CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1993 V Legislatura Núm. 43
REGIMEN DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
PRESIDENTE: DON FRANCISCO GILET GIRART
Sesión núm. 3
celebrada el viernes, 15 de octubre de 1993



ORDEN DEL DIA:
Comparecencia de personalidades y funcionarios de la Administración del
Estado, al objeto de informar sobre temas relativos al proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 1994. (BOCG, serie A, número 27-1,
de 1-10-93. Número de expediente 121/000013):
--Del señor Secretario de Estado para la Administración Pública (Zambrana
Pineda). A solicitud de los Grupos Parlamentarios: Popular (número de
expediente 212/000203), Socialista (número de expediente 212/000105) e
IU-IC (número de expediente 212/000300) (Página 1102)
--Del señor Secretario de Estado para las Administraciones Territoriales
(Peña Díez). A solicitud de los Grupos Parlamentarios: Popular (número de
expediente 212/000205), Socialista (número de expediente 212/000104) e
IU-IC (número de expediente 212/000240) (Página 1121)

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Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.




COMPARECENCIAS DE PERSONALIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION DEL
ESTADO, AL OBJETO DE INFORMAR SOBRE TEMAS RELATIVOS AL PROYECTO DE LEY DE
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 1994 (número de expediente
121/000013):



--DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA (ZAMBRANA
PINEDA). A SOLICITUD DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS: POPULAR (número de
expediente 212/000203), SOCIALISTA (número de expediente 212/000105) E
IU-IC (número de expediente 212/000300).




El señor PRESIDENTE: Se inicia la sesión de la Comisión de Régimen de las
Administraciones Públicas, con el orden del día que SS. SS. han recibido.

Ante todo, agradecemos la presencia de don Justo Tomás Zambrana Pineda,
Secretario de Estado para la Administración Pública, que comparece en
primer lugar.

De acuerdo con la resolución adoptada por la Mesa, con asistencia de los
portavoces, en fecha pasada, a efectos de iniciación de la reunión de
esta Comisión, los portavoces de los grupos parlamentarios intervendrán
de mayor a menor.

¿Grupos que deseen intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Núñez, por un tiempo de
15 minutos.




El señor NUÑEZ PEREZ: Gracias, señor Presidente. Procuraré ajustarme al
tiempo que me marca la Presidencia.

Señor Presidente, señorías y señor Zambrana, sean mis primeras palabras
para dar la bienvenida, como siempre, al señor Secretario de Estado,
agradecerle su comparecencia en esta Comisión, tan conocida y tan
frecuentada por él, y también agradecerle de antemano cuantos datos pueda
facilitarnos en respuesta a nuestras preguntas, a fin de cumplir mejor la
función que nos corresponde, que es estudiar los presupuestos, debatirlos
y enmendarlos, si necesario fuere.

Este año consideramos este trámite de comparecencias todavía más
importante y más necesario que en los anteriores, porque hay que formular
enmiendas --o por lo menos estudiar-- a dos proyectos muy importantes al
mismo tiempo: el proyecto de ley de Presupuestos generales del Estado
para 1994 y otro proyecto de ley que ustedes nos obligan a debatir en
paralelo, debido a la gravísima crisis económica que padecemos; se trata
del ya tristemente famoso proyecto de ley de medidas fiscales, reforma
del régimen jurídico de la Función Pública y de la protección por
desempleo.

Permítame, señor Presidente, sin ánimo de abrir ningún debate, por
supuesto, en este trámite parlamentario, que es puramente informativo,
hacer dos simples reflexiones que sirvan de pórtico a todas las
preguntas.

La primera reflexión es que está muy bien que el Gobierno abandone su
perniciosa manía de convertir la ley de presupuestos en una ley tranvía,
donde cualquier clase de reforma legislativa, ajena a la materia
presupuestaria, venía teniendo cabida. Nuestras enmiendas y advertencias
múltiples en este sentido nunca fueron escuchadas ni atendidas por el
Grupo Parlamentario Socialista ni por el Gobierno. Ha tenido que ser la
famosísima sentencia del Tribunal Constitucional, de mayo de 1992, la que
haya puesto remedio a tan perniciosa práctica.

La segunda reflexión es que, a pesar de esta sentencia, no vamos a
impedir un debate paralelo --no lo vamos a impedir, por el planteamiento
que se ha hecho-- de dos proyectos de ley, ya citados, el de presupuestos
y el que pretende dar respuestas de austeridad a una situación crítica.

Un debate, digo, que está lleno de múltiples contradicciones. Bienvenida
sea la austeridad; abajo el despilfarro de la Administración. Siempre lo
hemos dicho y lo hemos defendido, siempre hemos abogado por estas dos
ideas. Por eso tengo que decir que no deberían servir las épocas de
recesión para que el Gobierno no lance recetas improvisadas y
discriminadas de austeridad, sino que debería ser una característica
propia de su modo de conducirse siempre. El Gobierno no se aplica a sí
mismo esta receta, sino que implanta la austeridad --según nuestro
criterio y después de la lectura que hemos hecho de los dos textos-- con
implacable rigor sobre los trabajadores, los pensionistas y los
funcionarios. Decía el Vicepresidente señor Serra en unas declaraciones a
«Onda Cero», hace exactamente ocho días, lo siguiente: El Gobierno ya se
aplica la austeridad, ha congelado el sueldo de los funcionarios.

Palabras literales. Si no fuera un sarcasmo intolerable parecería un
chiste, como el conocidísimo del que va a preguntar en un convento de
frailes: ¿Vive aquí el hermano Ambrosio? y le contestan: Vivir, vivir,
sólo vive el Padre Prior, los demás subsistimos.

¿Dónde está la austeridad que el Gobierno se aplica a sí mismo en estos
presupuestos o en el proyecto de ley paralelo? ¿Cuántos altos cargos
desaparecen? Que yo sepa ninguno. ¿Cuántos centros directivos
desaparecen? Que yo sepa, ninguno. ¿Cuántos organismos públicos
desaparecen? Que yo sepa, ninguno. ¿Cuánto gasto corriente improductivo
se elimina? Prácticamente ninguno. ¿Cuántos coches oficiales desaparecen?
Ninguno. ¿Cuántos contratos de arrendamiento inútiles se rescinden? Que
yo sepa, ninguno. ¿De cuántos asesores, de esa nube de asesores que
rodean la Moncloa, al Presidente del Gobierno, se prescinde? Que yo sepa
de ninguno. ¿Dónde está plásticamente plasmado un gesto de austeridad que
anime a los trabajadores, a los pensionistas, a los funcionarios y a los
parados a aceptar la suya?
Como ve, señor Zambrana, tendría que hacerle hoy más de cien preguntas, y
las tengo. Pero ni con dos días por delante, y menos en los 15 minutos
que me ha concedido el señor Presidente, tendríamos tiempo, yo para
formularlas y usted para contestarlas. Por tanto, seleccionaré algunas de
ellas, las que provocan este desbarajuste



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entre dos proyectos de ley, el de presupuestos y el engendro que le
acompaña sobre la reforma de la Función Pública.

En definitiva, estamos como siempre. Otros años enviaban ustedes todas
las normas en un solo proyecto, en un solo tranvía; ahora nos envían un
tren con dos coches. Las preguntas que queden en el tintero servirán para
futuras comparecencias del señor Ministro, de usted mismo o de todo el
Gobierno, para ver si a lo largo de la legislatura nos enteramos de a qué
ha conducido tan precipitado embrollo.

Vayamos con la primera pregunta. El escrito de remisión del proyecto de
ley de medidas fiscales y de reforma de la Función Pública dice que se
envía acompañado de exposición de motivos y de su correspondiente
memoria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 de la
Constitución Española. ¿Dónde está la memoria de la parte que corresponde
a la reforma de la Función Pública, señor Zambrana? ¿Dónde está la
cuantificación real de las necesidades de personal en todos y cada uno de
los ministerios y sus organismos autónomos? ¿Dónde están (en una memoria
que se precie estos datos son imprescindibles, sobre todo con la reforma
que se pretende) los datos y cifras que identifiquen el problema de la
sobredimensión o escasez de personal en unos u otros organismos, en unos
u otros ministerios, para proceder a estimar o a valorar la nueva y
revolucionaria fórmula que el proyecto de ley ofrece sobre la
reasignación de efectivos? ¿Qué previsiones tiene el Gobierno, después de
once años de dirigir la Administración Central y periférica, sobre la
incidencia que va a tener en los funcionarios la nueva regulación de la
excedencia voluntaria, la expectativa de destino, la nueva modalidad de
excedencia forzosa, la excedencia voluntaria e incentivada? ¿Ha realizado
el Gobierno, señor Zambrana, estudios, cuenta con datos sobre el
previsible volumen del personal excedente?
La única pista nos la ofrece el propio señor Zambrana, que en unas
declaraciones publicadas el pasado día 11 en «ABC» aseguró que la inmensa
mayoría de los funcionarios no se verán afectados por las medidas. ¿Qué
entiende el señor Zambrana por inmensa mayoría? ¿Qué entiende el señor
Secretario de Estado por inmensa mayoría de funcionarios? ¿El 99 por
ciento, por ejemplo? Si es así, ¿para qué este proyecto de ley presentado
a bombo y platillo con tanta urgencia como fórmula para reducir el gasto
público y para introducir austeridad y racionalidad en la Administración?
Y si no lo es, ¿por qué no se nos ofrecen los datos de los realmente
afectados? Y no debe ser así porque usted mismo, señor Secretario de
Estado, no quiso cuantificar datos, ya que cada organismo público, son
sus palabras --y es cierto, y así lo recoge el artículo 11 del propio
proyecto de ley--, deberá elaborar su propio plan de empleo. ¿Cuánto
tardarán los organisnos públicos en elaborar su propio plan de empleo?
¿Un año, dos años, tres años, cuatro años, cinco años? (Risas.)
No se sonría, señor Secretario de Estado, no se sonrían SS. SS., la
relaciones de puestos de trabajo se iniciaron con la Ley 30/1984, va a
hacer diez años, y aún no se han concluido del todo. Y las promesas
hechas en materia de plazos por el Gobierno en esta Cámara, en esta
comisión, incluso en textos legislativos, jamás se han cumplido. Si no,
deme algún ejemplo. Véase si no el reciente ejemplo de la Ley de Régimen
Jurídico de Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común. El Gobierno se jactó, al rechazar una de nuestras enmiendas, de
ponerla en pleno vigor y aplicarla en el plazo de seis meses. No había
previsto, por lo visto, después de once años de gobierno, la existencia
de cerca de 2.000 procedimientos que había que adecuar a la Ley y ha
pedido hace muy poco un año de prórroga en un Decreto-ley que hace pocos
días debatimos. Espero que no tengamos que seguir concediendo prórrogas.

Volviendo a la reasignación de efectivos, quiero hacerle dos preguntas
muy concretas. En el inmediato pasado, la causa esencial de reasignación
de efectivos ha sido la obligación de transformar en personal laboral a
los funcionarios destinados en los organismos autónomos, tales como el
consorcio de seguros, aeropuertos nacionales o las juntas de puertos, que
se transformaron en entes públicos. Esta obligación de laboralizarse,
cosa que no sucedió con la Agencia Tributaria, por ejemplo, impulsó a
muchos funcionarios a no aceptar su integración en los nuevos entes, lo
que ha exigido su reasignación. La preocupación suscitada en el colectivo
de funcionarios. así como las dudas sobre la idoneidad de la
laboralización como solución idónea, me llevan a preguntarle al señor
Secretario de Estado: ¿está dispuesto el Gobierno a revisar sus
decisiones, a la vista de las medidas de reforma que nos envía, y a
posibilitar que en el inmediato futuro los puestos de los entes citados
puedan volver a estar reservados a personal funcionario? ¿Es cierto que
el Gobierno está dispuesto, según rumores, a iniciar nuevos procesos de
laboralización, como se pretende, por ejemplo, hacer con las federaciones
hidrográficas?
Un año más debo, señor Presidente, señorías, volver a las relaciones de
puestos de trabajo. Antes me referí a ellas de pasada. Porque en el
artículo 15.3 de la Ley 30/1984 se dice que las relaciones de puestos de
trabajo serán públicas. Sí, así está establecido. ¿Puede indicarnos el
señor Zambrana dónde se publican las incesantes modificaciones que se
hacen? ¿Está dispuesto el Gobierno socialista a publicar periódicamente
las relaciones de puestos de trabajo del personal funcionario para
facilitar la publicidad de las retribuciones? ¿Puede decirnos el señor
Secretario de Estado qué clase de facilidades se dan a los funcionarios
para que conozcan sus relaciones de puestos de trabajo? Según nuestros
datos, ninguna. ¿Puede el señor Zambrana informarnos, en aras a la
transparencia retributiva, cuáles son los complementos de productividad
que percibe cada subsecretario y cada director general? No nos responda
remitiéndose a los presupuestos, porque lo consideraríamos una tomadura
de pelo.

Sobre este tema yo le he preguntado ya varias cosas y le tengo que
recordar que se repite la misma capacidad discrecional del Gobierno en el
artículo 24.3 del proyecto de presupuestos para 1994: Los departamentos
ministeriales darán cuenta de las mencionadas cuantías, es decir,



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de los diferentes complementos de productividad, a los Ministerios de
Economía y Administraciones Públicas, especificando los criterios de
distribución aplicados. Las preguntas son muy sencillas, señor Zambrana:
¿puede usted explicar cuáles son esos criterios que se supone deben ser
concreción de los recogidos en el primer párrafo del artículo 23 de la
Ley 30/1984? ¿Puede enviar al Congreso de una vez por todas copia de los
escritos de cada departamento en este sentido? La productividad debe ser
pública, repito, lo dice el artículo 15 de la Ley 30/1984 y lo recuerda
cada año la Ley de Presupuestos. ¿Puede garantizar el señor Zambrana que
todos los departamentos cumplen este requisito de publicidad? Yo tengo
datos de que hay muchos Ministerios que no la cumplen, pero nos gustaría
que el señor Secretario de Estado nos remitiese un informe de esta
naturaleza por escrito.

Y para terminar con este apartado, ¿puede el señor Zambrana hacer
públicas en este acto, informando a la Comisión, las remuneraciones que
por todos los conceptos corresponden a cada uno de los 65 contratos fuera
de convenio (digo 65 porque fueron los reconocidos por el señor Ministro
en una pregunta parlamentaria que yo le hice en el Pleno el otro día) que
tienen suscritos, con todos sus elementos retributivos. Y, además de eso,
¿cuántos contratos fuera de convenio, para personal que no tiene la
consideración de alto cargo, que son esos 65, existen en la
Administración?
Y pasamos a la oferta pública de empleo. La disposición transitoria
octava de la Ley de Presupuestos de 1993 regulaba la suspensión temporal
de la oferta de empleo público. Así se recoge en el título de esta
disposición transitoria. Presumieron ustedes, usted también, en
declaraciones que tengo aquí porque conservo todo lo suyo --me resulta
muy interesante--, de que la congelación iba a ser una medida de
austeridad para aquel año, pero no ha sido así. La norma, según datos
publicados en el propio «Boletín Oficial del Estado», ha sido incumplida
y por eso yo le pregunto: ¿cuántas plazas han sido convocadas y
cubiertas, además de las relativas --no me conteste usted con un número
global, que no me sirve-- a las carreras judicial y fiscal y al personal
al servicio de la Administración de Justicia, personal de Instituciones
Penitenciarias, personal sanitario y personal docente, además de ésas a
las que efectivamente hace referencia como excepción la citada
disposición transitoria? Dicho de otro modo, ¿cuántas plazas se han
cubierto durante 1993 por personal de nuevo ingreso en el conjunto del
sector público por considerar que se trataba de supuestos
excepcionalmente inaplazables? ¿Y cómo se ha valorado y por quién la
excepcionalidad? ¿Qué uso se ha hecho durante 1993 de la autorización
contenida en el artículo treinta y siete de la Ley de Presupuestos de
1993 sobre contratación de personal laboral con cargo a los créditos de
inversiones? ¿A cuántas personas ha afectado este tipo de contratación?
¿Cuál ha sido el coste laboral cargado a los créditos de inversiones?
Otra fórmula originalísima que utilizan ustedes para ampliar personal en
la Función Pública, sin ningún tipo de control y sin ajustarse a ningún
sistema retributivo, son los informes y trabajos de asesoramiento
encargados a empresas y particulares. Tengo cientos de fotocopias a su
disposición de las páginas del «Boletín Oficial del Estado» que así lo
demuestran. Los Ministerios no sólo utilizan la partida «Informes y
asistencia técnica», sino que, de acuerdo con la suma que hemos hecho de
las adjudicaciones publicadas, la sobrepasan; la sobrepasan con creces.

Las juntas de personal de los Minsterios y las centrales sindicales han
denunciado estos hechos porque la mayor parte --fíjese lo que le digo--
de los informes y estudios encargados a empresas privadas podían haber
sido realizados por los funcionarios. ¿Podría decirnos, señor Secretario
de Estado, los ministerios que han encargado estos informes y
asesoramientos y a cuánto asciende el importe de todos y cada uno de
ellos? No nos interesan las cifras globales; ésas ya las tengo yo
sumadas. ¿Cómo no ha previsto, señor Zambrana, en estos momentos de
crisis y de austeridad, ni en la ley presupuestaria ni en la paralela,
ninguna medida de control ni de austeridad en este tipo de prácticas?
Y, sin perder de vista este pie de verso de la austeridad, quiero
preguntarle, cómo no, por los altos cargos y puestos directivos. En ese
sentido, nos parece asombroso que, según datos del Registro Central de
Personal de las Administraciones Públicas --que yo quiero que usted nos
confirme ahora y que incluso nos complete o rectifique si así fuera--, el
número de cargos directivos de la Administración, incluyendo directores
generales, subdirectores generales, subdirectores generales adjuntos y
consejeros técnicos, no solamente no se redujo en 1993, sino que ha
aumentado; todos estos puestos, altos cargos y directivos, para que no
entremos en discusiones semánticas. Usted llámele lo que quiera. Si
quiere le pregunto apartado por apartado: subdirectores, asesores; si
quiere le pregunto por eso y así nos evitamos esa discusión en la que
usted se escuda muchas veces para contestar. Lo cierto es que todo ese
conglomerado ha pasado, en 1993, después de la congelación, después de
decir ustedes en el famoso decreto de austeridad precisamente, de 1992,
que en este terreno iban a ser duros y austeros, incluso que iban a
rebajarlos, han pasado de 6.554 a 7.206, en julio de 1993.

Por todo ello, nosotros preguntamos: ¿Cuántos Secretarios de Estado había
en enero de 1993 y cuántos hay ahora? Yo creo que hay alguno más.

¿Cuántos directores generales había en enero de 1993 y cuántos hay ahora?
¿Cuántos subdirectores generales adjuntos, consejeros técnicos, había en
enero de 1992 y cuántos en septiembre de 1993? ¿Cuáles son las razones
objetivas que justifican la creación de nuevos cargos directivos, cuando
estamos en pleno proceso de cumplimiento del pacto autonómico y el
traspaso de competencias a las comunidades autónomas? ¿Qué razones lo
justifican? Y del total de 154 puestos de jefes de gabinete y asesores en
delegaciones de Gobierno, en Gobiernos Civiles --y utilizo datos de
ustedes--, un alto porcentaje está cubierto por personal no funcionario.

¿Piensa el Gobierno (ya que estamos hablando de medidas que les afectan
directamente y que, por tanto, hay que contar en la reasignación de
efectivos



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con todas y cada una de las plazas para los funcionarios) dedicar los
funcionarios excedentes y cualificados para tales menesteres o va a
seguir con la manía de contratar siempre por afinidad?
En relación con este asunto, como es lógico, del empleo, de la oferta
pública de empleo y de las relaciones de puestos de trabajo, no tengo más
remedio que acudir a otras fórmulas que se han utilizado en empresas
públicas y en servicios públicos que se explotan en régimen de monopolio,
que están simplemente dinamitando los sistemas retributivos y suponen,
por supuesto, un veneno para la moral de los funcionarios. ¿Cuántos
contratos blindados existen en las empresas públicas, señor Zambrana, ¿Y
en los servicios públicos en régimen de monopolio? ¿Cuántas personas
contratadas por el anterior sistema han recibido la correspondiente
indemnización al rescindirse el contrato? Otra pregunta muy importante:
¿A cuánto asciende el importe de dichas indemnizaciones? Y otra más:
¿Cuántas personas de las que han percibido indemnización de esta
naturaleza han pasado a ocupar con posterioridad algún puesto en la
Administración central, institucional o en empresas públicas?
Tengo datos que no me atrevo a dar a la opinión pública hasta que usted
no me los confirme y, en ese sentido, ya le adelanto que he hecho
preguntas al Gobierno, a todos y cada uno de los ministerios, por si
acaso usted no tiene tiempo de contestarnos ahora con concreción, con
rigor --yo lo entiendo--, ni siquiera mandárnoslo por escrito antes de
presentar las enmiendas. ¿Cuántas personas, además de esto, son
beneficiarias de pólizas de seguros que persiguen los mismos fines que
los contratos blindados? ¿Cuáles son las empresas de seguros con las que
se han contratado este tipo de pólizas? ¿Qué medidas normativas ha
aprobado el Gobierno --que tampoco las he visto en los Presupuestos ni en
la ley paralela-- para prohibir semejantes prácticas? Porque las palabras
del señor Solbes, en el debate del día 5 de agosto, pueden ser una
recomendación, una simple recomendación, una simple muestra de
arrepentimiento; en definitiva, una muestra de imagen de austeridad, pero
pueden quedar en aguas de borrajas.

Ustedes, que son tan diligentes en enviar medidas que reforman la Ley
30/1984 (que ya está reformada por la 23/2988, que ya está reformada por
otros presupuestos, y que es un caos; al final le preguntaré por el
definitivo Estatuto de la Función Pública), ¿cómo no lo son para esto
que, en definitiva, fue un mensaje que el señor Solbes dio a toda la
opinión pública española?
Vamos a hablar de retribuciones, ya termino. Señor Presidente, es que
esto de las preguntas no sé por qué tiene límites; yo no sé si lo tiene
en el Reglamento, creo que no; pero, en fin, yo acepto, por supuesto, lo
que me ha dicho nuestro Presidente que dirige el debate, como siempre lo
he aceptado y pido, simplemente, dos o tres minutos más. Luego se lo
compensará usted al señor Zambrana con dos horas, y así nos contesta con
más detalle. Yo se lo pido, porque hay unas preguntas que son
inevitables, son necesarias para...




El señor PRESIDENTE: Señor Núñez, haga las preguntas. Aproveche el
tiempo.




El señor NUÑEZ PEREZ: Gracias, señor Presidente. Suelo curarme en salud,
para que no me diga que no el Presidente.

Teniendo en cuenta que el incremento de retribuciones para 1993 se fijó
en el 1,8, ¿qué estimación hace la Secretaría de Estado para las
Administraciones Públicas del crecimiento real por todos los conceptos
para 1993? ¿Cuál ha sido el incremento de retribuciones por encima del
1,8 debido a revisión de puestos de trabajo con asignación de nuevos
complementos de destino y específico? ¿Cuáles han sido los incrementos
reales, por todos los conceptos, incluyendo revisiones en las relaciones
de puestos de trabajo, diferenciados por grupos de clasificación de
personal (A, B, C, D y E)?
Los presupuestos para 1994 establecen la congelación salarial para todos
los funcionarios. ¿Qué ahorro supone en el capítulo de gastos? ¿Cuál es
la pérdida real del poder adquisitivo de los funcionarios? ¿La
congelación salarial para 1994 es compatible con los acuerdos firmados
con los sindicatos sobre negociación colectiva, cláusulas salariales,
etcétera? ¿Las congelaciones salariales, con pérdida de poder adquisitivo
en 1993 y 1994, pueden ser soportadas en igualdad de condiciones por
todos los funcionarios? ¿No castigan con mayor dureza a aquellos grupos,
como el E y el D, con retribuciones muy por debajo de la media nacional
de salarios? ¿Ha contemplado la posibilidad de introducir excepciones
--le vamos a dar alguna oportunidad con nuestras enmiendas-- para los
grupos de clasificación de personal con menores retribuciones (léase
subalternos, auxiliares y administrativos)? Y, a la vista de la
congelación salarial, ¿piensa impedir el Gobierno subidas selectivas y
privilegiadas, vía modificación de las relaciones de puestos de trabajo,
con incrementos de los complementos de destino y específico? ¿Qué margen
de probabilidad existe, a juicio del Secretario de Estado, para que en
1994 haya de recurrirse a un crédito extraordinario para atender posibles
incrementos de retribuciones, fruto de la negociación con los sindicatos
en el ámbito de la Función Pública? Y, aprovechando que el Ebro pasa por
Zaragoza, ¿en que situación, señor Zambrana, se encuentran las
negociaciones con los sindicatos en el ámbito de la Función Pública, a la
vista de las medidas que ha adoptado el Gobierno? Es una simple
curiosidad, que usted puede contestar o no, pero que no está de más
enlazarla con este problema.

Y, finalmente, ¿cómo se compagina, a juicio del Secretario de
Estado, la congelación retributiva con la pérdida de la seguridad en el
empleo que, paralelamente, en la ley de acompañamiento (ley paralela,
engendro, etcétera) se va a aprobar para los funcionarios? ¿Qué
demostraciones concretas de solidaridad en la austeridad puede ofrecer el
Gobierno, los altos cargos, a los funcionarios? En su Ministerio, en
concreto, ¿van a renunciar a algún coche oficial? ¿Van a renunciar a
atenciones protocolarias? ¿Van a renunciar o rebajar gastos de propaganda
y publicaciones? ¿Reducirán el uso de locales, de teléfono, de



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luz? Por cierto, ¿podría decirnos cuántos pisos alquilados tiene el
Ministerio para las Administraciones Públicas y cuál es el importe anual
del arrendamiento de todos y cada uno?
Hay muchísimas otras preguntas que, porque no quiero abusar del tiempo
que ya me ha concedido el señor Presidente, no le voy a hacer. Voy,
simplemente, a cerrar con estas preguntas. ¿Cuál es en estos momentos la
posición del Gobierno en relación con la extensión de edad de jubilación
forzosa de los funcionarios hasta los 70 años? ¿Considera compatible
dicha jubilación forzosa a los 65 años con la congelación de las ofertas
públicas de empleo? Tenga usted en cuenta que aquí tenemos un elemento
discriminatorio muy importante después del decreto-ley.

¿Tiene previsto el Gobierno saldar las diferencias de trato de los
funcionarios acogidos al Régimen General de la Seguridad Social con
aquellos que pertenecen a clases pasivas a efecto de edad de jubilación?
¿Cuántas más cosas le diría? ¿Cuál es la valoración del Gobierno sobre el
ritmo de ejecución del plan de modernización y cómo están influyendo los
recortes presupuestarios?
Usted dijo, y lo dijo bien además, que el funcionamiento de la
Administración influye en la competitividad; tiene usted toda la razón.

Pero usted sabe muy bien que en función de ese parámetro estamos
clasificados en el penúltimo puesto en los países de la OCDE. No sé si el
plan de modernización nos hará subrir algún puesto; a lo mejor el plan de
modernización es como Clemente y le ganamos a Irlanda fuera de casa. Me
gustaría, pero no he visto ningún dato positivo que así lo demuestre.

¿Qué medidas sobre ordenación de organismos autónomos y entidades
públicas se han adoptado durante 1993, en base al artículo noventa y
cinco de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1993, y qué
previsiones tiene para 1994?
Todos estos mandamientos se encierran en uno sólo, señor Secretario de
Estado. Han reformado ustedes la Ley de 1964, establecieron medidas de
reforma de la Función Pública con la Ley 30/1984; la volvieron ustedes a
modificar para cumplir una sentencia del Tribunal Constitucional con la
Ley 23 de 1988; la han vuelto ustedes a modificar en varios ejercicios
presupuestarios; ahora modifican de manera drástica, y con unos
comportamientos que ya veremos en su momento en el debate, varios
artículos de la Ley 30/1984. ¿No cree usted que ha llegado ya el momento
de enviar un estatuto de la Función Pública que regule todas estas
cuestiones, introduzca objetividad, elimine arbitrariedad y
discrecionalidad, establezca los pilares de la auténtica carrera
administrativa y, en definitiva, sepamos todos los funcionarios y todos
los ciudadanos hasta qué punto puede o no el Gobierno dejarnos con eso al
aire por cualquier avatar de la fortuna o de las crisis económicas?



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, el señor Martínez.




El señor MARTINEZ BLASCO: También quiero comenzar agradeciendo al señor
Secretario de Estado su disponibilidad para explicar la parte de los
presupuestos que afectan a la Administración pública. Creo que es
evidente que hay, por lo menos, dos razones. La Administración pública,
el sector público en nuestro país supone cerca del 50 por ciento del
producto interior bruto y, evidentemente, el comportamiento de las
administraciones públicas determinará el comportamiento general de la
economía del país y también de su bienestar. Pero hay una segunda razón,
y es que en los últimos tiempos por parte del Gobierno se ha provocado
una cierta criminalización de los funcionarios públicos, en el sentido de
hacerlos culpables de la crisis económica, del déficit público, igual que
a los desempleados o que, en general, todos los trabajadores. Se plantea
que los funcionarios públicos son culpables de una buena parte del
déficit y para resolver el déficit de este país, que parece ser que es el
problema fundamental, hay que reducir drásticamente los recursos en manos
de los empleados públicos.

Creo que ésas son razones suficientes para que hagamos un análisis sereno
pero serio de lo que afecta a las administraciones públicas y,
específicamente, a los funcionarios públicos. También voy a intentar
agrupar en cuatro bloques los planteamientos en este tema.

En primer lugar, también sobre la oferta de empleo público o los planes
de empleo que parece ser que van a figurar en la ley de acompañamiento,
¿cuál ha sido la oferta real de empleo público de 1993? El señor
Secretario de Estado, en la comparecencia previa a los presupuestos de
1993, advertía que se arrastraban 4.249 plazas de 1992, sin convocarse en
ese año. ¿Qué ha ocurrido con estas 4.249 plazas de 1992 y con la oferta
propia de 1993, tanto en funcionarios como en personal? ¿Cuántas plazas
se han convocado? ¿Cuántas plazas se han cubierto? ¿Cuántas plazas, en
todo caso, quedan de la oferta de 1992 o de 1993 por cubrir en estos
momentos y cuáles son las previsiones desde aquí hasta que termine el año
1993?
Respecto a 1994, el Gobierno nos coloca en una situación más difícil para
poder evaluar la oferta de empleo público, puesto que va a interponer un
paso previo, que son los planes de empleo, y ahora sí que es difícil
poder hacer evaluaciones. Yo supongo que la Secretaría de Estado sí habrá
hecho números y le rogaría que nos diera los datos de los que disponga
respecto a lo que podría ser la oferta de empleo público de 1994, a
resultas de esos planes de empleo, tanto en lo que se refiere a cobertura
de jubilaciones como a nuevas plazas, como dice la Memoria de los
Presupuestos, en Guardia Civil o en determinados sectores concretos; cuál
va a ser la oferta de empleo público de 1994.

En definitiva, en los programas que hemos estado viendo estos años la
Secretaría de Estado y la Dirección General se han encargado de hacer
numerosos estudios de necesidades de las administraciones públicas. Señor
Secretario de Estado, ¿hay ya algún horizonte? Esto de rebajar un diez
por ciento los efectivos de las administraciones públicas ¿es un número
cabalístico o hay un objetivo



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de que quieren ustedes llegar, en un determinado horizonte, como en lo
del 3 por ciento del déficit en 1997, a una Administración pública que
tenga un 30, un 40, un 50 por ciento menos de efectivos? Dígannos ustedes
si existe algún horizonte de cálculo de la dimensión de las
administraciones públicas y específicamente de la Administración
Central?.

Respecto a los sistemas de promoción, nos gustaría saber cuál ha sido el
comportamiento de éstos en 1993 y cuáles son las previsiones para 1994.

También quisiéramos conocer los números que está barajando la Secretaría
de Estado para las transferencias a las comunidades autónomas en 1994. Se
supone que el año 1994 va a ser importante en cuanto a transferencias;
nos gustaría que nos dijera el número de funcionarios que se piensa
transferir, mejor dicho, de plazas y de funcionarios, porque en las
últimas transferencias que hemos visto ya hay algunas comunidades
autónomas que piden que se les transfieran los créditos correspondientes
a las plazas, pero no quieren los funcionarios.

Otro bloque de cuestiones es el tema de la modernización. ¿El señor
Secretario de Estado puede hacer una evaluación en estos momentos de
cuáles son los costes ahorrados a la Administración pública por la puesta
en marcha de las 204 medidas o programas? ¿Cuál va a ser la marcha en
1994 de estos programas? ¿Se van a abrir nuevos programas de
modernización? ¿Qué programas? ¿Con qué coste?
Créditos para la formación. El señor Secretario de Estado tendrá que
explicar cómo es posible que uno de los pilares de la modernización de
las administraciones públicas sea la formación y que los créditos del
Programa 121.C, que es el de la formación, disminuyan un 13 por ciento.

Ya nos explicará el señor Secretario de Estado cómo es posible mejorar la
Administración, en cuanto a formación, disminuyendo nada menos que un 13
por ciento los créditos de este programa. ¿No cree el señor Secretario de
Estado que en el tema de formación también sería posible un acuerdo entre
sindicatos y Administración similar al que existe en cuanto a la
formación en la empresa privada entre la CEOE, el Gobierno y los
sindicatos?
Dentro de este apartado de modernización, también nos gustaría saber si
están previstas reestructuraciones de servicios de entes, etcétera,
durante 1994, y cuáles serán.

El otro bloque es el tema de las retribuciones. El señor Secretario de
Estado deberá explicar cómo es posible que siendo el incremento previsto
para 1993 ese 1,8, al final del ejercicio unos hayan tenido incrementos
cero o del 1,8 y otros hayan tenido incrementos del 14 o del 15 por
ciento. La respuesta ya la sabemos. Se ha jugado con dos elementos: uno
es el de las reclasificaciones, y otro el de los incentivos. ¿Cuál va a
ser el abanico final de 1993? Constatamos con preocupación que el abanico
se está abriendo. Efectivamente había pactos, acuerdos, incluso en
programas electorales, sobre que el abanico salarial de la Administración
pública debería tender a cerrarse. En estos momentos en la Administración
pública hay salarios netos de 60.000 pesetas y salarios netos de 600.000
pesetas, con todos los aditamentos; es decir, con todas estas
triquiñuelas que se han usado para que unos no tengan incrementos y otros
los tengan muy sustanciales. los 72.000 millones de productividad del año
1993, ¿a cuántas personas han afectado? Para el año 1994 se producen
incrementos en estos incentivos muy significativos.

Hay incrementos globales del 3 y del 14 por ciento, pero, señor
Secretario de Estado, en su Programa 121.B hay un incremento de
incentivos del 22 por ciento. Esto también tendrá que explicarlo. No sé
si es ejemplificador para el resto de la Administración pública. ¿A
cuántas personas va a afectar este incremento de los incentivos, que he
calculado en unos 41.000 millones en toda la Administración Central, que
es mucho o poco dependiendo del número de personas a las que afecte? ¿A
cuántas personas se calcula que van a afectar esos 41.000 millones que
están en esa bolsa de incentivos para 1994? ¿Cuál ha sido la cuantía de
horas extraordinarias hechas hasta la fecha de 1993 por el personal
laboral? ¿Cuántas personas han hecho esas horas extraordinarias? ¿Cuál es
la media entre las personas que las han hecho? No vale la media entre
todo el volumen general de personal de la Administración pública. ¿Cuál
es el número de contrataciones laborales que se ha hecho con crédito de
inversiones? ¿Cuántos y, si puede decírnoslo, por Ministerios?
Los complementos específicos y de productividad de altos cargos.

Evidentemente, ésta es una salida de escape para que los altos cargos no
se vean constreñidos por las reducciones salariales que dicta la
Administración Central. Nos gustaría saber cuáles van a ser los
complementos específicos y los complementos de productividad previstos
como media --igual que hizo el año pasado-- para los altos cargos en el
ejercicio de 1994.

También hemos visto con preocupación el crecimiento de los puestos de
trabajo fuera de convenio. Hemos visto que hay veces que se supone que
serán puestos eventuales, como jefes de prensa, pero hay varios
ministerios que tienen a los analistas como puestos de trabajo fuera de
convenio y hay otros ministerios que a los analistas los tienen,
lógicamente, dentro de los convenios. ¿Cuál es el criterio para
discriminar a los trabajadores entre dentro y fuera del convenio? Hemos
visto, y saludamos, que hay una reducción previsible en 1994 de los
contratos temporales en la Administración pública. ¿Cuál es la previsión
para 1994 de consolidación de la contratación temporal y reconversión en
función del principio que todos reconocemos de la causalidad, su
consolidación como empleo fijo?
Como ya he dicho, la reclasificación es un instrumento que se está
utilizando para que determinados niveles se escapen a las restricciones
presupuestarias. El Ministerio seguro que lo ha hecho, y nos lo podrá
decir el señor Secretario de Estado. ¿Cuál es el movimiento de niveles
que se está produciendo en los últimos años? Porque eso no aparece en la
documentación de los Presupuestos Generales del Estado, pero sería muy
interesante obtener una clasificación por niveles de los funcionarios y
cómo



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se han movido, cómo se están moviendo en los últimos años.

Para terminar, dentro de este tema de retribuciones, el incremento para
el personal activo previsto del 1,9, ¿cómo se va a distribuir? ¿Cómo va a
afectar individualmente a cada uno de los funcionarios en el ejercicio de
1994?
El último bloque es el tema de las relaciones con los sindicatos. Me ha
sorprendido que entre los objetivos que se propone el Programa 121.B, el
suyo, está --que no sé también si suena un poco a chiste-- el de
favorecer el clima de diálogo con las organizaciones sindicales
representativas en el ámbito de la Administración del Estado, dando una
mayor transparencia y seguridad al marco de relaciones. Si la Secretaría
de Estado puede jactarse de algo es de haber roto cualquier tipo de
seguridad en las relaciones con los sindicatos. Ustedes han saltado por
encima de la cláusula de revisión para este año próximo, están saltando
constantemente sobre muchos acuerdos con los sindicatos, pero ya lo
último ha sido la ley de acompañamiento. ¿Ustedes creen de verdad que las
medidas propuestas en la ley de acompañamiento van a favorecer el
acuerdo, tanto de la Mesa de la Función Pública como incluso el acuerdo
del pacto de rentas? ¿Ustedes creen de verdad que plantear a los
sindicatos el día 23 de septiembre la propuesta de las medidas de
acompañamiento, como se dijo en la comparecencia del Ministro, cuando
tenían de tiempo hasta el día 7 de octubre, y que fue publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» a finales de 1993, realmente va a ayudar?
¿No creen que hubiera sido lo lógico incluir todos los elementos que se
prevén en la ley de acompañamiento en la propia negociación con los
sindicatos? Porque si no, al final, la estarán convirtiendo
exclusivamente en una negociación sobre rentas, con lo que volverán a
incidir en la criminalización, porque dirán que los funcionarios de lo
único que quieren saber es de rentas. Ustedes han condenado a los
funcionarios a que sólo puedan hablar de rentas.

Incluso podría hacer una pregunta muy concreta. ¿No creen ustedes que la
Ley 30, en su artículo 17, ya permitía la reasignación de efectivos?
Desde nuestra perspectiva --y no quiero entrar ahora en el debate--, no
están buscando la reasignación de efectivos, que permitía la Ley 30, sino
el reajuste, que en este país significa siempre reducción. Supongo que
contestará si tiene en el horizonte este reajuste y reducción de las
Administraciones públicas en este país.

Cuestiones muy concretas de las relaciones con los sindicatos. ¿Está
previsto que se puedan crear órganos no jurisdiccionales de solución de
los conflictos dentro de la Administración pública como forma de resolver
los problemas? La otra cuestión concreta es: ¿tienen ustedes conciencia
de que en el Consejo de la Función Pública no hay forma de negociar las
rentas salariales de los empleados públicos de las corporaciones locales
y de las comunidades autónomas? ¿Cómo van a resolver este problema?
Ustedes dicen que, una vez que se publiquen en el «Boletín Oficial del
Estado» todas las medidas de movilidad, reasignación, reajuste, etcétera,
vamos a discutir las rentas. Supongo que usted dirá que habrá una parte
de ese 1,9 por ciento que se podrá discutir o si hay acuerdos superiores
en función del pacto de rentas se podrá llegar a créditos extraordinarios
lo mismo que en el año 1993. Pero, ¿tienen conciencia de que se está
negociando eso en un sitio donde no están ni las corporaciones locales ni
las comunidades autónomas a las que se les ha impuesto una medida
uniformizadora por el criterio --y lo he recogido de su comparecencia del
año pasado-- de que un guardia civil cobraba 60.000 ó 70.000 pesetas
menos que un policía municipal? Es un criterio, evidentemente, muy
válido, pero con ello están impidiendo la autonomía de negociación de las
partes en las corporaciones locales y comunidades autónomas. ¿Cómo se va
a resolver de cara a 1994?



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Morlán Gracia.




El señor MORLAN GRACIA: Tras dar la bienvenida y, por supuesto, nuestro
apoyo y respeto al señor Zambrana, Secretario de Estado para la
Administración Pública, quiero indicar que los temas que deseamos
plantear en esta comparecencia ya han sido formulados por otros
portavoces, y aunque es cierto que el tono de nuestra intervención
hubiera sido totalmente distinto, no ocurre lo mismo con el fondo y
estamos dispuestos a oír las explicaciones del señor Zambrana.

En segundo lugar, como es lógico, no es este el momento adecuado para
contestar a las reflexiones que se han hecho en torno a los temas
planteados y tiempo habrá en Comisión y en Pleno para discutirlas
tranquilamente y plantear nuestras alternativas y nuestras discrepancias
sobre algunos de los comentarios realzados.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Zambrana para contestar a
las cuestiones planteadas.




El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA (Zambrana
Pineda): Señor Presidente, es para mí un placer, como siempre, volver a
esta Comisión, a la que he pertenecido como Diputado durante muchos años
y como portavoz del Grupo parlamentario Socialista. Voy a tratar de ir
respondiendo a algunas de las preguntas; digo algunas, porque creo que
han sido más de 200 ó 300 las que se han formulado por parte de los dos
representantes de los Grupos Parlamentarios que las han planteado. Por
consiguiente, ahora voy a pasar revista a una serie de temas que creo que
les pueden preocupar.

Si me permiten, quisiera hacer antes alguna reflexión. A mí me gustaría
que en los temas relacionados con la Función Pública no se utilizaran
palabras, como las que utiliza el portavoz del Partido Popular y amigo al
hablar de engendro. Es decir, que dejáramos la dialéctica política fácil
y, por utilizar otra palabra contundente, demagógica en estos asuntos y
que fuera un campo para la reflexión y para la coincidencia entre los
partidos políticos, porque la Administración es de todos. Por
consiguiente, a mí me parece bien --y ustedes en su papel de oposición



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hacen bien en hacerlo-- solicitar transparencia, datos e información y la
obligación que tiene el Gobierno es facilitarlos.

Ahora bien, sería conveniente que lográramos articular políticas de un
mínimo consenso en lugar de dedicarnos a utilizar este campo, y
posiblemente utilizarlo como arma arrojadiza, para, en definitiva,
pretender degradar más la Administración, que yo creo que lo está poco
porque la Administración española es una buena Administración Pública,
tanto por sus funcionarios, en primer lugar, como por los responsables
que están en ella. Y no digo ya los que tengan carné del PSOE, que son
los menos. Estamos siempre a vueltas con los altos cargos, que son los
mismos siempre, los cuatrocientos y algo que suele haber, de los cuales
el 80 por ciento son profesionales de la Administración. Cuando se habla
de los 6.000 ó de los 7.000 son los mismos, señor Núñez, que dejaron
ustedes, que vienen de UCD y que han reivindicado durante la campaña
electoral (creo que además es una honra haber pertenecido, como muchos de
ustedes, que están en el Partido Popular, a la única derecha democrática
que ha gobernado en los últimos sesenta años este país, lo digo con total
franqueza); son los mismos, los diplomáticos, los inspectores de
finanzas, son los mismos salvo los que se hayan jubilado, sin embargo, la
Escuela Diplomática y la Escuela de Hacienda Pública siguen funcionando
y, evidentemente, llevamos ya cerca de once años en el poder y ha habido
un cambio generacional. Los demás son los mismos y, si ustedes ganan
algún día, se los van a encontrar ahí. Les podrán ustedes pagar como 28,
29 ó 30 o como A, B y C, pero les van a pagar lo que les estamos pagando,
que son sueldos razonables.

Por consiguiente, comenzar a volcar permanentemente el mensaje de que
esto es un nido de corrupciones, de no sé qué y de no sé cuánto, me
parece una mala historia. Es indudable que habrá personas que
individualmente hayan subido o bajado en su posición relativa en el seno
de la Administración, pero la inmensa mayoría de los profesionales que
hay son los mismos que estaban y los mismos que van a estar. Tenemos una
Administración pública que está reconocida en la Comunidad Económica
Europea como buena, con unos sistema de oposiciones que siguen
funcionando de manera relativamente rigurosa.

Hay problemas de los cuales no conviene ni hacer historia. El Tribunal
Constitucional --es cierto-- nos obligó a funcionalizar una parte de los
puestos de laborales. Francamente he de decirle que gran parte de esos
puestos de laborales fueron los contratados administrativos --cuarenta
mil-- que había con anterioridad a 1992 cuando el Gobierno socialista
llegó al poder. Estos 40.000, señor Núñez, no se pudieron funcionalizar y
se quedaron como personal laboral. Esos son los puestos sobre los que más
tarde el Tribunal Constitucional dictó sentencia obligando a que se
«funcionalizaran».

Así, francamente, me gustaría que pudiéramos entrar a un análisis serio
de las problemáticas que existen en la Administración. Yo voy a tratar
ahora de facilitarle datos para su conocimiento.

Es verdad que durante estos años la oposición ha pedido que las leyes de
presupuestos no se encargaran de otros asuntos ajenos a ellos. Lo
pedíamos también desde el Partido Socialista estando en la oposición.

Ahora bien, al grado de normativización en que están tanto los temas de
Función Pública, donde todo está regulado por Ley --quizá nos tendríamos
que plantear si es un buen modelo para el correcto funcionamiento de la
Administración--, como los fiscales, que ya tienen otro sentido, puesto
que afectan a terceros, etcétera, obligatoriamente o se cargaba a la Ley
de Presupuestos o se arbitraba un vehículo, como finalmente se ha
arbitrado, y es que anualmente se tramite una ley paralela a la de los
presupuestos donde se incluyan todas aquellas materias que forzosamente
requieren cambios para el año siguiente.

Por consiguiente, se ha arbitrado esta fórmula. Hay algún Parlamento
donde se le denomina con el nombre de «ley ómnibus», aquí se le está
denominando por el grupo de materias que acompañan, ya que indudablemente
todo Estado tiene necesidad anualmente de someter a revisión una serie de
preceptos legales que son pequeños retoques en leyes y que no merecen la
tramitación de una ley sustantiva en los diferentes Parlamentos, con todo
lo que ello conlleva.

Este año, en esta ley de acompañamiento se han incluido una serie de
medidas relativas a Función Pública. Ha planteado el representante de
Izquierda Unida si no se podía hacer ya esto con la Ley de la Función
Pública de 1984. Realmente, como siempre suele ocurrir, lo que se ha
destacado en los medios de comunicación es la parte que podría
considerarse más llamativa de los planes de empleo.

Los planes de empleo consisten única y exclusivamente en la introducción,
en la Administración Pública, a nivel legal, porque luego después esto
habrá de instrumentarse paulatinamente, de una nueva mecánica de
funcionamiento diferente a la que venía existiendo hasta ahora. Se dio un
gran paso adelante, desde mi punto de vista, con la introducción de la
oferta de empleo público en el año 1984 mediante la Ley de Medidas. Se
dio un gran paso porque se clarificó tremendamente la oferta de empleo
que hacían las Administraciones públicas. Hasta entonces iban saliendo
las oposiciones dispersas, por organismos, hasta el punto de que
realmente cuando esta Administración llegó al poder no se sabía el número
de funcionarios que había en las Administraciones públicas. No se sabía
en el año 1982, señor Núñez; ustedes no lo sabían. Ni en el año 1981, ni
en el año 1982, y se preguntaba el número permanentemente en este
Parlamento. Han sido necesarios tres o cuatro años de trabajo y poner un
ordenador central para llegar a clarificar la cifra.

Pues bien, desde hace años ya sabemos cuál es la oferta de empleo pública
que las Administraciones hacen cada año. Esta oferta adolecía de que no
introducía en la Administración una planificación de efectivos humanos
como hace cualquier empresa. No es que sean trasladables los métodos de
las empresas a la Administración, pero es necesaria una planificación de
efectivos a medio plazo. La Administración, por organismos, tendrá que
ver si le



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sobran o no efectivos porque no era correcta la situación que se producía
según la cual lo viejo permanece y lo nuevo crece, no habiendo
posibilidades reales de hacer planificaciones a medio plazo y, sobre
todo, de poder trasladar excedentes que sobran en áreas de la
Administración a otras donde faltan. Sabemos que hay áreas de la
Administración sobrecargadas de personal y otras donde se necesita. Por
eso hemos creado un mecanismo nuevo, que denominamos planes de empleo.

Los planes de empleo no van a suponer en la mayoría de los organismos la
creación de excedentes. A eso me refería al hablar de que la mayor parte
de los funcionarios no iban a verse afectados. Sin embargo, van a
introducir una racionalización en todos los organismos conforme se vayan
poniendo en práctica estos planes de empleo. En algún organismo podrá
recurrirse, porque la plantilla sea de edad avanzada, a facilitar
jubilaciones anticipadas. En algún organismo habrá personas que estén
inclinadas a aceptar la excedencia voluntaria primada, tal como se
establece en el proyecto de ley. En algún organismo es posible que se
produzcan excedentes y en otros faltarán personal, y no siempre vamos a
tener posibilidad de llevar personas de unas áreas a otras porque las
cualificaciones van a ser diferentes también.

Se han arbitrado una serie de medidas que suponen el desbloqueo a nivel
legal y la introducción de una nueva mecánica para que la Administración
a continuación la vaya poniendo en práctica. Esperamos que la misma vaya
más rápida de lo que el Presidente Clinton ha calculado en su programa
para la Administración Pública americana, que lo ha cifrado en quince
años. La verdad es que por más que el señor Núñez asevere lo contrario,
las RPT están hechas en su casi totalidad. Usted pregunta por el casi. El
casi está congelado, señor Núñez, y le tengo que responder lo del año
pasado y lo de hace dos años. (El señor Núñez Pérez: Y las
modificaciones.) Conoce bien el señor Núñez que las RPT pendientes son
las del Ministerio de Defensa y la del Servicio Exterior Español porque
tienen problemas objetivos, al igual que la del Parque Móvil. Son las
mismas. No quedan más. Y las del Consejo de Investigaciones Científicas,
que estaba pendiente, ya se hizo; no quedan más. Los problemas en el
Ministerio de Defensa son la mezcla entre personal civil y militar, y es
muy difícil introducir las modificaciones. En el personal del exterior es
muy difícil, porque hay personal nativo de los diferentes países que
están en unas circunstancias retributivas diferentes. Por consiguiente,
no tenemos problemas de RPT; las RPT finalizaron su proceso hace ya
tiempo en la Administración española. Por eso los planes de empleo se
irán aplicando, iremos trabajando en cada uno de los organismos.

Estamos en una situación en la cual la Administración española ocupa
menos personal, a pesar de lo que se ha dicho, que otras administraciones
europeas (lo conoce el señor Núñez y lo conoce el señor Peralta). Trabaja
para la Administración pública española algo menos del 15 por ciento de
la población activa, frente a un promedio superior al 17 por ciento en la
Comunidad Económica Europea y a un 20 por ciento en países como
Inglaterra (la señora Thatcher no logró desmontar aquello más de lo que
lo hizo), o como la propia Francia o Italia. Por consiguiente, tenemos
una Administración escasa.

Los gastos de personal son una pequeña parte de los Presupuestos totales
del Estado, que este año están situados en el 13,95 por ciento. Por
consiguiente, tenemos un capítulo más que razonable de gastos de
personal.

Es verdad que la Administración pública ha crecido, pero a pesar de este
crecimiento sigue siendo de las más paqueñas de Europa. Llevamos dos años
en que la Administración pública, en términos reales --ahora daré algunas
cifras de oferta de empleo público-- no crece. Es posible que en las
estadísticas aparezca algún leve crecimiento derivado de la
transformación de puestos cubiertos por personal eventual en personal
fijo, porque nos parece una política razonable, pero en términos reales,
como demuestran las ofertas de empleo público, no está creciendo.

Creo que la Administración no es la encargada de resolver el problema del
paro en nuestro país, problema grave; necesitamos una Administración bien
dimensionada, correctamente asalariada, en la medida en que los
presupuestos lo permitan y, por tanto, que trabaje con eficiencia. Sería
un mala medida sobrecargar de personal la Administración, y por eso, como
conocen SS. SS. es el tercer año en el que estamos en un estancamiento
importante en el empleo real, con independencia de las oscilaciones, que
podemos contemplar, que están aplicando las Administraciones. También
conocen SS. SS que el crecimiento neto del medio millón célebre de
personas que están trabajando para la Administración ha sido un
crecimiento poco imputable a la Administración del Estado, que ha bajado
en términos absolutos en más de trescientas mil personas, pero que en
términos relativos, descontando las transferencias que ha hecho a las
comunidades autónomas, ha crecido en algo más de noventa mil personas, de
las cuales tengo que decir que casi todas son personal sanitario y
personal docente, así como personal de Justicia. Por consiguiente, el
personal burocrático viene disminuyendo ligeramente en los últimos
tiempos en la Administración del Estado. Han sido los ayuntamientos, que
han atendido a nuevas necesidades, los que han crecido en un porcentaje
importante, así como las comunidades autónomas. Por consiguiente, el
medio millón de funcionarios es, en más de cuatrocientos mil, imputable a
comunidades autónomas y ayuntamientos, no a la Administración central del
Estado que, como digo, solamente ha crecido del orden de noventa mil
personas.

Me gustaría que pudiéramos reflexionar sosegadamente sobre estos temas
para encontrar la colaboración y crítica constructiva de los grupos
parlamentarios en lugar de proceder a la descalificación.

Se me ha preguntado, como pregunta genérica de tipo valorativo, antes de
entrar en las reflexiones, sobre las relaciones con los sindicatos y se
han hecho algunos juicios de valor que no creo sean ajustados a la
situación. El diálogo desde la Secretaría de Estado con las tres
organizaciones sindicales es permanente y fluido. El primer año de mi
presencia en el puesto se firmó un acuerdo que



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rompía una dinámica sindical existente en España en los últimos tiempos,
un gran acuerdo a cuatro años, sustantivo y bastante importante. El
acuerdo se estaba desarrollando, como se desarrollan todos los acuerdos,
con ciertas dificultades y tropezones, pero se estaba desarrollando en un
clima de permanente diálogo cuando surgió el problema salarial del año
pasado y el incremento fue reducido al 1,8 que los sindicatos no
aceptaron. Desde entonces ha existido una situación de mayor bloqueo,
como no podía ser menos, puesto que en el tema salarial no se llegaba a
acuerdo. El que se firmó a finales de 1991 contemplaba únicamente el
incremento retributivo para el año 1992 y los demás años se volvería a
hablar de retribuciones, mientras que en lo referente a las partes
cualitativas sí era un acuerdo a más años.

Las conversaciones se han seguido manteniendo y este año hemos tenido
innumerables reuniones. Conozco la postura de algún sindicato que ha
dicho que estas normas que acompañan a las leyes de Presupuestos se
tendrían que haber discutido durante meses. Permítame disentir; creo que
lo que habrá que discutir será la puesta en práctica --y es el criterio
de la Secretaría de Estado y del Gobierno-- de todos y cada uno de los
planes de empleo con las organizaciones sindicales allí presentes, porque
entonces será cuando vayamos a la práctica. Ahora lo que estamos haciendo
es quitar las trabas legales que impiden la puesta en práctica de lo que
es un plan de empleo en la Administración, estamos a nivel de cambios
normativos y posteriormente veremos qué es lo que ocurre realmente en tal
o cual organismo. Entonces será el momento de trabajar con las
organizaciones sindicales. A pesar de ello, durante 15 largos días hemos
tenido numerosas conversaciones con las organizaciones sindicales, que
conocen el proyecto, y salvo en las cuestiones formales, en cuanto que
ellos desearían otro tipo de pacto y sobre todo que entienden que esto
tendría que ir formando parte de un paquete global donde se incluyeran
retribuciones y otro aspectos, como el de formación que ha planteado,
salvo esto, no hay una diferencia de criterios de fondo. Y se lo tengo
que agradecer, porque los sindicatos sí están preocupados seriamente por
la imagen de la Administración hacia fuera. No estamos, señor Peralta,
«criminalizando» a la Administración pública o a los funcionarios
públicos, ni mucho menos; somos conscientes de que tenemos una
Administración pública valiosa y somos sus primeros defensores.

Las retribuciones siempre se han pedido en términos de sacrificio, y el
Gobierno es consciente que está pidiendo un sacrificio a las personas que
trabajan en la Administración. Y de la misma forma --y ahora voy a dar
datos-- que se ha ganado de manera importante poder adquisitivo en la
Administración pública durante los últimos años de «boom» económico, en
la medida en que sea posible intentaremos que se vuelva a ganar poder
adquisitivo, conforme la productividad y el crecimiento del producto
interior bruto de país lo permitan en los próximos años, en los que
esperamos que en España se produza una recuperación económica.

Hechas estas valoraciones, voy a tratar de hacerles algunas
consideraciones sobre lo que ustedes han planteado. Han preguntado, en
primer lugar, cómo es que se ha ido a una cifra de incremento en el
capítulo I de los gastos de personal del 5 por ciento, crédito
presupuestario inicial del año pasado sobre crédito inicial de este año.

La primera medida que es necesario constatar es que una partida
importante de este capítulo, que son las clases pasivas, ha subido el
6,6, lo cual indica, primero, que hay bastantes más pensionistas y,
segundo, que las pensiones han crecido bastante más que los salarios. Por
consiguiente, ahí tenemos ya una partida que se ha desviado.

Segundo tema: no hay que olvidar que los salarios tuvieron un incremento
el año pasado del 2 por ciento, esto es, el 1,8 más una revisión salarial
del 0,1, que con paga atrasada del año anterior del 0,1, sumado al 1,8,
totalizan el 2 por ciento en términos presupuestarios. Por consiguiente,
ya tienen dos puntos más, más el 6,6, en cómputo global, del pago de
clases pasivas.

Tienen ustedes que tener en cuenta que hay convenios vigentes, que se han
respetado, con colectivos muy importantes, como los docentes, que han
tenido una desviación de 4 puntos sobre este 2 por ciento en su masa
salarial, que suponen mucho sobre el nivel global. Cuando hablamos del
colectivo docente ya saben ustedes que se les están pagando unas célebres
sexenios, que es la acumulación por antigüedad, de nueva introducción en
el complemento específico, y esto ha supuesto también un coste derivado.

Las cuotas de la Seguridad Social han subido. A los funcionarios se les
subieron ligeramente las cuotas de la Seguridad Social, pero la
aportación del Estado ha crecido mucho más que porcentualmente, entre
otras cosas porque Muface tiene un concierto establecido a varios años
--se va a renovar en éste--, por el cual iba a incrementar a las
compañías privadas sanitarias las pólizas en porcentajes relevantes,
hasta homologar lo que está pagando por cada uno de los afiliados a
Muface que se ha acogido al Régimen General de la Seguridad Social para
la prestación sanitaria. Por tanto, las desviaciones por las cotizaciones
de la patronal --digámoslo en términos gráficos-- han supuesto un 1,3 por
ciento de masa salarial.

A esto hay que añadir otras partidas menores, como las de los
incrementos, que se produjo con motivo de las elecciones; pagos al
personal de Correos, al Instituto Nacional de Estadística, al Ministerio
del Interior, etcétera, que también computan en el capítulo I, y todo
ello sumado --ya les he dado las pistas más importantes-- hace que el
capítulo I, de gastos de personal, haya llegado a este incremento, que no
es del dos por ciento sino del cinco, en las pensiones y los convenios,
que se traducen en incremento retributivo.

Muchas veces ésta es la gran paradoja de la Administración pública: que
los incrementos conllevan unas derivas muy importantes, fruto del
arrastre de situaciones, pero que se traducen en incrementos retributivos
en su mayor parte, o en mejora de las condiciones de vida de los
empleados públicos en la mayoría de las situaciones.

También se me ha preguntado --y voy a ir tratando de suministar datos--
sobre los créditos de productividad.




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Pues bien, los créditos de productividad para el próximo año, en los
ministerios, han bajado en un tres por ciento: de 23.700 millones a
23.500; en los organismos autónomos han subido ligeramente: de 10.171 a
10.247 millones; en los entes públicos han bajado también: de 4.700 a
4.200 millones, y donde han tenido un incremento derivado de acuerdos
firmados, pero que ha supuesto cambios estructurales en la asistencia
sanitaria, sobre todo ambulatoria, ha sido en la Seguridad Social, que,
como fruto de los acuerdos que se firmaron en 1992, derivados a su vez de
los acuerdos de 1991, el crédito de productividad ha pasado de 18.000 a
24.000 millones.

Quiero señalar a SS. SS. que esa productividad no es asimilable en nada a
la de la Administración propiamente dicha del Estado. Esta es una
productividad estructural, que se paga en concepto de productividad, pero
que realmente es una parte más del salario que cobra el personal
sanitario.

Con todo ello tenemos que el volumen de los créditos de productividad
para el próximo año es de 79.400 millones, que suponen un incremento de
4.000 millones sobre los existentes en el año 1992.

También me han preguntado por la productividad asignada a los
subsecretarios y directores generales. Esta productividad es la que venía
siendo hasta ahora. Los subsecretarios tienen asignadas, como
productividad, 2.880.000 pesetas, de media, y no se produce ningún
incremento, puesto que están congelados todos los salarios de los altos
cargos el año pasado y éste. (Y a la hora de preguntar por los coches,
etcétera, con toda esta parafernalia y un poco de demagogia, ahora lo
vamos a valorar un poco, porque tendremos que hablar del parque móvil.

¿Qué hace usted con las personas que están trabajando en el parque móvil,
si proponen soluciones de estas características? Yo sé que el anterior
Gobierno era muy dado a decir que se reducen los coches, pero
indudablemente habrá que ver dónde se centra el gasto más importante del
parque móvil ministerial.) Sin embargo, repito, los subsecretarios
percibían una media de productividad de 2.880.000 pesetas y vuelven a
tener la misma media de 2.880.000 pesetas. En cuanto a los directores,
tenían una media de productividad de 1.947.231 pesetas y este año se les
ha subido 1.600 pesetas, como efecto de la corrección --porque a éstos sí
se les aplicó, considerándolos profesionales de la Administración-- del
0,2 por ciento. Esa corrección se incorporó a unos conceptos y no a otros
y, como consecuencia de esta desviación, han subido de 1.947.000 pesetas
de media a 1.948.000. Por consiguiente, se produce, repito, un incremento
de 1.000 pesetas.

Voy a tratar de responder a algunas cuestiones más que han ido planteando
SS. SS. Respecto al número de altos cargos en la Administración, con las
oscilaciones que se han producido, quisiera destacar un tema sobre el que
algún día quizá merezca la pena que se reflexione en esta Comisión.

Cuando hablamos de altos cargos estamos computando como altos cargos --lo
digo porque dirán ustedes que les facilitamos armas para su debate
político y que debíamos ser más cucos en el Gobierno-- hasta los altos
cargos honorífico, pero que tiene rango de tales, por ejemplo, los
presidentes de los parques nacionales. Cuando desde la oposición se hace
la gran diatriba de criticar el número de altos cargos resulta que
estamos computando a nueve señores que lo son a título absolutamente
honorífico, que son los nueve presidentes de parques nacionales: el
Presidente del Coto de Doñana, del Parque de Timanfaya, etcétera, y que
no perciben un duro por esta tarea. Los altos cargos son 409, en este
momento, la distribución de los cuales, como SS. SS. conocen, es la
siguiente: en el Gobierno --entendido a la manera española-- 18 miembros;
los secretarios de Estado todo el mundo sabe que han aumentado en tres:
han pasado de 19 a 22; se trata simplemente de una elevación de rango de
antiguas secretarías generales, pero no se ha traducido en la creación de
un nuevo organigrama. El único efecto es que ha habido una disminución de
dos direcciones generales reales y, en cambio, ha habido tres jefes de
gabinete que antes eran subdirectores y que ahora son directores. Porque
nada tiene que ver los altos cargos existentes en la Administración con
el número real de organigramas que subyace. A los gabinetes --como
ocurría en otros tiempos-- se les podría pagar por otros conceptos, no
darles tratamiento administrativo, pero este Gobierno estimó desde un
primer momento que era más clarificador que un jefe de gabinete fuera
jefe de gabinete en lugar de «fontanero», como se les denominaba en otros
tiempos, y se les ha calificado de jefes de gabinete. (El señor Núñez
Pérez: Eso sí que es demagogia, y de la barata.) Señor Núñez, respondo en
mínima media a la que S. S. utiliza y lo hago después de haber terminado
con las reflexiones serias que son las que espero que calen, pero
indudablemente todos conocemos, sobre todo los que somos gatos y perros
viejos de la Administración (nos han salido los dientes en ella y seguro
que en ella los vamos a perder de funcionarios), conocemos bien la
Administración y sabemos lo que ha ocurrido en otros tiempos y lo que
ocurre ahora.

A S. S. le preocupa mucho el problema de los niveles 28, 29 y 30. Yo, de
verdad, le pediría que este debate lo dejáramos, porque creo que se está
haciendo un flaco favor a estos profesionales. Ahora le voy a dar datos.

Efectivamente ha crecido el número de funcionarios con niveles 28, 29 y
30, pero de entrada le digo que ha disminuido el de subdirecciones
generales, que es lo orgánico, ya que en 1991 eran 1.185 y el año pasado
se situaron en 1.170. Cuando termine este año le diré cómo está el número
de subdirecciones generales. En cambio, se ha incrementado ligeramente el
número de funcionarios de nivel 30, pero, como S. S. conoce, el nivel 30
no implica que se trate de subdirectores generales, es una forma de
tratamiento esencialmente económico. En cuanto al incremento que se ha
producido en los niveles 28, 29 y 30 --que se lo puedo posteriormente
aclarar-- ha sido por un tratamiento debido esencialmente al crecimiento
que se ha producido en la Agencia Tributaria, donde todos los inspectores
financieros tienen a partir de hace poco tiempo un nivel 28 mínimo de
ingreso en la Administración. El cuerpo tiene ese nivel, como otros
cuerpos tienen el



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nivel 26 y los abogados del Estado y los inspectores financieros tienen
el nivel 28. Pero le advierto que son los mismos inspectores financieros
que había y los mismos que va a haber. Por consiguiente, si usted no los
quiere con niveles 28, 29 y 30, les va a tener que pagar por otro
concepto; da igual. Pero llamar alta politización a todos los abogados
del Estado, a todos los inspectores financieros, etcétera, no creo que
corresponda a un debate fructífero para la Administración española. El
número de directores generales, que S. S. tenía interés en conocer, se
mantiene en 317, y los secretarios generales y subsecretarios han bajado,
desde el 1 de enero, de 57 a 52. Por consiguiente, seguimos estando con
un número de altos cargos de 409, que había subido en 1992 a 411, cuando
la cifra histórica de referencia que ha salido repetidas veces es de 408.

Ya he dicho que se está reduciendo el organigrama administrativo.

Acabamos de suprimir una Secretaría General y dos Direcciones Generales
en el Ministerio de Hacienda (no sé si S. S. ha tenido la oportunidad de
verlo en el Boletín Oficial del Estado) y estamos haciendo reducciones en
espera de poder salir adelante con una ley de organización.

Los salarios globales de los altos cargos ustedes habrán comprobado que,
con la ligera diferencia que se produce de la revisión salarial del 0,2
de principios del año pasado para subsecretarios y directores generales,
se mantienen estrictamente en las mismas cuantías del ejercicio anterior.

Por consiguiente, los sueldos de los altos cargos están congelados.

Su señoría ha planteado problemas acerca de los contratos existentes en
la Administración. Yo quiero decir, en primer lugar, que en la
Administración pública no hay contratos blindados. Los contratos
blindados, entendiendo por ello el que se hayan establecido cláusulas
diferentes a las que introduce el Estatuto de los Trabajadores, se han
podido producir en lo que se denomina sector público, es decir, en las
empresas públicas o entes públicos. (El señor Núñez Pérez: Aquí tengo
algunos.) Pero en la Administración pública no hay contratos blindados,
en la Administración pública hay algunos contratos de los denominados de
alta dirección, y el número que tenemos contrastado es el que ya facilitó
el Ministro: 65. Ahora mismo, señor Núñez, yo no estoy en condiciones de
facilitarle a S. S. cuáles y cuántos son estos contratos y cuánto gana
cada uno. El dato que hemos dado ya lo conoce.

En este momento estamos comprobando el número de contratos con algún tipo
de cláusula indemnizatoria que pueda existir en el denominado sector
público, en un trabajo conjunto de los Ministerios de Economía y Hacienda
y de Administraciones Públicas. Es importante que se produzca una
clarificación en este sentido. El Ministro ya avanzó que la cifra en
cualquier caso era inferior a 200 personas y yo reitero esa afirmación;
posiblemente sea bastante inferior el número de contratos que tienen
algún tipo de cláusula. Esto se ha producido esencialmente en momentos de
fuerte crecimiento del sector privado de la economía, en situaciones en
las cuales las empresas privadas lo estaban aplicando con carácter
general y en las que para aquellas zonas del sector público que tenían
que competir era muy difícil atraer a cierto tipo de profesionales si no
venían en unas condiciones mínimamente homologables a las que tenían las
empresas de la competencia. Piénsese, aunque obviamente no se conocen
porque no es dinero público y no está sometido al control parlamentario,
en lo que puede estar pasando en muchos medios de comunicación con el
tipo de contratos que se están haciendo a los profesionales de valía.

Estamos viendo cómo se están pasando profesionales desde los medios
públicos de comunicación a los medios privados simplemente --me imagino--
porque tienen unos contratos bastante más favorables, con cláusulas
indemnizatorias y teniendo en cuenta lo aleatorio de la profesión,
etcétera. Por consiguiente, en algunas empresas y entes públicos se
aplicaron estos contratos.

El señor Núñez ha hecho un «totum revolutum» peligrosísimo con la
existencia de personal eventual en las administraciones públicas. Yo
quiero volver a reiterarles el dato del personal eventual, porque me
parece que es significativo. Los funcionarios de empleo eventuales en el
primer semestre de 1993 son en concreto tres personas menos que en 1992;
eran 387 y son en este momento 384 personas, Ese es el personal que
trabaja en gabinetes que no es funcionario en toda la Administración del
Estado, e incluyo en este caso el existente en el Ministerio del Interior
porque hay algunos gobiernos civiles o delegaciones del Gobierno que
pueden contratar personal laboral con estas características. Se trata,
por consiguiente, de 384 personas las que trabajan en la Administración
no siendo funcionarios, y no lo van a ser, es decir, no tienen ninguna
posibilidad de serlo; son personas que están trabajando en la
Administración y que cesan de hecho el día que cesa el cargo político que
les nombró y, evidentemente, si algún día algún partido de la oposición
llega a ganar las elecciones, me imagino que esperará contar con otro
personal de su confianza --la mayoría serán funcionarios-- y esperemos
que mantenga las cifras en límites parecidos a los mantenidos por el
Partido Socialista, por debajo de las 400 personas en el conjunto de las
administraciones públicas.

El señor Núñez ha preguntado por el número de personas que trabajan en
los niveles 28, 29 y 30. Yo voy a tratar de facilitarle ese dato y voy a
hacerlo rápidamente porque el Presidente me urge a que vaya agilizando
las respuestas. En el nivel 28, que es la parte baja del escalafón, hay
en este momento 4.126 personas; en el nivel 29 hay 1.059. Creo que
facilité anteriormente las Subdirecciones Generales y no sé si llegué a
facilitar los datos del nivel 30; si no, vuelvo sobre ello. En cualquier
caso, los incrementos se han producido esencialmente en estos niveles en
los Ministerios de Economía y Hacienda por la RPT de la Agencia
Tributaria y esencialmente por los inspectores financieros, y en
Educación y Ciencia, donde al tener el personal del CSIC la RPT en la
clasificación, los investigadores han aspirado a un nivel 29, al que han
ido la mayoría y tienen ese nivel. ¿Es mucho o es poco pagar a un
investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas como un
nivel 29? Puede ser una cosa discutible. Se le llame 29 o equis no creo
que se les



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pueda pagar bastante menos de lo que se les está pagando. Lo demás son
discusiones en el vacío.

El señor Peralta ha hablado de los créditos de formación. Los créditos de
formación --y aprovecho para dar el desglose-- suponen una cuantía
importante en los Presupuestos que está pendiente, como todo, de ajustes
presupuestarios. Nos gustaría que hubiera más dinero, pero le voy a hacer
un pequeño desglose de los 82.000 millones de pesetas que dedica el
Estado a la formación de sus funcionarios. Hay para la Administración
general 3.500 millones; para el personal del exterior, 145 millones; para
la Administración de Justicia, 938 millones; para las Fuerzas Armadas,
que tienen sus propias academias, 38.000 millones; para los Cuerpos de
Seguridad, 14.000 millones; para la formación permanente del profesorado,
10.500 millones; para la formación en el ámbito industrial, y esto cubre
también otras actividades para no funcionarios, 550 millones; para el
personal de Economía y Hacienda, 2.400 millones, y en otros programas
varios, 12.400 millones. En total, 82.000 millones de pesetas --que no es
cifra baladí-- emplea el Estado en la formación de su personal. Sobre los
gastos de personal --en los Presupuestos di un dato que me parece
significante-- están por debajo del 14 por ciento y los gastos de altos
cargos, dentro de los Presupuestos del Estado, ya saben ustedes que se
mantienen en cifras decimales, absolutamente bajas y, obviamente, a la
baja, puesto que son partidas que están congeladas.

Han preguntado SS. SS. por la oferta de empleo público. La oferta de
empleo público viene disminuyendo en los últimos años. Para el año 1993,
fue de 13.940 plazas. Yo no les puedo decir en este momento cuántas de
ellas están cubiertas. Lo que sí les digo es que de estas plazas la
mayoría no eran de nuevo ingreso. En concreto, 8.739 estaban ya dotadas
con personal interino o eventual. Una parte de ellas se habrán mantenido
con las mismas personas, porque hayan conseguido ganar las oposiciones, y
otra parte será de nuevo personal porque hayan perdido la posibilidad de
entrar. También hay que tener en cuenta que dentro de estas 13.900 plazas
va computado el número de plazas a cubrir por promoción interna y, por
consiguiente, si tenemos presente que habrá un número elevado, pero
significativo en todo caso, de jubilaciones, durante este año se
producirá una disminución neta del número de personas que trabajan en la
Administración pública. En estas 13.900 plazas, señor Peralta, ya iban
incorporadas las 4.000 que se congelaron el año anterior. La oferta de
empleo público viene bajando. También quiero señalar que hay colectivos
que nunca más han formado parte de la oferta de empleo público, como es
el colectivo de personal sanitario, que ha hecho su propia oferta
esencialmente para consolidar personal interino, y las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad, que tampoco participan en la oferta de empleo público y que
también hacen la suya.

Este año, ¿qué criterios vamos a aplicar? Para el próximo año 1994, los
criterios de oferta de empleo público van a ser muy restringidos, como
siempre. Es previsible pensar que se produzca alguna oferta en Educación,
que esencialmente será la consolidación de personal interino; es posible
que haya que dar algún incremento neto en enseñanzas medias, porque se
siguen creando institutos de enseñanzas medias. En Correos, es
esencialmente la transformación de personal eventual, contratados
eventuales, en personal fijo, pero no las mismas personas. Hay un proceso
de selección serio y, por consiguiente, son las plazas las que se
cubrirían con personal fijo. Es previsible que en Instituciones
Penitenciarias, por la apertura de nuevas cárceles, también se produzca
algo de oferta de empleo público, y en algún sector determinado más. En
el Inem también hay personal eventual que será necesario consolidar. Por
tanto, estamos en una situación en la que la oferta de empleo público
viene siendo restringida.

Del año 1992, que es el último año, han preguntado los grupos sobre
niveles de cobertura, etcétera, de los que tenemos datos cerrados. En el
grupo A se cubrieron 5.628 plazas, con un grado de cobertura del 94 por
ciento sobre las convocadas, muy superior al de años anteriores
(posiblemente la crisis económica está empujando a los ciudadanos a
opositar en la Administración). En el grupo B se cubrieron 3.400, con un
grado de cobertura del 90 por ciento. En el grupo C se cubrieron 1.672,
con un grado de cobertura del 96 por ciento, y en el grupo D, 1.115, con
un grado de cobertura del 99,91 por ciento. Estas son las cifras y datos
que puedo facilitarles a propósito de la oferta de empleo público.

Sobre los organismos públicos, señor Núñez, le diré que en este año los
organismos públicos los hemos tenido congelados. Hemos pretendido que no
se produzca una situación de variación mientras no podamos avanzar en la
ley de organización de la Administración del Estado. Ahora bien, S. S.

sabe que se ha producido una reducción sustantiva a lo largo de los
últimos años en el número de organismos; desde doscientos y algo más que
eran --tengo la cifra exacta por aquí; no la doy por no entretenerme
más-- hasta 73 ó 74, creo (estoy hablando de memoria y pido, por favor,
que no se me tome nota estricta de la cifra, puesto que se la puedo
facilitar) que son en la actualidad. Por consiguiente, se ha producido
una sustancial reducción de este personal.

Sus señorías han planteado también un dato: el personal que está fuera de
convenio en los convenios laborales. Quiero aclarar que se trata de
personal en el mismo grado que lo son el resto de los laborales; no es
personal que pase por la esquina y se le coja. En la Administración del
Estado, en el acuerdo que se firmó con los sindicatos, se acordó dejar
los niveles predirectivos, los niveles 28, 29 y 30, fuera del convenio,
como ocurre en cualquier empresa. Pues bien, con el personal ocurre lo
mismo: los convenios colectivos en la Administración tienen una gama de
retribuciones, un abanico, bastante cerrado. Habitualmente se suele mover
entre 1,3 a 1,4 millones hasta 3,2 millones, no llega la apertura de 1 a
3, y hay algunas personas que ganan más que esto y esas personas son las
que quedan fuera de convenio, pero es personal laboral. Rogaría, por
favor, que no se me asimile a contratos de alta dirección, a blindaje,
etcétera. Ese número de



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contratos, según los datos que obran en poder de la Secretaría de Estado,
es de 897 personas que están fuera de convenio, pero que son personal que
ha ingresado en la Administración con las mismas circunstancias con que
ha podido hacerlo otra partida.

El señor Peralta preguntaba sobre los incentivos al rendimiento. Los
incentivos al rendimiento me imagino que se referirá a la cantidad, a la
que hemos hecho referencia, de los créditos de productividad. Le he dado
la cifra, pero ya le he indicado que estas cifras son pagos
estructurales, no son cifras discrecionales y, desde luego, los 41.000
millones a que hacía referencia no son cantidades nuevas. Efectivamente,
las cantidades son las que son en relación con años anteriores, como ya
le he dicho previamente.

Sobre la productividad diré que es un crédito que en unos ministerios
sirve para pagar, digamos, un trabajo extra --hay algunas situaciones de
funcionamiento por efectivo--, pero yo calculo y calcula la Secretaría de
Estado, según los estudios estimatorios que hemos hecho, que separando lo
que es pago salarial directo por trabajo que se efectúa, por un cambio
que se hizo en su momento en la jornada, etcétera, en el caso de los
médicos, la productividad estructural, reglada y pautada en los
ministerios que se paga es, por decirlo lisa y llanamente, por el horario
de tarde, porque los funcionarios vengan a trabajar por la tarde; es más
del 80 por ciento. El resto del crédito es el que puede ser una
productividad que responda más al concepto, pero la inmensa mayoría del
crédito se va en pagar, de manera absolutamente fija, estructural y no
cambiante, los horarios de tarde a todas las personas, un número elevado,
que vienen a trabajar por las tardes a los diferentes ministerios. En
ello se va la cuantía del crédito.

El señor Núñez preguntaba por la productividad y el grado de publicidad.

Que yo sepa, la productividad es pública en los diferentes Ministerios,
lo conocen las organizaciones sindicales, se suele colocar en todos los
tablones de anuncios, y si hay algún organismo del que él tenga
conocimiento, porque como parlamentario le llegue alguna nota de algún
funcionario, con mucho gusto, si me plantea los casos concretos, trataré
de averiguar en qué organismo de la Administración se ha podido producir
esa situación.

Alguien preguntaba también por el número de puestos amortizados: la cifra
del 10 por ciento. Pues bien, creo que se ha hecho una operación que se
considera razonable en los últimos tiempos, y es que se ha adelgazado
sustancialmente la RPT existente en la Administración. Como sus señorías
conocen, porque no habrán visto ningún tipo de noticia, no es que se haya
despedido a funcionarios, sino que eran vacantes que preexistían en la
Administración pública y que se han suprimido, con lo cual se ha
adelgazado el margen de maniobra para poder convocar eventuales ofertas
de empleo público. La reducción de estos puestos vacantes en RTPT ha sido
de 15.199. Por consiguiente, hay 15.000 puestos de trabajo menos, dotados
o no, vacantes en la Administración, obviamente sin afectar al personal
que ya está trabajando en ella.

El dato sobre organismos autónomos lo tengo ahora mismo en la mano.

Francamente, si desean conocerlo no tengo más que volver sobre él: en
enero de 1982 eran 284, en enero de 1993, once años más tarde, son 77. Se
ha producido una reducción de organismos autónomos de 207, que considero
que no es ninguna medida baladí. Ya digo que en estos últimos dos años
estamos congelando todo tipo de cambio de medidas estructurales.

Finalizaré, habiendo pretendido responder a una buena parte de las
numerosísimas cuestiones que me han sido planteadas, haciendo referencia
al tema de las retribuciones. Bien, señorías, es difícil saber --y ya di
algunos datos-- qué colectivos son los que ganan y los que pierden poder
adquisitivo. Nosotros tenemos hechos los estudios de los incrementos de
poder adquisitivo que han tenido los funcionarios públicos en los años de
bonanza económica para nuestro país. Hasta el año 1992, incluido, no cabe
duda de que ha habido importantes ganancias de poder adquisitivo. Tengo
las medias a disposición de sus señorías, pero les puedo decir que entre
1982 y 1988 para un IPC acumulado del 58,5 por ciento, el incremento
promedio en las retribuciones del sector público, capítulo I, fue del
75,3. Hagan sus señorías la diferencia para ver las ganancias. ¿Cuánto se
ha producido en unos y cuánto en otros? Eso ya es más difícil. En el
período 1982-1993, hasta el 1 de enero de 1993, el incremento retributivo
fue de un 44,3 por ciento y el aumento de precios en el mismo período fue
del 29,3. Estoy hablando del capítulo I. Se necesita ya un estudio
absolutamente complejo, por colectivos y debidamente disminuidas una
serie de partidas, incluso los incrementos de personal que se hayan
producido, para averguar cómo se ha traducido estos incrementos. Tengo
datos, no obstante, diferentes por colectivos relativos a en cuánto se
puede estimar la ganancia de poder adquisitivo de numerosos colectivos.

En concreto, para el año (le voy a dar datos de los últimos cinco o seis
años de incrementos adicionales) 1989 sobre 1988 se produjo un incremento
adicional del 2,4 sobre lo que estaba establecido en los presupuestos; el
incremento previsto era del 5,6. Los funcionarios de la Administración
general tuvieron un 2,4; Correos un 3 por ciento; docentes, un 4,7; las
universidades un 10 por ciento; el personal laboral el 1,3 y el resto de
personas de las universidades, el 3,3.

En el año 1990 sobre 1989, por darle algunos ejemplos, también los
docentes van a la cabeza con el 4,3; las universidades también. En la
Administración general la desviación fue del 1,2. En 1991 sobre 1990,
desviaciones del 3,9 en administración general o del 1,1 en los docentes
de universidad. En el año 1993 sobre 1992 las desviaciones sobre lo
presupuestado (como saben esta vez ya no se mantuvo el poder adquisitivo,
que era la inflación prevista en los presupuestos anteriores, sino que el
incremento fue del 1,8 más la revisión salarial de dos décimas, una más
una de paga atrasada) han sido del 0,9 en los funcionarios de
Administración general; del 2,1 en Correos; del 4,1 en docentes, por el
acuerdo al que he hecho referencia; del 0,9 en Administración de
Justicia; del 1,9 en personal sanitario de la Seguridad Social, del 0,2
en



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personal laboral, del 0,1 en docentes de universidades y del 1,1 en
personal no docente de universidades.

Con esto creo haberles facilitado los datos sustantivos de desviaciones
que se han producido este año en una serie de colectivos. Ya explique en
la primera parte de la exposición cómo se podía comprender la desviación
hasta el 5 por ciento, donde junto con estas desviaciones retributivas se
habían producido otras derivadas, por ejemplo, de los incrementos de
cotizaciones de la patronal por los gastos de Seguridad Social y también
por gastos como los de la campaña electoral por pago a correos, etcétera.

Muchas gracias, señor Presidente. Espero haber satisfecho, al menos
parcialmente, la avalancha de preguntas que me han planteado los grupos
de oposición.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Secretario de Estado para la
Administración Pública.

De acuerdo con el Reglamento y con lo acordado por la propia mesa de esta
Comisión, se abre un turno breve para aclaraciones o reiteración de
preguntas que no se consideren contestadas debidamente.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Núñez.




El señor NUÑEZ PEREZ: Señor Zambrana, a lo largo de muchos años de muchas
legislaturas hemos dado muestras de un diálogo constructivo y de tratar
los temas de la Adminitración pública y de la función pública, por lo
menos --le voy a decir una sola palabra--, con seriedad. Y con sincera
preocupación. Por tanto, no le admito que diga que yo trato estos temas
como mercadería demagógica, porque eso no es cierto.

Vera usted, le voy a dar un ejemplo. Año tras año nosotros veníamos
presentando una enmienda a lo que hoy es el artículo 24, retribución de
los altos cargos, para que los complementos específicos para dichos altos
cargos no fuesen tratados con un criterio de discrecionalidad que los
ponía en duda respecto a la legitimidad del cobro por parte de quienes
los percibían. Después de cuatro enmiendas seguidas, al final lo han
aceptado ustedes. Yo me enorgullezco de ello; no le voy a cobrar derechos
de autor, pero sí le voy a decir, como un ejemplo, que hay planteamientos
constructivos que siempre presiden la presentación de nuestras enmiendas.

Tengo más datos. Ese es uno y se lo apunta, por favor, para que no vuelva
a tratarme de frívolo en el planteamiento de las preguntas.

En todo caso, señor Zambrana, las doscientas o trescientas preguntas que
usted ha dicho que hemos hecho, demostrarán, al menos, el interés entre
los dos, un interés de habernos estudiado este tema, en nuestro Grupo,
por supuesto, y de seguir estudiándolo, porque también nos interesa mucho
que se acierte, aunque acierten ustedes. Llévense ustedes el laurel y el
acierto, no nos importa, pero que la Administración pública funcione y no
se conculquen los derechos adquiridos por los funcionarios ni se les
discrimine. Y no se trata de ningún tipo de demagogia, se trata
simplemente del sentimiento que hay entre los funcionarios.

Más cosas. Yo no le pido explicaciones, señor Zambrana, le pido datos.

Siento mucho decirle que la mayor parte de los que le he pedido no los ha
facilitado. Entiendo también que ha hecho usted un esfuerzo, que le
agradezco, por contestar a la mayor parte y que ha seleccionado, pero
como es costumbre ya en este tipo de actos parlamentarios, le voy a pedir
que por escrito determinadas cuestiones no las remita con datos y cifras
perfectamente claros.

Le voy a decir una cosa. Le agradezco mucho su referencia a mi anterior
partido, a Unión de Centro Democrático y, sobre todo, a nuestra cordial
amistad, que sabe que es recíproca por encima de cualquier circunstancia
política. El Partido Popular es un partido democrático --no lo dude
usted--, exquisitamente democrático, que con ocho millones larguísimos de
votos ha ocupado un gran espacio político que también está en el centro,
que se ha convertido en una alternativa y que trabaja concienzudamente
aquí, como oposición, y en los sitios donde gobierna, como gobierno.

Dicho todo esto, que creo que era necesario decir, tengo también que
señalarle lo siguiente. Mire usted, estoy de acuerdo en que los
funcionarios han pasado de 1.621.000 en el año 1982 a 2.230.000 en todo
el sector público. Estoy de acuerdo también en que donde más se ha
producido el incremento es en la Adminstración local, en las
administraciones autonómicas. En todo caso, en estos diez años largos
hemos crecido un 30 por ciento. Son datos que nos facilitan ustedes a
través de los papeles que nos mandan y que yo le agradezco. Mientras
tanto, en el resto de la Comunidad Europea se ha crecido el 10 por
ciento. Además, para calibrar y valorar la dimensión de la Administración
pública hay que hacerlo a través de dos parámetros: uno es la cantidad de
PIB que se gestiona en relación con otros países y otro la calidad de los
servicios y la eficiencia, es decir, la rentabilidad de los medios en
relación con el servicio que se presta. Ese, evidentemente, es un debate
que podríamos tener, y que lo tendremos sin duda a lo largo de otros
actos parlamentarios, pero que quede bien claro que todo tiene una
versión, una interpretación y, por lo tanto, tiene también las
consecuencias que cada uno les quiera sacar a sus propias reflexiones.

En cuanto a las RPT, aparte de las que usted ha dicho que faltan, quedan
también por publicar y aprobar todas las relaciones de puestos de trabajo
de las entidades gestoras de la Seguridad Social, el INSS, del Insalud,
del servicio común de la Seguridad Social y de la Tesorería General de la
Seguridad Social. Hay una cosa que me preocupa más que las que faltaban,
que este año no se lo he preguntado. Lo que le pregunté y le sigo
prepuntando es por qué no se publican las modificaciones de las RPT,
porque ahí está la clave del sistema retributivo, y usted lo sabe. A eso
no me ha contestado usted, y es la clave, más que las que faltan o las
que sobran. Entiendo que simplemente con publicarlas quitará todas las
telas de araña y



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todas las sospechas de la cabeza. Publíquelas o envíenoslas y ya está.

En cuanto a la pérdida de poder adquisitivo, es un debate que hemos
tenido siempre y que volveremos a tener seguramente con motivo de una
enmienda. Por lo tanto, para ahorrarles tiempo y, sobre todo, para no
cansar la atención de mis compañeros, no voy a incidir sobre esta
cuestión. No estoy de acuerdo con lo que usted ha dicho, pero es un
debate que, repito, queda pendiente para el trámite en Comisión y en
Pleno.

En cuanto a los créditos de productividad, no me interesa la media de los
subsecretarios y directores generales; eso ya lo sabemos. Yo no le
pregunté por eso. Ya le dije que no me contestara así, que no merecía la
pena. También para quitar telas de araña y sospechas y que un señor, un
sindicato, una junta de personal o cualquier otro funcionario me venga
con la queja, para que eso no se produzca, envíenos la relación de los
complementos de productividad de todos y cada uno de los subsecretarios y
directores generales, y punto, se acabó la presente historia. Mándenosla
usted y ya está.

Los cambios de productividad a través de las modificaciones clandestinas
de las RPT también nos interesan, aparte de los altos cargos, y tampoco
me ha dicho nada de esa cuestión.

Respecto a los altos cargos, no juegue con que si había tantos
diplomáticos y tantos abogados del Estado en 1982 y tantos otros en 1993.

Más o menos son los mismos, es decir, casi hay los mismos diplomáticos y
abogados del Estado que en 1982. Por tanto, no es un argumento para
demostrar nada. Aquí lo que hay que demostrar es lo siguiente: en 1982,
para todos esos diplomáticos, para todos esos abogados del Estado y para
todos esos cuerpos superiores había exactamente 1.473 altos cargos y
puestos directivos y en 1993 hay 7.200, pero, ¡ojo!, con otro dato muy
importante al que usted no ha aludido para nada, y es que la mayor parte
de los ministerios han quedado vacíos en sus competencias, porque han
sido transferidas a las comunidades autónomas, y supongo que eso tendrá
mucho que ver con la reducción de esas personas.

En cuanto a los asesores, se llamen como se llamen, cuando yo tuve la
ocasión y el honor de ser miembro del Gobierno, por ley perfectamente
establecida --y usted se la conoce, porque conoce muy bien estos temas--,
en el Ministerio había cinco asesores que figuraban en los Presupuestos.

No había ni uno más. Todos los ministros tenían un cupo de asesores
asignados por ley y no había ninguno más. Fíjese usted cómo les podemos
llamar ahora, desde electricistas si aludimos al enchufe o cualquier otra
historia demagógica que no me da la gana hacer.

La oferta de empleo público es de nota. Entiendo que han tratado de
congelar la oferta de empleo público y de cumplir la disposición
transitoria octava de la Ley de Presupuestos, pero no lo han hecho. Se le
han escapado por distintos desagües un montón de personas que trabajan
para la Administración. He observado una contradicción tremenda entre lo
que dice la Ley de Presupuestos o su programa de objetivos y lo que dice
la Ley de acompañamiento, por llamarla de alguna manera y no
descalificarla. Fíjese lo que le digo: retiro la palabra anterior, para
que usted vea que no tengo ningún inconveniente en hacerlo. Para los
funcionarios de nuevo ingreso, y a través de los objetivos de selección y
formación de personal, tenemos: Cuerpo Superior de la Administración
Civil del Estado, 800; Gestión de la Administración del Estado, 3.000;
administrativos de Administraciones del Estado y la Seguridad Social,
25.000; Cuerpos Auxiliares de la Administración del Estado y la Seguridad
Social, 80.000, etcétera. Yo me pregunto: ¿no se prevé la congelación de
la oferta de empleo público? Entonces hay una incoherencia entre lo que
se dice en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y lo que se dice
en la Ley de acompañamiento, entre lo presupuestado en pesetas y lo que
se dice que se va a hacer. ¿Cómo se puede presupuestar el dinero sobre la
base de unos objetivos falsos? Porque aquí están; no me los he inventado.

Si usted me dice que esto es un error, que son unas erratas, que no sabe
quién le metió ese gol, lo acepto y punto, pero lo que dice esto va a
misa.

Respecto a organismos públicos --y ya termino, señor Presidente-- tengo
que decirle una pequeña cosa. La drástica reducción de organismos
públicos de la Administración figuraba en el Plan de Convergencia de
1992, y usted lo sabe muy bien, por tres razones fundamentales: la
primera, porque había incumplido sus objetivos, la segunda porque
habiéndolos incumplido se han demostrado inútiles y la tercera porque sus
competencias han sido transferidas a las comunidades autónomas. Por esos
tres motivos se pedía la supresión de la refundición. La drástica
reducción de que habla creo que no es posterior a 1992. En todo caso, no
me dice si entre esos que han desaparecido cuentan o no los que han
reconvertido en entes públicos al amparo del artículo 6.º5 de la Ley
Presupuestaria, porque hay unos cuantos organismos autónomos que se han
convertido en entes públicos y que tienen una capacidad todavía mayor de
discrecionalidad en cuanto a la contratación, etcétera, que los propios
organismos públicos, que por lo menos los teníamos controlados desde
aquí. Por tanto, esas cosas se podrán decir ante la opinión pública o
ante cualquier otro foro, pero aquí no porque la película y la asignatura
nos la conocemos bastante bien.

No voy a continuar porque, repito, no se trata de replicar en este
debate. Hay tiempo más que suficiente para que en Ponencia, de la que
también soy miembro, en Comisión y en Pleno podamos discutir los
Presupuestos y la Ley de acompañamiento. Habrá tiempo después --y ya se
lo anuncio-- de debatir estos temas, bien sobre sus iniciativas, si nos
mandan por fin la Ley de organización y funcionamiento de la
Administración del Estado, si nos mandan el Estatuto de la Función
Pública, o bien sobre la que nosotros vamos a enviar, porque de esta
legislatura no pasa, ya se lo digo de antemano. Por tanto, en todos esos
trámites, yo tendré muchísimo gusto en seguir debatiendo con usted y con
las personas de la Administración y del Gobierno socialista que estén
encargadas de estos temas, con el único deseo --repito-- de acertar.

Retiro



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todas las palabras que puedan poner en duda esta nobilísima intención.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Martínez.




El señor MARTINEZ BLASCO: La impresión que yo tengo es que el señor
Secretario de Estado sabía, evidentemente, que le íbamos a preguntar
sobre la oferta de empleo público, sobre las retribuciones y demás. Ha
traído sus informes hechos y los ha leído, pero yo no sé si tiene eso
mucho que ver con las cuestiones que le hemos planteado. Incluso podría
poner ejemplos de temas que ha tratado a los que en absoluto ninguno de
los dos grupos nos habíamos referido en los términos de la explicación
dada por el señor Secretario de Estado. Yo entiendo la dificultad de una
comparecencia de este tipo donde a alguien le pregunten datos de
doscientas cuestiones, pero que no se nos intente vender la moto de que
se nos contesta a los datos que hemos pedido. Ha leído el informe y me
parece muy bien. En todo caso, yo también me uno a la petición del Grupo
Popular de que sería bueno para todos que esos informes nos los hiciese
llegar. Dice el señor Secretario de Estado que tienen hecho un estudio de
cómo han afectado los incrementos de poder adquisitivo, discriminando por
grupos, etcétera. Sería muy bueno que nos hiciese llegar esos informes
para poderlos discutir en lo concreto.

Sepa el señor Secretario de Estado que nosotros no participamos de la
«criminalización» de la Función Pública, pero eso está en la calle. Es
decir, cuando el Gobierno ha dicho que quiere reducir el déficit público
ha echado mano de los desempleados, ha echado mano de los funcionarios y
en general de todos los trabajadores pretendiendo un pacto de rentas de
congelación salarial, más o menos, y con las quejas evidentes que hay en
los funcionarios por el funcionamiento de la Administración Pública,
aprovechando que, como decía el señor Núñez, el Ebro pasa por Zaragoza,
ha aprovechado para decir que la culpa la tienen los funcionarios y que
aquí es donde hay que apretar el cinturón para resolver el problema
económico de este país.

Nosotros somos conscientes de que la Administración no es del PSOE, ni
siquiera del Gobierno. La Administración es de todo el país y
efectivamente el Gobierno dirige la Administración, pero no es propiedad
suya sino de todos los españoles en cierto sentido y, desde luego,
contará con nuestra colaboración para mejorar su funcionamiento, siempre
qu no vaya en la línea de la privatización, del desprestigio de los
funcionarios o de la Administración Pública.

Podríamos entrar en el tema de la oferta de empleo público. Desde luego
no ha contestado en términos más o menos concretos a cuál puede ser la
oferta de empleo público de 1994. Ha dicho que va a haber jubilaciones,
muchas, pero yo le había preguntado cuántas están previstas. Supongo que
el ordenador lo sabrá. Estoy seguro de que el señor Secretario de Estado
no tendrá el dato en la cabeza, pero el ordenador sabe quiénes cumplen 65
años el próximo 1994 y se puede saber cuál va a ser el comportamiento.

Efectivamente, dice el señor Secretario de Estado que la Administración
no debe resolver el problema del empleo. Ya le he dicho que si una
Administración Pública maneja casi el 50 por ciento del producto interior
bruto, también tiene una parte alícuota en la creación de empleo. Además,
el sector público en nuestro país depende de los servicios que se
presten, que es un problema incluso histórico y cultural. Evidentemente
no son admisibles las comparaciones con otros países que tienen sectores
de sanidad o de educación más privatizados que en nuestro país porque
evidentemente son los sectores con mayor empleo público, quitadas las
fuerzas de orden público o las fuerzas armadas. Por tanto, lo que nos
preocupa a nosotros es que con toda esta política de «adelgazamiento»,
que es una palabra del señor Secretario de Estado acuñada en la
comparecencia del año pasado, «adelgazamiento» de la Administración
Pública, en definitiva lo que se está perjudicando es la prestación de
servicios a los ciudadanos.

En cuanto a la composición de esta Administración Pública, si son muchos
o pocos altos cargos, la impresión que yo he sacado es que las notas que
ha leído el señor Secretario de Estado se las han preparado esos asesores
eventuales y no los funcionarios que hacen los Presupuestos Generales del
Estado. (Risas.) Yo tengo la obligación de ir a los documentos de los
Presupuestos Generales del Estado. Escucho con muchísima atención al
señor Secretario de Estado, pero como a veces coge carrerilla y da datos,
yo no sé si esos datos obedecen a otros papeles que tiene el señor
Secretario. Yo voy a la referencia de los anexos de personal y dice:
«Altos cargos, 597 en el año 1994; 593, en el año 1993», el Estado,
organismos autónomos y entes públicos. Pero si voy sólo al Estado, que yo
no sé si el dato era sólo del Estado, es: «Año 1994, 512; año 1993, 514.»
Lo digo por esos 409, salvo que estén libres todas esas plazas y se vayan
a cubrir en el año 1994, con lo que ya empezamos a desgranar elementos de
la oferta de empleo público.

Ocurre tres cuartos de lo mismo con los datos que se han dado de personal
eventual. Dice el señor Secretario de Estado que en 1993 eran 384. Pues
el personal eventual, y sólo del Estado, en 1993 eran 654. Digo lo que
pone, negro sobre blanco, impreso en los documentos que nos han sido
facilitados a los diferentes grupos. Es probable que esto lo hayan hecho
los funcionarios y los datos de los cuadros se los hayan hecho sus
asesores, que ni siquiera se han leído los libros. Es la página 201 del
libro de anexos de los presupuestos.

Ocurre lo mismo con los temas de productividad. Señor Secretario de
Estado, yo he intentado ajustarme a la terminología presupuestaria. Yo
estaba hablando del artículo 15 de los Presupuestos Generales del Estado,
que se refiere a esos incentivos que después subdivide en dos conceptos
diferentes, el 150 y el 151, que son la productividad y las
gratificaciones. Esos datos que figuran en los Presupuestos Generales del
Estado, en el libro publicado en el Diario oficial además de esta Cámara,
no coinciden



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en absoluto --ni el concepto 150 de productividad, ni el 151 de
gratificaciones, ni el global del artículo 15, que son los incentivos--
con las cifras que usted ha dado, no coinciden en absoluto. Vuelvo a
decir que no sé si quien ha enviado a la Cámara los impresos son unos y
los que han confeccionado sus datos son otros. Tendremos que hacer un
desglose muy pormenorizado, porque desde luego no coinciden, pero no
coinciden del tanto al duplo. Por tanto, ahí debe haber bolsas y
tendremos que descubrir de dónde proceden.

También le hacía la pregunta de a cuántas personas han afectado estas
retribuciones del artículo 15 --conceptos 150 ó 151, sean productividad o
gratificaciones--, porque evidentemente el problema de las medias es
absolutamente engañoso y conviene saberlo. También me uno a la petición
del Grupo Popular de que el Secretario de Estado nos envíe, si lo tiene a
bien, el desglose de la aplicación, ministerio a ministerio, del artículo
15 de los presupuestos, del capítulo 1 de cada uno de los Ministerios, a
cuántas personas ha afectado y en qué cuantía, porque evidentemente
entonces podríamos hablar en términos parecidos.

El problema de los niveles. Yo tengo la apreciación, evidentemente
confirmada por las palabras del señor Secretario de Estado, de que se
está produciendo una acumulación de personal en los niveles 28, 29 y 30
como una medida de huir --porque está después el otro mecanismo de fuera
de convenio-- de las congelaciones salariales. Aquí se vende que hay una
congelación salarial, pero hay determinados sectores que están
privilegiados. No lo digo en sentido peyorativo ni en sentido favorable;
no estoy criticándolo, pero evidentemente cuando se vende la congelación,
ésta afecta a quien cobra 60.000 pesetas limpias al mes y, sin embargo,
por una serie de mecanismos, no están afectando a otros. Y uno de los
mecanismos es el deslizamiento hacia arriba de determinados niveles.

Usted ha informado sobre los niveles 28 y 29, pero no hemos conseguido
saber nada sobre el 30, porque se ha parado ahí. Tampoco es cuestión de
volver sobre ello, pero para mí lo importante era ver la evolución en los
últimos años. Díganos cómo se está produciendo ese deslizamiento de
niveles en los últimos años porque yo creo que eso es importante.

En cuanto a si el Gobierno puede hacer la ley de acompañamiento, porque
son simplemente los intrumentos, ya que después los planes de empleo los
dicutirán con los sindicatos, no nos cuente películas. Esto afecta al
régimen jurídico y está en la ley. Estas cosas hay que consultarlas, pero
no dándoselas el día 23 de septiembre en la mano diciendo: «Esto va al
Consejo de Ministros del día 7 de octubre.» Eso no se puede hacer. Eso no
es una forma de consultar. Si el señor Secretario de Estado cree que eso
es consultar... Eso será informar en todo caso, pero no consultar. Yo
creo que éste es uno de los elementos para los que la legislación
establece que debe haber una consulta y extra-ley debe haber pacto,
puesto que los pactos con los sindicatos efectivamente no garantizan en
estos momentos ese clima de confianza. Le he insinuado si el hecho de que
se dé como una fórmula legal en el «Boletín Oficial del Estado» no estará
perjudicando el acuerdo global, «y a partir de aquí hablamos de lo que
queráis». Creo que esa es una mala fórmula para poder llegar a acuerdos.

En los temas de movilidad sabe el señor Secretario de Estado que los
sindicatos están siempre abiertos; es un problema que la Administración
española tiene, por los redimensionamientos de las administraciones
centrales, autonómicas y locales, por una serie de problemas. Le he dicho
que había un mecanismo, evidentemente no utilizado, pero estaba el
mecanismo. En todo caso ya discutiremos si este mecanismo es de
reasignación o de reajuste.

Voy a intentar terminar, señor Presidente. Creo que algunas de las
preguntas formuladas, muy concretas, no han sido contestadas, por lo que
rogaría al señor Secretario que si no puede hacerlo en estos momentos lo
hiciera en el futuro. Quisiera conocer si existe objetivo final del
reajuste, hasta dónde llegaría ese adelgazamiento del 10 por ciento sin
perjudicar el funcionamiento de la Administración. Por eso le había
preguntado incluso las previsiones de transferencias para 1994. Si había
cálculos de ahorro de costes en los 204 programas de modernización, así
como qué iba a pasar con los programas de modernización en 1994.

Igualmente quisiera conocer el número de horas extras realizadas en 1993
por el personal laboral; el número de contrataciones laborales hechas con
créditos de inversiones, porque puede ser otro de los elementos que estén
distorsionando. También le había hecho la consideración de que en el
Consejo de la Función Pública no están las corporaciones locales y las
comunidades autónomas y cómo se iba a resolver eso para la negociación de
1994. Me uno a una insinuación que ha hecho, creo, el Grupo Popular, y es
si no sería posible que, visto que en 1993 no ha habido congelación para
todos, seamos serios y claros y en 1994 no haya congelación para todos y
se pueda discriminar por grupos. Lo que no es de recibo --y lo dijo usted
en la comparecencia del año pasado-- es que haya determinados colectivos
en la Administración central que cobren muchísimo menos que en otras
administraciones; esos colectivos son los que hay que apoyar, pues sería
posible establecer discriminaciones en función de los grupos para 1994.




El señor PRESIDENTE: Para trámite de conclusiones, tiene la palabra el
señor Secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA (Zambrana
Pineda): Voy a tratar de responder a lo que pueda lo más brevemente
posible. Como no podía ser menos, he traído material para intentar
responder a una parte de las preguntas que, ya he dicho, han debido ser
200 ó 300; creo que una buena parte han sido respondidas, unas
directamente, otras tangencialmente, pero estoy dispuesto, como siempre,
porque creo que la transparencia es fundamental en nuestras relaciones, a
seguir respondiendo cuantas veces haga falta, y sobre todo a los temas
que ustedes planteen y, obviamente, que nosotros consideremos conveniente
o estemos obligados porque así lo digan las leyes.




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Quiero, en primer lugar, agradecer el tono de la intervención de los dos
Diputados que acaban de intervenir, sinceramente, señor Núñez. La
referencia política que hice a derecha democrática era en relación con
derecha en el gobierno, me parece que lo dije y estará en el «Diario de
Sesiones»; no se me ocurre pensar ni imaginar ningún otro tipo de
sugerencia ni poner en duda lo que ocho millones y medio de españoles han
votado. No estamos en ese juego. Lo digo porque otras veces la herencia
de UCD parecía que no era asimilable por el PP y ahora parece que sí...

Pero bueno, eso ya entra dentro del juego político... (El señor Núñez
Pérez: No empecemos.)



El señor PRESIDENTE: Señor Zambrana, le ruego conteste y no entre en
debate.




El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA (Zambrana
Pineda): Muchas gracias, Presidente.

En el tema que ha planteado el Grupo Popular sobre el crecimiento del 30
por ciento o del 10 por ciento en las administraciones españolas, que no
la Administración del Estado, que en términos netos ha crecido el 9 por
ciento, por debajo de la media europea. Yo no puedo responder aquí por lo
que hagan los ayuntamientos y las comunidades autónomas, y tampoco les
inculpo sobre ese crecimiento mayor. También es verdad que la
Administración española a la muerte de Franco estaba manejando el 25 por
ciento del producto interior bruto --y digo manejando porque gran parte
de la Administración lo que hace es distribuir, no consume, no gasta
directamente--. Ahora está en el 45 por ciento; es normal que haya
crecido el número de personas que trabaja para la Administración; he
dicho que a pesar de ello estamos todavía en una situación muy inferior a
la existente en Europa.

En el tema de las RPT de las entidades gestoras de la Seguridad Social no
quiero precipitarme, pero yo entendería que esas RPT están hechas, señor
Núñez. En cuanto a publicar las modificaciones de las RPT, no se están
publicando en el BOE porque inundaríamos el Boletín, pues hay bastantes.

Como todo organismo vivo, la Administración no puede hacer una RPT que
sea permanente, sino que cada año se introducen bastantes, pero son
conocidas en los centros de trabajo y se sitúan en los tablones de
anuncios. Francamente no creo que haya ninguna dificultad en que SS. SS.

las conozcan.

En el tema de la productividad pregunta por todos y cada uno y hacía una
referencia al tema de los específicos. Señor Núñez, hemos aceptado la
sugerencia que llevan haciendo algún tiempo. (El señor Núñez Pérez:
Muchas gracias.) Ha sido este modesto Secretario de Estado el que propuso
que se aceptara, pero, espere, no se precipite... (Risas.) El señor Núñez
Pérez: No lo estropee), a la vista de que este año el complemento
específico no se iba a volver a mover y no tenía ganas de, nuevamente,
oír su requerimiento, es por lo que se ha tomado la medida de quitarlo y
dejarlo único. Ahora bien, si me pregunta mi criterio, entiendo que los
directores generales deberían tener complementos específicos diferentes,
y en ese caso volvería a tener sentido la vieja redacción. Otra cosa es
que ustedes soliciten conocer los complementos específicos. ¿Por qué?
Porque no es lo mismo, como volumen de gestión, el que tiene el Director
General de Correos, que ahora es organismo autónomo, pero hay direcciones
generales con un volumen de gestión que parecería razonable que tuvieran
un complemento específico diferente. Como de todas formas la
Administración, en su crédito interno, no ha tomado esa decisión, de la
misma forma que plantean con el tema de la productividad, hay ministerios
donde la productividad es igual para todos los directores generales y
otros donde son diferentes para los distintos directores generales en
función del volumen que llevan; no así en los subsecretarios que, si mis
datos son ciertos, cobran todos el mismo complemento de productividad.

Por consiguiente, el dato que le he dado para los subsecretarios es
aplicable urbi et orbi, no así el de los directores generales, donde hay
diferencia. Tomo nota de la sugerencia que hace, aunque no sabemos hasta
qué punto es necesario colocar en un tablón de anuncios la diferencia de
productividad de unos directores a otros.

En el tema de los puestos directivos y de los funcionarios, nuevamente el
señor Peralta decía que se estaba produciendo una inflación
administrativa (perdón, quiero decir señor Martínez, es que me confundo
con su compañero de Grupo, con el que he debatido muchas veces). En parte
sí, pero no solamente por arriba, señor Martínez. Yo no sé si S. S.

conoce que los diez primeros niveles ya no existen; el nivel mínimo en la
Administración es el 10, no el 1, a efectos de complemento de destino.

¿Que eso ha sido una forma de pagar más? Sí, pero eso está completamente
desligado. Lo que se está produciendo ahora, créame, no es un incremento
grave en la desviación retributiva.

Pregunta el señor Núñez sobre los puestos directivos. Creo que esa parte
del debate, señor Núñez, deberíamos volver a centrarla. No sigamos
hablando de incrementos respecto a los tiempos de UCD, es otro problema;
no había RPT y ahora los hay, y sabemos que en los niveles 28, 29 y 30,
que son los de arriba de las RPT hay equis miles de señores, pero esos
señores, salvo que ustedes cambien la situación el día que ganen --que
espero tarden mucho-- y ya no hablen de RTP, van a seguir ganando igual,
y lo mismo da pagarles por un concepto que por otro. Yo no utilizaría eso
para el debate político, francamente. Su señoría es muy libre de hacer lo
que quiera.

Voy a tratar de responder al señor Peralta. Plantea el tema de los
eventuales..., perdón, señor Martínez. No hay tales equívocos,
simplemente en lo que llaman eventuales posiblemente se incluya personal
funcionario. Personal no funcionario, contratado de fuera, es éste. Por
consiguiente, es posible que incluyan personal eventual. Su señoría ha
hecho referencia a que posiblemente la documentación me la han preparado
los eventuales, pero le tengo que decir que solamente dispongo de una
persona en toda la Secretaría de Estado que no es funcionaria; el resto
son todos funcionarios y la inmensa mayoría, además, ni siquiera
militantes del Partido, me refiero a los niveles directivos --ya he dado
cifras sobre esto--, sino



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personas profesionales de la Administración. (La señora Fernández
González: Pero bueno, pero bueno.) Sí, señora Diputada, algunos fueron
secretarios de Estado con el señor Núñez de Ministro, o con algún
compañero suyo. (Risas.)
Señor Martínez, sobre el concepto de privatización podríamos discutir
algún día, porque el señor Presidente ya no me permite entrar en esto.

En los temas relacionados con la oferta de empleo público las
jubilaciones las conocemos a medias. S. S. no sabe que hay un 30 por
ciento --se lo digo yo ahora-- que son jubilaciones por invalidez, lo que
quizá sea un exceso, pero ésas difícilmente son controlables. La gente se
va jubilando cuando puede.

El adelgazamiento se viene produciendo en los términos en que me he
referido, pero desde luego ni en educación ni en sanidad --que
posiblemente le preocupe-- se ha producido un adelgazamiento mayor.

Con esto creo haber respondido. Señor Núñez, yo estoy dispuesto a
compartir los laureles, incluso a que se los lleve la oposición, con tal
de que la Administración española funcione correctamente. Y con
sinceridad le vuelvo a decir: Ojalá si se hacen leyes de fondo sean leyes
consensuadas, porque será bueno para el país que los grupos mayoritarios
de la Cámara se pongan de acuerdo sobre el funcionamiento de la
Administración Pública que es del Estado, que no es del Gobierno ni de un
partido, sino del Estado. Creo firmemente en eso y ojalá pudiéramos
llegar a puntos de acuerdo. (El señor Núñez Pérez: Sería más barato.)
«
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Zambrana.

Se suspende la sesión durante tres minutos.




Se reanuda la sesión.




--DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
(PEÑA DIEZ). A SOLICITUD DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR (número de
expediente 212/000205), SOCIALISTA (número de expediente 212/000104) E
IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA (número de expediente
212/000240).




El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión con la comparecencia del señor
Secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, don José
Francisco Peña Díez.

¿Grupos que deseen intervenir? (Pausa.)
En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra don Jorge Fernández Díaz.




El señor FERNANDEZ DIAZ: Muchas gracias por su comparecencia al señor
Secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, don José
Francisco Peña.

El señor Secretario de Estado y yo personalmente hemos tenido ocasión de
compartir muchas horas de trabajo en relación con uno de los ámbitos de
actuación propios de su Secretaría de Estado, como es el ámbito
autonómico, para llegar al conocido comúnmente como Pacto autonómico, que
es una de las dos columnas sobre las que se asienta su Secretaría de
Estado; la otra es la de las corporaciones locales. Hago esta referencia
inicial en el contexto de esta comparecencia previa al debate de
presupuestos que tiene una finalidad pretendidamente aclaratoria del
proyecto de ley de presupuestos para que nos desvele algunas dudas,
algunas incógnitas que nos ilustren mejor a efectos de plantear ese
debate en la Cámara.

Comenzando por una de esas dos columnas, concretamente la autonómica, es
evidente que está de palpitante actualidad el acuerdo al que se ha
llegado el pasado 7 de octubre en el seno del Consejo de Política Fiscal
y Financiera, en orden a una modificación cualitativamente muy
significativa sobre la financiación autonómica. Esta modificación
consiste en introducir una variación en relación con el acuerdo para el
sistema de financiación en el quinquenio vigente, 1992/1996, como muy
bien sabe el señor Secretario de Estado y todos los comisionados aquí
presentes, introducir una cierta componente de corresponsabilidad fiscal
mediante la cesión del 15 por ciento del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas recaudado en cada uno de los territorios
correspondientes a las 15 comunidades de régimen común. Y he hecho esa
referencia inicial al Pacto autonómico porque es evidente que se hubiera
debido seguir un modelo de negociación para la financiación autonómica
similar al que seguimos para la consecución del Pacto autonómico, que no
fue mal si valoramos ese acuerdo en función del objetivo que se pretendía
conseguir, ya que la Ley 9/92 obtuvo aproximadamente 300 votos favorables
en el Pleno de la Cámara y las admisiones a trámite de las proposiciones
de ley correspondientes a la reforma de los diez estatutos de autonomía
de las comunidades que accedieron a la misma por la vía del artículo 143
han tenido también en el Pleno de la Cámara un amplio respaldo, superior
en ocasiones a los 300 votos. Digo esto porque es evidente que
financiación autonómica y competencia son las dos caras de la misma
moneda. No podemos hablar de autonomía política sin autonomía financiera.

Y si nos ponemos de acuerdo para desarrollar la Constitución en el ámbito
autonómico a efectos de las competencias --y ésa ha sido una constante
desde la aprobación misma de la Constitución, que ya fue elaborada por
consenso--, no acabamos de entender por qué a la hora de tratar la otra
cara de la moneda, que es la financiación de esas competencias, de ese
autogobierno, no podemos llevar un mismo sistema procedimental que a la
vista está, insisto, no ha dado mal resultado. Todo es mejorable en la
vida, por supuesto, y todo lo que se hace en política más todavía, pero
es evidente que en el ámbito concreto del desarrollo autonómico, desde un
punto de vista constitucional, podemos sentirnos satisfechos. Y si
hubiéramos hecho las cosas de la misma manera que las hemos hecho en el
Pacto autonómico, seguramente esta intervención mía



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no tendría sentido porque todas las dudas las tendría aclaradas, pues
esas dudas hubieran sido claramente expuestas en la mesa de negociación y
hoy sabría la opinión pública y, desde luego, sabríamos los Diputados a
qué atenernos, y la verdad es que no sabemos en estos momentos a qué
atenernos. Y como es evidente que si hablamos de nuevo sistema de
financiación autonómica hablamos de nuevos créditos presupuestarios,
estamos hablando lógicamente del proyecto de ley de presupuestos. Creo,
por tanto, que hay un hilo umbilical que une todo este razonamiento y que
justifica mi intervención ante el Secretario de Estado de
Administraciones Territoriales y la petición misma de comparecencia.

En relación con estas cuestiones, lo primero que le quiero preguntar al
señor Peña es cuánto va a suponer de incremento de coste la cesión del 15
por ciento en relación con lo que hubiera significado la aplicación, sin
esta variación, del acuerdo de financiación adoptado en el Consejo de
Política Fiscal y Financiera el 20 de enero de 1992. Sé que es el vigente
para el quinquenio y que el acuerdo del 7 de octubre es una modificación
teóricamente prevista en aquel acuerdo, pero, insisto, es una
modificación cualitativamente muy importante --a la vista está el gran
debate político que se ha originado en relación con la cuestión y no creo
que se hubiera originado este debate si el tema no tuviera
trascendencia-- y, sin duda, cuantitativamente algún reflejo debe tener
cuando se ha dicho que todas las autonomías ganan. Si todas las
autonomías ganan en relación con lo que hubieran ganado por la aplicación
sin más del porcentaje de participación en los ingresos tributarios del
Estado, de acuerdo con lo alcanzado el 20 de enero de 1992, es evidente
que interesa saber cuánto va a costar eso al erario público porque si
todos ganan, alguien pierde. Se podrá decir que perderán los
contribuyentes en la medida en que la corresponsabilidad fiscal, al
vincular mejor el esfuerzo fiscal de los contribuyentes en cada
territorio de comunidad con los ingresos presupuestarios de su comunidad,
va a suponer una disminución del fraude fiscal. Si lo que se consigue es
que ese diferencial de coste para sufragar este nuevo sistema de
financiación lo paguen los defraudadores, estoy encantado de la vida, lo
que pasa es que tengo mis serias reservas de que eso sea así. En todo
caso, debe estimarse cuánto va a costar, lo cual siempre es conveniente
conocer sobre todo en un momento como el actual, de crisis económica muy
grave, que está obligando a reducir el gasto público, a reducir al máximo
el déficit público. En este momento de necesidad de contención del gasto
y del déficit público, parece claro que un incremento del gasto público
por un nuevo sistema de financiación es una variable que se introduce en
una línea de no excesiva ortodoxia desde un punto de vista de estricta
política económica. Por eso la primera pregunta al señor Peña es ésta.

Quiero aclararle al señor Secretario de Estado que ayer compareció ante
la Comisión de Presupuestos, en un trámite similar a éste, el Director
General de Coordinación con las Haciendas Territoriales, comparecencia
que yo llevé en nombre de mi Grupo Parlamentario y que me aclaró algunas
cosas. Hay algunas dudas, sin embargo, que todavía subsisten, y en ese
sentido van mis preguntas. En todo caso, me interesa que desde un enfoque
diferente, más político, como es el de un alto cargo del Ministerio de
Administraciones Públicas, se dé otra visión distinta de la más
hacendística, más pegada al terreno funcionarial de un Director General
del Ministerio de Economía y Hacienda. Me interesa también la visión
política del Secretario de Estado de Administraciones Territoriales en
relación con lo que significa ese nuevo sistema de financiación en el
camino de conseguir un Estado cada vez más descentralizado políticamente
en el marco del bloque de la constitucionalidad. Esa es la primera
pregunta. Y si eso significará un incremento de crédito en relación con
la sección 32 previsto en el proyecto de ley de presupuestos. Es decir,
estimación del coste, en primer lugar, y, en segundo lugar, cuándo se
pagaría. Nos dijo ayer el señor Director General que para el año 1994 no
costaría nada, porque como estamos hablando de Impuesto sobre la Renta
tendría que liquidarse definitivamente a mediados del año 1995, que es
cuando se hace la declaración de renta de 1994, porque durante 1994 se
van haciendo retenciones a cuenta de la liquidación definitiva que se
hace a mitad de año. Pero es evidente que los anticipos que tendrá que ir
haciendo el Ministerio de Economía y Hacienda a las comunidades autónomas
serán a cuenta de esa liquidación definitiva, y ya esos anticipos a
cuenta no podrán ser los mismos que en base a lo que estaba establecido
anteriormente al acuerdo del 7 de octubre. Tendrá que haber unos
diferenciales también en los anticipos que cuenta. Por tanto, sin
perjuicio de que se liquide definitivamente el año 1995, algo va a costar
en el año 1994. Yo quiero que nos lo aclare el señor Secretario de Estado
porque es la primera comparecencia de un alto cargo de la Administración
ante esta Cámara después del acuerdo del Consejo de Política Fiscal y
Financiera del 7 de octubre, porque lo que sabemos hasta ahora
oficialmente es a través de los medios de comunicación. Esta Cámara, como
muy bien sabe S. S., no ha tenido ocasión de debatir en absoluto ese
asunto que va a incidir en los Presupuestos Generales del Estado. Por
tanto, queremos saber si es verdad o no que se establecen una cuota
mínima y una cuota máxima del 0,1 y el 0,5 por ciento respectivamente en
relación con lo que podrán cobrar las comunidades autónomas respecto de
lo previsto si no se hubiera aprobado esta variación del modelo el 7 de
octubre pasado. Y, en su caso, qué previsiones existen para ejercicios
posteriores, porque hay, por lo menos hasta el momento, una clara y vaga
indefinición.

Por otro lado, como muy bien conoce el señor Secretario de Estado, en la
Ley 9/1992 está previsto que a lo largo de la legislatura autonómica, en
la que no está esta Cámara pero sí las instituciones autonómicas,
legislatura de las comunidades del 143 que vence en el año 1995, se
perfeccione lo previsto en el Pacto autonómico y se lleve a ejecución la
Ley 9/1992. Hasta qué punto, en función de la previsión de calendario de
esas transferencias, a medida que se llegue a los acuerdos
correspondientes en



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las comisiones mixtas, tiene eso traducción presupuestaria en el
presupuesto de 1994. Yo no lo he visto. Me gustaría que me lo aclarara el
señor Secretario de Estado, porque también daría una idea de hasta qué
punto hay una voluntad política en el Gobierno de ir agilizando esas
transferencias que singularmente en el campo de la educación tienen una
traducción presupuestaria de un monto enormemente importante.

Finalmente, en relación con una de las dos columnas de su Secretaría de
Estado, la de las comunidades autónomas que estamos tratando ahora,
quisiera plantear dos cuestiones adicionales. En primer lugar, ¿qué pasa
con los fondos de nivelación, la aplicación del artículo 15 de la LOFCA?
No veo ninguna previsión presupuestaria, señor Secretario de Estado, y
sabe perfectamente a lo que me estoy refiriendo. El artículo 15 de la
LOFCA, y estamos hablando de una ley de 1980, de acuerdo con el artículo
158 de la Constitución, prevé la asignación de fondos de nivelación para
garantizar un servicio mínimo en todo el territorio nacional que se
equipara al nivel promedio nacional para los servicios públicos
fundamentales. En una comparecencia similar a ésta, con ocasión del
debate de presupuestos de 1992, que yo tuve el honor de llevar en nombre
de mi Grupo Parlamentario, el entonces Secretario de Hacienda, señor
Zabalza, dijo que el Gobierno no tenía resuelto todavía si tenía que
haber una partida específica para fondos de nivelación, como la prevista
en la sección 33 sobre el Fondo de Compensación Interterritorial, o si,
por el contrario, podían considerarse esos fondos como créditos
presupuestarios correspondientes a las diversas partidas que en el
proyecto de presupuestos hay para atender a lo que previamente se
hubieran concebido como servicios públicos fundamentales. Yo no he visto
nada de esto en el proyecto de presupuestos, y me gustaría que el señor
Secretario de Estado me lo aclarara porque, en caso contrario, nosotros
podríamos valorar como grupo político y parlamentario si teníamos que
presentar una enmienda para dotar de fondos de nivelación a lo que en
principio no hemos visto en el proyecto de ley de presupuestos.

Y voy a hacer una última consideración. Usted sabe que se ha barajado
muchas veces, desde un punto de vista muy simbólico pero que yo creo que
todos hemos entendido, la famosa distribución de porcentajes --desde
luego, mi Partido no lo ha hecho, lo ha hecho más bien el Partido del
Gobierno-- del 50, 25 y 25. En principio parece que un modelo al que
podría tenderse sería que el 50 por ciento del gasto público
correspondiera a la Administración del Estado y el 25 y 25 restantes a
las otras dos administraciones, la autonómica y la local. Sé que no es
más que una declaración filosófica-política, pero me gustaría que el
señor Secretario de Estado me dijera en qué porcentaje nos movemos en
este proyecto de presupuestos. ¿Hasta qué punto se está produciendo un
incremento en los créditos presupuestarios correspondientes al gasto
público que administran las corporaciones locales y las comunidades
autónomas y su traducción paralela en el ámbito de la Administración del
Estado?
Finalmente, sobre las comunidades autónomas --y afecta también a la
financiación de las corporaciones locales--, señor Secretario de Estado,
usted sabe que uno de los elementos que motivaron que se introdujera esta
variable de la corresponsabilidad fiscal, del esfuerzo fiscal en el nuevo
modelo de financiación, era que se consideraba que existían desfases en
las transferencias de los créditos presupuestarios, previstos en la Ley
de Presupuestos, hacia las comunidades autónomas (le pasa lo mismo a las
corporaciones locales), y que esos desfases presupuestarios en ocasiones
causan costos financieros, en términos relativos, importantes a esas
instituciones, comunidades autónomas y corporaciones locales, porque
tienen que pedir créditos de Tesorería para vencer dichos desfases en las
transferencias. Se decía que con la cesión del 15 por ciento se
produciría un mayor automatismo en esas transferencias (algo así como si
se enchufaran las oficinas presupuestarias de las comunidades autónomas a
las delegaciones especiales y provinciales de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria), y que ese mayor automatismo en los ingresos
impediría esos desfases y, en consecuencia, reduciría los costos
financieros, lo cual, en definitiva, va en beneficio de todos. Querría
saber si con el nuevo sistema se garantiza eso o no se garantiza. Por
otra parte, si está previsto que la Administración, precisamente porque
en la práctica se produce, tiene previsto también pagar intereses de
demora a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales, de la
misma manera que la Administración del Estado cobra a los administrados
intereses de demora cuando éstos se retrasan en sus pagos en relación con
la Administración. Parece que un equilibrio adecuado exigiría que la
Administración tuviera el mismo trato en relación con sus deudores que el
que tiene en relación con sus acreedores. Si los administrados tienen que
pagar unos intereses de demora, ¿por qué la Administración del Estado no
los paga? Se nos dijo en el anterior debate de presupuestos que no, que
se paga adecuadamente. Entonces no tendrán que pagar intereses de demora;
es decir, se niega la mayor. Pero si se retrasan, por qué no pagan
intereses de demora que podrían coincidir con el interés básico del Banco
de España, que sería un principio aceptado por todos. No lo hemos visto
introducido en el proyecto de ley de presupuestos y me gustaría que el
señor Secretario de Estado me diera su opinión al respecto, para ilustrar
mejor nuestro planteamiento ante ese debate.

En relación con las corporaciones locales, y sentados ya los principios
comunes, como estos que he comentado ahora y que afectan también a las
corporaciones locales, quiero señalar algunos temas muy concretos. En
primer lugar, señor Secretario de Estado, el artículo 81 del proyecto de
presupuestos, como participación de las corporaciones locales en los
ingresos tributarios del Estado, no establece los criterios de
distribución de esos ingresos entre las corporaciones locales, sean
ayuntamientos, sean diputaciones, a diferencia del proyecto de ley de
presupuestos del año 1993 y anteriores que remitían a lo previsto en la
Ley de Haciendas Locales, de 1988, y que eran válidos esos criterios para
el período 1989-1993. Repito que en este proyecto de ley de presupuestos
no se



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contemplan esos criterios de distribución. Podríamos pensar que quiere
decir que se van a aplicar los mismos que en los anteriores, pero ésa es
una presunción que no tiene ningún fundamento legal ni ninguna base más
allá de lo que sería razonable, y lo razonable no siempre es lo que
predomina en la política gubernamental. Por tanto, ¿cuáles son esos
criterios de distribución? En segundo lugar, hemos visto que en ese
artículo 81 hay una disminución de los créditos presupuestarios para las
corporaciones locales en relación con los previstos en el año 1993. Me
gustaría que me aclarara si es así, si no quiere decir que bajen los
créditos para las corporaciones locales, sino que simplemente ha habido
una transferencia de créditos, de tal suerte que las comunidades
autónomas uniprovinciales, que hasta ahora percibían como diputación unos
créditos que venían en el artículo 81, ahora lo reciben de otra manera y
es lo que justifica el descenso en cifras absolutas de esa partida
presupuestaria querría saber si es ésa la explicación o no porque, si no,
estaríamos ante una disminución de ingresos para los ayuntamientos, lo
cual requeriría una explicación importante y, sobre todo, teniendo
presente que otras figuras tributarias para los ayuntamientos, como es el
IAE o IBI, no están en estos momentos en una situación muy boyante.

Quiero preguntarle también si los 133.259 millones de pesetas que
aparecen en el proyecto de ley de presupuestos como cuantía del crédito
de que se dota a las corporaciones locales, como liquidación definitiva
de la participación de las mismas en los ingresos del Estado, es la
liquidación del año 1993, es la liquidación de todos los ejercicios
anteriores o qué es en concreto. No lo tengo claro y por ello me gustaría
que me lo aclarara. Repito que me parece que éste es el trámite más
adecuado para hacerlo.

Quiero hacer dos últimas consideraciones en relación con las
corporaciones locales. Una, las subvenciones a las entidades locales por
servicio y transporte colectivo urbano. Sobre la cuantía del crédito
presupuestado para 1993, ¿cuánto ha ido para ayuntamientos de más de
50.000 habitantes y cuánto ha ido para ayuntamientos de más de 20.000?
¿Me podría precisar si las cantidades respectivas, a las que he hecho
referencia, crecieron en términos netos o disminuyeron, también en
términos netos, en relación a lo que respectivamente percibieron en el
ejercicio de 1992? Asimismo le pregunto sobre las previsiones que existen
respecto a la aplicación, para el ejercicio presupuestario de 1994, del
artículo 87 del proyecto de ley de presupuestos respecto a anticipos a
los ayuntamientos por desfases en la gestión recaudatoria en los tributos
locales. En concreto, ¿para cuándo se prevé que se pueda contar con los
padrones correspondientes al Impuesto sobre Bienes Inmuebles --IBI-- y la
cuantía de los defases de Tesorería que se piensa se pueden producir? En
relación con la misma cuestión, le pregunto sobre los casos en que, en el
ejercicio en curso de 1993, se haya aplicado lo previsto en el párrafo
final del artículo 87 de la Ley de presupuestos de 1993, respecto al no
reconocimiento del derecho a percibir las ayudas para financiar el
transporte público colectivo a ayuntamientos.

Estas son las preguntas básicas que quiero formular al señor Secretario
de Estado en relación con el proyecto de ley de presupuestos y por lo que
hace referencia a comunidades autónomas y corporaciones locales.




El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, tiene la palabra la señora Aguilar.




La señora AGUILAR RIVERO: Señor Presidente, el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, preocupado por la situación que
atraviesan las corporaciones locales, y habiendo constatado que los
presupuestos generales, la letra de los programas proclaman unos
objetivos con los que luego los números chocan frontalmente y los hacen
prácticamente imposibles o inviables, nos gustaría que el señor
Secretario de Estado respondiera a algunas preguntas que, desde nuestro
punto de vista, son fundamentales.

En primer lugar, las razones del fuerte recorte de las transferencias a
los ayuntamientos, tanto transferencias corrientes como de capital. Hay
un recorte muy importante, en las transferencias de capital, en torno a
2.500 millones de pesetas.

En segundo lugar, nos gustaría conocer cómo se plantea la óptima
consecución de los objetivos en el Programa 124 --se dice-- programados a
través del banco único integrado de información sobre Administraciones
territoriales, y presupuestariamente se destina a este elemento, que
parece que es el básico y esencial para cumplir los objetivos
programados, cero pesetas. ¿Para cuándo la creación de este banco de
datos? ¿Hasta cuándo en los presupuestos no se va a presupuestar --valga
la redundancia-- ni una sola peseta para lo que se dice que es un
elemento esencial para conseguir los objetivos programados?
En tercer lugar, nos gustaría --algo que nos ha parecido curioso-- que se
nos explicara por parte del señor Secretario de Estado el incremento de
5.000 pesetas que el capítulo de altos cargos prevé. No sabemos cuál es
la intención de presupuestar 5.000 pesetas para altos cargos; no sabemos
exactamente a qué se van a destinar estas 5.000 pesetas. Por otra parte,
hay un incremento de 22.398.000 pesetas relativo a funcionarios, y nos
gustaría saber su destino. ¿A creación de nuevas plazas? Si es así, ¿qué
número de plazas? En su defecto, si no es para creación de nuevas plazas,
a qué concepto se destina, dentro del capítulo de funcionarios, este
incremento de 22.398.000 pesetas?
Asimismo nos gustaría conocer los criterios de distribución de los
incentivos al rendimiento previsto de 4.544.000 pesetas, que aparecen
también en el presupuesto. Lógicamente desconocemos de qué forma la
distribución de esos incentivos al rendimiento se va a llevar a cabo, de
qué manera se va a realizar.

Nos gustaría conocer algunas cuestiones relativas a las corporaciones
locales en relación al decrecimiento en prácticamente 20 millones de
pesetas en cuanto a las transferencias que se venían realizando a
asociaciones de



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vecinos. ¿Por qué se reducen las transferencias en esa cantidad a las
asociaciones de vecinos? ¿Por qué sólo se incrementan las transferencias
a la Federación Española de municipios en 200.000 pesetas? En definitiva,
por qué hay una caída del 70 por ciento real de lo que son transferencias
corrientes en el Programa 912. Hay una clara y grave contradicción. Está
a punto de aprobarse en la correspondiente Comisión una proposición para
declarar de utilidad pública a las asociaciones de vecinos, apoyada
prácticamente por la totalidad de los grupos parlamentarios de la Cámara,
y por otra parte se prevé una disminución presupuestaria importante.

Nos gustaría conocer las razones de la caída en torno al 50 por ciento de
las inversiones reales; cuáles son las razones para esa caída importante
en todo lo relativo a inversiones reales. Por otra parte, en un capítulo
que nos ha causado cierta perplejidad, nos gustaría conocer por qué se
presupuestan para seguridad, dentro de los gastos corrientes del Programa
912, siete millones de pesetas. ¿Es que se va a contratar seguridad
privada? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿A qué se van a destinar estos
siete millones de pesetas que aparecen en el capítulo de gastos de
seguridad?
Por último, quisiéramos conocer para cuándo el plan informático de la
Secretaría de Estado. Se prevé el plan informático de la Secretaría de
Estado de 1990 a 1997 y vemos cómo luego las cantidades que se
presupuestan no se corresponden con el tiempo previsto para que el plan
se ejecute. ¿Para cuándo? Quisiéramos que el señor Secretario de Estado
nos dijera si hay razones que fundamenten un retraso importante en la
ejecución de los planes previstos, incluso en el inicio de los mismos,
como ocurre en el Programa 124.

Estas son las cuestiones que esencialmente, al Grupo Parlamentario
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya nos gustaría conocer porque,
dada la coyuntura política en la que estamos, ciertamente parece que es
la era de la desaparición de las corporaciones locales, ya que la
situación económica a la que se les está abocando y la situación de
indefinición de sus competencias, ciertamente crea una dificultad
importante para lo que debe ser la construcción de un Estado equilibrado
y solidario.




El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Socialista, tiene la palabra el
señor Morlán.




El señor MORLAN GRACIA: Gracias, señor Secretario de Estado, por su
comparecencia ante esta Comisión. Bienvenido a la misma.

Mi Grupo se plantea una preocupación que es compartida por todos y que se
refiere a la financiación de las corporaciones locales. Dentro de esta
preocupación hay una cuestión que no ha surgido en los distintos
planteamientos que se han hecho en esta Comisión y que está relacionada
con las formas de cofinanciación que se establecen con los fondos Feder.

Nos gustaría saber concretamente cuál va a ser el nivel de cofinanciación
de los fondos Feder en los planes de inversión de las corporaciones
locales; es decir, qué transferencias está previsto que se hagan a las
corporaciones locales, porque entendemos que son unos elementos
importantes de cooperación económica y que indudablemente contribuirán a
que esas inversiones que tienen que plantearse en todo ayuntamiento se
puedan ejecutar.

No creo oportuno plantear algún otro tema en este momento, porque me
figuro que esta pregunta ya aclara bastante lo que han de ser los
sistemas de financiación para las corporaciones locales en los próximos
años.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, para contestar, el Secretario de
Estado para las Administraciones Territoriales, señor Peña Díez.




El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
(Peña Díez): Quiero dar las gracias a los tres grupos y a las señorías
que personalmente me han hecho estas reflexiones y estas preguntas.

Trataré de contestar de la mejor manera posible, porque a pesar de los
buenos deseos de algunos interpelantes, en el sentido de reconocer que mi
Secretaría de Estado tiene un alto contenido político y, por tanto, no
entra muchas veces en la gestión de aspectos muy concretos de los que son
fruto la interpelación, digo que a pesar de esos buenos deseos se me ha
hecho una batería de preguntas, todas interesantes, pero algunas de ellas
con un nivel de detalle que por no corresponder al presupuesto de mi
Secretaría de Estado contestaré en la medida en que buenamente pueda.

Sabrán sus señorías --la Diputada Aguilar de Izquierda Unida así lo ha
planteado desde la perspectiva del presupuesto de la Secretaría de
Estado-- que a pesar de que mi responsabilidad política puede alcanzar a
todo lo que tiene que ver con los aspectos económicos y financieros de
las comunidades autónomas y de las entidades locales, hay créditos
presupuestarios que no gestiona esta Secretaría de Estado y, por tanto,
el conocimiento de los mismos o de su detalle a veces no se me alcanza
del todo.

Empezamos, pues, por lo concreto. El Diputado Fernández Díaz me plantea
una primera cuestión de gran calado, entiendo yo, que replantearía de la
siguiente forma. ¿Por qué no se ha seguido en el debate de la
corresponsabilidad fiscal el mismo método de trabajo y el mismo espíritu
de consenso que seguimos en el Pacto autonómico y que derivó, como bien
dice él, en numerosas horas de trabajo entre nosotros, interesantes y
apasionantes? ¿Por qué no se ha seguido ese consenso? Esta es una
pregunta que sabe su señoría que nos hemos hecho con alguna frecuencia y
que hasta un cierto punto sigue sin resolverse. ¿Qué aspectos de la
política autonómica tienen que ser planteados dentro de lo que llamamos
el consenso constitucional y cuáles no? Esta es una cuestión que está
abierta. Su señoría sabe, porque me lo ha oído en privado, y algunos en
público también, que yo, en caso de tener que optar, siempre opto por
ampliar el marco del consenso constitucional al mayor número posible de
problemas del Estado de las autonomías. En caso de duda, siempre acudiría
al método de trabajo que nos llevó al consenso constitucional. Sin
embargo, para bien o para



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mal, el sistema de financiación autonómico, en general, desde el
comienzo, desde el primero provisional, se ha planteado, desde que se
aprobó la Lofca en el año 1980, como un instrumento que debía ser
negociado y aprobado en el seno del Consejo de Política Fiscal y
Financiera. El Consejo de Política Fiscal y Financiera es un órgano
constitucional que está compuesto por el Gobierno de la nación y los 17
gobiernos autonómicos. Por tanto, no es sólo legítimo, sino que es
lógico, que el desarrollo de la corresponsabilidad fiscal forme parte de
las competencias y de los trabajos del Consejo de Política Fiscal y
Financiera. Así se ha hecho hasta ahora y así se debe seguir haciendo.

Sin embargo, yo entiendo el interrogante de su señoría; lo entiendo.

Puede ocurrir que, a pesar de que la Lofca diga lo que dice, haya
aspectos del sistema de financiación autonómica que convenga en algún
momento tratar dentro del marco del consenso constitucional, porque quizá
la decisión que se adopte tenga que ver con eso que yo llamo modular la
estructura del Estado, que no sea simplemente negociar y aprobar un
instrumento de relación económica y financiera sino algo más. Esta
interrogante cabe. Algo de esto ha ocurrido cuando desde el Gobierno se
pidió la presencia del Partido Popular para hablar de problema de la
corresponsabilidad fiscal. No voy a calificar yo esta iniciativa, si fue
temprana, tardía, si ha tenido resultado o no. No es ésa la cuestión. Lo
que digo es que alguna duda nos entró. Eso es correcto. Para el futuro
habrá que tenerlo en cuenta. Pero debemos dejar bien claro que la
negociación y el acuerdo a que se ha llegado en el Consejo de Política
Fiscal y Financiera formaba parte de las competencias del propio Consejo,
es perfectamente legítimo y, por tanto, el sistema de negociación que ha
seguido también es legítimo. De eso no tengo ninguna duda, señoría,
aunque entiendo su interrogante en este aspecto y usted sabe, porque me
conoce, que en el caso de que se profundice en esa interrogante yo
siempre la resolveré sobre la base de acudir al consenso constitucional,
siempre. Pero eso no quiere decir que el proceso seguido, al menos en mi
opinión, haya sido incorrecto o que se haya salido del sistema jurídico
en vigor, porque entraba dentro de las competencias, insisto, que la
Lofca atribuye al Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Este debate es algo parecido al que probablemente tengamos que
desarrollar en el inmediato futuro a la hora de hablar, por ejemplo, de
la reforma que habrá que afrontar de una manera, supongo, relativamente
rápida, sobre las competencias de las entidades locales. ¿Estamos
hablando de un problema que exclusivamente cae bajo la responsabilidad
del Gobierno o es un problema que hay que abordar desde la perspectiva de
pactos entre partidos políticos que permitan aprobar normas jurídicas en
el Congreso, con un nivel de consenso que garantice su continuidad en el
futuro, cualquiera que sea la coyuntura política? Esa es la cuestión. La
verdad es que el Pacto autonómico fue un buen ejemplo --su señoría lo
sabe y sé que también lo comparte-- de cómo avanzar en el estado de las
autonomías, y debiéramos repetirlo con la frecuencia que sea necesaria.

La segunda cuestión que plantea S. S. es cuánto va a suponer de
incremento de coste --ha dicho textualmente-- el acuerdo sobre
corresponsabilidad fiscal recientemente adoptado y que tiene que ver con
el Impuesto sobre la Renta y quién pierde. En términos puramente
financieros, no hay incremento de coste. Lo que hay es un cambio de flujo
financiero. Lo que hemos hecho exactamente con el acuerdo de
corresponsabilidad fiscal, por repetir un poco el esquema aunque ya es de
sobra conocido, es que de la actual financiación autonómica, que llamamos
PIE, participación en ingresos del Estado, una parte, la parte que se
aproxima ya los dos billones de pesetas, que tiene que ver con la
variable del esfuerzo fiscal y que supone bombear en pesetas del año 1993
unos 500.000 millones de ese billón ochocientos mil, coger esa parte,
separarla del bloque y hacerla evolucionar en el futuro de una manera
autónoma. Eso es exactamente lo que hemos hecho en términos un tanto
castizos o simples. ¿Qué quiere decir? Que ahora va a haber dos
evoluciones distintas: una, lo que queda del viejo PIE y otra parte lo
que va a evolucionar según lo haga la recaudación de la renta.

En términos financieros no existe coste; lo que ocurre es que la suma de
las dos podrá ser distinta, y probablemente lo será, y haya una cantidad
mayor que la que hubiese habido de seguir el sistema antiguo, pero si
para alguien tiene que haber coste, será para los Presupuestos Generales
del Estado, es decir, para el Estado. Los Presupuestos Generales del
Estado tendrán que dotar una cantidad mayor para esa parte que evoluciona
según el Impuesto sobre la Renta y detraerla de otras partidas, es decir,
no tiene que haber coste para el ciudadano ni supone subida del IRPF ni
tiene por qué suponer más déficit público, no tiene por qué suponer nada.

Simplemente es una cantidad que evoluciona de una manera determinada, y
las comunidades autónomas tienen derecho a quedarse como ingresos con el
15 por ciento de la recaudación en su territorio del Impuesto sobre la
Renta. Por tanto, no creo que haya coste. Lo que sí hay --y ésa es la
cuestión-- es un incremento de financiación de las comunidades autónomas.

Todas las comunidades autónomas van a disponer de más dinero. Esa es la
clave concreta, y eso podrá ser bueno o malo, podrá ser discutible o no,
pero técnicamente eso es lo que va a ocurrir. Van a disponer de más
dinero. Y alguien tendrá que disponer de menos, que es el Estado. Siempre
que las comunidades autónomas disponen de más dinero, el Estado dispone
de menos. Por tanto, ni los contribuyentes, ni otras comunidades
autónomas van a perder nada. Lo que ocurre es que el Estado, en sentido
estricto, la Administración estatal tendrá que gastar menos, al menos así
lo entiendo.

Hay que tener en cuenta otra cosa que también me interesa resaltar.

Estamos hablando de unas cantidades que en el conjunto del sistema de
financiación son realmente escuálidas. El PIE del año 1994, si no tengo
la cifra mal grabada, se sitúa ya en alrededor de un billón 800.000
millones. Eso en lo que respecta a las comunidades autónomas. Las
comunidades autónomas en el año 1994 van a disponer aproximadamente de
una capacidad de gasto que va a superar con creces los 7 billones de



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pesetas. No lo sabemos porque no tenemos ni el más mínimo indicio de cómo
están elaborando los presupuestos de cada comunidad autónoma, pero sin
duda estará por encima de los 7 billones de pesetas. El Estado va a
transferir a las comunidades autónomas por todos los conceptos de los
Presupuestos Generales del Estado, por PIE, por FCI, por financiación
para la Sanidad que está transferida, 3 billones 600.000 millones. De
ellos, la mitad es PIE y el resto otro tipo de financiaciones sobre las
que ustedes, los expertos, saben perfectamente a qué me refiero. Con
estas magnitudes, hay que reconocer que hablar de 8.500 millones es
hablar de una cantidad francamente escuálida. No va a temblar ningún
pilar del Estado de las autonomías ni ningún pilar del sistema fiscal ni
ningún pilar de ningún sitio por 8.500.000 millones. Por tanto, creo que
el problema no es de cantidad sino de modelo. Creo que la discusión sobre
la corresponsabilidad nunca se debería centrar sobre su coste sino, en
todo cado, sobre la aceptación o no del modelo, y, eso sí, sobre la
discusión de si hay otros modelos mejores que el que se ha aprobado en el
Consejo de Política Fiscal y Financiera, lo que es posible e incluso
probable, y eso nadie lo va a discutir, pero, como bien sabe S. S., en el
Estado de las autonomías el mejor instrumento es el que merece más apoyo
político y este instrumento, el de la corresponsabilidad fiscal, con
todas las dudas, ha merecido el apoyo de la mayoría de los gobiernos
autónomos, y eso es lo que le hace válido jurídica y políticamente.

Sección 32. En estos momentos el Ministerio de Hacienda, que es el
responsable de poner en marcha estos mecanismos, está estudiando la
instrumentación presupuestaria del acuerdo del Consejo de Política Fiscal
y Financiera. No estoy en condiciones de contestar exactamente a su
requerimiento sobre si se va a notar o no en los anticipos a cuenta y
cómo se va a explicitar eso en la sección 32. No estoy en condiciones de
contestarle explícitamente, pero, en principio, en el Ministerio tenemos
prevista y preparada la convocatoria de las comisiones mixtas de
transferencias para aprobar, en su caso, los instrumentos concretos para
cada comunidad autónoma en aplicación del acuerdo del Consejo de Política
Fiscal y Financiera. De ellos quizás se tendrán que derivar, si es que
hace falta, modificaciones presupuestarias, pero no está claro o al menos
no me ha llegado todavía con claridad la opinión de los técnicos y de los
juristas del Ministerio de Hacienda acerca de si hace falta modificar la
sección 32, el texto de la ley de Presupuestos. Esto todavía se está
haciendo y, en este caso, tengo que poner en marcha los mecanismos de
comisiones mixtas cuando se tenga claro.

Que yo entienda, la aplicación del acuerdo de corresponsabilidad fiscal
no tiene por qué afectar a los anticipos a cuenta, porque no se ha
reconocido un porcentaje de las retenciones mensuales del Impuesto sobre
la Renta; se ha reconocido un porcentaje de la cuota líquida, que es bien
distinto. Eso no tiene por qué afectar, a mi juicio, a los anticipos a
cuenta. Esos tendrán que seguir con su método clásico.

No sé si es el momento de explicar el contenido del acuerdo del Consejo
de Política Fiscal y Financiera que dice S. S. desconocer o conocer sólo
por los medios de comunicación. Podríamos hacerlo, pero sinceramente creo
que S. S. ha tenido instrumentos fehacientes para conocerlo, aparte de la
prensa, estoy absolutamente convencido de ello, incluso cuestiones tan
técnicas como las cuotas mínimas y máximas. En todo caso, prefiero
enviárselo más que explicarselo aquí, porque puede ser suficientemente
complejo.

¿Cómo afecta a Ley 9/1992, es decir, las transferencias que se derivan
del pacto autonómico, al sistema de financiación o, más exactamente, a la
Ley de Presupuestos? Como sabe S. S., la traducción presupuestaria de una
transferencia es a posteriori; es cuando se produce la transferencia, y
en el propio acuerdo de la comisión mixta, cuando se establece el coste
efectivo, que es la expresión técnica correcta, de esa transferencia. Ese
coste efectivo se traduce inmediatamente en que del Ministerio que
gestionaba esa competencia se detrae esa cantidad, se pasa
automáticamente, vía modificación presupuestaria a lo largo del ejercicio
en el que se ha producido la transferencia, a la sección 32 y en el
presupuesto del siguiente año ya aparece en el PIE; es decir, que hay
unos meses o hasta un año en el que el Estado detrae esa cantidad del
Ministerio, lo pasa a la sección 32, a la comunidad autónoma
correspondiente, y aparece en el PIE en el presupuesto del año siguiente.

De modo que en el año 1994 no hay ni tiene por qué haber ninguna
traducción presupuestaria de las transferencias del pacto autonómico,
entre otras cosas, porque ninguna de ellas todavía, aunque pronto
empezarán a verse los resultados, se ha traducido en acuerdo de comisión
mixta, aunque ya estamos en condiciones de empezar a hacerlo. Como sabe
S. S., porque lo hemos repetido insistentemente, el Gobierno confirma la
voluntad política de aplicar el Pacto autonómico y de desarrollar el
proceso de transferencias inmediatamente. De hecho, en ello estamos. No
hay casi día de la semana que no haya en el Ministerio nuestro una
reunión de ponencia técnica, preparando alguna transferencia con alguna
comunidad autónoma. Lo normal es que a lo largo de cada día haya varias
reuniones.

Fondos de nivelación. Uno de los acuerdos que ha pasado bastante
desapercibido, pero que a mi juicio es capital, del Consejo de Política
Fiscal y Financiera consiste en encargar, por parte del propio Consejo, a
un grupo de expertos independientes --dice la expresión concreta del
Consejo de Política Fiscal y Financiera, es decir, nada sospechoso de que
estén escorados, digamos, a lo que pueda ser una opinión gubernamental o
una opinión partidaria de cualquiera de los partidos políticos
independientes, que haga un estudio, un balance y unas propuestas al
Consejo de Política Fiscal y Financiera, que no me cansaré en recordar
que está compusto por el Gobierno de la nación y por los diecisiete --no
quince-- gobiernos autónomos, sobre mejoras del sistema de financiación,
puesta en marcha del fondo de nivelación de servicios y algunas otras
cuestiones. Porque es verdad, y de una vez lo reconoceremos, que desde el
año 1980 en que la Lofca previó la existencia de un fondo de nivelación
en su



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artículo 15, se han creado innumerables grupos de trabajo dentro del
Consejo de Política Fiscal y Financiera; se han hecho numerosísimos
estudios, prácticamente todos los gobiernos autónomos han desarrollado su
propia idea del fondo de nivelación, y nadie ha sido capaz de encontrar
un núcleo común para ponerlo en marcha. Ese es un dato objetivo que está
ahí y cada uno que saque sus consecuencias. Lo cierto es que las
discrepancias y las diferencias que hay entre cada comunidad autónoma
sobre qué debe ser el fondo de nivelación son tales que es prácticamente
imposible encontrar un punto de confluencia. Esperemos que ese grupo de
trabajo, fuera de las inmediateces de lo que pueda ser una opción
política o tarea de Gobierno, sea capaz de hacerlo.

Respecto al porcentaje del 50-25-25, yendo un poco más a lo concreto y
más rápido, no sabemos cómo se va a modular para el próximo año. Sí
sabemos cómo estamos en este momento y eso es lo que trato de explicar.

Después de unos años de un proceso muy rápido de descentralización
financiera, en estos momentos estamos en una senda algo más lenta, aunque
sigue el proceso de descentralización, porque el sistema de financiación
lo favorece. En estos momentos estamos en unas ratio de aproximadamente
63-23-13, hay décimas que se pierden. También es evidente que con los
nuevos acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera y sobre todo
con la puesta en marcha de las transferencias del Pacto autonómico estos
porcentajes van a saltar por los aires relativamente en poco tiempo y es
probable que en dos o tres años el Estado esté ya por debajo del 60, las
comunidades autónomas estén por encima del 25 y respecto a las
corporaciones locales dependerá de la prisa que demos y de la puesta en
marcha de ese objetivo político, que es de todos --creo--, que es
reconocer y otorgar más competencias a las entidades locales.

Otra cuestión bastante técnica que ha planteado son los desfases en las
transferencias presupuestarias. Los desfases que hay en las
transferencias a las comunidades autónomas de los créditos
presupuestarios son desfases que tienen que ver siempre con la
liquidación del Presupuesto. No existen desfases importantes, salvo en
Sanidad --y ahora explicaré brevemente el asunto--, en las transferencias
mensuales o trimestrales. Esto funciona razonablemente bien. Todos los
meses o cada trimestre, según el crédito que sea, cada camunidad autónoma
y cada ayuntamiento recibe una cantidad que es la que tiene reconocida.

Los desfases que hay efectivamente tienen que ver fundamentalmente con la
Sanidad y en concreto con la desviación del Insalud-gestión estatal, que
hace que se liquide al año siguiente y llegue la liquidación a las
comunidades autónomas con muchos retrasos. Este es un problema real en el
que, por cierto, también se va a avanzar de acuerdo con lo que ha
decidido el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Sin embargo, ése es
el desfase que hay, no hay otro o no debiera haberlo. No obstante, el que
hay de Sanidad es suficientemente importante como para que se haya
convertido en un problema político que yo tengo que reconocer y decir que
hay que solucionar y en eso estamos.

Me ha parecido entender que S. S. es partidario de que el Estado pague
intereses de demora por estos retrasos a las comunidades autónomas y a
las entidades locales. Me ha perecido entender eso y lo que me ha
preguntado es mi opinión, que le voy a dar, pero lo voy a hacer en tono
discrepante. No creo que el Estado tenga que pagar intereses de demora a
las comunidades autónomas y a las entidades locales en el caso de que
haya retraso en las transferencias. No veo por qué, ya que entonces
entraríamos en una guerra bastante absurda, porque entonces las
comunidades autónomas y las entidades locales también tendrían que pagar
intereses de demora cuando, por ejemplo, se retrasan en los ingresos de
las retenciones de la renta de sus empleados o cuando tardan en liquidar
sus impuestos con el Estado. Esta sería una guerra bastante absurda. Yo
creo que lo que hay que hacer es efectivamente automatizar todavía más,
que ya está bastante, las transferencias a las comunidades autónomas y a
las entidades locales de los créditos estatales y no entrar en una
absurda historia de pagarse mutuamente unos intereses de demora que creo
que no van a ninguna parte. Como ya digo que el asunto está concretado en
la financiación sanitaria, será bastante fácil de resolver.

En cuanto a entidades locales, S. S. me ha planteado un montón de
cuestiones a las que voy a contestar de un tajo, porque no entran bajo mi
área de gestión. Es decir, no sé cómo están reguladas las subvenciones al
transporte, ni si afectan a municipios de más o menos de 50.000
habitantes, porque nunca me he ocupado de ello ni entra bajo mi
jurisdicción ni me he planteado problemas que tengan que ver con mi
Secretaría de Estado, es decir que se hayan convertido en problemas
políticos graves.

Si diré algo de los criterios de distribución a las entidades locales.

Los criterios de distribución del fondo, de las cantidades previstas en
el artículo 81, se van a distribuir, evidentemente, como se venía
haciendo, en espera de que se acuerde con las entidades locales el nuevo
sistema de financiación que debe entrar en vigor con efectos de 1 de
enero de 1994 y que no se ha hecho, como se sabe ya, por razones
electorales y por razones de puesta en marcha de otros mecanismos en
estos últimos meses. Sin embargo, hasta ese momento, todo seguirá como
hasta ahora.

No ha habido una disminución de la financiación a las entidades locales.

Las entidades locales han subido --tanto ayuntamientos como
diputaciones-- creo que un 8,7, cerca de un 9 por ciento su cantidad de
financiación. Lo que sí ha bajado es la cantidad bruta y S. S. tiene la
clave, ya lo he dicho. Hay, que yo sepa, dos comunidades autónomas que
han incorporado a su financiación autonómica la que tenían como vieja
diputación, una de ellas, Madrid, que es una cantidad muy importante --me
parece que son unos 50.000 millones de pesetas, grosso modo--, lo que
hace que la cantidad global se note bastante. La otra creo que es
Cantabria. Esto lo ha decidido cada una de las uniprovinciales a
discreción. Con eso he pretendido contestar a lo que puedo contestar
--quizá se me haya olvidado algo-- a S. S. Fernández Díaz.

Al portavoz de Izquierda Unida, que también ha



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empezado con una frase que he anotado: hay fuertes recortes a las
entidades locales, debo decir que eso puede ser una apariencia absoluta
de los números. No lo es. En la financiación incondicionada ya digo lo
que ha ocurrido. Hay una disminución porque Madrid y Cantabria han pasado
una cantidad importante de sus recursos a su financiación autónomica. Por
eso la financiación autónomica sube más que el 9 por ciento, también por
esa misma razón. Sin embargo, sí es verdad --lo decía S. S.-- que hay un
recorte en lo que ella llama transferencia de capital, que es correcto,
de 2.500 millones a las entidades locales, que es el crédito
presupuestario. Ese sí está en nuestra Secretaría de Estado y lo
gestionamos nosotros a través de las diputaciones provinciales. ¿La
razón? ¿Qué quiere que le diga? Lo compartirá S. S. o no, pero a todos
nos ha costado apretarnos el cinturón y ésta es la parte que le ha tocado
a este Secretario de Estado. La cantidad es importante, lo sé, lo
entiendo, no tengo ningún reparo en reconocerlo. A todos nos gustaría, a
todos, no sólo a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, también
a los ministerios --y en este caso actúo como un ministerio sectorial
más--, tener en nuestro presupuesto mucho más dinero del que tenemos. A
todos nos gustaría. Hay veces que lo conseguimos y otras no. Este año nos
ha tocado apretarnos el cinturón. El representante del Grupo Socialista
me ha hecho una pregunta sobre este tema, que luego contestaré, porque a
cambio de este recorte tenemos otras expectativas harto interesantes,
pero como él lo ha hecho explícitamente lo contestaré al final. A S. S.

le diré que sí hay un recorte de 2.500 millones.

Luego me ha planteado una batería de cuestiones muy pequeñas y me va a
disculpar que le conteste a unas sí y a otras no. Las que sean de interés
y no sea capaz de hacerlo en este momento se las contesto en otro momento
por escrito o como haga falta, porque han sido muchas y casi no me ha
dado ni tiempo a apuntarlas.

El banco de datos está en marcha, señorías. Le invito a usted y a todos
los que lo deseen --lo hago todos los años-- a que lo visiten. El banco
de datos no es más que un sistema informático en el que tenemos acumulado
--algunos de esta sala ya lo saben, sobre todo si tienen alguna
responsabilidad local-- una cantidad de datos sobre infraestructuras y
sobre dotaciones de las entidades locales impresionante; seguimos con él
y lo seguimos perfeccionando. Ese es el banco de datos. Les sugiero --y
la Secretaría de Estado está abierta-- que lo visiten y nos aporten
sugerencias. El banco de datos es un sistema común que hemos elaborado
entre el Ministerio, las diputaciones, cabildos y los consells insulares
(ya que veo aquí a un Diputado canario, no se me olvide citarles), los
cuales nos aportan los datos, nosotros los procesamos y elaboramos la
información. Esto lleva tiempo formándose y se va a seguir haciendo en el
futuro, no hay ningún problema. El presupuesto está en versión de
informática y en convenio con las diputaciones para que mejoren sus
encuestas y sus bases de información que luego nos tienen que remitir.

Eso funciona razonablemente bien.

Me han atribuido un crédito presupuestario de 5.000 pesetas que,
sinceramente, no conocía, pero dada la magnitud del dato, le acepto la
enmienda para suprimirlo. No sé de qué se trata, pero ya lo averiguaré.

Decía que hay un incremento de crédito para funcionarios en la Secretaría
de Estado de 22 millones. Supongo, sí, nosotros elaboramos un plan de
necesidades de personal y eso se traduce en un crédito presupuestario que
aumenta si se piden y baja si se renuncia a esos funcionarios. Eso es
automático, eso no tiene mayor importancia. El crédito de incentivos es
la productividad, señoría; hay una cantidad para productividad, se
distribuye de acuerdo con las centrales sindicales y eso es público y
notorio. No hay nada que pueda aclararle, está todo tasado, está todo
reglado, no hay nada discrecional ahí, que yo sepa.

Crédito de la Asociación de Vecinos y de la FEMP. Siempre me he
preguntado por qué esta Secretaría de Estado tenía que ser la que
financiase parte de los gastos de la Federación de las Asociaciones de
Vecinos. En el ámbito de esta Secretaría de Estado no hay ninguna
responsabilidad, ningún papel que se nos tenga que atribuir con la
asociaciones de vecinos. Lo que ocurre es que todos los años,
sistemáticamente, a través de algún grupo parlamentario, se introduce una
enmienda en la que se atribuye a esta Secretaría de Estado esa partida
presupuestaria, y yo todos los años me hago la misma pregunta: no sé qué
pinto yo, si me permiten el casticismo, en esa historia. Esa es la
polémica. Sinceramente no tengo nada contra las asociaciones de vecinos,
¡hasta ahí podíamos llegar!, yo también pertenezco a una; lo que digo es
que como Secretario de Estado tengo dudas de que tenga que ocuparme yo de
esa cuestión. Sí tengo que ocuparme de la FEMP, eso sí que entra dentro
de las funciones directas de la Secretaría de Estado. También me gustaría
financiar con más dinero a la FEMP, pero, insisto, también ahí hay que
apretarse el cinturón, como nos apretamos el cinturón en la inversiones
reales. Las inversiones reales en nuestra Secretaría de Estado es la
informática nada más. No sé si habrá algo de algún edificio que haya que
arreglar, pero supongo que ni eso. Los treinta y tantos millones que
pueda haber corresponde a material informático que, por cierto, tiene que
ver con el banco de datos, como le decía antes.

Seguridad. Esta Secretaría de Estado tiene la rara virtud o habilidad de
tener sus oficinas distribuidas en cuatro edificios distintos; es una de
esas cosas que pueden sorprender -- a mí también--, y en algunos de los
edificios hace falta seguridad, y hay un crédito para seguridad. No tiene
ningún misterio, ninguna importancia, pero a veces es necesario.

Ha dicho una frase que he anotado porque esa sí era una valoración
política que me comprometo a discutirlo o analizar con S. S. en cualquier
otro medio. Ha dicho que hay una cierta indefinición de las competencias
en las entidades locales. Esta frase está calando en algunos responsables
políticos y me empieza a preocupar algo. No hay ninguna indefinición en
las competencias de las entidades locales. Las entidades locales tienen
unas competencias perfectamente tasadas en la Ley de Bases de Régimen
Local, y en otras leyes, por cierto, pero sobre todo en la Ley de Bases
de Régimen Local; lo que puede



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ocurrir es que algún partido político o alguna entidad local discrepe y
no quiera gestionar ciertas competencias, eso sí puede ocurrir, pero no
es verdad que haya indefinición. Hay una historia que ha atribuido a las
corporaciones locales ciertas competencias, ciertas funciones que pueden
ser discutidas ahora; esas vienen por la historia. Hay otras por la Ley
de Bases de Régimen Local. Luego tenemos un problema de futuro, que ahí
sí hay que diseñar el nuevo papel de las entidades locales, pero
indefinición no hay, al menos que yo sepa, y le puedo asegurar que lo he
analizado bastante.

Hay algunos ayuntamientos, por ejemplo, el de Madrid, sin ir más lejos,
que sistemáticamente ponen en cuestión que tengan que ver con ciertas
competencias; es rara la semana o el mes en el que algún concejal (hay
más ayuntamientos que el de Madrid, por cierto, no es sólo Madrid, pero
como es tan grande es el que más se nota) no diga que no tiene nada que
ver con las casas de la cultura, con las casas de socorro... Es muy
discutible esa afirmación, y en algunos casos no sólo dicutible sino que
yo soy contrario a la misma. Las entidades locales tienen bastantes más
responsabilidades con muchas de esas cosas de las que en un principio
puede parecer. En todo caso, están en la Ley de Bases de Régimen Local.

Contesto al Grupo Socialista. Los responsables políticos a veces tenemos
grandes frustraciones, sobre todo cuando se está en puestos tan sutiles o
delicados como el mío, como sabe bien el señor Fernández Díaz. Algunos
puestos políticos están llenos de frustraciones, pero también de pequeñas
satisfacciones, y es bueno sonreír como cuando, como en este caso, uno
puede señalar la satisfacción que, contra todo pronóstico, hemos
conseguido enganchar lo que nosotros llamamos la cooperación local, que
es a lo que hacía referencia la Diputada señora Aguilar; esos 23.000
millones hemos conseguido engancharlos con los fondos europeos. Esos
23.000 millones van destinados como saben sus SS. SS., a través de las
diputaciones, cabildos y consells insulares, a financiar pequeñas obras
en pequeños municipios. En el equipo de la Secretaría de Estado pensamos
hace unos dos años que sería muy interesante conseguir que una parte,
pequeña, pero una parte de los fondos europeos también contribuyese a
cofinanciar una parte de esas inversiones en pequeños municipios, que son
casas consistoriales, asfaltados, alumbrados, saneamiento, agua
corriente, etcétera. Después de algunas aventuras que no vienen al caso,
conseguimos, tímidamente, que el Feder financiase un programa operativo
local, que es como se llama técnicamente, de una manera muy modesta, pero
ya metimos un poquito la patita, si me vuelve a permitir el casticismo. Y
ha ido muy bien en parte, porque hay unos problemas de gestión
estimables, pero hemos conseguido enganchar. Ahora mismo, como saben SS.

SS., se están reformando los fondos estructurales europeos y estamos en
condiciones de asegurar que vamos a reforzar y a incrementar la
cofinanciación del Feder a través de un nuevo programa operativo local
que será sustancialmente mayor, bastante mayor que el actual, de tal
manera --y eso me permitiría enlazar con la intervención de la Diputada
de Izquiera Unida-- que esa bajada, que ya le reconozco a S. S. que es
cierta, va a suponer en el balance final un incremento sustancial, porque
--no me atrevo a dar cifras, y no las voy a dar, me van a permitir la
reserva, porque me equivocaría seguro-- van a suponer un aumento muy
sustancial del crédito final. Es decir que la suma de esos 23.000
millones, lo que venga del Feder, lo que pongan ayuntamientos y
diputaciones va a suponer que a través de este programa global, que se
llama cooperación económica local, la inversión general al final del año
1994 va a ser sustancialmente mayor que en 1993. Lo que ocurre es que
cuando hay que apretarse el cinturón hay que poner en marcha la
imaginación, y eso es lo que hemos intentado hacer, ya veremos el
resultado. En principio, la gran esperanza de este crédito de la
cooperación económica local es conseguir que sea cofinanciado casi en su
totalidad por el Feder; si no lo es en su totalidad, en la mayor parte
posible, pero estamos preparando un programa operativo local para un
nuevo período de seis años mucho mayor que en el anterior, y eso es, ya
digo, una de esas pequeñas noticias, pero que son muy satisfactorias,
sobre todo en épocas de vacas flacas.




El señor PRESIDENTE: Se abre un turno breve para aclaraciones o preguntas
que se estimen no contestadas.

Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Fernández.




El señor FERNANDEZ DIAZ: Muy brevemente, señor Presidente, y
agradeciendo, por supuesto, al señor Secretario de Estado sus respuestas.

Comenzando por el final --dado que me ha reconocido que no es responsable
político directo inmediato de la gestión de determinadas partidas
presupuestarias sobre las que le he preguntado-- si pudiera hacerme
llegar por escrito algunas de las respuestas solicitadas se lo
agradecería mucho. Si no es posible, intentaría conseguirlas a través de
los inmediatos responsables.

En relación con la financiación autonómica no me ha quedado clara una
cosa. Ha hablado de 8.000/8.500 millones y ayer el Director General de
Coordenación con las Haciendas Territoriales hablaba de 8.500 millones.

Pero a mí me interesa a afectos de la instrumentalización del debate
parlamentario sobre el proyecto de ley de presupuestos, que, repito, es
el tema fundamental que justifica y motiva estas comparecencias. No me
queda claro si a la sección 32 tendrá que acompañarla una enmienda o un
crédito extraordinario para sufragar esos 8.500 millones de pesetas. Si
reconoce que va a cobrar ese dinero, será más dinero para las comunidades
autónomas y menos para el Estado; y entiéndase Estado central o
Administración del Estado. Lo que es evidente es que tendrá que detraerse
de otras partidas presupuestarias, salvo que consideremos que el déficit
se incrementará en 8.500 millones. Pero abstracción hecha de si se
considera poco o mucho, hemos de saberlo. Es decir, a mi Grupo le
interesa saber si tienen o no que prever esas enmiendas a la sección 32.

Hay 8.500 millones de pesetas más que de algún sitio tendrán que salir,
pero en estos momentos no



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está dotado el proyecto de ley de presupuestos con esos 8.000/8.500
millones de pesetas.

Hacía el señor Secretario de Estado una reflexión política, que yo le
agradezco, en relación con lo que le planteaba respecto del desarrollo
constitucional en el ámbito autonómico, que no entendía por qué la
financiación autonómica se lleva de una manera distinta de lo que es el
incremento del autogobierno, stricto sensu, de las comunidades autónomas.

No puede hablarse de autogobierno si no hay dinero, por lo que resulta
que el incremento del autogobierno --léase incremento de las
competencias-- se desarrolla de una manera y el incremento del dinero, la
financiación, se desarrolla de una manera totalmente distinta. Realmente
es difícil conceptual y políticamente justificar ese diferente tracto,
sin perjuicio de reconocer que efectivamente, desde un punto de vista
estrictamente jurídico, es legítimo el acuerdo al que se ha llegado.

Imagínese, en relación con el pacto autonómico, si no era tanto o más
legítimo plantear que la reforma de los estatutos de autonomía de las
comunidades autónomas pudiera hacerse, tal como está previsto en la
Constitución y en los estatutos, mediante los correspondientes procesos
inciados en los parlamentos autonómicos, que después vinieran a las
Cortes Generales para su aprobación, etcétera, frente al sistema que se
siguió de aplicar el artículo 150.2 de la Constitución, aplicar una ley
orgánica, la 9/92, en las Cortes Generales, y que después, en el marco de
esa ley, se reformen los estatutos adaptándolos al contenido de dicha Ley
9/92. Imagínese si no es mucho mayor la distancia que existe entre el
procedimiento seguido en el Pacto autonómico y lo que hubiera podido
hacerse en relación con el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que
no es más que una conferencia sectorial prevista en la LOFCA. Es decir,
sin duda el acuerdo político hubiera garantizado un mayor consenso que
aquel a que se ha llegado. Es cierto --dice-- que ha habido un acuerdo
bastante mayoritario en el Consejo. El menor de todos. Varias comunidades
han votado en contra y alguna se ha abstenido, de diferente color
político, de modo que no puede hablarse de consignas de partido porque,
precisamente, si un presidente autonómico se ha distinguido por
cuestionar el modelo y el procedimiento ha sido uno que pertenece a la
misma fuerza política que en estos momentos apoya al Gobierno. Por tanto,
no puede hablarse de consignas políticas sino de que el sistema no ha
funcionado bien. Y sin perjuicio, insisto, de que jurídicamente es
impecable el acuerdo, ha sido el acuerdo al que se ha llegado con el
menor nivel de consenso desde que está en vigor el Consejo de Política
Fiscal y Financiera. El acuerdo de 1992, de 20 de enero, no lo suscribió
únicamente una comunidad autónoma, Canarias --sólo Canarias--, y en éste
ha habido varias comunidades que han votado en contra y alguna que se ha
abstenido. Por tanto, al final los resultados ponen de relieve que el no
entender que conceptual y políticamente no se haya seguido el mismo
procedimiento, a la hora de la verdad se traduce en que los resultados
tampoco son tan buenos como sin duda lo hubieran podido ser si se hubiera
seguido otro procedimiento. Creo que estas especulaciones tampoco son
baladíes en estos momentos. Usted es un alto responsable del Gobierno
--considerado el Gobierno en un sentido amplio-- y, por tanto, conviene
que estos temas los vayamos teniendo presentes porque, de lo contrario,
de aquí a dos o tres años se va a tener que negociar un nuevo sistema de
financiación y van a volver a incurrir en el mismo error.

Yo he participado de manera personal en las conversaciones con el
Gobierno en relación con el nuevo sistema de financiación, esas
conversaciones a las que usted aludía y a las que se había llamado al
Partido Popular. Me he reunido dos veces con el Secretario de Estado de
Hacienda, el señor Martínez Robles, y como no está presente no quiero
enjuiciar o valorar aquí el resultado de esas conversaciones. Se nos
presentaban cada día fórmulas distintas que no se nos conseguían
explicar. Debo decir, con toda modestia, que de números algo entiendo y
era muy difícil entender esas fórmulas porque cada día cambiaban y cada
día cambiaban también las interpretaciones que daban al contenido de las
diferentes variables que entraban en las fórmulas polinómicas que se nos
ponían delante. En definitiva, lo que se nos pedía era que nos
adhiriéramos, mediante un contrato, a un acuerdo que, por otra parte, el
Gobierno tampoco tenía claro. Realmente así no se puede llegar a ningún
sitio, por lo menos a ningún sitio adecuado, a diferencia de lo que
hicimos en el Pacto autonómico, en el que, fruto de muchas y muchas horas
de conversaciones, negociaciones y estudios, creo que se pudo conseguir
un buen trabajo. Repito que conviene que eso se tenga presente, porque el
modelo de financiación vence en el año 1996, señor Peña, y usted sabe lo
que pasó con el modelo de financiación anterior, que venció en el año
1991, y que, habiendo cinco años para negociar el nuevo modelo, el del
quinquenio 1992/1996, se aprobó ya en el año 1992, no durante el
quinquenio anterior, en el año 1992, el 20 de enero y, además, deprisa y
corriendo y me atrevería a decir que con nocturnidad y alevosía. Como ésa
ha sido la constante, hasta ahora, en cuanto a la negociación del nuevo
sistema de financiación automática, conviene que aprovechemos la
experiencia para no volver a incurrir en esos errores. Se lo digo a
usted, como Secretario de Estado de Administraciones Territoriales,
porque entiendo que políticamente le afecta de manera muy especial este
asunto. Sin duda, los precedentes nos llevan a pensar que vamos a volver
a incurrir en el mismo error, y ya desde ahora y en nombre del Grupo
Parlamentario y del Partido Popular le digo que estamos dispuestos a ese
consenso, pero que no se nos intente llevar a una negociación como la de
la que pretendidamente hemos formado parte en esta última ocasión. Esto
es lo que le quería decir, señor Secretario de Estado, agradeciéndole,
por supuesto, sus explicaciones.

Quisiera plantear una última cuestión que se me olvidó antes y que no me
ha quedado clara, con la venia del señor Presidente. Entiendo que la
cuota líquida del 15 por ciento es sobre los residentes en el territorio,
con independencia del domicilio fiscal. ¿Me explico no? El domicilio
fiscal afecta a las declaraciones de renta. Será



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la cuota líquida del 15 por ciento sobre los residentes en el territorio
de cada comunidad, no el 15 por ciento de la cuota líquida en función del
domicilio fiscal, lo cual trastocaría todos los números. Me gustaría que
me aclarara esto porque antes se me olvidó mencionarlo y me parece un
tema muy importante.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Aguilar.




La señora AGUILAR RIVERO: Señor Presidente, con absoluta brevedad
quisiera plantear unas cuestiones que nos parecen fundamentales. Hay que
convenir, se desprende de las palabras del Secretario de Estado, que en
la coyuntura política que estamos viviendo va a haber un desequilibrio
evidente en la construcción del Estado en desfavor de las corporaciones
locales. Con los presupuestos generales se va a salvar un acuerdo
político en relación con las comunidades autónomas, lo que va en
detrimento evidente de las corporaciones locales. En este sentido, cuando
el señor Secretario de Estado hacía alusión a que actualmente la
distribución viene a ser de un 63, 23, 13, en lo que hay que convenir --y
se desprende de sus palabras-- es que se incrementará el 23 que ahora
mismo tienen las comunidades autónomas, decrecerá el 63 del Estado, pero
no hay garantías, ni mucho menos, de que se vaya a incrementar la parte
correspondiente a las corporaciones locales. Creo que, de una vez por
todas, lo que hay que hacer es definir qué papel residual --y esto es lo
que se desprende de los propios presupuestos-- se va a ir dejando a las
corporaciones locales y, por consiguiente, si la redistribución
competencial de la que se habla va a ir a una reducción de las
competencias previstas en la actual Ley de Bases de Régimen Local o, si
por el contrario, lo que se pretende es definir claramente cuáles son las
competencias actuales de las corporaciones locales. Usted bien sabe que
hay una disfunción entre la realidad y la regulación legal. Es verdad que
hay unas competencias asignadas a las corporaciones locales a través de
la Ley de Bases de Régimen Local, pero no es menos cierto que hoy las
corporaciones locales están ejerciendo funciones que van más allá de las
competencias que les concede la Ley de Bases de Régimen Local. Si no hay
una redistribución competencial adecuada, una redistribución en el actual
63, 23, 13, difícilmente se va a conseguir lo que ustedes explicitan en
los objetivos que plantean en los presupuestos, es decir, la coordinación
y el equilibrio entre las distintas administraciones que permitan la
configuración y la conformación de un determinado Estado. En este
sentido, creo que se debiera ser absolutamente claro y decir que los
grandes perdedores en este ámbito de los presupuestos son las
corporaciones locales, independientemente de que haya algunas
expectativas, como nos ha anunciado el señor Secretario de Estado. Pero
lo cierto es que hay una disminución importante en las transferencias de
capital, que hay una disminución en las transferencias corrientes y que
hay un perjuicio, porque donde hay que apretarse el cinturón es
precisamente donde afecta directamente a las corporaciones locales. Hoy
por hoy, los grandes perdedores de estos presupuestos generales son las
corporaciones locales en beneficio del acuerdo político, que hay que
respetar, con las comunidades autónomas. Por consiguiente, se está
apostando por un desequilibrio evidente en el ámbito institucional.

Por último, el señor Secretario de Estado ha hecho referencia al banco de
datos. Ya sabemos que existe, pero es verdad que había un plan de
actuación previsto en 1993/1997 y que en el capítulo de inversiones
aparecen cero pesetas. Esto es lo que aparece en los presupuestos, y lo
que nos gustaría que nos aclarara, señor Secretario de Estado, es que
puesto que hay un coste total previsto de 530 millones de pesetas para la
creación y el desarrollo del banco de datos único de información de las
administraciones territoriales en el período 1993/1997, por qué en 1993
no se presupuestó nada, tampoco en 1994, y por qué se nos anuncia aquí
que de un total de 530 millones se van a presupuestar, de 1993 a 1997, 16
millones de pesetas. Queremos saber si se ha desistido del proyecto
inicial de 530 millones de pesetas y si lo único que se va a plantear por
parte del Secretario de Estado es un mantenimiento del banco que
actualmente existe. En cualquier caso ya no es el proyecto inicialmente
previsto en 1993-1997, del cual en este presupuesto no se contempla
absolutamente nada.




El señor PRESIDENTE: En turno de conclusión tiene la palabra el señor el
Secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
(Peña Díez): Yo entiendo, Diputado Fernández Díaz, salvo opinión técnica
mejor, que la habrá sin duda, que no es necesario modificar la previsión
presupuestaria de la Ley de Presupuestos para el próximo año por efectos
del acuerdo de corresponsabilidad. Es decir, que no hace falta inyectar
al sistema 8.500 millones, que lo que estamos haciendo
presupuestariamente es otra cosa. Lo que habrá que hacer, en todo caso,
será segregar del actual PIE una parte que se corresponda con lo que en
el acuerdo se llama la recaudación normativa del IRPF, el 15 por ciento
de la recaudación normativa. Eso quizás sí haya que hacerlo, pero no
habrá que enmendar nada para inyectar 8.500 millones que vengan del
déficit o de reducción de otras partidas en un primer momento. Eso se
hará cuando se sepa exactamente la recaudación real de 1994, que será
aproximadamente a partir del primer trimestre de 1995. Así entiendo yo
técnicamente que van a ocurrir las cosas. Por tanto, va a haber un
aumento de transferencias a las comunidades autónomas por efecto del
acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera, es verdad. Todas las
comunidades autónomas, absolutamente todas, van a disponer de más
recursos --eso es cierto-- y se van a financiar con los impuestos. Por
tanto, alguien deberá gastar menos y, como viene ocurriendo
sistemáticamente desde 1980, tiene que ser el Estado. Así está diseñado
el sistema desde el comienzo. No veo otra solución. Hay que reducir el
déficit al mismo tiempo, claro. Esa es la cuadratura del círculo del
Estado de las



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autonomías, señoría. Usted y yo lo sabemos perfectamente, en eso estamos.

Pero no hay que subir impuestos, no van a pagar más los ciudadanos ni va
a ocurrir ningún desastre político, al menos así lo entiendo.

Yo creo que el acuerdo es razonable, es un acuerdo del que usted y yo
sabemos que se puede decir que probablemente no sea el mejor, pero es el
mejor de los posibles, señoría, y algún día tendremos que reflexionar
juntos sobre esto. Usted sabe que me gusta mucho la reflexión íntima.

Tendremos que reflexionar, pero es un buen acuerdo el del Consejo de
Política Fiscal y Financiera. En todo caso, es bueno porque ha sido el
que ha aglutinado un mayor número de votos. Y sobre los votos y sobre la
postura que hemos tenido todos y cada uno de nosotros colectiva y
personalmente en los últimos dos o tres años habría mucho que hablar,
incluido su partido, que también ha evolucionado en este tema desde unas
posturas hasta otras. También hemos evolucionado muchos de nosotros, y
entre ellos se encuentra este Secretario de Estado. Hay que decir las
cosas con cierta sinceridad para ayudar a entendernos, no para
agredirnos. Yo soy de los que piensan que ha sido bueno que el Partido
Socialista, el Partido Popular y otros partidos nos hayamos entendido en
muchas cosas de las que tienen que ver con mi responsabilidad en los
últimos años, creo que es bueno que nos sigamos entendiendo, y que
estamos condenados a entendernos en muchas cosas. También hay que
entenderse con otros, señoría. Ustedes y nosotros tenemos que entendernos
con otros porque el Estado de las autonomías es lo que es y este país es
lo que es, y hay cosas que deben hacerse con el mayor número de apoyos
posibles, y en eso estamos todos. A partir de ahí la crítica es sana, es
lógica, es buena, es necesaria, pero hay que partir de eso.

Ya sé, señoría, que hubo una comunidad autónoma socialista que votó en
contra en el Consejo. Yo estaba delante cuando se votó. También vi cómo
dos del Partido Popular votaban en contra y una se abstenía. También
sabemos usted y yo, señoría, que algunas de las comunidades autónomas que
votaron en contra y que se abstuvieron hasta hacía relativamente poco
tiempo se habían mostrado a favor del acuerdo. No digo de esa fórmula
concreta que, por cierto, no era muy distinta de las anteriores, no nos
engañemos. Quiero decir que de esto habría mucho que hablar, aunque me
temo que tiene poco que ver con los Presupuestos Generales del Estado.

Pero seguro que ya tendremos ocasión de hablar usted y yo en privado y en
público quizás también más pronto de lo que pensamos. Por ejemplo, hace
unos días el Partido Socialista, el Partido Popular y alguna otra fuerza
política hemos firmado una propuesta conjunta en el Senado para aprobar
una moción que tiene que ver con la puesta en marcha de la representación
española en el Comité de las Regiones. Yo creo que está bien, y aunque no
tiene que ver con los presupuestos, señor Presidente, es bueno decirlo.

Hay cosas que tenemos que hacer juntos, y otras también tenemos que
hacerlas juntos aunque no lo consigamos. Así es la vida.

Yo entiendo que el 15 por ciento de la cuota líquida es sobre los
residentes. Si me equivoco pida mi dimisión, pero nada más. (Risas.)
Vuelvo a lo mismo, yo me ocupo de lo que me ocupo. Si usted me pregunta
quién es competente en este país sobre medio ambiente estoy dispuesto a
hablar horas sobre ello; sobre Derecho fiscal menos, aunque tengo el
valor de decir lo que pienso aunque me equivoque.

Quiero decir a la Diputada de Izquierda Unida que me gusta su discurso
local, no se lo niego, lo comparto, y comparto también y encajo la parte
de crítica que usted lanza en el sentido de que la autonomía local está
relegada a un segundo plano. El presupuesto no es el instrumento para dar
más poder local. Yo discrepo de la afirmación de que el autogobierno es
dinero. No, el dinero es un instrumento del autogobierno, que es bien
distinto. El autogobierno es otra cosa. Tiene que ver con el dinero. Esto
va por la frase que ha dicho el señor Fernández
Díaz, aunque ya sé que no lo ha querido decir así. El reduccionismo es
peligroso. El presupuesto es un instrumento de la distribución del poder.

En ese sentido, la crítica no es a que haya menos dinero para los
ayuntamientos. La crítica tiene que decir que hay que volver --y veo que
hay presente algún alcalde, echaba en falta el poder local-- a reforzar
el poder y la autonomía local. Este es un objetivo político de primera
magnitud. Encajo, y me duele decirlo, que llevamos un retraso que no
tengo que echar la culpa a otro, la culpa es mía, entre otros.

Aquí hay un problema pendiente y la verdad es que estoy un poco
decepcionado porque no conseguimos encontrar el clima ni el instrumento
político ni probablemente tiempo --aunque habrá que verlo de otra
manera-- para enfocar de verdad el tema de las competencias locales y del
poder local. Ya no voy a hablar mucho de esto. Si estuviese aquí el
Diputado Mañueco, que otros años confrontaba conmigo estas cosas, diría
que está cansado de oírme esto, y tendría toda la razón. Hay que atacar
este problema ya.

La Ley de Bases de Régimen Local refleja el autogobierno local y las
competencias locales de una manera bastante sensata y adecuada para el
momento en que se hizo. La Ley era del año 1985 y este país camina a una
velocidad, a veces, de vértigo. No hay que tener reparo alguno en decir
que esa ley se ha quedado un poco anticuada. Pero la Ley dice lo que
dice, y el debate político que está desarrollándose sobre qué debe ser un
ayuntamiento en este país a veces tiene poco que ver con la Ley de Bases
de Régimen Local. Ya sé que nadie lo quiere reconocer, pero hay dos
posturas bien claras. La de los que quieren --queremos, porque yo me
incluyo, lo digo ya de partida-- reforzar, aumentar y dar más poder a las
entidades locales en su conjunto, y la de los que dicen que no. No voy a
decir quiénes para que nadie se dé por aludido, pero hay mucha gente en
este país que lo dice ya en público y se opone sistemáticamente a que las
entidade locales tengan más poderes. Este es un problema político de
primera magnitud porque estamos hablando de posturas políticas no de un
concejal, de posturas políticas de partidos políticos. Y si hay que
llegar a acuerdos, establecer normas jurídicas y nuevas leyes de bases,
va a



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haber serias dificultades para que esa norma jurídica reciba un apoyo tan
sólido como el que, por ejemplo, a mí me gustaría, que sería casi
unánime, porque entonces estaríamos ante una nueva etapa del poder local.

Si hacemos una norma legal que reciba el apoyo sólo de un par de partidos
políticos, eso está bien, pero no va a ir muy lejos. Me alegra --aunque
ya lo sabía, no es nuevo para mí-- que Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya se incorpore a este debate desde esa óptica, porque es un
partido más y falta va a hacer, porque el poder local tiene no digo
enemigos tiene rivales muy poderosos que tienen mucha fuerza, y eso se va
a notar; cuando empecemos la discusión se va a notar mucho.

Sobre el banco de datos, señoría, se lo explicaré adecuadamente por
escrito, si le parece, pero también las vacas flacas llegan ahí. Ya
entendí lo que quería usted decir. Sí, va a haber retraso, pero sigue en
marcha. Me comprometo a explicárselo por escrito y personalmente cuando
haga falta. El banco de datos es un instrumento básico, un instrumento
fundamental en el futuro para el diseño de cualquier política
territorial, y se va a retrasar porque todo se retrasa, pero está en
marcha y va razonablemente bien. Si hubiese por aquí algún Presidente de
Diputación y pudiese atestiguarlo, diría que va razonablemente bien
aunque lento.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Secretario de Estado.

Agotado el orden del día, se levanta la sesión.




Era la una y cincuenta y cinco minutos de la tarde.