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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 74, de 23/11/1993
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1993 V Legislatura Núm. 74
SANIDAD Y CONSUMO
PRESIDENCIA DE DON FELICIANO BLAZQUEZ SANCHEZ,
VICEPRESIDENTE PRIMERO
Sesión núm. 5
celebrada el martes, 23 de noviembre de 1993
ORDEN DEL DIA:
--Comparecencia del señor Subsecretario del Ministerio de Sanidad y
Consumo (Conde Olasagasti) para informar de las líneas generales de la
política de consumo que va a desarrollar el citado Ministerio. A petición
propia. (Número de expediente 212/000027.) (Página 2326)
Preguntas: --Del señor Soriano Benítez de Lugo (Grupo Parlamentario
Popular), sobre situación del Plan Director del Hospital de la Candelaria
en Santa Cruz de Tenerife. (BOCG, serie D, número 17, de 8-10-93. Número
de expediente 181/000083.) (Página 2336)
--De la señora Maestro Martín (Grupo Parlamentario Federal IU-IC), sobre
publicación de los indicadores de salud, así como medidas tomadas para
que el Sistema de Información Sanitaria esté en condiciones de elaborar
indicadores de salud que reflejen las desigualdades por factores
socioeconómicos y culturales. (BOCG, serie D, número 17, de 8-10-93.
Número de expediente 181/000095.) (Página 2340)
--Del señor Burgos Gallego (Grupo Parlamentario Popular), sobre razones
del anuncio de la sustitución de 12 médicos interinos del Instituto
Nacional de la Salud (INSALUD) que venían desarrollando su labor en el
Barrio de la Rondilla, de Valladolid, en tareas de atención primaria.
(BOCG, serie D, número 20, de 25-10-93. Número de expediente 181/000096.)
(Página 2342)
--Del mismo señor Diputado, sobre criterios utilizados por la Gerencia de
Atención Primaria de Valladolid para ofrecer la adscripción funcional a
los médicos propietarios de plazas asistenciales que venían desarrollando
su labor en el Barrio de la Rondilla, de Valladolid, en lugar de la
preceptiva oferta de integración. (BOCG, serie D, número 20, de 25-10-93.
Número de expediente 181/000097.) (Página 2342)
--Del señor Soriano Benítez de Lugo (Grupo Parlamentario Popular), sobre
razones que impiden llegar a un acuerdo entre el Cabildo de Tenerife y el
Instituto Nacional de la Salud (INSALUD) en relación con el Hospital
Universitario de Tenerife. (BOCG, serie D, número 20, de 25-10-93. Número
de expediente 181/000098.) (Página 2346)
--Del señor Burgos Gallego (Grupo Parlamentario Popular), sobre razones
de la amortización de 18 plazas de especialistas en el Area de Salud de
Valladolid. (BOCG, serie D, número 20, de 25-10-93. Número de expediente
181/000099.) 2349
Se abre la sesión a las once de la mañana.
--COMPARECENCIA, A PETICION PROPIA, DEL SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE
SANIDAD Y CONSUMO (CONDE OLASAGASTI) PARA INFORMAR DE LAS LINEAS
GENERALES DE LA POLITICA DE CONSUMO QUE VA A DESARROLLAR EL CITADO
MINISTERIO. (Número de expediente 212/000027.)
El señor VICEPRESIDENTE (Blázquez Sánchez): Se abre la sesión y damos
curso al orden del día con la comparecencia, a petición propia, del
Subsecretario del Ministerio de Sanidad y Consumo para informar de las
líneas generales de la política de consumo que va a desarrollar el citado
Ministerio. Para su exposición, tiene la palabra el señor Conde.
El señor SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO (Conde
Olasagasti): Buenos días.
Ante todo, deseo expresar mi agradecimiento a esta Cámara por darme la
oportunidad de tratar de la política de consummo en España, asunto de
indudable trascendencia por el que la sociedad española en su conjunto
viene mostrando una creciente sensibilidad. Acudo gustosamente a
presentar ante ustedes dicha política y, como no puede ser menos, a
escuchar todas aquellas propuestas y sugerencias que tengan a bien
formular, con el propósito de buscar, con su ayuda, una mejora y
enriquecimiento de nuestras líneas de actuación.
La política de consumo tiene su fundamento en el reconocimiento de la
necesidad de acciones eficaces que, en el contexto de una economía libre
de mercado, garanticen la salvaguarda de los derechos básicos que los
ciudadanos como consumidores tienen: derecho a la seguridad, a la salud y
a la protección de los legítimos intereses económicos, así como a la
información y a la participación. Esta necesidad de acción tutelar,
recogida en el artículo 51 de la Constitución española, está asimismo
incorporada al Tratado de la Unión Europea, el cual reconoce de forma
expresa la importancia que tiene como elemento necesario para la
consecución del mercado único.
En efecto, el desarrollo industrial y los avances tecnológicos producen
una oferta de bienes y servicios cada vez má amplia y diversificada. Esto
puede situar a los consumidores en situación de inferioridad frente a los
medios técnicos, económicos y de toda índole de que disponen los
productores de bienes y servicios, sean públicos o privados,
produciéndose así situaciones de indefensión por falta de instrumentos
legales o por inadecuación de los mismos para una eficaz protección de
sus derechos.
El reconocimiento de esa desigual posición en el mercado entre
consumidores y suministradores de bienes y servicios exige la
instrumentación de medidas de tutela sobre la parte más débil de la
relación. La política de protección al consumidor debe también entenderse
como un elemento que incide positivamente en los mecanismos de mercado al
aumentar la transparencia del mismo puesto que, al exigir como necesidad
para la salvaguarda de los derechos del consumidor la erradicación de
prácticas desleales o colusorias de la competencia, se verán
discriminadas positivamente aquellas empresas cuya eficiencia sea mayor
y, por consiguiente, ofrezcan mejores condiciones a los consumidores.
Les voy a mencionar lo que pudieran ser las líneas estratégicas del
Ministerio en política de consumo. En
primer lugar, la normativa. Puede afirmarse que, en materia de normativa,
en 1993 estamos a la altura europea, conteniendo en algunos extremos
niveles de reconocimiento en favor del consumidor superiores a la media
de los países de nuestro entorno. Las normas deben adaptarse y
evolucionar de acuerdo a circunstancias cambiantes, tráfico económico,
administrativo, relacional, ampliación de competencias de las comunidades
autónomas, etcétera. Por tanto, la producción normativa ha de ser una
actividad continua. En la actualidad, tras la aprobación de la Ley
9/1992, de transferencias a las comunidades autónomas, existen tres tipos
de administración con capacidad para promulgar normas: en primer lugar,
el Consejo de Ministros de la Unión Europea; en segundo lugar, la
Administración del Estado y, por último, la Administración de las
comunidades autónomas.
Por lo que se refiere al nivel comunitario, al nivel europeo, las
prioridades más inmediatas, de acuerdo con las previsiones establecidas
en el II plan de acción trienal, son: proteger a los consumidores en
materia de contratos negociados a distancia; clarificar las
responsabilidades de los prestadores de servicios: aproximar las
legislaciones de los Estados miembros en materia de publicidad
comparativa; propuesta de decisión por la que se crea un sistema
informativo sobre los accidentes domésticos y de tiempo libre; proteger a
los adquirentes en los contratos de utilización de bienes inmuebles en
régimen de disfrute a tiempo compartido, multipropiedad, que
recientemente se ha aprobado en Bruselas; clarificar las
responsabilidades en materia de construcción de inmuebles,
comercialización de productos alimenticios; normalizar los envases y el
manejo de residuos de envases y normalizar el etiquetado del calzado.
Por lo que se refiere a la Administración del Estado, corresponde, sobre
todo, la transposición al Derecho interno del Derecho comunitario, y,
aquí, indicación de precios, seguridad de productos, consumo energético
en aparatos de uso doméstico, multipropiedad de nuevo, ventas a
distancia; además de lo referido a aspectos de Derecho Mercantil, Civil y
defensa de la competencia en materias tales como etiquetado de productos
pirotécnicos, desarrollo del artículo 9 de la Ley general de defensa de
los consumidores, sobre concursos, primas, sorteos y regalos; compraventa
de consumo con precio especial, comprobación, reclamación y garantía
posventa. Por último, las comunidades autónomas están estudiando normas
que recientemente han pasado a ser de su competencia por serlo
anteriormente de la Administración del Estado. Se puede adelantar que
compete a las comunidades autónomas en algunas cuestiones la comprobación
y reclamación de garantía posventa, la prestación de servicios a
domicilio, la prestación de servicios en talleres de reparación de
vehículos automóviles --en este caso haciendo la salvedad de que los
aspectos relativos a garantía, que sin duda contiene esta norma, habrán
de ser regulados por el Estado--, gasolineras, etcétera.
Esto es por lo que se refiere a normativa.
Una segunda línea de estrategia de actuación es la regulación del
mercado. Si necesario es disponer de una normativa adecuada para la
defensa de los consumidores, tanto o más lo es contar con medios idóneos
para asegurar su cumplimiento. Este planteamiento debe abordarse con
especial interés en nuestro país, y ello por varias razones. Ante todo,
en primer lugar, como medio para garantizar la protección a nuestros
consumidores. En segundo término, para evitar posibles prácticas de
competencia desleal que, en el contexto del mercado único, pudieran
afectar a nuestra industria si tuviera que enfrentarse a la existencia en
el mercado de productos de coste reducido por estar fabricados por debajo
de norma por falta de los adecuados mecanismos de control. Por otra
parte, la supresión de las fronteras intracomunitarias hace que cada
Estado miembro asuma una plena responsabilidad frente a los demás Estados
por los productos que tienen su origen en él.
En definitiva, bien como medio de protección, como instrumento de
promoción de la calidad o como objeto de evaluación por las instituciones
europeas, la regulación del mercado debe convertirse en un ámbito
prioritario de actuación. En este contexto, hay que destacar la
participación de una pluralidad de instituciones, por lo que es uno de
los campos donde más necesaria se ha hecho la coordinación entre las
diferentes autoridades. En esta tarea, juega un papel relevante la
Comisión interministerial para la coordinación de las investigaciones
sobre bienes de uso y consumo, la CICI. Más específicamente, las labores
de control de riesgos para la salud, vinculados a la seguridad de los
productos, afectan en diversos aspectos a los existentes en el mercado,
entre los que se pueden destacar: vigilancia y prevención de riesgos de
productos, contaminación de alimentos y puntos críticos de los procesos
de fabricación y comercialización; control de productos especiales
dedicados a poblaciones de riesgo; conocimiento y valoración de productos
alimenticios con criterios nutricionales positivos para la salud de los
consumidores; comunicación rápida de las informaciones sobre productos de
riesgo, la llamada red de alerta. La realización de estos controles se
efectúa, de acuerdo con sus respectivas competencias, por la
Administración del Estado, las comunidades autónomas y las corporaciones
locales.
Con el fin de evitar la dispersión de esfuerzos se coordinan las
actuaciones de las distintas administraciones mediante campañas
nacionales de inspección, acordadas en el seno de la Comisión de
cooperación entre las comunidades autónomas y la Administración central
del Estado, que ha celebrado ya un total de 66 reuniones desde su
creación en 1983. Por su parte, el Instituto Nacional del Consumo brinda
la asistencia técnica a los órganos implicados en el control de bienes y
servicios de uso y consumo necesaria para su continuo desarrollo y las
nuevas problemáticas que se van presentando como consecuencia de la
entrada en vigor del mercado único. También se presta apoyo analítico a
los órganos de control a través del Centro de Investigación y Control de
la Calidad, laboratorio del Instituto Nacional del Consumo. Para 1993
calculamos analizar unas 1.100 muestras en el conjunto de las campañas
nacionales y regionales. Asimismo se
prevé la realización de un control analítico de la calidad de productos
de consumo que comprende muestreos sistemáticos sobre productos en el
mercado, realizados en el conjunto de las comunidades autónomas, que
generará un total de 4.500 muestras. En resumen, dado que la supresión de
las fronteras intracomunitarias hace que cada Estado miembro se
responsabilice frente al resto de los Estados miembros por los productos
que en él tienen origen, la regulación del mercado debe convertirse en un
ámbito prioritario de actuación por su particular interés en relación con
el reto que supone para nuestra economía el mercado único.
Una tercera línea o estrategia de actuación sería la referente al acceso
a la justicia. El Ministerio de Sanidad y Consumo tiene un papel
importante que jugar a la hora de potenciar el diálogo entre productores
y consumidores y de formar e informar de manera continua a la opinión
pública para consolidar o implantar conductas y hábitos que mejoren la
posición del consumidor. En este sentido se ha dado cumplimiento al
mandato del artículo 31 de la Ley general para la defensa de los
consumidores y usuarios con la promulgación el pasado 3 de mayo del Real
Decreto 636/1993, regulador del sistema arbitral de consumo. Con ello se
trata de dar cobertura a las necesidades de acceso a la justicia mediante
el establecimiento de juntas arbitrales de consumo en las comunidades
autónomas, acercándolo también lo más posible al ciudadano a través de
las corporaciones locales, de acuerdo con los términos previstos en el
citado Real Decreto.
A partir de la experiencia de la atención de reclamaciones en el
Instituto Nacional del Consumo y en las oficinas municipales de
información a los consumidores se comenzó a crear con carácter
experimental desde 1986 unas juntas arbitrales de consumo mediante
acuerdos firmados entre el Instituto Nacional del Consumo y las
diferentes administraciones autonómicas, provinciales y municipales. Un
primer balance de esta experiencia reveló buena aceptación del sistema
por los distintos agentes sociales y económicos, así como un
reconocimiento de su eficacia por el propio sistema judicial. Ello nos ha
animado a seguir impulsando su creación e implantación. Entre 1986 y 1994
se han constituido 26 juntas arbitrales, de ellas 18 municipales, una
mancomunidad, una provincial y 6 autonómicas. Se han recibido 13.020
solicitudes de arbitraje con un coste medio de los objetos de litigio en
torno a las 50.000 pesetas. Hasta la fecha se han adherido al sistema 72
asociaciones y 80.000 empresas pertenecientes a 300 agrupaciones
empresariales. Está pendiente la constitución en fecha muy próxima de la
junta arbitral nacional a la que han manifestado su compromiso de
adhesión las asociaciones de consumidores de ámbito nacional y las
asociaciones empresariales más relevantes, entre ellas la CEOE.
Simultáneamente se está trabajando para el desarrollo y mantenimiento de
un censo de empresas adheridas al sistema, el desarrollo de un sistema de
procedimientos comunes en todas las juntas y la creación de una base de
datos de laudos arbitrales, elementos todos ellos que han de fortalecer
la capacidad operativa de las juntas. En definitiva, estamos muy
satisfechos del sistema arbitral de consumo y nos parece que realmente
facilita el acceso a la justicia, en su sentido más amplio, a los
consumidores.
Cuarta línea de actuación: asociacionismo de consumo. En estos últimos
años las asociaciones de consumidores se han consolidado y participan
activamente en las diversas tareas de información, formación y
reclamación para la promoción y protección de los intereses de sus
miembros y de los consumidores en general. Constituyen ya un activo
social de primer orden. Con independencia de seguir fomentando el
asociacionismo las administraciones públicas deben considerar el papel de
las asociaciones de consumidores como instrumentos de formación e
información de sus socios, mejorar sus posibilidades de representación y
de participación en las instancias donde se debaten intereses de los
consumidores y promover el diálogo institucional entre empresarios y
consumidores.
El movimiento asociativo de consumidores ha sufrido una auténtica
transformación que hace que comience a situarse como un interlocutor
social y económico reconocido por la Administración y la industria. Se
partía de un movimiento casi inexistente, fragmentado y atomizado, con
escaso número de asociados, prácticamente desconocido por las empresas y
la opinión pública. Por fortuna, hoy las asociaciones de consumidores en
España han iniciado ya su despegue, aunque su total consolidación no sea
todavía una realidad. Sin embargo, han empezado ya a jugar un papel
relevante y su capacidad de diálogo con las empresas y su influencia
sobre la oferta empieza a percibirse.
La Administración ha apoyado este desarrollo destinando recursos
económicos, dotándolos de instrumentos jurídicos para facilitar su
actuación y creando los mecanismos para canalizar su participación y la
representación de sus intereses en los diferentes órganos de consulta. Se
ha establecido por ley el derecho de audiencia, culminándose este proceso
con la constitución, en noviembre de 1991, del Consejo de Consumidores y
Usuarios. Han de llegar a ser plenamente autosuficientes, con capacidad
de generar ingresos que les permitan mantener una estructura estable. Es
evidente que cuanto más amplias sean estas asociaciones, mayor capacidad
tendrán para representar intereses objetivos, para ser escuchadas y para
que sus actuaciones tengan una mayor repercusión. Una de sus funciones
más importantes es la de orientación al consumidor sobre servicios y
bienes existentes en el mercado, función que realiza mediante la
publicación, en sus propios órganos de expresión, de análisis
comparativos. Es fácil comprender cómo, a través de análisis
comparativos, publicados en las secciones de consumidores, en revistas de
amplia difusión, éstas llegan a orientar la demanda hacia los productos
de mejor calidad-precio, siendo así un verdadero sistema motor que mejora
considerablemente la situación.
Otra línea más sería la de futuro, la de prospectiva, la de
investigación. Dentro del papel que ha de jugar el departamento en la
defensa y protección de los derechos e intereses de consumidores y
usuarios, se incluye
su labor de fomento de hábitos saludables en la sociedad de consumo. Para
ello es fundamental una rigurosa tarea investigadora. A título de ejemplo
destacaré alguno de los estudios en marcha: estudio sobre opiniones y
comportamientos del consumidor español en relación con las instituciones
comunitarias y nacionales y la evolución del mercado, que cuenta con la
colaboración de la Comunidad Económica Europea; explotación sectorial de
las encuestas sobre presupuestos familiares; informe-estudio sobre el
sector vivienda; estudio sobre las cláusulas abusivas de los contratos;
estudios sobre seguridad y calidad en bienes y servicios.
El programa Ehlass merece una atención algo más detallada. Tiene por
objeto el seguimiento de los accidentes domésticos y de los producidos en
las actividades de ocio en el conjunto de todos los Estados de la Unión
Europea. El programa ha tenido una primera fase entre los años 1986-91
tras la cual la Comisión ha planteado al Consejo la utilidad para los
Estados miembros de este sistema de información y ha solicitado apoyo
financiero para el mismo. En nuestro país se ha participado mediante el
sistema de encuentros domiciliarios. La responsabilidad y gestión y la
representación de los compromisos contraídos por la Comunidad Económica
Europea en este tema son asumidos entre nosotros por el Instituto
Nacional del Consumo. La encuesta correspondiente a 1993 abarcará un
mínimo de 20.000 hogares en todo el territorio nacional.
Por lo que se refiere a la cooperación institucional en orden a la
defensa y protección de derechos e intereses de los consumidores y
usuarios, hay en escena una pluralidad de actores públicos y privados con
un cometido común, el desarrollo de instrumentos que mejoren el
posicionamiento del consumidor en el mercado. Crear foros adecuados de
encuentro para llegar a través del consenso a acuerdos de mínimos sobre
aspectos fundamentales para el desarrollo de política de consumo resulta,
pues, esencial. En este sentido nos parece muy importante potenciar la
Conferencia sectorial de consumo, que no es otra cosa que el conjunto de
consejeros autonómicos con responsabilidades en consumo presididos por la
Ministra de Sanidad y Consumo; potenciar la Comisión de cooperación de
consumo, que es el equivalente a nivel de directores generales, que ha de
preparar los trabajos de la Conferencia sectorial de consumo, y otros
tipos de cooperación interinstitucional, entre los que merece destacarse
la Comisión interministerial de ordenación alimentaria (CIOA), el Comité
permanente de productos alimenticios en la Comunidad Económica Europea,
la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), la
Comisión para la supervisión del servicio telefónico con tarifación
adicional, todas ellas con presencia, entre otros, de nuestro Ministerio.
Asimismo, otro aspecto de la cooperación interinstitucional es la
desarrollada mediante los convenios de colaboración en materia de consumo
con las comunidades autónomas, en las cuales se acuerda la distribución
de las líneas de subvención prevista en el presupuesto del Instituto
Nacional del Consumo y destinada a colaboración y asistencia técnica a
las corporaciones locales en materia de consumo.
La última línea estratégica de actuación es la que se refiere a
integración en otras políticas. La realidad nos demuestra a diario la
interrelación existente entre la política de consumo y el resto de las
políticas que planifica y ejecuta cada nivel administrativo. La práctica
cotidiana de los distintos órganos encargados de la ejecución de la
política de consumo nos enseña que hay numerosas actuaciones compartidas
entre diferentes departamentos administrativos, siendo habitual que
expedientes que se inician por las autoridades de consumo se finalicen en
otras instancias, o viceversa. A título de ejemplo, se puede citar, sin
pretender ser exhaustivos, la inevitable relación entre las autoridades
de Consumo y los órganos encargados de: la defensa de la competencia, el
plan de calidad industrial, la política agrícola, las políticas
medioambientales, los transportes en sus diferentes aspectos de
infraestructura y de comunicación. Un caso especialmente claro es la
coordinación en materia de comercio, puesto que en toda relación
comercial existen dos partes, el consumidor y el suministrador, y,
naturalmente, cualquier regulación o acción sobre los suministradores
tiene su repercusión en el consumidor.
Y termino, señor Presidente, diciendo que todo lo anterior forma parte de
un documento que se presentará, durante la segunda quincena de enero, a
la ya citada Conferencia sectorial de consumo, con el propósito de que,
si aprueba esta estrategia, la política de consumo se pueda consolidar
para la presente legislatura. La política de consumo forma parte del
conjunto de políticas que han caracterizado a muchas de las sociedades
industriales occidentales como sociedades desarrolladas. Al igual que
otras políticas que constituyen la médula de la democracia avanzada,
están atravesadas por los debates entre equidad y eficiencia, entre
liberalismo e intervencionismo. En ésta, como en tantas otras cosas, el
secreto radica en encontrar el justo equilibrio entre extremos, a veces
contrapuestos y no siempre fácilmente conciliables. En pocas palabras, el
diseñar una relación equilibrada entre compradores y vendedores, algo
completamente alejado tanto del arbitrismo como de la retórica.
Ciertamente, la política de consumo es algo más que la transposición de
directivas referentes a etiquetado de envases. A lo largo de mi
intervención he pretendido destacar su importancia tanto en términos de
competitividad de nuestro sistema productivo, como de calidad de vida de
nuestros ciudadanos, de todos nosotros. Del mismo modo que las
asociaciones de consumidores han ido aceptando que el fomento de la
competencia y la transparencia de los mercados sólo puede redundar en
beneficio de todos, el sistema productivo debe ir también asimilando el
punto de vista de los consumidores a la hora de diseñar nuevos productos
y servicios. La idea de que el marketing o las prácticas de monopolio
todo lo pueden pertenece ya, afortunadamente, al reino de la fantasía. En
un mundo cada vez más competitivo e interdependiente, en un mundo de
recursos, a veces escasos y siempre limitados, el diálogo entre
productores y consumidores no es sólo necesario sino indispensable.
Forma, junto al diálogo
entre trabajadores y empresarios, hombres y mujeres, jóvenes y viejos,
sanos y enfermos y, por extensión, entre países desarrollados y países en
desarrollo, el sustrato de la mayor parte de los debates sobre el futuro
de nuestra sociedad.
No pretendo especular aquí sobre el inmediato futuro de las asociaciones
de consumidores o sobre los distintos modelos teóricos de su relación con
la Administración o con la industria. Desearía tan sólo llamar la
atención de SS. SS. sobre el momento particularmente decisivo en que nos
encontramos en materia de consumo. Mucho de lo hecho hasta aquí nos
permite, sin desconocer las dificultades existentes, ser moderadamente
optimistas, a condición de que todos contribuyamos a fortalecer el punto
de vista y la capacidad de expresión de los ciudadanos como consumidores
y la flexibilidad de nuestras empresas para adaptarse al mismo, tanto a
escala nacional como europea y global. No me parece exagerado decir que
gran parte del futuro de nuestro país depende de ello.
El señor VICEPRESIDENTE: Se abre un turno de intervención de los
distintos grupos parlamentarios.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Cartagena.
El señor CARTAGENA TRAVESEDO: Señor Subsecretario, bienvenido a esta
Comisión. Le agradecemos su exposición y las ideas que ha aportado para
que comentemos y, como decía usted al principio, intentemos, en la medida
de lo posible, contrastar opiniones y, si cabe, mejorarlas; los unos las
de los otros, sería siempre.
Empezaré por una de sus frases, si no última, sí penúltima, y
discrepando. Nosotros no creemos que nos manejemos, en política de
protección de consumidores, en política de consumo, en la disyuntiva
entre la equidad y la eficiencia; tampoco creemos que haya que seguir en
un viejo debate entre la disyuntiva liberalismo e intervencionismo. Al
final, negando la contraposición de esos cuatro términos, nosotros
iríamos a algo mucho más inteligible, y es al necesario equilibrio, al
razonable equilibrio entre equidad y eficiencia, entre liberalismo e
intervencionismo, aceptando, de salida, lo que dijo John Fitzgerald
Kennedy, de nuevo de moda por su aniversario, en el año 1964, cuando
expuso por primera vez sus razonamientos sobre la posición social que en
Estados Unidos habían de tener los consumidores. Iría más lejos. Nosotros
aceptamos la definición que Shriker hace del consumidor, en los términos
del escaso discernimiento, siempre contrapuesto a los grandes poderíos o
poderes del marketing, de las grandes empresas del sistema de producción
organizado y, por tanto, sí creemos que el consumidor y el usuario son
actores importantes en los mecanismos del mercado y que deben tener, si
no tanto como una tutela o sólo una tutela, cuando menos un factor de
protección, de orientación y siempre de colaboración por parte de los
poderes públicos. En otras ocasiones nosotros hemos hablado de una
política de consumo que impulsaríamos, que siempre iría, desde una
perspectiva «gradualista», entendemos que adaptándose necesariamente,
incentivando y siguiendo los aires de modernización y de liberalización
del sistema económico. Creemos que un instrumento fundamental es la
concertación, y en algunos de los pasajes de su intervención se advierte
que en estos puntos tenemos coincidencias.
Por seguir lo que ha sido su intervención y para que sea más fácil en las
líneas estratégicas que exponía, hacía una alusión a la normativa.
Nuestro marco jurídico, desde luego, es peculiar. Sobre el artículo 51,
que es toda una adquisición, un rasgo clarísimo de modernidad de la
Constitución española, infrecuente en otros muchos textos de democracias
mucho más evolucionadas y de mayor rango histórico, que no claramente en
determinadas cotas de progreso o de orientaciones hacia el progreso, ese
artículo 51 inspiró, en el año 1984, una ley, la 26/1984, Ley general de
defensa de consumidores y usuarios, que surge después de la desgraciada y
trágica crisis de la colza y que es el principio inspirador --como dice
la primera Norma-- del Derecho para todo lo que suponía el marco jurídico
posterior; era una ley muy programática, que definía muchas cosas, que
introducía muchos nuevos conceptos, que tenía, sin embargo, un déficit
importante: su desarrollo reglamentario. No han sido pocos los que, en la
doctrina mercantil y en otros ámbitos, han dicho que había evidentes
pasajes difusos, incluso, en algún caso, contradicciones --lo ha dicho
Quintana Carlo, lo ha dicho Bercovitz y lo ha dicho gente que sabía lo
que decía--, de tal suerte que esa ley no tuvo el desarrollo
reglamentario que invocaba en su propio texto, porque decía que al año de
su promulgación será desarrollada..., etcétera. Siempre habrá una razón
para decir que no podía ser desarrollada por un reglamento único, y se ha
optado por una fórmula de desarrollos sectoriales, parcializados por otra
serie de instrumentos, algunos de ellos --los ha mencionado ahora-- que
han tenido conclusión en esta fecha, ciertamente tardía. Por eso, como
empecé diciendo que «gradualista» sí, probablemente ha habido algo de
cámara lenta en el desarrollo, y sería una crítica fácil si no me
refiriera a lo que han sido sus propios pronunciamientos. Se ha referido
al desarrollo que se va a hacer al artículo 9, sobre concursos, sorteos,
primas, regalos, ventas incentivadas; también hay que citar el artículo
11 que señala las garantías en los servicios posventa; o el artículo 30,
sobre el seguro y fondo de garantía; ahí hay un capítulo grave, en
nuestra opinión, de la Ley 26/1984, el capítulo VIII. Los artículos 25 a
28 son de una confusión tremenda, y al no haber habido un desarrollo
reglamentario óptimo quizás uno de los núcleos básicos que constituye
nuestra crítica está fundamentado en esto o quiero orientarlo hacia esos
artículos.
Es muy difícil hablar de garantías cuando el marco de responsabilidades
del que habla la ley y, por ende, de la posibilidad de la reparación de
daños en consonancia con el artículo 106 de la Constitución, viene en
términos tan contradictorios. Obviamente si uno de los objetivos que él
ha dicho --imagino que en mi intervención volverá a salir--, el acceso a
la justicia, el derecho a la reparación, es uno de los elementos
fundamentales en las relaciones de consumo, tal como está en esa Ley
26/1984,
ciertamente tiene poco de verosimilitud. De hecho, hay numerosas
sentencias de tribunales que sobre este tipo de cuestiones han
manifestado la escasa concreción de ese articulado y, por tanto, lo
difícil de establecer el grado de responsabilidad siguiendo con lo que el
Código Civil indica, la responsabilidad contractual y todos estos temas,
buscando la culpa, la negligencia, es decir, en una relación de consumo,
cuando obviamente las tendencias modernas ya no se orientan para nada a
que el consumidor tenga que demostrar ni culpa ni negligencia ni cosa
similar; incluso las orientaciones irían a la inversión de la carga de la
prueba en más de una ocasión.
Hay, en los complementos que ustedes plantean a la Ley 26/1984 (las
ventas de rebajas o productos pirotécnicos), una serie de cuestiones que
están muy retrasadas respecto a la actividad comercial, y éste es un
elemento que yo quisiera subrayar. Muchas de las actuaciones, de las
intenciones, de los impulsos en términos de normativa que el Gobierno
quiere plantear van ciertamente con mucho retraso respecto a la realidad
comercial, aquello a lo que se someten los consumidores en este momento.
Lo hay no sólo con las normas propias, el desarrollo que termino de
comentar de la Ley 26/1984, sino que lo hay también respecto a lo que
usted mencionaba antes, que nuestro índice de normativa es superior a la
media de los países socios europeos, y esto es como lo de la botella
medio llena o medio vacía. Quiero decir que quizás estamos introduciendo
factores de competitividad en negativo respecto a aquellos mercados, en
algún caso, o quizás estamos en un grado de protección mucho más alto, en
otros. Ambas interpretaciones serían posibles, y como estamos hablando de
un fenómeno económico común, yo desde luego me inclino por una mayor
protección. Ahora bien, no quiero sesgar el que hay una segunda
connotación en términos de competitividad, etcétera.
Respecto a las directivas europeas, ustedes en su documento plantean la
responsabilidad de los productores de los productos defectuosos, y ésa es
una directiva que data del año 1985, que tenía el límite de transposición
en la Navidad de 1988, transposición que no ha visto la luz en nuestro
ordenamiento. Hay, por tanto, cosas en las que, como digo, hay que tener
una perspectiva «gradualista», sí, pero que se han ido quedando en el
camino y que no alcanzan ese grado de protección que antes decía. Hay que
ir a las cláusulas abusivas, a los créditos al consumo, a la
responsabilidad del fabricante de los productos defectuosos, donde ahora
dicen ya en sus documentos que van a intervenir, y a la importantísima
del prestador de servicios, tanto pälicos como privados, siguiendo las
orientaciones que se están dando en la Comunidad Europea, que tienen un
enorme valor en una sociedad como la nuestra, en un mercado como el
nuestro, donde, lamentablemente, se siguen produciendo serios problemas
de la relación de consumo entre los productores de los servicios y,
lógicamente, los consumidores.
Como segundo capítulo, y quiero ir deprisa, hay una cuestión que a
nosotros nos interesa mucho, el acceso a la justicia. Efectivamente, el
último desarrollo sobre la originaria Ley de arbitraje en realidad no es
stricto sensu un acceso a la justicia. El arbitraje es una relación, en
principio y en la práctica, de equidad y no de derecho que tiene desde
luego, en nuestra opinión, ventajas importantes, en tanto en cuanto es un
régimen voluntario que tiene un trámite rápido, pero tiene el
inconveniente de que con él, salvo en cuestiones de pequeña o menor
cuantía, los grandes asuntos difícilmente podrían tener solución. De
hecho, se oyen voces en algunos ámbitos planteando que el arbitraje no
fuera algo opcional y voluntario, sino que no hubiera, en cualquier caso,
sectores de productores de servicios (fabricantes, industriales o lo que
fuera) que quedaran al margen del sometimiento al arbitraje. Es decir,
que si hablamos de acceso a la justicia, podremos decir de manera
discreta que el arbitraje es un mecanismo de justicia; lo es de equidad,
no lo es de derecho, y probablemente haya que avanzar en la línea de
cierta obligatoriedad, por la concertación inicialmente, sin desoír, no
obstante, aquellas voces que pueden plantear la exigencia de que el
sometimiento al arbitraje fuera algo obligatorio en su momento. No se
trata de apresurar tampoco las cosas; se trata de garantizar mecanismos
de encuentro para la resolución de los problemas de consumo, porque ahí
es donde está la mayor cuestión, e hilvano lo que dije sobre el título
VIII de la Ley 26/1984 con el arbitraje. Si no se llega a definir con
precisión, por desarrollo reglamentario como debió haber sido
inicialmente por la transposición de esas directivas, lo que es el marco
de la responsabilidad y, por ende, el seguro obligatorio y el fondo de
garantía y, por tanto, el derecho a la reparación, en el arbitraje nos
encontramos en esa fórmula que tendríamos que tener garantizada de manera
muy diáfana por la vía jurisdiccional. En ese sentido luego haré un
comentario y le pediré su opinión sobre el sistema francés puesto en
marcha ante los tribunales de primera instancia para los problemas de
consumo y de vivienda, en el límite económico de los 30.000 francos.
Imagino que tienen conocimiento de cuál es la práctica francesa, que
quizá podría tener algún interés aquí, habida cuenta de que están
ligeramente dislocados, al menos en nuestra opinión, el marco de
responsabilidad, el acceso a la reparación, el arbitraje y, digamos, la
justicia ordinaria. Nosotros orientaríamos el tema a que entrelazaran
todo de manera que hubiera mayor garantía para el consumidor.
Seguiré rápido. A nosotros nos importa mucho la relación entre las
instituciones, por una razón fundamental y breve. Estamos hablando de un
mercado único europeo. Obviamente nuestra armonización, nuestra relación
con los Estados socios es un imperativo de la voluntad política
compartido por todos, pero no es menos importante la garantía de la
unidad de mercado interior. Es decir, coincidimos en competencias (digo
coincidimos porque yo soy alcalde, no por otra cosa) los ayuntamientos
--no tienen una capacidad normativa sino con las OMIC y demás--, las
comunidades autónomas, el Estado, Europa en definitiva. Pueden producirse
disfunciones; de hecho, en algún caso --no citaré con precisión para no
entrar en ese debate-- se pueden establecer distintas perspectivas que
obviamente deben evitarse. Nuestro criterio es que
en la relación institucional, manteniendo el respeto competencial, por
supuesto, tiene que haber un elemento básico de coordinación que tenga
como pilar fundamental la unidad de mercado dentro del propio Estado
español.
Respecto a las asociaciones de consumidores, nosotros creemos que ha
llegado la hora, y en esto les aplaudimos, de plantearnos la
autofinanciación, la especialización y desde luego los logros de
representación en los distintos organismos (Consejo de Consumidores,
etcétera, todos aquellos organismos de ámbito estatal en los que ya
participamos) parece una posición a defender en favor de las asociaciones
de consumidores. Pero es importante que no haya sesgo. Nosotros le
hacemos la crítica de que la ley en su momento hablaba de la naturaleza,
el número de asociados y demás, y luego disposiciones de rango muy
inferior, que pueden entenderse como desarrollo, han conducido de alguna
manera a un modelo de asociaciones que han sido en realidad las
preferentemente subvencionadas desde el Instituto en los últimos años.
Creemos sinceramente que es un papel fundamental en la representación de
los consumidores, en la participación, en los mecanismos institucionales
de las asociaciones, e insistimos en que se vaya al horizonte de la
autofinanciación y desde luego de la especialización.
Como breve comentario, le diré que es tremendamente importante lo que
comentaba en el punto quinto de su exposición, la investigación de
futuro, la prospección de hacia dónde caminamos y de cuál es la opinión y
la sensibilidad social ante los programas y los problemas que se van
desarrollando. Les animamos con toda sinceridad a que para la protección
de los consumidores españoles impulsen desde su Ministerio algo que dijo
en último lugar antes del párrafo filosófico, la integración de este tipo
de criterios y filosofías en esas otras políticas de otros departamentos
ministeriales, de otras instituciones públicas españolas que deben
mantener en sus perspectiva este modelo, que yo negaba que fuera de
tutela, y que lo mantengan en el equilibrio razonable entre la equidad,
la eficiencia, el liberalismo y la intervención.
Termino subrayando las cuatro cosas que en principio han centrado mi
intervención, aunque podíamos hablar mucho más. Para nosotros es muy
importante que sigan trabajando en el esquema de responsabilidad,
reparación, arbitrajes y acceso a la justicia real, y le planteo si
conoce o nos puede aportar datos sobre la experiencia francesa que ha
intentado establecer esa rótula en la jurisdicción de primera instancia
para esos pequeños problemas, inferiores en presupuesto o evaluación a
30.000 francos; que sigan la vía con el asociacionismo en la protección,
en el fomento, en el impulso del asociacionismo de los consumidores por
la vía de la autofinanciación, y nosotros creemos que por la de la
especialización, y que mantengan la coordinación, que es muy importante,
a los efectos de no generar desequilibrios en el mercado interno del
ámbito estatal.
El señor VICEPRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) el señor
Gatzaga...etxebarría, perdón.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Señor Presidente, gracias. Señor
Gatzagaetxebarría. Le disculpo porque es la primera vez que usted lo
pronuncia, señor Presidente.
Agradezco al señor Subsecretario de Sanidad y Consumo la comparecencia en
la Comisión y las explicaciones que nos ha dado.
Las líneas generales que ha expuesto del funcionamiento de la política de
consumo nos parece que son correctas, es decir, es lo que se viene
verdaderamente haciendo, pero quería realizar algunas consideraciones
partiendo, en primer lugar, del tema del asociacionismo.
Efectivamente, los poderes públicos, tanto los centrales del Estado como
los autonómicos, han impulsado el asociacionismo y han surgido organismos
consultivos, tanto en los poderes centrales como en los autonómicos.
Nuestro Grupo quería preguntarle al señor Subsecretario, sabiendo que
existen unos criterios de representación en el Consejo de Consumidores,
por qué organizaciones como la Organización de Consumidores y Usuarios,
con una larga trayectoria, no participan activamente en este Consejo. Es
una cuestión que creo que algunas otras veces se ha planteado, pero
pienso que merece la pena que la Administración en materia de consumo dé
una opinión fundada. Estamos de acuerdo en que se debe propiciar el
asociacionismo, pero con una finalidad también y es que estas entidades
busquen, en la medida de lo posible, la financiación propia. Creo que en
el Estado que hemos creado, en este momento de política de subvenciones,
de dependencia de la Administración, hace que todos seamos, pienso,
responsables de que no haya esa excesiva dependencia de los poderes
públicos, porque suscita que en vez de que exista una independencia y una
objetividad, a veces se carezca de ella. Es cierto, tanto por
experiencias que pueden existir a nivel de Gobierno central como de
gobiernos autonómicos, que efectivamente era necesaria esta política de
ayudas para que surgiera el movimiento asociativo de protección del
usuario y del consumidor, porque partíamos de una realidad social que no
tenía una historia, que no tenía una experienia en esta cuestión. Por
tanto, creo que se debe caminar en la línea que usted señalaba, es decir,
este tipo de entidades también tienen que tender hacia una financiación
propia. Efectivamente la ayuda del poder público hay que valorarla, pero
también la actividad propia que generen estas entidades creo que debe
originar que puedan financiarse en un porcentaje.
Tocaba usted, señor Subsecretario, el tema de la cooperación. Me parece
que la cooperación tanto entre poderes públicos, administraciones como
competencia en materia de consumo, como, cuestión a la que usted se
refería a renglón seguido, interrelación con diferentes materias --con el
cruce competencial que ahí se produce-- es una cuestión controvertida,
porque al final, con esa amalgama de materias, unida a la amalgama de
poderes públicos que puedan intervenir en determinadas cuestiones, se
puede producir, y de hecho se produce, la desprotección del usuario o del
consumidor. Por ejemplo, cito una experiencia en la política alimentaria,
que es el cruce y los
diferentes haces competenciales que intervienen: en materia de
agricultura, de pesca, de comercio, de consumo, y las facultades
inspectoras de las corporaciones locales, que produce un vacío que hace
que a veces no haya ningún poder público, ni el central ni el autonómico
ni el municipal, y que, a veces, al final choquen todos y el que resulta
perjudicado es el consumidor. Creo que es un tema importante porque
requiere de una visión de altura de todos los poderes públicos y de todos
los dirigentes que en ellos están para que no se produzcan situaciones
como las que se dan con los fraudes agroalimentarios, donde hay ese cruce
competencial de si soy yo o es el otro, y yo intervengo por consumo, yo
por comercio, yo por pesca y tú por agricultura, y en definitiva hay
diversos cuerpos de vigilancia o de inspección que no intervienen como es
debido, y el que paga el pato al final puede ser el consumidor. Por ello
creo que organismos como los que usted ha citado, tanto la Comisión de
cooperación a nivel administrativo o la Conferencia sectorial más a nivel
político, son importantes, puesto que pueden cumplir la finalidad de
servir como instrumentos de puesta en común de experiencias
administrativas y de aunar políticas de acción tanto de las comunidades
autónomas como del Gobierno central. Creo que se deben potenciar este
tipo de actuaciones y caminar en esta línea. Me parece que es importante
porque, al fin y al cabo, si se produce esa descoordinación
administrativa el que resulta perjudicado es el usuario, el consumidor de
los servicios.
Por lo demás, señor Subsecretario, me ha parecido bastante sensato el
planteamiento que usted ha hecho, que es genérico también. Bajando a lo
concreto, quería hacerle dos sugerencias, preguntas o aclaraciones
relativas a la regulación, por parte del Gobierno, en cuanto a la
desprotección que en algunos casos se está produciendo de la titularidad
o la adquisición de bienes inmuebles en régimen de multipropiedad. ¿Qué
posición tiene el Gobierno al respecto? ¿Qué planteamientos tiene? ¿Qué
propuestas tiene? ¿Qué es lo que el Gobierno va a hacer en la materia? Si
no estoy equivocado --y usted me corregirá si no estoy en lo cierto--
recientemente se ha aprobado en el ámbito de la Comunidad Europea una
directiva regulando esta cuestión. Quería que me aclarara cómo se va a
actuar a nivel estatal en la transposición, en la adaptación, qué plazos
tenemos, etcétera. Yo creo que ésa es una cuestión importante, juntamente
con el tema de las ventas de algunos productos a través de catálogos a
distancia, que también se está regulando. Me gustaría saber qué
perspectivas tiene el Gobierno al respecto y si antes de emprender una
regulación de estas características, se tratará en una conferencia
sectorial y participarán las comunidades autónomas, puesto que estas
regulaciones, en definitiva, muchas veces obedecen a títulos
competenciales diversos, puesto que se mezcla la legislación civil con lo
que es el tema del comercio interior, con lo que es el consumo, etcétera,
y ahí existe un reparto competencial diversificado entre los estatutos de
autonomía y la Constitución. Por ello yo entiendo que muchas veces hacer
política de protección del consumidor puede ser difícil, puesto que hay
que aunar muchas voluntades, hay que coordinar y hay que colaborar con
muchas entidades públicas, y entiendo que en las circunstancias políticas
actuales muchas veces suele costar. Por ello, desde nuestro Grupo
político, queríamos otorgar al planteamiento que usted ha realizado un
margen de confianza en las líneas que usted ha expuesto. Efectivamente
nos parece positivo que se haya de caminar en la línea de la colaboración
entre poderes centrales y poderes autonómicos, juntamente con los poderes
locales, en la medida en que se producen esos diversos cruces en
determinadas materias, ya que si no se logra esa verdadera coordinación,
el que resulta perjudicado puede ser el usuario.
Por ello, nada más quiero sugerirle y pedirle que me aclarara estas
cuestiones que, efectivamente, yo creo que están un poco en el candelero
y sobre las que el ciudadano quiere que verdaderamente reciban una
solución de los poderes públicos.
El señor VICEPRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió) tiene la palabra el señor Cardona.
El señor CARDONA I VILA: Señoras y señores Diputados, quiero agradecer en
primer lugar su comparecencia, así como la exposición que nos ha hecho el
Subsecretario del Ministerio de Sanidad y Consumo, señor Conde, para
informar a esta Comisión sobre la política de consumo que piensa
desarrollar el Ministerio.
En primer lugar quisiera hacer unas consideraciones generales para dejar
para el final unas preguntas muy concretas. No podemos olvidar que España
se ha incorporado tardíamente a esa sociedad de consumo, lo cual se ha
traducido en la práctica inexistencia de actuaciones en materia de
protección de los consumidores y usuarios hasta la década de los 80. Ello
ha exigido ir priorizando en cierta manera unas áreas determinadas de
actuación para llegar a este nivel de protección de consumidores y
usuarios, ya habitual en el contexto socioeconómico europeo.
Otra consideración es la que haría referencia al marco legislativo y
competencial sobre la materia, ello sin olvidar, incluso, las sentencias
del Tribunal Constitucional sobre algunos recursos de comunidades
autónomas. De hecho, por tanto, tenemos la diversidad de competencias
entre las diferentes comunidades autónomas, sin olvidar las posibles
modificaciones que puedan surgir en un futuro cercano, dada las reformas
de algunos estatutos que han de producirse; por ello --ya lo ha dicho el
señor Conde-- existe la necesidad de cooperación entre los distintos
niveles, empezando por Comunidad Europea, Administración central,
comunidades autónomas, incluso corporaciones locales.
No vamos a hacer en este momento una valoración de las líneas de
actuación que nos ha expuesto el señor Subsecretario con relación a la
política de consumo, pero, eso sí, vamos a estudiarlo con mayor detalle
para hacernos una mejor idea, dada ya la importancia que el tema nos
merece.
Las preguntas concretas a las que me refería en un
principio son las siguientes. En primer lugar, cuándo piensa el Gobierno
tomar las medidas concretas, y cuáles serán, en el sentido de rebajar los
créditos hipotecarios al consumo, etcétera, por parte de la banca hacia
los consumidores. La segunda pregunta sería: ¿qué medidas piensa adoptar
frente a las entidades bancarias para hacerles respetar las circulares
del Banco de España y las de las directivas europeas en lo que hace
referencia a las cláusulas abusivas en los contratos para que haya
transparencia en la información así como en sus operaciones. La tercera
pregunta es doble. Referente al cobro de comisiones por parte de las
entidades bancarias, quisiéramos saber quién las autoriza y, por otra
parte, si existe una adecuada información al consumidor. Finalmente, le
preguntaríamos al señor Conde, cuándo se aplicará la Ley general de
consumidores y usuarios sobre el acceso a la información de los
consumidores de manera gratuita en las televisiones públicas.
El señor VICEPRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la
palabra el señor Sabaté.
El señor SABATE IBARZ: Nosotros también agradecemos la presencia del
señor Subsecretario en esta Comisión hoy y le queremos expresar nuestro
apoyo a sus planteamientos, que coinciden con los nuestros, como no podía
ser de otra manera; planteamientos que merecieron recientemente la
confianza de la mayoría de los españoles. Sabemos además que estas líneas
de actuación son el fruto del diálogo con las diferentes asociaciones que
están interesadas en el tema del consumo y con las diferentes comunidades
autónomas también. Por eso esperamos con sumo interés el desarrollo de la
conferencia que nos ha anunciado en la segunda quincena de enero, la
Conferencia sectorial de consumo.
Tenía un par de preguntas, una de las cuales me la ha pisado el portavoz
del Grupo Vasco (PNV), pero, en fin, quizá la reiteración le sirva al
señor Subsecretario para ver el interés que tenemos diferentes grupos
parlamentarios en el tema de los contratos de propiedad compartida, lo
que se ha venido llamando la multipropiedad, después de la directiva que
para proteger a los ciudadanos en esta materia se acaba de aprobar por el
Consejo de Ministros de la Unión Europea y teniendo en cuenta que nuestro
país está considerado como el segundo país del mundo en oferta de
multipropiedad. Reitero también la demanda de información al señor
Subsecretario sobre cuáles son los planes del Ministerio en esta materia.
Otra pregunta es la referida a las asociaciones de consumidores. Nosotros
coincidiríamos también en la necesidad de que, en la medida de lo
posible, dichas asociaciones vayan contando cada vez más con recursos
propios, pero no olvidamos que la nula tradición asociativa en este país
desde hace mucho tiempo, y más en este campo, ha impedido que surgieran
estas asociaciones; ha impedido que éstas tuvieran el número de afiliados
suficientes y el número de recursos suficientes como para sostenerse por
sí mismas. Por eso animamos al Ministerio a continuar en esta política de
subvención y apoyo al asociacionismo de consumidores. En todo caso, le
quería preguntar cuáles son los criterios que se van a seguir en este
ejercicio presupuestario para conceder estas subvenciones, cuál va a ser
el método para distribuirlas, si se va a contar con la audiencia y con la
opinión de las asociaciones, qué información nos puede dar al respecto.
El señor VICEPRESIDENTE: Para contestar a las distintas intervenciones
tiene la palabra el señor Subsecretario del Ministerio de Sanidad y
Consumo, señor Conde.
El señor SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO (Conde
Olasagasti): En primer lugar y con carácter general, lo que quisiera de
verdad es agradecer el tono y contenido de las intervenciones de los
diferentes grupos, porque han respondido a una invitación que se hacía de
que hubiera propuestas y sugerencias que permiteran enriquecer nuestra
política de consumo. Realmente yo creo que las ha habido y de manera muy
notoria, muy importante.
En primer lugar, señor Cartagena, yo creo que estamos básicamente de
acuerdo con el diagnóstico de la situación, con ligeros matices
diferenciales en cuanto al modo de abordar las soluciones. Yo he
pretendido en todo el discurso insistir en lo que pudiera ser las cuatro
líneas fundamentales: una, que por encima de todo pretendemos defender
los intereses de los consumidores, pero la segunda y ligada con ésta es
que en modo alguno eso está reñido con una competitividad adecuada a las
empresas. Creemos que el mejor modo de garantizar esa competitividad en
un contexto globalizado como en el que nos movemos es que los servicios y
productos tengan una calidad que les permita competir. Por consiguiente,
el sector productivo debe ser el primer interesado en esa calidad, que
lógicamene es un interés del consumidor. La tercera línea es la de la
concertación, búsqueda permanente de lugares de encuentro, de acuerdos
entre las partes, evitando en lo posible tener que recurrir a la
imposición. Esa es una línea que hemos mantenido y que pretendemos seguir
manteniendo en torno a nuestra política de consumo. Por último, el
principio de tutela en la medida que, a pesar de todo lo dicho, es cierto
que en este juego de equilibrios siempre puede haber alguna parte más
débil, más desigualdad, que es el consumidor, que necesita ser tutelado y
protegido.
Todos sus comentarios --a mi modo de ver extraordinariamente
interesantes-- sobre lo que ha significado el artículo 51 de la Ley y la
posterior Ley 26, de Defensa de los Consumidores y su lentitud en el
desarrollo, es una alusión que yo comparto absolutamente. Creo que la Ley
de Defensa de los Consumidores ha tenido, sobre todo, un enorme valor
didáctico --por calificarla de alguna manera-- en cuanto a la cultura
social española. Su incorporación al cuerpo legal español ha dado lugar a
mejorar la conciencia de la necesidad de esa protección al consumidor.
Ciertamente ha tenido un desarrolo muy lento y muy sometido, no solamente
a avatares de orden técnico-jurídico que lo han hecho difícil, sino a
razones de orden político de sucesivos procesos electorales que no lo han
hecho fácil, recursos de inconstitucionalidad incluso por parte de
algunas comunidades autónomas.
En relación con el tema anterior quiero también decir que en cuanto al
retraso de algunas directivas a las que se ha referido, están muy
relacionadas con el decaimiento de leyes por procesos electorales. De
todas formas, y remitiéndome a los tres aspectos que S. S. ha subrayado
al final, creo que ha definido con bastante acierto el entrelazamiento
entre lo que es responsabilidad, reparación, arbitraje y acceso real a la
justicia. Nosotros estamos muy satisfechos con el funcionamiento del
sitema arbitral de consumo. Creemos que todavía es poco conocido y
probablemente por ser poco conocido no está suficientemente extendido,
pero estamos también convencidos de que hay márgenes en los que hay
huecos que habría que llenar para permitir el acceso real a la justicia.
No obstante, creemos --y la experiencia en alguna comunidad autónoma así
lo avala-- que el funcionamiento de ese sistema reduce los huecos
considerablemente y resulta muchísimo más práctico --y así nos lo han
hecho saber desde instancias judiciales-- que imperativos de norma mucho
más complicados de iniciar y de ejecutar.
Ha planteado S. S. su opinión en cuanto al asociacionismo y su apoyo a la
idea de que sea cada vez más autofinanciado y cada vez más especializado;
diagnóstico que compartimos y que apoyamos, si bien es cierto que durante
algún tiempo --como se ha sugerido desde el Grupo Socialista--, creemos
que todavía es preciso mantener un nivel de subvención para garantizar la
existencia de ese movimiento asociativo.
Por último, se ha referido a algo a lo que también han hecho mención los
representantes de los Grupos Vasco y Catalán, y ha sido animarnos a
continuar en esta línea de coordinación entre el funcionamiento de todas
las administraciones, extraordinariamente laboriosa, engorrosa, a veces,
pero en la que estamos seguros que por parte de todas las
administraciones --y aquí no tenemos ningún tipo de reticencia ni
temor--, tanto las autonómicas como las municipales y naturalmente la del
Estado, hay una voluntad muy decidida de encontrar esas cooperaciones y
coordinaciones para garantizar de verdad que el usuario esté cubierto y
no sucedan cosas que a veces pueden suceder por esos entrelazamientos de
haces competenciales.
Voy a referirme ahora a algunas cuestiones muy concretas que ha
mencionado el representante del Grupo Vasco y que tienen que ver con los
criterios de representación del asociacionismo. La primera y mayor
voluntad de este departamento --se lo puedo garantizar-- es que
encontremos, de verdad, el procedimiento por el cual el asociacionismo
realmente represente a los consumidores, a los ciudadanos. Eso no es
fácil, en primer lugar, por la propia estructura de las asociaciones de
consumidores con las que estamos haciendo un importante trabajo a la
búsqueda de uniones, federaciones, asociaciones más amplias que den
cabida y representación estatal a todo el asociacionismo. Esa es una
línea.
Otra línea consiste en trabajar sobre los criterios de representación en
los órganos legalmente establecidos tales como, el consejo de
consumidores. Le puedo garantizar, desde el punto de vista institucional,
que estamos dispuestos a reformar lo que haya que reformar en normas de
desarrollo de la Ley de Consumidores, para garantizar esa representación.
En su momento hubo una organización de consumidores muy conocida --la
OCU-- que no solicitó formar parte de aquel consejo y no lo hizo porque,
con arreglo a los criterios que se habían establecido, opinaba que no
tenía posibilidad de estar. Ciertamente este es un problema que nos
preocupa e insisto en que los criterios que en su día se establecieron
para estar representados, que fueron unos criterios de orden territorial
y de carácter de la asociación, pueden ser en cualquier momento revisados
para garantizar esa representación adecuada de todo el asociacionismo
español.
Ha insistido S. S. en la autofinanciación y, creo que lo hemos
mencionado, ahí estamos en la línea de animar a las de revistas para que
presenten y publiquen estudios comparativos, tema que interesa a toda la
sociedad, que modula extraordinariamente el mercado y que, a su vez, es
una fuente importante de autofinanciación del asociacionismo de
consumidores.
Voy a aclarar el tema relativo a la multipropiedad, sobre el que tanto el
Grupo Vasco como el Grupo Socialista han formulado algunas preguntas. Les
puedo informar con bastante conocimiento y de primera mano porque me ha
tocado representar al Gobierno español, presidiendo la delegación que el
viernes pasado aprobaba en Consejo de Ministros la propuesta de directiva
relativa a la multipropiedad o a la propiedad compartida.
Esta directiva tenía una enorme trascendencia para España por dos
razones. Una, porque efectivamente somos un sector que acoge un
porcentaje importantísimo de la propiedad compartida; y, dos, porque
habíase producido un manifiesto abuso en este tipo de prácticas que había
alarmado a toda la Comunidad Europea y que, de algún modo, había culpado
a nuestro país de algo que realmente no se cocía muchísimas veces en
España, puesto que ese abuso se daba en otro país, aunque el bien
radicara en el territorio español, siendo propiedad de una empresa
británica, holandesa o alemana. Era una directiva difícil, porque como
muy bien se ha señalado en algún momento, compatibilizar en el ámbito del
consumo la garantía del derecho del consumidor y la supervivencia en
términos de rentabilidad de una organización que presta un determinado
servicio o producto, no es fácil. Consiguió salir adelante dicha
directiva el pasado viernes gracias, creo, a la insistencia que nosotros
tuvimos para que aquello se desencallara. Básicamente incluye cuatro
tipos de cuestiones de garantía al consumidor.
En primer lugar, la directiva establece, con todo detalle, la cantidad y
calidad de información que debe suministrarse a la persona que va a
adquirir un bien en régimen de multipropiedad, siendo manifiestamente
ilegal toda oferta que no cumpla con esa precisión en cuanto a la
información del bien que se pretende vender.
En segundo lugar --y no era tampoco tema fácil--, el idioma en el que
debía estar redactada la información y el contrato para que hubiera
garantías del ciudadano.
Esto se ha resuelto bastante bien. En todo caso tiene que estar publicado
en la lengua oficial comunitaria del país donde el bien radique y en el
idioma que, en definitiva, quiera tener en el contrato la persona que
demanda dicho contrato.
Tema de gran discusión fue el período de reflexión y desistimiento que
debiera haber desde el momento en que alguien firma un contrato hasta que
se hace efectivo de manera irreversible. Como ustedes saben, se había
producido una práctica, y es que, sin demasiada información y con pocas
garantías, había personas que, víctimas de una publicidad muy agresiva,
firmaban un contrato como compradores de un bien y posteriormente
consideraban que habían cometido un tremendo error del cual ya era muy
difícil volverse atrás; la directiva establece que haya un período en el
cual uno puede desistir del contrato sin ningún tipo de penalización
económica. Ese período ha sido fijado en 10 días. Hubo alguna pretensión
de dilatarlo (había países que planteaban que el período de reflexión
fuese de 21 días) mucho más como garantía del consumidor, pero a nuestro
modo de ver, al modo de ver de los países mediterráneos, tanto de España
como de Italia, amenazaba la supervivencia del sector, ya que ese período
de 21 días podía significar que uno firmase un contrato, se fuese a pasar
las vacaciones y al cabo de los 21 días dijese que desistía. Se llegó al
compromiso de los 10 días, en la propuesta de directiva aprobada por el
Consejo de Ministros de la Comunidad Europea y que ahora tiene que pasar
al Parlamento.
Me preguntaban también por el plazo de transposición y la trascendencia
que ello va a tener en nuestro país. Nosotros pretendíamos que fuese lo
más breve posible. Planteamos que fueran dos años, mientras que algún
país, concretamente Alemania, solicitó que fuese cuatro años, por una
serie de circunstancias políticas que les hacía muy difícil prever que
pudieran transponerla antes. Al final se llegó al acuerdo o compromiso de
tres años como tiempo máximo, si bien es verdad que, por presión nuestra,
en los considerandos, en el preámbulo o en algún otro apartado de la ley,
por parte de Consejo de Ministros de la Unión Europea, se insiste en
instar a los Estados miembros a que hagan todos los esfuerzos posibles
para acelerar al máximo la transposición de la directiva. Esos son los
elementos mínimos comunes que la ley de multipropiedad habrá de tener en
cada país; en nuestro país el Ministerio de Justicia tiene preparado un
borrador del proyecto de ley que estaba pendiente de esta aprobación
para, incorporando estos elementos, regular legalmente en nuestro país
con carácter ya más preciso y general el régimen de multipropiedad.
También me han preguntado sobre la venta a distancia. Este fue un tema
que en el pasado Consejo de Ministros lo único que se hizo fue poner
sobre la mesa el estado de los estudios al respecto, puesto que es la
siguiente directiva la que tiene previsto aprobar el Consejo de Ministros
de Consumo de la Unión Europea. Esperamos que en el próximo Consejo, de
aquí a unos meses, se pueda aprobar esta directiva, estando pendientes de
esa aprobación para poder regular este tema en nuestro país.
El señor Cardona, de Convergència i Unió, me ha hecho una serie de
preguntas relativas casi todas ellas al mundo bancario. Tengo que decir
que el Gobierno difícilmente puede regular este tipo de cuestiones más
allá de alertar sobre lo que está pasando, comunicar con los diferentes
componentes de la banca e instar a que corrijan esas prácticas que usted
ha señalado. Las comisiones bancarias, como usted sabe, son libres; el
Banco de España se limita a registrarlas y a ejercer un control que en
último extremo corresponde a los Tribunales de Justicia. Sin embargo, sí
quiero decir que, a través del Instituto de Consumo, del Ministerio de
Sanidad, nos hemos dirigido, señalando a todos y cada uno de estos
elementos que usted ha mencionado, tanto a las autoridades del Banco de
España como a la Asociación Española de la Banca, advirtiendo lo que
podría pasar en el futuro si, digamos que por mecanimos de concertación o
convicción, los bancos no transfieren en un futuro a sus clientes todas
estas reducciones de los tipos de interés que se están produciendo.
Por lo que se refiere a la pregunta del Grupo Socialista relativa a las
subvenciones, he de decir que en el año 1993 ya se han concedido, como
consecuencia de una orden ministerial que previamente se negoció y acordó
con el Consejo de Consumidores y Usuarios, que regula cómo habían de
darse y en la que se incluyen ayudas para el apoyo en infraestructuras,
ayuda para la información y también programas integrales. En el apartado
de programas integrales se ha subvencionado a siete asociaciones de
consumidores para programas específicos en función de su interés,
capacidad de ejecución y cooperación financiera por parte de las propias
asociaciones de consumidores para su realización.
El señor VICEPRESIDENTE: Gracias, señor Conde, agradecemos su
comparecencia en esta Comisión.
CONTESTACION A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS.
--SOBRE SITUACION DEL PLAN DIRECTOR DEL HOSPITAL DE LA CANDELARIA, EN
SANTA CRUZ DE TENERIFE. FORMULADA POR EL SEÑOR SORIANO BENITEZ DE LUGO,
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente 181/000083.)
El señor VICEPRESIDENTE: Pasamos al segundo punto del orden del día:
Preguntas formuladas por los distintos grupos parlamentarios.
En primer lugar el señor Soriano Benítez de Lugo tiene la palabra.
El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: En primer lugar, quisiera dar las
gracias al señor Subsecretario por su presencia en esta Comisión y, sin
más preámbulo, me voy a referir al problema existente en el Hospital
Nuestra Señora de la Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife, que
en los últimos meses ha sido objeto de especial atención por parte de
todos los medios de comunicación como consecuencia de múltiples
manifestaciones y problemas suscitados por los equipos profesionales del
propio hospital como por los pacientes y, en general, por la población
sanitaria de Tenerife.
Como es sabido, en el año 1986, tras valorarse el estado en que se
encontraba el complejo hospitalario Nuestra Señora de la Candelaria, se
llega a la conclusión de la imperiosa necesidad de reestructurar este
hospital. A tal objeto, es aprobado un plan director del hospital que, en
líneas generales, resumía en tres puntos la situación en que se
encontraba en ese momento el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria y
en el que desgraciadamente se sigue encontrando hoy: Deterioro
generalizado de los edificios y especialmente de las instalaciones,
duplicidad de servicios y áreas de apoyo, y dispersión de medios de
diagnóstico y de tratamiento en el conjunto de los edificios. Los
problemas existentes en el hospital que, como digo, perviven hoy a pesar
de plan director puesto que en sus distintas fases está sufriendo un
incumplimiento en su desarrollo, pueden establecerse en un excesivo
número de camas por habitación (el 25,4 por ciento de las camas se
encuentran en habitaciones de tres y el 17,7 por ciento en habitaciones
de cuatro); la mayoría de las habitaciones, como supongo sabrá el señor
Subsecretario, no tienen ducha, no están insonorizadas y son de
dimensiones insuficientes. En cuanto a las áreas quirúrgicas existen ocho
bloques quirúrgicos diferentes distribuidos en tres edificios que
dificultan toda clase de control sobre la programación y obligan al
traslado de pacientes intervenidos hasta lugares situados a más de 200
metros de distancia; la UVI sólo cuenta con 15 camas; las consultas
externas, cuyo número asciende a 18, están igualmente dispersas en
múltiples edificios; y en algunos servicios centrales también se da una
dispersión alarmante, así como en el área administrativa. Todas estas
dificultades hicieron aconsejable, como digo, la aprobación, en el año
1986, de un plan director del Hospital Nuestra Señora de la Candelaria,
el mayor de las islas Canarias sin duda, donde, como bien es sabido,
existen dos hospitales en la isla de Tenerife, el Hospital Nuestra Señora
de la Candelaria, que funciona como hospital público, y el Hospital
Universitario, que funciona como concertado entre un propietario, que es
el Cabildo Insular, y la red pública del Insalud, al que me referiré en
otra pregunta que tengo programada para la segunda parte de mi
intervención.
La fase cero es adjudicada a la empresa Ocisa. Parece ser que ha
finalizado en fecha reciente, empezó en 1990 con dos años de retraso y
con un presupuesto inicial de 798 millones; la fase primera,
presupuestada en un principio en 2.100 millones y con un plazo de
ejecución de 36 meses, aún está sin empezar; la fase segunda está
presupuestada en 2.000 millones de pesetas, en 1989, el plazo de
ejecución previsto es de 18 meses, debiendo finalizar en principio en
1998 y está también sin realizar, como es obvio; y, la fase tercera, con
800 millones de pesetas.
En estas circunstancias, este diputado, a lo largo de la legislatura
anterior, vino preguntando en reiteradas ocasiones al Ministerio de
Sanidad sobre el incumplimiento del plan director. La fase cero, como
digo, se comienza en 1990, exactamente en el cuarto trimestre, con dos
años de retraso, y estaba presupuestada en 798 millones de pesetas. El 10
de febrero de 1993, el Ministro de Sanidad decía en esta Cámara que la
fase preliminar --supongo que se refería a la fase cero-- terminó en
noviembre de 1992 y que, a lo largo de cinco años con 5.000 millones de
pesetas, van a desarrollarse desde la fase cero hasta la última.
El 17 de febrero del mismo año, también el Ministro de Sanidad decía en
esta Cámara que a partir de 1993 se abre la segunda fase supongo que se
referiría a la primera porque la fase cero es la preliminar y luego están
la fase primera la fase segunda y la fase tercera; pero con frecuencia se
confunde la fase dos con la fase una, entendiendo que la fase cero es la
una. En fin, salvando estos pequeños errores, a partir de 1993, decía el
Ministro, el 17 de febrero de 1993, se abre la segunda fase con una
inversión aproximada de 2.300 millones a realizar en treinta meses. La
finalización de las obras se prevé --decía el Ministro-- para finales de
1995. La última fase --la tercera-- supone 3.000 millones, y su
finalización está prevista para 1998.
El 24 de marzo de 1993, el Secretario de Estado de Planificación señor
Mendioroz, contestando a una pregunta formulada por este diputado, dice
que las obras fueron recibidas en noviembre de 1992, con un coste de 887
millones de pesetas, lo que supone 89 millones de incremento sobre la
cifra presupuestada.
La fase uno --me dice el Secretario de Estado-- es de 2.343 millones, a
realizar en treinta meses, y está previsto terminarla a finales de 1995 o
principios de 1996. Me dice textualmente que la construcción se iniciará
en el último trimestre del año --hoy estamos finalizando el mes de
noviembre--, estando prevista antes la realización del correspondiente
concurso y la asignación del mismo. El concurso --dice el Secretario de
Estado-- podrá publicarse en el «Boletín Oficial del Estado» a finales de
abril o marzo de 1993 y la asignación definitiva en el mes de octubre de
1993.
Yo le dije entonces que me atrevía a aventurar --decía que estaba casi
seguro-- que no se iban a cumplir estos plazos. Y si la fase una estaba
finalizada en 1995-96, resulta que las sucesivas fases iban a prolongarse
a lo largo de este siglo, por supuesto, y nos introduciríamos en el siglo
XXI.
El 29 de septiembre de 1993 --hace dos meses más o menos-- decía la
Ministra en el Pleno de esta Cámara que la primera fase estaba ya
concluida. Insisto en que debería referirse a la fase cero o preliminar.
La segunda fase, decía la Ministra --debería referirse a la primera--,
prevé obras de reforma en el materno-infantil, en el edificio general y
en el de traumatología. La reforma, que yo sepa, en el edificio de
traumatología estaba incluida en la fase tres; pero comprendo que la
Ministra todavía estaba poco impuesta en este tema, llevaba poco tiempo
en el cargo y todavía no sabía precisar las fases ni el contenido de cada
una de las mismas. Decía la Ministra que el
proyecto estaba ya redactado y se encontraba en fase de supervisión
técnica. Las reformas tienen un coste de 343 millones, cuando el
Secretario de Estado había previsto 2.343 millones en 30 meses. Este
coste de 343 millones que decía la Ministra es preciso decir qué período
presupuestario comprende y también decía la Ministra que en el
presupuesto de 1994 figura en el anexo de inversiones una partida para
esta fase.
En resumen, concretando y para que la opinión pública de Tenerife y los
medios sanitarios puedan saber a qué atenerse, voy a hacer al señor
Subsecretario unas preguntas muy concretas. Primera, ¿está ya firmada por
el Insalud la recepción de las obras de la fase cero? ¿Con qué fecha fue
firmada la recepción de las obras? No me vale que se me diga que la fase
cero está terminada; hace falta decir en qué fecha fueron recibidas las
obras, a la empresa Ocisa, cuándo fue firmada la recepción de las obras
por parte del Insalud.
Segunda pregunta: ¿Cuánto ha costado esta fase cero, una vez terminada?
Tercera pregunta: ¿Cuándo se va a iniciar la fase primera?
Como hemos visto, se nos había dicho que saldría a concurso a principios
de 1993, que sería adjudicada a finales de 1993 y que las obras
empezarían a finales de 1993. Estamos acabando el año 1993 y ni siquiera
ha salido a concurso, por supuesto no han sido adjudicadas y, las obras,
al ritmo que van, se van a demorar hasta bien entrado 1994, en el mejor
de los supuestos.
Cuarta pregunta: ¿Cuánto importa la fase primera en su totalidad?
Quinta pregunta: ¿Durante cuánto tiempo se va a desarrollar esta fase
primera?
Sexta pregunta: ¿Qué dinero está presupuestado, en 1994, para esta fase
primera? Teniendo en cuenta las enmiendas introducidas en el Congreso en
la Ley de Presupuestos, que ya ha sido remitida al Senado, dígame, señor
Subsecretario, qué cantidad está contenida en el ejercicio 1994 para la
fase primera del plan director del Hospital de Nuestra Señora de la
Candelaria, de Santa Cruz de Tenerife.
Concluyo. Espero que el señor Subsecretario, con sus afirmaciones
concretas a estos puntos específicos, dé satisfacción a toda la opinión
médica y profesional de Tenerife, que ha venido calificando como de
auténtica tomadura de pelo por parte de las autoridades del departamento
los incumplimientos sucesivos del plan director. Ya sabe que el Hospital
de Nuestra Señora de la Calendaria es el único, la única provincia de
España que no tiene una UVI pediátrica y tampoco tiene laboratorio de
hemodinámica y, por el contrario, sí cuenta con una serie de deficiencias
que sería largo de enumerar aquí. Como digo, me daría por satisfecho con
que el señor Subsecretario, en nombre del Ministerio y del Gobierno, se
comprometiera con fechas exactas al desarrollo del plan director del
Hospital de Nuestra Señora de la Candelaria y con las pesetas exactas que
se contienen en los Presupuestos del Estado.
El señor VICEPRESIDENTE: Para contestar, tiene la palabra el señor Conde.
El señor SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO (Conde
Olasagasti): Quiero agradecer la precisión que el señor Soriano ha tenido
en su exposición, pero me hubiera gustado que esa misma precisión la
hubiera utilizado para formular la pregunta, a fin de poderle responder
en este momento.
Un plan director como el del hospital de Nuestra Señora de la Candelaria
--en todo el territorio nacional hay varios en marcha-- es tarea muy
complicada, en la medida que supone ir rehaciendo un hospital mientras
está funcionando. De su necesidad en Tenerife doy fe, no sólo por lo que
emana de los informes producidos en diferentes épocas, sino porque lo he
visto físicamente, me he paseado por allí y sé que es absolutamente
obligatoria.
Rehacer un hospital mientras está funcionando, muy frecuentemente hace
extraordinariamente difícil cumplir los plazos, tal cual se prevé en un
principio. Por consiguiente, este fenómeno que se ha dado en el hospital
de la Candelaria se da en otros muchos hospitales porque --repito-- no es
lo mismo hacer un hospital que estar rehaciéndolo mientras sigue
funcionando.
Usted ha mencionado una cuantía económica de la fase cero distinta a la
inicialmente presupuestada que, naturalmente, tiene que ver con esa
circunstancia. Son modificados necesarios que surgen en el desarrollo de
la obra.
Intentaré responder a las seis preguntas que tan concretamente me ha
hecho. Me hubiera gustado que las hubiera hecho por escrito con la misma
precisión, ya que así estaría en condiciones de podérselas responder con
la misma concreción.
Las obras de la fase cero, como usted bien dice, están terminadas y le
proporcionaré la fecha en que se haya firmado o se vaya a firmar la
recepción definitiva, porque cuando hablamos de obra terminada sabe usted
que hay una recepción provisional y otra definitiva. Se la
proporcionaremos de manera inmediata.
Respecto a cuánto ha costado esa fase cero, creo que ha sido una cifra
del orden de los ochocientos y pico millones. El coste exacto se lo
proporcionaremos por escrito. Por favor, no se me tome al pie de la letra
lo que digo ahora porque, repito, en este momento no dispongo del dato
preciso.
Su señoría me preguntaba cuándo se iba a iniciar la fase primera. Las
últimas cuatro preguntas tienen que ver con la fase uno, que entiendo es
la que ha suscitado mayor inquietud en Tenerife habida cuenta de las
diferentes cuantías con las que dicha fase ha podido aparecer en los
Presupuestos Generales del Estado, en el anexo de inversiones para 1994.
Se ha dicho por la señora ministra y yo reitero aquí que el abordaje de
unas inversiones de la cuantía de las que están previstas para la
Comunidad Autónoma canaria en los próximos cinco años era de tal
envergadura que no parecía razonable comprometer cuantías importantes en
esas inversiones sin antes haber discutido el horizonte
futuro con el Gobierno de Canarias que va a recibir la transferencia de
la asistencia sanitaria de modo inmediato. Cuando en junio se reanudan
con gran intensidad las discusiones y negociaciones en torno a la
transferencia autonómica, este asunto pasa a formar parte muy importante
de la negociación transferencial, y cuando ulteriormente se conoce que,
efectivamente, y dentro de la transferencia la comunidad receptora asume
el compromiso de continuar las inversiones que tenía previsto el Insalud
en gestión directa, es cuando se produce la incorporación por la vía de
enmienda en el caso del plan director del Hospital de la Candelaria de la
cuantía correspondiente a la anualidad de 1994 --y aquí puede estar el
error--, no a la totalidad de la fase primera. Esa cuantía, fruto de la
enmienda que usted conoce bien, está cifrada en 300 millones para el año
1994. El proyecto ya fue supervisado técnicamente, está en perfectas
condiciones de poder someterse al oportuno concurso público, y el que eso
se haga en lo que queda de año o se lleve a cabo a primeros de 1994 me
parece que no tiene una importante trascendencia. En todo caso, lo que sí
es seguro es que desde muy a principios de 1994 se inicia la fase uno con
una asignación presupuestaria para esa anualidad de 300 millones, que es
lo que figura en el anexo de inversiones; para una fase uno que,
efectivamente, en su cuantía global se cifra en una cantidad, que también
le proporcionaremos al detalle, del orden de dos mil y pico millones.
El señor VICEPRESIDENTE: Para turno de réplica tiene la palabra el señor
Soriano.
El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Me ha extrañado considerablemente la
contestación del señor Subsecretario puesto que mi pregunta se refería a
la situación del plan directo del Hospital de la Candelaria, en Santa
Cruz de Tenerife. Yo creí que el señor Subsecretario iba a traer datos
concretos del plan director, pero prácticamente no me ha contestado a
nada, salvo la cifra de los 300 millones para la próxima anualidad, que
entiendo toda ella va destinada al Hospital de la Candelaria, pero del
resto no me ha contestado ni a una sola pregunta.
Lamento este nivel de información por parte del Subsecretario del
departamento. También me decía al principio, para justificar el
manifiesto retraso de estas obras, que ha venido a ser ratificado ahora,
que el plan es complicado y que las obras estaban realizándose con
grandes dificultades. Esto mismo le dije yo al señor Secretario de
Estado. El 24 de marzo de 1993 le puse de manifiesto los inconvenientes y
los defectos técnicos de ese plan director y leo textualmente lo que me
respondió el señor Secretario de Estado. Yo le decía que la fase uno
consiste en la renovación, etcétera. Me respondió: Evidentemente, siempre
es complicada la realización de obras mientras se sigue prestando la
asistencia sanitaria, pero no es la primera vez que se hace en España ni
en ningún otro país, sino que ya tenemos una larga experiencia en la
realización de este tipo de cosas causando el menor perjuicio posible a
los pacientes. Las empresas que las realizan son empresas especializadas
y entre las condiciones por las que en su momento, mediante concurso, se
da el contrato figura la seguridad de que no se van a causar perjuicios
innecesarios a los pacientes mientras las obras se están realizando,
aunque en algún momento eso puede llevar a un mayor coste del que sería
posible si se evacuara todo el edificio, cosa que no es viable. Es decir,
cuando yo expongo al señor Secretario de Estado los inconvenientes
técnicos del plan director, el Secretario de Estado me dice que eso está
superado, que eso está resuelto, que no me preocupe, que hay una empresa
especializada. Ahora usted me da como explicación de este retraso las
dificultades del propio plan director. Francamente, no lo entiendo.
Insisto, haré las preguntas por escrito porque veo que serán los
funcionarios del departamento los que me tendrán que contestar a ellas,
pero, insisto, usted no me ha dicho si ya está firmada la recepción de
las obras de la fase cero; no me ha dicho usted cuánto ha costado la fase
cero --me ha dicho que aproximadamente 800 millones--; no me ha dicho
usted cuándo se inicia la fase primera, y le vuelvo a decir que la señora
ministra ha engañado a esta Cámara, porque la señora ministra dijo que el
concurso se realizaría en octubre de 1993, mejor dicho, que se anunciaría
antes --ya no recuerdo exactamente la fecha, pero lo dije en la primera
parte--; la señora ministra dijo que las obras se empezarían a ejecutar a
finales de 1993, estamos ya a finales de 1993 e insisto ni ha salido el
concurso, ni se ha resuelto, ni se han iniciado las obras. Es decir,
tampoco me contesta usted cuándo se van a iniciar las obras de la fase
primera, que, además, es lo que ha dado lugar a todas las manifestaciones
que se han producido en Canarias, a todas las quejas de los médicos, y
esto es lo que está poniendo en el candelero a toda opinión pública en la
isla de Tenerife. ¿Cuándo se va a iniciar la fase primera? Usted me sigue
demorando esa fecha y está usted tratando de salvar lo que dijo la
ministra, pero, indudablemente, ya a estas fechas la señora ministra no
ha dicho la verdad en esta Cámara. Tampoco me ha dicho usted cuánto
importa la fase primera en su totalidad a pesetas de hoy; durante cuánto
tiempo se va a desarrollar esa fase primera. Usted sólo me ha dicho
cuánto está presupuestado, en 1994, para llevar a cabo esta fase primera,
pero no me ha contestado a nada más, y esa cifra me la ha dado porque ha
salido en todos los medios de comunicación, ya que el debate de los
presupuestos en esta Cámara ha tenido lugar la semana pasada.
En definitiva, estoy francamente insatisfecho de sus contestaciones, lo
que pone de manifiesto la falta de previsión por parte del departamento
en relación con el Hospital de la Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife,
y estoy seguro de que sus respuestas van a encorajinar más a todos los
médicos y a todos los profesionales que trabajan en el Hospital de la
Candelaria.
El señor VICEPRESIDENTE: El señor Conde tiene la palabra.
El señor SUBSECRETARIO DE SANIDAD Y CONSUMO (Conde Olasagasti): Por lo
que se refiere a los tiempos y a las dificultades en cuanto a si se puede
hacer yo creo que no hay contradicción alguna. Efectivamente, es difícil
hacer un hospital, rehacerlo mientras está funcionando y, efectivamente,
hay empresas que se comprometen a hacerlo, lo cual no quiere decir que en
los plazos previstos no haya que introducir modificaciones con mucha
frecuencia, y eso forma parte de las previsiones de ejecución de la obra.
Le había dicho a usted que yo traía la información que globalmente estaba
disponible, que para el año que viene hay 300 millones y que la obra está
terminada; si usted me hubiera preguntado con ese grado de precisión,
hasta donde yo hubiera podido contestarle le hubiera respondido con ese
mismo nivel de precisión.
Quiero insistir en que estamos produciendo un proceso transferencial en
este momento. En consecuencia, entre todos habremos de decidir si es
prudente que a toda velocidad saquemos un concurso de obra en diciembre,
o esperemos a que se haya producido la transferencia y se publique el
concurso en enero o en febrero.
--SOBRE PUBLICACION DE LOS INDICADORES DE SALUD, ASI COMO MEDIDAS TOMADAS
PARA QUE EL SISTEMA DE INFORMACION SANITARIA ESTE EN CONDICIONES DE
ELABORAR INDICADORES DE SALUD QUE REFLEJEN LAS DESIGUALDADES POR FACTORES
SOCIECONOMICOS Y CULTURALES. FORMULADA POR LA SEÑORA MAESTRO MARTIN,
GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA.
(Número de expediente 181/000095.)
El señor VICEPRESIDENTE: Para formular su pregunta, la señora Maestro
tiene la palabra.
La señora MAESTRO MARTIN: Señorías, señor Conde, la pregunta que he
formulado, que, como todos ustedes saben, en la anterior legislatura y en
ésta es objeto de preocupación especial para mi grupo parlamentario,
tiene relación con dos proposiciones no de ley que yo misma defendí en
esta Comisión, mejor dicho, en la Comisión de Política Social y Empleo,
la pasada legislatura. La primera de ellas se refería al retraso, a mi
juicio injustificado, del Ministerio de Sanidad por lo que tiene que ver
con incumplimiento de compromisos concretos con la Organización Mundial
de la Salud en la elaboración y publicación de indicadores de salud,
herramienta indispensable para la elaboración de programas de salud que
sirvieran para acercar a todos los pueblos de la región europea al
objetivo de salud para todos en el año 2000. El Ministerio de Sanidad
publicó, en el año 1990, un Libro Verde que llamó «Indicadores de salud»,
que fue objeto de algún dato curioso porque faltaba alguna hoja
importante en relación con la dotación de camas por comunidades
autónomas. Sin embargo, a mí me parece que el elemento más importante,
los indicadores de salud que reflejan el nivel de salud de la población
española, era enormemente insuficiente, es decir, había ausencias en
indicadores importantes, y lo que me parece más grave, que en el listado
de indicadores, salvo en el hábito de fumar, no había desagregación
alguna por categoría socioeconómica, nivel cultural, etcétera, hecho que,
sin duda, hacía inútiles esos indicadores para el cumplimiento del primer
objetivo de la Organización Mundial de la Salud en relación con el
objetivo de salud para todos en el año 2000: la disminución al 25 por
ciento de las desigualdades entre grupos socieconómicos en nuestro país.
Decía yo a los compañeros con quienes estaba aquí hablando que el tema de
los indicadores a mí me parece más importante que cualquier otro tipo de
valoración sobre asistencia sanitaria en la medida que es el elemento más
sensible para reflejar la utilidad del sistema sanitario en una sociedad
como la nuestra o como cualquier otra. Es decir, el sistema sanitario no
existe para consumir consultas o para consumir camas hospitalarias; la
cantidad de recursos con que dotamos a un objetivo es para valorar en qué
medida se cumple esa finalidad, es decir, la capacidad del sistema
sanitario de incidir o no positivamente sobre la mejora del nivel de
salud de la población española. En España, en una situación de crisis
económica como la que padecemos, es importantísimo saber qué está pasando
sobre los niveles de salud en las diferentes capas sociales. Yo recuerdo
un famoso estudio, realizado en Inglaterra, en el cual después de 40 años
de sistema nacional de salud (sistema nacional de salud a juicio de una
buena parte de esta Cámara de un nivel de calidad deseable para el
nuestro, por lo menos en tiempos), no se habían logrado disminuir las
diferencias en salud entre las capas más altas, entre los ejecutivos y
los obreros manuales.
¿Qué está pasando en nuestro país con la salud de la población española?
El representante del Grupo Socialista decía en el debate del Pleno que
nosotros teníamos uno de los mejores sistemas de salud del mundo. Yo le
dije que no lo sabía. No sabe el Ministerio de Sanidad, no sabemos
nosotros en qué medida un sistema que consume una parte importantísima de
los recursos es útil o no para mejorar los niveles de salud de la
población española, porque no existen indicadores sensibles ni de calidad
capaces de valorar esa evolución en el tiempo.
Por otro lado, esta pregunta tiene también relación con el plan integrado
de salud. Yo presenté una proposición no de ley en el mes de abril del
año 1992. El debate debió producirse en el mes de junio en la Comisión de
Política Social y Empleo, y tengo que recordar que se me acusó de
oportunista porque yo instaba al Gobierno a remitir el plan integrado de
salud en un plazo no superior a seis meses y se me dijo que era
oportunista porque ya lo iba a remitir el Ministerio en ese plazo y lo
que yo pretendía era apuntarme el tanto. Evidentemente, el plan integrado
de salud no se ha remitido a esta Cámara, espero del señor Subsecretario
una reafirmación de la voluntad del Ministerio de Sanidad de remitirlo en
el plazo de este año.
En cualquier caso, con este preámbulo que me ha parecido indispensable
para entender el objetivo de mi pregunta, yo pregunto al señor
Subsecretario si se van a publicar periódicamente los indicadores de
salud (recuerdo que el señor Marcos Peña a finales de la pasada
legislatura también dijo que estaban a punto de publicarse los
indicadores de salud) y si esa publicación de indicadores de salud va a
recoger la presentación de indicadores con suficiente nivel de
desagregación como para ser útiles en la planificación y la evaluación
del sistema sanitario.
El señor VICEPRESIDENTE: El señor Conde tiene la palabra.
El señor SUBSECRETARIO DE SANIDAD Y CONSUMO (Conde Olasagasti): Señora
Maestro, lo primero que tengo que decir es que comparto absolutamente la
reflexión general que ha hecho sobre la trascendencia y la importancia
que tiene la existencia de indicadores que miran realmente cuál es el
estado de salud de nuestra población por encima de cualquier otro tipo de
indicadores, puesto que, efectivamente, no todo lo que se gasta en
servicio sanitario se traduce en niveles de salud de la población, y para
hacer una asignación rigurosa de los recursos, para ordenar las
prestaciones del sistema sanitario público, es extraordinariamente
importante disponer de esos indicadores y de su evolución.
Por lo que se refiere a sus preguntas concretas, que es cuándo se van a
publicar esos indicadores, aquí están (mostrando un libro), tengo que
admitir que con retraso. Hay una proposición no de ley de la señora
Maestro, de mayo de 1992, en la que se acordó un plazo de dos meses; a mí
me parece ese plazo muy optimista. El resultado de la evaluación de la
parte del plan de la OMS, sobre la región europea se presentó al Consejo
Iterterritorial de Salud en el mes de marzo de 1993 y ha habido un tiempo
laborioso de edición. Tengo aquí un ejemplar, que a continuación le
entregaré a la Diputada, que tiene, yo creo, novedades importantes. No he
tenido tiempo de leerlo detenidamente, me parece que es un documento muy
completo, muy riguroso, mejora considerablemente lo que teníamos, aporta
una información valiosísima recogida de diferentes fuentes, de ahí su
difícil elaboración, y, además, se ha editado también en formato de
soporte informático para uso más fácil de quien quiera utilizarlo.
Naturalmente está ya a disposición de los señores diputados, pero me
permitirán que a la señora Maestro, que ha hecho la pregunta, le entregue
personalmente este primer ejemplar.
Respecto a la segunda cuestión, que es la introducción de elementos que
permitan relacionar las desigualdades socieconómicas con los niveles de
salud, ahí estamos haciendo dos tipos de cosas: una, conseguir que las
sociedades científicas que tienen que ver con los ámbitos de salud
pública se pongan de acuerdo en cuanto a qué tipo de indicador estándar
pueda valer para clasificar por estratos socioeconómicos y, al mismo
tiempo, se ha encargado un estudio de esa naturaleza a un prestigioso
centro universitario, a fin de poder disponer de un elemento indicador
realmente útil, homologable, conocido y válido, puesto que hasta ahora no
es fácil encontrar el sistema para, buscando esos indicadores, conseguir
las interrelaciones con los indicadores de salud. Por consiguiente,
publicado está, la edición llegó a finales del mes de octubre --con
retraso pero está-- y yo creo que muy mejorado y muy adecuado, además, a
los indicadores que los objetivos del plan de salud para todos
establecía.
Por lo que se refiere a la parte socioeconómica, es un objetivo que
queremos poder estar en condiciones de introducir en los indicadores
existentes cuando dispongamos de la medida adecuada.
Con relación al plan integrado de salud (al que también se ha referido la
Diputada y a esa famosa acusación de oportunismo) ha habido un documento,
que a todas luces era insuficiente, y que, para poderse presentar y poder
representar realmente al plan integrado de salud, tenía que contar con
todos y cada uno de los planes de las comunidades autónomas. Había, por
así decirlo, el esqueleto del plan integrado de salud y a ese esqueleto
hay que incorporar los elementos de los planes de salud de las
comunidades autónomas. No me atrevo a dar un plazo, pero relativamente
pronto estaremos en condiciones de poder presentarlo.
El señor VICEPRESIDENTE: Para turno de réplica, la señora Maestro tiene
la palabra.
La señora MAESTRO MARTIN: La verdad es que --lo digo por el resto de la
Comisión-- ignoraba este hecho y la presentación de la pregunta no tenía
ninguna relación con mis conocimientos previos de que se fuera a
publicar. En cualquier caso, me congratula que ello se haya producido.
En el turno de réplica, quería insistir en un dato y es que la
publicación de indicadores está bien, pero no es un objetivo en sí mismo.
Es un elemento indispensable para la planificación y evaluación
sanitaria.
Aprovecho la presencia del señor Subsecretario para que, en primer lugar,
me informe de qué centro universitario y qué plazos van a permitir al
Ministerio contar con estos indicadores y, en segundo lugar, su
confirmación de que estos elementos formarán parte del plan integrado de
salud, porque su objetivo fundamental es servir de base a la
planificación sanitaria y a la evaluación, y que no ocurra como hasta
ahora. La obsesión con el plan integrado de salud no se corresponde a
ninguna fascinación por la planificación que no sea evitar solamente
hacer algo no positivo, como es la racionalización de los recursos
sanitarios en función de objetivos de salud, sino algo que me parece
enormemente peligroso y que está detrás de las cifras de los Presupuestos
Generales del Estado: que la planificación y la evaluación de los
servicios sanitarios en este momento, en ausencia de plan integrado y de
indicadores de salud que permitan establecer comparaciones, se hace en
función de objetivos de ahorro económico, lo cual, desde el punto de
vista de la salud, me parece absolutamente aberrante. Insisto, mi
preocupación porque el plan integrado de salud esté sobre la mesa no es
porque haya un libro más publicado, sino porque será, creo yo, un medio
para evitar que los objetivos económicos continúen superponiéndose en la
práctica y, de hecho, a objetivos de salud de la población.
El señor VICEPRESIDENTE: El señor Conde tiene la palabra.
El señor SUBSECRETARIO DE SANIDAD Y CONSUMO (Conde Olasagasti): Voy a
puntualizar solamente tres cosas. La primera decirle de nuevo que
comparto esa preocupación. A mí me parece que no se trata de un ejercicio
académico para publicar datos más o menos interesantes o brillantes que
podían incluso decir que estamos muy bien de salud en relación a otros
países, sino que es un instrumento absolutamente imprescindible para
ordenar los recursos sanitarios. Todos los que, procediendo del campo de
la asistencia sanitaria, hemos llegado a administrar Sanidad, hemos ido
concluyendo con alarma cómo al igual que en otros países muy avanzados el
hecho de producir muchos actos de servicio sanitario no siempre se
traduce necesariamente en mejores niveles de salud, y nos hemos
encontrado muy desarmados a la hora de tomar decisiones sobre si habría
que poner más o menos camas, más o menos aparatos de diagnóstico, más o
menos quirófanos; para eso, efectivamente, necesitábamos ese instrumento.
La ausencia de plan integrado de salud en este momento como documento
cerrado, ultimado y acabado, no quiere decir que no se estén tomando
decisiones en orden a la planificación y la ordenación de los recursos
sin tener en cuenta la información disponible, que la hay; hay suficiente
como para poder tomar decisiones sin estar imbuidos por principio de
razones de ahorro económico, como sugiere la señora Diputada, sino por
evidencias informativas que ya tenemos.
Por último, es el Centro Universitario John Hopking, me parece que es el
departamento de Vicente Navarro, y le daré luego el plazo para no
equivocarme.
--SOBRE RAZONES DEL ANUNCIO DE LA SUSTITUCION DE 12 MEDICOS INTERINOS DEL
INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD (INSALUD) QUE VENIAN DESARROLLANDO SU
LABOR EN EL BARRIO DE LA RONDILLA, DE VALLADOLID, EN TAREAS DE ATENCION
PRIMARIA, FORMULADA POR EL SEÑOR BURGOS GALLEGO, GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR. (Número de expediente 181/000096.)
--SOBRE CRITERIOS UTILIZADOS POR LA GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA DE
VALLADOLID PARA OFRECER LA ADSCRIPCION FUNCIONAL A LOS MEDICOS
PROPIETARIOS DE PLAZAS ASISTENCIALES QUE VENIAN DESARROLLANDO SU LABOR EN
EL BARRIO DE LA RONDILLA, DE VALLADOLID, EN LUGAR DE LA PRECEPTIVA OFERTA
DE INTEGRACION, FORMULADA POR EL SEÑOR BURGOS GALLEGO, GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente 181/000097.)
El señor VICEPRESIDENTE: Para formular sus preguntas, tiene la palabra el
señor Burgos.
Yo le pediría, si lo estima oportuno, dada la relación existente entre
las preguntas números 4 y 5, poderlas fusionar en una pregunta, contando
con que la Presidencia será generosa en el tiempo.
El señor BURGOS GALLEGO: Señor Presidente, era mi deseo realizar un
planteamiento común y conjunto de las preguntas números 4 y 5 del orden
del día, porque ambas responden a un mismo proceso, que es la puesta en
funcionamiento de un nuevo centro sanitario, con cinco nuevos equipos de
atención primaria, concretamente el Centro de Salud Rondilla, en la
ciudad de Valladolid, y que ha generado una serie de manifestaciones
públicas, una serie de opiniones por parte de los profesionales y de los
usuarios que han generado una polémica que todavía continúa en estos
momentos en la ciudad de Valladolid.
En el área de atención primaria de la zona de salud de Valladolid, se
tuvo conocimiento, en su momento, de la autorización emitida por la
Subdirección de Atención Primaria del Insalud para proceder a la
sustitución de 12 médicos interinos que venían desarrollando su actividad
desde hacía aproximadamente cuatro años, con un grado de experiencia, con
un grado de conocimiento de la realidad, con un grado, asimismo, de
aceptación por parte de la población asistida muy notable en este barrio
de la Rondilla, el más populoso de la ciudad de Valladolid.
Sorprendentemente, estas plazas que se amortizaban no lo hacían para
salir a concurso, sino que se autorizó expresamente su sustitución por 12
nuevos interinos, contraviniendo, creo que de forma flagrante, la
legislación vigente y creando un sentimiento de incertidumbre y de
preocupación bastante generalizado entre los profesionales, aparte, por
supuesto, de un movimiento de rechazo entre los propios usuarios, como
así recogían numerosos medios de comunicación de la ciudad, llegando
incluso a sembrar de pasquines todas las barriadas ante un acto que ellos
decían tan arbitrario como incomprensible. Por ello, nosotros cursamos la
siguiente pregunta: ¿Cuáles eran las razones de carácter asistencial que
justificaban el anuncio autorizado por la Subdirección de Atención
Primaria del Insalud para proceder a la sustitución de 12 médicos
interinos que venían desarrollando su labor en el barrio de la Rondilla,
de Valladolid, en tareas de atención primaria?
Como digo, todos los sectores mostraron su preocupación y su rechazo por
este proceder. El Colegio Oficial de Médicos emitió una nota, creo que
muy dura, exigiendo el cumplimiento de la legalidad vigente en el acceso
a dichas plazas, exigiendo que se dejaran sin efecto los contratos que se
estaban realizando por parte de la Gerencia de atención primaria a nuevos
médicos interinos
y, sobre todo, rogando que se hiciera con la máxima celeridad la
convocatoria del concurso de integración. Los sindicatos médicos, en la
misma línea, y los usuarios, como ya he dicho antes, manifestaron su
voluntad y su deseo expreso de que se pudiera mantener a los médicos que
venían realizando esa asistencia primaria en esas zonas de salud.
En definitiva, se estaba ante una situación rechazada por los usuarios,
rechazada por los profesionales y creo que contraviniendo la legalidad
vigente en esta materia. Esto se realizaba al mismo tiempo que, con el
mismo visto bueno también de la Subdirección de Atención Primaria del
Insalud, no se procedía a la preceptiva oferta de integración a los
médicos propietarios, sino que se les proponía una adscripción funcional
que, de no ser aceptada, les provocaría a todos ellos importantes
perjuicios retributivos. Esos médicos generales y pediatras son los
responsables del estado de salud de ese barrio y, como digo, también en
el segundo caso, que daba lugar a la segunda pregunta, se produjeron
manifestaciones y declaraciones públicas de los ciudadanos que apoyaban
la permanencia de esos profesionales y pedían que se dejara sin efecto un
proceso que se consideraba francamente irregular.
Resumiendo, en líneas generales, cuál fue el proceso de los
acontecimientos, hay que decir que en el mes de junio de este año, la
gerente de atención primaria determinó, a título personal, y ante la
puesta en funcionamiento de estos nuevos centros, la adscripción de los
sanitarios en régimen de comisión de servicios. Hecho que fue puesto en
conocimiento por parte de los afectados del Colegio Oficial de Médicos,
el cual denunció el atropello legal que, desde su punto de vista, suponía
esa forma de proceder de la gerencia y que causó que ésta rectificara
inmediatamente su posición y pidiera consultas a la Dirección General en
Madrid. Por parte de esa Dirección General, del doctor García Encabo
concretamente, se le surgirió la oferta de adscripción funcional de
carácter profesional. De esta segunda oferta tienen también conocimiento
tanto el Colegio Oficial de Médicos como los sindicatos como las juntas
de personal de las áreas, que vuelven a denunciar públicamente y por
todas las vías institucionales a su alcance esa forma de proceder.
Desde el propio Colegio Oficial de Médicos, y en comunicación también con
los propios responsables de la Junta de Castilla y León, se pide una
reunión a la gerencia del Insalud en la que también estuvieran presentes
el Colegio y los sindicatos. Esa reunión se convoca y los responsables
del Insalud no se presentan a dicha reunión. Poniéndonos en contacto con
los médicos afectados, éstos nos informan de que han sido presionados, e
incluso coaccionados y amenazados con la excedencia forzosa, para la
aceptación de estos nuevos puestos de trabajo, lo que desde nuestro punto
de vista supone una forma de proceder y un estilo de actuación
absolutamente injustificable y rechazable. Esto se pone también de
manifiesto por parte del Colegio Oficial de Médicos, en comunicación del
3 de julio, a la propia Dirección del Insalud en Valladolid, en la cual
dicen textualmente que se estima que las propuestas de integración con
caracteres de comisiones de servicio o adscripciones funcionales
realizadas mediante entrevista personal podrían considerarse coactivas.
Esta es la opinión del Colegio Oficial de Médicos sobre esta situación.
En definitiva, por no alargarme, se ha generado un problema por parte de
esta actuación, al margen de la legalidad, al margen de una voluntad de
diálogo y de una transparencia que debería presidir todas estas
actuaciones en relación con la puesta en marcha de este nuevo centro
Sanitario en Valladolid, que ha causado una tremenda incertidumbre entre
los profesionales y el consiguiente rechazo de esas fórmulas de actuación
por parte de los propios usuarios y de los sectores representativos de la
sanidad en Valladolid. Como consecuencia de ello, nosotros hemos
preguntado también sobre los criterios que la gerencia de atención
primaria de Valladolid ha utilizado para ofrecer la adscripción funcional
a los médicos propietarios de plazas asistenciales que venían
desarrollando su labor en el Barrio de la Rondilla de Valladolid, en
lugar de la preceptiva oferta de integración.
El señor VICEPRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Conde.
El señor SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO (Conde
Olasagasti): Le voy a contestar empezando por la segunda pregunta, que es
más fácil, y así nos entenderemos todos.
Lo primero que quiero decir es que, en ningún caso, a nuestro modo de
ver, se ha contravenido la legalidad vigente. Otra cosa distinta es que
en un proceso de esta naturaleza y derivado del mismo hay profesionales
que obtienen una situación que consideran conveniente y otros, por
ejemplo interinos, que tienen que salir, lo que evidentemente no es
percibido, ni aceptado por cada grupo de manera similar. En consecuencia,
corresponde a la Adminitración, en este caso, atender a sus obligaciones
con independencia, repito, de cómo sea percibido por unos o por otros el
poder seguir trabajando o no.
Yendo a la cuestión concreta de cuáles han sido los criterios de la
gerencia de atención primaria de Valladolid para ofrecer la adscripción
funcional, hay que decir lo siguiente: Dentro del programa para 1993 de
la gerencia de atención primaria de Valladolid se fijaba la puesta en
funcionamiento de los equipos de atención primaria de Rondilla-1,
Rondilla-2, Barrio España y San Pablo, con lo que la cobertura por
población atendida por el equipo de atención primaria pasaba del 46 al 72
por ciento.
La plantilla --y esto es importante-- de personal sanitario de estos
centros fue aprobada con fecha 19 de mayo de 1993 --plantilla para estos
nuevos centros con arreglo al modelo de equipo de atención primaria--.
Con fecha 2 de junio, la Dirección General del Insalud autorizó la
gerencia de atención primaria de Valladolid la puesta en funcionamiento
de los equipos de atención primaria de estos centros de salud. Es decir,
no se podía autorizar su funcionamiento hasta que no estuvieran hechas
las plantillas. Aquí estamos en lo que yo creo que puede aclarar
este problema de por qué no ha habido oferta de integración o la ha
dejado de haber.
En fechas anteriores al 19 de mayo se había convocado una oferta general
de integración, que es preciso finalizar, con los preceptivos concursos
de traslado y concurso-oposición, antes de proceder a la convocatoria de
una nueva oferta de integración. Dicho de otro modo, con arreglo a una
determinada plantilla general de atención primaria, se había promovido
una oferta de integración y no puede sacarse otra nueva oferta de
integración a propietarios hasta que no esté ultimada la primera. Si la
primera no está ultimada es técnicamente imposible proceder a la segunda,
puesto que quedarían todavía asuntos pendientes de resolver, como a qué
plaza se incorporaba uno o a dónde llegaba otro por un concurso de
traslado. Eso querría decir que habría que renunciar a abrir equipos de
atención primaria para los propietarios, con arreglo al nuevo modelo,
hasta tanto terminara la fase primera del concurso de integración. A la
vista de ello, y a solicitud de la gerencia de atención primaria, se
decidió optar por la fórmula de la adscripción funcional a los
propietarios afectados por la reordenación de esos nuevos equipos de
atención primaria. En consecuencia, sin esperar a que ultimáramos la
primera fase, se les ofreció la posibilidad de integrarse con carácter
voluntario, acogiéndose a una figura de adscripción funcional, recogida
en el Decreto 118/91, de 22 de enero, que es perfectamente legal. Esa
figura, como su propio nombre indica, funcional, voluntaria y
renunciable, se les hizo a todos y cada uno de los profesionales
estatutarios implicados. De los siete médicos generales propietarios
afectados, tres aceptan esa adscripción, así como cuatro de los ocho
pediatras existentes. A los siete profesionales que no han aceptado se
les mantiene el mismo régimen horario y retributivo que tenían con
anterioridad a la oferta, pasando a desarrollar su actividad profesional
en esos centros de salud, bajo la dirección del coordinador de la zona
básica de salud. Todo ello a tenor de lo dispuesto en el artículo 571/90,
de 27 de abril, sobre estructura periférica de gestión de los servicios
sanitarios.
En definitiva, por lo que se refiere a los propietarios, lo único que ha
pasado es que la imposibilidad técnica de proceder a una oferta de
integración ha obligado a utilizar la figura de adscripción funcional
que, repito, se ha ofrecido a todos los que eran susceptibles de ella y
ha aceptado quien ha tenido a bien aceptar, sin ningún tipo de coacción,
que yo sepa.
En relación con esto está la otra cuestión que afecta fundamentalmente a
los interinos. Como S. S. sabe, la figura del interino existe en tanto su
plaza existe o no es cubierta por el propietario por el procedimiento
regular de cobertura de plazas. En este caso, con motivo, de nuevo, de la
reordenación y la configuración de equipos de atención primara en ese
área de Valladolid, tiene lugar una redifinición de las plantillas y la
creación de equis plazas del nuevo modelo, por consiguiente, la
desaparición, por amortización, de las plazas de cupo del sistema
tradicional existentes, lo que evidentemente es una opción a una nueva
plaza. Es una nueva plaza con un régimen horario y retributivo distinto,
y que hay que ofrecer con arreglo a los procedimientos que para cobertura
provisional de plazas de interinos tenga establecido en cada caso el área
correspondiente. En este caso, en el área a la que nos estamos
refiriendo, el 2 de junio --vuelvo a decir--, la Dirección General del
Insalud autorizó el incremento de presupuesto en el capítulo de gastos de
personal para permitir la puesta en funcionamiento de estos equipos.
Había un baremo pactado con las centrales sindicales en el acuerdo
suscrito por la Dirección Provincial en marzo de 1992, que ha estado en
vigor hasta el 31 de diciembre de 1991, en que fue denunciado. Sin
embargo, dada la no existencia de acuerdo en este momento, se aceptó por
parte de la Junta de Personal y centrales sindicales, su utilización en
el proceso de selección para cubrir las plazas de equipo de atención
primaria --repito-- con carácter provisional.
Esto es lo que ha sucedido en el Centro de Salud de Valladolid al que nos
estamos refiriendo y, como puede ver S. S., en ningún caso hay ningún
tipo de vulneración de la legalidad vigente. Lo que sí hay --como sucede
en este tipo de situaciones-- son intereses muy legítimos,
respetabilísimos, de personas concretas que se ven afectadas por un
proceso de reordenación como el que aquí ha tenido lugar.
El señor VICEPRESIDENTE: Para turno de réplica, tiene la palabra el señor
Burgos.
El señor BURGOS GALLEGO: Yo creo que, al menos, el Subsecretario nos ha
dejado claro que es perfectamente consciente de que se han puesto en
marcha esos nuevos cinco centros de atención primaria sin el preceptivo
--y en eso espero que estemos de acuerdo-- concurso previo de oferta de
integración, y eso genera --se quiera o no se quiera-- el desamparo legal
y el desamparo administrativo de los profesionales afectados.
Usted dice que no tiene constancia de que haya existido coacción, de que
haya existido presión por parte de la Dirección Provincial a la hora de
que esos determinados profesionales aceptaran esa adscripción funcional.
Yo le digo que sí que ha existido esa coacción, que ha sido denunciada
por esos profesionales y que ha sido denunciada en notificación (y puedo
poner a disposición de la Comisión una copia) del propio Colegio Oficial
de Médicos. Y eso es de lo que estamos hablando, del estilo y de la forma
de proceder habitual de la gerencia de atención primaria y de la
Dirección Provincial del Insalud en esta provincia, porque ésta es
solamente una más de un rosario de irregularidades y de cuestionamiento
permanente de una forma de proceder que se viene desarrollando en esta
provincia desde hace un número importante de años y que ha dado lugar a
todo tipo de conflictos y de confrontaciones entre esa Dirección y los
profesionales de la Sanidad en Valladolid.
El problema está, en lo que se refiere a los médicos interinos, en
amortizar unas plazas para, inmediatamente a continuación, volver a
convocarlas y volverlas a cubrir por unos nuevos interinos. Nos parece un
subterfugio que, aunque se ha venido utilizando de forma permanente, en
esta ocasión ha alcanzado ya unas cotas de descaro bastante importantes.
Hay que tener en cuenta que las plazas es evidente que se amortizan y,
por tanto, la solución lógica al configurar los nuevos equipos es
sacarlas a concurso, pero es que aquí da la casualidad de que se
amortizan doce plazas por unos interinos que se ponen en la calle y a los
que se les imposibilita, mediante ese baremo, el acceder otra vez a esas
mismas plazas, para a continuación volver a sacar doce nuevas plazas con
el mismo número de pacientes atendidos y en las mismas condiciones, para
volverlas a cubrir por otros nuevos doce interinos designados con los
habituales procedimientos que utiliza el Insalud. Es decir, a los
interinos que hasta ese momento habían venido desarrollando sus labores
en estos centros de salud y consultorios, se les imposibilita el acceder,
a través del nuevo baremo, a esas mismas plazas. Por tanto, por un lado,
hay inexistencia del concurso de traslados para los médicos titulares y,
por otro lado, no se asegura tampoco la deseada continuidad asistencial
deseada por los ciudadanos, porque se hace imposible para esos propios
interinos el poder concurrir a esas plazas porque el examen que se
realiza para cubrir con nuevos interinos esas plazas se hace con un
baremo en el que los médicos de atención familiar, especialidad que no
tenía ninguno de los interinos que venían cubriendo esas plazas, parten
ya con una base de diez puntos de diferencia con respecto a los
anteriores. Con lo cual, evidentemente, los trabajadores que conocían en
profundidad los problemas de salud de ese barrio y de la población
atendida no tenían ninguna posibilidad de acceder a dichas plazas.
Y no es cierto que ese baremo se haya realizado, se haya aceptado y se
haya negociado con los sindicatos, no es cierto, y también en los medios
de comunicación de esta provincia, al hilo de estos acontecimientos, se
ha denunciado y se ha rechazado que se haya utilizado ese argumento por
parte de la Dirección Provincial del Insalud, porque los sindicatos y la
Junta de Personal han dicho claramente que el examen se había impuesto
unilateralmente y sin contar en ningún momento con la aprobación o la
aquiescencia de los sindicatos.
Por tanto, yo creo que hay que ser muy conscientes de que si de lo que se
trata es de mantener la confianza como el ingrediente básico del acto
médico, aquí, en este caso y en esta forma de proceder, no se ha podido
garantizar esa confianza, no se ha podido garantizar la continuidad en la
prestación asistencial a personas (y yo le podría enseñar las
manifestaciones públicas de los pacientes de ese barrio, que, como digo,
han hecho declaraciones múltiples, han llenado el barrio y otras zonas de
la propia ciudad de octavillas y pasquines), que ha exigido, han pedido,
han rogado que esos médicos continuara ejerciendo sus funciones en las
mismas condiciones en las que venían desarrollándolos hasta ahora.
No se puede decir que ha habido un procedimiento legal que ha hecho
posible esta situación, porque no ha sido así. Se ha utilizado un
subterfugio, que es proceder a una amortización de plazas para,
inmediatamente a continuación, volverlas a rellenar con otros nuevos
interinos, generando, como digo, una polémica y una confrontación, aparte
de un recelo justificado por parte de los ciudadanos, lo que no nos
parece lo más adecuado para garantizar la credibilidad y la competencia
de los profesionales y la confianza en el sistema.
Por eso, yo le transmitiría --porque ése ha sido el sentir general de los
profesionales, de los colectivos, de los sindicatos, del Colegio Oficial
de Médicos, de los usuarios, de los medios de comunicación, de todo el
mundo en Valladolid, excepto de la Dirección Provincial del Insalud-- la
preocupación por este rosario de acontecimientos, por estas formas de
proceder, demasiado habituales en la provincia de Valladolid --creo que
no va a ser la última vez que tengamos ocasión de hablar de ellas--, pero
creo que la puesta en marcha de este centro de salud (que, por otra
parte, era un centro exigido y demandado desde hace mucho tiempo por
parte de los ciudadanos, y todo el mundo es consciente de que se ha hecho
un esfuerzo importante por dotar a esa población de los servicios que se
necesitaban), la gestión --digo--, la puesta en funcionamiento y el trato
que los profesionales han recibido por parte de la Dirección Provincial
del Insalud no ha sido la más adecuada ni la más necesaria para estar a
la altura de las circunstancias que se demandaban.
Yo le transmito esa preocupación, le transmito ese interés de que se
reconduzca la situación y que, a partir de ahora, prime el diálogo, prime
la transparencia, no primen las acciones unilaterales, no primen las
actuaciones oscuras por parte del Insalud en la provincia de Valladolid,
y se pueda trabajar por parte de todos los sectores afectados en una
misma dirección, que sin duda es la de la mejora de la calidad
asistencial y de la percepción positiva que de esa calidad sientan los
usuarios; cosa que, desgraciadamente, no ha sido el norte de la actuación
del Insalud en esta provincia en los últimos años.
El señor VICEPRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Conde.
El señor SUBSECRETARIO DE SANIDAD Y CONSUMO (Conde Olasagasti): Señor
Burgos, yo creo que estamos hablando de dos cosas distintas. La primera
parte, de alguna manera, era el contenido más sustantivo de sus
preguntas: si se había respetado o no la legalidad vigente para la
cobertura de puestos en ese centro de salud. Yo insisto en que se ha
respetado rigurosamente, que si no se ha hecho un concurso de oferta es
porque técnicamente resulta imposible y que no se trata de subterfugios,
sino que se trata de un proceso en el que en este caso, según me dice
usted, parece que coincide el número de personas. En otros muchos casos
no coincide y el proceso de amortizar cupos y convertirlos en plazas en
el nuevo sistema supone desaparición de puestos de trabajo. Me reafirmo
en que se ha cumplido estrictamente y escrupulosamente la legalidad
vigente. Otra cuestión distinta, y en ese sentido acepto que usted
transmita su preocupación, es cómo se ha desarrollado una serie de
acontecimientos en torno a la cobertura de puestos de trabajo de ese
centro de salud.
En mi responsabilidad inmediatamente anterior, que, como probablemente
sabrá, era la de Director General del Insalud, mantuve contactos con los
dos colectivos, médicos generales y médicos de familia. Aquí tenemos más
que nada un problema corporativo, por hablar claro. Me preocupa, igual
que a usted por lo menos, esa cuestión de la continuidad asistencial y de
la confianza de los pacientes en los médicos por encima de los títulos y
por encima de los baremos. Me preocupa eso más que nada, pero también
tengo que entender que la propia organización profesional se rige por
ciertas reglas de juego y que quien ha conseguido una residencia en
medicina familiar y comunitaria, a la que le ha costado acceder, que ha
tenido que pasar unas pruebas selectivas muy duras, que ha hecho un
programa de formación, quiere que todo eso le sea reconocido, aceptado y
valorado en su justa medida por el sistema sanitario público a la hora de
dar puestos de trabajo. El conciliar ese tipo de intereses profesionales
corporativos con la mejor atención sanitaria a los ciudadanos es nuestra
obligación y no siempre es fácil. En ese sentido, acepto su transmisión
de preocupación. De todas maneras, por mi parte está el compromiso de
averiguar con detalle lo que se refiere a esos matices, partiendo siempre
de la base, le puedo asegurar, y me reafirmo en ello, de que se ha
respetado rigurosamente la legalidad vigente.
--SOBRE RAZONES QUE IMPIDEN LLEGAR A UN ACUERDO ENTRE EL CABILDO DE
TENERIFE Y EL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD (INSALUD) EN RELACION CON EL
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TENERIFE. FORMULADA POR EL SEÑOR SORIANO
BENITEZ DE LUGO (GP). (Número de expediente 181/000098.)
El señor VICEPRESIDENTE: Para formular su pregunta, tiene la palabra el
señor Soriano Benítez de Lugo.
El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Si en mi anterior pregunta me refería
al Hospital Nuestra Señora de la Candelaria, directamente dependiente del
Insalud, en esta ocasión mi pregunta se refiere al otro gran hospital de
la Isla de Tenerife, el Hospital Universitario y Clínico, propiedad del
Cabildo Insular de Tenerife y que se rige por medio de convenios en su
aspecto docente con la Universidad de La Laguna y en su aspecto sanitario
propiamente dicho con el Insalud.
El vigente convenio entra en vigor el 6 de octubre de 1989, con una
vigencia de cuatro años, en consecuencia hasta el 7 de octubre de 1993
pasado. Sin embargo, y cuando se estaba en pleno proceso de negociación
entre el Cabildo y las autoridades del Ministerio, exactamente el 31 de
julio de 1992, el organismo autónomo Hospitales del Cabildo Insular de
Tenerife, reunido su Consejo de Administración, decidió proponer al
Cabildo la denuncia del convenio y, efectivamente, ésta se llevó a cabo,
situación que fue comunicada a la Administración del Estado el 11 de
septiembre de 1992.
Las negociaciones entre el Cabildo y las autoridades sanitarias han
traído consigo diversas vicisitudes. En una precontestación por parte del
Presidente del Instituto Nacional de la Salud en una comparecencia
solicitada por el Partido Popular el 23 de febrero de 1993, poco se dijo
acerca de los inconvenientes concretos que existían para realizar un
nuevo convenio o prorrogar el anterior. Según el Presidente del Insaud,
señor Mendióroz, cada una de las administraciones negociadoras trata de
colocarse en la mejor situación posible a la hora de la negociación, y
entendía el señor Presidente que el Cabildo había considerado que
mejoraba su posición negociadora denunciando el convenio, y así lo hizo.
Decía que no había nada más que explicar sobre el asunto. A partir de ese
momento, se vienen sucediendo ininterrumpidamente reuniones entre los
representantes del Cabildo Insular y el Ministerio, sin que en ningún
momento quepa llegar a un acuerdo. Al parecer las diferencias estriban
fundamentalmente, como siempre ocurre, en la cuestión económica. En
septiembre de 1992, cuando se denunció el convenio, el Insalud adeudaba
al Cabildo --según fuentes del Cabildo-- 4.000 millones de pesetas. Jamás
se han puesto de acuerdo el Cabildo y el Insalud en la cantidad exacta
que se adeuda. Lo cierto es que desde 1990 no se revisaron los precios
convenidos con el Insalud, a pesar de que el Presidente decía que se
había producido a lo largo de la vigencia de este convenio un
significativo aumento de las cantidades pagadas por parte del Insalud.
En octubre de 1992, el Insalud propone reemplazar la fórmula del
convenio, a base de la conocida UPA, por un contrato programa, abonando
de inmediato 850 millones de pesetas. El 30 de enero de 1993, se anuncia
por la prensa que el Ministerio y el Cabildo rompen formalmente las
negociaciones por diferencias en la cuantificación del gasto de
explotación del Hospital, diferencias que se calculan del orden de 1.500
millones de pesetas.
En esta situación, el coste del Hospital Clínico Universitario como
centro concertado pasó de mil trescientos y pico millones de pesetas en
el año 1990 a más de 6.000 millones en el año 1991, desconociendo este
Diputado en qué situación se encuentra en la actualidad. Se me informó,
en una determinada ocasión en la anterior legislatura, por parte del
Ministerio que la deuda pendiente como centro concertado, a 31 de
diciembre de 1991, alcanzaba más de 1.000 millones de pesetas. Yo pedí al
Presidente del Insalud que dijera exactamente dónde estaba trabada la
negociación, qué impedía llegar a un acuerdo, qué había motivado la
denuncia por parte del Cabildo Insular de Tenerife, pero lo cierto es que
parecía en todo momento que tanto él como el representante de las
Agrupaciones Independientes de Canarias, que entonces compareció en la
Comisión, de común acuerdo indicaban que razones de prudencia y de
sosiego aconsejaban no señalar las causas de la desaveniencia entre el
Cabildo Insular y el Insalud.
En estas fechas nos encontramos con que la situación
sigue exactamente igual. Yo en aquel momento indiqué al señor Presidente
del Insalud que quería que se nos explicara claramente cuáles eran las
causas de la falta de entendimiento entre las autoridades del Cabildo y
las autoridades del Insalud, qué impedía que el Insalud se hiciera cargo
de la gestión directa del Hospital con todas las consecuencias, y cuáles
eran las razones que se aducían por parte del Insalud para justificar las
cantidades que manejaba y que no coincidían con las del Cabildo. Jamás he
tenido una contestación clara y manifiesta a estas preguntas.
El diálogo entre el Cabildo de Tenerife, en poder de las Agrupaciones
Independientes de Canarias, y la Consejería del Gobierno de Canarias del
PSOE eran fáciles y teóricamente fluidas, puesto que estaban gobernando
en coalición. En estos momentos parece que existe otro tipo de fluidez y
parece que, a cambio de no se sabe cuántos miles de millones, la
Coalición Canaria ha apoyado en los últimos presupuestos del Estado las
propuestas del Gobierno Socialista, lo que llevó a que, con gran sorpresa
por mi parte, el 29 de septiembre de 1993, se formulara por el diputado
de la Coalición Canaria, don Adán Martín, que casualmente es el
Presidente del Cabildo Insular, una pregunta en el Pleno de esta Cámara
en los siguientes términos: ¿Tiene previsto el Ministerio alguna
alternativa para cubrir la asistencia de los enfermos en Tenerife o qué
otra fórmula baraja para facilitar el acceso de los beneficiarios de la
Seguridad Social al Hospital Universitario de Canarias, dado que el día 6
de octubre finaliza el convenio entre éste y el Insalud?
Todo esto adobado con una serie de amenazas por parte del Presidente del
Cabildo diciendo que no se iba a atender a los enfermos de la Seguridad
Social, lo que provocó un cúmulo de protestas por parte de los
profesionales del Hospital de la Candelaria, que veían el peligro de que
esos enfermos rechazados por el Hospital Universitario fueran a engrosar
los problemas ya numerosos del Hospital de Nuestra Señora de la
Candelaria. Con gran sorpresa de mi parte, como digo, el Diputado con
Adán Martín retira la pregunta el mismo día del Pleno diciendo
textualmente «que el convenio que hoy tiene con el Ministerio acaba el
día 6 de octubre --esto era el 29 de septiembre-- y que si no hay
acuerdo, la situación de la Sanidad puede ser muy grave, decía el
Presidente del Cabildo Insular de Tenerife y diputado. La comunidad
autónoma es la que tiene la planificación, la provisión en este caso es
por esa corporación, pero la financiación es del Insalud. Las fuerzas
políticas de esa corporación tienen un acuerdo unánime para que lo
gestione el Insalud, pero estando en este momento en tramitación la
posible transferencia entre el Ministerio de Sanidad y la Comunidad
canaria, el consejero de la Comunidad me ha pedido que retire la pregunta
por creer que está en vías de solución. Por eso agradezco mucho la
atención y ruego que me perdonen que la retire en este momento».
Sin duda alguna, esto algo tendría que ver con las negociaciones que
entonces ya se empezaban a pergeñar en orden a la aprobación por parte de
la Coalición Canaria. Los votos de los cuatro diputados son importantes
para la aprobación de los presupuestos. Yo supongo que el señor
Subsecretario no me irá a contestar como hizo a la anterior pregunta con
una larga cambiada, diciéndome que como está en trámite de negociación
las transferencias del Insalud a la Comunidad Autónoma, este problema se
remite a ese paquete de transferencias que, por lo que se ve, también
lleva camino de ser «ad kalendas graecas».
Por eso, en concreto, yo quisiera saber cuál es la situación de la
negociación entre el Cabildo Insular y el Insalud respecto al convenio
suscrito con el Hospital Universitario y Clínico de Tenerife. Yo quisiera
saber qué razones impiden el que se llegue a un acuerdo y, por último, yo
quisiera saber --porque está en el ánimo de todos los ciudadanos de
Tenerife-- cuándo se va a resolver este problema que está preocupando
hondamente a numerosas personas en Tenerife.
El señor VICEPRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Conde.
El señor SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO (Conde
Olasagasti): Señor Soriano, le voy a contestar con toda clase de
precisiones hasta donde yo puedo hacerlo.
Una cosa que sí quiero decir es que en todo lo que ha rodeado a esta
historia de la negociación con el Hospital del Cabildo de Tenerife, si
algo ha debido primar (creo que en los últimos tiempos ha primado) ha
sido la prudencia. Cuando, inevitablemente, dos administraciones negocian
un contrato con un trasunto económico importante es lógico y normal que
haya diferencias que tienen que producirse y que se tratan de resolver. Y
lo que hay que evitar por todos los medios es que esas diferencias se
traduzcan en inquietudes que se transmitan a la población, y que generen
el clima que en algún momento se ha producido en Tenerife.
Como usted muy bien ha señalado, el Hospital Universitario de Tenerife
tenía un convenio singular que había entrado en vigor el año 1989 y que,
en principio, no tenía más problema de partida que no se habían producido
unas actualizaciones de tarifa, entre otras razones porque no se habían
satisfecho determinadas deudas con la Seguridad Social. Ese punto de
origen por ambos lados, tanto por parte del Cabildo como del Ministerio,
se entendió que no era un buen camino de futuro. En una filosofía
relativamente nueva del Ministerio de Sanidad el año pasado estaba la
idea de distinguir el sistema de aseguramiento del de provisión. Se
entendió que hay una serie de hospitales --no mucho, pero casi todos
públicos en nuestro país-- que cumplen lo que nosotros llamamos funciones
sustitutorias de un hospital que el Insalud, por decirlo de alguna
manera, debería tener en ese lugar y que no lo tiene obviamente porque
hay otro hospital que cubre muy bien ese hueco. Ese tipo de hospitales
debe tener un trato, en lo que a concertación se refiere con el Insalud,
muy especial, que es lo que hemos dado en llamar contrato o concierto
sustitutorio. Deben tener un trato similar al que tienen los hospitales
propios, debe formularse un
contrato-programa que fija el compromiso anual en actividad, en cantidad,
en calidad y su correspondiente respaldo económico entre el hospital y el
Insalud. Es exactamente el mismo contrato-programa que se firma con los
hospitales propios. En lugar de elaborar un presupuesto histórico se
decide y se discute con cada hospital qué es lo que va a hacer, cuánto
vale eso y ése es el respaldo económico que tiene. Esto es lo que se
pretende y lo que se va a hacer con el Hospital Universitario de
Tenerife; exactamente lo mismo que hacemos con nuestros hospitales. Por
consiguiente, no es sólo un tema de cuantía económica, sino de cantidad y
calidad de servicios que hay que producir.
Durante tiempo, estando de acuerdo en el punto de partida, en la
filosofía de origen de ese contrato-programa, estuvimos discutiendo y
negociando ambas administraciones para ponernos de acuerdo, tanto en la
cantidad y calidad de trabajo a realizar por el Clínico y el Hospital
Universitario de Tenerife, como en la cuantía económica que iba a
percibir por ese trabajo, y llegó un punto, allá por el verano del año en
curso, en que por parte del Cabildo no parecía posible un acuerdo. Tanto
es así que en un momento determinado, ya alrededor del mes de septiembre,
considera cerrada la negociación y no se plantea como solución el
contrato-programa, sino otras alternativas, como pudiera ser la
integración del Hospital Clínico Universitario en la red del Insalud.
En ese punto estamos cuando viene a coincidir el fenómeno de la
transferencia a Canarias. Ello induce, además de las obligaciones que por
su cargo tiene en este momento y previendo las que vaya a tener en un
futuro inmediato, al consejero de Sanidad de la Comunidad Autónoma
Canaria a ofrecerse como mediador para tratar de abrir unas negociaciones
que estaban interrumpidas. Eso se produce. Esa mediación tiene éxito y
nos volvemos a sentar de nuevo en la mesa el Cabildo de Tenerife y el
Insalud, de alguna manera coordinados por el consejero de Sanidad de
Canarias. Fruto de ese trabajo es que, por fin, se llega a un acuerdo, en
términos de cantidad y calidad y en términos económicos; acuerdo que, una
vez que pase el último trámite administrativo que le queda, que es el
informe preceptivo de la Intervención General de la Seguridad Social, que
se va a producir en los próximos días, se firmará y tendrá valor como
contrato-programa que ambas administraciones suscriben hasta tanto se
produzca la transferencia a la Comunidad Autónoma Canaria.
Por consiguiente, estamos a punto de llegar a buen puerto en cuanto a la
formulación de un contrato-programa entre el Insalud y el Hospital
Clínico Universitario de Tenerife de manera satisfactoria para ambas
partes, tanto en los términos de cantidad y calidad y actividad, como
económicos.
Mientras duró esa situación conflictiva a la que usted se ha referido,
motivada por el hecho de que no se prorrogaba el convenio anterior, el
concierto singular, naturalmente que el Insalud tomó las medidas que
estimó oportunas para garantizar en todo caso la asistencia sanitaria a
la población. Hay que decir aquí que, a pesar de esa situación
conflictiva o inquietante en la calle, en ningún momento se dejó de
prestar asistencia sanitaria en el Hospital Universitario de Tenerife y
que no se ha producido, en ningún caso, deterioro asistencial a la
población a la que se debe atender en ese área.
Concluyo diciendo que se va a firmar en breve plazo el contrato-programa
por el tiempo que dure la gestión directa aún de la zona canaria por el
Ministerio y por el Insalud, hasta tanto se produzca la transferencia a
la Comunidad Autónoma Canaria.
El señor VICEPRESIDENTE: Para turno de réplica, tiene la palabra el señor
Soriano.
El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: A mí me congratula que después de este
largo período de negociaciones, parece ser que se ha llegado a un
acuerdo. En todo caso, yo si le soy sincero, no me fío mucho cuando usted
me dice que en breve plazo se va a firmar, a la vista de otros
antecedentes del Ministerio. ¡Ojalá en esta ocasión yo me equivoque! Me
alegraría mucho de ello.
En cualquier caso, me permito hacer una reflexión. Sin duda, el problema
es económico. El problema del Hospital General y Clínico se va a resolver
con dinero. Si no, no habría acuerdo, y si lo hay es porque se ha
resuelto el problema económico.
A mí me gustaría conocer la cuantificación económica, que es el problema
más importante; cuánto va a suponer este contrato-programa: la
incorporación del Hospital al Insalud o bien el procedimiento que se haya
adoptado para su adecuada explotación.
Me permito hacer otra reflexión. En Canarias hay dos hospitales: el
Hospital Nuestra Señora de la Candelaria, que siempre ha sido del
Insalud, y el Hospital General y Clínico, que no es del Insalud. No
vayamos ahora, por arreglar un problema, a complicar otro, porque me
estoy sospechando que el problema del Hospital General y Clínico, que
tiene connotaciones políticas por las relaciones entre el grupo dominante
en el Cabildo y el grupo dominante en el Gobierno de la nación, vaya a
ser resuelto ahora a plena satisfacción a costa de que merme el plan
director del Hospital de la Candelaria. Y como ésta es una sospecha que
se tiene por parte de los profesionales del Hospital de la Candelaria, me
permito insistir al señor Subsecretario que me alegrará mucho que se
resuelva el problema del Hospital General y Clínico, pero como el
problema es económico, le ruego que se tenga en cuenta que no sea a costa
de que padezca el plan director del Hospital de la Candelaria.
El señor VICEPRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Conde.
El señor SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO (Conde
Olasagasti): Señor Soriano, quisiera dejar bien claro que las
obligaciones que tiene el Instituto Nacional de la Salud en materia
sanitaria son con la población protegida, en este caso de
Tenerife; no tiene ni más ni menos obligaciones con un hospital por el
hecho de ser propio o concertado, cuando estamos hablando de régimen
subsidiario. Tenemos la obligación de responder ante la población de la
asistencia sanitaria.
La cantidad fijada en el proyecto del contrato-programa es de 9.800
millones de pesetas en su globalidad anual, en partidas de doce meses,
que naturalmente hay que liquidar de acuerdo con el cumplimiento de los
objetivos que se han pactado. Le puedo asegurar dos cosas. Una, el
montante económico que se destina para cubrir el funcionamiento corriente
del Hospital Clínico y Universitario de Tenerife sale, como usted
conocerá, del presupuesto de conciertos del Instituto Nacional de la
Salud y no tiene nada que ver con el presupuesto de inversiones. En
definitiva, se hace la reordenación de los recursos destinados a gasto
corriente en conciertos y se destina una partida al Hospital Clínico y
Universitario de Tenerife por estimar que necesitamos ese hospital y debe
ser financiado adecuadamente. Dos, como usted ha señalado, la unidad de
producción que utilizamos para cuantificar lo que nos cuesta, lo que
debemos pagar por cada hospital, es la UPA, la Unidad Ponderada de
Asistencia. En ningún caso se va a pagar una unidad ponderada de
asistencia en el Clínico y Universitario de Tenerife más cara que en el
Hospital de la Candelaria.
--SOBRE RAZONES DE LA AMORTIZACION DE DIECIOCHO PLAZAS DE ESPECIALISTAS
EN EL AREA DE SALUD DE VALLADOLID. FORMULADA POR EL SEÑOR BURGOS GALLEGO
(GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR). (Número de expediente 181/000099.)
El señor VICEPRESIDENTE: Para formalizar su última pregunta, tiene la
palabra el señor Burgos.
El señor BURGOS GALLEGO: Señor Presidente, señor Subsecretario, la ciudad
de Valladolid cuenta con un censo electoral, del año 1991, de 330.700
personas, a cuyo número hay que añadir los habitantes del entorno rural
de la provincia, hasta superar con creces la cifra del medio millón de
personas. Para este incremento de población, que se ha venido produciendo
de forma notable en los últimos años, especialmente entre los años 1990 y
1993, el Insalud de la provincia de Valladolid ha disminuido en 21 el
número de especialistas en plantilla que deberían asistir a dicha
población en el área de salud correspondiente, con una demanda, como
digo, cada vez más creciente y más importante en volumen y en calidad.
Destacados responsables provinciales de su Ministerio anuncian ahora, a
mayores de esa reducción que ya se ha producido de 21, la intención de
amortizar 18 nuevas plazas de especialistas precisamente entre algunas de
las especialidades que generan mayor demanda asistencial, como pueden ser
las de ginecología, traumatología, oftalmología u otorrinolaringología,
con las consecuencias previsibles de deterioro de esa calidad asistencial
y del aumento, yo creo que desproporcionado, de los ratio entre pacientes
y día en las ya de por sí sobrecargadas consultas. Dada esta situación,
que ha generado una cierta preocupación entre los profesionales y
usuarios y puesto que se pone en boca del Ministerio, en Madrid, la
recomendación de que se produzca dicha amortización, nos gustaría conocer
si realmente esas amortizaciones responden a instrucciones dadas por su
Ministerio. Querríamos saber cuál es la justificación, en términos de
mejora asistencial --si es que puede encontrar alguna-- que subyace tras
esa medida y, en definitiva, qué criterios o qué necesidades han tenido
ustedes en cuenta a la hora de tomar una decisión como ésta, tan negativa
para la calidad asistencial de nuestra provincia. En definitiva, si al
hilo de esta intervención estarían ustedes dispuestos a reconsiderar esa
decisión, porque creo que va a afectar muy negativamente a esa calidad
asistencial que, como digo, ya es de por sí cuestionable en la provincia
de Valladolid.
El señor VICEPRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Conde.
El señor SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO (Conde
Olasagasti): Señor Burgos, usted sabe --y supongo que comparte-- que uno
de los principios que debe inspirar la ordenación de los recursos
sanitarios en España es el de la equidad y distribución racional de los
mismos. No siempre es eso posible porque, en definitiva, el desarrollo
del dispositivo sanitario público ha sido un desarrollo histórico,
sometido a multitud de avatares, y ha dado lugar a que por decisiones a
veces acertadas, a veces no tanto, o por arrastres históricos de
cualquier naturaleza, en algunos lugares se produzca concentración de
medios y, en otros, considerables carencias. Ese principio de equidad y
distribución racional de los recursos es el que debe inspirar cualquier
política sanitaria en orden a hacer el mejor uso posible de los recursos
sanitarios públicos.
Quiero enmarcar el problema concreto al que usted se refiere en esa
reflexión para decir, a continuación, que en Valladolid, donde hay dos
áreas de salud --no una-- existe, en el área correspondiente que afecta a
este proceso al que usted hace mención, globalmente considerado, un
número de especialistas muy superior a la media habitual en el Insalud
para este tipo de hospital y de población. En ese área, según nuestras
cifras, por cada 1.000 habitantes hay 1,58 especialistas, frente a 1,18
especialistas, media del Insalud para ese mismo tipo de hospitales. En
consecuencia, estamos en una situación de manifiesto desequilibrio. Eso
muchas veces no quiere decir nada, una cifra orienta de manera global
pero no en el detalle.
La siguiente cuestión es que hay que hacer el uso más racional posible de
los recursos. Como usted sabe bien, desde hace ya unos años, en el
sistema hospitalario público, del Insalud, vamos pasando progresivamente
de un esquema en el que había especialistas de dos horas a un esquema en
el que hay especialistas de siete horas, con el correspondiente relato
económico. Naturalmente que el
especialista de siete horas gana más dinero que el de dos horas, pero
también es cierto que parecía poco sensato que se utilizara el tiempo del
especialista en fracciones tan cortas como son las dos horas. Fruto de
ese tipo de proceso que hemos dado en llamar --no sé si muy
afortunadamente--, jerarquización, a lo largo de los últimos años ha ido
habiendo una modificación de las plantillas. Fruto de eso y fruto de otra
cosa, del análisis de las demandas sanitarias reales para cada una de las
especialidades.
Usted ha mencionado, por ejemplo, el caso de la ginecología. Como
probablemente conocerá, y algún otro sanitario que hay aquí hace tiempo
que ya conoce, el sistema por el cual se dotaban los cupos de
especialistas era un puro sistema poblacional, que puede ser muy bueno
para la atención primaria pero que no lo es tanto para la especialidad.
En función de que hubiera más o menos población, automáticamente
aparecían más ginecólogos, más urólogos, más endocrinólogos, más
especialistas de todas las especialidades, sin tener en cuenta si había o
no demanda de ginecólogos, de endocrinólogos, de traumatólogos. El tiempo
ha cambiado y las demandas sociales han variado. Todos sabemos que las
tasas de natalidad han descendido considerablemente... Fruto de toda esa
serie de consideraciones, de un marco global en el cual hay,
aparentemente, un exceso de especialistas, y un proceso de
racionalización que nos lleva a que los especialistas dediquen bastante
tiempo, y, en consecuencia, ganen un salario adecuado, y de las demandas
de especialistas existentes, es por lo que se ha hecho una configuración
de plantilla para el área especializada del Hospital Universitario de
Valladolid, y se ha hecho una oferta a especialistas de cupo para ver si
quieren o no jerarquizarse. Fruto de todo eso, si el proceso
efectivamente se ultima, se producirá la amortización de un número de las
llamadas antiguas plazas de cupo, en manos en este momento de
especialistas interinos. No creemos que ello vaya a repercutir
negativamente en la asistencia sanitaria a los ciudadanos, puesto que
estamos hablando de tiempos adecuados, de especialistas con dedicaciones
adecuadas y de especialidades donde la demanda existe en compensación con
otros lugares en los que no existe. En todo caso, éste es un proceso
--que yo sepa-- que no está definitivamente cerrado y, aceptando su
oferta, me comprometo a examinarlo detenidamente por ver si todo se está
haciendo con esos criterios de racionalidad que he planteado.
El señor PRESIDENTE: Para turno de réplica, tiene la palabra el señor
Burgos.
El señor BURGOS GALLEGO: Por supuesto que estamos de acuerdo con la
reflexión general de su intervención en relación con el principio de
equidad. Ahora bien, me da la sensación de que la equidad que usted
defiende no es la misma que la que defendemos nosotros. La equidad no
puede lograrse a expensas de disminuir la cobertura a quienes la tienen
mayor para cubrírsela a los demás. En todo caso, será elevar el nivel
general de prestaciones de todos los ciudadanos, poniendo como referencia
precisamente aquellas zonas que, por unas circunstancias históricas o de
cualquier otra índole, han conseguido un mayor nivel de asistencia. Por
lo tanto, le recomendaría que no suprimiera las plazas de los 18
especialistas para equipararnos a otras áreas o a otras zonas de la
geografía nacional, sino que hiciera lo posible por incrementar el número
de especialistas, que buena falta les hace a los licenciados en Medicina
y al propio sistema.
Ha citado la ginecología y ha hecho una reflexión sobre los cambios en la
demanda y sobre las necesidades que en este momento se están produciendo
como justificación de una medida de estas características. Como reflexión
no está mal. Sin duda, responde a la realidad de lo que ustedes pueden
pensar, pero, descendiendo a lo que está pasando en estos momentos en la
provincia de Valladolid, eso no tiene nada que ver con lo que son las
necesidades, la demanda y con lo que va a ser --lo que es mucho más
preocupante para nosotros-- la situación a la que vamos a desembocar si
esta medida se pone en marcha.
Le voy a dar una serie de datos en relación precisamente con la
ginecología, tema que usted ha citado en su intervención. Hasta ahora,
eran dos especialistas en ginecología los que atendían a la población,
con una demanda de alrededor de los 70 pacientes por día en sus propias
consultas y con una demora media de cinco días en esas consultas. Con la
supresión que ustedes pretenden en la especialidad de ginecología van a
ser atendidos por un facultativo desplazado del hospital tres días a la
semana, con lo que la cita diaria será de 116 pacientes, con un tiempo
medio de atención por cada paciente de tres minutos. No sé si usted es
ginecólogo, pero me parece que el especialista en ginecología se tendría
que dar mucha prisa para hacer esas consultas en tres minutos, que va a
ser el tiempo medio en función de los parámetros y de las estadísticas,
según va a resultar de la aplicación de la medida que están promoviendo.
Lo mismo sucede con el resto de las especialidades y que ha sido
denunciado reiteradamente por los especialistas y por los usuarios.
Si esto es calidad en la atención, si a estos objetivos y a este destino
final van orientadas las medidas que están poniendo en marcha, le pido,
le exijo incluso en nombre de los ciudadanos de la provincia de
Valladolid, que den marcha atrás y que reflexionen porque esto nos lleva
a una situación ciertamente intolerable.
Vuelvo a repetir que la justificación que se ha dado para tomar estas
decisiones no es un estudio pormenorizado de la demanda asistencial en
Valladolid, sino simple y llanamente unas órdenes de tipo economicista
dadas por su Ministerio desde Madrid. En esa línea que argumentaba antes
de falta de transparencia, de falta de diálogo, de falta de claridad en
las argumentaciones, se apela a las órdenes de Madrid, se apela a los
argumentos de que viene directamente impuesto desde Madrid y no hay
ninguna posibilidad de rectificar. No responde a ningún diseño sanitario,
a querer atender de verdad a la demanda de los ciudadanos y ciudadanas de
nuestra provincia, y por eso le pido que retomen esta cuestión porque no
son sólo 18 especialistas, sino que hay que sumarlos a 21 especialistas
más que han sido suprimidos en los
últimos tres años. En una población en aumento, con creciente demanda
asistencial, no es justificable que en los últimos tres años se vayan a
suprimir prácticamente 40 plazas de especialistas en una provincia como
Valladolid que, desde luego, no está entre las que tiene mejor calidad
asistencia en nuestra geografía nacional. Aunque así lo fuera, lo lógico
y lo ideal sería mantener ese nivel asistencial y no generar medidas que
lo que van a hacer es degradar esa calidad asistencial y depauperar el
servicio.
Si la explicación es estrictamente economicista, no nos vale en absoluto,
como tampoco nos vale que recortes presupuestarios que pueden derivarse
de una nefasta gestión económica por parte de su Ministerio, al final,
vayan a repercutir sobre la calidad asistencial de los ciudadanos, lo que
tampoco nos extrañaría demasiado conociendo como conocemos la nefasta
gestión del Insalud en la provincia de Valladolid, que en estos momentos
tiene una deuda superior a los 6.000 millones de pesetas.
En este sentido, apelo a que ésta su primera intervención aquí, en esta
legislatura, venga acompañada de una reflexión sobre algunas de las
medidas que se están poniendo en marcha en las direcciones provinciales
que están afectando a la calidad asistencial. Hablando de ratio, de
parámetros y de criterios, desciendan de verdad a lo que son las
consecuencias reales de ese tipo de medidas.
El señor VICEPRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Conde.
El señor SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO (Conde
Olasagasti): Una comparecencia parlamentaria de un alto cargo de un
Gobierno tiene como objeto dar explicaciones a las preguntas que se
formulan y, evidentemente, para recibir información que ulteriormente
pueda servir para dar más explicaciones, y en ese sentido acepto sus
sugerencias. En modo alguno en lo que se ha referido a descalificaciones
y exigencias de carácter mucho más general, que no puedo compartir.
Concretando, S. S. ha hablado de que hagamos crecer allí donde hay menos
y del problema de globalidad de Valladolid, que también lo tenemos en el
país. El problema de este país es que tiene más médicos por mil
habitantes que ningún país del mundo; situación que no parece muy
deseable y que nos ha llevado a desequilibrios manifiestos que en modo
alguno se pueden corregir tirando para el alza, con independencia de todo
tipo de consideraciones económicas y ateniéndonos a criterios de
racionalidad en el mundo sanitario. Esa globalidad de la que forma parte
ese 1,58 especialistas por mil habitantes ha de ser corregida.
En cuanto al problema de los ginecólogos --he cogido el ejemplo del
ginecólogo porque usted lo ha sacado a relucir--, me cuesta mucho trabajo
creer --según me ha parecido entender-- que tengamos dos ginecólogos en
el área asistencial del Hospital Universitario de Valladolid. Seguro que
tenemos muchísimos más. (El señor Burgos Gallego: Dos se van a eliminar.)
Le he entendido que quedaban dos. Seguro que tenemos más de 10, de 12 y
de 14. No tengo el dato delante, pero se lo proporcionaré. Tenemos un
problema de organización horroroso, que deberemos resolver, si un
ginecólogo va a ver a una señora cada tres minutos. Esto tendremos que
resolverlo con los recursos que allí tenemos --no le quepa la menor duda
de ello--, pero, desde luego, no hay sólo dos ginecólogos.
La creciente demanda asistencial es un hecho que también hay que
cuantificar y que medir. No se puede generalizar; hay que cuantificar
hasta dónde crece, dónde crece y de qué manera. Esa creciente demanda
asistencial no es igual en Valladolid, que en Cuenca, que en Madrid, y en
función de esas demandas asistenciales se instrumentan los recursos.
Ha aludido S. S. dos veces a los criterios economicistas,
desautorizándolos. Evidentemente, nuestra obligación es atender a las
necesidades sanitarias de la población, pero también lo es hacerlo con
los recursos económicos que SS. SS., en el Parlamento, deciden asignar
cada año a la sanidad. No podemos gastar más. Con ello tenemos que dar el
mejor servicio sanitario posible, y es lo que intentamos, con mejor o
peor acierto, pero creo que con unos resultados globales bastante buenos.
En todo caso --y termino-- no le quepa la menor duda de que la decisión
que se tome en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid, relativa
al número de especialistas, va a estar inspirada en criterios de
racionalidad, de demanda asistencial y de necesidades reales; eso va a
ser así. Personalmente me ocuparé de conocer exactamente en qué punto
está este asunto y, en todo caso, se hará de ese modo.
El señor VICEPRESIDENTE: Gracias, señor Conde.
Terminado el orden del día, agradecemos su comparecencia al señor
Subsecretario del Ministerio de Sanidad y Consumo.
Se levanta la sesión.
Eran las dos y cinco minutos de la tarde.