CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1993 V Legislatura Núm. 76
INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE
PRESIDENTE: DON LEOPOLDO ORTIZ CLIMENT
Sesión núm. 8
celebrada el miércoles, 24 de noviembre de 1993



ORDEN DEL DIA:
--Proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a considerar la
liberación de peaje entre las salidas números 64 (Altea) y 65 (Benidorm)
de la Autopista A-7 Valencia-Alicante. Presentada por el Grupo
Parlamentario Federal Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. (BOCG,
serie D, número 11, de 27-9-93. Número de expediente 161/000018.) (Página 2412)
Comparecencia del señor Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente (Borrell Fontelles), para informar:
--De la política medioambiental que va a desarrollar durante esta
legislatura la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Vivienda. A
petición propia. (Número de expediente 214/000022.) (Página 2415)
--De la política medioambiental que va a desarrollar la Secretaría de
Estado de Medio Ambiente y Vivienda. A solicitud del Grupo Parlamentario
Popular. (Número de expediente 212/000028.) En sustitución de la
Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Vivienda, según acuerdo adoptado
por la Mesa y Portavoces de la Comisión de Infraestructuras y Medio
Ambiente, en su reunión del día 10 de noviembre de 1993) (Página 2416)
--Sobre los estudios de impacto medioambiental que realiza dicho
Ministerio para realizar las obras

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públicas presupuestadas. A solicitud del Grupo Parlamentario Federal
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. (Número de expediente
213/000001.) (Página 2416)
--Sobre las subvenciones otorgadas a los gestores de aceites usados y sus
posibles irregularidades. A solicitud del Grupo Parlamentario Federal
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. (Número de expediente
213/000004.) (Página 2416)



Se abre la sesión a las nueve y treinta minutos de la mañana.




El señor PRESIDENTE: Buenos días.

En primer lugar, quiero dar explicaciones de por qué la reunión de hoy ha
sido a las nueve y media en lugar de a las nueve, como estaba previsto.

El Ministro, señor Borrell, solicitó comparecer a las diez y cuarto en
lugar de a las diez. Consultados los portavoces de los grupos
parlamentarios, decidimos que con 45 minutos teníamos suficiente para
poder abordar la proposición no de ley cuyo debate y votación vamos a
empezar a continuación.

Esta es la explicación, repito, tomada en común acuerdo entre todos los
portavoces de los distintos grupos parlamentarios de esta Comisión.




--DEBATE Y VOTACION, EN SU CASO, DE LA PROPOSICION NO DE LEY POR LA QUE
SE INSTA AL GOBIERNO A CONSIDERAR LA LIBERACION DE PEAJE ENTRE LAS
SALIDAS NUMEROS 64 (ALTEA) Y 65 (BENIDORM) DE LA AUTOPISTA A-7
VALENCIA-ALICANTE. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE
IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente
161/000018.)



El señor PRESIDENTE: Para abordar, en los 45 minutos que nos quedan hasta
que venga el Ministro, nuestra primera parte del trabajo de hoy, pasamos
al debate y votación, en su caso, de la proposición no de ley por la que
se insta al Gobierno a considerar la liberación de peaje entre las
salidas números 64 (Altea) y 65 (Benidorm) de la Autopista A-7
Valencia-Alicante. Expediente número 161/000018, presentada por el Grupo
parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.

Tiene la palabra la portavoz del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.




La señora URAN GONZALEZ: Buenos días a todos los miembros de esta
Comisión.

No es nuevo en esta Cámara el que se discuta, presentado por el Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, el instar al Gobierno la
liberación de peaje de la Autopista A-7 que transcurre por toda la
Comunidad Autónoma Valenciana, desde Vinaroz hasta Alicante. En este
caso, nosotros presentamos esta proposición no de ley para un trazado muy
concreto, entre los términos municipales de Altea y Benidorm.

El Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente tiene en
estos momentos en fase de exposición pública el proyecto de construcción
de una variante entre estos términos municipales, que afecta, con la
costrucción de unos 12 kilómetros cuadrados, a los términos municipales
de Altea, Alfaz del Pí y Benidorm.

Esta proposición no de ley nace de las repercusiones que va a tener en
estos municipios la construcción de esta variante y, en concreto, en el
término municipal de Altea donde hasta el momento se han presentado más
de 3.000 alegaciones al proyecto del Ministerio de Obras Públicas, por
los perjuicios medioambientales que provocará y porque rompe las zonas
naturales de desarrollo urbanístico de Altea. Este municipio está cruzado
de norte a sur por la Nacional 332, la Autopista A-7 y la vía de los
ferrocarriles de la Generalitat valenciana. Todo esto teniendo un vial,
como es la Autopista A-7, que está infrautilizado, que en estos momentos
la capacidad que registra es de un 25 por ciento, con unos 12.000
vehículos por día de media, cuando, además, la mayoría de las
infraestructuras que se han generado en esta zona han ido para fomentar
el servicio, y al servicio, de la Autopista A-7.

El verano pasado hubo una experiencia que redunda en los argumentos que
nosotros presentamos para solicitar esta liberación, como es la
liberación en el tramo de Castellón, durante el verano, del transporte
pesado por la carretera nacional, que se desvió hacia la Autopista A-7,
hecho que tuvo un éxito superior al que en un principio se pensaba
liberando esta parte del peaje.

Nosotros seguimos manteniendo que no es necesario que el Ministerio de
Obras Públicas haga inversiones tan importantes como la que se prevé en
este trazado para crear un nuevo nudo de enlace cuando se podría liberar
de peaje la Autopista A-7 e utilizar este capital para mejorar otros
nudos y conexiones viales que también hacen mucha falta en el País
Valenciano.

Quiero decirles, señorías, que nuestra propuesta no nace solamente de la
inquietud que nos mueve a preservar el medio ambiente, sino que, además,
en el término municipal de Alfaz del Pí, en el pleno extraordinario del
día 15 de marzo, todas las fuerzas políticas que están representadas en
ese consistorio aprobaron por unanimidad rechazar el proyecto del
Ministerio de Obras



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Públicas para esta variante. He de decirles que en este Ayuntamiento
están representados, tanto el Partido Popular, como el Partido
Socialista, el CDS y el Partido Valenciano Nacionalista.

Consideramos que hay argumentos suficientes y experiencias que lo
demuestran para que el Ministerio de Obras Públicas no siga adelante con
este proyecto y cumpla con el objetivo de mejorar las comunicaciones de
estas zonas, con un importante ahorro económico y dando la posibilidad de
que estos municipios sigan desarrollándose como consideren oportuno y
necesario y respetando el medio ambiente.

Por mi parte, señorías, quiero recabar de esta Comisión la sensibilidad
hacia los problemas que generará el nuevo nudo y solicitar el voto
favorable para esta proposición no de ley.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el portavoz del Grupo Catalán
(Convergència i Unió).




El señor SEDO I MARSAL: Nuestro Grupo no va a apoyar la proposición no de
ley por distintos motivos, entre otros, por coherencia con otros temas
del mismo tipo que han venido a esta comisión. Cualesquiera de los puntos
a lo largo de la Autopista A-7, y de otras, presentan inconvenientes como
el que hoy se nos trae aquí. Tenemos muchas poblaciones atravesadas de
norte a sur por la carretera nacional, por las vías de ferrocarril, como
podrían ser en la demarcación de Tarragona Hospitalet, Vandellós,
Cambrils, o Altafulla, Torredembarra, o Santa Margarida i Els Mongos, ya
en Barcelona o en el Maresme, en la primera parte, respecto a la
Autopista A-19.

No creemos que la solución sea la de dar libertad de peaje y pasar todo
el tráfico que pueda haber por las carreteras nacionales a las autopistas
en distintos tramos. Otra cosa sería en casos de emergencia por obras,
tema discutible. Nosotros no creemos que con ello se mejore las
comunicaciones de las poblaciones citadas. Lo que se crearía sería otro
cuello de botella en la entrada y salida de la autopista A-7.

Estando en exposición pública el proyecto, ahí es donde deben luchar para
mejorarlo las fuerzas políticas de la zona, para cambiar el trazado o
intentar con Obras Públicas que se mejore el proyecto a realizar dejando
la autopista libre para la función para la que ha sido construida.

Nosotros, pues, vamos a dar nuestro voto negativo a esta proposición no
de ley.




El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra, en nombre del Grupo
Popular, el señor Cholbi.




El señor CHOLBI DIEGO: Señorías, como supuesto previo tenemos que
preguntarnos cuál es el motivo que fundamenta la propuesta que estamos
debatiendo, que es, única y exclusivamente, la liberación de peaje de la
A-7 a su paso por la población de Altea, en la provincia de Alicante. Es,
sin duda alguna, señorías, un tema muy importante y necesitamos una
solución urgente para evitar el gran tráfico que pasa por esa población.

Para ello, el Ministerio de Obras Públicas ha presentado un estudio
informativo sobre la carretera nacional de Cartagena a Valencia, la
N-332, entre los puntos kilométricos 125 a 137, cuyo expediente de
información pública figura en el «Boletín Oficial del Estado» del día 18
de enero de 1993.

La mencionada propuesta a la variante de Altea, prevista para evitar la
travesía por el interior de dicha población, por la que discurre
actualmente la carretera nacional 332, tiene, como decía en un principio,
por objeto solucionar las situaciones de colapso circulatorio que en
épocas muy concretas del año se producen en dicha travesía.

En la página 15 del expediente mencionado obran unos datos según los
cuales el tráfico por esa carretera está entre los 10.000 y 20.000
vehículos al día y según consta también en el expediente, concretamente
en la página 13, el tramo correspondiente a Altea tiene unas previsiones
de tráfico de 15.987 vehículos día en el año 1997 y de 21.108 vehículos,
en el año 2026. De acuerdo con la información de que disponemos, la
existente autopista de peaje, la A-7, tiene una capacidad aproximada de
40.000 vehículos día, siendo utilizada en la actualidad por unos 10.000
vehículos. Es incuestionable que la existente carretera N-332 y la
autopista A-7 discurren paralelas y muy próximas y que la autopista se
planeó en su día para canalizar el tráfico de largo recorrido del
corredor Mediterráneo. Es lógico pensar que lo razonable consistiría en
trasvasar el exceso de tráfico de la carretera N-332 a la autopista A-7 y
no en ampliar la capacidad de la existente carretera nacional. Incluso en
el hipotético caso de que la totalidad de los vehículos que en el año
2026 es previsible que circulen por la nacional 332 se trasvasaran a la
A-7, no se produciría su saturación, ya que ni siquiera entonces se
llegaría a ocupar la capacidad máxima de la autopista.

Existen también, señorías, señor Presidente, otros argumentos para
rechazar esta variante. Su construcción produciría daños profundos e
irreparables en la tipología urbanística de la zona, que, dada la elevada
densidad de edificación, tiene un número de afectados muy importante. En
consecuencia, puesto que el proyecto presentado por el Ministerio para la
construcción de la variante contempla la ejecución de actuaciones en un
área eminentemente turísticia y con un elevado índice de suelo urbano y
urbanizable, debería valorarse si los posibles beneficios que la
proyectada variante supuestamente produciría justifican las consecuencias
negativas que dicha obra llevaría consigo, lo que a nuestro juicio debe
contestarse en sentido negativo, y ello con independencia de la puesta en
práctica de las medidas correctoras que el propio estudio prevé y cuya
efectividad es, como demuestra la experiencia, ciertamente limitada.

Desde la perspectiva del turismo debe considerarse que el área por donde
está previsto que discurra el trazado de la variante, en cualquiera de
sus alternativas, incide sobre zonas con un desarrollo urbanístico
notable, cuya tipología conoce el Ministerio perfectamente, por lo que no
es necesario extenderse en su descripción. No obstante, sí merece
destacarse el hecho de que este tipo



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de poblamiento disperso es característico del área y, en gran medida, uno
de los mayores atractivos turísticos de la zona, por lo que es conocida
en casi toda Europa, lo que ha motivado que sean muchos los extranjeros
que han elegido Altea como lugar vacacional o incluso residencial. No es
necesario hacer un gran esfuerzo para comprender que la realización del
proyecto trastocará de forma irreparable el equilibrio que actualmente
existe en la zona entre la acción humana y el medio natural, perdiendo
Altea uno de sus mayores atractivos turísticos, con evidente perjuicio,
no solamente para sus habitantes, sino para la economía nacional.

La existencia, como conocen SS. SS., en la legislación estatal de
carreteras de normas que establecen la necesidad de construir zonas de
servidumbre en los márgenes de las vías de comunicación tiene especial
incidencia en el caso de Altea, que, a lo largo de todo su territorio, se
encuentra cruzada por las vías a las que me he referido anteriormente. En
definitiva, la construcción de la variante no hará más que agravar las
afecciones a que se encuentra sujeta, por virtud de la constitución de
servidumbres, una parte considerable del territorio útil del término de
Altea.

Desde la óptica de la protección del medio ambiente, el propio informe de
impacto ambiental ha calificado como alta la calidad del paisaje de la
zona, por lo que dicho factor adquiere un especial interés. Hemos de
señalar aquí que cualquiera de las alternativas del trazado de la
variante proyectada transcurre, como decía, paralela a la A-7; que la
autopista está infrautilizada, dada la existencia de un peaje que, por su
elevada cuantía, es disuasorio; que los problemas de colapso circulatorio
se circunscriben a la época estival y, en menor medida, a las vacaciones
de Navidad y Semana Santa y, finalmente, que el período de concesión de
la explotación de la autopista a la sociedad mercantil Aumar, SA, expira
en el 2006, por lo que, a partir de tal fecha, la autopista revertirá al
Estado, siendo previsible que desaparezca dicho peaje, ya que lo
contrario constituiría una injustificable discriminación para la
Comunidad Valenciana y, por tanto, el tráfico que hoy discurre por la
carretera nacional lo hará por la autopista.

La conclusión, señor Presidente, es la que se deriva de un elemental
análisis de cuanto antecede: se pretende realzar una obra pública de gran
envergadura para solucionar un problema temporal. Para ello se prevé
invertir una cantidad que oscila entre los 6.155 y los 7.084 millones de
pesetas, a lo que habrá que añadir los costes de mantenimiento de la
obra, que, según la memoria, se presupuestan en 1,5 por ciento anual del
coste de la misma.

Finalmente, como decía la Diputada que me precedió en el uso de la
palabra, hay que señalar que el Ayuntamiento de Altea, todas sus fuerzas
políticas y nuestro senador por esa localidad, señor Ortiz, han acordado
unánimemente oponerse al proyecto del Ministerio, es decir, a la
circunvalación. Nuestro Grupo entiende, señor Presidente, que existen
razones más que suficientes para recriminar al Gobierno que no haya
tenido un diálogo con la concesionaria para intentar llegar a acuerdos.

Queremos lamentar también la tardanza del Gobierno en afrontar una
solución eficaz y rápida que beneficiase a toda la colectividad y
queremos señalar, señor Presidente, que la circunvalación prevista por el
Gobierno perjudica muy seriamente los intereses generales de esa
población de Altea.

A varias preguntas que este Diputado formuló en su día al Gobierno sobre
qué postura pensaba adoptar en relación con este grave problema, se le
contestó que tenía que continuar prestando ese servicio porque tenía un
acuerdo a largo plazo con la concesionaria. Nuestro Grupo lamenta
profundamente que el Gobierno no haya tenido voluntad seria de solucionar
esta cuestión y propone una fórmula para evitar esa aglomeración, esos
trastornos, fórmula que será más económica y más rápida: hacer un paso
subterráneo por Altea. Así tendríamos a nuestro favor sólo los aspectos
positivos, evitando los aspectos negativos que lleva consigo la
costrucción de la circunvalación.

Nuestro Grupo, señor Presidente, se va a abstener con plena
responsabilidad, para que el Gobierno tenga tiempo de meditar sobre la
propuesta que nosotros hemos presentado e incluso cambiar su idea,
después de dialogar con la empresa concesionaria.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el
señor Díaz Sol.




El señor DIAZ SOL: Voy a fijar la posición del Grupo Socialista respecto
a la proposición no de ley presentado por el Grupo Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.

Ante las argumentaciones que se han esgrimido, este portavoz se ve en una
disyuntiva difícil a la hora de hacer el razonamiento de oposición, pues
parece que se produce el contrasentido de que haya la intención de
realizar una inversión cuantiosa, entre 6.000 y 7.000 millones de
pesetas, a cambio de la simple operación de suprimir el peaje en el tramo
de la A-7 entre Altea y Benidorm. Esta solución que parece fácil,
elemental y simple, para el Grupo Socialista no lo es, porque la
alternativa no es tal; la alternativa sería el ahorro de esos 6.000
millones para asumir deudas e indemnizaciones por parte de la
Administración en otras situaciones que se podrían producir en cascada
una vez se aceptase esta liberación de peaje, que podrían llegar a cifras
muy importantes, del orden del billón de pesetas.

No es la primera vez que se plantea la liberación de tramos de autopistas
o incluso de trazados completos de autopistas. Los contratos que se
firman entre la Administración y los concesionarios de autopistas tienen
una normativa específica que marca las obligaciones y los derechos, tanto
de la Administración como del concesionario. Es uno de los derechos del
concesionario establecer un peaje que le permita tener unos ingresos que,
en caso de que este contrato sea cancelado de forma unilateral por parte
de la Administración, supondría asumir indemnizaciones y obligaciones de
elevada cuantía. Esta



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razón es fundamentalmente la que lleva a rechazar esta proposición no de
ley, porque, indudablemente, una actuación de este tipo sentaría un
precedente que haría muy difícil mantener una posición que obligue a la
Administración a no asumir cuantía muy importantes por posibles
indemnizaciones y gastos para cubrir los derechos que tienen los
distintos y numerosos concesionarios de las autopistas de peaje.

Por otra parte, se ha expuesto aquí --y en eso estamos todos de acuerdo--
que el proyecto está en exposición pública, que existen numerosas
alegaciones, hay un informe de impacto ambiental y, por tanto, en función
de todo este proceso, el proyecto tendrá las variaciones que se acerquen
a las aspiraciones de los municipios afectados, pero tampoco es un
proyecto gratuito porque intenta evitar uno de los grandes problemas que
existen ahora mismo no sólo para el tráfico, sino para el desarrollo de
estos tres municipios que se ven afectados por la carretera nacional 332.

Por todas estas razones, porque realmente no se puede tomar una decisión
en función de un hecho concreto en un punto específico de la red de
autovías de nuestro país, y porque cuando se toma una decisión de este
tipo hay que considerar y valorar las repercusiones económicas y sociales
que puede tener en el conjunto de esta red, es por lo que el Grupo
Socialista se va a oponer a la aprobación de la proposición no de ley.




El señor PRESIDENTE: A continuación, brevemente, la ponente señora Urán
tiene de nuevo la palabra.




La señora URAN GONZALEZ: Brevemente, señor Presidente.

Solamente voy a contestar al portavoz del Grupo Socialista porque ha
hablado de las repercusiones económicas y sociales. Efectivamente, hay
repercusiones económicas y sociales, pero el planteamiento que hacemos en
nuestra proposición no de ley es instar al Gobierno a que considere la
liberación del peaje de la autopista, no que lo libere mañana. Lo que
está claro es que si para solucionar el problema que tienen los
ciudadanos y las ciudadanas de Altea, de Alfaz del Pi y de Benidorm,
sobre todo en los meses de verano cuando se agrava, se hace la variante,
ello supone que van a seguir padeciendo durante más tiempo esta
problemática, pero si se libera el peaje de la autopista supondría una
solución a más corto plazo y, por supuesto, el coste económico podría
verse mejorado con la negociación con la empresa concesionaria, sobre
todo cuando sabemos que la concesión acaba en un tiempo.

Está claro, señorías, que es un problema general que puede suscitar un
precedente, que puede haber muchísimas más poblaciones que soliciten la
liberación del peaje de las autopistas que transcurren por sus entornos,
pero en una zona como Altea, con el interés turístico que tiene, no se
puede producir un impacto medioambiental y volver a cerrar el municipio,
ahogándolo, tal y como ahora está. Ese es un planteamiento que el
Gobierno y el Grupo Socialista tendrían que tener claro. Las decisiones
que se toman en el Congreso de los Diputados afectan a los ciudadanos y
las ciudadanas de todo el Estado y, en concreto, con esta decisión se
afecta a tres municipios que ya tienen unas condiciones bastante
deficientes. Por eso, hemos presentado esta proposición no de ley y
estamos instando al Gobierno a que la estudie. No le estamos diciendo que
la ponga en marcha; le estamos diciendo que la estudie, que la considere.

El estudio puede ser más globalizado y no solamente en ese tramo.

Posiblemente, llegaríamos a la conclusión de que es mucho mejor liberar
el peaje de la A-7 que gastarnos seis mil y pico millones de pesetas en
un nudo que, al final, no va a tener el rendimiento que podría tener la
liberación del peaje.




El señor PRESIDENTE: A continuación, para llegar a tiempo a la
comparecencia del señor Ministro, vamos a votar directamente la
proposición no de ley.




El señor DIAZ SOL: No sé si tenemos derecho a replicar a lo planteado por
la portavoz del Grupo de Izquierda Unida, pero si hay un nuevo turno,
tendríamos derecho a consumirlo.




El señor PRESIDENTE: Por decisión de esta Presidencia y de esta Mesa,
según vayamos de tiempo se decide o no reabrir el debate. Rogaría en
estos momentos que, para alcanzar el objetivo de esta reunión, a no ser
que haya alguna matización sumamente importante, diéramos por zanjado el
debate y pasáramos a la votación para poder así cumplir con nuestro
horario previsto para hoy.

Dado que no hay enmiendas a la proposición no de ley por la que se insta
al Gobierno a considerar la liberación de peaje entre las salidas números
64 (Altea) y 65 (Benidorm) de la Autopista A-7 Valencia-Alicante, a
propuesta del Grupo Parlamentario Federal Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, pasamos directamente a la votación.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro;
en contra, 20; abstenciones, 11.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición no de ley.

A continuación, y en espera de que llegue el señor Ministro Borrell, se
suspende la sesión por unos minutos.




Se reanuda la sesión.




COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (BORRELL FONTELLES), PARA INFORMAR:



--DE LA POLITICA MEDIOAMBIENTAL QUE VA A DESARROLLAR DURANTE ESTA
LEGISLATURA LA SECRETARIA DE ESTADO DE MEDIO



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AMBIENTE Y VIVIENDA. A PETICION PROPIA. (Número de expediente
214/000022.)



--DE LA POLITICA MEDIOAMBIENTAL QUE VA A DESARROLLAR DURANTE ESTA
LEGISLATURA LA SECRETARIA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA. A
SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente
212/000028.)



--SOBRE LOS ESTUDIOS DE IMPACTO MEDIOAMBIENTAL QUE REALIZA DICHO
MINISTERIO PARA REALIZAR LAS OBRAS PUBLICAS PRESUPUESTADAS. A SOLICITUD
DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA. (Número de expediente 213/000001.)



--SOBRE LAS SUBVENCIONES OTORGADAS A LOS GESTORES DE ACEITES USADOS Y SUS
POSIBLES IRREGULARIDADES. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE
IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente
213/000004.)



El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Diputados, seguimos nuestra
jornada de trabajo.

Tal como estaba previsto, a las 10,15 horas tenemos la comparecencia del
señor Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente para
responder a diversas peticiones. En primer lugar, por propia iniciativa,
para tratar las perspectivas de actuaciones en la política medioambiental
de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente. Hay también una petición
del Grupo Popular que va en la misma línea. En tercer lugar, hay una
solicitud del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre el
impacto medioambiental de dicho Ministerio para desarrollar las obras
públicas presupuestadas, y, finalmente, también a petición del mismo
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, hay otra
petición sobre las subvenciones otorgadas a los gestores de aceites
usados y sus posibles irregularidades.

Propongo a esta Comisión que el señor Ministro aborde los problemas de
una forma general y luego pasemos a la intervención de los distintos
grupos parlamentarios; es decir, no vamos a tratar punto por punto, sino
que los dos puntos primeros son genéricos y los dos últimos son más
puntuales. Ruego al señor Ministro que haga el esfuerzo de tratarlo todo
conjuntamente, con lo cual los grupos parlamentarios pueden tomar las
distintas posiciones y agilizar el diálogo y el intercambio de puntos de
vista.

Damos la bienvenida al señor Borrell y, a su vez, a la Secretaria de
Estado, señora Narbona, por su comparecencia de nuevo en esta Comisión.

El señor Borrell tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor Presidente.

Por supuesto que me someto al criterio de la Mesa, pero quizá sería mejor
que los puntos concretos de los aceites usados y las declaraciones de
impacto ambiental los tratáramos de una manera específica porque, si los
subsumo en lo que es la línea de política general, pueden quedar muy
diluidos y desvirtuados. Hago lo que la Mesa crea oportuno, pero habida
cuenta de que es una intervención relativa a política ambiental y que
luego hay dos aspectos muy concretos, me temo que pueden quedar diluidos
en el conjunto de la intervención.




El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Ministro. A ver si clarifico un poco
mi decisión en función de los acuerdos de la Mesa. Yo no he pedido que se
traten de una forma diluida, dentro de la política medioambiental del
Ministerio, los temas puntuales, sino que el señor Ministro tiene
recursos más que sobrados para saber cómo hacer la exposición de la
política medioambiental general y después, pero sin interrupción, que
aborde los temas puntuales.




El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): Señorías, esta comparecencia corre el riesgo de no
poder tratar todos los temas y que en las intervenciones de los señores
Diputados se diga: No se ha hablado de esto, no se ha hablado de lo otro,
no se ha entrado con suficiente profundidad en lo de más allá... En
efecto, la problemática medioambiental es tan extensa, tan profundos
algunos de sus problemas y tan poco definidas a veces las competencias
que tiene la Administración central en la materia, o cuando están
definidas se acepta tan mal la definición en cuestión y se siguen
planteando preguntas o exigiendo responsabilidades a la Administración
central que no le corresponden, que voy a intentar hacer un esfuerzo de
síntesis para que no queden zonas de claroscuro, disculpándome de
antemano por no poder entrar --y no lo voy a pretender tampoco--
exhaustivamente en todos los aspectos, de lo contrario la comparecencia
sería mucho más larga del tiempo disponible.

Estamos trabajando, señorías, en el diseño de una política medioambiental
para esta legislatura, que debería concretarse en un documento al que
ambicionamos denominar plan nacional del medio ambiente, o estrategia
nacional para el medio ambiente, del que se derive un conjunto de
iniciativas legislativas, que deberían llegar a las Cámaras después de
haber sido consensuadas con las administraciones competentes en la
gestión de la política ambiental.

Este plan nacional o estrategia nacional debería incorporar --y en eso
estamos empeñados-- las actuaciones que después deben ser ejecutadas por
otras administraciones. Eso hace especialmente difícil, en un país como
el nuestro, definir una estrategia por parte de una autoridad central que
no tiene competencias gestoras. Voy a recordar desde el principio que la
competencia de gestión en política ambiental corresponde exclusivamente a
las



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comunidades autónomas, aunque tampoco eso es exactamente cierto, porque
buena parte de lo que es política ambiental es competencia municipal, ya
que, a fin de cuentas, señorías, ¿la recogida de los residuos urbanos es
política ambiental? Sin duda, y en ese caso estamos ante una competencia
municipal. Luego, el plan nacional de medio ambiente no puede limitarse a
ser un instrumento de coordinación entre el Estado --la Administración
central del Estado, para entendernos-- y las comunidades autónomas. Deben
entrar a jugar un papel importante los ayuntamientos y las diputaciones.

Entonces se plantea un problema político nada baladí: ¿puede o/y debe la
Administración central establecer planes coordinados, convenidos, de
actuación con los ayuntamientos y las diputaciones? ¿Dónde queda,
entonces, la competencia exclusiva de las administraciones autonómicas?
Lo planteo desde un principio porque, cotidianamente, en el Ministerio
surge este problema con unas características políticas muy acusadas. Cada
vez que desarrollamos una línea de política ambiental en convenio o en
colaboración con las administraciones locales surgen las comunidades
autónomas reclamando sus competencias exclusivas. Por eso, la estrategia
medioambiental que intentamos elaborar y llevar a las Cámaras debe venir
precedida de un esfuerzo de concertación política con las comunidades
autónomas, para evitar que sea un semillero de discordias competenciales
que anularía su eficacia.

Permítanme que haga una breve pincelada sobre los objetivos de esta
política medioambiental, porque cualquier política debe empezar
definiendo sus objetivos. Eso me obliga a referirme al artículo 45 de la
Constitución y a su desarrollo práctico. Desarrollo práctico que me
gustaría enmarcar en el contexto del V programa comunitario en materia de
medio ambiente y el objetivo de desarrollo sostenible.

Creo que hay que poner el énfasis en este concepto y no tanto en la
versión conservacionista de la política ambiental, anterior a los
recientes desarrollos y a las conclusiones y estrategias definidas en
Río.

El uso pleno y duradero de los recursos humanos y naturales, incentivando
la creación de empleo al servicio de prioridades ambientales en todos los
ámbitos de la actividad productiva, generando formas sostenibles que
cambian las actuales pautas de producción, consumo y comportamiento es el
escenario en el que hay que situar una política medioambiental que no sea
--insisto-- exclusivamente conservacionista, en el sentido de evitar que
las carreteras derriben encinas cuando son construidas. Esta preocupación
no puede, en absoluto, ser minusvalorada, pues responde a una
preocupación medioambiental quizás menos trascendente que la que surge,
insisto, del V programa comunitario, que pretende algo tan ambicioso como
reorientar la actividad humana hacia formas que consigan un recurso
duradero y sostenido de los bienes naturales. Eso quiere decir, señorías,
que la política ambiental que el Ministerio tiene la obligación y la
ambición de concebir tiene que tener un enfoque global y no sectorial. La
política ambiental debe aparecer como una política de políticas, insisto,
más allá de la interpretación puramente conservacionista, que me llevaría
a medirla en términos del número de metros cuadrados de espacios
protegidos. Hay que ir mucho más allá de esta política para presentarla
como una relación, no sólo entre el hombre y la naturaleza, sino entre el
hombre y el hombre, entre el hombre como productor y el hombre como
consumidor. Y eso nos va a obligar a una definición multidisciplinar,
bien poco habitual y bien difícil. Poco habitual porque la Administración
española, como todas, está concebida históricamente de forma vertical,
compartimentada en políticas sectoriales: la industria, la agricultura,
el comercio, las obras públicas, que responden a la sociedad del siglo
XIX, muy mal concebida para hacer frente a políticas horizontales, que
cortan todos los ámbitos de actividad y generan una dimensión nueva
multidimensional de la problemática medioambiental, que es el súmmum de
esta clase de política de políticas.

Estos objetivos medioambientales pueden ser compatibles con objetivos
estrictamente económicos, pero eso requiere un planteamiento a largo
plazo. Y una de las dificultades principales de conseguir estos objetivos
radica precisamente en su contradicción en el corto plazo, en el
mantenimiento de técnicas de producción y formas de consumo
despilfarradoras, pero socialmente aceptadas de forma satisfactoria.

Plenamente aceptadas, desde la lata de aluminio que encierra la cerveza o
el agua con gas, cuyo valor es unas cincuenta veces superior al del
líquido que contiene, hasta todas las manifestaciones de una forma de
consumir orientada a la reposición del bien consumido, más que al uso
racional de la energía y los materiales que han sido empleados en su
construcción.

Hay una dificultad adicional, que surge de la mutable cuantificación de
los objetivos medioambientales, condicionados por los conocimientos
técnicos que se tienen en cada momento de sus efectos. ¿Qué sabemos del
cambio climático? ¿Cuán grave puede ser la incidencia sobre el ser humano
de productos químicos que no hace apenas veinte años se consideraban
completamente inocuos y ahora consideramos tremendamente nocivos? Son
preguntas que no tienen respuesta definitiva y que, sin embargo, hay que
contestar. El próximo jueves, en la Comunidad Europea, cuando nos
planteemos de nuevo la problemática de la fiscalidad sobre el CO2 lo
haremos sin disponer todavía de una evidencia científica irrefutable. Al
mismo tiempo, estos planteamientos enlazan claramente con las
preocupaciones sobre el empleo, como se pone de manifiesto en el reciente
informe Delors o con las tomas de posiciones de destacados economistas
europeos, que proponen, ni más ni menos, que trasladar un punto de PIB de
las cotizaciones sociales a ingresos de igual cuantía obtenidos a través
de una fiscalidad que grave la generación de deseconomías externas, como
es el caso de la emanación de gases de efecto invernadero. De manera que
estamos en el núcleo del debate político, porque afecta a todas las
manifestaciones de la actividad y de la acción reguladora de los poderes
públicos. Por lo tanto, el plan tendrá que ser a largo plazo y con
parámetros de compleja cuantificación. Y eso puede ser frustrante para
quienes vean en el plan un instrumento de



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resultados inmediatos con características numéricas bien definidas.

Precisando más: hemos de entrar en las características específicas de
nuestra problemática con respecto a la europea. Nosotros no tenemos los
problemas medioambientales típicos de la Europa central. Nuestros
problemas medioambientales son diferentes de los que tienen alemanes,
belgas, holandeses, suecos, franceses e ingleses, pero nuestra política
ambiental tiene que ser coherente y está supeditada por nuestra condición
de miembros de la Unión Europea y firmantes de numerosos convenios
internacionales.

En ese contexto, nuestras prioridades, que recogerá el plan nacional,
creo que son evidentes. Me gustaría conocer la opinión de SS. SS. porque
si no coincidimos sobre las prioridades, naturalmente el plan nacional no
podrá recibir una acogida positiva.

La primera prioridad es la lucha contra la desertificación. Somos el
único país europeo con un riesgo grave de desertificación, que afecta ya
a más de la mitad de nuestro territorio. Esta prioridad tiene que tenerse
en cuenta en las políticas de urbanismo y ordenación del territorio, en
reforestación, recuperación de capa vegetal, lucha contra incendios y
políticas de agua, regulación, adecuación de cauces, ahorro del consumo,
saneamiento, en el reciclado de papel, en la descontaminación de suelos y
en la política agrícola.

Todos estos vectores inciden sobre este objetivo, pero quisiera hacer
patente que ésta es la primera prioridad, quizá no tan emblemática como
otras que se visualizan más como problemas ambientales, pero hoy más de
la mitad del suelo en España está aquejado de un proceso de
desertificación que debe ser corregido, si es posible --y debería
serlo--, actuando sobre todas las políticas que inciden sobre él, desde
luego, en la política de transportes (por eso, al Plan Director de
Infraestructuras habría que darle un componente de política
ambiental-territorial, o si prefieren territorial-ambiental), en los
programas de reforestación y de agua, entendiendo por agua regulación de
cauces y ahorro del consumo.

La segunda prioridad tiene que ver con el agua: optimizar el uso del agua
y vigilar su calidad. En España, todavía un 40 por ciento de la población
no está cubierta por sistemas adecuados de depuración de aguas
residuales, y la desigual distribución del agua en el territorio, unido
al uso intensivo que hacemos de este bien natural en algunas actividades
agrícolas e industriales, nos plantea problemas que van más allá de lo
que es medioambiental para entrar en lo que son problemas de salubridad y
de higiene en el sentido preventivo del término. La consigna debe ser
ahorrar el agua, sanearla y reutilizarla, adecuando además la política de
obras hidráulicas a escenarios realistas del consumo y compatibles con la
política de combatir la desertificación a la que me he referido antes. En
este sentido, la ley básica que estamos preparando de saneamiento y
depuración de agua debería jugar un papel trascendental, trasponiendo la
Directiva comunitaria en vigor y tratando de hacer compatible nuestra
política con la que desarrollan las comunidades autónomas y las
corporaciones locales, sin las cuales ninguna política de saneamiento es
posible, entre otras cosas porque las competentes son ellas.

El tercer objetivo prioritario son los residuos, tres clases de residuos:
los industriales, los agropecuarios, de los que hablamos poco, y los
urbanos. Nuestra realidad es también insatisfactoria, notablemente
insatisfactoria, comparada con la de los países de nuestro entorno: dos
millones de toneladas al año de residuos tóxicos y peligrosos, de los que
solamente controlamos un 30 por ciento, y un volumen creciente de
residuos urbanos, 14 millones de toneladas al año, con bajísimos
porcentajes de reciclado y de vertido controlado. Esta es, muy
esquemáticamente expuesta, la realidad, señorías: catorce millones de
toneladas al año de residuos urbanos, con un porcentaje bajísimo de
reciclado y de vertedero controlado, y dos millones de toneladas de
residuos industriales tóxicos y peligrosos, de los que solamente
controlamos un 30 por ciento. Lo digo porque a quien corresponde
controlarlo es básicamente a las comunidades autónomas y hay que lamentar
aquí el escasísimo nivel de eficacia en esta tarea.

En lo que se refiere a residuos urbanos, hay que incentivar, por
procedimientos de los que luego hablaré, el que en nuestro país se
empiecen a aplicar las técnicas que ya son comunes en otras conurbaciones
europeas, donde el residuo urbano se revaloriza a través de
procedimientos rentables económicamente, creadores de empleo, pero que
exigen una organización, desde la cocina de cada familia hasta el sistema
de tratamiento, incompatible con mezclarlo todo en un único sistema de
evacuación de estos residuos.

En este sentido, sería muy de desear que analizásemos algunas
experiencias, como las que se han puesto recientemente en práctica en
París, de grandes fábricas de puesta en valor de los residuos urbanos,
verdaderas fábricas. Tendríamos que analizar hasta qué punto podemos
plantear a la sociedad española la disciplina social necesaria para
separar en origen los residuos urbanos como condición previa a su
tratamiento industrial. El número de puestos de trabajo que se crean y la
economía de usos que se genera al reciclar estos residuos nos ofrece una
oportunidad ciertamente muy poco desarrollada todavía en nuestro país.

Técnicas de gestión de residuos que incentiven reciclar y técnicas que
minimicen los residuos en origen son los elementos básicos de esta
política.

La cuarta --sólo son cuatro, con ésta acabo-- es la calidad del medio
ambiente urbano. Hay una ecología del campo y una ecología de la ciudad,
hay una ecología urbana y una ecología de la naturaleza. Quizá no damos
suficiente importancia a la ecología urbana, a los problemas ambientales
que se generan donde no hay elementos naturales, sino en el entorno del
hábitat cotidiano del ser humano.

Las ciudades españolas, en particular las de población superior a los
100.000 habitantes, tienen problemas muy graves de congestión de tráfico,
de ruido, de contaminación atmosférica, de degradación de inmuebles, de
escasas zonas verdes, de vertidos incontrolados. En esta



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línea, creo que tiene mucho sentido que la política de medio ambiente,
tal como está organizado políticamente este país, se incardine cerca de
quien tiene las competencias, a veces pocas, para incidir en el tejido
urbano como lugar residente de los problemas medioambientales. La
ordenación del espacio humano, el hábitat humano en el sentido amplio,
presenta hoy los mayores problemas ambientales de nuestro país, algunos
de ellos de difícil solución porque son el resultado de una política de
desarrollo urbano no suficientemente regulada. En el futuro, tendríamos
que ser capaces de avanzar no en la línea de la desregulación, todavía
mayor de lo que desgraciadamente la experiencia nos ha ofrecido, sino en
la línea de una intervención activa para ordenar el espacio urbano desde
la perspectiva de evitar esos efectos externos, que son problemas
ambientales mucho más, insisto, desde el punto de vista de su impacto
sobre el bienestar de la población, que los aspectos
neoconservacionistas, que tienen su importancia pero que no pueden
representarse como los fundamentales de una política ambiental.

Por lo tanto, una política de transporte orientada a minimizar los
efectos externos que produce, la incentivación del transporte público, de
combustibles poco contaminantes, la calidad en la edificación, el control
de la contaminación y el ruido, la rehabilitación de carácter integral de
los núcleos de nuestras ciudades y los programas de apoyo a la recogida
selectiva de basuras son los aspectos, poco poéticos pero determinantes,
de una política ambiental que afecte de forma masiva y cotidiana a la
población.

Este sería el guión del plan nacional o de la estrategia nacional de
medio ambiente diseñado desde la Administración central del Estado, donde
no está todo lo que es política ambiental porque no podemos, ni queremos,
sustituir a los responsables constitucionales de la misma. Creemos que en
estos cuatro ejes, señorías --desertificación, optimización del uso del
agua, gestión de residuos industriales, agropecuarios y urbanos y calidad
del medio ambiente urbano--, es donde pueden los poderes de la
Administración central del Estado hacer una oferta de política ambiental
suficientemente coordinada desde lo que son sus capacidades de actuación.




¿Cuáles son las líneas de actuación que desarrollarían esta política? La
primera, la más importante de todas, es la coordinación
interadministrativa y la integración de la política ambiental en
políticas sectoriales. Señorías, ningún centro gestor único puede, ni en
España ni siquiera en países más centralizados, donde existe un
ministerio exclusivamente del medio ambiente, abordar la ambiciosa
pretensión de reorientar las políticas sectoriales, sobre todo la
política económica, desde la perspectiva de una política ambiental. Creo
que en España no puede existir un ministerio de medio ambiente que tenga
capacidad de juntar todas las políticas sectoriales y la capacidad de
influir, por ejemplo, sobre la política económica. La experiencia en los
países occidentales refuerza la necesidad de establecer mecanismos que
coordinen las actuaciones públicas en torno a las prioridades que se
definan por parte de un ministerio competente, que debe actuar como eso,
como núcleo de definición de prioridades y establecimiento de mecanismos
de coordinación, no de gestor de todas las políticas que tienen que ver
con el medio ambiente (porque todas tienen que ver con el medio ambiente,
como les digo, la política económica más que ninguna otra), donde debe
estar también residenciada la evaluación ambiental previa a cualquier
tipo de norma o programa que puede afectar al uso de los recursos
naturales.

En nuestro contexto propio, esta coordinación debe desarrollarse en torno
a dos circuitos: Ministerio del Medio Ambiente, con el resto de los
ministerios o departamentos de la Administración central con incidencia
significativa en el medio ambiente, prácticamente todos. El circuito
interno de la Administración central, a través de una Comisión de
coordinación de la política medioambiental, que ya existió en su día,
resultó inoperante, desapareció, pero hoy es imprescindible y no nos debe
asustar resucitar viejos fantasmas, porque sin duda alguna es necesario
un foro de coordinación interadministrativa donde la Administración
central evalúe sus políticas desde la perspectiva del medio ambiente y
voy a proponer, en el contexto de este plan nacional, que se constituya a
través del correspondiente decreto del Gobierno.

El segundo circuito es el circuito externo a la Administración central, y
es la relación Ministerio del Medio Ambiente-comunidades
autónomas-administraciones locales. Estas son las conferencias
sectoriales, pero éstas sólo reúnen a la Administración central con las
comunidades autónomas, y es manifiesto que nos falta la tercera
administración, porque ninguna política urbana, de ecología urbana, se
puede diseñar o concebir sin las corporaciones locales.

De igual forma, señorías, que en las conferencias sectoriales de vivienda
hemos invitado a participar a la Federación Española de Municipios y
Provincias, cuya presencia ha sido muy positiva para definir la política
de vivienda, que es evidente que aunque sea competencia constitucional de
las comunidades autónomas no se puede concebir al margen de lo que hagan
los ayuntamientos, el circuito externo de coordinación debería pasar por
inventar un híbrido que fuera la Conferencia Sectorial más la Federación
de Municipios y Provincias, y le voy a poner un ejemplo inmediato. ¿Con
quién debe relacionarse este Ministerio para fomentar las políticas de
recuperación y reciclado de papel usado? ¿Con las comunidades autónomas o
con las corporaciones locales? Pues, seguramente, con todas a la vez,
pero no se crean que es tan fácil, porque la cantidad de
susceptibilidades que se levantan cuando uno dialoga con un ayuntamiento
en la correspondiente comunidad autónoma o cuando se dialoga con la
comunidad autónoma en el ayuntamiento no es un problema político baladí.

En todo caso, hace falta que las tres administraciones estén presentes en
lo que sería esta instancia de coordinación, a la que seguiremos llamando
Conferencia Sectorial, en donde debería estar presente también la
administración local.

La Conferencia Sectorial de Medio Ambiente se reunirá en el mes de enero
y espero que allí podamos presentar



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las líneas directrices de esta estrategia o de este plan nacional de
medio ambiente. Pero la experiencia me enseña, señorías, que las
comunidades autónomas no demuestran un gran entusiasmo por asistir a
instancias de coordinación en las que no se reparta nada. Es decir, el
más poderoso instrumento para estimular los deseos de ser coordinados
--siempre escasos obviamente-- es la existencia de unos recursos
financieros que permitan hacer posible el ejercicio de las competencias
descentralizadas pero no adecuadamente financiadas. Eso ha sido verdad
para la política de vivienda, es verdad para cualquier política; lo he
aprendido cuando estaba en responsabilidades presupuestarias y ahora que
estoy en responsabilidades gestoras. La política de vivienda, que con
tanto éxito hemos podido desarrollar en los tres últimos años, no hubiera
tenido ningún eco si no hubiéramos dispuesto de unos 100.000 millones de
pesetas de presupuesto para permitir su ejecutoria práctica. Y hay que
agradecer y valorar muy positivamente que esta política, la de vivienda,
se haya podido aplicar en un consenso que no ha exigido el reparto de los
fondos presupuestarios con criterios territoriales «a priori», para que
cada comunidad autónoma haga su política, sino que ha permitido diseñar
una política nacional con fondos nacionales, complementaria de la
política de cada comunidad autónoma. Eso mismo debe ser posible en medio
ambiente. Eso debe ser posible porque, además, tenemos un instrumento
nuevo, que no existe en otras políticas, que son los fondos de cohesión
comunitarios en su vertiente ambiental. No sólo los fondos de cohesión,
también los fondos estructurales. A veces olviamos que en el Feder existe
un programa operativo de medio ambiente, y por cada peseta de fondo de
cohesión recibimos cinco pesetas de fondos estructurales. La novedad del
fondo de cohesión no debe ocultar su escasez, económicamente hablando,
frente a otros instrumentos financieros, pero el hecho es que la
Administración central del Estado recibe, a través de las transferencias
comunitarias, unos recursos que tienen una etiqueta: medio ambiente, que
deben ser canalizados hacia los objetivos medioambientales, que unas
veces son de unas administraciones y otras veces son de otras. Eso debe
generar ese instrumento de coordinación que incentive las ansias de ser
coordinado por parte de un centro que disponga de recursos necesarios
para ello.

Eso me lleva a plantear la posibilidad de crear, como línea
presupuestaria específica, un fondo nacional de medio ambiente, con este
nombre o con cualquier otro, pero sí como una línea de crédito «ad hoc»
que puede ser concertada también con el sistema financiero, como hemos
hecho con los planes de vivienda, ¿por qué no?, donde se generen líneas
de crédito en el sentido financiero y líneas de crédito en el sentido
presupuestario que permitan instrumentar una política coordinada digna de
este nombre.

Esta coordinación debe extenderse a la elaboración de normas, decretos y
leyes que, aunque su elaboración corresponda a la Administración central
del Estado, su desarrollo operativo corresponde a las comunidades
autónomas. Y yo no les traeré, señorías, para su aprobación
parlamentaria, ningún proyecto de ley básica en materia de medio ambiente
que previamente no haya intentado consensuar con las comunidades
autónomas. No traeré a esta Cámara ninguna ley de residuos, de aceites,
de embalajes, de depuración de aguas que previamente no haya sido
exhaustivamente discutida con las administraciones que después tienen que
llevar a la práctica sus preceptos y que puede generar recursos de
inconstitucionalidad por invasión de competencias, siempre posibles por
el carácter, siempre difícil de definir, de lo que es básico y de lo que
no es básico.

Parece que la componente fiscal de una política ambiental es básica
puesto que no podemos romper la unidad de mercado haciendo que proliferen
tasas parafiscales con vocación medioambiental, y de hecho ninguna
comunidad autónoma lo ha hecho, incluso las más avanzadas en ese terreno.

La catalana, por ejemplo, en sus leyes de residuos no ha entrado en el
campo de los sistemas de financiación del esto de la Ley Toepfer alemana
o de la LOR francesa. Y tenemos leyes que podrían haber venido a esta
Cámara pero que hemos preferido demorar hasta el siguiente período de
sesiones porque previamente deben pasar por el filtro de las comunidades
autónomas para evitar polémicas posteriores que no harían sino invalidar
nuestro esfuerzo.

Finalmente, el tercer elemento es la participación ciudadana. Tenemos,
por lo tanto, coordinación interadministrativa, Comisión de coordinación,
Conferencias Sectoriales en relación con las comunidades autónomas y,
como tercer vector, participación ciudadana. Las encuestas de las que
disponemos, las hace el CIS y son conocidas, indican que los españoles
sienten como un valor preferente, detrás de los valores de la igualdad,
la libertad y el bienestar, el de la protección del medio ambiente. Pero
el programa medioambiental aparece en los últimos lugares, muy por detrás
de casi todos los demás, a la hora de baremar las inquietudes de los
españoles. Esto parece confirmar que, a pesar de una conciencia
creciente, sobre todo entre los jóvenes, el ciudadano español medio
todavía no está excesivamente preocupado por los problemas de degradación
de entorno y, por lo tanto, mantiene una baja exigencia respecto a su
propio comportamiento como agente contaminador o despilfarrador de
recursos, así como la valoración y exigencia que hace gravitar sobre los
responsables políticos de esta materia. Fíjense bien, digo que mantiene
un bajo nivel de exigencia respecto a su propio comportamiento como
agente contaminador o despilfarrador de recursos, por falta seguramente
de una conciencia suficientemente desarrollada que las encuestas
demuestran que existe.

Por lo tanto, formación e información al consumidor a través del
etiquetado y programas educativos e informativos; participación en la
toma de decisiones públicas, en particular en el planeamiento
urbanístico, y en los estudios de impacto ambiental. Tenemos una ocasión
de oro para desarrollar la responsabilidad ciudadana a través de las
evaluaciones de impacto ambiental, donde podríamos conseguir que el
arbitraje de ventajas e inconvenientes de cualquier solución formara
parte de la conciencia



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de los afectados, en vez de relegarlo a una autoridad política, que
apechuga siempre con los inconvenientes de cualquier decisión, como si
ella fuera responsable de que todas las decisiones tengan inconvenientes.

Y luego, señorías, potenciar y propiciar la existencia de organizaciones
o movimientos sociales comprometidos con la defensa del medio ambiente, a
través de un consejo asesor, cuyo diseño está prácticamente culminado, en
el que deberían participar las principales organizaciones ecologistas,
pero también los empresarios, los sindicatos, los consumidores, la
juventud y los investigadores y profesionales de reconocido prestigio. No
se trata de tener solamente a las organizaciones ecologistas, no sólo. Si
el medio ambiente es un problema de asignación eficiente de recursos, en
una lógica que va más allá de la lógica del mercado, entendida como la
que propicia la rentabilidad financiera del capital invertido y nada más,
es imprescindible que estén las organizaciones sindicales, empresariales,
la juventud, la ciencia y los expertos de reconocido prestigio. Este
consejo asesor, cuya constitución deberíamos ser capaces de llevar a cabo
en los próximos meses, contribuirá al establecimiento de proridades en
cuanto a las ayudas públicas aplicables a las iniciativas propuestas por
las organizaciones representadas.

El tercer aspecto de esta política ambiental es una mejor aplicación de
los procedimientos de evaluación de impacto ambiental, y lo digo a plena
conciencia de que hay mucho que mejorar. Hay mucho que mejorar en las
declaraciones de impacto ambiental, cómo las hacemos, al ritmo al que les
hacemos, de qué forma propiciamos la participación de los ciudadanos,
cuál es, en suma, el procedimiento que debe trascender de esos aspectos
formales para incardinarse realmente en un condicionante efectivo de la
ejecución de cualquier tipo de infraestructura. Recientemente, el
Ministerio ha decidido suspender la concesión de las obras de la presa de
Matallana, pura y simplemente, porque manifiestamente la declaración de
impacto ambiental efectuada, aunque formalmente correcta, levantaba dudas
a cualquier lector medianamente informado; dudas sobre lo que se quería
decir y los condicionantes reales que implicaba y, aunque formalmente
estaba bien hecha, el Ministerio ha decidido suspender la contratación de
esta obra hasta que una evaluación de impacto ambiental, más precisa, no
suscite ninguna clase de dudas sobre ello.

Desde que se aplicó en España el procedimiento de evaluación de impacto
ambiental, la Dirección General competente ha recibido 364 expedientes,
la mitad de los cuales corresponden a obras de carreteras; ha efectuado
135 evaluaciones de impacto ambiental y tiene 229 en trámite, algunas de
ellas, pocas, han sido negativas y han propiciado la no ejecución de las
correspondientes obras. Estoy pensando, por ejemplo, en la autopista
Alicante-Cartagena o en las presas, en la cordillera cantábrica, de Omaña
y Vidrieros. Ciertamente, las evaluaciones de impacto ambiental tienen
que ser más rigurosas y más extensas. Para ello, vamos a modificar la
normativa estatal, incluyendo en la obligación de impacto ambiental las
variantes y desdoblamientos de carreteras --ya nos hemos comprometido a
ello con la Comunidad Europea-- y las actuaciones en la costa, que,
aunque mejoran el medio ambiente, tienen un impacto ambiental que no debe
ser minusvalorado.

En segundo lugar, habría que anticipar el análisis del impacto ambiental
a la fase inicial de planificación de las obras públicas. Es decir, no
proyecto a proyecto, donde las posibilidades de condicionar la ejecución
de la obra son menores, sino desde un enfoque previo orientado a
racionalizar la demanda y el ahorro de los recursos naturales afectados.

En ese sentido, debiera ser el Plan Director de Infraestructuras el que
globalmente fuera objeto de una evaluación de impacto ambiental. Ya sé
que es más difícil de hacer que de decir, pero deberíamos, antes de
iniciar los estudios previos a cualquier infraestructura lineal, someter
a una preevaluación de impacto sobre el territorio cualquiera de las
alternativas de trazado que resulten de la misma. Ahora lo hacemos en una
fase excesivamente posterior del proceso.

Finalmente, señorías, el seguimiento y la exigencia del cumplimiento de
las medidas correctoras que las declaraciones de impacto ambiental
establecen, que muchas veces se establecen pero que caen en un piadoso
olvido y no existe, seguramente, a la hora de la verdad, una ejecución
tan escrupulosa de esas medidas correctoras como de la obra en sí misma.

Esto quiere decir más coordinación, más exigencia, a lo que me comprometo
por parte del Ministerio responsable de estas declaraciones de impacto, y
a una mejor dotación en medios humanos y técnicos, bien difícil de
conseguir en estos tiempos en los que el capítulo I y el capítulo II son
sistemáticamente perseguidos en los Presupuestos Generales del Estado,
asociados como están al pretendido derroche o despilfarro administrativo,
confundiendo claramente lo que es la austeridad con la operatividad de la
Administración pública. De todas maneras, tengo alguna esperanza de
conseguir que se cree una subdirección para la evaluación del impacto
ambiental, dedicada exclusivamente a este fin, en el seno de la Dirección
General de Política Ambiental. Ahora existe una que comparte esta tarea
con otras muchas, de normativa y de relaciones institucionales. Debo
decirles, señorías, que, si aplicamos con más rigor, como nos proponemos
hacer, las declaraciones de impacto ambiental, corremos un riesgo, que es
ralentizar el esfuerzo inversor de una forma que pueda también plantear
problemas económicos y sociales considerables. Todo el mundo desea unas
evaluaciones de impacto meticulosas, pero cuando las hacemos, demoramos
las obras y esto despierta inmediatamente una resistencia social nada
despreciable. Propondré, pues, al Ministerio de Administraciones Públicas
que se refuerce la estructura operativa de la Dirección General con la
creación de esta subdirección general.

El último apartado es la reorientación de los mecanismos de mercado. Soy
consciente de que puedo estar entrando en algo que pocas veces se imagina
que forme parte de las responsabilidades de un Ministro del Medio
Ambiente, pero yo creo que es una responsabilidad trascendental, quizá la
más importante de todas, que enlaza



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con la política con P mayúscula: reorientar los mecanismos de mercados,
fomentando un sistema de precios que internalice el coste de los
productos, el coste de su posterior reutilización, para favorecer un uso
menos despilfarrador de los recursos naturales --el caso más evidente es
el agua, pero igual podríamos hablar de los automóviles-- y para
garantizar la financiación del reciclaje o la eliminación controlada de
los residuos. Me parece fundamental que en España apliquemos mecanismos
como hay ya en Francia, donde el señor que compra una lata de aceite no
solamente paga por el aceite que consume, sino por el reciclado posterior
del producto una vez consumido. Esto lo podemos hacer con cargo a los
Presupuestos del Estado y hacer que seamos todos los contribuyentes,
usemos o no usemos aceite, quienes financiemos el reciclaje (lo hemos
intentado y hemos fracasado, por falta de recursos presupuestarios, por
falta de coordinación administrativa, por falta de lo que sea), o
podríamos buscar políticas más internalizadoras de los costes, diciendo
que el precio de un bien debe incorporar el coste de su reciclaje
posterior, para evitar el impacto ambiental que produce, a costa de quien
lo usa. Naturalmente, eso significa instrumentos fiscales típicos de una
política ambiental, que tendrán acogida positiva en esta Comisión, sin
duda, y en algunos grupos especialmente concienciados de la sociedad,
pero que posiblemente no sean igualmente bien vistos a la hora de
reflejar, en términos de costes, el valor real de los consumos que
efectuamos. Significa sistema de precios y también acuerdos con los
sectores empresariales con capacidad de introducir y fomentar tecnologías
medioambientales. Eso quiere decir una mayor coordinación con el PITMA
para, como han hecho otros países, conseguir compromisos de los
empresaraios y de los productores para generar una política productiva,
con componente verde, como se le llama en Estados Unidos o en Francia,
que ha tenido éxitos considerables. Liderazgo de las empresas públicas,
actuación directa de las empresas públicas, que deben incorporar a su
actividad algo más que la mera rentabilidad de sus activos y que deberían
ejercer una tarea de liderazgo no solamente poniendo anuncios, sino
incorporando de forma generalizada tecnologías no contaminantes. Es
manifiesto que en algunas zonas del país hay empresas públicas que se
llevan la palma en lo que a contaminación se refiere y que deberían
actuar --me comprometo también a intentar que lo hagan-- de una manera
mucho más emblemática de lo que es una política ambiental.

Modificar la fiscalidad. Ya sé que eso compete al Ministerio de Hacienda,
pero se trata de incordiar, por así decirlo, plantear los problemas para
que sean tomados en consideración a la hora de decidir políticas, de
forma que se graven de manera diferenciada los distintos supuestos
impunibles en función de sus efectos contaminantes o de su intensidad de
uso de recursos no renovables. Una buena política ambiental en este
momento sería, sin duda alguna, favorecer la renovación del parque de
automóviles, sustituir los viejos, equipados con motores contaminantes,
por automóviles nuevos, menos contaminantes, y al mismo tiempo penalizar
fiscalmente la producción de elementos contaminantes derivados de su uso.




Sistemas sancionadores más efectivos, que incitan a comportamientos más
respetuosos con el entorno. Es evidente que la normativa que tenemos para
combatir la contaminación de ríos por vertidos contaminantes es
ridículamente inoperante y que la Ley de Aguas de 1985 tuvo una excelente
voluntad, pero la práctica ha demostrado que requiere una puesta al día
urgente. Habíamos estado esperando acometerla en el contexto del Plan
hidrológico, pero tal como están las cosas soy partidario en este momento
de acometerla de una manera específica, «ad hoc», para disponer de una
norma que permita a las confederaciones actuar sobre un problema grave
que hoy en día no recibe una respuesta adecuada, no sólo por falta de
medios humanos de gestión, sino también porque las sanciones no son
suficientemente desincentivadoras de los comportamientos y que incluso la
forma en que está normado el establecimiento de sanciones impide su
aplicación efectiva y la práctica de la ecoauditoría empresarial, que
será objeto de próxima regulación a nivel comunitario. Es un terreno
político, como les decía antes, en el medio o largo plazo que afecta a la
política sectorial y a la política global de tipo financiero y fiscal:
precios, actuaciones incentivadas, modificaciones de fiscalidad,
sanciones más efectivas y ecoauditorías empresariales.

En ese contexto, de forma concreta, tendríamos que avanzar en la creación
inmediata de los órganos de coordinación a los que me he referido antes,
que deberían ser operativos todos ellos en el año 1994; decidir el
contenido de la estrategia nacional de medio ambiente que resulte del
consenso con las comunidades autónomas, donde se incorporen programas
relativos a residuos industriales y urbanos, plan de depuración de aguas,
plan hidrológico forestal y plan de costas.

El instrumento financiero del medio ambiente que permita el acceso a las
distintas vías de financiación que se acojan al plan debería estar en el
presupuesto de 1995. Durante 1994 lo iremos construyendo con los
instrumentos presupuestarios existentes.

La ley marco de residuos, de la que deberíamos anticipar la norma
relativa a aceites usados y envases y embalajes, está terminada y podría
venir a esta Cámara si no fuera, insisto, por el compromiso que nos hemos
autoimpuesto de previamente consensuarla con las comunidades autónomas.

Modificar la ley sobre evaluación de impacto ambiental y acceso a la
información ambiental. Un decreto que actualice la normativa sobre ruido.

La ley básica de depuración y saneamiento de aguas. Un decreto sobre
ecoetiquetado, que ya está en tramitación vía Consejo de Ministros, que
me temo que levante alguna problemática con las comunidades autónomas.

Ojalá podamos evitarla. Actualización de la ley de protección del
ambiente atmosférico. Puesta en marcha de un sistema de información
global de medio ambiente. Extensión del sistema de vigilancia de calidad
de las aguas, SAICA, ya operativo, a toda las cuencas y elaboración de un
conjunto de indicadores medioambientales que permitan una



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medición más correcta de los problemas y de su evaluación.

Eso podría estar asociado con la creación del Instituto Español del Medio
Ambiente como un elemento derivado de la creación de la Agencia Europea
de Medio Ambiente, que no debería concebirse como un órgano
administrativo más, sino seguramente bajo la forma de una fundación que
agrupe los intereses sociales, económicos, empresariales, que podrían
aportar una capacidad de financiación y una potenciación tecnológica
mayor de la que seguramente podremos disponer en el corto plazo si
contamos únicamente con los recursos presupuestarios. Es una idea muy
embrionaria que cito solamente como objeto de debate, pero que otros
países han ensayado con éxito y quizá aquí en España podríamos también
explorar si fuéramos capaces de transmitir la preocupación de la política
ambiental como política de políticas a los agentes económicos y sociales.

Estos son, señorías, los aspectos que de una manera inevitablemente
esquemática, pero espero que ordenada, corresponden a la petición de mi
comparecencia.




El señor PRESIDENTE: Entiendo que la primera pregunta específica del
Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya ha sido suficientemente
contestada por el señor Ministro. Solamente un pequeño comentario sobre
las subvenciones otorgadas a los gestores de aceites usados y sus
posibles irregularidades completaría la extensa exposición del señor
Ministro.




El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): La verdad, señor Presidente, es que contestar sobre
las posibles irregularidades es muy difícil. Uno puede contestar sobre
algo en concreto, pero sobre las posibles irregularidades me siento un
poco desarmado.




El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Ministro. Yo me limito simplemente a
transmitirle la petición de un Grupo Parlamentario sobre un tema,
efectivamente, muy puntual.




El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): ¿Podría pedir al Grupo Parlamentario que me dé
alguna pista o alguna orientación?



El señor PRESIDENTE: Efectivamente. El señor Ministro lleva prácticamente
una hora exponiendo, por lo que creo que ahora los portavoces de los
grupos parlamentarios deben ser un poco más precisos, concretamente el
Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, a la hora de manifestar
en su exposición las preguntas concretas al señor Ministro. (El señor
García-Arreciado Batanero pide la palabra.)
El señor García-Arreciado tiene la palabra.




El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Señor Presidente, si estuviese de
acuerdo el Grupo que ha presentado esa cuestión, quizá fuese conveniente
dejarla para otro día, porque distorsionaría un poco el contenido
sustantivo de la intervención que hemos escuchado. Si ellos están
conformes, nuestro Grupo sería partidario de dejarlo para otro día.




El señor PRESIDENTE: El señor Alcaraz, en nombre del Grupo Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra.




El señor ALCARAZ MASATS: Estaríamos de acuerdo. Además, el señor Borrell
ha hecho una exposición realmente muy equilibrada, casi poética, y
rompería ese equilibrio. Por otra parte, falta el Diputado que ha
formulado la pregunta, porque está enfermo.




El señor PRESIDENTE: Someto a toda la Comisión la eliminación de esta
pregunta ante la comparecencia del Ministro para posponerla a otra
reunión posterior. ¿Alguien se opone a que se posponga esta pregunta
concreta? (Pausa.)
El señor Posada tiene la palabra.




El señor POSADA MORENO: El Grupo Popular no se opone y lo considera
oportuno. En cambio, cree que la relativa a impacto ambiental sí debe
contemplarse.




El señor PRESIDENTE: Así es. ¿Algún Grupo desea hacer alguna observación
al respecto? (Pausa.)
El Presidene considera que esta Comisión acepta el que se posponga a otra
reunión la pregunta concreta de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
respecto a los aceites.

Sin más dilación, pasamos a dar la palabra a los portavoces de los grupos
parlamentarios. En primer lugar, como siempre, los que han solicitado la
comparecencia. Con ese motivo, tiene la palabra el señor Cortázar en
nombre del Grupo Popular.




El señor CORTAZAR ECHEVERRIA: He oído con mucha atención su larga y
detallada exposición y he de decir que hay una enorme cantidad de
aspectos que usted ha manifestado en los que me muestro básicamente de
acuerdo, como en los relativos a las prioridades y objetivos que debe
observar cualquier política ambiental medioambiental. Yo creo que los
cuatro ejes básicos que usted ha señalado son esencialmente correctos y
mi Grupo no tendría que hacer matización alguna a ese respecto. Sin
embargo, me parece que en el conjunto de la intervención subyace un
elemento de notable diferenciación en nuestro enfoque de la política
ambiental medioambiental.

Quiero decir, lógicamente, que la Constitución Española plantea como
objetivo la preservación del medio ambiente, y el objetivo del medio
ambiente es un objetivo nacional en el que todos coincidiremos --es
decir, desde cualquier punto de vista ideológico o político--, pero las
diferencias se muestran en las políticas concretas, y en la política que
usted ha manifestado hoy y en los métodos



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de trabajo y de aproximación a esa política medioambiental, le voy a
manifestar serios reparos en algunos aspectos.

En primer lugar, hay un problema que usted no ha mencionado como básico,
aunque lo ha ido esbozando posteriormente cuando ha hablado de las
posibles instancias de organización en torno a la política de medio
ambiente, que yo creo que es muy serio, que no hemos resuelto y sobre el
que ni usted ni la Secretaría de Estado han conseguido persuadir a los
agentes sociales, que es el problema de la organización de la
administración medioambiental. La actual Secretaría de Estado de Medio
Ambiente y Vivienda no termina de encontrar en la opinión, en los
sectores afectados, el prestigio, la aceptación, el alcance y la
capacidad para imponer o para diseñar y llevar a efecto una política de
medio ambiente en nuestro país.

¿Por qué razón? Fundamentalmente por una razón que usted, lejos de
despejar en su exposición --me parece que es evidente--, establece como
juez y parte un elemento muy importante, como son los informes de impacto
medioambiental, incluso cuando con su visión, a mi juicio excesivamente
intervencionista y estatalista de lo que es el medio ambiente, ha
propuesto una nueva subdirección general en este terreno. Una propuesta
innovadora y más operativa, incluso de mayor prestigio, pasaría, a mi
juicio, por separar las atribuciones de impacto medioambiental de la
Administración central del Estado a un organismo independiente, que mi
Grupo ha propuesto recientemente en el Registro de la Cámara como
proposición no de ley, en la que instamos al Gobierno a que estudie la
creación de una agencia nacional de medio ambiente. Realmente, esa
opción, que nosotros hacemos con la mejor de las voluntades, tratando de
llegar a un acuerdo con el Gobierno y con el Grupo Socialista, creemos
que puede ser una vía de generar confianza en un instrumento que
realmente sea operativo a los efectos de coordinar esas políticas tan
complejas y tan diversificadas que usted ha mencionado y con las cuales
estoy totalmente de acuerdo. Pero poner conjuntamente el Ministerio de
Obras Públicas con la subdirección general para la elaboración de
informes de impacto medioambiental, realmente es poner juntos a los
bomberos y a los pirómanos, por así decirlo. Yo creo que su Ministerio,
por su propia naturaleza, tiene la misión de realizar obras, y otras
personas distintas y no sometidas a la jerarquía administrativa de un
ministerio (se lo digo con todo el carácter positivo que pueda tener este
Grupo) han de intentar objetivizar eso. Yo le aseguro que la opinión
pública va a tener más confianza en una agencia independiente del
Ministerio de Obras Públicas (o de la Dirección General de Vivienda, o de
como se estructure esa dirección general el día de mañana, o en términos
de impacto o de contaminación industrial), es decir, estando fuera de la
jerarquía administrativa del Ministerio.

Esto realmente no es un elemento nuevo, está ensayado en otros países y
yo creo que, por lo menos, es cuestión de ponerse a pensar en ello porque
me parece que no es una crítica a fondo, ni algo negativo, simplemente es
una propuesta que hacemos con la mejor de las intenciones y pensando que
o bien con el acuerdo del Grupo Socialista o bien por las capacidades de
este Grupo político en las próximas elecciones, desde luego deberíamos
tratar de desarrollarlo en adelante. Eso en cuanto al tema de la
Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Vivienda.

Respecto a la exposición que ha hecho usted, me voy a permitir hacer
algunas observaciones. En el Plan Nacional de Medio Ambiente, créame,
señor Ministro, que estamos totalmente de acuerdo en la diagnosis de los
problemas. Es posible que sean esos cuatro y quizá alguno más, pero de
esa misma exposición se deduce la necesidad de una concentración de
competencias mayor. Por ejemplo, cuando usted señala la lucha contra la
desertización --que no es desertificación--, incluye usted las políticas
agrícolas como unas políticas esenciales, lo cual demuestra que, si eso
es esencial en las cuatro prioridades que usted señala, esa competencia
no debería estar fuera de una agencia o instituto --como usted desee
llamarlo-- que realmente concentre la competencia de medio ambiente. Me
parece que es una cuestión bastante evidente. Además, entre otras cosas,
puede darse el supuesto, como está ocurriendo ahora en Itoiz, que hay un
informe medioambiental de Icona que contradice el informe medioambiental
de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente. En consecuencia, se produce
no sólo descoordinación, sino contradicciones entre organismos del
Estado. En ese sentido, las cuatro prioridades me parecen bien. No hay
una diferencia sustancial en esto, sino algunas observaciones puntuales
que le voy a ir haciendo.

La medida de optimizar el uso y la calidad del agua, por supuesto me
parece adecuada y nosotros apoyaremos una ley básica de saneamiento en
esta dirección. En cuanto a los residuos, me parece que usted ha hecho un
balance bastante ajustado de la gravedad del problema, pero quiero
recordarle que es un problema acumulado de gestión y de ineficiencia en
este terreno y yo creo que alguna responsabilidad tendrá --alguna, no
digo toda porque la gestión efectivamente está en donde está-- el
Ministerio de Obras Públicas, como responsable último del planteamiento
de estos temas, junto con el Ministerio de Industria, en la situación
ciertamente grave de residuos industriales y urbanos.

En cuanto a la calidad del medio urbano, que es el cuarto aspecto, me va
a permitir que coincida mucho más con el jefe de su grupo parlamentario
que con usted mismo. Yo no creo que las ciudades tengan que tener más
intervención sino menos. En ese sentido, me da la sensación de que una
mayor intervención en el planeamiento urbano lo que va a traer consigo no
es una mejora de la calidad de vida, sino una reducción de la demanda y
de las dificultades de adquisición de vivienda, etcétera. (Rumores.)
Acto seguido ha hecho usted una descripción de los elementos de
coordinación del Ministerio a través de la Comisión interministerial y ha
dicho que existió y que no funcionó. Señor Ministro, quiero decirle que a
mí me parece que este diseño, desde el vértice, en el cual usted
interviene incluso en la política fiscal del conjunto del



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Gobierno, etcétera, responde mucho más a un deseo de acaparar parcelas de
poder político y de sus planteamientos dentro del Ministerio --lo cual es
muy legítimo-- que a una posible solución de los problemas de medio
ambiente. Es como si usted en su cabeza intentara meter todos los
elementos --los ministerios, las capacidades, etcétera--, y eso es
imposible. Esto procede de la definición que ha hecho anteriormente en
relación al medio ambiente.

Dice usted que el medio ambiente es una política de asignación eficiente
de recursos en una lógica que va más allá de la lógica del mercado. Mire
usted, señor Ministro, todos los políticos que han intentado buscar
alternativas más allá del mercado, lo que han hecho ha sido cargarse más
aún el medio ambiente y cargarse más aún el mercado. Le voy a poner un
ejemplo. Dice usted que se puede mejorar sobre la base de la renovación
del parque automovilístico. (Rumores.) Estoy tratando de explicar las
cosas con la mayor serenidad. La primera cuestión es que realmente el
problema del parque automovilístico no está en que de pronto ustedes
favorezcan las gasolinas sin plomo o la renovación del parque. El
problema del parque automovilístico está en la política económica del
Gobierno, en las elevadas tasas que tienen ustedes en la gasolina, y ahí
sí que se podía cargar el reciclado de los aceites, porque son los que
más gasolina consumen los que realmente tienen que pagar el reciclado de
aceites. Ustedes han subido muchísimo las tasas de gasolina --exactamente
50.000 millones de pesetas para este año-- y, sin embargo, ese dinero lo
han empleado en reducir el déficit. En cualquier caso, lo que es evidente
es que el impuesto de matriculación es lo que hace que realmente el
sector del automóvil en España y la política económica del Gobierno estén
paralizados, pero no porque usted dé 5.000, 4.000 ó 3.000 pesetas a un
señor que se vaya a comprar un coche, se lo va a comprar. Es un intento
por su parte, se lo digo con toda sinceridad, de tratar de actuar en
todos los terrenos de la vida de los ciudadanos desde el Ministerio de
Obras Públicas. Es un objetivo excesivamente ambicioso y, a mi juicio,
poco operativo.

Voy a concluir enseguida, señalando que realmente todo este diseño del
Ministerio de Obras Públicas con la Comisión interministerial, más la
Conferencia sectorial, más la participación de grupos ecologistas en una
especie de consejo de medio ambiente, a mí personalmente me parece un
concepto burocrático y estatalista del medio ambiente. En el fondo lo que
ocurre es que usted, señor Ministro, lo que hace es desconfiar
tremendamente del mercado y desconfiar tremendamente de los derechos de
los consumidores y de la capacidad de los propietarios de vigilar por sus
intereses, y el nuestro es un enfoque político operativo distinto del que
usted ha expuesto aquí.

Comprenderá que estemos de acuerdo en el diagnóstico, en las cosas que
hay que hacer y en los problemas, pero no en la aproximación que usted ha
manejado en su exposición.

Quiero hacer una última reflexión sobre el último punto al que usted se
ha referido: rehabilitación de los mecanismos de mercado a través del
sistema de precios que internalice el coste de los productos. Yo creo, en
cuanto a la reorientación de los mecanismos de mercado, que el mercado es
el menos malo de los sistemas para asignar recursos. No hay burócrata en
el mundo capaz de mejorar esto; al revés, la experiencia demuestra que
los países más burocráticos y que más competencias han concentrado, como
son los de Europa del Este, todos los países socialistas, es donde más se
ha perjudicado el medio ambiente. Y allí donde el mercado era más libre y
había una preocupación independiente sobre el medio ambiente, ha
funcionado mejor. En consecuencia, le sugiero que aprendan ustedes de la
experiencia, de la experiencia de diez años que nos han llevado a esos 14
millones de residuos y a esta situación de desertización, y ante esta
situación traten de reorientar el tema, al menos llegando a unos acuerdos
con la oposición, con el Grupo Popular, en el sentido de hacer un
planteamiento sobre cómo se puede reorientar este tema y cómo se puede
mejorar la situación. Insisto en que las políticas periódicas serán
distintas, pero sobre el mecanismo organizativo y la reducción de costes
--termino enseguida, señor Presidente-- podemos hablar muchísimo y llegar
a acuerdos muy claros.

Para terminar, quiero señalarle que nos encontrará siempre dispuestos a
apoyar cualquier plan concreto de actuación para el desarrollo de las
leyes básicas que usted establezca, en las posibles coordinaciones que
usted desee establecer, etcétera, aunque tenemos una cierta desconfianza
de que ésos sean los mecanismos más adecuados para este tipo de
planteamientos. Y finalmente quiero decirle que comprendo que su política
sea una política socialista, de intervención, de Estado, burocrática,
pero comprenda que nuestra posición defienda los derechos de propiedad,
las asignaciones de recursos que hace el mercado y que pretendamos
reducir los costes en burocracia, subdirecciones y direcciones generales.




El señor PRESIDENTE: A petición del señor Ministro, en la reunión de hoy
va a haber una respuesta lo más concisa posible --por favor, señor
Ministro-- a cada uno de los portavoces de los distintos grupos
políticos. Todos los grupos políticos serán contestados individualmente
por parte del Ministro de la forma más concisa que pueda.

Para el posterior debate de réplica, voy a establecer ya las reglas de
juego. Los grupos harán la réplica al Ministro de una forma global; por
lo tanto, el Ministro contestará individualmente a cada portavoz y la
réplica será globalizada por cada uno de los grupos políticos.

Sin más dilación, tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): Perdone que le haya planteado una respuesta
individual, pero me da la impresión de que el señor Gortázar hace unos
planteamientos difícilmente homologables con los que harán otros grupos y
contestar a todos a la vez puede ser difícil.

El señor Gortázar me califica de burócrata, intervencionista y plantea
que el socialismo es la negación de los



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mecanismos de mercado. Yo no estoy de acuerdo. Usted puede pensar de mí
lo que quiera, burócrata, intervencionista o poeta, me da igual, pero
nuestro planteamiento no es anular el mercado, ni mucho menos. El mercado
es una forma eficiente de asignación de recurso, que tiene sus fallos y
que deben ser corregidos. El medio ambiente es la manifestación más clara
de los fallos del mercado, y eso, señor Gortázar, no lo digo yo, lo dicen
todos los tratados de economía ambiental que se han escrito en el mundo:
el medio ambiente como paradigma de los fallos del mercado. El mercado
asigna recursos buscando rentabilidades, optimizándolas en el corto
plazo, sin computar los efectos externos, abusando de los bienes que no
tienen precio, como son los recursos naturales, y ello conduce a
políticas que son perversas para el medio ambiente y deben ser
corregidas.

Yo no estoy diciendo que haya que sustituir al mercado por los
burócratas; no me caricaturice usted, por favor. Creo que hay que
orientar y corregir el mercado en los problemas medioambientales, como en
tantos otros. Usted me habla del desastre ambiental de los países del
Este, por supuesto. ¿Se ha parado usted a pensar un momento en el
desastre ambiental de los países del Sur? ¿En el gigantesco desastre
ambiental de los países en desarrollo, donde es mercado puro y duro sin
ninguna clase de corrección? El mismo desastre que la negación del
mercado. Hay que huir de los dos extremos, señoría. Hay que huir de
sustituir al mercado por los burócratas. No me coloque usted allí. Y si
quiere ser objetivo en el análisis de los problemas ambientales, tiene
que huir también del paradigma de la asignación de recursos como
confrontación de ofertas y demandas que conduce a desastres ambientales
importantes. La catástrofe ecológica del Sur es equivalente --si no es
peor-- a la catástrofe ecológica del Este, en un caso por demasiado
mercado y en el otro por demasiado poco. En fin, esto no nos lleva
demasiado lejos, ¿verdad?, para los problemas que tenemos que tratar
aquí.

No entiendo muy bien por qué le parece bien a S. S. que se extienda la
capacidad administrativa del Ministerio del Medio Ambiente sobre los
problemas agrícolas --eso le parece bien--, pero no sobre los problemas
fiscales. ¿Por qué le parece bien sobre lo agrícola y mal sobre lo
fiscal? ¿Es que una cosa y la otra no tienen impacto en las políticas
ambientales? La solución no está en poner debajo de un mismo organigrama
todos los órganos, sino en influir y motivar políticas sectoriales en un
caso u horizontales en otro.

¿Le parece mal a S. S. que hayamos reducido el déficit a través de la
fiscalidad sobre la gasolina? Están clamando todo el día por la reducción
del déficit; de alguna forma habrá que hacerlo. Por otra parte, como
usted sabe muy bien, nuestras tasas sobre la gasolina siguen siendo de
las más bajas de Europa. Creación de un organismo independiente para
hacer las evaluaciones de impacto ambiental. Esta es una de las cosas más
concretas que S. S. ha planteado. No me parece mal, se puede estudiar.

Pero ¿no deberíamos evitar la proliferación de organismos independientes
que lo hagan todo desde su independencia? Porque al final, ¿qué le queda
al Gobierno? Si el Banco de España es independiente para fijar los tipos
de interés, si el Tribunal de Defensa de la Competencia es independiente
para fijar las políticas de competencia, si hay un órgano independiente
también para hacer las evaluaciones de impacto ambiental, al final ¿qué
le queda al Gobierno para ejercer su responsabilidad política? Todo se
hace con órganos independientes que responden frente a quién, señoría.

Porque este Ministro responde frente a los electores y si lo hace mal le
sancionarán. Pero ese órgano independiente ¿frente a quién respondería?
Yo no digo que no haya que dotar de medios técnicos y de capacidad para
valorar las cosas, pero ¿por qué sería más independiente del poder
político, legalmente constituido, un instituto que una subdirección
general? Yo creo que estas discusiones son nominalistas, salvo que usted
establezca un órgano que no responda frente a los electores
periódicamente, sino frente a no se sabe muy bien quién y cómo. No me
parece mal como principio incorporar experiencias de otros países para
reforzar la capacidad de juicio y criterio de quien tiene que hacer las
evaluaciones del impacto ambiental, no las declaraciones, sino las
evaluaciones. Porque ahora encargamos que las haga el proponente de la
infraestructura (quien quiere hacer algo se encarga de evaluar su impacto
ambiental) y después hay una declaración de impacto que hace el órgano
administrativo competente. Quizá en la fase de evaluación deberíamos
incorporar también un punto de vista exterior.

Juez y parte. Hay un área que analiza la política ambiental y otra parte
que analiza la política de infraestructuras y hay un órgano político
superior, que es el Ministro, que arbitra. La otra solución sería que
arbitrase el Consejo de Ministros, pero también sería juez y parte,
porque en el Consejo de Ministros se sentarían los ministros responsables
de las políticas en contradicción. En ese caso, señorías, elevaríamos el
arbitraje a un nivel superior. Esto lo veo en otros países, los ministros
responsables arbitran entre ellos, aquí arbitra un ministro con otros
órganos de inferior rango, pero arbitraje político hay, sin duda alguna.

Se puede pensar en otra organización, pero, de verdad, creo que éste no
es el problema del medio ambiente en España. Es verdad que hay
contradicciones a veces: Itoiz. Usted mismo lo ha citado. Es verdad que
hay un órgano en la Administración del Estado que dice: «Si quiere usted
evitar el impacto ambiental, no construya la presa de Itoiz», lo cual es
obvio. Y cuando se le dice ¿qué medidas correctoras se le ocurren a
usted? pues éstas, y no se me ocurren más, porque no hay más. Bueno, pues
muy bien. Y a continuación dice que considera que el impacto ambiental,
que se evitaría no haciendo la presa, vale más que los efectos positivos
agrícolas que se obtienen de construirla. Este es un juicio de valor muy
interesante, hecho por alguien que tiene una función, pero viene el
Ministro de Agricultura, que también es juez y parte porque Icona depende
de Agricultura, y dice: No, entiendo que el impacto positivo sobre el
sistema agrícola es mayor que el impacto ambiental y mi opinión es que se
debe hacer. Quiero decir con esto que



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usted no evitará las contradicciones entre órganos administrativos porque
cada uno tiene una visión de la realidad, parcial y segmentada, en
función de su ocupación, que distorsiona su visión. Luego alguien tiene
que sumar peras con manzanas y acabar tomando decisiones con las que unos
estarán de acuerdo y otros no, porque cada uno ve la realidad de
diferente forma. Le recuerdo a usted lo que decía Heidegger de que el
fenómeno de la observación afecta al fenómeno observado. Naturalmente
cada uno lo ve desde una perspectiva parcial y, por tanto, mutilante de
la compleja realidad sobre la que se tiene que pronunciar.

Me alegro de que esté usted de acuerdo con los objetivos y con las
prioridades que he manifestado a esta Comisión, que a fin de cuentas es
de lo que se trata. Podemos discutir en lo concreto de qué manera podemos
hacer el mercado más eficiente y de qué manera podemos corregir sus
excesos o sus defectos, pero no creo, señoría, que seriamente pueda usted
decirme que los problemas ambientales se resuelven dejando jugar
libremente el mercado. Habrá que condicionarlo de alguna manera, y ahí
podremos discutir cuál es la mejor forma de condicionarlo, pero no creo
que nadie --y estoy seguro de que usted tampoco-- que haya estudiado los
problemas ambientales en profundidad, desde Pigon hasta ahora, crea que
los precios de mercado en un entorno competitivo, sin intervenciones
reguladoras, conducen a la solución óptima de los problemas ambientales,
porque eso exigiría unos sistemas de contabilidad que no tenemos. Si
valorásemos los recursos naturales con un precio, posiblemente el mercado
asignaría eficientemente recursos y evitaría problemas. Lo que pasa,
señorías, es que no lo hacemos, y espontáneamente el mercado no lo hace.

El mercado espontáneamente no asigna precio al aire limpio ni asigna
precio al agua limpia; tiene que haber una intervención que le obligue a
hacerlo.

Y como el tema es infinito, inacabable, señor Presidente, creo que
podemos entrar en cada caso concreto a analizar si la política de
regulación es la eficiente o no, en el bien entendido --se lo quiero
dejar muy claro-- que nosotros no abogamos por una política que sustituya
al mercado por la decisión administrativa, pero no podemos tampoco
aceptar una política que diga que las fuerzas del mercado conducen a
óptimos sociales en toco; desde luego en urbanismo, no. Usted puede
pensar que sí y puede que haya compañeros míos de partido que estén más
cerca de sus posiciones que de la mía en este caso concreto, pero si
quiere usted mi opinión, se la reitero: en materia de construcción de
ciudad tiene que haber intervención pública porque el mercado no sabe
construir ciudades.




El señor POSADA MORENO: Para una cuestión de orden, señor Presidente.

Quiero hacer una primera aclaración y es que este Grupo acatará, sin
ninguna vacilación, lo que el Presidente y la Mesa decidan, aunque
querría comentar algo sobre la decisión que antes ha avanzado el señor
Presidente. Pienso que por la propia viveza del debate --quizá esto nos
haga un poco más larga la Comisión, aunque creo que no será mucho más--
conviene que cada grupo termine el suyo y porque, además, supongo yo que
otros grupos van a plantear los temas desde un punto de vista
completamente distinto. Por ello, quizá sería conveniente en este caso
terminar el debate con una corta intervención del grupo y, por supuesto,
corta del Ministro. Es mi propuesta al señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Señor García-Arreciado.




El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Yo estoy conforme con la decisión que
tome el señor Presidente. Me parece, no obstante, que posteriormente a
esta Comisión tendríamos que establecer unos criterios con cierta
vocación de perdurabilidad.




El señor PRESIDENTE: Sabe, señor García-Arreciado, que preciamente fue
usted mismo el que en la reunión anterior con la Secretaria de Estado de
Medio Ambiente tomó una decisión, que adoptamos. Está muy bien
reconsiderarlo en la posterior reunión de la Mesa y portavoces que vamos
a tener.

El señor Sedó tiene la palabra.




El señor SEDO I MARSAL: Señor Presidente, nosotros estamos de acuerdo en
ello pero habría que tener en cuenta que, según el Reglamento, los grupos
deberíamos fijar posición respecto a esta intervención, es decir, a lo
que hace referencia a la solicitud del Grupo Popular y después del Grupo
de Izquierda Unida, lo que llevaría a otras intervenciones. Nosotros, si
la Comisión está de acuerdo, haríamos una sola intervención al final,
pero queremos que quede constancia que reglamentariamente o agrupamos
todo o dividimos.




El señor PRESIDENTE: Lo que quiere esta Presidencia es aplicar el
Reglamento, en ningún caso transgredirlo. En ocasiones por muchos
portavoces de grupos se me pide --y yo acepto voluntariamente--
flexibilidad en función de la viveza del debate y de la importancia del
mismo. Tengan en cuenta SS. SS. que esa flexibilidad no va nunca a
transgredir el Reglamento, pero va a buscar la mayor eficacia en nuestras
reuniones y el mayor provecho de la presencia de comparecientes del
prestigio del que ahora tenemos en esta Comisión.

Tiene la palabra el señor González Lizondo.




El señor GONZALEZ LIZONDO: Señor Presidente, yo soy de las personas que
siempre tengo que agradecer la gentileza de la Mesa y de mis propios
compañeros porque constantemente ando por tres o cuatro comisiones a la
vez y en ocasiones tengo que alterar los turnos. Por tanto, yo, que
siempre estoy agradeciendo a los demás las gentilezas que tienen conmigo,
voy a decir que vale esta propuesta, pero nos puede hacer entrar en una
dinámica en la que, aunque queramos reducir, todos los portavoces sabemos
que tenemos tantas cosas que decir y gozamos tan poco de la presencia de
los señores ministros que sin



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darnos cuenta nos alargamos y tendríamos que ser verdaderamente muy
estrictos. Rogaría a la Mesa que lo tuviera en cuenta.




El señor PRESIDENTE: Propongo a la Comisión que, en este caso concreto,
haya una contrarréplica de tres minutos de cada uno de los miembros
portavoces de los grupos políticos y con posterioridad, cuando termine
esta sesión, para que en lo sucesivo no surjan dificultades que
entorpezcan la marcha de la Comisión.

Para un turno de tres minutos, tiene la palabra el señor Gortázar.




El señor GORTAZAR ECHEVERRIA: Señor Presidente, se lo agradezco
sinceramente, en función de la viveza del debate, por aquello de que es
mejor debatir una posición al momento.

No es nominalista hablar de independencia de la Agencia Nacional de Medio
Ambiente; no es un problema nominal. Realmente la independencia en
relación a los informes de impacto medioambiental, aparte de otras
atribuciones o funciones que cumpliría, va a establecer una línea
jerárquica distinta. Es decir, podría depender perfectamente del
Presidente del Gobierno, por poner un ejemplo, y tener algunas
limitaciones en el CES, con lo cual sería objeto de una discusión en un
eventual proyecto de ley, pero hay mecanismos que atribuir a un organismo
que se encargue de los informes --no sólo de la elaboración sino de la
declaración-- mecanismos para establecer esa independencia y ese
prestigio necesarios que, hoy por hoy, la conjunción de funciones bajo la
responsabilidad de un solo ministro a mi juicio no tiene. Yo creo que es
una cuestión que se lee en los medios, en la literatura especializada y
me parece de pura evidencia.

El mercado tiene fallos, por supuesto. No hay ningún sistema perfecto de
atribución de recursos, de acuerdo, señor Ministro, pero más fallos tiene
el Estado, puesto a intervenir, en el sentido de que no emerge como un
racionalizador absoluto de los fallos del mercado. Realmente se puede
establecer casi casi la ecuación de a más intervención del Estado más
fallos, tanto en el mercado como en la asignación de recursos como en los
impedimentos para el libro desenvolvimiento de las fuerzas económicas. De
manera que por supuesto que hay algunos fallos, por supuesto que hay que
establecer un marco de actuación, para eso están las leyes, pero no la
intervención permanente del Estado y de todos sus organismos de un lado
para otro.

¿El desastre del Este y del Sur? Yo creo que el desastre del Sur,
perdóneme la intervención en este sentido, no puede ser nunca equivalente
al del Este porque no eran países industriales. Es decir, lo que puede
haber pasado en Guinea Ecuatorial --por poner un ejemplo-- es un desastre
de administración, pero no es un desastre de industrialismo y de
tratamiento ecológico de los mecanismos.

Unicamente quiero señalarle que estamos de acuerdo, repito una vez más,
en los aspectos de diagnóstico, pero creemos que desde una
responsabilidad política de la Secretaría del Ministerio de Obras
Públicas ese modelo no ha funcionado hasta ahora y proponemos que se
considere otra posibilidad. Además, la estrategia de construir organismo
tras organismo, plan tras plan, comisión tras comisión, asesores tras
asesores, en la práctica no está funcionando. Le sugiero que nos sentemos
y veamos, porque es un objetivo nacional, cómo se pueden resolver mejor
los problemas de medio ambiente en España, que ya son algo más que un
tema de tipo posmoderno, propagandístico, de pose o de intervención
global del Estado en la sociedad para convertirse en un problema de los
ciudadanos muy muy serio.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): La verdad es que poco puedo añadir. Simplemente
quiero recordarle que el modelo de comisiones, de participación y de
coordinación interdepartamental es el que sigue su partido donde
gobierna; en Galicia y en Castilla y León tienen un mecanismo bastante
parecido al que estamos proponiendo aquí. No sé si lo que es bueno cuando
se gobierna en las comunidades autónomas es malo cuando se gobierna en el
Estado. Le ruego que aconseje en este sentido a sus compañeros de Galicia
y Castilla y León.




El señor PRESIDENTE: En representación del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Alcaraz.




El señor ALCARAZ MASATS: Haré una intervención corta en función del
tiempo de que disponemos.

Estamos mucho más de acuerdo con la literatura del señor Ministro
--efectivamente, cuando una declaración no se asienta en los presupuestos
se convierte en poesía-- que con la línea Solchaga-Gortázar respecto al
mercado y al suelo. (Risas.) Incluso hemos leído con atención los
artículos del señor Borrell, que nos viene a decir que no hay que seguir
recalificando suelo, que hay mucho suelo, pero al final no dice si hay
que expropiarlo o no para construir. Solamente le faltaba ese detalle a
su artículo, aunque apuntaba bastante de lleno a esa posibilidad que se
parece mucho a una iniciativa parlamentaria del Grupo de Izquierda Unida
en la anterior legislatura. Desde luego, no estamos dispuestos a pasar a
Kant en la ideología del mercado, porque efectivamente al bosque tropical
le quedan 20 años de vida, si seguimos así, y otras cosas por el estilo,
en un momento en que la realidad no se caracteriza por el mercado libre o
por la libertad, sino que se caracteriza fundamentalmente por un
proteccionismo desigual y desleal; si no, ahí está el problema del GATT y
de la falta de política ecológica que nos pueden llevar a un desastre a
medio o largo plazo.

El problema que tenemos es que no hay política asentada. En principio,
las intervenciones del señor Ministro y de la señora Secretaria de
Estado, en su momento, son excesivamente redondas, excesivamente bien



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construidas, pero, en todo caso para 1995, no para 1994, teniendo en
cuenta los presupuestos que hemos discutido. Para medio ambiente, en
partidas tremendamente desagregadas, aparece en los presupuestos unos
123.500 millones de pesetas, un 11 por ciento menos que en los
presupuestos anteriores. Y en el Icona (que ahora parece que quiere
llevarse la primacía en el debate del medio ambiente entre ustedes y
ellos, no sabemos qué clase de batallitas --no nos interesan-- pueden
existir) unos 24.000 millones de pesetas, un 5,1 por ciento menos que en
los presupuestos anteriores. Por eso le decía que sus intervenciones son
excesivamente redondas y que parecen, con ese paréntesis del año 1994,
que apenas se van a poder practicar. La señora Secretaria de Estado, en
la primera entrevista que concedió a El País, habló de que se iban a
dedicar 1.000 millones de pesetas a los residuos urbanos o cosas por el
estilo, políticas formales, más que nada.

Apoyamos de manera directa, en función de la intervención que usted acaba
de hacer, repito que absolutamente redonda, bien equilibrada, bien
pensada, que esto sólo se puede hacer con la creación de un ministerio de
medio ambiente. Creo que ustedes lo tienen en la estructura interna de su
pensamiento y de su intervención, aunque no puedan o no deban o no
quieran decirlo, pero solamente se puede practicar esta política con un
ministerio de medio ambiente, como hay en otros países de la Comunidad
Europea; incluso en comunidades autónomas hay consejerías de medio
ambiente, aunque en muchos casos, a nivel nacional, se están expresando
de manera mitológica porque en Andalucía se llama cultura y medio
ambiente y aquí medio ambiente y vivienda. Son centauros
político-administrativos. (Risas.) No hay una relación clara entre las
intervenciones tremendamente redondas; por eso decía yo poética en el
sentido meliorativo, claro. Pero cuando aterrizan en los presupuestos, en
la gestión administrativa, no hay salida lógica posible sino a través de
que todos empecemos a luchar (y le ofrezco esta lucha) por un ministerio
de medio ambiente. Vamos a luchar todos para convencer a los seguidores
de Kant y del mercado --confundiendo mercado con libertad-- de que es
preciso este ministerio o nos vamos a convertir en una Guinea ecológica a
corto plazo.

El otro día denuncié en el Pleno el tema de Doñana. Todo el mundo está de
acuerdo con ese tema, excepto el Gobierno del Partido Socialista Obrero
Español. Es una situación tremendamente preocupante. Ustedes gestionan el
acuífero 27, teniendo en cuenta que las confederaciones están en manos
del Gobierno de la nación. Ese acuífero sobreexplotado, esos pozos
tremendamente incontrolados, todo esto está llevando a una situación
caótica, precisamente por algo a lo que acabo de aludir, las luchas entre
la Administración central, la autonómica y otras administraciones, el
Patronato, etcétera. Ya ha dicho el Fondo Mundial para la Protección de
la Naturaleza, en su informe sobre Doñana, que aquello es caótico, que es
imposible de gobernar. Igual pasa con las partidas desagregadas en todos
los ministerios, en las que influyen seis o siete sectores a la vez.

Coincido con ustedes --si no lo han dicho claramente, sí lo han dicho
indirectamente-- en que no hay política de medio ambiente en este país.

Usted lo ha dicho finamente: hay políticas. Intentan teñir todos los
sectores de política medioambiental cuando no hay política
medioambiental. Es fundamental la unidad de gestión y el intento de hacer
una política de medio ambiente, porque la situación es tremendamente
grave en los temas que usted ha tocado cuando hablaba de prioridades, de
la lucha contra la desertificación, e incluso de los incendios. ¿Sabe
usted que las partidas de lucha contra incendios bajan en el Icona este
año, después del verano que hemos pasado? Bajan también las partidas de
la red de parques naturales. Se pierde la mitad del agua en las
conducciones, muchas de ellas procedentes de la época árabe o romana, no
se actúa y se dedica una partida absolutamente simbólica, no sé si 5.000
millones de pesetas, no recuerdo bien ahora. Usted ha llegado a decir que
hacían falta seis billones de pesetas para solucionar todos los aspectos
de la política del agua en este país: depuraciones, saneamientos,
cantidad y calidad, y no vemos que haya ninguna política seria en ese
sentido. Tardaríamos cien años en llegar al horizonte que usted nos daba
cuantificado con los presupuestos que nos ha presentado. Por ejemplo,
respecto a la política de agua de boca, la política de ustedes en
convergencia con Europa no es mejorar el agua sino empeorar las leyes
europeas. Hace un mes estuvieron ustedes en Bruselas y pidieron que de
los 23 parámetros que se utilizan para llegar a la conclusión de cuál es
el agua potable bajaran cuatro o cinco parámetros: sodio, magnesio,
conductividad, temperatura, etcétera, porque el agua de España y de
sitios claves que han sido escaparate en el año 1992, como Sevilla, no
llega a los parámetros europeos. Pero en lugar de mejorar ese agua,
intentan bajar la calidad de las leyes europeas. Esa fue la propuesta que
ustedes hicieron. He pedido el estudio, pero todavía no me lo han hecho
llegar. Respecto a la redistribución del agua, igual, los regadíos, el
agua industrial, el agua de boca. Ustedes todavía no han hecho una
política real, quizá por ese caos administrativo al que ha aludido; caos
administrativo que le llevó a dedicar veinte segundos en el Pleno del
Congreso al Ministerio de Obras Públicas y Transportes y nunca dijo
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. Hoy ha citado
aquí dos veces al Ministerio de Medio Ambiente. Es una compensación que
usted hace en esta sede de segunda división, pero no en el Pleno, en la
primera división.

Ustedes han fracasado tremendamente en el tema de los residuos
industriales. No parece una alternativa real presupuestaria. A la
recogida de residuos urbanos iban a dedicar 1.000 millones de pesetas,
pero...

Respecto a la calidad del medio ambiente, le hago preguntas concretas
porque me da tiempo a especificar más. ¿Va a haber una ley sobre el
ruido? Nosotros estamos en contra de Itoiz por muchísimas razones y
estudios que se han expuesto, con independencia de los que haya puesto
sobre la mesa el Ministerio de Agricultura. No es que coincidamos con el
ICONA, que yo creo que hace un debate superestructural y de titulares de
prensa. No voy a entrar en ello. Coincidimos con los estudios que hemos



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hecho nosotros y que han hecho otros grupos en el sitio de origen. No
estamos de acuerdo --lo quitamos en una enmienda-- con la presa de Itoiz;
como no estamos de acuerdo en mil millones para Doñana; como no estamos
de acuerdo --ya se nos ha dicho-- en que no se va a declarar parque
nacional el monte de El Pardo; como no estamos de acuerdo en que se
pierda la Dirección General de Obras Hidráulicas, si no recuerdo mal, y
cambie de localización; como no estamos de acuerdo en todas esas
expresiones de un caos administrativo que, a nuestro juicio, se está
viviendo.

Hay novedades, como el Consejo Asesor del Medio Ambiente. Nosotros
pedimos el acceso de los grupos no sólo a las confederaciones
hidrográficas sino también al Consejo Asesor de Medio Ambiente. Le
pregunto si va a haber alguna línea de financiación específica --nosotros
vamos a presentar una iniciativa en esta dirección-- para las
asociaciones ecologistas, conservacionistas o de protección del medio
ambiente, o si la línea, en general, que usted aludió, teniendo en cuenta
que ayer empezó el debate en Pleno, es la creación de una fundación y si
esta fundación va a tener otra perspectiva.

Quisera también preguntarle cómo va el Comité de expertos respecto a la
intervención del Estado en la política de suelo; si ha arrancado, si
tiene ya nombres, si ha hecho algún estudio o cuándo puede presentar
alguuna resolución al respecto.

Sobre el impacto ambiental nosotros estamos de acuerdo con lo que ustedes
plantean ahora, no en la trasposición que hicieron de la Directiva
europea, que saben ustedes que tienen un procedimiento de infracción y
tienen que cambiar la trasposición que hicieron, el texto. Ahora parece
que se van acercando más a ese texto, aunque ustedes suben muchísimo la
obra hidráulica y la obra en carretera en estos presupuestos de 1994, y
no aparece cómo se va a cuidar de manera correlativa, homologable, el
estudio del impacto medioambiental. O sea, que en la realidad podemos
seguir igual, es decir, muy lejos de Europa, aunque ustedes
intencionadamente puedan empezar a hablar de otra manera o intentar
corregir la trasposición que se hizo.

En la reorientación de los mecanismos de mercado estamos absolutamente de
acuerdo. Lo que pasa es que, por ejemplo, ustedes suben la gasolina, pero
en esa subida no figura nada de tasa de aplicación ecológica que nosotros
hemos plantedo y de la que incluso se podría extraer para estos
presupuestos deficitarios, cuyas fuentes de financiación no aparecen por
ningún lado, hasta 150.000 millones de pesetas al año; una tasa de
aplicación ecológica en gasolina y otros temas a los que usted también ha
aludido.

Por tanto, le planteo la necesidad de que se empiece a luchar, no en la
línea Solchaga-Gortázar, sino en una línea adecuada a los tiempos,
teniendo en cuenta el desastre ecológico, no sólo en el Sur y en el Este,
sino también en Centroeuropa, en función de políticas específicas del
suelo en las ciudades. Empecemos aquí a luchar por una unidad de gestión,
porque se supere el prisma de las políticas. Aquí el plural no implica
mayor riqueza sino, todo lo contrario, menor concreción de una política
ecológica y medioambiental, en este país, de cara a la creación de un
ministerio que incluso podría tener un cuerpo de inspectores ambientales,
un cuerpo de vigilantes ambientales, que hace muchísima falta teniendo en
cuenta los presupuestos que hay sobre la mesa, unos presupuestos que ya
hemos criticado en unas largas jornadas clandestinas de cara al exterior,
de cara a la opinión pública, porque no se conocen; esos debates que
preparamos tan intensísimamente sobre la aritmética parece que no
interesan, pero al final van a condicionar totalmente la vida de la
gente.

Termino, señor Presidente. Yo creo --me ha dado esa impresión-- que había
cierta posición a la defensiva respecto a la necesidad --esto también
pasa en el Ministerio de Cultura y en otros-- de coordinar las políticas,
la capacidad de gestión y la orientación de la gestión de las comunidades
autónomas en este país. Me ha parecido ver una tremenda timidez en ese
aspecto, que es fundamental, ya que se podría ampliar el presupuesto de
medio ambiente casi a un billón de pesetas si se operara con menor
timidez. No es cuestión de timidez; en el fondo es cuestión de política y
de claridad de ideas no sólo en el Ministro, señor Borrell, sino
fundamentalmente en el seno de un Consejo de Ministros donde el tiroteo
yugoslavo de los distintos sectores supongo que, efectivamente, evita la
necesidad de lo que usted ha dicho en declaraciones a la revista Quercus
y que cito de nuevo: que la política medioambiental en esta legislatura
va a estar en primera línea y va a tener un protagonismo muy superior al
que tuvo en la anterior legislatura. Esperémoslo.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): Señor Alcaraz, dice que está usted de acuerdo con la
literatura. Pues no está mal, por algo se empieza. Se empieza por la
literatura, pero después ciertamente hay que pasar a la práctica.

Es verdad que en 1994 muchas de las cosas que nos gustaría hacer no verán
la luz, tendremos que esperar a 1995, porque la creación de un
instrumento financiero coordinado con fondos de cohesión y políticas de
las comunidades autónomas no podrá sino desarrollarse embrionariamente en
1994 y debería ver su luz en el presupuesto de 1995. Esto es así y hay
que reconocerlo. Tampoco es extraño. El fondo de cohesión se ha aplicado
provisionalmente por primera vez este ejercicio, y en el año 1994 habrá
que definir los objetivos ambientales de este fondo. No creo que sea un
problema porque el recurso para 1994 está ya utilizado; ya sabemos en qué
vamos a gastar el fondo de cohesión de 1994. Por tanto, la discusión
tiene que referirse a las líneas de actuación de 1995; en 1994 ya sabemos
en qué lo vamos a gastar. Lo habremos definido con mayor o menor
eficacia, pero está definido, sabemos dónde va, qué administraciones lo
van a gestionar y para qué va a servir.




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El presupuesto en inversiones que podemos calificar como ambientales
ubicadas en el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente
crece notablemente. En su conjunto, sumando todas las rúbricas
medioambientales de las distintas administraciones, pueden producirse
variaciones que son la suma de políticas muy distintas. Por ejemplo, si
Icona ha remotorizado ya los aviones que tenía, no los va a remotorizar
otra vez el año que viene. Por tanto, es evidente que el gasto de
inversión que se produjo el pasado, al no ser recurrente y no producirse
en el futuro, cambia el perfil presupuestario. Pero en lo que es política
de costas, política de saneamiento de aguas, de inversiones ambientales
directas del Ministerio, que siempre serán pequeñas, por definición de
sus competencias, S. S. puede observar que los crecimientos son muy
notables, del orden del 16 por ciento en cada una de las políticas en
cuestión, las que están ubicadas en la Secretaría de Estado. Leí el otro
día en un periódico que el gasto ambiental de la Administración del
Estado sólo es --y citaba una proporción muy pequeña del gasto ambiental
total-- el 20 por ciento. Pues claro, pero es que tenemos que
acostumbrarnos a poner recursos y competencias juntos para analizar la
adecuación de una política presupuestaria. Pues claro que sólo somos el
20 por ciento, porque en materia competencial somos menos. No es de
extrañar que la política ambiental no esté presupuestariamente radicada
en los presupuestos generales, porque tendríamos que ver los presupuestos
de los organismos competentes para analizar si la política es o no la
adecuada.

Usted llama centauro a la Secretaría de Estado del Medio Ambiente y
Vivienda, que tiene dos políticas. Igual que las Naciones Unidas. El
PNUMA de las Naciones Unidas es el programa de las Nacionales Unidas para
el medio ambiente, la vivienda y el hábitat humano, es decir, para el
medio ambiente, la vivienda y el urbanismo; igual que la Consejería del
País Vasco y otro conjunto de instituciones que tienen ubicadas varias
políticas. ¿Por qué en este caso? Por una razón operativa, señoría,
porque tanto el medio ambiente como la vivienda son políticas
transferidas a las comunidades autónomas; políticas transferidas que
requieren de una coordinación y un diálogo que en muchas ocasiones se
desarrolla con el mismo consejero, que también es competente en medio
ambiente y vivienda muchas veces, no siempre. Por tanto, la vivienda
había que ubicarla en la política territorial o en la política ambiental.

Yo he optado por esta solución por economía de medios y para organizar el
diálogo con las comunidades autónomas de forma concentrada. Pero me
parece un tema tan poco relevante que hasta estoy dispuesto a ubicar la
vivienda en la política territorial, si ése es el problema de la política
ambiental. Me da igual que me da lo mismo. Simplemente es un programa de
diálogo concertado y de capacidad, creo, que tiene la persona responsable
de mantener con las comunidades autónomas una política constructiva y
efectiva de concertación y coordinación.

¿De verdad creemos que es un problema de organización administrativa?
Creo que no. Una de las lecturas poéticas a las que estoy dedicado es
«Ecología, Ciencia y Política Ambiental», un libro interesante con un
capítulo dedicado a la organización administrativa del medio ambiente en
el mundo. Este capítulo, después de pasar revista a todos los modelos,
acaba concluyendo que las apariencias engañan y que la ubicación o no de
un ministerio de medio ambiente tiene poco que ver, en la práctica, con
la capacidad real de los órganos de influir, y que es una discusión que
no ha conducido a ninguna solución operativa porque todo depende de qué
competencias reales tengan los órganos. A la luz de este informe, le
puedo asegurar que hay más competencias y más capacidad de influir, en la
práctica, en la política ambiental efectiva y cotidiana en el Ministerio
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente que en el Ministerio
francés del Medio Ambiente. Tengo más competencias. Otra cosa es que las
ejerza mal o que me deje influir por Dios sabe qué; es un riesgo que
correrá siempre cualquier ministro. Pero si compara usted --y aquí está
hecho-- la radiografía competencial del popular Ministerio francés del
Medio Ambiente, tengo más competencias en el Ministerio de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente. Habida cuenta, además, de que
éste es un país descentralizado donde las competencias de gestión están
en las comunidades autónomas, realmente no creo que la comparación con
otras organizaciones políticas salga mal. El famoso y poderoso Consejo de
Calidad Medioambiental de Estados Unidos depende directamente del
Presidente, pero aquí explican que el caso que le ha hecho el Presidente
Reagan ha sido tan grande que lo dejó sin un duro y sin reunirlo durante
prácticamente todo su mandato; eso sí, depende directamente del
Presidente de Estados Unidos, operatividad cero. Por tanto, creo que es
nominalista porque lo importante es: Usted cuánto dinero tiene, qué
competencias tiene y cómo las ejerce. Aunque sólo tuviera las que tengo,
creo que son suficientes para poder hacer una política ambiental
adecuada.

Usted me dice que los acuíferos de Doñana están sobreexplotados y es mi
responsabilidad. Tiene razón. Pero no dice que hemos acometido una
política de depuración de aguas residuales en el entorno de Doñana,
canalizando fondos de cohesión, y haciéndola una de las actuaciones
estrella de la política de saneamiento y depuración de agua, que es el
paso previo para acabar con la sobreexplotación de los acuíferos: que el
entorno, el perímetro de Doñana esté protegido, canalizando el agua hacia
centros de depuración que permitan su reutilización, lo que está costando
muchísimo dinero. Estamos orientando hacia allí los fondos de cohesión,
como los estamos orientando hacia el Mar Menor y hacia zonas de alto
interés ecológico, que es imprescindible como paso previo para acabar con
la sobreexplotación; si no hacemos eso, acabar con la sobreexplotación es
una declaración de principios inoperante en la práctica, señoría. Su
crítica hubiera sido más completa si hubiera reconocido que frente a eso
estamos haciendo actuaciones, creo, importantes.

Las directivas europeas bajando parámetros de calidad. Todos los países
tenemos problemas para cumplir con la directiva europea tal como está
aprobada, todos, y



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estamos planteando si esa directiva es suficientemente realista o si no
es mejor establecer unos parámetros de calidad que podamos acometer en la
práctica de manera consistente. No es un problema español, todos los
países tienen dificultades para transcribir esta directiva y están
actuando frente a la Comisión en lo que creo que es un diálogo
técnicamente justificado de revisión de esos parámetros de calidad,
porque no sirve de nada plantearse objetivos de muy difícil o imposible
complimiento.

Fracaso de residuos industriales. Sí, señoría. ¿Tenemos parte de
responsabilidad? Parte, no la mayor, porque el tratamiento de residuos es
una compeencia autonómica que se ejerce desde las autoridades competentes
y todos, señorías, deberíamos hacer un poco de examen de conciencia a la
hora de preguntarnos cuál ha sido nuestra contribución efectiva a que en
este país, en alguna parte, se pueda instalar una planta de tratamiento
de residuos, porque ciertamente no hemos conseguido instalar ninguna y
algo tendremos que ver unos y otros con que no haya sido posible. El
argumento de que no hay que instalar plantas de residuos, lo que hay que
hacer es no producir residuos, es como el de la eficacia del mercado. In
abstractum todo el mundo los suscribe, pero aquí y ahora, en la realidad
concreta española, necesitamos tratar los residuos que producimos
mientras vamos produciendo cada vez menos.

No va a ser necesaria una ley sobre ruido, pero sí un decreto que
desarrolla la actual ley modificando algunos de sus elementos.

El tema de Icona sobre Itoiz lo hemos comparado antes. Icona tiene su
punto de vista, lo ha hecho saber y se ha refrendado una decisión
política que fue tomada en su día, después de haberlo efectuado en su
momento, a través de los correspondientes análisis en los que también
pudo participar Icona.

Señoría, me he pasado dos años y medio --se lo digo sinceramente--
soportando cotidianamente una crítica por haber puesto juntas la obra
hidráulica y la política ambiental. Todos los días se me ha criticado:
«¿Cómo ha puesto usted la obra hidráulica al lado de la política
ambiental, hombre, si hacer pantanos es una política agresiva con el
medio ambiente, si hay que tenerlos separados, si no están bien juntos?»
Cuando al aprovechar el cambio de Gobierno reorganizo el Ministerio y
digo: «Sí, es verdad, la obra hidráulica la vamos a colocar con lo que
son infraestructuras, es política territorial, es una infraestructura
agresiva con el medio ambiente, tengamos los dos ámbitos», entonces se me
critica por sacar la obra hidráulica de la política ambiental. No se me
puede criticar por todo y su contrario. La experiencia ha demostrado que
esa yuxtaposición no ha sido positiva, creo, porque la vis atractiva de
la política hidráulica y el Plan Hidrológico han generado una
sobreatención a esta problemática en un área donde hay varias políticas,
y me ha parecido razonable colocar la política del agua como recurso en
la política del territorio y las infraestructuras, sometido al control de
la política ambiental, igual que cualquier otra infraestructura. Eso,
como todo, es discutible, pero después de haber estado escuchando
críticas durante dos años de los movimientos ecologistas diciendo: «Pero,
señor Ministro, corrija usted esta aberración», cuando la corrijo me
encuentro con que la crítica es: «Le ha quitado usted poder al área de
política ambiental.» Bueno, pues para darle poder pondremos las
carreteras también en ella. Todo y su contrario a la vez no puede ser,
señoría. Hay en Cataluña una organización parecida. La política de
saneamiento de agua está dentro de la política ambiental, porque es una
política ambiental clara; y la política de la cantidad, del recurso, de
la ordenación del territorio, de la infraestructura necesaria para ello
está en política territorial y obras públicas. ¿Se me puede decir que eso
rompe el ciclo político del agua? Se puede decir, pero el agua tiene una
componente medioambiental y una componente productiva territorial que
quizás debe también verse de forma separada. Cualquier organización, al
final, tiene inevitablemente zonas de intersección y disfunciones, pero
creo que ésta, en la práctica, le dará más importancia y más interés a la
política del medio ambiente, dejando la política de infraestructuras
hidráulicas en el ámbito de la política territorial.

Fundesco, la Fundación para el Desarrollo Social de las Comunicaciones,
es un ejemplo que deberíamos considerar para impulsar la trascendencia
ciudadana y social de la política ambiental. Es una capacidad de hacer
estudios, publicaciones, convocar debates, influir sobre la sociedad,
transmitir ideas en una materia como las telecomunicaciones que podríamos
plantear también en la política ambiental. Es lo que ha hecho, por
ejemplo, el Gobierno francés, cuando ha llamado a todos los empresarios y
les ha dicho: «Señores, quiero que contribuyan a la generación de una
conciencia en materia de política ambiental.» Podemos explorar esta
posibilidad, por qué no. La dejo sobre la mesa, aunque he dicho que era
muy muy embrionaria y que solamente era una reflexión que habría que
desarrollar.

El Comité sobre política de suelo ha sido ya creado. Su presidente va a
ser el Alcalde de Salamanca, por la simple razón de que es el Presidente
de la Comisión de Urbanismo de la Federación Española de Municipios y
Provincias y porque no es un urbanista de profesión; no es que eso sea
malo, no es que los urbanistas de profesión deban ser puestos de cara a
la pared. Es médico, alcalde de una ciudad, ha hecho una política
urbanística inteligente, es Presidente de la Comisión de Urbanismo de la
FEMP, es socialista también, aunque eso tampoco debe ser para poner a la
gente de cara a la pared, y creo que reúne las condiciones adecuadas para
catalizar el debate. Esta Comisión está ya prácticamente nombrada, él va
a proponer la composición, va a haber alcaldes de un conjunto de ciudades
de distinto tamaño y distintas coloraciones políticas, urbanistas,
economistas, fiscalistas, constructores, promotores, consumidores,
comunidades autónomas, con el objeto de evacuar un conjunto de
recomendaciones derivadas de un documento que publicó hace poco el
Ministerio, «Los nuevos horizontes del Urbanismo», un documento
voluminoso en el que se describe la problemática del urbanismo creo que
de una forma mucho



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más solvente, técnicamente hablando, que el informe del Tribunal de
Defensa de la Competencia.

La transposición de la Directiva de impacto ambiental la realizamos de
forma restrictiva, es verdad. La Comunidad Europea nos ha llamado la
atención y hemos corregido. Hemos dicho que tenía razón y que la vamos a
ampliar a más obras porque el concepto de desdoblamiento en algunos casos
es tan impactante como construir una carretera nueva. Hemos llegado al
acuerdo con la Comunidad Europea de corregir la normativa para hacerla
más extensa y espero que también más eficiente.

Señoría, en lo básico creo que estamos de acuerdo, en la música, en la
literatura. (El señor Alcaraz Masats: En la poesía.) Me ha llamado usted
poeta, no músico, pero todo llegará (Risas.) y espero que en el futuro
podamos seguir teniendo puntos de acuerdo más en concreto.




El señor PRESIDENTE: Brevemente, señor Alcaraz, por tres minutos.




El señor ALCARAZ MASATS: Brevísimamente, señor Presidente, porque ahora
tengo que ir a la Comisión de Radiotelevisión Española, donde nos espera
el señor García Candau, y vamos a hablar de la ecología de la
comunicación. (El señor Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente, Borrell Fontelles: Hay mucha polución informativa.) Sí, ahí
todavía hay casi más contaminación que aquí.

La primera recomendación que le hago es que baje usted a Doñana, que se
dé un paseo por Doñana, por lo menos para despedirse de las fochas
cornudas, que quedan muy poquitas, pero baje a Doñana y vea sobre el
terreno en qué estado están esas obras a las que alude y, al mismo
tiempo, vea la enorme presión del entorno, con el desdoblamiento posible
de la carretera Almonte-Matalascañas, que conduce a una presión
urbanística clara --si no, para qué se habla de desdoblamiento--, apoyada
por la Junta de Andalucía, con gente, como usted ha dicho referido al
alcalde de Salamanca, del PSOE; ojalá fuera socialista el alcalde de
Salamanca. El que sea miembro orgánico del PSOE no significa que sea
socialista, ojalá lo fuera en todos los casos. Es simplemente una
recomendación de viaje, tómelo como si yo fuera una agencia turística.

(El señor Dávila Sánchez: En la Trasmediterránea.) Eso no. Además, creo
que el señor Borrell paga siempre. (Risas.)
Otro tema. Una pregunta tremendamente concreta --le ruego una respuesta
también corta-- en el sentido de si de verdad están cambiando el Plan
Hidrológico en su eje, salido de la política tremendamente mercantil de
la oferta a la demanda, demanda social fundamentalmente.

Sobre la Ley de Aguas quisiera saber su opinión. Nosotros hemos
introducido una iniciativa en el sentido de que la estructura que se da a
las confederaciones y la dependencia es la anterior, la franquista,
centralista. Con un cambio en la Ley de Aguas, hablando de la
divisibilidad de la cuenca, que establece, cómo no, divisible la ley, no
la Constitución ni los estatutos, se puede ir a una nueva reordenación de
las confederaciones y superar el caos administrativo en el momento
actual.

En resumen, simplemente le recomiendo ese viaje e introduzco estos dos
temas.




El señor PRESIDENTE: ¿Algo que añadir, señor Ministro?



El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): Estoy encantado de ir a Doñana. La verdad es que es
uno de los sitios que más merecen una visita y del que he extraído una
gran satisfacción siempre que he ido.

El Plan Hidrológico se está revisando, lo está revisando la Secretaría de
Planificación Territorial, con la visión de ordenación del territorio y
de adaptación de ofertas y demandas. Posiblemente, el Plan fue mal
interpretado en el sentido de que se presentaba como un mínimo de lo que
se planteaba como un máximo. Ahora estamos revisando las necesidades de
regadío y las posibilidades de ahorro. Como tenemos muy claro lo que hay
que hacer en cuanto a inversiones en el año 1994, sabemos lo que hay que
hacer, no tenemos prisa en decidir lo que hay que hacer en el futuro.

Como comenté en el Senado en otra comparecencia reciente, el Plan deberá
llegar a las Cortes a finales de verano, no antes, que tampoco creo que
sea necesario.

Discrepo, señoría, y creo que la unidad de cuenca no se debe romper. Una
cosa es la organización política del Estado y otra cosa es la
organización física. La unidad de cuenca es un principio reconocido en
todas las administraciones hidráulicas que funcionan bien en el mundo y
dividirla en trocitos para que cada comunidad autónoma reciba una porción
del relieve creo que sería malo para la gestión integral del agua; lo
creo muy sinceramente, técnicamente hablando. No hay que romper la unidad
de las cuencas y deben ser organismos estatales los que arbitren entre
los intereses, a veces contradictorios, de las distintas subcuencas en
función de su ubicación en una comunidad autónoma o en otra. Nunca
deberíamos llevar el problema del agua a un conflicto entre comunidades
autónomas. Bastantes conflictos tenemos ya entre comunidades autónomas
como para añadirle uno más. Las cuencas intercomunitarias deben seguir
manteniéndose como una realidad físico-política que vertebra al Estado y
que le da un elemento de unidad del que no deberíamos prescindir.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Mixto tiene la palabra el señor
González Lizondo.




El señor GONZALEZ LIZONDO: En primer lugar, quiero agradecer la buena
presencia del señor Ministro y, con su permiso, la mejor presencia de la
Secretaria de Estado del mismo Ministerio. (Risas.)
Señor Ministro, hay varios temas importantísimos dentro del medio
ambiente y del tema ecológico. Me voy a centrar en tres bastante
rápidamente.

El primero es el siguiente. No sé si conoce usted que se



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han quemado en los últimos años 200.000 hectáreas en la Comunidad
Valenciana, con una repoblación de escasamente el 5 por ciento de lo que
desgraciadamente se ha estropeado. Creo que algo tendrá que decir su
Ministerio y espero únicamente su respuesta o sus esperanzas de que se
tenga pensado algún tipo de intervención.

Otro tema importantísimo, que imagino que también conocerá, tiene que ver
con uno de los lagos no solamente de los más bonitos sino de los mayores
de toda Europa, de una riqueza impresionante en especies, de los mayores
que puedan existir en el mundo: la Albufera. De la Albufera se ha hablado
muy poco en la Cámara. Se constituye un parque nacional inmenso, enorme,
grandísimo, un parque nacional que creemos que debe ser reestudiado,
sobre lo que ya hemos intervenido en varias ocasiones, un parque nacional
que recoge, para mí, absurdos muy importantes, como el que pueda ser un
choque ecológico plantar arroz con la realidad del parque ecológico, con
un intento de eliminar una serie de plantaciones y, en alguna forma,
limitar el sembrado del arroz. Por lo menos, esa inquietud está en
algunas zonas arroceras de aquella parte. La escasez de agua es
importante, el lago está prácticamente cegado y los nacimientos del
propio lago están muy bajos de nivel. Pediría al señor Ministro que
llevara la política que se está siguiendo un poquito más de cerca, pues,
aunque haya mucha transferencia también hay una responsabilidad por parte
de su Ministerio. La política de salvar la ortiga se está practicando,
pero olvidando determinadas cosas que pueden crear bastantes problemas:
hoy en día, gracias a Dios, aún no los tenemos gravísimos, pero en
algunos momentos sí se han detectado algunos bastante importantes y creo
que habría que tenerlo en cuenta.

Por último, cuando estaba hablando del desastre de los países del Este e
introducía el desastre de los países del Sur, ha empleado dos palabras:
catástrofe ecológica. Naturalmente, coincidirá conmigo en que alguna
responsabilidad importante habría que pedir a los responsables en toda
esa serie de países, inclusive el que estuvieran apartados de cualquier
responsabilidad en este tema. Y ha hablado también de recursos, de que
naturalmente para todo hacen falta recursos. Hemos firmado los acuerdos
de Brasil, hemos estado en Uruguay, hemos estado en muchas partes, pero
tenemos una zona de todo el Estado, con unas provincias como las de
Teruel y Tarragona, alcanzando también en muchos casos (se dice que
demostrado, lo que nos puede llegar a acarrear un problema de carácter
internacional) a Córcega, donde parece ser que la lluvia ácida también
llega y, fundamentalmente, a la provincia de Castellón, a causa de la
central térmica de Endesa en Andorra. Endesa tiene los recursos
necesarios. Es prácticamente la empresa del INI más rentable, con
beneficios del orden de los 100.000 millones de pesetas al alza. Existen
centrales térmicas en todo Centroeuropa, donde la lluvia es prácticamente
inexistente porque hay sistemas de lavado de carbón que se conocen.

Naturalmente yo también he hablado de esto con el Ministro de Industria y
con el Secretario de Estado de Industria; por cierto, que no ha visto que
fuera tan importante. Le han invitado a que haga un viaje turístico a
Doñana, y yo le invito a que venga usted también al Maestrazgo, pero
venga con un paraguas y un pañuelo bien grande. El paraguas para que le
evite en algunos momentos la auténtica lluvia ácida que se está viviendo,
y el pañuelo que sea grande porque posiblemente, cuando usted lo vea, le
entrarán ganas de llorar. La realidad es que el desastre, la catástrofe
ecológica es prácticamente un hecho. Yo dije, y no me gustaría que lo
interpretaran como amenazas de ningún tipo, que en mi partido (y se lo
indico a usted también, lo mismo que hice con el Secretario de Industria)
estamos en contacto con organizaciones internacionales haciendo estudios
para ver hasta dónde puede llegar la responsabilidad del Gobierno y
sentar a los culpables en el banquillo, dije. No nos gustaría que llegara
el tema a ese extremo pero, por supuesto, si no se hace caso vamos a
llegar.

Mi Grupo, Unión Valenciana, ha propuesto una iniciativa, en esta misma
Comisión, por la que vamos a solicitar tres meses de demora para que se
eliminen estos problemas y, si no, que se proceda al cierre de esta
central. Esta central está haciendo un daño impresionante. Yo no quiero
aquí pecar de catastrófico, pero nos va en ello incluso una parte de la
salud pública. Yo creo que ustedes han tomado el problema con un poquito
de frivolidad. La verdad es que con usted no he hablado de este tema. No
sé hasta dónde estará usted sensibilizado o no, se lo digo con toda
sinceridad. Sensibilícese al máximo sobre este tema, exija una inspección
adecuada y tenga en cuenta que en cualquier momento esta reivindicación,
que por ahora es de un Diputado, aunque yo creo que también muchos de mis
compañeros coinciden plenamente, se puede convertir en un tema de rango
internacional.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): Señoría, sobre el tema que plantea usted, en Teruel,
Endesa está ultimando un conjunto de actuaciones dentro del plan de
instalación de un nuevo grupo de lecho fluido para desulfurar los tres
grupos que ya existen. Tiene autorización para instalar un grupo basado
en una tecnología nueva, lecho fluidificado, y en ese contexto instalar
elementos de desulfuración de los grupos existentes, con un rendimiento
del 90 por ciento. En este momento, esas centrales emiten aproximadamente
10.000 miligramos por metro cúbico de SO2, y cuando estén instaladas
estas unidades de desulfuración se va a pasar de 10.000 miligramos a
1.000 miligramos. Esto está en marcha. Sabe que la condición que se le ha
puesto para instalar la cuarta unidad es la instalación de estos
procedimientos de desulfuración que son los más modernos que existen y
que reducen en un 90 por ciento las emisiones de óxidos de azufre. Eso es
lo que va a pasar con Teruel. Es una buena noticia. Yo creía que lo sabía
usted, señoría. Quiero decir que hubiera debido usted



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saberlo porque no es la primera vez que lo contamos, no lo sé. Si su
preocupación sobre el tema es tan grande como manifiesta, seguramente
hubiera usted podido tener acceso a esta información. Pero, por si acaso
no la ha tenido, con muchísimo gusto le informo ahora y haremos la
campaña de información necesaria para que sepan los ciudadanos que es un
problema real, pero que vamos a intentar resolverlo por este
procedimiento. Si reducimos el 90 por ciento las emisiones, el problema
está resuelto; si no fuera así, habría que plantearse otras soluciones
como las que usted indica, que, obviamente, tendrían consecuencias
sociales y económicas que a todos nos gustaría evitar.

Usted me plantea problemas de la Albufera. Son problemas de competencias
transferidas. Siento tener que contestarle así, pero debemos
acostumbrarnos a que se exija a cada Administración su responsabilidad.

Son competencias transferidas. ¿Quiere hacerlo parque natural? Plantéelo
en las Cortes Valencianas, señoría. Yo no sé si hay que hacerlo o no hay
que hacerlo. Bastantes problemas tengo con los míos como para intentar
juzgar aquí el comportamiento de los gobiernos autónomos de cada
comunidad. No trasladen problemas locales, que tienen que tener solución
local, a ámbitos estatales que han transferido las correspondientes
competencias y las correspondientes responsabilidades.

En cambio, en materia de suelos contaminados tenemos un programa en
marcha y vamos a firmar un convenio con el Gobierno autónomo valenciano
para acometer la descontaminación de suelos. Pero el Estado autonómico
está derivando hacia el Estado del convenio permanente. El Estado
autonómico está produciendo una generación sistemática y permanente de
convenios para todas aquellas competencias que necesitan una actuación
coordinada entre las administraciones. Yo estoy a favor, pero no quisiera
que por el procedimiento del convenio volvieran a la Administración
central las responsabilidades políticas que han sido transferidas. De lo
contrario, el ciudadano al final ya no sabe a quién pedirle
responsabilidades, y deberíamos tener claro el mapa competencial de este
país porque, si no, ¿cómo se juzga políticamente la acción de los
gobiernos si, para empezar, la gente no sabe qué competencias y
responsabilidades tienen los gobiernos? Por tanto, yo no puedo entrar a
discutir cómo gestiona el Gobierno autónomo valenciano sus competencias,
ni éste es el foro adecuado para ello, creo.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor González Lizondo.




El señor GONZALEZ LIZONDO: Señor Ministro, que le conste que este
Diputado, concretamente, no es nada partidario de un convenio permanente
con el Gobierno central; sí de unos conciertos económicos en los que,
naturalmente, nosotros tendremos y asumiremos todas las competencias. Lo
único que sucede es que hemos pasado a un Estado de las autonomías donde
las competencias han sido transferidas sin la dotación económica
correspondiente y, en muchas ocasiones, hemos de tener convenios de este
estilo. Pero, por supuesto, no soy partidario de estar todos los días
discutiendo y conviniendo. Seguro que no. Yo soy partidario de que las
competencias permanezcan y permanezcan completas. Así que en este tema no
me encontrará discutiendo.

Yo me he mostrado interesado desde hace cinco años, en los que soy
Diputado de esta Cámara, respecto al tema de Endesa, y le puedo mostrar a
S. S. contestaciones del Ministerio a preguntas de en qué forma se va a
remediar este tema, qué tiene previsto, qué posibilidades hay, y en
todas, en las que más, dicen que se encuentran en un proceso de estudio.

Eso es lo único que yo he recibido, no he recibido nada más. Además, me
gustaría que hubiera una recopilación por parte de la Secretaría de esta
Comisión para ver en qué ocasiones se ha tratado este tema, y voy a
pedirla también a la Comisión de Industria, porque eso no se ha tratado
en estas comisiones. A mí lo único que se me ha contestado es que está en
proceso de estudio, pero no hay ninguna contestación categórica, porque
incluso en la última interpelación al Ministerio de Industria (ahí está
el «Diario de Sesiones») no se me contestó. Lo único que sí es cierto es
que nunca me he dirigido a usted. Me he dirigido al Ministro de
Industria. Usted me dice que no me he dirigido a usted y era la persona
adecuada. Es posible. Yo me he dirigido al Ministerio de Industria, a
Recursos Naturales, donde he considerado oportuno, y seguramente me he
equivocado, porque, mira por dónde, me dice usted que prácticamente el
efecto de desulfuración prácticamente está hecho. ¡Ojalá! Yo le prometo
que si es así lo aplaudiré y naturalmente estaré de acuerdo. Pero,
sinceramente, de momento lo pongo en solfa. Puesto que usted también ha
hablado de la posibilidad de interpretar música, de momento lo pongo en
solfa y vamos a ver si luego lo interpretamos y lo tocamos conjuntamente.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): Conjuntamente no. (El señor González Lizondo: Cada
uno con su instrumento.) Transmitiré al señor diputado toda la
información disponible sobre la situación en la que se encuentra el
proceso y los plazos y calendarios para que tenga usted toda la
información de que yo dispongo.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Recoder, en nombre del
Grupo Catalán (Convergència i Unió).




El señor RECODER I MIRALLES: En primer lugar, quiero agradecer al señor
Ministro y al resto de responsables de la política ambiental de este
Departamento su comparecencia hoy ante esta Comisión.

La primera intervención del señor Ministro ha sido amplia. A nuestro
Grupo Parlamentario este tipo de comparecencias no le entusiasma, en
tanto en cuanto la



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amplitud de los temas a tratar impide entrar en un mínimo debate en
profundidad de los aspectos que desgranando la política ambiental
podríamos coincidir en que es importante tratar con la profundidad que
creemos que merecen. De todas formas, estamos en el debate que estamos,
no renunciamos a que a lo largo de la legislatura podamos producir y
promover debates sobre aspectos sectoriales de la política
medioambiental, y, siguiendo el guión del señor Ministro, voy a centrar
mi intervención.

Debo decir, de entrada, que la escenificación, como acostumbra a suceder
en las comparecencias del señor Borrell, ha sido buena. Debo decir
también que yo venía preparado para otra cosa, porque en mi inconsciente
está presente la primera comparecencia del señor Ministro en esta
legislatura para hablarnos de los objetivos generales de su Departamento,
donde, refiriéndose al tema de la política medioambiental, se puso --en
sus palabras-- la venda antes que la herida y se dedicó a anteponerse a
los problemas que se podían plantear o que quizá se le estaban
planteando, pero que en ningún caso nadie en la Comisión le había
planteado, con las comunidades autónomas.

La propuesta que hoy nos ha hecho me parece básicamente coherente y me
parece una propuesta de política medioambiental desde la Administración
central del Estado bien estructurada. Ahora vamos a ver cómo se concreta
en los diferentes aspectos en los cuales se pueda ir trabajando. Sobre
ello voy a hablar a lo largo de esta intervención, que, evidentemente, no
va a ser excesivamente larga porque el tiempo así me lo marca.

En primer lugar, hay un tema al que se ha referido el señor Ministro que
nosotros hemos venido reivindicando no en esta legislatura, sino en
legislaturas anteriores, acerca de lo que consideramos globalidad de la
política medioambiental. Nosotros siempre hemos creído que la política
medioambiental es una política interdepartamental, con independencia de
que esté ubicada en el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente, que nos parece básicamente bien. En cualquier caso, el
Ministerio más adecuado para ubicar esta política. Es más, el quinto
programa comunitario, que es el horizonte que hemos de tener presente a
la hora de diseñar cualquier política medioambiental, fija como objetivo
loable el conseguir una integración de las políticas estatales en materia
medioambiental.

Usted nos hablaba de este enfoque global y no sectorial en el cual
estamos muy de acuerdo, pero yo quiero reiterárselo e incluso apoyarle en
esta voluntad de intervenir en lo que es la política medioambiental que
realizan tantos y tantos departamentos de la Administración central.

Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura tiene una competencia y un
organismo tan importante como es el ICONA, a quien compete la política de
intervención en el medio natural. Ustedes tienen algún tipo de
intervención en el diseño de la política medioambiental que se está
haciendo desde el Ministerio de Agricultura.

Lo mismo sucede con el Ministerio de Industria, que no olvidemos que
tiene dentro de su área de competencia un ámbito tan importante como es
el de la política energética, que no hay que recordar que está
desarrollando un plan importante como es el PITMA.

O el mismo Ministerio de Justicia. En esta legislatura se nos va a traer
a la Cámara de nuevo el Código Penal, en el que hay aspectos tan
importantes a la hora de diseñar una política medioambiental como es la
tipificación del delito ecológico, donde supongo que su Ministerio está
interviniendo de alguna manera.

El Ministerio de Educación. No hablemos de la educación medioambiental,
porque usted ya lo ha tratado, aunque más adelante voy a abundar en ello.

O el propio Ministerio de Economía --para terminar, pero podríamos
seguir--, a quien competen todos los instrumentos fiscales que nuestro
Grupo parlamentario considera que son fundamentales a la hora y en el
momento de realizar una política medioambiental.

En segundo lugar, el papel del Ministerio en el Estado de las autonomías,
un tema que a nuestro Grupo parlamentario le ha preocupado siempre, como
le preocupa a usted.

Nosotros creemos que el Ministerio --y estoy seguro de que no le va a
sorprender mi afirmación-- tiene un papel a realizar dentro de la
política medioambiental, aunque las competencias de gestión estén
transferidas a las comunidades autónomas. Es más, creemos que tiene un
papel muy importante a realizar. Pero vamos a circunscribir exactamente
la actuación del Ministerio a sus competencias.

Repito lo que le he dicho al inicio de mi intervención, me ha gustado más
lo que ha dicho hoy que lo que dijo el otro día. Hoy usted nos ha
brindado una política amplia, abierta, globalizadora, en la cual parece
que cuenta con todos los agentes sociales y con todas las
administraciones del Estado, pero, en cualquier caso, no una política
basada en la prevención de lo que puedan estar realizando otras
comunidades autónomas.

El Ministerio tiene un papel importante a realizar. No sólo le compete la
legislación básica, sino que, por ejemplo, puede diseñar, de acuerdo con
los objtivos comunitarios, toda una serie de objetivos --usted nos ha
planteado cuatro concretamente-- en los cuales se tiene que conseguir
poner de acuerdo a los distintos agentes políticos.

Ustedes tienen mecanismos económicos y financieros que las comunidades
autónomas no tienen, ya sea por la vía presupuestaria o sea por la vía de
la utilización de la fiscalidad. Pueden proponer normativa
complementaria, etcétera. Es decir, el papel es fundamental.

También debo decirle abundando en esto, como hemos dicho otras veces, que
el ejemplo del plan de la vivienda nos parece bien y por eso celebramos
cuando usted nombró a doña Cristina Narbona, Secretaria de Estado de
Vivienda y también de Medio Ambiente, porque en principio hemos de
confiar en que va a trasladar la experiencia que ha aplicado ya en la
política de vivienda a la política medioambiental. Una política en la
cual el Estado diseña una política global de acuerdo con las comunidades
autónomas. Si quiere, que se sienten también las administraciones
locales, pero todas, no sólo las de la Federación Española de Municipios
y Provincias,



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porque estamos dejando fuera otros ayuntamientos, en Cataluña y el País
Vasco especialmente, y que hagan sus planteamientos, que los defiendan y
a partir de ahí que se articule una política global. Ustedes pongan los
fondos presupuestarios y extrapresupuestarios, incluso propongan
normativa, etcétera, y vamos a trabajar todos.

Lo que sí le pediría, a diferencia del plan de la vivienda, es que dejen
un poco más de margen de actuación a las comunidades autónomas para que
los objetivos comunes que se diseñen puedan éstas aplicarlos a la
especialidad de su propio territorio. Hay territorios en el Estado con un
fuerte desarrollo industrial, donde habrá que incidir en algunos aspectos
de política medioambiental muy específicos, y otros territorios con una
población básicamente rural donde los problemas ambientales son otro
tipo. Pues bien, vamos a hacer una propuesta suficientemente flexible
para que las comunidades autónomas puedan adaptarlo a sus propias
necesidades.

Le decía que nos parece muy bien que las corporaciones locales estén
sentadas en esta mesa, como está sucediendo en el Plan de la Vivienda.

Ahora, donde vamos a discrepar, y usted sabe que discrepamos, es en la
política de ayuda directa y de concierto directo del Ministerio con las
corporaciones locales. Creo que la doctrina del Tribunal Constitucional
es clara en ese sentido y lo que son competencias de gestión, cuando son
de las comunidades autónomas, los ministerios deben transferir los
recursos a las comunidades autónomas para que éstas los transfieran a su
vez a los ayuntamientos que tienen que ejecutar determinadas políticas.

Lo que no se puede hacer es subvencionar directamente a los
ayuntamientos, ya sean directamente o bien con lo que podríamos denominar
subvenciones en especie para que realicen determinadas políticas. Ahí sí
que discreparíamos si su intención fuera la de continuar por esa vía.

En cuanto a los objetivos del plan, nos ha citado cuatro. Son cuatro
objetivos importantes: desertización, agua, residuos y medio ambiente
urbano. Ciertamente, quizá hay otros que son tan importantes y que no
están ahí, como el medio natural. Estoy de acuerdo en que el medio
ambiente urbano tiene una problemática muy importante: contaminación
acústica, del aire, etcétera, pero el medio natural tiene una
problemática también importantísima en todas las sociedades industriales
donde la presión del entorno es muy fuerte y creo que ha de ser un
elemento fundamental de una política medioambiental; o, por ejemplo, no
nos ha planteado una política específica en el tema de la contaminación
del aire, aunque es evidente también que, dentro de lo que es el medio
ambiente urbano, hay una componente de contaminación ambiental
importante.

Otra cuestión que le quisiera plantear en esta intervención, a la cual
tampoco se ha referido, pero que me parece fundamental, es todo el
aspecto internacional. ¿Qué política va a realizar su Ministerio en este
ámbito? Todos sabemos que hoy en día la problemática medio ambiental no
se limita al ámbito local, autonómico o al ámbito estatal. Los grandes
problemas medioambientales que tenemos planteados son de ámbito mundial.

Los más graves problemas que tenemos planteados hoy en día, por ejemplo,
en ese ámbito, son de tal magnitud como el deterioro del medio ambiente
natural en los países del sur, del tercer mundo o, por ejemplo,
cuestiones que a veces son susceptibles de ser tratadas con un cierto
catastrofismo, como puede ser el deterioro de la capa de ozono o toda la
problemática del cambio climático y su causante del efecto invernadero,
que usted nos decía que no hay evidencias científicas al respecto. (El
señor Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, Borrell
Fontelles: Definitivas.) Definitivas. Yo estoy de acuerdo con ello y hay
discrepancias entre los científicos, pero en este tema creo que
deberíamos evitar que nos sucediera lo que nos ha pasado con las medidas
que se han adoptado para prevenir y parar el deterioro de la capa de
ozono; es decir, las medidas que se han adoptado tanto en la Convención
de Londres como en el Protocolo de Montreal son medidas positivas; lo que
pasa es que todos sabemos que el daño producido va a tardar muchos años
para restablecer el equilibrio que en su momento había existido. Se han
hecho unas heridas que se va a diferir mucho en el tiempo su
cicatrización. No esperemos a actuar en un tema tan importante como el
del efecto invernadero cuando tengamos la evidencia ya delante de
nosotros.

Nuestro Grupo cree que en este ámbito la comunidad internacional tendría
que ser un poco, si quiere usted, valiente y lanzada a la hora de adoptar
acuerdos que ya sabemos que no van a ser populares, pero, en cualquier
caso, creo yo que es conveniente que lo hagamos. Pues bien, qué política
va a promover su Ministerio dentro del ámbito internacional, nos parece
una cuestión muy importante.

Otro tema al que me quisiera referir, con brevedad, señor Presidente, es
al de la educación ambiental. Nosotros creemos que, independientemente de
las medidas que se pueden adoptar de orden legislativo por las diferentes
administraciones, la problemática medioambiental tiene un componente muy
importante de compromiso individual. Las sociedades que están adoptando
unas políticas más progresistas en materia medioambiental son aquellas en
las cuales existe una concienciación ciudadana al respecto. Ahí creo que
los poderes públicos pueden hacer mucho promoviendo, fomentando e
incentivando la educación ambiental para crear esa conciencia ambiental,
ese compromiso individual que haga sentir a los ciudadanos
corresponsables de lo que está pasando en su entorno natural; que les
vacune y prevenga contra los hipotéticos catastrofismos y
sensacionalismos con los cuales son muy susceptibles de ser tratados
estos temas. En definitiva, también para tener el suficiente apoyo social
para que los gobiernos, los poderes públicos puedan adoptar determinadas
medidas.

Penúltima cuestión. Usted ha hecho referencia en su intervención, creo
que es un tema al cual me debo referir, a qué pasa en este país que no
somos capaces de instalar una sola planta de residuos industriales; qué
sucede.

Pues bien, sucede que, como le decía hace un



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momento, hay temas que son muy susceptibles de ser tratados de forma
catastrofista e incluso alarmista. Permítame que le diga, señor Ministro,
con toda sinceridad, que cuando determinados planteamientos ante
propuestas de gobiernos en materias que son delicadas son contestados con
respuestas como esa que usted nos daba de que lo que hay que hacer ante
un plan de residuos industriales es no producir residuos, seguramente
están cargados de buena voluntad, pero, en cualquier caso, de una falta
inmensa de realismo. Cuando estas propuestas son realizadas fuera del
arco parlamentario es comprensible, pero cuando grupos con
responsabilidades de gobierno en el ámbito local, autonómico o estatal
adoptamos posiciones de ese tipo, yo creo que eso deberíamos evitarlo y
ser capaces de llegar a un acuerdo entre las principales fuerzas
políticas de todo el país para excluir de demagogias partidistas aspectos
que seguramente son muy rentables políticamente, pero que, en cualquier
caso, no hacen ningún bien al país. Todos sabemos que la política que los
americanos definen como «en mi patio no» es rentable y lo es en todo el
mundo, pero no aportan nada positivo y los problemas quedan sobre la mesa
sin resolver.

Para qué le voy a poner el ejemplo del Plan de Residuos Industriales de
Cataluña o lo que ha sucedido, por ejemplo, con un intento de
internalizar los costes ambientales de la depuración del agua en los
recibos del agua de mi propia comunidad autónoma. Usted sabe
perfectamente lo que ha sucedido y yo creo que no debería suceder ni en
Cataluña ni en el resto del Estado y deberíamos evitarlo todos los que
estamos aquí presentes y poner los medios para que eso no sucediera en el
futuro. Por último, termino esta intervención refiriéndome, muy
brevemente, al tema de las declaraciones de impacto, que era uno de los
aspectos objetivo de esta comparecencia.

Me consta, señor Ministro, la buena voluntad de los responsables de su
Ministerio, de los responsables de las evaluaciones de impacto ambiental.

También me consta su falta de medios, y usted lo ha reconocido
públicamente. ¿Por qué no establecemos una colaboración con las
comunidades autónomas en lo que es la declaración de los estudios de
impacto ambiental dentro de su propio territorio, incluso con aquellas
obras que son competencia de la Administración del Estado? Como mínimo,
conocen tan bien el territorio como lo pueda conocer cualquier técnico
del Ministerio. Creo que ello podría ser una salida positiva y, si
quiere, airosa de la situación en la que nos encontramos,
independientemente de que usted cree una subdirección general, lo cual a
mi grupo parlamentario le parece perfecto y lo apoya.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): Yo creo que estamos de acuerdo, señor Recoder, en lo
fundamental, por no decir en casi todo. Ciertamente, los objetivos
concretos en cada territorio los tienen que proponer las comunidades
autónomas, de igual manera que lo han hecho en materia de política de
vivienda. El Plan de Vivienda no ha dicho: usted tiene que hacer eso en
su territorio. Han sido las comunidades las que han dicho: yo tengo que
hacer más rehabilitación o más precio tasado porque las características
socioeconómicas y urbanísticas de mis ciudadanos son así y ésta es mi
política; totalmente de acuerdo. Hay objetivos nacionales y hay objetivos
territoriales, y de igual manera que es nuestra responsabilidad --y usted
lo ha reconocido-- definir políticas nacionales que no tienen, por así
decirlo, particularidades locales, corresponde a las autoridades
políticas locales definir sus objetivos locales. No estoy proponiendo un
contrato de adhesión y decir: éste es el plan de medio ambiente, firmen
aquí debajo. No, no; quiero hacer un plan de medio ambiente como dice la
Constitución que hay que hacerlos, integrando los planteamientos de las
comunidades autónomas en una estrategia nacional. El todo es algo más que
la yuxtaposición de las partes. Si el plan nacional fuera 17 capítulos
ordenados por orden alfabético, tampoco tendría ningún sentido, ¿verdad?,
que hiciéramos de encuadernadores de las propuestas de los demás. El todo
es algo más que la yuxtaposición de las partes, pero el todo no puede
anular la autonomía de las partes, pues entraríamos en otro modelo
político. Entre la yuxtaposición de todos y el mando y ordeno tenemos que
encontrar el punto de equilibrio que delimite responsabilidades y permita
formular objetivos.

Creo, sinceramente, que el plan de viviendas ha sido un buen prólogo de
esta clase de actuaciones. Ha habido propuestas de las comunidades
autónomas enmarcadas en una política general, respetando peculiaridades
de cada una de ellas. Y así esperamos hacerlo en materia de medio
ambiente. Sin embargo, me reconocerá que hay competencias --en este país
algún día dejaremos de discutir de las competencias y pasaremos a
ejercitarlas-- que no sé si son de medio ambiente o no. La recogida de
basuras urbanas, ¿de quién es competencia? De las corporaciones locales;
así lo dice la Ley de Régimen Local, así es y así, lógicamente, será. Si
decimos que la política de recogida de basuras urbanas es una política
ambiental --y lo es--, ¿entonces estamos en el ámbito competencial de las
comunidades autónomas? No, ¿verdad? No me parece razonable extrapolar y
decir: puesto que las basuras urbanas se configuran hoy como un aspecto
importante de la política ambiental, la competencia es autonómica. No
creo que estén de acuerdo los ayuntamientos ni que eso sea compatible con
la realidad de todos los días. Entonces, pregunta: ¿puede el Ministerio
colaborar con las corporaciones locales en políticas selectivas de
recogida de basuras urbanas, como colabora en otras tantas cosas con las
corporaciones locales? (El señor Recoder i Miralles: Sí, pero...). Sí,
pero..., claro, el problema es el pero, aunque ya es un paso, porque
alguien dice no. Pónganse de acuerdo... (risas), porque alguien dice: no,
no puede usted. Yo no puedo aceptar ese no, porque si acepto ese no, las
vías de colaboración con la Administración local, ¿a qué quedan
reducidas? Porque casi todo tiene



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una componente ambiental, señorías. El saneamiento de aguas, ¿de quién es
competencia? Dice la Ley de Régimen Local que de las corporaciones
locales, con el auxilio financiero de las comunidades autónomas. Entonces
los ayuntamientos tienen algo que decir aquí. Los ayuntamientos dicen que
entienden que sus competencias no les pueden ser sustraídas por el hecho
de poder ser catalogados como piezas de la política ambiental, porque,
por esta regla de tres, ¿dónde vamos a parar? Y ahí es donde, señorías,
la única solución es el sentido común y las ganas de colaborar, porque si
nos enzarzamos en la discusión un poco bizantina de si las basuras es
política ambiental o no lo es, lo más probable es que mientras discutimos
del sexo de los ángeles sigamos sin hacer lo que tenemos que hacer, que
es propiciar mecanismos de recogida selectiva, como estamos intentando
hacer en materia de, por ejemplo, papel usado. Los alemanes nos invaden
del papel usado que recogen en sus ciudades, porque no sé por qué extraña
razón allí, a la hora de la discusión, no se pierde tanto tiempo en estos
planteamientos entre los «Länder» y la Administración central. No sé cómo
lo hacen, pero nos invaden de papel usado, señoría, y nuestro papel usado
va a la basura porque no somos capaces de hacer algo tan sencillo como
poner un contenedor en las calles y un camión que recoja lo que la gente
eche allí. ¿No deberíamos dejar de discutir de problemas competenciales
sabiendo, como sabemos, que hasta tenemos dinero? ¡Fíjese usted, hasta
tenemos dinero! ¡Maravilla! Bueno, pues ni por ésas.

Yo creo que la solución es convenir con las comunidades autónomas que lo
deseen políticas de coordinación con los ayuntamientos que no excluyan,
porque no lo pueden excluir, la responsabilidad de los ayuntamientos. El
diálogo es tripartito; ningún ayuntamiento va a aceptar que en materia de
recogida de basuras urbanas sea la comunidad autónoma la competente
porque es ambiental. Yo entiendo que haya comunidades que digan: oiga, yo
tengo políticas de ayuda a los ayuntamientos, coordine usted la suya con
la mía. ¡Magnífico!, no hay ningún problema. Y eso es lo que estamos
intentando hacer sin encasillarnos en: no hable usted con mis
ayuntamientos que son míos, que es lo que alguna vez, por desgracia,
recibo como eco de alguna comunidad autónoma. (El señor Recoder i
Miralles: No de la mía.) No digo que sea la suya, la suya no, la
catalana.

Aspecto internacional. Estamos en todos los foros internacionales, y un
reciente ejemplo es el Convenio de Londres. Hemos tenido un papel muy
activo en el Convenio de Londres sobre vertidos al mar, donde, por
cierto, en contra de la opinión de Inglaterra, que debía confiar tambien
en que el mercado lo arreglaría solo, hemos estado haciendo unos
planteamientos muy activos para evitar que los vertidos al mar continúen
planteando el problema dramático que están planteando.

Un último tema del máximo interés --usted tiene la virtud de plantear
problemas muy concretos y muy interesantes-- es la declaración de impacto
ambiental en el territorio de cada comunidad autónoma. ¿Lo hace la
Administración del Estado porque hace la obra o lo hace la comunidad
autónoma porque se hace en su territorio? La verdad es que estos
problemas son apasionantes, porque los dos puntos de vista son igualmente
defendibles. Oiga, usted hace su obra en mi territorio; por lo tanto,
como yo ordeno el territorio, soy yo quien digo cómo se hace la obra. Y
otro punto de vista es: Oiga, mire, la obra la hago yo, soy el
competente, la pago, el territorio no es suyo, el territorio es de la
nación española y hago yo la declaración de impacto ambiental. Hoy por
hoy estamos haciéndolo de una forma bastante vertebrada, pedimos consulta
a la comunidad autónoma, le pedimos que participe, le rogamos que
participe. Lo que no vale, señoría --y ahora voy a ser un poco crítico
porque ya está bien que sea siempre yo el criticado--, lo que no vale es
participar en el proceso de declaración de impacto ambiental de una
manera y luego ir corriendo a la opinión pública explicando otra. Lo que
no vale es que cuando hay que hacer un proyecto y se pide información a
la comunidad autónoma y se le dice: diga usted lo que opina, dice «A» y
cuando hay una protesta vecinal, sale corriendo y dice, no, yo digo «B».

Oiga, pues si dice usted «B», me lo dice en el documento que me remite a
efectos administrativos cuando llega el momento de hacer la declaración
de impacto, y si cuando dijo «A» lo dijo, ahora no intente plantear,
frente a la opinión pública, que usted hubiera sido más exigente. Tuvo la
ocasión de serlo y no lo fue. Y me estoy refiriendo a algunas actuaciones
en contra de la Administración central del Estado en Cataluña, donde si
publicáramos en los periódicos la participación que tuvo el
correspondiente departamento de la Comunidad Autónoma en el proceso
reglado de declaración de impacto ambiental, y lo comparáramos con las
declaraciones públicas de los responsables, quedaría manifiestamente
puesto en evidencia una contradicción que no deseo agudizar. Pero tenemos
un ejemplo en Cataluña que vamos a ver cómo lo resolvemos. La autovía
entre Cervera e Igualada, señoría, ¿por dónde la hacemos pasar? (El señor
Recoder i Miralles: ¡Qué pena!) Lo que pasa es que conviene decir lo
mismo en los despachos ministeriales que a los periódicos, ¿eh? Y, desde
luego, estoy dispuesto a consensuar la solución, pero no creo que fuera
una buena solución trasladarlo al ámbito de la comunidad autónoma y que
ésta fuera la responsable de declarar el impacto ambiental de las obras
estatales; creo que no sería una buena solución. ¿Por qué? Porque hay
efectos frontera. ¿Por dónde salta el Júcar la autovía Madrid-Valencia?
No está el señor González Lizondo, que estaría muy interesado en el tema.

¿Por dónde salta el Júcar y por dónde salta el Cabriel en la autovía de
Madrid-Valencia? Mire usted qué casualidad, el Cabriel es frontera
administrativa entre dos comunidades autónomas. ¿Quién decide una u otra?
Le aseguro que tienen puntos de vista radicalmente distintos. Y el Júcar,
que está en el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha,
pero que interesa fundamentalmente a Valencia, ¿quién dice por dónde
tiene que pasar? Tiene que haber una autoridad superior que determine el
interés general de las obras, que se hacen precisamente porque son de
interés general; si no, no las haríamos. Si es de



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interés general la obra, ¿por qué no va a ser también de interés general
la evaluación de impacto ambiental de la correspondiente obra? Creo que
la colaboración debe ser toda, que tienen que tomar parte, que deben
participar de una forma responsable, y estoy seguro que a través del
diálogo entre las administraciones, superaremos estos y otros problemas.




El señor PRESIDENTE: El señor Recoder tiene la palabra.




El señor RECODER I MIRALLES: Quiero hacer alguna puntualización sobre la
intervención del señor Ministro. Empezando por el final, yo estoy de
acuerdo en que en aquellas obras de interés general que afectan a dos
comunidades autónomas, la Administración del Estado tiene que ser la
competente. Yo no me refiero a este tipo de obras, señor Ministro --es
que usted me lleva siempre al extremo--. Le hablo de temas tan sencillos
como son obras de interés general que transcurren íntegramente por una
comunidad autónoma: Coyagas, para hablar de su comarca, Pallars Jussá; la
variante San Daniel, en Gerona. No afectan a dos comunidades autónomas;
si acaso afectarán a dos municipios como máximo, pero de la misma
comunidad autónoma, y allí yo creo que podría existir una mejor
colaboración con las propias comunidades.

Por otro lado, me quiere confundir con el tema de las declaraciones de
impacto en costas. Una cosa es hacer una declaración de impacto sobre una
obra de regeneración de playas, y otra cosa es criticar la política de
regeneración de playas por los efectos que produce, o por el mal
resultado que da la política que está siguiendo, cuando viene el primer
temporal, pero creo que no es lo mismo, señor Ministro. En cualquier
caso, creo que todos estos temas son tratados con la máxima
responsabilidad desde la Comunidad Autónoma de Cataluña.

Me quiero referir de nuevo al tema que ha centrado su segunda
intervención, que es el de delimitar la frontera competencial y después
definir un marco de colaboración. Estamos de acuerdo en el marco de
colaboración, pero me lleva al tema de los residuos. Es evidente que es
una competencia local, de los ayuntamientos; es evidente también que la
recogida de residuos y su eliminación es un tema medioambiental, porque
yo si no es medioambiental no sé exactamente dónde ubicarlo; y es
evidente que nuestro bloque de constitucionalidad establece que las
competencias de gestión en materia medioambiental lo son de las
comunidades autónomas. Pues definido esto, yo creo que no cabe el
concierto directo del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente con el ayuntamiento A o el ayuntamiento B. El Ministerio tiene
un ámbito de actuación muy importante. Por ejemplo, puede fijar
principios generales de actuación en materia de recogida de residuos
urbanos --que es el caso que estamos tratando--, puede proponer objetivos
globables compatibles con los de las comunidades autónomas en ese propio
ámbito, puede promover la aprobación de la normativa adecuada, puede
prever instrumentos financieros --tasas, cánones, etcétera--, y si nos
vamos al terreno de los residuos industriales, mucho más, porque también
tiene otro instrumento importantísimo, que es evitar que se creen
disfunciones fiscales entre las distintas comunidades autónomas que
favorezcan el trasvase de plantas o de residuos de una comunidad a otra
donde puede ser más barato su tratamiento. Puede, por tanto, garantizar
la homogeneidad en las condiciones de gestión en toda España para evitar
el movimiento incontrolado de residuos. Miren si pueden hacer ustedes
cosas. Ahora bien, dedicarse a concertar directamente con las
administraciones locales es lo que creo innecesario, y es más,
innecesario y contrario al bloque de constitucionalidad. Pero es que
entonces en la práctica están produciéndose situaciones absurdas, y
permítame que le lleve yo también al extremo, es decir, estamos creando
redes de control de contaminación paralelas, porque la comunidad autónoma
crea una y ustedes conciertan con un ayuntamiento o con una diputación la
creación de una red paralela. Entonces resulta que en la práctica existe
en una ciudad un centro de control de contaminación atmosférica, por
ejemplo, dependiente de la comunidad autónoma, y 450 metros más arriba
existe otra planta que realiza exactamente la misma función, pero que es
de titularidad de una administración local financiada por su Ministerio,
porque ustedes han llegado a un acuerdo directamente con ellos. Pues me
parece innecesario. Usted citaba el convenio de recogida selectiva de
papel y cartón, que están ustedes emprendiendo en este momento. Usted
sabe que hay comunidades autónomas que están realizando una acción
mimética, exacta, y entonces estamos duplicando esfuerzos, duplicando
energías, duplicando presupuestos para conseguir un mismo objetivo, y me
parece absolutamente innecesario, y miren si tienen ustedes terreno para
recorrer en este tema, porque además de todo lo que le he dicho cuando
hablaba de residuos, tenemos el problema del dumping que están realizando
los alemanes y que está perjudicando notablemente al reciclado de papel y
de cartón en España. Y a veces tengo la sensación, y quisiera que usted
me la disipara, porque le aseguro que es una sensación sincera, de que
ustedes están primando el protagonismo sobre la efectividad, y esto creo
que no es bueno. Es decir, el tema medioambiental va a constituir la
estrella de la política de su Ministerio en esta legislatura. Estamos de
acuerdo. Lo hemos reivindicado siempre. La política medioambiental tiene
que tener un papel estrella dentro de lo que son las políticas que
realiza el Estado, tiene que existir una preocupación creciente de la
ciudadanía al respecto, porque nos jugamos muchísimo, nos jugamos en
definitiva una parte importante del estado del bienestar en esta
política, y es una política que es muy dada al lucimiento, pero hay veces
que esto es incompatible con la efectividad en la gestión, y por eso creo
que nos tenemos que poner de acuerdo, y más incluso --y le voy a dar otro
argumento-- en un momento en el cual las cosas económicamente nos van mal
y todas las administraciones públicas andan cortas de presupuesto. Vamos
a racionalizar los recursos públicos y que cada uno realice su papel.




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El señor PRESIDENTE: El señor Ministro de Obras Públicas, Transportes y
Medio Ambiente, tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): Sin ningún ánimo de reabrir el diálogo, señor
Recoder, creo que estamos totalmente de acuerdo en el objetivo, y desde
luego no tengo ningún interés en colocar dos sensores de captación de
contaminación atmosférica uno al lado del otro para medir lo mismo. Por
tanto, lo que tenemos que hacer es definir el objetivo y quién lo ejecuta
y como lo financia, y posiblemente en algunos casos concretos estaremos
de acuerdo en que, por economías de escala territoriales, porque el
problema no reproduce en la realidad física el reparto político del
territorio, conviene que se haga desde una autoridad más central, y en
otros casos desde una autoridad más local. Eso debe ser objeto
--insisto-- del reparto efectivo no de competencias, que son de quien
son, sino de actuaciones gestoras que deben situarse en el nivel más
adecuado. Y le garantizo que el Ministerio va a dejar de hacer todas las
cosas que haga mejor, en el ejercicio de sus competencias, otra
administración --se lo garantizo--, o que deba hacer otra administración,
impulsando que lo haga, porque el papel del Estado tampoco puede ser el
de decir: lo tiene que hacer usted y mire por dónde no lo hace. Porque,
claro, cuando luego voy a Bruselas, yo no sé muy bien cómo explicar cómo
está organizado este Estado español, porque cuando me dicen: ¿Pero qué
pasa con ustedes que no hacen tal cosa?, y yo contesto que es que no la
hace quien la tiene que hacer, me piden que haga algo, y mi respuesta no
puede ser decir: no puedo hacer nada, porque no lo entienden. Pues bien,
eso que hay que hacer es la concertación y la coordinación. Le garantizo
que no vamos a hacer nada que deba hacer otra administración y que la
técnica o la táctica no va a ser subsistir, en el ejercicio de, sino
impulsar y coordinar para que lo haga quien lo tiene que hacer.

En cuanto al tema del papel usado, es muy discutible, señoría. Usted me
acaba de decir, y no creo que nadie en esta Comisión pueda sustentar esa
afirmación, ni usted mismo, que la recogida de residuos urbanos es
competencia autonómica. (El señor Recoder i Miralles: Es local, pero es
medioambiental.) Aclarémonos. Si es medioambiental es autonómica.

¿Alguien puede seriamente decir que la recogida de residuos urbanos es
una competencia de las comunidades autónomas porque resulta que es una
política con gran impacto ambiental? Yo creo que no, ningún ayuntamiento
lo va a aceptar. No es así. (El señor Sedó i Marsal: Una vez recogidos,
el tratamiento ya...) Una vez más tiene que ser el sentido común y las
ganas de colaborar los que sustituyan el carácter pluriforme de los
problemas, porque lo que ayer era un problema sin trascendencia, que era
recoger las basuras en las calles, hoy es un problema con trascendencia
porque lo que se recoge debe ser reprocesado y hay que recogerlo de una
forma particular y específica. Si una comunidad autónoma desea convenir
con el Ministerio en esa política, se le ha ofrecido hacerlo, y sería
quizá una buena forma de coordinar las acciones con los Ministerios, pero
yo tampoco puedo aceptar, señoría, que las relaciones de la
Administración central con los ayuntamientos deban canalizarse todas a
través de las comunidades autónomas, porque no es así, en muchas cosas no
es así; existe un fondo nacional de cooperación con la Administración
local que hace de forma concertada con los ayuntamientos multitud de
actuaciones donde podría llamarse parte la comunidad autónoma, desde
poner fuentes en las plazas de los pueblos en las zonas rurales, hasta
restaurar monumentos arquitectónicos. La única solución, señoría, no es
entrar en una guerra de guerrillas, sino sentarse en la mesa y convenir
todo lo que haga falta para repartir recursos y responsabilidades.

Señorías, señor Presidente, tengo alguna limitación temporal. Puedo
volver por la tarde si lo desean. ¿Vamos a tardar mucho más todavía?



El señor PRESIDENTE: Queda la intervención del portavoz del Grupo
Socialista, señor Dávila y con eso terminamos, señor Ministro.

Ruego entonces al señor Dávila que bajo su propio criterio tome en
consideración la matización del señor Ministro.




El señor DAVILA SANCHEZ: Señor Presidente, seré rápido.

En primer lugar quiero expresar al señor Ministro y a la señora
Secretaria de Estado un solidario saludo en nombre del Grupo
Parlamentario Sociaista. La intervención podría y hasta debería por esta
razón que acaba de expresar el señor Ministro ser poco menos que
lacónica. Es, digamos, hasta reglamentario o de oficio nuestro apoyo
político total al planteamiento hecho por el Ministro, pero para quienes
hayan seguido las posiciones de este Grupo en temas ambientales tampoco
será sorprendente la sintonía y la alegría que nos producen algunos
aspectos novedosos que ha introducido el señor Ministro en su
intervención. Como evidentemente no habrá por mi parte ni necesidad ni
ocasión de contrarreplicar al Ministro, sólo utilizo esta intervención
para trasladarle desde este Grupo Parlamentario el interés que nos ha
despertado el escuchar ese planteamiento de plan y a veces decía
estrategia nacional, como si lo considerase sustitutivo, de política
ambiental.

Señor Ministro, hago la obviedad de recordar que hoy es 24 de noviembre
de 1993, para de ahí recordar que lleva veinticuatro días de vigencia el
Tratado de la Unión. Como socialista lo celebro, como contribución que
es, evidente para todos, de los socialistas europeos para que esto hoy
esté vigente, no un proyecto, no una cosa cuestionable, sino algo con
vigencia jurídica, porque después de la entrada en vigor de este Tratado
de la Unión, con sus títulos XIV, definiendo la cohesión económica y
social y XVI, relativo a medio ambiente, hay una nueva dimensión, de la
que yo no sé si todos los grupos son conscientes. A partir de esta
entrada en vigor las políticas convencionales de medio ambiente --hoy



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prácticamente todo el debate se ha llevado sobre ese planteamiento--
entran en una nueva dimensión.

Señor Ministro, el artículo 130 R) de ese Tratado de la Unión define para
toda la Unión el principio de la integración general de las exigencias
ambientales. Leo el párrafo por si alguno no ha tenido ocasión de
hacerlo: «Las exigencias de la protección del medio ambiente deberán
integrarse en la definición y en la realización» --no sólo en la
definición, sino en la realización-- «de las demás» --no de algunas, las
demás, es decir, todas, en castellano--, «políticas de la Comunidad». Por
tanto, en este tratado de la Unión la integración general de las
exigencias ambientales en todas las políticas de los Estados de la
Comunidad es ya un principio de valor jurídico al estar en vigor el
Tratado de la Unión.

Ante esto, señor Ministro, además de todos sus razonamientos de analogías
con otros gobiernos u otros Estados de nuestro entorno respecto de cómo
deba enfrentarse administrativamente la unidad de gestión, es evidente
para S. S. y para nosotros, que lo defendimos desde hace mucho tiempo,
que la unidad administrativa de gestión que importa hoy con este
principio de integración general de las exigencias ambientales es el
Consejo de Ministros, lo tenemos obvio; cualquier otro Ministerio podría
afrontar lo que yo seguiría llamando políticas convencionales de medio
ambiente, pero este principio (que para nosotros es válido, y lo es para
cualquiera puesto que el Tratado de la Unión lo integra en él
fundamentalmente) es que es la política del Estado aquella que debe tener
esa integración. Ante eso, si no fuesen razón suficiente las analogías
que usted ha invocado, las razones que yo cito de este principio jurídico
y, sobre todo, las pragmáticas para la gente a la que le gusta ser
pragmático, ¿es que acaso hay alguien que cree que lo que usted hoy ha
citado de reorientación de los mecanismos de mercado se puede hacer desde
un Ministerio de Medio Ambiente? Señorías, si los objetivos no son sólo
las políticas convencionales de medio ambiente, es evidente que quienes
invocan la unidad de Ministerio de Medio Ambiente están en un
planteamiento convencional, no es el nuestro.

Señoría, lo que me importa más, porque afecta fundamentalmente a nuestro
planteamiento en políticas ambientales, a lo que le refería de plan o
estrategia nacional de medio ambiente, es que tengamos además en cuenta
que esos dos títulos que he invocado, el de cohesión económica y social,
el XIV, y el medioambiental, el XVI, introducen aspectos muy
definitorios. No sé si todo el mundo es consciente de que el artículo 130
S) del Tratado de la Unión en su párrafo 1 no define una política
ambiental común, pero sí pronostica y legitima políticas ambientales de
la Comunidad. Dice textualmente: «El Consejo, con arreglo al
procedimiento del artículo 189 C)» (si alguien no lo recuerda, ése es el
procedimiento de codecisión, con lo cual entra aquí en juego no sólo la
mayoría cualificada en el Consejo, sino que además la interacción
dialéctica con el Parlamento Europeo) «... decidirá las acciones que deba
emprender la Comunidad para la realización de los objetivos fijados en el
artículo 130 R)»: objetivos de medio ambiente, redes transeuropeas en el
aspecto del sector transportes. Eso lo hace legitimidado, posibilitando y
anunciando políticas ambientales comunitarias, que tienen también su
apoyatura económica, y ahí es donde quiero llegar al final, porque mi
intervención no es una abstracción sino una prevención, desde la
perspectiva de este Grupo, de riesgos que hay motivos para pensar que
puedan darse.

El artículo 130 D) define los fondos de cohesión y los distingue de los
estructurales no sólo porque ya existían en los tratados previos de la
Comunidad, sino porque además creo detectar que tienen una finalidad
distinta. El fondo de cohesión viene en un párrafo, independizado de los
estructurales, que dice que «El Consejo establecerá con arreglo al mismo
procedimiento» --el de los fondos estructurales-- «antes del 31 de
diciembre de 1993, un fondo de cohesión que proporcione una contribución
financiera a proyectos en los sectores de medio ambiente y de las redes
transeuropeas en materia de infraestructuras del transporte». Si alguien
no lee al mismo tiempo cómo se definen en el Tratado de la Unión las
políticas de cohesión, el objetivo de cohesión económica y social, podría
caer en el error, en el que algunos ingenuamente a lo mejor pueden caer,
de pensar que estos fondos de cohesión tengan simplemente un
planteamiento como el de los estructurales, pura y duramente de carácter
regional y territorial. Pues no, porque el fondo de cohesión, que nace
precisamente para sustentar las políticas de cohesión económica y social,
se define en el 130 A) diciendo: «A fin de promover un desarrollo
armonioso del conjunto de la Comunidad, ésta desarrollará y proseguirá su
acción encaminada a reforzar su cohesión económica y social.»
Señorías, hay que tener muy presente que el Consejo ha definido que esa
política de cohesión económica y social está dirigida a cuatro países
nada más, a España, Portugal, Irlanda y Grecia. ¿Por qué? Es lo que a mí
me importa reflejar en prevención de otras iniciativas: porque lo que se
detecta aquí es que estos países deben hacer un esfuerzo intensivo,
acelerado, de recuperar los retrasos estructurales y de todo orden que
tienen en sus sistemas productivos y sociales para poder simplemente
alcanzar esa media comunitaria que es el objetivo de las políticas de
cohesión económica y social. Pues bien, si esto es así, estos fondos no
deberían tener una aproximación del reparto puro y duro en función de los
que se apuntan a la lista correspondiente o a las presentaciones que se
hagan desde cada uno de los intereses territoriales o a veces
sectoriales. Deben tener una estrategia de ayudar a que este país, junto
con esos otros tres, haga las transformaciones económicas, sociales y
tecnológicas que se le exigen para recuperar ese retraso. Aquí está
implícito el reconocimiento de que precisamente cuando esos procesos se
hacen con tecnologías inadecuadas, cuando se hacen precipitadamente,
cuando se hacen sin las garantías suficientes, es cuando producen unos
deterioros ambientales evidentes.

Digo esto, señor Ministro, porque no se le escapa a S. S. que va a estar
sometido a presiones de carácter territorial yo diría que infinitas en lo
que hace referencia



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al fondo de cohesión; fondo de cohesión que recuerdo también a todos que
tiene además el precedente no deseable de que, como se ha hecho porque
había que poner de manifiesto que incluso en el riesgo de que no fuese
ratificado el Tratado de la Unión --que fue esperanza de más de uno--, no
se pusiese en cuestión esa política de cohesión, se creó un instrumento
financiero transitorio que ha estado en vigor hasta ahora, en función del
cual se han hecho las financiaciones de proyectos que, como se hacían
bajo esa perspectiva de que lo importante era salvar el principio de la
cohesión económica y social, y no cuál fuera la calidad y la lógica de la
estrategia de los planteamientos que se hacían, diría que no es el mejor
de los precedentes.

Todo esto lo digo, señor Ministro, bajo la perspectiva de que no es que
nuestro Grupo no celebre la idea de un plan nacional de medio ambiente,
que siempre consideraríamos que plan significa intrínsecamente una
servidumbre temporal y de perspectiva --un plan se hace en un momento y
tiene el horizonte que fuere--, pero es mucho más importante la
estrategia. Por eso, señor Ministro, le sugiero que supere la posible
equivalencia entre plan y estrategia. Bienvenido el plan, estudiémoslo,
precisemos en esas perspectivas convencionales del detallismo lo que
convenga, pero este Grupo le apoyará fervientemente, dialécticamente como
es lógico, en la definición de una estrategia nacional de medio ambiente
para España, que lo es comunitaria en tanto que miembro de ese Tratado de
la Unión.

Por último y sólo por una referencia de cortesía, no es --y para
cualquiera debería ser obvio-- que nosotros eludamos las políticas
ambientales convencionales, que yo llamaría las políticas correctoras,
las políticas que funcionan aguas abajo del proceso de degradación o de
agresión ambiental, no es que eludamos nada; es simplemente que eso
--matizo las palabras-- nos ocupa como al que más, pero no nos preocupa,
porque tenemos muy claro que el diagnóstico de lo que es la política
correctora convencional que necesita este país está más que hecho, está
más que asumido. Tenemos, a diferencia de otros, la impresión --es una
cortesía decirlo así, tenemos la certeza-- de que no estamos ante un
problema de dispersión competencial. Alguien olvida que intrínsecamente,
cuando hablamos en España de políticas ambientales, estamos en una
diversidad bidimensional. Es decir, por principio, cualquier
planteamiento ambiental es multisectorial, y sobre ese eje se cruza otro
que nos hemos dado voluntariamente, de un país de una descentralización
total, no sólo autonómica sino, como el señor Ministro reiteradamente ha
citado, con una Ley de Base de Régimen Local que da unas competencias que
tienen que ser armonizadas nuevamente con esas competencias autonómicas
que son las que, por novedad y porque muchas veces es tirar con pólvora
del rey, son las que todo el mundo invoca.

Al final, señor Ministro, y termino para su tranquilidad, nosotros nos
ocuparemos como el que más de las políticas correctoras ambientales
convencionales, pero tenemos muy claro que no es un problema intrínseco
del tema ambiental, sino que estamos en presencia de otro problema, que
tampoco nos escandaliza, porque es demasiado corto el tiempo que llevamos
en ello, de falta de coordinación funcional del Estado autonómico que nos
hemos dado. Por lo tanto, en estos temas, nuestra tranquilidad y nuestro
apoyo son totales, pero nuestra esperanza y nuestra ilusión como Grupo
están sobre todo puestas en que, dentro de ese Tratado de la Unión,
podamos asumir una estrategia nacional de medio ambiente como la que este
país necesita y, sobre todo, merece.




El señor PRESIDENTE: Señor Ministro, tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): De las observaciones de mi compañero del Grupo
Parlamentario Socialista hay una que me parece especialmente relevante,
la presión hacia la territorialización de los fondos de cohesión.

Obviamente, todo lo que hacemos lo hacemos en alguna parte, por lo que al
final todo se acaba territorializando, pero la verdad es que habría que
resistirse a una territorialización directiva a priori, es decir, a que
el fondo de cohesión se reparta con criterios territoriales. Esa presión
existe, existe casi de una forma intuitiva porque también cada Diputado
representa una parte del territorio, pero sobre todo existe desde la
dialéctica Estado autonómico-Estado central.

En el presupuesto de 1994, los fondos de cohesión están asignados a
objetivos concretos y no existe margen alguno para incrementar la
capacidad de gasto de las comunidades autónomas atribuyéndoles parte de
los fondos de cohesión para proyectos específicos de su competencia. Sin
embargo, el Ministerio se enfrenta continuamente a una petición-presión
cuando le dicen que con el fondo de cohesión deje usted que yo, comunidad
autónoma, haga tal obra de mi competencia. No digo que eso no se deba ni
se pueda hacer en el futuro en la componente ambiental de los fondos de
cohesión, porque precisamente las competencias de gestión están en las
comunidades autónomas, y una política ambiental deberá ser ejecutada por
ellas en el ámbito de sus competencias. Luego en el futuro,
inevitablemente, tendremos que ir a una asignación de fondos de cohesión
a proyectos competencia de los entes territoriales, pero no con criterios
territoriales, sino con criterios funcionales de la política ambiental.

Eso va a ser complicado de hacer porque estamos acostumbrados a
territorializar la inversión vía Feder con criterios de equilibrio en una
lógica que no es la de los fondos de cohesión. Entonces, utilizamos
indicadores, las hectáreas, la renta per cápita --en algunos casos hemos
sofisticado el razonamiento y hemos calculado el relieve medio--, cosas
que pueden ser más o menos útiles a la hora de repartir inversiones con
el objetivo de equilibrar el territorio en su potencial de desarrollo,
pero que no son igual de útiles cuando se trata de perseguir los
objetivos del fondo de cohesión.

La discusión es ociosa para 1994. Lo quería decir porque no parecen estar
igualmente convencidos de ello todos los grupos parlamentarios, que
siguen planteando



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que se les dé un trozo de fondos de cohesión para hacer tal comptencia de
su comunidad. Una cosa es lo que se hace en el territorio de una
comunidad y otra cosa es si se hace en aplicación de las competencias de
una administración o de otra, son dos cosas completamente diferentes. El
presupuesto de 1994, señorías, está utilizado en toda la potencialidad
que tiene el fondo de cohesión de financiar gasto. Por tanto, cuando
leemos en los periódicos que el fondo de cohesión ha financiado tal o
cual obra, no creamos que eso implica una capacidad de gasto mayor que la
que ya estaba computada en el presupuesto, sino simplemente una
asignación concreta de una línea presupuestaria a un proyecto
determinado. Eso no aumenta la capacidad de gasto del Ministerio de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente, porque ya se ha cuidado bien el
Ministerio de Hacienda de incluir una rúbrica en el presupuesto de
ingresos que contrabalancea todo el presupuesto de gastos destinados a
fondos de cohesión. Hace unos días fue noticia en Madrid que el fondo de
cohesión iba a financiar el cierre de la M-40. Un madrileño normal,
quiero decir con unos conocimientos medios de la mecánica financiera
comunitaria, hubiera podido creer que eso implicaba un refuerzo y que
había más dinero disponible para acelerar esa obra. Nada que ver con la
realidad. Eso era simplemente que, de entre los proyectos susceptibles de
recibir esos fondos comunitarios previamente cumputados como un ingreso
global, ése había sido agraciado, pero si no hubiera sido ése, habría
sido otro, y ése se hubiera hecho no con fondos de cohesión sino con el
resto de las partidas presupuestarias. Luego no es un a más a un más,
como diríamos en nuestra lengua materna, sino simplemente un etiquetado
de proyectos para conseguir cumplir las previsiones del presupuesto de
ingresos.

Sin embargo, para 1995 (y para esto nos debe servir lo que con buen
acierto habría que llamar más que plan, estrategia), tenemos que definir
los objetivos a los cuales queremos aplicar los Fondos de Cohesión, una
vez serán proyectos estatales y otras veces serán proyectos autonómicos.

Lo cual quiere decir que el Fondo de Cohesión va a contribuir menos a
equilibrar el déficit público estatal, en la medida en que se dirija a la
financiación de presupuestos de las comunidades autónomas, que tienen su
propio equilibrio. Y eso no va a dejar de plantear un problema de tipo
presupuestario al Ministerio de Hacienda, que tiene que velar por el
equilibrio del presupuesto, y no le va a gustar, como es lógico, que, en
vez de aparecer en el presupuesto de ingresos y en el presupuesto de
gastos, aparezca en el presupuesto de gastos y de ingresos de otro ente
territorial distinto del presupuesto de la Administración central.

Eso es lo que tenemos que discutir para fijar objetivos que sean
coherentes, en la medida de lo posible, con ese conjunto tan complejo de
circunstancias institucionales y sociales.

Muchas gracias, señores Diputados, por sus observaciones y por la
atención que han prestado a esta comparecencia.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro, por sus explicaciones y por
su comparecencia, una vez más, tan útil para esta Comisión. Muchas
gracias.

Recuerdo a los miembros de la Mesa y portavoces que inmediatamente
seguimos nuestra reunión.

Se levanta la sesión.




Era la una y treinta y cinco minutos de la tarde.