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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 59, de 02/11/1993
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1993 V Legislatura Núm. 59
EDUCACI0N Y CULTURA
PRESIDENTE: DON JOSE LUIS MARTINEZ BLASCO
Sesión núm. 5
celebrada el martes, 2 de noviembre de 1993
ORDEN DEL DIA:
Preguntas:
--Del señor Peralta Ortega (Grupo Parlamentario Federal Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya), sobre fecha prevista para la reapertura
del Museo Nacional de Cerámica González Martí de Valencia (BOCG, serie D,
número 13. Número de expediente 181/000047). (Página 1685)
--Del mismo señor Diputado, sobre medidas adoptadas para facilitar la
exposición de las colecciones del Museo Nacional de Cerámica González
Martí de Valencia, mientras permanezca cerrado. (BOCG, serie D, número
13. Número de expediente 181/000048). (Página 1685)
--Del mismo señor Diputado, sobre fecha prevista para la terminación
definitiva de las obras de rehabilitación y mejora del Museo San Pío V de
Valencia. (BOCG, serie D, número 13. Número de expediente 181/000049).
(Página 1687)
--Del mismo señor Diputado, sobre colaboración del Gobierno en la
restauración del Monasterio de San Miguel de los Reyes de Valencia.
(BOCG, serie D, número 13. Número de expediente 181/000050). (Página 1688)
--Del mismo señor Diputado, sobre medidas que se están llevando a cabo y
que están previstas en el próximo año para la mejora del Museo «Sorolla»
de Madrid. (BOCG, serie D, número 17. Número de expediente 181/00094).
(Página 1690)
--Autorización (en cumplimiento del acuerdo de Delegación de la Comisión
de Educación y Cultura del día 21 de septiembre de 1993), en su caso, de
la comparecencia del Rector de la Universidad Complutense de Madrid,
solicitada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para que se
celebre en los términos acordados por mayoría en la reunión de la Mesa y
Portavoces de la Comisión de Educación y Cultura del día 28 de octubre de
1993: «para que informe sobre experiencias del actual sistema de
selectividad, acceso a los centros universitarios y financiación de las
Universidades», referido a los solos efectos de la Universidad
Complutense de Madrid. (Número de expediente 212/000033). (Página 1691)
Preguntas (Continuación):
--Del señor Alegre Galilea (Grupo Parlamentario Popular), sobre
previsiones del Ministerio de Educación y Ciencia para incrementar las
partidas económicas para el buen funcionamiento de la Universidad de La
Rioja. (BOCG, serie D, número 8. (Número de expediente 181/000003).
(Página 1694)
--De la señora Rahola i Martínez (Grupo Mixto), sobre aplicación de la
Orden del Ministerio de Educación y Ciencia de 19 de agosto de 1993, en
relación con la hora adicional para preparar el comentario de texto en
las pruebas de acceso a la Universidad, en las Islas Baleares. (BOCG,
serie D, número 20. Número de expediente 181/000117). (Página 1697)
--Del señor González Blázquez (Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya), sobre medidas para solucionar la
situación producida por la permanencia de los profesores de Enseñanza
Media de la Comunidad de Madrid en su Comunidad Autónoma. (BOCG, serie D,
número 13. Número de expediente 181/000034). (Página 1697)
--De la señora Fernández-Capel Baños (Grupo Parlamentario Popular), sobre
motivos por los que se cumplen los acuerdos suscritos entre las
organizaciones patronales, los sindicatos y el Ministerio de Educación y
Ciencia con los profesores de los centros en crisis. (BOCG, serie D,
número 17. Número de expediente 181/000065). (Página 1699)
Comparecencia del señor Rector de la Universidad Complutense de Madrid
(Villapalos Salas) para informar:
--Sobre las irregularidades que se hayan producido en las pruebas de
acceso a la Universidad, celebradas en la convocatoria de junio-julio de
1993. A la solicitud del Grupo Parlamentario Federal Izquierda
Unidad-Iniciativa per Catalunya. (Número de expediente 212/000017).
(Página 1702)
--Sobre las experiencias del actual sistema de selectividad, acceso a los
centros universitarios y financiación de las Universidades. A solicitud
del Grupo Parlamentario Popular. (Número de expediente 212/000033).
(Página 1702)
Se abre la sesión a las once y treinta y cinco minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señoras y señores Diputados. Vamos a
comenzar la sesión de hoy que tiene como objeto la contestación de una
serie de preguntas y la celebración de comparecencias.
Como habrán podido ver SS. SS., el primer punto trata de un tema de
procedimiento: la autorización para una comparecencia. Si les parece a
SS. SS., vamos a dejar esta cuestión para después de que la señora
Ministra conteste a las preguntas, y ello por un problema meramente
coyuntural de falta de quórum.
Antes de comenzar la contestación de las preguntas por parte de la señora
Ministra de Cultura, propongo a la Comisión, si les parece bien a los
diferentes portavoces, que hagamos constar en el acta, e incluso
comunicar a sus familiares, el sentimiento de pésame de esta Comisión de
Educación y Cultura del Congreso de los Diputados por el fallecimiento
del cineasta Federico Fellini y del premio Nobel español de 1959 Severo
Ochoa.
Si algún señor portavoz quiere hacer uso de la palabra en este turno
puede hacerlo. (Pausa.)
¿Les parece, por tanto, a todos los portavoces que conste en acta el
sentimiento de la Comisión de Educación y Cultura y que se traslade a los
familiares el sentido
pésame de esta Comisión? (Asentimiento. El señor Ollero Tassara pide la
palabra.)
¿El señor Ollero quería hacer uso de la palabra para una cuestión de
orden?
El señor OLLERO TASSARA: Iba a sugerir eso precisamente lo que acaba de
decir el señor Presidente.
CONTESTACION A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:
--SOBRE FECHA PREVISTA PARA LA REAPERTURA DEL MUSEO NACIONAL DE CERAMICA
GONZALEZ MARTI DE VALENCIA. FORMULADA POR EL SEÑOR PERALTA ORTEGA DEL
GRUPO PARLAMENTARIO IU-IC. (Número de expediente 181/000047.)
--SOBRE MEDIDAS ADOPTADAS PARA FACILITAR LA EXPOSICION DE LAS COLECCIONES
DEL MUSEO NACIONAL DE CERAMICA GONZALEZ MARTI DE VALENCIA MIENTRAS
PERMANEZCA CERRADO. FORMULADA POR EL SEÑOR PERALTA ORTEGA DEL GRUPO
PARLAMENTARIO IU-IC. (Número de expediente 181/000048.)
El señor PRESIDENTE: El punto número dos del orden del día se refiere a
una serie de preguntas formuladas por el señor Peralta Ortega, son cinco
en concreto. ¿El señor Peralta las va a formular todas conjuntamente o
una tras otra?
El señor PERALTA ORTEGA: Creo necesario formular conjuntamente las dos
primeras en la medida en que hacen referencia al mismo museo, y si la
señora Ministra no tiene ningún problema en contestarlas conjuntamente.
Las otras tres hacen referencia a otro tipo de monumentos, y por tanto,
las iría formulando sucesivamente.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra señor Peralta para formular las dos
primeras preguntas.
El señor PERALTA ORTEGA: Quiero dejar constancia de la plena conformidad
de nuestro Grupo con la iniciativa formulada por la Presidencia en
relación con la pérdida de esas dos personalidades importantes del mundo
de la cultura, una en el terreno cinematográfico y la otra en el terreno
de la investigación, que tan importante es en nuestro país.
A continuación, quiero felicitar a la señora Ministra, a quien tengo el
gusto de conocer desde hace muchos años, y que, como diputado valenciano,
deseo el mayor de los éxitos. Es un deseo no sólo personal sino
compartido por la casi totalidad de los valencianos.
Señora Ministra, le voy a hacer preguntas relacionadas con hechos,
monumentos y museos que usted conoce perfectamente porque ha vivido muy
de cerca la vida cultural valenciana y además porque es valenciana.
Estas cuestiones no son nuevas en el Congreso, ni siquiera en la
actividad de este Diputado. Comenzando por el primero de ellos, el Museo
Nacional de Cerámica y Artes Suntuarios González Martí, al que hacen
referencia las dos preguntas que voy a formular conjuntamente, me voy a
permitir, señora Ministra, recordarle algo que usted quizá ya conozca a
través de los antecedentes que la hayan podido proporcionar. Son
distintas actividades o iniciativas parlamentarias que hemos llevado a
cabo en relación con este Museo.
En respuesta escrita a una pregunta, el 11 de de noviembre de 1991 el
Gobierno afirmaba, fundamentalmente por lo que se refiere a este Museo
González Martí, que estaba prevista la reapertura totalmente renovado de
ese Museo en el año 1994, y que con cargo a los Presupuestos Generales de
1992 estaba prevista una instalación provisional para una exposición
selectiva de fondos del Museo.
Un mes después, el 18 de noviembre de 1991, tenía lugar una comparecencia
del entonces Ministro de Cultura en la que hacía referencia a que el
arquitecto Ginés Sánchez Hevia estaba elaborando un proyecto integral de
reforma del edificio a ejecutar en los próximos tres años, 1992, 1993 y
1994, y en esta fecha, 1994, estaba prevista la reapertura. Coincidía con
lo dicho un mes antes por escrito. Asimismo, se coincidía al afirmar que
en los Presupuestos Generales el Estado para 1992 se preveía una
instalación provisional para una exposición selectiva de fondos del
Museo.
El 23 de junio de 1992 tenía lugar una comparecencia en esta Comisión, y
se decía que en el año 1993 se iniciaría la rehabilitación global. Se
producía ya, por tanto, un retraso: lo previsto para 1992, pasaba a 1993.
Asimismo, se dejaba para 1993 la posibilidad de una exposición selectiva
de fondos del Museo.
El 11 de noviembre de 1992, en una respuesta escrita, se confirmaba lo
dicho en junio, que estaba previsto el inicio de la rehabilitación para
1993 y la exposición selectiva también en dicho año.
En septiembre de 1993, en una respuesta escrita, el Gobierno decía que en
noviembre de 1992 se había encargado un proyecto a Ginés Sánchez Heviá.
Quiero recordarle, señora Ministra, que en diciembre de 1991 ya se había
dicho por parte del Ministro de Cultura de entonces que este arquitecto
estaba trabajando en la elaboración de un proyecto integral. En esta
pregunta reciente se decía que el 13 de julio de 1993 se había entregado
ese proyecto de rehabilitación integral y había sido remitido a la
oficina de supervisión de proyectos del Ministerio de Cultura en donde se
encontraba, y se afirmaba: «No es posible precisar la fecha de
adjudicación de las obras; el proyecto se incluirá en los Presupuestos
Generales del Estado del año 1994.» Con ello se producía un nuevo retraso
para lo que inicialmente estaba previsto en el año 1992.
Más recientemente aún, en unas declaraciones de la propia Ministra que
recogía la prensa valenciana el 22 de
octubre pasado, se hablaba de que en los Presupuestos de 1994 estaban
previstos cuatrocientos millones de pesetas con destino a este Museo, un
plazo de ejecución de dos años y la reapertura en el año 1996. De
confirmarse estas fechas --e insisto en lo de confirmarse porque hay un
problema grave de ejecución de obras y, en definitiva, presupuestario--
supondría un retraso importante en la apertura de un museo que es una
pieza importante, ya que se trata del Museo Nacional de Cerámica y Artes
Suntuarias.
Quiero recordar a la señora Ministra que en su reciente comparecencia en
esta Comisión, el 21 de septiembre, decía que consideraba que las
instituciones culturales en general, y en particular los museos, deben
ser más activos, deben contagiarse de la sociedad, que bajo ningún
concepto puede admitirse que nuestras instituciones culturales, por muy
brillantes que sean, queden aisladas de la sociedad, dejen de servirla y
se sirvan a ellas mismas.
Parece que un museo cerrado, desde luego, es un museo absolutamente
aislado de la realidad, y por eso quisiera preguntar a la señora Ministra
en qué fecha se va a llevar a cabo la reapertura definitiva del Museo
Nacional de Cerámica González Martí, y si está prevista, efectivamente, y
en qué fecha, la celebración de exposiciones parciales de los fondos de
este Museo.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Ministra de Cultura.
La señora MINISTRA DE CULTURA (Alborch Bataller): Gracias, señor Peralta,
por su felicitación y la manifestación de sus buenos deseos, que espero
no defraudar.
Como bien sabe S. S., la rehabilitación del Palacio del Marqués de Dos
Aguas es una operación compleja y delicada dadas las características del
edificio, que es, en sí, un monumento singular y muy querido, como sabe,
por todos los valencianos.
Efectivamente, después de realizar entre 1988 y 1992 varias
intervenciones urgentes y parciales en el edificio, el Ministerio de
Cultura ha tenido que optar por afrontar una rehabilitación global del
mismo, que al ser íntegra supondrá, entre otras cosas, arreglar el
forjado de los suelos de vigas de madera, remozar la fachada, que se
encuentra en la actualidad, como bien sabe, cubierta por una red para
impedir la caída de los revocos, y lo que se puede calificar como una
labor casi artesanal, consistente en climatizar todo el palacio sin tocar
ni las pinturas ni los estucos de las paredes.
El arquitecto, como se ha indicado, es don Ginés Sánchez Heviá, quien ya
ha entregado al Ministerio el proyecto de rehabilitación del Palacio del
Marqués de Dos Aguas, que se encuentra en este momento todavía --pero
esperemos que por muy poco tiempo-- en fase de aprobación por la Oficina
de supervisión de proyectos.
El plazo de ejecución que prevé el proyecto es de veinticuatro meses, y
el coste presupuestario es de 974 millones de pesetas. Esta cantidad
puede variar a la baja en el momento de adjudicación de las obras, y para
1994 tenemos prevista en los Presupuestos una inversión de 400 millones
de pesetas en este Museo.
La previsión más ajustada del Ministerio de Cultura es que la ejecución
de las obras podrá realizarse desde los primeros meses de 1994 a
principios de 1996, y la instalación museográfica durante los meses
siguientes, por lo que si no se produce ningún imprevisto --pensamos que
vamos a poder cumplir con estos plazos-- el Museo podrá reabrirse al
público a finales de 1996.
Respecto a las medidas adoptadas para facilitar la exposición de las
colecciones del Museo Nacional de Cerámica González Martí de Valencia
mientras permanece cerrado pareció oportuno (entonces yo tenía la suerte
de ser Directora del IVAM y pude intervenir en estas negociaciones) que
parte de sus fondos se pudieran exponer en algún otro espacio de la
ciudad, y después de hablar con el Director General de Patrimonio de la
Generalitat Valenciana y con el Director General de Bellas Artes, se
pensó que un lugar adecuado podía ser la sala de la Muralla, que es una
de las salas que se encuentra en los sótanos del IVAM y que en su momento
fue acondicionada para poder exhibir parte de la muralla de la ciudad del
siglo XIV; era un espacio que parecía adecuado para realizar esta
instalación.
Se llegó a un acuerdo entre el Ministro Solé Tura y el Conseller de
Cultura, Educación y Ciencia, como Presidente del Instituto Valenciano de
Arte Moderno, el 24 de abril pasado, y me es muy grato comunicar que esta
exposición parcial de los fondos en la sala de la Muralla del Instituto
Valenciano de Arte Moderno, se va a inaugurar el próximo 9 de noviembre,
con lo cual, fundamentalmente, los valencianos podrán contemplar una
selección de las colecciones del Museo González Martí, permaneciendo
abierta hasta que pueda trasladarse a la sede ordinaria del Museo. Es una
selección muy interesante, que espero que todos ustedes puedan
contemplar, y usted muy especialmente, señoría.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señora Ministra, por su respuesta, y en
particular por la buena nueva que supone este último anuncio de la
inmediata celebración de esa exposición con una selección de los fondos
del Museo Nacional.
Quiero recordar que el Museo está cerrado desde el año 1990, y de acuerdo
con las afirmaciones de la señora Ministra va a estar cerrado hasta 1996,
lo que era mucho tiempo y no parecía lógico ni normal que no se pudieran
exhibir las importantes colecciones de que está dotado este Museo. Por
ello es muy oportuna la celebración de esta exhibición provisional.
En relación con la reapertura definitiva, me permito encarecerle, señora
Ministra, que no nos conformemos simplemente con las previsiones
presupuestarias que venimos arrastrando desde hace una serie de años, y
hagamos que este proyecto, del que por fin dispone el Ministerio de
Cultura, se lleve efectivamente a la práctica y se
inicien unas obras que posibiliten no sólo la reconstrucción del
edificio, fundamental en sí mismo, sino el funcionamiento normal de un
museo, que es un museo nacional y que es importante.
--SOBRE FECHA PREVISTA PARA LA TERMINACION DEFINITIVA DE LAS OBRAS DE
REHABILITACION Y MEJORA DEL MUSEO SAN PIO V DE VALENCIA. FORMULADA POR EL
SEÑOR PERALTA ORTEGA DEL GRUPO PARLAMENTARIO IU-IC. (Número de expediente
181/000049.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Peralta, para formular la
pregunta sobre el Museo San Pío V.
El señor PERALTA ORTEGA: Señorías, el Museo San Pío V, de Valencia,
desgraciadamente es muy desconocido. Sin embargo, es realmente la segunda
pinacoteca de España y está previsto que se convierta en el segundo museo
de nuestro país por lo que se refiere a pintura antigua. Esto pone de
manifiesto su importancia y me permito recomendarles que hagan el
esfuerzo de visitarlo si alguna de SS. SS. tiene ocasión de ir a
Valencia.
Digo que hagan un esfuerzo porque este Museo, como el anterior, se
encuentra también en obras, que se arrastran a lo largo de los años. Se
iniciaron en el año 1985 y su terminación estaba prevista para 1991. Hoy
ya, finales de 1993, se prevé su terminación, si no hay ningún
imprevisto, para el año 1997. Esto supondrá más de una década de obras en
un museo que realmente las necesita para poder exhibir una buena parte de
los fondos de que dispone.
En estos momentos se está iniciando lo que se conoce como la tercera fase
de estas obras, cuyo objetivo es dotar al centro de nuevas salas,
almacenes y un nuevo salón de actos. Al término de esta tercera fase
(prevista para el año 1995 en la medida en que se desarrolle todo
normalmente) se iniciaría la cuarta fase, que es la más ambiciosa. Esta
cuarta fase tendría como objetivo dotar de nuevos espacios al Museo, con
la finalidad, como antes indicaba, de poder exponer una parte
significativa de sus obras y al mismo tiempo acometer la restauración del
claustro y de la zona histórica, recientemente se ha terminado la
restauración de la cúpula.
La demora que llevan estas obras, y a la que antes he hecho referencia,
está afectando también a la constitución del Patronato de este Museo, que
es bueno recordar que es de titularidad estatal --ya tuvimos en algún
momento ocasión de plantear a la Administración central su disposición a
transferir esta titularidad--, pero la gestión del mismo es una gestión
compartida por el Ministerio y por la Generalitat Valenciana.
Tal como decía, la demora de estas obras está afectando a la constitución
del patronato del Museo, que entre sus funciones tiene la de programar
todas las actividades, y está afectando también a los proyectos de este
Museo a medio y largo plazo, que, insisto, es particularmente importante.
Nos preocupa, señora Ministra, que en los Presupuestos para el año 1994,
a tenor de las declaraciones que usted realizaba a finales de octubre,
sólo se prevean 30 millones destinados a este Museo. Consideramos que
ésta es una cantidad corta para las necesidades que tiene, y por eso
quisiéramos conocer directamente cuáles son las previsiones del
Ministerio en torno a la terminación definitiva de las obras de
rehabilitación del Museo San Pío V de Valencia.
El señor PRESIDENTE: La señora Ministra tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE CULTURA (Alborch Bataller): La obra prevista del
Museo de Bellas Artes de Valencia pretende no sólo rehabilitar el
complejo de San Pío V, sino duplicar las áreas expositivas y de servicio,
con lo que este Museo se convertirá en uno de los mejores dotados de
España. Además, la remodelación del conjunto conllevará una notable
mejora urbanística para una zona de la ciudad en este momento degradada.
Me parece justo resaltar que esta ambiciosa operación está realizándose
gracias a la estrecha colaboración y al buen entendimiento que está
existiendo entre la Comunidad Valenciana --la Generalitat--, el
Ayuntamiento de la ciudad y el Ministerio de Cultura.
Por motivos tanto técnicos como presupuestarios resulta difícil adelantar
una fecha exacta de la terminación definitiva de las obras, pero quiero
explicar a grandes rasgos a la Comisión --si bien el señor Peralta está
muy bien informado, pero quizás el resto de la Comisión no lo esté-- en
qué consiste este interesante proyecto al que como responsable de Cultura
y como valenciana me siento especialmente vinculada.
Las primeras actuaciones del Ministerio de Cultura se realizaron en 1987,
y consistieron en la instalación de un nuevo transformador eléctrico con
capacidad para el conjunto edificado, y un estudio geotécnico de los
terrenos del Museo. Todo ello supuso una inversión de 33,7 millones de
pesetas.
El proyecto que se está realizando actualmente se estructura en cinco
fases de ejecución, de las cuales, las ya terminadas han consistido
básicamente en la restauración del claustro del ala este, con una
inversión de 160 millones de pesetas en el año 1989, y la reintegración
de los espacios interiores y recuperación de la imagen de la antigua
iglesia, con su característica cúpula azul, que se convertirá en el
vestíbulo de acogida del Museo, con una inversión de 232,6 millones de
pesetas durante los años 1991 a 1993.
Paralelamente a la ejecución de estas obras, la Generalitat Valenciana ha
realizado un programa de expropiaciones, demolición de inmuebles y
vallado de las nuevas superficies adquiridas por un importe total de
184,8 millones de pesetas.
Como pueden observar, este complejo proceso de rehabilitación combina la
restauración de San Pío V y la
construcción de nuevas áreas. Junto con otras acciones menores se está
llevando a cabo, al mismo tiempo, una imprescindible y rigurosa operación
de expropiación y permuta de terrenos y edificaciones con el fin de
disponer de las superficies necesarias para las actuaciones pendientes.
Esta complicada acción urbanística afecta a bienes del Estado, de la
Generalitat y del propio Ayuntamiento de Valencia.
En la actualidad, el Ministerio de Cultura está realizando un estudio
geotécnico de los nuevos solares a construir por un importe de 2,5
millones, y ha encargado a los arquitectos don Manuel Portacel y don
Alvaro Gómez Ferrer el proyecto de instalación de la biblioteca y de las
áreas de los investigadores por la cantidad de 35 millones.
La Generalitat Valenciana, por su parte, tiene en marcha el proceso de
contratación de la tercera fase arquitectónica, que supondrá la
renovación de las áreas de los servicios administrativos y de personal.
El presupuesto de licitación estimado es de 489,6 millones de pesetas, y
la ejecución está prevista durante 1994 y 1995.
En 1994, mi Departamento encargará la redacción del proyecto de la cuarta
fase, con la que se iniciará la construcción de los nuevos espacios
expositivos. No puedo adelantar en este momento una valoración económica
exacta, aunque sí puedo decirles que tenemos la intención de ejecutar
esta obra durante 1995 y 1996. Si no se produce ninguna complicación que
retrase nuestra programación, entre 1996 y 1997 ejecutaremos los últimos
proyectos de ordenación del entorno inmediato y el proyecto de montaje
museográfico.
Como pueden ver SS. SS., la restauración de este Museo de Bellas Artes de
Valencia es, como les dije antes, una operación compleja, cuya
finalización es difícil de precisar, pero tanto la Generalitat Valenciana
como el Ministerio de Cultura está trabajando coordinadamente para
cumplir los plazos que les he expuesto y que en 1997 el Museo San Pío V
esté, esperemos, definitivamente acabado.
Puedo decirles que he vivido bastante de cerca este proyecto y todas sus
complejidades, porque, además, un ilustre Diputado, Cipriano Ciscar, era
Conseller de Cultura en aquel momento y a lo largo de todo este tiempo
hemos podido participar de la problemática vivida por todos los
valencianos, y evidentemente hemos tenido siempre muchísimo interés en
que la colaboración entre la Generalitat Valenciana y el Ministerio de
Cultura fuera lo más fluida posible a fin de que el retraso en la
construcción y en la instalación definitiva de los fondos del Museo no
fuera excesivo y se pudiera abrir al público, porque, evidentemente, como
decía S. S., se puede considerar como una de las pinacotecas más
importantes de nuestro país y realmente es una lástima que no se pueda
disfrutar con su contemplación.
También les puedo asegurar que voy a seguir muy de cerca este tema,
porque me parece que es de gran interés no sólo para los valencianos,
sino también como una pauta de lo que debe ser una estrecha colaboración
entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Cultura.
El señor PRESIDENTE: El señor Peralta tiene la palabra.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias de nuevo, señora Ministra, por su
respuesta.
Efectivamente, como indicaba usted en su contestación, el proyecto de
rehabilitación del Museo es importante, ambicioso, por otra parte
coherente con la valía que tiene dicho Museo, tal como hemos coincidido
en poner de manifiesto.
También es verdad que hay una demora importante en la ejecución de las
obras. Un proyecto que está previsto que terminara en el año 1991,
estamos hablando en estos momentos de terminarlo en 1997, y me preocupa
esa fecha, señora Ministra, porque es la fecha de término de la
legislatura. Por eso la animaría a que se haga realidad antes de que
termine la legislatura y podamos cerrarla al menos con ese proyecto
terminado.
El señor PRESIDENTE: La señora Ministra tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE CULTURA (Alborch Bataller): Nada me gustaría más
que poder inaugurar como Ministra de Cultura la última fase del Museo de
San Pío V de Valencia, y estoy segura que la estrecha colaboración entre
la Generalitat y el Ministerio de Cultura harán posible que podamos
cumplir con esta fecha. Además, la previsión para el año 1994 por parte
del Ministerio de Cultura de 30 millones de pesetas se debe a que vamos
invirtiendo alternativamente, y la carga más importante de inversión por
parte del Ministerio de Cultura se realizará a partir de 1995.
--SOBRE COLABORACION DEL GOBIERNO EN LA RESTAURACION DEL MONASTERIO DE
SAN MIGUEL DE LOS REYES DE VALENCIA. FORMULADA POR EL SEÑOR PERALTA
ORTEGA DEL GRUPO PARLAMENTARIO IU-IC. (Número expediente 181/000050.)
El señor PRESIDENTE: Señor Peralta, tiene la palabra para formular la
siguiente pregunta.
El señor PERALTA ORTEGA: El tema por el que la pregunto a continuación,
señora Ministra, relativo al Monasterio de San Miguel de los Reyes de
Valencia, es un tema en el que fundamentalmente debe existir una voluntad
política, por cuanto en estos momentos dicho Monasterio no es propiedad
estatal, sino que pertenece a un consorcio formado por el Ayuntamiento y
la Diputación de Valencia. Es verdad que este Monasterio fue, en su día,
propiedad estatal, pero hoy día, insisto, la propiedad corresponde a ese
consorcio.
Pero no es menos cierto, señora Ministra, tal como usted conoce
perfectamente, que este Monasterio es un monumento importante, es una
joya de la arquitectura de la transición del Renacimiento al Barroco. Se
inició, y
es bueno recordarlo, antes que el Monasterio de San Lorenzo de El
Escorial, si bien hoy la situación de uno y otro es absolutamente
distinta. El Monasterio de San Miguel de los Reyes de Valencia está en un
proceso de deterioro muy profundo. Ha sido destinado a toda clase de
finalidades, incluso, desgraciadamente, a penal al término de la guerra
civil, y en la actualidad se utiliza, en buena medida, como un depósito
de bienes embargados, y nos podemos hacer una idea de la cantidad de
trastos, por no utilizar otro tipo de expresiones, que en estos momentos
se almacenan en el Monasterio de San Miguel de los Reyes.
La rehabilitación de este Monasterio es un proyecto que se viene
arrastrando desde hace años. Ya en 1982 se elaboró un proyecto de
rehabilitación por el arquitecto don Emilio Giménez. Posteriormente, en
1988, se llevó a cabo un nuevo proyecto de rehabilitación, muy
recientemente se han sacado a concurso las obras de restauración del
claustro sur y de la iglesia de este Monasterio, con un año de retraso
sobre la fecha inicialmente prevista, pero finalmente se han sacado.
Ahora bien, la rehabilitación completa de este Monasterio es un proyecto
muy costoso económicamente, tanto que se baraja hoy públicamente la
posibilidad de incorporación a ese consorcio formado por el Ayuntamiento
y la Diputación, de la propia Generalitat valenciana, con la finalidad de
dotarlo de más medios para poder abordarlo.
Se ha planteado también la colaboración por parte de la Administración
central, colaboración que podría producirse tanto en el terreno económico
--en la medida en que hace falta dinero para llevar a cabo esta
rehabilitación-- como, sobre todo, en el terreno de definir los usos de
este Monasterio. Porque no cabe la menor duda de que, según los usos a
que se destine, la rehabilitación se lleva a cabo de una manera o de
otra. Por ello es importante saber cuáles son los usos a los que se
destinaría ese Monasterio.
Yo creo que éste es un terreno en el que la Administración central puede
colaborar de una manera importante. Por esta razón, señora Ministra,
quisiéramos saber cuál es la disposición del Ministerio a colaborar en la
rehabilitación del Monasterio de San Miguel de los Reyes. Colaboración
que, por otra parte, los propios estatutos del consorcio admiten
legalmente, porque prevén la incorporación, aparte del Ayuntamiento y la
Diputación, de otras entidades públicas que estén dispuestas a trabajar
para restaurarlo.
En definitiva, señora Ministra, cuál es la voluntad, la disposición del
Ministerio de la Administración central para colaborar en la
rehabilitación de ese monasterio.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora MINISTRA DE CULTURA (Alborch Bataller): Efectivamente, como ha
expuesto el señor Peralta, el Ministerio de Cultura no ha tenido ninguna
participación en el consorcio que fue formalizado entre la Diputación
provincial de Valencia y el Ayuntamiento de la misma ciudad en 1971. El
Ministerio de Cultura no ha participado en el mismo ni se ha solicitado
ningún tipo de colaboración, como pudiera ser, por ejemplo, el estudio
sobre la situación del monumento o un plan director para abordar la
restauración del mismo.
Por otra parte, como bien conoce S. S., la Comunidad Valenciana ha
asumido la competencia exclusiva en materia de patrimonio
histórico-artístico, monumental y arquitectónico en su Estatuto de
Autonomía.«
Parece prudente, por todo lo expuesto, que sea el propio consorcio el que
tome la iniciativa, en el caso de considerarlo oportuno, de contar con la
Consellería de Cultura de la Comunidad Valenciana y con el Ministerio de
Cultura para estudiar la posible participación de ambas instituciones en
la restauración del Monasterio de San Miguel de los Reyes.
El Ministerio de Cultura, por otra parte, ha mostrado siempre una buena
disposición de colaboración, como así debe ser, con las comunidades
autónomas y con las instituciones que lo han solicitado, con los medios
técnicos especializados con que cuenta la actual Dirección General de
Bellas Artes y Archivos. Esta participación se realiza normalmente tras
la firma de un convenio, que en el caso que nos ocupa no se ha suscrito
al no haberse solicitado ninguna intervención del Departamento de
Cultura.
No obstante lo dicho, la disposición de este Ministerio sería buena, en
principio. Me parece que también sería oportuno que se reuniera la
Comisión Mixta --ya se están reuniendo comisiones mixtas del Ministerio y
otras comunidades autónomas, pero todavía no hay fecha para la reunión
con la Comunidad valenciana-- porque es importante que sean las propias
comunidades las que prioricen sus necesidades y que veamos también en qué
grado de cumplimiento están los compromisos pendientes.
El señor PRESIDENTE: El señor Peralta tiene la palabra.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señora Ministra, nuevamente por su
contestación. Permítame que la felicite por la prudencia --efectivamente,
no ha bordado un tema que en principio no es competencia de la
Administración central-- y al mismo tiempo por su buena disposición a
colaborar.
Estoy convencido de que esas manifestaciones de la señora Ministra, más
allá de la prudencia con que han sido formuladas, dan pie a que quienes
tienen hoy la responsabilidad de este Monasterio, que son el Ayuntamiento
y la Diputación, puedan tener margen, en base a esas afirmaciones, para
conseguir que esa colaboración de la Administración central, a la que la
Ministra ha manifestado su buena predisposición, se lleve efectivamente a
la práctica y entre todos consigamos que ese Monasterio se pueda utilizar
normalmente.
--SOBRE MEDIDAS QUE SE ESTAN LLEVANDO A CABO Y QUE ESTAN PREVISTAS EN EL
PROXIMO AÑO PARA LA MEJORA DEL MUSEO SOROLLA DE MADRID. FORMULADA POR EL
SEÑOR PERALTA ORTEGA (GIU-IC). (Número expediente 181/000094.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Peralta para formular su
última pregunta.
El señor PERALTA ORTEGA: Termino ya mis preguntas, señora Ministra. La
siguiente hace referencia no a un museo en Valencia, aunque sí al museo
valenciano que se encuentra en Madrid, es el Museo Sorolla
Este Museo también ha sido objeto, en ocasiones anteriores, de
tratamiento en esta Comisión y por este Diputado. Quiero recordarle que
el 13 de febrero de 1991 tenía lugar una comparecencia del entonces
Ministro de Cultura, el señor Semprún, en relación con este tema. En
aquella comparecencia el señor Semprún reconocía que era un Museo de
relevancia capital --decía literalmente-- tanto por la obra que encerraba
como por el propio edificio. Reconocía el señor Semprún que el Museo no
estaba al nivel de posibilidades y funcionamiento que merecía. Ponía de
manifiesto que se había iniciado la restauración de la fachada exterior
de este Museo en el año 1988, pero que era necesario abordar la
rehabilitación del interior, y en particular del jardín. Terminaba
diciendo el señor Semprún que de todo ello se deducía que la prioridad en
el futuro es cada día más urgente. En concreto, hablaba de que estaban
previstos en el inmediato futuro 40 millones de pesetas para las obras de
reforma del interior y de restauración del jardín.
Prácticamente coincidiendo con esta comparecencia del señor Semprún,
tenían lugar unas declaraciones del Director del Museo que decía que no
les llegaban apenas fondos para mantenerlo y acondicionarlo. Estas
manifestaciones parece que eran realidad, porque en aquellas fechas una
respuesta del Gobierno, el 4 de marzo de 1991, ponía de manifiesto que
estaban previstos presupuestariamente 2.700.000 pesetas para gastos de
conservación, restauración y mantenimiento del Museo. Museo que como
consecuencia de la situación en la que se encontraba sólo exhibía 4.000
de las 32.000 piezas de que disponía.
Señora Ministra, la importancia de la obra y de la figura de Sorolla para
los valencianos es perfectamente conocida por usted, que ha tenido
ocasión de dirigir el IVAM en un momento en que realizaba una exposición
sobre este pintor y que, si no recuerdo mal, batía todos los récord de
asistencia.
Quisiera saber, señora Ministra, en qué medida ese esfuerzo que en su día
anunciaba el entonces Ministro de Cultura en el año 1991 para dotar
adecuadamente el Museo Sorolla, aquí, en Madrid, es realidad en los
próximos Presupuestos y qué planes concretos maneja su Ministerio en
orden a la restauración y la mejora del Museo Sorolla de Madrid.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora MINISTRA DE CULTURA (Alborch Bataller): En primer lugar, es
bueno aclarar que desde 1987 el Museo Sorolla está siendo objeto de
varias intervenciones escalonadas del Ministerio de Cultura con el fin de
mejorar sus instalaciones, compaginándose en todo momento la
rehabilitación del edificio y del jardín con la visita del público.
Durante estos años se han restaurado la fachada, el jardín y el patio, se
ha construido una cámara de aire para impedir la penetración de las
humedades, se ha renovado el sistema eléctrico y los sistemas
electrónicos de seguridad y se ha llevado a cabo unas obras menores de
remodelación interna con una inversión total de 107 millones de pesetas.
En este momento se están realizando las obras de mejora de los sistemas
de seguridad del conjunto del Museo, que suponen una inversión de 11,8
millones. Además, se van a iniciar los estudios del resto de la
remodelación interna, así como de la renovación parcial de la exposición
al público y el análisis de las posibilidades de ampliación de las áreas
internas de trabajo.
Por otra parte, me parece conveniente informar que en 1993 se ha
reformado el estatuto jurídico de la Fundación Museo Sorolla para
adecuarlo tanto al reglamento de los museos de titularidad estatal y del
sistema español de museos como al vigente Reglamento de fundaciones
culturales privadas.
Como sabrán SS. SS., el Museo Sorolla se creó como consecuencia del
legado de doña Clotilde García del Castillo, viuda de Sorolla, al Estado
español según disposición testamentaria del 1 de julio de 1925.
Por Orden de 28 de mayo de 1931 se aceptó el legado y se constituyó el
Museo como fundación benéfico-docente de carácter particular.
El Museo pasó a regirse por un reglamento establecido por un Decreto de
24 de marzo de 1932, que lo perfiló con un carácter interiorista
estableciendo la inmovilidad de sus fondos con la total prohibición de su
salida del Museo y la imposibilidad de depósitos en el mismo.
Por otra parte, la Dirección General de Bellas Artes y Archivos sólo
podía indirectamente, por la vía de la subvención, incidir en la gestión
del Museo, lo que producía algunos problemas prácticos. La solución que
se ha adoptado permite que el Museo Sorolla se interne, con toda
normalidad, en la red de museos del Estado y avive su actividad.
Su nueva situación jurídico-administrativa permite una mayor actividad, y
ha hecho posible la singular exposición Zorn-Sorolla, celebrada en Suecia
y España, ha facilitado el préstamo de un cuadro al pabellón de España
durante la Expo-92 y la solicitud de otros, cosa que se está estudiando
en la actualidad, y ha servido para despejar definitivamente la situación
jurídica del legado. De este modo, se abre un futuro mucho más acorde,
creemos, con los criterios museológicos actuales, cosa que
contribuía a difundir la obra de uno de nuestos más destacados pintores,
como S. S. ha señalado.
Como pueden ver SS. SS., el Ministerio de Cultura, con las actuaciones
que acabo de exponer, pretende que el Museo recupere el esplendor que
Sorolla dio a su casa y a su taller.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señora Ministra, por su respuesta, en
la que no sólo ha abordado los temas concretos por los que la preguntaba
de restauración del Museo, sino que se ha extendido en lo que significa
la renovación jurídica del régimen de este Museo, que, como pone de
manifiesto la señora Ministra, venía de antiguo y planteaba problemas
importantes, a los que ya en su día hizo referencia el señor Semprún en
una comparecencia.
Es verdad, que, recientemente, por Real Decreto de 30 de julio de 1993,
se ha modificado el estatuto jurídico de la Fundación Museo Sorolla
--aparece publicado en el Boletín Oficial del Estado de 13 de
septiembre--, cosa que es positiva. No sé si es posible hoy día, pero
sugeriría a la señora Ministra, tal como hice en su día, la posibilidad
de que, dentro de los vocales de libre designación que nombra el Ministro
de Cultura, pudiera estar, en la medida en que la propia Generalitat
estuviera de acuerdo, algún representante de la Generalitat valenciana,
ya que el Museo Sorolla no sólo interesa a la Administración central,
sino también, y sin lugar a dudas, a los representantes del pueblo
valenciano. Insisto en que esto, lógicamente, tendría que ser previa
consulta con la propia Generalitat valenciana. Nos parece que ésa podría
ser una vía por la que otra institución pública aportara ayuda y solución
a los problemas que plantea el Museo Sorolla, así como que pudieran tener
solución los problemas que se planteaban en su día mover los fondos del
Museo y, en concreto, que igual que se ha celebrado una exposición en
Suecia, pudiéramos celebrar exposiciones con fondos desconocidos en el
caso de la Comunidad Valenciana; creo que sería importante porque se ha
puesto de manifiesto, tal como indicaba anteriormente, la estima y el
aprecio que se tiene por la obra de Joaquín Sorolla en nuestra Comunidad.
Volviendo al tema de la restauración le diré, señora Ministra, que las
ideas que ha planteado me parece que son necesarias, quizá insuficientes,
pero en todo caso lo importante es que se lleven a cabo. Yo la animaría a
que trabajara para que el Museo Sorolla --me consta que se tomará
interés--, pieza importante del patrimonio histórico del país, y en
concreto de la Comunidad Valenciana, tenga los medios y las disposiciones
adecuadas para su contemplación.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora MINISTRA DE CULTURA (Alborch Bataller): Simplemente diré que
tendré en cuenta la sugerencia que me ha formulado S. S. sobre la
participación de algún representante de la Generalitat valenciana en el
Museo Sorolla y que espero que la obra de este gran pintor valenciano,
universal, se pueda contemplar no sólo en el Museo Sorolla, sino en
cuantas partes sea requerida a partir de este momento, precisamente por
la reforma del estatuto jurídico del Museo.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra. Queremos agradecer
sinceramente su presencia por la deferencia de haber venido personalmente
a contestar las preguntas hechas a su Ministerio.
--AUTORIZACION (EN CUMPLIMIEMTO DEL ACUERDO DE DELEGACION DE LA COMISION
DE EDUCACION Y CULTURA DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 1993), EN SU CASO, DE
LA COMPARECENCIA DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID,
SOLICITADA POR EL GRUPO POPULAR DEL CONGRESO, PARA QUE SE CELEBRE EN LOS
TERMINOS ACORDADOS POR MAYORIA EN LA REUNION DE LA MESA Y PORTAVOCES DE
LA COMISION DE EDUCACION Y CULTURA DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 1993: «PARA
QUE INFORME SOBRE EXPERIENCIAS DEL ACTUAL SISTEMA DE SELECTIVIDAD, ACCESO
A LOS CENTROS UNIVERSITARIOS Y FINANCIACION DE LAS UNIVERSIDADES»,
REFERIDO A LOS SOLOS EFECTOS DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID.
(Número de expediente 212000033.)
El señor PRESIDENTE: Como les he dicho a SS. SS., el punto uno del orden
del día trata de autorizar la comparecencia del señor Rector de la
Universidad Complutense de Madrid, que antes no lo hemos tratado porque
faltaba quórum.
Como SS. SS. recordarán, en la primera sesión de esta Comisión de
Educación y Cultura se acordó que la autorización prevista en el
Reglamento para las comparecencias se hiciese por parte de la Mesa y
portavoces, por delegación de esta Comisión. En el supuesto de que en la
reunión de la Mesa y portavoces no hubiese unanimidad, era la Comisión la
que, automáticamente, avocaba la decisión.
Les comunico que en la última sesión de la Mesa y por portavoces no hubo
unanimidad sobre la comparecencia del señor Rector de la Universidad
Complutense de Madrid solicitada por el Grupo Popular. Dicha
comparecencia había sido solicitada en unos términos, y la propuesta que
se sometió a votación de la Mesa y portavoces, que es la que se somete
ahora a la consideración de la Comisión, es que se produzca dicha
comparecencia para el informe sobre las experiencias del actual sistema
de selectividad, acceso a los centros universitarios y financiación,
referido a la Universidad Complutense de Madrid exclusivamente.
Les quiero advertir de que, después de que terminemos las preguntas,
estaba aceptada por parte de la Mesa y los portavoces la comparecencia
del mismo señor Rector de la Universidad Complutense a petición del Grupo
Federal de Izquierda Unida; por tanto, en el caso de que se acepte la
comparecencia del señor Rector, ésta se produciría esta misma mañana, a
continuación de la prevista pedida por el Grupo Federal de Izquierda
Unida.
¿Hay acuerdo de la Comisión? (El señor Ollero Tassara pide la palabra.)
El señor Ollero tiene la palabra.
El señor OLLERO TASSARA: En nombre del Grupo Popular, pediría una
votación formal sobre el particular.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro grupo desea expresar su opinión sobre la
votación que se va a producir? (El señor Nieto González pide la palabra.)
Tiene la palabra el señor Nieto.
El señor NIETO GONZALEZ: Creo que la propuesta del señor Presidente iba
por el buen camino. Si hay asentimiento de la Comisión, no es necesario
someterlo a votación.
El señor PRESIDENTE: Señor Ollero, ¿tiene mucho interés en que se someta
a votación formalmente la propuesta, si va a ser aceptada por
asentimiento por parte de la Comisión?
El señor OLLERO TASSARA: Señor Presidente, mi Grupo tiene suficiente
interés en que se someta a votación.
El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación la propuesta en los mismos
términos en que la trataron la Mesa y los portavoces; es decir, que la
comparecencia del señor Rector de la Universidad Complutense para tratar
las experiencias de selectividad, de acceso a centros universitarios y de
financiación, exclusivamente de la Universidad Complutense de Madrid, se
produciría esta misma mañana. (El señor Nieto González pide la palabra.)
Tiene la palabra el señor Nieto.
El señor NIETO GONZALEZ: Señor Presidente, a efectos de que conste en el
«Diario de Sesiones» me gustaría que el señor Presidente leyera también
los términos exactos de la petición anterior.
El señor PRESIDENTE: Con mucho gusto.
La comparecencia solicitada por el Grupo Popular, que tuvo su entrada en
el Registro general el día 5 de octubre de 1993, dice lo siguiente:
Motivo de la comparecencia, informe sobre las experiencias del actual
sistema de selectividad, acceso a los centros universitarios y
financiación de las universidades.
En los términos que ha señalado esta Presidencia, es decir, que los temas
propuestos de selectividad, acceso y financiación se refieran
exclusivamente a la Universidad Complutense de Madrid, se somete a
votación la propuesta de comparecencia del señor Rector.
Efectuada la votación, fue aprobada por unanimidad.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad. (El señor Ollero
Tassara pide la palabra.)
Tiene la palabra el señor Ollero.
El señor OLLERO TASSARA: Quisiera disponer de un minuto para explicar el
voto de mi Grupo, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Puede explicar el voto, señor Ollero.
El señor OLLERO TASSARA: Esta es una de las razones por las que
solicitamos esta votación formal, aunque quizás también hubiera cabido el
trámite después de un asentimiento.
Dado que el problema aquí planteado es consecuencia, como muy bien ha
dicho el señor Presidente, de una reunión de la Mesa y portavoces, y
teniendo en cuenta que la Comisión, que es soberana en este aspecto, no
estuvo en su totalidad, como es lógico, en dicha reunión, quisiera
aclarar cuál es la postura del Grupo Popular al respecto, una vez que se
produjo una ruptura de la unanimidad habitual en cuestiones de
procedimiento en la Mesa.
La postura del Grupo Popular es muy simple, y es que cualquier rector de
una universidad española puede ser citado a comparecer en esta Comisión
por cualquier grupo, y contará siempre con el apoyo del Grupo Popular al
respecto, para hablar de cualquier aspecto de la universidad española sin
ningún tipo de condicionamientos. Es más, estimamos que así ha venido
produciéndose por lo menos en las dos últimas legislaturas sin ningún
tipo de problema nunca, en un momento en el que esta Comisión estaba muy
honrosamente presidida (como lo está ahora), pero en aquella ocasión muy
honrosamente presidida por el Grupo Socialista; nunca, insisto, en esas
dos legislaturas se ha planteado la más mínima observación ni
condicionamiento para la presencia de un rector en esta Comisión para
hablar de nada que tuviera que ver con la universidad en general.
Por eso, este Portavoz solicitó del señor Presidente y quiere agradecerle
su gran diligencia al intentar cumplimentar esa petición, que se
facilitaran los términos exactos en que se solicitaron las comparecencias
de los rectores de universidad en la III y IV Legislaturas. Se nos ha
facilitado una documentación, y quiero agradecer también la gran
celeridad con que se ha hecho, pero en esta documentación no constan los
términos exactos en que se solicitaron las comparecencias, sino los
términos en que han sido incluidos en el archivo de datos.
De todas maneras, como no hay prisa, se podrá encontrar la solicitud de
comparecencia y ver en qué términos
exactos se hizo para que así, al igual que ahora se ha dicho que se
leyera la que había realizado el Grupo Popular, se pueda ver en qué
términos se pidieron otras anteriores a las que nadie tuvo nada que
objetar.«
Entendemos que el papel de este Congreso de los Diputados, a la hora de
ocuparse de sus competencias, no debe depender del número de escaños de
ningún grupo, y que sería absurdo que, cuando un determinado grupo tiene
un número de escaños, se pueda pedir que venga quien sea a hablar de lo
que sea, y cuando se reducen esos escaños resulte que el Grupo Popular
haya tenido que admitir, como una fórmula que intentó el Presidente en su
noble afán de unir pareceres encontrados, haya tenido que admitir,
repito, que la comparecencia del señor Villapalos se limite (por otra
parte de manera cómica porque es imposible poner puertas al campo) a
hablar de la Universidad Complutense, dado que el Profesor Villapalos (no
lo sé con exactitud) me da la sensación de que no ha estado en ninguna
otra universidad salvo la Complutense desde que es estudiante, por tanto,
no sé de qué otra experiencia puede hablar.
En todo caso, está claro que el Grupo Popular tiene que aceptar la
decisión y es lógico dado como se produjo el asunto, pero no comparte en
modo alguno esa restricción que, insisto, es más bien cómica. No sabemos
si es una muestra de impulso democrático este intento de evitar que se
traiga aquí a un señor rector y anunciamos que pensamos seguir trayendo a
señores rectores.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Nieto.
El señor NIETO GONZALEZ: Quisiera explicar también, en nombre del Grupo
Socialista, nuestro voto.
En primer lugar, decir que, por parte del Grupo Parlamentario al que
represento en estos momentos, queremos facilitar al máximo la presencia
en esta Comisión de autoridades y personas que puedan aportar ideas tanto
en lo referente a la enseñanza universitaria como a la enseñanza previa a
la universidad o al mundo de la cultura o del deporte, que son los
ámbitos en los que tiene competencia esta Comisión. Por tanto, el Grupo
Parlamentario Socialista va a facilitar --insisto-- la presencia de
autoridades administrativas, autoridades académicas y personas vinculadas
a estos sectores que faciliten los trabajos de esta Comisión y que sirvan
para dar luz a los problemas que estos sectores tienen. Pero, desde
luego, consideramos que debe hacerse cumpliendo el Reglamento y también
lo que es la tradición.
En esta Comisión parlamentaria, en la IV Legislatura (la anterior a la
presente), se produjeron cinco comparecencias de rectores, mejor dicho,
se produjo la comparecencia de un rector cinco veces, que fue el Rector
de la UNED, y eso por una razón muy clara, y es que, desde el punto de
vista legal, la Ley de Reforma Universitaria dice que esta Comisión es la
que debe controlar o la que debe tener competencias en lo referente al
ámbito de actuación de la Universidad de Distancia, que es una
Universidad con ámbito en todo el territorio nacional. Parece lógico y,
por otro lado, es obvio.
En la anterior Legislatura, en la III, en esta Comisión se produjeron
seis comparecencias: dos del Rector de la UNED; una del Rector de la
Universidad de Murcia para contestar a tres preguntas orales en Comisión;
una del Rector de la Complutense para hablar del curso de orientación
universitaria en el ámbito de su Universidad; otra para el mismo fin, que
fue retirada, y otra más del Rector de la Universidad de La Laguna, donde
explicó la problemática universitaria de Canarias.
Por tanto, son comparecencias que se han producido en esta Comisión, unas
por parte del Rector de la UNED, que es lógico que comparezca aquí, y las
otras por parte de tres rectores para hablar de tres cosas muy concretas,
muy delimitadas y muy tasadas, lo que nos parece lógico, porque cuando se
produce la comparecencia de un rector de una universidad determinada esa
comparecencia debe circunscribirse al ámbito de su universidad, salvo que
el mismo comparezca cuando se esté tramitando un proyecto de ley o
cualquier otra iniciativa parlamentaria y esta Comisión quiera recabar la
opinión de un experto, como por otro lado prevé el Reglamento, sobre la
iniciativa parlamentaria que se esté tramitando. Cuando ese no es el
caso, lo es en este trámite que tenemos en estos momentos, nos parece
lógico y natural que la comparecencia del Rector de la Universidad
Complutense se produzca para hablar del acceso, la selectividad o la
financiación en el ámbito y en el marco de sus competencias, es decir, en
el ámbito y en el marco de la Universidad Complutense de Madrid.
Por tanto, esta ha sido la posición que ha mantenido el Grupo Socialista
en la Mesa y en la Junta de Portavoces, pero, evidentemente, como no
queremos entorpecer esta presencia, una vez que se ha delimitado el
ámbito no nos hemos opuesto en este trámite y hemos votado
favorablemente, aunque consideramos --lo manifestamos en dicha reunión de
Mesa y Portavoces y quiero manifestarlo aquí-- que es una comparecencia
distinta y que el Grupo Parlamentario Popular debiera haber retirado la
petición que hizo, a través de la cual pretendía que el Rector de la
Complutense compareciese para hablar de forma universal de la
financiación, la selectividad y el acceso. Pensamos (no creo que sea el
caso, pero podría ser), que quizá fuera para utilizar a un rector
determinado como parte negativa de lo que es la actuación del Ministerio
de Educación. Por eso, insisto, considerábamos que debería haberse
retirado esta petición y haberse hecho una nueva, solicitando la
comparecencia de la misma persona, del mismo rector, pero para hablar
exclusivamente en el ámbito de sus competencias, como finalmente así se
va a producir.
Nada más. (El señor Ollero Tassara pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Ollero, entiende esta Presidencia que este
turno no es de debate. En todo caso, dicho debate se debería haber
producido antes de la votación, y yo he preguntado, en su momento, si
algún grupo quería intervenir. Una vez efectuada dicha votación, ha
habido una explicación de voto, y podemos entender que a S. S. no le ha
dado satisfacción la explicación que otro grupo ha hecho, pero es obvio y
entiendo que es perfectamente legítimo.
Señor Ollero, ¿va a entrar en debate o va a completar la explicación del
voto de su Grupo?
El señor OLLERO TASSARA: Señor Presidente, es para completar la
explicación de voto de mi Grupo.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ollero.
El señor OLLERO TASSARA: En primer lugar, con el simple afán de aumentar
la información de esta Comisión, este portavoz, de memoria, sin necesidad
de ninguna apoyatura, recuerda una comparecencia de un rector a la que no
se ha aludido, que es el Rector de Sevilla, el Profesor Pérez Royo, que
estuvo aquí, habló de los méritos y habló de la selectividad. Por tanto,
simplemente quería abundar en un afán de colaboración.
Pero lo que sí quisiera, en relación con el voto de mi Grupo, es aclarar
que, como muy bien sabe el señor Presidente, en la reunión de la Mesa y
Portavoces mi Grupo disintió de cualquier interpretación restrictiva de
la vinculación de las comparecencias a esta Comisión con los debates en
curso, y puso dos ejemplos. Uno era que en un momento en el que incluso
públicamente se ha anunciado por parte del señor Ministro de Educación
que va a traer al Congreso una actualización del proyecto de LRU, sería
supeditar esta Cámara a la tarea del Gobierno (cosa que quizás algunos
deseen por su afán de impulso democrático) el esperar que el señor
Ministro mande ese proyecto para que se pueda aquí hacer comparecer a un
Rector para hablar de los infinitos temas concernientes a una
autorización de la LRU. Pero es que, en segundo lugar, da la casualidad
de que en este momento, en esta Cámara, se está debatiendo un proyecto de
ley de Presupuesto que afecta a la financiación de las Universidades y no
entendemos cómo, utilizando ese criterio, se intenta boicotear la
presencia de un rector para que hable de la financiación de esas
universidades, que está en relación con un proyecto que está en esta
Cámara. Por tanto, lo que está claro es que se quería impedir que
determinado día del año viniera determinado rector a hablar de
determinada cuestión.
El señor PRESIDENTE: Creo que ha quedado suficientemente claro para la
Comisión por qué no hubo unanimidad en la decisión en la reunión de la
Junta de Portavoces y de la Mesa.
Aceptada la comparecencia, por tanto, se producirá a continuación de la
solicitada por el Grupo Federal de Izquierda Unida.
PREGUNTAS (Continuación):
--SOBRE PREVISIONES DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA PARA
INCREMENTAR LAS PARTIDAS ECONOMICAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA
UNIVERSIDAD DE LA RIOJA. FORMULADA POR EL SEÑOR ALEGRE GALILEA, DEL GRUPO
POPULAR. (Número de expediente 181/000003.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a continuar ahora con las preguntas que quedan
que son las referidas al Ministerio de Educación y Ciencia. Creo que el
señor Subsecretario del Ministerio de Educación y Ciencia es el que va a
contestar a las preguntas.
El señor SUBSECRETARIO DE EDUCACION Y CIENCIA (García Secades): Señor
Presidente, va a contestar también el Secretario de Estado de
Universidades e Investigación y, dependiendo del orden de las preguntas,
uno u otro haríamos frente a ellas.
El señor PRESIDENTE: La primera se refiere a la Universidad de La Rioja.
Tiene la palabra el señor Alegre Galilea para formularla.
El señor ALEGRE GALILEA: Señor Secretario de Estado, yo pregunté en su
día por las previsiones que el Ministerio de Educación y Ciencia tenía
para incrementar las partidas económicas que permitieran un buen
funcionamiento para la Universidad de La Rioja. Una vez que han aparecido
los presupuestos, el reflejo que la Universidad de La Rioja tiene en los
mismos deja ya de alguna manera contestada mi pregunta; tan es así que
quien está en disposición de contestarla quizá sea yo. Ustedes han
previsto para conseguir un buen funcionamiento de esa recién nacida
Universidad --y como para todo lo recién nacido son necesarias atenciones
y cuidades especiales-- y para conseguir la universidad de calidad de
tamaño y de especialización que preveíamos en la Ley de financiación, una
partida de 153 millones de pesetas para el campus de Ciencias
Jurídico-Sociales, de un total de 763 millones, de los cuales el año
pasado se presupuestaron 500 y este año 150 millones de pesetas. Señor
Secretario de Estado, dónde están los otros 100 millones de pesetas que
faltan, porque en la proyección que hay para el año 1995 no aparecen ¿O
es que el campus de Ciencias Jurídico-Sociales va a costar menos de lo
presupuestado? Creo que con esas previsiones nuestros alumnos a lo que
están condenados es a seguir recibiendo las enseñanzas de Derecho en los
sótanos del seminario conciliar, como vienen haciéndolo en la actualidad.
Después hay dos partidas más de 50 millones cada una pertenecientes a un
proyecto global de 700 millones, que vienen desglosados de la siguiente
manera: 290 millones de pesetas para el campus científico-técnico y 407
millones para la biblioteca. ¿Por qué, señor Secretario, de esos 290
millones de pesetas y de los otros 407 millones ustedes tan sólo
presupuestan 50 millones de pesetas? ¿Por qué nos diferenciamos, por
ejemplo, de la Universidad de Oviedo que para el Politécnico tiene este
año 725 millones de pesetas --apunte bien la cifra: 725 millones de
pesetas-- y 514 millones más para los presupuestos del
año 1994? ¿Acaso tiene eso algo que ver con la procedencia o el origen
del señor Ministro de Educación? Esto en cuanto a inversiones, pero el
problema se agrava más en cuanto al tema del profesorado.
Aquí hay dos universidades nacidas en un tiempo similar que es la Carlos
III y nuestra Universidad, nuestra pequeña Universidad de La Rioja, a la
que de universidad ustedes tan sólo le están dejando el nombre. Mire
usted los incrementos por partidas. En lo que se refiere a inversiones y
gastos de funcionamiento, nuestra Universidad de La Rioja tiene un
incremento de un 11,2 por ciento, mientras que la Carlos III lo tiene en
un 51,1 por ciento. Si hablamos del coste del personal docente, nuestra
Universidad lo hace en un 2,4 por ciento y la Carlos III en un 231,4. Si
se refiere al incremento del profesorado, aquí viene lo chusco. En la
Universidad de La Rioja no aparecen profesores --imagino que usted tendrá
alguna explicación al respecto-- y la Universidad Carlos III tiene 428,
lo que implica un incremento del 71,2 por ciento de profesores con
respecto a los presupuestos del año 1993. Esta situación, en nuestro caso
se nos vuelve tremendamente dura porque previamente ha habido unas
implicaciones de auténticos responsables que han dicho cosas tan
significativas como las siguientes. Nuestro ínclito señor Sáenz
Cosculluela asegura que el Estado invertirá 10.000 millones de pesetas en
la Universidad de La Rioja. Va más allá, dice que de esos 10.000 millones
de pesetas, 4.000 van a ser para la construcción de la biblioteca
central. Como comprenderá usted, señor Secretario de Estado, de los 4.000
millones de pesetas que preveía el señor Sáenz Cosculluela a los 50
millones que prevén ustedes hay alguna diferencia. El señor Solana
asegura las inversiones para la Universidad de La Rioja en 8.000 millones
de pesetas. Don Felipe González en su entrevista con el Presidente de la
Comunidad Autónoma de La Rioja dice: la Universidad de La Rioja se
desarrollará según todas las previsiones, sin ningún problema a partir de
un crédito extraordinario que se articulará para tal fin.
¿Dónde está ese crédito extraordinario? Nos han mentido, señor
Secretario. Y yo diría más, aunque suene muy grave: nos han estafado,
porque en la estafa hay engaño, es robar con engaño, pues los millones no
aparecen y además se nos ha dado dilación en el tiempo y ahora nos
encontramos, La Rioja se encuentra compuesta y sin novio. La Rioja se
encuentra con una Universidad que de universidad tan sólo tiene el
nombre, pero no tiene ni profesores, ni dinero, ni edificios, ni
investigación, ni nada. Y, ¡ojo!, no hay dinero para la Universidad, pero
me parece, señor Secretario, que los miembros de la comisión gestora no
andan escasos en sus nóminas.
Hoy la Universidad de La Rioja es simplemente el aparcamiento de 4.500
jóvenes que constatan día a día cómo se labra un fracaso profesional --y
yo no sé si personal-- y créame lo que le digo sinceramente, que en estos
momentos no hablo como Diputado sino como padre de alumno de la
Universidad de La Rioja. Por eso pregunto, señor Secretario de Estado:
¿Piensa el Ministerio, aunque sea por la vía de enmiendas o créditos
extraordinarios a posteriori a la aprobación de los presupuestos,
normalizar el funcionamiento de la Universidad y mitigar de alguna manera
la crispación y la frustración existente en estos momentos tanto en el
profesorado como en la propia sociedad riojana?
El señor PRESIDENTE: Para contestar a esta pregunta tiene la palabra el
señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION (Fereres
Castiel): Señor Diputado, es evidente que tratándose del desarrollo de
una institución como una universidad que se crea hace unos años --pocos
años--, al referirse a la situación puntual de un año, se ignora la
evolución de las inversiones y de la financiación en los años precedentes
y, de alguna manera, no se hace justicia al esfuerzo que realiza el país
en este caso en el desarrollo de esta Universidad.
Le voy a dar unas cifras para que su preocupación sobre el famoso término
«agravio comparativo» disminuya. En 1993 la subvención nominativa de la
Universidad de La Rioja fue de 1.010 millones. Durante este año ha tenido
unas subvenciones adicionales por conceptos, que ahora mencionaré, de 130
millones. Por consiguiente, el total de la subvención nominativa del
capítulo 4 asciende a 1.140 millones que, divididos por los 3.910
alumnos, y no por los 4.000 a los que se ha referido usted --la
Universidad nos da una cifra de 3.157 alumnos propios y 753 adscritos,
que suman 3.910 alumnos--, si usted divide, repito, la subvención
nominativa por el número de alumnos, que es un indicador de la subvención
por alumno que recibe el Estado esa Universidad, le saldrá una cifra de
292.300 pesetas por alumno. Pues bien, en 1993 la media de las
universidades del país fue de 230.900, pero en el caso de universidades
de dimensiones como la de La Rioja que cita usted, como puede ser la
Universidad de Baleares, ésta tuvo 224.900, y la Universidad Carlos III,
a la que usted se ha referido, tuvo 264.300 pesetas de subvención por
alumno; ambas cifras son menores que la que cito de La Rioja, 292.000;
por supuesto, la Complutense por sus dimensiones tiene una subvención por
alumno inferior incluso a la media española. Por tanto, la subvención que
ha tenido la Universidad de La Rioja por alumno es superior a la de
universidades como las que usted parece que se compara negativamente. En
cuanto a la relación profesor-alumno, que es otra relación importante, si
usted divide los 3.910 alumnos por los 324 profesores, le saldrá una
cifra aproximadamente de 13 alumnos por profesor, que es muy superior a
la media del país que, según los presupuestos que habrá visto
recientemente, excede del número de 20.
Permítame que termine el tema de la subvención nominativa diciendo que
para 1994 la subvención nominativa inicial prevista es de 1.100 millones
de pesetas, lo que supone un incremento del 9 por ciento sobre la
subvención nominativa de 1993. Esto sin incorporar los aumentos que se
producen durante el año, que este año, como le decía, han sido de 130
millones, que se refieren a la retribución del personal, incrementos en
productividad, etcétera. En todo caso, este incremento del 9 por ciento,
en las condiciones en las que estamos, por supuesto nos parece un
incremento superior al que reciben las otras universidades, de manera que
puede ser una ayuda importante para el capítulo 4 de esta Universidad. En
cuanto a la inversión para 1994 se destinan 154 millones para terminar
las obras del campus jurídico-social, cuyo presupuesto era de 762
millones. En mi opinión, con este importe y según mi información, termina
la inversión en el campus jurídico-social.
Respecto a los otros dos proyectos, los proyectos del campus
científico-técnico y la biblioteca general, se aportan cantidades de 50
millones a cada proyecto para ponerlos en marcha, y debido a las
limitaciones presupuestarias se han tenido que asignar estas cantidades
que le cito. En el capítulo 7 para equipamiento está prevista una
cantidad de 76 millones de pesetas que para las dimensiones de la
Universidad nos parece en buena medida que es apropiada para las
necesidades que tienen.
Con esto concluyo diciéndole que, independientemente de que sea necesario
acometer unas inversiones a un ritmo que tendremos que definir en los
próximos meses, pensamos que la financiación de la Universidad de La
Rioja en lo que se refiere a la subvención nominativa, en lo que se
refiere a sus indicadores de subvención, por alumno e indicador de
subvención por la relación alumno-profesor, así como en lo que se refiera
a las inversiones ya realizadas, está obteniendo un trato que es muy
comparable y en algunos casos superior al de otras universidades con las
que usted la ha comparado.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Alegre.
El señor ALEGRE GALILEA: Señor Secretario de Estado, mis cifras son
buenas porque usted me las hace buenas, pero las suyas no son así de
buenas. En primer lugar, la subvención por alumno es un dato
tremendamente relativo. La Universidad de La Rioja necesita un mínimo,
que no tiene nada que ver con la subvención por alumno ni con esas
partidas presupuestarias, de puesta en marcha de funcionamiento, algo que
no existía y que ahora existe. En cuanto a los alumnos, el dato de 4.536
alumnos lo saco de las hojas de su presupuesto, donde dice: coste de
personal, cantidades brutas sin trienios, presupuesto de 1994; y aquí
habla de los alumnos y del incremento del alumnado con respecto a 1993.
Señor Secretario, las cosas son como yo digo y no como usted pretende
hacernos creer. Y son como yo digo no porque lo diga yo, sino porque mire
usted cuál es el ambiente real existente en la Universidad, que a mí me
consta que lo sabe, porque por encima de todas estas penurias económicas,
se ha abierto una nueva vía de agua en la Universidad de La Rioja,
referente al profesorado. Allí hay unas luchas intestinas, hay unas
divisiones profundas en la comisión gestora, y son los propios
Vicerrectores, por ejemplo el de estudiantes, quien dice cosas de este
tenor, señor Secretario, y yo ruego a SS. SS. atención porque merecen la
pena: Salvo una pequeña cantidad de dinero aportada por el Ministerio de
Educación y Ciencia para atender los gastos iniciales de puesta en
marcha, todo lo que ha llegado a la Universidad han sido los módulos
económicos ordinarios que ya se recibían cuando éramos campus
universitario de Zaragoza. Mire lo que dice: Hay que decir que se ha
creado en La Rioja una nueva Universidad, prácticamente sin costo
adicional alguno. Tal vez fuera ésa en origen la condición exigida por el
Ministerio de Hacienda para no impedir que el proyecto de ley de creación
siguiera su curso hasta el Parlamento. Así que cuando nosotros
preguntábamos: ¿por qué se crean centros en vez de facultades? Nos
decían: porque no va a pasar nada, porque en la Universidad Carlos III
también hay centros. ¿Por qué no se acompaña un proyecto de financiación?
Porque no vamos a necesitarlo. Y ya hemos visto antes las promesas. Nos
hallamos hoy ante la triste realidad de una Universidad cuyo nacimiento y
puesta en marcha no ha representado para La Rioja una aportación sensible
de recursos públicos. La Universidad existe nominalmente; estamos
viviendo un puro continuismo del campus preexistente. El nacimiento de la
Universidad de La Rioja ha implicado poco más que el cambio de rótulos;
la aparición de la Universidad de La Rioja ha generado tensiones enormes
en el seno de la comunidad universitaria, ha frustrado las expectativas
acariciadas por el profesorado y los equipos de investigación. En efecto,
por el camino actual creemos que se está forjando un pobre destino para
la Universidad. Difícilmente podemos inventariar los medios docentes e
investigadores de la Universidad sin que provoquen sonrojo. Es
escandalosamente bajo el número de libros de la biblioteca universitaria,
la ejecución del complejo científico-técnico, etcétera. Esto que sale de
la propia Universidad y del Vicerrector de estudiantes se acompaña, en
esa guerra civil que se ha establecido, con estos titulares: Dimiten ocho
altos cargos de la Universidad. Español, el otro Vicerrector, sugiere que
la gestora debe surgir de la propia Universidad. Los directores y
subdirectores piden el cese de la gestora. Cuarenta nuevas amenazas de
dimisión; nuevas dimisiones amenazan a la Universidad. Y en todo este
clamor el Partido Popular propone un pacto global entre partidos para
reconducir la crisis de la Universidad.
Créame, señor Secretario de Estado de Universidades, que no hay
intencionalidad política en esta pregunta que yo le hago. Le hablo desde
la necesidad y desde la urgencia de habilitar unos medios oportunos para
sacar a la Universidad del marasmo en el que se encuentra.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION (Fereres
Castiel): Creo que ha quedado patente en las cifras que le he dado, que
son las cifras que me ha transmitido la propia Universidad, puesto que
usted la cita, que tanto la subvención por alumno como la relación
profesor/alumno, aquello que le da sonrojo a S. S., es de 13 a 1,
aproximadamente, que es
una relación muy superior a la media española. En cuanto a la calidad, no
creo que se deba sonrojar la Universidad de La Rioja ni los habitantes de
su Comunidad, porque tienen entre ellos investigadores y profesores de la
máxima calidad. Yo creo que se ha hecho un esfuerzo importante y que lo
seguiremos haciendo. Seguiremos trabajando con la Comisión gestora, y,
por cierto, en esta semana se espera tener una solución al conflicto al
que usted se refería, conflicto que ha permitido, por otra parte, conocer
también lo que usted llama «no intencionalidad política», y yo diría que
en estos momentos la Universidad de La Rioja, mirando a los presupuestos
del año que viene, con un incremento del 9 por ciento en su subvención,
va a poder acometer sus proyectos de desarrollo con la planificación que
había hecho su Comisión gestora y con el apoyo que ha tenido hasta ahora
y que seguirá teniendo del Ministerio y de la Secretaría de Estado de
Universidades.
--SOBRE APLICACION DE LA ORDEN DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA, DE
19 DE AGOSTO DE 1993, EN RELACION CON LA HORA ADICIONAL PARA PREPARAR EL
COMENTARIO DE TEXTO EN LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD EN LAS
ISLAS BALEARES. FORMULADA POR LA SRA. RAHOLA I MARTINEZ (GRUPO MIXTO).
(Número de expediente 181/000117.)
El señor PRESIDENTE: La última de las preguntas del orden del día, que
entendía la Mesa que podía ser contestada por el señor Secretario de
Estado, estaba formulada por la señora Rahola. Como quiera que no está
presente, la damos por decaída y agradecemos la presencia del señor
Secretario de Estado.
--SOBRE MEDIDAS PARA SOLUCIONAR LA SITUACION PRODUCIDA POR LA PERMANENCIA
DE LOS PROFESORES DE ENSEÑANZA MEDIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN SU
COMUNIDAD AUTONOMA. FORMULADA POR EL SEÑOR GONZALEZ BLAZQUEZ, DEL G. P.
IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número expediente 181/000034.)
El señor PRESIDENTE: Ruego al señor Subsecretario de Educación y Ciencia
que acceda a la mesa para contestar a las dos preguntas que restan.
La primera pregunta es la formulada por el señor González sobre
profesores de Enseñanza Media de la Comunidad de Madrid. Tiene la palabra
el señor González.
El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Muchas gracias, señor Subsecretario. Voy a
intentar ser breve de palabra y de hecho, porque la situación es conocida
suficientemente por sus señorías.
En el momento en que yo realicé la pregunta, un colectivo de profesores
de Enseñanza Media de la Comunidad Autónoma de Madrid estaba a las
puertas del Ministerio de Educación y Ciencia porque se consideraba
injustamente tratado por dicho Ministerio en sus reivindicaciones que,
concretamente, eran las siguientes: Que se les renovaran las comisiones
de servicio que previamente
habían sido informadas positivamente por el Director provincial de
Madrid. En segundo lugar, que hubiera un compromiso por parte de la
Administración de convocar en el próximo año un concurso con las plazas
suficientes para que todos los miembros desplazados de su comunidad
pudieran regresar a la comunidad de origen. Y, finalmente, que, en caso
de que alguno de ellos quedara sin plaza en ese concurso, así como en los
siguientes que pudieran realizarse, se renovaran las comisiones de
servicio hasta que su entrada en la comunidad fuera efectiva.
Ya saben SS. SS. que hasta el año 1991-1992 el Ministerio de Educación y
Ciencia obligaba a concursar a todos los funcionarios que aún no tenían
destino definitivo. Siguiendo su práctica habitual, el Ministerio destinó
a un conjunto de profesores fuera de su lugar de residencia y dentro del
territorio de su competencia. Estos traslados se resuelven teniendo en
cuenta el número de vacantes que ofrece el Ministerio, y algunas veces
con cortes arbitrarios en la lista de los docentes en expectativa de
destino. De este modo, ocurría frecuentemente que personas con las
mejores notas en su oposición quedaran en los últimos lugares y los
últimos del año anterior en los primeros.
Como saben SS. SS., el profesor tiene la obligación de permanecer en su
destino un mínimo de dos cursos académicos, lo cual significa que hay un
año en el que no se puede participar en el concurso de traslados. En el
curso siguiente, el Ministerio permite a los nuevos profesores en
expectativa concursar forzosamente sólo por su comunidad y además
considera por primera vez los méritos de estos docentes. En ese curso, la
oferta de vacantes en la Comunidad Autónoma madrileña superó con creces
la de años anteriores, y de este modo muchas plazas fueron ocupadas
definitivamente por profesores cuyo lugar en la lista general era
posterior al de los profesores desplazados el año anterior y que,
recordemos, no pueden concursar en este año como consecuencia de la
normativa.
Este colectivo de profesores desplazados de la Comunidad Autónoma de
Madrid intentó por todos los medios ponerse en contacto con el Ministerio
y concursar pese a no tener los dos años requeridos de permanencia en su
destino; pero consiguió únicamente una solución parcial, que consistía en
conceder comisiones de servicio a algunos de los desplazados. Por tanto,
fue una solución parcial e incompleta. En este curso 1992/1993, los
profesores desplazados se encontraban con que el número de vacantes
volvía a ser mínimo, ninguno en alguna asignatura. El año pasado el
Ministerio se negó a convocar un concurso cero que permitiese volver a
esos profesores desplazados y ahora parece ser que figura en sus planes
inmediatos.
En resumen, la solución que según nuestras noticias ha dado el
Departamento para acabar con la convocatoria
de esa manifestación a la puerta del Ministerio ha sido en mi opinión muy
especial: conceder comisiones de servicio a algunos, a otros no, aunque
estaban informadas positivamente, con lo cual rompía esa pequeña unidad
de este colectivo. Yo creo que no debe ser ésa la práctica y las
soluciones que deben darse deben ser iguales para todos.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DE EDUCACION Y CIENCIA (García Secades): Señor
Presidente, señoría, en primer lugar, coincido con usted en la
presentación del problema. Usted plantea que estos profesores desplazados
se consideraban injustamente tratados por todo el proceso del concurso de
traslados del año 1992/1993. Realmente dicho concurso introducía una
serie de mejoras en el proceso del concurso de traslado que en años
anteriores parecía que no existían o, por lo menos, eran demandadas por
el conjunto de los profesores. Ciertamente, cuando se produce un cambio a
mejor en cualquier normativa, los que han optado --en este caso los
profesores desplazados de Madrid, y de otras comunidades autónomas, por
cierto-- en concursos anteriores y no han tenido ese beneficio o esa
mejora que se introduce en el curso 1992/1993, se sienten,
razonablemente, como usted señala, injustamente tratados en sus
expectativas o en sus pretensiones, no en cuanto a su validez jurídica ni
en cuanto a la normativa por la que ellos ingresaron. Con todo, en ese
año, y con una decisión de favorecer que esta situación se redujera o se
paliara en buena medida, se establecen unas comisiones de servicio que se
advierte que serán exclusivamente para ese año, porque en el concurso de
traslado siguiente normalmente se producirá la absorción y la obtención
de un destino definitivo por parte de este profesorado, como así se
produce en la mayoría de los casos; si no recuerdo mal, de los 270
profesores que recibieron la comisión de servicio, 195 obtienen destino
definitivo en la convocatoria, quedando, por tanto, 65 en esa situación
de la que usted se hace eco y que nosotros hemos sufrido.
En cuanto a la solución que se da, señoría, es una solución que firman
los cinco sindicatos representativos del sector y que aceptan los
profesores. La solución pasa por hacer una prospección en cuanto a las
vacantes que saldrán, en el próximo curso, en este próximo concurso de
traslados, que parece suficiente para absorber esas situaciones no
deseables; y se manifiesta la voluntad, asimismo, en este acuerdo con los
sindicatos, de que esto, en la medida de lo posible, se haga extensivo
para el resto del territorio en el que también hay profesores en estas
situaciones.
Respecto a la afirmación o insinuación que usted hace en cuanto a la
utilización de métodos (en los que yo coincidiré con usted en que no
parecen apropiados) para este tipo de conflictos, no son éstas mis
noticias ni son estos mis datos. En estos casos yo creo que casi nunca se
acierta. El Ministerio, cuando se plantea esta petición de comisiones de
servicio por parte de alguno de estos profesores desplazados y que
generalmente se tratan positivamente cuando responden a causas
humanitarias o de carácter familiar grave, retiene la petición de esas
comisiones para evitar una acusación del tipo de la que usted ha hecho
hace un momento.
Cuando el conflicto se soluciona se otorgan esas comisiones de servicio
(son seis o siete, y creo que afectan a profesores de francés
fundamentalmente) posteriormente y por razones humanitarias o por
problemas familiares graves. Esas son las noticias. En cualquier caso los
datos se los puedo facilitar puntualmente si a S. S. y al Presidente les
parece oportuno. Insisto en que esas comisiones de servicio no se otorgan
en el período en el que tenemos el conflicto con estos profesores
desplazados; se otorgan con posterioridad.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor González Blázquez.
El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Me dice el señor Subsecretario que esa
solución del Ministerio fue firmada con los sindicatos. Le debo creer.
Pero yo tengo aquí delante una serie de manifestaciones, firmadas también
por los sindicatos, Comisiones Obreras, UGT, etcétera, en las que vienen
a coincidir con las reivindicaciones de esos profesores. En todo caso,
señor Subsecretario, han cambiado sustancialmente las palabras y las
contestaciones del Ministerio entre antes y después del 7 de junio.
Mire usted, el Director provincial de Madrid, como le he referido
anteriormente, informó positivamente de las comisiones de servicios
solicitadas. El Secretario de Estado, en el transcurso de un acto
electoral en Oviedo, al ser interpelado por uno de esos profesores, a la
pregunta de qué soluciones preveía el Ministerio para tales casos,
respondió que se aplicaría la misma solución que en el curso presente. El
señor Pérez Rubalcaba, también a final de otro acto electoral en el Hotel
Villamagna de Madrid, aseguró también a profesores de este colectivo que
se haría lo posible para encontrar una solución al problema, de tal
manera que no tuvieran que volver a desplazarse de su comunidad autónoma.
El 1 de junio vuelven a reunirse autoridades educativas con los
sindicatos y un representante de estos profesores y la autoridad
educativa, que si quiere le refiero, manifiesta también que no existía
problema para la concesión de las comisiones de servicio solicitadas y
que la única dificultad era encontrar la vía que los miembros del
colectivo fueran asignados a su comunidad de origen. Se produce una
contestación, unas expectativas antes del 7 de junio que lógicamente
hacen llegar al ánimo de los profesores, que se consideraban injustamente
tratados. Son bien contestados antes del 6 y del 7 de junio y después se
produce un giro de 180 grados.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DE EDUCACION Y
CIENCIA (García Secades): Como usted comprenderá, no tengo constancia de
que esas afirmaciones y en esos contextos que usted dice se hayan
producido ni de que las interpretaciones, si esas manifestaciones u otras
similares se hubieran podido hacer, sean las adecuadas o no. De lo que sí
tengo constancia, señoría, es del acuerdo que se firma con los
sindicatos. Como usted me ha hecho merced de creerme verbalmente, yo, con
mucho gusto, le facilitaré una copia de dicho acuerdo firmado por todos
los sindicatos del sector y aceptado por los profesores.
El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Yo también voy a facilitar al señor
Subsecretario una copia de las reivindicaciones de los sindicatos sobre
ese tema.
--SOBRE MOTIVOS POR LOS QUE NO SE CUMPLEN LOS ACUERDOS SUSCRITOS ENTRE
LAS ORGANIZACIONES PATRONALES, LOS SINDICATOS Y EL MINISTERIO DE
EDUCACION Y CIENCIA CON LOS PROFESORES DE LOS CENTROS EN CRISIS.
FORMULADA POR LA SEÑORA FERNANDEZ DE CAPEL BAÑOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR. (Número de expediente 181/000065.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Fernández de Capel para
formular su pregunta sobre el incumplimieno de acuerdos sucritos entre el
Ministerio, las organizaciones patronales y los sindicatos.
La señora FERNANDEZ DE CAPEL BAÑOS: Señor Subsecretario, bienvenido.
En primer lugar, yo quería hablarle de un problema que en casi todas las
comunidades autónomas con transferencias en materia educativa se ha
solucionado y no así en el territorio competencia del Ministerio de
Educación y Ciencia. A este efecto hace falta recordar el acuerdo que en
1989 suscribió el Ministerio de Educación y Ciencia con las
organizaciones patronales, con los sindicatos, prácticamente todos, y que
era el reflejo de los acuerdos suscritos anteriormente en el año 1986
sobre procedimientos y medidas a favor del profesorado de lo que dio en
llamarse centros en crisis. Las medidas, como se refleja en el acuerdo,
eran tendentes a recolocar al profesorado --era el primer punto-- tanto
de centros públicos como privados concertados que se viera afectado por
los sucesivos cambios que se iban produciendo en la legislación del
Ministerio y en su aplicación. En segundo lugar, había que complementar
las indemnizaciones por despido o facilitar la jubilación anticipada de
los mayores de 60 años. Este acuerdo, que fue suscrito por todas las
partes, mereció una votación positiva del Consejo Escolar del Estado, que
aconsejaba al Ministerio y a las partes mantenerlo abierto para
solucionar posibles situaciones similares.
En mayo de 1989, el Ministerio, las organizaciones patronales y los
sindicatos se comprometían a adoptar cuantas medidas fuesen necesarias
para la recolocación de los profesores en el ámbito del acuerdo. La firma
del acuerdo es de mayo de 1989 y terminaría en el curso 1992-93, cuando
finalizara el concierto de esos centros, bien por la regulación de los
contratos de empleo de esos profesores o bien por la no renovación total
o parcial del concierto referido a los centros concertados. Se iría,
entonces, confeccionando la lista definitiva --cosa que todavía no
existe-- de profesores aceptados. Las condiciones eran estar incluido en
nómina con contrato laboral indefinido o en una situación análoga desde
enero de 1989, con un horario no inferior a 16 horas semanales y
solicitar estar en esa lista. No podrían estar los que habiéndoseles
ofrecido un puesto de trabajo en el ámbito del acuerdo no lo hubiesen
aceptado, o bien que, habiendo aceptado ese acuerdo, se hubiesen acogido
a las indemnizaciones o a la jubilación voluntaria. Confiaron en el
acuerdo y surgió el problema, porque ya en diciembre de 1992, a preguntas
de un Diputado de Convergència i Unió, el señor Pérez Rubalcaba
reconocía, en el Pleno de 9 de diciembre de 1992, que ya había en este
ámbito 236 profesores sin recolocar. Decía que la oferta del Ministerio
se había cumplido prácticamente toda, pero no así la de la patronal, que
de las 300 plazas que en teoría el Ministerio consideraba que debería
haber ofertado, ofertó sólo 30. En ese Pleno se recordó al señor Ministro
la necesidad de que se instara a la patronal por medio del Ministerio
--como consta en el «Diario de Sesiones»-- a que se actuase de
conformidad con el acuerdo.
En este momento la situación de los afectados que confiaron en la firma
del acuerdo es la siguiente. A los que se acogieron al acuerdo en 1989 se
les daría un trabajo fijo o estable, pero ahora sólo están colocados los
que sacaron la oposición, una oposición con «piedrecitas» en el camino,
no es una oposición a la que se les permita ir en igualdad de condiciones
que a los demás, sino que tiene unas condiciones peculiares para estos
afectados --ahora hablaremos de ella--. A los que se acogieron al acuerdo
de 1990-91 se les dejó interinos por dos años y se van a la calle o a esa
peculiar oposición en virtud del Decreto de junio de 1992. La mayoría de
ellos pasan a esa oposición peculiar, sin colocar; algunos héroes han
sacado la oposición y están colocados, pero la mayoría no. De los del
acuerdo de 1992-93, ninguno ha tenido trabajo, que le conste al
colectivo. No sabemos si al Ministerio le consta porque el colectivo no
tiene acceso a datos reales del Ministerio ni se le facilitan. De los que
han salido de 1993 representantes de este colectivo dicen que
aproximadamente 40 ó 45 se están colocando, pero no se sabe en virtud de
qué.
Respecto a la oposición a la que se le manda después de haber firmado el
otro acuerdo se trata de una oposición libre, de forma que los interinos
que han estado en centros estatales tienen un baremo que les puntúa 1,5
puntos por año, mientras que a los de los centros concertados se les
puntúa 0,25 por año, con un máximo total de 4 puntos; es decir, pueden
estar 20 años y no sobrepasar 4 puntos de baremo. Estos centros
concertados no son unos centros a la ligera, sino que reunían las
condiciones que en su momento les exigió el Ministerio de Educación y
Ciencia, el mismo que ahora les pone esas «piedrecitas». Por otro lado,
se hablaba de facilitar a estos profesores de los centros en crisis
cursillos de especialización que les ayudaran a reciclarse y a puntuar
para estas oposiciones; pues bien, se están excluyendo en el curso
presente a estos profesores sistemáticamente porque tienen preferencia en
esos cursillos los profesores de los centros públicos. Más «piedrecitas»
no caben. Se habló también en ese acuerdo, que usted conocerá, de que se
irían adhiriendo como profesores de apoyo, y la oferta del Ministerio
para 1994 es más o menos de alrededor de 300 profesores de apoyo, pero,
con todo el respeto, dudamos de la efectividad de esa cifra, puesto que
en 1993 no se ofertó, que tenga constancia el colectivo de profesores en
crisis, ni una sola plaza de profesores de apoyo.
Este año la lista ya va por más de novecientos --según sus datos, porque
no tienen cifras ciertas, ya que el Ministerio no se las ha facilitado--
y más o menos 175 personas de este colectivo van a ir a la calle,
principalmente porque no hay un baremo igual. Este personal que durante
veinte años o más ha sido mano de obra barata para el Estado se ve en
este momento --son padres de familia de mediana edad-- prácticamente en
la calle y no tienen acceso a datos concretos que solicitan y por eso se
hacen las manifestaciones de los chubasqueros que se están produciendo en
la calle y han anunciado que van a seguir con las movilizaciones.
Quisiera saber, en definitiva, por qué no se cumplen esos acuerdos, qué
previsiones tiene el Ministerio y si podrían facilitarnos los datos de
los que carecemos, ellos y nosotros.
El señor PRESIDENTE: El señor Subsecretario tiene la palabra.
El señor SUBSECRETARIO DE EDUCACION Y CIENCIA (García Secades): Señoría,
en primer lugar, creo que con el interés que pone en la defensa de esos
profesores ha omitido resaltar que el compromiso adquirido fue adoptar
cuantas medidas fueran necesarias para facilitar la recolocación. Se le
ha olvidado hablar de «facilitar la recolocación». En ese sentido
entiendo perfectamente las manifestaciones que según usted --y sin duda,
como me indicaban, constan en el «Diario de Sesiones», pero no las
conozco-- hacía en diciembre de 1992 el señor Pérez Rubalcaba, en el
sentido de que la valoración de los acuerdos probablemente no había
cumplido todas las posibilidades de recolocación de estos profesores,
pero sí había facilitado la recolocación de los mismos.
Efectivamente, como usted se ha encargado de señalar, en este momento
estamos en el tercer acuerdo. Se firma uno en 1986, en julio, un segundo
en mayo de 1989, que tiene vigor hasta 1993, y ahora se ha firmado en
mayo de 1993 un tercer acuerdo. Respecto al balance me sorprende que
usted no haya tenido acceso a estos datos, porque, como bien conoce, hay
una comisión de seguimiento integrada por los firmantes de estos acuerdos
y por el Ministerio de Educación, que naturalmente dispone de los datos.
Me sorprende que usted no los tenga y me sorprende que los profesores
afectados tampoco los tengan, porque esa comisión de seguimiento
efectivamente sí dispone de ellos y no sólo eso, sino que es la que los
valora, los pule y los autentifica, si me permite la expresión.
El balance que yo tengo del acuerdo hasta 1993 no es tan sombrío como
usted lo ha presentado, a mi juicio al menos. En cualquier caso, no es
totalmente satisfactorio. De los 1.777 profesores afectados, por una u
otra vía, respecto a vacantes voluntarias, efectivamente, según mis
datos, la oferta de vacantes para estos profesores por parte de los
centros privados es de 19 plazas; hay recolocados como interinos 534;
como profesores de apoyo 367, etcétera; y finalmente, pendientes de
recolocación al 30 de septiembre de 1993 tenemos 216 profesores.
Ciertamente, no ha sido totalmente satisfactorio, porque supongo que lo
que todos hubiésemos deseado es que la recolocación de los 1.777
profesores se hubiera producido.
Como le indicaba, se firma un tercer acuerdo en mayo, como usted conoce.
Según los datos de que dispongo en este momento, los profesores
pendientes de recolocar a 1 de octubre corresponden a esos 216 que le
citaba del acuerdo anterior más 279 que se producen por reducción de
unidades y otros 40 por reingreso de interinos y nombramientos para
1993-1994. En total, 535 profesores en este momento, insisto, ya que les
explicaré por qué pueden variar estas cifras.
Usted señalaba que no tenían cifras procedentes del Gobierno, del
Ministerio o de no sé dónde. Se hace una comisión de seguimiento entre
los firmantes, que son los que valoran y desarrollan estos acuerdos y que
son los que finalmente, insisto, elaboran y depuran las cifras. Esta
comisión, desde el momento en que se firma el tercer acuerdo --voy a
insistir en el aspecto que usted señala de que los acuerdos no se
cumplen-- ha celebrado ocho reuniones de trabajo, ha firmado distintas
adendas para interpretar y velar por el cumplimiento de los acuerdos en
materia específica y competencia de la comisión. Se ha formado una
comisión de trabajo para el desarrollo de algunos aspectos, en particular
el tratamiento de las jubilaciones anticipadas e indemnizaciones a los
afectados que se constituyen en cooperativistas o autónomos. Están
procediendo en este momento a la depuración de las reclamaciones
presentadas a la lista provisional de afectados para elaborar la
definitiva --por eso le indicaba que estos 535 podrían variar--. Como
cifra indicativa, le diré que el Ministerio de Educación tiene previsto
ofertar en torno a 405 plazas de apoyo para este año. Si además funcionan
los otros mecanismos previstos en los acuerdos, como la contratación en
vacantes voluntarias por parte de los centros, las incentivaciones a la
contratación, indemnizaciones, etcétera, si estas cifras se confirman
--tanto los 535 como los 405--, si podemos efectivamente ofertarlas o
incluso incrementarlas, si fuera posible, el panorama no es, desde mi
punto de vista, tan dramático como parece que usted lo pinta.
En cualquier caso, insisto en que la percepción que yo tengo es que sin
ser plenamente satisfactorios los acuerdos para facilitar la recolocación
--y nunca lo son cuando
se producen situaciones personales de este tipo; mientras el último señor
que ha perdido su puesto de trabajo no sea recolocado adecuadamente nunca
lo son-- se cumplen con bastante satisfacción, sin perjuicio, insisto, de
que nunca son plenamente satisfactorios mientras uno solo de los
profesores no quede razonablemente recolocado.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Fernández de Capel.
La señora FERNANDEZ DE CAPEL BAÑOS: Señor Subsecretario, al principio de
mi intervención yo hacía mención de esta condición del acuerdo de
tendente a la recolocación, de todas las medidas que pudieran adecuarse
con ese fin por parte del Ministerio, cosa que constaba en el acuerdo al
que se adhirieron casi todos los sindicatos. Al tercer acuerdo sólo se ha
adherido un sindicato, que es FESIE; el resto no. Desde luego, no creo
que sean satisfactorias las condiciones que hacen que a mitad del camino,
con el decreto de 1992, ese carácter de tendente a la recolocación en
centros públicos o privados, como se condicionó en un principio, se
equipare a mandarlos a una oposición en la que se les discrimina. No creo
que eso sea igualdad ni que ese intento sea satisfactorio, por lo menos
para los afectados que se ven discriminados con respecto a otros que van
con una puntuación y un baremo que les favorece en razón de no sé qué.
A partir del 17 de junio de 1993, según consta en una carta, con registro
de entrada en el Ministerio de Educación y Ciencia, que se envió al
Ministerio por parte de los afectados y a la que por cierto no han tenido
respuesta, se ponían de manifiesto todas estas razones que han motivado
esta pregunta dirigida a usted. En junio, el señor Marchesi, que habló
con ellos unos minutos, les dijo que les recibiría en septiembre, y tras
fallidos intentos --me han dicho que más de cuatro-- no los ha recibido.
Han hablado con el señor Torres, que les remite al acuerdo firmado
últimamente, es decir, a la carrera de obstáculos, a la oposición con
«piedrecitas» y con distinto trato en el baremo, y a la imposibilidad de
acceder a esas plazas para especialización, para las que se les veta por
no proceder de centros públicos.
En cuanto a la situación actual, en general y en particular, yo la he
estudiado hasta el año 1993-94 por los datos que dio el señor Pérez
Rubalcaba, pero a partir de esa fecha, como no he tenido datos oficiales
del Gobierno sino que simplemente tengo los que ellos me han facilitado,
no he querido pronunciarme sin haber contrastado los elementos de las dos
partes y por eso le requería a usted esa documentación oficial. Yo vería
muy bien que esa misma oferta que el Ministerio hizo, tendente a arbitrar
las medidas necesarias para la recolocación, se hiciese --y es lo que
opina nuestro Grupo y lo que opinan los afectados-- sin ponerles a ellos
una carrera de obstáculos con más dificultad que a los demás, ya que, si
todos somos iguales ante la ley, no veo por qué unos tienen que tener
unas condiciones y los demás otras, cuando han actuado en centros que han
estado vigilados por el Ministerio.
Por otro lado, el dato que me habían dado los sindicatos es que había 300
plazas de profesores de apoyo para 1994 ofertadas por el Ministerio, y yo
tengo una enorme satisfacción al comprobar que usted me dice que son 405
plazas, que espero que se cubran, porque en 1993 no se cubrió ni una sola
de profesores de apoyo. Entonces se ve que con este afán de hacer
efectiva la Logse, en el seguimiento de los alumnos que tengan más
dificultades --que ya vemos que en nuestro país son muchos--, están
incrementando el número de profesores de apoyo, lo que me satisface
enormemente. Sin embargo, señor Subsecretario, permítame que yo dude
mucho de que si en el año 1993 no se ofertó ninguna, en 1994 se oferten
405 realmente. No digo que en principio no esté previsto, pero dudo que
luego sean reales. Creo que había que volver al acuerdo de 1989 o al
acuerdo de mayo de 1993, que no satisface a nadie, pero se ajusta mucho
más a las previsiones para estos profesores, que si son quinientos y
pico, según las cifras que daba el señor Rubalcaba, más los que se han
producido este año, entre 165 y 180, una media de 175, el número se
incrementa y aunque no sea un colectivo muy numeroso, afortunadamente,
como puede pasar en otros sectores, como el industrial, donde los
colectivos presionan mucho más, no deja de ser terrible ver a esta gente
en paro después de veinte años al servicio de su país en la enseñanza.
El señor PRESIDENTE: El señor Subsecretario tiene la palabra.
El señor SUBSECRETARIO DE EDUCACION Y CIENCIA (García Secades): No voy a
competir con usted en la sensibilidad respecto al efecto que nos produce
ver a estos profesores o a otros cualesquiera parados de este país en esa
penosa situación, ni tampoco voy a insistir en que yo creo que usted
sigue omitiendo el término «facilitar». En cualquier caso, finalmente
parece que en el espíritu que nos hemos puesto de acuerdo.
Insiste en que en el año 1993 no se ha contratado ningún profesor de
apoyo y la verdad es que la cifra no la tengo desglosada. La cifra que
tengo del segundo convenio es de 367 profesores en plazas de apoyo. No sé
si en el año 1993, ciertamente. En cualquier caso, el esfuerzo que se ha
hecho en este sentido, a mi juicio, por parte del Ministerio de Educación
parece sustancial en cuanto a que el peso en la recolocación de esos
1.777 profesores, de los que 216 han quedado todavía por recolocar, lo ha
llevado la Administración pública y en definitiva el Ministerio de
Educación, cuando nada más que 19 profesores han sido contratados por
vacantes voluntarias en los centros concertados. Debo añadirle además que
en este período el esfuerzo económico para atender a estas cuestiones ha
supuesto por encima de los 2.300 millones de pesetas, cifra que no parece
que sea excesivamente baja o poco considerable, ya que buena falta nos
haría este año para atender algunas otras cosas. En cualquier caso en las
previsiones presupuestarias para este año también están considerados
estos aspectos. Si finalmente la Ley de Presupuestos para 1994 se aprueba
--como así espero--
estarán previstas estas cantidades para cubrir los aspectos que antes he
mencionado.
Si S. S. no dispone de cifras al respecto, será porque no las ha pedido,
porque yo me comprometo a facilitárselas cada vez que las tenga y usted
me las pida. Supongo que mis antecesores habrán tenido la misma
disposición. Pídanos las cifras, que nosotros se las daremos, señoría,
sin ninguna duda.
Naturalmente le permito dudar de que la oferta de las 405 plazas --como
no podía ser de otra manera-- se vaya a producir. En cualquier caso, ésas
sí son las previsiones de este Ministerio y vamos a intentar que cuando
se produzca una próxima comparecencia esa duda no exista y todos
celebremos que efectivamente esas plazas se hayan provisto adecuadamente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Subsecretario por su presencia en
esta Comisión para responder a las preguntas de las señoras y señores
Diputados.
COMPARECENCIA DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
(VILLAPALOS SALAS) PARA INFORMAR:
--SOBRE LAS IRREGULARIDADES QUE SE HAYAN PRODUCIDO EN LAS PRUEBAS DE
ACCESO A LA UNIVERSIDAD, CELEBRADAS EN LA CONVOCATORIA DE JUNIO-JULIO DE
1993. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA
PER CATALUNYA. (Número de expediente 212/000017.)
--SOBRE LAS EXPERIENCIAS DEL ACTUAL SISTEMA DE SELECTIVIDAD, ACCESO A LOS
CENTROS UNIVERSITARIOS Y FINANCIACION DE LAS UNIVERSIDADES. A SOLICITUD
DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente 212/000033.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 3.º del orden del día:
comparecencia del señor Rector de la Universidad Complutense. Este punto
incluye las dos peticiones de comparecencia, la del Grupo Federal de
Izquierda Unida y la que hemos acordado al comienzo de la sesión, del
Grupo Popular.
Agradecemos la presencia del señor Rector de la Universidad Complutense.
Ha sido convocado por los grupos que he señalado anteriormente con el fin
de informar, en primer lugar, sobre las irregularidades que se hayan
producido en las pruebas de acceso a la Universidad, celebradas en la
convocatoria de junio-julio de 1993, y, en segundo lugar, sobre las
experiencias del actual sistema de selectividad, acceso a los centros
universitarios y financiación de las universidades, referido a la
Universidad Complutense.
El señor Rector puede hacer dos cosas, contestar sólo a la primera
comparecencia o contestar a las dos, como prefiera el señor Rector. Si
contesta a la primera, después habrá otro turno para la segunda, y si
quiere en este momento contestar a las dos comparecencias, puede hacerlo.
El señor RECTOR DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID (Villapalos
Salas): Como sea habitual en la Comisión, da igual.
El señor PRESIDENTE: La única razón de que el señor Rector y todos los
grupos concentren en una sola intervención los dos temas --el específico
y el general-- sería para no demorar más su presencia --ya lo hemos hecho
durante una hora-- y para no robarle más tiempo del imprescindible.
Podría ser conveniente concentrar la intervención del señor Rector en los
dos temas, en el específico y en el general y así las intervenciones de
los diferentes grupos serán una sola y no duplicaremos incluso los dos
temas, el específico y el general, pues tienen cierta relación, por lo
menos así le parece a esta Presidencia. Por ello, si el señor Rector lo
prefiere, puede hacer su intervención referida a las dos comparecencias.
El señor RECTOR DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID (Villapalos
Salas): Con la venia del señor Presidente; dispénseme la Mesa y SS. SS.
porque una molesta gripe me tiene en cama desde hace cuatro días y eso
puede hacer que mi intervención parezca a veces un poco dispersa. Trataré
de concentrarme en los dos temas que se han sometido a consideración, uno
por parte del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y otro por el Grupo
Popular, reduciéndome, naturalmente, al ámbito de la Universidad
Complutense.
Respecto de la cuestión planteada por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida sobre las irregularidades que se habían producido en las pruebas de
selectividad, imagino que quien haya formulado las preguntas, o el Grupo
Parlamentario, se referirá, fundamentalmente, al escrito presentado por
don Luis-Angel Fernández Herrero que fue publicado parcialmente por el
Diario «El País» y al decir parcialmente me refiero a que no me parece
que fuera entero, pero que sustancialmente recogía la exposición del
señor Fernández Herrero, respecto al que he de hacer constar que en
ningún momento fue presentado como denuncia en la Universidad
Complutense. Casi un mes después, el 28 de julio (yo había tenido
conocimiento dos días antes por un fax de la Directora General de
Enseñanza Superior, que me mandaba una copia del escrito) conocí, primero
por el fax y después por el Diario «El País», ese escrito del señor
Fernández Herrero, que es profesor del Instituto Nacional de Bachillerato
de Chinchón. El mismo día 28 se constituyó una comisión de investigación,
presidida por el Vicerrector de Alumnos, que inició inmediatamente una
investigación sobre estas irregularidades que el señor Fernández Herrero
presentaba en su escrito y a las que luego me referiré.
Se le tomó declaración el día 30. Creo que él hizo alguna manifestación
en algún medio respecto a que en algún momento se había sentido
coaccionado; imagino que haría alusión a que él prefería, al parecer, no
declarar
ante la Inspección, y se le dijo que entonces tendría que declarar ante
la Inspección de servicios del Ministerio puesto que la de la Universidad
no era competente en su caso. Después de la declaración y a la vista de
la misma (esto sucedió el día 30 de julio), se suspendieron las
actuaciones porque fue imposible continuarlas dado que se echó encima el
mes de agosto, y se convocó a primeros de septiembre a los presidentes,
secretarios y vocales de los Tribunales 10 y 11, que es donde él decía
que se habían producido las irregularidades, así como al personal
administrativo de administración y servicios de esos mismos tribunales.
El 20 de septiembre, la comisión de investigación que se creó el día 28
de julio me elevó un largo informe que produjo una resolución al día
siguiente, el 21 de septiembre, en la cual se establecía que a la vista
del informe de la comisión no había indicios ni pruebas, generalizadas al
menos, de que hubiera algún tipo de recomendación o enchufe, que era la
palabra que utilizaba el señor Fernández Herrero, en los Tribunales 10 y
11. Esto se desprende de las declaraciones de todas las personas que
formaron parte de los tribunales y de la del propio señor Fernández
Herrero que dijo no recordaba, no era capaz de recordar ni de identificar
a ninguna de las personas --él no las había mencionado-- que
supuestamente le habían recomendado a él o a otras personas alumnos para
la selectividad, con excepción de dos personas: el Presidente del
Tribunal, de quien dice que habló con la alumna en algún momento, y de
uno de los vocales del Tribunal que él sostiene en su declaración que le
pasó un papel recomendándole el número de ejercicio a fin de que la
tratara bien en la calificación de matemáticas, que era la asignatura que
el señor Fernández Herrero corregía.
Por tanto, de la propia declaración del señor Fernández Herrero se deduce
que la profesora doña María Esther Parrondo Iglesias, Profesora titular
de la Facultad de Farmacia, se interesó, pasándole un papel con el número
del ejercicio, por una alumna del Centro Universitario Poveda, que es
como se llama el centro donde cursó el COU María del Carmen Lozano
Esteban, hija de un Profesor titular de la Facultad de Medicina y, por
tanto, compañero de esta Profesora, y se ordenó abrir, con carácter
inmediato, expediente disciplinario por el Rector por una falta grave que
está contemplada en el Reglamento del Régimen disciplinario de
Funcionarios Civiles de la Administración del Estado y que, además,
vulnera las instrucciones generales que el propio rectorado de la
Universidad Complutense da para las pruebas de selectividad.
Se nombró una Comisión presidida por el Vicerrector de Alumnos, por los
coordinadores del COU, el delegado de la Universidad Complutense para COU
y un conjunto de profesores, a fin de que, además de examinar una por una
todas las acusaciones formuladas por el señor Fernández Herrero, viera
con las entrevistas y tomara declaración a todas las demás personas que
habían formado parte de esos tribunales y además revisara las
calificaciones y las posibles irregularidades y alteraciones en las notas
que se habían producido, si es que se habían producido en los tribunales
números 10 y 11.
Las conclusiones de ese informe son de una doble naturaleza; voy a
empezar por las generales. Se hizo una investigación exhaustiva, viendo
todos y cada uno de los ejercicios, no ya a los que el señor Fernández
Herrero se había referido, y se examinaron a fondo todos los ejercicios
por esa Comisión sumamente amplia. Doy por descontado que toda la
documentación, que son varios volúmenes, está a disposición de esta
Comisión para que puedan comprobarla personal y directamente cada uno de
sus miembros, si el Presidente así lo autoriza. Las conclusiones fueron
las siguientes:
Se comprobó que existían tres errores de transcripción en las notas a la
baja, es decir, no para subir la nota sino para bajarla, en las
asignaturas de Inglés, Filosofía y Lengua, de alumnos de distintos
centros de los que concurrían en ese tribunal, en el Tribunal número 10,
el del señor Fernández Herrero. No hubo lugar a rectificación porque a
pesar de que se vio que había habido un error de transcripción a la baja,
los tres alumnos tenían una nota tan alta que habían sido admitidos en
primera opción en los estudios demandados, y lo que sí se hizo fue
rectificar la calificación por si en el futuro quisieran estudiar otra
carrera para la que necesitasen una calificación más apta.
Se detectó también que había otros seis errores de transcripción en la
grabación que, en este caso, no modificaban la calificación inicial del
alumno, también porque la nota de los seis alumnos era tan baja que en
ningún caso llegaba a un cuatro, ni añadiéndoles la modificación. De
todas maneras, también se rectificó la calificación aun cuando no produjo
ningún efecto, porque, ni aun con la rectificación de la calificación,
ninguno de ellos llegaba a cuatro y por tanto no aprobaba la
selectividad.
Finalmente, aludo muy rápidamente a las denuncias del señor Fernández
Herrero, que se referían a esas genéricas que he citado antes y que
fueron imposibles de identificar, porque el señor Fernández Herrero dijo
no recordar ni serle posible identificar más que a esas dos personas, y
que consistían en lo siguiente.
Respecto de las acusaciones que formulaba el señor Fernández Herrero, la
primera era que le había sido entregado un papel por la Profesora
Parrondo, Profesora titular de la Facultad de Farmacia, interesándose por
doña Carmen Lozano Esteban, alumna del Centro Universitario Poveda, por
habérsele subido, entre la nota que figuraba en el examen y la
calificación, siete décimas más. Esas siete décimas, cantidad
considerable --dése cuenta que influye mucho sobre el punto--, fueron
comprobadas inmediatamente por la comisión y rectificadas el día 10 de
septiembre, de tal manera que esa calificación de siete décimas más se
anuló y no sólo la calificación, sino el resultado de la media de la
prueba del segundo ejercicio y el total de la prueba de selectividad.
Debo decir que esta alumna tenía un expediente de bachillerato de 8
exactamente y su calificación final, aun después naturalmente de
rebajarle las décimas de más, era de 7,4, cuando los estudios pedidos por
esta alumna
en primera opción, que eran Farmacia, sólo requerían para su entrada,
5,9. No puedo precisarles si efectivamente se trató del resultado de ese
enchufe o de esa conversación (el resultado realmente era innecesario,
dado que tenía casi dos puntos más de los necesarios para acceder a los
estudios que realizó), o fue el resultado de un margen razonable de error
humano.
La segunda observación que hacía el señor Fernández Herrero se refería al
ejercicio 51.209, que decía fue calificado con 2, mientras que en el acta
figuraba con 5. Examinada por la comisión y por todos los miembros el
acta y el ejercicio, en ambos casos estaban calificados con 2, con lo
cual el señor Fernández Herrero tuvo que reconocer que debió de ser un
error o un fallo en su memoria lo que le llevó a hacer tal afirmación,
porque tenía un 2 en ambos casos. Esa alumna presentó una reclamación a
la comisión encargada de la revisión de las notas, mucho antes de que
apareciera en el diario «El País» y en otros medios de comunicación el
informe del señor Fernández Herrero, y la comisión rechazó la subida que
pedía la alumna, por encontrar justa la puntuación con que había sido
calificada por el profesor de matemáticas. Sin duda --no hago nunca
juicios de intenciones-- debió ser una mala interpretación o no recordaba
bien la nota; desde luego, ahí está la nota manuscrita de su puño y letra
y la nota reglejada en el acta, y en ambas la nota era 2.
En tercer lugar, el señor Fernández Herrero aludía a que había cierta
cantidad de notas en matemáticas, en la asignatura que él había
examinado, calificadas con 5,5, notas que afectaban a diversos centros,
cuando eso no podía ser así --su nota debía haber sido modificada--
porque él no calificaba jamás con decimales. Pues bien, examinado entre
917 alumnos, que eran los que formaban en el Tribunal 10, debo decir --y
está a disposición de todos los miembros de la Comisión--, que no hay ni
un solo alumno --y ya es casualidad-- calificado con 5,5; de tal manera
que el señor Fernández Herrero vio lo que no era, pues, además, no hay
posibilidad de que la comisión tergiversara absolutamente nada, porque él
no calificó de su puño y letra a nadie con 5,5 ni nadie figura en las
actas con esa nota. Esa es la realidad respecto de los temas concretos
que el señor Fernández Herrero planteaba.
Finalmente, la comisión nombrada por el Rector revisó la totalidad de los
exámenes y, como consecuencia de ello (los examinados de selectividad en
junio fueron 33.000 ó 34.000, aproximamente, con cerca de 1.500
profesores y un número de 35 tribunales), detectó que el margen de
errores, la mayor parte de los cuales no afectaban a la calificación
final, pues la mayoría de ellos eran a la baja, como les he dicho, había
sido mínimo. En total fueron 53 respecto de todos los tribunales, porque
la segunda fase fue ordenar la revisión, no de los ejercicios que se
circunscribieron a ese tribunal, sino de si había habido errores en la
transcripción de las actas al programa de ordenador y detectó 53 errores,
lo cual constituye el 1 por ciento de los que presentaron alguna petición
ante la comisión de reclamaciones y el 0,24 por ciento de todos los
alumnos que concurrieron a las pruebas de selectividad. A mí me gustaría
que otros estamentos que en la vida pública española sirven para
actividades muy importantes tuvieran ese margen de error del 0,24 por
ciento.
Naturalmente y como consecuencia, se han tomado dos resoluciones, en
concreto. Una, la de abrir un expediente por una falta grave a la
Profesora titular, pues ella misma reconoció que se interesó con este
profesor respecto a la calificación de ese examen. Dicho expediente, por
falta grave se está instruyendo en estos momentos y está pendiente de
resolución rectoral, que será, obviamente, una de aquéllas que de acuerdo
con el reglamento sancionador de los funcionarios civiles está prevista
para las faltas graves.
Por otra parte, se ha pasado nota a la Inspección de Servicios del
Ministerio de Educación y Ciencia, por si estima que debe realizar alguna
actuación con el señor Fernández Herrero en cuanto a las afirmaciones que
no digo siquiera que fueran falsas pero que, en cualquier caso, se
encuentran desprovistas de realidad, por utilizar esa elegante
terminología de los procesalistas, respecto de los otros extremos.
Pasando muy rápidamente al segundo tema, señalaría que el problema de la
selectividad, que es uno de los que más preocupan a los alumnos, tiene
muchas vertientes que, lógicamente, hay que resumir aquí muy brevemente
para no abusar de su paciencia y de su tiempo. Es un tema que va muy
ligado, claro está, al del acceso a la universidad, aunque son cosas muy
distintas. La primera cuestión es la de si es necesaria la prueba de
selectividad. ¿Es necesaria la prueba? Para mí, sin lugar a dudas, lo es;
el tipo de prueba que se haga es otra cuestión. Es necesaria porque es la
única evaluación externa --externa al propio sistema de enseñanzas
medias-- que existe, desde el inicio de los estudios en EGB y en
bachillerato hasta el acceso a la universidad. Es una evaluación externa,
hecha por la universidad, que, de alguna manera, tiene el carácter de
homologación del grado de conocimientos objetivos es decir, un tránsito
de lo cualitativo a lo cuantitativo, en el sentido de que, mientras en
los centros de enseñanza media es más fácil evaluar continuadamente al
alumno, lo que la prueba de selectividad evalúa es, fundamentalmente, el
grado de conocimientos objetivos, si bien la Logse señala que también
debe valorarse el grado de madurez del alumno.
Creo que sería muy peligroso y muy inseguro para la sociedad un sistema
de enseñanza media y básica que, al final, no tuviera, para aquellos
alumnos que deseen acceder a la universidad, una homologación o una forma
de supervisión externa sobre el grado de conocimientos objetivos y
madurez del alumno. Por tanto, a mi modo de ver es necesario que exista
esa evaluación externa. Piensen ustedes que la Universidad Complutense
tiene 220 centros adscritos y que, a veces, los criterios de
calificación, evaluación, etcétera, entre unos y otros no son homogéneos.
Se dice habitualmente y es moneda común que existen dos puntos de
diferencia, por término medio, entre la nota de prueba de la selectividad
y la calificación media del expediente. Yo les puedo asegurar que un
análisis
estadístico, riguroso, hecho en los últimos seis años demuestra,
exactamente, que no es así. La diferencia de nota entre la media en el
bachillerato, y especialmente en el COU, y la de la selectividad oscila
entre 0,10 y 1,2 puntos, en el caso máximo, aunque, naturalmente, hay
casos excepcionales que se desvían por uno y otro extremo. Si no hubiera
prueba de selectividad volveríamos a la situación de anomia anterior a la
Ley de 1970: todo el mundo que terminara el curso de orientación
universitaria pasaría a la universidad sin tener garantías de sus
conocimientos objetivos.
La segunda cuestión es la propia prueba. Creo que la prueba, en cierto
modo --y en ese sentido tiene razón la Logse en suprimirla--, ha
desvirtuado el sentido original del curso de orientación universitaria.
El curso de orientación universitaria se ha convertido en una academia de
preparación de la prueba de selectividad. De hecho, las propias
divisiones que primero fueron entre ciencias y letras y como saben ahora
hay cuatro opciones, van dirigidas a preparar al alumno para la prueba de
selectividad, lo cual es humanamente comprensible desde el punto de vista
de los centros y de los deseos de los alumnos. En estos momentos la
decisión que el alumno tiene que tomar sobre cuál de las cuatro opciones
elige, la tecnológica-experimental, la biosanitaria, ciencias sociales o
humanidades, tiene que tomarla a los 17 años, y hemos detectado que hay
al menos un 10 por ciento de alumnos a lo largo de seis años que cuando
llegan a priorizar qué carrera quieren estudiar en la universidad se dan
cuenta de que se han equivocado de opción. De ese 10 por ciento --que es
una cifra bastante fija a lo largo de los seis años-- ninguno quiere
estudiar en la universidad la opción que escogió a los 17 años. Por el
sistema de la Logse y la desaparición del COU esa decisión tendrá que
tomarla a los 16 años, por lo cual sería conveniente que como medida
complementaria o como desarrollo de la Logse se estableciera algún
criterio orientativo compensatorio para que no se produjeran causas de
frustración por una opción mal escogida o mal hecha en una edad temprana.
La tercera cuestión que se plantea siempre es ¿cabe otra prueba distinta
de la prueba de selectividad? Obviamente, sobre eso se ha escrito mucho y
el profesor Ollero ha señalado que con que supieran leer, escribir y
hablar se conformaría, pero eso no es tan sencillo de plasmar en una
prueba de selectividad. Ciertamente, caben otras pruebas. En dos palabras
les diría que lo que yo haría respecto a las pruebas de selectividad, si
pudiera hacer algo en la Complutense, sería ni más ni menos que hubiera
una prueba de selectividad como homologación general, para acceder a los
estudios universitarios, igual que, en definitiva, eran las reválidas de
cuarto, de sexto, o el preuniversitario --el examen de Estado que luego
pasó a llamarse preuniversitario--; una prueba de selectividad como
homologación general para acceder a cualquier universidad del Estado, a
cualquier universidad española pública y que, posteriormente, se dejara a
cada universidad la libertad de determinar, de acuerdo con las
condiciones y con las características del alumno, y dentro de unos topes
que tendría que fijar por necesidad el órgano de coordinación que fuera,
el Ministerio, o el Consejo de Universidades o el que fuera --porque lo
contrario podría producir un desfase entre oferta y demanda muy grande--,
qué pruebas son necesarias para acceder a una carrera o a una universidad
determinada.
En estos momentos el acceso a la universidad --tema clave al hablar de la
selectividad-- depende de la opción que se haya escogido en COU, de la
calificación que se haya obtenido en selectividad y de si el alumno tiene
que hacer selectividad o no. Piensen ustedes que la tendencia es a
carreras cortas y a diplomaturas; el alumno que quiere hacer una
diplomatura no está obligado a hacer selectividad «de iure» pero «de
facto» prácticamente con los que hacen la selectividad en junio casi se
cierran todas las diplomaturas, con lo cual el alumno que no ha hecho
selectividad casi no tiene posibilidad de acceder a ninguna de estas
diplomaturas. El acceso a la universidad también depende de la oferta de
plazas.
Actualmente los 34.000 ó 35.000 alumnos que más o menos quieren acceder a
la Universidad Complutense cada año se reparten entre esas cuatro
opciones, técnico-experimental, biosanitaria, ciencias sociales y
humanístico-lingüística, de tal manera que, como saben, la opción que
ellos han escogido en COU, y que ahora escogerán en el bachillerato
cuando llegue a aplicarse la Logse. La opción más la nota de la prueba de
selectividad suponen el criterio con el cual se accede a unos
determinados estudios. Desde nuestro punto de vista esto ha producido
cierta distorsión como es la de que aproximadamente hay un 41 por ciento
de alumnos en la Universidad Complutense que no estudian en la primera
opción que escogieron, tema que, como pueden ustedes comprender, es grave
tanto por la desmotivación de los estudiantes como por la desmotivación
de los profesores que enseñan a unos estudiantes que no estudian aquello
que escogieron. Un ejemplo estadístico les ilustra muy bien este asunto
en las cuatro áreas. En ciencias experimentales la demanda de alumnos que
quieren estudiar ciencias experimentales en la Complutense, de entrada,
excede el 6,11 a la oferta. Parece que habría un equilibrio y que, por
tanto, casi todos podrían situarse, salvo ese 6,11 de exceso, en las
facultades de experimentales, sin embargo, el grado de satisfacción no
llega a alcanzar el 46,9 por ciento de esos alumnos; en algunos casos el
grado de satisfacción es del 70 al 80 por ciento. ¿Cómo se puede producir
eso? La razón es bien sencilla. Si teóricamente, descontando el 6,11 por
ciento, el 94 por ciento de los alumnos que quieren estudiar
experimentales, entrara en experimentales, el índice de satisfacción
sería ése. ¿Qué alumnos van a experimentales y desplazan a aquellos que
quieran estudiar experimentales? Aquellos alumnos (les podría dar los
datos exactos, pero para no cansarles no lo voy a hacer) que queriendo
estudiar una ingeniería les falta una, dos, tres décimas y estudian
Físicas o carreras que creen son más próximas a las de ciencias
experimentales, desplazando así a los alumnos de experimentales al área
humanística, de ciencias sociales o al área biosanitaria con más
frecuencia. De tal manera que se produce un doble desplazamiento y una
doble insatisfacción. La
insatisfacción se produce porque los alumnos que querían estudiar
ingeniería no están satisfechos estudiando Biológicas, Químicas, Físicas
o Matemáticas y los alumnos que querían estudiar Físicas, Químicas o
Matemáticas, no se encuentran satisfechos estudiando Filología, Farmacia
o Veterinaria.
Estos mismos datos, salvo en el área de humanidades, se dan prácticamente
en todas las demás áreas. En ciencias biosanitarias hay un desequilibrio
profundo, la demanda es el 224 por ciento superior a la oferta; en
cambio, el grado de satisfacción es alto porque todos los que quieren
estudiar Medicina, que además es una carrera sometida a Directiva
comunitaria, de ciclo largo, entran en Medicina.
En ciencias sociales hay una demanda que supera en el 7 por ciento a la
oferta y el grado de satisfacción es también alto, a pesar de la
masificación, porque al final casi todos logran entrar en Derecho,
Ciencias de la Información o en Económicas y Empresariales.
Paradójicamente, son las carreras más masificadas y ofrecen un grado de
satisfacción más alto, porque aun cuando naturalmente la masificación
produce un deterioro en la calidad de la enseñanza, no es menos cierto
que lo que más valora el alumno es poder estudiar aquellas enseñanzas por
las que ha optado en primer lugar. Me dirán cómo es posible que en las
carreras más masificadas entren casi todos. Pues porque los límites, que
fija el Ministerio, el Consejo de Universidades, son muy altos. En
Derecho y en Ciencias de la Información hemos estado una serie de años
con 3.000 alumnos de oferta en primera de Derecho en la Facultad de
Derecho de la Universidad Complutense.
Finalmente, en humanidades se produce el fenómeno contrario. Sólo el 69
por ciento de los que están en las carreras de humanidades quiere
estudiar humanidades; es decir, la demanda es más baja y hay satisfacción
en aquellos que han optado en esos primeros estudios e insatisfacción en
aquellos que han sido desplazados de otros estudios al área de
humanidades.
Para concluir, comprendo que es difícil dar una solución a este problema,
porque la alternativa de una cerrazón grande en cuanto a los límites en
un tema delicadísimo es siempre compleja, pero quizá una posible solución
sería que, dentro del marco general existente, se estudiara la
posibilidad no de dar exclusiva prioridad a la calificación en
selectividad, sino de combinar --y eso se puede hacer si efectivamente se
realizan esas dos pruebas-- una prueba de homologación general para
entrar en la universidad y otra prueba de aptitud, vocación, etcétera,
para entrar en cada centro, que debería estar tutelada por cada
universidad, no dar prioridad exclusivamente a la nota de selectividad,
que puede parecer el criterio más objetivo, pero que produce esta cadena
enorme de desplazamientos, sino dar prioridad conjuntamente --habría que
ser los sistemas y cómo se hace eso-- a aquello que el estudiante quiere
estudiar en primeros estudios y como primera opción y, al mismo tiempo,
tener en cuenta su calificación de selectividad, su media de bachillerato
y una serie de circunstancias que, en una prueba para el acceso concreto
a un centro, quizá sí se pudiera evaluar.
Creo que con ello he contestado a las preguntas que se formulaban. En
cualquier caso, quedo a disposición de SS. SS. para contestar las
preguntas que quieran realizar.
El señor PRESIDENTE: Enseguida comprobaremos si ha dado satisfacción o no
a los grupos que han solicitado su comparecencia.
Vamos a dar la palabra, en primer lugar, a los grupos que han solicitado
la comparecencia. ¿Algún otro grupo desea intervenir? (Pausa.)
Si les parece, este turno debe acumular la intervención sobre los dos
temas que ha explicado el señor Rector, y les ruego que sea en no más de
diez minutos.
Tiene la palabra el señor González.
El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Le doy las gracias, señor Villapalos, por
venir a informar, a pesar de la gripe.
He solicitado su comparecencia para el tema de las irregularidades que se
hubieran podido producir en la convocatoria de selectividad, y a ello me
voy a referir fundamentalmente. No es que no me preocupe el problema de
la selectividad, pero en el momento que desee la opinión de alguna
autoridad educativa sobre el tema, no dudando lógicamente de su capacidad
para informar de este tema y de otros muchos más, la pediré.
Me voy a ocupar fundamentalmente del tema por el que yo había pedido la
comparecencia y, en parte, me ha defraudado su intervención, señor
Villapalos, porque parece deducirse de ella, al menos en mi opinión, que
al final el único culpable de todo esto es don Angel Luis Fernández
Herrero, el profesor que denuncia las irregularidades, y eso no puede
ser. Evidentemente, han existido actores a los que usted se ha referido
en esto que yo llamo culebrón, pero hay otros. Existe don Angel Luis
Fernández Herrero, al que yo califico de valiente porque expresa
públicamente la opinión que ocultan otros muchos profesores que han
participado en los exámenes; también figura la alumna a la que se le pasa
la nota de 1 a 8; también figuran las investigaciones ordenadas por usted
sobre estos tribunales, pero las consecuencias o las conclusiones de
estas investigaciones, desde mi punto de vista han pasado a mejor vida.
Es verdad que el señor Rector ordena rectificar la calificación y poner
de nuevo en matemáticas la nota de 1 en vez de 8 a la alumna que habían
favorecido; pero también es verdad, fíjese si el asunto era grave, que el
Presidente del Tribunal número 11, don Lucrecio Pérez Blanco, a la vista
de todo, solicita no participar en la convocatoria de septiembre de
selectividad. También es verdad que el padre de la alumna beneficiada,
don Rafael Lozano Fernández, presenta su dimisión el 30 de julio, siendo
apartado del servicio de inspección. Es verdad que el Rector abre
expediente a doña Ester Parrondo García, que era la profesora de la que
no conocía usted el nombre, señor Rector, que había filtrado el examen y
que había presionado al profesor de matemáticas según mis datos y según
mi opinión, y es verdad también que el
Rector ordena que se constituya una comisión especial, predidida por el
vicerrector de Alumnos, don Adolfo Arias, para revisar los ejercicios del
Tribunal número 11.
Yo no sé --y es una pregunta que hago al Rector, no me ha concretado esa
situación y yo he estado atento a su intervención-- si es verdad que esa
comisión ha corregido los ejercicios, cuántas modificaciones se han
realizado, porque lo ha dicho muy globalmente y a lo mejor no ha
concretado suficientemente.
Como decía anteriormente, el profesor denunciante, que parece ser ahora
el reo de la cuestión, lo que hace es manifestar públicamente lo que
opinan muchos profesores que tienen experiencia en la participación de
estos tribunales. Fíjese si la situación es así que el Ministerio ha
publicado recientemente dos normas, Real Decreto 807/1993, por el que se
modifica otro Real Decreto, de 29 de abril de 1988, sobre organización de
las pruebas de aptitud para el acceso a las facultades, escuelas técnicas
superiores y colegios universitarios, y también la Orden de 9 de junio de
1993, sobre pruebas de aptitud para el acceso a las facultades, escuelas
técnicas superiores y colegios universitarios. En esta normativa se
incluye medidas para garantizar la variación en la asignación de los
alumnos y colegios a los tribunales, es decir, para que los profesores de
un tribunal nunca puedan elegir el colegio a corregir, y también medidas
para controlar las discrepancias entre las medias de los expedientes con
que los alumnos llegan a la universidad y las calificaciones obtenidas en
la prueba. Esta no sé si es la consecuencia de las denuncias de don Angel
pero sí es la expresión pública de muchos profesores, como decía antes e
insisto, que han participado en estos tribunales.
En resumen, se trata de un caso en el que se pone de manifiesto que,
cuando la universidad dirige con responsabilidad casi exclusiva la
gestión de una prueba sobre alumnos en cuya formación no ha participado
directamente, tiende o puede tender en algunos casos a actuar con cierta
ligereza, o a instrumentalizar los resultados de esa prueba en función de
sus intereseses.
En este caso, por ejemplo, el Jefe del servicio de Inspección de la
Universidad Complutense, don Víctor Santiuste, difícilmente podrá llevar
a cabo con objetividad una investigación sobre un presunto enchufe cuando
el afectado es un miembro del Servicio de Inspección. Por eso es por lo
que decía antes que el Ministerio fija en su normativa instrumentos que,
por encima de los criterios de cada universidad, garanticen la
objetividad y el carácter convenientemente aleatorio de la organización
de la prueba.
Hay que recordar aquí que se trata de la única prueba externa al sistema
educativo previo a la universidad y que sirve de criterio de referencia
para homogeneizar sus actuaciones y resultados.
Antes hacía referencia a manifestaciones de algún diario, concretamente
de «El País». Mire usted, señor Rector, en el anuncio de «El País», de 19
de agosto de 1992, tenemos el ejemplo de un colegio, el colegio San Yago,
adscrito a la Universidad Autónoma de Madrid --también los hay adscritos
a la Complutense--, que pone como reclamo de su demanda de alumnos que
las pruebas oficiales de la selectividad se celebran en el propio centro,
sin más. Este es un ejemplo, según mi opinión, de cómo la falta de
control externo y objetivo es privilegio de algunas familias que pueden
pagar 70.000 pesetas al mes, y además con la garantía de una universidad
pública.
En resumen, nosotros opinamos que el Ministerio tiene que tomar medidas
más fuertes, a la que había referencia anterior, que garanticen la
objetividad y el rigor en la corrección de esta prueba por encima de los
criterios de cada universidad.
Finalmente, me queda, y si alguna me la ha contestado me lo recuerda,
alguna pregunta que hacer respecto a toda la investigación. Se ha
referido a algunas medidas disciplinarias que ha tomado la universidad en
este asunto. Yo le pregunto: ¿continúan en sus puestos el Jefe del
Servicio de Inspección, don Víctor Santiuste, y el Vicerrector de
Alumnos, don Adolfo Arias que, a mi juicio, tienen una alta
responsabilidad en este asunto?
Le repito también: ¿cuál ha sido en concreto el resultado de la Comisión
que revisó, usted dice que revisó, la corrección de los ejercicios del
Tribunal número 11? Según mis datos hasta esta mañana no se ha revisado
nada. Y, en el caso de que se hubiera revisado, concréteme cuántas
modificaciones se realizaron sobre las notas originales.
Anteriormente, y por fin, me refería a las medidas que el ministerio, de
acuerdo con la nueva normativa sobre la prueba de selectividad, tenía que
tomar para controlar las discrepancias entre las medias de los
expedientes con que los alumnos llegan a la universidad, y las
calificaciones obtenidas en la prueba. ¿Se han tomado algunas medidas,
que usted conozca, desde el Ministerio en este sentido y, en especial, en
el caso de los colegios adscritos al Tribunal número 11? Y, si se han
tomado, ¿se han adoptado algunas medidas y cuáles han sido sus
resultados?
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ollero y permítame que
insista en que, en la medida de lo posible, nos ciñamos al tiempo
previsto de diez minutos.
El señor OLLERO TASSARA: Muchas gracias, señor Presidente, lo intentaré,
aunque soy un poco escéptico sobre mis habilidades al respecto.
El señor PRESIDENTE: Se lo recordaré en todo caso, señor Ollero.
El señor OLLERO TASSARA: Muchas gracias.
Quisiera ante todo dar la bienvenida, en nombre de mi grupo, al señor
Rector de la Universidad Complutense, profesor Villapalos. Creo que ha
sido muy fructífero para esta Comisión que, aparte de dar cumplida
información sobre el caso concreto al que se acaba de aludir, haya podido
también plantear algunas de sus experiencias sobre problemas de tanta
incidencia social como la selectividad, el acceso a la universidad, o un
problema al que no ha aludido (y que debo recordarle que no ha aludido a
él,
sin duda como consecuencia de la gripe, porque la verdad es que me
sorprende), que es el de la financiación de la universidad; que a un
rector le demos la oportunidad de hablar del poco dinero que recibe y no
lo aproveche, demuestra que su salud, en efecto, está quebrantada (Risas)
y da más mérito a su presencia entre nosotros.
Creo que, además, es positivo el que hayamos podido entrar, por decisión
unánime de esta Comisión, a abordar estas cuestiones, porque así también
el profesor Villapalos se va con la tranquilidad de que en esta Comisión
no nos preocupan sólo problemas como los que acaban de ser señalados hace
un momento (que nos preocupan, por supuesto), sino también algunos otros
que su Universidad sufre.
Desde luego, he oído con gran satisfacción todo el diálogo mantenido
sobre las concretas irregularidades que se han denunciado, y sólo como
parlamentario, que ya llevo aquí tres legislaturas con ésta, experimento
cierta nostalgia, y es que ojalá también los responsables de la
Administración pública, no ya los rectores de una Universidad autónoma,
según la Constitución, se sienten aquí con la misma facilidad, por parte
de todos los grupos parlametarios, para hablar de temas e irregularidades
quizá de mayor cuantía de las que hoy hemos examinado. Ojalá algún día
nos veamos aquí sin que ningún grupo ponga algún tipo de obstáculo, como
ha ocurrido en este caso, porque todos estamos de acuerdo en que es
decisivo para la situación actual que hablemos de esta cuestión.
Voy a centrarme ya en los aspectos generales.
Selectividad. Me ha interesado mucho, porque en intervenciones de nuestro
grupo, que constan en el «Diario de Sesiones», venimos aludiendo
precisamente, por un lado, a que la selectividad como tal cumpla
realmente ese papel homologador de control externo de lo que hacen los
centros y, en general, del rendimiento del sistema educativo en esos
niveles de enseñanza media, secundaria y bachillerato.
Tras la información que nos aporta el señor Rector, está claro que una
buena parte de los alumnos no están sometidos a esa homologación, lo cual
no deja de ser llamativo. En efecto, en algunas universidades, en la
Complutense, por lo que vemos, eso tiene menor importancia inmediata,
puesto que, a la hora de la verdad, hace falta tener la selectividad para
poder optar a una plaza en las escuelas universitarias, pero yo quisiera
que me informara el señor Rector si recuerda si, a lo mejor por vía de
traslado, se puede dar el caso de alumnos que, en otros distritos no han
hecho la selectividad y que, sin embargo, se trasladan de una escuela
universitaria a otra y, por tanto, sin hacer la selectividad, sin sufrir
esa homologación, incluso sean alumnos de la Complutense. En todo caso,
ya queda claro que esa homologación curiosamente no es universal, sino
que sólo los alumnos que quieran estudiar un ciclo de cinco años en la
universidad están sometidos a ella. Quizá sería más interesante que fuera
universal.
Voy a ir a detalles concretos, puesto que ya el aspecto general ha sido
tocado. Se ha aludido a las diferencias de calificación entre expediente
académico previo y prueba de selectividad. En ese sentido, yo quisiera
preguntarle si de los estudios a los que ha hecho referencia el profesor
Villapalos, como es lógico referentes todos ellos a su Universidad
exclusivamente, o quizá al distrito universitario de Madrid (porque,
queramos o no, está unido todo el distrito; yo comprendo que esto puede
provocar escrúpulos de conciencia, pero es así; hay un distrito único),
si se observan esas variaciones y si se dan especialmente en un tipo de
centros o en otros, porque algún ministro (no el actual, dicho sea en su
favor) insinuó, no sé con qué fundamento, que en los centros privados se
daban más esas diferencias que en los públicos. A lo mejor, en esos
estudios estadísticos se arroja algún dato esclarecedor y, por
curiosidad, nos interesaría saberlo.
Pasamos al aspecto del acceso, donde es interesante lo que ya ha quedado
de relieve, y es en qué medida la modalidad del COU condiciona el acceso.
Este diputado, en concreto, planteó en una ocasión --recuerdo-- un
problema. Un alumno que por calificación era el sexto de todo un distrito
quedaba relegado al puesto trescientos prácticamente, a la hora de
intentar entrar en Medicina, simplemente por no haber cursado biología en
COU. Está claro que si el COU pretendía orientar, no tiene ningún sentido
convertirlo en un cepo y un señor que, buscando orientación, ha elegido
unas materias, se vea excluido de poder estudiar determinada cuestión
cuando él lo que buscaba era orientación. Se ha señalado, y es
interesante, que en la Logse eso se va a extender un año más, al
bachillerato. Por tanto, quizá sería interesante plantearse si no habría
que flexibilizar esa situación.
Quisiera hacerle una pregunta al Profesor Villapalos a propósito de algo
a lo que él ha aludido también. En esta Cámara hemos llegado a pedir y a
aprobar casi unánimemente --lo cual ya tiene mérito--, que el Consejo de
Universidades nos envíe los módulos objetivos de capacidad de los
centros, de una vez, para saber cuál es el grado de masificación que
éstos están sufriendo. Yo quería preguntar lo siguiente. En la
Universidad Complutense en concreto --sin salir de esa zona, para no
entrar en terreno prohibido--, ¿se han hecho estudios sobre los módulos
objetivos de capacidad de la Universidad Complutense? Las propuestas que
ha hecho la Universidad Complutense sobre límite de plazas ¿se han
ajustado a esos módulos o a otras consideraciones? En tercer lugar, ¿esas
propuestas han sido atendidas o no, y con qué resultados? Nos parece
interesante que, si hay una masificación, se sepa por qué la hay y a
quién es realmente imputable.
Pasando a otro aspecto, el del distrito compartido, como es sabido, hoy
día es un porcentaje simbólico, el 5 por ciento y un máximo de diez
alumnos por titulación los que se pueden acoger al distrito compartido.
Según mis datos, en más o en menos, los peticionarios en el distrito
único de Madrid --punto obligado de referencia-- son seis veces más de
los que acaban siendo admitidos; o sea, que si acaban siendo admitidos un
millar de alumnos --por dar una cifra redonda--, las solicitudes pueden
llegar a seis millares. Esto quiere decir que hay alumnos que desean
estudiar en las univesidades de Madrid, quizá en unas más que en otras, y
no pueden por las cortapisas a la
libre movilización de los estudiantes en un momento en que Europa existe
el Programa Erasmus para facilitar la movilidad entre países, no ya entre
comunidades autónomas o algo por el estilo. Por otra parte, el sistema
actualmente vigente origina que la calificación de selectividad que se da
en el distrito compartido no sea homogénea. Ahí nos atenemos a las
calificaciones a la hora de decir quién entra o quién no, pero los
tribunales no son los mismos, puesto que son alumnos que proceden de
diversos lugares del país y pueden responder a criterios bastante
diversos. Yo haría una pregunta al Profesor Villapalos. Dada su
experiencia, ¿piensa que originaría enormes perturbaciones que se
reservara el 50 por ciento de la plazas --no el 5 por ciento, diez veces
más-- al distrito compartido, vinculándolo a un examen en los centros? O
sea, el que quisiera haría su examen de selectividad y tendría la
posibilidad de seguir todo el sistema actual que se nos acaba de exponer,
pero el que quisiera estudiar en un centro de la Complutense, podría
acogerse al 50 por ciento en cada centro haciendo un examen específico.
Según mis noticias, exise ya en la Complutense, en alguna facultad,
concretamente en Bellas Artes; y sabe que existe en la Complutense, y en
todas las universidades, para los mayores de 25 años. Cuando un mayor de
25 años quiere estudiar Derecho en la Universidad de Granada, hace un
examen en la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada. ¿Piensa
que eso originaría una perturbación o, por el contrario, estaría
garantizando que ya habría, de entrada, un 50 por ciento de alumnos en
primera opción, puesto que están dispuestos a sufrir un examen adicional
con tal de estudiar en determinados centros determinada disciplina? Esto,
indudablemente, relativizaría la modalidad del actual COU, permitiría una
mayor homogeneidad a la calificación, cosa que en el distrito compartido
actual no existe, acabaría con el cantonalismo existente --sólo uno de
cada siete alumnos del distrito universitario de Madrid procede de
fuera-- y favorecería la autonomía de la universidad, que, a la hora de
la verdad, sería la que decidiría quién entra y quién no entra en esos
centros, y quizá con eso se conseguiría un avance.
Luego, en referencia a la primera opción, que ya ha sido aludida, y este
efecto cascada de carreras técnicas a ciencias experimentales, por
ejemplo, ¿qué piensa que ocurriría, profesor Villapalos --otra hipótesis
de trabajo--, si a ese 50 por ciento reservado a distrito compartido,
añadiéramos un 25 por ciento reservado a los que piden una carrera, por
ejemplo, experimental, en primera opción, con lo cual el alumno
aventajado que ha intentado estudiar Teleco en la Politécnica y no lo ha
conseguido, tiene siempre el 25 por ciento para acogerse a estudiar lo
que quiera, pero no arrasaría prácticamente las preferencias de los que
quieren estudiar Químicas o Físicas? O sea, dada su experiencia, ¿cuál
sería el resultado de un modelo con el 50 por ciento dedicado a distrito
compartido, multiplicando de golpe por 10 lo que el Ministerio dice que
quiere ampliar, pero no se atreve?; el 25 por ciento por primera opción,
lo cual ya elevaría al 75 por ciento el grado de satisfacción y no al 50
por ciento actual, y un 25 por ciento para que, al fin y al cabo, las
calificaciones tengan también su sentido y los alumnos con mejores
calificaciones tengan cierta libertad privilegiada de movimiento.
Por último, profesor Villapalos, entramos en la financiación, en la que,
con un desinterés loable, el señor Rector no ha aludido a ella. (El señor
Rector de la Universidad Complutense de Madrid, Villapalos Salas,
pronuncia palabras que no se perciben.) Por supuesto, háblenos sólo de la
financiación de su universidad, no nos pida dinero para las demás.
¿Podría explicarnos cuáles son las procedencias de los fondos de la
Universidad Complutense? En concreto, a mí me interesaría saber qué viene
recibiendo en los últimos años y en qué medida es suficiente, a su modo
de ver, para inversiones y para mantenimiento.
El profesor Villapalos, como Rector de su Universidad, no a título
personal, ¿estaría a favor de una ley de financiación y en qué podría
consistir esa ley de financiación? Al fin y al cabo, las leyes se acaban
haciendo aquí.
Otra pregunta concreta. ¿Qué posibilidades reales ve el profesor
Villapalos, Rector de la Complutense, a la puesta en marcha de nuevas
titulaciones a coste cero? ¿Se podrá hacer la reforma en marcha sobre
titulaciones a coste cero o en qué medida piensa que se podría llegar a
hacer?
Penúltima pregunta. ¿Qué influencia acaba teniendo en la financiación el
Consejo Social de la Universidad? Uno lee los periódicos y parece que el
Rector de la Complutense está contento con el Presidente de su Consejo
Social y tiene motivo para ello, lo cual es mucho más satisfactorio. ¿Hay
alguna experiencia en la Universidad Complutense de que el Consejo Social
contribuya de algún modo a aumentar las retribuciones de los profesores,
como creo que ocurre en alguna otra Universidad? Dada la importancia de
la figura que ocupa la Presidencia de un Consejo de Social, que puede ser
desde un figurón político que tiene un elemento más del qué echar mano o
una tarjeta de visita más, a una persona que de verdad se tome como
propia la Universidad y vuelque y canalice recursos sociales para ella,
¿piensa el profesor Villapalos que debería ser la universidad la que
nombre al Presidente del Consejo Social?
Por último, ya que se ha aludido al Consejo de Universidades, sobre todo
a la hora de dar la última palabra sobre límites de plazas de acceso a
los centros, por un lado, y, por otro lado, a la hora de subir las tasas
--lo acabamos de ver hace unos días--, ¿qué ocurriría si en vez del
Consejo de Universidades existiera una conferencia de rectores, como en
otros países europeos? ¿Piensa el Rector de la Complutense, en concreto,
que eso permitiría a la universidad aportar algo más o cree que la
experiencia del Consejo de Universidades, con su mezcla de cargos de la
Administración, personas de designación política, entre otras, por esta
Cámara y rectores, está teniendo un funcionamiento inmejorable?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ollero, sobre todo porque, además,
casi ha cumplido el tiempo.
El señor Nieto tiene la palabra.
El señor NIETO GONZALEZ: Señor Presidente, yo compensaré el tiempo.
En primer lugar, quisiera dar las gracias al Rector de la Universidad
Complutense por su presencia en esta Comisión y decirle, además, en
nombre del Grupo Socialista, que nos gustaría verle en esta Comisión en
otras ocasiones, para comentar con él aspectos diversos referidos a la
Universidad Complutense. Nos gustaría hablar de acceso, de financiación o
de otras cuestiones, pero referidas al ámbito de la universidad de la que
es rector.
Entrando en la primera comparecencia, la referida a las irregularidades
producidas, o que presuntamente se produjeron en las pruebas de acceso de
junio y julio de este año, en primer lugar, en nombre de mi grupo,
quisiera lamentar que se produzcan hechos de este tipo, si es que al
final se demuestra que son hechos ciertos, porque está claro que la
normativa legal vigente establece unos mecanismos que, desde mi punto de
vista, permiten dos cosas imprescindible en cualquier prueba de
selectividad, cuales son la objetividad en la selección de los alumnos
que se presentan a estas pruebas, por un lado, y por otro lado el
anonimato de las pruebas para evitar estas cosas raras que pueden
suceder. Está claro que la universidad es responsable de la organización
de las pruebas, en este caso lo fue la Universidad Complutense. Se
denunció un hecho que, insisto, de ser cierto --cuando se llegue en la
investigación hasta el final--, es lamentable. Como digo, la universidad
organiza las pruebas y, por tanto, es la responsable de la buena marcha
de las mismas.
Teniendo en cuenta lo que nos ha explicado el Rector, considero que se
debe seguir hasta el final, tanto en lo referente a la profesora afectada
como si se ha producido algún exceso en la información que hace el
miembro del tribunal que denuncia este caso, que se clarifique. El Grupo
Parlamentario Socialista cree que estas cuestiones deben quedar
meridianamente claras. Valoramos el esfuerzo que se está haciendo por
parte de la universidad para que así sea y pedimos al Rector que llegue
hasta el final, que concluya las investigaciones y se llegue a poner el
punto final en este asunto.
Respecto a la otra petición de comparecencia, la formulada por el Grupo
Parlamentario Popular, para que el Rector nos hablase del acceso y la
financiación de la Universidad Complutense, el Grupo Parlamentario
Socialista en este caso tiene que agradecerle los comentarios que nos ha
hecho hasta el momento --no sé los que hará en la segunda parte de su
intervención-- sobre el acceso a la universidad, sobre la selectividad.
Este grupo siempre ha pensado que la selectividad es una prueba
necesaria. Aparte de porque es una prueba externa, que, coincidiendo con
lo que decía el Rector, consideramos necesaria, también hay que ajustar
la oferta y demanda de plazas escolares. Mientras existan una oferta y
una demanda que no coincidan en lo que son plazas escolares en todas y
cada una de las universidades españolas, desde luego tiene que haber
alguna prueba que ayude a equilibrar esa oferta y esa demanda. Es un tema
importante, nos ha preocupado siempre y nuestra postura está clara,
creemos que la selectividad, por esa doble razón, debe seguir existiendo
mientras sea necesaria, y siempre nos hemos mostrado partidarios de que
hablásemos con tranquilidad sobre qué tipo de prueba habría que aplicar
para que fuese lo más objetiva posible y aceptada de forma mayoritaria
--estas cosas se aceptan difícilmente-- por los alumnos que tienen que
pasar por las pruebas de selectividad.
Es un asunto interesante. Tanto es así que, en estos momentos, uno de los
temas a debate en las mesas formadas en el Ministerio de Educación entre
el ministerio y los estudiantes es este asunto, en los términos en que lo
ha expresado el Rector. Me alegro de que él haya coincidido con lo que en
estos momentos plantean en el ministerio los estudiantes sobre esta
prueba, que es hablar de la prueba general y de posibles pruebas
específicas, con un criterio abierto, para ver cuál puede ser la salida.
En este sentido, insisto, la aportación que hoy acaba de hacer el Rector
a la Comisión de Educación y Cultura es interesante y la recibimos como
tal, así como las que nos aporte sobre un asunto de tanta importancia
como es la financiación de la universidad, en su caso la financiación que
debiera tener la Universidad Complutense, porque evidentemente la
financiación es clave para mejorar la calidad de la enseñanza superior.
Ese es el gran reto. Si queremos mejorar la calidad de la enseñanza
superior habrá que tener la financiación adecuada que posibilite la
mejora de esta calidad. Mucho se ha hecho en los últimos tiempos, pero
queda bastante por hacer todavía y cualquier ayuda a la búsqueda de la
solución de la financiación más adecuada para la mejora de la calidad de
la enseñanza superior será siempre bien recibida por parte del Grupo
Socialista.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Rector.
El señor RECTOR DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID (Villapalos
Salas): Con la venia, señor Presidente. Agradezco, en primer lugar, la
intervención del señor Diputado, quien ya me formuló, si no recuerdo mal,
en otra ocasión, me parece que fue hace tres años, una pregunta que dio
lugar a una comparecencia mía en esta Comisión y en la que por razones,
que no recuerdo ahora mismo bien, no pudo estar presente S. S., con lo
cual no se aclaró entonces aquel asunto.
Lamento haber defraudado. Me he explicado lo mejor que he podido. Tengo
aquí un informe de cerca de 40 folios con todos los datos desglosados. Le
puedo dar con todo detalle a S. S., no sólo de los datos, sino toda la
documentación que se encuentra en poder del Rectorado a fin de que pueda
verificarla.
Es curioso que se hable siempre de presuntas irregularidades, se habla
del presunto culpable respecto del que está encañonando al cajero de un
banco. En este caso, se habla de irregularidades probadas, al parecer,
cuando no ha recaído todavía ni una decisión administrativa, ni una
sentencia judicial. Parece que en este caso la Universidad es la única
que no goza de la presunción de no actuar regularmente. Debo decir que S.
S. comete una inexactitud, al menos terminológica, cuando habla del no
suficiente examen de la denuncia presentada por el señor Fernández
Herrero.
El señor Fernández Herrero, insisto, no ha presentado ninguna denuncia.
Transcurrido un mes de las pruebas de selectividad, el señor Fernández
Herrero se ha dirigido a un medio de comunicación, que ha publicado muy
precisa y exactamente el contenido de su informe. Ha hecho muy bien pues
está en su deber de informar, pero reiteradamente, y a pesar de las
peticiones, se ha negado a presentar esa denuncia ante las autoridades
correspondientes, ante el Ministerio, ante la Universidad, o ante quien
sea. No obstante, la Universidad ha examinado la fotocopia que la
anterior Directora General de Enseñanza Superior tuvo a bien enviarme por
fax el papel que le había dejado leer el señor Fernández Herrero. Por
ello y por el informe publicado por el diario El País, tuve ocasión de
conocer los detalles de las manifestaciones del señor Fernández Herrero.
Usted dice que el señor Fernández Herrero se ha convertido --con esa
actitud aguerrida con usted le presenta-- en una víctima. Si el señor
Fernández Herrero hubiera tenido una actitud aguerrida se habría dirigido
a las autoridades del Ministerio, a la Universidad o a los tribunales de
Justicia en defensa de su derecho, cosa que no hizo en ningún momento, ni
ha hecho en la actualidad. Si el señor Fernández Herrero ha comparecido
ante una comisión de investigación y con una información abierta es
porque se le ha pedido reiteradamente, y no porque él haya denunciado
ningún caso.
Dice usted que hay un estado de ánimo generalizado entre muchos
profesores sobre irregularidades que se cometen en los exámenes de
selectividad, recomendaciones, enchufes, etcétera. Yo he oído hablar
también de ello, pero no podemos cuestionar todo el sistema de
selectividad por cosas que, a la hora de la verdad, cuando se pide
declaración sobre ellas a una persona en un procedimiento administrativo
en el que no le va a ocurrir nada, lo que contesta es que no las
recuerda, que no puede identificar más que a una o dos personas, y que de
lo demás no sabe absolutamente nada.
La investigación de la Complutense no se ha reducido, como usted dice, a
interrogar al señor Fernández Herrero, al que, por cierto, hubo que
advertirle que, en caso de que no lo hiciera, tendría que hacerlo la
Inspección de Servicios del Ministerio, que era quien tenía competencia
sobre él. Eso no le convierte, ni mucho menos en reo. Yo creo que el
señor Fernández Herrero ha actuado en la plenitud de su derecho de
manifestar su opinión ante los medios de comunicación, como tiene todo
ciudadano. En lo que quiero insistir es que ni el señor Fernández Herrero
es eo, ni yo he hecho juicio de intenciones alguno sobre su conducta. Me
parece que debe ser un profesor dignísimo, mientras no se demuestre lo
contrario. Sólo quiero insistir en estos aspectos: ni ha habido denuncia
del señor Fernández Herrero; ni el señor Fernández Herrero, cuando ha
prestado declaración, ha aludido a otros, ya que podía haber aludido a 15
ó 20 personas, a todas aquellas que supuestamente le habían recomendado a
él. No lo ha hecho. Dice que no los recuerda, que no los puede
identificar, a compañeros suyos del propio Tribunal número 10. Ni me
extraño, ni me dejo de extrañar, me remito exclusivamente al texto de la
declaración que usted puede comprobar y verificar cuando quiera. No se ha
reducido a él. Se ha tomado declaración a casi todos los miembros de los
Tribunales 10 y 11, a los presidentes, a los secretarios y hasta el
personal de administración y servicios. Pero es que, además, la
Universidad no se ha limitado (a pesar de no tener denuncia, sino el
conocimiento, por los medios de comunicación y por el fax que amablemente
la anterior Directora General de Enseñanza Superior, me quiso enviar),
sino que ha hecho una revisión; si a usted no le consta desde esta
mañana, tiene usted un servicio mucho mejor de información de lo que
sucede en la Universidad que el mío, porque yo esta mañana no he logrado
hablar con la Inspección de servicios, aunque la he llamado tres veces,
porque estaba comunicando. Quedo a la disposición de S. S. para que vea
exactamente cómo se han revisado, no sólo los ejercicios, sino, además,
las posibles alteraciones que haya entre calificaciones y actas, y entre
actas y grabación en el ordenador que, en definitiva, es lo que da el
resultado final de las pruebas, en un caso, con novecientos y pico
alumnos y, en otro, con mil y pico alumnos.
Una editorial del diario «El País» decía, creo que con mucha razón, que
la Universidad debía ir, más allá de la anécdota o del hecho de una
denuncia, a revisar el conjunto de exámenes y de ejercicios. Es
exactamente lo que ha hecho y se han detectado --le puedo dar el
detalle-- exactamente y punto por punto los siguientes cambios. Los he
dicho antes quizás un poco rápidamente: Se aprecia error de transcripción
de la nota de matemáticas 1, optativa, correspondiente a la alumna María
del Carmen Lozano Esteban, del Centro Universitario Poveda, cuyo
ejercicio está calificado con 1,0 y que aparece en el actilla con 8,0 (es
decir, no se trata de 7 puntos, sino de 7 décimas); procede, por tanto,
su rectificación inmediata, resultando la media del segundo ejercicio
6,5; la media de la prueba, 6,9; y la calificación final, 7,4: apto. Lo
que se ha comunicado a la interesada por resolución rectoral de 10 de
septiembre de 1993, como ya se ha reseñado anteriormente.
Antes he añadido que siendo la calificación 7,4, la opción elegida en
primer lugar por la alumna era Farmacia, que tan sólo requiere un 5,9.
Eso no prueba que no hubiera recomendación ni ánimo doloso. Es más, la
presunción que la Universidad tiene es más bien la contraria y, por
tanto, se ha abierto expediente sancionador por una falta grave a la
profesora doña Esther Parrondo.
Esto lo puede usted comprobar si quiere esta misma tarde o mañana conmigo
mismo, porque ahí están las actas, ahí está el programa de los disquetes
de ordenador y ahí está todo, el resultado del trabajo de la Comisión. En
ese sentido, me duele que S. S. piense que se le ocultan datos a esta
Comisión, porque por sí mismo puede comprobarlos.
Respecto a la alusión hecha por el vocal corrector al posible error en el
ejercicio de matemáticas 1, optativa, correspondiente al ejercicio número
51.209 --esto estaba
en su escrito también--, que manifiesta fue valorado con 2,0 y que
aparecía en el acta --según sus manifestaciones-- con 5, la Comisión pudo
comprobar fehacientemente que efectivamente está valorado con aquella
puntuación y no con 5,0; es decir, está valorado con 2,0 en el acta y en
el ejercicio de puño y letra del profesor. En este caso, la alumna
interesada solicitó en su momento revisión exclusivamente de ese
ejercicio, porque le parecía la calificación de selectividad baja, y
revisado por la Junta de Revisión de la Universidad, estimó no procedente
la rectificación de la calificación otorgada. Esto es muy importante por
las sospechas que de su intervención podrían deducirse sobre la actitud
de la Universidad.
Si la Universidad hubiera querido favorecer a esa señorita hubiera tenido
un procedimiento doloso y fraudulento pero legal, que es modificar en la
Comisión de revisión, que es soberana para ello, la calificación y
cambiársela por otra. No lo estimó, porque consideró justa la
calificación del profesor de matemáticas, y mantuvo la nota. Resolución
de la que ya se informó en su día a la interesada. Por consiguiente, la
declaración publicada por el referido vocal corrector de la asignatura,
matemáticas, carece absolutamente de fundamento.
Respecto a la manifestación relativa a otras equivocaciones alusivas a
que figuran en las actillas varios 5,5 en otros de los centros --no
precisa en cuáles--, en lugar de la nota por él otorgada a ese ejercicio
--pues, según el corrector, no calificó ningún ejercicio con decimales--,
carece de todo fundamento ya que en el total de las calificaciones de
matemáticas 1, optativa, de todos los examinados en ese tribunal, da la
casualidad de que con tal nota, 5,5, no existe calificado ningún alumno.
Estamos revisando en público las acusaciones que se han hecho sobre las
irregularidades en diversos tribunales. Naturalmente, hay que ir viendo
afirmación por afirmación. ¿Sabe usted cuántos profesores son? 1.521 los
que han corregido la selectividad. Si han recibido alguna recomendación
tendré que ceñirme fundamentalmente a los hechos, sin perjuicio de que se
revisen ejercicios y posibles errores de transcripción de actas a
programas de ordenador, o de calificaciones a actas.
No existe calificado ningún alumno, por lo que es imposible que pueda
atribuirse tal calificación y existencia de tal error. Por consiguiente,
de nuevo ha de concluirse que la manifestación del corrector de la
asignatura de matemáticas carece en este punto de fundamento. Esta misma
Comisión, en su misión investigadora, ha examinado los casos en los que
en este mismo tribunal número 11, los alumnos examinados han presentado
reclamación por la calificación obtenida en las pruebas y su petición de
nueva corrección. En ese sentido, la Comisión de reclamaciones de la
Universidad revisó 178 casos de los más de 900 alumnos examinados por
este tribunal, estimando positivamente 34 casos. Igualmente, los errores
materiales en transcripción de calificaciones de los ejercicios de las
actillas a través de los ordenadores, detectados por la propia Comisión
de reclamaciones, es, en el conjunto, de 53, lo que en el conjunto
general de alumnos que reclamaron la calificación de selectividad es del
uno por ciento y el 0,24 el total de alumnos que se examinaron.
Quería añadir respecto a sus palabras que no creo que aquí haya culpables
ni inocentes. Existe un marco general en el que el Ministerio se ha
esforzado muy seriamente en organizar un sistema en el que el anonimato
--se descabezaron en ambos tribunales todos los exámenes-- y la
objetividad se ha garantizado en todos los tribunales. Lo que no se puede
evitar es que una profesora, compañera de departamento y de facultad del
padre de la alumna de quien se trataba y a la que se le subieron siete
décimas, haya cometido una falta grave por la cual está expedientada,
como es la de recomendarle a la hija de un compañero de departamento.
Pero se trata de un hecho aislado en la medida en que esta Universidad ha
podido comprobarlo.
Su señoría señala otra serie de consideraciones como por qué no se ha
cesado al jefe de Inspección de Servicios. Yo no lo puedo entender,
porque el jefe de Inspección de Servicios, el profesor Víctor Santiuste,
a pesar de ser competentísimo, pasó primero por la Inspección de
Servicios del Ministerio largos años y conoce perfectamente su oficio y
no estaba vinculado, en modo alguno, con el profesor Lozano, padre de la
alumna. Con quien sí lo estaba era con la profesora compañera suya de
Facultad, que probablemente, puesto que no ha recaído aún resolución, fue
la que se lo recomendó.
Digo esto porque conviene aclarar un equívoco. La Inspección de Servicios
no tiene una plantilla de personas adscrita a ella. Por cierto, ya me
gustaría a mí que la tuviera, porque muchos de los abusos que los
estudiantes denuncian probablemente no se producirían. Por desgracia, y a
pesar de las peticiones de los estudiantes, tan sólo tres universidades
han creado la Inspección de Servicios que, en este caso, ha llevado a
cabo más de 300 expedientes sancionadores contra profesores, generalmente
por faltas de cumplimiento, ausencias, faltas de peticiones de permisos
para asistencia a congresos, etcétera.
Digo que no existe esa plantilla y que ya me gustaría que existiera,
porque lo que hace --seguramente S. S. lo conoce-- el Reglamento
disciplinario de los funcionarios civiles del Estado es que cuando se
nombra juez instructor a un profesor, como era el caso del profesor
Lozano, no se le da una canonjía, ni se le nombra miembro de la
Inspección. Lo que se hace es adscribirle --porque así lo dice
preceptivamente el Decreto-- provisionalmente al órgano inspector a fin
de que pueda tramitar el expediente del que está encargado como juez
instructor. A su puesto de juez instructor de un expediente académico,
que se le había encomendado, y, por tanto, a su adscripción provisional a
la Inspección de Servicios, es a lo que renunció el señor Lozano en su
día, y no veo qué relación guarda con el cese del jefe de la Inspección
de Servicios, que acude a todos los profesores de la Universidad
Complutense cuando necesita tramitar un expediente académico --y ya le
digo que en estos últimos años se han tramitado 300-- y, munco menos, al
vicerrector de alumnos, del que quiero decir que su actitud no sólo
frente al vicerrectorado de alumnos de la Universidad Complutense,
sino por encargo del Ministerio como coordinador de todo el distrito
único de Madrid, ha demostrado, a lo largo de seis años y medio,
realmente una dedicación y una ejemplaridad que ha hecho que todas las
universidades sin excepción del distrito único pidieran que siguiera al
frente de la coordinación del distrito único. Quiero decirle que
mencionar al profesor Arias en materia de alumnos, que asesora
habitualmente al Consejo de Universidades, sobre todo en los temas de
selectividad, admisión, etcétera --es quizás la máxima autoridad en estos
momentos en temas de selectividad en este país--, se deba probablemente a
que S. S. no le conoce. Me gustaría que realmente tuviera ocasión de
conocerle y de tratarle para que viera que ni tiene ni puede tener
responsabilidad alguna, como vicerrector de alumnos, y que su dedicación
ha sido admirable.
Dice usted que estos asuntos acaban con una sanción simplemente. Las
sanciones que nosotros ponemos han ido desde seis u ocho años de
separación del servicio y de suspensión de empleo y sueldo, hasta la
separación definitiva del servicio propuesta al Consejo de Ministros en
más de un caso. No piense usted que la persona que comete una falta se va
de rositas con una amonestación privada si la falta es grave. No sé yo
qué otra cosa podría hacer a la vista de los resultados de esa Comisión,
en la que han participado --ya se lo he dicho-- los coordinadores del
COU. Ha estado la representación de los centros y la de la delegación de
la Universidad en el COU; en definitiva, ha sido una Comisión muy
numerosa y no una Comisión de dos o tres personas que se han guisado y se
han comido la investigación que inició la Universidad Complutense. Quise
que desde el principio hubiera la máxima transparencia y así ha sido. Los
resultados han sido ésos. Comprenderá S. S. que yo no puedo arrastrar a
todos los miembros de los tribunales de selectividad por esas
suposiciones, conversaciones, o por ese ambiente que, coincido con S. S.,
se encuentra bastante generalizado y que a mí también me preocupa, porque
siendo excepcionales los casos de irregularidades que se producen,
empañan la imagen de la prueba de selectividad, para la que el Ministerio
y las universidades hemos hecho el mayor esfuerzo a fin de garantizar la
transparencia, el no conocimiento de los alumnos, y en el que, esté usted
seguro, se han cumplido rigurosamente todas las normas marco que el
Ministerio ha dictado, tanto en el régimen de adscripción de los alumnos
a los tribunales, como en las características del anonimato. Abusos
excepcionales, los hay, pero cuando los hay se pagan y se llega hasta el
final, como en este caso, por ingrato y doloroso que sea.
Usted se extraña de que un presidente, que ha sido mencionado a lo largo
de la instrucción, se abstenga de intervenir en las pruebas de
septiembre. Yo lo valoro exactamente en sentido contrario al de su
señoría. Me parece una posición de honestidad el que si su nombre ha
aparecido mencionado, ciertamente no como recomendante, en la
instrucción, él mismo haya solicitado del vicerrector de alumnos que no
forme parte de ninguno de los tribunales de selectividad en las pruebas
de septiembre.
En definitiva, le aseguro que la redacción final del informe, que es un
informe extenso y en el cual se dan absolutamente los datos de todos los
exámenes revisados uno por uno, se la remitiré a su señoría. Si mi
intervención, poco afortunada en un día como éste, no le ha aclarado
demasiadas cosas, espero que la remisión del informe pueda dejarle
satisfecho, lo cual me complacería profundamente, porque comparto la
preocupación de S. S. por la buena imagen de las pruebas de selectividad
que, como S. S. ha dicho, es la única garantía externa precisamente de
control del conocimiento en el sistema educativo y, además, debe ser
absolutamente transparente, neutral y objetiva, como S. S. también ha
señalado.
Muy sucintamente, en cuanto a las preguntas del profesor Ollero, son
bastante concretas. En primer lugar, me ha preguntado si por la vía del
traslado --como sabe, hay alumnos, todos aquellos que van a realizar
estudios de diplomatura o de escuela universitaria, que no necesitan
hacer la selectividad-- los alumnos sin selectividad podrían cursar
estudios en la Universidad Complutense, en una escuela universitaria o en
una diplomatura. Por descontado que sí. En los casos en los que el
traslado esté justificado y en los que el alumno tenga derecho legal al
traslado, esos alumnos tendrán, en ejercicio de su derecho, que ser
trasladados y serán alumnos de esta Universidad. Ahora bien, quería
observar a S. S. que el agravio muchas veces viene para estos mismos
alumnos, porque el marco legal no les exige la selectividad y en las
universidades grandes no pueden entrar nunca, porque prácticamente en
junio se encuentra cerrado completamente el número de plazas de las
escuelas universitarias y de las diplomaturas, lo cual supone un grave
problema para ellos y quizás un agravio que debería repararse, por lo
menos a nivel normativo, o exigiendo la selectividad o reservándoles un
cupo.
A la pregunta que me realiza S. S. sobre las diferencias de calificación,
debo decir que el profesor Arias, a lo largo de estos años, ha publicado
aproxamadamente siete u ocho estudios de la Universidad Complutense, del
distrito de Madrid, incluso estudios encargados por el Consejo de
Universidades. Meridianamente la respuesta es que no se observan
diferencias de ningún género entre centros públicos y centros privados en
los últimos seis años. Existen, naturalmente, excepciones: centros
privados que aprueban a todo el mundo, al cien por ciento de los alumnos,
e institutos nacionales de bachillerato que aprueba al 99 por ciento, si
usted quiere, o a un elevadísimo número de alumnos. Pero si se contemplan
en su conjunto el sector público y el sector privado, tanto unos como
otros no son más rigurosos, o más fáciles en sus calificaciones.
Esto ocurre, entre otras cosas, porque al sector privado le es necesario
--no debería decirlo, pero es una de las ventajas adicionales o
perversas, si ustedes lo prefieren, de la selectividad-- suspender, por
mantenimiento del prestigio, a un elevado número de alumnos, aquellos que
no están en condiciones de pasar la prueba, porque luego la dura
estadística saca el número de alumnos suspendidos y el nivel y prestigio
del centro decae sensiblemente.
En cualquier caso, creo que no existen diferencias sensibles.
En cuanto al acceso, efectivamente sabe usted que la ley prevé que el
Consejo de Universidades dictará unos módulos objetivos, que hasta la
fecha no se han realizado. En la Universidad Complutense de Madrid hemos
realizado una exhaustiva auditoría de espacios que tiene nada menos que
tres volúmenes, no porque nosotros la hayamos hecho mejor ni peor que
otros --creo que sólo lo han hecho seis universidades, sino recuerdo
mal--, sino porque prácticamente tenemos un millón seiscientos mil metros
cuadrados construidos, con lo cual la auditoría de espacios resulta mucho
más compleja que en una universidad de una dimensión menor. La auditoría
de espacios fue remitida al Consejo de Universidades hace dos años y creo
que servirá de base para el trabajo que el Consejo quiera realizar,
cuando lo haga, sobre los módulos objetivos.
Si usted me pregunta, además, si de esos móduos objetivos se deriva la
cifra de alumnos que admitimos, que son más de treinta mil en primero, le
diré que, manifiestamente, no. La oferta de la Universidad es siempre
sensiblemente menor, a veces un 20 o un 25 por ciento, a la que el
Ministerio, después del informe del Consejo, decide finalmente. No se
respetan, en absoluto; las ofertas que hacemos son, diríamos, tentativas
pero, en última instancia, la palabra la tiene el Ministerio.
Debo decirle también que la solución políticamente no es fácil, porque
piense usted lo que supondría el que ocho o diez mil alumnos,
especialmente este año, en el distrito de Madrid no tuvieran plaza en
ningún centro. Yo no sé cuál sería la solución, pero yo creo que pediría
el traslado a La Laguna, con carácter urgente, para no tener que hacer
frente al problema de los no admitidos. Los módulos objetivos se refieren
exclusivamente a la capacidad física. Si lo refiriéramos a la capacidad
pedagógica, es decir, con qué medios, con qué módulos, con qué espacios
podríamos dar una enseñanza de calidad, la oferta tendría que ser
muchísimo más baja.
Me ha preguntado usted también sobre el distrito compartido. Como usted
sabe, el distrito compartido es el 5 por ciento de las plazas, lo que
equivale aproximadamente a unos doce o trece estudiantes por carrera
universitaria. Inicialmente parecía que el distrito compartido iba a ser
mucho más amplio. La posición de la Universidad Complutense en el Consejo
de Universidades fue la de que nosotros éramos partidarios de un distrito
compartido al 100 por cien para todos los estudiantes, de tal manera que
todas las universidades públicas se convirtieran en distrito único y que,
de acuerdo con la clasificación y con la opción, se pudiera escoger
cualquier universidad.
Recuerdo la intervención del consejero de educación de una comunidad
autónoma, que prefiero no citar en estos momentos, que dijo que eso
supondría una invasión de alumnos de otros distritos en las universidades
de la comunidad autónoma a que se refería. Lo cierto es que esa comunidad
autónoma no cubrió ni el seis por ciento de las plazas ofertadas en el
distrito compartido, mientras que en la Comunidad Autónoma de Madrid, si
aproximadamente admitimos en la Complutense mil doscientos alumnos, las
peticiones multiplican por diez esa cifra.
Nuestro punto de vista es ése. La propuesta que hace su señoría me
resulta sumamente estimulante: que se reserve un 50 por ciento de plazas
de alumnos para el distrito compartido. La posición de la Universidad
Complutense desde el primer momento fue muy clara en el sentido de que
siempre era favorable para la Universidad el que los mejores alumnos,
llegaran de donde llegaran, vinieran a esta Universidad, pero las razones
políticas se impusieron. Debo decir que la postura de una parte del
Consejo de Universidades y del Ministerio al respecto era hacer una
propuesta más amplia. Fueron problemas derivados de otra naturaleza los
que redujeron al 5 por ciento finalmente el distrito compartido.
Del mismo modo, esa posibilidad de reservar ese 50 por ciento con un
examen para un centro, es perfectamente posible. Hay quien dice que el
examen del centro no tiene ningún sentido. ¿Cómo no va a tener ningún
sentido? Un estudiante que no tenga capacidad para representación
espacial, por ejemplo, no podrá ser jamás, por definición, estudiante de
Bellas Artes ni de Arquitectura; habrá que encontrar el tipo de prueba
para ese centro.
Esa reserva del 50 por ciento, ya que no puede ser del 100, debe ir
acompañada quizá de un examen, puesto que las pruebas no son homogéneas,
no sólo porque se hagan por tribunales diferentes, sino porque el
contenido de la prueba no es tampoco homogéneo. Cada comunidad autónoma
con competencias transferidas establece en sus universidades el tipo de
prueba de selectividad que se hace con ese examen. Nosotros seríamos
absolutamente partidarios de que se incorporara, dado que la opción del
cien por cien no parece que vaya a tener un éxito rotundo e inmediato.
Desde luego, también somos partidarios de que al menos hubiera esa
reserva de un 25 por ciento para la primera opción. A mí me parece
dramático que haya personas con un buen expediente, pero que no tengan el
requerido para las ingenierías, por ejemplo, de telecomunicación, que es
el estudio más demandado, con una nota de corte más alta, es decir,
alumnos que tienen vocación, aptitudes, pero que no llegan a las décimas
--por ejemplo, la primera persona que no es admitida por nota en
ingeniería de telecomunicación--, no puedan estudiar físicas o la carrera
que quieran. Yo creo que esa reserva del 25 por cieto --y si pudiera ser
de más, nosotros lo propondríamos, haciéndola coincidir con la nota,
porque, a fin de cuentas, es un criterio objetivo y debe tenerse en
cuenta-- para nosotros sería una solución perfecta.
El problema del distrito compartido es también el problema de la
movilidad y de su coste. Aunque se admitiera el cien por cien, la
movilidad sería pequeña, porque el coste de trasladarse a otra
universidad distinta de aquella donde se reside sería muy alto. Pero
hacia ello tenemos que tender, porque la movilidad no es un fenómeno
español; es un fenómeno europeo y, desde luego, los programas
comunitarios van a incentivar la movilidad. O la incentivamos nosotros o
no sé cómo vamos a competir
con los programas de movilidad estudiantil que tiene previstos la
Comunidad Europea.
Dispénsenme tanto el Presidente como los miembros de la Comisión, porque
recuerdo ahora que el Presidente ha dicho claramente que estaba incluido
el tema de la financiación.
No voy a discutirle la autoría ni el «copyright» al profesor Peces Barba,
que anoche reiteró una vez más que hace siete meses fue el primero que
dijo que hacía falta una ley de financiación. Por tanto, muy gustoso le
dejó la regalía de ese derecho.
Con ley o sin ley, el marco en el cual se debe desarrollar la
financiación de la universidad tiene que cambiar sustancialmente, dentro,
naturalmente, de los parámetros del derecho presupuestario y de la
realidad a la que debemos atenernos.
Usted ha formulado preguntas muy concretas sobre este punto y creo que es
necesario contestarle.
En primer lugar, ha preguntado cómo se podría solventar el problema de la
financiación. Como sabe, el 80 por ciento, teóricamente, del presupuesto
de la universidad proviene de la subvención nominativa, reflejada en los
Presupuestos Generales del Estado, que incluye transferencias de capital,
lo cual va por otra vía para inversiones, y, por otra parte, lo que pagan
los usuarios, sean los alumnos o sean aquellos que reciben servicios de
la universidad a través de los contratos del artículo 11, etcétera.
Desde una perspectiva yo creo que realista se observa toda una serie de
fenómenos enormemente preocupantes. El primero es el de que la subvención
nominativa realmente en un año como éste no crece y, por tanto, no llega
a cubrir el 80 por ciento del coste de la universidad.
Por otra parte, la ley nos exige unos presupuestos equilibrados, de tal
manera que si las tasas no llegan a suponer el 20 por ciento ni la
subvención nominativa el 80 por ciento siempre se produce un «gap» que el
Ministerio conoce muy bien y que no es un caso único en la Universidad
Complutense.
Tampoco creo que el confiar excesivamente en que las subvenciones
nominativas van a subir y subir año tras año sea realista. No está
sucediendo, por desgracia, en ningún país de la Comunidad o en casi
ninguno. Para mí, obviamente, el óptimo sería que la subvención
nominativa cubriera ese porcentaje, pero yo me conformaría con que
hubiera una ley o, si no una ley, un marco definido por el Gobierno o por
el Parlamento en el cual se estableciera claramente que la aportación del
sector público debe ser suficiente para que la universidad pública pueda
subsistir y, además, con los niveles de calidad que puede desarrollar.
La masificación es un problema coyuntural que yo creo que se irá
resolviendo con el tiempo. Hay medidas paliativas, como las que he citado
del sistema de acceso, etcétera. El descenso de la tasa demográfica es
acusado y empezará a notarse dentro de pocos años. Pero a mí me preocupa
el que, desde luego, la cuantía de la aportación del Estado debe de ser
producto de la conjunción de una serie de factores: el número de
estudiantes, y, por lo tanto, el costo que por estudiante le resulta a la
Universidad Complutense, es de 175.000 pesetas y en algunas universidades
llega a 500 ó a 800.000 pesetas.
Obviamente, no pretendo compararme con las universidades de nueva
creación porque es lógico, no puede ser así. Necesita, naturalmente, de
entrada todos los gastos de inversión, transferencias de capital,
etcétera. Me conformo con estar un punto por debajo de la media, pero,
naturalmente, no en ser el último o el penúltimo, con un tratamiento
presupuestario análogo al de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, que entre otras ventajas sobre nosotros tiene el no tener
alumnos presenciales, lo cual no es poco desde el punto de vista
económico-presupuestario. Tiene que tener en cuenta la tipología de
estudios de cada universidad y sus costes; tiene que tener en cuenta el
grado de obsolescencia de las instalaciones, inmuebles y equipamientos.
Fíjese usted que la vida media de los edificios en la Universidad
Complutense por cuando se construyó la Ciudad Universitaria --hay
edificios nuevos-- es de 50 años y que en nuestros presupuestos no existe
ni un solo apartado para el mantenimiento y la amortización del
inmovilizado. Se puede decir que en la Administración pública no existe,
pero el Ministerio de Economía y Hacienda se encarga de reparar sus
edificios y de preparar unos procedimientos de amortización del
inmovilizado muy claros, mientras que en una universidad que tiene
1.600.000 metros construidos no tiene un capítulo de amortización del
inmovilizado porque no está previsto en los Presupuestos Generales del
Estado. Los edificios tienden a mantenerse en pie, pero durante un cierto
tiempo; al final, o se caen, o se deterioran, o hay que hacer una
actuación de urgencia en ocho meses, como ha habido que hacer con la
Facultad de Ciencias Económicas, cuyas aulas se derrumbaban, y ha tenido
que ser sustituida --de milagro hemos empezado el curso en el nuevo--
mediante una actuación de urgencia. Creo que hay que atender también el
nivel de servicios a lo que la universidad está obligada --las
instalaciones deportivas, las residencias de estudiantes, el
mantenimiento del patrimonio inmobiliario, de sus fondos bibliográficos,
etcétera--. No me valen otros argumentos. ¿Es que realmente yo doy una
enseñanza de mucha calidad, que, naturalmente, todos la queremos dar? Es
una pescadilla que se muerde la cola. Yo doy a 2.000 alumnos --es una
hipótesis-- una enseñanza de magnífica calidad y, por lo tanto, la
discriminación presupuestaria positiva tiene que ser siempre para mí.
Entonces habrá que decir algún día: El 12 por ciento del total de los
estudiantes del Estado español que están costándole 165.000 pesetas,
naturalmente no podrán ser atendidos por una universidad como la
Complutense, que echa sobre sus espaldas todo eso, y que encima dice:
Como es una universidad masificada, trátesela peor porque en determinadas
facultades --Derecho, Económicas, Ciencias de la Información-- el número
de alumnos no permitirá una calidad en la enseñanza. Eso, naturalmente,
es un círculo vicioso y yo creo que esa ley de financiación debe abordar
razonablemente esos criterios de rentabilidad, es decir, lo que al Estado
le cuesta cada alumno, el número de alumnos que está
formando, el conjunto de servicios que presta a esos alumnos y otras
variables.
En el tema de las tasas --y yo con ello casi querría concluir--, que es
un tema complejo, como todos ustedes saben, y que yo anuncio --lo sabe
todo el mundo-- que no cubren el 20 por ciento en términos reales del
coste de la enseñanza, creo que podría establecerse un sistema del que yo
no he oído hablar, pero que existe en algunos países. Las fórmulas de
financiación son ingeniosísimas y variadas. El Secretario de Estado me
contaba el otro día la fórmula australiana, en la cual uno empieza a
pagar a partir del primer año en que hace la declaración de la renta, de
tal manera que la enseñanza es gratuita durante el período universitario.
Pero estamos hablando de un sistema con muy pocos alumnos universitarios,
porque la educación australiana es muy reducida, con una, diríamos, ética
fiscal muy rigurosa y con un sistema muy organizado.
Yo creo que si algo es claro es que nunca en ningún país ni en ninguna
situación el número de becas para ningún segmento del sistema educativo
va por delante del incremento de los precios. A lo mejor resulta que
existen casos excepcionales, pero, en generales, no en España, sino en
ninguna parte. Y es una queja permanente de los alumnos: ¿por qué,
especialmente en momentos como éste, en los programas sociales a veces el
Estado no puede desembolsar de los Presupuestos Generales del Estado una
cantidad directa tan importante como para colocarse por delante del
incremento de los precios?
¿Qué solución vería yo a las tasas? Una solución que explicara lo que así
va a parecer una simplificación a los miembros de esta Comisión, pero que
con carácter general me parece más realista que el sistema de becas,
aunque, naturalmente, es un sistema de becas visto desde otro punto de
vista.
Yo creo que debería fijarse por parte del Estado una tasa media, que
desde luego no cubriera nunca más del 20 por ciento de la enseñanza, a
partir de la cual podría establecerse una tasa que duplicara, triplicara
o cuadruplicara la tasa media y, por el contrario, una tasa que pudiera
llegar a suponer el ingreso de cero pesetas y los criterios con los que
se asignarían esas tasas serían tanto el rendimiento académico como el
nivel de renta familiar o personal del estudiante.
Creo que es un sistema más realista porque traslada el problema de las
becas del Estado --del Estado que tiene que adelantar unas cantidades muy
importantes y que casi siempre son insuficientes-- a los usuarios y es un
sistema profundamente redistributivo. Es decir, a mí no me preocupa nada
que la persona que tenga catorce millones de ingresos al año y que tenga
dos hijos pague dos o tres veces la tasa media, dado, además, la cuantía
de las tasas en España, y, en cambio, yo creo que ese sistema sí
permitiría --es un sistema bastante más justo y más distributivo-- que el
que no pudiera pagar nada, no pagara nada y el que pudiera pagar un poco,
pagara un poco.
Comprendo que esta simplificación es bastante tremenda, pero si, como el
Presidente ha dicho, tiene paciencia para aguantarme, en otra ocasión se
lo podría explicar.
La relación con el Consejo Social de nuestra Universidad es excelente. A
mí me da igual que sea la Universidad o el Ministerio quien designe al
Presidente del Consejo Social, siempre que designe presidentes tan
excelentes como el que nosotros tenemos en la actualidad; y no sólo el
Presidente, sino los Consejeros, volcados realmente a la ayuda de la
Universidad y a la fiscalización rigurosa. Piénsese que en nuestra
Universidad, por ejemplo, la cuenta de liquidación del ejercicio es
auditada todos los años por una consultora externa --Arthur Andersen,
Peat Marwick--, que decide el Consejo Social. Además, de esas funciones
de control ejerce unas funciones de colaboración con la sociedad
enormemente favorecedoras, yo creo, para la Universidad.
Finalmente me pregunta usted qué pasa con el Consejo de Universidades. Yo
creo que el Consejo de Universidades, si se convirtiera en un órgano de
coordinación, en última instancia respondería a esas facultades de
coordinación que de acuerdo con la Constitución y con la Ley le
corresponden al Ministerio. En cuanto a su funcionamiento, le diré que no
es santo de mi devoción, por diversas razones, básicamente porque, como
todo órgano muy grande, se ha burocratizado en exceso. Por ejemplo, hay
procedimientos, como el nombramiento de profesores eméritos, que a veces
se pasan seis meses en el Consejo porque tienen que pasar por diversas
subcomisiones de acuerdo con el Reglamento del Consejo y cuyo informe no
es vinculante, en el que unas personas dan un informe sobre si éste o
aquél debe ser profesor emérito y luego las universidades toman una
decisión u otra en función de sus necesidades.
Este y otros muchos procedimientos hacen muy lenta su labor y quizá
muchas de esas competencias de coordinación, desde mi punto de vista,
deberían transferirse directamente al propio Ministerio de Educación y
Ciencia. Un rector de una universidad catalana, conocido por su
pragmatismo y larga duración en el mandato, siempre dice con mucha gracia
que el Consejo de Universidades sirve para que lo que él antes, con el
Director General de Enseñanza superior, tardaba media hora en enterarse
si podía hacerse o no; ahora tarda ocho meses y al final no sabe muy bien
si puede o no puede hacerlo. (Risas.)
Yo no diría tanto. Creo que el Consejo, a lo largo de estos años, ha
realizado una labor importante y sobre todo que es necesario que haya un
órgano de planificación y de coordinación. ¿Qué composición debiera
tener? Con competencias transferidas plenas a las comunidades autónomas,
es difícil pensar que no estén presentes en ella los órganos de gobierno
de las comunidades autónomas --los Consejeros de Educación--, pero, desde
luego, si usted me pregunta por mi impresión sobre el funcionamiento del
Consejo, yo diría que mi entusiasmo por el Consejo de universidades es un
punto menos que indescriptible.
Agradezco a esta Comisión que me haya dado la oportunidad de comparecer
ante ella y sobre todo la paciencia de SS. SS. y, desde luego, quedo a
disposición de la
Comisión y de cada uno de ustedes para que puedan por sí mismos verificar
los extremos que he afirmado. (El señor González Blázquez pide la
palabra.)
El señor PRESIDENTE: Dada la hora que es, iba a solicitar de los grupos
que renunciasen al turno excepcional previsto en el Reglamento. En todo
caso, si no es para reabrir un debate, sino para una cuestión de
puntualización o de orden, tiene la palabra el señor González.
El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Muchas gracias, Presidente.
Voy a ser muy breve y es una cuestión de puntualización, porque yo en
ningún momento he pedido el cese del jefe del servicio de inspección ni
del vicerrector de alumnos. Es el señor Villapalos el que lo ha puesto en
mis palabras.
Yo, al preguntar sobre medidas disciplinarias, he preguntado qué medidas
disciplinarias se han adoptado sobre personas que, evidentemente --no
tiene por qué ser el cese--, tenían en su Departamento dos personas que
estaban mezcladas en todo el tema.
Sobre el vicerrector de alumnos, yo tampoco pido el cese, pero,
evidentemente, había sido designado para revisar la corrección de los
ejercicios. No se han revisado. Lo ha dicho el señor Villapalos. Ha
dicho: Se ha comprobado que las notas puestas por los correctores son las
que figuran en las actas finales y en el ordenar. Eso no es revisar.
Revisar es comprobar si las notas puestas por los correctores están o
pueden estar mediatizadas o no por las recomendaciones. Como no se han
revisado y él había creado una Comisión para que revisaran y corrigieran,
y no lo han hecho, tiene que pedir alguna responsabilidad. Yo no pido que
cese a nadie.
Siento mucho, por otra parte, a modo de despedida y deseando que se
recupere pronto el señor Villapalos, no haber hecho la intervención tan
amable como la que ha hecho el señor Ollero, que, por otra parte, le ha
facilitado obviar un poco la situación.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Villapalos.
El señor RECTOR DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID (Villapalos
Salas): Quería decirle tan sólo muy brevemente a S. S. que la revisión
sobre toda la selectividad supondría el revisar aproximadamente treinta y
tantos mil ejercicios y algo que el propio Ministerio y el Consejo de
Universidades desecharon, que es el hecho de que dos tribunales, que
inevitablemente no van a coincidir nunca en el cien por cien, dieran dos
calificaciones distintas. Hay criterios al respecto. Dentro del Consejo
de Universidades hubo personas que eran partidarias de que hubiera dos
tribunales que revisaran, no en estos casos de supuestas irregularidades,
sino con carácter general, todos los ejercicios. Aquello se descartó no
sólo por las dificultades intrínsecas, que las hay, porque piense usted
que eso supondría tener que nombrar 1.500 profesores, que son los que han
formado parte de los 35 tribunales. Si se nombran dos tribunales para
cada uno de esos grupos pienso que sería el doble, salvo que yo no sepa
multiplicar por dos. Aparte de esa dificultad había otra más de fondo, y
era la de que dos personas examinando un texto, por ejemplo, o un
comentario es muy difícil que coincidan a la décima o a la centésima en
una calificación. ¿Qué sucede entonces cuando se produce esa discrepancia
en 35.000 ejercicios o en 1.000 de los 35.000? Al final se optó por el
criterio razonable de incorporar más gente a los tribunales, hacer otra
estructura de los tribunales y de que se garantizara, a través de una
serie de normas que el Ministerio dictó, el anonimato, la objetividad,
etcétera, a las que S. S. antes ha aludido. Lo que sí se ha comprobado en
todos los casos ha sido las irregularidades, como ésta que es una
irregularidad probada de que una persona había subido siete décimas. La
coincidencia entre la calificación de cada uno de los profesores es muy
difícil. Piense que los profesores no son exclusivamente universitarios;
muchos de ellos son profesores de institutos nacionales de bachillerato
que tienen, naturalmente, el interés lógico de examinar lo más
objetivamente posible a personas de las que ni siquiera conocen su
nombre, de comprobar que no había diferencias entre las calificaciones
que los profesores habían dado y las que figuraban en las actas y, a su
vez, que entre las que figuraban en las actas y las que habían pasado
finalmente a la grabación del ordenador tampoco existían esas
diferencias. Dos tribunales para 35.000 alumnos, aparte de plantear
enormes dificultades --requeriríamos casi 3.000 profesores--, iría
precisamente en contra de lo que el propio Consejo de Universidades
acordó a la hora de que no existieran dos tribunales, sobre todo por esa
razón, más por la razón de fondo que por la material de los 3.000
profesores, porque siempre discreparán dos personas a la hora de
interpretar, aunque sea en centésimas, un mismo texto.
¿Cuál es entonces la solución? Fíjese si yo no sabía que el profesor
Ollero me iba a preguntar sobre estos temas que ni siquiera había
preparado nada sobre la financiación. No creo que su intervención haya
sido ni mucho menos edulcorante, pero, en fin, si ese era su propósito y
su ánimo, se lo agradezco a S. S. porque, en tiempos como éstos y en
época de gripe, cualquier dulzor es siempre muy de agradecer.
El señor PRESIDENTE: Agradecemos al señor Rector --a pesar de sus
dificultades de salud-- su presencia, lamentamos todos que la Comisión
haya sido más larga de lo previsto por la Mesa y los portavoces, pero
esto ocurre a veces. En todo caso, es signo de interés y todos estamos
abiertos a continuar en sucesivas sesiones tratando estos temas que, como
se ve, interesan a todos. Gracias a todos.
Se levanta la sesión.
Eran las tres y veinticinco minutos de la tarde.