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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 84, de 01/12/1993
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1993 V Legislatura Núm. 84
JUSTICIA E INTERIOR
PRESIDENTE: DON JAIME JAVIER BARRERO LOPEZ
Sesión núm. 8
celebrada el miércoles, 1 de diciembre de 1993
ORDEN DEL DIA:
--Proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a la adopción de
determinadas medidas en relación con la construcción de un centro
penitenciario en Cartagena (Murcia). Presentada por el Grupo
Parlamentario Federal IU-IC. (BOCG, serie D, número 11, de 27-9-93.
Número de expediente 161/000021) (Página 2630)
--Comparecencia del señor Secretario de Estado para Asuntos
Penitenciarios para informar de las líneas generales de actuación y
objetivos principales de dicha Secretaría durante la presente
Legislatura. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular. (Número de
expediente 212/000323.) Esta comparecencia ha sido cumplimentada por la
señora Subsecretaria del Ministerio de Justicia (Página 2636)
Preguntas:
--Del señor Soriano Benítez de Lugo (Grupo Parlamentario Popular), sobre
opinión del Ministro de Justicia acerca de si los ocho módulos de la
prisión de Tenerife 2 están preparados para soportar una población muy
superior a la inicialmente prevista, al introducir nuevas literas en las
celdas. (BOCG, serie D, número 17, de 8-10-93. Número de expediente
181/000082) (Página 2653)
--Del mismo señor Diputado, sobre opinión del Ministro de Justicia acerca
de las garantías de seguridad existentes en el traslado de presos desde
la prisión de Tenerife 2 a los Tribunales de Justicia en Santa Cruz de
Tenerife. (BOCG, serie D, número 20, de 25-10-93. Número de expediente
181/000108) (Página 2653)
--Del mismo señor Diputado, sobre proyectos en relación con el edificio
de la antigua prisión provincial de Santa Cruz de Tenerife, conocida como
Tenerife I. (BOCG, serie D, número 20, de 25-10-93. Número de expediente
181/000135) (Página 2653)
--Del señor Gil Lázaro (Grupo Parlamentario Popular), sobre motivos por
los que ha sido cerrado el Centro Penitenciario para jóvenes de Lliria
(Valencia). (BOCG, serie D, número 22, de 29-10-93. Número de expediente
181/000140) (Página 2656)
--De la señora Aguilar Rivero (Grupo Parlamentario Federal IU-IC), sobre
situación del proceso de transferencias en materia penitenciaria a la
Comunidad Autónoma andaluza. (Número de expediente 181/000205) (Página 2658)
--Del señor Soriano Benítez de Lugo (Grupo Parlamentario Popular), sobre
inconvenientes existentes para que la Isla de Hierro cuente con una
oficina del Registro de la Propiedad. (BOCG, serie D, número 17, de
8-10-93. Número de expediente 181/000084) (Página 2658)
Se abre la sesión a las diez y treinta y cinco minutos de la mañana.
--PROPOSICION NO DE LEY POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCION DE
DETERMINADAS MEDIDAS EN RELACION CON LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO
PENITENCIARIO EN CARTAGENA (MURCIA). PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL INQUIERDA UNIDA-INICITIVA PER CATALUNYA. (Número de
expediente 161/000021.)
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Se abre la sesión.
El primer punto del orden del día de la sesión de hoy lo compone la
proposición no de ley, por la que se insta al Gobierno a la adopción de
determinadas medidas en relación con la construcción de un centro
penitenciario en Cartagena (Murcia). Esta proposición tiene como autor al
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Inicitiva per Catalunya.
Para su defensa tiene la palabra el señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Desde que se puso en marcha por parte del
Gobierno, en el año 1991, el Plan de amortización y creación de centros
penitenciarios, en la comarca de Cartagena se empezaba a vivir, en
función de las precisiones que planteaba este Plan, por un lado, la
posibilidad de instalar en su seno, en concreto en el municipio de
Cartagena, un centro de los que planteaba el Plan, una macrocárcel, y,
por otro lado, la posibilidad de suprimir uno de los centros que
tradicionalmente ha venido funcionando, el Centro de San Antón. Por
tanto, en el ambiente quedaban las dos posibilidades a la hora de aplicar
y desarrollar este Plan de amortización y creación de centros.
Nosotros consideramos que la propuesta del Gobierno de poner en marcha
una dinámica para instalar centros homogéneos en todo el territorio, que
se plantea desde el punto de vista de una especie de ahorro del esfuerzo
del gasto de la propia Administración, choca con dos cosas fundamentales.
Una, el objetivo básico que debe tener la estancia en prisión por parte
de los ciudadanos, que debe ser lograr la reinserción de los reclusos, y
otra, la idea de distribuir, con criterios de seguridad complejos,
distintas actuaciones en función de la propia legislación. No se debe
tratar igual un régimen abierto, de arrestos de fin de semana, o un
régimen de baja seguridad, que puede estar con un conjunto distinto al de
máxima seguridad.
En todo caso, nosotros consideramos que este Plan de amortización de
centros ha encontrado el rechazo o la resistencia de sectores de
profesionales que trabajan, que viven o que conocen la Administración en
el tema penitenciario, y también de la ciudadanía que iba a recibir estos
grandes centros, estas grandes macrocárceles.
Nosotros consideramos que las macrocárceles, los grandes conjuntos no
favorecen a la actuación principal. Ya ha habido filosofías de esta
índole --contrarias a las grandes concentraciones como fórmula de hacer
frente a los compromisos de la Administración-- en otros servicios, como
en Educación, y también se ha intentado hacer en otros tipos de
asistencia social. Pero esa gran política de concentración
institucionalizada no es positiva, y hay que ir a figuras más
descentralizadas, más cercanas a la ciudadanía para lograr el objetivo
que se propone. Es en este sentido en el que nuestro Grupo rechazaba la
instalación de esa macrocárcel que intentaba concentrar hasta 950
reclusos.
Se han producido movilizaciones en toda la comarca que han estado
permanentemente encima de la mesa. Inclusive hay una moción aprobada en
el Ayuntamiento de Cartagena, con el apoyo del grupo que hoy gobierna el
Ayuntamiento, diciendo que se debe sustituir la actual cárcel de San
Antón, una prisión obsoleta que se encuentra en las cercanías del centro
de la ciudad, y que tiene una situación de conservación bastante
complicada, porque es bastante arcaica, por un nuevo centro penitenciario
que se acoja a la legislación vigente, a la Ley General Penitenciaria. Lo
cierto y verdad es que iríamos a una figura de un módulo de seguridad
media en torno a los 350 ó 400 reclusos. Por tanto, el objetivo de
nuestra proposición no de ley no es anular, el dejar sin la prisión de
San Antón, sino el sustituirla por una nueva cárcel que no sea un
macrocentro, sino un centro que pueda absorber las necesidades de la
comarca o de la región en función de las previsiones que tenga la
Administración de Justicia en cada caso.
Es cierto que cualquier propuesta o esquema para centros penitenciarios
debiera parecerse, desde nuestro punto de vista, a figuras bastantes
distintas. Por eso, en el fondo de toda nuestra proposición subyace la
necesidad de revisar la eficacia de este Plan, los objetivos que se
perseguían, inclusive la ejecución y desarrollo del mismo.
Nosotros creemos que para una política penitenciaria adecuada debíamos de
estar a lo que pueda establecer la reforma del Código Penal, del cual van
a poder derivarse el tipo de sanciones privativas que se puedan producir
y, por tanto, el número incluso de penados que podamos tener en este
país.
Por otro lado, por la ley de Enjuiciamiento Criminal sabremos qué números
de reclusos y qué tiempo de permanencia tendrán en las cárceles
españolas, y, junto con ello, la descentralización. Yo no sé si en esta
evolución que vamos a tener de transferencia de competencias a las
comunidades el tema penitenciario va a tener también elementos de
transferencias, en cualquier caso, nosotros abogamos por esa idea.
En este sentido, la propuesta del Grupo de Izquierda Unida, recogiendo lo
que ha sido el compromiso del propio Ayuntamiento de Cartagena, con su
alcalde a la cabeza, y las movilizaciones ciudadanas que allí se han
producido, pretende, primero, anular, dentro de las prioridades de la
Secretaría General de Asuntos Penitenciarios, esa macrocárcel para
Cartagena, que tendría en torno a 900 ó 1.000 reclusos. La verdad es que
estos centros empiezan siendo pequeños, pero luego van teniendo una
evolución distinta y se van llenando y masificando a una velocidad
tremenda, máxime cuando el Plan no está suponiendo la construcción a la
velocidad adecuada de nuevos centros penitenciarios y sí la supresión
para no invertir en mantenimiento, que es altamente costoso; eso está
provocando, insisto, ese volumen de masificación, y en lugar de la
eficacia que se proponía se logra todo lo contrario.
El segundo punto que nosotros proponemos sería incluir, dentro de las
prioridades del Ministerio, la sustitución de la actual cárcel de San
Antón, dentro del término municipal de Cartagena, por un nuevo centro
penitenciario de baja seguridad con un máximo global de 350 reclusos, un
centro que podía tener zonas modulares e instalaciones laborales,
culturales, recreativas y deportivas comunes. En conjunto, representaría
un centro de baja seguridad o un centro de seguridad media, con otro tipo
de instalaciones, y sería suficiente para lo que ahora mismo está
sirviendo el centro penitenciario de Cartagena.
Por último, el tercer punto que proponemos sería revisar la ejecución del
Plan de amortización y creación de centros penitenciarios, valorando la
eficacia del mismo y su cumplimiento, y su sustitución por una dinámica
no concentradora del servicio que la Administración intenta prestar con
este tipo de actuaciones.
En todo caso, nuestro objetivo es, primero, mantener lo que ahora mismo
es el servicio en la comarca; segundo, evitar que se pueda construir un
macrocentro, y, tercero, revisar el Plan de amortización, que nosotros
creemos que no ha cubierto una filosofía progresiva, sino que está
subyaciendo en el mismo algo así como una especie de modelo estable que
se repite cárcel a cárcel en cada uno de los sitios para abaratar costes,
y en este tipo de servicios no estamos para abaratar costos. Hablaba el
Ministro de Justicia de un volumen aproximado de 42.000 presos, y ese es
un volumen bastante alto como para ir a plantear el abaratar costos.
En resumen, para reinsertar a esa parte de la sociedad y reincorporarla
al seno de la misma en mejores condiciones de poder funcionar en la vida
cotidiana, no debe ser la cárcel una especie de amontonamiento de
personas a las que hacemos cumplir durante un tiempo una sanción, no debe
ser una escuela de desarrollo de la delincuencia, sino una escuela en
donde se logra la reinserción y se suprime la delincuencia.
El señor PRESIDENTE: Hay una enmienda a esta proposición no de ley
presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LAZARO: Señor Presidente, si a su señoría le pareciera bien,
nosotros en este mismo turno formularíamos nuestra fijación de posición
general en relación con la proposición no de ley, al mismo tiempo, la
defensa de la enmienda, para lo cual intenvendríamos tanto el señor
Celdrán como yo para uno y otro cometido.
El señor PRESIDENTE: Al margen de la calificación, señor Gil Lázaro,
entiendo que intervienen dos personas del Grupo Parlamentario Popular
para el mismo tema.
El señor GIL LAZARO: Señor Presidente, señorías, a nosotros el contenido
especial de esta proposición no de ley nos parece oportuno, porque viene
a coincidir con los planteamientos de fondo que venimos expresando desde
el comienzo de esta legislatura.
En esencia, y con independencia de las referencias concretas que hace la
proposición no de ley que aquí se viene a plantear, es algo que ya hemos
dicho, esto es, que también el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya coincide con nosotros en que el llamado
Plan de amortización y de creación de nuevos centros es en este momento
un instrumento en crisis. Evidentemente, es un instrumento nacido al aire
de una filosofía que todos los grupos podemos sustentar: la de que
efectivamente la red de establecimientos penitenciarios
españoles era esencialmente caduca, que necesitaba de profundas reformas.
El problema surge a partir de la aplicación de ese modelo, porque
mientras otros grupos (y el mío desde luego) siempre pensamos que el
modelo establecido en la Ley Orgánica General Penitenciaria, que contó en
su momento con un amplísimo consenso, con un consenso absoluto por parte
de todos los grupos de la Cámara, era el que realmente se debía aplicar
para poder dar cumplimiento exacto a ese fin de reeducar que nuestra
Constitución prevé para el sistema de penas privativas de la libertad,
sin embargo, en la ejecución de esa filosofía renovadora de nuestra red
de establecimientos, el Gobierno optó por un modelo absolutamente
distinto.
Hemos dicho, y volvemos a repetirlo una vez más, que nosotros no creemos
en el modelo del macrocomplejo, porque entendemos que ese modelo supone,
en definitiva, la imposibilidad efectiva de dar cumplimiento a esa
finalidad rehabilitadora y resocializadora que nuestra Constitución y
nuestro ordenamiento jurídico prevén.
Hemos dicho en muchas ocasiones, y lo volvemos a repetir una vez más, que
el Plan es un instrumento en crisis desde su concepción, por cuanto que
se articula de espaldas a ese modelo. Y es un instrumento en crisis por
sus propias previsiones, puesto que si la ejecución del Plan determina
obtener al final del mismo, es decir, en el año 1997, un total de
disponibilidades de 41.500 plazas penitenciarias en el conjunto de la red
española, cuando hoy, a fecha de septiembre de 1993, son ya 46.000
personas el total de la población penitenciaria española, es evidente que
las propias revisiones han sido superadas y tienen que ser esencialmente
revisadas.
Ya hemos dicho que, para nosotros, el plan es un instrumento en crisis
desde la propia óptica de su ejecución, porque, por una parte, preveía
que en el bienio 1991-1993 se tenía que haber hecho efectivo el 60 por
ciento de sus previsiones, índice de ejecución que no es el que en estos
momentos está vertebrado como tal, y, por otra parte, el propio Plan
preveía una serie de construcciones nuevas y de cierre de centros viejos
que tampoco se ha llevado a cabo.
Lo más preocupante es que en la ejecución de esas obras nuevas se han
tenido que realizar numerosísimas reinversiones para corregir defectos
sustanciales en la construcción y en el planeamiento.
Nosotros, en definitiva, y ya lo dijimos con ocasión de la reciente
interpelación ante el Pleno de la Cámara y de la moción defendida la
semana pasada, pensamos en el próximo período de sesiones plantear un
debate amplio que permita, efectivamente, poder valorar cuál es en este
momento el presente y, sobre todo, el futuro del Plan, pero un debate
orientado a que esa política de reforma de la red de establecimientos
penitenciarios españoles esté siempre dirigida a dar cumplimiento a esa
finalidad resocializadora.
Los macrocomplejos no pueden dar esa respuesta, y yo creo que es
necesario que todos los grupos de la Cámara, sin actitudes previas,
puedan llevar a cabo ese debate.
Dijimos y repetimos hasta la saciedad que, en definitiva, este Plan no
era más que la consecuencia de una visión excesivamente economicista, y
se nos ha repetido también hasta la saciedad que estábamos equivocados.
Sin embargo, el señor Asunción, en su reciente comparecencia ante esta
Comisión el día 18 de octubre, reconoce literalmente --hago cita
literal-- que desde el año 1979 tanto él como sus antecesores estaban
incumpliendo la normativa, y que no le había sido posible cumplirla por
razones económicas, porque, añadía, cumplir la normativa aprobada en esta
Cámara por unanimidad en 1979 suponía un salto adelante impresionante con
unos altísimos costes que después no se ha podido realizar en la medida
que se pretendía en aquel momento.
Yo creo que frente a esta afirmación, que viene a confirmar las tesis que
nosotros hemos mantenido, sigue sin tener sentido que el pasado día 3 de
noviembre el Ministro volviera a decirnos que no era cierto que hayan
sido razones económicas las que han determinado la fijación del modelo de
macrocentro.
En definitiva, siendo muy importante, cómo no, una política de costes, es
evidente que esa política de costes no puede dejar nunca sin efecto ese
fin reeducacional y resocializador que nuestra Constitución y nuestro
ordenamiento jurídico prevén y, sobre todo, no puede dejar sin efecto el
amplísimo consenso parlamentario que en el año 1979 se estableció en
torno a esta cuestión.
Por tanto, nosotros, con independencia del resultado de la enmienda que a
continuación va a defender mi compañero el señor Celdrán, en principio
estamos de acuerdo con la filosofía de esta moción en lo que afecta a su
planteamiento general, es decir, en lo que afecta a la necesidad
inmediata, urgente y clara de revisar ese Plan en sus contenidos y
orientaciones y poder establecer una política de reforma de la red de
establecimientos que en modo alguno haga de los centros penitenciarios
simples almacenes de presos, sino que puedan ser una nueva escuela de
libertad para aquellos que, sin lugar a duda, también merecen, a pesar de
antecedentes, una segunda oportunidad.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Celdrán.
El señor CELDRAN VIDAL: Señor Presidente, una vez expuesta nuestra
posición, en términos generales, en relación a la proposición no de ley
que debatimos, me queda ahora presentar una enmienda de modificación al
punto segundo de la misma. Una enmienda que quizá pueda ser aceptada por
el proponente porque en modo alguno es contradictoria con su propuesta.
Nosotros compartimos el fin último de este punto segundo, que es el de
sustituir la actual cárcel de San Antón por otra nueva, porque el estado
de ese centro penitenciario realmente, señorías, es en este momento muy
lamentable.
También estamos de acuerdo con las previsiones de la Ley General
Penitenciaria en cuanto a distribución por todo el territorio nacional de
los centros penitenciarios. En consecuencia, creemos que, efectivamente,
debe
construirse un nuevo centro en los términos, desde luego, que prevé la
citada ley, para capacidad no superior a los 350 reclusos.
El contenido de nuestra enmienda, fundamentalmente, es no predeterminar
en este momento cuál es la ubicación más adecuada dentro de la región
para este centro. No queremos ahora mismo pronunciarnos a favor de
Cartagena o en contra de esta ubicación, sino, sencillamente, demandar
que se decida por los expertos competentes cuál es el lugar de la región
más adecuado para construirlo.
De manera que nuestra posición es, en primer lugar, sí a la sustitución
del actual centro por el estado en que se encuentra por uno nuevo, y, en
segundo lugar, que se determine cuál es la ubicación más idónea para los
fines que persiguen estos centros, para las facilidades que se les
demanda para contribuir a la reinserción social de los reclusos. Esta es
nuestra posición, que quizá pueda ser aceptada por el proponente.
El señor PRESIDENTE: A efectos de aceptación de las enmiendas, tiene la
palabra el señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Seré muy breve, señor Presidente.
La propuesta que se nos hace por parte del Grupo Popular es retirar la
especificación de que la sustitución del centro penitenciario de San
Antón se haga dentro del término municipal de Cartagena.
En ese sentido, recogiendo lo que ellos plantean, yo propondría modificar
el texto de la proposición no de ley suprimiendo la expresión «dentro del
término municipal», en el segundo renglón del punto 2, circunscribiéndolo
a la comarca de Cartagena, y sustituyendo la frase «las necesidades de la
comarca» por «las necesidades actuales».
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Celdrán.
El señor CELDRAN VIDAL: Señor Presidente, no lo hemos entendido.
El señor PRESIDENTE: Señor Ríos, ¿puede repetirlo para que pueda el
enmendante entenderlo perfectamente? ¿Le parece leer todo el punto 2 tal
como quedaría de acuerdo con los cambios que se operan?
El señor RIOS MARTINEZ: Sí, señor Presidente. Diría así: «Incluir dentro
de las prioridades del Ministerio la sustitución del actual centro
penitenciario de San Antón en Cartagena, por un centro penitenciario en
la comarca de baja seguridad con un máximo global de 350 reclusos, para
cubrir las necesidades actuales.»
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Celdrán.
El señor CELDRAN VIDAL: La transaccional que nos ofrece el Grupo
proponente es asumible en parte.
Lo que nosotros pretendemos, coincidiendo con el proponente, es suprimir
la frase «dentro del término municipal» y sustituir «de la comarca» por
«actuales» al final del párrafo. Con esta redacción, el apartado quedaría
en los mismos términos del espíritu de nuestra enmienda, no altera el
deseo de sustituir este centro por uno nuevo y, desde luego, no
predetermina la ubicación más idónea, que yo pienso que con más
profundidad y con estudios previos se puede determinar por parte del
propio Ministerio.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Si le parece, señor Presidente, muy brevemente
voy a explicar por qué he hecho esta propuesta. Es muy sencillo.
El problema que hay en Cartagena es la sustitución de un centro que
actualmente funciona, que es el de San Antón, y si no se especifica que
se va a poner en la comarca, significaría que puede ir a cualquier punto
de la región --puede ser Yecla, Jumilla, Caravaca, etcétera--, con lo
cual estamos trasladando, en un volumen de población, una actuación
determinada.
En ese sentido, no creemos que perjudique a la filosofía que propone su
Grupo, es decir, no circunscribirla a un término municipal, pero sí a una
comarca mucho más amplia, que tiene casi 250.000 habitantes, desde
Mazarrón a San Pedro del Pinatar. Ese era el objetivo. Por tanto,
mantendría que se hiciese mención a la comarca.
El señor PRESIDENTE: Señor Ríos, ¿mantiene la transaccional en los
términos que ha señalado? (Asentimiento.)
Tiene la palabra el señor Celdrán, a efectos de aceptar o no esa
transaccional.
El señor CELDRAN VIDAL: Vamos a aceptar los términos que propone la
transaccional.
El señor PRESIDENTE: Fijación de posiciones. ¿Grupos que desean
intervenir? (Pausa.)
Tiene la palabra el señor Casas.
El señor CASAS I BEDOS: Hace pocos días tuvimos ocasión, en el Pleno, de
sustentar un debate sobre la política penitenciaria a raíz de una
interpelación presentada por el Grupo Popular y la moción consecuencia de
la interpelación que se presentó. En aquel debate dijimos que para que la
política penitenciaria diera los frutos que tiene que dar --y
coincidíamos con el Grupo interpelante en que no los estaba dando y que
los problemas de masificación eran muy graves-- eran imprescindibles dos
cosas: en primer lugar, presupuesto --evidentemente, cumplir el Plan de
amortización y creación de nuevos centros es un tema de presupuesto-- y,
en segundo lugar, un amplio consenso institucional que nos permitiera
--empezando por un consenso en la Cámara-- abordar el tema en toda su
extensión, no sólo el tema de construcción de nuevos
centros penitenciarios, sino también, en la medida que fuera posible, que
en la reforma del Código Penal se estudiaran todas aquellas reformas que
hicieran posible mejorar la reinserción de los reclusos a la vida normal,
una vez hayan cumplido sus condenas.
Hacer un debate sobre que el sistema penitenciario funciona mal y que,
desde el punto de vista de la reinserción, tenemos que avanzar mucho, es
un tema bonito, atractivo y creo que apasionante. Lo que está claro es
que no nos podemos quedar en un discurso y que tenemos que intentar
mejorar la situación dentro de las posibilidades que tiene en este
momento el Estado español y de las necesidades presupuestarias.
En este sentido, esta proposición no de ley pretende no cumplir el Plan
de amortización y creación de nuevos centros y que se haga una excepción
para un sitio muy concreto y para una comarca y una problemática muy
específica, rompiendo lo que, a nuestro juicio, es la norma que hoy está
en vigor, que es el Plan de amortización y creación de nuevos centros.
Estaríamos de acuerdo en que se planteara un debate sobre si tenemos que
revisar este Plan, pero, en todo caso, tendría que ser un debate abierto,
no circunscrito a casos puntuales, y sin intentar romper lo que hoy en
día es el plan que está ejecutando el Gobierno.
Nuestro Grupo Parlamentario, que en Cataluña da soporte a un Gobierno que
en este tema está teniendo muchos problemas por cumplir a rajatabla el
Plan de amortización y creación de nuevos centros penitenciarios, tiene
graves problemas institucionales con municipios y con otros grupos
parlamentarios para ejecutar los planes y sobre todo para construir
nuevos centros penitenciarios. Por eso, si no se logra el mínimo consenso
que tiene que partir de esta Cámara y que luego hay que trasladar a
municipios, es imposible hablar de que funcione correctamente el sistema
penitenciario español.
Por esta razón, y en coherencia con lo que dijimos en la votación de la
moción, no vamos a apoyar ninguna iniciativa que se salga de lo que
estrictamente prevé el Plan de amortización y creación de nuevos centros.
En todo caso, no nos oponemos, sino todo lo contrario, nos ponemos en
primera línea por si se quiere hacer un debate en serio y en profundidad
sobre si hay que revisar o no este Plan, pero hay que hacerlo con mucha
prudencia, buscando siempre campos de consenso, porque en este caso, si
no hay un amplio consenso, va a ser imposible hacer nada, y ustedes
conocen lo que pasa cuando una Administración, la central o la
autonómica, decide construir un centro penitenciario en un municipio, que
se convocan manifestaciones, etcétera, lo que hace muy difícil ejecutar
unas políticas que permitan mejorar la situación de los reclusos que, en
definitiva, es lo que buscamos todos. Por eso, repito, cuando quieran
hacer este debate vamos a estar en primera línea para que se desarrolle
con calma, con profundidad, pero sin poner encima de la mesa casos
puntuales que rompen lo que hasta ahora es el único plan vigente que
existe para ejecutar la creación de nuevos centros.
Por tanto, nuestro voto va a ser contrario por estas razones.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Novella.
El señor NOVELLA SUAREZ: La verdad es que, como han manifestado algunos
de los intervinientes de los distintos grupos esta mañana, recientemente
hemos tenido ocasión, al discutir la moción consecuencia de
interpelación, de asistir a un debate donde se han contrastado las
distintas posiciones de los grupos respecto al sistema penitenciario y a
las políticas que se implementan desde el Ministerio de Justicia. Por
tanto, la intervención de este parlamentario socialista en este momento
va a ser para dar cumplida respuesta, como es norma en quien les habla,
con una sistemática, no haciendo juegos florales ni haciendo una especie
de maraña dialéctica donde se pierdan sobre todo los ciudadanos, que son
los que tienen que entender las propuestas que salen de esta Casa.
Voy a encuadrar la intervención en una reflexión en torno al tercer punto
de la proposición no de ley de Izquierda Unida, en la cual ceo que está
el nudo gordiano: revisar la ejecución del Plan de amortización y
creación de centros penitenciarios.
Desde el Grupo Socialista pensamos que en el principio de la
resocialización del delincuente como fin de la ejecución penal descansa
toda la legislación penitenciaria del Estado democrático español. Desde
la Ley General Penitenciaria, en su artículo 1, hasta la Constitución, en
su artículo 25.2, hay toda una serie de muestras, toda una serie de
preceptos donde se establece cómo las penas privativas de libertad y las
medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y
reinserción social.
Había otra cuestión, que era el estado actual de nuestras cárceles, ya
que muchas de ellas provienen de fortalezas y de conventos del siglo XIX,
y la desamortización de Mendizábal dio lugar a la construcción de muchas
de las mismas. El Gobierno realizó todo un plan para hacer que esas
instalaciones obsoletas sirvieran para los fines para los cuales figuran
en las leyes, y también, ¡cómo no!, en los reglamentos que las
desarrollan, y se creó el Plan de amortización y creación de centros
penitenciarios, y ahí ya hablamos de Cartagena.
En el Consejo de Ministros de julio de 1991 se aprueba el cierre del
centro de Cartagena, con lo cual no era una prioridad del Gobierno, sino
que ya se anunciaba el cierre del establecimiento penitenciario de San
Antón. El anuncio de este cierre, como ustedes comprenderán, provocó
alarma principalmente entre los funcionarios de la propia prisión, y
fueron los sindicalistas, los representantes de la Unión General de
Trabajadores y de Comisiones Obreras, los que solicitaron al Alcalde de
Cartagena que se interesara ante Asuntos Penitenciarios para que no se
cerrara este establecimiento.
No voy a hablar aquí de los datos de impacto socioeconómico en una zona
que atraviesa una profunda crisis industrial, como es la de Cartagena,
que supone el mantenimiento del centro tipo tal y como se contempla en el
Plan de amortización. Ese centro tipo tiene 15 módulos para 70 reclusos.
Por tanto, discrepo de que eso sea una macrocárcel. Es un cliché que se
le ha puesto, pero no entiendo intelectualmente cómo a 15 módulos de 70
internos, con una serie de servicios comunes, se le puede llamar
macrocárcel. Es una optimización de los recursos. Y no es solamente este
argumento el que sustenta el proyecto y el desarrollo de estas políticas
de asuntos penitenciarios. Estamos haciendo mancomunidades en nuestros
ayuntamientos, estamos agrupando ayuntamientos para que se optimicen esos
servicios, para que sean buenos para los ciudadanos. Por eso repito que
no entiendo --ésta es una de las pegas que tiene este Diputado que en
este momento les habla-- ese proyecto sobre la macrocárcel, cuando nunca
se dice en qué consiste un centro tipo, porque no conviene en este caso a
los intereses que se representan.
El centro penitenciario prototipo no es ni más ni menos que estos 15
módulos a los que me he referido, pequeños establecimientos con capacidad
para 68 ó 70 reclusos, donde se garantiza el disfrute de unos servicios
generales --y ahí va la respuesta a lo que ustedes dicen que es el
argumento economicista, al que me referiré más adelante--, y en nuestra
Ley General Penitenciaria se recoge toda una serie de resoluciones de
Naciones Unidas donde se contempla el mantenimiento de salud física y
psíquica, la atención médica y el tratamiento. Por tratamiento se
entiende en esas resoluciones --me van a permitir que se lo lea
textualmente--, y se recoge como el objetivo principal de esos centros
tipo, las medidas necesarias para mantener o restablecer la salud física
y mental de los detenidos, así como toda una serie de actividades
destinadas a fomentar y promover la reinserción social y ofrecer a los
detenidos los medios para llevar una vida responsable en la colectividad
y de liberarse de la delincuencia.
Por consiguiente, hay que pararse a pensar que un sistema penitenciario
de un país se tiene que hacer conforme al perfil penitenciario de ese
país. Aquí no podemos importar conceptos; no podemos hablar de centros de
baja, de media o de alta seguridad, porque esto no es Estados Unidos.
Estamos en España y tenemos una tipificación, tenemos un retrato robot,
tenemos un perfil de lo que es en este caso el delincuente que está en
nuestras cárceles, y nosotros tenemos un grave problema con el crimen
organizado y con el terrorismo; tenemos en nuestras cárceles 600 reclusos
de ETA, más otros 100 de otros grupos, así como diversos internos
relacionados con mafias del narcotráfico. Le vuelvo a decir que si usted
quiere ver alguna similitud con nuestro sistema penitenciario yo no tengo
nada que objetar, pero el terrorismo es distinto en Italia y también lo
es en Inglaterra, tiene otra raíz. El de Inglaterra, quizá sí, pero
nuestro sistema penitenciario es muchísimo mejor y ahí están los
organismos internacionales y el sistema británico. Por tanto, vayamos
descendiendo.
Hablan ustedes de economicismo. Si se optimizan los recursos y el gasto
se nos acusa de economicistas, y, si no, de despilfarro. Yo creo que eso
es fruto del no gobierno, fruto --y con esto no quiero decir que sus
señorías no sean responsables-- de la no responsabilidad de tener que
gobernar. Gobernar es establecer prioridades con las disponibilidades
presupuestarias, y eso es lo que ha hecho el Gobierno. Por consiguiente,
¿qué quieren que les diga?
Antes de centrarme en las cuestiones que plantea la proposición no de ley
voy a hacer otra referencia al llamado economicismo. Aquí se ha aludido
al anterior Secretario de Estado, hoy Ministro del Interior, y a sus
manifestaciones. Con motivo de la discusión de la interpelación del día
3, el señor Ministro dio buena respuesta, así como el portavoz socialista
con motivo del debate de la moción consecuencia de dicha interpelación,
que no es cometido de este Diputado comentar en este momento.
Aquí se han acogido ustedes a lo de los 350 reclusos, y yo tampoco soy
muy listo, pero cuando se habla de leyes, de reglamentos, hay que hacer
un poco de filosofía, por profesión, y como la filosofía tiene mucho que
ver con la hermenéutica, hay que ver la interpretación. Ustedes se han
acogido a lo de los 300 internos por unidad. Luego, hay representantes
que cifran la población reclusa en unos 300, y dicen que tampoco es una
cifra matemática, por eso pudieran ser quinientos más. Como decía Valle
Inclán, esto es un cajón de sastre. Hay que ser más serios, hay que ser
más rigurosos cuando se está gobernando para el pueblo español. Si
ustedes hacen una interpretación literal del artículo 12.2 de la Ley
Orgánica General Penitenciaria, que habla de 300 internos por unidad, si
lo complementan con el artículo 8.3, que habla de departamentos, y se
leen el reglamento 787/1984, de 25 de marzo, verán ustedes cómo puede
entrar perfectamente el concepto de unidad en el concepto de módulo, de
miniprisión o de como lo quieran ustedes llamar. Todo menos una
macrocárcel. Por tanto, señorías, ese modelo que se ha presentado de los
350 reclusos aquí no sabemos qué modelo es, cuánto cuesta y qué
alternativas concretas se tienen.
Miren ustedes, nosotros --que creo que no hacemos las cosas tan mal como
dicen ustedes a veces-- queremos señalar que se ha realizado un estudio
sobre diferencia de costes, tanto de inversión como de funcionamiento,
según capacidad de los centros penitenciarios, según sea de 350, de 500 o
de 980, que es lo que se fija en el módulo de centro-tipo, y solamente le
voy a dar estos datos: ello significa que cada plaza penitenciaria nueva
que se construya según el modelo de centro-tipo --que es el que está
usted defendiendo y el que está en el Plan de amortización-- no llega a
siete millones de pesetas, mientras que en el modelo propuesto se
aproxima a once millones, lo que significa un incremento de coste de
inversión del 55 por ciento. En otras palabras, podemos decir que con el
presupuesto previsto para la construcción de 20.000 nuevas plazas de
centro-tipo, sólo se podrían construir 12.869 plazas de centros de 350
internos, por lo que, de mantenerse las previsiones de inversión, se
tendría que renunciar a la construcción de 7.131 plazas. En otros
términos, señorías, la construcción de las 20.000 plazas previstas
tendría un coste adicional de 77.000 millones de pesetas si se optara por
un modelo de centro con capacidad para
350 internos. Se ha hecho este análisis comparativo sobre los costes de
edificación, sobre los costes de implantación, funcionarios, etcétera, y
esto no es un argumento economicista; esto es preocuparse por sacar el
máximo rendimiento a los impuestos de los ciudadanos, con esa premisa que
le he dicho al principio de la intervención: que la reeducación de los
internos es la máxima y ese concepto de tratamiento combinado con este
coste de nuestras prisiones.
Señorías, para ser riguroso y concreto voy a contestar pormenorizada pero
brevemente a los tres puntos de la proposición no de ley. Respecto al
primer punto, vamos a rechazar la construcción de un centro penitenciario
de 950 internos en Cartagena por las siguientes razones. Si usted hace
una proyección de la población reclusa en Murcia, que ocupa 1.200 plazas
a 12 de noviembre de 1993, en el año 2000 serían 1.500. Es decir, con su
criterio harían falta dos centros tipo. Por tanto, hay un déficit actual
en la zona de plazas penitenciarias, y por ese incremento previsible de
la población reclusa, lo que agravaría mucho más la situación, porque el
centro previsto por la Administración es precisamente aquel que cubre
todas las prestaciones exigidas por la legislación vigente
--clasificatorias, laborales, sanitarias, etcétera--, al tiempo que es el
que resulta económicamente conveniente.
En cuanto a la segunda cuestión, incluir un punto entre las prioridades a
tener en cuenta, no podemos considerar adecuada la construcción de un
centro de 350 reclusos por todas las argumentaciones que le he dado
anteriormente y, además, porque la construcción de un nuevo centro está
pensada para cubrir un área más amplia que la comarca, que pueda llegar a
comprender las provincias de Murcia, de Almería, de Albacete y de
Alicante, que tienen centros superpoblados. No es cuestión de detenerme
en este punto, pero los datos están a disposición de sus señorías.
Insisto en que lo de los 350 internos por unidad casi es una fijación.
En tercer lugar, rechazamos la proposición no de ley porque no siempre es
posible una localización tan cercana del centro penitenciario al
domicilio del recluso, ni tampoco es factible diseñar cárceles para el
uso exclusivo de una comarca reducida. Aquí hay contradicciones, porque
la prisión de Córdoba no se ha sacado de Córdoba y es provincial. ¿Por
qué?, me pregunto, y es una pregunta retórica. Además, con el proyecto
del centro prototipo cambia el concepto de seguridad. El concepto de
seguridad no es alta, media, baja, el concepto de seguridad es un
concepto de seguridad global, y en esos 15 módulos de 70 internos hay un
módulo de alta seguridad precisamente para presos del terrorismo, del
narcotráfico, etcétera.
En cuarto lugar, como ustedes podrán suponer, tampoco consideramos
preciso revisar el Plan de amortización y creación de centros, porque
creemos que con él se solucionarán las necesidades de plazas que requiere
el régimen penitenciario enjugando cada vez más el mayor déficit
existente; permitirá sustituir numerosos centros anticuados y obsoletos,
como decía al principio; está pensado para cubrir las necesidades del
perfil tipo del recluso español, que es un joven con insuficiente
formación ecadémica, experiencia laboral precaria y con delitos
vinculados con frecuencia a la droga o sus conexiones, y supone también
un ahorro importante a la Administración por la disminución de costes
respecto a la situación actual.
Señor Presidente, si me lo permite, voy a hacer una reflexión final.
Cuando se ha hablado de política penitenciaria he oído a intervinientes
esta misma mañana hablar de la solidaridad, hacer un discurso de la
solidaridad. (Se producen ruidos en la Comisión que impiden oír al
orador.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a suspender la sesión hasta que esto
termine. (Pausa.)
El señor Novella tiene la palabra, y no se sienta responsable por este
tipo de interrupción.
El señor NOVELLA SUAREZ: Si es por hablar de solidaridad, señor
Presidente, jamás.
Digo que hoy los discursos de la solidaridad están muy extendidos. Se
habla de solidaridad en todo; por ejemplo, en la droga. Todo el mundo
está en contra de la droga, la droga es una lacra para esta sociedad,
pero nadie quiere en su término municipal un centro para
drogodependientes. Todo el mundo es muy ecológico, lo verde está de moda
--en el sentido del medio ambiente, no en otro--, y todo el mundo
defiende el medio ambiente y la ecología, pero nadie quiere en su término
municipal una planta de residuos o de lo que sea, eso no. Todo el mundo
está contra el racismo, todo el mundo no es xenófobo, todo el mundo
quiere que los inmigrantes trabajen para nosotros, pero no que vivan con
nosotros. Y con el sistema penitenciario y con las cárceles pasa lo
mismo. Hay un discurso de la redención, pero nadie quiere asumirlo, y
aquí estoy atónito, señor Presidente, hemos empezado por el término
municipal, vamos por la comarca, pero yo no sé dónde se van a hacer las
cárceles en este país. Me parece un grave acto de irresponsabilidad en el
sentido que decía antes de no tener que tomar decisiones para gobernar.
Por eso, el Grupo Parlamentario Socialista se va a oponer a la
proposición no de ley en los términos en que la hemos visto.
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en
contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Se suspende la sesión hasta las doce del mediodía.
Se reanuda la sesión.
--COMPARECENCIA DE LA SEÑORA SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA
PARA INFORMAR DE LAS LINEAS GENERALES DE ACTUACION Y OBJETIVOS
PRINCIPALES DE DICHA SECRETARIA DURANTE LA PRESENTE LEGISLATURA. A
SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 212/000323.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, reanudamos la sesión.
Tenemos con nosotros a la señora Subsecretaria del Ministerio de
Justicia, a quien damos la bienvenida en la Comisión, para comparecer
como consecuencia de la solicitud del Grupo Parlamentario Popular,
dirigida en principio al Secretario de Estado para Asuntos
Penitenciarios, y que tiene como fin informar de las líneas generales de
actuación y objetivos principales de dicha Secretaría durante la presente
legislatura.
Dado que no existe en este momento una persona encargada de la Secretaría
de Estado para Asuntos Penitenciarios, la Mesa adoptó el acuerdo de
solicitar del Ministerio de Justicia que compareciera bien la señora
Subsecretaria, bien la Directora General de Asuntos Penitenciarios.
La señora Subsecretaria tiene la palabra.
La señora SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA (Robles Fernández):
Señor Presidente, en cuanto al tema concreto objeto de la comparecencia,
el informe por parte de la Secretaría de Estado, pero, en términos
globales, del Ministerio de Justicia, sobre las líneas generales de
actuación y objetivos de esta Secretaría de Estado durante la presente
legislatura, quiero manifestar que el plan fundamental que tiene la
Secretaría de Estado es continuar lo iniciado desde el principio de la
presente legislatura y que ha sido perfectamente defendido y representado
por quien hasta la fecha ocupaba el cargo de Secretario de Estado.
La Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios ha pretendido --y en
esa línea va a continuar-- insistir en algo que nos parece absolutamente
fundamental, que es la profundización en el artículo 25 de la
Constitución, que, como SS. SS. saben perfectamente, establece como una
de las finalidades fundamentales de las penas privativas de libertad la
reinserción y la resocialización. Siempre desde la Secretaría de Estado
se ha pensado --y se sigue pensando-- que el que una persona esté privada
de libertad no comporta en modo alguno una limitación del resto de sus
derechos. Una persona está privada de libertad con aquellas penas
accesorias que los tribunales le hayan impuesto, pero la Administración
--y ése ha sido uno de los objetivos fundamentales de la Secretaría de
Estado y, como digo, va a seguir siéndolo-- debe cuidar primordialmente
el aspecto de quien está privado de libertad en la línea de conseguir el
propósito constitucionalmente previsto de reinserción y resocialización.
Hay que tener en cuenta el marco normativo en el que nos vemos, un marco
normativo que responde perfectamente a esa finalidad constitucionalmente
prevista y que siempre ha sido escrupulosamente respetado por la
Secretaría de Estado. Es evidente --todos lo sabemos-- el avance que
supuso la Ley Orgánica General Penitenciaria del año 1981. Cuando esta
Ley establece como clave fundamental el tratamiento penitenciario de
forma individualizada de los internos, precisamente en aras de la
rehabilitación y resocialización, da un paso de carácter fundamental en
la línea de los demás Estados de los países de Europa. Además, esta Ley
introduce algo que para nosotros ha sido y va a seguir siendo primordial,
que es la figura del juez de vigilancia penitenciaria y, lógicamente, el
control jurisdiccional de los actos de la Administración penitenciaria.
No hace falta que les recuerde que ya el Consejo de Europa había
establecido que la clave fundamental en un Estado de Derecho es la
existencia de ese control jurisdiccional de los actos de la
Administración y, evidentemente, en materia penitenciaria es fundamental
que exista el control jurisdicional de los actos de la Administración
penitenciaria por parte del juez de vigilancia penitenciaria.
La Secretaría de Estado siempre ha impulsado ese control jurisdiccional y
es filosofía irrenunciable del Ministerio de Justicia que absolutamente
todos los actos de la Administración penitenciaria, en los términos que
establece la Ley Orgánica General Penitenciaria, queden sujetos al
control de los jueces de vigilancia penitenciaria, lo que nos parece un
reforzamiento de las garantías de los internos y, naturalmente, un
reforzamiento del Estado democrático y de Derecho. Insisto en que ésa ha
sido siempre la preocupación fundamental de la Secretaría de Estado hasta
la fecha y que así va a seguir siéndolo.
Como primeras actuaciones normativas del Ministerio de Justicia en estos
cuatro primeros meses, podemos hacer mención al artículo 251 del
Reglamento penitenciario y a su modificación. Mediante esta reforma del
Reglamento penitenciario se introdujeron dos cuestiones que nos parecen
fundamentales. En primer lugar, la supresión del plazo de dos meses para
la clasificación en tercer grado de determinados internos y, en segundo
lugar, la necesidad de notificar las resoluciones que pudiera dictar la
Administración penitenciaria al Ministerio Fiscal. En cuanto a la primera
de las cuestiones que he anunciado, la supresión del plazo de dos meses
para la clasificación en tercer grado, manifiesta la voluntad del
Ministerio de Justicia, representado por la Secretaría de Estado, de dar
cumplimiento a esa previsión constitucional. Si la finalidad de la pena
privativa de libertad es la reinserción en la sociedad, no tiene ninguna
razón de ser que aquellas personas que por motivos diversos, por el
transcurso del tiempo o por su propia evolución personal estuvieran ya
reinsertadas y resocializadas, tuvieran que pasar un período de rodaje en
las condiciones ordinarias que preveía la Ley Penitenciaria.
Con esa reforma se posibilita que aquellas personas que por las razones
antes expuestas estén ya plenamente reinsertadas o resocializadas, puedan
ser clasificadas inicialmente en tercer grado, lo que les comporta que no
exista para ellas una ruptura con lo que es su realidad social y familiar
y simplemente tengan que ir a dormir al centro penitenciario. Creemos que
éste ha sido un avance y una profundización en lo que para nosotros es
fundamental, el respeto a las previsiones constitucionales establecidas
en el artículo 25 de la Carga Magna.
Otro de los puntos que el Ministerio de Justicia, la Secretaría de
Estado, ha impulsado dentro del marco de esta reforma normativa, es que
las resoluciones que dicte la Administración penitenciaria y, en
concreto, dentro del marco de la clasificación, sean notificadas al
Ministerio Fiscal.
Decía antes que hemos sido absolutamente respetuosos y consideramos que
es fundamental el control de los actos de la Administración penitenciaria
por parte de los jueces de vigilancia. De esta manera y con esta reforma
se viene a recoger expresamente una preocupación compartida y puesta de
relieve en esta Cámara en el sentido de que el Ministerio Fiscal tuviera
conocimiento de las resoluciones de la Administración penitenciaria para
que, en el caso de que no las compartiera, pudiera ejercitar los
correspondientes recursos y fuera, en definitiva, el juez de vigilancia
penitenciaria el que valorara la procedencia o improcedencia de esa
clasificación realizada por la Administración penitenciaria para quien,
como repito e insisto una vez más, ha sido y va a ser siempre fundamental
el control de la autoridad judicial.
Saben SS. SS. perfectamente que el Ministerio de Justicia ha venido
proclamando lo que llamamos el Pacto de Estado por la Justicia.
Evidentemente, ese pacto de Estado hace referencia también al tema
penitenciario, porque la Secretaría de Estado siempre ha entendido que la
función de la ejecución de las penas y, concretamente, de la pena
privativa de libertad, va íntimamente ligado al contenido jurisdiccional.
Por tanto, no se puede hablar sólo de la Administración de Justicia en el
marco del ejercicio de juzgar, sino también en el marco del ejercicio de
ejecutar. En ese sentido, la ejecución de las penas privativas de
libertad y todo lo que absolutamente eso comporta tienen que estar dentro
de ese pacto de Estado porque, en definitiva, es Administración de
Justicia.
Yo estoy segura de que todos los grupos parlamentarios comparten las
mismas preocupaciones a que yo me he referido y esta misma línea que he
expuesto, esa profundización de los mandatos constitucionales. Hay que
intentar conseguir en ese marco una actuación en el campo penitenciario
que yo calificaría de presente, en el sentido global de mejorar las
condiciones de vida en los centros penitenciarios y de futuro, en el
sentido de potenciar y trabajar en la línea de la reinserción social.
Hay que tener en cuenta cuál es la realidad existente en este momento en
nuestro país en el marco penitenciario. Hay que decir que en el momento
actual aproximadamente existen 47.000 personas privadas de libertad, de
las cuales 7.000 están en la Comunidad Autónoma de Cataluña que, como SS.
SS. saben, es la única Comunidad Autónoma a la que se transfirió el
conocimiento de la materia penitenciaria.
Se ha producido, pues, en los últimos años un incremento muy importante
del número de personas privadas de libertad. Eso no va a unido a un
aumento de la delincuencia, porque eso no ha sido así, sino que ha ido
unido a un aumento de la eficacia policial y a algo que para nosotros es
muy importante, a una cierta agilización de los procedimientos
judiciales. Frente a una situación, hace tres o cuatro años, en la que el
número de los preventivos era superior al número de los penados, podemos
decir que en este momento el número de los penados es considerablemente
superior al de los preventivos. Eso comporta que mientras que el tiempo
que una persona está en prisión provisional es inferior, porque viene
limitado por las prescripciones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y
los plazos que SS. SS. conocen perfectamente, tratándose de penados su
estancia en prisión es siempre mayor. La Secretaría de Estado ha sido
siempre consciente de la realidad, del número de personas que en este
momento están en los centros penitenciarios, y quiere hacer todo su
planteamiento conociendo esa realidad social.
Decía que nuestro planteamiento va en un doble sentido, en un primer
sentido que yo calificaba como de mejora de las condiciones de vida en
los centros penitenciarios. Lo primero que eso comporta es que los
centros penitenciarios sean nuevos, donde las condiciones de vida en
prisión sean lo más agradables posibles para el interno. Una persona está
privada de libertad, como decíamos antes, pero no está privada del resto
de los derechos.
Hay que decir que la Ley Orgánica General Penitenciaria fue muy pionera y
progresista en la defensa a ultranza de esos derechos. Artículos tales
como el 19 de la Ley, en el que expresamente se hablaba del derecho de
los internos a tener unas celdas individuales, no pueden quedar solamente
como un mero desiderátum y como una plasmación puramente normativa, sino
que tienen que ser aquello a lo que todos aspiremos para dignificar esas
condiciones de vida en la prisión. Saben ustedes perfectamente que ha
sido siempre una preocupación de la Secretaría de Estado el que esas
condiciones de vida en la prisión se desarrollaran de la mejor forma
posible. Para ello era necesario acabar con centros obsoletos, centros
que todos conocíamos y que muchos databan incluso del siglo XIX. Es
precisamente por esa razón por la que el Gobierno de la Nación, a
propuesta del Ministerio de Justicia, aprobó el Plan de creación y
amortización de centros, en el que se prevé que entren en funcionamiento
dieciocho nuevos centros.
Lo que nos interesa fundamentalmente al Ministerio de Justicia y a la
Secretaría de Estado no es tanto la polémica concreta del diseño
arquitectónico, que puede ser más o menos criticable, sino que en él, con
cumplimiento de las previsiones legales, se llegue a unas condiciones
dignas de vida en prisión. Dentro del marco global al que antes me
refería de ese Pacto de Estado por la Justicia, en el que incluyo
necesariamente la Administración penitenciaria, hay que hacer una llamada
a la responsabilidad de los grupos políticos. No es coherente hablar de
que queremos esas mejores condiciones de vida y unos centros más humanos,
cuando desde las distintas áreas donde existen responsabilidades
políticas, en gobiernos municipales, por ejemplo, se ponen obstáculos e
impedimentos a la creación de nuevos centros penitenciarios.
A mí sí me gustaría hacer ese llamamiento en esa línea
global a que yo me refería, que sabiendo y siendo consciente de la
sensibilidad de todos los grupos parlamentarios en el tema de las penas
privativas de libertad, hemos de hacer todos un esfuerzo, cada uno dentro
de su responsabilidad, para conseguir esos centros que comporten esas
condiciones dignas de vida en las prisiones, el que podamos, dentro de
unos años, decir que hemos hecho efectivas las previsiones de la Ley
General Penitenciaria. Evidentemente, sería una satisfacción para todos
llegar a esa previsión de una celda individual por interno.
Otro tema que ha preocupado considerablemente hasta la fecha a la
Secretaría de Estado y que va a seguir preocupándole es la mejora y la
profundización en el modelo sanitario.
Estamos en condiciones de decir que la Sanidad en las prisiones en los
últimos años, prácticamente desde 1989, ha sufrido una evolión
fundamental. En el momento actual podemos afirmar que contamos con 357
médicos penitenciarios generales, con 286 ATS, y con 345 auxiliares de
enfermería. Esa mejora y profundización del modelo sanitario que ha sido
una constante en la Secretaría de Estado y que va a seguir siéndolo tiene
líneas de desarrollo fundamental que yo quiero exponer aquí.
En primer lugar, le ha preocupado siempre a la Secretaría de Estado un
asunto primordial, como es el de la lucha contra el sida en los centros
penitenciarios. La problemática del sida ni se puede ni se debe ceñir a
los centros penitenciarios, porque todos sabemos cuál es la realidad
actual, y precisamente hoy es el mejor día para hablar de ello en cuanto
que es el día del sida y todos ustedes habrán leído en los periódicos la
evolución de esta enfermedad no solamente en el resto del mundo sino, en
concreto, en España. No podemos tampoco engañarnos, porque dentro de la
población penitenciaria existe un número de individuos que comporta un
factor de riesgo importante. De ahí que la política de la Secretaría de
Estado haya sido --y va a seguir siéndolo-- la de trabajar en un doble
sentido. En primer término, luchar contra la prevención del contagio en
los centros penitenciarios y, en segundo, el tratamiento de aquellos
internos que en este momento estén afectos al virus de inmunodeficiencia
adquirida.
En cuanto a la primera de las cuestiones que yo planteaba, la prevención
del contagio, la Secretaría de Estado, desde el año 1989, ha sido
absolutamente sensible y receptiva a las previsiones de la Organización
Mundial de la Salud. Como todos ustedes saben, la Organización Mundial de
la Salud dio una normativa para luchar contra el contagio del SIDA,
fundamentalmente en las prisiones. Desde que la Organización Mundial de
la Salud se pronunció en estos términos, la Secretaría de Estado asumió
perfectamente todas estas consideraciones y, por medio de sucesivas
circulares, las llevó a la práctica. En ese sentido, se han tomado
medidas tales como el reparto gratuito de lejía entre los internos o el
reparto gratuito de preservativos. Se va a seguir en esa línea. Creo que
la Organización Mundial de la Salud se ha felicitado sobre el tratamiento
y la respuesta que se ha dado a esta cuestión en las prisiones españolas.
También nos preocupa enormemente el tratamiento individualizado, el
tratamiento a aquel recluso que es portador del virus. Es notorio --no
hace falta que lo diga-- que el virus se descubre en diferentes estadios,
por lo que lógicamente no puede existir un tratamiento individualizado
para cada uno de los internos. Lo que se ha pretendido, y se va a tratar
de conseguir, es que exista un control de aquellas personas que
voluntariamente quieran acceder al mismo. Lo que ha potenciado la
Secretaría de Estado es que aquellas personas que quieran someterse a
controles, incluso para detectar si son portadores o no del anticuerpo,
puedan realizar ese control que esas personas voluntariamente han pedido.
Si esas personas voluntariamente quieren incidir en la línea de su
recuperación, la Secretaría de Estado va a ser absolutamente respetuosa,
como lo ha venido siendo hasta la fecha, proporcionando el tratamiento
que sea necesario.
Yo puedo decir que en este momento el 5,9 por ciento de los internos que
están en los centros penitenciarios está tratado con retrovirus con AZT,
que conocen ustedes perfectamente, y el gasto que se ha venido generando
en lo que llevamos del presente año ha sido de 750 millones de pesetas.
Insisto en que, en la medida en que para nosotros el aspecto individual y
humano de la persona privada de libertad es fundamental, no vamos a
regatear ningún tipo de medios en cuanto a la cura y el tratamiento. Todo
ello, claro está, sin perjuicio de que somos respetuosos y que nos
parecen muy bien aquella decisiones que los órganos judiciales puedan
adoptar, en el marco del artículo 60 del reglamento penitenciario, que
comporten que las personas portadoras de sida, cuando el deterioro de su
personalidad física sea muy avanzado, puedan ser puestas en libertad.
Hacía mención a que la lucha contra el sida, en esa doble vertiente de
prevención y tratamiento, ha venido preocupando, desde el año 1989, a la
entonces Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, hoy
Secretaría de Estado, y que va a seguir preocupándola, en el marco
sanitario que definía.
También le han preocupado enormemente, y se han producido avances
importantes, los incrementos de las campañas de vacunación. Se ha sido
muy sensible, sobre todo, para evitar el contagio de la hepatitis B.
Puedo decir que en este momento existen campañas de vacunación muy
importantes contra dicha enfermedad, que han supuesto una reducción
importante del número de contagios de la hepatitis B. Yo quisiera hacer
una mención --por las connotaciones que a veces tienen la hepatitis B con
el sida-- a declaraciones como las del doctor Nájera, por ejemplo, cuyo
carácter de experto en el sida todo el mundo conoce, que remarcaba el
correcto y adecuado tratamiento que se está siguiendo en las prisiones
con los enfermos del virus VIH, incluso afirmaba que era un tratamiento
mejor que el que se daba fuera del marco penitenciario. Es un logro que
se ha conseguido y en esa línea se va a seguir trabajando.
Preocupa enormemente a la Secretaría de Estado, y le va a seguir
preocupando, el tema de las toxicomanías y de la drogodependencia en los
centros penitenciarios. Eso también tiene una doble vertiente. En primer
lugar, la
lucha contra la circulación de la droga en los centros, y, en segundo
lugar, el tratamiento de aquellos internos que sean toxicómanos o adictos
a sustancias estupefacientes. No se les escapa a SS. SS. que el problema
de la circulación de la droga en los centros penitenciarios nos ha venido
preocupando. La Secretaría de Estado ha impulsado medidas de vigilancia y
de control que ha comportado el que haya disminuido considerablemente la
circulación de la droga en los centros penitenciarios. Pero hay que ser
realistas, uno de los cauces de difusión de las drogas dentro de los
centros penitenciarios son los contactos vis-à-vis. Ahí se nos plantea el
problema --que es la línea en la que hay que seguir trabajando-- de
intentar compaginar el derecho de los internos a relacionarse con sus
familiares, a esos contactos vis-à-vis, y aquellas medidas de control que
pueden impedir ese desarrollo del tráfico de las drogas en los centros
penitenciarios.
Siendo muy conscientes de la problemática que se plantea, hemos de
intentar luchar, en la línea en que lo venimos haciendo, por compaginar
esas medidas y que eso no comporte una limitación del derecho a las
comunicaciones que tienen los internos, que, insisto, aun cuando privados
de libertad, están en plenitud de los demás derechos, salvo de aquéllos
inherentes a la pena privativa de libertad que se les hubiera impuesto.
En el otro marco al que antes me refería, nos preocupa el cuidado de la
persona privada de libertad, que es toxicómano. También en esto, la
Secretaría de Estado ha tenido una gran sensibilidad, desde el año 1989,
en el tratamiento y la atención de los individuos toxicómanos o
drogodependientes. Se han iniciado políticas de desintoxicación, de
deshabituación y, sobre todo --algo que nos ha parecido fundamental y en
cuya línea vamos a seguir trabajando--, se ha llegado a convenios con el
Plan Nacional de Lucha contra la Droga, que se ha ido derivando hacia
planes regionales, y en este momento podemos decir que 60 centros
penitenciarios están desarrollando y participando en programas
asistenciales, con una participación de 2.900 reclusos.
Nos parece fundamental que exista una política de acercamiento a la
persona que está en prisión, para explicarle cuál es la problemática de
la droga y para ofrecerle aquellas opciones que comporten que él,
voluntariamente, opte por esa línea de desintoxicación a que
anteriormente hacía referencia. Esa política iniciada de relación con el
Plan Nacional de Lucha contra la Droga y con los planes regionales, va a
seguir siendo una pieza clave dentro del tratamiento de los toxicómanos
en prisión. Nos preocupa mucho este aspecto y queremos que exista un
acercamiento al individuo que está en prisión, que es toxicómano, para
explicarle cuál es la problemática real.
Cuando ya 60 centros están participando en estos planes asistenciales nos
debemos felicitar, sin perjuicio de que hay que intentar llegar al mayor
primero posible de centros y concienciar a aquellos internos que quieran,
para que participen en esos programas asistenciales.
Creemos que no se podría diseñar una mejora en las condiciones de vida en
las prisiones si no hubiera un complemento imprescindible, que es el
diálogo y la formación permanente de los funcionarios. Se ha impulsado
desde la Secretaría de Estado una política de diálogo con los
funcionarios, porque es fundamental en el diseño de lo que queremos que
sean las condiciones de vida en la prisión. Han participado los
funcionarios, van a seguir participando, ésa es nuestra voluntad, ya que,
repito, nos parece fundamental que exista una auténtica política de
formación de los funcionarios. Nos negamos en rotundo --y ésa ha sido
siempre la intención de la Secretaría de Estado-- a considerar que se
puede contraponer la posición del funcionario como elemento represor, en
el ámbito de las prisiones. Evidentemente hay unas funciones de
vigilancia y de control, pero al funcionario hay que implicarle en esa
motivación, que nos parece fundamental, de luchar por la reinserción y
resocialización de los internos.
En ese marco --que ha venido preocupando a la Secretaría de Estado-- se
han iniciado unos planes de formación continuada de todos los
funcionarios, de tal manera que han empezado en el año 1993 y estamos en
condiciones de afirmar que, en un período de cinco años, absolutamente
todos los funcionarios penitenciarios habrán pasado por estos cursos de
formación, con lo que eso comporta de beneficio para los internos y, en
definitiva, para todo el diseño de la política penitenciaria.
También se ha venido potenciando desde la Secretaría de Estado --es otra
de las líneas fundamentales en que vamos a seguir trabajando-- el
reforzamiento y la mejor cualificación de los equipos de tratamiento. Los
equipos de tratamiento nos parecen fundamentales, sobre todo, porque
--como decía antes-- nuestra Ley General Penitenciaria ha hecho de la
figura del tratamiento penitenciario individualizado la clave de bóveda
del sistema. Si queremos esa resocialización hemos de tender a que el
tratamiento de los internos sea puntual y no global. De esa manera, los
equipos son fundamentales, debiendo exigir que exista una cualificación
de todos sus integrantes: psicólogos, juristas, pedagogos, sociólogos,
etcétera, y por esa razón, desde la Secretaría de Estado, se viene
impulsando --y así se va a seguir haciendo-- una dinámica y un diseño de
formación permanente y continuada de los mismos. Nos parece
imprescindible conseguir que estas personas, por su capacitación --que ya
la tienen, pero en la que es evidente que hay que seguir abundando--,
puedan acceder a un contacto y a una relación más directos con los
internos. Todo ello, sin perjuicio, como venía diciendo, de que seamos
muy conscientes de cuál es la razón de ser y las funciones del equipo de
tratamiento. En ningún caso, por medio de sus decisiones y de la propia
Adminstración penitenciaria, ésta va a pretender eludir --lo que decíamos
nos parece fundamental-- el control jurisdiccional de los actos de la
Administración penitenciaria. Puedo adelantar que se van a ampliar las
plazas de pedagogos y sociólogos, que son las que en este momento están
menos cubiertas en los distintos equipos de tratamiento.
Este sería, en líneas generales, el planteamiento que la Secretaría de
Estado ha venido haciendo, en el que vamos a seguir incidiendo para
mejorar las condiciones de vida, que yo diría de presente, en los centros
penitenciarios.
Decía que nos preocupa enormemente no sólo las cuatro paredes de la
prisión, sino la proyección que hemos de dar a la vida de los reclusos en
cuanto a la reinserción social a la que con anterioridad hacía mención.
En este sentido, la Secretaría de Estado se ha preocupado de fomentar y
ampliar los planes de ocupación integral en los centros. En estos planes
de ocupación integral con distintas áreas, tanto el área escolar como de
formación laboral, sociocultural y terapéutica, está participando el 62
por ciento de los internos. Hemos de conseguir, por lo menos en
determinadas áreas como la escolar y la de formación profesional, que
llegue a la participación --y ésa es la voluntad de la Secretaría de
Estado-- el 100 por cien de los internos. Hemos de hacer que la estancia
de los mismos en la prisión les dé un bagaje, tanto cultural como en su
caso de formación profesional, que les permita a la salida acceder a unas
condiciones dignas de vida en libertad. Sé que eso es algo difícil y
complicado, pero entraría dentro de la dinámica de ese pacto de Estado a
que antes me refería porque, en definitiva, la consideración del recluso
como persona no le es ajena a ningún grupo parlamentario. Vamos a
continuar en la misma línea que venía exponiendo en la que ha trabajado
la Secretaría de Estado, de fomentar y ampliar los planes de ocupación
integral.
También le han preocupado a la Secretaría de Estado --y en esa línea se
va a seguir trabajando-- los distintos convenios con instituciones de
diferentes ámbitos, que le permitan al interno, una vez que sale, tener
posibilidades fundamentalmente de carácter laboral. A nadie se le escapa
que esto es difícil en el momento actual, pero ninguno de nosotros
cumpliríamos con nuestra labor --por supuesto, la Administración, pero
también los grupos políticos-- si simplemente nos limitáramos a hacer un
planteamiento que comportara aislar o aparcar a una persona durante el
tiempo de cumplimiento de la pena privativa de libertad. Hemos de ser más
audaces en el sentido que yo decía antes de implicarnos de tal manera
que, en los distintos niveles de administraciones: autonómicas,
municipales, diputaciones, etcétera, seamos capaces de ir a una serie de
convenios que permitan dar unas perspectivas de futuro a los internos. En
este momento hay algunos convenios en marcha con el Instituto Nacional de
Empleo y con el Instituto de la Mujer, para ayudar a las mujeres con
familia, una vez cumplida la pena privativa de libertad. Es un objetivo
fundamental seguir incidiendo en esta línea de convenios, que permitan
que la reinserción no sea solamente una declaración con la que todos nos
llenemos la boca porque está prevista en la Constitución, sino que además
sea un compromiso y una realidad.
Me parece que he diseñado de una forma muy genérica cuáles son las líneas
que se van a seguir desde la Secretaría de Estado de Administraciones
Penitenciarias. Quiero remarcar que no es sino la continuación de lo que
se ha venido haciendo hasta ahora. El Ministerio de Justicia es
absolutamente consciente de que la
línea en que ha de trabajarse es la profundización en el ámbito
constitucional de los derechos de los internos. Ahí sí creo que es un
compromiso no sólo y exclusivamente del Ministerio de Justicia, sino de
todos aquellos que tienen una responsabilidad política.
Por tanto, insisto, ese pacto de Estado de Justicia que desde el
Ministerio de Justicia venimos reclamando no puede, en modo alguno, dejar
excluidas a las personas privadas de libertad. Esa es la aportación que
quiero hacer y, a la vez, es el compromiso y el llamamiento que también
pido a esta Cámara.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LAZARO: Señor Presidente, señorías, nosotros creemos que los
acontecimientos políticos originados por la reciente sentencia del
Tribunal Constitucional en torno a la Ley de Seguridad Ciudadana no han
dejado sin sentido a esta comparecencia, que si en un momento la
planteamos con el fin de conocer cuáles eran los objetivos que el equipo
encabezado por el señor Asunción pretendía desarrollar a lo largo de esta
legislatura, ahora nos permite diferir ese debate para el instante en que
quede configurada la nueva cúpula de la Administración penitenciaria y
plantear hoy, como ha hecho la señora Subsecretaria, cuál es a nuestro
juicio el balance que deja tras de sí el actual Ministro del Interior por
cuanto que ese balance va a condicionar la gestión de quien le suceda,
como es natural. Como es natural también, nosotros partimos de una
consideración que si no se ha citado aquí por parte de la señora
Subsecretaria, sí tenemos que mencionar nosotros. Esa consideración es
algo que nos parece obvio: los indudables logros que se han obtenido en
materia de dispersión de presos etarras, logros a cuya consecución han
colaborado todas las fuerzas políticas activamente vinculadas a la lucha
contra la violencia, forman parte, desde nuestro punto de vista, más de
una política antiterrorista que de una política penitenciaria y, en todo
caso, la política penitenciaria estricta desarrollada por el equipo
Asunción no cabe valorarla ni confundirla exclusivamente conforme a ese
extremo.
Ya dijimos ante el Pleno de la Cámara, con ocasión de nuestra reciente
interpelación y del subsiguiente debate de la correspondiente moción, que
la era Asunción al frente de las prisiones españolas se caracterizaba
esencialmente, desde nuestro punto de vista, por los siguientes
considerandos. En primer lugar, por la sustitución en la práctica de ese
modelo reeducacional y de custodia concebido en nuestra Constitución, por
un modelo exclusivamente de custodia. En segundo lugar, por una
incapacidad para la resolución del problema del hacinamiento. En tercer
lugar, por la ausencia de una individualización científica en el
seguimiento de la condena, lo que implica abandonar al recluso a su
propia suerte y acentuar en él todas las patologías que le han llevado a
la cárcel. Hoy se nos ha hablado de que se ha llevado a cabo una tarea de
reforzamiento de los equipos de observación y tratamiento y, sin embargo,
la realidad cotidiana de las prisiones sigue diciendo que esos equipos de
observación
y tratamiento no mantienen un contacto directo con el recluso, que es
fundamental para el desarrollo de sus cometidos, y que, por desgracia,
han quedado reducidos a una tarea puramente burocrática que frustra, en
primer lugar, a los propios profesionales, como es natural, y, en segundo
lugar, impide el que éstos puedan prestar la asistencia debida al
recluso.
En cuarto lugar, dijimos que el fracaso rotundo en materia de lucha
contra el tráfico y consumo de droga en el interior de las prisiones y la
carencia de una política integral de terapias recuperadoras sobre los
toxicómanos, es también un considerando que surge de la realidad. Hoy la
señora Subsecretaria ha empezado a hablar de algo que no se había
planteado nunca hasta que nosotros lo esgrimimos en nuestra moción: la
necesidad de un plan de lucha contra el tráfico y el consumo interior de
droga. La necesidad de crear en las cárceles un espacio libre de droga.
Hoy en las cárceles españolas, como es sabido de todo el mundo, la oferta
de productos es prácticamente la misma que en el exterior, y lo que es
más sintomático, el precio de sus productos es el mismo que en el
exterior, lo cual manifiesta, por desgracia, el flujo con el que esos
productos están presentes en la vida corriente de los establecimientos
penitenciarios. Ha habido (lo conocerá muy bien la señora Subsecretaria)
expresiones de asociaciones profesionales de la Magistratura, de
fiscales, en general, de todo el mundo profesional vinculado al hecho
penitenciario, diciendo que en estos momentos las limitaciones de tipo
normativo y las carencias materiales para poder efectuar esa tarea de
control sobre el acceso de droga a prisión son notorias y hay que
solventarlas.
En quinto lugar --también de ello se ha hablado esta mañana--, los
vaivenes bruscos experimentados en el diseño y en la concepción de lo que
es el modelo sanitario a desarrollar en el interior de los
establecimientos han impedido que se haya podido desarrollar una tarea
efectiva de garantía de ese derecho a la salud de los internos. Aquí se
ha pasado --y basta releer los «Diarios de Sesiones»-- de la concepción
de un modelo de asistencia integral, dentro de los propios centros, con
las correspondientes inversiones realizadas para dar cumplimiento al
desarrollo de ese modelo, a un modelo de asistencia extrapenitenciaria
por vía de convenios, modelo que falla notablemente y hay que pensar que,
por ejemplo en la provincia de Valencia, por la que yo soy Diputado, hace
unas semanas los presos han estado paseándose en ambulancias porque los
centros con los que Instituciones Penitenciarias tenía firmados convenios
de asistencia no los querían recibir, probablemente por pura política
administrativa de enfrentamiento entre unos centros y otros, pero ésa ha
sido la realidad.
Creemos que no se ha dado una respuesta efectiva en este momento a
problemas tan graves como el de la toxicomanía, el avance del sida o el
avance de las enfermedades infecto-contagiosas. Hay que pensar que el
señor Garzón, como recordábamos en el texto de nuestra interpelación,
recientemente afirmaba que en 43 establecimientos penitenciarios no se
había desarrollado ningún plan de asistencia, tratamiento o prevención en
materia de toxicomanías. Y añadía que a partir de esta legislatura se
iban a intentar crear unidades de tratamiento en todos los centros. Pero,
como también dijimos en su momento, siendo fundamental, desde nuestro
punto de vista, la política de convenios en esta materia con otras
instituciones públicas o privadas, no puede quedar subordinado el papel
principal y la responsabilidad esencial de la Administración
penitenciaria en esta materia a la verificación o no de esos convenios.
El convenio tiene que ser un elemento protagonista y principalísimo,
¡naturalmente que sí!, en la cooperación, pero no puede dejar sin efecto
la responsabilidad que en este ámbito tiene la Administración.
Hablamos también, naturalmente, de la preocupante disminución del índice
de seguridad en nuestras prisiones; hablamos de una gestión ordinaria,
que nosotros entendemos que es caótica, lenta y plagada de
descoordinación; hablamos de una política presupuestaria y económica que
no resiste el mínimo análisis porque ha carecido de elementos de
racionalidad y control en la previsión y en la ejecución del gasto, no ha
respetado, en su desarrollo, aspectos sustanciales del procedimiento
legalmente establecido y ha carecido de transparencia y objetividad en
muchos de sus aspectos; hablamos de una política de personal, dígase lo
que se nos diga, autoritaria, sectaria y caprichosa, en virtud de la cual
se ha utilizado arbitrariamente al funcionario para tratar de convertirlo
en una pieza atemorizada y sometida, en vez de respetar su necesario
papel protagonista y participativo en el diseño y ejecución de la
política penitenciaria. Hoy se nos ha dicho que ha habido una política de
diálogo permanente. No es eso lo que dicen los propios colectivos
sindicales, y no son ésos, desde luego, los datos que ofrece la realidad.
Se ha convertido --y lo sabe bien la señora Subsecretaria-- al Cuerpo de
Funcionarios de Prisiones en el Cuerpo más castigado por expedientes del
conjunto de las administraciones públicas, y en la perseveración
--nosotros creemos en ella-- de ese papel educador y comunicador del
funcionario y no de un papel represivo. Sin embargo, no ha sido ésa la
orientación que se intentaba dar al último gran proyecto del señor
Asunción que era, precisamente, ese anteproyecto de estatuto especial,
que también ha sido contestado de una manera contundente por los
principales afectados, es decir, por la representación sindical de los
funcionarios.
Hemos hablado de una sistemática utilización irregular de la capacidad y
de la potestad autoorganizativa de la Administración para trascender
muchas veces el marco de legalidad, creando de hecho un ordenamiento
paralelo orientado a ampliar los márgenes de discrecionalidad en la
conducta y decisiones de la estructura directiva penitenciaria; hemos
hablado de una estrategia permanentemente dirigida a suplantar la función
de los órganos jurisdiccionales y a evitar el control judicial; por
último, hemos hablado de un continuo empeño por sustraer el conocimiento
de la realidad penitenciaria a la opinión pública y a las instituciones,
adoptando una actitud oscurantista y de aislamiento tan inaceptable como
estéril.
Comprendo que estas conclusiones no tienen que gustar, como es natural, a
los responsables del Ministerio y, particularmente, a los responsables de
ese equipo hoy pendiente de renovación, pero es que ésas son, señora
Subsecretaria, las conclusiones que nos arroja el análisis mismo de la
realidad.
A quienes nos dicen que les parece intolerable --y se nos ha dicho
recientemente-- que se aproveche el tema penitenciario para hacerlo
objeto de discusión política, porque éste es un aspecto especialmente
bien tratado en nuestro país, nosotros tenemos que reprocharles su escaso
apego a la realidad y, desde luego, su confusión en relación con lo que
significa el debate parlamentario en una sociedad democrática, amén de un
inútil tono triunfalista. Aquí no estamos para hacer política en función
de la realidad penitenciaria; aquí estamos --por lo menos ésa es la
posición de mi Grupo y estoy convencido que de la mayor parte de los
grupos parlamentarios-- para intentar solventar una realidad y para
intentar acomodar esa realidad a las previsiones de nuestro ordenamiento.
A quienes nos dicen que manejamos mal los datos porque en España hay más
de 12.000 presos preventivos, hay que recomendarles que al menos conozcan
las cifras que da el propio Gobierno. La señora Subsecretaria sabrá
perfectamente que en recientísimas respuestas a preguntas parlamentarias
se nos dice que ésa es la cifra de preventivos. Si luego, en el debate
parlamentario, se nos niega esa cifra habrá que preguntar si al tratar de
descalificar esa cifra gubernamental se pretende insinuar que el Gobierno
nos engaña, y nosotros creemos que no. A quienes nos dicen que el total
de la población penitenciaria española es la más baja de Europa,
simplemente hay que pedirles que se lean los papeles. Desde luego, a
quienes nos dicen que manejamos el tópico incendiario del hacinamiento
como elemento desestabilizador, hay que prevenirles muy amablemente del
riesgo que comporta llamar incendiario al Ministro y al Secretario de
Estado del Gobierno al que se respalda, porque salvo que los «Diarios de
Sesiones» mientan -- y yo no creo que mientan--, el señor Asunción
manifestó literalmente ante esta Comisión, el pasado 18 de octubre, que
«El hacinamiento sigue siendo un problema.» Y el señor Ministro, en la
sesión plenaria del pasado 3 de noviembre, sentenciaba también
literalmente que «Ciertamente hay que decir que el problema de la
masificación de las prisiones constituye el problema real, el problema
central, y de eso ha sido siempre consciente el Gobierno, mucho antes de
que yo estuviera en el Ministerio.»
A quienes nos dicen --y también se nos ha dicho hoy-- que la práctica
totalidad de la población penitenciaria realiza trabajos productivos por
los que percibe un salario, hay que recordarles que el propio señor
Asunción, en la sesión antes mencionada, decía también literalmente que
«Sí, tenemos como deficitaria la dificultad para crear empleo dentro de
las cárceles».
A quienes nos dicen --y hoy también la señora Subsecretaria ha hecho una
especialísima mención-- que pocos regímenes penitenciarios están tan
controlados por el Poder Judicial como el español, yo les quiero hacer
simplemente cita literal de algo que se establece en la última Memoria
del Fiscal General del Estado y que el propio Fiscal General del Estado
eleva a la categoría de conclusiones, lo cual es muy sintomático, y
supongo que para algún grupo parlamentario no será sospechosa de
tendenciosidad la figura del Fiscal General del Estado. Pues bien, en esa
Memoria se dice literalmente: «La jurisdicción de vigilancia
penitenciaria nace con un claro objetivo, que es evitar que la ejecución
o el cumplimiento de la pena privativa de libertad siguiera realizándose
bajo el exclusivo control de la Administración penitenciaria. Doce años
después del inicio del funcionamiento de los juzgados de vigilancia
penitenciaria, nos encontramos en el mismo punto de partida pues quien,
en definitiva, determina el modo e incluso la duración de la condena
cuando es carcelaria es la Administración. Es notoria la actual falta de
transparencia junto con el afán de eludir ya no sólo un control, sino un
mero conocimiento por parte de los juzgados de vigilancia.» Y sigue la
Memoria: «La Administración penitenciaria consigue, a través de sus
instrucciones y circulares, una línea de actuación jerarquizada y
concreta que le permite escapar de lo que considera intromisiones
judiciales.» Continúa la Memoria: «A través de esas directrices, la
Administración penitenciaria puede llegar a modificar el sentido del
fallo condenatorio, tanto en la modalidad de su cumplimiento como incluso
en la duración del mismo.» Y termina la Memoria: «Huelga decir que tales
directrices, instrucciones o circulares no son facilitadas al juzgado de
vigilancia y, lo que es más grave, son de primordial y obligado
cumplimiento para los directores de cada uno de los centros, con lo que,
si alguna decisión del juzgado de vigilancia resulta opuesta a cualquiera
de esas instrucciones, lo que se lleva a cabo evidentemente no es lo
resuelto por el órgano judicial, sino lo que ha decidido la
Administración penitenciaria.» Fin de la cita, que se podría completar
con otras citas de la propia Memoria del Fiscal General en donde los
fiscales señalan que en este momento no tienen ningún conocimiento de
determinadas decisiones de la Administración penitenciaria, que es
indispensable que conozca el Ministerio Fiscal por si quiere recurrir,
por ejemplo, las clasificaciones en grado, o en donde los fiscales están
pidiendo que se dote de efecto suspensivo al recurso interpuesto por el
fiscal frente a la concesión de permisos porque, evidentemente, si no se
les dota de ese efecto suspensivo el propio recurso carece de sentido.
Ahora bien, lo que ocurre, señora Subsecretaria, es que este conjunto de
cosas que nosotros hoy hemos planteado, que son el diseño auténtico de la
realidad y que producen la quiebra del sistema concebido en nuestro
ordenamiento jurídico, al señor Asunción le parecen, y cito textualmente:
«temas de escasa importancia», tal y como declaraba el pasado domingo a
un diario nacional. Y lo despachaba en un tono que nosotros podemos
calificar de claramente despectivo, diciendo que si, en definitiva, el
fiscal no está de acuerdo con alguna norma u orden, que recurra.
Finalmente, a quienes nos dicen que incurrimos en un exceso al afirmar
las precariedades en las actividades de
tratamiento, fundamentalmente en las de carácter educacional, en relación
con lo que es hoy la realidad interna de las prisiones, nosotros
tendríamos que recordarles lo manifestado recientemente por la Asociación
Profesional de la Magistratura cuando establecía que el artículo 160 del
Reglamento se incumple sistemáticamente en todos los centros, afirmación
que ha sido corroborada por el propio Defensor del Pueblo, o lo que
recoge el informe del Defensor del Pueblo correspondiente a este año, y
hago cita literal: «No se han producido avances significativos en cuanto
a la potenciación de las actividades de tratamiento, y esa falta de
potenciación de los programas de actividades ha sido especialmente
significativa en los centros, módulos y departamentos de jóvenes.» Y
añade el Defensor: «Es necesario corregir el todavía escaso índice de
participación de los internos en tareas tales como la alfabetización y la
escolarización.» De manera que no entendemos cómo, por una parte, el
Ministerio puede decirnos que el 62 por ciento de los internos participan
en esas tareas de educación y de formación y, por otra, una institución
como el Defensor del Pueblo, que ha elaborado su dictamen sobre la base
de un recorrido en torno a 45 centros penitenciarios españoles, puede
hacer una afirmación de este calado.
Señora Subsecretaria, al margen de estas consideraciones generales,
habría que analizar otros aspectos que están presentes en el día a día de
la realidad de las prisiones y que han estado presentes, desde luego, en
el día a día de estos cinco años de gestión. Como es obvio, no podemos,
con carácter exhaustivo, plantear hoy aquí todos esos interrogantes, ni
lo pretendemos, pero sí algunos, tomando, por ejemplo, como referencia
todo lo que ha sucedido en estos años en torno al Organismo Autónomo
Trabajos Penitenciarios. Nosotros no podemos entender que sea un balance
positivo concluir una gestión con un agujero de 10.000 millones de
pesetas en ese Organismo Autónomo y con irregularidades financieras
detectadas en el mismo por un montante superior a los 800 millones de
pesetas. Nos interrogamos, señora Subsecretaria, sobre si es un balance
positivo que los máximos responsables del Organismo Autónomo Trabajos
Penitenciarios creasen seis empresas paralelas, para obtener de ellas
beneficios económicos ilícitos de centenares de millones de pesetas, en
detrimento de los ingresos del organismo oficial, y que la Secretaría
General se inhibiera de su responsabilidad política en ese asunto. Nos
preguntamos si es un balance positivo que un organismo que manejaba
amplias disposiciones presupuestarias pudiera estar funcionando --como se
ha demostrado-- durante años sin género alguno de contabilidad, con lo
que eso comporta. Nos preguntamos si es un balance positivo pensar que
muchas de esas irregularidades se hubieran podido impedir a tiempo si se
hubieran investigado las denuncias por parte de la cúpula penitenciaria;
denuncias que sistemáticamente llegaban a esa cúpula penitenciaria y a
las que el señor Asunción, Presidente también del consejo de
administración del Organismo Autónomo Trabajos Penitenciarios, hizo caso
omiso hasta que la situación fue ya muy notoria. Y nos preguntamos si es
un balance positivo que la persona que estaba al frente de la inspección
general durante el tiempo en que se produjo ese fraude y que no fue capaz
de detectarlo, sin embargo, fuese premiado contratándole como asesor
jurídico de la empresa pública Infraestructuras y Equipamientos
Penitenciarios y que, en cambio, el jefe de la inspección general, que
descubrió e investigó el fraude, terminara teniendo que dimitir ante las
dificultades que se le plantearon para poder desarrollar esa
investigación.
Nos preguntamos también si es resultante de una gestión adecuada que un
centro como el de Jaén-2, por tomar un centro como referencia,
presupuestado en 1.500 millones, terminase costando casi 3.000 millones,
y que prácticamente recién terminado se hayan tenido que realizar
notables inversiones por las deficiencias que presenta. Si es el
resultante de una gestión adecuada que se comprara el solar para la
cárcel de Soto del Real por un valor diez veces superior a su valor real,
ya que se pagaron 170 millones de pesetas por 63 hectáreas, a razón de
2,7 millones por hectárea, y un mes más tarde --un mes más tarde,
repito-- un particular compra la finca colindante, que era la que
inicialmente desechó el Ministerio de Justicia, pagando 13,4 millones por
111 hectáreas.
Nosotros nos preguntamos si es el resultante de una gestión adecuada que,
en febrero de 1992, se pidiera un crédito extraordinario por valor de
12.100 millones porque los gastos que se habían presupuestado para ese
ejercicio no se ajustaban en nada a la realidad, de manera que los 534
millones para medicamentos resultaban ser 1.600, los 888 millones
previstos para proyectos resultaban ser 1.952, y los 465 millones
previstos para reparaciones resultaban ser en realidad 1.460 millones.
Nos preguntamos si es el resultante de una gestión adecuada que los
médicos especialistas no estén girando visitas a los establecimientos
porque no se les paga, de manera que se pueden producir casos como que a
una interna se le esté diagnosticando durante cinco meses una cistitis y,
al final la famosa cistitis de la interna resulte que es un embarazo. Nos
preguntamos si es el resultado de una gestión adecuada que, a pesar del
aumento del número de funcionarios, no se haya conseguido mejorar la
ratio reclusos-funcionarios en servicios de interior, que es un elemento
clave tanto para la seguridad, como para el factor reeducacional; si es
el resultante de una gestión adecuada la enorme carga que para el futuro
supone la deuda con proveedores, estimada en casi 12.000 millones de
pesetas, generada en estos años y que ha llevado hasta que la propia
farmacia de las Fuerzas Armadas, es decir, un organismo oficial, en un
momento determinado haya cortado sus suministros a la Administración
penitenciaria por falta de pago; si es el resultado de una gestión
adecuada que la propia Administración llegara a autosecuestrar su propio
boletín simplemente porque un grupo de presos había hecho un informe que
resultaba inconveniente sobre la realidad interna de la droga en prisión
y que se pretendiera, además, ofender a la inteligencia de todos
argumentando que ese autosecuestro se había producido no en función del
estudio sobre la droga, sino de un pequeño artículo en el que se hacía
referencia a
suicidios en prisiones y la entonces Secretaría General temía que los
contenidos de ese artículo sobre suicidios pudieran incitar al suicidio
de los presos --eso se nos dijo literalmente en esta Comisión--; si es el
resultado de una gestión...
El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro, concluya ya.
El señor GIL LAZARO: Nos preguntamos si es el resultado de una gestión
adecuada que talleres de algunos centros muy modernamente dotados, como
el del centro de Monterroso, se hayan echado a perder simplemente por
falta de uso, o que en otros centros esos talleres o instalaciones de
carácter hospitalario hayan tenido que ser provisionalmente habilitados
simplemente para albergar presos que ya no les caben por ninguna parte; y
si es el resultado de una gestión adecuada que la resolución de problemas
tan simples como dotar a un centro penitenciario de un carro isotermo
para el traslado de las comidas desde las cocinas a los comedores haya
tardado más de dos años en solucionarse desde el momento en que se
formuló la petición inicial.
Podríamos seguir, pero no vamos a hacerlo por la indicación del señor
Presidente y porque al final, señora Subsecretaria, plantear todas las
cuestiones que han estado presentes en el día a día de las prisiones,
como demostrativo de esa realidad interior y, sobre todo, del
planteamiento y enfoque de la gestión, sería una cuestión casi imposible
de poner fin, porque es, por desgracia, demasiado larga.
Pero no podemos concluir sin hacer una referencia a algo que también ha
estado presente en la realidad de la gestión de estos cinco años y que
nosotros creemos que, por estar presente con un carácter muy
determinante, también ha condicionado de manera grave la gestión de estos
cinco años. Es todo lo relativo a la política de nombramientos. Nosotros
no podemos entender cómo durante estos cinco años se han producido 800
nombramientos de mandos intermedios en las prisiones españolas, que han
sido declarados disconformes a derecho por parte de los tribunales
simplemente porque no se ajustaban al cumplimiento estricto de la
legislación vigente. No podemos entender cómo se puede configurar un
equipo en la cúpula penitenciaria, al que hay que pedirle
fundamentalmente coherencia y capacidad de colaboración entre sí, cuando
es público y notorio que las dos personas que han venido desarrollando
las responsabilidades de las dos respectivas Direcciones Generales son
dos personas que están pública y notoriamente enfrentadas. No podemos
entender cómo se puede hacer Directora General de Instituciones
Penitenciarias a una persona cuya gestión al frente de un centro
penitenciario ofrece en estos momentos, todavía sin clarificar, algunos
aspectos llamativos, como el famoso asunto Maintengás e Inglés, con
adjudicaciones directas, contratas y subcontratas a personas muy próximas
activamente al señor Asunción; el asunto de Gevasa; el de los
equipamientos del centro penitenciario de Valencia, que provocó un
agujero de más de 600 millones, y que determinó el que el señor Mansilla
pidiera al señor Asunción el cese como directora de ese establecimiento
penitenciario de la señora Jabardo.
No podemos entender cómo no se han aclarado todavía los asuntos relativos
a presiones sobre proveedores que se realizaron en ese centro; aún no
sabemos cómo terminó la doble inspección que sufrió la señora Jabardo en
el momento en que fue directora de la cárcel de mujeres. No sabemos cómo
se puede nombrar directora general a una persona que en un momento
determinado utilizó medios materiales y humanos pertenecientes a la
Administración penitencia para realizar reformas en su piso particular; o
cómo se pudo amueblar el chalet del director del centro penitenciario de
Picassent, por un valor de 5.500.000 pesetas, factura de «El Corte
Inglés», que, además, se hizo abonar a la empresa constructora del centro
penitenciario; o cómo todavía está sin clarificar el famoso asunto de las
máquinas expendedoras del centro de Picassent que, por lo demás, es el
mismo asunto de las máquinas expendedoras del centro de Sevilla, y de
alguno más que ya tenemos también detectado.
Concluyo diciendo que no podemos entender cómo en una sociedad tan
absolutamente vertebral para el desarrollo del Plan de amortización de
centros, que se estima que es plan básico en la ejecución de la política
penitenciaria del Gobierno, se nombra para ello a una persona a la que yo
respeto profundamente porque conozco personalmente, me parece un
caballero y le tengo una estima personal pero que de esto no sabe
absolutamente nada, señora Subsecretaria, que hace que, por ejemplo, un
conocido articulista tenga que escribir: Cada ángel caído encuentra una
Asunción que le salve. El problema del de Manises es que, al final, va a
tener trabajando en sus despachos y aledaños a toda su finca de vecinos.
Creo que sólo le queda un par por colocar y así de enfadados se les ve.
El resto está tan sólo a lo que les quiera mandar. Sólo falta cambiar el
rótulo y que en vez de Instituciones Penitenciarias pase a llamarse «Club
de agraviados de Lerma».
En definitiva, señora Subsecretaria, todas estas cosas, que dichas así
pueden resultar muy molestas, son las que por estar ancladas en la
realidad de lo que ha pasado durante estos cinco años, le obligan a
usted, como responsable del Ministerio de Justicia, a tener que modificar
la principal afirmación que ha hecho en cuanto a lo que va a ser la línea
de futuro. Ha comenzado y ha terminado diciendo que el objetivo
fundamental va a ser continuar en la misma orientación de métodos,
estilos y objetivos del equipo Asunción. Y nosotros le decimos que el
objetivo esencial es precisamente modificar esos métodos, esos objetivos
y ese estilo, porque solamente de esa forma se va a poder conseguir algo
que usted decía y con lo que nosotros estamos absolutamente de acuerdo:
que el privado de libertad no esté privado también del resto de sus
derechos. Eso significa, en definitiva, hacer lo que no se ha hecho en
estos cinco años, es decir, conseguir que ese fin reeducacional y
resocializador que nuestra
Constitución contempla pueda ser auténticamente una realidad.
Huelga hacer comentarios...
El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro, pensaba que, de acuerdo con su
intervención, estaba usted concluyendo, pero me está empezando a
preocupar porque no termina de concluir.
El señor GIL LAZARO: Termino.
Huelga hacer cualquier otro comentario sobre muchos otros datos que
pondremos a disposición del debate parlamentario en otros momentos y en
éste, si hubiera lugar, en turnos de réplica.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gil Lázaro, pero bien sabe
usted que la réplica, de acuerdo con el artículo 203 del Reglamento, en
comparecencias no existe.
Por el Grupo Parlamentario Catalán, la señora Alemany tiene la palabra.
La señora ALEMANY I ROCA: Señor Presidente, mi intervención va a ser muy
concisa, sólo para manifestar la posición del Grupo Catalán (Convergència
i Unió) ante la exposición de la señora Subsecretaria del Ministerio de
Justicia de las líneas generales de actuación y la información de todos
los objetivos de la Secretaría para Asuntos Penitenciarios.
En primer lugar, quisiera decir a la señora Subsecretaria que estamos
totalmente de acuerdo con este pacto de Estado del que nos ha hablado,
pero pensamos que se debería llevar más lejos; un pacto de Estado en que
no solamente los grupos políticos sino la sociedad pudiera entender toda
la tarea de los centros penitenciarios, los internos, las razones que les
han llevado a este pacto, es decir, que haya una cierta sensibilidad
social, porque estamos viendo que se está levantando un muro entre los
internos y la sociedad, los ciudadanos. Implicar a la sociedad nos parece
avanzar en una política penitenciaria más social, más abierta. (El señor
Vicepresidente, Arqueros Orozco, ocupa la presidencia.)
Nos ha hablado la señora Subsecretaria de la mejora de vida de los presos
y la intención de conseguir los objetivos que ha expresado. Creemos que
éste es el momento de pensar no solamente en la calidad de vida, que
desgraciadamente está muy lejos de ser lo que pensamos que tendría que
ser, sino en las políticas de reinserción, de ayuda para que estas
personas puedan aprender durante esta etapa y puedan reinsertarse en el
mundo laboral. Creemos también el tratamiento individualizado, el control
voluntario que nos ha dicho en caso de enfermedad, de sida y otras
enfermedades, debería ser más amplio, no solamente un tratamiento
voluntario sino a todos los internos e internas que hay en este momento.
Creo que los objetivos que la Secretaría de Estado va a llevar a cabo y
que aquí se han marcado necesitan de unas políticas muy específicas y si
bien es verdad, como muy bien nos ha dicho, que en Cataluña tenemos
transferidas las competencias en cuanto a cárceles, pensamos que
cualquier tipo de convenio, cualquier política conjunta es necesaria para
hacer este cambio que necesita en estos momentos la sociedad y el mundo
penitenciario, porque en momentos en que hay mayor abundancia de medios
éstos se dedican a otros temas y pensamos que en situaciones de crisis
puede ser un buen momento para elaborar estas políticas que permitan que
la sociedad está más cerca de los internos.
Continuaremos en nuestra tarea como Grupo Parlamentario incidiendo,
consultando, preguntando, expresando también nuestras propuestas para
este tipo de políticas de tratamiento penitenciario en las cárceles
españolas.
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Por el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, doña Rosa Aguilar
tiene la palabra.
La señora AGUILAR RIVERO: Señor Presidente, celebramos la intervención de
la señora Subsecretaria del Ministerio de Justicia porque, a pesar de que
ha intentado durante toda su intervención dar un talante de continuidad a
lo que se venía realizando en Instituciones Penitenciarias, hemos
observado una ruptura evidente en la actitud y en el talante expresado y,
por tanto, celebramos esa nueva posibilidad que se abre en el marco de
Instituciones Penitenciarias. Así y todo, consideramos que la señora
Subsecretaria ha descrito una situación de los centros penitenciarios que
no es real, que es más idílica que real, y que ha habido una ausencia de
tono autocrítico en su intervención como si prácticamente todo estuviese
hecho, todo estuviese diseñado en el marco de las instituciones
penitenciarias, cuando la realidad es que hay mucho por hacer y es una
asignatura hoy todavía pendiente para, precisamente, profundizar en ese
mandato constitucional de la reeducación y la reinserción social.
Ya hemos manifestado, y a pesar de la coyuntura política actual hoy aquí
lo reiteramos, que estamos dispuestos a dialogar desde la izquierda en el
Parlamento para cambiar y mejorar toda una serie de elementos que son
consustanciales al ámbito de Instituciones Penitenciarias. Estamos
dispuestos a colaborar para mejorar desde nuestro Grupo las instituciones
penitenciarias sobre un análisis de la realidad. No podemos hacer un
análisis de lo que no es, sino que en función de la realidad de las
instituciones penitenciarias podríamos dialogar y podríamos, sin duda,
encontrar respuesta a algunos problemas específicos que hoy se siguen
manteniendo y que no se han solucionado en el ámbito de las instituciones
penitenciarias. Nosotros creemos que precisamente está pendiente la
profundización del mandato constitucional de la reeducación y la
reinserción. No son objetivos cumplidos en función de la política que se
ha venido aplicando por el partido del Gobierno, por el Partido
Socialista Obrero Español.
Celebramos una novedad total en su intervención y es que hasta ahora se
habían sacado fuera del pacto de
Estado por la justicia todos los temas relacionados con las instituciones
penitenciarias. Es más, en la mesa del llamado impulso democrático,
últimamente fallida, se planteó precisamente que el tema de instituciones
penitenciarias quedaba fuera del pacto de Estado por la justicia. En
Izquierda Unida estamos dispuestos a dialogar sobre ese pacto de Estado
por la justicia, a diferencia del Partido Popular que ha dicho claramente
que no va a entrar en este tema. Una de las propuestas que hicimos desde
el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya fue que el tema de instituciones penitenciarias se residenciara
también en el pacto de Estado por la justicia y se pudiera hablar de él
conjuntamente con otros temas que no le eran ajenos en el ámbito de la
Administración de justicia. Por eso nosotros celebramos esta novedad en
su intervención y, lógicamente, nos alegramos al conocer que una
propuesta que había realizado nuestro Grupo se ha tenido en cuenta y
dentro de ese marco de pacto de Estado por la justicia vamos a poder
hablar de algo que hasta ahora parecía privativo de otro ámbito, cual es
el tema de instituciones penitenciarias.
Respecto al trabajo que está realizando hasta ahora Instituciones
Penitenciarias en relación a la mejora de las condiciones de vida,
nosotros hemos dicho algo con claridad en el ámbito parlamentario a la
luz de una interpelación del Grupo Popular, y es que desde nuestro punto
de vista el plan de amortización ha fracasado. No hay puesto en marcha un
plan de amortización real como el que ustedes habían planificado, y
creemos que hay que repensarlo, hay que reconsiderarlo, entre otras cosas
porque ese plan que en su día elaboraron ya no pueden gestionarlo; no hay
presupuesto para acometerlo y eso hay que reconocerlo. Independientemente
de la situación de crisis, de las dificultades presupuestarias, lo cierto
es que no se ha acompasado este plan con las consignaciones
presupuestarias debidas y, por tanto, no se puede gestionar. Desde esa
realidad podemos empezar a dialogar a ver cómo se puede reconsiderar,
globalmente, un plan de amortización que ya no tiene ningún futuro porque
no es posible gestionar ni aplicar. Es más, ustedes pretenden aplicar el
plan de amortización a espaldas de las comunidades autónomas, cuando el
Ministro de Justicia ha reiterado hasta la saciedad en su comparecencia
que uno de los objetivos del Ministerio era el traspaso de competencias a
las comunidades autónomas. Pues bien, ustedes no pueden diseñar un plan
centralizado para que luego asuman las consecuencias de ese diseño, en el
que no ha habido participación de las comunidades autónomas, las propias
administraciones autónomas; otro de los elementos esenciales por los
cuales el plan de amortización hay que reconsiderarlo desde la
participación también del conjunto de comunidades autónomas, susceptibles
de tener transferidas las competencias en materia de justicia. También
hay que acompasar el plan con el Código Penal que resulte del debate que
vamos a tener en la Cámara. Por tanto, son elementos sustanciales,
tremendamente importantes que inciden en un plan que yo creo que sería un
paso positivo, un gesto político necesario que ustedes al menos se
dispusieran a repensarlo, a dialogar y ver cómo se ajusta realmente a las
necesidades de Instituciones Penitenciarias y que, por otra parte, da
respuesta a esos otros elementos a los que me he referido a lo largo de
la intervención.
Ha hecho una referencia que a mí me parece tremendamente peligrosa, y es
la llamada a la responsabilidad de los gobiernos municipales. En primer
lugar, a mí me parece que éste no es el foro en el que se tenga que hacer
esa llamada. En todo caso, corresponde al Ministerio de Justicia con las
corporaciones locales analizar cuáles son las circunstancias que han
concurrido. En cualquier caso, si quería hacer una reseña de pasada hay
que hacerlo responsablemente y la responsabilidad obliga a hablar de la
verdad y la verdad es que desde Instituciones Penitenciarias se ha sido
incapaz, en la mayoría de las ocasiones, de dialogar con las
corporaciones locales, y de los problemas que han existido, no sólo con
las corporaciones locales sino con los ciudadanos, en gran parte han
tenido ustedes la responsabilidad. Y le hablo por experiencia. Yo soy
Diputada por una circunscripción en la que ha habido movilizaciones
importantes en contra de la ubicación de un centro penitenciario, pero
donde el representante del Gobierno en la provincia fue incapaz de
auspiciar el diálogo necesario con las fuerzas políticas que allí están,
en el ámbito provincial y municipal, para evitar esta problemática
ciudadana y para que hubiera un compromiso corresponsable a la hora de
buscar una ubicación idónea para el centro penitenciario. Por tanto, no
se puede hacer una referencia a las corporaciones locales de ese tipo en
este marco de la Comisión, cuando también ha habido en gran parte una
responsabilidad que se debería asumir desde Instituciones Penitenciarias
y que, lógicamente, ha ocasionado problemas no sólo con las corporaciones
locales, sino con una buena parte de los ciudadanos, por los lugares
donde se pretendía ubicar los centros penitenciarios.
Esto es una llamada de atención que cuanto menos se debería tener en
cuenta y no pensar que, al final, son los ayuntamientos los culpables de
la situación que se tiene y de los vaivenes que sufre el propio plan de
amortización. En este sentido, el plan de amortización --hay que decirlo
también con claridad-- está diseñando no sólo unos macrocentros que,
desde nuestro punto de vista, contradicen muy mucho el mandato
constitucional, sino también unos funcionarios militarizados, incluso un
cuerpo especial de seguridad. Nos gustaría que la señora Subsecretaria
nos aclarara esta circunstancia porque a lo mejor ahora, desde que el
Secretario de Estado de Instituciones Penitenciarias es Ministro del
Interior, este tema cae en saco roto y dejamos de tener la propuesta de
los cuerpos especiales de seguridad para las prisiones, lo que nos
alegraría mucho porque creemos que son las Fuerzas de Seguridad del
Estado las que tienen que realizar estas funciones, como actualmente
vienen realizando.
Concluyo planteando dos o tres cuestiones que nos parecen también muy
importantes. Nosotros creemos que no ha habido la suficiente mejora y
profundización en el modelo sanitario; que es una asignatura pendiente
que se ha iniciado pero que no está, ni mucho menos, todo lo desarrollada
que la señora Subsecretaria planteaba en su intervención; que nos parece
una buena línea de actuación pero que, sin duda, queda muchísimo por
hacer. Por eso yo insisto en que hay que hablar de la realidad, porque es
la mejor manera de ponerse de acuerdo para buscar soluciones y colaborar
a mejorar la situación globalmente hablando.
Hay unas cuestiones que a nosotros nos preocupan sobremanera y en
relación a las cuales la señora Subsecretaria ha faltado a la verdad en
su intervención: el diálogo y la formación permanente de los
funcionarios. No es cierto, no hay diálogo con los funcionarios, y ahí
están las manifestaciones reiteradas, a nivel público, de los sindicatos.
No ha habido talante de diálogo en el ámbito de Instituciones
Penitenciarias. Si es un objetivo que ahora se plantea --yo le decía al
principio que hemos notado una diferencia cualitativa en el talante con
el que ha planteado los asuntos y de eso nos hemos felicitado-- iniciar
un diálogo permanente con los funcionarios, nosotros vamos a apoyarlo,
pero quede claro que hasta ahora, lamentablemente, no ha habido ese
diálogo. Los funcionarios han estado en contra del plan de amortización.
Lo único que han negociado ha sido el traslado de unos funcionarios a
otros centros cuando se preveía el cierre de uno. Los funcionarios no han
tenido la oportunidad de dialogar para el diseño de ese macrocentro que
se ha hecho en el plan de amortización y no han tenido la oportunidad de
ver hacia dónde se podía programar su desarrollo profesional y su
cualificación profesional. Los funcionarios, en definitiva, no han tenido
ningún vehículo adecuado para dialogar en el marco de Instituciones
Penitenciarias y poder negociar y llegar a acuerdos concretos que
permitieran una mejora sustancial y cualitativa de la situación de los
funcionarios, que es una parte muy importante para conseguir el objetivo
del mandato constitucional de la reinserción y la reeducación. Sin
colaboración, sin diálogo y sin acuerdo con los funcionarios, este
objetivo habrá fracasado, y eso también se conoce. Por tanto, decimos que
hay que auspiciar ese diálogo, que es absolutamente imprescindible, y si
llevarlo a efecto o realizarlo está dentro de las prioridades del
Ministerio de Justicia desde luego lo celebramos; si no, vamos a seguir
demandándolo a través de la iniciativa parlamentaria correspondiente.
En ese sentido, concluyo planteando que nos gustaría que hiciera un
pronunciamiento expreso sobre la propuesta del Cuerpo especial de
seguridad para las instituciones penitenciarias. También debiera saber
que uno de los temas que hemos debatido en torno a la interpelación que
presentó el Grupo Popular, que fue objeto, como no podía ser de otra
manera, de una moción posterior, es precisamente el de los equipos de
tratamiento. Cuando se le da una importancia tal como la que le ha dado
la señora Subsecretaria en su intervención, lógicamente hay que plantear
en el ámbito de la Comisión las medidas previstas para posibilitar cubrir
las vacantes que se vienen produciendo en los distintos equipos de
tratamiento. (El señor Presidente ocupa la presidencia.) No basta con
decir lo importantes que son los equipos de tratamiento si no se ponen
los medios para que cumplan las funciones para las que fueron creados en
el ámbito penitenciario.
Por último, nos preocupa la ausencia casi total de coordinación entre
distintos ministerios que sería absolutamente imprescindible para, con
los distintos objetivos que se han de marcar en el ámbito de
instituciones penitenciarias, contar con la colaboración directa de
diferentes ministerios que tienen incidencia en el ámbito de
instituciones penitenciarias. Nos gustaría conocer también si el
Ministerio de Justicha va a trabajar en coordinación con distintos
ministerios en cuanto a medidas concretas de ámbito penitenciario y cómo
se ha planteado esa coordinación entre ministerios como el de Sanidad, el
de Trabajo, el de Asuntos Sociales, etcétera.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la
palabra el señor Rodríguez Zapatero.
El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: También quiero saludar y agradecer la amplia
y extensa información que nos ha facilitado la Subsecretaria del
Ministerio de Justicia.
El Grupo Socialista va a hacer una breve intervención en torno a esta
comparecencia, solicitada por el Grupo Popular, más que nada porque la
evolución del inicio de la legislatura en la materia penitenciaria prevé
que no convendrá en este trámite, como ha pasado recientemente, gastar
toda la pólvora, dado que seguramente nos vamos a ver sometidos a una
reiteración, que por cierto en la legislatura pasada se producía, en lo
que afecta al portavoz del Grupo Popular, con algo más de gracejo y
seguramente sin esa especie de exposición atropellada de la que ha hecho
gala el señor Gil Lázaro; intervención que, por otro lado, uno tiene la
impresión de que puede tener, como última causa, una cierta frustración
derivada del desarrollo del debate que hace muy poco tuvimos en el Pleno
de la Cámara sobre la interpelación del Grupo Popular y la consecuente
moción. Lo digo porque quien escuchara en aquel momento, leyera
posteriormente el «Diario de Sesiones» y haya escuchado hoy la
intervención del señor Gil Lázaro habrá comprobado que ha sido una
reiteración, incluso hoy ha sido ampliada con algunas cuestiones que ha
colado en última instancia y que, desde luego, desde el Grupo Socialista
no podemos, en absoluto, dejar de comentar.
Es verdad que el Reglamento parlamentario permite reiterar los trámites
de una forma descarada, como ésta, pero es verdad también que seguramente
no supondrá, si ésa es la tónica que se mantiene por parte del Grupo
Popular, ningún avance en la comprensión y en el acercamiento hacia ese
llamamiento que ha hecho la señora Subsecretaria en relación con una
política lo más ampliamente acordada posible, puesto que parece que
algunos, a tenor de lo que hemos oído aquí, son incapaces de franquear el
muro de la oposición permanente y de entrar a abordar algún problema con
un mayor grado de objetividad o, lo que es lo mismo, un mayor grado de
comprensión.
De otro lado, hemos asistido también, en el tono y en el fondo de la
intervención del portavoz del Grupo Popular, a un postjuicio de la etapa
del equipo del señor Asunción, hoy nombrado Ministro del Interior, al que
desde aquí quiero mandarle la felicitación del Grupo Socialista. Ese
juicio, que hoy está fuera de lugar, ha sido sometido a una permanente
actividad de control parlamentario en la legislatura pasada, como decía,
incluso en el inicio de ésta, con reiteración de algunos temas que
seguramente por desconocimiento del portavoz del Grupo Popular fueron
zanjados de manera clara en la anterior legislatura. Citaré algún ejemplo
por no extenderme demasiado: todo lo referente a la problemática de
organismos autónomos de la que aquí se ha hecho una presentación
ciertamente maniquea. He de recordar que los problemas a los que ha
aludido el señor portavoz del Grupo Popular fueron precisamente sacados a
la luz, inspeccionados y puestos en manos del fiscal por el propio
Secretario de Estado para Instituciones Penitenciarias, señor Asunción.
Decía que se había producido una atropellada intervención y que
ciertamente es difícil analizar algunas de las cosas que se han dicho,
pero por poner de manifiesto lo más relevante diré --y esto tiene algo
que ver con la intervención de la portavoz del Grupo de Izquierda Unida--
que me parece que hay un desconocimiento profundo de lo que ha sido la
política, en relación con los funcionarios, de la Secretaría de Estado y
de la situación actual incluso en lo que afecta al plan de amortización y
de nueva construcción de centros penitenciarios. Creo que deberían haber
recabado la valoración, después del nombramiento del señor Asunción como
Ministro, que han hecho los propios sindicatos de su gestión y deberían,
porque es público y conocido, reconocer que las centrales sindicales han
firmado un acuerdo de desarrollo en lo que afecta básicamente a todo el
problema funcionarial y laboral con la Secretaría de Estado, con el
Ministerio de Justicia, en relación con el plan de amortización y
creación de centros. Es poco comprensible que se pueda firmar un acuerdo
cuyo preámbulo se inicia diciendo que el plan de amortización y creación
de centros penitenciarios, aprobado por el Gobierno en Consejo de
Ministros de 5 de julio del año 1991, establece la construcción de nuevos
centros penitenciarios y la amortización de centros antiguos hasta
conseguir equilibrar el censo de plazas en el entorno. El Ministerio de
Justicia y las centrales sindicales más representativas coinciden en que
este plan de amortización y creación de centros penitenciarios exige
reestructuraciones que afectan parcialmente a las condiciones del empleo
personal. Difícilmente se podía haber llegado a un acuerdo, que
obviamente no voy a descifrar aquí en todos sus puntos, si hubiera esa
oposición que aquí se ha manifestado. La única petición de dimisión que
recuerdo de la etapa del señor Asunción, que las centrales sindicales
expresaron públicamente en una polémica que fue intensa y dura, fue
precisamente la dimisión del portavoz del Grupo Popular, don Rogelio
Baón, por aquellas desafortunadísimas manifestaciones en las que de forma
implícita venía a decir que la entrada de droga en la cárcel se producía
con cierta permisividad de los funcionarios. Lo recordarán algunos
miembros de esta Comisión, que lo eran también en la anterior
legislatura, y fue la petición de dimisión más sonada que se produjo en
el ámbito penitenciario. Igual de sorprendente es que se quiera dejar de
lado, se quiera no imputar en el debe y el haber de la gestión del equipo
anterior, la política de dispersión de los presos etarras que ha tenido
una valoración unánimemente positiva y que se atribuye un papel decisivo
al equipo que hasta ahora ha venido desarrollando la política, siempre
difícil, de Instituciones Penitenciarias.
Desde de esa perspectiva, al Grupo Socialista le interesa
fundamentalmente (independientemente de hacer las acotaciones que nos
parecían importantes, en prevención de que se van a volver a repetir
seguramente, como estamos observando, en el análisis de lo que es la
gestión en el ámbito penitenciario) y le parece sobremanera importante,
en estos momentos, transmitir a la Subsecretaría y al equipo del
Ministerio de Justicia que va a apoyar de manera clara --como lo ha
venido haciendo hasta ahora-- lo que es todo el plan de amortización y de
nueva construcción de centros. Creemos que hemos colaborado allí donde
tenemos representación política a que eso se produzca, que hay que
agilizarlo en el tiempo, que es necesario para enfrentarse al problema
básico del número tan importantes de presos que tenemos en relación con
las plazas que aún existen, pero estamos convencidos de que ese modelo
--que obviamente el tiempo juzgará-- es el que, desde todos los puntos de
vista, mejor puede llevar a cabo esa función básica de reeducación y
resocialización, al margen, obviamente, de optimizar --como se habló aquí
hace rato-- los recursos económicos. Por cierto, si existen dificultades
presupuestarias para llevar a cabo este plan, que no son graves, puesto
que el plan tiene una parte de amortización, de obtención de recursos de
los centros obsoletos que en este momento todavía existen, imagínese,
señora portavoz del Grupo de Izquierda Unida, qué pasaría con un plan que
reprodujera esa filosofía de centros para 350 reclusos. Seguramente el
presupuesto se dispararía al doble o a mucho más, lo mismo que en el
mantenimiento. Por tanto, tiene que haber una coherencia en los
planteamientos y creo que el centro tipo con 15 módulos, que se ha
planteado, responde a esa coherencia.
Por otro lado, se han abordado muchos temas y, aunque no voy a insistir
en algunas de las cosas que de forma mucho más autorizada ha expuesto la
señora Subsecretaria, sí rogaría al señor portavoz del Grupo Popular y a
los otros portavoces que tuvieran la amabilidad de hacer un estudio en
profundidad sobre la documentación que se ha remitido desde el Ministerio
de Justicia, en todo lo que afecta a la situación y a la evolución en el
marco de la política penitenciaria, sobre el tratamiento de toxicómanos
en los centros, sobre la situación sanitaria, sobre la ocupación
integral, sobre los equipos de observación y tratamiento, sobre la
formación, selección y promoción de funcionarios, así como sobre las
políticas se reinserción social que, tanto desde la política general del
Gobierno de la nación como en colaboración con otras
muchas instancias, se viene desarrollando. Solamente un análisis miope,
que se haga desde un muro más amplio o más fortificado que el de una
prisión, puede llevar a la conclusión de que la evolución, en los últimos
años, en todos los aspectos es positiva. Esto no es una manifestación de
autocomplacencia, en absoluto; es simplemente un reconocimiento de la
realidad. Estamos aún muy lejos de lo que es la aspiración del Grupo
Socialista, de lo que es la aspiración --seguro-- de todos los grupos, de
lo que es la aspiración --seguro-- del Gobierno, de que nuestros centros
penitenciarios, de que la realidad penitenciaria responda fielmente al
mandato del artículo 25 de la Constitución. Pero nadie puede negar que la
asistencia sanitaria ha mejorado notablemente, tanto en su vertiente de
atención primaria como en la de atención especializada para los reclusos,
en este país, en los últimos años. Nadie puede negar que hay una política
activa de atención a la problemática, que es quizá la clave en los
centros penitenciarios, de afección a todo tipo de drogodependencias y su
consecuencia derivada, el problema del sida. Con el programa, que se
conoce del año 1989, nadie puede dudar que se ha producido un avance
importante en la política de formación ocupacional como elemento de
reinserción social a medio plazo y nadie puede negar, en consecuencia,
que la línea que se ha seguido hasta ahora es de mejora, seguramente, con
las correcciones que haya que plantear.
Por eso, desde la posición del Grupo Socialista nos parece razonable que
hoy se nos hable aquí de una política de continuidad básica, con ese
elemento de introducción del pacto de Estado o de un reiterado
llamamiento a la colaboración que, a tenor de algunas de las
intervenciones, ponemos en cuestión y pensamos que va a ser muy difícil.
Va a ser muy difícil porque quien asistió al debate de la proposición
sobre la cárcel de Murcia puede comprobar que no se puede hacer política
de Estado cuando la preocupación fundamental, a la hora de abordar la
problemática de la construcción de un centro, es si se queda en el
municipio o en la comarca, respondiendo a intereses estrictamente
localistas, de oportunidad política, de coyuntura y que impiden elevar
una política de Estado, salvo en el discurso atropellado y ciertamente
demagógico que vemos otras veces y que hoy constestamos solamente en esta
medida.
El señor GIL LAZARO: Señor Presidente, pido la palabra.
El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro, ¿para qué desea intervenir?
El señor GIL LAZARO: Señor Presidente, con independencia, que no lo sé,
de si la señora Subsecretaria va a consumir o no un segundo turno de
intervención; con independencia de eso, repito, le he pedido la palabra
por evidentes alusiones.
En consecuencia, ya que la intervención del portavoz del Grupo Socialista
ha sido monotemática y claramente dirigida al Grupo Popular, le solicito
me conceda la palabra.
El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro, quizá el hecho de no haber estado
en esta Comisión en otras ocasiones le hace desconocer lo que es práctica
habitual desde hace cuatro o cinco años. No se suele dar turno de réplica
a no ser que la alusión sea estricamente directa y de carácter personal.
Porque su señoría no podrá esperar otra cosa de los grupos que estén en
desacuerdo políticamente con usted que en sus argumentaciones manifiesten
ese desacuerdo.
Por tanto, al fijar la posición el Grupo Socialista, como sin duda han
hecho los otros grupos, manifiesta una posición contraria a la de su
señoría, y en ocasiones lo dicen de manera expresa, para que se sepa por
parte de los demás intervinientes que se están dirigiendo a un grupo
frente al cual tienen una argumentación dispar.
Por consiguiente, señor Gil Lázaro, en absoluto cabe que le conceda la
palabra.
El señor GIL LAZARO: Señor Presidente, en ese caso tendría que solicitar
la palabra en virtud de la disposición reglamentaria establecida en el
ordenamiento de la Cámara, a tenor de la cual, si un Diputado ha sido
directamente aludido y está ausente, como es el caso del señor Baón, esa
alusión puede contestarla otro Diputado en su nombre, y tengo que
recordar al señor Presidente que, efectivamente, en los últimos cuatro
años no he sido miembro de esta Cámara, pero llevo diez años seguidos de
actividad parlamentaria en el Congreso y en el Senado y, por lo menos sé
cómo van las cosas.
El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro, la alusión que le he hecho de
manera particular no era sino un recordatorio de lo que había sido un uso
de esta Presidencia.
Tiene tres minutos por la alusión del señor Baón exclusivamente.
El señor GIL LAZARO: Señor Presidente, aunque como es natural me someto
al criterio de la Presidencia, he de manifestar que sí ha habido
alusiones directas a mi persona calificando mi intervención de
atropellada, de demagógica, etcétera. A pesar de ello, voy a ceñirme
exclusivamente a lo que afecta al señor Baón.
Señor Rodríguez Zapatero, creo que no es un buen procedimiento hacer
alusiones a personas cuando estas personas están ausentes, pensando,
quizá, que esa alusión va a quedar puramente volatilizada en el silencio.
El señor Baón realizó una intervención de conjunto, a lo largo de la
pasada legislatura, muy brillante en esta Cámara, y lo hizo con su
gracejo natural, tal y como su señoría ha reflejado, y lo hizo también
con un profundo sentido de lo que es el trabajo, la documentación y el
apego a la realidad. Yo, cuando hablo ante esta Cámara, hablo siguiendo
precisamente el estilo marcado por el señor Baón, es decir, que cuando se
dice una cosa hay que tenerla previamente contrastada en la realidad; que
cuando se hace una afirmación hay que tener valorada precisamente esa
afirmación.
Usted sí ha reiterado trámites en cuanto a la alusión que ha planteado
sobre determinadas manifestaciones del señor Baón. Yo creo que esas
manifestaciones quedaron suficientemente claras ante esta Comisión, ante
el Pleno de la Cámara y ante los funcionarios. Y al final resultó ser que
algún grupo parlamentario, que carecía de argumentos para poder dar
respuestas a la situación de conjunto, tuvo que intentar darle una
vuelta, un giro a esas manifestaciones para autoexculparse sobre una
situación de conjunto que era la de la realidad penitenciaria.
Mire usted, yo empiezo a estar acostumbrado en estos tres meses a que el
Grupo Parlamentario Socialista no debata ideas cuando hay posibilidad de
réplica --y recuerdo el silencio de su grupo en el trámite de la
interpelación; en aquella ocasión yo sí tenía posibilidad de réplica-- y
que debata argumentos descalificatorios cuando teóricamente la oposición
no tiene posibilidad reglamentaria de réplica. Eso es querer hacer un
diálogo de sordos, señor Rodríguez Zapatero, y los diálogos de sordos, al
final, solamente demuestran que alguien tiene una verdadera impotencia
intelectual para poder plantear argumentos y razones para un diálogo
fértil. Nosotros, en nuestra moción, planteamos argumentos y razones para
ese diálogo fértil.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Rodríguez Zapatero.
El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: Muy brevemente, para contestar a la réplica
que ha hecho el señor Gil Lázaro.
En primer lugar, quiero decirle que habrá notado que al señor Baón le he
advertido, cuando estaba saliendo de la Comisión, que le iba a hacer esa
alusión, porque me parecía lógico. Por consiguiente, creo que hay un acto
de cortesía previa. Además, el contexto global de la intervención venía a
ser una alusión añorada a que su actitud en el tema peninteciario era
mucho más constructiva que la que hasta ahora le he venido observando a
usted. Eso no quiere decir que se tenga que negar la evidencia, ya que,
en un momento dado de la legislatura pasada, el señor Baón recibió
peticiones de dimisión de los sindicatos por unas manifestaciones
desafortunadas o mal interpretadas, como usted quiera, pero eso es
historia evidente, constratable y real. Por consiguiente, cuando se habla
de los funcionarios, habría que haber hecho esa precisión, porque nunca
vi, desde otro ángulo, que se hicieran otra clase de peticiones.
En segundo lugar, seguramente la referencia a la impotencia intelectual
ha sido una réplica a esa posición que yo le manifestaba de frustración
sobre el desarrollo de la interpelación que se había producido hace muy
poco tiempo en esta Cámara. Es verdad que va a ser muy difícil debatir
ideas de propuestas y soluciones si cada quince días usted presenta una
iniciativa en la que dice lo mismo y habla de cincuenta cosas. Eso sí que
es imposible intelectualmente en este Parlamento, en esta Comisión y en
cualquier foro donde el sentido común de la dialéctica abogue por
profundizar en cada una de las cosas. Estamos encantados de debatir
ideas, pero le pediría que lo hiciera con un cierto orden y no
atropelladamente, a no ser que su profusión intelectual le empuje
innecesariamente a hablar siempre de todo. Eso es imposible para un
debate serio y ordenado.
El señor PRESIDENTE: Quería advertir a los señores portavoces que no lo
recuerden que muchas de sus intervenciones han estado realmente fuera de
la cuestión. También ha sido un uso parlamentario de esta Presidencia,
durante la otra legislatura y en ésta, limitar las llamadas a la
cuestión, con el fin de no limitar, a su vez, las distintas
intervenciones de los grupos. Pero está claro que algunas de esas
intervenciones se han movido más por la crítica o el comentario a la
gestión del anterior Secretario de Estado, que por lo que es objeto de la
comparecencia. Creo que SS. SS. estarán de acuerdo.
La comparecencia es al objeto de informar sobre las líneas generales de
actuación y objetivos principales de dicha Secretaría. Digo esto porque
quiero recordar a la señora Subsecretaria, compareciente hoy, que, como
es lógico, su obligación y su derecho se limita exclusivamente a
contestar y a seguir informando sobre lo que es objeto de la
comparecencia, y no tiene obligación alguna, como parece evidente, de
defender la gestión de personas que no están en esta Comisión como
comparecientes en este momento.
En ese sentido que acabo de exponer, doy la palabra a la señora
Subsecretaria.
La señora SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA (Robles Fernández): De
entrada quería hacer idéntica reflexión a la que ha hecho el Presidente
al señor Gil Lázaro. Evidentemente, el objeto de esta comparecencia no
era juzgar la gestión del señor Asunción en los últimos cinco años. Pero
ya que él lo ha planteado así, tengo que decirle que la gestión del señor
Asunción, primero en el marco de la Secretaría General y después en la
Secretaría de Estado, atendía a un programa de gobierno, evidentemente
del Gobierno socialista, y no tengo que recordarle al señor Diputado que
el pueblo español dio nuevamente su confianza a ese programa del Partido
Socialista, del que un punto muy importante era el programa de prisiones.
Por tanto, creo que es una cosa que hay que remarcar y hay que tener en
cuenta.
En cuanto al inicio de esta legislatura, también he de señalar que el
señor Asunción actuó dentro del marco de un programa y de un diseño del
Ministerio de Justicia. Hay que decir que la Secretaría de Estado de
Asuntos Penitenciarios no ha ido nunca por libre, sino que, en concreto,
se ha enmarcado dentro de ese modelo al que yo me venía refiriendo.
Por eso decía que la política va a ser una política de continuidad,
porque evidentemente la actuación del señor Asunción desde que se ha
iniciado esta legislatura ha atendido al programa del Ministerio de
Justicia, y ese
programa es estrictamente de recogimiento del modelo constitucional y de
incidir en la línea de lo que establece el artículo 25 de la
Constitución. En esta línea quiero decir que la actuación del hoy
Ministro del Interior ha sido absolutamente positiva y que todos los que
estamos en el Ministerio de Justicia en este momento somos solidarios con
ella, lo cual no quiere decir que no haya cosas que mejorar, y en las que
evidentemente vamos a trabajar, pero el gran diseño es el modelo
constitucional de la Administración penitenciaria que yo he expuesto
aquí.
También quiero decir al señor Gil Lázaro que no me parece que hagamos
ningún favor a las instituciones realizando manifestaciones más o menos
explícitas de determinadas irregularidades en gestiones concretas. Pienso
que para eso están los juzgados y tribunales y, por tanto, habrá que ir
al marco de la jurisdicción a poner en conocimiento de los jueces
aquellas conductas que se puedan considerar delictivas. Y si no hay un
pronunciamiento de juzgados y tribunales, tampoco es buena la
descalificación respecto a personas, que, como usted dijo con
anterioridad, no están presentes en esta Cámara.
Por lo demás, y hecha esa primera consideración que me parecía
absolutamente necesaria, vuelvo a reincidir en lo que he dicho, y lo que
he dicho es que la continuidad va a ser absoluta porque es el modelo en
el que creemos. Es un modelo de reeducación y de reinserción social, es
un modelo con un papel fundamental de la autoridad judicial y de los
jueces de vigilancia penitenciaria.
Usted me podría decir en su intervención que no comparte ese modelo que
yo he puesto aquí de relieve, ese modelo que, en definitiva, no hace sino
ceñirse e intentar mejorar las previsiones de la Ley Orgánica
Penitenciaria. Evidentemente está en su derecho. Pero yo creo que la
exposición que hemos realizado es fruto de un conocimiento de varios años
por parte de todos los que hoy estamos en el Ministerio de Justicia de la
realidad de las prisiones, que en muchas ocasiones nos da una experiencia
profesional profunda.
No le puedo decir a S. S. que no ha existido un control judicial de los
actos de la Administración, pero sí quiero manifestarle que en este
momento sólo el 8,3 por ciento de los presos de este país están
clasificados en tercer grado, y S. S. sabe tan bien como yo que
precisamente cuando los internos están en un régimen de segundo grado
existe un control de todas las resoluciones de la Administración
penitenciaria.
En esa línea es en la que vamos a seguir trabajando, y precisamente para
evitar el problema que usted podía plantear sobre aquellos reclusos
clasificados en tercer grado donde quizá se podría decir que es posible
obviar el control judicial, he hecho una especial mención a la reforma
del artículo 251 del Reglamento Penitenciario y a la necesidad de
notificación de la resolución de la Administración al Ministerio Fiscal.
Por tanto, creo que lo que vamos defendiendo es la profundización en el
modelo constitucional y en la normativa hoy vigente, que puede gustar o
no gustar, pero en eso ya no voy a entrar.
En cuanto a las cuestiones concretas de desarrollo, le diré que
evidentemente todas las gestiones son mejorables, aunque yo creo que la
del señor Asunción difícilmente va a poder serlo. Pero, evidentemente --y
por eso yo hablaba del pacto de Estado--, creo que hay muchas cosas que
están por hacer y que vamos a hacerlas, para lo cual seguiremos
incidiendo en ese modelo que nos preocupa y que yo sé que también le
preocupa a S. S., ya que no me cabe ninguna duda de que comparte conmigo
las previsiones del artículo 25 de la Constitución. Por tanto, vuelvo a
reiterar todo lo que he dicho; vuelvo a manifestar que es desde esa
perspectiva del acatamiento a la normativa hoy vigente --que creo que
incide perfectamente en la línea de la resocialización de los presos--
desde la que hemos de seguir trabajando.
Además, no es bueno ir a asuntos y a casos concretos. El balance global
lo han hecho los ciudadanos hasta el inicio de la presente legislatura, y
el modelo, insisto, es el que yo he expuesto aquí. Habrá errores en
ocasiones, no digo que no, pero entre todos vamos a seguir trabajando en
esa línea que sabemos que nos preocupa para conseguir que haya una
auténtica consideración de la persona que está privada de libertad como
un individuo con la plenitud de los derechos. No tenga ninguna duda el
señor Diputado de que esa va a ser una de las prioridades del Gobierno de
la nación, como lo ha venido siendo hasta la fecha.
Por lo que se refiere a la intervención de la señora Alemany, comparto
plenamente lo que ella ha puesto de relieve. Creo que entre todos hemos
de trabajar por mejorar esas cualidades de vida en la prisión, y yo estoy
segura que en el marco de la legislatura, apelando un poco a la
responsabilidad de que hablaba antes de los grupos parlamentarios,
tendremos ocasión todos de trabajar conjuntamente.
Respecto a la intervención de la portavoz de Izquierda Unida,
evidentemente que hay mucho por hacer, y por eso vamos a seguir
trabajando. Yo he diseñado aquí el modelo, lo que tiene que ser el
programa, que luego requiere un desarrollo, pero ese desarrollo no es más
que incidir en las líneas concretas que ya se venían realizando hasta la
fecha.
Por tanto, hay mucho por hacer, y es necesaria la colaboración de todos,
pero tampoco vamos a inventar nada que no se venga haciendo en los
últimos cinco años. Habrá cosas que serán susceptibles de mejora, pero ya
digo que no es lícito pensar que vamos a inventar nada que no se haya
hecho. Y guste o no guste, el modelo sanitario de las prisiones españolas
es hoy en día uno de los mejores modelos de Europa. Vamos a mejorarlo,
evidentemente, pero es bueno, y hay que decirlo porque es así.
En cuanto al tema de los funcionarios, yo tengo aquí unos datos en
concreto que avalan el que no he faltado a la verdad --según la
terminología que ella ha utilizado-- en lo que exponía. Desde la
Secretaría de Estado se ha seguido una política de diálogo y de
participación de los funcionarios, y como datos concretos yo tengo que
desde el año 1992 se han mantenido veinte reuniones de trabajo con las
organizaciones sindicales, y en esas veinte
reuniones se han firmado nueve acuerdos, algunos de vital importancia,
como es el de adecuación de los recursos humanos al Plan de amortización
y creación de centros penitenciarios. Si en el curso de un año o año y
medio ha habido veinte reuniones de trabajo, es evidente que tiene que
rechazarse por completo el planteamiento de que no ha existido ese
diálogo. Pero ese diálogo va a seguir existiendo, y va a seguir
existiendo porque decía antes que nos parece fundamental una formación y
un estudio conjunto con los funcionarios de las condiciones de vida en la
prisión. Sólo vamos a conseguir que éstas sean más humanas y mejores si
quienes están encargados del control y la custodia de los internos están
más formados y más comprometidos en el proyecto.
Por tanto, desde el Ministerio de Justicia se va a impulsar ese
compromiso por parte de los funcionarios, pero compromiso que, como digo,
ha existido y sigue existiendo, y de él son una manifestación esas veinte
reuniones de trabajo a que con anterioridad he hecho mención.
Referente al tema de los equipos de tratamiento, es evidente que hay que
potenciar también una mayor formación de los mismos. He dicho, y lo
vuelvo a repetir porque me parece fundamental, que el tratamiento
individualizado es la pieza clave de nuestra normativa penitenciaria y
del marco constitucional. Decía también que no vamos a regatear ningún
tipo de medios económicos en ampliar, allí donde sean necesarias, las
plantillas de estos equipos de tratamiento para favorecer lo que le
preocupaba al señor Gil Lázaro, que es ese contacto directo e inmediato
con los reclusos penitenciarios. Pero quiero decirle que pese a que él
opine lo contrario, los informes de los distintos equipos de tratamiento
a los que todos hemos tenido acceso, cada uno por su distinta
responsabilidad, son individualizados, detallados y con antecedentes no
sólo personales, sino incluso del ámbito y entorno social y familiar
desde el que se mueven.
Creo, por tanto --y hay que decirlo aquí--, que hay que alabar el trabajo
que se está haciendo por los equipos de tratamiento; eso no quiere decir
que no haya que reforzarlos y potenciarlos y, como decía anteriormente,
ésa ha sido la voluntad de la Secretaría de Estado, y ésa va a seguir
siendo la voluntad de la Secretaría de Estado y del Ministerio de
Justicia.
El señor PRESIDENTE: Vamos a iniciar el trámite de preguntas, con la
advertencia, señorías, de que, dada la hora, a las 14,30, si les parece a
ustedes y según esté el orden del día, terminaremos la sesión. (El señor
Gil Lázaro pide la palabra.)
Señor Gil Lázaro, ¿qué desea?
El señor GIL LAZARO: Tal y como habitualmente se vienen desarrollando las
comparecencias que sí hemos celebrado en la presente legislatura en esta
Comisión, yo rogaría a la Presiencia un brevísimo segundo turno para
contestar a la señora Subsecretaria, que viene siendo la práctica
habitual, repito, en las comparecencias que hemos celebrado.
El señor PRESIDENTE: No me consta que en otras Comisiones se realice,
señor Gil Lázaro, pero en todo caso no en ésta. El artículo 203 habla de
la posibilidad de una intervención por parte del compareciente, solicitud
de preguntas o información (que no debate) por parte de los señores
Diputados, y termina la señora compareciente, sin derecho a réplica
alguna, y así se va a mantener.
CONTESTACION A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:
--SOBRE OPINION DEL MINISTRO DE JUSTICIA ACERCA DE SI LOS OCHO MODULOS DE
LA PRISION TENERIFE 2 ESTAN PREPARADOS PARA SOPORTAR UNA POBLACION MUY
SUPERIOR A LA INICIALMENTE PREVISTA, AL INTRODUCIR NUEVAS LITERAS EN LAS
CELDAS. FORMULADA POR EL SEÑOR SORIANO BENITEZ DE LUGO (GRUPO POPULAR).
(Número de expediente 181/000082.)
--SOBRE OPINION DEL MINISTRO DE JUSTICIA ACERCA DE LAS GARANTIAS DE
SEGURIDAD EXISTENTES EN EL TRASLADO DE PRESOS DESDE LA PRISION DE
TENERIFE 2 A LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA EN SANTA CRUZ DE TENERIFE.
FORMULADA POR EL SEÑOR SORIANO BENITEZ DE LUGO (GRUPO POPULAR). (Número
de expediente 181/000108.)
--SOBRE PROYECTOS EN RELACION CON EL EDIFICIO DE LA ANTIGUA PRISION
PROVINCIAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, CONOCIDA COMO TENERIFE 1. FORMULADA
POR EL SEÑOR SORIANO BENITEZ DE LUGO (GRUPO POPULAR). (Número de
expediente 181/000135.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, las tres primeras preguntas, cuyo autor es
el señor Soriano Benítez de Lugo, de acuerdo con el tema, que sin duda
alguna es similar, son acumuladas por esta Presidencia. En consecuencia
con ello, señor Soriano Benítez de Lugo, puede usted iniciar su
intervención acumulando las preguntas números 3, 4 y 5.
El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: A mediados de este año la
Administración penitenciaria decidió, de forma sorprendente, incrementar
el número de literas en las celdas de la prisión Tenerife 2, en la Isla
de Telerife. Indudablemente, esto supone contravenir las normas por las
que se rige hoy el régimen de los penados. En concreto, el artículo 12,
párrafo segundo, de la Ley General Penitenciaria del año 1979, fija de
forma clara que los establecimientos penitenciarios no deberán acoger más
de 350 internos por unidad, añadiendo que por tal unidad ha de entenderse
un departamento con plena separación física y regimental. El artículo 13
establece la obligación para los establecimientos penitenciarios de
dormitorios
individuales, enfermerías, escuelas, etcétera. Y los artículos 15 y 19
del Reglamento de 1981 determinan específicamente que los internos
ocuparán habitación o celda individual en el departamento a que sean
destinados.
En consecuencia, para mí está claro que aquí hay una infracción
manifiesta de las reglas vigentes, y para no cansar a SS. SS me remitiré
a la proposición no de ley que se debatió en esta misma Comisión el día 6
de octubre, por la cual un grupo parlamentario pretendía habilitar la
prisión Tenerife 1, ya el Grupo Popular se manifestó contrario a esta
reapertura de esa prisión por cuanto que era una prisión obsoleta que
para nada iba a resolver el problema. Pero allí se nos dijo por el
portavoz del Grupo Socialista, y como consecuencia entiendo que era
decisión del Gobierno, que se iba a realizar la construcción de un nuevo
centro penitenciario en Canarias, en concreto en Gran Canaria, que es
donde se producen los problemas de masificación. Y nos indicaba también
que esto se podría conseguir en un breve plazo de tiempo --en un par de
años, decía el representante del Grupo Socialista-- y que con este nuevo
centro penitenciario se iba a resolver de manera definitiva esta
situación.
Mis preguntas, en consecuencia, van a ser muy concretas, y son las
siguientes. Según mis noticias se ha incrementado el número de literas en
847, y a mí me gustaría saber cuál era la capacidad inicialmente prevista
para la prisión Tenerife 2 de reciente construcción y en cuánto se ha
incrementado exactamente; me gustaría saber también si esta solución, tal
y como se dijo en esta Comisión, es una solución de carácter provisional;
me gustaría saber, a tal efecto, si ya está redactado el proyecto de la
nueva prisión en la Isla de Gran Canaria; me gustaría saber si ya ha
salido a concurso la adjudicación de la obra, y me gustaría saber cuánto
figura en los Presupuestos Generales del Estado para el año 1994,
recientemente aprobados en esta Cámara, para la construcción de esa
prisión, que sería la solución al problema. Todo esto por lo que se
refiere a mi primera pregunta sobre Tenerife 2.
En cuanto a Tenerife 1, me gustaría saber qué planes tiene el Ministerio
de Justicia en relación con esa prisión, por cuanto que, si mis
informaciones no son malas, es una prisión construida hace cuarenta y
tantos años en unos terrenos que cedió el Cabildo Insular de Tenerife
para este fin. Hoy estas instalaciones están infrautilizadas,
indudablemente son obsoletas, y de ahí que el Grupo Popular no sea
partidario de volver a rehabilitar la prisión, entre otras cosas porque
está en el centro de la ciudad y no vendría a resolver ningún problema.
Por eso quisiera saber qué planes tiene el Ministerio de Justicia en
relación con la prisión Tenerife 1, teniendo en cuenta que, según mis
informaciones, el Cadilbo Insular de Tenerife cedió los terrenos
precisamente para que fueran destinados a la prisión, con lo cual, si no
tiene este fin, posiblemente el Cabildo Insular podría pedir la
recuperación.
Tenemos otra pregunta formulada en relación con las medidas de seguridad
en el traslado de los presos.
La Ley Orgánica de 1986, que regula las funciones y competencias de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, atribuye a la Guardia Civil la
competencia en la custodia y traslado de presos y detenidos. Siete años
después, la Policía Nacional de Santa Cruz de Tenerife aún continúa
haciéndose cargo de estas tareas en condiciones precarias. Una media de
diez reclusos por día son trasladados desde la prisión Tenerife 2 hasta
la sede del juzgado de Santa Cruz de Tenerife (hay días que llegan a
treinta). Como sucede de lunes a viernes, podemos calcular que cada
semana son trasladados más de cincuenta internos, lo que hace al mes una
cifra de aproximadamente doscientos y al año más de dos mil.
Todo esto se hace con nulas medidas de seguridad. Faltan medios humanos
en las dotaciones de la policía que acompañan a los presos, ya que en la
actualidad no hay más de veinte policías destinados a estas tareas, por
lo que, en caso de emergencia, es necesario desplazar funcionarios
destinados a otros servicios, en detrimento de los servicios policiales.
Las pésimas condiciones de trabajo en que desarrollan los funcionarios
policiales estas tareas están a la luz del día. Una orden de la Dirección
General de Policía del año 1990 señala las condiciones en que deben
realizarse las conducciones de detenidos y presos, y se definen en dichas
condiciones las mínimas de orden técnico y de seguridad que deben reunir
los vehículos de más de nueve plazas dedicados a este tipo de transporte.
Estos vehículos deben ir provistos de climatización, temperatura entre 18
y 28 grados centígrados, y en Canarias, según las informaciones que
poseemos, son auténticas saunas, sobre todo en las épocas más calurosas
del año.
En Tenerife sólo existen tres furgones celulares, según la información
que tengo --y me gustaría que la señora Subsecretaria me lo confirmara--,
dedicados a la custodia de presos: uno para quince personas y los otros
dos para ocho; uno está en la playa de Las Américas, por lo que sólo
quedan dos, y en la Comisaría de La Laguna sólo se cuenta con un furgón
celular para trasladar a sus detenidos, con la chapa en pésimas
condiciones y que fue desechado en su día por la Comisaría de Santa Cruz
por inservible.
Las medidas de seguridad en el traslado de los presos han motivado, al
ser éstas escasas, que varios reclusos hayan intentado fugarse, y aunque
muchos de estos intentos no han trascendido y no han salido a la opinión
pública, alguno de ellos lo ha conseguido. El día 23 de abril de este
año, un peligroso preso asturiano logra fugarse, y el 28 de mayo nueve
presos intentan la fuga, y uno de ellos, Juan José Armas Pérez, resultó
herido de gravedad por un agente que se vio obligado a hacer uso de su
arma reglamentaria.
Están claras --y esto es, en la opinión pública de Tenerife, el pan
nuestro de cada día, puesto que todos los días se refleja en la prensa--
las graves dificultades por las que atraviesa el traslado de presos desde
la cárcel Tenerife 2 hasta los juzgados de la capital. Si bien la
normativa exige que dicho traslado de presos debe hacerse en un furgón
celular, en el que debe ir un conductor y dos acompañantes, así como otro
vehículo que actúe de
escolta, la realidad es que esta normativa no se está cumpliendo en
Tenerife. Estas carencias son de aplicación también a la Audiencia
Provincial de Tenerife, que es de las pocas sedes que no poseen patio
interior para los vehículos celulares, por lo que el trasvase de los
reclusos del furgón a los calabozos se lleva a cabo en plena calle y ante
el público que aguarda en aquellos momentos la celebración de los
juicios. Hay detenidos, por otra parte, que tienen enfermedades
contagiosas, y no hay guantes esterilizados para proteger a los policías
que trasladan a los presos. En definitiva, las medidas de seguridad en
este traslado dejan mucho que desear.
En resumen, me gustaría saber si por parte de la Administración
penitenciaria existe la voluntad, a corto plazo, de arreglar estos
inconvenientes. Yo sé que se está construyendo un nuevo edificio para los
servicios de la Administración de Justicia en Santa Cruz de Tenerife, que
estoy seguro que van a resolver en parte el problema, pero esto no está
todavía resuelto y no se va a resolver todo, porque como no se adopten
unas medidas en orden a que los furgones que trasladan a los presos y en
orden a que los policías que los acompañen sean suficientes y en debidas
condiciones, el problema va a seguir perviviendo. Estoy seguro que la
señora Subsecretaria nos va a poder contestar a las preguntas que he
formulado.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Subsecretaria.
La señora SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA (Robles Fernández): En
cuanto a la primera de las cuestiones, la relativa a lo que S. S.
considera una sobreocupación del centro penitenciario Tenerife 2,
quisiera hacer una mención previa que he recogido antes. Somos
conscientes de que hay que ir al cumplimiento de las previsiones legales
que establece la Ley General Penitenciaria en el sentido de que todos los
internos han de alojarse en celdas individuales. Esa es una de las
máximas aspiraciones del Ministerio de Justicia, en ese sentido vamos a
trabajar, y queremos que la construcción de nuevos centros, dentro de
este plan aprobado por el Gobierno en el año 1991, permita llegar a las
previsiones de la ley.
En concreto, ciñéndonos al Centro Penitenciario Tenerife 2, que como S.
S. sabe perfectamente fue inaugurado en el año 1987, con una superficie
total construida de 34.539 metros cuadrados, dispone en principio de una
capacidad funcional para 768 internos. La superficie de la celda tipo es
de 8,2 metros cuadrados y la superficie real construida por cada uno de
los internos es de 40,63 metros cuadrados. A estos datos de tipo
arquitectónico hay que añadir que el Ministerio de Justicia, sin cejar en
su empeño de conseguir ese propósito, entiende que en este momento y con
carácter provisional, aun cuando existe un mayor número de internos con
respecto a la capacidad inicial del centro, no se incide de una forma
negativa en las condiciones de vida en la prisión de cada uno de ellos
pues, como he puesto de relieve, la superficie construida por cada uno de
los internos es de 40,63 metros cuadrados.
Como perfectamente ha dicho S. S. y le consta, es voluntad del Ministerio
de Justicia abordar la construcción de un nuevo centro penitenciario en
el sur de la provincia de Gran Canaria, contando con un plazo de 24 meses
para su puesta en funcionamiento. En este momento se están formalizando
los estudios para la ubicación en el lugar concreto y, una vez que lo
tengamos, no le quepa la menor duda de que agilizaremos los trámites para
que en ese plazo en el que, de alguna manera nos hemos comprometido,
pueda entrar en funcionamiento el centro de Gran Canaria, lo que
comportará, como es lógico, que exista una descongestión del centro de
Tenerife 2. Pero, insisto, aun cuando somos conscientes de que no se da
cumplimiento a las previsiones legales, que en el momento actual y con el
nivel de ocupación que tiene, las condiciones de vida de cada uno de los
internos en el centro de Tenerife no están afectadas de modo negativo.
En cuanto a la pregunta que formulaba respecto al centro de Tenerife 1,
que, como sabe perfectamente, fue desocupado en el año 1987 como
consecuencia de la aprobación por parte del Gobierno del plan de
amortización y creación de centros, ello fue debido a un aspecto que
usted ha puesto de relieve cual era el carácter absolutamente obsoleto
del mismo. Dentro de la política del plan de amortización y creación de
centros penitenciarios, es voluntad del Ministerio de Justicia hacer en
este centro lo que se ha hecho en otros, es decir, se va a proceder a su
desafectación para uso penitenciario, pasando a la Dirección General del
Patrimonio que, a su vez, lo trasladará a la Sociedad de Infraestructuras
y Equipamientos Penitenciarios para poder proceder a su enajenación y,
con el capital obtenido, contribuir a la financiación de los centros de
nueva creación.
En el otro problema que le preocupaba, sobre la seguridad de los
traslados de los presos en Tenerife, como sabe perfectamente S. S. y ha
puesto de relieve, el traslado de los presos, según la Ley Orgánica
2/1986, es competencia de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado
que lógicamente incluyen no sólo a la Guardia Civil, sino también a la
Policía Nacional. En esta materia de los traslados, el Ministerio de
Justicia no tiene competencia, pero de lo que no tiene duda es de la
profesionalidad y competencia de los miembros de esos Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad del Estado, que son los encargados de realizar los
traslados. Entendemos que con la construcción del nuevo edificio en Santa
Cruz de Tenerife, en el que nos ha preocupado mucho que el diseño
arquitectónico permita esa facilidad en cuanto a la introducción de
furgones y demás, se solventarán algunos de los problemas que S. S. ponía
de relieve, pero insisto en que el Ministerio de Justicia lo único que
puede hacer es confiar en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado,
lo cual hace sin ningún género de duda.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Soriano.
El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Muy brevemente. Lamento que la señora
Subsecretaria no me haya contestado a lo que indicó la portavoz del Grupo
Socialista cuando se debatió en esta Comisión la proposición no de ley
sobre los centros penitenciarios de Tenerife; se dijo que se construiría
un nuevo centro en Gran Canaria que estaría concluido en un plazo de dos
años. Han pasado ya tres meses, y yo querría saber, primero, si existe la
voluntad de construir ese centro; segundo, cuál es la cantidad
presupuestada en los Presupuestos de 1994; tercero, cuándo va a ser
anunciado, si hay proyecto ya; y cuarto, cuando se va a sacar a concurso.
En cuanto a la seguridad de los presos, con independencia de haberme
reconocido que la seguridad deja mucho que desear, lo que ha venido a
decir es que esto es competencia del Ministerio del Interior y no
competencia del Ministerio de Justicia. Indudablemente habrá que hacer la
misma pregunta al Ministerio del Interior, al ser competencia del mismo.
Yo me creí que, tratándose de una Comisión de Justicia e Interior, el
representante del Gobierno vendría con datos suficientes para contestar a
toda la problemática, previo acuerdo con el Ministerio del Interior,
pero, por lo visto, no ha sido así, cosa que lamento.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Subsecretaria.
La señora SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA (Robles Fernández):
Empezando por el final, yo no he dicho, y si lo he dicho me he expresado
mal o usted me ha entendido mal, que la seguridad en el traslado de los
internos de Tenerife sea desastrosa; no he dicho eso en absoluto. Es más,
tenemos una estadística en relación a los últimos meses; por ejemplo, en
el mes de septiembre, se han producido 151 traslados; en el mes de
octubre, 186 y en el mes de noviembre, 203 traslados. Son números
suficientemente importantes y, sin embargo, los ejemplos que S. S. me
pone de cuestiones puntuales son puramente anecdóticos, se podrían contar
con los dedos de la mano. (El señor Soriano Benítez de Lugo: Un herido.)
Por lo tanto, no puedo asumir esa valoración que usted ha realizado.
Evidentemente, cuando se hacen operaciones de este tipo siempre hay
posibilidad de que ocurran incidentes que, en definitiva, son rechazados
por todos. Pero lo que no se puede hacer de ninguna manera es elevar la
excepción a categoría general. Y, sin perjuicio de admitirle que pueda
haber excepciones, como en todos los ámbitos de la vida, lo que no le
admito es la categoría general de que los traslados no son seguros.
En cuanto a la prisión en Gran Canaria, creo que yo he dicho lo mismo que
dijo en su momento la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista e
incluso hemos hablado del mismo período de tiempo, dos años. Lo que le
estaba comentando es que en este momento se están haciendo los estudios
concretos para la definitiva ubicación del terreno. Una vez que estén
hechos esos estudios concretos para la definitiva ubicación, se comenzará
con las obras.
--SOBRE MOTIVOS POR LOS QUE HA SIDO CERRADO EL CENTRO PENITENCIARIO PARA
JOVENES DE LLIRIA (VALENCIA). FORMULADA POR EL SEÑOR GIL LAZARO. (Número
de expediente 181/000140.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 6, del señor Gil Lázaro, que tiene
la palabra.
El señor GIL LAZARO: A mí me parece, señor Presidente, señora
Subsecretaria, que hacer una valoración de conjunto cuando un equipo, sea
el que sea, termina en su responsabilidad no es hacer un juicio, es poner
en práctica simple y llanamente una sana costumbre democrática.
Nosotros hoy le planteamos el asunto del Centro Penitenciario para
Jóvenes de Lliria, en Valencia, precisamente porque nos parece una de las
lagunas más llamativas o, si se quiere, de otra forma, una de las
decisiones erróneas más graves que se han adoptado a lo largo de la
gestión de este equipo que en este momento cesa.
Nosotros creemos en el modelo establecido en la Ley orgánica. Esa es
nuestra preocupación, que creemos en ese modelo y entendemos que
decisiones como éstas, como otras que hemos visto a lo largo de esta
mañana impiden la realización de ese modelo.
El Centro Penitenciario para Jóvenes de Lliria, en Valencia, fue en su
momento, y ha seguido siéndolo durante los 26 años que ha estado en
funcionamiento, 26 años, un centro modélico. La decisión de su cierre
supone, en expresión literal de alguno de sus responsables, el fin de un
sueño a la europea.
La experiencia básica del centro como institución para el tratamiento de
jóvenes condenados según el método de régimen abierto ha sido valorada
positivamente desde todos los sectores sociales. Piénsese, por ejemplo,
que durante el tiempo en que el centro ha estado en servicio ha pasado
por él un total de 2.600 jóvenes y que más de 500 empresas recibieron a
internos de la institución y sólo en un 9 por ciento de los casos hubo
problemas en el centro de trabajo por mal comportamiento o deficitario
rendimiento.
En Lliria predominaba, sobre todo, el fin reeducacional del joven interno
ejercido a través de un amplio, de un muy amplio programa de Formación
Profesional, una oferta de actividades complementarias adecuada, un
conjunto de instalaciones óptimas para el desarrollo de esas tareas
educativas y un trato humanitario al interno basado en la acentuación de
su sentido de la autorresponsabilidad y en la confianza. Igualmente, la
dedicación y la entrega del conjunto de funcionarios que pasaron por el
centro ha sido destacada desde todos los ámbitos como digna de un elogio
absoluto.
El trabajo desarrollado por los internos, dentro y fuera del centro, les
permitía disponer de dinero para sus salidas y fueron muy pocos los casos
en los que algún interno
provocó incidentes o cometió delitos durante estas salidas por lo que se
puede decir que su grado de convivencia e integración con la sociedad de
Lliria era también estimable.
Los funcionarios y responsables del Instituto de Lliria han puesto en
duda que en el centro de integración social del macrocomplejo
penitenciario de Picasent se puedan obtener con estos jóvenes reclusos
los mismos logros que se consiguieron en Lliria.
En virtud de estas consideraciones, preguntamos, señora Subsecretaria,
por qué motivos ha sido cerrado el Centro Penitenciario para jóvenes
reclusos de Lliria, Valencia.
El señor PRESIDENTE: La señora Subsecretaria tiene la palabra.
La señora SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA (Robles Fernández): Me
va a permitir el señor Gil Lázaro que le diga, en primer lugar, retomando
la primera frase que usted ha dicho de que estaba haciendo examen de la
gestión de un equipo que cesa, que no hay ningún equipo que cese; vuelvo
a repetir que el señor Asunción, a cargo de la Secretaría de Estado,
estaba respondiendo a un modelo y a un programa del Ministerio de
Justicia y, que yo sepa, de momento, el equipo que está en el Ministerio
de Justicia sigue siendo el mismo; por tanto, no cabe hablar de un equipo
que cesa. Eso como punto que me parecía indispensable aclarar a la luz de
su primera manifestación.
En cuanto a la segunda cuestión, tengo que decirle que, evidentemente, el
Centro de Lliria, que fue un modelo para muchos, y que tomábamos como
ejemplo, por razones del paso del tiempo, como ocurre en todas partes, se
quedó antiguo y obsoleto; a lo mejor, dentro de las grandes concepciones
románticas, incluso, diría yo, del mundo penitenciario, era un ejemplo.
Pero hoy en día hay que tener en cuenta una realidad, incluso mucho más
funcional, porque el paso del tiempo afecta a las personas y también a
los centros penitenciarios. Y eso fue lo que le pasó al centro de Lliria
y, en la medida en que se ha quedado absolutamente obsoleto, era
necesario sustiturlo por unas instalaciones que permitieran una mayor
adecuación a la realidad, incluso arquitectónica.
Pero lo que no se puede decir es que, porque se haya cerrado el Centro de
Lliria, han decaído aquellos postulados que supusieron un poco la
creación de ese centro, porque sabe perfectamente S. S., tan bien como
yo, que la Ley Penitenciaria dice que los jóvenes tendrán que estar
separados de los adultos, debiendo estar en determinados departamentos
dentro de un centro penitenciario.
Por tanto, la filosofía, el espíritu de lo que representó Lliria que fue
un modelo para muchos y que todos pedíamos que se imitara, sigue presente
en la instalación actual del centro penitenciario de Valencia; lo único
que hemos hecho ha sido dar a los jóvenes que están en él unas
condiciones de vida mejores y más adecuadas al año 1993.
El señor PRESIDENTE: El señor Gil Lázaro tiene la palabra.
El señor GIL LAZARO: Señora Subsecretaria, yo tengo que no estar en
absoluto de acuerdo con las dos grandes afirmaciones de su respuesta. En
primer lugar, que el centro era en este momento un centro obsoleto,
porque si usted conoce ese centro sabe que no es así. Y, en segundo
lugar, que las instalaciones que van a disponer estos jóvenes en Picasent
son mejores que las que tenían en Lliria, porque usted sabe también que
esto no es así, y, en todo caso, es una evidencia física tan fácilmente
comprobable que sobre ello no voy a discutir.
El cierre del centro de Lliria no tiene explicación aceptable alguna
desde el punto de vista de profundizar en esas tareas de resocialización
de los jóvenes reclusos que, por cierto (y vuelvo a remitirme a textos,
como es mi costumbre y seguirá siéndolo), el Defensor del Pueblo, en su
estudio del año 1992, señala que en este ámbito muy poco se ha avanzado
desde 1988. Pero hay que decir las cosas como son, señora Subsecretaria,
salvo que a usted no le hayan contado las cosas como son.
Lliria se ha cerrado exclusivamente por una operación de carácter
económico inmobiliario y ese cierre se ha hecho, además, haciendo
prevalecer la posición dominante de la Administración, como en muchas
otras cosas. La operación económico-inmobiliaria ha consistido en
quedarse la Administración con 25.393 metros cuadrados, del total de
100.000 que ocupaba el centro, y exigir, además, al Ayuntamiento que
conceda permiso para destinar esos terrenos a un uso residencial y
terciario y a renunciar a la cesión del valor del 15 por ciento del
aprovechamiento asignado. Y se ha hecho prevalecer en ese convenio la
posición dominante de la Administración, porque usted sabe muy bien que
los terrenos fueron cedidos en su momento al Ministerio de Justicia por
el Ayuntamiento de Lliria por un período de 30 años, y se especificaba en
ese convenio original que, en el caso de que no fueran destinados a un
fin penitenciario, revertirían al Municipio. El propio alcalde de Lliria
ha tratado de autojustificarse señalando literalmente que él estaba
dispuesto, incluso, a ceder más terreno, ya que la Administración lo
tenía muy fácil --dice el alcalde--, pues le hacía ver que podían
mantener abierto el centro o destinarlo a otro fin penitenciario y así
durante cuatro años más.
Yo creo que, en definitiva, el cierre de Lliria se ha hecho en contra de
la opinión de los especialistas, se ha hecho al amparo del plan de
amortización, cuando Lliria ni es un centro viejo ni está situado en el
interior del casco urbano, tal y como prevé el plan, y se ha hecho
desoyendo las reiteradas peticiones de los propios internos, que
demandaban la continuidad del centro. Insisto en que, una vez más, se han
hecho prevalecer contenidos e intereses ajenos a ese fin primordial
reeducacional. Se ha querido realizar, con esos 25.000 metros situados en
una zona en este momento privilegiada, por las importantes inversiones y
renovaciones en vías de comunicaciones y por su proximidad a Valencia, y
se va a realizar, una operación de carácter, insisto,
económico-inmobiliario,
y se nos dice que con el fin de poder destinar el dinero que se obtenga
al Plan de amortización y de creación de nuevos centros.
Me va a permitir que termine, señora Subsecretaria, haciéndole una doble
consideración personal. Yo he sido --créame que he tratado de serlo-- muy
amable con S. S. durante esta comparecencia precisamente porque S. S., si
me permite la expresión coloquial, está recién aterrizada en esta
responsabilidad, y, además, porque como ha señalado algún grupo
parlamentario, se observa un tono distinto en el planteamiento de la
cuestión. He sido tan amable que, en la abundancia de documentos que he
citado, no he citado --me hubiera parecido fuera de esa amabilidad-- las
valoraciones hechas por algún destacado miembro de Jueces para la
Democracia sobre la situación de las prisiones antes de asumir
responsabilidades ministeriales. Y le confieso que sí que estoy
frustrado, señora Subsecretaria. Estoy frustrado por el cierre del centro
penitenciario de Lliria. No estoy frustrado por otras consideraciones
porque, en la moción que debatimos, conseguimos, al menos, convencer a un
miembro del Grupo Socialista, a don Alfonso Guerra, que votó a favor.
El señor PRESIDENTE: Señora Subsecretaria, tiene la palabra.
La señora SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA (Robles Fernández): En
primer lugar, yo le agradezco esa amabilidad que usted dice que ha tenido
conmigo. Creo que ha sido recíproca, porque el tono de la discusión no da
lugar más que a amabilidad, formal, aun cuando existan discrepancias
importantes en cuanto al fondo. Me parece que no es incompatible y que,
además, es un estilo bueno y un estilo positivo.
Usted ha dicho que suele citar textos y que a lo mejor a mí no me lo
habían contado todo. Yo siento decirle que, cuando uno accede a un cargo
con responsbilidad política, aparte de que le cuenten, intenta enterarse
de lo que hay.
Cuando usted me dice que está frustrado por el cierre de Lliria, yo le
admitiría la frustración, que yo compartiría, si el cierre del centro de
Lliria hubiera supuesto el final de lo que Lliria representaba, pero eso
no es así y eso se mantiene con la ubicación actual. Nos preocupan
enormemente los delincuentes jóvenes, creemos que hay que ir a una línea
de tratamiento individualizado para ellos. Insisto: lo que representó
Lliria en su momento, lo va a seguir representando, porque es una firme
convicción del Munisterio de Justicia, el establecimiento penitenciario
de Valencia. Sólo le admitiría la frustración, que compartiría con usted,
si esos propósitos, esos diseños, ese programa en relación a los jóvenes
se hubiera acabado, pero siento decirle --y con eso me hago eco de lo que
ya ha dicho-- que eso es una de las prioridades fundamentales en el
programa del Ministerio de Justicia, cuyo equipo, de momento, continúa.
--SOBRE SITUACION DEL PROCESO DE TRANSFERENCIAS EN MATERIA PENITENCIARIA
A LA COMUNIDAD AUTONOMA ANDALUZA. FORMULADA POR LA SEÑORA AGUILAR RIVERO,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número
de expediente 181/000205.)
El señor PRESIDENTE: La pregunta número 7 ha sido retirada por su autora,
la señora Aguilar Rivero.
--SOBRE INCONVENIENTES EXISTENTES PARA QUE LA ISLA DE EL HIERRO CUENTE
CON UNA OFICINA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD. FORMULADA POR EL SEÑOR
SORIANO BENITEZ DE LUGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de
expediente 181/000084.)
El señor PRESIDENTE: La pregunta número 8, que es la última que vamos a
debatir en la mañana de hoy, viene formulada por el señor Soriano Benítez
de Lugo, que tiene la palabra.
El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Entiendo que, en consecuencia, las
preguntas números 9 y 10 no se van a debatir hoy.
El señor PRESIDENTE: Entiende bien, señor Soriano.
El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Lo que ocurre es que la pregunta, que
afecta a la necesidad de crear una oficina del Registro de la Propiedad
en la isla de El Hierro, fue consecuencia de que el Grupo Popular en el
Parlamento de Canarias presentó, con fecha 27 de septiembre, una
proposición no de ley instando al Gobierno a la creación de esta oficina,
puesto que, hasta ahora, el Registro de la Propiedad de El Hierro
funcionaba en la isla de La Gomera, con dificultades de comunicación
entre las islas. Presentada esa proposición no de ley en el Parlamento de
Canarias, entendimos oportuno, como iniciativa correspondiente en esta
Cámara, presentar la pregunta relativa a cuándo se iba a establecer una
oficina del Registro de la Propiedad en la isla de El Hierro. Esta
pregunta prácticamente ha decaído, puesto que, según tengo entendido, en
un reciente Consejo de Ministros, posterior, por supuesto, a la
proposición de ley de mi Grupo en el Parlamento de Canarias y a la
formulación de mi pregunta, se ha creado este Registro de la Propiedad.
Me gustaría confirmarlo y saber la fecha, más o menos concreta, en la que
el Registro de la Propiedad podrá estar funcionando en la isla.
El señor PRESIDENTE: La señora Subsecretaria tiene la palabra.
La señora SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA (Robles Fernández): En
efecto, como apunta bien S. S., por Real Decreto 1.814/1993, de 18 de
octubre, se modificó la demarcación y la capitalidad de
determinados Registros de la Propiedad y, en concreto, se segregó del de
San Sebastián de la Gomera uno para la isla de El Hierro, de tal manera
que en este momento, ya en el marco normativo, está creado ese Registro
de la Propiedad y calculamos que hacia el mes de febrero o marzo pueda
estar ya íntegramente en funcionamiento.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Subsecretaria.
¿Desea el señor Soriano turno de réplica? (Denegaciones.)
Terminamos, por tanto, aquí el debate sobre el orden del día de la sesión
de hoy. El resto de las preguntas quedan pospuestas para un debate
posterior, previsiblemente el día 20 de diciembre.
Se levanta la sesión.
Eran las dos y veinticinco minutos de la tarde.