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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 32, de 05/10/1993
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1993 V Legislatura Núm. 32
POLITICA SOCIAL Y DE EMPLEO
PRESIDENTE: DON LUIS MARTINEZ NOVAL
Sesión núm. 3
celebrada el martes, 5 de octubre de 1993
ORDEN DEL DIA:
Comparecencia de la señora Ministra de Asuntos Sociales (Alberdi Alonso),
para informar:
--De las previsiones y líneas generales a desarrollar por la Ministra en
su Departamento en este mandato. A solicitud del Grupo Parlamentario
Federal IU-IC. (Número de expediente 213/000010.) (Página 518)
--Sobre el programa a desarrollar al frente de su Departamento. A
solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de
expediente 213/000028.) (Página 518)
--De las previsiones y líneas generales a desarrollar en su Departamento.
A petición propia. (Número de expediente 214/000004.) (Página 518)
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
COMPARECENCIA DE LA SEÑORA MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES (ALBERDI ALONSO),
PARA INFORMAR:
--DE LAS PREVISIONES Y LINEAS GENERALES A DESARROLLAR POR LA MINISTRA EN
SU DEPARTAMENTO EN ESTE MANDATO. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO
FEDERAL IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente
213/000010.)
--SOBRE EL PROGRAMA A DESARROLLAR AL FRENTE DE SU DEPARTAMENTO. A
SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de
expediente 213/000028.)
--DE LAS PREVISIONES Y LINEAS GENERALES A DESARROLLAR EN SU DEPARTAMENTO.
A PETICION PROPIA. (Número de expediente 214/000004.)
El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, señoras y señores Diputados.
Se abre la sesión, sesión en la que damos la bienvenida en la Comisión a
la Ministra de Asuntos Sociales, que inicia hoy --estoy seguro de ello--
un proceso de discusión y de colaboración con el trabajo de esta
Comisión, que esperamos sea fructífero a lo largo de toda la legislatura.
Deberemos cumplimentar esta tarde un orden del día que tiene tres puntos,
que en realidad consiste en uno solo: dos peticiones de comparecencia y
una comparecencia a petición propia de la Ministra de Asuntos Sociales.
Por tanto, para informar, en nombre del Gobierno, tiene la palabra la
señora Ministra.
La señora MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES (Alberdi Alonso): Buenas tardes.
Inicio esta comparecencia con una idea muy clara de lo que queremos, al
menos desde el Gobierno, que sea esta nueva etapa, en la que queremos que
prime un impulso democrático en el sentido de que también se lleve a cabo
una revitalización del Parlamento. En esa idea de revitalización del
Parlamento, yo quiero decir, en primer lugar, que considero que ustedes
cumplen una función de control al Gobierno, por imperativo legal y, por
tanto, yo también cumplo aquí con esa función al comparecer ante ustedes,
y es mi obligación, y la de todo el Gobierno, facilitar al máximo esa
función. Por tanto, desde este momento, les digo que, por mi parte, van a
tener la máxima transparencia en cuanto a lo que hemos hecho, a lo que
vamos a hacer y a lo que vayamos realizando a lo largo de toda la
legislatura.
Esta es la primera comparecencia, pero, por supuesto, compareceré ante
ustedes cuantas veces sean necesarias y cuantas veces ustedes lo estimen
pertinente. Espero que esta primera comparecencia sea el inicio de una
colaboración entre todos los grupos parlamentarios y el Gobierno, en la
medida en que yo puedo facilitarles toda la información y el trabajo que
realicemos desde las competencias del Ministerio de Asuntos Sociales.
También deseo que los grupos parlamentarios me realicen todas las
críticas, sugerencias y propuestas que estimen pertinentes, con la
finalidad de enriquecer el trabajo que podamos llevar a cabo, puesto que,
sin duda, podrán hacerlas muy positivas. Creo que tenemos todos un
objetivo que no debemos perder de vista --yo la primera-- y es que
debemos estar en la línea del servicio a los ciudadanos. No debemos
alejarnos de ese objetivo y, en la medida de nuestras posibilidades,
debemos colaborar todos; los ciudadanos nos lo agradecerán.
He podido analizar los programas de los distintos partidos políticos
sobre asuntos sociales: drogas, tercera edad, programas sobre la mujer,
juventud y menores, y me ha llamado la atención el extraordinario grado
de consenso existente entre los partidos políticos en esta materia y las
semejanzas en muchos aspectos relativos al bienestar social. Tengo que
decir, en primer lugar, que no podía ser de otra manera. Venimos todos
obligados a llevar a cabo una determinada política social; venimos
obligados a ello, aparte de por las normas constitucionales, por las
exigencias de un Estado social y democrático de Derecho, y desde ese
momento económico y social, el Estado viene obligado a realizar una
política redistributiva. Además, por mandatos constitucionales, tenemos
que salvar los obstáculos que se presentan, a lo que están obligados los
poderes públicos, para promocionar y hacer partícipes de ello a todos los
grupos sociales que forman parte de la sociedad. También por el principio
de igualdad, hay unos principios rectores de política social y económica
relativos a la familia, a los menores, a la participación de la juventud,
a la integración de los disminuidos y también a la atención a la tercera
edad, que nos obligan a todos los representantes del arco parlamentario.
Además, algunas de las directrices de la Comunidad Europea y las
recomendaciones del Consejo de Europa, así como las directivas que se van
desarrollando y que es obligado trasponer al Derecho interno, que también
nos obliga, afectan de una manera muy significativa a los asuntos
sociales y a los temas de bienestar social. Asimismo, venimos obligados
por los tratados internacionales en lo que afectan a estas materias.
Dicho esto, creo que los asuntos sociales y los temas de bienestar social
de todos los colectivos cuya responsabilidad me compete en el Gobierno,
son unos temas sobre los que en muchas ocasiones tendremos que estar de
acuerdo los distintos grupos parlamentarios, y podremos consensuar
políticas, para hacerlas más efectivas y eficaces frente a la sociedad y
los ciudadanos.
El Ministerio de Asuntos Sociales se creó en 1988, ha llevado a cabo una
labor muy meritoria a lo largo de estos cinco años y, ahora, inicia una
nueva etapa. Una nueva etapa que reconoce, naturalmente, lo que se ha
hecho en estos cinco años, pero que se plantea, ante situaciones
nuevas, la solución por caminos nuevos; ante la transformación que ha
experimentado la sociedad es lógico que tengamos que dar respuestas
nuevas a las situaciones que se van generando con la evolución y el
cambio social.
Nuestro ámbito competencial se refiere fundamentalmente a todo lo que es
la coordinación, evaluación y valoración de los servicios sociales --como
saben--, al ámbito de la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres, a la integración de la juventud, a la protección del menor y de
la familia y a políticas compensatorias que hay que llevar a cabo con
respecto a los mayores y a las minusvalías, a la integración de los
grupos marginados y también lo que es la cooperación con el tejido social
de la sociedad civil.
Además, por Real Decreto de 13 de julio de 1993, se atribuyen desde el
pasado mes de julio nuevas competencias al Ministerio de Asuntos
Sociales. Esas competencias afectan al tema de las migraciones, todo lo
que es emigración, inmigraciones y movimientos migratorios en el
interior, así como el Plan Nacional sobre Drogas. El hecho de que se
incluyan estas competencias --a las que más adelante me referiré de forma
exhaustiva-- en el Ministerio de Asuntos Sociales implica una voluntad
política de dar mayor relevancia e importancia a dicho Ministerio de
Asuntos Sociales. En una sociedad cambiante como la actual, en la que
también estamos construyendo el futuro, los jóvenes y las mujeres, sobre
todo las mujeres, están protagonizando un cambio social sin precedente.
Se está alumbrando una nueva sociedad en la que todos los elementos
nuevos van a confluir en una sociedad distinta.
Para los mayores también hay más esperanza de vida, por lo que es
previsible que aumente la población de mayores, de tercera edad, en una
cantidad verdaderamente significativa. Por los expertos en demografía se
habla de unas cifras del 15 por ciento de población de mayores, de
tercera edad, en el año 2020 y del 20 por ciento en el año 2030. Esto
implica una transformación extraordinaria de la pirámide poblacional, que
también tenemos que tener en cuenta en un Ministerio como es el de
asuntos sociales y en toda la sociedad en cuanto a las soluciones de esa
nueva sociedad.
Los movimientos migratorios también están haciendo que las sociedades
occidentales actuales tengan que acoger en su seno a nuevos grupos
étnicos con religiones, ideas y culturas distintas. Esos nuevos grupos
étnicos van configurando también una sociedad multicultural, multiétnica
en la que tenemos que aprender a convivir y a aceptar al otro sin
racismos, sin xenofobias. Creo que todo esto que está configurando esa
nueva sociedad, ese planteamiento de cara al siglo XXI, esa situación
nueva ante la que nos enfrentamos y todos esos colectivos corresponden a
todo lo que es la organización internacional, la canalización, el
desarrollo de los planes integrales que les afectan y también al
Ministerio de Asuntos Sociales, ya que creo que es un asunto de la
suficiente envergadura e importancia como para que, entre todos,
intentemos tener el máximo consenso posible en las políticas que llevemos
a cabo en este tema de asuntos sociales.
Esta transformación social también nos está alumbrando nuevos
instrumentos de acción política y empieza a haber un protagonismo
extraordinario de la sociedad civil, no sólo en España, en toda Europa,
en los países occidentales. Esos instrumentos nuevos y ese protagonismo
de la sociedad civil se va viendo en cómo las organizaciones no
gubernamentales, las asociaciones, las instituciones privadas, todo este
tejido social que va emergiendo y que se va organizando va teniendo un
protagonismo en estas sociedades que verdaderamente no había tenido con
anterioridad y que es un elemento político importante, y que además desde
un Ministerio como el de Asuntos Sociales, desde la colaboración de todas
las fuerzas políticas, puede y debe dársele una canalización adecuada
para que sea efectivo ese funcionamiento de esa sociedad civil y de ese
tejido social y que, además, haya una corresponsabilidad en los temas
sociales.
La importancia de este aspecto en los asuntos que afectan a mi
Departamento creo que es verdaderamente relevante, porque si no pensamos
en la corresponsabilidad de los ciudadanos en los asuntos en los que, de
alguna forma, se ha venido atribuyendo la competencia de una manera
exclusiva al Estado, no podremos resolver los problemas que plantea la
sociedad futura, que la sociedad actual ya está planteando. De hecho
estamos asistiendo a un debate en el que se está poniendo en cuestión el
Estado del bienestar, y si ese Estado del bienestar es necesario
reorganizarlo y no lo reorganizamos, nos podemos encontrar con
situaciones en las que no podamos atender a los verdaderos estados de
necesidad, como se establece en nuestro sistema constitucional. También
plantearía que desde este Ministerio se puede ir desarrollando ese
aspecto de las organizaciones no gubernamentales, las ONG, como una idea
de potenciación de esa sociedad civil para ir avanzando hacia una
sociedad del bienestar, en la que ya no sólo sea el Estado el que se haga
partícipe y responsable exclusivo de los temas sociales, sino que también
participen los ciudadanos y se entre en una cultura de la solidaridad en
la que estemos todos más comprometidos.
Una vez dicha esta referencia obligada a estos temas generales que
afectan a los asuntos sociales, creo que es importante referirse también
al Estado de las autonomías. Es importante para un Ministerio como el de
Asuntos Sociales el que tengamos claro la competencia de la
Administración General del Estado en los asuntos relativos a temas
sociales. La Constitución habla en el artículo 148 de competencias en
asistencia social para las comunidades autónomas, y también en el
artículo 149 se establece que es función del Estado la regulación de las
condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos en el ejercicio
de sus derechos. Este aspecto me parece fundamental resaltarlo y es
básico que el Estado tiene la obligación de llevar a cabo esas políticas
que equilibren interterritorialmente las acciones que se lleven a cabo en
una y en otra parte de las comunidades autónomas. A este respecto es
importante considerar que es derecho y obligación del Estado garantizar
los servicios para todos los ciudadanos mediante programas de ámbito
estatal,
además de todas las funciones que tenemos en el ámbito internacional y en
el legislativo. A estos efectos es interesante la doctrina
constitucional, ya consolidada a partir de la sentencia de 1992, que
zanjó la polémica existente sobre la competencia de la Administración
General del Estado y las comunidades autónomas en asuntos sociales.
También me parece importante destacar la nueva concepción que en el tema
autonómico debemos todos de tener presente a partir de los pactos de
febrero de 1992 y de la Ley Orgánica 9/92, de 23 de diciembre, que
desarrolló los pactos y estableció la transferencia de competencias a las
comunidades autónomas que accedieron a la autonomía por la vía del
artículo 143 de la Constitución española. Ese principio al que me estoy
refiriendo es el de cooperación. Es muy importante que se desarrollen
principios de cooperación para la participación y las decisiones por
parte de las comunidades autónomas. Ahí tenemos dos elementos que vamos a
impulsar al máximo desde el Ministerio: la Conferencia Sectorial,
constituida ya, de Asuntos Sociales y la Conferencia Sectorial de Drogas,
también constituida (la de Asuntos Sociales con varias ediciones en su
haber) y también los convenios para el desarrollo de políticas de las
comunidades autónomas. Luego comentaré las transferencias del Inserso en
temas de fundaciones y de menores en Mallorca, aunque esto de la
Comunidad Autónoma de Baleares es un tema menor; las transferencias de
más calado son las del Inserso.
Respecto a los instrumentos que nos proponemos impulsar desde el
Ministerio de Asuntos Sociales, tenemos los instrumentos normativos, los
de iniciativa legislativa, pero, como saben ustedes, en el Ministerio de
Asuntos Sociales, probablemente, no llevamos a cabo muchas iniciativas
legislativas, nuestro instrumento de acción más importante son más bien
los planes integrales relativos a los colectivos de menores, juventud,
mujeres, tercera edad, minusválidos. Estos planes integrales que vamos
desarrollando tienen su incidencia política parlamentaria, puesto que,
además de aprobarse en el Gobierno, se presentan en el Parlamento y se
lleva a cabo una evaluación periódica en las Cortes Generales.
También son un instrumento para nuestra acción las políticas
horizontales, que nos proponemos impulsar. Hay muchos ministerios
afectados, tanto en temas de juventud, como de drogas y de emigración. Lo
cierto es que normalmente están afectadas competencias relativas a
Sanidad, Trabajo, Educación e Interior. Es muy importante articular estas
políticas horizontales adecuadamente a través de las comisiones
interministeriales correspondientes. Queremos impulsar estas políticas
horizontales y las comisiones interministeriales correspondientes,
también los comités consultivos, los consejos relativos a juventud,
mujer, etcétera. Es decir, que tenemos unos instrumentos para la acción
de Gobierno que no son exclusivamente los normativos, que son
fundamentalmente los planes integrales, las políticas horizontales, las
comisiones interministeriales y los consejos consultivos, donde
normalmente están todos los colectivos afectados.
Hasta aquí he expuesto una línea de actuación general en el sentido de
los instrumentos con los que contamos. Lo he comentado por la importancia
que tiene la coordinación adecuada de estos instrumentos para la eficacia
de las acciones de gobierno y por el hecho de que impulsar estos
instrumentos desde el Ministerio será una línea de actuación general para
la legislatura.
Voy a pasar a continuación a desarrollar el programa para la legislatura,
comenzando, primero, por lo que es el centro del Departamento y las
actuaciones, coordinando todas las acciones sociales que inciden sobre
los colectivos, y luego me dedicaré, de una forma ya pormenorizada, a
comentar el desarrollo de la política que se va a llevar a cabo con los
diversos colectivos que dependen de mi Departamento.
En primer lugar, el centro del Departamento tiene todo el tema de la
cooperación social con las organizaciones no gubernamentales, la red
básica de servicios sociales, el protectorado sobre fundaciones y la
tutela sobre Cruz Roja y ONCE. La cooperación social con las
organizaciones no gubernamentales y las entidades sin fines de lucro es
de una importancia enorme. Esto enlaza con lo que hemos comentado antes
sobre acción social protagonizada por la sociedad civil. Queremos prestar
a las ONG el impulso político necesario, asistencia técnica y
colaboración financiera. El impulso político está en la línea de apoyar y
reconocer la labor de las ONG, en la línea de conocer a fondo qué es lo
que se realiza por el voluntariado en España. Queremos reconocer la labor
del voluntariado y, a poder ser a lo largo de la legislatura, regularlo
como lo está en otros países europeos. Queremos dar apoyo jurídico y
asistencia técnica y administrativa a las ONG que, aunque con muy buena
voluntad, por la falta de medios no disponen de la estructura
administrativa ni de la asistencia técnica precisas para llevar a cabo
con eficacia el cometido que se proponen.
En cuanto a la colaboración financiera, aquí tenemos la convocatoria de
ayudas por el Régimen General y por la asignación tributaria del 0,5 del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Pretendemos establecer
una línea de programas en los que se marquen los objetivos que son
prioritarios para los colectivos que dependen de este Departamento, con
un planteamiento finalista, con la máxima objetividad en cuanto a la
entrega de las subvenciones, controlando y haciendo un seguimiento del
destino de los fondos. También queremos verificar que se realizan las
actividades para las que se les han dado los fondos a las asociaciones,
con lo cual el objetivo que pretendemos es la máxima transparencia y el
cumplimiento de los fines de interés social para los que se hayan
establecido los programas y las consiguientes subvenciones.
Dentro de este ámbito de cooperación con las organizaciones no
gubernamentales, queremos impulsar también la función de mediación de las
organizaciones no gubernamentales como interlocutores sociales en la
realización de las políticas y copartícipes también en las decisiones.
Aunque naturalmente toda su función es consultiva y nunca vinculante, esa
función de mediación creemos que es importante por el conocimiento que
las asociaciones tienen de los temas, porque están cerca de la realidad y
de los problemas que se producen y porque, además, pueden ser muy ágiles
y operativas en la propuesta de soluciones. También nos pueden hacer,
como es lógico, las críticas y proponernos las alternativas en los
supuestos de que se trate.
Aparte de los consejos a los que me he referido antes, hoy existe un
Comité Nacional de Organizaciones no Gubernamentales en el que están
representados estos colectivos, pero en un futuro inmediato --queremos
que sea incluso, si podemos, en este trimestre-- queremos constituir un
consejo estatal de organizaciones no gubernamentales en el que,
naturalmente, estén representados todos los colectivos.
Así pues, en esta área tenemos tres objetivos a corto plazo: ese impulso
y reconocimiento del voluntariado a través de la carta o el estatuto del
voluntariado; el análisis y evaluación de la política de subvenciones y
aprobación de nuevos criterios para las próximas convocatorias, y la
constitución de un consejo estatal de organizaciones no gubernamentales.
Otro eje de la acción social es la red básica de servicios sociales, el
Plan concertado. El Plan concertado es un ejemplo de cómo puede estar
cofinanciado por tres administraciones: a través del Ministerio de
Asuntos Sociales, las comunidades autónomas y las corporaciones locales,
que es donde se da la asistencia, el lugar donde se está más cerca de los
problemas. Este es un ejemplo claro de una eficacia en la coordinación y
en la cofinanciación de las tres administraciones en el sistema de
trabajo que se establece en el Plan concertado para la red básica de
servicios sociales y que se desarrolla en cumplimiento, como ustedes
saben, de la Ley de Régimen Local.
Se presta la asistencia social, la información, la ayuda a domicilio y
los albergues. La cobertura actual es del 90 por ciento y se atiende a
6.005 municipios en toda España. Hay muchos municipios de menos de 5.000
habitantes en los que se realizan agrupaciones de municipios. Aquí
queremos, como objetivo a corto plazo, mantener y ampliar la red básica y
tener en cuenta las nuevas necesidades que se están produciendo en las
grandes áreas metropolitanas y también el incremento de situaciones de
exclusión social. También queremos tener la máxima cooperación con las
comunidades autónomas para acordar los criterios clásicos de distribución
(de población, superficie e insularidad) y los nuevos que se van
produciendo por nuevas situaciones de exclusión social por las políticas
de concentración en las grandes áreas metropolitanas, como he dicho.
Otro elemento dentro de este tema de la acción social que se lleva a cabo
desde el Ministerio y que afecta a todos los colectivos es el problema
del protectorado del Estado sobre las fundaciones benéfico-asistenciales.
Este protectorado tiene como fin, como función, asegurar el cumplimiento
de la voluntad del fundador de la realización de los fines de interés
general, según la expresión del artículo 34 de la Constitución que
reconoce el derecho de fundación.
Como todos ustedes saben, la legislación de fundaciones es una
legislación desfasada; data del siglo pasado. La Ley es de 20 de junio de
1849 y la instrucción de 14 de marzo de 1899 sobre fundaciones
asistenciales, y es precisa una nueva normativa. Ya en la anterior
legislatura se planteó, inicialmente, una ley de incentivos fiscales a la
participación privada en actividades de interés general y, en una segunda
fase, una ley de fundaciones, y luego, los grupos parlamentarios
plantearon, en algunos casos, una enmienda a la totalidad sobre un texto
alternativo y, en otros, enmiendas parciales, según los temas y los
planteamientos de cada partido político.
En el momento actual hay también dos iniciativas, una de Convergència i
Unió y otra del Partido Popular, relativas a ambos textos. En el momento
actual no hemos tomado la iniciativa desde el Gobierno porque se estaba
viendo la posibilidad de llevar a cabo una articulación conjunta de los
dos textos, del texto del proyecto de ley de fundaciones y del de
incentivos fiscales a la participación privada en actividades de interés
general. Probablemente en las próximas semanas se tome una decisión al
respecto, pero lo que yo quiero resaltar sobre todo es el aspecto que a
nosotros nos afecta, que es el fomento de la iniciativa privada en temas
sociales, el compromiso a que me refería antes de la corresponsabilidad
de la sociedad civil en estos temas. El desarrollo de esta ley de
fundaciones y de la de incentivos fiscales, llamada del mecenazgo, es muy
importante precisamente para fomentar la iniciativa privada y para dar
confianza también a la sociedad en cuanto a la participación en fines
asistenciales. Quiero dar desde el Ministerio el máximo apoyo a estas
entidades para extraer la máxima rentabilidad de las mismas. También
desde el Estado hemos intentado optimizar los recursos.
Por último, dentro de esta área que afecta a todos, la tutela del Estado
respecto de entidades asistenciales ajenas a la Administración, Once y
Cruz Roja, también la función del Ministerio de Asuntos Sociales es
garantizar que las actuaciones de estas entidades se adecuan al
cumplimiento de los fines de interés general para el cual están
constituidas. La Once tiene una autonomía bastante extensa desde marzo de
1991 y existe una serie de mecanismos de control que tiene el Estado a
través de esta tutela, y en la combinación de esa autonomía y de esos
mecanismos de control se mueve todo el trabajo de verificación de que
esta entidad cumple con los fines para los cuales está constituida y para
los cuales dispone de una serie de prerrogativas; los fines: la
integración social de invidentes, los programas de servicios sociales y
la integración de personas con minusvalías que se lleva a cabo a través
de la fundación Once. La Cruz Roja promueve la solidaridad y el bienestar
social y los fines generales de fomento de la paz y de la cooperación
nacional e internacional en esos dos ámbitos, donde ese seguimiento para
verificar que se cumple con los fines tendrá que llevarse a cabo. La
propuesta en ambos casos es el control y seguimiento de que se realiza
verdaderamente esa tutela y que se garantiza el cumplimiento de los fines
de interés general.
A continuación, me voy a referir a los temas por materias y por
colectivos. Antes de entrar en los colectivos, voy a hablar de dos temas
que me preocupan extraordinariamente y a los que queremos dar un impulso
especial en esta legislatura desde el Ministerio. Son el tema del menor y
familia. Cualquier política que se refiera al desarrollo integral de las
personas en la sociedad tiene que contar con esa preocupación por los
menores y también por ese reconocimiento de la familia. En el tema de
menores se han dado pasos muy importantes. Se aprobó en noviembre de 1990
por las Cortes Generales la Convención de los Derechos del Niño, de
Naciones Unidas, que se aprobó en Naciones Unidas en 1989 y cuyo objetivo
principal es proteger al niño y defender el interés superior de los
menores. Se ha realizado un informe, que se ha remitido al Comité de
Derechos del Niño el pasado mes de junio de acuerdo con el artículo 44 de
la Convención, de la situación de los menores en España, informe que está
a disposición de SS. SS. por si quieren tener conocimiento de él. También
se ha dado un paso importante en la reforma que tuvo lugar a través de la
Ley Orgánica 4/1992, como consecuencia de la sentencia del Tribunal
Constitucional que declaró inconstitucional el artículo 15 de la Ley de
11 de junio de 1948, que era la que estaba en vigor para el tema relativo
a los menores. Lógicamente, esta sentencia del Tribunal Constitucional
dio lugar al desarrollo de la ley, puesto que, entre otros temas que
incumplían la Constitución, estaba el de que se realizara la instrucción
y el fallo por parte del juez. Ahora la instrucción la realiza el
Ministerio Fiscal y queda garantizada la imparcialidad de los jueces,
puesto que sólo fallan y no instruyen. Lo que sí se está llevando a cabo
en el tema de menores, y es muy importante, es una colaboración bastante
intensa y muy fructífera entre el Ministerio Fiscal y los jueces de
menores en toda España.
Otro aspecto importante en el tema de menores, impulsado por el
Ministerio de Asuntos Sociales y en el que se ha dado un paso este año
con la instrucción del Fiscal General del Estado 2/1993 sobre el derecho
a la intimidad de los menores víctimas de un delito, ha sido el de
proteger la imagen de los menores, a cuya utilización hemos asistido, con
motivo de delitos, en los últimos meses, a través de los medios de
comunicación. Ello atentaba contra la intimidad de los menores y se
desarrolló una instrucción del Fiscal General, de enorme importancia, en
la que se establecía la función que tenían que llevar a cabo los fiscales
en relación con la protección de la imagen de los menores y toda la
defensa del derecho a la intimidad de menores víctimas de delito. Esto es
lo que se ha hecho últimamente, pero hay que seguir avanzando, y con
carácter inmediato nos proponemos, y creo que va a producirse en las
próximas semanas, desarrollar, trasponer al Derecho español la Directiva
89/552 de la CEE, relativa al ejercicio de actividades de radiodifusión
televisada. Esta directiva, de enorme importancia en el tema de los
menores, en su artículo 22, determina la protección de los menores en el
tema de la imagen y el derecho a la intimidad y establece que no se
pueden incluir programas que perjudiquen el desarrollo físico, mental o
moral de los menores, y, en particular, están prohibidas las escenas de
pornografía y violencia gratuita. Además, se hacen menciones expresas a
la elección de la hora de emisión, de tal forma que en el momento en que
se pueda ofrecer ese tipo de emisiones nunca podrá ser en las horas en
las que masivamente son presenciadas por los menores.
Otro aspecto que nos proponemos impulsar en relación con el asunto de
menores en los próximos meses son las adopciones internacionales. Como es
sabido, está aumentando el número de adopciones y no hay suficiente
control de la forma en que se realizan. También, de acuerdo con la
Convención, a la que me he referido antes, tenemos que cumplir con los
requisitos que se establecen para las adopciones, y en ello está
trabajando un grupo interministerial y también estamos colaborando con
las comunidades autónomas, llevando a cabo acuerdos bilaterales para
poder realizar las adopciones internacionales con todos los requisitos y
sin que ello entorpezca la necesaria rapidez con la que a veces hay que
actuar en estos temas.
Como objetivos a medio plazo en el tema de menores queremos desarrollar
la ley de derechos de la infancia y el plan de acción sobre infancia.
Esto es a más largo plazo, puesto que este proyecto de la ley de derechos
de infancia está bastante avanzado, pero todavía se trabaja en un texto
legislativo. Están enunciados todos los derechos fundamentales del niño,
como sujeto de tales derechos con una mayor concreción, similar al
planteamiento constitucional pero concretado en los derechos de los
menores: la función parental y tutelar, las instituciones jurídicas de
protección y las garantías de las medidas judiciales con menores
infractores. En este punto estamos todavía en un proceso que no está
suficientemente desarrollado y, por tanto, les puedo decir que tendremos
a mediados de 1994 un borrador, y con él podremos empezar el trabajo con
los interlocutores sociales para la recepción de sugerencias, de ideas,
de enriquecimientos al texto, y para finales de 1994 estaremos en
condiciones de traer el proyecto a las Cámaras. Además, hay que despejar
si el tema de los menores infractores lo incluimos en esta ley de
derechos de la infancia o lo llevamos a un texto individual, como muchos
quieren, y no faltos de razón.
En cuanto al Plan de acción sobre la infancia, también se está trabajando
en cooperación con los Ministerios, con las comunidades autónomas y las
organizaciones no gubernamentales, y se quiere hacer, como se ha venido
haciendo con eficacia con otros colectivos, un plan de acción que
comprenda todos los aspectos, de una forma integral, que afectan a los
menores: la promoción de sus derechos, la socialización y la convivencia
en la familia, la educación, la salud, la socialización en el tiempo
libre, las situaciones de conflicto social y todo lo relativo a la
cooperación internacional, donde entran las adopciones internacionales.
En cuanto a la familia, creo que es un escenario básico para la
convivencia y para la socialización en una sociedad como la nuestra. Es
un núcleo de solidaridad y afecto y es un factor de cohesión social
esencial. La familia hoy alberga múltiples formas de convivencia, todas
ellas válidas y amparadas constitucionalmente. Tenemos una ocasión única
de reconocer a la familia como institución y también de promover todo lo
que pueda ser el apoyo a la familia con motivo del año 1994, que se ha
declarado Año Internacional de la Familia, mediante los informes y los
programas que tenemos que preparar. En primer lugar, y con carácter
inmediato, estamos constituyendo el comité español para el Año
Internacional de la Familia, en el que damos entrada a los ministerios
--varios ministerios--, a las comunidades autónomas, a la Federación de
Municipios y Provincias y a las ONG, naturalmente ONG con suficiente
entidad de mediación como para poder ser representativas de un núcleo
grande de colectivos; pero queremos que no quede nadie fuera de este
comité para preparar el Año Internacional de la Familia. Una vez que
tengamos este comité organizado, a lo largo de 1994, se realizará el
informe sobre la situación de la familia en España, desde el punto de
vista demográfico, económico, sociológico, jurídico y político, y será
presentado al Senado al final del período de sesiones de 1994. También el
programa para el Año Internacional de la Familia será presentado en el
Senado en el segundo trimestre de 1994.
En cuanto a las políticas de igualdad de oportunidades (y paso ya a hacer
un análisis somero de otros dos colectivos, como son el de la mujer y el
de la juventud), tenemos mucha tarea por delante. Se ha hecho mucho; en
cuento al tema de la mujer, es innegable la transformación enorme que han
tenido los derechos de la mujer desde hace quince años en España. Cuando
la Constitución, en 1978, desarrolla por primera vez el principio de
igualdad y de la no discriminación por razón de sexo no podíamos pensar
que en tan poco tiempo íbamos a conseguir tanto. Desde el punto de vista
de las normas jurídicas, nuestro Derecho, nuestras normas, son
equiparables a las mejores de cualquier país occidental. Sin embargo, lo
que es la igualdad real, lo que es el día a día de la realidad de las
mujeres en su incorporación a la vida laboral y a la vida política es muy
distinto. Por ello, se desarrolló el segundo Plan de igualdad de
oportunidades para las mujeres el 15 de enero de 1993, que se aprobó por
el Gobierno, y del que ustedes han tenido cumplida información. En este
Plan lo que se pretende esencialmente es obtener la igualdad real. El
segundo Plan es muy amplio, no es tan concreto como fue el primero y
tampoco alude ya a temas de reformas jurídicas; más bien alude a la
aplicación de la legislación igualitaria. Uno de sus nortes es aplicar la
legislación igualitaria y velar para que no se produzcan discriminaciones
directas o indirectas, y también continuar los programas de apoyo a la
inserción laboral y profesional. Este aspecto relativo a la entrada de
las mujeres en el mundo del trabajo me parece uno de los más importantes
del plan de acción. Es muy importante que seamos capaces de desarrollar
una sociedad en la que se puedan hacer compatibles las tareas domésticas
y el acceso por parte de las mujeres al mercado de trabajo, que haya una
colaboración de hombres y de mujeres en el ámbito de lo privado, así como
que las responsabilidades públicas sean desempeñadas por hombres y por
mujeres, que las decisiones, el acceso a la participación en lo público
sea también realizado por las mujeres en la misma medida que por los
hombres, puesto que si no esas decisiones carecerán de las ideas, de las
aportaciones y de las impresiones de media parte de la humanidad. En esa
nueva sociedad a la que me he referido al inicio de mi intervención, creo
que la presencia de las mujeres en la vida pública es muy importante,
pero para que esa presencia pueda ser real, tenemos que despejar los
obstáculos principales que tienen las mujeres para participar en el mundo
del trabajo. El principal obstáculo lo hemos despejado ya, que es el
acceso a la educación. Hay que seguir combatiendo el sexismo, hay que
seguir combatiendo el lenguaje discriminatorio y, naturalmente, hay que
seguir promocionando que las mujeres realicen estudios no segregados, al
igual que los hombres, en todas las materias, y se preparen al igual que
los hombres. Esto en las generaciones más jóvenes es ya una realidad,
pero ello no es suficiente: hay que seguir removiendo los obstáculos que
impiden que la mujer esté en igualdad de condiciones que el hombre en el
trabajo, en la promoción en el trabajo y en el acceso a los puestos de
responsabilidad y a las decisiones colectivas. Hay que actuar sobre el
mercado de trabajo, combatiendo la discriminación y realizando acciones
positivas, y me propongo, desde el Ministerio, llevarlas a cabo. También
hay que actuar sobre el ámbito privado, para que las mujeres puedan
compatibilizar esas tareas a las que me he referido antes, y me propongo,
desde el Ministerio, también fomentar la existencia de guarderías, de
horarios flexibles y la participación de los hombres en las tareas
domésticas, y también me propongo, desde el Ministerio, incidir sobre las
mentalidades, para cambiar la imagen de la mujer. La imagen de la mujer
tiene que ser cada vez más respetuosa con esa realidad, en la que la
mujer está hoy cada vez más, y tenemos instrumentos que vamos a
desarrollar al máximo, como es la ley de publicidad y todas las
posibilidades que da a los organismos, no sólo desde el Estado, como es
el Instituto de la Mujer, sino los organismos de las comunidades
autónomas en las que hay instrumentos para desarrollar que haya una
imagen de la mujer más acorde con la realidad y con la dignidad a la que
las mujeres tenemos derecho. En cualquier caso, no me voy a extender
mucho sobre el tema de la mujer, porque existe una Comisión Mixta
Congreso-Senado, que es específica para el tema de las mujeres, en la que
tendremos ocasión de comparecer y explicar todos los desarrollos del
segundo Plan de acción y de otras múltiples actividades que pueden
llevarse a cabo en el tema de la mujer.
Con respecto a la juventud, que era el segundo tema al que me había
referido en las políticas de igualdad de oportunidades, también tenemos
un Plan integral. El Plan integral de juventud se aprobó el 6 de
noviembre de 1990 por el Gobierno y, antes de finalizar el año 1993,
está establecido en la exposición de motivos del propio Plan que habrá
que elevar un informe de evaluación al Consejo de Ministros, exponiendo
el grado de cumplimiento alcanzado y las actuaciones que se hayan puesto
en práctica. Ese informe, que se realizará en los próximos meses, tendrá
que referirse al cumplimiento cuantitativo y cualitativo del Plan, al
diagnóstico e incidencia social y a las propuestas de futuro. Tendrán
todos ustedes, señorías, cumplida información, en ambas Cámaras, de este
cumplimiento del Plan. Si se crea la Comisión que había en la anterior
legislatura sobre juventud en el Senado, será en esa Comisión donde se
exponga el cumplimiento del Plan integral de juventud.
El tema que más me preocupa en el ámbito de la juventud es el del empleo.
El desempleo en juventud tiene dos peculiaridades: es fundamentalmente
femenino y, además, es un desempleo que tiene una alta proporción de paro
de larga duración. En el propio Plan integral de juventud hay muchas
líneas de actuación para apoyar los planes de empleo juvenil, para
fomentar la formación ocupacional de mujeres jóvenes, para fomentar
proyectos empresariales que generen empleo juvenil, para desarrollar
subvenciones que den prioridad a programas generadores de empleo juvenil,
pero todo esto no ha dado los frutos que se podían esperar de un Plan tan
ambicioso. Yo creo que habrá que centrar todas esas iniciativas para
intentar ser más efectivos en la próxima etapa. Los jóvenes tienen un
problema muy grave de inserción en el mercado laboral y hay que
distinguir, por un lado, entre los que tienen la formación adecuada para
acceder al mercado laboral y, por otro, los que carecen de ella. De ahí
la importancia del contrato de aprendizaje, del contrato de formación y
del contrato en prácticas. A mí me parece muy conveniente todo lo que sea
compaginar que los jóvenes entren en el mercado de trabajo y se valore
que también están aprendiendo, que también están realizando una función
de aprendizaje y que, por lo tanto, esto sea una facilidad para las
empresas a la hora de contratar jóvenes, puesto que les va a enseñar y,
por tanto, no van a tener que pagar un salario tan alto; me parece una
buena combinación para que se realice esa formación de los jóvenes que no
la tienen. Todos hemos empezado aprendiendo en prácticas, y yo tengo un
ejemplo muy claro que poner, que es lo que ha sido la pasantía en el
ejercicio profesional de la abogacía. Verdaderamente, es una de las
instituciones de mayor eficacia, y los jóvenes abogados y abogadas que
han tenido la oportunidad de iniciarse en el ejercicio profesional de la
abogacía a través de un contrato de aprendizaje, como es la pasantía,
normalmente han sido privilegiados. En el tema de juventud, pues, me
remito a la Comisión. También hay muchos proyectos que se han llevado a
cabo, importantes, en cooperación internacional y en asociacionismo.
Aquí, el Consejo de la Juventud ha realizado una coparticipación en la
política de juventud. En el Consejo de la Juventud están representadas
todas las asociaciones. Yo creo que el asociacionismo juvenil tiene que
impulsarse, y vamos a impulsarlo desde el Ministerio, puesto que hay que
abrir la sociedad actual a los jóvenes. Creo que hay que preparar el
relevo generacional y hay que preparar a los jóvenes para el acceso a la
responsabilidad, y desde las asociaciones juveniles creo que podemos
llevar a cabo esa labor.
Voy a comentar a continuación las políticas compensatorias en relación
con los mayores y con las personas con minusvalías. En primer lugar,
tengo que decir que todas las actuaciones relativas a la tercera edad y
las minusvalías están enmarcadas en el Inserso. El Inserso, de acuerdo
con la Ley 9/1992, de 23 de diciembre --a la que me he referido
anteriormente--, está en proceso de transferencia a las comunidades
autónomas; por tanto, hay todo un plan estratégico del Inserso para
desarrollar las transferencias a las comunidades autónomas, y habrá que
establecer todos los mecanismos de reserva de los aspectos que quedan
dentro del ámbito de la Administración central del Estado. En cualquier
caso, este plan estratégico de transferencias del Inserso va a llevar su
tiempo; por lo menos, se desarrollará a lo largo de todo el año 1994.
En cuanto a los mayores, creo que tendremos que plantearnos de una forma
muy seria el cambio de la pirámide poblacional y toda la situación de la
prolongación de expectativas de vida y, además, de la prolongación de
expectativas de vida por encima de los ochenta años, lo que nos obliga a
ampliar la cobertura no sólo para las personas de tercera edad que se
consideran válidas, sino también para las personas que están en una
situación de mucha mayor dependencia. El abanico es también muy amplio,
ya que los mayores son todavía personas muy útiles a la sociedad en los
primeros años de la tercera edad, cuya experiencia hay que aprovechar y
pueden estar todavía en activo en muchos campos, y ahí tienen y pueden
realizar --y pensamos dinamizarlo desde el Ministerio-- una gran función
las organizaciones no gubernamentales en cuanto al voluntariado que se
pueden llevar a cabo con los mayores, porque pueden realizar muchas
tareas que nos proponemos impulsar, como, por ejemplo, enseñar museos, de
lo que hace poco se hacía eco algún medio de difusión y que lo lleva a
cabo una ONG que depende del Inserso; labores de enseñanza, de
asistencia, etcétera. Este año de 1993 es el Año Europeo de las Personas
Mayores y de la Solidaridad entre Generaciones. Quizá por la situación
que atraviesa la Comunidad Europea no se le ha dado el impulso que se
debía de haber dado y se han llevado a cabo a lo largo de 1993 algunas
actuaciones en España con motivo de este Año Europeo de las Personas
Mayores. Es una aspiración de los mayores en este año tener su Consejo
estatal de mayores, y lo vamos a desarrollar en el presente año. Antes de
que termine el año, esperamos poder tener constituido dicho Consejo
estatal de mayores. Es uno de los consejos que tienen todos los
colectivos, como he señalado al inicio, en los que están representadas
las ONG más representativas.
Quiero decir solamente dos palabras para explicar el Plan gerontológico.
Hay también para los mayores un plan integral que afecta a todas las
áreas de prestaciones económicas, sanidad, servicios sociales, ocio y
cultura y participación. El objetivo central del Plan gerontológico
es el derecho a envejecer dignamente. Este Plan, cuyas competencias son
asumidas por las tres administraciones públicas --autonómica, local y
central-- da prioridad a la coordinación horizontal, puesto que hay
muchos ministerios implicados: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
de Sanidad y Consumo, etcétera. Este Plan es fruto del consenso con las
comunidades autónomas y está aprobado en la Conferencia Sectorial y en el
Consejo Interterritorial de Salud, y asimismo es fruto del consenso con
la Federación Española de Municipios, con los sindicatos, empresarios,
profesionales y expertos. Este Plan gerontológico da un mayor relieve a
los programas alternativos al sistema residencial; desarrolla bastante la
asistencia a domicilio, tele-asistencia, adaptación de viviendas,
viviendas compartidas, acogimiento familiar, una serie de alternativas
que se van planteando en relación con los mayores. También aquí hay que
desarrollar todas las posibilidades necesarias en cuanto al análisis y
racionalización de lo que se gasta en las plazas sanitarias con relación
a lo que son las plazas residenciales. Nos proponemos en los próximos
meses estudiar la racionalización del gasto y ver hasta qué punto hay
muchas plazas sanitarias ocupadas por personas mayores que estarían mejor
atendidas en plazas residenciales, y ver si esa atención en plazas
residenciales implica una reducción del gasto y una mejor asistencia para
los mayores. El Plan --como ustedes saben-- viene aplicándose a lo largo
de 1992 y en 1993 y se distribuye el crédito correspondiente entre las
comunidades autónomas por el sistema habitual, de población, superficie,
insularidad, etcétera. Hay un objetivo que quiero llevar a cabo cuanto
antes una vez que esté cuantificado, que es que tengamos una vinculación
más formal con el Plan gerontológico; aunque haya un plazo flexible para
su ejecución, que no dependa tanto de las coyunturas económicas, que
podamos tener una vinculación más allá de la existencia de ese Plan
gerontológico y de su puesta en práctica: un plazo de vigencia, unas
medidas, unas actuaciones en cada ejercicio, etcétera.
Respecto al tema de las personas con minusvalía, el objetivo es, por un
lado, atender a aquellas personas con minusvalías que no se pueden valer,
y, por otro, fundamental, la integración de estas personas. Precisamente,
en la Comisión de Política Social y Empleo en la anterior legislatura se
hizo la ponencia sobre minusválidos, que concluyó sus trabajos en
diciembre de 1992, lo que da cuenta de la sensibilidad de esta Cámara
respecto a este problema. Se hizo un informe de la situación y se
establecieron unas conclusiones sobre las políticas sectoriales de
integración laboral de los minusválidos, de todo lo que eran prestaciones
económicas y sociales, educación, supresión de barreras, prevención y
asistencia sanitaria y participación de las asociaciones representativas
de las personas con minusvalías. En cumplimiento de ese compromiso
parlamentario me propongo desarrollar el plan de acción para las personas
con minusvalías. Se está trabajando en la elaboración de ese plan por
parte del movimiento asociativo y por parte de las comunidades autónomas
y los ministerios afectados. El pasado 29 de septiembre me reuní en el
Ministerio con el Consejo rector de las asociaciones de personas con
minusvalías y asumimos todos juntos el compromiso de que tuviéramos
terminado ese plan para aprobarlo y presentarlo al final del primer
período de sesiones de 1994, es decir, hacia junio de ese año. Tenemos
ese compromiso y esperamos poderlo llevar a cabo. El plan está bastante
avanzado y se ha trabajado muy seriamente por parte de las asociaciones.
Quiero hacer una mención, aunque sea somera, a la función que realiza el
Real Patronato de Prevención y de Atención a Personas con Minusvalía. En
este terreno debe seguir con la labor tan encomiable que ha venido
realizando a lo largo de los años, una labor verdaderamente generosa por
parte de las personas que están al frente de ella, de promoción, de
impulso y coordinación de todo lo que es la prevención y la investigación
para la rehabilitación y la integración de las personas con deficiencias.
Me voy a referir a continuación a la prevención e integración de los
colectivos marginados, a los temas de las drogodependencias, de las
minorías étnicas y de la emigración. Respecto a las drogas diré, en
primer lugar, que se ha constituido una Comisión Mixta Congreso-Senado,
como en la anterior legislatura, con lo cual me remito a dicha Comisión,
donde tendrán ustedes cumplida información. No obstante, voy a
exponerles, de forma sucinta, lo más significativo de las acciones que
vamos a llevar a cabo.
Las funciones que tiene el Plan Nacional sobre la Droga en el momento
actual son las mismas que tenía antes de pasar su competencia al
Ministerio de Asuntos Sociales; por tanto, todas las relativas a la
prevención y al consumo de drogas y a la rehabilitación de las personas
que están en situación de drogodependencia. En el campo de la prevención,
nos proponemos poner en marcha un sistema de información sobre drogas,
con dos grandes encuestas nacionales, una sobre población general y otra
sobre población escolar. Esto es importante para actualizar la
información. Nos proponemos también crear un consejo asesor de lucha
contra las drogas, en esa línea de que todos los colectivos quieren tener
ese consejo asesor como elemento de mediación, como instrumento de
trabajo para una mayor eficacia y, naturalmente, como vehículo de
participación social, de marco para la reflexión y de opinión y
acercamiento de las políticas que realiza el Gobierno. En este consejo
asesor estarán representadas todas las asociaciones de ayuda a
toxicómanos, juveniles, de vecinos, sindicales, de padres de alumnos, de
medios de comunicación, etcétera. También, vamos a llevar a cabo
intervenciones específicas de prevención en el sistema educativo y,
asimismo, programas preventivos en el ámbito laboral. Es muy importante
promover y estimular las líneas de actuación y corresponsabilizar a los
agentes sociales en el ámbito laboral. El tema de la prevención me parece
importantísimo. Aquí se ha hecho bastante, puesto que, con respecto a las
drogas, no hay el mismo planteamiento que hace unos años, ahora hay un
rechazo hacia el consumo de drogas mucho mayor que hace cuatro o cinco
años. Yo creo que ahí ha sido
importante la labor que se ha llevado a cabo desde el Plan. Creo que hay
que impulsar esa cultura del rechazo social y nos proponemos hacerlo
desde el Ministerio en este ámbito de la prevención.
En el campo de la rehabilitación, tenemos todo lo relativo a la
intervención sanitaria, en drogodependencias, con convenios con el
Ministerio de Sanidad; hay que promover las reformas para los proyectos
que regulen los procedimientos de suspensión del proceso penal iniciado o
de ejecución de la pena impuesta a los delincuentes toxicómanos,
sustituyéndolos por medidas de desintoxicación y de rehabilitación en los
casos en que se estime conveniente y eficaz y en los que se vea que se va
a obtener un resultado; hay que ampliar el número de centros que
constituyen la red de tratamiento-ambulatorio, centros de día, de
comunidades, de asistencia terapéutica, etcétera; y también hay que
elaborar programas de apoyo educativo y de apoyo en el tiempo libre para
favorecer de ese modo la rehabilitación en el entorno social y familiar.
Común a ambos ámbitos de la prevención y de la rehabilitación, queremos
desarrollar, con carácter inmediato, la creación de un fondo nacional de
lucha contra el tráfico de drogas y las toxicomanías. Ese fondo se
nutriría con todos los bienes decomisados y que sean objeto de sentencia
firme por causa de delitos relacionados con la producción y el tráfico de
drogas. Esto está previsto en el proyecto de ley de blanqueo de
capitales, que se remitió a las Cortes el pasado mes de julio. Los bienes
se destinarán a la prevención de las toxicomanías, a mejorar la
asistencia, a drogodependientes, a ayudar a las familias, etcétera.
Por último, queremos, también con carácter inmediato, organizar un
congreso del Plan Nacional sobre Drogas que sirva para la apertura de un
gran debate nacional, que permita redefinir los objetivos y actualizar
las metodologías y las estrategias en la lucha contra las toxicomanías.
Aquí queremos comprometer a los medios de comunicación y tener una
estrategia de comunicación también con la sociedad para que haya un
compromiso colectivo de todos en la lucha contra las drogas, haciendo
hincapié --insisto en ello-- en el ámbito de la prevención.
En cuanto a las minorías étnicas, dos palabras sobre el programa de
desarrollo gitano. Aquí también se cumple el propósito de una proposición
no de ley, de 3 de octubre de 1985. En su momento se creó el Consejo
Asesor Gitano, también derivado de esta proposición no de ley. La
sensibilidad de la Cámara quedó patente, y aquí la colaboración con las
comunidades autónomas y la cooperación de las asociaciones vienen siendo
muy efectivas.
Me voy a referir, a continuación y antes de entrar en los temas
internacionales, a las migraciones. El fenómeno migratorio constituye uno
de los fenómenos más extraordinarios de este fin de siglo. En el momento
actual se están moviendo más de cien millones de personas en el mundo y
nosotros somos país destinatario, país privilegiado, país que tiene unos
niveles de vida que para otros pueblos que huyen del hambre, de la
miseria y de la guerra, es un lugar de destino. Aquí tenemos que ser
generosos, aunque tenemos también que cumplir con el Tratado de Schengen
y con los tratados internacionales que nos obligan a establecer unos
cupos de entrada.
El hecho de que pase la competencia sobre migraciones --con el fenómeno
de la inmigración también-- al Ministerio de Asuntos Sociales tiene un
significado político, a mi juicio, importante. Por un lado, reforzar el
Ministerio de Asuntos Sociales, como he dicho antes, y, por otro,
reforzar la propia Dirección General de Migraciones en lo que se refiere
a la inmigración.
España ha sido un país de emigración y, ahora, es, por primera vez, un
país de inmigración. Ese fenómeno de la inmigración hay que atenderlo
como se merece. Ya no es sólo un tema que pueda tratarse desde el ámbito
de los visados o del control de los flujos de personas que entran, sino
que también hay que subrayar los aspectos de la integración social de las
personas que entran a formar parte de nuestra comunidad. Hay que entender
el fenómeno de la inmigración --así lo queremos entender desde el
Ministerio de Asuntos Sociales-- como un fenómeno de integración en un
proceso a largo plazo, proceso que va a requerir un diálogo constante de
todas las administraciones y de todos los interlocutores sociales.
Todos los grupos parlamentarios de la Cámara aprobaron una proposición no
de ley, el 11 de abril de 1991, en la que se acordó llevar a cabo una
política activa de inmigración. Como consecuencia de esta proposición no
de ley, se desarrolló la Comisión interministerial, como ustedes saben,
el 14 de mayor de 1992, y se regularizó a cien mil personas que se
encontraban de forma irregular e ilegal en España. Esto da muestras de la
sensibilidad de esta Cámara en cuanto a inmigración. Hay, por cierto, un
amplio consenso político en esta materia, y el Ministerio de Asuntos
Sociales quiere llevar a cabo una política seria sobre la inmigración que
abarque todos los campos en los que incide la inmigración: el tema de los
cupos, por supuesto, y el relativo a los flujos inmigratorios, pero
también la integración, la escolarización y el reagrupamiento familiar.
Para llevar a cabo esta tarea nos proponemos, con carácter inmediato,
constituir un foro de organizaciones no gubernamentales dedicadas a la
inmigración, para tener un diálogo permanente sobre esta materia con las
asociaciones que conocen mejor los temas. A su vez, queremos desarrollar,
en una segunda fase, un observatorio del fenómeno inmigratorio, para no
tener en cuenta sólo ese ámbito de los flujos y de la entrada de
personas, sino también la integración, en el doble sentido de las
condiciones de vida y de bienestar de la población de origen extranjero,
así como las actitudes de la población autóctona. El objetivo de este
observatorio es tener un diagnóstico certero, que nos permita dar
alternativas eficaces ahora y en un futuro a medio plazo.
En una segunda fase, una vez que tengamos ese observatorio y esos datos,
llevaríamos a cabo, en el primer trimestre de 1994, un plan integral de
actuación que desarrollara una política inmigratoria integral.
El criterio de elaboración del plan es la corresponsabilidad de la
Administración y la sociedad civil
--participación, por tanto de las ONG--, la coordinación entre las
administraciones y también dirigir la política de inmigración no sólo,
como he dicho, hacia el inmigrante, sino hacia la sensibilización del
autóctono.
Los objetivos del plan queremos que sean claros y alcanzables a corto y a
medio plazo: conocer bien los flujos migratorios y la entrada de
personas; intentar la estabilidad en la residencia y el permiso laboral;
integrar a la población inmigrante en condiciones de vida dignas,
respetando mutuamente las leyes, la cultura, etcétera; la actitud
positiva de la población española hacia los inmigrantes; y prevenir y
sancionar las actitudes xenófobas y racistas.
Aunque España ha dejado de ser fundamentalmente, como he dicho al
comentar el tema de las migraciones, un país de emigración, sin embargo,
todavía hay muchas políticas, en relación con la inmigración, que tenemos
que llevar adelante.
Recientemente, en mayo de 1993, se desarrolló un Decreto para el
reconocimiento de pensiones no contributivas a personas emigrantes,
pensiones asistenciales por ancianidad, que se están entregando a lo
largo de este año. Este es un dato muy positivo que SS. SS. seguramente
conocen. En este tema queremos desarrollar al máximo la eficacia de censo
español de residentes ausentes, para que se pueda llevar a cabo bien la
participación electoral y facilitar la recuperación de la nacionalidad
por los emigrantes, o la adquisición por sus descendientes de la
nacionalidad española.
Para terminar, me voy a referir muy brevemente a los temas
internacionales y de la Comunidad Europea. Respecto a los primeros, sólo
haré una pincelada para comentar que tenemos por delante, en los años
1994 y 1995, cuatro encuentros, que inciden sobre los temas del
Ministerio y que van a ser de una importancia extraordinaria. Uno es, ya
lo he comentado, el año internacional de la familia, 1994, y otro es la
conferencia sobre población y desarrollo en El Cairo, el 13 de septiembre
de 1994. También en China, en 1995, tendremos la conferencia mundial
sobre la mujer, y el mismo año, en Copenhague, la conferencia mundial en
la cumbre sobre desarrollo social.
Sobre la Comunidad Europea, sólo pronunciaré unas palabras para comentar
que el Ministerio se propone estar muy presente en todas las actividades
de la Comunidad Europea y en el desarrollo de las directivas. En el
momento actual hay directivas pendientes sobre la protección de los
jóvenes en el trabajo, sobre permisos parentales, sobre inversión de la
carga de la prueba y también se está llevando a cabo un Libro Verde sobre
política social, del que realizaremos un seguimiento exhaustivo, una vez
esté elaborado.
Con respecto al presupuesto es mejor hacer una remisión a las próximas
comparecencias específicas. Lo único que quiero decir es que el
presupuesto del Ministerio de Asuntos Sociales ha quedado bastante
adecuado con relación al presupuesto que teníamos para 1993, y que con él
esperamos poder llevar a cabo las políticas que les he expuesto, de forma
somera, respecto a todos los colectivos y al desarrollo de los planes
integrales.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra, por el razonable
uso del tiempo que el Reglamento le otorga.
¿Grupos parlamentarios que deseen intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Popular y por un tiempo de diez minutos, tiene
la palabra la señor Sainz.
La señora SAINZ GARCIA: Señor Presidente, la oposición sí tiene el tiempo
tasado y la verdad es que para responder a una hora y cuarto de
exposición tal vez diez minutos sea poco tiempo. Esperemos que las normas
se vayan flexibilizando y de la misma manera que me negaban el agua hasta
que el señor Presidente diese la orden para que me la pudieran traer,
iremos poco a poco caminando en la línea de flexibilizar los tiempos.
Comenzaré mi exposición dando la bienvenida a la señora Ministra de
Asuntos Sociales y haciendo unas consideraciones previas. De acuerdo con
lo que usted decía, como no podía ser de otra manera, el Partido Popular
comparte muchos de los objetivos que aquí se han señalado y la filosofía
en general, pero lo que está claro es que defiende otro tipo de gestión,
otro tipo de actuación; tal vez unos nuevos estilos o unas nuevas formas
de aplicar las normas y de gobernar. Este es un objetivo generalizado y,
por supuesto, se extiende también a su Ministerio.
Usted ha iniciado su intervención haciendo una referencia a que se han
incorporado dos nuevos temas: el relativo a las migraciones --emigración
e inmigración-- y el Plan Nacional sobre Drogas. Y ha dicho que se ha
hecho para dar relevancia al Ministerio. Yo me he quedado sorprendida
porque pensaba que la remodelación del Ministerio buscaba siempre la
eficacia y no el otorgarle relevancia. Repito que ha sido una sorpresa
desagradable.
Pienso que el fundamento más bien puede estar en justificar la existencia
de un Ministerio que, en realidad, tiene todas o casi todas las
competencias transferidas o que son transferibles. Se le ha añadido el
tema de las migraciones, se le ha incorporado la Secretaría de Estado
para la Lucha contra la Droga, y parece ser que no se trataba de buscar
la eficacia, sino simplemente de dar relevancia al Ministerio. Mal
principio para la organización de un Ministerio.
Usted sabe que es cierto que los servicios sociales están asumidos por
muchas Comunidades, o lo estarán de inmediato. Por tanto, no son
competencias propias, sino que las tienen como propias las comunidades
autónomas, y ustedes desde el Ministerio de Asuntos Sociales, están
distribuyendo una serie de recursos para actuaciones cuya competencia y
responsabilidad pertenecen a las comunidades autónomas.
En definitiva, creo que en este Ministerio, de manera generalizada, nos
perdemos en burocracia y, en cambio, estamos limitando los recursos que
podrían ir
directamente a cubrir la atención de muchas necesidades. Nuestro Grupo
considera que es necesario suprimir esas duplicidades de la
Administración que no tiene sentido, por ejemplo, que en el mismo
territorio, persiguiendo ambos el mismo objetivo competencial, existan
--como las hay-- oficinas de asuntos sociales del Ministerio en algunas
comunidades. Por cierto, me gustaría saber cuántas son, así como si la
señora Ministra tiene o no interés en eliminar esa duplicidad de
administración, en el marco de buscar la eficacia y el respeto
competencial. Por otra parte, si esto siempre es necesario, en un clima
de restricciones económicas, me parece que es absolutamente inadmisible
la persistencia de esas duplicidades que, a juicio del Grupo Popular,
conculcan el ámbito competencial de las comunidades autónomas. Mantener
esas delegaciones no conduce sino a multiplicar la burocracia y a limitar
recursos que podrían ir directamente a la atención de un servicio.
Todos los políticos hablamos --y ustedes desde el Gobierno, como no podía
ser menos-- de la solidaridad, y se ha hecho referencia a que en unos
años habrá una serie de encuentros mundiales que tienen como único
objetivo la solidaridad, la lucha contra esas desigualdades que hoy
existen y las prestaciones de los servicios básicos. Considero que si la
solidaridad es algo que debe tenerse en cuenta en toda actuación de un
Gobierno, en lo que se refiere a la nivelación de servicios me parece
fundamental. Hasta donde tiene información el Grupo Popular, no se está
desarrollando esa política de manejo de una serie de recursos que a
continuación se van a distribuir en planes concertados o en simples
transferencias a las comunidades autónomas, teniendo en cuenta esa
necesidad de ir nivelando poco a poco todos los servicios básicos que, al
ser sociales, es mucho más urgente y solidario hacerlo. De hecho,
conocemos proyectos importantes relacionados con actuaciones en
determinadas comunidades autónomas que pasan por una serie de
circunstancias que podrían acogerse a las ayudas que se fijan en
programas europeos, como, por ejemplo, ayudas a la pobreza y, sin
embargo, tienen que acudir --me va a permitir que haga referencia a la
comunidad autónoma por la que soy parlamentaria, Galicia-- a programas
con Portugal porque se les rechazan aquí, como es el programa «Pobreza
cuatro». Considero que hay que cambiar esto y me gustaría escuchar un
cambio en su actitud y que la política de su Ministerio fuera
desarrollándose en una solidaridad interterritorial.
A pesar de que no ha hecho referencia a los Presupuestos, nosotros ya
hemos observado que hay un recorte. Ha mostrado una satisfacción
moderada, pero, repito, existe un recorte. Sin lugar a dudas, lo tiene
difícil porque estamos ante una crisis económica que ahora ustedes no
niegan y que nosotros consideramos que tiene un responsable directo, que
es quien preside el Gobierno en este momento. Lo tiene difícil porque en
esta crisis económica la sociedad española cuenta con un paro mayor, con
más imaginación, más pobreza y con más economías precarias y,
naturalmente, la gravedad de la situación económica la sufren los más
débiles y los que necesitan esas medidas de compensación, objetivos a los
que se dirige su Ministerio.
Usted ha hablado de una nueva etapa, de nuevas situaciones y de nuevas
respuestas. Yo no he encontrado nuevas respuestas. Sinceramente he de
decirle que no he encontrado nuevas respuestas, porque lo que se nos ha
dicho aquí, lo que hemos escuchado en su intervención, nos ha hecho
recordar similares palabras en cuanto a búsqueda de acuerdos, lo cual
agradezco. Nuestro Grupo siempre ha escuchado ese deseo de acuerdo y ha
realizado sus ofertas, pero no hemos sido tenidos en cuenta. Si en este
punto hay un cambio de actitud, lo valoramos y lo consideraríamos
positivo. Se ha hablado de participación y de una serie de reflexiones
que, repito, no son nuevas, porque aquí se han indicado la mayoría de los
programas y planes de actuación correspondientes a cada una de las áreas
de su Departamento y esto es lo que se ha hecho: retomar lo que ya había
e introducir pequeños cambios en el terreno del voluntariado al que me
voy a referir.
Por consiguiente, consideramos que ese cambio no existe realmente, no hay
nuevas respuestas si nos atenemos a lo indicado en su intervención. A lo
mejor, resulta que quedan guardadas en un tintero o en un futuro actuar
del Ministerio. Ha habido buenas intenciones. Yo le deseo los mejores
éxitos. Se los deseo a nivel individual e, incluso, a nivel solidario, de
mujer a mujer y desde luego como responsable político por el bien de la
sociedad española. Porque tiene, en un Ministerio que nosotros desde
luego no mantendríamos así, una serie de tareas y trabajos importantes.
Si estamos ante una serie de problemas económicos, de recortes que ya
hemos visto y transferencias a comunidades autónomas para llevar a cabo
una serie de planes, nos parece difícil que se pueda avanzar, que sería
lo importante, en el sentido de cubrir unas necesidades y unos servicios
básicos. Sigo echando en falta, de forma genérica, que se cuantifiquen
las necesidades. Se sigue hablando muy genéricamente, señora Ministra, de
planes integrales --usted ha hecho hincapié en los planes integrales que
se van a elaborar--, pero hace ya cuatro años se nos contó que esos
planes integrales se iban a hacer y es la asignatura pendiente de este
Gobierno que preside la misma persona.
Nuestro Grupo comprueba que no se tiene claro cuáles son las prioridades
y desearía que se definiesen en las diferentes áreas y que se hablase ya
--porque no es un Ministerio que nace nuevo-- de actuaciones concretas,
ceñidas algunas en el tiempo, y de las posibilidades de unos recursos que
usted ya conoce.
Por otra parte, su gran descubrimiento parece ser el voluntariado. A mí
me habría gustado --y creo que es importante que un Gobierno lo haga
así-- que hubiese comenzado reconociendo el error socialista en este
tema, porque ustedes se opusieron sistemáticamente a las iniciativas del
Grupo Popular para el estímulo del voluntariado social, esa importancia
que nosotros damos a la solidaridad compartida, que sin lugar a dudas
tiene mucho que ver con el principio de subsidiariedad, que
también defiende el Grupo Popular, que suponen estas instituciones sin
fines de lucro.
Hablo con el conocimiento que me da el hecho de que en los «Diarios de
Sesiones» están escritas palabras tales como: El reto que tenemos en este
país en esta década es construir la red pública de servicios sociales y
evitar redes paralelas, lo hagan organizaciones no gubernamentales,
laicas o religiosas, fuertes o débiles, y que se enganchen las
organizaciones no gubernamentales en esas redes paralelas; confío en que
no se cree una doble red, y espero que los programas de Cáritas no hagan
de centros de servicios sociales, porque ésta es una responsabilidad
municipal.
Son palabras que hablan de una contradicción evidente con la filosofía
que hoy se nos ha expuesto aquí. Por ello digo que deberían haber
reconocido sus errores. Ustedes se opusieron a las medidas fiscales
incentivadoras que constantemente proponía nuestro Grupo y por las que
instaba al Gobierno.
Ustedes han hecho una referencia a una ley que regule el voluntariado.
Nos parece muy bien y el Grupo Popular ya ha presentado iniciativas en
ese sentido, pero he oído ciertas palabras en el sentido de unir el
voluntariado a un cierto dirigismo o control. Es demasiado control. En
ese caso, podríamos caer en la anulación del voluntariado. Hago esa
llamada de atención para que el Gobierno haga lo que, a mi juicio, tiene
que hacer en este ámbito: abrir cauces de participación para que nazca el
voluntariado, dejar que las fuerzas sociales fluyan con esas medidas, con
esos estímulos y que participen. Por tanto, dejen libertad y no maniaten
el voluntariado.
Por otro lado, le digo sinceramente que el voluntariado cumple y resuelve
un papel, pero no es la solución a los problemas del Ministerio de
Asuntos Sociales. Por ello, nos preocupa el futuro, porque ustedes ahora
cuestionan --incluso usted, de una manera velada, ha hecho referencia
aquí a ello-- el Estado del bienestar.
Ha hablado de algo que me ha encantado, se ha referido a la solidaridad
familiar. Hasta ahora, las políticas que ustedes han venido aplicando en
estos últimos años han contribuido, desgraciadamente, a la quiebra de la
solidaridad familiar y social, que es tan importante para la sociedad. Me
ha alegrado mucho que usted precisamente dijese esto. El problema es que
se ha quebrado esa idea de solidaridad familiar. Hoy las personas
consideran que la gente de edad tiene que estar en las residencias y
ustedes han contribuido a esto porque generaron, por una parte, unas
expectativas y, por otra, unos mensajes que llevaron a quebrar esa
solidaridad familiar y ahora se dan cuenta de que no es posible ni bueno
para la convivencia y para el discurrir de una sociedad.
Esta es nuestra preocupación, éstas son nuestras reflexiones. Asimismo
quiero decirle que si hay tantos problemas, a lo mejor es porque la
situación económica es muy mala. Entre otras cosas, si los pensionistas
tuvieran una pensión adecuada tampoco necesitarían esas asistencias
sociales porque ellos mismos, en la inmensa mayoría de los casos, las
podrían cubrir con sus ingresos.
Nos sigue preocupando el control de fondos. Yo le pediría cuentas de los
criterios que se han seguido para la reciente distribución de las
subvenciones del 0,5 por ciento que, por cierto, se hicieron antes de las
elecciones, de manera precipitada y diferente a como se hacía antes... No
nos parece que éste sea el mejor estilo. Por otro lado, se siguen dando a
asociaciones curiosas. Usted va a cambiar de método. Habla de un control,
pero ¿quién va a ejercer el control de esas subvenciones? Por otra parte,
quisiera saber si se va a ejercer ya el control de estas subvenciones que
se han ido dando en estos últimos años. Por cierto, repito que en el
reparto de las subvenciones y del 0,5 por ciento usted olvida a las
comunidades autónomas. La verdad es que a la vez que están hablando de
ceder el 15 por ciento del IRPF, se les niega en cambio que distribuyan
esos recursos también las comunidades autónomas, porque la mayoría de las
veces lo están haciendo sobre asociaciones que están en el Registro de la
comunidad autónoma.
Ahora voy a referirme a la política sectorial o de edades a la que usted
se ha referido, comenzando por la infancia. En España está decreciendo el
índice de natalidad de manera alarmante. Lo mismo ocurre en Europa, pero
de una manera más grave en España, pero hay que tener en cuenta que
España es el país de la Comunidad que menos porcentaje de ayuda dedica a
la familia. Al margen de que sus planes, a largo plazo, siempre puedan
agradarnos, lo que queremos son políticas inmediatas de ayuda y de
incentivación a la familia para que se vayan retirando esos «obstáculos»,
problemas, escollos y falta de políticas de ayuda que impiden que las
familias tengan más hijos. Por tanto, nos parece grave que su solución se
remita a un largo plazo y yo desearía escuchar que en los presupuestos de
este año tienen previstas medidas de ayuda a la familia.
Por otra parte, el porcentaje del IRPF que, al menos hasta ahora, ustedes
han dedicado para ayuda a la infancia es muy bajo. No sé si van a cambiar
los criterios de reparto de ese dinero, que es el más sustancioso en
cuanto a las subvenciones. Esto me preocupa, sobre todo, porque en este
país desgraciadamente hay datos muy alarmantes de niños maltratados, un
porcentaje importante --inadmisible, aunque es una cruda realidad-- de
niños muertos y un número demasiado elevado frente a otros países de
mendicidad. Por ello, creo que no hemos escuchado lo que pensábamos. Se
ha hablado del plan integral de acción para la infancia, de la ley de
derechos de la infancia..., pero es que hace cuatro años se nos dijo que
esta ley ya iba a estar en funcionamiento. Seguimos dudando y pensando
que hay cosas muy urgentes que no se pueden dilatar tanto. Yo no puedo
entender que ustedes todavía no hayan iniciado los estudios cuando a esta
Cámara hace ya varios años se le dijo que estaban prácticamente
ultimados.
La adaptación de la legislación aplicable a los menores, que emana de
mandatos de convenios internacionales, nos parece urgente.
Ha hecho S. S. referencia a una actuación inmediata en el ámbito
infantil, para el control de los mensajes de Televisión Española. Esto,
sinceramente, es gravísimo.
Televisión es un Ente público y tiene que respetar la sensibilidad de la
sociedad. Hoy es evidente que la sociedad española, afortunadamente,
rechaza esa agresividad, ese mal gusto y esa TELEBASURA, como la
califican cada vez más personas. Tiene que haber un control, no solamente
referido a la infancia, señora Ministra, sino también a toda la sociedad,
porque hiere la sensibilidad de las mujeres y hiere la sensibilidad de
todas las personas que tienen una mínima ética. Afortunadamente, en este
país todavía son muchas las que lo rechazan. Además, ¿de qué sirve que
haya una educación para la paz si lo único que se le ofrece a la sociedad
es una educación y unas técnicas para la guerra, para la agresividad,
para la violencia? Yo creo que esto requiere una actuación inmediata, y
no sólo por parte del Ministerio de Asuntos Sociales, para toda la
sociedad española desde esos mensajes, desde ese canal de comunicación
tan importante, de educación y de cultura, que es la televisión. Por
tanto, ¿cuáles son las medidas que va a presentar para evitar la
manipulación de la imagen y cuáles van a ser las medidas de control, si
piensa hacerlo, para anuncios publicitarios con una clara agresividad a
la intimidad, a la imagen de la mujer y a la sensibilidad de la que yo
les he hablado?
En relación con la mujer, aunque tenemos otro foro, una Comisión, usted
ha hablado del segundo Plan de igualdad de oportunidades, pero la
política seguida hasta ahora no resultó eficaz para conseguir esos
objetivos. Las demandas de la mujer española de acceso al puesto de
trabajo siguen siendo inalcanzables. Ha dicho que ese segundo Plan era
genérico y tan genérico es como genérica ha sido también su declaración.
Yo sigo echando en falta, señora Ministra, lo mismo que le decía a su
antecesora. El segundo Plan es una nueva declaración de un rosario de
intenciones, unos objetivos genéricos pero sin compromiso, porque no hay
ninguna evaluación económica, no hay ningún compromiso presupuestario. Y
yo le pregunto: ¿usted tiene la intención de presentar una evaluación
económica y unos compromisos de gastos de ese segundo Plan? Esa es la
petición del Grupo Popular. Y, por cierto, los grupos no hemos tenido la
posibilidad de participar en la elaboración de ese segundo Plan, se nos
ha dado ya y eso es lo que hace que para nosotros no tenga la
credibilidad que debiera porque el objetivo es importante.
Por otro lado, vemos que los Ministerios a veces van por un lado y los
objetivos de ese plan por otro; no son prioritarios los objetivos de ese
Ministerio que, en cambio, usted considera importantes y fundamentales en
el segundo Plan de igualdad. Si es posible, dígame --si no, le
agradecería que en otro momento me lo dijera-- qué acciones se han
realizado ya en el año 1993, en qué se ha avanzado en el segundo Plan de
igualdades.
Yo considero que hablar de igualdad de oportunidades de la mujer es,
primero, mirar hacia las mujeres más débiles y con más dificultades y en
ese grupo están las mujeres rurales. Seguimos echándolo en falta, porque
no hay ninguna referencia en el segundo Plan. Hay, además, una Directiva
europea, la 613, que habla de un estatuto jurídico especial para las
mujeres rurales, trabajadoras, cónyuges de dueños de explotaciones
agrarias. ¿Ustedes van a caminar en este sentido? ¿Lo va a hacer, señora
Ministra? ¿Va a sacar adelante el fondo de garantía de pensiones, que es
una petición unánime, con una referencia y una ampliación hacia la
protección a la infancia, que nosotros compartimos, mirando a esa
infancia que está pasando por momentos difíciles?
Usted decía que el objetivo fundamental era la creación de empleo para
las mujeres. La tasa de paro en España sigue disparándose para todos y
para las mujeres. Las últimas cifras que tengo hablan de un 28,57 por
ciento de paro femenino frente al 18,01 de hombres y la tasa general es
el 22,25. Naturalmente, esto es consecuencia de la política económica. Si
no se cambia esa política económica, nosotros podemos compartir, lo
deseamos, lo pedimos y la instamos, para que se consiga la posibilidad de
que la mujer se integre, que atienda esa demanda, esa voluntad de la
mujer de integrarse en la vida laboral activa, pero no vemos que la
actuación vaya a conducir a esos objetivos.
Hay algo que no comparto con usted. Ha dicho que ya en estos momentos la
segregación de los estudios no se da en las personas más jóvenes. Sigue
dándose. Vemos las ramas de Formación Profesional y vemos que aquéllas
que tienen una mayor facilidad para la integración en la vida laboral, un
puesto de trabajo, una mejor cualificación y promoción en el futuro, son
elegidas por muchas menos mujeres que hombres.
Con relación a las carreras técnicas, sucede lo mismo. Sigue dándose y no
podemos mostrarnos satisfechos. Yo le pido, en nombre de mi Grupo, que se
siga trabajando en ello, porque aún no está cumplido el objetivo.
En el área sanitaria también querría entrar. Le voy a preguntar (el
Presidente, con toda razón, me mira y yo entiendo el alcance de esa
mirada (Risas), que es la premura del tiempo) qué pasa con los programas
de prevención del área sanitaria, porque la prevención es importante. Y
la verdad es que el otro día leía, y no daba crédito a lo que allí se
decía, que entre las prestaciones sanitarias que se piensa reducir
estaban las ecografías que se realizan a la mujer embarazada, cuando toda
prevención y todo seguimiento en el ámbito del embarazo es tan
importante. Me preocupa infinitamente, y yo le haría la petición en
nombre de mi Grupo de que no consienta que tamaño recorte se cierna sobre
las mujeres embarazadas. Son necesarias políticas de prevención. Sabemos
que en el cáncer, en la medida en que haya una prevención puede evitarse
un índice de mortalidad importante.
La juventud. Los jóvenes son los primeros que sufren esa consecuencia del
Plan. Usted ha hablado de un informe del Plan Integral de la Juventud. Ya
lo tenemos y de todas las medidas que existían, 228, la mitad está sin
cumplir. Lo que queremos es que la política de ayuda a la juventud, que
tiene tres ámbitos importantes, el del empleo, el de la vivienda y el de
la droga, se estimule y se cambie drásticamente.
El problema de la droga no es otra cosa que la consecuencia de una
política permisiva. Ahora ustedes hablan de la cultura del rechazo. Nos
alegramos mucho de que
en este caso ustedes se unan al Grupo Popular, porque eso es lo que
veníamos propiciando.
No hay una Comisión de Seguimiento, no la hubo, a pesar de que la
prometieron desde 1990. Ahora hablan de que la van a crear y la verdad es
que nos gustaría que la Cámara estuviera informada.
Ha hablado de la juventud pero no ha citado el Instituto de la Juventud.
Yo no sé si considera, y nosotros lo podemos pensar, que no ha cumplido
su función: la de ser interlocutor entre los jóvenes y la Administración.
¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el futuro del Injuve? Nos gustaría
también que nos hablase de ello. Creemos que la política dirigista que ha
tenido no es buena. Por cierto, ha hablado de muchísima creación de
consejos. En cambio, no ha citado al que existe: al Consejo de la
Juventud. Ahí ya existe un Consejo. ¿No lo ha citado porque no va bien?
El Injuve tiene unas oficinas de turismo, algunas en las comunidades
autónomas que tienen también competencias. ¿Cuántas oficinas de turismo
no están transferidas?
Política compensatoria. Inserso Tercera edad. Este es el Año Europeo de
las Personas Mayores y la verdad es que en ese Año Europeo lo que les van
a ofrecer es el mayor de los sacrificios. Lo pensamos así. No va a darse
esa revalorización de las pensiones, más bien podemos hablar de
desvalorización. No se asegura, más bien se considera una pérdida de
8.000 pesetas, y la cifra no la ha dicho el Partido Popular. No empezamos
yendo por buen camino para el objetivo al apoyo social de la tercera
edad.
Le preguntaría: ¿Se va a modificar la edad de la jubilación? Sabe usted
que ahora hay una discriminación entre algunos sectores que se jubilan a
los setenta y otros forzosamente a los sesenta y cinco. ¿Cuál va a ser la
política prioritaria de la Tercera Edad? ¿Va dirigida más a las
residencias, a la atención en domicilio, a los viajes, etcétera?
Y, hablando de viajes, ¿por qué siguen centralizándolos? Ha habido
historias desgraciadas de escándalo en algún caso determinado. Nosotros
consideramos que esos viajes deberían ser gestionados por las comunidades
autónomas. ¿Cuáles son los criterios que se siguen y se van a seguir, si
se van a modificar, para ayudar a esos viajes? ¿Por qué se eligen unas
comunidades y no otras para el turismo de tercera edad o para el
termalismo? ¿Se va a tener en cuenta la disponibilidad de plazas de todas
las comunidades autónomas o va a haber una discriminación evidente?
Y luego usted ha hablado de ese Plan gerontológico que dice que lleva dos
años. Aquí no ha llegado. La verdad es que desearíamos que se debatiera;
lo que nos parece peor de todo esto es que no se debatió; se prometió que
iba a venir a la Cámara y luego, a toda prisa (y, además, se contradice
con lo que usted ha dicho de que lleva ya dos años), lo presentaron el 19
de mayo de 1993, en plena campaña electoral, y con la guinda de decir el
Director General (¡hasta qué extremos han llegado!) que las previsiones
del Partido Popular de reducir el gasto público planteaban el riesgo de
que el Plan gerontológico se deteriorara. Esto lo aseguró el Director
General del Inserso.
Se recortan los gastos de transferencias a las comunidades autónomas para
el Plan gerontológico. Eso lo he visto y eso lo sabe usted. Ironías de la
vida y las circunstancias que rodean todo esto.
Minusválidos. Creo que...
El señor PRESIDENTE: Señora Sainz, de la mirada a la palabra. Abrevie,
por favor, y concluya.
La señora SAINZ GARCIA: Señor Presidente, le prometo que, en breve,
termino.
Se han olvidado de la Ley de Integración. Lo que tenían que haber hecho
era haber cumplido la Ley de Integración. Hace diez años se encontraron
con una ley que era buena, pero no han cumplido sus objetivos. Sabemos
cuáles son, el porcentaje y el número, pero todo ha quedado en un papel
mojado. No es necesaria una evaluación, ni una comisión, sino el
cumplimiento de todas esas medidas para salvar los problemas que tienen
los minusválidos, desde las barreras hasta el lenguaje de los sordos. Y,
por cierto, le digo que es una petición unánime de todos el
reconocimiento de la lengua de signos y la atención a los intérpretes; no
está contemplado por el Ministerio que desde Televisión se estudie la
posibilidad de que en determinados programas, sobre todo informativos, se
cuente con ellos. La integración del minusválido en la sociedad en otros
países europeos está más avanzada y aquí no, hasta el punto de que el
otro día un Diputado, que se había roto una pierna y estaba enyesado,
decía que estaba claro que la vida y las ciudades no están pensadas ni
siquiera para el que tiene una lesión en una pierna; fíjese usted las
dificultades con las que se encontrará el que tiene unas minusvalías muy
serias y muy importantes.
No hay un censo de minusválidos. ¿Piensa usted hacerlo? Porque lo primero
que hay que hacer para actuar es conocer la dimensión del problema y la
realidad.
Por otro lado, tampoco se ha hablado de un problema que es grave y es el
de los minusválidos parapléjicos y tetrapléjicos, que cada vez abundan
más, y para los que hay mucha escasez de centros. ¿Van a construirse más
centros; es esa la política a la que usted se dirige? Pero no nos remita
de nuevo (de ahí nuestro escepticismo) a unos planes, a una evaluación y,
en cambio, no a actuaciones concretas, firmes y dirigidas.
En cuanto a la droga, hay un Comisario para coordinar, que más bien
parece que dispersa, a juicio de lo que dicen algunos de los Ministros
del Gobierno. No parece tampoco que con este cambio vayamos a tener algo
que no sea más burocracia. Desearíamos equivocarnos, porque el tema es
muy serio. Y discrepamos de que se haya hecho mucho, como acaba de decir
usted, en materia de prevención. Yo creo que no se ha hecho.
Dada mi vinculación al mundo de la enseñanza, este tema a mí me parece
preocupante. El Grupo Popular pide una actuación seria y dirigida hacia
los jóvenes, hacia los estudiantes. Hoy las estadísticas nos dan datos
escalofriantes de un 25 por ciento de los alumnos de BUP que consumen
habitualmente «cannabis». España ocupa el segundo lugar, después de
Dinamarca, en consumidores más jóvenes que por primera vez consumen
droga.
Todos esos son problemas que tienen que ver con unas medidas serias de
prevención y planes de educación que no se han desarrollado. Por tanto,
lo que queremos son planes que se apliquen (algunos ya existen) y medidas
de prevención. ¿Cuáles son los criterios de financiación que va a seguir
el Plan nacional en las dotaciones económicas con las comunidades
autónomas, ayuntamientos, y quién va a gestionar ese 0,5 por ciento y qué
proporción se va a dedicar a la droga?
El problema de la emigración y de la inmigración creo que no puede
quedarse reducido a un problema asistencial. De alguna manera, de sus
declaraciones, hemos podido pensar también que ése era el objetivo, pero
hay muchas más cosas; sabemos que ahí está Interior. No sé cómo se va a
llevar a cabo la coordinación; esperemos que sea de manera adecuada. Es
un problema serio. Sabemos que en España hay algo más de quinientos mil
extranjeros de forma permanente, pero hay una serie de inmigrantes
ilegales. Usted sabe del consenso de nuestro Grupo para sacar adelante la
ley a la que ha hecho referencia, pero vemos una serie de problemas hacia
los que nos gustaría que usted dirigiera la actuación: problemas de
control en las fronteras, lentitud en la gestión administrativa, que, a
lo mejor, ahora se subsana --esperemos que sí--, y falta de una previsión
que nos ha llevado a un desbordamiento.
Finalmente, he de decirle que, después de once años de Gobierno
socialista, creo sinceramente --y eso es lo último que yo quería llevar a
su reflexión-- que no se pueden hacer de nuevo propuestas para un futuro,
cuando han sido presentadas ya para un pasado que nunca se cumplió. Lo
que a usted le toca demostrarnos, ahora, es que va a llevar a cabo
medidas concretas y actuaciones sobre determinados sectores, que la
sociedad está necesitando y que se reclaman. Si usted lee el «Diario de
Sesiones», recordará que, cuando nos hablaban de sus planes, nuestro
Grupo decía que no teníamos confianza, porque siempre se remitían a unos
planes que eran incumplidos sistemáticamente. Lo que usted hoy nos acaba
de decir avala nuestra razón cuando hace cuatro, cinco años decíamos lo
mismo a su antecesora. Por ello, nos tememos que estemos, de nuevo, ante
más de lo mismo, es decir, un remitir a planes que luego nunca llegan.
Desde luego, confianza en ello, la verdad es que, después de la
actuación, no tenemos, pero sí la esperanza. Creo que la esperanza es lo
último que se pierde y la pensamos mantener, pero vamos a estar haciendo
esa tarea de control a la que usted hacía referencia en sus primera
intervención, porque, efectivamente, nosotros asumimos nuestra tarea
desde una actitud de control constructiva. Y cuando le decimos, y le
diremos en algunas ocasiones, que no a muchas cosas, cuando le estamos
instando y urgiendo, en definitiva, lo que hacemos es apostar por un
cambio de política, sobre todo por un cambio de gestión y, desde luego,
buscando la eficacia para que se pueda vivir mejor y para que los
intereses de los más débiles estén mejor defendidos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señora Ministra, por su comparecencia
en esta Comisión. He de comenzar deseándole el mayor de los éxitos, no
sólo suerte, en un Ministerio que, desde nuestra perspectiva, es un
Ministerio muy importante porque tiene funciones trascendentales a
realizar. La perspectiva que nosotros defendemos con reiteración es la de
conseguir que la integración de nuestro país en la Comunidad Económica
Europea se produzca no sólo en los terrenos económicos y monetarios, sino
en el conjunto de condiciones sociales, económicas y culturales que
prevalecen en los países que integran la Unión Europea. En este
Ministerio y, en general, en el conjunto de las políticas sociales en
nuestro país, es necesario hacer un esfuerzo importante, porque
arrastramos un déficit que, a pesar de los avances que se han conseguido
y que hay que reconocer, sigue siendo todavía notable. Sobre su
Ministerio, sobre sus espaldas en concreto, recae un esfuerzo importante,
sobre todo en los tiempos que corren de una grave crisis económica, que
tiene unas exigencias que hay que asumir con realismo, pero también con
justicia, reconociendo que es en esta parcela donde existen déficit
particularmente graves y que es necesario corregir.
Me permito desearle el mayor de los éxitos no sólo por las razones que he
expuesto, sino porque me atrevería quizá a constatar --y permítame esta
pequeña broma-- una cierta afinidad ideológica. Ha reiterado usted, en su
exposición, montones de veces, la palabra «plan». Yo celebro que todavía
queden en el Gobierno personas tan partidarias de la planificación. Quizá
eso explica su condición de independiente, habida cuenta los vientos que
corren últimamente, al parecer, en el Grupo Socialista. (Risas.)
Dicha esta broma, señora Ministra, permítame que vayamos a la realidad, y
la realidad es seria. Para hacer política social --y recuerdo lo que
decía su predecesora en el cargo, en una comparecencia similar, el 30 de
enero de 1990--, hace falta dinero. Literalmente decía ella allí: El reto
de los próximos años es avanzar hacia la universalización de la mayoría
de las prestaciones sociales. Eso cuesta mucho dinero. Y éste es el
problema, señor Ministra.
Yo creo que la exposición que usted nos ha hecho es fundamentalmente
teórica, muy abstracta, en la cual tenemos un elevado nivel de
coincidencia, al menos mi Grupo lo tiene. El problema es cuando se
intenta convertir en realidad esas afirmaciones; y es ahí donde, señora
Ministra, surgen los problemas y nos planteamos las dudas: ¿Es posible
llevar a cabo planes tan ambiciosos, tan justificados, por otra parte, en
la realidad de nuestro país, cuando las competencias del Ministerio
--como usted ha dicho-- se han aumentado y cuando el presupuesto de su
Ministerio este año 1993 era de 46.000 millones y, en principio, para el
año 1994 se plantea en 55.000 millones? Sinceramente, no es posible. Y
esas afirmaciones que usted ha hecho y que a nosotros nos parecen muy
acertadas en buena parte, van a quedarse, pura y simplemente, en eso, en
declaraciones.
Desde esa perspectiva, yo constato que, releyendo la intervención de la
Ministra precedente, en la anterior legislatura hay una buena
coincidencia en las exposiciones, señal de que no ha habido condiciones
presupuestarias para ejecutar lo que ya entonces se enunciaba como
objetivos, y ello nos parece que es un hándicap importante.
En el esfuerzo que, sin lugar a dudas, va a tener que realizar, le
insisto en que va a contar con nuestro apoyo, porque nos parece que en
esta materia es especialmente necesario evitar que se produzcan recortes.
Es cierto que los presupuestos para el año que viene experimentan un
aumento notable, pero no lo es menos que el punto de partida era
bajísimo; estamos hablando del 0,3 por ciento del presupuesto; ésta es la
realidad. Estamos hablando de un presupuesto ínfimo que tiene que atender
partidas muy importantes. Y, señora Ministra, éste es el gran reto que se
plantea: intentar dotar de medios unos objetivos políticos que creo que
son plenamente compartidos. Aquí sí que hay materia suficiente para
trabajar con tranquilidad. Hace falta medios.
Yo le plantearía preguntas concretas, señora Ministra, en relación con su
intervención.
Ha dicho usted que estamos asistiendo a unos cambios sociales muy
importantes y ha hecho referencia a dos asuntos que, en mi opinión, son
reales; por una parte, el problema de las migraciones y como nuestro país
deja de ser un país de emigración y pasa a ser un país de inmigración; es
un tema que pasa a ser competencia de su Ministerio. Y yo le quisiera
llamar la atención, señora Ministra, sobre determinados acontecimientos
de los últimos días que nos parece que no son edificantes. En concreto,
en la provincia de la que yo vengo, Valencia, hemos asistido a la entrada
ilegal de inmigrantes en nuestra Comunidad en dos ocasiones, en barco, en
unas condiciones muy poco aceptables, desde el punto de vista de la
dignidad de la persona humana; han sido rechazados en ese puerto y han
sido aceptados en otra parte de la geografía de nuestro país. Algo pasa
ahí. Parece ser que la Ley no se aplica en los mismos términos en puntos
concretos de la geografía de nuestro país, produciéndose daños
innecesarios a personas que, desde luego, entran ilegalmente en nuestro
país y han de ajustarse a la legislación vigente, pero a quienes no es
necesario encerrar en condiciones inhumanas y prolongar esa situación por
espacio de tiempo absolutamente injustificado.
Otro cambio social al que ha hecho usted referencia, señora Ministra, es
el de la creciente exclusión social de colectivos. Está previsto nuevos
recortes en materia de protección por desempleo y, por el contrario,
crece el desempleo de una manera espectacular en nuestro país. Se
agravaron, en su día, las condiciones de acceso a las pensiones
contributivas. Es verdad que hemos reconocido pensiones asistenciales
para determinados colectivos (minusválidos y personas mayores de 65
años), pero crecen en la sociedad --así lo ponen de manifiesto algunos
informes y recientemente Cáritas lo dice-- las personas que están por
debajo de los niveles o umbrales de pobreza. Es verdad que son
definiciones no plenamente aceptadas por las autoridades, tanto de
nuestro país como a nivel internacional, pero es una realidad que es
fácil pensar que se está produciendo así.
En relación con esos fenómenos de creciente exclusión social, ha habido
países que han recurrido a las fórmulas de la renta de inserción o el
salario social. Esto es algo que hemos discutido en esta Cámara en otras
ocasiones. Por parte del Ministerio se han hecho afirmaciones de que se
recurría a otro tipo de procedimiento, pero, quizá, la gravedad del tema
obligaría a reconsiderar la situación. Y me gustaría saber su opinión al
respecto.
Ha hablado usted de la igualdad de la mujer. Me ha resultado
significativo que no haya hecho alusión --no me ha resultado tan
significativo que por parte del Partido Popular no se haya hecho-- a algo
que, en nuestra opinión, ocupa un papel importante: el problema de la
interrupción voluntaria del embarazo, que plantea graves situaciones a la
mujer en nuestro país. Y nuestro Grupo Parlamentario piensa que requiere
soluciones. Nos consta que personalmente usted ha hecho manifestaciones
en público. Sería justo que en esta primera comparecencia suya en esta
Cámara hiciera esas manifestaciones, que nos parecen especialmente
oportunas.
También en el tema de la igualdad de la mujer creemos que es necesario
--ya se le ha planteado-- ejecutar, no discutir y teorizar, un fondo para
pago de pensiones. En enero de 1990 su antecesora en el cargo ya hablaba
en una comparecencia de que confiaba llevarlo a cabo con carácter
inmediato. Esta es la fecha en la que todavía no se ha ejecutado y es
algo realmente conflictivo en la sociedad española. La señora Ministra lo
conoce perfectamente. ¿Qué medidas hay para hacer efectivo esto?
Ha dicho también, señora Ministra, que 1994 es el año internacional de la
familia. Yo le preguntaría a la luz de recientes informes que ponen de
manifiesto cómo la tasa de natalidad en nuestro país atraviesa niveles
que llaman la atención en el ámbito internacional --estamos el segundo
país por debajo--, si no piensa que esto guarda alguna relación con los
niveles de protección a la familia que existen en España.
En concreto, le quiero hablar de la protección familiar por la vía de las
prestaciones asistenciales. Están ubicadas en el Instituto Nacional de la
Seguridad Social, en el Inserso. Pero es cierto que en esta materia no
estamos suscribiendo normativa alguna internacional, ni la norma mínima
de Seguridad Social de la OIT ni, recientemente, el Código Europeo de
Seguridad Social que el Gobierno ratifica en lo que se refiere a la
protección familiar; en esas normas se prevén actualizaciones periódicas
de esas prestaciones y en nuestro país están congeladas desde que se
establecieron en el año 1990. Lo más que hemos conseguido es que se
actualice anualmente el colectivo que tiene derecho a ello y que no
quedara
excluido por la congelación del nivel de renta máximo que da derecho.
Pero la cuantía de la prestación está congelada y ésta es una tradición
nefasta en nuestro país. Antes de la Ley de 1990 se venía alargando
durante décadas y la Ley de 1990 pretendió poner término a esta
situación. Desde 1990 hasta ahora estamos repitiendo dicha situación.
Sobre la infancia, la señora Ministra ha hecho referencia a un tema que
nos parece oportuno y es la trasposición de la Directiva 552/1989, sobre
todo en lo que se refiere a la programación dedicada a la infancia. En
los últimos meses se han producido delitos violentos por parte de
jóvenes, en ocasiones con especial rasgo de crueldad. En nuestro Grupo
estamos convencidos de que determinados niveles de emisión de violencia a
través de los medios de comunicación, especialmente los audiovisuales,
influyen de una manera notable en estas conductas y es necesario, desde
luego, atajarlas. Buenas voluntades por parte de los directivos de
las emisiones no se han traducido en hechos concretos. El Estado tiene en
todo caso la obligación de hacer realidad estas disposiciones, cuyo plazo
para su trasposición venció en octubre de 1992. Hace ya un año que se
cumplió el plazo máximo de tres años que había para la trasposición al
Derecho interno y, al día de hoy, sigue sin haberse producido; por tanto,
cuente con nuestro pleno apoyo, pero permítanos que le exijamos urgencia
en un tema que es particularmente prioritario. Estamos fuera de plazos
legales y sociales, en los dos terrenos.
En cuanto a los minusválidos, me atrevería a decirle que es muy
importante la inserción laboral, pero la misma requiere --tal y como
usted decía en relación con las mujeres-- de discriminaciones positivas y
que es necesario fomentar la inserción laboral de los minusválidos
porque, desgraciadamente, la naturaleza les ha discriminado
negativamente. Sin embargo, creo que en los últimos meses no se ha
avanzado en la dirección de fomentar la discriminación positiva en favor
de los minusválidos. Cuando se produjo el famoso Decreto-ley, el
«decretazo» y la posterior ley, se consiguió que se mantuvieran las
ayudas que existían en favor de los minusválidos, porque, inicialmente,
se suprimían. Pero los años van pasando, la inflación surte sus efectos y
cada vez se deterioran más esos niveles de discriminación positiva, por
lo que sería necesario actualizar ese tema, como sería necesario regular
el contrato especial para los minusválidos que se preveía en la Lismi y
que hasta la fecha no se ha desarrollado tampoco.
Estos son los temas concretos que desde la perspectiva de nuestro Grupo
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya nos parece que sería bueno que
se abordaran por la señora Ministra en su respuesta.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Catalán, tiene la palabra el
señor Hinojosa.
El señor HINOJOSA I LUCENA: Señora Ministra, bienvenida a esta Comisión.
Esta es una Comisión que le dará trabajo porque somos muy activos. Su
antecesora ya padeció las iniciativas de la Comisión y usted las padecerá
quizás con mayor incidencia porque los tiempos son más problemáticos. No
quiero comentar la exposición que S. S. ha hecho porque sería imposible
que superase a la señora Sainz. Ella lo ha comentado todo y es muy
difícil que yo añadiera algo nuevo. De todas maneras tampoco era mi
intención inicial comentar lo que usted iba a decir. Yo quería, dentro de
los criterios de los distintos grupos, que conociera cuál es el nuestro
respecto a su Ministerio, y recordarle algo que ha quedado pendiente, que
no he visto que S. S. mencionase ni ninguno de los grupos que me han
precedido en el uso de la palabra y que a mí me parece importante.
Nosotros creemos que lo que su Ministerio debe hacer es efectuar todas
las transferencias posibles a las comunidades autónomas, porque hay
algunas que estatutariamente tienen plenas facultades en el tema de
actividades sociales. En todo caso tendría que hacer una política de
coordinación y de sustitución en aquellas comunidades a las que todavía
no se ha transferido todo el paquete de contenido social, pero de ninguna
manera debería sustituir a las comunidades autónomas ni tampoco a los
ayuntamientos. Creo que aquí debería funcionar perfectamente aquello que
llamamos principio de subsidiariedad. Lo que pueda hacer el ayuntamiento
debe hacerlo el ayuntamiento y aquello que pueda hacer la comunidad
autónoma, la comunidad. No digo que su Ministerio tenga que desaparecer,
sino que puede tener otras actividades, como coordinar estas políticas.
Aunque a mí no me gusta la palabra coordinar, sí podría crear campañas de
sensibilización y de estímulo para la participación de la sociedad en los
servicios de asistencia social, etcétera.
Resumiendo, lo que he querido decir es que usted debería impulsar mucho
pero hacer poco; en todo caso, que lo hagan los demás y usted impulse.
Ese es nuestro criterio, en principio. Dicho esto, y conocido es ya
nuestro talante de posibilitaristas, lo que creemos que hay que hacer es,
dado que su Ministerio ya no existe, ayudar lo máximo posible para que
las políticas que desarrolla lleguen de la manera más fresca posible a la
sociedad. En ese sentido, no tenemos nada que comentar en este momento;
lo comentaremos cuando traiga las iniciativas legislativas concretas en
el terreno de los menores, en el terreno de la familia, en el que se
haría la misma política que se ha hecho hasta ahora, pero la ayuda
familiar se encuentra congelada desde hace mucho tiempo. En nuestra
comunidad y en otras comunidades se ha hecho mucho respecto al menor,
pero esperamos que pronto se apruebe en esta Cámara la ley del menor.
En cuanto a la juventud, a los mayores, al plan integral, etcétera, no
tenemos ningún comentario especial que hacer. De todas maneras, quisiera
poner especial énfasis que en la legislatura anterior, en el seno de esta
Comisión, se creó una Ponencia para analizar el grado de cumplimiento de
la Lismi, al cumplirse los diez años. Yo ya no reclamo que se tengan en
cuenta las muchísimas horas que todos los Diputados que formamos parte de
la Ponencia dedicamos a esta tarea, así como las conclusiones a las que
llegó la Ponencia. Ese derecho se lo doy a las
personas que vinieron a informarnos de su situación. Por esta Ponencia
pasaron todas las organizaciones de ámbito estatal y de ámbito
autonómico, con un mínimo de antigüedad y representatividad en las
autonomías. Prácticamente todas dedicaron su tiempo a informarnos, a
darnos documentación y a dialogar con nosotros. De la misma forma,
esperaban de nosotros --y supongo que seguirán esperando-- que algo de lo
que nos dijeron lo hayamos tenido en cuenta. Como era lógico, llegamos a
unas conclusiones, que fueron aprobadas por mayoría absoluta y con un
solo voto particular, sobre integración, sobre educación, sobre trabajo
para minusválidos, y no quisiera que eso fuese al cajón de los olvidos.
No va a ir porque de cada una de las medidas que aprobamos voy a
presentar preguntas, que le formularé a usted, o incluso alguna
proposición de ley porque, por ejemplo, sobre el contrato del
minusválido, que prevé la Lismi, habrá que modificar el Estatuto de los
Trabajadores y presentar una proposición de ley. Por lo tanto, me
comprometo a hacer un seguimiento de todos estos temas a lo largo de la
legislatura, aunque sería mucho mejor que S. S. lo tuviese en cuenta y su
Ministerio no olvidase las conclusiones a que llegamos en esa Ponencia.
También quiero decirle que hay una ley, sobre la que nos equivocamos,
como es la relativa a las pensiones no contributivas, en la que cometimos
probablemente un error consciente, pero un error que habrá que afrontar y
corregirlo, como es el circunscribir el derecho a la pensión al ámbito
familiar.
Usted ya sabe, porque se lo han dicho, que muchos de los pensionistas que
venían cobrando una pensión por medio de la Lismi no se han pasado a la
nueva situación y no se van a pasar. Se da la curiosa circunstancia --yo
todavía no sé bien cómo lo hacen, pero su Ministerio lo sabe, porque es
notorio-- que cuando se trata de la pensión por hijo a cargo, el hijo y
el padre son el mismo minusválido, y ésa es una incongruencia extraña que
habría que corregir. Para beneficiarse de una pensión determinada, con
unas condiciones concretas que la ley prevé, que un mismo personaje se
convierta en padre e hijo no deja de ser curioso. No creo que haya que
perseguir a los que lo hacen, sino buscar la solución para que estas
personas no tengan la necesidad de simular una situación que no es real.
En cuanto a las migraciones, hoy precisamente en Gerona se está
celebrando un seminario sobre estos temas, porque preocupan mucho en
todas las comunidades. Este es un tema que no creo que esté bien ubicado
en el Ministerio de Asuntos Sociales, aunque es cierto que tiene un
aspecto de bienestar social, pero hay un aspecto, fundamentalmente, que
es político. ¿Vamos a cumplir nuestros compromisos con Europa, sí o no?
Si los vamos a cumplir, ¿vamos a fijar el cupo de personas que pueden
entrar, sí o no? Ese es un tema político y no de su Ministerio.
Hay otros Ministerios, como el de Trabajo y el de Economía, que también
están involucrados y probablemente al final se dé una acción de tipo de
social que puede afectar a su Ministerio. De momento, si lo han ubicado
ahí, bien está, pero va a tener usted que trabajar en estrecho contacto
con los otros Ministerios, porque, si no, difícilmente en el tema de la
inmigración sea en este momento prioritario el aspecto social; el primer
problema que nos plantea es económico. Se ha hecho referencia a una
situación muy reciente, el de unos emigrados que han ido a Valencia, han
recalado finalmente en Barcelona y desde Barcelona se han repatriado,
lamentable hecho por el mal trato humano que parece que han recibido las
personas, pero solución inevitable. Estas personas debían volver a su
punto de origen, porque si hay un coladero esto puede representar un
problema para el país, así como para otros países colindantes con
nosotros. En fin, ahí está situado el tema y ya iremos viendo cómo se
desarrolla, aunque, repito, creo que éste es un problema más político que
social.
Respecto al tema de la droga, nada le digo. Hay constituida una comisión
específica sobre el mismo, de él se irá hablando en ella y ya veremos qué
relación va a tener con su Ministerio y cómo se va a funcionar en ese
tema.
Nada más, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Arnau.
El señor ARNAU NAVARRO: Quiero, en primer lugar, agradecer la primera
comparecencia de la señora Ministra de Asuntos Sociales, así como
felicitarle por su explicación detallada, en relación con las políticas
de su Departamento y el programa que piensa llevar a cabo en esta
legislatura.
Le agradecemos también su concisión. Las competencias de su Departamento
son tan amplias que siempre habrá algún portavoz que echará en falta
algún tema, por ejemplo, el Consejo de la Juventud o incluso, como ha
señalado el señor Peralta, los temas vinculados con la interrupción
voluntaria del embarazo. En cambio, nosotros pensamos que su intervención
ha sido completa y concisa, que es lo que pienso que se debe primar
siempre en los trabajos de esta Comisión, teniendo en cuenta las
competencias de su Departamento.
Nos ha gustado especialmente que no sólo tratara de las políticas de
reparación de desigualdades, sino que también tratara especialmente las
políticas preventivas de la desigualdad. Por ejemplo, sabemos que la
semana pasada la señora Ministra estuvo en Bruselas clausurando una
cumbre de mujeres europeas, la segunda Cumbre de Mujeres Europeas, en la
que se previno sobre las reformas estucturales del mercado de trabajo que
podían incidir negativamente en el empleo de mujeres. Sabemos que en la
Comunidad Europea hay más mujeres en paro que hombres --un 12,4 por
ciento de mujeres, frente a un 9,2 de hombres-- y que son más vulnerables
ante la crisis, lo que se traduce en más empleos atípicos, menores
salarios, cuando hay empleo, y más paro. Adoptar una política preventiva
en esta materia --como estamos seguros que la adoptará la señora Ministra
en su Departamento-- supone fomentar la inserción laboral, por ejemplo, a
través de los contratos a tiempo parcial, de modo que el acceso
a estos contratos sea siempre libremente elegido por las mujeres, que no
sea una forma más de discriminación, lo que sería en el momento en que
cualquier mujer se viera obligada a optar por esta fórmula de contrato de
trabajo.
También los programas de información y orientación profesionales --por
referirnos a este colectivo de mujeres especialmente, como primera parte
de mi intervención-- son muy importantes para diversificar las opciones
profesionales de las mujeres y para su reciclaje y especialización en
actividades carentes de demanda.
Los programas de acción positiva, empezando por la empresa pública, deben
asegurar el avance en la formación y promoción de las mujeres a puestos
directivos, y estamos seguros que, junto a todo ello, la señora Ministra
y su Departamento seguirán ocupándose de una acción importante, como es
la inserción social de las mujeres marginadas, de modo que se evite esa
desigualdad añadida que supone la marginación. Este tema específico no lo
ha mencionado la señora Ministra, pero qué duda cabe que figura como
prioritario en su Departamento y que está incluido en sus planes.
En suma, en relación con las mujeres en estos 11 años se ha avanzado
mucho. Como ha dicho la señora Ministra, no podíamos pensar cuando se
aprobó la Constitución, en 1978, que en tan poco tiempo íbamos a
conseguir tanto, aunque queda todavía mucho por hacer, pero tenemos
confianza en que vamos a lograr esa igualdad que todos pretendemos.
Tenemos acciones, tenemos planes y tenemos ese segundo Plan de igualdad
que estamos seguros que se va a impulsar desde su Ministerio.
En relación con la juventud, la señora Ministra ha mencionado la política
integral concretada en el plan diseñado y aprobado el día 6 de noviembre
de 1990. Es necesario mejorar la calidad de vida de los jóvenes de forma
que se permita su plena integración social, contribuyendo, sobre todo, a
la plena igualdad entre los sexos. La falta de empleo es, sin duda, como
se ha mencionado, la principal de las discriminaciones que sufren los
jóvenes. Por eso nos parece bien lo que ha dicho la señora Ministra en
cuanto a acentuar la línea de actuación diseñada en el plan integral e
impulsar la entrada en el mercado de trabajo de los jóvenes a través de
los medios usuales: el contrato de formación o el contrato en prácticas,
que no sólo está configurado para los jóvenes --son ellos quienes
principalmente lo utilizan--, y ese nuevo contrato, y viejo a la vez, de
aprendizaje.
Junto a la falta de empleo, los jóvenes sufren también la falta de
vivienda, lo que le obliga a usted, señora Ministra, y a su Departamento
a efectuar programas de construcción de viviendas para su utilización en
régimen de alquiler, o para promocionar cooperativas de viviendas
juveniles.
En relación con las personas mayores, por seguir analizando los distintos
sectores o colectivos que se han mencionado en la intervención de la
señora Ministra, en los últimos años ha aumentado su número, ha cambiado
la pirámide poblacional, pero también tenemos que saber, y lo conocemos
todos, que ha aumentado el bienestar social de las personas mayores. Su
seguridad económica ha aumentado, y no olvidemos que fue una ley aprobada
durante el mandato socialista la que garantizó el derecho a la
revalorización automática de las pensiones. Por tanto, revalorización de
las pensiones, señora portavoz del Grupo Popular, no desvalorización de
las pensiones, como usted ha dicho, porque hay una ley socialista, una
ley del año 1985, que fue la que precisamente garantizó esa
revalorización automática en contra, por cierto, de las posiciones de su
Grupo.
Con la crisis o sin ella, los mayores deben gozar de seguridad económica,
debe garantizarse esa seguridad económica. En España nuestras personas
mayores tienen garantizada esa seguridad económica en un momento como el
actual, en un momento de crisis. El Consejo Estatal de Mayores, al cual
se ha referido la señora Ministra, nos parece un buen instrumento
participativo de los mismos, y el plan gerontológico también debe ser el
instrumento clave de solidaridad intergeneracional con el que conseguir
calidad de vida con integración social mediante, principalmente,
servicios sanitarios, servicios sociales y cobertura con pensiones que
aseguren la independencia económica.
Ha hecho un especial énfasis en el colectivo de menores. Ha dicho la
señora Ministra que se va a dar un impulso especial a aquellas acciones
que vayan dirigidas a proteger los derechos de la infancia. Se ha
mencionado la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño y se
ha anunciado la ley de derechos de la infancia, lo cual nos parece una
medida importante a llevar a cabo.
Respecto a los derechos de los menores, hay que compensar la desigualdad
de origen, de condición social o de procedencia. En definitiva, hay que
asegurarles el futuro mediante la formación y la cultura de modo que se
asegure, también, su participación activa en la sociedad. Se ha
mencionado la trasposición de la Directiva 89.552, materias relacionadas
con las actuaciones internacionales, etcétera.
En cuanto a las personas con minusvalía, también le agradecemos la
referencia a la Ponencia constituida en esta Comisión y que trabajó --lo
sabe perfectamente la señora Ministra, como lo ha demostrado-- en el
avance necesario en la integración social y productiva de este colectivo.
En lo que afecta a la Lismi, esta ley no se redactó durante el mandato
socialista, pero sí saben los señores portavoces y los señores
comisionados que ha sido puesta en práctica durante la etapa socialista,
y que en estos momentos el grado de cumplimiento de la misma puede
considerarse como tal.
Con referencia a los inmigrantes, lejos de ser una sorpresa desagradable,
como ha mencionado la señora portavoz del Grupo Popular (ya ve, señora
Ministra, cómo las coincidencias son en este caso menores, al igual que
en la valoración del incremento presupuestario que se ha efectuado para
1994, en la apreciación como nuevas de muchas de las medidas que usted ha
mencionado, ni tampoco, como se ha reconocido, en el mantenimiento de su
Ministerio en su actual organización, en la configuración del
voluntariado, que, se ha dicho, se quiere que sea dirigido o
teledirigido; no sabemos si por acoplarnos
a la modernidad se piensa que va a ser teledirigido desde nuestro
Ministerio), nos ha parecido acertada la asunción de competencias por
parte del Ministerio de Asuntos Sociales con objeto de procurar la
integración social de los emigrantes como consecuencia de haber pasado
España de ser un país de emigración a un país de inmigración.
Hasta ahora los socialistas hemos propiciado una política activa de
inmigración, que ha permitido, hasta la fecha, controlar los flujos
migratorios, llevar a cabo un proceso de regularización eficaz, crear la
Comisión Interministerial de Extranjería y establecer cupos de ofertas de
empleo para inmigrantes, entre otras actuaciones. También aquí se impone
una política integral a partir de nuestras posibilidades reales de
acogida, con cooperación con los países de origen de los flujos
inmigratorios y evitando con todo rigor los brotes de racismo y
xenofobia.
Se ha referido también a la droga, aunque sea materia específica de una
comisión mixta Congreso y Senado constituida al efecto, pero le
agradecemos la referencia al Plan Nacional sobre Drogas y a la necesidad
de responsabilizar a los agentes sociales en el rechazo social del
consumo de drogas, en el campo de la prevención y la práctica de la
rehabilitación. Está claro que para los socialistas hay que seguir
reforzando la solidaridad con aquellas personas que tienen problemas de
marginación social, avanzando en la integración social y efectiva de
estas personas.
El paro es el principal problema de marginación y la primera causa de
desigualdad. Como decíamos en la última comparecencia de esta Comisión,
en la que estuvo presente el Ministro de Trabajo y Seguridad Social,
necesitamos aunar esfuerzos para afrontar el reto de la competitividad,
del empleo y de la solidaridad. Sin competitividad no hay empleo y es
difícil la solidaridad.
El funcionamiento de una economía es inseparable de sus efectos sociales.
Es imposible que exista una política económica, sea monetarista o sea
keynnesiana, que no sea también una política social. La separación entre
política social y política económica no existe. Se trata de dos
dimensiones de una misma realidad, hay una total y absoluta
interdependencia.
Ejercitar la solidaridad no es cosa exclusiva del Ministerio de Asuntos
Sociales, sino también de toda la sociedad. Es la sociedad la que debe
ser solidaria; se lo hemos oído esto repetidas veces a la señora Ministra
de Asuntos Sociales. El Ministerio debe comprometer a la sociedad, el
Ministerio debe extender, vender esta idea entre la sociedad. De ahí la
importancia del voluntariado social, al cual se ha referido expresamente
la señora Ministra, la importancia de la integración de los servicios
sociales, de la cooperación de las ONG y del protectorado sobre las
funciones, al cual también se ha referido la señora Ministra, junto a
otros instrumentos, como la Conferencia sectorial de Asuntos Sociales,
que nos parece una pieza básica en el compromiso institucional entre el
Estado y las comunidades autónomas, es decir, entre el Estado y sus
instituciones. También ha hablado del plan concertado para la red básica
de servicios sociales, cuya ampliación se propone. Evidentemente, señor
Peralta, plan en el sentido que todos atribuimos a la palabra, incluido
usted mismo, como es lógico.
Frente a la beneficencia, ya primitiva, que no generaba derechos para los
marginados por ser una concesión graciable, nuestro sistema de protección
social integrado articula prestaciones dirigidas a garantizar derechos
sociales. Las prestaciones que se otorgan actualmente, después de la
Constitución de 1978, hacen efectivos los derechos sociales, configuran
nuestro Estado de bienestar, es decir, un orden económico y social justo,
en el que se garanticen derechos como el derecho a la salud, el derecho a
la educación, el derecho a la Seguridad Social, en base a la igualdad de
oportunidades. Para los socialistas, este orden económico y social justo
es absolutamente irrenunciable.
En épocas de crisis está claro que se exige acentuar el esfuerzo de
gestión, el esfuerzo de racionalización y de eficiencia de los recursos,
pero evidentemente, no podemos renunciar a la justicia.
Por todo ello, señora Ministra, en su gestión, que estamos seguros va a
estar presidida por estos principios, y en el mantenimiento y mejora de
este orden económico y social justo, no tenga ninguna duda de que el
Grupo Socialista va a estar a su lado apoyándole durante toda su gestión.
El señor PRESIDENTE: Para responder a las posiciones y preguntas de los
Grupos, tiene la palabra la señora Ministra.
La señora MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES (Alberdi Alonso): Voy a intentar
responder a los múltiples temas que se han planteado por el orden en que
las Diputadas y los Diputados han intervenido.
En primer lugar, el Partido Popular ha aludido a una cuestión que me
parece menor, pero que me gustaría despejar. Yo he hablado,
efectivamente, de la relevancia del Ministerio, pero no me refería --como
no puede ser de otra manera-- a la importancia del mismo, sino a las
funciones y materias que lleva a cabo el Ministerio. En eso sí hay una
voluntad política de impulsar la importancia de esos temas porque
redundan en beneficio de todos y hay que tender a mejorar la situación
social de los más desfavorecidos. En eso la voluntad política del
Gobierno es muy clara y precisamente el incluir esas nuevas funciones y
esas nuevas competencias en el Ministerio es porque se da relevancia a
esos temas, no al Ministerio, naturalmente. El Ministerio es un
instrumento.
Por parte de la Diputada del PP se ha hablado de la duplicidad en la
Administración y de que se pierde algo en la burocracia. Creo que ahí
debemos hacer un esfuerzo máximo para perder el mínimo en la burocracia.
Estoy de acuerdo en que cuando se duplican los temas puede perderse
excesivamente el esfuerzo, tanto de los recursos humanos como de los
recursos económicos. Ahí, desde luego, no tenga la menor duda de que yo
trabajaré en esa línea dentro de mi Ministerio, aparte de en las líneas
generales en ese mismo sentido. Dentro del Ministerio existen
duplicidades, como son las Ofas. Me ha preguntado cuántas existen. Son
17, una en cada comunidad autónoma, dependiendo de las Delegaciones del
Gobierno. Si en los primeros meses de la legislatura vemos que las Ofas
implican una duplicidad y que pueden amortizarse, así lo haremos, en
beneficio precisamente de optimizar esos recursos y sacar el máximo
beneficio tanto a los recursos humanos como a los económicos.
Se ha referido a la solidaridad y a que debemos compensar los niveles de
los servicios en las distintas comunidades autónomas, y comentaba el tema
de las personas que en Galicia, la comunidad autónoma a la cual
pertenece, han accedido a un sistema de pobreza cuatro (presumo que de la
Comunidad Europea) con Portugal, porque no han tenido la oportunidad.
Precisamente a través de la Conferencia sectorial queremos cumplir con
esa función que entiendo que tiene el Estado, que es compensar los
desniveles territoriales que pueda haber y llevar a cabo esa función de
obtener la igualdad, a la que se refiere el artículo 149 de la
Constitución, así como equilibrar interterritorialmente lo que se realiza
en las diversas comunidades autónomas para que no pueda pasar eso
precisamente. Cuente con que eso lo realizaremos en la medida de nuestras
posibilidades, pues es uno de nuestros objetivos prioritarios y función
obligada, por nuestra parte, como Gobierno de la nación.
Dice que ha habido reducción en el presupuesto. Habrá una sesión
monográfica en los próximos días sobre el tema. En el presupuesto hemos
luchado, sobre todo, para que los recortes, si es que los había, no
afectaran a los programas y para mantener el plan concertado, para
mantener el plan de guarderías infantiles, para mantener todo el tema del
0,5 y luego poderlo distribuir en los programas, y lo hemos conseguido.
Efectivamente, en el total del Ministerio aparece que el presupuesto
inicial de 1993 --al que se ha referido también el representante de
Izquierda Unida-- era de 46.000 millones y en estos momentos es de 55.000
millones. Es un aumento del 18 por ciento, pero hay dos nuevas
competencias, que son migraciones y drogas, con lo cual la realidad es
que hay una disminución de un 4,13 por ciento. Pero ¿dónde? Hay que verlo
y analizarlo. Es fundamentalmente en el capítulo 2. También afecta a
algunos capítulos de transferencias al Inserso, como tendremos ocasión de
explicar exhaustivamente en la próxima semana, pero hay que tener en
cuenta que al menos yo he conseguido que no se quitaran los programas,
que es lo que a mí me parecía más importante, sobre todo el programa del
plan concertado. La propuesta es mantenerlo y aumentarlo, pero para esta
legislatura es simplemente mantenerlo, y lo hemos conseguido.
En cuanto a los planes integrales, dice la señora Diputada que hay una
cierta ambición, quizás son muy ambiciosos, son muy generales.
Efectivamente, cuando los planes integrales además se elaboran en
colaboración con todas las organizaciones que están relacionadas con el
tema y con los planteamientos normalmente muy amplios que tienen todos
los colectivos hay que aceptar que en esos planes integrales muchos
objetivos no se pueden llevar a cabo en su totalidad y menos en el curso
de tres o cuatro años. Normalmente los planes se hacen para un tiempo y,
a lo largo de ese tiempo, se evalúan, y cuando transcurre ese tiempo se
ve que parte de las políticas que estaban en los planes no se han podido
llevar a cabo, y entonces se impulsan determinadas políticas o se
continúa en una línea o se compensa lo que no se haya podido hacer, por
lo que yo me propongo en la mayoría de los planes que he comentado es
hacer hincapié en los aspectos que me parecen más importantes, por eso he
aludido en JUVENTUD y en MUJER al tema del empleo, porque precisamente le
damos una prioridad al tema del empleo, lo cual no quiere decir que haya
otros muchos aspectos en los cuales tendremos que seguir incidiendo,
pero, en general, los planes en su totalidad, aun en el tiempo en que se
prevé su evaluación, máxime cuando en muchos de ellos no hay
cuantificación económica, suelen sufrir bastantes dificultades y es
difícil llevar a cabo todo lo que se propone en ellos, y hay que partir
de esa realidad.
El control de fondos respecto al 0,5 y las subvenciones que se hayan
podido dar a asociaciones que la Diputada ha denominado como CURIOSAS,
ratifico lo que he dicho antes: nosotros vamos a intentar por todos los
medios, y tenemos además los medios para poder llevar a cabo ese control
y ese seguimiento, objetivar al máximo y adjudicar las subvenciones a
aquellos grupos que sean capaces de llevar a cabo con eficacia los
programas, porque también puede pasar que haya asociaciones que tengan
muy buena voluntad, que tengan objetivos muy loables y que, sin embargo,
no dispongan ni de la infraestructura ni de la capacidad para llevarlos a
cabo.
Respecto a que España es el país de la Comunidad que menos recursos
dedica a la ayuda a la familia, yo creo que estamos en un buen momento.
Efectivamente hay una caída del índice de la natalidad en España
importante, pero no es preocupante en el sentido en que se plantea,
puesto que a la vez que hay un índice de caída de la natalidad también
hay un índice de caída enorme de la mortalidad infantil, con lo cual, yo
creo que hay que tener cada vez más políticas demográficas que no se
planteen tanto el aumento del índice de la natalidad como el
mantenimiento y, sobre todo, que las personas que deseen ser padres o
madres no se encuentren con excesivas dificultades. En el propio programa
del Partido Socialista hay un reconocimiento de la función social de la
maternidad y hay medidas para que quien desee ser padre o madre pueda
serlo sin que por ello pase por situaciones de mayor dificultad. De
hecho, se alude --yo he luchado por ello y creo que es una medida
importante-- al mantenimiento de guarderías, de equipamientos colectivos
y también a las posibles desgravaciones fiscales por gastos de cuidado de
hijos, etcétera, que está recogido en la última reforma del IRPF. Podemos
confluir en que tiene gran importancia el tema de los menores relacionado
con la familia y con la función de la familia en cuanto a la natalidad en
la línea de que las personas que deseen tener esa función de maternidad
puedan tenerla.
En cuanto a la Directiva de imagen lo que pretendemos
es tener una cobertura legal y, efectivamente, la trasposición, como ha
dicho el representante de Izquierda Unida, está fuera de plazo. Desde
luego, el proyecto va a tener entrada en las Cámaras en las próximas
semanas.
En cuanto al tema de la mujer, la Diputada ha aludido a que el Segundo
Plan es una declaración de intenciones y que no tiene evaluación
económica. Digo lo que he dicho en general respecto a los planes
integrales. Es verdad que los planes integrales, cuando no hay una
evaluación económica, es mucho más difícil llevarlos a cabo, y a veces se
incluyen cosas que luego no se ponen en práctica. Lo que me propongo es
seleccionar los más importantes, entre ellos el tema de la imagen, el de
empleo y la participación y la corresponsabilidad en las tareas
domésticas y en el mundo del trabajo --de ahí la importancia del
empleo--. He dado prioridad a esos dos aspectos, sin perjuicio de que
haya otros de enorme importancia también.
Se ha hablado de la educación, de la segregación en los estudios.
Efectivamente, existe una segregación en determinados estudios, a pesar
de la gente joven, como en las carreras técnicas. Eso es cierto.
Ha mencionado el tema del fondo de garantía de pago de pensiones y
alimentos. Esta es una vieja aspiración que se tuvo ya en la anterior
legislatura, y se ha mencionado y comentado muchas veces el llevar a cabo
un fondo de garantía de pago de pensiones y alimentos. Yo creo que éste
es un tema que no he mencionado entre las prioridades. Lo hemos estado
estudiando. Me parece que solucionaría muchos problemas y situaciones,
sobre todo de mujeres separadas que están sacando adelante familias
monoparentales, y me parece importante que hagamos algo aquí, pero habría
que cuantificarlo antes de remitirlo a las Cámaras. En cualquier caso, no
descarto que a lo largo de la legislatura se traiga aquí un proyecto de
fondo de garantía de pago de pensiones y alimentos.
En cuanto a juventud, la Diputada me ha dicho que no había mencionado el
Consejo de la Juventud. Precisamente es lo primero que he mencionado en
cuanto a las asociaciones juveniles, que están todas representadas en el
Consejo de la Juventud. Me ha preguntado qué función futura va a realizar
el Injuve. Su función es toda la que está prevista en sus competencias.
Es decir, se va a continuar, va a haber una línea de seguimiento en
cuanto a la función que ha venido desarrollando el Injuve. Otra cosa es
que las medidas a cumplir en el Plan integral también se seleccionarán,
yendo unas por delante de otras.
En cuanto a los mayores ha hecho una pregunta interesante, aparte de las
demás, sobre cuál va a ser la política que se va a decidir en cuanto a
tender hacia residencias asistenciales o hacia viviendas tuteladas u
otras alternativas. Yo he mencionado que en el Plan Gerontológico hay
muchas alternativas. Está la de las residencias, la de las viviendas
tuteladas, la de los acogimientos familiares, la de la tele-asistencia,
la de la asistencia a domicilio. Yo creo que a lo que hay que llegar es a
una combinación de todos los sistemas. Porque habrá muchas veces que los
mayores prefieran permanecer en las casas con sus familias, y habrá
ocasiones en las que tengan personas que puedan estar cerca de ellos y
pueda hacerse la asistencia a domicilio, y habrá otras ocasiones en las
que no pueda hacerse así y tengan que ir a residencias. Yo creo que hay
que combinarlo.
Respecto a las minusvalías, a las que se han referido casi todos los
grupos parlamentarios, efectivamente, hay un acuerdo de esta Comisión,
cuando se constituyó la Ponencia, para evaluar la Lismi a los 10 años de
su entrada en vigor. Efectivamente, hay temas en los que se ha visto que
la Ley de integración no se había llevado a cabo como se debería. Creo
que hay un tema importante, que es el del porcentaje del 2 por ciento de
empleo en las empresas y del 3 por ciento en la Administración, que
debemos controlarlo más, quizá a través de la Inspección de Trabajo o de
los sistemas que podamos, para que se cumpla mejor.
Creo que le he contestado a casi todo. No sé si me dejo algo. En el tema
de emigración también ha manifestado que debe de haber control en las
fronteras. Ha mencionado que, según su planteamiento, no es muy correcto
y que existe lentitud en las fronteras. Yo creo que hay que trabajar en
esa línea, aunque ya se está haciendo muy bien y se está cumpliendo. Y
con esto de paso contesto al portavoz del Grupo Catalán, que planteaba
que la inmigración no sólo es un tema social, sino también de cupo, de
flujos migratorios, de acuerdo con el empleo que se pueda dar, de las
entradas que permite Interior y de los contingentes de personas que
podamos asumir entre nosotros para poder ser integradas en el futuro.
Ciertamente, yo le quiero tranquilizar en ese sentido, porque existe el
Tratado de Schengen que tenemos que cumplir, y no existe en absoluto una
política de puertas abiertas, ni podemos asumir una política así en el
fenómeno inmigratorio. Otra cosa es que pensemos que a medio plazo van a
intentar entrar en España muchas personas de otras culturas y de otros
países, y que tendremos que buscar los cauces para que esas personas
entren y que cuando entren además se integren. En esa línea iba mi
exposición.
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya se ha referido a que para hacer
política social hace falta dinero. Eso es verdad, pero en política social
hay muchos temas de impulso, a los que él se ha referido, que también se
pueden hacer sin dinero, y es lo que se llama HACER; es decir, hacer a
otros lo que se puede impulsar desde un Ministerio, porque muchos temas
se realizan en las comunidades autónomas, en las corporaciones locales, a
través de las organizaciones no gubernamentales, a través de la gente que
está trabajando en la sociedad civil. Es verdad que se necesita dinero,
pero también se puede poner impulso, apoyo y ayuda de tipo jurídico; en
fin, otro tipo de ayudas que no son exactamente las económicas. Usted
plantea si es posible llevar a cabo sin dinero esas políticas tan
ambiciosas previstas en los planes integrales. Con el dinero que tenemos
podemos mantener lo que se ha hecho hasta ahora, y creo que quizá en un
futuro podremos realizar algo más si conseguimos un mayor crédito. Pero
insisto en esa otra parte del impulso que no necesita dinero.
Ha hablado también de las migraciones y de las inmigraciones. Reitero lo
ya dicho.
Otro tema que le preocupa, como a mí, es la creciente exclusión social de
colectivos al crecer el desempleo y los niveles de pobreza, y se ha
referido al salario social y a los también llamados ingresos mínimos de
inserción. Esto lo están llevando a cabo en algunas comunidades
autónomas. Tuve ocasión el otro día de conocer cómo se estaba haciendo en
Cataluña. En Madrid también se está realizando. Yo creo que son
soluciones a estas situaciones y, quizá, con los programas que también se
pueden coordinar con la Comunidad Europea (los de pobreza, que se están
realizando precisamente para atender a colectivos que están cayendo en
los niveles de exclusión social) podremos hacer algo en ese sentido.
En cuanto al tema del aborto, que usted me ha planteado, yo no me he
referido a él porque el Código Penal, donde está de momento contemplada
la reforma legislativa que se refiere a la interrupción voluntaria del
embarazo, está en el Ministerio de Justicia. Allí están trabajando para
remitir a esta Cámara el proyecto de ley que decayó en la anterior
legislatura.
Mi postura, con respecto al aborto, es de legalización en el sentido de
reconocer el derecho de la madre a decidir por sí misma cuándo quiere
interrumpir un embarazo no deseado, y no me parece suficiente la
regulación actual que contempla las tres indicaciones, médica, eugenésica
y ética. Hay que incluir la indicación social. Pero no es suficiente sólo
con incluir la indicación social, como se hizo en la anterior legislatura
con el Código Penal, sino que además hay que añadir que, en el caso de
que se combinen las indicaciones con los plazos y una mujer pueda, bajo
una determinada indicación, concretamente la social, interrumpir su
embarazo, además, no tendrá que depender de certificados médicos ni de
terceras personas, sino que tendrá que decidir ella. De ahí que me
parezca que la decisión última de la mujer es lo que ha de determinar esa
nueva regulación. La posición óptima me parece la de los plazos, puesto
que ahí no hay que decidir ni manifestar externamente qué indicaciones
concurren en el caso concreto de una mujer que quiere abortar y que desea
interrumpir ese embarazo. Por tanto, esa solución es más respetuosa con
su dignidad, con su libre decisión y con el libre desarrollo de su
personalidad, pero sobre todo con su dignidad y el derecho a decidir por
sí misma. Desde mi punto de vista, ésa es la situación óptima. Otra cosa
es que sea perfectamente aceptable el que se combinen plazos e
indicaciones, siempre y cuando se mantenga que la decisión última la
tiene la mujer. Yo confío en que llegue a estas Cámaras --se está
hablando de primeros del año que viene, en enero o en febrero-- un
proyecto de Código Penal en el que se plantee una u otra alternativa en
cuanto al aborto. Mi Ministerio, desde el Instituto de la Mujer y a
través de las personas que están allí, está trabajando conjuntamente con
el Ministerio de Justicia para hacer llegar nuestra posición no sólo en
este tema, sino también en otros que afectan a las violaciones, a las
agresiones sexuales, a la tipificación delictiva del impago de alimentos
y todo lo que rodea a los temas familiares.
Se ha referido también al fondo de pago de pensiones y alimentos. Ya he
comentado que me gustaría poderlo presentar, pero puesto que no tenía una
cuantificación económica, no he querido traerlo en este primer momento,
aunque no descarto el que se traiga durante la legislatura. También se ha
referido a la trasposición de la Directiva (que está vencido el plazo,
efectivamente) y a las minusvalías --fomentar las acciones positivas--.
Creo que esta Comisión, como he dicho al principio, ha dado muestras de
sensibilidad en este tema, y la Ponencia no sólo evaluó ese tiempo de
vigencia de la Lismi, sino que también se sacaron unas conclusiones muy
positivas, sobre las cuales se va a desarrollar el plan de acción al que
me he referido. Tengo un compromiso, ya asumido, con el Consejo Rector de
las asociaciones que trabajan en temas de minusvalías para llevar a cabo
ese plan de acción.
Paso a contestar ahora concretamente al representante del Grupo Catalán,
quien ha dicho una cosa, nada más iniciar su discurso, que me ha parecido
muy interesante, y es que esta Comisión le dará trabajo porque somos muy
activos. Pues, se lo agradeceré mucho, porque creo que en esta materia
debemos ser todos muy activos e intentar, en la medida de lo posible,
sacar adelante políticas, aunque a veces seamos excesivamente ambiciosos
y tengamos que ir a lo concreto e ir, poco a poco, haciendo cositas.
El representante del Grupo Catalán también se ha referido a las
transferencias a las comunidades autónomas. Efectivamente, aquí tiene que
haber, por parte del Estado, una política de coordinación. Y también se
ha referido al principio de subsidiariedad, es decir, que en donde se
pueda hacer algo por una comunidad autónoma o por un ente local, no lo
haga el Estado. Muestra Constitución, al desarrollar la organización
autonómica, aun reconociendo que es más eficaz la administración que está
al lugar en el que hay que solucionar los problemas, sin embargo,
establece claramente unas funciones que tiene que realizar el Estado, de
las cuales no puede hacer dejación. En esa línea, en ese principio de
cooperación y trabajo en cooperación al que se alude en los últimos
pactos autonómicos de febrero de 1992, es en la que creo que vamos a
trabajar, en la que podemos y debemos trabajar, para ir equilibrando esa
situación interterritorial e ir cumpliendo con el principio de igualdad
que nos compete desde el Estado.
En cuanto al grado de cumplimiento de la Lismi, ya me he referido a ello.
Luego ha aludido a que, efectivamente, como el beneficio de las pensiones
no contributivas se ha circunscrito al ámbito familiar, no ha habido los
trasvases previstos de la Lismi a las pensiones no contributivas, y esto
lo estamos pagando ahora en un crecimiento excesivo --y eso lo vemos en
los créditos para atender a las no contributivas en el Inserso-- porque
se nos ha desviado excesivamente la previsión para el año 1993 y hay una
subida muy significativa de los créditos para no contributivas tanto en
el 93 como en el 94. En el año 1993 tuvo que haber un crédito especial y
para el 94 hay una subida, que en parte viene derivada de esa desviación
no
prevista, porque no ha habido el pase de una pensión a otra. El tema de
la inmigración ya se lo he comentado.
Por último, voy a contestar al representante del Grupo Socialista, que ha
comentado la segunda CUMBRE DE MUJERES que hubo en la Comunidad Europea,
en la cual estuve y además la clausuré, y todo lo que es la situación de
la mujer en empleos atípicos, de una forma mayoritaria, y el miedo que
existe a que pueda haber un retroceso en los logros que las mujeres hemos
ido consiguiendo en el mercado de trabajo. Yo creo que en el Plan hay
programas de formación y de acción positiva que tenemos que impulsar y a
los cuales vamos a dar una prioridad.
En cuanto a la juventud, lo mismo. Efectivamente, hay que trabajar en
esos contratos en prácticas y de formación, para conseguir la inserción
de los jóvenes en el mundo del trabajo. Asimismo, está el problema de la
vivienda.
En cuanto a los mayores, se ha referido al Consejo Estatal de Mayores y
al Plan Gerontológico, que ya he explicado.
Por último, sobre la inmigración, lo mismo que he comentado a los
representantes de los otros grupos parlamentarios. Efectivamente, hay
unos flujos emigratorios que hay que controlar, hay unos cupos de empleo,
hay que saber qué capacidad tenemos en España para emplear a los que
vienen de fuera porque si no, luego, la integración no va a ser posible,
y hay que valorar las posibilidades reales de acogida y no ir a
situaciones irreales de puertas abiertas, como también he comentado
anteriormente. En esa línea estamos. En la Comisión Interministerial
existente, en la que están involucrados varios Ministerios, es desde la
que impulsaremos un trabajo coordinado en esta materia, como no puede ser
de otra manera, por las funciones tan importantes que tiene Interior en
este asunto.
Por último, y para terminar, se ha referido a esa sociedad solidaria por
la que todos tenemos que luchar. Yo creo que he hecho propuestas
concretas y, aunque se haya hecho con anterioridad, pienso que todo lo
bueno que se ha hecho previamente debemos impulsarlo. Yo creo que en
relación al voluntariado y a las fundaciones, todo lo que es la
corresponsabilidad de la sociedad, la coparticipación de la sociedad y el
reconocimiento de la labor que se hace en esta materia desde el
voluntariado, así como el fomento de la iniciativa privada para todos los
fines de interés general, sí que hay propuestas concretas, unas a más
largo plazo y otras más inmediatas, que espero poder llevar a cabo en
colaboración --como les he dicho desde el principio-- con todos ustedes,
con todas sus sugerencias, en todas las convocatorias y ocasiones en que
quieran hacerme patente sus ideas, ocasiones en las que yo venga a
facilitarles esa función de control que tienen ustedes y a explicarles lo
que estamos haciendo y lo que vamos a hacer.
Muchas gracias. (La señora Sainz García pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: ¿Señora Sainz?
La señora SAINZ GARCIA: Señor Presidente, a los solos efectos de
puntualizar unas declaraciones que hizo el Grupo Socialista en mi nombre.
El señor PRESIDENTE: Señora Sainz, este tipo de desarrollo de debates en
la Comisión no permite la discusión entre portavoces de los grupos. De
manera que no quisiera inaugurar una práctica que luego se pudiera
extender a toda una legislatura.
Sé bien qué problemas se plantean, y créame que haré lo posible en
próximas reuniones de la Comisión para llevar al ánimo de todos los
portavoces de los grupos que no entren a debatir, discutir o a
contradecir manifestaciones de modo expreso, de modo personal, de otros
portavoces.
De manera, señora Sainz, que...
La señora SAINZ GARCIA: Señor Presidente, es que no es para contestar,
sino simplemente para que quede constancia de cuáles fueron las palabras
que yo dije sobre un tema del voluntariado, palabras que han sido
tergiversadas.
El señor PRESIDENTE: Quedarán en el acta de esta sesión, señora Sainz,
sin ningún problema.
Damos las gracias a la señora Ministra por su comparecencia.
Se levanta la sesión.
Eran las seis y cincuenta y cinco minutos de la tarde.