yo no había oído, pero
si el señor diputado lo dice es porque a lo mejor alguien lo ha dicho.
Nosotros en ese marco no queremos que nadie nos diga que estamos haciendo
una charlotada; queremos iniciar un proceso serio de trabajo conjunto,
teniendo en cuenta, como se decía antes, el marco económico.
Las transferencias constituyen para el Ministerio de Justicia una
prioridad porque, además, creemos profundamente en ellas, pero vamos a
hacerlas con calma, con seriedad, de tal manera que podamos analizar
todos los pros y los contras y en un marco de situación presupuestaria
que afecta no sólo al Ministerio, sino también a las comunidades. Por
tanto, sí a las transferencias, constituyen una de las prioridades del
Ministerio de Justicia, pero examinadas muy detenidamente, muy
detalladamente, no nos vayamos luego a arrepentir y lleguemos a la
conclusión de que se han hecho deprisa y corriendo. En cualquier caso, la
voluntad política, el compromiso político del Ministerio de Justicia es
claro en este sentido e insisto hay conversaciones que se han iniciado ya
de una forma institucional y seguida con todas las comunidades autónomas,
incluida la Comunidad Valenciana.
--SOBRE EL DESTINO QUE PIENSA DARLE EL MINISTERIO DE JUSTICIA A LA
ANTIGUA PRISION PROVINCIAL DE JAEN. FORMULADA POR EL SEÑOR TORRES GOMEZ
(GP). (Número de expediente 181/000262.)«
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): A continuación, empezamos con
el turno de preguntas en Comisión.
La primera es la que formula el diputado del Grupo Popular. (El señor Gil
Lázaro pide la palabra.)
Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LAZARO: Es para una cuestión de orden, señor Presidente.
Para señalar que la pregunta número 12, del diputado don Luis de Torres,
la retiramos en este momento.
--SOBRE OPINION DEL MINISTRO DE JUSTICIA ACERCA DEL FUNCIONAMIENTO DE LA
OFICINA ENCARGADA DE EXPEDIR CERTIFICACIONES DE ANTECEDENTES PENALES,
ULTIMAS VOLUNTADES, NACIONALIDAD, ETCETERA, SITA EN EL EDIFICIO DEL
MINISTERIO CON ENTRADA POR LA CALLE MANZANA. FORMULADA POR EL SEÑOR
SORIANO BENITEZ DE LUGO, GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de
expediente 181/000085.)
--SOBRE LAS RAZONES QUE IMPIDEN A LAS OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL EXPEDIR
LAS CERTIFICACIONES DE DEFUNCION O DE MATRIMONIO CON MAYOR CELERIDAD.
FORMULADA POR EL SEÑOR SORIANO BENITEZ DE LUGO, GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR. (Número de expediente 181/000257.)
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Tiene la palabra don Alfonso
Soriano Benítez de Lugo para formular la primera pregunta del orden del
día.
El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: No tengo inconveniente --no sé si la
Mesa lo tiene-- en formular al mismo tiempo las preguntas número dos y
diez (la diez trata de las razones que impiden a las oficinas del
Registro Civil expedir las certificaciones de defunción o de matrimonio
con mayor celeridad) puesto que se trata, en definitiva, de dos preguntas
que están conexionadas hasta cierto punto.
En el mes de septiembre, y por razones de índole particular, tuve que ir
a la oficina encargada de expedir certificaciones...
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Señor Benítez de Lugo, todavía
no hemos dicho si la Mesa tiene inconveniente o no.
El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Excuse, señor Presidente. Di por
supuesto que facilitaría las cosas.
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Se acumulan ambas preguntas.
El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Como iba diciendo, el mes de
septiembre, por razones de índole particular, tuve que utilizar la
oficina de información del Ministerio de Justicia (allí se expiden
certificaciones de antecedentes penales, últimas voluntades,
nacionalidad, información, etcétera), sita en el propio edificio del
Ministerio, con entrada por la calle de la Manzana. La
realidad es que allí presencié un espectáculo, con una cola que salía a
la calle y se tiene uno que colocar en aquella cola sin saber dónde
termina ni qué va a hacer, porque preguntaba por la oficina de
información y tal oficina está dentro de donde se atienden estas
peticiones. La verdad es que me llevé una impresión tan deplorable por la
cantidad de extranjeros que había (porque allí se expiden los
certificados de nacionalidad), que pensé que, de alguna forma, el
Ministerio supongo que se habrá planteado la necesidad y la conveniencia
de dar más facilidades al administrado, en unos momentos en que tanto se
habla de modernidad de la Administración, para poder acercarse a la
Administración. La realidad es que, después de coger un papel, se tiene
que estar haciendo otra cola para la ventanilla correspondiente; no hay
sitio donde sentarse los ciudadanos. El espectáculo era un tanto
complicado. Por supuesto, no sólo se dan las incomodidades físicas, sino
también las incomodidades de que estos certificados se dan en otra fecha,
con lo cual hay que esperar un tiempo y comparecer otra vez en estas
oficinas.
Algo parecido ocurre en las oficinas del Registro Civil, en una calle
cercana al final de López de Hoyos, donde se expiden las certificaciones
de defunción y de matrimonio. Si bien aquí existe la propia dificultad de
unas largas colas y de pocas facilidades al administrado, yo pensé que,
hoy en día, a finales del siglo XX, el hecho de una defunción o de un
matrimonio es un hecho constatable de inmediato. Creí que había
procedimientos informáticos, por medio de los cuales se podría dar ese
certificado de defunción o de matrimonio en el mismo acto; es decir, en
los ayuntamientos de las capitales canarias, por ejemplo, para viajar
hace falta un certificado de residencia y su expedición está mecanizada.
Se solicita el certificado de residencia en un impreso y, en el mismo
momento, a través de la correspondiente comprobación, se expide dicho
certificado de residencia, al objeto de obtener los descuentos en los
viajes con la Península. Y yo pregunto: ¿no es posible en esta oficina,
que, como digo, constata un hecho físico o un hecho fácilmente
detectable, como es la defunción o el matrimonio, agilizarlo de tal forma
que se puedan expedir esos certificados inmediatamente, en lugar de tener
que esperar una semana, como funciona en la actualidad?
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Tiene la palabra la señora
Subsecretaria.
La señora SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA (Robles Fernández): En
cuanto a la primera de las cuestiones, funcionamiento de la Oficina de
Atención al Público del Ministerio de Justicia, en la calle de la
Manzana, sabe perfectamente S. S. que esta oficina se puso en marcha el
28 de diciembre --yo lo siento por el día que fue-- del pasado año y
tenía como finalidad la modernización de la Administración de Justicia
dentro de los planes genéricos de modernización. Se hizo un cambio
cualitativo importante de la estructura del funcionamiento del Ministerio
de cara al ciudadano y se situaron en la planta baja --como usted
perfectamente conoce por esa experiencia que dice que ha tenido--
aquellas oficinas en las que el ciudadano tenía necesidad de un mayor
acceso, al estar el Registro Central de Penados y Rebeldes, el estado
civil, la nacionalidad, el Secretariado de Objeción de Conciencia y la
Oficina de Información.
El planteamiento era absolutamente moderno en relación a lo que había
existido hasta la fecha; es decir, se centralizaba todo el trato directo
con el ciudadano, que iba, primero, desde la existencia de una oficina de
información, para que el ciudadano supiera a dónde acudir y no tuviera
que perderse por las distintas plantas del Ministerio, y, luego, por el
mecanismo de distintas oficinas, cada una con su competencia, ya fuera
penados y rebeldes, ya fuera para nacionalidad, ya fuera para objeción de
conciencia, etcétera. Todo esto ha supuesto un cambio cualitativo muy
importante, porque, evidentemente, el acceso del ciudadano es mucho más
rápido. Usted dice que tuvo que hacer unas largas colas. Quizás depende
de la hora a la que S. S. fuera. Lo cierto es que hay horas, sobre todo
en la franja de diez a una en que hay mayor afluencia de público.
Posteriormente, se ha hecho un esfuerzo importante, en la medida en que
esta oficina está abierta también por la tarde de cuatro a seis, e
incluso se abre también los sábados por la mañana. Por consiguiente, hay
unas franjas horarias en las que siempre existe un mayor incremento de
público.
Yo le puedo decir que se han hecho unos estudios sobre el tiempo medio de
espera de la persona que llega a esa oficina y lo que se le tarda en
atender. El tiempo medio de espera, en este momento, desde que se llega,
se coge el número y se le llama por pantalla para que acuda a la oficina
correspondiente, es de 5/6 minutos por ciudadano. Hay que decir que la
oficina donde se está tardando más es en la de Registro Central de
Penados y Rebeldes: unos 11 minutos; depende, lógicamente, de
determinados períodos de tiempo. Por ejemplo, cuando se trata de la
regulación de los extranjeros existe un mayor incremento en la petición
de antecedentes penales, o sabemos que hay servicios como el Secretariado
o la objeción de conciencia, donde hay épocas en las que existe un mayor
incremento de gente. Por tanto, como regla general hay que decir que
cualitativamente ha cambiado mucho y que el tiempo medio de espera de los
ciudadanos es de unos cinco o seis minutos aproximadamente.
Todo es mejorable. Llevamos un año de funcionamiento y se va a mejorar.
Pero hay un hecho que hay que remarcar, y es que el ciudadano por primera
vez empieza a tener conciencia de que hay un cierto acercamiento de la
Administración. Por ejemplo, le voy a dar un dato que me ha parecido
significativo: el tema de los antecedentes penales. En este momento se
están inscribiendo mensualmente en la oficina 60.000 antecedentes
penales. Así como con anterioridad a la entrada en funcionamiento de esta
oficina de atención al público el 60 por ciento de las gestiones para la
concesión de los antecedentes penales se hacía a través de gestorías, con
lo que eso comportaba de gasto económico, en este momento la tramitación
por medio de gestorías es sólo del 30 por ciento. Eso
quiere decir que el ciudadano, a pesar de que pierde un poco de tiempo a
la hora de hacer las colas y a la hora de dirigirse allí, lleva un ahorro
económico importante, que, ya digo, le pongo el ejemplo concreto de la
certificación de antecedentes penales y rebeldes.
Insisto en que todo es mejorable, insisto en que vamos a intentar dar una
mayor agilidad, pero en este momento esa media de cinco minutos que pasa
a once, en el supuesto de registros centrales de penados y rebeldes, es
perfectamente asumible. También le digo que en el horario de tarde o en
el de los sábados la afluencia de gente es menor e incluso a veces hay
una atención directa o inmediata. Le contaría como anécdota que al poco
tiempo de llegar al Ministerio me fui por las dependencias, bajé a la
oficina y me acerqué a la gente que estaba esperando, que pensaban que
era una encuesta, y les pregunté cuánto tiempo llevaban esperando. Me
dijeron que entre cuatro y cinco minutos. Insisto, todo es mejorable,
pero no es una media de tiempo como para rasgarse las vestiduras.
En cuanto al otro tema que plantea de las certificaciones de defunción y
de inscripción de matrimonio, no sé si S. S. lo circunscribe a un
registro determinado de Madrid, porque el conocimiento que la Dirección
General tiene al respecto es de que no existen quejas. Si esa queja se
refiere al registro de Madrid, se tomarán las medidas oportunas de
inspección. Sin embargo, el estudio que hemos hecho es que se está
cumpliendo la reglamentación que existe. Y, como usted sabe
perfectamente, la reglamentación es que se requieren tres días para las
operaciones registrales o veinticuatro horas para las peticiones de
certificados de defunción y de la licencia de enterramiento.
En cuanto al tema de los libros de familia, una vez que se practica la
inscripción del matrimonio, inmediatamente ha de darse el libro de
familia, con lo cual es posible que haya disfunciones. Si esas
disfunciones existen, habrá que hacer la denuncia concreta. Pero, como
regla general, no le constan al Ministerio quejas formales sobre esas
disfunciones que plantea.
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Tiene la palabra el señor
Soriano.
El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Empezando por esta última pregunta, yo
no planteé queja alguna en relación con la expedición de los
certificados; lo que digo es que los certificados no se pueden expedir
hasta los tres días de producido el fallecimiento o hasta después de
contraído el matrimonio y de dado el libro de familia, como es obvio.
Pero, contando con estos plazos, mi pregunta es: ¿cómo no es posible dar
el certificado de matrimonio o de defunción en el mismo momento en el que
se va a pedir, siempre que se hayan superado previamente esos plazos?
Esta es mi pregunta fundamental en relación con esa oficina. Y citaba el
ejemplo de los ayuntamientos canarios que dan los certificados de
residencia en el mismo momento en que se solicitan, porque, si está
debidamente mecanizado, no hay más que introducirlo en la pantalla
correspondiente, ver si está inscrito el matrimonio y, si está inscrita
la defunción, se expide el certificado en el mismo instante. Esta era,
fundamentalmente, mi pregunta.
Respecto a la primera, indudablemente yo debí de ir a la hora punta,
porque si me dice que las horas de agobio son entre 10 y 1, yo fui de
11,30 a 12; de manera que me tuvo que haber cogido la hora más difícil de
todas, y le puedo garantizar que yo tardé bastante más de esa media,
porque esa media se habrá hecho computando los horarios de tarde y los
del sábado por la mañana, que posiblemente vaya poca gente. Además, esa
media me ha dicho usted que se computa desde el momento en que le dan a
uno el número, pero es que yo tardé en coger el número --porque para
coger el número la cola llegaba a la calle-- bastante más de esos cinco o
siete minutos de media.
En consecuencia, yo insisto, primero, en relación con la oficina de los
certificados, en que se pueden dar en el mismo momento un certificado de
defunción y un certificado de matrimonio, porque son hechos fácilmente
constatables, pasados los plazos que exige la legislación vigente, como
es obvio.
Respecto al funcionamiento de la oficina de la calle Manzana, yo creo que
sería conveniente que, al menos en esas horas puntas, se facilitara esto
al ciudadano, porque yo no sé como funcionaba esto antes; ya digo que fue
una experiencia personal mía en el mes de septiembre. Por lo que me ha
dicho --y yo no lo pongo en duda-- la señora Subsecretaria, ha habido un
avance en relación a cómo estaba antes, pero sigo creyendo que es muy
mejorable, al menos en esas horas puntas de 10 a 1, y no dar una
sensación de agobio y de inseguridad la hora de pedir unas cosas tan
sencillas o una información en el Ministerio de Justicia.
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Para contestar, tiene la
palabra la señora Subsecretaria.
La señora SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA (Robles Fernández):
Evidentemente, yo comparto con S. S. que todos los servicios son
mejorables y, por supuesto, hay que ir al óptimo. Digo que llevamos un
período de un año de rodaje, que en este período los resultados han sido
cualitativamente muy importantes en agilidad y en mejor trato al
ciudadano, pero, evidentemente, no dude que dentro de los planes de
actuación del Ministerio de Justicia está el de mejorar el funcionamiento
del mismo, y naturalmente todo aquello que tenga relación con el servicio
directo al ciudadano va a ser una de nuestras prioridades.
En cuanto al otro tema, por lo menos en el de los libros de familia de
los matrimonios, me consta que se dan inmediatamente después de celebrado
el matrimonio. Si eso no es así y hay algún caso concreto, a mí me
gustaría que se nos hiciera llegar.
El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Si me permite, señor Presidente, porque
me parece que no ha entendido la pregunta y no se me ha contestado.
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): No, señor Soriano. El
Reglamento no lo contempla. Lo siento.
--SOBRE PREVISIONES DEL MINISTERIO DE JUSTICIA ACERCA DE LA CELEBRACION
DE OPOSICIONES EN EL ARCHIPIELAGO CANARIO, A FIN DE FACILITAR QUE SE
CUBRAN CON RAPIDEZ LAS NUMEROSAS PLAZAS VACANTES. FORMULADA POR EL SEÑOR
SORIANO BENITEZ DE LUGO (GRUPO POPULAR). (Número de expediente
181/000086.)
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): La tercera pregunta es sobre
previsiones del Ministerio de Justicia acerca de la celebración de
oposiciones en el Archipiélago canario, a fin de facilitar que se cubran
con rapidez las numerosas plazas vacantes. Para formularla, tiene la
palabra el señor Soriano Benítez de Lugo.
El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Esperemos que en esta ocasión corra
mejor suerte y me lo pueda explicar mejor.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a través de sus memorias
anuales, viene poniendo de manifiesto el fenómeno de los traslados
masivos solicitados por los funcionarios de la Administración de Justicia
en Canarias y el excesivo porcentaje de interinos existentes. Esta
movilidad de los funcionarios limita la productividad de los órganos
judiciales, y varias han sido las voces que se han oído pidiendo que las
oposiciones se celebren en el Archipiélago canario para evitar que vengan
a Canarias los últimos de las listas de aprobados que se van en cuanto
sale el primer concurso de traslado y que ocasiona, como es lógico, el
nombramiento de interinos que, a su vez, están rotando permanentemente en
el puesto concreto de trabajo.
De otro lado, las numerosas vacantes que se cubren con interinos, como
digo, alcanzaban en el momento de formular la pregunta el 34,7 por ciento
de los 1.119 funcionarios entonces existentes; cifra que necesariamente
se incrementará al resolverse el primer concurso de traslados, pudiéndose
alcanzar incluso más del 50 por ciento, con los consiguientes problemas
derivados de la inexperiencia y del continuo rotar en los puestos de
trabajo. De aquí que el Parlamento de Canarias haya aprobado, el 26 de
octubre pasado, una proposición no de Ley, y cito literalmente, instando
la convocatoria de los concursos y oposiciones precisos para cubrir todas
las plazas vacantes en Canarias de magistrados, jueces, secretarios,
oficiales, auxiliares y agentes de la Administración de Justicia,
realizándose en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma los
concursos y oposiciones de secretarios, oficiales, auxiliares y agentes
de la Administración de Justicia. Termina aquí literalmente la
proposición no de ley del Parlamento de Canarias, y de la que supongo que
tendrá conocimiento el Ministerio de Justicia.
Se trata, en definitiva, de aplicar el mismo sistema que el adoptado hace
ya bastante tiempo por la Administración Civil del Estado, concretamente
para el Cuerpo Auxiliar de la Administración Civil del Estado, donde
quedan afectadas las plazas desiertas al ámbito geográfico de cobertura,
por lo que el lugar de examen elegido por cada opositor en su solicitud
de admisión a las pruebas selectivas conlleva, en caso de resultar
aprobado, que tal opositor habrá de obtener destino necesariamente dentro
del ámbito geográfico al que correspondiera el lugar de examen elegido.
Ya sabemos que en Canarias, como en Cataluña, hay una menor participación
de aspirantes a oposiciones de la Administración pública, pero, en
cualquier caso, es preciso tratar de evitar los problemas actualmente
existentes, por las causas ya señaladas. Esta es una reivindicación ya
antigua de los profesionales relacionados con la Administración de
Justicia en las islas: abogados, procuradores, jueces, secretarios
judiciales y funcionarios en general y me parece oportuno recordar que
las últimas oposiciones de oficiales, auxiliares y agentes de la
Administración de Justicia, turno libre y de promoción interna, se
publicaron en un «Boletín Oficial del Estado» de finales de agosto de
1991, cuyos ejercicios finalizaron en julio de 1992, con un resultado
cuestionado. El reglamento orgánico de dichos cuerpos nacionales
establece que las pruebas de selección para ingreso en el cuerpo de
oficiales por el turno libre se convocarán por el Ministerio de Justicia
cuando las necesidades del servicio lo requieran y al menos una vez cada
año para cubrir las plazas desiertas.
Pues bien, a pesar de ello, a pesar de existir numerosas plazas desiertas
o cubiertas con interinos, el Ministerio de Justicia no termina de
publicar la oportuna convocatoria y se trata de plazas que figuran en las
correspondientes plantillas orgánicas y que tienen dotación económica en
los Presupuestos Generales del Estado.
A la vista de lo dicho, se formulan las siguientes preguntas: ¿cuándo
piensa el Ministerio convocar las oposiciones para ingreso en los cuerpos
de oficiales, auxiliares y agentes de la Administración de Justicia y el
oportuno concurso de traslados previo a la adjudicación de destino a los
funcionarios de nuevo ingreso?
Segunda: ¿entra en los planes del Ministerio celebrar las oposiciones de
forma descentralizada, por comunidades autónomas, o al menos para la
comunidad autónoma de Canarias, teniendo en cuenta su lejanía, tal como
en la actualidad se hace con el Cuerpo Auxiliar de la Administración
Civil del Estado, a fin de facilitar que los opositores aprobados
obtengan destino dentro del ámbito geográfico al que corresponda el lugar
de examen elegido, impidiendo el continuo trasiego de funcionarios, lo
que origina numerosas vacantes que se cubren interinamente, con los
perjuicios ya indicados?
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Para contestar, la señora
Subsecretaria tiene la palabra.
La señora SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA (Robles Fernández):
Espero en este caso haber entendido bien la pregunta que me formula.
Desde luego, la preocupación que usted pone de relieve la compartimos
nosotros, creemos que en la Comunidad canaria hay un número importante de
vacantes, desde el punto de vista del personal al servicio de la
Administración de Justicia, que naturalmente incide de forma muy negativa
en el servicio de la Administración de Justicia en esa Comunidad.
Las soluciones que propone S. S., desde el punto de vista teórico son
admisibles e inclusive se podrían llevar a la práctica; el Ministerio no
tiene ningún inconveniente en seguir el sistema que ha llevado la
Administración Civil del Estado. Pero creo que el problema que preocupa a
S. S. y al Ministerio es otro; no es convocar oposiciones y que se cubran
las plazas para que queden las plazas vacantes al mes siguiente, sino que
el problema que le preocupa y que nos preocupa a todos es que, una vez
que haya esas oposiciones, la gente quede afectada a las plazas para las
que concursa. Eso no se va a resolver con las propuestas que usted
realiza, por una razón: porque hay que tener en cuenta la naturaleza del
personal al servicio de la Administración de Justicia que pertenecen a
los denominados cuerpos nacionales. Por tanto, aun cuando se hicieran
oposiciones descentralizadas en las que sólo salieran a concurso las
plazas de Canarias y afectadas a Canarias, las personas que concursasen y
tomasen parte en esa oposición en el primer destino quedarían afectas a
las plazas de la Comunidad canaria, pero, como pertenecen a cuerpos
nacionales, en el primer concurso siguiente que hubiera podrían
concursar, con lo cual el problema no se solucionaría.
Por tanto, el problema no es de convocarlas centralizada o
descentralizadamente, que ya digo que es una vía que al Ministerio le
parece razonable, por razones de agilidad, pero desde el punto de vista
de la problemática que usted presenta, y que nosotros compartimos, no se
solucionaría la cuestión, en la medida en que, al ser parte de cuerpos
nacionales, podrían concursar en el primer concurso. Eso con la
reglamentación actualmente existente no tiene solución.
Otro tema es, creo yo, que en determinadas comunidades, como son Cataluña
o Canarias, es necesario crear un cuerpo de opositores, de personas --en
este caso de la Comunidad canaria-- para que tengan una perspectiva de
vocación de permanencia en dicha Comunidad. Si eso no es así, si no se
crea el cuerpo de opositores, si traemos a otras personas de fuera, aun
cuando aceptemos la plaza, no vamos a evitar, de ninguna manera, que en
el primer concurso se vayan.
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Tiene la palabra el señor
Soriano.
El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Yo sigo insistiendo en que, quizá, no
se me haya entendido. Por supuesto, sé que se trata de cuerpos nacionales
y que es un derecho del funcionario la movilidad, pero no cabe duda de
que si los opositores son canarios porque las pruebas se realizan allí,
el canario está más asentado en el lugar de su destino y no corre el
riesgo de presentarse a unas oposiciones en Madrid, para ir destinado a
Asturias, sino que se queda el canario allí. En consecuencia, en futuros
concursos, si bien tiene el derecho de concursar y obtener un destino en
cualquier sitio del territorio peninsular, es obvio que, si es canario,
la inmensa mayoría se quedará allí. En consecuencia, sigo pensando que el
sistema puede ser bueno y que, incluso, se podría exigir, una vez que las
pruebas se descentralicen de esta forma, un mínimo de permanencia en su
destino en Canarias, puesto que si la Administración da facilidades para
que las pruebas se realicen en cada comunidad autónoma, es lógico que, a
cambio, la Administración exija una permanencia de dos o tres años en el
primer destino obtenido en una determinada comunidad autónoma. Yo
reconozco que no se puede negar la posibilidad de que ese funcionario
concurse y, a través de un concurso de ámbito nacional, obtenga otro
destino, pero lo que sí digo es que, por medio de esas pruebas
descentralizadas, se puede disminuir tremendamente el problema de la
movilidad del funcionario.
Además, en la prensa del día 8 de este mes he leído unas declaraciones
del Director General de Relaciones con la Administración de Justicia, don
Fernando Escribano Mora, en Lanzarote, cuyo titular en el periódico es:
Director General de Justicia anuncia la descentralización de las
oposiciones. Y yo, al leer estas declaraciones, entendí que hoy el
Ministerio, a través de la señora Subsecretaria, me iba a decir que eso
estaba ya resuelto, pero, por lo que veo, no lo está, ni mucho menos,
puesto que opina el Ministerio que esto no iba a resolver absolutamente
nada, siendo, como es, un clamor en todos los medios judiciales de las
islas Canarias.
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Tiene la palabra la señora
Subsecretaria.
La señora SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA (Robles Fernández):
Creo que ahora no me ha entendido usted a mí. Yo le he dicho que,
evidentemente, por parte del Ministerio no hay ningún problema y se
pueden convocar oposiciones descentralizadas, como dice el señor Director
General. No hay problema alguno y se puede hacer perfectamente. El
problema está en que con eso, evidentemente, no se resuelve la cuestión
de la movilidad. Y ojalá hubiera opositores canarios, ojalá, pero, a
pesar del desiderátum que usted dice, la realidad que nosotros hemos
constatado es que, en este momento, el cuerpo de opositores canarios es
muy inferior al del resto de las comunidades del Estado.
--SOBRE MEDIDAS PARA ORGANIZAR ADECUADAMENTE TODOS LOS ASPECTOS DE
GESTION QUE TIENEN RELACION CON EL DESARROLLO DE LA PRESTACION SOCIAL
SUSTITUTORIA DEL SERVICIO MILITAR. FORMULADA POR EL SEÑOR GIL LAZARO
(GP). (Número de expediente 181/000141.)
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Para formular la pregunta
sobre medidas para organizar
adecuadamente todos los aspectos de gestión que tienen relación con el
desarrollo de la prestación social sustitutoria del servicio militar,
tiene la palabra el Diputado señor Gil Lázaro.
El señor GIL LAZARO: Señora Subsecretaria, la razón de ser de nuestra
pregunta nace de la evidencia de la realidad de bloqueo que hoy afecta a
todos o a casi todos los extremos de organización y gestión relativos a
la vertebración de la prestación social sustitutoria del servicio
militar.
La situación ha llegado a tal extremo que ya ni la propia Administración
se oculta a la hora de reconocer cómo, en verdad, están las cosas y sus
tremendas dificultades para dar, hoy por hoy, una respuesta suficiente y
ágil al problema.
Cifras oficiales nos dicen que se ha pasado de 6.552 objetores anuales,
en 1988, a quintuplicar esa cifra en 1993. La propia oficina de gestión
afirma, según consta en el informe del Defensor del Pueblo
correspondiente a 1992, que tan elevado índice de crecimiento --hago cita
literal-- determina que los medios materiales y personales queden
sobrepasados por las necesidades de la gestión.
Por tanto, en estos momentos, los aspectos esenciales de la cuestión son
básicamente dos: primero, la insuficiencia de los medios de gestión,
tanto en lo que afecta a plantilla, a recursos informáticos, como a otros
extremos, y, en segundo lugar, la absoluta insuficiencia de plazas
disponibles para el cumplimiento de la prestación.
En este segundo sentido, el ya citado informe del Defensor del Pueblo
dice literalmente que siguen recibiéndose quejas de objetores reconocidos
indicando los retrasos que se producen en las incorporaciones para el
cumplimiento de la prestación social y los graves perjuicios
profesionales y personales que esta situación les provoca, al estar
condicionada su integración en el mundo profesional por el cumplimiento
de esta obligación.
Por su parte, la Oficina de Gestión afirma que en los últimos cinco años
el número de plazas disponibles se ha multiplicado por cinco, pasando de
2.342 en 1988 a 22.182 al finalizar el primer semestre del pasado año.
Pero es evidente, dice también la propia Oficina, que este ritmo de
crecimiento no cubre el volumen de la demanda.
Singularmente notable es también la demora que se produce en la
resolución de los recursos administrativos presentados por los objetores
y relativos a las distintas fases de su clasificación. Según datos de la
propia Oficina de Gestión, la proporción de recursos interpuestos por
objetores a los que se ordena la incorporación a la prestación es de uno
a siete, lo que quiere decir que de un contingente semestral de 10.000
objetores a incorporar se producen 1.500 recursos.
Durante 1991 se presentaron ante la Oficina 1.958 recursos
administrativos y 283 contenciosos, tramitándose e informándose 918 de
los primeros y la totalidad de los segundos. Pues bien, la propia Oficina
afimaba --y hago también cita literal-- que en su relación de puestos de
trabajo contaba con un solo funcionario dedicado a la tramitación e
informe de recursos administrativos y contenciosos.
Frente a esta situación, el informe del Defensor del Pueblo indica
literalmente que las cifras que la propia Oficina plantea denotan, sin
necesidad de comentario alguno, la precariedad de medios humanos con que
cuenta y la lógica demora y disfuncionalidades que esta situación ha de
provocar y que inciden en la calidad del servicio y, en definitiva, en
los derechos de los ciudadanos. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
La experiencia revela también retrasos en la resolución de las peticiones
de reconocimiento y de servicios previos presentados por objetores ante
el Consejo Nacional de Objeción de Conciencia.
Otro aspecto esencial que falla es la capacidad operativa de la Oficina
para, efectivamente, desarrollar la función que le confiere lo dispuesto
en el artículo 44, h) del Reglamento de la prestación, en donde se
establece que corresponde a esta Oficina evitar que la actividad de los
objetores incida negativamente sobre la actividad de trabajo y conforme a
lo dicho en el artículo 39, que, al regular el contenido mínimo y
obligatorio de los conciertos con las entidades colaboradoras, hace
mención expresa a que su parte dispositiva deberá especificar que se
prohíbe utilizar a los objetores en puestos de plantilla en sustitución
de empleados.
Además, según datos actualizados a fecha 1 de octubre de 1993, la
gravedad de la situación en la que se encuentran los objetores pendientes
de cumplir la prestación social queda reflejada en datos de la propia
Oficina de Gestión, que literalmente recoge el Defensor del Pueblo,
señalando que a fecha 23 de agosto de 1993 se encuentra aún sin
clasificar un número de objetores que asciende a 84.631 personas, y aun
cuando la Oficina prevé que en breves fechas serán clasificados útiles
22.000 objetores y, por consiguiente, será prevista su incorporación en
el cuarto trimestre de este año, nos encontramos, sin embargo, con un
número de 65.155 objetores que están pendientes de clasificar, sin que
por esa Oficina se informe del tiempo transcurrido desde que fue
reconocida su condición de objetor por el Consejo Nacional de Objeción de
Conciencia, dato de enorme trascendencia --dice el Defensor del Pueblo--,
toda vez que estas personas tienen dificultades para encauzar y
planificar su vida profesional al tener pendiente el cumplimiento de la
prestación social sustitutoria.
Según las previsiones de la propia oficina, se quiere hacer un esfuerzo
para reducir a seis meses el plazo de espera entre la fecha de
reconocimiento y la de llamamiento, que en la actualidad oscila entre 18
y 24 meses.
En definitiva, por todas estas cuestiones y algunas más de menor detalle,
que podría explicitar, pero que no lo hacemos, preguntamos qué medidas se
tienen previstas para organizar adecuadamente todos los aspectos de
gestión que tienen relación con el desarrollo de la prestación social
sustitutoria del servicio militar, en el bien entendido de que formulamos
esta pregunta desde una consideración amplia, es decir, tanto en lo que
afecta a la propia disponibilidad de medios materiales de la Oficina de
Gestión de la Prestación Social como a la propia oferta de disponibilidad
general de plazas para poder atender la demanda que plantea el número de
objetores.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Subsecretaria.
La señora SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA (Robles Fernández):
Desde el Ministerio de Justicia somos conscientes, y lo hemos dicho, de
que es necesario dar una respuesta al tema de la prestación social
sustitutoria porque, evidentemente, se está produciendo un retraso
importante en la colocación de los objetores, con un número que nos
preocupa. Precisamente por esa razón se está haciendo un esfuerzo
importante y, como muy bien decía su señoría, se va a hacer una
incorporación masiva de 21.000 objetores.
También somos conscientes de que con esa incorporación masiva de 21.000
objetores no se soluciona el problema del atraso pendiente ni del número
de objetores que se puede generar. Por eso nos parece que son
importantes, junto con unas medidas normativas a las que posteriormente
aludiré, unas medidas de gestión. Lo que estamos haciendo es un análisis
de cuál es la situación real de la oficina en este momento, de cuáles son
los medios personales y los medios técnicos que necesita.
Yo le puedo avanzar que ya llevamos un período aproximado de un mes, en
el que se está analizando, por la vía de la inspección, el funcionamiento
concreto de la oficina de cara a ver cuáles son las necesidades de medios
personales y de medios materiales que se requieren para dar una salida lo
más ágil posible a la situación actual.
Con ese estudio, que necesariamente se va a traducir en un reforzamiento
de personal de la oficina o, a lo mejor, en un cambio de su
configuración, estamos viendo otra cuestión que nos parece importante: la
posibilidad de descentralizar los servicios de esa oficina. Hay una serie
de actuaciones que se realizan de forma centralizada en Madrid y creemos
que no tendría por qué ser así, que se podrían realizar dentro del
territorio de la comunidad de la persona que opta por la vía de la
prestación social sustitutoria. Nos parece que, si se descentraliza la
oficina, si determinadas actuaciones se pueden hacer en el marco de la
comunidad, en organismos descentralizados, se va a conseguir una mayor
agilidad y una mayor rapidez. Por tanto, estamos estudiando también esa
línea.
Es evidente que, por mucho que se agilizase la tramitación puramente
burocrática en la oficina, ya por la vía de la oficina centralizada o
descentralizada, no conseguiríamos nada si no encontrásemos plazas para
dar destino a las personas que quieran hacer la prestación social
sustitutoria. Precisamente por eso es por lo que una de las cuestiones
que también nos parece prioritaria es encontrar esos marcos
institucionales que nos permitan ofrecer plazas para la prestación
social.
A este respecto, yo le adelanto que se va a celebrar en fechas próximas
un convenio-marco con el Insalud y se van a ampliar las plazas de
prestación en la Cruz Roja; también estamos haciendo gestiones con otras
instituciones públicas y privadas.
Por último, y para acabar, hay un tema que nos preocupa y es diseñar
normativamente lo que queremos que sea el contenido de las plazas de la
prestación social sustitutoria. Lo que no podemos decir es: Como tenemos
un atraso de tanto número, vamos a colocar donde sea.
Efectivamente, hay que definir el perfil y el contenido de lo que
queremos que sean esas plazas, y eso se tiene que hacer desde un punto de
vista reglamentario, porque también, en función del verdadero contenido
de lo que queremos que sean las plazas, el marco de actuación será con
unas instituciones, con unos organismos o con otros. Eso va íntimamente
unido a lo anterior y también, ya en otro marco global, a los estudios, a
los trabajos que se están haciendo respecto a la ley del servicio civil.
Pero, más a corto plazo --insisto--, está el estudio de la oficina, la
posibilidad de descentralizar, firmar convenios con distintas
instituciones y definir normativamente lo que queremos que sea el
contenido de las plazas de prestación social sustitutoria.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LAZARO: Yo celebro que el final de la intervención de la
señora Subsecretaria palíe, de alguna forma, un poco el efecto
preocupante del comienzo, porque, efectivamente, la señora Subsecretaria
nos ha dicho que el problema de atrasos o incluso la propia evolución
futura de la demanda no se va a resolver de una manera inmediata con las
medidas de agilización que se pretende tomar ahora; me ha parecido muy
interesante su afirmación del final que ha hecho alusión a la necesidad
de diseñar normativamente el contenido de las plazas de la prestación
social sustitutoria.
Efectivamente --coincidimos en ese punto de vista con usted--, una bolsa
de bloqueo o una bolsa de objetores pendientes de realizar esa prestación
social sustitutoria no sólo no debe ser causa de que «todo valga» --entre
comillas--, sino que precisamente debe ser, como ha dicho la señora
Subsecretaria, un incentivo para determinar mucho mejor qué es lo que se
quiere que sea esa plaza de realización de la prestación social
sustitutoria.
Ha hablado la señora Subsecretaria de la realización de una inspección en
la oficina. La propia Oficina de Gestión, ante la situación de bloqueo,
pidió en su momento que la Inspección operativa de servicios hiciera una
inspección, precisamente para liberar su propia responsabilidad y para
dejar bien sentado que las situaciones de disfuncionalidad que se estaban
produciendo no venían por una cuestión de inhibición o de pasividad en el
trabajo de la oficina, sino por una situación general de falta de medios,
en muchos casos y, sobre todo, de una situación sobrevenida, que
desbordaba las propias previsiones.
Me parece una idea interesante, por lo que supone de facilitar el
contacto con los objetores en la agilización de los trámites necesarios,
la idea de descentralizar los servicios de esa oficina. Yo creo que ese
conjunto de
cuestiones que ha apuntado la señora Subsecretaria en lo que no puede
quedar es en una enunciación de principios, que aquí compartimos, sino
que se tiene que llevar inmediatamente a la práctica; también lo que es
la resolución del problema de fondo, que incide precisamente en la
necesidad, como indicaba la señora Subsecretaria, de buscar nuevas plazas
de destino para poder cubrir tanto esa bolsa pendiente como la evolución
de la futura demanda.
Sobre esas cuestiones, con las que podemos estar de acuerdo, con las que
estamos de acuerdo si efectivamente se llevan a la práctica con
inmediatez, hay que tomar como referencia --vuelvo a insistir-- la
situación actual, y el último informe interior, emitido por la propia
Oficina de Gestión, de fecha 12 de julio, marca una serie de
conclusiones, que voy a mencionar y que son precisamente las que han de
motivar que esta enunciación de principios que ha hecho la señora
Subsecretaria pueda ser cuanto antes llevada a la realidad.
En ese informe, de fecha 12 de julio, la Oficina de Gestión dice
literalmente que el número de puestos para realizar la prestación es
insuficiente y sobre todo dice que el actual sistema empieza a quebrar.
Dice la oficina que, de mantenerse el incremento continuado del número de
objetores, se generalizarán aún más las actuales disfunciones en tanto en
cuanto no se lleve adelante lo que precisamente ha señalado la señora
Subsecretaria, es decir, la búsqueda de esa nueva posibilidad de creación
y de oferta de plazas.
Dice literalmente que la responsabilidad del actual estado de cosas
corresponde a la Administración, que ha sido hasta ahora demasiado cauta
y no ha asumido su parte en la consolidación de la prestación social.
Nosotros no entramos a calificar esta afirmación, pero está en ese
Informe.
El informe dice que la participación de ayuntamientos y entidades
privadas para la creación de plazas tiene un techo y que las gestiones
iniciadas por la oficina con el Ministerio de Asuntos Exteriores y con el
Insalud para crear más puestos se encuentran estancadas. Imaginamos que
la referencia que ha hecho la señora Subsecretaria contribuirá a comenzar
a corregir este dictamen del Informe.
Dice también el informe que se debería contar con tres puestos ocupables
por cada objetor como «ratio» ideal, aunque dos sería la «ratio»
necesaria y mínima imprescindible y, sin embargo, en la actualidad
--señala el informe-- por cada plaza hay tres objetores pendientes de
hacer la prestación. Advierte que uno de los principales inconvenientes
es la falta de una dotación presupuestaria adecuada que permita a la
Administración trasvasar objetores de las comunidades saturadas, como
Madrid, la Comunidad Valenciana, Asturias, Navarra y el País Vasco
principalmente, a otras comunidades o municipios con plazas disponibles.
Finalmente, hace referencia a algunas dificultades de tipo
presupuestario, especialmente en pagos relativos a vales de vestuario,
que están determinando que un porcentaje de objetores abandonen la
prestación amparándose en estos incumplimientos.
En definitiva, yo creo que esta realidad del informe, que es muy
reciente, de fecha 12 de julio, tiene que motivar mucho más la urgencia
de los enunciados generales que la señora Subsecretaria nos ha expuesto
esta mañana y que, de llevarse a la práctica, como ya antes señalaba,
contaría, desde luego, con el apoyo de nuestro Grupo.
El señor PRESIDENTE: La señora Subsecretaria tiene la palabra.
La señora SUBSECRETARIA DE JUSTICIA (Robles Fernández): Lo que le puedo
decir es que no dude el señor Diputado, que lo que yo le he avanzado aquí
no son meros principios, sino que están empezando ya a llevar a la
práctica.
--SOBRE REFORZAMIENTO DE LA PROTECCION LEGAL DEL MENOR EN ESPAÑA.
FORMULADA POR EL SEÑOR GIL LAZARO (GP). (Número de expediente
181/000167.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 7 sobre reforzamiento de la
protección legal del menor en España. El autor también es el señor Gil
Lázaro, que tiene la palabra.
El señor GIL LAZARO: Todos estamos de acuerdo en que la Ley 4/1992 supuso
un avance muy notable sobre la situación anterior. Ahora bien, es obvio
que hacen falta, al menos desde nuestro punto de vista, nuevas
disposiciones de carácter normativo que reafirmen ese fin protector y
hace falta también dotar adecuadamente, desde un punto de vista material,
las previsiones de esa Ley 4/1992 para que puedan hacerse efectivas,
hecho este último que no está resultando sencillo en la experiencia
práctica de aplicación de la Ley.
La necesidad de completar el actual cuerpo legal queda reconocido en la
propia exposición de motivos de la Ley 4/1992 cuando define a ésta con
carácter de reforma urgente que adelanta parte de una renovada
legislación sobre reforma de menores que será objeto de medidas
legislativas posteriores.
Lo cierto es que el actual texto legal presenta algunas notables lagunas;
por ejemplo, y sin querer ser exhaustivo, desde nuestro punto de vista,
las relativas a aspectos tales como la regulación de los aspectos
esenciales de la ejecución de las medidas sancionadoras, que debían ser
posteriormente desarrolladas por las comunidades autónomas; el régimen
disciplinario aplicable al menor por la Administración durante el
cumplimiento de las medidas, así como el alcance del control judicial y
del ministerio fiscal en cuanto al respeto de los derechos del menor no
limitados por el contenido de la resolución judicial por la que se impone
la medida; la delimitación precisa de las funciones que corresponden al
juez en función del principio constitucional de exclusividad de la
jurisdicción para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado y de las que
corresponden a la Administración con su necesaria potestad
autoorganizativa; la regulación de los principios a los que debe
responder el tratamiento que se presta al menor que cumpla una medida
reformadora en aspectos tales como el reconocimiento del derecho
fundamental a la educación y, en especial, a los niveles obligatorios de
enseñanza; seguimiento sobre la evolución del menor; derecho de visitas
de padres, parientes o allegados; asistencia médica; libertad religiosa o
reconocimiento del derecho a las comunicaciones telefónicas o por
correspondencia.
Igualmente otros aspectos como la previsión específica de vías de recurso
interno y ante el juez y la fijación de normas para la participación del
menor en el funcionamiento del centro o servicio.
Todas estas cuestiones no han sido todavía abordadas siendo actualmente
insatisfactorio el marco establecido en la disposición adicional tercera
de la Ley en la que se declara que la ejecución de las medidas adoptadas
por los juzgados de menores corresponde a las entidades públicas
competentes en la materia, porque esa declaración sin más deja un terreno
abonado a posibles actuaciones incompatibles con el espíritu mismo de la
ley.
La premisa esencial es que sigue haciendo falta una ley, como antes
decíamos, que de manera integral resuelva el enfoque de todas las
cuestiones que afectan a la protección del menor. Reiteradamente se nos
viene hablando de la pronta tramitación ante las Cámaras de una ley de
derechos del niño que, sin embargo, nunca termina de llegar.
La instrucción número uno de la Fiscalía General del Estado deja muy
claro que la Ley 4/1992 se limita a completar los vacíos normativos que
se producen como consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional
de 14 de febrero de 1991, lo que significa la pervivencia, en parte, de
la Ley de 1948, que a su vez conlleva numerosas dificultades de
aplicación que se han ido poniendo de manifiesto desde su promulgación y
no podemos sentirnos satisfechos por esa pervivencia en parte de la Ley
de 1948.
Tampoco hay que olvidar que, en cuanto al derecho de protección del
menor, la Ley 21/1987, de 11 de noviembre, supuso una renovación
importante, pero que, al ser una ley que establece un acusado
protagonismo de las administraciones públicas y a su vez la necesaria
intervención del fiscal y de los jueces de menores, el éxito de la
ejecución de esta Ley dependerá del buen funcionamiento de las
instituciones públicas y de la adecuada coordinación entre éstas y de
éstas con los jueces y fiscales.
Aparece, por tanto, como imprescindible, desde nuestro punto de vista, lo
que aún sigue siendo también una realidad por alcanzar, esto es, una
nueva estructura administrativa debidamente dotada y coordinada y que
desde ahí tanto el ministerio fiscal como los jueces puedan actuar con
agilidad, propiciando su especialización y la puesta a su disposición de
equipos técnicos que respalden su gestión, desde un punto de vista
científico.
Hace falta igualmente que las comunidades autónomas dicten normas de
desarrollo de la Ley 21/1987 y una inteligente planificación de los
recursos materiales disponibles en relación con las necesidades reales y
las prioridades más urgentes. En definitiva, hace falta, de una vez por
todas, poder comenzar con la tramitación parlamentaria de esa futura ley
de derechos del niño que pueda poner al día nuestra legislación, que
pueda acomodar íntegramente nuestra legislación al espíritu
constitucional y que, por tanto, pueda cumplimentar con ese fin de
protección y de prevención que todos deseamos y que es especialmente
urgente, desde luego, habida cuenta determinados fenómenos nuevos que se
están produciendo en nuestra sociedad y que afectan al ámbito del menor,
amén de la continuidad de fenómenos tradicionales y que ya están en la
mente de todos.
Por eso, señora Subsecretaria, preguntamos qué medidas urgentes de
carácter legislativo tiene previsto el Gobierno para el reforzamiento de
la protección legal del menor en España.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Subsecretaria.
La señora SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA (Robles Fernández):
Como muy bien ha dicho el señor Diputado, la Ley Orgánica 4/1992, que se
configuró, y así lo dice la exposición de motivos, con un carácter
parcial y urgente, vino a suponer un cambio cualitativo fundamental en el
tratamiento del régimen de los menores, desde el punto de vista de la
represión de los mismos, porque, en definitiva, lo que se hizo con esa
Ley fue adaptar el procedimiento de los menores a los principios
constitucionales, que no se habían asumido todavía en el ordenamiento
jurídico. En ese sentido, hay que hacer una valoración positiva de la Ley
4/1992, porque ha asumido esos planteamientos constitucionales.
Somos conscientes de que éste es el primer paso en ese marco de la
protección de los derechos del menor y somos conscientes de que esa Ley
que, como he dicho, tenía un carácter urgente, ha de desarrollarse. Y ha
de desarrollarse no en otro marco normativo, sino dentro de lo que prevé
la propia Ley. Desde el Ministerio de Justicia sabemos que es necesario
dotar a los juzgados de menores de mayores equipos técnicos para que
dichos juzgados no se encuentren desamparados a la hora de dictar un
pronunciamiento. Sabemos que es necesario dotar de soluciones reales, y
no puramente teóricas, en el marco de las medidas de tratamiento de los
jóvenes. Somos también conscientes de que es necesaria la implicación de
las comunidades autónomas porque, en definitiva, todo el tema de menores
tiene un gran marco competencial.
En definitiva, hay que apurar hasta el fondo el contenido normativo de la
Ley 4/1992, que, en el terreno de los principios, ha supuesto un cambio
cualitativo fundamental, pero quizá --y ello es una reflexión que hacen
jueces y fiscales de menores--, desde el punto de vista de la realidad
práctica, a veces no se ha llegado. En ese sentido, desde el Ministerio
de Justicia se asume un compromiso en el sentido de dotar de aquellos
medios necesarios para hacer reales todas las previsiones de la Ley
4/1992.
Del mismo modo hay que decir que, por lo que se
refiere al Gobierno, ha asumido el compromiso de llevar a la práctica,
desde el punto de vista legislativo, las previsiones de la Convención
sobre los Derechos del Niño. En ese marco me consta --y lo ha dicho la
propia Ministra de Asuntos Sociales-- que desde el Ministerio de Asuntos
Sociales se está trabajando ya en un texto que haga efectivos los
pronunciamientos y postulados de esa Convención. El Ministerio de
Justicia, naturalmente, va a trabajar en esa línea de protección de los
menores, que es la que preside la Ley 4/1992, y no dude el señor Diputado
que es la que inspira cualquier actuación que desde el Ministerio de
Justicia se realice en relación a los menores.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LAZARO: Agradezco enormemente el compromiso expresado por la
señora Subsecretaria en cuanto a la adopción de las medidas materiales
precisas para poder hacer efectivo, desde un punto de vista también
material, las previsiones de la Ley 4/1992. Porque le consta a la señora
Subsecretaria, como nos consta a nosotros, las enormes dificultades
materiales que tanto los jueces como especialmente los fiscales de
menores --y hubo un reciente estudio planteado en la reunión del Consejo
Fiscal de marzo-abril de este año-- están encontrando para poder ejecutar
efectivamente los contenidos y las competencias que la Ley 4/1992 les
determina.
Nosotros venimos ya recogiendo desde hace tiempo la promesa del
Ministerio de Asuntos Sociales de abordar esa inmediata redacción de la
ley de derechos del niño. Pero reconociendo, como yo señalaba en el
comienzo de mi intervención, el importante avance que supuso esa ley de
reforma urgente de la Ley 4/1992, seguimos diciendo que, habida cuenta de
determinados fenómenos nuevos, al margen o añadidos a los fenómenos
tradicionales que inciden sobre el menor, sigue haciendo falta en nuestro
país --si usted me permite la expresión-- un código único, que pueda
recoger todos los aspectos jurídicos que afectan a la protección legal
del menor.
Yo no quiero simplemente señalar disfuncionalidades, sino también exponer
nuestro propio criterio. En ese sentido, mi Grupo establece que en este
momento el posible acceso a ese código único, que contemplara la adecuada
protección legal a los derechos del menor, pasaría por reconocer una
serie de necesidades y de realidades. En primer lugar, por potenciar los
recursos de prevención de la marginación infantil. En segundo lugar, por
abordar un tratamiento global de la situación jurídica del menor que
permita analizar las carencias y vicios normativos de cara a conseguir
que ese futuro proyecto de ley de derechos del niño, tantas veces
anunciado, sea una pronta y definitiva solución. En tercer lugar,
promover la especialización del Ministerio Fiscal y potenciar la
actuación de los grupos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
encargados de temas de menores. En cuarto lugar, garantizar la aplicación
inexcusable de los principios contenidos en los artículos 24 y 25 de la
Constitución como presentes en la actuación de jueces, fiscales y centros
de reforma. En quinto lugar, definir y diseñar el tipo de centro
asistencial de acogida al menor, cuestión ésta que nos parece básica no
solamente desde un punto de vista material, sino desde un punto de vista
jurídico formal. En sexto lugar, concienciar a la opinión pública sobre
la necesidad del respeto máximo a la protección del derecho al honor y a
la intimidad de los menores, y especialmente a la utilización de la
imagen del menor en los medios de comunicación social. En séptimo lugar,
articular intensas medidas contra los malos tratos. En este sentido, mi
Grupo piensa que es necesario acentuar los elementos preventivos y
represivos en nuestra legislación vigente para acabar con esta realidad
que, por desgracia, sigue teniendo una incidencia anual notable en
nuestro país. En octavo lugar, propiciar y consolidar un turno de
asistencia letrada especializada para el menor y ésta sería, sin lugar a
dudas, una novedad sustancial que deberíamos introducir también en
nuestro ordenamiento y en nuestra práctica jurídica. En noveno lugar,
acentuar la sustitución del internamiento en centros residenciales por
otras fórmulas alternativas susceptibles de reproducir el ambiente
familiar y, desde luego, promover la más frecuente utilización de la
figura del acogimiento familiar. Nos consta que la Administración viene
orientando por ahí su camino, pero seguimos viendo que hay una
precariedad de medios para poder hacer mucho más amplia esta fórmula
alternativa a la del mero internamiento. En décimo lugar, establecer
planes de previsión para que los menores que han sido tutelados por la
Administración puedan recibir, al llegar a su mayoría de edad, el apoyo
preciso para el desarrollo de su plena personalidad como adultos. Este es
un aspecto básico, porque precisamente las carencias de tipo social,
familiar y psicológico que padece el menor en situación de internamiento
o de acogida son mucho más notorias cuando termina esa situación de
acogida y se tiene que enfrentar solo al mundo externo, una vez alcanzada
esa mayoría de edad. Finalmente, intensificar la colaboración entre la
Administración y las organizaciones no gubernamentales dedicadas a la
protección de la infancia.
Se trata, en definitiva, señora Subsecretaria, de conseguir de una vez
por todas que el conjunto de problemas que afectan al desarrollo y
protección de los derechos del niño no siga siendo en la sociedad
española lo que hoy es, que es una cuestión de alto, de altísimo consenso
teórico, pero, a veces, de baja intensidad práctica o de baja intensidad
material, y es que, en definitiva, como ha recordado --y quiero hacer
mención hoy de esa cita porque me parece oportuno-- la Defensora del
Pueblo en funciones --cito literalmente-- la manera en que una sociedad
trata a sus niños refleja no sólo sus cualidades de compasión y atención
protectora, sino también principalmente su sentido de justicia, su
compromiso de futuro y su impulso para mejorar las condiciones humanas en
las generaciones venideras.
No tenga duda, señora Subsecretaria, de que en la medida en que la
Administración esté dispuesta, tanto en el plano normativo como en el
plano material, a avanzar --y
creemos que en cuanto a intención política lo está-- en el reforzamiento
de esa protección legal y material del menor en España, contará siempre,
a veces desde posiciones críticas, con el apoyo de nuestro Grupo.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Subsecretaria.
La señora SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA (Robles Fernández):
Insisto en lo que le he dicho. Por parte del Gobierno es una prioridad, y
está trabajando en ello, llevar a la legislación española esos postulados
de la Convención sobre los derechos del niño, que son los que ha recogido
S. S. en su intervención.
Como compromiso puntual del Ministerio de Justicia, vuelvo a repetir lo
que le he dicho. Creemos que la Ley 4/1992 supuso un avance muy
importante, pero no queremos que sea sólo en el mero terreno de los
principios; queremos que eso se traduzca en realidades concretas. Por eso
le decía y le vuelvo a decir que vamos a poner todos los medios para
reforzar los equipos de juzgados de menores, de fiscalías de menores y
para acentuar la colaboración con las comunidades autónomas. Estamos
absolutamente abiertos a todas las sugerencias y a todas las propuestas
que, por parte de órganos jurisdiccionales y de profesionales, se nos
hagan en orden a la mejora de la aplicación efectiva de dicha ley.
--SOBRE MEDIDAS PARA CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA
ADMINISTRACION DE JUSTICIA. FORMULADA POR LA SEÑORA AGUILAR RIVERO (GRUPO
IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA). (Número de expediente
181/000204.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 8: medidas para corregir las
deficiencias de funcionamiento de la Administración de Justicia. La
autora es doña Rosa Aguilar Rivero y formula la pregunta el señor
Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Señora Subsecretaria, la pregunta tiene un
importante contenido abstracto en la medida en que se plantean, con
carácter genérico, las medidas que se van a llevar a cabo para corregir
las deficiencias de funcionamiento en la Administración de Justicia. Yo
intentaría mantenerla en ese nivel abstracto, pero quisiera, a efectos de
que entendiera el sentido de la pregunta, llevar a la señora
Subsecretaria la reflexión en relación con la anterior intervención que
hemos mantenido en esta misma Comisión.
Hemos tenido ocasión de poner de manifiesto deficiencias, en nuestra
opinión, importantes que se producen en el funcionamiento de la
Administración de Justicia en un sitio concreto, en el caso concreto de
la Comunidad Valenciana, pero la señora Subsecretaria decía con buen
criterio que entendía que no eran específicas, que no era una
característica localista de la Comunidad Valenciana, sino que, en buena
medida, corresponden a un estado de la Administración de Justicia en
nuestro país en el que es cierto --y compartimos sus afirmaciones-- que
se han producido avances importantes, pero, a su vez, sigue siendo real
que hay deficiencias, también notables, que tienen una incidencia
negativa.
En la contestación que ha dado la señora Subsecretaria a las posiciones
que le planteábamos en relación con ese tema concreto, se nos venía a
insistir en una idea que reiteradamente se ha hecho pública por parte del
Ministro de Justicia y, en definitiva, de todos los altos cargos
ministeriales: la necesidad de un pacto de Estado para abordar los
problemas de justicia.
Qué duda cabe de que ésta es una afirmación con la que nadie puede estar
disconforme. Hablar de un pacto de Estado para abordar una problemática
tan importante como la Administración de Justicia en un Estado de Derecho
y la constatación de una serie de deficiencias importantes, en
definitiva, es algo que se impone por su propio peso y con el que todas
las fuerzas políticas tenemos que estar, necesariamente, de acuerdo.
Ahora bien, cuando se entra en el contenido concreto de esa idea, en
nuestra opinión, cabe observar un anverso y un reverso. Un anverso, por
comenzar con lo positivo, que sería, utilizando las palabras que usted ha
dicho, priorizar un marco normativo procesal que agilice la
Administración de Justicia. Sin lugar a dudas, eso es positivo y lo
apoyamos. También apoyamos todo otro proceso de reforma normativa que
permita no ya agilizar la Administración de Justicia, sino modernizar el
conjunto de derechos y obligaciones de nuestro país. Por ejemplo, las
reformas que abordan la Ley del aborto, etcétera, toda una serie de
medidas que profundizan en la democracia en nuestro país, en la igualdad.
Con todo eso, sin lugar a dudas, estamos absolutamente de acuerdo y
seremos un apoyo importante de las medidas que se orienten en esta
dirección.
Pero hay también un reverso en esa idea del pacto de Estado y ahí es
donde se pueden producir las dificultades. Ese reverso sería --tal como
decía usted en unos términos quizá eufemísticos-- que los medios
materiales no son la única solución de los problemas de la Administración
de Justicia. Yo contesté que, desde luego, ésa es una de las soluciones,
y quizá, en estos momentos, es la que peca de menos atención por parte
del Ministerio, como consecuencia, evidentemente, de una situación
económica general, pero que, sin lugar a dudas, va a traducirse en que
toda una serie de deficiencias importantes en la Administración de
Justicia no va a tener atención.
En esta idea que nos parece que es un poco la posición que en este
momento mantiene el Ministerio de Justicia y que podría ser la posición
del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, le
hacíamos la pregunta concreta acerca de las medidas que piensa poner en
práctica para corregir las deficiencias que hoy son constatables en la
realidad de la Administración de Justicia.
El señor PRESIDENTE: Señora Subsecretaria.
La señora SUBSECRETARIA DE JUSTICIA (Robles Fernández): En cuanto a la
pregunta concreta, para poder decir las medidas concretas tendríamos que
estar aquí casi dos horas, porque es prácticamente el contenido de la
intervención del Ministro de Justicia en esta misma Comisión. Por tanto,
si me permite, voy a hacer un resumen de las mismas, porque, además, creo
que se conocen perfectamente.
Hay algo que ha dicho S. S. que me parece muy importante y es que desde
el Ministerio de Justicia hemos venido reclamando, insistentemente, el
pacto de Estado por la Administración de Justicia. Creemos --y lo creemos
de verdad-- que cualquier medida que se vaya a tomar para hacer esa
Administración de Justicia, como tantas veces hemos dicho, más ágil, más
eficaz, más cercana al ciudadano, más servicio público, se requiere la
colaboración de todos los grupos políticos y de todos los agentes
sociales. Eso es un presupuesto de carácter fundamental. Cualquier medida
que vayamos a realizar tiene que ser dentro de ese marco del pacto de
Estado.
Por sintetizar, porque, como digo, si fuéramos a todas las medidas
concretas, esta sesión se dilataría mucho en el tiempo, lo centraría,
tomando su propio análisis, en dos grandes puntos de vista: el contenido
normativo y el contenido dijéramos más de medios materiales y de medios
económicos.
En cuanto al contenido normativo, sobre el que he dicho varias veces que
me parece prioritario, es evidente que hay que tender hacia una
agilización de los procedimientos. Si no existe esa agilización de los
procedimientos, por mucha inversión que hagamos en medios económicos y
materiales el ciudadano no verá una respuesta efectiva. Hemos de ir, por
tanto, hacia unos cauces procedimentales mucho más ágiles, mucho más
breves, que permitan una inmediación por parte del juez, es decir, que el
juez tome declaración directamente a todos los ciudadanos. De ahí que
pensemos que las reformas procesales, civiles, penales y
contencioso-administrativas sean fundamentales, sin obviar la reforma de
la Ley Orgánica del Poder Judicial, respecto a la cual, como saben, la
primera fase de reforma parcial y urgente está prácticamente terminada y
creo que próximamente se remitirá al Congreso de los Diputados.
El marco de reforma procedimental nos parece fundamental y, como decía
anteriormente --y retomo la línea argumental--, si tenemos un
procedimiento más ágil, un procedimiento con menos trámites, lógicamente
se van a abaratar los precios de la Administración de Justicia. Eso es
así porque en la medida en que hoy los procedimientos duran tres, cuatro,
cinco, o incluso doce años --por referirnos al procedimiento de Tous, al
que hemos hecho mención--, aparte de lo que incide negativamente en los
ciudadanos, tiene unos costes económicos importantes, ya que el número de
funcionarios que se exige es mucho mayor y el número de medios materiales
también es mucho mayor. Por eso, si el marco procedimental es un marco
mucho más sencillo, necesariamente se van a abaratar los costes de la
Administración de Justicia.
Por todo ello yo decía que el planteamiento de los medios materiales y
económicos ha de estar subordinado al marco normativo que deseemos, desde
el punto de vista procedimental y desde el punto de vista de la oficina
judicial que queramos, porque, según la conclusión a que lleguemos en
este marco de pacto del diseño de oficina judicial, es evidente que los
medios personales y los materiales o económicos van a ser unos u otros.
Por tanto, habrá que optar por un modelo de oficina judicial y, a partir
de ahí, extraer unas consecuencias.
Pienso que no sería prudente hacer un diseño de medios materiales y
económicos si previamente no estamos todos conformes en el marco
normativo que queremos, tanto procedimental como de funcionamiento de la
propia oficina judicial. Por eso decía que, en el ámbito de las reformas
legales, las reformas procesales, la reforma de la oficina judicial y la
propia reforma de la Ley de Planta y Demarcación nos parece fundamental.
Hay que decir que, en este momento, en la Ley de Planta y Demarcación
faltan órganos judiciales en determinados sitios, pero también hay
órganos judiciales que sobran, porque tienen unas competencias que pienso
que no son suficientes como para mantener el funcionamiento de ese órgano
judicial y, sin embargo, están comportando una inversión. Hay que hacer
un análisis concreto de la geografía española respecto a los órganos
judiciales, dónde hacen falta y dónde no hacen falta. Y visto donde no
hacen falta habrá que quitarlos, y donde hacen falta habrá que ponerlos;
pero haciendo el análisis previo, repito, de la configuración de oficina
judicial que nosotros queremos.
Por consiguiente, ése es el marco que nos parece prioritario porque de él
se va a derivar todo lo demás. Si sabemos el modelo, sabremos lo que
necesitamos para ese modelo que queremos que entre en funcionamiento. Se
me puede decir que ese proceso a lo mejor se dilata en el tiempo, y que,
mientras tanto, hay una situación concreta que exige unas respuestas
también concretas. Por ello decía el Ministro en su comparecencia que hay
una serie de cuestiones prioritarias y que estamos en condiciones de
ofrecer, según hemos hecho. Por ejemplo, experiencias como las de los
juicios rápidos que queremos que se desarrollen en las grandes ciudades,
y que de hecho se están desarrollando en Barcelona, nos parecen
absolutamente fundamentales. En Barcelona, insisto, con la aplicación de
la Ley se ha conseguido que el 70 por ciento de los juicios por delitos
menos graves se estén realizando en el plazo de 15 días, y con el marco
normativo que tenemos se pueden realizar en este momento en toda España.
Además, el Ministerio de Justicia, en cumplimiento del compromiso asumido
por el Ministro, ha hecho ya hace 15 días un ofrecimiento expreso a todos
los juzgados decanos de las grandes ciudades, salas de gobierno y
audiencias provinciales para poner a su disposición todos aquellos medios
materiales que necesiten para realizar juicios en ese plazo de 15 días.
Esta creo que es una medida concreta que podemos poner en funcionamiento,
sobre todo porque el Ministerio ha hecho ya ese ofrecimiento.
El Ministerio se ha comprometido también, y estamos en condiciones de
decir que próximamente se va a llevar a la práctica, al tema de los
horarios en los órganos judiciales. Creemos que esa Administración de
justicia cercana al ciudadano exige dar una respuesta inmediata, y, aun
cuando sea puramente simbólico, excede del simbolismo en el sentido de
que hay que exigir que los funcionarios den esa atención directa que
dichos ciudadanos exigen. También estamos en condiciones de adelantar que
para el mes de enero, sobre todo en las grandes ciudades, va a haber
mecanismos de control de cumplimiento de los horarios por parte de los
funcionarios. Igualmente, para el mes de enero estaremos en condiciones
de intentar agilizar todo el tema de las guardias en las grandes
ciudades.
Algo que nos parece fundamental es el respeto al principio de inmediación
por parte de los jueces. Por eso queremos dar aquella estructura y
aquellos medios que les permitan trabajar en unas condiciones de
comodidad y de asunción de la problemática que comporten el que puedan
atender directamente a los ciudadanos.
Estas son las cuestiones que vamos a hacer más a corto plazo, yo casi me
comprometería a decir que en un plazo de uno o dos meses. Por lo demás,
repito, la problemática de los medios materiales, que yo no digo que no
sea importante, no se puede hacer aisladamente sin enmarcarlo dentro del
contexto de procedimiento y de diseño de oficina judicial que queremos.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Muy brevemente, porque de la intervención de la
señora Subsecretaria se desprende con claridad la preocupación
prioritaria por parte del Ministerio de abordar reformas normativas.
Nuestro Grupo comparte esa preocupación en los dos aspectos de que se
hablaba, tanto en lo que se refiere a la agilización de procedimientos
como en todo lo que sea profundizar en el conjunto de derechos y
libertades de los ciudadanos. Profundizar la democracia en nuestro país
nos parece que es una tarea muy importante, pero también nos parece
importante insistir en que hacen falta medidas inmediatas de dotación de
medios materiales.
Ha hecho mención la señora Subsecretaria a determinadas medidas, incluso
en algún caso las ha calificado de simbólicas. Qué duda cabe que los
símbolos tienen mucha importancia. En ocasiones, los símbolos no son
simplemente símbolos, son realidades operativas del día a día que los
ciudadanos pueden constatar. Todo ese tipo de medidas también son
necesarias.
La idea del pacto de Estado nos parece positiva, y estamos dispuestos a
trabajar en la misma. Pero asumamos todos que el pacto de Estado requiere
no sólo reformas normativas, sino también disposición de medios
materiales. En este sentido, la Administración tiene que hacer un
esfuerzo importante.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Subsecretaria.
La señora SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA (Robles Fernández):
Señor Diputado, no dude que el Ministerio de Justicia va a hacer todos
esos esfuerzos que usted reclama.
--SOBRE OPINION DEL GOBIERNO ACERCA DE LOS DATOS CONTENIDOS EN LA MEMORIA
DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO RELATIVOS A LA EVOLUCION DE LOS DELITOS
Y DE LA DELINCUENCIA EN LA PROVINCIA DE VALENCIA DURANTE EL AÑO 1992.
FORMULADA POR EL SEÑOR GIL LAZARO. (Número de expediente 181/000218.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 9, sobre opinión del Gobierno acerca
de los datos contenidos en la Memoria de la Fiscalía General del Estado
relativos a la evolución de los delitos y de la delincuencia en la
provincia de Valencia durante el año 1992.
Tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LAZARO: En la Memoria de la Fiscalía General del Estado
correspondiente a 1992 se señala que, en el orden cuantitativo, la
criminalidad en la provincia de Valencia aumentó en 1992. Se señala
también que, salvo algunos de los delitos cometidos por funcionarios
públicos en el ejercicio de sus cargos, y otros en los que los
funcionarios públicos son los sujetos pasivos --que han disminuido--, el
resto sufre un aumento nada esperanzador (expresión literal de la
Memoria).
Dentro de los delitos de apoderamiento destaca el significativo aumento
de los roles violentos, más 38,71 por ciento; en las defraudaciones, el
aumento fue del 26,58 por ciento, y del 23,94 por ciento en los delitos
de cheque en descubierto.
Igualmente son significativos los aumentos en los delitos de violación,
más 27,27 por ciento; agresiones sexuales, más 20 por ciento, y raptos,
más 31,57 por ciento. Dentro de los delitos contra las personas
disminuyen los asesinatos, menos 33,33 por ciento, y los parricidios,
menos 60 por ciento. Sin embargo, incrementan los homicidios en un 3,12
por ciento.
También según los datos de la Memoria, el número de diligencias previas
iniciadas en 1992 en la provincia de Valencia fue de 177.317, frente a
las 115.590 del año 1991, lo que supone un incremento de 61.727
diligencias y, por tanto, un aumento de las mismas en un 53,40 por
ciento, a lo que la Memoria añade literalmente que la importancia de las
cifras crece si se toma en consideración que Valencia significa casi un 8
por ciento del total nacional.
Respecto a juicios de faltas, la Memoria indica que en 1992 se celebraron
41.114, frente a los 28.349 del año anterior, lo que representa un
aumento de 18.765 y, por tanto, un incremento porcentual del 66,19 por
ciento.
Relacionando el número de diligencias previas con la población, resulta
que la provincia de Valencia, según datos de la Memoria, con una media
del 11,94 por ciento es la quinta provincia de España con mayor índice de
delincuencia. En conjunto cabe añadir también, según la propia Memoria,
que la comunidad valenciana se encuentra por debajo de la media nacional
en cuanto al número de delitos esclarecidos.
En resumen, desearíamos que se nos valoraran estos datos y, sobre todo,
que el Gobierno nos diga si son o no representativos de la verdadera
evolución del delito y de la delincuencia en la provincia de Valencia,
puesto que no podemos entender que mientras la Memoria dice que han
aumentado las violaciones y las agresiones sexuales en dicha provincia de
Valencia, el Inspector de Servicios de la Policía Nacional de aquella
ciudad nos diga que el aumento de los últimos años ha sido mínimo; o que,
por suerte, los problemas de delincuencia en Valencia son muy reducidos,
cuando la estadística de la Fiscalía General sugiere claramente otra
cosa; o que mientras el Fiscal señala que el conjunto de delitos en la
provincia de Valencia ha sufrido un aumento nada esperanzador, tal y como
citábamos anteriormente, el señalado Inspector de Servicios afirme que,
por lo general, los delitos importantes han dado, según su expresión
literal, un bajón impresionante.
En su virtud, queremos que el Gobierno nos dé su opinión acerca de los
datos contenidos en la Memoria de la Fiscalía General del Estado
relativos a la evolución de los delitos y de la delincuencia en la
provincia de Valencia durante el año 1992, o, si lo prefiere la señora
Subsecretaria, si estos datos realmente representan la evolución
auténtica de la delincuencia en la provincia de Valencia durante ese año
1992, porque según los datos de esta Memoria ha sufrido un aumento de
algo más del 53 por ciento.
El señor PRESIDENTE: La señora Subsecretaria tiene la palabra.
La señora SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA (Robles Fernández):
Señor Diputado, el Gobierno ha considerado siempre que la Fiscalía
General del Estado es un órgano integrado en el Poder Judicial, con
autonomía funcional, y que, por tanto, al Gobierno no le compete hacer
valoraciones, ni siquiera avalar los datos del contenido de las memorias
de dicha Fiscalía General del Estado.
El Gobierno, a la vista del contenido de esas memorias, podrá planificar
determinadas políticas de prevención, en su caso, o buscar soluciones,
pero entiende que, por la propia entidad del Ministerio Fiscal en ese
marco que le he dicho integrado en el Poder Judicial, no es oportuno
avalar ni entrar a valorar el contenido de las citadas memorias.
El señor PRESIDENTE: El señor Gil Lázaro tiene la palabra.
El señor GIL LAZARO: Yo podría estar de acuerdo con la afirmación de
principio que ha hecho la señora Subsecretaria en cuanto a un respeto
institucional a los datos que aporta la Fiscalía General del Estado y,
por tanto, que el Gobierno no entre a valorarlos ni a prejuzgarlos, si
efectivamente ese criterio del que ahora ha hecho gala la señora
Subsecretaria fuera escrupulosamente seguido por todas las autoridades
gubernamentales. Pero yo ya he hecho cita de un supuesto en el que
claramente no ha sido así, puesto que el Inspector de Servicios de la
Policía Nacional en Valencia, públicamente y a través de los medios de
comunicación ha hecho unas afirmaciones, si usted quiere unas
valoraciones implícitas en esas afirmaciones, que no casan en absoluto
con el sentido ni con los datos contenidos en la Memoria del Fiscal
General.
Pero voy aún más allá, señora Subsecretaria. Este Diputado se vio
sorprendido por un hecho, del que fue protagonista directo, absolutamente
inconcebible. Con ocasión de la recepción el pasado 12 de octubre en la
Delegación del Gobierno en la Comunidad valenciana con motivo de la
fiesta patronal de la Guardia Civil, y sin venir en absoluto a cuento --y
ése ha sido de alguna forma el origen de nuestra pregunta--, el Delegado
del Gobierno en la Comunidad valenciana, alguna importante autoridad
policial de aquella comunidad, y por tanto representante igualmente del
Gobierno, y también alguna autoridad judicial, empezaron a insistirle a
este Diputado sobre lo absolutamente erróneo y desfasado de los datos
contenidos en la Memoria de la Fiscalía General, le expresaron su
indignación, e incluso dijeron que pensaban realizar ante el Gobierno
determinadas gestiones --hago cita literal-- para que esos datos fueran
corregidos. Porque mientras que la Memoria del Fiscal General del Estado
afirmaba que los delitos en Valencia durante el año 1992 habían aumentado
en un 53 por ciento, estas autoridades (y no solamente a este Diputado
sino a quien lo quería oír) en ese acto afirmaban que eso era una
barbaridad y que los delitos habían disminuido en un 1,19 por ciento.
Evidentemente, esta es, cuanto menos, una situación kafkiana. En todo
caso, es una situación que no casa en absoluto con esa afirmación de
principio que S. S. ha hecho esta mañana. Creo que no se puede ir por ahí
diciendo, aunque sea «sotto voce», que los datos de la Memoria del Fiscal
General del Estado en relación con la evolución de la criminalidad en una
provincia son equivocados, y mucho menos puede ir diciéndolo el Delegado
del Gobierno.
Probablemente estas afirmaciones que ahora estoy haciendo aquí puedan ser
contradichas, si ese es el caso, por dicho Delegado del Gobierno, pero de
cualquier manera, si se produjera esa contradicción, el propio Delegado
del Gobierno y muchos otros testigos de aquella mañana saben
rigurosamente que lo que estoy diciendo es cierto.
Este Diputado, al final, se quedó con la tremenda duda de saber si la
evolución de la criminalidad en la provincia de Valencia había aumentado,
como decía literalmente la Memoria del Fiscal, en un 53,4 por ciento, o
había disminuido, como de una manera enfática decía el Delegado del
Gobierno en esa recepción, en un 1,19 por ciento.
En todo caso, hoy también me gustaría saber si el Delegado del Gobierno,
que en ese acto expresaba su indignación, ha hecho llegar al Ministerio
la formulación de esa indignación.
Lo cierto es que hoy los ciudadanos valencianos tenemos que pensar que la
estadística judicial es fiable, aunque en esta Comisión muy recientemente
algún Diputado afirmó que las estadísticas judiciales se caracterizaban
precisamente por su no fiabilidad. Nosotros tenemos que pensar que es
fiable, repito; tenemos que pensar que esos datos que el Gobierno hoy no
ha querido comentar en un tono institucional que podemos compartir son
auténticos; tenemos que pensar que, efectivamente, se ha producido ese
aumento del 53,4 por ciento, y tenemos que no entender la posición del
Delegado del Gobierno en esa recepción y su mensaje generalizado a los
allí asistentes de que eso era una barbaridad, de que el Fiscal General
del Estado, o en su nombre previamente alguien se había equivocado y que
él garantizaba que la delincuencia en Valencia había descendido en un
1,19 por ciento.
En todo caso, actuaciones o afirmaciones de ese estilo por parte de un
delegado del Gobierno no contribuyen en absoluto a aclarar las cosas.
El señor PRESIDENTE: La señora Subsecretaria tiene la palabra para
responder.
La señora SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA (Robles Fernández):
Supongo que respecto a lo que S. S. le preocupa referente a la
intervención del Delegado del Gobierno no soy la persona más adecuada
para responderle. En su caso, tendría que hacer esa observación al
Ministerio del Interior.
Desde el punto de vista institucional, en un Estado democrático y de
Derecho todas las instituciones han de ser absolutamente respetuosas con
las demás, y nosotros, como Gobierno, hemos de serlo necesariamente con
la Fiscalía General del Estado. Eso lo hemos repetido hasta la saciedad
en el Ministerio de Justicia, y queremos llevarlo hasta las últimas
consecuencias.
--SOBRE DESPLAZAMIENTO DE LA TITULAR DEL JUZGADO DE GRANADILLA DE ABONA
(TENERIFE) A LA ISLA DE LA GOMERA PARA ASISTIR A UNA VISTA ORAL EN UN
HELICOPTERO DE LA GUARDIA CIVIL EL DIA 24-7-93 FORMULADA POR EL SEÑOR
SORIANO BENITEZ DE LUGO (GP). (Número de expediente 181/000258.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 11, sobre
desplazamiento de la titular del Juzgado de Granadilla de Abona,
Tenerife, a la isla de La Gomera, para asistir a una vista oral en un
helicóptero de la Guardia Civil el día 24 de julio de 1993.
El señor Soriano Benítez de Lugo tiene la palabra.
El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: La pregunta que formulamos trae su
causa de la detención de un súbdito británico por dos miembros de la
Guardia Civil destacados en Playa Santiago, isla de La Gomera, el 6 de
febrero de este año.
Según fuentes jurídicas consultadas por este Diputado, se produjo un
altercado que terminó con la reducción del individuo y su traslado al
puesto de la Guardia Civil en la citada localidad, no sin antes visitar
al médico, ya que el detenido presentaba algunas lesiones.
Semanas después de produjo el juicio de faltas en el que el Magistrado de
San Sebastián de La Gomera no sólo absolvió al ciudadano británico, sino
que condenó a los dos números de la Benemérita a siete días de arresto
menor y a sufragar las costas judiciales.
Este extraño final para un juicio de faltas, en el que los testigos eran
condenados y el acusado absuelto, llevó a la presentación de un recurso
por parte del letrado de los guardias civiles ante la Sección penal de la
Audiencia Provincial. La Audiencia estimó la existencia de un defecto de
forma al no haber advertido el juez a los testigos que podían ser
considerados responsables de los hechos, por lo que anuló el juicio. Acto
seguido, la representación legal de los miembros del benemérito Cuerpo
recusó al juez de San Sebastián para que no fuese éste el encargado de
volver a resolver la cuestión, obligando a la Audiencia Provincial a
nombrar otro que resolviese el incidente. Y fue la titular del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número 3, de Granadilla --instructora de
otro famoso caso, el caso Maxwell-- la designada por la Audiencia para
tal cometido, fijándose como fecha para el nuevo juicio el día 27 del mes
de julio en la sede de vistas del Juzgado de San Sebastián de La Gomera.
Llega la fecha de la vista oral y la titular de dicho juzgado se desplaza
a La Gomera no a través de los medios usuales de transporte --existe
comunicación a través de unos «jet-foil» de la Trasmediterránea y de un
«ferry» de la Naviera Olsen, noruega--, sino a través de un costoso
helicóptero de la Guardia Civil, en días en que había pasaje disponible
por vía marítima, con un coste de 3.000 pesetas, que es lo que cuesta un
pasaje normalmente en el «ferry». Tengamos en cuenta que el «ferry» a
Gomera es un barco grande donde caben varios centenares de personas, y,
por supuesto, el abogado del ciudadano británico y el Ministerio Fiscal
se desplazaron en estos medios usuales de transporte a la Isla de La
Gomera.
El abogado del ciudadano británico puso los hechos en conocimiento del
Ministerio público, y la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias nos consta que ha investigado los hechos, al menos
según nuestras noticias. Además, la titular del citado Juzgado utilizó el
helicóptero el día 24 de julio, y el juicio no tenía lugar hasta el día
27, como hemos dicho.
Del asunto se hicieron eco todos los medios de comunicación, no sólo
regionales sino también nacionales, ya que durante ese fin de semana
--previo a la celebración de la vista y según el contenido literal de la
denuncia-- la juez disfrutó en La Gomera de un vehículo todo terreno a su
disposición para sus desplazamientos por la isla, y añade la denuncia que
un funcionario de la Guardia Civil viajó con ella desde Tenerife.
Finalmente, el juicio no llegó a celebrarse, ya que al comenzar la sesión
y tener conocimiento de estos hechos, el letrado del ciudadano británico
recusó a la juez propuesta, a lo que el Ministerio Fiscal no se opuso.
Sin embargo, hay que precisar que, por lo que parece, lo que motivó la
recusación fue la coincidencia entre el Cuerpo a que pertenece el
helicóptero y el cometido que llevaba a la juez a la isla, y no el hecho
en sí de utilizar el helicóptero.
Según la denuncia que estudia la Sala de gobierno del Tribunal Superior
de Justicia de Canarias, el 21 de julio la juez cursó un oficio dirigido
a la Guardia Civil en el que solicitaba la puesta a su disposición del
aparato. El helicóptero volvió a buscarla el día 27, mientras que el
Fiscal y el abogado, como he indicado, utilizaron en sus desplazamientos
los procedimientos normales.
Al parecer, también el Consejo General del Poder Judicial ha abierto
expediente disciplinario a la juez, y en un periódico de tirada nacional
he leído que la denuncia fue interpuesta por el anterior Director General
de la Guardia Civil --y cito literalmente-- al sospechar que la juez
pidió el helicóptero con otros fines, insinuando la existencia de otro
tipo de circunstancias en las que no quiero entrar.
Mi pregunta se concreta en cómo explica el Gobierno las circunstancias
que concurrieron en este traslado a la isla de La Gomera, por parte de la
juez de Granadilla, utilizando un tan excepcional medio de transporte.
¿Es usual utilizar este medio de transporte para trasladarse entre las
islas los funcionarios de la Administración de justicia en Canarias?
¿Cuánto costó la utilización de este inusual medio de transporte?
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Subsecretaria.
La señora SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA (Robles Fernández):
Veo que S. S. conoce perfectamente la evolución de la actuación de la
juez de Granadilla de Abona mucho mejor que el Ministerio de Justicia,
que no tiene conocimiento alguno. Y no tiene ningún conocimiento porque
--como perfectamente usted ha dicho-- todo eso se desarrolló en el marco
de un procedimiento judicial, en unas diligencias acordadas por la juez,
incluida la solicitud del medio de transporte, y, por tanto, desde el
Ministerio de Justicia se es absolutamente respetuoso con cualquier
actividad que, por lo menos formalmente, tenga el carácter de
jurisdiccional. Si formalmente tiene, repito, el carácter de
jurisdiccional, el Ministerio de Justicia nunca va a entrar a valorarla,
y entiende que ha de ser el Consejo General del Poder Judicial el que, en
su caso, adopte las medidas que estime oportunas.
Simplemente le diré que el Ministerio de Justicia, como tal, no tiene
ningún conocimiento de los hechos que S. S. ha puesto aquí de relieve.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Soriano Benítez de Lugo.
El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: En primer lugar, tengo que aclarar que
yo formulé la pregunta al Gobierno, no en especial al Ministerio de
Justicia, y me llama la atención que el Ministerio de Justicia ni
siquiera haya abierto un expediente informativo; ni siquiera haya entrado
a valorar una norma de funcionamiento tan extraño como es la utilización
de un helicóptero. Y también me llama la atención que el Ministerio del
Interior no haya actuado.
Insisto, yo he formulado la pregunta al Gobierno, no al Ministro de
Justicia; en consecuencia, entiendo que la señora Subsecretaria está
respondiendo aquí en nombre del Gobierno. Por eso, insisto, me llama la
atención que tampoco en el Ministerio del Interior se haya adoptado
ninguna medida, ni tan siquiera un simple expediente informativo, para
aclarar si estos hechos que yo denuncio son ciertos o no, si se utilizó
el helicóptero o no, y en qué circunstancias se utilizó. Yo, por
supuesto, soy muy respetuoso con los tribunales de justicia y con el
Consejo General del Poder Judicial, pero entiendo que los hechos
relatados han tenido en Canarias y en la prensa nacional la suficiente
repercusión para que por lo menos el Gobierno se haya preocupado de
enterarse de qué ha pasado y darnos hoy una valoración de los hechos y
alguna explicación racional de la utilización del helicóptero.
El señor PRESIDENTE: Señor Soriano Benítez de Lugo, con fecha 17 de
noviembre de este año, y con firma de su portavoz, se solicita por parte
del Grupo Parlamentario Popular la comparecencia del Ministro de Justicia
--del Ministro de Justicia, insisto-- para la contestación de esta
pregunta.
La Mesa de la Cámara entendió que debía calificarla en este sentido, de
acuerdo con la solicitud concreta --Ministerio de Justicia-- que su
propio Grupo planteó, y por eso se está haciendo en esta Comisión.
Por tanto, la señora Subsecretaria está hablando, lógicamente, de acuerdo
con su responsabilidad dentro del Departamento del Ministerio de
Justicia.
Es una cuestión de orden que no da lugar a debate, señor Soriano. Yo
tendré mucho gusto en dejarle copia de lo que tenemos en la Mesa.
El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Si me permite una aclaración...
El señor PRESIDENTE: Es una información que le doy, señor Diputado.
Después le facilito la copia.
El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Esa información la tengo yo, señor
Presidente, pero me gustaría aclararla, porque no es completa.
El señor PRESIDENTE: Señoría, la información que da esta Presidencia se
limita a decir que va dirigida la pregunta al excelentísimo señor
Ministro de Justicia, y le he insistido en que la fecha de entrada en el
registro es el 17 de noviembre de 1993.
El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Ya le he oído, señor Presidente,
pero...
El señor PRESIDENTE: No hay debate sobre este tema, señor Soriano.
El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Yo no pretendo entrar en debate. Quiero
aclarar esa información, que no es del todo correcta.
El señor PRESIDENTE: La información es absolutamente correcta, señor
Soriano.
Tiene la palabra la señora Subsecretaria.
La señora SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA (Robles Fernández):
Precisamente porque no tengo ninguna duda de que S. S. es absolutamente
respetuosa con el poder judicial, como no podía ser de otra manera en el
marco de un Estado democrático y de Derecho, no entiendo que pueda pedir
que el Gobierno abra cualquier tipo de investigación relativa a una
actuación formalmente, como le he dicho, de carácter jurisdiccional. El
Consejo General del Poder Judicial está para, en su caso, tomar la
resolución que estime oportuna.
--SOBRE EXPLICACION EN RELACION CON LA PRESENCIA DE PERSONAS CONDENADAS A
PENAS DE PRIVACION DE LIBERTAD QUE TRABAJAN EN LA SEDE DE LOS JUZGADOS DE
MADRID. FORMULADA POR EL SEÑOR GIL LAZARO (GP). (Número de expediente
181/000263.)
El señor PRESIDENTE: La pregunta número 13 solicita explicación relativa
a la presencia de personas condenadas a penas de privación de libertad
que trabajan en la sede de los juzgados de Madrid.
El autor es don Ignacio Gil Lázaro. Tiene la palabra su señoría.
El señor GIL LAZARO: No se puede ocultar, señora Subsecretaria, que la
presencia de personas condenadas a penas privativas de libertad
realizando determinados trabajos en la sede central de los juzgados de
Madrid ha causado preocupación y sorpresa, amén de algún que otro
incidente cuyo resultado ha sido puesto en conocimiento de la Fiscalía.
Medios judiciales han expresado su malestar por lo que consideran una
decisión inconveniente, cuyo origen, según estos propios medios
judiciales, atribuyen a una iniciativa exclusivamente personal de la
Juez-decana y que ha comportado el que diez reclusos clasificados en
tercer grado hayan sido destinados a la Oficina de notificaciones y a
otras tareas de traslado.
Desde diversos sectores se ha insistido en que esta presencia de internos
resultaba claramente inconveniente por lo que comportaba de posibilidad
de acceso a una información judicial sin que existiera garantía alguna
del uso que hipotéticamente se pudiera llegar a hacer de esa información.
Por eso, la Unión General de Trabajadores no ha dudado en calificar todo
esto como --hago cita literal-- un experimento peligroso. La situación no
puede justificarse aduciendo el principio finalista de la reeducación y
reinserción social del interno, porque siendo, como somos desde mi Grupo,
decididos y absolutos partidarios de esa orientación de la pena, parece
obvio que existen actividades mucho más adecuadas para desarrollar ese
fin educacional que la que se actúa en este caso, cuando, además, en esta
circunstancia que nos ocupa ha mediado también un notable secretismo y
una falta de explicaciones suficientes y claras. Sorprende que, después
de muchas idas y venidas, la señora Decana simplemente manifestara que
estas personas clasificadas en tercer grado penitenciario formaban parte
de la plantilla de una empresa de reparto que trabaja para los juzgados
madrileños, y que no se había querido hacer ningún tipo de investigación
sobre sus antecedentes penales para respetar así los derechos de cada
persona. Afirmación ésta que, como han recordado todas las centrales
sindicales, contrasta con el hecho de la exigencia de no contar con
antecedentes penales que se reclama de quienes aspiran a formar parte de
la Administración de justicia; y afirmación, además, contestada por
desgracia claramente por los hechos que se han suscitado con
posterioridad a la presencia de estos internos en los juzgados de la
plaza de Castilla y que, protagonizados por alguno de ellos, dan cuenta
de la inconveniencia de su presencia en la sede jurisdiccional. Nos
referimos a hechos como las agresiones verbales --y nosotros no dudamos
en calificarlo así-- proferidas contra una funcionaria o la regresión de
grado impuesta a alguno de estos presos por quebrantamiento de condena y
toxicomanías.
En definitiva, nosotros preguntamos al Gobierno qué explicación puede dar
en relación con la presencia de personas condenadas a penas de privación
de libertad que trabajan en la sede de los juzgados de Madrid,
insistiendo, como hemos dicho, en que desde nuestro punto de vista ese
predominio, que debe ser permanente en todo el sistema penitenciario del
fin reeducacional y de reinserción social, puede y debe tener en su
articulación actividades mucho más adecuadas que la que se ha puesto en
práctica en el caso que nos ocupa.
El señor PRESIDENTE: La señora Subsecretaria tiene la palabra.
La señora SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA (Robles Fernández): En
primer lugar, es evidente que yo no voy a entrar a valorar las
declaraciones que haya hecho la Juez-decana de Madrid por argumentos
similares a los que he dado con anterioridad. Lo que sí hay es un hecho
cierto y es que, desde el Ministerio de Justicia, es obvio que ninguna
persona que no pertenezca al personal auxiliar de la Administración de
justicia --a saber, oficiales, auxiliares y agentes-- puede tomar parte
en trabajos de tramitación de los procedimientos judiciales. Pero creo
que estas personas que preocupan a S. S., que ciertamente eran penados en
tercer grado y liberados condicionales respecto de los que yo sé que
tiene una gran sensibilidad, se encontraban en el marco de una iniciativa
europea, la iniciativa Horizon, que ha llevado a la práctica la Comisión
Provincial de Asistencia Social de Madrid, y estaban colaborando en el
Decanato de Madrid en trabajos tales como mozos de desplazamiento,
jardinería, albañilería, cobrando con cargo a fondos europeos una
cantidad de 293 pesetas la hora.
Yo creo que hay que ser ciertamente coherente con los discursos. Cuando
el discurso es de resocialización y de reintegración de los internos a la
sociedad no se puede empezar a hacer excepciones y matizaciones porque,
evidentemente, preparar a esas personas para una salida digna a la vida
de libertad, formándoles --que es la idea fundamental-- en trabajos de
albañilería y jardinería, yo creo que está dentro del espíritu de lo que
establece la Constitución Española. Por eso creo que la iniciativa de la
Comisión Provincial de Asistencia Social, en ese marco de resocialización
y de formación de los internos, ha sido positiva y hay que seguir
trabajando en ella, porque además es el marco europeo --insisto en que
entra dentro de una iniciativa comunitaria-- y también está claro que
esas personas ni han participado ni pueden participar en trabajos que
sean propios del personal al servicio de la Administración de justicia.
El señor PRESIDENTE: El señor Gil Lázaro tiene la palabra.
El señor GIL LAZARO: Señora Subsecretaria, créame que este Diputado tiene
siempre presente, ahora, en el futuro y desde luego hace ya algunos años
--siempre, evidentemente, con el margen de error que todos podemos
cometer-- la coherencia entre sus planteamientos, su discurso teórico y
las precisiones luego prácticas en cada caso concreto; preocupación de
coherencia que parecía a su vez --y permítame la redundancia-- preocupar
a su señoría. Lo cierto es que nadie hubiera puesto ningún inconveniente
a que estas u otras personas desarrollaran esos trabajos que S. S. ha
citado, trabajos de albañilería, trabajos de jardinería, pero es que ésa
no es la cuestión. Estas personas estaban realizando trabajos en la
Oficina de notificaciones, estaban realizando trabajos en el transporte
de documentación judicial. No había ninguna garantía sobre qué uso podían
hacer de la información que en el desarrollo de esos trabajos podían
acumular respecto de terceras personas o incluso de otros internos; y no
había ninguna garantía tampoco --y ése parece ser un mal endémico del que
yo hoy no voy a hacer mención aquí, como es natural, de nuestro sistema
penitenciario-- sobre las capacidades de conducta de alguna de estas
personas. Prueba de ello es el incidente, que yo he calificado como
agresión verbal, de clarísima descortesía hacia una funcionaria,
protagonizado por una de estas personas, y prueba de ello también es que
algunas de estas personas, como ya he mencionado, tuvieron que ser
variadas en grado como consecuencia de su conducta, afectando a supuestos
de quebrantamiento de condena y de toxicomanías. Ha sido la Unión General
de Trabajadores y no nosotros los que han calificado esto como un
experimento peligroso; han sido ellos, junto con las demás centrales
sindicales, Comisiones Obreras y el CSIF, en cuanto que han sido los que
han vivido esa experiencia. Nosotros creemos que, como decía el ex
Ministro señor Corcuera, los experimentos, con gaseosa, naturalmente, y
que el fin reeducacional y de reinserción social de los penados se tiene
que realizar de otra forma: a través de actividades que efectivamente
puedan dar al hoy penado, mañana ex penado, la garantía de unos medios
laborales, de unos medios de vida que permitan su plena reinserción, su
plena resocialización. Ahora, dedicar a personas cuya conducta no está
suficientemente acreditada, tal y como después han demostrado los hechos,
tareas que son de una especialísima singularidad, porque son tareas de
notificación judicial y porque son tareas de transporte y de reparto de
esa documentación judicial, nos parece, cuanto menos, una frivolidad o
una ligereza y al final pasan las cosas que han pasado en la sede central
de los juzgados de la plaza de Castilla, y la lástima es, señora
Subsecretaria, que no sólo hayan pasado esas cosas sino las segundas
partes, es decir, que cuando alguien ha planteado una voz legítimamente
crítica sobre lo que allí estaba sucediendo, esa persona haya sufrido una
cierta represalia laboral o funcionarial en el ejercicio de su actividad
laboral, precisamente por haber dicho algo que estaba sucediendo. Sabe
perfectamente la señora Subsecretaria el caso al que me estoy refiriendo.
En definitiva, yo creo que experiencias como éstas son malas para todos;
son malas para los propios protagonistas y ya se ha visto el resultado
final de alguno de ellos; son malas, desde luego, para ese principio que
a todos nos ocupa y nos preocupa de la resocialización, porque
experiencias precipitadas pueden generar posteriormente situaciones
generalizadas de rechazo social, lo que no es justo; y son malas, desde
luego, en cuanto a la claridad, a la adecuada coordinación en las
relaciones entre los diversos estamentos administrativos y judiciales de
la Administración de justicia. Yo creo que estas cosas se tienen que
hacer con mucho más tiento y, sobre todo, no tiene ninguna explicación
que la señora Juez-decana, simplemente ciñéndonos a su primera versión,
diga que no ha querido entrar en si tenían o no antecedentes las personas
contratadas por esta empresa que, parece ser, por la información que nos
da ahora la señora Subsecretaria, no eran personas contratadas por una
empresa, sino que venían en función de criterios definidos por la
Comisión Provincial de Asistencia Social. Al final pasa lo que pasa y
afortunadamente ha pasado menos de lo que podía pasar, porque, insisto,
cuando a una funcionaria una de estas personas se dirige verbalmente en
los términos en que se dirigió aquel interno podía haberse corrido el
riesgo de que de las palabras se pasara a los hechos. Estas cosas son las
que hay que prevenir y evitar.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Subsecretaria.
La señora SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA (Robles Fernández):
Evidentemente,
cada institución tiene que asumir sus propias responsabilidades. Desde el
punto de vista de la Administración, la propuesta de buscar marcos para
la resocialización de los reclusos que están en tercer grado y liberados
condicionales creo que es positiva. La propuesta que se había hecho de
trabajar en jardinería y albañilería incide en ese marco al que nos
estábamos refiriendo y que creo que compartimos. Esa fue la propuesta que
había hecho la administración penitenciaria, en concreto la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias. Todo lo que exceda de ahí, que
es lo que asume la Administración y de lo que yo me hago solidaria porque
creo que es bueno a los efectos de lo que establece la Constitución, ha
salido del marco de la Administración y, por tanto, a quien corresponda
tendrá que dar las oportunas respuestas.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Subsecretaria, por su
comparecencia y la información dada a la Comisión.
Señorías, vamos a continuar la Comisión a partir de las cuatro de la
tarde con temas de Interior. Por tanto, se suspende la sesión.
Se suspende la sesión a la una y cuarenta y cinco minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
--COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR (ASUNCION HERNANDEZ) PARA
DAR CUENTA DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS Y A ADOPTAR POR EL GOBIERNO RESPECTO
DE LA SITUACION POR LA QUE ATRAVIESAN LOS APROXIMADAMENTE 130 CIUDADANOS
AFRICANOS DEMANDANTES DE ASILO Y REFUGIO QUE SE ENCUENTRAN ALOJADOS DE
FORMA PRECARIA EN EL ANTIGUO HOSPITAL DE CRUZ ROJA EN MELILLA. A
SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA. (Número de expediente 213/000099.)
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Las comparecencias y preguntas que tenemos previstas para la sesión de
esta tarde van dirigidas al Departamento de Interior. Tenemos con
nosotros al señor Subsecretario del Ministerio del Interior, que
comparece ante esta Comisión para dar cuenta de las medidas adoptadas y a
adoptar por el Gobierno respecto de la situación por la que atraviesan
los aproximadamente 130 ciudadanos africanos demandantes de asilo y
refugio que se encuentran alojados de forma precaria en el antiguo
Hospital de Cruz Roja de Melilla. El autor de esta iniciativa es el Grupo
Parlamentario Federal Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Señor Subsecretario, tiene la palabra.
El señor SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR (Moreno Catena):
Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, es preciso aclarar, en primer término, un
error cometido en el texto de la solicitud de esta comparecencia, ya que
los ciudadanos africanos que se encuentran en el antiguo Hospital de la
Cruz Roja de Melilla no son actualmente solicitantes de asilo, puesto que
los expedientes de los que en su día efectuaron tal solicitud están todos
ellos resueltos y ya han sido notificados a los interesados.
Aclarado este primer extremo, quiero significarles que en concreto, salvo
en unos pocos supuestos en que la resolución del Ministro del Interior ha
sido favorable a la concesión del derecho de asilo, la inmensa mayoría de
las resoluciones en los expedientes de asilo fueron denegatorias por no
reunir los solicitantes los requisitos establecidos por la Convención de
Ginebra de 1951 o por la Ley 5/1984, de 26 de marzo, Reguladora del
Derecho de Asilo y de la Condición de Refugiado. Insisto, por tanto, que
en estos momentos no existe en la Oficina de Asilo y Refugio ninguna
solicitud procedente de Melilla pendiente de tramitación.
El conjunto de personas a las que se refiere la comparecencia está
formado por un grupo de ciudadanos africanos en situación documental
irregular, a quienes les es de aplicación, naturalmente, la legislación
sobre extranjeros y no la Ley de Asilo, es decir, la Ley Orgánica de
Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y no la ley de 26 de
mayo de 1984, Reguladora del Derecho de Asilo. Se trata de personas
procedentes del Africa sudsahariana, de Zaire, de Ghana, de Guinea
Bissau, de Angola, de Burkina Faso, de Mali, de Costa de Marfil, de
Senegal, de Camerún, de Liberia y de algún que otro país del Africa
sudsahariana.
Las medidas para resolver la situación de esas personas están siendo ya
adoptadas por la Delegación del Gobierno en Melilla con la ayuda de
diferentes organizaciones no gubernamentales, y especialmente de Cáritas
Española.
Quiero informarles de los antecedentes en relación con estos ciudadanos
africanos que se encuentran en Melilla y de todos los intentos llevados a
cabo por las autoridades competentes para solucionar esta situación.
Además, quiero informarles también de la negativa a colaborar con las
autoridades españolas, lo que motivó que se prolongara su estancia en más
de un año en el antiguo Hospital de la Cruz Roja de Melilla.
Desde el principio los ciudadanos, cuyo número ha sido fluctuante, fueron
alojados en el antiguo Hospital de la Cruz Roja, ocupándose dicha
organización, junto con Cáritas interparroquial, de suministrarles
alimentos y recibiendo una ayuda de 32.000 pesetas mensuales prevista
para los solicitantes de asilo, y lo percibían todos aquellos que tenían
derecho a ella, es decir, todos los que habían solicitado asilo. No
obstante, fueron frecuentes las protestas de estos ciudadanos, llegando a
protagonizar una sentada ante la Delegación del Gobierno, percibiéndose
asimismo el malestar de una parte de los ciudadanos melillenses por la
prolongada estancia en tal
territorio de este colectivo africano sin documentación alguna.
Con ánimo de agilizar la tramitación de los expedientes de asilo en
curso, se desplazaron a la ciudad de Melilla un representante de la
Oficina de Asilo y Refugio y otro de la Delegación en España del Alto
Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, quienes, tras
permanecer tres días en dicha ciudad al objeto de realizar «in situ» las
necesarias entrevistas a los demandantes de asilo, dieron por concluidas
sus gestiones al considerar que no existían indicios de colaboración por
la mayoría del colectivo afectado, consignando sus consideraciones en un
documento que fue rubricado tanto por el representante en España del Alto
Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados como para los
representantes de Cáritas, de Cruz Roja y de la propia Delegación del
Gobierno en Melilla. En todo caso, continuó, como era preceptivo, la
tramitación de los expedientes con los resultados a los que me refería al
inicio de esta intervención, es decir, la desestimación de la inmensa
mayoría de las solicitudes de asilo.
Concluidos los expedientes de asilo, se planteó solucionar la situación
del resto del colectivo a quienes no se les había concedido el estatuto
de refugiado, es decir, a la gran mayoría. Excepcionalmente, teniendo en
cuenta la prolongada estancia en nuestro territorio de estas personas,
las peculiares características del colectivo y las razones de tipo
humanitario que avalaban esta decisión, el Ministro del Interior, tras
reunirse a finales de septiembre con diversas organizaciones no
gubernamentales que actúan en este ámbito, tomó la decisión de
regularizar la situación de este colectivo y, en consecuencia, se está
procediendo a trasladar a la península a aquellas personas que poseen
documentación suficientemente acreditativa de su personalidad y
nacionalidad, siendo instalados en centros de la organización Cáritas, la
cual viene designando un representante encargado de regularizar su
situación ante las autoridades del Ministerio del Interior y de Asuntos
Sociales a efectos de obtener el permiso de trabajo y residencia.
Respecto a aquellos otros que no cuentan con tal documentación
acreditativa, están siendo objeto de información ante las
representaciones diplomáticas acreditadas en España de los países a los
que dicen pertenecer, con objeto de que les provean de documentación como
paso previo a su traslado a un centro de acogida en la península; algunas
de estas gestiones han resultado positivas en los últimos tiempos.
Finalmente, aquellas otras personas respecto de las cuales, y a pesar de
las variadas e intensas gestiones que se están realizando, no es posible
regularizar su situación, serán devueltos a su lugar de origen.
Como resultado de aquella reunión del Ministro del Interior con
organizaciones no gubernamentales y de las medidas que se han puesto en
marcha, en estos momentos continúan en el Hospital de la Cruz Roja de
Melilla unos 60 ciudadanos africanos, respecto de los cuales se continúan
realizando estas gestiones; el resto de ellos ya han sido trasladados a
la península para su regularización, un primer grupo de 33 personas el
día 21 de octubre y un segundo grupo de 21 personas el día 9 de
diciembre.
Esto es todo lo que, en la primera intervención de mi comparecencia,
tenía que exponerles a ustedes sobre la situación de los hoy 60
ciudadanos africanos en la ciudad de Melilla que fueron en su momento,
hace bastantes meses, demandantes de asilo, y que hoy son extranjeros en
situación irregular en el territorio español.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene
la palabra el señor López Garrido.
El señor LOPEZ GARRIDO: Muchas gracias, señor Subsecretario, por su
comparecencia en esta comisión para exponer la situación de las personas
a que se refiere nuestra solicitud de comparecencia y que, efectivamente,
en este momento, no se encuentran ante el trámite de concesión de asilo,
puesto que o bien han sido rechazadas sus solicitudes o bien han sido
concedidas en muy pequeño número, con lo cual, evidentemente, no se ha
resuelto el problema.
Ya que usted se ha referido a los antecedentes de la cuestión, yo
quisiera hacer también alusión a los mismos y exponer algunas cuestiones
e irregularidades muy importantes que se han producido a lo largo del
tiempo que ha transcurrido desde que empezó a producirse, en octubre de
1991, una inusual entrada de personas procedentes de países de Africa
negra, especialmente subsaharianos, en la frontera terrestre con
Marruecos, en barcos de pesca y procedentes de puertos marroquíes vecinos
de Melilla. No podemos obviar que este aumento de entradas por esta
frontera se produce en un momento en el que hay un auge importante de la
inmigración marroquí hacia Europa, y que además hay guerras en Somalia,
Liberia, Eritrea, Angola y Zaire, todo ello unido a que empiezan a
proliferar en el territorio marroquí organizaciones dedicadas al tráfico
humano, mafias dedicadas a este tráfico que son conocidas por todos
nosotros.
Normalmente, estas personas entran por la frontera y acuden a la Cruz
Roja, donde son incluidas en su programa de refugiados, y comienzan a
presentar algunas solicitudes de asilo. Pero en la práctica policial ha
evolucionado, lamentablemente ha tenido que evolucionar a base de
protestas de organizaciones no gubernamentales humanitarias y de la
presencia de la institución del Defensor del Pueblo, que ha tenido un
papel importantísimo a la hora de resolver esta cuestión. Hay que tener
en cuenta que entre octubre de 1991 y julio o agosto de 1992,
aproximadamente, la práctica policial con estas personas era la
siguiente: se les citaba un día, bastante después de su presentación en
Comisaría; después, cuando se presentaban el día de la cita, se supone
que para formalizar la solicitud de asilo, se encontraban con que se les
notificaba la incoación de un expediente de expulsión, en una especie de
emboscada, después de que estas personas pensaban que iban a esperarles
allí para formalizar su solicitud de asilo, y sólo cuando se insistía por
la Cruz Roja o por el Letrado de la Comisión Española de Ayuda al
Refugiado (CEAR) se les admitía una presentación posterior de la demanda
de asilo.
Todo esto ha dado lugar a esta situación difícil de describir, en la que
una serie de personas son expulsadas de Melilla hacia Marruecos;
Marruecos no quiere admitir a esas personas y se está en una situación de
tierra de nadie, evidentemente bajo el control del Estado español (no se
puede decir que fuese territorio internacional), con una situacion
insostenible, puesto que no tienen ni agua ni alimentos, ni sitio donde
alojarse o guarecerse mínimamente. Todo esto da lugar a que intervenga el
Defensor del Pueblo. En su informe correspondiente al año 1992 --páginas
198 y siguientes-- se dedican más de cuatro o cinco páginas a este
problema que en aquel momento se pudo definir como vergonzoso. No se
entiende cómo se podía tener esta situación en un país civilizado.
En aquel momento incluso se llegó a presentar una demanda ante la
Comisión Europea de Derechos Humanos (algo que no ha citado usted al
hablar de los antecedentes) por vulneración por parte de España del
artículo 3 del Convenio europeo, que prohíbe tratos inhumanos y
degradantes. Como consecuencia de esa demanda ante la Comisión Europea,
junto a la presión y al informe realizado por el Defensor del Pueblo y a
las presiones de otras organizaciones no gubernamentales ya citadas,
empieza a variarse la práctica policial. Esas personas son ingresadas en
el Hospital de la Cruz Roja y, a partir de ese momento, empieza una serie
de negociaciones, fundamentalmente con Cáritas, para poder enviar algunas
de ellas a la península. Es cierto que muchas de ellas no están
documentadas, y ése es un gran problema que existe. Algunas de ellas no
colaboran suficientemente al respecto y al Estado español se le plantea
el problema de qué hacer con esas personas.
Pero en este momento, que es el que nos interesa, se producen dos
coyunturas distintas; una, para las personas que están en España, que
están en la península más exactamente; otra, para las que todavía están
alojadas en el Hospital de la Cruz Roja, de Melilla, si es que se puede
decir que eso es algún tipo de alojamiento.
En cuanto a las personas que están aquí, que están en la península, la
verdad es que su situación jurídica es también insostenible, porque esas
personas tienen una especie de salvoconducto que nos suena a historia,
pero no tienen permiso de residencia ni tienen un permiso de trabajo; su
situación es completamente precaria, y, en cualquier momento, esas
personas, después de habérseles permitido entrar en la península,
podrían, teóricamente, ser expulsadas mañana mismo, inmediatamente, de
España. Su situación es, vamos a llamarla, ajurídica o alegal, ya que ni
siquiera tienen una situación asimilable a las que prevé la Ley de
Extranjería. Son personas que están con un volante de viaje, que se les
extendió por el Delegado del Gobierno en Melilla, pero que, al llegar
aquí, están bajo la caridad de las instituciones a que usted se ha
referido y su situación es jurídicamente, como he dicho, insostenible. No
hay vías ni visos de que eso se solucione. Evidentemente, habría que
instrumentar alguna fórmula para que se les diese algún permiso
provisional de residencia para que puedan tener capacidad de trabajar,
porque si no esas personas se encontrarán sin medios de vida ni se les
permitirá que los tengan, porque no tienen permiso de trabajo. Por lo
tanto, la situación no puede decirse que sea, ni mucho menos, buena. Y de
su intervención no se deduce a dónde se va a llegar con estas 54
personas, creo, que usted ha citado.
Los que están en Melilla se encuentran en una situación no sé si mejor o
peor. Se hallan en un hospital que no se puede decir que sea ni siquiera
un edificio, porque es un hospital absolutamente decrépito. La situación
de ese hospital de la Cruz Roja aparece también en el informe del
Defensor del Pueblo y, por el momento, aunque ha pasado mucho tiempo, el
Estado español no les ha suministrado un alojamiento decente, ya que la
situación en que están es indecente, pues no hay las mínimas condiciones
para que
esas personas puedan vivir con una cierta dignidad.
Aparte de este problema de alojamiento, que creo que estaría en la mano
del Gobierno solucionarlo y no lo ha hecho, a pesar, incluso de la
propuesta incesante, que conocemos, de la Cruz Roja, que es la que
gestiona ese hospital, hay que sacarles de ahí y alojarlos adecuadamente;
aparte de eso --repito-- está el problema de la falta de documentación de
muchas de esas personas. Nosotros no proponemos, en absoluto, por cuanto
no se sabe quiénes son esas personas, el que se produzca una entrada en
la península como las otras, que sí estaban documentadas, pero sí
proponemos un esfuerzo verdadero a fin de que se sepa quiénes son esas
personas, de dónde proceden y se les documente, que es algo exigido por
la Ley de Extranjería.
Usted ha dicho que se están realizando gestiones ante órganos
diplomáticos, o algo así, me ha parecido escuchar. Los datos que tenemos
nosotros es que no se está haciendo un esfuerzo en este momento para
saber de dónde vienen esas personas ni para documentarlas, quizás porque
no hay unas buenas relaciones en este momento entre el Delegado del
Gobierno y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, que creo que sería
bueno que se reestableciera. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado
tiene una importante capacidad de relación, de contacto, con personas en
el Africa subsahariana, que pueden dar cuenta de quiénes son esas
personas y documentarlas. En estos momentos, la Comisión Española de
Ayuda al Refugiado tiene más de cincuenta corresponsales en Africa, la
mayoría de ellos misioneros andaluces, incluso, que son los que
verdaderamente conocen la cuestión. No se ha utilizado esa vía y creo que
sería importante explotarla para conocer realmente de dónde provienen
esas personas y cuál es su situación. En algunos casos, eso llevará a que
se les devuelva a su país originario, porque algunos de ellos puede que
incluso huyan de la justicia o tengan pendientes delitos comunes, pero en
otras ocasiones no será así. Yo creo que no se está explorando
suficientemente esta vía y que esta situación no puede mantenerse por más
tiempo. Me parece que ésa sería la fórmula adecuada para que se
solucionen los problemas, tanto de estas personas que todavía están en
Melilla como de las que han llegado a la península y, como digo, su
situación no se ha resuelto porque se
encuentran en una situación de ajuridicidad, sin posibilidad de tener una
residencia consolidada y un permiso de trabajo.
El señor PRESIDENTE: ¿Otros grupos que desean intervenir? (Pausa.)
El señor González, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra.
El señor GONZALEZ PEREZ: Antes de entrar a valorar en esta comparecencia
del Subsecretario nuestra posición, me gustaría hacer un pequeño repaso
de la situación actual en la que nos encontramos en la ciudad de Melilla.
El problema, como bien se ha dicho hasta ahora, parte de hace dos años,
cuando comienzan a entrar en Melilla grupos de centroafricanos en
solicitud, en principio, de asilo político. Como bien ha manifestado el
Subsecretario, este tema está prácticamente resuelto, si es que no lo
está. Llegaron a sumar, aproximadamente, doscientas personas. Estamos
hablando de Melilla porque así se fija en la comparecencia, pero en Ceuta
también se produce una situación similar, aunque no tan agravada como la
de Melilla, pero sí he de hacer referencia a ella. Ahora quedan
aproximadamente, según las informaciones que tiene el Grupo Popular, unas
noventa personas, después de las dos últimas salidas de emigrantes de
Centroáfrica a centros de acogida en la península, concretamente en
Málaga. Pero hay que hacer referencia a las vicisitudes que han venido
soportando, algunas incluso atentatorias contra los derechos humanos,
durante el tiempo que ha durado la estancia de estas personas allí. Sí
hay que decir, haciendo referencia a lo que ha manifestado el señor
Subsecretario anteriormente sobre el malestar que se produjo o que se ha
venido manteniendo en la ciudad de Melilla por parte de los ciudadanos
melillenses --creo que el señor Delegado del Gobierno en Melilla, don
Manuel Céspedes, no le ha informado, como debía ser--, que lo que ha
existido allí ha sido una solidaridad grande con estos centroafricanos y
en ningún momento se ha llegado a plantear ningún tipo de problema.
Durante el tiempo que hemos tenido a estos centroafricanos, que siguen
estando actualmente en el Hospital de la Cruz Roja de Melilla, se han
visto sometidos a vejaciones, como la que antes ha citado el portavoz de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, con una decisión unilateral del
Delegado del Gobierno en Melilla de expulsar de territorio español, sin
encomendarse ni a Dios ni al diablo, a estos centroafricanos y
mantenerlos en lo que se denomina terreno de nadie durante varios días,
yo diría que alguna semana que otra, cosa que resolvió, en cierta medida,
toda la situación melillense y la propia población de Melilla no entendía
cómo se había llegado a provocar esta situación.
El problema fundamental que tiene ahora mismo Melilla con el
mantenimiento de estos centroafricanos allí es que están ejerciendo de
reclamo, no solamente para los países centroafricanos que están viendo
cómo se mantiene a un número de personas durante dos años en la ciudad de
Melilla, sino que en los últimos tiempos se están produciendo
acontecimientos un tanto atípicos. No debemos olvidar que Melilla se
encuentra aproximadamente a 110 kilómetros de la frontera argelina, donde
hay un brote importante de integrismo y se están produciendo arribadas de
argelinos a la ciudad de Melilla, incluso ahora están compartiendo en el
hospital de la Cruz Roja estancia con estos centroafricanos.
El problema fundamental de la entrada de inmigrantes centroafricanos,
incluso argelinos, viene derivado de la mala frontera que existe entre
España y Marruecos, en la que se ha invertido una cantidad no
precisamente despreciable de millones cuando se impermeabilizó la
frontera. Parece que esos 3.000 ó 4.000 millones de pesetas de inversión
se han visto enterrados y no han servido absolutamente para nada.
El problema fundamental, siendo Ceuta y Melilla, o Melilla y Ceuta,
fronteras comunitarias y teniendo pendiente la firma para que estas
fronteras sean realmente impermeables en su perímetro, no en el puesto
fronterizo --todos sabemos cuál es la situación de ambas ciudades--, es
la facilidad de entrada de todas estas personas que vienen huyendo no de
otra cosa, en la mayoría de los casos, que de la propia miseria económica
de sus países, incluso en algunos casos específicos pidiendo asilo
político por sufrir represión en estos países de los cuales huyen.
Creo que la solución hay que buscarla inmediatamente. No se puede seguir
manteniendo a este grupo de personas en la ciudad de Melilla y tienen que
salir de allí precisamente por el contexto geográfico en el que se
encuentra esta ciudad. No se puede seguir manteniendo a este número de
personas que sin ningún género de dudas están provocando que acudan otras
a la ciudad de Melilla, por cercanía geográfica, sabiendo que allí van a
tener un tiempo indefinido, prácticamente indefinido, de estancia en la
ciudad, concluyendo en un problema bastante importante.
Sí he de manifestar, sin dejar de hacer referencia a esto, que a nosotros
nos preocupa esa declaración de ruina del hospital de Melilla. Pudiera
darse el caso de que nos encontráramos con una de las especulaciones
sobre una zona de la ciudad de Melilla donde se encuentra este hospital
que, a efectos de suelo, es bastante apetecible para la construcción;
quizá de ahí venga esa declaración de ruina del hospital de la Cruz Roja
de Melilla.
Señor Subsecretario, lo que se pide desde el Grupo Popular en este
sentido es que tanto en la ciudad de Melilla, como en la ciudad de Ceuta,
se produzca una impermeabilización real del perímetro fronterizo para que
situaciones como ésta, que perduran en el tiempo durante dos años, no se
sigan produciendo ni se vuelvan a producir.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra la señor del Campo.
La señora DEL CAMPO CASASUS: Quiero agradecer, en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista, la información que nos ha proporcionado el
señor
Subsecretario y manifestar nuestro convencimiento de que en esta cuestión
el Gobierno está actuando no sólo dentro de la letra y del espíritu de la
Convención de Ginebra y de la legislación sobre asilo, sino también con
una generosidad y un sentido humanitario que van bastante más allá de las
exigencias legales.
Ha quedado claro aquí --todos los intervinientes lo han reconocido-- que
no se trata en estos momentos de que hay algún solicitante de asilo,
ciudadano africano, en el hospital de la Cruz Roja de Melilla, sino de
que hay ciudadanos de países de Centro Africa impulsados a la emigración
por dificultades económicas, que en su día solicitaron asilo y que, al no
entrar dentro de la letra ni del espíritu de la Convención ni de la Ley
de asilo, les fue denegado. Ahora bien, dentro de esta situación,
lógicamente estos ciudadanos quedan sometidos a la legislación general
sobre extranjeros, derechos y libertades de los extranjeros en España;
obligados, por tanto, a solicitar unos permisos de residencia y de
trabajo que, por su condición de indocumentados, en su mayor parte, les
era imposible obtener.
Creemos que el Gobierno no sólo no ha procedido a la expulsión inmediata
de todas estas personas, sino que ha realizado y sigue realizando
esfuerzos importantes para resolver su situación dentro de un sentido
humanitario. Precisamente se ha trasladado ya a centros de acogida a más
de 60 ciudadanos para los que se había conseguido ya la documentación
exigible y que en estos momentos están en la Península a la espera de
conseguir permisos de residencia y de trabajo. Todo ello con dificultades
sensibles, como SS. SS. saben, precisamente por la falta de colaboración
de los afectados, falta de colaboración humanamente comprensible, como
señalaba el señor López Garrido, recogida en sus informes tanto por la
ACNUR como por las asociaciones no gubernamentales --Cáritas, Cruz Roja--
que se han encargado de su atención. También se hacen esfuerzos muy
difíciles, debido a esta falta de colaboración, para conseguir la
documentación mínima imprescindible para aquellos que hoy permanecen en
el hospital de la Cruz Roja de Melilla en unas condiciones de vida que,
desde luego, pueden no ser las mejores, pero que son dignas y les
permiten mantener la esperanza de regularizar su situación a través de
los contactos con las embajadas de los que se suponen son sus países de
origen y de integrarse --como ya lo han hecho una parte-- en la sociedad
española a través del traslado a la Península y de la consecución de
estos permisos de residencia y de trabajo.
Decía el representante del Grupo Popular que no se puede mantener a este
número de personas en Melilla. Nosotros creemos, efectivamente, que no se
debe mantener a este número de personas en Melilla, no ya por el efecto
de llamada que pueden tener sobre nuevos inmigrantes, tal como señalaba
el representante del Partido Popular, sino precisamente por las razones
humanitarias que están moviendo la actuación del Gobierno en todo este
asunto. No se trata, pues, de proceder a un cierre absoluto, a una
impermeabilización total de la frontera que impida la llegada de nuevos
solicitantes de asilo, de nuevos inmigrantes económicos. Para nosotros,
se trata de responder a circunstancias humanas de excepcional dureza, muy
difíciles de solucionar, con medidas también excepcionales como las que
estamos convencidos de que está adoptando el Gobierno, ya que ha adoptado
y en las que va a seguir trabajando; medidas que esperamos darán solución
a la situación de gran parte de los ciudadanos extranjeros que aún
permanecen en el hospital de la Cruz Roja de Melilla, como la ha venido
dando a la otra parte, que ya se ha trasladado a la Península y está en
camino de normalizar su vida en España.
El señor PRESIDENTE: El señor Subsecretario tiene la palabra.
El señor SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR (Moreno Catena):
Agradezco, en primer término, las intervenciones de los representantes de
los distintos grupos parlamentarios y, particularmente, las palabras de
la Diputada, señora del Campo, representante del Grupo Parlamentario
Socialista.
Quiero contestar a las observaciones que han vertido los representantes
del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y del
Grupo Parlamentario Popular, que se han remontado, por cierto, a una
situación del verano del año 1992 --hace ya año y medio--, en la que, en
la expulsión de una serie de personas de Centro Africa hacia Marruecos,
Marruecos no cumplió el tratado de readmisión. Por un lado, se trata de
una situación que tuvo lugar puntualmente en el verano del año pasado,
hace ya casi dieciocho meses. Por otra parte, quiero significar que
efectivamente el Defensor del Pueblo tuvo una participación muy activa,
muy constructiva, a este propósito, pero que el expediente que se abrió
en la oficina del Defensor del Pueblo ha sido archivado, la queja fue
archivada satisfactoriamente y fue llevada por la Adjunta Primera del
Defensor del Pueblo, hoy Defensora en funciones.
En segundo término, tengo que aclarar que estas personas a las que me he
referido, que han venido a la Península, no han venido a un centro de
acogida de Málaga, sino que están distribuidas por todo el territorio
nacional. Puedo leerles desde un albergue en Valencia, al Ayuntamiento de
Alameda en Málaga; al Ayuntamiento de La Roda en Sevilla; al Ayuntamiento
de Los Corrales en la provincia de Sevilla; a la Asociación Cantabria, en
Santander; Axar en Barcelona; al Ayuntamiento de Pizarra o de Montejaque
en Málaga; Cáritas Diocesana de San Sebastián; Cáritas Diocesana de
Albacete; Cáritas Interparroquial de Toledo o un señor de la provincia de
Mijas, Málaga, bajo la supervisión, como decía antes, de Cáritas
española.
Han venido desde Sevilla a la Península no con un salvoconducto para
mantenerse de un modo indefinido en la Península y para permanecer
indocumentados hasta no se sabe cuándo. Señor López Garrido, hay cartas
del Ministerio de Interior, en concreto del Director General de Política
Interior, a los gobernadores civiles de todas las provincias de la
Península donde han venido estos
ciudadanos centroafricanos, en las que se les señala que se adjunta a ese
Gobierno Civil la relación de cuatro personas --en concreto, al
Gobernador de Albacete-- que ya se encuentran en Albacete, señalándose el
nombre y señas del tutor designado por Cáritas, responsable para la
integración sociolaboral de cada grupo, que se pondrá en contacto con el
responsable de extranjeros de ese Gobierno Civil en breve plazo.
Creo que es una carta modelo y puede que tenga interés proceder a su
lectura en esta Comisión. La carta sigue diciendo: Dado que los africanos
en cuestión carecen en muchos casos de documentación suficiente, se ha
acordado excepcionalmente, como en el caso del proceso de regularización,
facilitar a estas personas permisos de residencia y trabajo por un año en
la medida en que obtengan ofertas laborales, aunque éstas sean de
carácter temporal. Aparte de los documentos que acreditan su identidad y
nacionalidad, estos extranjeros portan un salvoconducto, emitido por la
Comisaría de Policía de Melilla, autorizando su traslado desde aquella
ciudad hasta el desfino final, según indicaciones proporcionadas por
Cáritas.
Sí quiero señalarles, porque no hace mucho se ha producido en esta Cámara
el debate de totalidad de la modificación de la Ley de Asilo, cómo es
viable que, en los supuestos de denegación de la solicitud de asilo, se
conceda al extranjero que solicitó asilo, y que le fue denegado porque no
entraba en ninguno de los supuestos de la Convención de Ginebra y de la
Ley de Asilo, su estancia en España de forma regular en base a la Ley de
extranjería, Ley de derechos universales de los extranjeros en España,
cuyo artículo 12.4 permite al Ministerio del Interior autorizar la
entrada, tránsito o permanencia en territorio español a los extranjeros
con documentación defectuosa, incluso sin ella, o que no hubieran entrado
por los puertos arbitrados al efecto, siempre que medie causa suficiente.
Este precepto se desarrolla con suficiente amplitud en los visados de
instancia y la exención de visado en el Reglamento de esta Ley de
derechos y libertades de los extranjeros en España. Dadas las razones
humanitarias por el tiempo de permanencia en Melilla, va siendo
regularizada la situación de estos extranjeros, concediéndoles permiso de
trabajo, cuando haya una oferta de trabajo, a cuyo fin se ha comprometido
esa organización no gubernamental que es Cáritas.
Sobre los que siguen en Melilla, le agradezco su reconocimiento de que
efectivamente no colaboran. Si no colabora en documentarse y en reconocer
su nacionalidad acudiendo a sus autoridades consulares un extranjero que
viene a España para obtener justamente su documentación, el conocimiento
de su identidad y poderle trasladar a la Península para que pueda
desarrollar su función como trabajador por cuenta ajena, difícilmente va
a poder el Ministerio del Interior proporcionarle ese permiso de
residencia y los Ministerios de Asuntos Sociales y de Trabajo permiso de
trabajo, para desarrollar su cometido y para poder --permítaseme la
expresión-- ganarse la vida entre nosotros.
Estos ciudadanos centroafricanos que viven en Melilla, si siguen todavía
allí, no ha sido por otra razón más que --y buena prueba de ello la
tenemos en que los demás, los que han colaborado, están en la Península--
por su falta de colaboración y por la imposibilidad de poder
documentarles y concederles esos permisos de residencia y de trabajo.
En otro orden de consideraciones y con la preocupación --aunque no venga
muy al caso de esta comparecencia-- del representante del Grupo
Parlamentario Popular, quiero significar que esa impermeabilización de la
frontera fue contratada al efecto por el Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente; que esa obra de impermeabilización (que no
asciende ni de lejos a esos millones de pesetas, ya que tiene un coste
sensiblemente inferior, quiero recordar que alrededor de 700 millones, no
los 2.000 que S. S. significaba) no fue recibida porque tenía ciertos
defectos. La propietaria es una empresa constructora que se hizo cargo de
la obra, la ejecutó, y en el momento de ir a entregarla, al verse las
deficiencias, no fue entregada hace unos días, fecha para la que estaba
prevista. La impermeabilización de la frontera en lo que puedan ser las
exigencias comunitarias, en la construcción de una carretera perimetral
por la ciudad de Melilla, que S. S. conoce bien, se ha realizado. Estamos
a la espera de subsanar los defectos en la construcción y poder recibir
definitivamente la obra por parte del Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente. (El señor López Garrido pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: ¿A qué efectos solicita la palabra, señor López
Garrido?
El señor LOPEZ GARRIDO: Quisiera puntualizar algo que me ha atribuido el
señor Subsecretario y que no es exacto.
El señor PRESIDENTE: Exclusivamente a ese fin y por el tiempo de un
minuto, la tiene su señoría.
El señor LOPEZ GARRIDO: Ha hablado de que la causa de que estas personas
que están en Melilla no hayan solucionado su situación se debe a que no
colaboran. Yo no he dicho que no colaboren los que están allí, sino que
puede que en algún caso no colabore alguno de los que están allí. Desde
luego, no me atribuya a mí que yo afirme que la causa por la que están
estas personas allí es porque no colaboran para su documentación.
Habría que preguntarse también cuál es la causa de que no colaboren. Lo
que está claro es que lo que se está haciendo ahora para saber de dónde
provienen no es suficiente y usted no puede devolver a su lugar de origen
a una persona que no sabe de dónde es. Yo le he mostrado una vía posible,
seguramente más adecuada y constructiva que la que se está siguiendo
ahora.
Tampoco ha contestado al problema del alojamiento de quienes están allí.
No ha dicho absolutamente nada sobre si se va a solucionar esta
situación.
El señor PRESIDENTE: El señor Subsecretario tiene la palabra.
El señor SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR (Moreno Catena): En
primer lugar, yo he oído que usted ha dicho que hay casos en que no
colaboran. Yo no he afirmado en mi intervención --por lo menos, no lo he
querido decir-- que todos los que están en Melilla no han colaborado. Le
he atribuido algo que yo he creído oír en su primera intervención: que
había supuestos de no colaboración por parte de estas personas.
En segundo lugar, tenga usted en cuenta que no es competencia de este
Ministerio garantizar el alojamiento de cualquier extranjero que aparezca
en territorio nacional.
Finalmente, respecto a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, quiero
significarle que, a finales de septiembre, el Ministro del Interior, en
la reunión a la que me referí --y a partir de ahí se iniciaron los
trámites para regularizar a estos extranjeros, reunión a la que acudió el
Presidente de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado-- ofreció la
regularización de los extranjeros que se encontraban en Melilla en esa
situación, en ese hospital de la Cruz Roja.
PREGUNTAS. (Continuación):
--SOBRE AUTORIZACION DE ACTIVIDADES QUE TIENEN COMO CONTENIDO Y OBJETIVO
LA APOLOGIA DEL RACISMO. FORMULADA POR LA SEÑORA MAESTRO MARTIN (GIU-IC).
(Número de expediente 181/000074.)
El señor PRESIDENTE: Continuamos el trámite de preguntas.
La pregunta número 15, formulada por doña María Angeles Maestro Martín,
solicita información sobre autorización de actividades que tienen como
contenido y objetivo la apología del racismo.
La señora Maestro tiene la palabra.
La señora MAESTRO MARTIN: En primer lugar y en relación con el contenido
de la pregunta que en su día mi Grupo formuló al Gobierno, quiero
expresar la satisfacción por la agilidad con que el Ministerio del
Interior demostró en el hecho concreto que motivó la realización de la
pregunta, cual es el impedir la entrada en España de personas
pertenecientes a grupos nazis y fascistas que venían a nuestro país con
el fin de conmemorar el cumpleaños de un conocido miembro de la S. S.
alemana. Sin embargo, el fondo de la pregunta continúa vigente dado que
nuestro país es considerado en diferentes foros internacionales como
paraíso para actividades, ediciones de prensa y reuniones de contenido
fascista y neonazi. En concreto, en nuestro país se está viviendo, como
todos ustedes saben, un incremento de este tipo de actividades que se
valoran en más de cien ataques por parte de grupos ultras ocurridos en el
último año, tomando como punto de partida el asesinato de Lucrecia Pérez.
En concreto este año, en la Feria del Libro de Madrid, otro año más el
nazismo pudo tener un medio de expresión de publicaciones de tipo racista
y fascista en la caseta número 66 donde la Editorial Ostara, S. L.,
sustituyó la presencia de la Editorial Cedade en otros años y en la que
podían verse publicaciones con los títulos de: Absolución para Hitler;
Apología de la barbarie; La gran mentira del holocausto; Contribución a
una ética racista; Nosotros los racistas, entre otros.
Conozco la pretensión del Grupo Socialista de incluir una enmienda en el
artículo 60 en el borrador del Código Penal en el que se contemplaran
penas de arresto para quienes hicieren uso público de símbolos fascistas,
en la medida en que contribuyen a potenciar la discriminación e incitan a
la violencia. No obstante, recientes declaraciones del Ministro de
Justicia hacen referencia a algo preocupante para mi Grupo como que el
racismo no es de gran importancia en nuestro país como para tipificarlo
en el Código Penal.
Recientemente la prensa ha referido la existencia de un informe elaborado
por una empresa británica, a petición del Partido de los Socialistas
Europeos, en el que se hacían valoraciones acerca de la importancia de
las actividades nazi-fascistas en nuestro país y, al mismo tiempo, se
hacía mención a la débil respuesta por parte de las autoridades para
impedir este tipo de actuaciones. En concreto, se decía que el único paso
hacia el control de los grupos fascistas lo ha dado el Secretario de
Estado para la Seguridad, Rafael Vera, en relación con los extremistas de
fútbol y que, aún así, Vera se limita a pedir a la policía que tome
estrictas medidas para controlar grupos como los escuadrones que están
involucrados en actividades fuera de la ley durante los partidos. De más
gravedad es la aseveración, dentro del mismo informe, de que dentro de la
policía, las Fuerzas Armadas y los servicios secretos españoles existe un
sentimiento prefascista, lo que supone un dudoso cambio de la época
franquista.
Esta situación es la que lleva a mi Grupo a preguntarle al Gobierno si
más allá, repito, de las actuaciones tomadas para impedir la celebración
en España de la reunión a la que hacía referencia al principio, tiene
pensado tomar o proponer al Congreso adoptar alguna medida destinada a
impedir que, quien sea, por discursos, gritos o amenazas proferidas en
público o en reuniones públicas, o bien mediante escritos, impresos,
dibujos, grabados, pinturas, emblemas, imágenes, o cualquier otro soporte
de lo escrito, de la palabra o de la imagen, vendidos o distribuidos,
puestos en venta o expuestos en lugares o reuniones públicos, por
representaciones teatrales, o a través de cualquier medio de comunicación
audiovisual, se pueda incitar a la discriminación, al odio o a la
violencia, o se cometan injurias o difamación contra personas o grupo de
personas que, por razón de su origen, pertenencia o no a una etnia, raza
o religión, se puedan perseguir.
Ese es el contenido concreto de la pregunta que pretendía dirigir al
Gobierno y que se basa en el fondo de la preocupación de Izquierda Unida
más allá, repito, de la
felicitación al Gobierno por la agilidad mostrada en impedir la entrada
en nuestro país de estas personas en fecha reciente.
El señor PRESIDENTE: El señor Subsecretario tiene la palabra.
El señor SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR (Moreno Catena):
Señoría, el Gobierno comparte, al igual que su Grupo Parlamentario y
todos los grupos de esta Cámara, la preocupación por las actividades de
grupos de la extrema derecha, neofascistas o neonazis. Pero el Gobierno,
al propio tiempo, es rigurosamente escrupuloso con lo que dispone la
Constitución, con el respeto de los derechos fundamentales para todos, y
con la interpretación que de la Constitución ha llevado a cabo la
doctrina del Tribunal Constitucional.
El derecho de reunión es un derecho fundamental cuyo ejercicio, como S.
S. muy bien sabe, no está sujeto a autorización previa, según dispone el
artículo 21.1 de la Constitución, y ni siquiera necesita comunicación a
la autoridad, salvo que se trate de lugares de tránsito público.
Esa reunión, como S. S. ha manifestado, efectivamente no llegó a
celebrarse, y los neofascistas europeos no participaron ni en ese acto
del hotel de Madrid, en el pretendido homenaje a León Degrelle, ni en
ningún otro acto, al haber prohibido el Ministerio del Interior, el
Secretario de Estado para la Seguridad, la entrada en España a 108
personas. Para ello, se hizo una interpretación estricta, una
interpretación rigurosa de las facultades que al Director de la Seguridad
del Estado le confiere el artículo 14 del Real Decreto de 26 de mayo de
1986 (Reglamento de la Ley de Extranjería) y el artículo 15 del Decreto
de 26 de junio de 1992, sobre entrada y permanencia en España de
ciudadanos nacionales de Estados miembros de las Comunidades Europeas.
Esta prohibición de entrada se produjo en el marco de la política del
Ministerio del Interior de impedir, por todos los medios legales a su
alcance, dentro del debido respeto a la Constitución, cualquier actividad
dirigida a fomentar el racismo interpretándose con la mayor dureza y con
el mayor rigor las disposiciones normativas de las que en este momento
disponemos en nuestro ordenamiento jurídico. Desde luego, créanme que los
servicios de información de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
vienen haciendo un riguroso seguimiento de lo que podríamos denominar la
nueva extrema derecha española y, sin negar su existencia, e incluso su
peligrosidad, podemos afirmar categóricamente que los diversos grupos de
la extrema derecha existentes en este país, con rasgos fascistas,
xenófobos y neonazis, son relativamente menores comparados con los que,
por desgracia, han surgido en países como Francia, Italia, Alemania o
Gran Bretaña en los últimos años.
Eso no quiere decir que a las autoridades españolas no les preocupe el
problema, no quiere decir que las autoridades españolas no vayan a seguir
actuando con la mayor contundencia y con el mayor rigor en la aplicación
de la legislación vigente para impedir todo brote de fascismo, todo brote
de racismo o de xenofobia.
De todos modos, también quiero hacer una precisión de carácter técnico en
este momento que considero del mayor interés. El Código Penal no tipifica
como infracción la apología del delito con carácter general, porque,
formulado de esa manera, se trataría de un tipo delictivo excesivamente
abierto y, por ello, de dudosa constitucionalidad, si nos atenemos a las
sentencias del Tribunal Constitucional números 159/1986, 105/1988 ó
89/1993.
Unicamente, el artículo 268 del Código Penal castiga el delito de
apología oral o escrita, por medio de la imprenta u otro procedimiento de
difusión, de los delitos contra la seguridad interior del Estado o de los
cometidos por bandas o grupos armados y sus conexos, con la pena inferior
en 1 ó 2 grados a la fijada para el delito objeto de la apología.
No obstante, los artículos 3.º y 4.º del Código Penal declaran punible la
provocación para delinquir cuando se incita de palabra, por escrito o
impreso, o por cualquier otro medio de posible eficacia, a la
perpetración de cualquier delito. La pena prevista es también inferior a
1 ó 2 grados a la señalada por la ley para el delito objeto de
provocación.
En cuanto a la edición de publicaciones de contenido fascista, tema que
también aparecía en la pregunta, tal como venía formulada por S. S., como
usted bien sabe, conforme a la legislación vigente, no es al Gobierno ni
al Ministerio del Interior a quien corresponde prohibir ningún tipo de
publicaciones --en un momento histórico no muy lejano, así era--, sino
exclusivamente a la autoridad judicial. El artículo 20 de la
Constitución, en concreto la letra a) del número 1.º, protege
expresamente el derecho a expresar y difundir libremente los
pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o
cualquier otro medio de reproducción, y en su número 2.º prohíbe
expresamente cualquier tipo de censura previa. En este sentido, todos los
preceptos de la Ley de 18 de marzo de 1966, de Prensa e Imprenta, y las
normas reglamentarias que la desarrollaban, que preveían algún tipo de
restricción, han sido derogadas por la Constitución, como señalaba ya
desde 1983 una sentencia del Tribunal Constitucional.
Por consiguiente, pongo en su conocimiento que las autoridades españolas,
el Ministerio del Interior y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, están al tanto de las actividades de los grupos neonazis. El
Gobierno está preocupado por cualquier actuación que suponga un
incremento del sentimiento racista o xenófobo de este país y, desde
luego, por los movimientos neonazis, y va a aplicar, como viene
haciéndolo, con todo rigor el ordenamiento jurídico vigente para intentar
erradicar estos brotes de racismo, de xenofobia o de movimientos
neofascistas.
Sin embargo, también tengo que poner en su conocimiento que no hace
demasiado tiempo, en 1991, ha habido prohibiciones, por parte del
Ministerio del Interior, de determinadas celebraciones. En concreto, el
homenaje a la Legión Cóndor, que fue prohibida por el Ministerio
del Interior y que con posterioridad fue autorizada por la Sección 8.ª de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia, de Madrid.
Son a los tribunales a los que corresponde --sin olvidar que el Gobierno
en primera instancia ha de tutelar, como todos los poderes públicos, y a
eso le obliga la Constitución-- la última palabra en la defensa y en la
salvaguarda de los derechos fundamentales, entre otros, del derecho de
reunión y manifestación, del derecho a la expresión de las ideas, del
derecho a la libertad de expresión. Los tribunales son sensibles y el
Gobierno es sensible. Espero --y termino por donde comencé mi
intervención-- que aplicando con rigor el ordenamiento jurídico vigente,
aplicando con rigor las disposiciones legales en vigor, en concreto, las
que permiten al Gobierno impedir la entrada de determinadas personas por
razones de orden público o de seguridad pública, estos brotes de
xenofobia, de racismo o de movimientos neofascistas o neonazis no se
vuelvan a producir o tengan la mínima expresión, como en este momento
tienen. El Gobierno está preocupado, pero no alarmado con estos
movimientos que controlamos, conocemos cuáles son sus actividades y nos
movemos en el marco de la actual legislación.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTIN: Gracias por su respuesta, señor Subsecretario,
pero entiendo que hay partes del contenido de mi pregunta que no han sido
respondidas suficientemente.
En primer lugar, es evidente que le corresponde al Gobierno aplicar y
adecuar sus actividades al marco de la legislación vigente, y son los
tribunales de justicia los que tienen competencias en la definición
última de determinadas actuaciones; sin embargo, el Gobierno, como los
grupos parlamentarios, tiene capacidad de iniciativa legislativa
reconocida. Yo quiero recordarles que el señor Corcuera, el anterior
Ministro del Interior, se quejaba precisamente de la insuficiencia del
marco legislativo vigente, que impedía al Gobierno actuar con mayor
contundencia en la persecución e impedimento de este tipo de actividades.
Insisto en que la preocupación de mi Grupo en cuanto a estas actividades
relacionadas con los grupos nazi-fascistas, con grupos que, en general,
hacen apología del racismo y la xenofobia, no es solamente de tipo
cualitativo; en momentos como los actuales, en momentos de crisis se es
especialmente vulnerable a la expansión rápida de este tipo de ideologías
que en un principio pudieran parecer circunscritas a grupos concretos y
en su opinión bien conocidos por el Gobierno. A mí me parece
especialmente preocupante el informe al que he hecho mención, el informe
solicitado por el Partido de los Socialistas Europeos, que habla de la
presencia de este tipo de ideologías dentro de los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado, y sin que, por supuesto, sea intención mía personal
ni de mi Grupo Parlamentario hacer generalizaciones peligrosas y que no
son pertinentes, hay que recordar que actuaciones con resultado de
muerte, es decir, asesinatos, producidas recientemente en nuestro país,
como ha sido el asesinato del Diputado Josu Muguruza o el asesinato de
Lucrecia Pérez han sido cometidos autodeclaradamente por personas que
pertenecen a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Por lo tanto,
la parte de mi pregunta que no considero totalmente respondida se refería
a la insuficiencia del marco legislativo actual para impedir el
desarrollo de unos procesos que si bien en España, como usted dice, no
tienen las dimensiones preocupantes que tienen en otros países, también
es verdad que estamos en un mundo en el que las comunicaciones permiten
un nivel de interrelación altísimo, y si las actuaciones en nuestro país
son cuantitativamente menores, por el nivel de relación existente es
preciso, a juicio de nuestro Grupo Parlamentario, impedir que esas
situaciones puedan darse en nuestro país al nivel que se están dando en
otros países europeos.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR (Moreno Catena):
Efectivamente, había omitido hacer referencia al informe británico;
discúlpeme, pero no había tomado nota. Me voy a referir a él. Al día
siguiente, en el mismo diario en que apareció publicada una reseña sobre
ese informe, apareció un desmentido del Grupo de los Socialistas Europeos
sobre la asunción del contenido de ese informe. Quiero hacerle notar que
en el Diario 16, no recuerdo exactamente de qué fecha, pero al día
siguiente de aparecer publicado el informe, dando cuenta de esas
deficiencias y de todo aquello a lo que usted se refirió en un primer
momento, el Grupo de los Socialistas Europeos señalaba que no se
responsabilizaba de la paternidad de ese informe ni asumía el contenido
del mismo.
Yo quiero en este momento hacer referencia a una idea que ha dejado
traslucir S. S. en sus dos intervenciones. Me refiero a la ideología
racista o xenófoba dentro de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del
Estado. Quiero con toda rotundidad manifestar ante esta Cámara que tal
circunstancia es rigurosamente errónea porque no se ajusta a la realidad
por lo que se refiere a los 120.000 funcionarios miembros del Cuerpo
Nacional de Policía y de la Guardia Civil que cada día están luchando
para defender los derechos y libertades de todos los ciudadanos. Por
consiguiente, me parecen, cuando menos, de poca responsabilidad
imputaciones de esa naturaleza al acoger un informe británico, cuando los
que han comisionado para realizar ese informe no han asumido ese
contenido. Y quiero decírselo porque me ha puesto el ejemplo del
asesinato de Lucrecia Pérez, que se imputa a un miembro de la Guardia
Civil, que efectivamente puede tener una connotación de índole racista o
xenófoba dada la nacionalidad de la fallecida, y el ejemplo de otro caso
completamente distinto, en el que no había ni xenofobia ni racismo,
porque el asesinato al que usted hizo referencia era de un español, de
Muguruza, que no era ni
de raza diferente ni de otra nacionalidad. Por tanto rechazo rotundamente
esa imputación, realizada, además, en la forma en que S. S. la ha hecho y
que aparecía en la prensa, con esos rasgos, generalizada, ni siquiera
minoritaria, en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En este
momento tengo la obligación y la convicción de defender tanto al Cuerpo
Nacional de Policía como a la Guardia Civil, de su ajuste escrupuloso, de
su respeto escrupuloso a la ley y al cumplimiento que le exige el
artículo 104 de la Constitución de garantizar la libre y pacífica
convivencia y garantizar la seguridad ciudadana y el libre ejercicio de
los derechos y libertades.
Me congratulo de que S. S. no impute ningún género de responsabilidad al
Gobierno en la ejecución de la legislación vigente. Creo que no se ha
dejado traslucir en ningún momento; antes al contrario, el Ministerio del
Interior parece --por lo menos yo así lo reivindico-- que ha actuado en
la aplicación de la legislación vigente con extremo rigor para perseguir,
en lo que estaba en su mano, los comportamientos racistas y xenófobos y
además los comportamientos de los grupos neonazis o neofascistas. Se
trata de una iniciativa legislativa, como S. S. bien pone de relieve,
iniciativa legislativa que se plasmará en la asunción del compromiso del
Gobierno de presentar ante esta Cámara un nuevo proyecto de Código Penal
en los primeros meses del próximo año. En el nuevo proyecto de Código
Penal veremos cómo queda el tratamiento global de todos los delitos de
opinión, en la medida y parte en que la apología de delitos, apología de
la xenofobia, racismo y de los movimientos de extrema derecha se
tratarían, en todo caso, de un delito de opinión; creo y espero que el
Gobierno dé con la fórmula acertada y que todas SS. SS. acudan a poner en
claro esos preceptos del Código Penal relativos a los delitos de opinión,
a la apología del genocidio, la discriminación y la violencia racial, a
tipificarlos primero y a castigarlos después en sus justos términos.
--SOBRE RAZONES POR LAS QUE SE HA DENEGADO ASILO A LOS DIEZ NIÑOS
MARROQUIES QUE LO PIDIERON POR VEZ PRIMERA EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE
1993, EN EL PUERTO DE VALENCIA. FORMULADA POR EL SEÑOR LOPEZ GARRIDO, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de
expediente 181/000092.)
--SOBRE MOTIVOS POR LOS QUE NO FUERON ACOGIDOS EN EL PUERTO DE VALENCIA
LOS POLIZONES DEL BUQUE «EVA DE MAR». FORMULADA POR EL SEÑOR GIL LAZARO,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente 181/000169.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de las preguntas números 16 y 18,
que se acumulan a efectos de su formulación. La primera de ellas, cuyo
autor es don Diego López Garrido, dice lo siguiente: Razones por las que
se ha denegado asilo a los diez niños marroquíes que lo pidieron por vez
primera el día 30 de septiembre de 1993, en el puerto de Valencia. La
segunda, la número 18, cuyo autor es don Ignacio Gil Lázaro, viene
redactada de la siguiente forma: Motivos por los que no fueron acogidos
en el puerto de Valencia los polizones del buque Eva del Mar.
Tiene la palabra el señor López Garrido.
El señor LOPEZ GARRIDO: Esta pregunta se refiere al conocido caso de los
diez polizones menores de edad de nacionalidad marroquí que llegaron a
Valencia el día 30 de septiembre de este año en el buque Eva del Mar y a
los que no les fue aceptada la solicitud de asilo ni se les permitió
desembarcar en el puerto de Valencia por el Delegado del Gobierno en esa
Comunidad.
Como usted quizá conozca, en el momento en que se tuvo noticia de la
presencia del barco con los diez menores en Valencia, subieron a bordo un
representante de la Unión General de Trabajadores y un abogado de
Comisiones Obreras, los cuales hicieron una serie de entrevistas a estos
polizones y, tras ello, consideraron que había motivos para solicitar
asilo, cosa que hicieron, fundamentándolo en motivos políticos y
humanitarios. Sin embargo, el Delegado del Gobierno en Valencia no
permitió el desembarco de los menores y el buque siguió viaje a
Barcelona, sin tener en cuenta que eran menores y que por tanto había que
haberles aplicado la normativa internacional y sin tener en cuenta
tampoco que había sido presentada una solicitud de asilo y refugio y que
por tanto, según la ley vigente en este momento, había que haberla
admitido a trámite y permitido el desembarco de los menores. (El señor
Vicepresidente, Arqueros Orozco, ocupa la Presidencia.)
La Defensora del Pueblo en funciones calificó de negligencia la conducta
del Delegado del Gobierno, y otras autoridades de Barcelona también
calificaron de este modo la acción del Delegado del Gobierno a este
respecto. Posteriormente, el asunto llegó a manos de los fiscales que, al
parecer, pusieron a estos menores bajo la tutela de la Generalitat, que
los ingresó en un centro de menores; después de ello, fueron entregados a
las autoridades marroquíes devueltos a su país, donde fueron ingresados
en un reformatorio. Las informaciones posteriores señalan que las
condiciones del reformatorio eran inhumanas y también se ha visto que no
existía una supuesta reclamación familiar, que fue en la que se basó el
cónsul de Marruecos para pedir la entrega de los diez polizones menores
de edad. Como consecuencia de ello, ha habido una instrucción realizada
por la fiscalía en la que se recogen normas contenidas en la Convención
de los Derechos del Niño y Convención de Ginebra, que, a nuestro juicio,
es una buena instrucción, pero que sin embargo, no ha sido correspondida
con algo parecido por parte del Gobierno, porque el problema con esta no
admisión a trámite de solicitudes de asilo y refugio planteadas
últimamente por polizones es algo que excede a este caso concreto y que
va más allá, aunque es cierto que suele suceder en el
puerto de Valencia y que la actitud al respecto del Delegado del Gobierno
en la Comunidad Valenciana es contumaz en no admitir a trámite estas
solicitudes, no permitiendo el desembarco de estas personas a no ser que
se produzcan intervenciones desesperadas a última hora de organizaciones
no gubernamentales, Defensor del Pueblo, etcétera. No hay más que ver los
informes del Defensor del Pueblo --que es un comisionado de las Cortes
Generales, cuyas recomendaciones e informes son de una gran autoridad, a
tener en cuenta por nosotros los Diputados--, para saber que en los tres
últimos años (91, 92 y un anexo del año 93 que fue presentado junto con
el informe del 92 en una reciente comparecencia), sistemáticamente,
aparece, en cuanto a la aplicación de la Ley Orgánica 5/1984, de asilo,
un incumplimiento, que es el de no admitir a trámite estas solicitudes
planteadas por polizones, no permitiendo su desembarco e incumpliendo de
forma flagrante la legalidad. Así, en el informe de 1991, vemos que
aparecen una serie de quejas en este sentido, cuya lectura voy a
ahorrarles, en la página 114; es decir, existe un incumplimiento
constatado por el Defensor del Pueblo de artículo 4 de la Ley Orgánica
5/1984, de asilo, aparte del famoso asunto que siempre aparece en estos
informes, y es que se le incoa el expediente de expulsión a quien va a
pedir asilo o refugio.
En el año 1992 (último informe presentado en esta Cámara hace unos días)
aparece un número muy importante de quejas, en las que interviene el
Defensor del Pueblo, algunas de ellas casualmente también como
consecuencia de actuaciones ilegales del Delegado del Gobierno en
Valencia. Así, por ejemplo, la de un ciudadano liberiano que se hallaba
como polizón en un buque de bandera holandesa fondeado en el puerto de
Valencia y al que se le impide presentar la solicitud de asilo. Está el
caso de dos ciudadanos liberianos, que están en un buque de bandera
colombiana, a los que también les sucede tres cuartos de lo mismo. En el
caso de Ibiza, se les deniega un permiso para desembarcar. Hay otra queja
más también respecto de Valencia, el buque llamado Bacamba, en el que
había cinco liberianos como polizones a los que se les impide presentar
las solicitudes de asilo. El caso de Málaga, en cuyo puerto también tiene
lugar el problema de un ciudadano de nacionalidad liberiana que intenta
solicitar asilo y no se le autoriza su desembarque permaneciendo en el
buque.
En el año 1993 sigue dándose esa irregularidad constantemente. En el
informe del Defensor del Pueblo de 1993, anexo al de 1992, aparece una
vez más un problema en el puerto de Valencia con el Delegado del
Gobierno, en el caso de un ciudadano liberiano que se hallaba como
polizón en un barco con bandera holandesa, a quien, habiendo solicitado
formalmente asilo y refugio a través de la Comisión Española de Ayuda al
Refugiado, no le es permitido el desembarque y, por tanto, no se le da
trámite a la solicitud. Aquí dice el Defensor del Pueblo que hay un
problema general subyacente que es el no admitir provisionalmente la
entrada en nuestro país a los solicitantes de asilo que llegan a España
como polizones en barcos de banderas de terceros países. Lo constata el
Defensor del Pueblo en su informe como algo que sucede constantemente. En
esta comunicación, sigue diciendo el Defensor del Pueblo, se indicaba que
la actuación seguida por las autoridades policiales de no proceder a dar
curso a la solicitud de asilo y de no permitir el desembarco de estas
personas constituye un incumplimiento de la legislación vigente y, en
consecuencia, la existencia de una práctica administrativa irregular. La
respuesta del Gobierno en este último caso es considerada como no
satisfactoria por el Defensor del Pueblo, que vuelve a recordar al
Departamento del Ministerio del Interior sus deberes legales para que
cumpla con la Ley de asilo, y en el momento de la redacción de esta
actualización del informe --dice el Defensor del Pueblo-- aún no se tiene
respuesta del Ministerio del Interior al recordatorio de los deberes
legales. Estos deberes legales son inexistentes al parecer para el
Ministerio del Interior, puesto que sigue produciéndose este tipo de
actuaciones. Unos días después, en el puerto de Valencia, se produce el
caso de seis polizones en el mercante Herm Schepers, en que una solicitud
de asilo fue presentada en la comisaría de Valencia a finales de agosto,
sin que se accediera a desembarcar a los interesados, y, por último,
estamos en el caso que nos ocupa, que ha traído esta pregunta, pero que
es la manifestación de muchas otras situaciones anteriores, el de los
diez polizones menores de edad llegados a Valencia el día 30 de
septiembre.
A este respecto, me gustaría que me contestase el señor Subsecretario por
qué se impidió a estas personas la presentación de la solicitud de asilo
y el desembarque, por qué se hizo así en Valencia, cumpliendo una especie
de costumbre que tiene el Delegado del Gobierno de Valencia, y, en
definitiva, cuáles son los criterios que tiene el Ministerio del
Interior, si es que va a dar algún criterio al respecto, puesto que el
problema de los polizones que llegan a puertos españoles y que piden
asilo es algo que se viene repitiendo últimamente, y, que sepamos, no
existe ningún tipo de criterio, al menos por escrito, por parte del
Ministerio del Interior.
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Como la pregunta del señor Gil
Lázaro es similar, tiene la palabra para que formule la misma, sobre los
motivos por los que no fueron acogidos en el puerto de Valencia los
polizones del buque Eva del Mar.
El señor GIL LAZARO: El pasado 30 de septiembre atracó en el puerto de
Valencia el buque Eva del Mar llevando a bordo diez polizones marroquíes
menores de edad, que solicitaron ser acogidos por razones humanitarias.
Los jóvenes permanecieron recluidos durante la travesía en un pañol de
menos de dos metros cuadrados en condiciones francamente infrahumanas, y
algunos de ellos presentaban síntomas de estar enfermos, según testigos
presenciales. Sin embargo, las autoridades no permitieron que les
atendiese un médico. Solamente un médico pudo, desde el exterior de ese
pañol, hacer un reconocimiento visual; no se les permitió hacerse cargo
de ellos, a pesar de que el menor de estos polizones contaba
con diez años de edad y el mayor con dieciséis; permitieron que la
tripulación los trasladase a otro pañol del barco, contando para ello con
la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que
realizaron ese traslado y que soldaron la puerta y, finalmente, el barco
partió hacia Barcelona el día siguiente.
La actuación del Delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana ha
vuelto a merecer por este caso el rechazo de todo tipo de entidades, y el
Defensor del Pueblo, como se ha recordado, abrió también una
investigación. Si el señor Granados viene caracterizándose por su
absoluta indiferencia, califiquémoslo de un modo benigno así, hacia este
tipo de situaciones de naturaleza humanitaria --y baste recordar entre
los muchos otros casos que también se han citado esta tarde, el del Herm
Schepers, en donde, por cierto, la actuación del Delegado del Gobierno
obligó después a una rocambolesca actuación de las autoridades españolas
ante el clima de rechazo social que había producido su actuación inicial
en Valencia, si la actuación --digo-- del Delegado viene siendo de
manifiesta indiferencia ante estas situaciones humanitarias, en el caso
que ahora nos ocupa su indiferencia se puede convertir de alguna forma
también en desprecio por la legalidad vigente, puesto que, con
independencia del enfoque de la cuestión por la razón de la solicitud o
de la admisión o no de esa solicitud de asilo, lo que sí es cierto es que
estos polizones estaban a bordo de un buque español, estaban por tanto en
territorio español, anclado el buque en aguas jurisdiccionales españolas
y, con independencia, por tanto, de la vía del derecho de extranjería,
era obvio que la aplicación inmediata de la legislación española en lo
que afecta a materia de protección y acogida de menores tenía que haber
sido desarrollada por las autoridades valencianas, tal y como así se
hizo, y se hizo bien, en Barcelona. La actuación de las autoridades en
Barcelona no solamente fue correcta, sino que además pone en evidencia la
incorrección de la actuación que se llevó a cabo en el puerto de
Valencia.
La Asociación de Abogados sin Fronteras ha manifestado literalmente que
la actitud del Delegado del Gobierno es inadmisible jurídica y
moralmente, especialmente en este caso por tratarse de niños sin ningún
tipo de defensa. Para esta Asociación, cito también literalmente, es la
segunda vez que Francisco Granados es desautorizado en asuntos similares,
y ha anunciado su intención de interponer una denuncia judicial contra el
Delegado, basada en tres aspectos: posibles malos tratos, posibles
amenazas a los sindicalistas que se personaron en el puerto y por no
tramitar el asilo solicitado.
A su vez, el Defensor del Pueblo, tal y como se ha recordado también esta
tarde, afirmó --y hago cita literal-- que, ante la relevancia de los
hechos, debe procederse, por parte del Ministerio del Interior, a la
apertura de la correspondiente investigación para esclarecer las
responsabilidades a que hubiere lugar, ante la falta de adopción de
medidas por la Delegación del Gobierno el pasado 30 de septiembre
respecto de la situación de desamparo en la que se encontraban estos diez
jóvenes, lo que supone un manifiesto incumplimiento de las actuales
normas sobre protección de menores. Para el Defensor del Pueblo, la
actuación del Delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana se
caracterizó por una serie de omisiones y negligencias, que se tradujeron
en la insuficiencia de garantías en la atención debida a estas diez
personas, criterio que el Defensor del Pueblo no solamente formuló en su
momento --en el momento de producirse este hecho--, sino que reafirmó
ante esta Cámara en su comparecencia en Comisión del pasado 23 de
noviembre.
Pues bien, si ya de por sí resulta cuestionable la actuación del señor
Granados, ésta se acentúa aún más en su cuestionabilidad cuando el
Delegado del Gobierno realiza una serie de declaraciones ante la opinión
pública que solamente pueden ser calificadas como extrañas, si no como
cínicas, porque es inaceptable que después de la actuación llevada a cabo
por el Delegado, éste se permita aún decir que tanto la Unión General de
Trabajadores como Comisiones Obreras, como la CEAR asesoraron mal a estos
menores e intentaron manipularlos para montar --según expresión literal
del Delegado del Gobierno-- un número. Es inaceptable que el señor
Granados se atreva a decir que esos menores no se quedaron en Valencia
porque nadie invocó razones humanitarias para ello, cuando resulta que él
era el principal obligado por ley a apreciar esas razones, que
manifiestamente resultaban apreciables con toda claridad. Y, desde luego,
es inaceptable que el Delegado del Gobierno tenga, digamos, la
desfachatez de decir que lo humanitario era devolver a estos niños a
Marruecos con sus padres, cuando él, en vez de adoptar las medidas
necesarias para cumplimentar tal fin, tal y como sí sucedió en Barcelona,
se limitó a consentir que continuase el periplo de estos menores y que,
como ha quedado ya dicho, fueran recluidos en un departamento del barco,
al que se soldó la puerta, amén de consentir previamente algún incidente
violento de alguno de ellos con algún número de la policía.
No sólo las declaraciones de Granados se califican por sí solas, señor
Subsecretario, sino que, además, es preciso que el Ministerio del
Interior, en esa investigación que le reclama el Defensor del Pueblo,
determine si el Delegado del Gobierno dice o no la verdad, pues, según
testimonio literal de los representantes de Comisiones Obreras, estos
representantes fueron presionados por la policía para dificultarles su
labor de asesoramiento, y aún así presentaron la solicitud de asilo, por
razones humanitarias, a las cuatro de la tarde en la Delegación del
Gobierno, afirmación ésta que contradice lo dicho por el señor Granados
en cuanto a que nadie formuló esa solicitud.
También la Comisión Española de Ayuda al Refugiado ha rechazado las
manifestaciones del Delegado, asegurando que cuando su representante
llegó al puerto valenciano hacía horas que alguno de estos niños se había
arrojado al agua y, además, este representante de la CEAR ha expresado
igualmente su indignación ante el hecho de que el señor Granados afirme
que nadie cursó solicitud de asilo por razones humanitarias cuando obra
en poder de la CEAR la petición de asilo formulada por ésta ante la
Delegación del Gobierno y en nombre de los
diez menores, con fecha de entrada en registro el día 30 de septiembre,
solicitud en la que se especifica que dada la minoría de edad de los
peticionarios y su estado de enfermedad era aconsejable su inmediato
desembarco por mor de esas razones humanitarias.
Sobre todo este panorama que de suyo desacredita y deja sin cobertura
posible la actuación del Delegado del Gobierno, resulta aún más
sorprendente que el señor Granados trate de autoexculparse utilizando un
argumento tan inaceptable que le coloca aún en una situación más
insostenible, porque no es de recibo que el Delegado del Gobierno afirme
en declaraciones aparecidas en los medios de comunicación valencianos del
pasado 3 de octubre, y hago cita literal: «Si a mí me hubieran dicho que
esos niños que ya estaban en territorio español pudieran ser acogidos por
instituciones adecuadas, hubiera cambiado el planteamiento.» Frente a esa
afirmación cabe preguntarse ¿es que acaso el Delegado del Gobierno
desconoce el principio de que la ignorancia de la ley no exime de su
cumplimiento? Lo que es peor, ¿cómo es posible que represente al Gobierno
un señor que en esa referida declaración está reconociendo implícitamente
su desconocimiento de un deber legal de asistencia a menores que él está
obligado a guardar y a hacer guardar? ¿Qué otras partes sustanciales de
nuestro ordenamiento jurídico, señor Subsecretario, ignora o puede llegar
a ignorar el señor Granados, y cómo es posible que el Gobierno siga
confiando su representación en la Comunidad Valenciana a quien es capaz
de decir cosas o tomar resoluciones sin un conocimiento pleno de sus
límites y de sus deberes, tal y como se desprende de su propia
declaración?
Por todo ello, señor Subsecretario, nosotros queremos que se nos explique
por qué motivos no fueron acogidos en el puerto de Valencia los polizones
del buque Eva del Mar, sabiendo que probablemente será difícil dar una
respuesta satisfactoria que justifique esta explicación, habida cuenta de
que la actuación conforme a derecho de las autoridades españolas en el
puerto de Barcelona desacredita y descalifica la actuación previa en
Valencia.
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Tiene la palabra el señor
Subsecretario para contestar a las preguntas formuladas por los Diputados
señores López Garrido y Gil Lázaro.
El señor SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR (Moreno Catena):
Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, voy a comenzar relatando los hechos
acaecidos en el puerto de Valencia el día 30 de septiembre, a los que SS.
SS. se han referido, y que quiero exponer con el lujo de detalles que me
constan en este momento.
En torno a las dieciséis horas, 4 de la tarde, del día 30 de septiembre
se recibe en la Delegación del Gobierno en Valencia un escrito que
presenta don José María Iglesias, en representación de la Unión General
de Trabajadores del Mar, y don José Antonio Pla García, quien dijo
representar a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y al Alto
Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. A este propósito
incidentalmente quiero señalar que la representación que decía ostentar
del ACNUR, del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados,
fue rotundamente desmentida por el Delegado en España del propio ACNUR;
es decir, que el señor Pla y García representaría a la Comisión Española
de Ayuda al Refugiado y no al Alto Comisionado de Naciones Unidas. Esa
solicitud de asilo, un escrito que presentan los señores don José María
Iglesias y don José Antonio Pla García, se presenta a las dieciséis horas
del día 30 de septiembre en la Delegación del Gobierno. Manifiestan los
presentantes que actuaban como mandatarios verbales de los diez menores
--dicen efectivamente que son diez los menores de edad-- que se
encontraban a bordo del buque Eva del Mar, solicitando el asilo en su
nombre por razones políticas y subsidiariamente humanitarias, adjuntando
escritos en tal sentido que firman esos menores de edad.
A este propósito tengo que señalarles aquí, primero, que el buque tenía
prevista su partida, zarpar del puerto de Valencia con destino a
Barcelona a las dos de la tarde, con lo cual el Delegado del Gobierno que
recibe esa solicitud, ese escrito de estas dos personas a las cuatro de
la tarde, en un principio considera que el buque ya había partido. Bien
es verdad que, según los medios de comunicación pusieron de manifiesto,
se retrasó la salida del buque al presentar la Unión General de
Trabajadores del Mar y Comisiones Obreras un escrito ante la Comandancia
Militar de Marina denunciando una posible vulneración de convenios
internacionales porque el buque no disponía, en su decir, de barcas de
salvamento suficientes. Se ordenó la correspondiente inspección por la
Comandancia de Marina, se comprobó que esa denuncia carecía de fundamento
y, consiguientemente, se permitió la salida del buque. Pero, como digo
--y me interesa que retengan las horas--, el buque tenía previsto salir a
las dos de la tarde --a las 14 horas-- y a las cuatro de la tarde es
cuando se recibe esa solicitud o escrito, pidiendo asilo por razones
humanitarias y por razones políticas, en la Delegación del Gobierno de
Valencia. Cuando se confirma por parte de la Delegación del Gobierno de
Valencia la edad de los menores, se dispusieron las correspondientes
actuaciones y se pretendió o se ordenó a las fuerzas policiales el
desembarco de los menores y el traslado a un centro adecuado de acogida
de menores en Valencia, dándose la circunstancia de que, cuando los
vehículos habilitados para el traslado llegan al puerto de Valencia, el
buque estaba partiendo --había lanzado ya amarras-- con dirección a
Barcelona, siendo, por consiguiente, en esta ciudad, en Barcelona, donde
se realizan las operaciones destinadas a solucionar su situación,
contando con todas las garantías previstas por nuestro ordenamiento
jurídico.
El buque llega a Barcelona a las ocho y media de la mañana del día 1 de
octubre, y a esa hora ya se habían trasladado a la ciudad de Barcelona la
jefa de la Oficina de Asilo y Refugio de Madrid y un representante del
Alto
Comisariado de Naciones Unidas para los Refugiados; los refugiados
partieron para Barcelona, como les decía, la propia tarde del día 30 de
septiembre. El buque, a su llegada a Barcelona en la mañana del día 1, se
encuentra con una dotación en el puerto del grupo de menores de la
Policía judicial de Barcelona, quien les traslada a las dependencias de
esa Sección, donde, tras facilitarles alimento, ropa limpia y material de
aseo, son reconocidos por un equipo médico. Se personan a instancias del
Ministerio del Interior --del Gobernador Civil de Barcelona-- un
representante del Ministerio Fiscal, previamente notificado, que procede
a entrevistar a los menores, junto con la jefa de la Oficina de Asilo y
Refugio, la letrada del Acnur y, obviamente, con los correspondientes
intérpretes, asumiendo el Ministerio Fiscal, de acuerdo con nuestro
ordenamiento jurídico, de acuerdo con su estatuto orgánico, la
representación de estos menores. Asimismo, se había personado, no en
Valencia sino en Barcelona, el Vicecónsul del Reino de Marruecos, quien
no participó en esa entrevista.
Concluida la entrevista, el Ministerio Fiscal llega al convencimiento de
que no había ni se deducía la existencia de persecución política ni se
demandaba asilo y, teniendo en cuenta la Convención de los Derechos del
Niño, según la cual su principal interés --artículo 9-- es estar con sus
padres y no se les puede privar de la estancia con los padres, el
Ministerio Fiscal, constituido legalmente en representante y protector de
los menores, ordenó que fueran puestos a disposición del Consulado de
Marruecos. El Consulado de Marruecos, insisto una vez más, presenta una
documentación señalando que los diez polizones eran marroquíes, eran
menores de edad, estaban reclamados por sus familias y el Consulado de
Marruecos exigía su repatriación. Sobre esos cuatro extremos se pronuncia
el Consulado de Marruecos.
Quiero hacer hincapié en dos cuestiones que me parecen fundamentales. La
primera de ellas, la confidencialidad acerca de la personalidad y de la
identidad de menores que debe presidir todas las actuaciones, debido al
gran perjuicio que se puede causar tanto a los solicitantes de asilo como
a sus familiares. No quiero pensar en algún régimen político cercano al
Reino de Marruecos, donde los familiares de estos menores, no sólo ellos,
no lo pasarían nada bien de haberse conocido su identidad. Desde luego,
la confidencialidad sobre la personalidad de los menores, de los
polizones, no ha sido en absoluto respetada en este país, en España.
Asimismo, también quiero poner de relieve, porque me parece importante,
que se debe evitar una incorrecta utilización de la figura del asilo. En
el caso que hoy se trae a la consideración de esta Comisión, a juicio del
representante en España del Acnur, existen elementos para creer que hubo
una cierta manipulación a la hora de formular las peticiones de asilo en
nombre de los menores, preocupando el que la Ley de Asilo pueda ser
utilizada como arma política, contradiciendo el carácter humanitario de
esta institución y desvirtuando su contenido, en perjuicio de los
verdaderamente necesitados de protección. Este es, como digo, un párrafo
de una carta que el Alto Comisariado de Naciones Unidas para los
Refugiados envía a una institución española. Reitero --decía don
Guillermo D'Acuña--, tengo también, desafortunadamente, elementos para
creer que hubo cierta manipulación a la hora de formular peticiones de
asilo en nombre de estos menores marroquíes.
Por tanto, les transmito tanto esta preocupación del Gobierno por la
confidencialidad sobre la personalidad o identidad, en particular cuando
se trata de menores demandantes de asilo, como la preocupación por la
utilización incorrecta de la figura del asilo, que desvirtúa sin duda las
finalidades de este derecho del artículo 13 de la Constitución Española.
El señor VICEPRESIDENTE: (Arqueros Orozco): Para repreguntar, tiene la
palabra don Diego López Garrido, por cinco minutos.
El señor LOPEZ GARRIDO: Como nos temíamos, la respuesta ha sido
insuficiente e intentando justificar lo injustificable; realmente, casi
no ha podido justificarlo. En definitiva, de su contestación se deduce
claramente que ha habido un flagrante incumplimiento de la legalidad por
parte del Delegado del Gobierno en Valencia cuando no permite el
desembarco de estas personas después de presentar la solicitud de asilo,
cosa que usted ha reconocido que efectivamente existió.
La argumentación sobre por qué se hizo eso, también es inaceptable.
Cuando usted dice que hay que evitar la incorrecta utilización de la
figura del asilo --y me imagino que se referirá a que personas que en
realidad no son perseguidas políticas acuden a la vía del asilo--, se le
puede decir que lo que hay que evitar es que se aplique incorrectamente
la ley. En este caso, el Delegado del Gobierno aplica incorrectamente la
ley y, además, lo viene haciendo así en los últimos años; el Delegado del
Gobierno en Valencia y también en otros sitios. Esta es una realidad.
Me parece que en el Código Penal existe un artículo que dice que cuando
un funcionario, a sabiendas, toma una decisión que sabe que es ilegal,
está cometiendo prevaricación. El Delegado del Gobierno en Valencia ha
estado sistemáticamente incumpliendo la legalidad cuando no da trámite a
las solicitudes de asilo y cuando no permite que se desembarque en el
caso de los polizones que llegan al puerto. Eso es así y no ha habido por
parte del Gobierno ninguna voluntad en que deje de ser así porque ha
seguido haciéndolo. Me imagino que hará esto no porque le apetezca a él
sino porque sabe que goza de la anuencia por parte del Ministerio para
seguir haciéndolo. Eso es una cuestión muy grave, con independencia de
que se esté o no de acuerdo con la legislación sobre asilo. De hecho
existe un proyecto de ley de reforma de la Ley de Asilo, como usted sabe,
pero en un Estado de Derecho se cumple la legalidad y el primero que la
tiene que cumplir es el Gobierno, y en este caso es incumplida
sistemáticamente.
Yo creo que es muy grave utilizar el argumento de la manipulación, de que
hubo manipulación porque no está
probado por qué y en qué hubo manipulación, en qué sentido, qué datos hay
a este respecto. No se puede tomar por el Delegado del Gobierno o por el
Gobierno como una prueba lo que es una opinión, una elucubración, una
hipótesis de que hubo manipulación en cuanto a la presentación de la
solicitud del asilo. Incluso se dice «arma política». Si usted habla de
«arma política», entenderá que se pueda decir también que esta actitud
respecto de estos polizones que vienen de Marruecos está muy clara
también por razones políticas, por razones de intereses de política
exterior española y que, en función de esos intereses de política
exterior española, se incumple la legalidad de la forma en la que
flagrantemente se incumplió en ese momento, y usted no ha podido evitar
que se deduzca de su intervención que exactamente eso fue así.
En definitiva, señor Subsecretario, en este caso me parece que las
recomendaciones que usted hacía para evitar la incorrecta utilización de
la Ley de Asilo deben ser aplicadas a los delegados del Gobierno que se
enfrentan con estas cuestiones, y hasta tanto sea reformada la Ley de
Asilo, si es que se reforma, aplicar estrictamente la legalidad porque
está en cuestión un derecho humano fundamental. Además, ya que usted ha
mencionado al Acnur, yo quiero decirle, para terminar, que la Resolución
del Comité Ejecutivo del Alto Comisionado para los Refugiados, de 1988,
en relación precisamente con el tema de los polizones, deja muy claro que
el pasajero clandestino en busca de asilo debe estar protegido por el
principio de la devolución; que debe concederse a estas personas en busca
de asilo la consideración especial que su situación exige y que siempre
que sea posible, cosa que en este caso era posible, evidentemente, deberá
permitírseles desembarcar en el proximo puerto de escala y concederles la
oportunidad de que se examine su petición de asilo de conformidad con los
procedimientos nacionales establecidos. En este caso, evidentemente, se
ha incumplido no sólo la legalidad española, sino también las
recomendaciones, en este caso muy certeras, del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados.
El señor VICEPRESIDENTE: (Arqueros Orozco): Para elevar a definitivas sus
conclusiones, tiene por cinco minutos la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LAZARO: Esta tarde se ha producido un hecho, señor
Subsecretario, que nosotros ya esperábamos. Esto es, que usted no tuviera
más remedio que acreditar que el Delegado del Gobierno no dijo la verdad.
Lo peor es el elemento complementario de ese hecho. Esto es, que alguien
le ha forzado a usted a no tener que decir la verdad esta tarde ante esta
Comisión, porque desde la primera consideración, señor Subsecretario,
cuando usted afirma que efectivamente se tramitaron ante la Delegación de
Gobierno las solicitudes de asilo, con carácter principal, por motivos
políticos y, con carácter complementario, por razones humanitarias, tanto
por parte del representante de Acnur como por parte de los representantes
de la Unión General de Trabajadores del Mar, está usted dejando sin
efecto la afirmación autoesculpatoria realizada en su momento por el
Delegado del Gobierno cuando dijo públicamente que no habían sido
acogidos esos menores porque nadie había tramitado ante la Delegación del
Gobierno esas solicitudes de asilo.
Sin embargo, éste no es para nosotros el hecho principal, porque ese
hecho ya lo conocíamos tal como hemos manifestado en nuestra exposición
inicial. Lo que nos preocupa es que alguien, como antes señalaba, le haya
forzado a usted a no decir la verdad esta tarde ante esta Comisión
cuando, a través de su intervención, hemos conocido una versión mucho más
rocambolesca aún de los hechos, asegurándosenos que el Delegado del
Gobierno, una vez conoció la situación de estos menores, dio orden de que
fueran desembarcados y las dotaciones de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, que se dirigían al Puerto de Valencia para hacer
efectiva esa orden, llegaron tarde cuando el barco ya había soltado
amarras. Esto no es así, señor Subsecretario, porque las dotaciones de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en contacto permanente con
la Delegación del Gobierno, presentes en el Puerto, fueron las que
permitieron efectivamente el que el barco pudiera soltar amarras, y no
solamente eso, sino que fueron las que advirtieron, por orden del
Delegado del Gobierno, a los representantes sindicales que se encontraban
a bordo del barco, tratando de convencer a los miembros de la tripulación
para que efectivamente se pudiera llegar a una solución pactada o demorar
esa salida del barco hasta que la Delegación del Gobierno tomara una
resolución definitiva, que o abandonaban inmediatamente el barco para que
éste pudiera zarpar o iban a proceder a su detención.
Por tanto, que el Delegado del Gobierno haya trasmitido al Ministerio del
Interior, como versión exculpatoria, esa razón casi de carácter
cronométrico --es decir, no se llegó a tiempo-- vuelve a reincidir en la
falta de respeto a la verdad de la Delegación del Gobierno, en este caso,
y le pone a usted en una situación muy desairada al tener que ser usted
personalmente el que dé cuenta, insisto, de esa rocambolesca versión esta
tarde ante la Comisión.
Y yo creo que no es bueno, señor Subsecretario, que la Delegación del
Gobierno en la Comunidad valenciana pueda permitirse este tipo de
actuaciones, y es menos bueno que este tipo de actuaciones en vez de ser
corregidas de manera rotunda y enérgica por parte del Ministerio del
Interior den cancha a que puedan seguir reiterándose, amparando los altos
representantes del Ministerio explicaciones originarias y éstas añadidas,
como las que ahora nos aporta --yo supongo que nos las aporta a través de
usted--, el Delegado del Gobierno en la Comunidad valenciana. En todo
caso, en su explicación, señor Subsecretario, sigue habiendo un mal
enfoque originario de la cuestión, porque nosotros ya hemos dicho en la
presentación del texto de la pregunta que, con independencia de que fuere
o no de aplicación en este caso los términos estrictos del derecho de
extranjería, con independencia de eso existía un deber legal de
asistencia por parte del Delegado del Gobierno en aplicación, no del
derecho de extranjería, sino de la legislación interna española en
materia de protección de menores, se hizo caso omiso, absoluto, del
cumplimiento de ese deber legal de asistencia. Y es el propio Delegado
del Gobierno, como ya he señalado en la presentación de mi pregunta,
quien a través de sus declaraciones dice que desconocía este deber legal
de asistencia, o dice que si alguien le hubiera explicado que por razones
humanitarias estos niños hubieran podido desembarcar y ser acogidos en
determinadas instituciones, su planteamiento hubiera cambiado; afirmación
ésta que vuelve también a desdecir la que hoy usted ha intentado plantear
ante esta Comisión en función de ese llegar tarde para cumplir la orden
de desembarco, porque el Delegado del Gobierno en sus explicaciones
inmediatas al hecho, tal y como hemos recordado esta tarde aquí, no dijo
que llegó tarde su orden; dijo simplemente que desconocía la realidad de
los hechos, cuestión que también es dudosa puesto que esas dotaciones que
estaban presentes en el Puerto de Valencia estuvieron en todo momento en
contacto directo por radio con la Delegación del Gobierno, pero, insisto,
señaló que como desconocía la situación de estos menores, por eso dio
orden de desembarco.
En definitiva, señor Subsecretario, nosotros desearíamos que este tipo de
situaciones no volvieran a plantearse desde un término general, desde una
visión de Estado (yo creo que la legislación es simple y llanamente para
cumplirla), pero mucho menos desde un punto de vista particular, si me lo
permite, como valenciano, como representante de la sociedad valenciana.
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Señor Gil Lázaro vaya
concluyendo; son cinco minutos y vamos atrasados de tiempo.
El señor GIL LAZARO: Concluyo, señor Presidente. No nos gustaría que el
Puerto de Valencia, precisamente por la actuación sistemática del
Delegado del Gobierno de espaldas a la legislación vigente, empezara a
concebirse como un punto negro en lo que afecta no solamente al respecto
a esa legislación vigente en materia de extranjería o como en este caso
en materia de protección legal a menores... (El señor Aguiriano Fornies:
Cinco minutos para aquél y para éste.)
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Señor Aguiriano, le llamo la
atención. A la próxima le llamo al orden.
El señor AGUIRIANO FORNIES: Aplique el Reglamento.
El señor GIL LAZARO: ... sino como un punto negro en materia de
solidaridad.
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Tiene la palabra el señor
Subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR (Moreno Catena): Yo
considero que cuando algún extranjero aparece como polizón en un buque
(sea de bandera española o sea de bandera extranjera) en aguas
jurisdiccionales españolas, en primer lugar aparece como extranjero, y
luego veremos si como solicitante o no de asilo; porque casos se han dado
en que el capitán de un buque de bandera extranjera no ha permitido subir
a las autoridades españolas (y ese supuesto, también en el Puerto de
Valencia, lo conoce el señor López Garrido) y, consiguientemente, las
autoridades españolas, concretamente el Delegado del Gobierno, ha tenido
que dejar zarpar al buque con un polizón a bordo.
Yo no quiero que se transmita ante la sociedad española la creencia de
que vamos a ser invadidos por polizones o que todos los buques,
particularmente procedentes de Africa, que recalen en nuestras costas van
a venir llenos de extranjeros y van a producir una invasión en el
Mediterráneo o en las costas atlánticas de nuestro territorio. Nada más
lejos de la realidad.
Desde luego, el Gobierno está empeñado en que haya un control estricto de
esa situación, en que el polizonte o la entrada en buques de extranjeros
no se produzca en situación irregular, o se produzca en la menor medida
posible. Pero cuando uno se encuentra en la Delegación del Gobierno de
Valencia, a las cuatro de la tarde, con un primer escrito en el que se
dice, por ejemplo, que es palestino, con un segundo escrito en el que se
dice que es palestino, otro en el que no aparece en absoluto
nacionalidad; cuando se dice en los formularios que es menor de edad, que
la situación de su familia y en su país es pasar hambre y enfermedades;
que en el barco donde está no tiene mínimas condiciones y está hacinado
con sus compañeros, sin médico, sin espacio, sin higiene; cuando eso se
recibe, el Delegado del Gobierno procede a ordenar el traslado de los
menores a un lugar adecuado para que sean tratados de acuerdo con la
legislación y en una aplicación correcta de la ley.
A mí me parece que no hay una incorrección en la aplicación de la ley, y
me remito a las recomendaciones del Acnur que leía el Diputado señor
López Garrido, cuando señalaba que se le tomara declaración en el puerto
inmediatamente posterior. Pues bien, el puerto inmediatamente posterior,
en este caso era el de Barcelona; pero creo que estamos confundiendo dos
situaciones distintas: una, efectivamente, la situación de los menores
como menores, y otra, la solicitud de asilo.
Yo tengo delante una carta que remite el Acnur (y no lo digo yo, lo dice
el Acnur), uno de cuyos párrafos procedí a leer; lo de la manipulación no
es término mío, es del representante en España del Alto Comisionado de
Naciones Unidas para los Refugiados. Es él quien habla de manipulación y
de utilización de la ley de asilo como arma política de ciertos grupos, y
me temo que eso de arma política va en otro sentido de como lo ha
utilizado su señoría. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
Yo creo que lo primero que tenía que ver el Delegado del Gobierno es si
efectivamente había una solicitud de asilo válidamente formulada (habida
cuenta de que, entre otras razones, el mandato verbal en nuestro
ordenamiento jurídico-administrativo no existe) y en ese caso,
debiera haber intervenido el Ministerio Fiscal en defensa y
representación de los menores. Pero no creo (discrepo en ese sentido del
criterio mantenido por S. S.) que haya un incumplimiento flagrante de la
ley y, sobre todo, las consecuencias que luego se han producido en el
territorio del que son nacionales. Yo tengo delante la Convención de
Derechos del Niño, firmada por Marruecos y por España. En su artículo 9,
uno de los primeros preceptos, se dice que los Estados partes velarán
porque el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos.
Y eso fue lo que pasó en este caso: esos niños vinieron contra la
voluntad de sus padres, sus padres los reclamaron y, en muchos casos,
según me consta, sus padres manifestaron que no sabían por qué sus hijos
se habían lanzado a esta aventura, cuando en su casa no les faltaba
absolutamente de nada.
El Gobierno entiende que se ha producido la aplicación rigurosa de la
ley, que con la resolución de los expedientes denegatorios por indicación
del propio Ministerio Fiscal en Barcelona y con la repatriación de los
niños marroquíes a su país de origen queda cerrada una aventura --como se
ha calificado en algunos medios de comunicación-- de estos menores, que,
en primer lugar, hay que llevar junto a sus padres, y en segundo lugar,
quien tiene que decir algo sobre ellos más que el país donde se
encuentran es el país de donde son nacionales, y fue el Vicecónsul de
Marruecos, las autoridades consulares marroquíes, quienes pidieron su
repatriación.
En un primer momento el barco zarpó efectivamente de Valencia y llegó a
Barcelona 14 horas después. Inmediatamente se inició el expediente y se
concluyó de forma satisfactoria para todos y, desde luego, para estos
menores de edad.
--SOBRE MEDIDAS PARA GARANTIZAR EL DERECHO DE LOS HABITANTES DEL
MUNICIPIO DE GAVARDA (VALENCIA) QUE RECLAMAN UNA SOLUCION LEGAL QUE LES
PERMITA SEGUIR RESIDIENDO EN EL ANTIGUO CASCO URBANO DE LA CITADA
POBLACION. FORMULADA POR EL SEÑOR GIL LAZARO. (Número de expediente
181/000259.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 20: Medidas para garantizar el
derecho de los habitantes del Municipio de Gavarda, Valencia, que
reclaman una solución legal que les permita seguir residiendo en el
antiguo casco urbano de la citada población.
El autor de la pregunta es don Ignacio Gil Lázaro, que tiene la palabra.
El señor GIL LAZARO: Como sabrá el señor Subsecretario, en virtud de
acuerdo de Consejo de Ministros, se procedió a la relocalización de los
municipios de Gavarda y Beneixida afectados por la rotura, en su momento,
de la presa de Tous. Si bien este acuerdo, por más que partiera de una
iniciativa, en su momento también, de ambos municipios afectados, produjo
una cierta polémica por cuanto que sectores de ambas poblaciones
aparecían disconformes con la citada iniciativa de relocalización aunque
formalmente apareciera amparada o avalada por un altísimo porcentaje de
la población de ambos municipios. Digo que produjo polémica motivada,
entre otras cuestiones, por el hecho de que estos acuerdos de
relocalización no iban a afectar, sin embargo, a otros municipios de cota
de inundabilidad inferior a la de los municipios antes indicados. Pero no
es el momento de hacer ahora historia, sino de intentar evitar una
situación tensa, que ya hemos advertido en otros momentos de la vida
parlamentaria, tanto en el inicio de esta legislatura como en
legislaturas anteriores, y que puede afectar a la ejecución de la orden
de demolición del casco antiguo de la población de Gavarda, habida cuenta
de que un determinado número de familias desean continuar residiendo en
dicho casco antiguo, introduciéndose, por tanto, las modificaciones
oportunas en el acuerdo de relocalización efectuado por el Consejo de
Ministros a los efectos de que, desde una cobertura legal plena, esa
permanencia en el citado casco antiguo de la localidad pueda hacerse
efectiva.
En su momento, estas familias recurrieron al Defensor del Pueblo y a las
Cortes Valencianas, y tanto el Defensor del Pueblo como las Cortes
Valencianas expresaron su aval a la fundamentación jurídica que podían
encontrar estas familias para poder llevar adelante su pretensión de
continuar residiendo en el citado casco urbano de esa población. Hace
escasas fechas, con ocasión del intento del comienzo de la demolición del
viejo casco urbano, se produjeron ya algunos leves incidentes ante
--insisto-- la reticencia de estas familias por abandonar el pueblo y por
querer que se les permita una fórmula legal que dé pie a la continuidad.
En este momento la Administración autonómica valenciana, la propia
Administración local de Gavarda, las familias afectadas, han iniciado un
proceso de diálogo que permita poder llegar a una solución satisfactoria
para todos, pero por cuanto que la naturaleza jurídica en esta situación
parte de ese acuerdo del Consejo de Ministros, también el Gobierno, la
Administración del Estado, tendrá algo que decir en este asunto. Por eso
nosotros preguntamos qué medidas piensa adoptar el Gobierno, en
coordinación con la Administración local de Gavarda y con la
Administración autonómica valenciana, para garantizar el derecho de los
habitantes de ese municipio que reclaman una solución legal que les
permita seguir residiendo en el antiguo casco urbano de la citada
población.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR (Moreno Catena): Señor
Presidente, señorías, a raíz de los daños producidos por las inundaciones
de los días 20 y 21 de octubre de 1982, daños de una enorme entidad, los
ayuntamientos de Gavarda y Beneixida acordaron en pleno solicitar al
Gobierno el
establecimiento de un plan de actuaciones coordinadas entre las distintas
administraciones para proceder al traslado de los municipios a nuevos
emplazamientos en lugares de menor riesgo, como se ha significado en la
exposición de la pregunta. Fruto de esta solicitud fue el acuerdo del
Consejo de Ministros, de 22 de febrero de 1984, en el que se aprueban
esas actuaciones coordinadas para la construcción de nuevas edificaciones
respecto de los municipios de Gavarda y Beneixida. Las actuaciones
coordinadas se plasman en el acuerdo marco sobre esta materia firmado el
4 de abril de 1984 por los siguientes organismos: Ministerio del
Interior, Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, Ministerio de Administración
Territorial y Ministerio de Economía y Hacienda por parte de la
Administración general del Estado, la Comunidad Autónoma de Valencia, la
Diputación Provincial de Valencia, el Ayuntamiento de Gavarda y el
Ayuntamiento de Beneixida. En virtud de estos acuerdos, los respectivos
ayuntamientos procedieron a la expropiación de los cascos urbanos de
estos municipios, lo que iba a permitir a su vez la nueva construcción en
unos emplazamientos diferentes. No obstante, una serie de familias de
Gavarda, disconformes con la solicitud del resto de sus conciudadanos,
impugnaron las indemnizaciones ofrecidas por el Ayuntamiento, planteando
sucesivos recursos que en estos momentos se encuentran pendientes ante el
Tribunal Supremo. Téngase en cuenta --antes ya hice hincapié en esto--
que no se impugnaron los acuerdos expropiatorios sino la cuantía de las
indemnizaciones.
Concluidos los nuevos pueblos, y una vez que se trasladaron los vecinos a
las nuevas viviendas, estas treinta familias continúan residiendo en
Gavarda y se resisten a abandonar sus antiguas residencias, habiendo
realizado insistentes y distintas gestiones al efecto. Ante esta
situación, el pleno del Ayuntamiento de Gavarda, el día 4 de noviembre de
1993, adopta el acuerdo de: Primero, estimar las solicitudes de
liberación de expropiaciones formuladas por estas familias, las cuales
deberán ser ratificadas por los propietarios afectados. Segundo,
condicionar la efectividad de esta liberación de las expropiaciones a la
conformidad de las distintas administraciones públicas interesadas en el
expediente de relocalización del municipio. Tercero, sujetar, en su caso,
los bienes liberados a las obligaciones y cargas que en el orden
urbanístico señala la Comisión Territorial de Urbanismo de la Consellería
de Obras Públicas de la Generalitat de Valencia. Cuarto, hacer extensiva
la liberalización de la expropiación a los propietarios que acepten las
condiciones fijadas por el órgano competente en la materia y por el
órgano expropiado. Y, por último, facultar al Alcalde-Presidente para
iniciar las gestiones pertinentes ante cuantos organismos correspondan.
Esta certificación del acuerdo del Ayuntamiento de Gavarda se recibió en
la Delegación del Gobierno y el Delegado del Gobierno en Valencia convocó
el pasado día día 23 de noviembre a las distintas administraciones
implicadas en el acuerdo marco de 4 de abril de 1984, con el objeto de
valorar la nueva situación y decidir sobre las actuaciones a seguir,
planteando criterios al respecto a los órganos facultados para la
decisión. Esta reunión acordó someter al servicio jurídico del Estado la
petición planteada y su viabilidad jurídica, así como el procedimiento a
seguir y las posibles repercusiones de la decisión municipal sobre el
acuerdo marco. Por parte del Gobierno, más concretamente por parte del
Ministerio del Interior, no existe voluntad alguna de limitar o poner
trabas al derecho a la libre elección de vivienda que asiste a las
familias reclamantes y, en consonancia, informará favorablemente la
solicitud del Ayuntamiento de Gavarda dado que es al municipio, a este
Ayuntamiento, en cuanto órgano que decretó la expropiación, al que
corresponde liberalizar, en su caso, la expropiación de los edificios de
referencia.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LAZARO: Señor Subsecretario, celebro, de verdad, oír lo que
usted acaba de decir porque ha sido algo que ha costado tiempo que
pudiera llegar a expresarse con la rotundidad y claridad de eso que,
entiendo, es un compromiso efectivo por parte del Ministerio del
Interior, y por tanto por parte del Gobierno, en cuanto a informar
favorablemente la determinación de una solución final a este hecho. Es
--y tengo que decirlo así-- coherente con la postura que en el final de
la anterior legislatura me manifestó el Gobierno en una situación de
bloqueo de la, digamos, capacidad de diálogo entre las diversas
administraciones y la parte de ciudadanos implicados en este asunto. El
Gobierno, en contestación a una pregunta formulada por mí en el Senado,
afirmó que estaba dispuesto a facilitar la modificación de ese acuerdo
marco del Consejo de Ministros en la medida en que la iniciativa partiera
de quien partió originariamente, esto es, del Ayuntamiento de Gavarda y
de la Administración autonómica. Creo que, efectivamente, con esta
afirmación que hoy hace el señor Subsecretario se puede llegar a una
solución feliz y razonable de este asunto que, por otra parte, todos los
implicados, por lo menos la parte que yo conozco más directamente que es
la de los ciudadanos interesados en este asunto, han querido reclamar
siempre. Lo que hace falta ahora es que esa buena voluntad que han
demostrado la Administración autonómica y la local en la resolución de
ese problema y este compromiso que es una expresión igualmente de buena
voluntad, que nos satisface, que ha hecho público hoy el Ministerio del
Interior, sea cuidado en sus detalles. Sabe el señor Subsecretario que en
este momento hay una paralización de hecho, que no de derecho --expresión
de esa buena voluntad--, del inicio de las obras de derribo del casco
antiguo. Todas las partes, es decir, tanto la Administración como los
ciudadanos afectados, para que no hubiera problemas de tipo burocrático o
jurídico, han consentido iniciar en el plazo previsto ese derribo con un
carácter puramente simbólico, pero a efectos de mantener la situación de
alguna manera congelada en sus términos materiales hasta que se pueda
producir definitivamente ese revestimiento jurídico pleno que todos
deseamos.
Insisto en que me congratulo de esa respuesta que hoy ha dado el señor
Subsecretario. Sé que se van a congratular desde luego las partes
principalmente interesadas. No me estoy refiriendo ya exclusivamente a
los ciudadanos directamente interesados en que pueda prevalecer ese su
derecho que, por la vía estrictamente jurídica, fue en su momento avalado
por el Defensor del Pueblo y por la vía política fue avalado por la
manifestación de voluntad de las Cortes Valencianas en ese sentido, sino
porque también estoy convencido de que las propias administraciones
provincial, local y autonómica van a sentirse de alguna forma satisfechas
con este compromiso expresado hoy por el señor Subsecretario que allana,
en mucho, la posibilidad de esa solución feliz y definitiva.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Subsecretario, por su
comparecencia y la información dada a esta Comisión de Justicia e
Interior.
--COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR (ASUNCION HERNANDEZ) PARA
QUE DE CUENTA Y EXPLIQUE LA ACTUACION, DESMEDIDA Y DESPROPORCIONADA,
EFECTUADA POR LAS FUERZAS ANTIDISTURBIOS DE LA GUARDIA CIVIL EL DIA 12 DE
AGOSTO DE 1993 EN ALHABIA (ALMERIA). A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 213/000065.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, contamos con la presencia del Secretario
General-Director General de la Guardia Civil, don Ferrán Cardenal, que
por primera vez comparece ante esta Comisión de Justicia e Interior, y a
quien doy la bienvenida en nombre de la misma, a instancia del Grupo
Parlamentario Popular para que dé cuenta y explique la actuación
desmedida y desproporcionada efectuada por las fuerzas antidisturbios de
la Guardia Civil el día 12 de agosto de 1993 en Alhabia (Almería).
Tiene la palabra don Ferrán Cardenal.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL (Cardenal de Alemany):
Señorías, la presente comparecencia se refiere a la actuación de la
Guardia Civil el pasado día 12 de enero en la población de Alhabia, y yo
creo que el origen de toda la problemática hay que situarlo en sus justos
términos.
En la población de Alhabia había una casa-cuartel de la Guardia Civil con
una dotación realmente reducida y por tanto muy poco operativa; una
casa-cuartel en la que había tan sólo cuatro guardias y un cabo. Este
tipo de casas-cuartel de la Guardia Civil plantea el problema sobre qué
tipo de servicio es el que prestan realmente, puesto que si sumamos los
servicios de puertas, más los permisos, las licencias y las bajas por
enfermedad difícilmente puede prestarse, desde un puesto de estas
características, ningún tipo de seguridad ni a la propia población en la
que está instalada la casa-cuartel ni a las otras poblaciones
dependientes directa o indirectamente de ella. Por esto se planteó la
supresión de esta casa-cuartel y el traslado de sus efectivos a Alhama de
Almería, una población distante 10 kilómetros para, desde allí, poder
prestar los servicios con mayor eficacia, con mayor gratificación para
los propios miembros de la Guardia Civil que prestaban servicios hasta
entonces en Alhabia y, por tanto, para que efectivamente patrullas del
cuerpo pudiesen desplazarse por las distintas poblaciones y realizar unos
trabajos de vigilancia efectiva y de protección de los derechos de los
ciudadanos de forma correcta y de acuerdo con las misiones encomendadas a
la Guardia Civil.
Desde que se tuvo conocimiento en la población de Alhabia de la
desaparición de esta casa-cuartel, se detectó un lógico malestar entre
los vecinos (se trata de una población de 750 habitantes exclusivamente)
que se extendió también a otras poblaciones próximas a las que asimismo
se prestaba servicios desde esta casa-cuartel, servicios teóricos puesto
que, como he señalado anteriormente, era muy difícil que en la práctica
se pudiesen prestar realmente servicios desde este puesto. Lógicamente,
esto se tradujo en diferentes propuestas y en escritos con firmas de los
habitantes de la zona que fueron entregados en el Gobierno Civil de
Almería, dados a conocer en los medios de comunicación y el día 30 de
julio se produjo un paro general en Alhabia durante unas horas en
protesta simbólica por el cierre del puesto de la Guardia Civil. Con
objeto de evitar situaciones de tensión se realizaron los máximos
esfuerzos. El Gobernador Civil de la provincia tuvo diferentes reuniones
con el Alcalde de Alhabia para explicar las razones y el porqué de la
supresión del puesto, y el día 26 de julio tuvo lugar en el Gobierno
Civil de Almería una reunión con los alcaldes de Alhabia, Alboloduy,
Alsodux, Bentarique, Santa Cruz y Terque, en la que el Gobernador Civil
dio todo tipo de explicaciones sobre los motivos y el porqué del cierre
del puesto de la Guardia Civil. El cierre del puesto de la Guardia Civil
estaba previsto para el día 5 de agosto, aunque de hecho no se pudo
llevar a cabo el mismo por la concentración de unas trescientas o
cuatrocientas personas procedentes de la propia población y poblaciones
vecinas encabezadas por el Alcalde de Alhabia frente a la puerta del
inmueble. Los accesos al cuartel fueron cortados mediante barricadas y
vehículos volcados en las calles colindantes. Todos estos hechos se
recogieron en la prensa local de Almería y hay fotografías en las que
efectivamente se ven las barricadas, los vuelcos de vehículos, de coches,
para impedir la salida de los miembros del cuartel y el desalojo del
mismo. Esta situación en torno a la casa-cuartel de Alhabia se alargó
durante cinco días y se recoge este hecho de forma destacada por los
medios de comunicación: Vecinos de Alhabia cercan el cuartel de la
Guardia Civil para evitar su traslado; un pueblo de Almería retiene por
tercer día a cuatro guardias civiles para evitar su traslado, etcétera.
El día 11 de agosto, el Gobernador Civil y el Jefe de la Comandancia de
la Guardia Civil de Almería se desplazaron a Alhabia a efectos de volver
a tratar el tema con el Alcalde, con los concelajes de la zona e incluso
con los
vecinos, insistiendo sobre la necesidad y la conveniencia para la
seguridad de los vecinos de efectuar el traslado que estaba previsto y el
cierre del cuartel. No se entró en razones en esta reunión sostenida y se
tenía previsto continuar esta sentada con carácter indefinido, incluso
los más exaltados tenían previsto o hablaban de la posibilidad de iniciar
un encierro a partir del día 14 ó 15, en las propias dependencias del
cuartel. Esto es lo que motivó que el Gobernador Civil de la provincia
decidiese al día siguiente de su visita a la población, el día 12,
proceder al desalojo de las instalaciones. Para ello contó no sólo con
los efectivos del lugar, sino con el refuerzo de una unidad de los Grupos
Rurales de Seguridad de la Guardia Civil, cuarenta y cinco hombres que
tienen su base habitual en Sevilla y que se encontraban en Almería
capital en relación con otros servicios. Se insistió en la conveniencia
de que la actuación policial se desarrollase evitando las mínimas medidas
de coacción posible, eludiendo el uso de botes de humo, de pelotas de
goma y cualquier otro material antidisturbios que de forma indiscriminada
pudiese causar algún tipo de daños. La operación de desalojo del cuartel
empezó sin incidentes a las dieciséis horas, pero poco después, por medio
de las campanas y de la megafonía del ayuntamiento, se congregó a la
población para impedir la salida de los camiones, dirigiéndose unas
ciento cincuenta personas a la puerta del cuartel tratando de romper el
cordón policial que protegía la carga de los vehículos, por lo que fue
necesario hacer uso de las defensas de gomas a efectos de dispersar a los
concentrados. Antes se había intentado conseguir una mediación pacífica
del alcalde para evitar cualquier tipo de incidentes. Sobre las dieciocho
treinta horas se inició la salida del pueblo de los vehículos cargados
con mobiliario, intentando de nuevo los vecinos cortarles el paso, por lo
que se produjeron nuevas intervenciones de la Guardia Civil a efectos de
concluir definitivamente la operación. Como resultado de estos
enfrentamientos cinco guardias civiles fueron lesionados, uno de ellos
con una lesión de cierta importancia por el lanzamiento de una teja a la
cabeza, y una mujer manifestante no identificada; según los recortes de
prensa que yo he podido recoger se trató simplemente de una situación de
crisis nerviosa que fue resuelta. Esto es lo que recogía la prensa de la
ciudad de Almería al día siguiente.
El 10 de septiembre, respondiendo al compromiso adquirido por el
Gobernador Civil, se produjo una nueva reunión en el Gobierno Civil con
todos los alcaldes para exponerles no sólo la necesidad del cierre que se
había producido ya, sino el compromiso de que estos mismos miembros de la
Guardia Civil, de forma operativa, continuarían prestando sus servicios
en la zona que físicamente, desde la perspectiva del puesto de la Guardia
Civil, habían tenido. Este es el planteamiento del problema y son
incidentes contradictorios en la medida en que reflejan el aprecio de los
vecinos hacia la Guardia Civil. En todos estos casos resulta muy doloroso
cualquier tipo de intervención. Estas intervenciones son necesarias a
efectos de que se puedan llevar a cabo las decisiones que han sido
adoptadas de acuerdo con una lógica y una corrección. En cualquier caso,
hubiese sido preferible, desde luego, que se hubiese atendido a razones y
la sola presencia disuasoria de la Guardia Civil hubiese servido para que
se hubiese podido realizar el desalojo sin más incidentes.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra
el señor Arqueros.
El señor ARQUEROS OROZCO: En primer lugar, debo darle la enhorabuena por
su nombramiento como Director General de la Benemérita y, a la vez,
desearle muchos éxitos para bien de España y del Cuerpo de la Guardia
Civil que ahora le toca dirigir. Dicho esto, paso a exponer la cuestión.
El 12 de agosto de 1993 la Guardia Civil sitió y conquistó el pueblo de
Alhabia, en la provincia de Almería, cuando los habitantes del pueblo
protestaban contra el cierre de la casa-cuartel de la Guardia Civil en la
citada localidad. La carga efectuada contra los vecinos de Alhabia
produjo diversas reacciones, como la de la Asociación de Vecinos que
calificó el hecho de lamentable y bochornoso ya que dichas acciones
habían humillado a todo un pueblo y la actuación de las fuerzas del orden
público enviadas por el Gobernador Civil fue tildada incluso de
anticonstitucional. Los Diputados del Partido Socialista en la provincia
calificaron el asunto como acto antidemocrático. Yo también tengo aquí
todos los recortes de prensa, que el señor Director General puede
observar, en los que, por cierto, no se aprecia ningún vehículo volcado
en ninguna barricada. Digo que los Diputados del Partido Socialista
tildaron el suceso de antidemocrático, manifestando al respecto el
Secretario General del PSOE en Almería y Diputado, que se personó en
Alhabia, su solidaridad con la población, a la vez que prometió llegar
hasta el final del asunto, cosa que no sé si ha hecho. Todo ello según la
prensa almeriense, a la que le concedo la máxima credibilidad, más aún
cuando no ha sido desmentida ni contradicha. El cuartel de la Guardia
Civil de Alhabia ha sido cerrado al formar parte del plan de cierre de
unos mil cuarteles, aproximadamente, en toda España. El anterior Ministro
del Interior manifestó en esta misma Comisión que dicho plan se sometería
a conocimiento y consenso de otros grupos parlamentarios, cosa que no se
ha hecho todavía. Unos meses antes de hacer esta promesa ya había mandado
el cierre de la citada casa-cuartel, y pregunto yo que con qué consenso.
No lo tuvo, no consultó a los otros partidos políticos ni a los grupos
parlamentarios, ni escuchó a los vecinos de la población en cuestión ni a
los habitantes de la comarca y pueblos cercanos, como muy bien ha dicho
el señor Director General, Alboloduy, Bentarique, Alsodux, Terque y Santa
Cruz, por lo que no son los 750 habitantes de Alhabia, sino muchísimos
más, los que consideran que Alhabia es un pueblo equidistante con los del
resto de la zona y piensan que el cuartel era y sigue siendo necesario en
dicho pueblo. Ante los hechos acaecidos, y una vez examinados por el
Ayuntamiento en pleno, de clara mayoría socialista, se adoptaron los
siguientes acuerdos.
Primero, manifestar su repulsa a la actuación llevada a cabo por el señor
Gobernador Civil en cuanto al método utilizado para resolver una
situación de oposición de un pueblo y comarca a que se desmantele una
casa-cuartel de la Guardia Civil, considerando que en un Estado social y
democrático de derecho son numerosas las vías a utilizar, quedando para
última instancia el uso de la fuerza; ultimísima instancia, digo yo. Todo
ello muestra una falta de tacto en su actuación, falta de tolerancia ante
la actitud de los vecinos de continuo apoyo a los miembros de la Guardia
Civil y a su permanencia entre ellos.
Segundo, manifestar su repulsa a la actuación llevada a cabo por el
Teniente de la Tercera Compañía de la Guardia Civil de El Ejido, que
exhibiendo su arma reglamentaria intimidó a varios vecinos de la
localidad.
Tercero, desmentir las declaraciones hechas a los medios informativos por
fuentes del Gobierno Civil en las que manifestaba que las fuerzas del
orden actuaron una vez que los vecinos habían causado heridas a cinco de
sus miembros, cuando, por el contrario, la actuación de las fuerzas fue
previa. Los vecinos, sin provocar la actuación, se vieron continuamente
apaleados y, como resultado de ello, se encontraron en aquellos momentos
varios heridos con hematomas y magulladuras.
Cuarto, manifestar su oposición a las decisiones que se adopten afectando
a representantes políticos y representantes, sin previa consulta o puesta
en conocimiento de éstos. Oficialmente no se comunicó nada a esta
corporación del municipio donde se suprime el puesto, ni tampoco a
aquélla donde se trasladó, en este caso al municipio de Alhama de
Almería, bastante equidistante, por cierto, sobre todo debido a los
accidentes geográficos y naturales.
Quinto, manifestar su repulsa a las manifestaciones hechas por el
Comandante y por el Teniente de que la máxima autoridad en el municipio
eran ellos. Digo yo, claro está, que como lo habían tomado se
consideraban máxima autoridad, poder militar. Esto es gravísimo.
Sexto, manifestar su repulsa ante la sensación de impotencia vivida al
ver cómo, una vez el pueblo acorralado, se invita al señor Alcalde a
dialogar con los responsables de la Guardia Civil y su similitud con la
encerrona vivida en el Congreso de los Diputados el 23 de febrero, cuando
tuvo lugar el intento golpista. Esto lo dice el ayuntamiento, no lo digo
yo; yo lo leo.
Séptimo, exigir el cese del Teniente de la Guardia Civil de la Tercera
Compañía.
Octavo, exigir la dimisión de don Pedro Valdecantos García como
Gobernador Civil de la provincia de Almería, por su incapacidad para ser
referencia concreta y palpable de la Administración central en la
provincia, localización para la reanudación de la protesta y, en
definitiva, instancia de apelación en el juego y vehículo de ida y vuelta
de planteamientos y proyectos que él mismo esgrimía en su artículo
publicado en el periódico «La Voz de Almería», el 11 de agosto de 1993,
que se titulaba «De la razón de ser de los gobiernos civiles».
Noveno, manifestar que si llegado el día 30 de septiembre no se ha
producido, por quien corresponda, la adopción de medidas oportunas, los
miembros de la corporación iniciarán los trámites para que tenga lugar la
dimisión o renuncia de todos ellos.
Décimo, dar traslado de este acuerdo al señor Gobernador de la provincia,
al señor Ministro del Interior, a Presidencia del Gobierno, al Delegado
Provincial de la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía, al
Presidente de la excelentísima Diputación Provincial, así como a todas
las instituciones de la Guardia Civil.
Señor Director General, aquí está la palabra de todo un pueblo que
debiera ser soberano, de un nuevo Fuenteovejuna, contra la palabra del
Gobernador Civil de la provincia que, por cierto, no es conocido por su
talante dialogante y democrático, y así lo manifiestan agricultores de la
provincia y los habitantes de Alhabia y su comarca. La Guardia Civil, a
la que profeso respeto, admiración y mucho afecto, actuó conforme a las
órdenes recibidas y, desde luego, el máximo responsable en la provincia
es el Gobernador Civil y no actuó en base al artículo 144 de la
Constitución Española. El Alcalde del municipio culpa especialmente al
Gobernador Civil, máxime cuando éste la tarde anterior, como muy bien ha
recordado el señor Director General, el 11 de agosto de 1993, había
asegurado que hasta que transcurriera un mes no se adoptaría decisión
alguna sobre la anunciada clausura. Pregunto yo: ¿Es comprensible que los
ediles se sientan engañados y defraudados por el Gobernador Civil? ¿Qué
verosimilitud ofrecerán a los almerienses los futuros otorgamientos de
palabra del señor Gobernador Civil? La corporación municipal, con su
alcalde a la cabeza, denunció que en la carga de las fuerzas del orden se
utilizaron porras eléctricas, prohibidas por la legislación vigente, que
parece ser sufrió en sus propias carnes el alcalde; porras eléctricas que
el Gobierno, en contestación a pregunta escrita del Diputado señor
Romero, no desmiente y que hábilmente titula como determinado material
antidisturbios y que ha sido estudiado por los servicios sanitarios y
laboratorios de electrónica, de donde se deduce que el anterior Ministro
y el anterior Director General de la Guardia Civil eran partidarios de la
utilización de tales artefactos. Espero y deseo que el nuevo señor
Ministro del Interior y el nuevo señor Director General desechen su
utilización para las personas, como los habitantes de Alhabia,
esencialmente buenas. El pueblo fue secuestrado durante cuatro horas, de
cuatro a ocho de la tarde, por la Guardia Civil y ni tan siquiera los
vecinos podían acceder a sus domicilios. Esto es grave. La comisión de
vecinos del pueblo dice que Alhabia sufrió y fue víctima de un abuso de
fuerza sin precedentes, su alcalde fue agredido y sus ciudadanos
apaleados, y un niño de once años fue esposado. ¿Tiene el Director
General conocimiento de esto? Algunos fueron intimidados por el teniente
de la Benemérita con pistola en mano. Sus porras eléctricas se usaron
contra personas mayores y niños que se encontraban sentados a la salida
del pueblo en actitud totalmente pacífica. Repito, es la verdad del
pueblo soberano claramente contra la versión de un servidor del Estado,
por muy Gobernador Civil que sea.
El señor PRESIDENTE: Señor Arqueros, vaya terminando, por favor.
El señor ARQUEROS OROZCO: Ya termino.
Le ofrezco al señor Director General un vídeo que los vecinos guardan,
donde se reflejan gráficamente los hechos acaecidos. Recientemente, y con
anterioridad a los hechos relatados, fueron ofrecidos por el municipio de
Alhabia unos terrenos para la construcción de una nueva casa-cuartel. Los
alcaldes de los pueblos cercanos de Alhabia, todos del Partido
Socialista, coinciden en que con el desmantelamiento de la casa-cuartel
en Alhabia aumentará la inseguridad de la zona, que es mayor de lo
razonable.
Ultimamente se ha reducido considerablemente la consignación para
combustible a los números de la Guardia Civil en la zona, o sea, como a
principio de siglo. Las rondas se hacen caminando a golpe de calcetín y
al estar menos extendida la Benemérita geográficamente, la vigilancia en
los medios rurales se hace, desgraciadamente, más deficiente.
Señor Director General, termino. No estamos por el repliegue de la
Guardia Civil, y en este caso yo como Diputado por Almería no estoy de
acuerdo con la reducción del número de las casas-cuartel en mi
circunscripción. Además, solicito la construcción de una casa-cuartel y
la vuelta de la Guardia Civil al pueblo de Alhabia y su comarca, ya que
así lo quieren sus habitantes y sus corporaciones municipales, ruego que
este Diputado eleva ante el señor Director General para que lo haga saber
al señor Ministro del Interior y al Gobierno de la nación.
El pueblo de Alhabia se merece un desagravio, que espero y deseo se
produzca.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.)
El señor De la Rocha tiene la palabra.
El señor DE LA ROCHA RUBI: Muchas gracias al nuevo Director General de la
Guardia Civil, primero, por su presencia aquí y por la información dada
y, segundo, y sobre todo en este momento, por su reciente nombramiento y
la responsabilidad que ha asumido al mando de esa fuerza de seguridad del
Estado.
Quiero hacer una breve intervención sobre el motivo de esta
comparecencia, que es la explicación de la actuación de las fuerzas de la
Guardia Civil en el pueblo de Alhabia (Almería) el 12 de agosto pasado;
explicación que, en la intervención que ha tenido ya el señor Director
General, nos parece adecuada en cuanto al conocimiento que él tiene de
los hechos, en cuanto a la motivación de las órdenes que se dieron por el
Gobernador Civil, en cuanto, incluso, a la proporcionalidad que las
órdenes que nos ha explicado incluían dentro.
Yo creo que estamos ante un conflicto social normal en una sociedad
democrática, en una sociedad compleja, en una sociedad conflictiva en sí
misma, con conflictos distintos. Creo que a un conflicto de este tipo
--en este caso, curiosamente, por la adhesión a un cuartel de la Guardia
Civil para que se mantenga en esa localidad-- tenemos que darle el
sentido, la proporción, la dimensión que tiene.
Desde luego decir, como se ha dicho hace escasos minutos en esta sala,
que un conflicto de ese tipo es comparable al del 23 F famoso e histórico
para nuestro país, o es una desvalorización de la democracia por alguien
que tiene poco sentido histórico y que cree poco en la democracia, o es
una broma. Quiero pensar que es una broma hacer ese tipo de comparación,
con independencia del alcance de los hechos sobre los que --repito-- nos
parece que ha dado una explicación suficientemente adecuada el señor
Director General.
Quiero terminar diciéndole, en nombre de mi Grupo, que, en la tarea que
tiene por delante, debe seguir instando a las fuerzas de la Guardia Civil
para que, en conflictos de este tipo, que se producen en toda sociedad
avanzada --en toda sociedad democrática siempre hay conflictos de este
tipo; pensar que no se vaya a producir es una quimera--, en conflictos
sobre actuaciones de la Guardia Civil o de las Fuerzas de Seguridad, que
por algún sector social, el que sea, puedan entenderse no suficientemente
proporcionadas, siga actuando adecuando su acción al marco de la ley, en
plena garantía de los derechos y de las libertades de los ciudadanos y
ciudadanas que ejercen también su derecho de reunión y de manifestación.
Al mismo tiempo, que se realicen en el ámbito de la más estricta
proporcionalidad entre los medios utilizados y los objetivos que se
persiguen y se buscan, en este caso garantizar que se cumpla una orden
del Ministerio del Interior, cual es que se cierre un determinado cuartel
de la Guardia Civil, que se ha entendido en el marco del plan de cierre
de cuarteles y de reubicación del despliegue de las Fuerzas de Seguridad,
de la Guardia Civil, orden que se había dado con plena legitimidad porque
se había acordado. Que ése siga siendo el ámbito de las Fuerzas de
Seguridad y el ámbito de explicación y adecuación del señor Director
General. (El señor Arqueros Orozco pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: ¿Señoría?
El señor ARQUEROS OROZCO: Una simple aclaración de menos de medio minuto
para no inducir a error al señor Director General.
La comparación con la actuación de la Guardia Civil en el pueblo de
Alhabia y el intento golpista del 23 F lo hizo una corporación municipal
con clara y absoluta mayoría del PSOE, no la ha hecho este Diputado.
El señor PRESIDENTE: Así lo hemos entendido, señor Arqueros.
Tiene la palabra el señor Director General de la Guardia Civil para
responder.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL (Cardenal de Alemany):
Señores Diputados, ante todo, quiero agradecerles a ustedes la
felicitación, que los dos han hecho extensiva a su Grupo.
La responsabilidad del Director General de la Guardia Civil es mucha; los
errores que pueda cometer la Guardia Civil serán posiblemente míos a
partir de ahora, porque asumo la responsabilidad con todas sus
consecuencias. En cualquier caso, espero estar a la altura de las
circunstancias y confío en que mi experiencia durante once años como
Gobernador Civil de la provincia de Barcelona sabré ponerla al servicio
de mi nueva responsabilidad y de mi nuevo cargo.
Querría aclarar algunas cosas de las que se han dicho aquí, de las
afirmaciones que se han vertido. El periódico «El Ideal», del viernes día
6 de agosto, titula: Almería, vecinos de Alhabia cercan el cuartel de la
Guardia Civil para evitar su traslado, acompaña una foto en cuyo pie
pone: un coche volcado en una de las calles del pueblo. Lo pongo a
disposición del señor Arqueros porque cuando afirmé esto intenté revisar
la documentación. Me habría sabido muy mal equivocarme, más en esta
primera comparecencia ante ustedes.
Es cierto que gran parte de lo que ha leído el señor Arqueros es el
Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento tomado el día 13, o sea el día
siguiente, posiblemente en un ambiente caldeado, después de una
intervención que no cabe duda que no gustó a los ciudadanos de Alhabia.
Los datos que tenemos sobre seguridad ciudadana en la zona de cubría la
casa cuartel de la Guardia Civil son muy significativos. He comentado
antes que el municipio de Alhabia tiene 765 habitantes; el conjunto de
las poblaciones que cubría el puesto de la Guardia Civil es de 2.800
habitantes, repartidos de la siguiente forma: 765, Alhabia; Alboloduy,
894; Alsodux, 127; Bentarique, 364; Santa Cruz, 194, y Terque, 454, lo
que da un total de 2.800. La conflictividad de la zona de Alhabia
realmente es baja. Durante todo el año 1992, la Guardia Civil instruyó un
total de tres diligencias por delitos cometidos en los seis municipios
que formaban parte de la demarcación del cuartel desaparecido y los
atestados por falta durante todo el año 1992 fueron trece. En lo que
llevamos de 1993, desde enero de 1993 hasta la fecha de desaparición del
cuartel; los atestados levantados en Alhabia fueron en total ocho,
correspondientes a dos delitos y seis faltas. El problema fundamental que
se planteaba allí era que la insuficiencia de la dotación no permitía
realizar labores de prevención ni de investigación con unas mínimas
garantías, puesto que, insisto, cinco personas son claramente
insuficientes para atender minímamente las necesidades de estas
poblaciones.
No cabe duda de que a mí sería el primero al que le gustaría que hubiese
el máximo número de cuarteles y que estuviesen todos ellos mínimamente
dotados, o con unas dotaciones suficientes, como para poder atender a los
requerimientos de la población, que lógicamente cada vez son más porque
el aumento de nivel de bienestar de nuestra sociedad hace que cada vez
haya más bienes que proteger y que, por tanto, las demandas de seguridad
no vayan a la baja, sino necesariamente al alza.
En cualquier caso de lo que se intenta hacer es aprovechar al máximo unos
recursos que son limitados, unos recursos que son escasos y, en este
sentido, yo creo que fue acertado el cierre de esta casa-cuartel y su
traslado a una población que se encuentra a diez kilómetros de distancia,
Alhama de Almería. Espero y confío poder comprobar sobre la marcha que la
presencia efectiva y real de la Guardia Civil por estas poblaciones va a
ser superior a la que tenían cuando existía la casa-cuartel.
Respecto a la intervención en concreto, lamento cualquier tipo de
violencia de algún cuerpo de seguridad y en estos momentos del que yo
tengo responsabilidad. A mí me gustaría que la simple presencia fuese
suficientemente disuasoria como para evitar una intervención activa.
Después, valorar positivamente una intervención activa es
extraordinariamente difícil. En mis años de experiencia no he recibido
jamás felicitaciones por actuaciones de las unidades antidisturbios, sino
que siempre he oído hablar de intervenciones desmedidas, de
intervenciones desmesuradas, de intervenciones inadecuadas o
inapropiadas.
Hacer el análisis «a posteriori» siempre resulta mucho más fácil. Hacer
el análisis sobre el momento, sobre la situación, sobre el problema que
tienes que resolver, es siempre mucho más difícil. Yo creo que había una
situación grave, una situación que no se podía permitir. No podía estar
una casa-cuartel de la Guardia Civil rodeada por los vecinos, de tal
forma que impedía la salida de los mismos guardias civiles, que se
encontraban en una clara situación de secuestros, utilizando el término
de modo coloquial y en absoluto en términos de Código Penal. Creo que la
intervención de la Guardia Civil, desplazándose junto con el teniente
coronel de la Comandancia allí para parlamentar y para hacer entrar en
razón a los ciudadanos, fue suficiente como para adoptar la decisión del
cierre de la casa-cuartel. Desgraciadamente fue necesario el uso de la
fuerza, cuando todos hubiéramos preferido que ello no hubiese sido así.
Los documentos que usted ha utilizado, que ha leído, ya he dicho que
quiero creer que eran un poco producto del enfado del momento, de la
indignación del momento, que, por otra parte, yo creo que es lógica.
PREGUNTAS (continuación):
--SOBRE PREVISIONES ACERCA EL DESPLIEGUE PERMANENTE DE LA GUARDIA CIVIL
DEL MAR EN LA COMUNIDAD VALENCIANA, FORMULADA POR EL SEÑOR PERALTA
ORTEGA, DE GIU-IC. (Número expediente 181/00031.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a iniciar, señorías, el trámite de preguntas,
con un ruego de esta Presidencia.
Como consecuencia de lo avanzado de la hora, es previsible que si SS. SS.
no limitan su tiempo de intervención todavía estemos un buen rato
debatiendo en esta sesión. Confío realmente en su austeridad a la hora de
hacer las intervenciones sobre las preguntas y, en todo caso, les
advierto que seré rígido con el tiempo a que ustedes tienen derecho de
acuerdo con el Reglamento, que son exclusivamente diez minutos.
La primera pregunta es la número 22, dirigida al señor Director General
de la Guardia Civil, y dice lo siguiente: Previsiones sobre el despliegue
permanente de la Guardia Civil del Mar en la Comunidad Valenciana. El
autor es el señor Peralta Ortega, quien tiene la palabra.
El señor PERALTA ORTEGA: Quiero dar las gracias al señor Director General
de la Guarda Civil, y aprovecho para felicitarle por su reciente
nombramiento.
El tema concreto objeto de nuestra pregunta hace referencia a una
problemática ya planteada por nuestro Grupo en la anterior legislatura.
En febrero de 1992, el entonces señor Ministro del Interior contestaba a
una pregunta sobre el mismo tema y coincidía con este Diputado, que era
quien formulaba la pregunta, en el sentido de que la Guardia Civil del
Mar y su despliegue en una comunidad como la Valenciana, con una
importante zona costera, en donde no sólo se concentra un volumen notable
de población, sino sobre todo un volumen importante de actividad
económica, podía tener una gran importancia en la medida en que dicha
Guardia Civil del Mar no sólo asumiera funciones de protección frente a
actividades de narcotráfico o actividades de entrada ilegal de personas,
sino también actividades de vigilancia del litoral, actividades de
carácter ecológico, actividades de mantenimiento de salubridad, etcétera.
En esa misma intervención el señor Ministro del Interior nos decía que la
entrada en funcionamiento del servicio de la Guardia Civil del Mar, por
lo que se refería a la Comunidad Valenciana, estaba enmarcada en las
previsiones a desarrollar en la primera fase de los próximos años. Decía,
en concreto, que su intención era trabajar para que en el transcurso del
año 1993 Valencia tuviera desplegada la Guardia Civil del Mar.
Recientemente, algunos medios de comunicación han hecho referencia a que
han empezado a actuar unidades de la Guardia Civil del Mar en el ámbito
de la Comunidad Valenciana; unidades que al parecer tienen su base
permanente en la Comunidad Autónoma de Murcia, pero que alcanzan
recientemente, fundamentalmente durante el verano, al litoral de la
Comunidad Valenciana.
Al parecer han sido desplegadas dos patrulleras. Una, según se dice en
los medios de comunicación, de tipo medio y otra de vigilancia inmediata
o de intervención rápida. Los propios medios de comunicación ponían de
manifiesto cómo en pocos días de actuación de estas dos patrulleras, que
son al parecer los efectivos que se han desplegado en el ámbito de la
Comunidad Valenciana, habían tenido bastante trabajo e intervenciones
particularmente notables.
A partir de esta realidad, insisto, en la medida en que parece que éste
es un despliegue coyuntural o muy inicial (y desde luego dejando a salvo
lo que puedan ser cuestiones de una cierta discreción, como pueda ser el
emplazamiento o la base efectiva que tengan algunas de estas unidades,
que quizá convenga mantener con una cierta discreción), sí que nos
gustaría saber cuáles son, tal como indicamos en nuestras preguntas, las
previsiones que tiene el Gobierno sobre el despliegue permanente de la
Guardia Civil del Mar en la Comunidad Valenciana.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Director General de la
Guardia Civil.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL (Cardenal de Alemany):
Muchas gracias, señor Diputado, antes que nada, por su felicitación, por
su deseo de éxitos. En definitiva, creo que mi éxito será el de la
Guardia Civil, por lo que jamás lo atribuiré a mi persona.
Como señalaba S. S., en febrero del año 1992 el anterior Ministro del
Interior informó ante esta Comisión que la primera fase de implantación
de la Guardia Civil del Mar, que suponía dotar a todas las provincias del
litoral de un determinado número de embarcaciones, estaba previsto
llevarla a cabo en un período de cinco años. También dijo que, por lo que
se refería a la Comunidad Valenciana, como S. S. ha indicado (aunque no
podía decir con exactitud, porque no tenía todos los elementos para fijar
la fecha de implantación del servicio), era intención del Ministerio
trabajar para que fuera 1993 el año en el que pudiese establecerse ya un
servicio permanente de la Guardia Civil del Mar en la Comunidad
Valenciana.
La verdad es que el despliegue de la Guardia Civil del Mar es un plan
ambicioso que prevé contar con un número elevado de unidades,
concretamente 90, de las que en estos momentos tan sólo disponemos de 18.
En la práctica, la puesta en marcha está encontrando un retraso en su
ritmo de implantación debido, fundamentalmente, a dos motivos. Por una
parte, los recortes presupuestarios, que dificultan las adquisiciones en
los plazos que estaban previstos; y, por otro lado, algo que también
había que haber previsto, pero tal vez desde el Ministerio y desde la
Dirección de la Guardia Civil se dejaron llevar excesivamente por el
optimismo, que es el tiempo necesario para la formación del personal
encargado de estas embarcaciones. Se trata de una formación larga y
costosa. Hay que tener en cuenta que un patrón de embarcación necesita un
curso eminentemente práctico, de una duración mínima de nueve meses para
obtener el título y, por tanto, empezar a patrullar.
Este servicio está implantado en estos momentos ya en La Coruña, en
Cantabria, en Barcelona, en Murcia, en Almería, en Málaga, en Cádiz y en
estos momentos, como le indicaba, hay 18 patrulleras en funcionamiento
con una dotación de 435 hombres. En estos momentos una de estas
patrulleras está prestando servicio en el Danubio, a efectos de
contribuir y colaborar con el control de la entrada de mercancías y
armamento desde Bulgaria, en nuestro caso.
El próximo servicio que está previsto que entre en funcionamiento es el
de Huelva. Se ha procedido a una distribución de las unidades en función,
sobre todo, de las necesidades más perentorias, dado que era imposible
cubrir todos los frentes. Se ha cubierto sobre todo la parte sur de
nuestra península, la parte de Cádiz, la parte de
Huelva, que es la que se pondría en funcionamiento; la parte de Málaga,
la parte de Almería. Allí están destinados en estos momentos cuatro en
Cádiz, dos en Málaga y dos en Almería.
En Barcelona hay que tener en cuenta toda la problemática, no ya de las
Juegos Olímpicos, que motivó el que se iniciase por allí el despliegue de
la Guardia Civil del Mar, sino todo el problema de la Costa Brava y, por
tanto, la proximidad con la costa francesa y la entrada de determinadas
embarcaciones que, sin pasar ningún tipo de control, intentan llegar
desde otros países hasta los puertos, sobre todo deportivos. Por ello,
continúan dos prestando servicio en estos momentos.
Se ha establecido un despliegue en la parte norte, sobre todo en La
Coruña, como consecuencia de toda la problemática de la droga (no tanto
por el problema de la inmigración, pero sí por el tema de la droga); hay
tres en La Coruña y una en Santander. Asimismo, en Murcia hay dos
embarcaciones, una de tipo ligero y otra de tipo medio, que intentan
cubrir, como mejor pueden, no sólo las necesidades de la Comunidad y de
la costa murciana, sino atender a las necesidades de la Comunidad
Valenciana.
A mí me resulta en estos momentos muy difícil precisarle cuándo podrá
prestar su servicio de forma adecuada en todo nuestro litoral y, en
concreto, en la Comunidad Valenciana. Los presupuestos de este año no nos
inducen a ningún tipo de optimismo respecto a la posibilidad de nuevas
adquisiciones. En estos momentos, lo que tenemos que hacer
fundamentalmente es sacarle el máximo partido a las patrulleras de las
que disponemos y, por tanto, intentar con ellas cubrir al máximo todas
las necesidades.
Yo querría que se pudiese cumplir la previsión de los cinco años para el
despliegue de la Guardia Civil del Mar, en cuyo caso en la provincia de
Valencia está previsto que haya una patrulla ligera y dos patrulleras
medianas. Este es el proyecto que había dentro de los cinco años y que yo
desearía que se pudiese realizar en los plazos previstos.
El señor PRESIDENTE: Señor Peralta, tiene la palabra.
El señor PERALTA ORTEGA: Señor Director General de la Guardia Civil, le
agradezco las explicaciones que me ha dado, que fundamentalmente han
versado sobre el proceso de despliegue que se ha seguido hasta ahora, en
el que deduzco, de los datos que usted ha proporcionado, que han primado
criterios de lucha contra lo que pueda ser tráfico ilegal, tanto de
personas como de drogas, etcétera. De ahí que el despliegue se haya
concentrado sobre todo en la zona a la que ha hecho usted alusión. Quizá
desde esa perspectiva el caso de la Comunidad Valenciana no tenga las
características de urgencia en relación con esas otras a que usted ha
aludido.
No obstante, reconociendo el esfuerzo que está haciendo la plantilla
escasa que tienen ustedes en este momento en este servicio para atender
un litoral tan amplio como el que tiene nuestro Estado, creo que la
apreciación de otro tipo de criterios sí que debe dar lugar, desde luego,
a que la Comunidad Valenciana forme parte de los objetivos inmediatos a
atender. Le animaría a que, aun con las dificultades presupuestarias, se
haga un esfuerzo para que sea pronta y bienvenida la presencia de la
Guardia Civil del Mar en la Comunidad Valenciana.
El señor PRESIDENTE: El señor Director General tiene la palabra.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL (Cardenal de Alemany): Yo
creo que es importante la indicación que ha hecho S. S. en el sentido de
que este tipo de servicio va más allá del control ilegal de sustancias
estupefacientes y control de entrada ilegal de personas. El proyecto y la
idea son mucho más ambiciosos: es la auténtica protección de las costas,
auténtica protección de los derechos de los usuarios del mar, tanto si
son bañistas como si son personas que utilizan embarcaciones; son
elementos que tienen que ayudar a controlar determinados tipos de
actividades en el mar relacionadas con la pesca, la pesca de determinados
tipos de productos que está prohibida o que está limitada. Por tanto, la
idea no es limitarse exclusivamente a estos aspectos, que son tal vez los
más vistosos o los más espectaculares de los servicios que se han venido
prestando, sino atender en su totalidad a la complejidad de la
problemática que plantean los temas que van ligados al litoral.
Estamos en ello, no queremos que sea una Guardia Civil o un servicio
especializado centrado en estos temas, y en la medida de nuestras
posibilidades y de la problemática de la Comunidad Valenciana
intentaremos, de momento, cubrirla desde otros puntos y, en cuanto sea
posible, cubrir todo el litoral y, lógicamente también, las costas de
Valencia.
--SOBRE VALORACION DE LA INCIDENCIA DEL TRAFICO Y CONSUMO DE DROGAS EN LA
LLAMADA «RUTA DEL BAKALAO». FORMULADA POR EL SEÑOR GIL LAZARO, DEL GRUPO
POPULAR. (Número de expediente 181/000260.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 23: Valoración sobre la incidencia
del tráfico y consumo de drogas en la llamada «ruta del bakalao».
Señor Gil Lázaro, tiene la palabra.
El señor GIL LAZARO: Señor Director General, es obvio que hoy no
pretendemos, ni mucho menos, agotar esta cuestión por su importancia, por
su amplitud y que va a ser, sin lugar a duda, merecedora de una acción
constante, por lo menos por parte de nuestro Grupo, durante toda esta
legislatura. Hoy simplemente queremos apuntar un comienzo del tratamiento
parlamentario de esta cuestión, haciendo referencia a la necesidad de que
el Gobierno formule esta tarde, como diagnóstico
oficial, una valoración sobre la incidencia del tráfico y consumo de
droga en la llamada «ruta del bakalao».
He querido traer a colación, en el momento de fundamentar esta pregunta,
lo que son documentos periodísticos, por cuanto que los mismos pueden
generar sobre la opinión pública una sensación de inquietud o de alarma
o, en algunos casos, de estupefacción. En la provincia de Valencia
estamos acostumbrados, ya desde hace muchos meses, a una referencia
constante en los medios de comunicación acerca de la realidad del tráfico
y consumo de droga en esto que se llama la «ruta del bakalao». No puedo
hacer una pormenorización exhaustiva de estos documentos periodísticos,
pero sí me va a permitir citar, a modo de ejemplo, algunos: Las drogas de
la «ruta del bakalao» son tan peligrosas como los accidentes de tráfico.
Las principales animadoras son las anfetaminas y el «éxtasis». Estas
drogas comienzan su reacción sobre el sistema nervioso central al cabo de
una hora y, a partir de ese momento, embotan la conciencia. Las drogas de
diseño producen un fuerte malestar una vez terminada la fiesta y
rigideces mandibulares de varias horas o, incluso, días. La Guardia Civil
decomisa cocaína por valor de 23 millones y detiene a dos traficantes. La
policía cree que la droga iba a ser distribuida en la denominada «ruta
del bakalao». Cuatro kilos de cocaína son interceptados por la policía en
una operación en el aeropuerto de Manises. La policía cree que estas
sustancias iban a ser distribuidas en el mercado negro de la «ruta del
bakalao». La policía decomisa cocaína del «cártel de Cali» oculto en el
embalaje de un envío de artesanía. Se supone, por parte de fuentes
policiales, que estas sustancias, una vez puestas en el mercado negro,
iban a ser distribuidas en la «ruta del bakalao». Decomisan un alijo de
«éxtasis» para la «ruta del bakalao». Incautan más de kilo y medio de
cocaína, de la que habrían extraído 60.000 dosis. Desarticulada una red
que vendía drogas para la «ruta del bakalao». La policía cree que la
clientela de los detenidos provenía principalmente de Valencia, destinada
para los habituales consumidores de los que viven los fines de semana la
«ruta del bakalao» y la ruta de «destroyer», pero también de Barcelona,
Mataró y comarcas de Gerona.
Podríamos seguir ininterrumpidamente. No vamos a hacerlo. Todas estas
noticias probablemente tengan su culminación con las operaciones
policiales recientes de desarticulación de un laboratorio clandestino en
Elche, una de las mayores operaciones que se ha realizado en nuestro
país, y la de hace apenas 72 horas con el decomiso de 70 kilos de
pastillas de «éxtasis» en la provincia de Castellón.
Frente a estas realidades que, como digo, son constantes en los medios de
comunicación valencianos, con fecha 23 de octubre los valencianos
pudieron leer que Interior incrementará la lucha antidroga en la «ruta
del bakalao». Las Fuerzas de Seguridad del Estado incrementarán --según
noticia de agencia-- la lucha contra la venta de drogas sintéticas
consumidas principalmente por jóvenes en la llamada «ruta del bakalao»,
uno de cuyos máximos exponentes es la de Valencia, según acordó el
Consejo Superior de la Lucha contra la Droga en una reunión celebrada el
jueves en el Ministerio del Interior bajo la presidencia del Secretario
de Estado para la Seguridad, Rafael Vera. Apenas unos días después,
también la opinión pública pudo leer que Interior iba a ordenar un
despliegue masivo de las Fuerzas de Seguridad del Estado en la llamada
«ruta del bakalao», y que el Director de la Seguridad del Estado afirmaba
que en estas zonas se trafica con droga y se ejerce la prostitución.
Hasta ahí podríamos entender que estamos haciendo una enumeración de
noticias, por desgracia --subrayo por desgracia-- habituales y conocidas
en la opinión pública, y que, de alguna forma, además, tenían la
expresión positiva de que el Ministerio del Interior sabía la realidad de
cuál era la dimensión del problema y que, por tanto, iba a aplicar todas
las medidas oportunas destinadas a hacerlo frente desde un prisma
policial. Sin embargo (de ahí que hoy, como inicio de este tratamiento
parlamentario que nos ocupará durante toda la legislatura, tengamos que
pedir una valoración, un diagnóstico oficial del Gobierno sobre el
consumo de droga en la llamada «ruta del bakalao»), la sorpresa la
constituyó el que apenas tres días después de esta última manifestación
de intenciones efectuada por el Ministerio del Interior y por el
Secretario de Estado para la Seguridad, el Jefe Superior de Policía de
Valencia declarara que se consume más droga a diario en cualquier bar que
en la «ruta del bakalao» y, por tanto, minimizara los efectos de este
problema. Nos parece que hay un contrasentido entre el diagnóstico que se
realiza por parte de la cúpula de Interior y el que realiza públicamente,
al menos en esta declaración, el Jefe Superior de Policía de Valencia.
Como nos parece fundamental, por razones obvias, que haya una plena
coherencia en el sentido y una plena adecuación en la valoración del
problema por parte de la cúpula policial, pero también por parte de quien
sobre el terreno tiene que ser el principal agente en la coordinación y
en la distribución de esas acciones policiales, queremos hoy saber cuál
es ese diagnóstico oficial sobre el tráfico y consumo de droga en la
llamada «ruta del bakalao», porque sobre ese cimiento podremos empezar a
construir una actuación parlamentaria que, insisto, a todos nos tiene que
preocupar durante esta legislatura.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Director General.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL (Cardenal de Alemany):
Señor Presidente, señores diputados, señor Gil Lázaro, de los datos que
yo he conseguido a efectos de poder responder esta pregunta deduzco algo
que tiene una cierta lógica: cuando se efectúa una publicidad importante
sobre un determinado fenómeno o sobre una determinada localizacion, los
males que ocurren en todo el país se hacen recaer sobre el fenómeno que,
si además cuenta con una expresión feliz, como la de «ruta del bakalao»,
lo hace todavía más apetecible desde esta perspectiva.
La verdad es que, según los datos que tenemos nosotros
--sobre todo, datos de tráfico-- y a pesar de la publicidad y de la
insistencia en el tema, el número de personas que utilizan estas rutas no
es tan elevado, por lo menos en todo su recorrido. En la Comunidad
Autónoma de Madrid los desplazamientos son fundamentalmente cortos entre
las localidades próximas o hacia discotecas cercanas al lugar de
residencia. En la Comunidad Autónoma de Valencia, sin excluir que haya
gente que efectivamente siga toda la denominada «ruta del bakalao» y que,
por lo tanto, hagan una ruta de largo recorrido, los jóvenes se
concentran, sobre todo, a lo largo del trayecto comprendido entre la
autopista V-15, Valencia-El Saler, y la carretera local VP-1.041,
Nazaret-Oliva, que une Valencia y su área metropolitana, con una longitud
de aproximadamente 25 kilómetros, donde se despliega una oferta
importante de lugares de diversión, fundamentalmente discotecas, en los
que la actividad es continua desde la noche de los viernes hasta la
mañana de los domingos, alcanzando su máxima intensidad la noche de los
sábados y madrugada de los domingos.
La cuantificación actual del número de vehículos y personas que circulan
por esta zona de la Comunidad Valenciana es, según datos que no pueden
ser más que aproximativos, la siguiente: el viernes por la noche, entre
600 y 800 vehículos, lo que supone un total de 2.000 ó 2.500 personas; el
sábado por la noche, con un incremento considerable, 3.500 ó 4.000
vehículos, lo que supondría un movimiento de unas 10.000 ó 12.000
personas; y el domingo por la mañana desciende considerablemente, entre
800 y 1.000 vehículos, lo que supone un movimiento de unas 2.500 ó 3.000
personas. Como S. S. conoce, desde el fin de semana hasta el 14 de
noviembre se inició una operación especial de todas las comandancias
afectadas por la denominada «ruta del bakalao», que abarca la Comandancia
de Madrid, la de Albacete, la de Cuenca, la de Ciudad Real, la de
Valencia, la de Murcia e incluso la de Zaragoza, por haber sabido que de
allí arrancaban algunos de los que iban a expansionarse en los centros de
diversión valencianos.
Los datos que se obtuvieron en estos controles, que, insisto, afectan a
múltiples comandancias, fueron los siguientes: 1.235 controles de
alcoholemia en la Comunidad valenciana, de los que en la Comandancia de
Valencia se efectuaron 161; las detenciones por alcoholemia fueron 75, de
las que 53 se hicieron en la Comunidad valenciana; los accidentes de
tráfico ocurridos que puedan tener algún tipo de relación con ello fueron
51, de los que tan sólo 15 se produjeron en la Comandancia de Valencia y
las incautaciones de sustancias psicotrópicas y estupefacientes que se
han realizado no han supuesto cantidades altas. En concreto, las
sustancias de «cannabis» en todas las comandancias fueron de 23 gramos y
medio; las de «hachís», 301 gramos, de los que corresponden a la
Comunidad valenciana 125,76; de resina de «hachís», 17,43 gramos, que
corresponden todos a la Comunidad valenciana; de cocaína 9 gramos, 5,2
corresponden a la Comunidad valenciana; de heroína tan sólo 3,5 gramos,
que corresponden todos a la Comunidad valenciana; de «speed» 48 gramos,
de los que 44 corresponden a la Comunidad valenciana; de «éxtasis» 56
dosis, de los que 51 corresponden a la Comunidad valenciana; y de
anfetaminas, 20 comprimidos, de los que 11 corresponden a la Comandancia
de Valencia.
Las detenciones que se producen por otras causas como consecuencia de
estos controles fueron de 19: tres por delitos contra la salud pública,
una por resistencia y una por robo; y las armas que se incautaron fueron
38, prácticamente todas en la Comandancia de Valencia.
Los datos posteriores no reflejan grandes cambios sobre estas cifras.
Limitados a la Comunidad valenciana, el fin de semana siguiente, 19, 20 y
21, la cantidad de «hachís» fue de 115 gramos; de resina de «hachís»,
cuatro gramos; la de «marihuana» 44 gramos; la de cocaína, ocho gramos;
la de heroína 3,5 gramos; las de LSD 12,5 gramos; las de «speed», 43
gramos; las de «éxtasis», 48 dosis. Estos servicios se han seguido
manteniendo, como saben ustedes, el siguiente fin de semana; 26, 27 y 28
de noviembre; se alargó con motivo del puente de La Purísima, del 3 al 8,
el nuevo servicio y el 10, 11 y 12 se continuó realizando el servicio. En
todos ellos, insisto, las cantidades de droga incautada no son
especialmente altas. En la última del 10, 11 y 12 de diciembre fueron 109
gramos de «hachís», 19 gramos de «marihuana», siete gramos de cocaína, un
gramo y medio de «speed», seis dosis de «éxtasis», una dosis de
anfetaminas y mezcla de tabaco con aceite de «hachís», 7,4.
Las intervenciones de armas continúan con una cierta tendencia hacia la
disminución: diez armas blancas, tres defensas, un bate de béisbol, tres
tiragomas, una fusta, etcétera. Los resultados positivos de alcoholemia
han bajado; en este último fin de semana a que me refiero las detenciones
que se practicaron por alcoholemia fueron 18, con un grado de alcoholemia
superior al 0,8 en sangre, y los otros detenidos fueron uno por delito
contra la salud pública y otro que se detectó robos en domicilio como
consecuencia de los controles efectuados.
Creo que es importante continuar este tipo de controles que de hecho
permiten detectar no los consumos pero sí incautar cantidades de droga
que de alguna forma no están tampoco excesivamente justificadas en
relación con el total del despliegue que se practica. La misión de los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado es, sobre todo, insistir en
otro tipo de actuaciones dentro de las cuales sí es importante destacar
la última actuación de este fin de semana de la Policía al incautar en la
población de La Roda, en Albacete, 155.000 pastillas de «éxtasis».
Decir que todas estas incautaciones van destinadas a la «ruta del
bakalao» es totalmente excesivo. Estamos en un país donde, no sé por qué
extraña razón, cuando se incauta mucha droga en lugar de alabar estas
importantes incautaciones de droga se dice que como lo que se incauta es
el 15 por ciento del total de lo que entra en nuestro país, cuanta más
cantidad se aprehende no hay menos droga en el mercado, sino que
teóricamente aumenta el número de droga del mercado. Llevando al absurdo
este planteamiento, si la Policía y la Guardia Civil no incautase ningún
tipo de alijos, por tanto fuese cero, el 15 por
ciento de cero sería cero y estaríamos en el mejor de los países o en el
país de las maravillas, lo que sería absolutamente falso.
Hay que insistir en las operaciones montadas. Creo que estas operaciones
tendrán dos resultados, no sólo desde la perspectiva de la droga, sino
desde la perspectiva de vidas humanas como consecuencia de accidentes de
tráfico, que es otro de los aspectos importantes que trataban de evitarse
y de atajar. En ese sentido, yo creo que estas actuaciones deben
combinarse con actuaciones muy serias y muy profundas en la lucha no sólo
contra los grandes alijos de droga sino también contra los medianos y los
pequeños porque, en definitiva, en la lucha contra la droga hay que
atacar a ésta en todos los escalones, tanto en el escalón mayor, como en
el intermedio o en el último.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LAZARO: Muy brevemente, señor Presidente, en primer lugar,
quisiera recordarle al señor Director General de la Guardia Civil que no
ha sido este Diputado ni este Grupo Parlamentario el que en este momento
han formulado ese argumento al absurdo a que ha hecho referencia. En
segundo lugar, quisiera recordar que ya hace tres o cuatro años este
Diputado --entonces Senador-- afirmó, a través del trámite parlamentario
correspondiente, que el puerto marítimo de Valencia se estaba
convirtiendo en uno de los principales focos de introducción de droga en
España y en Europa, así como en puente en el tráfico intercontinental de
droga. En aquel momento, el Gobierno, en contestación a este argumento,
descalificó absolutamente esa tesis que, por otra parte, no respondía a
ninguna formulación fantástica de quien la realizaba sino a un
conocimiento en base a dictámenes digamos profesionales a los que el
entonces Senador había tenido acceso. Sin embargo, años después, el
propio Gobierno ha tenido que reconocer efectivamente que el puerto de
Valencia se ha convertido en un punto principal en ese tráfico
clandestino de sustancias entre Europa y América y en punto de entrada y
distribución de la droga en España.
Yo creo que algo similar se puede aplicar al fenómeno que ahora nos
ocupa. Es cierto, como decía el señor Director General, que las
cantidades que se están decomisando en esos controles que se realizan a
pie de carretera son objetivamente pequeñas, pero no es menos cierto que,
sobre el total de esas cantidades --como también ha señalado el señor
Director General--, una gran parte de las mismas se está decomisando en
la circunscripción correspondiente a la provincia de Valencia o al
conjunto de la Comunidad valenciana; y no menos cierto resulta tampoco
que las cantidades que a través de importantes servicios policiales --que
yo he calificado de brillantes-- se están decomisando en otro tipo de
operaciones que no son esos controles a pie de carretera sí que presentan
una importancia cuantitativa que a todos nos debe preocupar porque
probablemente puede suceder que alguien, aprovechando determinados
fenómenos lúdicos o culturales, esté intentando abrir un nuevo mercado
para este tipo de sustancias estupefacientes. A eso me refería
fundamentalmente y sobre eso pedíamos una valoración del Gobierno.
En todo caso, he de señalar que, cuando nosotros atribuimos el posible o
presunto destino de esas cantidades de droga decomisadas en plausibles
operaciones policiales a la llamada «ruta del bakalao», no lo estamos
haciendo (como tampoco hicimos en su momento cuando denunciamos aquella
situación que afectaba al puerto de Valencia) simplemente porque a
nosotros se nos ocurra, sino porque en las informaciones periodísticas
casi siempre se añade que fuentes policiales aseguran que iban destinadas
a la «ruta del bakalao» y porque otros contactos --digamos también de
tipo profesional-- nos permiten asegurar que, efectivamente, estas
cantidades van destinadas a la «ruta del bakalao» y nos permiten asegurar
también que alguien está intentando abrir un mercado importante de droga
en esa llamada «ruta del bakalao». Yo creo que entre el Gobierno y todos
los grupos parlamentarios, cada uno en el ámbito de nuestra
responsabilidad y de nuestras posibilidades, tenemos conjuntamente que
hacer frente a este problema.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Director General de la
Guardia Civil.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL (Cardenal de Alemany): Yo
creo que la entrada de droga en nuestro país no se produce de forma
continuada por un solo punto, sino que, desgraciadamente, cuando se actúa
sobre ese punto se desplaza hacia otros lugares. Cuando se actúa en las
costas gallegas se desplaza hacia las costas catalanas o hacia las costas
del sur, y cuando se aprieta por estos puntos se desplaza hacia otro tipo
de entrada, sobre todo por avión con la droga procedente de Sudamérica,
etcétera. En consecuencia, no podemos decir en ningún momento que haya un
punto por el que no entre droga porque sabemos lo que aprehendemos pero,
desgraciadamente, no tenemos conocimiento de lo que entra.
Es importante evitar fenómenos como la «ruta del bakalao» en la medida en
que produce efectos y connotaciones claramente negativas para la salud y
para la vida de los ciudadanos. Es importantísimo luchar contra el nuevo
tipo de droga que se está adentrando en nuestro país. He tenido especial
interés en hacer referencia al «éxtasis», que es una droga nueva que está
viniendo fundamentalmente de Holanda, terreno en el que tanto la Policía
como la Guardia Civil están obteniendo éxitos interesantes e importantes.
Estamos luchando en esta línea y la Dirección General de la Guardia Civil
no escatimará esfuerzos para luchar, con la máxima eficacia, contra este
tipo de delincuencia que en definitiva juega con la salud y con la vida
de las personas, y tendremos presente cualquier tipo de incidencia que
vaya produciéndose.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Director General de la Guardia
Civil, por su comparecencia e información.
Señorías, restan una serie de preguntas que van a ser contestadas por el
Director General de la Policía.
Ruego a los señores portavoces que se acerquen un momento a la Mesa.
(Pausa.)
Señorías, oídos los señores portavoces, la Mesa ha decidido que esta
sesión terminará sus debates con referencia a las preguntas, que es el
único punto del orden del día que resta, a las ocho y media, de tal
manera que aquellas preguntas que no hayan podido ser formuladas al
finalizar la sesión serán contestadas por escrito, como saben sus
señorías. Como veo un ligero desconcierto en determinados grupos, sugiero
que sean austeros en sus intervenciones con el fin de que terminemos el
orden del día antes de las ocho y media. En todo caso, a partir de las
ocho y media, repito, se terminará la sesión.
--SOBRE MEDIDAS PARA MEJORAR EL VIGENTE SISTEMA DE OBTENCION Y RENOVACION
DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD (DNI). FORMULADA POR EL SEÑOR GIL
LAZARO. (Número de expediente 181/000168.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, como han podido comprobar, tenemos con
nosotros al señor Director General de la Policía, señor Conde, que
contestará al resto de las preguntas que aparecen en el orden del día.
Vamos a iniciar este debate con la pregunta número 17 del orden del día.
Esta pregunta, formulada por don Ignacio Gil Lázaro, se refiere a las
medidas para mejorar el vigente sistema de obtención y renovación del
Documento Nacional de Identidad (DNI). El señor Gil Lázaro tiene la
palabra.
El señor GIL LAZARO: Dada la premura del tiempo, nos limitamos
simplemente a reproducir su enunciado: ¿Qué medidas están previstas para
mejorar el vigente sistema de obtención y renovación del Documento
Nacional de Identidad, habida cuenta de determinadas disfuncionalidades
que se siguen produciendo, tal y como, por ejemplo, recoge la última
edición del informe del Defensor del Pueblo correspondiente a 1992?
El señor PRESIDENTE: El señor Director General tiene la palabra.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA (Conde Duque): Yo voy a intentar
ser breve y, en algún caso, pediré excusas para no parecer descortés.
Este informe del Defensor del Pueblo, que fue editado a principio de año,
recoge las disfuncionalidades del año 1991 y 1992. Es bien cierto, como
todo el mundo conoce, que se ha introducido un nuevo procedimiento que
garantiza la seguridad del documento, que incorpora determinados
procedimientos informáticos en su tramitación y altos mecanismos de
seguridad en el lugar donde se fabrica, que en este momento es la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre. El soporte es un papel de alta seguridad,
como el de los billetes; la fabricación propiamente dicha del documento
plastificado también lo es, y hay todo un procedimiento de recogida de
los documentos en las diferentes oficinas policiales, que tienen que
tener un trasvase hasta la fábrica. Ciertamente, en el año 1990 se
empieza a poner en marcha este procedimiento, muy complejo y técnicamente
difícil, para el cual, por cierto, los funcionarios de los cuerpos
generales de la Adminstración hacen un gran esfuerzo en el trabajo de la
Dirección General de la Policía, pero no estaban suficientemente
entrenados. Eso produjo una serie de disfunciones a lo largo del año
1991, quizá menos en 1992, y puedo decirles con toda certeza que en este
momento están completamente superados. Espero que cuando en el informe
del Defensor del Pueblo, que debe estar próximo a ser editado, aparezca
este epígrafe no nos soliviante el ánimo ni a usted ni a mí, que
ciertamente me lo produjo.
El señor GIL LAZARO: Simplemente deseo agradecer su respuesta. En el
próximo período de sesiones podremos comprobar si se han producido esos
avances de los que habla el señor Director General, habida cuenta de la
última referencia que tenemos del informe del Defensor del Pueblo y de la
necesidad que establecía de prefijar un plan general de actuación en
materia de renovación del Documento Nacional de Identidad que corrigiera
las disfuncionalidades presentes.
Esperamos que con el tiempo se pueda observar si éstas se superan.
El señor PRESIDENTE: Una cosa es que adquiera S. S. un ritmo vertiginoso
y otra que no me permita darle la palabra, porque ha contestado usted sin
concedérsela yo.
El señor GIL LAZARO: Ruego me disculpe, señor Presidente.
--SOBRE MEDIDAS DE INVESTIGACION INTERNA QUE SE PIENSAN APLICAR EN EL
PRESUNTO FRAUDE DEL COBRO DE DIETAS, REALIZADO POR AGENTES DE LAS FUERZAS
DE SEGURIDAD DEL ESTADO. FORMULADA POR LA SEÑORA RAHOLA I MARTINEZ (GMX).
(Número de expediente 181/000240.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 19. La autora es la señora Rahola
que, al no encontrarse en la sala, ha de entenderse que renuncia a la
pregunta. Decae, por lo tanto, la pregunta número 19.
--SOBRE MEDIDAS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE DE
LOS MIEMBROS DEL CUERPO DE LA POLICIA NACIONAL. FORMULADA POR EL SEÑOR
ALEGRE GALILEA (GP). (Número de expediente 181/000114.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 24. El autor es don Luis Angel
Alegre Galilea: Medidas para mejorar las condiciones de seguridad e
higiene de los miembros del Cuerpo de la Policía Nacional.
El señor Alegre tiene la palabra.
El señor ALEGRE GALILEA: Señor Director General, obran en mi poder, y
seguro que en el suyo también, tres informes: dos del Ayuntamiento de
Logroño y otro del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que, según mi
criterio, no tienen desperdicio. En ellos se pone de manifiesto las
condiciones en las que mantienen el cuartel y la comisaría de Policía
donde prestan sus servicios los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado
en la capital de La Rioja.
Voy a dar lectura tan sólo a algunos retazos o pinceladas de dichos
informes, porque merece la pena que sean escuchados. Comenzaré con el que
ha emitido el gabinete de seguridad e higiene en el trabajo. Sobre el
cuartel sito en la Avenida de Viana de Logroño, al hablar de las
instalaciones, dice que la instalación eléctrica del cuartel no se ajusta
a la reglamentación vigente. Asimismo, comenta que las cajas de
derivación no disponen de tapa, el edificio carece de iluminación de
emergencia y de señalización de evacuación; el número de extintores
existentes es totalmente insuficiente, no hay bocas de incendio; el
sótano, vestuarios, la superficie de la zona de vestuarios resulta
insuficiente; el recinto empleado como vestuario carece de ventilación,
así como de calefacción; no se encuentran bancos o asientos necesarios,
espejos, toallas o secamanos, etcétera; el vestuario tiene instalado
únicamente un lavabo; el número mínimo de lavabos debe ser uno por cada
diez trabajadores, como la plantilla es de 330, señor Director General,
les faltan a ustedes 30. Carece de muchas provisiones de agua caliente,
así como de inodoros...
Al hablar de la sala de reuniones, dice el informe: La ventilación
natural es insuficiente y la ventilación forzada en el día de la visita
no funcionaba. En la planta baja, los servicios higiénicos destinados a
hombres son insuficientes; los talleres no tienen lámparas de iluminación
portátil; el circuito eléctrico carece de toma de tierra; el pintado de
vehículos se efectúa en el propio taller, no existiendo un lugar adecuado
para tal fin y una extracción de aire apropiada. En los lavabos y duchas
no se dispone de agua caliente para la limpieza corporal; en la planta
primera los servicios higiénicos existentes son insuficientes; en la
segunda, las superficies de las zonas destinadas a vestuarios son
igualmente insuficientes, no hay bancos ni asientos ni espejos ni toallas
ni secamanos... El informe es demoledor.
Después habla de aspecto exterior con las humedades provenientes tanto
del exterior como del interior, baldosas sueltas, partes de la cornisa
desprendida, servicios higiénicos que carecen de elementos necesarios de
aseo; no existe un armario para almacenar adecuadamente los chalecos
antibalas, etcétera.
Al hablar de la comisaría se expresa en los mismos términos. Por si esto
fuera poco, paralelamente al informe, existe uno del Ayuntamiento de
Logroño sobre la comisaría, que incide en los mismos aspectos que he
evitado leerle de la misma, que está en situación similar a la del
cuartel, y otro del cuartel donde quizá carga más las tintas o se refleja
con más realismo la situación en la que están. Dice: Baldosas sueltas en
parapeto en la terraza; las baldosas sueltas de esta terraza son las que
producen las humedades y, asimismo, existe el riesgo de desprendimiento,
de caída de las mismas a la calle o acera circundante del edificio, con
el consiguiente peligro para la integridad de los viandantes. En cuanto
al desprendimiento parcial de la cornisa, procede su inmediata
reparación.
Todas estas cosas y más dice el informe al que, en aras a esa brevedad
que se me urge, voy a evitar dar lectura completa. Por eso pregunto,
señor Director General, qué medidas se piensan tomar para que estas
condiciones de seguridad que ofrecen el cuartel de la Policía Nacional y
la comisaría de Logroño sean manifiestamente mejoradas.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Director General de la
Policía.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA (Conde Duque): Tiene usted toda
la razón. (Risas.) ¿Qué quiere que le diga?
La realidad es que las instalaciones de la Avenida de Viana número 3 y
las de Castroviejo número 9 están pendientes de la edificación de nuevas
instalaciones (a ceder por el Patrimonio del Estado, en las que ha habido
algunas dificultades) en un solar de 10.000 metros cuadrados que está
situado en la Avenida de Burgos número 72.
Hay que señalar que desafortunadamente el proceso que ha habido que ir
poniendo en marcha en la Dirección General de la Policía como
consecuencia de la unificación de los dos cuerpos, como ustedes
recordarán, ha sido precisamente el de la unificación en un solo edificio
de lo que eran instalaciones cuartelarias, o cuarteleras, de cuando la
Policía Nacional tenía esa estructura, y las instalaciones de la
comisaría, que era el reflejo del antiguo Cuerpo Superior.
Quiero tranquilizarle en el sentido de que eso que usted ha leído casi
sólo pasa en esa ciudad. Lamento que sea la que usted conoce con tanto
detalle, pero es de los pocos sitios en los que falta que se produzca esa
unificación de infraestructura. La realidad es que se está postergando
por puras dificultades burocráticas y administrativas de la adscripción
del solar la edificación de un nuevo edificio que reúna las condiciones
adecuadas y que, además, no tenga las características de cuartel que
tenía sobre todo el que antes era sede de la Policía Nacional. Hasta hace
muy poco tiempo se ha contado con que en cada momento eso iba a ser
posible, y la verdad, para
decirlo con toda claridad, no parecía muy razonable para las personas que
tenían asumida esa responsabilidad invertir grandes cantidades de dinero
en algo que de ninguna forma podía ser la sede permanente. Como
consecuencia de las inspecciones que se habían hecho tanto por los
servicios técnicos nuestros como por los del ayuntamiento y la Inspección
de Trabajo, se han empezado, a partir del mes de septiembre --la
inspección me parece que fue en julio--, una serie de arreglos
elementales de mantenimiento para no producir, en una época de recursos
escasos, inversiones que, en todo caso, iban a ser para un período muy
corto de tiempo.
Es lo que le puedo decir en el marco de una política que está siendo de
rigurosa asignación de recursos escasos a esos fines, y reconozco
claramente que lo que usted ha leído no es un informe que hace honor a su
apellido, pero no puedo negarlo.
El señor PRESIDENTE: El señor Alegre tiene la palabra.
El señor ALEGRE GALILEA: Señor Director General, agradezco enormemente su
franqueza, pero algo hay que hacer, porque ahora estamos en una situación
en la que ni vamos adelante ni vamos hacia atrás. Aquí está lloviendo
sobre mojado. En la contestación a una pregunta similar que yo le planteé
al ex Ministro, señor Corcuera --en febrero va a hacer un año--, ayer
rescaté el «Diario de Sesiones» y decía: Es indudable que tenemos que
hacer un cuartel y es voluntad del Ministerio hacer un cuartel en
Logroño, porque adecentar mediante una inversión ese cuartel --es decir,
dignificarlo en el extremo en que debiera hacerse-- no tenemos
disposición de hacerlo, porque preferimos dedicarnos a lo que debe ser
una obra definitiva, puesto que no cubre las necesidades que va a tener
Logroño en un futuro inmediato. Esto decía el señor Ministro --porque la
pregunta yo la hice antes de existir los informes--, pero resulta que
cuando él promete ese cuartel, vienen dotaciones presupuestarias en 1991
con 112 millones de pesetas. Preguntamos y nos dicen: es para la
construcción del cuartel de la Policía Nacional. No se invierten. En
1992, otros 112 millones --y entonces, señor Director General, ya se
había arreglado el problema de urbanismo con el Ayuntamiento de Logroño;
en 1991 se aprueba-- y en 1992 aparecen 200 millones de pesetas. Entonces
nos confiamos en que con esas partidas presupuestarias paralelamente se
construiría un cuartel, ya que no se arregla aquel cuyo arreglo hoy
solicitamos, pero llegamos a los presupuestos de 1994 y con la
precariedad presupuestaria con que se han confeccionado resulta que no
hay ninguna partida presupuestaria para ese nuevo cuartel, con lo cual
tenemos el cuartel hundido y no tenemos, por otra parte, una cantidad
presupuestaria para abordar esa necesidad. Yo no quisiera ser
excesivamente pesimista, pero, señor Director General, yo creo que
algunas alimañas disfrutan en sus cubiles de mejores situaciones o de
mejor posición que la que tienen estos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad en
el cuartel de la Policía de Logroño, y resulta paradójico que en un país
donde con motivo de la Expo el lujo y el esplendor ha sido manifiesto,
paralelamente a esas situaciones, tengamos situaciones infrahumanas para
estas personas que tanto hacen por nuestra seguridad. Yo le invito desde
su puesto y desde su cargo a que se lo tome con el cariño necesario para
ver de qué manera se podrían hacer modificaciones presupuestarias o algo
que nos haga atisbar que hay un rayo de esperanza para paliar esta
situación que es insostenible. (Un señor Diputado del Grupo Popular: ¡Muy
bien!)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Director General.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA (Conde Duque): Le prometo que así
lo haré.
--SOBRE FIN DEL TRASLADO DE POLICIAS EN COMISION DE SERVICIO DE LOGROÑO A
MADRID. FORMULADA POR EL SEÑOR ALEGRE GALILEA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR. (Número de expediente 181/000115.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 25, también del señor
Alegre, sobre el fin del traslado de policías en comisión de servicio de
Logroño a Madrid.
El señor Alegre tiene la palabra.
El señor ALEGRE GALILEA: Señor Director General, en Logroño, donde existe
una plantilla de 330 policías, según se hacía constar al definir la
empresa pública Ministerio de Trabajo, aproximadamente, pero de la que
solamente prestan servicio (cuando digo prestan servicio, prestan
servicio de calle, de vigilancia, de prevención) tan sólo 150 ó 160 --y
ante esto yo creo que estamos en un país que en estas instancias y en las
empresas públicas muchas veces hay más jefes que indios--, de esos 150
que prestan servicio, mensualmente se trasladan en comisión de servicio a
Madrid una treintena aproximadamente de policías de la plantilla para
cubrir labores de protección en edificios y de personalidades en Madrid.
De este hecho se derivan algunas consecuencias. La primera es que Logroño
queda bastante desguarnecida de policía. En segundo lugar, los riojanos
no comprendemos muy bien cómo, careciendo Logroño de una Jefatura
Superior de Policía, que también la prometía el Ministro --de eso
hablaremos otro día--, y dependiendo orgánicamente de Pamplona, cuya
plantilla me parece que consta de unas 700 personas, el aporte de
policías en comisión de servicio solamente lo haga Logroño, como si
nosotros no tuviésemos las mismas necesidades de seguridad que nuestra
provincia vecina. Ese traslado tiene, además, otras consecuencias, que
durante tres o cuatro días, por lo menos, las bajas no son de treinta
sino de sesenta, puesto que, como se tienen que presentar los treinta que
se vienen a Madrid con antelación suficiente para recibir órdenes para
personarse ante sus órganos superiores, y los otros vuelven a Logroño,
hay tres o cuatro días en que el
descenso no es de treinta sino de sesenta. Aparte de esto, habría que
apuntar el coste económico que conlleva la medida, puesto que hay que
pagar dietas en estas comisiones de servicio.
Por eso, pregunto, señor Director General, cuándo se va a dar fin a ese
traslado de policías o a ese trasvase entre Logroño y Madrid que se viene
realizando mensualmente.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Director General.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA (Conde Duque): Lamento dar la
sensación de que la plantilla del Cuerpo Nacional de Policía en Logroño
sea mezcla de males sin existencia de bien alguno, como se decía aquello.
Le voy a explicar por qué se produce esa situación.
Como usted sabe, en la situación anterior, incluso anterior a 1989-1990,
existían en el país las llamadas unidades de reserva general, que, con un
criterio yo diría más militar que policial, estaban situadas en puntos
estratégicos del territorio. Quiero recordar ahora las de Miranda de
Ebro, Mérida, Logroño, Linares, etcétera. No tenían nada que ver con las
ciudades, con los núcleos urbanos, incluso con las áreas metropolitanas
en las que tenían que tener servicio. Una de ellas estaba en Logroño. Con
posterioridad a esa situación, que se entendía claramente disfuncional,
se crearon las unidades de intervención policial, que ya se situaron
geográficamente en las plantillas, en Madrid, Sevilla, Valencia,
Valladolid, La Coruña, Vigo, etcétera, con una función mucho más clara de
que tendrían que intervenir probablemente en esos sitios o lugares donde
la conflictividad social, las derivaciones de la delincuencia, etcétera,
las hacían más necesarias. En ese momento, porque los miembros que
pertenecían a las unidades de reserva general habían sobrepasado
determinadas edades que no les hacían capaces para estar en las unidades
de intervención, y por aplicación de los derechos propios de los
funcionarios, tenían derecho a quedarse en las plantillas a las que
habían venido perteneciendo. Es el caso de Logroño y de otras muchas. Los
miembros de la Policía que pertenecían a la unidad de reserva general de
Logroño, en vez de ir a otras plantillas donde hubieran sido más
necesarios, porque allí sólo estaban ubicados por razón de que estaba la
unidad general de reserva, cuya función era estar viajando
permanentemente, decidieron tomar la opción personal, legítima, de
quedarse en esa plantilla llena de males sin mezcla de bien alguno, que
hemos estado escuchando. Prefirieron quedarse allí, incluso en esas
instalaciones tan malas; no se quisieron marchar. Creo que es un derecho
legítimo. Ha ocurrido así, pero es evidente que esos funcionarios, que no
se quedaron por necesidades policiales de la ciudad o del área donde
tenían que prestar servicios, sino porque eran elementos residuales de
las antiguas unidades de reserva general, están siendo utilizados para
aquellos servicios de emergencia que tienen que ser desarrollados fuera,
que en este caso son en Madrid y en otros casos son en otros sitios,
porque tampoco convendría dimensionar estas plantillas a donde van a
prestar su servicio en función de las puntas de servicio que se
presentan, porque son aleatorias precisamente por su naturaleza.
¿Cuándo va a terminar, como usted pregunta, la salida de esos
funcionarios? Probablemente no en los próximos años --porque el
redimensionamiento hay que hacerlo, y esto sería objeto de otra
intervención, con toda seguridad mucho más larga--, cuando se haga el
redimensionamiento de la policía, que en este momento está mucho más
cargada en el centro del país que en la periferia, y cuando esas unidades
de reserva general hayan pasado el período de tiempo que las hagan
incapaces para los servicios que hay que prestar. Esa es, pues, una
situación derivada de ese cambio de filosofía en las unidades de reserva
que se llamaban antes y de la opción personal que los funcionarios han
tomado de quedarse residenciados donde, para decirlo con toda franqueza,
no eran necesarios. Por tanto, seguirán yendo a aquellos sitios donde
circunstancialmente sea necesario ese excedente de funcionarios que ha
resultado de la desaparición de las unidades de reserva.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Alegre.
El señor ALEGRE GALILEA: Señor Director General, no comparto el
planteamiento de que posiblemente la plantilla de Logroño, con esa
compañía de reserva, esté sobredimensionada, y le voy a dar unos datos
sobre la seguridad, que vienen a avalar lo que yo pretendo demostrar. En
cualquier caso, yo creo que la solución que se está dando no es buena,
porque la prevención que se está realizando en las ciudades es franca o
manifiestamente mejorable, no así la investigación. Desde el punto de
vista del capítulo de personal, a este movimiento que se está haciendo yo
le he dado un enfoque localista, de La Rioja, pero el enfoque va más allá
que lo que afecta a La Rioja. Tengo aquí los que mueven ustedes todos los
meses: Toledo y Ciudad Real, 90; Valladolid, 33; Zaragoza, 30; Logroño,
27; Granada y Jaén, 57; Badajoz, 53 y Córdoba, 44. En total, 340-350
policías, que mensualmente vienen a Madrid, durante 365 días del año, con
7.500 pesetas de dietas, con lo que nos sale un montante de 919.800.000
pesetas de dietas. Señor Director General, yo creo que una solución
inteligente, más que la que usted apunta con la insistencia machacona de
que van a seguir así, sería sacar esas plazas, cubrirlas convenientemente
donde se precise y hacer un reajuste de las fuerzas, que, de verdad, yo
creo que no sobran en ningún sitio.
Voy a dar unos datos sobre el tema de la inseguridad. En hojas que tiene
la propia policía, en una de fecha 9 de agosto de 1993 dice: La actividad
de unos pocos delincuentes --dice refiriéndonos ya a Logroño-- nos ha
colocado en la cuarta ciudad que más aumento de delitos ha tenido en los
últimos meses. Objetivo: neutralizar a esos delincuentes. En la circular
del 11 del mismo mes se les dice a los miembros de la Policía: Atención a
incidencia delictiva; uno de los factores de neutralización es la
presencia policial activa. ¿Qué presencia policial activa van a tener,
señor Director General, cuando no hay hombres suficientes, cuando tan
sólo tenemos dos coches patrullando la ciudad, que tiene 120.000-130.000
habitantes?
Le voy a enriquecer con más datos. La Delegación del Gobierno ha dejado
de ser atendida por la Policía Nacional y ahora presta allí sus servicios
la Guardia Civil, pero el Parlamento de La Rioja y la propia Presidencia
del Gobierno, durante tres o cuatro meses al año, tienen que contratar
con las compañías de seguridad porque no hay Policía Nacional suficiente
para atender estas necesidades.
En definitiva, yo creo que lo que hacen con La Rioja y con estas otras
ciudades es desnudar a un santo para vestir otro. Lamento que así como en
la primera pregunta ha prometido un esfuerzo para ver si con generosidad
se arregla el problema, aquí se empecine usted en mantener esta
situación, que creo que no es un planteamiento fino ante la que yo le he
descrito.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Director General.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA (Conde Duque): No querría ser muy
reiterativo. Lo que quiero decir es que para hacer esa cobertura --y
querría ser muy sintético-- la situación es de dificultad mucho mayor en
las plantillas policiales de, por ejemplo, las Islas Canarias, en todo
Levante, en Barcelona, en Valencia, en Málaga, etcétera. Yo no digo que
no sea así en ese sitio, pero son relativamente menores que en otras
partes del país.
Quiero decirle que la política policial seguida hace bastante tiempo ha
producido efectos de bloqueo de las plantillas precisamente en el
interior del país, donde por razones delicuenciales y sociológicas se
producen menos delitos. Por tanto, todos los jóvenes policías que salen
de la Escuela de Avila de forma sistemática están yendo a cubrir las
vacantes, también sistemáticas, en Cataluña, Valencia, Alicante, Málaga,
Cádiz --donde hay problemas por otra parte de inmigración ilegal serios--
en Huelva, así como también en Pontevedra, en Vigo y obviamente en
Madrid. Esa es una situación que va a tener que durar hasta que las
nuevas promociones que vayan saliendo vayan a ir destinadas a esos sitios
donde todavía el desequilibrio es más notable que el que usted conoce de
su ciudad. Mientras tanto, lo que es evidente es que se produce un plus
de policías que perteneciendo a las antiguas unidades de reserva están
residenciados, como decía, en estas ciudades que usted ha dicho, y es
precisamente de esas ciudades de donde tienen que ir a cubrir unos
servicios incidentales que se van produciendo en el resto del país. Eso
sólo se va a poder evitar cuando de las promociones que salgan de la
Escuela Policial de Avila hayamos cubierto los mínimos suficientes, en
esa franja periférica que le digo que está peor dotada que su ciudad, y
entonces podremos empezar a hacer el equilibrio general. Mientras eso no
sea así, los valores relativos nos inducirán a seguir mandando policías a
Canarias, a Cataluña, al Levante, etcétera, donde por otra parte los
problemas, para su desgracia, son mayores que en La Rioja, donde --y
permítame de paso que le felicite por pertenecer a ella-- la calidad de
vida y desde el punto de vista policial es magnífica.
--SOBRE FACILITACION A LOS CIUDADANOS VICTIMAS DE UN DELITO DE LA
INTERPOSICION DE LAS CORRESPONDIENTES DENUNCIAS, CONFORME A LA
RECOMENDACION DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE 2 DE ABRIL DE 1992. FORMULADA
POR EL SEÑOR PERALTA ORTEGA, DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA. (Número de expediente 181/000160.)
--SOBRE VALORACION DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES
EMANADAS DESDE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA Y DESTINADAS A LAS JEFATURAS
SUPERIORES Y COMISARIAS PROVINCIALES RELATIVAS A LA ATENCION Y TRATO AL
PUBLICO EN COMISARIAS. FORMULADA POR EL SEÑOR GIL LAZARO, DEL GRUPO
POPULAR. (Número de expediente 181/000170.)
El señor PRESIDENTE: Preguntas 26 y 27, que se acumulan a efectos del
debate. La primera de ellas es del señor Peralta Ortega, sobre la
facilitación a los ciudadanos víctimas de un delito de la interposición
de las correspondientes denuncias, conforme a la recomendación del
Defensor del Pueblo de 2 de abril de 1992. La pregunta 27 es sobre la
valoración del grado de cumplimiento de las instrucciones emanadas desde
la Secretaría General Técnica y destinadas a las Jefaturas Superiores y
Comisarías provinciales relativas a la atención y trato al público en
comisarías. Tanto el señor Peralta como el señor Gil Lázaro tendrán cinco
minutos cada uno para formularla.
El señor Peralta tiene la palabra.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Director General, por su
presencia.
Reiteradamente el Defensor del Pueblo ha tenido ocasión de poner de
manifiesto que ha recibido distintas quejas de ciudadanos relativas a
irregularidades y deficiencias existentes en el momento de presentar una
denuncia ante las oportunas comisarías de policía. Esta realidad fue
asumida ya por el propio Gobierno al contestar, en relación con el
informe del Defensor del Pueblo, del año 1990, diciendo que las medidas
que proponía esa institución le parecían correctas y que las llevaría a
la práctica, reconociendo que el proceso era difícil. Debía ser
ciertamente difícil ese proceso, porque el Defensor del Pueblo ha seguido
constatando en los años últimos la realidad de esta circunstancia de
ciudadanos de nuestro país que se encuentran con dificultades.
En concreto, en cuanto a la recomendación a la que hace referencia la
pregunta por mí formulada, se trata de
un ciudadano que tuvo que recorrer tres instituciones policiales para
poder presentar una denuncia. Una de esas instituciones fue una Jefatura
Superior de Policía que le remitió a una de las anteriores comisarías que
ya había visitado y en la que inicialmente no le habían atendido alegando
que estaban llevando a cabo trabajos internos. Finalmente en esa
comisaría terminaron tramitando la denuncia del ciudadano cuando ya
habían pasado siete horas desde que los hechos, motivo de la denuncia, se
habían producido. En esta situación el Defensor del Pueblo formula esa
recomendación de 2 de abril de 1992 reclamando que se dicten las órdenes
oportunas para facilitar al máximo a los ciudadanos víctimas de un delito
la interposición de la correspondiente denuncia. En relación con esta
recomendación del Defensor del Pueblo nuestro Grupo le formula la
pregunta de cuál es la posición del Gobierno y qué medidas se han
adoptado para hacer realidad la misma.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LAZARO: Mi pregunta es casi casi una continuación argumental
de la formulada por el señor Peralta, porque a partir de los precedentes
que ha expuesto el señor Peralta, el Ministerio del Interior, a través de
la Secretaría General Técnica, emitió una serie de instrucciones
destinadas a la atención y trato al público en comisarías. Nosotros,
vista la experiencia que ofrece, por desgracia, cotidianamente, la
realidad y vistas las últimas referencias contenidas en el informe del
Defensor del Pueblo de 1992, creemos que esas instrucciones en sus justos
términos no están siendo aplicadas plenamente y por eso pedimos al
Gobierno que haga la valoración a la que se refiere la pregunta,
anunciando que renunciamos hoy, por premura de tiempo, a hacer una mayor
especificación, pero que sí continuaremos abordando esta cuestión en el
próximo período de sesiones porque nos parece especialmente importante.
El señor PRESIDENTE: Señor Director General, tiene la palabra.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA (Conde Duque): Querría empezar
con una precisión. Normalmente las relaciones del Ministerio del
Interior, en su conjunto, con el Defensor del Pueblo se hacen a través de
la Secretaría General Técnica, «a través de». En ese sentido, las quejas
de los ciudadanos al Defensor del Pueblo se canalizan, a su vez, a los
diferentes servicios a través de la Secretaría General Técnica. No fue la
Secretaría General Técnica la que estableció una serie de disposiciones
cuyo cumplimiento nos compete, sino que fue la propia Dirección General
de la Policía, en una resolución que, si tiene interés en tenerla, le
facilitaré. Se trata de una circular del 6 de mayo de 1992, de la
Subdirección General Operativa, en la que se dan instrucciones sobre
tramitación de denuncias, precisamente; por tanto, no dando cumplimiento
a las determinaciones de la Secretaría General Técnica, sino, en ese rôle
de comunicador con el Defensor del Pueblo, le dimos conocimiento y
probablemente de ahí se ha derivado esa confusión.
En esa instrucción (y no sé si hacer gracia de su lectura a todos los
asistentes) le puedo garantizar que está perfectamente establecido todo
el mecanismo que ha de seguirse en todas las plantillas respecto a la
presentación de denuncias, precisamente. Son seis puntos, con unas
ciertas características de funcionamiento interno que me parece que no
vienen al caso citar; podíamos hacérselas llegar a SS. SS. por el canal
parlamentario que corresponda para su satisfacción y su tranquilidad. A
partir de este momento, en todas las plantillas se están poniendo en
marcha, incluso en algunas de ellas de forma experimental, lo que se
llaman máquinas automáticas para obtener la denuncia, ser rellenadas de
forma informática por los denunciantes, y yo creo francamente que están
siendo recibidas a toda satisfacción.
Yo lamento la situación que da lugar probablemente a la intervención de
ustedes dos, que fue aquel azaroso asunto de un ciudadano de Valencia al
que le habían robado el coche y que estuvo dando vueltas por todas
partes. Ciertamente, tenía toda la razón; yo lamento que eso ocurra o que
vuelva a ocurrir, pero quiero decir que, no desde ese momento, sino en
ese tramo de tiempo, se pusieron en marcha todas estas medidas. Si el
Presidente lo considera oportuno, yo les puedo hacer llegar, para
hacerles gracia de toda esta lectura, que es bastante farragosa, las
instrucciones que se han puesto en marcha precisamente de la Dirección
General y no de la Secretaría General Técnica, que por otra parte no
tendría mayor interés en negarlo.
El señor PRESIDENTE: Señor Peralta, tiene la palabra.
El señor PERALTA ORTEGA: Quiero agradecerle al señor Director General su
respuesta y felicitarle, porque veo que efectivamente se han tomado
medidas en la línea de lo que se planteaba en la pregunta. Yo le
agradeceré, desde luego, porque estoy interesado en ello, que nos haga
llegar esas instrucciones por el conducto parlamentario, y confío en que
en la redacción de esa circular hayan primado fundamentalmente los
derechos y los intereses de los ciudadanos que son, en definitiva, el
objetivo fundamental de cualquier actuación y de cualquier servicio de la
Administración pública.
El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro, tiene la palabra.
El señor GIL LAZARO: Muy brevemente también para decirle al señor
Director General que yo tengo delante de mí la instrucción en estos
momentos y, precisamente porque la tengo y conozco la realidad, tengo que
lamentar que no se esté aplicando en todos sus extremos esa instrucción,
esa instrucción en sí, en su letra, así como algunas otras disposiciones
de carácter complementario que se deberían entender como desarrollo de
esa propia
instrucción. Así, por ejemplo, vemos cómo una iniciativa, en su momento
muy interesante, como eran los grupos de atención a mujeres frente a la
interposición de determinadas denuncias consecuencia de la comisión de
determinados delitos, en vez de potenciarse, se ha estado reduciendo y,
en algunos casos, incluso desapareciendo. De todas formas, hoy la premura
de tiempo me impide entrar en mayores consideraciones, pero creo, señor
Director General, que en el próximo período de sesiones hablaremos de
esto detalladamente.
--SOBRE FASE EN QUE SE ENCUENTRA EL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE LA
COMISARIA DE POLICIA DE CIUDADELLA DE MENORCA. FORMULADA POR EL SEÑOR
VILAFRANCA BOSCH, DEL GRUPO POPULAR. (Número de expediente 181/000177.)
--SOBRE MEDIOS HUMANOS Y RECURSOS MATERIALES DE QUE DISPONDRA LA NUEVA
COMISARIA DE POLICIA DE CIUDADELLA DE MENORCA. FORMULADA POR EL SEÑOR
VILAFRANCA BOSCH, DEL GRUPO POPULAR. (Número de expediente 181/000178.)
El señor PRESIDENTE: Preguntas números 28 y 29, que vamos a debatir
también de manera acumulada. Son del señor Vilafranca Bosch y dicen: Fase
en que se encuentra el proyecto para la construcción de la Comisaría de
Policía de Ciudadella, de Menorca, y medios humanos y recursos materiales
de que dispondrá la nueva Comisaría de Policía de Ciudadella, de Menorca.
El señor Vilafranca tiene la palabra.
El señor VILAFRANCA BOSCH: Gracias al Director General, señor Conde, por
su comparecencia en la Comisión.
Ciutadella de Menorca, con una población superior a los 20.000
habitantes, es un municipio eminentemente turístico que en verano dobla
su población y que viene reivindicando, desde hace años, contar con una
comisaría de policía. En este sentido, nuestro Ayuntamiento cedió al
Ministerio del Interior y al de Justicia unos terrenos ubicados en una de
sus principales avenidas para la construcción de una nueva comisaría de
policía y unos nuevos juzgados. El Ministerio de Justicia ejecutó su
proyecto hace ya cerca de dos años y, sin embargo, el Ministerio del
Interior viene demorando, incomprensiblemente hasta la fecha, la
construcción de la nueva comisaría de policía.
Este Diputado ya planteó en tres ocasiones en la anterior legislatura
esta cuestión al Gobierno. El Ejecutivo respondió la primera vez lo
siguiente: Es voluntad de la Dirección General de la Policía potenciar el
servicio policial en Ciutadella, para lo cual se dotará a la comisaría
con los medios adecuados para desarrollar sus funciones, incluida la
construcción de un nuevo edificio para albergar dicha dependencia
policial. A tal fin, la Subdirección General de Gestión está llevando a
cabo las actuaciones precisas para poder iniciar la construcción del
nuevo edificio de la comisaría de Ciutadella durante el próximo año.
Respuesta dada por el Gobierno en octubre de 1990.
En julio de 1991, a otra pregunta parlamentaria de este mismo Diputado
responde el Gobierno: Se construirá, efectivamente, una nueva comisaría
de policía, si bien no es posible avanzar la fecha de inicio de las
obras. Posteriormente, el 27 de enero de 1993, el Delegado del Gobierno
en Menorca, don Juan Felipe Ruiz Sabido, anuncia públicamente que la
Secretaría de Estado para la Seguridad aprobó el pasado 15 de diciembre
de 1992 la construcción de la nueva comisaría de Ciutadella y dotar su
plantilla con los policías de la escala básica, cuyo número podía oscilar
entre 15 y 20. Tanto las obras, que tienen un presupuesto de 70 millones
de pesetas, como la oferta de plazas se realizarán en el transcurso de
este mismo año. La comisaría se ubicará en unos terrenos cedidos por el
Ayuntamiento de Ciutadella, anexos a los juzgados, y contará con una
superficie edificada de 654 metros cuadrados. Sin embargo, exactamente el
19 de septiembre pasado, este mismo funcionario, señor Ruiz Sabido,
manifiesta públicamente que el proyecto de la construcción de la nueva
comisaría en Ciutadella también está pendiente de la aprobación del
presupuesto. Estas declaraciones se producen tras reducirse la plantilla
de la comisaría de policía, que ha quedado con cinco funcionarios, tras
la marcha de los diez policías de refuerzo que realizaron su labor
durante los meses de julio y agosto, y precisamente cuando los índices de
delincuencia y de inseguridad iban en aumento, llegando, incluso, al
lamentable suceso de los dos asesinatos que tuvieron una repercusión en
los medios de comunicación nacional y que fueron causa de un programa de
Televisión Española, cuyo proceso continúa abierto, pero que ha sembrado
la inquietud entre la población y que nos deteriora en nuestro mejor
activo, como es el de una población tranquila y segura, y lo que es más
grave, significa la demostración palpable de una precariedad, tanto en
medios humanos como materiales, de nuestras Fuerzas de Seguridad para
desempeñar con eficacia las funciones que les fueron encomendadas.
Ante este cúmulo de anuncios, desmentidos y contradicciones por un
espacio de años, como ha quedado demostrado con la cronología de los
hechos, este Diputado quisiera conocer cuándo tendrá luz verde
definitivamente este proyecto tantas veces anunciado y cuándo Ciutadella
de Menorca contará con los medios humanos y materiales necesarios para
atender las necesidades propias de un municipio de nuestras
características.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Director General de la
Policía.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA (Conde Duque): Con toda
franqueza, en este momento no le puedo decir cuándo se va a iniciar ni le
podría hacer otra promesa fácil, pero en los ajustes de disponibilidades
económicas que tenemos y en la valoración de las
prioridades a las que hay que atender, probablemente en el año 1994
tampoco se pueda iniciar la construcción de la comisaría de Ciutadella.
Usted me puede preguntar cuál es esa jerarquización de necesidades. En
este momento hay exigencias mucho más graves en sitios donde, por otra
parte, no se da la coincidencia de una plantilla de la Guardia Civil
bastante relevante y bastante importante. Ese es un tema de atención --me
parece que con la comparecencia del Director General ha quedado puesto de
manifiesto--, que es precisamente el de la coincidencia de la Guardia
Civil y del Cuerpo Nacional de Policía en determinadas localidades
españolas. En este momento concreto hay los siguientes efectivos de la
Guardia Civil: un teniente, un sargento, dos cabos y 17 guardias; es
decir, 21 efectivos de los Cuerpos de Seguridad del Estado en esta
ciudad; no en la isla, sino en esta ciudad. Esto, desde la perspectiva
del Ministerio del Interior, sitúa en una prioridad más reducida la
necesidad de ir imperiosamente a situar allí esta inversión, cuando
tenemos todavía localidades más necesitadas (no quiero hacer una
confrontación territorial, pero es el mismo problema al que hacía
referencia antes en relación con las plantillas), como son todas las
localidades del Levante español y todas las localidades de las áreas
metropolitanas de Madrid y Sevilla. Estas ciudades están mucho más
necesitadas en esa valoración y jerarquización y hay que apuntarlo; a mí
no me gusta hurtar este tipo de argumentos. Por tanto, en la
responsabilidad que yo tengo, en este momento no pondría esa inversión
por delante de otras que no tendría más remedio que proponer al
Secretario de Estado y al Ministro.
Quiero decir, no como consolación pero sí como valoración del tema, que,
al menos en los registros del Cuerpo Nacional de Policía, de octubre de
1992 a octubre de 1993 hay exactamente 280 denuncias de delitos cometidos
en esta ciudad, es decir, ni siquiera uno al día, lo que, por otra parte,
nos sitúa en una perspectiva de valoración de las prioridades que, con
toda honestidad, me parece que está, afortunadamente en este caso, por
detrás de otras.
Nada más, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Vilafranca.
El señor VILAFRANCA BOSCH: Debo de calificar de decepcionante la
respuesta dada por el Director General, puesto que prácticamente
representa la continuidad de lo que ha venido a ser la tónica general del
problema suscitado; es decir, posponer la ejecución de este proyecto en
función de unos recursos y de tener más o menos cubiertas las
necesidades, ya no con el servicio policial, sino por medio de la Guardia
Civil.
Con todo respeto, entiendo que es frustrante, después de cinco años y de
decir varias veces que sí, de prometer y de hablar de un presupuesto de
70 millones --cantidad que tampoco es muy relevante-- que no se pueda
concretar la ejecución de este proyecto. Honradamente, creo que
Ciutadella, de Menorca, no se merece ese trato tan injusto y, lo que es
peor para mí, el incumplimiento sistemático de esas promesas, que, como
digo, no se han llevado a cabo en ningún momento.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Director General.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA (Conde Duque): Lamento que la
contestación no sea simpática. Probablemente yo hubiera quedado como una
persona más amable diciendo que se pospondrá para el año siguiente; todos
nos habríamos ido más tranquilos, pero yo no le voy a prometer una cosa
si no la voy a hacer con toda seguridad. En este momento, dadas las
disponibilidades económicas, los recursos que tenemos y las necesidades
que están encima de la mesa, le digo con toda franqueza que yo no tomaría
esa decisión, y no la voy a tomar, porque tengo que tomar decisiones con
recursos escasos y ante necesidades graves, lo que no quiere decir,
obviamente, que eso signifique una desatención a la ciudad de Ciutadella.
Dado como están las cosas, yo tomaré la decisión que le digo.
--SOBRE ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS LLEVADOS A CABO POR GRUPOS DE
JOVENES EN LA CALLE FUENCARRAL Y PUERTA DEL SOL (MADRID), ASI COMO EN LAS
POBLACIONES MADRILEÑAS DE LEGANES, SAN SEBASTIAN DE LOS REYES Y
ALCOBENDAS. FORMULADA POR EL SEÑOR BAON RAMIREZ, DEL GRUPO POPULAR.
(Número de expediente 181/000219.)
--SOBRE MEDIDAS, ANTE LA PROLIFERACION DE AGRESIONES EN LA COMUNIDAD DE
MADRID POR PARTE DE GRUPOS DE JOVENES CON LA CABEZA RAPADA Y «PUNKIES»
DURANTE LOS PRIMEROS DIAS DE NOVIEMBRE, PARA PREVENIR ESTE TIPO DE ACTOS
VIOLENTOS. FORMULADA POR EL SEÑOR BAON RAMIREZ, DEL GRUPO POPULAR.
(Número de expediente 181/000220.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a las preguntas números 30 y 31, también
acumuladas, cuyo autor es don Rogelio Baón Ramírez.
La pregunta 30 es sobre el esclarecimiento de los hechos llevados a cabo
por grupos de jóvenes en la calle Fuencarral y Puerta del Sol (Madrid),
así como en las poblaciones madrileñas de Leganés, San Sebastián de los
Reyes y Alcobendas.
La pregunta número 31 es sobre medidas, ante la proliferación de
agresiones en la Comunidad de Madrid por parte de grupos de jóvenes con
la cabeza rapada y «punkies» durante los primeros días de noviembre, para
prevenir este tipo de actos violentos.
Tiene la palabra el señor Baón.
El señor BAON RAMIREZ: Señor Presidente, en beneficio de la brevedad y
para aliviar la menguada presencia ya de señores comisionados, me voy a
referir de forma conjunta a las dos preguntas, omitiendo la lectura de
las mismas pues ya el Presidente lo ha hecho en mi lugar.
Es lo cierto que el fenómeno de bandas de jóvenes violentos en Madrid ha
irrumpido con fuerza en los últimos meses; esto se refería a la primera
quincena de noviembre pero ha habido hechos posteriores que agravan este
fenómeno, y lo agravan porque tiene una especial virulencia, con una
incidencia social grave, sembrando el miedo en la ciudadanía, hasta tal
punto que si bien estos fenómenos podían ser anecdóticos porque se
contaban con los dedos de la mano hace dos años, lo cierto es que este
año rebasan el centenar, y eso hace preocupante el tema. No son simples
gamberros, no son jóvenes que se sobrepasan en sus distracciones con un
exceso de bebida, aunque también sean ésos, pero son fundamentalmente
jóvenes delincuentes que responden a una tipología muy definida, de
vestir prendas paramilitares, de estimularse con música de lo más «heavy»
y además en rivalidad con otros grupos, como pueden ser los «punkies»,
que hacen gala de su musculatura..., pero también es cierto que no tienen
ideología, que no tienen liderazgo, y todo parece indicar que, además, su
extracción es de los más importantes clubes deportivos, que tienen una
proyección no solamente en los recintos deportivos sino también en la
calle, como prolongación. En cualquier caso lo que es cierto es que hay
cierta impunidad y la hay porque ha habido hechos importantes y que yo
sepa no se ha dado noticia de un resultado, sobre todo represivo; a lo
preventivo se refiere la siguiente pregunta, y a ella me refiero a
continuación.
Quisiéramos conocer el esclarecimiento de los hechos que llevaron a cabo
estos jóvenes cabezas rapadas en varios distritos del centro de Madrid y
también en algunos pueblos, sobre todo porque eso ya se ha agravado, pues
se han cobrado una víctima, por lo menos hay un homicidio derivado de una
acción violenta de ellos en la Plaza de las Comendadoras, en concreto
Jesús Sánchez Rodríguez. Esto nos obliga a pedir información, sobre todo
porque se trata de luchas tribales y porque tenemos que evitar por todos
los medios posibles que exista el antídoto que provoca. Dicen: el miedo
une. No, el miedo apelotona, el miedo lo que hace es sembrar el
desconcierto y dar respuestas que no son las adecuadas conforme a un
Estado de Derecho, y de ahí esos grupos de autodefensa, esos somatenes
improvisados de otros jóvenes de signo contrario que nos pueden llevar a
una situación de luchas tribales en la selva ciudadana.
En este sentido me limito tan sólo a preguntarle y ver cuánto se ha
avanzado en esto y qué es lo que se ha conseguido, si hay funcionando ya
un equipo especial sobre la materia.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Director General de la
Policía.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA (Conde Duque): Señor Presidente,
es un poco largo el documento pero creo que vale la pena su lectura
respecto de los casos concretos, pues será la mejor explicación, por
cuanto comparto el diagnóstico sustancial que ha hecho el señor Diputado.
Hechos concretos que se han ido produciendo en la ciudad de Madrid y en
los núcleos de su área metropolitana. En la calle Fuencarral, de Madrid,
el día 5 de noviembre pasado se tramitaron por la Comisaría del distrito
diligencias por agresión a Pablo Renilla Rodríguez, a la altura del 101
de la calle de referencia, siendo sus autores, al parecer, un grupo de
individuos de los conocidos como cabezas rapadas, que cubrían sus cabezas
con capuchas. Hasta la fecha no se ha detenido a los autores.
Puerta del Sol de Madrid. El día 7 del mismo mes, la Comisaría del
Distrito del Centro abrió diligencias por agresión a Javier Casanova
Sánchez, en la estación de Metro de Sol, siendo los autores, al parecer,
un grupo de «punkies». Hasta el momento no se ha detenido a los autores,
significándose que el lesionado ha manifestado que le sería imposible
reconocerlos.
Leganés. El día 8 de octubre se tramitaron diligencias en la comisaría de
la localidad por agresiones al joven Francisco-Javier Prado Gutiérrez,
siendo detenido como autor de los hechos el «punkie» J. M. L. L. --estoy
hurtando los apellidos puesto que no quiero que eso signifique una
imputación mayor-- que fue puesto a disposición judicial. El 15 de
octubre se tramitaron diligencias por denuncia de pintadas amenazantes a
este mismo joven, Prado Gutiérrez, y hasta la fecha no han sido
identificados los autores. El 23 de octubre se tramitaron diligencias por
enfrentamientos entre dos grupos en el «Bar Sánchez» --en Leganés otra
vez--, siendo detenidos por estos hechos A. S. M., D. O., A. T. J., D. J.
M., M. A. C. y otros tres más. El 24 de ocubre se tramitaron a su vez
diligencias por lanzamiento de piedras realizadas por individuos
encapuchados contra el bar «El Refugio», no habiendo sido identificados
los autores.
Alcobendas y San Sebastián de los Reyes. El 17 de septiembre, el
ciudadano Andrés Pereiro Fustes fue supuestamente agredido por cabezas
rapadas y fueron detenidos los hermanos Juan, Raúl y David C. G. El 9 de
octubre se presentó denuncia a su vez por lesiones a don Ignacio De Julio
González y fueron detenidos cinco menores y un mayor de edad, cuyos
nombres no voy a dar. El 19 de octubre resultó lesionado don David Guzmán
y fueron detenidos dos hermanos menores, cuyos nombres tampoco voy a dar,
si bien en la información más reservada se podría señalar. El día 1 de
noviembre se tramitaron diligencias por agresión a José Ignacio Omaña
Sánchez y fueron detenidos cuatro individuos. El 4 de nobiembre fueron
instruidas diligencias por lesiones a Rafael Carmona Alvarez y se detuvo
como autores de los hechos a J. S. A., I. D. L y J. P. H., que fueron
puestos a disposición judicial.
Con todo esto quiero decir que existe una mezcla de impunidad en algunos
casos porque las agresiones características de estos individuos, que
suelen ir encapuchados, se producen de forma rápida y de noche, etcétera,
y
no es posible hacer ningún tipo de investigación ni de identificación por
parte de las víctimas, pero en otros casos se han efectuado operaciones
que se podrían calificar de brillantes por rápidas y efectivas.
En cualquier caso, en la Jefatura Superior de Policía de Madrid a que se
refería su pregunta, se ha creado un grupo especial operativo
precisamente para la atención no sólo de la represión sino también de la
información e investigación para la prevención de estos delitos y las
actuaciones de estos grupos; es decir, es más una labor de información y
de investigación previa que de represión posterior una vez producido el
hecho. Este grupo ha empezado a funcionar y se ha exigido a todos los
demás grupos que colaboren con ellos, dadas las características de este
tipo de individuos.
Este es un tema que ha adquirido ya unas características razonablemente
preocupantes y quiero decir que, del análisis de los comportamientos y
características de estos grupos, se han sacado algunas conclusiones que
yo creo que conviene tener en cuenta. El 80 por ciento de las detenciones
practicadas se produjeron momento después de la agresión, lo que quiere
decir que en esa ocasión concreta las fuerzas policiales estaban
presentes y fue fácil la operación o bien en una inmediatez de tiempo
razonable. Conviene señalar también que en la Comunidad de Madrid, entre
octubre de 1992 y octubre de 1993 han sido detenidos 150 de estos
individuos, un 20 por ciento de los cuales tenían ya antecedentes
policiales por agresión y alguno de ellos por robo, hurto y tenencia de
estupefacientes en pequeñas cantidades. Otro dato que conviene conocer es
que se aprecia una muy escasa incidencia del fenómeno en períodos
vacacionales y un descenso importante en época de exámenes. Los hechos
violentos suelen producirse en días concretos de la semana; un 75 por
ciento de los mismos han tenido lugar en viernes, sábado y domingo, es
prácticamente nula la incidencia en martes y jueves (siempre atendiendo a
una estadística más o menos genérica), siendo escasas los lunes y algo
más elevadas los miércoles, en este último caso coincidiendo con la
celebración de espectáculos deportivos. El 90 por ciento de las
agresiones tuvieron lugar entre las dieciocho horas y las seis de la
mañana del día siguiente, ocurriendo el mayor número de hechos entre las
veintidós y las cuatro. En cuanto a las edades de los integrantes de los
grupos mencionados, a tenor de los que han sido identificados y
detenidos, el 57 por ciento tiene menos de veinte años, y de ellos el 45
por ciento son menores de dieciocho.
No quiero hacer comentarios, me parece que se hacen solos. Es algo
preocupante en mi opinión por la moda. Creo que, como usted muy bien ha
dicho, son grupos carentes de ideología, no debe extenderse la idea de
que estamos ante la presencia de un fenómeno político de raíces
profundas; digamos que la violencia no es consecuencia de una teorización
intelectual ni política, sino que creo que es una conjunción de fenómenos
sociales producto de la marginación o marginalidad de las grandes
ciudades, etcétera, pero de estas secuencias estadísticas tan breves
(habría que tener unas muestras más grandes), digamos que tampoco me da
la sensación de que estemos hablando lumpen, me da más la sensación de
que son más procesos de excrecencias urbanas pero no de orígenes sociales
marginales. Alguna vez he dicho que se podría tratar de niños de papá; no
quiero repetir eso porque probablemente tampoco es exacto, pero me da la
sensación de que no estamos ante un fenómeno cuyo origen sea la
marginalidad social sino que es un fenómeno no cultural, porque me parece
que a este hecho no se le puede colocar el apelativo de cultural, sino
una moda ciertamente poco agradable, pero desligada de los fenómenos
típicos de marginalidad social. Las características que hemos dicho en
cuanto a los días y las secuencias temporales en las que se producen la
actuación inducen más a pensar en grupitos de niños menos marginales de
lo que pudiera parecer.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Baón.
El señor BAON RAMIREZ: Muy brevemente. Quiero denunciar después de su
respuesta que, en efecto, usted reconoce cierta impunidad, y que, al no
estar presentes inmediatamente después de ocurridos los actos de
violencia, el fracaso policial represivo es notorio. Eso también
manifiesta que el operativo de patrullero no funciona o es insuficiente.
Yo también convengo con usted en que no están ideologizados, es decir,
que responden quizá a una moda y que, además, no responden a actuaciones
marginales de tipo económico, sino que los vinculo más bien a las
asociaciones deportivas. Por eso, me corresponde preguntarle, ¿han tomado
iniciativas con los directivos de los clubes en relación con los Ultrasur
y los del Frente Atletico, que son de donde proceden por lo general,
según la estadística que todos conocemos, para disolver, o atenuar, o
para identificar mejor a estos individuos?
Lo que sí es cierto es que Madrid no puede seguir así, con esa ola de
pánico, como en muchos barrios ocurre. Sobre todo, el Director general
tiene que tomar nota que ha habido manifestaciones juveniles contra esa
impunidad de estos jóvenes violentos.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Director General.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA (Conde Duque): Yo creo que
podríamos estar no digo varias horas pero sí varios minutos más. Yo no
creo en la presencia policial para evitar este tipo de problemas, quiero
decirlo de antemano. Me parece que la frase presencia policial es una
frase mítica: ¿Cuántos policías hay que poner en la calle para evitar un
tirón? ¿Cuántos policías hay que poner en la calle para evitar que estos
bárbaros hagan alguna cosa de este tipo? Yo no creo que ese problema se
resuelva con presencia policial. En efecto, en algunos supuestos se han
producido detenciones no porque hubiera presencia policial allí en el
momento de cometerse el delito. Me parece que la policía debe trabajar
con inteligencia en el sentido no usual, sino que hay que hacer trabajo
de inteligencia para saber dónde están las fuentes de animación de este
fenómeno y dónde están los que, de alguna o de otra manera, dirigen este
asunto. En ese sentido, estamos trabajando. Naturalmente no le voy a
decir lo que estoy haciendo, porque si se lo dijera no sería
inteligencia, sino que sería una información generalizada, por más que
aquí la reserva es obvia. Pero le puedo decir que hemos tomado conciencia
de la corporeidad que está tomando este fenómeno. En este último tiempo
(es un tramo muy reciente, quizá de un año o de un año y medio), se han
tomado las medidas de inteligencia para neutralizar este tipo de
historias, sin que yo crea tampoco que la mera acción policial va a
evitar ese tipo de modas. Yo no creo que se puedan poner puertas al
campo, pero sí vamos a tomar las medidas de inteligencia necesarias para
evitar este tipo de actuaciones o, caso de que se cometan, saber quiénes
han sido los autores.
Y podía compartir con usted algunas de las otras apreciaciones que ha
hecho.
--SOBRE SITUACION EN QUE SE ENCUENTRA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UNA
NUEVA COMISARIA DE POLICIA EN ADEJE (TENERIFE). FORMULADA POR EL SEÑOR
SORIANO BENITEZ DE LUGO (GP). (Número de expediente 181/000233.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 32. Situación en que se encuentra el
proyecto de construcción de una nueva comisaría de policía en Adeje
(Tenerife). El señor Soriano Benítez de Lugo tiene la palabra.
El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: A finales del pasado año, exactamente
el 9 de diciembre de 1992, el Ministro del Interior me contestaba a una
pregunta en esta misma Comisión sobre el proyecto de construir una nueva
comisaría de policía en Adeje, Playa de las Américas, en la isla de
Tenerife, a la vista de las malas condiciones en que se encuentran los
locales actualmente destinados a tal fin en tan importante centro
turístico.
El Ministro del Interior reconoció entonces las graves deficiencias e
informó que el Ayuntamiento de Adeje había ofertado gratuitamente en el
año 1989 una parcela de 3.895 metros cuadrados para la construcción de
una comisaría de policía, pero que todavía no se había podido resolver el
expediente de cesión gratuita porque el Ayuntamiento no había remitido
aún una serie de documentos. Anunció, asimismo, que el proyecto estaba
hecho y que el importe de las obras se estimaba en una cantidad próxima a
los 487 millones de pesetas.
Días después, el Alcalde de Adeje desmintió en parte las palabras del
Ministro al afirmar que la citada documentación había sido ya remitida a
Madrid, por lo que no existía ningún impedimento burocrático para la
construcción de la nueva comisaría de policía de Playa de las Américas,
añadiendo que el Ministro del Interior disponía de dos años de plazo para
finalizar las obras, ya que, de no hacerlo en dicho plazo, el terreno
cedido revertiría nuevamente al Ayuntamiento. Yo supongo que habrán
transcurrido cerca de dos años, porque no sé desde cuándo se empezó a
contar.
Este Diputado volvió a insistir y finalizada ya la anterior legislatuva
le contestó el Ministro --exactamente el 12 de abril, que fue el día que
me parece que se disolvieron las Cámaras--, indicando que el expediente
de cesión gratuita de la parcela sería remitido en breve a la Dirección
General del Patrimonio del Estado del Ministerio de Economía y Hacienda
pero que aún habría de efectuarse por el Ayuntamiento la segregación de
la parcela de la finca matriz, previamente a la aceptación de la donación
de la parcela y al otorgamiento de la correspondiente escritura pública,
que podría realizarse en un plazo de tres meses. Y reiteraba el Ministro
que el proyecto de ejecución estaba ya redactado, por lo que las obras
podrían iniciarse dentro del presente año.
La realidad es que estamos finalizando el año, las cosas siguen igual o
peor, porque se han incorporado nuevos funcionarios y yo supongo que el
señor Director General conocerá las instalaciones y que el propio ex
Ministro del Interior, señor Corcuera, reconoció que era una obra de
carácter prioritario, teniendo en cuenta el centro turístico y la
cantidad de personas que circulan por esta comisaría. En consecuencia, yo
quisiera preguntar muy concretamente, qué trámites quedan por
cumplimentar, si es que queda alguno, tanto por parte del Ayuntamiento
como por parte del Ministerio, para que empiece la efectiva construcción
de la nueva comisaría; si se ha anunciado ya el correspondiente concurso
para adjudicar las obras; cuánto tiempo se tardará aún para su efectiva
puesta en funcionamiento y qué partida presupuestaria existe en los
Presupuestos Generales del Estado para 1994.
Hago estas preguntas concretas porque ya en otras ocasiones se nos han
dado plazos, se nos ha dicho que en dos años se construiría una nueva
prisión en Gran Canaria y resulta que todavía no está ni decidido el
solar donde se va a construir la prisión; se nos ha dicho que el plan
director del hospital de La Candelaria empieza de inmediato la primera
fase y aún no se han anunciado los concursos. Yo quisiera concreción, es
decir, qué dinero figura en los Presupuestos para el año que viene y
cuándo van a iniciarse las obras, cuándo se espera que terminen, cuándo
se van a anunciar a través de un concurso la adjudicación de las obras,
en fin, yo espero obtener datos concretos.
El señor PRESIDENTE: El señor Director General de la Policía tiene la
palabra.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA (Conde Duque): Afortunadamente,
en esta contestación no tengo que dar la larga cambiada o la afirmación
que he hecho en el caso de Ciudadela.
Es cierto todo lo que ha dicho, pero afortunadamente todos esos trámites
han terminado (había algunos incómodos de llevar a la práctica), el
proyecto etá finalizado, se ha comunicado tanto a las autoridades
municipales
como al Gobernador Civil y lo iniciaremos inmediatamente que empiece el
año 1994, puesto que no irá con cargo a los Presupuestos de 1993, sino de
1994. Por tanto, iniciaremos las actuaciones de adjudicación de obras,
etcétera, en cuanto el ejercicio presupuestario de 1994 esté disponible.
Ya se han tomado contactos con el Ayuntamiento, se ha presentado el
proyecto y se está, naturalmente, a expensas de que el ejercicio
presupuestario de 1994 empiece. Empezaremos en el año 1994.
Es una situación cabalmente contraria, policial y sociológicamente
distita a la anterior, que nos ha llevado precisamente, ante recursos muy
escasos y situaciones de esta naturaleza, a tomar la decisión, en este
caso, de hacer esta instalación y otras muy pocas más, todo sea dicho de
paso; y quiero decir con toda justicia que las apreciaciones que se han
hecho por parte del Ministro y por parte del señor Diputado son ciertas,
es una instalación penosa en una zona muy conflictiva y muy seria desde
el punto de vista de las actuaciones policiales.
En cuanto podamos disponer del presupuesto de 1994 empezaremos con las
actuaciones.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Soriano.
El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Muy brevemente, señor Presidente, para
agradecer las buenas noticias que nos da el Director General.
En todo caso me gustaría saber, si el Director General posee ese dato,
qué cantidad figura en los Presupuestos Generales del Estado para el año
que viene.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Director General.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA (Conde Duque): No poseo ese dato
en este momento. Personalmente di la instrucción a los servicios técnicos
de que eso estuviera en condiciones de ser contratado en cuanto
tuviéramos el presupuesto. Tampoco será una cantidad excesiva, porque las
obligaciones trasladadas al ejercicio 1994 (como sabe, se pueden
contratar hasta el 70 por ciento del presupuesto del año siguiente y
vamos arrastrando algunas obligaciones como consecuencia de no haberlas
podido llevar a cabo este año) nos permiten un margen muy pequeño. En ese
margen muy pequeño, como decía, están incluidas, creo recordar, seis o
siete actuaciones de esta naturaleza para el año que viene. Sospecho que
no pasará de 80 millones de pesetas para el ejercicio de 1994. Tengo que
decirle también que, dado como está el patio, está garantizado el
arranque de la obra y con toda seguridad una asignación presupuestaria
completa para el año 1995.
El eñor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Director General. Gracias,
señorías.
Se levanta la sesión.
Eran las ocho y treinta minutos de la tarde.