CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1993 V Legislatura Núm. 25
EDUCACION Y CULTURA
PRESIDENTE: DON JOSE LUIS MARTINEZ BLASCO
Sesión núm. 3
celebrada el martes, 28 de septiembre de 1993



ORDEN DEL DIA:
Comparecencia del señor Ministro de Educación y Ciencia (Suárez
Pertierra), para informar:
-- De las previsiones y líneas generales a desarrollar por el Ministro en
su Departamento en este mandato. A solicitud del Grupo Parlamentario
Federal IU-IC. (Número de expediente 213/000014.) (Página 264)
-- Sobre el programa a desarrollar al frente de su Departamento. A
solicitud del Grupo Parlamentario Popular. (Número de expediente
213/000037.) (Página 264)
-- De las previsiones y líneas generales a desarrollar en su
Departamento. A petición propia. (Número de expediente 214/000009.)
(Página 264)

Página 264



Se abre la sesión a las once y cinco minutos de la mañana.




COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (SUAREZ
PERTIERRA), PARA INFORMAR:



- DE LAS PREVISIONES Y LINEAS GENERALES A DESARROLLAR POR EL MINISTRO EN
SU DEPARTAMENTO EN ESTE MANDATO. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO
FEDERAL IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente
213/000014.)



- SOBRE EL PROGRAMA A DESARROLLAR AL FRENTE DE SU DEPARTAMENTO. A
SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de
expediente 213/000037.)



- DE LAS PREVISIONES Y LINEAS GENERALES A DESARROLLAR EN SU DEPARTAMENTO.

A PETICION PROPIA. (Número de expediente 214/000009.)



El señor PRESIDENTE: Buenos días, señores Diputados.

Vamos a celebrar esta sesión de la Comisión que tiene como objeto único
la comparecencia del señor Ministro de Educación y Ciencia, a petición de
los grupos parlamentarios de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y
Popular y del propio Gobierno. Quiero comenzar la sesión dando la
bienvenida al señor Ministro de Educación y Ciencia en esta su primera
comparecencia en la Comisión, ministro nuevo, legislatura nueva y
comienzo de curso. La comparecencia se va a desarrollar de forma similar
a la de la semana pasada. Es decir, después de las palabras del señor
Ministro podrán intervenir los diferentes grupos; en primer lugar,
Izquierda Unida, en segundo lugar el Grupo Popular y a continuación el
resto de los grupos, de menor a mayor.

Tiene la palabra, por tanto, el señor Ministro de Educación y Ciencia.




El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra): Muchas
gracias, señor Presidente, gracias también por sus palabras de bienvenida
en este comienzo de curso que para el nuevo Ministro es un comienzo no
sólo de curso, sino de legislatura.

Comparezco, señorías, por primera vez ante ustedes, desde mi
responsabilidad política como Ministro de Educación y Ciencia, para
exponerles las directrices y líneas generales por las que discurrirá la
política educativa en esta legislatura que ahora se inicia. Al comparecer
hoy ante esta Comisión de Educación y Cultura del Congreso de los
Diputados lo hago consciente de la compleja tarea que me espera.

Reconociendo las dificultades de empeño y, a la vez, lo estimulante y
motivador de la actividad emprendida, deseo solicitar de SS. SS. la
colaboración en la tarea, siempre inacabada, de mejora de la educación
española al servicio de los ciudadanos. Comparezco, pues, ante la
Comisión de Educación y Cultura, renovada por el mandato popular, con un
talante de disposición al diálogo y a la colaboración, desde el profundo
convencimiento de que la tarea de ordenar la educación exige la
participación de todos y, muy especialmente, de los representantes de la
soberanía del pueblo español. En esta mi primera comparecencia permítanme
que, sin perder de vista sus objetivos, haga siquiera alguna mínima
referencia a los que han sido en el pasado, y siguen siendo en el
presente, ejes configuradores de la política educativa socialista.

La educación es para los socialistas un importante factor de progreso e
igualdad individual y social, y pensamos que su extensión a todos los
ciudadanos, en condiciones de calidad creciente, hará posible construir
una sociedad de seres libres, democrática, madura y participativa,
económicamente avanzada y social y territorialmente cohesionada; una
sociedad plural cuyos valores se orienten a la cooperación, la tolerancia
y la solidaridad. Pero la educación ofrece asimismo otras vertientes, ya
que es escuela de democracia política e instancia decisiva de democracia
social, y constituye un factor fundamental para, en el contexto de una
sociedad y economía abiertas, poder disponer de recursos humanos
cualificados para afrontar el reto de la competitividad que conlleva el
Tratado de la Unión Europea. A la consecución de esos objetivos y
aspiraciones seguiremos dedicando en esta legislatura el esfuerzo
necesario que, en este preámbulo de mi intervención, deseo concretar en
las líneas fundamentales siguientes: proseguiremos el desarrollo de las
grandes leyes que han instaurado la reforma educativa, especialmente de
la Logse, impulsando cuantos aspectos sean necesarios para el
reforzamiento de su espíritu democrático y de la mayor calidad y eficacia
educativas; daremos un impulso prioritario a la puesta en práctica del
Plan Nacional de Formacion Profesional; prepararemos, mediante la
negociación con las comunidades autónomas, las transferencias en materia
educativa; contribuiremos a la creación del espacio educativo y cultural
europeo como la baza más consistente en orden a lograr una sociedad cuyos
valores se orienten a la cooperación, la tolerancia, la solidaridad y la
eficacia económica; trataremos de ampliar, diversificar y dar mayor
cualificación a la oferta universitaria, junto a una mayor flexibilidad
en la movilidad de estudiantes y profesores; impulsaremos la política
científica y de investigación y desarrollo como un instrumento de
innovación y de desarrollo tecnológico que repercuta y actúe sobre el
bienestar de los ciudadanos, la competitividad y el empleo; completaremos
el desarrollo de la Ley del Deporte; estableceremos los planes de estudio
de las nuevas titulaciones deportivas; continuaremos y ampliaremos el
Plan de extensión de educación física en los centros escolares y
apoyaremos el deporte de alta competición.

Señorías, me van a permitir que ordene mi exposición según las áreas que
responden a la estructura funcional



Página 265



del Departamento: enseñanzas básicas y medias -singularizando la
formación profesional-, enseñanza universitaria y política científica y
deportes.

En materia de enseñanzas básicas y medias, la política del Departamento
de Educación y Ciencia obedecerá al principio, fundamental para un
Gobierno de progreso, que considera la educación como uno de los bienes
sociales básicos y, por tanto, como uno de los instrumentos de cualquier
política verdaderamente tal. Una parte de la tarea que tenemos por
delante está ya prefijada en la Logse. Otra parte se vincula de modo muy
directo con el objetivo final que la propia Logse se ha propuesto, junto
con la ampliación de la enseñanza obligatoria y gratuita y con una nueva
ordenación del sistema: una enseñanza de calidad. Y no en último lugar de
su importancia, sino determinando los objetivos anteriores, el principio
que enuncié al comienzo, el de que la política educativa forma parte de
la política social. Es un principio no meramente retórico o teórico, sino
de muy inmediata y concreta aplicación práctica en el necesario impulso
que ha de recibir la política educativa, precisamente en aquellos
aspectos en los que de forma más sensible incide en la política social,
como es la formación profesional, que, al facilitar a los jóvenes la
transición a la vida activa y a los adultos su adaptación a las
cambiantes demandas del mercado de trabajo, se conecta muy directamente
con una política de empleo. Sin embargo, aunque la Logse establece ya
algunas de las principales líneas de actuación, a partir de ella y más
allá de ella es preciso avanzar la propuesta de políticas educativas
innovadoras, realizables y efectivas, que sean capaces de suscitar la
colaboración y la participación de la comunidad educativa. El simple
diseño de una política innovadora de todas formas no basta. Es cierto que
hay que hallar fórmulas creativas, pero luego, después de eso, es preciso
debatir esas fórmulas para ver si son realizables y eficaces.

La presentación que voy a hacer en este ámbito constituye una declaración
de compromisos y también de propósitos, algunos de los cuales obedecen a
imperativos legales o a líneas programáticas del Gobierno. Algunos de
ellos, sin embargo, como más adelante explicaré, deseo someterlos
próximamente a un debate público antes de llevarlos a efecto de la forma
propuesta o en otra forma alternativa. Organizaré mi exposición alrededor
de los siguientes puntos y por este orden. Primero, la aplicación de la
Logse; segundo, las acciones encaminadas a la mejora del sistema
educativo concretadas en cuatro grandes apartados: profesorado, gobierno
y funcionamiento de los centros, evaluación de la enseñanza y educación
para el desarrollo integral de la personalidad; tercero, la preparación
de la transferencia de las competencias educativas a las comunidades
autónomas y, en relación con ello, el diseño de la red de centros, y
cuarto, la formación profesional.

Respecto al desarrollo y aplicación de la Logse, antes de nada quiero
reafirmar la voluntad del Gobierno de llevarla a cabo. La reforma seguirá
adelante. En esta voluntad política vamos a asegurar que su progresiva
implantación se produzca con toda clase de garantías, lo que será un
criterio político prevaleciente frente a los comprensibles pero
peligrosos deseos de claridad. Deseo, de todas formas, que su progresiva
implantación en los distintos aspectos que comporta se realice con la
máxima participación y acuerdo posibles de la comunidad educativa. Hago
ya desde este momento un llamamiento a los profesores, a los alumnos y a
los padres y madres de los alumnos para que, desde las respectivas
posiciones que ocupan en la comunidad educativa, aporten ideas y esfuerzo
a la tarea de una educación de calidad como la que la Logse hace posible.

Quiero expresar también mi deseo de mantener abierto, de modo permanente,
el diálogo con los sindicatos de profesores para alcanzar acuerdos
amplios en materia de política de profesorado, una política que nos
permita llevar la reforma a buen término.

Sin restar importancia a otros aspectos implicados en la implantación de
la Logse destacaré como lo más inmediato y de mayor alcance lo siguiente.

En educación infantil, la oferta creciente de plazas para niñas y niños
de tres años. Si actualmente y como media del país está escolarizado el
47 por ciento de la cohorte de esa edad, me propongo en los próximos
años, en el ámbito territorial de competencia del Ministerio, poder hacer
una oferta de puestos de escolarización al cien por cien, tal como ya la
hemos alcanzado para las edades de 4 y 5 años. En la educación primaria,
la progresiva incorporación de profesores especialistas de lengua
extranjera, de educación física y de música, y ello también en la escuela
rural, sea a través de los colegios rurales agrupados, sea a través de
los centros de recursos que me comprometo a incrementar y potenciar. Si
actualmente la gran mayoría de las niñas y niños de primaria tienen
profesor especialista en estas materias, en los años próximos va a ser la
totalidad. En la educación secundaria, la anticipación de la reforma y
del nuevo currículo desde el primer ciclo, como se está haciendo este
curso, incorporándose año a año nuevos centros a la impartición de las
nuevas enseñanzas. Al propio tiempo, continurá la progresiva creación de
departamentos de orientación en los centros de educación secundaria.

Hasta el día de hoy, el Ministerio ha cumplido con el compromiso de dotar
de profesorado para un departamento de orientación a todos los centros
que implantaban algún ciclo de la secundaria. En la actualidad son ya 270
los centros que cuentan con tales departamentos. La plantilla tipo de
éstos es un profesor de especialidad de Psicología y Pedagogía y otros
tres profesores, uno del ámbito socio-lingüístico, otro del ámbito
científico-tecnológico y un tercer profesor técnico de formación
profesional. En los centros en los que se realiza la integración
educativa de alumnos con necesidades educativas especiales, esa plantilla
se completa con dos profesores de apoyo. En la secundaria no obligatoria,
una oferta creciente en la etapa de bachillerato en sus distintas
modalidades, así como en los módulos y ciclos formativos profesionales.

Como meta ambiciosa pero razonable quiero conseguir, en los años
próximos, que alrededor de un 80 por ciento de los jovenes entre 16 y 18
años estén cursando enseñanzas de secundaria postobligatoria en
institutos, contando además con la necesaria



Página 266



infraestructura y dotación para ello. En las enseñanzas artísticas de
música y de danza, la puesta en práctica de los nuevos currículos y la
mejora de la infraestructura y dotación de los centros. En estas
enseñanzas, además, en plazo próximo dispondremos de las distintas normas
de reglamento orgánico de los centros, de especialidades y de temarios
coherentes con las nuevas enseñanzas todavía por establecer. En la
educación especial, la prolongación de un planteamiento educativo
integrado e integrador de los alumnos con necesidades educativas
especiales, a lo largo de la educación secundaria obligatoria, a la vista
de los resultados de un informe de evaluación, de próxima publicación,
sobre cómo se ha realizado la integración en los pasados ocho años en la
educación general básica. Finalmente, en educación de adultos y en
programas de garantía social, potenciando tanto programas educativos que
faciliten la inserción laboral y proporcionen formación básica a alumnos
que no alcanzan los objetivos de la educación secundaria obligatoria,
cuanto programas específicamente dirigidos a adultos en modalidad de
presencia y a distancia.

Entre los objetivos de la Logse y junto con la ampliación de la enseñanza
está la mejora de la calidad. Un objetivo no puede separarse del otro y
ambos son, ampliación y calidad de la enseñanza, aspiraciones por las que
el Ministerio de Educación y Ciencia seguirá trabajando en esta nueva
etapa. Por ello paso ahora a referirme a medidas directamente encaminadas
a la mejora de la calidad de la enseñanza, comenzando por la política de
profesorado. La prioridad que concedo a una política de profesorado
responde a la convicción de que los profesores constituyen la pieza
esencial de la enseñanza. Una política coherente ha de aplicarse, a lo
largo de los diferentes momentos en los que la Administración puede
incidir en el colectivo docente, en su formación inicial, en la
selección, formación y actualización permanente, y también en la
incentivación de su trabajo.

Respecto a la formación inicial, los nuevos planes de estudios de las
carreras universitarias contribuirán, sin duda, a un mejor nivel y, sobre
todo, a una mejor adecuación de los candidatos a la docencia. Digo lo
mismo acerca de la formación específicamente didáctica que los profesores
de secundaria necesitan como complemento de su formación universitaria
especializada en una disciplina o grupo de disciplinas. El curso de
cualificación pedagógica para la especialización didáctica, que de
acuerdo con la Logse han de establecer y desarrollar las administraciones
educativas, servirá a este fin. Por mi parte me comprometo a que, dentro
de este curso 1993-94, esté publicado el decreto que establezca los
créditos y contenidos mínimos de dicho curso.

Disponemos ya del instrumento legal básico para una adecuada selección
inicial del profesorado. Está recientemente publicado el Real Decreto de
acceso a la función pública docente y de adquisición de nuevas
especialidades. Es un decreto de ámbito estatal que, sin embargo, deja un
holgado margen a las administraciones educativas competentes para que lo
concreten en cada una de sus convocatorias. Este Real Decreto introduce
un nuevo sistema de acceso, sistema que sustituye al que con carácter
transitorio ha tenido vigencia durante tres convocatorias después de la
publicación de la Logse. En el nuevo sistema de acceso, los candidatos
habrán de demostrar conocimientos tanto de la especialidad a la que
concurran cuanto de naturaleza didáctica y de organización general de la
educación, acreditando capacidades teóricas y prácticas. Contarán también
la experiencia previa y los méritos de los concursantes, con arreglo a
baremos ya estables.

Respecto a la formación permanente del profesorado, se proseguirá e
intensificará el esfuerzo realizado ya en los últimos años. Las cifras de
participación del profesorado en actividades de formación se han
incrementado, año tras año, por parte tanto de los maestros como de los
profesores de bachillerato y de formación profesional. Como consecuencia
de un interés creciente de todo el profesorado y quizás como consecuencia
también de un mayor atractivo y adecuación de los cursos, el hecho es que
en la actualidad hay una gran demanda de formación. La tendencia de
crecimiento de esta demanda en todos los profesores va a mantenerse en
los próximos años y haremos todo lo posible, primero, para suscitar esa
demanda, y después, para satisfacerla adecuadamente.

Un último elemento básico de una política de profesorado es la adecuada
incentivación y no sólo remuneración de los profesores. A este respecto
he de decir que continuarán aplicándose los acuerdos firmados con los
sindicatos hace dos años y medio sobre incrementos retributivos, y
también que me propongo considerar conjuntamente con los sindicatos otras
posibles medidas que mejoren las condiciones laborales y que incentiven
la tarea de los docentes. Entre esas medidas ha de estar la de favorecer
la promoción profesional de los docentes, así como idear un sistema ágil
que facilite licencias por estudios en períodos inferiores a un año. Son
medidas que contribuirán, sin duda, a una mayor satisfacción de los
profesores y redundarán en una enseñanza de calidad.

Como un segundo grupo de medidas relacionadas con la calidad de la
enseñanza, voy a hablar ahora de proyectos respecto al gobierno,
funcionamiento y autonomía de los centros. Las bases para ello están ya
puestas en los reglamentos orgánicos de centros de educación infantil y
primaria y de secundaria, aprobados por sendos reales decretos. Estos
reglamentos orgánicos van a ser, a partir de ahora, un importante
instrumento de autonomía de los centros al servicio de la calidad de la
enseñanza. Sin embargo, es preciso reconocer que algunas de las
disfunciones detectadas en los últimos años en la organización y
funcionamiento de los centros pueden requerir modificaciones de mayor
calado. Manteniendo el principio de participación democrática en el
gobierno y funcionamiento de los centros, un principio que me parece
también irrenunciable en la elección del director, considero necesario
reforzar la figura de éste. El hecho de que para muchos profesores no
resulte atractivo presentar su candidatura a la dirección de los centros
y ejercer las funciones de dirección requiere, en mi opinión, revisar
algunos



Página 267



aspectos que conciernen a los órganos de gobierno de los centros públicos
y concertados. No se trata en esta comparecencia de definir y detallar
esos cambios, sino de manifestar mi preocupación por este asunto y el
deseo de abrir un debate sobre el mismo que pueda conducir a conclusiones
que posteriormente pudieran trasladarse a normas concretas. La comunidad
educativa siente la necesidad -y acojo esta demanda- de reforzar la
función directiva y apoyarla, una función directiva que se vea
incentivada de modo que el desempeño acertado de esa actividad signifique
un mérito destacado en orden a la propia promoción profesional. Por otra
parte, en la elección del director por el consejo escolar me pregunto si
no se podría tener en cuenta, a través de criterios objetivables, la
experiencia y el mérito de los candidatos; o si no podría ser elegido
director de un centro una persona que es docente en otro centro; o si una
vez elegido el director, su mandato no sería conveniente que tuviese una
mayor duración; o si la función directiva no debiera llevar aparejada un
proceso formativo; o si el mandato de los miembros del consejo escolar no
debería tener una mayor duración. Me propongo, pues, abrir consultas que
puedan dar respuesta a estos y otros muchos interrogantes que sobre esta
cuestión están abiertos. La propuesta que voy a hacer y someter a debate
tiene como principal objetivo reforzar y hacer más eficaz la función
directiva en el marco de la participación de la comunidad educativa,
dentro del espíritu democrático que inspiró la LODE; un espíritu que
seguirá presidiendo el funcionamiento de nuestras comunidades escolares.

A través de esas diferentes medidas, me propongo que los centros
educativos alcancen una verdadera autonomía docente, autonomía que está
ya consagrada en el principio de autonomía curricular, establecido por la
Logse, y cuya instrumentación aparece en los reales decretos de
reglamentos orgánicos de los centros. Es una autonomía, por otra parte,
que necesita ser corroborada y asegurada mediante la autonomía económica,
de recursos personales y materiales, autonomía en el diseño del proyecto
educativo y de las actividades por realizar tanto dentro como fuera de
las aulas. En suma, vamos a favorecer la autonomía de los centros en
todos los ámbitos y a dotarles de los medios para ello, de acuerdo con
propuestas concretas que también deseo someter a debate público.

Con el funcioamiento y autonomía de los centros guarda estrecha relación
el aprovechamiento de los mismos más allá de las horas lectivas y de las
actividades propiamente educativas. En este propósito hay, por de pronto,
una voluntad de obtener la máxima rentabilidad social posible de unas
instalaciones cada vez más costosas de los centros educativos,
instalaciones de biblioteca, laboratorio, deportivas, etcétera. Cada vez
es más costoso crear un centro nuevo o remodelarlo, dotándolo de la
infraestructura y el equipamiento necesarios. Por otro lado, en los
últimos años, al quedar a menudo las horas de apertura de un centro
reducidas a las horas lectivas, los centros educativos son utilizados por
la comunidad escolar muy pocas horas a lo largo de la semana. A eso hay
que añadir que una concepción integral de lo que ha de ser un centro
educativo debe involucrar a la comunidad vecinal, barrio, ciudad, o
pueblo donde el centro esté ubicado. Aquí quisiera hacer un llamamiento a
los municipios para que colaboren con nosotros en convertir los centros
eductivos en lugares abiertos a la comunidad, ante todo, lugares abiertos
durante más horas de la semana a los propios alumnos, pero también
lugares abiertos a los ciudadanos que puedan tener allí acceso fuera de
las horas lectivas a determinadas actividades deportivas o culturales.

Sin cerrar con ello otras posibilidades que puedan ser contempladas,
quiero mencionar algunas de más fácil e inmediata realización. La primera
de ellas es la apertura de los centros de educación infantil y primaria a
una hora más temprana que la del comienzo de las clases. Es una
experiencia que está teniendo lugar ya en la Comunidad de Madrid, donde
se han puesto los medios para que los centros puedan abrir desde las 7,30
horas de la mañana para que las niñas y niños, cuyos padres así lo
deseen, puedan desayunar en el colegio. Algunos centros madrileños que
han solicitado incorporarse a este programa abren sus puertas, por tanto,
hora y media antes del comienzo de las clases. Es un programa que
deseamos desarrollar también en otras comunidades autónomas, dentro de
nuestro ámbito territorial de competencia. Los institutos de educación
secundaria presentan posibilidades en otra dirección. En la actualidad,
la mayoría de ellos permanecen cerrados por las tardes cuando no hay
clases. Me propongo una organización de los centros que permita abrir los
institutos todas las tardes de los días lectivos de la semana, haciendo
de los mismos un lugar no sólo de encuentro sino de actividades comunes
deportivas y culturales de los estudiantes. Estamos considerando el modo
de hacerlo posible. También impulsaré actividades entre centros del tipo
de competiciones deportivas, campeonatos, etcétera, que en estrecha
conexión con el área de educación física favorezcan, a través del
deporte, el desarrollo integral de alumnas y alumnos.

Un tercer apartado de medidas que inciden de modo muy directo en la
calidad se refiere a la evaluación del sistema educativo. Mientras
evaluar los rendimientos de los alumnos siempre ha sido fácil y por eso
ha sido clásico y tradicional en la escuelas, no es fácil, sino mucho más
complejo, evaluar el proceso mismo de enseñanza y el sistema educativo
como tal. Los criterios más equilibrados de los especialistas en
educación sugieren la conveniencia, incluso la necesidad de una
evaluación múltiple, aunque convergente, del sistema educativo a partir
de parámetros y criterios de valor variados, así como desde instancias e
instituciones externas e internas al propio sistema. La inspección
educativa ha de continuar con su labor evaluadora de los centros,
concibiéndose no sólo como una sola instancia asesora y evaluadora de los
mismos, sino también como una inspección supervisora. Me propongo
reforzar la función inspectora al servicio de esa concepción. Está recién
creado el Instituto Nacional de Evaluación y Calidad, un instituto de
ámbito estatal cuyas funciones son elaborar sistemas de evaluación para
las enseñanzas y los centros, realizar investigaciones sobre el sistema
educativo y proponer a las administraciones



Página 268



educativas cuantas iniciativas y sugerencias puedan contribuir a
favorecer la calidad y mejora de la enseñanza. A lo largo del curso
1993-94 ese instituto comenzará a desarrollar sus funciones. En las
próximas semanas será nombrado su director, así como las personas que
componen sus órganos de gobierno. A lo largo de este curso, el Ministerio
de Educación y Ciencia encargará a ese instituto la realización de
estudios de evaluación en el marco de sus funciones generales y en
colaboración con las comunidades autónomas con competencias educativas.

Deseo abrir nuevas líneas de evaluación de los centros y de los procesos
de enseñanza. En particular, quisiera anunciar que, transcurridos ya ocho
años desde el Decreto de integración de alumnos con necesidades
educativas especiales en la escuela ordinaria, procederemos a finalizar y
publicar la evaluación de esa integración a lo largo de la etapa
transcurrida. Los resultados de esa evaluación servirán para tomar
decisiones respecto a la integración en el futuro, tanto en la etapa de
primera cuanto en la de secundaria obligatoria. Estudio y publicación de
investigaciones evaluativas análogas se requieran también en otros
ámbitos.

En relación con la calidad de la enseñanza, tengo interés en impulsar
todo aquello que favorezca una educación verdaderamente integral que
contribuya al desarrollo de todos los aspectos de la personalidad de los
alumnos. Este propósito guarda relación con elementos de la educación tan
importantes como la educación cívica y moral, la educación en los
valores, los contenidos humanísticos de la educación. Pondremos los
medios para facilitar al profesorado el incorporar a la docencia estos
contenidos que están presentes transversalmente en las distintas áreas de
los currículos. En relación con la educación en los valores, además,
quisiera dar impulso al cumplimiento del acuerdo que el Ministerio
realizó recientemente con las cadenas de televisión acerca de criterios
deontológicos de la programación, y asumiré plenamente el papel mediador
que dicho acuerdo atribuye al Ministerio en esta materia. Como proyecto
concreto inmediato, quiero informar de otro acuerdo con el Ministerio de
Cultura para llevar a cabo un plan de fomento de la lectura entre los
alumnos. A través de ese plan pretenderemos infundir en niños y
adolescentes el aprecio y el gusto de la lectura.

A lo largo de esta legislatura vamos a preparar la transferencia de
competencias educativas a las diez comunidades autónomas que todavía no
las tienen. El principal problema con el que nos encontramos es el de
efectuar las transferencias en un momento oportuno para cada comunidad
autónoma, de modo que esté suficientemente dotada en infraestructura de
centros y no arranque de una situación de partida desventajosa con
respecto a otras. El tema de transferencias de competencias educativas
conecta muy directamente con el de la red de centros. Parece necesario,
pues, tener en cuenta la opinión de las comunidades autónomas al elaborar
el mapa de la red de centros para las distintas etapas y modalidades.

Para este fin, y con el objetivo general de preparar las transferencias,
en fechas próximas presentaré a todas y cada una de las diez comunidades
autónomas un modelo prototipo de convenio de colaboración para este
período de transición, hasta que se produzca el traspaso de servicios y
medios requeridos, para que cada comunidad autónoma entre en el efectivo
y pleno ejercicio de sus competencias educativas. En ese modelo de
convenio se crea una comisión mixta, copresidida por el Secretario de
Estado de Educación y el Consejero de Educación de la respectiva
comunidad; comisión que tendrá funciones relativas, principalmente, a la
red actual de centros escolares y servicios, a actuaciones para la
planificación de la misma, con particular énfasis en la oferta de
formación profesional específica, actividades de formación de
profesorado, programación de inversiones y programas específicos
dirigidos a los centros escolares.

Deseo hacer un apartado especial a propósito de la formación profesional
específica. No es una modalidad o un tramo más, entre otros, de la
educación reglada. La formación profesional específica ocupa un lugar
singular en la articulación entre el sistema educativo y el sistema
productivo. En ella tiene lugar el comienzo de la transición de los
jóvenes a la vida activa; en ella, además, tienen su oportunidad los
trabajadores adultos que por la razón que sea, de interés personal o de
cambios en el mercado laboral, deseen adquirir una nueva cualificación.

En momentos, como el actual, con altas tasas de desempleo, la formación
profesional constituye un factor, entre otros, de reducción del desempleo
y de orientación de los jóvenes hacia los sectores productivos, en los
que se demanda personal cualificado. Aunque en la aplicación estricta del
calendario de implantación generalizada de la reforma los ciclos
formativos profesionales establecidos con carácter general en la Logse se
han de tardar todavía en implantarse, es oportuna y necesaria la
anticipación de esos ciclos, primero, para dar salida a alumnos que,
desde la educación secundaria obligatoria o desde el bachillerato, ya
estén cursando los nuevos currículos y, en segundo lugar y sobre todo,
para atender mejor, desde los propios fundamentos formativos, a las
demandas actuales del mercado de trabajo. Esa es la razón por la cual
están siendo aprobados ya los contenidos mínimos de algunos títulos de
formación profesional. En el momento actual están aprobados los títulos
correspondientes a la familia de químicas. A lo largo del curso próximo
esperamos poder llegar a la aprobación de la práctica totalidad del
catálogo de títulos de formación profesional, más de un centenar. Todos
ellos están ya en avanzado estado de elaboración, en comisiones de
expertos y también en el marco de acuerdos con las comunidades autónomas
competentes. La formación profesional requiere no sólo un currículo
acertado, sino también profesorado, medios materiales y prácticas en
empresas. Asumo el compromiso de garantizar todo ello, en particular en
los siguientes aspectos.

Los centros que se anticipan a impartir la nueva formación profesional,
sea en los módulos, sea también, a partir de ahora, en los ciclos
formativos, están siendo dotados de las aulas-taller necesarias para
ello. Se mantendrá el ritmo creciente de centros que anticipan la nueva



Página 269



formación profesional, antes de su implantación generalizada. Por otro
lado, están en funcionamiento los dos centros creados, en Gijón y en
Madrid, del Instituto de Formación, Innovación y Desarrollo de la
Formación Profesional, estando prevista la creación de otros centros en
el próximo ejercicio. En segundo lugar, se ampliará e intensificará la
formación de los profesores en esta etapa educativa, para prepararles en
los nuevos contenidos que se están estableciendo para cada una de las
carreras profesionales. El programa de actualización de este profesorado
está en marcha, mediante convenios con empresas, y se realiza en cursos
de unas doscientas horas de duración, con una participación prevista,
para este año, de ochocientos profesores. Hay también otros cursos
monográficos de diferente duración. En tercer lugar, está en marcha
también, y se desarrollará en convenio con el Consejo Superior de Cámaras
de Comercio, la formación concertada en empresas, aplicando así una
exigencia de la Logse. Actualmente está en preparación un convenio con la
CEOE y otras instituciones para colaborar con el Ministerio en la
implantación de esta formación concertada en centros de trabajo. Por otra
parte, se negociará con las comunidades autónomas integradas en el
territorio del Ministerio, y dentro de la negociación general de
transferencias, la propuesta del mapa de las enseñanzas profesionales.

Por otro lado, se proseguirá, ya por segundo año consecutivo, con la
formación profesional a distancia, en cuatro módulos de nivel medio, y se
comenzará, por primer año, en un módulo de nivel superior, el de educador
infantil. Por otra parte, se impulsará la orientación profesional a
través de la materia de formación y orientación laboral, y del
profesorado de esta especialidad, en coordinación además con las oficinas
del Instituto Nacional de Empleo. Por otro lado, mantendremos también la
coordinación con el Ministerio de Trabajo para todo lo relativo a la
aplicación del Programa Nacional de Formación Profesional, colaborando
con él en la renovación de la formación ocupacional, en el plan de
calificación de los demandantes de empleo y en otras tareas previstas en
el programa, estableciendo un órgano de enlace entre ambos ministerios
que prefigure un futuro instituto o agencia de las cualificaciones. Por
último, proseguirá también la colaboración con los agentes sociales en el
marco del acuerdo nacional de formación continua, así como la
coordinación que tiene lugar entre las comisiones provinciales de
formación profesional de este Ministerio y las del Instituto Nacional de
Empleo.

Algunas de las propuestas y proyectos que he enunciado pueden ser
cuestionables. Todos ellos, por otra parte, son susceptibles de ser
perfilados y mejorados en relación con la inicial formulación que estoy
haciendo. Por este motivo tengo el propósito de presentar a la opinión
pública, antes de finalizar este año 1993, un documento sobre la calidad
de la enseñanza y organización de los centros, en el cual se recogerán y
concretarán muchas de las propuestas que acabo de hacer, debidamente
justificadas, ordenadas y detallas, exponiendo la posición y propósito
iniciales del Ministerio respecto a cada una de ellas, sometiéndolas a
debate que deseo abrir y mantener a lo largo de la primera parte de este
curso. Los resultados de ese debate permitirán enderezar y completar lo
que sea preciso en unos proyectos iniciales, unos proyectos que, de todas
formas, en el modo en que propongo o en el que vengan a adquirir tras el
debate, deseo llevar a cabo en el tiempo de esta legislatura.

Siguiendo con el esquema propuesto, paso a continuación a referirme,
señor Presidente, señorías, a las líneas políticas generales en el área
de enseñanza universitaria. Tres son, a mi entender, los objetivos de la
institución universitaria en el momento presente: educación, formación e
investigación. Se trata -y eso es lo que las sociedades actuales
demandan- de educar a nuestros jóvenes contribuyendo a su desarrollo
cultural y científico, de formarles como profesionales cualificados
capaces de integrarse en el mercado de trabajo en las mejores condiciones
posibles, y de desarrollar una investigación de calidad para, de ese
modo, contribuir al progreso social y económico de la sociedad. La
consecución de forma integrada de estos tres objetivos es el reto al que
debe enfrentarse nuestra educación superior.

La Ley Orgánica 11 de 1983, de Reforma Universitaria, vino a dotar a las
universidades españolas de la estructura y de los instrumentos necesarios
para acometer con garantías de éxito ese proceso de modernización, de
democratización, de adecuación a las demandas sociales, en el marco del
principio de autonomía de cada una de ellas consagrado por nuestra
Constitución. Diez años después de la entrada en vigor de la ley, el
balance global puede considerarse altamente positivo. En el curso que
estos días se inicia, más de 1.300.000 estudiantes realizarán sus
estudios en 44 universidades, 42 públicas y dos privadas, que gozan,
gracias al esfuerzo de todos, de un reconocimiento y un prestigio
internacionales. Se han aprobado las directrices de 126 titulaciones y el
Consejo de Universidades ha homologado más de 300 planes de estudio que
entrarán en vigor en el presente curso. Se ha hecho un enorme esfuerzo
para mejorar las condiciones económicas del profesorado y su
cualificación, y se ha proseguido una política expansiva en materia de
becas y ayudas al estudio. Repito, señorías, que el balance global debe
producir una general satisfacción. Ello no significa, sin embargo, que en
un ejercicio de autocomplacencia creamos que ya está todo hecho. Sin
duda, hay todavía en nuestro sistema universitario algunas insuficiencias
y disfunciones que debemos tratar de resolver, al tiempo que hemos de
continuar nuestros esfuerzos en la línea de conseguir las mayores cotas
de calidad. Desarrollaré, a continuación, las principales líneas
programáticas, en este ámbito de la educación superior, a través de los
siguientes puntos: actualización de la Ley de Reforma Universitaria,
extensión de los estudios universitarios, mejora de la calidad,
relaciones universidad-sociedad, sistema de acceso a la universidad y,
finalmente, transferencias a las comunidades autónomas en materia de
educación superior.

Ya he señalado cómo la aplicación de la Ley de Reforma Universitaria ha
contribuido, de forma decisiva, al cambio positivo experimentado en estos
años por la



Página 270



universidad española. En este tiempo, sin embargo, han aparecido una
serie de elementos: expansión de la demanda, aceleradas transformaciones
en la creación y difusión del saber, requerimientos de alta
cualificación, etcétera, que aconsejaron, tras un largo debate en el
Consejo de Universidades, abordar algunas modificaciones en la norma que
la adecuaran a las nuevas circunstancias y al tiempo sirvieran para
reconducir algunas de las disfunciones observadas. Ello explica que el
Gobierno presentara el proyecto de ley de actualización de la Ley de
Reforma Universitaria que, pese a llegar casi al término de su
tramitación parlamentaria, no pudo ser convertido en ley por las Cortes
debido a la convocatoria de elecciones generales. En consideración a
ello, y compartiendo los criterios que llevaron a plantear tal
actualización, el Ministerio de Educación y Ciencia tiene el firme
propósito de impulsar nuevamente un proyecto de ley de características
similares al decaído con la legislatura anterior. Con ello no haremos
sino cumplir el mandato incluido en la proposición no de ley que fue
aprobada por unanimidad en el Pleno del Congreso de los Diputados
celebrado el día 14 de septiembre del presente año. Les recuerdo, de
forma somera, que se trataba, en primer lugar, de corregir algunas
disfunciones en las categorías contractuales del profesorado. El
profesorado universitario, en efecto, se ha transformado sustancialmente
en el período de vigencia de la Ley de Reforma Universitaria, y ello
tanto desde el punto de vista de su número como de su misma
cualificación. Esta variación en la posición del profesional ha permitido
observar la necesidad de reexaminar y potenciar la figura del ayudante
como elemento sustancial en la carrera académica ordinaria. En el caso
concreto de los ayudantes de las disciplinas clínico-asistenciales de las
facultades de Medicina, el proyecto debe permitir la compatibilización de
su carrera académica con su formación médica especializada. También se
han puesto de manifiesto algunas desviaciones sobre el diseño original de
los profesores asociados, que aconsejaría recuperar esta figura tal como
estaba concebida en la Ley de Reforma Universitaria. Se ha constatado,
asimismo, la necesidad de incorporar a la Ley algunas figuras de
profesorado recogidas en normas diversas, tales como los profesores
eméritos o los profesores con plaza vinculada a los servicios sanitarios.

Se trataba también de introducir las modificaciones necesarias para
mejorar el sistema de selección del profesorado funcionario y de las
garantías jurídicas -comisiones de reclamación- exigibles en el proceso,
buscando eliminar, o al menos reducir, los efectos negativos de
componentes endogámicos en detrimento de los principios generales de
mérito y capacidad que deben presidir los procedimientos de acceso a la
función pública docente. El proyecto incluía, además, una modificación en
materia de jubilación del profesorado, contemplando la prolongación de la
misma, con carácter no obligatorio, hasta los 70 años. Como saben ya SS.

SS., en este sentido, y conscientes de la mayoría que el tema suscita en
la Cámara, el Gobierno ha dictado un real decreto ley en el que, con
carácter provisional, se acuerda la prórroga por un año para quienes
deberían jubilarse a 30 de septiembre de 1993. Junto a estas cuestiones y
otras como la relativa a la Universidad Nacional de Educación a Distancia
y a la conveniencia de establecer una regulación específica que atendiera
a sus peculiaridades, es mi propósito iniciar conversaciones con los
grupos políticos para estudiar la conveniencia de incluir en el proyecto
que se remitiría al Congreso de los Diputados algunas otras
modificaciones relativas a los consejos sociales y a los órganos de
gobierno de las universidades, así como la estructura y funcionamiento
del propio Consejo de Universidades. Esto último, fundamentalmente como
consecuencia de la continuación y culminación del proceso de
transferencias de las comunidades autónomas en materia universitaria, al
que me referiré en su momento.

Como saben SS. SS., ha concluido prácticamente el proceso de reforma de
las enseñanzas con la aprobación por el Gobierno de 126 titulaciones, y
está en marcha la siguiente fase, esto es, la elaboración y aprobación de
los planes de estudio por las diferentes universidades y su homologación
por el Consejo. Hoy mismo, el Consejo de Universidades examinará los
expedientes presentados para la homologación de diversos nuevos planes de
estudio. El resultado de este trabajo debería ser una oferta
universitaria actualizada, diversificada, capaz, por tanto, de responder
a las demandas de nuestra sociedad y al reto de nuestra integración en
Europa. Cada universidad, en el marco de su planificación estratégica,
debe determinar su oferta de titulaciones y sus nuevos planes de estudio,
y para hacerlo no sólo ha de tener en cuenta los recursos disponibles,
sino que ha de atender a las necesidades de nuestro entorno económico, a
la orientación de la demanda de los estudiantes y a criterios de
especialización universitaria y geográfica. Crecimiento, diversificación
y especialización serían, pues, los ejes fundamentales en torno a los que
se llevará a cabo la extensión de la educación superior. Ello conlleva, a
mi entender, un compromiso por parte de los responsables políticos de la
Administración central y de las comunidades autónomas y de las
autoridades universitarias y sus consejos sociales, por lo que me
propongo impulsar los debates necesarios para la elaboración de unos
criterios básicos, por supuesto flexibles, de programación universitaria,
acordados entre todos quienes tienen responsabilidades en su
planificación y que proporcionan la necesaria coherencia social y
geográfica a la oferta universitaria. Me propongo también actualizar la
normativa vigente sobre directrices generales comunes de planes de
estudios, conducentes a la obtención de títulos universitarios oficiales,
para la correcta aplicación de los criterios adoptados por el Consejo de
Universidades, en su reunión de junio de 1993, de cara a la homologación
de los indicados planes de estudio. Pretendo, asimismo, culminar el
proceso normativo sobre la incorporación a segundos ciclos de enseñanzas
que no constituyan continuación directa del primer ciclo superado por el
alumno, lo que se conoce con el nombre de PASARELAS. Hoy mismo, el
Consejo de Universidades estudiará los proyectos de órdenes ministeriales
por las que se regulan el acceso y, en su caso, los correspondientes



Página 271



complementos de formación de 23 de estas titulaciones. Es mi propósito
también regular el establecimiento de la equiparación académica y
profesional, en los casos que corresponda, de los actuales títulos
universitarios a los nuevos del catálogo de títulos universitarios
oficiales establecido por el Gobierno.

Al referirme a las enseñanzas no universitarias les decía que eran
indisociables los objetivos de ampliación de la enseñanza y de la mejora
de su calidad. Lo mismo cabe decir, obviamente, de la educación superior,
por lo que proseguir la mejora de la calidad de la enseñanza
universitaria constituye una prioridad ineludible para el Ministerio de
Educación y Ciencia. Al igual que hacía en el área anterior, voy a
referirme a los medios concretos que pienso impulsar encaminados a ese
objetivo de mejora de la calidad de la enseñanza. En primer lugar,
formación del profesorado. El proceso de renovación de las titulaciones y
de los planes de estudio, al que acabo de hacer referencia, tiene una
repercusión inmediata y directa en el profesorado que tiene que
impartirlas. Está en la conciencia de todos que el éxito de ese proceso
de renovación que estamos abordando depende, en gran medida, de la
cualificación y adaptación de nuestros profesores. En ningún caso, una
modificación de un plan de estudios puede quedarse en la simple
reordenación de lo que ya se está impartiendo o en cambios más o menos
originales en los nombres de las materias. Se trata, por supuesto, de
reordenar las enseñanzas, pero también de introducir nuevos conocimientos
que acerquen lo que en la universidad se enseña a aquello que la práctica
social está demandando. Es, pues, un ejercicio de renovación científica,
pero sobre todo pedagógica, en el que no debe olvidarse que docencia e
investigación van indisolublemente unidas en las tareas de los profesores
universitarios. Me propongo, por tanto, crear un programa específico para
la formación y el perfeccionamiento del profesorado, vinculado a la
reforma de los planes de estudio. En segundo lugar, la evaluación de la
calidad de las instituciones universitarias es un tema prioritario de la
política universitaria europea. La universidad española no puede quedar
al margen de esta corriente, por lo que se ha puesto en marcha un proceso
con el objetivo de estimular la mejora de la calidad de nuestras
universidades en sus tres aspectos básicos: enseñanza, investigación y
servicios. En ese sentido, el pleno del Consejo de Universidades, de
septiembre de 1992, aprobó la puesta en marcha de un programa
experimental de evaluación de la calidad del sistema universitario que
tendría como fin ensayar mecanismos de evaluación y hacer propuestas. El
Ministerio se propone proseguir dicho programa para que culmine en el
diseño de unos criterios metodológicos que puedan ser aplicados por las
universidades de forma voluntaria. En tercer lugar, la calidad de la
docencia y de la investigación de las universidades se mide en gran
medida por sus estudios de postgrado. La gran mayoría de nuestras
universidades dispone de una oferta amplia, diversificada y rigurosa de
este tipo de estudios. No obstante, me propongo adoptar las medidas
necesarias para favorecer los estudios de tercer ciclo en aquellas
universidades en las que, por causa de su juventud, se gradúen un menor
número de doctores, así como proseguir el plan puesto ya en
funcionamiento respecto a determinadas titulaciones concretas. Por
último, los programas de movilidad de estudiantes y profesores. Los
programas actualmente existentes en el ámbito europeo están produciendo
unos espléndidos resultados que han desbordado incluso las expectativas
más optimistas. Es propósito del Ministerio de Educación y Ciencia
realizar los esfuerzos necesarios para incrementar la participación de
estudiantes y profesores en el marco de esos programas comunitarios. Se
han puesto, igualmente, en marcha programas similares en el ámbito de la
comunidad iberoamericana. Es muy pronto todavía para hacer una evaluación
de los resultados de esos programas, pero reafirmamos nuestra voluntad de
proseguir en la línea iniciada, profundizando la colaboración con los
países en esa área geográfica.

Como se ha señalado de forma reiterada, es preciso que la universidad y
el entorno en el que se desenvuelven sus actividades se interrelacionen
de forma estrecha, facilitando el mutuo conocimiento y la colaboración
entre ellas, entre sus ocupaciones e intereses. Todavía están próximos
los tiempos en los que universidad y sociedad se daban la espalda
ignorándose mutuamente. La importancia de la función social de la
universidad motivó el que se incluyera en la Ley de Reforma Universitaria
la figura de los consejos sociales, concebidos como los órganos de
participación de la sociedad en la universidad. Es verdad que esa
relación ha cambiado mucho, a lo largo de estos años, gracias al esfuerzo
y a la colaboración de los órganos de gobierno de las universidades y de
sus consejos sociales, pero no es menos cierto que es necesario proseguir
y profundizar en esa línea de colaboración. En ese sentido, me propongo
abrir un debate con todas las partes implicadas para potenciar la labor
de los consejos sociales. Además, en este marco, que supone la necesidad
de estrechar las relaciones entre la sociedad y la universidad, me
propongo también, por un lado, impulsar la creación de institutos
universitarios de interés científico, especialmente de carácter
multidisciplinar; por otra parte, impulsar la creación de un programa
específico para reorientar y reciclar en las empresas a los actuales
universitarios; por otro lado, impulsar el desarrollo de las oficinas de
transferencias de resultados de investigación, para así mejorar la
coordinación de los objetivos definidos por la Secretaría General del
Plan I+D; por otra parte y finalmente, estimular el carácter práctico y
de capacitación profesional de la enseñanza universitaria, promocionando
las estancias de estudiantes en empresas y otros ámbitos de trabajo, de
cara a su inserción futura en el mercado laboral.

Quisiera ahora aludir a un tema, señorías, que posee un interés singular
por su repercusión social. Me refiero al sistema de acceso a la
universidad.

Como también conocen SS. SS., el Gobierno procedió en junio pasado a
introducir una serie de modificaciones en la organización de las pruebas
de aptitud para el acceso a las facultades, escuelas técnicas superiores
y colegios



Página 272



universitarios, con el objeto de dotarlas de una mayor objetividad y
homogeneidad.

Algunas de las medidas que se preveían han entrado ya en vigor para las
pruebas que se han celebrado este curso y las restantes lo harán para las
pruebas del curso 1993-1994. Así, por ejemplo, la composición y el
funcionamiento de los tribunales, la introducción de criterios públicos
para la corrección de los ejercicios, la garantía de la revisión de las
calificaciones, etcétera.

En todo caso, se ha planteado formalmente al Consejo de Unversidades un
estudio monográfico sobre el acceso a la universidad, al igual que se ha
reflexionado y valorado sobre los diferentes estudios realizados por el
CIDE a este respecto. Los resultados de estos estudios constituirán, sin
duda, un material valioso que permitirá ir incorporando, si se estimara
necesario, nuevas medidas a las ya tomadas.

Por otra parte, y con el fin de estimular la adecuada competencia entre
las universidades y de ir minimizando los desajustes acusados entre el
encaje de la demanda estudiantil y la oferta universitaria, favoreciendo
al tiempo la movilidad de los estudiantes, se puso en marcha hace ya tres
años el distrito compartido.

En esta nueva etapa, debemos seguir profundizando en el convencimiento de
esta medida para lograr una mejora de la equidad, tanto desde el punto de
vista territorial como desde el punto de vista social.

En este sentido, y con el fin de favorecer la movilidad del mayor número
de alumnos, se estudiarán cuantas medidas de apoyo puedan ser necesarias
para la consecución de este objetivo importante.

También en el marco del sistema de acceso me propongo iniciar un trabajo
para la posible actualización de la normativa aplicable a la regulación
de las pruebas de acceso a la universidad a los mayores de 25 años, a que
se refiere el artículo 53 de la Ley Orgánica de Ordenación General del
Sistema Educativo, y al ingreso en los centros docentes de los que
superen dichas pruebas.

Para concluir esta parte de mi intervención dedicada al área de la
enseñanza superior, voy a referirme, señor Presidente, señorías, al
proceso de transferencia de competencias de la enseñanza superior.

Como es sabido, en diciembre de 1992 se aprobó la ley por la que la
Administración central del Estado transfiere a las comunidades autónomas
que accedieron a la autonomía por la vía del artículo 143 de la
Constitución las competencias en educación.

En la enseñanza superior es preciso iniciar pronto el diálogo con las
comunidades autónomas para acometer dicho proceso de transferencia.

Sabemos de la necesidad de hacer más diversificada y ajustada a las
necesidades socioeconómicas la oferta de titulaciones universitarias,
pero al tiempo hemos de autoexigirnos la optimización de los recursos
disponibles. Por tanto, emprenderemos la tarea de transferencia de la
enseñanza superior desde la responsabilidad, generando para ello un
esfuerzo de coordinación que posibilite y garantice la homogeneización,
la igualdad de oportunidades y la calidad de la enseñanza universitaria.

En el máximo respeto a la autonomía regional y a la universitaria, el
Gobierno ejercerá sus competencias de planificación y coordinación
mediante el diseño de un marco que aglutine, a través del diálogo, las
propuestas de todas las partes y garantice el justo equilibrio entre las
comunidades autónomas.

Sin duda, la consecución de una definición equilibrada del marco de
transferencia propuesto va a significar un salto cualitativo importante a
la vez que ambicioso en lo que a política universitaria se refiere.

Es, pues, nuestro propósito estudiar los posibles modelos de organización
necesarios para alcanzar aquellos objetivos. En esta dirección haremos
una profunda reflexión sobre la oportunidad, si así fuera preciso, de
modificar la estructura del Consejo de Universidades.

Paso ahora a exponer brevemente las líneas de la política científica del
Departamento, si bien la explicación más detallada y profunda suele
realizarse ante la Comisión Mixta Congreso-Senado de Investigación
Científica y Desarrollo Tecnológico, que viene evaluando el Plan Nacional
de I+D.

La aplicación de la Ley de Fomento y Coordinación general de la
Investigación Científica y Técnica, conocida comúnmente como la Ley de la
Ciencia, y, en concreto, de su principal instrumento, el Plan nacional de
I+D, ha permitido un avance muy significativo, único en nuestra historia
reciente por su magnitud y profundidad, en los objetivos de fomento,
coordinación y planificación del sistema español de ciencia y tecnología.

Como es obvio, todavía queda camino por recorrer para que la ley y el
plan nacional actúen con toda la potencialidad de la que disponen para la
modernización de nuestro sistema y a ello se aludirá a continuación.

Básicamente, las líneas de actuación futuras se orientarán a consolidar
lo ya realizado, tratando de rentabilizar al máximo los diferentes
esfuerzos y recursos que se están aplicando en nuestro país a estas
actividades, sea cual sea su origen, y a seguir avanzando en el
acercamiento de la ciencia a la sociedad que la sustenta.

Pues bien, de acuerdo con lo indicado y con los tres grandes objetivos de
la ley -fomento, programación y coordinación-, las actuaciones previstas
para los próximos años van a tener dos grandes orientaciones:
proporcionar un nuevo impulso a la investigación pública para elevar su
nivel y su compromiso con las necesidades sociales de nuestro país y
fomentar la investigación orientada a apoyar el desarrollo de las
políticas sectoriales y las necesidades de los sectores productivos, no
sólo mediante el apoyo directo al sector empresarial, sino también y muy
especialmente, facilitando la colaboración entre los centros de
investigación y las empresas en sus actividades de investigación y
desarrollo.

En consecuencia, las nuevas acciones a desarrollar son las siguientes: En
primer lugar, el fomento de la investigación básica y la formación de los
recursos humanos.

Si bien, como se verá a continuación, se va a fomentar la investigación
orientada a las necesidades sociales y de los sectores productivos, es
preciso mantener un apoyo relevante a la investigación básica de calidad,
que es



Página 273



germen de futuros desarrollos. Si hasta el momento el esfuerzo se ha
orientado a formar investigadores, especialmente en aquellas áreas en las
que había carencias, en estos momentos se pone especial énfasis en la
incorporación efectiva de estos investigadores con elevada cualificación
en el sistema de ciencia y tecnología, muy especialmente en el sector
empresarial, reforzando los programas de formación actualmente en vigor y
mediante las ayudas establecidas a este efecto.

Un objetivo fundamental a corto plazo es la adecuada integración de esta
actividad con el programa comunitario de capital humano y movilidad y las
posibilidades que ofrecen los fondos de desarrollo regional y el fondo
social europeo.

El Plan nacional de I+D, en segundo lugar, lleva seis años en
funcionamiento y a lo largo de este período ha evolucionado para
adaptarse a las cambiantes necesidades del sistema español de ciencia y
tecnología.

En la primera fase se establecieron programas nacionales con objetivos
muy amplios, buscando como fin prioritario la movilización de la
comunidad investigadora.

En una segunda fase, que iría desde 1992 a 1995, ya se planteó una
importante reorientación de los programas y se ajustaron los objetivos de
los mismos procurando ir orientando a los grupos investigadores hacia
objetivos cada vez más concretos y de mayor impacto sobre la calidad de
vida y los sectores productivos.

En paralelo, el programa sectorial de promoción general del conocimiento,
que está integrado en el Plan nacional, ha garantizado los fondos para la
investigación básica, no orientada, de excelencia, en centros públicos de
investigación.

En los próximos dos años se pretende finalizar el proceso de focalización
de los programas nacionales de manera que se financie fundamentalmente
investigación precompetitiva en áreas con considerable potencial de
transferencia de los conocimientos o tecnologías generados bien al sector
empresarial, bien a sectores de interés social, como medicina. Asimismo,
se sentarán las bases de la próxima fase del Plan nacional, teniendo en
cuenta no sólo la situación actual del Sistema Ciencia, Tecnología,
Sociedad en España, sino también la estructura del cuarto programa marco
de la Comunidad Europea, actualmente en discusión. En relación con ello y
como acción a corto plazo, se plantea la puesta en marcha de los
proyectos integrados relacionados con las grandes políticas sectoriales
de la Administración, a saber, tecnología de materiales compuestos
avanzados para el transporte y otras. La gestión de estos proyectos y la
coordinación con otros departamentos de la Administración se llevará a
cabo siguiendo las líneas que han demostrado su eficacia en otros
proyectos integrados. En la misma línea se plantea el inicio de la
preparación de otros proyectos que permitan, como objetivo a medio y
largo plazo, ir incrementando el apoyo científico-tecnológico a otras
políticas sectoriales planteadas por el Gobierno: infraestructuras, medio
ambiente, plan forestal, etcétera.

Por otra parte, es evidente que los fondos de investigación en régimen
competitivo, como pueden ser los del Plan nacional o los del Programa
marco de I+D de la Comunidad Europea, no contribuyen por su propio
funcionamiento a reducir los desequilibrios regionales en la materia.

Para conseguir este último objetivo se están utilizando los Fondos
Europeos de Desarrollo Regional ya desde su primer programa operativo
iniciado en 1990. En el nuevo Programa FEDER para el período 1994-1999 se
incluye una propuesta para la dotación de infraestructuras científicas y
tecnológicas, fundamentalmente dirigida a las universidades, que puede
representar un volumen de inversión ciertamente importante.

En otro orden de cosas, toda política ha de evaluar sus resultados -como
vengo insistiendo a lo largo de mi exposición-, es decir, la eficacia
real de sus acciones e inversiones. Por ello, en el marco del Plan
nacional se ha acometido esta tarea. La evaluación de los resultados
científicos y tecnológicos de los proyectos financiados es importante,
además, para facilitar la transferencia de los mismos a los potenciales
usuarios, sean empresas o entidades públicas, actividad que también se ha
venido impulsando en el marco de la política científica.

Tercero, articulación del sistema. La articulación de las actividades del
sistema público de I+D con las necesidades sociales y, en particular, las
del sector empresarial ha de recibir la máxima atención. Para ello se va
a poner en marcha el programa nacional para la transferencia de
resultados científicos y técnicos que se orienta al fomento de las
actividades de I+D en las empresas y de la transferencia mutua de
conocimientos y resultados entre éstas y los centros públicos de
investigación. El programa integrará de forma armónica y coordinada las
actuaciones que actualmente están en marcha e iniciará nuevas acciones de
apoyo a la investigación en la empresa, fundamentalmente de carácter
colectivo. En concreto, se pretende sentar las bases económicas y
metodológicas para fomentar y participar en la creación de institutos
tecnológicos de carácter sectorial con participación de centros públicos,
asociaciones de investigación y empresas. El desarrollo de este nuevo
programa se realizará sobre la base de la red de oficinas de
transferencia de resultados de investigación, a la que me referí
anteriormente, que inicia así una etapa de consolidación.

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas juega un papel
primordial dentro del sistema español de ciencia y tecnología, por cuanto
que sus peculiaridades como organismo público de investigación de
carácter multidisciplinar le atribuyen la realización de investigación
científica y técnica para contribuir al desarrollo económico y social del
país. Dichas peculiaridades proceden no sólo de ser nuestro mayor
organismo de investigación, sino de la naturaleza de sus actividades, que
abarcan desde la investigación básica hasta el desarrollo tecnológico,
así como del carácter múltiple y dinámico de sus relaciones con las
universidades con otros organismos públicos de investigación, con centros
de investigación dependientes de comunidades autónomas y con empresas.

El Consejo es, por lo tanto, un instrumento decisivo de la política
científica y tecnológica nacional, desempeñando,



Página 274



además, en la actualidad, un importante papel en tareas de asesoramiento
en dos vertientes: fomento de la investigación básica en sectores
estratégicos, definiendo futuras prioridades de actuación, y resolución
de problemas técnicos y socioeconómicos. La producción científica del
Consejo supone una de las mayores aportaciones, en términos de
competitividad científica, al sistema español de ciencia y tecnología.

Una parte sustancial de esta producción se ha realizado en colaboración
con distintas universidades españolas, colaboración que resulta no sólo
enriquecedora, sino crucial, para el óptimo desarrollo y aprovechamiento
de los recursos de nuestro sistema público de I+D.

Igualmente el nivel de internacionalización de la investigación del
Consejo está ya a la altura de las otras instituciones similares en los
países más avanzados de nuestro entorno. Ha realizado un importante
esfuerzo para desarrollar su colaboración con el sector productivo, lo
que se ha traducido en un notable incremento de los contratos con la
industria en relación con años pasados.

Mención especial merece la participación del Consejo en programas de la
Comunidad Europea, donde los ingresos por este concepto aumentaron en
casi un 60 por ciento en el período 1991-1992. A la vista de lo anterior
se puede concluir que la situación del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas es buena y que tiene ante sí un futuro
alentador.

Como objetivos de futuro hay que destacar el continuo apoyo a la
investigación de calidad, profundizando en la política de creación de
centros y unidades de excelencia al máximo nivel internacional. En muchos
casos dichas unidades se crearán en cooperación con universidades y otros
organismos públicos y privados de investigación, previo un proceso de
evaluación riguroso. Asimismo se elaborará un plan sectorial del propio
Consejo en ciencia y tecnología para los próximos cinco años. Este
documento analizará las necesidades futuras del organismo, así como su
participación en todas las actividades que permitan cubrir las
necesidades de nuestro país en investigación y desarrollo tecnológico.

Finalmente, tendría que referirme, en materia de política científica, a
lo relativo a la cooperación internacional. La creciente
internacionalización de la investigación y el desarrollo coincide en el
tiempo con la situación de crisis económica, por lo que se potenciará el
seguimiento y la coordinación de los grupos españoles en todos los
programas internacionales a fin de optimizar la relación entre beneficio
y coste. Las dos grandes áreas de trabajo son, evidentemente, Europa,
ámbito en el que los mayores esfuerzos se van a dedicar al programa marco
de I+D de la Comunidad Europea e Iberoamérica, área en la que se está
desarrollando una actividad de gran alcance, en especial por medio del
Programa CYTED.

En el ámbito de la Comunidad Europea durante el último trimestre de 1993
se va a desplegar una intensa actividad encaminada a llegar a la
aprobación de la propuesta del IV progama marco de I+D que está prevista
para final de año. Si bien existe un grado razonable de acuerdo en cuanto
a la estructura del programa marco y el contenido de cada una de sus
cuatro grandes líneas de actividad hay aún discrepancias notables, tanto
entre los estados miembros como con la Comisión y el Parlamento en
diferentes aspectos: el montante global propuesto para el programa marco,
el peso relativo a cada actividad y el peso relativo que deben tener los
grandes objetivos del programa, competitividad industrial, calidad de
vida, cohesión económica y social, etcétera.

Conviene resaltar el enorme impulso que se quiere dar a las actividades
tendentes a favorecer la coordinación de las políticas de I+D de los
estados miembros, así como de las diferentes políticas comunitarias. En
este sentido, la coordinación entre educación e investigación va a ser un
objetivo prioritario en el IV programa marco, objetivo que viene siendo
firmemente apoyado por España.

Asimismo se espera que antes de finales de año la Comisión realice la
presentación de las propuestas de los programas específicos que
desarrollarán el programa marco de manera que puedan entrar en
funcionamiento a comienzos de 1995, asegurándose así la continuidad de la
financiación de las actividades comunitarias de I+D.

Por último, en el ámbito iberoamericano se continuará apoyando al
programa multilateral de ciencia y tecnología para el desarrollo y se
participará activamente en las iniciativas auspiciadas por los
responsables de ciencia y tecnología de los países iberoamericanos para
fomentar la cooperación en este ámbito como vía para una mayor
integración y cohesión de la región iberoamericana.

Señorías, en lo que respecta a la política deportiva, he de manifestar
primeramente mi satisfacción por los logros alcanzados en la anterior
legislatura, que han situado a España en su más alto nivel deportivo.

Pero, aun siendo ello una causa de legítima satisfacción para todos, no
es deseable situarse en la meta de lo alcanzado y vivir de una realidad
hecha ya recuerdo. Los acontecimientos deportivos sucedidos en 1992 y en
lo que va de 1993 han servido para demostrar lo acertado del modelo de
gestión emprendido, sujeto a las adaptaciones lógicas exigidas por cada
circunstancia.

No es mi intención hacer un balance de logros alcanzados, pero sí al
menos permítanme hacer una breve reflexión respecto a dos posibles
objetivos de especial dimensión en la política deportiva emprendida y
cuyos resultados hoy ya podemos valorar con cierta objetividad y sin
falsas presunciones. Me refiero, por un lado, a la transformación de los
clubes deportivos profesionales en sociedades anónimas deportivas y, por
otro, a la situación de España en el grupo de países que lideran el
deporte mundial.

Respecto al primer asunto mencionado, y a tres años vista desde la
promulgación de la Ley del Deporte, el nuevo modelo de asociacionismo
deportivo que la Ley preveía se ha efectuado en su totalidad. Me refiero
a la transformación de los clubes deportivos en sociedades anónimas
deportivas. Durante los años 1991 y 1992 se han transformado y
configurado los órganos de esta nueva estructura cuyo modelo ha quedado
consolidado en lo que va de 1993 al ser ya las nuevas sociedades anónimas
deportivas gestionadas por sus consejos de



Página 275



administración. La nueva filosofía que la Ley del Deporte ha aportado
está siendo entendida, asimilada y puesta en práctica por las entidades
deportivas afectadas, pudiéndose hacer una valoración positiva de esta
realidad, pese a no pocas ideas escépticas vertidas en sus inicios y que
aún hoy persisten aunque progresivamente vayan diluyéndose con la simple
constatación de unos hechos: un mayor grado de armonización de intereses
y el deseado equilibrio presupuestario de las sociedades anónimas
deportivas más ajustado a su realidad económica. Así pues, reitero que la
transformación de los clubes en sociedades anónimas deportivas es un
hecho positivamente valorado.

Respecto al segundo asunto, nuestro país, con el esfuerzo anónimo de
todos, culminó una vieja y ya lejana aspiración dada a conocer en los
años 1924, 1936 y 1972, años en los que la ciudad de Barcelona postuló
por la organización de los juegos olímpicos. Este lejano deseo culminó el
17 de octubre de 1986, fecha en la que Barcelona fue nominada sede de los
Juegos Olímpicos de Verano de 1992. Los Juegos Olímpicos de Barcelona son
una ineludible referencia y obligada reflexión en el nuevo punto de
partida para el futuro del deporte español. España, por su potencial
deportivo, acorde con el de los países vecinos occidentales, está situada
actualmente en el grupo de cabeza de países que protagonizan un liderazgo
deportivo a nivel mundial, salvando las diferencias lógicas que nos
separan de aquellos países que, por tradición y economía, superan
claramente nuestras estructuras deportivas.

Si tomamos como referencia la situación de España en el «ranking» de
países, hemos pasado del puesto vigésimoquinto, en el año 1988, al noveno
puesto, en 1992, y si esto lo analizáramos según el resultado de medallas
olímpicas alcanzadas, nuestra posición sería la del sexto país. Los
hechos que avalan estas realidades que acabo de mencionar justifican lo
acertado del camino emprendido y el mantenimiento de una política
deportiva que ha reflejado el éxito de las decisiones adoptadas.

Hechas estas reflexiones, paso a concretar los objetivos de mi
Departamento en política deportiva, que se enmarcan fundamentalmente en
las tres direcciones siguientes: impulsar la práctica deportiva en el
sistema educativo, impulsar el deporte de competición y mejorar el
deporte de alto nivel y consolidar el modelo deportivo alcanzado.

En relación con el primer objetivo, no puedo dejar de citar ante SS. SS.

el enorme esfuerzo que se ha venido realizando por el Departamento en el
plan de extensión de la educación física en los centros escolares. Soy
consciente, señorías, de que la complejidad de la armonización de las
partes intervinientes y las restricciones presupuestarias no nos van a
permitir finalizar este ambicioso plan en el plazo que hubiéramos
querido. No obstante, haremos el esfuerzo necesario para mantener sus
objetivos, intentando cumplir los compromisos adquiridos con las
instituciones colaboradoras, comunidades autónomas, diputaciones y
ayuntamientos.

Por otra parte, el impulso del deporte escolar va a seguir siendo un
objetivo básico en la política deportiva del Departamento, continuando
con los programas deportivos en marcha: Campeonato de España Cadete para
deportistas de 15 y 16 años, Programa Deporte Infantil en Verano,
Programa de Perfeccionamiento Deportivo para Escolares y participación en
las competiciones internacionales del deporte escolar. También se
mantendrá la competición por equipos de centros escolares en categoría
infantil, es decir, para deportistas de 13 y 14 años; todo ello,
intentando armonizar y coordinar los intereses deportivos de la
Administración General del Estado y de las comunidades autónomas.

En relación con el deporte universitario, se seguirá trabajando en el
seno del Comité Español del Deporte Universitario, creado en 1988, que es
el órgano de participación de los sectores vinculados al deporte en este
ámbito y que presta asistencia y colaboración al Consejo Superior de
Deportes para la puesta en marcha y desarrollo de las competiciones
deportivas universitarias, así como en convenios con las Universidades
dentro del plan de construcción de instalaciones universitarias hasta el
establecimiento en todos los campos de los módulos mínimos establecidos
por el Comité Español del Deporte Universitario.

En relación al segundo de los objtivos citados, este Departamento se
plantea las siguientes acciones. En primer lugar, señorías, la Ley del
Deporte reconoce la naturaleza privada de las federaciones deportivas y
su papel de agentes colaboradores de la Administración pública al ejercer
por delegación funciones públicas de carácter administrativo. Ello
significa el control de las subvenciones que, con dinero público, reciben
las federaciones y las asociaciones y entidades deportivas federadas.

Este hecho ha determinado la introducción de un sistema que permita
objetivar el método de concesión de la subvención basado en criterios de
gestión, resultados deportivos, interés social y extensión de la práctica
deportiva, configurando sus planes y presupuestos de acuerdo con un nuevo
diseño de presupuesto por programas. De las 53 federaciones existentes,
la evolución en la aplicación de presupuestos por programas y objetivos
se inicia progresivamente el año 1990 con cinco federaciones
-actualmente, en el año 1993, son 31-, estando prevista la total
incorporación de las restantes entre los años 1994 y 1995.

Uno de los pilares básicos del nivel actual del deporte español ha sido,
sin duda, la política de centros de alto rendimiento. Tradicionalmente
nuestros deportistas tenían que realizar su preparación técnico-deportiva
fuera del país debido a la inexistencia de instalaciones adecuadas para
preparar la alta competición. Hoy en día esta carencia está sobradamente
subsanada. Hemos trabajado y seguimos haciéndolo para situar a nuestro
país entre los punteros en la dotación de centros para la alta
competición. La creación y funcionamiento del Centro de Alto Rendimiento
de Sant Cugat, en Barcelona, en colaboración con la Generalitat de
Cataluña, constituye un modelo en este tipo de instalaciones. La puesta
en marcha y próxima ampliación del Centro de Alto Rendimiento de Sierra
Nevada nos permitirá gozar de una de las mejores



Página 276



instalaciones para el entrenamiento en altura. Asimismo debo subrayar el
enorme esfuerzo que se está llevando a cabo en Madrid para completar el
Centro de Alto Rendimiento que, como saben SS. SS., está ubicado en la
Ciudad Universitaria, donde tiene su sede el Consejo Superior de
Deportes, la Residencia Blume, el Centro Nacional de Medicina del
Deporte, el INEF y el complejo deportivo en el que deportistas y equipos
nacionales y extranjeros realizan su preparación.

Por otra parte, puedo anunciar con gran satisfacción la próxima
inauguración del Centro Nacional de Remo y Piragüismo de La Cartuja, en
Sevilla, y los centros de vela de Murcia y Santander, que vienen a unirse
a las magníficas instalaciones del Puerto Olímpico de Barcelona. Por
supuesto, en el marco de las ayudas al deporte de alto nivel no puedo
dejar de subrayar la continuación del Programa ADO, un plan de
preparación deportiva que pusimos en marcha para los juegos de Barcelona
y cuyos excelentes resultados todos ustedes conocen. Para los juegos
olímpicos de Atlanta ya está en funcionamiento el Programa ADO-96 con los
mismos criterios generales que llevaron el éxito a Barcelona. La valiosa
aportación de las empresas, tanto el sector público como el privado,
junto a la cooperación del Comité Olímpico Español, Consejo Superior de
Deportes y Televisión Española han convertido este programa de
preparación de nuestros deportistas en uno de los principales motores de
nuestro espectacular crecimiento en el concierto deportivo internacional,
teniendo que valorar de forma especial las facilidades publicitarias que
Televisión Española ha dado a los patrocinadores de ADO-96.

Finalmente, una referencia al Centro Nacional de Investigación y Ciencias
del Deporte. La reciente inauguración de sus nuevas instalaciones, Centro
Nacional de Medicina del Deporte, Centro de Control del Dopaje, Servicio
de Información y Documentación deportiva, Biblioteca Nacional del
Deporte, ha supuesto una notable mejora de la calidad del servicio que se
presta y un paso muy importante en el apoyo a la investigación científica
y al deporte de alta competición a base de sus departamentos de
investigación aplicada, hecho que constituye un verdadero hito en el
deporte español al poder dar respuesta a la demanda de investigación y
alta tecnología que requiere el deporte actual. Por todo ello, es
fundamental -y así me lo propongo- garantizar su continuidad y prestar el
apoyo adecuado para su mantenimiento.

Hacía referencia a un último objetivo citado en materia de política
deportiva: la consolidación del modelo deportivo alcanzado o, lo que es
lo mismo, la culminación del desarrollo de la Ley del Deporte. En este
sentido, debo señalar que, de los quince reales decretos previstos para
el desarrollo normativo de la Ley, doce son los actualmente promulgados,
que van desde la regulación de las sociedades anónimas deportivas,
pasando por diferentes cuestiones, hasta el último Real Decreto aprobado
por el Consejo de Ministros del pasado viernes, día 24, de incorporación
a la Universidad de las enseñanzas de educación física.

Como pueden valorar sus señorías, se ha recorrido un largo camino en los
tres años transcurridos desde la promulgación de la Ley del Deporte, con
un desarrollo de un porcentaje muy elevado de sus aspectos básicos a
través de los citados reglamentos, pero el proceso aún no ha culminado,
ya que está prevista la aprobación de otros tres decretos sobre clubes
deportivos, clasificación y medidas de apoyo a los deportistas de alto
nivel y seguridad en la práctica deportiva, respectivamente, que se
encuentran en distintas fases de elaboración en la actualidad y con los
que el ciclo iniciado en 1990 quedará prácticamente completo. A esto
habría que añadir, además, la normativa que desarrolla diversas medidas
establecidas en la Ley sobre la lucha contra la violencia en el deporte,
normativa que es una responsabilidad directa del Ministerio del Interior
y sobre la que se está trabajando en estrecha colaboración con la
Comisión nacional de lucha contra la violencia en los espectáculos
deportivos.

Estas son, señorías, las líneas generales y previsiones del Departamento
en política deportiva, basadas en la consolidación, sobre unas bases
firmes del avance que el deporte español ha experimentado en los últimos
años y en la confianza en el modelo de gestión que lo ha hecho posible.

Voy a concluir haciendo, señor Presidente, un resumen de los objetivos
que en cada uno de los campos me propongo alcanzar a lo largo de esta
legislatura, extraídos sistemáticamente de la exposición que acaba de
hacerse.

En cuanto a enseñanzas básicas, medias y formación profesional, los
siguientes objetivos serán materia prioritaria del trabajo del Ministerio
de Educación y Ciencia para la siguiente legislatura: Primero, aplicar la
Logse y, en cumplimiento de ella, ampliar la oferta educativa desde la
educación infantil realizando una oferta de escolarización para los niños
de tres años que la demanden. Segundo, mejorar la calidad de la enseñanza
a través de medidas concretas que incidan en la satisfacción y
cualificación del profesorado, la autonomía y funcionamiento de los
centros, la evaluación del sistema educativo y de una educación para el
desarrollo integral de la personalidad. Tercero, debatir y negociar el
reforzamiento de la función directiva en el marco de la participación
democrática de toda la comunidad educativa. Cuarto, introducir incentivos
profesionales e impulsar la formación permanente de los profesores.

Quinto, hacer que los centros tengan apertura horaria durante más tiempo,
por las tardes, para facilitar actividades culturales y deportivas.

Sexto, reforzar la función inspectora, promover estudios de evaluación
del sistema educativo y difundir sus resultados. Séptimo, completar el
mapa de títulos de formación profesional, fijando las enseñanzas mínimas
y los currículos de los correspondientes ciclos formativos. Octavo,
potenciar la formación profesional en el marco del Plan nacional en
coordinación con el Ministerio de Trabajo y con los agentes sociales,
impulsando la orientación profesional y las prácticas tutorizadas en las
empresas. Y, noveno, preparar las transferencias de competencias
educativas a las comunidades autónomas y realizar una planificación de la
red de centros de acuerdo con ellas.

En lo referente a la enseñanza universitaria, los



Página 277



objetivos de mi Departamento para la siguiente legislatura se concretan
en lo siguiente: Primero, elaborar un proyecto de actualización de la Ley
de Reforma Universitaria, que desearía tramitar cuanto antes previo
debate con los distintos grupos políticos. Segundo, completar la reforma
de las titulaciones universitarias, estimulando la aprobación de los
nuevos planes de estudio de acuerdo con las necesidades sociales en el
marco de una programación universitaria coherente, tanto desde el punto
de vista social como desde el punto de vista geográfico. Tercero,
impulsar el programa de evaluación institucional de las universidades,
que está siendo desarrollado por el Consejo de Universidades. Cuarto,
favorecer los estudios de tercer ciclo, tanto de doctorado como de
postgrado, impulsando la creación de institutos universitarios en
disciplinas de carácter multidisciplinar y de interés prioritario.

Quinto, estimular el carácter práctico y de capacitación profesional de
la enseñanza universitaria promocionando las estancias de estudiantes en
empresas y otros ámbitos de su futura actividad laboral. Sexto, puesta en
marcha de una serie de medidas para perfeccionar el sistema de acceso a
la universidad, mejorar y ampliar el distrito compartido, lo que
permitirá optimizar las plazas universitarias. Séptimo, culminar el
proceso de transferencias de las universidades a las comunidades
autónomas que accedieron a la autonomía por la vía del artículo 143 de la
Constitución, en la forma y plazo que acuerde el Gobierno en su
negociación global con dichas comunidades.

En cuanto a la política científica, los objetivos que me propongo llevar
a cabo son los siguientes: Primero, fomentar la investigación básica y la
formación de recursos humanos con especial incidencia en la incorporación
a nuestro sistema, tanto en el ámbito público como en el privado, del
personal formado en el extranjero. Segundo, puesta en marcha dentro del
Plan nacional de los nuevos proyectos integrados de I+D directamente
relacionados con las políticas sectoriales prioritarias. Tercero, puesta
en marcha del programa nacional para la transferencia de resultados
científicos y técnicos para impulsar la colaboración entre empresas y
centros públicos de investigación. En esta misma línea se va a promover
la creación de centros tecnológicos entre empresas y asociaciones de
investigación, la formación continua de técnicos de empresas y la
realización de tesis doctorales en las mismas. Cuarto, se potenciarán las
actividades del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
fomentando una red de laboratorios y centros mixtos de investigación con
las universidades y con diferentes administraciones públicas y el sector
privado. Y, quinto, respecto de la participación de nuestro sistema de
I+D en el programa marco de la Comunidad Europea, su fomento, para así
promover su integración en el comunitario y optimizar el uso de los
fondos de desarrollo regional aplicados a la investigación y al
desarrollo.

Respecto a la política deportiva, los objetivos prioritarios del
Departamento van a ser los siguientes: Primero, culminación del
desarrollo de la Ley del Deporte. Segundo, aplicación del presupuesto por
programas y objetivos a todas las federaciones. Tercero, implantación en
todas las comunidades autónomas de los juegos escolares y continuación de
los campeonatos de España cadete. Cuarto, potenciación del Comité Español
de Deporte Universitario. Quinto, potenciación del plan de la extensión
de la educación física en los centros escolares. Y, sexto, consolidación
del Plan ADO-1996.

Señor Presidente, señorías, nada más.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro. Corresponde ahora el turno
a los diferentes grupos para fijar posiciones, formular preguntas o hacer
las observaciones que crean oportunas. Como SS. SS. saben, este turno
está previsto en el Reglamento que sea de diez minutos para cada uno de
los grupos, pero esta Presidencia entiende que, dada la densidad de los
cuatro bloques temáticos del señor Ministro, habrá de ser generosa en los
tiempos.

En primer lugar, tiene la palabra, por el Grupo Federal de Izquierda
Unida, el señor González.




El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Señor Ministro, permítame, en primer lugar,
que salude su presencia en esta Comisión. Nosotros hubiéramos querido
darle más tiempo, pero entendemos que la situación actual, que se vive a
todos los niveles de la enseñanza, no nos permite esa licencia.

Su larga intervención, señor Ministro, que usted ha calificado de
declaración de propósitos o de declaración de compromisos, no va a servir
para nada si España sigue siendo el penúltimo país, dentro de los de la
Comunidad Europea, en destinar recursos a la educación.

Estamos, señor Ministro, en ese sentido en la zona de descenso, y ya sabe
usted que cuando los equipos de fútbol están en la zona de descenso no se
suele pedir la dimisión del presidente, sino la del entrenador. Yo creo
que sus propósitos, sus compromisos se concretarán en los próximos días
si, vía presupuesto, se destina los recursos necesarios para conseguir
esos objetivos. Algunos de esos objetivos, en la música, suenan bien,
pero ya le digo que mi Grupo duda de su cumplimiento si no se concretan
por vía presupuestaria.

En primer lugar, me va a permitir el señor Ministro que me refiera a la
remodelación ministerial y a lo que ello supone en la política general
del MEC. Evidentemente, con el cambio del señor Ministro se han producido
otros, como el del Secretario de Estado de Deportes, el Subsecretario, la
Directora General de Enseñanza Superior, el Presidente del Consejo
Escolar del Estado, el Director General de Coordinación y Alta
Inspección, etcétera. ¿Significa esto, señor Ministro, que va a variar la
política que se ha seguido hasta ahora en el MEC o que se van a
solucionar los graves problemas pendientes del área de la Subsecretaría,
en concreto de la Dirección General de Personal?
Señor Ministro, no está escalafonado ni ordenado el nuevo Cuerpo de
Profesorado de Secundaria, compuesto por los antiguos catedráticos,
agregados, profesores de FP, maestros de taller, etcétera. Sigue el
problema de las afines, de la precariedad de los interinos y de su
número,



Página 278



los problemas de la adscripción y habilitación de maestros, la falta de
una regulación definitiva del concurso de traslados y otros. ¿Va a variar
la política del MEC? Mucho me temo que no. Porque, señor Ministro, usted
debe tener algunos amigos, entrecomillado, en el Departamento,
procedentes de la etapa anterior que le pueden dejar con alguna de sus
vergüenzas al descubierto. Y le voy a poner tres ejemplos.

Usted dice que pretendía reforzar la figura del Director. Pero, desde su
Departamento, ha permitido una circular de instrucciones de la Dirección
General de Centros Escolares sobre organización y funcionamiento de los
centros públicos de educación primaria, de educación infantil, que no
sólo reforzaba la figura del director sino que le daba todas las
competencias. Al final, cuando los profesores se incorporen a los
centros, el director designará los horarios, las tutorías, y el último
interino se dedicará a dar clase de gimnasia, de música, etcétera.

Otro ejemplo. Alguno, señor Ministro, de sus amigos ha puesto en marcha
un Decreto de tasas universitarias, al que usted no se ha referido, que
va a significar, y significa, de hecho, un disgusto notable. Me temo que
el señor Ministro y su Departamento continúan en el camino, emprendido
por los anteriores, de la privatización de la universidad pública.

Y, señor Ministro, permítame otro ejemplo en relación con los profesores,
que usted dice que son la piedra angular esencial, de la enseñanza, o
algo por el estilo. Ha tenido el señor Ministro a la puerta de su
Ministerio a 65 profesores, con unas demandas razonables y positivamente
informadas desde la Dirección Provincial de Madrid. Y la intransigencia
de algunos de los miembros de su Departamento, concretamente del Director
General de Personal, no ha permitido su solución. Está muy satisfecho
porque ha acabado con esa manifestación. Pero, ¿sabe usted cómo lo ha
solucionado, señor Ministro? Pues dando comisiones de servicio a algunos
de esos profesores, y a otros no, para romper esa huelga o esa
manifestación. Esa no es forma de solucionar los problemas. Por eso, mis
dudas de que vayan a solucionarse los problemas pendientes que tenía el
anterior Ministro.

En cuanto a la Logse, lo que nos preocupa a nosotros vuelve a ser los
presupuestos. Los Presupuestos para 1993 supusieron un incumplimiento de
la Memoria. Este incumplimiento era, además, continuación del de años
anteriores. En 1991 sólo se cumplió, de lo presupuestado, el 97,8 por
ciento; en 1992, el 48,2; en 1993, el 50,7. Yo le pregunto, señor
Ministro, ¿va a seguir incumpliéndose la Memoria de presupuestos de
Educación para 1994? Porque si esto fuera así, el tema podría tener una
gran gravedad, porque sabe usted que el 15 de septiembre de 1994 se
generaliza la Logse en toda una etapa, en la primaria, y, lógicamente,
los profesores y la comunidad educativa, en general, esperarán que se
lleven a cabo cambios para cuya postergación ya no cabe excusa y sin los
que la reforma tendrá una gran dosis de voluntarismo. Se refieren
fundamentalmente a la dotación de especialistas en música -que faltan,
señor Ministro-, en plástica, en idiomas, de profesor de apoyo para
deficiencias de aprendizaje, al incremento de gastos de funcionamiento de
los centros, que estaban recogidos en la Memoria económica e incumplidos
en los presupuestos, a la remodelación de los centros de EGB para
convertirlos en centros de primaria. Con esta obra de remodelación los
centros pasarían a contar con los espacios necesarios para impartir el
nuevo currículum: gimnasio, aulas-taller, música, etcétera.

Señor Ministro, con referencia también a la Logse, ¿van a acometerse las
obras y a dotar de los recursos humanos y materiales a los centros que
anticipan la educación secundaria y la formación profesional de grado
medio y superior? ¿Para cuándo, señor Ministro, las medidas de
compensación de las desigualdades en la educación, incluidas muchas de
ellas, como usted sabe, a propuesta del Grupo Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, en el Título V de la Logse, así como
ayudas a la escolarización de cero a tres años y de tres a seis, becas,
ayudas a centros con alumnado especial, que requieren discriminación
positiva, y atención a la educación de personas adultas? Todos estos
interrogantes quedan ahí después de su intervención, que esperemos
concrete, ya le digo, no sólo hoy sino en los próximos días, vía
presupuestos generales del Estado.

Con relación a la universidad, el Gobierno, como usted sabe, acaba de
tramitar un Decreto-ley por el que se adelanta a este curso la medida del
proyecto de ley de modificación de la LRU que sitúa la edad de jubilación
en los 70 en vez de en los actuales 65 años. En cambio, parece que el
Gobierno no tiene la misma prisa en dotar de los recursos necesarios a
las universidades para que tomen un papel protagonista en la formación
del profesorado de secundaria, pendiente de desarrollar la Logse en este
aspecto, como usted sabe, señor Ministro, ni en solucionar la enmarañada
situación del profesorado de la universidad o en incrementar las becas
-tampoco se ha referido a su política de becas-, en especial las que
permiten la movilidad de los estudiantes. Si tiene prisa, señor Ministro,
por subir las tasas, contraviniendo el pacto acordado con los sindicatos
de estudiantes en febrero de 1987, debe tenerla también en adecuar otras
medidas que reequilibren esa situación.

En este aspecto, también queda pendiente la ley de financiación de la
reforma educativa, de acuerdo con lo planteado por Izquierda Unida en el
proceso de negociación de la L O G S E, que, sin duda, garantizará la
cobertura financiera suficiente que exige el incremento de la calidad de
la enseñanza, acorde con lo legislado y por legislar, en los niveles
básicos, de secundaria y enseñanzas artísticas, cumpliendo el Decreto de
requisitos mínimos de los centros, dotaciones suficientes de plantilla,
como le dije antes, profesores de apoyo, maestros especialistas, equipos
de orientación psicopedagógicos específicos, escolarización plena en
niveles obligatorios y cobertura pública adecuada de la demanda social
existente en educación infantil, bachillerato y formación profesional;
cumplimiento efectivo de la «ratio», medios materiales suficientes
-bibliotecas, bibliotecas de aula, audiovisuales, informática-, etcétera.




Página 279



Siguiendo con la reforma de la Logse, señor Ministro, ¿está usted en
condiciones de afirmar que este último Decreto va a ser el último de
retraso en el cumplimiento de la Logse? ¿Cuándo se van a suprimir las
pruebas de acceso a la universidad, que, desde luego, son lesivas para
algunos alumnos? ¿Cuándo se va a exigir la titulación superior
universitaria para los profesores de todos los niveles educativos, señor
Ministro? ¿Cuándo se van a establecer los distritos escolares con sus
correspondientes consejos escolares municipales o comarcales?
Nos ha hablado de las transferencias plenas en materia de educación.

Nosotros entendemos que esas transferencias deben realizarse
simultáneamente en todos los niveles educativos, lógicamente precedidas
de un período de tiempo de coordinación entre la Administración central y
las administraciones de comunidad autónoma correspondientes y también con
otras medidas encaminadas a la nivelación de las descompensaciones en
infraestructuras entre las distintas comunidades autónomas implicadas.

Nos preocupa también cuándo se van a transferir -debería hacerse también
de forma simultánea- las competencias educativas del INEM, para coordinar
adecuadamente la formación profesional reglada y la formación profesional
ocupacional. Como decíamos antes, ¿cuándo se va a publicitar la red de
centros diseñada que garantice, al menos a medio plazo, la
indivisibilidad de las etapas en un mismo centro -cero a seis años, seis
a doce y doce a dieciséis años?
Nos preocupa también, señor Ministro, el programa de educación permanente
de adultos. ¿El señor Ministro y su equipo van a priorizar la modalidad
presencial sobre la modalidad a distancia? Sabe usted lo necesario que es
para este tipo de alumnos la modalidad presencial, y eso también se
asegura, lógicamente, vía presupuestos. ¿Va a coordinar en este aspecto
la red de centros de adultos? ¿Va a incrementar la oferta pública?
En formación profesional nos preocupa el cumplimiento del Programa
Nacional de Formación Profesional, la anticipación masiva de la reforma
de la FP de grados medios y superior, antecedida de la regulación de las
familias profesionales y la ampliación del número de centros que imparten
programas de garantía social. En educación especial nos preocupa, puesto
que apostamos por una enseñanza pública y de calidad, el incremento de la
oferta pública; la incorporación a la vida laboral activa, incluyendo un
diseño de centros especiales de trabajo en caso de ser necesario y, como
decíamos antes, una política de becas que cubra aspectos del coste
indirecto de la educación -libros, comedor, transporte-; un impulso a la
evaluación interna y externa del sistema educativo y la democratización
de la enseñanza.

En cuanto a su oferta, señor Ministro, de diálogo o acuerdo entre las
fuerzas políticas, con nosotros va a ser fácil encontrarse. Si la música
de su intervención, la apuesta por una calidad en la enseñanza y la
priorización por la enseñanza pública se lleva a efecto vía presupuestos
generales del Estado, nos vamos a encontrar ahí muy fácilmente; si
desarrollamos los aspectos positivos de la Logse y dotamos los
presupuestos de recursos para su cumplimiento, si hacemos una pequeña
reforma de aquellos aspectos negativos -como quiera que nosotros le dimos
un sí crítico en su momento-, también va a ser fácil encontrarnos. Pero
permítannos que esperemos a los presupuestos para ver cómo se concretan
sus buenos propósitos.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Ollero.




El señor OLLERO TASSARA: Señor Ministro, ante todo, darle la bienvenida,
en nombre de mi Grupo, en su primera comparecencia ante esta Comisión. Si
mi cómputo no falla, estamos en el día 77 de su mandato, dentro de esos
cien días iniciales, y permítame por ello que le diga algo que hasta el
momento no se ha dicho aquí, y es que le deseamos mucha suerte en la
tarea en la que ya está empeñado, no sólo como un detalle de afabilidad
hacia un debutante hoy en nuestra Comisión, sino también como un detalle
egoísta, porque a todo ciudadano le interesa que el Ministro de Educación
de turno tenga la máxima suerte posible, ya que son intereses muy
sensibles y derechos fundamentales de los ciudadanos los que tiene en sus
manos. Para nuestro Grupo, la política de educación ha sido siempre
entendida como una política de Estado y eso nos ha llevado continuamente
a ofrecer nuestra colaboración al Ministro de turno. Si alguno no la ha
tenido es simplemente porque no la ha solicitado o incluso la ha
rechazado expresamente. Confiamos en que no sea esa su actitud.

Por otra parte, quiero señalar inicialmente algo que me preocupa y es que
en los últimos años parece que el Ministerio de Educación se ha
convertido en los gobiernos socialistas en un Ministerio de entrada. Aquí
tuvimos un Ministro de Educación, que era el señor Maravall, que venía
con proyectos y que supo transmitir la idea de que la educación era algo
decisivo en un Gobierno en la situación española actual; estuvo seis años
de Ministro, hasta que fue víctima de sus propios errores. Luego tuvimos
al señor Solana, que nunca disimuló que estaba en este Ministerio como
podía estar en cualquier otro y que no disimuló tampoco su entusiasmo al
pasar a Asuntos Exteriores; estuvo cuatro años. Cuando vino el señor
Pérez Rubalcaba, todos entendimos que una persona que había sacado
adelante proyectos fundamentales tenía, por fin, la ocasión de ser el
Ministro que los llevara a su consumación, y entendíamos que no se iría
del Ministerio ni con agua caliente, como dice uno de los ideólogos del
Partido, pero no, se ha ido como alma que lleva el diablo, ha aguantado
un año. Es toda una pista, señor Ministro. Yo no sé si para usted este
Ministerio es un Ministerio de entrada y pronto le veremos en otro -no lo
sé, eso ya es un problema personal que respeto-, pero a mí y a los
ciudadanos a los que represento nos gustaría que no lo fuera, o sea, que
se asentara un poco y, sobre todo, que tomara nota de lo que ha sucedido
con su antecesor, porque si alguien que conocía y dominaba tan
absolutamente las reformas en marcha estaba tan poco



Página 280



encariñado con ellas como para irse con esa prisa, algo pasará.

No se deje engañar por los que le dicen que usted es el albacea de unas
maravillosas reformas que ya sólo necesitan un buen gestor, que por lo
visto tiene usted fama de serlo, y me alegro de ello. No, señor Ministro,
el estado de la educación en España necesita alguien capaz de pensar por
cuenta propia, sobre todo capaz de reconocer muchas cosas que se han
hecho mal, lo cual hoy en su intervención no ha hecho. A mí me gustaría
que, dentro de ese cambio del cambio que están intentando definir, con
gran dificultad ciertamente, incluyeran algo muy simple, y es aceptar que
también el Gobierno se equivoca. Este principio de que el Gobierno no se
equivoca nunca es propio de otros sistemas y es una pena mantenerlo con
esa estabilidad tan berroqueña. El Gobierno se equivoca. Cuando el
Gobierno dice que los asociados pueden dar clase a tiempo completo, el
Gobierno se equivoca. Por tanto, no diga usted que va a recuperar la
figura del asociado, diga que afortunadamente la va a corregir, y así
estará diciendo la verdad.

Usted ha apuntado la necesidad de una calidad creciente en el sistema.

Eso exige algo más que ser un buen gestor; eso exige reconocer errores y
justificarlos. Por eso a mí me alegra que traiga un nuevo equipo. Ya
sabrá -porque supongo que no estará muy alejado de la realidad educativa-
que dentro del ámbito educativo, con cierto humor, se denomina a su
Ministerio como MINISTERIO DE PERTIERRA, MAR Y AIRE, porque se ha traído
a un subsecretario que era el encargado de las viviendas militares, a un
director general que siendo profesor también andaba por allí, en fin,
bastante personal; ha habido un desembarco prácticamente. A mí me parece
muy bien. Es más, yo le animaría a seguir, pero algunos de sus presuntos
colaboradores ahora mismo son sus principales adversarios. Por tanto,
piénseselo despacio. Hay numeritos, como a los que estamos asistiendo
estos días, que yo creo que un Ministro como usted no debe soportar mucho
tiempo, aunque se esté beneficiando de esos cien días y esté detrás del
burladero, pero realmente hay burladeros a los que si se acerca la fiera
está usted perdido, porque no le cubren lo más mínimo, y ya se ha hecho
alguna alusión a un término taurino en este sentido también.

Estamos hablando de los objetivos que van a presidir su gestión. De los
medios hablaremos cuando llegue el debate de presupuestos. Por tanto, no
voy a hacer ninguna alusión a esa cuestión. Es obvia. Sin dinero no se
puede hacer nada, por muy buenos deseos que se tengan, pero
afortunadamente nuestro repertorio es suficientemente amplio como para no
tener que repetir el mismo debate siempre.

Ha hablado usted de la reforma universitaria. Empecemos por ahí. Señor
Ministro, habría que replantear a fondo esa reforma universitaria,
superando la cómica actuación de su Grupo Parlamentario que hace dos
días, para dar el visto bueno a una medida que era reclamada
clamorosamente, con tal de no aceptar razonablemente una propuesta de la
oposición, ha rechazado su propia enmienda del Senado, porque lo que el
Grupo Popular planteó en el Pleno era el texto literal de la enmienda
aprobada por el Grupo Socialista en el Senado. Y para demostrar que no
están dispuestos a razonar de ningún modo, simplemente por el hecho de
que lo planteara el Grupo Popular, montaron un numerito muy divertido. Yo
le aconsejaría -y estoy seguro de que lo hará- que no siga con esa
actitud, sino que intente de verdad buscar soluciones razonables, las
proponga quien las proponga, porque si en algún campo hay que cubrir el
desfase entre el imprudente voluntarismo del señor Maravall y la
situación real es en éste de la universidad. Por eso, por favor, no haga
una reforma de características similares a la que estaba proyectada. Sus
propios gestores no dudaban en reconocer -por supuesto no públicamente-
que les parecía timorata y que les hubiera gustado hacer algo más. En
concreto, señor Ministro, me gustaría que se pronunciara públicamente
sobre si en esa reforma va a abordar o no -y en términos más profundos de
lo que lo hacía el proyecto anterior- el problema de la endogamia del
profesorado, porque hay rumores de que hay presiones por parte de algún
grupo en el sentido de evitar esa parte de la reforma.

Señor Ministro, se puede ser ministro de un Gobierno en mayoría, si se
tiene la suerte de poderlo ser, o de un Gobierno en coalición, o de un
Gobierno en minoría con acuerdos más o menos ocasionales. Lo que no se
puede ser es un ministro biombo. O sea, si llegamos a la situación en la
que aquí quien decide realmente es alguien que no está en el Ministerio,
y el papel del Ministro es simplemente correr un tupido velo, es mejor
que nos diga quién decide y lo llamamos a comparecer a él. Por tanto, me
gustaría saber en concreto, como test de si usted es un Ministro biombo o
no, si va a mantener, incluso acentuar, la reforma en lo que a endogamia
universitaria se refiere.

Por otra parte, nos alegra haberle oído que entiende que el gobierno
universitario es uno de los aspectos de la LRU que habría que revisar,
porque, en efecto, la ley no permite hoy día que se ejercite una
autonomía responsable por parte de las universidades, en buena parte
porque el Ministerio las asfixia, desde el punto de vista presupuestario,
pero también porque los órganos de gobierno de la LRU favorecen un
anonimato colectivo en el que nadie es responsable de nada ante nadie,
tampoco ante la sociedad, y porque los órganos que se han creado de
supuesto enlace con la sociedad no cumplen esa función. Las universidades
que de verdad se han tomado en serio la relación con la sociedad han
creado órganos paralelos al Consejo Social para que funcione, y el
Consejo Social es algo que hay que mantener ahí porque lo dice la ley.

Nos parece que sería más lógico dejar que la universidad busque su enlace
con la sociedad de una manera más espontánea y más autónoma.

Habría que revisar, señor Ministro, las áreas de conocimiento. A estas
alturas ya se han terminado prácticamente los puntos básicos de los
títulos. Nos gustaría también que nos diera una información precisa sobre
un extremo, y es cómo piensa que vaya avanzando el llamado distrito



Página 281



compartido, porque no basta decir que es muy interesante. Todos sabemos
que en estos momentos está en una situación muy reducida de aplicación y
no parece que vaya a avanzar demasiado. ¿Qué previsiones concretas hace
al respecto?
Por otro lado, voy a referirme a la enseñanza de otros niveles, que, por
cierto, ha cometido usted el desliz de calificarla de enseñanza no
universitaria, algo muy típico de los universitarios, pero realmente es
una enseñanza que tiene su propia consistencia y que no es simplemente
algo que hacen los que aspiran algún día al inmenso honor de ser
universitario, aunque ésta sea la mentalidad muchas veces. Respecto a la
reforma educativa, que, en efecto, está varada actualmente por falta de
cobertura presupuestaria -de eso hablaremos en su momento-, yo quisiera
referirme a algunos aspectos sintomáticos de cómo se lleva a la práctica.

Por ejemplo, uno de los aspectos más positivos, sin duda, es el de la
introducción del idioma moderno a partir de los ocho años. Usted ha
afirmado que la mayoría de los profesores son especialistas. Yo no sé a
qué centros se refiere. Desde luego no se referirá a los llamados centros
incompletos, donde hasta ahora no había ni un solo profesor y donde no
parece que hayan llegado especialistas necesarios para poner en marcha
esa reforma. Ha dicho usted, sin dar ningún dato preciso -le pediría que
lo diera-, que en años próximos se conseguirá. Años próximos es lo que se
llama futuro. Si le pone a los años próximos alguna fecha, sería
interesante ver qué plan tiene para conseguir de verdad que sean
especialistas los que den idiomas, porque extender el idioma a los ocho
años para que lo den no especialistas es una manera de engañarse como
otra cualquiera. De hecho, por ejemplo, a los centros concertados no se
les ha admitido ningún aumento de profesorado por razón de esta
impartición de los idiomas, lo cual es todo un síntoma. Se les ha dicho
que se tienen que arreglar con lo que tienen. Así no se pueden hacer las
reformas, señor Ministro; es imposible. Si la reforma ya surgía lastrada
ideológicamente, con algunos caprichos doctrinarios como la comprensión y
este tipo de cosas tan curiosas como éstas que se empeñan en resucitar
dinosaurios a estas alturas, cuando ya la comprensión nadie la sigue, el
peligro sería que esto se convirtiera en un auténtico Parque Jurásico con
los dinosaurios fuera de control, y aquí están pasando ya algunas cosas
que indican que no se controla la situación.

Usted ha dicho que quiere que se haga la reforma con toda clase de
garantías. Ha utilizado este término. Pues no se está haciendo así. Por
ejemplo, un detalle. Cuando se preparaba la reforma, la llamada
experimentación era de tipo voluntario, aparte de que fuera más o menos
clandestinamente incentivada. Por otra parte, lo que se experimentó no
sirvió para nada porque luego se hizo otra cosa. Pero en este momento se
ha pasado de esa experimentación voluntaria al «cobayismo» puro y duro y,
además, MANU MILITARI, señor Ministro. O sea, ahora mismo los que están
estudiando FP-1 han sido, sin ningún tipo de planteamiento previo y sin
ninguna garantía, transferidos a una educación secundaria que, de hecho,
aún no está puesta en marcha oficialmente, en plan de decir: Ahí va eso y
«a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga», sin ninguna garantía.

Nos parece muy significativo y muy preocupante en la marcha de la
reforma.

Pasando a un punto al que se ha referido insistentemente -y nos alegra
mucho-, que es el de la formación profesional, yo le pondría en guardia
respecto a un peligro, señor Ministro, y es: No confíe usted demasiado en
la política del conjuro. La formación profesional no se arregla invocando
a la importancia de la formación profesional. Llevamos años de conjuros y
esto no es un «ábrete Sésamo». Aquí hay que tomar medidas concretas y las
medidas concretas son preocupantes. Por ejemplo, usted ha dicho aquí y
fuera de aquí, en comparecencias ante los medios de comunicación, incluso
con cierto aire triunfal, que ya se ha presentado la familia de los
módulos profesionales de química. Señor Ministro, usted conocerá este
cuadro que estoy mostrándole, que tiene fecha de enero de 1992, por tanto
del año pasado. Según este cuadro, en junio de 1993, todas las familias,
las 23 familias de los títulos deberían ya estar publicadas. Por tanto,
por favor, no adopte un tono triunfal para decirnos que tres meses
después ha publicado una, porque realmente la situación es preocupante.

Incluso, más que decirnos que a lo largo del próximo curso las va a
publicar todas, ¿por qué no nos dice cuántas va a publicar en este
trimestre y cuántas en el siguiente? Así nos hacemos una idea. La
situación es muy preocupante en este sentido.

Usted mismo ha reconocido que son 13.000 los alumnos que este año tienen
acceso a estos módulos. Casi nada. ¿Nos puede dar alguna idea sobre el
calendario de extensión en número de alumnos? Porque si no, hasta llegar
a los que ya hay, fíjese lo que haría falta. Son, como sabe, centenares
de miles. Pero si queremos llegar, como algunos países que, según parece,
son nuestro modelo, a que el 75 por ciento de la población escolar tenga
acceso a la formación profesional, ya me dirá lo que nos queda.

¿Con qué medios se va a contar para que se lleve a cabo en la secundaria
la formación profesional básica, sin la cual la formación profesional
prevista en la reforma no tiene sentido alguno? Díganos, en concreto este
año, qué medios se están poniendo para que en secundaria, en la medida en
que esté empezando anticipadamente, se esté dando esa formación
profesional básica.

Otra pregunta concreta: ¿Quiénes van a dar esos módulos de garantía
social? Ciento siete creo que hay ya. ¿Quiénes van a encargarse de dar
esos módulos de garantía social? Porque eso ha quedado bastante difuso y,
desde luego, si la palabra garantía merece un cierto rigor al utilizarla
y la palabra social merece respeto, habrá que ver en manos de quién se
deja eso.

Una última pregunta respecto a este apartado, señor Ministro. ¿Le parece
lógico que en un momento en el que estamos hablando de la necesidad de
enlazar la formación profesional con la vida empresarial se mantengan las
incompatibilidades al profesorado de formación profesional que hay
actualmente? ¿Le parece lógico que se hable de contratar, por ejemplo, a
ingenieros técnicos para dar clase en formación profesional y a la vez
impedir que los profesores que están dando formación



Página 282



profesional puedan tener una actividad profesional en la empresa? ¿Eso
sería perjudicial? ¿No sería una de las cosas que habría que revisar?
Hay un punto que afecta, en general, a todo el ámbito de sus competencias
y que me permito señalarle. A mí me preocupa que el Ministro de Educación
pierda un poco de vista cuál es su responsabilidad en un Estado de las
autonomías. Usted no es el consejero de un territorio autonómico residual
declarado a extinguir. Por tanto, a la hora de abordar los problemas
usted tiene que sentirse el especial garante de una serie de imperativos
de solidaridad y de igualdad, que están en la Constitución, entre todos
los españoles, pertenezcan a la autonomía que pertenezcan. Eso es cosa
suya. No puede decir que como aquí se ha transferido, allá se las apañe
el consejero.

Ha hablado, por ejemplo, de la red de centros. No tiene explicación
alguna que a estas alturas no se conozca la red de centros. Y qué cosa
más curiosa que cuando se habla de transferir a las comunidades autónomas
parece que es una patata caliente lo de la red de centros y ahora, cuando
es la comunidad autónoma la que tiene que publicar, entonces sí, que la
publique. Señor Ministro, usted tiene que dar explicaciones de por qué
hasta ahora su Gobierno se ha negado a hacer pública la red de centros y
condena a los profesores a situaciones calamitosas: los desterrados, los
suprimidos, los mal adscritos y los que concursan a ciegas, sin saber si
su plaza se va a desdotar un año o dos después. Nos parece que esa
situación no es sostenible.

Pues bien, como algo más que un consejero de un territorio autónomo
residual usted tendría que preocuparse, por ejemplo -y no he dicho nada
de ello-, de cómo va a abordar la formacióm profesional, de la que
estábamos hablando, en autonomías donde el tejido empresarial es
prácticamente nulo; cómo va a conseguir ese sistema dual al que aspira,
¿o va a dejar que el consejero de turno se las apañe? Porque entonces no
está funcionando como un Ministro de la nación española.

¿Qué pasa con los problemas que se están planteando ya con los traslados?
Hay ciudadanos españoles en edad escolar que por traslado familiar a lo
mejor de ciento y pico kilómetros, pero con dificultades graves de
comunicación, se encuentran con que lo que habían empezado a estudiar
experimentalmente no lo pueden seguir estudiando. La solución que les dan
es una beca de residencia para que se quede el niño viviendo donde estaba
y que la familia se vaya. Nos parece que dentro de sus responsabiliades
tendría que coordinar esto un poco. Por ejemplo, ya que ha aludido a la
movilidad europea en el ámbito universitario, tan favorable, la queja de
los alumnos que están participando en el programa ERASMUS es unánime. El
sistema de convalidaciones que hay actualmente es absolutamente caótico.

Por tanto, en el Consejo de Universidades, que usted preside, ocúpense de
coordinarlo mínimamente, porque de lo contrario se penaliza al alumno que
por su mayor inquietud y preparación quiere acceder a esos cauces de
movilidad.

Señor Ministro, continúo. No se permita renunciar a ninguna colaboración,
por supuesto ya he hablado de la de nuestro Grupo, pero sobre todo de la
de los profesores. Los profesores exigen sentirse respetados y no
tratados como marionetas. Por ejemplo, son las principales víctimas de
esa ocultación partidista de la red de centros que no es justificable.

Usted debería publicar ya una red de centros, por lo menos a cinco años,
sin perjuicio de que en el proceso de transferencias, como es lógico, el
que asuma luego su responsabilidad la modifique a través de los cauces de
negociación que estime oportunos. Eso es otro problema.

Por ejemplo, señor Ministro, ¿qué sentido tiene que se mantengan las
llamadas expectativas de destino? Un señor que acaba de sacar por
oposición una plaza resulta que -yo no sé si eso es una exigencia de
calidad- sus primeras prácticas en su plaza las hace explicando algo
distinto de aquello para lo que ha demostrado ser capaz. ¿Qué sentido
tiene eso? Ocurre así, lo sabe perfectamente. ¿Por qué las convocatorias
no tienen nada que ver con la realidad de las vacantes? ¿Es que el
Ministerio no es capaz de organizar eso siquiera? Creo que eso es algo
elemental. No tiene ningún sentido que a un señor que ha sacado una plaza
de geografía se le diga: Y ahora, para que usted se vaya curtiendo, va a
dar francés, o viceversa, más bien. Esto es algo que no se entiende. Como
no se entiende que se siga manteniendo el bloqueo de dos años de los
profesores en un mismo puesto, cuando eso, además, no está solucionando
ninguna exigencia de calidad educativa, porque se puede acabar traladado
a la mitad de un ciclo, con lo cual eso es un puro capricho.

Señor Ministro, ha hablado usted del CAP, del certificado de aptitud
pedagógica. Para acceder a la condición de catedrático no se ha tenido en
cuenta el CAP, lo cual no deja de ser un tanto contradictorio.

No ha hablado para nada, dentro de la faceta de personal, de la oferta de
módulos de tipo tres para el personal que está atendiendo a los alumnos
de cero a tres años, a los que hay que ir poniendo en condiciones de
asumir esta tarea, porque de lo contrario luego vendrán otros bien
preparados y tendremos, una vez más, un problema por falta de previsión,
porque ellos están dispuestos a formarse. ¿Qué han hecho ustedes? ¿Qué
programa ofrecen para ese personal? No he oído nada sobre el particular.

Ha hablado usted de la integración. Me parece muy interesante lo que ha
dicho de ese estudio que se va a realizar por el Instituto de Evaluación
y de Calidad Educativa sobre la integración, no sólo por la integración
sino por el Instituto, ya que va a poner a prueba en qué medida es un
órgano fiable, porque si hay un aspecto en el que hay una unanimidad
respecto al desfase tremendo entre los imperativos doctrinarios que
dominan ese modelo y la realidad sangrante de cada día es ésa. Por tanto,
si ahora viene el Instituto y nos dice que está todo muy bien, yo y desde
luego muchos más que se preocupan por la educación nos olvidaríamos,
sintiéndolo mucho, del Instituto, porque en ese caso se demostraría que
no sirve para nada.

Señor Ministro, no malgaste los escasos recursos que hay en nuestro país
para las necesidades educativas en



Página 283



estériles querellas entre centros estatales y centros de iniciativa
social. Usted ha declarado que éste es un tema pacífico, quizá porque no
lo conoce del todo. Vamos a ver. ¿Es pacífico el sistema actual de paso
de educación infantil a primaria que obliga a los alumnos, a la temprana
edad de cinco años, a cambiar de centro? ¿Tiene alguna explicación? Eso
va a ocurrir también en los centros estatales en la medida en que haya
más centros previos a los cinco años. Ese es el problema. ¿O es que va a
hacer un tratamiento distinto en los centros estatales? Ha llegado el
momento de que haya un sistema que no tenga luego esos sobresaltos. ¿Es
que la enseñanza no es gratuita desde el principio? Pues que lo sea, una
razón más. Ha hablado usted y nos parece esperanzador, de ampliar la
oferta educativa en infantil. ¿Cuántos convenios piensa firmar? Si los
ofrece se los van a quitar de las manos. Firme convenios de verdad para
que sea gratuita la educación infantil. Por otro lado, el sistema actual
de acceso es tan absurdo que hay profesores que no consiguen que sus
hijos puedan estudiar en el centro en el que ellos trabajan. No se
admite, por ejemplo, la idea del domicilio de trabajo a la hora de
distribuir a los alumnos y hay profesores que tienen que ver cómo sus
hijos van a centros distintos de los que ellos mismos están dedicando lo
mejor de sus energías para que suba la calidad de la enseñanza. Muy
curioso.

¿Qué ocurre con la exención del Impuesto de Bienes Inmuebles? Como muy
bien sabe, su predecesor, el señor Solana, se comprometió por escrito a
solucionar, antes de diciembre de 1992, ese problema. Había una exención
del 95 por ciento en la contribución territorial urbana y, sin embargo,
ahora desaparece y se está aplicando ya. ¿Qué piensa hacer usted y en qué
plazo para solucionar esta situación? Este no es un tema pacífico en
absoluto. Como tampoco es pacífico que no se hayan cumplido las
exigencias de la LODE sobre homologación retributiva del profesorado de
los centros concertados, centros sostenidos con fondos públicos, como
otros cualesquiera, y cumpliendo una función claramente social.

Actualmente en los diversos niveles no se ha alcanzado el 95 por ciento
de homologación en ninguno de ellos. El más cercano anda por el 87,18,
que sería un profesor adjunto de FP-2, y el más alejado, el de FP-1,
estaría todavía en 85. Eso hay que solucionarlo. No es un tema
pacificado.

Por último, señor Ministro, su Ministerio se llama de Educación y
Ciencia. Ya sé que ha tenido algún contacto, que ha ido al Consejo
Superior, que ha comentado que aquello era muy grande y que había mucha
gente, no sé si con cierta sorpresa por su parte de lo que veía por allí.

Aquí ha afirmado que el Consejo Superior tiene un papel primordial en la
investigación científica, en lo cual estamos de acuerdo plenamente.

Precisamente por eso, y mucho más cuando usted ha anunciado -lo que me
parece positivo- la existencia de centros mixtos del Consejo y de las
Universidades, yo quisiera que explicara mínimamente el porqué de
determinadas asimetrías. Si cada vez va a haber más relación entre
Consejo y Universidad, si incluso en el proyecto de actualización de la
LRU figuraba que los miembros del Consejo estuvieran en los tribunales de
las comisiones de Universidad, ¿por qué se jubilan a los 65 años los
miembros del Consejo? ¿Por qué las comisiones para plazas del Consejo son
a puro dedo? ¿Qué se pensaría en la Universidad, señor Ministro, si usted
promulgara una ley por la cual, en adelante, las comisiones se hacen a
dedo? ¿Qué pasaría? Le aplaudirían y dirían que es estupendo. Es lo que
hace el señor Mato y viene aquí a presumir de que es lo razonable. ¿Por
qué? Es un asunto que nos deja asombrados.

¿Por qué usted, que ha defendido aquí la democracia en la elección de los
directores (que por cierto se cargaron ustedes el Cuerpo de directores
para ahora venir a pedir estabilidad, que es lo que daba el Cuerpo, y
formación, que es lo que daba el Cuerpo -realmente es curioso-), usted,
que lleva la democracia hasta el punto de cargarse el Cuerpo de
directores, en el Consejo no? En el Consejo, el ordeno y mando. Yo creo
que usted, que viene de Defensa y sabe que aquello está muy bien allí,
ahora acabará con el ordeno y mando en el Consejo y, si hace falta,
destituirá al coronel cuanto antes y pondrá a otro que enfoque de otra
manera estas cosas. ¿Por qué en el Consejo no sólo no hay la figura del
emérito, sino que el señor Presidente del Consejo se va a reservar ahora,
según quiere, un sistema por el cual podrá contratar, a puro dedo, a los
jubilados que le parezca, a los que él quiera? ¡Sensacional! Ese es un
asunto sin precedentes. Mientras tanto, cada vez vamos a estar más en
contacto Universidad y Consejo, pero con esas diferencias de tratamiento
tan fuera de toda explicación.

Por último, señor Ministro, en este apartado de la ciencia (no quiero
alargarme más porque estoy abusando de la benevolencia del señor
Presidente y de todos mis colegas de Comisión, pero creo que el interés
de su propuesta lo merecía), no caiga en la visión miope de entender que
se ahorra los retornos de investigación que consiguen nuestros
investigadores con su esfuerzo, o esos fondos estructurales que hacen que
a ustedes se les estén abriendo las pupilas al tener dinero, lo que no
nos daba el Ministerio de Hacienda. (Risas.) De acuerdo. ¡Por fin dinero!
Estupendo, todos estamos encantados, pero, por favor, señor Ministro, ese
dinero tiene que ser para superar el desfase existente en investigación
con los países que nos rodean. No puede ser para economizar las
aportaciones del Gobierno a la investigación. Por tanto, no caiga en la
miopía de decir que si esto me viene vía fondos estructurales, esto que
me ahorro. Aquí no nos podemos ahorrar nada. Lo que tenemos que ahorrar
es desfase y eso exige más inversión.

En resumen, señor Ministro, la educación en España necesita hoy día algo
más que un buen gestor. Yo dudo que con el equipo actual, sin algunos
cambios, pueda hacer simplemente una pura gestión y, desde luego, si
quiere, como debe, asumir en primera persona, saliendo del burladero, la
situación de la educación y no sentirse el albacea de unas reformas,
muchas de ellas puramente nominales, necesitará mucha colaboración. Con
la de nuestro Grupo cuenta ya desde ahora.

En cuanto al deporte, en el momento procesal oportuno



Página 284



el señor Carreño tendría que intervenir mínimamente, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: En este momento tiene la palabra.




El señor CARREÑO RODRIGUEZ-MARIBONA: Hace poco más de un año debutaba el
entonces recién nombrado Ministro de Educación y Ciencia, señor Pérez
Rubalcaba, en tres comparecencias, en esta Comisión, para hablar de
deportes. En ellas se trató de los Presupuestos del Estado y su gestión
en el período 1988-91, de la situación del plan de extensión de la
educación física y el deporte escolar en los centros educativos y de la
aportación final y global del Estado en la financiación de los Juegos
Olímpicos de Barcelona. Prácticamente desde entonces, con el inmediato
comienzo de los Juegos, los óptimos resultados deportivos y de
organización conseguidos y la resaca de dichos Juegos se ha paralizado,
salvo contadísimas excepciones, la gestión deportiva.

A pesar del tiempo dedicado al deporte por el señor Ministro en esta
comparecencia, se precisa una más amplia y específica, toda vez que el
Ministro de Educación tenía, y supongo que sigue teniendo, la
responsabilidad de la Vicepresidencia de la Comisión Delegada del
Gobierno para los Juegos Olímpicos de Barcelona, Comisión que aún tiene
pendiente de presentar su balance. A pesar de la valoración positiva que
ha hecho el señor Ministro de la Ley del Deporte, después de un año de
funcionamiento de las sociedades anónimas deportivas, de su balance,
cuenta de resultados y previsiones, estimo que es muy pronto para
calificar ese resultado de optimista. Primero hay que ver el balance de
las auditorías de algunas sociedades anónimas deportivas, en este momento
fuera de plazo, y, segundo, hay que hacer un balance de situación del
plan de saneamiento del fútbol y la amortización prevista.

Es grave que si los Juegos Olímpicos de Montreal de 1976 se estaban
pagando aún en 1992, deudas causadas por las inversiones de los Juegos
Olímpicos de Barcelona, responsabilidad del Ayuntamiento de Barcelona, se
pagarán desde 1993 hasta el año 2009, y las van a pagar todos los
españoles, según mis datos, advirtiendo que hay ocultismo porque no he
conseguido del Ministerio de Economía y Hacienda ni de ningún otro órgano
de la Administración el dato final de cuánto ha costado a los
Presupuestos Generales del Estado, a través de JOLSA, financiando esa
Sociedad, que tenía que haber sido financiada al cien por cien por el
Ayuntamiento de Barcelona. Yo afirmo en este momento que más de 200.000
millones de pesetas van a salir, están saliendo, desde 1993 hasta el año
2009, de los Presupuestos del Estado como aportación extra, regalo,
donativo al Ayuntamiento de Barcelona. Esta cantidad supera con creces,
por ejemplo, la compra de la colección Thyssen, más la polémica cesión
del 15 por ciento del IRPF a todas las comunidades autónomas. Equivale,
por ejemplo, a los presupuestos que se van a dedicar por el Estado
español al deporte hasta el año 2000.

Voy a analizar su intervención, señor Ministro. Empieza con un equipo en
el que no ha habido esa renovación que citaba antes mi compañero el señor
Ollero. Empieza con un equipo que ha sido ratificado prácticamente con
algunas rectificaciones derivadas de ascensos, pero empieza con ese
equipo. Además, comienza dentro de un marco legal que usted mismo
reconoce que está bastante desarrollado pero que hay que completar e
incluso modificar. La propia Ley del Deporte, aun no llegando a los tres
años de vigencia, necesita modificar -a título de ejemplo le diré- la
coordinación de las actividades deportivas de las universidades, porque
debe modificarse un consejo español de deporte universitario que recuerda
un centralismo en la Administración frente a una patente, clara y
completa autonomía universitaria; un decreto que además nació en 1988 y
que hay que modificar. Y hay que modificar también, por ejemplo, la
imposibilidad de que el capital extranjero, con limitaciones
determinadas, entre como accionista en las sociedades anónimas
deportivas. Modificando este marco legal, que espero que se cumpla, son
más de tres decretos los pendientes. Yo contabilizo doce disposiciones
reglamentarias de la Ley del Deporte las que están aún pendientes de
desarrollar, aun cuando se hayan desarrollado otras doce, pero está en el
cincuenta por ciento.

Pasamos a la política deportiva y programa. Sus predecesores como
ministros o los secretarios de Estado para el Deporte de turno han
anunciado, en sucesivas ocasiones, que el objetivo estrella del período
1988-92 eran el plan de extensión de la educación física y el deporte
escolar en los centros educativos no universitarios; plan que debió
haberse concluido el 31 de diciembre de 1992; plan que debió aprovechar
la euforia de la preparación olímpica, la no escasez de presupuestos
dedicados al deporte, complementados con importantes aportaciones de
empresas públicas y privadas, pero plan que, se quiera o no, se hayan
dado o no fechas para su conclusión, se va a terminar con gran retraso,
no antes de 1996, si se rectifica su pésima gestión y se garantiza una
continuidad en las disponibilidades presupuestarias, cosa que dudo.

El tercer aspecto en que lógicamente debo entrar y que ha aludido muy
brevemente es la financiación del deporte. Le entregan, señor Ministro,
un organismo -Consejo Superior de Deportes- en tiempos difíciles y con la
peor gestión económica durante 1993 y hasta la llegada del señor Ministro
que en los últimos años. La gestión del presupuesto del Consejo Superior
de Deportes a 30 de junio de 1993, que coincide aproximadamente con su
toma de posesión como Ministro, ha sido, en los capítulos de inversiones
-capítulos 6 y 7-, de los 7.000 millones disponibles, a obligaciones
reconocidas, el 20 por ciento, y por pagos realizados, el dos por ciento.

Y esto, repito, a 30 de junio de 1993; exactamente, 133 millones. Yo
supongo que con esa alusión a su gestión en otro ministerio
anteriormente, si es eficaz debe rectificar la línea de conducta para
corregir la paralización a la que antes aludía, y ello a pesar de que
este año no se establecieron convenios con comunidades autónomas y
ayuntamientos, que podrían ser motivo de retraso en la gestión y en las
inversiones.




Página 285



Son tiempos en que debe complementarse la financiación pública del
deporte con la máxima privada. De ahí -no lo ha citado y creo que es
conveniente resaltarlo- la importancia, la urgente necesidad que hay de
tramitar y aprobar las leyes de fundaciones y mecenazgo.

Desgraciadamente, en mala hora vienen unas leyes que van a propiciar, o
debieran propiciar, exenciones fiscales y el destino finalista de
impuestos de fundaciones o de asociaciones; destino finalista que será
muy contrario del previsto, puesto que el propuesto por dichas
fundaciones, como digo, será distinto del de cubrir el déficit público
con un destino concreto y dirigido desde el Gobierno. Debe animarse a las
empresas para que el programa ADO-96 no tenga las raquíticas perspectivas
del año actual.

Finalmente, diré que son tiempos aptos para completar el desarrollo de la
Ley del Deporte, modificando algunos aspectos de la misma que he citado a
título de ejemplo, y me alegro de que coincidamos en eso; por ejemplo,
para acelerar -y lo sugiero- la aprobación de subvenciones a las
federaciones deportivas, ya que no bastan sólo presupuestos por programas
en dichas federaciones deportivas. Por cierto, en la Administración
central no se han establecido rigurosamente los presupuestos por
programas, y ustedes, señor Ministro, quieren extenderlo a todas las
federaciones deportivas. Es una exigencia que no se tiene con
asociaciones culturales, que también reciben subvenciones, y mucho más
importantes, o con asociaciones benéficas.

Por último, comentaba que hay que exigir en estos tiempos una gestión
eficaz de los cada vez más escasos presupuestos del Estado dedicados al
deporte. Decía usted, señor Ministro, que había tres objetivos
fundamentales: uno, completar la Ley del Deporte, y yo coincido
plenamente con ello, ya que en el año 1991 se dijo que se iba a completar
en el año 1992, pero bien está que se complete a lo largo de lo que resta
del año 1993 y 1994; dos, que estos presupuestos por programas tienen que
ser para todas las federaciones, y tres, la implantación del deporte
escolar en todas las comunidades autónomas. Sospecho que esto último
creará un conflicto no ya con las comunidades autónomas que tienen
competencias claras en educación y en deporte, sino con todas las
comunidades autónomas que tienen competencias en deporte.

Señor Ministro, de nuestro Grupo va a recibir sugerencias que redunden en
beneficio del deporte y de su gestión. Deseo que las estudie con interés
y que algunas prosperen.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Carreño.

El Grupo Popular ha ocupado más de 35 minutos en su intervención. En
adelante, rogaría a los diferentes grupos que tengan intención de hacer
uso de la previsión reglamentaria de dividir su tiempo entre varios
intervinientes que lo adviertan al principio para hacer un justo reparto.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Nieto.




El señor NIETO GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, en primer lugar quisiera, en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista, en cuyo nombre voy a intervenir, agradecerle su
comparecencia ante esta Comisión al inicio de su mandato como Ministro de
Educación. Decía el portavoz del Grupo Popular que hace 77 días que se
produjo el nombramiento; estamos, por tanto, dentro de ese tiempo de
gracia que se suele conceder, que son los cien primeros días de gestión.

Quisiera también felicitarle por su nombramiento como Ministro de
Educación y desearle éxito, aunque estoy convencido de que va a ser así.

Vaya por delante nuestro apoyo, el apoyo del Grupo Parlamentario
Socialista, para que, al frente del Ministerio de Educación, pueda llevar
adelante este, desde nuestro punto de vista, buen programa de gobierno en
materia educativa que acaba de exponernos ante la Comisión de Educación.

Es evidente que es el programa que ha elaborado el Ministro de Educación,
por tanto, es su programa, es el programa del Gobierno, pero también lo
es del Grupo Parlamentario Socialista, y yo me atrevería a decir más,
también es el programa de aquellos ciudadanos que en las pasadas
elecciones generales -pasadas pero muy recientes- apoyaron nuestro
programa electoral; programa electoral -yo he escuchado atentamente la
exposición del Ministro- que se encuentra plenamente integrado en la
propuesta que acaba de hacernos. Pero es más, yo considero que nos acaba
de presentar un programa en el que consideramos que se pueden sentir
representados, aunque sólo sea parcialmente, la mayoría de los grupos
políticos presentes en esta Comisión, a través de las muchas propuestas
que en el mismo se contemplan. Por tanto, creemos que es un programa que
va más allá de lo que pueda ser el puramente electoral socialista, ya que
contempla, insisto, muchas propuestas que, desde mi punto de vista,
recogen propuestas programáticas de otros grupos políticos presentes en
esta Cámara.

En otro orden de cosas, la propuesta que hoy nos hace el Ministro de
Educación ante esta Comisión recoge dos cosas que consideramos
fundamentales: por un lado, la continuidad de las políticas que han
venido realizando los ministros anteriores al frente del Ministerio de
Educación y, por otro lado, la innovación, una serie de propuestas nuevas
que, necesariamente, tienen que complementar e implementar al mismo
tiempo las políticas que los ministros de educación anteriores venían
desarollando; continuidad e innovación que, desde nuestro punto de vista,
deben hacer llevar a buen puerto la reforma educativa en marcha, además
de la extensión de la educación, la mejora de la calidad de nuestro
sistema escolar, las transferencias de las competencias educativas que en
estos momentos detenta el Ministerio de Educación a las comunidades
autónomas, que deben ser, entre otros, objetivos que se conseguirán a
través del programa que acabamos de escuchar.

Permítanme SS. SS. que, debido a la hora que es y a las intervenciones
habidas anteriormente, no me refiera a todas y cada una de las medidas
que han sido enunciadas



Página 286



por el Ministro; estoy seguro de que SS. SS. me lo agradecerán. Pero sí
quisiera referirme a algunas de ellas, con las que, evidentemente, el
Grupo Socialista está de acuerdo, y quisiera resaltarlas, incidir en
ellas. El acuerdo es un acuerdo global, con el conjunto de propuestas,
pero me gustaría incidir en cinco o seis, desde luego no más de siete.

En lo referente a la enseñanza anterior a la universidad, no
universitaria, como decía el portavoz del Grupo Popular, nosotros
consideramos de vital importancia y muy ajustada la propuesta que ha
hecho el Ministro de Educación en lo relativo a la implantación, a la
puesta en marcha de la reforma educativa que se diseña a través de la
Logse. Es una Ley, por otro lado, que se hizo sin ningún tipo de capricho
doctrinario. Fue una Ley plenamente apoyada por las fuerzas políticas que
estaban presentes en aquella Cámara; es más, fue apoyada por todos los
grupos políticos con una sola excepción. Por tanto, creo que es una Ley
que no tiene caprichos doctrinarios. Los caprichos doctrinarios unas
veces están por parte de los que aprueban algo y otras veces por parte de
los que no lo aprueban. No creo, repito, que existieran caprichos
doctrinarios cuando se aprobó la Logse por parte de unos ni de otros,
pero, evidentemente, no los hubo por parte de los grupos que la apoyaron.

El Ministro hablaba de la progresiva implantación de la Logse. Desde el
Grupo Parlamentario Socialista consideramos que es algo clave,
fundamental. No obstante, es una Ley de tal importancia que pensamos que
debe implantarse sin pausa, pero sin prisas innecesarias y, en todo caso,
contando con la participación, en todo el proceso de aplicación, como
decía el Ministro en su intervención, de las comunidades autónomas, que
son las que tienen que heredar no solamente la red de centros, sino la
gestión global del sistema educativo, tanto en el ámbito universitario
como en éste del que estamos hablando ahora, el ámbito no universitario.

Además, se debe contar con la participación de la comunidad escolar
directamente afectada, de forma muy especial con los profesores que
tienen que completar una reforma que ya está caminando desde hace algunos
cursos y, evidentemente, también con la participación de esta Comisión de
Educación del Congreso, que está obligada por la propia Logse, entre
otras cosas, a hacer un seguimiento anual de la puesta en práctica de la
misma.

Nos parece también muy acertada la propuesta que se hace por parte del
Ministro en lo relativo a la política del profesorado, sobre todo cuando
se plantea que esta política debe estar basada en dos pilares básicos o
claves, cuales son, por un lado, la mejora de la formación inicial y
permanente en lo relativo al aspecto didáctico de la formación del
profesorado y, por otro lado, la puesta en marcha de una serie de
incentivos que vengan a mejorar las condiciones profesionales de los
diversos colectivos del profesorado.

También nos parece que -e incidía en ello el Ministro- debe prestarse una
especial atención a la gestión de los centros escolares, en la que hay
que combinar necesariamente dos cosas que el Ministro explicaba con mucho
detalle y que yo voy a citar simplemente, pero que desde el Grupo
Parlamentario Socialista considerábamos que son claves, que son
fundamentales. En la gestión de los centros hay que combinar, en un
equilibrio complicado y difícil, la eficacia y la participación. Son, por
tanto, dos cuestiones, dos características que deben adornar la gestión
de los centros escolares y, desde luego, no se puede desvirtuar el uno a
costa del otro. Es un equilibrio complicado de eficacia y participación,
pero habrá que echar imaginación para que lleguemos a una buena
combinación de estas dos premisas. Desde luego, cuestión clave en la
gestión de los centros escolares es la figura del director que, desde
nuestro punto de vista, deberá ser reforzada mediante incentivos,
mediante una formación adecuada que, entre otras cosas, lleve a la
conciencia de los directores de centros escolares que deben ser
representantes de dos cosas: no solamente de la comunidad escolar, sino
también de la administración educativa. En ese sentido, nos parece clave,
importante y de gran interés ese documento al que hacía referencia el
Ministro para someterlo a debate, sobre la calidad y organización de los
centros escolares.

Ni que decir tiene que la propuesta que se ha realizado respecto a la
formación profesional nos parece clave y prioritario en la puesta en
marcha de la reforma y, desde luego, la sensibilidad del Grupo
Parlamentario Socialista es coincidente con la del Ministro de Educación
en que esa formación profesional debe ser una pieza clave para consolidar
la reforma de nuestro sistema escolar; una formación profesional
orientada al empleo y en la que, necesariamente, una pieza clave de la
misma sean las prácticas en las empresas, con las dificultades que esto
representa y va a representar para muchos centros por su ubicación, en
unos casos, y por las dificultades o las pegas que van a poner algunas
empresas, en otros casos concretos, pero que habrá que ir limando y
solucionando. En cualquier caso, la formación profesional orientada al
empleo y con prácticas en las empresas nos parece que debe ser el
objetivo a perseguir durante esta legislatura.

En el otro aspecto de la formación profesional, la ocupacional, nos
parece que el plan nacional es la pieza clave para consolidar una
formación profesional de calidad en nuestro país.

En cuanto a la enseñanza universitaria, no tenemos más que decir que
estamos de acuerdo con la propuesta que hacía el Ministro en la urgencia
en la tramitación del proyecto de ley de actualización de la LRU, que
vendría a ser una segunda parte de algo que hemos hecho ya con carácter
también de urgencia, y es la aprobación de una enmienda del Grupo
Socialista a una proposición no de ley presentada en esta Cámara para que
durante el presente curso escolar se posibilite la ampliación de la
jubilación a los profesores afectados que no se jubilasen a los 65 años,
como así hubiera sido de no aprobarse ese Decreto-ley que ha publicado ya
el Boletín Oficial del Estado. En esto hubo un gran acuerdo, hubo
unanimidad en la votación de la enmienda presentada por el Grupo
Socialista a la proposición no de ley de la Minoría Catalana, que
-insisto- se ha trasladado después al Decreto-ley.




Página 287



Por eso creo que debería llevarse este acuerdo, este consenso entre los
grupos, al contenido de ese futuro proyecto de ley que actualice la Ley
de Reforma Universitaria.

Respecto a las transferencias a las comunidades autónomas, consideramos
que es de enorme trascendencia que se realicen en las mejores
condiciones, puesto que las diez comunidades autónomas que aún no tienen
competencia en materia educativa, cuando reciban las transferencias de
educación van a duplicar, en algunos casos, y en otros incluso más, la
gestión que vienen realizando en estos momentos. Por tanto, creo que debe
realizarse de una forma serena, tranquila, con los acuerdos necesarios, y
nos parece una buena propuesta la creación de esa comisión o esas
comisiones mixtas mediante convenio a las que hacía referencia el
Ministro en su intervención, para que sea posible una transferencia,
repito, tranquila, que no incida de forma negativa en el normal
funcionamiento de los centros escolares ni del sistema escolar en su
conjunto. En este sentido, nos parece que esa red de centros que todavía
está en estos momentos por terminar, pues se ha estado diseñando a lo
largo de estos años en un proceso de continuo, como decía el anterior
Ministro de Educación, a partir de este momento, cuando se avecinan las
transferencias educativas a las comunidades autónomas, dicha red de
centros no debe elaborarla exclusivamente el Ministerio de Educación
-como decía el Ministro-, sino que se debe hacer de forma acordada con
las comunidades autónmas.

En lo referente al deporte, nos parece que consolidar el plan de
extensión de la educación física en los centros escolares debe ser un
objetivo clave de la actuación del Ministro en el área deportiva, así
como la de estimular el deporte de competición para consolidar lo
alcanzado en la Olimpiada de Barcelona. Creemos que el programa ADO-96
debe dar esos frutos de la misma forma que el anterior programa ADO-92
dio los frutos, insisto, para la Olimpiada de Barcelona.

Señorías, para ir terminando, el Grupo Parlamentario Socialista al que
represento en estos momentos tiene claro que para llevar adelante este
programa que nos ha presentado el Ministro de Educación existen
condicionantes. Los condicionantes no siempre tienen por qué ser
negativos, pero existen. Un condicionante, evidentemente, es el
económico. No debemos obviar la situación de crisis económica, pues es
conocida por todos y, desde luego, es algo que debemos tener presente
todos los grupos políticos, y no solamente el Gobierno que le toca
gestionar la educación.

Otro condicionante es el político. El apoyo del Grupo Socialista es pleno
y total al programa que acaba de presentarnos el Ministro de Educación
para la próxima legislatura, lo que pasa es que es cierto que el apoyo
del Grupo Socialista no será suficiente para sacar adelante en ciertos
casos algunos de los proyectos contemplados en el programa que acabamos
de escuchar. En consecuencia, serán necesarios otros apoyos.

En esta Comisión ha habido una práctica común en las anteriores
legislaturas, al menos desde 1982, y es sacar adelante proyectos, que se
han tramitado exclusivamente en ella o que eran asunto que se debatían
también en Pleno, con el apoyo de otros grupos parlamentarios, aunque el
Grupo Socialista podía aprobarlos con mayoría suficiente. Esa ha sido la
práctica, ésa ha sido la tradición. Creo que un buen ejemplo fue la
aprobación de la Logse. La Logse fue la última gran ley que se aprobó en
esta Comisión, fue apoyada por todos los grupos parlamentarios excepto
por uno, que al final se quedó descolgado de dicho apoyo, evidentemente
con todas sus razones.

El grupo de Diputados socialistas en esta Comisión considera que para la
presente legislatura debe funcionar ese espíritu de acuerdo que se ha
venido dando en esta Comisión no sólo porque en otras ocasiones fuera
aconsejable, sino porque yo soy consciente de que en esta legislatura va
a ser necesario en muchos casos.

Por tanto, nosotros -y con esto termino, señor Presidente- siempre vamos
a intentar buscar el acuerdo. Esa va a ser nuestra línea de trabajo en
esta Comisión, y estoy convencido de que ésa va a ser la línea de trabajo
del conjunto de los grupos políticos que la conforman. Por ello nos
gustaría que esta Comisión no se convirtiera en un parque jurásico, sino
que fuese una Comisión que funcionase normalmente, como ha venido
funcionando hasta ahora, y ello por una razón: porque en un parque
jurásico hay, entre otras cosas, algunos carnívoros peligrosos, como los
tiranosaurios, que les gusta estar haciendo sangre todo el día, y,
evidentemente, sería difícil llegar a acuerdos con algún tiranosaurio
suelto en el parque jurásico. En ese sentido, creemos que debe ser una
Comisión normal, que funcione como ha funcionado siempre y, desde luego,
nosotros favoreceríamos todo tipo de acuerdos.

Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Nieto.

Llegados a este punto, y antes de conceder la palabra al señor Ministro
para la contestación, vamos a suspender la sesión durante dos minutos y
medio.




Se reanuda la sesión.




El señor PRESIDENTE: Reanudamos la sesión.

Tiene la palabra el señor Ministro para contestar a las preguntas y a las
observaciones hechas por los distintos Grupos.




El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra): Quiero dar
las gracias a los señores Diputados que han intervenido para plantearme
sus cuestiones en relación con esta comparecencia sobre las líneas
generales de la actividad del Departamento para la legislatura.

Intentaré ir contestando, señor Presidente, por el orden por el que se me
ha preguntado, aunque, con el permiso de la Presidencia y de SS. SS.,
algunas de las cuestiones de índole más concreta las iré respondiendo



Página 288



por escrito y a través de la Presidencia a medida que vaya teniendo la
respuesta correspondiente.

Comienzo, pues, intentando contestar a las cuestiones que me ha planteado
el Diputado señor González, de las que he tomado nota aun a sabiendas de
que alguna se me ha escapado.

Su señoría me plantea una cuestión de carácter sumamente general, y es si
va a variar el nuevo Ministro la política del Ministerio de Educación y
Ciencia. Señoría, todo es matizable, pero si se me pide una contestación
en términos tan generales, le diré que no variará la política del
Ministerio de Educación y Ciencia, porque es la política de otro Gobierno
con el mismo Presidente.

Es evidente que cada titular no puede eludir la responsabilidad de
establecer su propia impronta personal en la dirección de las políticas
que tiene asumidas, en el empleo de su propio talante en la resolución de
los problemas que se le vayan planteando. Pero dicho esto, señoría,
mentiría si dijera que no creo firmemente en las sustanciales reformas
que se han llevado a cabo en el ámbito de la educación en este país, y
que han tocado prácticamente todos los ámbitos a los que hoy he tenido
que referirme en mi comparecencia, desde la educación en todos sus
niveles, hasta la ciencia, hasta el deporte, con la determinación de
normas jurídicas de gran envergadura en cada uno de estos campos. Otra
cosa es que con el transcurso del tiempo haya habido cuestiones
determinadas por el funcionamiento de estas grandes leyes o por la propia
transformación de las condiciones sociales a las que estas leyes tienen
que regular, que exijan alguna variación. Tampoco, señoría, en este caso
-así lo quiero decir-, temblará mi pulso si he de establecer una reforma
determinada a una disposición legal de la que regulan estas cuestiones,
como, por otra parte, he demostrado proponiendo al Gobierno, para que
presentara como proyecto, el decreto-ley que una gran mayoría, por no
decir la unanimidad, de SS. SS. me pedía y que entraña una reforma de la
Ley de Reforma Universitaria.

A lo largo de mi intervención he prometido algunas cuestiones que
directamente inciden en la revisión de algunos de los planteamientos que
se han hecho hasta ahora. Valga el ejemplo de la reforma prometida de la
Ley de Reforma Universitaria o el planteamiento de algunas cuestiones que
pueden acabar desembocando en la revisión, no de carácter general pero si
parcial, de algunas de las leyes que constituyen la base de nuestro
sistema educativo, como es la Lode.

He propuesto al Consejo de Ministros algunos cambios -que ha aceptado- en
el ámbito del Departamento. Fundamentalmente, son cambios producidos por
determinados movimientos internos, aunque en algún otro caso se deben a
circunstancias más complicadas.

Tengo un equipo, señoría, en el que confío, tanto en el ámbito de la
Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, cuanto en el
ámbito de la Secretaría de Estado de Educación, cuanto en el ámbito de la
Secretaría de Estado del Deporte, cuanto en el ámbito de la
Subsecretaría. Y no lo digo porque algunos de ellos estén presentes aquí
en este momento y luego puedan pedirme cuentas. Quiero decirlo
precisamente para poner de manifiesto que no es bueno que se citen
determinados problemas -y S. S. ha hecho referencia a dos de los que
hablaré a continuación- como producto de una mala gestión de mis
colaboradores, que me permitiría eludir una responsabilidad, que bajo
ningún concepto quiero eludir porque no respondería a la realidad de las
cosas. Asumo la responsabilidad que tenga que asumir como responsable del
Ministerio de Educación y Ciencia en materia de tasas. Asumo, pues,
también, la responsabilidad que tenga que asumir, en la misma condición,
en el tema de los que S. S. ha llamado, según una expresión que, desde
luego, no me gusta nada, profesores desterrados.

En cuanto a lo primero -no quiero dejar pasar la ocasión de explicarlo,
sin perjuicio de que todavía mañana tendremos ocasión de someter la
cuestión a debate en el Pleno del Congreso de los Diputados-, quiero
decirles que esta semana quedará solucionado el asunto. Estamos hablando
en este momento con las organizaciones estudiantiles. Esta tarde tendré
ocasión probablemente, no de someter a la consideración pero sí de
comentar la cuestión en el pleno del Consejo de Universidades que en
estos momentos ya se está celebrando en alguna de sus comisiones
específicas.

Mi idea, que ya he expuesto por otra parte en alguna intervención en el
Pleno del Congreso, es que es preciso actualizar la participación de los
estudiantes en el sostenimiento de la Universidad, pero, desde luego,
corregiré determinadas desviaciones que se han producido en función,
fundamentalmente, de la entrada en vigor de determinados planes de
estudio de una manera masiva. Es decir, la puesta en práctica de la
reforma de una manera unitaria, precisamente este año. Corregiré, como
digo, estas desviaciones y he pedido precisamente a la Secretaría de
Estado de Universidades e Investigación que me realice propuestas basadas
en estudios rigurosos para poder afrontar el asunto y solucionarlo esta
misma semana, probablemente con una disposición en el BOLETIN OFICIAL DEL
ESTADO.

Se ha referido S. S. a que estoy satisfecho por la solución que se ha
dado al caso de los profesores desterrados. No estoy especialmente
satisfecho por esa solución. Sí estoy contento porque me parece que se ha
encontrado una solución -así lo creo firmemente- que resuelve el caso de
estos profesores, sin necesidad de romper el planteamiento de, por
segundo año consecutivo, conceder a estos sesenta y cinco profesores
comisiones de servicio fuera del lugar donde han recibido su destino
definitivo. Sin embargo, el planteamiento del problema
-desde el principio, por cierto- del Ministerio de Educación y Ciencia ha
sido ofrecer, con un grado de flexibilidad bastante importante, un número
de plazas para el traslado, que, sin duda, van a solucionar el problema,
bien que el curso próximo no, el siguiente, de estos profesores que se
ven obligados este curso a hacerse cargo de la plaza que han obtenido en
propiedad. De la misma manera que se solucionó el caso de otros ciento
noventa y cinco profesores que estaban en el mismo supuesto, en el curso
pasado,



Página 289



a través de este sistema. Por consiguiente, sí estoy satisfecho por haber
llegado, con los sindicatos, a ofrecer a estos sesenta y cinco profesores
una solución que creo suficiente, en función de la aplicación de
criterios de flexibilidad por parte de los órganos responsables del
personal en el Departamento.

Plantea S. S. otra cuestión de carácter general, el problema de los
presupuestos. La reforma, que todos consideramos que es ambiciosa y sin
duda muy planificada, probablemente la reforma educativa más planificada
dentro de las reformas que han hecho los países de nuestro entorno y aun
países lejanos, no va a servir de nada si no hay recursos, y esto nos lo
van a decir los presupuestos dentro de poco tiempo. Es verdad que estamos
en un momento de crisis importante, de fuerte crisis económica y es
verdad que esta crisis se manifiesta, entre otras cosas, en la necesidad
de restringir el gasto público. Así, se reducen las inversiones, también
se reducen inversiones en educación; se reducen los gastos de
funcionamiento en todos los departamentos y, efectivamente, se reducen
también en educación, que no puede sino aplicar, en este caso -estoy
seguro de que S. S. coincidirá conmigo-, elementos de solidaridad con el
intento de solución de los problemas a través de la restricción del gasto
público.

Aun así, el Ministerio de Educación y Ciencia tendrá, señoría, unos
presupuestos que, en mi opinión, van a permitir llevar adelante la
reforma que tenemos entre manos, al tiempo que van a permitir priorizar
determinadas cuestiones de carácter sustancial, que se reflejan en la
intervención que he hecho a lo largo de esta mañana como cuestiones
prioritarias de incidencia política en el trabajo del Departamento. Me
refiero a la formación profesional y a las cuestiones relacionadas con la
investigación y desarrollo, que es necesario seguir participando
financieramente, porque, en otro caso, acabaremos perdiendo los
beneficios del esfuerzo que hasta ahora se ha hecho en estas materias. No
es el momento de cuantificar la cuestión, ni yo podría hacerlo en este
momento, pero sí quisiera dejar dicho a S. S. que, por un lado, creo
disponer de unos presupuestos que me permiten llevar adelante la reforma,
con algunas restricciones, y, por otro, creo disponer de unos
presupuestos que me van a permitir priorizar determinados aspectos, que
tienen este carácter, de las políticas del Departamento.

En relación con la Logse, S. S. plantea la cuestión del incumplimiento de
la memoria financiera -si bien lo he entendido- que la acompaña desde el
principio, porque, efectivamente, se trataba de una reforma, la vertida
en esta Ley, muy planificada. Es verdad que ha sido necesario ir
produciendo determinados recortes, fundamentalmente en la vía de la
inversión a lo largo de los últimos ejercicios presupuestarios, que en
parte han afectado a una programación muy rígidamente establecida en
relación con la Logse. También es verdad que se ha sido cuidadoso. No se
aplicó a este campo, por ejemplo, la reducción presupuestaria que ha
tenido que producirse a lo largo del mes de agosto, en función de la
necesidad de rebajar el déficit público.

A pesar de eso, señoría, sí se puede decir que el calendario se va
cumpliendo, en la medida en que ha tenido diferentes adaptaciones que SS.

SS. conocen perfectamente. Lo que estaba previsto hacer este curso se ha
podido decir que se hace, y lo que estaba previsto -luego tendré ocasión
de aludir al asunto, con respecto a otras cuestiones- es ni más ni menos
que la puesta en marcha, con arreglo a los nuevos criterios Logse, del
segundo ciclo de la enseñanza primaria, que afecta a un millón de
estudiantes españoles.

Lo que también quiero decir a S. S. -y en esto me encuentro en plena
conexión con lo que ha manifestado el representante del Grupo
Parlamentario Socialista- es que me parece sustancial por parte de todos
-y me parecería sustancial que la sociedad española también lo exigiera
así- que no se pueda sacrificar la calidad de la enseñanza, la buena
marcha de la implantación de la reforma, a determinados deseos de
celeridad que puedan afectar a la propia calidad de la reforma. Me parece
que lo sustancial es que nuestros jóvenes reciban la enseñanza que está
ahí prevista y con la que, por otra parte, todos estamos de acuerdo en
términos generales y probablemente también en términos concretos, sin
necesidad de extremar los elementos de anticipación de la reforma, a los
que ahora me voy a referir.

Pregunta S. S. que, en función de los problemas financieros que han
afectado a la Logse, cómo vamos a dotar a los centros que anticipan la
reforma. Hasta ahora, es posible que con algunas deficiencias que no se
pueden elevar a categoría, los centros que están anticipando la reforma
de la enseñanza secundaria obligatoria están recibiendo la dotación
correspondiente para que puedan implantarla. En este momento, sabe S. S.

ya que un tercio de los institutos españoles -y son trescientos sesenta y
tantos- de la educación secundaria han anticipado ya la reforma, pero es
que este año aún se ha dado un paso más. En este año todos los cursos de
la reforma de la enseñanza secundaria están anticipados en más o menos
centros -en 90 en el ámbito de primer ciclo de la secundaria obligatoria,
en 188 en el ámbito del bachillerato-, y todos estos centros tienen,
naturalmente, la correspondiente dotación, porque no se quiere sacrificar
la calidad de las enseñanzas a la necesidad de producir una anticipación
de la reforma que también prevé la legalidad.

En materia de Universidad, dice su señoría -no sé si en términos más
generales, pero sí referido a la Universidad- que, mientras sí tengo
prisa por elevar las tasas, no la tengo por hacer un planteamiento
semejante en materia de política compensatoria, de becas. No es así,
señoría. Solamente se realiza -y esto puede explicar, por lo menos en
parte, la fecha de determinación de los nuevos precios públicos
universitarios para este curso- la fijación de esos precios públicos a
partir del momento en que se tiene plena conciencia de que esa subida va
a poder ser apoyada con un programa de ayudas avanzado, estableciendo
sistemas importantes de becas que suponen la matrícula gratuita y otras
ayudas, de tal modo que se puede decir que entre 250.000 y 300.000 del
1.300.000 estudiantes que comienzan sus estudios universitarios en este
curso van a poder tener acceso a esa matrícula



Página 290



gratuita, como creo que ya tuve ocasión de declarar en el Congreso; de la
misma manera, señoría, que el umbral previsto para la posibilidad de
tener derecho a matrícula gratuita se eleva desde 2.600.000 pesetas hasta
los 3.000.000 para una familia tipo española de cuatro miembros. Esto
quiere decir que ese umbral se eleva en un 13,8 puntos (creo recordar que
ése era el porcentaje, aunque no tengo en este momento mis datos),
porcentaje superior a la elevación de las propias tasas.

Es verdad que en ejercicios presupuestarios anteriores las universidades,
como tantas otras instuticiones y aspectos de las políticas generales del
Estado, han sufrido algún tipo de restricción presupuestaria,
especialmente, repito, por la vía de la inversión, pero también es verdad
que las universidades este año aumentarán en su subvención nominativa,
sin perjuicio de que la restricción en la inversión les afecte, como
afecta, en términos generales, a los departamentos.

Por lo que se refiere, finalmente, al acceso, me he comprometido,
señoría, a abrir un proceso de reflexión en cuanto a la necesidad de ir
avanzando en los procedimientos de objetividad, de justicia, de control,
de igualdad de oportunidades, etcétera, en materia de selectividad dentro
del ámbito del Consejo de Universidades.

Pregunta S. S. que cuándo las transferencias. Esto tiene, señor portavoz,
un diferente tratamiento. Sabe S. S. que el año próximo, 1994, será un
año definitivo o muy importante, cuando menos habrá que sentar las bases
para la transferencia de las enseñanzas universitarias. Esto es algo
conocido. Las enseñanzas universitarias deben estar transferidas según lo
previsto en la ley que aprueba el pacto autonómico. Creo que he dicho en
mi intervención que dedicaré muchos esfuerzos del Departamento, a partir
de que vaya comenzando el curso en todos los niveles, a trabajar en
materia de transferencias universitarias con este horizonte.

El horizonte de las transferencias de las enseñanzas medias y básicas es
más amplio porque, con buen criterio, los grupos políticos han
considerado que el sistema de transferencias tampoco debe de tocar la
calidad de la enseñanza. Por consiguiente, y en términos teóricos, el
sistema de transferencias de las enseñanzas medias y básicas puede seguir
los pasos del calendario de aplicación de la Logse.

Sin embargo, me parece que es una cuestión sustancial como para que se
dediquen muchos esfuerzos a diseñar cuáles son las bases por las que ha
de regirse la Administración central y las diferentes administraciones
educativas autonómicas en este período de transición, que, entre otras
cosas, va a procurar fijar -luego me referiré a ello- la red de centros,
etcétera, con criterios correctos.

A lo largo del último trimestre de este año -tampoco quisiera comprometer
ante SS. SS. el mes de octubre, que ya está prácticamente empezando- yo
ofreceré, como he dicho en mi intervención, a cada una de las comunidades
autónomas un proyecto de convenio para empezar a tratar el modo de
realización, calendario y otras implicaciones de red de centros,
etcétera, del proceso de transferencias en materia de enseñanzas básicas
y medias.

Yo creo, señoría -quizá me falta la memoria histórica-, que no es
exactamente que la red de centros no se publique -con esto contesto
también a lo que me preguntaba el portavoz del Grupo Popular-, que el
Ministerio la guarde dentro de sus arcas secretas para que no sea
conocida, para que no pueda dar lugar a determinados problemas con las
diferentes instituciones o entidades. El Ministerio hace una programación
que es muy conocida, a algunos años vista, pero, en cualquier caso, no
cierra -probablemente ha sido bueno no hacerlo hasta este momento- todo
el despliegue o red de centros de enseñanza en determinados niveles.

Lo que se quiere hacer a partir de este momento es, precisamente en esos
grupos de conexión entre todas las administraciones educativas que se van
a poner en funcionamiento, que sean todas las administraciones
educativas, asumiendo la responsabilidad que tenga que asumir el
Ministerio de Educación como garante de la ordenación general del
sistema, las que más cerca de la realidad propongan cuál ha de ser la
distribución de los diferentes centros de enseñanza en la zona geográfica
donde cada uno ejerce sus competencias.

No sé contestar en concreto, señoría, en este momento acerca de si
priorizaremos más la modalidad presencial en la enseñanza a adultos que a
distancia, que es la siguiente pregunta que tengo anotada. En cualquier
caso, sí le digo que es una de las ocupaciones preferentes del Ministerio
y en la que quizá no he insistido suficientemente a lo largo de mi
intervención para no cansar a SS. SS., pero hay proyectos, hay programas
que afectan tanto a la modalidad de educación presencial como a la de
educación a distancia en materia de adultos.

Tomo nota de sus preocupaciones en materia de formación profesional. Es
una prioridad del Gobierno y de este Ministro para toda la actuación en
esta legislatura. Creo que hay medidas concretas incluidas en este
programa de actuación y que a través del diálogo con los agentes
sociales, que me parece sencillamente imprescindible en este campo, se
irán haciendo esas propuestas y recibirán una mayor concreción. Asimismo,
espero que puedan estar respaldadas con la financiación que SS. SS.

aprueben en la discusión de los presupuestos. Gracias, señoría, por su
oferta de diálogo, que por supuesto tomaré.

El portavoz del Grupo Popular me recuerda periódicamente -ahora de forma
presente y a veces a través de los medios de comunicación- que llevo
tantos días al frente del Departamento. Señoría, salvo para contestar
alguna cuestión concreta (que, si me lo permiten la Presidencia y S. S.,
lo haría por escrito), le libero de la carga que pueda sentir de esperar
los cien días para controlar mis actuaciones como Ministro responsable
del Departamento, entre otras cosas porque a mí me parece que ya llevo
toda una vida. Le agradezco sus deseos de suerte. Creo sinceramente que
en esta cuestión se exige la participación de todos, y cuando digo la
participación de todos no me refiero sólo a la de los diferentes sectores
que están implicados en la comunidad educativa, sino también a los grupos
políticos que representan la soberanía popular,



Página 291



a las instituciones, etcétera. Estoy seguro de que con este talante
trabajaremos a lo largo de la legislatura.

Su señoría también ha hecho referencia -creo que mi postura ya está
fijada- a mi equipo de colaboradores. En un Ministerio tan amplio como es
el Ministerio de Educación y Ciencia en sus diferentes ámbitos, nadie
puede asumir las responsabilidades del Ministro, que asume gustosamente.

Me persigue -lo digo porque también lo ha apuntado S. S. en una
referencia que ha hecho- lo de PERTIERRA, MAR Y AIRE. Yo creo que esto se
aplicaba en el Ministerio de Defensa. Aquí, señoría, ya se dice otra cosa
que por mi parte no será dicha en público para no dar facilidades.

(Risas.) En privado, sí se la puedo decir.

Ya he oído a S. S. en una ocasión hacer referencia a que los responsables
del Gobierno acertamos en nuestras políticas en el momento en que las
corregimos. Quizás estoy traduciendo la idea de aceptar equivocaciones
por el Gobierno. Creo haberlo oído en una pregunta oral en relación con
el Decreto-ley de Reforma de la LRU, pero da igual. Quisiera reafirmar,
porque S. S. se ha referido a ello, lo que antes decía el señor González.

Si es necesario adaptar alguna disposición legal, por más que el tema
esté tratado en su conjunto de una manera con la que yo tengo que ser
plenamente solidario, porque lo soy por convicción, si es necesario tocar
alguna cuestión se tocará, asumiendo los datos de la experiencia y
asumiendo también responsablemente los grados de funcionamiento futuro
del asunto.

No quiero ser, en absoluto, un Ministro biombo -me parece que es lo que
ha dicho el señor portavoz-, pero tampoco quiero ser exactamente un
Ministro gestor. Cuando estaba en anteriores responsabilidades políticas
se me decía justamente lo contrario: que yo no gestionaba, sino que lo
que hacía era mantener las esencias ideológicas en la dirección de
determinadas políticas sectoriales de la actividad pública. Ahora se me
dice que soy gestor. ¡Ojalá pueda gestionar bien los sistemas de
educación!
Lo que sí le quiero decir a su señoría es que traigo ideas, algunas de
las cuales están plasmadas en la propia intervención que he efectuado.

Creo en lo que se ha hecho, no temblaré cuando tenga que adaptar lo que
sea necesario y, desde luego, aplicaré el talante propio en la medida en
que vaya adquiriendo la experiencia en el puesto de Ministro de Educación
y Ciencia que, en mi consideración, no sólo no será trampolín para nada,
sino que estoy plenamente satisfecho de desempeñar esta responsabilidad,
con la única preocupación de llevar a buen término algo que me parece tan
sustancial para el funcionamiento de nuestra sociedad y para nuestra
incorporación al mundo moderno.

Al hablar de alguna cuestión concreta, como las que se van a implicar en
el proyecto de ley de reforma universitaria que ya he comprometido, sí le
digo que plantearé a los grupos políticos la regulación del tema de la
endogamia, que su señoría ha citado y a la que yo también me he referido
en mi intervención. Plantearé el problema a los grupos políticos y
decidiré en lo que son mis responsabilidades, en proponer al Gobierno la
solución para los diferentes problemas. Lo que sucede es que tampoco
puedo decirle a su señoría cuál va a ser la solución que yo le proponga
al Gobierno en relación con el asunto. No se me obligue a cambiar mi
talante; déjeme negociar, señoría, con los grupos políticos; déjeme
hablar con los grupos, y déjeme decidir responsablemente en función de
las posiciones de equilibrio que yo creo que definen precisamente el
cambio del cambio en el momento social en el que nos encontramos.

Lo mismo podría decir en relación con los órganos de gobierno -lo he
señalado en mi intervención-, trasladando la cuestión al Consejo de
Universidades en el debate que quiero abrir sobre el caso del distrito
compartido.

Al hablar de las enseñanzas básicas y medias, su señoría se ha referido a
diferentes cuestiones entre las cuales me voy a permitir entresacar
alguna, porque en lo que se refiere a cuestiones concretas que plantea,
es evidente que yo en este caso no puedo contestar. Su señoría pide
fechas para que existan profesores especialistas en todos los centros que
lo requieran, etcétera. Es evidente, señoría, que no puedo contestar en
este momento, salvo por la vía -que no es una suerte de toreo- de pedirle
que confíe en que se dedicarán enormes esfuerzos, los que se vienen
dedicando hasta ahora, a la formación del profesorado y que esos
esfuerzos se van a ver reflejados, en la medida de lo posible y en el
contexto al que me he referido, en lo que se refiere a prioridad, en los
números que consten en los anexos de la Ley de Presupuestos Generales del
Estado.

Puede ser verdad que existan algunos problemas de ajuste no sólo en la
enseñanza concertada, sino es posible que también haya algunos problemas
de ajuste, que, por otra parte, según dice la memoria histórica del
Ministerio de Educación y Ciencia, suelen producirse a comienzos de curso
a la hora de poner en práctica determinadas enseñanzas nuevas, etcétera.

¿Cómo no va a haber problemas a la hora de que dos millones de niños
comiencen a estudiar una lengua extranjera, como prevé obligadamente la
Logse en este curso, cuando se adelanta la enseñanza de la lengua
extranjera en tres años respecto al régimen anterior y se hace de una
manera global? Evidentemente, habrá problemas de ajuste que procuraremos
solucionar y que, desde luego, me preocupan mucho. Desde un punto de
vista general sí creo estar en condiciones de sostener que el sistema va
a ir funcionando.

Precisamente, porque soy consciente de que SS. SS. me piden medidas
concretas en materia de formación profesional, precisamente por eso, he
querido incluir un elenco de cuestiones concretas -en la medida en que
procede incluir cuestiones concretas en esta intervención- relativas a
formación profesional en mi intervención anterior.

Es verdad que vamos retrasados respecto de algún planteamiento de
calendario que se manejó en su momento por parte de las autoridades del
Ministerio de Educación, respecto de algún calendario de puesta en marcha
de las titulaciones de esta materia. También es verdad que ya hemos
empezado aprobando los once decretos de la familia de químicas. Bueno, S.

S. me pide compromisos por trimestres. Vamos a ver, señoría, si



Página 292



este trimestre puedo publicar en el «Boletín Oficial del Estado» los
títulos de formación profesional de grado medio y de grado superior
correspondientes a la familia de hostelería y turismo (Rumores); vamos a
ver si este trimestre lo puedo cumplir. En las próximas comparecencias
iremos estableciendo compromisos trimestrales por los que responderé a
SS. SS.

Creo haberme referido antes a la cuestión de la red de centros y de su
publicidad. No eludo tampoco, señor portavoz, la responsabilidad que me
corresponde en relación con la ordenación general del sistema educativo.

No me considero responsable del territorio MEC -por poner un ejemplo, 17
de las universidades españolas-, sino que me considero responsable en la
medida en que las leyes atribuyen al Gobierno esa responsabilidad
respecto de todo el territorio nacional. Lo que sí digo a S. S. es que
procuraré en éste como en otros ámbitos -éste serían las transferencias,
la determinación de la red de centros, etcétera- ser extremadamente
respetuoso con las competencias de otras administraciones educativas, en
este caso, de las comunidades autónomas.

Creo que el tema de los conciertos -quizá también pueda decirse que me
falta memoria histórica-, por los contactos que voy teniendo con las
organizaciones que agrupan a los diferentes sectores que están implicados
en este asunto, es un tema, efectivamente, bastante pacífico hoy. Otra
cuestión es que sea necesario avanzar en salvar determinados problemas
que pueda haber, que nunca son problemas que no puedan salvarse, me
parece a mí, por el diálogo y que mucho menos son problemas respecto de
los cuales la solución está impedida por un planteamiento de postura
sesgada por parte del Ministerio de Educación y Ciencia, que, en este
caso, creo que se comporta de manera muy correcta.

Su señoría ha preguntado concretamente por el Impuesto de Bienes
Inmuebles. Creo, señoría, que en muy pocos días podré decirle cuál será
la solución específica de la cuestión sobre la base del interés que
tenemos -porque en este momento no la conozco todavía en términos
técnicos-, tanto los titulares de los centros cuanto el propio Ministerio
de Educación y Ciencia, en encontrar un sistema ágil de gestión de lo que
prevé hoy la ley de Presupuestos Generales del Estado para 1993, que
generaría un sistema de gestión complicadísimo.

Hemos tenido conversaciones prolongadas diferentes instancias del
departamento con el Ministerio de Economía y Hacienda y creo que hoy
estoy en condiciones de decir a S. S. que se solucionará, sin perjuicio
de que le pida el aplazamiento de unos pocos días para indicarle cuál
será el procedimiento técnico que consideremos más adecuado para la
cuestión que S. S. podrá controlar en su momento.

Muy rápidamente, señoría, tengo que decir que no sé si he hecho una broma
al acercarme al complejo del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas y decir: aquello es muy grande; de todas maneras lo es. En
cualquier caso sí le digo a S. S. que para mí no es, en absoluto, nueva
la realidadd y la organización del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, como no lo es -otra cosa es que sea un experto en esa
organización- la del Plan Nacional de I+D, pongo por caso. Desde otras
responsabilidades, no ya sólo como ciudadano en que es evidente algún
interés por el Consejo de Investigaciones Científicas, como profesional
he de haber desarrollado, no ya como ciudadano -repito-, sino en el
ejercicio de anteriores responsabilidades he tenido que trabajar en
cuestiones ligadas con la investigación y el desarrollo y, por
consiguiente, no me resulta de nuevas, una estructura, por lo demás,
compleja.

Me parece que hay que conectar la estructura del Consejo con la
Universidad, pero me parece también, sin perjuicio de que no creo que sea
el momento de dar respuesta (no lo fue el Decreto-ley que presentamos
desde luego, a determinadas cuestiones de tratamiento del personal que en
su momento ya se verán, sin duda); pero sí que me parece que se exige una
mayor conexión, que es por otra parte lo que piensan los órganos
responsables del departamento y el propio Consejo de Investigaciones
Científicas, una mayor conexión muy acusada entre el órgano fundamental
de investigación español y la Universidad que no puede desarrollar sus
funciones si no es a través de que sus profesionales investiguen.

Hay que disponer de recursos internos. Creo que alguna muestra podrá
darse en la consideración prioritaria que la ciencia tenga en nuestro
presupuesto. Hay que aplicar recursos internos, pero no hay que
despreciar, antes bien, el esfuerzo que se realiza por parte de las arcas
del Tesoro español en relación con la atracción de recursos externos de
la Comunidad. Muchos de estos fondos son fondos que solamente vienen a
España en función de la cofinanciación y, por consiguiente, el Estado
español debe de participar en este tipo de cuestiones. De sobra sé,
señoría, que me quedan algunas cuestiones concretas en el tintero a las
que, como decía, procuraré contestarle.

El señor portavoz para deportes del Grupo Popular me ha planteado una
serie de cuestiones. Me sorprende que diga -si yo le he entendido bien-
que desde los Juegos Olímpicos acá se ha venido paralizando la gestión
del Consejo Superior de Deportes. Probablemente cada uno tenga sus datos.

Por mis primeros acercamientos al tema, puesto que sí me considero
responsable, por supuesto, del deporte español en tanto que Ministro de
Educación y Ciencia, no es precisamente en la gestión donde yo radicaría
los problemas que ahí están planteados. Por utilizar un ejemplo al que S.

S. se refería antes puede ser que mis datos sean equivocados pero en
datos que no están previstos para la comparecencia, sino para otras
cuestiones que afectan a la ejecución del presupuesto del Consejo
Superior de Deportes, y que están cerrados a fecha 31 de agosto del
presente año, el grado de compromiso de gasto del Consejo Superior de
Deportes asciende al 92,3 por ciento de su presupuesto, por consiguiente
el gasto comprometido efectivamente es elevado y puede pensarse que a
final de año vamos a estar en el cumplimiento del 100 por ciento en esta
materia.

Por lo que se refiere al volumen realizado -éste es un dato que
seguramente interesará a su señoría-, tengo que decir que es del 59,3 por
ciento, que, desde luego, no se



Página 293



compagina con otros datos a los que S. S. ha hecho referencia.

Estos son mis datos en relación con la ejecución del presupuesto del
Consejo Superior de Deportes, que se pueden contrastar con las
estructuras del Consejo. Están, por supuesto, a su disposición.

Creo no haber dedicado poco tiempo a mi exposición. Soy consciente de que
la he acortado en los diferentes ámbitos, pero el Ministerio de Educación
y Ciencia es un Ministerio muy complejo, las políticas que dirige son
políticas extraordinariamente amplias, que exigen muchos registros, y
creo haber puesto de manifiesto, justamente al hablar de los objetivos
que pretendo conseguir en materia de política deportiva, que mi
preocupación en relación con la cuestión existe.

Me dice S. S. que faltan otros desarrollos de la Ley del Deporte. Lo voy
a comprobar, señoría. Yo creo que la Ley del Deporte está desarrollada en
el 74 por ciento exactamente, me parece también que hablar de desarrollos
legales en términos de porcentajes es muy duro, por lo menos para un
jurista. Puede ser que S. S. esté hablando de desarrollos que no exijan
la potestad reglamentaria por parte del Gobierno; en cualquier caso, esto
se comprobará. Lo que yo creo es que, desde el año 1988 para acá, hay un
grado bastante elevado de desarrollo de la Ley del Deporte y algunos
aspectos de su funcionamiento he tenido ocasión de comprobarlos.

No ha quedado más remedio, en función del contexto global en el que nos
hemos movido en España, que producir algún retraso en el Plan de
instalaciones deportivas escolares. Yo quisiera en este momento hacer un
llamamiento a todas las entidades que intervienen en el desarrollo de
este plan que, desde luego, para mí es importantísimo, pero las
comunidades autónomas y las corporaciones locales, evidentemente, como lo
están haciendo, deben participar conviniendo con el Consejo Superior de
Deportes para llevar adelante el desarrollo de las infraestructuras que
prevé este plan. Hay datos en relación con el cumplimiento del mismo que
puedo pasar a S. S. si no los tuviera, pero de los que quiero hacer
gracia a ustedes en este momento.

Creo que las perspectivas del ADO-96 no son perspectivas raquíticas y que
el programa se podrá llevar adelante con los recursos que se aplican. Me
parece que se ha aprendido mucho -y yo no soy el responsable- del plan
anterior, que ha salido muy bien y por eso lo destaco. Pienso que con la
experiencia que se ha adquirido en el funcionamiento del plan anterior,
en el funcionamiento de todo el programa, se podrá conseguir una buena
aplicación de los recursos existentes para obtener los resultados que nos
corresponden como la potencia que seamos en el concierto general de las
naciones en la próxima olimpiada.

No soy, señoría, pesimista en relación con posibles malos resultados del
ADO-96, cuyo presupuesto, como sabe S. S., asciende a varios miles de
millones de pesetas.

Agradeceré, por supuesto, todas las sugerencias que me vaya haciendo a lo
largo de toda la Legislatura, como las de todos los grupos
parlamentarios, en la consideración de que me servirán de ayuda para
llevar adelante mi gestión.

Muchas gracias al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Nuestra
conexión, la conexión desde el ámbito del Ejecutivo con el programa de
actuación presentado no puede ser otra y, por tanto, con el partido que
sustenta al Gobierno. Comparto con S. S. la tesis de que la reforma es
integradora, así se aplicará en la medida que exija aplicación, por parte
del Ejecutivo, que, por supuesto, lo exige. Quiero decir a S. S. que en
el talante del acuerdo general coincidimos plenamente, que procuraré que
siga siendo así, como también espero de todas SS. SS., naturalmente.

Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro. (El señor Ollero Tassara
pide la palabra.)
¿Señor Ollero?



El señor OLLERO TASSARA: Soy consciente de que hemos intervenido mucho;
yo quisiera intervenir un minuto nada más.




El señor PRESIDENTE: Si es para réplica, no.




El señor OLLERO TASSARA: No; es simplemente a modo de despedida.




El señor PRESIDENTE: ¿Ya va usted a despedir al señor Ministro y lleva
sólo setenta y siete días? (Risas.)



El señor OLLERO TASSARA: Simplemente, señor Ministro, para agradecerle
todos los datos que nos ha suministrado, aunque la verdad no muy
concretos todavía; hay algunos aspectos que evidentemente no han sido
contestados, como puede ser quién da los módulos de garantía social, qué
ocurre con la Formación Profesional en zonas con poco tejido empresarial,
o qué ocurre con la homologación retributiva en los centros concertados.

Espero que en otra ocasión o por escrito podrá contestarnos a estos
temas.

Por último, una observación. Ya que le veo preocupado, y me parece muy
bien, por el apoyo de los grupos parlamentarios, no se olvide de un dato.

Aquí se ha hecho especial énfasis en que todos los grupos, menos uno,
apoyaron la Logse; yo le hago notar algo muy simple, de los grupos que
apoyaron la Logse sólo uno ha venido hoy aquí, los otros, o bien han
perdido el apoyo popular como consecuencia de decisiones de ese tipo, o
entendieron que su pacto consistía en establecer una empalizada con el
parque jurásico y entienden que no deben asomar por aquí cuando usted
comparece, lo cual se comenta por sí sólo. (El señor González Blázquez
pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Sí, señor González.




El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Señor Presidente, a modo de despedida; sólo
30 segundos.




Página 294



El señor PRESIDENTE: Este turno sí que es arreglamentario; el turno de
las despedidas.




El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Es que como quiera que el señor Ollero ha
dicho que de los grupos que apoyaron la Logse sólo hay uno aquí, quiero
decir que el nuestro fue un apoyo crítico y estamos aquí.

En segundo lugar, simplemente quería decir al señor Ministro que el
portavoz del Grupo Socialista ha dicho que, para cumplir sus objetivos,
tienen varios condicionantes, unos presupuestarios y otros políticos. Los
presupuestarios se pueden solucionar priorizando en los Presupuestos el
destino de algunos recursos en perjuicio de otras áreas, y, en cuanto a
los políticos, es que han elegido ustedes mal.




El señor PRESIDENTE: Es evidente, como ha quedado constancia en esta
comparecencia, que a esta Comisión no se le proponen grandes tareas
legislativas pero sí importantes tareas de control en el desarrollo de
las diferentes reformas de la enseñanza. Por tanto, yo creo que habrá
tiempo más que suficiente para entrar, en posteriores sesiones, en temas
concretos.

Quiero anunciar a la Comisión que, probablemente, la próxima sesión ya
será de un tema muy concreto como es el presupuestario y, si así se
regula, consistirá en las comparecencias en materia presupuestaria.

Termino agradeciendo la presencia del señor Ministro, ya que, al igual
que ocurrió en la comparecencia de la semana pasada, ha habido que
apretar las tuercas para que pudieran producirse las mismas en un tiempo
corto, antes de entrar en los debates presupuestarios, y es de agradecer
la disponibilidad del señor Ministro.

Se levanta la sesión.




Eran las dos y cincuenta minutos de la tarde.