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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 16, de 21/09/1993
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1993 V Legislatura Núm. 16
ECONOMIA, COMERCIO Y HACIENDA
PRESIDENTE: DON ANGEL MARTINEZ SANJUAN
Sesión núm. 2
celebrada el martes, 21 de septiembre de 1993
ORDEN DEL DIA:
Aprobación, en su caso, de las siguientes solicitudes de comparecencia:
-- Del señor Ministro de Economía y Hacienda para informar sobre el
programa a desarrollar al frente de su Departamento. A solicitud del
Grupo Parlamentario Popular (número de expediente 213/000036) y del Grupo
Parlamentario Federal IU-IC (número de expediente 213/000017).
(Página 38)
-- Del señor Ministro de Comercio y Turismo para informar sobre el
programa a desarrollar al frente de su Departamento. A solicitud del
Grupo Parlamentario Pupular (número de expediente 213/000034) y Grupo
Parlamentario Federal IU-IC (número de expediente 213/000011).
(Página 38)
Comparecencia del señor Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira),
para informar:
-- De las previsiones y líneas generales a desarrollar en su
Departamento. A petición propia (número de expediente 214/000008).
(Página 38)
-- Sobre el programa a desarrollar al frente de su Departamento. A
solicitud del Grupo Parlamentario Popular (número de expediente
213/000036) y del Grupo Parlamentario Federal de IU-IC (número de
expediente 213/000017). (Página 38)
Se abre la sesión a las diez y veinte minutos de la mañana.
APROBACION, EN SU CASO, DE LAS SIGUIENTES SOLICITUDES DE COMPARECENCIAS:
- DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA, PARA INFORMAR SOBRE EL
PROGRAMA A DESARROLLAR AL FRENTE DE SU DEPARTAMENTO. PRESENTADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR (número de expediente 213/000036) Y POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA.
(Número de expediente 213/000017.)
- DEL SEÑOR MINISTRO DE COMERCIO Y TURISMO, PARA INFORMAR SOBRE EL
PROGRAMA A DESARROLLAR AL FRENTE DE SU DEPARTAMENTO. PRESENTADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR (número de expediente 213/000034) Y POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA.
(Número de expediente 213/000011.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, buenos días. Se abre la sesión de la
Comisión de Economía que, como SS. SS. conocen, tiene un primer punto del
orden del día que es la aprobación, en su caso, de las solicitudes de
comparecencia del excelentísimo señor Ministro de Economía y Hacienda
para informar del programa a desarrollar al frente del departamento,
presentadas por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya y por el Grupo Parlamentario Popular.
Asimismo en el primer punto del orden del día se incluye la aprobación,
en su caso, de la comparecencia del Ministro de Comercio y Turismo para
informar sobre las líneas a desarrollar al frente del departamento, a
iniciativa también del Grupo Parlamentario Popular y del Grupo
Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Como se discutió en la Mesa, dado que la Comisión en función del artículo
44 del Reglamento no ha procedido a hacer formalmente (cosa que esperemos
se produzca en la próxima Comisión de Economía) la delegación en torno a
la Mesa de la calificación y puesta en práctica de las iniciativas de
comparecencia a petición de los grupos parlamentarios, la Mesa, en su
reunión de la semana pasada, tomó el acuerdo de hacer la comparecencia a
iniciativa, en primer lugar, del Gobierno para explicar los programas del
departamento del Ministerio de Economía y Hacienda, y, en esta primera
fase ratifica si lo estima procedente la Comisión, la iniciativa de los
grupos parlamentarios que he dicho anteriormente, Popular e Izquierda
Unida, de la petición de comparecencia del propio Ministro de Economía y
Hacienda para hablar en los mismos términos que había pedido el Gobierno.
Por eso, señorías, vamos a proceder a la votación de si la Comisión
procede a autorizar, e incluir en el posterior punto del orden del día,
una única comparecencia sobre un único turno. Si se acepta la petición de
comparecencia, ésta se haría a petición conjuntamente de los Grupos
Parlamentarios Popular, Izquierda Unida y del propio Gobierno.
Posteriormente, antes de empezar la Comisión, tendría una pequeña reunión
con los portavoces para ajustar, en los términos en que se discutió en la
Mesa de la semana pasada, los procedimientos de la comparecencia.
Así pues, señorías, si queda suficientemente claro, vamos a pasar a votar
el punto del orden del día que es la comparecencia del Ministro de
Economía y Hacienda en la sesión de hoy y la del Ministro de Comercio y
Turismo en la sesión del jueves, a iniciativa de los Grupos
Parlamentarios Popular e Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
¿Sus señorías dan su conformidad a la inclusión de estos puntos del orden
del día? (Asentimiento.) Pues, se aprueba, y se incluirá en la Comisión,
que empezará en breves momentos, la petición de comparecencia del
Ministro de Economía y Hacienda también a petición de los Grupos
Parlamentarios Popular e Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Se suspende la sesión durante breves momentos, hasta que den las diez y
media. Ruego a los señores portavoces que se acerquen a la Mesa.
Se reanuda la sesión.
- COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (SOLBES MIRA),
PARA INFORMAR: DE LAS PREVISIONES Y LINEAS GENERALES A DESARROLLAR EN SU
DEPARTAMENTO. A PETICION PROPIA. (Número de expediente 214/000008.)
- SOBRE EL PROGRAMA A DESARROLLAR AL FRENTE DE SU DEPARTAMENTO. A
SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR (número de expediente
213/000036) Y DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 213/000017.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, reanudamos la sesión con la comparecencia
del Ministro de Economía y Hacienda para informar de las previsiones y
líneas generales a desarrollar en su departamento y que, como hemos dicho
anteriormente, comparece a petición propia del Gobierno y a petición de
los Grupos Parlamentarios Popular e Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
El procedimiento que vamos a utilizar a lo largo de esta sesión, tratando
de conjugar las dos peticiones por las que comparece el señor Ministro
esta mañana, será el siguiente: intervendrá en primer lugar el señor
Ministro
explicando las líneas que pretende desarrollar e impulsar desde su
departamento; posteriormente tendrán la palabra los representantes de los
grupos parlamentarios que han pedido la comparecencia; tendrá en segundo
lugar la palabra el señor Ministro tratando de responder a las peticiones
de información o diferentes temas que surjan en las intervenciones de los
dos portavoces anteriores para, posteriormente, dar la palabra, a su vez,
a los portavoces de los dos grupos parlamentarios que han pedido la
comparecencia y a los grupos parlamentarios que no hayan intervenido
antes y que deseen fijar su posición. Ese es el procedimiento que
pretendemos desarrollar a lo largo de la mañana para poder dar cabida a
estas peticiones de comparecencia y que antes de una hora razonable
podamos terminar, con el fin de que nos permita ir a comer y poder
cumplir con las labores del Pleno a las cuatro de la tarde.
Así, sin más preámbulos, doy la palabra al Ministro de Economía y
Hacienda, señor Solbes, para que explique a la Comisión las líneas
fundamentales que pretende desarrollar desde su departamento de Economía
y Hacienda.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señorías, en primer lugar, quiero agradecer a la Comisión esta
oportunidad que se me da hoy para comparecer ante la misma y exponer las
líneas generales a desarrollar por el departamento e informar sobre las
previsiones que en el momento actual tenemos a lo largo de la
legislatura.
No es mi intención hablar hoy sobre la situación económica del país o las
medidas de política económica (al menos en esta primera intervención); ya
tuve ocasión de hacerlo extensamente en el Pleno del Congreso de los
Diputados del pasado 5 de agosto, y también hemos tenido la ocasión de
volver a hablar de estos temas en la interpelación que tuvimos el pasado
día 15.
Para mantener un cierto orden en la exposición, intentaré centrarme en
las tres áreas fundamentales que son objeto de preocupación del
departamento: el área de hacienda, el área de economía y, finalmente, el
resto de los temas, donde fundamentalmente quiero referirme a aspectos
como las privatizaciones o como la nueva ley de contratos de la
Administración.
En el área de hacienda, en primer lugar, ¿cuáles son las previsiones
normativas con las que actualmente estamos trabajando? Primero, durante
el año 1994 creemos que es imprescindible ir a una reforma de la Ley
General Tributaria, porque es necesario adaptarla a los principios
constitucionales inspiradores del ordenamiento tributario y la existencia
de administraciones tributarias de las comunidades autónomas.
La ley debe recoger también conceptos e instituciones cuya regulación se
encuentra en leyes propias de cada tributo, y creemos que es necesario
replantear la ordenación de la gestión tributaria en sus vertientes
organizativa, funcional y normativa.
En segundo lugar, pensamos que es imprescindible ir a una reforma del
delito fiscal. Creemos que es necesaria la elevación de la cuantía
defraudada, con objeto de reservar la figura de delito a conductas de
especial gravedad, y tenemos que coordinar las penas pecuniarias con las
que se establecen en materia de infracciones y sanciones tributarias en
la futura ley general tributaria.
Es verdad que hay algunas situaciones específicas que hemos vivido en los
últimos meses que deberían ser corregidas y clarificadas para evitar
contradicciones entre las actuaciones de la Administración y las
actuaciones de los tribunales de justicia.
Tercera gran norma a la que querría hacer referencia: la reforma del
Impuesto sobre Sociedades. Es imprescindible adecuar el Impuesto sobre
Sociedades a las nuevas orientaciones imperantes en la Comunidad Europea
y demás países de nuestro entorno, así como a la reforma operada en la
normativa mercantil, y establecer, además, una mayor coordinación con el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
La ley que modifica la legislación vigente en materia de contrabando, y
que regula los delitos de infracciones administrativas en dicha materia,
tendrá como objeto colmar las lagunas y corregir las diferencias de
aplicación de la ley vigente. Tenemos además que adecuarnos a la nueva
situación del concepto de contrabando en una situación de mercado único.
Hay otras leyes de importancia también, como la ley de reforma de la
Imposición directa en Ceuta y Melilla, que debe adaptarse a las
modificaciones introducidas en la imposición indirecta general y al
régimen especial de Canarias y, finalmente, como gran norma, el nuevo
proyecto de ley general presupuestaria, que debe recoger importantes
cambios, tanto en la estructura organizativa como en los procedimientos
de presupuestación y control del sector público estatal, de modo que se
dote a las organizaciones públicas de la necesaria flexibilidad para
aumentar su eficacia y mejorar su calidad de actuación.
Además de estas normas de ámbito más general, por supuesto tenemos en las
previsiones introducir algunas modificaciones en el Impuesto sobre
Actividades Económicas, en el Impuesto sobre Patrimonio y también ir a un
nuevo texto refundido en la Ley del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
Independientemente de a los aspectos normativos, querría hacer
referencia, en segundo lugar, a los aspectos de gestión e inspección. En
el momento actual, el objetivo fundamental del Ministerio es, sin duda
alguna, culminar el proceso de puesta en marcha de la Agencia Tributaria.
El proceso se inicia en el año 1991, tras la creación de la Agencia por
el artículo 103 de la Ley de Presupuestos del año 1991, y la experiencia
que ha tenido lugar hasta ahora nos permite ya destacar algunos aspectos
que podemos denominar positivos y algunas debilidades del sistema con el
que estamos trabajando. Entre los aspectos positivos, sin duda alguna,
hay que destacar la adecuada implantación territorial, el amplio
contenido funcional que la Agencia tiene; el sistema de funcionamiento
relativamente autónomo en materias importantes, como son los recursos
humanos, la definición
estructural de la organización y otras; la modernización del sistema de
inspección a través de las nuevas tecnologías de información y de la
buena formación de recursos humanos. Sin embargo, es cierto que tenemos
algunas deficiencias importantes para poner en marcha un sistema de
fiscalidad moderno.
En primer lugar, y dado que el grueso de la tributación se realiza a
través de procedimientos voluntarios, parece imprescindible estimular aún
más el cumplimiento de estos procedimientos voluntarios, y eso exige que
la Agencia preste mayor atención todavía a los procedimientos de
autoliquidación, que permitan una mejora de estos cumplimientos
voluntarios y facilite a los contribuyentes el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales mediante los incrementos de servicios que la
Agencia presta. En segundo lugar, pensamos que la Agencia está
actualmente basada en una concepción excesivamente uniforme de los
procedimientos tributarios y, en ese sentido, especialmente en lo que se
refiere a la inspección, deberíamos ir a una cierta modificación de los
sistemas tradicionales de inspección tributaria, introduciendo modelos
más puestos al día y que no sean tan consumidores en coste, especialmente
en recursos humanos, como los sistemas tradicionales de inspección caso a
caso, que deben seguir siendo válidos para los grandes contribuyentes o
para acciones específicas, pero que, sin embargo, deben modificarse en un
sistema normal de inspección. Es verdad que hay otra debilidad funcional
de la Agencia aún no resuelta, y es la coexistencia, a nivel
organizativo, de dos líneas, una de tipo territorial y otra de tipo
funcional, que surge en múltiples organizaciones, que aquí ha surgido
también y que, por supuesto, habrá que corregir en los próximos meses.
Todo ello, además, nos debe llevar a poner en marcha una serie de medidas
que corrijan estos puntos débiles, mediante un plan estratégico ya
definido y cuyos rasgos fundamentales serían los siguientes. En primer
lugar, organización de las distintas unidades de la Agencia en función de
los tipos de contribuyente; segundo, distinguir el papel asignado a cada
administración tributaria, dado que, en función de la dimensión de esas
administraciones tributarias, el papel no debe ser exactamente el mismo;
se deben definir también claramente las funciones y responsabilidades de
cada centro, fijando unos objetivos a alcanzar y un control o una
responsabilización del cumplimiento de esos objetivos; y, finalmente,
optimizar los recursos que en estos momentos tiene o dispone la Agencia.
El tercer elemento que me gustaría destacar es el plan especial de lucha
contra el fraude. Es cierto que conseguir una adecuada aplicación de
nuestro sistema tributario sólo se va a lograr si, además de un alto
cumplimiento voluntario de nuestras obligaciones fiscales, podemos
también desarrollar una estrategia correcta en la lucha contra el fraude,
y ello por dos razones. En primer lugar, porque la existencia del fraude
no sólo supone una injusticia que desalienta el cumplimiento voluntario
de las obligaciones, sino también porque muchos contribuyentes de rentas
difíciles de controlar consideran como primer factor de cumplimiento el
temor a la actuación investigadora. Pensamos que ese plan especial de
lucha contra el fraude se tiene que centrar en la actuación en el
Impuesto sobre el Valor añadido. En el momento actual, las operaciones
sin factura, como fórmula más directa de defraudación en el IVA, generan
unas actuaciones en cadena, que tienen efectos negativos no sólo sobre el
propio Impuesto, sino sobre muchos otros. En consecuencia, esa idea de
lucha contra el fraude en el IVA debe ser el elemento motor en la
situación actual.
¿Cómo deberíamos trabajar con este tema? En primer lugar, creemos que hay
que guardar un adecuado equilibrio entre las actuaciones en función de
los contribuyentes, distinguiendo aquéllos en los que existen altos
indicios de fraude generalizado, y que debería actuarse con inspecciones
de características rápidas, parciales y bastante, digamos, generalizadas
en todo el país, frente a actuaciones específicas que nos permitiesen
controlar mejor a algunas empresas concretas donde existan ya recursos de
mayor importancia y se pueda actuar de forma más directa sobre la
empresa. ¿Qué tipo de actuaciones se está elaborando en estos momentos?
En primer lugar, de verificación de obligaciones formales, que sin duda
alguna es un tema de naturaleza administrativa, pero que es fundamental
para poder actuar. En ese sentido, la idea básica es el examen de las
obligaciones de registro y facturación, y sobre todo la comprobación de
que las cuotas devengadas y las reducidas en las autoliquidaciones son
las que responden a lo registrado. Este tema toma especial importancia en
un sistema como el actual en el que han desaparecido las fronteras
fiscales y, por tanto, generan problemas en operaciones con países
terceros. En segundo lugar, llevar a cabo, como decía antes,
comprobaciones de naturaleza parcial. En particular se está pensando en
comprobaciones del año anterior o de los últimos trimestres devengados, y
ver en qué medida se solicitan devoluciones presuntamente improcedentes
que presentan volúmenes anormales de compensación o, digamos, realización
de ingresos incoeherentes con la cuenta de explotación. Ello, unido al
punto a que he hecho anteriormente referencia, de actuaciones frente a
operaciones intracomunitarias, pero que en el momento actual son de
difícil control, nos debería permitir avanzar en la lucha contra el
fraude en este sector. Junto a ello hay que plantear una actuación de
tipo más general, que nos permita tener un mejor conocimiento de aquellos
casos en que existen contabilidades manifiestamente irregulares, y los
sujetos incluidos en este tipo de situaciones deberían someterse a un
plan especial de inspección que nos permita llegar a los resultados que
pretendemos. Finalmente, habrá que ir a un régimen especial de actuación
en función de ciertos sectores, en función de ciertas actividades, donde
creemos que las posibilidades de fraude son mayores.
Junto a esta actuación general respecto al IVA, creo que hay que
plantearse otro tipo de actuaciones, de importancia también, en algún
otro sector. Estoy pensando, sobre todo, en sectores específicos como el
inmobiliario o construcción, pero también en el sector del contrabando de
tabaco. Para ello se acaba de publicar la Orden
Ministerial de 1.º de septiembre pasado, que obliga a la introducción de
precintas en todo tabaco que salga de fábrica o se importe, y nos dará
pie a la posibilidad de imponer multas entre cien y dos millones de
pesetas cuando se detecten puntos de venta en los que se encuentre tabaco
a la venta no provisto de la correspondiente precinta fiscal.
Finalmente, en la lucha contra el fraude quiero recordar la constitución
de una unidad especial para el estudio y propuesta de medidas para la
prevención y corrección del fraude; sin embargo, aquí no estamos hablando
de fraude fiscal. Es verdad que se trata de una unidad adscrita
funcionalmente a la Secretaría de Estado de Hacienda, pero que pretende
estudiar y analizar el fraude económico en términos mucho más amplios.
Pretende la coordinación entre los diferentes Departamentos, de tal forma
que se prevengan y corrijan la comisión de actos que puedan ocasionar
daños no sólo a la Hacienda Pública sino también a la Tesorería de la
Seguridad Social. Estamos pensando no únicamente en la vertiente de
ingresos sino también en la vertiente de gastos; de ahí que la concepción
de esta unidad no sea la de una unidad clásica del Ministerio de Economía
y Hacienda, sino la de una unidad de reflexión que haga propuestas para
resolver problemas específicos, formada además de por representantes del
Ministerio de Economía y Hacienda, por representantes de Trabajo y
Seguridad Social, de Sanidad y Consumo y de Administraciones Públicas,
todos ellos implicados en este intento de lucha contra el fraude.
El cuarto punto que me gustaría destacar, dentro de las actuaciones de la
Secretaría de Estado de Hacienda, es el del ámbito de presupuestación y
planificación. En este sentido, pensamos que es absolutamente
imprescindible poner en marcha una serie de medidas que basándose en el
análisis que sobre el gasto se ha producido en los últimos tiempos, nos
puedan ayudar a combatir mejor los gastos incorrectos o los gastos que
plantean especial dificultad.
Ya se empezó hace algún tiempo un profundo análisis de los aspectos
estructurales y procedimentales del sector público que era necesario
modificar y adecuar a la nueva situación. Se ha elaborado un Libro Blanco
del gasto público, cuyos diagnósticos y recomendaciones constituyen el
marco de reflexión para la elaboración de dos anteproyectos: el de la ley
de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado
y el de la nueva ley general presupuestaria, a la que he hecho
referencia.
¿Cómo configuraríamos el sector público de acuerdo con nuestra nueva
concepción? En primer lugar, pretenderíamos una tipificación más racional
de los entes que actualmente lo integran. Así se distinguiría entre una
Administración básicamente reguladora, que tiene como misión fundamental
el diseño de políticas o funciones de asesoramiento y que se
identificaría con la Administración General del Estado, y una
Administración provisora de bienes y servicios, en la que encajaríamos
tres tipos de entes con una tipificación muy específica. En primer lugar,
las agencias estatales, que serían unidades con función de ejecución de
políticas públicas, a través de la prestación de servicios públicos y con
financiación estatal (aquí no existiría concurrencia con la oferta
privada); en segundo lugar, tendríamos las entidades públicas
empresariales, cuya actividad sería la producción de bienes y servicios
públicos destinados a la venta en el mercado, por tanto, aquí sí habría
concurrencia (para el cumplimiento de sus funciones, sin embargo,
dispondría de una serie de potestades de tipo público); y, finalmente,
las sociedades estatales, que estarían totalmente en el mercado y que no
dispondrían de potestades públicas. En consecuencia, de acuerdo con la
naturaleza de cada uno de estos entes, el sistema de presupuestación y de
control sería distinto, teniendo mayor o menor papel la Intervención
General de la Administración del Estado, y el control interno o el
control externo, en función de las características de cada uno de estos
entes.
Quinto punto: Haciendas territoriales. ¿Cuáles son nuestros planes? Creo
que son sobradamente conocidos. Actualmente, los términos definitivos del
texto del proyecto de acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera
sobre medidas para elevar la corresponsabilidad fiscal de las comunidades
autónomas están siendo negociados sobre la base de un antreproyecto
elaborado por el Ministerio. Es verdad que los últimos contactos nos
permiten ver que todavía existen algunas diferencias de interpretación.
En todo caso, me gustaría hacer algunas puntualizaciones importantes.
Primero. Lo que pretendemos es poner en marcha un mecanismo financiero
para actualizar la atribución a las comunidades autónomas de acuerdo con
ese 15 por ciento, y que ése es un mecanismo compatible con el artículo
13 de la LOFCA, tal como nosotros lo concebimos; por tanto, sería un
sistema de cálculo distinto que reflejaría en los ingresos de las
comunidades autónomas, en primer lugar, una participación en los ingresos
globales del Estado, por impuestos directos e indirectos y, en segundo
lugar, se recogería la participación en el IRPF, que se deduciría del
porcentaje de participación tradicional. Este 15 por ciento se basaría en
las cuotas líquidas declaradas en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas por los residentes en los territorios y no en las de los
declarantes en los territorios.
Respecto a los criterios básicos del sistema, el avance que hasta ahora
hemos podido producir es, primero, que se sigan respetando los criterios
básicos para la financiación de comunidades autónomas de acuerdo con lo
pactado el 20 de enero de 1992. Segundo, que debe existir una conexión
entre la fórmula final y los recursos recibidos por las comunidades
autónomas como rendimientos impositivos obtenidos en sus territorios
respectivos. En tercer lugar, que el sistema, tal como está diseñado,
garantiza que se respeta lo que se denomina el método, es decir, el
acuerdo del año 1992, y en consecuencia, no hay perjuicio para ninguna
comunidad autónoma, que recibirá como mínimo lo pactado; que se
instrumentará dentro de la LOFCA y que se aplicará dentro del presente
período de financiación de comunidades autónomas y,
por tanto, hasta el año 1996. El sistema tiene que ser de gestión
relativamente simple y la carga financiera estimada para la Hacienda
estatal tiene que ser asumible en las actuales circunstancias. Dicho en
otros términos: la neutralidad absoluta no va a poderse producir, pero
las desviaciones no pueden ser importantes.
En Corporaciones Locales, es verdad que la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales establece, en sus artículos 112.1 y 125.1, que la
participación de las mismas se regirá por las normas contenidas en la Ley
Reguladora en el quinquenio 1989/1993, y no establece precepto alguno de
prórroga del sistema, ni siquiera con carácter transitorio. Se plantea,
por tanto, la dificultad de qué vamos a hacer en el año 1994. La
propuesta que la Secretaría de Estado de Hacienda hizo a la Federación
Española de Municipios fue la prórroga por un año, con objeto de disponer
del tiempo suficiente para ir a una regulación posterior más correcta.
Sobre la Secretaría de Estado de Economía me gustaría citar únicamente
las grandes normas que en el momento actual nos preocupan. Se han hecho
ya algunas cosas: la Ley de adaptación de la legislación española a la
segunda Directiva de coordinación bancaria, la Ley de prevención de
blanqueo de dinero y la Ley de Sociedades de Garantía Recíproca. Ahora
están en marcha la ley de autonomía del Banco de España, que
presentaremos de forma inmediata; del Real Decreto sobre procedimiento
administrativo sancionador en el ámbito financiero, que es imprescindible
para establecer las especialidades en los expedientes sancionadores
aplicables a entidades de crédito; tendremos que tomar las decisiones
vinculadas a las normas de rango menor en la segunda Directiva de
coordinación bancaria y a las de regulación de las sociedades y fondos de
inversión inmobiliaria.
Asimismo, hay una serie de asuntos de otra naturaleza que no creo que
tenga demasiado sentido comentar, pero que las recuerdo. Hay que regular
de forma más correcta la transferencia de las condiciones financieras en
los préstamos hipotecarios, la valoración de los bienes en el mercado
hipotecario y desarrollar la ley de recursos propios y de su previsión en
base consolidada de los grupos financieros.
Por tanto, el programa legislativo del Ministerio es relativamente
ambicioso. Incluso no descartamos plantearnos alguna norma de tipo más
general, que permita clarificar algo el panorama legislativo actual, y
estoy pensando, por ejemplo, en una ley general de entidades de crédito,
cuya finalidad sería la de refundir, completar y actualizar la vigente
legislación, aparte de otras normas referentes a inversión colectiva o a
mercado de Deuda Pública.
Finalmente, quiero hacer una referencia, aunque sea muy escueta, a los
restantes problemas que afectan al Ministerio, y he dicho que quería
citar dos específicamente: el primero el de privatizaciones de empresas
públicas y el segundo la reforma de la Ley de Contratos de las
administraciones públicas.
Por lo que se refiere a privatizaciones, la posición del Gobierno en este
punto viene siendo la misma que ha mantenido en los últimos años. No
existe un posicionamiento ideológico previo en el sentido de que sea
positivo en principio privatizar o no. Por tanto, no existe, no ha
existido ni, en mi opinión, debe existir un plan global de
privatizaciones que se aplique de forma genérica. A menudo se olvida que,
en comparación con otros países, nuestro sector público es relativamente
estrecho, relativamente escueto y, por tanto, planteamientos que en otros
países pueden tener sentido no lo tienen en el nuestro. En el caso
español, la política sigue siendo la del enfoque caso a caso, intentando
precisamente en cada privatización concreta hacer coherentes distintos
objetivos (búsqueda de una mayor eficiencia en la gestión de la empresa,
reducción de cargas públicas en algunos casos, puede ser que en algún
caso obtención de ingresos públicos cuando no se considera necesario
disponer del 100 por ciento de la propiedad), pero es evidente que el
elemento déficit no es un elemento que sea fundamental o determinante en
la privatización de empresas por parte del Gobierno.
Dada la variedad de objetivos que se pretende conseguir, es cierto
también que las alternativas pueden ser múltiples: en algunos casos,
podemos plantearnos la venta total de alguna empresa y puede ser
coherente; en otros, vender total o parcialmente una parte de la empresa
cuando se necesitan recursos tecnológicos o financieros que permitan una
mejor actividad, o incluso en algún caso quedar en posición minoritaria
si así se estima oportuno. Esa filosofía, como digo, es la misma que
hemos planteado, y la única previsión del Gobierno es la establecida en
los Presupuestos Generales del Estado respecto a ingresos por
privatizaciones que en el Presupuesto del año 1994 no están definidos
pero se situarán posiblemente entre 150.000 y 200.000 millones de
pesetas.
Por último, quería referirme a la Ley de Contratos de las
administraciones públicas. La modificación de la vigente Ley de Contratos
del Estado obedece a la finalidad de incorporar a nuestra legislación el
contenido de las directivas comunitarias sobre contratación pública. El
Consejo de Ministros, en su reunión del día 2 de octubre de 1992, ya
remitió a estas Cortes Generales el proyecto de ley de Contratos de
administraciones públicas. La interrupción de la legislatura dio lugar,
evidentemente, como consecuencia de la disolución de las Cortes, a la
devolución del proyecto al Gobierno, y en este momento el Ministerio ha
distribuido un nuevo proyecto. Actualmente, se está discutiendo en la
Comisión de Secretarios de Estado y de Subsecretarios, y lo que sí puedo
avanzarles es que se basa en el proyecto anterior, únicamente con las
modificaciones derivadas de incorporar la práctica totalidad de las
enmiendas dictaminadas favorablemente por la Comisión de Régimen de las
Administraciones Públicas del Congreso el 30 de marzo de 1993, de acuerdo
con el texto publicado en el «Boletín Oficial del Congreso» de 7 de
abril.
Estos son los grandes temas, estos son los grandes puntos de preocupación
legislativa en el momento actual, y es lo que quería exponerles, aunque
sea de forma
enormemente sucinta, casi telegráfica y enumerativa en esta Comisión en
la mañana de hoy.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
Como he anunciado anteriormente, en primer lugar, tiene la palabra el
representante del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, señor Espasa, por un tiempo máximo de veinte minutos.
El señor ESPASA OLIVER: Señor Ministro, es evidente que en esta su
primera comparecencia se podían abordar los temas que son de su
responsabilidad de dos grandes maneras: una, iniciando un debate sobre
política económica, y otra, haciéndonos usted el calendario de
actuaciones legislativas, de iniciativas del Gobierno y de su propio
departamento. Es evidente que una y otra tienen conexión, usted ha optado
por la segunda, y como tiempo habrá de discutir más ampliamente de
política económica en general y muy especialmente en los próximos
Presupuestos Generales del Estado, yo me voy a ceñir a lo que ha sido el
hilo de su intervención y a pedirle en esta mi primera intervención
algunas precisiones de carácter político sobre los temas que considero
más importantes de su exposición.
Empezando en el sentido inverso al que S. S. se ha producido sobre el
tema de las privatizaciones yo creo que su exposición ha sido
excesivamente parca. Usted prácticamente no nos ha dicho nada, no ya
sobre qué empresas van a ser o pueden ser vendidas en parte o en su
totalidad, sino sobre criterios políticos que permitan identificar una
directriz política en este Gobierno. Su nivel de precisión ha sido tan
vago que me veo obligado a plantearle algunas cuestiones.
Por ejemplo, cuando se habla de la posibilidad de quedar en minoría en
algunas empresas públicas, yo creo que usted debería añadir ejemplos
concretos, porque no es lo mismo vender totalmente -cosa en la que quizá
podíamos estar de acuerdo-, por ejemplo, Paradores nacionales, como
vender totalmente o quedar en minoría en Argentaria, banco público en el
que parcialmente estuvimos de acuerdo Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya y el Grupo Socialista para crear la corporación bancaria
española, siempre, claro está, sobre los supuestos de mantener un fuerte
grupo público de banca en España. Por tanto, sus observaciones generales
sobre que se puede vender total o parcialmente una empresa o se puede
quedar en minoría deberían ir acompañadas de una precisión más clara
sobre tipos de empresas o sectores estratégicos en los que están
incardinadas estas empresas públicas, y entonces podríamos dar una
opinión más cabal por nuestra parte sobre si estaríamos o no de acuerdo
en este problema.
En general, nosotros no estamos de acuerdo en la venta de activos de
empresas públicas, en primer lugar -y ahí sí que usted ha sido muy
ideológico o ideologista- porque no vemos por qué Endesa, por ejemplo,
funcionará mejor si está parcialmente privatizada. Si está teniendo
beneficios, decir que privatizándola parcialmente -o como se ha hecho con
Repsol-, va a tener más beneficios es hacer un acto de fe; usted lo puede
hacer en un sentido y yo en otro, pero no han aportado usted ni la
trayectoria de este Gobierno ninguna prueba verificable de que la venta
parcial de activos de empresas públicas rentables del sector público
español ha aumentado la eficiencia de estas empresas. Por tanto, si
estamos todos a favor -nuestro grupo sí lo está y espero que el Grupo
Socialista también lo esté- de que las arcas del Estado sean lo más
fuertes posible para que las políticas redistributivas de este Estado
sean lo más eficaces posible, no entendemos por qué empresas públicas
rentables como Argentaria, Endesa o Repsol, que producen saneados
ingresos a la Hacienda Pública, pueden venderse. La venta de Argentaria
el año pasado, 150.000 millones, es el beneficio de tres años de esta
corporación bancaria; por tanto, lo que se ha producido ha sido un
ingreso importante en un ejercicio presupuestario, pero en definitiva una
enajenación de capacidad de mayores ingresos en el futuro por la
rentabilidad de aquellos mismos activos. Lo mismo podría decir de Endesa,
de Repsol o de otras empresas públicas.
Por supuesto, S. S. en ningún caso nos ha hablado de vender empresas
públicas en situación de déficit, porque el mercado no se lo aceptaría y,
por tanto, usted ya lo ha descartado. Por consiguiente, yo le pediría
mayor precisión, mayor clarificación política de qué empresas, en qué
sectores y hasta qué nivel se puede privatizar.
Cuando le digo todo eso, no estoy afirmando que no podamos estar de
acuerdo en la participación privada en las empresas públicas, pero nos
gustaría tener un cuadro político estable de esta participación privada,
y ustedes se han negado repetidamente, y cuando se aprobó el Decreto por
el que se creaba la corporación bancaria de España, por ejemplo, ustedes
se negaron a que fuese por ley por lo que se pudiese perder o no la
mayoría pública del capital en la corporación bancaria española.
Nosotros, a pesar de esa duda por parte del Grupo Socialista o de este
fallo en un acuerdo verbal que teníamos con ellos, acabamos votando
favorablemente aquel decreto. Ahora bien, quisiéramos recuperar con el
Grupo Socialista un marco estable de empresas públicas que pueden tener
participación de capital privado pero de las que todos o una mayoría de
progreso en este país estaríamos seguros de que no iban a ser totalmente
privatizadas o no iban a perder la mayoría del capital público. El
Gobierno y usted esta mañana no nos dicen nada al respecto. No dice usted
que se va a hacer caso por caso, que ya veremos; nos habla de todas las
posibilidades, pero no se pronuncia políticamente en una línea que pueda
ser aceptada o criticada por nuestra parte.
Sobre el tema de las haciendas de las corporaciones locales quiero
señalarle que nuestro Grupo Parlamentario ha estado siempre insistiendo
-y en eso hemos coincidido con la Federación Española de Municipios y
Provincias- en la necesidad de mejorar la financiación de las
corporaciones locales. Todos sabemos que se ha producido un descenso en
la participación porcentual en los ingresos del Estado de las
corporaciones locales, y esto no
debería continuar así. El enorme esfuerzo de descentralización de las
haciendas públicas ha sido sobre todo en la línea de las haciendas
territoriales y no en la de las locales y que ha llegado la hora de
corregir o de poner en su justo sitio a las haciendas locales.
Nos parece un parche esa fórmula de pedir una prórroga de un año para
estudiar una propuesta mejor. Naturalmente, bienvenida sea si esta
propuesta es mejor, pero quiero señalar que para nosotros debería ir en
la línea de que aumentase de forma importante la financiación automática,
autónoma, de las haciendas locales, la participación en los ingresos del
Estado, de forma que pudiésemos llegar a un horizonte en el que hemos
estado de acuerdo la mayoría de las fuerzas políticas de este Congreso,
en el que ha habido resoluciones como que aproximadamente el 50 por
ciento estuviese administrado por la Administración central o general del
Estado, el 25 por ciento por las comunidades autónomas y el otro 25 por
ciento por las comunidades locales. Este horizonte debería realizarse ya.
En buena medida se ha realizado en las haciendas territoriales,
independientemente de la forma; no se ha realizado, en absoluto, en las
haciendas locales. Sería bueno saber si, por su parte, este nuevo
Gobierno va a ir en esta dirección.
Sobre financiación de haciendas territoriales -gran tema que ha producido
auténticos delirios y torrentes de barbaridades en este país- quiero
decir que nosotros apoyaremos todo lo que sea avanzar en la
corresponsabilidad fiscal. Nos tememos que el acuerdo que está sobre la
mesa en estos momentos es más -y mido muy bien mis palabras- un acuerdo
de imagen, aunque positiva. Es decir, se va a producir una imagen de
corresponsabilización fiscal, pero en realidad no se va a producir una
corresponsabilización fiscal. A pesar de todo, bienvenida sea la imagen.
Y se va a producir, sobre todo, un aumento del automatismo y de la
liquidez en las cajas de las comunidades autónomas. Esto es muy poco,
quizá demasiado poco. Pero al menos, en mi franca y honrada opinión, es
lo que produce el acuerdo del quince por ciento. Para algunos es
demasiado poco y les puede llevar a decir que no merece la pena o que
esto no es así. No estoy de acuerdo con algunas opiniones que se han
vertido sobre que esto es un ejercicio de insolidaridad territorial, de
desequilibrio entre las haciendas autonómicas, porque los que han podido
estudiar y conocen a fondo las propuestas de las distintas comunidades
autónomas y la del Gobierno saben que no están muy lejos de lo que acabo
de decir. Un aumento en la liquidez de caja, un incremento en la imagen
de corresponsabilidad fiscal, y por ahora no mucho más.
De todas formas el tema aún está abierto. El jueves hay nueva reunión del
Consejo de Política Fiscal y Financiera. La única crítica importante que
ahí haría al Gobierno es que este es un tema que no debería haber sido,
como al menos ha aparecido en la opinión pública, un tema de negociación
con una fuerza política, que no con una comunidad autónoma. Insisto, con
una fuerza política y no con una comunidad autónoma. Este es un tema para
tratar técnicamente en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero
es un tema para tratar también políticamente en el Congreso de los
Diputados y para tratar políticamente con todas las comunidades
autónomas, no con una fuerza política de una comunidad autónoma, aunque
pueda tener la mayoría política en aquella comunidad autónoma, y que no
es la representante de los residentes y ciudadanos de aquella comunidad
autónoma. Se presenta así por buena parte de la opinión publicada, y
también por parte del Gobierno, haciendo un flaco favor a la realidad, a
la verdad y, por tanto, a la mejor estabilidad de este país.
Dejo abierto el tema puesto que aún no está concluso y mejor será esperar
a ver qué sucede finalmente con este acuerdo de haciendas territoriales.
El tercer aspecto que quería subrayar para que S. S. se produzca con
mayor precisión sería el de la lucha contra el fraude. Nos ha avanzado
una serie de propuestas que nos parecen positivas. Todo lo que sea lucha
contra el fraude será apoyado por este Grupo Parlamentario. Incluso le
vamos a reclamar mayor actuación. En esta línea le preguntaría qué
sucederá desde la Administración con las primas únicas de La Caixa y con
la cesiones de crédito del Banco de Santander. ¿Estarán en la misma
posición que estuvieron en la Ley del blanqueo de capitales? ¿Aceptarán
nuestra enmienda de que a los tres supuestos de la directiva europea se
pueda añadir el de la persecución del dinero negro desde las entidades
bancarias, como fue propuesto en la enmienda de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya en el anterior debate parlamentario? Con
lo cual sí demostraría este Gobierno que está dispuesto a luchar contra
el fraude fiscal y contra el fraude económico. La directiva europea
permite que se amplíe el marco de actuaciones de aquella unidad que crea
la Ley del blanqueo de capitales, no sólo referida a bandas armadas, a
terrorismo o al nacotráfico, sino también al fraude en dinero negro. Se
podría hacer. Depende de ustedes. Por nuestra parte saben que tienen el
voto favorable si están dispuestos a avanzar en esta dirección (dirección
que, por supuesto, creó terror en las filas del Partido Popular, todo hay
que recordarlo). Pero saben que nosotros estaríamos por ahí, no sólo para
aprobar la ley sino para perfeccionarla y mejorarla.
Su intervención sobre el fraude fiscal me ha parecido tímida y poco
valiente. Añoro otros Secretarios de Estado, otras actuaciones del
Gobierno que hacían de la lucha por el fraude fiscal un ejemplo de
democratización y de ejemplarización en la vida política y económica de
este país. Me parece que en esto el Gobierno va muy por detrás de las
necesidades.
Estas son, señor Ministro, señor Presidente, las reflexiones que me ha
sugerido la intervención del señor Ministro sobre su programa de
actuación legislativa.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
el señor Montoro.
El señor MONTORO ROMERO: Con la venia de la Mesa. Ante todo, mi
agradecimiento al señor Ministro por su comparecencia. Es un
agradecimiento sincero en
tanto que su presencia era absolutamente necesaria para que esta Comisión
de Economía, Comercio y Hacienda empezara a funcionar, puesto que, como
todos sabemos, la tarea que le espera a esta Comisión en esta legislatura
es importante.
Reiterado este agradecimiento, quiero expresar que nos ha defraudado el
contenido de la exposición del señor Ministro. Entiendo que el señor
Ministro se ha equivocado en su planteamiento. No hemos venido a escuchar
títulos de leyes que, por lo demás, son bastante conocidas por reiteradas
por anteriores gobiernos socialistas que no han sido capaces de dotarlas
de contenido. Hemos venido aquí, señor Ministro, a iniciar la tarea de
esta Comisión, que es hacer frente a esa crisis económica que estamos
viviendo.
Nos ha defraudado su contenido, pero lo esperábamos porque ya nos
defraudó también la respuesta a la interpelación que presentamos la
semana pasada en ese debate que mantuvimos en la Cámara y que iba
orientado a procurar que el señor Ministro se pronunciara sobre acciones
de política económica, que no conseguimos arrancar en esa tarde.
También es mala fecha para la celebración de la primera reunión de esta
comisión la de la proximidad de los Presupuestos Generales del Estado que
el Gobierno anuncia que está próximo a cerrar en el Consejo de Ministros
del viernes, pero cuyo contenido sigue siendo un misterio. Esperemos que
no sea un misterio para el propio Gobierno, porque ya dudamos del
contenido exacto de esos Presupuestos Generales del Estado a los que el
señor Ministro no ha hecho ni la más somera referencia, cuando el
Ministro Portavoz del Gobierno habla de objetivos de crecimiento
económico para el año que viene sin explicar de dónde proceden esos
objetivos de crecimiento económico, cuando habla de objetivos de déficit
público sin explicar cómo se aspira a esa reducción del déficit público o
habla de otros objetivos sin ofrecernos el sustrato de tales objetivos.
Tenemos que lamentar todo eso, y lo hacemos insistiendo, señor Ministro,
en que no estamos viviendo un momento cualquiera. Ustedes están
transmitiendo la impresión de un Gobierno en reflexión y no es el momento
de reflexionar, es el momento de actuar. Cuando una sociedad vive una
crisis no espera a que su Gobierno medite el contenido de lo que viene
anunciando. Incluso yo observo en su exposición -además ha sido una
exposición escrita, no ha sido oral- que usted utiliza la expresión
«pienso», «pienso en». No estamos reflexionando, no estamos preparando
tesis doctorales sobre qué es una crisis económica y cómo se resuelve,
estamos esperando acciones expresas de Gobierno. Eso es lo que nos sigue
faltando en su planteamiento. Además, tengo que denunciar que
precisamente lo que ha hecho hoy es un intento de evitar ese
pronunciamiento con ese enunciado de simples leyes, con ese recital,
intentando vestirlo como el planteamiento de sus diferentes departamentos
ministeriales. Eso no es el procedimiento; no hemos observado ningún
contenido exacto para corregir esta crisis económica.
En una palabra, hemos asistido a una nueva fase de este intento casi
desesperado del Gobierno por mostrar que está haciendo algo ante esta
crisis económica, pero no se está moviendo. Este Gobierno está
paralizado. Esta sensación de inseguridad que tiene el Gobierno, esa
sensación de no saber qué hacer se la está transmitiendo a la sociedad.
Eso es lo peor que puede hacer un Gobierno en un momento de crisis
económica, porque lo que hace es perjudicar claramente las expectativas
de los agentes económicos, que paralizan sus decisiones básicas de
consumir, de invertir, de trabajar incluso, ante la carencia de un
proyecto de política económica serio, coherente, para afrontar esta
crisis. Entendemos que esta ausencia de un proyecto de política económica
obedece a que carecemos de un proyecto político global. El Gobierno no
sabe qué hacer con la situación, no tiene un modelo de España en la
cabeza. Eso es grave y es lo que estamos viviendo como reflejo de esta
carencia de política económica.
Señor Ministro, quiero recordarle cuál es el defecto fundamental de la
política económica de los gobiernos socialistas: su falta de
credibilidad. Para superar esa falta de credibilidad tienen que cambiar
la acción de esa política económica, hay que pasar de enunciados que
encierran escasas novedades -después comentaré algunos de ellos- y
dotarla de contenidos exactos, de objetivos precisos, bien fundamentados,
y hay que insistir, además, en uno de los problemas más graves por los
que se ha producido esa falta de credibilidad de la política económica.
Me refiero a la lucha contra las desviaciones presupuestarias, al gran
fallo que ha tenido el presupuesto público, la política presupuestaria
española, de no haberse atenido a las previsiones de ingreso y de gasto
público sobre las que estaba construida.
Nos hubiera gustado esta mañana que nos hubiese dicho el señor Ministro
qué está negociando en todas esas mesas, en todas esas reuniones que está
celebrando; nos hubiera gustado que aquí, públicamente, se dijera cómo se
está elaborando una política económica en concierto con otros grupos
parlamentarios sobre bases que no se explican a la sociedad y cómo se
puede elaborar una política económica en estas condiciones, insisto, de
no transparencia, de opacidad en sus planteamientos.
Tengo que decirle, señor Ministro, que a usted le han dejado de guardián
de la torre, pero no le han dado la llave; si se la dieran apreciaría que
en el interior de esa torre no hay ideas, no hay contenidos, no hay
proyectos. Tenemos que cambiar el modelo de crecimiento económico,
tenemos que cambiar lo que ha sido el comportamiento de nuestra economía
prácticamente en la última década que, aunque ha vivido etapas de
expansión bastante fuertes, ésta se ha fundamentado en unos resortes, ha
venido de unos orígenes que son la clave de lo que nos está ocurriendo en
el presente. Estamos viviendo una crisis que, como ya expuse el pasado
miércoles en la interpelación, es de agotamiento del modelo de
crecimiento económico. Esa crisis nos está invitando a que superemos las
deficiencias de ese modelo que hemos utilizado, del que hemos abusado y
que lo que ha hecho ha sido reavivar los dos desequilibrios que
tradicionalmente
nos han acompañado en nuestra trayectoria económica y que son capaces de
estrangular nuestro crecimiento y las posibilidades de crecimiento en el
futuro de la economía española. Me refiero a la inflación y al déficit
exterior.
Lo que estamos padeciendo es, en definitiva, una crisis de falta de
competitividad y para resolverla hay que atajar, en primer lugar, el
problema de los precios. Tenemos que ir a políticas económicas activas en
la lucha contra la inflación, esto es, tenemos que ser capaces de ser más
eficaces en el control de los precios del sistema. De ese anuncio de
regulaciones que el señor Ministro nos ha hecho no se deduce ni
observamos una acción normativa orientada precisamente a la
liberalización de aquellas áreas de la economía española que son causa
directa de la inflación. Ahí no aparecen más que insinuaciones realmente
de lo que habría que hacer en términos de liberalización económica, desde
regulación de actividades, pero no vemos proyectos específicos, proyectos
concretos de lo que debe ser esa lucha contra la inflación. Esta lucha
tenemos que basarla más en la colaboración de la política presupuestaria
y para eso hay que cambiar nada menos que los supuestos de comportamiento
del sector público español, tenemos que cambiar el «modus operandi» de
ese sector público, que en su incremento incesante de tamaño hasta ahora
ha sido fuente, también incesante, de ineficiencias. Eso es lo que hay
que hacer para sustentar un cambio presupuestario: cambiar el
funcionamiento, reorganizar la gestión del sector público en España. Sin
eso no vamos a asistir a un cierto relajamiento de la política monetaria
y no vamos a asistir a unas posibilidades que nos lleven efectivamente a
reducir los tipos de interés que son en estos momentos un obstáculo
infranqueable para la recuperación económica.
Tampoco hemos oído nada de lo que son los propósitos del Gobierno en
materia de políticas monetarias, en materia de estabilidad de la peseta.
No sabemos cómo quiere este Gobierno estabilizar esa peseta. Si lo
pretende hacer con las regulaciones que nos anuncia, realmente éstas van
a tener poca entidad, poca enjundia, para poder sostener la peseta en una
posición razonable en los mercados de cambio.
Insisto en que no nos satisfacen los anuncios que hemos recibido esta
mañana de corrección de las rigideces de los mercados. No hemos oído en
los propósitos del Ministro de Economía lo que es la reordenación del
mercado de trabajo, y se dirá que esto es materia de otras competencias,
pero estamos hablando de resolver la crisis económica, estamos hablando
de una concepción de políticas económicas que tienen que entroncarse
entre sí y sería un error rebajar el planteamiento de esta primera sesión
de la Comisión de Economía a otro puramente funcional del Ministerio,
porque el Ministerio de Economía existe precisamente para elaborar estas
políticas económicas que en nuestro caso estamos exigiendo que sean
capaces de afrontar con éxito la crisis económica.
No hemos oído prácticamente nada de cómo piensa colaborar desde su
Ministerio a evitar este proceso de desindustrialización que está
padeciendo la economía española, a esa pérdida de nuestra capacidad
productiva en el sector industrial. Tampoco hemos oído sus propósitos
relativos a la pequeña y mediana empresa ni cómo intenta facilitar el
empuje económico de otros sectores tales como el de la construcción.
Nos entristece el planteamiento que acaba de hacernos el Ministro de
Economía por pobre, por ser poco acorde con la situación que estamos
viviendo.
Entendemos -y en esto creo que coincidiremos todos- que el papel del
Ministerio de Economía es sencillamente clave en los siguientes
planteamientos, que voy a resumir brevemente por si el señor Ministro
quisiera precisar el contenido de algunos de ellos o por si quisiera ir
más allá del mero título de leyes que acaba de hacernos y que están
inscritos en esos planteamientos.
En estos momentos el Ministerio de Economía es clave en la formulación de
una nueva legislación que favorezca la competencia en el sector
servicios, esto es, que desmembre los monopolios que actualmente son
fuente de ineficiencia y causa directa de la permanencia de la inflación
subyacente en nuestro país, y que no asista pasivamente a la creación de
otros, como se está produciendo.
También es clave la nueva formulación de una política de empresa pública.
El señor Ministro se ha referido al asunto de privatizaciones intentando
quitarle el sustrato ideológico y, de esa manera, defender el tecnicismo,
por así decirlo, de la materia.
Hace falta una nueva formulación del conjunto de la empresa pública, de
qué papel desempeña la empresa pública en la economía nacional, qué papel
desempeña como rama de política económica. Respondamos a esta cuestión y,
a continuación, efectivamente se podrá plantear un plan más o menos
amplio de privatizaciones, pero el procedimiento actual de esas
privatizaciones, que se han llamado vergonzantes, y que son las que
parece que tiene intención de volver a practicar el Ministerio de
Economía, esas privatizaciones poco clarificadoras, lo que hacen es nada
menos que desvirtuar el propio concepto de la privatización.
También es fundamental el papel del Ministerio de Economía en lo que es
la articulación, la precisión de nuevos controles sobre el gasto público.
El Ministro es consciente de esta problemática, ya que, en definitiva,
ése es el problema que presentan unos Presupuestos Generales del Estado
que sencillamente están mal elaborados, es decir, no responden al
auténtico coste de los servicios públicos que se ofrecen a los ciudadanos
españoles. Por tanto, hay que llegar a redefinir el contenido de los
mismos y hay que hacerlo reforzando también los controles, garantizando
la eficiencia de ese gasto público para que no se produzcan las
exageradas desviaciones presupuestarias características de esa política
presupuestaria que les ha hecho perder virtualidad, que les ha llevado a
merecer una auténtica carencia de credibilidad como la que actualmente
tienen los Presupuestos Generales del Estado.
Y, por supuesto, desde el Ministerio de Economía y Hacienda tiene que
nacer una reforma tributaria mucho más completa que la que el Ministro
nos ha insinuado, que no hace sino recoger los proyectos del anterior
Gobierno, volver a insistir, sin explicitar en qué consisten y hacia
adónde caminan en materia de cambio tributario, porque da la impresión de
que no tienen un esquema completo, un esquema global de política
tributaria, de reforma fiscal en España. Esto es importante -diríamos
básico- para la recuperación de la economía, para la superación de los
problemas que tenemos actualmente, para superar la falta de ahorro y para
mejorar la competitividad.
Si se tienen estos proyectos, por ejemplo en el ámbito del Impuesto sobre
Sociedades, lo que hay que hacer es explicar en qué consiste ese proyecto
de reforma del Impuesto sobre sociedades y no decir que se trata de
adecuarlo a la realidad fiscal de otros países o del ámbito comunitario,
donde no existe exigencia de armonización alguna de este impuesto, un
impuesto fundamental por su incidencia económica, un impuesto que está en
el corazón mismo de la actividad económica.
Nos tememos que lo que realmente sucede es peor que la falta de
explicitación del contenido del Impuesto sobre Sociedades. Lo que nos
tememos es que no estamos ante una reforma tributaria completa, donde
efectivamente se plantee el pernicioso asunto, el grave asunto del fraude
fiscal. Nosotros estamos preocupados por el fraude fiscal que existe en
España, estamos preocupados por lo que significa de agravio comparativo
entre españoles, por lo que significa de generación de competencias
desleales entre empresas y entre actividades económicas, pero también
estamos convencidos de que la lucha contra el fraude fiscal se consigue
en la racionalización de los impuestos. De esto no hemos oído ni una sola
palabra. Hemos oído hablar de reorganizaciones de la Agencia Tributaria,
pero ¿no habían creado la Agencia Tributaria precisamente para
reorganizar la inspección? ¿No era éste el objetivo fundamental? ¿No se
trataba de hacer más eficaz esa inspección tributaria, introduciendo en
ella una dirección por objetivos?
Insisto en la idea de que el fraude fiscal se corrige donde nace, que es
en la concepción de los impuestos, en la articulación de un sistema
impositivo como el que tenemos, sistema impositivo claramente a superar
porque se ha convertido en un auténtico valladar para la recuperación
económica, en un obstáculo para salir de la crisis económica que
padecemos.
Nos hace falta esta explicitación de objetivos de política económica,
donde usted puede plantear después las acciones de su Departamento, pero
insisto en que el Ministerio de Economía está para elaborar esa política
económica y que a lo que hemos asistido esta mañana no ha sido a la
explicitación de esos objetivos de política económica, no ha sido a la
definición de las ramas de política económica y sí ha sido a una serie de
apariciones, de anuncios de leyes sin ninguna explicitación, en las que
además el Ministro tampoco ha tenido inconveniente en entrar en el asunto
de la corresponsabilidad fiscal entre haciendas autonómicas, cuando ésta
es una materia que no se relaciona con la lucha contra la crisis
económica y, además, es técnicamente discutible el planteamiento del
Gobierno sobre si eso es corresponsabilidad fiscal. En nuestra opinión,
el reparto del 15 por ciento del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas no es corresponsabilidad fiscal. Será otra cosa, pero no es
corresponsabilidad fiscal. Por eso criticamos esta medida y, además, la
inconveniencia de plantearlo como se ha hecho, como una forma de eludir
la auténtica responsabilidad del Gobierno, que es afrontar la crisis
económica.
Finalizo esta primera intervención diciendo que, ante la intervención del
señor Ministro, nos tenemos que sentir escépticos respecto de que estemos
ante un auténtico cambio de las cosas. Tenemos que decir que no
percibimos una reorientación de las políticas económicas y, a
continuación, también debemos afirmar nuestra voluntad de que se produzca
ese cambio de política económica.
Esta tarde, en el Pleno del Congreso, vamos a sustentar la moción que el
Grupo Parlamentario Popular presenta como una alternativa de política
económica para superar la crisis actual. Es una alterntiva que ofrecemos
a todos los Grupos de la Cámara, ya que nuestra voluntad es la de
colaborar activa y decididamente a la superación de esa crisis económica.
Por eso nuestra intención es ofrecer esta formulación completa y
coherente de política económica sin contrapartidas, dotándola de
contenidos específicos y sin esperar nada a cambio si no es la superación
de esa crisis, que es el objetivo que debe inspirar nuestra acción en
esta Cámara y, por descontado, debe inspirar la actuación del señor
Ministro.
El señor PRESIDENTE: Para contestar, tiene la palabra el señor Ministro
de Economía y Hacienda.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias.
Voy a intentar contestar con una cierta rapidez para tener tiempo de
entrar en otros elementos del debate.
El señor Espasa habla de privatizaciones. Yo comprendo que es siempre muy
atractivo decir: póngame usted ejemplos, dígame qué modelo definiría
usted para la empresa equis o jota. Desgraciadamente, en esa dinámica no
voy a entrar, y no voy a entrar porque, a partir del momento en que yo
señale aquí una empresa con el dedo, en un sentido o en otro,
automáticamente la convertimos en empresa susceptible de ser privatizada
o no, con los efectos negativos que puede tener para la empresa. Por lo
tanto, si quiere usted, podemos utilizar ejemplos de pasado, ya que no
voy a utilizar en ningún caso ejemplos de futuro.
¿Significa algún cambio sustancial que en Argentaria el Estado disponga
del 50 por ciento en vez de disponer del 78 por ciento? Yo creo que no.
Desde el punto de vista del control de la empresa sigue siendo lo mismo
y, en consecuencia, es verdad -podría ser discutible- que se cambian
beneficios futuros por ingresos en un año determinado, pero no comparto
su tesis de que la no privatización necesariamente supone una mejora de
gestión; más bien la experiencia nos demuestra que cuando las empresas
están compitiendo con otras empresas en condiciones parecidas sí se
producen mejoras de gestión y, en consecuencia, la introducción de
elementos de competencia a
mí me parece algo positivo. Me parece positivo porque yo creo que, al
final, lo relevante no es el problema de si la empresa tiene un equis más
o un equis menos por cien de capital público, porque puede ser que para
prestación de un determinado servicio o por razones de tipo estratégico
convenga estar en un sector determinado. Si se puede tener un porcentaje
menor para introducir los elementos necesarios de interés público, que no
tienen por qué ser todos los aspectos de la empresa -pueden ser objetivos
muy concretos-, con una participación de capital suficiente en cada caso,
a mí me parece que es suficiente.
Podemos hacer reflexiones de pasado. ¿Tiene algún sentido, por ejemplo,
que el sector público haya estado en empresas de fabricación de zapatos?
Tengo mis dudas. ¿Tiene sentido que el sector público haya estado de
forma permanente fabricando conserva de tomate? Tengo mis graves dudas.
Puede tener sentido el impulso del sector público a este tipo de empresas
en un momento determinado, pero yo creo que eso tiene que ser
absolutamente temporal y que, a partir de ahí, debe retirarse. Sin
embargo, si estamos hablando ya de otros temas, como es si tiene sentido
que el sector público esté en el sector eléctrico, hay que decir que es
evidente que en la red eléctrica nacional tiene que estar necesariamente.
¿Y en las empresas de generación? Pues es una opción que puede tomarse en
función de otros criterios y puede estar o puede no estar, pero no es
tanto un tema estratégico como un tema de inversión.
Por tanto, como comentaba antes, en cada caso concreto el elemento es
radicalmente diferente. En teléfonos, tal como está diseñado el sistema
en el momento actual, podríamos pensar en un sistema absolutamente
privado, pero parece lógico que esté presente el sector público. Pero,
¿tiene el mismo sentido que el sector público esté mayoritariamente
presente en ciertas actividades, por ejemplo en temas internacionales,
incluso en los mismos sectores? A lo mejor no es tan necesario y, sin
embargo, disponer de tecnologías y aportaciones financieras de terceros
puede ser enormemente útil. Por tanto, yo preferiría que S. S. me
expusiese de forma muy clara unos criterios absolutamente objetivos -iba
a decir rígidos, pero evitaré la palabra y diré claros-, absolutamente
claros, que me pudieran encajar en cada uno de los casos concretos. Creo
que eso es prácticamente imposible. El único criterio que tiene el
Gobierno es que, evidentemente, en los sectores que podamos considerar
estratégicos tenemos que tener una participación accionarial suficiente
que nos permita cumplir los objetivos estratégicos que queremos cumplir,
y esa participación no siempre es el 100 por cien, ni a veces el 50 por
ciento, y a menudo el cumplimiento de esos objetivos estratégicos se
puede obtener de forma distinta porque a veces ni siquiera es necesaria
la presencia del capital y se pueden conseguir los mismos resultados a
través de normas reguladoras.
El segundo punto que S. S. me ha planteado es el problema de las
corporaciones locales. Cuando se pone en marcha el IAE existe un cierto
pacto no escrito de aportación por el Estado de una cantidad importante a
las corporaciones locales y un principo de autofinanciación de éstas. Sin
embargo, ese sistema no ha resultado, por lo menos desde el punto de
vista del Gobierno, en la medida en que hubiera sido deseable. Por tanto,
tenemos que replantearnos si el sistema actual ha funcionado de forma
correcta o no y tenemos que replantearnos qué hacer para el futuro. ¿Ir
al 50, 25, 25? Es posible, ésas son unas cifras que se vienen utilizando
habitualmente. Ahora, lo que yo no creo es que ese 50, 25, 25 tenga que
responder a un segundo argumento que muchas veces está implícito en este
razonamiento y que no se explicita, y es que ese 50, 25, 25 lo recauda el
Estado y luego lo transfiere a los demás. En consecuencia, lo razonable
es que ese 50, 25, 25 correspondiese: el 50 por ciento, a recaudación
estatal y gasto estatal; el 25 por ciento, a recaudación autonómica y
gasto autonómico, y el otro 25 por ciento a recaudación local y gasto
local. Es verdad que ir a un modelo de esa naturaleza en nuestro esquema
constitucional y en nuestro sistema actual es muy poco realista y es
verdad, por tanto, que incluso ir a cifras de ese tipo no se va a poder
hacer fácilmente sin un sistema de transferencias del Gobierno central a
las comunidades autónomas y entes locales, pero tal vez no sería malo
pensar, como objetivo a medio plazo, que las comunidades autónomas y las
corporaciones locales deben responsabilizarse cada vez más de su propia
imposición.
El acuerdo del 15 por ciento para haciendas territoriales. ¿Qué sucede?
¿Es un problema de imagen, es un problema de corresponsabilidad o es un
problema más profundo?
En primer lugar -me gustaría recordarlo-, por mucho que se diga, no es
correcta la afirmación de que éste es un problema de oportunidad
política; éste es un tema derivado de lo pactado en el acuerdo del año
1992, donde se dice claramente que se tendrá que poner en marcha un
programa de corresponsabilidad fiscal en base al 15 por ciento del IRPF,
y ese programa de actuación es verdad que está vinculado a otros
elementos como el tema de complementos de mínimos. Si alguna comunidad
autónoma suscita algún otro tema cuando ese pacto se produce, se empieza
a discutir y se discute a lo largo del año 1992 y a lo largo del año 1993
se elabora un primer documento, cuyo documento se discute a nivel técnico
por parte de las comunidades autónomas en los meses de febrero y marzo de
1993. Ese proceso de discusión se paraliza como consecuencia del proceso
electoral, pero el compromiso de seguir adelante existía.
¿En qué consiste fundamentalmente la idea? Yo creo que consiste en dos
elementos básicos: uno, que podemos llamar elementos cualitativos del
nuevo sistema; otro, elementos cuantitativos. En cuanto a los elementos
cualitativos, es verdad que son un inicio de corresponsabilidad fiscal, y
yo podría incluso aceptar parcialmente las críticas del señor Montoro al
decir: ¡Hombre!, esto no es corresponsabilidad fiscal en un sentido
técnico. Posiblemente es correcto y esto no es todavía corresponsabilidad
fiscal, esto es un germen, un inicio; esto es un empezar en un sistema
que ese modelo no lo tenía definido inicialmente, pero empezamos por ahí,
y esa corresponsabilidad fiscal se reflejará necesariamente en todo el
sistema
de recaudación y en todo el sistema de inspección dando una participación
a las comunidades autónomas en la Agencia Tributaria. En ese sentido,
esto supone ya un paso para ir hacia una cierta coordinación en todo el
sistema de inspección que puede dar resultados positivos.
En cuanto a los elementos cuantitativos, quiero decir que la primera gran
discusión que se plantea en este punto es cómo se debe calcular ese 15
por ciento. Todo el mundo acepta de partida que estemos en un año cero en
el que los ingresos totales de cada comunidad autónoma siguen siendo los
mismos. Dicho de otra forma: el 15 por ciento se deduce del porcentaje de
participación en los ingresos del Estado. El problema es, a partir de
ahí, en cómo evolucione. Evidentemente, está desde una tesis maximalista,
que dice que los incrementos de recaudación se tendrán que comparar con
el incremento medio de la recaudación del IRPF del país y, en
consecuencia, en la medida en que se mejore por encima de la media hay
una capacidad de financiación adicional, tesis que no es realista porque
significa absorber la progresividad del impuesto por parte de la
comunidad autónoma correspondiente y en consecuencia que el sistema no
funcione en términos de una neutralidad, frente a la fórmula que propone
el Estado, que es que no planteemos el tema en esos términos, sino que
hay que determinar en cada comunidad autónoma su recaudación real en
referencia no a una media nacional, sino respecto a una base teórica o a
una base considerada teórica, calculada con ciertos criterios que tienen
que ser los mismos en cada una de las comunidades autónomas.
De hecho, con esa fórmula lo que se hace es, evidentemente, corregir los
efectos riqueza de cada una de las comunidades autónomas, aunque, sin
embargo, no corrige el efecto fraude, como se aprecia en las distintas
simulaciones de estadísticas que se realizan. A partir de ahí es verdad
que el problema de una base normativa calculada con criterios distintos
de la recaudación real en el año base puede generar ciertas distorsiones.
En consecuencia, el avance que se produce a continuación es tomar en el
año base una base normativa igual que la base real de recaudación.
En la discusión de ayer se introduce un segundo elemento: una cierta
elasticidad en función del porcentaje de evolución del valor añadido
bruto de una determinada comunidad autónoma respecto a la media del país.
Es una propuesta que de momento está encima de la mesa.
Entonces, con respecto a esta propuesta, ¿sobre qué estamos de acuerdo y
sobre qué no estamos de acuerdo? Yo diría que, a nivel de grupo técnico,
existe un cierto acuerdo. Primero, establecer un sistema por los tres
años que quedan con respecto al mecanismo de financiación actual;
segundo, estamos todos de acuerdo en que nadie debe perder y, por lo
tanto, si alguien queda por debajo del sistema de cálculo tiene que ser
compensado. Estamos todos de acuerdo con que juegue de alguna forma la
elasticidad de recaudación. En ese sentido, evidentemente la fórmula de
valor añadido bruto podría resolver ese problema, y estamos todos de
acuerdo con que no deben existir grandes desviaciones, ni las podemos
aceptar desde el Gobierno, porque grandes desviaciones significarían
pagos adicionales importantes que no podemos realizar en este momento y
que tampoco están previstos en esta operación, porque esta operación es
de inicio de un proceso de corresponsabilidad fiscal, no es una
reconsideración del sistema de financiación autonómica, y, evidentemente,
tampoco ninguna comunidad autónoma va a aceptar que se produzcan grandes
desfases entre unas y otras en función de la modificación del sistema, de
acuerdo con el sistema de cálculo.
¿Dónde se plantea en este momento la dificultad mayor? Evidentemente, en
el dinamismo de la fórmula, es decir, cómo se calcula esa base: cada año,
cada dos años, cada tres años, cada cinco años en el futuro, que es un
elemento importante de discusión y que, en mi opinión, es el que
deberíamos intentar resolver en los próximos días.
A partir de ahí yo creo que quedaría bastante claro que el sistema es
algo más o es bastante más que un puro acuerdo de imagen; es un acuerdo
que tiene elementos muy positivos desde el punto de vista cualitativo y
es un sistema que permite, desde el punto de vista cuantitativo, que,
mediante una fórmula, complicada, es verdad, como siempre son estas
fórmulas, nos permite avanzar en algo que puede ser coherente y
compatible con lo que actualmente tenemos encima de la mesa en términos
legislativos, es decir, compatible con la LOFCA.
¿Ha sido un tema de negociación con la fuerza política? Yo creo que no,
yo creo que se ha intentado presentar así pero es absolutamente falso,
porque el proceso de negociación se ha realizado con todas las
comunidades autónomas, con los sistemas habituales. Es verdad que una
fuerza política ha insistido más en el interés de este tema que en otros,
pero en ningún caso el Gobierno ha negociado única y exclusivamente con
una fuerza política, sino que se han negociado con todas ellas y, desde
luego, se han mantenido contactos con todas las comunidades autónomas
para discutir la fórmula y ver los efectos que en cada una de ellas
suponía.
Lucha contra el fraude. Cuando se ha referido a la lucha contra el fraude
usted plantea un punto que sin duda alguna tiene sus aspectos positivos,
pero que no sólo tiene aspectos positivos. En la Ley de blanqueo de
dinero se puede ir más lejos en cierto tipo de actuaciones que la
Directiva permite, pero que pueden generar, en mi opinión, ciertos
problemas en el sistema financiero. Yo comprendo que en la bola de
cristal planteamientos de este tipo pueden ser lógicos, pero en la
realidad podrían plantear dificultades de toda naturaleza. Yo comprendo
que en política siempre hay elementos de utopía, y la verdad es que la
utopía es siempre muy positiva, pero desgraciadamente la realidad acaba
imponiéndose.
El tema del fraude fiscal para mí no es un problema de hablar fuerte e
insistir mucho ante la sociedad y recordar cada día las necesidades de
corregir el fraude. Yo creo que hay que trabajar día a día contra el
fraude fiscal y que no hace falta explicitarlo todos los días. En
consecuencia, no se preocupe, no añore usted tiempos pasados en este
sentido porque la lucha contra el fraude va a seguir siendo igual de
contundente y efectiva que en el pasado, aunque posiblemente se hable
menos de esa lucha contra el fraude.
El señor Montoro ha comentado que el contenido le ha defraudado. Bien, yo
lo comprendo, porque posiblemente él quería una comparecencia de una
naturaleza distinta a la que yo he planteado. Cada uno está en su derecho
de ver las cosas de una o de otra forma.
Sigue insistiendo en la falta de una definición de política económica,
cuando yo creo que muy claramente la expusimos en la comparecencia del
día 5 de agosto. Es cierto que no estamos en un momento cualquiera y S.
S. dice que si hay una definición de objetivos por parte del Ministro
Pérez Rubalcaba, en qué se basan esos objetivos. Su señoría lo que está
planteándome es por qué no hablamos de los presupuestos y por qué no
hablamos de las actuaciones del Gobierno de acuerdo con lo que tiene
definido. Yo creo que en el momento actual podemos avanzar ciertas
cifras. No sería cortés por parte del Gobierno avanzar más respecto a
esos presupuestos, que lógicamente todavía no están absolutamente
cerrados y de los que no tiene conocimiento la Cámara. Por tanto, no se
preocupe S. S. que los diferentes elementos, los diferentes objetivos que
en estos momentos se han definido, quedarán claramente explicitados en la
documentación que se presente al traer a esta Cámara los Presupuestos
Generales del Estado.
Su señoría dice que no es un momento de reflexión sino que es un momento
de acción. De ahí se podría sacar la conclusión que desde el mes de julio
no se ha hecho absolutamente nada, que todo sigue igual y que lo que
estamos es pensando a ver lo que vamos a hacer. A mí me parece que ese
planteamiento es absolutamente incorrecto. Basta ver que han pasado
muchas cosas en términos económicos, y evidentemente yo no pretendo decir
que todas sean responsabilidad del Gobierno, pero sí en algunas el
Gobierno ha tenido bastante que decir y basta recordar, por ejemplo, la
modificación de márgenes en la flotación del Sistema Monetario, donde
indudablemente jugamos nuestro papel. No fue una deción única nuestra,
evidentemente que no, pero sí le puedo decir que la decisión final fue
bastante coherente con lo que España planteaba, pero está claro que eso
nos ha dado unas ciertas posibilidades de actuación en estos meses que yo
creo que han tenido resultados positivos para todos.
Sin embargo, lo que S. S. plantea es por qué no se adoptan medidas de
inmediato. Esa es un poco su opción, seguramente en una serie de temas
que, tal como los plantea S. S., no son muy distintos de las reformas
estructurales que el Gobierno está planteando. La diferencia de matiz
importante radica en que mientras que S. S. hubiera adoptado ya esas
medidas, nosotros pensamos que muchas de ellas, para no generar una
atención social adicional en este país, es razonable que se negocien con
los interlocutores sociales. Esa es nuestra diferencia de matiz. Soy
consciente de que a lo mejor esa negociación con los interlocutores
sociales no nos da todos los resultados que desearíamos, como soy
consciente de que algunas de estas medidas, si no se hubieran negociado
con los interlocutores sociales, se podrían haber adoptado antes. Pero, a
pesar de eso, la opción del Gobierno y la mía, absolutamente clara, es
pasar por esa negociación e intentar llegar a un acuerdo con los
interlocutores sociales, lleguemos o no lleguemos al final a él. También
le puedo adelantar que, lleguemos o no al acuerdo, las medidas que tengan
que estar adoptadas para el primero de enero próximo estarán adoptadas en
todo caso. Mucho mejor, desde luego, si somos capaces de llegar a un
acuerdo. En otro caso el Gobierno tendrá que adoptarlas porque somos
conscientes de nuestra responsabilidad.
Por tanto, ni hay un intento casi desesperado de presentar las cosas ni
hay un Gobierno paralizado, ni nada de todo eso. Hay una estrategia,
claramente definida el día 5 de agosto, que va cumpliendo sus plazos tal
como habíamos previsto. Los pasos ahora son muy claros: el próximo paso
es la presentación del presupuesto, presentar las medidas de
acompañamiento del mismo, iniciar en el mes de octubre la segunda fase de
la negociación del pacto social, centrándonos fundamentalmente en
política de rentas, mercado de trabajo y grandes líneas del sistema de
pensiones futuro y, en todo caso, el deseo del Gobierno es que antes del
30 de noviembre hayamos finalizado con estas negociaciones porque, por
supuesto, en el mes de diciembre tendrán que adoptarse por el Gobierno
las normas pertinentes, cuando no tengan rango de ley, o bien adoptarse
las normas con rango de ley o los proyectos de ley para ser enviados a
esta Cámara y que esta Cámara tome las decisiones pertinentes.
A partir de ahí, decía S. S. que tal vez le habría sido útil saber qué es
lo que está sucediendo en esa negociación. Yo creo que tenemos bastante
información por la prensa. Hasta ahora es verdad que no hemos llegado a
un acuerdo en el tema de pensiones y tampoco hay acuerdo sobre el tema de
funcionarios. En el tema de pensiones, básicamente, yo diría que no tanto
porque discrepamos en las cifras del año 1994 como porque se nos pide una
definición a tres años de la evolución de pensiones, punto que yo creo
que el Gobierno podría aceptar en el marco de un acuerdo de rentas, pero
que no va a aceptar para considerar como algo adquirido antes de que se
negocie un pacto de rentas.
En cuanto al tema de funcionarios la posición del Gobierno no ha sido
siempre muy clara. Somos conscientes de que a los funcionarios se les ha
pedido un esfuerzo enorme en el año 1993 y somos conscientes de que les
vamos a seguir pidiendo el esfuerzo durante el año 1994. Y se lo vamos a
pedir porque desgraciadamente son los únicos asalariados en este país que
no tienen ningún riesgo de pérdida de empleo. Sé que es doloroso, y es
doloroso porque es la gente con la que estamos trabajando todos los días,
pero pensamos que, dadas las circunstancias en el momento actual, es
absolutamente imprescindible pedir un esfuerzo de este tipo.
El desempleo. Evidentemente se han presentado las propuestas que el
Gobierno piensa poner en marcha. En algunas propuestas concretas
podríamos aceptar las modificaciones planteadas por los agentes sociales,
pero sí le
digo dos cosas: primero, las medidas de desempleo son absolutamente
imprescindibles para que se puedan cumplir las previsiones
presupuestarias que se establecerán en cuanto a transferencias del Estado
al INEM en tema de desempleo y, en consecuencia, esas u otras
equivalentes en términos financieros tendrán que ponerse en marcha. Ahí
podemos adoptar una cierta flexibilidad. En cuanto al margen financiero
total, desde luego, desgraciadamente no tenemos ninguna flexibilidad.
Por otra parte, lo que estamos pidiendo en el tema del desempleo pensamos
que son cosas bastante razonables. Estamos pidiendo que alguien no gane
más dinero si no trabaja que si trabaja. Cosas de ese tipo que nos parece
que más bien tienen que ver con romper situaciones de pasado no
excesivamente correctas que con recortar la prestación de desempleo.
Dicho de otra forma, lo que estamos pretendiendo es que el desempleo
cubra realmente a quien tiene que cubrir. ¿Hay dificultades sobre ese
paquete? Indudablemente sí, claro que las hay, ya lo sabemos y
comprendemos que a los sindicatos les resulta muy difícil negociar
elementos de esa naturaleza.
Su señoría plantea un problema que yo compartiría en gran medida: hay que
presupuestar mejor. Yo creo que es cierto, que a veces hemos tenido
desviaciones presupuestarias excesivas, pero tampoco magnifiquemos el
problema. Este es un problema que cobra especial relevancia en el último
año y medio, y en ese último año y medio evidentemente la crisis tiene un
papel importante que jugar. No quiero decir con eso que todo el déficit
presupuestario sea un déficit cíclico. Todos sabemos que no, todos
sabemos que nuestro déficit tiene un componente estructural importante,
pero no es menos cierto que la caída de ingresos, tanto del Estado como
de la Seguridad Social en un año de crisis, junto con el incremento de
gastos para cierto tipo de prestaciones sociales, ha supuesto o es un
elemento explicativo fundamental desde el punto de vista de la crisis del
sistema actual.
Su señoría dice -y ahí estoy de acuerdo- que nuestro problema es un
problema de competitividad. De acuerdo. Creo que eso es absolutamente
cierto y creo que hemos ganado una cierta competitividad como
consecuencia de las devaluaciones, pero soy consciente de que esa mejora
de competitividad la podemos perder en muy poco tiempo si no somos
capaces de actuar contra la inflación.
Sin embargo, S. S. dice -y es verdad- que inflación y déficit exterior
son los dos grandes problemas clásicos de este país. Lo que sucede es que
en estos momentos es un poco menos verdad, es decir, el déficit comercial
se está comportando de una forma bastante razonable y lo que ocurre es
que es consecuencia de la recesión -todos lo sabemos- y la inflación está
llegando en estos momentos a unas cifras realmente importantes en
términos históricos. Y el Gobierno se propone un objetivo de inflación
muy ambicioso para el año que viene. Soy consciente de que ese objetivo,
si lo planteásemos como proyección, tendría grandes elementos de crítica.
Somos conscientes de que un 3,5 de inflación sólo se podrá conseguir si
hay una cooperación por parte de la sociedad y una clara moderación
salarial. Pensar que podamos bajar de 4,5 a 3,5 en el año que viene si no
cooperamos todos y no somos todos capaces de hacer el esfuerzo que nos
corresponde, me parece un planteamiento no realista.
Estoy de acuerdo con S. S. en que hay que ir a medidas de liberalización.
Nuevamente discrepamos en el modelo. A S. S. le gustaría una ley
publicada, o un proyecto de ley enviado por el Gobierno diciendo: Todo
liberalizado. Mire usted, no es mi estilo y no vamos a entrar por ese
camino. Nosotros hemos iniciado un camino distinto que nos parece más
realista, más pragmático, consistente en encargar al Tribunal de Defensa
de la Competencia un estudio, que será elevado al Gobierno en las
próximas semanas y, a partir de ahí, se solicitará a los Ministerios
implicados -y no sólo a los Ministerios, que son muchos- actuaciones
específicas, y yo creo que ya hay un programa de actuación que debe
ponerse en marcha a lo largo del año 1994 para ir a las liberalizaciones
donde debamos ir, porque incluso el Tribunal de Defensa de la
Competencia, cuando analiza los problemas de liberalización, lo hace
siempre, única y exclusivamente, en términos de competencia y este
Gobierno considera que la competencia es muy importante pero no el único
elemento a tomar en consideración.
Por tanto, también a ese problema que a S. S. le preocupa tanto le vamos
a hacer frente porque pensamos que es importante, pero hay matices
diferenciales que, en mi opinión, nos separan bastante entre lo que
ustedes opinan y lo que nosotros opinamos.
En cuanto a la reducción del déficit, estoy de acuerdo en que es un punto
fundamental y es verdad que sin esa reducción del déficit el problema de
la reducción de tipos de interés no va a poder continuar. Nosotros
vinculamos la reducción de tipos de interés a dos elementos básicos y
fundamentales, que son, por una parte, la reducción del déficit y, por
otra, una mejora de las expectativas en la que juega un papel fundamental
la moderación de costes de toda naturaleza para las empresas a las que
anteriormente he hecho referencia. Evidentemente, habrá otros elementos,
llamémosle de importancia menor, pero que también van a tener su papel y
es en qué medida las reducciones de tipo de interés se trasladan por
parte del sistema financiero al utilizador final del dinero, cosa que no
siempre se produce, y desde luego casi nunca con la rapidez necesaria
para que los efectos sean los más adecuados.
En consecuencia, estos son los comentarios de tipo general que yo quería
hacer, y a partir de ahí las preguntas que usted denomina claves y creo
que que en gran medida están respondidas, pero su precisión concreta me
fuerza a contestar adicionalmente algún aspecto. Usted mantiene la tesis
de que hay que desmembrar totalmente los monopolios, incluso dice: Están
ustedes forzando, están ustedes defendiendo monopolios. Yo creo que no
estamos forzando monopolios. Es verdad que el concepto de monopolio, en
un sentido clásico, en una economía cerrada puede tener un papel como el
que usted plantea, pero no es menos cierto que en una economía abierta
ese monopolio juega un papel menor, entre otras razones
porque, de hecho, monopolios, exceptuando en algún servicio concreto,
quedan muy poquitos, y en estos servicios concretos hay que ir
produciendo elementos de liberalización. Ahora bien, seguramente
tendríamos distintas concepciones de qué significa desmembrar un
monopolio.
Nueva formulación de una política de empresa pública. Su señoría habla de
privatizaciones vergonzantes y de posiciones ideológicas. Mire usted, yo
entendería una definición de una política de empresa pública si
partiésemos de una situación cero, pero las empresas públicas de este
país no las ha heredado este Gobierno, ni siquiera de la Administración
socialista. Todos diseñaríamos una política de empresas públicas que
posiblemente fuera muy distinta de la estructura de empresas públicas que
tenemos actualmente, pero la política nos lleva a que tengamos que hacer
frente a la realidad tal como es y, en consecuencia, muchas veces la
decisión no es elegir lo óptimo, sino lo menos malo entre diferentes
alternativas. Por tanto, yo creo que las ideas están claras: hay que
tener empresas públicas en algunos sectores muy concretos por razones de
estrategia cuando no se puede cubrir ese objetivo estratégico con otro
tipo de instrumentos y hay que tener un proceso de adaptación del sistema
actual al sistema futuro deseable, pero hay una realidad a la que hay que
hacer frente en cada momento.
Problema del control del gasto público. Yo creo que es cierto que hay que
mejorar la presupuestación, y más que en el control, que creo que no es
malo, hay que dar un paso adelante en todo el sistema de utilización de
las auditorías de la Intervención General de la Administración del
Estado. Pero creo que el elemento fundamental es que, en la medida en que
la presupuestación sea más correcta, las desviaciones presupuestarias no
se van a plantear, sobre todo si no estamos en situaciones de crisis como
la actual.
Régimen de tributación. Su señoría dice que hay que cambiarlo
prácticamente todo. Yo no lo veo tan claro. Yo creo que estamos en un
modelo de tributación bastante definido, en el que tenemos, por una
parte, obligaciones como consecuencia de nuestra presencia en la
Comunidad, pero tenemos márgenes en algunos impuestos muy concretos. Ni
los impuestos de tráfico exterior pueden jugar el papel que jugaron en el
pasado, ni cierta imposición indirecta -el caso de los impuestos
especiales o el propio IVA- nos dan un cierto margen. ¿El Impuesto de
Sociedades nos da un margen mayor? Evidentemente, y el de Sociedades es
un impuesto al que tendremos que prestar alguna atención, pero no era mi
intención hablar de ese tema hoy aquí, aunque sin duda alguna tendremos
ocasión de hacerlo en un momento futuro.
Su señoría, finalmente, toca el tema de las haciendas autonómicas y dice
que no es urgente y no tiene nada que ver con la crisis. La
responsabilidad del Gobierno no es únicamente resolver el problema de la
crisis. La crisis es un problema prioritario, pero la responsabilidad del
Gobierno es también resolver otros compromisos que tenía adoptados
previamente, y éste es uno de ellos que está funcionando de acuerdo con
lo que teníamos previsto. Me gustaría, además, que lo resolviésemos
cuanto antes, porque creo que cuanto antes esté resuelto menos
disfunciones nos introducirá en la discusión política de este país.
El señor PRESIDENTE: Además de los dos Grupos intervinientes, ¿algún
Grupo Parlamentario desea fijar su posición? (Pausa.) En primer lugar,
tiene la palabra el representante de Izquierda Unida, señor Espasa, por
un tiempo máximo de diez minutos.
El señor ESPASA OLIVER: Señor Ministro, desde luego a mí no me va a
pillar usted nunca en la rigidez, sí en la claridad, cosa que usted no ha
tenido en la respuesta, y vuelvo al tema de las empresas públicas, en el
que no ha expresado ningún criterio. Yo puedo compartir con usted que el
Estado no hacía nada o poca cosa fabricando zapatos, zumo de tomate o,
por ejemplo, manteniendo los Paradores Nacionales, pero no se trata de
eso, no se trata de hacer bromas más o menos agudas entre nosotros. Un
criterio que podríamos compartir sería que el volumen total de dinero
empleado en la empresa pública fuera constante o incluso, en nuestra
opinión, se incrementase, y este dinero, estos recursos entrasen y
saliesen de las empresas públicas según necesidades, según sectores
estratégicos, etcétera. Este sería un criterio político que mi Grupo
podría compartir, pero usted no lo ha expresado de ninguna forma. Usted
me dice: No puedo hablar de ninguna empresa en concreto. Y yo le estaba
pidiendo criterios.
Yo le preguntaba, por ejemplo -y usted no lo ha dicho porque no quiere
decirlo-, si el Gobierno quiere o no quiere tener en su poder una banca
pública, una al lado del resto de la banca privada. Este no es un
criterio claro. Usted dice que ya se verá, pero mientras tanto el señor
Luzón va hablando de privatizar y de pérdida de mayoría de capital
público en el Banco Exterior de España. Son elementos importantes de
política financiera que el Ministro del ramo de este Gobierno tiene
obligación de responder ante la Cámara y, sobre todo, cuando un Diputado
de la oposición se lo plantea políticamente. Usted no ha dado ningún
criterio político. Se ha escudado en que no puede anunciar qué empresas
serán porque quizás los amigos de aquellas empresas puedan empezar ya hoy
a comprar acciones ya que van a subir de precio. (El señor Ministro de
Economía y Hacienda (Solbes Mira): O a bajar.) No digo que usted haya
dicho esto, pero podría pasar.
Usted tiene la obligación de dar criterios políticos y no ha querido
darlos ni en banca pública, ni en sector eléctrico, ni en otros sectores.
Por tanto, insisto en esta cuestión porque es de relevancia política, y
ahí la posición de otros grupos parlamentarios que ya se han pronunciado
es radicalmente distinta de la nuestra y en parte distinta de la del
Gobierno, pero a mí me gustaría una precisión mayor en esta cuestión: ¿en
qué sectores se considera necesario que el capital público sea
mayoritario? ¿Por qué? ¿Estamos de acuerdo en que este capital público si
sale de un sector debe entrar en otro para dinamizar estos nuevos
sectores? Ahí podríamos estar de acuerdo sobre la
base del mantenimiento de este volumen o quizás, incluso, del incremento.
Pero de todo eso usted no ha dicho nada.
Sobre corporaciones locales en líneas generales estoy de acuerdo en su
explicación. No podemos ni queremos transformar la Constitución Española
de hoy para mañana en una Constitución como por ejemplo pueda ser la
alemana, con los LãBNDER, y, por tanto, en buena medida la financiación
de las administraciones territoriales y locales debe venir de
transferencias del Estado. Es cierto, sin embargo, que sería bueno que
hubiese mayor corresponsabilidad fiscal a nivel territorial y a nivel
local. No la hay por ahora en el tema de las haciendas territoriales, y
somos de los que estaríamos dispuestos a avanzar, no como otros grupos
políticos, que al decir que no es el momento oportuno lo que están
diciendo es que no se atreven, que no quieren avanzar en
corresponsabilidad fiscal. Nosotros sí queremos avanzar en
corresponsabilidad fiscal. Creemos que es bueno, creemos que es necesario
y urgente que las administraciones autonómicas de este país, sobre todo
las que se rigen por la LOFCA (pero también la vasca y la navarra), no
sólo hagan -y permítame la expresión coloquial- de repartidoras de
dinero, sino de recaudadoras. Si no, no es un auténtico Gobierno. Los
auténticos gobiernos de este país son el central del Estado y los locales
que recaudan y prestan servicios. Desgraciadamente, las comunidades
autónomas sólo prestan servicios y, por tanto, hemos de hacer que los
ciudadanos de toda España sepan valorar a sus gobiernos autonómicos en
función de los que recaudan y de los servicios que les prestan, no sólo
por esto último. Ahí está, en el doble lenguaje de la fuerza política que
gobierna en Cataluña, una de las claves de su éxito. Sólo reparte, no
recauda y la culpa siempre está fuera. Por consiguiente, hay que avanzar
en corresponsabilidad fiscal.
El tercer punto son las haciendas territoriales, señor Ministro. Usted
mismo ha dicho al final que la fórmula es terriblemente complicada y, por
tanto, nuestra obligación -al menos creo que la mía y espero que también
la suya- es convertir lo complicado técnicamente en claro políticamente,
para que la gente se entere, porque es evidente que no ya la media, sino
la mayoría de los españoles no puede ni tiene por qué entender la
complicadísima fórmula que usted nos ha planteado. Hay que ir al núcleo
político de la cuestión, y el núcleo político de la cuestión es que usted
nos dice que no ha habido urgencia, que no ha habido debate con una sola
fuerza política, que es un debate que ya estaba abierto en el marco de
los acuerdos del año 1992. Formalmente esto es así, pero todos sabemos
hasta qué punto determinados acuerdos están pendientes de la aquiescencia
de una fuerza política, y hoy nos vamos a quedar con las ganas de conocer
la opinión de esta fuerza política, ya que parece que no está presente en
la Comisión y sería bueno oírles. Pero repito que nos vamos a ver
privados de su importante opinión sobre este tema, porque no veo a ningún
digno representante en esta sala.
Insisto en la calificación que he hecho anteriormente, y que usted ha
citado muy bien: el asunto central de la negociación está hoy en si el
cálculo de la base va a ser anual, trianual o quincenal; ahí está la
madre del cordero, y ha sido usted valiente al reconocerlo. Para decirlo
de una forma gráfica y clara políticamente, porque me interesa ser claro
políticamente, este es un premio de cobranza, no es corresponsabilidad
fiscal, señor Ministro, y usted lo sabe perfectamente. Yo le he dicho
que, a pesar de todo, es un avance en la imagen, pues adelante con la
imagen, pero no vendamos gato por liebre. No digamos que esto ya es
corresponsabilidad fiscal, porque todavía no lo es. Y, sobre todo, no es
desequilibrio territorial, no es insolidaridad, etcétera.
Termino, señor Presidente, porque, insisto sobre este asunto, no me
pronuncio definitivamente, puesto que el problema está abierto, como
usted muy bien ha recordado, con todas las comunidades autónomas, y está
abierto con la no presente fuerza política hoy aquí en la Comisión, diga
S. S. lo que diga, porque los otros también dicen cosas, pero el señor
Consejero de Economía del Gobierno Autónomo de Cataluña ya ha dicho algo
sobre la cuestión.
Respecto al fraude, tampoco, señoría, me pillará o me encajonará usted en
la utopía; ni mucho menos. En la ley sobre blanqueo de capitales es
perfectamente posible introducir un cuarto supuesto, para que aquella
Comisión -que está prevista- para el control de los movimientos
irregulares de masas importantes de dinero dentro de las entidades de
crédito y financieras que pueden provenir de tres actividades claramente
delictivas, realice otras vigilancias. Nuestra propuesta es muy simple y
muy sencilla: consideramos tan delictivo el narcotráfico, la venta de
armas o las bandas armadas como el dinero negro, y, por tanto, creemos
que es perfectamente lógico, legítimo, democrático y eficiente
económicamente introducir esta propuesta. De utopía no tiene nada. Es una
opción política más progresista, más de izquierda. Por cierto, el señor
Presidente del Gobierno tuvo a bien pronunciar esta para mí querida
palabra por tres veces en un debate televisivo, hacía años que no la
pronunciaba y las conté: la pronunció tres veces. Sería bueno que el
Gobierno practicase y conjugase esta palabra de progresismo de izquierda.
Es una medida de izquierdas, sí, señor Ministro; pero es una medida
eficiente económicamente, o lo sería.
Usted dice que no hace falta hablar alto cada día sobre el fraude. Yo no
sé si hace falta hablar alto cada día, pero lo que es cierto es que usted
no ha hablado ni de las primas únicas, ni de las cesiones de crédito. Y
le aseguro que cuando la población española ve cómo se castiga
judicialmente a defraudadores importantes -hemos tenido ejemplos
recientes en la comunidad autónoma de la que yo soy ciudadano, en la
provincia por la que soy Diputado-, se observa cómo a la ciudadanía le
interesa muchísimo ver a las administraciones públicas, al Poder
judicial, al Poder administrativo, al Gobierno, perseguir el fraude,
porque la mayoría de los españoles pagan sus impuestos. Por tanto, no sea
usted tan displicente diciendo que no hace falta hablar cada día. Los
españoles quieren oír hablar de ello y quieren estar seguros de que pagan
sus impuestos, pero de que los pagan todos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Espasa.
El representante del Grupo Catalán de Convergència i Unió ha tenido que
ausentarse, comunicando que, si puede, se reintegrará a la Comisión en el
turno de palabra. Como suele ser habitual cuando un grupo tiene que
ausentarse, esta Presidencia, si así lo solicita, se lo dará, y podrá
usted conocer, si es menester, las opiniones del Grupo Catalán.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Montoro.
El señor MONTORO ROMERO: Permítame que haga esta segunda intervención
empezando con una breve reflexión, que se deriva del tono de explicación
que ha adoptado el señor Ministro.
El señor Ministro es, efectivamente, una avezado político, y la política
puede ser ciencia como estudio, pero su práctica, sin duda alguna, es un
arte. Lo que ocurre es que cuando ese arte se exagera o se llega a
situaciones y afirmaciones que son, por lo menos, extremas, se corre el
riesgo de caer en el descrédito, como ocurre con el hecho de que sea un
Ministro quien esta mañana nos haya venido a hablar aquí de
corresponsabilidad fiscal. Se ha apalancado en el asunto del cambio, de
la financiación autonómica, y ahí es donde el señor Ministro se ha
brindado a ser más explícito, a desarrollarlo, y ha llegado a afirmar que
no es un problema de oportunidad política, por lo que decía que, en este
arte de la política, ya estamos lindando con lo que vendría a ser una
frontera de la prudencia. Porque cuando toda España sabe realmente por
qué se desata un asunto como éste, el de la financiación autonómica,
cuando realmente cualquier escolar sabría responder a la razón, el señor
Ministro nos viene a decir aquí que no es un problema de oportunidad
política. Pues habría que afirmar todo lo contrario: por nuestra parte es
un oportunismo político el único que justifica haber sacado una cuestión
tan delicada como ésta, porque crea nuevas rencillas entre españoles,
crea agravios comparativos a cambio de algo -y en esto es en lo que yo
quiero insistir ahora- que es lo que está en la negociación: a cambio de
la aceptación de una política económica del Gobierno socialista contra la
crisis que puede no ser la política económica que necesitamos. Es decir,
estamos dando el famoso 15 por ciento del IRPF a cambio de la permanencia
de esa política económica del Gobierno socialista. Si eso es así,
nosotros lo denunciaremos con toda rotundidad; si eso es así, seguiremos
insistiendo en nuestro planteamiento básico de que no estamos ante una
modificación de política económica para corregir la crisis.
Además, el señor Ministro ya ha reconocido también, con la facilidad con
que maneja el concepto de ejercicio de la política, que, efectivamente,
el 15 por ciento del IRPF no es corresponsabilidad técnicamente.
Agradezco al señor Ministro la claridad con que ha expresado esa opinión.
Creo que es de las más interesantes que se han oído esta mañana, porque
no es técnicamente corresponsabilidad, por lo que no le demos la túnica
que no le corresponde, no arropemos este concepto con unos valores para
hacerlo aceptable ante la sociedad, cuando no es así. Vamos a hablar
sobre corresponsabilidad fiscal cuando manejemos fórmulas auténticas de
corresponsabilidad fiscal.
La política es, efectivamente, un arte de manejar el realismo; lo que no
debe ser es un arte de no tener ideas sobre lo que hay que hacer. Esto es
lo que hay que distinguir. Quiero decir que la política debe ser el arte
de solucionar, de solventar problemas y de no dejarlos sobre la mesa.
Porque si hay un problema de financiación autonómica, hablemos de
corresponsabilidad cuando de verdad estemos ante fórmulas de
corresponsabilidad; si hay un problema planteado de privatizaciones,
hablemos de empresas públicas cuando tengamos ideas sobre lo que vamos a
hacer en política de empresa pública, es decir, en esta organización de
política económica de empresa pública. No confundamos, señor Ministro, no
tener planteamientos con el arte de gobernar. Esta es otra cuestión. Si
el arte de gobernar es no tener planteamientos, habrá que corregir este
mal arte de gobernar. Para gobernar hay que tener ideas, hay que tener
objetivos y hay que tener criterios. Y me baso en mi reciente llegada a
la política para insistir en que dicha política tiene que ser de
argumentos y de ideas, y no la aceptación de las carencias de esos
argumentos. Al menos algunos estamos en la política para eso, para traer
ideas y argumentos, no para dejar que las herencias recibidas vacíen esos
argumentos y esas ideas.
El señor Ministro, en este arte de político -que desde luego le tengo que
reconocer- no responde absolutamente a nada. Me habla de reforma
tributaria y dice: Los impuestos dependen de nuestro entorno. Señor
Ministro, estamos en este entorno para competir con éxito, y los
impuestos son un elemento de competencia en ese entorno. No espere a la
Comunidad Europea para hacer una reforma tributaria. Otra cosa es que no
tenga ideas de cómo hacer una reforma tributaria; nosotros se las
facilitaremos con mucho gusto, pero no ponga ese entorno como una
justificación de parálisis.
¿Que hay que desmontar monopolios? Obviamente. ¿Tienen los monopolios
otro sentido en economía abierta? Claro que tienen otro sentido, son
peores que en economía cerrada porque nos restan competitividad, señor
Ministro, son causas de ineficacia, de elevaciones de precios y de costes
de las empresas, que es lo que a ustedes les preocupa. El argumento es
justamente el inverso. Cuando tenemos que ser más competitivos hemos de
desmembrar monopolios. Otra cosa es que el Gobierno dé cobijo a esos
monopolios por razones históricas, difícilmente justificables en el
momento actual, y a este Gobierno le tiemble el pulso a la hora de
aplicar una estrategia de desmonopolización de la economía española. Si
quiere que le indiquemos dónde están esos monopolios, con mucho gusto se
lo vamos a indicar. Son sectores donde está instalado precisamente el
sector público, la Administración pública, y sectores guiados con
criterios políticos y no de gestión económica eficiente. Todos los
conocemos perfectamente: en el ámbito de las
comunicaciones, de los transportes, en el ámbito de abastecimientos de
energía, etcétera.
No confundamos -insisto en esta idea central- lo que es la política como
omisión con lo que es la política de acción. Lo que estamos reclamando en
este momento en mi Grupo Parlamentario es una política de acción, de
ideas, de argumentos, y no de escudarse en planteamientos de decir que
estamos en otras circunstancias. Claro que estamos en otras
circunstancias, y porque estamos en otras circunstancias, en economías
abiertas, es por lo que hay que cambiar esos supuestos de funcionamiento,
y es donde, lamentablemente, no estamos viendo voluntad de cambio. Y si
no hay esa voluntad de cambio, no le quepa duda que no puede haber una
política económica eficiente para luchar contra esa crisis.
No me califique diciendo que mi modelo es la liberalización máxima; eso
es un absurdo. No vayamos a simplificaciones descalificadoras porque
están carentes de un mínimo realismo. No intente descalificar, como Eros,
con atribuciones que no pertenecen, ya que jamás, en ninguno de mis
escritos ni en mis manifestaciones públicas, me he referido a eso. No se
amparen en este tipo de tópicos para hablar con seriedad de lo que es un
proceso de liberalización y de desregulación en España.
Señor Ministro, no es una cuestión de modelos enfrentados; es una
cuestión de hacerlo mal, como se está haciendo, y si no existe el
reconocimiento de que se está haciendo mal, difícilmente se puede
corregir. Si ustedes hablan de una nueva política económica y no
reconocen lo que han hecho hasta ahora, que ha sido precisamente
permanecer en el error, no podemos más que ser escépticos respecto del
contenido de ese cambio.
Cuando usted presenta como un éxito del Gobierno español la situación de
relajamiento de las bandas de fluctuación del Sistema Monetario Europeo,
no puedo por menos que asombrarme, señor Ministro. El Gobierno español,
que está defendiendo la unión monetaria europea, sus plazos, etcétera,
que es el Gobierno que en estos momentos en Europa está siendo más
pro-Maastricht -entendiendo Maastricht en los términos que se
establecieron-, dice ahora que la relajación de las bandas de fluctuación
de las monedas en el Sistema Monetario Europeo es un éxito. ¿Por qué?
¿Porque ustedes entienden que la peseta lo habría pasado muy mal en la
banda anterior? ¿Eso es lo que se nos está diciendo, señor Ministro? ¿Esa
es la confianza que le merece el tipo de cambio actual de la peseta? ¿Esa
es la confianza que le merece la consecución de esos plazos para la Unión
Monetaria Europea? ¿O es que no entendemos qué es la Unión Monetaria
Europea?
Señor Ministro, es asombroso que se intenten adjudicar ustedes como
éxitos de política económica lo que no son sino subterfugios ante lo que
está cayendo en la crisis económica. El refugio de esa crisis, que son
los ajustes que se producen en la economía, ustedes lo están
interpretando como éxitos. Señor Ministro, si empezamos a decir que la
inflación baja en España porque hay una política económica correcta, que
el déficit exterior se está ajustando porque hay una política económica
correcta, que la Unión Monetaria Europea se ha racionalizado porque el
Gobierno español lo ha querido, no nos asombraríamos si les viéramos
apuntarse el éxito del desempleo. Es decir, el paso siguiente es que se
van a apuntar como éxito la tasa de paro, que es la que les queda por
apuntarse.
No exageremos. No confundamos ajustes económicos con éxitos de política
económica. Otra vez estamos en la gestión del buen político, del político
avezado; cuidado con los avezados. No exageremos este papel de los
políticos. La sociedad española no está para políticos demasiado
experimentados; está para novedades, está para aciertos y para ideas. Ya
está bien de políticos que no llenen su contenido. Ya está bien de
apuntarse éxitos que no se correspondan con acciones de política
económica. Por eso tengo que lamentar que en sus respuestas siga haciendo
filosofía carente de contenidos. Porque ¿tiene usted una política de
empresa pública? ¿Tiene una política de reforma tributaria? ¿Tiene una
política de elaboración de presupuestos públicos? ¿Tiene una política de
reorganización del sector público? Por cierto, el libro blanco del gasto
que ha dicho que manejan sería muy oportuno que lo enviaran a esta Cámara
para su conocimiento, porque los medios de la Administración son de
todos. Nosotros tenemos también la obligación y el deber de conocer esos
medios.
Señor Ministro, me temo que en las respuestas va a volver a la filosofía.
Estoy encantado con filosofar. Vaya por delante que estaría encantado en
que convirtamos esta Comisión en un enfrentamiento de modelos, si no
fuera porque estamos vaciando el contenido de su propuesta, como usted ha
hecho en la primera intervención. Si vamos por este camino lo que estamos
haciendo es frustrar a la sociedad española para la que tenemos que
trabajar desde esta Cámara. Lo que está pasando es bastante serio y
bastante grave y no es algo, como ustedes están planteando, que se deba
negociar sin más, entendiendo por negociación -término muy noble, por
cierto- la elaboración de política económica después de aplazamientos, de
demoras, que es lo que ustedes están buscando en la solución de sus
responsabilidades hasta que resuelvan sus problemas internos. Esta es la
cuestión, señor Ministro.
Usted ha dicho que le preocupa la respuesta de la sociedad, y lo que le
preocupa es la respuesta de cierta parte de la sociedad a la que ustedes,
lamentablemente, no dijeron la verdad en las últimas elecciones
generales. Ahora les falla su base social y tienen problemas internos de
partido, que no son otra cosa que las contradicciones de aplicar una
política económica que están mostrándose incapaces de imponer por su
debilidad estructural, por su propia debilidad.
Señor Ministro, la crisis económica es seria y puede ser larga. A esa
crisis se la combate con políticas económicas expresas, específicas,
incluso políticas económicas valientes, que son las que necesita la
sociedad española y que entendería que se adoptaran en este momento. No
dejemos pasar esta oportunidad de cambiar el estado de cosas, como
ustedes están pretendiendo, diluyendo sus
responsabilidades en todas estas reuniones, en toda esta estrategia que
nos está conduciendo a permanecer en nuestros problemas, a no salir de
este camino de mediocridad en el que ustedes mismos nos están instalando.
El Señor PRESIDENTE: Sin entrar en el fondo de su intervención, está de
acuerdo la Presidencia con usted en que va a tratar a todos los miembros
de la Comisión por igual sin atender a los trienios parlamentarios ni a
la experiencia acumulada de ejercicios anteriores.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mauricio.
El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Señor Presidente, en este turno breve de
fijación de posiciones, Coalición Canaria, como es natural -porque el
señor Ministro no lo ha hecho así-, no va a entrar en ningún tipo de
debate sobre los Presupuestos Generales del Estado; supongo que tendremos
tiempo las semanas próximas de entrar en ellos. Digo esto porque nos da
la impresión de que tampoco el Gobierno tiene muy claros ni cuadrados
esos Presupuestos Generales del Estado. Supongo que el señor Ministro
tendrá en estos días una gran preocupación porque el Consejo de Ministros
del viernes tenga la posibilidad de cerrarlos.
Por otra parte, coincido con una visión un tanto pesimista, al menos ésa
es la impresión que yo tengo, de que el pacto social no va a cerrarse, y
que ni de aquí a la semana que viene, ni de aquí al 30 de noviembre habrá
pacto social en España. Lo que habrá, sin duda, será un pacto político de
cara a los Presupuestos Generales del Estado y a las medidas de política
económica que se aplicarán después.
Como en esos temas de carácter general en realidad no hemos entrado, sino
que solamente ha habido una exposición más o menos pormenorizada del
señor Ministro sobre las iniciativas que va tomar desde su Ministerio, yo
quisiera hacer una breve referencia y pedir, si el señor Ministro pudiera
atender la solicitud de Coalición Canaria, que nos contestara a alguna de
las cuatro cuestiones que son para nosotros básicas dentro de las
intervenciones y debates que hemos tenido.
En primer lugar, sobre la política de medidas de racionalización fiscal,
de modernización del sistema fiscal y de política de incentivos
económicos para salir de la crisis, nosotros vamos a estar muy atentos a
las iniciativas que desde el Ministerio y desde el Gobierno se tomen,
pero ya le he señalado en varias comparecencias públicas al señor
Ministro la preocupación que sentimos en Coalición Canaria por el régimen
especial de Canarias. Oberve el señor Ministro que ha hecho una cita de
pasada, de una forma muy rápida, al régimen especial de Canarias, que
está en este momento en el trámite de su toma en consideración por el
Congreso de los Diputados, y solamente pendiente del informe del
Gobierno, que creo que se cumple a principios de octubre.
Solamente quiero decirle que, dentro de las medidas económicas -ya se lo
señalaba desde la tribuna del Congreso de los Diputados la semana
pasada-, el más escaso de los recursos es el tiempo, y observe que
Canarias ha iniciado el ciclo de crisis económica antes que el resto del
Estado español. Por tanto, estamos en un proceso crónico de agravamiento
de la crisis que tiene factores de carácter general como los tiene todo
el Estado, como los tiene toda Europa, pero con problemas específicos. Yo
quisiera pedirle al señor Ministro que se acelere todo esto, y
preguntarle si es criterio del Gobierno el que este trámite se pueda
llevar por el procedimiento más urgente posible a través de una
negociación que ya se está celebrando entre el Gobierno de Canarias y el
Gobierno del Estado a efectos de que el marco fiscal y económico de
Canarias tenga en cuenta su peculiaridad.
El señor Ministro, que ha hecho un trabajo intenso en las Comunidades
Europeas, sabe muy bien que desde Bruselas, desde Europa en general, el
tema canario se entiende mejor que hasta ahora desde el Gobierno del
Estado: que en Canarias tenemos el Poseican; y la consideración de que
vivimos en un espacio económico que no tiene las mismas características
que el espacio económico peninsular dentro del continente europeo. Eso
nos obliga a que el régimen económico de Canarias se trate lo antes
posible y no se olviden algunos datos que supongo que el señor Ministro
conocerá mejor que yo, como es la implantación de la zona económica de
Tánger, la de Madeira, la creación del Centro Internacional de Negocios
en Casablanca, etcétera. (El señor Vicepresidente, Fernández de Trocóniz
Marcos, ocupa la presidencia.) Es decir, en el espacio económico de
Canarias, en el espacio geográfico de las islas Canarias, que tienen una
peculiaridad en el borde ya del Atlántico Sur, a una distancia de más de
1.700 kilómetros de la capital de España, deberíamos pensar en la
necesidad urgente de la aplicación del régimen especial y llegar a un
acuerdo lo antes posible. Ese llamamiento al elemento de peculiaridad
canaria no nos hace olvidar a Coalición Canaria la preocupación que
tenemos por la salida de la crisis de todo el Estado, de toda España y de
todo el continente europeo. Por eso vamos a tener una política de
solidaridad, una política de preocupación por el conjunto de los
problemas españoles.
En segundo lugar, ha hablado del tema de las administraciones
territoriales, y concretamente del 15 por ciento del IRPF. A lo mejor no
es exacta esta valoración, pero tengo la impresión de que estamos
construyendo un edificio y no hemos hecho los planos, y es una mala forma
de hacer el edificio porque, al final, puede salir cualquier cosa menos
algo funcional, racional y eficaz.
Algunas fuerzas políticas preconizan el 15 por ciento del IRPF, su cesión
y su corresponsabilidad llamada fiscal, y el señor Ministro ha dicho hoy
que no es exactamente un proceso de corresponsabilidad fiscal, sino un
primer paso, y como en todos los primeros pasos ocurre, como en la
geometría, un punto no define una recta, un primer paso no define una
política y una perspectiva. A mí me parece que se está trabajando, por un
lado, en la dirección de conciertos económicos y la búsqueda de cupos,
que me parece un modelo, y, por otro, simplemente que la cesión del 15
por ciento del IRPF es una manera
de parar una política que va en una dirección distinta a la que preconiza
el Gobierno y el Partido Socialista. Es un acuerdo coyuntural para
conseguir una mayoría en un momento determinado, pero nadie nos está
explicando el pacto territorial que hace falta en España y que los
canarios estamos muy preocupados por él, un pacto territorial basado en
el equilibrio, en la corresponsabilidad fiscal y también en la
solidaridad, y no encontramos la forma de compensación, porque toda esta
historia es una bizantina discusión que en nuestra opinión no define el
edificio final. Cuando tengan definido ese modelo, ése será el momento en
que Coalición Canaria preste su apoyo o su crítica al Gobierno del
Estado.
En tercer lugar, ha hecho una mención rápida a los temas de
administración de las haciendas locales. Yo quisiera decirle al señor
Ministro que ése es uno de los problemas fundamentales de este país. La
crisis de los ayuntamientos, y concretamente de los ayuntamientos dentro
de las haciendas locales, es uno de los problemas que está deteriorando
el sistema democrático. La falta de su saneamiento y su eficacia de
gestión en servicios fundamentales para los ciudadanos está provocando
malestar y descontento profundo entre los españoles. Yo creo que es el
momento de que el Gobierno del Estado tome la iniciativa, reconociendo
que el IAE -el Impuestos de Actividades Económicas- no ha sido la mejor
fórmula para llevar a los ayuntamientos la corresponsabilidad fiscal. Y
aunque el modelo español tiene dificultades ciertas desde el punto de
vista constitucional para ir a formas muy avanzadas de corresponsabilidad
fiscal, no hay que decir que el Estado, que el Gobierno central, que la
Administración central recaude y que los ayuntamientos y las comunidades
autónomas gasten. Ya los ayuntamientos recaudan. Y lo que hay que hacer
es racionalizar su sistema para ir a un plan de saneamiento en serio,
basado en el principio de corresponsabilidad fiscal. Yo creo que hay que
avanzar urgentemente en ese camino.
Pero yo solamente quería apuntar que los canarios -no sé si el señor
Ministro lo sabe- nos encontramos con un problema. También tenemos una
particularidad, y yo pido disculpas a la Comisión por mi preocupación,
porque plantear la particularidad canaria no es por un problema de
insolidaridad, sino de insularidad, ya que ese problema existe. Usted
sabe que los ayuntamientos canarios tienen unas formas de financiación
peculiar en las cuales no están equiparados en la obtención del fondo
estatal de cooperación municipal, pero ha habido una reciente sentencia
del Tribunal Supremo que plantea y abre el debate, sobre todo cuando el
señor Ministro sabe que hay un proceso de DESCRESTE de los ingresos de la
Hacienda especial canaria, de los cuales se nutren los ayuntamientos de
las Islas. Es un tema que debería actualizarse, pero, dada su urgencia,
los ayuntamientos canarios están pidiendo que incluso el próximo viernes
el señor Ministro entienda la posibilidad de incorporar un crédito
especial complementario en la financiación de las haciendas locales para
resolver el tema de la equiparación de los ayuntamientos canarios al
fondo estatal.
El cuarto y último punto -y le agradezco, señor Presidente, el tiempo que
me concede- se refiere al tema de la empresa pública y las
privatizaciones. Aquí se ha dicho que hace falta criterio. A mí me parece
que el primer criterio que hay que aplicar es ver el valor estratégico
que puede tener en algunos sectores la empresa pública y que el segundo
criterio estaría en procurar la máxima eficiencia, pero es cierto que la
empresa pública no puede estar resolviendo temas de fabricación de
zapatos ni de conserva de tomates, como ha señalado el señor Ministro.
El señor Ministro ha dicho que lo importante es la propiedad pública de
la red eléctrica y no tanto la producción eléctrica, con lo cual, de
alguna manera, ha planteado el tema de Endesa. Quiero decirle que la
Endesa canaria, que es Unelco, juega un papel estratégico en la
producción de energía y agua en las islas. Yo sitúo este tema porque
también afecta al resto del Estado, en la medida en que la definición de
la política de privatizaciones no puede tocar sectores estratégicos,
aunque en sectores estratégicos sí puede haber propiedad mixta pública y
privada. Quiero decirle, simplemente, que sería muy interesante que se
pensara que puede haber privatización y que en algunos casos puede
ocurrir que se dé un carácter autónomo a la participación de las
comunidades autónomas en empresas de estas características. En el caso de
Unelco, en Canarias, teniendo en cuenta que Unelco produce agua y energía
y la producción de agua es un sector estratégico de futuro a nivel
mundial, sería muy interesante que se contemplara ese aspecto concreto.
Por último, en el tema de la empresa pública y los monopolios quiero
decirle que los canarios nos sentimos gravemente encorsetados con la
presencia de monopolios de hecho, como son las empresas de transporte
Iberia y Trasmediterránea, que dificultan que Canarias pueda jugar un
papel no sólo en sus relaciones con el continente europeo, sino con el
continente africano y latinoamericano, donde las Islas tienen una
situación de puente, de relaciones que en su futuro modelo económico van
a ser claves para que su economía no sea una economía en crisis y sí una
economía en progreso y desarrollo.
Estas han sido cinco referencias a las intervenciones que se han hecho
esta mañana, que nosotros exponemos a los efectos no sólo de considerar
el tema canario, sino de considerar ejemplos canarios para abordar el
conjunto de los problemas del Estado.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández de Troconiz Marcos): Por el Grupo
Socialista, tiene la palabra el señor Hernández Moltó.
El señor HERNANDEZ MOLTO: Señor Presidente, en primer lugar, quiero
agradecer, cómo no, la presencia del señor Ministro en la Comisión en
esta primera comparecencia de la legislatura y darle la bienvenida a esta
Comisión. En segundo lugar, quiero, realmente, felicitarle, sumándome a
las seis felicitaciones que he contado del portavoz del Partido Popular
por su habilidad política, que, desde mi punto de vista, ha tenido la
virtualidad, no tanto de esconder ningún problema, sino todo lo
contrario: ha estado más en el orden de reconocerle una habilidad para
reconducir un debate que, sin duda alguna, estaba absolutamente al margen
del motivo de la convocatoria que hoy nos traía aquí. Por tanto, usted,
señor Ministro, ha tenido la habilidad de corregir inexperiencias,
vaguedades e incluso de sustituir las incapacidades para poner encima de
la mesa el debate que hoy nos ocupaba: el debate de lo que deba ser el
programa de gobierno, el programa de su Ministerio para toda la
legislatura. Creo que, sin duda alguna, con su talante habrá disculpado
los excesos y las inexperiencias que le habrán situado, quizá, en un
contexto fuera de esta Comisión, porque yo, que sigo con especial
atención lo que pensaba que iba a ser un elemento de nuevo sentido común
en algún grupo político de esta Cámara, he comprobado, con algo de
decepción, lo que ha sido la quinta vez que se ha repetido el mismo
discurso desde el día 5 de agosto hasta la fecha de hoy, y probablemente
amenaza con ser la antesala del debate de esta misma tarde en el Pleno
del Congreso de los Diputados.
En cualquier caso, señor Ministro, mi Grupo sí se ha quedado con una
tranquilidad, con la tranquilidad de saber que, en su diagnóstico y en
sus compromisos de trabajo para los próximos años, parece que no existen
carencias porque no ha habido ni una sola aportación referente a
instrumentos, proyectos o iniciativas que no estén ya en la mesa de
trabajo del Consejo de Ministros y en su propio Ministerio. Es evidente,
y se ha comprobado aquí, que se pueden anticipar diferencias puntuales en
proyectos que tengan que ver con legislaciones, iniciativas o formas de
trabajo, pero aquí se ha construido una columna vertebral que recoge un
diagnóstico que comparte el sentido común económico de este país y que,
sin duda, va a dar pie a una larga discusión y a un largo trabajo en los
próximos años. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
Por tanto, no se preocupe, señor Ministro, usted ni ha defraudado ni ha
entristecido a nadie con su intervención; algunos estaban tristes, yo
diría que incluso excitados y probablemente frustrados desde el día 6 de
junio, desde hace algunos meses, lo que, desde mi punto de vista, está
llevando a algunas graves irresponsabilidades parlamentarias. Hoy, con la
indulgencia que se le debe dar al novicio, hemos asistido a una de ellas,
a las reflexiones que se han producido sobre el modelo de financiación
territorial en este país. Anteayer ya algún patrón político abría otra
vez el discurso del separatismo nacional, no sé si vinculándolo al mismo
discurso o simplemente a sus conceptos de Administración única. Estamos,
por tanto, asistiendo a un estrambote político que en muchas ocasiones
tengo la sensación de que no transmite el nivel necesario de serenidad y
de seriedad en el debate político que los ciudadanos esperan de nosotros.
Evidentemente, estamos en una situación distinta, y lo que hace algunos
meses era calificado de prepotencia, hoy, al estar en el necesario
proceso de diálogo político y económico, se califica de paralización. Es
cierto que estas acusaciones se hacen desde ámbitos en los que su falta
de protagonismo casi está rayando el esperpento político, pero, en
cualquier caso, yo creo que todos deberíamos hacer un cierto esfuerzo, el
de adaptarnos a una nueva situación política y parlamentaria en la que,
desde luego, los ritmos van a ser fundamentales, y en la que es necesario
el respeto a las fuerzas políticas que coincidan con el grupo mayoritario
y con el Gobierno; no creo que sea edificante calificarlos como
chantajistas ni como salteadores de caminos, sino como fuerzas que
representan un sector social y político y que tienen el legítimo derecho
de poder coincidir con el Gobierno y con el Partido Socialista.
Es cierto que algunos grupos políticos, no aquí sino a través de los
medios de comunicación, ya han dado hoy la solución a la crisis
económica; no lo van a decir nunca en el debate, ni con usted tampoco, lo
dicen en otros ámbitos. ¿Sabe usted cuál es la solución a la crisis
económica? Convocar elecciones, lo han dicho esta misma mañana, con esta
especie de estrategia política de considerar el Parlamento como un juego
de tómbola donde, jugando muchas veces, alguna vez le toca al jugador. Yo
creo, sinceramente, que ése es un mensaje que tiene corto alcance y un
juego al que yo creo que muchos grupos de esta Cámara y muchos agentes
económicos y sociales están manifestando todos los días que no se van a
prestar. Por mi parte, señor Ministro, simplemente transmitirle algo que
es innecesario porque usted lo sabe perfectamente, que va a contar con la
colaboración incondicional de este Grupo Parlamentario para seguir no
sólo en el fondo de su programa, sino con el talante con que usted ha
iniciado esta legislatura y por lo que le felicito.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Hernández Moltó.
Por último, tiene la palabra el representante del Grupo Vasco, señor
Olabarría.
El señor OLABARRIA MUÑOZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Para tranquilizarle a usted, al señor Ministro y a todas SS. SS. empezaré
diciendo que comentar las palabras del Ministro sin haberlas escuchado es
un ejercicio de irresponsabilidad o de esoterismo. No estando dotado para
lo segundo, para lo primero estamos dotados casi todos potencialmente. No
voy a transmitirle más que una pregunta, no sin felicitar siquiera
parcialmente al portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra por
las apelaciones a la responsabilidad, que se nos antojan especialmente
adecuadas en esta coyuntura.
Señor Ministro, lo que le quería preguntar es lo siguiente. Es casi una
obviedad decir que llegar a un acuerdo razonable, a un acuerdo en los
distintos ámbitos del pacto social con los interlocutores sociales es un
instrumento importantísimo, casi ineludible se nos antoja, para remover
algunas de las dificultades estructurales o algunas de las dificultades
económicas generales que tiene en este momento nuestro sistema económico.
Percibimos una evolución negativa o un talante negativo justificado, ya
que proponer en el ámbito del pacto de renta a
los interlocutores, fundamentalmente a los interlocutores sindicales, una
pérdida de cinco puntos de poder adquisitivo en los próximos cuatro años
es algo que encaja difícilmente con la cultura sindical, y habría que
analizar si encaja también con los requerimientos de justicia material
más elementales. Hay otras cuestiones que también son de difícil
negociación con los interlocutores y me gustaría que me pormenorizara un
poco más cuál es el estado de la situación actual de estas negociaciones,
en primer lugar, complementándolo con las siguientes reflexiones, si es
que lo puede hacer, señor Ministro.
Entendemos que es una perversión argumental o conceptual atribuir todos
los males de la economía, como alguno simplificando mucho hace en sus
reflexiones, a los altos costes laborales unitarios, porque, entre otras
cosas, los altos costes laborales unitarios no tienen sólo un componente
salarial, sino que tienen un componente de diferente naturaleza, sobre
todo aseguratorio público, que en nuestro Estado también es muy alto.
Esto nos lleva a una reflexión colateral, señor Ministro, que es la
siguiente. En las propuestas que sirven de fundamento al pacto social ¿se
está reflexionando seriamente cómo reformar globalmente nuestro sistema
aseguratorio público, nuestro sistema público de Seguridad Social o se
está limitando este debate a un ámbito de reajuste, por no utilizar otra
expresión, de algunas de las pensiones más características de nuestro
sistema público de Seguridad Social?
Nos gustaría que el planteamiento sea el más ambicioso y se piense
realmente en una reforma de nuestro sistema aseguratorio público en su
consideración colectiva antes de que ese sistema nos pueda llegar a
fagotizar a todos al final, como algún catedrático importante ha dicho,
porque su evolución es realmente peligrosa en este momento. Ese debía ser
el planteamiento.
Quiero recordarle algunas expresiones que me son personalmente dilectas,
como algunos de los ya experimentados Diputados que están en esta Cámara
conocen, como que en el Derecho del Trabajo y en las reformas
estructurales, las atinentes al ordenamiento jurídico laboral, no vale
todo, señor Ministro, y usted lo tiene que saber, y una serie de
principios, algunos incluso impuestos por nuestra Constitución. Uno de
ellos sería el principio de autonomía colectiva en el ámbito de la
reestructuración que se pretende de la negociación colectiva, previsto en
el artículo 37 de la Constitución Española, que impediría, entre otras
cosas, homogeneizar absolutamente nuestro sistema referente a esa
negociación colectiva. Se homogeneizará si así lo deciden los
interlocutores sociales, pero es que el principio de autonomía colectiva,
señor Ministro, entre otras cosas posibilita a los interlocutores el
determinar voluntariamente los ámbitos personales, funcionales y
sectoriales de los convenios, y estos ámbitos serán los que quieran los
interlocutores, no lo que convenga, aunque esta conveniencia sea muy
razonable al Gobierno.
Me gustaría saber si se tienen en cuenta estas consideraciones u otras
también dilectas para mi Grupo, como el principio de irregresividad de
las prestaciones. Usted sabe que hay dos sentencias del Tribunal
Constitucional del año 1987 interpretando el artículo 41 de la
Constitución que consagran una genuina irregresividad de las prestaciones
en su consideración colectiva, de forma y manera que el nivel de
cobertura y las condiciones de acceso a la misma de las distintas
pensiones, las que en este momento regula el ordenamiento jurídico,
cristalizan, y cualquier reforma posterior, según este principio, sólo
podría o mantener ese nivel de aseguramiento, de protección, o
incrementarlo, nunca reducirlo o endurecer las condiciones de acceso a
las prestaciones. Hay otras esencialidades del Derecho del Trabajo, que
usted sabe que es un derecho muy especial, no es un derecho privado, no
es un derecho contractualista, es un derecho tuitivo, un derecho que
protege la posición contractual del trabajador frente al empresario por
la doble subordinación que se produce, y privar de este contenido tuitivo
al Derecho del Trabajo sería privarle de su esencia, sería volver a
fórmulas civiles o contractuales de articulación de las relaciones de
producción que no se podrían dar.
Señor Presidente, ya estoy hablando demasiado para no haber escuchado las
palabras del Ministro, según signos inequívocos por mi zona trasera me
indican de forma muy clara. Estoy muy interesado, señor Ministro, en que
si puede pormenorizar estas cuestiones lo haga, aunque sea con brevedad.
El señor PRESIDENTE: El señor Montoro me pide la palabra, me imagino que
por alusiones dialécticas. En un breve turno vamos a intentar zanjar,
antes de dar la palabra al señor Ministro, esta pequeña excursión
dialéctica entre el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo
Parlamentario Popular. Sólo a estos efectos le doy la palabra al señor
Montoro y por un tiempo máximo de dos minutos.
El señor MONTORO ROMERO: Muy brevemente, señor Presidente.
Quiero hacer un comentario respecto de la novedad que supone mi presencia
en la Cámara, a la que el señor Hernández Moltó se ha referido con
reiteración. Desde luego, todos tenemos mucho que aprender de lo que son
las conductas políticas y estamos dispuestos a seguir aprendiendo de
ellas. Lo que tenemos que decir también es que la sociedad española está
cansada de políticos desgastados, de políticos sin ideas, sin
planteamientos, de políticos que han estado apalancados en un poder total
que se ha ejercido y que ha desvirtuado y ha hecho que se carezca de
auténticos diálogos, de auténticos debates, de auténticos contenidos.
Solamente quiero advertir, puesto que estamos en el comienzo de esta
legislatura, que en esta Comisión, por nuestra parte, vamos a hablar de
economía, vamos a hablar de lo que son los conceptos económicos, de lo
que es el mundo al que pertenecemos, de lo que son los problemas
económicos, de lo que son esas cifras y esos datos que revelan esos
problemas, y vamos a dejarnos de palabrerías huecas, de palabrerías que
no se sabe exactamente qué significan y qué contienen. Vamos a dotar a
nuestro discurso de contenidos y vamos a llenar ese vacío que es el que
observamos en determinados políticos, que es a lo que me refería, y que
no estaba diciendo que fuera una habilidad política precisamente, sino
todo lo contrario; es un vicio político hablar de esa manera hueca, sobre
todo no reconociendo que las condiciones han cambiado.
Dicho esto, también quiero precisar que jamás en mi intervención, y
seguramente en ninguna de los dirigentes de mi Partido, hablamos de
chantajes -no utilizamos esas palabras- ni de bandolerismo. De lo que
estamos hablando es de negociaciones, que el pueblo español tiene que
conocer exactamente qué se dilucida en esas negociaciones. Sobre todo, lo
que nos preocupa de esas negociaciones es que se esté distrayendo la
atención de lo fundamental, que es la crisis económica y el diseño de una
política económica para corregirla. En tanto que de esas negociaciones
resulten acuerdos o medidas que no son esenciales para corregir la crisis
económica, nosotros lo vamos a denunciar y lo vamos a advertir. No es
nuestro léxico utilizar esa palabrería, está fuera de nuestros
planteamientos, y, por tanto, el portavoz del Partido Socialista no ha
sido correcto al adjudicárnosla. Seguramente no habrá observado que jamás
pronunciamos ese tipo de palabras. Responsabilidad es precisamente esto:
acometer en estos momentos con seriedad la crisis económica, y con el
diseño de política económica que es el que estamos reclamando.
Al señor Hernández Moltó le voy a pedir que, por favor -ya ven que digo
por favor, y cambio el tono-, se lea la moción de esta tarde, porque
observo que no se la ha leído por lo que ha dicho. Si el mismo contenido
del discurso que he pronunciado esta mañana lo adjudica a la moción, es,
repito, que no se la ha leído, lo que no deja de ser otro vicio
parlamentario inconveniente cuando uno tiene altas responsabilidades en
la dirección de su Partido y en la adopción de esas decisiones.
Por tanto, vamos a hablar con contenidos y con exactitudes de lo que
estamos proyectando. Esta tarde, efectivamente, vamos a presentar unas
medidas de política económica que no son las que hemos debatido aquí esta
mañana.
El señor PRESIDENTE: Antes de dar la palabra al señor Hernández Moltó,
dado que estamos en el comienzo de una nueva legislatura, quiero
comunicarles que esta Mesa no va a cercenar ningún debate parlamentario
importante que pueda surgir entre los diferentes Grupos, pero les
recuerdo a SS. SS. que estamos en un turno de fijación de posiciones
respecto a la intervención del Gobierno. No son turnos parlamentarios al
uso cruzados entre grupos respecto a temas que pueden surgir en el
debate. Intentaremos, a lo largo de esta Comisión, que en estos
procedimientos no sea habitual el turno de fijar posiciones de un grupo
respecto a otro, sino que fijemos posiciones respecto a la intervención
del Gobierno.
Evidentemente, le tengo que dar la palabra al señor Hernández Moltó para
que pueda replicar a las palabras que el señor Montoro, representante del
Grupo Popular, ha transmitido respecto a las cuestiones que ha planteado.
Tiene la palabra el señor Hernández Moltó.
El señor HERNANDEZ MOLTO: Muy brevemente.
En primer lugar, quiero manifestar que no he entendido casi nada de lo
que ha dicho el señor portavoz del Partido Popular, fundamentalmente en
la primera parte, en la que se refería a políticos gastados. Nunca he
entendido que para gastarse un político tenga que ganar las elecciones.
Esa debe ser la mayor de las frustraciones: gastarse sin ganar nunca.
En cualquier caso, al margen de esta reflexión, que creo que estaba fuera
de contenido, quede tranquilo el señor portavoz del Partido Popular, que
aquí se ha hablado casi siempre de contenido y de análisis económico. Es
cierto que en algunas ocasiones ha habido una pequeña contaminación en el
debate parlamentario fundamentalmente por la falta de contenido económico
de las propuestas del Partido Popular, que ya veo que empieza a
contaminar incluso a analistas económicos que antes de pertenecer a esta
Cámara solían hablan de economía. Yo creo que ésta es una buena ocasión
para que todos hagamos propósito de enmienda y hablar a partir de este
momento de lo que se ocupa en cada Comisión o en cada Pleno. No obstante,
no quisiera dejar pasar esta oportunidad sin manifestar mis serias dudas
y escepticismo de poder encontrar un solo argumento económico solvente en
el discurso y en la política parlamentaria que desde el grupo de la
oposición mayoritaria hemos venido escuchando y hemos escuchado en el día
de hoy en este Parlamento.
El señor PRESIDENTE: Retomamos el debate dándole la palabra al señor
Ministro de Economía y Hacienda.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): También voy a
intentar ser breve en mis comentarios para acelerar la reunión.
Señor Espasa, usted dice que no hay una política de empresa pública
constante y usted propone una fórmula; fórmula a la que ya le digo que
no, no porque, además, no le resultaría bien para sus objetivos. Cuando
usted habla del dinero empleado en unas empresas públicas, utilizarlo
para otras creo que no responde a una lógica de dónde debemos estar o
dónde no debemos estar, que estaremos o no estaremos en función de las
necesidades y de las circunstancias, pero no en función de que exista o
no dinero en un fondo. Es más, le daría muy mal resultado. Si dedujésemos
de la política de empresa pública los gastos que en estos momentos se han
tenido que realizar en estos años en empresas como HUNOSA, la Corporación
Siderúrgica, etcétera, seguramente habríamos acabado con toda la empresa
pública de este país. En consecuencia, si ése es el criterio, puede ser
que encontremos otro, pero desde luego no ése.
Debemos estar en la banca pública ¿sí o no? En primer lugar, creo que
debemos definir qué es banca pública, qué entendemos por banca pública.
¿Debemos estar en una sociedad privada con capital público? Es posible.
Probablemente sea razonable estar en una banca privada que tiene un
porcentaje de capital público. Para hacer ¿qué? ¿Actuar fuera del mercado
financiero con condiciones atípicas? Yo creo que en principio no. En
consecuencia, si ésa es la filosofía, lo que hay que tener es un
porcentaje de participación suficiente para contar con un elemento de
contraste en el sistema financiero más que para actuar de forma atípica.
Sin embargo, si usted lo que me pregunta son otras cosas como, por
ejemplo, cómo hay que resolver algunas actuaciones de financiación
específicas del Gobierno que no van a financiarse en condiciones de
mercado, ya entraríamos en un debate distinto donde seguramente sí es
cierto que la modificación del sistema de financiación clásico nos
forzaría a pensar en un modelo distinto de financiación a largo plazo que
evidentemente, como consecuencia de la modificación del sistema
tradicional de banca pública española -ahí sí banca pública-, puede verse
afectado.
Paso a referirme a las haciendas territoriales. La fórmula es complicada,
la enumeración de la fórmula es muy complicada. Yo creo que la concepción
es bastante simple. La concepción en términos políticos es que hay un 15
por ciento del IRPF, que se debe valorar la recaudación real en función
de la recaudación teórica que tiene una comunidad autónoma, no respecto a
la media nacional, sino respecto a esa comunidad autónoma, y si se
comporta mejor esa recaudación real parece lógico que ese dinero vaya a
financiar actividades de la comunidad autónoma. Esa es la idea. ¿Que se
comporta peor? Y estamos pensando ya básicamente en elementos de fraude o
de mayor esfuerzo fiscal. Si se comporta peor no parece lógico que se
financie más.
Y volvemos a hablar del tema de si es corresponsabilidad o no es
corresponsabilidad. Yo no he dicho que no sea corresponsabilidad. He
dicho que no es corresponsabilidad técnica, pero que tiene elementos y el
germen de un principio de corresponsabilidad y posiblemente la forma de
pasar de un sistema conceptualmente definido con otros elementos a un
sistema a medio plazo que nos permita el cambio hacia una
corresponsabilidad, incluyendo ya estos gérmenes de corresponsabilidad.
Por tanto, aquí no se trata de un problema de prima de cobranza, como su
señoría dice; yo creo que es bastante más que una prima de cobranza. Es
empezar sobre la base de la LOFCA. Habría otra posibilidad: modificar
totalmente la LOFCA, incluso cambiar el concepto de tributos cedidos, tal
y como estaba definido a nivel constitucional y, en consecuencia,
podríamos hablar de otras cosas, pero los mimbres con los que tenemos que
actuar son los que tenemos y, por consiguiente, parece razonable empezar
a avanzar con estas posibilidades que nos ofrece nuestro sistema
constitucional.
Volveremos a hablar sobre el problema del fraude. Evidentemente, tomo en
cuenta su reflexión. Yo sigo pensando que los temas que su señoría
plantea nos llevarían a dificultades prácticas importantes. Podemos
matizar si son utópicas o son excesivamente ambiciosas, pero sí pienso
que en este momento no es un tema de fácil solución.
Señor Montoro, usted parte de un supuesto que es absolutamente falso.
Creo que el portavoz del Partido Socialista también ha insistido un poco
en este punto. Ustedes dicen que consideran oportunismo político haber
sacado una cuestión tan delicada como la del 15 por ciento. Lo que es
oportunismo político, señor Montoro, es algo que está encima de la mesa:
se sabía que se tenía que negociar y ahora se dice que no se debe
negociar porque se considera oportunismo político. Esa es la realidad y
eso es lo que ustedes están utilizando. Le puedo enseñar las actas de las
reuniones donde los distintos consejeros del Grupo Popular que han venido
asistiendo se han venido manifestando de forma recurrente a favor de la
fórmula; consejeros que ahora están cambiando de posición como
consecuencia de una definición política más amplia por parte del Partido
Popular, pero no era ésa la posición de estos mismos consejeros en abril
de 1993. Por tanto, la oportunidad política o el oportunismo político
creo que se puede valorar de forma muy distinta según lo veamos desde uno
u otro punto de vista. Evidentemente hay un compromiso de resolver el 15
por ciento por parte del Gobierno antes del presupuesto, y eso no es
ninguna novedad. Además, corresponde a una dinámica que empieza bastante
antes del acuerdo de enero de 1992. Le quiero recordar que, por ejemplo,
el Consejero de Cataluña aceptó el acuerdo de 1992, en el que se va al
nuevo sistema de financiación autonómica para el cuatrienio,
condicionándolo a que el 15 por ciento se resolviera en un plazo
relativamente corto. En consecuencia, aquí ni hay oportunismo político ni
hay cambio de posición. Hay el seguimiento de un proceso normal que
desemboca, por una serie de casualidades temporales, en el mismo momento
de la discusión del presupuesto. El Gobierno no se ha sentido coaccionado
nunca, ni chantajeado, y va a seguir actuando como lo considera oportuno
en este punto concreto.
Su señoría ha hablado de los problemas de los monopolios. Sin duda alguna
podremos y tendremos ocasión de entrar en ese debate teórico en algún
momento. Su señoría ha utilizado una expresión que yo prefiero no
emplear. Su señoría dice que no le temblaría el pulso en una estrategia
de desmonopolización. Mire usted, no es un problema de tomar decisiones
con más o menos contundencia. Es un problema de partir de una realidad y
de llevar a cabo las adaptaciones en función de las necesidades
existentes. Pongamos un ejemplo: las telecomunicaciones. Posiblemente su
señoría -luego me dice que no le critique porque no está en posiciones
absolutamente liberales- iría a un sistema de privatización absoluta de
la noche a la mañana. No es ésa nuestra posición. En las directivas
comunitarias de liberalización hemos negociado en Bruselas un proceso de
liberalización progresivo que evidentemente vamos a cumplir, y que si lo
permiten las circunstancias a lo mejor es razonable que aceleremos, pero
de ahí a una liberalización de la noche a la mañana me parece que no
tiene ningún sentido. Seguramente habrá que hacer lo mismo en muchas
otras cosas, en temas tan variopintos que van desde los cementerios y las
empresas funerarias pasando por los sistemas
telefónicos y siguiendo por el papel de los mercados centrales en la
distribución. Estoy de acuerdo en que este país está lleno de
restricciones históricas como consecuencia de una legislación que nos ha
llevado a conformarlo de una cierta forma. Y estoy de acuerdo en que un
país que vive prácticamente cerrado en el comercio exterior de bienes
hasta 1986, que empieza a liberalizar los servicios muy poco después de
1986, y que todavía tiene múltiples servicios no liberalizados, tiene un
camino muy largo por recorrer. Pero no se equivoque, señor Montoro. Eso
pasa en España, en Italia, en Francia, en Alemania, en Bélgica, en todos
ellos. En consecuencia habrá que avanzar, y estamos de acuerdo en
avanzar. El único país que ha avanzado más en ese camino es el Reino
Unido. Yo le diría que de las experiencias del Reino Unido, como de las
experiencias anteriores de Estados Unidos, hay que sacar las
consecuencias, y yo no diría que todas son positivas. Por tanto,
aprovechamos aquellos aspectos que sin duda alguna nos han dado un
resultado positivo y seamos bastante más cautos, porque ahí sí soy muy
poco doctrinario, lo reconozco. No diría, como usted ha dicho, que soy un
político -creo recordar- experimentado o avezado. No me caracterizaría
por eso, sí por muchas otras cosas, pero no precisamente por eso (Risas),
pero sí le diría que desde el punto de vista práctico intento ser muy
positivista en cuanto a las posibilidades de transformación de este país,
en las que creo indudablemente.
Su señoría hace una pirueta mental diciendo que el sistema monetario
español es un éxito del Gobierno español de acuerdo con su presentación.
Como muchas veces en su Grupo, ustedes cogen un poco el rábano por las
hojas y una afirmación matizada la convierten en una definición
contundente. Yo no he dicho que sea un éxito del Gobierno español ni que
considere que ésa es la solución deseable a largo plazo. Lo que sí he
dicho es que la ampliación de bandas ha venido muy bien para la política
económica española y que el Gobierno español defendió la política de
ampliación de bandas en su momento, cuando tuvimos la reunión en el
Ecofin. ¿Y es eso contradictorio con la Unión Económica y Monetaria?
Desgraciadamente, en mi opinión no. Yo sigo creyendo en la moneda única.
Sigo creyendo, sin embargo, que llegar a una moneda única en
aproximaciones sucesivas mediante la reducción de los márgenes de
flotación de los tipos de cambio, cuando estamos en una situación de
tipos de interés muy diferentes como consecuencia de políticas económicas
también muy distintas, dada la situación en Alemania y en Francia
fundamentalmente, no es realista y, en consecuencia, hay que ir a
solucionarlo con políticas realistas y pragmáticas otra vez. Yo comprendo
que en los libros las cosas se ven más claras y uno las escribe mejor y
las ve blancas o negras. La realidad política es casi siempre más confusa
y el blanco y el negro se suelen mezclar.
No estamos en un aplazamiento de responsabilidades. Le puedo asegurar que
no, que por mucho que SS. SS. insistan en que el Gobierno no hace nada
para resolver los problemas internos la realidad es que estamos
intentando llegar a un pacto social porque consideramos que es
interesante para que las importantes transformaciones que este país tiene
que realizar se produzcan de forma razonable y con la menor tensión
política posible. Ya sé que hay otros sistemas. Sé que hay algunos países
que lo aplican, pero ése no es el modelo de nuestro Gobierno.
Al señor Mauricio le diría que he tomado nota de los problemas
específicos que nos plantea con Canarias. A algunos puedo dar respuesta
rápida, a otros no tanto. Le puedo decir que por mi parte no hay
inconveniente en la negociación rápida del régimen especial. Es verdad
que no siempre interpretamos hasta dónde debe llegar el régimen especial.
Muchas veces desde Canarias se intenta ir hacia posiciones que son
excesivas en función de la lógica del sistema. Con eso no estoy queriendo
decir que haya que ir a tratamientos homogéneos porque es evidente que
cualquiera que conozca Canarias -y yo algún conocimiento tengo del hecho
insular canario- será consciente de que, por supuesto, hay que ir a
modelos con tratamientos diferenciados por la propia especificidad de las
islas.
En cuanto al tema del 15 por ciento, ya no querría comentar absolutamente
nada más. Quiero decirle que desde luego no está diseñado para beneficios
ni perjuicios especiales de nadie. Hay una cierta incidencia, como
consecuencia de que toda fórmula al final introduce desfases, pero la
filosofía inicial es la de que se mantenga un cierto equilibrio
financiero. Ya sabemos que no va a ser un equilibrio financiero al cien
por cien, y sabíamos también que el que Cataluña sea el modelo que se
ponga en marcha con el IRPF puede tener una ventaja adicional porque sus
ingresos reales son mayores. Eso es bastante razonable si aceptamos la
fórmula de que el esfuerzo fiscal de una determinada comunidad, cuando
está por encima del que debería de haber realizado en términos normales,
le beneficia. Pero ése es un problema que no me plantea grandes
dificultades. Basta ver el comportamiento de las comunidades autónomas.
Lo digo porque es un argumento que ha sido utilizado también por Cataluña
diciendo: Me debería usted corregir el momento de partida de mi esfuerzo
fiscal, porque en otras comunidades autónomas donde puede existir un
esfuerzo fiscal menor, dicho en otro términos, una economía sumergida
mayor, y que en consecuenia no afloran esas aportaciones, cuando todos
partimos de una situación cero, esas comunidades autónomas, si hacen un
pequeño esfuerzo, tendrán más ventajas que yo porque yo ya he hecho el
esfuerzo anteriormente. En consecuencia, cualquier argumento de esta
naturaleza es enormemente reversible desde un punto de vista u otro. Por
tanto, yo cre que la fórmula que se ha diseñado es razonable, es bastante
justa, y que deberíamos ser capaces de avanzar en la misma y resolver un
problema que tal vez ha hecho plantear más discusiones de las que
necesitaba en el momento actual.
No le puedo dar una respuesta ni sobre el tema de haciendas locales ni
tampoco sobre Unelco. Está claro para mí que Unelco es un caso de estos
monopolios que seguramente el señor Montoro desmontaría y que yo no, por
razones bastante claras, yo creo. Respecto a que
Unelco sea estatal o pueda tener una participación de otra naturaleza,
evidentemente podemos analizar si hay algún margen de maniobra en ese
punto.
Al señor Hernández Moltó le diría únicamente que ni me he sentido
defraudado ni me he sentido entristecido. Es verdad que no me considero
un político avezado, pero he asistido en mi vida profesional a algunas
reuniones de comisiones y, en consecuencia, no ha sido muy distinto de
algunas otras.
Al señor Olabarría le diría que abre un debate radicalmente diferente al
que hemos tenido en esta Comisión a lo largo de la mañana. (Risas.) Pero,
en fin, le voy a hacer algún comentario para que no se vaya insatisfecho,
ya que ha tenido la delicadeza de acompañarnos en esta última hora.
Primero, el pacto social. Es verdad que tiene problemas, y es verdad que
tiene problemas por lo que S. S. plantea. Lo que estamos pidiendo a los
sindicatos es un pacto no tradicional de «do ut des», en el que el
sindicato hace un esfuerzo a cambio de una contraprestación, sino un
pacto en el que los sindicatos hacen un esfuerzo por una razón de
solidaridad nacional en un contexto de crisis. Comprendo que ése es un
cambio de filosofía muy difícil de entender y sé que para algunos
representantes sindicales dar un salto de esta naturaleza resulte
enormemente difícil. A partir de ahí, ¿cómo vemos la negociación del
pacto? Ya he hecho algún comentario. Hasta el día 30 de septiembre
queríamos terminar la parte de pensiones, salarios de funcionarios,
desempleo y algo de políticas activas, pero no estará terminado. A partir
de ese momento empezaríamos con política de rentas -entendiendo dentro de
la misma los aspectos de negociación colectiva-, reforma del mercado de
trabajo y entraríamos finalmente en las grandes líneas del sistema de
pensiones futuro.
A S. S. le preocupa en qué medida se pueden modificar los elementos
esenciales del derecho al trabajo. Estamos hablando evidentemente de
pensiones futuras. Toda persona que haya generado su pensión con el
sistema actual evidentemente seguirá teniendo derecho al sistema. De eso
no cabe la menor duda. Pero el problema que nos planteamos no es para
mañana, es un problema a largo plazo, y yo creo que todos estamos de
acuerdo en que hay que revisar el sistema. ¿En qué dirección va la
revisión del sistema planteada por el Gobierno? En una dirección que yo
creo que conceptualmente es bastante coherente. Cuando se pone en marcha
la Ley de 1985 no existe la pensión asistencial, lo que nos lleva a un
sistema de mínimos que tenía una gran justificación en aquel momento,
pero tal vez no tiene tanta justificación hoy en un sistema contributivo.
En consecuencia habría que distinguir entre un sistema de mínimos, que
sería el sistema asistencial actualmente vigente; un sistema
contributivo, que sería el sistema normal sin un concepto de mínimos en
el que evidentemente jugaría, en función de la renta del perceptor, el
sistema de mínimos, con independencia de la tributación que se hubiera
producido; y un sistema complementario, que podrían ser los actuales
sistemas de fondo de pensiones con las correcciones que se pudieran
plantear. En todo caso, todo ello significa un cambio de concepción
importante respecto al modelo actual y no sólo deben debatirse las líneas
generales, sino que, desde luego, posteriormente habrá que debatir la
propia ley en este Parlamento.
En cuanto a la negociación colectiva lo que se pretende es más bien
reforzar la autonomía de las partes, y somos conscientes de que en ese
reforzamiento vamos a ir hacia un sistema no sólo no homogeneizado, sino
distinto, en función de cada uno de los ámbitos de negociación; ámbitos
que evidentemente no pretendemos modificar. Por tanto, yo creo que se
respeta bastante cuál es la filosofía del derecho al trabajo y que
debemos ser capaces de avanzar en este sistema.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
Concluido el debate, se levanta la sesión. Recuerdo a SS. SS. que el
jueves, a las cuatro de la tarde, se vuelve a reunir la Comisión de
Economía con la comparecencia del Ministro de Comercio y Turismo.
Era la una y treinta y cinco minutos de la tarde.